DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 26

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTOS CERDÁN LEÓN

Sesión núm. 3

celebrada el martes,

27 de octubre de 2020

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora presidenta del Tribunal de Cuentas (De la Fuente y de la Calle), para informar sobre los siguientes extremos:


Bloque I:


- Informe de fiscalización del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000008 y número de expediente del Senado
771/000008) ... (Página3)


- Informe de fiscalización del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000038 y número de expediente del Senado
771/000035) ... (Página3)


Bloque II:


- Informe de fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales 2015-2017. (Número de expediente del Congreso 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000034) ... href='#(Página14)'>(Página14)


- Informe de fiscalización del sistema de compensación de los gastos por asistencia sanitaria gestionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000050 y número de expediente del Senado 771/000050) ... (Página14)

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Bloque III:


- Informe de fiscalización de la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, ejercicios 2016 y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000003 y número de expediente del Senado
771/000003) ... (Página24)


- Informe de fiscalización del Fondo para Inversiones en el Exterior, FCPJ, ejercicios 2017 y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000053 y número de expediente del Senado 771/000056) ... href='#(Página24)'>(Página24)


Ratificación de las ponencias designadas para informar las siguientes iniciativas:


- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000002 y número de expediente del Senado 770/000001) ... (Página33)


- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000003 y número de expediente del Senado 770/000002) ... (Página33)


Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por las ponencias sobre:


- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000002 y número de expediente del Senado 770/000001) ... (Página33)


- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000003 y número de expediente del Senado 770/000002) ... (Página33)


Debate y votación de las propuestas de resolución:


Bloque-I: Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000002 y número de expediente del Senado 770/000001) ... (Página33)


Bloque-II: Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000003 y número de expediente del Senado 770/000002) ... (Página34)


Bloque-III: Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000021 y número de expediente del Senado 771/000021):


- Informe de fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades de las comunidades autónomas como consecuencia de la reestructuración de su sector público. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000061 y número de
expediente del Senado 771/000060) ... (Página34)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (DE LA FUENTE Y DE LA CALLE), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:


BLOQUE I:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000008 y número de expediente del Senado
771/000008).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000038 y número de expediente del Senado
771/000035).


El señor PRESIDENTE: Buenos días.


Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Quiero comenzar dando la bienvenida a la presidenta del Tribunal de Cuentas, que comparece para informar en relación con los informes de
fiscalización que figuran en el punto 1º del orden del día y que están repartidos en tres bloques. El debate del bloque I corresponde al informe de fiscalización del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y
Cultura del ejercicio 2016 y al informe de fiscalización del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado del ejercicio 2017. Por acuerdo de Mesa y portavoces del 15 de septiembre de 2020, se entienden
subsumidas en esta comparecencia las números 212/417 y 212/440 del Grupo Parlamentario VOX, que tienen el mismo objeto. Sin más, tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, presidente.


Buenos días. En este primer bloque de informes les voy a presentar dos relativos a dos organismos autónomos. El primero de ellos es la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura correspondiente al ejercicio 2016,
informe que se aprobó por el pleno del Tribunal de Cuentas el 28 de marzo de 2019. La fiscalización de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura se realizó a iniciativa del Tribunal de Cuentas y es de naturaleza
integral. Por lo tanto, ha tenido como objetivos comprobar si la gestión economicofinanciera del organismo se ha reflejado adecuadamente en su sistema contable, verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables y evaluar la adecuación y fortaleza del sistema de control interno establecido para examinar, así como examinar si la gestión del organismo se adecúa a los principios de eficacia, eficiencia y economía; y, como objetivos horizontales, el
cumplimiento de la normativa de la igualdad de género en materia de transparencia y de sostenibilidad ambiental. En cuanto a los principales resultados de la fiscalización de este organismo autónomo, quiero señalarles que las cuentas del organismo
correspondientes al ejercicio 2016 fueron rendidas en tiempo y forma. La gestión propia de la gerencia se somete a un sistema de control interno suficiente en general, si bien el informe señala algunas debilidades de control en el ejercicio
fiscalizado sobre ciertas áreas, siendo de destacar las deficiencias en el inventario de inmovilizado y en la gestión de los proyectos de inversión, que es la principal actividad del organismo, y que se manifiestan en especial por deficiencias en la
información y por ausencia de planificación. Respecto a la representatividad de los estados financieros de la gerencia correspondientes al ejercicio 2016, según el informe, se refleja correctamente, con salvedades, el registro de las operaciones
realizadas en el ejercicio analizado conforme al sistema contable seguido por el organismo y avalado por la Intervención General del Estado. No obstante, el tribunal entiende que de la configuración de dicho sistema contable se desprenden
consecuencias que desvirtúan la representatividad de las cuentas debido en parte a una insuficiencia del Plan General de Contabilidad Pública que no contempla determinados supuestos.

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Las salvedades que afectan a los estados financieros de la gerencia correspondientes al ejercicio 2016 son las siguientes. Respecto de la cuenta del resultado económico patrimonial, el informe señala que no refleja la verdadera naturaleza
de las operaciones realizadas por el organismo, debido al sistema de contabilización de las operaciones de entrega de bienes construidos y adquiridos por el mismo. Además, algunas agrupaciones presentan cifras irreales de gran importe que, aunque
compensadas entre sí, desvirtúan la imagen fiel de la cuenta. Dichas deficiencias vienen provocadas, como les decía, por la insuficiencia del Plan General de Contabilidad pública, que no contempla adecuadamente estos supuestos.


En cuanto al balance, cabe indicar las siguientes salvedades. Determinadas deficiencias de información relativas al inventario físico de los activos no financieros y de las inversiones impiden emitir opinión sin reserva sobre el contenido e
integridad de varias cuentas del inmovilizado material, además de la cuenta 370, de activos construidos o adquiridos para otras entidades. Por otra parte, dos bajas en la cuenta 211 de construcciones, por 557 000 euros, ponen de manifiesto falta de
previsión al abordar una importante inversión. Sin perjuicio de las deficiencias de información señaladas, el saldo de la agrupación existencias, cuenta 370, activos construidos o adquiridos para otras entidades, se encuentra infravalorado, al
menos, en 37, 8 millones de euros, conforme se ha podido detectar a través del examen de una muestra de bienes del inventario Sorolla. Se encuentran también infravalorados los saldos en balance de las cuentas 129 y 120. Asimismo, se recoge el
excesivo volumen de remanente de tesorería no afectado, 43,5 millones de euros, muy superior a las obligaciones reconocidas netas, cuyo importe es de casi 37 millones.


En cuanto al análisis del presupuesto de la gerencia, el informe pone de manifiesto que los créditos presupuestarios que se han puesto a disposición de la misma por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han sufrido una importante
disminución en los últimos años; así, en el periodo 2006-2009 los créditos anuales superaban los 150 millones de euros, mientras que desde 2013 los créditos autorizados son prácticamente un tercio de dicha cifra, 54 millones de euros. No obstante,
ha de indicarse que en el presupuesto de 2016 el 58 % de los créditos para obra nueva del ministerio estaban asignados a la gerencia. Por otra parte, la ejecución del presupuesto de dicho ejercicio presenta un porcentaje muy discreto, del 68 % en
términos de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos. Por lo que se refiere al análisis de los ingresos, el informe indica que de las transferencias presupuestadas a cargo del ministerio, 33,9 millones de euros, la gerencia recibió
solamente 1,8 millones, situación similar a la que se produjo en 2015. Además, en 2016 la gerencia recibió ingresos del Feder por importe de 22,3 millones de euros que no estaban previstos en el presupuesto, importe que representa el 91 % de los
ingresos netos recaudados en el ejercicio.


En el análisis del cumplimiento de la legalidad, y en relación con los gastos de personal, el informe señala que no se han detectado incidencias relevantes. Respecto de la contratación, se ha constatado que concurre la documentación exigida
por la normativa contractual, aun cuando se han detectado algunas deficiencias en la gestión. En 2016 estaban vigentes en el organismo 415 contratos administrativos de gasto, de los que 263 se iniciaron en dicho ejercicio. También estaban vigentes
cuatro encomiendas de gestión. De los contratos iniciados en 2016 resultan mayoritarios los adjudicados por procedimientos que no llevan trámites de publicidad ni concurrencia. El informe indica, por otra parte, que no se justifica, por lo
general, la carencia de medios propios para realizar las prestaciones contratadas, en la medida en que se trate de un organismo con una plantilla amplia de profesionales técnicos cualificados, no pareciendo congruente que se genere un número tan
elevado de contratos de servicio para la redacción de proyectos, dirección de obras y servicios complementarios, actividades que podría llevar a cabo la gerencia eficazmente con sus técnicos. También estuvieron vigentes en dicho ejercicio cuatro
encomiendas de gestión con una empresa pública, Tragsa, con respecto a las que el informe señala deficiencias relativas a la justificación del empleo de la figura jurídica de las encomiendas de gestión y a la competencia de la empresa para realizar
las obras encomendadas.


Por lo que se refiere al análisis de eficiencia, el informe recoge que la gerencia no ha dispuesto de un plan estratégico plurianual ni de planes operativos anuales vinculados al plan estratégico y a las memorias presupuestarias. Tampoco ha
dispuesto de una catalogación básica de la situación, estado y necesidades de las infraestructuras educativas y culturales convenientemente evaluada y ordenada por prioridades. En la decisión de abordar los grandes proyectos no se realiza una
previsión razonable del conjunto de actuaciones de gasto que serán necesarias. En muchos de los proyectos, además, las actuaciones se refieren a infraestructuras sobre las que confluyen competencias de diversas administraciones públicas, no
habiéndose observado instrumentos de coordinación entre el Estado y las demás administraciones competentes, establecidas con carácter formal, esto es, formalizadas. El informe comprende también un

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análisis de la situación de setenta y dos proyectos de inversión vigentes en 2016, que acumulaban obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores por 318 millones de euros, El 84 % del precio de adjudicación de los contratos vigentes en
2016 y, el 78 % de las obligaciones reconocidas acumuladas en dichos contratos al cierre del ejercicio, se acumulaban en cuatro grandes proyectos y en varios de los cuales se apreciaban retrasos causados, en varios casos, por la ausencia de una
programación adecuada de las sucesivas actuaciones y de su financiación, por defectos de coordinación con los destinatarios finales y por deficiencias en la gestión.


En cuanto al análisis de eficiencia, el informe indica que los proyectos de inversión gestionados por el organismo no están suficientemente definidos en cuanto a su contenido, integridad, actuaciones diferenciadas, hitos, costes y plazos de
ejecución previstos. Las deficiencias de los sistemas de información utilizados por la gerencia dificultan el control y el seguimiento de los proyectos. En cuento a la gestión patrimonial de los bienes inmuebles del ministerio, el informe recoge
que la gerencia no dispone de inventario ni de catálogos completos y actualizados de los bienes inmuebles y derechos del ministerio, sin que el contenido de sus bases de datos sea suficiente a tal efecto y sin que se hayan establecido instrucciones
ni procedimientos para las citadas funciones. El informe pone de manifiesto que la mayor parte de las entregas de los bienes a entidades no dependientes del ministerio y a otras administraciones públicas se realiza sin formalización y sin que se
proporcione detalle al destinatario ni a la IGAE de los elementos entregados ni de su valor. Se señala también en el informe que no se han puesto de manifiesto incumplimientos relevantes en materia de la normativa de igualdad y que la gerencia no
cumple suficientemente con las obligaciones de transparencia. El informe contiene también una serie de recomendaciones que tratan de sobrevenir y de plantear medidas que coadyuven a contribuir a la mejora de la gestión en materia financiera, de
gestión financiera y en materia de eficacia y eficiencia, atendiendo a las deficiencias puestas de manifiesto en el informe.


El segundo informe incluido en este bloque hace referencia también, como les decía, a otro organismo autónomo. En este caso, se trata de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, y corresponde el ejercicio
2017. Este informe fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 19 de diciembre de 2019. La fiscalización de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, Giese, en adelante, es un organismo autónomo que
depende del Ministerio del Interior y que está adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad. Esta fiscalización es de carácter integral. Tiene como objetivos verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias; examinar si
la gestión económico-financiera de la gerencia se ha reflejado adecuadamente en el sistema contable y la representatividad de la información contenida en las cuentas; evalúa también la adecuación y fortaleza del sistema de control interno
establecido; examina si la gestión de la gerencia se adecúa a los principios de eficacia, eficiencia y economía, y verifica, igualmente, como les digo, los objetivos horizontales de observancia del cumplimiento de la normativa de igualdad,
transparencia y sostenibilidad ambiental.


En cuanto a los resultados de la fiscalización, hay que señalar que las cuentas de este organismo correspondientes al ejercicio 2017 fueron rendidas por el mismo, en tiempo y forma. Del sistema de análisis de control interno de la Giese, se
pone de manifiesto la escasa autonomía que dispone la gerencia, subordinada en muchos aspectos, principalmente, de determinación de necesidades, de planificación y dirección, a la Secretaría de Estado de Seguridad. Además, existe una falta de
adecuación, en ocasiones ausencia de planificación, de las actuaciones de su ámbito competencial. Por otra parte, el sistema de contabilización de las operaciones en el ámbito de la gestión patrimonial del organismo, plantea una excepcionalidad no
contemplada específicamente en el Plan General de Contabilidad Pública, que se ha abordado por la Giese mediante consulta y supervisión de la IGAE a través de la adaptación en la práctica de ciertos criterios del Plan General de Contabilidad,
adaptación que el informe no considera adecuada. Esta circunstancia tiene incidencia sobre la identificación contable y seguimiento del estado de los activos en la cuenta 370, activos construidos o adquiridos para otras entidades, y sobre el
reflejo de estas operaciones en la cuenta de resultado económico-patrimonial. Con independencia de lo anterior, el análisis del sistema de control interno sobre la gestión interna del organismo se considera suficiente y fiable, habiéndose observado
en su cumplimiento algunas incidencias de escasa relevancia.


Los estados financieros de la gerencia correspondientes a 2017 reflejan adecuadamente la situación financiera de la entidad fiscalizada, así como los resultados de sus operaciones, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable
y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo, excepto por las salvedades que se identifican en el informe derivadas, en su mayor parte, del

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criterio contable seguido por el organismo y avalado por la IGAE, antes mencionado, y que afecta al balance y a la cuenta de resultado económico-patrimonial.


El informe recoge que el remanente de tesorería calculado al cierre de cada ejercicio presenta un incremento sostenido desde 2013, con un remanente de 3,5 millones de euros, hasta 2017, con un remanente de 24,8 millones, debido
principalmente a un exceso de prudencia no justificado de la Giese en la programación y ejecución de las inversiones que condiciona la gestión del organismo y el ejercicio de sus competencias hasta el punto de perjudicar sustancialmente su nivel de
eficacia. La liquidación del presupuesto de gastos de la Giese de 2017 presenta un grado de ejecución de tan solo el 17,2 % debido principalmente al capítulo 6, inversiones reales, con un grado de ejecución del 11,7 %, y de los créditos del
capítulo 7, transferencias de capital, que no ha llegado a ejecutarse. En cuanto a presupuesto de ingresos, en 2017 se reconocieron derechos por 12,8 millones de euros, de los cuales 10,1 corresponden al capítulo 6, enajenación de inversiones
reales, aunque esta situación fue debida a una venta excepcional de gran importe, de 8,9 millones, pero en ejercicios anteriores el grado de ejecución era similar al del gasto. Igualmente se observa la nula ejecución de los ingresos previstos en el
capítulo 7, transferencias de capital, salvo en el ejercicio 2016, en el que se recibieron 4,3 millones de euros por subvenciones Feder. El informe indica que los datos de ejecución ponen de manifiesto también la irreal presupuestación de los
ingresos previstos y autorizados en la Giese en esos años, que no tienen en cuenta las verdaderas capacidades de ejecución del organismo, y ello es producto tanto de la ausencia de planificación como de una defectuosa técnica de presupuestación.


En cuanto a los ingresos de la Giese, el informe indica que proceden esencialmente de las siguientes fuentes: en primer lugar, de las transferencias corrientes anuales del Ministerio del Interior para financiar los gastos de gestión
ordinaria. Desde 2012 no se cobran por la Giese estas transferencias al ser retenidos los pagos en la Dirección General del Tesoro a causa de los excesos que presentan los remanentes de tesorería del organismo. En segundo lugar, los ingresos
producidos por enajenación de inmuebles puestos a disposición de la Giese por el Ministerio del Interior, ingresos destinados específicamente a la realización de las inversiones para infraestructura de seguridad del Estado y, en tercer lugar, se
recogen como ingresos los ingresos propios del organismo que contabiliza el valor contable asignado a los inmuebles que se ceden gratuitamente al Estado por particulares, ayuntamientos y otras entidades públicas para la construcción de instalaciones
de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.


