Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 93, de 13/04/2021
cve: DSCD-14-PL-93
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 93
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 89
celebrada el martes,
13 de abril de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Exclusión del orden del día:
- Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie B, número 147-1, de 12 de febrero de 2021. (Número de expediente 122/000122) ... (Página6)
Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía:
- Del Parlamento de las Illes Balears, de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los diputados y las diputadas del Parlamento de
las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears (corresponde a los números de expediente 127/000005 de la XII Legislatura y 127/000003 de la XIII Legislatura). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 19-1, de 20 de
diciembre de 2019. (Número de expediente 127/000003)... (Página6)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- Del Parlamento Vasco, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto (corresponde al número de expediente 125/000015 de la XIII Legislatura). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 15-1, de 20 de
diciembre de 2019. (Número de expediente 125/000009) ... (Página15)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 16, de 21 de enero de 2020. (Número de expediente 162/000002)
... (Página30)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a defender la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías autonómicas y policías locales, así como condenar los recientes episodios de violencia callejera.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 238, de 12 de marzo de 2021. (Número de expediente 162/000570) ... (Página38)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Plural (señor Baldoví Roda), sobre la urgente necesidad de reforma del sistema de financiación autonómica, así como el establecimiento de medidas compensatorias como el Fondo de Nivelación mientras no se efectúe
dicha reforma. (Número de expediente 173/000063) ... (Página47)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las razones que tiene el Gobierno para modificar la reforma laboral. (Número de expediente 173/000064) ... (Página54)
Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. (Votación) ... (Página65)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página65)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
La señora doña María Mercedes Pérez Merino y el señor don Juan Ignacio López-Bas Valero adquieren la condición plena de diputados al prestar acatamiento a la Constitución.
Exclusión del orden del día ... (Página6)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente al debate de totalidad de la
proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero, lo que se aprueba por asentimiento.
Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía ... (Página6)
Del Parlamento de las Illes Balears, de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del Parlamento de las
Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears (corresponde a los números de expediente 127/000005/0000 de la XII Legislatura y 127/000003/0000 de la XIII Legislatura) ... (Página6)
Los señores Dalmau de Mata, del Grupo Parlamentario Socialista; Lafuente Mir, del Grupo Parlamentario Popular, y Castells Baró, del Grupo Parlamentario Mixto, representantes del Parlamento de las Islas Baleares, presentan a la Cámara la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Jover Díaz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Salvà
Verd, del Grupo Parlamentario VOX; Jerez Juan, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Pons Sampietro, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página15)
Del Parlamento Vasco, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto (corresponde al número de expediente 125/000015/0000 de la XIII Legislatura) ... (Página15)
En turno a favor intervienen las señoras Ipiñazar Miranda, del Grupo Parlamentario Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco; Blanco de Angulo, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Sánchez Martín, del Grupo Parlamentario
Partido socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra/PSOE, representantes del Parlamento Vasco.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil, la señora Sabanés Nadal y el señor Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Garrido Gutiérrez, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Del Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Guijarro Ceballos, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página30)
Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor ... (Página30)
Defiende la proposición no de ley el señor Gestoso de Miguel, del Grupo Parlamentario VOX.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Plural; Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Borrego Cortés, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, y Soto Burillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Gestoso de Miguel.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a defender la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas y Policías Locales, así como condenar los recientes episodios de violencia callejera ...
Defiende la proposición no de ley el señor Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, así como la enmienda presentada por su grupo.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Fernández Hernández, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gutiérrez
Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Baldoví Roda y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Plural; y los señores Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, y López Cano, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Mariscal Anaya.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página47)
Del Grupo Parlamentario Plural (Sr. Baldoví Roda), sobre la urgente necesidad de reforma del sistema de financiación autonómica, así como el establecimiento de medidas compensatorias como el Fondo de Nivelación mientras no se efectúe dicha
reforma ... (Página47)
Defiende la moción el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Mazón Ramos en turno de fijación de posición, del mismo grupo; la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; los señores Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Betoret Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Vilches Ruiz, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Baldoví Roda.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las razones que tiene el Gobierno para modificar la reforma laboral ... (Página54)
Defiende la moción el señor Movellán Lombilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, y el señor Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX; y la señora Oria López, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la propuesta del Parlamento de las Illes Balears, de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las
Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears (corresponde a los números de expediente 127/000005/0000 de la XII Legislatura y 127/000003/0000 de la XIII Legislatura), se aprueba por 109 votos a
favor más 229 votos telemáticos, 338; y 6 abstenciones con voto telemático.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento Vasco, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto (corresponde al número de expediente 125/000015/0000 de la XIII Legislatura),
se aprueba por 109 votos a favor más 187 votos telemáticos, 296; 1 voto telemático en contra y 52 abstenciones con voto telemático.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Se abre la sesión.
Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.
En sustitución de don Pablo Iglesias Turrión, pregunto a doña María Mercedes Pérez Merino si jura o promete acatar la Constitución.
La señora PÉREZ MERINO: Prometo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En sustitución de doña Marta Martín Llaguno, pregunto a don Juan Ignacio López-Bas Valero si jura o promete acatar la Constitución.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Prometo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Doña María Mercedes Pérez Merino y don Juan Ignacio López-Bas Valero han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena. (Aplausos).
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA LA REGULACIÓN DEL EJERCICIO DEL VOTO POR LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO. (Número de expediente 122/000122).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden
del día en el sentido de excluir el punto 32, correspondiente al debate de totalidad de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por
los españoles que viven en el extranjero. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA:
- DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 1/2007, DE 28 DE FEBRERO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS, PARA LA SUPRESIÓN DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y LAS DIPUTADAS DEL PARLAMENTO DE
LAS ILLES BALEARS Y DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS (CORRESPONDE A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 127/000005 DE LA XII LEGISLATURA Y 127/000003 DE LA XIII LEGISLATURA). (Número de expediente 127/000003).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Comenzamos con el debate de totalidad de la propuesta del Parlamento de las Islas Baleares, de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de
las Islas Baleares, para la supresión del aforamiento de los diputados y las diputadas del Parlamento de las Islas Baleares y de los miembros del Gobierno de las Islas Baleares. Por ello, nos acompañan tres representantes del Parlamento balear que
integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes doy la bienvenida en nombre de la Cámara.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor don Juli Dalmau de Mata, en primer lugar.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS (Dalmau de Mata): Gràcies, president, per les seves paraules de benvinguda. Gracias, presidente, por sus palabras de bienvenida y buenas tardes a todas y a todos.
El 12 de junio de 2018 se registraba en el Parlament de las Illes Balears la iniciativa que hoy nos ha traído hasta aquí. Aquel día, los cincuenta y nueve miembros de nuestra Cámara autonómica firmaban una iniciativa conjunta en la que se
proponía la modificación de nuestro estatut d'autonomia para suprimir el aforamiento del que gozamos las diputadas y los diputados autonómicos y los miembros del Govern de las Illes Balears. Esta iniciativa cuenta con la unanimidad de todos los
grupos parlamentarios con representación en la IX Legislatura; es clara en sus objetivos, solvente técnica y jurídicamente e indispensable en el ámbito político. En este sentido, tanto la Constitución española como nuestro estatut d'autonomia
regulan la figura jurídica del aforamiento, una prerrogativa que hoy es percibida por una amplia mayoría de la sociedad como una disfunción del principio superior de igualdad ante la justicia. Por ello, y de acuerdo con el ámbito competencial de
nuestra comunidad autónoma, ni los diputados ni las diputadas, ni la presidenta o el president de nuestro Govern, ni el resto de sus miembros deben continuar ajenos a la jurisdicción ordinaria.
Actualmente, en nuestra comunidad autónoma somos unas setenta las personas aforadas, es decir, las que disfrutamos de un trato jurídico diferenciado en el caso de ser juzgados, puesto que únicamente podemos ser procesados por el Tribunal
Supremo o por el tribunal superior de nuestra comunidad autónoma. Posiblemente, esta prerrogativa tuvo algún sentido durante los años en los que nuestro sistema democrático daba sus primeros pasos. De hecho, tal y como afirmaba mi compañero de
grupo y actual president del Parlament de las Illes Balears, el señor Vicenç Thomàs, en el debate de toma en consideración de esta iniciativa en nuestra Cámara, los aforamientos de los representantes de la ciudadanía española
son fruto de un país, de unos políticos y de unos jueces en un momento muy determinado, que es el momento de la Transición; un momento de cierta debilidad y de cierta incertidumbre política. Por ello, se pueden interpretar como un cierto
mecanismo defensivo. El problema es que se fue ampliando tanto la figura que, a ojos de hoy, parece una incorrecta comprensión de lo que debe ser la inmunidad de un político.
En esta misma línea se expresa la profesora María Luz Martínez Alarcón, cuando afirma que el aforamiento constituye una excepción al principio de igualdad ante la ley. Este es el motivo primero que nos mueve a impulsar la modificación de
nuestro estatut, para eliminar dichas prerrogativas y romper con la idea de esa lejanía que se intenta establecer entre la política y quienes la ejercemos y la ciudadanía a la que representamos. De hecho, la apuesta por la supresión de los
aforamientos responde al marco de regeneración política y democrática impulsada desde 2015 por nuestro Ejecutivo autonómico, liderado por la presidenta Francina Armengol. En este punto creo que es importante señalar que, junto con las islas
Canarias, Murcia y Cantabria, Balears ha sido pionera en aprobar la modificación de su norma autonómica fundamental para acabar con un privilegio desfasado en el tiempo y de difícil encaje ante el artículo 14 de la Constitución española, relativo a
la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas ante la ley.
Si volvemos sobre las palabras de la profesora Martínez Alarcón, descubrimos que el mundo de los aforamientos en España es extremadamente complejo y diverso, pero ni esa complejidad ni esa diversidad deben ser óbice para que hoy tomen en
consideración esta iniciativa y permitan con su tramitación su aprobación definitiva. En este sentido, creo que resulta importante recordar -y con esto finalizo- que el 19 de febrero de 2019 ya se celebró en esta Cámara este mismo debate, y si hoy
la supresión de los aforamientos en nuestra comunidad autónoma no es una realidad, únicamente se debe a la disolución de las Cortes Generales que se produjo pocas semanas más tarde ante la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril de
2019. Hoy se abre una nueva oportunidad para culminar todo este proceso y, por ello, requerimos su apoyo a esta iniciativa con la voluntad de que en las Cortes Generales se mantenga la misma unanimidad que en nuestra Cámara autonómica. Hemos
esperado el tiempo necesario para poder materializar la supresión de los aforamientos, pero también esperamos que mucho más pronto que tarde sea una realidad.
Muchas gracias a todas y todos. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, tiene la palabra el señor don Juan Manuel Lafuente Mir.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS (Lafuente Mir): Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Por segunda vez me corresponde, como diputado del Grupo Popular y en nombre y representación del Parlamento de las Islas Baleares, defender una modificación del estatuto de autonomía referido a la supresión de los aforamientos de diputados y
miembros del Gobierno de la comunidad autónoma. De esta forma damos cumplimiento, como se ha dicho, a un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas de Baleares. Muchas veces, por desgracia, la ausencia de polémicas parece que no sea noticia y
que reste interés a las decisiones políticas, pero entendemos que eso no es un acierto, sino que precisamente en la política institucional deberíamos enorgullecernos de encontrar de vez en cuando líneas y visiones unánimes como la pretensión de hoy,
que insta a modificar el estatuto de autonomía. Me gustaría que en otras ocasiones, en cuestiones importantes para Baleares, como por ejemplo para el régimen especial de Baleares, lográsemos también esos acuerdos. En adelante corresponderá a las
Cortes Generales alcanzar ese nivel de acuerdo respecto a la iniciativa que proviene del Parlamento de Baleares.
El aforamiento, como se ha dicho, es una alteración de las reglas de competencia objetiva y funcional de los tribunales para determinadas personas, no solamente establecido en los estatutos de autonomía, sino también en la Ley Orgánica del
Poder Judicial o en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todos los estatutos de autonomía en su momento, en el proceso autonómico, decidieron incluir los aforamientos en los propios estatutos. Si no, parecía que la autonomía no era
plena o era una autonomía de segundo nivel. En cambio, en Baleares hemos tenido el debate sobre la cuestión de los aforamientos, hemos tenido un debate amplio, contando con expertos en temas jurídicos y con catedráticos en Derecho Constitucional y
en Derecho Procesal, y después del amplio debate, la conclusión básica ha sido que debemos modernizar nuestro ordenamiento jurídico, debemos modernizar nuestro estatuto de
autonomía y debemos suprimir los aforamientos. Tiene poco sentido y poca lógica mantener los aforamientos, y más si nos comparamos con países de nuestro entorno.
Las principales razones que justifican nuestra posición son porque creemos en la independencia del Poder Judicial; entendemos que debemos trabajar cada vez más para conseguir un Poder Judicial más independiente; creemos en la calidad
democrática; creemos en un Estado moderno; creemos que es necesario profundizar en la mejora de nuestras instituciones; creemos en el Estado de derecho; creemos que España es una democracia avanzada y consolidada, y creemos en el principio de
igualdad. Por tanto, creemos en la participación política de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Los representantes políticos somos simples ciudadanos, no constituimos ni clase ni casta, somos simples ciudadanos que nos dedicamos al servicio
público de forma puntual y, por tanto, no debemos tener absolutamente ninguna diferencia. Y si hay diferencias, estas tienen que ser perfectamente justificadas. Vemos con alegría que otras comunidades autónomas también inician el camino de
suprimir los aforamientos y animamos a las comunidades autónomas y al Estado a coordinar la política en esta materia, a que se vayan suprimiendo los aforamientos en el conjunto de nuestro país, en el conjunto de España.
Creemos que la progresiva reducción de los aforamientos es un camino de modernizar nuestra democracia, de modernizar nuestro ordenamiento jurídico, y además es un camino que se enmarca plenamente en los principios constitucionales: tiene
encaje perfecto en el artículo 14 de la Constitución -principio de igualdad-, en el artículo 23 de la Constitución -participación de los asuntos públicos de los ciudadanos- y en el artículo 24.1 -derecho al juez ordinario de los ciudadanos-. Esta
iniciativa se inspira precisamente en esos principios constitucionales. Así, señoras y señores diputados, me permitirán que no solo apele al ejercicio de la potestad de autorregulación de las instituciones de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares para pedir la supresión de los aforamientos, sino, y sobre todo, que pida que se invoquen también estos valores constitucionales fundamentales para solicitar la tramitación de la modificación del Estatuto de Autonomía de Baleares, que,
reitero, ha contado con el apoyo unánime del Parlamento de Baleares.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, tiene la palabra don Josep Castells Baró.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS (Castells Baró): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, por dedicar hoy un poco de su atención al planteamiento que les traemos desde Illes Balears; un territorio insular fragmentado, mal financiado, con un sistema económico frágil, dependiente casi
exclusivamente del turismo, lo que conlleva a su vez un mercado laboral precarizado, un acceso a la vivienda que es el más difícil de todo el Estado, además de ser, como todos ustedes saben, el territorio más golpeado por la crisis social y
económica provocada por la COVID-19, con una caída del producto interior bruto que duplica la caída de la media estatal. A todo ello añadámosle que algunos territorios, por ejemplo, Menorca, sufren problemas graves de conectividad, problemas
reales, prácticos, del día a día para las familias y también muy especialmente para la competitividad de las empresas industriales que tendrían que ser la alternativa a ese modelo del monocultivo turístico. Les hablo, pues, de unas Illes Balears
que nada tienen que ver con esa Arcadia feliz que muchos imaginan.
A modo de justificación de por qué traemos hoy aquí la eliminación de los aforamientos, permítanme que les dé una simple pincelada del ideario del partido al que pertenezco, Més per Menorca; un partido insularista que aglutina a la
izquierda verde y al soberanismo en Menorca. Més per Menorca lucha por la reconstrucción en verde, por la cohesión social y por los derechos de los menorquines, pero también por la radicalidad democrática, que pasa necesariamente por acabar con la
corrupción. Como ustedes saben, y muy lamentablemente, las Illes Balears han formado parte durante demasiado tiempo del mapa de la corrupción. Pues bien, hoy aquí venimos a pedirles que nos ayuden a que las Illes Balears pasen a formar parte del
mapa de la radicalidad democrática, a acabar de una vez por todas con un privilegio, como es el del aforamiento, que consideramos absolutamente obsoleto en pleno siglo XXI. Los diputados, compañeros, que me han precedido han desgranado algunos de
los argumentos de fondo que motivaron esta reflexión y esta iniciativa. Se ha hablado de los orígenes históricos de la figura, de la contradicción con el principio de igualdad -principio básico y fundamental de nuestra Constitución-, de los
antecedentes en otros estatutos de autonomía y también se han esgrimido los argumentos de oportunidad, la unanimidad
aplastante con la que el Parlamento de las Illes Balears tramitó y aprobó esta propuesta, y el desajuste de la figura con los tiempos que vivimos, como ya he comentado.
Permítanme, pues, hacer hincapié en lo que considero que es el núcleo duro del motivo por el cual queremos eliminar este aforamiento, y es que el aforamiento no es más que una pieza del engranaje de la corrupción en España y también, por
descontado, en las Illes Balears. ¿Sin aforamiento habría corrupción? Probablemente, también habría corrupción, lamentablemente también, pero eso no quita que sea un resorte de lo que podríamos llamar 'Comisionópolis', para emular a la
Tangentópolis italiana y para hacer referencia a que no se ha tratado de una yuxtaposición de múltiples casos de corrupción lo que ha habido en España, sino un régimen de funcionamiento que, desgraciadamente, ha contaminado a amplias capas de la
política en España. Evidentemente, es difícil cuantificar la incidencia que el aforamiento ha tenido en la corrupción, porque el aforamiento opera sobre la percepción psicológica de que hay oportunidades para la impunidad, de que hay circuitos, de
que hay canales para incidir sobre los magistrados que necesariamente van a conocer sobre causas determinadas. A estos efectos perversos también tenemos que añadir que básicamente han protegido a políticos corruptos de partidos mayoritarios.
Evidentemente, no quiero decir que todos los políticos de los partidos mayoritarios hayan sido corruptos, pero sí ha ocurrido con políticos corruptos de partidos mayoritarios por la simple razón de que son estos partidos los que a lo largo de los
años han tenido la capacidad de incidir en los nombramientos del máximo órgano judicial y, por ello, de incidir en la designación de magistrados en los tribunales superiores. Es, por tanto, difícil cuantificar la incidencia del aforamiento en esa
sensación de impunidad en políticos de los grandes partidos, pero lo que es evidente es que la propuesta que hoy traemos aquí es necesariamente virtuosa: que todos seamos juzgados por el juez predeterminado. Así de simple y transparente es lo que
les venimos hoy a plantear, por lo que les pido, en representación del Parlamento de las Illes Balears, que tomen en consideración la modificación que les proponemos de nuestro estatuto de autonomía.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente. Buenas tardes a todos.
Señorías, diputados del Parlamento de Baleares, bienvenidos. Es un placer recibirlos aquí. Hay cuestiones que son capitales, fundamentales e innegociables en nuestra esencia, en nuestra forma de ser y en nuestro ADN como fuerza política y,
además, muchas de ellas fueron las motivaciones personales que nos empujaron a muchos compañeros de este grupo parlamentario y de este partido a dar ese paso hacia la política activa dejando a un lado nuestras actividades profesionales. Sin duda,
una de las razones fundamentales, entre muchas, fueron las reformas legislativas que podemos y necesitamos impulsar para modificar y corregir situaciones totalmente anacrónicas, como es el caso que nos ocupa, el caso de los aforamientos que, al
final, devengaron en privilegios para los políticos y que la sociedad de forma mayoritaria ya ni acepta ni comparte ni entiende; reformas legislativas que permitan avanzar en calidad democrática, en transparencia y en una separación de poderes
formal y real que fortalezca la independencia judicial y mejore la percepción que los ciudadanos tienen sobre nuestro sistema de justicia.
El nuestro, Ciudadanos, es un partido moderno, liberal, progresista, reformista, renovador y regenerador; un partido que apuesta por encontrar soluciones nuevas ante los nuevos retos que plantea el siglo XXI. La incapacidad del viejo
bipartidismo que, con diferentes mayorías, pudo modificar, sin lugar a dudas, la situación de estos privilegios trasnochados y no lo hizo, nos obligó a tomar la iniciativa. De hecho, cuando nosotros llegamos a este Congreso, en todos nuestros
acuerdos de Gobierno siempre hemos introducido la necesidad de que se eliminaran los aforamientos, de que se eliminaran a nivel nacional, no solo en los parlamentos autonómicos, que también. Cada vez que hemos llegado a un acuerdo en un Parlamento
autonómico con un Gobierno, dentro de esas condiciones siempre estaba la eliminación de los aforamientos.
A nosotros nos reconforta que los conservadores y los socialistas se hayan unido a esta propuesta para erradicar estos privilegios de siglos pretéritos, pero hay algo paradójico, señorías, que alguien debería explicar. ¿Por qué apoyan los
conservadores y los socialistas esta medida en Baleares, como lo hicieron en Murcia, como lo hicieron en La Rioja y como lo hicieron en Cantabria, pero en este Congreso y en el Senado no quieren oír nada de esto? ¿Por qué les parece a ustedes bien
que sus compañeros
renuncien a este privilegio, pero no les parece bien renunciar ustedes? ¿Por qué siguen ustedes enfrascados todavía en este rigor histórico absurdo que significa mantener los aforamientos en el Congreso de los Diputados y en el Senado?
¿Por qué no quieren ustedes cambiar nada de esto? Yo les voy a decir una cosa, señores del Partido Popular. En el acuerdo de gobierno de Madrid estaba eliminar los aforamientos para la Asamblea de Madrid, el Gobierno de Madrid y la Presidencia de
la Comunidad de Madrid, y la señora Ayuso nunca quiso llevar esto al pleno de la Asamblea de Madrid, nunca; ni la señora Ayuso ni ninguno de los consejeros de Gobierno que pertenecían al Partido Popular que, como tenía mayoría en ese Consejo de
Gobierno, nunca quiso llevar esto al pleno. ¿Por qué les parece a ustedes bien y van a votar hoy a favor de que Baleares elimine el aforamiento, pero no sus compañeros de Madrid? Tendrán que decirlo y explicarlo. No quisieron ustedes, como no lo
quieren hacer en Andalucía y como no lo quieren hacer en Castilla y León. En todas aquellas comunidades en las que ustedes gobiernan... (Rumores). No, no, le estoy diciendo Castilla y León, le estoy diciendo Andalucía y le estoy diciendo la
Comunidad de Madrid. Ellos también tienen lo suyo, por supuesto que sí, pero ustedes tienen mucha culpa de que no se eliminen estos aforamientos. Y en Madrid la tienen. Así que no vengan ahora ustedes a dar lecciones de buena gestión y de buen
gobierno, de querer de verdad modificar leyes, de querer de verdad reformar cosas y de querer de verdad ser liberales y reformistas, porque no cuela, señorías del Partido Popular, no cuela. (Aplausos).
Señorías, tenemos que seguir avanzando. Nosotros presentamos medidas en esta Cámara para la despolitización de la justicia y para la lucha contra la corrupción. Apostamos por la modificación de la elección de los jueces y magistrados del
Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado. Apostamos por la protección a los funcionarios que nos pongan sobre la pista de posibles casos de corrupción; por la eliminación de los
aforamientos, como ya hemos hablado; por la limitación de los mandatos, y por acabar con los indultos por corrupción política. Estas son las reformas profundas que necesita este país y estas son las reformas profundas donde volvemos a encontrar al
viejo bipartidismo sucediéndose en el poder y muy cómodo en esta caduca alternancia. Mucho más allá de la escenificación de encontrarse en posiciones ideológicas distantes, siempre ustedes llegan a acuerdos cuando estamos hablando de esto, como han
hecho en Radiotelevisión Española y como quieren hacer en el Consejo General del Poder Judicial. Siempre son acuerdos para no reformar y no cambiar las cosas, para que todo siga como siempre. Porque esa es la tradición del conservadurismo,
¿verdad? Seguir como siempre.
Termino, señor presidente, volviendo a poner de manifiesto nuestra satisfacción por este consenso logrado en el Parlamento de Baleares para la eliminación del fuero procesal y para que, a través de las tramitaciones pertinentes, los
diputados de ese Parlament, así como el presidente y los consejeros de Gobierno, cumplan ante la ley exactamente igual que el resto de los ciudadanos. Espero que esta iniciativa, que será apoyada mayoritariamente en esta Cámara, se extienda de
manera irremediable al resto de parlamentos autonómicos, pero, por supuesto, también al Senado y a este Congreso de los Diputados, que es lo que de verdad los ciudadanos están esperando.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Jover Díaz.
La señora JOVER DÍAZ: Buenas tardes, president.
En primer lloc, vull donar la benvinguda als representants del Parlament de les Illes Balears, que ens donen l'oportunitat de tractar avui en aquest Congrés un debat molt necessari no sols a nivell autonòmic sinó també a nivell estatal. I
com mallorquina em sento molt orgullosa. Benvinguts.
Señorías, es un honor para este grupo político y para esta diputada defender esta modificación estatutaria consecuencia de los Acuerdos de gobernabilidad entre Podemos, PSIB y MÉS, de 4 de junio de 2015, a la que se sumaron el resto de
partidos políticos. La figura original del aforamiento nace en Inglaterra en la época feudal ligada a la condición de parlamentario, y tenía como principal objetivo la libertad de expresión y la libertad de reunión frente al rey. La Constitución
francesa de 1791 recoge la inviolabilidad pero no el aforamiento. En España el aforamiento se introduce con la Pepa, la Constitución de 1812, al incluir en el texto que en las causas criminales que contra ella se intentaren no podrán ser juzgados
sino por el tribunal de las Cortes, y en sus artículos 124 y 125 señala la prohibición al rey de
permanecer en el hemiciclo durante las deliberaciones. La principal función de la figura del aforado era proteger a los diputados frente al Poder Ejecutivo, el rey, a quien se veía como el gran enemigo de la libertad democrática. Esta
prerrogativa era la garantía de que la persona protegida sería juzgada por un tribunal superior, que, en principio, debía ser menos vulnerable a presiones políticas que un tribunal de primera instancia.
Señorías, seguramente ninguno de ustedes va a poner en duda que hoy en día este no es el fin del aforamiento. Como prueba, baste recordar cómo presumía el señor Cosidó ante los senadores del Partido Popular cuando dijo: Ha sido una jugada
estupenda; controlaremos la Sala segunda del Tribunal Supremo desde detrás. Se les tendría que caer la cara de vergüenza cuando afean a Unidas Podemos que pongamos sobre la mesa que no hay normalidad democrática. Ser aforado significa ser juzgado
por un tribunal distinto, alterando las reglas de competencia al designarse un tribunal superior por el mero hecho de ostentar un cargo público o profesión. No olvidemos que son aforados, entre otros, también jueces y fiscales. Queda claro el
interés de algunos partidos políticos en el control del Poder Judicial y en su politización, así como su negativa a la renovación del Consejo General del Poder Judicial ante sus innumerables casos de corrupción pendientes judicialmente -una
casualidad, seguro-; pero seguirán criticando que Unidas Podemos diga alto y claro que no existe normalidad democrática. Si comparamos el caso español con otros Estados de nuestro entorno que tienen un solo aforamiento o ninguno, es evidente que
nuestra situación se puede calificar de anómala. Aparte de en el Estado español, no están aforados ni diputados de Cortes Generales ni mucho menos diputados en parlamentos o asambleas legislativas territoriales. Hay que recordar aquí a los
europeístas de conveniencia que en Portugal o Italia solo está aforado el presidente y en Alemania nadie, lo que demuestra a sus señorías que si no se roba no hace falta ni aforamiento ni inviolabilidad. (Aplausos).
Esta modificación del Estatuto de Autonomía balear surge de la exigencia y del cansancio acumulado de las buenas gentes de Baleares, hartas de tanto político implicado en procesos de corrupción, usando este privilegio como un mecanismo para
dilatar y evitar la resolución de procedimientos judiciales. En las islas se les conoce muy bien, son los que recortaron en sanidad y educación mientras construían ascensores en descampados. Es una corrupción que ha recaído sobre las espaldas de
trabajadoras, autónomos y pymes, las espaldas que levantan nuestras islas. Seguramente el señor Casado debe conocer la retahíla de casos; si no, la señora Prohens le puede poner al día: casos Andratx, Bonsái, Bon Sosec, Cursach, las Ratas, Nóos,
Ópera, Palma Arena, solo por nombrar algunos y no cansarles. Esta supresión del aforamiento es una necesidad ante los políticos que han decidido convertirlo en un espacio de inmunidad e impunidad para seguir esquilmando al país y, en vez de
trabajar por el interés general, trabajar para sus intereses o para los de quienes les pagan las compañas. En las comparecencias en la comisión creada en el Parlament balear todos los expertos en derecho penal, procesal y constitucional tuvieron
una opinión unánime: el aforamiento debe suprimirse porque altera y desvirtúa la constitucionalización del principio de que todos somos iguales ante la ley y, por tanto, tenemos los mismos derechos y deberes a la hora de rendir cuentas ante la
justicia. La supresión del aforamiento ayudará a dignificar la política balear, puesta en entredicho por tantos casos de corrupción, y acercará más la institución a la ciudadanía.
Señorías, este también puede ser el momento de poner en marcha la eliminación de los aforamientos constitucionales, al igual que la inviolabilidad del rey, porque son una anomalía democrática, porque se supone que todos somos iguales ante la
ley y porque hay que tener muy poca vergüenza para defender lo contrario. Eliminar el aforamiento significa, para quien nos esté viendo en este momento, que los políticos serán juzgados por los mismos jueces que el resto de la ciudadanía, no por
ningún tribunal especial, sin distinciones, sin privilegios, como el resto de ciudadanos. Por esto, la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas de Baleares es un hecho histórico que acaba con un privilegio político.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Salvá Verd. (Aplausos).
El señor SALVÁ VERD: Con la venia.
Señorías, yo vine aquí con un mensaje de principios muy claro y no quiero empezar mi intervención sin repetirlo: Bildu debe ser ilegalizado. (Aplausos).
Una vez dicho esto, me dirigiré a ustedes en mallorquín, no en catalá: Benvenguts aquí, en aquest parlament, i moltes de gràcies per estar aquí. Hoy discutimos si los diputados electos del Parlamento de las Islas Baleares, así como la
figura del presidente y de los consejeros que integran su Ejecutivo deben continuar siendo aforados o no. Se trata de una reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares propuesta en la anterior legislatura autonómica -momento en el que VOX
no contaba con representación en la Cámara balear- y que fue elevada a esta Cámara para su debate y votación en diciembre de 2019. Como ya hemos manifestado en numerosas ocasiones -y hago lo propio en el día de hoy en representación del Grupo VOX
en el Congreso-, nuestro voto será favorable. La supresión del aforamiento de los cargos electos y ejecutivos es una idea que se impone a los colores políticos; es y debe ser una prioridad. Es esta una cuestión en la que lo urgente y lo necesario
coinciden. Y aprovecho desde esta tribuna para reclamar que la supresión de los aforamientos no duerma el sueño de los justos en un limbo burocrático. Si vamos a ello, vamos a ello de verdad, de forma decidida, sin excusas y con la fuerza que nos
da la obligación de eliminar privilegios que, aun siendo legales, resultan impropios en una sociedad libre y democrática; más que impropios, me atrevería a decir que inaceptables. Insisto, es este un principio que no entiende de ideologías o, al
menos, no de ideologías de los que estamos dentro de la democracia.
La dignidad de una sociedad no se mide por la cantidad de sus principios; es mejor tener pocos principios pero firmes que muchos que fluctúen y se tambaleen; principios que nacen y mueren a golpe de tuit, según el viento sople en las redes
sociales. Suprimir el aforamiento no es política de titular, es política real. Y lo es por una sencilla razón; no hace falta ser jurista ni haber estudiado leyes para entender la anomalía democrática que supone; el ama de casa, el fontanero, la
enfermera, el camarero, el jubilado, incluso un médico como yo, todos sabemos que no está bien. La nuestra ha sido, es y debe seguir siendo una sociedad en libertad e igualdad, y ello es posible en buena medida gracias a nuestra Constitución y a
las leyes. Jamás el colectivo debe imponerse al individuo; jamás el colectivo puede gozar de beneficios sobre la persona. Por desgracia, hace ya demasiado tiempo que los que estamos en el ejercicio de la política somos percibidos por buena parte
de la ciudadanía como un colectivo privilegiado, y lo somos porque nuestro es el privilegio de haber sido elegidos para representar a los ciudadanos, a todos, a los que nos votaron y a los que no; ese debe ser nuestro único privilegio.
