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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 102, de 14/12/2021
cve: DSCG-14-CM-102
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 102
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTOS CERDÁN LEÓN
Sesión núm. 11
celebrada el martes,
14 de diciembre de 2021
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
Bloque I:
- Informe de fiscalización de las modificaciones y otras incidencias sobrevenidas durante la ejecución de los contratos celebrados por los ministerios del área de la Administración económica del Estado y sus organismos dependientes, que
hayan tenido lugar en el periodo 2014 a 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000015 y número de expediente del Senado 771/000016) ... (Página4)
- Informe de fiscalización de la contratación realizada por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000018
y número de expediente del Senado 771/000018) ... (Página5)
Bloque II:
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad Social número 275, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000024 y número de expediente
del Senado 771/000024) ... (Página5)
- Informe de fiscalización de los expedientes de suspensión de contratos que han afectado a las líneas férreas de alta velocidad durante los ejercicios 2014 a 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000047 y número de
expediente del Senado 771/000036) ... (Página6)
Bloque III:
- Informe de fiscalización de los contratos para la ejecución del proyecto y obra del puente sobre la Bahía de Cádiz, 'Puente de la Constitución de 1812', 2007-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000039 y número de
expediente del Senado 771/000031) ... (Página7)
- Informe de fiscalización de la contratación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ejercicios 2015 a 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000020 y número de expediente del Senado 771/000020) ...
(Página7)
Comparecencia de la señora presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega), para informar sobre los siguientes extremos:
Bloque I:
- Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000122 y número de expediente del Senado 771/000124) ... (Página8)
Bloque II:
- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000125) ... (Página15)
Bloque III:
- Informe de fiscalización del grado de cumplimiento por AENA, S.A., SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo, Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. e Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E. M.P., S.A., de las principales
recomendaciones incluidas en los informes de fiscalización. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000011 y número de expediente del Senado 771/000011) ... (Página21)
- Informe de fiscalización del grado de cumplimiento e implementación de las recomendaciones del informe de fiscalización de la actividad de la Autoridad Portuaria de Valencia, ejercicios 2007 a 2010. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000025 y número de expediente del Senado 771/000025) ... (Página21)
- Informe de fiscalización relativo al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en el 'Informe de fiscalización de la gestión económico financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia'.(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000092) ... (Página21)
- Informe de fiscalización del seguimiento de las recomendaciones dirigidas al Ministerio de Hacienda incluidas en los informes relativos al Área de la Administración Económica del Estado aprobados durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000110 y número de expediente del Senado 771/000110) ... (Página21)
- Informe de fiscalización del seguimiento de recomendaciones contenidas en informes aprobados en 2016 y en 2017 relativos al área político-administrativa del Estado. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000128 y número
de expediente del Senado 771/000126) ... (Página22)
- Nota de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2018 del proceso de reestructuración bancaria. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000028 y número de expediente del Senado 771/000028) ...
- Informe de fiscalización de la adecuación de la normativa y de las instituciones españolas al Mecanismo Único de Resolución. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000070 y número de expediente del Senado 771/000074) ...
(Página22)
- Nota sobre el estado de la liquidación del Patronato de Viviendas de la Guardia civil. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000015) ... (Página22)
- Informe de fiscalización del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000080 y número de expediente del Senado
771/000079) ... (Página22)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Antes de proceder a las votaciones quería comunicar la inadmisión de las propuestas de resolución a los informes que se votarán hoy presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano. Ha presentado unos informes y unas propuestas de
resolución que dan instrucciones al Tribunal de Cuentas, y según el informe que tenemos aquí de la letrada, nuestro posicionamiento es inadmitirla desde la Mesa, porque no corresponde dar instrucciones a un tribunal. Les haremos llegar el informe
de la letrada para que lo tengan todos. Por lo tanto, quedan inadmitidas las propuestas de Esquerra Republicana. Pasaremos el informe.
El señor FURRIOL I FORNELLS: Señor presidente, de la misma forma que se ha expuesto el motivo del informe de la letrada a la Mesa y portavoces, ¿se podría hacer referencia brevemente a los motivos para el resto de la Comisión?
El señor PRESIDENTE: Le damos la palabra a la señora letrada para que haga una valoración del informe.
La señora LETRADA: Con su permiso.
Básicamente, es por tres motivos. El primero es porque el Tribunal de Cuentas es un órgano independiente, técnico, y la Comisión no puede darle instrucciones sobre el contenido de sus informes, que son aprobados en exclusiva por el pleno
del tribunal. Además, esa independencia implica una autonomía según la cual se dan unas normas técnicas para el procedimiento de fiscalización y las relaciones con la función de enjuiciamiento.
En segundo lugar, el artículo 12 de la ley orgánica se cumple por el Tribunal de Cuentas. De conformidad con esas normas técnicas y a la vista de las fiscalizaciones, en su caso y si es necesario, se les da al ministerio fiscal y al abogado
del Estado para que ellos dictaminen sobre la posibilidad de abrir un posible enjuiciamiento o una posible imputación. Además, dado que todos los miembros del Tribunal de Cuentas -los doce miembros- votan los informes de fiscalización, la función
de fiscalización no puede ir más allá, en el caso de que el tribunal así lo entienda y solo en ese caso, de determinar algunos hechos que puedan ser sometidos a consideración. No se puede ir más allá porque si no podrían existir causas de
recusación o de abstención por parte de la sección de enjuiciamiento.
Y, finalmente -esta ya es una cuestión parlamentaria estricta, de acuerdo con las normas de la Comisión-, al ser todas las propuestas iguales a los informes, adolecen de incongruencia en la medida en que, aunque pueda decirse que hay una
congruencia formal, no existe una congruencia material. Realmente, no están referidas al contenido del informe y a lo que en él ha expresado el Tribunal de Cuentas. Estas son las razones.
El señor FURRIOL I FORNELLS: Perdón, presidente. Lamento pedir el uso de la palabra...
El señor PRESIDENTE: Si le doy a palabra, tengo que abrir turno de palabra para todos los miembros. Lo hemos debatido ya en la Mesa y ha quedado claro. Leemos el informe y podemos proceder ya a la votación; si no, tenemos que abrir turno
palabra para todos.
El señor FURRIOL I FORNELLS: Estoy de acuerdo, pero hemos quedado antes en que yo no pediría la palabra porque por parte de la Mesa también se haría referencia a los motivos de mi oposición a la decisión de la Mesa, y entonces yo no haría
uso de la palabra. Se ha explicado el informe y por eso he solicitado...
El señor PRESIDENTE: Los motivos...
El señor FURRIOL I FORNELLS: Entiendo que la Mesa no cumple los acuerdos. Muy bien.
El señor PRESIDENTE: La Mesa va a elaborar un acta y los motivos se van a reflejar en ella.
El señor FURRIOL I FORNELLS: De acuerdo. Entiendo que no tiene sentido que llegue a acuerdos con la Mesa porque no se cumplen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y OTRAS INCIDENCIAS SOBREVENIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES, QUE
HAYAN TENIDO LUGAR EN EL PERIODO 2014 A 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000015 y número de expediente del Senado 771/000016).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con las votaciones.
Bloque I. Votación correspondiente al informe de fiscalización de las modificaciones y otras incidencias sobrevenidas durante la ejecución de los contratos celebrados por los ministerios del área de administración económica del Estado y sus
organismos dependientes que hayan tenido lugar en el período 2014 a 2016.
Tenemos que votar de la siguiente manera. El 1 es presencial, el 2 es sí, el 3 es no y el 4 es abstención. ¿De acuerdo? (Asentimiento). Pues procedemos a la votación.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, números 1 a 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, números 4 a 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 1; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Popular, números 1 a 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES DURANTE EL EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000018
y número de expediente del Senado 771/000018).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación correspondiente al informe de fiscalización de la contratación realizada por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2016.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Votamos en dos bloques. El primero comprende la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las propuestas de resolución 1 y 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Socialista, números 8 a 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Popular en dos bloques. El primero comprende la 17, la 19 y la 20.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar la número 18.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha producido un empate a 17 votos. Vamos a hacer el recuento. (Pausa). Por lo tanto, queda rechazada por 307 votos en contra frente a 273 a favor.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 275, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000024 y número de expediente
del Senado 771/000024).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque II. Votación correspondiente al informe de fiscalización de la contratación celebrada por Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad Social número 275, ejercicio 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 16; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 8 a la 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 1; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Popular, de la número 16 a la 19.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Estamos en un empate, coincidiendo con el mismo reparto que la anterior votación. Queda rechazado con 307 votos frente a 273.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS QUE HAN AFECTADO A LAS LÍNEAS FÉRREAS DE ALTA VELOCIDAD DURANTE LOS EJERCICIOS 2014 A 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000047 y número de
expediente del Senado 771/000036).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación correspondiente al informe de fiscalización de los expedientes de suspensión de contratos que han afectado a las líneas férreas de alta velocidad durante los ejercicios 2014 a 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, en dos bloques. Pasamos a votar las números 1 y 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar ahora las números 2,3, 4 y 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 7 a la 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular; en este caso, la número 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar, en este caso, las números 14 y 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: El reparto es el mismo que el anterior, por lo tanto, quedan rechazadas por 307 votos frente a 273.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y OBRA DEL PUENTE SOBRE LA BAHÍA DE CÁDIZ, 'PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812', 2007-2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000039 y número de
expediente del Senado 771/000031).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar ahora el bloque III. Votación correspondiente al informe de fiscalización de los contratos para la ejecución del proyecto y obra del puente sobre la bahía de Cádiz, 'Puente de la Constitución de 1812'.
Propuestas de resolución presentadas en este caso por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista números 6 y 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 1; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Popular, de la número 9 a la 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: El reparto es el mismo que el anterior, por lo tanto, quedan rechazadas con 307 votos frente a 273.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA, EJERCICIOS 2015 A 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000020 y número de expediente del Senado 771/000020).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación correspondiente al informe de fiscalización de la contratación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ejercicios 2015 a 2017.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Votamos la número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las resoluciones números 2 a 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 6 a la 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 1; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Popular, de la número 10 a la 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. Y así terminamos las votaciones. (Pausa).
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
BLOQUE I:
- INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2018. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000122 y número de expediente del Senado 771/000124).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la sesión, no sin antes dar la bienvenida a la nueva presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Felicidades de parte de la Comisión. Le deseamos la mejor de las suertes y el mejor trabajo
en esta tarea, que no es nueva porque ya era miembro del Tribunal de Cuentas, pero sí en la Presidencia. Por tanto, estamos encantados de tenerte aquí. Y veo que viene con la tarea hecha, porque trae bastante documentación, por lo que auguro que
la Comisión va a ser un poco larga.
Pasamos al debate correspondiente al bloque I, que corresponde al informe global del sector público autonómico, ejercicio 2018. Tengo el honor de dar la palabra por primera vez a la presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los miembros de la Comisión Mixta.
Les agradezco en primer lugar que tuvieran a bien dejar pasar unos días desde que tomé posesión, porque casi fue como al día siguiente y, aunque es trabajo de todos y trabajo conocido, suponía un poco de sobresalto. Agradezco, como
presidenta del Tribunal de Cuentas, institución en la que llevo veinticinco años y a la que tengo el máximo respeto institucional, mi presencia en estas Cámaras, en las que fui designada y donde también he tenido ocasión de ser servidora pública
durante otros doce años; Cámaras a las que reconozco el origen de cualquier legitimidad institucional, con lo cual les aseguro por mi parte ese respeto y esa consideración institucional a cualquiera de los temas que tratemos aquí, ya sea iniciado
por parte del tribunal o por parte de sus señorías, que tomaré con toda la consideración que creo que merecen.
Voy a empezar, por primera vez, con una comparecencia de varios informes. Este es un trabajo que puede ser tedioso, sobre todo para ustedes escucharme, porque los informes son prolijos en datos, en informaciones, etcétera, y voy a intentar
hacerlo de la manera menos dura posible. Algunos no tienen remedio, ya se lo digo, pero con otros vamos a intentar hacerlo de la manera más liviana posible, sin perjuicio de que después estemos a cualquiera de las cuestiones que se pudieran
plantear. Incluso, estoy abierta a reflexionar sobre cualquier forma de presentación que les resultara más cómoda, más útil o que sirviera mejor para el trabajo que todos tenemos que hacer, que, en definitiva, es el mismo: apoyar que la gestión
económica de los Gobiernos sea la más adecuada, la más transparente, que responda a las políticas que se nos plantean y que se cumplan todas las leyes. Y como tenemos objetivos comunes, supongo que será fácil buscar fórmulas comunes para
entendernos.
Así, empiezo con el informe global del sector autonómico del ejercicio 2018, que fue aprobado el 27 de julio de 2021 y corresponde al programa del mismo 2021. El informe global del sector público autonómico expone con un enfoque homogéneo,
en el marco de coordinación territorial previsto en la Constitución y en las leyes, los datos más relevantes contenidos en los informes de las fiscalizaciones hechas por el tribunal y también por los órganos de control externo en dicho ámbito
autonómico y complementa la declaración relativa a la cuenta general del Estado de 2018. Quiere decirse que no es un informe como todos los informes, sino un conglomerado de los informes de los OCEX más el trabajo que se hace de las comunidades que
no tienen órgano de control externo. Se fiscaliza en este ámbito a la Administración autonómica general, organismos autónomos, entes públicos y la participación en los fondos de compensación interterritorial. Asimismo, son objeto de fiscalización
las empresas públicas, fundaciones, consorcios, universidades y demás entidades públicas. El informe global tiene por objeto mostrar los resultados y ofrecer una valoración técnica conjunta respecto de la rendición de cuentas, la ejecución
presupuestaria, la situación patrimonial y la gestión autonómica en diversas áreas. En este ejercicio se incorpora por primera vez el objetivo de comprobar la implantación por las universidades públicas del sistema de contabilidad analítica, en
cumplimiento de lo que solicitó en su día la Comisión Mixta y venía siendo referido en informes anteriores del propio tribunal. También se ha analizado, entre otros, en virtud de lo dispuesto en la modificación de nuestra ley orgánica, que se
modificó en 2015, el cumplimiento de la normativa de igualdad y transparencia.
De los resultados reflejados en el informe pueden destacarse los siguientes. Las cuentas generales de las comunidades autónomas no incluyen con carácter general la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados,
con indicación de los previstos y alcanzados y el coste correspondiente, lo que supone una limitación a la verificación de la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos. Por otra parte,
persisten deficiencias, advertidas ya en otros informes, relativas a la llevanza de la contabilidad y el seguimiento de los gastos con financiación aceptada que permita conocer las desviaciones de financiación en el cálculo del superávit o del
déficit del ejercicio y el estado de remanente de tesorería. En cuanto a la rendición de cuentas, se produce una mejora con respecto a 2017: el porcentaje de cuentas que no se rindió en 2018 alcanzó el 5,8 % y en 2017 el 8,7 %, si bien se sigue
manteniendo una normativa desigual respecto a los plazos de rendición y su homogeneización es objeto de recomendación sistemática. Respecto de la contratación, se siguen observando incidencias similares a las de años anteriores, y, entre otras,
deficiencias en la justificación de la necesidad de los contratos. En algunos expedientes se aprecia la ausencia de los informes o de los estudios económicos que garanticen que el precio del contrato es el adecuado al mercado, así como supuestos de
deficiente preparación del expediente contractual, que han generado retrasos indebidos en la adjudicación y en la normal ejecución de actividades contratadas. En el análisis de cuentas anuales se aprecia deficiente especificación de indicadores de
seguimiento de los objetivos presupuestarios programados, así como incorrecciones en la determinación de créditos iniciales, que obligan a la realización de modificaciones. El resultado presupuestario continúa siendo negativo, aunque mejora
respecto a 2017, y el saldo presupuestario es positivo, aunque peor que en 2017, derivado de la variación neta de pasivos financieros. Respecto de la situación patrimonial, diez comunidades autónomas siguen sin adaptar sus planes de contabilidad al
Plan General de Contabilidad Pública -se ha mejorado con respecto a 2017, que eran doce- y sigue sin disponerse de inventarios de bienes y derechos completos y debidamente valorados. La participación en los fondos de compensación interterritorial
continúa dotada igual que en ejercicios anteriores, con 432 millones de euros. Como incidencia destacable, la generalidad con que se encuentran definidos los proyectos que se financian con cargo a estos fondos en los presupuestos generales del
Estado dificulta el análisis de su grado de avance. Únicamente es posible determinar el grado de ejecución de los créditos presupuestarios asignados, que se situó en 2018 casi en el 86,3 % de las dotaciones del fondo de compensación y
aproximadamente igual en las dotaciones del fondo complementario.