En cuanto a la contratación, de acuerdo con la información facilitada por la Giese, en el ejercicio 2017, estaban vigentes en el organismo treinta contratos administrativos de gasto. Los veintiún contratos más relevantes se engloban en
únicamente cinco actuaciones de inversión, todas ellas de rehabilitación e iniciadas en ejercicios anteriores. En 2017 no se inició ninguna actuación inversora de importancia. El informe señala que se han examinado todos los contratos y que no se
han apreciado deficiencias significativas, salvo ciertas vicisitudes que han generado en algunos casos modificaciones de los proyectos que han afectado a los plazos de ejecución de las obras que, por otro lado, resultan de modo generalizado bajas de
licitación desproporcionadas, así como la liquidación de los contratos con incrementos sobre el precio adjudicado lindantes con el límite del 10 % que está admitido por la normativa contractual, bien por la aprobación de modificaciones al proyecto o
bien por el exceso de mediciones de los trabajos realizados. Asimismo, en el ejercicio 2017 se encontraban vigentes cuarenta instrumentos de colaboración, de los cuales veintisiete son convenios en los que se observó una cierta confusión en sus
denominaciones. En 2017 solo se firmó un acuerdo, aun cuando su contenido se corresponde con el de un convenio. Esto es lo que les comento respecto a que se confunden a veces las denominaciones de los instrumentos de colaboración.


Por lo que se refiere a la eficacia y eficiencia de la gestión, la principal deficiencia que cabe destacar es la ausencia de planificación y de información básica sobre previsiones y resultados. Debe recordarse que la actividad de la Giese
se encuentra muy condicionada por su posición subordinada en la configuración de la actividad inversora de la Secretaría de Estado de Seguridad y de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil. De esta posición resulta casi
imposible para la Giese elaborar una planificación propia con un mínimo de rigor. El programa presupuestario en el que participa la Giese es el 132A, seguridad ciudadana, junto con la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de la
Policía y la Dirección General de la Guardia Civil, siendo relevante su participación en el programa únicamente en el capítulo 6, de inversiones reales, con un 11,9 % de los créditos iniciales, mientras que en el conjunto de créditos apenas alcanza
el 0,3 %.

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En la descripción de las actividades y objetivos del programa no aparece ninguna referencia específica a la Giese, y en cuanto a los indicadores solamente uno de ellos, un indicador de ejecución del presupuesto, se puede aplicar, aunque de
manera imperfecta, para un cierto análisis de la eficacia de la Giese. Tanto en términos de créditos comprometidos como de obligaciones reconocidas, ambos indicadores presentan un importante descenso desde 2010. La ejecución en términos de
obligaciones reconocidas se mantiene en niveles muy bajos, siendo el promedio de 2013 a 2017 de solo el 9 %. De todo ello resulta un grado de eficiencia de la Giese muy bajo en el período considerado en el ejercicio de sus competencias de ejecución
de inversiones para la seguridad del Estado. Por lo que se refiere a la enajenación de inmuebles, a partir de 2018 se aprecia una importante disminución en el número de inmuebles enajenados con un menor valor medio, lo que se traduce en cifras
totales de ingresos en constante caída con solo una puntual recuperación en 2014 y otra en 2017. Se aprecia también una caída de la actividad en las compras, que desaparecen por completo desde 2010, y en las inversiones, que se reducen de 68
millones de euros en el periodo 2000 a 2009 a 5,6 millones en el periodo 2010-2017, y que se encuentran muy por debajo de las posibilidades de financiación del organismo.


Respecto de las cesiones gratuitas de inmuebles por otras entidades para infraestructuras de la seguridad del Estado, se señala que no son susceptibles de análisis de eficiencia por falta de información. La Giese ha tramitado entre 2000 y
2017 un número elevado de expedientes, 137, para la reversión de inmuebles procedentes de la seguridad del Estado a sus antiguos propietarios o herederos al no haberse cumplido íntegramente las condiciones por las que los mismos fueron cedidos en su
momento, donados o expropiados. No se han detectado incidencias de relevancia en materia de igualdad en este ámbito y se observan ciertos incumplimientos en la normativa de transparencia.


Con esto, presidente, doy por finalizada la presentación de estos dos informes.


El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.


A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estimen convenientes, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos, como establecimos en la primera sesión, por el Grupo Parlamentario Vasco la señora Etxano.


La señora ETXANO VARELA: Telegráficamente quiero darle la bienvenida a esta Comisión, señora presidenta, y agradecer al tribunal la labor que hace con los informes, que facilita enormemente nuestra labor parlamentaria.


Ezkerrik Asko.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Etxano.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Ponce.


La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias, señora presidenta, por volver a esta Comisión.


En primer lugar, nos gustaría destacar que se está fiscalizando un informe del ejercicio 2016 y otro del ejercicio 2017 otra vez, de nuevo, en 2020, lo que supone una absoluta pérdida de eficacia en la gestión fiscalizadora del Parlamento y
convierte en completamente inútil prácticamente todo lo que pueda decirse aquí hoy. Volvemos a la situación que ya comentamos generada en los informes correspondientes a la Cuenta General del Estado de los ejercicios 2017 y 2018 y que parece que
viene siendo la tónica habitual de los últimos ejercicios de sobre esas informes.


Hoy traemos a debate los informes de fiscalización de los ejercicios 2016 y 2017 que fueron aprobados por el Tribunal de Cuentas en marzo y en diciembre de 2019 respectivamente, es decir, dos años y medio aproximadamente después de cerrar
los ejercicios, pero es que además después se ha tardado otro año y medio aproximadamente en convocar esta Comisión una vez aprobados los informes. Es decir, han transcurrido casi cuatro años desde que se cerraron los ejercicios a los que se
refieren los informes referidos. Se traen a debate, en definitiva, informes para los que ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años establecido en el ámbito civil o tributario, por ejemplo. En este sentido, desde Ciudadanos nos
gustaría solicitar o sugerir que se realicen las modificaciones legislativas que correspondan con el fin de reducir los plazos de elaboración de estos informes de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas y que, en el momento en el que por el
Tribunal de Cuentas se apruebe dicho informe, se convoque esta Comisión en un plazo máximo de dos meses. Nos parece que el plazo que hemos tenido es un poco excesivo.

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En cuanto al fondo del asunto, estos informes se enmarcan dentro de los objetivos estratégicos del Tribunal de contribuir a la mejora de la actividad económica-financiera del sector público, y nos parece, además, un objetivo muy loable.
Queremos poner en valor que el tribunal haya realizado estos informes a iniciativa propia; de verdad lo valoramos y lo agradecemos muchísimo en aras de la búsqueda -en la que nosotros somos muy activos y propositivos- de la mejora de la eficacia
del dinero público. En Ciudadanos llevamos tiempo denunciando la necesidad de que se realicen también auditorías de control del gasto público y llevamos tiempo denunciando que en nuestro país los entes públicos han proliferado en los últimos años
de una manera tal que nuestra Administración se está haciendo casi inmanejable, ahogando a los contribuyentes en duplicidades, en papeleos y burocracia, y esto genera que el gasto público esté un poco descontrolado. En definitiva, pedimos
mecanismos de control al gestor público de manera similar a los que se realizan en el ámbito empresarial privado y no solo para rendir cuentas sobre el dinero público, sino también para verificar si su gestión se adecúa a los principios de eficacia
y eficiencia en relación con los objetivos perseguidos.


Los informes de fiscalización que debatimos en este bloque tienen algunas salvedades importantes que no podemos dejar de denunciar y que deben ser objeto de cuantas medidas sean necesarias. Nos preocupa particularmente la ausencia de un
consejo rector en la dirección de la gerencia educativa, como es requisito legal obligatorio para los organismos autónomos. La dirección y el control recaen en manos de una sola persona, en este caso del presidente, y nos parece que es perentorio
-como reclama el tribunal- la elaboración de un nuevo estatuto de la gerencia con un consejo rector con presencia de los distintos responsables del ministerio afectado, que permita mejorar la programación, la toma de decisiones, el control, el
seguimiento y la coordinación de las actuaciones. En relación con este punto, la gerencia en materia de seguridad del Estado sí cuenta con este órgano rector, pero debemos denunciar la situación de acumulación de cargos y confusión de competencias
de dirección y supervisión que se dan también en este organismo y para las que creemos que hay que poner una solución inmediata.


Por otra parte, nos llama la atención las dificultades para llevar a cabo un adecuado seguimiento de las inversiones realizadas por el organismo. El tribunal llama la atención sobre las importantes debilidades observadas en el control
interno de los proyectos de inversión y sobre todo de la falta de planificación de las actuaciones de inversión que son competencia de la gerencia. Entendemos que ello le ha impedido al tribunal conocer con rigor el contenido íntegro de los
proyectos de inversión realizados y sus costes totales, y nos preocupan mucho las consecuencias que puede tener en materia de contratación pública. Por otra parte, también nos preocupa la falta de un plan estratégico plurianual. Es una
circunstancia que ocurre ya en ambas gerencias. No se dispone de una catalogación del estado y necesidades de las infraestructuras estructurales...


El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señora Ponce.


La señora PONCE GALLARDO: ...y tampoco se dispone de un listado ordenado en el que se prioricen las actuaciones que deben llevarse a cabo ni la selección de los proyectos y contratos a ejecutar por la gerencia.


Y por ir terminando ya, otros dos temas que también nos preocupan son el exceso de tesorería en la Gerencia de Seguridad y las enormes deficiencias que hay en materia de transparencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ponce.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en común-Izquierda Confederal, tiene la palabra el señor Uriarte.


El señor URIARTE TORREALDAY: Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, intervengo para reiterar la buena disposición de la presidenta de acudir a esta Comisión. El hecho de que acuda siempre personalmente y no delegue en nadie creo que merece reconocimiento.


En segundo lugar, quisiera comentar que nuestro grupo no comparte los comentarios que han hecho algunos grupos y que suelen hacerse reiteradamente en relación a los retrasos en la presentación de los informes o a que sean tan tardíos.
Frecuentemente, la propia presidenta o los responsables del Tribunal de Cuentas ya han explicado que no tienen ninguna responsabilidad en esta cuestión y creo que por un mínimo de elegancia en los usos parlamentarios no se debería insistir en
trasladar esta crítica, que es una

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crítica extemporánea o al menos no corresponde a este tribunal la responsabilidad en estas tardanzas. De hecho, el tribunal ha propuesto soluciones para que eso no suceda; luego creo que no deberíamos seguir insistiendo en esta cuestión.
En caso de hacer alguna crítica, más que al tribunal deberíamos hacérnosla los propios grupos parlamentarios, en la medida en que estas dos magníficas instituciones o instrumentos de los que nos dota la Constitución a los grupos parlamentarios para
la realización de nuestra labor, como son, por una parte, el propio Tribunal de Cuentas y, por otra, la Defensoría del Pueblo, están infrautilizadas a pesar de que son una magnífica herramienta de trabajo -o deberían serlo- para los grupos
parlamentarios.


Para ser lo más breve posible, en cuanto al contenido concreto de los informes que se han puesto a nuestra consideración, quiero decir que consideramos que están correctamente realizados.


Y sin más, muchísimas gracias por su presencia y seguimos a su disposición.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Uriarte.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.


Gracias, señora presidenta, por comparecer aquí y por el magnífico trabajo que hacen usted y todo su equipo. Entrando en el primero de los informes, se vuelve a significar la falta de información disponible en áreas donde entendemos que
debería existir para el adecuado control económico y financiero. Creemos que es necesario y prioritario incidir en este asunto y que exista una rendición de cuentas en las administraciones públicas, con el fin de que se ponga negro sobre blanco la
responsabilidad de los órganos políticos de las entidades, para que se usen correctamente los fondos públicos y que toda esa información esté disponible en tiempo y forma para el Tribunal de Cuentas y para quien lo requiera. En este sentido, cabe
destacar que la Gerencia de Infraestructuras mencionada no dispone de un sistema de control interno definido y formalizado y aunque, como nos dice el informe, no sea del todo necesario un departamento de control interno, ¿cómo puede ser que existan
estas deficiencias? ¿Se antoja, por tanto, necesario ese departamento, o hay algún tipo de responsabilidad por estas deficiencias?


En cuanto al análisis de la cuenta del resultado económico patrimonial, el tribunal no considera correcto el sistema de contabilización. Este es un fenómeno recurrente entre los organismos autónomos del Estado -creemos- y es algo común y
aceptado por los diferentes Gobiernos que el Tribunal de Cuentas repita esos aspectos y se vuelvan a repetir una y otra vez. ¿Qué fue de la CORA, la ley de 2015, del sector público? En cuanto al análisis presupuestario, nos sorprende que la
ejecución sea tan escasa. ¿Hasta qué punto podemos justificar ante todos los españoles el mantenimiento de estructuras públicas tan costosas que no son demandadas? ¿Para qué se dota tanto dinero, tanto presupuesto si no hace falta? El presupuesto
global tiene una ejecución del 68 % en términos de obligaciones reconocidas sobre los créditos definitivos, debido principalmente a la gestión de los créditos para inversiones. El peor comportamiento se observa -como hemos podido ver- en el
programa de educación secundaria, formación profesional y Escuela Oficial de Idiomas, que a pesar de haberse reducido sus créditos iniciales en un 50 %, la ejecución sobre los restantes alcanzó otro 50 %.


En el análisis de la memoria de las cuentas, el tribunal considera que hay carencias de información relevantes para la debida comprensión de la actividad y situación del organismo, y esto nos parece gravísimo porque el agravante es que en
los entes públicos se entiende que hay funcionarios con una oposición, que saben de lo que se trata, de alto nivel -que en este caso suponen al menos el 40 % de los empleados de la gerencia- y el propio tribunal ha dicho que el organismo cuenta con
esa plantilla amplia de profesionales técnicos altamente cualificados que podría realizar efectiva y eficazmente todas estas actividades. Me gustaría leer las conclusiones del tribunal y que conste en el Diario de Sesiones de la Comisión, porque
nos parece muy alarmante que el informe diga que la gerencia no ha dispuesto de un plan estratégico plurianual ni de planes operativos anuales vinculados al del ejercicio anterior y a las memorias presupuestarias. Y que tampoco dispone de una
catalogación básica de la situación, estado y necesidades de las estructuras educativas y culturales convenientemente evaluada y ordenada por prioridades. Y en las decisiones de abordar los grandes proyectos, no se ha llevado a cabo la previsión
razonable del conjunto de actuaciones de gasto que serían necesarias, con una programación realista de su naturaleza, costes, fechas de inicio, conclusión, financiación plurianual, etcétera. Todo esto demuestra que no queda acreditado que la
evaluación de las necesidades y la selección de los proyectos a realizar se fundamente en criterios de eficacia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos, que es algo fundamental.

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Y respecto al segundo informe, el tribunal considera que los remanentes de tesorería acumulados suponen una gestión excesivamente prudente por parte del Giese en cuanto a la programación y ejecución de las inversiones y por ello el Tesoro
retiene esas transferencias corrientes que le corresponderían, porque en principio no le harían falta. Esta situación entendemos que daña la estrategia inversora de la gerencia y, por tanto, la pregunta en este aspecto sería: ¿No sería necesario
aplicar ese exceso de prudencia en una administración pública sobrendeudada? ¿No sería adecuado aplicar ese sistema sin que el Tesoro retenga las transferencias para el funcionamiento ordinario? ¿Debemos extender la cultura del vivir al día y
gastar y gastar?


Por otro lado, nos gustaría conocer los motivos por los que no se ha aprobado y publicado el nuevo estatuto, que debería haberse hecho sobre la base de la modificación de la denominación de organismos y ampliación de funciones derivadas del
artículo 53 de la Ley 14/2020. En cuanto a la conclusión 3.14, consideramos que es necesario que se presupuesten debidamente los créditos previstos y autorizados, señora presidenta. ¿A qué se debe que los anexos de inversiones de todos los
ejercicios que se mencionan carezcan de una mínima identificación de los proyectos que, a su vez, son indeterminados, genéricos y que, asimismo, carecen de valor a efectos de planificación y control?


Por otra parte, en cuanto al capítulo 1, gastos de personal, querría preguntar qué efectos supone que la documentación de los expedientes de personal se custodien en papel sin que consten los originales en algunos casos. ¿Cómo puede ser que
no se apliquen los recursos electrónicos que deberían existir para el conjunto de administraciones públicas y entes dependientes del sector público?


Voy terminando. En la conclusión 20, en cuanto a la utilidad de los entes públicos que no tienen significancia o no ejecutan sus presupuestos, la ausencia de planificación que indica el Tribunal de Cuentas en su informe y que señala, a su
vez, que su actividad se encuentra muy subordinada en la configuración de la actividad inversora de la Secretaría de Estado de Seguridad, indica que a la Giese le resulta casi imposible elaborar una planificación propia con un mínimo de rigor. Esto
da que pensar. ¿Hasta qué punto los contribuyentes españoles pueden aguantar estructuras públicas que no actualizan sus estatutos a los requerimientos de la ley, que sus gobernantes no hacen lo que ellos mismos requieren para sí...


El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señora Cañizares.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Dos segundos y termino.


... y para sus contribuyentes, que no se presupuestan adecuadamente, que tengan una ausencia de planificación y que se encuentren casi vaciados por la secretaría de Estado de quien dependen?


Por último, quiero preguntarle simplemente qué sabe de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Yecla a la Gerencia de Infraestructuras, por acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 22 de julio de 2016, para la
construcción de una comisaría en el plazo de cinco años.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cañizares.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ledesma.


El señor LEDESMA MARTÍN: Muchas gracias, presidente.


Presidenta, quiero agradecer el trabajo que realiza. Me adhiero a lo que han comentado el resto de los compañeros en cuanto a que hacen una gran labor. En segundo lugar, como no puede ser de otra forma, también quiero agradecer el trato
que nos dispensaron a la Mesa en la visita que realizamos el 6 de octubre. En esa visita nos explicaron el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de los órganos y de las personas que lo componen y, sobre todo, la importancia que tiene este órgano
al ser reconocido en nuestra Constitución. Y si hay algo que destacar en las explicaciones que usted mismo nos dio es que el tribunal disfruta de plena independencia, que es importante en estos momentos, independencia no solo del tribunal sino de
todos sus miembros.