Les pondré un ejemplo harto conocido, sin duda repetido en mil ocasiones pero no por ello menos valioso. A buen seguro recuerdan el pasaje de la novela Rebelión en la granja, de Orwell, en la que los líderes de la revolución animal
reescriben los principios igualitarios de su nueva sociedad -es uno de los momentos más ingeniosos de una novela que critica el totalitarismo, especialmente el de Iósif Stalin-: 'Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que
otros'. Los animales, perplejos, ven cómo el líder al que consideraban un igual se convierte en un tirano. Si me permiten, parafraseando a Orwell y para que sus señorías de Unidas Podemos lo entiendan con claridad: Todos somos Vallecas
(aplausos); algunos más Galapagar que otros, y al igual que en Rebelión en la granja, antes de que el gallinero se alborote, que quede claro que no he llamado animal ni tirano a nadie, por muy aforado que haya sido hasta hace poco.
Con esto quiero exponer una petición que va más allá de lo que hoy tratamos y de anunciar nuestro voto favorable a la supresión de aforamientos en Baleares, y es pedir que esta medida se aplique al resto de los territorios de España.
Tenemos herramientas legales para ello, no posterguemos nuestro deber. No pasa nada por reconocer el acierto que nos beneficia a todos, no nos mueve el tacticismo político. Aprovechando que estamos en ello, les animo a que tengan la misma apertura
de miras cuando VOX hace propuestas, algunas saben que son positivas y aún las vetan por aquello del absurdo cordón sanitario. No le hacen daño a VOX, perjudican a los españoles.
Igualdad es la palabra. Este Gobierno que tenemos es un pomposo e inoperante Ministerio de Igualdad que compite con el Ministerio de Ciencia e Innovación y con la vicepresidenta Calvo. Si esto era regenerar la política, les regalo su
paraíso. ¿Quieren igualdad? Comiencen por renunciar a los aforamientos -vivimos en el siglo XXI, por mucho que algunos pretendan que volvamos al Paleolítico- y confíen más en las piedras que en las palabras. Sí, sé que la moqueta tira mucho, pero
la realidad está en los adoquines de la calle. Písenlos, no los lancen a la cabeza de nadie. Al contrario que ustedes, yo no deseo una dosis de realidad a nadie en forma de adoquín, así como no he deseado a nadie que ETA asesine a su hijo.
(Aplausos). Porque eso no es una realidad, es odio, y el odio es la no igualdad. Sin empatía no puede haber igualdad, y la democracia hay que respetarla además de creérsela. Señorías de la izquierda, les voy a dar un mensaje muy claro: cuando no
hay argumento
político contra el adversario, se pasa al insulto, del insulto a la violencia y de la violencia al crimen, y yo lo he padecido.
Gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Jerez Juan. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
El señor JEREZ JUAN: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera sumarme a las palabras de bienvenida dirigidas a los tres parlamentarios del Parlamento de las Islas Baleares que hoy nos acompañan. Desde hace años la figura del aforamiento no ha estado exenta de polémica. Esta
institución representa para un amplio espectro social un innecesario privilegio al que se sujeta la clase política. La ciudadanía, los partidos políticos y el Consejo General del Poder Judicial tienen diferentes concepciones en torno al
aforamiento, pero todos coinciden en señalar la negatividad que crea y son partidarios de su eliminación. La jurisprudencia apunta en otro sentido considerando que la figura del aforado es tan positiva como necesaria, y afirma que el aforamiento no
responde a un interés particular sino que su razón de ser reside en un interés general, a fin de proteger el equilibrio entre los distintos poderes. En la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2016 se señala que el aforamiento actúa
como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional del Gobierno y de los parlamentarios.
El debate está servido y no está exento de visiones y de versiones contrapuestas, más desde la perspectiva del privilegio antes que desde la perspectiva de la salvaguarda de los intereses institucionales. Por lo tanto, creo importante hacer
dos reflexiones. En primer lugar, ¿debemos considerar el aforamiento un privilegio cuando representa para el aforado la pérdida de derechos que tienen reconocidos el resto de los ciudadanos españoles? Bien saben ustedes que quien mantiene la
condición de aforado es juzgado exclusivamente en primera y única instancia y no tiene derecho a recurso frente a una eventual sentencia condenatoria que le fuera desfavorable. ¿Consideran ustedes esto un privilegio? Y la segunda reflexión es la
que apunta al político como beneficiario único de la prebenda, cuando la verdad es bien distinta. ¿Saben cuántos aforados hay en España? Más de 250 000, de los que 232 000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; más de 17
000 jueces, magistrados, fiscales, defensores del pueblo estatal y autonómicos con sus adjuntos, miembros del Consejo de Estado y de otras altas instituciones de nuestra nación; y solo el 0,7 % del total pertenece al ámbito político. (El señor
vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Hechas estas reflexiones, el Partido Popular hubiera querido que este debate se hubiera producido en el marco de un acuerdo mucho más amplio sobre la necesidad de eliminar los aforamientos, que limase todas estas asperezas o aristas; un
acuerdo para todos y no solo para algunos. Un debate de mirada larga que no crease asimetrías entre semejantes por razón de su pertenencia a una comunidad autónoma o a otra; que no crease políticos de primera y políticos de segunda; que todos
estuvieran sujetos al mismo criterio del juez predeterminado por la ley y no que distintas leyes señalen distintos jueces predeterminados. Han pasado por aquí tres reformas distintas: la reforma de la Región de Murcia, la de la Comunidad Autónoma
de Cantabria y hoy la de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Pues bien, posiblemente hoy haya llegado ya el momento de interpelar al Gobierno para que se alcance un acuerdo amplio entre todas las fuerzas políticas que promueva la reforma
de todas las leyes orgánicas que contemplan esta figura. Si no hacemos esto, seguiremos siendo un país donde se continúa ensanchando la brecha y las diferencias entre iguales.
Hasta ahora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo se ha limitado a proponer reformas gaseosas que no se han concretado en nada. Lo hizo ya en el último trimestre del año 2018, para frenar una propuesta de Ciudadanos que se le
estaba adelantando por la izquierda. Inmediatamente anunció una reforma exprés en sesenta días para reducir la masa de aforados que hay en España. Nada se sabe de todo aquello. Poco después, Pedro Sánchez reeditó esa promesa incumplida y la
incorporó al acuerdo de coalición: reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público -dice el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos-. ¿Saben ustedes
algo de ese acuerdo? ¿Saben ustedes algo de ese acuerdo? Silencio, silencio.
Señores diputados autonómicos, ustedes volverán mañana a su tierra -que es la mía- y dirán que, por fin, se ha iniciado la reforma que permitirá a los políticos que les juzguen a partir de ahora otros jueces distintos. Dirán que hemos
conseguido regenerar la vida pública y que las islas son ahora más democráticas que antes. No seré yo quien les niegue estas verdades porque es cierto, y menos siendo yo uno de esos diputados que votó a favor de esta tramitación, pero seamos
conscientes y tengamos los pies en el suelo; la solución a los problemas de las Islas Baleares no pasa solo y únicamente porque cincuenta y nueve personas dejen de estar aforadas. Lo que hoy pide la ciudadanía en mi tierra es cosa bien distinta.
Los ciudadanos de Baleares piden un Gobierno autonómico fuerte que les defienda y no un Gobierno débil que les abandone en el peor momento de todos. Los ciudadanos de Baleares piden que su región deje de estar infrafinanciada y se sitúe en unos
índices de inversión justos y solidarios. Los ciudadanos de mi tierra, de Baleares, piden un Gobierno autonómico que luche por sus vacunas y no se rinda tanto. Los ciudadanos de Baleares piden que se reconozca de una vez al personal funcionario
destinado en las Islas Baleares un complemento salarial que les equipare al de las Islas Canarias. Los ciudadanos de Baleares necesitan que se apruebe un régimen especial de Baleares para que se compensen los sobrecostes que nos genera la
insularidad. Y los ciudadanos de Baleares necesitan más certidumbres ante una temporada turística que se prevé complicada y de la que depende el sustento de muchísimas familias.
Esto es lo que hoy necesita mi tierra y esto es lo que necesitan hoy las Islas Baleares. Que se inicie hoy la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos en Baleares representa un gran gesto,
necesario, sí, e inequívoco de sometimiento a la ley, y en ese camino siempre estaremos, ahí siempre nos encontrarán. Pero que nadie se lleve a error o a engaños; lo que necesitamos en Baleares es que se inicie cuanto antes la recuperación
económica de una región diezmada por una pandemia y por una forma de gobernar muy controvertida.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pons Sampietro.
El señor PONS SAMPIETRO: Gracias, presidente.
Antes de empezar, señor Jerez, señora Prohens, ¿ustedes piden un Gobierno sólido? ¿Ustedes, que fueron diputados de un presidente balear que ahora está en Ciudadanos y se encuentra en Bruselas porque no puede irse más lejos? (Aplausos).
¡Pero qué me está contando usted!, qué me está contando usted de presidencia sólida si tienen al presidente en Bruselas y en Ciudadanos. Por cierto, señor Gutiérrez Vivas, ¿ustedes gobernaban en Madrid con el PP? Pues, ¿de qué se quejan? ¿O es
que han estado de espectadores los últimos cuatro años en la comunidad? Tanto hablar de aforamientos y no han estado ni se les espera. Si quieren que cambien las cosas, pueden empezar a tener una visión diferente a partir del 4 de mayo.
(Aplausos).
Muchas gracias. Benvinguts y gràcies, Josep Castells, Juan Manuel Lafuente y estimat Juli Dalmau. (Continúa su intervención en catalán).
Señorías, la propuesta de reforma que se somete a esta Cámara supone, por un lado, la modificación de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, como se ha dicho, por la que se
estableció el aforamiento de las diputadas y los diputados autonómicos en el artículo 44, y del presidente de la comunidad autónoma y del Ejecutivo a través de los artículos 56.7 y 57.5, y que sigue a las ya sometidas a esta Cámara en esta
legislatura por los parlamentos de la Región de Murcia y de Cantabria. Pero, además, esta toma en consideración de hoy supone, por otra parte, una demostración de que en política se pueden aprobar iniciativas desde la unidad total, a pesar de las
diferencias ideológicas grandes que nos separan. Para el Grupo Socialista esa unidad es hoy especialmente significativa, y lo es porque a algunos se les llena la boca de libertad mañana, tarde y noche, pero olvidan demasiado a menudo practicar y
ejercer la unidad cuando gobiernan o están en la oposición. En este tiempo de resiliencia, recuperación y vacunación, la unidad es imperativo moral y político. Eso simboliza esta proposición de ley que, como ha dicho uno de los diputados que han
intervenido, contó en 2018 con la unanimidad del Parlament de Baleares; simboliza una sola voz para eliminar, como se recoge en la ley, una prerrogativa constitucional que se considera un privilegio que distorsiona el principio de igualdad y que es
una figura potestativa, como ustedes saben, en el ámbito autonómico. Además, señorías, esa voluntad de suprimir los aforamientos también certifica una forma de hacer política y muestra cuál es la
hoja de ruta de presidentes socialistas, de presidentas socialistas como Francina Armengol y del presidente, Pedro Sánchez, en el conjunto del país.
En Baleares, pese a lo que se haya dicho y los hechos alternativos que se repiten en este hemiciclo semana tras semana, se ha hecho política desde el diálogo, el pacto y el acuerdo entre Gobierno y sociedad civil, de forma unida ante la
pandemia, con paz social en la comunidad, pese al impacto de la COVID, cierto, especialmente en el tejido productivo turístico. Esa fórmula que permite afrontar la pandemia también fue el motor de esta reforma. Desde el diálogo con la sociedad
civil se asumió una demanda social que se convirtió en un gran consenso parlamentario que nos ha llevado hasta aquí. Y como conozco la cronología de lo que debatimos, cómo y por qué se produjo, es importante incidir en que esta reforma emana de una
realidad que hemos vivido y padecido en Baleares. La realidad es que las elecciones de 2015 fueron el punto de inflexión. La sociedad de Baleares quería claramente un cambio en lo social, en lo económico, en derechos y libertades; un cambio tras
años de políticas llamadas de austeridad, que en realidad eran recortes por parte del Partido Popular que gobernaba entonces, y usted, señor Jerez, lo sabe bien porque era diputado. De hecho, en aquellos años lo de la libertad se llevaba muy poco
en las islas, ¿verdad, señora Prohens? La libertad era recortar en sanidad y en educación pública, en derechos y libertades; años de ordeno y mando que nos llevaron a un conflicto permanente. Y muy mal se llevaba también que Baleares abriera
portadas y telediarios por casos de corrupción que recordamos muy bien a través de los Urdangarin, Matas y muchos otros.
Ante ese doble hartazgo, los partidos progresistas adoptaron en 2015 unos acuerdos del cambio que recogieron una batería de medidas para acabar con los recortes, volver a la paz social en un marco de mayor transparencia y mejor rendición de
cuentas. Eliminar los aforamientos formaba, por tanto, parte de ese programa progresista de regeneración y de transparencia, de fin de recortes y de recuperación de libertades. Completaba esa batería de propuestas para la mejora de la calidad
democrática la reforma del Reglamento del Parlamento, la creación de una oficina anticorrupción, la supresión de ciertos complementos económicos para cargos políticos o facilitar la tramitación de las iniciativas legislativas populares, entre otras
medidas. Por tanto, el primer Gobierno de una presidenta mujer y socialista como Francina Armengol adoptó medidas para una nueva gobernanza y una mejora de las instituciones democráticas; fueron acuerdos de regeneración democrática que se
acompañaban de ejes como la recuperación de derechos, la inversión en lo público, la mejora de la financiación, la diversificación productiva y la apuesta por la transición climática; un conjunto de propuestas que marca el rumbo de coalición que va
por su sexto año, por cierto, y es el reflejo de una idea de comunidad que tiene en el diálogo, el acuerdo y la paz social su mejor tarjeta de presentación. En este marco esta iniciativa, ya asumida en 2015 y que también está en el acuerdo de
Gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos de 2019, fue apoyada y firmada después por todos y cada uno de los cincuenta y nueve diputados y diputadas del Parlament.
Por tanto, ese apoyo masivo es, en definitiva, la respuesta a un tiempo del que queremos pasar página, pero también refleja un consenso amplio de todos los partidos que en aquel momento tenían representación parlamentaria y plena capacidad
competencial para abordarla, y eso honra a las fuerzas políticas que la firmaron de todas las islas y todas las posiciones políticas, y eso hay que ponerlo en valor. Y desde ese consenso, desde esa unidad que practicamos y buscamos los socialistas,
el Grupo Socialista anuncia que votaremos a favor de esta toma en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias a los representantes del Parlamento de las Islas Baleares.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO VASCO, DE CREACIÓN DE UN FONDO DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 125/000015/0000 DE LA XIII LEGISLATURA). (Número de expediente 125/000009).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento vasco de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Es por ello que nos
acompañan tres representantes del Parlamento vasco
que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes damos la bienvenida en nombre de la Cámara.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora doña Maitane Ipiñazar Miranda.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Ipiñazar Miranda): Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Permítanme que antes de comenzar con la defensa de la iniciativa dé las gracias a quien hoy debía haber ocupado este lugar, mi compañero Jon Aiartza, confinado estos días. Su implicación y
trabajo, junto al de otras personas, ha hecho posible que hoy estemos aquí.
Venimos tres mujeres, tres parlamentarias vascas, pero detrás tenemos el impulso, la fuerza y la determinación de todas las víctimas del amianto, de sus familiares y de las asociaciones que llevan años luchando por el reconocimiento de este
colectivo. Gracias a ellos y a su incansable lucha hoy estamos aquí. Hablamos de un asunto grave de salud que requiere de una respuesta urgente, por eso esperamos que, más allá de la toma en consideración, esta iniciativa pueda tener éxito y eso,
señorías, estará en sus manos, en lo diligentes que sean para aprovechar el camino ya recorrido y avanzar sin pausa, porque esta deuda la tenemos pendiente desde hace mucho tiempo y con muchas víctimas que se han quedado en el camino. No vayamos
otra vez tarde y mal, se lo debemos, es de justicia.
Desde la década de los sesenta del pasado siglo hasta muy transcurrida la de los ochenta, el amianto se produjo y se comercializó de forma masiva. Amparado por la ley, resultó ser un producto mágico, pero su toxicidad al manipularlo era
desconocida. Sus fibras pueden permanecer en suspensión en el aire el tiempo suficiente para que representen un riesgo respiratorio. Se dan diferentes tipos de lesiones, algunas no mortales pero severas y otras muchas mortales. El número de
personas afectadas es realmente elevado y seguirá creciendo según estimaciones hasta los años treinta. Desde que en la Unión Europea se prohíbe oficialmente el uso del amianto en 2005, la única actividad permitida es su retirada, que debe
realizarse por empresas específicamente autorizadas y registradas. Estos trabajos -muy caros, por cierto- han dejado al descubierto que el amianto está en muchos lugares, como viviendas, tuberías, pabellones industriales e incluso en colegios, un
verdadero problema de salud pública.
En resumen, podemos hacernos fundamentalmente dos preguntas: qué se puede hacer en el ámbito del amianto y qué se está haciendo realmente. Se puede hacer prevención de la exposición, vigilancia de la salud y también compensación a los
afectados y afectadas. Pero ¿cuáles son las acciones que se está realizando en estos ámbitos? En la prevención de la exposición a grandes rasgos se están evitando las retiradas ilegales y los vertidos incontrolados. En la vigilancia de la salud
se están conectando los sistemas de información de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos con la información de su historia clínica como ciudadanos, lo que conlleva a un conocimiento más sistemático de los posibles daños. ¿Y en lo
referido a la compensación? En esta cuestión el caso del amianto es particularmente complejo. En primer lugar, el tiempo de latencia entre la exposición y la aparición de la enfermedad es extraordinariamente largo. En segundo lugar, un número
relativamente elevado, alrededor de un 20 %, se produce en personas que no han estado expuestas profesionalmente al amianto, siendo la causa de la exposición la contaminación ambiental. Por ello, en el caso de los afectados por amianto, los
procedimientos de valoración e indemnización de los sistemas de compensación suelen manifestarse inoperantes, por lo que los afectados se ven obligados a recurrir a los tribunales para lograr la reparación a la que consideran tener derecho. Solo
les queda litigar por daños y perjuicios contra la empresa como único camino para el resarcimiento. En algunos casos ya no hay empresa a la que reclamar, en otros, muchos afectados no consiguen sobrevivir al largo proceso judicial. Muchos Estados
de nuestro entorno con los mismos niveles de utilización de amianto y el mismo impacto nocivo para las personas han constituido fondos de compensación específicos con el objeto de resarcir a las víctimas del amianto, y esta es la cuestión que se
estudió en la ponencia del Parlamento vasco y que hoy les presentamos. Es de justicia dar respuesta a esta necesidad y crear un fondo dotado de recursos suficientes para acabar, o al menos paliar, el sufrimiento de todas estas personas. Es una
reivindicación histórica, una deuda que tiene este Estado y que ayudará a víctimas y familiares a no tener que luchar en los juzgados, evitando el coste personal y económico que ello supone.
Hoy, si aprueban la toma en consideración, habremos dado un paso, pero no será el más importante, ese llegará el día en el que esta Cámara apruebe la ley. Pueden tomárselo con urgencia o enredarse, pueden recoger el trabajo ya realizado
hasta ahora o empezar de cero, pero desde nuestro grupo les
pedimos, por favor, que lo sitúen en la agenda de sus prioridades y que aceleren su tramitación porque hoy, señorías, el amianto sigue matando.
Eskerrik asko.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación tiene la palabra la señora Eba Blanco de Angulo.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Blanco de Angulo): Muchas gracias, señor presidente. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes a todos y a todas.
Venimos desde el Parlamento vasco otra vez con la petición de crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto. No es la primera vez que pedimos este fondo de compensación con el mandato claro y unánime de todos los grupos de la
Cámara del Parlamento vasco, y lo hacemos por solidaridad con las víctimas, por justicia para miles de afectadas y por compromiso con nuestras leyes y también con la suyas. Hemos traído esta iniciativa en más ocasiones y seguiremos insistiendo
hasta que el derecho que asiste a todas las personas que directa e indirectamente han sido víctimas de este silencioso asesino se haga realidad.
El 15 de diciembre de 2011, mi compañero y parlamentario Juanjo Agirrezabala presentó una iniciativa en el Parlamento vasco para atender y dar respuesta a las necesidades de las víctimas del amianto. Gracias a ello se constituyó una
ponencia para analizar la creación de un fondo de compensación dirigido a estas víctimas. Algunos de estos escaños hoy están ocupados por parlamentarios y parlamentarias que han sido testigos en la Cámara vasca del recorrido de esta iniciativa y
conocen muy bien la propuesta que planteamos para su toma en consideración. Han sido diez años de trabajo primero en Euskadi y luego también aquí, trabajo interrumpido por varias citas electorales, pero también por la diferencia de criterios
políticos y vetos que no han provocado sino el retraso en la creación de este fondo de compensación; un retraso que las propias víctimas no comprenden porque no se entiende que a la voluntad mayoritaria se le pongan obstáculos burocráticos y
administrativos entre tomas en consideración, escritos, debates, plenos y fórmulas reglamentarias. Lo que sí saben estas víctimas es que su reclamación, y lo que nosotras consideramos sus derechos, no se están viendo atendidos. Ha sido un largo
camino el que hemos recorrido de la mano de las personas afectadas, y en este momento quiero agradecer a todas las asociaciones que nos han acompañado, y especialmente a Asviamie, su trabajo y la labor de acompañamiento a todos los grupos en el
Parlamento vasco durante estos diez años. Si hoy estamos aquí es también gracias a su perseverancia.
Hoy, por segunda vez, les presentamos esta proposición de ley para que de nuevo sea tomada en consideración, como ya lo hicieron el 10 de octubre de 2017. Queremos recordar que hoy en día el amianto sigue estando presente entre todas
nosotras porque, a pesar de que su uso y comercialización está prohibido desde hace años, este material ha sido utilizado de manera masiva durante tres décadas y a día de hoy el amianto sigue todavía dañando la salud. Como entenderán, es
tremendamente complicado determinar cuántas personas han sufrido exposición al amianto ni durante cuánto tiempo lo han hecho pero, a pesar de no poder cuantificar exactamente los y las afectadas, sí contamos con algunos datos a tener en cuenta sin
duda. Desde el año 1999 hasta 2018, en Araba, Bizcaia, Gipuzkoa y Nafarroa murieron 825 personas por causa directa del amianto. Aquí, en el Estado español, el amianto se ha llevado la vida de 6961 personas por delante durante estos diecinueve
años. A estas cifras habría que añadir los casos de asbestosis o de cáncer de pulmón, que tienen una relación directa con la exposición del amianto, por no hablar de las víctimas que también lo han sido de manera leve pero que no por ello dejan de
ser víctimas. Además, esta enfermedad silenciosa, mortal e incurable seguirá causando nuevas víctimas al menos durante los próximos diez años, que es cuando se estima que terminará el periodo de latencia. Son cifras escalofriantes detrás de las
cuales se esconde el sufrimiento de muchos hombres, muchas familias y muchas mujeres. Sí, muchas mujeres, y me alegro además tremendamente de que hoy hayamos venido tres mujeres a defender este punto, porque las víctimas del amianto son mujeres
también. Un tercio de ellas han enfermado en su lugar de trabajo, pero muchas lo han hecho por causas extralaborales, lo han hecho en su entorno laboral, lavando la ropa de trabajo que contenía fibras de amianto. Y si un 20 % de los mesoteliomas
en hombres no son atribuibles a la exposición laboral, en el caso de las mujeres ese porcentaje asciende hasta el 80 %.
Por eso, señorías, es hora de reparar el perjuicio a todas estas víctimas del amianto y les solicitamos encarecidamente que voten a favor de esta proposición de ley, como así se hizo hace tres años, y que
retomen los trabajos de la ponencia que constituyeron la legislatura pasada, que se centren en lo acordado y que aparquen las diferencias -termino ya, señor presidente-, que no empiecen de cero, porque no podemos permitirnos un nuevo retraso
en esta cuestión; retraso que ni comprenderíamos ni sería justo para la sociedad en general, pero sobre todo no sería justo para todas las víctimas del amianto, las que están, las que vendrán y las que por desgracia se quedaron por el camino. Por
eso creemos ya, en esta ocasión sí, el fondo de compensación.
Muchas gracias. Eskerrik asko. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Gloria Sánchez Martín.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Sánchez Martín): Gracias, presidente.
Es para mí un honor como miembro del Grupo Socialista cerrar esta defensa que hacemos varios miembros del Parlamento vasco en representación de todos los grupos parlamentarios que lo componen. Quisiera poner el acento en dos cosas que
queremos que esta Cámara tenga en cuenta para admitirlo a trámite: los trabajadores afectados y los que puedan verse afectados en el futuro y el valor del acuerdo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Mi primera referencia es para esos
trabajadores y sus familias que han venido clamando por una solución que les evite ese calvario judicial injusto. No es justo que no se haya protegido su derecho a la salud en el pasado. No es justo que lo tengan que defender ahora ante los
tribunales, como tampoco creemos que sea justo para las empresas que, tras la existencia de un marco legal que lo permitía en su día, con el paso de los años tengan que hacer frente a muchas indemnizaciones, lo que además dificulta la supervivencia
de muchas empresas, fundamentalmente pequeñas.
No se trata de echarse culpas o responsabilidades pasadas. El desconocimiento sobre los efectos reales del amianto era general en Europa, pero otros países ya habían respondido a los afectados, como Francia, Bélgica u Holanda. Sin embargo,
en España seguimos sin crear el fondo de compensación de víctimas y para sus familias después de veinte años. Nosotros creemos necesaria su creación y queremos que todo el esfuerzo efectuado en el Parlamento vasco no sea estéril. Hace tres
legislaturas, en el Parlamento vasco decidimos comenzar un trabajo riguroso. Elaboramos un informe de conclusión de la ponencia después de dos años de trabajo, y con posterioridad se elaboró este proyecto de ley tomando como referencia el modelo
FIVA francés, porque consideramos que era el modelo más completo de los tres anteriormente indicados. Además, se consideró en el acuerdo de la ponencia que este fondo de compensación debía de ser de ámbito nacional y no de comunidad autónoma,
porque en Euskadi no podíamos crear este fondo por las razones que ahora expondré, pero desde Euskadi sí podíamos promoverlo, como lo estamos haciendo hoy por segunda vez. Hicimos la primera presentación ante este Congreso de los Diputados el 10 de
octubre de 2017. Han transcurrido casi cuatro años desde entonces y de nuevo estamos aquí en el punto de partida, pero existe un trabajo realizado dentro de esta Cámara que estaba a punto de finalizar y de ver la luz, pero es un trabajo que está
ahí y tiene que ser utilizado para que ahora concluya a la mayor brevedad posible. Sabemos que el problema es que no vale con tener la enfermedad, sino que hay que demostrar que se ha trabajado con amianto, y muchas de las empresas no facilitan esa
documentación, no facilitan las pruebas, o han desaparecido en el momento de diagnosticarse la enfermedad. Los afectados se enfrentan a la dificultad de demostrar su exposición y en qué empresa o empresas se produjo esta y, además, dado el periodo
de latencia, la gran mayoría de los casos se diagnostica cuando ya no hay relación laboral o están jubilados, y encima los plazos para las acciones judiciales son muy breves, de un año desde el fallecimiento de la persona o desde el reconocimiento
de la enfermedad. Este fondo facilitará una oferta de indemnización por igual a todas las víctimas que, de aceptarse por los afectados, implicaría, como ocurre en otros países, la renuncia a las acciones judiciales en curso. Todas estas
dificultades justifican la petición de este fondo de compensación de víctimas del amiento a nivel estatal.
Quiero hilar todo lo anterior con la segunda idea que les dije al principio, el valor del acuerdo entre diferentes para garantizar los derechos de todos. El proyecto que les traemos hoy aquí ha sido trabajado y respaldado por todos los
grupos con representación en el Parlamento vasco. Vivimos tiempos turbulentos para el diálogo y el acuerdo, yo les pido que tengan en cuenta el valor de lo que les proponemos. Por nuestra parte queremos que estos trabajadores y sus familias
sientan que, por fin, se atienden sus demandas, que los hemos escuchado en Euskadi, que les hemos buscado soluciones y queremos que se
hagan realidad allí donde es posible hacerlo, aquí, en el Congreso de los Diputados. Por eso, solicito que aprueben la toma en consideración de esta proposición de ley y que en la tramitación se siga contando, como se ha hecho hasta ahora,
con los afectados y con las asociaciones que los representan.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sánchez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
Como ya han recordado las representantes del Parlamento vasco, estamos ante una proposición legislativa que hace tres años inició un recorrido similar al de hoy y que evolucionó con unos trabajos en ponencia que estando muy avanzados no se
pudieron culminar como consecuencia del precipitado final de la XII Legislatura tras la disolución de las Cortes Generales. Quienes participamos en aquellas tareas lo hicimos estimulados por las asociaciones de afectados. De ahí que, nuevamente,
sea de rigor agradecerles su tesón y su sacrificio, no exento de sufrimiento y dolor. Permítanme que personalice en el señor Jon García la tenacidad cívica por sacar adelante esta ley.
Como hoy, en nombre de Foro Asturias intervine el 10 de octubre de 2017 en esta tribuna para respaldar la creación de un fondo de compensación para la indemnización de las víctimas de la asbestosis, la enfermedad del amianto, un mineral al
que históricamente se le habían atribuido propiedades fabulosas, tras las que, desgraciadamente, estaban ocultos unos graves y letales efectos sobre la salud de las personas expuestas a su presencia, muy abundante, por cierto, en la España de todo
el siglo XX y de la que -¡atención!- aún quedan muestras en multitud de edificios, instalaciones, equipamientos, tuberías, conducciones, etcétera. Doy por reproducida mi intervención recogida en el Diario de Sesiones y confío en que aquel trabajo
iniciado a finales de 2018 pueda terminarse en esta legislatura. Para ello, urjo a que los órganos correspondientes del Congreso de los Diputados agilicen los pasos necesarios.
Señora Ipiñazar y demás representantes del Parlamento vasco, me parece muy oportuna, muy pertinente esa petición que hacen ustedes de agilidad porque, efectivamente, supondría una gran frustración social que se truncara nuevamente esta buena
iniciativa con la que se trata de paliar la tragedia personal y familiar de los afectados por este desastre, que también tiene una derivada en forma de litigiosidad para demostrar el contacto con el amianto. En este sentido, valga como muestra la
reciente noticia sobre la sentencia de un juzgado de Madrid que reconoció como secuela de enfermedad profesional el fallecimiento del popularísimo comunicador José María Íñigo, víctima de un mesotelioma maligno epitelioide, una patología que puede
estar latente entre veinte y cuarenta años desde que se inició la exposición al amianto y que, en el caso del emblemático presentador, fue producto de su exposición a la fibra aislante que cubría las antiguas dependencias y estudios de Televisión
Española en Prado del Rey, en las que desarrolló su actividad. El caso de Íñigo refleja también el de muchísimas víctimas y, lamentablemente, es muy previsible que, al menos durante toda esta década, crezca el pico de incidencia, derivado del gran
periodo de latencia, y que seguirá teniendo un gran impacto en España.
En definitiva, votaré a favor de su toma en consideración, pero también advierto que será preciso adoptar en un inmediato futuro medidas de legislación integral para acometer este importante problema de salud pública.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.
Diputadas del Parlamento vasco, buenas tardes. Cuando la derecha quiere acentuar el discurso más ideológico, suele hablar muchísimo de libertad. Lo hace en abstracto y, a la que se rasca un poco, se ve que la libertad que más les preocupa
suele ser la libertad de empresa. Pues bien, la problemática que hoy nos trae aquí la historia del amianto y del fibrocemento es una historia que muestra cómo esa libertad de empresa puede llegar a costar vidas. La expansión del fibrocemento corre
paralela al boom de la construcción y se calcula que en el Estado español llegaron a instalarse unos 1500 kilómetros cuadrados
de cubiertas de fibrocemento, lo que equivaldría, para que se hagan una idea, a la superficie de la isla de Gran Canaria, y unos 370 000 kilómetros de tuberías, lo que equivaldría a la distancia entre la Tierra y la Luna. Esto son cifras
solo del Estado español.