En cuanto a universidades, se aprecian deficiencias en la fijación de créditos iniciales de sus presupuestos, lo que exige posteriores modificaciones. Asimismo, 17 universidades, de las 48 públicas, siguen sin adaptar su plan de
contabilidad al estatal de 2010. Y respecto al grado de implementación de un modelo de costes, en el ámbito temporal de estas actuaciones -es decir, se responde al ejercicio 2017 o curso académico 2017-2018-, ninguna universidad había implantado
con plena efectividad un modelo de contabilidad analítica que cumpliera de una manera estricta con el artículo 81 de la LOU, es decir, que sus resultados hayan servido de fundamento de las comunidades autónomas para dictar la normativa de fijación
de los correspondientes precios públicos de cada curso. No obstante, debe destacarse que la práctica totalidad de universidades ha realizado un significativo esfuerzo y ha logrado, con mayor o menor grado de definición, un modelo de costes
posponiendo el momento de su definitiva implantación a un ejercicio posterior al fiscalizado.
Las cuentas del sector empresarial autonómico arrojan un resultado de explotación negativo. Se siguen financiando en un porcentaje importante con cargo a subvenciones de explotación y capital de las comunidades autónomas y otras
administraciones. Tienden a sustituir, por tanto, la financiación por ampliaciones de capital, autorizaciones de endeudamiento avaladas por la Administración y préstamos. Como cada año se señala, esta operativa no tiene impacto en déficit, pero
supone un riesgo para las cuentas públicas en el caso de que las empresas no puedan hacer frente a estos pagos. Y un análisis similar se recoge para fundaciones y consorcios.
En cuanto al gasto sanitario del sector autonómico, que supuso 65 886 millones de euros en el año 2018, un 92 % del Sistema Nacional de Salud y representando el 5,5 % del PIB nacional, vuelve a constatarse una limitación presupuestaria
derivada de una permanente insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio. Las comunidades autónomas que tienen mayor gasto sanitario por habitante, superior a 1600 euros por habitante,
son en el País Vasco y el Principado de Asturias, y las dos comunidades con menor gasto, inferior a 1320 por habitante, son Madrid y Andalucía. Con carácter general, se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado en un 0,4 % del PIB en
2018, salvo
Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Y en cuanto al objetivo de la deuda pública, todas las comunidades autónomas y ciudades cumplen con el objetivo, excepto Andalucía.
El saldo de endeudamiento financiero de las administraciones ha pasado de 261 000 millones de euros a 1 de enero de 2018 a 266 000,6 millones de euros a 31 de diciembre, lo que supone una variación anual media del 2 %. Y en lo que se
refiere a la regla de gasto de las diecisiete comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, no se ha cumplido en los casos de Andalucía, Islas Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana.
Finalmente, en cuanto a los objetivos de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y transparencia, todas las comunidades autónomas han desarrollado normativa en materia de igualdad y han elaborado planes de igualdad, y todas han dictado
normativa en materia de transparencia, salvo el País Vasco, cuya ley específica se encontraba en fase de tramitación parlamentaria, en la que creo que lleva bastante tiempo.
Esto es todo por mi parte con respecto a este informe, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, presidenta.
A continuación para fijar posición y formular las preguntas que estimen necesarias por un tiempo de cinco minutos por el Grupo Parlamentario Plural y Grupo Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista
Canario, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la presidenta y felicitarla por su nombramiento, y, aunque conoce perfectamente la institución y también el funcionamiento de esta Cámara, desearle suerte. Asimismo, si me lo permite, en nombre
propio y de mi grupo, se lo traslada también a cada uno de los nuevos miembros que se han incorporado al Tribunal de Cuentas, aunque quiero dejar constancia de que nuestra formación política no participó del proceso de elección por motivos que son
sobradamente conocidos.
Entrando ya en materia de cada uno de los informes, aunque, como usted ha dicho, a veces pueden parecer engorrosos, creo que la mayoría, en la medida en que se puede profundizar, suelen ser útiles, a pesar de que, como en este caso, y
veremos algunos más a continuación, estos informes, a medida que se van presentando, como puede apreciarse cuando uno lleva ya algunos años en la Comisión, reflejan que hay ciertas mejoras, si bien estas son muy leves y hay incumplimientos
reiterados, como voy a señalar, lo que supongo que, igual que a los miembros de la Comisión nos generan cierta impotencia, a los miembros del tribunal les debe generar más incluso.
Voy a ceñirme a dos temas. En cuanto a los incumplimientos en la rendición de cuentas, la verdad es que, aunque la situación mejora sensiblemente respecto a algún otro ejercicio, la situación que se concentra en tres comunidades autónomas
-y debemos manifestarlo para que quede patente y, al menos, sean conscientes del margen de mejora que tienen-, desde mi óptica, no es de recibo. Esa es la situación que se está planteando en Andalucía, con diez incumplimientos de rendición de
cuentas, también en Galicia y especialmente en la Comunidad de Madrid, donde hay entes públicos que no cumplen, empresas que no cumplen, fundaciones que no cumplen y consorcios que no cumplen; la única que cumple es la Cámara de Comercio de Madrid.
Esta comunidad concentra prácticamente una tercera parte de todos los incumplimientos de entidades, organismos o entes que no rinden cuentas o las rinden fuera de plazo, y simplemente quiero dejar constancia de ello. Dado que algunas comunidades
autónomas en relación a las corporaciones locales han adoptado algunas medidas de no acceso a determinados fondos, se debería plantear que, respecto a las comunidades autónomas que incumplan o no cumplan reiteradamente en algunos de sus entes,
empresas, fundaciones o consorcios, se deberían tomar algunas medidas adicionales a las que existen hoy que se ha demostrado que no son lo suficientemente efectivas.
Otro asunto reiterado y que sale frecuentemente en estos informes cuando se habla del informe del sector público autonómico es el referido al gasto sanitario. Efectivamente, hay una insuficiencia estructural -que usted ha denominado irreal-
en los créditos iniciales de este tipo de gastos, pero, si eso no se resuelve por parte de las comunidades autónomas, al menos por la parte que yo conozco y que hace referencia de forma más detallada a Cataluña obviamente, es porque hay una
infrafinanciación estructural de la sanidad en el conjunto del Estado. Cuando se hicieron las transferencias no se resolvió esta cuestión y se va manteniendo reiteradamente, de modo que ya han pasado diferentes sistemas de financiación autonómica y
no se ha resuelto, y, por mucho que ahora se quiera hacer alguna ponderación al respecto, intuyo que va a volver a ocurrir igual con la próxima reforma del sistema de financiación de
las comunidades autónomas. En todo caso, no sé si desde el tribunal tienen alguna sugerencia para el Legislativo que llevar a cabo en el ámbito concreto de los gastos sanitarios.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor López-Bas.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, presidente.
Dado que no voy a poder seguir en la Comisión, puesto que algunos diputados tenemos pluriempleo en cuestión de comisiones y tendré que marcharme, quería aprovechar esta intervención para darle la bienvenida a la Comisión a la señora
Enriqueta Chicano. Es cierto que nosotros no participamos en su momento en el sistema de designación de nuevos miembros en la renovación del Tribunal de Cuentas, pero en todo caso nuestra polémica en este tema es más por una cuestión de
procedimiento que en cuanto a personas. Por lo tanto, desde el Grupo Ciudadanos saludamos la llegada de una nueva presidenta, a la que ofrecemos toda nuestra colaboración institucional, así como, desde luego, la lealtad institucional del Grupo
Ciudadanos a un organismo constitucional como es el Tribunal de Cuentas. Quiero desearle la mejor de las suertes y, sobre todo, que se produzca un impulso real del Tribunal de Cuentas bajo su Presidencia para ir recuperando todo este tiempo
atrasado que llevamos en la elaboración y, sobre todo, presentación de informes ante la Comisión, puesto que en materia de fiscalización entendemos que la celeridad y especialmente la proximidad de los informes que se nos presentan es importante
para poder evaluar sus resultados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López-Bas.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Sáez-Alonso.
El señor SÁEZ-ALONSO MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar felicitando a la presidenta por su nombramiento - confiando en la imparcialidad en el ejercicio de sus tareas-, así como a los trabajadores del Tribunal de Cuentas por la magnífica labor que realizan y los excelentes informes
que nos presentan.
Dicho esto, también quiero poner de manifiesto la perplejidad que supone leer el informe sobre el sector público autonómico que nos acaba de presentar, un análisis del sector público autonómico que merecería para mí, que soy de EGB, BUP y
COU, la calificación de insuficiente dadas las numerosas y generalizadas incidencias detectadas por el Tribunal de Cuentas, entre las que podemos destacar la falta de memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos, la ausencia de
una contabilidad adecuada que permita conocer las desviaciones, la falta de registro en el estado de ingresos de las modificaciones presupuestarias; tampoco se especifican en los presupuestos por programas los indicadores que permitan el
seguimiento de los objetivos previstos, no se cuenta con inventarios de bienes y derechos completos y debidamente valorados y en algunos casos no hay concordancia entre los datos contables y los inventarios; hay memorias incompletas de las cuentas
generales, falta de rigor en los presupuestos de las universidades, ausencia de informes o estudios económicos que garanticen el precio de los contratos públicos, expedientes de contratación en los que se introducen de forma incorrecta criterios de
adjudicación, resoluciones y adjudicaciones no suficientemente motivadas o que incurren en defectos u omisiones, así como duplicidades en la valoración de ofertas en la contratación pública y demoras en contratos por causas imputables a la
Administración, entre otras. En definitiva, es un informe que nos hace perder el sueño.
Y, desde luego, también hay una larga lista de incidencias que nos preocupa; preocupa al observar el elevado número de entidades del sector público autonómico, que asciende a 1112 entidades, entre las que destacan 292 empresas 257
fundaciones; preocupa porque el resultado presupuestario por operaciones no financieras de las administraciones de las comunidades autónomas asciende a una pérdida de 4432 millones de euros; preocupa porque el elevado importe de los ajustes al
remanente de tesorería asciende a 3527 millones de euros; preocupa porque el endeudamiento de las comunidades autónomas asciende a 39 045 millones de euros; preocupa porque las empresas públicas presentan un beneficio de 89 millones de euros,
cuando han recibido subvenciones por importe de 1017 millones de euros; preocupa porque los entes públicos empresariales han registrado pérdidas de 2724 millones de euros, a pesar de haber obtenido subvenciones por importe de 3957 millones de
euros; preocupa porque hablamos de un déficit para el conjunto de las administraciones públicas autonómicas de 3326 millones de euros; preocupa
porque el importe de la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas autonómicas asciende a 293 350 millones de euros; preocupa porque confirma la desigualdad entre españoles, lo que se pone de manifiesto en dos casos que se
desprenden del informe: en primer lugar, en la desigualdad normativa entre los territorios respecto de los plazos para la rendición de cuentas ante este tribunal y los órganos fiscalizadores, y, en segundo lugar, según los cuadros que se incluyen
en el informe, la desigualdad en el gasto sanitario, que voy a ilustrar con una comparativa, y es que el País Vasco tuvo 1753 euros por habitante de gasto sanitario, con una densidad de población de 302,13 habitantes por kilómetro cuadrado y un
índice de envejecimiento del 158,5 %, mientras que en Castilla-León, de donde yo soy, hubo 1577 euros por habitante, evidentemente bastante menos, con una densidad de población de 25,34 habitantes por kilómetro cuadrado y un índice de envejecimiento
de 204,39 %. Creo que a la vista está la importante desigualdad entre los españoles que ha traído el Estado autonómico. En fin, son preocupaciones que también suponen un importante reto para un partido como VOX, que aspira a gobernar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez-Alonso.
A continuación por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias, presidente. Buenos días.
En primer lugar, quiero agradecer las explicaciones de la presidenta del tribunal y darle la bienvenida a esta Comisión desde mi grupo y que además quiero que haga extensiva al nuevo equipo que empieza su trabajo en el Tribunal de Cuentas.
Quiero desearles suerte y acierto en el ejercicio de sus funciones, porque estamos hablando de una institución clave para el desarrollo de nuestro sistema democrático, que tiene una función absolutamente indispensable. Y en ese sentido también
quiero reconocer el trabajo de su predecesora y el anterior equipo y, como no podía ser de otra manera, también de los trabajadores de la institución después de ver cada una de sus sesiones en esta Comisión y los informes absolutamente detallados
con los que trabajan de forma incansable por esa función que tienen encomendada.
Y también en el apartado de agradecimientos, quiero señalar el trabajo que se refleja en este informe, en parte realizado por los órganos de control externo de las comunidades autónomas, que también llevan a cabo una labor ejemplar, aunque
en este punto me gusta recalcar y recordar también que este trabajo es complementario del que se realiza por parte de los órganos de control interno de las administraciones públicas, en este caso de las comunidades autónomas, de sus intervenciones
generales, ya que ambos tipos de control creo que conforman un sistema garantista que da buena muestra de la importancia que tiene para nuestro sistema democrático el control de la legalidad y de la eficiencia y la economía en el funcionamiento de
las administraciones, así como en el manejo de los fondos públicos. Es muy importante que entre todos avancemos para conseguir un sector público más eficiente, en la mayor racionalización del mismo. Y quiero recordar también los importantes
informes que ha hecho el Tribunal de Cuentas de control de la reducción de entidades del sector público autonómico, puesto que nosotros entendemos que es un trabajo, el de la racionalización del sector público, que tiene que continuar. De hecho, se
constituyó en el seno de la Administración del Estado una comisión específica para continuar con la reforma de las administraciones públicas que desde aquí quería pedir que se reactivara, ya que en este momento está parada, a fin de que se siga
avanzando en esa reforma para conseguir una Administración más ágil y eficiente, en la racionalización del sector público. En este caso hablamos de unas administraciones, las comunidades autónomas, que son absolutamente esenciales en nuestro
sistema democrático y que más que nunca -lo hemos visto en los últimos meses con esta pandemia que hemos estado sufriendo- han revalidado su importancia capital en nuestro sistema democrático.
Por tanto, no comparto el análisis apocalíptico del resultado de los controles que realiza el Tribunal de Cuentas, igual que el resto de tribunales. Evidentemente, hay muchas cuestiones que se pueden mejorar, pero no hay que hacer un
análisis cuantitativo de empresa privada de lo que son administraciones públicas. A lo que hay que ir es a si consiguen o no los fines públicos para los que están encomendadas, y en ese sentido no hay ninguna duda de que nuestro sector público
autonómico está dando ejemplo y haciendo que España sea referente, entre otras cosas, en la gestión de esta pandemia. Son las comunidades autónomas las que han mantenido, llevado y pilotado la gestión de esta pandemia, para bien de los ciudadanos.
Respecto al informe que nos traen aquí del análisis del sector público, quiero decir que sin duda es fundamental que se avance en la mejora en la rendición de cuentas, que se adapte la normativa para que todas las comunidades autónomas
tengan los mismos plazos y que se mejoren los procedimientos de contratación pública, sobre todo justificando la necesidad del contrato, como decía la presidenta, y también el precio; es algo fundamental que haya suficientes estudios económicos.
Nos parece importante también el análisis del
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de los niveles de endeudamiento, porque no debemos olvidar que el marco es el sostenimiento de las cuentas públicas. La sostenibilidad de las cuentas públicas es absolutamente fundamental,
sobre todo en este momento en que estamos en un escenario en el que se está incrementando muchísimo el gasto público. Tenemos siempre que tener en perspectiva que ese gasto público tiene que ser financiado y que la deuda pública se está
incrementando de forma exponencial, para no dejar a las generaciones futuras una carga insoportable. En definitiva, estos informes son claves para mejorar la eficiencia y la eficacia, y las comunidades autónomas deben tomar buena cuenta de ellos
para el futuro.
No quisiera finalizar mi intervención, ya que estamos en la Comisión del Tribunal de Cuentas, un órgano independiente de nuestro sistema democrático, sin trasladar la extraordinaria preocupación que tenemos en el Grupo Parlamentario Popular
por el cerco que se está haciendo a órganos independientes de este país. Hemos leído el informe...
El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señor Muñoz.
La señora MUÑOZ FONTERIZ: ... de la Comisión del Congreso para la Auditoría y Calidad Democrática -acabo, presidente- y vemos que se ponen en cuestión organismos independientes como la Agencia de Protección de Datos, la AIReF, la Comisión
Nacional del Mercado de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el FROB o el Consejo de Seguridad Nuclear, con afirmaciones tan graves como que tienen un exceso de funciones...
El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, debe ir terminando ya.
La señora MUÑOZ FONTERIZ: ... que merman la capacidad del Gobierno, y que se abre la puerta para poder disolverlos, rompiendo el principio de separación de poderes. Nos parece algo tan grave que no quería dejar de mencionarlo en esta
Comisión, en la que tenemos que ahondar en la independencia de los órganos de control, por el sistema democrático que se nos ha dado en nuestro país...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz.
La señora MUÑOZ FONTERIZ: ... que está reflejado en la Constitución y que esperemos que se respete.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Leiciaga.
El señor FERNÁNDEZ LEICEAGA: Buenos días a todos.
Yo quería también empezar felicitando a la presidenta del tribunal por su nombramiento. Debemos felicitarnos todos también por que se haya producido la renovación del tribunal en forma y casi en tiempo. En este sentido, quería hacer
extensiva mi felicitación también a los restantes integrantes del Tribunal de Cuentas, que operará en los próximos años y que espero que haga un magnífico trabajo, porque eso es bueno para nuestra democracia y para la calidad del funcionamiento de
nuestras instituciones. Tengo que decir que yo creo que la mejor forma de empezar a respetar la autonomía y la independencia de los órganos constitucionales es proceder a su renovación en tiempo y forma completamente, igual que se ha hecho con el
Tribunal de Cuentas, y que sería bueno aplicar esto a los que aún faltan por renovar.
