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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 86, de 11/03/2021
cve: DSCD-14-PL-86 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 86

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 82

celebrada el jueves,

11 de marzo de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Minuto de silencio ... (Página6)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:


- Proposición de ley orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 112-1, de 18 de septiembre de 2020. (Número de expediente 122/000083) ... href='#(Página6)'>(Página6)


- Votación... (Página20)


Palabras de la Presidencia ... (Página21)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Continuación):


- Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie B, número 137-1, de 9 de diciembre de 2020. (Número de expediente 122/000109) ... (Página21)


Enmiendas del Senado:


- Proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género (procedente del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 15-1, de 8 de
mayo de 2020. (Número de expediente 121/000015) ... (Página33)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


- Proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos (corresponde a los números de expediente 120/000018 de la XII Legislatura y 120/000005 de la XIII Legislatura).
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 6-1, de 20 de diciembre de 2019. (Número de expediente 120/000004) ... (Página40)



Página 2





- Proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 45-1, de
12 de febrero de 2021. (Número de expediente 121/000045) ... (Página51)


Solicitudes de creación de comisiones de investigación:


- De los Grupos Parlamentarios Plural y Mixto, de creación de una comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en España. (Número de expediente 156/000026) ... (Página62)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página73)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página75)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página76)


Votación de conjunto ... (Página76)


Votación de conjunto ... (Página77)


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página77)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página77)


Solicitudes de creación de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página78)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Minuto de silencio ... (Página6)


La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio en recuerdo del atentado terrorista perpetrado en Madrid el 11 de marzo de 2004.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página6)


Proposición de ley Orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal ... (Página6)


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural; Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX; De Olano Vela, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Cambronero Piqueras, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y
Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; y las señoras Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Fernández Benéitez, del Grupo Parlamentario Socialista.



Página 3





Votación ... (Página20)


Sometidas a votación las enmiendas presentadas al punto de referencia, son rechazadas todas.


Palabras de la Presidencia ... (Página21)


La Presidencia, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, anuncia que las votaciones no se realizarán antes de las 15:00 horas.


Asimismo informa sobre el horario para las votaciones telemáticas de hoy.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Continuación) ... (Página21)


Proposición de ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones ... href='#(Página21)'>(Página21)


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mazón Ramos y García Adanero, y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Baldoví Roda y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común; Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX, Santamaría Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Aranda Vargas, del Grupo Parlamentario Socialista.


Enmiendas del Senado ... (Página33)


Proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género (procedente del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo) ... (Página33)


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano; García Puig, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común; Toscano de Balbín, del Grupo Parlamentario VOX; Álvarez Fanjul, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Guinart Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página40)


Proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos (corresponde a los números de expediente 120/000018/0000 de la XII Legislatura y 120/000005/0000 de la XIII
Legislatura) ... (Página40)


En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano.



Página 4





En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; las señoras Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural, y Márquez Guerrero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Steegmann Olmedillas, del Grupo Parlamentario VOX; y las
señoras Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Guaita Esteruelas, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero) ... (Página51)


En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene la señora Riolobos Regadera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mazón Ramos y García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las
señoras Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural, y López Domínguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Fernández Ríos, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Sánchez Jódar, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación ... (Página62)


De los Grupos Parlamentarios Plural y Mixto, de creación de una Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en España ... (Página62)


En turno a favor de la solicitud interviene el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto, y Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); los señores Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano; las señoras Medel Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Jara
Moreno, del Grupo Parlamentario VOX; y los señores Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página73)


Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario VOX, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Plural (señora Sabanés) y el Grupo
Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes, se rechaza por 36 votos a favor más 121 votos
telemáticos, 157; 68 en contra más 114 votos telemáticos, 182; y 8 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación separada por puntos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística, se aprueban los puntos números 4, 7 y 8, y se rechazan los números 1, 2, 5 y
6.



Página 5





Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página75)


Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca) a la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre el proyecto de Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para incluir a todas las poblaciones de lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de
Especial Protección tras la reciente decisión adoptada por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad con el rechazo de las Comunidades Autónomas afectadas, así como sus graves repercusiones para una parte muy importante
del sector ganadero de los territorios al norte del Duero, se rechaza por 36 votos a favor más 107 votos telemáticos, 143; 68 en contra más 98 votos telemáticos, 166; y 38 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas
adoptadas por el Gobierno para la reducción del coste de la factura eléctrica de los sectores económicos más afectados por la crisis de la COVID-19 y aquellos con alta estacionalidad como la agricultura y el turismo, se aprueba por 68 votos a favor
más 181 votos telemáticos, 249; 2 votos telemáticos en contra; y 37 abstenciones más 61 votos telemáticos, 98.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique la situación de las mujeres en España al cumplirse un año de la creación del Ministerio de
Igualdad, se rechaza por 36 votos a favor más 65 votos telemáticos, 101; 68 en contra más 126 votos telemáticos, 194; y 53 abstenciones con voto telemático.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página76)


Sometido a votación el dictamen de la comisión a la proposición de ley Orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal, se aprueba por 69 votos a favor más 121 votos telemáticos, 190; 35 en contra más 114 votos
telemáticos, 149; y 8 abstenciones con voto telemático.


Votación de conjunto ... (Página76)


Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 68 votos a favor más 121 votos telemáticos, 189; 36 en contra más 115 votos telemáticos, 151; y 8 abstenciones con voto telemático.


Sometido a votación el dictamen de la Comisión a la proposición de ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del
Poder Judicial en funciones, se aprueba por 68 votos a favor más 126 votos telemáticos, 195; 35 en contra más 116 votos telemáticos, 151; y 1 abstención con voto telemático.


Votación de conjunto ... (Página77)


Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 68 votos a favor más 128 votos telemáticos, 196; 36 en contra más 114 votos telemáticos, 150; y 1 abstención con voto telemático.



Página 6





Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página77)


Sometidas a votación en bloque las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género (procedente del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo), se aprueban
por 104 votos a favor más 193 votos telemáticos, 297; y 50 votos telemáticos en contra.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página77)


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos (corresponde a los números de expediente
120/000018/0000 de la XII Legislatura y 120/000005/0000 de la XIII Legislatura), presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, se rechaza por 1 votos a favor más 33 votos telemáticos, 34; 103 en contra más 205 votos telemáticos, 308; y 4
abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de
enero), presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 36 votos a favor más 115, 251; 68 en contra más 122 votos telemáticos, 190; y 5 abstenciones con voto telemático.


Solicitudes de creación de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página78)


Sometida a votación la solicitud formulada por los Grupos Parlamentarios Plural y Mixto de creación de una comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en España, se aprueba por 104 votos a favor más
181 votos telemáticos, 285; 1 voto telemático en contra y 60 abstenciones con voto telemático.


Se levanta la sesión a las cuatro y veinticinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


MINUTO DE SILENCIO.


La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se abre la sesión.


Señorías, se cumplen hoy diecisiete años del atentado terrorista que tuvo lugar en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia, en Madrid, que se cobró la vida de 192 personas y que permanece en nuestra memoria. En su recuerdo, el
Parlamento y el Consejo Europeo decidieron hacer de cada 11 de marzo el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Con ese motivo, les ruego que volvamos a unirnos en el recuerdo de las víctimas y en el dolor con todos sus familiares y allegados
guardando un minuto de silencio. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).


Muchas gracias. (Aplausos).


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315, APARTADO 3, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000083).


La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas y, en concreto, el relativo a la proposición de ley orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal.



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Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Debatimos el dictamen de la Comisión de Justicia que aprobó en sus términos la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y que supuso el rechazo de la totalidad de las enmiendas, incluidas las de nuestro grupo parlamentario. Como ya
señalé desde esta tribuna y en la Comisión de Justicia, quizá no sea una cuestión tan sencilla eliminar el apartado 3 del artículo 315 para así rebajar la penalidad de los que incurren en coacciones para obligar a otros trabajadores a secundar una
huelga que no desean, pudiendo incluso llegarse a producir un efecto bumerán a través de la aplicación del genérico delito de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal. Tal situación devendría, señorías, de la circunstancia de que la penalidad
asociada al tipo genérico de coacciones cuando lo que se impide es el ejercicio de un derecho fundamental como el de huelga, tanto en su dimensión positiva de hacerla como en su dimensión negativa de no hacerla, supone una penalidad agravada de
hasta cuatro años y medio de prisión, frente a los tres años del artículo vigente del 315.3 que ahora se pretende derogar y también frente al tiempo máximo de dos años que proponemos en nuestra enmienda, el más liviano de todos ellos. A lo que debe
añadirse que en el artículo 315.3 del Código Penal, aunque haya varias víctimas de la coacción causadas por un mismo autor, solo se aprecia un único delito frente al delito genérico de coacciones del 712, en donde se apreciarían tantos delitos como
afectados, sin perjuicio de los consiguientes concursos posteriores.


Por ello, no consideramos acertada la simple y llana derogación del artículo 315.3 para con ello disminuir la penalidad de esta conducta a través de la aplicación del tipo genérico de las coacciones. Este cambio supone eliminar el
componente predominantemente colectivo del llamado derecho penal del trabajo y el tratamiento penal específico de las conductas y comportamientos nacidos en el marco de una relación sociolaboral, porque, como en el caso de las coacciones de los
piquetes de información, ha de tenerse en cuenta la finalidad que les anima y el contexto en que son realizadas a la hora de valorar la intensidad de la limitación que dichas conductas introducen en el derecho de sus destinatarios.


Señorías, lo que estoy diciendo no quiere decir que haya que dejar las cosas tal y como están, ni mucho menos, muy al contrario. La interpretación que del artículo 315.3 se está realizado por la Fiscalía y, en ocasiones, también por los
tribunales, plantea, como ya señalé en otra ocasión citando al exfiscal señor Torres-Dulce, un desvalor de la conducta y la desproporción del bien jurídico protegido. Lo explico, señorías, aunque son cosas sabidas.