Su función fiscalizadora consiste en someter la actividad económica y financiera del sector público a los principios de legalidad y buena gestión financiera. Los resultados de la fiscalización se exponen mediante informes, memorias,
mociones y notas que se aprueban por el Tribunal de Cuentas y después se elevan a las Cortes Generales o asambleas legislativas de las comunidades autónomas y plenos de las corporaciones locales. Este organismo también se ocupa de enjuiciar la
responsabilidad contable, como no puede ser de otra forma.

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Igualmente, para finalizar esta introducción, tenemos que destacar la evolución y el esfuerzo de este organismo por ponerse al día, y terminar, señora presidenta, con ese sambenito de que es un tribunal que siempre llega tarde, incluso con
muchos años de retraso, para fiscalizar y denunciar las irregularidades de las cuentas públicas. Hoy día el Tribunal de Cuentas es capaz de estudiar denuncias actuales de inmediato respecto a las cuentas públicas que analiza. Siempre existe un
intervalo de un año -el portavoz de Podemos lo ha explicado perfectamente-, ya que es el periodo de tiempo que tarda la respectiva institución en cerrar el ejercicio y remitírselo al tribunal. Es decir, en 2019 el tribunal analiza el ejercicio de
2018.


Introduciéndonos ya en este bloque, hay que destacar algunas cuestiones y, sobre todo, un tema que después comentaré, señora presidenta, y que me gustaría al menos que nos lo explicara. En cuanto a la rendición de cuentas del organismo
autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, se rindieron en tiempo y forma sus cuentas correspondientes a 2016 -eso es importante y fundamental-, la gestión de la gerencia está sometida a un sistema de control
interno que en general es suficiente -y yo creo que también es importante destacar-, y los estados financieros reflejan fielmente, con las correcciones contables de los registros de las operaciones realizadas, la realidad existente. Respecto a la
otra función que es importante, el cumplimiento de la legalidad en la gestión de los gastos de personal y de contratación, tampoco ven nada significativo e importante.


En cuanto a las recomendaciones de cara a la elaboración de un nuevo estatuto de la gerencia, son: poner en práctica un sistema de planificación adecuado a sus competencias, estudiar las necesidades y posibilidades de financiación y gestión
de los proyectos de inversión, y fortalecer la coordinación con las demás administraciones públicas interesadas. A todas esas recomendaciones que ustedes han hecho, por parte de la gerencia se ha respondido con una serie de alegaciones, que es lo
que le estaba comentando, y me gustaría saber si en su informe han tenido en cuenta las alegaciones por parte de esos organismos autónomos. Eso es importante saberlo porque la justificación de todas esas deficiencias, que este grupo entiende que
son menores, han sido contestadas o alegadas, pero para nosotros también es importante el reconocimiento de que aquellas pequeñas deficiencias sean asumidas por parte de estos organismos.


Entendemos también que, en cuanto a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado del ejercicio 2017, las conclusiones a las que llegan y las recomendaciones son asumidas por el mismo organismo y, por tanto, nos
gustaría que nos explicara si realmente esas alegaciones han sido tenidas en cuenta por el tribunal.


Muchas gracias, presidenta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.


Por último, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Huelva.


El señor HUELVA BETANZOS: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.


Señora presidenta, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, también quiero darle las gracias por su comparecencia en esta Comisión.


Señora presidenta, quiero hacer hincapié en una cuestión, y es que la independencia del Tribunal de Cuentas es muy importante en estos momentos, pero también es importante en todos los momentos de nuestra historia democrática, no solamente
en este.


Quiero comenzar refiriéndome a dos críticas que se hacen a ambos organismos autónomos. La primera de ellas referida a la configuración del sistema contable, en el que se dice que los estados financieros correspondientes al ejercicio que se
fiscaliza reflejan correctamente el registro de operaciones realizadas en este ejercicio, pero que la configuración de dicho sistema contable desprende consecuencias relativas al contenido de la cuenta 370. Esta observación se hace también para las
cuentas del año 2017 con referencia al organismo autónomo que depende del Ministerio del Interior. Y la segunda de las críticas que se hace por parte del tribunal a los organismos autónomos -y nos preocupa- es por la inexistencia o el cumplimiento
insuficiente de las obligaciones exigidas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ya que ninguno de los dos organismos autónomos dispone de una página web propia que conlleve la transparencia y no se publica
gran parte de la información obligatoria al no tener establecidos procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.


En el informe de fiscalización del organismo autónomo dependiente del anterior Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aparecen expedientes de contratación de asistencia técnica y de servicios profesionales, como usted bien ha dicho, que
no acreditan como norma general la insuficiencia de medios

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propios para la realización de prestaciones contratadas, puesto que no se justifica formalmente el hecho de que el organismo autónomo, con una plantilla amplia, como usted ha referido, de profesionales técnicos altamente cualificados, no
tenga la solvencia para la redacción de proyectos, dirección de obra y servicios complementarios. Nos gustaría conocer la opinión de la presidenta del Tribunal de Cuentas a este respecto.


Nos preocupa también la existencia en este informe del ejercicio del año 2016 de las cuatro encomiendas de gestión a Tragsa a las que usted se ha referido, que estuvieron vigentes durante ese ejercicio y que no justifican la posible ventaja
económica de la utilización de ese sistema con respecto a procedimientos normales de contratación y tampoco se justifican en el año 2016 las razones operativas que aconsejan dicho sistema. Llama la atención la situación de los setenta y dos
proyectos de inversión vigentes en el año 2016, que acumulaban obligaciones reconocidas en años anteriores por valor de 318 millones de euros y que el grado de ejecución de los contratos suscritos para dar continuación a estos proyectos sea muy
discreto, si se tiene en cuenta la importante antigüedad de algunos de estos proyectos.


También con respecto al informe del organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación y Deporte se observan importantes deficiencias, puesto que no se dispone de inventario ni de catálogos que estén completos y actualizados de los
bienes inmuebles y derechos reales que tiene el Ministerio de Educación y Deporte. Con respecto al organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior, en el ejercicio del año 2017 puede apreciarse una ausencia notable de planificación, como
bien ha dicho usted y han detallado todos los anteriores portavoces, pero parece evidente que es altamente recomendable que se fortalezca la coordinación de las dos direcciones generales del organismo autónomo y la secretaría de Estado, ya que son
los órganos que intervienen en la gestión de las infraestructuras de la seguridad del Estado, pudiéndose así anticipar a la tramitación en las intervenciones con los oportunos programas plurianuales, con la participación y conocimiento de todas las
partes, regulándose así desde el inicio los aspectos más significativos de las inversiones: la financiación, los responsables de su ejecución, los costes y plazos previstos, y el seguimiento, que nos parece muy importante en este aspecto.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Huelva.


A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces de los grupos parlamentarios.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, presidente.


Señorías, voy a tratar de proceder a dar respuesta a las cuestiones que han planteado. En primer lugar, quiero agradecerles de verdad, muy sinceramente, el reconocimiento que han tenido hacia el tribunal, hacia el esfuerzo que estamos
haciendo por acercar nuestros informes de control a la gestión fiscalizada. Por otra parte, también quisiera destacar cómo los informes se están centrando esencialmente -y ustedes, además, en muchas ocasiones han pedido que así sea- en la eficacia,
en la eficiencia, en la economía y en la gestión. Como verán, estos dos informes ponen de manifiesto o hacen hincapié precisamente en estos aspectos de la gestión que resultan fundamentales, porque las administraciones públicas ya no solamente
pueden gestionar conforme a la legalidad, sino que tienen que gestionar con eficacia, con eficiencia, con economía, con transparencia, con ética y con sostenibilidad. Les agradezco las palabras que han tenido hacia el trabajo que está realizando el
tribunal, en el que les aseguro que tanto el pleno del tribunal como su personal están poniendo gran interés y gran ahínco; además, nos satisface pensar que con ello estamos contribuyendo a la mejora de la gestión del sector público, que es nuestra
última finalidad. Se lo decía en mi intervención, en mi presentación ante esta Comisión el otro día: el control es un medio para contribuir a la mejora de la gestión.


Efectivamente, señora Ponce, se presenta un retraso, un hueco entre el momento de la gestión y el momento del control. También lo decía el señor Uriarte, los plazos que se nos dan para la rendición de cuentas y luego para el desarrollo de
la función fiscalizadora, con toda la tramitación que conlleva -trabajos de campo, trámite de alegaciones, que luego aclararé al señor Ledesma, trámite de observaciones entre los miembros del pleno-, todo esto implica un proceso que es necesario
abordar para hacer informes de calidad e informes verdaderamente constructivos que recojan bien los resultados de la fiscalización.


Por supuesto, nosotros estamos totalmente a favor de una mayor cercanía del control a la gestión y, en ese sentido -el otro día lo decía-, hicimos una moción para solicitar que se tramitara una modificación

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legislativa para los plazos de rendición de cuentas de la cuenta general del Estado y de las cuentas particulares. En el ámbito de las entidades locales, tenemos en marcha ahora precisamente una moción para tratar también de anticipar los
plazos de rendición de cuentas. En nuestro plan estratégico recogemos como uno de los objetivos el acercamiento del control a la gestión fiscalizada. Ya no se pueden fiscalizar gestiones económicas de hace diez años o de hace ocho años, ahora hay
que acercarlo, porque solamente con un acercamiento y con los resultados actuales vamos a ayudar a mejorar la gestión, a contribuir a que esa gestión sea mucho mejor. Por lo tanto, sin duda, es deber de todos contribuir a que tanto en la
elaboración de los informes para recibir las cuentas con mayor antelación en la elaboración del procedimiento de fiscalización, en la parte que a nosotros nos corresponde, como en la presentación de los resultados ante esta Comisión aceleremos y
hagamos más breves los plazos, porque todo aquello contribuirá o redundará en una mayor oportunidad de los resultados y en una utilización más conveniente de nuestras recomendaciones por parte de los fiscalizados.


Señalaba también la señora Ponce la proliferación de entes públicos, y yo simplemente aquí quiero remitirme a la presentación del informe que hice en la comparecencia anterior, referida en aquella ocasión al sector público autonómico y cómo
desde el Tribunal de Cuentas se está abogando por la racionalidad de la utilización de las distintas fórmulas de gestión de la actividad administrativa, fórmulas directas y fórmulas indirectas de gestión, y el deseo que existe en conseguir la
racionalización. La creación de organismos autónomos no significa per se, ni mucho menos, una falta de racionalización. En principio, su constitución tiene por objeto llevar a cabo una actuación instrumental que no supone el ejercicio propio y
esencial de la entidad creadora. En consecuencia, no tiene por qué suponer una falta de racionalidad. Nosotros abogamos por que, cuando se creen estructuras, se creen con racionalidad.


Por otra parte, también quisiera destacar de la intervención de la señora Ponce la referencia que ha hecho a la eficacia y a la eficiencia, y reiterar, como he dicho anteriormente, cómo desde el Tribunal de Cuentas no solamente se hacen
controles de legalidad o controles financieros, que son los controles más tradicionales que se ligan al Tribunal de Cuentas, sino que el Tribunal de Cuentas está haciendo un esfuerzo por hacer controles de eficacia, de eficiencia, y esto lo subrayo
porque a veces nos atribuyen que solo hacemos controles financieros, que solo hacemos controles de legalidad. Prácticamente en todos nuestros controles, aunque sean financieros o aunque sean de legalidad, siempre hay pinceladas, siempre hay
elementos que tratan de contribuir a la mejora de la gestión, en términos de eficiencia, eficacia y economía.


La señora Cañizares hacía referencia a la falta de adaptación de los estatutos y a la recomendación que precisamente se hace respeto de los dos organismos por parte de los informes del tribunal a esta circunstancia. Pues, efectivamente,
nosotros recomendamos que se haga esa modificación de los estatutos porque no contienen sobre todo las modificaciones que se han introducido como consecuencia de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, e incluso en su
propia normativa. Los estatutos deberían ajustarse a estas normativas porque operarían de una manera mucho más ajustada y teniendo en cuenta lo que en ellas se dispone. También hacía referencia a la falta de identificación de los proyectos. En
este sentido, quiero simplemente señalar que esto se relaciona con la falta de planificación a que se hace referencia a lo largo del informe y precisamente es uno de los aspectos que más se destaca en las recomendaciones.


En cuanto a la custodia de los expedientes de personal en papel y que a veces no se encuentran los originales, nosotros ponemos de manifiesto que deben ser las entidades fiscalizadas las que den cuenta de por qué están actuado así. Desde
luego, nosotros estamos siempre abogando, y en este caso también, porque los sistemas de información faciliten los datos suficientes para evitar duplicidades, evitar omisiones y que el curso de la información para la gestión sea mucho más fluido.
En cuanto a los terrenos cedidos a Yecla, que me señalaba usted, no hay mención a ellos, no hay referencia a ellos en el informe. En el informe, en cuanto a los terrenos cedidos en la Región de Murcia, se hace mención a Lorca.


El señor Ledesma me preguntaba si se tienen en cuenta las alegaciones de las entidades fiscalizadas. Por supuesto que sí, porque el artículo 44.1 de nuestra ley de funcionamiento lo establece como un trámite obligatorio. Una vez que se
elabora el proyecto de informe de fiscalización, se remite a las entidades fiscalizadas para que hagan sus alegaciones y presenten la documentación que consideren oportuna para completar la información.


También les decía en mi comparecencia del otro día que el procedimiento fiscalizador no es un procedimiento contradictorio como lo son, por ejemplo, los procedimientos jurisdiccionales, sino que es un procedimiento encaminado a recopilar
toda la información y documentación necesaria para que en el

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informe figuren los datos, figuren los resultados de la fiscalización de la forma más completa, de la forma más precisa y exacta. Por supuesto, el tratamiento de las alegaciones es un trámite reglado en nuestras normas de fiscalización, que
nos dicen exactamente lo que tenemos que hacer cuando se hacen alegaciones. En el caso de que aceptemos la alegación, se integra directamente el contenido en el informe. En el caso de que no se acepte la alegación, en nota a pie de página se hace
el tratamiento correspondiente y se dice por qué no se acepta esa alegación o por qué se acepta parcialmente. En el trámite de alegaciones el fiscalizado señala lo que sea. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no considera que esta alegación se
ajuste. Si ustedes ven la nota a pie de página, figura el tratamiento de las alegaciones que hacemos. En el caso de que la alegación justifique la incidencia, lógicamente no se tiene en cuenta, porque simplemente está ratificando lo que en el
informe del tribunal se ponía de manifiesto. Este es el tratamiento que hacemos de las alegaciones.


Se ha considerado también el tema de los incumplimientos en materia de transparencia de las gerencias. En el caso de la Gerencia de cultura y educación, tiene página web, pero no tiene portal de transparencia. Efectivamente, la Giese no
tiene página web y carece de procedimiento de acceso a la información. Sin duda, son aspectos que revertirán en una mejora del conocimiento de la actividad de la organización y resulta esencial mejorarlos.


También se hacía referencia a la utilización de contratos y encomiendas de gestión, en lugar de personal de la gerencia, sobre todo en la Gerencia del Ministerio de Educación. Efectivamente, eso es lo que se pone de manifiesto en el
informe, que, teniendo personal técnico cualificado, no parece muy coherente que se celebren contratos de servicios para asistencias, elaboración de proyectos, controles de calidad y además se mantengan encomiendas de gestión que, por otra parte, no
se ajustan a lo que el tribunal estima que serían los requisitos para la utilización de esta figura. Y en este punto quiero remitirme también a la moción del tribunal elaborada en diciembre del año 2016 en relación con esta cuestión.


Creo haber dado respuesta a sus preguntas. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.


BLOQUE II:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES 2015-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000034).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE LOS GASTOS POR ASISTENCIA SANITARIA GESTIONADO POR EL MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000050 y número de expediente del Senado 771/000050).


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al debate correspondiente al bloque II, informe de fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y el desarrollo de los procesos electorales 2015-2017 e informe de
fiscalización del sistema de compensación de los gastos por asistencia sanitaria gestionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ejercicio 2017. Por acuerdo de la Mesa y Portavoces de 15 de septiembre de 2020, se entienden
subsumidas en esta comparecencia las números 212/433 y 212/370, del Grupo Parlamentario Vox, que tienen el mismo objeto.


A continuación, para darnos las explicaciones, tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente de la Calle): Muchas gracias, presidente.


El primero de los informes de este bloque, que fue aprobado el 19 de diciembre de 2019, recoge los resultados de fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y el desarrollo de los procesos electorales celebrados en
el periodo 2015-2017. Se trata de una fiscalización de cumplimiento cuyo ámbito objetivo es la gestión económica que el Ministerio del Interior y, en especial, la Dirección General de Política Interior en su condición de órgano gestor del
presupuesto electoral ha realizado en materia de gastos electorales respecto de los procesos electorales y consultas directas al electorado financiadas con cargo al crédito presupuestario 227.05, incluido en el programa 924-M, elecciones y partidos
políticos del presupuesto de dicho departamento ministerial en el periodo reseñado 2015-2017. En concreto, abarca la gestión del gasto de siete procesos electorales, con un montante presupuestario

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total de 439 millones de euros, de los que se ejecutó gasto por 380 millones euros, prácticamente el 87 % del crédito. Esta fiscalización no incluye la financiación de los partidos políticos ni las partidas presupuestarias de destino
similar en los presupuestos de las comunidades autónomas, que son objeto de informes distintos por parte del Tribunal de Cuentas. El objetivo de esta fiscalización es la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a la actividad fiscalizada. Asimismo, se contempla como objetivo transversal el cumplimiento de las prescripciones de transparencia e igualdad de género en lo que pudieran tener relación con el objeto de las actividades fiscalizadas.


