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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 90, de 23/03/2021
cve: DSCD-14-PL-90 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 90

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 86

celebrada el martes,

23 de marzo de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Inclusión en el orden del día ... (Página4)


- Propuestas de creación de subcomisiones:


- Propuesta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, de creación de una Subcomisión relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 243, de 22 de marzo de 2021. (Número de expediente 158/000019) ... (Página4)


Toma en consideración de proposiciones de ley:


- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 29-1, de 17 de enero de 2020. (Número de expediente
122/000004) ... (Página5)


- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación del Código Penal en materia de orden público (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 116-1, de 9 de octubre de 2020. (Número de expediente 122/000089) ...
(Página20)


Proposiciones no de ley:


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adherirse a la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 de condena de los totalitarismos nazi y comunista. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 161, de 16 de octubre de 2020. (Número de expediente 162/000406) ... (Página36)


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la erradicación del sinhogarismo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 210, de 29 de enero de 2021. (Número de expediente 162/000510) ... (Página47)



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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar la adecuada inversión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por SEPI. (Número de expediente 173/000060) ... href='#(Página57)'>(Página57)


Declaración institucional:


- Declaración institucional de apoyo a las personas con trastornos de salud mental. (Número de expediente 140/000011) ... (Página65)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página66)


SUMARIO


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


Inclusión en el orden del día ... (Página4)


La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la inclusión en el orden del día, como último punto de la sesión del jueves, la
propuesta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades de creación de una subcomisión relativa al desarrollo del pacto por la ciencia, la innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia, lo cual se aprueba por
asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)


Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional ... (Página5)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En turno en contra interviene el señor De Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores García Adanero y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Bal Francés, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; y Rego Candamil y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano, y Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común; y los señores Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX, y Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación del Código Penal en materia de orden público (Orgánica) ... (Página20)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto.



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En turno en contra interviene el señor Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Replica la señora Vehí Cantenys y duplica el señor Rojas García.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el
señor Rego Candamil y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común, y Fernández Hernández, del Grupo Parlamentario VOX; y la señora Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página36)


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adherirse a la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 de condena de los totalitarismos nazi y comunista ... href='#(Página36)'>(Página36)


Defiende la proposición no de ley la señora Gamarra Ruiz-Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil y
Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario Republicano; Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Contreras Peláez, del Grupo Parlamentario
VOX, y Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.


Hace uso de la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la erradicación del sinhogarismo ... (Página47)


Defiende la proposición no de ley la señora Guerra López, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posiciones los señores García Adanero y Quevedo Iturbe, del mismo grupo; y la señora Romero
Vilches, del Grupo Parlamentario VOX.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; el señor Baldoví Roda, la señora Sabanés Nadal y el señor Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Cortés Gómez, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Ortiz Galván, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Guerra López.



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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página57)


Del Grupo Parlamentario VOX, sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar la adecuada inversión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por SEPI ... (Página57)


Defiende la moción el señor González Coello de Portugal, del Grupo Parlamentario VOX.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Muñoz Vidal,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Maestro Moliner, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Suárez Lamata, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y Ramos Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Declaración institucional ... (Página65)


La señora secretaria (Hernanz Costa) da lectura a la declaración institucional de apoyo a las personas con trastornos de salud mental.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página66)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, se aprueba por 64 votos a favor más
127 votos telemáticos, 191; 41 en contra más 113 votos telemáticos, 154; y 2 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación del Código Penal en materia de orden público (Orgánica), se rechaza por 4 votos a favor más 60 votos telemáticos, 64; 101 en contra más 175
votos telemáticos, 276, y 7 abstenciones con voto telemático.


Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.


INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:


- PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:


- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN RELATIVA AL DESARROLLO DEL PACTO POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN Y EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA CIENCIA. (Número de
expediente 158/000019).


La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir
como último punto de la sesión del jueves la propuesta de la



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Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades de creación de una subcomisión relativa al desarrollo del pacto por la ciencia, la innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


Muchas gracias.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000004).


La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Para la
presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Traemos a debate la toma en consideración de las dos reformas que en el año 2015 se realizaron de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por un lado, la reintroducción del recurso previo de inconstitucionalidad en la elaboración de los
estatutos de autonomía, que ya estuvo vigente desde la aprobación de la Ley Orgánica en 1979 hasta 1985 y, por otro lado, el nuevo régimen jurídico de la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional, establecido por la Ley Orgánica
15/2015 y que atribuye novedosas potestades de ejecución para, según se dice, garantizar la ejecutividad de sus decisiones ante eventuales incumplimientos. Ambas reformas suponen, a nuestro juicio, una desnaturalización del modelo de justicia
constitucional, negativas consecuencias al atribuir al Tribunal Constitucional unas responsabilidades que no le son propias, y factores distorsionantes del sistema de relación entre los poderes constitucionales, arrojando con ello, como ya señaló el
profesor Rubio Llorente, una carga política sobre el tribunal que terminará por aplastarlo al atribuirle funciones políticas por vía de respuesta judicial, enajenándole de su función constitucional de árbitro. En definitiva, ambas leyes orgánicas
suponen dar un paso más en el camino de judicializar los procesos que son eminentemente políticos con unas graves consecuencias desconocidas hasta el momento, además de distorsionar el sistema de equilibrios y contrapesos de los distintos poderes
del Estado.


Señorías, y por resumir, ambas leyes orgánicas buscan, en última instancia y, a nuestro juicio, responder judicialmente a conflictos políticos. Veamos, en primer lugar, la Ley Orgánica 12/2015, la que reintroduce el recurso previo de
inconstitucionalidad para la elaboración y reforma de los estatutos, aunque no así para el resto de leyes orgánicas.


Como todas sus señorías conocen, esta ley tuvo su origen en dos proposiciones de ley, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular, a fin de que, para evitar un choque de legitimidades entre el Tribunal
Constitucional y las cámaras legislativas y la ciudadanía vía refrendo, facilite a los grupos parlamentarios que se opusieran a su aprobación, un derecho de veto político a la entrada en vigor de leyes orgánicas válidamente aprobadas por las Cortes
Generales. En definitiva, se pone en pie un factor distorsionador del sistema de relaciones entre los poderes constitucionales del Estado y entre las mayorías y minorías parlamentarias y precisamente se hace lo que tan enfáticamente se niega en una
de las exposiciones de motivos. Se posibilita a los responsables públicos hacer dejación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el pacto problemas políticos de fondo, permitiendo delegarlos en el alto tribunal, facilitando por ello un
instrumento de obstrucción parlamentaria y convirtiendo, de hecho, al tribunal en una tercera cámara parlamentaria y colocando las leyes orgánicas que aprueban estatutos de autonomía o los reforman, en una función distinta y degradada respecto al
resto de leyes orgánicas, incluso frente a las propias leyes de los parlamentos autonómicos.


Señorías, la recuperación del recurso previo ha sido un grave error como nos lo puso de manifiesto la experiencia durante su anterior vigencia, que estuvo plagada de incongruencias. Tal fue así, que su supresión fue calificada por la
mayoría de la doctrina como un restablecimiento de la normalidad en las relaciones entre los poderes del Estado y el funcionamiento del sistema parlamentario español, pues fue una experiencia repleta de efectos distorsionantes en el juego político
democrático e incluso en las funciones del propio tribunal, que se vio lanzado a una función que no respondía plenamente al sistema



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de relación entre poderes que la Constitución establece, obligándole a intervenir en el procedimiento de formación legislativo aun antes de que la voluntad democrática que encarna la ley se hubiera configurado definitivamente, y con el
riesgo de caer en la tentación de invadir la competencia del legislador, condicionándolo, bien indicándole lo que tiene que hacer bien imponiéndole mediante su interpretación la proyección normativa de los valores constitucionales reconocidos,
cayendo así en el arbitrismo o decisionismo judicial como se denunció por alguno de los votos particulares de alguna de las sentencias constitucionales dictadas en el recurso previo o en los recursos previos de inconstitucionalidad mientras estuvo
vigente.


Señorías, por lo que se refiere a la segunda reforma, la Ley Orgánica 15/2015 que establece un nuevo régimen jurídico de la ejecución de las resoluciones del alto tribunal, quiero recordar que su origen fue una proposición del Grupo
Parlamentario Popular que se presentó en plena precampaña electoral al Parlamento de Cataluña y en pleno desarrollo del procés en Cataluña y se presentó en las Cortes por el señor Albiol, que no era miembro de ninguna de las cámaras y sí el
candidato del Partido Popular en Cataluña. Su tramitación también fue singular, por el procedimiento de urgencia y lectura única y su aprobación con mayoría absoluta del Partido Popular.


Todo ello denota el contenido partidista de la iniciativa, que no buscaba el interés del sistema, sino instrumentalizar políticamente al alto tribunal, fragilizando aún más su ya mermada percepción de imparcialidad, a través de una reforma
que además era innecesaria, pues las resoluciones del tribunal ya contaban con garantías ejecutivas plenas a través del vigente en aquel momento artículo 92 de la ley orgánica. Es una reforma que también, como señalaron la doctrina y los votos
particulares de las sentencias que enjuiciaron esta ley, la 15/2015, producían una grave alteración del sistema de equilibrio de poderes, afectaba al modelo de Estado de las autonomías configurado sobre el principio de autonomía política y
desnaturalizaba el modelo de justicia constitucional diseñado por el constituyente, alteraciones del sistema y desnaturalización del modelo de justicia constitucional que se apreciaban de manera flagrante en la facultad de suspensión de autoridades
y empleados públicos y en la ejecución sustitutoria de sus resoluciones a través del Gobierno central, sin que cupiera argumentar que la ejecución de las sentencias de los tribunales constitucionales fueran una función inherente a su función
jurisdiccional como nos lo demuestra el derecho comparado. Esta función dependería del modelo de jurisdicción constitucional adoptado y diseñado por el constituyente. Así, la facultad del tribunal de suspensión de autoridades y empleados públicos
no respondía a la lógica de los medios de ejecución de la resolución de los tribunales, y sí a las medidas sancionadoras que se anudaban al incumplimiento del contenido de una resolución judicial, lo que hacía, además de quebrantar el carácter
propio del Tribunal Constitucional -ya que constitucionalmente no tenía atribuida la facultad penal o sancionadora de depurar, en su caso, las ilegalidades en que hubiera podido incurrir la parte frente a la cual se alza la controversia
competencial, pues estas son funciones del Poder Judicial-, que se produjera el quebrantamiento de las garantías formales y materiales que se exigían por la misma Constitución y la Carta Europea de Derechos Humanos para el ejercicio de la potestad
punitiva, a la par que con esta suspensión de autoridades y funcionarios se afectaba a la misma tutela judicial efectiva de los suspendidos, ya que la misma suspensión carecía de procedimiento e instancia ante la que recurrir, y se privaba a la
jurisdicción ordinaria, como ya decía, de la adopción de las medidas coercitivas y de la depuración de responsabilidades que en cada caso correspondieran por incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional.


Por su parte, la ejecución sustitutoria de las resoluciones del Alto Tribunal, a través del Gobierno central, se hace difícil imaginarla sin poner en entredicho los principios de inviolabilidad parlamentaria de las Cortes y de las asambleas
legislativas autonómicas si se pretendiera aceptarlas. Y lo mismo cabe decir respecto del Poder Judicial, en atención a su independencia e inamovilidad del artículo 117 de la Constitución, siendo sus únicos destinatarios efectivos, sus únicos
posibles destinatarios, las autoridades y empleados públicos de los poderes ejecutivos autonómicos, lo que produce una profunda alteración del modelo constitucional de control de cumplimiento por las comunidades autónomas de las obligaciones
constitucionales, entre las que también se encuentra el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Todo ello con una profunda alteración del sistema constitucional diseñado para esa finalidad en su artículo 155, artículo que toma
como base la idea de que el conflicto ha de ser resuelto, en primer término, por instancias políticas, en atención a la propia naturaleza, esencialmente política, del conflicto, dejando al Gobierno del Estado no solo la iniciativa, sino también la
decisión última respecto de la conveniencia de adoptar alguna medida frente al incumplidor, y solo en una segunda fase el Tribunal Constitucional sometería a control la medida que en su caso hubiera adoptado el Gobierno central si fuera



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recurrida, mientras que el modelo diseñado en el artículo 92.4,c) de la ley orgánica está presidido por la idea de la jurisdiccionalización de la reacción estatal por medio del Tribunal Constitucional, lo que supone una alteración del modelo
constitucional de contrapesos, desfigurando la voluntad del poder constituyente en la regulación de este tipo de conflictos, de naturaleza esencialmente política. Supone también un solapamiento inadmisible con el artículo 155 de la Constitución.
Impide que el Tribunal Constitucional mantenga una posición arbitral en este tipo de conflictos, reservando su participación a un segundo plano a fin de no comprometer su posición institucional. Y por último, además, le coloca en un plano de
subordinación frente al Gobierno debido a las posibilidades de iniciativa de este en los procedimientos constitucionales y sus incidentes de ejecución.


Voy finalizando, presidenta. Presentamos esta proposición de ley con el ánimo de abrir un debate en Comisión a fin de considerar las leyes orgánicas aprobadas en 2015 y lograr un reequilibrio de los elementos en juego del modelo de justicia
constitucional más acorde con una interpretación conjunta de la Constitución y de los principios constitucionales que se proyectan sobre el mismo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.


Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor De Olano Vela.


El señor DE OLANO VELA: Gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señorías. Subo a la tribuna para utilizar el turno en contra de esta proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y que consiste
en la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía y sus modificaciones, así como también en la supresión de los instrumentos de ejecución para garantizar la efectividad de las resoluciones del Tribunal
Constitucional; modificaciones ambas aprobadas en el año 2015 por esta Cámara por amplia mayoría. De hecho, la reintroducción en nuestro ordenamiento constitucional de recurso previo obtuvo un respaldo del 82 % de esta Cámara, 287 votos a favor.
La verdad es, señorías -en esto espero que todos coincidirán conmigo-, que poco han cambiado las cosas desde aquel otoño de 2015 hasta ahora. Más al contrario, el devenir del tiempo y la actuación de algunos en Cataluña han demostrado lo acertado
de aquellas reformas, pues dotarlo de facultades ejecutivas ha permitido reforzar al Tribunal Constitucional como dique de contención jurisdiccional ante la intentona secesionista de, 1 de octubre de 2017, y también para enfriar las aspiraciones que
cualesquiera otros pudieran tener en el futuro. Los que tenían dudas en 2015 ahora ya no pueden tenerlas, señorías.


Decía, señorías, que poco ha cambiado la situación, pues existen en España partidos políticos que declaran taxativamente que volverán a hacer lo mismo que en el año 2017, esto es, intentar la secesión de una parte del territorio nacional.
Dicho de otro modo, nuestro sistema constitucional, nacido en el año 1978, está hoy igualmente amenazado que lo estaba en el año 2015, cuando la mayoría de esta Cámara decidió dotarlo de mejores instrumentos jurídicos para su defensa; instrumentos
que, junto con el resto de mecanismos de los que dispone nuestro Estado de derecho, lograron frenar el intento de golpe a nuestra Constitución, de forma que los delincuentes chocaron de frente con la fortaleza de las instituciones del Estado
español, el central y el autonómico.


Señorías del PSOE, no se puede desde el Gobierno decir a los independentistas que no generen expectativas imposibles sobre la independencia, como han hecho hoy, y a los diez minutos desproteger el Estado del derecho frente a esas mismas
amenazas. Simplemente no se puede, señorías. Es por ello que, como las amenazas siguen ahí, confío en que en la tarde de hoy la respuesta de esta Cámara sea igual de contundente que hace cinco años y rechacemos la toma en consideración de esta
proposición de ley orgánica. No hacerlo así, al menos por aquellos grupos que nos honramos en declararnos constitucionalistas, sería inexplicable y de una temeridad incomprensible para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Podemos estar en
desacuerdo en muchas cosas, pero en la defensa de la Constitución ante un peligro cierto sería difícilmente explicable.


Señor Legarda, mi grupo parlamentario no puede estar más en desacuerdo con el texto de su propuesta, tanto en su parte dispositiva como en la exposición de motivos que la justifican. Pretenden crear ustedes una premisa artificial para
llegar a una conclusión inevitable: su victimización. Pero esta premisa está trufada de medias verdades y juicios de valor interesados que intentaré desmontar a continuación.



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Respecto a la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad, afirman que con este recurso se permite a los políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo,
delegando en el Tribunal Constitucional lo que ustedes califican como infantilismo político y añadiendo que estamos ante un veto político no previsto constitucionalmente. Señor Legarda, la primera obligación de un político y de todo ciudadano es
respetar la ley y usted sabe mejor que yo que quien ha sido encargado de la interpretación de la Constitución es el Tribunal Constitucional.


Las mayorías parlamentarias podemos aprobar leyes y hasta reformar la Constitución, pero quienes la interpretan son los tribunales, y el Tribunal Constitucional se erige, porque así lo ha querido el constituyente y la inmensa mayoría de los
españoles, en intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal Constitucional y no unas mayorías parlamentarias cambiantes a cada momento.


En este punto me va permitir hacer algo de historia. El recurso previo, señor Legarda, como usted bien sabe, estaba contemplado en la ley orgánica cuando se promulgó en el año 1979, tanto para la aprobación de estatutos como para la
aprobación de leyes orgánicas -usted lo ha reconocido aquí, en la tribuna-, y este último aspecto es importante, porque fue el abuso de las minorías en aquel momento al recurrir gran parte de la normativa orgánica aprobada por las Cortes, así como
la dilatación de los plazos de resolución por parte del Tribunal Constitucional, lo que provocó su supresión en la reforma de 1985. El motivo de esa supresión, y usted hoy no lo ha dicho, fue lo que le acabo de mencionar, los constantes recursos de
las leyes orgánicas aprobadas en el Congreso y no su utilización en el caso de la aprobación de estatutos autonomía, porque, de hecho, no se utilizó en ninguna ocasión.


Señoría, cuando usted afirma en su exposición de motivos que la supresión del recurso previo fue calificada por la doctrina como el restablecimiento de la normalidad en el funcionamiento del sistema parlamentario español -hoy aquí también lo
ha hecho-, está usted obviando un matiz fundamental. La doctrina se refería al uso abusivo del recurso previo para paralizar la entrada en vigor de leyes orgánicas llamémoslas ordinarias, no a estatutos de autonomía. Coincidirá conmigo en que el
matiz es sustancial, señor Legarda, como también lo es el detalle de que su partido votara en contra de derogar el recurso previo de inconstitucionalidad, pues según dijeron en aquel momento era un instrumento que garantizaba los derechos de las
minorías. Es decir, ustedes estaban a favor del recurso previo cuando les permitía paralizar la acción legislativa de esta Cámara, pero están en contra cuando el recurso previo evita la entrada en vigor de normas inconstitucionales recogidas en un
estatuto de autonomía. (Aplausos).


Señorías, el recurso previo es un instrumento perfectamente constitucional. Así lo ha declarado el propio Constitucional en su Sentencia 66/1985 y, además, ha sido avalado por el Consejo de Estado en su famoso informe de 2006, que ya
consideraba la conveniencia de reintroducir el recurso previo en el caso de proyectos de estatutos autonomía o reforma de los mismos, dado que, y cito literalmente, ese control a posteriori tal vez no resulte adecuado para fuentes normativas que
están, como los estatutos, subordinadas a la Constitución y ocupan bajo la misma el más elevado rango en la jerarquía ordinamental. Sí, señor Legarda, coincidimos en que los estatutos de autonomía y la Constitución son las normas institucionales
básicas en cada comunidad autónoma y la base del orden social y la convivencia cívica y pacífica en cada una de ellas y que, junto con la legislación orgánica, conforman el cuerpo constitucional de nuestro ordenamiento jurídico. Pero también
deberíamos coincidir en que los estatutos de autonomía deben estar sujetos a la Constitución como garantía de estabilidad de nuestra arquitectura jurídico-constitucional, como establece el principio kelseniano de primacía de las normas, y no al
revés, como parece dar a entender esta proposición de ley, ni siquiera en el caso de que para la aprobación de ese estatuto se haya hecho una consulta a una parte del cuerpo electoral.


Señorías, todos ustedes saben que se ha pretendido utilizar la reforma de algún estatuto contra el Estado, intentando doblegar la primacía que tiene nuestra Constitución en la pirámide normativa de nuestro ordenamiento jurídico, como fue el
caso de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que tuvo que ser enmendado en catorce artículos por el Tribunal Constitucional cuatro años después de su aprobación, lo que provocó un choque de legitimidades entre el cuerpo electoral de esa
comunidad autónoma y su Parlamento autonómico con el Tribunal Constitucional. Por ese problema, por esas amenazas que se cernían sobre nuestro Estado de derecho, en 2015 volvimos a introducir en la normativa constitucional el recurso previo de
inconstitucionalidad, pues se trata de un instrumento eficaz para detectar cualquier acto del legislador que sea inconstitucional, de manera que las Cortes puedan modificarlo y subsanarlo antes de su entrada en vigor. Como se hace antes de su
entrada en vigor, eso evita problemas irresolubles provocados por una norma declarada inconstitucional con posterioridad y así tampoco se crea una laguna en el tejido normativo, puesto que no entra a formar parte del ordenamiento jurídico.



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Ustedes lo que ahora pretenden es que un estatuto de autonomía pueda reformar la Constitución, pero en ese caso ya no estaríamos ante una reforma de un estatuto, sino ante una auténtica reforma constitucional, que tiene, y usted lo sabe, su
procedimiento propio establecido en la carta magna y que tendrían que refrendar todos los españoles. Insisto, señorías, en que se trata de dotar de seguridad jurídica a nuestro ordenamiento constitucional produciendo la desactivación jurídica de un
problema de legalidad, y si ustedes no quieren verlo así es porque a ustedes lo que les interesa es mantener el enfrentamiento político, porque viven de esa victimización que tanto necesitan para no dejar al descubierto sus mentiras, esa entelequia
de una independencia de una parte del territorio nacional. Esa es su responsabilidad, señorías, y no pretendan trasladárnosla a nosotros.


Respecto de la eliminación de los instrumentos para garantizar la efectividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional, todos ustedes saben que uno de los principales componentes en el ejercicio de la función jurisdiccional es contar
con instrumentos para garantizar la efectividad de sus sentencias y resoluciones, y el artículo 92, señor Legarda, no garantizaba la efectividad de esas sentencias; de hecho, la garantía de ese cumplimiento es clave para la propia existencia del
Estado de derecho. Si las sentencias no se cumplieran o si se les pretendiera dar únicamente un valor declarativo, el Estado de derecho simplemente dejaría de existir.


Señorías, la existencia de estos instrumentos no es extravagante en el derecho comparado, más al contrario, muchos de los países de nuestro entorno -y algunos de ellos con una vida más dilatada e historia constitucional, como es el caso de
Alemania o Austria- contemplan soluciones similares a la operada en 2015, y que ahora ustedes pretenden derogar. En España, como en todo el mundo, se llame corte suprema o Tribunal Constitucional, el control de la constitucionalidad les corresponde
siempre a estos tribunales y sus resoluciones son ejecutivas.


La ley Orgánica 15/2015 no hubiera sido necesaria; de hecho, no lo fue si no se hubiera constatado la falta de lealtad institucional del Gobierno de Cataluña, que estaba llegando a límites que nadie podía imaginar. Se generalizó en
Cataluña el incumplimiento como respuesta, el desacato como conducta y, como he dicho, la deslealtad institucional como bandera, y esto no solo afectaba a Cataluña sino también al conjunto de España. Se trata de una actitud que no puede ser
tolerada desde la perspectiva de un Estado de derecho que pueda ser calificado como tal, y que hizo necesaria la actuación de aquellos que creemos en la defensa de la integridad de España y en el respeto a los principios que dotan de estabilidad en
el marco de convivencia entre españoles, defendiendo el principio de legalidad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.


Esta iniciativa, que ha reforzado el Estado de derecho garantizando la tutela judicial efectiva de los derechos de todos los ciudadanos y salvaguardando la unidad nacional, ustedes la califican como una amenaza, pero no lo es, señorías, solo
deben sentirse amenazados aquellos que pretendan atentar y vulnerar los derechos constitucionales de los españoles.


Estamos ante el enésimo intento de deslegitimar al Tribunal Constitucional solo porque cumple con sus funciones y no mira para otro lado cuando alguien pretende incumplir la Constitución. Háganse esta pregunta, señorías, ¿quién puede temer
la ejecutividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional? ¿Cuántas veces se ha aplicado la reforma de 2015, que ahora pretenden derogar? ¿Ha resultado útil para los fines para los que se aprobó?


Señorías, entre todos hemos construido un armazón que nos protege de posibles ataques a la Constitución o, lo que es lo mismo, a nuestro sistema de libertades, a la igualdad entre los españoles. Los que dicen lo volveremos a hacer o los que
puedan pretender hacerlo alguna vez, ya saben a qué atenerse y saben también que a los tribunales españoles -al Constitucional, al Supremo o a los tribunales superiores de justicia- no les tiembla el pulso a la hora de ejercer su labor. No
desmontemos esa armadura que ahora sabemos que funciona, que cumple su función disuasoria y, llegado el caso, se ha mostrado como suficiente para detener cualquier envite contra la soberanía nacional, contra el conjunto del pueblo español y contra
la igualdad de todos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Olano.


El señor DE OLANO VELA: No caigamos en la trampa del independentismo, señor Legarda, se lo debemos a nuestros padres y es nuestra obligación para con nuestros hijos.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor García Adanero.


Aprovecho este momento para recordarles que en la Junta de Portavoces se ha anunciado que haremos una aplicación estricta de los tiempos, por lo que les pido, por favor, que se ajusten al tiempo que tienen porque cortaremos para agilizar, en
la medida de lo posible, el Pleno.


El señor GARCÍA ADANERO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, buenas tardes. Yo creo que es evidente que estas modificaciones que se hicieron tanto del recurso previo como de las posibles sanciones a las autoridades tenían un sentido, y una cosa es el lenguaje doctrinal, que nos ha mostrado
el portavoz del PNV, y otra, la realidad llevada al momento concreto de España, que es lo que hay que mirar. No hay que olvidar que no en 2017, sino hoy en día, uno de los objetivos políticos del acuerdo al que han llegado de momento la CUP con
Esquerra es hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Por tanto, el Estado de derecho se tiene que defender ante eso, porque dicen, y es verdad, que la CUP con Esquerra y con Junts per Cat tienen una mayoría en Cataluña, por tanto
podían tomar unas decisiones que están avaladas por un parlamento, como puede ocurrir en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, que también tienen una mayoría. Por tanto, pueden tomar unas
decisiones que ellos entienden legítimas, pero que no son legales, y el Estado se tiene que defender porque los objetivos políticos son una autodeterminación, una independencia, etcétera. Por tanto, el Estado tiene que defenderse. Por eso se pone
esto previamente. ¿Por qué se hace previamente? Porque, si no, luego lo pueden someter a votación, e incluso puede haber una parte del territorio a la que en un momento dado le parezcan bien los cambios que hacen en el estatuto de autonomía, pero
eso no los convierte en legales. Ocurrió en Cataluña. ¿Y qué pasó después? Pues la victimización, porque el pueblo ha dicho: es que todos estamos sometidos a las leyes dentro del sistema democrático -derecho a votar, etcétera-, pero dentro del
orden constitucional. Por tanto, ¿para qué sirve esto? Para luego no crear las víctimas que se crean, porque hay cosas en las que tenemos derecho a votar el conjunto de España, ya que, aunque sea por territorios, nos concierne al conjunto de los
españoles, y esta es una de ellas. Se sale aquí y se habla del estatuto de autonomía como si estuviéramos hablando de otros lugares, que queda muy bien, pero es que estamos hablando de lo que estamos hablando. Estamos hablando de independencia, de
derechos que no están en la Constitución y que se tienen como objetivos políticos, y hay que reconocerles que en este momento en algunos lugares tienen una mayoría para defender esos derechos, pero no legitimidad para ello. Tienen una mayoría
porque les han votado, pero no legitimidad para ello, porque no depende de ustedes que esa mayoría se pueda llevar a cabo.


Por tanto, nosotros entendemos que el objetivo de esta proposición de ley es acabar con la defensa que el Estado hace ante aquellos ataques de independencia que se buscan por parte de algunos partidos políticos, como pueden ser el PNV,
Esquerra, la CUP o Euskal Herria Bildu.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Botran Pahissa. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.


La sentencia de 2010 contra el estatut fue uno de los detonantes del procés independentista. Se disparó el apoyo a nuestra opción porque se vivió como un golpe de Estado judicial, que no son las palabras del propio independentismo, son las
palabras de un prestigioso constitucionalista, Javier Pérez Royo, y así se vivió. Desde entonces se ha persistido en esta idea del activismo judicial, de poner a los jueces enfrente de un conflicto político para que lo resuelvan. Así es que el
esfuerzo que podrían estar haciendo estos jueces en defensa de otros derechos constitucionales, como el del artículo 47 por la vivienda, lo dedican casi monotemáticamente a la militancia, a este activismo judicial en pro de la unidad de España.
Esto se ve, ya que hablábamos de vivienda, por ejemplo, en el celo que ponen en todas las leyes que emite el Parlament de Catalunya en materia de protección de la vivienda, la última que quedó tumbada por el Decreto 17/2019, y ahora tienen sobre la
mesa, recurrido también por el Partido Popular, la regulación de los alquileres.



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Las dos reformas que hoy se nos traen a debate, entre los años 2014 y 2015, ahondaban precisamente en esta idea del activismo judicial, de poner a los jueces al frente del conflicto político. Eran dos reformas distintas, una más bruta,
propia del pensamiento autoritario, que decía: si en 2010 no tuvieron suficiente, ahora se van a enterar, vamos a poner multas más altas, más gasolina al fuego; y otra reforma, algo más sibilina, lo que plantea es que se consiga el efecto sin que
se note el cuidado, y que el Constitucional no tenga que mancharse las manos pronunciándose sobre un texto ya aprobado por una Cámara o incluso refrendado, que es lo que sucedió con el estatut de 2010. La reforma más bruta -ya se ha comentado aquí-
fue obra del Partido Popular en campaña electoral. La reforma más sibilina fue pactada conjuntamente con el Partido Socialista. Sobre la primera, la de las multas, el Partido Socialista, en el mismo momento en que se trajo a debate en el Pleno, se
comprometió a derogarla una vez estuviera en el poder, y eso no ha sucedido.


Se nos trae, pues, la derogación de estas dos contrarreformas. Nosotros las apoyaremos, como hacemos con cualquier medida que implique la desjudicialización honesta del conflicto con Cataluña, y aprovechamos para lamentar que hoy la Mesa
del Congreso haya rechazado, sin tan siquiera la admisión a trámite para que se pueda debatir, la ley de amnistía, que era una propuesta precisamente para situar en el centro del debate que los jueces no son los que deben ir al frente del conflicto
político que plantea Cataluña, que debe haber una oportunidad para la política, que se debe poder votar y se debe poder decidir, y que todo lo que han estropeado los jueces -estimulados muy bien por muchos partidos políticos desde 2010 hasta ahora-
no ha servido para arreglar nada, sino para hacer mucho más profunda una herida a través de la represión.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes.


Esta proposición de ley plantea el fin del recurso previo del que ahora dispone el Tribunal Constitucional, y una modificación de las sanciones por incumplir las sentencias de este tribunal. Estamos de acuerdo en que la potestad al recurso
previo de la que dispone ahora el Tribunal Constitucional debe desaparecer. Y respecto a las sanciones, creemos que no ha lugar a ellas, ya que hablamos de decisiones que se adoptarían en representación de los deseos de la gente. Pero, sea como
fuere, la nueva propuesta entra más en el capítulo de lo que podríamos calificar como razonable, dadas las circunstancias. Así que me centraré en la retirada y en la posibilidad del recurso previo.


No son pocos los juristas que han advertido de que ese control anterior del Constitucional sobre las modificaciones que puedan acordar los parlamentos autonómicos respecto a los estatutos de autonomía deviene finalmente en que este tribunal
se constituya en una especie de tercera cámara. Y eso, señorías, es una cortapisa feroz a los procedimientos democráticos y es, obviamente, una vuelta de tuerca más, un elemento que engrasa aún más el modelo de recentralización. Por lo tanto,
vemos bien que se retire esa potestad que incluyó el Partido Popular para dotar de más poderes al Tribunal Constitucional, pero vaya por delante nuestra consideración de que el papel fundamental que juega el Tribunal Constitucional está diseñado, en
esencia, para horadar y cercenar la voluntad democrática de la sociedad vasca y de las naciones sin Estado, en este caso a través de coartar la acción de sus representantes políticos democráticamente elegidos. En este sentido, creo que deberíamos
preocuparnos mucho más por la injerencia en la soberanía que supone el cometido del Tribunal Constitucional que por el momento en que este tribunal interfiere. Y sí, naturalmente la modificación que se propone en este sentido supone eliminar el
riesgo seguro a que esta injerencia sea previa, porque esto supone, como ha ocurrido en Cataluña, que el Constitucional paralice todo el proceso de toma de decisiones democráticas y soberanas de las instituciones, empezando incluso por la
posibilidad de anular hasta el debate. Por lo tanto, está bien el planteamiento de retirar esa potestad, pero, a nuestro juicio, tampoco debería tener potestad alguna el Tribunal Constitucional para revertir o impedir consensos amplios que emanan
del mandato popular: del mandato de las urnas, primero, y de los parlamentos, después. La soberanía parlamentaria exige este respeto. Es por ello por lo que nuestro reconocimiento al Tribunal Constitucional cae con la fuerza de la gravedad, que,
en este caso, es la fuerza de la lógica democrática política. Por ello, no reconocemos ese papel que se asignó en su día al Tribunal Constitucional, precisamente porque reconocemos y damos especial importancia a la soberanía de la ciudadanía vasca.



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Señorías, el Tribunal Constitucional no es un tribunal judicial corriente; es un tribunal político, que adopta decisiones políticas sobre marcos políticos. Por eso digo que lo que debería preocuparnos, en el fondo, es cómo podemos avanzar
para que, por encima del Tribunal Constitucional, se pueda asegurar un nuevo estatus político que dé la palabra y la decisión a las vascas y a los vascos.