La huelga tiene en sí misma un elemento de coacción, es un instrumento que constitucionalmente se concede a la parte más débil dentro de una relación laboral y es un instrumento que permite ejercer la coacción psicológica necesaria para
forzar a la contraparte a adoptar un acuerdo favorable a los intereses que se promueven; la huelga libra posiciones desiguales sirviéndose del elemento instrumental de la presión, contribuyendo al interés particular de quienes la llevan a cabo y
también de quienes no la llevan a cabo por la misma fuerza vinculante de los convenios, y la huelga contribuye también a la plasmación del valor fundamental del Estado democrático y social de derecho como es la igualdad, suponiendo todo ello que
actuaciones no justificadas en otros ámbitos puedan comportar en el desarrollo de una huelga un nivel de presión superior al tolerado en otros ámbitos. Por ello, es en el derecho penal del trabajo, más que en los tipos penales genéricos, donde
puede darse una dimensión más proporcionada y más aquilatada a las coacciones de los piquetes de extensión a la hora de materializar el principio de intervención mínima, que aconseja un tratamiento más benévolo de los comportamientos nacidos en el
ámbito de un conflicto colectivo y que se compadece mal con un tratamiento indiferenciado de las coacciones durante la huelga o fuera de ellas.


Por ello, proponemos en nuestra enmienda el mantenimiento de las coacciones de los piquetes informativos en el ámbito de un tratamiento penal específico, atemperando la penalidad al contexto de la naturaleza coactiva intrínseca a la misma
huelga, lo que ha de modular el desvalor de la conducta reprendida y la adecuada medida de la protección que se merece el bien jurídico que representa el derecho afectado de los coaccionados, sin olvidar tampoco los efectos que una penalidad
acrecentada puede tener para disuadir y desincentivar el ejercicio del derecho fundamental de huelga.


Por todo ello, proponemos vía enmienda una modificación del artículo 315 del Código Penal, rebajando su extensivo punitivismo y, en el caso de las coacciones de los piquetes informativos o de expansión de la huelga, rebajándolas a una pena
máxima de prisión de dos años, lo que evitaría en cualquier caso



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ingresar en prisión si no se es reincidente, frente a los actuales tres años y medio y a los cuatro años y medio de las coacciones genéricas que podrían resultar si se aprobase la proposición en sus actuales términos.


Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Moitas grazas, señora presidenta.


Reafirmamos una vez más nuestro compromiso con la derogación de un artículo del Código Penal de matriz predemocrática y que limita el legítimo derecho de huelga, por lo que adelanto ya que el BNG va a rechazar todas las enmiendas que
pretenden mantenerlo de una u otra forma. Carece de sentido democrático que, a la altura del año 2021, aún perviva una norma, el actual artículo 315.3, que proviene del 496 del Código Penal de 1973, introducido en 1976 con la intención declarada de
hacer frente a la creciente actividad agresiva de los grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga. Fue aprobado en un contexto de creciente conciencia, organización y lucha obrera nacional y democrática de ese periodo
final de la dictadura y tardofranquismo o Transición, como a algunos les gusta llamarlo, para tratar de intimidar a los trabajadores y trabajadoras y a las organizaciones sindicales, aún clandestinas, para que no organizasen huelgas. Estamos
hablando de un derecho, este de huelga, fundamental para mejorar las condiciones laborales, sociales y de vida de la clase trabajadora, un derecho que costó mucho esfuerzo y sacrificio conquistar. Ayer precisamente, 10 de marzo, se conmemoraba en
Galiza -por cierto, con una huelga general en la comarca de Ferrol en defensa de reivindicaciones justas que el Gobierno debe escuchar- el Día da Clase Obreira Galega. En esa jornada de lucha obrera y popular se recuerda el asesinato hace cuarenta
y nueve años, el 10 de marzo de 1972, por disparos de la Policía Armada, de dos obreros, Amador Rey y Daniel Niebla, en el transcurso de una movilización de los trabajadores de los astilleros. No, la conquista del derecho de huelga no ha sido
fácil, por lo que no podemos aceptar que siga penalizada la labor de información movilizadora que desarrollan los piquetes de huelga. En cualquier otro Estado que se diga democrático resultaría cuando menos sorprendente que, a pesar de la
aprobación de la Constitución y de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el derecho de huelga continúe regulándose por una norma preconstitucional, el Real Decreto-ley 17/1977. Y no menos que el Código Penal de 1995, veinte años después de la
muerte del dictador, mantuviese vigente como delito la organización de piquetes.


El BNG siempre ha defendido la necesidad de derogación de este artículo, vestigio de una legislación que no reconocía el ejercicio libre de derechos fundamentales como el de huelga. Por eso fue una de las medidas que introdujimos en el
acuerdo de investidura, por lo que nos alegramos de que estemos dando los pasos definitivos también para su eliminación de una vez por todas. En todo caso, me gustaría recordar que en ese acuerdo de investidura también están recogidas otras medidas
que van en la misma dirección de recuperación de derechos sustraídos a los trabajadores y trabajadoras con la excusa de la crisis, entre ellas la derogación de la reforma laboral, de la negociación colectiva y de las pensiones o de la Ley mordaza.


A pesar de que llevamos ya quince meses de legislatura y de las reiteradas promesas por parte del Gobierno, el hecho es que no hubo ninguna actuación en este sentido más allá de la derogación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores
y esta del 153.3 del Código Penal, aún inconclusa. Queremos que las reformas laborales sean derogadas ya porque, lejos de sus teóricos objetivos, provocaron destrucción de empleo -especialmente en el sector industrial- y nuevas formas de
explotación y de precarización de los trabajadores y trabajadoras, con las conocidas consecuencias de inestabilidad laboral, bajos salarios y, en definitiva, pobreza laboral. Pero además las reformas laborales fueron aprovechadas para un proceso
más de centralización, en la medida en que se reforzó la estatalización de las relaciones laborales y de una negociación colectiva que quedó claramente debilitada. Y tenemos que recordarlo -lo hemos denunciado ya en más ocasiones-: el hecho de
impedir o dificultar la negociación colectiva en nuestro país, en Galiza, supone también debilitar la capacidad de negociación y de presión de la clase trabajadora gallega y, por lo tanto, redunda negativamente en los resultados y en las condiciones
de trabajo de nuestros asalariados y asalariadas. Por ello consideramos necesario y urgente derogar las reformas laborales, todas y en su totalidad, porque mantenerlas en un contexto de crisis industrial como el que vive Galiza -la huelga de Ferrol
y de la comarca de Trasancos de ayer es la evidencia-, agravada



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lamentablemente esta crisis por el hecho de la emergencia sanitaria, implica que sigamos conviviendo con la precariedad laboral, con la inestabilidad, con los ERTE y también con los ERE y con los despidos de forma unilateral. Por eso la
derogación en su día del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores y esta del 153.3 del Código Penal, siendo necesarias y positivas, nos parecen insuficientes, ya que falta la solución global al grave deterioro de las condiciones laborales,
salariales y, por lo tanto, de vida de la clase trabajadora de nuestro país. Es preciso avanzar. De ahí que una vez más pidamos al Gobierno que derogue las reformas laborales y que lo haga de forma inmediata.


Esperamos de verdad que esta medida que hoy adoptamos no quede en una operación de imagen que demore, ralentice o acabe dejando en el olvido lo que realmente hay que hacer, lo que entendemos que este Gobierno tiene que hacer. En todo caso,
en relación con el artículo que nos ocupa y como hemos explicitado en ocasiones anteriores, creemos que no se puede seguir manteniendo en vigor un precepto que no es compatible con un marco de derechos y libertades y que ha sido reiteradamente
utilizado en la represión de trabajadores y trabajadoras que ejercen el legítimo derecho de huelga. Por eso nos alegramos de que sea definitivamente derogado.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-Pausa).


También para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).


El señor AIZCORBE TORRA: Señora presidenta, muchas gracias.


Mantenemos nuestras enmiendas porque creemos que España necesita trabajo, ley y orden y la derogación que se pretende va en sentido contrario, pues ni garantiza el trabajo, puede contravenir la ley y pretende armar de insolencias el
desorden. Vaya por delante como cuestión no baladí la vergonzosa exposición de motivos, antesala de esta ley derogatoria que ya per se nos obliga por decoro hacia esta misma Cámara a censurar la transgresión legislativa que nos ocupa. Nos parece
absolutamente inadecuado que en la exposición de motivos de una ley orgánica, máxima expresión de la ley como fuente jurídica, se incorporen valoraciones de menosprecio a otra formación política que aprobó la norma -en este caso el Partido Popular-
propias del debate político y delimitadas por el debate político. Vuestras señorías conocen que por mor de nuestra actividad legislativa esta norma se insertará en el ordenamiento jurídico español con carácter de orgánica, a tenor del artículo 81
de la Constitución española, ocupándose de la regulación de un derecho fundamental y, por ende, no es lugar para ajustar cuentas, plasmar cuitas políticas o publicitar relatos, como aparece en la bochornosa exposición de motivos impropia de una
democracia saludable. (Aplausos).