En el centro de esta expansión estaban empresas como Rocalla, que estaba en Castelldefels y que funcionó entre 1929 y 1993, y sobre todo Uralita, que tenía su fábrica más grande entre Cerdanyola y Ripollet, que funcionó entre 1907 y 1997 y
que, de tan popular, terminó por convertirse en un sinónimo del fibrocemento o, como también se llamaba entonces, amianto-cemento. Cerdanyola y Ripollet son la llamada zona cero del amianto. La citada empresa Uralita provocó que las enfermedades
respiratorias relacionadas con el amianto, como la asbestosis, que afecta anualmente de media a 10 personas por millón de habitantes, en estos dos municipios de Cerdanyola y Ripollet la cifra ascienda a 95 víctimas por millón de habitantes. En el
caso del mesotelioma o cáncer de pleura, una enfermedad también relacionada con el amianto, las proporciones todavía son más brutales. La media en el Estado es entre 1 y 3 personas afectadas por millón de habitantes y en Cerdanyola y Ripollet la
cifra se eleva a 47. Las denuncias empezaron en 1977 y en ellas destacó el Colectivo de abogados Ronda, que ha defendido más de 500 casos de víctimas del amianto. El mes pasado el Tribunal Supremo confirmó la mayor de las indemnizaciones que
debían recibir un grupo de estas víctimas, pero los herederos de Uralita pretenden declararse insolventes para rehuir su obligación de abonar las indemnizaciones impuestas. Esta es la última de las irresponsabilidades de una empresa que conocía -y
a eso me refiero en el inicio de mi intervención- los riesgos del amianto para la salud casi cincuenta años antes de empezar a cerrar estas industrias.
En Francia se calificó la asbestosis como enfermedad laboral en 1945 y en el Estado español en 1961. La lucha contra el amianto es un símbolo de las luchas por la salud pública, pero también es una expresión de la lucha de clases, puesto
que la inmensa mayoría de personas afectadas son trabajadores y trabajadoras de estas fábricas de fibrocemento, vecinos de estos barrios populares y, como ya se ha señalado también anteriormente, las mujeres que en los hogares tenían que lavar la
ropa que desprendía las fibras de amianto. Es una de las reclamaciones históricas la compensación de las víctimas, pero debe ir acompañada de una labor muy proactiva de identificación y también de diagnóstico de estas víctimas, porque de poco
servirá crear el fondo de compensación si no se diagnostican bien todas las personas afectadas. Finalmente, otra tercera cuestión: evitar nuevas víctimas. Existen todavía muchas toneladas de amianto instaladas en muchas edificaciones y deben ser
aisladas en menos de...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botran. Ha finalizado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, (continúa su intervención en euskera).
Euskal Herria Bildu votará a favor de esta proposición de ley y, dicho esto, voy a ceder todo el tiempo que me queda para prestar voz a los verdaderos protagonistas de este debate y de esta iniciativa, a la sociedad civil. En este caso, lo
haré con una carta de Asviamie, Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, al Congreso de los Diputados.
La asociación la creamos a principios del año 2000, tras conocer que, como consecuencia de haber inhalado fibras de amianto durante años anteriores -muchas veces lejanos-, trabajadores, trabajadoras y familiares enfermaban y, en muchos
casos, fallecían. Desde su formación, en la asociación hemos tratado siempre de acompañar a las víctimas, tanto en el ámbito judicial como médico. Nuestra labor se ha centrado también en informar a todos los estamentos de la sociedad, en
particular a la clase médica y a la opinión pública en general. Para tener conocimiento del origen de las enfermedades derivadas del amianto fue fundamental la labor divulgativa de algunos médicos, como el doctor Luis López-Areal del Amo, pionero y
precursor, que ya en el año 1978, en el VIII Congreso Nacional de Medicina del Trabajo, advertía sobre las consecuencias para la salud de estar en contacto con el amianto. También la labor del doctor Francisco Rodríguez Panadero, responsable del
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, cuyos trabajos de investigación han supuesto una gran ayuda en la búsqueda de posibles tratamientos de las enfermedades derivadas del amianto. En el terreno social, tenemos que destacar la labor
de Paco Puche, ingeniero y economista experto en la materia; de Francisco Báez, extrabajador de Uralita e investigador incansable; y, en especial, el trabajo durante años de Ángel Cárcoba, representante social en muchos foros, tanto a nivel
nacional como europeo. Con su labor impagable y clave conseguimos la
prohibición definitiva del amianto. Agradecemos su generosa cooperación y lamentamos no poder citar a otras valiosas personas nominativamente, pues sería larga la lista.
En el año 2013 el Parlamento vasco por iniciativa del Grupo Socialista, constituyó una ponencia con el objetivo de crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto. En el periodo que abarca desde aquel 2013 hasta 2016, año en el
que acabó el proceso de participación y discusión en la ponencia, participaron en la misma todos los agentes sociales, asociaciones empresariales, sindicatos de trabajadores, asociaciones de víctimas del amianto -Asviamie-, asociaciones médicas, el
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales -Osalan- y todos los grupos políticos del Parlamento vasco. Fruto de los trabajos de aquella ponencia es este anteproyecto de ley del fondo de compensación para las víctimas del amianto, un
anteproyecto que desde nuestro punto de vista es satisfactorio, está elaborado con rigor y ha tenido en cuenta las experiencias de varios países europeos. Es importante apoyar este anteproyecto, porque supone acabar con los interminables procesos
judiciales que acarrean un coste moral para las víctimas y sus familiares y porque ampara a todas las víctimas, no solo a los trabajadores de grandes empresas que pueden indemnizar, sino también a los que no tienen a quién reclamar por estar
cerradas las empresas en que prestaron sus servicios o por falta de solvencia de ellas, pues no podemos ignorar que las enfermedades provocadas por el amianto se despiertan muchas veces años después de la inhalación. Por eso decimos que este
anteproyecto pretende amparar a todos los afectados y que puede amparar a otros grupos que, aunque parezcan insólitos, no son inexistentes; nos referimos a mujeres, entonces llamadas amas de casa, que se contaminaban en su propia casa al lavar o
sacudir la ropa de trabajo de sus cónyuges llena de partículas de amianto, y también a personas que han enfermado por respirar fibras de amianto en barrios próximos o contiguos a fábricas.
Por otra parte, la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi quiere felicitar al Parlamento vasco y a la sociedad vasca por el consenso alcanzado. Nos parece que el acuerdo unánime alcanzado en esta materia debería trasladarse al
conjunto del Estado. Han transcurrido ya cuatro años desde aquella primera vez que el Parlamento vasco registró el anteproyecto. Parte de los trabajos de discusión y puesta en común fueron en gran medida realizados en la anterior legislatura, pero
por los avatares políticos de este Congreso el anteproyecto quedó estanco. Que no vuelva a ocurrir, clamamos, porque la problemática apremia. Es necesario acometer el desamiantado de empresas y de edificios, que el amianto instalado sea retirado
debidamente y debidamente tratado; si no, dentro de unos pocos años las consecuencias pueden ser más graves y fatales. La problemática apremia también porque las víctimas tienen que tener un amparo, como tienen en otros países europeos. Por ello
es urgente pasar el anteproyecto a Comisión. Concluimos con un recuerdo para todas las personas afectadas y sus familias. Les enviamos un mensaje de reconocimiento y esperanza y reiteramos nuestro propósito de seguir luchando para frenar esta
tragedia de los enfermos y las enfermas por amianto y por un futuro de ciudades y fábricas desamiantadas. Euskal Herria, 12 de abril de 2021.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Arratsalde on. Buenas tardes a todos. (Comienza su discurso en euskera).
Si repasamos las publicaciones del Boletín Oficial del Congreso, podremos comprobar que el 9 de septiembre de 2016, el 24 de marzo de 2017 y, finalmente, el 20 de diciembre de 2019 se publicaron sendas proposiciones de ley de creación de un
fondo de compensación para las víctimas del amianto que, a iniciativa del Parlamento vasco, fueron admitidas a trámite por la Mesa este Congreso. Si buceamos en sus antecedentes, podremos encontrarnos con que este país consumió más de 2,5 millones
de toneladas de asbesto o amianto, en un espacio de tiempo que media entre los años sesenta, setenta y ochenta. Si nos adentramos en sus consecuencias, sabremos que entre 1994 y 2008 al menos 4000 personas -nos ha dicho hoy la parlamentaria que han
sido 6961 personas- han fallecido por mesotelioma pulmonar, pero hay que ser conscientes de que muchos no fueron diagnosticados y otros se han ignorado por no constar contacto laboral.
Hoy estamos aquí, nuevamente convocados a iniciativa del Parlamento vasco, porque a pesar de que dicha patología se había declarado enfermedad laboral en el año 1961 y de que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene detectó miles de
casos de afectados en 1991, se ha seguido utilizando y nunca nadie ha pensado en cómo atender a sus víctimas. Por eso, y como no puede ser de otra manera, debo
agradecer, en primer lugar, a los representantes del Parlamento vasco -espero que se lo traslade además al resto de la Cámara, que son también parte de esa iniciativa- que nos hayan traído aquí esta iniciativa, porque tiene mérito que por
tercera vez sea el legislador autonómico quien recuerde a esta Cámara la necesidad de la creación de este fondo. Ya en el año 2017, y con ocasión de una iniciativa idéntica, decía que la votación de este fondo era un reto de justicia social y
urgente, y añadía -lo digo hoy otra vez- que, visto su recorrido, y como decía Lope de Vega, en La Dorotea, no es bien el que llega tarde, porque tanta puede ser la dilación que la esperanza se vuelve desesperación. Ya es hora, por tanto, de que
empecemos a dar esperanza a las víctimas sobre la posibilidad de algún grado de reparación.
En segundo lugar, quiero dar las gracias también a las asociaciones estatal y vasca de víctimas del amianto, a los sindicatos y a los técnicos de Osalan, el Instituto vasco de seguridad e higiene, y del Instituto Nacional de Salud e Higiene,
que han participado como especialistas en su elaboración. El dictamen nos cuenta que, desde el punto de vista comparado, existen diferentes modelos europeos -belga, francés, holandés-, pero esta proposición en concreto gira en torno a una idea
central: crear un fondo destinado a paliar con alguna medida las consecuencias de un hecho objetivo, compensar al que padece una patología vinculada al amianto. Por tanto, el debate se debe dirigir, en primer lugar, a la precisión de los
hipotéticos destinatarios del fondo, es decir, a las personas que pueden acceder al fondo de compensación como consecuencia de sufrir dolencias vinculadas al asbesto, ya que, entre ellas, se encuentran no solo trabajadores que hayan tenido contacto
permanente u ocasional con el amianto, sino también aquellas que, por razones familiares o medioambientales, hayan podido tener contacto con el mismo. Aquí, es necesario hacer una especial referencia a un colectivo ya demasiado victimizado, que es
el de las mujeres, ya que las esposas, compañeras, madres, hermanas, etcétera, de quienes trabajan o han sufrido esta dolencia, lo han sufrido como consecuencia del contacto directo con su familiar, pero con una característica desfavorable y es que
no cuentan, a su favor, como en el caso de los trabajadores, con el principio pro operario que sí existe respecto de quien mantiene alguna relación laboral.
Por ello, resulta muy oportuna la mención del artículo 13 del proyecto, cuando precisa como titulares del derecho a obtener reparación tanto a quienes han obtenido reconocimiento como enfermedad profesional, la ocasionada por el amianto,
como a quienes la padecen a resultas de una exposición de otro origen. Entendemos que esa precisión tiene enorme valor, porque tiene el mérito de no dejar fuera del campo de acción del fondo a ninguna víctima, sea cual sea su fuente de
contaminación. Tampoco es ajena a este debate la discusión sobre las patologías. Las consecuencias del amianto diría que son hasta relativamente novedosas. Como enfermedad profesional fue apreciada en el año 1961 -se ha dicho ya-; pero, además,
decía la exposición de motivos de la Directiva 1999/77, de 27 de junio, que todavía no se había establecido un nivel mínimo de exposición por debajo del cual el amianto o crisólito no plantee riesgos cancerígenos. Mutatis mutandis resulta
trascendente para el diseño de un sistema de protección eficaz tomar en consideración la vinculación que acreditan sucesivos estudios científicos entre algunas patologías y el amianto y, por ello, la consecuencia de que, al margen del motivo de
exposición, la víctima sea considerada como merecedora de protección. Esta asociación entre destinatarios, patología y ciencia debe permitir diseñar un escenario donde la Administración pueda actuar y donde debe, además, asumir responsabilidades.
Dejaremos para el final la discusión de aspectos como el de la financiación, de la que entendemos que deben tomar parte las mutuas o la Seguridad Social, además de los empresarios, pero también otras cuestiones, como la naturaleza jurídica
del fondo, su estructura o el procedimiento, porque lo importante aquí es su creación y la idea de paliar, en alguna medida, el daño descrito.
Votaremos a favor de todo ello, pero además por la consideración de que con esta proposición ganamos todos, porque la atención a las víctimas del amianto no es solo una cuestión de reparación; es también una forma de entender que dicho
problema debe ser abordado desde el respeto a quienes padecen o han sufrido tales patologías, ya que -esta es una reflexión trascendente- la mayor tragedia para un sistema de protección como este es que no quede otra opción que adoptar medidas
reparadoras como la propuesta.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Señorías, quisiera empezar mi intervención agradeciendo la presencia aquí, esta tarde, de las asociaciones de víctimas del amianto y de nuestros compañeros, compañeras en este caso, del Parlamento autonómico vasco.
Tuvimos la oportunidad de hablar por primera vez hace unas semanas con algunos de los colectivos, también de los sindicatos, y nos trasladaron su preocupación por el retraso en traer esta iniciativa a esta Cámara, al Pleno, así que hoy me
alegro tanto como ellos -tanto como ustedes- de que estemos debatiendo el inicio de esta fase para trabajar la proposición de ley.
Por desgracia, esta es una de esas iniciativas parlamentarias que sufren, sin tener muchas veces por qué, la inestabilidad política y las sucesivas convocatorias electorales. Hace tres años ya -tres años y medio, en concreto- mi compañero
Paco Igea se subía a esta tribuna para debatir en ese momento sobre una proposición de ley en esta materia. Su ánimo de entonces era muy parecido al que traigo yo hoy a esta Cámara. Hemos visto ya hace un rato cómo este Pleno, este hemiciclo, esta
Cámara en definitiva, se convierte en campo de batalla en el que muchos se dedican a gritar, a arengar a la población con soflamas propias de otro tiempo y olvidan que causas como la que hoy debatimos, causas como esta, son las que merecen toda
nuestra atención y todo nuestro trabajo, y suele coincidir además que estas cosas son las que esperan los españoles de sus representantes: que dediquemos el tiempo a solucionar sus problemas y no a dividir y a enfrentar a la sociedad, y este es de
esos temas que en mi grupo parlamentario, que en Ciudadanos, consideramos de política útil. Aunque con mucho retraso, mucho más tarde de lo razonable, intentaremos reparar, ayudar y proteger a las víctimas de la desidia y del fallo del Estado.
Se ha dicho ya aquí. Estamos hablando de la enfermedad del amianto, de la asbestosis, que por desgracia no es algo nuevo. Sabemos, desde el año 1906, de la existencia de la asbestosis relacionada con el amianto. Sabemos, desde 1935, de su
relación con el cáncer de pulmón. Sabemos, desde 1945, de su relación íntima y prácticamente exclusiva con el mesotelioma. ¿Cómo es posible que sabiendo lo que sabíamos estemos hoy en esta situación? Pues hemos llegado hasta aquí porque, a pesar
de saber todo esto, este país ha consumido 2,6 billones de toneladas de amianto entre los años sesenta y ochenta. Estamos aquí a pesar de que en este país la asbestosis se designó enfermedad laboral en el año 1961 y se designó también enfermedad
laboral el cáncer de pulmón relacionado con el asbesto y el mesotelioma en 1978. Estamos aquí porque a pesar de que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el año 1991 identificó 60 400 personas afectadas por esta enfermedad
laboral, seguíamos consumiendo asbesto y seguíamos trabajando con el asbesto. Estamos aquí a pesar de que entre los años 1989 y 1998 se diagnosticaron 1647 mesoteliomas y aún seguíamos consumiendo asbesto. Y estamos aquí porque hemos consumido
grandes cantidades de asbesto, y se preguntarán por qué, con una enfermedad laboral que causa 700 muertes al año, hemos seguido utilizando el asbesto, el amianto. Es que resulta, señorías, que no prohibimos el uso del amianto hasta 2002, y hemos
sido uno de los últimos países europeos en prohibirlo. -Como en muchas otras cosas, los últimos-.
¿Por qué no lo hicimos antes? Hay unas declaraciones judiciales muy explícitas de uno de los neumólogos miembro de la Comisión Nacional del Amianto, el señor Juan Ignacio Camargo, que en el juicio celebrado por unos afectados de la empresa
Uralita dijo textualmente que el Gobierno decidió no prohibir el uso de asbesto, el uso del amianto, hasta el año 1984, cuando se planteó prohibirlo o no por el alto coste empresarial y laboral que supondría. O sea que pagamos el coste empresarial
y laboral con la vida y la salud de los ciudadanos. Pero es que hicimos algo más. En el año 1987 se creó un registro voluntario de empresas con riesgo de amianto, es decir, las empresas podían apuntarse o no, y esa es una de las razones por las
que a día de hoy en muchos de los casos no se puede identificar a los responsables, y por ello tenemos que acudir al Poder Legislativo una vez más a proponer un fondo para compensar los daños y la desidia de años de mal Gobierno que anteponía
réditos electorales a la salud de los españoles.
Señorías, estas son las consecuencias de no tomar medidas a tiempo; estas son las consecuencias de no afrontar una grave enfermedad y tomar medidas serias y decisivas con valentía. Este discurso también podría aplicarse a otros ámbitos de
la esfera pública, laboral y sanitaria, y más ahora, en mitad de una pandemia. Porque hoy de nuevo vemos las consecuencias de las decisiones políticas sobre el cuidado de la salud o su empeoramiento por la negligencia por parte de los poderes
públicos. Hoy de nuevo los ciudadanos nos ponen a hacer nuestro trabajo, que es salvaguardar su salud y velar por su bienestar.
Ciudadanos, mi grupo parlamentario, vino a la política para eso; yo me metí en política para esto: para trabajar y hacer propuestas, no para luchar en enfrentamientos guerracivilistas que son estériles para la sociedad. A las víctimas y a
sus familias: vuestra causa es la nuestra; es la mía.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Mucha gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Que casi veinte años después de la prohibición definitiva del amianto o cerca de cuarenta desde que se prohibió el amianto azul -1984- aún no exista en el Estado español un fondo de compensación a las víctimas, dice, cuando menos, poco de la
sensibilidad de los Gobiernos de turno sobre la salud y la vida de las personas. Que en este momento la propuesta que tenemos sobre la mesa venga del Parlamento vasco y no de un proyecto de ley del Gobierno lo confirma. Porque un Estado que
permitió la fabricación, comercialización y utilización del amianto, que incluso lo utilizó en edificios públicos y que al final lo prohíbe porque es evidente su efecto altamente nocivo para la salud, debe responsabilizarse de las consecuencias. Y
lo mínimo es establecer y regular la compensación a las víctimas.
Por eso el BNG va a apoyar la toma en consideración de la propuesta y se compromete a trabajar en el trámite de enmiendas para mejorarla. Creemos que el gran objetivo es que se haga justicia con las víctimas sin tener que pasar por los
jugados. Directivos de la Asociación Galega de Víctimas do Amianto nos decían que han ganado muchos procesos, pero que la vía judicial es siempre lenta y compleja, además de que para muchas personas llega, desgraciadamente, demasiado tarde. De lo
que se trata es de salir del círculo de la litigiosidad para pasar a facilitar el acceso a las compensaciones -a todas las que correspondan- y garantizar que las víctimas tengan un acceso rápido y ágil desde el diagnóstico. Se trata, en definitiva,
de hacer justicia.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.
Muy buenas tardes. En primer lugar, desde Más País-Verdes Equo queremos agradecer la presentación y el trabajo que desde el Parlamento vasco nos han presentado hoy; pero no solo, también todos los antecedentes y el trabajo que nos han
planteado. El amianto, como la contaminación, es una de estas pandemias que hace menos ruido, que a veces no acapara tantos titulares, pero que, de forma silenciosa, nos ha costado y nos cuesta la salud y muchas vidas. Por eso, apoyaremos la
propuesta que hoy nos traen de la creación de un fondo, porque es importante reconocer a las víctimas que se han generado, se están generando y se generarán todavía, desgraciadamente. Como ya se ha dicho, no podemos pedir a las familias que tengan
que hacer un recorrido judicial complejo en búsqueda de justicia y de soluciones a un grave problema de salud pública.
Hoy damos un paso muy importante, pero también es cierto que necesitamos, además del reconocimiento del fondo, un tratamiento integral y una propuesta que permita desamiantar de forma segura todas las instalaciones y todos los edificios y
hacer un tratamiento integral en los aspectos que hoy reconocemos aquí -que son muy importantes-, pero también en otros aspectos que son esenciales a la hora de percibir el futuro de una forma segura. Por eso, nosotros hemos registrado en la Cámara
la creación de una ley integral de amianto para la erradicación de forma segura en todo el país, para mejorar la investigación de las enfermedades asociadas, para retirarlo y para generar seguridad en todo el tratamiento o procesamiento del amianto.
En ese sentido, las cifras no mienten, ya que hay situaciones muy sensibles. Queremos hacer mención especial a los miles de niños y niñas que todavía hoy estudian en edificios que están afectados por el amianto. A ellos y a ellas les debemos no
solo lo que hoy aprobamos, sino que nos comprometemos a la agilidad que ustedes nos pedían, pero también nos comprometemos a garantizar el tratamiento y el futuro.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sabanés. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a las diputadas del Parlamento vasco por traer hoy aquí esta iniciativa que, sin duda alguna, responde a una realidad en diferido en el tiempo.
Muchas de las víctimas del amianto son aquellas personas que estuvieron en exposición al amianto hace veinte o cincuenta años y les ha aparecido la enfermedad. Esta situación nos tiene que dar mesura de cuál es el problema a la hora de
reconocer esta situación y a darle la condición de enfermedad profesional que en muchos casos correspondería y que se convierte en una auténtica batalla judicial por parte de estas personas trabajadoras y de sus familias. Un estudio de la
Universidad de Granada fijaba en el 93,6 % de los hombres y 96,6 % de las mujeres con muerte por mesotelioma que no eran reconocidos por la Seguridad Social, y el infradiagnóstico que hay en este ámbito también es más que preocupante. En Alemania
se diagnostican 127 casos más que en España en esta materia. Por tanto, es evidente que aquí ha habido un trato injusto a una realidad que ha sucedido durante muchos años y de la que somos conscientes ahora, pero, como se ha apuntado por otros
parlamentarios, se es consciente desde hace mucho tiempo.
Nosotros votaremos a favor de esta proposición para la creación de este fondo porque entendemos que es un fondo que juega a favor de trabajadores y a favor de los familiares de víctimas del amianto, pero, sobre todo, porque acaba siendo un
fondo que trabaja en contra de la judicialización de estos problemas, de la falta de prueba y de la separación de muchas empresas y responsables de toda esta situación y, por tanto, supone un paso al frente muy importante.
En este ámbito, déjenme señalar, en el último minuto que me queda, que se ha mencionado aquí a Uralita, a Castelldefels; en la parte que a mí me tocó cuando hice política municipal, tuve la ocasión de conocer a los jubilados de
Macosa-Alstom en Barcelona ciudad y de Can Girona y toda la fábrica en aquel ámbito. En 2019, recogieron firmas para hacer un censo del amianto en Cataluña para ir desmantelando también esas instalaciones con amianto, con uralita que aquí se han
mencionado. Toca, pues, darle luz verde a esta toma en consideración y toca, pues, darle rapidez a la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, para que no vuelva a suceder otra legislatura, otra convocatoria electoral y otra parálisis en una
demanda que yo creo que es mayoritaria, que es sentida y que es de justicia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bienvenidas, ongi etorri, a las parlamentarias vascas.
Hace poco más de una semana, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que podemos decir que fue histórica: por primera vez, se reconocía el derecho a recibir una indemnización a las víctimas del amianto que lo eran por una exposición
ambiental. La fábrica de Uralita en Cerdanyola del Vallès ha causado estragos en la salud de la población, hasta el punto de convertirla, como ya se ha dicho, en la ciudad con más incidencia de cáncer pleural de todo el Estado. Pero este no es un
hecho aislado, esta situación se repite en comarcas donde hay una alta actividad industrial y siderúrgica; en barrios obreros, sobre todo, en aquellas ciudades que se crearon ad hoc para acoger a la migración interna de los años setenta; los
trabajadores y las trabajadoras son las principales víctimas de este tipo de cáncer. El mesotelioma es una enfermedad asociada, por tanto, al mundo del trabajo porque está prácticamente en su totalidad producida por el amianto. Quienes enfermaron
y quienes enferman a causa del amianto no han sido conscientes de que todos los días cuando iban a trabajar, cuando iban a ganar el sustento personal y familiar, se estaban contaminando con microfibras de cemento que se incrustaban en sus pulmones y
que constituían en muchos casos una sentencia de muerte. Es una verdadera tragedia. En Euskadi, debido a la gran actividad industrial que tenemos, conocemos muy bien los efectos letales del amianto. Por poner un ejemplo, la empresa que más
factura en Guipúzcoa, la CAF, lleva ya ochenta y cinco muertos, ochenta y cinco trabajadores muertos por una exposición continuada y por manipular amianto sin medidas de protección.
Treinta y ocho de ellos en una planta de Beasain en Guipúzcoa, donde, desgraciadamente, cada poco tiempo hacen paros para homenajear a los compañeros que mueren y denunciar esa muerte. Las víctimas del amianto y sus familiares están, por lo
tanto, indefensos porque han de litigar, como se ha dicho, en procesos interminables para el reconocimiento de esta enfermedad laboral; lo hacen individualmente y, en muchas ocasiones, ya ni siquiera existen las fábricas en las que trabajaron.
Me quiero detener en un caso que es especialmente trágico por su crudeza y por la falta de reconocimiento, quizás aún mayor que la falta de reconocimiento que sufren sus compañeros varones; es el de las mujeres víctimas del amianto. El
amianto es una microfibra que el obrero industrial se lleva a casa en el mono de trabajo; y adivinen quién hace cada día, cada semana, la colada; pues las mujeres. Luego cientos de mujeres, diría que miles de mujeres, han enfermado en sus casas
al limpiar el buzo de sus parejas y de sus padres, al respirar indirectamente este agente cancerígeno. Estas mujeres están doblemente invisibilizadas: en su trabajo doméstico, que no se valora, como sabemos, ni social ni económicamente, pero
también en este caso en sus consecuencias: una dura enfermedad que las puede llevar a la muerte. Su trabajo no es trabajo; por lo tanto, no hay enfermedad laboral y, por lo tanto, no cuentan, no existen. Diríamos que esta situación es el colmo
del desamparo y de la falta de memoria. En la CAF -antes mencionaba esta empresa-, el 8 de marzo de 2020 se homenajeó a tres mujeres víctimas del amianto, todas ellas fallecidas ya a día de hoy, después de procesos largos y complicados. Creo que
está bien recordarlas aquí hoy, que defendemos esta ley que tiene como objetivo crear este fondo de compensación para todas las víctimas del amianto. Son Puri Muñoz, de Lazkao, que falleció en diciembre de 2018 víctima de mesotelioma derivado del
amianto por lavar el buzo del marido, que trabajó durante años y años en la CAF; María Dolores Sabino, que fallece justo un día después de este homenaje, el 9 de marzo de 2020, de Beasain, de setenta y un años, y muere por la misma causa,
mesotelioma, por lavar los buzos de su padre, Joaquin Sabino, trabajador de la CAF desde 1957 hasta 1986, quien falleció en 1993 también por un cáncer de pulmón, y Vicenta Burguete, de Beasain, fallecida el 22 de marzo de 2017 con la misma
enfermedad, esposa de un trabajador que desempeñó su labor en la CAF entre 1957 y 1994. En este último caso, hace poco más de un año, en marzo de 2020, un juzgado de Tolosa condenó a la CAF a indemnizar al viudo. Esta es la primera sentencia en
Euskadi a favor de la que llaman ama de casa fallecida por una enfermedad derivada de la exposición al amianto al lavar la ropa de trabajo de su marido. Por todas ellas y por muchas otras es tan necesario hoy reconocer las diferentes caras del
amianto, no solo las de los trabajadores expuestos directamente, no solo las de las víctimas ambientales, sino también las de las mujeres enfermas por desarrollar un trabajo en este caso doméstico.
Esta iniciativa llega del Parlamento vasco -quiero resaltar que esto es importante- con un gran consenso entre las diferentes fuerzas políticas vascas. También lleva el aval -consideran que es una buena iniciativa, aunque seguramente que
será mejorada en la tramitación- de diferentes asociaciones que han trabajado intensamente por que este problema tenga una pronta solución, como la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi. Por eso, lo que plantea esta iniciativa es algo tan
razonable y necesario como un fondo de compensación para las víctimas del amianto y, aunque la dotación económica seguramente siempre será insuficiente porque nada puede compensar el sufrimiento y el fallecimiento de un ser querido, se reconoce esta
enfermedad y, por lo tanto, ayudamos a mitigar el dolor y el sufrimiento. Esperemos que de una manera rápida salga adelante esta proposición de ley.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Garrido. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez. (Aplausos).
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia.
Señorías, en primer lugar, quiero mostrar la sorpresa de mi grupo parlamentario porque el Parlamento vasco, con el apoyo de los grupos nacionalistas y separatistas, presente una proposición para la creación de un organismo público estatal
-hasta ahora no se ha dicho, por cierto-, un organismo público estatal centralizado para la gestión de estas posibles indemnizaciones. Vaya por delante que en VOX estamos de acuerdo en reconocer todo el daño causado por el amianto, y, por tanto,
todo nuestro apoyo y reconocimiento a las víctimas y a los causahabientes de las víctimas de las enfermedades derivadas del amianto. Pero lo que no podemos compartir es, como decía al principio, que estas indemnizaciones se gestionen a través de un
chiringuito, porque al final lo que se crea es un chiringuito. Se crea un organismo público, en concreto un organismo autónomo de carácter administrativo con personalidad jurídica propia e
independiente de la de la Administración General del Estado con capacidad de obrar y que, según el artículo 2 de la proposición, tendrá competencia -dice literalmente- en todo el Reino de España. Por eso decía que nos causaba sorpresa que
los partidos nacionalistas y separatistas hayan firmado esto y que lo estén apoyando. Claro, cabe pensar que igual, cuando hay que poner dinero, porque para todo esto hay que poner mucho dinero, se deja de ser tan nacionalista y se dice: Bueno,
que lo ponga el Estado opresor. Cabría pensar eso. (Aplausos).
Miren, ustedes han quedado muy bien con la asociación de afectados y víctimas del País Vasco. Llevan años reuniéndose y debatiendo, pero, a la hora de la verdad, no ponen un duro. La Hacienda vasca no pone un duro. Han quedado muy bien y
nos largan el muerto al resto de los españoles. En este organismo ustedes prevén -por eso lo apoya el PSOE, porque le encanta- que haya un presidente, un consejo rector con participación de los sindicatos, una secretaría general con rango de
subdirección general, unas comisiones provinciales de seguimiento con participación de los sindicatos, unas unidades periféricas de gestión. Si a ello sumamos el coste de alquiler para el organismo, el mantenimiento, la limpieza, la seguridad, el
agua, la luz, el material ordinario de oficina, las impresoras, los ordenadores, etcétera, más los gastos de personal -a la Secretaría General ya la dan el rango de subdirección general-, todos los servicios que se prevé que vayan a depender de la
Secretaría General, es decir, todo ese gasto, incluido el de personal que digo, y, como participan de los sindicatos, seguro que hay dietas, porque, si no, no existen, y alguna subvención (aplausos), porque ya hemos visto en materia de función
pública que para negociar lo previsto en el EBEP lo primero que piden es una subvención; pues bien, como digo, todo ese gasto supera lo que realmente se puede dar de indemnizaciones al año. Por eso digo que estamos con los afectados, pero no con
esta fórmula.
