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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 12, de 15/06/2020
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 12
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICENTE TIRADO OCHOA
Sesión núm. 2
celebrada el lunes,
15 de junio de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Minuto de silencio ... (Página2)
Ratificación de la Comisión, a efectos del artículo 44 del Reglamento, del acuerdo de la Mesa de la Comisión de 26 de mayo de 2020 sobre celebración de comparecencias del Defensor del Pueblo en funciones y adjunto primero ...
Comparecencias del señor Defensor del Pueblo en funciones y adjunto primero (Fernández Marugán) votadas favorablemente por la Comisión:
- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2018 y anexo con la liquidación del presupuesto del mismo periodo. (Número de expediente del Congreso 260/000001 y número de expediente del Senado
780/000001) ... (Página6)
- Para valorar el informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2018. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 212/000036 y número de
expediente del Senado 713/000075) ... (Página6)
Comparecencia del señor Defensor del Pueblo en funciones y adjunto primero (Fernández Marugán) votada favorablemente por la Comisión:
- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2019 y anexo con la liquidación del presupuesto del mismo periodo. (Número de expediente del Congreso 260/000002 y número de expediente del Senado
780/000002) ... (Página6)
Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de
expediente del Congreso 042/000001) ... (Página41)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
MINUTO DE SILENCIO.
El señor PRESIDENTE: Muy buenos días, queridos senadores y diputados. Bienvenido defensor pueblo, don Francisco Fernández Marugán, a esta Comisión, que es la suya.
Esta es la primera sesión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo de la XIV Legislatura. Mi reconocimiento al personal de esta Cámara que hace posible que se pueda celebrar esta Comisión en una sala tan amplia como es
la Ernest Lluc, donde nos encontramos.
Señorías, como bien saben, hemos vivido días muy difíciles por la terrible pandemia del COVID-19, tan brutal y dolorosa para muchos de nuestros compatriotas. Me van a permitir darles una especial bienvenida y transmitir nuestra alegría por
la recuperación de compañeros aquí presentes de esta Comisión que han padecido la enfermedad de la COVID-19 y que feliz mente la han superado. Veo al portavoz del Grupo Socialista y al portavoz del Grupo Popular, también al secretario de la Mesa
que la ha padecido, a otra diputada que también veo, a Beatriz y a todos ellos mi enhorabuena y, sobre todo, mi alegría y la de todos de tenerlos otra vez con nosotros felizmente recuperados.
Es obligado y de justicia hacer una mención al que fuera defensor del pueblo desde el año 2000 a 2010, a don Enrique Múgica, un hombre con valentía que combatió la violencia, un gran jurista, permítame también no solo decir lo de gran
jurista, sino también algunas de las aficiones que compartía como era la taurina, un gran taurino y también un gran admirador de mi ciudad, de Toledo, especialmente del Toledo judío. Era un conocedor profundo y un enamorado del Toledo judío. Gran
jurista, decía, al que tuve la suerte de conocer en otros menesteres no solo aquí como diputado porque coincidí con él sino también en la fundación César Egido y en algún curso de drogodependencias que organizamos y la verdad es que era un hombre
encantador y amable. Yo diría que no solo era un gran jurista sino un grandísimo político pero, todavía más, una extraordinaria persona de grandes valores humanistas. Por eso creía que era de justicia hacer este reconocimiento. Les transmitimos
nuestro más sentidas condolencias a sus familiares y amigos.
Permítanme muy brevemente dar las gracias a todos aquellos españoles que han estado en primera línea luchando contra la COVID-19, muy especialmente al personal sanitario, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y demás personal que
trabaja en la sanidad. Han trabajado de forma encomiable para salvar vidas, mientras muchos de ellos se infectaban, creo que más de 52 000, otros, por desgracia, también fallecían. Por eso creo que era de justicia el premio que han recibido, el
Premio Princesa de Asturias 2020 de la Concordia, premio al heroico sacrificio de los sanitarios españoles.
También nuestro agradecimiento a tantos y tantos españoles trabajadores esenciales y también los no esenciales, pero que han estado dando la cara en primera línea como han sido la Guardia Civil, la Policía, el Ejército, agricultores,
ganaderos, Protección Civil, pescadores, transportistas y trabajadores de la limpieza y de la cadena alimenticia y tantos y tantos españoles que con su noble trabajo han sido un ejemplo de buen hacer y solidaridad. A todos ellos nuestro
reconocimiento y agradecimiento. También quiero desear una pronta recuperación a todos los que todavía están hospitalizados o contagiados. Y para finalizar, todo nuestro cariño, solidaridad y apoyo a los familiares y amigos de los miles de
españoles que han fallecido. En memoria y recuerdo de todos ellos, que nos han dejado durante esta pandemia, desde el más profundo respeto les pido que iniciemos la Comisión con un minuto de silencio. (Las señoras y los señores diputados, puestos
en pie, guardan un minuto de silencio).
RATIFICACIÓN DE LA COMISIÓN, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, DEL ACUERDO DE LA MESA DE LA COMISIÓN DE 26 DE MAYO DE 2020 SOBRE CELEBRACIÓN DE COMPARECENCIAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO.
El señor PRESIDENTE: Antes de abordar el orden del día aprobado por la Mesa de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, es necesario que la Comisión ratifique el acuerdo de la Mesa adoptado el pasado 26 de mayo en lo
relativo a la celebración de las comparecencias del Defensor del
Pueblo. Esta ratificación es necesaria, ya que la Comisión no ha acordado todavía la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia para adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la
resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983 y de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado sobre la organización y funcionamiento
de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, de 21 de abril de 1992. Por consiguiente, someto a la Comisión la ratificación del acuerdo adoptado por la Mesa el pasado 26 de mayo en lo relativo a la celebración de las
comparecencias del Defensor del Pueblo que figuran en el orden del día. ¿Se puede entender aprobado por asentimiento? (Asentimiento). Muchas gracias.
Antes de dar la palabra al Defensor del Pueblo, les informo de que el Grupo Parlamentario Popular solicitó por escrito el pasado 13 de mayo a la Mesa de la Comisión la modificación del orden del día de la primera reunión de la Comisión que
se celebrase para incluir en el mismo la celebración de la comparecencia del Defensor del Pueblo para informar sobre las diferentes quejas recibidas por parte de los ciudadanos con motivo de las medidas adoptadas por el Gobierno de España en
relación con la COVID-19, así como las directrices que la institución que dirige ha realizado o va a realizar con motivo de esta crisis sanitaria. Para ello, les quiero leer el artículo 68 del Reglamento del Congreso, apartados 2 y 3, que disponen
lo siguiente. Artículo 68: El orden del día de una Comisión puede ser alterado por acuerdo de esta, a propuesta de su presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados miembros de la misma. En uno y otro
caso, cuando se trate de incluir un asunto, este tendrá que haber cumplido los trámites reglamentarios que le permitan estar en condiciones de ser incluido.
De conformidad con este precepto, quiero someter lógicamente al criterio de la Comisión -que es la competente hasta que esté delegada- la modificación del orden del día, y para eso voy a intentar ser muy breve. Le daré cinco minutos
solamente al grupo que lo ha solicitado, para que en cinco minutos dé su opinión. Al resto de grupos, si les parece, por analogía -lo haré igual que se hizo en la Comisión Constitucional-, les daré tres minutos. Simplemente es para explicar su
posición, con lo cual por tiempo máximo de cinco minutos -si es más breve, mejor- tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor defensor del pueblo. Señorías, volvemos a reiterar nuestra petición de tratar monográficamente la situación de la pandemia y el trabajo que ha venido realizando el Defensor del Pueblo en estos tres meses. Son casi 10 000
quejas las que se han recibido hasta la semana pasada y seguramente la mayoría de ellas están relacionadas con la situación de crisis que estamos padeciendo en todos los sentidos; ahora la sanitaria y dentro de poco la laboral, la social y la
económica. El Grupo Parlamentario Popular pide que el señor Fernández Marugán comparezca para hablar de todo lo que está aconteciendo ahora mismo. Lo intentamos en Mesa y portavoces hace unos días y no lo conseguimos. El Grupo Parlamentario
Socialista y Podemos impusieron la aritmética a pesar de que la aritmética iba en contra de lo ético. Por eso, le pedimos, señor Fernández Marugán, señor defensor del pueblo, que, si se lo tratan de impedir, haga usted una comparecencia motu
proprio. Haga una petición de comparecencia antes de que termine el periodo de sesiones, antes de que llegue el verano. Le pedimos que comparezca porque, haciéndolo más tarde, al final usted sería un notario, un recontador de situaciones y no
sería el defensor. Sería una persona que da cuenta, pero una persona que no actúa en el momento en que más lo necesitan los españoles. Defiéndanos de una Administración muy cambiante y errónea, que entendemos que, ni más ni menos, ha perjudicado
con muchas de sus decisiones a los españoles. Señor defensor del pueblo, de no hacerlo ahora como yo le pido, un asunto de esta envergadura pasaría más desapercibido en el año 2021 o en el año 2022, cuando tuviésemos que hablar de lo que está
pasando ahora aquí en España. Perdería la oportunidad de demostrar la eficacia que tiene su institución y la necesidad que tenemos de la defensoría. No podemos esperar, señorías. Es hoy, es ahora cuando la pandemia está en su máximo grado de
agresividad. La espera sería ilógica e inexplicable. Por eso, insistimos en pedir hoy que comparezca en estos días para hablar monográficamente de lo que está haciendo el Defensor del Pueblo. No queremos que se haga una defensoría al uso. Lo que
se le pide, lo que le encomienda a usted la Constitución española y lo que le encomienda a usted la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, señor Fernández Marugán, es que actúe con la responsabilidad de alguien que cumple con su obligación,
que cumple sin desidia, que cumple sin ineficacia y que incumpliría si no hace lo que le estamos pidiendo.
Somos el país del mundo con más sanitarios infectados. Somos el país del mundo con más muertos por número de habitantes. Señor Fernández Marugán, somos el país -y usted lo ha tenido que estar recogiendo- donde los familiares no se han
podido despedir de sus seres queridos, donde los sanitarios no han tenido equipos de protección ni material suficiente, donde ha habido material defectuoso. El hecho de ocultarlo en el portal de transparencia no cura, señor defensor del pueblo.
Por eso, le pedimos que comparezca por todos los españoles, por los que han padecido y están padeciendo por su salud y también por los que van a padecer en lo económico, en lo social y en lo laboral, como le comenté al principio.
Señor Fernández Marugán, díganos qué les preocupa más ahora a los españoles en esta situación, qué propone la defensoría, qué iniciativas ha tomado, hay cuatro referencias de prensa solamente en estos tres meses. Nosotros queremos ver a ese
Defensor del Pueblo que cuando presentó el informe de 2017 decía textualmente que se definía como valiente e independiente. Nosotros queremos ver a ese Defensor del Pueblo que decía textualmente que él no iba a mirar para otro lado en ninguna
situación. Señor defensor del Pueblo, si no se hace, serían palabras vacías, vacuas, inútiles, estériles, habría sido una puesta en escena. Señor defensor del Pueblo, no comparecer para hablar de lo que está ocurriendo, de cómo se puede mejorar,
de cómo se podría haber evitado, de cómo se puede corregir, de cómo la Administración del Estado puede hacerlo mejor en este decreto de alarma, en esta situación de pandemia, haría parecer que el Defensor del Pueblo es un peón al servicio del
Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Se entendería, señor Defensor del Pueblo, que el defensor no está para defender a los españoles, está para proteger a un Gobierno. Con lo que significa esta institución, Soledad Becerril, Cava de
Llano, Múgica, Rovira, Álvarez de Miranda, Gil Robles, Ruiz Giménez, no se puede ir usted en su periodo, que es corto ya, por la puerta de atrás.
El señor PRESIDENTE: Le queda prácticamente medio minuto.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Tiene que hacerlo con grandeza, cumpliendo con su obligación, con valentía, con independencia y con coraje, por eso no podemos esperar, debe explicarse, debe comparecer para todo esto, por fuerza, con fuerza y
con honor. Hágalo, comparezca, es urgente, es el momento, es ahora.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Ahora vamos a iniciar el turno para fijar la posición los distintos grupos en orden de menor a mayor.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra don Clemente Sánchez-Garnica.
El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señor presidente, señor Defensor del Pueblo, señorías, voy a ser muy breve porque las circunstancias extraordinarias son las que son. El retraso en la tramitación de las memorias 2018 es evidente. Desde
nuestro punto de vista, debe iniciarse el trabajado y en su caso hablar del presente y de la necesidad de la renovación de la institución. Por lo tanto, nosotros creemos y aceptamos el resultado de la votación del pasado mes de mayo, en la que se
decidió que hoy se debatiera sobre lo que desde nuestro punto de vista había que debatir, que son las memorias de 2018 y 2019.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Ahora es el turno de María Mercedes Garmendia, del Grupo Vasco.
La señora GARMENDIA BERECIARTU: Buenos días, señorías.
Yo me remito también a la decisión que tomamos de presentar hoy los dos informes de 2018 y 2019. Evidentemente es tarde, pero es así en lo que quedamos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Plural, tiene la palabra don Sergi Miquel. (Pausa). No hay nadie de ese grupo.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra doña Carlota Santiago.
La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias, presidente.
En principio nosotros mantenemos la postura que tuvimos en la reunión de Mesa y portavoces. Concretamos que el defensor vendría a exponernos los informes de 2018 y 2019 y eso no quita que
además le traslademos la inquietud de que necesitamos realmente una comparecencia monográfica sobre el COVID-19, que se lo sugerimos bien a petición propia, bien por parte de los grupos parlamentarios.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Republicano, tiene la palabra doña María Carvalho.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Muchas gracias, señor defensor del pueblo.
El Grupo Republicano reitera lo acordado en la última reunión. Necesitamos que nos explique los ejercicios 2018 y 2019 para que los grupos parlamentarios podamos expresarnos y que luego venga el señor defensor del pueblo a dar cuenta de
todas las denuncias hechas durante la época de la pandemia, por supuesto. Las violaciones de derechos humanos ocurren cada día y llevamos dos años de retraso -desde el 2018-.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Ha habido una sustitución del portavoz de Unidas Podemos. Tiene la palabra señor López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.
El grupo de Unidas Podemos se ratifica también en lo expresado y mantiene, por tanto, que en la sesión de hoy se presenten los informes anuales de 2018 y 2019.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo VOX, tiene la palabra su portavoz, Francisco José Alcaraz.
El señor ALCARAZ MARTOS: Muchas gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario VOX se suma a la petición del Partido Popular, y no solo porque lo pida el Partido Popular sino porque muchísimos españoles están esperando ser amparados por el Defensor del Pueblo ante la situación de crisis que
estamos viviendo en estos momentos. No podemos fallar a quienes representamos, que es al pueblo español.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Y por parte del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, Mariano Sánchez.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Buenos días, señor presidente, señorías. Bienvenido, señor Defensor del Pueblo.
Quisiera ratificar lo que se había acordado en la reunión anterior. Decidimos que viniera a dar cuenta el Defensor del Pueblo de los ejercicios 2018 y 2019. Para el Partido Socialista, este tema no es una cuestión de aritmética ni nada por
el estilo, como ha puntualizado el portavoz del Partido Popular. Estamos de acuerdo, por supuesto, en que venga a dar cuenta de todas las quejas que puede haber referentes al COVID-19, pero pensamos que no es el momento, porque todavía,
desgraciadamente, siguen falleciendo personas por el COVID-19. Yo le invitaría a que compareciera aquí a petición propia para dar cuenta del informe, pero a su debido tiempo, porque ahora no es el momento de hacerlo, ni mucho menos. Hoy debería
explicar el informe 2018-2019, que es lo que habíamos acordado.
También quisiera recordar que el Defensor del Pueblo solo podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales, como así lo establece el artículo 54 de la Constitución. Ese es su mandato y su obligación.
Pero no tiene atribuida, en ningún caso, la función de controlar al Gobierno. Esta función le corresponde, según el artículo 66 de la Constitución, a las Cortes Generales, que son las que representan al pueblo español, en el Pleno de sesión de
control al Gobierno. Ahí es donde se controla al Gobierno. Lo digo porque parece ser que la derecha de este país quiere utilizar la figura del Defensor del Pueblo para controlar al Gobierno, y ese no es su cometido.
Por mi parte, nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Una vez escuchados a todos los grupos, someto a votación la modificación del orden del día. (El señor López de Uralde Garmendia pide la palabra). Sí.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Señor presidente, para una cuestión de orden.
Una vez expresada la opinión de los grupos y habiendo quedado claro que la opinión de la mayoría es mantener el orden del día, me parece que no procede una votación presencial, ya que no están presentes en la Comisión todos los miembros de
los grupos.
El señor PRESIDENTE: Señoría, lo que sí está claro es que como presidente debo cumplir lo que establece el Reglamento, como no puede ser de otra manera, y someter esta cuestión a votación. No puedo hacer una interpretación sino someterme a
lo que legalmente está establecido.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de modificación del orden del día.
COMPARECENCIAS DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (FERNÁNDEZ MARUGÁN) VOTADAS FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN:
- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2018 Y ANEXO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MISMO PERIODO. (Número de expediente del Congreso 260/000001 y número de expediente del Senado
780/000001).
- PARA VALORAR EL INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2018. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso 212/000036 y número de
expediente del Senado 713/000075).
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (FERNÁNDEZ MARUGÁN) VOTADA FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN:
- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2019 Y ANEXO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MISMO PERIODO. (Número de expediente del Congreso 260/000002 y número de expediente del Senado
780/000002).
El señor PRESIDENTE: A continuación, doy la palabra al defensor para abordar las comparecencias que figuran en el orden del día. Les anuncio que las dos comparecencias se realizarán de una forma acumulada. Tras la intervención del
Defensor del Pueblo, daré la palabra a los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de quince minutos -al ser las dos acumuladas, hemos querido ser generosos- y, luego, abriremos un segundo turno de cinco minutos.
Señorías, por ello, les anuncio que, al finalizar la comparecencia, también someteremos a votación de la Comisión la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia, para adoptar los acuerdos a los que se refiere el artículo 44 del
Reglamento concordante con la resolución -como les he dicho antes- de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre del 1983, y de conformidad a lo previsto en la disposición adicional primera de la resolución de las Mesas del Congreso de los
Diputados y del Senado, sobre organización y funcionamiento de la Comisión Mixta de Relaciones con las Cortes, de 21 de abril de 1992.
A continuación, es un placer conceder la palabra a don Francisco Marugán, Defensor del Pueblo del Reino de España.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Muchas gracias a todos y a todas.
La verdad es que nosotros llevamos casi dos años a la espera de tener la oportunidad de poner de relieve, delante de la Comisión Mixta de Relaciones entre el Congreso y el Senado con el Defensor del Pueblo, el trabajo que hacemos. A veces
uno podría acumular el número, no ya de los informes anuales, que cada informe anual tiene como 800 o 900 páginas, sino una serie larga y extensa de trabajo y de papeles parlamentarios que están registrados desde el año 2018 y los del año 2019. Es
una satisfacción venir aquí a contar las cosas que hacemos, las cosas que nos preocupan y lo que piensan los españoles de esta institución, que ha tenido que vivir en los últimos años sin apenas presencia parlamentaria y
cubriendo su cometido a través de una extensa y dilatada presencia en los medios de comunicación social.
Entrando en el fondo lo que nos preocupa, nosotros vamos a analizar el año 2018 y el año 2019, y tenemos bastante interés en poner de relieve delante de ustedes cuáles son las perspectivas de conjunto de lo que hemos actuado. En el año 2018
se presentaron algo así como 17 000 quejas, y en el año 2019 se presentaron unas poquitas más, 20 616, que es un 16 % más que el año anterior. ¡Hombre!, la casa no solamente analiza quejas, sino que también presenta resoluciones dictadas en su
conjunto; en el año 2018 por 1152 y en el año 2019 por 1551. Por lo tanto, hemos incrementado nuestra presencia en el seno de la sociedad española en un 34 %.
Hay algunas cosas que son relativamente singulares y que además forman parte de las competencias del defensor. Al defensor acuden muchos ciudadanos solicitando que interpongamos recurso de inconstitucionalidad y unas veces se admiten y
otras veces no se admiten. Hemos tenido alguna fortuna: el año pasado presentamos una solicitud de recurso de inconstitucionalidad en una cuestión relevante relacionada con la Loreg y en un tiempo relativamente breve, y con cierta atención por
parte de la opinión pública, el Tribunal Constitucional nos dio la razón. Ahora tenemos una cosa relativamente parecida y creemos que, de alguna manera, quizá tengamos la posibilidad de decir que una disposición de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León relacionada con la caza encuentra la acogida del Tribunal Constitucional.
Desde el punto de vista temático, a nosotros nos llegan quejas en relación con la vivienda -el Defensor del Pueblo es muy partidario de que el tema de la vivienda se encarrile, por el bien de nuestros jóvenes, de una manera razonable-, con
la sanidad, con la educación, con el proceso migratorio -que tanta importancia tiene en esta parte de la Europa de la Unión- y con un conjunto y un abanico amplio de cuestiones sociales. El año pasado en este bloque se presentaron 4600 quejas;
este año se han presentado 5077.
Desde el punto de vista territorial, también hay cosas que nos parece que deben ser tenidas en cuenta. Si uno coge las cuatro primeras comunidades autónomas españolas: Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña, en ellas se aglutina el 62 % de
las quejas recibidas. Nosotros creemos sinceramente que, de alguna manera, los españoles que tienen la posibilidad, al menos en tres de estas cuatro comunidades autónomas -Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña-, también acuden al Defensor del
Pueblo de España para la defensa de sus intereses. En el año 2019, Madrid -que no tiene Defensor del Pueblo- fue la más numerosa, con 5700 quejas; Andalucía le siguió con 2429; Valencia, con 2100, y Cataluña, con 1915. Por lo tanto, realmente
ese es un poco el esquema numérico del trabajo de estos dos años.
Voy a referirme en este momento a los temas importantes. En octubre del año 2018 nosotros comparecimos aquí y escuchamos a una serie de grupos de aquella Cámara que nos decían que nos preocupáramos del asunto de la violencia de género, y
por primera vez el Defensor del Pueblo presenta un informe específico sobre la violencia de género en España. La violencia de género en España, como bien saben ustedes, tiene una situación realmente problemática. Si uno cuenta desde el año 2003 el
número de mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o de sus exparejas, son 1054; si uno cuenta el número de niños y niñas asesinados por su progenitor desde el año 2013 -que es desde el que se viene haciendo el conteo-, han sido 37.