España necesita trabajo, ley y orden. La presente propuesta que hoy debatimos en su última fase puede traer consecuencias indeseables sesgando la libertad de los trabajadores a escoger libremente el ejercicio del derecho a la huelga o el
derecho a trabajar. El precepto en cuestión, como bien saben, se incardina en el título XV de los delitos contra los derechos de los trabajadores, artículos 311 al 318 del Código Penal. Y en todos ellos se censuran y penalizan las actitudes
indeseables de algunos impostados empresarios o patronos capaces de perpetrar desmesuradas actuaciones como no dar de alta en la Seguridad Social a algún empleado. Vuestras señorías saben incluso que entre nosotros se encuentra alguno de esos
personajes sin escrúpulos. (Aplausos). Recordemos que en dicho artículo 315 se produce un equilibrio necesario donde se materializa el reproche penal al empresario que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidiere o limitare el
derecho a la huelga, agravándose las penas si ello se hiciere mediante fuerza, violación e intimidación. La actuación desmedida de aquellos que opriman en propio beneficio a los más necesitados y desamparados buscando su enriquecimiento en la
penuria ajena no tan solo tiene nuestro reproche moral, sino también hoy la amonestación legal. Amonestación legal que se pretende desaparezca para aquellos que, abusando de la indefensión de aquel que quisiere trabajar, se le impidiere el derecho
al trabajo, por muy loables que fueren las últimas causas de la reivindicación que se desliza mediante la protesta. Insistimos una vez más: VOX en modo alguno soporta, comparte ni aprueba ningún tipo de abuso empresarial; aún es más, consideramos
que entre los deberes morales del buen empresario -que es la inmensa mayoría en España- debe primar y destacar el proveer a cada uno lo que sea justo y en justicia corresponde. (Aplausos).


España necesita trabajo, ley y orden. La norma que se pretende derogar en ningún caso debe confundirse -como se jalea torticeramente- con una limitación abusiva del ejercicio del derecho de



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huelga o a la libertad sindical, sino con la protección del derecho al trabajo de los trabajadores, artículo 35 de la Constitución; con la libertad, artículo 17 de la Constitución, y la dignidad de la persona, artículo 10.1 de la
Constitución; en definitiva, con la libertad completa. Se pretende justificar bajo la vulneración del derecho de huelga la barra libre para que algunos liberados coaccionen al resto de trabajadores que quieran ejercer su derecho al trabajo, y eso
no se puede tolerar. El abuso, las coacciones, los métodos violentos, el rancio matonismo sindical en el desarrollo de una huelga, propios de los sindicatos de clase ebrios de luchas fraticidas, es contrario a las exigencias del bien común de la
sociedad que corresponde a la naturaleza bien entendida del trabajo mismo unido a la dignidad de la persona.


España tiene más de 4 millones de parados, 900 000 personas en ERTE y otras tantas inactivas y está al borde de la eclosión y del conflicto social, y esta proposición de ley pretende dejar impune la violencia en la que la izquierda mueve y
se mueve cómodamente, plácidamente, consentidamente. (Aplausos). ¿Cuál es el bien jurídico protegido que desaparece? El derecho de los trabajadores a elegir libremente trabajar, y es que la izquierda, como siempre -la izquierda, como siempre- en
nombre de los trabajadores, ataca a los trabajadores; en nombre de la libertad, ataca frontalmente la libertad; en nombre de la igualdad, forja la desigualdad; en nombre de la justicia, genera injusticia. (Aplausos).


Por ello, permítame recordarles serenamente algo que vuestras señorías ya intuyen sin errar, un nuevo aviso a navegantes: en no mucho tiempo VOX gobernará, y en VOX estamos preparados para gobernar, y en ese momento derogaremos todo cuanto
violente la voluntad de los trabajadores españoles y la paz social para recuperar ni más ni menos que la libertad. Y es que España necesita trabajo, ley y orden. En definitiva, España necesita a VOX y solo queda VOX.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aizcorbe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor De Olano Vela.


El señor DE OLANO VELA: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.


Subo a la tribuna a defender la enmienda a la articulado presentada por el Grupo Parlamentario Popular al dictamen de esta proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal, una enmienda que, como saben, consiste en impedir la
derogación del artículo 315.3 del Código Penal, así como también evitar un trato de favor desde el punto de vista procesal a los encausados o condenados por este delito.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular defiende el derecho de huelga tal y como se recoge en el artículo 28.2 de la Constitución de 1978 -por supuesto que sí-, por eso estamos a favor de la existencia del artículo 315 del Código Penal,
porque protege a los trabajadores en las dos esferas en las que puede desenvolverse este derecho fundamental. Por un lado, en el derecho de todo trabajador a ejercer libremente su derecho de huelga sin injerencia alguna por parte del empleador o de
cualquier otra persona, como se recoge en los puntos 1 y 2 del citado artículo. Por otro, porque también se protege el derecho de cualquier trabajador a no secundar una huelga, es decir, el derecho a trabajar, a no verse coaccionado por una turba
de violentos en forma de piquete coactivo, y es ahí donde opera el artículo 315.3 del Código Penal que ustedes pretenden eliminar.


Créanme que no deja de sorprenderme la argumentación de los portavoces del Partido Socialista, que vienen a decir que no ha lugar a este tipo especial del artículo 315.3 pues estas conductas ya se contemplan en el Código Penal a través del
tipo genérico para las coacciones establecidas en el artículo 172. Y me sorprende por dos motivos, primero, porque de ser cierto su argumento, derogarían también el 315.2, que tipifica las coacciones cuando con estas se pretende impedir el
ejercicio del derecho de huelga, y me explico. Para ustedes no ha lugar a un tipo especial en el ámbito de los derechos de los trabajadores cuando se trata de defender el derecho a trabajar y la libertad, uno de los valores esenciales de nuestra
ordenamiento jurídico, pero, por el contrario, sí consideran necesaria la existencia de un tipo especial cuando se trata de castigar un ataque al derecho de hacer o participar en una huelga. Y, en segundo lugar -y ya se ha advertido a lo largo de
la tramitación parlamentaria, entre otros, por mi compañero Manuel Jerez-, que puede que estén ustedes haciendo un pan con unas tortas, ya que, si bien su intención declarada es bajar el reproche penal de los piquetes violentos, la aplicación del
artículo 172 a estos mismos actos podría dar lugar a la existencia de tantos delitos como personas coaccionadas, lo que podría provocar una mayor pena para sus autores en aplicación de las reglas del concurso de delitos. A mayor abundamiento, en el
caso de que se entienda, como hace buena parte de la doctrina, que se



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atenta contra el derecho a no hacer huelga como vertiente negativa de este derecho fundamental, la pena se elevaría de forma sustancial.


El otro argumento esgrimido es que hay que defender el papel de los sindicatos porque son un pilar básico para la convivencia pacífica y democrática, y siendo así se me plantean dos dudas. La primera es si para el Grupo Socialista el papel
de los sindicatos es coaccionar a los trabajadores que quieren trabajar y no secundar una huelga; para el Partido Popular, desde luego que no. La segunda es si para el Partido Socialista la convivencia pacífica y democrática se defiende
coaccionando a los trabajadores que libremente han decidido no secundar una huelga. ¿Qué pretenden ustedes, importar aquí el sistema de los montoneros argentinos, los sindicalistas violentos peronistas? Puede que ese sea el modelo del señor
Echenique, pero ya sabemos lo que le importan al señor Echenique los derechos de los trabajadores.


Señorías, el éxito de una huelga depende de la participación y para que esta sea masiva se necesita facilitar publicidad e información a los trabajadores, y así lo reconoce la jurisprudencia, que considera esta labor como una parte
inseparable del derecho de huelga, en palabras del Tribunal Constitucional, pero también, de la misma forma, ampara esta misma jurisprudencia el derecho a no participar en una huelga. Así se ha entendido a lo largo de los últimos veintiséis años,
también por el Partido Socialista e incluso por Izquierda Unida, integrante de Podemos, pues ambos fueron los impulsores en el año 1995 de la reforma del artículo 315.3 del Código Penal, que establecía, por cierto, penas mucho más duras que las
actuales, estas más moderadas, y que son fruto de la reforma del Código Penal impulsada por el Partido Popular en el año 2015.


Señorías, el derecho de huelga, aun en su versión más amplia, no es un derecho ilimitado, como no lo son el resto de derechos fundamentales. Su ejercicio habrá de ponderarse cuando entre en conflicto con otros derechos, como es el derecho
al trabajo o a la libertad, en el caso que nos ocupa, y esto es precisamente lo que hace el artículo 315.3 del Código Penal. Quizá por esto, porque son conscientes de su tropelía, nos han hurtado a los legisladores los informes del Consejo de
Estado, de la Fiscalía o la opinión de expertos en la materia, como dicta el sentido común en un asunto objeto de regulación orgánica. Hoy, señorías, aquellos que dicen defender al trabajador se han transformado en defensores de los que atacan a
los trabajadores. Hoy, aquellos que dicen ser progresistas se erigen en defensores de burdos matones que nada tienen que ver con la generalidad del mundo sindical, más al contrario, lo denigran. Hoy el Partido Socialista pretende, con la
colaboración de los más radicales de la Cámara, amparar la violencia, la violencia que creen beneficia a sus intereses.


Señorías, estamos inmersos en una crisis pavorosa con 6 millones de españoles sin poder trabajar, 2 millones de españoles en las colas del hambre, un paro juvenil que alcanza el 40 % y con la mayor caída de la riqueza nacional desde la
Guerra Civil, y ustedes, que tanto dicen escuchar a la calle, resulta que le tienen miedo, tienen miedo a la reacción de los españoles ante su manifiesta incompetencia, ante el desastre de sus políticas y para evitar ese estallido social necesitan
comprar la paz social. Lo han hecho primero con dinero, ya sea a través de la gestión de los fondos de formación en el año 2019 o ya en 2021, aumentando un 56 % la subvención a los sindicatos. Con el PSOE resulta que para rescatar a autónomos,
bajar el IVA de las mascarillas o pagar el ingreso mínimo vital no hay dinero, pero para pagar por que no se perturbe el sueño de Pedro Sánchez, para eso, señorías, lo que haga falta. (Aplausos). Y, finalmente, pretenden comprar la voluntad de los
más violentos, amparando legalmente sus actuaciones, en perjuicio de la mayoría social de este país.