Señor Legarda, señor Esteban, ustedes y nosotras creemos en la capacidad de autogobernarse de nuestro pueblo; capacidad de autogobierno que debería tener traslación a nuestros marcos jurídicos y a nuestras instituciones propias.
Compartimos -creo- el principio básico de que es la ciudadanía vasca la que debe tener la última palabra sobre su futuro y, por tanto, sobre su estatus político. Y la ciudadanía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en las últimas elecciones, ha
dado un mandato claro al Parlamento vasco: que avancemos hacia nuevos marcos de autogobierno, hacia más soberanía y hacia acuerdos transversales más amplios entre quienes creemos que es, efectivamente, la sociedad la que debe de tener la última
palabra y no el Tribunal Constitucional, que en este caso ahora tiene, además de la última palabra, la primera también.


Apoyaremos esta proposición de ley que persigue quitar ese poder añadido, previo y censor que ahora mismo tiene sobre la voluntad de los vascos y de las vascas, pero les emplazamos a ustedes a que hagamos este camino. Porque el señor
Esteban por la mañana -hoy lo ha dicho y usted lo ha repetido, señor Legarda- ha indicado que esta reforma que ustedes plantean devolverá el equilibrio constitucional en el proceso para construir nuevos estatus políticos. No lo creo. Que un
tribunal político, como es el Constitucional, decida por encima de los vascos y las vascas no es equilibrio; que ese tribunal pueda imponernos con qué instrumentos de autogobierno podemos contar o no, no es equilibrio; que un tribunal político,
nombrado por los grandes partidos políticos españoles y al servicio de estos, tenga la capacidad de anular la palabra y la decisión de nuestros parlamentos, no es equilibrio; y que los tribunales puedan cepillarse un estatuto aprobado por la
mayoría de la ciudadanía y una mayoría parlamentaria, señorías, eso no es equilibrio. Por eso, el único equilibrio posible se dará cuando la sociedad vasca, o la catalana o la gallega o la de cualquier nación sin Estado, puedan decidir y decida
sobre qué quiere hacer con su futuro, y esa decisión sea respetada por todos; por todos.


Así que les invitamos a que juntos obedezcamos hasta los últimos términos el mandato que la sociedad nos ha expresado; que se comprometan, que nos comprometamos a iniciar también en nuestro país un camino democrático, con el único límite
del respeto a la palabra y a la decisión de las vascas y los vascos. Es una invitación a sumar voluntades; una invitación a recorrer ese camino, porque la sociedad vasca -ustedes lo saben- es una sociedad madura que no necesita tutelas ni de
Gobiernos ni de parlamentos ni de tribunales ajenos que no respeten el derecho básico a decidir de la ciudadanía; que respondamos con responsabilidad a lo que la sociedad vasca nos pidió en las urnas e iniciemos el camino democrático para escuchar
lo que quiere para su futuro, para respetarlo y para hacerlo realidad.


Egin dezagun bidea. Gure esku dago. Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Aizpurua. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta.


Buenas tardes a todos. Estamos aquí en esta proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 3 de octubre de 1979, para derogar una anterior reforma aprobada por la Ley Orgánica 15/2015, y ya el Grupo Nacionalista
Vasco consiguió en la XII Legislatura que se tomara en consideración esta proposición.


Básicamente, como ya se ha dicho aquí, se trata de eliminar las potestades, las competencias de ejecución de las propias resoluciones que tiene el Tribunal Constitucional y del recurso previo de inconstitucionalidad. Muy resumidamente, la
posible aplicación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa respecto a los medios de ejecución de las resoluciones judiciales, la posibilidad de la notificación personal de las resoluciones del Tribunal Constitucional, con
apercibimiento de desobediencia, con la importancia que este instrumento tuvo precisamente en relación con los sucesos del procés, y también la necesidad de que todas las administraciones públicas cooperen, auxilien al Tribunal Constitucional
precisamente en esta ejecución.


No se ha dicho aquí todavía, pero el Gobierno vasco ya interpuso recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma con un argumento, en mi opinión -con todo respeto se lo digo al señor Legarda, que sabe que le tengo aprecio y respeto
intelectual-, peregrino, con un argumento que decía, como también



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ha dicho el proponente en su discurso, que desnaturalizaba la concepción, la configuración constitucional del Tribunal Constitucional. Señorías, ya dijo el Tribunal Constitucional en sentencia de 3 de noviembre del año 2016 que no era así,
que no se desnaturalizaba la configuración constitucional del Tribunal Constitucional, sino que el legislador se encontraba habilitado, podía, tenía competencia para otorgar estos poderes de ejecución al Tribunal Constitucional. Ya dijo el Tribunal
Constitucional que esa facultad de suspender los nombramientos de los cargos y autoridades públicas no era un expediente disciplinario, no era en definitiva un procedimiento sancionador, sino que era un medio más de ejecución. Ya dijo el Tribunal
Constitucional que tampoco era ninguna novedad la existencia de multas coercitivas, y que la posible ejecución subsidiaria, el encargo de la ejecución de sus resoluciones a terceras personas estaba perfectamente legitimado.


Y con respecto al recurso previo de inconstitucionalidad, que ya se ha contado, se trata de aquel recurso que se interpone antes de que el pueblo apruebe en referéndum la reforma del estatuto de autonomía, que ya ha sido aprobado por las
Cortes Generales. Pues miren, de lo que se trata es de evitar -no se ha dicho tan claramente en este estrado- el choque de legitimidades, es decir, esa labor hermenéutica máxima que tiene el Tribunal Constitucional en la interpretación de la
Constitución en relación con un estatuto que ya ha sido aprobado por referéndum. ¿Y por qué? ¿Esto es bueno, esto es oportuno, esto está bien? Pues, claro que lo está, porque precisamente este choque de legitimidades es lo que es continuamente
explotado por la propaganda independentista, con una idea falaz, con una idea que es mentira, de la cual cuelgan el resto de las mentiras de los grupos independentistas, y es que la soberanía no corresponde al pueblo español en su totalidad, sino
que corresponde, en su opinión, solo a los habitantes de un determinado territorio. Esta es la mentira sobre la que gravitan todas las mentiras, en definitiva, de los separatistas, y con esta idea se explota precisamente el concepto del choque de
legitimidades. Es decir, que cuanto esa parte del pueblo ha aprobado, a través de medios legítimos o de medios ilegítimos -de medios legítimos como es el referéndum respecto al estatuto de autonomía, o ilegítimamente cuando se trata de un
referéndum ilegal-, eso es superior a la Constitución y a la ley. Pues no, no es superior a la Constitución y a la ley, y para eso tenemos la garantía del Tribunal Constitucional, para que no se pueda dar esa falta de respeto al principio de
soberanía nacional, esa falta de respeto al Estado de derecho y al principio de legalidad.


Ya se ha dicho por parte del portavoz del Grupo Popular que efectivamente países como Austria y como Alemania tienen facultades de ejecución semejantes en sus tribunales constitucionales, y por otra parte parece que es oportuno que se
mantenga ese, como ya he dicho, recurso previo de inconstitucionalidad para evitar esa confrontación, para evitar ese choque de legitimidades. En todo caso, sí que quiero decir que el Tribunal Constitucional ha utilizado esos poderes de ejecución
únicamente en casos muy puntuales y de forma muy prudente. ¿Para qué? Para, precisamente, responder o poder responder el Estado frente a los ataques que el Estado recibe. No se entiende de ninguna manera que un órgano constitucional que se llama
tribunal solamente pueda juzgar de acuerdo con el parámetro constitucional, pero no pueda ejecutar lo juzgado; no se entiende de ninguna manera. No se entiende que sus resoluciones queden en papel mojado, o que se trate solamente de palabras, o
que se ralentice o se entorpezca la ejecución de sus resoluciones por tenerse que remitir a los órganos de la jurisdicción ordinaria; no se entiende de ninguna manera.


Por lo tanto, señor Legarda, con cariño, con respeto -que sabe que se lo tengo-, usted viste aquí de técnico-jurídico; usted viste aquí, en un brillante examen del perfil constitucional del Tribunal Constitucional, lo que entiende que debe
ser la reforma de la ley, pero a nadie se le escapa que en realidad lo que ustedes pretenden es debilitar el Tribunal Constitucional, lo mismo que por otra parte también ha intentado algún otro grupo parlamentario; que tenga menos potestades; que
pueda, efectivamente, ser menos eficaz. Porque si no, ¿a qué español, a qué ciudadano le preocupa que las sentencias del Tribunal Constitucional se puedan ejecutar, se puedan llevar a puro y debido efecto, como decimos los juristas? ¿A quién le
preocupa esto?


Y le digo, ¿se puede cambiar el sistema? Claro, esa sentencia que he citado del Tribunal Constitucional contiene una serie de votos particulares que son contundentes, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Pero, ¿cómo se puede cambiar el
sistema? Pues mire, se puede cambiar con sosiego; se puede cambiar con consenso; se puede cambiar en el seno de un pacto de Estado. Pídanles ustedes, ustedes y ustedes a los independentistas precisamente ese sosiego, esa calma, esa aceptación
del cumplimiento de la ley y de la Constitución, y nos podremos sentar a hablar de lo que ustedes quieran. Pero la realidad camina por otro camino. Laura Borràs, como presidenta del Parlament de Catalunya, hace un discurso incendiario de



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confrontación; se llega a un acuerdo por parte de Esquerra con las CUP diciendo que lo volverán a hacer, que volverá a haber un referéndum ilegal y, obviamente, por lo tanto, no es el momento oportuno para estas reformas. Y ustedes,
señores del Partido Socialista, miren a ver qué es lo que hacen con esta reforma. Nosotros desde luego votaremos que no.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Hace justamente un mes este Congreso conmemoraba el 40 aniversario del golpe de Estado del 23-F que, según la versión oficial, fracasó. Sin embargo, inmediatamente después -y es evidente la relación causa-efecto- llegó la Loapa y mandó
parar el proceso de asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas, especialmente las naciones que aún formamos parte de este Estado. A partir de ahí, el verde en el Congreso y el caqui en las calles en ese 23 de febrero fue
sustituido por el negro de las togas. El Tribunal Constitucional se convirtió en la punta de lanza de la defensa del Régimen del 78 contra las aspiraciones nacionales y populares. Cualquier posición democrática mínimamente transformadora que
pretendiese exceder los estrechos límites que marcasen los guardianes del régimen chocó, inevitable y reiteradamente, con el muro del Tribunal Constitucional. Especialmente claro cuando se trataba de laminar el autogobierno de las naciones,
declarando inconstitucionales decenas de normas y leyes aprobadas democráticamente, hasta acabar por purgar -expresión de un tradicional medio de comunicación de la derecha españolista- el Estatut de Catalunya una vez aprobado y ratificado,
eliminando catorce de sus artículos.


Por eso, la propuesta de eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad, que sin duda tiene su origen motivacional en el proceso del estatut, aunque insuficiente, nos parece positiva. Poner en cuestión la permanente judicialización de
la política y la pretensión de resolver por la vía judicial conflictos de naturaleza política es siempre necesario, pero para avanzar en el camino de la democracia sin duda es también imprescindible cuestionar la totalidad de la estructura
jurídico-política de este régimen, empezando por el Tribunal Constitucional y contando con las naciones y los derechos colectivos de los pueblos.


La señora PRESIDENTA: Señor Rego, ha terminado su tiempo.


El señor REGO CANDAMIL: Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Moltes gràcies, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Las propuestas legislativas que nos ocupan son dos de las muchas que se tendrían que emprender si hubiera una verdadera voluntad de acercar la vida política de este Estado a los principios constitucionales propios
de una verdadera democracia, y sacarlos de esta vía autárquica a la que ha tendido siempre. Una vía antidemocrática en la que ahondó en 2015 la mayoría absoluta del Partido Popular, después del éxito de la consulta catalana del 9 de noviembre 2014,
promoviendo una batería de reformas legislativas con el único objetivo de bloquear judicialmente las demandas democráticas del pueblo de Cataluña. La Ley Orgánica 15/2015, que otorgó al Tribunal Constitucional instrumentos de ejecución de sus
propias resoluciones, supuso una peligrosa intromisión en las funciones de los parlamentos y, por lo tanto, una afectación antidemocrática de la autonomía parlamentaria y una vulneración de la inviolabilidad de los parlamentos y de la separación de
poderes. Todo por la patria, olvidando, como recuerdan los votos particulares emitidos con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional, que la reforma rompe el diseño constitucional y los equilibrios que procuraba al poder constituyente
entre los diferentes órganos constitucionales, porque sitúa al Tribunal Constitucional en un rol ejecutivo, ajeno a su naturaleza, olvidando también que deberían existir mecanismos específicos para resolver los conflictos entre órganos
constitucionales; y nadie puede negar que los parlamentos autonómicos ejercen las funciones constitucionales.


Lo más lamentable de todo es el carácter abiertamente electoralista de la reforma de 2015. La proposición de ley la registró en septiembre de 2015 el señor Xavier García Albiol, candidato del Partido



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Popular a las elecciones que se iban a celebrar el 27 de septiembre de 2015. García Albiol dijo en el momento de registrar la propuesta: la broma se ha terminado. Y creo que acertó, porque eso marcó el inicio del 'A por ellos' judicial en
el que aún estamos inmersos. Desleal, innecesaria, irresponsable o unilateral fueron los adjetivos utilizados por la totalidad de los partidos políticos, excepto el Partido Popular, incluido el PSOE. Incluso el expresidente del Gobierno, Felipe
González, dijo: me parece un disparate. En definitiva, como Antonio Hernando, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, dijo: el Partido Popular, a pocos días de las elecciones catalanas, ha decidido la transformación de la naturaleza
del Tribunal Constitucional, desfigurando sus funciones al servicio del comité de campaña del PP.


La aplicación del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha llevado a que los parlamentarios -y, en concreto, a los miembros de las mesas- sean perseguidos penalmente, como si fueran simples autoridades administrativas o
funcionarios que desobedecen a la autoridad superior y no representantes de la soberanía popular, un desprecio al principio democrático y a la inviolabilidad de los parlamentos. Mover al Tribunal Constitucional de su función de legislador negativo
también ha producido situaciones tan grotescas como la imposición de multas coercitivas de 12 000 euros diarios a los miembros de la sindicatura electoral del referéndum de independencia de Cataluña, multas que hubieran podido llegar a 30 000 euros
diarios. La Comisión de Venecia y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya han declarado que esta desproporción tiene un carácter manifiestamente punitivo y un contenido penal.


Por su parte, la Ley Orgánica 12/2015, que restableció el recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica de estatuto de autonomía, supone una intromisión del Tribunal Constitucional en el ejercicio del poder de
reforma estatutaria. Los estatutos son el producto de la voluntad democrática expresada, primero, por los parlamentos autonómicos y estatal, y por el pueblo en referéndum, después, y deben quedar al margen de cualquier recurso previo de
inconstitucionalidad. La injerencia preventiva del Tribunal Constitucional en este proceso pone vetos al proceso democrático y destruye la legitimidad del propio Parlamento como representante de la voluntad popular. Y esto es más grave si tenemos
en cuenta que los estatutos no son una ley cualquiera, menos aún aquellos que, como el estatuto catalán, están refrendados por el pueblo y constituyen una norma paccionada entre el Parlamento y las Cortes Generales.


Por todo lo anterior, estamos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley presentada y lamentamos que hoy se haya impedido con argumentos espurios meramente legalistas debatir la proposición de ley de amnistía, como también
se ha impedido repetidamente en este Congreso de los Diputados hablar de la monarquía.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pagès. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats.


Hoy el Partido Nacionalista Vasco nos trae la derogación de dos reformas del Tribunal Constitucional. La primera de ellas: el PP presentó en 2014 una reforma contra la Ley del Tribunal Constitucional, en esa ocasión, para recuperar el
instrumento del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de estatutos de autonomía, una reforma aberrante desde el punto de vista democrático, un auténtico golpe a la separación de poderes, al pluralismo político, al debate
parlamentario y al autogobierno de las distintas naciones y territorios del Estado. Instituían al Tribunal Constitucional como un órgano de control político, de veto a las propuestas que los Parlamentos remiten al Congreso y al Senado cuando
intentan modificar sus estatutos de autonomía. Para quien no lo sepa o lo haya olvidado, el recurso previo funciona del siguiente modo: una vez que la reforma estatutaria ha sido aprobada por su Parlamento y ha pasado el trámite de las Cámaras de
las Cortes Generales, tanto Congreso como Senado, este recurso previo permite impugnar el texto ante el Tribunal Constitucional antes de que sea ratificado en el referéndum popular, tal y como establece la Constitución; vamos, una salvajada y un
atropello a la soberanía popular.


En su día, Esquerra Republicana junto a otros partidos nacionalistas e independentistas presentamos enmiendas a la totalidad de esta reforma. ¿Y saben quién no estaba en este bloque? ¿Saben quién apoyo de manera entusiasta esta reforma
siendo innecesarios sus votos, pues el PP tenía la mayoría suficiente para sacar adelante esta reforma? El Partido Socialista. El Partido Socialista lleva ya dos años en el Gobierno y no ha hecho nada, así que hoy tiene la oportunidad de enmendar
ese error, la enésima oportunidad de desmarcarse de la derecha y apostar por lo que tanto predica pero tan poco practica, que es la plurinacionalidad.



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La segunda reforma: el PP presentó esta segunda reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional pocas semanas antes de las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015 en Cataluña, con ello situaba al Tribunal
Constitucional al servicio de su causa de Estado, que no es otra que salvar la sacrosanta unidad de España a cualquier precio. El objetivo era claro: influir en el proceso electoral, disuadir a la ciudadanía catalana de apoyar las candidaturas
independentistas y sofocar el clamor popular a favor del ejercicio del derecho a la autodeterminación. Para lograrlo, tramitaron la reforma por un procedimiento de urgencia y en lectura única, prescindiendo de los numerosos informes preceptivos que
deberían haber sido presentados si se hubiese utilizado el cauce del proyecto de ley, vamos, pasaron el rodillo, como hicieron durante toda la legislatura, abusando de su mayoría absoluta y pervirtiendo el procedimiento parlamentario. Sabemos muy
bien de lo que hablamos cuando decimos que esta reforma tenía por objetivo la persecución de la disidencia política y lo estamos sufriendo en propia carne. Mañana mismo nuestro compañero y diputado Joan Josep Nuet será juzgado ante el Tribunal
Constitucional por algo tan democrático como permitir el debate parlamentario. Tota la força. No estàs sol. (Aplausos).


Además, hoy se cumplen tres años del ingreso en prisión de la presidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell y la consellera Dolors Bassa y del exilio de nuestra secretaria general Marta Rovira, precisamente por ser demócratas. Pero
no les funcionó ni les funcionará jamás porque el pueblo catalán es un pueblo digno, pacífico y con fuertes convicciones democráticas. En las elecciones plebiscitarias de 2015 el independentismo alcanzó la mayoría absoluta, resultado que hemos
revalidado en las elecciones impuestas por la aplicación del 155 en 2017 y ahora, hace apenas un mes, rebasando la frontera del 50 % de votos por la república catalana y ampliando la mayoría parlamentaria a favor de la autodeterminación y la
amnistía.


Justamente hoy también la Mesa del Congreso, arrogándose competencias para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas presentadas, ha decidido que la ley de amnistía es inconstitucional. Sin necesidad de acreditar
conocimiento jurídico alguno y excediendo de sus funciones, la Mesa del Congreso, donde el PSOE se ha alineado con el tripartito de la derecha, ha decidido convertirse en una sala más del Tribunal Constitucional y ha resuelto un auto-recurso previo
de constitucionalidad. Esto es su democracia plena.


Evidentemente, apoyaremos la toma en consideración de esta ley porque estamos de acuerdo con la derogación de las reformas del PP, pero también porque consideramos que es una oportunidad para abrir de una vez por todas un debate serio sobre
el papel del Tribunal Constitucional que debería desempeñar en una democracia verdaderamente plena, que no es otro que el de garantizar los derechos civiles y sociales de la ciudadanía.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Velarde Gómez.


La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señorías. Subo a esta tribuna en nombre de mi Grupo Confederal para mostrar todo nuestro compromiso con la democracia y con la libertad y digo esto antes de empezar porque hoy venimos aquí a debatir la toma en consideración
de la derogación de dos reformas que modificaron ya la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, que situaron a España en el siglo pasado y que tenía por objetivo el control total del Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular para
utilizarlo contra los Parlamentos autonómicos y criminalizar a los independentistas. Se ha reconocido, de hecho, por el portavoz del PP en su posicionamiento en contra.


Las leyes cuyo trámite para su derogación comenzamos hoy aquí, si esta Cámara lo vota mayoritariamente, se aprobaron en 2015, como se ha dicho anteriormente, cuando el PP disponía de una mayoría no voy a decir absoluta, sino absolutista, que
le permitió aprobar la modificación de una ley orgánica como una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular con el fin de evitar todos los controles durante su tramitación. La podían haber presentado como anteproyecto de ley, pero eso
hubiese significado que tenían que haber pasado el texto por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial. Así se arriesgaban a que sendos informes fueran negativos y hubieran dejado claro que su proyecto de país, lejos de ser
los adalides, como dicen ahora, de la libertad, está más cerca de la Turquía de Erdogan que de la Unión Europea.



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Estas leyes se tramitaron por vía de urgencia y en lectura única, por lo que los grupos de la oposición entonces aquí representados, en la X Legislatura, se vieron limitados en su posibilidad de proponer enmiendas. Los grupos de la Cámara
votaron en contra, pero salió adelante por el rodillo absolutista del Partido Popular, porque así es como actuaban ustedes cuando pensaban que eran impunes. A la vez que aprobabais recortes para la clase trabajadora al grito de '¡que se jodan!',
parte del partido nos robaba a manos llenas. Concretando, que lo que el PP aprobó en 2015 por la puerta de atrás y a toda velocidad fue dar potestades coercitivas al Tribunal Constitucional, potestades para poder multar declaraciones políticas,
opiniones expresadas en los Parlamentos autonómicos. O lo que es lo mismo, lo que el PP hizo en 2015 fue convertir el Constitucional en un órgano de partido para judicializar el conflicto catalán justo antes de que se convocaran las elecciones
generales de diciembre de 2015, en las que, como saben, el Partido Popular perdería esa mayoría que le hacía falta, absolutista. Se rompió el bipartidismo y las fuerzas del cambio irrumpimos en esta Cámara con bastante fuerza.


El objetivo del Partido Popular fue tan burdo y chabacano como su anuncio de la iniciativa, comunicada en esa rueda de prensa por el entonces candidato del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, y por Rafael Hernando, que
entonces ejercía de portavoz del PP en esta Cámara. Después de eso ha habido varias iniciativas -hay que recordarlo- sin éxito para derogar estas dos leyes, que, finalmente, espero que podamos comenzar hoy a hacerlo. Un intento fue el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno vasco, otro fue una proposición de ley formulada por el PDeCAT y por el PNV y otro fue a iniciativa de Unidas Podemos. La convocatoria de elecciones anticipadas en febrero de 2019 obligó a disolver
las Cortes y ambas iniciativas legislativas no pudieron completar esos trámites parlamentarios.


Les recuerdo también, señores del PP, que la Constitución no otorgó al Tribunal Constitucional competencias para enjuiciar o suspender a los titulares de los órganos constitucionales y de los órganos superiores de las comunidades autónomas
por infracción legal o constitucional, sino que esa facultad le correspondía y le corresponde a la justicia ordinaria a través de un proceso penal con todas las garantías y, en el caso de las Cámaras parlamentarias, previa autorización de estas para
el enjuiciamiento de algunos de sus miembros. Así que, más allá del debate político y jurídico, que deja a las claras que al PP le sobran las garantías democráticas y la separación de poderes en el Estado de derecho, lo que pretendió el Partido
Popular fue convertir en delincuentes a los opositores políticos, en delito la pluralidad y la Constitución española en un código penal para judicializar los conflictos políticos que no lograban ganar en las urnas. Convertir el Tribunal
Constitucional en un tribunal ordinario para poner multas e inhabilitar ha sido la estrategia que de hecho ha llevado a que los independentistas en Cataluña hayan pasado de un 15 % a un 50 %.


La estrategia de judicializar los debates democráticos provoca la polarización de la sociedad y un mal camino para solucionar, evidentemente, los debates profundamente democráticos que el PP siempre ha intentado resolver debilitando el
Estado de derecho y usando el Constitucional para sus fines partidistas. Se creyeron que todo era suyo, desde el dinero público hasta las instituciones del Estado, pero, menos mal, señorías, que les echamos. Y ojalá que no vuelvan. Con ustedes es
cuando más cerca se estuvo -esa frase que les gusta tanto- de romperse España. Con ustedes queremos ser independentistas hasta en Andalucía, señores del PP. Bueno, por lo menos vamos a intentar ser independientes de su nefasto Gobierno en mi
tierra. La verdad es que son ustedes lo peor que le ha pasado a nuestra democracia y la gasolina del independentismo. Han trabajado ustedes más a favor de la independencia de Cataluña que cualquier partido independentista que haya en esta Cámara.
Las diferencias con los adversarios políticos en democracia se solventan a través de la política. La política, señores del PP, es diálogo, es acuerdo; son pactos, no imposiciones. Señorías, se sintieron ustedes tan impunes que creyeron que hasta
podían poner a trabajar al Tribunal Constitucional para su estrategia de odio y de enfrentamiento entre los pueblos. Iban ustedes de defensores de la unidad de España y es su estrategia frentista y de criminalización de los independentistas lo que
ha provocado que el independentismo tenga...


La señora PRESIDENTA: Señora Velarde, ha terminado su tiempo.


La señora VELARDE GÓMEZ: Termino, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: No, señora Velarde, lo siento mucho. Ha terminado su tiempo.


Muchas gracias. (Aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García. (Aplausos).



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El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señora presidente.


Tal y como se preguntó Madison acerca del Gobierno como el mayor de los reproches a la naturaleza humana, pregunta que figura en el artículo número 51 de El Federalista, cabría preguntarse qué es el control de constitucionalidad de las leyes
sino el mayor de los reproches a la democracia, al menos de la transida de positivismo jurídico. Sin embargo, Hamilton también en El Federalista, en esta ocasión en el artículo 78, corta por lo sano y se puede leer en dicho texto lo siguiente: No
hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que afirma que todo acto de una autoridad delegada contraria a los términos del mandato con arreglo al cual se ejerce es nulo. Por lo tanto, ningún acto legislativo contrario a la
Constitución puede ser válido. Negar esto equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al mandante, que el servidor es más que su amo. No es admisible -dice más adelante- suponer que la Constitución haya podido tener la intención de
facultar a los representantes del pueblo para sustituir su voluntad o la de sus electores. Es mucho más racional entender que los tribunales han sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura con la finalidad, entre
otras varias, de mantener a esta última dentro de los límites asignados a su autoridad. Hasta aquí la cita de Hamilton.


No creemos que esta iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, si nos trasladamos del siglo XVIII al siglo XX y nos detenemos en el sistema kelseniano de control de constitucionalidad de las leyes que se le atribuye a un tribunal
especializado y único, en el que se advierte lo que el profesor Michel Troper ha llamado el enigma kelseniano, sea aquello que supone el desvelo, la preocupación o la inquietud del Partido Nacionalista Vasco. Es cierto que ese enigma es de
imposible superación. A saber, por una parte, Kelsen dice desde los postulados de la teoría pura del derecho que solamente se pueden hacer descripciones, cuando el mismo hace una prescripción que consiste en decir que debe haber un control de
constitucionalidad; y, por otra parte, Kelsen es un ideólogo de la democracia y la considera un sistema de autonomía en el que las normas superiores son creadas por aquellos que luego quedan sometidos a estas, de modo tal que el resto de las normas
deben quedar siempre como resultado o derivación de aquellas, de las superiores. De modo que no se comprende cómo, partiendo de estas hipótesis, luego formule unos postulados que son divergentes de la democracia así definida.


En definitiva, no creemos que esta proposición de ley en su exposición de motivos refleje las perplejidades que causa ese enigma kelseniano. No lo creemos, porque esa perplejidad en realidad solamente podría tener lugar de modo falso toda
vez que la prolija exposición de motivos -cuatro páginas y media- hace consideraciones solo relativas al recurso previo de inconstitucionalidad, cuando todas las perplejidades que manifiesta podrían hacerse del recurso de inconstitucionalidad,
aunque fuera el recurso a posteriori o llamado represivo; exactamente, las mismas. Si examinamos las afirmaciones contenidas en la exposición de motivos, cabe preguntarse en qué se diferencia, en cuanto al control de la voluntad del Parlamento, el
recurso previo de inconstitucionalidad del recurso a posteriori. En nada; por mucho que sus enemigos, los del previo, en 1979 y en 1985 discriminasen entre ellos sin ningún tipo de razón, simplemente sobre la base de afirmaciones apodícticas. ¿En
qué se diferencia el uno del otro en cuanto a la constatación del desacuerdo político? En nada. ¿En qué se diferencian en cuanto a los derechos de las minorías y de las mayorías? En nada. ¿En qué se diferencian en cuanto a la politización ad
nauseam del Tribunal Constitucional? En nada. ¿En qué se diferencian en cuanto al desequilibrio de la supremacía de la Constitución que este sistema reclama porque el sistema propio constitucional así lo exige? En nada. Ítem más. ¿En qué se
diferencian sustancialmente el recurso previo contra proyectos de ley orgánica de estatutos de autonomía y sus modificaciones del control previo de tratados internacionales que establece el artículo 78 de la ley orgánica, dando así cumplimiento al
artículo 95.2 de la Constitución? En nada. Luego todo lo que ustedes presentan aquí no es cierto. Los más destacados enemigos del recurso previo ya señalaban en 1979 que este solo era coherente respecto a normas ajenas a la voluntad del
Parlamento. Pues bien, en este caso estamos, cabalmente, toda vez que la Ley 12/2015 ha contraído o reintrodujo ese recurso previo a las leyes de reforma de estatutos de autonomía, y nada más. VOX considera que el recurso previo no debe contraerse
solamente a dichos proyectos, sino que debe también extenderse a todas las leyes orgánicas, como por lo demás no solamente es potestativo sino también obligatorio, por ejemplo, en el sistema de control de la constitucionalidad de la Quinta República
Francesa. Y a ese fin ha presentado una proposición de ley en el mes de diciembre del año 2020.


Todo lo que se dice en la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco es una mentira. Aparece agazapado en el texto de la exposición de motivos el artículo 147.3 de la Constitución. Este es el problema. El artículo 147.3 es uno más
de los elementos del despropósito que constituye el título VIII, que Fraga ya denunció en el proceso constituyente, el que permite que la reforma de los estatutos se haga con arreglo



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a un procedimiento establecido en estos y a una aprobación por ley orgánica. Y de ahí vamos al artículo 46 del Estatuto vasco. Y usted lo que pretende es decir que no es posible recurso previo de inconstitucionalidad porque se introduce de
modo intercurrente entre la aprobación como ley orgánica y un referéndum popular. No, esa dualidad de legitimidades es falsa, porque, si fuese cierta, quedaría impugnado todo el sistema de constitucionalidad de las leyes, no en razón de un recurso
previo, de cualquier recurso de inconstitucional, contra un acto con fuerza de ley. Pero no desespere usted, señor Legarda, cabe esperar que el Partido Socialista, acaudillado por el amoral Sánchez y con su abigarrado mariachi de separatistas e
independentistas, apoye esta petición, que es una petición que va en la línea de ese artículo 147.3 y que puede ser una petición que, si da lugar a la aplicación de dichos preceptos en los términos que ustedes pretenden, sea contraria a la unidad
nacional, a la que, por lo tanto, nosotros nos opondremos totalmente. Esta finalidad de transgresión de la unidad nacional trasciende la propia Constitución, y así quiero expresarlo y reiterarlo ante esta Cámara.


Nada más. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Elorza González.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: Señorías, señora presidenta, he leído estos días, señor Legarda, las intervenciones de su grupo, las del señor Esteban también, desde el año 2015 sobre este tema tan retórico -hay tantas iniciativas, que uno
realmente se pierde- para llegar a alguna conclusión sobre cuál es el motivo que le lleva a ustedes, al grupo nacionalista, a presentar hoy aquí esta proposición de ley. Y debo decirles que su discurso, el discurso del señor Legarda, me ha parecido
una lección de derecho constitucional dirigida a nacionalistas porque me ha resultado -y lo digo de verdad, como me ha parecido- una lección interesada de la Constitución, una lección absolutamente desenfocada de lo que es realmente la Constitución
para justificar su negativa o su rechazo al recurso previo de inconstitucionalidad y, en cambio, al parecer aceptarían el recurso a posterior, el que produjo un desaguisado tremendo, ese conflicto de legitimidades cuando se sometió a referéndum el
estatut de Pascual Maragall en Cataluña y a los cuatro años, el Tribunal Constitucional echó abajo una parte, catorce artículos, de ese estatut provocando lo que luego hemos conocido: el procés.


Cuando el PNV habla de la Constitución, me lleva siempre a equívocos porque en realidad ustedes no aman la Constitución, no la defienden y no la han votado, pero le voy a recordar algo importante: ¿Dónde estaban ustedes el 27 de octubre de
2017, cuando, por dignidad, había que defender la legalidad constitucional ante la decisión del Parlament de Catalunya de la declaración de independencia? ¿Dónde estaban ustedes? Votando en contra de la aplicación del 155. Qué momento más álgido,
más claro para defender la Constitución desde una perspectiva simplemente democrática, de respeto de la legalidad vigente, de la legalidad constitucional ante un atropello, ante una arbitrariedad, ante un incumplimiento continuado de las
resoluciones del Tribunal Constitucional.