En estos dos datos -1054 mujeres y 37 niños y niñas- se incluye el último asesinato, el que se produjo en el día de ayer en Úbeda. Por tanto, estamos ante un problema importante, que ha sido progresivamente analizado en la sociedad española. Y
desde luego en el informe de 2019 hemos insistido en reclamar medidas de protección adecuada para las unas y para los otros. Este es un problema que no quisiera dejar de señalar porque hay alguna peculiaridad relativamente importante. Las quejas
de violencia de género son muy complejas y la intervención del defensor es una intervención relativamente limitada, pero eso no quiere decir que el defensor no esté a gusto haciendo uso de esos límites. ¿Por qué es limitada? Primero, porque los
hechos son objeto de delito y, por lo tanto, con una cierta rapidez pasan a un proceso judicial. Yo creo que hemos de saberlo y tendremos que ser capaces de desenvolvernos con habilidad en un espacio tan corto de tiempo.
¿Cuáles son los motivos principales de las quejas? Los motivos principales de las quejas son, en primer lugar, la escasez de medios y de personal en muchos servicios de las administraciones públicas y, en segundo lugar, la falta de
instrumentos de coordinación para lograr que se produzca una intervención integral. Dicho esto, sí señalaría una circunstancia que a mí me parece relevante: estamos bastante satisfechos del trabajo que hemos logrado hacer a lo largo de los últimos
meses con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los avances que se han producido en materia de protocolo. Por lo
tanto, hay que seguir trabajando en esa dirección, pero no solamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también con los servicios sociales y con las asociaciones de mujeres que realizan el trabajo de campo. Por lo
tanto, este es un hecho que me parece importante destacar en la mañana de hoy y ponerlo como el primer capítulo sobre el cual el defensor quiere hablar en este momento.
El segundo tema también es de una cierta notoriedad, el del ingreso mínimo vital. Creemos que es bueno establecer un criterio a favor de que se regule en España un sistema estatal de rentas mínimas. Un sistema de rentas mínimas que tiene
varias motivaciones; estoy pensando fundamentalmente en las pensiones no contributivas, en los complementos de mínimos, en las prestaciones familiares por hijo a cargo, en los subsidios de desempleo y también en un conjunto de rentas mínimas de
inserción con las y en las comunidades autónomas. En el año 2017 presentamos un informe sobre la crisis y la desigualdad, y ya entonces nos pronunciábamos sobre nuestra visión en materia de medidas de inserción de las comunidades autónomas.
Señalábamos que estas medidas de inserción tenían un carácter residual, sus prestaciones estaban muy fragmentadas, mantenían una clara desigualdad territorial, escasa cobertura y se alejaban de alguna manera del tipo de medidas de inserción que
existían en otras zonas del contexto europeo. Nosotros creemos que esa escasa capacidad, esa síntesis hacía que de alguna manera los mecanismos de reducción de la pobreza fuesen en España débiles y que esa debilidad se tuviera que afrontar. Y si
eso lo dijimos en el año 17, hemos vuelto a reiterar esa posición en 2019. En el año 2019 hemos dicho -y lo dice el informe de esa anualidad- que es preciso definir una garantía de rentas homogéneo para el conjunto de la población que limite de
alguna manera la actual fragmentación. El defensor considera ineludible estructurar en el plano estatal un sistema integrado de rentas mínimas que regule por ley una prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social.
Creo que vivimos en un momento en el cual la heterogeneidad ha hecho presencia y también la debilidad. Por lo tanto, hay que ser capaces de resolver lo uno y lo otro. Soy plenamente consciente de que las propuestas presentadas aquí por los
partidos políticos y por los sindicatos trabajan en esa dirección. Quisiera recordar a sus señorías que hubo una iniciativa legislativa popular, que contaba nada más y nada menos que con 700 000 firmas, que estaba destinada a acabar con la pobreza
extrema. También hubo instituciones como el defensor, como Cruz Roja, como Cáritas, que de alguna manera señalaban que era el momento y se daba la circunstancia como para que se pudiera abordar esta cuestión. Había un precedente que se resolvía en
una determinada dirección, una ley buena que ha permitido afrontar determinadas cuestiones, que era la Ley de la dependencia, que fue por el camino de los Presupuestos Generales del Estado, y había una posibilidad de una ley -que yo tengo la
confianza de que también sea tan buena como la anterior- que abordase el tema de la desigualdad desde un punto de vista no ya de los Presupuestos Generales del Estado, sino del presupuesto de la Seguridad Social. Por lo tanto, de alguna forma hay
que velar por que determinados niveles de renta de los hogares tengan un principio de igualdad con independencia del lugar donde se residencian.
Por último, yo no suelo hablar de política aquí, no estoy aquí para hablar de política; yo estoy aquí para otra cosa, yo estoy aquí para supervisar cómo actúan y cómo se desenvuelven las administraciones públicas. Creo sinceramente que el
estado de alarma ha llegado prácticamente a su fin y que ese fin puede que se produzca en los próximos quince o veinte días, parece ser que va a ser así, pero hay que pensar que en adelante nos vamos a encontrar con otro tipo de problemas. Creo
honestamente que hay que pensar que el otoño puede que sea bastante duro y que deberíamos ser capaces de ir encajando algunas piezas institucionales y del sistema para hacer frente a esta situación. Yo tengo fe en el trabajo del Parlamento, pero el
Parlamento tiene una tarea muy compleja, que es la de reconstruir en alguna medida la economía. Y no tengo nada más que decir que deseo que así sea.
Pero sí quisiera llamar la atención de sus señorías sobre algunas cosas que ocurren en la política española y que son fundamentalmente un problema de todos. La política española lleva meses con un sabor que destila una cierta amargura, una
cierta densidad y algo de oscurantismo. En ese contexto de una situación un tanto tenebrosa sí tengo que decir que me he sentido muy cómodo a través de sistemas y procedimientos que superen la acidez, y uno de ellos es el ingreso mínimo vital, que
se ha aprobado sin votos en contra. Me ha recordado que, hace muchos años, la primera ley que se aprobó en el Parlamento de España fue la Ley del Patrimonio. Luego ya vino una cascada de reformas económicas y políticas que dieron origen a un
periodo brillante de la política española. Aquí nos hemos encontrado, gracias a quien sea -a Dios, diría un creyente; yo lo digo porque lo soy-, que hemos sido capaces de abrir una ventana que hace pensar que el Congreso quiere tener muy en cuenta
el problema de todas aquellas familias que lo han perdido todo en este momento de la vida. Y me produciría una enorme satisfacción que el Congreso
y el Senado, el Parlamento, tuvieran una atención muy destacada en el deseo de corregir los niveles de pobreza que existen en la sociedad española. Esas eran las dos primeras cuestiones a las cuales yo quería referirme, y creo sinceramente
que tiene una importancia singular que hayamos ido por esa dirección.
El siguiente tema sobre el cual quiero pronunciarme es el de la sanidad. El Sistema Nacional de Salud es un pilar básico de nuestra arquitectura institucional y es uno de los logros más relevantes ocurridos en los últimos cuarenta y dos
años de democracia. Sobre el Sistema Nacional de Salud tienen buena opinión los ciudadanos, los profesionales y los organismos internacionales. Me van a permitir que traiga a colación de esa buena opinión nada más y nada menos que la opinión de
Stiglitz. Stiglitz, que fue Premio Nobel de Economía hace unos años, concedió una entrevista a un periódico español, La Vanguardia para ser más exactos -lo hizo el día 20 de abril, o sea, anteayer-, y dijo que la sanidad que los españoles
disfrutaban era de las mejores del mundo hasta que empezaron los recortes de su presupuesto. Nada que decir. Pero dijo algo más, dijo: ¿qué político reivindica ahora aquellos recortes? Yo creo que nadie reivindica aquellos recortes, pero
aquellos recortes se produjeron.
El sistema sanitario en España tiene algunas características que son relativamente peculiares, está altísimamente centralizado, pero también ha sufrido algunos efectos como consecuencia de la crisis de 2008. El gasto en sanidad en España,
pública y privada, tiene una media inferior a la media de la Unión Europea. Aquí gastamos 1 punto menos en sanidad de lo que gastan los comunitarios, por decirlo de alguna manera, algo así como 12 000 millones de euros. Si en lugar del gasto bruto
uno coge el gasto sanitario per cápita, se encuentra con que la Unión Europea tiene un gasto de 2884 euros por persona y año, y que España tiene 2371 por persona y año. Por lo tanto, la primera cuestión es qué es lo que uno tiene que preguntarse a
la hora de hacer esta comparación, y yo creo, sinceramente, que la explicación se halla en el tema de la población. En el año 2008 España tenía 45,6 millones de habitantes y en el año 2018 tenía 46,6 millones de habitantes; es decir, España pasó a
tener 1 millón más de beneficiarios, pero, fíjense, entre el año 2008 y el 2018 los recursos que maneja el sistema sanitario español tan solo han subido una décima, pasaron del 6,1 al 6,2. Este es un hecho que no debería ignorarse. ¿Por qué?
Porque el número de beneficiarios se ha elevado y se ha elevado de manera muy fuerte, 1 millón, pero los recursos que se manejan en el sistema son bastante más modestos. En estos días que tenemos tanta preocupación por tantas cosas esto no debería
olvidarse.
¿Qué ocurre con el gasto público? El gasto público en sanidad ha descendido y lo ha hecho como consecuencia de estos recortes de los cuales hablaba Stiglitz. Ese descenso ocurrió, pero a partir de los años 2014 o 2015 ha venido elevándose
de una manera modesta, pero se ha elevado. ¿Y dónde se han producido esos recortes? Esos recortes se han producido fundamentalmente en el gasto de personal; es decir, ha habido reducciones de plantillas, ha habido paralizaciones de contratos, ha
habido contratos menos estables para muchos asalariados, ha habido recortes salariales... En fin, estas cosas que todos hemos vivido entre 2008 y 2018. También se produjo una reducción en la inversión en equipos y en las obras de mantenimiento.
Considero que algunas consecuencias se han derivado de este tipo de políticas: las listas de espera se vuelven muy largas y las urgencias se encuentran en muchas ocasiones saturadas. Por lo tanto, una parte del equipamiento tecnológico que existía
ha envejecido por falta de inversión y porque la inversión para el mantenimiento de los hospitales es relativamente complicada. Pero no solamente ocurre esto, sino que escasean los profesionales en algunos territorios, sobre todo en el área de la
atención primaria y en el área de la sanidad rural. Bastante evidente es la insuficiencia de personal en algunas especialidades médicas, ya sean médicos de familia, pediatras, dermatólogos, anestesistas y personal de enfermería. ¿Y qué dicen los
profesionales? Los profesionales sanitarios manifiestan su preocupación por las condiciones de precariedad laboral bajo las cuales realizan su trabajo, exigen una reacción efectiva por parte de todos los poderes públicos y pretenden que haya un
acuerdo de ámbito estatal. ¿Cuál es el punto de vista de esta institución? Nosotros creemos que parece imprescindible que en la atención primaria se establezcan unas condiciones aceptables de trabajo y que esas condiciones afecten a los centros de
salud, a los consultorios o a los servicios de urgencia no hospitalaria. Por lo tanto, sinceramente, la atención especializada también requiere un refuerzo para consolidar sus plantillas, y lo dicho hasta ahora por parte de estos profesionales y la
posición que el Defensor del Pueblo ha de adoptar es clara: España necesita un gran acuerdo político-social para fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Salud.
El siguiente capítulo que me gustaría abordar esta mañana aquí es el tema de la vivienda. A este tema se le pueden establecer una serie de rasgos que son importantes. Yo los he enumerado en seis; el tema de la vivienda en España tiene
seis rasgos, lo que lo hacen muy singular. El primero, la vivienda en
propiedad es cara y hay que hacer un esfuerzo importante para adquirir una vivienda en propiedad. La segunda característica es que el número de viviendas en alquiler es bajo. Eurostat y el Ministerio de Fomento calculan que hay alrededor
de tres millones de viviendas en alquiler. El tercer elemento es que llevamos algunos años viendo cómo el alquiler asciende de una manera muy evidente -alguien dice que desorbitadamente- y que eso tiene unas consecuencias relativamente destacadas,
en el sentido de que las subidas de los alquileres evolucionan por encima de las rentas de las familias, con lo cual se produce un fenómeno de merma de la renta disponible de los hogares. El gasto público en la función vivienda es un gasto que se
ha ido reduciendo paulatinamente. Yo creo que aquí se produce un hecho que los economistas entendemos mal. Lo habitual en política económica era seguir el paradigma keynesiano, es decir: la política de viviendas se incrementa cuando la actividad
económica da muestras de flaqueza y la política de vivienda se esconde en las fases expansivas. Eso es lo que dicen los libros y yo creo que esa es una buena política. En nuestro caso, algunas cuestiones no funcionan bien. La construcción de
viviendas nuevas públicas ha caído a mínimos históricos. Y -por qué no decirlo- si no hay un cambio profundo de la orientación de las políticas públicas de vivienda, la vivienda pública puede llegar a desaparecer. Yo creo que este es un tema sobre
el cual deberíamos ser capaces de reflexionar. En el año 2018 presentamos un documento que se titulaba: Vivienda protegida y el alquiler social en España, en el que se analizaba cómo ha evolucionado la vivienda en España y que incide de alguna
manera en este tipo de cuestiones que yo he venido destacando a lo largo de esta mañana. Hay una pregunta determinante sobre la dificultad que padecen muchos hogares a la hora de adquirir una vivienda. He hablado del tema del precio de la vivienda
diciendo que es alto; está claro que los salarios para adquirir esa vivienda, en términos relativos, son bajos; las condiciones laborales son duras, sobre todo entre los jóvenes; el precio del alquiler está por las nubes en muchos casos y -por
qué no decirlo con cierta gracia- nosotros somos campeones en la precariedad, conciliamos poco y la emancipación de los hogares a veces es tardía; bueno, a veces es tardía y a veces se producen fenómenos de vuelta al principio de la cuestión. Por
lo tanto, yo me haría una pregunta que, de alguna manera, es importante. De esta tipología y de esta descripción de hechos que he hecho a lo largo de mi intervención se deriva una conclusión, y es que el acceso a la vivienda para los jóvenes se ha
vuelto imposible, literalmente imposible. Y la única manera de hacer frente a esta situación es aumentando la oferta, porque que hay una fuerte demanda de alquiler ya lo sabemos, pero, como no hay un aumento de la oferta, las dificultades de
adquirir una vivienda son relativamente importantes. Coincido con economistas conocidos en España, en Madrid y Barcelona, como Carmen Trilla, Julio Rodríguez López, García Montalvo, Mas-Colell -fíjense, Mas-Colell-, que todos dicen lo mismo: la
mejor intervención en el mercado de vivienda consiste en aumentar la vivienda social. Pues a ese tipo de intervenciones se acaba de referir el gobernador del Banco de España, que ha dicho que hay que hacer algunas políticas relevantes en materia de
vivienda en España y que el aumento de la vivienda social debe ser algo más que el aumento de la vivienda a través de unas cuantas promociones, y que eso va a exigir un programa de viviendas sociales al que se dedique un alto volumen de recursos
públicos y se establezca una importante coordinación. Las actuaciones son fáciles de enunciar, pero el despliegue simultáneo de un abanico de líneas de políticas complementarias es absolutamente vital, políticas tributarias, políticas de inversión
pública y medidas reguladoras de ámbito municipal. Además, este tipo de medidas tienen que ser consistentes y mantenibles en el tiempo, y tienen que estar dirigidas a familias con bajos ingresos, sobre todo a los jóvenes y a las familias de bajos
ingresos, y en las áreas metropolitanas. La pregunta es la siempre: qué hacer. Yo lo voy a decir sencilla y llanamente, hay que incrementar el parque de vivienda en alquiler a unos precios razonables. A eso deberían dedicarse las políticas
públicas en los próximos años porque, de alguna manera, esta es una cuestión que no debería pasar desapercibida.
Después de la vivienda quisiera hablar de lo que hemos visto, porque yo hablo siempre de las cosas que veo. Yo superviso; para controlar están ustedes, para supervisar estoy yo. Eso quizás sea discutible, pero para mí es relativamente
claro. Entonces, el siguiente punto que me parece destacable es el tema de la educación. Save the Children -que es una ONG que trabaja aquí y que trabaja, de alguna manera, bien- ha dicho que el problema central que tiene el sistema educativo
español es que no ha logrado la inclusión social. Y hace un análisis que, desde mi punto de vista, es inteligente. Dice que nosotros, los españoles, mi generación, que es una generación que consigue un éxito político importante, que es el éxito
político de la universalización de la enseñanza -siglo XX, universalización de la enseñanza- tenemos pendiente de resolverse todavía el problema de la desigualdad social y de la pobreza infantil. Y da una explicación que va más allá de las escuelas
pero que tiene que ver con lo que sucede en la
sociedad española: el contexto socioeconómico de las familias y el nivel de formación y de titulación académica es importante; es decir, los centros educativos, por públicos que sean, no logran amortiguar la desigualdad inicial. Primer
tema. Hay una falta de atención pública a eso que se llama los gastos ocultos. Los gastos ocultos en realidad son los que hacen las familias para afrontar una serie de gastos tan importantes como son los ordenadores, las tablets, los libros de
textos, el material escolar, el transporte, las actividades extraescolares, el aprendizaje de idiomas. Sinceramente, son gastos que afectan de alguna manera al problema del paro y la pobreza y que suponen enormes dificultades para muchas personas,
para muchas familias que se tropiezan con este tipo de situaciones; luego, no todos tenemos la misma situación. Hay personas afectadas por el paro y por la pobreza que no le prestan la suficiente atención a los centros a los cuales van sus hijos.
Por lo tanto, aquí también se produce el mismo hecho.
El ajuste de 2008 -yo no hablo nunca o casi nunca de políticos, hablo de fechas y ustedes pueden trasladar las fechas a políticos, pero esa es su tarea, no la mía- tuvo consecuencias serias en esta sociedad porque el gasto medio familiar
subió y porque bajó la inversión pública en vivienda y también bajó la inversión pública en educación y disminuyeron el número de becas y las ayudas para acceder a los servicios educativos. Y hay un hecho sobre el cual quiero pronunciarme, y además
lo voy a hacer de verdad. Miren, nosotros deberíamos todos -estoy seguro de que lo hacemos así, pero a veces sale o no sale- disponer de un sistema educativo inclusivo, estable y de calidad. Un sistema de estas características no surge de la noche
a la mañana, un sistema requiere tiempo. Este tipo de sistemas requieren tiempo. Me van a permitir que diga una cosa en la que creo. En España, nuestra experiencia histórica en el uso del tiempo en reformas educativas es muy generoso. Siete
leyes educativas han sido aprobadas en esta Cámara a lo largo de los últimos cuarenta años; siete leyes. Y detrás de cada reforma educativa hay un esfuerzo importante; los cambios normativos acarrean revisiones de la legislación, procesos de
sustitución, nuevas normas, nuevos desarrollos reglamentarios, nuevos planes. Hay que dedicarse detrás de cada reforma educativa a hacer un esfuerzo relativamente considerable. Creo sinceramente que algunas cosas deberían cambiar. Creo que un
sistema educativo es bueno en la medida en la que evalúa los resultados de su tarea, que corrige las deficiencias y que optimiza los recursos. Y eso tiene sus problemas. Yo formo parte de los que creen que un sistema educativo bueno ha de disponer
de una financiación suficiente; ha de disponer de un sistema de selección y formación del profesorado adecuado; ha de promover la inclusión social para evitar el índice de fracaso y el abandono escolar; ha de facilitar la igualdad en las
condiciones de partida según la situación económica de los alumnos; ha de establecer un sistema de becas justo, adecuado y con un procedimiento de pago ágil, que elimine la incertidumbre en los receptores, y ha de tratar de implicar a las familias
en este tipo de cuestiones. Miren, esta es la casa donde deberíamos ser capaces de hacer coincidir muchas cosas; primero, las coincidencias sobre los desacuerdos y, sobre todo, debemos dar a nuestro sistema educativo una estabilidad de la que
adolece por el escaso tiempo que se dedica a este tipo de requisitos básicos. Por lo tanto, yo creo que es la hora de buscar coincidencias y la hora de evitar los desacuerdos. Así lo dice el Consejo Escolar del Estado: es necesario que se
normalice la situación de inseguridad jurídica y de inestabilidad legislativa que tiene el sistema educativo español.
Siguiente punto que a mí me parece importante, y que además lo es: el tema de los mayores. He hablado muchas veces del tema de los mayores en muchos lugares de España, quizá porque uno es mayor, pero he hablado de esta cuestión. Hay tres
maneras de acercarse a ese tema -y a lo mejor hay una cuarta, pero bueno-: hay un problema de envejecimiento de la población, hay un problema de soledad no deseada y hay un problema de vejez en los centros residenciales de los mayores. Esas tres
cuestiones están ahí, encima de la mesa, y las conocemos todos. ¿Qué quiere decir el envejecimiento? El envejecimiento quiere decir que nosotros en este momento, en el año 2019, tenemos 9 millones de personas mayores de 65 años, es decir, el 19,3
% del total de la población, y que el INE calcula que en el año 2068, es decir dentro de cuarenta años, podríamos tener en España más de 14 millones de personas más con más de 65 años; es decir, pasaríamos del 19,3 al 29,4 %. Aquí hay un problema
importante: estamos inmersos en eso que algunos llaman el envejecimiento del envejecimiento, y además no solamente este es un tema destacado, sino que algunas cosas han cambiado en el seno de la sociedad española. Los recursos de apoyo familiar
ahora son mucho más complejos que antes, bastante más complejos que antes; hay nuevas formas de convivencia, hay distintas modalidades de familia, hay una composición de los hogares que ha cristalizado en los últimos decenios y que es, sin lugar a
dudas, un hecho novedoso que, desde luego, va a dar origen a cambios serios en la atención social.
Segundo tema, los ancianos. Nosotros le llamamos aquí, y no me parece mal que se le llame así, la soledad no deseada. La soledad no deseada es en alguna medida un hecho desconocido en España. No tenemos una radiografía precisa del alcance
del problema de la soledad no deseada. Carecemos en este caso, y en otros muchos más, de datos oficiales globales, digamos que localizados geográficamente. Hay ONG, Médicos del Mundo, Cruz Roja, Cáritas, el Teléfono de la Esperanza, que dicen que
ellos atienden a una serie de personas a las que identifican claramente como personas que viven solas. Dicen una cifra que yo no voy a decir porque me parece que no debo decirla, pero es una cifra significativa. ¿Y cuál es el problema? Yo creo
que estamos ante personas mayores que han perdido a su pareja, a su familia, a sus amistades, sus contactos laborales y sus relaciones sociales. Muchas son personas con pensiones que no les permiten vivir con dignidad y que padecen alguna
discapacidad. Muchas de ellas durante periodos de tiempo prolongados no tienen contacto alguno en la vida ordinaria con otros seres humanos y, a veces, carecen de él durante semanas y meses. Son gente que está sola, viven solos.