Actualmente en España de la Administración General del Estado dependen aproximadamente noventa organismos públicos, y digo aproximadamente porque, a pesar de lo que presumen de la transparencia por aquí, por mi siniestra, cuando se los
pregunta por cuántos organismos públicos hay, contestan: Puede usted verlo en el enlace tal. Y te dan un enlace, en el que entras y lees: El Gobierno informa. Pero ¿dónde está la lista de organismos? ¿Cuántos hay? Pues nada, hay que ir
ministerio por ministerio, fiándote de lo que va saliendo en cada uno de ellos, y sumando, y dan aproximadamente entre ochenta y nueve y noventa. Pues bien, la mayoría de ellos no valen para nada porque lo que hacen lo podría hacer la
Administración del Estado directamente y nos ahorraríamos muchísimo dinero. Por tanto, crear un organismo más para gestionar unas indemnizaciones nos parece una barbaridad.
La Seguridad Social en España ya está gestionada por entidades gestoras con autonomía, personalidad jurídica propia y capacidad de obrar. En la Ley General de la Seguridad Social se prevé en el artículo 117 el Fondo de Reserva y en el 97 el
Fondo de Contingencias Profesionales. Pues bien, se podría modificar la Ley General de Seguridad Social y crear un nuevo fondo, un fondo para ayudas a las víctimas y afectados por enfermedades derivadas del amianto, hayan cotizado o no hayan
cotizado, y así metemos a las mujeres, que tanto les preocupa, que lavaban la ropa de los trabajadores que estaban en contacto con el amianto.
¿Cómo se va a financiar ese organismo, ese el chiringuito que decía? Por un lado, mediante presupuestos generales del Estado prevén aportaciones del Estado, y, por otro, una gran barbaridad, que es -y viene en el artículo 11 de la
proposición- mediante las cuotas adicionales que hay que crear para todos los empresarios que tengan trabajadores por cuenta ajena, hayan tenido relación sus centros de trabajo o no con el amianto. Es decir, en plena crisis una cuota adicional a
los empresarios, que, a mi juicio, además es inconstitucional, porque, si no han tenido en sus centros de trabajo relación con el amianto, no se puede gravar a la empresa haciendo que pague una cuota para algo con lo que sus trabajadores no tienen
nada que ver. En cualquier caso, esa es la previsión que hacen, gravar a los que en este momento están creando y manteniendo empleo: una auténtica barbaridad.
Por último, porque ya no me queda apenas tiempo, utilizan el lenguaje no sexista o inclusivo, que les encanta a las señoras de Podemos, y, como siempre en todo esto, meten la pata. Cuando hablan de presidente y presidenta, luego dicen: El
consejo rector lo convocará el presidente. Es decir, si hay presidenta, no se convoca el consejo rector. (Risas y aplausos). Y todo así. Dicen el afectado o la afectada, pero luego: Transcurridos quince días, el afectado... Es decir, a la
afectada no le obliga ese plazo de quince días.
En cualquier caso, la postura de mi grupo va a ser la abstención a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Valle. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, presidenta.
Hoy debatimos la toma en consideración de la misma proposición de ley que ya se debatió en esta Cámara en el año 2017. Esta iniciativa del Parlamento vasco, en la que participó desde su inicio el Grupo Vasco Popular, trata de resolver un
problema de salud muy serio, de una complejidad y singularidad que nos conducen directamente a la necesidad y a la responsabilidad pública de ofrecer una respuesta eficaz a los afectados, a quienes trasladamos todo nuestro apoyo, así como a sus
familiares. El amianto ha causado en España, como en otros países, un grave problema de salud que debe ser atendido en toda su dimensión y debe abordarse desde una perspectiva global, porque trasciende los límites territoriales de una u otra
comunidad autónoma. Actualmente nuestro sistema de Seguridad Social protege mediante las prestaciones previstas para las enfermedades profesionales a los trabajadores que se hayan visto afectados por el amianto, pero, por su complejidad,
singularidad y nuestra responsabilidad pública, debemos ofrecer una respuesta mayor a todos los afectados. No olvidemos que genera un grave perjuicio en la salud que se manifiesta mucho tiempo después del contacto con el amianto y que extiende sus
peores efectos también en otros ámbitos, además del laboral, que ahora no reciben ninguna cobertura y que algunas estimaciones sitúan en el 20 % de los casos. No es menor, a nuestro juicio, la contribución del fondo con la reducción o eliminación
de la compleja litigiosidad que el amianto comporta para las víctimas en el largo proceso judicial hasta el reconocimiento de sus enfermedades. Pensemos además en aquellas víctimas que por distintos motivos no pueden reclamar. Todo lo que ayude a
atenuar el auténtico calvario que comporta la reclamación de las víctimas del amianto ante la justicia debe ser bienvenido, porque estamos a tiempo de dar una respuesta solvente a los afectados.
Señorías, si esta proposición de ley es hermana gemela de la debatida en 2017, son igualmente idénticas, desde nuestro punto de vista, las debilidades y objeciones que queremos plantear a la misma. En primer lugar, hay una sorprendente
minuciosidad en la descripción de la estructura y organización administrativa del fondo como organismo autónomo administrativo, pero no el mismo detalle en cuanto al campo de aplicación, las prestaciones concretas y el tipo de cotización adicional
necesario para su financiación, que lógicamente dependerá de los dos anteriores. Nos sorprende también que esta iniciativa llegue con el voto favorable de nacionalistas e independentistas que pidan la creación de una estrategia central y utilicen
-convendrán conmigo que no es habitual- estas peticiones. Además, permanecen vigentes las dudas más que razonables sobre una estructura de fondo que puede chocar con la propia de los organismos autónomos y estatales, tal y como diseña la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público. Tampoco sabemos si la forma elegida resulta más eficiente frente a otras alternativas de organización que ya se han descartado. De hecho, la ponencia del Parlamento vasco barajó diversas posibilidades sobre el
fondo.
Una segunda y más importante observación crítica que queremos hacer a la proposición de ley es la que hace referencia a los recursos económicos del fondo, ya que plantea que se financien con una compensación sin culpa, esto es, aquella que
se produce sin necesidad de acreditar la responsabilidad de la empresa ni tampoco por parte de la Administración del Estado, es decir, que la reparación del daño por exposición al amianto se financie con cargo, entre otros recursos, a una cotización
adicional establecida para todos los empresarios que tengan contratados trabajadores por cuenta ajena mediante la aportación de las mutuas colaboradoras. Señorías, esta fórmula tiene difícil justificación tanto si los beneficiarios de la protección
del fondo son los trabajadores protegidos por algún sistema público de protección social como si, para las personas no protegidas, la condición de beneficiarios se limita a estas. Además, la exposición al amianto también puede haberse producido en
trabajadores por cuenta propia, ya que fue de uso generalizado. No compartimos que se cree una cotización adicional para financiar este fondo, que gravaría indiscriminadamente a todos los empresarios que tienen trabajadores por cuenta ajena, con
independencia de que en estos centros de trabajo no haya habido nunca amianto o que se incluyan beneficiarios del fondo que hayan padecido un perjuicio por la exposición al amianto sin mediar una prestación de servicios a una empresa. En este
sentido, apreciamos la misma falta de justificación que otros grupos parlamentarios, como el Grupo Socialista, por ejemplo, que expusieron en sus enmiendas presentadas en diciembre de
2018 y que en su caso llegaban incluso a limitar la financiación del fondo exclusivamente a los presupuestos generales del Estado. En consecuencia, en el proceso de enmiendas plantearemos esta necesaria modificación del sistema de
financiación del fondo en lo que se refiere al incremento de las cuotas por contingencias profesionales de los empresarios que contraten trabajadores por cuenta ajena y mediante aportaciones económicas de las mutuas colaboradoras. No podemos
olvidar tampoco que una eventual subida de las cotizaciones sociales tiene un efecto sobre el empleo y el crecimiento económico nada desdeñable, teniendo en cuenta la situación tan caótica en materia económica, laboral y sanitaria que en este
momento sufren todos los españoles. Finalmente, quiero recordar que en 2002 el Gobierno del Partido Popular aprobó el Pivistea para hacer un seguimiento de todos los trabajadores y también de los inactivos o aquellos expuestos al amianto pero no
por su situación laboral, un plan que seguía vigente en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.
Concluyo. El Grupo Parlamentario popular va a dar su conformidad a la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley, entendida como un instrumento aceptable para la reparación de daños y perjuicios padecidos por numerosos
trabajadores y no trabajadores en su exposición al amianto, pero con todas las mejoras y correcciones que requiere este mecanismo a fin de atender a un problema que es de justicia social ayudar a resolver eficazmente. Diríamos, escuetamente, que sí
a los destinatarios del fondo, pero modifiquemos la forma de financiarlo y el instrumento que lo haría. Confiemos en que haya oportunidad de mejorar el texto a partir de ahora con el mismo espíritu constructivo y de consenso básico que un asunto
como este merece. Todas las víctimas del amianto esperan esta disposición política y nuestro grupo parlamentario no los va a defraudar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montesinos. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guijarro Ceballos.
La señora GUIJARRO CEBALLOS: Gracias, presidenta. Arratsalde on denoi.
En primer lugar, quisiera agradecer el trabajo de las asociaciones de personas afectadas por el amianto de Euskadi y de otros muchos lugares que han venido impulsando desde hace mucho tiempo esta proposición de ley; mujeres y hombres que
por el dolor de tantos años merecen nuestro respeto, señorías de VOX. (Aplausos). Sin su tesón, sin su compromiso, hoy no estaríamos aquí una vez más hablando de algo tan necesario como la creación de un fondo de compensación para víctimas del
amianto; no de un chiringuito, de un fondo de compensación de víctimas.
También me gustaría agradecer como vasca -Euskadi es uno de los territorios, como se ha dicho aquí, donde más casos están aflorando- el trabajo de consenso del Parlamento vasco iniciado en la legislatura del lendakari Patxi López. En
tiempos donde el bien común, lo colaborativo o simplemente la política sin crispación no son tan frecuentes se agradece el trabajo riguroso y conjunto de diferentes fuerzas políticas, que hacen lo que hay que hacer en política: la gestión de la
cosa pública, trabajar por la ciudadanía, y más si es vulnerable, como es el caso. Por tanto, mila esker, diputadas.
El mes pasado los informativos nos traían a prime time la sentencia del juicio por la muerte del periodista José María Íñigo, que reconocía que efectivamente su muerte había estado causada por su exposición al amianto en el Estudio 1 de
Televisión Española, y la proyección pública de esta víctima nos hacía recordar a miles de víctimas anónimas, porque lo sabemos, se ha dicho, desde los años sesenta y hasta que se prohibió en 2001 en España, se produjo y se comercializó este
mineral, con más de tres mil usos comerciales, que, como saben, causa cáncer de pulmón. La Organización Mundial de la Salud estima que al amianto todavía están expuestas 125 millones de personas. En Europa la cifra de fallecimientos al año es de
88 000 personas y, según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, en España podría haber un total de 130 000 muertes a causa de la exposición al amianto para el año 2050: un 40 % está aún por llegar, y este es uno de los grandes focos
donde debemos poner la atención y por los que este fondo tiene más sentido aún, porque la estimación de personas enfermas o en estado de latencia seguirá creciendo en los próximos treinta años. Lo decía uno de los afectados: Hay amigos que
enfermaron con seis meses en el trabajo, y otros no; es una lotería, no sabemos a quién le va a tocar.
Por tanto, señorías, estas son cifras, pero nuestra obligación es volver a poner nuestro trabajo al servicio de las personas, de las familias que están detrás de esas cifras. Sí, una vez más nuestro voto será, por tanto, favorable; una vez
más porque es verdad que los tiempos parlamentarios a veces no
acompañan a las urgencias sociales y esta toma en consideración y esta proposición de ley ya pasaron por este Parlamento, ya se trabajó en ponencia y, si no hubiera estado parado en su momento por la Mesa del Congreso -casi un año de parón
por parte del Partido Popular-, habría finalizado su trámite antes de la convocatoria adelantada de elecciones.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene claro que es fundamental un trabajo riguroso, un trabajo conjunto en la discusión posterior del proyecto de ley. Efectivamente, les proponemos repasar algunas cuestiones concretas del articulado:
aspectos básicos de la financiación, naturaleza jurídica del organismo y su gestión o cuál sería el ámbito de aplicación. Pero todo eso vendrá, y ahora nos corresponde sacar adelante esta toma en consideración y no perder de vista lo fundamental.
Se lo debemos a todas esas trabajadoras y trabajadores, sí, que se dejaron la vida o que viven con la espada de Damocles sobre ellos y no tienen por qué soportar ese calvario judicial del que ya se ha hablado aquí. Muchas de esas personas no pueden
solicitar compensación a las empresas que utilizaron el amianto que los generó la enfermedad porque gran cantidad de casos se han dado con posterioridad y han desaparecido muchas de esas empresas. Y allá donde la vía judicial está restringida o
también, por qué no decirlo, porque muchas familias no pueden afrontarlo económicamente, y no hablemos de la carga emocional, sí son necesarias propuestas públicas que permitan crear fondos de compensación sin culpa. Y nuestro grupo también quiere
llamar la atención sobre la cuestión de género: una vez más las mujeres con un trabajo no remunerado, las más olvidadas, las invisibles. Como ya se ha dicho, un tercio de las víctimas producidas por el amianto son mujeres, pero el 80 % no lo
fueron por exposición laboral directa. En marzo del año pasado, por cierto, se dictaba la primera sentencia favorable en Euskadi a una mujer víctima del amianto fallecida en 2017. Ya ha habido sentencias también en Galicia y en Asturias, todas
ellas en relación con mujeres que se ocupaban de limpiar, sacudir, planchar la ropa de trabajo y el calzado de sus parejas que fallecieron por inhalar el polvo impregnado de Astilleros o tantas empresas. Son mujeres que fallecieron sin ningún
reconocimiento, así que también por y para ellas este fondo.
Nos queda un largo camino por recorrer. Hemos dado ya grandes pasos en prevención y en vigilancia de la salud. Debemos seguir emplazando a las empresas para que extremen sus tareas preventivas, y en el caso del amianto para que se
responsabilicen de su retirada. También es necesario que el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas hagan su trabajo con profesionalidad y transparencia, y, aunque este fondo no va a devolver a sus familias a quienes fallecieron, sí
creemos que hará justicia con quienes no fueron protegidas ni protegidos y con quienes aún no saben que estarán enfermos o enfermas por el amianto. Nuestro grupo parlamentario siempre va a estar al lado de las trabajadoras y de los trabajadores por
solidaridad, porque la reparación es una obligación moral de una sociedad como la nuestra, por dignidad y por justicia.
Mila esker, muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Guijarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias a las representantes del Parlamento vasco por habernos acompañado durante la defensa de la proposición de ley. (Aplausos).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL ENTORNO DEL MAR MENOR. (Número de expediente 162/000002).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX relativa a medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental en el
entorno del Mar Menor.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Gestoso de Miguel. (Aplausos).
El señor GESTOSO DE MIGUEL: Buenas tardes.
En todo el Mediterráneo solo hay dos fenómenos geográficos que, a diferencia de lagos o albuferas, reciben prácticamente la totalidad de su agua del mar. Uno es la Mar Chica, junto a Melilla, y el otro es el Mar Menor, en Murcia. Esta
singularidad hace que el Mar Menor se vea sometido a dos impactos: por un lado, al impacto humano, que es el menor de ellos, como explicaré después, que se debe a dos causas principales, el turismo y la agricultura, que no son, ni de lejos, como
nos han contado los progres en su
permanente flagelo de la especie humana, la mayor amenaza del Mar Menor, y, por otro lado, está sometido al impacto de la naturaleza, y este factor sí que tiene peligro y es el que puede hacer que desaparezca por completo, y se debe al
problema del aterramiento constante de las golas que lo comunican con el Mediterráneo y las ramblas consecuencias de riadas y lluvias torrenciales. Voy a tratar de explicar el problema aquí esbozado y sus soluciones.
El Mar Menor tiene una superficie de 13 500 hectáreas, 630 hectómetros cúbicos de agua salada y una profundidad media de 4,4 metros, aunque la máxima es de algo más de 6 metros. Esos 630 hectómetros cúbicos tienen el siguiente flujo: por
un lado están las pérdidas del agua que se evaporan anualmente, unos 220 hectómetros cúbicos, que, por tanto, sería la cantidad que debería entrar para mantener el volumen estable y no se desbordase o se secase el Mar Menor, y luego están las
aportaciones de agua, porque del Mediterráneo entran unos 190 hectómetros cúbicos a través de las golas, que, gracias a la incompetencia de la ministra -hoy no está aquí- y de la dejación del consenso progre, se están cerrando, lo que da una idea
del desastre que se nos viene por el sectarismo de las agendas ideológicas de la izquierda y la cobardía del Gobierno popular de Murcia, con sus tránsfugas y traidores. Por otro lado, las riadas y lluvias, salvo excepciones, aportan otros 20
hectómetros cúbicos, que llevan un 10 % de sólidos en suspensión que provocan una sedimentación lenta que hace que la costa vaya robando terreno al mar, especialmente en las zonas de Los Alcázares y El Algar, y se observen fenómenos como el de la
Torre del Rame, que antaño fue una atalaya de vigilancia de ataques piratas y está ya a más de dos kilómetros costa adentro. Otros dos hectómetros cúbicos son aportados por aguas negras del desborde, principalmente de las depuradoras municipales, y
ocho hectómetros cúbicos vienen de las infiltraciones de riegos agrícolas.
¿Qué problemas presentan las aportaciones y cómo afrontarlos? La aportación de los 190 hectómetros cúbicos del Mediterráneo no presenta problema alguno; antes bien, es imprescindible para la supervivencia del Mar Menor. Los 20 hectómetros
cúbicos de las riadas y sus sólidos en suspensión sí suponen un problema de cerramiento a largo plazo, que se puede solucionar como se hizo en Cartagena con Rambla del Hondón, que anegaba el puerto pesquero y se desvió al Mediterráneo. Los 2
hectómetros cúbicos de aguas negras de los saneamientos municipales sí suponen un problema de contaminación, que se puede solucionar obligando a los ayuntamientos a instalar un saneamiento separativo que separe agua de lluvia del agua negra y evite
los desbordamientos. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia). Y, por fin, llegamos a los 8 hectómetros cúbicos de los riegos agrícolas, que son irrelevantes y la excusa que buscan este Gobierno y la izquierda para seguir
persiguiendo y criminalizando, con la inconsistente connivencia del Gobierno 'transfuguenstein' de Murcia, a la España que madruga y a los agricultores de Levante, y así acabar con la agricultura, porque no les vota, y crear una economía subsidiada
de voto cautivo. (Aplausos). Por cierto, el delegado ecologista de los progres en Murcia mintió diciendo que los agricultores eran culpables de la supuesta degradación del Mar Menor porque vertían 90 hectómetros cúbicos de nitrato al Mar Menor.
El bofetón de realidad se lo dio Tragsa con un estudio demoledor que reducía las expectativas de subvención ecologista a solo 8 hectómetros cúbicos.
Conclusión: en VOX proponemos las siguientes soluciones, baratas, rápidas, eficaces y definitivas, mandando al paro a chiringuitos, a grupos ecologistas, a cargos y demás grupúsculos creados para perpetuar el problema y el riego de sus
bolsillos, que ese sí que no lleva nitratos, parece ser. Esas soluciones las pondremos en marcha en cuanto VOX llegue al Gobierno de Murcia y serán irrenunciables para que VOX apoye a cualquier Gobierno en esa región. (Aplausos). En primer lugar,
la apertura de golas y su mantenimiento a los niveles de los años cincuenta y sesenta, que es considerada la edad dorada del Mar Menor. Le recuerdo a la señora ministra -que no está- que está obligada por ley -insisto-, y por los planes que tan
rimbombantemente aprueba para no cumplir, a mantener esas golas abiertas y que en la actualidad están prácticamente taponadas por los temporales.
En segundo lugar, se ha de instalar un saneamiento separativo de pluviales obligatorio en todos los ayuntamientos de la zona. Esto podría evitar episodios puntuales, como la muerte de peces en una playa de San Pedro, que fue vergonzosamente
utilizada por toda la izquierda para atentar contra el turismo y la agricultura de la zona diciendo que el Mar Menor se moría y se había quedado sin peces. Pues bien, las cifras oficiales de pesca de este año desmienten su apocalipsis, pues parece
ser que las capturas en el Mar Menor casi se han duplicado en comparación con las del año pasado. Se puede financiar todo esto con una contribución vecinal, sin aporte oficial, que se recupera por la revalorización de las propiedades.
En tercer lugar, proponemos la construcción de una zanja en todo el perímetro marmenorense, como la que describimos en la PNL y cuyo anteproyecto ya hemos presentado, que haga de filtro de nitratos y salmueras que puedan venir de las
escorrentías de riegos agrícolas. Esa zanja llevará las aguas filtradas a la desalobradora de El Mojón para su tratamiento. Con esto se va a evitar el sectario esperpento perpetrado por el ministerio de declarar el acuífero del cuaternario junto
al Mar Menor falsamente contaminado, perjudicando la imagen exterior de nuestros agricultores. Y para muestra, un botón: este disparate lo ha perpetrado el ministerio analizando una decena de pozos a su arbitrio, cuando hay 1200 autorizados por
ese ministerio y que están dispuestos a aportar análisis mensuales que demuestren la falsedad de este despropósito.
En cuarto lugar, elaborar un plan salmuera cero, permitiendo a los agricultores -voy terminando- la instalación de desalobradoras que, mediante una doble desalobrización, eliminen toda la salmuera. Es una acción muy barata, pues los
agricultores la harán a cambio de que les dejen trabajar.
Para terminar, queremos reivindicar desde VOX a esa España que madruga y que representa al turismo, a la agricultura y a las empresas del Mar Menor, la que ha abastecido nuestras despensas durante el azote del virus chino, a los que les
decimos que no estáis solos y que no vamos a permitir que se acabe con vosotros y con vuestra forma de vida.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo, interviene, por el Grupo Parlamentario Plural, la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.
Desde Mas País-Verdes Equo vamos a votar en contra de su propuesta porque lo que ustedes plantean es una seria y peligrosa involución para la protección del Mar Menor. No se pueden vulnerar leyes y normativas internacionales que protegen el
Mar Menor, un ecosistema único en el mundo. No se puede destruir el patrimonio natural de la ciudadanía española para favorecer los intereses de una parte de la industria que ha comprado, adquirido o alquilado una parte muy importante del Campo de
Cartagenera y que pretende seguir con sus procesos productivos intensivos sin adaptarlos a las normativas y sin control.
Ustedes a las recomendaciones científicas, a las directivas europeas sobre agua o sobre fertilizantes en territorios vulnerables, al consenso y la lucha contra el cambio climático, a la urgente protección de la biodiversidad, a todo esto y
sin despeinarse lo llaman el consenso progre. Eso es lo que ustedes hacen, y toda su preocupación por Murcia y por España se reduce a un eslogan que les vale para un roto y para un descosido: el consenso progre y los chiringuitos, los chiringuitos
y el consenso progre. De chiringuitos mucho tendrían que hablar ustedes y mucho tendrían que explicar, especialmente su jefe de filas.
Lo que ustedes hacen es asumir tesis negacionistas y de los grupos de interés de la agroindustria, eso es lo que ustedes están haciendo sin contarlo; no de todos los agricultores, no de todos los pescadores, no de la gente que vive de la
tierra y necesita la tierra de Murcia en condiciones. Señalan como principal problema del Mar Menor el acuífero y proponen como solución obras hidráulicas, alejándose de la responsabilidad directa y obviando los flujos superficiales, que ustedes
saben muy bien que tienen un efecto importantísimo y obviando también la especulación urbanística que históricamente ha dañado la Región de Murcia.
Pero lo que hoy traen aquí, además, se alinea con las peores prácticas, pretendiendo abrir los canales que comunican el Mar Menor y el Mediterráneo, lo que de facto, saben, destruiría el ecosistema, además de no representar ninguna solución.
Lo que es necesario es terminar con el regadío ilegal que ustedes conocen. Se han descubierto, por actuaciones judiciales y de la Guardia Civil, sesenta plantas ilegales y cuarenta y dos pozos clandestinos solo en la última operación efectuada. La
construcción de la zanja que ustedes plantean no va a evitar la llegada de contaminantes al Mar Menor y lo saben. Ustedes lo que pretenden es trasladar el problema al Mediterráneo.
Nosotros hemos introducido algunas enmiendas en una dirección absolutamente contraria a lo que ustedes plantean. En primer lugar, sí, la aplicación urgente de las inversiones previstas por el Gobierno de España para la recuperación del Mar
Menor. En segundo lugar, condicionar todo lo que suponen las ayudas previstas para la nueva PAC tiene que llevar aparejado un compromiso para una agricultura
sostenible, que piense en los pequeños agricultores, que piense en el territorio y que no piense -como hacen ustedes y defienden de forma sistemática, con una demagogia intolerable- a las grandes industrias agroalimentarias y la
especulación. Esto es lo que ustedes defienden; lo demás son historias. Cumplimiento estricto sobre la normativa de zonas vulnerables; regeneración forestal conforme a los modelos ensayados en proyectos europeos y reducción en origen de la
contaminación agraria. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Ustedes pueden seguir negando la realidad, ustedes pueden seguir diciendo que los flujos superficiales no afectan, ustedes pueden seguir defendiendo a los sectores privilegiados, pero ustedes están acabando con la sostenibilidad, con un
sistema protegido, con aquellos que sí madrugan cada día para ir a trabajar, no los que ustedes dicen que madrugan cada día, y ustedes plantean una seria, terrible y peligrosa involución. Desde luego, nosotros vamos a apoyar a todas las
asociaciones que además están reclamando una iniciativa legislativa popular para dotar de una mayor protección al Mar Menor, que es lo que realmente se necesita.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ha terminado su tiempo.
La señora SABANÉS NADAL: Especulación, no; protección, sí.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, he de decir que cuando leí el título de esta proposición no de ley y lo comenté con mis compañeros no dábamos crédito, sobre todo porque el firmante de la proposición no de ley era VOX, el partido que ha votado en contra de la Ley
de cambio climático. Claro, leer VOX y sostenibilidad en la misma frase nos sigue llamando la atención. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista).
Cuando leemos la iniciativa vemos que a ustedes lo que menos les importa es el Mar Menor, y me explico. Año y medio después del episodio de anoxia en el Mar Menor cuesta olvidar las imágenes de toneladas de peces y crustáceos muertos que se
acumulaban en las orillas de las playas, una tragedia ecológica que puso negro sobre blanco la necesidad urgente de poner freno a una crisis medioambiental que desgraciadamente llevaba años siendo anunciada. Fue una llamada de atención a una clase
política que no estaba haciendo su trabajo, que no actuaba con la urgencia que la sociedad murciana necesitaba y exigía.
Desde Ciudadanos en Murcia nos pusimos inmediatamente manos a la obra, y lo hicimos siendo conscientes de que el Mar Menor debe ser una cuestión de Estado y un asunto de consenso. Por eso, impulsamos la Ley de Recuperación y Protección del
Mar Menor, que fue finalmente aprobada con el apoyo de Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista, treinta y nueve de los cuarenta y cinco diputados de la Asamblea de Murcia. Desde Ciudadanos demostramos una vez más, y no es la única, que
podemos alcanzar grandes acuerdos desde el centro para impulsar el diálogo y los acuerdos que la sociedad exige, pero la situación del Mar Menor está todavía lejos de solucionarse en su totalidad, por lo que cualquier iniciativa que pretenda dar
impulso a esta protección debe ser tomada en consideración y debe ser bienvenida.
Pero, como les decía, a pesar del nombre, parece que a VOX lo que menos le importa es la sostenibilidad ambiental del Mar Menor. Nos parece grave el empeño de VOX de anteponer sus filias y fobias políticas a la evidencia presentando una
proposición no de ley plagada, en el mejor caso, de ocurrencias, y en el peor, de medidas abiertamente irresponsables. Les falta mucho rigor, lo hemos visto durante el debate de la Ley de cambio climático y hoy, una vez más, vemos la falta de rigor
de este grupo parlamentario respecto a la sostenibilidad.
VOX plantea la necesidad, porque así lo han decidido ellos, de abrir las golas para asegurar un mayor intercambio de agua entre el mar Mediterráneo y el Mar Menor. Lo que hace único a este ecosistema es su salinidad y la mayor entrada de
agua del Mediterráneo, lejos de aumentarla, podría suponer lo contrario. No hay evidencia alguna que respalde esta propuesta, señores de VOX, por ello nuestra enmienda propone que se abran las golas pero solo si así lo consideran oportuno los
expertos que deben hablar y dar las instrucciones necesarias para mejorar estos problemas. También proponen construir una zanja de
drenaje, propuesta aún más aventurada que la anterior, porque no solo no aportan informe técnico alguno que lo respalde, sino que se aventuran a indicar las medidas exactas: 6 metros de profundidad, 2 metros de ancho, ni más ni menos; así,
a bote pronto. Esto no es serio, es una idea improvisada y populista, muy poco profesional y no constituye en absoluto una verdadera alternativa y una solución a un problema tan complejo.
No nos fiamos, porque sabemos que lo que ustedes quieren realmente es derogar la Ley del Mar Menor, y a nadie se le escapa que el tono de la proposición va en su línea negacionista de los problemas medioambientales. La Ley de Recuperación y
Protección del Mar Menor supone un hito fundamental en la labor de conservación de esta joya medioambiental que tenemos la fortuna de disfrutar en Murcia, una ley que nace del consenso que la sociedad murciana necesita. Si realmente tienen interés
en proteger el Mar Menor, demuéstrenlo, rectifiquen, acepten las enmiendas que hemos presentado, porque realmente lo que tienen que hacer es mostrar su apoyo públicamente a la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. Eso es lo que necesitan
los ciudadanos de Murcia.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Borrego Cortés.
La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidente.
Señorías, subo a la tribuna para presentar la enmienda de mi grupo a la iniciativa en la que se insta al Gobierno a tomar medidas para proteger el Mar Menor. Partimos de una premisa que creía compartir con la mayoría de esta Cámara y que,
desde luego, comparto con el cien por cien de todos los ciudadanos de Murcia: el Mar Menor es un ecosistema único, uno de los espacios naturales más valiosos de Europa, con un valor ecológico indiscutible. Además, los ciudadanos estamos
identificados con este espacio porque forma parte de la historia, forma parte de la vida de cada uno de los murcianos. Pero acabamos de escuchar una justificación sobre una PNL sin rigor, populista y alejada de lo que la comunidad científica viene
identificando. El Mar Menor no se resuelve en la sede de VOX, sino siguiendo los criterios científicos que nos marcan. Debemos hacer compatible la protección y regeneración con una agricultura y un desarrollo de la actividad en la zona sostenible
y próspera.
Nuestra enmienda tiene un primer objetivo: vertido cero. Se debe cumplir el plan pactado entre todas las administraciones y la sociedad civil. El ministerio no lo está desarrollando, lo tiene metido en un cajón; no ha querido incluir en
los presupuestos ni un solo euro para el Mar Menor en el año 2021. Es más, todas las enmiendas de mi grupo para que esto fuera así se han vetado o se han votado negativamente. En el presupuesto de 2021 no hay ni un solo euro para el Mar Menor, a
pesar de que la competencia está en manos del Gobierno de España, está en manos del Estado, está en manos de Costas, está en manos de la Confederación Hidrográfica del Segura. El PSOE de Murcia critica al Gobierno de la nación porque no hace nada,
pero las competencias son del Estado, son del Gobierno de España. El último ejemplo es muy claro, lo hemos visto esta semana. La ministra de Transición Ecológica se comprometió en 2019 -en septiembre de 2019- a decir qué draga era adecuada para
limpiar nuestras playas. ¿Qué ha pasado? Estamos en abril de 2021 y todavía no sabemos qué draga es la adecuada. El misterio no hace nada ni deja hacer nada. (Aplausos).
Pedimos iniciar ya las actuaciones y destinar financiación para ayudar al desarrollo y las actividades de la zona -actividades agrícolas, pesqueras, ganaderas, turísticas- y compensar las pérdidas a las empresas, muchas de ellas pymes y
micropymes que operan alrededor del Mar Menor. Desde el Partido Popular pedimos bonificaciones fiscales a los inversores y una atención específica tanto en ayudas directas como en los fondos europeos. Creemos en los acuerdos, por eso pedimos la
creación de un ente participado por todas las administraciones y presidido por un alto comisionado.