Como resultado de la fiscalización, hay que señalar que el informe en relación con el presupuesto electoral ha constatado que la dotación inicial del crédito correspondiente a la partida presupuestaria para sufragar los gastos de los
procesos electorales correspondientes a las elecciones locales y autonómicas y a las elecciones generales de 2015, de casi 188 millones de euros, era insuficiente en su cuantía, por lo que hubo de tramitarse una modificación de crédito por un
importe de casi cien millones de euros. Esta ampliación se aplicó también a satisfacer gastos derivados del adelanto de los procesos electorales correspondientes a las elecciones al Parlamento de Andalucía y al Parlamento catalán, aun cuando la
cuantía de aquel incremento fue superior al total de las cantidades aplicadas a ambos procesos. Ello revela una falta de previsión en la elaboración de los presupuestos en relación con dicho ejercicio.


La gestión de este tipo de gastos se lleva a cabo fundamentalmente por el procedimiento de pagos a justificar, y por ello uno de los aspectos que ha sido objeto específico de análisis en este informe de fiscalización son las cuentas
justificativas que han de presentar los distintos centros de gasto intervinientes en cada proceso electoral. Se concluye que, con carácter general, la Dirección General de Política Interior ha realizado una gestión rigurosa y eficaz de los procesos
electorales. No obstante, en lo relativo a la gestión de los fondos se ponen de manifiesto una serie de deficiencias, entre ellas, la falta de rendición de algunas cuentas justificativas, la rendición con retrasos o la realización de dicha
rendición en formatos electrónicos ilegibles. En seis de los siete procesos electorales se ha constatado la falta de documentos de aportación prescriptiva según las instrucciones económico-administrativas del proceso electoral, así como defectos
procedimentales, y en dos cuentas justificativas no se aprecia una vinculación directa entre los gastos realizados y el proceso electoral, ya sea por las fechas de las facturas o por los conceptos del gasto. Tampoco ha quedado debidamente
justificada la asunción del coste por el Ministerio del Interior en las elecciones del Parlamento de Galicia de 2016 del dispositivo de seguridad de la Policía local, lo que, según la normativa, debería correr a cargo del poder convocante.


En los gastos de concurrencia de procesos electorales fueron suscritos convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior y catorce comunidades autónomas, así como con dos diputaciones forales con la finalidad de racionalizar la
gestión electoral y distribuir los gastos de las elecciones locales y autonómicas celebradas en 2015 al producirse concurrencia de competencias. En relación con estos convenios, se indica que no se han evacuado todos los informes de evaluación
previstos, y el Ministerio de Interior emitió un informe en el que se aprecia falta de homogeneización en el reparto y participación en el gasto entre el Estado y las comunidades autónomas en estos casos de concurrencia de procesos electorales. En
todo caso, el informe de fiscalización indica que la suscripción de estos convenios supuso un claro avance en el reconocimiento por las comunidades autónomas de sus responsabilidades sobre sus propios procesos electorales. Con anterioridad a los
convenios se suscribían acuerdos entre el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas con elecciones concurrentes con las locales y estos acuerdos tenían un alcance muy limitado. Con los convenios se evolucionó hacia la formalización y
racionalización de la colaboración Estado-comunidades autónomas para sistematizar la gestión electoral, determinar las responsabilidades que en cada uno de los aspectos correspondía a cada uno de ellos e impulsar la colaboración entre
administraciones.


Además, se ha fiscalizado la totalidad de la contratación realizada por la Dirección General de Política Interior con cargo a los presupuestos electorales. Se han remitido al Tribunal de Cuentas las relaciones de contratos y los
correspondientes expedientes de contratación que en ellas figuraban. Las deficiencias detectadas afectan a la insuficiente justificación de la elección de los criterios de adjudicación o su realización mediante fórmulas genéricas, a contenidos
incluidos en algunos pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliegos de prescripciones técnicas que no le son propios, a la fijación de algunos criterios de solvencia y la inclusión de posibilidad de realizar mejoras o variantes sin la
suficiente concreción y a la inclusión de plazos en algunos contratos no ajustados a la normativa. También existen expedientes contractuales en que no constan memorias o documentos de carácter económico que justifique el presupuesto fijado.

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En el apartado relativo a los abonos realizados al prestador del Servicio Postal Universal, se observan deficiencias relacionadas con la justificación y comprobación de los envíos efectuados por Correos y Telégrafos originadas por el hecho
de que la justificación se realiza a través de la remisión de un gran número de albaranes en soporte papel, lo que dificulta su control. Por otro lado, se destaca la necesidad de aclarar la redacción de los acuerdos del Consejo de Ministros por los
que se establecen las obligaciones de servicio público al prestador del Servicio Postal Universal en lo relativo a los costes de envío de la propaganda electoral, ya que la redacción puede dar lugar a errores interpretativos al fijarse tarifas
máximas sin especificar si son exclusivamente las aplicables al ministerio o incluyen también las correspondientes a las que los partidos políticos han de abonar. Por último, en este apartado el informe pone de relieve que aproximadamente el 73 %
de los giros postales enviados para reintegrar las cantidades correspondientes al franqueo de los votos realizados por españoles residentes en el extranjero, para los que la ley contempla un sistema de gratuidad mediante la posterior devolución, no
son recibidos por los votantes por causas no imputables al Ministerio del Interior pero que ocasionan al ministerio un gasto ineficaz, ya que no alcanza su objetivo. No se han detectado deficiencias relativas a la igualdad de género ni a la
normativa de transparencia. Esto es en cuanto al primer informe, en el que, lógicamente, también se incluyen las correspondientes recomendaciones dirigidas a tratar de contribuir a la mejora de la gestión en esta materia.


El segundo informe correspondiente a este bloque se refiere a la fiscalización del sistema de compensación de los gastos por asistencia sanitaria gestionados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Es una fiscalización de
cumplimiento y operativa. Su ámbito objetivo es examinar el procedimiento de gestión y el sistema de compensación aplicado en el Fondo de Cohesión Sanitaria y en el Fondo de Garantía Asistencial por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social durante el ejercicio de 2017. Ambos fondos son mecanismos de financiación de la atención sanitaria a las personas residentes en una comunidad autónoma distinta de aquella que está prestando la atención. El Fondo de Cohesión Sanitaria fue
creado en 2001 para garantizar el acceso a los servicios de asistencia sanitaria pública en todo el territorio nacional y la atención a ciudadanos desplazados procedentes de países de la Unión Europea o con los que España mantiene suscritos
convenios de asistencia sanitaria recíproca. Por su parte, el Fondo de Garantía Asistencial fue creado en 2012 con el fin de garantizar la cobertura de los desplazamientos temporales entre comunidades autónomas y ciudades autónomas de los
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, estableciéndose distintos conceptos de compensación en función de la duración de los desplazamientos. El fin de ambos fondos es contribuir a la cohesión e igualdad del derecho de asistencia sanitaria en
todo territorio nacional. En el periodo fiscalizado correspondía la gestión de ambos fondos al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en concreto a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, órgano dependiente de la Secretaría General de Sanidad y Consumo y gestora del sistema de compensación de ambos fondos a través de la Subdirección General de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Fondos de compensación.
Los objetivos de esta fiscalización son verificar que la liquidación de cada fondo y su posterior distribución entre comunidades autónomas se adecúa a la normativa vigente, así como la evaluación desde la perspectiva de los principios de eficacia,
eficiencia y economía, el cumplimiento de su finalidad y garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria pública en todo el territorio español. Se incluyen también como objetivos la revisión de las actuaciones seguidas por
el ministerio derivadas de su participación en la preparación e implementación del tercer objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, relativo a la salud, con el fin de garantizar una vida saludable y promover el
bienestar universal. También se han abordado en esta fiscalización las cuestiones relacionadas con los objetivos horizontales de verificación de la observancia de la normativa en materia de igualdad y de transparencia.


Como resultados fundamentales de la fiscalización se recoge en el informe que en relación con la adecuación de las liquidaciones de ambos fondos a la normativa vigente se observa que el Fondo de Cohesión Sanitaria se realiza, en general,
conforme a la normativa prevista. El Fondo de Garantía Asistencial, por su parte, no se extiende a todos los supuestos contemplados en la normativa, excluyendo, por ejemplo, los desplazamientos de larga duración, parte de la cartera básica y
suplementaria de servicios y la dispensación hospitalaria de recetas. La liquidación del FOGA solo incluye los supuestos de atención primaria y las recetas dispensadas en farmacia. La falta de desarrollo reglamentario de la referida normativa ha
originado que la liquidación se realice conforme a los acuerdos adoptados por la Comisión de Seguimiento del Fondo de Cohesión Sanitaria y de la Comisión Permanente de Farmacia, aun cuando

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estos órganos no tienen competencia normativa en la materia. Mediante el Fondo de Cohesión Sanitaria se compensa el 80 % de los costes medios de la asistencia sanitaria derivada, mientras que en el caso del Fondo de Garantía Asistencial,
del FOGA, se compensa el 60 % de las tarifas de cada tipo de prestación. Sin embargo, no se han aportado los criterios técnicos o económicos que motivan la determinación de los mencionados porcentajes. El procedimiento de compensación aplicado por
el ministerio en la liquidación conjunta de ambos fondos, así como su distribución entre comunidades autónomas se ha adecuado a lo regulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, salvo que no se ha dado cumplimiento a lo
dispuesto a efectos de ultimar la compensación de los saldos negativos resultantes de la liquidación final. Esto ha originado que los saldos positivos de seis comunidades autónomas -Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y
Madrid-, por un importe conjunto de algo más de 23 millones de euros, no hayan sido compensados en relación con la liquidación de 2017. Lo mismo ha sucedido en las liquidaciones efectuadas desde el ejercicio 2013, ascendiendo la cuantía pendiente
de compensar entre comunidades autónomas a través del sistema de financiación autonómica por las liquidaciones correspondientes al periodo 2013-2018 a un importe total de 172 millones de euros. A pesar de ello, no se ha articulado ningún
procedimiento por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ni del Ministerio de Hacienda para dar cumplimiento a lo dispuesto en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado y que permite la compensación total resultante
de las liquidaciones de estos fondos. Por otra parte, la liquidación de los fondos practicada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social relativa al ejercicio 2018 se ha realizado sin la cobertura legal correspondiente al aplicarse
por analogía los criterios que venían estableciéndose en distintas disposiciones adicionales de las respectivas leyes de presupuestos generales del Estado desde 2013, que dejaban en suspenso la naturaleza extrapresupuestaria del Fondo de Cohesión
Social y no se recogieron expresamente en la Ley de Presupuestos para 2018.


En lo que se refiere a las conclusiones relativas a la finalidad de estos dos fondos, el informe concluye que la gestión de los mismos en la práctica supone un sistema de compensación parcial de los costes de asistencia sanitaria entre
comunidades autónomas porque los supuestos susceptibles de financiación por estos fondos no comprenden la compensación de la totalidad de las prestaciones incluidas en la cartera básica común y complementaria de servicios regulada en el Real Decreto
1030/2006 ni las prestaciones atendidas en una comunidad autónoma que no hayan sido derivadas por otra comunidad autónoma, la de origen, y no hayan sido autorizadas por la comunidad autónoma prestadora de la asistencia, que tampoco se comprenden
dentro de las compensaciones. Así se han identificado al menos ochenta y cinco tipos de procesos que reuniendo el requisito de la previa derivación no han sido objeto de compensación por no hallarse incluidos en alguno de los supuestos tasados en
los anexos del real decreto de gestión del Fondo de Cohesión Social, que se han concretado en 5990 actuaciones, con un coste estimado de al menos trece millones y medio de euros. En el caso del Fondo de Garantía Asistencial, al no existir
desarrollo reglamentario, no se incluyen una serie de prestaciones que, sin embargo, corresponden a supuestos contemplados en el ámbito de aplicación de este fondo, como ocurre con productos dietéticos, prestación ortoprotésica, transporte sanitario
no urgente o dispensación farmacéutica hospitalaria, entre otros. Por todo ello, se concluye señalando que la normativa de ambos fondos no da una respuesta completa a los principios establecidos en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud en la medida en que los supuestos contemplados no aseguran el acceso a todas las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva. De ello puede ser indicativa la escasa importancia relativa que
representa la liquidación de estos fondos en 2017, el 0,08 %, respecto del total del gasto sanitario reflejado en el informe anual del Sistema Nacional de Salud publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.


En relación con el tercer objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, relativo a la salud, el ministerio ha promovido diferentes medidas legislativas tendentes a mantener el carácter universal y público del
sistema sanitario, así como garantizar su sostenibilidad. Por lo tanto, el cumplimiento de esta meta, al menos en cuanto a la universalidad de la cobertura sanitaria, no está puesto en cuestión.


Finalmente, he de señalar que no se han observado incumplimientos en materia de observancia de la normativa de igualdad ni tampoco en materia de observancia de la normativa sobre transparencia.


Como en todos los informes, se incluyen una serie de recomendaciones que estimamos que pueden contribuir a la mejora de las deficiencias que se han observado como consecuencia de la fiscalización.


Muchas gracias, presidente.

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El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.


A continuación, para fijar posición y formular las preguntas que estime convenientes, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos la señora Ponce por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


La señora PONCE GALLARDO: Gracias, presidente.


Gracias una vez más, señora presidenta, por comparecer y responder a todas las cuestiones que le planteamos.


De este bloque nos gustaría destacar la recomendación del tribunal a la cartera sanitaria del Gobierno sobre la modificación de la normativa vigente con el fin de contribuir a la igualdad de acceso en los servicios del Sistema Nacional de
Salud en toda España. El Tribunal de Cuentas califica de ineficaces el Fondo de Cohesión Sanitaria y el FOGA, el Fondo de Garantía Asistencial. Según el tribunal, no se adecúan a los principios de igualdad para los que fueron creados, es decir, no
cumplen con la finalidad de garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria pública en todo el territorio español, lo que implica un importante toque de atención a la gestión del Ministerio de Sanidad, que, por supuesto,
debería ser corregida. La gestión de estos fondos en la práctica solo supone un sistema de compensación parcial de los costes de la asistencia sanitaria entre las comunidades autónomas, sin que se adapte a todos los supuestos necesarios. Por
ejemplo, cubre la dispensación de recetas en farmacia, pero, como ha dicho la señora presidenta, no la cubre en hospitales. También nos resulta muy interesante la recomendación del tribunal para impulsar la armonización legislativa con relación a
pacientes limítrofes, dada la heterogeneidad de la normativa autonómica. En definitiva, queremos destacar que el tribunal está poniendo en duda en su informe el actual sistema de financiación autonómica en el Sistema Nacional de Salud.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ponce.


Por los grupos parlamentarios Republicano, Euskal Herria Bildu, Esquerra RepublicanaEuskal Herria Bildu, señora Granollers.


La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidente.


Buenos días, presidenta. En primer lugar, quiero agradecerle la labor que hace en esta Comisión.


Queríamos intervenir sobre el primero de los informes de este segundo bloque, que es el de fiscalización de gastos del ministerio en la gestión y el desarrollo de procesos electorales entre 2015 y 2017. Cuando vimos el orden del día,
supimos que tendríamos que intervenir. Es una de esas cuestiones que para nosotros resulta fundamental: la calidad democrática del Estado español. Hace muchos años que Esquerra Republicana viene protestando por la gestión que se hace del voto
exterior. Analizando este informe, vemos una de las consecuencias de la nula implicación y el interés que tiene el Estado con la cuestión del voto exterior. El informe denuncia que tres de cada cuatro envíos para sufragar los gastos de los
votantes en el exterior no llegan a su destino. Creo que los adjetivos sobran. Y no solo eso, sino que el Estado paga cantidades inferiores a las desembolsadas por los votantes, cosa que, evidentemente, no es equitativa con respecto al resto de
los electores ni incentiva a la participación.


Más allá de la cuestión meramente económica y de este informe, elección tras elección conocemos centenares de miles de casos de gente que no puede votar: no llega la documentación a tiempo, hay imposibilidad para desplazarse hasta la
embajada, los que lo hacen acarrean con los costes, se pierde el voto por el camino o lo que sea. El Estado español coarta el derecho de sufragio de una parte importante de su población, y esto, señorías, pasa bastante desapercibido. ¿Dónde
estamos? ¿En qué tipo de democracia estamos si desaparecen tres de cada cuatro envíos de dinero y no se sabe dónde han ido a parar? ¿Cómo se permite que con el actual sistema un tanto por ciento muy bajo de los habitantes en el extranjero puedan
votar? Creemos absolutamente imprescindible hacer pública esta denuncia que algunas entidades y colectivos vienen haciendo a lo largo de los años, porque esta situación no se ha solucionado en absoluto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Granollers.


Por los grupos parlamentarios Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común e Izquierda Confederal, tiene la palabra el señor Uriarte.