En segundo lugar, ¿dónde están ustedes realmente al hablar de la cuestión del recurso previo en relación con un referéndum del futuro, quizá, nuevo estatuto de autonomía para Euskadi? ¿Dónde se sitúan ustedes? ¿Por qué se lo digo? Porque,
antes de presentar esta proposición, no mucho antes, ustedes llegaron a un acuerdo con Bildu en el Parlamento vasco, en el que a lo largo de 2018 sabe usted muy bien que lo que defendían era celebrar una consulta popular habilitante entre la
aprobación del nuevo estatuto para Euskadi y su remisión a las Cortes Españolas. Ustedes proponían, de acuerdo con Bildu, celebrar una consulta entonces habilitante para meter, digo yo, presión a las Cortes o al tribunal o a los dos o a todos.
Ustedes han llegado a defender esta posición. ¿En que están ahora? Realmente no lo sé, depende de a quien lea, si leo a Urkullu, si leo a Ortuzar, o depende del día que toque, par o impar. Por tanto, mucho cuidado con dar lecciones de
constitucionalismo, por lo menos en esta Cámara.


La tercera cuestión es que el recurso previo fue una necesidad que el Partido Socialista tuvo que modificar en el año 1985 de la mano del presidente Felipe González porque de ese recurso previo estaba haciendo mal uso, como siempre, el
Partido Popular, que se servía del recurso para impedir o torpedear el avance de los presupuestos del Estado. Se eliminó ese recurso previo para evidentemente poder aprobar presupuestos, pero luego, treinta años después, sucede lo que sucedió en
Cataluña tras el referéndum lamentablemente fallido y el procés. Y la Cámara, el Partido Socialista, evidentemente y sin ningún complejo, y el Partido Popular retoman, resucitan ese recurso previo de inconstitucionalidad para



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los estatutos de autonomía, que son, no tengamos ninguna duda, leyes orgánicas que forman parte del bloque de constitucionalidad y son, evidentemente, estatutos que suelen avanzar desde la mesa del diálogo, de la concertación y de la
negociación. Porque ese recurso previo, contrariamente a lo que ustedes muestran en la exposición de motivos de su proposición de ley, no es un atajo, no es un veto para la negociación política.


¿Ustedes creen que por la existencia del recurso previo el Partido Socialista va a dejar de dialogar, de negociar con ustedes o con otras autonomías el avance de su proceso de autogobierno, dentro de lo que son los límites de la Constitución
o interpretándola adecuadamente? No, no victimicen, por tanto, ese recurso con un argumento mediante el cual el Partido Socialista quiera dificultar, imponer u obstaculizar el avance del autogobierno del País Vasco o de otras comunidades en España.
El PSOE no juega en la misma liga que el Partido Popular ni VOX -que por cierto se quiere cargar la estructura autonómica, el Estado autonómico español-, no jugamos en la misma liga, y les invito a que ustedes clarifiquen su posición y no jueguen
tampoco en la misma liga que Bildu o que ERC o que otros partidos. Nosotros jugamos en la liga de la defensa de la democracia, de la Constitución y del autogobierno de un país plural en el que ojalá podamos abordar una reforma constitucional en una
línea absolutamente federal o federalizante.


Por cierto, ha habido aquí una referencia de ERC al Partido Socialista, a sus malas intenciones, y yo debo recordar a quienes quieren darnos lecciones de democracia que quien ganó las elecciones en Cataluña anteayer fue el Partido Socialista
de Cataluña, el PSC, no ustedes; aunque les duela, lo vamos a repetir todos los días (aplausos), las ganó el PSC. A partir de ahora hagan ustedes lo que consideren; allá con su responsabilidad. De modo que, con estos antecedentes, queremos
prestigiar el Tribunal Constitucional, lo defendemos, queremos que se renueve, señores del PP, y queremos que sea un instrumento de prestigio independiente e imparcial.


Quiero acabar significando que con la primera parte de esa proposición no estamos de acuerdo con ustedes, proponentes del PNV. Sí estamos de acuerdo en la segunda parte de su proposición, aquella en la que se extralimitó el Partido Popular
dándole poderes innecesarios que luego no se han utilizado más que una vez por parte del Tribunal Constitucional. En una parte disentimos, la rechazamos profundamente, y en la otra estamos dispuestos a recorrer un camino...


La señora PRESIDENTA: Señor Elorza, ha finalizado su tiempo.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: ... para reformular esa ley. Por tanto, votaremos, por esa razón, en favor de la toma en consideración. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Elorza. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000089).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación del Código Penal en materia de orden público. Se trata
de un proyecto orgánico.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.


La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


Esta misma semana conocíamos que el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia instan por enésima vez al Estado español a modificar la Ley de seguridad ciudadana por vulneración de derechos fundamentales. De hecho, en 2015, en el segundo
Examen Periódico Universal de derechos humanos, ya el Gobierno español se comprometió a garantizar el derecho a reunión. Una semana después, aprobaba la Ley mordaza, Ley de seguridad ciudadana. No solo no cumplió el compromiso, sino que en el
tercer Examen Periódico Universal, en 2020, se mantenía de forma explícita la preocupación por la falta del libre ejercicio de derechos políticos en el Estado español. Por eso nosotras hoy presentamos esta proposición de ley de derogación de la Ley
de seguridad ciudadana, más conocida como Ley mordaza, del delito de sedición y de la reforma del Código Penal del año 2015. Somos conscientes de que, a iniciativa del PNV, hay una ponencia abierta de reforma de la Ley mordaza, pero nosotras
pensamos que la reforma no es suficiente y abogamos por la derogación de una norma que pensamos que va en contra de los derechos



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fundamentales, una norma que además no se puede analizar de forma aislada, pensamos nosotras, y que se tiene que analizar junto con el delito de sedición y con la reforma del Código Penal de 2015; todas ellas, las tres, han sido objeto de
distintos avisos de organizaciones de derechos humanos.


Desde el 31 de julio de 2015 a diciembre de 2017 ha habido más de setenta mil sanciones por Ley mordaza y, según un informe presentado hoy mismo por la Organización Irídia, el 50 % de la violencia institucional recogida en 2020 ha sido por
motivo de represión al derecho a la protesta. Y es que el orden público es la respuesta sistemática de los distintos Gobiernos del Estado español cada vez que hay un ciclo de conflictividad política. Fíjense ustedes que la respuesta al 15-M y la
respuesta a un ciclo de huelgas laborales fuertes fue precisamente la aprobación de la Ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal de 2015. No hubo derechos, no hubo políticas públicas que respondieran a las demandas populares y
organizadas; lo que sí hubo fue una modificación restrictiva del Código Penal.


En relación con la sedición, por decirlo de alguna manera, es de las formas delictivas preferidas del Estado en la represión política. No es casualidad que la Ley de amnistía de 1977, en su artículo segundo cite la sedición y la rebelión;
que en el año 1959, en pleno franquismo, se haga la Ley de Orden Público y se criminalice, en el marco de la sedición, la huelga obrera, y que en la reforma del Código Penal de 1995 se acaben de constatar, por decirlo de alguna manera, las
dificultades del Estado español con una concepción democrática del orden público. De hecho, en la sentencia del Tribunal Supremo del procés independentista se condena por sedición y se entiende la sedición vinculada a la idea del funcionamiento
normal de las instituciones. Y aquí queremos pararnos, pensamos que esto es importante. Parafraseando a Benet Salellas, queremos señalar la gravedad que nos parece que tiene esto. Entender el orden público estrictamente en el funcionamiento
normal de las instituciones quiere decir entender la calle sin conflicto, en silencio y con esa forma que Ciudadanos utiliza muchísimo de la neutralidad de las instituciones y de las calles. A nosotros esto nos preocupa porque es una concepción
contraria al ejercicio de los derechos fundamentales y a una idea de orden público de equilibrio de poderes, a una idea de orden público democrática. Responde esta idea de sin conflicto, de silencio, de neutralidad del espacio público a una
perspectiva autoritaria del orden público, y esta es la que pensamos que tiene el Estado español. Si no, ¿por qué en los años setenta, cuando el sujeto revolucionario con más capacidad de cambio era el movimiento obrero, se criminalizó la huelga, y
hoy se criminaliza, con la sedición, al movimiento independentista catalán? Porque responde a la represión de los sujetos que tienen más capacidad transformadora. También esto explica que el Partido Popular en el 8-M prohíba las manifestaciones
feministas en la calle o explica también la aplicación de delitos de orden público en el movimiento por defensa de la vivienda, que es de los más potentes en Cataluña y en el Estado español.


¿Y por qué es tan importante el derecho a la protesta y la incorporación de las demandas colectivas de la gente cuando se organiza? Luigi Ferrajoli, uno de los constitucionalistas de referencia, explica la historia del constitucionalismo
democrático a partir de la historia de los conflictos sociales, es decir, cómo se incorporan en los marcos constitucionales los resultados de las luchas sociales. Esto explica, por ejemplo, los derechos laborales en las constituciones europeas o el
voto de las mujeres. Dice Ferrajoli que cuando los derechos fundamentales se ven amenazados por los derechos patrimoniales, se rompe la legitimidad política de un sistema democrático. ¿Qué ejemplos hay en el Estado español de rotura de legitimidad
política? Muchísimos. Yo hoy quería citar dos: la aprobación del artículo 135 de la Constitución española, que priorizaba el pago de la deuda frente al pago de los servicios públicos, es un ejemplo de prioridad de los derechos patrimoniales
frente a los derechos fundamentales; la actual negativa de regular los alquileres por parte del Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos en favor de los intereses de la patronal inmobiliaria también explica esta idea de que se priorizan los derechos
patrimoniales por encima de los derechos fundamentales. Y dice Ferrajoli que cuando se rompe esta legitimidad democrática, la protesta es legítima y el conflicto es necesario para asegurar sistemas democráticos.


Voy acabando con tres ideas. La primera es un aviso a navegantes. Nosotras presentamos hoy esta proposición de ley de derogación de la Ley mordaza, del delito de sedición y de la reforma del Código Penal de 2015 por pura supervivencia.
Tenemos a más de tres mil personas represaliadas en Cataluña por delitos de orden público; es una cuestión de pura supervivencia. Pero queremos hacer un aviso a navegantes: Cataluña hoy en día es un laboratorio represivo; primero vienen las
catalanas, pero es que luego van a venir las huelguistas, las feministas, las defensoras de la vivienda y cualquier persona o colectivo que se atreva a levantarse contra el statu quo. Esta es la primera de las tres ideas que queríamos exponer.



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Con respecto a las otras dos, el orden público o incorpora el conflicto y el derecho a la protesta o no es democrático, es autoritario. Por lo tanto, es imprescindible construir sistemas políticos que no solo incorporen el conflicto y el
derecho a la protesta, sino que respondan a este. Si en Cataluña hay miles de personas protestando en las calles por el derecho a la autodeterminación, lo que tienen que hacer esta Cámara y el Gobierno de este país es responder a la ciudadanía y no
reprimir con la tríada del orden público respondiendo a concepciones autoritarias de la Constitución.


La última idea es que, en el sur de Europa, en el Estado español, la forma de garantizar los derechos fundamentales es con soberanía. De hecho, cuando la Unión Europea nos obliga a modificar el artículo 135 de la Constitución española, la
única forma que tenemos de responderles y decirles que no, que nosotros antes pagamos hospitales que una deuda que, además, en parte, puede ser legítima, es tener soberanía. Por eso, la esquerra independentista quiere construir una república
catalana, porque los Estados pueden estar al servicio de los intereses patrimoniales, como parece que lo están ustedes y como parece que indica la negativa a regular, por ejemplo, los precios de los alquileres, o pueden estar al servicio de los
derechos fundamentales. Nosotros queremos un Estado, una república catalana que gobierne los països catalans y que esté servicio de los derechos fundamentales. Por eso trabajamos en clave independentista y por eso defendemos el derecho a la
protesta en las calles de nuestro país pase lo que pase, porque el conflicto es democrático, el conflicto es la herramienta que tiene la ciudadanía para cuando los Gobiernos no son justos y para cuando las formas de gobernar no respetan los derechos
colectivos. La solución no puede ser nunca la represión. La solución tiene que ser más derechos.


Así que acabamos con una demanda a todas las fuerzas democráticas, que apoyen esta proposición de ley por principios democráticos, porque si el orden público se gestiona de forma autoritaria -repito-, primero son las catalanas y luego va a
pasar por el juzgado cualquier colectivo organizado que se atreva a defender derechos en contra del Gobierno de turno.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vehí.


Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Rojas.


El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Con su venia, señorías, lo primero que quiero que hacer desde aquí, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, es trasmitir todo nuestro apoyo a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos d'Esquadra, que están luchando contra la
violencia callejera en Cataluña y se están dejando la piel. (Aplausos). Son profesionales a los que queremos apoyar desde aquí esta tarde.


Señorías, tenemos que decirle a la señora Vehí un alto y claro no por parte del Partido Popular a esta proposición de ley; un sí a la libertad que representa el partido Popular. Verá, señora Vehí, no hay represaliados en España; sí hay
represaliados en Venezuela y en Cuba, que es su modelo. Se lo dejo para su reflexión.


Aquí, señorías, se confrontan dos formas de entender la vida: una, la anarquía o la convivencia; otra, comunismo o libertad. Se confrontan esos bloques: anarquía o convivencia; comunismo o libertad. Lo que pide y representa la CUP,
hermanada con el radicalismo de Podemos y la complicidad del Partido Socialista en el Gobierno en muchas ocasiones, es la anarquía y la quiebra del Estado de derecho. Quieren, con esta proposición de ley, que deroguemos el delito de sedición. Ahí
tienen nuestro no rotundo. Ustedes lo que pretenden es una reforma penal a la medida de los que han cometido la sedición, lo ha dejado usted muy claro, mientras esas personas que cometieron la sedición siguen diciendo que lo volverían a hacer.
Eso, señorías, es inaceptable. Y pese a los guiños que a ustedes les hace este Gobierno, ya les adelanto que tendrán toda la oposición del partido Popular en este cometido.


Quiero decirles también que ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo cuando ha desestimado las peticiones de nulidad de la sentencia del procés, dejando claro al propio Gobierno que España, pese a ser un país que ha tenido que soportar
golpes a lo largo de su historia, como el 1 de octubre y otros, tiene un delito de sedición que establece penas más benévolas que otros países europeos. Ustedes vienen aquí pretendiendo que se derogue este delito, seguramente animados por lo que de
forma irresponsable asume el propio presidente, el señor Sánchez, que al parecer también es partidario de reformar este delito. Y la vicepresidenta Calvo ha puesto ya, señorías, la guinda, diciendo que los actuales delitos de rebelión y sedición no
están a la altura del derecho comparado en Europa, y no es así, señorías; quienes realmente no están a la altura de gobernar España son el señor Sánchez y su Gobierno. (Aplausos).



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Al señor Sánchez y a su Gobierno hay que reprocharles, y lo hacemos todos los días aquí, que hayan pactado precisamente con los que quieren romper España. Eso no se entiende, señorías; eso no lo podemos entender los españoles. Ustedes se
alinean con las tesis de los condenados por el procés, tesis que son infantiles y hasta ridículas, que pretenden que la sedición se castigue como la oposición a un desafío, como si se tratara de algo parecido. Nosotros les damos un no rotundo,
señorías. ¿Y si los que decían que lo volverían a hacer lo vuelven a hacer? Como decía mi compañero Jaime de Olano en su intervención anteriormente, el destino va a ser el mismo que han tenido los que lo han hecho, señorías. Eso es lo que les
tiene que quedar muy claro, porque son las reglas del juego, es la seguridad jurídica, es el Estado de derecho, que no les quepa duda.


Igualmente pretenden ustedes, señora Vehí, que se deroguen la Ley de seguridad ciudadana y otros artículos del Código Penal, y tienen nuestra negativa más rotunda igualmente. No explica esta proposición de ley, de escasa técnica jurídica,
los motivos por los que se exige la derogación de la Ley de seguridad ciudadana, tan solo se enumeran conceptos muy genéricos que no alteran en ningún modo el anclaje constitucional que tiene esta ley 4/2015, de 30 de marzo, de seguridad ciudadana,
que además, como ustedes saben, ha sido avalada recientemente por el Tribunal Constitucional y cuyos preceptos, además, son respaldados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.


Señorías, nadie cuestiona el derecho a la protesta, como afirma esta proposición de ley. Esto es una locura, señorías; esto en términos políticos no se sostiene. Nadie en este país veta el derecho a la protesta, faltaría más. El derecho
a manifestarse, a protestar tiene su basamento en nuestra Constitución que, por cierto, es del año 1978 y no de 1976, como ustedes escriben en esta proposición de ley. Esta es una fecha clave en la historia de España, año 1978, que le permite a
usted, señora Vehí, estar aquí presentando su propuesta y a mí estar aquí diciendo que vamos a votar en contra.


Ustedes se remontan también a Franco cuando en esta propuesta evocan el concepto de seguridad ciudadana; otro error histórico, señorías, porque el concepto de seguridad ciudadana viene también recogido en nuestra Constitución de 1978,
artículo 104.1, artículo 149.1.29, como cita expresamente la Ley Orgánica 4/2015. No hay ningún país en las democracias asentadas que carezca de una ley de seguridad ciudadana. Por cierto, en su descargo -todo hay que decirlo-, le diré que este
error de fechas suyo ha sido más liviano que el del Partido Socialista y el de Podemos en Baleares, que han declarado franquista al almirante vasco Cosme Damián Churruca, señorías, héroe de la Armada Española fallecido en la Batalla de Trafalgar en
1805. (Aplausos). ¿Esa es la memoria histórica, señorías? ¿De verdad? ¿Quieren ponerle un poco de seriedad a este país, señorías, en su gestión?


Hasta tal punto llega el populismo de la izquierda por reinventar la historia de nuestro país, que cuando el populismo se alarga como un chicle, su doctrina solo tiene sitio en la suela de un zapato, señorías. ¿Por qué esa obsesión de
protestar, de estar siempre en lo negativo? Si así lo desean, vayan ustedes a protestar, nadie les quita ese derecho. Cada uno puede protestar por lo que considere oportuno de forma individual o colectiva, pero la protesta ha de llevarse a cabo
dentro de las reglas del juego democrático, señorías, con respeto al orden público, a las autoridades, a la libertad y a los derechos de los que no quieren protestar. Si a estas alturas la CUP o sus socios no han entendido esto, ya va siendo hora
de que lo vayan asumiendo, señorías, porque nunca habrá una ley democrática que ampare o silencie las agresiones a policías, la quema de contenedores o el corte de las autopistas, y desde el Partido Popular decimos, con una clara respuesta, que todo
el peso de la ley caiga contra aquellos que realizan esas conductas, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, señorías. Y si son ustedes los que promueven eso, tendrán que verse en frente de la justicia. (Aplausos). Estas son las reglas del
juego. Si la CUP no está dispuesta a cumplir con estas reglas, el único camino que le queda, señora Vehí, es la justicia y el cumplimiento de las penas, y parece mentira que desde el Gobierno nadie esté diciendo nada sobre todo. El único camino
que le queda al que prende fuego a un furgón policial, señora Vehí, escúchelo bien, el único camino que le queda es el camino de la prisión, es el camino de la cárcel, es el camino de la justicia, es el camino del respeto al derecho de los demás y,
desde luego, la obediencia debida al artículo 9.1, que es de sujeción al principio de legalidad. Esas son las reglas del juego.


Por cierto, el señor Echenique -al que no veo por aquí- debería retractarse por haber alentado los disturbios de hace una semana con la excusa del encarcelamiento del delincuente Pablo Hasél y por haber apoyado las protestas violentas. Nada
se puede conseguir con la violencia, señorías, nada, y estas alturas todo el mundo debería saberlo y deberían dar ejemplo los diputados, como el señor Echenique, desde este hemiciclo a toda la sociedad de ello y no justamente de lo contrario,
señorías. ¿Y dónde queda el Partido Socialista con los socios de Podemos? ¿Y dónde queda el respeto a la legalidad por parte de



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todos los diputados que tienen que ajustarse también a ese precepto de legalidad, del cumplimiento de la Constitución, dando ejemplo más que nadie de ese cumplimiento, como debería haber hecho el señor Echenique?


La pregunta es, ¿cómo defiende el Partido Socialista las leyes que aplica? A mí esta pregunta se me ocurre muchas veces, porque, claro, aquí se escuchan tal cantidad de barbaridades que realmente hay que mencionar lo que está pasando. Hoy
vemos a un Partido Socialista que no defiende las leyes que pone en práctica. Es decir, la Ley de seguridad ciudadana se está pidiendo aquí que se derogue. El Partido Socialista ha dicho que la iba a derogar desde que empezara a gobernar; lleva
tres años gobernando. La han criticado como siempre y la han utilizado como nunca, señorías. Las devoluciones en frontera las han seguido haciendo sin pestañear. Han utilizado la ley en el estado de alarma multiplicando su despliegue, pero el
ministro Marlaska cuando se ha referido a la ley la ha denominado Ley mordaza. Y si es mordaza, ¿cómo se atreve a aplicarla? Ante esto surgen otras preguntas: ¿Qué clase de gobernante es el que aplica durante tres años una ley que considera
mordaza? ¿Qué clase de principios éticos y morales puede tener esta persona? ¿Qué podemos esperar, señorías, de un Gobierno así? No podemos esperar más de lo que nos está dando: ruina y frustración. Es hora de defender a España de todo este
tipo de políticas.


Como dijimos, no se trata de vieja y nueva política, se trata de buena política, de la política del Partido Popular, señorías, de la que funciona. Es hora de volver a recordar los pilares de nuestra Constitución con la fortaleza del mensaje
del Partido Popular; es hora de recordar esos preceptos constitucionales, como el de seguridad ciudadana, que venimos haciendo en esta tribuna, que son claros y universales en las democracias y que conocemos la inmensa mayoría los españoles. Sin
embargo, hay políticos que parecen desconocerlo, políticos que juegan a ser protagonistas de algún pueril juego de tronos y que no se dan cuenta de que aquí lo que nos estamos jugando es el futuro de nuestro país, señorías. Algunos, que prometían
el asalto a los cielos, quieren asaltar realmente las instituciones, eso es lo que quieren, como el señor Iglesias, lanzando calumnias a los adversarios políticos cada vez que interviene aquí en este Pleno, convirtiendo la política y este hemiciclo
en un barrizal. Aquí vuelven las preguntas que el Gobierno no quiere contestar, sus socios de Gobierno del Partido Socialista. Si el señor Iglesias ha dimitido, ¿qué hace con su acta de diputado y siendo vicepresidente? ¿Por qué se agarra al
puesto? ¿Por qué dimite solo de boquilla y sigue aferrado al cargo?


Estas son las grandes contradicciones de la política, pero que vemos todos los españoles, señorías. Muchos españoles hemos reconocido ya lo que es esta nueva política. Lo decía esta mañana nuestro presidente Pablo Casado con mucho acierto
en la junta directiva: Esta nueva política trae inestabilidad a España. Esto no es lo que la gente esperaba, sino justo lo contrario, señorías. Esta forma de hacer política es la incoherencia, es la mentira, es utilizar el cargo para otras cosas
y en provecho partidario, pero no para servir a nuestro país. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país y, por tanto, señorías, vamos a decir que no a esta proposición de ley de la CUP. Porque es la CUP, porque es un
llamamiento a la anarquía, porque es una proclama antisistema, porque es una involución del orden constitucional, porque es un aval para los que han delinquido y los que dicen que lo volverían hacer; es el llamamiento populista a una libertad
falsaria, porque lo que se pide es legitimar el desorden público, no apoyar al orden público. Es un alegato comunista, primo hermano o gemelo del que nos da el Gobierno todos los días, y ahí nos tendrán siempre en contra, señorías. Esta es la
partida que se va a jugar el 4 de mayo en Madrid. El modelo fracasado de Podemos y el Partido Socialista frente a las políticas del Partido Popular de libertad, de convivencia, de recuperación, de armonización. Lo que tenemos que hacer aquí es
estar todos juntos para luchar contra la crisis, no para las peleas políticas -ese es el mensaje del Partido Popular- y no para traer aquí propuestas de este calado. Frente a los sediciosos, ley y justicia; ante los intentos de ruptura del Estado,
Constitución, y para aquellos que vienen a sembrar el miedo en las calles, desde luego, respuesta con la ley y con el Estado de derecho. Ese es el Partido Popular, esa es nuestra propuesta, señorías.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rojas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.


La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.


Señor diputado, lo suyo no es un turno en contra, es un turno de campaña, pero yo sí le pediría un poco de rigor. Cuando ustedes hablan de sí a la libertad, ¿de qué hablan? De la libertad del casino me



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imagino, de la gestión que está haciendo Ayuso en una Comunidad de Madrid con todo abierto, jugándose que la gente se muera, pero que no pare la caja. ¿O hablan de la Kitchen? Libertad de robo. Son ustedes el partido más corrupto del sur
de Europa y hacen lo que hacía la vieja Convergència, administrar el partido como si fuera el país y el país como si fuera el partido.


Le pido un poco de rigor. Yo cuando hablaba de franquismo, me refería al delito de sedición, hablaba de un determinado hilo que usted puede seguir y hablaba de la Ley de Orden Público de 1959. Pero le voy a dar la razón en una cosa, el
PSOE ha prometido muchísimas veces que derogaría la Ley mordaza y no solo no la ha derogado, sino que la ha aplicado muchas más veces que ustedes. Esto también lo podía haber dicho.


Pero vayamos por partes. Usted hablaba de su papel y del papel del PSOE y hablaba de franquismo y decía que no banalizáramos el franquismo. Yo sobre el franquismo quería decirle una cosa, a partir de una anécdota, porque no tengo mucho
tiempo. En 1977, un señor llamado Francisco Bastida hizo una tesis doctoral sobre la ideología de los magistrados del Tribunal Supremo. ¿Sabe qué pasó? Que no la pudo publicar hasta 1986, porque la mayoría de magistrados estaban en activo en el
Supremo, en el Constitucional o en la Audiencia Nacional, antiguo Tribunal de Orden Público. Seguro que usted sabe de qué le hablo. Él hablaba de la ideología del Tribunal Supremo y hablaba de la unidad de España por encima de cualquier derecho
fundamental. Esto es hablar de franquismo. Y para hablar de franquismo podríamos mencionar también la falta de purga, la falta de limpieza democrática de las altas magistraturas del Estado.


Pero para hablar de Estado y para hablar del Partido Popular no podemos dejar de hablar del Partido Socialista. Déjeme decirle una cosa. Ustedes cada vez que gobiernan patrimonializan las instituciones del Estado por su proyecto político.
Esto lo dijo el señor Cosidó en 2018: Controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo por detrás. Se acordará usted también de esto. ¿Sabe cuál es el problema, desde una perspectiva de izquierdas y democrática? Que esta gente, los señores y
las señoras del Partido Socialista Obrero Español, cada vez que gobiernan, en vez de revertir su patrimonialización, lo que hacen es solo recentralizar competencias, pero no revierten nada, porque o bien les van bien sus reformas o bien no tienen
capacidad material de revertir. Esto explica que ustedes -la derecha, la ultraderecha y los sectores más conservadores del Estado- tengan secuestrado al Estado español. Esto seguramente explica las respuestas sistemáticas de los Gobiernos
españoles de turno a las demandas de soberanía del pueblo de Catalunya. La sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 al estatut de Catalunya, la represión del 9-N, la represión del 1 de octubre, la sentencia del judici al procés y la represión
de las protestas. Ustedes son un problema, desde una perspectiva de izquierdas, con esta gestión del Estado como si fuera su partido. Pero para nosotras, desde una perspectiva democrática, el verdadero problema es el Partido Socialista Obrero
Español, que no solo no se atreve a revertir las reformas que ustedes hacen, sino que parece que ha abandonado no solo Cataluña sino casi su país entero a la derecha. Señores y señoras del Partido Socialista Obrero Español, no solo les pedimos que
hagan una gestión democrática del derecho a la protesta y del orden público, sino que respondan con derechos a las demandas democráticas de la población porque si no, por muchas mociones de censura que ustedes se inventen, España está cada vez más a
la derecha, Cataluña y els païssos catalans cada vez más a la izquierda, y es más complicado cada vez más resolver democráticamente esto. Pongan urnas, garanticen derechos, es la única manera de revertir lo que hace el Partido Popular.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rojas García.


El señor ROJAS GARCÍA: Con su venia, señora presidenta.


Señora Vehí, me hubiera gustado que usted en su turno hubiera condenado la violencia que ejercen los CDR y la violencia que se está ejerciendo en las calles en Cataluña, que es absolutamente intolerable. No lo ha hecho y ha perdido gran
parte de su legitimidad. Usted dice aquí que hay que hacer resistencia a toda costa y eso me parece gravísimo. Me parece grave que el Partido Socialista mire hacia otro lado, cuando está ocurriendo lo que está pasando en España. Hay que apoyar
con todas nuestras fuerzas la actuación de los Mossos, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil para que luchen contra la violencia en todas las calles de Cataluña. Señora Vehí, es muy grave lo que está pasando y afecta a la libertad de las
personas, afecta a comercios, afecta a hosteleros, afecta a la convivencia, y eso no se puede tolerar. Por



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tanto, mal encaminada va por esa vía, por esa vía de la resistencia sin dar ninguna explicación, por esa vía de la intolerancia, por esa vía de no respetar las normas ni respetar la convivencia. Ahí nos tendrá siempre enfrente. Para
dialogar, para hablar, para debatir, lo que quiera, pero siempre con la Constitución y con el Estado de derecho.


Porque lo primero que habría que preguntarse, señora Vehí, es si usted acepta la Constitución, acepta lo que nos dimos todos los españoles y ese gran abrazo que nos otorgamos en el año 1978 y que ha hecho que nuestro país durante cuarenta
años haya sido el tercer país que más ha crecido y más se ha desarrollado en el mundo. Es un logro importante que hay que saber recordar también a todas las generaciones. Pero usted no lo hace, la CUP no lo hace, porque tiene otras reglas del
juego que son antisistema y que nosotros no podemos tolerar. Por tanto, siempre con la Constitución en el debate, con el artículo 9.1, con el principio de legalidad, nos va a tener enfrente.


Señorías, el delito de sedición no se debe derogar. En otros países ya sabemos que es aún más duro, como en Portugal, que son veinte años de condena. Esta norma en Portugal ni siquiera exige alzamiento, ni el empleo de fuerza, ni una
actuación fuera de la legalidad, como se exige en España. Como ha indicado el Tribunal Supremo, la condena de sedición en el procés no criminaliza opiniones ni protestas. Señorías, lo que está ocurriendo aquí es que ustedes y los separatistas
quieren romper la convivencia en Cataluña, y eso es muy grave. Parecen contentos de que miles de empresas se hayan ido de Cataluña, porque eso es precisamente lo que ha conseguido el separatismo: crear un ambiente irrespirable. Su ensoñación
permanente y la incitación a la violencia rompen a la sociedad y dañan gravemente la convivencia y el empleo.


Dejen de engañar. ¿Qué es eso de venir aquí, señora Vehí, a invocar derechos humanos cuando se están apoyando las revueltas callejeras que queman contenedores y furgones policiales, apoyan las algaradas, cuando su partido apoya las
salvajadas que se están cometiendo las calles, quemando contenedores, atacando los comercios, cortando carreteras o agrediendo a la policía? Basta ya de separatismo, basta ya de odio y de pillaje. Dediquémonos a lo que de verdad importa: a crear
empleo, a trabajar por nuestro país, a tener ilusión en la vocación que hemos depositado aquí en esta trayectoria que tenemos como representantes de los ciudadanos. Aprendan a vivir, señorías de la CUP, en una cultura democrática y en una cultura
de paz, aprendan que se progresa con el esfuerzo individual y libre de cada uno y que respetando a los demás se progresa aún más.


Respeten a todos los catalanes, respeten a la Barcelona pacífica, la Barcelona cosmopolita, a sus comerciantes y hosteleros que lo que quieren hacer es ganarse la vida en paz, sin que tengan que estar pendientes de que mañana se corta la
calle, hay una revuelta ilegal, hay agresiones a la policía o se rompen los escaparates. ¿Qué clase de convivencia y de Estado de derecho es el que promulgan ustedes, señorías de la CUP?


Respeten a las familias, piensen más en ellas y menos en ustedes, aprendan de una vez por todas que nuestro país es un Estado social y democrático de derecho, como dice nuestra Constitución, que va a dar protección al comerciante que quiere
abrir su tienda y no puede porque una panda de vándalos ha decidido cargar contra ella o cerrar las calles y que protege la libertad de los ciudadanos. Esa es nuestra Constitución.


Aprendan de una vez que nuestros policías locales, mossos d'esquadra, policías nacionales y guardias civiles son profesionales que han prometido defender los valores constitucionales y defendernos a todos y actuarán con el uso de la fuerza,
claro que sí, si es necesario para parar la fuerza de la violencia. Nosotros les apoyaremos, les protegeremos y daremos siempre la cara por ellos.


Aprendan de una vez que la justicia es un poder del Estado y que no van a poder echar a los jueces, no, señorías, ni les van a poder coaccionar. Aplicarán la ley y sus sentencias habrán de ser respetadas también por ustedes como todo el
mundo. Ese es nuestro estado de derecho, señorías. Esa es nuestra forma de vida. Y si no lo aceptan o no están de acuerdo, guárdenselo para sus adentros, pero respétenlo y cumplan con la ley.


Ustedes desde su posición tienen la oportunidad de dar un mensaje constructivo a la sociedad, no manden un mensaje de crispación y de odio, envíen un mensaje de convivencia, de respeto y de libertad. No sean, señorías, responsables del odio
y de la crispación. Cuando se convierta en delito, tendrá su castigo en forma de condena, pero también, señorías, y piensen mucho en ello, tendrá unas consecuencia de destruir proyectos de vida individuales, dañados y engañados por un populismo que
tiene su asiento en el totalitarismo de la violencia. No nos van a encontrar en ese camino; nos encontrarán, señorías, enfrente y votándole un no rotundo, ahora y siempre.


Muchas gracias. (Aplausos).



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rojas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Iñarritu García.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Arratsalde on. Muchas gracias, señora presidenta.