Señorías, en las últimas semanas hemos visto cómo desde el Gobierno de España se ampara la violencia con el silencio cómplice de Pedro Sánchez, mientras muchas ciudades españolas estaban ardiendo, se saqueaban negocios y se agredía a la
policía. Y, hoy, si finalmente se aprueba esta proposición, darán ustedes un paso más en esa deriva radical al aprobar una suerte de amnistía encubierta para sus amigos violentos; una nueva y peligrosa mutación constitucional, que en esta ocasión
consiste en conceder beneficios procesales a piquetes violentos condenados o investigados por la justicia. A esto se le llama legislar ad hominem, y esto es muy peligroso en democracia. Mañana, señorías, lo harán ustedes con los independentistas
condenados por el delito de sedición.


La señora PRESIDENTA: Señor De Olano, tiene que terminar.


El señor DE OLANO VELA: Termino ya, señora presidenta.


Señorías, es evidente que con Sánchez e Iglesias en el Gobierno están en peligro principios y valores consagrados en nuestra Constitución que no son cuestionados en ningún otro país de nuestro entorno. Están en peligro la libertad
educativa, el derecho a trabajar, la propiedad privada, nuestro idioma común,



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la independencia de los jueces y la labor legislativa del Parlamento. Está en peligro, en definitiva, la libertad, la libertad de todos. Hoy, señorías...


La señora PRESIDENTA: Señor De Olano, tiene que terminar. Vamos a hacer aplicación estricta de los tiempos hoy, porque hay muchísimos puntos.


El señor DE OLANO VELA: Gracias por su generosidad, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por un error, no he dado la palabra a otro diputado interviniente del Grupo Parlamentario Plural, a quien le doy la oportunidad, por tiempo de dos minutos, para que intervenga. Por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Boadella Esteve.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días.


Nosotros estamos de acuerdo, en términos generales, con esta modificación, pero teníamos desde el PDeCAT una enmienda sencilla, aunque creemos que con mucho contenido, con contenido relevante. Consistía en apelar al Gobierno para que, antes
de finalizar el ejercicio 2021, presentara un proyecto de ley de huelga, una disposición adicional nueva, un requerimiento al Gobierno para regular esta materia, que está pendiente todavía de desarrollo con normas constitucionales. Se ha dicho
anteriormente, un real decreto-ley del año 1977, una norma preconstitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1981 y, al final, un derecho fundamental pendiente de desarrollar por ley y que hoy en día está regulado por una ley
preconstitucional.


Regular la ley de huelga de manera correcta, de manera constitucional, es un reto que tiene toda democracia y que afecta a empresarios, a trabajadores, a la seguridad jurídica y a la economía productiva. Por tanto, es incomprensible que, a
fecha de hoy, todavía esto esté regulado en términos preconstitucionales. El Tribunal Constitucional lo ha afirmado, pide una configuración que no sea en base a sentencias del Tribunal Constitucional, sino en base legal. El último intento fallido
de regular esta materia es del año 1993 y, al final, uno llega a la siguiente conclusión: ¿qué pasa, que cuando no hay valentía política los temas se dejan a merced del Tribunal Constitucional? Se podría plantear que esto no puede ser, que esto no
ha pasado nunca. Pues sí, ha pasado más de una vez. Al final, temas pendientes como la Ley mordaza o la reforma laboral, que el Gobierno no se pone de acuerdo en si la quieren hacer o no, piden valentía política, piden no dejar los temas
preconstitucionales ni los temas constitucionales en manos del Tribunal Constitucional.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.


Nosotros vamos a apoyar la derogación de este artículo, que suponía una contrarreforma del PP en relación con el derecho de huelga y, como ya se ha comentado anteriormente, tenía un precedente en la legislación de la época de más
conflictividad obrera. El año 1976 es el año récord de huelgas y en aquel momento el posfranquismo decidió tratar de ponerle fin con un artículo que penalizaba la actividad de los piquetes de huelga. Pero, como ya hemos señalado en todas las
ocasiones anteriores en que se traía la derogación de este artículo a la Cámara, debemos derogar otras amenazas que se ciernen sobre el derecho de huelga, en particular la Ley mordaza, que presupone la veracidad de la versión de los cuerpos
policiales en un conflicto, y también el delito de sedición, que se aplicó en el caso de los presos políticos catalanes y que algunos movimientos sociales -en particular, recuerdo el comunicado que hizo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca-
alertaron de que esa sentencia era un peligro, de entonces en adelante, para cualquier movilización social. Y no estoy hablando de futuribles abstractos. Les hablaré, como ya hice en otra ocasión, de unos hechos relativos a la huelga general que
se dio en Cataluña el 8 de noviembre de 2017. Nuestro compañero de la CUP y de Piratas de Cataluña, Francisco Garrobo, ha estado condenado por desórdenes a tres años y medio, y su compañero Moisès Fernández a un año. En el caso de esta sentencia,
los testimonios de hasta diez agentes de la policía indican que no existió la



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agresión que forma parte de la versión de los denunciantes e incluso indican estos testimonios policiales la actitud dialogante del piquete en el corte de circulación motivo de la denuncia. Pero, como estos testimonios policiales no encajan
con la versión de la acusación, la presunción de veracidad que se les da precisamente en otros procesos administrativos, con la Ley mordaza no se tiene en cuenta.


Sin embargo, esta sentencia es interesante por un par de cuestiones más. La primera es que tira por primera vez del nuevo concepto de violencia que estableció el juez Marchena en la sentencia del procés, lo que se llamó en esa sentencia
violencia psíquica o violencia compulsiva. Se usa este concepto para condenar a gente que hacía un piquete de huelga. Y la segunda es que, pese a que era una huelga legal que estaba convocada por el sindicato Intersindical-CSC y estaba aprobada,
el juez decidió considerar que aquel piquete no era tal cosa, que había una huelga pero que esa gente no formaba parte de la huelga, sino que formaba parte de otra manifestación y que, como necesitaba una autorización expresa de derecho de
manifestación, incurrió en un delito. Con esos argumentos, también arbitrarios, hay una condena -repito- de tres años y medio para una persona y de un año para otra. En resumen, aunque se derogue el artículo 315.3 -que es una muy buena noticia que
hoy esto suceda-, los piquetes de huelga no están a salvo de otras arbitrariedades cometidas por jueces a través -insisto- de la jurisprudencia que dejó el juez Marchena con la sentencia de los presos polítics catalanes, del delito de sedición o de
la Ley mordaza.


Un par de cuestiones para ir terminando. Primero, un abrazo a todos los y las sindicalistas y a todas las personas movilizadas que se han visto involucradas en procesos judiciales a raíz de su participación en huelgas. (Aplausos). Pese a
esta contrarreforma que se dio y pese a todas las amenazas, continuarán saliendo a la calle, porque, como dijo el mítico Marcelino Camacho, el derecho a la huelga se conquista ejerciendo la huelga. Es un referente -añado- que nosotros tomamos para
el referéndum del 1 de octubre. El derecho a la autodeterminación se gana ejerciendo la autodeterminación. Con esa filosofía lo hicimos el 1 de octubre y ho tornarem a fer.


En segundo lugar -y ahora sí para terminar-, un comentario sobre los jueces, empresarios y políticos de derechas que parece que solo se acuerdan del derecho al trabajo cuando se producen las huelgas. Hay que defender el derecho al trabajo
todos los días, en las colas del paro y frente a los poderes y las clases que dirigen la economía. Algunos solo se acuerdan del derecho al trabajo cuando se trata de perseguir a sindicalistas y no se debe confundir el derecho al trabajo con el
derecho a hacer el esquirol, que no existe.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, nosotros vamos a votar en contra de todas estas enmiendas por una cuestión muy básica, y es que creemos que ha llegado el tiempo de recuperar el derecho a la huelga para los
trabajadores sin más represión por parte de la patronal o al servicio de la patronal. Probablemente, hoy veamos el último intento desesperado de las patronales, a través de sus terminales políticas, de mantener elementos coactivos contra el
legítimo y libre ejercicio del derecho a la huelga. Pero diré, como Bertolt Brecht cuando decía aquello de qué tiempos estos en los que hay que luchar por lo evidente, algo muy evidente, y es que nadie hace huelga ni nadie va a la huelga por
capricho, sino que se hace por necesidad, para autodefenderse de una decisión realmente violenta, la de desposeer de un futuro a él y a su familia, de un puesto de trabajo. Esa es la triste realidad que vivimos, el panorama de este tiempo presente
que nos toca vivir. Señorías, bienvenidos al 2021. Después de haber oído a algunos intervinientes hablar de órdenes y de ley y de amnistía para nuestros amigos violentos, me ha venido a la memoria el 3 de marzo de 1976, cuando en la iglesia de
Zaramaga, de Gasteiz, fueron asesinados cinco obreros por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de ese régimen. Por supuesto, hubo amnistía para esos señores violentos. Esa es la triste realidad a la que algunos parece que nos quieren
llevar.


Me voy a referir a algunas de las enmiendas que se han planteado. En una de ellas se nos habla de la necesidad de limitar el derecho a la huelga a condiciones estrictamente laborales. Esto ni es así ni puede ser así. Hay sentencias, como
la de 2012 del Tribunal de Justicia del País Vasco, que determinan que las huelgas pueden servir para promover objetivos laborales o socioeconómicos. Piensen qué habría sido de este Estado si las huelgas solo hubieran sido estrictamente laborales.
¿Qué hubiera pasado con



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el proceso de Burgos y las huelgas generales convocadas en Euskal Herria para frenar lo que iba a ser una ejecución de personas? ¿Qué habría pasado con las huelgas generales que trajeron la democracia más rápidamente que algunos políticos
que pasaron de la noche a la mañana de ser franquistas a demócratas lustrosos? ¿Qué pasaría con la huelga feminista que se convocó hace dos años por parámetros diferentes a los estrictamente laborales? Esa enmienda es un despropósito y solo tiene
sentido votarla en contra.