En relación con el informe, hay numerosas coincidencias, como se ha indicado, con informes similares de ejercicios anteriores, el de 2016 y el de 2017, con las dificultades que se reflejan también en este informe. Pero yo tengo que decir
que me parece que el panorama general que deja la lectura sobre el funcionamiento de las instituciones autonómicas es de normalidad. Dada la dispersión funcional que tienen las comunidades autónomas, la enorme presión de demanda, que se dedican a
satisfacer necesidades esenciales de los ciudadanos, como de sanidad, de educación o de protección social, y la situación de partida de dónde venían, con un enorme ajuste en el periodo entre el año 2010 y el 2014, sería difícil esperar que los
resultados mostrados fuesen muy distintos. Sería también muy difícil pensar que no apareciesen, en estos más de mil organismos de diverso tipo, algunas dificultades e irregularidades, incluso algunas que, como dicen los informes del tribunal, son
más sistemáticas o más estructurales. Como diría Madison -si me permiten-, si los gobernantes fueran ángeles no necesitaríamos organismos de control interno ni externo. Pero los necesitamos. Aquí yo haría extensiva la felicitación al tribunal por
sus trabajos a los otros organismos de control externo de las comunidades autónomas, que conforman un
sistema federal de fiscalización externa que yo creo que está funcionando bastante bien, como funciona, mejor aún, el sistema de comunidades autónomas en nuestro país.
Y si indica algo este informe es que existe una mejora continuada de los indicadores en los últimos años, conforme la situación económica mejora también. Podemos verlo en el saldo presupuestario o en el ajuste de la variación neta de
pasivos financieros que indica este informe en relación con el año 2016 o el 2017, que van a mejor, porque la situación mejora y esto se traslada a las cuentas públicas. En todo caso, para ajustarme perfectamente al tiempo, yo creo que es necesaria
una reflexión sobre aquellos problemas sistemáticos que los informes evidencian, como en el caso de la sanidad, como antes se ha indicado; en el caso de la contratación, donde me parece especialmente preocupante la referencia a los criterios de
adjudicación de selección de las ofertas, en la medida en que tiene una incidencia muy notable sobre la eficiencia en el gasto público; en el caso también, si me lo permiten, de la rendición de cuentas, donde existe un sesgo geográfico regional muy
marcado, que yo creo que deberíamos evitar que se consolidase. Madrid y Galicia son las dos comunidades que presentan más incumplimientos en la rendición de cuentas. Esto afecta, además, sobre todo a fundaciones y otros organismos similares,
consorcios, etcétera. Yo creo que aquí deberíamos hacer entre todos un esfuerzo mayor. ¿Qué pediría? Yo pediría que, además de generar una cierta melancolía a través del registro sistemático de estas deficiencias, que desde el tribunal se pudiera
hacer con los organismos de control externo alguna reflexión sobre cómo mejorar estas cosas, que no siempre tiene por qué ir en la misma dirección. Aquí hay una tensión entre las normas y la gestión que a veces hay que resolver a favor de las
normas, endureciéndolas y, a veces, seguramente modificándolas para permitir una mejor gestión, porque esto es lo que pasa: cuando en la sanidad se traslada gasto a otro ejercicio muchas veces es porque el ejercicio se cierra a 1 de noviembre para
cumplir con los criterios de déficit y de deuda. Pero el gasto sanitario no puede pararse, porque hay que seguir atendiendo hasta final de año. Aquí tenemos un problema, pero el problema, a lo mejor, hay que resolverlo de otra manera. En este
sentido, yo felicito al tribunal por su informe, pero también diría que si podemos ir un poco más allá de señalar las insuficiencias y marcar las soluciones estaría muy bien.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Leiceaga.
A continuación, tiene la palabra señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecerles sinceramente el conocimiento que tienen de los informes. Realmente, es una satisfacción para quien los hace saber que el destinatario los desmenuza, de manera que los conoce prácticamente tanto como el
propio Tribunal de Cuentas.
Se han relatado varias cosas que vienen surgiendo tradicionalmente en todos los informes. Permítanme, de momento, una contestación global a temas que han sido comunes. En este tema yo les expresé que, efectivamente, están todas las
posiciones manifestadas por ustedes. Por ejemplo, respecto al tema de la reiteración de determinados incumplimientos, para algunos es un panorama muy complicado, como ha dicho el señor Sáez, y para otras personas la visión es más optimista, porque
les parece que al ir habiendo mejoras ya entramos en fase de resolución de problemas. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo: si cada año los informes tienen un número de irregularidades que se repiten es que por algún lado falla el sistema. En
ese sentido, no creo que sea el sistema de control el que falle. Nosotros ponemos encima de la mesa todo lo que encontramos, y encontramos esto. En unas ocasiones, hemos apoyado y facilitado, por ejemplo, la rendición de cuentas a través de todas
las plataformas tecnológicas, que han sido un vehículo muy importante y en el que vamos a seguir profundizando, porque no creo que podamos prescindir de instrumentos que tenemos en nuestra mano y que nos acercan a todas las comunidades autónomas con
las que estamos trabajando. Pero no solamente trabajamos en la mejora de los temas, sino en el diseño de herramientas nuevas que nos permitan mejorar. Esa ha sido una aportación que se ha hecho desde el Tribunal con las comunidades autónomas y, en
este caso, con los órganos de control externo.
También, cuando hemos encontrado excesivas reiteraciones que tienen consecuencias que no son buenas para nadie, hemos propuesto mociones a la Cámara para que sus señorías les den la forma que les parezca más oportuna -no podemos llegar más
allá de ahí- o busquen la fórmula que les parezca más oportuna para intentar resolver el problema. Es cierto que hay tensiones entre norma y gestión en muchas ocasiones y que se ponen de manifiesto. Nosotros mismos somos conscientes de que se
reitera una irregularidad sistemáticamente sobre el mismo punto, pero posiblemente no falla la gestión, sino la norma,
porque, si no, la irregularidad no sería tan reiterada y tan universal. Eso lo intentamos poner de manifiesto en los informes y también en las mociones. Y yo creo que les corresponde a ustedes la siguiente parte. De todas maneras,
nosotros seguiremos haciéndolo, porque creo que el apoyo técnico que podemos dar en ese sentido siempre les va a facilitar buscar la fórmula más adecuada para dar solución a todos estos problemas, que son generales, comunes, algunos urgentes y otros
no urgentes, pero sí muy importantes. Entonces, confío en que esa labor conjunta es la tiene que hacer que esto vaya para adelante.
¿Cuál es también nuestro desánimo? Pues ver que año tras año es un informe global que viene de comunidades autónomas y que nosotros aquí le damos un enfoque técnico homogéneo y se lo presentamos a ustedes, y nos desanima ver que esto se
produce. Es posible que en algunos temas que se han manifestado como especialmente preocupantes intentemos ir un poco más al fondo -queremos impulsarlo durante este nuevo mandato-, en el sentido de hacer algunas fiscalizaciones, además del informe
global, de carácter operativo coordinadas con las comunidades autónomas y dirigidas a los puntos concretos que nos preocupan más porque tienen más repercusión y menos buena manera de gastar el dinero público. En este tema ustedes coinciden mucho.
Respecto al tema del gasto que no cubre ni siquiera las perspectivas políticas, por ejemplo en el tema del gasto sanitario, tengo que decir que realmente es un problema de presupuestación. Cada comunidad autónoma conoce su número de
habitantes, sus condiciones, su número de hospitales o su número de camas y, por tanto, para dar el servicio adecuado lo que tienen que hacer es presupuestar, pero no por debajo del coste, sino que se adecúe el presupuesto al coste final. Esto es
muy evidente en algunos sectores, por ejemplo en temas de defensa o en este tema, y en otros es menos evidente y se da menos. Pero, realmente, es un tema de presupuestación.
En el tema de la rendición de cuentas realmente hemos dicho muchísimas veces en muchísimos informes que adecúen las normas, entre otras cosas por facilitar el trabajo de los órganos de control: que cada órgano tenga una fecha de rendición
de cuentas no deja de ser, además de una complicación, un entorpecimiento en la elaboración de un informe único. Está dicho en recomendaciones y ustedes lo han recomendado en resoluciones posteriores. Igual que se hizo para el sector local, quizá
cabría pensar en una fórmula parecida y que contenga el análisis de sostenibilidad para evitar o no dar alguna financiación de las previstas a los incumplidores. Esto ya se ha reflejado expresamente para el sector local y quizá deba enunciarse
expresamente para el sector autonómico e introducirse en la norma precisa para que se asegure el cumplimiento, porque después verán ustedes en el siguiente informe que, aunque está, tampoco se cumple exactamente. Poco a poco vamos avanzando en
todos estos temas.
Creo que no he dejado nada por contestar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000127 y número de expediente del Senado 771/000125).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate correspondiente al bloque II, informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2019.
Tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Este informe corresponde al año 2019. Fue aprobado el 27 de julio de 2021 y corresponde al programa de ese año. Se trata de una fiscalización de cumplimiento. Se elabora todos los años, como saben, el informe sobre el sector local y
recoge los resultados de los análisis efectuados sobre las cuentas generales correspondientes a 2019 rendidas por las entidades locales en territorio nacional. Se incluyen análisis específicos sobre endeudamiento, indicadores financieros y
presupuestarios de las cuentas rendidas, principales magnitudes económico-patrimoniales de las entidades dependientes o adscritas, así como la publicidad activa o transparencia. También se comprueba el cumplimiento de la obligación de remisión al
Tribunal de Cuentas de la información relativa a contratos y convenios y la remisión por los órganos de intervención de los acuerdos contrarios a reparos efectuados por los interventores y expedientes con emisión de fiscalización previa y anomalías
en materia de ingresos.
El censo del sector público local en el conjunto del territorio nacional a 31 de diciembre de 2019 estaba integrado por un total de 12 932 entidades locales, de las que 8129, el 63 %, son ayuntamientos. Al término del ejercicio 2019, las
entidades locales disponían de un total de 2648 entidades dependientes o adscritas, sin incluir las instrumentales del País Vasco y de Navarra, siendo en su mayor parte sociedades mercantiles íntegra o mayoritariamente participadas o controladas por
una entidad local y organismos autónomos. Se han computado un total de veintiocho mancomunidades de municipios que no tienen actividad. Dicha situación se prolonga, al menos, durante dos ejercicios anteriores, haciéndose necesario adoptar una
decisión sobre su permanencia.
En cuanto a la rendición de cuentas, en el ejercicio 2019 el plazo de rendición de cuentas de las entidades locales se amplió excepcionalmente en noventa y nueve días, de acuerdo con las medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19, lo
que determinó que la cuenta general debía rendirse antes del 22 de enero de 2021. En el informe se pone manifiesto que rindieron las cuentas generales de 2019 en el plazo legalmente establecido el 62 % de las entidades locales y a 7 de abril había
rendido cuentas el 73 % del total, un dato que ha subido sensiblemente con respecto a la rendición de cuentas, en tiempo efectuadas en 2018. Se aprecia ese grado de cumplimiento, y también es extensible a la rendición de las cuentas adscritas al
sector público local. Existe un mayor grado de cumplimiento en las entidades de comunidades autónomas en las que la normativa vincula la no rendición de cuentas con la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas. También se observa que
los plazos son, generalmente, excesivamente dilatados; en relación con esto, el Tribunal de Cuentas presentó una moción que fue aprobada por el Pleno de octubre 2021.
Como principales magnitudes presupuestarias, económicas y patrimoniales destaca, en materia de gastos presupuestarios, que estos se incrementaron un 5 % respecto a 2018 y un 10 % con respecto a 2017, y el área a la que más recursos se
destinaron por las entidades locales en ambos ejercicios fue la de servicios básicos, como seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario, construcción, abastecimiento domiciliario de agua potable, limpieza viaria,
etcétera. La deuda pública supone un 8 % del gasto total del ejercicio y continúa la tendencia descendente de ejercicios anteriores. Los ingresos siguen siendo, fundamentalmente, procedentes de transferencias corrientes, en un 37 %, y de impuestos
directos, en un 36 %. Las modificaciones de presupuestos se han elevado durante este ejercicio a 14 527 millones y representa un 33 % de ellos, resultando unas previsiones definitivas por importe de 59 181 millones. Se reconocieron derechos netos
por 47 193 millones, habiéndose ejecutado el 80 % de las previsiones definitivas, y se recaudaron en el ejercicio un total de 42 103 millones, que es el 89 % de los derechos reconocidos netos.
El endeudamiento de las entidades locales en el ejercicio 2019 era de 16 153 millones de euros y, en comparación con ejercicios precedentes, ha disminuido respecto del ejercicio anterior un 11 % y un 20 % con respecto al ejercicio 2017. De
acuerdo con la información suministrada por las entidades locales en las memorias de sus cuentas anuales, se han calculado varios indicadores financieros y presupuestarios que muestran, con carácter general, una mejora de la solvencia a corto plazo,
así como una evolución positiva del endeudamiento para el conjunto del sector público local. Se observa una disminución de la deuda per cápita para el conjunto de las entidades locales. Respecto de la rendición de contratos y convenios, con
carácter general las entidades locales han incumplido los plazos de rendición. Se aprecia un empeoramiento en el cumplimiento de la remisión de contratos en 5 puntos porcentuales, a la vez que mejora la rendición de convenios, con un incremento de
4 %. También se aprecia un considerable incumplimiento de la obligación de la documentación preceptiva por parte de los órganos de intervención local, señalando el informe como causa principal la insuficiente dotación de medios de la intervención,
apreciada por el 61 % del total de las entidades; es decir, las propias entidades reconocen que sus órganos de intervención local no están lo suficientemente dotados.
En cuanto al seguimiento y recomendaciones, la comprobación se realizó respecto de las recogidas en el informe que correspondía a 2016, ya que la resolución de la comisión mixta no está todavía aprobada con los años 2017 y 2018, apreciándose
un escaso grado de cumplimiento -volvemos otra vez al relato de horrores- en temas relativos a la homogeneización y reducción de plazos de la rendición de la cuenta general, las dirigidas a promover dicha rendición mediante la adopción de las
medidas previstas en la legislación, la práctica de la retención de la participación en los tributos del Estado y a través de las modificaciones normativas oportunas o la prohibición de concesión de subvenciones y ayudas a aquellas entidades locales
que no hubieran rendido sus cuentas generales. Esto no se contradice con lo que he dicho antes del aumento del número de rendimientos, aunque no se haya aplicado esto; es lo que digo
que pasa a veces con el Tribunal de Cuentas, que nuestra sola presencia o el anuncio de presencia empieza a mejorar la gestión. Por tanto, seguramente la inclusión, aunque no se haya aplicado, de la retención de subvenciones o de
participación en tributos también anima a que se haga la retención, aunque todavía no se haya aplicado. Esta es una percepción personal que me permito trasladar, porque la tenemos cuando estamos haciendo una fiscalización, y es que antes de
terminar el informe algunos aspectos se mejoran sobre la marcha, así que saber que los sistemas de control están funcionando tiene su efecto positivo.
En materia de transparencia de la información económico-financiera, se observa una mejora en lo relativo a la publicación de las cuentas anuales. En el área de la contratación pública, la práctica totalidad de las entidades publicaban el
acceso directo a la correspondiente plataforma de contratación estatal o autonómica en la tuvieran alojado su perfil de contratante, cumpliendo todas la obligación de publicar en la referida plataforma los contados celebrados.
Finalmente, en cuanto a las recomendaciones del presente informe, la mayor parte contenida en anteriores informes sobre el ámbito local y que han sido asumidas por esta Comisión mixta en las resoluciones correspondientes, vuelven a presentar
un escaso grado de cumplimiento, por lo que en este informe se reiteran. En particular, se hace especial hincapié en la adopción de unas dirigidas a los órganos con competencias legislativas -no miro a nadie-, y es establecer como condición para
que las entidades locales puedan ser beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas procedentes de cualquiera de las administraciones públicas estar al corriente de la rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al respectivo órgano
de control externo, así como modificar los plazos de las rendiciones de cuentas del sector público local, homogeneizando los previstos en la normativa estatal y autonómica y reduciéndolos significativamente para disponer de las cuentas rendidas con
mayor antelación. A los órganos competentes de la Administración General del Estado es, precisamente, practicar la retención de los tributos el Estado que se prevé con carácter potestativo en el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible a
aquellas entidades locales que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales. Y a los responsables de las entidades locales es adoptar las medidas oportunas para que el presupuesto de las entidades locales sea un instrumento efectivo de
planificación, de gestión y de control de la actividad económico-financiera, procurando su aprobación y liquidación en los plazos establecidos legalmente y la reducción en la medida de lo posible de los saldos de acreedores pendientes de imputación
presupuestaria y de los pagos pendientes de aplicación al presupuesto.
Por último, se insta también a los responsables de las mancomunidades -entes locales que compongan cada una de las mancomunidades- que se encuentran en situación de inactividad que hayamos comprobado de manera prolongada a que adopten
decisiones para proceder a su extinción definitiva y baja en el registro de entidades locales.