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El señor URIARTE TORREALDAY: Presidente, brevemente, solo quiero plantear que la función básica de esta comparecencia es que evaluemos la corrección o no corrección de los informes realizados y, respecto al contenido de fondo, aunque no va
a servir para fiscalizar al Gobierno en 2017, sí para que tanto aquellas deficiencias que se han observado como las recomendaciones que se hacen para todas las administraciones, para la Administración del Estado y para las administraciones de las
comunidades autónomas, sean tenidas en cuenta por los siguientes Gobiernos. Esto es muy importante, porque la labor de este tribunal es básicamente la de ofrecer un instrumento de trabajo muy apropiado para todos los grupos parlamentarios, pero,
especialmente, para los grupos parlamentarios de la oposición. En un Estado democrático de derecho el papel de la oposición es fundamental y este es un instrumento muy importante del que disponen los grupos de la oposición para comprobar si esas
deficiencias que se observan en el informe de 2017 han sido subsanadas en los siguientes ejercicios y en la labor de Gobierno. Se ofrece el instrumento adecuado básicamente a los grupos de la oposición para comprobar si el actual Gobierno del
Estado y los de las comunidades autónomas están atendiendo las recomendaciones que se hacen y se están subsanando las deficiencias que se observan. Creo que esa es la función básica para la que se reúne esta Comisión.


Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, consideramos que el informe es correcto, que las deficiencias que se aprecian en la materia son cuestiones evidentes y que las
recomendaciones que se hacen son correctas. Quizá creo que se debería ahondar un poco más, porque se dice que no hay prácticamente deficiencias en igualdad de género, en la metodología que se utiliza para la detección.


Por lo demás, no tenemos nada especial que añadir. Agradecemos su aportación y, en la medida en que somos socios de Gobierno, intentaremos poner en práctica esas recomendaciones. A los grupos de la oposición les animo a que sean duros en
el trabajo que deben hacer y en exigir al Gobierno que cumpla con las mejoras procesales que se plantean desde el año 2017. En la medida en que las deficiencias no hayan sido subsanadas, les pido que sean estrictos en la exigencia del cumplimiento
de esas recomendaciones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Uriarte.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


Muchísimas gracias, señora presidenta, por acudir a esta casa y por las explicaciones que nos ha dado.


Tengo tres cuestiones, alguna ya comentadas, pero en una quiero insistir de forma especial. Dos son en relación con la fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior sobre la gestión de los procesos electorales, una respecto al
subapartado 2.3 y la conclusión 3.3, con relación a que solo se han presentado cinco informes de evaluación de los dieciséis que deberían haberse emitido. El Ministerio del Interior solo ha emitido un informe, carente incluso de fecha y firma, sin
que quede constancia de que el mismo ha sido presentado ante las dieciséis comisiones de seguimiento que deberían haberse creado en virtud de los convenios. De esta forma, en la recomendación tercera se sugiere al Ministerio del Interior adoptar
las medidas necesarias para instar a las comunidades autónomas a remitir formalmente información sobre la ejecución de los convenios; obviamente, se insta a lo lógico. Si bien es cierto que dicho informe trata sobre los procesos electorales del
2015 al 2017, preguntamos a este Tribunal de Cuentas al que tenemos el honor de dirigirnos si tiene alguna constancia, aunque sea indiciaria, de que en procesos posteriores se ha corregido dicha deficiencia.


La segunda cuestión que ha dejado cierta intranquilidad a este diputado está relacionada con el epígrafe 2.6.1, sobre los envíos postales. En dicho epígrafe se dice que se ha constatado la imposibilidad de controlar la debida justificación
de los envíos realizados, siendo urgente la revisión de la justificación. En las conclusiones se suaviza el término imposibilidad y se dice que se ha detectado la existencia de deficiencias relacionadas con la justificación y comprobación de envíos
realizados por Correos. Se justifica por el formato de control, y en las recomendaciones se encomienda al prestador del servicio postal universal el establecimiento de un sistema eficaz de justificación de envíos. Esto nos lleva a preguntarnos si
el Tribunal de Cuentas, basándose en sus conocimientos, podría decir o asegurar que Correos ha cumplido escrupulosamente con los envíos electorales. Si atendemos al criterio de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, si alguien o una pluralidad de personas que anunciasen

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que no han recibido envíos electorales o algunos de los envíos electorales selectivos o parciales, en base a este informe, donde el propio Tribunal de Cuentas asevera que ha constatado la imposibilidad de controlar la debida justificación de
los envíos realizados, podría llevarse adelante cualquier actividad que correspondiese en defensa de sus derechos. Ya sé que la tarea del Tribunal de Cuentas es el control de la eficacia y la eficiencia, pero, obviamente, muchas cuestiones tienen
consecuencias o derivas legales. Nos ha preocupado este tema, concretamente, como también, por supuesto, el tema que se ha comentado del voto exterior y las dificultades que tienen muchos compatriotas para votar en el exterior.


Por último, en relación con la fiscalización del sistema de compensación por gastos de asistencia sanitaria, nos preocupa que se manifieste, aunque es constatable, que, en la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria y el Fondo de Garantía
Sanitaria, y respecto al sistema de compensación existente, se diga textualmente: sin que se pueda afirmar que dicho sistema constituya un mecanismo eficaz para garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en
todo el territorio español, entre otras cosas, por los supuestos susceptibles de financiación por estos fondos... Como ha comentado la compañera de Ciudadanos, esto es grave. Los diferentes sistemas sanitarios en las distintas comunidades
autónomas están llevando a disfunciones que afectan a la salud de todos los españoles en todo el territorio nacional. Eso es una grave deficiencia. Aunque, obviamente, forma parte del terreno político cambiar el sistema o no, no entendemos por qué
en su segunda recomendación hablan de modificar, atender o buscar un criterio general de la normativa en las comunidades autónomas limítrofes y no en el resto de las comunidades.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Marcos.


La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente. Gracias, señora presidenta, señorías.


Los dos informes de este bloque comparten el habitual lapso temporal que, de manera habitual, separa el periodo en el que se produjeron los hechos objeto de fiscalización por el Tribunal de Cuentas del momento en el que son sometidos a
análisis por esta Cámara. Estamos hablando, en esta ocasión, de entre tres y cinco años, nada menos. En primer lugar, y sin que ello suponga ninguna crítica al tribunal, llama poderosamente la atención, y será difícilmente entendible por la
opinión pública, que analicemos la fiscalización del Tribunal de Cuentas de gastos en el desarrollo de procesos electorales entre 2015 y 2017, cuando ya es conocida la instrucción de su organismo respecto a las elecciones celebradas en abril de
2019, y que fijemos nuestra atención única y exclusivamente en aquellos gastos realizados por el Ministerio del Interior en sus tareas de gestión de esos procesos. Es así como está previsto y así tendremos que hacerlo, pero, para no parecer
completamente marcianos y para que conste en el Diario de Sesiones, querría trasladar a la presidenta nuestro reconocimiento por la instrucción de la fiscalía del Tribunal de Cuentas respecto a una posible simulación de contratos de Unidas Podemos
con Neurona Comunidad S. L. en las elecciones de abril del año pasado, por importe de 363 000 euros, y que ya investiga el Juzgado número 42, de Madrid. A finales de agosto, la opinión pública supo que la fiscalía del Tribunal de Cuentas veía
indicios de un delito electoral y otro de falsedad documental en la actuación de Unidas Podemos en la campaña de abril de 2019. Después, en septiembre, supo que esa documentación fue entregada al juez del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.
Y la semana pasada ha conocido que ese juez ha citado como imputado el 13 de noviembre y por un presunto delito electoral al administrador de Unidas Podemos ante la Junta Electoral Central. Esto, señorías, son asuntos que merecen que traslademos
nuestro sincero reconocimiento a la labor del Tribunal de Cuentas en el control de funcionamiento de nuestra democracia y, además, que nos permitamos preguntar a la presidenta si su organismo ha detectado si esas irregularidades se repitieron en las
restantes elecciones celebradas en 2019, locales, autonómicas y al Parlamento Europeo, de mayo, o a las generales, de noviembre.


Señorías, respecto al informe que hoy ha expuesto la presidenta como primer punto del bloque dos, querría preguntarle cuáles de las alegaciones presentadas por los organismos competentes sirven como explicación válida a los fallos detectados
y cuáles no; y, a partir de ahí, qué reclama el tribunal para subsanar los fallos que no quedan justificados. En la misma línea, el tribunal hace una serie de recomendaciones a partir de la página 73 del informe. Quería preguntarle cuáles han
sido atendidas y cuáles no en las siguientes convocatorias electorales.


El segundo informe de fiscalización del sistema de compensación de los gastos por asistencia sanitaria gestionados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el ejercicio 2017, también

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plantea una serie de recomendaciones en la página 36, que quizá podrían ser de especial utilidad para la necesaria coordinación del servicio de sanidad en estos momentos de pandemia. Sobre este asunto le querría preguntar, qué enseñanzas
cree que pueden extraerse del análisis de la fiscalización del sistema de compensación de los gastos por asistencia sanitaria gestionados por el Ministerio de Sanidad en 2017 de cara a gestionar mejor esa estructura en estos momentos. De forma más
precisa, el tribunal recomienda la modificación, la reforma de la legislación vigente para articular un mecanismo que contribuya a la igualdad efectiva en toda España en el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud. Por eso, para
terminar, le pregunto si esa recomendación, que compartimos, es hoy aún más perentoria debido a la pandemia.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marcos.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mínguez.


La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


En nombre de mi grupo, quisiera agradecer a la presidenta los informes, dado que, como se ha dicho, facilitan nuestro trabajo parlamentario desde el punto de vista del control, la fiscalización y también intentan corregir las deficiencias
que se observan, subsanarlas.


En el primer informe de fiscalización sobre los gastos electorales, dado que estamos en una época presupuestaria, es interesante destacar la falta de previsión en la elaboración del presupuesto de 2015. Según el informe, y por mucho que
hubiera dos procesos electorales y que fueran adelantados, no se justifica la cantidad asignada en el presupuesto, porque se necesitó una menor asignación presupuestaria. Hoy queremos hacer una reflexión importante, y es la de hacer una buena
planificación presupuestaria. Como todos ustedes saben, la modificación presupuestaria para aumentar una partida desde el punto de vista de gasto después no se puede disminuir y, por tanto, esos recursos se pueden quedar ahí estancados, cuando
seguramente serían necesarios para cubrir otras necesidades. Se contemplan también deficiencias que, como decía antes el portavoz de Unidas Podemos, se pueden subsanar, y así esperamos que lo haga el nuevo Gobierno, en cuanto a los tiempos y en
cuanto a avanzar con pasos firmes en transparencia, en igualdad de género y en medidas de sostenibilidad ambiental.


Como decían otros portavoces, es realmente preocupante esa pérdida de dinero para el votante emigrado. Si bien la ley establece que se devolverá a los electores residentes el importe del franqueo en un plazo no superior a cien días a contar
desde la celebración de los comicios, un 73 % de los giros postales enviados para reintegrar estas cantidades no son recibidos por los votantes, aunque por causas no imputables al Ministerio del Interior. Parece necesario la implantación de un
sistema más eficiente para la devolución de estos gastos del votante. La dificultad de ejercer el voto rogado, el voto por correo, es de por sí desincentivador, pero si no se cubre el gasto se sumará a esas causas de desmotivación y de abstención.
Creo que se debe trabajar para corregirlo.


En cuanto al informe de fiscalización de los gastos sanitarios, el informe hace una evaluación del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial. Se concluye que es necesario -y supongo que compartirán conmigo que ahora es
más urgente que nunca- impulsar una modificación de la normativa para que la sanidad pública llegue de la misma manera a todos los ciudadanos y ciudadanas, para que sea efectiva y para que se contemplen todas y cada una de las prestaciones
contenidas en la cartera común del Sistema Nacional de Salud. Ha de existir ese sistema de compensación entre las comunidades autónomas, ha de existir, como hemos visto que es necesario y urgente en esta crisis sanitaria que estamos viviendo en
nuestro país, esa coordinación con las comunidades autónomas; se tiene que fortalecer, se tiene que tener una atención ágil y eficaz con los pacientes, y, por nuestra parte, nos comprometeremos desde nuestro grupo a seguir trabajando en el impulso
de unos servicios públicos sanitarios excelentes, universales y que permitan, sobre todo, revertir la situación de recorte sufrida a lo largo de los últimos años.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mínguez.


A continuación tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a las cuestiones.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente de la Calle): Muchas gracias, presidente.

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También quisiera responder a las cuestiones que han planteado todos ustedes. A la señora Granollers simplemente quisiera aclararle una cuestión, precisarle una cuestión, y es que el dinero de los giros postales sí se sabe dónde está. El
dinero se reintegra al Tesoro, lo que ocurre es que no llega a los votantes para reintegrarles lo que por franqueo han abonado para el voto por correo, y esto se produce en algunas ocasiones por cambio de domicilio, por no recepción de la
comunicación del reintegro, por la dependencia de los distintos niveles de desarrollo de los sistemas de correos de los distintos países donde hay españoles con derecho a voto, por el distinto tratamiento de la correspondencia, por el plazo en la
retirada del envío o bien por la simple decisión del votante en un determinado momento de no recoger un envío. De ahí, que en las recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas se recoja una conclusión en la que se sugiere que se establezca un
procedimiento que haga más eficiente el hecho de que no se produzcan en lo sucesivo reintegros de estos giros postales que se realizan y, de hecho, Correos sugiere algunos procedimientos a través de las embajadas, a través de los consulados o a
través del hecho de proporcionar una cuenta bancaria donde se pueda hacer el reintegro y que haga más operativo y más eficiente este sistema.


El señor Uriarte hacía referencia a la posibilidad de ahondar en el tratamiento de la igualdad de género. Como les decía también en mi primera comparecencia, nosotros no solamente estamos comprometidos con esta materia y la consideremos
fundamental, porque de hecho ya la veníamos incluyendo en la introducción de nuestro programa de fiscalizaciones anual, sino que ya la Ley Orgánica 3/2015, que modifica la Ley del Tribunal de Cuentas en determinados aspectos, establece como una
obligación verificar ya no solamente los principios de legalidad, economía, eficiencia, sino también los de igualdad de género, transparencia y sostenibilidad ambiental, por lo tanto, como verán, siempre es una mención que hago en los informes que
presento. En todos los informes se verifica la observancia al cumplimiento de esta normativa en la medida en que, lógicamente, tenga relación con el objeto de la materia, porque hay informes de fiscalización que poco tienen que ver, a lo mejor, con
el género o con la sostenibilidad ambiental, sin embargo, en todos aquellos en que podemos hacer la mención, lo hacemos, porque lo consideramos fundamental.


En todo caso, por supuesto, estamos en la línea de seguir profundizando en la fiscalización de la observancia de la normativa de igualdad de género. Y también en la anterior comparecencia les hacía referencia a una fiscalización bien
interesante en relación con este tema, una fiscalización específica realizada en colaboración con la organización latinoamericana y del Caribe, la Olacefs, sobre el cumplimiento de la preparación de los países participantes para la implementación
del ODS 5, del ODS de género. Pueden encontrar en la página web el informe de fiscalización, como todos los informes, que tiene resultados muy interesantes en materia de igualdad de género.


El señor Aizcorbe hacía algunas reflexiones en relación con la no presentación de los informes de seguimiento en los convenios que se firmaban entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas para la gestión de los gastos
electorales, y si tenemos constancia indiciaria de si se ha corregido esta deficiencia. Como les comentaba anteriormente, este sistema de convenios supuso en su momento un gran avance respecto del modelo anterior, que eran acuerdos heterogéneos y
sobre aspectos puntuales entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas en los casos de concurrencia de procesos electorales, cuando se celebraban a la vez procesos locales, cuya competencia corresponde a la Administración del
Estado, y procesos autonómicos, cuya competencia corresponde a la Administración de la comunidad autónoma. Efectivamente, en este periodo inicial nosotros hemos detectado que no se han elaborado tantos informes de seguimiento como deberían haberse
hecho, y efectivamente lo ponemos de manifiesto. También quiero señalarle que esta fiscalización en concreto respecto de los gastos electorales del Ministerio del Interior para la celebración de los procesos electorales es la primera vez que se
realiza y es distinta de la fiscalización que se hace de los propios procesos electorales, y con esto enlazo también con algunas de las preguntas que me han hecho desde otros grupos parlamentarios.


La fiscalización de los gastos electorales para la celebración de los procesos, como le digo, es la primera vez que se hace y el seguimiento de las recomendaciones se realizará no en los informes de fiscalización de las contabilidades
electorales de los partidos políticos, sino mediante el seguimiento de recomendaciones de este informe concreto de los gastos electorales para la celebración del proceso electoral. En consecuencia, por supuesto, como es obligatorio para nosotros
hacer seguimiento de las recomendaciones de todos los informes que aprobamos, lógicamente se hará y se les dará cuenta cumplida de la forma en que se han observado estas prescripciones. Para nosotros era muy importante que, si hay convenios entre
la Administración del Estado y las comunidades autónomas, con el fin de

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evitar que se dupliquen los gastos, de evitar que se contraten doblemente las mismas prestaciones, al fin y al cabo para garantizar la transparencia, la asunción de responsabilidades y la eficiencia en la gestión de los procesos electorales,
haya informes de seguimiento, porque sin informes de seguimiento no se sabe cuál es el resultado del cumplimiento de esos convenios. De ahí, que nosotros reseñemos esta circunstancia.