Pero me voy a referir también a la enmienda que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco. Nos ha sorprendido enormemente, y se lo digo con todo el respeto, pero no gratamente. Ha constatado lo que algunos temíamos. Ustedes utilizan un
argumento, el de no suprimir del artículo 315 todo lo que tiene que ver con las penas de prisión y multa para los piquetes, hasta los informativos, como han dicho hoy aquí desde la tribuna. Nos parece un salto cualitativo peligroso mantener esas
penas, y si no, la alternativa sería que sufrieran más penas. Lo que no dicen, pero sí lo dice su enmienda, y es bueno señalarlo aquí, es que su enmienda va más allá. No habla solo de las actitudes coactivas -daría para un debate extenso qué
significa coactivo en la relación entre empresario y trabajador, cuando el que tiene la sartén por el mango siempre es el empresario-, sino que va más allá cuando se introduce la frase 'o condujeren a otras personas a iniciar o continuar una
huelga'. Señorías del Partido Nacionalista Vasco, en esto creemos que hay una colisión frontal con el Estatuto de los Trabajadores, que dice que la principal medida de autotutela que tienen los trabajadores y las trabajadoras es la huelga, que la
ejercen cuando existe un conflicto colectivo en la relación entre empresarios y trabajadores, y que es concertada a través de las asambleas de trabajadores, sindicatos o representantes de trabajadores sindicales o unitarios. ¿Qué es conducir a una
huelga o qué es conducir a iniciar o mantener una huelga? ¿Cualquiera de estas actividades que puedan hacer los sindicatos? ¿Eso es punible? ¿Eso quiere el Partido Nacionalista Vasco, que sea punible? Sinceramente, nos sorprende que se
introduzca este concepto del 'condujeren', porque sabemos lo laxo que puede llegar a ser penalizar siempre, también ahora, a aquellos que hasta ahora no tenían penalización en el Estado español o en su marco legislativo laboral, como son los
piquetes informativos.


En definitiva, en una supuesta reducción como la que nos plantea, lo que se tapa es una ampliación de los supuestos penales del derecho a la huelga. ¿Por qué se hace eso? Porque si bien la huelga es un derecho individual, se ejerce de modo
colectivo, y si dificultamos el ejercicio del derecho a la huelga, estamos dificultando de forma colectiva que se puedan hacer huelgas. Esto puede que guste o agrade mucho a las patronales, pero gusta poco o nada a los trabajadores de Tubacex, por
ejemplo, que se manifiestan en Laudio o a los de PCB, en Barakaldo y Sestao. Ellos esperan de nosotros y de nosotras que defendamos sus posiciones y que políticos y Gobiernos sean sensibles a sus demandas y no ser aporreados por policías. Esa es
la realidad que estamos viviendo a día de hoy.


Les diré una cosa más. En esta tribuna también se ha dicho en más de una ocasión que los vascos y las vascas somos unos privilegiados dentro del Estado español porque tenemos unos niveles de renta muy altos, unos salarios más altos que el
resto del Estado español. Apunten este dato, porque igual les ayuda: el País Vasco y Navarra -Euskal Herria- es la zona de Europa con más huelgas en el siglo XXI. Desde 2009 a la actualidad, nueve huelgas generales ¿Se han parado a pensar que
igual una base sindical organizada y fuerte tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de los y las trabajadoras? ¿Se han parado a pensar que quizá por eso tenemos los niveles que tenemos?


En cualquier caso, y para ir finalizando, nosotros agradecemos que se hayan presentado las enmiendas porque ayuda a que la gente entienda y visibilice el debate. Ayuda, por ejemplo, a que la gente entienda que hay diferentes agendas vascas,
que la agenda de la izquierda soberanista e independentista vasca está en la defensa de los derechos de la clase trabajadora, de la clase trabajadora vasca y, en la medida en que compartimos paraguas o soporte legal con la clase trabajadora de otras
naciones del Estado español, del conjunto de la clase trabajadora. Hay otras agendas vascas que, probablemente, hacen coincidencia o piña en la defensa de los intereses de las patronales, pero esa no es la agenda de la izquierda independentista
vasca y no es la única agenda vasca.


Decía el presidente del Partido Nacionalista Vasco hace unos días que ahora se llevaba mejor con el Partido Popular porque parecía que el Partido Popular se había moderado. Con todo el respeto, viendo esta enmienda, yo más bien podría
concluir lo contrario, que se pueden llevar mejor con el Partido Popular porque, con enmiendas como estas, parece que el Partido Nacionalista Vasco se ha derechizado.


Termino con una cita de un personaje histórico que creo que viene a cuento para señalar la importancia del derecho a la huelga como instrumento de defensa. Este personaje histórico era un tal Lenin. Decía que



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cada huelga recuerda al capital que no son ellos los verdaderos amos, sino los trabajadores, quienes proclaman sus derechos cada vez con más y más fuerza.


Mila esker. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cambronero Piqueras.


El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.


¡Qué pena que no se hayan quedado los ministros del Interior y de Justicia! Porque, claro, tenían que hacerse la foto y marcharse. Aquí vamos a debatir algo que les atañe directamente, la derogación de un apartado de un artículo del Código
Penal, pero parece que no ha sido de su interés. Y qué pena también porque ha habido dos declaraciones de intenciones, justo antes de subirme yo a esta tribuna, muy sustanciosas. Concretamente, el orador que me ha precedido en el uso de la palabra
ha hablado de asesinatos. El descendiente político de ETA ha hablado de asesinatos en esta tribuna. Y otro grupo político, que igual hasta gobierna en Cataluña, dice que volverá a transgredir la ley; nos ha dado ese titular. Por tanto, uno va a
transgredir la ley y el otro ha hablado de asesinatos. ¡Qué pena que no se hayan quedado! Les deberían hacer llegar el mensaje.


Entrando en materia, lo que debatimos hoy es la aprobación definitiva de la proposición de ley orgánica que pretende la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. El Partido Socialista quiere despenalizar una conducta antes tipificada
en el Código Penal; es algo simple y crudo. Hay personas, sobre todo organizaciones, interesadas en esta iniciativa, aunque, siéndoles sincero, tengo que decirles que no lo considero ni urgente ni necesario. En primer lugar, me gustaría aclarar
que lo que se debate aquí no es una derogación de la Ley de seguridad ciudadana, tampoco una amplia reforma del Código Penal, sino la derogación de un apartado concreto del Código Penal referido a la actuación coercitiva de los piquetes en caso de
huelga. Señorías, ¿huelgas? ¿De verdad estamos hablando hoy, con la que está cayendo, de huelgas? Si es que, al paso que vamos, no van a quedar trabajadores. Deberíamos centrarnos en medidas concretas para generar empleo.


Todos sabemos que esta iniciativa nace de los sindicatos representativos -que también sabemos de dónde cojean- y hay una cosa clarísima, señorías: la situación en España es terrible. Esta crisis sanitaria nos va llevar a la peor crisis
económica de nuestra historia. Señorías, las cifras de paro asustan -y se auguran todavía peores-, pero, señorías, ¿y los sindicatos? ¿Alguien los ha visto? No quiero imaginar esta cifra de paro con Gobiernos de otro color, porque las calles no
estarían tan pacíficas. Para lo que sí encontramos, por ejemplo, a UGT es para poner su obesa maquinaria a trabajar para recurrir la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de suspender las concentraciones del 8-M. A nosotros nos preocupa
la salud y el trabajo, señorías, por ese orden; nos importa todo lo que tiene que ver con la salud y con el trabajo; otros están en otras cosas.


Hablando de nuevo de esta iniciativa y para que nos entiendan más allá de este hemiciclo, se pretende -el Grupo Socialista, nada más y nada menos que el partido mayoritario en el Gobierno actual, a exigencias, también, de los proetarras de
Bildu, como todos hemos podido ver, y del sector independentista- que el Código Penal no tenga nada que decir cuando, declarada una huelga, impere la ley de la selva y se pueda obligar, incluso con violencia, a todos los trabajadores, sea cual sea
su situación, a acudir a la huelga, a dejar de trabajar. Obligar.


Miren, podríamos estar de acuerdo, con matices, en una bajada de penalidad determinada para determinados hechos -valga la redundancia- sin violencia ejecutados en el transcurso de una huelga, pero no podemos admitir que se despenalicen
conductas que tienen objeto de castigo penal. Es decir, nos plantean que baste el delito genérico de coacciones para sancionar actitudes violentas que invadan el derecho de los españoles a acceder a un puesto de trabajo.


Señorías del PSOE, además, ustedes, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, impulsaron una revisión de sentencia firme ya dictada en aplicación de este precepto. Miren, yo ya sé que a los señores del Partido Socialista, de Podemos
y de su mayoría Frankenstein -todos están aquí- les gusta mucho ponerse la toga de los jueces, sobre todo cuando hay sentencias que no les gustan, y hay muchas que no les gustan. También de ahí la batalla campal para dirigir el Consejo General del
Poder Judicial, que no ha acabado.


Señorías, hablemos del mundo real. En los procesos de huelga, la mayoría de los trabajadores que ejercen este derecho constitucionalmente reconocido lo hacen pacíficamente. Y, ¿saben por qué? Por el



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temor a la sanción a delinquir; esto es de primero de Criminología, pero sí es cierto que el derecho de huelga es un derecho, no una obligación. Eso nos tiene que quedar muy claro; se reconoce en el artículo 28 de la Constitución; es un
derecho fundamental, pero es un derecho, no una obligación, y ustedes no lo tienen muy claro.


