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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 24, de 13/10/2020
cve: DSCG-14-CM-24 PDF



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS


Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 24

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTOS CERDÁN LEÓN

Sesión núm. 2

celebrada el martes,

13 de octubre de 2020

en el Palacio del Senado



ORDEN DEL DÍA


Delegación en la mesa de la comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del reglamento, concordante con la Resolución de la presidencia de la cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados: 042/000001) ... (Página2)


Comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas para informar sobre los siguientes extremos:


BLOQUE I:


Presentación de


- Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2017, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 30 de mayo de 2019 (se corresponde con el número de expediente 770/000001 de la XIII
Legislatura). (Número de expediente del Senado 770/000001) (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000002).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página3)


BLOQUE II:


Presentación de


- Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2018, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 30 de abril



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de 2020. (Número de expediente del Senado 770/000002 y número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000003).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página16)


BLOQUE III:


Presentación del


- Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2016, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 25 de julio de 2019 (se corresponde con el número de expediente 771/000021 de la XIII Legislatura). (Número
de expediente del Senado 771/000021 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000021).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página27)


- Informe de fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades de las Comunidades Autónomas como consecuencia de la reestructuración de su sector público, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 25 de
junio de 2020. (Número de expediente del Senado 771/000060 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000061).


Autor: Tribunal de Cuentas ... (Página27)


Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.


DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados: 042/000001).


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Como recordaréis, se quedó pendiente una votación en la última comisión y, por eso, en el primer punto del orden del día retomamos esa votación, que consiste en delegar en la Mesa de la comisión la competencia de esta para adoptar los
acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara del 2 de noviembre de 1983. Vamos a someter a votación las dos modalidades de delegación existentes, que son las siguientes:
delegación condicionada y delegación no condicionada. La aprobación de la delegación no condicionada significa que la decisión que adopte la Mesa, ya sea por mayoría o por unanimidad, será la que tenga efectos. La aprobación de la delegación
condicionada supone que votan todos los miembros de la comisión. La propuesta que yo hice como presidente es que sea no condicionada y que la decisión la tome la Mesa, por agilidad. Esto es lo que se sometió a votación y hubo un empate, por lo que
tenemos que repetir la votación. Podemos votar las dos modalidades (El señor Paniagua Núñez: ¿En qué consiste la condicionada?). Leo en qué consiste la modalidad condicionada. La condicionada consiste en que, si el rechazo de una solicitud de
comparecencia no se produce por unanimidad, se entenderá que la comisión se aboca la competencia para pronunciarse sobre la solicitud de comparecencia en cuestión; es decir, corresponde votar a la comisión la admisión de la comparecencia. ¿Alguien
más quiere tomar la palabra? (Pausa).


Procedemos a la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor de la condicionada, 15; votos a favor de la delegación no condicionada, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la delegación no condicionada.



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COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:


BLOQUE I:


770000001


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, APROBADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 770/000001 DE LA XIII
LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado: 770/000001 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 250/000002).


Autor: Tribunal de Cuentas


El señor PRESIDENTE: Pasamos ya al siguiente punto del orden del día; y quiero empezar dando la bienvenida a la presidenta del Tribunal de Cuentas, que comparece para informar de las declaraciones sobre la Cuenta General del Estado de los
ejercicios 2017 y 2018, los bloques 1 y 2 del orden del día, con los informes de fiscalización que figuran también en el bloque 3 del orden del día. Debate del bloque primero, correspondiente a la declaración sobre la Cuenta General del Estado del
ejercicio 2017, con número de expediente del Congreso 250/000002 y del Senado 770/000001.


Tiene la palabra la señora presidenta.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (de la Fuente y de la Calle): Buenos días a todos.


Señor presidente de la comisión, señores miembros de la Mesa, señorías, es una enorme satisfacción para mí comparecer ante ustedes en esta Comisión Mixta. No lo hago desde febrero de 2019, y a lo largo de este tiempo el Tribunal de Cuentas
ha ido aprobando, como saben, dos declaraciones de la cuenta general, setenta y cuatro informes, dos notas y una moción. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por delante, que estoy segura desarrollaremos conjuntamente, con el espíritu de
colaboración y avenencia con el que transcurrieron las comparecencias en el ejercicio anterior o en el periodo anterior. Saben ustedes que los informes del Tribunal de Cuentas tienen repercusión en el momento en que se aprueban, pero la repercusión
fundamental tiene lugar en el momento en que se presentan ante esta comisión; por lo tanto, es un ejercicio de transparencia compartida por nuestra parte llevar a efecto estas presentaciones. Además, ustedes tienen un papel fundamental en el
cumplimiento de nuestras recomendaciones; al fin y al cabo, nuestra gran función no solamente es controlar, sino hacerlo para contribuir a mejorar la gestión. En consecuencia, el soporte de las recomendaciones del tribunal, a través de las
resoluciones que ustedes aprueban, resulta fundamental para darles potencia. Por otra parte, quiero señalarles que cuentan ustedes con toda la colaboración, el esfuerzo y la dedicación del Tribunal de Cuentas, de los miembros del pleno, de su
personal, y también con la mía, naturalmente, para cumplir, como institución constitucional independiente y técnica que somos, con nuestro compromiso de colaboración con las Cortes Generales, a través de esta comisión mixta, mediante el ejercicio de
nuestra función fiscalizadora y, lógicamente, de servicio a los ciudadanos, que es el fin último de cualquier institución democrática.


Tras estas pequeñas palabras de saludo, si me permiten, voy a pasar a presentarles el primer bloque, constituido por la declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2017. Como saben ustedes, la Cuenta General
del Estado es precisamente el ejercicio esencial que tiene el Tribunal de Cuentas en relación con las Cortes Generales, en la medida en que lo hace por delegación de las Cortes Generales para que luego los Plenos del Congreso y del Senado aprueben
la correspondiente cuenta general. El Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 de la Constitución y en los artículos 10 de la ley orgánica y 33 de la ley de funcionamiento del tribunal, ha llevado a cabo, como les digo,
por delegación de las Cortes Generales, el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017, aplicando las técnicas de auditoría. Se trata, como saben, de una fiscalización financiera. El pleno del tribunal, una vez
analizadas las alegaciones y oído el fiscal, aprobó el 30 de mayo de 2019 la declaración de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017 y acordó su elevación a las Cortes, dando traslado al Gobierno. La cuenta general se forma por la
Intervención General del Estado mediante la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público estatal. La cuenta general de 2017 se presentó por cuarto año como cuenta única consolidada y se rindió en los



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plazos por el Gobierno y comprende los estados financieros preceptivos. Por lo que se refiere a la opinión sobre la legalidad y la representatividad de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017, en la declaración del tribunal se
afirma que, excepto por los efectos de las salvedades incluidas en esta declaración, la Cuenta General del Estado representa fielmente en todos sus aspectos significativos la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio
neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades que han de integrarse en ella, de conformidad con el marco normativo que resulta de aplicación en dicha cuenta general y
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.


En cuanto a su contenido, de un total de 402 entidades que formaban parte del sector público estatal en 2017, se han integrado las cuentas de 384 entidades, esto es el 95 % de las mismas, y no se han integrado las de otras 18. Además, de un
total de 16 entidades multigrupo y asociadas, no figuran incluidas 6 de ellas, tampoco figuran integradas las cuentas de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En cuanto al proceso de consolidación, al igual que
en ejercicios precedentes, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, titular del cien por cien de las acciones de la Corporación de Radiotelevisión Española, no ha incluido en su grupo consolidado las cuentas de esta sociedad, no
obstante cumplir las condiciones para hacerlo; tales cuentas se han integrado en la cuenta general del Estado como entidad individual. Respecto al análisis de la liquidación del presupuesto, existe una diferencia entre los créditos iniciales y las
previsiones presupuestarias, por importe de 140 729 millones de euros, al no recogerse en el estado de liquidación del presupuesto de ingresos consolidado las previsiones iniciales del capítulo 9, pasivos financieros de la Administración General del
Estado. Las obligaciones reconocidas netas y los derechos reconocidos netos consolidados ascendieron, respectivamente, a 412 058 y 420 238 millones de euros, aun cuando ambas magnitudes se encontraban sobrevaloradas en 627 y 93 millones de euros,
respectivamente, al no haber sido aplicadas correctamente en algunos casos las normas de ejecución presupuestaria y gestión contable, en particular el principio de anualidad presupuestaria en el reconocimiento de obligaciones y derechos. En
consecuencia, el resultado presupuestario consolidado por operaciones no financieras imputables al ejercicio, negativo por importe de 9044 millones de euros, y el resultado presupuestario consolidado del ejercicio, con un superávit de 8179 millones
de euros, se encuentran infravalorados en 533 millones de euros. Además, al cierre del ejercicio quedan pendientes de reconocer obligaciones por un importe de 2 444 millones de euros y derechos por importe de 15 millones.


Entrando en el análisis del balance, se informa de que la Administración General del Estado sigue careciendo de los inventarios completos de los bienes que integran una parte importante de su inmovilizado material, lo que afecta a la
adecuada evaluación y representatividad de los saldos reflejados en las cuentas. Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social continúa sin disponer del inventario general de bienes y derechos de la Seguridad Social, en el que lleva
trabajando desde 2012. El inmovilizado recoge, por 3797 millones de euros, el valor de los inmuebles transferidos a las comunidades autónomas o adscritos a la Fundación Hospital por la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Gestión Sanitaria,
Ingesa, Imserso e Instituto Social de la Marina, sin que esté prevista en la normativa contable ninguna excepción para ello, y en consecuencia siguen contabilizándose gastos por la dotación de su amortización. Además, la declaración recoge
deficiencias y salvedades en relación con los inventarios y valoración del inmovilizado material de diversas entidades. Las salvedades relativas a las inversiones financieras se refieren a la falta de eliminación en el proceso de consolidación de
partidas intragrupo procedentes de créditos concedidos por la Administración General del Estado a entidades del sector público administrativo, así como a la infravaloración en 785 millones de euros, tanto del saldo total como de los deterioros de
valor en la cuenta de la Administración General del Estado de los créditos del Fondo para la internacionalización de la empresa y que, previo cumplimiento de las condiciones establecidas, va a ser objeto de condonación.


En relación con los deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo, se destaca la infravaloración en 1 567 millones de euros de la deuda por cotizaciones sociales registradas por la Tesorería General de la Seguridad Social, al no recoger la
totalidad de los intereses de demora devengados. Además, presentan salvedades la contabilización de los deterioros de valor de las deudas por cotizaciones sociales y de las deudas aplazadas por la Tesorería General de la Seguridad Social y el Fondo
de garantía salarial. Sobre deudores y otras cuentas a cobrar, esto es el activo corriente, las salvedades se refieren esencialmente al saldo de las deudas por reintegro de pagos indebidos de prestaciones, afectado por deficiencias en el INS, el
Imserso, el Instituto Social de la Marina, las mutuas y el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE. En



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lo que respecta a provisiones, la correspondiente a devolución de impuestos está infravalorada y la prevista para hacer frente a las devoluciones que se deriven de la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
relativa al céntimo sanitario, se encuentra sobrevalorada. En materia de avales el tribunal considera necesario que en la memoria de la Cuenta General del Estado figuren los eventuales riesgos asumidos por las entidades del sector público estatal,
especialmente cuando impliquen situaciones que puedan comprometer su patrimonio neto. Además, persiste la necesidad de que en la memoria de la Cuenta General del Estado se informe tanto de la existencia como de la estimación de los pasivos
contingentes.


Sin afectar a la opinión, se recoge en la Declaración de la Cuenta General del Estado que el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social es de 13 720 millones de euros y que la Seguridad Social presenta una deuda en favor de la
Administración General del Estado de 27 000 millones de euros. Se señala que la solución para solventar el desequilibrio patrimonial de la Seguridad Social, consistente en el otorgamiento de nuevos préstamos a la Tesorería General de la Seguridad
Social, constituye una medida coyuntural que no resuelve los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social. La declaración señala que resulta necesario promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver de forma
estable dicha situación, sin olvidar además el saneamiento de su endeudamiento frente al Estado.


Finalmente, la declaración señala que la Cuenta General del Estado está acompañada de las cuentas de gestión de tributos cedidos a las comunidades autónomas, elaboradas conforme a lo preceptuado en la normativa, y, asimismo, efectúa el
seguimiento de las conclusiones del tribunal y de las resoluciones adoptadas por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado en relación con declaraciones de ejercicios anteriores.


Por último, se incluyen en la declaración una serie de propuestas del tribunal a las Cortes Generales, dirigidas, fundamentalmente, a instar al Gobierno a que se adopten medidas precisas para que se subsanen las salvedades y deficiencias que
se incluyen en la declaración de la cuenta, que se apliquen las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a lo largo de la declaración y se corrijan las deficiencias puestas de manifiesto por el tribunal, que se pongan en práctica las
resoluciones de los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado que procedan de las declaraciones de ejercicios anteriores y que se modifique la normativa presupuestaria contable y de elaboración de la Cuenta General del Estado, con el fin de
reducir el plazo legal de rendición de las cuentas individuales y de la Cuenta General del Estado. Todo ello está en línea con la moción aprobada en su día, en concreto, el 21 de diciembre de 2017, en relación con este asunto por el Tribunal de
Cuentas.


Con esto, presidente, doy por finalizada esta presentación inicial y quedo a disposición de sus señorías para las cuestiones que estimen oportuno plantear.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, presidenta.


Vamos a pasar al turno de fijación de posiciones y formulación de las cuestiones que estimen convenientes.


Sabéis que aprobamos que los tiempos de intervención fueran de cinco minutos, pero, al tratarse de la cuenta general, vamos a ampliarlos a siete. Por lo tanto, tenéis siete minutos por cada grupo.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿va a intervenir, señor Mazón? (Denegaciones). No interviene.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Buenos días. Gracias, presidente.


Doy la bienvenida a la presidenta del Tribunal de Cuentas que va a informarnos de las cuentas generales. Ahora estamos viendo la de 2017, pero es casi imposible separar una de otra porque las hemos analizado conjuntamente.


En la legislatura anterior, en relación con la Cuenta General del Estado de 2016, decíamos que los plazos se habían mejorado en comparación con la de 2015, pero que todavía estaban bastante alejados si nos cotejamos con otros países de
nuestro entorno. Nos referíamos a Francia, por poner el ejemplo territorial más cercano -la presidenta lo conocerá mejor que esta portavoz-. La fecha de publicación de los informes se realiza al año siguiente del cierre del ejercicio, en el primer
semestre. Podríamos decir que coincide con la liquidación del propio presupuesto, lo que facilitaría el análisis conjunto de ambas fases de un presupuesto, su ejecución y fiscalización, y sería una mejora en cuanto a su transparencia. Aun así,
dejo constancia de que, como ya se establece en el apartado 6.13, queda pendiente la reforma legislativa



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que permita acelerar todavía más los plazos, más allá del trabajo que venga haciendo el tribunal de ir acortando los plazos desde que recibe las cuentas.


Hay asuntos -además, yo creo que los ha reflejado también la presidenta en su informe- que nos parecen que no requerirían grandes cambios, como la exigencia del Gobierno para que la cuenta general integre el cien por cien del sector público.
Hay que hacer constar que todavía no se integra el conjunto de la actividad económica y sería razonable que el Estado fuese ejemplar en ese sentido. Y algo que resulta repetitivo, tanto en 2017, en 2018, como en 2016, es que la Sociedad Estatal de
Participaciones, SEPI, no incluye Radiotelevisión Española y, a nuestro entender, tal y como dice el informe, debería estar integrado.


En cuanto a la labor de seguimiento que hace tanto de las recomendaciones realizadas por el propio tribunal, así como de las que se derivan de las resoluciones de esta comisión y que se aprueban en el Pleno del Senado, se puede constatar
que, prácticamente, se repiten en ambos informes, tanto en 2017 como en 2018. Luego tendrá oportunidad de volver a explicárnoslo la propia presidenta.


En todo caso, para finalizar, estamos ante un documento técnico. No vamos a discutir el trabajo del tribunal, que nos parece que está bien realizado. La cuenta cada vez es más accesible, yo creo que mejora el propio análisis de la cuenta y
nos permite hacer un buen control al Ejecutivo. Podría darse ahora, en esta fase, en la que parece que nos encontramos en la elaboración del presupuesto, donde se darían las comparecencias de todos los ministros, para poder trasladarles muchas de
las cuestiones que en esta cuenta general encontramos.


Finalizo ya. Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Etxano.


Por el Grupo Parlamentario Plural, Junts per Catalunya-Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, si no me equivoco, no hay nadie para tomar la palabra.


Pasaríamos entonces a darle la palabra a la representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Tiene la palabra la señora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias.


Buenos días, señora presidenta. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha pasado mucho tiempo; demasiado tiempo, quizá, desde que se reuniera esta comisión mixta Congreso-Senado para debatir un informe de esta envergadura. Ya sé que no es
achacable a usted, pero es indicador, quizá, de la poca importancia que el Gobierno y las Mesas de las Cámaras dan a la labor de fiscalización de las cuentas, cuando esa debería ser una de las obligaciones más acuciantes de todos nosotros porque se
trata de dinero público, del dinero de todos los ciudadanos, aunque ya sabemos que para nuestra vicepresidenta el dinero público parece que no es de nadie, lo que denota el nivel de responsabilidad de algunos.


Como le decía, mi grupo le agradece su presencia hoy aquí y reconoce la importante labor que desempeña el Tribunal de Cuentas y todos y cada uno de sus responsables y funcionarios. Realizan ustedes una labor encomiable y fundamental en un
Estado de derecho como España. Mi grupo reconoce esa labor y, por eso, aparte del agradecimiento expresado, exige que se les dote de los medios adecuados, materiales y humanos, y que todas las administraciones y empresas públicas colaboren, como
está ordenado por ley, en el cumplimiento de los plazos y formalidades de entrega de la documentación para que puedan ustedes cumplir con su alta responsabilidad y podamos todos, en tanto que representantes de la ciudadanía, tener acceso a sus
informes para, por una parte, actuar contra quienes incumplan la ley y, por otra, rectificar los malos usos de una administración en los que, en ciertos aspectos, parece que no han pasado los años de democracia que han pasado.


Entrando en materia y dada la limitación del tiempo, me voy a referir solo a algunos aspectos no tan técnicos, pero que denotan estos malos hábitos a los que hacía referencia anteriormente. Lo primero que mi grupo quiere denunciar es que
estamos aquí hablando de un documento aprobado por el Tribunal de Cuentas en mayo de 2019 que, por lo tanto, ha tardado un año y medio casi en llegar a esta comisión. Estamos hablando de las cuentas del año 2017. Aquí se nota el poco interés en la
fiscalización y en la transparencia.


Otro dato que quiero que conste en el acta es mi protesta porque vamos a peor. El último informe analizado, correspondiente al año 2016, tardó en llegar a comisión menos de un mes desde que fue aprobado por el Tribunal de Cuentas. Ya sé
que, probablemente, van a decir que es achacable a los sucesivos procesos electorales habidos en 2019, pero ni las Cámaras ni los representantes que formamos parte de ellas, ni mucho menos los ciudadanos tenemos que sufrir que un presidente fuese
incapaz de llegar a acuerdos que pusieran en marcha la legislatura y que mantuviera paralizadas las instituciones



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como rehenes de su propia incapacidad. De todas formas, en respuesta a esos argumentos, les diré que la presente legislatura comenzó en diciembre del año pasado y han necesitado casi un año para convocar esta comisión, algo totalmente
incomprensible.


Entrando en materia, en el apartado 3.1.1, el contenido de la Cuenta General del Estado, no entendemos, aunque a lo que me voy a referir no supone una irregularidad importante desde el punto de vista cuantitativo y no distorsiona
significativamente la imagen fiel que se debe reflejar en una contabilidad, sea la que sea, y en este caso más al ser la contabilidad del Estado, que a estas alturas se produzcan las irregularidades que se ponen de manifiesto, que consisten en la
aplicación incorrecta de partidas, tanto de ingresos como de gastos, a ejercicios incorrectos, sin tener en cuenta la anualidad de las partidas presupuestaria. Así, vemos cómo se aplican partidas de 2017 que corresponden a 2016, alterando de esta
forma ambas contabilidades, la de 2016 y también la de 2017, y repercute, aunque de forma insignificante, en el déficit hecho público y trasladado a la Unión Europea.


Otra cuestión denunciada, como en años anteriores, es la no consolidación de las cuentas de la Corporación de Radiotelevisión española en la de su matriz, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, que, a 31 de diciembre de
2017, poseía el 100 % de las acciones y, por lo tanto, están obligadas a consolidar sus balances, tanto por la legislación aplicable a todas las sociedades del sector privado como las del sector público español, y, como se pone de manifiesto en este
informe, se incorporan a la contabilidad general del Estado como una entidad individual.