Por otra parte, también me preguntaba sobre las deficiencias en la comprobación de los justificantes de Correos. Nosotros lo que ponemos aquí de manifiesto es que las justificaciones se hacen con albaranes en papel. Lógicamente, ya el
papel es muy complejo de controlar y de hacer un seguimiento y abogamos por un sistema informatizado donde se pueda hacer una comprobación automática de los justificantes de Correos en lugar de tener que estar mirando papel por papel los
justificantes que nos remiten.


En cuanto a la fiscalización de la compensación de la liquidación de saldos de las asistencias sanitarias, efectivamente pone usted de manifiesto la importancia de garantizar la igualdad de la asistencia sanitaria en todo el territorio
nacional, y precisamente es en ese sentido en el que nosotros abogamos por establecer unos fondos que garanticen en mayor medida el acceso de todos en condiciones de igualdad a la prestación de la asistencia sanitaria en todo el territorio nacional.
¿Y por qué señalamos que estos dos fondos no son suficientemente completos para garantizar esa asistencia sanitaria en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional? En primer lugar, porque plantean, por una parte, un sistema de
compensación parcial cuantitativamente porque, como saben, no se reintegra la totalidad del coste del servicio, sino el 80 % y el 60 %, respectivamente, en función de cada uno de los fondos, del Fondo de Cohesión o del Fondo de Garantía, pero
tampoco es completa la compensación respecto de la totalidad de las prestaciones, porque, como les he comentado, se incluyen las prestaciones de atención primaria y las recetas dispensadas en farmacia, sin embargo, no se incluyen precisamente por
falta de desarrollo reglamentario de lo dispuesto en la Ley de Sanidad en los desplazamientos de larga duración parte de la cartera básica y suplementaria de servicios y la dispensación por hospitales de recetas. Pero, además, tampoco compensa las
prestaciones atendidas en una comunidad autónoma que no hayan sido derivadas directamente por la comunidad autónoma de origen y que no habían sido aceptadas por la comunidad autónoma que presta la asistencia sanitaria, con lo cual, ahí también hay
otra laguna de asistencia sanitaria en otra comunidad autónoma.


También hay que destacar que no se ha hecho efectiva la compensación de los saldos positivos de las comunidades autónomas que han prestado los servicios de asistencia sanitaria y a estos efectos las cifras que vierte el tribunal es que entre
2013 y 2018 no se han compensado saldos por 172 millones de euros. Y respecto del ejercicio fiscalizado, 2017, los saldos positivos de seis comunidades autónomas no han sido compensados por un importe de 23 millones de euros.


Por otro lado, también habría que mejorar el sistema, de modo que se favoreciera una prestación en condiciones de igualdad de asistencia sanitaria a todos los ciudadanos en el territorio nacional respecto del ámbito de las zonas limítrofes
donde no hay una intervención directa de la Administración del Estado, sino que se gestiona a través de convenios entre las comunidades autónomas limítrofes, que son de naturaleza totalmente heterogénea. Y lo que se plantea es que se homogeneicen
las prestaciones independientemente de cuáles sean estos territorios limítrofes y no quede simplemente a la decisión de las comunidades autónomas limítrofes. Es en este sentido en el que promovemos o tratamos de promover una mejora del sistema y de
la herramienta para facilitar y favorecer la compensación de saldos como consecuencia de la prestación de asistencia sanitaria por unas comunidades autónomas respecto de ciudadanos residentes en otras comunidades autónomas.


La señora Marcos hacía referencia a los gastos del Ministerio del Interior en materia de gestión de gastos electorales y de alguna manera unía esos gastos con los gastos resultantes de las contabilidades electorales de los partidos
políticos. Aquí quiero insistir en la diferencia de la fiscalización entre la gestión de los procesos electorales y las contabilidades electorales de los partidos políticos. Además, al comienzo de la presentación señalaba que no se incluían en el
ámbito de la fiscalización de los gastos electorales precisamente las subvenciones que se dan para financiar a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se fiscalizan en otros informes, como saben ustedes, relativos a la contabilidad electoral.


También preguntaba si se ha detectado si las irregularidades que resultan de este informe se han mejorado en los procesos electorales del año 2019. Nosotros hemos fiscalizado ya, como saben, un buen número de los procesos electorales
celebrados en el año 2019 -ya se han fiscalizado las primeras elecciones generales, se han fiscalizado los cinco procesos autonómicos, se ha fiscalizado el proceso electoral de elecciones europeas- y todos estos informes ya han sido remitidos a la
Comisión mixta y

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estamos a punto de finalizar la fiscalización de las elecciones locales, que afectan a prácticamente doscientas formaciones políticas. Pero, lógicamente, como le digo, son dos tipos de informes distintos y el seguimiento de recomendaciones
de cómo se han desarrollado las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que hacemos en este informe que traemos hoy de gestión del gasto electoral se realizará en una posterior fiscalización circunscrita a este aspecto precisamente, que, como le
digo, es distinto y tiene un distinto tratamiento de la fiscalización de las contabilidades electorales respecto de las distintas formaciones políticas.


También hacía referencia al tratamiento de las alegaciones, en esto me remito a lo que he contestado a la pregunta realizada por el señor Ledesma. Lógicamente, la mejora de los fallos nosotros desearíamos que se hiciera a través del
cumplimiento de las recomendaciones que emitimos en los informes y que entendemos contribuyen a dar una mayor racionalidad al sistema.


En cuanto al informe relativo a la compensación de gastos sanitarios, también me preguntaba la señora Marcos qué enseñanzas podemos obtener de cara a la pandemia que estamos sufriendo. Desde luego, las enseñanzas son las que se ponen de
manifiesto en el informe, teniendo en cuenta que este informe lo que hace es verificar la compensación de los saldos de la atención de unos ciudadanos en otras comunidades autónomas. Desde luego, en lo que yo creo que sí resultará muy útil es en
reforzar este sistema, como plantea la primera recomendación del Tribunal de Cuentas en el informe de gastos sanitarios, en la línea de modificar el sistema de manera que de verdad contribuya a garantizar la asistencia sanitaria en condiciones de
igualdad de todos los ciudadanos en todo el territorio nacional.


La señora Mínguez hacía una afirmación con la que absolutamente estoy de acuerdo y que venimos siempre sosteniendo desde el tribunal y es que es muy importante hacer una buena planificación presupuestaria. Verá que es un asunto en el que
nosotros hacemos siempre hincapié porque el presupuesto es un instrumento de planificación, no es un elemento contable gratuito. Han de ajustarse la gestión a las disponibilidades y las disponibilidades han de estar ajustadas a las necesidades, por
lo tanto, presupuesto y planificación en el ámbito económico-financiero son absolutamente sinónimos, con lo que respaldo y el Tribunal de Cuentas viene respaldando absolutamente esta afirmación. Con esto creo haber contestado a todas sus preguntas.


El señor PRESIDENTE: Gracias presidenta.


BLOQUE III:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL DE DERECHO PÚBLICO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, EJERCICIOS 2016 Y 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000003 y número de expediente del Senado
771/000003).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR, FCPJ, EJERCICIOS 2017 Y 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000053 y número de expediente del Senado 771/000056).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate correspondiente al bloque III, que corresponde al informe de fiscalización de la entidad estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo de los ejercicios
2016 y 2017 y el informe de fiscalización del Fondo para Inversiones en el Exterior, fondo con personalidad jurídica, de los ejercicios 2017 y 2018. Por acuerdo de la Mesa y de los portavoces del 15 de septiembre de 2020, se entienden subsumidas en
esta comparecencia la número 212/400 y 212/393 del Grupo Parlamentario VOX que tienen el mismo objeto.


Tiene, a continuación, la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente de la Calle): Muchas gracias, presidente.


En el primer informe se recogen los resultados de la fiscalización que ha estado dirigida a comprobar si las cuentas de los ejercicios 2016 y 2017 de la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo representan la imagen
fiel de la situación financiera y patrimonial y de los resultados del respectivo ejercicio, así como el cumplimiento de la normativa relativa a su actuación económico-financiera, especialmente en lo relativo a la organización del trabajo y la
formación para el empleo de los internos en los establecimientos penitenciarios. Además, se ha verificado la observancia de la normativa

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de igualdad de género y de transparencia en todo aquello que pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.


El informe en relación con la representatividad de las cuentas anuales de la entidad de los dos ejercicios fiscalizados recoge una opinión favorable con salvedades derivadas de incumplimientos de principios y criterios contables. Así, el
balance no recoge los bienes recibidos en cesión procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, donde la entidad realiza sus funciones, sin que las cuentas de inmovilizado tengan incorporado el valor razonable de los derechos
de uso o del activo correspondiente. El balance tampoco recoge el traspaso de equipos para procesos de información a empleados de la citada secretaría general destinados en centros penitenciarios. Otra salvedad incluida en el informe, hace
referencia a la sobrevaloración del saldo de los deterioros de valor de créditos por operaciones de gestión en 1497 y 1902 miles de euros al cierre de 2016 y 2017, respectivamente, debido a que la entidad deteriora los saldos de deudores que tienen
una vigencia inferior al año. Además los saldos de deudores no han sido depurados e incluyen el registro duplicado de operaciones y deudas de reducida exigibilidad. Se han observado también salvedades en el contenido de las memorias de las cuentas
anuales de 2016 y 2017, que describen de manera deficiente la gestión de la entidad al no incluir información relevante sobre su situación económico-financiera.


En lo que se refiere al análisis del cumplimiento de la legalidad y de los procedimientos de gestión, se señala en el informe, en cuanto a su normativa interna, que la entidad dispone de un extenso manual de procedimientos que facilitan la
gestión, especialmente en el ámbito de los servicios periféricos constituidos por ochenta y tres establecimientos penitenciarios titularidad de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, del examen de los procedimientos
resulta que no están actualizados algunos de sus trámites con su nueva condición de entidad estatal y no están estandarizadas algunas de sus actuaciones. En cuanto a la actividad planificadora de la entidad, se indica que no se aprobó la
planificación estratégica para 2016, no se identificaban las unidades y personas responsables de cada actuación, no se acreditó la evaluación del cumplimiento de los objetivos y carecía de los indicadores que permitieran evaluar el grado de
cumplimiento de cada objetivo.


Por lo que se refiere a la gestión de ingresos y gastos de los talleres productivos y de la actividad formativa, no se observaron incidencias destacables, salvo algunas en los derivados de las retribuciones y de la Seguridad Social de los
internos, donde se detectaron retrasos en la tramitación. En la gestión de tesorería se observan deficiencias, especialmente en la gestión de los apoderados de las cuentas bancarias. Así, la entidad no disponía de una base de datos completa y
actualizada de las personas con firma en las cuentas bancarias de cada establecimiento penitenciario. Tampoco existía un archivo centralizado que incluyera la documentación acreditativa de sus altas y sus bajas. No se elaboraron estados de
situación de tesorería lo que, dado el elevado número de cuentas bancarias, habría facilitado el seguimiento y control de la tesorería.


En cuanto a la gestión del trabajo penitenciario, se destacan debilidades en la determinación de las características de los talleres productivos y de los puestos de trabajo gestionados por la entidad, ya que no existía un catálogo que
recogiera de manera integrada la información con los requisitos que debía tener cada tipo de taller y el perfil profesional de los puestos desarrollados. Respecto a los servicios de comida y de economato de los centros penitenciarios, la entidad
tenía una capacidad limitada para controlar directamente su ejecución, así como la calidad de los racionados y de los alimentos adquiridos, dado que no disponía de personal en su plantilla que diariamente lo llevase a cabo. El control diario de
estas actividades se realizaba por personal de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias destinado en el propio centro penitenciario, que no dependen orgánicamente de la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Además,
la utilización recurrente de la encomienda de gestión para el encargo a la entidad del servicio de comidas a los centros penitenciarios podría entrar en colisión con los supuestos específicos que se contemplaban en la normativa para la utilización
de esta figura. Y aquí quiero hacer una llamada nuevamente a la moción que en relación con esta figura, con las encomiendas de gestión, aprobó el Tribunal de Cuentas en diciembre de 2016.


En cuanto a la gestión informática, la entidad utilizaba una pluralidad de paquetes informáticos para la gestión de su actividad, lo que disminuía la eficiencia de los procedimientos de gestión al suponer una dispersión de las tecnologías
empleadas y de las bases de datos del organismo, obligando a realizar integraciones de datos tanto manual como telemáticamente, a adquirir licencias y a mantener aplicaciones con suministradores que tienen la condición de único proveedor, con el
correspondiente coste económico y consumo de tiempo. La entidad no tiene establecida una metodología actualizada que incorpore el

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procedimiento de análisis, diseño e implementación de las necesidades de gestión de los sistemas de información, existiendo una dependencia significativa de las entidades suministradoras de los servicios y sistemas. Desde 2011 la entidad
tenía una encomienda de gestión de trabajos de apoyo técnico-informático a la sociedad Ingeniería de sistemas para la defensa de España, evidenciándose un déficit estructural de personal técnico informático en su plantilla.


Respecto a la actividad contractual, el informe destaca que la entidad no ha elaborado un documento propio y separado para justificar y precisar la necesidad e idoneidad de los contratos ni tampoco un documento de recepción o conformidad que
precise que el objeto del contrato ha sido realizado a su satisfacción. También se ponen de manifiesto desproporción entre el valor estimado del contrato y el precio de adjudicación, lo que no favorece la concurrencia; el incumplimiento de la
prohibición de contratar en algunas ocasiones; y también se recogen retrasos en la ejecución. En materia de transparencia se observan diversos incumplimientos de la normativa en la publicidad de la información económica que proporciona la entidad
en su página web. Entre ellos se puede destacar la falta de publicidad de las cuentas anuales y de los informes de auditoría de cuentas. Por otra parte, hay que señalar que la entidad no dispone de un plan de igualdad propio, asumiendo el de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.


A continuación, el informe recoge una serie de recomendaciones directamente encaminadas a tratar de aportar soluciones y sugerencias que, en consideración del tribunal, contribuirían a mejorar la gestión en estos puntos donde se han
observado deficiencias.


El segundo de los informes que se presenta bajo este tercer bloque, se trata también de una fiscalización integral. En ella se ha comprobado si las cuentas de los ejercicios 2017 y 2018 del Fondo para Inversiones en el Exterior, FIEX,
representan la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial y de los resultados del respectivo ejercicio. Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable a su actividad económico-financiera tanto en lo relativo a la gestión
realizada por su gestora, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, Cofides, como a su administración atribuida a un comité ejecutivo. Asimismo, se han evaluado los sistemas de gestión de las operaciones en las que participa el FIEX en
cuanto a la racionalidad económico-financiera y su sometimiento a los principios de buena gestión. Igualmente también se ha verificado el cumplimiento de la normativa sobre igualdad de hombres y mujeres y de la normativa de transparencia, todo
aquello que pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.


Como resultados de fiscalización, en el informe se hace constar en relación con la representatividad de las cuentas anuales de los ejercicios 2017 y 2018 una opinión favorable. Sin afectar a la opinión, se enfatiza la importancia material
del importe registrado en la partida de activo, aportaciones al fondo pendientes de desembolso, 65 millones de euros, correspondientes a obligaciones reconocidas por el entonces Ministerio de Economía y Competitividad en 2014 y 2015, pendientes de
libramiento por la Dirección General del Tesoro. La política aplicada por Cofides para determinar el valor razonable de los activos financieros de la cartera del FIEX y dotar el deterioro de los mismos se considera adecuada. No obstante, en
determinadas operaciones el FIEX está soportando un riesgo país adicional al derivado de la insolvencia de las sociedades de proyecto, al riesgo comercial, que no está incluido en la valoración de estas operaciones, por lo que existe la posibilidad
de que las mismas se encuentren sobrevaloradas. Por otra parte, los gastos de estudio de las operaciones en los que ha incurrido Cofides y que se imputan al FIEX, no reflejan los costes reales en los que efectivamente ha incurrido la sociedad
gestora, pues no se toma en cuenta en su cálculo el tiempo real que cada técnico emplea en los procesos que se encuentran en esta fase de estudio ni el coste que ello supondría en función de su retribuciones.


En cuanto al cumplimiento de la legalidad, se destaca la falta de vinculación directa con intereses españoles en la única operación en la que había invertido el FIEX con un promotor no español. No obstante, al cierre de 2018, de la
inversión de cinco millones del FIEX realizada en 2009, solo quedaban participaciones por 1,3 millones de euros, habiéndose cobrado los importes desinvertidos, más 4,2 millones, en concepto de dividendos y plusvalías. Además, se destaca el
incumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres en lo referente a la designación de los representantes de la Administración General del Estado en órganos colegiados y comités de personas expertas al no cumplirse con el
principio en la composición del comité ejecutivo.


Por lo que respecta a los sistemas de gestión aplicados a las operaciones financieras por el FIEX, se concluye su adecuación tanto en relación con su racionalidad económico-financiera como en su sometimiento a los principios de buen
gobierno. No obstante, en el análisis de la gestión de las operaciones

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se han puesto de manifiesto determinadas debilidades. La primera de ellas se refiere a los informes presentados al comité ejecutivo para la aprobación y seguimiento de dos operaciones internacionales que no detallaron ni relacionaron las
sociedades en el exterior que cumplían los requisitos para ser computadas en la variable de internacionalización ni ofrecían una cifra que, al menos de forma aproximada, reflejase la participación del promotor en el capital de sus sociedades. Por
este motivo no se podía relacionar el importe de la inversión exigida al promotor en la variable de internacionalización con la capacidad inversora que realmente tenía su grupo de sociedades en el exterior. No obstante, hay que poner de manifiesto
que ello no supuso un incumplimiento de requisitos exigidos en la guía operativa del FIEX, ya que esta no requería que se incluyera dicha información. Además, el importe de la variable de internacionalización exigida en los contratos de
financiación de las operaciones internacionales fue, en la mayoría de los casos, muy inferior a la inversión computable del grupo de sociedades del promotor en el exterior tanto en el momento de aprobación de la operación como durante la vida del
préstamo. Esta circunstancia, aunque tampoco implique un incumplimiento de la guía operativa del FIEX al no regular esta nada al respecto, pone de manifiesto que la concesión del préstamo no se vinculó con la exigencia del promotor de mantener unas
cifras de internacionalización más acordes con su situación real.