Señores del Grupo Socialista, me dirijo a ustedes y ahora entenderán por qué. En numerosas ocasiones ustedes dicen que no son como el Partido Popular, y además yo les creo. ¿Me podrían decir, por favor, en esta cuestión del orden público y
de las protestas, en qué se diferencian ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre la gestión de las protestas y de la movilización social que tienen ustedes y que tienen ellos? Acabamos de escuchar al señor Rojas, haciendo un totum revolutum, diciendo
que las protestas se pueden realizar, cómo no, y automáticamente las equiparaba con violencia. Toda crítica a la Ley mordaza, a la arquitectura punitiva y represiva que pusieron en marcha, es considerada como comunismo y anarquismo. Claro, para
usted el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las Naciones Unidas deben ser los sóviets, teniendo en cuenta que ayer mismo estaban haciendo un reproche e instando al Gobierno a que derogue la Ley mordaza por poner en riesgo
la libertad de expresión, ya vemos qué concepto de la libertad más caótico tienen ustedes.


Señores del Grupo Socialista, vuelvo con ustedes. Dicho que ya ha habido numerosos reproches -de Naciones Unidas, del Consejo de Europa- ante esta ley, no hay más que ir a la hemeroteca para ver que eran precisamente ustedes los que estaban
más indignados con estas reformas del Partido Popular, diciendo que era un retroceso, que era un recorte de las libertades, que había que derogarlo, que era inconstitucional. Luego llegaron al poder y ya no les disgustó tanto -había que reformar
las partes más lesivas únicamente-, pero, como les han dicho, lo curioso es que en este último año han aplicado ustedes más la Ley mordaza que en los cinco años precedentes. Le han pillado el gustillo a esta ley y ahí está el problema, saber cuándo
van a derogarla o a reformarla, porque hay una mayoría. Hay una mayoría dispuesta a ello; lo único que queda por saber es si hay que cambiar antes el ministro que la ley. Si no, ustedes me dirán.


Esta arquitectura represiva que puso en marcha el Partido Popular, equiparando, como bien ha explicado el señor Rojas sin quererlo, protesta y violencia, tenía un fin. Tenía el fin de criminalizar la protesta en un momento de austericidio
de los mayores recortes sociales que habido en este Estado y al mismo tiempo buscar la represión policial, pero también ahogar económicamente esa doble vía de represión policial y económica. Aunque todo esto ha sido afeado por diferentes
organismos, vemos cómo en los últimos seis meses, por ejemplo, ha habido dos condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por abusos policiales en el contexto de movilizaciones y por no investigar esos abusos. Esto demuestra cuál es
la raíz del problema, que cuando hay abusos tampoco se investiga. ¿Saben qué es lo que me ha parecido más curioso? Yo he hecho una pregunta parlamentaria al Gobierno señalando qué medidas iban a tomar tras estas condenas. ¿Saben qué me han
contestado? Que no van a cambiar ningún protocolo, que no van a investigar y dejan caer sutilmente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se equivoca. Esto es, aplican sus normas, aplican sus protocolos, pero es que están actuando igual que
ellos. Estamos viendo casos de desproporción policial en Cataluña -ahí está la Operación Ícaro, con cuatro personas que perdieron un ojo y una persona que perdió un testículo- y también hemos visto desproporción policial en las calles de Iruña, de
Valencia y de Madrid, y ante eso ustedes miran hacia otro lado. Les parece que el modo en que se debe actuar es el del Partido Popular, exactamente el mismo. Nosotros lo que les preguntamos es eso, si van a cambiar algo, porque hasta ahora no han
hecho nada. Sí, una vez, cuando la policía de ellos decidió abrir un procedimiento por el 8 de marzo contra el delegado del Gobierno. Ahí sí, ahí sí actuaron rápidamente para tomar medidas.


¿Pero qué ocurre? Les voy a relatar en estos dos minutos que me quedan tres noticias que yo creo que dejan ver el clima que se ha creado, primero por el Partido Popular, pero que ustedes no están haciendo nada para eliminarlo. En primer
lugar, se ha nombrado antes al señor Echenique. Yo creo que es un buen ejemplo para ver cómo ustedes criminalizan un apoyo a la protesta y lo equiparan a la violencia. ¿En qué momento el señor Echenique -no soy su abogado- ha alentado la
violencia? Únicamente en ese esquema mental que se han hecho de equiparar protesta y violencia ante protestas dignas, que yo también apoyo, cívicas, como en la mayoría de las ciudades, en contra del encarcelamiento de un rapero, algo que les
debería sonrojar cuando menos, señor Rojas.



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En segundo lugar, tenemos el caso de Linares, donde una paliza de dos policías ebrios a un padre y a una hija desembocó en unas protestas ciudadanas y, ante la represión por parte de la policía de esas protestas, se utilizó fuego real.
Fuego real. No en Venezuela, no, en España. ¿Y qué han dicho ustedes por parte del Gobierno? Que era un error, que iban a investigar. Pues, hombre, yo creo que es un hecho grave que cuando menos deberían aclarar cuanto antes para que no se
vuelva a repetir.


Y otro caso es el del 8-M, que lo ha mencionado antes la señora Vehí. El pasado año la ultraderecha, la derecha más ultra, creó un bulo en torno a la manifestación del 8-M. Pues bien, a la Delegación del Gobierno en Madrid no se le ha
ocurrido mejor cosa que prohibir este año la manifestación del 8-M. ¿Dónde? En Madrid. Esto es, la ultraderecha les ha metido un gol. El año pasado hubo 353 manifestaciones autorizadas en Madrid y ustedes no prohibieron ninguna. Este año hemos
visto manifestaciones de 'cayetanos' y no las han disuelto. Hemos visto manifestaciones de neonazis con consignas antisemitas y racistas y tampoco han dicho que hubiera ningún problema. En cambio, la del 8-M, como la ultraderecha decía que había
que prohibirla, esa sí la han prohibido. Tienen un problema, señores del Partido Socialista: están haciendo lo mismo que el Partido Popular.


Acabo con el delito de sedición. Es una vergüenza, y lo decía el señor Campo, que hoy esté contemplado como un delito decimonónico con penas altísimas. Ahora dicen que no lo van a modificar hasta que acaben de negociar en Cataluña. ¿Qué
pasa? ¿Iban de farol? ¿No estaban convencidos?


La señora PRESIDENTA: Señor Iñarritu, ha finalizado su tiempo.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Acabo, señora presidenta.


Creo que por su dignidad podrían derogar estas tres normas cuanto antes para no ser como el Partido Popular.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Debatimos la toma en consideración de una proposición de ley que plantea en materia de orden público la derogación en la Ley de Seguridad Ciudadana de los vigentes delitos de atentado contra la autoridad, desobediencia, resistencia y
desórdenes públicos y también del delito de sedición. Al entender de los proponentes, las conductas sancionadoras traslucen una idea tan amplia del orden público y tan vinculada al mantenimiento del estatus político que, a su juicio, supone un
ahogo del derecho a la protesta a través de tipos orientados a dificultar la contestación ciudadana frente a las decisiones de los poderes públicos. Sin embargo, a nuestro juicio, se nos presenta la razón del conjunto de las derogaciones de una
manera tan categórica y tan apodíctica que no las podemos suscribir en su plena totalidad, sin que ello signifique que las normas citadas no sean mejorables, porque ciertamente lo son.


Así, respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, quiero recordar que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) propuso una reforma -que no una derogación- que fue tomada en consideración y que se encuentra en trámite de enmiendas por un periodo
de tiempo que tenemos que decir que consideramos ya excedido con mucho del que podría considerarse razonable. De continuar así, solo podríamos calificarlo de obstruccionismo por parte de los grupos parlamentarios que en la Mesa de la Cámara
prorrogan semana tras semana el trámite. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).


Quiero señalar que el objetivo de nuestra proposición es reequilibrar la relación entre los principios de seguridad y libertad, excesivamente sesgada hacia la seguridad al hacerse eco esa ley del llamado derecho punitivo de la peligrosidad,
aquel en que la seguridad consiste en una categoría prioritaria de la política criminal, intensificando las acciones preventivas e intensificando también las conductas infractoras y las sanciones. Sin embargo, una sociedad democrática avanzada
reclama que la seguridad se ponga al servicio de la garantía de los derechos y libertades no siendo un condicionante y que el deber legítimo estatal de perseguir el delito y otros ilícitos no pueda imponerse a costa de los derechos y libertades
fundamentales.


Por lo que se refiere a los delitos de atentado, desobediencia, resistencia y desórdenes, quiero señalar que no compartimos la derogación de plano que se nos propone, pues sería tanto como desapoderarse



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de un medio legítimo y necesario para sancionar aquellos comportamientos que se realicen de manera desproporcionada y usando la violencia, lo cual no quiere decir que esos tipos penales no contengan en ocasiones definiciones que generan
incongruencias, inseguridades o incluso el efecto desaliento para el ejercicio de los derechos fundamentales; por ejemplo, cuando se establece como un supuesto agravado de los desórdenes públicos aquellos producidos con ocasión de una
manifestación, equiparándolos de manera desproporcionada a los producidos portando armas o cuando pongan en peligro la vida de las personas. Esto debería ser revisado, lo mismo que en el ámbito de los desórdenes públicos la referencia a la
incitación, sin distinguir entre la provocación o la inducción, o sin concretar cuándo es suficientemente efectiva como para conducir el ánimo del autor. En el delito de atentado existe, efectivamente, una difuminación de la diferencia, a través
del concepto de la intimidación a la autoridad, en relación con violencia y la desobediencia civil o no violenta. Y en el delito de desobediencia y resistencia se encuentra un difícil deslinde entre el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana,
un difícil deslinde entre el delito y la infracción administrativa, y con sanciones paradójicamente más graves en las administrativas que en las penales, lo que no deja de ser una grave vulneración de los principios básicos de cualquier ordenamiento
jurídico.


Por último, en lo que concierne a la derogación del delito de sedición, compartimos, con muchos otros, que debe ser objeto de una total revisión para, como se ha señalado ya en esta Cámara, armonizarlo con los países de nuestro entorno y
para responder a la realidad de nuestro tiempo, pues se dan en este delito varias paradojas e incongruencias también. Así, respecto al derecho comparado, pese a no requerir la violencia conlleva unas penas con carácter general muchísimo más
elevadas. Con respecto a las mismas lógicas del Código Penal, que pese a ser el orden público el bien jurídico protegido, puede considerársele como un delito de rebelión en pequeño, sugerido tanto por su ambigua redacción como por la gravedad de
sus penas, lo que hace parecer que nos encontremos ante un tipo penal dispuesto para tutelar la defensa de la Constitución más que para proteger el orden público.


En definitiva, nos hallamos a la espera de que el Gobierno remita el proyecto de ley prometido para la revisión de los delitos de sedición y rebelión, lo que sin duda también supondrá una parcial corrección de los efectos personales y
políticos más perniciosos por haber judicializado en el pasado problemas políticos a la par de que se politizara la justicia. Consideramos que será durante la tramitación parlamentaria donde encuentren acomodo a través de las enmiendas oportunas
las reformas que procedan del resto de tipos penales comentados, a fin de, si así estuviera sucediendo, no criminalizar indebidamente actos de desobediencia civil pacífica ni imponer penas desproporcionadas para acciones relacionadas con el
ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, buenas tardes. Que la CUP nos traiga una propuesta esta tarde sobre orden público viene a ser como si el rey Herodes presentara una proposición de ley sobre natalidad. Veamos el concepto de orden público que tienen los señores de
la CUP: acosar, señalar y pintar la casa del juez Llarena en Sant Cugat; destrozar las sedes de Ciudadanos a lo largo y ancho de Cataluña; desinfectar con lejía el suelo por donde pisa la presidenta de mi partido, Inés Arrimadas; realizar actos
vandálicos contra sedes de periódicos y contra empresas que dan y generan empleo para muchísima gente; quemar contenedores; apedrear a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; acosar a la Guardia Civil; destrozar coches de turistas para
que no vengan a nuestra tierra. Pues estos señores son quienes quieren modificar el Código Penal, y no hace falta ser un lince para saber en qué sentido quieren ustedes modificar el Código Penal, señores de la CUP. Pretenden ustedes derogar,
además, de la Ley de Seguridad Ciudadana, las previsiones del Código Penal sobre los delitos de atentado a la autoridad y alteración del orden público, y de paso, ya que están ustedes en esto, deroguemos también el delito de sedición, cómo no.


Como comprenderán, nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos no va a apoyar este texto delirante y antisistema, estoy seguro de que ustedes ya lo saben. Pero no lo vamos a hacer porque además somos un partido, señorías, que cree
fundamentalmente en la libertad, un partido que la defiende y que además es muy consciente de que solo hay libertad cuando hay Estado de derecho. Donde no hay ley, señorías, hay ley de la selva, hay hogueras, hay caos y hay vandalismo, ni más ni
menos que lo que ustedes



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representan y lo que ustedes quieren no solo para Cataluña, sino para el resto de España. Prueben a tocar la puerta del Partido Socialista -creo que es lo que tienen ustedes que hacer-, cuya reacción, además, ante la condena de los doce
responsables del golpe a la democracia en Cataluña no ha sido de rechazo sino de acercamiento político. Hablamos de doce dirigentes, señorías, a los que se han impuesto penas de prisión y multas por la comisión de delitos de extrema gravedad:
sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia. Eso sí, la parte de malversación de caudales públicos ustedes no la mencionan nunca, eso debe ser porque es muy democrático, claro. A lo mejor también quieren ustedes derogar el delito
de malversación de caudales públicos, y así pueden seguir llevando hacia sus bolsillos todo lo que otros antes también se han llevado.


Estos líderes separatistas -y vuelvo con los doce- decidieron incumplir las leyes y llevar a Cataluña al abismo de la confrontación social, atentar contra la Constitución y contra la integridad del Estado y, por mucho que el señor Sánchez
apueste por conceder indultos encubiertos a estos políticos mediante la reforma torticera del Código Penal, mi grupo parlamentario no va apoyar en modo alguno el trato desigual de ningún ciudadano, y mucho menos de estos políticos ante la ley.
Tampoco vamos a cuestionar permanentemente las decisiones de nuestros jueces y tribunales, como hacen ustedes, sobre la base de criterios de oportunidad política.


Como es obvio, no apoyaremos esta iniciativa de un partido radical, separatista y antisistema, que no pretende más que debilitar la protección de nuestro sistema constitucional y nuestro Estado de derecho. Les diré más, nosotros no solo
estamos en las antípodas de ustedes, señores de la CUP, y de la propuesta que hoy nos presentan, sino que abogamos por reformar el artículo 36 del Código Penal para incluir los delitos de rebelión, sedición y delitos contra la Corona entre aquellos
que exigen al menos el cumplimiento de la mitad de la condena para acceder al tercer grado. Apostamos, además, por recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal, así como por una reforma de las leyes penitenciarias que impidan otorgar
beneficios injustificados a sus amiguetes políticos en prisión porque, señorías, dar un golpe contra la democracia es un delito de extrema gravedad, y como tal debe ser penado, y el Estado de derecho debe responder como el que más para proteger las
libertades de los ciudadanos que cumplen con las leyes.


Respecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, que está en Comisión para su reforma, nosotros creemos que es una ley básica para el ordenamiento de nuestra convivencia y el uso de los espacios públicos. Así que no podemos compartir su
derogación, como pretendía hacer también el Partido Socialista cuando estaba en la oposición. Creemos evidentemente que hay que reformar la redacción de muchos de estos preceptos. Por eso hemos presentado una batería de enmiendas con el fin de
conseguir que los ciudadanos al final no tengan que elegir entre libertad y seguridad, como algunos partidos pretenden, ustedes por ejemplo, porque creo que son cosas complementarias y no contradictorias, señorías. Libertad y seguridad son dos
caras de la misma moneda.


Para nosotros, desde luego, muy al contrario de lo que defiende su grupo, el grupo proponente, esta ley va de libertad, de protección de libertades individuales. Uno de los bienes más preciados que tenemos las personas y que nos constituye
como tales es nuestra libertad. Nosotros vamos a defender que deben ser los jueces, y no el poder político, quienes les digan a los ciudadanos si han infringido la ley o no. Necesitamos una ley clara y por eso hay que reformar la Ley de Seguridad
Ciudadana. Hay que intensificar las garantías que ofrece esta regulación actual, que debe ser clara para los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y libertades y clara también para los profesionales que velan por el cumplimiento de la ley, que
garantice, aunque a usted no le guste, que los espacios públicos son de todos y para todos en paz, efectivamente en paz, no como ustedes, que consideran los espacios públicos como un espacio continuo de reclamación, que está bien reclamar cosas,
pero dentro del orden, porque el resto de los ciudadanos también tienen derecho a disfrutar de esas mismas calles y no a quemarlas.


Nosotros creemos que hay puntos de esta norma que no nos parecen adecuados, y por tanto queremos cambiarlos, y otros que queremos que se mantengan, fundamentalmente lo que tiene que ver con la consideración de conductas como infracciones
graves cuando no sean constitutivas de delito. Entre ellas destacamos la desobediencia o resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, la negativa a identificarse o la negativa a la disolución de reuniones o manifestaciones en
lugares de tránsito público cuando sean ilícitas o perturben gravemente la seguridad ciudadana.


Por todo esto, señorías, nuestro no es un no a todo. Creo que no debe sorprenderles después de años quemando las calles de Cataluña y destrozando las sedes de Ciudadanos. Nosotros sabemos bien cuál es su concepto de orden público,
señorías. Prueben a pedir el apoyo a quienes no lo conozcan.



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Nosotros sí lo conocemos, y si hoy podemos hacer un acto de verdadera higiene democrática es votar que no a esta propuesta.


Muchísimas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.


Democracia plena y consolidada, lo llaman, una democracia que asumió con naturalidad la monarquía impuesta por el dictador Franco como forma de Estado sin haber consultado nunca a la ciudadanía sobre ello, que mantiene desde hace más de
cuarenta años en la Jefatura del Estado a Borbones ladrones y corruptos y que se niega a investigar la corrupción en la máxima institución del Estado, una democracia que niega un derecho colectivo fundamental como el derecho a la autodeterminación
de las naciones, que envía a la cárcel a artistas por la letra de sus canciones, que destituye cargos públicos y disuelve parlamentos elegidos democráticamente, que tiene presos políticos y exiliados o que mantiene una legislación de excepción
impropia de un sistema que se diga democrático. Podría continuar.


Desde 2004 el Estado español fue condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diez ocasiones por no investigar torturas y solo en el año 2018 fue amonestado ocho veces por no respetar los derechos humanos. Ayer mismo conocíamos
que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa reclamaba al Gobierno español la modificación del Código Penal para dejar de penalizar el llamado delito de opinión y respetar la libertad de expresión. La marca España empieza a ser muy
conocida en Europa. En fin, frente al aumento del descontento social generado por la crisis económica y el creciente apoyo a la reivindicación del derecho de autodeterminación de las naciones, el Estado se arma con nuevos instrumentos legislativos
de carácter represivo como la Ley mordaza o la reforma del Código Penal.


En parámetros similares se enmarca el uso del delito de sedición para intentar torcer la voluntad democrática expresada por el pueblo de Cataluña de ejercer su soberanía. No nos sorprende la actuación del Partido Popular porque, como hemos
denunciado en muchas ocasiones, está siempre más preocupado por limitar derechos que por garantizarlos, aunque tiene muy claro a qué intereses sirve, que desde luego no son los de las clases populares ni los de los pueblos. Más sorprendente es que
el actual Gobierno del PSOE y Podemos mantenga en vigor, más de dos años después de la salida del PP del Gobierno, estas normas. Es más, ha sido el actual Gobierno el que más uso ha hecho de la Ley mordaza, y ello a pesar de las promesas anteriores
y de los compromisos previos, entre otros, con el BNG, en el acuerdo de investidura, para derogarla. Por ello, ante la política de facto de este Gobierno, creemos que es necesaria y oportuna la iniciativa legislativa presentada por los compañeros y
compañeras de la CUP, aunque... (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Rego. Ha finalizado su tiempo. Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.


La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, president.


Me gustaría empezar con una certeza y es que, si algo caracteriza al PSOE/PSC, al PSC/PSOE -porque creo que a estas alturas todos sabemos que son lo mismo, y déjenme hacer un apunte antes de continuar, es que por primera vez en la historia
el PSC no es un partido autónomo, no es un partido con vida propia, sino que el PSC se ha convertido en una sucursal del PSOE en Cataluña, las decisiones del PSC se toman en Madrid- es su falta de palabra, mienten y engañan siempre. Vamos a votar a
favor, aunque creo que todos somos conscientes -y también los proponentes- de que nada de lo que podamos decidir aquí va a frenar el rodillo que el Estado español empezó a hacer rodar hace muchos años para aplastar los derechos, las esperanzas y los
futuros de los ciudadanos y de los representantes públicos de Cataluña. Jo pregunto companys ¿cuántas iniciativas más nos tienen que tumbar aquí para empezar a actuar de manera desacomplejada en Cataluña? Porque podemos seguir haciendo ver que con
el PSC y el PSOE se puede negociar el derecho a la autodeterminación de Cataluña o la amnistía. También podemos seguir haciendo ver durante un tiempo que con el PSC/PSOE se puede incluso



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gestionar democráticamente el conflicto que tenemos encima de la mesa, que es político. O incluso podemos seguir haciendo ver durante un tiempo que con el PSOE/PSC vamos a poder negociar un referéndum pactado. Pero tenemos claras, al
menos, dos cosas: una, que siempre mienten y, dos, que siempre van a querer ganar 10 a 0.


La ley que hoy debatimos es equivalente a la ley turca antiterrorista. De hecho -y lo han comentado varios compañeros-, esta semana conocíamos que el Consejo de Europa ha instado al Gobierno español a reformar el Código Penal para que deje
de perseguir la libertad de expresión. En la misma línea, la Comisión de Venecia, que es dependiente también del Consejo de Europa, insta al Gobierno español a reformar la Ley mordaza. En España el poder lo tienen las togas y la policía
patriótica, y los partidos españoles, todos ellos, les siguen bailando la música. Ninguno de ellos va a arriesgar jamás su statu quo para hacer que los ciudadanos y los trabajadores de Cataluña podamos ofrecer un futuro mucho mejor a nuestros hijos
y a nuestros nietos. (Continúa su intervención en catalán). Pero debemos dejar de venir aquí a llorar para, desde casa, desde Cataluña, actuar, y actuar es ser ambiciosos, pero también es ser honestos. Porque todos sabemos -y no podemos hacer ver
que no es así- que, en el marco autonómico en el que nos encontramos, no tenemos ni la capacidad económica ni la capacidad legislativa para llevar a cabo las políticas que queremos hacer los diferentes partidos independentistas, por mucho que las
apuntemos en un papel. (Termina su intervención en catalán).


Moltíssimes gràcies. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bassa Coll.


La señora BASSA COLL: Gracias, presidente.


En España existe una policía que está identificando y multando a personas por ir a manifestaciones -por ir a manifestaciones- como si fuera una época como la anterior, como si fuera la época franquista. Es una policía que infiltra agentes
para reventar manifestaciones; que practica técnicas, como el síndrome Sherwood, para justificar la desproporción y la violencia policial; que dispara pelotas de goma a media altura con la intención de hacer daño, sí, sin importar amputar ojos,
sin importarles amputar ojos, porque actúan con total impunidad. Es una policía que es capaz de fabricar e inventar pruebas, algunas tan ridículas como los diez mil soldados rusos; que abusa e impone su autoridad, su verdad, aunque esa sea tan
retorcida como para ver un acto terrorista en una pelea de bar; o como para ver violencia en supuestas caras de odio, pero no en sus porras manchadas de sangre. Las verdades policiales no serían verdades absolutas sin unos fiscales y unos jueces
que las conviertan en acusaciones, sentencias y condenas; sin un Gobierno que premie a esa policía, en lugar de apartarla; sin un Parlamento que mantenga las leyes que legitiman las abusivas e ideologizadas actuaciones policiales y judiciales,
ideologizadas porque no están dirigidas a servir a la ley sino a una ideología, porque es ideología aporrear rojos y separatistas y compadrear con fascistas, porque es ideología condenar a Hasél o Valtònyc y dejar impunes a los Borbones, porque es
ideología ver violencia en manifestaciones y actos de desobediencia civil pacífica y absolver a criminales que asesinaron a quince personas en Tarajal. (Aplausos).


Por ello, denunciamos la existencia de policías, jueces y fiscales que utilizan de manera ideológica la maquinaria del Estado para espiar, perseguir y condenar la disidencia política. Están creando un Estado policial y represor, de
autoritarismo y abusos, que huele a cloaca y a naftalina. Acusamos al Gobierno de ser cómplice, con su pasividad en la represión de la protesta y de la falta de democracia, porque se mantienen las leyes mordaza y las condenas. Dos años del
Gobierno más progresista de la historia y la represión de la disidencia y la protesta es legal. En su democracia plena, que el Consejo de Europa no ve tan plena, las leyes mordaza son el instrumento de la policía para reprimir, la fiscalía para
acusar y los jueces para condenar. Con el Gobierno más progresista de la historia sigue vigente el delito de sedición que mantiene a las presas y presos políticos en la cárcel por pretender hacer pacíficamente un referéndum democrático como el que
ha hecho Escocia. Es más, además de las leyes represoras siguen aplicando otras mordazas, como la que ha aplicado esta misma mañana la Mesa del Congreso de los Diputados con su veto a la proposición de ley sobre amnistía, o la censura que aplican a
las iniciativas para investigar y acabar con la inmunidad e impunidad de los Borbones. Mientras la Mesa del Congreso censura debates, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, está condenada a once años y medio por permitirlos, y aún los
tribunales siguen persiguiendo al resto de la Mesa; no en vano mañana mismo declarará ante el Tribunal Supremo nuestro compañero Joan Josep Nuet. ¡Força, Josep! (Aplausos). Dos años de este



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Gobierno y la represión sigue a todos los niveles, en las calles, en los tribunales, en el Tribunal de Cuentas y también hasta en el Congreso. El Gobierno más progresista de la historia debe elegir: amnistía y autodeterminación o represión
y autoritarismo. Su pasividad implica legitimar y mantener la represión y el autoritarismo. Ustedes verán en qué lado de la historia quieren estar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra del señor Asens Llodrà.


El señor ASENS LLODRÀ: Presidente, señorías, quería empezar con dos mensajes de apoyo; el primero, para la ministra Yolanda Díaz. Lo de ayer fue una vergüenza. (Aplausos). Si un diputado del Partido Popular le dijo lo que le dijo ayer a
la ministra, la verdad es que uno no se imagina lo que puede decirle a otras mujeres; no podemos normalizar el machismo. El otro mensaje de apoyo es para el diputado Nuet. Mañana será juzgado por cumplir con su obligación de autorizar un debate
en el Parlament cuando era miembro de la Mesa. (Aplausos).


No nos cansaremos de recordar que sin debate parlamentario no hay democracia, y tiene sentido hacerlo hoy, que se ha prohibido otro debate, el de la ley de amnistía registrada por varios partidos: el del señor Nuet, el de la CUP, el de
Junts per Cataluña, el de PDeCAT. La verdad es que hoy es un día para recordar, porque hoy hablamos de democracia, de libertad de expresión, de una ley como la de seguridad ciudadana, más conocida como Ley mordaza o Ley anti 15-M, que obtuvo el
rechazo, según las encuestas, del 82 % de la ciudadanía, como la guerra de Irak. Decía Mariano Rajoy, más conocido como M. Rajoy o el Barbas en la trama de la Kitchen, que en España no hay un problema con la libertad de expresión, que decir eso es
una broma, que es falso. Bien, han pasado cinco años y justo ayer recibimos dos recados otra vez de Europa, del Consejo de Europa y de la Comisión de Venecia, donde nos recordaban precisamente que en España hay un problema con la libertad de
expresión. Hay un problema con el Código Penal de Gallardón o con la ley del ministro Fernández Díaz, el ministro de las cloacas, aquel que decía que la influencia divina es la que había hecho ganar la Guerra Civil al bando franquista. Y es que el
Partido Popular con esas normas parece querer emular a uno de sus fundadores franquistas, Fraga Iribarne, cuando dijo aquello de que la calle es suya. Por eso no es extraño que The New York Times afirmara que parecía que eso era volver al pasado;
no es que lo diga la señora Vehí o la señora Bassa, lo decía The New York Times. Y el problema es que a la derecha no le gusta cuando la libertad la ejercen personas como el señor Echenique, que está en el lado equivocado de la historia, o los del
15-M o la PAH; a ellos les gusta más la libertad de los 'cayetanos', cuando la ejercen ellos o los nostálgicos de los brazos alzados que entonan el Cara al Sol, como los que van a celebrar en Madrid a manos alzadas que la ciudad fue derrotada por
el fascismo. Quizá porque ellos sí que están en el lado correcto de la historia.


Es verdad que ha habido una crisis sanitaria, la más grave del último siglo, y por tanto las agendas, las prioridades de esta Cámara se han visto alteradas, pero un año después -no dos, señora Bassa, uno- las fuerzas progresistas debemos
volver a ponernos de acuerdo para situar en el centro la libertad, amenazada con delitos obsoletos como el de sedición o el de injurias a la Corona. Hemos empezado a hacerlo, estamos discutiendo en la Comisión de Interior la demolición de la Ley
mordaza. Hemos derogado el delito que permitía perseguir a los huelguistas y, finalmente, hemos registrado una ley de libertad de expresión para evitar que ningún rapero esté en la cárcel. Rapear no puede ser delito; tampoco silbar un himno a un
político, a un jefe de Estado; no puede ser que ningún artista o humorista deba sufrir la amenaza de la cárcel o que alguien reciba una multa astronómica por intentar parar un desalojo. No nos engañemos, todas esas medidas tienen que ver con la
voluntad de inocular el miedo para que la ciudadanía acepte sin protestar los recortes, la corrupción o la degradación democrática. Tiene lógica, porque si tú les quitas los derechos sociales también lo que esperas es quitarles los derechos
políticos para reclamar aquellos derechos que les has quitado. Lo vimos con el Gobierno de Rajoy con su política de desigualdad que hizo aumentar la resistencia ciudadana de los más necesitados. ¿Cómo respondió el Gobierno? Con más amenazas,
enviando un mensaje muy claro, que quien se iba a organizar para reclamar sus derechos se arriesgaba a ser multado o golpeado o ir a comisaría. El mensaje era claro: 'que se jodan', como decía Andrea, o 'vete al médico', de pago.


Decía el presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson que 'Cuando el Gobierno teme al pueblo, hay democracia. Cuando el pueblo teme al Gobierno, hay tiranía'. Por eso, una de las tareas primeras y



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más nobles de la política es quitarle el miedo a la ciudadanía, conseguir que sean ciudadanos libres, críticos y no meros siervos espectadores resignados como quiere la derecha. La derecha sabe que una sociedad con miedo es una sociedad que
no protesta, porque el miedo encoge, aísla, paraliza, vuelve a la gente conservadora y conformista. La libertad es incompatible con eso, con el miedo, con el individualismo, con la insolidaridad o el egoísmo que son palanca del discurso del odio de
la extrema derecha entre la gente asustada. Esa es la libertad que defiende la derecha, lo vemos día tras día con Ayuso en Madrid. La libertad para perdonar los impuestos a los multimillonarios o a los fondos buitre; la dureza con los débiles;
la sumisión con los fuertes; la libertad del privilegio; la libertad para mercantilizarlo todo, la vivienda, la sanidad, la educación o el espacio público y para reventar la autonomía individual y colectiva de la gente para que no se pueda
organizar. La gente progresista y de izquierdas, en cambio, está obligada a defender la libertad conquistada por las luchas y resistencias populares; la libertad de los muchos, la que da el ingreso mínimo vital o los ERTE; la libertad de poder
caer enfermo sin ser despedido; la libertad de reunirse, como los vecinos de Chamberí este domingo para recuperar espacios públicos ante quienes, como Ayuso, solo nos quieren en la calle para tomar copas o comprar, porque no existe lo primero sin
lo segundo. No habría jornada laboral ni las mujeres estarían en esta Cámara ni los enfermos podrían ir a los hospitales si no fuera por la gente organizada... (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Asens. Ha terminado su tiempo. Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Fernández Hernández. (Aplausos).


El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, comienzo con un mensaje de apoyo a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Aplausos). Os digo: seguid así, no cedáis, nunca estaréis solos. (Aplausos).


Ya se ha dicho anteriormente que esta proposición pretende la derogación de toda la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y la derogación de buena parte del título XXII del Código Penal, que se refiere a los delitos de sedición,
atentados contra la autoridad, desobediencia y resistencia. Señora Vehí, me ha defraudado. Yo esperaba más de usted, esperaba que incluyera los delitos de tenencia ilícita de armas y terrorismo, porque, como hemos observado en Cataluña, eso va con
su naturaleza. Me ha extrañado que no lo incluyera en su proposición. (Aplausos). Fundamentan la derogación en el derecho a la protesta. Este es el núcleo en el que basan esta proposición porque consideran que la Ley de Protección de la
Seguridad Ciudadana y el Código Penal en estos artículos limitan ese derecho a la protesta, y lo apoyan en un folleto de Amnistía Internacional y en un manifiesto de un grupo de catedráticos. ¿Reformar dos leyes orgánicas con dos papeles? ¿Usted
cree que eso es democracia? ¿Usted cree que eso se puede sostener aquí, en el Congreso de los Diputados, en esta sede? No parece que sea muy serio. A ustedes la democracia no les importa una higa, porque a ustedes lo que les importa realmente con
esta proposición es seguir apoyando a los que lanzan cócteles molotov contra furgones de la policía. (Aplausos). A ustedes lo que les interesa con esta proposición es seguir apoyando a los que saquean comercios. A ustedes lo que les interesa con
esta proposición es seguir apoyando a los que destrozan el mobiliario urbano. A ustedes lo que les importa con esta proposición es seguir apoyando a los que atacan a los españoles pacíficos, a los españoles de bien. (Aplausos). Así lo vemos
constantemente en Cataluña, pero así también lo desvela su propia proposición, que dice, literalmente, que quieren amparar las ocupaciones de plazas, manifestaciones, protestas de todo tipo y especialmente las ocurridas en Cataluña en defensa -dicen
ustedes- del derecho a la autodeterminación y contra la represión. ¿Saben ustedes lo que es la democracia? Se lo voy a decir, es el respeto a las sentencias judiciales. Por ejemplo, a la sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de noviembre de
2020, que establece y declara que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana es esencialmente constitucional; y a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, le voy a decir unas cuantas: 2 de octubre de 2001, 23 de octubre de
2008, 21 de octubre de 2010, 18 de junio de 2013, 15 de octubre de 2015, en las que se dice que el derecho a la protesta no incluye las protestas violentas que convoca gente como ustedes. (Aplausos).