Con respecto al balance, en el punto 1.5 del informe se pone de manifiesto, al igual que en años anteriores, la ausencia de inventarios completos de los bienes inmovilizados del Estado, lo que hace imposible el correcto cálculo de las
amortizaciones contables de los mismos en función de la vida útil, como están obligadas todas las empresas españolas. Igualmente, la Seguridad Social también carece de los inventarios completos de sus inmovilizados, distorsionándose así la imagen
fiel que debería reflejar su contabilidad. Y, finalmente, también se denuncian irregularidades en la contabilización del inmovilizado de distintas empresas y consorcios de carácter estatal, como ADIF y otros, que no entendemos que, a pesar de las
denuncias anuales de este organismo, no se regularicen, máxime cuando la Administración del Estado cuenta con los equipos técnicos suficientes para elaborar inventarios, tasarlos correctamente y contabilizarlos de manera adecuada y acorde a las
normas vigentes. Como se pone de manifiesto, y en Ciudadanos estamos totalmente de acuerdo, la contabilidad debe ser el reflejo fiel, la verdad contable de nuestro patrimonio estatal.


Señora presidenta, ¿qué medios tienen ustedes o nosotros para evitar que, año tras año, se reflejen en estos informes las mismas irregularidades? ¿Piensa usted que sería necesario modificar la ley para endurecer la punibilidad de los
incumplimientos de plazos y, sobre todo, de las reiteradas irregularidades denunciadas por el tribunal año tras año? Tanto esta comisión como el propio tribunal vienen reiterando, año tras año, la necesidad de cambiar la actual ley, que permite
realizar la Cuenta General del Estado hasta el 31 de octubre, para que se acorten los plazos. En ese sentido, mi grupo, Ciudadanos, se adhiere también a esta petición, imprescindible para la transparencia y la agilidad de los procesos de
fiscalización; además, como en años anteriores, mi grupo reitera que es imprescindible una reforma y mejora de los sistemas informáticos del tribunal a fin de hacerlo más eficaz y para tratar de acortar los plazos de gestión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ponce Gallardo.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, la señora Granollers Cunillera.


La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias. Buenos días.


Gracias, presidenta, por sus rendiciones de cuentas. La rendición de cuentas del sector público constituye no solo una obligación legal, sino también un deber democrático esencial que incumbe a todos los responsables de la gestión económica
y financiera pública. Con respecto al sector público administrativo, sector público empresarial y fundaciones, la declaración pone de manifiesto que, respecto al ejercicio 2016, se ha mantenido el grado de cumplimiento con el plazo legal
establecido para la presentación de cuentas anuales. Entonces, esto significa que también se ha mantenido el mismo grado de incumplimiento, es decir, de entidades que no han cumplido con el plazo legalmente establecido. Una de dos, o no se está
haciendo nada, o lo que se hace no funciona. Persisten los defectos de ejecución presupuestaria, desviaciones entre las previsiones presupuestarias iniciales y las efectivamente ejecutadas. Aprovechamos para denunciar la falta de transparencia
sobre la ejecución de los Presupuestos



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Generales del Estado. Urge modificar la Ley presupuestaria para que el Ministerio de Hacienda publique los datos de gasto efectivo con el mismo nivel de detalle que los gastos de presupuesto. También instamos a la reforma de la ley, y esto
ya es un clásico, para que se reduzcan los plazos establecidos en la actualidad para todos los trámites referentes a las cuentas generales del Estado.


Constatamos también la diligencia en la ejecución presupuestaria de partidas como la deuda pública, la Casa del Rey, Interior o Defensa. Por cierto, no satisfechos con el generoso presupuesto inicial en Defensa, el Gobierno del Partido
Popular se gastó un total de 1283 millones adicionales, un 17 % más del presupuesto inicial, y, en cambio, el incumplimiento del ejercicio de 2017 no es casual, sino que es crónico, se repite año tras año en las áreas de la economía productiva, como
industria, energía, comercio, turismo y pymes.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Granollers.


Por el Grupo Parlamentario en Comú Podem-Galicia en Comú-Izquierda Confederal, tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MOLINER: Muchas gracias, presidente.


Buenos días y muchas gracias, presidenta, tanto por su exposición como por la predisposición y la dedicación que nos hace de su tiempo.


Permítame decirle, como le han dicho anteriormente otros y otras portavoces, que es ya un ejercicio clásico, a la hora de abordar las declaraciones sobre la Cuenta General del Estado, aprobadas por el Tribunal de Cuentas, señalar el desfase
excesivo que existe entre la ejecución de un ejercicio presupuestario y su discusión en esta comisión mixta. Sin duda, este es un aspecto muy relevante desde el punto de vista de la utilidad de los informes y de la información que se facilita a la
ciudadanía y a las Cortes Generales. Es verdad, y es justo reconocerlo, que, en los últimos años, el Tribunal de Cuentas se ha esforzado en ir reduciendo progresivamente el plazo de aprobación de las declaraciones sobre la Cuenta General del
Estado. Según afirma el propio tribunal, la declaración del ejercicio 2018, que veremos en el siguiente bloque, se aprobó en el plazo de seis meses desde la presentación de dicha cuenta por el Gobierno. La cuestión entonces, tal y como recomienda
la institución que usted preside, sería, seguramente, modificar la normativa presupuestaria, contable y de elaboración de la Cuenta General del Estado para reducir el plazo legal de su rendición por el Gobierno y reducir también el plazo de
rendición de las cuentas individuales aprobadas. Así, el Tribunal de Cuentas podría emitir la declaración en el año siguiente al ejercicio económico al que la cuenta se refiere y permitiría a las Cortes Generales pronunciarse en un plazo de tiempo
más breve y no muy alejado de dicho ejercicio. Pero incluso podríamos ir más allá, como han hecho ya algunas otras entidades superiores fiscalizadoras o como se concluyó en los últimos congresos de Intosai, Eurosai o, en España, en los foros
celebrados por los OCEX. Se requieren cambios que hagan más útil la labor de las instituciones de control externo para conocer y opinar sobre la gestión de los presupuestos públicos y no solo sobre su cumplimiento.


El control de la sociedad actual requiere y exige que se utilicen técnicas que nos permitan conocer, entre otras cosas, los efectos redistributivos del presupuesto, la eficiencia en el uso de los recursos públicos o el impacto de los
programas de ingresos y gastos públicos en la vida de la ciudadanía, por dar solo unos pocos ejemplos. Junto con las recomendaciones del propio Tribunal de Cuentas debería añadirse una reforma del proceso presupuestario para mejorar el diseño de
los indicadores que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en sus programas, lo que efectivamente permitiría un control externo de su ejecución, más acorde con las demandas de la sociedad, así como una mayor
transparencia y fiscalización de la actuación del sector público en toda su amplitud.


En definitiva, planteo estas cuestiones porque los presupuestos son el principal instrumento económico que tiene cualquier Gobierno para implementar su propuesta política y los Presupuestos Generales del Estado intervienen tanto desde el
punto de vista macroeconómico como redistributivo. Pero hoy hablamos de las declaraciones de cuentas generales del Estado de 2017 y 2018, justo cuando atravesamos otra crisis sin precedentes y vamos conociendo los contenidos de los Presupuestos
Generales para 2021, que deberán acabar con la austeridad y marcar una nueva orientación de la política fiscal. Tiempo habrá para discutirlos y esperemos que también para aprobarlos.


Respecto a las salvedades y deficiencias que pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en 2017 y, como veremos posteriormente, también en 2018, se mantienen algunas de las señaladas en ejercicios precedentes y, además, quienes me han
precedido en el uso de la palabra ya han señalado algunas de



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ellas: la no integración de las cuentas generales consolidadas de algunas entidades, la falta de rendición de las cuentas individuales de algunas entidades del sector público empresarial y fundacional, la presentación de las cuentas anuales
individuales de entidades del sector público administrativo, empresarial y fundacional fuera de plazo -lo que, por cierto, nos preocupa especialmente y, por eso, quisiéramos saber las recomendaciones que usted, como presidenta, haría para atajarlos-
y algunas otras deficiencias en la liquidación del presupuesto de ingresos consolidados, defectos de ejecución presupuestaria o falta de inventarios completos por parte del inmovilizado material de la Administración General del Estado.


Con todo ello, presidenta, nos interesaría saber la predisposición del tribunal para aportar las soluciones que considere oportunas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro Moliner.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Sáez Alonso-Muñumer.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.


Gracias, a la presidenta del Tribunal de Cuentas por la comparecencia. Bueno, vamos a empezar con las cuentas del 2017. Voy a darles una primera impresión; para la gente que venimos de la empresa privada, ver un balance con un patrimonio
neto negativo de 436 957 millones de euros, realmente, es de un absoluto desasosiego. Y si sigues leyendo la Cuenta General del Estado, ves una pérdida atribuible a la sociedad dominante de 42 000 millones de euros, en una economía en la que el PIB
creció al 2,9 %, lo que ahonda aún más nuestra preocupación. Luego lees que en el movimiento de fondos propios existen ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores por 2 552 millones de euros de impacto neto y te preguntas en
qué manos estamos. Leer este informe es como leer una novela de terror; me parece un trabajo admirable del Tribunal de Cuentas, pero es un informe lleno de salvedades y limitaciones al alcance. La verdad es que es increíble. En el punto 3.1 se
habla de 402 entidades del sector público, cuando estamos en un Estado descentralizado. Me gustaría saber cuántas más entidades del sector público pertenecientes a las comunidades autónomas y entidades locales existen en España. Yo creo que en una
economía con el déficit que tenemos, con la deuda, que tenemos, 402 entidades del sector público, verdaderamente, es una verdadera barbaridad. Se menciona que cinco no tienen obligación de rendir sus cuentas anuales y dentro de ellas está el CNI,
aunque se menciona que eso está previsto en la normativa. Me gustaría saber si existe algún tipo de actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre el CNI, porque yo creo que todos los organismos públicos, todas las entidades deberían estar
sujetas a fiscalización. Dentro de esas cinco se habla también de una serie de consorcios, como el programa de preparación de deportistas españoles de Río de Janeiro, y de que no han tenido actividad económica. Me gustaría saber si existe una
relación de entidades que no tiene actividad económica en cada uno de los periodos a los que se refiere la Cuenta General del Estado, si se mantiene una estructura administrativa en las sociedades que no tienen actividad, y si se valora, por el
Tribunal de Cuentas, si esas entidades pueden hacer frente a sus obligaciones de pago. De las 13 que no mandaron cuentas hay alguna que es reincidente; de las 6 multigrupo y asociadas, no integradas, 6 de 16 son sociedades multigrupo y asociadas
que no han sido integradas, lo que supone un 37,5 % de las entidades multigrupo y asociadas. Me parece una cifra absolutamente excesiva.


Me gustaría también que me dijera por qué no se relacionan en el informe del Tribunal de Cuentas aquellas entidades que no tienen actividad y aquellas que reiteradamente están incurriendo en pérdidas en los últimos años; si tienen las
entidades planes estratégicos, al menos a cinco años, que nos indiquen su situación y permitan tener criterios a seguir y decidir acerca de su continuidad; si se repiten de años anteriores sociedades que no envían sus cuentas aprobadas a la IGAE;
por qué no se incluye un cuadro resumen de las mismas; si se repiten todos los años -creo que lo ha comentado algún compañero- las explicaciones dadas por las entidades que no envían sus cuentas aprobadas; si existe algún tipo de plan de acción
del Gobierno para resolver o solventar esta circunstancia; si existe detalle también en cuentas pendientes de decidir por años, es decir, si pueden existir entidades que tengan varios años pendientes de enviar sus cuentas aprobadas y qué tipos de
medidas -ya lo he dicho- se toman para evitar retrasos en la aprobación y envío de las cuentas. Creo que al sector público, igual que al sector privado, se le está pidiendo una serie de plazos para presentar sus cuentas anuales y aprobarlas. Las
entidades del sector público catalanas debían ser ejemplo en este sentido. Habla en el punto 3.2 de 44 centros asociados, de que se han recibido solo cuatro de 44 cuentas individuales de centros asociados. No es normal que los



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centros asociados no envíen sus cuentas individuales al Tribunal de Cuentas. Me gustaría saber si se ha tomado algún tipo de medidas para solventar esa situación y si los equipos directivos de los mismos han sido relevados. Cómo valora
usted que 55 entidades individuales y cuatro grupos consolidados no hayan enviado a tiempo sus cuentas aprobadas y se hayan tenido que utilizar las cuentas formuladas. Se habla de la Sociedad de Participaciones Industriales y dice que no se han
incluido -la comentaba una compañera- las cuentas de la Corporación de Radiotelevisión Española. Yo pregunto qué razones hay para no consolidar las cuentas de Radiotelevisión Española en la SEPI y cuánto tiempo lleva esta recomendación sin llevarse
a cabo. Se habla también en los puntos 3.7 y 3.8 del incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria, y creo que esta circunstancia es clave a la hora de valorar la credibilidad de los Gobiernos y de las cifras incluidas en los programas
de estabilidad que se envían a la Unión Europea. Habla de que quedan pendientes de reconocer obligaciones por un importe acumulado de 2 444,7 millones de euros y derechos reconocidos netos por un importe de 15,6 millones de euros. Yo creo que es
un importe muy importante y debería existir no solo una mención el informe, sino un plan para solventar esta situación. Hablamos de un patrimonio neto negativo y de una periodificación del patrimonio neto de la Seguridad Social por importe, que
está sobrevalorado, de 1 490 millones de euros. Me gustaría saber las razones por las cuales se dice que está sobrevalorado, debido a que no se recoge el efecto de la verificación de los gastos devengados en el mes de diciembre. ¿Qué explicaciones
da la entidad correspondiente para no hacerlo? Porque, además, es una circunstancia que se repite también en el año 2018. Habla de una provisión por devolución de impuestos de 9 700 millones de euros. Me gustaría saber las razones para no incluir
las solicitudes. Asimismo, habla de que no se han tenido en cuenta las de años anteriores que estaban pendientes de resolver. Me gustaría saber por qué no se han incluido y si la cifra no le parece verdaderamente impresionante y, sobre todo, cuál
es el impacto que esta provisión por devolución de impuestos tiene en las empresas y autónomos, que probablemente estén bastante afectados por estas circunstancias. La memoria dice que no recoge información alguna de la existencia de pasivos
contingentes en la memoria de la Cuenta General del Estado. Me llama la atención y, por eso, creo que sí se debería reconocer en la memoria información sobre esos pasivos contingentes. También hay pagos por justificar, 2 638. Me gustaría que
explicara mejor esto.


El señor PRESIDENTE: Señor Sáez, vaya terminando.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Voy terminando.


Habla de una opinión favorable con salvedades. Y esto, evidentemente, me llama mucho la atención. Yo creo que la terminología debería ser otra, que deberíamos hablar de opinión modificada o no modificada; una modificada, que puede ser con
salvedades, desfavorable o denegada, y una opinión no modificada, que sería una opinión favorable. Yo creo que la todas las circunstancia, todas las limitaciones y todas las salvedades que tiene este informe no es para emitir, sinceramente, una
opinión favorable. Habla de rendición de cuentas anuales y de empresas que no han rendido esas cuentas anuales. Y habla también de préstamos que no generen intereses, de patrimonio neto, de deuda pública consolidada, y de una presunta evolución de
los 9 700 millones de euros. Pero hay, sobre todo, un tema que me llama mucho la atención.


El señor PRESIDENTE: Señor Sáez, vaya finalizando, por favor.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Voy terminando.


En el punto 4.114, el importe consultado de los compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores asciende a 1 187 364,4 millones de euros; hablo de compromisos de gasto con cargo al presupuesto de ejercicios
posteriores; y no es de recibo que esta circunstancia no haya supuesto ser incluida en un párrafo del informe.


El señor PRESIDENTE: Señor Sáez, tiene que terminar ya, lleva excedido un minuto y medio.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Seguiré en otro momento, porque hay algunos temas que coinciden con el informe de 2018, y los comentaré en la siguiente exposición.


Muchísimas gracias por su paciencia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.



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El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero agradecer a la presidenta su exposición y el trabajo de todo el tribunal al elaborar este informe; trasládeselo de parte de nuestro grupo.


La verdad es que yo soy nuevo en esta Comisión y tengo que decir que es abrumador leer y analizar sus informes, no solo por el informe en sí, sino por la cantidad de información, de datos y de trabajo que, intuyo, lleva detrás. Y no solo
del tribunal, sino de toda la Administración española. Pues todo este ingente trabajo se realiza en aras de la transparencia, el control y la fiscalización. Nosotros creemos que merece la pena, al fin y al cabo es el dinero de todos, como bien
decía la portavoz de Ciudadanos. Y, por eso, no entiendo la posición de los grupos hoy en la primera votación que hemos tenido al iniciar la Comisión, salvo el Grupo Ciudadanos y el Grupo VOX y nuestro propio grupo, que han votado en contra de esta
fiscalización, de este control y de esta transparencia. Como sabemos, en la Mesa de esta Comisión la posición mayoritaria es la del Gobierno. Sabemos, por lo que hemos visto durante estos meses, que la transparencia no es una de sus cualidades, y
estamos dejando en manos de esta Mesa y del Gobierno la posibilidad de solicitar informes y de pedir comparecencias de autoridades. Creo que nos estamos equivocando y yo espero que después todos estos grupos no hablen demasiado de transparencia,
control y fiscalización, cuando están haciendo justo lo contrario. Por esta razón, sabemos de las dificultades que hay para que los informes sean perfectos, o sea, para que no haya incumplimientos ni en forma ni en fondo de ningún órgano de la
Administración ni discrepancias entre ellos y el tribunal, pero esto que podamos considerarlo un objetivo a conseguir también debemos saber que quizá sea imposible. Por eso, debemos alegrarnos de las mejoras con respecto a las cuentas generales del
Estado de años anteriores, porque es muy difícil y esas mejoras responden a una ardua tarea de muchos funcionarios públicos.


En primer lugar, nos alegramos de que el informe cada vez se haga en un plazo más breve, aunque seguimos pidiendo que se realicen los estudios necesarios para impulsar las reformas legislativas y la adaptación de los recursos materiales y
humanos que resulten necesarios para acortar los plazos de rendición de cuentas y de aprobación de la declaración sobre la Cuenta General del Estado de cada ejercicio. También de las mejoras en la información y en las actuaciones que año tras año
nos trasladan. Pero seguimos estando preocupados por las deficiencias que se vienen detectando una y otra vez en las sucesivas declaraciones y en las resoluciones de esta comisión y, por eso, me gustaría preguntarle, presidenta, qué cree que
podemos hacer para avanzar de forma definitiva en la solución de estos temas. También me gustaría saber cómo podemos mejorar la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado con el Tribunal y de ambos con esta comisión
mixta. Quería preguntarle si existen equipos de trabajo conjuntos entre el Tribunal de Cuentas y la Intervención General. Nosotros pensamos que debería haberlos y que deberían, incluso, dar cuenta a esta comisión mixta de su trabajo para confirmar
que realmente se producen avances significativos, como venimos demandando. También quería preguntarle qué mecanismos y controles efectivos de la ejecución presupuestaria podemos implantar que eviten el incumplimiento de los objetivos de déficit, de
deuda pública y de la regla de gasto establecidos para cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. También qué propuestas podemos hacer para mejorar el seguimiento y el tratamiento de las operaciones de
ejercicios anteriores pendientes de regularizar y que sean subsanadas definitivamente. Y si tiene alguna idea de cómo podemos avanzar en el cumplimiento de las resoluciones de esta comisión mixta y de los Plenos del Congreso y del Senado.


Otro tema que me gustaría tratar es el de los cambios en la legislación, por ver si el Tribunal de Cuentas puede ayudarnos en ese trabajo. Quisiera que nos trasladara aquellas propuestas de modificación legislativa necesarias para cumplir
con todas las recomendaciones, para mejorar toda la información, es decir, para cumplir con ese objetivo imposible que comentaba al principio. ¿Sería posible? ¿Y cree usted que sería recomendable? A pesar de que fueron unos presupuestos que
comenzaron a andar a mitad del año, debemos recordar que en el año anterior hubo elecciones y que hasta finales de septiembre no hubo Gobierno, un Gobierno en minoría al que costó Dios y ayuda a conseguir estos presupuestos, pero que, a pesar de
todo, salieron adelante; gobernaba entonces el Partido Popular, y también debemos recordar que, gobernando el Partido Socialista, en unas circunstancias parecidas, aún no han sido capaces de aprobar ningún presupuesto, ni en 2019 ni en 2020 y no
sabemos aún en 2021. De hecho, los presupuestos vigentes de 2018 del Partido Popular se prorrogarán sí o sí a principios de 2021, el cuarto año, señorías, y no sabemos hasta cuándo; pues a pesar de ese comienzo a mitad de año y que no pudieron
ejecutarse algunas partidas por falta de tiempo, el gasto se incrementó un 1,1 % con respecto a 2016, de 408 000 millones a algo más de 412 000 millones, más de 4 000 millones de incremento,



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aunque ya sé señores del PSOE, que para la ministra Montero esto no es nada, lo saca en un pis pás de cualquier sitio, en un momento, pero realmente podemos considerarlo un éxito, por todas las condiciones comentadas y, además, porque, les
recuerdo, la previsión de PIB para ese año era del 2,5 % y acabamos en el 3 %; la previsión de déficit era del 3,10 % y acabamos en un 3,03 %, por debajo del valor. La regla de gasto fue cumplida por todas las administraciones públicas, salvo las
comunidades autónomas y el objetivo de deuda fue cumplido durante ese año. Creemos que podemos considerarlo un buen año presupuestario.