Señorías, por mi parte lo doy por explicado este informe.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta.
A continuación, por tiempo de cinco minutos, para fijar posiciones tiene la palabra la señora Cañizares, del Grupo Parlamentario VOX.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
Buenos días, señora presidenta, bienvenida a esta su casa. Muchas gracias por su primera comparecencia. La felicito por su nombramiento y, por supuesto, como siempre decimos, traslade estas felicitaciones a todo su equipo por el excelente
trabajo que realizan, que a pesar de serlo parece que no se ve recompensado porque los fiscalizados, un año más, vuelven a desoír sus recomendaciones de forma persistente.
El pasado 21 de marzo de este año, se trajo a esta Cámara la presentación de sendos informes de sector público referidos a los ejercicios 2017 y 2018 en los que las recomendaciones y conclusiones alcanzadas por el tribunal eran prácticamente
las mismas que hoy nos presenta para el ejercicio 2019, con lo cual yo podría repetir mi intervención de aquel día sin alterar prácticamente una coma y sería totalmente adecuada a la situación que nos revela este último informe. Por tanto, quiero
reiterar que la actitud de los obligados a rendir cuentas dentro del sector público local la podríamos calificar casi de obstrucción y resistencia autoridad. Quiero subrayar que si este comportamiento -siempre lo digo y lo seguiré denunciando- se
diera en el resto de los ciudadanos respecto al cumplimiento de sus obligaciones legales, mercantiles, tributarias, laborales o de cualquier índole, esto tendría consecuencias inmediatas y se calificarían, cuando menos, de falta sancionable con
imposición de multa por la vía administrativa, civil
e incluso penal, en función de la magnitud del incumplimiento. Paradójicamente, si quien incumple es la propia Administración, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Existen? Porque da la sensación de que no pasa nada. Y esto es peligroso,
porque la Administración, cuyo fin último es servir al ciudadano, parece que más bien se sirve ella del ciudadano para engordar sus presupuestos exigiéndole sacrificios para luego no rendir las cuentas de manera trasparente y adecuada a la sociedad.
Da la sensación de que, en muchas ocasiones, se dedican más esfuerzos a endurecer las normativas sancionadoras dirigidas a los ciudadanos que las que deberían aplicarse a los que precisamente manejan los recursos públicos, los recursos de todos.
Creo que los políticos -y ya me da igual el signo o el color- deben entender que ni los ayuntamientos ni el resto de entidades son sus cortijos, que ellos están administrando los recursos detraídos de los bolsillos de los ciudadanos y, para ello,
creo que deben ser infinitamente escrupulosos.
En su informe, señora presidenta -sin detenerme en el detalle, porque, aunque el presidente de la Comisión es benévolo en los tiempos, no me daría el que necesito para ir punto por punto-, en conjunto, viene a decir que la mayoría de las
recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, como ya ha mencionado, en sus fiscalizaciones referidas a este ámbito local, y las correspondientes resoluciones, que luego toma esta Comisión mixta, no se han cumplido, lo han sido solo
parcialmente, reiterándose esa necesidad de proceder a la implantación, con el fin de contribuir a la mejora en la planificación, gestión, rendición de cuentas y control sobre la actividad. Por tanto, me pregunto: ¿qué hacemos nosotros aquí?
¿Para qué sirve el Tribunal de Cuentas que usted preside? No creo que sea para continuar sine die dando consejos para reconducir las conductas que podemos considerar en muchos casos rebeldes e irresponsables de los gestores públicos y que no haya
consecuencias. Por tanto, aunque algunos representantes de esta Cámara en algunas ocasiones me han criticado la comparación que siempre hago del sector público con el sector privado, creo que hay que seguir denunciando, las veces que sea necesario,
que precisamente al sector privado se le requieren unas exigencias que los poderes públicos no cumplen.
También quería destacar que usted ha hablado de una moción, pero es que ya en 2003, hace casi veinte años, el Tribunal de Cuentas presentó una moción, la número 586, relativa a las posibles soluciones legales y administrativas para que las
entidades locales rindieran sus cuentas de forma completa y en los plazos legalmente establecidos. Esto es de 30 abril de 2003, y de nuevo - como ha comentado usted-, el 28 de octubre de 2021 presentan otra moción relativa a esas medidas para
promover estas rendiciones de cuentas generales y reducción de plazos, que trae causa - como si dijésemos, de alguna manera- también de aquella moción. Lo que le quiere decir es que suscribimos su moción totalmente y, por tanto, en esta Cámara, y
de forma urgente, se deben llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para que ese incumplimiento sistemático de las recomendaciones y obligaciones legales por parte del sector público local lleven aparejadas las sanciones
correspondientes. Porque, claro, está comprobado que después de casi veinte años - ¡madre mía! Estamos hablando de veinte años-, con diálogo y recomendación, la Administración no cumple, pues entonces yo creo que habrá que hacerlo por la vía ya de
la sanción. El ciudadano tiene la percepción de que quienes se dedican a la gestión de los recursos públicos gozan en muchas ocasiones de una cuasi impunidad en el caso de incumplimiento de las reglas más elementales que tienen que llevar a cabo
como gestores.
Muchas gracias. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañizares.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ledesma.
El señor LEDESMA MARTÍN: Muchas gracias, presidente.
Por supuesto, presidenta, le doy la bienvenida a esta Comisión y le deseo todo lo mejor. Estoy seguro de que el trabajo que van a realizar va a beneficiar a todos. Está claro que el trabajo que desarrolla el Tribunal de Cuentas es difícil,
es extenso, pero creo que está perfectamente capacitado para obtener ese éxito que todos esperamos y, sobre todo, como usted bien ha dicho, el objetivo común. También mis primeras palabras son para el otro equipo, el equipo anterior; quiero
felicitarlo y reconocer la gran labor desarrollada por la anterior presidenta y el resto de miembros del Tribunal de Cuentas en defensa de la legalidad y la fiscalización del sector público.
Centrándonos ya en el informe que me toca sobre la fiscalización del sector público local del ejercicio 2019, agradezco al tribunal esas conclusiones que facilitan nuestro trabajo y las recomendaciones para mejorar el funcionamiento de las
administraciones locales. Hay que tener en cuenta que nos encontramos con el informe de las administraciones más cercanas al ciudadano, ante las que los vecinos plantean todas sus demandas, sin preocuparles si tienen o no competencia para ello,
pero ellas deben ser, y son
con frecuencia, las que han de responder y responden con mayor rapidez, de un modo ágil, eficaz y eficiente. Por ello, tenemos que responder a sus demandas y no ponerles obstáculos al ejercicio de sus funciones y consensuar para evitar,
ahora mismo, el abandono financiero al que el Gobierno de España somete a los ayuntamientos y a las provincias. Nos deberíamos esforzar, por supuesto, presidenta, en cumplir sus recomendaciones; en el Grupo Popular estamos totalmente convencidos.
Estamos hablando de una cantidad importante de entidades locales -usted bien lo ha expresado-, 12 932 entidades locales, y del sector público local, integrado por 15 580 entidades.
Al tener poco tiempo, me voy a centrar en algunos puntos de su informe. En relación con el cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas generales en el ejercicio 2019, la rendición de cuentas resulta especialmente necesaria
para cumplir con los principios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia. Los plazos es verdad que en 2019 fueron ampliados por el estado de alarma, pero coincidimos con el tribunal en que los plazos son bastante dilatados, teniendo en
cuenta el desarrollo -como usted bien ha dicho- de las nuevas tecnologías. Sí nos felicitamos todos por la mejora de la rendición de cuentas dentro del plazo legal. Destaco sobre todo a aquellas comunidades autónomas que tienen establecidas
medidas que condicionan la concesión de las subvenciones o ayudas públicas al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas, que es mucho mayor. Por lo tanto, eso es muy importante a destacar.
Lo preocupante es que de un total de ocho ayuntamientos con población superior a 100 000 habitantes, cinco diputaciones y tres cabildos no habían rendido las cuentas a 7 de abril de 2021. Nos preocupa bastante; muchos de esos ayuntamientos
se denominaron en su momento del cambio, vinieron a mejorar la gestión y lo que han hecho ha sido empeorarla. Sí que es preocupante que un número significativo, como usted bien ha dicho, de entidades locales no rinden sistemáticamente sus cuentas
generales y deberíamos tomar decisiones para evitarlo, o simplemente seguir sus recomendaciones, las que hace el tribunal, año tras año, de retener los tributos a los municipios incumplidores y promover una ley que les impida el acceso a ayudas y
subvenciones públicas. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Nos llama la atención, con respecto a los convenios, que la mayoría de las entidades incumplen las obligaciones de enviar la relación. No sé si usted sabe cuál es el motivo, pero
realmente no lo entendemos.
En definitiva, me parece adecuado el apartado que hace también del seguimiento de las recomendaciones contenidas en anteriores informes de fiscalización del sector público local, y aceptamos ese reproche de que se habían incumplido las
recomendaciones contenidas en anteriores informes de fiscalización del sector público local relativas, sobre todo, a la homogenización y reducción de los plazos legales de rendición de cuentas en general para el conjunto de las entidades locales
-como ya expresé-, así como las dirigidas a promover dicha rendición mediante la adopción de las medidas previstas en la legislación, como la práctica de la retención de participación -como he dicho- de tributos del Estado y a través de las
modificaciones normativas oportunas, que es tarea nuestra. No se había cumplido la recomendación relativa a la adopción de medidas necesarias para la adecuada utilización de los presupuestos de entidades locales como un auténtico instrumento de
gestión y planificación, y esto, por supuesto, nos preocupa bastante. También nos preocupa la recomendación relativa a la regularización de los pagos pendientes de aplicación para que, ahora mismo, que se ha reducido significativamente la deuda, no
haya facturas debajo de las gavetas de las mesas.
Por lo tanto, ya termino -que me he pasado en el tiempo-, aceptamos esas recomendaciones y esas conclusiones, y es tarea nuestra llevarlas a cabo.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Gómez.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, presidente.
Saludos, señora presidenta. Me sumo también a las felicitaciones y le doy la enhorabuena por su elección como presidenta del Tribunal de Cuentas y, sobre todo, porque hemos sido capaces de hacer una renovación como es debido, en tiempo y
forma, sin alargar los plazos innecesariamente, lo cual da idea de que ahora sí, en esta ocasión, cumplimos con la Constitución; otras veces solo de boquilla.
Quiero agradecer, como otros de los intervinientes, el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras del Tribunal de Cuentas para la elaboración de este informe, un informe muy amplio del sector público local que, por la extensión del
objeto de dicho informe, han tenido que desarrollar un trabajo ímprobo, ya que estamos hablando de la fiscalización de más de 11 500 entes locales, con un presupuesto agregado de más de 59 000 millones de euros. Yo, a diferencia de lo que ha
comentado la portavoz de VOX, sí quiero
defender la labor de los gestores públicos municipales, de los alcaldes y las alcaldesas, porque según lo que hemos escuchado podríamos llegar a la conclusión de que son en general unos incumplidores. Los alcaldes y las alcaldesas de
nuestros ayuntamientos y presidentes de entes municipales han hecho una labor ímproba en sus pueblos, en sus ciudades, especialmente estos dos años de la pandemia y, por tanto, merecen un respeto y para nosotros en general son cumplidores de todas
sus obligaciones. Es verdad que la conclusión que sacamos es que la mayoría de los ayuntamientos y los entes del sector local hacen un gran esfuerzo en el cumplimiento de control, transparencia y rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas y a
otros órganos de cuentas de las comunidades autónomas. Es verdad que se pone de manifiesto que, como en informes anteriores, la disparidad de plazos dificulta el cumplimiento homogéneo de todos los componentes del sector público local para cumplir
en el mismo plazo la remisión de las cuentas, pero se observa una mejora con respecto a 2018 y nosotros siempre preferimos ver lo positivo: un 62 % en plazo y un 73 % de las entidades a 7 de abril de 2021 habían cumplido con sus obligaciones.
Nuevamente son las agrupaciones de municipios y las mancomunidades las que presentan cifras inferiores en el cumplimiento de los plazos de rendición de cuentas. También es comprensible, aunque sería exigible una mejora.
En cuanto a las magnitudes presupuestarias, cabe destacar una mejora sustancial del estado de la financiación y de los recursos financieros que llegan a los entes locales, especialmente a los ayuntamientos; y eso tiene mucho que ver con la
política de apoyo que desarrolla el Gobierno de coalición a partir de 2019 en adelante, y esto se reflejará de manera mucho más pronunciada en los informes de los ejercicios de 2020 y 2021, por el esfuerzo del Gobierno de coalición para mejorar la
prestación de servicios en los municipios en la época de pandemia. Se ha producido una mejora de varios indicadores, que nosotros consideramos positivos, del indicador de liquidez inmediata, del gasto por habitante, de la inversión por habitante y
sobre todo el descenso en un 13 % de la deuda por habitante en los ayuntamientos, lo cual da idea de que llegan más recursos a los ayuntamientos y los ayuntamientos hacen una mejor gestión de sus recursos. Es cierto que los convenios son el
apartado de mayor incumplimiento, el 65 % todavía siguen incumpliendo la obligación de remisión de información. Pero señalamos como positivo que el Gobierno, en la Ley de presupuestos del año 2021, cumpliera con una de las recomendaciones de
informes anteriores del tribunal y de resoluciones de esta Comisión, cumpliendo con la demanda de que, se apruebe o no se apruebe la cuenta general, el presidente o presidenta de la entidad rendirá cuentas de la misma al Tribunal de Cuentas, cosa
que venía siendo reiterada en los informes.
En general -para terminar y no pasarme del tiempo- compartimos las recomendaciones que formula el Tribunal de Cuentas en este informe del sector público para el ejercicio de 2019, reiterando que para nosotros es muy importante el papel que
juegan las entidades locales, fundamentalmente los ayuntamientos, y que aunque hay que mejorar en algunos de los aspectos que recoge el informe, nos quedamos con que el camino va siendo positivo, que se va cumpliendo en la rendición de cuentas, que
los ciudadanos deben estar confiados en sus alcaldes y alcaldesas y sobre todo en la gestión que hacen de los recursos públicos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García.
A continuación, tiene la palabra la señora presidenta para responder a los portavoces.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
De nuevo vienen aquí con matices importantes pero vuelven a incidir en aspectos contemplados en el informe, fundamentalmente los relacionados con la rendición de cuentas. La señora Cañizares ha hecho alusión a la moción de 2003, pero tengo
que decirle que ha mejorado sustancialmente -insisto, sustancialmente- la situación desde 2003 hasta ahora. Cada año mejora un poco y realmente esa es parte de nuestra labor y parte de la labor que nos satisface, aunque siga habiendo problemas.
Efectivamente, en cuanto a los retrasos que se producen no solamente en la rendición de cuentas sino también en otros aspectos, como han dicho también algunos intervinientes -tanto el señor Ledesma como ahora el señor García Gómez-, el
trabajo de los ayuntamientos no es un trabajo que busque un beneficio, es un trabajo que lo que pretende es dar cobertura a aspectos básicos de la vida de las personas y, como decía el señor Ledesma, dar cobertura a esos aspectos no es tarea fácil
ni el presupuesto siempre es el adecuado y además cada día -y si no ahora mírenlo con respecto a los desastres naturales que se van sucediendo- vemos de qué manera se complican las gestiones municipales e incluso la ejecución de los presupuestos y
las modificaciones que este tipo de cosas traen. No es misión del Tribunal de
Cuentas sacarle los colores a ningún ente público, de ninguna manera, sino contribuir a la mejora de la gestión de cada uno de ellos, identificando deficiencias, identificando algunas malas prácticas. Creo que esa es la función del Tribunal
de Cuentas, poner encima de la mesa todas las deficiencias que encontremos, las malas prácticas -que a veces se dan por inercias reiteradas, etcétera-, ponerlas de manifiesto e intentar entre todos buscar soluciones. Cuando digo entre todos en este
caso me refiero a ustedes y a nosotros, que somos los que tenemos encomendada una labor conjunta para ese tipo de cosas.
En su momento se impulsó por parte de alguien que fue presidente del Tribunal de Cuentas -Ramón Álvarez de Miranda- imponer algunas multas coercitivas a los alcaldes por la falta de rendición de cuentas. Esto, que parece que agilizaría el
rendimiento, tiene un problema fundamental y es que a veces la sanción se impone al alcalde pero ustedes, que son políticos y se dedican a esto, saben que muchas veces las cuentas no se aprueban no por problemas técnicos de las cuentas sino porque
un partido no le presta apoyo al partido que tiene que aprobar las cuentas; con lo cual al final acabas poniendo una sanción cuando el responsable no es el alcalde, porque no se le aprueban las cuentas. Estos son temas que se van tratando, que se
van estudiando y que se van retirando o amplificando en función de los problemas que vamos viendo, pero este en particular nos crea más complicaciones que ventajas produce, desde mi punto de vista. Hay quien opina que no, pero es que a veces
ponemos sanciones y no podemos alegar la responsabilidad de la persona que no es responsable de rendir las cuentas.