Pide usted rigor a los demás, nos pide rigor y alega un informe de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia no pide la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que pone en duda son dos cuestiones muy puntuales: el importe de
algunas multas y el hecho de la necesidad de la notificación previa de las manifestaciones y reuniones en vía pública. Eso no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo, no tiene nada que ver. La que falta al rigor y falta a la verdad aquí
es usted. (Aplausos).



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Y también les digo a aquellos que tienen ese furor, ese ardor por reformar el Código Penal, concretamente los delitos de rebelión y sedición, para armonizarlo con Europa -dicen-, que tengan cuidado, porque si los armonizan les puede ocurrir
como en Francia: hasta quince años de prisión por atentar a la unidad de la nación; Italia, más de doce años de prisión por atentar a la unidad del Estado; Portugal -ya lo ha dicho usted-, unos cuantos años también de prisión; pero lo que más
les interesa es Alemania: cadena perpetua por violar el orden constitucional. (Aplausos). Por cierto, en Alemania, ustedes estarían prohibidos por la Constitución también, estarían prohibidos. Por tanto, se deberían considerar privilegiados de
estar aquí en esta Cámara, semana tras semana, soltando disparates y que los demás tengamos que tragárnoslos. Son ustedes unos privilegiados. (Aplausos). Porque no se trata de una recuperación de derechos civiles como están planteando, no es
cierto; ni tampoco es una defensa de los ciudadanos como siempre dicen; tampoco es cierto, lo están enmascarando en esta supuesta recuperación de derechos civiles.


En realidad, de lo que se trata es de su procés para desarmar al Estado frente a elementos subversivos como ustedes. Ustedes quieren tener las manos libres para destruir España. Y desde luego, le puede quedar claro que VOX continuará
siendo el muro de contención frente al separatismo. Y por eso, se lo puede imaginar, votaremos no a esta proposición.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella Gómez.


La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, presidente.


Señorías, están tan ocupados unos y otros en imponer sus ideologías, en hablar con sectarismo, ya lo último es el elogio del conflicto que nos ha revelado hoy la diputada Vehí, que se olvidan de lo esencial, de lo esencial que es el bien a
proteger: la convivencia y la conciliación de derechos en el espacio público; de eso es de lo que nos tenemos que ocupar. Pero el texto de proposición de ley que debatimos es una auténtica ocurrencia, iba a decir incalificable: es una auténtica
ocurrencia: manosean grandes principios como libertad, derechos humanos, seguridad. Llaman problema de orden público a lo que en pura ilegitimidad se llama un problema de violencia extrema, porque el orden público sin el concepto de problema se
puede regular y se puede trabajar; el problema es lo que se añade al orden público, y eso que se añade al orden público últimamente es extrema violencia.


Señorías del PP y VOX, nos hacían preguntas, venían interpelando a la bancada socialista. Le voy a decir algo claro a la bancada del Partido Popular, ya que han gobernado -y cómo han gobernado-, que más vale que en vez de hacernos las
preguntas a nosotros se las hagan a ustedes mismos. Porque ¿qué han hecho para no hacer ninguna inversión pública en seguridad durante todos los años que han estado gobernando? Han estado ocupados de todo porque aquí están saliendo las cajas b,
los líos con los gastos reservados, todo menos invertir en medios para policías, guardias civiles, infraestructuras, comisarías, cuarteles y efectivos. (Aplausos). ¿Ustedes se creen que es de razón que en siete años de su Gobierno hayamos perdido
en España 13 000 efectivos disponibles? ¡13 000 efectivos disponibles! Es que cuanto más pasa el tiempo, más atónitos nos quedamos.


Y hablemos de Cataluña, en Cataluña que era tan necesario tener la prevención de la seguridad con las competencias que nosotros tenemos, coordinados con los mossos, pero nuestras competencias, que son irrenunciables, ahí se han perdido en
esos años cerca de 800 efectivos. Les digo una cosa: Nosotros solo en dos años y medio ya hemos recuperado, sin darnos golpes en el pecho de patriotismo, esos 800 efectivos de Policía y Guardia Civil que ustedes perdieron durante esos siete años.
(Aplausos). Porque aquí aprobamos las leyes y en la calle hay miles de mujeres y de hombres miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que están en la primera línea y que tienen que garantizar el cumplimiento de lo que aquí aprobamos. Y hay
que darles medios, no quitárselos, no quitárselos a cada momento.


La señora diputada de la CUP ha hablado del elogio del conflicto. Bueno, pues frente al elogio del conflicto yo le voy a hablar, como política socialista, del elogio de los trabajadores públicos, de los hombres y mujeres que forman parte de
unidades especializadas para la seguridad pública en Policía Nacional, en Guardia Civil, también en los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza. Se han formado en democracia, sirven a la sociedad en los momentos más difíciles, conocen las leyes, actúan
formando parte de una estrategia policial acorde al problema, están sometidos a la Constitución, a la supervisión jerárquica de sus superiores,



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al control judicial y al escrutinio mediático parlamentario. Quien no cumple estas normas no tiene cabida en unos cuerpos que actualmente sirven a la democracia.


Permítanme ponerle nombre y cara a lo que les digo. Les voy a hablar de dos casos. Iván Álvarez Faginas, policía nacional, natural de Vigo, miembro de la UIP. Una noche de servicio en los disturbios por la sentencia del procés, en octubre
de 2019 manifestantes radicales arrojaron un objeto contundente que casi le cuesta la vida. Logró sobrevivir, pero ha sido jubilado con cuarenta y dos años y secuelas físicas de por vida. Iván es hijo, esposo y padre de dos hijos, un buen policía
y un buen ciudadano. ¿No les parece, señorías de la CUP, que al menos le tenemos que reconocer los mismos derechos que se reconocen ustedes? Viví lo que ocurrió esos días en Barcelona como secretaria de Estado de Seguridad junto a la Policía
Nacional, junto a la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, y aquello fue de todo menos espontáneo y pacífico.


Se han repetido protestas violentas hace apenas un mes por el rapero Hasél. Habrán visto algunas de las imágenes de los manifestantes. Hay un caso de un manifestante que agrede brutalmente a una mujer policía, una oficial jefa de equipo
operativo de la UPR de Madrid. Es indefendible, hay que condenarlo. Iván y la oficial de la UPR tienen que sentir también nuestro apoyo y afecto porque ellos en la calle son los que tienen que cumplir las leyes y la deriva violenta malogra la
convivencia en una sociedad y hay que tomársela muy en serio.


Señorías, a mi grupo parlamentario no le parece serio que una proposición de ley orgánica de seguridad sea un escrito de demolición en tres artículos derogando una ley vigente sin dar alternativa y amputando quince artículos del Código
Penal. A los socialistas no nos gusta la Ley de Seguridad Ciudadana que fue aprobada por el PP y hemos tenido una serie de trabajos ya desde el primer momento porque fuimos nosotros los que con otros grupos de la Cámara la llevamos al
Constitucional, porque hemos presentado ya en la XII Legislatura una nueva proposición de ley y porque no es posible derogar una ley, incluso la llamada Ley mordaza, si no hay una alternativa porque dejaríamos impune el espacio público y no podemos
apoyar la ley de la selva. Ahora disponemos ya de dos sentencias del Tribunal Constitucional y del informe de la Comisión de Venecia, del Consejo de Europa, con una serie de recomendaciones, y hay una proposición de ley de reforma de ley orgánica
ya en la Cámara con la que todos podemos colaborar.


Señorías de la CUP -aviso a navegantes, como decían ustedes-, si de verdad quieren cambiar las cosas, defienden los derechos humanos y apuestan por la convivencia, condenen la violencia, registren enmiendas, mejoren la proposición de ley en
trámite y pónganse a trabajar en esta Cámara. Con eso sí que van a conseguir unas mejoras para eliminar los problemas del orden público.


Señorías, finalizo. A los españoles nos ha costado muy cara la seguridad y la democracia en este país como para jugar a la tibieza, a la frivolidad y a los equívocos. Para nosotros el modelo de seguridad es convivencia, convivencia y
convivencia. Y se puede hacer.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señora Botella.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADHERIRSE A LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE CONDENA DE LOS TOTALITARISMOS NAZI Y COMUNISTA. (Número de expediente
162/000406).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al
Gobierno a adherirse a la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019, de condena de los totalitarismos nazi y comunista. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz-Clavijo. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Señorías, el pasado 19 de noviembre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados votó en contra de la aprobación de una proposición no de ley que resulta clave para conocer el grado de adhesión de
los partidos políticos a los principios democráticos o a los valores que representa la Unión Europea. Con esta iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instábamos al Gobierno de España a adherirse a la condena del Parlamento
Europeo contra los



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totalitarismos nazi y comunista, sin hacer ningún tipo de distinción jurídica o moral entre ambos. La declaración condenatoria de la Eurocámara estaba incluida en una resolución histórica, de 19 de septiembre del año 2019, sobre la
importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. Fue una resolución histórica porque cuando se cumplían ochenta años del estallido de la Segunda Guerra Mundial y treinta de la caída del muro de Berlín se ponía de una vez por
todas punto y final a la permisividad moral con la que la trasnochada progresía sin fronteras ha venido enjuiciando desde antes de mayo de 1968 las atrocidades del totalitarismo comunista. Como bien dejó escrito Revel, 'los negacionistas pronazis
no han sido más de un puñado, mientras que los negacionistas procomunistas han sido legión.' En fin, la declaración fue aprobada en Estrasburgo por 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones. Sí, señorías, 535 votos a favor y es que no era
para menos.


Explicados los antecedentes, los españoles se preguntarán atónitos cómo es posible entonces que la Comisión Constitucional del Congreso se opusiera a la adhesión del Gobierno a una declaración tan fundamental, tan elemental -diría yo-, para
cualquier demócrata, como es la condena de los crímenes perpetrados por todos los regímenes totalitarios en Europa. ¿Se trató de un episodio de amnesia histórica que sufrieron varias de sus señorías o acaso fueron víctimas ese día de una
enajenación mental totalitaria?


Para contestar a este misterioso interrogante, debemos acudir al sentido del voto que formularon los distintos grupos parlamentarios. ¿Qué grupos de esta Cámara se negaron a condenar -abro comillas, señorías, y escuchen bien- los asesinatos
en masa, genocidios y deportaciones perpetrados por los regímenes nazi y comunista? ¿Qué grupos no quisieron que el Gobierno se sumara al rechazo a toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo o el estalinismo, o a
expresar el profundo respeto por cada una de las víctimas de estos sistemas totalitarios? ¿Quién y por qué razón pudo votar en contra de esta iniciativa? Pues, vayamos al Diario de Sesiones y verificaremos que esos votos en contra se materializan
en el Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, el PNV, el Grupo Parlamentario Plural y Bildu. Señorías, los españoles son plenamente conscientes de la perversión ética y moral de un partido como Bildu, heredero
político confeso del totalitarismo etarra y congénitamente incapaz de condenar sus crímenes y sus atrocidades miserables. (Aplausos). Son también conscientes -desde luego, salvando las infinitas distancias democráticas con Bildu- del extravío
ideológico de otras formaciones que disculpan en los altares del cinismo progresista las monstruosidades perpetradas por la teología comunista, cuando no hacen directa apología de ella. Y son también muy conscientes del seguidismo acomplejado que
hace de todos ellos el Partido Socialista, no hace tanto pilar democrático de nuestro sistema de partidos.


Pues bien, a todos ellos, a todos ustedes, señorías, hoy el Partido Popular les brinda una segunda oportunidad, la oportunidad de retractarse en el Pleno del Congreso ante todos los españoles. Les ofrecemos esa ocasión de rectificar y
demostrar una repulsa unánime contra los totalitarismos y regímenes autoritarios de toda calaña. Los de toda calaña, señorías, porque en cualquier parte del mundo deben condenarse y porque así además lo recoge esa resolución de la Eurocámara. La
Unión Europea tiene la responsabilidad especial de promover y proteger la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho no solo dentro, sino también fuera de la Unión Europea. Esto incluye, por tanto, por extensión geográfica
y cultural, el totalitarismo que azota, tortura y mortifica a países como nuestra querida Venezuela.


Hace ya casi dos décadas los partidos presentes en esta Cámara aprobamos una condena sin ambages contra la dictadura franquista. Yo les insto ahora a que promuevan sin distinciones, negacionismos o equidistancias -y abro comillas de nuevo-
una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado como medio para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes, la
resiliencia ante las amenazas modernas que se ciernen sobre la democracia. Les instamos a todos a que se olviden de las manipulaciones históricas y, ya de paso, señores del PSOE, a que abandonen sus pactos ignominiosos con Bildu. Les rogamos a
todos que dejen atrás los odios enconados, que aprovechemos esta votación para dar la espalda a la polarización y la agitación de los extremos para recuperar en estas horas terribles de pandemia aquel espíritu de la Transición sostenido en la
concordia, la reconciliación, el acuerdo y la verdad compartida de nuestro pasado sin revisionismos ni tergiversaciones. Voten a favor de esta proposición no de ley para que Europa sea testigo de que toda la sociedad española está unida en el
espíritu de reconciliación, de concordia y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas que guió la Transición, que nos permitió dotarnos de la Constitución de 1978 y que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de
los españoles articulando un Estado social y democrático



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de derecho con una clara vocación integradora, como dice la tan querida por muchos de ustedes Ley de memoria histórica. Porque la memoria selectiva es el otro nombre de la posverdad que está erosionando nuestra memoria y convivencia
democráticas en estos tiempos de pandemia. El Partido Popular les vuelve a brindar esa oportunidad y lo hacemos porque España lo merece.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de la enmienda formulada, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, buenas tardes a todas y a todos. Debatimos la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adherirse a la Resolución del Parlamento Europeo del 19 septiembre 2019 de condena de los totalitarismos nazi
y comunista, tal y como ha expuesto la proponente del Partido Popular. Esta proposición, aunque parece que es un plácido río que discurre sin ningún oleaje, tiene una corriente de fondo interna que dice lo que dice y más cosas de las que dice o su
intencionalidad es decir algo más de lo que dice. Al Partido Nacionalista Vasco nadie le va a poder achacar la defensa de ningún totalitarismo -¿cómo lo haríamos?-, sea del color que sea, porque lo hemos padecido en nuestras carnes y más de la
mitad de nuestra vida. Hemos estado ilegalizados, represaliados, prohibidos, precisamente por el totalitarismo. Por lo tanto, cualquier totalitarismo siempre va a ser condenado firmemente por el Partido Nacionalista Vasco, porque ¿qué es el
totalitarismo, al fin y al cabo? Ausencia y prohibición de libertad, conculcación de derechos básicos y humanos de pueblos y de personas; es cuando no hay libertad, cuando las personas no pueden decidir libremente, cuando no pueden opinar, cuando
sus derechos humanos y básicos están prohibidos. Eso es un régimen totalitarista. Decía Orwell: Si el líder dice que tal evento no ocurrió, pues no ocurrió. Si dice que dos y dos son cinco, pues dos y dos son cinco. Esta perspectiva me preocupa
mucho más que las bombas. A mí las bombas también, porque normalmente los que decían que dos y dos son cinco también echaban bombas. Algunas ideologías son de por sí totalitarias, no cabe duda. Otras pueden tener y han tenido aplicaciones
totalitarias, totalitaristas, crueles, inhumanas. Esto es algo que ya no podemos discutir a estas alturas.


El Partido Popular nos pide que nos adhiramos a un texto que tiene muchos puntos, aunque ustedes hayan hecho una especie de resumen sobre la base de unos criterios restrictivos, de lo que a ustedes les interesaba decir. La resolución del
Parlamento Europeo es una resolución amplia, con unos considerandos y una resolución que tiene muchísimos puntos. Por ejemplo, creo que se les ha olvidado leer el punto 10, que pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de
los regímenes fascistas y estalinistas 'y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado'. ¿Se han olvidado de eso? Porque el punto 10, que ustedes precisamente han obviado, el PNV lo ha enmendado. La enmienda del Partido Nacionalista
Vasco viene a colación porque, precisamente, hemos incluido los regímenes totalitarios del nazismo, del comunismo y del franquismo, por si a alguien se le había olvidado, porque señores del Partido Popular, este Estado ha tenido en su casa hasta
antes de ayer un régimen totalitario, una dictadura, que surge tras un golpe de Estado y reprime a sangre y fuego y crea un Estado represivo que dura cuarenta años. Ustedes nunca han sido capaces de traer una resolución para condenarlo. Nunca se
les ha ocurrido. Dicen en su propuesta que reiteradamente se han condenado los crímenes franquistas. ¿Cuántas veces? Porque le puedo decir todas las veces que ustedes se han negado a condenar el franquismo. Una vez lo tuvieron que hacer, en una
resolución de 2002, porque ya no podían salir. ¿Les cito todas las veces en las que se han negado? Le puedo citar que en 2002, 2003, 2007, 2013, 2015, 2017 y más. Ustedes nos traen esta proposición no de ley con otras intenciones: buscar cobijo
en esta declaración para no tener que enfrentarse a la verdadera historia reciente de este Estado y para marear la perdiz en la Ley de memoria histórica al querer poner a ras el terreno histórico, como si todo fuera igual.


Se me acaba el tiempo. Se lamentan de crímenes atroces y totalitarios, pero el crimen y el régimen franquista lo fue. Le voy a leer, antes de acabar, lo que el propio Franco decía...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Lo siento, señor Agirretxea, ha terminado su tiempo. Gracias, señor Agirretxea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.



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El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidente.


Esta PNL, al igual que la propia declaración del Parlamento Europeo, supone un intento de reescribir la historia del siglo XX desde el punto de vista de los vencedores de la Guerra Fría y querer estirar los esquemas de la Guerra Fría hasta
el día de hoy, y persigue un triple objetivo. En primer lugar, relativizar lo que significó el nazifascismo; en segundo lugar, condenar no ya a los regímenes comunistas, sino la propia idea del comunismo o, más allá, la propia idea de que pueda
existir una alternativa radical al capitalismo y, en tercer lugar, tapar los crímenes que se hicieron en nombre del anticomunismo, con los Estados Unidos al frente. En nombre del comunismo ciertamente se cometieron crímenes por parte de dictaduras
-por cierto, muchas de las víctimas de esos crímenes eran también militantes comunistas-, pero también en nombre del comunismo se conquistaron muchísimos derechos sociales. No se entendería el Estado del bienestar sin la experiencia de la Unión
Soviética; en nombre del comunismo, los derechos de las mujeres dieron pasos de gigante y con la revolución soviética las mujeres conquistaron el derecho de voto mucho antes que en la mayoría de los regímenes liberales, así como la despenalización
del aborto, el divorcio, el matrimonio civil, los permisos de maternidad e incluso la llamada licencia menstrual. También en nombre del comunismo se puso en práctica por primera vez algo de lo que hoy somos mucho más conscientes de su importancia:
las políticas de salud pública, y les pongo un ejemplo. La campaña mundial para la erradicación de la viruela fue liderada en su momento por la Unión Soviética, lo que contrasta muchísimo con la actitud que están teniendo hoy los principales países
capitalistas, entre ellos el Estado español, que se niegan a compartir las vacunas contra la COVID. Ese enfoque fraternal y mundial de lo que son las políticas de salud pública consiguió erradicar por primera vez una enfermedad infecciosa y
contrasta con lo que están haciendo hoy muchos países capitalistas. Y por último, en nombre o en alianza con el comunismo, se dieron las principales luchas coloniales. Nada de esto que he dicho se hubiese producido nunca, jamás en nombre del
nazismo, porque el nazismo es intrínsecamente la desigualdad, intrínsecamente la eliminación del diferente y representa la guerra y el sometimiento de los considerados inferiores.


El tercer objetivo de esta revisión de la historia, como decía, es disimular los crímenes y retrocesos que se han dado en nombre precisamente del anticomunismo. Muchísimos golpes militares contaron con el apoyo o la planificación de los
Estados Unidos a través de la CIA: de Jacobo Árbenz -en Guatemala- a Thomas Sankara -en Burkina Faso-, pasando por Patrice Lumumba -en el Congo- o Sukarno -en Indonesia-; golpes contra Gobiernos -muchos de ellos no eran comunistas-, con los que se
planteaban fundamentalmente la reforma agraria o el control de los recursos naturales, unos cambios necesarios para sacar a sus países de la relaciones de dependencia y empobrecimiento, y ni eso permitieron esos Gobiernos que se llenaban la boca de
libertad. Muchos de estos golpes comportaron un verdadero genocidio contra los militantes de izquierdas. Conocemos algo mejor casos de América del Sur, como Argentina o Chile, pero el caso que ya he citado de Indonesia nos resulta menos conocido
y, sin embargo, supuso una de las peores matanzas de la historia, entre medio millón y dos millones de personas fueron exterminadas en Indonesia. Es difícil esclarecer la cifra porque en Indonesia siguen mandando los herederos de Sukarno apoyados
por Estados Unidos.


La idea del comunismo ha sufrido derrotas y fracasos desde la Revolución francesa, pero significa llevar hasta sus últimas consecuencias la tríada de libertad igualdad y fraternidad. Por eso siempre renace con nuevas formas y nuevos
impulsos; sin embargo, el nazismo no debe renacer nunca, jamás. Se nos trae, pues, el discurso del bando vencedor de la Guerra Fría, y debemos rechazarlo, y frente a estos eslóganes que pretenden hacer dicotomías que revivan esos crímenes de la
Guerra Fría nosotros nos quedamos con el estribillo de una de las mejores canciones del obrerismo italiano: viva el comunismo y la libertad. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Señor presidente, señorías, con el objetivo de no caer en la desmemoria, porque todos y todas sabemos que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, permítanme que comience contándoles una
historia. El 23 de octubre de 1940, un dictador sin escrúpulos, llamado Francisco Franco, se desplazó a la localidad vasca de Hendaya para encontrarse con otro dictador sin escrúpulos, llamado Adolfo Hitler. Tres años antes Hitler había echado una
mano a Franco y había enviado a la Legión Cóndor a masacrar a la población de Gernika, a exterminar a refugiados andaluces en la Desbandá,



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a bombardear Madrid, Barcelona, Alicante y Teruel. El caso es que Franco le debía una a su compañero de batallas, y en el vagón de un tren nazi Hitler pidió a sus hermanos españoles que le ayudaran a vencer al comunismo. Franco se retiró a
Donostia a pensar la propuesta y le pidió a su embajador de entonces, Eugenio Espinosa de los Monteros, que expresara a los alemanes el compromiso del franquismo con la Alemania nazi. Unos meses después, Franco envió a la División Azul española a
luchar contra el comunismo. La historia es de sobra conocida. Por fortuna, la División Azul y los nazis quedaron subcampeones en Stalingrado.


El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó Auschwitz y mostró al mundo qué clase de régimen criminal había sido aliado de España durante los últimos años. Además de un millón de judíos, en aquel campo de exterminio murieron 1200
republicanos que huyeron del terror franquista, muchos de ellos comunistas, con ideología comunista, que no teología, porque seguramente ellos, igual que los comunistas de hoy, siguen y seguimos pensando que ni en dioses ni en reyes ni tribunos está
el supremo salvador.


Pero ahora me gustaría contarles otra historia. El 20 de abril de 1963 el régimen franquista torturó y ejecutó al dirigente comunista Julián Grimau, tras un juicio sumarísimo donde fue condenado sin pruebas. Ante las protestas
internacionales, el régimen de Franco salió a dar explicaciones. Fue el ministro franquista -les sonará- Manuel Fraga, después y a la sazón fundador de su propio partido, quien justificó el crimen en una rueda de prensa y achacó el fusilamiento
-esto es literal- a los crímenes y atrocidades cometidas personalmente por este caballerete.


Pero tengo una tercera historia. El 20 de enero de 1969, la policía franquista arrestó al estudiante comunista Enrique Ruano, que cayó misteriosamente por la ventana de un séptimo piso. Adivinen quién organizó una campaña para justificar
la muerte de Ruano. Efectivamente, el inefable Manuel Fraga, que ordenó publicar en ABC un diario manipulado de Ruano para sugerir que el joven tenía tendencias suicidas. Después, el señor Fraga, el mismo Fraga de siempre, llamó por teléfono a los
padres de la víctima y les ordenó que dejaran de revolver si no querían que su otra hija acabara igual.


Ustedes, señorías del Partido Popular, presentan hoy una propuesta donde humillar a las víctimas del franquismo, muchas de ellas comunistas, tratando de equipararlas con la ideología criminal del Tercer Reich, y lo hacen únicamente para
limpiar su mala conciencia, para que olvidemos también cuáles son los orígenes del fundador de su partido y la línea ideológica que perpetúan con su acción política. Ese es su pecado original y no el nuestro, tanto que les gusta hablar de herencias
y herederos. Ustedes, señores del Partido Popular, presentan hoy una propuesta para condenar al nazismo como si el Gobierno de Rajoy no hubiera celebrado en 2013 un homenaje a la División Azul o como si su fundador, el señor Manuel Fraga, no
hubiera firmado en 1971 un manifiesto por la liberación de Rudolf Hess, el número dos del régimen nazi de Hitler. Vienen ustedes aquí a condenar el nazismo como si no tuvieran acuerdos con un partido de ultraderecha que tiene a conocidos y viejos
neonazis en sus listas electorales.


Nosotros vamos a votar que no, y lo hacemos por pura y mera convicción y memoria antifascista, por la memoria de tantos demócratas que entregaron lo mejor de sus vidas para que hoy podamos estar aquí hablando también desde esta tribuna, y lo
hacemos por la memoria de Germán Rodríguez, militante comunista de la LKI que murió durante los Sanfermines de 1978 con un balazo de la policía en la cabeza. Han pasado ya cuarenta y tres años, y ustedes, en su acción de gobierno, se negaron a
desclasificar los papeles de aquel crimen. Si de verdad quieren justicia, reparación y memoria para todas las víctimas, dejen de excusarse en el comunismo y empiecen a limpiar sus propias casas porque, al fin y al cabo, los nazis tuvieron su propio
Núremberg, pero los franquistas aquí tuvieron una amnesia impuesta para el conjunto de la ciudadanía.


Nosotras y nosotros seguiremos honrando la memoria de los comunistas que lucharon por la libertad y la justicia, y seguiremos inspirándonos en sus letras y en sus escritos, en los escritos de comunistas y personas de izquierda vascas, como
Gabriel Celaya, Blas de Otero y Gabriel Aresti cuando decía aquello de nire aitaren etxea defendituko dut, pero también en la memoria de comunistas españoles, como Miguel Hernández, cuando lanzaba una pregunta al aire antes de ser asesinado: ¿por
qué no lleváis dispuesta contra tal villanía y contra toda villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protesta? (Aplausos.-El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la palabra). Mila esker.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señor Espinosa de los Monteros, cuando termine el debate. Continuamos con el debate y cuando termine le doy la palabra.


Tiene la palabra en estos momentos, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Díaz Gómez.



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El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.


Los autoritarismos nazi y comunista son dos modalidades de asesinato en masa disfrazados de ideas. Es una coartada, una excusa para matar. Son una psicopatía y una desviación moral hacia los rincones más oscuros del alma. Las cifras de
dolor y muerte de las dos ideas que más vidas han costado en el siglo XX están en permanente discusión por la magnitud de la matanza, pero nadie puede ubicarlas por debajo de los 120 millones de muertos. Yo me niego a separar hoy, como se está
haciendo aquí, en dos bloques lo que es el dolor y la muerte, porque poner una idea detrás de un asesinato parece que lo motiva. Quien asesina es un asesino, no el portador de una idea; la idea es solo una justificación.


Ante la pregunta de si es peor el nazismo o el comunismo -aquí estamos viendo ahora loas al comunismo; viva el comunismo, ha dicho un portavoz-, les voy a responder con dos historias cortas. En 1989, repito, 1989, recién fusilado Ceauescu,
el dictador comunista rumano, unos científicos encabezados por Nathan Fox entraron en un orfanato y comprobaron un suceso extraño: que había centenares de bebés alineados en cunas y ninguno lloraba. Después se supo qué sucedía. En la Rumanía
comunista de Ceauescu les dio por la natalidad y había que tener hijos a la fuerza, había hasta una policía menstrual. El objetivo era aumentar la población en una década un 50 %. Si una pareja era estéril y no tenía hijos, tenía que pagar un
impuesto especial. Consecuencia de esta política: se produjeron abandonos en las calles y más de cien mil niños no podían ser mantenidos por sus familias. La miseria que había generado el propio régimen comunista hacía inasumible este volumen de
niños para los rumanos, y eran internados en verdaderas granjas. Centenares de cunas con bebés sin padres, niños esperando para ser adoptados, víctimas de abusos sexuales en una enorme mayoría, desnutridos, apaleados y encerrados, algunos muertos
por divertimento de sus cuidadores. Los bebés del comunismo, tras el llanto por el hambre y el dolor por desnutrición, se rendían y dejaban de llorar. Dejaron de llorar porque nadie les atendía. Pero había celdas peores; los niños con algún tipo
de discapacidad vivían en cuartos a oscuras. Cuando entraron estos científicos, encontraron que llevaban años viviendo rebozados en sus propios excrementos viendo solo una pared. Muchos fueron encontrados muertos, al menos veinte mil niños y bebés
murieron en el régimen de Ceauescu en estos orfanatos del Partido Comunista rumano.


La otra historia que les voy a contar tiene otro protagonista. Nissan y Esther Frenkel eran un matrimonio feliz que de Polonia se mudaron a Francia. En Francia tuvieron la mala suerte de que empezó la Segunda Guerra Mundial y fue invadida
por los nazis. Tenían un hijo, Richard. Nissan, el padre de Richard, fue llevado a Auschwitz y asesinado, y Esther y el pequeño Richard fueron apresados. Pues, miren, Richard y su madre estuvieron juntos algo menos de un mes; el 7 de agosto
-porque fueron detenidos en julio- arrancaron a Richard de los brazos de su madre. Ella fue introducida en un vagón de tren que tenía como destino las cámaras de gas. El niño de dos años fue llevado con 1800 niños más, cuyos padres habían sido
asesinados ya. Tras un periplo de un mes de campo en campo, el niño fue llevado en el vagón 31 de un tren que llevaba 380 niños más. Tras la selección entre quiénes podían trabajar y quiénes no -un niño de dos años no está hecho para trabajar- fue
seleccionado para ser llevado a las cámaras de gas; y allí fue trasladado, al mismo sitio donde había muerto su padre y donde murió su madre. Rodeado de otros niños como él, desnudo y totalmente desorientado, aspiró el veneno que lo mató.


Existe un testimonio, el que lanzó su madre desde el vagón de tren garabateado con lápiz en una cuartilla amarilla, que se conserva hoy en el Memorial de Auschwitz. ¿Qué escribió la madre de Richard? Sabiendo que su hijo se quedaba solo,
una carta que lanzó desde el vagón. Les leo la carta: Queridos míos, ayer en el último minuto me llamaron para el traslado. Me han subido al tren y no sé qué ha sido de mi Richard. Él todavía está en Pithiviers. Salvad a mi niño, a mi bebé
inocente. Cómo estará llorando. Nuestro sufrimiento no es nada. Salvar a mi Richard, a mi pequeño querido. Yo no puedo escribir, mi corazón, mi Richard, mi vida, está lejos y nadie le está protegiendo a mi pequeño de dos años. Muere deprisa,
oh, niño mío; devolvedme a mi Richard. Firmado, Esther.


¿Me quieren decir si esto tiene una idea o una causa detrás? ¿Me quieren decir si una historia es peor que la otra? Cuidado con banalizar con el nazismo o con el comunismo; y mucho cuidado con utilizarlos para una campaña electoral
banalizando y jugando con las vidas de estos niños.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.



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El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.


La pretensión del Partido Popular de igualar fascismo y comunismo es, simplemente, una ignominia; es equiparar víctimas y verdugos, dictadores y asesinos con luchadores y luchadoras por la libertad de los pueblos; o equiparar los crímenes
del nazifascismo con los que contribuyeron, como nadie y con mucho sacrificio, a su derrota. Pero, claro, realmente al PP no le preocupa el fascismo; un partido fundado por ministros franquistas, que nunca han condenado de verdad la Dictadura y
que gobierna con el apoyo de fascistas, y vienen aquí realmente a realizar una sucia campaña electoral desde la bajeza moral de la manipulación histórica.


Verán, en Galiza, donde no hubo frente de guerra, más de seis mil personas comunistas, nacionalistas, socialistas, republicanos, demócratas en definitiva, fueron asesinados impunemente. ¿Esos crímenes no les preocupan? Mientras el
franquismo cercenaba vidas y libertades, en Galiza comunistas y nacionalistas sostenían la lucha por la libertad en las montañas de mi país, en las fábricas, en las universidades y en las calles. Mientras ustedes crecían a la sombra del poder,
comunistas y patriotas gallegos, como Moncho Reboiras, militante de la UPG, eran asesinados o encarcelados precisamente por luchar por la libertad.


Dejen la indecencia manipuladora. Si quieren condenar, empiecen por condenar el franquismo; si quieren investigar, empiecen por los crímenes del fascismo español y por rescatar los restos, la memoria y la dignidad de sus víctimas.


Obrigado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural también, tiene la palabra señor Boadella Esteve.


El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes.