Por último, presidenta, me gustaría solicitarle, porque es una petición que nos hace la AIReF de forma habitual, que se elaboren los presupuestos en formatos de contabilidad nacional. ¿Cree usted que es posible? ¿Está de acuerdo con esa
petición de la AIReF?


También me gustaría, si es posible, que en los informes figurasen los máximos responsables de los departamentos que incurren en errores o en falta de información.


Me gustaría que nos contara un poco qué ocurre en caso de discrepancias entre el Tribunal y los entes afectados, si ellos pueden presentar alegaciones y qué ocurre después de esas alegaciones.


Y, por último, me gustaría pedirle que nos hiciera una valoración general de la cuenta general de 2017.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Paniagua Núñez.


Para terminar la comparecencia de los grupos, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ramón Utrabo.


La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidente.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la presidenta del Tribunal de Cuentas, agradecerle su comparecencia y extender la felicitación por el trabajo realizado a todos los trabajadores y trabajadoras que integran el Tribunal de Cuentas.


Antes de entrar en la cuestión, quería hacer una puntualización al portavoz del Grupo Popular porque me causa un poco de rubor oírle hablar de transparencia y de fiscalización y criticar el acuerdo democrático y legítimo adoptado por las
personas que integramos esta comisión, ya que esta Mesa es tan legítima como las anteriores que han existido en esta comisión y, al igual que en otras, se delega la atribución de competencias. ¡A ver si es que tienen doble rasero para medir y
cuando la Mesa no representa al Gobierno de la derecha deja de ser legítima y no representa los intereses de la comisión!


Dicho esto, y para entrar ya en la cuestión que nos atañe, que es el informe de la cuenta general del presupuesto del año 2017, tengo que poner de manifiesto que, como ha dicho la propia presidenta, estos informes no suelen identificar
indicios de responsabilidad de ningún tipo, porque se trata de una fiscalización financiera y de cumplimiento de la normativa contable en la que el Tribunal de Cuentas da su opinión sobre la Cuenta General del Estado y se indican las salvedades, si
las hubiera. Quiero recordar, por si alguno de los miembros que integran la Comisión no lo supiese, que esta cuenta general del presupuesto es del año 2017, que corresponde al presupuesto, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, que elaboró
el Gobierno del Partido Popular y que ejecutó el Gobierno de este mismo partido. En la cuenta se da opinión sobre la ejecución del presupuesto del ejercicio y el resultado económico patrimonial del Estado, entre otras cuestiones. Una de las
cuestiones que se señalan por el Tribunal de Cuentas, las conclusiones que podemos extraer, es que se siguen produciendo desviaciones entre las previsiones presupuestarias iniciales y los derechos reconocidos netos en la liquidación del presupuesto
de ingresos. En el patrimonio neto de la Tesorería General de la Seguridad Social continúa sin incluirse la constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social como una reserva con cargo a la distribución del resultado económico patrimonial.
Persisten las discrepancias entre la contabilidad patrimonial de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado respecto a la insuficiencia de la financiación de las prestaciones y servicios de asistencia
sanitaria y servicios sociales, incluida en la acción protectora de la Seguridad Social de financiación obligatoria por el Estado, pero como es una cuestión que se reitera también en la cuenta general de 2018, haré más hincapié en ello en la
siguiente intervención. Se encuentran pendientes de amortización las deudas de la Seguridad Social con la Administración General del Estado por 9000 millones de euro; la liquidación del concierto económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco y
del convenio económico suscrito con la Comunidad Foral de Navarra. Estas deudas deberían haberse amortizado en un plazo de diez años. También se incluye un seguimiento sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos contenidos en las
correspondientes resoluciones de la Presidencia del Congreso de los Diputados y del Senado.



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Entre los acuerdos que siguen vigentes quiero destacar: reforzar el control que permita la correcta contabilización de las operaciones de periodificación de gastos y de ingresos; incluir en la memoria información al cierre del ejercicio
fiscalizado relativa a los riesgos derivados de las situaciones judiciales en las que se hallaban incursas distintas sociedades concesionarias de autopistas de peaje tras su entrada en concurso de acreedores; tomar medidas legislativas tendentes a
la reducción de los plazos establecidos en la actualidad para todos los trámites referentes a la Cuenta General del Estado; cumplir rigurosamente los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, ajustándose en todo caso
a los objetivos de déficit de deuda pública y de la regla de gasto de estabilidad, sin que se produzcan modificaciones presupuestarias o aumenten los gastos que superen los objetivos determinados; y ajustar los presupuestos a la realidad y abordar
la clarificación y separación de las fuentes de financiación del sistema de Seguridad Social, incluyendo la amortización de los préstamos pendientes y la correcta contabilización de los inmuebles traspasados a las comunidades autónomas, para evitar
que el sistema de la Seguridad Social asuma de forma directa o indirecta gastos que corresponderían a la Administración General del Estado.


Por último, quiero indicar que no hay recomendaciones pero sí propuestas a las Cortes que también se reiteran ejercicio tras ejercicio.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ramón.


Antes de dar la palabra a la señora presidenta para que dé respuesta a los portavoces de los grupos parlamentarios, quiero poner en valor los acuerdos que se alcanzan en la comisión -acuerdos por mayoría-, ya que parece ser que se cuestiona
o se ha cuestionado que se decida por mayoría una delegación. Al mismo tiempo, quiero informar que este presidente decidió someter a votación las dos modalidades existentes, que es algo que en la anterior comisión, el anterior presidente, nunca
hizo.


Sin más, tiene la palabra la señora presidenta.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (de la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, presidente.


Realmente, han sometido a esta presidenta a una batería de preguntas importantes que trataré de responder de la forma más precisa posible.


Me han planteado varios de ustedes, la señora Etxano, la señora Ponce, la señora Maestro y el señor Paniagua, por una cuestión que a nosotros nos preocupa, igual que les preocupa a ustedes, y es la posibilidad de que pudiéramos tener la
declaración definitiva de la Cuenta General del Estado preparada y remitida al Parlamento al año siguiente a aquel al que se refiere el ejercicio económico. Nosotros, desde luego, somos muy partidarios de ello y por eso lo recomendamos, y por eso
también presentamos una moción para conseguir este objetivo, porque entendemos que, precisamente -y lo he dicho al principio-, lo más importante que hacemos en nuestros informes no es tanto detectar o recoger las irregularidades, sino incluir
recomendaciones que puedan ayudar a mejorar la gestión, porque este es el fin real del control. Así, en la medida en que ese control ayude a mejorar la gestión, será un éxito, y en la medida en que no, tendremos que seguir avanzando para lograrlo.
Yo simplemente les comento que en los términos actuales tienen ustedes que tener en cuenta que el Tribunal de Cuentas tiene competencias fiscalizadoras ex post, es decir, después de realizar la gestión y, además, sobre cuentas rendidas. Asimismo,
la Cuenta General del Estado se rinde el día 30 de octubre del ejercicio siguiente a aquel al que se refiere y que el Tribunal de Cuentas legalmente tiene un plazo de seis meses para desarrollar la fiscalización, que tampoco es mucho en relación con
el tiempo que hay para la formación y rendición de la cuenta. Es verdad, y anteriormente hacía referencia la señora Etxano al sistema francés, que cada sistema hay que valorarlo en su contexto, porque el sistema español tiene una doble garantía,
porque tiene un doble control: en la formación de la cuenta y en su rendición. En este sentido, en la rendición se remiten las cuentas auditadas por parte también de la intervención. Por lo tanto, el nivel de control es mucho mayor aquí que en
otros países. Sin embargo, sería muy deseable, y estimamos que es posible, llevar a efecto lo que ustedes proponen, que nosotros podamos aportar la declaración definitiva de la Cuenta General del Estado, de manera que ustedes lo puedan tener listo
para realizar sus funciones de forma inmediata. Como les he dicho, ese es el sentido de la moción de 21 de diciembre de 2017.



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El Tribunal de Cuentas viene haciendo un esfuerzo enorme por reducir los plazos. Como ven ustedes, la cuenta de 2016, la cuenta de 2017, la declaración de 2016 y la de 2017, se han hecho en 7 meses; y la declaración de 2018 en los 6 meses
legales. Es decir, que estamos haciendo un esfuerzo enorme por conseguir este objetivo.


Otra cuestión es -también lo ha planteado la señora Etxano- la mejora del análisis de la cuenta. Efectivamente, creo que el tribunal ha ido mejorando progresivamente y ajustándose en la elaboración de la declaración de la cuenta general.
Precisamente, lo que se pretende es que sea de la mayor ayuda para ustedes, para los Plenos del Congreso y del Senado, para que puedan realizar sus funciones, las funciones que les corresponden en cuanto a la cuenta general, que es la función de
control político. En este sentido, habrán observado -y precisamente como traemos la declaración de la cuenta de 2017 y la declaración de la cuenta de 2018 es muy claro- el cambio de estructura que se ha producido en la cuenta de 2018 y que
estimamos favorece enormemente la atención al cumplimiento del objetivo de la declaración de la cuenta general. Además, creo que se recogen los resultados de una forma mucho más resumida y mucho más concreta, evitando reiteraciones internas que a
veces hacían tener que volver en varias ocasiones sobre la misma información. Precisamente, en la declaración de 2018, hay un primer apartado dedicado a la opinión en el que se hace referencia a las salvedades y contiene los párrafos de énfasis;
en segundo lugar, se recoge el fundamento de la opinión, que se dividía antes entre el primer apartado y el segundo apartado de la declaración de la cuenta general; luego se recogen otros resultados que no afectan a la opinión y, posteriormente, lo
mismo, el seguimiento de las conclusiones del tribunal y el seguimiento de las recomendaciones del Congreso y el Senado y las propuestas a las Cortes. En consecuencia, creo que estamos haciendo un esfuerzo por la mejora, porque la declaración de la
cuenta general sea más clara, aunque realmente es un documento muy complejo que recoge muchas macromagnitudes y es muy técnico, muy contable.


También han hecho ustedes referencia a la falta de cumplimiento de la rendición de cuentas por parte de algunas entidades. Simplemente, en este sentido les querría comentar que, como saben, la IGAE, la Intervención General de la
Administración del Estado, informa a la Oficina de Conflictos de Intereses del incumplimiento del deber de rendición de cuentas, de manera que pueda imponer las correspondientes sanciones conforme a lo establecido en la Ley de transparencia y buen
gobierno. Como ustedes saben, el Tribunal de Cuentas no tiene potestad sancionadora en caso de falta de rendición de cuentas; lo único que podemos hacer es tramitar los requerimientos conminatorios e imponer multas coercitivas, hasta conseguir el
cumplimiento del obligado, y además, estas multas coercitivas se hacen efectivas sobre el patrimonio del interesado, no sobre el patrimonio de la entidad. Por lo tanto, nosotros no tenemos la potestad de imponer sanciones a las entidades por falta
de rendición de cuentas. Por otra parte, estas multas coercitivas se han quedado desactualizadas. Recordarán ustedes que también tenemos una memoria relativa al deber de colaboración en relación con este asunto porque son entre 60 y 900 euros.
Consecuentemente, han quedado totalmente desfasadas en cuanto a la cuantía.


Ustedes han formulado una serie de preguntas que realmente creo que no tienen que hacer al Tribunal de Cuentas; que se las tienen que hacer a los gestores. Por ejemplo, por qué no se rinden las cuentas; por qué siguen existiendo entidades
sin actividad; por qué lo hacen si no tienen sostenibilidad financiera; por qué no se incorporan las cuentas del Consorcio de Radiotelevisión Española a las de la SEPI; es decir, una serie de cuestiones que responden a la gestión de las entidades
fiscalizadas. Sin embargo, tienen que tener en consideración una cuestión, y es que la declaración sobre la Cuenta General del Estado, tiene un objetivo muy concreto, que es hacer un pronunciamiento, emitir una opinión, sobre la legalidad y la
representatividad de los estados contables respecto de la actividad económica o financiera, patrimonial y presupuestaria del conjunto de las entidades del sector público. Esta es la finalidad de la declaración de la cuenta general. Por lo tanto,
lógicamente, no es su función pronunciarse sobre la gestión propiamente dicha o sobre el funcionamiento de las entidades. Consecuentemente, me remito en la respuesta de estas cuestiones, por una parte, a las que pueda dar el fiscalizado y, por
otra, a los distintos informes que sobre el sector público estatal se están realizando por parte del Tribunal de Cuentas.


También me planteaban ustedes nuestra predisposición a aportar soluciones, a contribuir con nuestra actividad fiscalizadora, a que mejore la gestión. Eso es lo que hacemos a través de las recomendaciones. Lamentablemente no siempre se
cumplen, y además verán en la declaración de la Cuenta General del Estado, tanto de 2017 como de 2018, que en el seguimiento de las conclusiones que llamamos aquí del tribunal -en otros informes se llaman recomendaciones- y de las declaraciones que
emiten el Pleno



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del Congreso y el Pleno del Senado, hacemos una relación y un seguimiento año tras año. Esa es nuestra función, función de control, función fiscalizadora. La función de control político les corresponde a ustedes, y por eso les decía al
principio de mi intervención, cuando les saludaba, que ustedes tienen un papel fundamental a la hora de que se cumplan nuestras recomendaciones, porque ustedes tienen en sus manos los instrumentos fundamentales para el ejercicio de la función
legislativa y el ejercicio de la función de control político.


El señor Sáez me preguntaba por las cuentas de CNI. Respecto a las cuentas del CNI he de comentarle que, como dice la propia declaración, las cuentas no se integran por la necesidad de guardar reserva, esto es lo que dice su normativa, pero
sí que se realiza el control interno de la Intervención General del Estado y el control externo del Tribunal de Cuentas, siempre guardando la garantía necesaria de confidencialidad que este órgano requiere.


También me planteaba el señor Paniagua la cuestión relativa a la elaboración de los presupuestos en términos de contabilidad nacional. Pues bien, este es un debate que existe, pero para ello habría que cambiar el concepto de presupuesto
porque, en la actualidad, el presupuesto se desarrolla sobre la base de derechos y obligaciones reconocidas, y un presupuesto en términos de contabilidad nacional supondría modificar también la naturaleza del presupuesto actual. Este debate, como
tal, puede tener su solución, pero esta es una cuestión sobre la que lógicamente no se pronuncia la declaración de la Cuenta General del Estado. Se nos suele plantear por qué no formulamos la declaración de la Cuenta General del Estado en términos
de contabilidad nacional, y siempre respondemos lo mismo: que la contabilidad nacional y la contabilidad pública son dos marcos de información financiera diferentes. En consecuencia, o es uno o es otro. Si la declaración se emite en términos de
contabilidad pública, el resultado es el que es. En cualquier caso, también he de comentarles que precisamente, porque nos preocupa y porque tenemos la obligación de fiscalizar los aspectos que afectan a la contabilidad nacional, por ejemplo, en el
programa de fiscalizaciones correspondiente al ejercicio 2020, estamos ya precisamente dando comienzo a esta fiscalización, hemos incluido un control relativo a los procedimientos de determinación del cumplimiento de los objetivos y de estabilidad
presupuestaria para el sector público estatal, ejercicios 2017 y 2018. En consecuencia, sí vamos a fiscalizar esta cuestión, pero no es el objeto o el tema de la declaración de la Cuenta General del Estado.


También preguntaba el señor Paniagua por las discrepancias entre el tribunal y las entidades fiscalizadas. Nuestro procedimiento fiscalizador viene determinado por la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, del año 1988.
Concretamente, el artículo 44 dice muy claramente que una vez que está elaborado el anteproyecto del informe, el departamento correspondiente lo envía a la entidad fiscalizada y a quienes fueron gestores de la entidad, responsables de la entidad, en
el período objeto de fiscalización, precisamente para garantizar que todos aquellos que puedan aportar información al proceso lo hagan. No se puede entender que el procedimiento fiscalizador es un procedimiento contradictorio, como lo es, por
ejemplo, un procedimiento judicial. El procedimiento fiscalizador lo que pretende, con este trámite de alegaciones, es conseguir obtener toda la información posible y todos los documentos y datos posibles para que se recojan los resultados de la
forma más precisa, más veraz y más ajustados a la realidad en el informe de fiscalización. Nuestras normas internas de fiscalización, que aprobamos el 23 de diciembre de 2013, recogen el tratamiento que ha de darse a las alegaciones del
fiscalizado, y se dice específicamente cuál es la forma en que tiene que actuar este tribunal en el caso de que acepte una alegación, en cuyo caso lo integra directamente en el proyecto de informe; y en el caso de que no acepte una alegación, en
cuyo caso tiene que explicar por qué existe una discrepancia entre el criterio del tribunal y el criterio alegado por el fiscalizado. Eso es lo que hacemos y, con nota a pie de página se explica el criterio del fiscalizado, su alegación y por qué
el tribunal estima que la alegación no ha de tenerse en cuenta y no ha de incorporarse al informe.


Tengo la impresión de que con esto, de forma general, les he dado respuesta a prácticamente todas las cuestiones que han planteado. En cualquier caso, como a continuación debatiremos la declaración de la cuenta general del año 2018, si
acaso se me hubiera pasado alguna cuestión, por favor, me la reiteran y con mucho gusto les responderé.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.


Como saben, no hay turno de réplica.



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BLOQUE II:


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018, APROBADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020. (Número de expediente del Senado: 770/000002 y número de expediente
Congreso de los Diputados: 250/000003).


Autor: Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el bloque II, que es el debate correspondiente a la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018.


Señora presidenta del Tribunal de Cuentas, tiene la palabra por el tiempo que necesite.


La PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (de la Fuente y de la Calle): A continuación, paso a presentarles la declaración sobre la cuenta general del ejercicio 2018.


El Tribunal de Cuentas, exactamente igual que he expuesto cuando he comentado la declaración de la cuenta de 2017, lleva a cabo esta función por delegación de las Cortes Generales, aplicando las técnicas de auditoría.


El pleno del tribunal, una vez analizadas las alegaciones y oído el fiscal, aprobó el 30 de abril de 2020, dentro del plazo de 6 meses legalmente establecido, como les comentaba anteriormente, la declaración sobre la Cuenta General del
Estado del ejercicio 2018 y acordó su elevación a las Cortes, dando traslado al Gobierno.


Esta declaración presenta también, como les explicaba, una nueva estructura con la finalidad de evitar las reiteraciones que se producían en las declaraciones de ejercicios económicos anteriores, diferenciando con mayor claridad la opinión y
su fundamentación de aquellos otros resultados que no afectan a la opinión. Estimamos, como también les comentaba, que esta estructura responde mejor a los objetivos de la declaración y contribuye a la exposición de los resultados de forma mucho
más clara y mucho más precisa.


La cuenta general de 2018 formada por la IGAE, mediante la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público estatal, se rindió en plazo por el Gobierno y comprende los estados financieros preceptivos.


Por lo que se refiere a la opinión sobre la legalidad y la representatividad de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018, excepto por los efectos de las salvedades incluidas en esta declaración, presenta fielmente en todos sus
aspectos significativos la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios en el patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto de los grupos de entidades que han de ser
integrados en ella, de conformidad con el marco normativo que resulta de aplicación a la cuenta general y conforme a los criterios y principios contables contenidos en aquel.


En cuanto a su contenido, de un total de 439 entidades que formaban parte del sector público estatal, se han integrado las cuentas de 381; esto representa el 87 % de las cuentas, y no se han integrado las de otras 58.


Respecto a las entidades multigrupo y asociadas, no figuran incluidas 3 entidades, de un total de 14 con participación directa y 43, de un total de 241 con participación indirecta. Por primera vez en este ejercicio, en la memoria de la
Cuenta General del Estado de 2018, se hace constar que las cuentas de los consorcios universitarios de centros asociados de la UNED deben figurar integradas en la Cuenta General del Estado, de acuerdo con el criterio expuesto por el Tribunal de
Cuentas y por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.