Yo también soy de la opinión de que las garantías que se exigen a las administraciones públicas en general en sus sistemas de trabajo son muchísimo mayores que las que se exigen en otros ámbitos de la actividad económica. Es lógico y
natural, el dinero es público, pero no es comparable. Vayamos al capítulo 1 o a cualquier capítulo que queramos ir, no es comparable la gestión privada con la gestión pública ni las garantías que a uno y otro se le exigen. De hecho, de alguna
manera, la gestión privada está copiándonos algunos sistemas de control con la compliance, etcétera, que de alguna manera es intentar sustituir un sistema de control legal por un sistema institucional de control. Pero vamos a seguir intentando que
los porcentajes vayan disminuyendo y seguiremos haciendo mociones en la medida que la presión del control va agilizando un poco la gestión, pero somos conscientes de la dificultad de la gestión sobre todo de los municipios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO POR AENA, S.A., SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO, EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIOACTIVOS, S.A. E INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.M.E. M.P., S.A., DE LAS PRINCIPALES
RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000011 y número de expediente del Senado 771/000011).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA, EJERCICIOS 2007 A 2010. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000025 y número de expediente del Senado 771/000025).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL 'INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA'.(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000092).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO DE HACIENDA INCLUIDAS EN LOS INFORMES RELATIVOS AL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO APROBADOS DURANTE LOS EJERCICIOS 2015, 2016 Y 2017.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000110 y número de expediente del Senado 771/000110).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN INFORMES APROBADOS EN 2016 Y EN 2017 RELATIVOS AL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000128 y número
de expediente del Senado 771/000126).
- NOTA DE FISCALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN BANCARIA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000028 y número de expediente del Senado 771/000028).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS AL MECANISMO ÚNICO DE RESOLUCIÓN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000070 y número de expediente del Senado 771/000074).
- NOTA SOBRE EL ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PATRONATO DE VIVIENDAS DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000015).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000080 y número de expediente del Senado
771/000079).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate correspondiente al bloque III: Informe de fiscalización del grado de cumplimiento por AENA, S.A., SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo, Empresa Nacional de Residuos
Radioactivos, S.A. e Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E. M.P., S.A., de las principales recomendaciones incluidas en los informes de fiscalización. Informe de fiscalización del grado de cumplimiento e implementación de las
recomendaciones del informe de fiscalización de la actividad de la Autoridad Portuaria de Valencia, ejercicio 2 007 2010. Informe de fiscalización relativo al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de
fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Informe de fiscalización del seguimiento de las
recomendaciones dirigidas al Ministerio de Hacienda incluidas en los informes relativos al Área de la Administración Económica del Estado aprobados durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Informe de fiscalización del seguimiento de
recomendaciones contenidas en informes aprobados en 2016 y en 2017 relativos al Área Político-Administrativa del Estado. Nota de fiscalización de la situación a 31 diciembre 2018 del proceso de reestructuración bancaria. Informe de fiscalización
de la adecuación de la normativa y de las instituciones españolas al Mecanismo Único de Resolución. Nota sobre el estado de liquidación del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil. Informes de fiscalización del organismo autónomo Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, ejercicio 2017.
Por acuerdo de Mesa y portavoces del 15 de septiembre de 2020 se entienden subsumidas respectivamente las siguientes iniciativas de las solicitudes de comparecencia números 212/000419, 212/000417, 212/000434 y 212/000406 del Grupo
Parlamentario VOX, que tienen el mismo objeto.
Para estas explicaciones de múltiples informes, tiene la palabra la señora presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Espero que a la hora de comer estemos listos (risas) porque hay una serie larga de informes. En cuanto al primero de ellos, como he dicho, estas exposiciones pueden llegar a
ser tediosas porque además ustedes conocen los informes, por lo que realmente hacemos un ejercicio de doblar conocimiento. Este informe de seguimiento de recomendaciones es especialmente tedioso porque tiene un componente de número: de quince
hemos cumplido cuatro y de cuatro no hemos cumplido ocho y de ocho no hemos cumplido... Sé que esto les puede llegar a aburrir, pero si lo escuchan con atención, creo que al final llegaremos a entender exactamente qué está pasando con estos
informes. El tema del seguimiento de recomendaciones es un tema realmente nuevo en el tribunal, y cuando digo nuevo me refiero a no más de dos o tres años, y en este momento estamos incluso desarrollando técnicas de redacción de recomendaciones
para que se pueda exigir un cumplimiento porque se entienda perfectamente por la parte a quién va dirigida la recomendación. Ahora, es cierto que nos parece fundamental para el análisis de la eficacia de nuestro propio trabajo ver si
efectivamente lo que vamos recomendando va mejorando la gestión, se pueden ir actualizando temas y podemos ir adelantando. Somos pacientes, como ven, con otros temas y con este también.
El primer informe del que les voy a dar cuenta es el del grado de cumplimiento por AENA, Sepes, Enresa e Ineco de las recomendaciones que se recogen en cuatro informes. En términos generales, de los cuatro informes les avanzo la cifra de
que aproximadamente un 40 % de las recomendaciones están cumplidas, hay un 25 % que está en proceso y un 35 % que a la hora de elaboración del informe estaba sin cumplir. Ese informe de seguimiento que hemos hecho singulariza en cada uno de los
informes cuáles son los temas que estaban pendientes y que han adelantado respecto del informe a que da lugar este informe de seguimiento. El informe de fiscalización relativo a AENA incluía dos recomendaciones que están en proceso de cumplimiento.
Una es que la sociedad continúa trabajando para completar la inscripción de todo su patrimonio inmobiliario, que era un tema que nos preocupó a la hora de redactar el informe, y también se está implementando la integración de toda la información
registral en el Sigra. El informe relativo a Sepes incluía seis recomendaciones y hay una no cumplida, que es la recomendación relativa a la extinción del Consorcio Río San Pedro, que está sin actividad desde 1998. Un problema con los consorcios
es que al estar compuestos por varias entidades de diverso nivel, alguna de ellas se suele quedar enganchada en algún problema de incobro de un pago, etcétera, y entonces no pueden cerrar los consorcios, pero se da con bastante frecuencia, y en este
caso el Consorcio Río San Pedro de Cádiz continúa sin actividad y continúa sin extinguirse. Está en proceso de establecimiento definitivo un procedimiento que asegure para Sepes todos los estudios de viabilidad para sus actuaciones. En el informe
relativo a Enresa no se han cumplido cuatro recomendaciones que eran relativas al Fondo de Financiación del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos; otra, a la articulación de un procedimiento de comunicación de información a Enresa por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia; a la conveniencia de que se completase la regulación de la gestión, y a la financiación de los residuos generados en la utilización de radioisótopos. Estas permanecen sin cumplirse. Y en cuanto
a Ineco, están en proceso de cumplimiento la implantación de medidas colaborativas con las entidades a las que sirve como medio propio e inclusión en su sistema informático de una alerta que le permita controlar límites de subcontratación, si bien
no se han cumplido las relativas a la modificación de los propios estatutos de Ineco para adaptar su condición de medio propio a las actividades relacionadas con su objeto social. Esto respecto del primer informe.
En cuanto al segundo informe, que es el de fiscalización del grado de cumplimiento e implementación de las recomendaciones del informe de fiscalización de la actividad de la Autoridad Portuaria de Valencia en los ejercicios 2007 a 2010, este
informe fue aprobado el 31 de octubre del 2019 y se trata de una fiscalización que se realizó a iniciativa de las Cortes. Este informe analiza el grado de cumplimiento e implementación de las recomendaciones realizadas en este informe, que era el
ejercicio 2007 a 2010. La fiscalización de seguimiento concluye que de las cuatro recomendaciones, cuyo cumplimiento dependía exclusivamente de las actuaciones a realizar por la autoridad portuaria, tres están cumplidas y una no se puede considerar
ya como cumplible porque desde el transcurso del primer informe donde se hacen recomendaciones hasta cuando exiges el cumplimiento de las recomendaciones, se han variado modificaciones y se han extinguido organismos, etcétera. Sin embargo, sí se ha
cumplido el establecimiento de un procedimiento para la determinación y liquidación de las penalizaciones por incumplimiento de tráficos mínimos previstas para la tasa de aprovechamiento especial de dominio público, la implantación de un sistema
integrado de control y seguimiento de la actividad contractual de la Autoridad Portuaria de Valencia y la vinculación de los compromisos de inversión en infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Valencia a sus previsiones actualizadas de
actividad. No les hablo de las que han dejado de ser viables por no liarlos más. Hay algunas recomendaciones que requerían además la actuación o intervención de otras unidades administrativas como el Ayuntamiento de Valencia, el Consorcio Valencia
2007 o el Ministerio de Fomento. Estas están cumplidas parcialmente, y se lo explico. La formalización de la cesión de bienes por parte de la autoridad portuaria al Ayuntamiento de Valencia, que se previó en un convenio de colaboración del año
1997 entre el Ayuntamiento de Valencia, el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana, la Autoridad Portuaria de Valencia, así como la formalización de otro convenio interadministrativo por el que la Autoridad Portuaria de Valencia otorgaba al
Consorcio Valencia una concesión para la explotación de la Marina Deportiva, tenían como objetivo que los ingresos de esta explotación les permitieran devolver el crédito con aval del Estado que el ICO le concedió para financiar las inversiones
necesarias para la celebración de la XXIII edición de la Copa América de Vela. Entendemos que esta recomendación se cumplió parcialmente, debido a que se ha formalizado la cesión de bienes por
parte de la autoridad portuaria al ayuntamiento, el convenio interadministrativo entre la autoridad portuaria y el consorcio, pero los ingresos de la explotación de Marina Deportiva no le han permitido al consorcio devolverle al ICO el
crédito que le concedió para financiar la celebración de la Copa del América de Vela. O sea, la gestión se ha cubierto, pero el objetivo no se ha podido cumplir.
Otra de las recomendaciones que está prácticamente cumplida es la necesidad de agilizar la tramitación de los expedientes de valoración de los puertos administrados por la Autoridad Portuaria de Valencia. A la fecha de redacción de este
informe se habían aprobado los expedientes de valoración de los puertos de Sagunto y de Valencia y quedaba pendiente el puerto de Gandía.
En cuanto a la fiscalización relativa al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en el Informe de fiscalización de la gestión económico-financiera de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, aprobado por el Pleno en sesión de 21 de marzo de 2013, el seguimiento de este informe fue aprobado el 22 de diciembre de 2020 y fue pedido por las Cortes
Generales. De las recomendaciones objeto de análisis, se han cumplido algunas en su totalidad y algunas parcialmente.
No se han cumplido las referidas al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que denominan Sisaad, que ustedes conocerán bien, ni tampoco las relativas a la adopción de medidas necesarias para dar
cumplimiento al plazo normativo máximo de resolución de las prestaciones derivadas de la situación de dependencia y a la actualización del Sisaad con los beneficiarios de las prestaciones.
Se ha cumplido la dirigida al Imserso sobre la necesidad de recoger en sus estados contables el importe pendiente de imputar a su presupuesto de gastos el concepto de cuotas de Seguridad Social de cuidadores no profesionales, abonando su
importe a la Tesorería General de la Seguridad Social. También está cumplida la dirigida al Imserso, tendente a dictar las instrucciones necesarias para evitar la posibilidad de incurrir en supuesto de cesión ilegal de trabajadores en la ejecución
de los servicios externos contratados con las empresas adjudicatarias encargadas del desarrollo y mantenimiento del Sisaad. Si ustedes recuerdan el informe, se daba con muchísima frecuencia que todos los servicios contratados externamente para
poner en marcha el Sisaad acababan integrándose por algún sistema en el propio Imserso, dando lugar a figuras no asumibles por la Administración del Estado.
Parcialmente está cumplida la recomendación que se dirige al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, relativa al desarrollo reglamentario de la disposición adicional quinta de la Ley 39. Sin embargo, la comunicación al Registro de
Prestaciones Sociales Públicas de las prestaciones económicas derivadas de una situación de dependencia se realiza por el Imserso, en lugar de por los órganos competentes para ello, que son las comunidades autónomas. Así, se producen diferencias
entre la información que está en las aplicaciones informáticas de las comunidades autónomas, el Imserso y el referido registro. Esto tiene valor decirlo porque ha dado lugar a pagos indebidos del Imserso a las comunidades autónomas por importe de
más de 284 millones de euros. Por eso es necesario reiterarlo. La recomendación dirigida al Imserso de iniciar el procedimiento de reintegro derivado de la diferencia existente entre créditos totales asignados y obligaciones reconocidas con cargo
al Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo es otra de las que están cumplidas.
Este informe de seguimiento tiene una particularidad, y es que, además de haberse visto en las recomendaciones del informe que da lugar a este, se ha verificado que con posterioridad a la aprobación de aquel informe, número 977, se han
formalizado nuevos contratos relativos a la gestión del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el Sisaad, que es un elemento clave para la gestión de las ayudas a la dependencia. Este informe incluye como
objetivo específico el análisis de los contratos de servicios de desarrollo y mantenimiento informático, con el fin de implantar una nueva aplicación informática gestora del Sisaad. En relación con ellos, el informe contiene recomendaciones
específicas referidas al control y adecuada gestión de este tipo de contratos, cuya deficiente gestión documental ha originado limitaciones a la actuación del tribunal.
Entre las recomendaciones incluidas en este apartado, destacan las siguientes. Primera, la necesidad de implantar un adecuado procedimiento de seguimiento en la ejecución de los contratos de servicios informáticos, así como de las
prescripciones formalizadas con las empresas adjudicatarias, de forma que su carácter técnico no sea un impedimento para su correcto control. Segunda, la obligación de promover procedimientos de adjudicación que permitan una mayor concurrencia, con
el fin de obtener mejores condiciones económicas, así como evitar situaciones de dependencia técnica y funcional del Imserso con respecto a determinadas empresas que prestan servicios informáticos. Tercera, la necesidad de adoptar
de forma urgente las medidas necesarias tendentes a lograr una adecuada planificación con respecto a la contratación de servicios informáticos que permita determinar la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse, así
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria de los contratos, pudiendo seleccionar procedimientos de adjudicación más adecuados y evitar especialmente la convalidación
por el Consejo de Ministros de gastos efectuados sin ningún amparo contractual y al margen de los principios que rigen la contratación pública. Cuarta, la urgencia en aprobar instrucciones y procedimientos de control interno donde se regulen las
diferentes fases en materia de contratación administrativa, de forma que se garanticen en todo caso los principios de igualdad, publicidad y transparencia por parte de las unidades de gestión intervinientes. De igual forma, deben impulsar la
implantación de un sistema de archivo de los expedientes de contratación administrativa que garantice su integridad, evitando la relevante ausencia de documentación con la que nos hemos encontrado y la falta de control, ambos aspectos verificados
por el Tribunal de Cuentas en esta fiscalización.
Paso al siguiente informe de seguimiento, que es el de seguimiento de las recomendaciones dirigidas al Ministerio de Hacienda, incluidas en los informes del área de la Administración Económica del Estado, aprobada durante los ejercicios
2015, 2016 y 2017. Este informe de seguimiento fue aprobado el 29 de abril del 2021 a iniciativa del tribunal y tiene como objetivo el seguimiento de recomendaciones de cinco informes de dicha área, que son: el informe de fiscalización de la
gestión y control de avales concedidos por la Administración General; el de fiscalización de los pagos librados a justificar y de los satisfechos mediante anticipos de caja fija por determinados ministerios del área económica del Estado; de la
gestión y control contable del inmovilizado material de la Administración General del Estado; de la gestión de reintegros de subvenciones en determinados ministerios y organismos correspondientes a la misma área de gestión, y de las subvenciones
concedidas con cargo al programa presupuestario 422.A, que son incentivos regionales a la localización industrial.
Como conclusión general, se señala que en estos cinco informes se realizan un total de 48 recomendaciones, habiéndose dado por cumplidas el 54 %. Un 21 % están en proceso -tienen actuaciones iniciadas-, hay un 4 % que se han considerado
incumplidas por el paso del tiempo y diez recomendaciones devinieron no aplicables.
Me refiero ahora al informe de fiscalización de las recomendaciones que se contienen en los informes aprobados en 2016 y en 2017, que están referidos a la otra parte de la Administración, a la que denominábamos área político-administrativa
del Estado. Estas son recomendaciones contenidas en cuatro informes: primero, el informe de fiscalización del consorcio para la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812; segundo, el informe de fiscalización de la
financiación extraordinaria de los programas especiales de armamento y material de las Fuerzas Armadas -ejercicios 2012, 2013 y 2014-, con análisis especial de algunos programas de gestión internacional -como el EF2000, el A400M y el Tiger- y de los
programas de gestión nacional -BAM, Leopard y NH90-; tercero, el del Consejo Superior de Deportes y, cuarto, el de la Agencia Boletín Oficial del Estado. Este informe singulariza las recomendaciones en relación con cada uno de los informes.
Por lo que se refiere al de la conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, la única recomendación que no se ha cumplido -y ahora les comento- es la liquidación y disolución del consorcio, que, como les decía antes, estaba
constituido por la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, la Junta de Andalucía y la Administración del Estado. Creo recordar, en este momento, que el Ayuntamiento de Cádiz tenía una deuda no cobrable y, por tanto, no pueden liquidar el
consorcio. La recomendación es que todos estos consorcios tienen que liquidarse tras pasar activos y pasivos a donde corresponda de la Administración, pues no tienen ya ningún sentido, y hay varios.