Nuestro deseo hoy sería aprobar un texto por unanimidad -no creo que lo podemos hacer- y ponernos a trabajar de inmediato. El ministerio no puede estar inactivo más tiempo; tiene las competencias, debe actuar y no debe boicotear las
actuaciones desde la Confederación Hidrográfica del Segura. Es inadmisible modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura con la hipótesis falsa de que el agua del trasvase contamina el Mar Menor. No está avalada la afirmación con un
solo criterio científico. Desde el ministerio se ha reducido el volumen a trasvasar refiriéndose al Campo de Cartagena y al estado del Mar Menor. Si se reducen los recursos hídricos procedentes del trasvase en el Campo de Cartagena, se haría
imposible el uso de las aguas depuradas, así como las captadas desde las ramblas, que
terminarían en el Mar Menor. Son únicamente criterios políticos los que cercenan discrecionalmente el volumen a trasvasar recomendado por la comisión técnica de explotación del trasvase Tajo-Segura. El Gobierno de España tendrá en contra a
la región, la tendrá de frente, si sigue en esta dirección. No vamos a consentir esta actuación discrecional. La regeneración del Mar Menor debe hacerse sin dogmatismos ni sectarismos, hay que buscar el consenso de la comunidad científica y
académica y la colaboración público-privada para llevar a cabo las acciones. Con los Gobiernos del PSOE en Madrid, la Región de Murcia cae en el olvido, en el agravio permanente y en la indiferencia. No conocen la realidad ni les importan las
personas que viven en la zona. Agravios en infraestructuras, agravios en el agua, agravios en la financiación.
Señorías, la actitud del Gobierno de Sánchez es clara: ha gastado más dinero en el paseo que el presidente hizo en helicóptero por la zona -que no tuvo a bien ni saludar a los ciudadanos- que en la regeneración del Mar Menor. No obstante,
la actitud del Gobierno regional y del Partido Popular es y ha sido anteponer los intereses de los ciudadanos a la crítica política y, para ello, buscar la colaboración con el resto de las administraciones, grupos políticos, grupos sociales y
comunidad científica.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
No es la primera ni la única PNL acerca de la recuperación y protección del Mar Menor; de hecho, ya se debatió una PNL en la Comisión de Transición Ecológica que salió adelante, además, con el voto en contra de VOX. Si en definitiva lo que
se busca es la recuperación y la conservación en el entorno del Mar Menor, desde luego entendemos que se debería buscar un acuerdo, tender puentes y dejar de lado los intereses partidistas si de verdad el objetivo es garantizar la sostenibilidad
ambiental de dicho entorno.
Hoy ustedes, señorías de VOX, presentan una PNL de medidas para el entorno del Mar Menor. Sin embargo, creemos que no tienen en cuenta la raíz del problema, que no es otra que una agricultura intensiva y el desarrollo urbanístico
desmesurado, que ha llevado, en el caso de la agricultura intensiva, a un exceso de nutrientes del agua, derivado de los fertilizantes que llegan a la laguna por filtración en los acuíferos o en las correntías y también, como he dicho, por ese
desarrollo urbanístico. Mi grupo no va a apoyar esta PNL porque creemos que, una vez más, ustedes van a contracorriente de la opinión científica. Su PNL no cuenta con el apoyo ni de expertos ni de científicos y, es más, hay quien la tacha de
disparate.
En cuanto a las medidas propuestas, la reapertura de las golas para facilitar el intercambio de agua entre el mar Mediterráneo y el Mar Menor a su dimensión de 1950 no es una idea nueva. Esta medida incluso fue analizada y descartada ya en
el año 2017, a través, además, de un estudio específico del Instituto Español de Oceanografía, que concluyó que era una medida perjudicial para el ecosistema y que incluso podría tener consecuencias mucho más negativas para la preservación del
ecosistema marino del Mar Menor tal y como se encuentra ahora. Además, el temporal del pasado septiembre ya arrastró grandes cantidades de agua del mar Mediterráneo a la laguna salada y fue uno de los detonantes de ese colapso que experimentó.
Entonces, ¿por qué volver a medidas que, desde luego, no cuentan con el respaldo de la comunidad científica?
El resto de medidas que proponen están contempladas en el plan de vertido cero del Ministerio para la Transición Ecológica y que incluso están valoradas económicamente, como la construcción de saneamientos operativos o la apertura de zanjas.
Hay un plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja del litoral mediterráneo de la Región de Murcia, la Estrategia de gestión integrada para zonas costeras del sistema socioeconómico para el Mar Menor, el Plan
Vertido Cero de Miteco, la Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad y el Decreto-ley de Protección Integral del Mar Menor. Todas estas medidas recogen un denominador común, que es reducir los impactos que recibe el Mar Menor y
fomentar aquellas actuaciones que sean sostenibles, así como reorientar el modelo productivo agrario para la recuperación del ecosistema. Entendemos que hay que llegar a un acuerdo adoptando, desde luego, las medidas que establece la comunidad
científica y por eso vamos a votar en contra hoy.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
Hace unos días escuchábamos a un diputado de VOX decir que el calentamiento global en realidad es una cosa buena porque sirve para que haya menos muertes por frío, y cuando todavía no nos habíamos recuperado de la vergüenza ajena que siempre
da escuchar estas cosas (aplausos), los señores de VOX vuelven a traer otra sarta de ocurrencias, esta vez a propósito del Mar Menor, la mayor laguna salada de toda Europa y una seña de identidad para las gentes de la Región de Murcia.
El Mar Menor ha sufrido en las últimas décadas los efectos de un urbanismo salvaje y una agroindustria descontrolada. A los responsables hay que buscarlos en los Gobiernos regionales del Partido Popular, que eliminaron todo tipo de
regulaciones ambientales y que consintieron la contaminación extrema de la laguna; Gobiernos regionales del Partido Popular donde, por cierto, estaba de consejera Lourdes Méndez, ahora diputada en la bancada de VOX. Hoy, además, se cumple un año y
medio desde que el Mar Menor amaneció con miles de peces y crustáceos muertos en una crisis de anoxia sin precedentes, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Pero de esto, por supuesto, la PNL de VOX no dice nada, ni una sola medida para
abordar el problema de fondo del Mar Menor, que no es otro que la contaminación por fertilizantes de origen agrícola y las más de 3000 toneladas de nitratos que entran cada año en la laguna. No dicen nada porque lo que verdaderamente les importa no
es recuperar el ecosistema del Mar Menor, sino blindar los beneficios de las multinacionales de la agroindustria, las mismas que han expulsado a los verdaderos agricultores del Campo de Cartagena, las que se llevaron el tomate y el pimiento a
Marruecos, esas son para las que trabaja VOX.
La PNL que presentan es sencillamente un disparate que no tiene ningún aval científico. Proponen dragar las golas que unen el Mar Menor con el Mediterráneo para que salga el agua sucia y entre el agua limpia, más o menos limpiar el Mar
Menor como quien limpia o cambia el agua de una pecera. Pero el Mar Menor y el Mediterráneo son dos hábitats muy distintos, con especies distintas, con una temperatura y una salinidad diferentes. Mediterraneizar el Mar Menor abriendo las golas no
es ninguna solución, sería acabar con el Mar Menor y con las características que lo hacen único. Es lo que nos dice la comunidad científica, y ustedes, ni pagando, han encontrado a alguien que avale sus locuras. Pero es que lo que proponen no es
ni siquiera novedoso, se hizo ya en el año 1975, cuando se dragó el canal del Estacio para abrir un paso navegable en La Manga y favorecer el puerto deportivo del flamante promotor franquista Tomás Maestre. Aquello fue el principio del desastre,
cayó la senilidad y se abrió la puerta a especies invasoras que han extinguido a las autóctonas. Es algo perfectamente conocido y estudiado. Por tanto, nada nuevo.
Al final, lo que ustedes proponen siempre nos lleva al pasado; azuzan el odio en los barrios trabajadores como hacían los escuadristas en los años veinte; quieren imponer la censura en las aulas como en los años cuarenta y cincuenta y
proponen las mismas barbaridades para el Mar Menor que hicieron los franquistas en los años setenta. Ni siquiera en esto son ustedes originales. (Aplausos).
Pero miren, señorías, más allá de los disparates de los ultras, la solución para el Mar Menor pasa por abordar de una vez el problema en origen, no podemos seguir poniendo parches como se hizo con la ley autonómica del Mar Menor, una ley del
Partido Popular y Ciudadanos que, sorprendentemente, contó con el apoyo del PSOE y que solo ha servido para blanquear las prácticas contaminantes de la agroindustria, ahora bajo el eufemismo de agricultura sostenible de precisión. Casi un año
después, tenemos la misma situación y la laguna sigue podrida por los nitratos. Desde Unidas Podemos creemos que la solución pasa por incluir al Mar Menor en el catálogo español de hábitats en peligro de desaparición y dotarlo, además, de una
personalidad jurídica, porque si este desastre ha sido posible es también porque las actuales figuras de protección fallaron estrepitosamente a la hora de proteger la albufera. En segundo lugar, tenemos que avanzar para declarar al Mar Menor como
un parque natural, un parque que incluya espacios ya protegidos como las Salinas de San Pedro y Calblanque, y los amplíe con una barrera de protección en torno a la laguna. Según las últimas encuestas del Cemop, la encuestadora regional, un 92 % de
la sociedad murciana apoyaría la creación de ese parque regional.
Y termino, presidente, con una duda y con una pregunta para el señor diputado Gestoso. Este fin de semana circuló en redes y en medios de comunicación una foto del diputado Gestoso y Santiago Abascal de comilona con los terratenientes del
Campo de Cartagena. ¿Quién pagó esa comida, señor Gestoso?
¿La pagó el señor Luis del Rivero, el de los papeles de Bárcenas? ¿O quieren que la paguen todos los murcianos con la destrucción definitiva del Mar Menor?
Nada más. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Soto Burillo.
El señor SOTO BURILLO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, la situación del Mar Menor es a día de hoy el mayor problema ambiental que tenemos en España. Son ya casi tres décadas de incumplimientos, de desinterés y de desprotección y, ante esta situación, hoy VOX, la ultraderecha, se
despacha con una iniciativa propia del populismo, el negacionismo y el continuismo. Señorías de VOX, primos del primo de Rajoy, el día que ustedes redactaron esta iniciativa madrugaron muy poco, muy poco. (Aplausos).
Señorías de VOX, en primer lugar, esta iniciativa es una ocurrencia porque contiene propuestas que no tienen criterio científico alguno y que no tienen respaldo de la comunidad científica; en segundo lugar, esta iniciativa es una ocurrencia
porque algunas de esas medidas son competencia exclusiva del Gobierno autonómico y, en tercer lugar, además, algunas de esas medidas son imposibles. Estamos, señorías, ante una barbaridad y ante una atrocidad contra el Mar Menor y la agricultura.
Sí, contra la agricultura, porque lo que ustedes proponen va en dirección contraria a un modelo de crecimiento rentable y sostenible que demanda la sociedad europea en pleno siglo XXI, que demandan los consumidores de los productos agrícolas y,
además, que ofrecen y nos trasladan los propios agricultores de nuestra región. Señorías de la ultraderecha, su discurso en relación con la agricultura y el Mar Menor es falso y dañino. (Aplausos).
Frente a sus ocurrencias, los socialistas de la Región de Murcia y este grupo parlamentario, junto al Gobierno de España, tenemos un firme compromiso con la recuperación y la protección integral de la laguna salada más importante de Europa,
el Mar Menor; un compromiso que se materializa con medidas concretas y posibles recogidas en la iniciativa que presentamos y debatimos hace muy poco en esta Cámara. También se recogen en la hoja de ruta del Gobierno. Algunas de ellas ya están en
marcha, como la declaración del acuífero cuaternario en riesgo químico, la licitación del canal D-7 para minimizar el impacto de las inundaciones en Los Alcázares o la recuperación de las ramblas mineras. Por cierto, señora Borrego, a estas medidas
se destinarán más de 146 millones de euros que se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado de este Gobierno. Además, señorías, los socialistas apostamos por una convivencia pacífica, rentable y sostenible de sectores estratégicos como la
pesca, la agricultura y el turismo, que sea compatible con la recuperación del valor paisajístico, ecológico y ambiental del Mar Menor; una recuperación, señorías, que solo será posible con lealtad y colaboración por parte de todas las
administraciones implicadas.
Señorías del Partido Popular, tres preguntas y dos consideraciones. ¿Para qué sirvió que ustedes derogaran, hace justo veinte años ahora, la ley del año 1987 de un Gobierno socialista, pionera e innovadora en la protección del Mar Menor?
Señorías del Partido Popular, ¿para qué les sirve que la Asamblea Regional de Murcia -por cierto, presidida por un tránsfuga- apruebe leyes que ni siquiera su Gobierno cumple? Y, finalmente, ¿para qué sirve esa política de bajo vuelo de gallina del
presidente regional en su enfrentamiento permanente con el Gobierno de España?
Dos consideraciones, señorías del Partido Popular. Pidan disculpas a la ciudadanía por casi tres décadas de tropelías contra el Mar Menor y pidan disculpas por su conducta antidemocrática durante las últimas semanas en la Región de Murcia,
disculpas por acomodar al transfuguismo en las instituciones y disculpas por vender la educación y la cultura a la ultraderecha. Solo les falta entregar también el medio ambiente y el Mar Menor a la ultraderecha. Son inaceptables la estafa y el
daño reputacional que han hecho a nuestra tierra y a nuestra democracia.
Acabo, señorías de la ultraderecha. Somos más de cuatro los que peleamos por un Mar Menor vivo, somos más de cuatro los que defendemos una educación pública sin vetos parentales, los que apoyamos la cultura y a sus creadores, y somos más de
cuatro los que estaremos frente al negacionismo, el odio, la xenofobia, el racismo...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.
El señor SOTO BURILLO: ... la homofobia, el machismo y también las trampas y el transfuguismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Señor Gestoso de Miguel, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
El señor GESTOSO DE MIGUEL: No, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A DEFENDER LA LABOR DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, POLICÍAS AUTONÓMICAS Y POLICÍAS LOCALES, ASÍ COMO CONDENAR LOS RECIENTES EPISODIOS DE VIOLENCIA CALLEJERA.
(Número de expediente 162/000570).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a defender la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas
y policías locales, así como condenar los recientes episodios de violencia callejera.
Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidente.
Esta proposición no de ley, registrada el 4 de marzo, tenía como primer objeto defender y apoyar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales, así como
condenar los episodios de violencia callejera como consecuencia de la detención del delincuente Pablo Hasél.
Tras la sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de marzo, en la que ha quedado acreditado el desprecio del ministro Grande-Marlaska hacia el cumplimiento de las funciones constitucionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el
Grupo Parlamentario Popular ha decidido ampliar el objeto de esta proposición no de ley para urgir al presidente del Gobierno la destitución inmediata del ministro del Interior. (Aplausos). Tras su toma de posesión, en la primera comparecencia en
julio de 2018, el ministro parafraseó a Cicerón y dijo: la evidencia es la más decisiva demostración, la evidencia es la más decisiva demostración. Pues bien, su labor al frente del ministerio se caracteriza por la indignidad rayana en la
inmoralidad, con una gestión irresponsable y un proceder plagado de decisiones sectarias y arbitrarias, una actitud muy alejada del respeto a la ley, a la que está obligado el ministro, que debiera garantizar la seguridad de todos los españoles, el
cumplimiento de la ley y la igualdad ante ella, que nos convierte a todos en seres libres. Indignidad e inmoralidad. Una de las primeras llamadas fue al hijo de una víctima del terrorismo asesinada por el carnicero de Mondragón, un asesino con
dieciséis muertes en su haber. Pues bien, parece que esa llamada se le olvidó pronto porque este señor lideró el boicot al homenaje a los guardias civiles agredidos en Alsasua. ¿Y cuál fue la respuesta del ministro? Silencio; silencio porque,
tras pactar con Bildu la investidura y los Presupuestos Generales del Estado, tras pactar con quienes tenían el terror como su seña de identidad, aceptaron negociar con quienes usaban la violencia como una herramienta mediante la cual obtener
beneficios políticos. Tras este pacto, liderado por el ministro, se inició un proceso de acercamiento de presos, que han llegado a ser 165, de los cuales 80 tienen delitos de sangre, con más de 170 asesinatos a sus espaldas, sin arrepentirse, sin
pedir perdón a las víctimas ni colaborar con la justicia para el esclarecimiento de los asesinatos; un acercamiento que se produce los fines de semana por goteo, para que no se note. Les anuncio que no cejaremos en nuestra denuncia a esta
inmoralidad, impulsados por el respeto a la ley y a la dignidad y memoria de las víctimas, que merecen ser reconocidas; dignidad que vemos reflejada también en esta Cámara en el rostro de Jaime Mateu, Teresa Jiménez-Becerril y también José Alcaraz.
(Aplausos).
Irresponsabilidad e incapacidad por el abandono de los ciudadanos, de su seguridad, de sus libertades en las calles de Barcelona o Madrid, como pudimos ver recientemente en Vallecas, con más de 21 policías heridos. La respuesta del
ministro, silencio; silencio que torna en culpable debido al plus de responsabilidad de quien tiene la capacidad y los medios de garantizar la libertad y seguridad en las calles. Este silencio o justificación favorece un proceso de normalización
de la violencia alentado desde el Gobierno y los
grupos políticos que le apoyan, que han mostrado así en Twitter ese apoyo, tanto la ministra de Igualdad como la ministra de Derechos Sociales. La violencia, evidentemente, no es un hecho nuevo. La novedad se encuentra en la legitimación
que se da desde los miembros del Consejo de Ministros. Ahí está la novedad, en un proceso gravísimo de normalización de la violencia como herramienta política válida.
También denunciamos, obviamente, que desde el ministerio se den instrucciones que puedan suponer la vulneración de un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio, artículo 18.2 de la Constitución. ¿Cómo es posible que haya
partidos que no encuentren argumentos para oponerse a esta nueva versión de la patada en la puerta? Sectarismo y arbitrariedad, porque la sentencia de 31 de marzo perfila un abuso de poder sin precedentes: la arbitraria separación de la jefatura
de la Guardia Civil en Madrid del coronel Pérez de los Cobos por no informar de las investigaciones penales a dirigentes socialistas, a pesar del deber de reserva y de la orden expresa de la magistrada, que impedía a un servidor público trasladar
esta información. Se castigó al coronel Pérez de los Cobos por cumplir la ley. ¿Cómo explican los partidos que apoyan al Gobierno la defensa de un ministro que pide a un funcionario violar la ley? ¿Qué piensan aquellos que dicen defender el
Estado de derecho, a los que se les llena la boca hablando de democracia o de decencia? Cuanto más intenten ocultar la realidad, más se notará la vaciedad de sus argumentos y más indefensos quedan frente a la verdad. Incluso se han atrevido a
negarle el ascenso al generalato siendo el número uno de su promoción. Este será el epitafio político del señor Grande-Marlaska, el mantenimiento obstinado de sus errores por orgullo o por creer que, si los corrigiese, desvelaría su torpeza o
pondría en entredicho su capacidad, aun a costa de hacer daño a la democracia. ¿Hasta dónde el afán de poder del señor Grande-Marlaska? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el ministro del Interior para garantizar el apoyo de sus socios y con ello
la sostenibilidad del Gobierno?
Señorías, por no garantizar la seguridad de los españoles, por generar desasosiego, por las continuas injerencias en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por no defender la libertad y la legalidad en todo el territorio por igual,
urgimos con esta proposición no de ley al presidente del Gobierno la destitución inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Fernández Hernández. (Aplausos).
El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Señorías, son objetivos de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, en esencia, la condena a miembros del Gobierno por el apoyo a los actos de violencia que se han producido en las últimas semanas, el apoyo y la defensa de
la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales- y el incremento de medios de prevención y lucha contra dichos actos de violencia. Pero, en realidad, ¿de qué
estamos hablando? En realidad, estamos hablando de la condena a la constante violencia que viene siempre de los mismos, de la izquierda -siempre viene de los mismos- (aplausos), porque no aceptan que otros pensemos de forma distinta a ellos, porque
no aceptan que actuemos de manera distinta a ellos, porque no aceptan que vivamos de modo distinto a ellos. Y un ejemplo claro de esto son los actos de violencia que se produjeron por parte de la izquierda a raíz de la detención e ingreso en
prisión del delincuente Hasél, porque el delincuente Hasél representa como nadie lo que es la izquierda hoy en España. Una persona condenada cuatro veces por enaltecimiento del terrorismo, agresiones y constantes ataques a las instituciones del
Estado. Pero hay otros ejemplos de conductas violentas también de la izquierda: los actos violentos que sufrimos en VOX hace unos días en Vallecas por el único delito de celebrar un acto político. Cientos de energúmenos nos rodearon, nos
insultaron y nos lanzaron todo tipo de objetos, incluso llegando un diputado de esta casa a ser lesionado gravemente. Estos cientos de energúmenos se integran en la misma banda criminal -porque ya hay que llamar a las cosas por su nombre-, los
Bukaneros, que tienen aterrorizado al barrio de Vallecas. Los vallecanos no se merecen eso. (Aplausos). Es una banda criminal dirigida por el machaca personal del señor Iglesias, ¿o tal vez esta banda criminal está siendo dirigida directamente
por el señor Iglesias? Porque si esto fuera así, ya no son declaraciones de algunos miembros del Gobierno apoyando actos de violencia, ya sería vinculación directa del señor Iglesias con los actos violentos de Vallecas, y eso significa una
vinculación con relevancia penal.
Por eso, al Grupo Popular le pido que acepte nuestra enmienda, porque complementa perfectamente su proposición, porque el otro día fuimos nosotros quienes recibimos esas pedradas, pero en los próximos
días pueden ser ustedes, y porque millones de españoles están esperando y exigiéndonos que en este tema, en este punto vayamos juntos los partidos realmente constitucionalistas. (Aplausos). Porque solamente los partidos
constitucionalistas, los realmente constitucionalista podemos hacer frente juntos, con democracia y libertad, a los actos de violencia de la izquierda. (Aplausos). Por cierto, señorías de Ciudadanos, nosotros sí condenaremos siempre los actos
violentos contra ustedes, cosa que ustedes no hacen, porque no somos como ustedes. (Aplausos). Y eso a pesar de su conducta lamentable y patética en Murcia, y eso a pesar de que ustedes ya han vendido su alma a la izquierda.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Nosotros, por supuesto, nos vamos a sumar al apoyo a esta PNL y lo vamos a hacer, en primer lugar, para mostrar toda nuestra solidaridad y apoyo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las policías autonómicas y con las
policías municipales, que tienen que bregar en tantas ocasiones arriesgando su seguridad para defender la de todos. Y también, por supuesto, nos vamos a sumar a algo que es evidente, y es que el ministro del Interior no puede seguir ni un minuto
más al frente del ministerio (aplausos), porque cada minuto que está en el ministerio para lo único que sirve es para degradar aún más esta institución y para demostrar el escaso respeto que tiene por el conjunto de los españoles.
Muchas veces la policía no solamente tiene que enfrentarse a estos enfermos del odio contagiados de totalitarismo, a esos defensores de la única ideología del pensamiento totalitario y único que creen que las calles de nuestro país les
pertenecen y que arrasan con el mobiliario urbano, con los comercios, con los negocios e incluso con la seguridad de las personas, muchas de ellas policías que nos protegen a todos, sino que, además, estos policías tienen que aguantar que un
Gobierno, el Gobierno de España, cuente con ministros que jalean y que aplauden a los violentos y a los agresores, y que se sustentan en este Parlamento en partidos que aplauden cada una de esas acciones violentas. ¿Qué puede esperar la sociedad
española de un Gobierno que tiene ministros que aplauden la violencia o que se sustentan en partidos que jalean la violencia?
Les voy a recordar algunas cosas que son básicas y esenciales. Todos los españoles tenemos el derecho a decir lo que pensamos de manera libre, democrática y pacífica. Ningún español puede usar la violencia ni para expresar sus ideas ni
para oponerse a las de los demás. Las calles, las plazas y las ciudades de nuestro país son de todos los españoles, y todos los españoles podemos ir a la plaza, a la calle o al rincón que nos dé la gana de España a hablar de nuestra ideología, a
defender nuestras posiciones, o a criticar las de los demás, siempre que lo hagamos de manera pacífica y democrática. (Aplausos). Esto, que es tan básico, se llama democracia y el que no sea demócrata simplemente no debería estar en un cargo
público de nuestro país y muchísimo menos en el Gobierno de España, porque tenemos ministros y tenemos partidos que sustentan al Gobierno de España que han respaldado la violencia como un elemento lícito para defender unas posiciones o para oponerse
a aquellas que no les gustan, y eso es totalitarismo, eso no es democracia. Pero, claro, el sanchismo ha denigrado tanto las instituciones que los violentos están envalentonados, los que aplauden la violencia ocupan ministerios y los que respetan
la democracia y la ley, la cumplen y la hacen cumplir, son cesados y tienen que sufrir un coste personal. Eso es lo que tenemos en España. (Aplausos). Eso es lo que hemos visto con el señor Pérez de los Cobos, un señor que ha sido cesado por
negarse a cumplir una orden ilegal; con sentencia, porque es ilegal y así lo han dicho los tribunales. Por tanto, si el Gobierno de España tiene un mínimo de ética y un mínimo de respeto por los españoles, el señor Marlaska no puede seguir al
frente del ministerio ni un minuto más. Pero, desgraciadamente, este Gobierno, de lo único que está siendo ejemplo es de no tener escrúpulos y de tener un gran desprecio por los españoles, porque el caso de Marlaska no es el único. Hemos visto
también al señor Ábalos burlarse de todos los españoles con el caso Delcy y mentirnos a la cara. Y hemos visto a la señora Montero al frente del Ministerio de Hacienda decirnos que se han dado 53 millones de euros a dedo a la empresa Plus Ultra
porque es una empresa estratégica para nuestro país. Es que tenemos un Gobierno que directamente se burla de nosotros a la cara y creo que lo mínimo que se le puede pedir al Gobierno de España es que respete a los españoles a los que gobierna.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Arratsalde on.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, ¡menuda autoenmienda que se han realizado! En la propuesta que traen hoy hay un primer punto que es, cuando menos, curioso. Piden condenar aquellas declaraciones de miembros del Gobierno que ponen
en duda que España sea una democracia plena y, al mismo tiempo, ustedes acusan a miembros de partidos del Gobierno de hacer llamamientos o dar mensajes de apoyo a la violencia. ¿No les parece contradictorio que haya una democracia plena cuando hay
miembros del Gobierno que hacen llamamientos a la violencia? Además, hoy nos traen una autoenmienda que han realizado no para ampliar, como decía usted, sino contradiciendo la anterior, que dice que el Gobierno está vulnerando derechos
fundamentales. Pues si el Gobierno está vulnerando derechos fundamentales, usted estará de acuerdo conmigo en que España no puede ser una democracia ejemplar. Lo primero que tienen que hacer ustedes ahora, como pedían en su proposición, es
autocondenarse por poner en duda las instituciones del Estado. España no puede ser una democracia ejemplar si se cumple todo aquello que ustedes dicen. Yo no creo que España sea una democracia ejemplar por alguna de las cosas que mencionan y por
otras, como la herencia recibida por parte del Partido Popular en asuntos de Interior. Ahí está la Ley mordaza y ahí tenemos también toda la arquitectura represiva que utilizaron durante sus años de Gobierno. Los montajes policiales, los informes
falsos y la policía patriótica -por cierto, estamos ahora en una comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, que les sonará- demuestran que hay un problema en Interior. No se trata únicamente de cambiar de ministro, sino que se trata de
cambiar todas aquellas normas y todos aquellos protocolos y formas de actuación que pusieron ustedes en vigor. Yo creo que es contradictorio que pueda ser una democracia ejemplar y que el único que acaba de mencionar a España como ejemplo haya sido
el señor Erdogan, que les ha mencionado como ejemplo de ilegalización de partidos. No sé si estarán ustedes orgullosos con esta felicitación del señor Erdogan.
Pero vamos a entrar en lo que trataba su moción, que es el orden público. En la cuestión de orden público ustedes lo magnifican y lo llevan a tales términos, como si no ocurrieran hechos similares de desórdenes en algunas de las
movilizaciones que se producen en España, que según datos del Ministerio del Interior son las mínimas, pero que también ocurren en otros Estados, ya sea en Grecia, en Francia, en Reino Unido en este momento o en Holanda. Ustedes los equiparan a
unos niveles que serían, por lo menos, debatibles en lo que se refiere a la gestión y el modelo policial. Pero, claro, cuando a ustedes les preocupa más el estado de un contenedor o de una marquesina que el que le saquen un ojo a un señor que,
presuntamente, ha participado en una movilización a causa de un bolazo de caucho o de una bola de foam, o que le abran la cabeza con un bastón policial o que denuncie malos tratos tras una detención, como ha ocurrido la pasada semana aquí en Madrid
o, más grave, como ocurrió en Linares con un señor al que, por estar en una movilización, la Policía Nacional le pegó dos tiros de postas por error, o como el otro día en Vallecas, cuando en una actuación policial vimos a un policía nacional
lanzando piedras; ustedes me explicarán qué protocolo o qué modelo policial es ese. La verdad es que España tiene también un problema en el modelo de gestión del orden público, y no porque lo diga yo; en este último mes ha habido una condena del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos por desproporción policial en una movilización, pero es que no es la única, es la segunda en seis meses; por cierto, de Gobiernos en los que estaban ustedes.
Señores del Partido Socialista, es obvio que esta propuesta que trae hoy el Partido Popular va contra ustedes, pero ¿me podrían decir qué ha hecho su Gobierno en gestión de orden público o de Interior que sea diferente a lo que hicieron
ellos? Porque hasta ahora, más allá de algún tuit o de alguna declaración, no han hecho nada diferente. Yo creo que es momento de pasar de los tuits al Boletín Oficial del Estado y, como les hemos dicho por activa y por pasiva, derogar ya la Ley
mordaza, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, como les pide Naciones Unidas y el Consejo de Europa, pero también la mayoría de esta Cámara a priori. Ustedes nos dirán por qué todavía no ha sido derogada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Presenta el Grupo Parlamentario Popular una iniciativa vinculada inicialmente -luego ha dado un giro de ciento ochenta grados- a los incidentes de orden público acaecidos con ocasión de la detención y entrada en prisión del señor Pablo
Hasél, en cumplimiento de sentencias por el contenido de algunas letras de sus canciones. El Partido Nacionalista Vasco ya manifestó en su día tanto el rechazo a las letras del señor Hasél como a toda manifestación, opinión o crítica acompañada de
violencia, pillaje o vandalismo, a la par que mostraba su apoyo a las autoridades que tienen encomendada en toda sociedad democrática la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y el uso legítimo de la fuerza, siempre que sea
proporcional, para garantizar la seguridad ciudadana, así como señalaba lo impropio de mensajes o comentarios oprobiosos u ofensivos en redes sociales contra representantes públicos.