En cuanto al análisis de la liquidación del presupuesto, las obligaciones reconocidas netas y los derechos reconocidos netos consolidados ascendieron, respectivamente, a 420 702 y 429 373 millones de euros. No obstante, como consecuencia de
no haberse aplicado correctamente las normas de ejecución presupuestaria y contable, principalmente por la no observancia en algunos casos del principio de anualidad presupuestaria en el reconocimiento de derechos y obligaciones, ambas magnitudes se
encontraban sobrevaloradas, en 2 234 y 53 millones de euros, respectivamente. Por consiguiente, el resultado presupuestario consolidado del ejercicio, con un superávit de 8670 millones de euros, está sobrevalorado en 2 294,92 millones de euros. Al
cierre del ejercicio quedan pendientes de reconocer obligaciones por un importe de 3864 millones de euros y se han reconocido derechos en exceso por 57 millones de euros, que deben regularizarse en presupuestos de ejercicios posteriores. Además, se



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evidencia la omisión de consolidación de las cotizaciones sociales de los desempleados y beneficiarios de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos que corresponden al SEPE, y que figuran como obligaciones de este por 3
857 millones de euros y como derechos de la Tesorería General de la Seguridad Social por 3 733 millones de euros, con incidencia además en el resultado de liquidación del presupuesto en la cuenta de resultados económico-patrimoniales, balance y
estado de flujos de efectivo.


Entrando en el análisis del balance, las salvedades se refieren a deficiencias en relación con los inventarios y cuentas derivadas de operaciones de inmovilizado. Entre ellas se reseña que la Administración General del Estado sigue
careciendo de inventarios completos de los bienes que integran una parte importante de su inmovilizado material, lo que afecta a la adecuada evaluación y representatividad de los saldos reflejados en cuentas. La Tesorería General de la Seguridad
Social continúa sin disponer del inventario general de bienes y derechos de la Seguridad Social en el que lleva trabajando desde 2012, como les señalaba al presentar la declaración de 2017. Además, la declaración recoge otras diversas deficiencias
y salvedades relacionadas con la valoración del inmovilizado y en relación con distintas entidades.


En cuanto a las inversiones financieras, las salvedades se refieren a la falta de eliminación en el proceso de consolidación de diferentes partidas intragrupo y a la infravaloración en 815 millones de euros, tanto del saldo total como de los
deterioros de valor en la cuenta de la Administración General del Estado, de los créditos del Fondo para la internacionalización de la empresa, al igual que ocurría en 2017 y que -como indiqué anteriormente- previo cumplimiento de las condiciones
establecidas, será objeto de condonación.


En relación con los deudores, deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a cobrar a largo plazo, se destaca la insuficiente corrección valorativa por deterioro de las deudas registradas por la Administración General del Estado como
derechos reconocidos -5 772 millones de euros respecto de un deterioro de 24 205 millones de euros-, así como del deterioro de valor de las deudas por cotizaciones sociales aplazadas, 124 millones de euros, y de las derivadas de las cotizaciones
sociales de instituciones sanitarias sin ánimo de lucro, 195 millones de euros.


Sobre deudores, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar -es decir, el activo corriente-, la salvedad cuantitativamente más significativa se refiere a la infravaloración en 1631 millones de euros del epígrafe, al no reconocer la
Tesorería General de la Seguridad Social hasta su cobro los intereses de demora devengados, asociados a las deudas por cotizaciones sociales, lo que repercute también en el importe del deterioro por riesgo de crédito que correspondería registrar,
así como el impacto negativo en el patrimonio neto, 1862 millones de euros, y en el resultado del ejercicio, 120 millones de euros de la no periodificación del gasto correspondiente a la paga extraordinaria devengada en el mes de diciembre a los
empleados públicos, así como las pensiones de clases pasivas y del sistema de Seguridad Social.


En lo que respecta a las provisiones, además de algunas incidencias en el proceso de consolidación se reseña la infravaloración de la correspondiente a devolución de impuestos, de las dotaciones por litigiosidad del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, en 34 millones de euros, y de la correspondiente al importe a satisfacer a una empresa privada del sector de telecomunicaciones, por no incluir los intereses devengados desde su liquidación.


En cuanto a la cuenta del resultado económico patrimonial, las salvedades se refieren, además de a incidencias y a errores en la consolidación, a su infravaloración en 127 millones de euros por la falta de imputación de ingresos derivados de
la contabilización de los deudores por reintegros de pagos indebidos de prestaciones hasta el momento del cobro por el INSS, por el Imserso y por el Instituto Social de la Marina, sin que pueda determinarse su importe en relación con deudores en vía
voluntaria por el SEPE.


Por último, el tribunal sigue considerando necesario que en la memoria de la Cuenta General del Estado se informe sobre los avales y otras garantías concedidas y sobre los pasivos contingentes. Sin que afecte a la opinión del tribunal, se
incluye un párrafo de énfasis para señalar que, por segundo año consecutivo, el balance de la Seguridad Social recoge un patrimonio neto negativo, que asciende a 31 de diciembre de 2018 a 33 260 millones de euros, con origen en las operaciones de
gestión ordinaria, acumulando la Seguridad Social un endeudamiento frente al Estado de 41 000 millones a dicha fecha. Se sigue insistiendo en el Tribunal de Cuentas en la necesidad de reformas estructurales, no de medidas coyunturales, para
solventar la situación del endeudamiento frente al Estado, teniendo en cuenta además que el problema deriva de las operaciones de gestión ordinaria de la Seguridad Social, por lo que la vía de financiación habría de tener esta misma naturaleza
económica y presupuestaria, esto es, transferencias corrientes de la Administración General del Estado y no de préstamos.



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La declaración ofrece, asimismo, el seguimiento de las conclusiones del tribunal y las resoluciones adoptadas por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado en relación con las declaraciones de ejercicios anteriores.


La declaración finaliza con las mismas propuestas a las Cortes Generales que contenía la declaración definitiva del ejercicio 2017.


Con esto, presidente, doy por terminada la presentación y quedo a su disposición.


El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.


A continuación, para fijar posición y formular las preguntas que estimen oportunas, tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios. Como veo que faltan algunos, doy directamente la palabra a la portavoz del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos, la señora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo, señora presidenta.


La verdad es que debe de ser muy tedioso, tras analizar las cuentas de un año tras otro, ver que no solo no se corrigen las irregularidades, sino que en muchos casos se mantienen las mismas, e incluso se suman algunas otras.


Lo primero que hay que destacar es que estamos analizando 2018, el año del antes y el de después, el año de la moción de censura, que acabaría con unas formas nefastas de gestionar y que daría paso, supuestamente, a unas formas nuevas,
limpias no, impolutas. En este sentido, todos esperábamos que la gestión de los cinco primeros meses no se pareciera en nada en cuanto a pulcritud a las del último semestre, pero, como se dice en mi tierra, nuestro gozo en un pozo. Este fue el
primero de los tres ejercicios, de momento, en que, primero el PSOE en solitario y después en coalición con Unidas Podemos, han gestionado las cuentas del Estado con nuestros presupuestos. Señorías, estos presupuestos de 2018 fueron elaborados y
aprobados con la participación decisiva y desinteresada de Ciudadanos y también con la participación muy interesada del Partido Nacionalista Vasco, que días después de votarlos se cambió, con armas y bagajes, al otro bando para poder seguir
mercadeando con sus votos, ahora con la izquierda, los independentistas y los herederos de ETA, toda una demostración de filibusterismo político que se estudiará, sin duda, en las facultades de política.


Sería interesante saber cómo pueden gobernar dos partidos y sus apoyos con unos presupuestos que no votaron y que decían textualmente que eran retrógrados, cavernícolas, ultraconservadores, y que nos iban a llevar al peor de los escenarios
del mundo mundial; sería interesante saberlo porque, sin duda, esto también se estudiará en el futuro en las universidades.


Ustedes, el Gobierno de coalición, han sido los campeones en incumplir los objetivos de estabilidad desde que llegaron al Gobierno. Aquí podemos ver una muestra en 2018, en solo seis meses de Gobierno, incrementaron el déficit de ese año, a
pesar de estar en un periodo de expansión, al igual que lo volvieron a hacer en 2019, cerrando en el 2,8 %, muy lejos de los objetivos propuestos y lejísimos de la estabilidad obligada por ley a partir de 2020, aunque todo eso ha cambiado,
lógicamente, por la pandemia.


En Ciudadanos entendemos la situación en la que está el país y que es el momento de aumentar el gasto público para hacer frente a las situaciones, muchas de ellas trágicas, a las que nos estamos enfrentando. Nosotros estamos apoyando en
estos momentos al Gobierno para hacer frente a esta situación por responsabilidad, aunque ya hemos dicho que no nos gusta nada, pero nos preocupa que este Gobierno con instinto gastador, no contemple ni un horizonte a medio plazo de volver a la
senda de estabilidad. Nos gustaría conocer la opinión de la presidenta del tribunal a este respecto.


Por lo que respecta al informe en sí, al igual que el de 2017 analizado anteriormente, este de 2018 fue aprobado por el tribunal en abril de este año, por lo que han transcurrido más de seis meses, cuando entendemos que se tendría que haber
convocado esta comisión de forma inmediata, pues no se puede sumar más retraso a los plazos excesivamente largos que se permiten por la legislación vigente y que ya hemos dicho que proponemos su modificación y su reducción. Sería deseable, según
nuestro criterio, que una vez recibido el informe no pasen más de dos meses hasta la convocatoria de la comisión.


Continuando con la tónica, desgraciadamente habitual, la integración de cuentas tampoco ha sido total este año, tampoco en esto se ha notado el cambio prometido. En ese año, 2018, se consigue un récord de incumplimiento respecto a la
integración, ya que no se integran 58 entidades, de un total de 439. En el año 2017 no se integraron 18 entidades, y en 2016 fueron 13, así que poco caso se hace al tribunal, así como a sus recomendaciones fiscalizadoras.



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La SEPI sigue -como siempre- sin incluir en su grupo consolidado las cuentas de la Corporación de Radiotelevisión Española, a pesar de que ya desde 2014, en los Plenos del Congreso y Senado, por declaración de la cuenta general de dicho año,
se instaba al Gobierno a asegurarse de que esta situación no volvería a producirse. Ya vemos el ejemplo que da el Gobierno a los ciudadanos, a los que sí se les exige, bajo multa, el cumplimiento fiscal y contable.


Respecto a los inventarios, de nuevo, como todos los años, es recurrente la falta de inventario de los inmovilizados del sector público, que dificulta la labor del tribunal y presenta una imagen no fiel de la realidad en la contabilidad
estatal. Dentro de este apartado nos preocupa sobremanera la falta de inventario de la Tesorería General de la Seguridad Social y no entendemos que se lleve -según dice nuestro Gobierno- trabajando en su elaboración más de ocho años. Creo que es
el momento de que instemos al Gobierno a que lo lleve a cabo de forma urgente. En este sentido, querríamos conocer la opinión de la presidenta sobre este tema y cómo afecta a la falta de saneamiento contable y financiero del organismo. Como hemos
podido ver, el déficit de la tesorería ascendió en 2018 a más de 41 000 millones, frente a los 27 000 de 2017. Estos graves problemas los pone de manifiesto el tribunal todos los años, pero en su declaración de 2018 han tenido que crear un nuevo
epígrafe llamado párrafo de énfasis -lo ha mencionado antes también la presidenta- que nos ha llamado mucho la atención y que esperamos que nos pueda explicar con un poquito más de detenimiento. Ya nos anuncian que en el programa de fiscalización
del tribunal para el año 2020 está previsto el análisis de la evolución económico-financiera del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018 conforme a la corrección valorativa por deterioro. Esto es algo que a
Ciudadanos siempre le ha preocupado, y así lo hemos puesto de manifiesto. Estamos hablando de dinero que seguramente nunca llegue a ingresarse; por tanto, ocasiona un mayor déficit del Estado; estamos hablando de unos 24 000 millones de forma
recurrente en los últimos años, aunque el tribunal nos indica que en 2018 habría que sumar a esa cantidad unos 5700 millones más; es decir, que serían unos 30 000 millones aproximadamente. Querríamos saber también la opinión de la presidenta sobre
esta partida en concreto.


Por ir terminando, en su última comparecencia en esta comisión, su predecesor puso de manifiesto algo muy importante que no nos pasó desapercibido con relación a la gestión. En este sentido, el presidente dijo que, en su opinión -que
también compartimos en Ciudadanos- hay un déficit con relación a la rendición de cuentas de los gestores del gasto público. A los gestores no se les pide que expliquen las razones de su gestión y a veces se le hacen al presidente preguntas -como
usted dice- que deberían ir dirigidas al gestor, como también acaba de mencionar.


El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya terminando, señoría.


La señora PONCE GALLARDO: Nosotros abogamos por la rendición de cuentas de la gestión pública, igual que se hace en la privada.


Muchas gracias, señora presidenta, y espero su respuesta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ponce.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.


La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidente; gracias presidenta.


Respecto a la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018 queríamos añadir algunas cosas respecto a nuestra intervención anterior, donde ya señalábamos puntos que para nosotros son denunciables, como la ejecución presupuestaria de la deuda
pública, la Casa del Rey o de Defensa. Agradecemos que el tribunal traiga estas dos cuentas juntas, así podemos observar que el color político del Gobierno en el momento de hacer las liquidaciones no afecta casi en nada. Ya sea con el Gobierno de
Rajoy o con el Gobierno de Sánchez seguimos viendo muchos errores, imprecisiones, salvedades y muchos toques de atención, que nunca se corrigen, y año tras año se van sucediendo. Es nuestra obligación destacar los casi 9 000 millones de euros en
valoraciones equivocadas. Además, el resultado presupuestario consolidado está sobrevalorado en 2 292,8 millones de euros. El propio tribunal indica que no se imputó donde debía. Esquerra Republicana ya lo ha denunciado otras veces: ¿Ustedes
saben qué pasa cuando un pequeño empresario o autónomo no presenta sus cuentas al milímetro? Así pues, preguntamos: ¿Quién asumirá la responsabilidad contable de unas cuentas que no recogen con exactitud lo que pasó aquel año? Esta cuenta sigue
señalando que algunas administraciones no tienen inventarios completos y



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en las que sí que los tienen, hay errores de valoración. Señorías, la Administración debe predicar con el ejemplo. ¿Cómo puede ser que se inste a una administración a hacer valoraciones de su inmovilizado y año tras año nos encontremos con
lo mismo?


Para acabar, voy a mencionar una cosa que no nos podemos explicar y es que nos encontramos, año tras año, la ausencia de algunas entidades que están obligadas a rendir cuentas y, año tras año, continúan sin hacerlo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Granollers Cunillera.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común e Izquierda Confederal, tiene la palabra la señora Maestro Moliner.


La señora MAESTRO MOLINER: Gracias, presidente.


Gracias de nuevo presidenta, especialmente por dar respuesta de manera tan precisa, como ha hecho, a todas nuestras preguntas en las sucesivas intervenciones.


En relación a las cuentas de 2018 -como ya hemos señalado en nuestra intervención anterior- las deficiencias sistemáticas de años anteriores se mantienen, pero también se señalan deficiencias, especialmente en lo que respecta al sistema de
Seguridad Social, recogidas pormenorizadamente en las declaraciones del tribunal. Hay una cuestión de enorme trascendencia en la que además usted ha puesto un énfasis específico y es que en la declaración sobre la cuenta general del Estado del
ejercicio 2018 se señala que, por segundo año consecutivo, el balance de la Seguridad Social recoge un patrimonio neto negativo a 31 de diciembre de 2018, con origen en las operaciones de gestión ordinaria. Así, la Seguridad Social acumularía un
endeudamiento frente al Estado de 41 191 millones a dicha fecha por los préstamos otorgados. Son préstamos que se concedieron por el Estado para cancelar obligaciones pendientes de pago del extinto Insalud, para la financiación de obligaciones de
la Seguridad Social o para cubrir desfases de tesorería. Todas estas cuestiones deberían sanearse financieramente por parte del Estado. Los préstamos han continuado desde esa fecha para completar los ingresos por cotizaciones sociales y atender
las obligaciones de la Seguridad Social. La concesión de préstamos del Estado a la Seguridad Social es una especie de ficción contable, porque la aportación de esos recursos que hace el Estado debería realizarse -como también se ha indicado- como
transferencias directas en los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, el artículo 109, de recursos generales, del Real Decreto Legislativo, 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece
que los recursos para la financiación de la Seguridad Social están constituidos básicamente por, en primer lugar, las aportaciones progresivas del Estado, tanto las consignadas con carácter permanente en sus presupuestos generales, como las que se
acuerden para atenciones especiales o resulten precisas, por exigencia de la coyuntura y, en segundo lugar, como es normal, las cotizaciones sociales. De esta forma, con la práctica de concesión de préstamos a tipo de interés cero que se van
prorrogando indefinidamente y que nunca son devueltos, el déficit del Estado se traslada a la Seguridad Social. La Seguridad Social presenta una situación contable de un significativo pero irreal, endeudamiento, situación que puede ser utilizada
desde algunos ámbitos para justificar y proponer recortes en las prestaciones del sistema. Nos dirán que la Seguridad Social está en quiebra y que hay que recortar gastos, mantra que bien nos conocemos por parte de la derecha. Por tanto, celebro
que haya sido recogido este extremo y puesto de manifiesto en las conclusiones del informe de la Cuenta General de 2018. No cabe ninguna duda de que apostaremos por las transferencias directas desde los Presupuestos Generales del Estado a la
Seguridad Social para que siempre, y en todo caso, se puedan garantizar cuestiones tan vitales como puedan ser las pensiones.


Tanto en circunstancias normales como en la actual situación de crisis en la que el sistema de Seguridad Social pierde ingresos y asume mayores gastos, la financiación adicional a las cotizaciones sociales debe ser, en todo caso,
presupuestaria. Mi grupo así lo ha defendido y lo seguirá defendiendo.


Otra cuestión que querría preguntarle afecta a mi condición de diputada por Valencia. Le quería preguntar por un comentario que figura concretamente en la página 173 en las alegaciones formuladas sobre la situación del Consorcio Valencia
2007, cuyo patrimonio neto negativo asciende ya a 329,3 millones de euros. El alegante menciona un informe sobre el expediente de la Comisión Europea por las presuntas ayudas estatales a este consorcio que el Tribunal de Cuentas no ha citado en el
informe de la Cuenta General de 2018. Si pudiera indicarme la razón de esta omisión, se lo agradecería enormemente.



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Finalmente, querría conocer su opinión sobre el futuro del Tribunal de Cuentas desde el punto de vista que se recoge en la Agenda 2030 y el papel de las entidades superiores fiscalizadoras ante la gobernanza de lo público. Le pregunto esto
porque el Tribunal de Cuentas es un órgano técnico de esta institución, las Cortes Generales, y a mí, como diputada, me sería de más utilidad conocer con detalle estos grandes números, pero no solo desde una perspectiva económico-financiera, sino
más bien desde ese otro punto de vista que ustedes trabajan: el seguimiento de los principios de buena gestión; esto es, economía, eficacia, eficiencia, transparencia, equidad de género y sostenibilidad ambiental, entre otros. En definitiva, me
gustaría saber su opinión sobre un Tribunal de Cuentas del siglo XXI, que, como ya han hecho otras entidades superiores de fiscalización, pueda estar más centrado en la evaluación de la gestión y la valoración de las políticas públicas, en atención
al cumplimiento de sus objetivos, para que nosotras y nosotros pudiéramos hacer una lectura más acertada y útil para la sociedad.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro Moliner.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.


Si cogemos las cuentas de 2018, vemos que el patrimonio neto negativo pasa de 432 000 a 470 000 millones de euros. El resultado negativo mejora -buena noticia- respecto al 2017 ya que solo pasa a tener un resultado negativo de 41 000
millones de euros, frente a 42 000 millones de euros de 2017. Parece que hemos avanzado algo; parece que se están gestionando un poquito mejor las cuentas del Estado.


Como han comentado los compañeros, se incluye un párrafo de énfasis por el patrimonio neto de la Seguridad Social de 33 000 millones de euros y se habla de sostenibilidad financiera de naturaleza estructural, pero no se incluye párrafo de
énfasis ni salvedad por el patrimonio neto de la totalidad de las cuentas generales del Estado, que son 470 000 millones de euros de patrimonio neto negativo; o sea, es una cosa que me parece verdaderamente curiosa. Creo que hablamos de
consolidación y me gustaría que me lo confirmase la presidenta.


En cuanto a la situación de la Seguridad Social, cuando hablamos de préstamos, que son préstamos o transferencias del Estado, entiendo que, en un proceso de consolidación, esas transferencias y esos préstamos son eliminados; por tanto,
podríamos saber la situación real de la Seguridad Social a nivel consolidado. Desde un punto de vista profesional, me gustaría saber si, a la vista del patrimonio neto negativo y de las pérdidas acumuladas, no se debería reconocer en el informe una
salvedad por incertidumbre por gestión continuada. Si fuera una empresa privada, esta salvedad sería causa de denegación de opinión.


Por otra parte, no figura periodificada la paga extraordinaria devengada en el mes de diciembre de 2018, una circunstancia que se repite también en el 2017. Me gustaría saber si el incumplimiento reiterado del principio de devengo es una
cuestión de actitud o de conocimiento por parte de las responsables de las entidades u organismos públicos. Si es de conocimiento, habría que darles unas cuantas nociones sobre principios básicos de contabilidad.