En el de la financiación extraordinaria de armamento, digamos que se ha cumplido lo que nos parecía más importante. La presupuestación inicial para estos proyectos venía siendo muy por debajo del gasto previsto, porque además corresponde a
compromisos adquiridos con administraciones de otros países para el cumplimiento de los programas de armamento a los que he hecho referencia. Entonces, sin poder decir que la presupuestación ahora cubre exactamente el gasto previsto, sí que se ha
elevado considerablemente el concepto presupuestario, con lo cual no existe el desfase que había y que daba lugar a modificaciones presupuestarias o, en algunos casos, a decretos-leyes que incluían un crédito extraordinario y que en algún momento
declaró inconstitucionales el propio Tribunal Constitucional. Por tanto, digamos que esto, de alguna manera, ha venido a resolver en parte este asunto.
En el informe de fiscalización del Consejo Superior de Deportes están cumplidas prácticamente las recomendaciones, salvo que no hay un plan anual y estratégico de actuaciones del consejo y no hay indicadores en la memoria presupuestaria que
nos permitan ver objetivos y acciones que se definan en la misma, o sea, hay falta de rigor en la elaboración de la memoria, digamos.
En relación con el de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, la principal recomendación está referida a que se considera no cumplido el principio de equivalencia en cuanto a los precios públicos del propio Boletín Oficial del
Estado. Con esto termino los informes de seguimiento de recomendaciones.
Les voy a presentar ahora dos informes que, en el bloque, estaban referidos como área financiera. Son la Nota de fiscalización de la situación a 31 de diciembre de 2018 del proceso de reestructuración bancaria y el Informe de fiscalización
de la adecuación de la normativa y de las instituciones españolas al Mecanismo Único de Resolución.
La nota. Como saben ustedes, hacemos una nota en momentos en los que, en relación con un informe previo, aparece un hecho o una información que nos aconseja no hacer una fiscalización total, pero sí precisar ese aspecto concreto. Esta nota
tiene por objeto precisamente actualizar la estimación del coste del proceso de reestructuración bancaria a 31 de diciembre de 2018. Fue aprobada por el Pleno el 28 de noviembre del 2019 y da continuidad a dos informes que se habían hecho en 2014 y
en 2016 y que en su momento fueron presentados en esta Comisión Mixta. En estos momentos, incluso el contenido de la nota -que, como saben, es de 31 de diciembre de 2018- ha sido superado por las implicaciones en el coste del proceso de
reestructuración que puedan derivarse del proceso de absorción de Bankia por CaixaBank. Esto no estaba contemplado en la nota para nada. Volviendo al contenido de la nota, los objetivos son estimar el coste actualizado a 31 de diciembre de 2018 de
las ayudas concedidas por el FROB, el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España en los procesos de reestructuración bancaria desarrollados en el periodo 2009-2018 y verificar que se han adecuado a la normativa aplicable tanto las
actuaciones emprendidas por las entidades citadas en los procesos de reestructuración bancaria en el periodo 20162018 como las actuaciones de seguimiento y control en la ejecución de los procesos de reestructuración que hayan implantado estas
autoridades.
Como es habitual en estas fiscalizaciones, se ha realizado el seguimiento de dos recomendaciones que se formularon en el informe de 2016 y se ha comprobado que están cumplidas tanto la referida a la necesidad de que el FROB estableciera un
procedimiento de venta de entidades afectadas por procesos de reestructuración como la que proponía la adopción de un sistema de contabilidad analítica que permitiera conocer de forma directa e inmediata los recursos aplicados a cada uno de los
procesos de reestructuración o resolución, así como los ingresos y gastos directamente imputables a los mismos. En la nota se pone de manifiesto que el coste estimado por el Tribunal de Cuentas de los recursos públicos empleados en este proceso de
reestructuración bancaria ascendía, a 31 de diciembre de 2018, a 66 577 millones de euros, lo que supone un incremento de 5859 millones respecto del coste calculado al cierre de 2015. Ese coste se obtiene de sumar los 45 344 millones de euros de
coste neto que corresponden al FROB y los 21 295 millones del Fondo de Garantía de Depósitos, que se financia con las aportaciones de las entidades de crédito, y de restar los 62 millones de euros que obtuvo el Banco de España por ser inferiores los
gastos asumidos por esta entidad a los intereses y comisiones percibidos como retribución de los anticipos y líneas de crédito concedidas para la provisión de liquidez. El coste estimado a 31 de diciembre presenta algunas diferencias con
estimaciones realizadas por otras instituciones referidas a fechas posteriores a la nota del Tribunal, que se explican por diferencias metodológicas. Nosotros, no obstante, nos ratificamos en los criterios aplicados, porque nos parece que ofrecen
una imagen más integral y realista del proceso de reestructuración. En particular, en relación con el coste de 58 871 millones de euros estimado por el FROB a 31 de diciembre de 2019, hemos comprobado que en la metodología no han tenido en cuenta
los mayores gastos que suponen los de gestión, las comisiones y gastos financieros asumidos por el FROB y las contingencias legales, y tampoco han tenido en cuenta los ingresos derivados de reembolsos, participaciones y otros instrumentos
financieros, venta de entidades ni, especialmente, la valoración de la participación en Bankia, que suponen una minoración del coste total. En cualquier caso, debo reiterar que la estimación del coste no es definitiva en tanto no estén finalizadas
todas las consecuencias de los procesos de reestructuración, en particular las derivadas de la integración de Bankia en CaixaBank.
Respecto al cumplimiento de la normativa aplicable, la nota concluye que en líneas generales las entidades fiscalizadas han observado las prescripciones legales tanto en las actuaciones emprendidas en los procesos de reestructuración y
resolución bancaria como en materia de seguimiento y control de la ejecución de los planes de reestructuración. No obstante, el Tribunal ha encontrado algunas debilidades
en el control del FROB respecto de la formalización y ejecución de los convenios de reparto de los costes entre el Banco Financiero y de Ahorros -participado al cien por cien por el FROB- y Bankia -participada en un 61 % por el Banco
Financiero- para hacer frente a las distintas reclamaciones judiciales, en la medida en que no tienen establecido un sistema de revisión de las liquidaciones de costes a asumir por el Banco Financiero, sino que realizan una comprobación a nivel
agregado. Esta situación tiene como consecuencia, por un lado, una carencia de información detallada de cada uno de los pagos efectuados a Bankia por el Banco Financiero y, por otro lado, la ausencia de comprobaciones documentales de expedientes
individuales para verificar el cumplimiento en los límites y condiciones que establecen los propios convenios. Esta es la primera parte de las financieras.
La segunda parte, la fiscalización de la adecuación de la normativa y de las instituciones españolas al Mecanismo Único de Resolución, fue programada por el Tribunal de Cuentas de forma paralela a la aceptación de la invitación a participar
en una auditoría coordinada entre entidades fiscalizadoras superiores de varios Estados miembros de la Unión Europea, sobre la adaptación a los requerimientos derivados de la creación del referido Mecanismo Único de Resolución. En ese contexto, el
objetivo de la fiscalización era evaluar si la normativa y los procedimientos aplicados por las autoridades nacionales de resolución de entidades financieras -en el caso español, el FROB, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores- están adaptados a los requerimientos del MUR y del nuevo marco regulador de los procesos de resolución. El informe pone de manifiesto que en el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras se han producido limitaciones derivadas de las
instrucciones cursadas por la Junta Única de Resolución al FROB y al Banco de España, porque no ceden al tribunal información propia de la junta o elaborada por las entidades, siguiendo indicaciones de estas. Por ejemplo, no se ha podido comprobar
si los planes de las entidades significativas españolas han sido elaborados conforme a la normativa reguladora de los mismos y, en particular, si la participación del Banco de España en este proceso se ha sometido a la normativa. No se han podido
comprobar las actuaciones realizadas por el FROB como autoridad de resolución ejecutiva y no se ha podido comprobar si las actuaciones realizadas, objeto de la fiscalización en la elaboración de los planes de resolución de las no significativas, se
han adecuado a eventuales requerimientos normativos derivados de la introducción del nuevo marco regulador que hubiera podido establecer la Junta Única de Resolución, que es la máxima responsable del funcionamiento del Mecanismo Único.
Las dificultades en el acceso a la información de la Junta Única de Resolución ponen de manifiesto, a nuestro juicio, la conveniencia de evaluar la oportunidad de abrir un proceso de reflexión institucional acerca de la articulación de los
mecanismos que propicien a los órganos de control externo desarrollar plenamente su función en relación con materias que si bien han sido asumidas por reguladores europeos, son gestionadas en última instancia por instituciones nacionales públicas
que forman parte del perímetro de control de entidades fiscalizadoras nacionales. En este caso, más allá de que el Tribunal de Cuentas Europeo elabore un informe de pasivos contingentes en la Junta Única de Resolución, que hace hincapié en las
entidades significativas, es necesario reflexionar sobre si los órganos de control externo deben disponer de información necesaria para fiscalizar e informar a los parlamentos nacionales de la actuación de las instituciones nacionales que actúan
bajo la dirección y supervisión de los reguladores europeos. El informe revisa la creación del Mecanismo Único de Resolución y concluye que las ya mencionadas autoridades nacionales de resolución acometieron un profundo proceso de reorganización y
adaptación que les permitió adaptar a los requerimientos del Mecanismo Único y del nuevo marco regulador tanto su normativa como los procedimientos aplicados en materia de resolución de entidades financieras; en definitiva, están en condiciones de
cumplir con sus respectivas funciones en materia de resolución.
En relación con las actuaciones referidas a las entidades significativas, la actuación se ha visto afectada por la limitación referida, y no hemos podido fiscalizar si los planes de las entidades significativas españolas han sido elaborados
conforme a su normativa reguladora. Sin perjuicio de esto y como señala el propio informe, desde 2015 la práctica totalidad de las competencias para la supervisión de entidades financieras clasificadas como significativas se habían traspasado al
Banco Central Europeo en el marco del Mecanismo Único de Resolución.
En cuanto al análisis de las relativas a la elaboración de los planes de las entidades menos significativas, el informe refleja que corresponde al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la elaboración de los planes y
resolución de estas entidades. El FROB debe emitir un informe previo a la aprobación de dichos planes y el Tribunal de Cuentas ha tenido acceso incondicionado -ahora sí- a los planes de resolución de las menos significativas -las que hemos
seleccionado para su
análisis-, si bien no se ha podido comprobar si se sujetan al manual de planificación de la resolución ni a las notas orientativas técnicas y estratégicas elaboradas por la propia Junta Única de Resolución. En cualquier caso, el examen de
la muestra de planes de resolución de las entidades menos significativas ha permitido comprobar que todos los planes fueron remitidos al FROB e informados por este. Se han detectado algunas carencias, entre las que se pueden señalar debilidades de
información relacionada con las motivaciones de los cambios introducidos en la actualización de los planes o el análisis poco minucioso de consecuencias de las posiciones derivadas de las entidades financieras menos significativas.
Como recomendaciones, este informe contiene una única recomendación dirigida al FROB en su condición de propietario del Banco Financiero y de Ahorros, que es establecer un sistema de gestión del Banco Financiero que facilite la comprobación
de las condiciones establecidas en los convenios formalizados entre el propio Banco Financiero y Bankia para el reparto de los costes por las contingencias legales derivadas de la comercialización y de la oferta pública de suscripción de acciones de
Bankia. Las recomendaciones del informe de adecuación a la normativa se refieren exclusivamente a la necesidad de instrumentar mecanismos que permitan superar las limitaciones a las que nos hemos referido, que nos han impedido alcanzar parte de los
objetivos, y también hace referencia a la conveniencia de que el Banco de España corrija deficiencias detectadas en los planes de entidades menos significativas.
Paso a la nota sobre el estado de liquidación del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil. Esto es muy breve. No hay un informe previo, simplemente en la cuenta general sigue apareciendo el Patronato de Viviendas de la Guardia Civil,
patronato que tendría que haberse extinguido por la falta de actividad. Con respecto al informe, que fue aprobado en julio de 2019 y se incluye en el programa para el 2017 por iniciativa de la propia institución, es una fiscalización operativa para
una parte del periodo 2012-2016 y de cumplimiento para 2012-2016 porque, como el periodo es muy amplio, han pasado plazos legales para conservar justificantes y documentos; entonces, lo hemos dividido en dos tiempos. Se han presentado algunas
deficiencias que están derivadas de la falta de documentación, porque realmente son antiguos y han estado radicados en varios sitios. El objetivo principal ha sido precisamente verificar la realización de las operaciones necesarias para liquidar el
patrimonio del extinto Patronato de Viviendas de la Guardia Civil y constatar las causas que no han permitido su liquidación total veinte años después de su extinción. A la vez, se da una circunstancia, y es que había un elevado importe en la
tesorería de la comisión liquidadora de la todavía comisión de liquidadora del patronato.
La nota recoge toda la información sobre la actividad liquidadora y el patrimonio y, como principales resultados de los trabajos, se concluye que se creó la comisión liquidadora tres meses después de haber quedado extinguido el patronato, el
8 de septiembre de 1997, y se adscribió a una dirección general del Ministerio del Interior. Dado el proceso prolongado de liquidación, se ha visto afectada por varias reestructuraciones ministeriales. Los recursos materiales y humanos que se han
dedicado a las tareas de liquidación han sido más que insuficientes, prácticamente inexistentes. La mayoría de las labores dirigidas a la gestión inmobiliaria se han realizado por Segipsa por encomienda de la propia comisión liquidadora. En el
seno de la comisión liquidadora se ha dilatado muchísimo más de lo aconsejable la resolución de asuntos, lo que, junto a la escasez de convocatorias en la propia junta de la comisión liquidadora, pone de relieve que ha sido poco menos que ineficaz.
Como consecuencia de la enajenación de inmuebles y liquidación de los créditos por la enajenación de viviendas que no fueron transferidas al Tesoro durante el periodo 2002-2016, se generaron unos excedentes de tesorería muy importantes hasta
2002 y 2003, que ascendieron a 23 805 588 euros, y en el ejercicio 2004 se transfieren al Tesoro 23 250 000 euros, quedando todavía un saldo de 1 232 863 euros; supera a partir de 2008 hasta 4000 y a partir de 2011 hasta 5000 y no es hasta 2016
cuando se transfiere al Tesoro Público casi todo el importe que estaba de excedente, que son unos 4 800 000 euros.
En cuanto al patrimonio existente, el planteamiento general consistió en traspasar a la Dirección General de Patrimonio los bienes logísticos que adquieren el carácter de demanial, para inscribirlos en la Dirección General de la Guardia
Civil, y enajenar los no logísticos y que, con los beneficios obtenidos por las ventas, se pudieran obtener rentas para sufragar los gastos de conservación del patrimonio en liquidación. No obstante, veinte años después continúan sin traspasarse,
entre otros activos, bastantes inmuebles y derechos de cobro. Debo decirles que realmente la situación es muy complicada. El Patronato de Viviendas de la Guardia Civil, como ustedes conocen, tenía viviendas que estaban con arrendatarios de por
vida y sucesiones en los arrendamientos que se han producido y que no han podido resolverse; en fin, esto sigue en estas condiciones. Por eso, como recomendación principal, se insta a la comisión liquidadora a fijar un plazo máximo para la
liquidación definitiva, depurando las situaciones jurídicas y
físicas pendientes y, si alcanzado el plazo que se dé no se ha podido realizar en su totalidad, trasladar entonces todos los bienes, derechos, obligaciones y tesorería a las unidades competentes de la Administración del Estado, para
integrarlos en ella y cerrar la comisión liquidadora ya.
El último es el informe de fiscalización del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) del ejercicio 2017. Este informe se aprobó el 29 de octubre de 2020, y se trata de una
fiscalización de carácter integral realizada por iniciativa del Tribunal de Cuentas. Este organismo autónomo, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa se creó en diciembre de 2009, refundiendo varios organismos: el
Invifas, el Instituto Para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED). Posteriormente, la Ley 15/2014, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma aprueba la
integración en el Invied del Servicio Militar de Construcciones, o sea, que queda constituido de esta manera el Invied.
Los principales objetivos de esa actualización fiscalizadora han consistido en la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, el examen de la fiabilidad y representatividad de las cuentas anuales,
la evaluación del sistema de control interno, el examen de los principios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión del organismo, así como la verificación del cumplimiento de la normativa para la igualdad, transparencia y sostenibilidad
ambiental. Como resultados más relevantes, se pueden destacar los siguientes: el organismo rindió en tiempo y forma sus cuentas correspondientes a 2017; los estados financieros del instituto del ejercicio de 2017 reflejan adecuadamente su
situación financiera; se ha ejecutado el 73 % de los créditos, siendo significativa la muy baja ejecución del capítulo de inversiones. De los datos de contabilidad analítica se deduce una situación que compromete la gestión futura del organismo y
el normal cumplimiento de sus competencias, porque el gasto por compensación económica al personal militar por movilidad geográfica -que ha supuesto 47,5 millones de euros en 2017- se financia con ingresos obtenidos por la enajenación de patrimonio.