Nos traen en este punto la cuestión relativa a suscribir esta resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019, y voy a ser claro: es tan grave lo uno como lo otro, es tan grave el comunismo como el nazismo y, por tanto, nos
van a encontrar a la hora de sumarnos a esta resolución, pero uno tiene la sensación de que vamos a estar aquí en campaña permanente y que esto se va a hacer muy largo hasta el 4 de mayo. Ustedes han utilizado este lema de 'Libertad o comunismo' y
están dispuestos a irlo repitiendo en cada una de las diferentes sesiones que aquí tenemos, y cualquier excusa, incluso una resolución del año 2019, les sirve para ir machacando con este tema. ¿Hace falta? Si somos Unión Europea nos creemos las
resoluciones del Parlamento Europeo. ¿Hace falta ratificarlo en las Cortes Generales, ratificarlo en los parlamentos de las comunidades autónomas, ratificarlo en los plenos de los ayuntamientos? Si quieren, podemos empezar así y no acabar nunca.


Si algo hay que ratificar son otras cosas por parte de España, y les voy a dar algunos ejemplos, como las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todas aquellas que dicen que España sistemáticamente incumple el derecho a un
juicio justo, tribunal que condena a España por torturas, que condena a España en temas de libertad de expresión. O directivas europeas, porque el PP nos plantea ahora aquí ratificar esta resolución del Parlamento Europeo, pero les voy a contar una
anécdota que poca gente creo que sabe, y que vale la pena exponer a la audiencia pública. Directiva 2016/ 80, que se aprobó el 27 de abril del 2016. España obligada a trasponer esta directiva europea a la normativa interna, límite el 6 de mayo del
2018. El presidente Rajoy fue presidente desde 2011 hasta junio de 2018. Pues bien, no haber traspuesto esta directiva a la normativa interna ha supuesto una sanción de 15 millones de euros para España y 89 000 euros al día de multa desde el 25 de
febrero de 2020. Quizá vale más la pena utilizar este Parlamento para trasponer las directivas europeas a la legislación española para no tener que soportar estas multas que recurrir a resoluciones del Parlamento Europeo. Siete de cada diez
penalizaciones respecto a directivas europeas son a España. España tarda de media doce meses más que cualquier otro país de la Unión Europea. Pues, sinceramente, ni fascismo ni nazismo, pero tampoco esta política que poco aporta al resto de
personas que viven en nuestro país.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Nuet Pujals. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).



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El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.


Señora Gamarra, le voy a explicar una historia familiar para que pueda en parte entender el sentir de mi grupo parlamentario, y creo que también el sentir de muchas generaciones de catalanes que la han vivido. Lo digo para que pueda
entender la posición de mi grupo ante este vestigio de la guerra fría que nos está presentando, hasta podríamos decir ante este alegato macartista que hoy nos sirve en la tribuna.


Mire, mi padre en 1938, con diecisiete años, cruzó el Ebro en la ofensiva republicana. (Aplausos). Era, como muchos otros, un militante, un miliciano de la JSU, las Juventudes Socialistas Unificadas. Hace muchos años me contó que tuvo
mucho miedo: las bombas, los gritos de sus compañeros cuando morían en el frente, y después los seis largos años de campos de concentración franquistas. ¿Sabe por qué lo hizo, señora Gamarra? ¿Sabe cuál es el origen de ese sacrificio? ¿Por qué
una persona pasa por eso? Pues es muy sencillo, para que usted se pueda levantar de su escaño y pueda aquí, de forma libre, decir lo que piensa sin temer ningún tipo de represalias. (Aplausos). Mi padre luchó por su libertad, por mi libertad y
por nuestra libertad. A veces, cuando subo a esta tribuna y tengo dudas -les puedo asegurar que son muchas las veces-, pienso en su ejemplo. A veces, cuando subo a esta tribuna y tengo dudas, no me olvido de que muy cerca de aquí, en la Puerta del
Sol, donde hoy se gobierna la Comunidad de Madrid, teníamos la Dirección General de Seguridad, donde muchos militantes de mi partido fueron torturados hasta la muerte. Cuando tengo dudas, no olvido a los militantes comunistas que pasaron por la
cárcel de Burgos. Cuando tengo dudas, señora Gamarra -si me está escuchando-, le puedo asegurar que recuerdo a los militantes de mi partido que fueron torturados hasta la muerte en la comisaría de Vía Laietana, de Barcelona. Todo eso lo recuerdo
cuando tengo dudas. Le puedo asegurar que a veces, en el silencio de la noche, oigo sus gritos. ¿Me puede creer, señora Gamarra, que puedo aún escuchar los gritos de mis camaradas?


Aquí estamos en el Estado español, no estamos en otro país de Europa y la historia de los comunistas de este Estado es una historia asociada siempre a la libertad y a la democracia. (Aplausos). Siempre asociada a la libertad y a la
democracia. Le puedo asegurar que hay gente que no entiende por qué le tenemos tanta manía a la comisaría de Vía Laietana, en Barcelona. Se lo diré: aunque pinten esas paredes mil veces, las seguimos viendo manchadas de sangre de mis camaradas,
señora Gamarra, se lo aseguro. (Aplausos).


Para un marxista, la libertad nunca puede separarse de los bienes materiales que garantizan la existencia del ser humano. Esa es nuestra concepción de la libertad, no la manipulen. En cambio ustedes en la casilla de la libertad tienen aún
muchas cuentas pendientes: tenemos las cunetas llenas de militantes comunistas asesinados por la Dictadura; tenemos los cementerios, las tapias de los cementerios de este país llenas de militantes comunistas asesinados por la Dictadura. Sus
nombres resuenan: Buenaventura Durruti, Federica Montseny, Andreu Nin, Pepe Díaz, Joan Comorera, Teresa Pàmies, Neus Català. (Aplausos). No olvide nunca aquel poema: Primero... (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Republicano, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Lo siento, señor Nuet, ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero.


El señor SANTIAGO ROMERO: Gracias, señor presidente.


El trío de Colón está en campaña electoral permanente, atacando a la izquierda, copiando discursos y argumentos del NO-DO franquista; criminalizando al comunismo buscan descalificar a los demócratas que trajeron la democracia a España.
Para ustedes son comunistas no solo la militancia del PCE, una de las fuerzas políticas que más ha luchado por la democracia y la libertad, sino que, como en el franquismo, han vuelto a utilizar el término comunista para insultar a cualquier persona
de izquierdas o que defienda lo público o la garantía de los derechos constitucionales. Los derechos los quieren solo para ustedes, y para los demás nos dejan las obligaciones.


Esta PNL se desautoriza al escuchar a su candidata Díaz Ayuso declarar que el fascismo es el lado bueno de la historia. Buscan el odio, el enfrentamiento entre españoles nuevamente. (Rumores). La derecha que ustedes representan ha
ilegalizado al Partido Comunista tres veces, porque el Partido Comunista siempre ha representado la libertad, no como ustedes. (Rumores.-Aplausos). Y preparan el terreno para la cuarta ilegalización, esta vez también de todas las fuerzas de
izquierdas y nacionalistas,



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como propuso VOX en esta Cámara. Equiparar al nazismo con cualquier ideología es banalizar el mal y los crímenes contra la humanidad que Hitler y Mussolini perpetraron en España. El nazifascismo es el único sistema que ha planificado y
ejecutado la eliminación industrial de colectivos y pueblos enteros, comunistas -sí-, también gitanos, judíos, homosexuales, discapacitados. Tanta maldad nunca había sido conocida antes, por lo que hubo hasta que crear un nuevo delito, el delito de
genocidio. Al decir la señora Ayuso que el fascismo es el lado correcto de la historia, el Partido Popular se convierte en cómplice de todo eso y revictimiza a millones de víctimas del nazifascismo.


La irresponsable competición del Partido Popular con la ultraderecha está degradando la democracia, pero también a ustedes. Fueron franquistas reconvertidos a demócratas quienes fundaron el Partido Popular, prebostes de la Dictadura que
acordaban penas de muerte contra militantes del Partido Comunista de España por el único delito de hacer oposición política a la Dictadura. Los que habían conspirado contra el sistema constitucional y dieron un golpe de Estado y trajeron la
invasión nazi a España. Así acabaron con la libertad de España durante cuarenta años, durante los cuales la derecha franquista -de la que ustedes nacieron- fusiló, encarceló, torturó y exilió a cientos de miles de compatriotas. Mientras Fraga
aprobaba la condena a muerte de Julián Grimau en el Consejo de Ministros de Franco, los comunistas construían la reconciliación nacional. (Protestas). ¡Qué ignorantes que son! (Aplausos). Impulsamos el pacto constitucional y dimos apoyo a esta
Constitución, que a ustedes tanto les costó aceptar. ¿O no lo recuerdan? Los comunistas, los socialistas, todos los demócratas, habíamos perdonado, les habíamos perdonado, a pesar de que siempre han rechazado en el Pleno de esta Cámara condenar el
franquismo. Pero que les hayamos perdonado no les da ninguna autoridad moral para presentarse como demócratas y descalificar lo que ha representado y representa el Partido Comunista de España. (Aplausos). No vuelvan a hacer política con el odio y
el enfrentamiento entre españoles, cesen en su empeño de llevar a la ultraderecha al Gobierno.


Imagino el inmenso sufrimiento por su deriva franquista de los pocos demócratas que van quedando en sus filas. No escuchen a las voces de su partido que decían que con Franco vivíamos en paz o exaltaban la extraordinaria placidez del
franquismo. Escuchen a Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, militante de su partido, padre de la Constitución, quien dijo: Tengo una gran admiración por el Partido Comunista de España. El partido con el que yo nunca he coincidido políticamente fue
una fuerza decisiva durante toda la época autoritaria. Quien de verdad hizo oposición fue el Partido Comunista de España. Al poeta Marcos Ana su torturador le preguntó: ¿Por qué es usted comunista? Y dijo: Porque lucho por una sociedad en la
que a nadie le puedan hacer lo que usted ahora me está haciendo a mí. (Aplausos). Continuaremos luchando por la libertad... (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Contreras Peláez. (Aplausos).


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Buenas tardes.


Nosotros vamos a votar a favor de esta PNL. Nos congratula que el Grupo Popular la haya presentado. Creemos, sin embargo, que para ser totalmente consecuentes con ella deberían rescindir el acuerdo de colaboración con el Partido Comunista
Chino que firmó Dolores de Cospedal en 2013. (Aplausos).


Nos parece un deber elemental de memoria y justicia rendir homenaje a las decenas de millones de víctimas del comunismo a lo largo de los siglos XX y XXI, y parece que es la primera vez que se hace en esta Cámara. (Aplausos). Si existiesen
diputados que elogiasen a Hitler, que llevasen esvásticas, nos alarmaríamos con razón y, sin embargo, en esta Cámara -y lo acabamos de ver una vez más esta tarde- se sientan muchos diputados que exhiben la hoz y el martillo, reivindican sin ambages
los crímenes del comunismo a lo largo del siglo XX, como acaba de hacer el señor Santiago, y alaban la revolución soviética; celebran en sus redes la revolución soviética, que en realidad fue un punch bolchevique; se sienta entre nosotros el
secretario general del Partido Comunista, y se sienta entre nosotros el vicepresidente Iglesias, que es público admirador de Lenin.


La impunidad del comunismo procede de un equívoco histórico que es la presencia de la Unión Soviética entre las potencias victoriosas en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, desde 1945, los comunistas han tenido la habilidad de
hacerse pasar por la antítesis del fascismo. Y como en nuestro imaginario el fascismo ha quedado como el mal absoluto, eso implicaría que el comunismo sería el bien



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absoluto. Ahora bien, en realidad fascismo y comunismo son primos hermanos, lo demuestra el hecho de que después del Pacto Ribbentrop-Mólotov, entre 1939 y 1941, los dos sistemas colaboraron amigablemente, invadieron Polonia al alimón y se
repartieron Europa Oriental. Esa amistad solo quedó truncada por la traición de Hitler. Las afinidades entre fascismo y comunismo son evidentes. Nationalsozialismus debería traducirse como socialismo nacional. Ambas ideologías proceden de una
misma catástrofe histórica: la Primera Guerra Mundial, con su devaluación de la vida humana, con la impresión general de que el liberalismo había fracasado. Ambas subordinan incondicionalmente al individuo a un Estado total supuestamente portador
de un grandioso proyecto histórico, que es la construcción de la sociedad sin clases en el caso del comunismo o la supremacía aria en el caso del nazismo; un Estado total que extiende sus tentáculos a toda la sociedad, infiltra o destruye los
cuerpos intermedios tales como la familia o la Iglesia, adoctrina constantemente a la población a través de la educación y los medios de comunicación y encierra en campos de concentración a sus enemigos reales o imaginarios.


Por cierto, la faceta criminal del comunismo no fue una desviación, no fue un accidente, sino que estaba ya implícita en sus mismas bases teóricas, en la obra de Marx. Quien haya leído la obra de Marx sabe que él se burlaba de los
Parlamentos, de los derechos, los consideraba engaños con los cuales la burguesía encubría su dominación de clase. Lo más importante que comparten fascismo y comunismo es su interpretación bélica de la historia, la historia interpretada como lucha
de clases en el caso del comunismo o como lucha de razas en el caso del nazismo. Y esto conduce a la criminalización de categorías humanas completas; categorías étnicas en el caso del nazismo, por ejemplo, los judíos; clases sociales en el caso
del comunismo: aristócratas, burgueses, kulaks, etcétera. En un sistema totalitario como el fascista o el comunista el delito consiste no en haber hecho esto o lo otro, sino en ser esto o lo otro. Lo dijo literalmente Martin Latsis, uno de los
primeros jefes de la Checa, la policía política soviética. Los prisioneros de la Checa deben ser juzgados no con arreglo a sus acciones, sino con arreglo a sus orígenes sociales.


El nazismo fue, afortunadamente, destruido en 1945, pero el comunismo nunca ha tenido su juicio de Núremberg. Se da una asimetría muy clara entre los dos. Todo el mundo sabe lo que fue Auschwitz, nadie sabe lo que fue Kolimá. Todo el
mundo sabe quién fue Goebbels, nadie sabe quién fue Beria. Pues bien, recordemos desde aquí emocionadamente a los 400 000 cosacos exterminados por Lenin en 1919, los 5 millones de muertos en el Holodomor ucraniano en 1933, los 30 millones de chinos
muertos en el Gran Salto Adelante de 1959, los 2 millones de camboyanos exterminados por los comunistas, los Jemeres rojos, a partir de 1975, y los... (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos
en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas Simancas.


Señorías, está ya el orador en el estrado. Por favor.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Partido Popular nos propone ratificar aquí una resolución del Parlamento Europeo del año 2019 y, como aquí nos fiamos lo justito de la derecha patria, vamos a la fuente. ¿Qué dice la resolución del Parlamento Europeo? Condenar
en los términos más enérgicos los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios. Otros regímenes totalitarios, podríamos pensar, por ejemplo, en la dictadura totalitaria franquista.


¿Qué nos somete a votación hoy aquí el Partido Popular? Condenar los totalitarismos nazi y comunista. Punto. ¡Oiga, que se les ha caído la última parte de la frase, señora Gamarra! (Aplausos). ¡Se les ha caído la última parte de la
frase! ¿Un error tipográfico? ¿Con las prisas se les ha olvidado condenar a ustedes la dictadura franquista? ¿Se suben aquí a hablar de dignidad democrática, condenan la dictadura rusa, la dictadura alemana, pero se olvidan de condenar la
dictadura que asesinó a miles de españoles y que nos condenó a cuarenta años sin libertad? ¡Venga ya, señora Gamarra! ¡Venga ya!


Hay más resoluciones en esta que nos traen del Parlamento Europeo. Se dice: El Parlamento Europeo expresa su profundo respeto por cada una de las víctimas de los regímenes totalitarios. ¿Saben ustedes que había españoles entre las
víctimas de los campos de exterminio nazi? Había españoles, uno de ellos fue secuestrado y torturado por la Gestapo en la Francia ocupada y fue encerrado en el campo de exterminio de Sachsenhausen, al norte de Berlín. Había sido presidente del
Gobierno español, socialista,



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se llamaba Francisco Largo Caballero y ustedes tuvieron la desvergüenza de romper a martillazos la placa en la que le homenajeaba el pueblo madrileño. (Aplausos). Dignidad democrática.


Más cosas que se les ha olvidado en esta resolución. Dice la resolución del Parlamento Europeo: Condenar el revisionismo histórico y expresar preocupación ante la creciente aceptación de ideologías radicales y la regresión al fascismo, el
racismo y la xenofobia. El Parlamento Europeo llama a condenar y aislar a la ultraderecha y ustedes les ofrecen consejerías de Educación en Murcia y pactos en Madrid y en Andalucía. (Aplausos).


Y si no es el europeísmo y si no es la condena del totalitarismo, ¿por qué han traído ustedes esta iniciativa al Parlamento español? La clave está en el día en que decidieron incluirlo en el orden del día, el miércoles pasado, justo cuando
los periódicos advertían de la posibilidad de que llegara a la vicepresidencia del Gobierno de España una mujer comunista y de Comisiones Obreras. ¿De verdad quieren ustedes asimilar, equiparar a la ministra de Trabajo con Adolfo Hitler, al
Gobierno de España con el régimen nazi, que asesinó a millones de personas? ¿De verdad? ¿De verdad quieren ustedes quitar al Gobierno de España no ya la razón, sino el fundamento moral más básico? ¿Eso es dignidad democrática? ¿Y qué será lo
siguiente, la ilegalización? ¿Primero los 'indepes', después los comunistas y luego los socialistas, para quedarse solos en el Parlamento, como esos parlamentos de hace ochenta años que añora el señor Abascal, para no tener que molestarse en
comprar tránsfugas? ¿Ustedes solos en el Parlamento? (Aplausos). Si ganan las elecciones, bien; si no, me compro un par de diputados y, si no, acabo con el adversario tachándole de comunista, de nazi o de filoterrorista.


Hablan de libertad, la libertad que ustedes defienden en Madrid, la libertad de contagiar, de reventar consensos, de recortar, de privatizar, de saquear los recursos de todos. Esto no es libertad, es injusticia. La libertad es un concepto
vacío si no va acompañado de derechos, si no va acompañado de dignidad, señorías del Partido Popular, y esta es la libertad que defendieron Largo Caballero, Indalecio Prieto y comunistas también, como Santiago Carrillo o como los abogados de Atocha,
por ejemplo (aplausos), como Marcelino Camacho, señorías del Partido Popular, gente que merece memoria, reconocimiento y homenaje, sí, en la ley de memoria democrática que traerá este Gobierno, que tiene en su seno socialistas y comunistas, un
Gobierno legítimo, democrático y orgulloso de defender el interés general y la necesidad de plantarles cara a ustedes, antes, ahora y siempre, porque socialismo es libertad. Ténganlo en cuenta.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.-Aplausos del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la palabra).


Señor Espinosa de los Monteros, ¿a qué artículo apela?


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Artículo 72 en relación con el 71.3 por alusiones, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Dígame exactamente la alusión a la que se refiere antes de darle la palabra.


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: He escuchado alusiones a nuestro partido, llamándonos fascistas, que me gustaría rebatir y además ha habido alusiones personales que también me gustaría rebatir. Como usted me ha dejado al final,
supongo que podremos sumar cuestiones.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): No.


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: ¿No?


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): No. Le doy solo un minuto de tiempo en relación con la que se refiere a la mención concreta de los apellidos a los que usted hace referencia.


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Arranco con los familiares, pero insisto en pedir por alusiones que se han hecho a este partido.



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un minuto tiene.


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Con respecto al homenaje que el señor Matute García Jalón ha hecho a Eugenio Espinosa de los Monteros, quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias porque es verdad que ese abuelo de unos
primos segundos de mi padre fue embajador en Alemania. Hablaba alemán y tenía un gran prestigio como militar. Llegó a ser general. Inició su ascenso por méritos en la guerra de Cuba con diecisiete años y -fíjese qué curioso- llegó a general
gracias a la II República, que fue quien le nombró. Fue clave como embajador en Alemania para evitar la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, por lo que me uno a su homenaje al abuelo de unos primos segundos de mi padre, Eugenio Espinosa
los Monteros, que evitó la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Espinosa de los Monteros. Creo que ha quedado clara la cuestión. Muchísimas gracias. (Protestas del señor Espinosa de los Monteros de Simón). No tiene más la
palabra. Gracias.


Continuamos con el debate. (Aplausos).


Continuamos con la proposición... (El señor Espinosa de los Monteros continúa hablando desde su escaño). No tiene la palabra. Señor Espinosa de los Monteros, siéntese, por favor. (El señor Espinosa de los Monteros: No me siento, exijo
contestar a las alusiones). Señor Espinosa de los Monteros, le llamo al orden por primera vez. Siéntese, por favor. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón continúa hablando desde su escaño).


Señor Espinosa de los Monteros, siéntese y vamos a continuar con el debate. (Rumores y protestas).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ERRADICACIÓN DEL SINHOGARISMO. (Número de expediente 162/000510).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la erradicación del sinhogarismo. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora
Guerra López.


La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Por favor, les pido que me presten siete minutos de atención. Lo que hoy quiero explicarles nos interpela a todos y a todas. Nadie elige ser pobre. La proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario
Socialista quiere poner en el centro de la agenda parlamentaria y, por lo tanto, en el centro de la agenda política y social la situación de sinhogarismo que viven más de 33 000 personas en España; 33 000 personas demasiado tiempo invisibilizadas,
33 000 personas demasiado tiempo ignoradas, 33 000 personas a las que no nos atrevemos a sostener la mirada. (Rumores). Debemos reconocer, señorías, que nos cuesta sostener la mirada a la pobreza. Quizá porque mirarla a los ojos es mirarnos a
nosotros mismos a través del espejo. Vemos la sociedad que somos y no nos gusta. Quizá porque tenemos miedo de que al mirarla de frente no sea la mirada lo único que no podemos sostener, sino que lo que no podamos sostener sea el dolor de esa
mirada. (Continúan los rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría. Ruego silencio, por favor.


Continúe.


La señora GUERRA LÓPEZ: Y con ese no sostener la mirada les desnudamos de sus derechos, les despojamos de su condición de ciudadanía.


Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista hoy trae aquí esta proposición no de ley para decir alto y claro que no podemos seguir mirando hacia otro lado. No debemos seguir mirando hacia otro lado por ellos y por ellas, porque nuestra
obligación como servidoras y servidores públicos es garantizar el derecho a tener derechos de todas y de todos. Pero tampoco debemos seguir mirando para otro lado por el bien común. Mirar para otro lado nos deshumaniza individual y colectivamente,
señorías. No, no hay voluntariedad en la pobreza, no la hay. Lo que hay en la pobreza es injusticia, es interpelación a todos y cada una de nosotras. El sinhogarismo es vulneración de derechos humanos. El sinhogarismo es desprotección. El
sinhogarismo es la exclusión social en sí misma. No, esa privación de derechos no es voluntaria, señorías. Nadie escoge libremente ser pobre. Nadie escoge libremente no tener un hogar.



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El sinhogarismo no es una opción elegida en igualdad de oportunidades. Por eso, señorías, el sinhogarismo nos interpela, porque es un fracaso colectivo. Hablamos de sinhogarismo, no de indigentes ni de mendigos ni de homeless ni de colas
del hambre ni de limosnas ni de caridad. Lo que defiende esta proposición no de ley es la justicia social.


Señorías, existe una enorme diferencia entre caridad y derechos. Existe una enorme diferencia entre caridad y el derecho a tener derechos. Se equivocan quienes estigmatizan la pobreza. Se equivocan quienes siembran odio. Se equivocan
quienes diferencian entre ciudadanos por su lugar de origen, como desgraciadamente hemos podido comprobar una vez más hoy con las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX. Se equivocan quienes alientan la idea de que el pobre es pobre porque quiere,
porque se lo ha buscado, porque no se ha esforzado lo suficiente. En realidad, detrás de cada persona sin hogar hay un sistema de protección que ha fallado, hay políticas públicas que no han sido efectivas. Desde la humildad, señorías, quizá
podamos decir que quienes no se han esforzado lo suficiente no han sido las personas sin hogar. Quizás seamos las instituciones las que no hayamos trabajado lo suficiente para garantizar los derechos de esas personas.


Ser pobre no es una elección. Ser pobre no es un delito, lo que es un delito es la aporofobia. Por cierto, ya la hemos introducido como delito en la Ley de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia con una
modificación del Código Penal. (Aplausos). Y es que los demócratas siempre nos encontrarán unidos y unidas frente a los discursos del odio. Erradicar el sinhogarismo es una prioridad para los que creemos en la justicia social y en la igualdad de
oportunidades, lo es para quienes creemos que ninguna sociedad es digna si tiene a personas viviendo en la calle. Por eso, este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista nunca jamás normalizará la violencia que supone la exclusión
social.


Este último año hemos vivido una situación excepcional. Nos hemos visto obligados a encerrarnos en nuestras casas, más pequeñas o más grandes, en nuestros hogares, pero, desgraciadamente, 33 000 personas en nuestro país no tenían ese lugar
en el mundo en el que refugiarse. El Gobierno de España podría haber mirado para otro lado, pero se coordinó con las comunidades autónomas, con las administraciones locales, con las entidades del tercer sector para trabajar desde los servicios
sociales y que nadie se quedase atrás. Pero hay sinhogarismo después del COVID y las personas sin hogar son vulnerables los 365 días del año. Lo hemos podido comprobar no hace mucho con la borrasca Filomena, a las que muchas personas se
enfrentaron a ella a la intemperie y muchas fallecieron. Y es que la calle, señorías, mata. La esperanza de vida de las personas sin hogar es de treinta años menos que la nuestra y la de las mujeres sin hogar -sé que a las señorías de VOX no les
gusta el impacto de género en la política pública- es todavía menor que la de los hombres sin hogar. Estas mujeres muchas veces llegan a la calle huyendo de una situación de violencia machista, pero en la calle se encuentran más violencia física,
psicológica y sexual; el 60 % de esas mujeres han sufrido violencia sexual. Señorías, ese sufrimiento, ese dolor y esas muertes nos interpelan. No quiero finalizar sin antes agradecer y reconocer el trabajo que realizan las entidades del tercer
sector, y hoy muy especialmente a Hogar sí y a Provivienda, por su lucha y por visibilizar y nombrar a todas y cada una de las 33 000 personas sin hogar en España. A todas ellas, muchas gracias.


Acabo, presidente. Señorías, les pido que sostengan la mirada a la pobreza y apoyen esta proposición no de ley. Recuerden, nadie elige renunciar a sus derechos. Nadie elige ser pobre.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, y en este turno también fijará posición, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, era yo un chaval cuando Benigno Piélagos se instaló en una de las pérgolas del Paseo del Muro de San Lorenzo, frente al mar Cantábrico. Allí se resguardó durante años y su estampa, aunque no era el mejor reclamo turístico, se hizo
habitual para los gijoneses. Nuestro clochard falleció pocas semanas después de ser derribada la pérgola que le servía de refugio.


Pasan los años y prolifera en las calles de las ciudades el sinhogarismo, de ahí que me parezcan adecuadas las medidas propuestas, a las que cabría añadir el factor sanitario, porque no en pocos casos es una cuestión de pérdida de autoestima
y de salud mental, lo que agrava la situación de exclusión social.



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Finalmente, he propuesto afrontar el desafío democrático contra lo que la gran filósofa Adela Cortina definió como aporofobia, es decir, fobia a las personas pobres o desfavorecidas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor García Adanero.


El señor GARCÍA ADANERO: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.


Cuando he visto esta iniciativa, la duda que me ha surgido es a quién corresponde arreglar esto, es decir, si depende del vicepresidente Iglesias o de otros porque, si depende del vicepresidente Iglesias, lo entiendo, es decir, entiendo que
le quieran dejar en mal lugar porque no ha hecho nada y más ahora, que están en plena campaña en Madrid, porque, si no, es incomprensible.


Ustedes llevan tres años gobernando, ustedes han aprobado el presupuesto, ustedes tienen el Consejo de Ministros, ustedes tienen el Boletín Oficial del Estado, por tanto, traer aquí una PNL con esta cuestión es tomarnos el pelo a todos los
demás. Resuélvanlo o tráigannos la ley, pero no una PNL de buena voluntad. ¿Buena voluntad? Ningún problema, pero, oiga, ¿qué han hecho para resolver el problema de todas estas personas? Nada, no han hecho nada en tres años de Gobierno y con el
presupuesto aprobado. Yo les doy una idea: esos 53 millones que van a dar ahora a esa línea que parece que tiene solo un avión, dedíquenlos a esto, y yo, de verdad, voto a favor. Traigan mañana, la próxima semana, al próximo Pleno una propuesta
por la que se establece que esos 53 millones los van a dedicar a todas las personas que están sin hogar en España y, desde luego, les voto, pero sin ningún problema, les voto encantado de la vida. Lo que no se puede hacer es demagogia aquí para,
supongo, dejar en mal lugar al vicepresidente Iglesias, que allá él, y traer esta iniciativa en nombre de las personas que no tienen hogar porque es un despropósito y es un insulto a esas personas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.


El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes a todas y a todos.


Subo a la tribuna para manifestar el apoyo de Nueva Canarias a esta iniciativa porque nunca está de más que se denuncie esta situación. No se está denunciando el sinhogarismo, no es sinónimo de pobreza, es una condición sin duda necesaria
para que alguien sea definido como una persona pobre, extremadamente pobre, en exclusión social en realidad, pero tengo que decir que la pobreza comprende a todas esas personas que tienen que vivir con unas restricciones tremendas para poder
mantener una mínima dignidad vital y que también están sometidas a la condición de la pobreza, y esa cifra no es precisamente pequeña en España y es especialmente elevada en Canarias. Por tanto, en el bien entendido de que esto es así, nosotros
tenemos claro que si existen personas sin hogar, personas en la calle, es producto de un fracaso colectivo o producto de un fracaso personal probablemente, pero, claro, las personas tenemos derecho a fracasar y la sociedad la obligación de tratar de
ayudarnos a superar esas circunstancias. Por ese motivo vamos a apoyar esta iniciativa sabiendo que es necesario tomar medidas proactivas contundentes con carácter ejecutivo para que en efecto esto no dependa de la beneficencia sino de los
derechos.


Hay una cuestión, que es la que probablemente me ha hecho subir a la tribuna. Les voy a hablar de una nueva forma de sinhogarismo que hay en Canarias: la de las personas migrantes que después de haberse jugado la vida en el mar, están a
las setenta y dos horas en la calle, con el cielo arriba, la tierra abajo, una mano delante y otra detrás y ni una sola expectativa de futuro porque se les ha condenado a vagar por la calle. Hemos tenido el caso lamentable de una persona migrante
de 19 años muerta en un banco de la calle. Esta es una nueva forma de sinhogarismo, y esta sí que tiene una solución clara y contundente, como hemos denunciado hasta la saciedad. Confío...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Quevedo Iturbe, pero ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Romero Vilches. (Aplausos).



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La señora ROMERO VILCHES: Señorías, en VOX estamos muy preocupados por los 33 000 españoles que viven en la calle, pero también estamos muy preocupados porque ese número no para de aumentar gracias a sus políticas nefastas. La crisis
económica que se nos viene encima va a ser gravísima, según todos los analistas. Como les digo, en VOX estamos muy preocupados. Lo que ocurre es que nosotros enfocamos el problema desde una perspectiva totalmente diferente a la suya. Ustedes
proponen quitar unas viviendas a unos españoles para dárselas a otros y nosotros lo que proponemos es construir más viviendas sociales para ponerlas al servicio de los que más lo necesitan. (Aplausos).


Tenemos que señalar que todos los constitucionalistas y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han declarado por activa y por pasiva que el derecho a la vivienda debe ser interpretado como un principio rector de la política económica, como
el derecho al trabajo, derecho que ustedes también conculcan cada vez que gobiernan. Nuestras autoridades, como es de sentido común, tienen un deber básico de orientar su política a que en España se construyan las suficientes viviendas dignas y
asequibles para todos, así como deben hacer todo lo posible para abaratar y facilitar el alquiler en un clima de seguridad jurídica. La Constitución no dice cómo conseguir esos objetivos, pero desde luego no será llamando a la ocupación de las
viviendas vacías, como pretenden ustedes, porque sin propiedad privada no hay democracia. (Aplausos). A nuestro juicio, el Gobierno está haciendo justo lo contrario de lo que debería hacer para facilitar que haya viviendas suficientes para cubrir
las necesidades. Ustedes, señores del Gobierno, dificultan la actividad económica e intervienen el mercado en un sentido socialcomunista, que es la más eficiente máquina de crear pobreza. Que se lo digan a nuestros hermanos venezolanos, que saben
bien de las políticas nefastas que ustedes ahora quieren implantar en España.


Señorías, cuando la sociedad está en crisis es evidente que se multiplican las situaciones de vulnerabilidad y la Administración tiene que hacer un esfuerzo adicional por ser justa. Muchos españoles que se ganan honradamente la vida, o se
la ganaban, han suscrito hipotecas y pagan con mucho esfuerzo, muchos de ellos teniendo que recurrir a los abuelos para poder pagarlas, y esos españoles también merecen una protección especial.


El socialismo una vez más se ha demostrado incapaz de dar respuesta a los que más lo necesitan. En nuestros barrios hemos visto las colas del hambre, porque las ayudas prometidas por su Gobierno solo están pensadas para hacer propaganda y
no para resolver la situación perentoria de muchos españoles a quienes se les ha prohibido trabajar. Esta semana se ha publicado un artículo en el que se definía la situación como decepcionante, porque, según Cáritas, el 96 % de las personas en
situación de necesidad a las que han acompañado para solicitar estas ayudas siguen sin poder recibirlas. Eran urgentes estas ayudas, señores del Gobierno, pero ustedes viven en una realidad paralela.


Y hablando de realidad paralela, alguna vez podrían reconocer que la mayoría de las personas sin hogar son varones, el 80 % ni más ni menos, con lo que deberían abandonar por una vez sus prejuicios de género, según los cuales las mujeres son
siempre y sin excepción las víctimas del sistema. A ver si nos pueden explicar sus señorías del PSOE qué significa eso que nos presentan en el punto 4 de su petitum, que dice así -lo leo textualmente-: definir la futura estrategia nacional con el
objetivo de erradicar el sinhogarismo con un enfoque basado en el acceso a la vivienda y desde la perspectiva de género. Permítanme que les diga que me resulta tan ridículo como paralizar las obras de una pasarela en las playas de Cádiz por no
contar con el informe de perspectiva de género. Tampoco podemos olvidar que su irresponsable política de inmigración está provocando que en provincias como Huelva y Almería y en muchas otras se estén levantando múltiples asentamientos chabolistas
sin servicios de ningún tipo, porque, como les hemos dicho muchas veces desde VOX, la ilegalidad llama a la ilegalidad. Si uno permite la entrada en España a personas víctimas del tráfico de seres humanos que vienen engañadas y sin papeles, serán
condenadas a la precariedad y a la infravivienda.