Habla de la deuda pública del ejercicio 2018, por un importe de 1 042 105,6 millones de euros. En el punto 4.48 se habla del total consolidado de los compromisos de gastos o con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores, que ascienden
a una barbaridad de cifra, 1 252 266,9 millones de euros; compromisos de gastos que se dividen entre el capítulo de amortización y retribuciones del capital. Esta es una información tan, tan relevante que, como mínimo, debía ser incluida en un
párrafo de énfasis.


En el punto 5.30 habla de ajustar los presupuestos a la realidad, y me encanta esta recomendación. Me gustaría saber si se va a cumplir o se ha cumplido alguna vez en estos últimos diez años. También me gustaría que el Tribunal de Cuentas
hiciera un seguimiento de las recomendaciones, indicando antigüedad, acciones tomadas, acciones pendientes, fechas estimadas de resolución y responsabilidades. Es una información bastante importante que se podría dar, con independencia de que esa
decisión corresponda a las distintas entidades, porque sería bueno que el Tribunal de Cuentas nos pudiese facilitar esa información.


Muchas gracias por su tiempo y por todas sus contestaciones.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáez Alonso-Muñumer.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.



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El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora presidenta, quiero comenzar dándole las gracias y diciéndole que me alegro de verla después de tanto tiempo; sobre todo, quiero darle las gracias por las explicaciones. Asimismo, quiero reconocer el esfuerzo del tribunal en la
emisión de las cuentas generales por el acortamiento de plazos. Usted sabe que se habla mucho, pero, al final, la realidad es que ustedes han hecho un esfuerzo importante y hay una evidente reducción de plazos. También se pueden reducir los plazos
en la emisión de la cuenta por la Intervención General de la Administración del Estado, así que, señora portavoz de Podemos, lo tienen fácil, cambien la ley. A ver si, al final, a la intervención le parece razonable emitir una cuenta general en
menos tiempo porque hablamos de cuestiones sensibles que no se hacen de un día para otro, más allá de discursos que quedan muy bien en esta Cámara.


Lamento intervenir por alusiones respecto a la cuestión que se ha suscitado con la delegación de competencias en la Mesa de la comisión o no. Señor presidente, no pensaba mentarle a usted, pero, ya que me ha mentado usted a mí, le diré que
esta es una comisión que funciona de una forma muy distinta a otras y que no había ninguna comparecencia cuando este presidente no llevó ningún acuerdo a la Mesa; solo comparece el presidente del Tribunal de Cuentas, no puede comparecer nadie más.
Cuestión distinta es que luego se haya modificado la ley y puedan comparecer los tesoreros de los partidos políticos, pero no era así en el momento en que presidía la Mesa el que le habla. Por tanto, no he entendido en absoluto la crítica, más allá
de que hay posiciones distintas. En este sentido, a nadie se le escapa que la composición de la Mesa no es la misma que la de la comisión. Por lo tanto, puedo entender tanto a quien defiende una idea como la contraria, pero créame que en la
anterior comisión no se suscitó el problema o hubo unanimidad porque teníamos muy claro -y ahí está el señor Hurtado que no me va a desdecir- que solo podía comparecer el presidente de la comisión.


La señora presidenta decía que estamos ante la cuenta general, que posiblemente es el documento más importante que viene a esta comisión, y hacía usted la reflexión de que, efectivamente, 19 meses de parálisis hacen que, de nuevo, se haya
alejado la cuenta general de esta Cámara y, lógicamente, haya perdido valor, pero no es culpa del tribunal. Es evidente que aquí a alguien o a determinados grupos políticos, durante unos cuantos meses, no les ha interesado que hubiera sesiones de
las comisiones. Por lo tanto, se ha producido ese distanciamiento por lo que puede parecer que el informe tiene menos valor. En cualquier caso, me voy a quedar con lo positivo, y es que la cuenta general presenta una imagen fiel de la situación
económica-financiera de las cuentas públicas, aunque haya excepciones, las de todos los años. Se trata de problemas que no son sencillos de resolver; problemas de consolidación -ahora me referiré a ellos- de pagos diferidos y anticipados, los
clásicos de cualquier cuenta general. Es que parece que solo la Cuenta General del Estado tenga problemas; sin embargo, si uno va a la Cuenta General del Ayuntamiento de Lérida -se me ocurre, por las críticas-, no le quiero contar las salvedades
que tiene, sobre todo con un déficit casi del 10 %. A veces da la sensación de que nos metemos en una burbuja y que solo existe esta cuenta general. También hay problemas en el balance, los clásicos.


Me viene llamando la atención desde hace ya mucho tiempo, que, al final, en la cuenta general aparecen siempre determinados órganos, como el Reina Sofía, la UNED, el Instituto Cervantes y ADIF. Da la sensación de que estos informes se hacen
parcialmente o ex profeso para eso y luego se incorporan los datos a la cuenta general, pero no sé qué representatividad tiene. Por ejemplo, este año falta información en la cuenta general respecto a ministerios como el de Sanidad o el de Economía
porque han incorporado, ya que aquí todo el mundo habla de inventarios, el módulo Sorolla, que, como usted bien sabe, al final no solamente es la contabilidad, sino también las adquisiciones y eso es lo que va al inventario. Por lo tanto, si lo
unimos al inventario que tiene la Dirección General de Patrimonio, el famoso CIBI, no entiendo muy bien -seguro que usted me puede dar una explicación- por qué no se ha hecho un análisis de esos módulos, su funcionamiento y la repercusión que tienen
en la situación económica y financiera del sector público. En este sentido, ¿qué criterio se sigue en la cuenta general para optar por unos pequeños organismos, a mi juicio, que no tienen entidad y, sin embargo, como le he comentado, dejar a otros
de lado?


Al final, la Cuenta General del Estado del año 2018 hace mención a diversos ministerios, pero cuando se analiza la representatividad de los datos que se exponen, la verdad es que la relevancia es realmente escasa. Por ejemplo, 39 millones
en provisiones de litigiosidad, ministerio de Energía; 57 millones en intereses de demora, Ministerio de la Presidencia. Y siempre aparece el CES. Desde su creación en 1991, tiene una sede social en un inmueble de titularidad del ministerio, pero
no acreditan el título jurídico y, por lo tanto, surge la discusión sobre si es un ingreso o un gasto, y no aparece. En cualquier caso, ¿qué



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relevancia tiene esto en una cuenta general? Se lo digo fundamentalmente porque hubiera sido mucho más interesante haber descendido a ese nivel de detalle en organismos de entidad, por ejemplo, los ministerios. A uno le sorprende y no
acaba de entender muy bien por qué lo pequeño sí y lo grande no o por qué en la cuenta general no se analiza el personal de la Administración General del Estado, que es otro sector en el que se puede plantear, por lo menos, más claridad.


Como no tengo mucho tiempo, a pesar de que usted decía que es el informe esencial...


El señor PRESIDENTE: El tiempo ya ha terminado.


El señor SUÁREZ LAMATA: Solamente voy a hacer una reflexión, señor presidente, y es que el Reglamento concede 25 minutos para este debate: un turno de 15 y otro de 10, de modo que la Mesa se ha saltado el Reglamento.


Hay acuerdo de Mesa, pero no acabo de entender muy bien, en el debate más importante del año, que se cercene la posibilidad de análisis de un trabajo tan importante como hace el Tribunal de Cuentas. Espero que usted lo tenga en cuenta para
que las próximas intervenciones sean de 25 minutos. Asimismo, tampoco da posibilidad de réplica cuando reglamentariamente...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.


No es cuestión de debate.


El señor SUÁREZ LAMATA: ¡Cómo que no es cuestión de debate, si está usted incumpliendo el Reglamento, señor presidente! Si no es cuestión de debate incumplir el Reglamento, empezamos bastante mal esta Comisión. (Varios señores senadores
golpean repetidamente su mesa con la palma de la mano).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.


Los tiempos que hoy se están dando son los que se aprobaron en la anterior sesión de la comisión. Por lo tanto, no estamos incumpliendo el Reglamento, con una salvedad, y es que, tratándose de las cuentas generales, este presidente ha
decidido darles dos minutos más, que es lo que aprobamos en comisión. Esta es la salvedad, y pueden reírse lo que quieran sus señorías.


En cuanto a la delegación de voto que se ha votado hoy, este presidente ha tenido a bien traerla y que se vote, a diferencia de lo que se hizo en la anterior legislatura, que se suscitó una vez y el anterior presidente decidió no incluirlo
en el orden del día. Esa es la diferencia entre antes y ahora.


Sin más, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ramón Utrabo.


La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidente.


Antes de entrar en el análisis, en el debate de la Cuenta General del Estado de 2018, me gustaría decirle a la portavoz de Ciudadanos que, ya que se hace tantas preguntas y ha planteado tantas dudas existenciales al inicio de su
intervención, me imagino que se planteará también la duda, la reflexión y la pregunta de cómo su partido pudo apoyarnos a nosotros en la anterior legislatura y actualmente puede estar gobernando con el Partido Popular y con VOX en Andalucía. En
este sentido, lo que van a estudiar las facultades es cómo un partido como el suyo, en tan poquito tiempo, ha dilapidado tanta confianza de la ciudadanía como ha hecho. Eso sí pasará a los anales de las facultades. (Aplausos).


En cuanto a la Cuenta General del Estado de 2018, quiero indicar, como ha dicho la propia presidenta, que las salvedades que indica el tribunal son prácticamente las mismas que en la Cuenta General del Estado de 2017. Me gustaría señalar
que, como establece el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, el mes de abril de 2020, por primera vez, se ha logrado cumplir con el objetivo de aprobar esta cuenta en el plazo de seis meses. Por ello, quiero felicitar al Tribunal
de Cuentas.


Actualmente, y dado que en diciembre de 2017 se aprobó una moción dirigida a reducir el plazo legal de la rendición de la cuenta general, se está pendiente de que se acometan las posibles modificaciones normativas que permitan que la
aprobación de la cuenta general se pueda llevar a cabo dentro del ejercicio siguiente al que corresponda la cuenta objeto de examen y de comprobaciones. Sabemos que es una petición que vamos aprobando resolución tras resolución, pero aún no hemos
llegado a lograrlo. Me voy a referir a lo más destacable.


Las entidades que no rinden, que se indican en el propio informe, que si bien son pocas y algunas no están obligadas, algunas persisten en esa no rendición de cuentas. La Administración General del Estado sigue careciendo de inventarios
completos, estando pendiente de incluirse en ellos una parte importante



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del inmovilizado material. También es destacable la situación y la evolución de la deuda pública, si bien el propio tribunal ha observado que el incremento de la deuda del Estado se ha ajustado al importe máximo del límite revisado.


Asimismo, hace especial incidencia -en ello me voy a detener posteriormente- al desequilibrio patrimonial de la Seguridad Social.


Tengo que señalar que en 2018 se recogen por primera vez en el balance de la cuenta general la previsiones para responsabilidades por litigio para cubrir las indemnizaciones derivadas del rescate de ocho autopistas de peaje; en concreto, 1
800 millones de euros.


En relación con la Seguridad Social, su balance recoge por segundo año consecutivo un patrimonio neto negativo: en diciembre de 2018, 33 260 millones y, en 2017, 13 720 millones de euros. La solución adoptada -lo indican ustedes en el
propio informe- para la cobertura de otros gastos ordinarios, fundamentalmente pensiones, ha sido igual que en 2017; es decir, otorgar préstamos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social: en 2017, 10 192 millones, y en 2018, 13
380.


Quiero también destacar que desde el año 2012 hasta 2018, la disposición del Fondo de reserva asciende a la cantidad de 77 437 millones de euros, con lo cual quiero hacer especial incidencia en algo que hemos criticado en muchas ocasiones -y
quiero resaltarlo-, y es que durante los años de gestión del Gobierno del Partido Popular se ha dilapidado el Fondo de reserva que teníamos para cubrir una coyuntura específica y no una situación estructural de falta de financiación, como la que
señala el propio Tribunal de Cuentas.


El sistema español de la Seguridad Social es fruto de la acción y del esfuerzo de cinco generaciones y constituye la columna vertebral de un Estado del bienestar. Lo que actualmente ocurre es que a este sistema le falta capitalización. La
financiación del sistema de la Seguridad Social ha de adecuarse a la naturaleza de la protección. Las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar las prestaciones contributivas, sin perjuicio de las aportaciones que el
Estado pudiera realizar en su condición de garante del sistema, y eso, señor portavoz de VOX y señora portavoz de Ciudadanos, es la diferencia fundamental entre la gestión pública y la gestión privada. Detrás de la gestión pública tenemos como
garante al Estado pero, además, no podemos asimilar la gestión pública a la privada porque la gestión privada tiene ánimo de lucro; sin embargo, el objetivo fundamental de la gestión pública es la protección de la ciudadanía.


La financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las de aquellas otras prestaciones universales vinculadas a otros pilares del sistema de protección social en su conjunto ha de efectuarse exclusivamente a través
de las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, y estoy hablando de gastos que se están asumiendo con cargo a la Seguridad Social, como las políticas de empleo. Pero también hay cargas financieramente impropias del sistema
contributivo, como son las ayudas a sectores productivos concretos a través de la anticipación de la edad de jubilación en determinadas actividades o las bonificaciones a la cotización en algunos regímenes o sistemas especiales, a jóvenes, etcétera.
Por otra parte, las políticas vinculadas a la protección de la familia y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, si bien son muy necesarias, tampoco se deben cargar a estas cotizaciones. Un ejemplo podría ser la situación
asimilada al alta por el cuidado en el ámbito familiar.


Todo esto da una imagen distorsionada de desequilibrio del sistema, generando un alarmismo innecesario y una gran incertidumbre en los pensionistas y en el conjunto de la población. Si las cotizaciones se hubieran limitado a financiar
prestaciones de naturaleza estrictamente contributiva, esto no habría ocurrido. Por ello yo estoy totalmente de acuerdo con las indicaciones que hace el propio Tribunal de Cuentas en el sentido de que esta es una solución que tenemos que adoptar en
el ámbito del Pacto de Toledo, como se ha venido haciendo tradicionalmente, con consenso, con unidad y con el objetivo de conseguir una capitalización adecuada de nuestro sistema de pensiones de forma que las garantice, dejando de transmitir
alarmismo o incertidumbre a la ciudadanía, que creo nos hace un gran daño.


Yo, con ánimo de conseguir ese consenso, les insto a trabajar para reformarlo en el ámbito del Pacto de Toledo, como se está haciendo. Este Gobierno lo está haciendo ya, y yo espero que pronto podamos llegar a un acuerdo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ramón Utrabo.


Para responder a los portavoces de los grupos parlamentarios tiene nuevamente la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas.



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La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (de la Fuente y de la Calle): Muchas gracias.


Una vez más lo primero que quiero recalcar es que ustedes, en el ejercicio de su legítima actividad parlamentaria, han puesto fundamentalmente de manifiesto aquí una serie de opiniones políticas que reflejan los distintos posicionamientos y
donde, lógicamente, el Tribunal de Cuentas ni debe ni puede entrar, y no lo va a hacer respecto de ciertas valoraciones que me han solicitado. Lógicamente yo tengo que circunscribirme, porque es la condición por la que vengo aquí, a lo que expresa
la Declaración de la Cuenta General del Estado. Mi opinión es la opinión del tribunal, reflejada en este caso en la Declaración de la Cuenta General del Estado.


Por otra parte también me han pedido opiniones financieras u otras sobre la gestión, por ejemplo, del ejercicio 2018 en relación con el ejercicio 2017, o sobre la falta de inventario de la Seguridad Social y en qué manera afecta a la
estabilidad financiera. Todas estas son cuestiones que se recogen en los distintos informes específicos del tribunal en los que se analiza la gestión financiera o en los que se analiza la gestión operativa, el funcionamiento de la gestión
fiscalizada. Sin embargo, como les digo, hemos de centrar la intervención de hoy en el objetivo de la Cuenta General del Estado, que es emitir una opinión sobre la legalidad y la representatividad de los estados contables respecto de la actuación
económica, financiera, patrimonial y presupuestaria del sector público estatal en su conjunto.


La señora Ponce y el señor Sáez me preguntaban qué es esto del párrafo de énfasis. Con el párrafo de énfasis queremos recoger aspectos financieros relevantes que se derivan de los resultados de la cuenta, pero que no afectan a la opinión;
concretamente el relativo al patrimonio neto negativo de la Seguridad Social, del que vienen hablando ustedes, es la cuestión fundamental que se recoge como párrafo de énfasis. Este es el resultado del cambio de estructura que, como les decía, se
ha producido en el informe: anteriormente se incluía dentro de los resultados sin repercusión en la opinión, y, sin embargo, ahora entendemos que es más claro recogerlo como un párrafo de énfasis. Es decir, una información de interés que resulta
del examen de la Cuenta General del Estado.


La señora Moliner me planteaba una cuestión que se pone de manifiesto en la página 173 de la Declaración definitiva de la Cuenta General del Estado relativa a la situación del Consorcio Valencia 2007 y al patrimonio negativo. A ese respecto
quisiera comentarle que en el punto 2.8 del informe se detallan los motivos por los que el tribunal considera insuficiente la corrección valorativa por deterioro, y en el punto 4.37 se informa sobre la situación del Consorcio Valencia 2007 y en nota
al pie se explica que las cuentas del consorcio fueron rendidas con posterioridad al envío de la Declaración de la Cuenta General del Estado, alegaciones. Ahí tiene, pues, la razón por la que figura lo que figura y no figura lo que no figura.


También me preguntaba cuál es nuestra visión respecto de la Agenda 2030, es decir, qué perspectiva tiene nuestra actividad con vistas al cumplimiento de los objetivos de esta agenda. Pues bien, yo aquí le querría destacar dos cuestiones.
En primer lugar, en lo que se refiere a una buena gestión, creo que el Tribunal de Cuentas está haciendo un esfuerzo grande por desarrollar informes, fiscalizaciones relativas a la gestión, a la eficiencia, a la eficacia, a la economía, a la
sostenibilidad ambiental, a la transparencia y fundamentalmente también a cuestiones de igualdad de género, hasta el punto de que son objetivos horizontales de nuestras fiscalizaciones -si usted ve los criterios para la elaboración de los programas
de fiscalización lo comprobará-: la valoración de la sostenibilidad ambiental, de la igualdad de género y de la transparencia, y normalmente se incluye un párrafo o un apartado al efecto en la medida en que, lógicamente, la fiscalización tenga
aspectos relacionados con estas cuestiones.


Pero además, y también en relación con la Agenda 2030, me gustaría destacar la cantidad de fiscalizaciones que el Tribunal de Cuentas está planificando y desarrollando en las materias propias de la Agenda 2030. Así, por ejemplo, hemos
llevado a cabo una auditoría muy interesante en el marco de la Organización Latinoamericana del Caribe sobre la gestión y el cumplimiento del ODS 5, de igualdad de género. Los resultados están colgados en nuestra página web. Es un informe muy
interesante, porque, además, plantea una forma de trabajar en el marco de la Olacefs, de esta organización, que difiere un poco del informe más tradicional y ajustado a las normas de fiscalización del tribunal. Por otra parte, ahora mismo estamos
desarrollando una fiscalización, que está finalizando ya prácticamente, en cooperación con el Tribunal de Cuentas de Portugal en materia de desertificación y de extinción de incendios, también plenamente relacionada con los objetivos de desarrollo
sostenible y con la Agenda 2030. En consecuencia, en estos tres ámbitos distintos que le comento nosotros estamos plenamente comprometidos con la visión de la Agenda 2030.



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En relación con las cuestiones que planteaba el señor Sáez, soy deudora de una. Me he dado cuenta de ello al revisar las preguntas que me hizo en la presentación de la Declaración definitiva de la Cuenta General del Estado del 2017, y
afortunadamente me lo ha vuelto a preguntar. En cualquier caso, pensaba decirlo ahora porque, como ya le digo, me he dado cuenta de que omití la respuesta.


La Declaración de la Cuenta General del Estado se elabora de acuerdo a criterios de auditoría y las salvedades se recogen con criterios técnicos en función de los umbrales de incidencia, del umbral de representatividad que tiene cada
incidencia. En consecuencia, la opinión del Tribunal de Cuentas se emite con arreglo a las normas de auditoría, y además, en nuestras normas de fiscalización viene claramente determinado cuándo la opinión es favorable, favorable con salvedades,
desfavorable o cuándo se deniega opinión; es decir, que la Declaración de la Cuenta General del Estado se ajusta perfectamente a las normas de auditoría en cuanto a la opinión que emite.