Con esto, se descapitaliza el organismo y se restan fondos asignados a nuevas inversiones. Una parte importante de las tareas del instituto se desarrollan por encomienda de gestión a través de Isdefe, lo que también pone de manifiesto que hay una
insuficiencia estructural de la propia plantilla del Invied. En 2017, había abiertos 293 expedientes de reintegros por pagos indebidos de esta compensación al personal. Se registran como recursos propios procedentes de determinadas concesiones
demaniales del Ministerio de Defensa, cuya gestión se ha encomendado al Invied, recursos que el organismo considera como propios, si bien deberían ser ingresados en el Tesoro Público porque son procedentes de concesión demanial.
En el análisis de eficacia, el informe destaca que no hay instrumentos de planificación adecuados con indicadores y objetivos. El control interno referido a la administración de los inmuebles descansa principalmente en dos aplicaciones
informáticas de inventario y gestión patrimonial. El contenido de ambos inventarios se encuentra sustancialmente afectado por la antigüedad enorme de muchos de los inmuebles, muchos de ellos sin depurar ni física ni jurídicamente, con información
insuficiente y valoración inexistente o falta de razonabilidad en muchos casos.
Finalmente, entre las recomendaciones que se dirigen al organismo está la necesidad de fortalecer su control interno. Por su parte, se insta al Ministerio de Defensa y al Invied a elaborar y aprobar instrumentos de planificación, a
establecer un mecanismo para la gestión del cobro de las concesiones demaniales del propio ministerio, y a comprobar las necesidades del personal para no acudir en exceso a la utilización de medios propios o encomiendas de gestión.
Señorías, he terminado la primera parte. Ahora me quedan ustedes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta.
A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estime oportunas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común e Izquierda Confederal, la señora Pérez Merino.
La señora PÉREZ MERINO: Buenos días. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la presidenta y desearle una buena andadura en este cometido.
Me voy a referir, y quería dejarlo explicado, a la nota de fiscalización de la situación a 31 de diciembre 2018 del proceso de reestructuración bancaria. Efectivamente, como muy bien ha explicado la señora presidenta, el objeto que
constituye los objetivos de esta fiscalización, en primer lugar, era estimar el coste, actualizado a 31 de diciembre de 2018, de las ayudas públicas concedidas por el FROB, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) y el Banco
de España en los procesos de reestructuración bancaria desarrollados en el periodo 2009-2018. En segundo lugar, verificar que estas
actuaciones emprendidas en los procesos de reestructuración bancaria por las entidades citadas, en el periodo 2016-2018, se adecuaban a la norma aplicable en esta materia. En tercer lugar, verificar que estas actuaciones de seguimiento y
control de la ejecución del proceso de reestructuración implantado por las entidades citadas habían sido las adecuadas a la norma aplicable.
En la nota de fiscalización a la que hace referencia la señora presidenta se recoge el importe de los recursos comprometidos en la reestructuración por el Fondo de Reestructuración y por el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de
España, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2018, que fueron de 122 754 millones de euros. De este importe, el FROB comprometió 77 506 millones de euros, el FGD 35 446 millones, que se financian con las aportaciones de las
entidades de crédito, y el Banco de España 9802 millones. Aproximadamente, la mitad de los apoyos se han materializado en aportaciones al capital de las entidades de crédito y en cuotas participativas. La nota señala que no todos los recursos
comprometidos suponen un coste del proceso de reestructuración, bien porque los importes se recuperaron o se recuperarán posteriormente, bien porque no llegaron a materializarse en salidas de recursos públicos. Además, las entidades fiscalizadas
han tenido ingresos por ciertas operaciones desarrolladas en el marco de esos procesos de reestructuración, como intereses y comisiones que deben tenerse en cuenta al estimarse el coste. Verdaderamente, hay que verificar que se han ajustado las
cantidades y los procedimientos implantados. Partiendo de estas premisas, las estimaciones del Tribunal de Cuentas sitúan el importe del coste de tales recursos empleados en el proceso de reestructuración bancaria, a 31 de diciembre 2018 y según ha
comentado, en 66 577 millones de euros, 5859 millones más de lo calculado en el cierre de 2015. El coste estimado correspondiente al FROB se situaba en 45 344 millones, el FGD en 21 295 y el Banco de España obtuvo un importe mayor en 62 millones,
como muy bien ha explicado, por lo que la estimación del coste -todo eso se repite, lo anticipo- no puede considerarse definitiva, como bien se ha dicho, en tanto no estén finalizadas todas las consecuencias de los procesos de reestructuración,
siendo así que ciertas operaciones posteriores a la fecha de la estimación pueden provocar o un incremento o una disminución de este importe. Sin embargo, nosotros creemos que el coste de los recursos empleados en el proceso de reestructuración
bancaria, a 31 de diciembre de 2018, es mucho mayor. Desde luego, no son los 66 577 millones de euros del coste del rescate bancario. Obteniendo datos del capital de líneas de liquidez del Banco de España, del capital Sareb, de adquisición de
acciones y preferencias de datos publicados por el Fondo de Garantía de Depósitos, etcétera, se han elaborado unos datos en los que se ha recabado que sobre las ayudas públicas explícitas al sistema bancario, de 2008 a 2020 -datos en millones euros
y haciendo un breve repaso por los diferentes apartados que se pueden acreditar-, tenemos que a 31 de diciembre de 2020 el coste del rescate a nuestro sistema financiero superaba los 95 000 millones de euros. A saber: 79 983 en un apartado de,
podríamos llamar, capital y solvencia, donde se encuadra capital y deuda subordinada del Sareb, adquisiciones de acciones a preferentistas, créditos fiscales, esquema de protección activo. En otro apartado, el de adquisición, datos y liquidez en
cuanto a deterioro de activos del Sareb, teníamos 9119. En avales y garantías, 1486 -por decirlo de una forma resumida- y, por último, añadimos los 5245 como costes netos asociados al rescate. Todo esto arroja a priori, así a bote pronto, un
montante de 95 834 millones de euros.
Por ello, creemos conveniente insistir en que el coste del rescate ya finalizado es superior a lo que se está indicando. Entre esos pequeños detalles, como bien ha dicho la presidenta, está el tema de Bankia y el reconocimiento de
CaixaBank, la situación que se ha venido dando, o sea que hay unas diferencias. Por ello nos gustaría que la presidenta del Tribunal de Cuentas nos expresase su opinión sobre estas cuestiones -que ya desde luego ha dicho-, sobre reconocer esa mayor
cantidad de deuda que nosotros estamos planteando, de acuerdo con los datos que ustedes mismos nos han facilitado.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Merino.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora presidenta; bienvenida sin entusiasmo, pero con toda cortesía y con toda consideración, por supuesto. Sin entusiasmo por dos cuestiones básicas: por la singular interpretación del artículo 30 de la Ley 2/1982, de 12 de
mayo, del Tribunal de Cuentas sobre la elección de los miembros del Tribunal de Cuentas por esta institución, por el Congreso, que fue -como todos conocemos y se ha reiterado por anteriores compañeros de otras formaciones- muy singular, y creo que
es bueno y
conveniente que quede constancia de ello aquí en esta Comisión. Digo también sin entusiasmo habida cuenta de la animadversión de la actual presidenta -de usted- contra la formación política que yo represento en estos momentos, o cuando
menos contra algunas de las propuestas que defiende esta formación política. Reconocerá perfectamente la frase 'Ni un paso atrás', y no con ello quiero indicar que sospeche que en caso alguno vulnerará lo que recoge el artículo 5 de dicha Ley
2/1982, de 12 de mayo. Dicho lo cual -insisto-, mi consideración y máxima cortesía, con la esperanza de que esta carencia de entusiasmo pueda ser dentro de un tiempo una relación que sin duda alguna debe ser correcta, pero que encima sea llevada
con entusiasmo y querencias mutuas repartidas.
Yo creía que era importante que quedase constancia de lo que acabo de decir, y quiero agradecer a la diputada de Unidas Podemos que ha hecho prácticamente la intervención que quería realizar yo sobre el batiburrillo -como bien usted decía al
presidente: menudo batiburrillo tengo aquí- de informes, de notas, de fiscalizaciones, y que de forma paciente ha ido desgranando una por una, cosa que le agradezco y le agradecemos todos de forma sincera. Yo había elegido esta nota precisamente
en relación con la reestructuración bancaria, con todos los problemas que llevó la intervención por parte del FROB del banco financiero hacia Bankia, porque en el propio informe de fiscalización hay varios hitos, varias cifras, que ha comentado
ahora la compañera de Unidas Podemos, como los 66 577 millones en ese momento. Hay una fecha en el propia nota que considera 'a estos efectos debe tenerse en cuenta que la posición de control ejercida por el FROB sobre el banco financiero y Bankia
irá modificándose en el futuro, estando fijada actualmente la fecha límite de desinversión en el grupo en diciembre de 2021'. Ahora. Los acontecimientos lo han adelantado, ha aparecido CaixaBank y alguna cosa ha cambiado. La pregunta es muy
sencilla, al hilo también de lo que le preguntaba la compañera, y se refiere a la Recomendación 91 de dicha nota, que va muy relacionada con lo que llamamos todos los gastos y todo lo que suponía la venta de productos financieros llamados híbridos.
Todos conocemos también que era por no cumplimiento de las normas Mifid, según decían los distintos tribunales de forma mayoritaria, a excepción de algunas audiencias en algún caso muy concreto y muy relativo y también con otras organizaciones. En
definitiva, era conocer si ya estamos en disposición de saber, habida cuenta de los últimos movimientos bancarios, cuál ha sido el montante económico total que ha significado esta reestructuración bancaria en este aspecto.
Muchas gracias, con el deseo de que nuestra relación sea cordialmente entusiasta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe. No sin recordarle que el entusiasmo es algo subjetivo, que depende también de todos. (El señor Aizcorbe Torra: Lo intentaremos).
A continuación -y me va a permitir disculparme, porque tenía pedida la palabra también el señor Furriol; me lo he saltado y era el primero-, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, en nombre de
Esquerra Republicana, el señor Furriol.
El señor FURRIOL FORNELLS: Muchas gracias, señor presidente. El orden de los factores no altera, en este caso, el producto.
En primer lugar, aprovecho mi intervención también para felicitar a la presidenta del Tribunal de Cuentas por su nombramiento, darle la bienvenida a esta Comisión y agradecer sus explicaciones. En mi intervención, como he visto que han
hecho también otros compañeros, me referiré únicamente a uno de los informes, en concreto al informe de fiscalización de la adecuación de la normativa y de las instituciones españolas al Mecanismo Único de Resolución. Según se expone en el propio
informe de fiscalización aludido, el único objetivo del mismo -según consta en su punto 1.27, en la página 11- era evaluar si la normativa en los procedimientos aplicados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y el Banco de España y la
Comisión Nacional del Mercado de Valores en materia de resolución de entidades financieras están adaptados a los requerimientos del Mecanismo Único de Resolución y del marco regulador de los procesos de reestructuración. Sin embargo, en el artículo
2 de la Ley del Tribunal de Cuentas únicamente se establece como funciones propias del Tribunal de Cuentas la fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Dicha
fiscalización del sector público no incluye, desde luego, evaluar si la normativa aplicada por alguna entidad u organismo está o no adaptada a los requerimientos legales aplicables. También el artículo 23 de la Ley del Tribunal de Cuentas dispone
que las tareas que corresponden a la sección de fiscalización son dos: la verificación de la contabilidad y el examen y la comprobación de las cuentas. La conclusión es, por tanto, que la realización del informe de fiscalización se habría
efectuado por el Tribunal de Cuentas careciendo de competencias para ello. Ante dicha circunstancia, le haré una primera pregunta. ¿Entiende que se
encuentra dentro del ámbito competencial del Tribunal de Cuentas realizar un informe sobre adecuación de determinada normativa a la legalidad? Soy consciente de que contestará afirmativamente, y me gustaría saber en base a qué título
competencial. La función del Tribunal de Cuentas de fiscalizar la actividad económico-financiera, por muy ampliamente que se interprete, no parece que haya de incluir la realización de un informe para valorar la normativa aprobada por otros órganos
del Estado. Sin perjuicio por supuesto, como es lógico, de que el Tribunal de Cuentas puede expresar su opinión sobre la adecuación de determinada normativa de aplicación a una materia sobre la que realiza un informe de fiscalización, y por
supuesto hacerla también constar en las conclusiones del mismo e incluso realizar recomendaciones; de acuerdo, pero otra cosa es que el informe tenga por objeto la evaluación de una normativa. Del mismo modo que deben analizar los sistemas de
información financiera de una determinada entidad para valorar la confiabilidad de sus resultados, no es objeto del Tribunal de Cuentas efectuar un informe exclusivamente sobre unos sistemas de información o sobre su cumplimiento normativo. Y lo
digo sin poner en cuestión la calidad ni la utilidad del informe, es solo expresar una duda conceptual, competencial de las funciones del Tribunal de Cuentas.
Una segunda pregunta -que estaría relegada a la respuesta afirmativa o negativa de la anterior- sería si considera que se podría exigir responsabilidad contable al Tribunal de Cuentas si realizara determinadas actuaciones careciendo de
competencias para ello. Lo digo porque todos conocemos casos en los que se ha exigido o se plantea exigir responsabilidad contable a alguna Administración por la realización de gastos en materias por las que, según el Tribunal de Cuentas, carecía
de competencias.
La tercera y en principio la última pregunta es saber en base a qué criterios, qué instancias y quién acuerda o no el inicio de un procedimiento de reintegro por alcance, como resultado de las conclusiones de un informe de fiscalización. Y
lo digo porque no me consta que en todos los casos en los que en los informes de fiscalización consta que se han detectado gastos irregulares por haberse realizado, careciendo manifiestamente de competencias para ello -por ejemplo, las que fueron
presentadas en la última reunión de esta Comisión-, se han iniciado de forma sistemática procedimientos de enjuiciamiento de responsabilidad contable.
A la vista de que se acaba el tiempo, quiero hacer una última pregunta relacionada con las anteriores. ¿Quién audita al Tribunal de Cuentas?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Furriol.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora presidenta, señora Chicano, bienvenida a esta Comisión. Le doy la enhorabuena y le deseo toda clase de éxitos, porque su éxito será el éxito de la institución, que es uno de los pilares básicos que constituye el entramado
institucional de este país. Como el tiempo es breve, usted se tendrá que ir armando de paciencia porque ese sillón es un potro de tortura con tantos informes. Resumiré rápidamente lo que quiero manifestar y preguntarle.
Usted hacía una referencia al seguimiento de las recomendaciones que en esta Comisión es una cuestión ampliamente debatida. La pregunta que yace siempre en el aire es para qué sirven las propuestas de resolución del tribunal. Se oyen
soluciones de todo tipo. Usted ha hecho un repaso de los distintos informes, la he visto un poco pesimista. Fíjese, yo llevo aquí unos años ya en esta Comisión y veo razonable el asunto, porque comparando cuando llegue aquí en el año 2011 con la
actualidad, ahora se van cumpliendo más propuestas de resolución de las que entonces se cumplían. Yo lo tenía calculado por porcentajes, de ahí que tenga más optimismo que usted, pero en cualquier caso lo deseable al final es que se cumplan todas.
No estoy tan de acuerdo con los mecanismos propuestos, sanciones, multas. Cuando uno recorre lo que se hace en Europa fundamentalmente lo ve, y esa creo que es una solución y eso es lo que le pregunto, si usted vería razonable hacer un
informe anual determinando un tiempo de carencia para que se cumplan las propuestas de resolución, y que al final el mecanismo para forzar fuera quizá -yo soy partidario- que aquellas autoridades que no han dado cumplimiento a esas propuestas de
resolución al menos vinieran a dar explicaciones al Congreso. Entiendo que el mecanismo coercitivo supone dos choques de trenes entre la institución que usted representa y esta casa o el Gobierno.
Me quiero detener en un análisis brevemente que usted ha hecho. Creo que era el informe de promoción personal. Se oía más bien poquito, lo digo porque he visto a algún portavoz del PSOE que se
ha puesto nervioso. Hablaba usted de pagos indebidos, no sé si le he oído bien la palabra que ha utilizado. Se refería a más de 280 millones. Yo creo que más que pagos indebidos son abonos a cuenta, y en la liquidación al final o se
devuelve o no se devuelve, porque es un mecanismo contemplado en la Lofca, en el artículo 15, en el artículo 158 de la Constitución y en el Real Decreto 10 090/2013 -si no me falla la memoria-, en los artículos 3, 4 y 5. Por lo tanto, hablar de
pagos indebidos, cuando realmente son cantidades percibidas a cuenta que luego hay que regularizar, me parece excesivo.