En el Reino Unido se han preocupado de esta cuestión y tienen algunas estructuras políticas y administrativas que se ocupan de la soledad no deseada. En España, institucionalmente no tenemos nada de esto y el problema de los mayores no
entra en las prioridades de los Gobiernos, no digamos más ni menos. En nuestro caso, nosotros hemos ido en otra dirección, la sociedad ha dejado de responsabilizarse de esta cuestión y se la ha trasladado de alguna manera a las familias. El
Imserso ha hecho algunas aproximaciones a esta cuestión y se pregunta por qué ocurre esto. Ocurre porque hay dificultades de adaptación a la jubilación. Cuando uno se jubila pierde la capacidad adquisitiva y eso se nota. Hay una desvinculación
social destacada; se pierden amistades, se empobrecen las relaciones sociales, se reducen las actividades fuera del hogar. Aparecen fenómenos adversos como la dispersión, el alejamiento de los hijos, la viudez. Y también hay problemas de salud,
de depresión continuada y de salud mental deteriorada. Por tanto, yo creo que es un tema sobre el que es necesario abrir un debate social para encontrar vías efectivas que aborden ese tipo de iniciativas. Hay que conocer, hay que concienciar, hay
que gestionar y hay que prevenir la soledad de las personas mayores y estas cuestiones son clave todas ellas para disminuir sus consecuencias.
Y vamos a plantearnos el otro tema: el tema de la vejez en los centros residenciales. A nosotros nos gusta venir aquí y darles algún material a ustedes para que se informen de lo que nosotros vemos, y nosotros hemos hecho un documento este
año que está en el libro gordo de Petete, es decir, que está en el ejercicio de 2019: Atención a las personas mayores. Centros residenciales. Informe anual del Defensor del Pueblo del año 2019. Esta es una reflexión que hemos hecho y,
sinceramente, hemos querido venir aquí por muchas razones, pero además hemos querido venir para decírselo, no por otra cosa.
¿Cómo se gesta este documento? Pues, de una manera muy breve, esta es la forma que nosotros tenemos de trabajar; a lo mejor no les gusta a otros, pero a nosotros sí y nos da seguridad. A finales del año 2017 se recibieron muchas quejas
-muchas quejas- de los ciudadanos. Se quejaban de cómo funcionaba el sistema residencial. A la vista de estas quejas, nosotros iniciamos un conjunto de actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas. Insisto en que nosotros queríamos
ver qué atención se prestaba en estos centros a los residentes y en qué medida las actuaciones que realizaban las administraciones públicas garantizaban los derechos de las personas mayores que viven en esos centros. Teníamos un doble objetivo.
Empezamos a finales de 2017 y en el informe de 2018 hicimos algo que nos parecía destacado, que es decir que en las residencias públicas y en las residencias privadas de la tercera edad existentes en España se actuaba y se hacía desde las
comunidades autónomas. Nuestro sujeto aquí siempre es la comunidad autónoma, siempre. Luego las comunidades autónomas se organizan como tengan que organizarse. Ese no es nuestro problema. A quien nosotros nos dirigimos es a las comunidades
autónomas y de alguna manera las comunidades autónomas en mayo de 2019 comenzaron a responder a los problemas que habíamos empezado a estudiar en 2017 y que habíamos presentado en 2018. Y nos encontramos con una serie de hechos que se relatan en
esta monografía, hechos que de alguna manera son significativos. Esta es una situación en la que las regulaciones son muy dispersas -muy dispersas- y los requisitos que deben reunir los centros residenciales no están homogéneamente señalados. Por
tanto, sería bueno que las comunidades autónomas fueran pensando en la posibilidad de hacer un esfuerzo de actualización y algún esfuerzo de armonización. Estas palabras son tremendas en la literatura política española, pero yo creo que hay que
hacer lo uno y lo otro.
En segundo lugar, los datos son pocos y -por qué no lo voy a decir- escasamente fiables. No existe un mecanismo eficaz compartido por todas las administraciones para recopilar los datos que permitan
realizar estadísticas fiables y que se actualicen periódicamente. Y, claro, es muy difícil levantar estrategias de acción política si uno no tiene la información adecuada. Esto es un problema.
En tercer lugar -no sé ya el orden, pero me da lo mismo-, las plazas son relativamente insuficientes. Las plazas que hay en las residencias públicas o concertadas para atender la demanda existente no son muy abundantes. Son relativamente
insuficientes. Esto plantea un problema: que si uno dota las plazas, tiene que tener presupuesto. Esto lo he aprendido yo en esta casa y lo he defendido muchas veces en esta sala.
Hay un problema de escasez de personal, de personal normal y corriente. Yo solamente he ido a una Asamblea de una comunidad autónoma, a Madrid, porque me invitaron. Ningún otro defensor ha ido a ninguna Asamblea, pero a mí me invitaron y
fui. La primera cosa que se puso encima de la mesa es que las ratios de personal de atención directa, que son esenciales para mejorar la calidad asistencial de la residencia, se perdían en la noche de los tiempos. Cada vez hay más usuarios, con
más edad y con más dependencia, y desde luego no hay personal para atender a esta situación. Se necesita más personal y se necesita más personal con una formación adecuada. Cuando alguien se dedique a resolver este tipo de cuestiones, debería
tratar de ver en qué medida se tiene el personal adecuado y se programa la presencia del personal adecuado a lo largo de una serie de ejercicios. Y un tema complicado, la atención sanitaria. La atención sanitaria en las residencias españolas es
muy general. Aquí todos sabemos que cuando se detectan problemas y en circunstancias normales los residentes son derivados al Sistema Nacional de Salud. Lo razonable sería que este tipo de centros contarán con una estructura médica y de enfermería
más amplia, más extensa para atender a unos residentes que necesitan más atención cada ejercicio. Por lo tanto, quédense con esta idea porque esta es una idea importante.
Todo lo que he dicho tiene que ver con la organización médica y asistencial, pero luego hay otro problema, ¿quién inspecciona las residencias? Las residencias deberían tener un personal relativamente formado en la gestión de las mismas y no
lo tienen.
Para mí hay otro tema destacado e importante. ¿Cómo se han de regular los ingresos involuntarios? En las residencias entran cada vez más personas que tienen algunas dificultades y ese tipo de entradas debería ser objeto de una disposición
normativa relativamente importante. Nosotros nos hemos atrevido a decir en el informe de 2019 que hay que aprobar una ley orgánica que concrete las limitaciones de los mayores con graves problemas de salud o con deterioro físico y mental destacado.
Ese es un tema importante. Es una de las cosas que dice el documento de 2019 y que está puesta ahí porque nosotros queremos decirles a ustedes, que son los que hablan y los que tienen el control de las leyes, que este tipo de cosas hay que
planteárselas. Por tanto, mientras eso ocurra -no se aprueban leyes orgánicas de la noche a la mañana en ningún Parlamento, y menos en este, con los problemas que existen aquí para aprobar leyes- habrá que establecer algún tipo de criterio para que
estas cosas se resuelvan adecuadamente.
Otro tema importante es eso que ocurre en las residencias y que ocurre en otros centros de privación de libertad, de lo cual un día vendré a hablar, de los centros de privación de libertad en España, que tienen muchos problemas. Yo creo
sinceramente que todas las comunidades autónomas dicen que debe minimizarse la utilización de las sujeciones físicas, y que solo deben aplicarse en ausencia de medidas alternativas. Dicen además -y dicen bien- que la aplicación de las sujeciones
físicas o de las sujeciones mecánicas -que también se dice por ahí- debe hacerse bajo prescripción facultativa, y tratando de proteger la salud del afectado, su seguridad y de alguna manera evitando que los riesgos sean excesivos. En cualquier
caso, este tipo de sujeciones deberían ser comunicadas a la autoridad judicial. Por lo tanto, es necesario un compromiso real y efectivo de las administraciones competentes con los centros residenciales, con los profesionales, con los usuarios, con
las familias, para lograr una atención adecuada en esta cuestión.
Si uno ha hecho este repaso que yo he hecho aquí, y que voy a continuar haciendo y diciendo más cosas, tendrá que decir que la pandemia ha puesto de relieve una serie de sucesos que de alguna manera hay que corregir. El conjunto del sistema
residencial de mayores en España adolece desde hace años de una serie de disfunciones que es necesario corregir -fíjense en lo que he dicho, adolece desde hace años-. Hay errores en el camino, pero no es imputable a esta situación. Repito, adolece
desde hace años de una serie de disfunciones que hay que corregir. Hay que cambiar el modelo, y ahí están ustedes, yo me dedico a otras cosas. Estos son por tanto los retos que hoy tiene planteados este sector, y con toda seguridad se
incrementarán en el futuro. Como ya hemos dicho, la población usuaria de estos servicios crece y seguirá creciendo a lo largo de los próximos años. Y si esta población crece y seguirá creciendo
a lo largo de los últimos años, deberíamos ser capaces desde un lado o desde otro de proporcionarles la atención adecuada.
Voy a hablar de una cosa que me parece que tiene algún interés. El defensor podía haberse quedado ahí. Yo me quedo aquí, yo oigo lo que hay en el final del año 2019, y de alguna manera no me meto en otros vericuetos. Pero nosotros hemos
hecho dos cosas que hasta ahora no habíamos contado, pero las decimos aquí. Nosotros hemos hecho actuaciones residenciales en residencias a lo largo de 2020. Lo hemos hecho. Lo hicimos después de acabar con el informe de 2019. El informe de 2019
se acaba en marzo y nosotros hicimos estas actuaciones en residencias los días 2 y 3 de abril del año 2020. Abrimos actuaciones de oficio con todas las consejerías de Sanidad y con todas las consejerías de Política Social de las comunidades
autónoma. Nosotros no nos metemos en la estructura que tienen las comunidades. Hay estructuras que tienen consejerías de Sanidad y las hay que tienen consejerías de Servicios Sociales. Supongo que no será el único caso, que habrá más casos. De
todas maneras, nosotros nos dirigimos a los unos y a los otros. Y, ¿qué queríamos hacer nosotros? Queríamos conocer la estructura de respuesta que se da a este tipo de residencias en cada territorio y, desde luego, favorecer una serie de medidas
de coordinación que ayudaran a que las cosas fueran mejor.
Nosotros hemos solicitado a las comunidades autónomas, entre otras cosas, las medidas adoptadas para reforzar la atención sanitaria en centros sanitarios públicos o privados; los protocolos -los dichosos protocolos- seguidos en el ámbito de
la derivación de residentes a centros hospitalarios; las dificultades que han tenido para la atención de los residentes que están en espacios separados; las medidas de protección y seguridad de los trabajadores; las medidas para facilitar
información rápida y transparente a las familias, y las medidas para que los residentes puedan tener un contacto con sus familiares a lo largo de los últimos meses. Pero nosotros podíamos hacer más. Y, ¿qué hemos hecho? Si esto lo hicimos el 2 y
el 3 de abril de 2020, el 24 de abril de 2020 hicimos una serie de recomendaciones. Esta casa tiene el privilegio de poder recomendar. Nosotros les hacemos recomendaciones a las asociaciones residenciales, a las comunidades autónomas,
fundamentalmente. Nosotros no nos dirigimos a las corporaciones locales, nosotros nos dirigimos al gestor para decirle que sería bueno que se preocupara de algunas cosas. Se nos hizo una petición desde una comunidad autónoma de España, y hemos
contestado con una carta extensa. Ellas tienen derecho a pedirnos algunas cuestiones y nosotros tenemos derecho a solicitar que nos proporcionen alguna información. Y lo hemos hecho. Nosotros no nos escondemos, lo que pasa es que tenemos nuestra
forma de trabajar, y nos sentimos muy cómodos trabajando de esta manera, se lo digo sinceramente. ¿Y por qué no decirlo? Estos dos años en los que ha costado acceder a nosotros, por una serie de circunstancias que no vienen al caso, nosotros hemos
externalizado nuestro trabajo y hemos dicho a la sociedad española lo que hemos hecho. Estamos satisfechos de la acogida que hemos tenido por parte de la sociedad española. Por tanto, aquí cada cual tiene que saber lo que hemos hecho. Por
ejemplo, nosotros tendríamos que tratar de averiguar cuál es el problema de los suministros de equipos de protección individual para el personal, que ha sido un tema importante. El tema de las pruebas diagnósticas a todos los residentes y al
personal del centro, que también es un tema importante. Entonces, nosotros les estamos diciendo a las comunidades autónomas que estas cosas nos interesan, y que deberían interesarles también a ellos, y que a nosotros nos parecen bien. Hombre, ha
habido que suplir bajas laborales, ¿eh? Ha habido que suplir bajas laborales de los trabajadores por una serie de circunstancias, entre otras cosas, porque enfermaban, y estas cosas hay que hacerlas.
Hay que admitir la existencia de un representante de la familia, por decirlo de alguna manera, y ese representante de la familia debe tener una información continuada de cómo está el residente. Y hay que facilitar que, en algunos casos, se
traslade a esa persona al hogar familiar sin perder el derecho a volver, o no, al centro residencial, siempre y cuando las circunstancias se lo permitan. Hay algunas cosas de esta naturaleza que a nosotros nos parecen relevantes.
Nosotros sí creemos que hay que humanizar el final; hay que humanizar el final, y esa humanización del final tiene que hacerse con muchísima dignidad. Este tipo de actuaciones, de alguna manera, se tienen que llevar a cabo de una forma
relativamente razonable. Las sugerencias que hemos hecho son doce, y la última me van a permitir que la diga, que viene a decir que debe procurarse, si así lo solicita el enfermo, la atención espiritual según sus creencias. Ese el trabajo del
defensor; ese es el trabajo del defensor. Por lo tanto, cada cual con nosotros puede ser exigente, pero nosotros cumpliremos la ley, ¿eh? Cumpliremos la ley, y si la ley dice que el trabajo del defensor es la supervisión, es la supervisión. Yo
he sido veintinueve años diputado, y yo controlaba y defendía a mi Gobierno. (Rumores). Yo contralaba y defendía a mi Gobierno; me tocaba unas veces controlarlo y otras veces defenderlo. Le podría contar
alguna anécdota de qué hacían en algunos partidos europeos, que eran las mismas personas, y unas veces estaban en la oposición y otras veces estaban en el Gobierno. Mire usted, yo esto sí lo sé hacer. Ahora, la ley dice que yo superviso, y
punto. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho en un tema realmente difícil y escabroso.
Y ahora vamos a hablar de un tema que uno vive todos los días y que tiene perfiles bastante destacados, que es el tema migratorio. Miren, casi todas las cuestiones que he ido abordando a lo largo de la intervención tienen un hilo conductor
relativamente seguido. Los saltos entre 2018 y 2019 se ven con cierta dificultad, pero en este caso hay un poquito más de diferenciación; el año 2018 fue el año de las pateras y el año 2019 fue el año de los solicitantes de asilo. Uno diría que
son dos años distintos. Bueno, hasta cierto punto son distintos y hasta cierto punto son iguales. Yo creo que nosotros desde el defensor tenemos bastante interés en seguir la coordinación de los distintos organismos, y también tenemos bastante
interés en ver el fenómeno migratorio en su totalidad. Yo, de hecho, en alguna ocasión he dicho -es la primera vez que lo digo en público, pero no me importa decirlo en público, porque es verdad- que yo no he experimentado hostilidad alguna hacia
la tarea del defensor por parte de los dos últimos Gobiernos que ha habido en España. No he tenido hostilidad, y lo digo sinceramente; yo he hecho las cosas que creía que tenía que hacer, y punto, y me han tratado bien los Gobiernos que ha habido
en España, y yo me siento realmente satisfecho de que las cosas hayan sido así.
La sociedad española ha encontrado una actitud proclive a ver cómo mejoran las circunstancias de esas personas que llaman a nuestras puertas, y a nosotros nos parece bien la receptividad que esa sociedad ha demostrado a este tipo de
problemas. Este es un problema de medio y largo plazo, por lo tanto no será sencillo resolverlo de la noche a la mañana. Nosotros somos Europa, y este tipo de problemas del proceso migratorio hay que contemplarlo desde esta perspectiva, una
perspectiva donde hay personas que llegan de una manera regular y hay personas que llegan de una manera irregular, pero hay que ser capaces de entender que tenemos que darles soluciones a los unos y a los otros.
La radiografía de la inmigración es muy sencilla. Yo me voy a apoyar en la información que proporcionaba antes el Ministerio de Trabajo y ahora proporciona la Secretaría de Estado de Migraciones sobre el número de residentes legales habidos
en España. El 31 de diciembre del año 2018 residían legalmente en España 5 400 000 personas; el 31 de diciembre de 2019 residían legalmente en España 5 663 000 personas, 240 000 más que el año anterior. Por tanto, la polémica entre la Secretaría
de Estado de Migraciones y el INE no es mi tema, y yo trato de ser capaz de establecer las categorías pasando por encima de estas situaciones. Por ejemplo, el mayor colectivo de residentes extranjeros en España es el rumano, un millón; 800 000 son
los marroquíes y 360 000 son los británicos; o sea, eso está ahí. Por otra parte, hay un número importante de mujeres -yo voy a hablar bien siempre de estas mujeres que vienen aquí-, lo dice el informe que hemos hecho para este año. Las mujeres
cubren una serie de necesidades que permiten que otras mujeres salgan al mercado. Pero sobre eso hablaremos más adelante.
La edad media de los extranjeros residentes legalmente en España es de treinta y nueve años, con dos extremos: cincuenta y tres es la edad media de los británicos y treinta y dos la de los marroquíes. Hay en España alrededor de medio
millón de personas extranjeras que tienen menos de dieciséis años, y este es un tema que hay que conocer. Y, ¿qué dicen estos datos? Dicen algunas cosas que no tengo inconveniente en poner encima de la mesa. Aquí hay gente que viene a buscar
trabajo porque cree que en su país el trabajo es menos bueno. Y aquí hay gente que viene a disfrutar de su jubilación porque cree que pueden vivir de una manera relativamente razonable. Este último grupo suele instalarse en Cádiz, en Alicante o en
la Costa del Sol. Creo que este tema deberíamos ser capaces de verlo con cierta preocupación. En circunstancias normales yo habría empezado hablando de población -que es lo que me gusta-, pero como las circunstancias son las que son, de población
no sé si hablaré hoy o hablaré otro día. Lo que está claro es que tenemos un número muy importante de niños y de niñas extranjeros menores de dieciséis años que están aquí junto a sus familias. He dicho siempre una cosa que creo, y la sigo
creyendo: muchos de esos niños han nacido aquí, van al colegio en España, y los españoles deberíamos ser capaces de generar sentimientos de pertenencia y de integración de estos jóvenes entre nosotros, aunque solo sea porque soy de los que cree que
muchos de ellos seguirán estando aquí en el futuro. Por lo tanto, pediría a las autoridades que de alguna forma fueran sensibles a este hecho. Pero quiero decirles algo más, que en general lo mismo que las autoridades -sobre todo las locales- se
portan muy bien con el defensor, las autoridades locales hacen un trabajo encomiable en las situaciones de llegada. Ha habido momentos donde los equipamientos físicos no eran suficientes, creo que los
equipamientos físicos han ido mejorando, pero no es menos cierto que en determinadas zonas, sobre todo a ambos lados del Estrecho, estas personas -que vienen fundamentalmente de Marruecos y de Argelia- encuentran a su llegada una situación
bastante razonable por parte de las autoridades locales. Lo mismo que digo una cosa digo otra, y no se puede decir otra cosa porque no sería la verdad.
En cuanto al tema de los inmigrantes irregulares hay que decir que en 2018 unas 65 000 personas accedieron irregularmente a España. En 2019 accedieron 32 000 y en 2020 han accedido bastantes menos -claro que llevamos pocos meses-, algo así
como 7000 personas. Si en lugar de coger estos tres últimos años, uno coge lo que ha ocurrido desde 1999 hasta ahora, no es menos cierto que tenemos años donde las llegadas son considerables, como es el caso de los años 2006 y 2018, y luego tenemos
años donde las llegadas están por debajo de 4000 como, por ejemplo, en los años 2010, 2012 y 2013. Es decir, hay un problema de flujos que no quiero dejar de poner de relieve, pero insisto en que aquí hay que hacer un esfuerzo para mejorar, y para
mejorar todos los estamentos de la sociedad, porque en la medida en que seamos capaces de mejorar, las cosas irán ocurriendo de una manera razonable.
Por lo que respecta al tema del asilo es sabido que este no es un país que tenga una cultura de asilo importante. Así, en el año 2018, los solicitantes de asilo fueron 55 000, pero en 2019 fueron 118 000. Ahora sí, ahora tenemos como dos
mundos; por un lado, el mundo de los que vienen en avión y llegan a las aeropuertos, a Barajas, a Barcelona, a Valencia, y piden asilo, y ahí están venezolanos, colombianos, etcétera; y luego está ese mundo tremendo en este momento de la gente que
desde Honduras hasta Guatemala vive en unas condiciones de absoluta privación de las cosas más elementales, y llegan aquí y te dicen que quieren que les acojas, y que de alguna manera les garantices que no van a volver a su país de origen, porque
allí habrá alguien que les esté buscando a él a ella o a sus hijos. Ese es un tema sobre el que tenemos alguna opinión que queremos manifestar aquí. Por lo tanto hay gente que llega al aeropuerto y que pide el asilo y gente que entra en una patera
y que apenas pide asilo. Seamos sinceros. Todavía recuerdo en la plaza mayor de Ceuta a un grupo de sirios que estaban allí intentando ver de qué manera podrían salir del CETI, coger un vehículo y hacer un recorrido hacia el resto de España, pero,
bueno, ese es un tema que de alguna forma no está resuelto, y tendríamos que hacer un esfuerzo para que se resuelva.
El último renglón es el relativo a los menores no acompañados. Este es un tema al que los defensores hemos dedicado alguna atención, y hay una declaración, la Declaración de Tarifa -que es una declaración espléndida donde estuvimos casi
todos, y en la que tuvimos mucha suerte con el mar y con la jornada; fue estupendo-, que lo aborda, y creo que de alguna manera habrá que ver la forma de resolver esto. Tengo que decir que a nosotros nos gusta recomendar, y no quiero decirles lo
que nos gusta que nos acepten las recomendaciones. Nos gusta muchísimo que nos den la razón. ¡Para qué vamos a andar diciendo cosas que no son verdad! La Secretaría de Estado de Migraciones nos ha ayudado a que se pueda autorizar no solo la
residencia, sino el trabajo -¡ojalá esto se resuelva pronto!- y a modificar el Reglamento de Extranjería para que, de alguna manera, los que cumplen dieciocho años no se queden en situación irregular y puedan permanecer aquí.
El relato de la tarea que hacemos lo he explicado con arreglo a mis creencias, señalando las cosas de las cuales uno puede y debe sentirse satisfecho y las cosas de las que uno quizá no se sienta tanto. Yo no estoy dispuesto a tirar la
toalla. Por tanto, mientras venga aquí y pueda decir las cosas que he dicho y con la atención que ustedes me han prestado, me sentiré muy satisfecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Defensor del Pueblo, por sus informes, porque han sido dos.