Para las operaciones de participación en fondos de capital riesgo no ha sido posible determinar si las inversiones de estos fondos en las sociedades en las que invierten mediante préstamos o participaciones en el capital social han tenido el
efecto dinamizador que se preveía sobre su expansión en el exterior, debido al poco tiempo que llevaban en sus carteras. Igualmente, también en este informe se incluyen las recomendaciones que se han considerado oportunas por parte del Tribunal de
Cuentas para tratar de mejorar las incidencias resultantes de la fiscalización del FIEX.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.


A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estime convenientes, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos la señora Ponce.


La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias, señor presidente.


Señora presidenta, muchas gracias. El primero de los informes se refiere a la entidad que se ocupa, entre otras cosas, de controlar los talleres que se organizan en los centros penitenciarios, promocionar y controlar el trabajo, la
formación y la orientación para el empleo en estos centros, con el fin de facilitar la inserción laboral de los presos cuando sean puestos en libertad. De este informe el tribunal destaca algunas insuficiencias y deficiencias en el cumplimiento de
criterios contables, principalmente referidas al modo de contabilización de la cesión de edificios e instalaciones ubicadas en los centros penitenciarios por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, aunque el tribunal
destaca que con carácter general la entidad ha cumplido con la normativa, sí queremos destacar los incumplimientos que se producen en materia de transparencia, como la no publicación de las cuentas anuales de la entidad ni de los informes de
auditoría ni de determinados convenios de colaboración para actividades formativas, encomiendas de gestión, etcétera, por lo que creemos que deberían corregirse también estas deficiencias.


En relación con el informe de fiscalización del FIEX, agradecemos al tribunal que fiscalizara este organismo, también a iniciativa propia, al no haber sido nunca objeto de fiscalización específica por parte del tribunal.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ponce.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Uriarte.


El señor URIARTE TORREALDAY: Gracias, presidente.


En concordancia con las intervenciones anteriores, quiero subrayar que en este momento consideramos que lo que debe ser objeto de estudio no es el contenido o el fondo de estos informes, sino que de alguna forma están dando material para ser
analizado en otras comisiones, en la correspondiente al control del trabajo penitenciario. En todo caso, para el control de los defectos concretos que se produjeron con quien gobernaba en el año 2017, desde una perspectiva propositiva de la
política no es especialmente eficiente ahondar en las cuestiones materiales de esas críticas. Creemos que no solo en esta materia hay problemas económico-financieros importantes como los que se han mencionado, sino

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que hay unos déficits muchísimo más de fondo porque, después de más de cuarenta años, el artículo 25.2 de la Constitución establece el derecho al trabajo de las personas privadas de libertad y a la Seguridad Social, y lo reconoce como un
derecho privilegiado incluso respecto del derecho al trabajo del resto de los ciudadanos a los que se les reconoce fuera de esos artículos que tienen una protección jurisdiccional especial, una protección preferente en los artículos 14 a 29 y 30;
concretamente el artículo 25.2 tiene una protección preferente y permanece absolutamente ignorado.


Por tanto, hay cuestiones no solo económico-financieras que pone de relieve el Tribunal Constitucional, sino cuestiones materiales que, en todo caso, deben ser abordadas en las comisiones correspondientes desde una perspectiva propositiva
fijándonos en los errores, pero no para hacer una crítica de los gobiernos de entonces, sino para ver en qué medida los Gobiernos posteriores pueden ir subsanando estas deficiencias, muy concretamente la deficiencia formal que ha mencionado respecto
a la situación de las mujeres presas, que ya ha sido objeto de pronunciamiento hace unos meses por parte del Pleno de la Cámara. Es una situación muy seria que se debe abordar y, en esa medida, insisto en que en esta Comisión hay que abordar
únicamente cuestiones formales o procesales sobre el trabajo del tribunal. En ese sentido, nos parece un trabajo correcto tanto en lo que se refiere a las deficiencias observadas como a las recomendaciones muy interesantes que se hacen. Creo que
en el resto de las comisiones debemos trabajar duro por mejorar muchas de las deficiencias observadas tanto en materia económico-financiera, que es la que plantea el Tribunal de Cuentas, como en otras cuestiones más sustanciales en las que las
limitaciones de la política pública que hasta ahora se ha desarrollado son enormes y, por tanto, las mejoras a realizar nos crean un horizonte esperanzador.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Uriarte.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.


Quiero reiterarle el agradecimiento de nuestro Grupo Parlamentario VOX, señora presidenta, por los informes y por su trabajo. Respecto del primer informe, simplemente le voy a hacer una pregunta. La opinión del informe viene expresada de
alguna manera en términos favorables con unas salvedades; de estas salvedades algunas tienen su origen en el incumplimiento del régimen contable, entre las que se encuentran, por ejemplo, la estimación global de riesgo de créditos fallidos que no
se dota correctamente. Sin embargo, en las recomendaciones echamos en falta alguna relativa a la reversión de esta situación, es decir, que se inste a la entidad de manera expresa al cumplimiento de esa normativa contable en su conjunto. En cuanto
a la gestión de las cuentas bancarias, en una de sus conclusiones el tribunal refiere que no se elaboran estados de situación de tesorería y que la entidad no dispone de libros de tesorería, documentos que recojan asientos o movimientos
correlativos. Todo esto nos parece especialmente grave por la falta de orden que pueda tener la entidad y por el posible margen que esto pueda dar para el mal uso de esos fondos. Y queríamos preguntarle si todos esos movimientos tienen su asiento;
en definitiva, si está controlado de otra forma o se han detectado anomalías significativas. Por último, también nos parece grave que estos entes públicos no recojan cómo se han aplicado los criterios de valoración para conocer con exactitud, por
ejemplo, quienes son los candidatos más cualificados para impartir los cursos.


En cuanto al segundo informe, en nuestro grupo parlamentario somos conscientes de la importancia que la internacionalización ha tenido para el desarrollo del tejido empresarial español, que ha sido la alternativa para contrarrestar pasadas y
actuales crisis económicas. Por este motivo, la existencia de entidades como Cofides, con capacidad para financiar acciones de internacionalización a través de fondos como FIEX y Fonpyme, este último destinado a operaciones de la pequeña y mediana
empresa, se torna necesario -entendemos- en estos tiempos de incertidumbre, si bien es precisa una revisión o auditoría periódica de su actividad de cara a validar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por todo ello, les agradecemos de nuevo
este informe de fiscalización, así como las recomendaciones que contiene.


Respecto a esto le voy a hacer tres puntualizaciones. Creemos que, dada la diversificación del tejido empresarial español, es necesario garantizar la presencia del FIEX en el resto de sectores productivos para poder ayudar a aquellos con
menos capacidad para realizar la internacionalización con garantías. También creemos que se hace necesario reforzar los controles en la fase de análisis de los proyectos de cara a asegurar el interés español de la totalidad de las inversiones del
FIEX, y que no se repitan situaciones como la acaecida en la operación E03055, donde el interés español se dice que era muy indirecto. Las inversiones del FIEX deben salvaguardar siempre intereses de empresas españolas,

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máxime cuando estos fondos provienen de los Presupuestos Generales del Estado. Del mismo modo, las inversiones del fondo deben tener un efecto dinamizador del sector exterior, por lo que entendemos que el análisis debe ser exhaustivo en
este punto, especialmente las inversiones en fondos de capital riesgo, tal y como recogen en sus recomendaciones los puntos 4.4, 4.5 y 4.6.


En segundo lugar, con respecto a la financiación del FIEX nos gustaría también hacer hincapié en el punto 32 de las conclusiones del informe, que hace referencia a los 65 millones de euros de la partida aportaciones al fondo pendientes de
desembolso en los balances 2017 y 2018 y que proceden de los Presupuestos Generales del Estado de 2014 y 2015. Sé que estas cantidades están pendientes de libramiento por la Dirección General del Tesoros, y el Grupo Parlamentario VOX entiende que
esta situación puede suponer un condicionante para las partidas a adjudicar en los próximos Presupuestos Generales del Estado.


Por último, quiero recalcar lo dictaminado en el informe en el punto 34 sobre la imputación que se realiza al FIEX de los gastos de estudio de las operaciones por Cofides. La determinación de gastos internos directos e indirectos presenta
deficiencias, y entendemos que este hecho es de gran importancia ya que las comisiones devengadas por el FIEX a Cofides supusieron en el año 2018 el 77 % de los ingresos de explotación de Cofides, por lo que es necesaria más transparencia en el
proceso, hecho que parece justificar las sucesivas modificaciones tras realizar la imputación de los gastos de estudio, la última de ellas en 2014.


Termino reiterando mi agradecimiento por el informe e instaremos donde corresponda a que se tomen las medidas necesarias para que el FIEX sirva de vehículo para incentivar la internacionalización real de nuestras empresas manteniendo los
principios de transparencia y de equidad.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cañizares.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alía.


La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.


Presidenta del Tribunal de Cuentas, muchísimas gracias por su presencia y por su magnífico trabajo en la elaboración de los informes. Quiero agradecer al tribunal que en el año 2018 tomara el acuerdo de iniciar la fiscalización de esta
entidad estatal de derecho público, pues se estaban produciendo retrasos en la rendición de cuentas y estábamos ante un importante volumen de ingresos por ventas y gastos por aprovisionamientos. Las cuentas anuales de la entidad reflejan la imagen
fiel, ahora bien con salvedades por incumplimiento de principios y criterios contables. De la lectura del informe se deducen importantes deficiencias en la gestión y organización de la entidad. Llama la atención, y parece preocupante, el tema de
la no correcta contabilización del inmovilizado, pues no se recogen los bienes cedidos de la secretaría general ni los ordenadores que se traspasan de la entidad a empleados. No hay un inventario respecto al tema. Igualmente, la partida de
deudores no es correcta y comentan en el informe que no ha podido depurarse, pues no se dispone de documentos que soportan el saldo y la composición del mismo puede venir incluso del año 2002. Como entidad que gestiona economatos y cafeterías de
centros penitenciarios, creo que se debería ser exhaustivo a la hora de cuantificar las cifras de existencias. Por otro lado, en el informe queda claro que no se da la suficiente importancia a las actividades emprendidas por los reclusos en cuanto
a control, detalle; no hay un expediente completo de las actividades desarrolladas, personas empleadas, tareas; lo que puede llevar a pensar que no se realiza un análisis de si el desarrollo de los talleres es productivo o, por el contrario,
improductivo generando pérdidas o beneficios contables en las cuentas anuales. Da tranquilidad ver que hay un patrimonio neto positivo, por lo que aparentemente la entidad dispone de unos recursos suficientes para atender las necesidades. Y los
gastos de personal aumentan en mayor proporción que los ingresos, quizá hay un exceso en la contratación de los reclusos.


En resumen, si bien el informe emite una opinión favorable de unas cuentas que reflejan una imagen fiel, si hiciéramos una simulación con el sector privado, quizá la opinión sería distinta, máxime si analizamos importes de las distintas
partidas y cómo influyen en las cifras de cuentas anuales. Ante el trabajo realizado por el tribunal y viendo que existen partidas cuyos importes se arrastran de ejercicios anteriores y nunca se había buscado ni origen ni antigüedad, ahora podemos
decir que la inclusión de esta entidad en la supervisión por parte del tribunal es todo un éxito, pues queda claro que los centros penitenciarios necesitan y reclaman más dotación presupuestaria para la consecución de sus fines, más medios
económicos, sanitarios, de prevención de riesgos, seguridad informática, etcétera. En general,

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todos los controles que se hagan de estos centros serán bienvenidos, pues los reclusos, además de pasar tiempo, deben formarse con las mayores garantías.


Si pasamos al informe de fiscalización del Fondo para Inversiones en el Exterior, agradezco igualmente al tribunal la fiscalización de este fondo que se realiza a iniciativa suya en el programa anual de fiscalizaciones correspondiente a
2019. Es un informe complejo de analizar y más si tenemos en cuenta que hay una entidad gestora del fondo, Cofides, de la que no conocemos sus cuentas. El tribunal realiza una comprobación de legalidad, verifica la imagen fiel de las cuentas
anuales, pero no entra en los pormenores de la entidad gestora. En cuanto a la valoración de las comisiones cobradas por Cofides al fondo, debemos tener en cuenta que se fijan sobre reglas de hace años y, además, el propio informe dictamina que no
se reflejan los costes reales y el tiempo real dedicado por la gestora al fondo. En cuanto a la valoración de activos financieros, queda claro que se realizan teniendo en cuenta la normativa contable, entonces hay poco que añadir en cuanto a
valores iniciales, deterioros y reembolsos. El tribunal manifiesta que no queda clara la efectividad del fondo en cuanto a la canalización de inversiones en el exterior, quizá porque no se hayan obtenido los resultados esperados. Choca bastante al
analizar las cuentas anuales la diferencia de un año a otro en cuanto a los resultados del ejercicio, pasamos de unas pérdidas en el año 2016 de 5 555 000 euros frente a un beneficio de 932 000 euros en 2017. Se entiende que es por las
fluctuaciones de los deterioros de valor, por lo que es de vital importancia hacer hincapié en todas esas valoraciones de activos financieros, deudas y deterioros a 31 de diciembre.


Para finalizar, se hace necesario reflexionar sobre si los costes contabilizados por la gestión pagados a la gestora pudieran ahorrarse. Hablamos aproximadamente de veinte millones de euros con carácter anual. Quizá el trabajo debería ser
realizado por funcionarios cualificados del ministerio relacionado, máxime cuando los costes pagados a la gestora y a profesionales independientes son prácticamente iguales a los ingresos por gestión ordinaria, lo que en el ámbito privado a una
sociedad le llevaría a tomar decisiones en cuanto a la rentabilidad de su existencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alía.


A continuación, tiene la palabra el señor Escudero por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor ESCUDERO ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, está claro que si alguien quiere conocer el funcionamiento y la realidad de la Administración General del Estado en sus ámbitos local y autonómico hará bien en seguir las actividades de esta Comisión. Señora presidenta del
tribunal, vaya por delante mis respetos y felicitaciones por el trabajo que su equipo humano, con usted al frente, realiza en pos de velar por los intereses generales de este país y por la eficiente utilización de los recursos públicos en todas sus
vertientes. En sus informes se describen perfectamente el rigor y la profesionalidad del trabajo que realizan.


La entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación Profesional está ahora mismo realizando un trabajo y una encomienda constitucional, por tanto, requiere un tratamiento muy específico y muy concreto; la reinserción
social y laboral de las personas privadas de libertad a través de ese trabajo remunerado y alta en la Seguridad Social. No voy a hacer un análisis detallado porque lo conocen todas sus señorías, tanto lo auditado como los auditores, pero sí me
gustaría detenerme en dos aspectos que me han parecido muy importantes. El primero de ellos son las deficiencias en la gestión ordinaria, pues más allá de los cambios normativos procedimentales y técnicos y desde el punto de vista informático que
ustedes proponen y que, obviamente, deben ser tenidos en cuenta, como usted bien ha dicho, en este caso el ente adolece de falta de personal y de los medios necesarios. Mi grupo ha sacado esa conclusión del informe, se necesita una apuesta más
decidida para que las personas que llevan a cabo esos trabajos en el ente estén perfectamente cualificadas, tengan las aptitudes técnicas inherentes a esa actividad tan importante que realizan porque, indudablemente, eso va a suponer una mejora
importantísima en el devenir diario de la gestión que tienen encomendada. Por tanto, me gustaría que entendiéramos la Administración no como un ente abstracto, obviamente, sino que la Administración la hacen las personas con los medios y la
cualificación que se les ha pedido para cada momento y cada trabajo que realizan. Si conseguimos eso, indudablemente tendremos un camino hecho muy importante para ganar en transparencia, en legalidad y conseguir los objetivos que la ciudadanía ha
depositado en los recursos públicos.


Señorías, se están elaborando unos Presupuestos Generales del Estado y, al hilo de lo que la señora presidenta ha dicho en cuanto a que es el momento de planificar, tenemos una estupenda oportunidad.

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No nos quedemos solamente en la crítica o en las faltas que pueda tener la Administración, que indudablemente las tendrá; aprovechemos los grupos políticos el momento para elevar esas deficiencias en la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado y, por supuesto, hacer unos buenos presupuestos entre todos que consigan el mayor consenso y amplitud posible. Creo que eso mejorará esa planificación presupuestaria que todos deseamos y mejorará los servicios públicos de toda
nuestra Administración.


Otra hecho para mí muy importante es el cumplimiento del Plan de igualdad. El Plan de igualdad no es una cuestión aritmética ni legal, indudablemente también lo es; es una cuestión de justicia porque es importantísimo para la
Administración que la mujer se incorpore a los puestos de decisión, ya que aporta un potencial nuevo y diferente a la gestión que yo creo que la Administración pública del Estado necesita. Por lo que estamos viendo esta mañana aquí, con su
intervención, desde luego, lo tengo clarísimo y, además, he querido hacerlo constar expresamente porque creo que es vital esa nueva forma de entender la Administración de la manera en que se hace por parte de la mujer.