Respecto al FROB hay que decir que se diseñó en el año 2009, y me sorprende que ahora se vengan a cuestionar las cifras. Es verdad que hay discrepancias entre el Banco de España y el Tribunal de Cuentas. Me ha parecido entender que usted
justifica más las del Tribunal de Cuentas, yo ya le digo que no entiendo cómo fundamentalmente el Fondo de Garantía -que es una cantidad de recursos privados- aparece en un informe público. Ya tuve esta discusión con el anterior presidente y la
anterior presidenta. Yo creo que no debería figurar esa cantidad. Al final el coste que tiene ese mecanismo para las arcas públicas es el que es: 44 000 millones. Ahora al pretender elevarlo es la estrategia de determinados partidos, ignorando
además que una parte sustancial de esos recursos se destinaron en aquella época, porque el FROB lo creo el Partido Socialista gobernando, y que se quiera inflar me parece bastante absurdo. En cualquier caso, querría preguntarle si este informe
contempla -al haberse desprendido BFA de Bankia- esos 5000 millones de pérdidas en la gestión actual que se está haciendo por parte del FROB, de la Sareb y demás, es decir, si computan o están incluidos o no están incluidos en ese informe.
Respecto al último informe -y le pido veinte segundos más, presidente, porque resumir esto es complicado- sobre la adecuación del MUR, yo creo que estaba cantado, hay cosas que van de suyo. El ámbito subjetivo de fiscalización en este país
es el que es, y es el sector público. Y cuando la Junta Única de Resolución es un organismo que no es del sector público lógicamente propicia o da lugar a lo que ha pasado. A mí no me sorprendió absolutamente nada, el ámbito subjetivo de
fiscalización es algo importante en las actuaciones de tribunal, y por lo menos ya tenemos dudas dentro de lo que hay en el país con algunas cuestiones como para liarnos fuera. ¿No cree usted que estas cuestiones deberían plantearse desde Europa?
Es decir, Europa debería dar la solución a cómo deben actuar los órganos de fiscalización superior en el resto de países.
Gracias presidente, le agradezco su magnanimidad.
Muchas gracias, señora presidenta, por anticipado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Bienvenida, presidenta. La falta de entusiasmo de VOX la superamos nosotros con creces con un enorme entusiasmo por su nombramiento como presidenta. Y le voy a dar razones. Lo que le ponen en negativo a usted es algo que nosotros ponemos
en muy positivo, y es que usted ha presidido la Comisión de Igualdad en la anterior etapa del Tribunal de Cuentas. Y a estos señores todo lo que sea de igualdad les suena como el demonio. Se creen que este sigue siendo un país de machos-vara, y no
se dan cuenta de que este es un país de mujeres y hombres en nivel de igualdad. Eso es lo que no les gusta a los señores de VOX. Bienvenida, y con entusiasmo, insisto.
En cuanto a las tres partes de este ómnibus -señor presidente, este es un bloque ómnibus- y los seis expedientes de valoración de recomendaciones, creo que el sistema dice mucho del Tribunal de Cuentas. Es reciente -como bien ha dicho la
presidenta, tiene tres años-, pero es un control que añade al propio control un seguimiento. Normalmente, es así en los expedientes de fiscalización; antes se hacían recomendaciones y no había seguimiento. Aquí se está haciendo un seguimiento de
esas recomendaciones. Y son diversas: hay recomendaciones que están al cien por cien, totalmente cumplidas, y estoy con el señor Suárez, soy positivo, porque nosotros llevamos muchos años en esto y conocemos la evolución y el nivel de cumplimiento
que se ha conseguido gracias al esfuerzo del Tribunal de Cuentas y esta Comisión; y luego hay otras sobre las que yo pondría un poco la atención. Así, me preocupa Enresa, que, de cuatro, solamente ha cumplido con una, y, sobre todo, por cuestiones
de tasas respecto a centrales nucleares. La media suele estar en un nivel de no cumplimiento, porque también hay los que cumplen, los que están en tramitación o ya no se pueden aplicar porque están fuera de tiempo. El no cumplimiento está en un 4
% en las áreas económicas y en un 24 % en las áreas de gestión político-administrativa. Por tanto, yo también soy positivo, y creo que se ha conseguido y se sigue consiguiendo mucho gracias al esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras del
Tribunal de Cuentas, de sus
consejeros y consejeras y, evidentemente, de esta Comisión. Por eso la primera pregunta que le hago es por qué no se añade algo más a estos expedientes, y me refiero al nivel de cumplimiento de las resoluciones que se aprueban en esta
Comisión. Creo que sería un añadido interesante, que no se contempla en la actualidad.
Y de los seis expedientes que se evalúan, hay uno que me preocupa - lo tengo que decir-, el de la dependencia, porque creo que es el único que en estos momentos se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción, y le pregunto a usted si está en la
Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, porque, desde luego, pone de manifiesto lo que en el año 2012, con la entrada del Gobierno del Partido Popular, supuso un derroche y una ineficacia vergonzosa. Se trata de una aplicación
informática para gestionar los servicios de dependencia, la atención a personas dependientes, que cuando llegan al Gobierno la dejan en desuso, habiendo costado 37 millones de euros, presuntamente para beneficiar a alguna empresa que luego a través
de subcontratas consiguió el desarrollo de subsistemas, para acabar en 2016 diciendo que no les valía nada de lo que habían hecho y contratar otra aplicación informática. Me gustaría conocer su opinión al respecto.
En cuanto a la reestructuración bancaria, lo que más me llama la atención -ya estamos acostumbrados a estas cifras- son los 66 500 millones del coste, después de haber utilizado 122 000 millones de recursos públicos. Lo que más nos llama la
atención a los que hemos estado presentes en la reestructuración bancaria es que, habiéndonos dicho el señor De Guindos que no nos iba a costar un céntimo, nos está costando 1400 euros por habitante. Ese es su coste en la actualidad, si no llega a
más, ya que se está pendiente de vender las participaciones o acciones de la antigua Bankia y sigue habiendo esquemas de protección de activos, deudas subordinadas de la Sareb y contingencias ilegales importantísimas, con lo que todavía no conocemos
el coste real, aunque estará en torno a los 66 000 millones de euros.
Respecto al MUR, el Mecanismo Unificado de Resolución, hemos cumplido, estamos totalmente adaptados a la normativa europea, aunque bien es cierto que hay que mejorar los sistemas. El Tribunal de Cuentas quiere acceder a la información que
aporta la autoridad de resolución tanto ejecutiva como preventiva española a las instituciones significativas, que son las que resuelven en Bruselas. Nosotros somos partidarios de tratar de garantizar el máximo de transparencia y estoy seguro de
que lo vamos a conseguir.
Concluyo como empecé: Con entusiasmo, bienvenida.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado. Le recuerdo que los bloques no los elige el presidente, sino que son a propuesta del Tribunal de Cuentas. Sé que este es un bloque extenso, pero no ha sido la actual presidenta quien nos los ha
facilitado, sino el anterior.
A continuación para dar respuesta a sus señorías tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicao Jávega): Gracias. Voy a intentar organizar las respuestas.
Si me lo permiten, sobre todo la señora Pérez Merino, voy a empezar por intentar conseguir entusiasmo, y después continuamos con las preguntas. Son dos temas de carácter general que nunca hubiera planteado en la Comisión mixta si no lo
hubiera hecho usted, sobre todo uno de ellos, el sistema de dirección. Es absolutamente lícito, legítimo y razonable que cada uno tenga su opinión con respecto a cómo se eligen las personas de los órganos. En el mes de febrero de este año hace
cincuenta años que estoy en la Administración. Entré por oposición y durante todo este tiempo he pasado por muchos mecanismos, como el de libre designación, etcétera. Ciertamente, no hay un sistema de elección perfecto, ni siquiera la oposición,
pero tenemos que contar con los que hay. El sistema de designación de los consejeros del Tribunal de Cuentas está perfectamente delimitado por unas condiciones objetivas, como un determinado tiempo de prestación de servicios en puestos que
garanticen un desempeño eficaz del trabajo que se vaya a asignar a esa persona, y, dado que el Tribunal de Cuentas es un órgano de dependencia directa de las Cámaras como órgano auxiliar de las mismas, se hace mediante elección de los miembros de
estas en función de su representación parlamentaria. Y, personalmente, le diré que no hay nada que me enorgullezca más porque dé más valor a mi legitimidad que una mayoría cualificada de las Cámaras sea la que decide si puedo estar en un órgano de
este tipo, aunque, evidentemente, también hay sistemas corporativos y muchos más. Y este sistema conlleva una comparecencia, en la que están presentes todos los que quieren estar. Ustedes, por ejemplo, decidieron no estar presentes en ella, pero
todos los grupos parlamentarios, incluso los que no proponen, están en esa Comisión y someten a la persona candidata al tipo de preguntas que quieren y deciden si proponen a las Cámaras a esos
candidatos. Creo que el sistema es bueno. ¿Óptimo? No lo sé, no creo que haya nada que hagamos los hombres y las mujeres que sea óptimo, pero el sistema es bueno. A veces lo estropeamos las personas, pero eso es fácil de resolver. Si
las personas estropeamos un sistema, hay fórmulas para removerlos. Creo que generalmente los sistemas son pensados, y, desde luego, en este caso creo que responde a una legitimidad democrática desde mi punto de vista absolutamente incuestionable.
Desde luego, personalmente, no me puedo sentir más orgullosa que si 239 diputados de esta Cámara deciden que puedo servir para este puesto. No habría ningún otro sistema, ningún otro, ni siquiera la oposición, que entendiera que pudiera darme más
valor. Esa es mi consideración con respecto a lo que usted ha dicho, aunque puede seguir manteniendo que hay otros sistemas, que los hay.
En cuanto a la segunda parte, le han contado la primera parte pero no la segunda, pero, como se la voy a contar yo, seguramente que va a pasar al entusiasmo, aunque le advierto que si no es así tampoco pasa nada. Siendo presidenta en la
Comisión de Igualdad en el Tribunal de Cuentas, alguien, seguramente muy próximo a su manera de pensar por cómo se produjeron los acontecimientos y lo que usted ha dicho ahora, decidió que un artículo titulado Ni un paso atrás, que no firmaba yo,
sino Jorge Martínez Reverte, ya fallecido, lo había escrito yo y que estaría muy bonito ponerlo en la página web del tribunal diciendo que esa era esa señora, una feminista de esas que andan por el mundo. Yo no escribí el artículo; puedo
suscribirlo en buena parte y quizás puedo no suscribirlo en otra, no lo sé, pero no vamos a hablar ahora de eso. En todo caso realmente es una persona que pensaba que ese tipo de cosas están al margen del tribunal la que decidió poner en la web del
tribunal esto, junto a un artículo del señor Inda a su vez, que fue el que también decidió que ese artículo era de la presidenta de la Comisión de Igualdad. Ciertamente, era de Jorge Martínez Reverte, ya se lo digo, y puede ir a la hemeroteca,
porque el artículo está firmado en el periódico. Espero que con esto, si no entusiasmo, por lo menos nos hagamos algo más amigos.
Esto en cuanto a las dos cuestiones que ha planteado el diputado de VOX. Ahora vamos a ver si soy capaz de agrupar los temas para todas las respuestas sobre las diferentes cuestiones.
En cuanto a lo que ha planteado la señora Pérez Merino, no sé cuáles son sus metodologías para llegar a esos resultados. Sí le puedo decir que la que ha utilizado el tribunal es transparente, es la que se desprende de la lectura del propio
informe y no ha sido cuestionaba ni siquiera por los órganos a los que hemos hecho la valoración. Teniendo en cuenta, por otra parte, que estamos hablando de datos que todavía no podemos cerrar, sí es cierto que nosotros incluimos en el cálculo que
hace el TCU los esquemas de protección de activos y otros temas que antes les he dicho que no se incluyen en la valoración que hace el mecanismo. En definitiva, nosotros vamos a mantener, incluso por propia coherencia, nuestra metodología, que
además es superrevisable, porque están produciéndose acontecimientos y datos continuamente. Por ejemplo, en la evaluación del coste de la reestructuración se tiene en cuenta la valoración que realiza el FROB a 31 de diciembre de 2018 de la
participación en Bankia y en las cuentas de la entidad de 2019 y 2020 ya hay revisión de esa valoración aunque es posterior a la fecha de la nota del tribunal de Cuentas. Por tanto, aproximar los datos siempre es deseable, pero no hay otra
metodología. Ciertamente, si se nos pone enfrente una que consideremos entre todos que es más adecuada, revisamos todos los datos. Pero, en cualquier caso, tendremos que esperar.
Muchas de las respuestas se dirigen a este señor al que le interesaba mucho más la pregunta que la respuesta, porque no está. Pero, como planteó temas de carácter general, me voy a referir a algunos de ellos. En primer lugar, que nosotros
no tengamos competencia para hacer la fiscalización no es ni planteable. El Banco de España está sujeto a la fiscalización del Tribunal de Cuentas sin ningún problema, aparte de que las propias funciones del Tribunal de Cuentas se van ampliando por
la modificación que ha habido en 2015, por comparación con tribunales de cuentas hermanos de otros países, con los que hacemos auditorías en conjunto, etcétera. No me voy a entretener más, simplemente, por si quedaba duda en alguien acerca de que
no tenemos competencia para hacerlo, diré que no es cierto. Si estuviera aquí este portavoz, diría alguna cosa más, pero, como no está, me las voy a ahorrar.
En cuanto a quién controla al Tribunal de Cuentas, he de decirles que el Tribunal de Cuentas no tiene un sistema de control. Sería un sistema infinito. Por ejemplo, en Colombia hay un sistema por el que se controla a la Cámara de Cuentas
mediante otro mecanismo superior, pero se ha hecho tan grande como el propio Tribunal de Cuentas, por lo que ya necesita de otro controlador. Realmente, esa cadena de control es complicada. Pero le tengo que decir que nosotros nos hemos sometido
creo que en el año 2014 o 2015 a una auditoría hecha por el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas portugués sobre el propio Tribunal de Cuentas; quiero decir que no es incontrolable. Hay otros sistemas, como
auditorías privadas, que se hacen en otros lugares, pero a nosotros nos pareció que era más razonable que la auditoría la hicieran otros órganos de control de otros países, y así se hizo.
Respecto al Fondo de Garantía de Depósitos, efectivamente son fondos privados, pero ello responde a un esquema público de protección de depósitos y junto a otros están incluidos junto a otros en el cálculo del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la otra pregunta del señor Suárez Lamata respecto a que no son pagos indebidos, son transferencias no debidas. Y lo relaciono con una pregunta que ha hecho el diputado Hurtado sobre los contratos, acerca de en qué situación
estaban. Lo digo porque todos esos datos en este momento están en la Sección de Enjuiciamiento y ya hay designado instructor para acometer el estudio y la valoración tanto de ese dato como de muchos contratos, que pusieron de manifiesto y pidieron
que fueran a enjuiciamiento el propio fiscal del tribunal y el abogado del Estado del tribunal, lo que se ha de unir a una denuncia que en su momento se produjo por una funcionaria sobre el asunto, y, como prácticamente hay identidad de objeto, la
consejera del departamento que lleva uno de estos procedimientos ha integrado el otro y en estos momentos están en fase de sustanciación. Nos consta que el departamento que va a llevar este proceso ha solicitado que se designe instructor o
instructora para llevarlo adelante. Si ustedes ven el informe, en el mismo están descritas todas las conductas que nosotros encontramos que había que reflejar porque no se ajustaban a la legalidad, ofrecían dudas incluso de certificación, etcétera.
Tanto es así que nosotros no determinamos jamás responsabilidad en un informe y es el fiscal el que, de la lectura de los informes, decide qué temas pueden ser susceptibles de responsabilidad contable o reintegro. Como digo, estos temas están en
enjuiciamiento en este momento en dicho departamento.
Seguramente me quedarán pendientes muchas cosas, pero no soy capaz de resumir más todos los temas. De todas maneras, les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido por estar aquí durante todo este tiempo, que han sido tres horas
aproximadamente, escuchándome solo a mí. Yo misma me aburro y me canso de escucharme todo el rato. Les agradezco muchísimo el tono de sus intervenciones y trasladaré al Tribunal de Cuentas, a los consejeros y al personal, su bienvenida y buenos
deseos, y, personalmente, me comprometo a plantear y querer resolver todos los temas que tengamos que resolver entre nosotros.
Ahora mismo estoy pensando que había olvidado una pregunta del señor Suárez Lamata con respecto a qué hacemos para seguir las recomendaciones. Efectivamente, nosotros estamos en esto, lo estamos estudiando, incluso estamos pensando en una
fórmula que fuera como aquello de los que figuran como el más transparente y el menos transparente, algo de esas formas que ponen en tela de juicio la gestión de algún organismo. Pero seguro que juntos podemos llegar a encontrar una fórmula que nos
permita seguir avanzando. Desde el momento en que entré en el tribunal hasta ahora las cosas han cambiado mucho y para bien, y no solamente en la gestión, sino también en la función del tribunal.
Les vuelvo a agradecer el tiempo y también que me permitieran tener unos días para preparar estos pocos papeles. Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señora presidenta.
Dado que no tenemos más asuntos que tratar, no quería concluir sin despedirnos ya por este año y desearles a todos ustedes que disfruten de unas felices fiestas acompañados de los suyos, de sus familias y sus seres queridos, y aconsejarles
que tengan cuidado, que todavía seguimos en pandemia; que se cuiden y cuiden de los suyos, y esperemos que el próximo año sea mucho mejor para todos.
Muchas gracias. Se levanta la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.