Sin embargo, señorías, todo ello no nos lleva a mostrar nuestro apoyo a la iniciativa, pues en alguno de sus contenidos parten de la consideración de que el Gobierno no apoya a los cuerpos de seguridad que dirige ni les provee de los medios
materiales, humanos y organizativos necesarios para combatir sucesos de orden público como los vividos. Y, además, porque no lo hace al modo que políticamente le gustaría al Partido Popular, cosa, por otra parte, bastante lógica y comprensible a la
vista de cuáles fueron las políticas públicas de ese partido político en relación con la seguridad ciudadana y el Código Penal cuando ha gobernado. Tampoco podemos compartir -por precipitada y pendiente de valoración judicial- la consideración,
producto también de autoenmienda y sin vinculación con la exposición de motivos de la proposición no de ley, de que desde el Ministerio del Interior se imparten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado instrucciones que suponen vulneración de
derechos fundamentales de la ciudadanía, como la entrada policial en una vivienda turística donde se desarrollaba una actividad gravemente perjudicial para la salud pública en la situación pandémica en la que nos encontramos y que está causando
miles de muertos y un colapso social, económico y sanitario sin precedentes. Es esta una actuación que, ciertamente, no debe tener continuidad ante las dudas que puede suscitar sin tener antes los oportunos informes jurídicos, incluso del máximo
órgano consultivo del Gobierno que es el Consejo de Estado, que despejen las dudas que pudieran albergarse sobre su legalidad, en el caso de no recabarse antes el consentimiento de las personas que disponen del piso turístico o la preceptiva
resolución judicial. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Se insta además al Gobierno, producto también de autoenmienda, a que cese en el seguimiento en las redes sociales de las críticas que contra él pudieran verterse, lo cual, a nuestro juicio, no parece una petición muy razonable, ya que toda
institución pública o privada de cierto tamaño hace un seguimiento, con medios propios o contratados, de la consideración o valoración que la ciudadanía hace de su actuación a través de encuestas, seguimiento de medios de comunicación social o de
las llamadas redes sociales; aunque cosa distinta es si parece lo más adecuado que el Gobierno utilice a las policías para hacer un seguimiento en la opinión pública de la valoración de su actividad y políticas públicas, o para atajar noticias
falsas que afecten directamente a la salud pública y evitar su propagación avisando a la ciudadanía en situaciones de pandemia, cosa que consideramos poco eficiente, pues para eso se dispone de otros medios públicos orientados más específicamente a
esa función. Pero esa falta de adecuación de medios a fines no nos lleva en modo alguno a pedir la reprobación del ministro del Interior, ni tampoco por el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que, en cualquier caso, es
aún una cuestión pendiente de resolución judicial firme.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Señor Fernández, le veo a usted muy preocupado por nuestra alma. No se preocupe usted por nuestra alma, preocúpese por la suya, que en ocasiones parece un poco negra. Le voy a decir por qué. Mire, se lo voy a
decir muy tranquilo; usted ha intentado buscar treinta segunditos de gloria en su intervención porque el resto ha sido un desastre, pero es que ni siquiera va a conseguir esos treinta segundos. Como yo a la gente de su grupo la tengo por bien
documentada y bien formada, era muy fácil saber que todos nuestros diputados han condenado lo que a ustedes les pasó, todos, y lo tienen ustedes en todos sus tuits y en todas sus intervenciones; la señora Arrimadas, el señor Bal, la señora
Villacís, el señor Aguado, todos; lo tienen ustedes, compruébenlo. Con lo cual, no vengan ustedes aquí a
mentir -a mentir-, porque solo saben hacer eso, mentir, y esos treinta segundos de gloria no los va a tener usted; lo único que va a tener es la denuncia de ser usted un diputado mentiroso y de mentir en este hemiciclo y en esa tribuna
(rumores); sí, porque lo que usted ha dicho es una mentira, por lo tanto, es usted un diputado mentiroso.
En fin, vamos al tema que nos ocupa. Señorías, a nosotros nos duele que se utilice la libertad -un principio al que hemos dedicado muchísimas horas de nuestras vidas- como coartada para todo tipo de fechorías. Señorías, cortar el tráfico
con barricadas, asaltar y saquear comercios, destrozar escaparates, provocar incendios, emplear pirotecnia de manera ilegal o agredir a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no es ni puede ser nunca libertad de expresión.
Cada semana los liberales tenemos que subir a esta tribuna a repetir lo obvio entre dos Españas que se pelean y que no se escuchan: solo hay libertad donde hay Estado de derecho, un Estado de derecho que los ciudadanos libremente nos hemos dado a
nosotros mismos y a las futuras generaciones de españoles. Solo la ley y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizan nuestra libertad. Porque donde no hay ley, hay ley de la selva, señorías; porque la libertad, señorías, es respetar
las leyes, también las electorales -ahora que estamos en campaña- y que las sentencias las hagan los jueces y no los políticos.
Basta ya, señores de Podemos; basta ya, señor Echenique. Los responsables de todos estos delitos no son románticos luchadores de la causa antifascista. Ustedes, un partido de Gobierno, han jaleado y justificado disturbios que han
machacado a miles de trabajadores y vecinos honrados que bastante tenían con la crisis del COVID hasta que llegaron sus héroes callejeros. Ustedes, señores de Podemos, no merecen estar en el Gobierno de este país. No es que no lo merezcan, es que
demuestran, siempre que pueden, que son un peligro público. Les viene grande el cargo, por mucho que estén dispuestos a incendiar, mentir y enfrentarse a quien sea para mantenerlo.
Señorías, decir que Pablo Hasél ha sido arrestado por hacer música sería como decir que el señor Echenique fue condenado por la Seguridad Social por contratar a un asistente o que su diputado, Alberto Rodríguez, acaba de declarar ante el
juez por haber ido a una manifestación. En la mentira, en la difamación de España y su Estado de derecho, señores de Podemos, son ustedes iguales que sus socios separatistas. Miles de vecinos, empresarios, autónomos, vieron cómo sus comercios, sus
oficinas y sus domicilios se veían amenazados por las acciones violentas de estos radicales. Por si no fuera suficiente con todo esto, hosteleros y comerciantes han sufrido un extra no pequeño de pérdidas económicas, por no hablar de las familias y
vecinos que han pasado miedo durante todos estos días.
Estas protestas que se han extendido no solo en Barcelona sino en otras ciudades como Valencia, Granada o Madrid, donde se repitió el mismo modus operandi de agresiones a policías, destrozos en comercios, destrucción de mobiliario urbano,
nos dan el ejemplo de lo que no debe ser nunca nuestra sociedad. Ningún supuesto derecho se puede defender con violencia ni en una democracia ni en cualquier otro foro medianamente civilizado. Por tanto, condenamos estas acciones deplorables y
vergonzantes que pusieron en peligro no solo a los agentes de la Policía Nacional sino también a vecinos, empresas y autónomos de numerosas ciudades. Queremos manifestar nuestro apoyo a todos los agentes y todo nuestro agradecimiento por su trabajo
diario, en el que se juegan el tipo por defender los derechos y libertades de todos de manera ejemplar.
Finalizo. Señorías, es tan fácil diferenciar el bien del mal en un caso de estos, que uno no llega a comprender las piruetas que tienen que dar para arropar a los violentos. Entiendo que ustedes viven del odio y del poder a toda costa, por
eso son populistas. Nosotros somos liberales, así que, por favor, les pedimos que dejen de manosear la libertad.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Señoras y señores del Partido Popular, cuando se trata de dilucidar derechos sociales o democráticos ustedes siempre optan por la política de guerra o paz, está claro que está en su ADN. El asunto es que, aunque lamentablemente esta
continúa siendo la política habitual de los Gobiernos de turno, a ustedes aún les parece poco. Tal vez deberían agradecer a este Gobierno de coalición que iba a derogar su Ley mordaza, que lejos de hacerlo sea el Gobierno que más la ha utilizado.
Pero no, ustedes siempre quieren más. Fíjense, en mi país, Galiza, la práctica totalidad de las movilizaciones son pacíficas y, aun así,
frecuentemente asistimos a prácticas abusivas como cargas innecesarias, detenciones arbitrarias, grabaciones improcedentes o identificaciones injustificadas. Decía la práctica totalidad porque es verdad que hay alguna que se sale de estos
parámetros, curiosamente alentada por el Partido Popular al servicio de intereses espurios como los de Ence Energía y Celulosa, en la que ustedes colocaron a una ministra como Isabel Tocino, conocida por sus vinculaciones con la Casa Real y el
fugado rey emérito...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. Ha finalizado su tiempo.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Señor Mariscal, desde el profundo respeto intelectual que usted me merece, ¡vaya proposición que le ha tocado defender hoy! ¿En serio esto es lo que preocupa a los ciudadanos? ¿En serio? (El señor Mariscal Anaya hace signos afirmativos).
¿De verdad? ¿O estamos en campaña? ¿O temen que alguien les coma la tostada? No usted, porque ya digo que me merece un profundo respeto. La persona que le ha seguido ha pronunciado la palabra 'energúmenos'. Para mí el mayor energúmeno es aquel
que vive del odio entre los ciudadanos; el mayor energúmeno es el que provoca deliberadamente saltándose la línea policial para intentar buscar el lío. Eso sí que es un energúmeno, eso sí que es tener poco respeto a las fuerzas de autoridad. En
serio -insisto-, con todo respeto, el PP tendrá que elegir entre seguir el juego de los odiadores o los alborotadores profesionales o ser nuevamente un partido serio, porque no pueden estar siempre pensando en los elefantes que VOX les deja en la
puerta.
Y cuando preguntaba si esto les interesa a los ciudadanos; a los ciudadanos -según la última encuesta del CIS- les interesa el paro, la salud y los problemas. ¿Y sabe cuál es el quinto problema? El mal comportamiento de los políticos, que
hace justamente que haya más problemas en lugar de evitarlos.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta.
Hay que hacer autocrítica sobre cómo prestamos los servicios públicos, sobre todo y especialmente aquellos que afectan directamente al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. En Cataluña se ha ejercido la autocrítica cada
vez que ha sido necesario. Le recuerdo, señor Mariscal, la Comisión de estudio de los modelos de seguridad y de orden público y del uso de material antidisturbios en eventos de masas, en la que el Parlament de Catalunya se pronunciaba de manera
contundente sobre la violencia urbana. Una democracia plena debe disponer de mecanismos efectivos de control ante cualquier mala praxis policial, y es válido para Catalunya y debería ser válido también para el Reino de España. Por ello en nuestro
país, en Catalunya, se han desarrollado unas pautas de conducta mucho más avanzadas que las que regulan la actuación de otros cuerpos de seguridad del entorno.
Durante sus largos años de Gobierno, señorías del Partido Popular, no se produjo ningún cuestionamiento a fondo de su modelo de Policía. De hecho, hace pocas semanas en una respuesta parlamentaria, el Ministerio del Interior reconocía que
no le constaban datos relativos a ningún expediente abierto a miembros de las unidades antidisturbios de la Policía estatal en los últimos veinte años. No pretendan abanderar aquello que no supieron dirigir adecuadamente, porque una cosa es lo que
hacen algunos, que es decir que España es una democracia plena, y otra muy distinta es comportarse como una democracia plena.
Termino. Quizá deberían recordar que la convocatoria de urgencia de la Junta de Seguretat de Catalunya no es competencia de esta Cámara. De acuerdo con lo previsto por el artículo 168.4 del Estatut de Catalunya, la Junta de Seguretat de
Catalunya está presidida por el president de la Generalitat de Catalunya y, por lo tanto, le compete la convocatoria. Quizás en el aquelarre que impulsaron hace unos años contra el Estatut de Catalunya se les pasó impugnar también esta competencia,
pero hoy por hoy sigue vigente. Les molesta el poco autogobierno que tenemos y lo sabemos, pero, como mínimo, guarden las formas en aquellas cuestiones fijadas por el ordenamiento legal que ustedes tanto sacralizan.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Nogueras. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero.
El señor SANTIAGO ROMERO: Presidenta, señorías, las democracias, a diferencia de las dictaduras, están en permanente construcción hasta alcanzar la plena satisfacción de todos los derechos humanos para todas las personas. En esta tarea los
demócratas soportamos a diario con paciencia y estoicismo las descalificaciones de ustedes, de quienes vivían plácidamente en la dictadura a la que, por cierto, llamaban democracia orgánica. Los españoles sabemos que no es indicador de calidad
democrática condenar a artistas y cantantes por ejercer su libertad de expresión, coincidamos o no con ellos, o por criticar una jefatura de Estado heredada no sometida al control electoral, ni sancionar a sindicalistas por ejercer el derecho de
huelga ni padecer que militares retirados banalicen sobre el exterminio de millones de españoles y españolas, o que en cuerpos de funcionarios armados se pierda la neutralidad y se cometan abusos por la injerencia ultraderechista. Nuestra
democracia tiene mucho que mejorar hasta que todas las personas en nuestro país tengan un trabajo de calidad que les permita vivir dignamente, una vivienda en condiciones para vivir con su familia donde sus hijos tengan los suficientes medios para
estudiar, o tengan una pensión digna para acabar su vida sin caer en la pobreza. Pero para los señoritos la democracia es únicamente permitirnos depositar una papeleta en una urna cada cuatro años. Para el pueblo trabajador la democracia será
mejorable hasta alcanzar la garantía plena de todos los derechos, hasta alcanzar condiciones de vida dignas para todos, y acudir a votar o manifestarse es un medio imprescindible para conseguirlo, pero por sí solo no acredita que la democracia
funcione bien. No habrá normalidad democrática mientras en España se expolie el dinero de los impuestos mediante la privatización de los servicios públicos o mediante la corrupción que ha practicado masivamente el Partido Popular.
Unidas Podemos es una fuerza que defiende la paz, contraria a todas las violencias, no solo a alguna, como las derechas. Somos contrarios a las distintas formas de violencia que los poderosos aplican desde siempre sobre los más débiles; la
violencia del hambre, del desempleo, de la explotación y la precariedad laboral, de los desahucios, de la pobreza energética. Es demócrata quien defiende la democracia y los derechos humanos para todas las personas (el señor Mariscal Anaya muestra
una fotografía), no quien solo defiende sus privilegios. Y esta PNL pretende criminalizar el derecho de manifestación o la libertad de expresión y manifestación recogidas en la Constitución. El Partido Popular y su alter ego VOX hacen del odio y
el desprecio hacia el diferente su principal seña política. Dicen condenar los ataques de odio sufridos en redes sociales por representantes de partidos políticos y ciudadanos en general, pero aún no han condenado el hostigamiento permanente a
Unidas Podemos, no han condenado el ataque incendiario a la sede de Podemos en Cartagena ni los ataques fascistas a locales de Izquierda Unida en León y Burgos ni los tan constantes ataques racistas a Serigne Mbayé, candidato a la Comunidad de
Madrid. Tampoco han condenado las amenazas de muerte constantes a Pablo Iglesias y otros miembros de Unidas Podemos, incluso por cargos públicos del Partido Popular.
No nos cansaremos de repetir que la incitación a la violencia y los discursos de odio no tienen cabida en democracia. Y no han dicho ni palabra del odio desplegado por la ultraderecha en Vallecas, aplaudido por su partido, por el Partido
Popular. (El señor Mariscal Anaya muestra una fotografía). VOX organiza una concentración, sí, sí, deliberadamente para provocar altercados; insultan y arrojan objetos a los vecinos y como no hay provocaciones, Abascal se baja del atril, rompe el
círculo de seguridad (aplausos.-Rumores) y provoca una carga policial contra los vecinos de Vallecas, vecinos a los que califican de la siguiente forma: La mayoría de esa gente es gentuza que ni estudia ni trabaja -dice literalmente el señor Ortega
Smith-Molina-; confirmando las palabras de Albert Camus: 'Toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara o instaura el fascismo'. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor SANTIAGO ROMERO: El PP no sale ni saldrá públicamente a defender a la mayoría silenciosa y trabajadora, a los vecinos de Vallecas insultados y agredidos en sus barrios por los nuevos somatenes ultraderechistas, sino que sale a
blanquear a quienes extienden racismo, machismo, odio y homofobia. El Partido Popular justifica estas declaraciones: Esperen a que la gente salga a la calle, lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma, dijo Díaz Ayuso... (Fuertes
rumores.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santiago. Ha terminado su tiempo. (El señor Santiago Romero pronuncia palabras que no se perciben). Muchas gracias, señor Santiago, ha finalizado su tiempo. (Rumores). Silencio, por favor.
Señor Sánchez del Real, sabe que no puede hacer manifestaciones del tipo que está haciendo y tampoco enseñar pancartas, aunque sean muy modernas en un iPad. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna
de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Cano.
El señor LÓPEZ CANO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes. Quiero decirles tres cosas ante lo que ustedes han presentado aquí hoy. En primer lugar, y como no podía ser de otra forma, nuestra más firme condena ante la violencia, sin peros, sin peros y sin matices. (Aplausos). Ya lo
expresaron aquí tanto el presidente como la vicepresidenta; no hay ningún derecho constitucional que justifique la violencia y no se puede exigir ningún derecho en democracia usando la violencia. Nuestro rechazo no es de ahora, es de siempre y en
todo caso, porque es un principio inherente a nuestra condición de socialistas y de demócratas. Pero miren, hay muchos tipos de violencia y además de condenarlas hay que trabajar para erradicarlas y negar su existencia y sus causas, desde luego, no
es forma de hacerlo. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres, la violencia machista, que tiene causa, sí, en la desigualdad de género (aplausos); o la violencia contra lesbianas, gays y transexuales, que también tiene causa, sí, en su
orientación sexual; o la violencia contra los inmigrantes, que tiene causa también en su raza y en su origen, y la violencia contra los Menas, que son menores, señorías de VOX, a ver si les entra, que son menores y hay que protegerles y no
señalarlos. (Aplausos). Las violencias no surgen de forma espontánea, son peldaños en escalada que nacen de discursos de odio, a veces incluso expresados en esta Cámara, y que culminan en violencia en demasiadas ocasiones. Por eso, hay que
combatir los discursos del odio y no pactar con ellos, señorías del PP, si quieren ser creíbles. España es un país plural, pero hay algo que comparte una inmensa mayoría de gente y es el rechazo a quienes fomentan la división social. La
responsabilidad de quienes estamos aquí no es fomentar la división social, es promover la convivencia y no tensionarla. Que nadie nos busque a los socialistas en la política de la polarización, a los socialistas nos encontrarán en la búsqueda de la
convivencia democrática como lo llevamos haciendo ciento cuarenta y tres años. (Aplausos).
Segundo, nuestro apoyo sin fisuras al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como hacemos siempre. ¡Si los dirigimos nosotros ahora, claro que sí! Los socialistas hemos considerado siempre la seguridad como un servicio
público, como un bien público. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son trabajadores públicos y apoyarles no consiste ni en ponerse pulseras ni en traer PNL aquí. Por cierto, tampoco se les apoya montando un operativo
parapolicial ilícito para espiar a Bárcenas para arrebatarle los papeles de financiación ilegal del PP como en la Kitchen hicieron ustedes, no. (Aplausos). Tampoco se les apoya, por cierto, recortando como hicieron 12 000 policías policías y
guardias civiles durante los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy, que es lo que hicieron, o prometiendo una equiparación salarial que guardaron en un cajón. Ustedes que se vanaglorian siempre de profesar tanto amor a la Policía y a la Guardia
Civil, visto lo que hacen, yo les digo algo, no les quieran ustedes tanto y quiéranles mejor. Se les quiere apoyándoles, como lo hace este Gobierno y como lo hace el ministro Marlaska, que no recorta, no, incrementa en 5000 plazas nuevas de agentes
de Policía y de Guardia Civil, así es como se apoya a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o con la equiparación salarial. Nosotros lo prometemos y lo cumplimos con los tres tramos, el último en plena pandemia, un 20 % de subida salarial
para la Policía y para la Guardia Civil que, por cierto, no la pidieron porque son gente leal, pero se hizo porque era justo. Vaya desde aquí y desde el Grupo Socialista todo nuestro respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la
Policía local y a la Policía autonómica por todo el trabajo que llevan a cabo siempre y, sobre todo, el que llevan haciendo en plena pandemia. Nunca todo el reconocimiento será suficiente, pero aquí está el del Grupo Socialista hoy.
Termino. Ustedes no han traído aquí esta proposición no de ley ni para condenar la violencia ni para apoyar a los cuerpos de seguridad, ustedes la han traído aquí para atacar a este Gobierno, así que no le vamos a dar respaldo. Lo que sí
vamos a hacer es dar respaldo sin fisuras desde el Grupo Socialista a un ministro con una magnífica gestión como es la del ministro Marlaska que, además, ha puesto fin a esa deleznable policía política que tenían ustedes, y eso es lo que les
molesta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López.
Señor Mariscal, ¿acepta su grupo parlamentario la enmienda presentada?
El señor MARISCAL ANAYA: Vamos a estudiarla.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Nos informa a la Mesa en cuanto tomen la decisión.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL (SEÑOR BALDOVÍ RODA), SOBRE LA URGENTE NECESIDAD DE REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS COMPENSATORIAS COMO EL FONDO DE NIVELACIÓN MIENTRAS NO SE EFECTÚE
DICHA REFORMA. (Número de expediente 173/000063).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Plural, señor Baldoví Roda, sobre la urgente necesidad de reforma del sistema de financiación autonómica, así
como el establecimiento de medidas compensatorias como el fondo de nivelación mientras no se efectúe dicha reforma.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Ayer y esta misma mañana, hemos visto los anuncios de la ministra de Hacienda sobre la reforma fiscal y los argumentos que citaba a mí me parecen impecables: para que paguen los que más tienen, para combatir la desigualdad, para
redistribuir la riqueza, justo lo que pide Compromís con esta moción. Pedimos un nuevo sistema de financiación, no pedimos la luna sino un nuevo sistema de financiación que hace siete años que debería haber sido aprobado. Llevamos siete años con
el sistema caducado, cinco años más que el Consejo General del Poder Judicial. ¿Para qué? Para redistribuir los recursos, para dar a los que menos tienen y la Comunidad autónoma Valenciana -y no son palabras mías- es una auténtica anomalía
democrática en el tema de la financiación. Tenemos un producto interior bruto por debajo de la media, por tanto somos una comunidad autónoma que estaría entre las pobres y, en cambio, contribuye a la caja general como si fuera una comunidad
autónoma rica, es decir, contribuimos más y recibimos menos recursos que la media. Es una comunidad infrafinanciada y endeudada, fruto básicamente de esa infrafinanciación, en casi 50 000 millones de euros, casi el 50 % del PIB, casi 10 000 euros
por cada valenciano y cada valenciana.
A nuestra propuesta, que ya esbozamos hace un par de semanas con la interpelación a la ministra, se han presentado diversas enmiendas. La del Partido Popular -que sigue en campaña electoral- mezcla la financiación con merinas y habla del
impuesto sobre sucesiones, del impuesto sobre patrimonio, en fin, otras cosas que no tienen nada que ver. No obstante, les reconozco que tienen una aportación sobre la que haría bien el Gobierno en tomar nota, que es justamente cuando hacen
referencia al déficit que se generará en los años 2022 y 2023 por el desplome tributario de estos años. Yo haría caso ya e iría preparando el escenario. La enmienda de Ciudadanos -y tengo que agradecerle a la señora Muñoz el esfuerzo que ha hecho-
sería una enmienda, y se lo digo sinceramente, que yo firmaría gustosamente. Es una muy buena enmienda que podría -y se lo digo también al Partido Socialista- ser una buena transaccional a partir de esa enmienda. Y la enmienda que nos ha
presentado el PSOE y Unidas Podemos realmente me parece poco ambiciosa, demasiado inconcreta porque contiene verbos como iniciar, analizar, estudiar. Vamos a ver, está todo analizado, está todo estudiado y no hay que iniciar, hay que hacer, un
verbo tan fácil y tan usual en castellano, hacer, no iniciar el proceso de... No, hacer, implementar. En 2017, la Conferencia de Presidentes autonómicos ya creó una comisión que después de veinte reuniones emitió su dictamen. Por tanto, ya no
hace falta estudiar, hace falta implementar medidas, y lo que estamos pidiendo es lo mismo que pidieron les Corts Valencianes -no pedimos la luna- por unanimidad, la declaración institucional de todos los grupos -Socialista, Popular, Podemos,
Ciudadanos y Compromís-, o la Comisión mixta Consell-Corts Valencianes, que por unanimidad también pidió lo mismo. Solo pedimos cosas absolutamente razonables, que presenten una propuesta -no pedimos que se apruebe- para que podamos debatir, que
den el primer paso. Demos el primer paso o nunca avanzaremos.
Segundo -en eso creo que hay consenso-, que haya un fondo de nivelación. Hay cinco comunidades autónomas que están por debajo de la media: Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha; que haya ese fondo de
nivelación que nos sitúe en la media mientras se aprueba,
y evidentemente para gastos absolutamente necesarios, para nuestros servicios públicos, para reconstrucción, para afrontar la crisis, en definitiva, lo justo que debería hacer un Gobierno progresista, que ayude a los que menos tienen, a los
que peor están, para que avancen como mínimo hasta la media.
Acabo. Lo digo de corazón, queremos llegar a un acuerdo. Esta es una reivindicación de toda la sociedad valenciana por encima de partidos. Queremos llegar a un acuerdo. Por eso pido a PSOE y a Unidas Podemos que hagan un esfuerzo que
vaya en la línea de cumplir el acuerdo de investidura por el que Compromís confió en ustedes e hizo presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Por tanto, lo que pedimos es la reciprocidad, cumplir.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Coincido plenamente en la necesidad de que se reforme el sistema de financiación autonómica, que es otro de los compromisos incumplidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha encontrado tiempo en estos casi tres años de presidente para
acometer la reforma de las injustas, desiguales y discriminatorias medidas vigentes desde el año 2009, que ya debieron reformarse en 2014, entonces con Gobierno del Partido Popular. Sin embargo, el texto de la iniciativa del señor Baldoví, henchida
de un legítimo valencianismo militante, se olvida de un concepto clave para la España de las autonomías que se generó tras la modélica transición. Ese concepto se llama solidaridad y fue triturado en 2009 por el entonces Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero, arrastrándonos a una creciente desigualdad entre españoles con este sistema perverso que sigue vigente doce años después.
Señorías, aunque el proponente se ha olvidado de ella, he presentado una enmienda con la que pretendo centrar los objetivos a los que instar al Gobierno para acometer una reforma que efectivamente precisa de urgencia. Diríase que para
algunas comunidades es asunto de emergencia, porque en el desigual reparto de recursos salen muy perjudicadas algunas, caso lacerante de Asturias. Con la enmienda insto, en primer lugar, a promover un nuevo modelo de financiación que garantice la
solidaridad y la igualdad constitucionales entre españoles y sus territorios, y que tenga en cuenta la población, el envejecimiento y las circunstancias que inciden en el coste de los servicios públicos, así como las exigencias de estabilidad
presupuestaria.
El segundo de los puntos insta al Gobierno a asignar las consignaciones anuales dedicadas en el capítulo 6 a la inversión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado con criterios que preserven la eficiencia en la selección del gasto
público y la equidad de su distribución entre comunidades autónomas, evitando agravios comparativos entre regiones.
Finalmente, quiero señalar que comparto con el diputado de Compromís y con otros grupos parlamentarios la permanente preocupación por la financiación autonómica, porque de ello dependen los servicios públicos esenciales -sanidad, educación,
servicios sociales, dependencia-, pero no resulta alentadora la actitud del Gobierno para afrontar este asunto, que augura más discriminación en el reparto de recursos, como ya se constata en la actual Ley de presupuestos, y un incierto devenir con
más y más cesiones a costa de las tensiones territoriales.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario y para fijar posición, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.
Ya nos hemos pronunciado muchas veces desde el PRC sobre el tema de la financiación autonómica en general, y en esta moción sobre la financiación de la Comunidad Valenciana no podemos dejar de repetir lo mismo. El criterio fundamental a
considerar debe ser la igualdad de los ciudadanos respecto a los servicios públicos básicos que se prestan por obligación del Estado, vivan donde vivan. Por lo tanto, vaya por delante nuestra solidaridad con los habitantes de la Comunidad autónoma
Valenciana, que tienen el mismo derecho que el resto de los españoles. Pero para conseguir esto en los servicios que se prestan desde las comunidades autónomas, que en gran medida dependen de la financiación del Estado,
hay que tener en cuenta el coste efectivo de estos servicios y este coste varía mucho dependiendo de cómo esté distribuida la población, por lo tanto hay que valorar la dispersión. En otra ocasión ya indique que las clasificaciones
administrativas son bastante artificiales y no responden a hechos totalmente objetivos, sino más bien son consecuencia de hechos históricos y culturales, y que ya va siendo hora de que de verdad se apliquen técnicas modernas de medición, que son
perfectamente posibles hoy en día, para medir la dispersión. Tenemos datos, tenemos instrumentos y, además, es necesario potenciar esa transformación digital que tanto citamos y que luego no nos atrevemos a utilizar por criterios partidistas. El
otro gran concepto que debe respetarse es el mantenimiento del statu quo mínimo. Todas las comunidades autónomas o casi todas tienen graves carencias de financiación y todas reclaman deudas históricas, y aquí la Generalitat Valenciana no es la
única. Por eso, es imprescindible que el mínimo actual se mantenga para todas y se les dote de recursos suficientes para que todos los servicios básicos con financiación pública se presten en igualdad de condiciones.
En esta moción hay algo con lo que no podemos estar de acuerdo, que es la referencia expresa que se hace a financiación por habitante a la hora de distribuir los fondos entre las comunidades autónomas. Este es un concepto que aplicado con
exclusividad acaba con el principio de solidaridad, pues no tiene en cuenta ni los costes de los servicios que he citado ni la situación de riqueza de cada comunidad. Además, hoy en día, que apoyamos de palabra la lucha contra la despoblación,
serviría para ahondar diferencias de las grandes urbes y las zonas densamente pobladas con los núcleos rurales y lo que llamamos la España vaciada. Concluyo, el indicador de euros por habitante es totalmente injusto y no debemos tenerlo siempre
metido en la cabeza y repetirlo continuamente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Señorías, señor Baldoví, como no podía ser de otra manera, mi grupo coincide en la urgente necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, un sistema que data de 2009 y cuya revisión debía haberse realizado hace casi siete años,
en 2014. Recordemos que esa época, 2014, eran tiempos de la mayoría absoluta del Partido Popular y ¿qué hizo el Partido Popular? Nada; una muestra más de que ustedes, señorías del PP, pero también señorías del PSOE, piden desde la oposición lo
que son incapaces de hacer cuando están en el Gobierno, porque ahora gobierna el señor Sánchez en coalición con el apoyo de algunas de sus señorías -de usted, señor Baldoví- y ya ve que tampoco parecen tener demasiado interés en esta cuestión.
Voy al grano. En España necesitamos una financiación autonómica justa para garantizar que los servicios se presten en las mismas condiciones a todos los españoles, con independencia del lugar de residencia. Supongo que a estas alturas a
nadie le asombra que Ciudadanos exija y defienda igualdad entre los españoles. La reforma del sistema de financiación autonómica debe establecer un nuevo marco que sea más transparente, más equilibrado, que asegure que todas las comunidades
autónomas ejerzan su autonomía financiera en el cálculo de sus ingresos y de sus gastos, y digo todas, señor Baldoví, no solamente las que le interesa mencionar u obviar en su discurso, como le ocurre a usted siempre en el caso de Madrid. Vuelvo al
tema. El actual sistema de financiación adolece de serios fallos, lo reconocen los comités de expertos, tanto el nombrado por las Cortes Valencianas como el promovido por el Gobierno central; informes de expertos que dicen que el actual sistema de
financiación autonómica concede insuficientes recursos a las comunidades autónomas para cubrir gastos, que permite agravios frente a las comunidades forales, que las comunidades carecen de los instrumentos adecuados de política fiscal para dar
respuesta a sus problemas financieros o que es un sistema en el que falta cooperación y lealtad institucional.
Señor Baldoví, me centro en la situación financiera de nuestra comunidad, de la Comunitat Valenciana. Coincido con usted en su diagnóstico, en los datos financieros. Pese a tener menor gasto social que el resto de comunidades autónomas,
tiene un déficit y un endeudamiento mayor, como también es mayor su dependencia de los fondos de apoyo financiero. Sin duda, estos mecanismos extraordinarios, el Fondo de Liquidez Autonómica, el Fondo de pago a proveedores, etcétera, han
significado un gran alivio para la comunidad, pero la necesidad de acudir a ellos de forma recurrente ha incrementado enormemente nuestro nivel de deuda. Y mientras no se ponga fin a las causas que generan ese resultado, los valencianos
no podrán disfrutar de las mismas oportunidades y servicios públicos esenciales de los que gozan el resto de españoles. En Ciudadanos apoyamos -y esa es la justificación de la enmienda transaccional que hemos presentado y que esperamos que
el resto de grupos parlamentarios acepten- el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación y también apoyamos el establecimiento de mecanismos de compensación para que
el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores.
Termino ya. Señor Baldoví, usted apoyó a este Gobierno a cambio de una reforma de la financiación autonómica. El señor Sánchez habló en su primer debate de investidura de un plazo de ocho meses para iniciar esta reforma, y aquí estamos hoy
hablando de esto; en noviembre del año pasado la ministra Montero aseguró que se iniciarían los trabajos para la reforma en febrero de 2021, y aquí estamos, y el mes pasado la propia ministra Montero volvió a prometer a su socio en el Gobierno
valenciano, el señor Ximo Puig, que iniciaría la financiación autonómica en los próximos meses: otra patada hacia delante. Le han negado por tres veces, señor Baldoví. Asumamos cada uno nuestra responsabilidad, exijamos lo que es justo, pero no
caigamos los valencianos -y se lo digo a usted particularmente- en el populismo de pedir la quita de la deuda ni repitamos el mantra del separatismo de que España nos roba.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Buenas tardes, señorías.