Por otra parte, también me planteaba que hagamos un seguimiento de recomendaciones. Yo creo que si hay algo en lo que está haciendo énfasis el tribunal es en el seguimiento de las recomendaciones, y también desde las primeras palabras que
les he dirigido, se habrán dado ustedes cuenta de que estoy pidiendo la colaboración de esta comisión para conseguir el cumplimiento de las recomendaciones. Si lo observan, uno de los apartados de la Cuenta General, tanto del 2017 como del 2018, se
denomina seguimiento de las conclusiones. También les he dicho anteriormente que en otros informes se llaman recomendaciones del tribunal, pero por el papel que desempeña en la Cuenta General del Estado, con la emisión de la Declaración definitiva
del tribunal, lógicamente no son recomendaciones, porque las recomendaciones, la declaración, las resoluciones las emiten el Pleno del Congreso y el Pleno del Senado. Por lo tanto, estamos haciendo permanentemente seguimiento de recomendaciones.
Si observan ustedes, en nuestro programa de fiscalizaciones incluimos, no solamente el seguimiento de recomendaciones de las fiscalizaciones reincidentes, sino fiscalizaciones específicas de seguimiento de recomendaciones, y recordará el señor
Suárez que en el período anterior hemos presentado un buen número de informes sobre seguimiento de recomendaciones. Para nosotros son fundamentales porque, precisamente, como les decía, la finalidad del control es conseguir la mejora de la gestión,
y usted podrá ver que en la declaración de las cuentas del 2017 y del 2018 hay toda una relación de las conclusiones que se han seguido y de las que no se han seguido por parte del fiscalizado, que en este caso es el sector público estatal en su
conjunto. Además, de hecho es tan relevante para nosotros el seguimiento de recomendaciones, que hemos elaborado y el Pleno del tribunal ha aprobado un manual de seguimiento de recomendaciones ajustado a las prácticas internacionales de seguimiento
de recomendaciones, distinguiendo, por una parte, el seguimiento de fiscalizaciones en las fiscalizaciones ordinarias; y por otra, los informes específicos de seguimiento de recomendaciones para darles la relevancia que merecen. Por lo tanto, creo
que en materia de seguimiento de recomendaciones estamos haciendo un gran esfuerzo. Y yo sí que les pido, y me escucharán seguramente en todas las comparecencias pedirles y recordarles la importancia que tiene su papel, por las funciones que tienen
encomendadas por el artículo 66 de la Constitución, en el cumplimiento de las recomendaciones.


Por otra parte, me preguntaba el señor Suárez por qué no hemos hecho uso de los datos que recogen aplicaciones, como la Sorolla, para introducir mayor información, sobre todo en materia de los inventarios de bienes. Yo simplemente le
comento que en la Declaración de la Cuenta General del Estado lo que hacemos es verificar los resultados sobre las cuentas que se remiten, no sobre las aplicaciones que se utilizan para la elaboración de las cuentas. Nosotros tenemos acceso a la
aplicación Sorolla, como a otras muchas aplicaciones de las distintas entidades del Estado, pero lógicamente en la declaración definitiva -e insisto siempre en que esto es la declaración definitiva- lo que se exponen son los resultados que proceden
del examen de la cuenta que se presenta, no de aquellas aplicaciones que se utilizan para elaborar la cuenta, y las mejoras de la gestión en los inventarios se hacen en comparación con las salvedades que se observan en las declaraciones de los
ejercicios anteriores. Esta es la forma en que se viene procediendo a la hora de evaluar en concreto la cuestión del inventario de bienes.


Y creo que con esto he dado respuesta a las cuestiones planteadas. No sé si me he dejado alguna, pero he querido dar respuesta a todas ellas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.



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BLOQUE III:


- INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2016, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000021 DE LA XIII LEGISLATURA). (Número
de expediente del Senado: 771/000021 y número de expediente Congreso de los Diputados: 251/000021).


Autor: Tribunal de Cuentas.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE EXTINCIÓN DE ENTIDADES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMO CONSECUENCIA DE LA REESTRUCTURACIÓN DE SU SECTOR PÚBLICO, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 25 DE
JUNIO DE 2020. (Número de expediente del Senado: 771/000060 y número de expediente del Congreso de los Diputados: 251/000061).


Autor: Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el bloque III, que es el Informe global del sector público autonómico del ejercicio 2016 y el Informe de fiscalización sobre procesos de extinción de entidades de las comunidades autónomas como
consecuencia de la reestructuración de su sector público.


Por acuerdo de Mesa y portavoces de 15 de septiembre de 2020 se entienden subsumidas en esta comparecencia las solicitudes números 212/435 y 212/379, del Grupo Parlamentario VOX, que tienen el mismo objeto.


Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (de la Fuente y de la Calle): Muchas gracias.


Estos dos informes que les voy a presentar en relación con el sector público autonómico han de entroncarse en el ámbito de la coordinación y colaboración que mantenemos con los órganos de control externo de las comunidades autónomas, los
OCEX, tal y como los denominamos, desde distinta perspectiva. El primero de ellos, en el marco del artículo 27 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que establece que los órganos de control externo han de remitir al Tribunal de
Cuentas los informes de fiscalización que elaboren para que el Tribunal de Cuentas, basándose en esa información y precisamente para maximizar el resultado del control realizado por los OCEX, con las comprobaciones y apreciaciones que estimamos
convenientes, podamos informar a las Cortes Generales. En este marco se emite este primer informe, que constituye el bloque III, el relativo al sector público autonómico.


Sin embargo, el segundo informe, que constituye este bloque de reestructuración del sector público, se incardina más en el artículo 29 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que obliga a los órganos de control externo de las
comunidades autónomas a coordinar su actividad con el Tribunal de Cuentas, de manera que, trabajando en colaboración y de forma coordinada, maximicemos el control a nivel global. Esta es simplemente una pequeña digresión, que tiene su importancia
para explicarles en qué contexto se elaboran estos informes, porque son informes globales sobre informes realizados por los OCEX y por el Tribunal de Cuentas respecto de comunidades autónomas que no tienen OCEX.


En primer lugar, y respecto de la presentación del Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2016, que se aprobó el 25 de julio de 2019, quisiera señalarles que tiene como objetivo mostrar los resultados y ofrecer una
valoración técnica conjunta respecto de la rendición de cuentas, la ejecución presupuestaria, la situación patrimonial y la gestión autonómica en diversas áreas. Además, incluye los resultados de la fiscalización de las participaciones en los
fondos de compensación interterritorial para las comunidades autónomas y para las ciudades autónomas que lo reciben. Se trata de un informe global que recoge, con un enfoque homogéneo, los resultados más relevantes de los informes realizados sobre
dicho subsector público por los órganos de control externo de las comunidades autónomas, por los OCEX, y por el propio Tribunal de Cuentas respecto, como les decía anteriormente, de las comunidades autónomas que no los tienen.


El sector público autonómico durante 2016 estuvo constituido por 1 151 entidades, 16 menos que el año anterior. El porcentaje de cuentas rendidas en plazo asciende al 77 %, siendo el de las rendidas fuera de plazo el 15 %, y el 8 % el de
las no rendidas. Estos porcentajes suponen una ligera mejoría respecto de ejercicios anteriores.



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Los principales retrasos e incumplimientos en la remisión de las cuentas, como viene siendo habitual, se presentan en los consorcios, empresas y entes públicos y fundaciones. La mayoría de las entidades que no han rendido cuentas
corresponden a las comunidades de Andalucía, Madrid y Cataluña. Se mantiene la diferencia normativa respecto de los plazos para la rendición de las cuentas al tribunal y de los OCEX, reiterándose en el informe la necesidad de adoptar medidas
tendentes a la homogeneización de plazos y a su aproximación temporal.


Respecto a la información contractual, se indica en el informe que el número de contratos recibidos en el tribunal y en los OCEX, excluidos los contratos menores, así como su importe, aumentaron ligeramente respecto del ejercicio 2015. Las
comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid son las que celebraron un mayor número de contratos, alcanzando el importe de sus adjudicaciones el 53 % del total adjudicado en todo el territorio nacional. En cuanto a las incidencias
observadas en materia de contratación, son similares a las de ejercicios anteriores en las fases de preparación, adjudicación y ejecución de los contratos.


Entrando en el análisis de las cuentas de la Administración general, los organismos autónomos y los entes públicos, el informe expone en cuanto a la liquidación presupuestaria que existen diferencias entre los créditos finales y las
previsiones finales, debido a que algunas comunidades no registraron en el presupuesto de ingresos la financiación de las modificaciones al presupuesto de gastos, por lo que no se mantiene el equilibrio presupuestario. Para el conjunto de las
administraciones públicas autonómicas, las modificaciones presupuestarias han supuesto el 7 % de incremento de los créditos iniciales, frente al 10 % que se produjo en 2015, destacando especialmente La Rioja y la ciudad de Melilla.


Con carácter general, los presupuestos por programas de las comunidades autónomas no especifican suficientemente los indicadores que permitirían el seguimiento de los objetivos programados. Además, tienen pendiente de reconocer obligaciones
de gastos realizados en ejercicios anteriores por falta de consignación presupuestaria, lo que afecta fundamentalmente al gasto sanitario, como ocurría en el ejercicio anterior.


El resultado presupuestario en su conjunto es negativo en 10 186 millones de euros, lo que, aun siendo negativo, supone una ligera mejora, en este caso del 52 %, respecto del resultado del ejercicio anterior, que fue negativo pero en el
doble de su cuantía, mientras que el saldo presupuestario es positivo en 5 516 millones de euros, un 66 % superior al del ejercicio 2015, como consecuencia de la variación neta de pasivos financieros.


Respecto a la situación patrimonial, como en el ejercicio anterior, el informe expone que con carácter general no se dispone de inventarios de bienes y derechos completos y debidamente valorados; no hay concordancia en algunos casos entre
los datos contables y los del inventario; tampoco se han implantado subsistemas de gestión de inventarios que permitan su correcta contabilización y la de las correcciones valorativas. El remanente de tesorería agregado fue negativo, por importe
de 1 753 millones de euros, lo que supone una mejoría frente al ejercicio anterior, que también fue negativo, pero por mayor cuantía. Al igual que en el ejercicio previo, en 2016 tuvieron remanentes positivos las comunidades autónomas de Canarias,
Castilla y León, Galicia, País Vasco y Región de Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla. Como en el ejercicio anterior, igualmente, el resultado económico patrimonial de 2016 fue negativo en todas las comunidades autónomas, en parte condicionado
por las limitaciones y salvedades, y positivo en las ciudades autónomas. Las memorias de las cuentas generales de las comunidades autónomas se presentaron incompletas y su información no era suficiente para ampliar y completar la contenida en los
estados financieros y en algunas su estructura no se adaptaba a los respectivos planes de contabilidad, como también ocurría en el ejercicio anterior. En cuanto a la participación en los fondos de compensación interterritorial, el informe señala
que su cuantía global, que ascendió a 432 millones de euros, fue igual a la dotación del ejercicio precedente.


En el caso de las universidades públicas, el elevado importe de las modificaciones presupuestarias, que supusieron un incremento del 25 % sobre los créditos iniciales aprobados, evidencia la necesidad de que estas elaboren con rigor sus
presupuestos, incluyendo en los mismos toda su actividad docente e investigadora; con incrementos superiores al 30 %, destacaban las universidades de Cataluña y Andalucía. Tanto el saldo como el resultado presupuestario de las universidades en su
conjunto fue positivo, 17 universidades, en 2015 eran 30, no contaban con contabilidad financiera o patrimonial, al no haber adaptado los planes de contabilidad autonómicos al del Estado de 2010.


En el sector empresarial autonómico, integrado por 423 entes empresariales, 52 más que en el ejercicio previo, los resultados de explotación eran negativos, por un total de 1 547 millones de euros. La



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financiación del sector público empresarial sigue procediendo en un importante porcentaje de las subvenciones de explotación y de capital que perciben de la comunidad autónoma y de otras administraciones y de los ingresos como consecuencia
de la realización de trabajos, en su mayoría por encargo de otras administraciones. En algunas comunidades autónomas se observa la tendencia a sustituir la financiación mediante subvenciones por ampliaciones de capital, por autorizaciones de
endeudamiento, avaladas por la Administración respectiva, y por el otorgamiento de préstamos, operaciones que no tienen impacto en el déficit, si bien podrían tener una repercusión futura en las cuentas públicas. Respecto de las fundaciones y
consorcios, el informe aprecia un ligero incremento del número de las primeras frente a una reducción del de los segundos. Se insiste en la necesidad de completar y delimitar con precisión el registro de los consorcios autonómicos. Los resultados
de explotación de estas entidades eran negativos antes de las subvenciones.


El gasto sanitario público supuso 61 627 millones de euros en el ejercicio 2016, el 92 % de todo el Sistema Nacional de Salud, con un aumento del 1,7 % respecto del año anterior, lo que representa el 5,5 % del PIB nacional. El gasto
sanitario per cápita por término medio fue de 1332 euros por habitante, el gasto sanitario en retribución de asalariados representó el 45,5 % del gasto consolidado del sector y el gasto en farmacia el 16,8 %. Vuelve a constatarse en el sector
sanitario la limitación del presupuesto, ya que se siguen sin dotar créditos iniciales suficientes para dar cobertura a las obligaciones del ejercicio, y con niveles de ejecución de gasto que exceden las consignaciones presupuestarias. No se
cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para todas las comunidades, que fue de un déficit del 0,7 % del PIB.


El déficit global, a efectos del cumplimiento de dicho objetivo, no se ha cumplido para el conjunto del subsector, si bien sí lo han hecho las comunidades de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Navarra, Galicia, Islas Baleares, La Rioja,
Comunidad de Madrid y Principado de Asturias. Adicionalmente, las ciudades autónomas cumplieron el objetivo de equilibrio presupuestario fijado para este tipo de entidad y todas las comunidades, salvo Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco y
Región de Murcia cumplieron la regla de gasto.


Respecto al objetivo de deuda pública, la ratio deuda agregada de las comunidades autónomas a 31 de diciembre de 2016 ascendía al 25,1 % del PIB, lo que implica el cumplimiento de dicho objetivo; igualmente cumplen este objetivo las dos
ciudades autónomas. El saldo de endeudamiento de las administraciones generales sufrió una variación anual del 6 %, en 2015 fue del 11 %, hasta llegar a alcanzar 249 637 millones de euros a 31 de diciembre de 2016.


En las comunidades autónomas y ciudades autónomas, que fiscaliza directamente el tribunal, y en la de Galicia se ha analizado el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y sobre transparencia.
Todas ellas, salvo Melilla, han elaborado planes de igualdad de oportunidades. Todas las comunidades autónomas han desarrollado normativa en materia de igualdad, con la excepción del País Vasco, cuya norma se encuentra en tramitación. Todas las
comunidades han dictado su propia normativa en materia de transparencia en desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.


En el informe global del sector público autonómico se recogen un conjunto de referencias relativas al ámbito financiero, lo que, como les decía anteriormente, no se recogía en la declaración de la cuenta general del Estado; sí se hacen
valoraciones en términos de contabilidad nacional, como podrán observar.


En cuanto al informe referido a la fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades de las comunidades autónomas como consecuencia de la reestructuración de su sector público, informe aprobado el 25 de junio de 2020 por el Pleno
del tribunal, quiero señalarles que en el mismo se exponen los datos más relevantes contenidos en las fiscalizaciones coordinadas realizadas por el Tribunal de Cuentas y por los órganos de control externo sobre los procesos de reestructuración
autonómicos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público, en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo 1/2020, de 22 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se aprueba el Acuerdo marco con las
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013. El periodo fiscalizado abarca los ejercicios 2010-2016 al amparo de dicho acuerdo. Se trata de una fiscalización de cumplimiento
y de gestión. El informe del Tribunal de Cuentas, que abarcó las comunidades autónomas que no tienen órgano de control externo propio, se aprobó el 20 de diciembre de 2018 y ya se presentó ante esta comisión mixta. La fiscalización se dirige a los
entes dependientes de las comunidades autónomas con participación autonómica superior al 50 % en el capital o en los órganos de representación, que con carácter general incluyen organismos



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autónomos, sociedades mercantiles y empresas públicas, entes públicos, consorcios, fundaciones y otros entes dependientes de la comunidad. Se han excluido de la fiscalización las universidades y sus entidades dependientes, las corporaciones
de derecho público y las asociaciones, ya que no cumplen una función instrumental para la comunidad autónoma. El que ahora se presenta es un informe global cuya finalidad es facilitar a las Cortes Generales una valoración técnica conjunta de la
planificación y gestión autonómica desarrollada al respecto: las entidades existentes en el periodo fiscalizado; los procesos extintivos y constitutivos, de conformidad con los planes de reestructuración, así como de los efectos que ha tenido la
reducción en el número de empleados que han causado baja efectiva y en el destino del patrimonio de las entidades extinguidas.


Los principales resultados de la fiscalización son los siguientes. La mayoría de las comunidades han adoptado planes, medidas y disposiciones tendentes a la racionalización de sus estructuras administrativas empresariales, aunque en un
grado heterogéneo, habiéndose comprobado que los procesos de reordenación se han efectuado por todas las comunidades autónomas conforme a la planificación prevista.


La evolución del sector público instrumental autonómico en el periodo 2010-2016, con bajas de 767 y altas de 186 entidades, ha supuesto una reducción efectiva de 581 entes a 31 de diciembre de 2016, lo que supone un 34 % en el conjunto del
territorio nacional. Las bajas de las sociedades mercantiles representan un 34 % del total, las de las fundaciones un 23 % y las de los consorcios un 21 %. Respecto de las altas, predomina la creación de entes públicos, sociedades mercantiles y
fundaciones. Tanto las bajas como las altas se producen esencialmente en los tres primeros ejercicios fiscalizados: 2010, 2011 y 2012.


En el periodo fiscalizado predominan las entidades de naturaleza privada, las sociedades y las fundaciones, frente a las entidades de naturaleza pública, a excepción de los consorcios, que son también mayoritarios hasta el ejercicio 2012.
Debe tenerse en cuenta que el régimen de las entidades de naturaleza privada, con carácter general, implica una mayor flexibilidad y menor exigibilidad en los procesos de contratación, en las políticas de personal y en los controles económicos, en
comparación con aquellas entidades de naturaleza pública.


En lo relativo al cumplimiento de la legalidad aplicable, se ha verificado la adecuación de los procedimientos de reordenación para la extinción y creación de entidades, tanto en la normativa estatal como en la autonómica, si bien se han
observado particularidades y deficiencias en algunos de los procedimientos de reestructuración en entidades de Andalucía, Canarias Cantabria, Cataluña, La Rioja, el País Vasco, el Principado de Asturias y la Comunidad Valenciana. También se
observan dilaciones excesivas en los procedimientos de reestructuración de determinadas entidades en la práctica totalidad de las comunidades autónomas.


Se han utilizado formas directas e indirectas de extinción y creación de las entidades. Las primeras, las directas, porque se preveía en las leyes o decretos autonómicos y principalmente tienen lugar en el caso de organismos autónomos,
entidades públicas empresariales, entes públicos y agencia. Las formas indirectas tuvieron lugar por causas tales como la pérdida de posición mayoritaria o la separación de la comunidad, la fusión por absorción y la compraventa de acciones que
concurren respecto de las fundaciones, consorcios y sociedades.


La totalidad de las actividades realizadas por las entidades extinguidas se han asumido por las correspondientes consejerías u otros órganos de la Administración autonómica o por las entidades absorbentes, con excepción de aquellas entidades
que se extinguieron por cumplimiento del fin para el que habían sido constituidas y en los supuestos de separación o desvinculación de la comunidad autónoma de la entidad. Se han verificado solapamientos y duplicidades en el desempeño de las
actividades que estaban atribuidas a algunos de los entes extinguidos respecto a otros existentes, y todo ello en todas las comunidades autónomas, con excepción de Andalucía, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Principado de
Asturias y la Comunidad Valenciana, lo que ha motivado su extinción en aras de los principios de eficiencia, eficacia y economía.


De conformidad con la información suministrada por las comunidades autónomas al Ministerio de Hacienda, en el periodo fiscalizado, la suma de los costes asociados a los procesos de reordenación es de 130 millones de euros, que corresponden
principalmente a indemnizaciones por razón de despido y en menor medida a otros gastos por tasas registrales, honorarios de liquidaciones, gastos notariales, etcétera. La reducción del personal como resultado de tales procesos asciende a 5 386
efectivos que causan baja en el sector público autonómico, lo que conlleva un ahorro conjunto correspondiente al coste anual de dicho personal de unos 211 millones de euros. En la mayoría de los casos, el personal, como



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ocurre con la asunción de actividades, ha pasado a depender de la Administración, o bien no se han extinguido las relaciones laborales al subrogarse las entidades absorbentes en sus derechos y obligaciones laborales. Respecto de estas
cifras de ahorro y reducción de personal, no se han podido verificar las comunicadas al Ministerio de Hacienda por las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, La Rioja y Comunidad Valenciana. Por otra
parte, estas verificaciones se han visto limitadas en su alcance en relación con las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y Principado de Asturias.


En lo relativo a la repercusión de la reestructuración en relación con el patrimonio de las entidades que causan baja, se ha verificado en este informe que la totalidad del activo y pasivo de las entidades extinguidas se ha traspasado bien a
la comunidad autónoma o a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, bien a la comunidad autónoma cuando tales finalidades no han sido objeto de asunción. Además, el informe contiene una serie de recomendaciones dirigidas
fundamentalmente a conseguir un permanente seguimiento y supervisión de las entidades dependientes, con el objeto de comprobar que subsisten las razones que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera.