Nuestras recetas para solucionarlo son totalmente distintas a las suyas, porque nosotros apostamos por unas políticas de pleno empleo, y las recetas que ustedes aplican no son las más adecuadas para crear empleo, porque, señor Simancas, el
socialismo solo sabe crear miseria y ruina.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.



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El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Buenas tardes. Arratsalde on.


El objeto de esta PNL es de extremada urgencia e importantísimo. De hecho, casi todas las semanas tenemos noticias de la muerte de alguna persona que vive sin hogar y sin un techo adecuado. Ayer mismo nos enteramos por la prensa de cómo
había muerto un hombre de origen polaco de veintitrés años en Bilbao, Piotr. Era una persona muy conocida en el barrio de Uribarri, en Bilbao, porque solía estar tocando la guitarra en la calle, una persona muy querida. Vivía en un albergue y
pasaba casi todo el día en la calle. De hecho, Beste Bi, una plataforma que agrupa a veinte asociaciones de Bilbao para ayudar a las personas sin hogar, ha convocado el jueves una concentración para denunciar que no tener casa quita la vida.


Piotr ha sido una víctima más; una víctima más de todos los cientos de personas que están muriendo en la calle de mala manera. Dar respuesta a esta situación demanda nuevos tipos de actuación, porque es una situación que se va ampliando,
va afectando a más personas, y no solamente en nuestro país, sino que es un fenómeno que afecta a toda Europa. La respuesta al sinhogarismo necesita una nueva política que responda a esta situación que se está agravando. La pregunta que podemos
hacernos es si es posible crear un marco de actuación más eficaz del que tenemos en estos momentos. La mayor parte de los especialistas y expertos nos están diciendo que sí, pero que hay que crear nuevas estrategias, y lo fundamental de una nueva
estrategia, la principal característica que tiene que tener es precisamente que sirva para lograr hogar, para conseguir que todas estas personas puedan construirse un hogar.


Aunque hablemos de un agregado de personas que son muy heterogéneas, muy diferentes, todas estas personas tienen una misma característica, una misma situación común: la exclusión residencial. Son personas sin hogar, sin techo; son
personas que viven en la calle, en albergues, en infraviviendas. Las razones que llevan a esta situación son múltiples, son muy diferentes, pero todas ellas han vivido un proceso, han perdido una vivienda, han tenido un proceso vital de pérdida de
una vivienda adecuada. La situación extrema a la que se puede llegar en estos procesos es precisamente la situación de los sintecho. Los sintecho y las sintecho son la punta de iceberg de ese proceso de exclusión y, una vez que se vive en la
marginación, la salida no es fácil, es muy difícil, y es todavía más difícil cuando faltan recursos. Entre otras razones, cuesta en estos momentos salir de la marginación, porque los recursos son escasos y los que existen siempre están bajo el
paraguas de los servicios sociales. Son servicios que solo pueden cubrir en el mejor de los casos las necesidades primarias y no existen prácticamente recursos específicos que les ayuden a responder a la carencia de una vivienda.


Vamos a apoyar esta proposición no de ley porque estamos de acuerdo en que todas las instituciones y Gobiernos deben tener respuesta a estas situaciones sociales, y además con la consideración de urgencia, para en el corto plazo garantizar
el alojamiento a las personas sin hogar, pero también, en el medio y largo plazo, para ofrecer atenciones específicas que consigan dar hogar y que permitan a estas personas construir un proyecto de vida con hogar.


No voy a repetir aquí sus propuestas, porque en lo genérico estoy de acuerdo, pero, a nuestro entender, para crear un nuevo marco de actuación eficaz habría que preguntarse por qué no ha funcionado la Estrategia 2015/2020 para las personas
sin hogar. Cuenten con nuestro apoyo si en esta nueva estrategia se pone a la vivienda en el centro de los planes, si se impulsan de verdad medidas preventivas, si se crean medios y viviendas sociales suficientes, si el ingreso mínimo vital o las
rentas mínimas garantizan el derecho a la vivienda adecuada y, sobre todo, si hacemos entre todas y todos un esfuerzo común para que logremos superar la indiferencia, los prejuicios negativos o el rechazo social que sufren las personas sin hogar.
Espero que esto sea así.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.


El señor BARIANDARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señorías.


Entendemos por sinhogarismo un proceso que lleva a las personas a no tener ningún tipo de cobijo, de techo, de hogar. Es una realidad dinámica, cambiante y compleja que es producto diferentes factores de riesgo, que son de carácter
estructural, institucional, relacional y personal. Y aunque no existe una definición oficial en el ámbito de la Unión Europea, esta ha adoptado una definición propuesta por el Observatorio Europeo sobre las Personas sin Hogar, en concreto, por una
socióloga Dragana Avramov, conforme a la que sinhogarismo sería la ausencia de un lugar adecuado para vivir de forma permanente, y personas sin hogar, todas aquellas que no pueden acceder de forma permanente a un lugar adecuado



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para vivir, bien porque no pueden mantener ese alojamiento debido a dificultades económicas y otras barreras sociales, bien porque presentan dificultades para vivir de forma autónoma y necesitan ser atendidas y apoyadas, pero no
institucionalizadas.


Señorías, son muchas las causas que llevan al sinhogarismo. Algunas son de carácter estructural: mercado de trabajo, mercado inmobiliario, procesos migratorios, ténganlo en cuenta; otras son institucionales: servicios inadecuados o estar
internados en diferentes instituciones de menores, prisiones u hospitales; otras son relacionales: una situación familiar inadecuada, violencia de género o ruptura de pareja, y otras son personales: enfermedades mentales, nivel educativo y otras.
Pues bien, el 16 de enero de 2014, el Parlamento Europeo aprobó una declaración por la que instaba a la Comisión Europea a elaborar una estrategia común para las personas sin hogar, y se basaba en los siguientes parámetros: uno, la falta de hogar
es una violación de la dignidad humana y constituye la forma más extrema de pobreza y privación; dos, la vivienda es una necesidad humana y básica y una premisa para una vida digna y para la inclusión social, y tres, se ha agravado en los últimos
años este fenómeno en todos los Estados, pero más aun en los Estados más golpeados por la crisis económica, donde ha habido un aumento significativo. Proponía para eso enfocar las políticas hacia cuestiones orientadas a la vivienda, a tener muy en
cuenta las cuestiones transfronterizas y de migración, la calidad de los servicios, la prevención del problema y, sobre todo, a los jóvenes.


Por su parte, sucede que abordar las causas y factores que inciden en el sinhogarismo en el sentido recomendado por las instituciones europeas e imprimirles un factor tan importante como el de vivienda supone reconocer que afecta tanto a
locales como a inmigrantes, a nacionales o transfronterizos, a personas con problemas personales de salud o a los que tienen problemas educativos, económicos y también a los jóvenes. Pero en todos los casos la solución a todos esos problemas viene
de la mano de diputaciones, comunidades autónomas y ayuntamientos. En Euskadi tuvimos una reacción concreta, que fue el Decreto de la cartera de servicios de 2015, tras lo que se realizó un informe sobre exclusión residencial. Pues bien, ese
informe sobre exclusión dio lugar a un acuerdo entre el Gobierno vasco, las tres diputaciones, las tres capitales y los mayores ayuntamientos y supuso una clara implicación en la solución de este problema, a partir del cual se hizo una aportación de
fondos de modo importante.


Entendemos que esas son las políticas acertadas en este sentido y la PNL parece que camina de otra forma que creemos que no es coincidente. Hubiéramos preferido que propusiera empoderar a los ayuntamientos, dotándolos de recursos legales y
fondos; que hubiera propuesto modificaciones a la Ley de extranjería, que sitúa en la indigencia a quienes considera ilegales siendo solo irregulares; que hiciera esfuerzos en el ámbito procesal para facilitar ingresos voluntarios en los casos
extremos necesitados de alternativas de inclusión social; que recordara que en muchos casos las situaciones de precariedad lo son también de desempleo, lo que explicaría en parte que se haya agudizado en el Estado español.


Votaremos a favor porque no discrepamos de nada de lo que propone, si bien entendemos que amaga donde no debe, pero no se compromete donde puede. Deben entender que el camino correcto no es este, es el de los mayores compromisos en el
ámbito social, el de los compromisos el ámbito interinstitucional y con las entidades gestoras o afectadas por esta cuestión.


Nada más, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Señorías, el acceso a la vivienda es un problema estructural en España. De hecho, la ineficiente política de vivienda que hemos tenido en nuestro país hace que hoy en día uno de los principales problemas sea la infravivienda, el chabolismo
y que la gente tenga que vivir en la calle. El sinhogarismo es una manifestación tremenda, escalofriante de este problema que debería hacernos reaccionar de una manera contundente a todos los poderes públicos.


Fíjense, según los últimos datos que manejamos, entre 30 000 y 40 000 personas sin hogar se encuentran en esta lamentable situación. De hecho, Cáritas dice que estamos más cerca de los 40 000 que de los 30 000, unos datos que tienen que
impulsarnos a la acción, señorías; unos datos que demuestran que las políticas que como país estamos desarrollando para abordar la pobreza no están siendo efectivas, al menos no todo lo efectivas que deberían ser, y tenemos la obligación
constitucional de mejorarlo.



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El acceso a la vivienda digna es uno de los principios rectores de la política social y económica recogidos en la Constitución. Es nuestra obligación, señorías, dar una respuesta, así que permítanme decirles, señorías del Partido
Socialista, que para nosotros, en Ciudadanos, es una decepción que hoy nos presenten una proposición no de ley; es una decepción que ustedes, que están en el Gobierno, nos presenten una proposición no de ley. Den respuesta al sinhogarismo, porque
tienen el poder de dar respuesta al sinhogarismo. Creemos que es una posición ineficiente lo que hoy nos están trayendo. Desde el Gobierno disponen de herramientas muchísimo más eficaces para abordar este problema y aportar soluciones a uno de los
grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Así que, señorías del PSOE, desde Ciudadanos les instamos a que centren sus esfuerzos en conseguir un amplio consenso para abordar la lacra del sinhogarismo. Pero abórdenla de una forma efectiva,
utilizando todas las herramientas de las que disponen estando en el Gobierno, no con una PNL. Nosotros compartimos claramente el fondo de la proposición de ley y la vamos a apoyar, pero también les instamos a que realmente resuelvan este problema.


Nuestra propuesta, señorías, pasa por abordar el sinhogarismo desde una perspectiva amplia; no se puede contemplar solo desde un punto de vista de acceso a la vivienda. Normalmente cuando hablamos de ello nos centramos en los altos
precios, en lo complicado que es para la gente joven encontrar una vivienda, pero muy pocas veces se aborda en esta Cámara la realidad del sinhogarismo, la realidad del chabolismo, la realidad de la infravivienda. Yo les pediría a todos ustedes
que, por favor, se dieran un paseo por los 15 kilómetros de la Cañada Real en Madrid y verán qué cuerpo se les pone. Verán exactamente qué cuerpo se les pone al ver a esas familias, al ver a los niños, al ver a las niñas, al ver a las madres, sin
servicios y al palpar realmente palpen la realidad de la infravivienda.


Pero, además, las causas del sinhogarismo tenemos que abordarlas. Tenemos que ver la raíz del sinhogarismo, que está en la exclusión social, está en la pobreza crónica, en una pobreza crónica que no hemos sabido combatir con las medidas que
nos da el Estado del bienestar. La inestabilidad, la precariedad de los outsiders del mercado laboral español junto con los efectos de la anterior crisis económica crearon la tormenta perfecta para que el número de personas sin hogar aumentara. Y
ahora mismo también se encuentran dentro de este grupo de población personas que no hace mucho se encontraban participando de una manera activa en el empleo, personas que la crisis abre a una nueva pobreza, personas que se han quedado sin empleo,
personas que se han quedado sin hogar. Por eso tenemos que tener una mirada amplia y dar una respuesta efectiva, porque la crisis del COVID va a ahondar de una manera mucho más amplia la pobreza estructural, la pobreza severa y nos va a llevar a
aumentar el sinhogarismo.


A la hora de analizar las políticas que se han desarrollado contra esta lacra tenemos que tener en cuenta la evaluación intermedia de la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar. A este respecto hay que tener en cuenta lo que se
nos ha dicho. Esta evaluación nos dice que hay que tener en cuenta a las mujeres víctimas de violencia de género, de trata; a los menores extutelados, sin recursos; enfermos sin hogar, dados de alta en el hospital. En definitiva, apliquemos lo
que se establece en la evaluación intermedia de la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar.


Desde Ciudadanos vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero volvemos a instar al Gobierno a que realmente ofrezca una solución muchísimo más ambiciosa, porque es lo que realmente requiere el problema de las personas sin hogar.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Hay una canción preciosa de Silvia Pérez Cruz que dice: Es indecente, gente sin casa y casa sin gente. A veces se nos olvida que el destino más digno de una casa es justamente que la habiten personas, que sea un
hogar, no la especulación.


Esta mañana me preguntaban sobre constituciones. Las constituciones están llenas de artículos bienintencionados que pasan de largo por muchas personas, y lo peor es que nos hemos acostumbrado. Esta es una iniciativa llena de buenas
intenciones, llena de verbos amables -impulsar, estudiar, potenciar, mejorar-, pero, sinceramente, ¿quieren hacer algo verdaderamente útil? Utilicen el BOE; utilicen el BOE, no una PNL.


Y a mí me gusta hablar de pobreza, no de sinhogarismo.


Gracias.



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural también, la señora Sabanés Nadal.


La señora SABANÉS NADAL: Presidente, señorías, sufrir un tropiezo, perder el empleo, agotar todas las ayudas, acabar con los ahorros familiares, sufrir un desahucio y, por último, acabar en la calle. Esta es una de las rutas más frecuentes
que conducen al sinhogarismo y es un camino que, como se decía, con la pandemia se ha acelerado claramente.


Para ponerle solución, el Partido Socialista nos trae hoy una proposición no de ley, que nosotros vamos a apoyar, que define la necesidad de poner en el centro de la futura estrategia nacional para erradicar el sinhogarismo la vivienda como
un elemento central, y no podemos estar más de acuerdo. Lo compartimos. Para eso hay que considerar la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado para especular. Para erradicar el sinhogarismo se requiere una reestructuración radical,
profunda y contundente del Estado del bienestar y de más derechos, porque es verdad que hay mejores modelos para gestionar el sinhogarismo, pero hay pocos modelos para erradicarlo. Erradicar significa apostar por la prevención, por el acceso a la
vivienda, por el ingreso mínimo vital o por nuevos derechos, como la renta básica universal. Es posible, pero hay que atajar las causas estructurales que lo sustentan para realmente acabar con el...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señora Sabanés. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Nos plantean esta proposición no de ley en relación con la erradicación del sinhogarismo y, sin duda alguna, podemos compartir el impulso de políticas públicas en este sentido, la estrategia compartida, la formación a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad o la colaboración entre administraciones públicas, que son puntos que se ponen en la propuesta. De hecho, este modelo del housing first supone cambiar radicalmente la visión en todo este ámbito del sinhogarismo. Poner la vivienda como
la primera acción, como punto de partida y no como objetivo final, no como el fin de una ruta por albergues, centros, pisos compartidos. Por tanto, este cambio radical de concepto lo compartimos y, les voy a decir más, lo hemos aplicado.


Este nuevo modelo de atención a personas sin techo nació -eso sí que no lo comparto con la proposición- en Estados Unidos, en Nueva York, en los años noventa, y me enorgullece decir que se implantó en Barcelona en el año 2014, de la mano del
alcalde Xavier Trias y la teniente de alcalde Maite Fandos. A veces nos ponen esta fama de ser los que creamos empleo, los que protegemos a las empresas, los que queremos defender a los autónomos y sí, hacemos todo esto, pero hay también toda una
sección social en nuestro legado político que también queremos reivindicar. Lo digo porque a veces conviene menos galería y más política práctica. En los últimos diez años en Barcelona el fenómeno de los sintecho ha subido hasta el 80 % y les
recuerdo que hace seis años que gobierna la alcaldesa Ada Colau. Fundació Arrels fijaba que durante el COVID han atendido a más de 2600 personas, en los últimos cinco años, esto es un incremento del 47 %.


En todo caso, el housing first, este nuevo planteamiento es sin duda alguna el camino a seguir, es el camino ya empezado y requiere el compromiso y los recursos por parte de las administraciones públicas, pero también requiere de políticos
que se lo crean y que no se dediquen a hacer tanta política de galería.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Gràcies, president. Bona tarda, señorías.


Señorías del Grupo Socialista, ustedes nos traen aquí hoy una PNL sobre la erradicación del sinhogarismo, son 33 000 personas, como ha dicho la diputada, con la cual obviamente estamos de acuerdo. Digo ya que desde el Grupo Parlamentario
Republicano votaremos favorablemente, pero quiero decirles unas cuantas palabras.



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La parte expositiva de su PNL es muy buena, es excelente. De hecho, trae casi ipsis litteris textos de algunas entidades. Es muy concisa realmente, pero viene con trampa, según mi punto de vista, al igual que la PNL de esta mañana de la
Comisión de Exteriores sobre los niños en la zonas de conflicto armado, en la que ustedes no han aceptado una enmienda del Grupo Republicano que instaba al Gobierno a dejar de vender armas a países que tienen conflicto armado. Pues eso, es la misma
trampa que trae esta proposición no de ley. En estos pocos meses como diputada les tengo que decir que me voy dando cuenta de que hay verbos recurrentes en sus PNL, señorías del PSOE, como estudiar, potenciar, impulsar, etcétera. Son verbos poco
contundentes para instar al Gobierno en materia de derechos humanos, como podrían ser, por ejemplo, los verbos hacer o realizar. Ustedes van de PNL en PNL, poniéndose medallas de defensores de derechos humanos, rechazando enmiendas que son
absolutamente imprescindibles para la efectiva aplicabilidad de sus iniciativas parlamentarias relativas a la vida de la gente. Me he hartado, señorías, estoy realmente harta.


¿Cómo nos hablan ustedes de sinhogarismo, señorías, si el Estado español lleva cinco condenas -no una sino cinco condenas- desde 2015 por vulneración del derecho a la vivienda? Es la quinta condena del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que dictamina contra el Estado español. Una de las mayores causas del sinhogarismo: los desahucios. Son cinco condenas por desahucio como, por ejemplo, el de la familia con dos criaturas con
discapacidad, a la que echaron de su casa pese al riesgo de exclusión social que existía. España condenada por desahucios de familias numerosas y sin salida habitacional. España condenada por el Comité DESC y las familias todavía sin reparación.
¿Qué hacen ustedes contra esto? Pues dar más privilegios fiscales a los especuladores y más dinero público a los bancos y fondos buitres; dar más incentivos fiscales a los arrendadores, una medida, por cierto, que ha sido rotundamente
desacreditada por los técnicos de Hacienda.


Los desahucios son una de las causas del sinhogarismo, señorías. ¿Cómo nos hablan ustedes de sinhogarismo, señorías, si el Estado español tiene casi un millón de personas en situación administrativa irregular (aplausos), sin derecho a nada,
porque no existen para este Estado? Gente que no puede ser sujeto de derecho de sus reales decretos de la época de COVID, casi un millón de personas. ¿Cómo me hablan ustedes en una PNL instando etéreamente al Gobierno a hacer prácticamente nada?
Para ponerse medallitas. Por cierto, votaremos que sí. Hay familias enteras compartiendo habitaciones o directamente viviendo en parques y plazas, deambulando por las ciudades, gente sin hogar. Algunos son niños, cuarenta y un niños en Canarias
-acaba de decir también el diputado- están durmiendo en la calle, y esto también es sinhogarismo.


Ya que son tan empáticos ustedes en su PNL con la dureza del sinhogarismo, cumplan los dictámenes del Comité DESC. Ya que son tan constitucionalistas y citan el artículo 47 en su PNL, cumplan también con el capítulo tercero sobre el
obligado cumplimiento de los tratados internacionales que ustedes son condenados por el Comité DESC. (Aplausos). Sinhogarismo, señorías, es no tener un techo, no tener una vida, también es vivir en una vivienda insegura e inadecuada. Actúen
ustedes ya urgentemente contra...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señora Carvalho. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra señor Cortés Gómez.


El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidente.


Señorías, la Fundación Hogar Sí estima, como se ha dicho, que hay más de 30 000 personas durmiendo en la calle en nuestro país. Esto es inaceptable en un Estado social y democrático de derecho. Hay que tener en cuenta que antes de perder
la casa, las personas sin hogar han perdido otras muchas cosas, entre ellas, el empleo y que llegada esa situación de extrema vulnerabilidad los sistemas de protección social no han funcionado, incluidos aquellos que deberían garantizar el acceso a
la vivienda.


También quiero destacar que el impacto en la salud mental que provoca el sinhogarismo se convierte a la vez en causa y efecto de una forma de exclusión en la que hay altos índices de cronificación, propiciando una dinámica de deterioro tanto
personal como de la red de apoyo a la persona en situación de sinhogarismo. Las personas que viven en la calle se ven expuestas con mayor frecuencia que el resto a agresiones, insultos y discriminaciones y, en los casos más terribles, a violencia
sexual, física e incluso



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asesinatos que no deben quedar impunes. Según la Fundación Hogar Sí, el 47 % de las personas sin hogar ha sufrido un delito de odio en España.


La Constitución española dice en su artículo 47 que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho. Pues bien, lejos de cumplirse la Constitución, nuestro país ha padecido cuarenta años de la cultura del pelotazo; cuarenta años de un caciquismo que ha inflado una burbuja inmobiliaria, que ya ha arrasado el acceso a la
vivienda en propiedad para las mayorías de este país, y que hoy está arrasando el acceso a la vivienda en alquiler y está empujando cada vez a más gente a la precariedad, a la indigencia y a la ruina.


Señorías, hemos de ser claros. En este país hay dos modelos en disputa: por un lado, una política de vivienda entendida como un pilar central del Estado del bienestar, y por otro, una política de vivienda al servicio de las operaciones
especulativas de los fondos buitre. Por cierto, hoy las viviendas de protección oficial que malvendió a Blackstone la entonces alcaldesa del PP, Ana Botella, se han revalorizado en 185 %, un negocio redondo para los especuladores y para sus socios
políticos. La proporción de vivienda pública en la ciudad de Madrid representa hoy, como consecuencia de esta política de vivienda caciquil, apenas un 1,5 % del total del parque de vivienda.


Señorías del Grupo Socialista, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, una socialista migrante y de padres y abuelos republicanos, se ha marcado un objetivo ambicioso y debería servirnos de inspiración. Se propone que la vivienda social llegue
al 30 % y ya en la actualidad supone un 20 % de las primeras residencias sociales en la capital francesa. Queremos que nuestro país tome el modelo de París o nos resignaremos a continuar con el legado caciquil del partido fundado por Fraga.


Sin duda alguna, en Unidas Podemos-En Comú Podem seguiremos trabajando, como ya hemos manifestado, para transformar este país. Seguiremos trabajando en un modelo social y republicano para erradicar el sinhogarismo, pero con medidas
estructurales, para lo cual insistiremos en hacer realidad la nueva ley de vivienda con cuatro puntos fundamentales: primero, regular los precios del alquiler; segundo, acabar con los privilegios fiscales; tercero, aumentar el parque público de
vivienda, y cuarto, poner fin a los desahucios sin alternativa habitacional. Son tiempos de precariedad habitacional y se expresan de manera radical en el sinhogarismo. Esto nos interpela especialmente a aquellos que somos responsables de producir
una legislación que dé mayor garantía, mayor cobertura. Señorías del Grupo socialista, vivimos en tiempos cruciales para el avance en derechos sociales y la historia nos enseña que si en los momentos clave las fuerzas progresistas no somos capaces
de empujar unidas y avanzar en igualdad, la sociedad corre el peligro de retroceder y entonces nos situaremos en posiciones de legitimación de privilegios de unos pocos en perjuicio de los derechos del común.


Adelanto que votaremos a favor de esta proposición no de ley y quiero terminar lanzando un envite a las fuerzas progresistas de esta Cámara. Trabajaremos con responsabilidad y unidad para demostrar a las derechas que el fascismo ya cayó y
que volverá a caer tantas veces intenten levantarlo, aquí, en Madrid, o en cualquier otro territorio del Estado.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Ortiz Galván.


El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidente.


No se encuentra con nosotros el señor Baldoví, pero le quería decir que hay que ser muy atrevido, después de la sentencia de hoy, para ser de Compromís y dar lecciones en esta Cámara de decencia. (Aplausos).


Señorías, debatimos una PNL sobre el sinhogarismo, las personas sin hogar, la cara más cruel de la exclusión social. Según datos del INE, en España hay 23 000 personas sin hogar y 40 000 según las entidades del sector. De todas ellas, la
mitad lleva más de tres años en la misma situación, es decir, desde el año 2018, año de la llegada al Gobierno del Partido Socialista. Doy este dato porque en estos años nada se ha avanzado desde la aprobación en el año 2015 por el Gobierno del
Partido Popular de la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar. De 2015 a 2018, bajo un Gobierno del Partido Popular, el número de plazas de atención aumentó en España un 20 % y la ocupación en centros alcanzó el 89 %, 5 puntos más que
en la anterior etapa socialista. Con la izquierda, con el PSOE y Podemos, se aumenta el número de ministerios; en cambio, con un Gobierno del Partido Popular se crean más plazas



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de atención a personas sin hogar. Con la izquierda, con el PSOE y con Podemos, se aumenta el número de contrataciones a dedo y con un Gobierno del Partido Popular se aumenta el número de profesionales para atender a las personas sin hogar.
Y con la izquierda aumenta el paro, la pobreza y el sinhogarismo. Claro que nadie, señorías del PSOE, elige ser pobre, pero está claro que el socialismo les empuja a la pobreza.


Señorías, nunca lo he dicho en esta tribuna del Congreso, pero me siento orgulloso de ser hijo de una familia trabajadora: mi padre, albañil y mi madre, ama de casa. Sé lo que es ver la falta de recursos en mi casa cuando las cosas venían
mal, sé lo que es estudiar con mucho sacrificio mío y de mis padres para poder tener una carrera universitaria y también sé que cuando peor lo pasábamos en mi casa era cuando gobernaba el Partido Socialista, al igual que muchas familias
trabajadoras. La historia se repite. Es cierto que vivimos una pandemia sanitaria a nivel mundial y que eso afecta a la economía, pero también es cierto que el paro ha subido en España el triple que en la Unión Europea. Si sumamos las personas en
desempleo, las que están en ERTE y los autónomos con cese de actividad, en España hay 6,8 millones de españoles y de españolas que quieren trabajar y que no pueden y no es nada esperanzador el informe hecho público hoy por el Banco de España. Datos
terroríficos bajo un Gobierno de izquierda, del PSOE y de Podemos, que sin lugar a dudas ha hecho aumentar las mal llamadas colas del hambre, la pobreza y las personas sin hogar. Según datos de Cáritas y de Intermón, en España se puede llegar a
cinco millones de personas en situación de pobreza severa y, según Save the Children, 2,1 millón de niños y niñas, un 26,8 % de los menores en España, sufren actualmente pobreza y exclusión.


También hay otros datos que les deben avergonzar, como es la desastrosa gestión del ingreso mínimo vital. Hay 1,2 millones de solicitudes presentadas en estos meses y únicamente se ha reconocido el 22 % de las tramitadas. Además, dos de
cada tres solicitudes presentadas se están denegando. Se está dejando a mucha gente atrás. Se están dejando a mucha gente atrás, cada día más. Señorías, el escudo social que tanto pregonaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es la mayor estafa
social de nuestro país. Con este Gobierno nadie logra salir adelante, excepto los que tienen el carné del Partido Socialista o de Podemos. Si hablamos de vivienda, en España el 44 % de las personas en situación de pobreza tienen serios problemas
para el pago del alquiler o de la hipoteca, lo que empuja a muchas personas a verse en la calle sin hogar y desgraciadamente siguen aumentando día a día en nuestro país. Señorías, todo lo que suponga ayudar a las personas que peor lo están pasando
cuenta con el voto favorable del Partido Popular; personas que no quieren verse en la calle, personas que quieren un empleo, que es la mejor política social que se puede hacer. Los españoles y las españolas quieren empleo y libertad y no quieren
ni comunismo ni socialismo ni paro, que es lo que lleva siempre a este país a la ruina de muchas personas a través del socialismo y del comunismo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señora Guerra, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?


La señora GUERRA LÓPEZ: Aceptamos las enmiendas de Foro Asturias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): De acuerdo. Muchas gracias.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA ADECUADA INVERSIÓN DEL FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS GESTIONADO POR SEPI. (Número de expediente 173/000060).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar la adecuada
inversión del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por SEPI. Por el grupo autor de la iniciativa, y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor González Coello de Portugal. (Aplausos de las señoras y los
señores diputados del Grupo Parlamentario VOX).



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El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Señor presidente, señorías, la economía española cerró 2020 con la mayor contracción de la actividad desde 1936 y también la mayor experimentada por un país desarrollado durante esta crisis
desencadenada por la pandemia. Estos resultados suponen un retorno a los niveles del PIB existentes en el bienio 20152016, lo que significa que solo en un ejercicio se ha destruido casi toda la riqueza generada durante el ciclo expansivo finalizado
en el año 2019. El año pasado el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica en el que se creaba el Fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas. No voy a
detallarles todo lo que me había preparado, porque lo podrán leer en la nota de prensa y viene como continuación de la interpelación urgente de la semana pasada.


Hoy me ha llegado una imagen y se la quiero enseñar, porque yo creo que es la certeza empírica de que lo de Plus Ultra es bastante escandaloso. Les enseño la imagen para que la vean ustedes. (Muestra una fotografía). Esta es una imagen
tomada en el año 2018. Vemos a los amados líderes de los narco-Gobiernos, Chávez y el asesino genocida acusado de crímenes de lesa humanidad Maduro, a la junta directiva de Plus Ultra -once hombres todos blancos- y debajo las mujeres, once señoras
perfectamente bien uniformadas. ¿Esta es la igualdad de la que habla la izquierda? ¿Esta es la Agenda 2030 que promueve el Gobierno? ¿Cómo se justifica una ayuda a estas empresas? ¿Están cumpliendo alguno de los objetivos que nos repite
cansinamente este Gobierno? Esto es realmente inexplicable. Aquí podríamos cambiar y poner a Lenin, a Stalin o a cualquier otro, ya que hablaban antes ustedes del comunismo.


La realidad es que ninguna de las cuatro empresas ayudadas con este fondo es estratégica. No lo era Air Europa en concepto de conectividad, no estaba la conectividad de España en riesgo si Air Europa hubiese desaparecido. No lo era Duro
Felguera, una empresa con un patrimonio negativo en diciembre del año 2020 y con pérdidas, que estaba en quiebra desde hace tres años. No lo es el grupo formado por la fusión de Globalia y Barceló, Ávoris. Aquí tengo un artículo de Simón Pedro
Barceló, del 29 de octubre de 2020, que dice literalmente: 'Hemos llegado a esta crisis más fuertes que nunca'. Además, presume de la fortaleza de sus cuentas y de la situación de caja, cinco años de beneficios anuales con tres dígitos. Por lo
tanto, no cumplía el requisito de que este fondo se destinara, como la última opción, a esas compañías.


Pero donde el escándalo es sideral, sin lugar a dudas, es en Plus Ultra. Esto lo decimos, señorías, porque, si el Gobierno quiere ayudarles, háganlo que para eso pueden hacerlo, pero no utilicen un fondo en cuyo articulado se contienen
especificaciones que se han saltado sistemáticamente. (Aplausos). Probablemente sea porque las personas que han tomado las decisiones son todas de los cuatro ministerios afectos. Hay una, que es la señora Ana de la Cueva, del Ministerio de
Economía, que ya ha dicho que ellos no tuvieron nada que ver en la toma de decisiones. Es decir, la señora Calviño se ha lavado las manos -ya me extrañaba a mí, y lo dije la semana pasada-. Está la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, que es
médico funcionaria de la Seguridad Social y a lo mejor no entendió qué es lo que estaba pasando cuando se concedió esta ayuda. La secretaria de Estado de Energía es química, y a lo mejor tampoco entendió lo que estaba pasando cuando se llevó esto
al consejo de la SEPI. Es injustificable y estas ayudas solo tienen un común denominador: primero, Venezuela -las cuatro compañías tienen nexos con Venezuela-, y segundo, ponga un socialista en su negocio si quiere recibir las ayudas.