La verdad es que existen ocasiones -las menos, por suerte, también hay que decirlo- en las que algunos piquetes llegan a ejercer coacción, e incluso la violencia, y llegan a agredir a los trabajadores que no ejercen este derecho. Esa es la
labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Mis compañeros actúan para garantizar los legítimos derechos de los trabajadores, hagan huelga o no. Como he visto la coacción, las amenazas y las agresiones en el ámbito de las celebraciones de huelga,
soy consciente de que lo que ustedes pretenden es una derogación de este precepto, y esta derogación implica pérdida de derechos. No es ninguna tontería.


Señorías, voy acabando. En plena pandemia, con cerca de cien mil españoles caídos, nosotros, si tuviéramos su cupo -que, desgraciadamente, no lo tenemos-, no lo usaríamos para este tipo de cosas; estaríamos hablando de sanidad, de
educación, de generar empleo y de salvar vidas, que es lo que nos tendría que ocupar en este momento. En definitiva, y como dije en el debate inicial, quiero que la huelga sea un derecho basado en la libertad de los trabajadores para ejercerla; lo
quiero yo y lo quiere la Constitución. Lo que ustedes pretenden, señores socialistas, comunistas y resto del Gobierno, como siempre que la extrema izquierda gobierna, es sustraer cuotas de libertad a los individuos.


Concluyo diciendo que el derecho de huelga es un derecho, no una obligación. Por lo tanto, con nuestro voto, no.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cambronero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.


El señor SALVADOR I DUCH: Bon dia a tothom.


La verdad es que cuando vienes aquí, al hemiciclo, y escuchas a estas derechas, te sientes feliz de venir de donde vienes, porque allí la derecha, esta derecha que no es homologable a ninguna derecha europea -tanto Ciudadanos y VOX, como el
Partido Popular-, cabe en un minibús, y así les va.


Pero vamos a otra cosa, y ahí me dirijo al Partido Socialista y a los compañeros de Podemos. Hay que ser más valientes, mucho más valientes, porque esta derecha, no homologable a la europea, si estuviera en el poder no sería tan blanda como
lo son ustedes; sería mucho más valiente e iría a la raíz de los problemas, y les voy a decir por qué. Artículo 315.3. Yo presenté una proposición no de ley en 2016, que fue aprobada por el Legislativo, por esta Cámara; estamos en 2021, han
tardado cinco años simplemente para modificar un pequeño puntito. Nos hubiera gustado que ustedes vinieran ya con la derogación de la Ley mordaza, que ustedes llevan en sus programas. Eso es ser valientes. Por cierto, a los que están tan
preocupados por el orden y la ley, ¿cuántos piquetes empresariales han sido condenados por delitos de coacción al ejercicio de la huelga? ¿Qué artículo penal condena las coacciones empresariales? Les doy la respuesta, porque ustedes no la saben:
ninguno, cero, no hay piquetes empresariales, no hay coacciones empresariales. Para cualquier artículo que sea penal hay otros artículos; cuando se hace un artículo pensado simplemente para reducir el derecho a huelga, ya sabemos para qué es y
para quiénes son. No son homologables a ninguna derecha europea. Les decía, señores del Grupo Socialista, que, si esta derecha estuviera aquí, cada viernes sería un viernes de dolor. Ha pasado ya más de un año y medio, y estamos esperando cosas
importantes. Pienso que la gente que les dimos apoyo, los partidos de izquierda, incluso no hablando de Cataluña ya, hablando del Reino de España, los que quieren otra España están esperando valor y valentía. Y les voy a decir por qué: Ley
mordaza, tenía que estar aquí ya, porque hoy en día ya no se utiliza al 315.3 para la represión, se utiliza la Ley mordaza, por la cual en Cataluña solamente hay más de 3000 imputados; ese es el tema, hay que homologarse a Europa.


Seguimos. Señores del PSOE y Podemos, si no cumplen sus programas, Ley mordaza, derogación de las reformas laborales, como mínimo toquen los aspectos más lesivos. Del ERTE al ERE va a haber un paso, y el tiempo se está acabando y nuestra
paciencia también. Pónganse con el sistema judicial podrido, este sistema judicial que ustedes saben que hoy va contra nosotros y luego irá contra ustedes; no funciona. Pónganse ustedes a derogar la Ley de pensiones de 2013. Escuchen lo que se
dice también de la derecha europea. Y les digo dos cosas, por ejemplo el delito de sedición. Ustedes pidieron un suplicatorio al Parlamento Europeo, formado por 705 parlamentarios, de los cuales, con toda su maquinaria



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diplomática, con la fuerza del gran Partido Popular Europeo y del Partido Socialista Europeo, sacaron 400 votos. Me parece que esto tendría que hacerles reflexionar sobre el delito de sedición. Cuatrocientos votos, y, si quitamos diputados
españoles que van a levantar la mano por obligación, igual son unos cuantos menos, porque no son muy parciales que digamos. Fueron 400, de 705; 248 noes, 45 abstenciones y 12 que no fueron a votar. Escuchen a Europa. Este no es un problema
legal. Esta ley es una cuestión de poder. Señores que hoy van contra la huelga, ningún derecho social, ningún derecho nacional de los que hoy se enorgullecen se consiguieron sin luchas, se consiguieron sin huelgas, se consiguieron sin gente que
estaba al otro lado. Nunca ha sido por sus huelgas ni por sus movimientos, porque no saben, nunca lo han hecho, siempre han estado al lado del poder. Ustedes ahora mismo estarían en el lado de la esclavitud, que también fue legal en su momento.
Esa es su manera de estar, ese es su orden y la ley, su orden y la ley franquista.


Señores de Podemos y señores del Grupo Socialista, sean más valientes, toquen el delito de sedición, acaben con la represión, vuelvan al terreno de la política lo que nunca se hubiera tenido que judicializar, traigan la ley de amnistía.
Esta gente habla de amnistía: aquí amnistiamos y fuimos muy generosos, muy generosos, quizá demasiado generosos, con los franquistas. Hubo una Ley de Amnistía con gente que fueron asesinos, que fueron genocidas; se hizo una Ley de Amnistía para
los genocidas. Sean ustedes generosos con gente cuyo único delito, que en Europa no es considerado como tal, que los tribunales europeos tampoco consideran como tal...; tomen nota y salgan de la caverna y den un giro de una vez hacia una
democracia europea, que les está llenando de muchísimas cosas y muchísimos temas. Aquí estamos con la ley y el orden y estos discursos que parecen sacados del nodo en blanco y negro, la verdad. En fin, tienen ustedes un problema en Cataluña, y
aquí animo a los republicanos españoles, a la izquierda española a que sea más valiente -nosotros los tenemos arrinconados, caben en un minibús-, y les animamos a seguir convenciendo a la gente, porque esta derecha no nos vale ni nos sirve. Se
puede ser liberal, pero lo que hemos escuchado aquí no es liberalismo; se trata de franquismo puro y duro, de gente que no ha pasado página, que estuvo en contra de una Constitución que ahora defiende y ahora la llevan como un sistema de poder.
Nada más, no la pueden transformar; cuarenta años después un pacto con los franquistas no se puede tocar. Es la sharia, es la Biblia.


Salgan ustedes de la caverna, miren un poco hacia Europa. Enhorabuena por traer esta iniciativa, pero les recuerdo y les digo al Grupo Socialista y a Podemos que nuestra paciencia se está acabando. Les dimos la moción de censura, les hemos
votado los presupuestos; algún día se van a preguntar qué ha pasado, ese día van a tener una sorpresa. El tercer grado del otro día fue un golpe durísimo. Nos piden arrepentimiento. No nos vamos a arrepentir de ser quienes somos. Nunca nos
vamos a arrepentir de ser quienes somos. Les hemos lanzado la mano del diálogo para solucionar un conflicto de manera política y ustedes la están rechazando. Si rechazan esta mano, no habrá justicia, y donde no hay justicia no hay paz social, y
donde no hay paz social ho tornaran a fer. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Salvador. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.


La señora VIDAL SÁEZ: Buenos días.


Creo que todas y todos hoy aquí presentes tenemos organizaciones, entornos, sucesos que nos han traído a ser diputadas. Por ejemplo, yo aprendí a mirar el mundo de la mano de un sindicato de clase. Yo soy una orgullosa sindicalista,
piquetera y he organizado o ayudado a organizar y he participado en tres huelgas generales. Hoy es un día para la reparación, y me vienen a la cabeza muchísimas personas y muchas situaciones: Laura, por ejemplo, gritando desde una furgoneta a las
seis de la mañana 'Ser piquete es trendy'; hoy especialmente, pero siempre los tenemos en la cabeza. Por eso, la reforma del artículo 315.3 fue la primera iniciativa que registramos justo cuando entramos en esta Cámara en 2016. Entonces no
sabíamos de la lentitud de esta Cámara, y en mayo de 2017 se aceptó a trámite. Entramos en ese agujero conocido básicamente como plazo de ampliación de enmiendas, y cincuenta y tres prórrogas después el Partido Popular nos trajo una enmienda a la
totalidad, que perdieron, por supuesto. Desde entonces, dos elecciones, y hoy, por fin, votamos el resultado de la ponencia.