Señor presidente, con esto finalizo la exposición de estos dos informes y quedo a disposición de sus señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.


A continuación, para fijar posición y formular las preguntas que estimen convenientes, tienen la palabra por un tiempo de siete minutos.


Comenzaremos por el Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la señora Etxano Varela.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.


Gracias nuevamente, presidenta, por las explicaciones y por la presentación de los informes sobre los procesos de extinción de entidades de las comunidades autónomas como consecuencia de la reestructuración de su sector público y del informe
global del sector público autonómico. Ambos informes, tanto el de comunidades autónomas como el de reestructuración, han sido realizados en coordinación con los tribunales de cuentas propios de cada comunidad autónoma y el Tribunal de Cuentas. En
el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los contenidos del informe general son realizados y aprobados por el Tribunal Vasco de Cuentas, se envían al Tribunal de Cuentas del Estado y se incorporan al informe. Por tanto, de alguna manera
para aquellas comunidades con OCEX propio, entiendo de la lectura de estos informes que en aquellas dudas que pudiéramos tener podríamos acudir también a los informes propios de cada tribunal de cuentas de las comunidades autónomas, que la mayoría
tienen.


Y nuevamente decirle que es un informe técnico que nos permite conocer la ejecución de los distintos planes de reestructuración del sector público, en nuestro caso el seguimiento de la estrategia para el redimensionamiento y la
racionalización del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado en julio de 2013. Y el de las comunidades autónomas vendría a ser un resumen de los hechos más relevantes de los distintos informes de comunidades autónomas realizados
por el Tribunal Vasco de Cuentas o por cualquier otro de comunidad autónoma. En todo caso, insisto en lo que decía en la Cuenta General del Estado, resulta ser una herramienta de análisis sobre la eficacia de las políticas públicas que nos sirve
para analizar la eficacia de estas. Vuelvo a recordar y a constatar que ese informe es un ejemplo de colaboración interinstitucional, del respeto al ámbito competencial de cada comunidad autónoma.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Etxano Varela.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Ponce Gallardo.


La señora PONCE GALLARDO: Muchas gracias, presidente.


Querríamos destacar los siguientes aspectos que nos han llamado la atención y nos han preocupado de los informes que debatimos ahora. En primer lugar, el retraso y la falta de adecuación contable a la normativa de aplicación. De nuevo, hay
que mencionar el retraso al hablar de un informe correspondiente a unas cuentas de hace cuatro años, lo que convierte este debate en enteramente ineficaz. Además, el tribunal ha pedido en reiteradas ocasiones que se estandaricen los plazos de
rendición de cuentas porque existe una desigualdad normativa sobre los plazos de rendición de cuentas dados al tribunal, que dificulta mucho su trabajo. Aunque parece que se ha incrementado el porcentaje de las cuentas rendidas en plazo, el 77 %
respecto al 73 % del año anterior, creemos que todavía es un porcentaje que permite mucho margen de mejora.



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También se pone de manifiesto que la mayoría de comunidades autónomas siguen elaborando sus estados financieros con arreglo al antiguo Plan general de contabilidad pública del Estado y que no lo han adaptado al nuevo Plan general de
contabilidad pública, aprobado en 2010. Querríamos conocer su valoración, señora presidenta, sobre esta divergencia y qué medidas tomar para que se lleve a cabo el cambio correspondiente.


Por otra parte, con respecto a las deficiencias contables, también aquí falta la implantación de sistemas de gestión de inventarios que permitan su correcta contabilización y el de las correcciones valorativas, las amortizaciones, como
sucedía en la contabilidad estatal. Las memorias de las cuentas generales de las comunidades autónomas se presentaron incompletas, su información no era suficiente y en algunas, su estructura no se adapta a los correspondientes planes de
contabilidad. El Tribunal de Cuentas dice en su informe que existe la tendencia de no disponer de una contabilidad adecuada y un mínimo seguimiento de los gastos con financiación que permita conocer las desviaciones, y la verdad es que esto nos
parece bastante grave.


Con respecto a la dependencia de las subvenciones, una de las cosas que más nos ha llamado la atención y queremos destacar es que en el sector empresarial autonómico los resultados de explotación sean negativos antes de subvenciones. Esto
denota una gran dependencia de las subvenciones del sector empresarial autonómico, e incluso en algunas comunidades autónomas se contempla la financiación por subvenciones por autorizaciones de endeudamiento, avaladas por las propias
administraciones autonómicas y que al vencimiento deberán ser abonadas por estas mismas en caso de impago por parte de las empresas. Queríamos conocer la opinión de la presidenta sobre este hecho y el riesgo que se puede correr en el futuro.


En materia de contratación, al igual que pasa también en todos los ejercicios, no está suficientemente justificada la necesidad de celebrar el contrato, lo que nos preocupa mucho y vemos que es algo recurrente. Querríamos conocer su
valoración al respecto. Además, en algunos expedientes faltan los informes y estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado precio de mercado. Existen también deficiencias en los criterios de
adjudicación que deberían ser tenidos en cuenta para elegir al contratista; deficiencias respecto a las adecuaciones de control del cumplimiento de los contratos, etcétera. Todo esto nos parece realmente grave en unas instituciones en las que debe
primar la transparencia en el uso del dinero público.


En cuanto a la reforma del sistema de financiación autonómico, creemos relevante poner de manifiesto la necesidad de que se lleve a cabo esta reforma, que ya es urgente, del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Querríamos
conocer la opinión de la presidenta al respecto y si es el momento adecuado o no con la actual coyuntura. Sabemos que nos va a decir que esta es una cuestión política, pero le preguntamos su opinión sobre si es necesario o no llevar a cabo este
debate, si este es el momento adecuado o si considera que hay comunidades autónomas que están infrafinanciadas.


Y con relación al último informe, los entes públicos han proliferado en los últimos años en una administración que ya casi es inmanejable. En Ciudadanos siempre hemos puesto de manifiesto las duplicidades que una administración tan grande
puede conllevar, lo que hace que se hinche en exceso el gasto público, generando ineficiencias para los ciudadanos y un absoluto descontrol del gasto público. Los sectores públicos de todos los niveles de la Administración y tanto el administrativo
como el empresarial deben racionalizarse para eliminar duplicidades. Desde luego, en Ciudadanos impulsaremos todas las medidas encaminadas a la consecución de estos objetivos y las recomendaciones que al efecto ha establecido este tribunal.


Muchísimas gracias por su comparecencia hoy, señora presidenta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ponce.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu y Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Granollers.


La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Habíamos dicho que no intervendríamos en este bloque.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Perfecto. Disculpe. Muchas Gracias.


Pasamos directamente al Grupo Parlamentario VOX.


Tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco.



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La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.


Gracias, señora presidenta del Tribunal de Cuentas, por su comparecencia y su magnífico trabajo.


Para empezar, me gustaría hacer una reflexión, pues al igual que mi compañero, yo vengo del sector privado; concretamente, hemos trabajado en el mundo de la auditoría de cuentas, y la verdad es que me sorprende ver cómo nuestro sector
privado cumple con mucho más rigor todas las normas que el sector público. Miren, el ejemplo se lo pongo porque el efecto de los informes de auditoría, con salvedades, sobre el precio de las acciones en las sociedades cotizadas ya se ha contrastado
en muchas economías y existen estudios que contrastan esta relación fundamentándose en la consideración de que un informe de auditoría posee un contenido informativo cuya publicación puede provocar una reacción entre un grupo de inversores, porque
su función es incrementar la fiabilidad de la información contable. Pero ese contenido es especialmente destacable en el caso de que un informe contenga una opinión desfavorable, denegada o una opinión con salvedades, puesto que todas ellas pueden
hacer cambiar la apreciación que el inversor tiene de la empresa y, por tanto, puede provocar cambios en el comportamiento de ese inversor. Si trasladásemos esta reacción al sector público y los efectos de los informes de fiscalización del tribunal
que usted preside, en concreto en los que nos ocupan, provocaría una situación más que crítica, dadas las numerosas salvedades y limitaciones al alcance que se han puesto de manifiesto.


El comportamiento que se exige al sector privado debe venir ejemplarizado por el sector público y así propiciar el comportamiento empresarial responsable porque los gobiernos tienen la responsabilidad en seis grandes frentes, y si no ejercen
estas funciones de manera efectiva, las empresas no tendrán el marco conducente para poder llevar a cabo sus actividades productivas con responsabilidad, y nos encontraremos ante una situación de caos. Dentro de esas responsabilidades, yo
destacaría tres: la gestión eficiente de los recursos públicos, que sea un promotor de prácticas responsables y la rendición de cuentas con responsabilidad.


En cuanto a la primera, de la misma manera que pedimos a las empresas que antepongan los intereses de la sociedad civil a los suyos propios, le deberíamos exigir a los poderes públicos que antepongan el bienestar de los ciudadanos en la
gestión de los recursos. Tenemos ejemplos, como promesas electorales, con criterios netamente políticos, que no usan criterios de largo plazo de eficiencia y efectividad en la gestión de los recursos. Las conclusiones de su informe sobre el
particular, es decir sobre la eficiencia y efectividad en la gestión de estos recursos, son demoledoras porque no conocemos ni los costes ni el grado de cumplimiento de objetivos en la mayoría de los casos; no se trata de casos aislados, sino de la
mayoría, como dice su informe.


En cuanto a promotor de prácticas responsables para llevar a cabo estas actividades, no se debe descartar la creación de una institución, por ejemplo, especializada que promueva y difunda las prácticas responsables en el mismo sector
público, igualmente en las empresas privadas, que sea una institución con responsabilidades medibles y con rendición de cuentas.


Y en cuanto a la tercera responsabilidad, la rendición de cuentas con responsabilidad, aquí entramos en arenas movedizas, porque veo que no existe rigor en su cumplimiento, según se desprende de sus informes. ¿Por qué? Pues así como la
sociedad y los poderes públicos exigen a las empresas -y vuelvo a reiterarlo- que reporten sobre sus actividades, el sector público también tiene esa responsabilidad, aunque creo que no se le exige de forma sistemática y rigurosa. Esta
responsabilidad es aún mayor no solo porque ostenta el mayor poder y se lo exige a otros, sino porque, además, gestiona los recursos que pertenecen a la sociedad. Recordemos que la principal responsabilidad de la Administración pública es la
utilización eficiente de los recursos de los contribuyentes y demás recursos que están bajo su control. Esta gestión de los fondos públicos de manera deficiente pone en evidencia, cuando menos, una dejadez o falta de diligencia por parte de los
gestores públicos que, en algunas ocasiones, bien podrían conllevar responsabilidades disciplinarias, ¿no cree, señora presidenta?


Respecto a las responsabilidades, dejando al margen lo que pueda decir el Código Penal en su artículo 502, que tipifica el delito de desobediencia y castiga con penas cuando existe desobediencia al Tribunal de Cuentas o a otros órganos, por
ejemplo, retrasando el envío de documentación o dificultando su acceso, esta aplicación ha sido hasta ahora muy limitada y, en general, poco favorable. Debemos aludir a los deberes establecidos en los artículos 7 y 42 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Cuentas y al artículo 30 de la ley que regula su funcionamiento.


Dicho esto, como se expone en las conclusiones del tribunal, ¿qué hace o cómo procede el tribunal cuando, por ejemplo, no recibe en tiempo y forma, en algunos casos incluso no llega a recibir esa rendición de cuentas? La rendición de
cuentas es consustancial al Estado de derecho y al principio de legalidad,



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máxime en un sistema de pluralidad de poderes públicos basado en la autonomía de cada uno de ellos. El hecho de que cada Administración deba plasmar su gestión económica y financiera anual en los correspondientes documentos, estados y
cuentas es una exigencia de la transparencia que debe imperar en toda actuación administrativa.


Según el informe de fiscalización expuesto, el sector público autonómico adolece de limitaciones, incumplimientos y deficiencias en cuanto a rendición de cuentas, no inclusión en la memoria relativa al grado de cumplimiento de objetivos,
falta de remisión de contratos, liquidación del presupuesto, no adaptación de las cuentas a los planes generales de contabilidad vigentes, es decir, una mínima adecuación a la normativa contable, inconcreción de proyectos de inversión, inadecuación
de financiación del sector a través de subvenciones o préstamos que acaban convirtiéndose en ampliaciones de capital, duplicidad de funciones, resultados negativos de todas las fundaciones públicas, imprecisión en el registro de consorcios. No sé a
qué cree usted que puede deberse este comportamiento generalizado de los gestores públicos, ¿a dejadez, a negligencia o a falta de medios materiales y humanos? Si se debe a esta última circunstancia, nos encontraríamos ante la necesidad de revisar
los efectivos necesarios o bien la productividad de los que ya existen. Pero si hablamos de escasez de recursos materiales, hoy en día, con la incorporación de las nuevas tecnologías no creo que esto sea un problema, puesto que el suministro de
información, la adaptación normativa y demás que se exige a todo ciudadano y a toda empresa privada le resulta, francamente, mucho más fácil a la Administración. Ahora bien, si hablamos de falta de productividad o de dejación de funciones y falta
de colaboración de las administraciones con los órganos de control, creo que nos encontramos ante una tesitura sobre la que se haría necesaria una reflexión y, tal vez, un cambio de legislación. ¿Es realmente responsable el gestor público? Claro,
algunos dicen que el dinero público no es de nadie, y a lo mejor se excusan en esto.


Resulta especialmente alarmante encontrarnos con cuestiones de falta de transparencia, de falta de criterio en la adjudicación de contratos públicos y, sobre todo, de falta de responsabilidad en el cumplimiento de la Ley de estabilidad
presupuestaria. No sé, señora presidenta, qué soluciones propondría usted, además de las recomendaciones, como presidenta de este órgano de control, para evitar la reiteración de estos comportamientos poco ejemplares. Preocupante resulta, sobre
todo, la falta de diligencia en los expedientes de contratación seguidos por los trámites de urgencia, que últimamente son muy frecuentes, así como las deficiencias en los criterios de adjudicación a tener en cuenta para elegir al contratista
principal. En estas circunstancias, ¿el Tribunal de Cuentas no propone ningún tipo de medida coercitiva al gestor y a la Administración? Por tanto, el hecho de encontrar estas irregularidades en el cumplimiento de las leyes, ¿qué consecuencias
tiene? o ¿qué diferencia existe entre cumplir y no cumplir?


Creo que existe una falta de rigor porque no hay medidas que incentiven el cumplimiento, o bien, por el contrario, no encontramos suficientes sanciones ante la negligencia del sector público. Creo que las conclusiones alcanzadas en su
trabajo ponen de manifiesto tantos incumplimientos que, si las extrapolásemos a una empresa del sector privado, son tantas y de tal grado que obtendríamos un informe con una opinión denegada, lo cual nos conduce a pensar: ¿en manos de qué gestores
estamos?


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cañizares.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz Fonteriz.


La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muy buenos días a todos.


Lo primero que quiero hacer es, por supuesto, agradecer las explicaciones de la presidenta del Tribunal de Cuentas y celebrar que estemos en este momento en esta comisión porque llevábamos esperando mucho tiempo a que se diera ya comienzo a
las reuniones. Para nosotros, esta es una de las comisiones más importantes que tenemos en nuestro sistema y, por lo tanto, creo que es extraordinariamente importante poder analizar y ver cuáles son las conclusiones que tiene el Tribunal de Cuentas
y su labor de fiscalización, en este caso en el ámbito autonómico.


En el ámbito autonómico, tengo que hacer un reconocimiento no solamente al extraordinario trabajo que ha hecho el Tribunal de Cuentas, sino también a los órganos de control externo de las comunidades autónomas, que realizan sus funciones de
fiscalización y de control en cada una de las autonomías de forma ejemplar. Además, ese sistema de control externo que tenemos, como ha dicho la propia presidenta, se complementa con el control interno que hay dentro de las propias
administraciones, que, desde luego en nuestra opinión, es un sistema muy completo que tenemos en nuestro país para garantizar el



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cumplimiento de la legalidad y de los principios básicos que deben orientar el funcionamiento de todas las administraciones. Por tanto, quería empezar con ese reconocimiento.


También quería hacer con una pequeña reflexión. Sinceramente, es bastante reconfortante, especialmente en estos días, escuchar hablar de eficiencia, de eficacia, de economía, de racionalidad en el empleo de los fondos públicos y de
transparencia. Y es especialmente importante porque yo creo que en este momento estamos encarando una verdadera crisis en la concepción de estos principios por parte del Gobierno de España. Por tanto, escuchar hablar de la necesidad de ese
cumplimiento, sinceramente, es bastante reconfortante.


Ahora estamos analizando dos informes, que pueden ser complementarios, pero que los dos tienen entidad suficiente y gran importancia. El primero al que quería referirme es el que se ha hecho en relación con el análisis de la
reestructuración que se ha producido en el ámbito del sector público autonómico. Es una reestructuración que era muy necesaria, que se vio que era fundamental después del descontrol en la creación de entidades, de lo que se llama comúnmente como la
Administración paralela a las administraciones públicas, en las que muchas veces hay una relajación de los procedimientos de control, una forma de gestión del presupuesto público que, sin duda alguna, es necesario controlar y que se había
incrementado de forma exponencial. Por tanto, es fundamental para la racionalización de la Administración pública, que se puso encima de la mesa en el año 2010 en un acuerdo de Consejo de Ministros, pero que también tengo que decir que sufrió el
verdadero impulso a esos procesos de racionalización en el año 2012.


Desde luego, para el Partido Popular es clave que tengamos un sector público ajustado a los fines que se quieren conseguir y, por tanto, que sea un sector público eficaz y eficiente. Ese fue el objetivo que se puso encima de la mesa a la
hora de dar el impulso definitivo a este proceso de racionalización con el acuerdo 5/2012, de 17 de enero, que se tomó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se articuló también a través de la Ley de estabilidad presupuestaria. Sin la
Ley de estabilidad presupuestaria, sin ese acuerdo del año 2012, impulsado por el Gobierno de España, por el Gobierno del Partido Popular, desde luego, no podríamos estar hablando de esa reducción significativa del sector público de todas las
comunidades autónomas. Pero es más, no solamente se produjo con esas leyes, sino también con la creación de una comisión para la reforma de las administraciones públicas, el CORA, que tenía como objetivo hacer una administración más ágil, más
eficiente y más cercana a los ciudadanos. La actuación de esa comisión ha sido absolutamente clave para poder ver los resultados que analiza este informe del Tribunal de Cuentas. En la reducción de los 581 organismos se hizo un trabajo ingente,
también de coordinación entre todas las comunidades autónomas, y, desde luego, yo creo que el balance está a la vista y se ha podido analizar. Es verdad que, desde nuestro punto de vista, el trabajo todavía no ha acabado y, en relación con las
propias recomendaciones que hace el informe del Tribunal de Cuentas, se debe seguir con un control exhaustivo de las entidades que integran el sector público autonómico, un control de la creación de nuevas y continuar con la extinción de las que no
cumplan ya sus cometidos. Este es un trabajo dinámico que nunca se debe dejar de lado. Por tanto, en línea con esto, pediría al Tribunal de Cuentas que no se quede en ese análisis, sino que este análisis tenga continuidad, porque esto acabó en el
año 2016, estamos en el año 2020 y es necesario que haya una continuidad en ese análisis. El problema es que la Comisión para la reforma de las administraciones públicas, que se creó en el seno del Gobierno de España para hacer ese seguimiento,
está absolutamente olvidada, está sin funcionamiento y, por tanto, se ve que dentro de las prioridades de este Gobierno, actualmente no está ahondar en la racionalización del sector público autonómico, y por eso ya no se sabe qué ha pasado con esta
comisión. Nos parece un error y esperemos que a raíz de estos informes, a raíz del propio trabajo del Tribunal de Cuentas, se retome.


El segundo de los informes, el que hace un análisis del sector público autonómico, para nosotros, sin duda alguna, es un informe importantísimo y celebramos que se continúe con su elaboración, porque, como se decía en el acuerdo que se
alcanzó en la propia comisión mixta, ofrece una visión conjunta de la actividad económico-financiera del sector público y analiza cuestiones que son absolutamente clave, que deben estar en la hoja de ruta de todas las entidades integrantes del
sector público, de todas las comunidades autónomas. Y es analizar los procedimientos de contratación pública, es analizar los procedimientos y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria por parte de todas las comunidades autónomas; analizar
cuestiones importantísimas, que tienen mucho que ver -y ya se ha dicho aquí- con la financiación autonómica. Y aquí creo que hay que volver a mencionar la necesidad de modificar el sistema de financiación autonómico a día de hoy. Ya no podemos
seguir con un sistema de financiación autonómico que ni siquiera está sirviendo para solucionar problemas como el que tenemos hoy,



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desgraciadamente, en esta crisis. En definitiva, hay que hablar de cuestiones -acabo, presidente- que son importantísimas.