Presidenta, debatimos hoy la segunda moción presentada en menos de dos meses en relación con la reforma del sistema de financiación autonómica. Si recuerdan ustedes, a finales de febrero fue el Grupo Parlamentario Popular el que trasladó a
esta Cámara el correspondiente debate, en el que instaba al Gobierno, entre otras medidas, a condonar deuda autonómica, como ahora decía usted, señora Muñoz. Por supuesto, jamás emplearon una fórmula tan directa. Nunca hablaron de condonación en
aquel momento. Se referían más bien a que -cito literalmente- las comunidades autónomas no tengan que abonar a la Administración central el saldo negativo. Es decir, condonar. En fin, juzguen ustedes, pero aunque la mona se vista de seda, mona se
queda. Todo ello después de haber aparcado sine die la necesaria reforma del sistema que tenía que haberse acometido allá por 2014, es decir, durante el primer Gobierno del señor Rajoy. De cualquier modo, tanto hace dos meses como hoy nos recuerda
ahora Compromís que el problema de la financiación autonómica sigue sin haberse resuelto y las deudas de algunas autonomías, como el País Valencià, siguen acumulándose o, en todo caso, siguen lejos de una solución definitiva. Todo ello en un
contexto en que los desafíos sociales que deben atender no han hecho sino multiplicarse con el estallido de la pandemia y aún requerirán de más tiempo y recursos ingentes para su atención. Estoy seguro de que todas y todos hubiéramos preferido
acometer la reforma del sistema sin estos urgentes condicionantes. Seguramente sería más provechoso el debate en un clima escampado y de cierta normalidad institucional, pero, señorías, nos toca vivir los tiempos que nos tocan y ese debate se
tendrá que producir necesariamente ahora en plena tormenta pandémica.
Desde nuestro espacio político, y en contraste con la ortodoxia económica que ha venido prevaleciendo hasta hace bien poco, siempre hemos defendido la necesidad de establecer un suelo de ingresos para las comunidades autónomas; un suelo
orientado específicamente a garantizar una calidad mínima en la prestación de los servicios públicos y, en general, del Estado social que estos soportan. Esto no solo exige dotar de autonomía y herramientas fiscales diferenciadas a las comunidades,
sino que también hace falta cambiar la cultura tributaria en toda España, es decir, acometer una reforma fiscal ambiciosa, en línea con nuestros principales vecinos europeos, que nos permita en conjunto elevar los niveles de bienestar de toda la
población. Bienvenido sea, por tanto, el comité de expertos recientemente anunciado por el Gobierno para atender a esta cuestión crítica en los próximos meses. Pero, volviendo a la cuestión autonómica, su financiación tendrá que respetar
necesariamente los distintos estatutos de autonomía, así como atender a otros factores que marcan y definen muchos de nuestros territorios. ¿Cómo renunciar a la insularidad de las Islas Baleares o de Canarias? ¿Cómo no reconocer la dispersión
poblacional en vastas zonas de las Castillas, Galicia, Aragón o Extremadura? Ahora bien, tampoco podemos obviar el factor poblacional o volveríamos a caer en uno de los principales errores que ha lastrado el actual sistema. Porque, claro,
señorías, en el País Valencià sí se ha extendido la sensación -y se lo digo con toda
honestidad- de que en estos últimos años hemos fungido de factor de encaje, de una suerte de variable ajustable al resto de realidades, y esto hace que el clamor por la reforma del sistema sea absolutamente unánime en nuestro país. Luego,
ya cada espacio político destila y transforma esa posición en un pronunciamiento partidista con sus matices, pero créanme que no hay un pueblo en España más urgido de esta reforma que el pueblo valenciano, y las propias manifestaciones al unísono
del Govern del Botànic así lo atestiguan. Por eso, y mientras cerramos e implementamos un nuevo modelo de financiación, habrá que atender al hiato original que estamos padeciendo ya en estos momentos. Ahora bien, sería injusto no reconocer lo que
ya se está atendiendo. No sería justo desconocer los esfuerzos que se están realizando ya para inyectar financiación al sistema autonómico. No hablo ya de los 16 000 millones de euros de fondos extraordinarios no reembolsables que el Gobierno
destinó a las comunidades autónomas. No me refiero al mantenimiento de las entregas a cuenta, pese a la evidente caída de la recaudación, como recordaba el señor Baldoví. En fin, no solo se trata de poner en valor las cifras récord de 146 000
millones de euros que recibirán en el año 2021 las comunidades autónomas en concepto de financiación, y gracias en gran medida a los fondos europeos. Hablamos también de la suspensión de las reglas fiscales aprobadas en octubre del año pasado, un
balón de oxígeno fundamental en estos momentos para las autonomías. Hablamos de los Presupuestos Generales del Estado y de 2500 millones en inversión comprometidos para el próximo año. ¿Se puede hacer más en esta dirección? Desde luego; es más,
confío en que el Gobierno siga barajando otras medidas adicionales que impliquen recursos autonómicos sin necesidad de recurrir a esa deuda ya sobredimensionada en nuestro caso. Por todas estas razones, tanto mi grupo parlamentario como el Grupo
Socialista hemos presentado esa enmienda que ha comentado el señor Baldoví, con el objetivo de alcanzar un acuerdo con Compromís y reeditar así en Madrid el entendimiento que ya existe sobre esta materia entre las tres fuerzas políticas en la
Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Betoret Coll.
El señor BETORET COLL: Buenas tardes, señorías, presidenta. Asistimos esta tarde aquí a la representación de un engaño, un engaño que se inicia con la imposición en 2009 por parte del Gobierno socialista de un modelo de financiación
autonómica que, lejos de reducir las desigualdades, las consagra. A ese modelo de los socialistas de 2009 el Partido Popular votó no, y dijo las consecuencias que traería. El resultado pocos años después es más que evidente. Llegados aquí, nos
preguntamos: ¿por qué estamos esta tarde aquí hablando sobre esto? (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia). La respuesta es clara: porque los autores del agravio siguen manteniendo el mismo y porque el señor Baldoví
quiere escenificar un supuesto enfado que ya no cree nadie. Y no lo cree nadie porque en enero de 2020, el día 2 concretamente, el señor Baldoví se fotografiaba con el señor Ábalos para anunciar que en ocho meses se presentaría un nuevo modelo de
financiación.
Días después, el señor Baldoví votaba, con el entusiasmo del que cree que ha firmado un gran acuerdo, la investidura del señor Sánchez. Semanas después de esto, el acuerdo quedaba en papel mojado con las declaraciones de la ministra de
Hacienda cuando aseguraba a los medios que en otoño -abro comillas- 'contaría con el esqueleto básico del sistema de financiación' -cierro comillas-. Transcurrido poco más de un año, de ese esqueleto no hemos visto ni la sombra. Hace ahora un mes,
el Grupo Republicano en esta Cámara presentaba una propuesta reclamando un nuevo sistema de financiación, pisándole el asunto al señor Baldoví, con el que este ha intentado hacer bandera durante mucho tiempo.
Señor Baldoví, Compromís tiene la llave para desbloquear el cambio del sistema de financiación, y la tiene porque son ustedes socios del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Si ustedes tienen interés en resolver este asunto y ese
interés es sincero, que no lo dudo, y no una pose, pongan ustedes fecha límite a esa reforma. Y si el Partido Socialista una vez más les engaña, rompan el pacto de Gobierno que tienen en la Comunidad Valenciana con ellos. (Aplausos). Ya le digo
que no lo van hacer, porque son ustedes los cómplices necesarios para el engaño. Como en el juego del trile, uno es el que mueve la bolita debajo de los cubiletes y otro es el que engaña, al hacer ver que es una apuesta segura. Este último es el
rol de Compromís, el de protagonista en este engaño, al hacer ver que el acuerdo y la coalición con el Partido Socialista es una apuesta segura. Pero, señorías, la realidad es otra, porque lo cierto es que llevan organizando el trile hace más de un
año, y esta es una mentira más a añadir a la interminable lista del
Gobierno socialista. Señor Baldoví, le invito a que reflexione sobre aquella frase del filósofo Anaxágoras: si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía. Si las cuentas no me fallan, al menos usted se ha dejado
engañar dos veces. Ahí se lo dejo. Por cierto, ¿alguien ha escuchado levantar la voz a Ximo Puig? Está calladito y formal. Lejos quedan los tiempos en los que organizaba manifestaciones contra el Gobierno por este mismo motivo.
Señorías, hemos presentado una enmienda en la que solicitamos ese nuevo modelo de financiación autonómica, pero también la financiación local, pues las entidades locales han sido las grandes abandonadas por este Gobierno, especialmente en el
tiempo de pandemia; un modelo que respete los principios de autonomía, suficiencia y solidaridad; una autonomía fiscal sin intromisiones del Gobierno en la fiscalidad autonómica. Por cierto, nos congratulamos de que el señor Gabilondo asuma como
propia la idea de la presidenta Díaz Ayuso y considere que no hay que subir impuestos y que ha de haber estabilidad fiscal.
Pedimos una financiación transitoria que ayude a resolver el agujero de más de 6000 millones de euros que el Gobierno va a generar en las comunidades autónomas, como consecuencia de las falsas previsiones en la recaudación prevista para el
presupuesto. Esto es algo que sufrimos los alcaldes -usted y yo lo éramos en ese momento- cuando por el mismo motivo y también un Gobierno socialista obligó a los ayuntamientos a tener que devolver dinero al Estado. En esa línea, y para ayudar
transitoriamente a las entidades locales -en su parte correspondiente por supuesto a las valencianas-, pedimos que estas participen en la gestión directa del 14,56 de los fondos de la Unión Europea para la reconstrucción.
En definitiva, señor Baldoví, la llave del candado de la financiación la tiene Compromís. Ustedes son los que tienen que elegir si continúan participando, como socios, del engaño que tienen organizado el señor Sánchez y el señor Puig o si,
por el contrario, quieren ser socios de los valencianos. Suya es la elección, pero sepa que el pueblo valenciano ya no puede esperar más.
Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: Muy bien).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Vilches Ruiz.
La señora VILCHES RUIZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Señor Baldoví, debatimos nuevamente acerca de la necesidad de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica y, desde el Grupo Socialista, planteamos una enmienda, junto con Unidas Podemos, porque nuestro
grupo y este Gobierno tenemos dos objetivos bien claros y precisos en lo que a financiación autonómica se refiere. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia). Primero, garantizar la financiación suficiente para que las
comunidades autónomas presten servicios públicos esenciales para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, accedan en igualdad de oportunidades -como digo- a estos servicios públicos, objetivo este especialmente vivo en el contexto de pandemia, y
revisar el modelo de financiación autonómica para que la suficiencia financiera de las comunidades autónomas quede garantizada de forma estructural.
Señorías, quisiera oír alguna de sus intervenciones -las pasadas, las presentes, y tratando de influir modestamente en las futuras- sin traer fantasmas a lo Charles Dickens, y utilizando un eficaz pero sencillo método de gestión de trabajo,
conocido como cuadrante de Eisenhower, para hacer distinción entre dos premisas fundamentales, la atención a lo urgente y a lo importante. Señor Baldoví ¿qué es lo importante para la Comunidad Valenciana y para el resto de comunidades autónomas?
¿Cuál ha sido la urgencia este año? Porque, a juzgar por este debate, ajenos a la realidad obvian la pandemia, obvian la urgencia, ni la mencionan, y parece que buscan más la confrontación política que el interés de todas las comunidades autónomas.
Para el Ministerio de Hacienda lo urgente en plena pandemia ha sido dar facilidades a las comunidades autónomas para evitar tensiones financieras y que tuvieran capacidad para seguir ofreciendo servicios públicos esenciales. Y lo importante
-como ha manifestado la ministra por activa y por pasiva- ha sido su compromiso de revisar el modelo de financiación autonómica, porque, verdaderamente, cualquier modelo de financiación debe adaptarse a las necesidades y a las circunstancias del
momento. Por eso debe revisarse, como digo, y ese es el compromiso de este Gobierno, revisión que por otra parte debió abordar el Partido Popular cuando gobernaba con mayoría absoluta una vez pasada la crisis financiera, cuando además tocaba, en
lugar de préstamos con intereses draconianos.
Señor Baldoví, si estamos de acuerdo en revisar el modelo de financiación, si estamos de acuerdo en que el objetivo del cambio de modelo es garantizar la financiación suficiente para evitar tensiones financieras y que las comunidades
autónomas puedan prestar los servicios en igualdad de condiciones, ¿cuál es realmente su objetivo? Verdaderamente no lo entiendo, porque el compromiso y el objeto de su propuesta coinciden con los del ministerio y, de facto, se están haciendo
efectivos. En medio de la pandemia mundial que todos ustedes han obviado, que literalmente ha zarandeado al mundo entero, las comunidades de este país están recibiendo los mayores recursos de su historia; lo mencionaba también el señor Guijarro.
Recibieron del sistema de financiación una cifra récord, un 7,3 % más que en 2019, se aprobó el Fondo COVID, 16 000 millones de euros no reembolsables, y no prestamos, señorías del Partido Popular. Esta es la mayor transferencia que haya hecho
jamás el Estado a las comunidades autónomas al margen de su sistema de financiación -por cierto, a la Comunidad Valenciana, 1486 millones de euros-, los mecanismos de financiación extraordinaria, la suspensión de las reglas fiscales, el nuevo fondo
de 11 000 millones de euros, los fondos Next Generation.
Por lo tanto, son más que evidentes las diferencias entre un Gobierno y el otro (aplausos), el modelo del respeto frente al modelo de la imposición; el modelo del fondo COVID frente al modelo de la deuda y los intereses; el modelo de la
cogobernanza frente al de la unilateralidad. Y es que en el cuadrante Eisenhower las derechas se han posicionado en los cuadrantes conocidos como ladrones del tiempo con actividades que no contribuyen ni a resolver urgencias ni cuestiones de
importancia, pero ese es el modus operandi de la derecha, al más puro estilo neoliberal, el viejo y tradicional laissez faire, laissez passer que aplican a todo, a la política territorial, a la económica, a la social y con la que cuando gobiernan
dejan pasar y dejan de hacer. Porque ni modificación de la financiación autonómica ni recursos extra a las comunidades autónomas, salvo préstamos, eso sí, cuyo resultado es el que ya conocemos, tensiones territoriales y endeudamiento.
Señora presidenta, concluyo. Señor Baldoví, lidiemos juntos contra esta pandemia, cerremos el cuadrante de lo urgente sin perder de vista lo importante porque, en palabras del duque de Albany en el Rey Lear de Shakespeare: Agitándonos para
alcanzar lo mejor, a menudo maleamos lo bueno.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (Aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
El señor Baldoví nos planteaba una interpelación tramposa en su finalidad por una razón muy clara. Decía que la misma era consecuencia de la infrafinanciación que padece la Comunidad Valenciana, responsabilizando de ello al Gobierno, y
obviaba por descontado que esa responsabilidad es compartida por el señor Baldoví y por su partido en la medida en que forman parte del Gobierno de la Generalitat valenciana, y desde que el señor Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno vía
moción de censura plegaron las pancartas, los eslóganes, los panfletos, todo aquello por lo que se caracterizaron tiempo atrás. Pero además, es tramposa en su finalidad, porque no pretendía el señor Baldoví contribuir a resolver el problema de
financiación que padece la Comunidad Valenciana.
Esa interpelación se presentaba apenas unos días después de que la señora ministra de Hacienda volviera a decirle al presidente Sánchez, y este diera el cabezazo, que del problema de resolver la financiación deficiente de la Comunidad
Valenciana ad calendas graecas, ya veríamos. Pero, sobre todo, esa interpelación la planteaba horas después a ver si los valencianos picaban y desviaba con ello la atención del asunto, horas después del monumental escándalo que afecta a la jefa
política del señor Baldoví y a su partido como consecuencia de la sentencia judicial que condena al hoy exmarido de la señora Oltra -marido en el momento en que se produjeron los hechos- a cinco años de cárcel por abusos sexuales perpetrados a una
menor en un centro dependiente de la consellería de la que era titular la señora Oltra. (El señor Baldovía Roda: Señora presidenta, se está pasando).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio.
El señor GIL LÁZARO: La propia sentencia, además, pone gravísimamente en cuestión el comportamiento político de esa consellería dirigida por la señora Oltra, de modo y manera que si tuviera
un mínimo de decencia democrática probablemente la señora Oltra a estas alturas hubiera tenido ya que presentar su dimisión. (Aplausos).
Es una finalidad tramposa que se escribe en un intento de meterle un cuerno a los partidos que gobiernan con el señor Baldoví en la Generalitat valenciana -el Partido Socialista y Podemos- que llevan ya larguísimos meses de pugna y de bronca
interna. Desde luego, utiliza también una argumentación tramposa porque dice que la infrafinanciación valenciana impide el pago de servicios públicos esenciales. Claro, lo que no dice -y por eso es tramposa- es que este Gobierno de la Generalitat
parece mucho más interesado en atender otros pagos. Por ejemplo, casi 100 millones al año en una televisión pública que no ve nadie y que no es más que una caja de resonancia de las veleidades independentistas y catalanistas de Compromís.
(Aplausos). Por ejemplo, en este último año de pandemia, 1 600 000 euros entregados a entidades catalanistas que no representan a nadie en la sociedad valenciana, pero que son el eco de ese procès catalán al que son tan afectos el señor Baldoví y
su partido. Por ejemplo, casi 5 millones de euros al año -casi 5 millones de euros al año- en asesores, lo que significará 20 millones de euros al finalizar la legislatura. Y tampoco contaba el señor Baldoví que desde que gobiernan en la
Generalitat valenciana han disparado en 700 millones más el gasto del sector público improductivo, con un aumento de 40 % exclusivamente en gastos de personal. Y lo que tampoco contaba es que desde que gobiernan en la Generalitat valenciana han
aumentado en 11 000 millones de euros la deuda de la Generalitat, llegando ya casi a superar los 50 000 millones de euros. Y así suma y sigue.
Por tanto, este grupo parlamentario no va a sumarse a esta ceremonia de engaño y confusión, otra vez, a la sociedad valenciana. Le decimos que no a la moción del señor Baldoví y a cualquier enjuague transaccional que se pueda hacer, porque
no respeta la verdad, porque no busca la verdad, porque busca exclusivamente engañar a los valencianos. No hay más solución al problema de la financiación territorial y al problema de la baja financiación valenciana que jubilar democráticamente en
las urnas al señor Sánchez, y desde luego al tripartito que gobierna la Generalitat valenciana. Esa es exclusivamente la realidad. Eso lo haremos pronto, muy pronto, porque son cada vez más los millones de españoles y son cada vez más los
valencianos que confían en nuestras propuestas, hartos ya de tanta tomadura de pelo, señor Baldoví, de tanto catalanismo, de tanto separatismo. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en
pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias.
Pregunto al señor Baldoví Roda si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
El señor BALDOVÍ RODA: Estamos negociando y supongo que, a pesar de algunos señores que se pasan, llegaremos a un acuerdo. (Protestas).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS RAZONES QUE TIENE EL GOBIERNO PARA MODIFICAR LA REFORMA LABORAL. (Número de expediente 173/000064).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las razones que tiene el Gobierno para modificar la reforma
laboral. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Movellán Lombilla.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, la ministra de Asuntos Económicos aseguraba este viernes que la transparencia del Gobierno debería tranquilizar a los españoles sobre la reforma del mercado laboral, y yo me temo que hace mucho tiempo que este Gobierno ha perdido
la capacidad de tranquilizar a nadie, pero ni aquí ni en este país ni en el resto de Europa. No es de extrañar, porque las pocas medidas de soporte que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ofrecido a los trabajadores y empresas y que de verdad han
funcionado están en marcha porque a ustedes no les dio tiempo a eliminarlas antes de la pandemia.
La historia se repite, nosotros siempre heredamos de ustedes déficit, paro, deudas e incluso trampas en las cuentas públicas. Ustedes heredan de los Gobiernos del Partido Popular crecimiento económico, creación de empleo, un país que avanza
y que lidera Europa y heredan también figuras como los ERTE,
que están permitiendo mantener la paz social en España y que se han demostrado como la única medida eficaz de este Gobierno para luchar contra la pandemia.
Hoy estamos aquí porque sienten ustedes la necesidad de derogar la reforma laboral, como sienten la necesidad de reformar una democracia que les parece incompleta y una Constitución que un día les parece una herencia franquista y al
siguiente les parece un texto que los tiene que acompañar en el bolsillo hasta en los debates de televisión. Porque son ustedes muy de actuar por impulsos, y así nos va. A los españoles no nos tranquiliza nada que el mismo Gobierno que recorta la
libertad de los padres para educar a sus hijos, que el mismo Gobierno que empadrona a los okupas en casas ajenas o que sienta a los suyos en la fiscalía como en un cortijo y que en un año ha sido incapaz de ofrecer a los españoles una ley que
articule el final del estado de alarma, quiera ahora derogar la legislación que garantiza a las empresas flexibilidad en el momento en el que no solo la necesitan para crecer, sino que la necesitan para sobrevivir.
Los españoles no estamos tranquilos porque todo lo que ustedes tocan lo convierten en un problema. Han dificultado el funcionamiento de un servicio básico como es el SEPE hasta volverlo inútil. Ya solo el 2 % de los trabajadores de este
país encuentra un empleo a través de este servicio. De la gestión de las prestaciones de los ERTE pueden dar fe los cientos de miles de trabajadores a los que se les ha pagado tarde, mal o incluso llevan meses sin cobrar. De los plazos para
solicitar esas prestaciones lo que sabemos es que incluso las citas se han gestionado en la reventa y del resto de funciones del SEPE ya saben más los hackers que la ministra. La pregunta que nos hacemos todos los españoles es con lo que está
pasando en el SEPE, ¿no hay nadie al frente de este organismo tan fundamental para el empleo en España? Pues ya sabemos a lo que anda el director general del SEPE, no anda a servir a los intereses de los trabajadores españoles, no; anda haciendo
campaña electoral en Madrid vía Twitter. (Mostrando un escrito). Y lo hace sin pudor porque leer al director general del SEPE hablar de trampantojos, de mala gestión y de inoperancia en la gestión es algo como una película de Berlanga. Yo les
digo, señorías de la izquierda, háganse y háganle un favor al director general del SEPE y díganle que no haga más el ridículo, que se dedique a trabajar y a enderezar el rumbo del SEPE, que no se preocupe de Madrid y de los madrileños, que les ha
ido muy bien en estos veintiséis años de Gobiernos del Partido Popular y que, a partir del 4 de mayo, les seguirá yendo igual de bien con Isabel Díaz Ayuso como presidenta de Madrid.
La semana pasada en la interpelación a la ministra nos quedó claro que lo único que ha hecho este Gobierno por la empleabilidad de los españoles es aplicar la figura del ERTE, que venía de esa reforma del Partido Popular tan denostada por
ustedes. Queda un mes para que finalice la vigencia de las prestaciones de los ERTE y de los autónomos, 780 000 trabajadores y 440 000 autónomos están esperando a ver otra vez esa nueva foto del acuerdo de los ministros con los agentes sociales.
Ustedes se han convertido realmente en un verdadero problema para los más de 6 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. Se han convertido en el principal problema de los jóvenes españoles, con una tasa de paro del 40 %, y también lo
son para las mujeres, ya que fuimos en 2020 el país de Europa que más empleo femenino destruyó. Para los únicos para quienes no son ustedes un problema es para las más de 100 000 empresas que cerraron este año. Para estos empresarios y empresarias
y para sus trabajadores no son un problema, son ustedes una desgracia.
Señorías, en este contexto, llegan ustedes y quieren derogar un texto de 2012 que frenaba la sangría de empleos que habían hecho ustedes mismos, y lo quieren hacer porque lleva la firma del Partido Popular y porque funcionaba bien, porque
incluye medidas que lograron que España dejara de aportar seis de cada diez de los parados que se generaban en Europa, porque esa reforma del mercado laboral y la flexibilidad que garantiza es lo que España necesitaba entonces y necesita ahora para
hacer frente a la actual crisis, y no es una opinión, son datos comprobados. No importa lo que diga el Partido Popular o el Partido Socialista; lo que importa es lo que digan aquellos que crean empleos en nuestro país, lo que dicen los
empresarios, que tienen miedo a que ustedes les aten de pies y manos ante una nueva reforma, o lo que dicen los autónomos, que ya están temblando porque son miles los que están esperando unas ayudas que no llegan. Pero lo que sí ven es que su
intención es que llegue antes una subida de cotizaciones.
No se puede gobernar un país y pretender no tener que ver con la situación económica. España va a ser este año el país con mayor tasa de paro de Europa y una de las mayores tasas de desempleo del mundo; solo nos van a superar Armenia,
Sudán o ese paraíso en la tierra al que quieren llevarnos que se llama Venezuela. No se lo digo yo, se lo dice el Fondo Monetario Internacional a través de las perspectivas económicas mundiales. Les dicen que van a incumplir su promesa de crear
800 000 puestos de trabajo hasta el año 2023. Les dicen que no vamos a recuperar el nivel de empleo previo a la pandemia hasta el
año 2026. Piensan ustedes que no tienen ninguna responsabilidad en estos datos porque están ustedes empeñados en borrar para volver a escribir; quieren borrar aquellas medidas que consiguieron que en España se creara 1400 empleos al día y
se redujera en más de 600 000 el número de hogares con todos sus miembros en paro. Unas medidas que fueron necesarias porque otro Gobierno socialista mandó al paro a más de 3,5 millones de personas. No hay peor momento ni momento menos adecuado
para llevarse por delante la flexibilidad y la capacidad de negociación de las empresas, que son las que crean empleo, no los Gobiernos y no, desde luego, los Gobiernos socialistas. Por eso, les decimos en la moción que pongan en marcha una serie
de medidas, y si no se ponen de acuerdo, hágannos caso, porque la reforma de 2012 funcionó. No es el momento de derogarla, es el momento de fortalecerla.
Finalizo. No volvamos a aquellas políticas laborales que ya fallaron en el pasado; todo lo contrario, fíjense en los modelos que han funcionado, porque el modelo existe; es un modelo de éxito probado; España ya lo consiguió antes, y los
Populares seguimos aquí para enseñarles a ustedes, para ayudar a los españoles a sacar al país de esta crisis también.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Movellán. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Comenzaré recordando que en 2012 los votos de Foro sirvieron para aprobar la reforma laboral con la que España acometió con éxito el desastre nacional al que nos había arrastrado la gestión presidencial del señor Rodríguez Zapatero. Unos
meses antes, se había modificado atropelladamente, con mi voto en contra, el artículo 135 de la Constitución, también como secuela de aquella aciaga etapa económica socialista que se cebó sobre los españoles, a los que empobreció y que destruyó más
de 3 millones de puestos de trabajo. Ahora, también con otro presidente socialista al frente del Gobierno, nuestro país vuelve a sufrir la precariedad laboral, agudizada en este caso por la pandemia del coronavirus, pero aliviada de forma parcial
precisamente, como dijo el señor Movellán, por la vigencia de aquellas medidas legislativas laborales de 2012, que ahora han permitido adoptar acuerdos de emergencia con los sectores empresariales y los representantes de los trabajadores.
Señorías, en la actualidad el mayor riesgo para España y para su zarandeado tejido productivo es que nuestro Gobierno presente ante Europa un plan insolvente que no atienda los objetivos prioritarios para acceder a los fondos comunitarios
con los que avanzar en la transformación de nuestra economía. Estamos obligados primordialmente a cambios para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, pretexto para las escaramuzas del ministro Escrivá, y a modificaciones en la reforma
laboral. De ahí la necesidad de esta moción del Grupo Popular para reconducir las ínfulas derogatorias del Gobierno y sus socios, con mayor motivo si cabe cuando somos el país de la Unión Europea con las cifras de desempleo más altas -las del
desempleo juvenil van mucho más allá de lo catastrófico-, y acometer una modernización de nuestra legislación laboral en la línea que tienen otros países homólogos a España en los que se crea empleo. Lo contrario es retornar al peor pasado y una
vuelta a aquellas andadas calamitosas e insensatas de la etapa del señor Rodríguez Zapatero.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que la derogación de la reforma laboral creo que fue la primera gran mentira. Fue en el año 2018, cuando el presidente Sánchez dijo aquello de: 'La primera medida que voy a tomar va a ser derogar la reforma laboral'.
Estamos en 2021 y entre medias ha habido dos procesos electorales. En todas las campañas se decía: 'La primera medida que voy a tomar va a ser derogar la reforma laboral'. Y luego llega el pacto con Podemos, se dan el abrazo y dicen: 'Y lo
primero que vamos a hacer va a ser derogar la reforma laboral'. Y luego llega el estado de alarma y firma con Bildu y con Esquerra: '¿Qué vamos a hacer? Derogar la reforma laboral'. Entonces, si tienen votos y tienen voluntad, ¿por qué
no derogan la reforma laboral? Pues porque saben que sería una barbaridad, que el paro se iba a disparar y que la única forma de crear algo de empleo, que son incapaces de crear, es gracias a que sigue estando en vigor esa reforma laboral,
porque, si no, las cifras de paro estarían todavía más disparadas de lo que están.
¿Y qué ocurre con los partidos que han apoyado eso? Están más cómodos con la reforma laboral, porque han elegido otras cosas. Unos han dicho: 'Dejamos atrás los principios, pero nos quedamos con los puestos; ahí queda dicho y de vez en
cuando lo sacamos'. Otros dicen: 'Si nos blanqueas, la reforma ahí sigue'. Los otros dicen: 'Si seguimos con el procés, la reforma ahí se puede quedar'. Y es lo que está ocurriendo ahora. Y mientras, con 4, 5 o 6 millones de parados, tenemos a
la ministra de Trabajo, en vez de ocupada en crear empleo, dando clases de que el comunismo es libertad y es democracia; dicho por la ministra de Trabajo. Oiga, ¿no tiene otra cosa que hacer que decir eso? El comunismo es comunismo, la libertad
es libertad, la democracia es democracia y el comunismo es todo lo contrario a la libertad y a la democracia. Por tanto, ministra, póngase a trabajar y a crear empleo, que es lo que hace falta.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor García Adanero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias, señora presidenta.
Señor García Adanero, el debate sobre qué es el comunismo y qué no es creo que lo tuvimos hace dos semanas. Lo contrario al comunismo es el fascismo y, por desgracia, cada día está más presente en el Estado español.
Por centrarme ya en el debate, volveré a seguir el método que he empleado en otras ocasiones para las iniciativas del Partido Popular, que son recurrentes, relativas a la reforma laboral. Me voy a quedar más con el texto que con la propia
intervención. Supongo que el texto está trabajado, está adornado con datos y es más efectivo para el debate. Y lo primero que hay que decir cuando uno ve esta iniciativa es que se trata más de un pliego de descargo o de una especie de iniciativa
de corte defensivo, porque, si uno observa la exposición de motivos y lo prolija en datos que se muestra, lo que ve es una línea de defensa de la reforma laboral, de la gestión de Mariano Rajoy durante su mandato o sus años de Gobierno.
Empiezan con un axioma, que para ustedes es el marco general de toda la iniciativa, que es que la reforma general funciona y crea empleo, pero no se plantean qué tipo de empleo, no se plantean por qué la precariedad no ha disminuido, no se
plantean por qué donde antes había un empleo fijo ahora puede haber cinco empleos discontinuos. Ustedes nos dicen que el mercado laboral es rígido, pero nunca ha sido menos rígido que ahora gracias a algo que utilizan al final de la iniciativa, que
es la flexiseguridad. Nunca ha sido más flexible, nunca los empresarios han tenido más fácil despedir de la manera que quieren porque nunca antes se había permitido en el Estado español -y eso sí es un retroceso histórico que ustedes llevaron a
efecto- que no hubiera autoridad laboral que determinase si ese despido es objetivo o no lo es, si ese despido o ese ERE es razonable o no lo es, porque están agarrando causas coyunturales para tomar medidas estructurales. Y esa es la triste
realidad que soportan los y las trabajadoras en Euskal Herria y en el Estado español.