Vamos a pasar a dar la palabra a los grupos parlamentarios. Lo haremos de menor a mayor. En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Clemente Sánchez-Garnica.
El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
Señor defensor del pueblo, señorías, la relevancia constitucional del Defensor del Pueblo es indudable. Sus funciones y sus competencias son muy relevantes, en la medida en que los ciudadanos confían en la tramitación de sus quejas. Es una
anomalía, sin embargo, la situación de transitoriedad en la que nos encontramos. Tenemos que asumir la responsabilidad de impulsar y dar estabilidad a la institución. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría. Ruego silencio, señorías.
El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Gracias.
La defensa eficaz de los derechos y libertades de los ciudadanos exige una institución fuerte, estable e independiente. Por eso, tenemos que trabajar en ello y ser capaces de afrontar la anomalía de la transitoriedad y darle el curso que
corresponda.
El Partido Aragonés valora de manera muy positiva el contenido de las memorias de 2018 y 2019. Ponen de manifiesto la actualidad de muchas de las cuestiones planteadas. Quizá, si se hubieran atendido las sugerencias, se podrían haber
evitado algunos de los problemas surgidos por la crisis del COVID-19. En particular, tenemos que destacar el análisis y sugerencias sobre el servicio público de sanidad, sobre las residencias de mayores y, en general, sobre la necesidad de invertir
en políticas públicas para garantizar servicios públicos de calidad.
En sanidad, queremos destacar la necesidad de afrontar de una vez el drama de los empleados públicos temporales, el drama de los interinos, de los estatutarios. Su precariedad e incertidumbre afectan, sin duda, a sus condiciones laborales,
a las condiciones laborales de nuestros sanitarios, y por ello a la eficacia de un servicio público esencial. El mismo problema lo podemos encontrar -usted habrá constatado que eso es así- en otros servicios públicos esenciales, como educación y
servicios sociales. No voy a entrar en esta cuestión de manera profunda, pero sí quiero llamar su atención. Creemos que debe atenderse la sugerencia del Defensor del Pueblo y apostar por una solución que garantice la estabilidad y la consolidación
de empleo temporal, que afecta a cerca de 800 000 españoles y españolas que están en una situación precaria lamentable y que debe solucionarse. El camino para esa solución nos lo marcan la Directiva 1999/70 y la sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea de 19 de marzo de este mismo año, de 2020. La solución como sanción a la dejadez y abuso de las distintas administraciones públicas no puede ser otra que la declaración de todo ese abuso de temporalidad en fraude de ley, que es
la declaración de indefinidos fijos, como la semana pasada determinó una sentencia de lo contencioso-administrativo de la ciudad de Alicante. Sabemos que es una sentencia de primera instancia, pero es el primer caso en España que busca con mucho
acierto y mucha proporcionalidad una solución a este problema. Desde nuestro punto de vista, es necesaria -y así se lo hicimos llegar a la ministra de Función Pública- una modificación normativa española.
El análisis sobre la situación de nuestros mayores y las residencias es premonitorio. Así se deduce de las memorias de 2018 y 2019. Demuestra que el debate y las quejas no son actuales. Ahora, sí es cierto que son muy relevantes, pero,
sobre todo, son relevantes las sugerencias que constan en dichas memorias. Tenemos, por lo tanto, que afrontarlas y resolverlas. Apoyamos la actualización, como dice el defensor del pueblo, y la armonización de la normativa sobre centros
residenciales y los requisitos que estos deben reunir. Es necesario revisar las ratios de personal de atención directa y garantizar la cualificación del personal. Apoyamos la necesidad de aprobar una ley orgánica sobre los derechos de nuestros
mayores, que creemos que es absolutamente esencial en estos momentos. En consecuencia, suscribimos en este apartado la sugerencia del defensor del pueblo.
En materia de justicia, también nos parecen bien las sugerencias del defensor del pueblo. Tenemos que acabar con aquel dicho de que la justicia española es lenta, cara y mala; sobre todo con lo de lenta y cara. Tenemos que tratar de
agilizar los distintos procedimientos judiciales, y eso se logra a través de las reformas legislativas necesarias que impulsen los sistemas de resolución extrajudicial. Debemos ser capaces, además, de dotar de medios a nuestros jueces y a nuestro
sistema judicial, y de hacer más ágiles esos procedimientos judiciales. En resumen, creemos en la eficacia, en la relevancia y en la necesidad del Defensor del Pueblo como garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, igual que creemos en
la relevancia del Justicia de Aragón, en el caso de nuestra comunidad autónoma. Pero para que sea una institución eficaz, relevante y necesaria tenemos que garantizar su estabilidad y su carácter funcional. Apoyaremos, en consecuencia, las
memorias de los años 2018 y 2019.
Gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En representación del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Garmendia.
La señora GARMENDIA BERECIARTU: Gracias, presidente.
(Comienza su intervención en euskera). Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor Fernández Marugán. Muchísimas gracias por su comparecencia hoy en esta Cámara. La diversidad e importancia de todos y cada uno de los temas que toca
su institución dan para muchas reflexiones, para muchas preguntas y para mucho tiempo. Yo me voy a centrar en algunos temas de interés que son
recurrentes, ya que, por lo que he podido leer, se dan en el informe de 2018 y vuelven a darse en el de 2019.
La violencia machista es una triste realidad en nuestra sociedad que parece que se ha convertido en una pandemia duradera y, desgraciadamente, globalizada. Estos días hemos conocido el triste suceso ocurrido en Úbeda, un presunto acto de
violencia machista, en el que un hombre ha matado a su mujer y a sus dos hijos. Veinte mujeres, sin contar esta, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. En su informe de 2018 reclama más implicación de las
administraciones para acabar con la violencia machista, insiste en la necesidad de proteger rápida y eficazmente a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género y pide más coordinación y comunicación de los juzgados de violencia con los
servicios especializados de atención integral. En su informe de 2019 insiste otra vez en los fallos de coordinación y errores en la comunicación. Señor Fernández Marugán, ¿le consta que el Gobierno haya realizado avances para mejorar la lucha
contra la violencia machista y tomar medidas para evitar esa descoordinación de la que hablamos, y proteger mejor así a los hijos e hijas que viven esa situación? Por otro lado, ¿qué opinión le merecen las medidas que el Gobierno está tomando para
cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género?
Mención especial me merece su informe sobre las víctimas de trata de seres humanos, especialmente las dificultades para la detección de mujeres y niños. ¿Tiene usted referencias del Gobierno sobre qué pasos se están dando para aprobar la
ley integral contra la trata de seres humanos? Respecto a las personas inmigrantes, se observa que la gestión de acogida humanitaria de las personas que acceden de forma irregular a España y la gestión de las personas que necesitan protección
internacional precisan una profunda revisión orgánica y funcional. Especial atención merecen las situaciones de los menores acogidos en los centros de estancia temporal de inmigrantes en los que la estancia se prolonga excesivamente y, sobre todo,
el problema que se da con aquellos menores que, debido a esa estancia tan alargada, pasan a la condición de adultos y quedan en una situación irregular. Además, se constata la escasa respuesta que está dando la Administración ante las continuas
demandas de asilo y protección internacional. España, como usted muy bien ha dicho, ha finalizado 2019 con más 135 000 solicitudes pendientes de resolver. Su institución formuló más de medio centenar de sugerencias a la Secretaría de Estado de
Migraciones para que asignaran recursos de forma inmediata a estas personas. ¿Ha tenido respuesta a su petición? ¿Reconoce el Gobierno, a su parecer, la necesidad de aprobación de la ley de registro civil, imprescindible para evitar la
provisionalidad actual?
Por otro lado, en el tema de sanidad y en referencia al copago de los medicamentos, ¿cuál ha sido la respuesta del Gobierno a su recomendación de que se acometa la reforma normativa para ajustar el actual modelo de copago normativo? Y un
tema que preocupa mucho, y en los dos informes aparece, es el precio de la energía eléctrica. Según su informe, ha habido muchas quejas sobre el funcionamiento del bono social eléctrico, personas a las que se les cortó la luz, mucha gente
vulnerable que no ha podido acceder por problemas burocráticos, aun teniendo derecho al mismo, ya que se exige tener información que en la mayoría de los casos en esas condiciones no se tiene. ¿Tiene conocimiento su institución de si el Gobierno ha
modificado los mecanismos de solicitud del bono social eléctrico, con el fin de evitar la desprotección que sufren personas vulnerables por la complicación que supone el trámite del mismo? Por otra parte, también en su informe de 2018 destaca la
actuación de oficio que usted ha realizado sobre prácticas comerciales engañosas para el cambio de comercializadora. ¿Puede usted aclararnos cómo está esta situación? Asimismo, y atendiendo a su informe de 2019, la Secretaría de Estado de Energía
rechazó en el año 2018 la recomendación del Defensor del Pueblo para que se permita que los consumidores domésticos puedan variar la potencia eléctrica contratada, eliminando la actual restricción que impide cambios en el transcurso de un año.
¿Puede decirnos cómo está esta situación a día de hoy?
Por último, en su informe de 2019 hace mención, en su condición de mecanismo de prevención de la tortura, a unas actuaciones que se están llevando a cabo, o que ya se han llevado a cabo, respecto a la situación de discriminación que sufren
las mujeres privadas de libertad por su condición de sexo femenino en las cárceles, al no existir ningún tipo de perspectiva de género. ¿Cómo están estas actuaciones? ¿Nos puede dar alguna información, si tienen conclusiones? ¿Estas conclusiones
son las mismas que las que usted presenta en el informe específico de prevención de la tortura del 2018, que, en principio, está pendiente de analizar en esta Comisión, o por lo menos yo no he tenido referencia?
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pregunto por si se ha incorporado el representante del Grupo Plural, Sergi Miquel. (Pausa). ¿No? Pues pasamos la palabra a la siguiente portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, doña Carlota Santiago. Señoría, es suya la palabra.
La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias, presidente.
Bienvenido, defensor del pueblo a esta su casa. Quisiera sumarme, en primer lugar, a las condolencias que ha expresado también el presidente de la Mesa a todas las víctimas del COVID-19. Vaya para ellos toda nuestra solidaridad en estos
duros momentos. Además, también quisiera aprovechar para pedirle, por favor, al presidente que sea flexible con los tiempos, dado que son dos informes y mi grupo parlamentario necesita exponerle algunas cuestiones al defensor.
Quiero agradecer el trabajo que han realizado usted y su equipo, señor defensor del pueblo, y la exposición que nos ha hecho de las acciones que se han llevado a cabo durante estos dos años. Todo esto nos demuestra las dificultades más
habituales que presentan los ciudadanos, es una radiografía que va más allá de las solicitudes, de las quejas, de la investigación de oficio o consultas ciudadanas que llegan al defensor. Son indicadores que evidencian, por un lado, las mejoras
necesarias en nuestro sistema de bienestar social y, por otro, las desigualdades sociales que perviven en una sociedad del siglo XXI, cuestiones por las que mi grupo parlamentario está preocupado y ocupado en ir trabajando juntos desde esta
Comisión, apoyando su labor y vinculando nuestras actuaciones al compromiso con todos los españoles.
Me ha llamado la atención -también ha hecho referencia usted a ello- la diferencia numérica de expedientes que se han presentado por comunidades autónomas. Las cifras son bastante desiguales. ¿Qué valoración podría hacer al respecto? ¿Qué
tiempo es el estimado para dar respuesta a los ciudadanos? ¿Hay circunstancias que dificultan el cumplimiento de estos plazos? Con respecto a las quejas, ¿por qué cree que han ascendido con respecto a años anteriores? ¿Podría profundizar un
poquito más sobre el tema? ¿Las quejas no admitidas lo han sido por no haber indicios de irregularidad previa o falta de actuación administrativa? ¿Las quejas no han sido admitidas porque no hay irregularidad? En caso de que se hayan podido
originar sugerencias o recomendaciones por su parte, ¿se le notifica al ciudadano si esto se ha llevado adelante? Y, si no es así, ¿cree conveniente contemplar alguna medida al respecto? Cómo valora, por ejemplo, el defensor del pueblo la
incidencia de sus resoluciones en los organismos o administraciones a quienes les competa.
Por otro lado, asegurar la accesibilidad a la institución del Defensor del Pueblo es algo que nos gustaría valorar, porque creemos que hay familias que viven en determinados contextos y situaciones de pobreza a las que les es bastante
complicado utilizar las vías establecidas. Sabemos que la brecha digital está todavía vigente en nuestra sociedad y, sobre todo, en los colectivos más vulnerables que, por cierto, probablemente sean los que más demanden sus actuaciones. Nos consta
la iniciativa llevada a cabo por el Defensor del Pueblo para las personas con discapacidad y me gustaría preguntarle si se han considerado, en este nuevo tiempo de nueva normalidad tras el COVID-19, otras fórmulas de acceso, especialmente para los
colectivos de exclusión social, sobre todo si se produce un rebrote, ya que los medios habituales -el correo, medios telemáticos o la fórmula presencial- quedan paralizados si nos vemos en un posible estado de alarma. Si antes del COVID-19 para
ciertas familias ya era prácticamente misión imposible, como es el caso de las familias, por ejemplo de Cañada Real Galiana -que sé que usted ha visitado-, tanto por el aislamiento territorial como por las carencias de los propios medios que tienen
las familias, en caso de volver a un confinamiento, creemos que habría que repensar otras fórmulas o canales que nos ayuden a garantizar esta cobertura institucional que el pueblo necesita y, sobre todo, aquellos colectivos más vulnerables.
En el apartado 3, quejas de rentas mínimas, he visto que el formulario es bastante sencillo de rellenar, así como adjuntar la documentación que pide, y hay un teléfono de ayuda, que es un número 900. Quiero hacerle llegar que este teléfono
puede crear cierta incertidumbre sobre si tiene o no coste de llamada, que no queda reflejado en la página web. Eso puede hacer que personas afectadas desistan del intento de llevar a cabo la iniciativa o solicitud. Vuelvo a insistir, señor
defensor, en la brecha digital de ciertos sectores de la población, que se suele suplir muchas veces con la ayuda de entidades sociales de referencia del entorno, pero ¿qué pasaría en un futuro si hay rebrote? ¿El sistema está preparado para
garantizar el acceso al Defensor del Pueblo ante cualquier situación inesperada? Estamos viendo las primeras consecuencias de la pandemia, las llamadas colas del hambre de un nuevo colectivo que hay
que cruzar con los más tradicionales: las víctimas económicas del COVID-19. Aunque se están tomando medidas para amortiguar el desempleo, como por ejemplo los ERTE de causa mayor que desde Ciudadanos hemos reclamado e insistido para que se
desvincularan del estado de alarma o la prestación extraordinaria de autónomos, a día de hoy hay que considerar que la gestión ha estado rodeada de cierta incertidumbre, retrasos y confusión, con lo que el cobro de la prestación no ha llegado a
tiempo para muchas familias, especialmente por la saturación de la tramitación de expedientes, lo que ha dejado en situación de desamparo institucional a estas familias. Supongo que esto ya le habrá llegado por otras vías, defensor, pero no quería
dejar pasar esta oportunidad para trasladárselo personalmente y preguntarle si se están tomando medidas al respecto, si se está trabajando en ello, si hay alguna resolución, o si se ha trasladado a la Administración correspondiente.
En este sentido, quiero comunicarle la solicitud de ayuda que me llegó justamente la semana pasada de una persona que, por respeto, mantendré en el anonimato. Leo textualmente: Hola, necesito ayuda. Ya he escrito varias veces para
consultar y no sé dónde más llamar. Es por mi ERTE, tramitado en marzo. Por favor, os ruego de corazón que miréis mi expediente. A pesar de tener el DNI electrónico, no he podido hacer nada online. Llevo sin recibir ni un euro desde el 14 de
marzo. Miro mi usuario cada día y cada noche, y ni siquiera está aprobado. Solo pone: baja -de la última vez que estuve sin trabajar- y no sé qué más puedo hacer. Estoy desesperada. Me he dado cuenta de que mi empresa se ha equivocado en mi
código postal y me ha puesto... -uno que era erróneo y que ella rectifica-, pero ya envié la corrección al SEPE hace dos semanas. Toda la gente que yo conozco ya ha cobrado. Vivo con mi hija y mi yerno, ambos grandes dependientes, y no llegamos
con sus pensiones, ya que son muy bajas. Encima, me han despedido este lunes 25 y con el finiquito solo puedo pagar parte de todo el dinero que debo por estos meses sin ingresos. No sé cómo lo voy a reponer. He tenido que pedir dinero a todos los
que conozco, lo que me da mucha vergüenza, pero no tuve otra opción. Para más males, he tramitado el paro y me dijeron que tengo que hacerlo el 7 de junio y tampoco sé cuánto más va a tardar. Tengo fibromialgia desde hace diez años y ya ni las
pastillas me hacen efecto. Me ha costado casi seis años salir de una profunda depresión y no sé si esta vez lo lograré. Ya no tengo motivos para seguir luchando, siento que me hundo, me ahogo. Por favor, os suplico, por mis tres hijas y por mi
salud: revisad mi expediente.
Quiero comentarles que este expediente ya está en vías de resolución, pero he querido traerlo aquí para poder reflexionar sobre varias cuestiones que esta misma exposición nos pone de manifiesto. En primer lugar, aunque los ERTE son
tramitados por las empresas, en este caso el error del código postal produce un retraso en un expediente que tiene que subsanar el ciudadano. Los ciudadanos, una vez que han agotado todos los recursos a su alcance, suelen hacernos llegar sus
peticiones a los diputados y senadores. En este sentido, para mejorar la coordinación y la efectividad de las acciones, ¿cree, señor defensor del pueblo, que sería posible, con vistas al futuro, establecer un canal telemático entre esta Comisión y
su institución para hacerles llegar aquellas solicitudes que necesiten su apoyo para poderse gestionar? A la vez, ¿podríamos articular algún mecanismo para hacer el seguimiento familiar?
Desde Ciudadanos creemos que es necesario adelantarse, agilizar y mejorar todos los mecanismos de los que dispone nuestra sociedad del bienestar para dar respuestas eficaces ante posibles contratiempos para que las familias no puedan
encontrarse en estas situaciones de desamparo. El defensor, en su exposición, ha tocado muchas áreas de actuación y, dada la amplitud y la complejidad, me gustaría centrarme especialmente en la pobreza estructural que se mantiene en nuestro Estado.
La multidimensionalidad de la pobreza tiene una faceta intergeneracional que tiende a perpetuarse de una generación a otra, generando cultura de pobreza donde, en casos extremos, el crecimiento económico de un país no implica cambio alguno en
términos de pobreza estructural. Esta crisis ha puesto de manifiesto la fractura social. La desigualdad territorial ya era evidente antes del COVID-19. Una España dividida en dos mitades: por un lado, las regiones del norte, con tasas bajas en
indicadores de pobreza y exclusión, y homologables con los países más desarrollados de la Unión Europea; y, por otro lado, las comunidades autónomas del sur, que muestran tasas muy elevadas, que tienden a llegar hasta 30 puntos porcentuales más
elevados que las del norte. Si cogemos el indicador principal antes del COVID-19, el Arope, las tasas más bajas son las del País Vasco y Navarra, respectivamente, y las más altas se registran en Extremadura y en Andalucía. Todo esto antes del
COVID-19. ¿Qué fórmulas, acciones o planes considera el defensor que podrían ser aplicables a todo el Estado para avanzar y paliar la pobreza estructural? ¿Qué recomendaciones podría darles a las comunidades autónomas para que se garanticen unos
servicios públicos de calidad igualitarios y equitativos?
Los datos de pobreza antes del COVID-19 ya eran preocupantes. El informe Foessa 2019 nos advertía de que una cuarta parte de la población española se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social. Y esta situación también se evidenció
con la visita del relator de la ONU, que señaló al respecto -recuerde una cita textual-: En España hay familias que tienen un dilema, o poner la calefacción o comprar comida. España es el país con la tasa de pobreza severa más alta de Europa.
Además, la pobreza severa tiene rostro de infancia y de mujer. Los hogares donde hay niños o adolescentes tienen tasas más altas que aquellos en los que solo hay adultos, y especialmente preocupante es la situación de los hogares monoparentales.
La mitad de los padres o madres que se ocupan en solitario de sus hijos está en riesgo de pobreza.
Cuando hablamos de desigualdad, creo que tenemos que introducir el elemento de vulnerabilidad. Además de que hay desigualdades en la rentas, hay percepciones y realidades donde hay muchas personas vulnerables y, en este sentido, uno de los
colectivos vulnerables que más ha sido afectado por la pobreza y la desigualdad antes del COVID-19 es el pueblo gitano. Quería compartir con el defensor algunas de las conclusiones del estudio comparado sobre la situación de la población gitana en
España en relación con el empleo y la pobreza, de la Fundación Secretariado Gitano, del año 2018, que confirma el estado de desigualdad, desprotección y vulnerabilidad de la población gitana. Miren los datos: el 86 % de la población gitana se
encuentra en riesgo de pobreza, con ingresos equivalentes inferiores a 620 euros frente al 23 % de la población en general. El 66 % se encuentra en situación de pobreza severa, con ingresos equivalentes por debajo de 413 euros o inferiores. La
tasa de pobreza infantil es del 89 % frente a un 30,7 % de pobreza infantil, en general. La tasa de desempleo para la población gitana es del 30 % frente a un 20 % del conjunto de la población, y muy desigual entre los hombres y mujeres. La
situación de la mujer gitana es muy desigual, peor a la de los hombres gitanos y peor a la de las mujeres no gitanas. Son menos las mujeres gitanas que alcanzan la ESO, un 15,5 % frente al 19 % de los hombres gitanos y frente al 95 % de las mujeres
de la población en general. Y con estudios superiores, no llegan al 3 % de las mujeres frente al 5 % de los varones gitanos y en comparación con el 52 % de las mujeres en general. En cuanto a la discriminación, el 39 % de los hombres y mujeres
gitanos sienten haber sido discriminados en el último año. Estas dificultades están estrechamente conectadas con la exclusión educativa que vive la comunidad gitana. En este sentido, los bajos niveles académicos junto con la discriminación
complican su acceso al mercado laboral, donde las habilidades y competencias más valoradas están directamente vinculadas a la educación formal. Respecto a esta cuestión, he visto, señor defensor del pueblo, alguna de las actuaciones que ha hecho en
cuanto a la educación y normalización educativa del pueblo gitano. ¿Qué valoración podía hacernos, defensor, al respecto? Si puede, nos comenta algunas de las recomendaciones y dónde han llegado. Nada más en esta primera parte.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos al siguiente grupo, que es el Grupo Republicano. En su representación, tiene la palabra su señoría, María Carvalho.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor defensor del pueblo, hemos hecho una lectura y un estudio de los dos informes de 2018 y 2019, y la verdad es que hay bastantes temas en los que se mencionan de forma reiterada sus resoluciones, sus recomendaciones, sus
sugerencias, sus advertencias, los recordatorios de deberes legales; es decir, tocan los mismos asuntos y supongo que los anteriores también. En el Grupo Parlamentario Republicano antes de formularle nuestra pregunta hacemos una afirmación;
creemos que continuarán las mismas advertencias, las mismas recomendaciones; o sea, que el próximo informe de 2020 será básicamente un informe de reiteraciones. Entonces, nuestra pregunta es muy sencilla, ¿cómo ve usted este eterno -y aquí hago
alusión a una película- Día de la marmota en las más de dos mil páginas de estos dos informes?