El Código Penal no es un cuerpo jurídico cualquiera; no aparecen derechos, sino más bien las consecuencias del incumplimiento de la vulneración de los mismos. No es un sitio donde una quisiera estar, la verdad. Por eso, el 315.3 debe ser
derogado, porque es un artículo injusto, caduco y, además,



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desubicado, que dificulta el ejercicio de un derecho fundamental y criminaliza a los que garantizan su ejercicio. Desconozco cuántos de los presentes jamás han participado en una huelga; ni siquiera sectorial, ya no digo general. No lo
voy a preguntar, por no deprimirme, pero les diré que una huelga empieza mucho antes del día de su convocatoria. Convocarla son dos palabras, en realidad; hacerla lleva muchísimo trabajo, son miles de asambleas en centros de trabajo. Es
espectacular y vale la pena, porque una huelga es solidaridad, esperanza, libertad, como nos decía nuestro querido poeta Margarit, y, sobre todo, avances, eso que pone tan nerviosas a algunas. Son innumerables los derechos que hemos conquistado
gracias a las huelgas, pero vaya por delante una obviedad: molestan. Una huelga es tensión y confrontación, y así debe ser. Una huelga debe molestar; si no, es otra cosa. Una huelga es una crítica feroz, una impugnación, un basta ya, es el
último recurso que tenemos los trabajadores para exigir básicamente dignidad, y eso no suele gustar a las empresas ni a los Gobiernos de aquí a que busquen estrategias para criminalizar y deslegitimar las huelgas.


En este país antes de 2012 prácticamente nadie sabía lo que era el 315.3. Apareció, se disparó en 2012. ¿Y eso por qué? Básicamente, a raíz de las políticas psicópatas con las que se gestionó la anterior crisis, cuando, evidentemente, se
multiplicaron las huelgas y las protestas. El Partido Popular llamó a la Fiscalía, y esta actuó, por supuesto; de forma arbitraria, actuó. Necesitaban no solo reprimir las calles y las críticas, sino dotarse de un marco que justificara los
recortes y la represión, que básicamente legitimara unas políticas contrarias a los intereses de la mayoría. Nada más efectivo que la criminalización, y encontraron una reliquia del pasado fantástica. El 315 -debo recordar- se encuentra en el
título relativo a los delitos contra los derechos de los trabajadores, tipifica las acciones contra el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad sindical -sé que esto les suena un poco raro- y a huelga. Eso es lo que tipifica, pero,
contradictoriamente, en su punto 3 crea un tipo específico para los piquetes, es decir, contra aquellos que promocionan y garantizan el ejercicio de un derecho fundamental. El artículo 315.3 va contra el espíritu de la norma, convierte el Código
Penal en una ley antihuelga que criminaliza la actividad de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras e incluso de los propios huelguistas. Es injustificable que centenares de personas hayan pasado por un tortuoso proceso penal por
el ejercicio de un derecho que es reconocido y constitucional; hoy les debemos una disculpa. Además, equipara a trabajadores y empresas. La capacidad y los instrumentos que poseen y usan muchas empresas para coaccionar no tienen ni punto de
comparación con las de los trabajadores. Digámoslo claro -yo lo he dicho muchas veces-, en una huelga general el piquete más efectivo y más violento, señores, es el de la patronal; a ver si lo entienden. (Aplausos). Coaccionan, amenazan y
vulneran derechos fundamentales con total impunidad -y con su simpatía, por lo que veo- con indirectas, comentarios, miradas y amenazas. La gente sabe que en una huelga general se juega el puesto de trabajo. Eso es así, y a ustedes no les
preocupa. Por eso, no hay empresarios juzgados por el artículo 315.3. Son todos sindicalistas, hombres y mujeres sin antecedentes penales que han cometido el delito de ejercer un derecho reconocido.


El Tribunal Constitucional -no lo digo yo- establece que la huelga es un derecho de titularidad individual. Pero en ese caso su ejercicio no es individual, es un ejercicio colectivo. El Tribunal Constitucional incluye las facultades de
información, publicidad y extensión mediante la persuasión de los demás trabajadores como parte esencial -repito que lo dice el Tribunal Constitucional, ¡para una vez que lo dice!- del contenido de su propio derecho. Los piquetes, señorías, son
fundamentales, porque básicamente sirven para hacer efectivo el derecho a la huelga, porque los derechos no se cumplen solo por educarnos, hay que poder garantizarlos, y eso es lo que hacen los piquetes. El artículo 315.3 es profundamente
anacrónico, es un fósil. No viene de 1976, sino del Código Penal de Primo de Rivera, de 1928. Se recupera en 1976 y se mantiene en el Código Penal de 1995. Básicamente, nace en un contexto de represión, en un contexto donde la huelga,
efectivamente, era ilegal, era delito. Pero ahora es un derecho fundamental en nuestro ordenamiento. ¿Cómo se puede justificar que en una democracia se mantenga un fósil del año 1928? A mí no me cabe. El resultado son más de trescientos
sindicalistas encausados por el ejercicio de un derecho constitucional, sin que importaran las pruebas ni los hechos ni absolutamente nada. Lo único que importaba es que eran sindicalistas y que había que perseguir el derecho a la huelga. Y lo
peor es que es un artículo innecesario, porque las coacciones se recogen en los artículos 171 y 172 del Código Penal. El tipo genérico de coacciones permite perfectamente proteger la libertad de no hacer huelga. La cuestión nunca ha sido la
coacción, sino, básicamente, si protegemos el derecho a la huelga, y eso es evidente.


La constitucionalización del derecho a la huelga es uno de los elementos clave del pacto de Estado del bienestar, porque lo democratiza.



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La señora PRESIDENTA: Señora Vidal, tiene que terminar, por favor.


La señora VIDAL SÁEZ: Termino.


Criminalizar, demonizar, tratar las huelgas como una especie de patología social jamás ha evitado su ejercicio. Lo único que van a promover en ese caso es que su ejercicio sea mucho peor y agravar sus consecuencias. La democracia siempre
por delante. Hoy la perseverancia dará su fruto y, como cantaban las trabajadoras, bread and roses. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vidal.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fernández Benéitez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, creo que hoy es un día histórico. La derogación del artículo 315.3 del Código Penal es una de las deudas pendientes que tenemos como demócratas con el sindicalismo. Por eso creo que podremos congratularnos. Señorías, pese a que
la mayoría progresista de esta Cámara ya ha mostrado a lo largo de la tramitación su apoyo a una iniciativa que es justa y pertinente, las derechas no han tenido problemas en alinearse para disentir. Las enmiendas presentadas en la línea del debate
que hemos ido teniendo hasta ahora hablan fundamentalmente de condicionar y reducir el derecho fundamental a huelga. Es inadmisible que VOX plantee un aumento de las penas para las coacciones en el contexto de huelga. Evidentemente, estas
enmiendas dejan claro que ustedes no tienen ninguna preocupación por garantizar, como dicen, el derecho al trabajo, sino más bien por reprimir conductas que no se alinean ideológicamente con ustedes. Díganme, señorías de VOX, ¿de verdad creen que
viven ustedes en un país en el que es necesario aumentar las penas por los delitos de coacciones en el contexto de huelga? ¿De verdad creen que vivimos en una situación de conflictividad laboral que podría llegar a justificar este endurecimiento
del Código Penal? Ustedes quieren imponer su agenda reaccionaria, no legislar para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras, como dicen.


De verdad les digo que es desgastante y desalentador escucharles. Construyen ustedes discursos muy sonoros pero que son constante y abundantemente imprecisos. Sobra recordarles que en la pasada sesión plenaria en la que tratamos esta
cuestión el portavoz de VOX me atribuyó escandalizado unas palabras que eran una cita literal de una sentencia del Tribunal Constitucional que utilicé en mi intervención. Hablan ustedes de trabajo, de ley y de orden, mientras olvidan que el derecho
a la huelga es un derecho fundamental. Esto quiere decir que debemos salvaguardar su ejercicio de la forma más garantista y amplia posible, y parece lógico pensar que es incompatible con limitarlo desde el punto de vista penal. Por cierto, entre
tanta retórica y término rimbombante, olvidan ustedes que el derecho penal en España se rige por dos principios, el de mínima intervención y el de última ratio. Señorías, una vez más siguen ustedes insistiendo en argumentos que, por mucho que los
quieran vestir de tecnicismos y palabras difíciles de entender, no se sostienen jurídicamente. No pueden contraponer una libertad genérica con un derecho fundamental, no pueden afirmar que queremos dejar las coacciones fuera del Código Penal y no
pueden comparar el ejercicio de un derecho fundamental con situaciones o actos que no tienen esta cobertura constitucional. Es necesario que entendamos de una vez que la expresión y la protesta deben protegerse, porque es consustancial a la
democracia.


Señorías, ustedes intentan jugar a ponernos a las fuerzas progresistas en el marco de los antisistema. Ustedes quieren llevar esta reforma a un terreno de juego en que la izquierda defiende a una suerte de maleantes y todos ustedes
defienden el orden establecido, y no es cierto. Cuando hablamos de derogar el artículo 315.3 del Código Penal, hablamos de eliminar un tipo específico que precisamente lo que hace es dar a entender que el contexto de huelga es un ambiente dado a la
delincuencia, algo tremendamente injusto e inseguro desde el punto de vista jurídico. (Aplausos).


Esto me lleva a decir, especialmente con respecto al Partido Popular, que constantemente plantea una falsa dicotomía, que no se trata de elegir entre el tipo específico de las coacciones para las huelgas o su total despenalización, sino de
eliminar un precepto que, como acabo de decir, criminaliza las huelgas y el sindicalismo. Por cierto, señoría del Partido Popular, puede usted apelar a mi grupo parlamentario sin denigrar el sindicalismo. Por eso le pido por favor que tenga más
respeto y que dejen ya los trazos gruesos. Y les digo más, que ustedes hablen de su preocupación por el derecho al trabajo es sangrante. Les recuerdo que su planteamiento para salir de la peor crisis económica que ha experimentado este país se
fundamentó en abaratar despidos, reducir salarios y garantizar el capital de los empresarios, frente a



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los derechos de los trabajadores. (Aplausos). Su reforma laboral ha abocado a toda una generación a la temporalidad y la precariedad; a mi generación, una generación que se quedó sin futuro porque ustedes cortaron los cables del ascensor
social deliberadamente, una generación que ve su salud mental cada vez más comprometida. (Rumores). Tengan ustedes un poco de pudor.