En cuanto al FIEX, la fiscalización es muy diferente. Yo veo este fondo con muchos más recursos técnicos y humanos del que hemos analizado hace un momento. La verdad es que, después de las recomendaciones que se hacen en el FIEX -me
gustaría también decirlo-, los organismos públicos existentes...


El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señor Escudero.


El señor ESCUDERO ORTEGA: ...como bien ha dicho la señora presidenta, son fundamentales y vitales, y lo que hay que mirar es que cumplan la misión que tienen encomendada. El FIEX tiene perfectamente asumida su función en esta
internacionalización y lo único que pediría es que también se vele por la igualdad, como recomienda usted. Sobre todo, es muy importante que la internacionalización, que es el pilar fundamental del FIEX, esté mejor salvaguardada con esa nueva vía
operativa que ustedes proponen, para que se puntúen correctamente las inversiones que se hagan en el extranjero. Estamos hablando de recursos públicos y tenemos que velar por su perfecta financiación y gasto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escudero.


A continuación, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias.


Quiero agradecerles enormemente, en nombre del Tribunal de Cuentas, el reconocimiento a nuestro trabajo que estamos recibiendo con ocasión de la presentación de estos informes. Este nuevo pleno asumimos, cuando tomamos posesión en el año
2012, el compromiso de seguir progresando en la línea de la transparencia, de la buena gestión y de la modernización, y estamos haciendo un esfuerzo importante para hacerlo efectivo. Es muy estimulante tener la impresión de que el órgano
parlamentario al que nosotros asistimos técnicamente para que ustedes desarrollen el ejercicio de sus funciones aprecia el valor que puedan tener estos informes, porque entendemos que la labor del Tribunal de Cuentas resulta fundamental para la
sostenibilidad y la garantía de un Estado democrático.


También quisiera hace referencia a la reflexión que hizo el señor Uriarte en este tercer bloque y que comparto plenamente. Es importante no tanto fijarse en los errores para hacer una crítica como procurar que estos errores nos lleven a la
mejora, y esta es realmente la finalidad de la función que nosotros tenemos. Se lo dije el primer día de comparecencia y les insistiré siempre: la labor fundamental del Tribunal de Cuentas, precisamente además por su carácter de órgano de control
ex post y por su carácter de órgano constitucional -siendo así que el destinatario fundamental y directo de sus informes son precisamente las Cortes Generales-, reside en contribuir a la mejora de la gestión, sin perjuicio, por supuesto, de poner a
su disposición toda la información necesaria para que hagan la correspondiente función administrativa y de control político.


Por otra parte, también ha hecho una reflexión que me parece muy interesante sobre el valor que pueden tener nuestros informes no solamente en esta Comisión mixta, sino en las distintas comisiones sectoriales y territoriales de las Cortes,
porque el impulso legislativo y el impulso de buenas prácticas y de seguimiento de las recomendaciones tienen un valor esencial en cada una de esas comisiones para que, llegado el momento de proponer modificaciones legislativas o proponer nuevos
contenidos a regular, tengan en cuenta todas estas observaciones y esta recomendaciones que lleva a cabo el Tribunal de

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Cuentas. Por eso, me parece muy importante que nuestros informes, el trabajo del Tribunal de Cuentas, puedan también, sin perjuicio de que nosotros tengamos como instrumento o vía de relación con el Parlamento esta Comisión mixta -es
nuestra vía natural de relación- verse en otras comisiones, que puedan ustedes trasladar puntos de interés suscitados en esta Comisión a otras comisiones, de manera que de verdad alcancen su valor de contribuir a la mejora de la gestión pública.


Por otra parte, la señora Cañizares señalaba que echaba en falta que en las recomendaciones se incluyeran no solamente propuestas de futuro, sino indicaciones dirigidas a que se cumplieran las disposiciones que no se cumplían. El postulado
esencial de nuestras recomendaciones es que no podemos recomendar el cumplimiento de las normas porque, lógicamente, eso va de suyo, las normas son vinculantes. En consecuencia, nosotros no podemos recomendar que se cumplan las normas. Por eso, no
incluimos en nuestras recomendaciones el cumplimiento de las normas, es evidente.


En cuanto a la anomalía de los asientos a la que anteriormente hacía referencia, se recogen, efectivamente, en el apartado 4.2.6.1 del informe. En él se reconoce la deficiencia, la anomalía de los asientos. Se refiere a una incidencia
relativa al registro de operaciones en el área de tesorería; se pone de manifiesto que no dispone de los libros de tesorería que en documentos normalizados e independientes recojan los asientos o movimientos correlativos a las operaciones de cobros
y pagos. Es una deficiencia de los libros de tesorería en la gestión de las cuentas bancarias. Ese es el resultado de la fiscalización que se recoge y se pone de manifiesto en el informe de fiscalización.


La señora Alía, en sus reflexiones, hacía referencia a que en el informe de fiscalización se recogían los resultados de la fiscalización del FIEX, pero no se recogían los resultados de la fiscalización de Cofides, más allá de una serie de
datos que enmarcan su relación con el FIEX. El objeto, el sujeto fiscalizado es el FIEX; Cofides es la entidad gestora del FIEX, pero, lógicamente, no es la entidad fiscalizada. Por lo tanto, no se pueden recoger resultados de la fiscalización,
simplemente se ha aportado la información necesaria sobre la gestora, sobre Cofides, para la fiscalización del FIEX.


También ha comentado el diferente resultado del FIEX en los dos ejercicios. Simplemente quiero indicarle que el principal motivo de la diferencia de resultados es la reversión del deterioro como consecuencia de un cambio en el criterio de
contabilización; es decir, la diferencia realmente es el resultado del cambio de un criterio contable. También planteaba si los gastos de Cofides podrían ahorrarse y que la gestión del FIEX se llevara a cabo por funcionarios o por otro tipo de
entidades. Nosotros ponemos de manifiesto cuál es el resultado de la gestión bajo la fórmula o bajo las herramientas actualmente determinadas por el órgano de decisión. Lógicamente, nosotros no podemos entrar en una propuesta de modificación total
del sistema, del modo en que la supervisión de la gestión del fondo se lleve a cabo por funcionarios públicos o por una sociedad mercantil como es Cofides.


También quiero hacer una pequeña referencia a las reflexiones del señor Escudero. Efectivamente, si hay algo que caracteriza esta comparecencia y que la hace especialmente compleja tanto para ustedes como para mí es que hace referencia a
organismos que nada tienen que ver unos con otros. A lo mejor, precisamente la variedad hace ver la gran extensión de actividades que desarrolla el sector público, desde las básicas como la sanidad o la atención penitenciaria hasta las que son,
digamos, de un carácter mucho más mercantil que trascienden la función prestacional de la Administración y que van a mecanismos que garanticen el desarrollo económico y social por parte de las empresas privadas. Aquí precisamente vemos en un solo
bloque de informes los dos extremos: por una parte, el relativo a la gestión de la atención penitenciaria y, por otra parte, un mecanismo extraordinariamente especializado para garantizar la internacionalización de las empresas españolas o de las
sociedades que tengan un interés español. Lógicamente, son igualmente importantes, porque, además, entre los principios rectores para la actividad social y económica, la Constitución exige que los poderes públicos también allanen el terreno a la
empresa para que genere valor con el desarrollo de su actividad. Aquí en el FIEX vemos un ejemplo muy claro de cómo, a través de esta herramienta, el Estado facilita o fomenta la participación de empresas españolas en el proceso de
internacionalización en operaciones que a lo mejor por su importe, por su entidad o por su nivel de riesgo no encontrarían otra financiación. Efectivamente, creo que este último bloque de informes es el mejor modelo para apreciar la actividad
pública y los distintos ámbitos en los que se desarrolla.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.

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Una vez debatidos los informes de los tres bloques, despedimos a la presidenta no sin antes agradecerle a ella y a todo su equipo la presentación de los informes y las explicaciones dadas. Nos veremos el próximo día 17 de noviembre, en el
que tenemos marcada la siguiente sesión de la Comisión.


Antes de proseguir, vamos a suspender cinco minutos la sesión.


Gracias. (Pausa).


Vamos a proseguir.


Para aclararnos con las votaciones, les recuerdo que el número 1 es el presencial, y lo tenemos que pulsar primero; que el dos es sí; el tres es no, y el cuatro es abstención. Lo haremos de manera telemática.


RATIFICACIÓN DE LAS PONENCIAS DESIGNADAS PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS:


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000002 y número de expediente del Senado 770/000001).


El señor PRESIDENTE: Ahora pasamos al punto dos, que corresponde a la ratificación de las ponencias designadas para el informe de las cuentas generales del Estado de 2017. ¿Se ratifica por asentimiento? (Asentimiento). Queda ratificada.


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000003 y número de expediente del Senado 770/000002).


El señor PRESIDENTE: Declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2018. ¿Se ratifica por asentimiento? (Asentimiento). Queda ratificada.


EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LAS PONENCIAS SOBRE:


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000002 y número de expediente del Senado 770/000001).


El señor PRESIDENTE: Seguidamente, se procede a emitir dictamen, a la vista de los informes elaborados por las ponencias, de las declaraciones sobre las cuentas generales de 2017 y 2018. La ponencia ha estudiado la declaración sobre la
cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2017 y propone a la Comisión su aprobación por unanimidad. ¿Se aprueba por la Comisión? (Asentimiento). Queda aprobada.


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000003 y número de expediente del Senado 770/000002).


El señor PRESIDENTE: La ponencia ha estudiado la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2018 y propone a la Comisión su aprobación por unanimidad. ¿Se aprueba por la Comisión? (Asentimiento). Queda
aprobada por unanimidad.


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:


BLOQUE-I: DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000002 y número de expediente del Senado 770/000001.)


El señor PRESIDENTE: A continuación, procede el debate y la votación de las propuestas de resolución. Declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2017. El tiempo de intervención para la defensa de las
propuestas de resolución, de conformidad con las normas de la tramitación de la cuenta general del Estado, es de cinco minutos. Si alguien quiere intervenir, está en su derecho. La norma en la anterior legislatura es que no había intervención,
pero, evidentemente, todos los diputados tienen el derecho a intervenir. Si alguien quiere intervenir, lo puede hacer. (Denegaciones).

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BLOQUE-II: DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000003 y número de expediente del Senado 770/000002.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2018. ¿Algún grupo quiere intervenir? (Denegaciones).


BLOQUE-III: INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000021 y número de expediente del Senado 771/000021.)


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE EXTINCIÓN DE ENTIDADES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMO CONSECUENCIA DE LA REESTRUCTURACIÓN DE SU SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000061 y número de
expediente del Senado 771/000060).


El señor PRESIDENTE: Continúa la sesión con el debate y votación de las propuestas de resolución presentadas a los informes de fiscalización, que figuran en el orden del día en el cuarto punto. ¿Algún grupo quiere intervenir?
(Denegaciones).


Pues, finalizado el debate, se procede a las votaciones. Les voy a pedir que estén atentos, porque hay votos particulares y enmiendas que se han separado por bloques. Las iré enumerando. Esperemos que, aunque son bastantes, nos vayamos
aclarando. Pasamos a la votación del bloque I. Votación correspondiente a la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2017. Las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular van
enumeradas del 1 al 23. Se pide el voto por separado de la 3, la 6, la 8, la 12, la 13, la 16, la 17 y la 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar ahora la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 16; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 35; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX, que van de la número 24 a la número 37. La número 35 y la número 36 se votan dirigidas al Gobierno y no al Tribunal de Cuentas, como estaban redactadas. Por lo tanto, ahora vamos a
votar la número 24 exclusivamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 35; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos votar las enmiendas 25, 26, 35 y 36.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Nosotros no podemos agruparlas porque tenemos votos distintos en esas enmiendas. No sabíamos que había que dar el cuadro de votaciones.


El señor PRESIDENTE: No hay problema. Me dice ahora cómo lo quiere separar y lo hacemos. (Pausa). Perdonad, las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX las votamos una a una, por separado. Empezamos por la número 25.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a la votación de la enmienda número 26.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 5; en contra, 31; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la enmienda número 27.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la número 28.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la número 29.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la número 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 3; en contra, 32; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la número 31.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 16; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la número 32.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 3; en contra, 32; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la número 33.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 5; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la número 34.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 20.

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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la número 35.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 3; en contra, 33; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la número 36.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 3; en contra 33; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la número 37, de VOX.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 5; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que van de la número 38 a la 45. Hay una propuesta para votar por separado las números 39, 40, 43 y 45. La 41 también se vota aparte.


Empezamos votando las números 39, 40 y 43.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar la número 41.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 23; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a votar la número 45.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 5; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, por último, el resto de enmiendas presentadas por Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 35; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Plural, que van de la 46 a la 66, excepto la 47, que no ha sido admitida por la Mesa por incongruencia.


Hay una propuesta de votar conjuntamente las números 46, 57, 60, 62, 63 y 66.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; votos a favor, 34; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Del resto, hacemos votación separada de las números 50, 51, 52, 53 y 59.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; votos a favor, 3; en contra, 31; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos el resto de enmiendas pendientes.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, que van de la número 67 a la 84. No tengo ninguna petición de votar por separado, así que pasaríamos a votar todas conjuntamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; votos a favor, 32; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos al bloque II. Votación correspondiente a la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2018.


Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, de la número 1 a la 22.


Tengo una propuesta de voto por separado de la número 9.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; votos a favor, 30; en contra, 3; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


A continuación votamos las números 21 y 22.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos las números 3, 6, 8, 10, 13, 14 y 17.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; votos a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar el resto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; votos a favor, 35; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX, que van de la número 23 a la 41, incluyendo la 38 y la 39, que se votan dirigidas al Gobierno, y no al Tribunal de Cuentas -con esa corrección-.


Votamos por separado la número 24.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; votos a favor, 16; en contra, 21.

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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar la número 34.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 34; en contra, 2; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


A continuación votamos la número 28.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 16; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el bloque de las números 25, 38, 39 y 41.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio del siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 3; en contra, 32; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 23.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 33; en contra, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a votar la número 26.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación votamos la número 27.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la número 29.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 4; en contra, 32; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 31.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 5; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 32.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 5; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 33.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 35.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 4; en contra, 32; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 36.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 37.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 4; en contra, 32; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Por último, votamos la número 40.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 5; en contra, 31.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que van de la número 42 a la 53. Un bloque lo constituyen las números 43, 44, 47, 49, 51 y 53. ¿Podemos votarlas conjuntamente? (Un señor diputado: La 53 aparte, por
favor). Sacamos la 53.


Votamos las números 43, 44, 47, 49 y 51.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 17; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 53.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 5; en contra, 31.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 48.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 23; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; votos a favor, 34; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Plural. De la número 54 a la número 72, excepto la 55, que no está admitida por la Mesa por incongruencia. Hay dos bloques.


Votamos las números 54, 62, 64, 66, 68 y 72.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 32; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


El resto irían en otro bloque. Votamos las números 58, 59, 60, y 65.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 2; en contra, 31; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar el resto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 14; en contra, 19; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Socialista, las números 73 a 87. ¿No hay propuesta de voto por separado? (Pausa).


Se vota en bloque.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 32; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Tras las votaciones de las propuestas de resolución, se procede a la votación del dictamen de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2018.


¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).


Queda aprobado.


Pasamos al bloque III. Votación correspondiente al informe global del sector público autonómico del ejercicio 2016.


Votamos las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, números 1 a 8.


Se pide votar por separado la número 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos; 36; votos a favor, 34; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el resto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 35; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Hay tres bloques.


En primer lugar, votamos la número 18.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación del siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 34; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a votar las números 10, 12 y 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 34; en contra, 1; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar el resto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 35; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX, las números 19 a 25. Hay una propuesta de votar separadamente la 19 y la 25.


Pasamos a votar ambas, 19 y 25.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 34; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar el resto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 35; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Plural, las números 26 a la 38. Solo se votan de la 32 a la 38, porque el resto no han sido admitidas por incongruencias.


Votamos las números 32, 33, 36, 37 y 38.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 31; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las números 34 y 35.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 14; en contra, 19; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, de la 39 a la 55.


Hay una propuesta de voto separado de la 52 y la 55, que votamos en este momento.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 34; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar el resto.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 35; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar el informe de fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades de las comunidades autónomas como consecuencia de la reestructuración de su sector público.


Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, de la número 1 a la 6. Hay una propuesta de votar por separado las números 3, 4, 5 y 6.


Votamos la 1 y la 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; votos a favor, 35; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar las números 3, 4, 5 y 6.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 34; en contra, 1; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, las números 7, 8 y 9.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 35; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX. Son las enmiendas del número 10 al 13. Hay una propuesta para votar por separado la número 10. Votamos la enmienda número 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 34; en contra, 1; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


A continuación, votamos las enmiendas números 11, 12 y 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 34; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Plural. Eran de la 14 a la 20, pero solo vamos a votar la 19 y la 20, porque el resto no han sido admitidas por incongruencias. Por tanto, votamos las enmiendas números 19 y 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 1; en contra, 34; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que van de la número 21 a la 24. Hay una propuesta de votar por separado la 21.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 36.

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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 34; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Mi agradecimiento a sus señorías.


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.