Aquí ya entro en una pequeña introducción que hemos hecho. Creemos que una de las tareas de la nueva concepción de los derechos fundamentales es desenmascarar las falsedades con las que los Estados hacen uso de los derechos humanos.
Consideramos también que ya no valen los atajos sobre los derechos humanos, y usted como defensor del pueblo ha estado defendiendo los derechos fundamentales y las libertades públicas de las personas mediante lo que acabo de decir: esta supervisión
de la actividad de las administraciones públicas del Estado español. Pero la verdad es que desde ese momento que da la identidad a la concepción actual de los derechos humanos, aquí ya nos centramos en
las personas migrantes, en las personas que solicitan asilo, en las personas mal llamadas refugiadas; son otras personas. Esta hambre es otra hambre, esta otredad, estas vidas son otras vidas, aunque las madres y los padres tomen a sus
hijos en los brazos y se encomienden al sueño de que hay una civilización que les protege, que es básicamente lo que hemos estado leyendo en sus dos informes. Pero también creemos que es verdad que para responder al reto de la defensa de los
derechos humanos, que básicamente es lo que ha estado usted intentando hacer con estos dos informes, debemos coordinarnos entre los pueblos y, sobre todo, no dejar a nadie, absolutamente a nadie de ninguna parte que viva en el territorio de este
Estado y que viva en esta sociedad, desatendido, porque creemos firmemente que la vida de cada individuo está enlazada con la vida de cada miembro que vive en este territorio.
Voy a tocar pocos temas porque no tenemos tiempo, pero creo que son bastante importantes por la cantidad de intervenciones que, según estos dos informes, hizo usted. Uno de ellos son los CETI y los CIE y, en este sentido, miramos a la
frontera sur de España y sabemos que las expulsiones sumarias, los abusos policiales, así como la dificultad, en el caso, por ejemplo, de Melilla y también de Ceuta, de acceso por el puesto fronterizo, hacen prácticamente infranqueable la entrada de
personas refugiadas. Además, las personas que consiguen entrar por esta frontera deben afrontar la falta de condiciones adecuadas en los centros de estancia temporal de inmigrantes, los CETI, y posteriormente también en los CIE. Hay páginas,
muchas páginas, de los dos informes en relación con los CETI y los CIE. Según su informe de fecha 13 de mayo de 2019, un año más las quejas principales relacionadas con los CETI vienen referidas a la demora en los traslados a la Península y la
tardanza en la realización de las pruebas de ADN, que suelen implicar la separación de las familias hasta que se reciben los resultados. Se iniciaron actuaciones en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y con la Secretaría de Estado de
Migraciones en relación con la estancia de ciudadanos en estos centros en condición de detenidos y los procedimientos de devolución incoados a los ciudadanos que accedieron a Melilla en una fecha determinada de 2018. Usted consideró que era
inapropiada la permanencia de ciudadanos detenidos en un CETI, ya que está habilitado como centro abierto y no reúne los requisitos mínimos exigidos para un centro de detención. Además, esta es una queja y una preocupación que le trasladaron a
usted directamente como defensor del pueblo para que se prestara la atención debida. Nuestra pregunta también es muy simple, después de estos dos informes con todo lo que ha dicho usted sobre los CETI y los CIE, ¿qué impresión tiene sobre la
respuesta del Gobierno?
Sobre el refugio, sabemos que la lógica en el conjunto de la Unión Europea y, en este sentido, también en el Estado español como Estado miembro, es que las fronteras son lugares que tienen que ser protegidos para evitar la incursión de
personas ajenas. Paralelamente, usted como defensor del pueblo, también varias ONG, plataformas ciudadanas, personas en particular, abogados proderechos humanos, parte también de la opinión pública, afirman que la situación es muy crítica por
razones humanitarias. La verdad es que miles de personas han muerto intentando cruzar las fronteras de Europa, y esto lo sabemos todos, mientras, desgraciadamente, los diversos Gobiernos criminalizan la ayuda humanitaria; también lo hemos vivido
estos años. Entonces, basándonos en sus dos informes nuestra pregunta es cómo podemos conciliar y hacer realidad la libertad de movimiento de las personas, que está proclamada en diversos tratados y leyes internacionales, de modo que estas personas
no crucen este límite a través de fronteras mortíferas, como también ha señalado usted en sus informes.
En cuanto a los jóvenes migrantes tutelados y extutelados, yo me remito -seguramente constará en su informe de 2020- al caso del menor Ilias que murió asfixiado en Melilla. Hace pocos días vimos unas imágenes terribles publicadas en el
diario El País de seis o siete personas encima de este menor, que enseguida murió asfixiado. Lo ataron a la cama y murió asfixiado.
Quería referirme ahora a un apartado que para nosotras supone una enorme violación de derechos humanos. Usted ya se ha pronunciado sobre esto -desde nuestro punto de vista, muy bien, señor defensor-, y es la no escolarización de los niños y
niñas en Melilla; hay más de un centenar, incluso niños que nacieron en territorio español, que no tienen acceso a la escolarización. Usted ya se ha pronunciado y recordó que el derecho a la educación está por encima del padrón. Bruselas admitió
una denuncia contra España por este apartheid educativo en Melilla y también el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas básicamente obligó al Estado español a escolarizar a una niña determinada, pero hay otros casos, más de un
centenar de niños y niñas en la misma condición. Sabemos que tanto en Ceuta como en Melilla es prácticamente imposible empadronarse si no eres nacional español, o sea, es un círculo terrible. Estamos hablando de niños y niñas y de un deber básico
del Estado de proporcionarles educación. Hemos oído declaraciones que desde nuestro punto de vista son verdaderos discursos de odio
contra niños y niñas. A nuestro juicio, ha estado usted muy correcto a la hora de instar y enviar informes, de solicitar y explicar lo que hay con la no escolarización de los niños y niñas de Melilla. Tengo un documento suyo de hace
poquísimo tiempo, me parece que es del día 11 de junio. Realmente es una situación que mucha gente no conoce. La no escolarización de los niños y niñas en Melilla es la mayor prueba de racismo, de xenofobia, de apartheid, de la práctica de todos
estos discursos de odio que hemos estado escuchando y escuchamos cada día.
Para acabar, nos gustaría que usted, como defensor del pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes -lo que conocemos como MNP-, si es posible, nos hiciera un pequeño
resumen de lo que observó en sus visitas a los centros de internamiento de menores, a los centros penitenciarios, a los centros de inserción social, a las comisarías de la Policía Nacional, a las comandancias de la Guardia Civil, a los centros de
atención a enfermos mentales, a las unidades de custodia hospitalaria, a los centros de internamiento de extranjeros, al Centro de Primera Asistencia y Detención de Extranjeros, a las dependencias de custodia de la Policía local y depósito municipal
de detenidos, al operativo de repatriación de extranjeros -Frontex- de la comisaría de Policía Nacional, a las Policías autonómicas y a la sala de inadmitidos y de solicitantes de asilo en puestos fronterizos.
Esta es nuestra intervención, aunque nos hubiera gustado poder abordar muchísimo más. En las páginas 165 a 259 trata usted de manera increíble el problema de las migraciones. También en el tema de la igualdad de trato -páginas 274 a 310-
hace muchísimas menciones a la no escolarización de los niños y niñas en Melilla, una cuestión en la que estamos bastante encima porque nos parece terrible que pase esto con los niños y niñas. En cuanto a la violencia de género, que recoge en las
páginas 274 a 310, por primera vez se incluye la trata en este apartado y no en el de las migraciones. Asimismo, se refiere a la no escolarización...
El señor PRESIDENTE: Señoría, debe finalizar su intervención.
La señora CARVALHO DANTAS: Sí, señor presidente.
Como decía, vuelve usted a mencionar -veo que le preocupa muchísimo el tema- en la página 271 el tema de la no escolarización de los niños y niñas en Melilla.
Muchas gracias. Esperamos el informe de 2020.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. En su representación tiene la palabra su señoría, el señor López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes ya, señor defensor, y bienvenido a esta casa, que es la suya. En primer lugar, como análisis global de los dos informes, me gustaría decir que compartimos un diagnóstico que se percibe con su lectura, que básicamente concluye
en que los recortes que se aplicaron tras la crisis de 2008 tuvieron efectos perniciosos que hoy estamos sufriendo en sectores que usted ha descrito: sanidad, educación, vivienda, etcétera. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista son necesarios
cambios en políticas estructurales. Desde luego, una lección que nosotros extraemos es que la salida de la crisis en la que estamos inmersos no puede ser igual a la salida de la crisis de 2008, porque eso nos abocaría a una situación desastrosa en
servicios básicos tan importantes como los que estamos describiendo. En ese sentido, creemos que el esfuerzo de este Gobierno por no dejar a nadie atrás en la salida de esta crisis debe continuar en los próximos meses.
Hoy mismo tenemos la buena noticia de que hoy es el primer día en el que ya se puede empezar a pedir ese ingreso mínimo vital al que usted ha hecho referencia. Es un esfuerzo y una iniciativa de este Gobierno que finalmente tuvo un apoyo
mayoritario en el Congreso, pero cuyo proceso no estuvo exento de dificultades porque hubo algunos que se sientan aquí que dijeron que lo que estábamos haciendo era dar una paguita, etcétera. No lo voy a recordar, pero creo que es importante decir
que hoy es el día en el que por fin el ingreso mínimo vital entra en funcionamiento.
Se ha referido usted a la sanidad y precisamente, sin lugar a dudas, es un sector de primera línea en este momento en la lucha contra el COVID. Esos recortes que usted ha descrito de manera muy clara en lo referido a gastos de personal,
equipos, mantenimiento, etcétera, están en la base de muchos de los problemas que hemos sufrido en los últimos meses. En este sentido, incluso se ha referido usted al
refuerzo de la atención primaria diciendo que era imprescindible. Estamos totalmente de acuerdo con ese diagnóstico y esperamos que las comunidades autónomas actúen en consecuencia. También ha comentado usted -y esperamos que en la
Comisión para la Reconstrucción se trabaje en ese sentido- la necesidad de un gran acuerdo político y social para favorecer el sistema sanitario. Estamos totalmente de acuerdo con ese llamamiento y esperamos que sea compartido por el resto de los
grupos porque, como hemos dicho, creemos que la sanidad pública ha sido la primera línea de defensa frente a esta pandemia en la que todavía estamos inmersos y, por lo tanto, esperamos que salga adelante ese gran acuerdo en favor de la sanidad.
Con respecto a la cuestión del acceso a la vivienda, no podemos estar más de acuerdo con usted cuando ha dicho exactamente que el acceso a la vivienda para los jóvenes se ha vuelto imposible. Creemos que esto es un drama para nuestro país,
un absoluto drama. Desde luego, compartimos también ese diagnóstico de la necesidad de ampliar la oferta de vivienda en alquiler para que nuestros jóvenes puedan tener acceso a la vivienda y a esa independencia tan imprescindible.
En educación, el mismo diagnóstico: recortes, aumento de las diferencias sociales y, por lo tanto, ese problema congénito de nuestro país de la desigualdad agravado por las políticas de recortes. Desde nuestro punto de vista son
imprescindibles políticas estructurales que vayan dirigidas a esa lucha contra la desigualdad.
Habló usted en el año 2019 -yo diría que casi de forma profética- sobre la situación de los mayores y de las residencias, una cuestión que ha sido y es ahora mismo dramática, como estamos viendo estos días en nuestro país. Nuevamente puso
el dedo en la llaga en cuestiones como plazas insuficientes, escasez de personal y falta de atención sanitaria, que han tenido las consecuencias que todos hemos visto. En ese sentido, me gustaría preguntarle cuál es su diagnóstico y hacia dónde
deben ir los cambios que, sin lugar a dudas, necesitamos para dar una atención adecuada a nuestros mayores, que hemos visto muy claramente que no han recibido en estos últimos meses, como ahora se está especificado y estamos viendo en el debate
político.
Sobre el tema de las migraciones -estoy yendo muy rápido con cada uno de los temas que he abordado, pero todos ellos me parecen de gran importancia-, precisamente en esta crisis del COVID hemos constatado la importancia del trabajo
inmigrante, y creo que de alguna manera la sociedad española ha visibilizado de forma mucho más clara el valor de ese trabajo. Se ha referido usted -y no podemos más que compartirlo- al papel que hacen específicamente las mujeres inmigrantes, que
cubren necesidades imprescindibles. Creo que ese reconocimiento es absolutamente necesario. En ese sentido, ha traído usted entre la documentación un informe económico que me parece muy importante porque, de alguna manera, desgraciadamente
seguimos viviendo en un país donde los discursos xenófobos siguen estando en el debate social y político y, por supuesto, en las redes. Entonces me gustaría leer algún párrafo de esta joya que nos ha traído usted sobre la contribución de la
inmigración a la economía española, porque creo que a veces nos llegan documentos verdaderamente valiosos y no les damos el valor ni la importancia ni la repercusión que deben tener. En este sentido, voy a leer solamente un párrafo -aunque hay
decenas de citas imprescindibles- donde se dice: La aportación de la inmigración al crecimiento económico es esencial. Su participación en el mercado laboral, que se ha analizado con detalle en un apartado específico de este mismo estudio, se
traduce en un avance económico que no solo alcanza a los sectores donde se emplean los extranjeros, sino a la economía en su conjunto. Y también dice: En las economías del sur de Europa el crecimiento del PIB entre 1990 y 2014 habría sido entre 20
y 30 puntos más bajo si no se hubiera contado con la población inmigrante. Creo que el documento habla por sí solo para, de una vez por todas, dejar en evidencia esas posiciones xenófobas que tanto daño hacen, pero que desgraciadamente tanto se
repiten.
Por último, quería referirme a un tema que usted no ha mencionado hoy, pero que un sector de nuestra sociedad valora mucho en su trabajo, y es la atención que están dedicando usted y su equipo al maltrato animal. En la sociedad española
desgraciadamente el maltrato animal está normalizado, aunque evidentemente hay un cambio social y cada vez hay más gente que es sensible ante esta situación. En ese sentido, su propuesta de incluir los animales salvajes en el delito de maltrato
animal, en el artículo 337 del Código Penal, a nuestro grupo parlamentario le parece absolutamente adecuada y necesaria. De hecho, nosotros lo presentamos en la anterior legislatura porque creemos que los animales salvajes, de manera injusta, no
están incluidos en este artículo del Código Penal y eso debe corregirse. Por lo tanto, insisto en agradecerle su trabajo y le animamos a continuar con esta labor porque es una lacra en nuestra sociedad que se debe eliminar. Debemos aprender a
respetar a los seres que conviven
con nosotros. En ese sentido, le felicito también por el recurso contra la Ley de Caza de Castilla y León, que fue aceptado por los tribunales.
Finalmente me gustaría pedirle que haga alguna referencia -no lo ha hecho en su intervención- a las quejas sobre las agresiones al medio ambiente por si hubiera alguna que usted considere que se debe destacar.
Sin más, le agradezco su trabajo. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario VOX. Nos ha comunicado que quieren dividir su intervención entre dos portavoces, el señor Francisco José Alcaraz y don Pablo Calvo. Me imagino que querrán dividir los quince minutos por la mitad.
No sé en qué orden quieren comenzar.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MARTOS: Muchísimas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Quiero empezar mi intervención mandando mi más sentido pésame a las familias de las casi cincuenta mil personas que han fallecido por la COVID; también mucho ánimo a las personas que están intentando superar esta
enfermedad; que no les quede la menor duda de que en el Grupo Parlamentario VOX vamos a luchar para que se conozca toda la verdad, se conozca la cifra oficial y se pidan responsabilidades a los que por acción u omisión han llevado a esta situación.
Le quiero dar las gracias también a usted, señor Fernández, defensor del pueblo. Su institución es la mejor garantía de que los derechos de los españoles van a ser respetados y, por consiguiente, la mejor defensa del pueblo. Me resulta
desconcertante, señor Fernández, que hoy estemos hablando aquí del informe 2018-2019 y le felicito por todos los datos que ha aportado, pero tenemos a un Gobierno y a sus socios comunistas intentando poner control a lo que el pueblo español esperaba
hoy. Si hay una Comisión que tenga un espectro amplio de los problemas y las necesidades que tiene el pueblo español es esta. Esta Comisión recaba todas y cada una de las necesidades que tiene el pueblo español sobre trabajo, vivienda, etcétera.
Es curioso que en la hora y media de su intervención no haya aparecido la palabra COVID ni referencia al coronavirus. Después de una hora y pico ha mencionado usted la palabra pandemia, y se lo agradezco. Le felicitamos por estos dos informes,
pero realmente es como leer un libro de historia. El tener conocimiento de muchos de estos hechos por parte del Congreso y del Senado llega demasiado tarde para llevar a cabo acciones al respecto.
Me voy a centrar ahora en el informe de 2019. Quisiera destacar que, como usted ha comentado, ha habido un aumento bastante considerable de quejas, entre un 19 y un 20 %, aunque usted lo haya minimizado, pero es curioso que, al mismo
tiempo, haya disminuido la acción del Defensor del Pueblo. En el año 2018 se llevaron a cabo por parte del Defensor del Pueblo 372 investigaciones de oficio frente a 266 en el año 2019. Es una diferencia importante. Las solicitudes de
interposición de recursos de inconstitucionalidad fueron también menos de la mitad en 2019 con respecto a 2018. En 2019 se interpusieron un total de 135 recursos frente a los 327 de 2018. El resultado es que tenemos más quejas y menos actuaciones
del Defensor del Pueblo. Me gustaría que nos comentara a qué se debe esa menor actuación cuando ha habido un aumento de las quejas.
Respecto al informe quería destacar dos cuestiones. La primera es referente a la igualdad entre españoles recogida en el artículo 14 de nuestra Constitución. En una parte del informe recoge usted que hay numerosas denuncias ciudadanas,
sobre todo en Cataluña, por la negativa de las instituciones a retirar insignias y símbolos ideológicos antidemocráticos y antiespañoles. Centros escolares, instituciones catalanas y ayuntamientos han mantenido esos símbolos durante todos estos
años. Con acierto, usted ha comentado que en Cataluña se está produciendo un adoctrinamiento escolar vergonzoso y que la libertad de expresión ideológica corresponde efectivamente, como usted dice, a las personas no a las instituciones públicas,
que deben estar sujetas a la ley en todas sus actuaciones porque es lo que caracteriza a un Estado de Derecho. Por ello le pregunto qué medidas ha tomado el Defensor del Pueblo para que se cumpla la ley y se retiren esos símbolos políticos e
ideológicos de las instituciones catalanas. Que sepan que son instituciones de todo el pueblo español, no solo de los presuntos golpistas. ¿Cree que desde el Gobierno se está haciendo lo suficiente ante las denuncias que usted ha hecho
precisamente por estos símbolos? ¿Qué respuesta le ha dado el Gobierno? Sin salir de Cataluña -se lo comento porque la semana pasada lo tratamos en la Comisión de Seguridad Vial-, usted denuncia también que muchísimas ciudades están empezando a
rotular las señales de tráfico en catalán. Usted lo ha denunciado y realmente es una anomalía. ¿Tiene usted constancia de que desde el Gobierno se haya hecho algo para evitar que
se siga rotulando? ¿Han hecho algo las instituciones? Me gustaría que nos contestara qué ha hecho el Gobierno con respecto a esta rotulación de las señales de tráfico en catalán.
Termino para dejar paso a mi compañero. Solo quisiera decirle que nos sorprende que hoy no se pueda tener un debate sobre la COVID-19, cuando realmente este problema es el que en este momento está afectando a todos los españoles. Es triste
que a lo mejor dentro de uno o dos años, cuando el Gobierno y sus socios nombren a un nuevo defensor o defensora del pueblo -que actuará como lacayo, como suelen hacer los nombrados por el Gobierno actual-, entonces nos explicará lo que está pasando
ahora, pero en ese momento será demasiado tarde. Hemos perdido una gran oportunidad para dar voz al pueblo y para que, desde esta Comisión, pudiéramos conocer, tanto el Congreso como el Senado, las necesidades para poder trabajar, entre todos, en
las soluciones que requiere en este caso el pueblo español.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Para completar el tiempo que le corresponde al Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Pablo Calvo.
El señor CALVO LISTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor defensor del pueblo, le agradecemos su presencia hoy ante esta Comisión. Muchas de las cuestiones abordadas en los informes del año 2018 y 2019 son de vital importancia para nuestra nación, por lo que quisiera llamar la atención
especialmente sobre una serie de aspectos. Se menciona la lucha contra la violencia de género como objeto de muchas de las quejas ante la institución. En efecto, es una tragedia que maridos, exmaridos, novios o exnovios, maten a sus mujeres, a sus
novias o a sus exnovias. Sin embargo, no entendemos que se niegue el hecho de que esta situación también se produce a la inversa; hombres que mueren a manos de sus parejas. Por ello, como ya conocerá, nosotros proponemos una derogación de la Ley
contra la violencia de género y que esta se sustituya por una ley de violencia intrafamiliar que proteja eficazmente a todas y a cada una de las víctimas; lo contrario sería injusto y discriminatorio. La sociedad no puede ser reducida a una
sucesión de dogmas ideológicos que no admiten discusión, como plantea la moderna izquierda con sus identity politics. Es nuestra obligación proponer un modelo alternativo de sociedad a aquel que quieren imponernos los nuevos censores, los que
derriban estatuas y rescriben la historia, los que ponen al ser humano como culpable de todos los males que aquejan al mundo. En esta visión, los menores y los ancianos deben ser, si cabe, aún más protegidos por nuestra sociedad, por cuanto están
también más indefensos.
Compartimos también con el señor defensor del pueblo nuestra preocupación por la consecución de un sistema educativo de calidad. Según expone el informe del año 2018, la educación no puede depender del partido político en el Gobierno y,
sobre todo, no debe utilizarse para adoctrinar, sino para instruir y cultivar a quienes serán el pilar de nuestra nación dentro de unos años, y que reconozca y valore el derecho de los padres a escoger la educación que quieren para sus hijos.