Pero, como digo, en su exposición de motivos hablan de la dificultad o el grave riesgo que tenían cuando accedieron al Gobierno para mantener el Estado del bienestar. Señor Movellán, mantener el Estado del bienestar es no recortarlo,
mantener el Estado del bienestar es apostar por ampliarlo, es mantener la política de cuidados, es mantener empleos dignos y decentes, y lo que no es mantener el Estado del bienestar es recortar y empobrecer a la clase trabajadora. Nos dicen que
tomaron algunas medidas ingratas: luego, parece que por placer no lo hicieron. Por tanto, no entiendo por qué plantean que la reforma laboral es tan buena si ustedes mismos en su texto reconocen que fue una medida ingrata y hasta cierto punto
impopular que había que tomar.
Pero luego ustedes hacen un repaso de lo que ha supuesto la aplicación de la reforma laboral, y creo que es un repaso inconcluso o parcial y, por tanto, poco válido. Plantean que se crearon 500 000 empleos al año durante los últimos cinco
años de mandato, 1400 empleos al día, o de día, podrían decir, porque la realidad es que el mercado laboral lo único que hizo fue crear más empleos cortos donde antes había un empleo largo, y además con peores condiciones laborales y peores
condiciones salariales. Dicen que se recuperó todo el empleo femenino destruido por la crisis: díganselo a las mujeres, pero díganselo con honestidad, díganles que no las habían destinado a los cuidados y empleos poco remunerados; digan que
esa era la manera en la que entendían que la mujer se puede incorporar al mercado laboral, en puestos de escasa capacitación y en las labores más duras del mercado laboral, porque eso es lo que se hacía.
Pero dicen más, dicen que 265 000 autónomos abrieron nuevos negocios. ¿Quiénes estaban entre ellos, todos los riders, todos los falsos autónomos, porque se tenían que quedar como falsos autónomos para cargar con parte de su salario para que
no lo pagará el empresario? Seguramente estaban ahí. Y dicen más, dicen que 2 765 000 españoles encontraron un empleo, incluyendo a 1,3 millones de mujeres y más de 230 000 jóvenes. Precisamente hoy un periódico que no empatiza mucho con nosotros
y con nosotras, con las gentes de la izquierda soberanista vasca, dice que en 1980 los jóvenes de entonces cobraban un 50 % más que los jóvenes de ahora. Los jóvenes de ahora están sometidos a la reforma laboral que ustedes pergeñaron con acuerdo
únicamente de la patronal, sin diálogo social y sin acuerdo con los sindicatos. Esa es la foto, y es un poco sangrante que a los jóvenes les tengan que decir estas cosas, como que les han creado empleos, cuando lo que vemos aquí -y se lo señalo, lo
dice un diario más cercano a ustedes que a cualquier otra fuerza política- es que la capacidad adquisitiva se ha reducido en un 50 % desde 1980 hasta ahora para los y las jóvenes.
Y nos dicen también que se redujeron en 615 000 personas el número de hogares con todos los miembros activos en paro, y, sin embargo, no explican por qué entonces, si todos están trabajando, lo tienen que hacer compatible con las ayudas
sociales, ya que con el empleo no les llega. Esa es la triste realidad que vivimos. Se lo voy a explicar de una manera muy gráfica porque me queda poco tiempo. Se trata de trabajar para vivir, no de vivir para trabajar; se trata de tener empleos
dignos que permitan que la gente pueda tener vidas dignas. Se lo he explicado en más de una ocasión y poco caso me ha hecho, seguramente porque no presta demasiada atención a mis palabras, y no se le puede reprochar. Quizá con un gesto gráfico lo
entienda mejor, porque si alguien no hiciera de los ERE una herramienta para despedir a trabajadores, estos tendrían que estar trabajando, y no defender el empleo, como lo están haciendo los y las trabajadoras de Tubacex todos los días. (Muestra
una bandera en la que se lee: Tubacex salba dezagun). Todos los trabajadores y trabajadoras defendiendo sus puestos de trabajo para que puedan tener trabajo digno, para que todos puedan tener futuro...
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Señor Matute,...
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: ... para que puedan tener un futuro digno ellos y sus hijos e hijas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Señor Matute, no se exponen enseñas de ningún tipo en este hemiciclo, conforme al Reglamento.
Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, es hora de eliminar el ruido de debates donde hay demasiadas cosas en juego y las actitudes forman parte bien de la solución o del problema. El PP nos presenta
hoy una moción que, dicho sea con todo respeto, suena a polémicas estériles, viejas y repetidas, aunque también lo es el anuncio de la derogación de la reforma laboral. Nos cuenta la moción que cuando llegaron al Gobierno en el año 2011 se
encontraron con una crisis económica global, un mercado laboral rígido y una ingente bolsa de parados incrementada en 3,5 millones de personas y con la obligación de hacer un esfuerzo extraordinario para superar consecuencias indeseables. Puede no
ser del todo incierto, pero tampoco es difícil adivinar que como respuesta desde los partidos que sostienen al Gobierno les van a contestar que en medio de aquella crisis el Gobierno del PP hizo recaer el peso de las medidas en el esfuerzo de los
trabajadores.
En aquel momento y en este país caminaba la mayor crisis económica mundial habida en décadas, a la que se sumaba en España la específica del ladrillo, y no solo de las subprime, producto entonces de un mercado de vivienda alocado y sin
control. Pero también es verdad que se hizo un esfuerzo de contención económico sin igual, aunque para ello se adoptaran medidas, en especial en el ámbito laboral, que también nosotros pensamos que fueron desafortunadas: descausalizar el despido,
abaratarlo, promover fórmulas de contratación precarias y temporales y, en fin, desdotar al marco de relaciones laborales de márgenes de seguridad, lo que supuso cronificar un mercado laboral precario y de desempleo. Traducido a román
paladino, se hizo recaer el esfuerzo para superar aquella crisis sobre las espaldas de quienes menos capacidad económica tienen, los trabajadores, sobre todo cuando a ello se añade que se hizo de una forma unilateral y al margen del diálogo
político y social. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Sin embargo, la moción tiene una virtud, que es adelantar el debate pendiente sobre el marco jurídico del trabajo. El futuro del empleo pasa -no lo digo yo, lo dicen los expertos- por adaptar su marco jurídico a una realidad cada vez más
cambiante y global: o somos capaces de promover un mercado laboral competitivo o la globalización nos va a situar en un espacio de irrelevancia que conducirá a trabajos sin valor añadido y, por tanto, a una economía de subsistencia, y dudo que ese
sea nuestro propósito. Pero, a su vez, esa adaptación requiere dos condiciones: una, la paz social, y otra, la seguridad jurídica, entendida la primera como la aproximación de intereses y decisiones de la representación de quienes forman parte de
la relación laboral, y la segunda con la concreción y matices que siempre ha de poder efectuar el legislador, pero eso sí, ninguna va a tener futuro si corre el riesgo de ser devorada por un cambio de Gobierno.
La polarización que sufre la política es hoy uno de los mayores factores de riesgo para el mercado laboral, añadido a los ya existentes, y por ello resulta aún más absurdo dibujar un escenario donde, constatada la capacidad de acuerdo en el
marco del diálogo social, sea la clase política la que proyecte mayores dosis de inseguridad, y, sin embargo, es lo que está sucediendo. Algo estaremos haciendo mal y algo tendremos que hacer a ese particular. La moción dice al respecto que
debemos dar estabilidad al mercado laboral, y estamos de acuerdo, pero hay que empeñarse en ello, no solo decirlo. También dice que debemos aclarar las causas por las que España tiene peores datos de empleo que Europa, y también estamos de acuerdo,
si bien no podemos olvidar que partimos de peor base y peores condiciones que corregir y, por tanto, de más y más costosas soluciones. En cuanto a prorrogar los ERTE, por supuesto, estamos de acuerdo, pero nosotros diríamos que hay que hacerlos
indefinidos; se ha demostrado que son eficaces para el mantenimiento del empleo. Respecto a las medidas para agilizar el SEPE, yo diría que hacerlo funcionar de una vez, para lo que deberíamos transferirlo a las comunidades autónomas, que
gestionan mejor y de forma más cercana ese problema, además con una precisión añadida: no hay que olvidar que sus trabajadores han sido determinantes para hacer frente a la avalancha de los ERTE y que se han convertido así también en otros
auténticos héroes de esta pandemia. Finalmente, dirigido a todos, huir de la tentación de pensar que solo nosotros, vosotros o ellos tienen la solución. La mejor reforma de la reforma será ser capaces de llegar a acuerdos en ámbitos de la
importancia del marco jurídico del trabajo, de las medidas para mantener el empleo y paliar el desempleo, de la protección de los desempleados e impulso de la actividad económica, y, al fin y al cabo, de dejar de lado las elecciones, aunque sean las
de Madrid, para poner cara y ojos a los sujetos de los problemas y dedicarles algo tan difícil como un acuerdo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiarán. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias de nuevo, presidenta, y buenas noches ya, señorías.
Ya lo ha dicho aquí el portavoz precedente: Vamos a tomarnos este tema en serio, necesitamos tomarnos este tema en serio. No hay que derogar la reforma laboral, pero no podemos conformarnos con lo que tenemos, señor Movellán. La
iniciativa que nos presenta su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, es muy difusa, realmente no hay por dónde cogerla. Viendo el papel que han registrado, pienso que menos mal que Ciudadanos tenía las competencias de economía y
empleo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Nunca escucharán a nadie de Ciudadanos decir que la reforma laboral de 2012 fue mala para los españoles, pero sí que fue poco ambiciosa, que no supo atajar los problemas estructurales de nuestro mercado de
trabajo y que a día de hoy es insuficiente para afrontar la crisis provocada por la pandemia.
Ustedes piden en su moción que el Gobierno determine las causas por las que España lidera la destrucción de empleo en la Unión Europea. Ya se lo digo yo: Porque no hemos hecho los deberes en lo que respecta al mercado de trabajo. En
primer lugar, nos encontramos con que la diferencia entre el coste relativo al empleo temporal frente al indefinido da lugar a una estructura productiva en la que predomina el contrato temporal, perjudicando a las empresas que necesitan más capital
humano, físico y tecnológico, es decir, el actual mercado laboral perjudica a aquellas compañías que generan empleo estable y
trabajadores cualificados. Esto hace que tengamos un tejido productivo con más pequeñas y medianas empresas y que nuestras empresas sean menos innovadoras que las europeas o que aguanten peor las embestidas de las crisis. No es que las
empresas no quieran crecer, innovar o ser más sostenibles financieramente, es que la regulación existente no se lo pone nada fácil. Por otro lado, cada vez más españoles se tienen que enfrentar a un sistema que protege a los que ya están
trabajando, a los llamadas insiders del mercado laboral, con contratos indefinidos, que tienen cierta antigüedad, frente a los llamados outsiders del mercado laboral, que son los jóvenes, los desempleados, los trabajadores a jornada parcial o
aquellos sujetos a una elevada temporalidad en su trabajo. Esto, señorías, genera una barrera invisible pero infranqueable en muchos casos que solo genera pobreza y desigualdad. Así está nuestro mercado laboral, ese es el diagnóstico.
También podemos hablar del futuro del mercado laboral, o mejor, si quieren, del presente de nuestro mercado laboral y de las nuevas relaciones laborales, marcadas sobre todo por la utilización de la nueva tecnología, que provoca un cambio en
el propio concepto de trabajo por cuenta ajena. Los trabajadores de las plataformas y múltiples aplicaciones tienen asociadas complicaciones a este tipo de empleo que han evidenciado que un cambio tecnológico va a suponer una revolución en nuestro
mercado laboral e, irremediablemente, en nuestro sistema de protección social. Y ante esta realidad se puede optar por regular cada una de las nuevas formas de entender las relaciones laborales, como está haciendo el Gobierno de coalición del PSOE
y Unidas Podemos, o, por el contrario, debe apostarse por una solución integral y global que albergue todos los nuevos tipos de trabajo y de empleo bajo instituciones laborales más flexibles, sin renunciar a la protección y a la seguridad de los
trabajadores. Sin embargo, no hay ninguna de todas estas propuestas que yo le acabo de decir en su moción, en el papel que han registrado. Uno de los síntomas más patentes de que ustedes carecen de amplitud de miras es que no nombran en su moción
ni una sola vez a los más afectados por nuestro mercado laboral, que son los jóvenes, y eso que vuelven a ser ellos uno de los colectivos más golpeados por esta crisis. Según el análisis elaborado por Fedea, los jóvenes, que, según ustedes, estaban
encantados con la reforma laboral de 2012, llegaron a la pandemia con tasas de paro que duplicaban los registros previos a la crisis financiera de 2008 y 2013.
Llego al punto de los ERTE. Ustedes piden una prórroga de esta figura hasta diciembre de 2021 y nosotros estaremos a favor y del lado del Gobierno para apoyar cualquier prórroga de los ERTE hasta que finalicen las restricciones de movilidad
y actividad comercial. Pero lo que no entendemos es que ustedes se olviden de que muchos de esos empleados que están ahora en ERTE no volverán a sus empleos anteriores y tendrán que reciclarse o formarse, y de eso vuelve a no haber nada en su papel
registrado con esta moción. Desgraciadamente, señorías del PP, vemos que siguen con la reforma de 2012, plantean parches, en lugar de una reforma ambiciosa de nuestro mercado laboral que se adapte a las nuevas necesidades y a las nuevas relaciones
laborales. Desde Ciudadanos seguiremos trabajando por esta reforma tan necesaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
En el título de su moción pregunta el Grupo Popular por las razones que tiene el Gobierno para modificar la reforma laboral y seguramente hace bien porque, a juzgar por el hecho de que esté vigente tres años después de que el PP dejase el
Gobierno, parece que le cuesta encontrarlas. Para el BNG están muy claras y no pueden ser ocultadas de ninguna manera detrás de su habitual demagogia, porque las cifras que ustedes manejan no son las que hablan de pérdida de derechos, precarización
del empleo y de las condiciones laborales, aumento de las desigualdades o del proceso de pauperización que llevó a la existencia de la pobreza laboral, y todo ello como consecuencia de que las reformas laborales facilitaron el despido, asentaron la
contratación con periodos de prueba abusivos, modificaron la negociación colectiva eliminando la ultractividad en los convenios, priorizaron los de empresas sobre los del sector, centralizaron el proceso de negociación, debilitando la capacidad de
presión de los trabajadores y trabajadoras, flexibilizaron la capacidad de los empresarios de alterar las condiciones de trabajo o el despido colectivo, etcétera.
La derogación de la reforma laboral y la negociación colectiva, así como la de las pensiones o de la Ley mordaza son asignaturas pendientes de este Gobierno para desmontar las políticas regresivas
implantadas por el Partido Popular, medidas, por cierto, todas ellas que el BNG incorporó al acuerdo de investidura. Por eso no solo no vamos a apoyar la propuesta del PP, sino que aprovechamos para reclamar una vez más a los partidos que
conforman el Gobierno que cumplan sus compromisos y sus promesas electorales y deroguen de una vez por todas la reforma laboral, para recuperar derechos, calidad de vida y bienestar.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta.
La reforma laboral y la derogación de la reforma laboral es un tema recurrente que va saliendo habitualmente. Como se apuntaba aquí, por parte de PSOE y Podemos sale como promesa electoral y por parte del PP acaba apareciendo como un
argumentario para reafirmarse en lo que hicieron en 2012. Nuestro posicionamiento es claro. Nosotros decimos que han pasado ya nueve años desde la reforma laboral y que seguramente es momento para hacer balance desde la perspectiva del acuerdo y
del diálogo social, y no por la vía del real Decreto-ley, como en su día se impuso la reforma laboral. Fue producto de una época muy concreta y quizá vale la pena hacer balance de para qué ha servido y para qué no. Hay algunos aspectos que
nosotros creemos que es necesario reformar: la ultraactividad de los convenios, la lucha contra la temporalidad, la cuestión relativa a los contratos relevo y cómo potenciarlos o una apuesta que también hacemos nosotros, que es la aparición en la
normativa laboral de la llamada mochila austríaca. Creemos que hay medidas y temas con los que poder generar un nuevo marco laboral, que seguramente también tendrá que tener en cuenta la nueva economía y, por tanto, toda la cuestión del teletrabajo
que ha aparecido con la pandemia y que, por cierto, está todavía en desarrollo normativo en la ponencia del proyecto de ley, y seguramente pueda integrar lo que nosotros venimos comentando muchas veces, que es un nuevo estatuto del trabajo, una
nueva regulación de todo este marco.
En relación con la propuesta que el Grupo Parlamentario Popular nos presenta, hay cuestiones interesantes que hemos planteado otras veces: por ejemplo, que los ERTE duren hasta el 31 de diciembre -estamos de acuerdo- o que el SEPE se
refuerce en relación con las prestaciones, el ataque informático que sufrió y el servicio de atención a la ciudadanía, en lo que también podemos estar de acuerdo. Pero hay otras cosas que, como decía antes, forman parte de un argumentario
justificativo de lo que hizo el PP en su día. En el poco tiempo que me queda solo les puedo decir que esta defensa numantina de la reforma laboral quizá no hace falta. Además, creo que tampoco han de tener mucho miedo. Si se fijan, la promesa de
'vamos a derogar la reforma laboral' ha acabado en 'vamos a ajustar o modificar aquellos aspectos más lesivos de la reforma laboral'. La promesa de 'vamos a derogar la reforma laboral' ha acabado solo en aquella modificación del despido por faltas
objetivas, cuando ya habían salido sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por tanto, ya había sentencias que avalaban el retoque que se vendió como la gran modificación de la reforma laboral. Y si se hace caso de esta
trayectoria, también se puede sumar sin ningún tipo de problema la promesa del señor Pablo Iglesias de quitar las pensiones a los exministros, porque lo primero que ha hecho al irse del Gobierno ha sido pedirse la pensión correspondiente.
Por tanto, señorías, nosotros no vamos a poder dar apoyo a la proposición, pero sí creemos que no hay que temer que esto pueda suceder.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.
Dice el refranero español que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, es decir, errar y equivocarse es humano y además lo hacemos todos. El problema es que su defensa de la reforma laboral, que hasta ustedes
mismos saben que fue absolutamente dañina para España, tiene más de ceguera ideológica que de error. Para qué ha servido la reforma laboral del Partido Popular a los trabajadores de este país, me pregunto yo. Pues, miren, para tres cosas:
primero,
en 2012 hubo un récord histórico de despidos de contratos indefinidos y casi 800 000 personas se fueron al paro; segundo, entre 2013 y 2018 la temporalidad creció 3,6 puntos, y, tercero, entre 2011 y 2017 los salarios perdieron 6,8 puntos
de poder adquisitivo, así es que la reforma laboral tiene el sello de la precariedad y el sello de la temporalidad. Su reforma laboral lo que hizo fue destruir empleo, nos hizo más pobres y nos hizo más precarios. Sus efectos todavía siguen
vigentes. El otro día estuve yo en Lliça d'Amunt, en Barcelona, visitando a los trabajadoras de la planta de Bosch, un referente de la industria de la automoción, porque esta multinacional quiere echar a la calle a 336 trabajadores, pese a que esa
planta sigue teniendo beneficios. Eso es posible gracias a la reforma laboral del Partido Popular. Por lo tanto, les pido que en vez de venir a explicar aquí los beneficios de su reforma laboral se vaya el señor Casado a la planta de Bosch de
Lliça d'Amunt a ver si les puede explicar a esos trabajadores cuáles son las bondades de su reforma laboral. Su reforma ha condenado a la clase trabajadora con la incertidumbre, y les pongo un ejemplo: nueve de cada diez contratos temporales que
se hacen en España gracias a su reforma tienen una duración inferior a siete días. ¿Se pueden imaginar ustedes el proyecto de vida que puede hacer una persona o el proyecto de vida que puede hacer una familia con un contrato de menos de siete días?
Ustedes siguen con ese mantra de que la derecha crea empleo y la izquierda lo destruye, y los datos los contradicen. En febrero de 2021, pese a la pandemia y a la mayor caída del PIB de nuestra historia por motivos obvios, había medio
millón de afiliados más a la Seguridad Social que en febrero de 2018, el último febrero en el que estuvieron ustedes en el Gobierno; es decir, la primera vez en la historia que el paro ha caído menos que el PIB. La tasa de paro con su Gobierno
alcanzó el 26,9 %, llegando al escandaloso 56,9 de paro juvenil. Lo único que ustedes han creado ha sido pobreza. Además, el 14,8 % de los trabajadores, pese a tener trabajo, están en riesgo de pobreza, porque ustedes han generado precariedad.
¿Qué es lo que ha hecho este Gobierno? Proteger el empleo y las nóminas de los trabajadores con los ERTE. Prohibir el despido causado por la COVID. Crear un subsidio extraordinario para empleadas del hogar. Impulsar el Plan Me Cuida para
priorizar el teletrabajo. Conseguir un acuerdo social para la ley de raiders, uno de los sectores más precarizados de este país. Hoy mismo, 2100 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan invertir en políticas de empleo. Y sí,
señorías, empezar a derogar la reforma laboral en los puntos más lesivos (aplausos), así como crear nueva legislación en aspectos como el teletrabajo.
A ustedes no les queda otra que venir aquí a hablar de lo que ustedes creen que son sus laureles del pasado. Ustedes ya no son ni el partido del empleo ni el partido de la economía, y les queda poquito para ser el partido de la derecha,
porque la ultraderecha les está pasando. Pero les tengo que decir que, mientras tanto, este Gobierno va a seguir trabajando. Tengan por seguro que este Gobierno y la vicepresidenta Yolanda Díaz seguirán desmontando su herencia, porque la
desprotección de las personas trabajadoras nunca ha sido una solución a ninguna crisis, y el mejor ejemplo es su gestión. Vamos a seguir así, porque la derogación de la reforma laboral forma parte de los acuerdos de este Gobierno y se va a cumplir,
porque es un compromiso de nuestra vicepresidenta y porque la gente trabajadora de nuestro país se lo merece. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mena. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Señora presidenta, don Diego, no votaremos en contra, pero esta iniciativa muestra cómo están enfrascados en discusiones estériles; unos en defender su legado, otros en demolerlo.
En la exposición de motivos de la moción que nos ocupa se hace una loa a la reforma laboral de 2012 como un modelo perfecto, pero acaba, no obstante, proponiendo una reforma de la misma para introducir mejoras. El mundo ha cambiado, la
sociedad se ha transformado, el objetivo no puede ser únicamente defender una reforma laboral, sino los derechos de los trabajadores, y el primero de ellos es el derecho al trabajo; es el derecho a tener trabajo. (Aplausos).
No es época para debatir si son galgos o podencos quienes amenazan nuestro modelo de convivencia, sino que hay que ir a la raíz de los problemas. Para ello, hay que afrontar cambios importantes, no tan solo en el texto de una norma, sino en
la concepción propia de las reglas de juego del sistema laboral; recuperar nuestra soberanía e iniciativa como gran nación.
Con el Partido Socialista, las mayores tasas de paro de la Unión Europea, el 16 %. Un paro laboral del 40 % de jóvenes españoles es nuestro Vietnam particular, inútil y soberbio, pues mientras falte el trabajo y la renta de trabajo no tenga
valor como tal no se puede prosperar. Vamos abocados a una sociedad muerta, estéril, sin fuerza, sin ánimo. Fábricas que cierran, negocios que no prosperan, empleo perdido en muchas ocasiones consecuencia de agendas de una globalización informada
en ferias de vanidades y élites, como en Davos, el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, y que aquí, desde el Gobierno y, a veces, desde la oposición, se repiten doblando la cerviz. Son esas víctimas de nuestro particular Vietnam, nuestros
jóvenes y nuestros parados, nuestros autónomos arruinados y desahuciados que sufren toda la inmundicia de esos poderes que alientan economías a la carta, que perturban nuestras vidas, que intentan marcarnos su memorándum, que impiden nuestro propio
desarrollo, incluso en la Unión Europea, paralizada en su propio caos e inoperancia, incapaz de gestionar ni siquiera las vacunas.
El maldito virus procedente de China, a la que habrá que pedir responsabilidades por su actuación, tan solo ha provocado el estallido de algo que se veía venir. Sus productos nos invaden en una competencia desleal que obliga a cerrar
nuestras empresas. Fabricado en China; fabricado en China. ¿No les suena? ¿Les hemos preguntado qué reforma del Estatuto de los Trabajadores defienden en China? Y nosotros, clientes, incluso amigos -como el acuerdo de amistad del Partido
Popular y el Partido Comunista chino- y, por ende, cómplices de todas las injusticias que allí se producen y que nos afectan aquí, fabricando en China. (Aplausos).
Se necesita una reestructuración radical, un replanteamiento serio de nuestro modelo productivo. Estamos perdiendo nuestro país, nuestros empleos, nuestra forma de vida. Hay que revertir esto, y para ello hay que tener determinación, no
poner paños calientes. Si no permitimos que de alguna forma el sistema distribuya la riqueza mediante el trabajo digno, se avecina una catarsis inexorable. Hay que tomar medidas inmediatas, imposibilitar la regulación masiva de inmigrantes en
situación irregular para evitar el efecto llamada, que perjudica principalmente a todos aquellos inmigrantes legales, especialmente a nuestros hermanos hispanoamericanos. Es necesario luchar contra la economía sumergida y determinar de manera fiel
la cantidad de familias en riesgo de pobreza y exclusión social. Son necesarias medidas fiscales y de Seguridad Social para incentivar la contratación de personas vulnerables y mayores de cincuenta años y menores de veinticinco años en paro. Es
necesario ampliar los supuestos de tarifa plana para autónomos. También lo es eximir o liberar a empresas y autónomos de la obligación del ingreso del IVA facturado y no cobrado. Es necesaria una cuota de cero euros si los ingresos no llegan al
salario mínimo interprofesional (aplausos). Es necesario revertir el bajo nivel formativo para parte de nuestra fuerza laboral, porque la calidad del capital humano es esencial para la productividad de las empresas y la atracción de inversión
tecnológica, generando con ello empleo cualificado y estable. Y hay que reducir el gasto público innecesario y el ingente gasto público inútil. Trabajo, trabajo y trabajo.
No queremos una sociedad subvencionada. Por eso, nosotros, VOX, estaremos con los trabajadores contra el derroche de este Gobierno, también socialista, el próximo 1 de mayo en las calles de nuestra nación con el sindicato Solidaridad, por
la dignidad de los trabajadores y por todos los españoles, por todos los españoles trabajadores, mientras otros siguen discutiendo si son galgos o podencos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aizcorbe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Oria López.
La señora ORIA LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías del Partido Popular, y sin que sirva de precedente, he de comenzar mi intervención reconociéndoles su perseverancia. Ustedes cogen un camino, el camino se puede acabar, pero ustedes siguen. No pierden la oportunidad de vender una
y mil veces las supuestas bondades de su reforma laboral que aprobaron al margen del diálogo social y sin ningún consenso político. Los objetivos de su reforma laboral se pueden consultar en el documento Las reformas del Gobierno español, de
septiembre de 2012, y el trascurso del tiempo ha hecho cierto el dicho de que el papel lo aguanta todo, pues los datos confirman que su reforma laboral ha sido un fracaso rotundo, constituyó
una verdadera regresión en derechos laborales, individuales y colectivos; una reforma laboral que erró tanto en el procedimiento, aprobado unilateralmente al margen del diálogo social, como en su contenido; una reforma que fracturó el
equilibrio de la negociación colectiva a costa de favorecer el poder unilateral del empresario para modificar las condiciones de trabajo de forma unilateral y que ha provocado la precarización del empleo, el abaratamiento del despido y la excesiva
temporalidad en la contratación. La reforma de las tres des: desregular, devaluar y desproteger; o lo que es lo mismo: recortar derechos de las personas trabajadoras, reducir salarios y rebajar las prestaciones en momentos de muchísima
necesidad.
Hablan ustedes en su moción de política de bandazos, y sorprenden esas afirmaciones, pues el Gobierno tiene muy clara cuál es su hoja de ruta, y además está plasmada en un documento de público conocimiento, como es el acuerdo de Gobierno
suscrito por el PSOE y Unidas Podemos, el cual les invito a que lean. Su punto cuarto se dedica a la política de empleo y les resumo brevemente: su objetivo, recuperar los derechos laborales arrebatados por su reforma; la negociación colectiva,
devolver al diálogo social su papel como piedra angular de la política de empleo. Señorías del Partido Popular, ¿llaman ustedes política de bandazos a llegar a acuerdos en el seno del diálogo social? ¿Se refieren ustedes a esto? ¿Les parece mal
que los diferentes reales decretos que han sido aprobados y convalidados en esta Cámara hayan venido precedidos del acuerdo con los agentes sociales de este país?
Preguntan ustedes que por qué encabezamos los peores datos de empleo en Europa, y sin acritud y desde la ingenuidad, ¿pudiera ser que tuviese algo que ver la situación heredada por este Gobierno gracias a sus nefastas políticas de empleo y a
la reforma laboral? (Aplausos). Hay datos que son demoledores: 166 millones de contratos registrados desde el año 2012, de los cuales el 91 % son temporales; 42 millones de contratos no llegan ni siquiera a una mínima duración. La mitad de las
personas asalariadas de este país tienen un contrato temporal, precario, un contrato a tiempo parcial no deseado, o rotan entre el paro y el trabajo precario, y siguen ustedes preguntando por estas cuestiones.
En cuanto a la petición de la prórroga de los ERTE y el cese de la actividad hasta el 31 de diciembre, esto es simple y llanamente puro oportunismo y demagogia en un contexto de campaña electoral. Saben y conocen, porque se ha dicho por
activa y por pasiva, que se mantendrán mientras haga falta y esta situación continúe. Es decir, demagogia y oportunismo, y además del malo.
Tienen además ustedes una habilidad pasmosa para apropiarse de lo que no les corresponde. Como se dice en mi tierra: lo mío es mío y lo de los demás, también. Por enésima vez en esta tribuna: ERTE, Ley 35/2010, Gobierno del PSOE, con
José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza. Por cierto, un magnífico presidente. (Aplausos). Los ERTE, sin duda alguna, han supuesto un elemento determinante en el mantenimiento del empleo, de las empresas y también de la actividad económica de
nuestro país. Y algo más importante aún, han demostrado que hay una forma distinta de afrontar la crisis. Por primera vez la evolución del empleo ha ido mejor que la del producto interior bruto, tanto en la menor caída como en la mayor
recuperación, lo cual se ha complementado con otras medidas como la prohibición del despido, la extensión de la protección social a colectivos que no lo tenían, la regulación del teletrabajo y una serie de medidas más.
Señorías del Partido Popular, a ustedes no les gusta nada de lo que se ha hecho; no les gusta que se haya invertido en nuestro tejido productivo; no les gusta que haya protección para el empleo; no les gusta que por primera vez hayamos
protegido a los autónomos de este país; no les gusta el diálogo social porque nunca lo practicaron. Eso sí, les gusta su reforma laboral, esa que ha generado trabajadores pobres, temporales y precarios. Señorías del Partido Popular, asuman los
resultados de las elecciones, la legitimidad de este Gobierno y, por una vez, súmense y hagan algo útil por este país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oria.
Señorías, votaremos en tres minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizados para emitir
el voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño. (Pausa).
Señorías, ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo. Vamos a iniciar las votaciones.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. (VOTACIÓN):
- DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 1/2007, DE 28 DE FEBRERO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS, PARA LA SUPRESIÓN DEL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS Y LAS DIPUTADAS DEL PARLAMENTO DE
LAS ILLES BALEARS Y DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS (CORRESPONDE A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 127/000005 DE LA XII LEGISLATURA Y 127/000003 DE LA XIII LEGISLATURA). (Número de expediente 127/000003).
La señora PRESIDENTA: Votamos, en primer lugar, la propuesta del Parlamento de las Illes Balears de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del
aforamiento de los diputados y las diputadas del Parlamento de les Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 109 más 235 votos telemáticos, 344; a favor, 109 más 229 votos telemáticos, 338; abstenciones, 6 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears obtiene el voto de totalidad favorable de la Cámara.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):
- DEL PARLAMENTO VASCO, DE CREACIÓN DE UN FONDO DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 125/000015 DE LA XIII LEGISLATURA). (Número de expediente 125/000009).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de proposición de ley del Parlamento vasco, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 109 más 240 votos telemáticos, 349; a favor, 109 más 187 votos telemáticos, 296; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 52 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve. Buenas noches.
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.