Y voy a acabar con una, a la que también se refiere este informe, que analiza la transparencia de la actuación de las comunidades autónomas. El control siempre ayuda a la transparencia; el control, los informes públicos, publicarlos y dar
toda la información, ayuda y mejora la transparencia. Las entidades del sector público, el sector público en general, el Estado, debe ser transparente y dar toda la información a sus ciudadanos. Cuando niegas los contratos que se firman en una
época como la que hemos vivido ahora, como está negando el Gobierno de España, como consecuencia de la crisis de la COVID, estás contribuyendo a hacer una Administración más opaca y no más transparente. Cuando hablas de que la austeridad ha muerto
y abres la puerta a un control de gasto y a un descontrol en el gasto público, estás perjudicando seriamente la transparencia...


El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, termine.


La señora MUÑOZ FONTERIZ: Cuando no das información estás perjudicando el sistema que tanto nos ha costado conseguir y por el que tanto se ha trabajado en estos últimos años. Racionalidad en el gasto público, control, transparencia,
eficiencia, eficacia y economía.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya finalizando, lleva ya más de dos minutos.


La señora MUÑOZ FONTERIZ: Finalizo.


Me atrevo a vaticinar cómo será el informe del Tribunal de Cuentas sobre el cumplimiento de estos principios referido al año 2020.


Sinceramente, creo que esto merece una reflexión y que tenemos que centrarnos en lo importante. Y hago un llamamiento al cumplimiento del principio de transparencia y el principio de racionalidad en la Administración.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.


A continuación, van a compartir el tiempo para los dos informes, el señor Fernández Leizeaga, primero, y el señor Hurtado Zurera, después.


El señor FERNÁNDEZ LEIZEAGA: Muchas gracias.


Yo me voy a referir al primero de los informes, al informe global. Y también, como los otros portavoces, quiero agradecer, en primer lugar, a la presidenta del Tribunal su presencia, su presentación y, por extensión, a todos aquellos que
han participado, desde los organismos de control externo autonómico, al propio Tribunal de Cuentas, por su contribución a la presentación de este resultado, que nos permite hacer una evaluación global del funcionamiento del sistema autonómico.


Yo quería, en primer lugar, insistir en la normalidad autonómica que yo creo que el informe refleja. Hay un grado de imperfección razonable que, en realidad, es muy parecido al que hemos escuchado en el debate previo sobre las la Cuenta
General del Estado del año 2017-2018, incluso, muchas de las observaciones que se hacen en la cuenta general acaban trasladando el informe global autonómico al resultado de la actividad económica y financiera de las administraciones autonómicas. Yo
creo que eso contrasta con algunas visiones más catastrofistas o apocalípticas en relación con el sistema autonómico que no se corresponden, desde luego, con lo que está recogido en el informe. Y yo agradezco al tribunal que nos permita hacer este
ejercicio de cierta normalidad. La Administración autonómica, al final, es una especie de administración adolescente que necesita orientación y control, pero que también necesita tener oportunidad de desarrollar su creatividad. Yo creo que el
informe refleja muy bien esto. Y esto sería una segunda idea.


Cuando vemos las distintas formas de enfrentarse a la gestión, observamos que hay distintas comunidades autónomas con modelos diferentes. No es lo mismo Madrid, que hace un uso muy elevado de entidades públicas para hacer una gestión más
próxima al ámbito privado, y al mismo tiempo esto tiene como consecuencia -y aparece así recogido en el informe-, que muchas de estas entidades no acaban por presentar sus cuentas y, por tanto, se escapan al objeto de fiscalización, frente a otras
comunidades autónomas que tienen un modelo, digamos, más de Administración pública tradicional y que, por tanto, optan por una fórmula más centrada en el ejercicio del derecho administrativo. Yo creo que esto no es malo. Exige seguramente mayor
control; exige enfrentarse al escrutinio de los ciudadanos, pero en sí



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mismo es una muestra de la diversidad que permite escoger aquellos modelos que funcionan mejor y una sana competencia entre comunidades que favorece, seguramente, a medio plazo, la eficiencia.


Y en tercer lugar, me gustaría destacar que tampoco existen grandes novedades. Para situarlo en el contexto de esta misma Comisión, he ido a repasar lo que se había dicho en relación con la presentación del informe global de 2015, y muchas
de las cosas se repiten, cómo no puede ser de otra manera, cuando estamos hablando de un único ejercicio. Quizás, se puede destacar, primero, que la situación mejora. Yo creo que las comunidades autónomas, en su conjunto, han aprovechado la mejora
de la situación económica a partir de los años 2013 y 2014 para presentar unos datos de resultado presupuestario del conjunto de los indicadores en materia económico y financiera que mejoran año tras año, lo que es razonable que sea así.


Existía una situación de tensión, de estrés financiero en los años previos, que poco a poco se va relajando y permite que se vayan cumpliendo los objetivos de estabilidad. Esto es razonable. Pero, al mismo tiempo, me gustaría destacar,
pensando más en informes futuros, la pertinencia de ir un poco más allá de la simple descripción de los incumplimientos e intentar saber qué es lo que está detrás de ellos. Porque yo tengo la sensación de que en ocasiones se habla de la dificultad
para reflejar bien en los presupuestos la actividad investigadora de las universidades, por ejemplo. Yo creo que esto tiene más que ver con la inadecuación de la normativa existente a la realidad de la investigación universitaria que a ninguna otra
cosa. Y si no somos capaces de enfrentarnos bien a esto, acabaremos teniendo año tras año la misma sensación de insatisfacción cuando se presentan las cuentas y una especie de día de la marmota continuado que no nos lleva a demasiados lugares.
Mientras que, en otras ocasiones, por ejemplo, en la sanidad, donde yo creo que se hace un esfuerzo importante para determinar qué pasa con el gasto sanitario, yo me quedo también con la insatisfacción de no saber qué es lo que está detrás.
¿Tenemos un problema de muchos decisores de gasto descentralizados, que no tienen una restricción presupuestaria previa y que toman decisiones y acaban generando ese problema o existe un problema de otro tipo? Yo creo que sería necesario en el
futuro -acabo, señor presidente, y le dejo al señor Hurtado su tiempo- hacer una fiscalización menos de este tipo y más de gestión, que nos permitiese saber qué es lo que está detrás.


Muchas gracias.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


Bienvenida, presidenta. Encantado de reconocerle el buen trabajo que hace como presidenta, así como a todos los empleados del Tribunal de Cuentas. Son necesarios.


Yo quisiera destacar conclusiones muy cuantitativas que se ponen de manifiesto en el informe: 581 entes menos; 5 300 empleados menos y un ahorro de algo más de 200 millones de euros. Mi primera pregunta. Ese acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, ¿considera que se ha cumplido el objetivo a 31 de diciembre de 2016? Me gustaría conocer esa valoración en relación con los objetivos iniciales y lo obtenidos a esa fecha.


Y yo, en aras de la transparencia que ha mencionado la portavoz del Partido Popular, voy a poner de manifiesto tres cuestiones que me preocupan mucho y que están en este informe. Son tres cuestiones que me preocupan porque son de interés
político. Y lo que me preocupa es que pueda haber impunidad en cuanto a las responsabilidades contables que pudiese haber.


En cuanto a la primera de ellas, se pone de manifiesto en el informe que se desconoce si hay entidades dependientes del Canal de Isabel II en el extranjero. No hay aportación por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid. Evidentemente,
aposta. Porque conocemos, a través de los medios de comunicación, las investigaciones judiciales que hay al respecto con empresas donde ha habido importantes mordidas, regalos y malversación de fondos públicos, presuntamente. Llámese Inassa,
llámese Triple A de Barranquilla u otras empresas que han salido en los medios de comunicación, con mordidas importantes por parte de un expresidente, en concreto, Ignacio González, del Partido Popular y de la comunidad.


Se pone de manifiesto también en el informe que estaba prevista, en una ley del 2010, la desaparición de dos entidades que no han desaparecido, también involucradas en procedimientos judiciales. La anterior era Lezo, ahora Púnica -en
concreto, la gestión y desarrollo medioambiental- y Arpegio, tanto la fundación como la empresa. Desconocemos sí puede haber responsabilidades contables en muchas presuntas mordidas y malversaciones en esa empresa.


Y en tercer lugar, y por último, cabe destacar que es importante conocer -se pone de manifiesto en el tribunal- en aras a la portavoz de VOX, dos entes que han desaparecido y que han sido refugio para un señor que la próxima semana quiere
ser presidente del Gobierno, el señor Abascal ...



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El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, por favor, vaya terminando.


El señor HURTADO ZURERA: Concluyo, señor presidente.


... la Agencia de Protección de Datos, donde se le nombró director como refugio para darle un sueldo durante dos años; y, posteriormente, también para mantener un sueldo de 82 000 euros, la Fundación del Mecenazgo y el Patrocinio Social.
Por tanto, consejos vendo que para mí no tengo.


Doy las gracias por este informe exhaustivo que presenta la presidenta del Tribunal.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.


A continuación, tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces de los grupos parlamentarios.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (de la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, presidente.


Antes de pasar a contestar las cuestiones que me han planteado, quisiera poner de manifiesto dos cuestiones importantes en relación con estos informes que ya comenté al principio. En primer lugar, estos informes recogen los resultados
globales y de forma homogénea de informes específicos desarrollados por los distintos OCEX de las comunidades autónomas y del Tribunal de Cuentas respecto de las cinco comunidades autónomas que no tienen OCEX propios, siendo así, además, que son
informes globales también de la gestión económico-financiera de la respectiva comunidad autónoma, los de cada uno de los OCEX y los propios individuales del tribunal. Tengan ustedes esto en cuenta a los efectos de entender cuál es el alcance de
este informe y por qué hay informaciones que no están contenidas en él y hay que acudir, como decía la señora Etxano, a los informes particulares para entrar en el detalle de cada una de las comunidades autónomas.


Otra cuestión relevante es que estamos ante un informe global, como les decía; no estamos en informes de gestión de cada una de las entidades ni de los tipos de entidades ni de las áreas de gestión, como me preguntaba el señor Fernández
respecto del área sanitaria o respecto de las universidades. Estos informes globales han de completarse con los resultados que se exponen en informes específicos y particulares sobre sectores o áreas concretas del Tribunal de Cuentas.


Sobre la base de estos dos principios: que estamos ante un informe global y que para la información concreta ha de acudirse a cada uno de los informes particulares o individuales elaborados por los OCEX o por el Tribunal de Cuentas,
procederé a contestar a las preguntas que me han realizado.


En primer lugar, efectivamente, estos dos informes son un buen ejemplo de colaboración institucional y del trabajo que venimos realizando conjuntamente el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas.
Precisamente para ello tenemos instituidas tres comisiones permanentes a nivel de presidentes, a nivel autonómico y a nivel local, que es donde coordinamos toda la actividad, porque sería una pena que, habiendo tanto sector público por fiscalizar y
habiendo distintos órganos de fiscalización, no intercambiáramos programas, no acordáramos fiscalizaciones coordinadas o en colaboración o no utilizáramos herramientas, aplicaciones informáticas o procedimientos que nos beneficiaran a todos y que,
al fin y a la postre, redundarían en un una mayor homogeneización de la actividad del control y, por lo tanto, del resultado que vamos trayendo a cada uno de los parlamentos. Nosotros al Parlamento nacional, los OCEX a su Parlamento autonómico.


También han puesto de manifiesto el retraso que hay en este informe. Yo creo que, más que de retraso de este informe, podría hablarse de que la información se recibe en un tiempo dilatado. ¿Por qué no hay retraso de este informe? Porque
este informe es el resultado, primero, de la rendición de cuentas por parte de las comunidades autónomas, que, en algunos casos, tienen unos plazos de rendición mayores que los del Estado y que, además, no son homogéneos en todas las comunidades
autónomas; además, también se pone de manifiesto la falta de adaptación de los planes contables, y para esto vayan ustedes a los informes particulares de cada uno de los OCEX o del Tribunal respecto a cada una de las comunidades autónomas. El
tribunal abogaría por una unificación de plazos; lo ha hecho en el ámbito local, por ejemplo. Se está preparando una moción -está a punto de salir- para la unificación y para la reducción de los plazos de rendición en el ámbito local. Pero,
claro, aquí estamos en el ámbito de autoorganización de las comunidades autónomas, y solamente se podría acudir a este plazo y a la normalización, incluso, del formato de la cuenta por la vía de la colaboración entre las comunidades autónomas. Lo
que sí que se ha logrado en el ámbito local es la uniformidad del formato de la cuenta.



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Por otra parte, tenemos la rendición de la cuenta, la elaboración de los informes por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Y luego tenemos este informe, que recoge de forma homogénea todos
los resultados que se incluyen en los informes de fiscalización particulares. Con lo cual, no es un retraso del informe, es el tiempo que permite el informe. Y, ojalá, como decía la señora Ponce, este hecho hiciera este debate ineficaz, porque,
desgraciadamente, como vemos, sigue conteniendo las mismas recomendaciones. Ojalá, el debate, transcurridos dos años, fuera ineficaz porque no fuera posible seguir aplicando, seguir dictando, las mismas recomendaciones que se dictaron o que se
produjeron en el año de cuya gestión estamos hablando.


Por otra parte, la señora Ponce planteaba también la cuestión relativa a la excesiva dependencia de las empresas públicas de las transferencias del sector público administrativo de las comunidades autónomas. En efecto, el informe pone de
manifiesto, respecto de los resultados negativos de las sociedades mercantiles, la tendencia a sustituir las subvenciones por endeudamiento por parte de la Administración. Efectivamente, esta es una cuestión muy relevante y que está muy relacionada
con la reestructuración del sector público autonómico. Se traslada también al ámbito del sector público local, en cuyo informe se pone de manifiesto cómo las sociedades mercantiles locales, mayoritariamente, o no tienen actividad o son
deficitarias, y sería preciso proceder a su reestructuración. Con lo cual, efectivamente, esta es una cuestión que merece la ocupación del Tribunal de Cuentas: la excesiva dependencia de las empresas públicas de las transferencias.


Respecto de las deficiencias en los contratos, ustedes las han puesto de manifiesto y nosotros las reiteramos: La fiscalización de la contratación pública es reiterada en el ámbito del Tribunal de Cuentas, tanto en el ámbito de
Administración del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales; se considera, al igual que las subvenciones, como un área permanente de riesgo, y las recomendaciones, permanentemente también, inciden sobre aspectos que para
nosotros son fundamentales y que requieren, sin duda, una mejoría en la gestión.


Respecto de la reforma de financiación del sistema autonómico, señora Ponce, usted misma se ha respondido. Esta es una cuestión propia del debate político, no de la información técnica, que es la que le suministra el Tribunal de Cuentas a
través de sus informes. Nosotros únicamente traemos los resultados que proceden o que se observan de la aplicación de este sistema de financiación autonómica, pero no podemos entrar en su valoración o en sistemas alternativos. Lo que sí hacemos es
hacer recomendaciones para la mejor aplicación del sistema de financiación.


La señora Cañizares planteaba una serie de cuestiones en relación con la solvencia del sector privado frente a la aparente falta de solvencia del sector público. El sector público está obligado a rendir cuentas; las rinde de forma
sistemática anualmente; existe responsabilidad de los gestores públicos, y nosotros en nuestra segunda función o en nuestra otra función, función jurisdiccional, exigimos las responsabilidades contables que resultan de la gestión de los fondos
públicos. Lo que ocurre es que los parámetros sobre los que se asienta la actividad privada, los planes contables sobre los que se asienta la contabilidad privada, las normas de auditoría sobre los que se asienta la contabilidad privada son
distintos de los de la contabilidad pública.


Racionalización. Absolutamente de acuerdo. Mejora de la eficacia, de la eficiencia, de la economía, observancia de la legalidad, y por eso estamos haciendo los informes donde ponemos de manifiesto las deficiencias que resultan de la
gestión pública, y hacemos recomendaciones para la mejora, pero también es importante tener en cuenta que estamos en dos planos distintos y sobre planteamientos distintos.


En cuanto a su pregunta relativa a qué se deben las deficiencias, yo, desgraciadamente, no le puedo responder, el Tribunal de Cuentas no le puede responder. Quienes le tienen que responder son los gestores públicos. Nosotros lo que sí
hacemos es ponerlas de manifiesto y orientar cómo se podría mejorar para evitar que en el futuro se produjeran esas deficiencias o se redujeran cuantitativa o cualitativamente.


Respecto de qué soluciones propondríamos ante estas deficiencias, el mecanismo que nosotros tenemos no es otro que el de las propias recomendaciones. Y por eso insisto una vez más en la importancia de la observancia de las recomendaciones
en el papel que nos corresponde a todos en el impulso de su cumplimiento.


También quisiera aclararle que el Tribunal de Cuentas no tiene función sancionadora, tiene función jurisdiccional, que es otra cosa. Es una función dirigida a exigir las responsabilidades contables y obtener el reintegro de los fondos
perjudicados. Pero nosotros no tenemos función sancionadora. Tenemos la función, como les decía anteriormente, de realizar requerimientos conminatorios e imponer multas



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coercitivas, que están totalmente desfasadas en cuanto a su cuantía. Por lo tanto, nosotros, desde la perspectiva sancionadora, no tenemos ninguna función, entre otras cosas, porque somos un órgano técnico encargado de la fiscalización. No
somos un órgano sancionador.


La señora Muñoz planteaba la conveniencia de que se continuara el análisis sobre la reestructuración. En este sentido, le comento lo mismo. Como venimos haciendo habitualmente, estos informes conllevan el seguimiento de recomendaciones, de
modo que se seguirá haciendo un control periódico de la materia. Por otra parte, en la medida en que nosotros recomendamos que se continúe con la supervisión de la situación, que se siga racionalizando el sector público y permanezca la
Administración instrumental hasta el punto en que su gestión sea más eficiente que la que hiciera la Administración de la propia comunidad, realmente seguiremos haciendo un seguimiento de estas recomendaciones.


El señor Fernández planteaba una cuestión interesante, que es la existencia de distintas comunidades autónomas y distintos modelos diferentes de gestión en las comunidades autónomas. En este sentido, les vuelvo a insistir en que para
valorar efectivamente los resultados de cada una de las comunidades autónomas y ponerlas en su contexto, sería necesario acudir a cada uno de los informes y no quedarse con los resultados globales que se recogen en el informe de fiscalización del
ejercicio 2016 que hoy les he presentado. En cualquier caso, estimo, por las resoluciones que vienen aprobando, que este es un informe global que les sigue siendo de utilidad y que les permite seguir manteniendo una visión global del funcionamiento
del sector público autonómico.


También comentaba usted, señor Fernández, que las cosas se repiten, como no puede ser de otra manera. Efectivamente, no podemos requerir que las comunidades autónomas o que el sector público en general mejore de una sola vez y de la noche a
la mañana, pero sí que sería muy deseable que pudiera ser de otra manera, que fuéramos evolucionando y que fuéramos mejorando en la gestión. En el Tribunal de Cuentas así lo procuramos; tratamos de contribuir mediante nuestras recomendaciones a
que ello tenga lugar.


Respecto de su solicitud de que este informe del sector público global pudiera ir un poquito más allá y entrara en las causas de los incumplimientos, por ejemplo, en materia de universidades, también quisiera comentarle dos cuestiones.
Primero, este es un informe global, y en los informes particulares se recogen unos resultados más específicos y más explicativos de las causas que en cada comunidad autónoma dan lugar a las incidencias. Pero, además, también quisiera señalarle que
el Tribunal de Cuentas, y los OCEX de las comunidades autónomas también, llevan a cabo informes específicos sobre determinadas materias. En concreto, en materia de universidades, anualmente se hace un informe sobre la gestión de las universidades y
se profundiza en muchas de las causas que dan lugar a los problemas en su gestión.


Respecto de la pregunta que me hacía el señor Hurtado sobre si se ha dado cumplimiento al Consejo de Política Fiscal y Financiera a 31 de diciembre de 2016, simplemente quisiera decirle que la función del tribunal era ponerles a ustedes
sobre la mesa los resultados que se han producido a esa fecha, y que ustedes fueran los que, en su función de control, evaluaran lo que corresponda respecto del cumplimiento de los objetivos.


También quisiera señalarle otra cuestión, y es que este es un proceso que tiene un inicio, pero que requiere una continuidad. Con lo cual, todo este procedimiento o proceso de reestructuración del sector público local, según las
recomendaciones del tribunal, debería mantenerse y debería supervisarse, de modo que el sector público instrumental se mantuviera en la medida en que se mantuvieran las razones que justificaron su creación y que lo habilite su sostenibilidad
financiera.


Y creo que con esto he dado respuesta a sus preguntas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.


Le agradecemos la exposición de todos los informes de las cuentas generales, y traslade también nuestro agradecimiento a todos los que han colaborado en su realización.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las trece horas y treinta minutos.