Por otro lado, tampoco podemos olvidar a la España vaciada, a las provincias que cada vez se van quedando más atrás respecto a las grandes urbes. El envejecimiento poblacional, la escasez de servicios, las desigualdades en materia
sanitaria, los deficientes medios de transporte, las menores oportunidades de empleo, la brecha salarial, por ejemplo, entre quien trabaja en Madrid y quien lo hace en León, todas ellas son cuestiones que se resumen en una falta de cuidado e interés
de los poderes públicos para con ciertas regiones que son tan España como el resto, y cuyo fomento se debe priorizar en aras a la solidaridad e igualdad de todos los territorios españoles.
Pese a su interinidad, le auguro, señor Fernández Marugán, una mayor carga de trabajo en su recta final, pues serán muchas las defensas del pueblo que tendrá que acometer, a la vista de la negligente y errática gestión del Gobierno durante
esta crisis ocasionada por el COVID-19. En este sentido, le queremos ofrecer tres puntos muy breves de actuación, en los que la institución puede jugar un papel esencial e insustituible. Hay que promover una denodada búsqueda del verdadero número
de víctimas mortales por el COVID-19 acaecidas en residencias de ancianos. Hoy, no en vano, es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. En estos meses ha quedado claro que muchos olvidan y menosprecian. También se
desconocen los datos reales de los fallecidos. Le pedimos que solicite al Gobierno que incluya a todos los fallecidos por COVID-19, sin que vuelvan a hacerse desaparecer, de un día para otro, casi dos mil fallecidos, pues más que una nueva forma de
contar, parece una nueva forma de ocultar. Recomiende también al Gobierno -pues más vale tarde que nunca- que
dote de elementos de protección a la población y provea de test de detección fiables, comprados, además, a empresas españolas que cumplen con toda la normativa sanitaria y pagan impuestos a nuestra nación. Por último, recuerde también al
Gobierno que un estado de alarma encubierto no da derecho a conculcar libertad de expresión, de movimiento o de culto, ni tampoco tutela judicial efectiva, la salud física o mental y otros derechos fundamentales de ciudadanos, que han venido siendo
pisoteados impunemente por los poderes públicos desde el 14 de marzo.
Por último, esperamos y deseamos que la institución que encabeza haga gala de su nombre y defienda los derechos del pueblo español como se necesita. La existencia de un Gobierno socialcomunista que basa su legitimidad en negar cualquier
disidencia y coarta la libertad individual exige un Defensor del Pueblo a la altura del reto. Quieren que callemos y quieren que olvidemos; no haremos ni lo uno ni lo otro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular, para su intervención tiene la palabra el señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, presidente.
Señor defensor del pueblo, antes le di la bienvenida y no lo hice con el resto de su equipo, al que por supuesto en nombre del Grupo Popular hacemos extensiva. Estamos hablando de una intervención sobre el informe de 2018, que tiene casi
900 páginas, y el de 2019 tiene otras tantas, que trataremos de hacerla de la manera más eficaz posible para poder tener un posterior diálogo de aclaración y hacer algún tipo de propuestas.
Hay datos y reclamaciones respecto de las que podríamos presentar algún tipo de discrepancia, pero en líneas generales es intenso, es importante y recoge el trabajo de todo su equipo a largo de estos dos años. En el informe de 2018 hubiera
sido interesante, señor defensor, tal vez diferenciar entre la gestión del primer semestre, la gobernada por el Partido Popular, y la gestión socialista de Pedro Sánchez del segundo semestre. El defensor aconsejaba a los representantes de la
soberanía popular que se otorgue la máxima relevancia a las quejas de los ciudadanos. Por supuesto que se la damos, y prueba de ello es que hoy estamos debatiendo en esta Comisión los 16 998 escritos de queja, junto con las 327 solicitudes de
interposición de recurso.
Por seguir el orden de su informe, abordamos el asunto de la violencia de género. Durante el año 2018, 47 mujeres fueron asesinadas. Siendo este el dato más bajo desde que existen datos oficiales, no deja de ser un dato terrible y una
situación inadmisible que sigan ocurriendo estos asesinatos. Algunos de mis compañeros portavoces han recordado el asesinato ayer de una madre y sus dos hijos, y son siempre cifras alarmantes y terribles. Estamos de acuerdo en que hay que proponer
cambios en las leyes de violencia de género, entre ellos, revisar, actualizar y adaptarlas a los nuevos tiempos, y por supuesto tenemos que seguir apostando por ese Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es necesario seguir promoviendo la
conciencia en la sociedad. Yo entiendo, señor defensor, que hubiese sido interesante recoger en su informe las denuncias por violencia presentadas en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. En 2017 fueron 134 000; en 2018, 166 000, y en 2019,
168 057. Podríamos hacer un enfoque entre las situaciones extremas y lo que se presenta en los juzgados de violencia. Me gustaría que después pudiese valorar el defensor la evolución de este terrible sufrimiento, la violencia contra las mujeres y
los menores, en estos dos años de trabajo que usted ha hecho.
En el tema de pensiones, quiero recordar, señorías, que fue el Gobierno del Partido Popular quien subió las pensiones, tanto las mínimas como las de viudedad -todas las pensiones-, con unos presupuestos que al día de hoy siguen prorrogados
por el Gobierno del señor Sánchez. Es bueno resaltar que la evolución de la pensión media se ha ido incrementando a lo largo de los años progresivamente, percibiéndose cada vez por un mayor número de pensionistas; asimismo, el defensor considera
que hay que garantizar -y nosotros también- la solvencia y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la situación económica de los actuales pensionistas y de los futuros pensionistas. Se nos pide el mayor grado de consenso dentro
del Pacto de Toledo y, por supuesto, el Partido Popular y el Grupo Popular están en esa misma línea de buscar el acuerdo.
Agradecemos que contemple los escritos que se recibieron durante la primera mitad de 2018 de ciudadanos particulares y de distintas asociaciones que discrepaban de la política del Gobierno en materia de derechos sociales, especialmente en
asuntos relacionados con pensiones públicas, copago farmacéutico, la aplicación de la Ley 39/2006, como bien se cita en la página 550. Desde el Grupo Popular echamos en falta que nos aportara este mismo dato del segundo semestre que desconocemos si
por error
u omisión no se ha contemplado en el informe que nos ocupa. Estamos de acuerdo en que hay que seguir reduciendo la brecha salarial en cuanto a las pensiones y no podemos consentir que las pensiones de las mujeres sean un 40 % inferior a la
de los hombres.
En España, a fecha 30 de junio de 2018, los extranjeros con certificado o tarjeta de residencia superaban los 5 millones. Ha recogido usted después de viva voz lo que nosotros le proponíamos, y es que nos extrañaba que no aparezca el dato a
31 de diciembre aun sabiendo que los informes se elaboran anualmente de junio a junio, pero si contamos el año natural el número de extranjeros con tarjeta de residencia aumenta hasta la cifra que usted ha dicho. Esto se debería aclarar, porque los
informes que se usan a año natural, y no solo el dato del primer semestre, pueden conducir a error. Sobre las personas interceptadas cuando intentaban entrar en territorio español de manera irregular las cifras son contundentes -incluso se superan
las de 2006 y 2007-, ni más ni menos que casi 65 000 personas interceptadas y casi todas entraron por vía marítima y muchas por la zona del Campo de Gibraltar, por la bahía de Algeciras. Es una situación muy preocupante, sin lugar a dudas, y
creemos que irá en aumento la cifra de personas. Estamos de acuerdo en que hay que adecuar los centros de internamiento de extranjeros, los CIE. Hay ocho CIE y el peor es el de Algeciras. No se puede consentir que siga como hasta ahora, pero este
alcalde ya ha llegado a un acuerdo con el Ministerio del Interior para ceder 20 000 metros cuadrados para hacer el CIE más social de Europa, insisto, el más social de Europa.
En cuanto a las tasas de litigio en España, que se encuentran englobadas dentro de la Administración de Justicia, cabe destacar que en el año 2009 la tasa era de 204,7 por cada mil habitantes. En 2018 se redujo un 38 %, llegando a 126,1.
Agradecemos que el Defensor del Pueblo haya actuado de oficio en un tema importante, el del adoctrinamiento, el desenfoque de la realidad en el proyecto Herenegun, en castellano Anteayer. Fueron algunas asociaciones de víctimas del
terrorismo y diversos historiadores quienes pusieron esto en conocimiento del defensor, y el Gobierno vasco ha cambiado y ha actuado, de tal manera que está revisando ese modo de contar a los jóvenes cómo es la realidad de su sociedad estos años
pasados.
En la página 207 del informe se hace mención a un expediente sancionador. Leo textualmente: Se inició una actuación de oficio al tener conocimiento de la incoación de un expediente sancionador por la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras al Ayuntamiento de Cádiz con motivo de la cesión que había hecho para unas instalaciones del club náutico para el alojamiento temporal de personas atendidas por Cruz Roja. Se vuelve a incurrir en ese error en el anexo C de las actuaciones
de oficio. Convendría corregirlo porque la bahía de Algeciras no es quien tuvo ese tipo de reclamación por parte del defensor, fue la Bahía de Cádiz. Son dos bahías maravillosas, dos bahías muy bonitas pero con gestión distinta.
Una de las quejas más numerosas es la relativa a la dificultad para acceder a una plaza residencial pública o concertada en las residencias de mayores. Estamos de acuerdo con el defensor en que se debe dotar de más presupuesto para mejorar
tanto lo humano como los medios materiales en estas residencias para tener una mejor atención. Es ahora cuando estamos viendo con mayor intensidad esas situaciones. Me gustaría que nos contase cuántas visitas ha hecho el defensor a residencias de
mayores en los años 2018 y 2019 y también cuántas ha realizado ahora, en abril y mayo del año 2020. Es importante porque podríamos enfocar un poco mejor la actividad de la defensoría. En cuanto al problema de la soledad, me gustaría preguntarle:
¿se ha dirigido a algunas administraciones para interesarse por el tema de la soledad de los mayores?
Insiste el defensor en la ineludible necesidad de obtener un pacto de Estado por la educación para dotar de estabilidad a nuestro sistema educativo. Es necesario seguir formando al profesorado, reducir la tasa de abandono y de fracaso
escolar y además hay que mejorar las instalaciones anticuadas o con deficiencias. Debemos seguir vigilantes para defender los derechos fundamentales de los alumnos, buscando que la formación -y leo lo que usted dice y recalco- se realice en un
ambiente de neutralidad ideológica, que es lo que debe imperar en una sociedad libre, abierta, democrática y tolerante, que todos queremos y que usted recoge. Y estoy de acuerdo en que, con siete leyes educativas en estos años, es difícil que
tengamos una línea directriz en cuanto a la formación.
En 2019 el informe también es muy voluminoso, recoge en última instancia la gestión de la Administración socialista ante la opinión de los ciudadanos. En este caso se traduce en la tramitación de 20 616 expedientes entre quejas -que son 20
215-, solicitudes de interposición de recursos e investigaciones de oficio -que son 266-. Cabe destacar que el tiempo de atención se ha ralentizado.
Hemos aumentado un poco el tiempo medio de respuesta y hemos pasado de los treinta y cinco días en 2017 a veintinueve en 2019 y se han presentado más quejas en el 2019 que en el 2018, así como algunas recomendaciones más y prácticamente el
mismo número de sugerencias.
Siguiendo el informe de gestión y el orden, llama la atención en el apartado 'actividad internacional' que no se hayan mostrado recomendaciones con respecto a algo que es tremendamente complicado, y es la salida del Reino Unido y su
repercusión no solo en la Unión Europea sino en lo que nos interesa en España a todos los niveles. El brexit va a causar, está ya causando muchos, muchísimos problemas y va a ser necesario que nos empleemos a fondo para minimizar la situación
perjudicial que se va a producir cuando sea efectiva totalmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Respecto de la sanidad, en este momento entendemos que es lo que más preocupa a los españoles. Sin conocer el dato de quejas y de sugerencias en el 2020, que suponemos que se habrá visto incrementada muy razonablemente en miles y miles, en
el informe se deja ver que las distintas administraciones públicas siguen reduciendo los presupuestos sanitarios y que tenemos que cambiar esa situación. Esas 800 quejas relativas a la atención primaria especializada en el 2019, vuelvo a repetir,
seguro que van a ser miles en este año 2020.
La recomendación del Defensor del Pueblo con respecto a la renta mínima es estructurarla en un plano estatal, en un sistema integrado y que con ello la gestión de la renta sea más eficaz para evitar retrasos en la resolución de solicitudes.
También yo quiero recordar aquí que hay un ingreso mínimo vital o renta mínima vital garantizada por la que se atiende a 800 000 personas por parte de las comunidades autónomas, porque a veces nos olvidamos de ellas, al igual que también tendremos
que valorar cómo vamos a colaborar los ayuntamientos en esa gestión porque por ahora ni se nos ha dado formación ni tampoco capacitación personal ni económica para ello.
Respecto a la vivienda, existen ayudas que no habían sido abonadas a los ciudadanos. La principal recomendación es que aumente el parque de viviendas en alquiler y el Gobierno tiene la obligación de atenderlo. Este tema -y no se puede
mirar para otro lado- nos llama la atención porque ya en el informe de 2019 se recogía el aumento de quejas con respecto a los colectivos en riesgo que no podían acceder a una vivienda, como son las familias con rentas bajas y monoparentales, los
jóvenes, las personas que han sufrido un desahucio, que son muchas, muchas y que, desgraciadamente, muchas más van a ser. Todos en los ayuntamientos estamos viendo como personas que nunca habían necesitado de ayuda, nunca había necesitado de ayuda,
hoy hacen cola para tener ayuda social por parte de los municipios. El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prometió que antes del verano presentaría una iniciativa para permitir el control del precio de
alquiler en zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas. Ha habido una disparidad de criterios, con declaraciones por parte de la ministra Calviño con el ministro Ábalos, y espero que al final se pongan de acuerdo y quien gane sean los
españoles y no uno u otro dentro del Gobierno.
Respecto de la educación, se han presentado 1222 quejas. Nos sorprende que en el informe de 2019 las administraciones no tengan en previsión la ampliación del número de centros de educación especial ya que, con lo que se ha anunciado, los
alumnos con necesidades educativas especiales tienen que estar incluidos en centros ordinarios en un plazo de diez años. Esto significa que vamos a dar un paso de gigante, pero hacia atrás, porque la educación especial en este colectivo debe de
contar con personal especializado, que entendemos en otros centros educativos no va a contar con ellos.
Ahora voy a referirme a una situación especialmente dolorosa, de verdad, y a repetir, a recalcar de nuevo lo que he dicho para el informe de 2018 para el de 2019, y que ya han mencionado los compañeros portavoces: veinte mujeres hasta ayer,
hoy veintiuna, han sido asesinados en 2020; en 2019 fueron cincuenta y cinco. Estas son cifras que no se pueden entender en una sociedad avanzada como la sociedad española, en una sociedad que tiene que tener muchos más medios y que debe tener
también muchos más mecanismos para trabajar, evitar y erradicar esta situación. Creemos que, como dice el Defensor del Pueblo, se debe dotar a los juzgados de violencia de género de las unidades de evaluación forense para que tengan mayor eficacia
y también sería importante incrementar aún más o reforzar la educación en igualdad en los colegios, con medidas educativas de sensibilización y de prevención que se contemplan en el pacto de Estado.
En cuanto a la protección de menores...
El señor PRESIDENTE: Señoría, debería ir terminando su intervención.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchísimas gracias, señor presidente.
La situación de los menores es muy preocupante y en Andalucía la conocemos bien porque es donde mayor número tenemos. Hay que dotar de material sanitario que determine cuál es la edad de los menores. Seguimos pensando que con quien mejor
están los menores inmigrantes es con sus familias. Habrá que tener un compromiso de una decisión clara respecto a la inmigración de acuerdo con la Unión Europea, pero también con un compromiso de los países generadores de este movimiento y de estas
situaciones tan difíciles y dolorosas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, don Mariano Sánchez.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Gracias, presidente.
Señor presidente, señor defensor del pueblo, señorías, buenos días a todos. En primer lugar, he de decirles que es para mí un orgullo y un honor poder intervenir hoy por primera vez como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta
Comisión, Comisión fundamental para la defensa de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. El informe que hoy nos presenta el Defensor del Pueblo es un informe con una total transparencia del trabajo realizado, donde nos detalla todas y cada
una de las quejas, reclamaciones y preocupaciones de la ciudadanía. Antes de puntualizar sobre algunos de los temas que el defensor destaca en su informe, en nombre del Grupo Socialista quiero felicitar al defensor y a todo su equipo por tan
brillante y concienzudo trabajo, porque la verdad es que es muy extenso, son muchísimas las quejas y el trabajo es arduo y, como he dicho anteriormente, muy concienzudo, con mucho detalle, con mucha estadística.
En el informe se ofrece las estadísticas más significativas de la actividad desarrollada por el Defensor del Pueblo a lo largo de 2018 y 2019. Estas memorias anuales son una radiografía precisa posible sobre cuál es la situación en nuestro
país, una radiografía del ejercicio de los derechos constitucionales del ciudadano ante las administraciones públicas. Son prácticamente los mismos problemas, como antes han detallado los anteriores compañeros portavoces de los distintos grupos,
tanto de 2018 como de 2019, que presenta la ciudadanía. Hay algunos que difieren, pero la mayoría coinciden. Por ejemplo, en el tema de sanidad el defensor llama la atención de nuevo sobre la compensación social parcial en los últimos años de la
reducción de los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas a causa de la crisis económica. Destacan también las actuaciones por la insuficiencia de recursos sanitarios en las zonas rurales y por la falta de cobertura de especialistas
en el ámbito de atención primaria. El refuerzo de la atención primaria desde luego para nosotros es imprescindible. Además, el sistema de copago de los medicamentos, que se introdujo por motivos de 'ahorro' -y lo de ahorro lo digo entre comillas-
en 2012, afecta negativamente a personas con pocos recursos económicos y desempleadas, así como a personas con discapacidad o con enfermedades muy graves. La institución confía, según el informe, en que pueda acometerse la reforma normativa que ha
recomendado reiteradamente para ajustar en términos de progresividad y equidad el actual modelo de copago farmacéutico. Pues bien, con el objetivo de garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas
condiciones a todas las personas que se encuentran en el Estado español, está el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal del Sistema Nacional de Salud, que derogó afortunadamente el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de
abril, del Partido Popular. De esta forma, lo que se consigue es que se haga posible una sanidad universal, gratuita, justa, solidaría, equitativa, sostenible, de calidad, eficiente y profesional, así como la apertura de la infinidad de puntos de
atención continuada que el Partido Popular cerró y que afortunadamente con nuestro Gobierno se han vuelto a abrir, garantizando una asistencia sanitaria permanente e ininterrumpida.
En cuanto a las rentas mínimas, las quejas recibidas en esta materia reflejan que la cobertura, intensidad y adecuación de las rentas mínimas es muy desigual en función del territorio. Para equilibrar estas diferencias, el Defensor del
Pueblo aboga por estructurar en el plano estatal un sistema integrado de rentas mínimas. Pues bien, en 2015 Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, y nuestra compañera María Luisa Carcedo se encargaron ya de pronosticar y decir que el
ingreso mínimo vital era fundamental para que no hubiera pobreza en este país. Hoy, día 15, ya es posible que se pueda solicitar el ingreso mínimo vital, que reduce la pobreza y fomenta la inclusión social. Se trata de una prestación, por si
alguno no lo sabe, de la Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
con carácter permanente y con una doble finalidad, lo que he dicho anteriormente, reducir la pobreza y fomentar la inclusión social. Se ha hecho para luchar contra la vulnerabilidad económica, la cual genera un círculo vicioso de
desigualdad.
Otro tema que han tocado casi todos los compañeros, porque además es muy importante, es el de las residencias de mayores. El Defensor del Pueblo cree que deben abordarse reformas normativas de calado que garanticen mejor los derechos de los
mayores en las residencias, que exijan una mayor dotación de personal y una mejora de su formación, el refuerzo y mejora de la atención médica, así como una mayor capacidad inspectora de las administraciones para hacer frente a los retos presentes y
a los futuros que puedan venir. A la vista está todo lo que está sucediendo en las residencias de ancianos ante esta pandemia, sobre todo, desgraciadamente, en la Comunidad de Madrid, pero, aparte de la pandemia sobrevenida, es cierto que el modelo
de residencia geriátrica debe cambiar, tiene que cambiar y es el momento ahora, en pleno plan de reconstrucción de nuestro país. Por eso, le pediría al Defensor del Pueblo que incida y ayude en la medida de sus posibilidades a este Gobierno para la
reconstrucción del país, no solo en el tema del que estoy hablando ahora mismo, sino en todos los demás temas, que usted aborda muy bien y muy detalladamente en su informe.
En cuanto a educación, los problemas para obtener becas y ayudas y la prestación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor, han seguido motivando el mayor número de quejas de padres, madres, alumnas y alumnos recibidas en
esta institución. Fernández Marugán ha reclamado una educación de calidad en la que el sistema educativo esté adaptado al modelo de educación inclusiva, a educar en igualdad -que esto sea una prioridad-, así como que la equidad en el acceso y la
permanencia -importante lo de la permanencia- a la educación sea una realidad. Todos los Gobiernos socialistas han priorizado la inversión en becas para garantizar la igualdad de oportunidades y un ascenso social más equitativo. El Gobierno del
Partido Popular aplicó una durísima política, que ustedes recordarán, de recortes en educación, que afectó también a las becas, a partir de la reforma Wert de 2013. El Gobierno de progreso, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de
Universidades, ha iniciado el proceso de reforma que acaba con el modelo Wert, afortunadamente. La reforma implica una inyección de 386 millones de euros, es decir un 22 % de subida. Es la subida más alta que ha habido en la última década, que
supone unos 1900 millones de euros, recuperando la beca como un derecho subjetivo vinculado a la renta familiar y no al rendimiento académico.
En cuanto a las migraciones, aquí no me voy a extender porque, como bien ha dicho el compañero portavoz de Podemos -estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que ha hecho-, es muy extenso el informe que usted hace sobre este tema y no
tenemos tiempo para tanto, pero sí voy a referirme a algunas frases que usted ha dicho, más que nada porque algunas de las señorías que están presentes no valoran positivamente la inmigración, lo ven como un estorbo en nuestro país. El defensor
considera que la inmigración es un potente agente de transformación. En lo referente al mercado laboral concluye que los flujos migratorios son esenciales para compensar el declive de la fuerza laboral nativa, la población activa. Y en cuanto al
empleo, las personas extranjeras suponen el 15 % del empleo. Si los ocupados extranjeros abandonaran mañana mismo nuestro mercado laboral, el nivel de empleo de la economía caería en 16,7 millones de ocupados, una caída que no podría ser sostenida
por los trabajadores autóctonos, y eso lo saben todas sus señorías aquí presentes. Es muy importante el tema de la inmigración, regulada por supuesto, y en esas está el Gobierno de la nación.