Para acabar con este fondo de reptiles, que es en lo que se ha convertido el fondo que tenía que rescatar o garantizar la solvencia de empresas estratégicas, les hemos ofrecido una serie de medidas. En primer lugar, que se cumpla
estrictamente el articulado que el Gobierno aprobó. En segundo lugar, que se defina con precisión lo que es estratégico, lo que es una empresa estratégica. En tercer lugar, que se pida a la AIReF informe ex post sobre las ayudas otorgadas. En
cuarto lugar, que se reduzcan los plazos de seis a tres meses porque estamos llegando tarde. En quinto lugar, que el presidente del consejo gestor del fondo, si al final nombran a un presidente en la SEPI, venga al Congreso a explicarnos cómo van
estas ayudas. En sexto lugar, que el consejo gestor limite la propuesta de nombramiento de miembros en los órganos de dirección y administración de las empresas a los altos funcionarios de carrera, y no a los políticos, es decir, a abogados del
Estado, a técnicos comerciales y economistas del Estado, y a interventores y auditores del Estado. Y en séptimo lugar, que voten a favor de remitir esta tropelía a la Fiscalía Anticorrupción el expediente completo por el que el consejo gestor
aprobó la operación de apoyo público temporal solicitado por Plus Ultra Líneas Aéreas, con el fin de que se abran las diligencias de investigación en relación con la presunta comisión de delitos en la concesión de ayudas. Ya les advierto que
nosotros vamos a presentar una querella por malversación de caudales públicos, según el artículo 432 del Código Penal, y por prevaricación, según el artículo 404 del Código Penal (aplausos), contra el



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consejo gestor, su presidente, ahora en su defecto el vicepresidente, y contra las personas que les he nombrado anteriormente, porque esto es una ofensa que los españoles no pueden permitir. Es injustificable una ayuda de 53 millones, el 53
% de la facturación en el año 2019 de Plus Ultra. Según la CEOE, los ingresos que en el año 2020 perdieron las compañías fueron 300 000 millones; si a todas las compañías españolas les vamos a dar el 53 % de la facturación que recibieron, espero
que el Gobierno tenga más de 150 000 millones de euros para ayudar... (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor González. Ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Me parecen muy necesarias las siete medidas que plantea el Grupo Parlamentario VOX, tras la interpelación sobre el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por SEPI. Quisiera resaltar que todo este proceso de
concesión de ayudas exige una transparencia a la que el Gobierno no se está aplicando. Camuflada tras la pandemia del coronavirus, la ministra de Hacienda está reeditando procedimientos que acabaron desembocando con el tiempo en maniobras
temerarias con los recursos públicos.


A mí también me llama la atención que tres de las cuatro compañías, a las que de momento se les han autorizado los apoyos, no se hayan adherido al Código de Buenas Prácticas Tributarias. Es el caso de Ávoris, Plus Ultra Líneas Aéreas 'de
vuelo raso', y Duro Felguera, compañía esta radicada en Asturias a la que me referiré mañana con más detalle, pero ya adelanto que nos parece bien que se despejen las grandes incertidumbres para que sus trabajadores directos y subcontratados puedan
continuar su actividad, lo que de paso sirve para detener otra sangría laboral en una comunidad autónoma que, en los últimos años, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia, ya ha perdido del orden de 6000 empleos industriales
sin que el Ministerio de Industria, subalterno del Ministerio para la Transición Ecológica, haya dicho esta boca es mía; un Gobierno que avaló la venta de Alcoa a un fondo buitre especulador para desesperación de los trabajadores que ven ahora cómo
las posibilidades de revertir la operación para facilitar la entrada de la SEPI se esfuman, precisamente, a causa de los procesos judiciales abiertos tras la turbia reventa de la empresa en segunda instancia.


Coincido con las exigencias de control y reclamo que cesen las ayudas nebulosas amparándose en el batiburrillo legislativo con el que nos están anegando a lo largo de la pandemia por la vía de los reales decretos-leyes y sus abundantes
coladeros.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, a diferencia de muchos grupos, yo voto, opino y tomo posición en función de los contenidos; no de los discursos ni del uso que se haga después, sino de las propuestas concretas. Esta era una moción para garantizar la adecuada
inversión y sobre qué piensa hacer el Gobierno para garantizar la del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Me parece adecuada.


En segundo lugar, creo que el tema es más importante de lo que parece. Es un tema de confianza, en un momento de caos económico y sanitario de este país, de confianza en el Gobierno y de que lo único que vamos a tener, que son las vacunas y
los fondos europeos, se van a usar bien. Y tenemos que recuperar esa confianza porque en este momento está quebrada. Me voy a centrar en tres aspectos -es clarísimo, porque se podían haber puesto otros requisitos-: tenía que ser una empresa
estratégica, ser solvente y que los problemas que atraviesa la empresa tuvieran que ver con el coronavirus. Esos tres elementos los puso el propio Gobierno en los condicionantes y hay que ser absolutamente estrictos en cumplirlos. El primero,
empresa estratégica. Lo ha dicho el señor Ábalos. Se le ha preguntado al señor



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Ábalos qué opinaba de Plus Ultra y por qué se opinó de Air Europa, y dijo que porque Air Europa era una empresa estratégica para este país. Lo mismo que la ministra de Turismo; y Economía diciendo que no es asunto de ellos. Esto huele
fatal, y no por razones políticas -mira que yo no me meto con Venezuela-, sino sencillamente porque una empresa que tiene un avión no puede ser estratégica. Se exigía el requisito de ser solvente. Estuvo casi en concursal, la salvó un banco de
Panamá y además tuvo pérdidas. No es solvente. Y en cuanto al tercero, los problemas de Plus Ultra no tienen nada que ver con el coronavirus. Es más, gracias al coronavirus ha tenido unas cosas con unos vuelos medio extraños a China para traer
suministros sin concurso público. Lo dejo ahí.


Yo lo que quiero decir es que el Gobierno y el Partido Socialista tienen una oportunidad, tienen la oportunidad de traer información, de ser estrictos, de echar marcha atrás en lo que tengan que echar marcha atrás, pero necesitamos recuperar
la confianza en que el dinero que se va a dedicar a ello en este país es para eso, porque al final vemos ¡hasta una cadena de gimnasios! Oiga, es tan importante una cadena de gimnasios, que no es estratégico en este país, como los gimnasios que hay
en cada barrio. Se excluye a las peluquerías de las ayudas. Tiene más trabajadores las granjas de huevos de Lanzarote y Fuerteventura, que están cerradas, o las lavanderías industriales, que están exentas, que una compañía que tiene un avión. No
comparto muchas de las cosas que ha dicho VOX, pero desde luego comparto totalmente todos los epígrafes. Y funcionarios públicos para garantizar la devolución de fondos al Estado. Estoy de acuerdo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Ha terminado su tiempo, señora Oramas. Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Nosotros vamos a votar que no, básicamente porque, si nos atenemos a la interpelación realizada y ahora a lo solicitado por la moción, desde luego la misma no creemos que busque la eficacia ni la eficiencia en la gestión y en la ejecución de
este fondo, y en definitiva la eficacia y la eficiencia en la gestión de las ayudas públicas. Lo que busca es un titular fácil en los medios de comunicación para ligar el otorgamiento de estas ayudas a un régimen venezolano en el caso de
determinadas compañías y además ligar el otorgamiento de este tipo de ayudas a una posible actuación constitutiva de un delito de corrupción, tal como se desprende de su último punto, y a mí esto me parece muy grave. Si ustedes tienen pruebas de
corrupción o de la comisión de un delito, como han dicho, acudan a los tribunales, pero háganlo ya y cursen la oportuna denuncia. Ya van tarde, según ustedes. Presentar una moción con esta finalidad nos parece ineficaz e ineficiente. Flaco favor
hacen a su trabajo y desde luego a las empresas que se encuentran en una situación crítica y que acuden a este fondo como última oportunidad.


¿De verdad creen que afirmar que las ayudas que se otorgan en función de quién es el propietario, que se otorgan a empresas que no cumplen con los requisitos establecidos, erosiona al Gobierno? Yo creo que no. ¿Saben lo que consiguen
cuando tratan de fabricar dudas en torno a esta gestión y otorgamiento de ayudas? Hacen un flaco favor a las personas trabajadoras, técnicos y profesionales que están trabajando en la SEPI, porque cuestionan su profesionalidad, cuestionan sus
informes económicos, financieros y técnicos, porque son estos informes los que valoran las operaciones y verifican la concurrencia de los requisitos que han de cumplir las empresas y en los que se basan las decisiones del consejo gestor para otorgar
o denegar estas ayudas, operaciones que, por cierto, los que hemos trabajado en estas cosas sabemos que requieren muchísimas horas de trabajo para analizar de forma objetiva toda la documentación de las empresas que optan a este fondo, de forma
además discreta y con todas las cautelas posibles en tanto en cuanto se están manejando datos sensibles económicos y financieros de las empresas, que eso no equivale a opacidad. No creo que haya que poner en cuestión la profesionalidad de estas
personas. Creemos que ningún dirigente político va a tomar una decisión contraria a un informe técnico por las consecuencias que pueda acarrear. Si esto es lo que están insinuando con esta moción, flaco favor hacen a la política, al trabajo de las
políticas y los políticos y, por tanto, flaco favor hacen también a su propio trabajo y a su propia profesionalidad. Si verdaderamente quieren mejorar la transparencia, los plazos de otorgamiento y el control de las ayudas, háganlo de forma
constructiva y, desde luego, intenten hacerlo en el trámite de enmiendas correspondientes al proyecto de ley y no hablando de corrupción y prevaricación ni mezclando cosas. Ustedes, señorías del PSOE, también tienen



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una parte de responsabilidad porque entiendo que no deben dar ni la más mínima oportunidad para cuestionar la concesión de estas ayudas u otras cuestiones. No demoren mucho más las tramitaciones como proyectos de ley para que los distintos
grupos podamos mejorar y completar los mismos y evitemos este tipo de mociones.


Por último, creo que se está hablando con mucha frivolidad de aquellos que realizan, como he dicho antes, las valoraciones en este tipo de cuestiones; valoraciones, desde luego, de las que creo que aquí no podemos hablar de si son solventes
o no simplemente a golpe de titular o por lo que hemos leído en prensa.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, casi noches ya, señorías. Esta moción que nos encontramos hoy aquí para debatir es un claro ejemplo de lo que no debe hacerse con dinero público. Sabemos que hay miembros del Gobierno que creen que el dinero público no es de
nadie, pero otros necesitamos razones para entender el rescate de la aerolínea Plus Ultra, razones solventes y de peso porque si no, entenderemos desde mi grupo parlamentario que nos encontramos ante un claro expolio a los españoles. El pasado mes
de julio convalidábamos el Real Decreto 25/2020, que, entre otras cosas, sentaba las bases para la creación de un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Este fondo ya fue criticado por mi grupo parlamentario desde esta tribuna y
expresamos a la ministra de Hacienda nuestras preocupaciones porque en ese real decreto solo se conocía del fondo el importe inicial, pero no detallaba los requisitos para acceder al fondo ni las condiciones de la salida del estado del capital
empresarial ni los importes de aprobación o sus límites, en caso de que los hubiera. Es más, ni siquiera detallaba los requisitos que definían a una empresa como empresa estratégica. Por tanto, ya en julio el Gobierno creaba mecanismos de ayudas
de miles de millones para manejar a su antojo, haciendo y deshaciendo desde el Consejo de Ministros y tomando decisiones sin ningún criterio técnico, y eso fue denunciado y criticado desde esta tribuna por mi grupo parlamentario. Por cierto,
digamos que ese Real Decreto 25/2020 es el antecedente del Real Decreto 36/2020, de los fondos europeos, que ustedes, señores de VOX, apoyaron con su abstención. Por tanto, menos querellas al Gobierno y más lectura de los trabajos que hay que
hacer.


Se creó ese fondo de 10 000 millones adscrito al Ministerio de Hacienda y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, y se dijo que se iba a aportar apoyo público a aquellas compañías especialmente afectadas por los
efectos económicos a raíz de la pandemia de la COVID-19 y que formaban parte del tejido productivo de nuestro país. Es más, ese mismo mes de julio la Comisión Europea también dio el beneplácito a ese fondo de ayudas estratégicas bajo dos
condiciones cumulativas recogidas en el marco temporal de las ayudas del Estado. Esos dos requisitos son, primero, que las empresas deben ser estratégicas y, segundo, que estas no estuvieran, a 31 de diciembre de 2019, en dificultades financieras
que pusieran en duda su viabilidad. Hasta aquí todo claro. Sin embargo, llegamos a marzo de 2021 y se nos anuncia en Consejo de Ministros que se aprueba una ayuda para Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A., por un valor de 53 millones de euros; y,
claro, ya estamos con el lío montado. ¿Cómo va a ser estratégica una empresa que tan solo cuenta con tres aviones y tres rutas? ¿Cómo va a ser estratégica una compañía cuyos aviones, tres, solo operaron dos veces, dos viajes, dos rutas, solo dos
de los tres aviones, dos veces, en 2020? Ni siquiera se cumple aquí el requisito de la viabilidad, porque las aerolíneas Plus Ultra están en pérdidas desde que dieran inicio a sus operaciones en 2015.


Todo esto, porque no es una empresa estratégica, porque no es una empresa solvente, sumado a las vagas justificaciones que nos dio la ministra de Hacienda la semana pasada en esta tribuna durante las interpelaciones, tanto en la del Grupo
Parlamentario VOX como en la del Grupo Parlamentario Popular que se debatirá mañana, ha llevado a nuestro grupo parlamentario a realizar una serie de iniciativas, tanto a nivel nacional como en el Parlamento Europeo; iniciativas parlamentarias,
pero también iniciativas fuera del ámbito o canal parlamentario, como la carta que remitimos este fin de semana mi compañero Luis Garicano y yo misma a la CNMC, como autoridad encargada de velar por el buen funcionamiento del mercado, para que se
posicionara sobre la opinión que tiene de este rescate. Además, en el Parlamento Europeo, desde el grupo de nuestros eurodiputados también hemos pedido a la comisaria de Competencia su parecer sobre la legalidad de esta ayuda millonaria. Hemos
solicitado también toda la información de



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evaluación de las operaciones llevadas a cabo por el gestor de este fondo y por la SEPI. Ya les anuncio que, en los próximos días, pediremos comparecencias urgentes de todos los responsables que puedan estar implicados en esta concesión de
ayudas.


Señorías del Gobierno, necesitamos transparencia, necesitamos un Gobierno que nos dé todas las garantías para confiar en que esto que está pasando con un fondo relativamente pequeño de 10 000 millones no va a pasar ni remotamente con los
casi 150 000 millones de euros de los fondos europeos. Votaremos a favor de la moción.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.


El señor BEL ACCENSI: Gràcies, presidenta.


Señor González, a ver cómo se lo diría sin ofenderle. La verdad es que yo no tuve la oportunidad de seguir la interpelación en directo, pero, obviamente, después me he tomado la molestia de leerme la interpelación, la contestación de la
ministra -que a mí tampoco me gustó, no le engaño- y la moción consecuencia de interpelación; diecinueve páginas de moción consecuencia de interpelación, un trabajo que aparentemente estaba bien hecho, bien documentado, pero uno llega a la
conclusión de que a ustedes no les preocupa la aplicación del Real Decreto 25/2020, ni les preocupa realmente el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, ustedes a lo que querían llegar esencialmente es al punto
séptimo de su moción consecuencia de interpelación y que generen el titular o la noticia de que el propio Gobierno llevase a la Fiscalía un determinado expediente.


Miren, si a mí me preguntan: ¿A usted le gusta la ayuda de 53 millones a Plus Ultra Líneas Aéreas, Sociedad Anónima? No. ¿Usted entiende esta ayuda? No. ¿Usted comparte esta ayuda? No. Pero yo estoy aquí para hacer política y, por
tanto, mis motivaciones y mis actuaciones deben ser políticas, no deben ser judiciales. Yo ya sé que ustedes llegaron a los parlamentos de manos de los juzgados y tuvieron éxito, un éxito efímero, y, si no, ya lo podrán comprobar. Si ustedes
tienen pruebas de que se ha cometido un delito, no esperen a subir aquí, a la tribuna, ni a que aquí votemos nada; vayan al juzgado, presenten una querella y desde aquí hagamos política, interpelemos al Gobierno, controlemos al Gobierno, hagamos
propuestas en positivo, no simplemente presentar una querella o que el Gobierno lleve a la Fiscalía un determinado expediente que ha generado el mismo Gobierno a partir unas sospechas que son muy populistas. Seguramente con su intervención podrá
hacerlas virales a través de las redes, pero ¿qué habrá aportado? ¿Mejorará la gestión del fondo en cuestión? No. Por muy en desacuerdo que yo esté con la concesión de una ayuda de 53 millones de euros a una compañía que aparentemente no es muy
estratégica -habrá que ver qué dice el ministerio en cuestión sobre su calificación como estratégica- y cuya viabilidad económica evidentemente estaba comprometida mucho antes de la pandemia, a nosotros no nos van a encontrar.


Los problemas políticos requieren soluciones políticas. Hoy hemos visto como desde la Mesa de esta Cámara se ha vetado una iniciativa política que pretendía obtener una solución política o el inicio de una solución política para un problema
político, como es el de Cataluña y, desafortunadamente, la proposición de ley de la amnistía para determinadas situaciones en Cataluña no será admitida a trámite. Esperemos que lo reconsideren en la medida en que podamos aportar un recurso en
cuestión. Aquí venimos a hacer política y las soluciones deben ser políticas, y las querellas, en el juzgado, pero no intenten sacar rédito político de una querella, porque quizá lo saquen a corto plazo, pero a medio y largo plazo eso no genera
ninguna solución y evidentemente tampoco les va a generar la rentabilidad que ustedes pretenden tener.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Maestro Moliner.


La señora MAESTRO MOLINER: Muchas gracias, presidenta. Bona vesprada, ya nit.


Señorías, es evidente que la actual crisis sanitaria ha dejado una realidad terrible, en primer lugar y principalmente, a nivel de coste de vidas humanas y, en segundo lugar, a nivel económico y de comportamiento social. Sin embargo, me
parece que es de justicia que entendamos un poco mejor la



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situación que nos ha llevado a como estamos actualmente. Y es que es necesario echar un vistazo a nuestro pasado reciente. Desde los años ochenta, con la reconversión industrial, con la falta de política industrial de los sucesivos
Gobiernos, con una apuesta de la iniciativa privada por el sector servicios y la construcción, es fácil advertir que nuestro sistema productivo adolece de graves deficiencias. Efectivamente, preocupa la solvencia del tejido productivo y de las
familias, pero también de las arcas públicas, porque se da la paradoja de que aquellos que estuvieron reduciendo sus aportaciones a la financiación del Estado es ahora cuando apelan a la protección del Estado y a su papel corrector. Y podríamos
hablar de los 120 000 millones de euros que se estimaba que las grandes fortunas españolas tenían guardados en paraísos fiscales. ¡Y qué bien nos vendría tenerlos ahora mismo, en este momento! Pero, señorías, yo también opino que aquí hemos venido
a hacer política y no a hacer un mero control sin más. Pienso que de lo que deberíamos estar hablando hoy aquí es por qué la planta Ford en Valencia está planteando un despido colectivo de 630 trabajadores, ¡630, señorías! O podríamos estar
hablando de qué solución les vamos a dar a los trabajadores de Pilkington que en estos momentos están en huelga, 37 de los que se plantea ya la salida, pero con un potencial cierre que supone un riesgo para 400 personas. Insisto, porque parece que
las cifras nos suenan ya demasiado, ¡pero 400 personas que pueden quedarse en la calle! ¿Y qué soluciones les vamos a dar, a ellos o a todo el sector auxiliar del automóvil; a ellos o a todas las empresas que realmente se encuentran en una
situación muy complicada? Pero esto no solo afecta a las que corresponden a mi territorio, al País Valencià, no, también está afectando a Asturias, a Euskadi o a Galiza y realmente debemos concentrar nuestros esfuerzos en poder hacer esta política
que va a tener una consecuencia real en la industria. Debemos de conseguir un cambio de este modelo productivo, basado en la innovación, en la productividad, en el conocimiento y en la generación de empleo y salarios de calidad.


Ustedes nos hablan del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que, a la postre, son préstamos. ¿Creen ustedes que no cumplen los requisitos? Se lo han dicho ya varios intervinientes, ¿por qué no han presentado ya cualquier
tipo de denuncia o querella? ¿Por qué vienen aquí a anunciarla, en lugar de acudir directamente a presentarla? ¿Realmente lo van a hacer? ¿Qué credibilidad tiene? Porque me parece que estamos hablando de cuestiones profundamente técnicas, con
unos objetivos que coincido que son muy claros pero que, desde luego, pocas cosas tienen que hacer ustedes en esta tribuna en ese sentido y poca aportación hay respecto a su moción, porque realmente lo que podrían hacer, como les han indicado ya
otros ponentes, es acudir directamente al juzgado. Hay que tener en cuenta, y lo ha dicho también el Grupo Vasco, que estamos hablando de unos expedientes complejos, con muchas solicitudes a estudiar y muchas adjudicaciones, que hay que analizar
muchos parámetros y que es lógico que transcurra un tiempo razonable. Pero, insisto, si tienen dudas de este funcionamiento, en lugar de cuestionar el funcionario, que ya bastante mermado está gracias a las políticas del Partido Popular y su
prohibición de tasas de reposición, acudan a Fiscalía. Y si no, no se preocupen, que Fiscalía sabe perfectamente lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer su trabajo.


Mientras nuestro grupo -y ya por ir finalizando- y este Gobierno están buscando mecanismos para salvar la industria, para aumentar la capacidad de gestión y control del dinero público, apostando por presencia en consejos de administración,
por iniciar los trámites para derogar una terrible reforma laboral del Partido Popular que menospreció a los trabajadores y trabajadoras, por el mantenimiento de los puestos de trabajo con la ampliación de los ERTE o subir el salario mínimo
interprofesional o una movilización sin precedentes del capital público, ustedes sencillamente no aportan nada.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Maestro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.


El señor SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señorías. Lo que mal empieza mal acaba. El 14 de julio se debatía el Real Decreto-ley 25/2020. Ochenta lleva este Gobierno. Ni Franco se atrevió a tanto, señorías; ya que hoy aquí se ha hablado tanto de historia, ni
Franco. Cuarenta reales decretos-leyes antes del COVID, no se escuden en el COVID. Esa es la estadística. Esta tarde he oído al señor Simancas decir socialismo, libertad, y resulta que el Gobierno está contra esta Cámara, el Gobierno no sabe
negociar, no sabe dialogar, sencillamente impone. Esa es la libertad que defiende este Gobierno. (Aplausos). Pues bien, señorías, atinadamente el portavoz del Partido Popular dijo de este decreto,



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que regula el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, que contenía indefinición en los conceptos y que no tenía los suficientes controles y, por eso, nos abstuvimos. Y lo que mal empieza, mal acaba. A ustedes, a este
Gobierno, no hay que darles más que una oportunidad para que demuestren de lo que son capaces de hacer. Hemos entrado en ese proceso de ayudas y se ven cosas increíbles. Además, todas son casualidades para ustedes. 500 000 euros se pide para un
consejero que se impone a Air Europa, casualmente -así lo recogen los medios de comunicación- amigo del señor Ábalos. Cuando la SEPI solo permite 200 000 euros como máximo al consejo de administración, se reclaman 500 000 euros para el señor Lago
y, si no, no hay ayudas. Esto demuestra lo que les preocupan a ustedes, señorías, las ayudas. Y bien, el otro día teníamos aquí un debate o una moción -porque, fundamentalmente, este es un escándalo más, plagado de mentiras- en el que la señora
Montero subió a esta tribuna y, con el desparpajo que le caracteriza, dijo que esta era una empresa estratégica. Una empresa con un avión, el 0,003 % de todos los vuelos nacionales y el puesto 161 en las listas de ranking nacional. Una de las
empresas o sociedades que más reclamaciones tuvo en el año 2019, en estado de insolvencia permanente y que no cumple ninguno de los requisitos del real decreto y, sin embargo, señorías, este Gobierno ha tenido a bien darle 53 millones.


Y como en política hay pocas casualidades y es conocida la deriva de este Gobierno. No me gusta hablar de Venezuela, pero hoy es inevitable hablar de Venezuela. Todos sabemos lo que aprecia el expresidente Zapatero a ese país y el señor
Ábalos y sus amistades peligrosas, que, por cierto, podría explicar qué pasa con las maletas. Y, al final, aparecen más actores en escena, señorías. El despacho del señor Garzón, casualmente, impulsa esta subvención, el mismo que representa al
testaferro de Maduro, al señor Saab, en Cabo Verde. Y, por lo tanto, señorías, los grupos de esta Cámara tenemos derecho a pensar mal, porque esto apesta, señorías, apesta. Son 53 millones de euros. La señora ministra se amparó en los 350
empleados. ¿Y los 600 de Puerto Real de Airbus por los que este Gobierno no quiere ni oír hablar? ¿Y todas y cada una de las empresas que ha nombrado la portavoz de Podemos, de las que este Gobierno no quiere ni oír hablar? Señorías, los 5
millones de parados se están preguntando por qué a una empresa se le da 150 000 euros por trabajador y a ellos nada. (Aplausos). Se están preguntando, señorías, por qué este Gobierno ha dejado sin ayudas a miles y miles de empresas, por qué este
Gobierno ha dejado sin ayudas a los autónomos y por qué no están pagando debidamente los ERTE; además, está la dependencia, que el otro día nos enteramos que hay 55 000 personas que están esperando que este Gobierno actúe. No son excusa los 350
trabajadores, señoría. Y, como pueden ustedes suponer, esto es el comienzo de lo que llega.


Nosotros vamos a apoyar la iniciativa de VOX, pero me van a permitir que les recuerde que ustedes apoyaron el real decreto de los 140 000 millones, y si esta es la antesala y el aperitivo, ya pueden ustedes calcular lo que nos viene. Así
que vayan pensando en otra iniciativa a ver si remediamos el fondo de los 140 000 millones, señoría, que verdaderamente ese sí que es preocupante.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Suárez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Rodríguez.


El señor RAMOS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes, noches ya, señorías. ¿Que estarán pensando los trabajadores, los clientes los proveedores y las empresas de este país después de escuchar lo que han escuchado aquí esta tarde, señor González? Miren ustedes, el compromiso de
esta Cámara con la recuperación económica se mide en el voto, únicamente en el voto; eso nos piden los que están ahí fuera, nuestro voto y nuestro compromiso con la recuperación económica. Yo le voy a dar tres datos, ustedes han dado muchos, yo
solamente tres: ¡Hay 3386 000 trabajadores que fueron al ERTE y ustedes y la coalición de derechas votaron no! Primer dato. (Aplausos). ¿Tampoco cumplían los 3386 000 trabajadores los requisitos para ir al ERTE? ¿También se va a querellar contra
3386 000? Segundo dato: Hay 511 000 autónomos que se han incorporado al cese de actividad en el mes de febrero. El voto suyo, de su grupo y de la coalición de derechas fue no a 511 000 autónomos. ¿Tampoco cumplían los requisitos 511 000
autónomos, con la que está cayendo en este país? ¿Tampoco? (Aplausos). Tercer dato: Hay 118 195 millones en avales públicos, el 7,3 % del PIB; el país de Europa con mayor ayuda directa en porcentaje de PIB con 118 195 millones (el señor
González Coello de Portugal hace gestos negativos), el escudo para dotar de financiación, de protección a todo el tejido



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productivo que se ha derramado en todos los sectores productivos; y ¿cuál fue su compromiso? No. Ese fue su compromiso con la recuperación económica. Y vienen esta tarde a presentarnos una moción sobre un fondo de solvencia de 10 000
millones que, por supuesto, no apoyaron, no apoyaron el real decreto, claro que no, como no han apoyado todas las medidas anteriores, y vienen a presentarnos una moción con un fondo que a ustedes no les importa nada a través de una moción tramposa,
malintencionada, llena de falsedades, ondeando banderas de dudas. ¿Ese es el mensaje que les damos respecto a un fondo de 10 000 millones que es vital? Vital porque las empresas lo están esperando como agua de mayo para evitar que la no liquidez
se convierta en insolvencia. Ustedes dijeron el miércoles pasado que lo que le han hecho a Air Europa era un sarcasmo, lo de Duro Felguera un regalo, ¡díganselo ustedes a los trabajadores de Duro Felguera, a sus proveedores, a sus clientes,
díganles que es un regalo! ¡Díganle a la gente de Air Europa que es un regalo, que es un sarcasmo!


Mire, señor González, cuando ustedes ven una empresa, ven el sillón de un consejo de administración; cuando mi grupo ve una empresa, ¡ve trabajadores, territorios, clientes, proveedores y vida!, esa es la diferencia entre la empresa que
usted ve y la empresa que vemos nosotros. (Aplausos). Por eso hablamos, señor González, idiomas totalmente distintos. De verdad que yo no sabía cómo empezar o cómo terminar la intervención por lo que estaba escuchando, las barbaridades jurídicas
que ustedes han dicho aquí. Y, sobre todo, lo que ustedes saben, señor Suárez Lamata, saben todos los expedientes de todo lo que se está tramitando de un fondo que apenas lleva dos meses. De verdad, yo admiro ese conocimiento. De verdad que lo
admiro. Ya saben ustedes más que todos los técnicos de la SEPI. A usted no le interesa cómo funciona el fondo, si la guía se publicó en agosto, con transparencia y con rigor. Saben su composición, las competencias, las condiciones de viabilidad,
la documentación que se les ha exigido, lo saben todo, y les da igual porque hoy venían como se quedaron hace un año. ¿Se acuerdan de hace un año? La única bandera que tenían aquí, ¿era la de los empresarios? No. ¿Era la de los trabajadores?
No. ¿Era la de los ciudadanos de este país? No. Hace un año la única bandera que le quedó a la bancada que madruga fue la de Venezuela. ¿Y no les da vergüenza venir un año después, con lo que ha pasado en este país un año después, únicamente con
la bandera de Venezuela? (Aplausos). Pero, ¿en qué país viven ustedes? ¿En qué calles pasean ustedes? ¿Con qué empresarios hablan ustedes?


Señor González, a pesar de su no, a pesar de su rechazo, este país se va a seguir levantando cada mañana para construir, para transformar y van a tener siempre el sí de nuestro grupo esas empresas solventes y viables, esos trabajadores y
todos los ciudadanos, y seguramente ustedes no madrugarán y seguirán siendo la pesadilla de la recuperación económica, social y sanitaria de este país. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señorías, votamos en tres minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir su
voto por el procedimiento telemático, no pueden hacerlo desde su escaño. (Pausa).


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:


- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON TRASTORNOS DE SALUD MENTAL. (Número de expediente 140/000011).


La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de proceder a las votaciones, por la señora secretaria segunda se va a dar lectura a una declaración institucional de apoyo a las personas con trastornos de salud mental.


La señora SECRETARIA (Hernanz Costa): Declaración institucional de apoyo a las personas con trastornos de salud mental.


El deterioro de la salud mental es una de las principales consecuencias de la pandemia de COVID-19 y el ejemplo de que un problema de salud pública y falta de prevención puede acarrear otro. La salud mental se ha enfrentado tradicionalmente
al estigma, al tabú y a la infrafinanciación y los servicios de salud mental no cuentan con los recursos humanos, financieros y logísticos necesarios para hacer frente al reto que se avecina. Quienes se enfrentan a una enfermedad mental tienen que
superar varios desafíos. Además de la propia dolencia, tienen por delante la incomprensión,



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el insulto y en demasiadas ocasiones también la soledad. La necesidad de que se conozca la enfermedad mental es una prioridad para la sociedad española. Quienes la sufren y sus familias deben recibir el apoyo de toda la sociedad, de las
administraciones y hoy del Congreso de los Diputados. Debemos trabajar contra la estigmatización, contra la burla, contra el tópico y a favor de la integración, de la solidaridad y de la información. Las concepciones basadas en la superstición y
el desconocimiento, a veces incluso el miedo, deben ser rebatidas.


El Congreso de los Diputados recuerda que, según la Organización Mundial de la Salud, durante las diferentes etapas del confinamiento el 93 % de los países del mundo han visto sus sistemas de salud mental o bien paralizados o bien seriamente
afectados por las restricciones y el colapso sanitario. Esto supone un impacto directo en los ciudadanos, especialmente en aquellos que ya estaban sometidos a un tratamiento o a una atención específica, pero también para aquellos con factores de
riesgo, como son los niños y adolescentes, los mayores y los profesionales de primera línea contra el COVID-19. Según el primer estudio global sobre el impacto del COVID-19 en la salud de los trabajadores, realizado por Affor Prevención
Psicosocial, el 40 % del personal sanitario y sociosanitario requiere una evaluación específica por indicios de presencia de trastornos de ansiedad y depresión. Siete de cada diez médicos y profesionales de trabajo social han padecido problemas de
sueño de manera frecuente o habitual y también dolor de cabeza. Además, seis de cada diez han sufrido nerviosismo, irritabilidad o tensión asociados a esta crisis sanitaria. A estos problemas les sigue la sensación de ahogo sin esfuerzo físico, un
34,8 %, el retraso en el comienzo de las tareas, un 23,7 %, y la sensación de fatiga, un 22,2 %. Además, el Congreso de los Diputados recibe con preocupación que, según un informe publicado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los jóvenes de entre 18 y 29 años son el sector de la población que refleja más fatiga pandémica, con un 32,5 % de los jóvenes encuestados afirmando que se sentían con un estado de ánimo muy malo o
malo. Yendo un paso más allá, los pensamientos suicidas han aumentado entre un 8 % y un 10 %, especialmente en personas jóvenes, debido a la pandemia de COVID-19.


Así, pues, el Congreso de los Diputados rechaza cualquier intento de estigmatización de las personas que sufren problemas de salud mental, que buscan ayuda psicológica o que están recibiendo tratamiento psiquiátrico. La educación en salud y
la información veraz y accesible son la clave para la eliminación de barreras y de prejuicios que pueden agravar esta situación. Por ello, el Congreso de los Diputados acuerda expresar su apoyo a todas estas personas, a sus familiares, amigos y
allegados, y a todos los profesionales que trabajan sin descanso por ofrecer esa ayuda. La salud mental es uno de los problemas de salud pública más acuciantes en el medio y largo plazo, especialmente por su impacto en la población joven, y por
ello expresa también su voluntad de impulsar, debatir y apoyar medidas que tengan como objetivo dar una solución a esta situación. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora secretaria segunda.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000004).


La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar.


Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), orgánica, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. (Rumores).


Les pido, por favor, que abandonen el hemiciclo u ocupen los escaños. Muchas gracias.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 242 votos telemáticos, 347; a favor, 64 más 127 votos telemáticos, 191; en contra, 41 más 113 votos telemáticos, 154; abstenciones, 2 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.



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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000089).


La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la modificación del Código Penal en materia de orden público (Orgánica).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 242 votos telemáticos, 347; a favor, 4 más 60 votos telemáticos, 64; en contra, 101 más 175 votos telemáticos, 276; abstenciones, 7 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.


Buenas noches.


Eran las nueve y veinte minutos de la noche.