En relación con el medio ambiente, el defensor analizó numerosas actuaciones relacionadas con la contaminación en sus diferentes vertientes: aire, suelo, malos olores, ruido, contaminación electromagnética. Deseo recordarles el papel de
España en la Cumbre del Clima de 2019, celebrada en Madrid el pasado mes de diciembre. En menos de un mes lo organizó todo para que pudieran participar doscientos países. El Gobierno de España está en la Ley del cambio climático; y luego está la
Agenda 2030, que incluye todo eso. Por eso digo que el Gobierno está totalmente volcado en la cuestión del cambio climático y está trabajando muy duro por ello, y así seguiremos.
Por otro lado, la institución cree necesario que se modifique el artículo 337 del Código Penal para que la fauna silvestre quede protegida frente al maltrato, como ya sucede con los animales domésticos. Ante esto hay que decir que el
Gobierno ha creado la primera dirección general de protección animal. Por primera vez España cuenta con una Dirección General de Bienestar Animal; un organismo que depende de la Vicepresidencia segunda del Gobierno. Entre las principales medidas
que pretende impulsar se encuentra la creación de una ley de bienestar animal, ya contemplada en el pacto de Gobierno de coalición. Una de las propuestas que tenemos y vamos a llevar a cabo en esta legislatura es la
modificación de ciertas cuestiones que tienen que ver con el Código Penal y el Código Civil, y digo del Código Civil para que haya un reconocimiento de los animales como seres sintientes, y del Código Penal para que se pueda eliminar la
sensación de impunidad que hay ante el maltrato animal y el abandono.
En cuanto a los transportes, en opinión del Defensor del Pueblo, la oferta del servicio de transportes públicos en zonas rurales debe regirse no solo por criterios de beneficio económico, sino que también debe adaptarse a una lógica demanda
para evitar el aislamiento de estas zonas, lo que es la despoblación, la España vaciada; eso es vital. El caso de las deficientes infraestructuras ferroviarias toca a mi tierra, toca a Extremadura, así que permítanme en este punto, como diputado
nacional representante de la provincia de Badajoz -y, por supuesto, de todo el territorio- y como extremeño que soy, que sea reivindicativo, y de manera especial en cuanto al tren en Extremadura. No podemos ser competitivos si no tenemos un tren de
calidad tanto para viajeros como para mercancías. Esta es una situación ya insostenible, que viene de lejos, y yo, como representante del pueblo extremeño, seguiré luchando con todas mis ganas para que sea una realidad cuanto antes. Los seis años
y medio de abandono del tren extremeño durante el Gobierno del Partido Popular y los cuatro de José Antonio Monago en la Junta de Extremadura, en los que hizo la vista gorda, supusieron un gran deterioro del servicio ferroviario en esta comunidad, y
así se demuestra en los datos. En seis años y medio de Gobierno del Partido Popular se licitó en obras para el tren extremeño la misma cantidad que en tan solo un año por el Gobierno socialista, alrededor de 720 millones de euros. Entonces no se
compró ningún tren nuevo para Extremadura ni para el resto de España. Con el Gobierno socialista se ha sacado una licitación de 4280 millones de euros para trenes nuevos de media distancia, ancho ibérico y cercanías, entre los que están los que se
destinarán a Extremadura. Durante el Gobierno del señor Rajoy se dejó caducar la declaración de impacto ambiental del proyecto de alta velocidad entre Madrid y Navalmoral de la Mata -se podría haber terminado ya-. La llegada del Partido Socialista
al Gobierno de España supuso un impulso de las obras de alta velocidad y la mejora del tren convencional, situando vehículos de reserva en Badajoz, Mérida y Cáceres; la sustitución de los trenes 598 por los 599, que son mucho más de fiar; la
solicitud de apertura de nuevas estaciones, para disminuir la incidencia en la red en caso de avería; la revisión de los elementos más sensibles de los trenes, como los motores y el montaje de motores nuevos, electrónica, puertas, etcétera; y el
lanzamiento de la construcción de una base de mantenimiento en Badajoz, que se iba a terminar en septiembre de este ejercicio, pero, lógicamente, va a retrasarse un poco porque se nos ha cruzado por medio esta pandemia. Y en cuanto a la obra de
alta velocidad, se han licitado todas las obras pendientes que hay entre Plasencia y Navalmoral de la Mata, se ha montado la vía entre Plasencia y Badajoz, la electrificación de la línea entre Plasencia y Badajoz, se han renovado las estaciones de
Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz.
El señor PRESIDENTE: Señoría, un segundo. Intento ser lo más flexible. Use todas las argumentaciones, pero hay que ceñirse a la cuestión. Si quiere presentar una iniciativa en torno al tren, puede presentar una PNL. Pero la gente que
estamos aquí estamos intentando escuchar lo relativo a estos dos informes. No obstante, tiene la palabra -con generosidad- para poder hablar de todo lo que a usted le parezca.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Estoy poniendo como ejemplo todo esto.
El señor PRESIDENTE: Pero el ejemplo no puede ocupar el 90 % y la conclusión el 10 %.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Llevo dos minutos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Las mejoras ya se notan. La puntualidad ha pasado de un 64 % a un 92 % en marzo de 2020. Lógicamente, tenía que hablar del tren, porque lo menciona el defensor en su informe. Por eso -insisto-, lo que he hecho
ha sido hablar del tren de Extremadura, que viene en el informe, es lo único que he hecho.
En cuanto a las apuestas y la publicidad intensa del juego, la institución dirigió el año pasado varias resoluciones a los ministerios de Economía, Hacienda y Sanidad, Consumo y Bienestar Social para que se limitase la publicidad de juego y
las apuestas y se reforzara la protección de las personas más vulnerables frente a la adicción al juego. Todas las recomendaciones fueron aceptadas, absolutamente todas, y los cambios normativos solicitados fueron introducidos en el año 2020, con
lo cual llegamos a la conclusión de que el Defensor del Pueblo propone y el Gobierno dispone. El Gobierno está haciendo caso
al Defensor del Pueblo, así que siga usted por esa línea, que será bueno para todos los españoles y españolas.
En definitiva, señorías -y con esto termino-, en estas estamos los socialistas, en hacer patria con la bandera en nuestros corazones, sin necesidad de sacarla a pasear por las calles, escuchando a los demás y poniéndonos en su lugar. Por
eso quiero agradecer al defensor del pueblo y a todo su equipo la gran labor que realizan, haciéndonos llegar lo que realmente preocupa al pueblo español de manera clara, estudiada y fundamentada, y así, en definitiva, facilitar la labor de los
representantes del pueblo, que no somos otros más que los que estamos hoy aquí.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra al defensor del pueblo para contestar sobre aquellas alusiones y preguntas que ustedes han realizado.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): A ver si soy capaz de mantener el orden de intervención de los representantes de las distintas fuerzas políticas y no me pierdo.
El portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha hecho un análisis al detalle de muchos problemas que no tengo inconveniente en decir que no conozco. Entonces, le pediría, por favor, que esas preguntas concretas sobre aspectos concretos nos
las haga llegar, y nosotros le daremos la opinión que tengamos que darle, lo haremos con gusto. Porque hay cosas que tienen que ver con la energía, y yo respecto a la energía lo justito; sobre la pobreza energética andamos más al tanto. Por
tanto, si usted me lo pide, se lo hacemos llegar, no hay ninguna dificultad.
He anotado que ustedes me preguntan sobre mis impresiones en relación con lo que va a hacer el Gobierno. Señorías, ustedes son diputados, ejerzan. No necesitan venir al defensor del Pueblo para que les dé sus impresiones. Ejerzan,
tómenselo en serio, asumen ustedes una tarea importantísima, son representantes del pueblo español. Por lo tanto, no hay necesidad de pasar -eso les sucede a muchos- por el defensor del pueblo para llegar al Gobierno. Ejerzan ustedes, hay otras
comisiones, etcétera. En cualquier caso, son procedimientos que uno conoce conforme va pasando el tiempo.
Ciudadanos me pregunta cómo se accede al Defensor del Pueblo. Muy sencillo, sencillísimo -entre otras cosas, porque algunos de sus compañeros en otras legislaturas ya lo hicieron-. De entrada, hay un teléfono, que funciona veinticuatro
horas al día todas las semanas trescientos sesenta y cinco días al año. Por lo tanto, usted llama, manifiesta sus puntos de vista y nosotros le atendemos, nosotros le atenderemos siempre en estas cuestiones, no hay ningún problema. Por lo demás,
en esta legislatura se hace algo que no se hacía en legislaturas anteriores: entonces era un Parlamento de grupos, pero ahora hay un juego para los diputados, un juego para los senadores y un juego para los eurodiputados. Si alguien quiere hacer
llegar al defensor alguna posición sobre esas cuestiones, la recibiremos encantados, no hay restricción de ningún tipo en ese terreno, tenemos muy buenas relaciones con las comunidades gitanas. Tengo que darles las gracias porque en los últimos
años me han invitado casi siempre a sus actos. Soy un hombre del sur, y estos sabemos convivir con algunas expresiones identitarias. O sea, no hay ningún problema.
He tenido unas dudas enormes con la intervención del portavoz del Grupo Republicano. Ha dicho una cosa en la que tiene razón; hay otras en las que a lo mejor no tiene tanta. No siempre, pero en muchas ocasiones los problemas que se
plantean en un ejercicio se repiten en el siguiente. ¿Por qué? Porque los problemas no se resuelven. Entonces hay que estar -como se dice normalmente en mi tierra- dando la matraca, para conseguir que te hagan caso. No obstante, procuramos que
en cada sección y en cada capítulo haya una entrada general que indique dónde está la posición en ese momento; a veces lo conseguimos y a veces no lo conseguimos, pero, en cualquier caso, nosotros lo intentamos. Hay veces que el mecanismo es muy
poco creativo y otras veces lo es más.
Le agradezco las cosas que ha dicho usted en relación con algunos problemas que a nosotros nos preocupan, que a mí me preocupan enormemente. No son lo mismo Melilla y Ceuta, y eso quizás los andaluces se lo expliquen mejor que yo. Ceuta ha
conseguido, porque se preocuparon de ello, algo en los temas educativos. Fiscalía adoptó una posición, pero esa posición no se tomó en Ceuta, y ahí hay un problema complicado. Hay ONG muy activas, miembros de los Gobiernos anteriores; en Melilla
había un Gobierno y ahora hay otro, y entonces había una actitud y ahora hay otra. Entonces, el defensor -este señor que habla- tiene un compromiso porque cree en él. En estas dos ciudades hay un porcentaje
relativamente importante de ciudadanas y de ciudadanos que no son de origen étnico español, sino musulmán, tienen cultura musulmana y religión musulmana. Creo que los españoles del interior, de la península deberíamos hacer un esfuerzo por
tratar de que los niños y las niñas tengan una educación de la cual puedan sacar alguna ventaja y deberíamos hacer un esfuerzo para que esos críos y esas crías no tengan la dificultad que tienen en este momento. No es fácil a veces chocar contra
valores muy enraizados, sobre todo en la ciudad de Melilla. Como defensor -así lo he hecho y lo sigo manteniendo-, me he entrevistado con las autoridades, con el CETI -tengo muy buena opinión de la gestión del CETI en Melilla, creo que lo hace muy
bien- y también he tenido contacto con algunas ONG. Me gustaría que este tema se resolviera y que estas mujeres, acompañadas de sus hijos y sus madres y que con valor manifiestan que son españolas, encontraran que por parte de las autoridades de la
ciudad autónoma y por parte del resto de las administraciones se toma en consideración su punto de vista. Por lo demás, es agradecer alguna de las cosas que usted ha afirmado respecto de la actitud del defensor. El defensor es un hombre mayor,
pero tiene ideología. En la legislatura anterior hubo un representante de un partido político -el PNV- que me dijo que soy una cosa que no soy, me dijo que soy un marxista amable. (Risas). Tengo que decir que no soy marxista pero que procuro ser
amable.
En cuanto a Oria, estuvimos allí hace tiempo. Estuvimos nosotros, estuvo una organización que trabaja por cuenta de y defiende los intereses de la Unión Europea, estuvo el defensor del pueblo andaluz y estuvo el Gobierno de Andalucía. La
verdad es que -lo he dicho en público y se sabe, porque está en los periódicos- que no me gusta que en esta parte del mundo la vida valga tan poco como parece que vale o que ha valido en Melilla o en Oria. Por tanto, procuraré mantener mi celo y
hacer las cosas bien. Y en cualquier caso, alguna de las cosas que usted ha dicho aquí son de agradecer.
Respecto al mecanismo, vendrá en poco tiempo, es decir, seguramente el informe de 2019 lo entregaremos en días o semanas. Quiero que esta Mesa se limpie de los documentos que venimos teniendo desde hace no se sabe cuántos años. Y el
mecanismo es muy importante, entre otras cosas porque permite ver cómo funcionan los mecanismos de la libertad en esta sociedad, y tiene un conjunto de funcionarios que actúan con muchísimo rigor. Vamos a ver si somos capaces de mejorarlo, porque
esta es una institución de democracias cualitativas, es decir, no todas las democracias tienen la misma entidad, y estas cosas suceden en los sitios donde los Gobiernos se preocupan de la libertad de la gente. He estado en Veger, en la zona de La
Janda, en Barbate, Tarifa, Algeciras, y a los alcaldes habrá que agradecerles muchas cosas, pero a los que hay que agradecer mucho mucho es a la gente. Allí algunos recuerdan todavía el primer inmigrante que llegó a la zona algo así como hace
treinta años. Por tanto, respeto por mi parte.
De Izquierda Unida, agradezco mucho su intervención. La influencia del fenómeno migratorio en la sociedad española tiene algunas secuencias realmente interesantes. Me pregunta usted qué pasaría si se van de golpe y porrazo, y luego dice
que nos liberan de hacer los trabajos desagradables; hay dos o tres frases muy enjundiosas. Le agradezco mucho que se lo haya leído, que lo haya hecho con atención, y también algunas de sus manifestaciones. Hoy he querido poner antes la sanidad
que otra cosa, pero, honestamente, respecto a cuando dice que sus hijos tienen resuelto este tema de momento, o en España nos preocupamos seriamente del tema de la vivienda o la gente joven no va a tener resuelto el problema ni para comprar ni para
alquilar; esta es una verdad de Evangelio. Creo que a este problema hay que dedicarle atención.
Me dice usted que no he dicho nada sobre medio ambiente. Tiene usted razón. Pero ¿por qué no lo he hecho? Porque tengo que manejar los tiempos. Efectivamente, respecto a lo sucedido en Canarias, sobre las riadas podía y debía haberlo
hecho, además ha habido compañeras y compañeros de mi equipo que me lo han dicho. Lo único que pasa es que no me da tiempo para tanto. No lo he hecho por esa razón, pero reconozco el fallo. Usted lo ha dicho, y lo ha dicho bien, pero yo le digo
por qué no lo he hecho, por una mera administración de los tiempos.
Ciudadanos cuestiona cómo es tan distinta la problemática en relación con unas comunidades y otras. Es verdad que en Madrid no hay defensor, y, sin embargo, tiene seis o siete millones de habitantes, o sea, unos cuantos. Las otras tres
tienen defensor; lo tiene Valencia, lo tiene Andalucía y lo tiene Cataluña. El ciudadano elige, y punto. Y cuando elige, decide quejarse a un sitio o a otro. Me alegra que algunos vengan a quejarse aquí. No es que seamos competitivos, porque no
es verdad que seamos competitivos; todos somos buena gente y nos llevamos bastante bien. Pero cuando empiezan a llegar, me preguntó cuál es el problema que a este ciudadano le hace venir a la federación, y no al land; hay que preguntárselo. Y
nosotros en esto tenemos alguna atención y alguna preocupación.
No puedo hacer un análisis del semestre del presidente del Gobierno del Partido Popular y un análisis del semestre del presidente del Gobierno del Partido Socialista. Eso no lo hago, entre otras cosas porque entra en un ámbito sobre el que
no tengo habilitación. Sinceramente, estoy aquí para ver otras cosas y decírselas a ustedes. ¿Qué tengo que ver? Cómo han evolucionado determinados esquemas de funcionamiento en una sociedad que tiene una anualidad para presentar su ejercicio.
Lo que tengo que hacer es contar lo que veo con seriedad; y procuro hacerlo con seriedad, a mí esto me gusta, mientras esté aquí procuraré hacerlo bien. Fuera de micrófono les diré lo que me dicen mis amigos y mis amigas y lo que les contesto a
alguna de estas cosas, porque uno ya ha pegado algunos tiros por ahí.
Usted ha introducido un tema que no he tratado. Dije que iba a hablar del envejecimiento, de la soledad no deseada y de las residencias. Casi siempre hablo de esos tres temas, y a veces pongo un cuarto, según el tiempo: las pensiones.
Pero no hay un tema sobre pensiones. ¿Por qué? Porque el tema de pensiones está en un informe monográfico que presenté en 2017. Aquí hay una secuencia que puedo tratar, y es cómo ha entendido el defensor que era su trabajo. Y respecto a ello -no
soy abogado, con lo cual me muevo muy mal en ese ámbito, pero soy economista, y en esta sala he hecho algunas demostraciones de que ahí me muevo mejor-, del año 2017 hay un informe que habla de crisis y de desigualdad, y en desigualdad hay un
apartado que tiene que ver con la tributación, la vivienda y las pensiones. Y ahí se habla de ello, aparte de la pelea sobre si la ley de 2011 o la de 2013, pero esa hoja ya la he pasado. Luego hice la monografía del año pasado, la primera parte
referente también a que aquí no nacen niños ni niñas y que, si no hacemos algunas cosas para que nazcan, vamos a tener un problema muy complicado, como bien ha dicho el representante de Izquierda Unida, porque cuando no nacen niños vienen
inmigrantes, y luego ya el problema es complicado. Pero, sinceramente, creo que aquella cuestión está en el de 2017, y esa página ya la he pasado. He hecho el informe de la dinámica de la población española en estos años. ¿Cuál es la diferencia o
el discriminante entre el informe del año pasado sobre la evolución de España y el de este? El de este año se apoya en la EPA. Hay tres fuentes de información sobre la población extranjera: la Secretaría de Estado de Migraciones, el INE, en
general, y la EPA. Y la EPA dice cosas muy simpáticas. Pregunta: Si no se hace mucho caso y no nos preocupamos, ¿qué pasa con ellos el día que decidan irse? Y luego hay otras personas que dicen que estos señores no nos quitan el trabajo, que
vienen para hacer el que nosotros no queremos, y eso no deja de ser verdad. Es difícil, y hay que tener cuidado, porque aquí estamos hablando entre gente civilizada y sabemos lo que hay en este mundo, pero es complicado. Me gustaría que la Unión
Europea se preocupara de verdad por lo que existe en Sierra Leona y más allá y en Mali y hacia acá. Si no somos capaces de encontrar alguna solución, esto se pone muy difícil. Marruecos tiene una lógica y una actitud. Pero yo he visto a unos
cuantos argelinos en el CETI de Ceuta, y no es lo mismo.
Sobre violencia de género, sinceramente, esta es una batalla muy seria de esta sociedad. El maltrato que muchas veces reciben las mujeres es una cuestión muy importante. Nosotros recibimos en una ocasión a una ciudadana valenciana, de
Castellón, cuyo marido había matado a sus dos hijas. ¡Tremendo! A aquella mujer la dejaron sin vida. Ella lo pasó mal, pero los demás también. Estas cosas no son sencillas.
Sobre los menores, es verdad que donde mejor están es en sus casas. Ahora bien, hay un problema. Uno tiene que preocuparse, porque a veces los dejan en la puerta. En Ceuta hay algunos centros, que están muy bien dotados, para chicas; son
pequeñitos, pero están bien gestionados -en Ceuta casi todas las cosas son pequeñitas y están bien gestionadas-; entonces, están allí y no pasa nada. Pero luego hay otro centro, que está arriba del todo, Dios sabe dónde. He ido a los dos, y en el
de chicas da gusto, pero allí me enteré de que en alguna ocasión las familias las han dejado a punto de subir al ferry. Las dejan allí y que se vayan para España. También estuve arriba, con los chicos, y les pregunté: ¿Vosotros dónde vais?,
¿dónde queréis ir? Y uno, con mucho desparpajo, me dijo: Nosotros, al norte. Hay que tener cuidado. En esa parte del mundo las situaciones son complicadas. Insisto en que hay ciudadanos que son terriblemente pacíficos y gente que no lo es
tanto. ¿Cómo llegan? La frontera es muy importante, pero no es el único valor. Es muy importante, pero no es lo único. ¿Ha entendido bien, no?
¿Vamos a hacer más?
El señor PRESIDENTE: Tenemos previsto, como he dicho al principio, un turno muy breve para que todo el que quiera intervenir lo pueda hacer.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Yo querría decir algunas cosas que han salido aquí al principio. Estamos viviendo un tema muy complejo. El tema de la pandemia y cómo ha afectado es una cosa
terrorífica. ¿Por qué no vamos a decirlo? Aquí
hay un virus del cual lo desconocíamos casi todo, casi todo. Es un virus que ha demostrado tener gran versatilidad y que nos ha arrojado a todos a escenarios que nunca se habían visto. Tratando de ser relativamente honesto, creo que el
virus ha sido tan poderoso que ha sido capaz de parar al planeta. Ha sido tan poderoso que ha parado al planeta. Este no es un tema de aquí. Mira Italia; no te quiero decir nada en México; no te quiero decir nada en Perú. ¿Y cómo se arregla
esto? Quiero dejar claro que nunca había ocurrido nada semejante y, como consecuencia de ello, estamos ante la triple emergencia: una emergencia sanitaria, una emergencia económica y una emergencia social. Con eso vamos a tener que pelear en los
próximos años.
El otro día un economista al que conozco, aunque no es amigo mío, decía que esto se arreglaba resistiendo -bueno, resistiendo se puede arreglar, yo no digo que no-, pero también haciendo algo más: buscando la recuperación y también
reinventándose. Era un economista digno que apoyaba estas frases en dos planteamientos, uno de Kant y otro de Keynes. Cuando un tipo se apoya en semejantes estandartes, la cosa va bien. Sinceramente, les digo que nosotros deberíamos ser capaces
de buscar alguna zona de entendimiento para que esto no vuelva a suceder, porque, entre otras cosas, la amenaza para la salud está ahí y lo están diciendo todos. ¡Cuidado, porque si no hacemos las cosas bien puede que volvamos al principio! Y, si
tenemos que volver al principio, las cosas se complican. Nosotros hemos resistido, y está bien, pero no hemos vencido. Hay que tener cuidado. Esta sociedad debe tener cuidado.
Hay una cosa que tú has empezado a razonar y que a mí me parece muy importante. ¿A quién hay que darle las gracias? Aquí hay que darle las gracias a mucha gente, pero yo diría que esta situación altera un conjunto de problemas y de
funciones económicas y sociales que parecía que estaban relativamente consolidadas en nuestra sociedad. En las sociedades modernas -España es una sociedad moderna-, como en las europeas -Europa está en el mundo de la modernidad y Estados Unidas no
digamos-, nos encontramos con un fenómeno muy curioso, y es el tema de la meritocracia. ¿En qué consiste la meritocracia? En tener un título o no tenerlo, como diría el torero. Entonces estas sociedades están montadas sobre la meritocracia. Uno
se pregunta, pero ¿quién necesita el título? Este es un problema relativamente, porque quienes han mantenido el ritmo de funcionamiento de esta sociedad son gente con muy poco sentido meritocrático. Es decir, empleados de almacén, camioneros,
repartidores, policías, bomberos, operadores de servicios públicos, basureros, cajeros, etcétera. Toda esta gente -que, por cierto, no se podían quedar en casa, tenían que ir a chulear, como dirían en Galicia- asumió una responsabilidad que de
alguna manera deberíamos ser capaces de agradecérsela, y no en un periodo más o menos dilatado en el tiempo, sino en el día a día. Por eso cuando hay que darles las gracias, hay que dárselas. Nosotros sí tenemos que dar las gracias a ese tipo de
ciudadanos, como a los policías, que han estado entrando y saliendo, llevando ciudadanos de un lado para otro, hay que darles las gracias, hay que decirlo claramente. Lo ha dicho el presidente y lo digo yo, a esa gente hay que agradecerles el
esfuerzo que han hecho. Además, hay que señalar que de alguna manera todos ellos han combatido hasta el máximo de su fuerza. Y hasta tenemos que agradecérselo a la Unidad Militar de Emergencia, que ha ido desinfectando sitios por ahí y que a veces
no se les reconoce lo que han hecho en algunas comunidades autónomas españolas o lo que han hecho en Valencia o en Alicante. O sea, hay que reconocerle su labor a ese tipo de ciudadanos.
También hay que reconocérselo a los departamentos ministeriales y a los funcionarios públicos, que han aguantado algunas cosas de una manera muy importante. Entonces yo creo que la sociedad española debería identificar bien algún conjunto
de problemas, porque estos señores que han asumido estas responsabilidades no tenían una emisorcita en su casa con la cual conectaban por la radio por la mañana o por la noche en España o fuera de España, como hay alguno al que yo escucho con
muchísima fruición que habla desde Gotemburgo. Así que, ojo, los servidores públicos, la gente del común, ha hecho un esfuerzo que nosotros deberíamos reconocer, o yo al menos se lo reconozco. Por lo tanto, lo digo sinceramente, nosotros nos vamos
a dedicar a hacer bien las cosas. Ahora, pelear no. En esta Comisión casi siempre ha habido zonas de entendimiento. Y yo sí diría que deberíamos hacer un esfuerzo por seguir manteniendo un grado de tolerancia y de convivencia importante. Y el
que en su día, y en las condiciones que sea, tenga que venir a presentar el informe de 2020 que sepa que el informe será hecho con solvencia. Me coge ya mayor para andar en peleas de otra naturaleza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor defensor del pueblo.
Para concluir, abrimos este segundo turno, que espero que sea muy breve, para aquellos grupos que lo pidan. ¿Me dicen qué grupos van a pedir la palabra? (Pausa). Veo que todos.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Clemente Sánchez-Garnica.
El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Muchas gracias.
Señor defensor del pueblo, me hubiera gustado que hubiera hecho alguna referencia, aunque fuera de manera breve y somera, a las cuestiones que le he planteado. No sé si se le ha olvidado o si me ha ignorado, porque comprendo que soy un
humilde senador que representa a Aragón. Me hubiera gustado que hubiera hecho alguna mención a las tres cuestiones que le he planteado: precariedad laboral de nuestros sanitarios y soluciones que desde su punto de vista deberían adoptarse;
situación de las residencias de nuestros mayores y necesidad de reformas legislativas, y tema de la justicia y la oportunidad de adoptar medidas para su agilización.
En todo caso, muchas gracias. (El señor Defensor del Pueblo en funciones y adjunto primero, Fernández Marugán: Como vendré a presentar el mecanismo, le tendré al corriente. El informe del mecanismo es muy interesante).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre y representación del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría Garmendia.
La señora GARMENDIA BERECIARTU: Sorprendida me ha dejado usted, señor Fernández Marugán, porque no me ha contestado absolutamente a nada y me remite usted a que haga las preguntas por escrito. Esto es una comparecencia, usted comparece y
nosotros hacemos las preguntas pertinentes. Las preguntas están circunscritas exclusivamente a los informes, pero no tengo ningún problema en hacer las preguntas por escrito, aunque lo suyo hubiera sido contestarlas. (El señor Defensor del Pueblo
en funciones y adjunto primero, Fernández Marugán: Le he dicho muy claro que no le contesto porque no lo sé).
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En nombre y representación del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz Carlota Santiago.
La señora SANTIAGO CAMACHO: Gracias, presidente.
Usted solamente me ha contestado a una de las preguntas, pero yo le he planteado muchísimas. Entiendo que somos muchos grupos parlamentarios, que son muchas las preguntas que hacemos y que es muy complejo porque son muchísimos los temas que
se tratan. En cualquier caso, quisiera hacer una aclaración, señor defensor. Cuando me he referido al acceso a su institución, me refería concretamente a la página web y a las mejoras que se puedan contemplar. También me refería al teléfono 900,
especialmente el de los colectivos vulnerables, porque no está claro si tiene o no tiene coste. Se tienen que eliminar las trabas para poder acceder libremente a presentar una petición.
También me gustaría trasladarle otra inquietud que tiene mi grupo parlamentario referida al racismo y a sus múltiples formas de manifestarse. El escandaloso asesinato del George Floyd ha abierto muchas heridas en el mundo entero. La
discriminación nunca es un hecho espontáneo. Detrás de cada acto discriminatorio funcionan un conjunto de creencias y opciones de la sociedad y los individuos. Para prevenir posibles situaciones de racismo y discriminación, como la homofobia, el
antigitanismo o cualquier otra forma de expresión discriminatoria, es necesario avanzar en una educación de calidad de todos y cada uno de los niños de nuestro país que contribuya a la cohesión social, a través de una educación equitativa e
inclusiva.
La última pregunta que quería dejar sobre la mesa, señor defensor, es cómo valora que se presente en el Congreso una ley educativa que ha tramitado el Gobierno sin hablar con nadie, sin consensuar con la oposición ni con los agentes sociales
ni con los colectivos profesionales, precisamente, cuando la reforma educativa es una de las que más necesitan de consenso en nuestro país, y cuando tenemos abierto y operativo un foro de consenso, como son los pactos de reconstrucción, el foro más
ambicioso abierto en España desde los Pactos de Moncloa. Señor defensor, le ruego que dentro de sus competencias vele por él; ni la comunidad gitana ni ningún colectivo vulnerable se puede quedar atrás o fuera de este pacto.
Por último, he visto las tres recomendaciones que están en tramitación en su página, que tienen que ver con la actualización de los protocolos de actuación sobre violencia de género. Le ruego también
que vele por eso, dada la situación y dados los casos que estamos viendo, como, por ejemplo, el último de Úbeda.
Le deseo lo mejor. Y, por cierto, me alegra mucho saber que a usted le gustan mucho los gitanos; además, a mí me consta esto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre y representación del Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra María Carvalho.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor defensor del pueblo, muchas gracias por sus respuestas. Volvemos a tocar el tema de la no escolarización de niños y niñas en Melilla. En muchas comisiones lo hemos hablado, y hemos hablado también con el ministro del Interior
Grande-Marlaska. De hecho, llevaremos una iniciativa a la Comisión de Educación, y nos parece que realmente clama al cielo que haya más de un centenar de niños y niñas que vivan en el territorio español y que no puedan ir a la escuela. Hacemos
desde ya una instancia a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Internacional.
El día 10 de junio, hace nada, pocos días, salieron las listas de alumnos y alumnas admitidos en los colegios de Melilla para el curso 2020-2021, y en estas listas no figuran los menores de la ciudad que fueron rechazados también en otros
cursos. Familiares y niños indignados -como sabe usted porque estuvo allí in situ- hacen un ruego al Ministerio de Educación para que, por favor, no utilicen esta política reiterada. Y es una lástima, porque han cambiado el Gobierno, pero hacen
una reiterada política racista y de segregación hacia estos niños y estas niñas. Repito, son niños y niñas, y ya se ha pronunciado el Defensor del Pueblo, pero no solo el Defensor del Pueblo, también se ha pronunciado el Comité de Derechos del Niño
de las Naciones Unidas para que el Gobierno español tome las medidas provisionales para prevenir los daños irreparables hacia la infancia; irreparables.
Además, este organismo también instó al Gobierno español -lo sabe usted también- a que haga lo mismo con el resto de los menores migrantes -vuelvo a decir, muchos nacidos en territorio español, con padres empadronados-, que no tienen derecho
a ser escolarizados.
Para acabar, me gustaría hacer hincapié en una frase que básicamente es que ser musulmán no es origen, es una creencia. Por cierto, antes hablando de Ilias, el menor que murió asfixiado, dije Melilla, pero rectifico, es Almería. Por favor,
esté usted muy muy atento con el tema de la no escolarización de los niños y niñas de Melilla; sé que lo está usted.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En nombre representación del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, tiene la palabra su señoría, el señor López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, defensor, por sus explicaciones. La verdad es que sus informes anuales lo que hacen es una foto fija de la realidad de la sociedad española, y lo que nos trae es una sociedad donde vivimos con un problema grave, que es una
desigualdad tremenda; y, además, esa desigualdad se está agravando por el deterioro de los servicios públicos. Como usted ha dicho muy bien, nosotros somos diputados y diputadas y, por tanto, somos quienes tenemos que hacer las reformas
estructurales necesarias para abordar, de una vez, esa tremenda desigualdad. Me consta que los partidos que estamos en este momento compartiendo el Gobierno de la nación estamos trabajando en ese sentido, a pesar de las enormes dificultades en las
que nos hemos visto inmersos ante esta grave situación de la crisis de la COVID.
Me ha dejado estupefacto volver a escuchar una vez más en sede parlamentaria al representante de VOX decir que la violencia de género no existe. Creo que le vamos a pedir amparo al Defensor del Pueblo ante estas palabras, porque es
verdaderamente increíble tener que escuchar a estas alturas esto cuando ya estamos en los datos que diversos portavoces han referido sobre el número de mujeres asesinadas en lo que llevamos de año.
Y haré una última referencia a que realmente no es que el medio ambiente sea un elemento más. Usted mismo ha dicho que tenemos que adelantarnos a la próxima pandemia, y la próxima pandemia, si no lo evitamos, va a ser la crisis ecológica
que tenemos encima y que va a agravar todos y cada uno de los elementos sobre los que hemos hablado aquí: el tema migratorio, el tema de pobreza, el tema de
desigualdad, etcétera. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes -y por eso lo traigo a colación- de que no estamos ante una cuestión más, sino que estamos ante una crisis que va a dejar pequeña la crisis de la COVID-19.
Nuevamente, muchas gracias por sus aportaciones y desde luego por los informes y por los documentos, que son muy importantes y muy valiosos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
En nombre y representación del Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MARTOS: Muchas gracias, presidente.
Mi grupo ha sido el más afortunado porque usted no me ha contestado ni ha hecho referencia alguna a las preguntas que le he expuesto aquí, a ninguna de ellas. No sé por qué será, supongo que quizá no tenga los datos, por lo que se lo
comento. Le he preguntado por qué hay muchas más quejas y, sin embargo, hay casi la mitad de actuaciones por parte del Defensor del Pueblo.
También le he preguntado si se ha tenido respuesta sobre los símbolos que usted ha pedido que se retiren de las instituciones catalanes -símbolos que no tienen que estar en las instituciones catalanas- o, en este caso, sobre el hecho de que
muchísimas ciudades están rotulando las señales de tráfico en catalán, lo cual usted ha denunciado, por lo que le he preguntado si realmente ha habido una respuesta y si se está revirtiendo esa situación. No sé si la tiene o no; si la tiene usted
y tiene a bien contestarme, se lo agradezco. Si no, supongo que lo hará en algún momento, o bien le haremos llegar la pregunta por escrito.
Con respecto a lo que ha dicho mi compañero, lo que le ha expuesto mi compañero es que usted, como defensor del pueblo, aboga por la igualdad de trato de todos los españoles; de hecho, en su informe viene hablando sobre la desigualdad
precisamente en ese tipo de salarios que hay que dar a las personas más necesitadas y respecto de lo que hay muchas diferencias entre comunidades, pero, qué mayor igualdad que la propia justicia. Además, son de mi tierra, de Jaén, de Úbeda, las
personas que han sido asesinadas y mostré ayer mi más sentido pésame precisamente por este cruel crimen, pero si la persona que asesinó a esa señora hubiese sido una mujer, porque se tratase de una pareja de mujeres, y hubiesen sobrevivido los
hijos, realmente esos niños no hubiesen tenido los mismos derechos porque no se hubiese considerado violencia de género. Entonces, lo que pedimos es que el trato por la ley sea igual mate a una mujer, mate a un nombre, mate a un niño, a un padre o
a un abuelo. Únicamente pedimos igualdad, que es lo que ha pedido mi compañero.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, en cuanto a los centros penitenciarios, en el informe de 2019 aparecen 722 expedientes relacionados con centros penitenciarios, y este dato discrepa del que aparece en el cuadro 11 del mismo, que habla de 728. En cualquier caso,
son 60 000 personas las que se hallan privadas de libertad y a mí lo que sí me gusta también es que, por fin, se hable de los funcionarios de prisiones que trabajan en los 97 centros penitenciarios, los cuales deben ser reconocidos como agentes de
autoridad y debe dotárseles de mayores medios materiales de autoprotección.
El portavoz del Grupo Socialista está muy contento con el 'tren rana' porque nos lo han endiñado a nosotros y ahora donde se avería es en el tramo Algeciras-Madrid y Madrid-Algeciras, y yo, señor defensor del pueblo, le insto, por favor, a
que actúe de oficio para saber cómo se pueden mejorar -lo mismo que ha hecho con ADIF y ha hecho con Fomento- los trenes de Algeciras a Madrid y de Madrid a Algeciras, no solo por los pasajeros, sino porque esto redundará también en el beneficio del
desarrollo económico del Campo de Gibraltar mejorando las infraestructuras.
Si el portavoz del Grupo Socialista quiere saber la verdad sobre los recortes, le paso el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados donde Rodríguez Zapatero empezó a aplicar los recortes en sanidad, cosa que no hizo el Partido
Popular, sino que aportó 3768 millones más que cuando estaba el Partido Socialista.
Respecto a que no quiere que comparezca el defensor y que quieren taparlo y ocultarlo, el artículo 54 de la Constitución española y su ubicación dentro del capítulo cuarto del Título I, así como también lo que
recoge la Ley Orgánica, 3/1981, del 6 de abril, del Defensor del Pueblo, dicen que el defensor tiene que actuar por actividades concretas de los ministros, de las autoridades administrativas, de los funcionarios y de cualquier persona que
actúe al servicio de las administraciones públicas. Por ello, no estoy diciendo nada ilegal sino algo que recoge ya la ley, la ley orgánica.
Señor presidente, me gustaría haber conocido cómo valora el defensor el trabajo y los datos que aporta el Alto Comisionado contra la pobreza infantil. ¿Cree el defensor que se han recortado las prestaciones sociales en estos dos últimos
años? ¿Cómo valora el defensor las proyecciones que hace Eurostat y Naciones Unidas sobre la evolución de la natalidad en España? El defensor dice que no está de acuerdo con estas proyecciones ya que no van a cambiar la situación estos años
venideros; me hubiese gustado ahondar en este tema. ¿Cómo van evolucionando en estos años las aceptaciones de la defensoría por parte de las administraciones? ¿Cómo evoluciona el número de administraciones entorpecedoras, obstaculizadoras o
incumplidoras? ¿Cree el defensor que los ciudadanos saben ejercer mejor sus derechos de queja? ¿Cuál es el balance entre el trabajo de la defensoría en las comunidades autónomas y en la nación? ¿Cuántas reuniones ha tenido el defensor con ellos?
La sociedad española siempre ha valorado muy bien a la institución, es la cuarta mejor valorada. ¿Cree el defensor que esta valoración seguirá siendo así tras la pandemia? ¿Cómo cree el defensor que han evolucionado los tres principales problemas
estructurales que tiene España: el del agua, el de la despoblación de núcleos rurales y el del envejecimiento? ¿Cómo valora la evolución de los ciudadanos que usted define que están en una situación de pobreza invisible?
Por último, yo sigo pidiéndole que comparezca en este periodo de sesiones. Defensor, le voy a leer lo que dijo un senador, el senador Cazalis, del PNV. Decía lo siguiente: Hace falta seguir contando con un defensor que sea buena persona,
imparcial y capaz de ejercer el cargo con garantías de imparcialidad, ecuanimidad y justicia, una persona proactiva. Debemos buscar el consenso entre los partidos para encontrar a esa persona capaz de concitar todo lo anterior, una persona
independiente, con verdadera auctoritas, con solvencia social para defender los derechos fundamentales que se consagran en el Título I de la Constitución.
Defensor, usted no está mayor, no, y usted tiene energía suficiente para que antes de que acabe este periodo de sesiones usted hable en esta Cámara a senadores y diputados y al pueblo español de lo que usted sabe que está pasando para
mejorar lo que está ocurriendo, para buscar lo mejor para los españoles. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Y en el último grupo de intervenciones, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, don Mariano Sánchez.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Señor presidente, gracias.
Veo que le hace gracia cuando aquí su compañero de partido habla del 'tren rana' en Extremadura, a mí no me hace ninguna gracia, ninguna. Por eso mi intervención se centraba en datos, como los que podría haber dado de Asturias, de Valencia
o de cualquier comunidad porque eran datos para aportar lo que yo quería decir. Me ha chocado que usted me interrumpiera, pero, bueno, si ese es su estilo, ya veremos de aquí en adelante cómo actuamos. Yo trataba de poner en valor lo que ha hecho
un Gobierno y lo que ha hecho otro, simplemente; lo que está haciendo el Gobierno socialista de coalición no tiene nada que ver con lo que hizo el Partido Popular. Cierro el tema.
Señorías, para terminar, permítanme hacer simplemente una reflexión. En esta Comisión, los informes presentados por el defensor del pueblo deben servirnos como guía y como faro de nuestras políticas. Les invito a que en las próximas
comisiones dejemos, al menos durante la celebración de las mismas, la guerra política y confrontemos y debatamos, pero aquí debemos escuchar, atender y ejercer una labor de responsabilidad política ante el trabajo del Defensor del Pueblo. Sus
apreciaciones deben servirnos para mejorar las debilidades de nuestro sistema, para ampliar la justicia y la cohesión social, para conocer las necesidades del pueblo español, para no olvidar cuál es el verdadero motivo de la política: mejorar la
vida de la gente que más lo necesita, que nos necesita. De verdad, se echa en falta al Partido Popular, a ese otro Partido Popular al que estamos acostumbrados. Me ha gustado cuando el señor Landaluce ha dicho que a través de un acuerdo con el
Ministerio del Interior van a tener un terreno o un local de 20 000 metros cuadrados para solucionar de alguna manera el problema de la inmigración allí, en Algeciras. ¿Ve usted como el Partido Socialista en el Gobierno, y no solo el PSOE sino
también Podemos, cuando se habla con ellos, se les escucha y se llega al entendimiento? Háganlo ustedes más veces, señor Landaluce.
En lo relativo a ser productivos, no deben ustedes sacar tajada o intentar sacar tajada de esta pandemia que estamos teniendo en este momento. (El señor Landaluce Calleja hace gestos negativos). Vivimos momentos muy difíciles, y en la
memoria de la ciudadanía quedará quién luchó por su país como primer objetivo y quiénes día tras día, tanto en los medios como en los plenos y sesiones de control al Gobierno, no aportan ni una sola idea ni son leales al Gobierno de la nación para
entre todos y todas sacar a nuestro país de la mayor desgracia sanitaria, económica y laboral que usted sabe que tenemos en tiempos de democracia. Lo que ha hecho el Gobierno y sigue haciendo con una transparencia exquisita es día a día, decreto
tras decreto, con proposiciones de ley, etcétera, es trabajar para sacar adelante a los españoles y españolas, sin dejar a nadie atrás, donde reconocemos la colaboración de todos los partidos de izquierdas, y lamentablemente no entendemos la
artillería sin sentido de la derecha y ultraderecha de nuestro país.
Dicho esto, señorías -voy terminando-, abandonemos el ruido, por favor, por el bien de España y trabajemos de la mano del señor Fernández Marugán para combatir las desigualdades. Si no lo hacen, como apunta el informe del Defensor del
Pueblo citando a algunas comunidades como más entorpecedoras para su labor -nombra a Madrid, Andalucía, Castilla y León o Murcia, curiosamente todas gobernadas por la derecha y ultraderecha que ustedes representan-, señor Fernández Marugán, aquí
tiene al Grupo Parlamentario Socialista, como siempre, para acompañarle y trabajar con usted. De nuevo agradecemos su excelente e indispensable trabajo y el de todo su equipo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Mucha gracias, señoría.
DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente del Congreso 042/000001).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta para adoptar los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución
de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983.
A continuación someto a la comisión la delegación de las facultades a que se refiere el citado artículo 44 del Reglamento del Congreso a favor de la Mesa de la Comisión, de conformidad, como he dicho, con lo dispuesto en la resolución de la
Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Esta delegación, tal y como se ha venido realizando en anteriores legislaturas, se llevaría a cabo de forma condicionada, de modo que si el rechazo de una solicitud de comparecencia por la Mesa no
se produce por unanimidad se entenderá que la Comisión aboca la competencia para pronunciarse sobre la solicitud de comparecencia en cuestión. En los términos planteados, se somete esta propuesta de delegación del voto a la Comisión.
¿Se puede aprobar por asentimiento de la Comisión? (El señor Alcaraz Martos pide la palabra). Sí, pide la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MARTOS: Gracias, presidente.
Ya dejé constancia el otro día que la adopción de los acuerdos previstos en el artículo 44 del Reglamento sean condicionales y que, de no darse dicha unanimidad, sea la Comisión en pleno la que deba decidir conforme a la resolución
parlamentaria de noviembre de 1983.
El señor PRESIDENTE: Es lo que acabo de decir y de leer. Reitero. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).
El señor ALCARAZ MARTOS: Lo había entendido así, pero...
El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
Ya para finalizar les doy las gracias por el tono de todos y cada uno de los portavoces, un tono constructivo y proactivo, y le doy, cómo no, las gracias a las personas del equipo del Defensor del Pueblo y al propio Defensor del Pueblo por
el magnífico trabajo que hoy nos han expuesto en esta Comisión. Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.