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: En fin, resulta llamativo que el Partido Popular pidiera la votación separada de las enmiendas de VOX para poder posicionarse a favor de algunas de ellas. Como siempre, VOX pone la música y ustedes bailan al
compás. Sin embargo, en esta ocasión me ha sorprendido que Ciudadanos se haya apuntado también a coger las baquetas en esta fiesta para seguir el ritmo. Sorprendentemente, señorías de Ciudadanos, en otras tramitaciones ustedes se han mostrado
abiertos a apoyar esta iniciativa; la verdad es que yo esperaba encontrarles en otra posición esta vez. (Rumores).


En fin, señorías, la conclusión final a la que llego después de la multitud de debates que hemos tenido sobre este tema es que a ustedes les molesta la libertad cuando es de todas. Miren, ustedes están muy preocupados por las coacciones en
el contexto del trabajo, pero alimentan manifestaciones de fascistas en plena pandemia. Les preocupa mucho la ausencia de orden, pero la señora Olona vocifera en sus redes sociales para que se destruyan murales que reconocen a intelectuales y
pioneras feministas. (Aplausos). Ustedes están gravemente preocupados por el 8M, pero, mientras las feministas nos hemos quedado en casa, a ustedes no les dolieron prendas por llenar Cataluña de interventores de todas partes de España en plena
pandemia también. (Continúan los rumores). Señorías, a ustedes no les importa la libertad, les importa salvaguardar su statu quo. A ustedes les aterra la protesta sindicalista porque saben que la fuerza de la razón no les acompaña. Ustedes saben
que la organización y la construcción en común amenazan sus privilegios y abre el camino de la igualdad y la democracia. La próxima vez que redacten ustedes una de estas peroratas en favor del orden, recuerden: ahora mismo los únicos que han
demostrado ser unos antisistema son todos ustedes.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señorías, votamos en cinco minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre, en la pantalla. Asimismo, como hago habitualmente, les recuerdo también que aquellas señorías que
han sido autorizadas para emitir su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño. (Pausa).


- VOTACIÓN.


La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos las votaciones.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proposición de ley Orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal.


Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 108 más 241 votos telemáticos, 349; a favor, 8 votos telemáticos; en contra, 108 más 224 votos telemáticos, 332; abstenciones, 9 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Rumores).


Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plural, señor Bel Accensi.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 108 más 241 votos telemáticos, 349; a favor, 8 votos telemáticos; en contra, 108 más 210 votos telemáticos, 318; abstenciones, 23 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Enmienda 4.


Comienza la votación. (Pausa).



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 108 más 241 votos telemáticos, 349; a favor, 1 más 51 votos telemáticos, 52; en contra, 70 más 139 votos telemáticos, 209; abstenciones, 37 más 51 votos telemáticos, 88.


Señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 108 más 241 votos telemáticos, 349; a favor, 1 más 46 votos telemáticos, 47; en contra, 107 más 194 votos telemáticos, 301; abstenciones, 1 voto telemático.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 108 más 241 votos telemáticos, 349; a favor, 37 más 64 votos telemáticos, 101; en contra, 70 más 130 votos telemáticos, 200; abstenciones, 1 más 47 votos telemáticos, 48.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.


La señora PRESIDENTA: Señorías, la presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación de dos dictámenes de Comisión de iniciativas legislativas orgánicas, puntos 26 y 27 del orden del día, que tienen que ser sometidos a una votación
final sobre el conjunto, la cual, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento precisamente de esta disposición, anuncio que las votaciones no se producirán
antes de las 15:00 horas. Asimismo, les informo de que desde las 10:30 hasta las 13:30 de hoy se podrán votar telemáticamente las proposiciones no de ley y las mociones, los dictámenes de Comisiones y las respectivas votaciones de conjunto, las
enmiendas del Senado, las enmiendas a la totalidad y la solicitud de creación de la comisión de investigación. Todos estos asuntos serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de la sesión.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES. (Número de expediente
122/000109).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate del dictamen relativo a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable
al Consejo General del Poder Judicial en funciones.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Mazón Ramos. (Rumores). Señorías, para dar comienzo al debate les pido un poco de silencio, por favor. (Pausa). Muchísimas
gracias.


Señor Mazón, cuando quiera.


El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta.


Ya hemos dicho que un órgano en funciones que ha terminado su periodo de mandato y sigue de manera provisional tiene que tener unas líneas rojas en cuanto a lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y esto ocurre en cualquier institución
que tenga una normativa normal. Y lo que puede hacer son los asuntos ordinarios del día a día, los reglados, aquellos que no comprometen las decisiones discrecionales del órgano entrante y, por tanto, esta modificación nos parece lógica. Yo no sé
si al final los partidos que pueden alcanzar los dos quintos para hacer la renovación del Consejo General del Poder Judicial van a ponerse de acuerdo o no, pero lo que sí sé es que estamos asistiendo a un espectáculo lamentable de negociaciones, a
un bloqueo vergonzoso de las instituciones que, por cierto, no es la



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primera vez que ocurre. Yo les diría que aprovechen para informarnos hoy, aquí, fundamentalmente estos dos partidos, sobre lo que están hablando, si únicamente están hablando de un reparto de puestos o también hablan de procedimientos o de
sistemas de elección porque a continuación los diputados tendremos que pronunciarnos; esperábamos que nos cuenten algo aquí sobre aquello que están pactando. (El señor vicepresidente Rodríguez Gómez de Celis ocupa la Presidencia).


Señorías, yo creo que hay que modificar el sistema de elección, hay que llegar a un nuevo acuerdo con el máximo consenso, y para esto hay que compaginar las dos posiciones clásicas que ha habido en el ordenamiento español sobre la elección
de los doce miembros de la carrera judicial. Yo ya he puesto encima de la mesa una propuesta para debatir: que si las Cortes no alcanzan el acuerdo en el plazo de un mes, los propios jueces deberán hacer su propuesta y, si los parlamentarios la
rechazan, se pasa a un sistema de sorteo entre los propuestos por los propios parlamentarios. Así se combinan el papel del Parlamento y la independencia judicial. Doctrina hay a raudales, además ya he propuesto al ministerio que forme un grupo de
trabajo...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ha terminado su tiempo. Finalice, por favor.


El señor MAZÓN RAMOS: Termino. Solamente espero que esta nueva movida política no alargue mucho más esta renovación.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra el señor García Adanero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor GARCÍA ADANERO: Señor presidente, señorías, buenos días.


No me extraña que no esté presente el ministro de Justicia porque, lógicamente, ver cómo se aprueba este bodrio de ley no es lo más gratificante para un ministro de Justicia si además cumple la condición de juez. Ayer un ministro del
Gobierno de España acusaba a la oposición de atacar a la justicia, y lo decía el día previo a la votación de esta ley, y lo decía la semana en que una parte del Gobierno ha votado en Bruselas para desprestigiar a la justicia española, para humillar
a la justicia española y para decir que la justicia española no funciona. Es curioso el concepto que tienen algunos de democracia. Si 400 de 700 votan una cosa, esa cosa se ha aprobado. Si se aprueba que Puigdemont ya no tiene inmunidad, es lo
que se ha aprobado. Y entonces se dice: No, pero 400 no nos parecen suficientes. Entonces, ya sabemos que para algunos la democracia solo es si ganan ellos las votaciones. Tendrán que asumir que la votación ha sido la que ha sido y que por tanto
se ha quedado sin inmunidad. Pero es igual porque, al final, como da igual lo que se diga y lo que se pretende es desprestigiar a la justicia, nos encontramos que en vez de dedicar el tiempo, por ejemplo, a resolver, a buscar, a poner a disposición
de la justicia más medios para resolver los casi cuatrocientos asesinatos que siguen sin resolver, lo que hacemos es destruir unas armas para decir que la organización terrorista ETA ya ha desaparecido, y justo lo hace el presidente que tiene los
votos gracias a esos que siguen apoyando a la banda terrorista ETA. Es todo tal despropósito... Y eso lo hacemos además cuando ponemos en cuestión todo el sistema judicial español. Pero eso no lo hace un grupo minoritario, no, es que lo hacen los
partidos del Gobierno de España.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra la señora Vehí Cantenys. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente. Buenos días.


Nosotras, obviamente, vamos a apoyar esta medida; nos parece positivo que se hagan modificaciones legislativas para forzar a aquellos personajes que se resisten a cumplir las leyes, incluso desde la alta magistratura. Señor Lesmes, le
podríamos llamar medida Lesmes a esta modificación, lleva desde 2013 en el cargo. Pero para nosotras la pregunta que sobrevuela y que parece que nadie está dispuesto a hacerla, o al menos no hay una mayoría clara para hacerla, es a quién sirven los
jueces de la alta magistratura. Este es el espectáculo de negociación que estamos viendo entre los dos grandes partidos del bipartidismo, que siguen escogiendo a los jueces con una dinámica de vinculación a los intereses de



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partido. Mientras al señor Cuixart y al señor Sánchez se les revoca el tercer grado, el señor Villarejo está en la calle y a la fiscal general del Estado se la pilla comiendo con el señor Inda el mismo día, pero parece que esto no es motivo
para emprender medidas. Mientras el rey emérito Juan Carlos I regulariza extraordinariamente 4 millones de euros de negocios que parecen poco legales y no se le investiga, a los señores Romeva, Turull, Bassa y Junqueras se les investiga y se les
condena por malversación por poner urnas. Mientras hay miles y miles de sentencias que condenan desahucios, no hay un solo proceso que persiga a los grandes especuladores de los grandes capitales. ¿A qué intereses sirven los jueces, señorías? De
esto es de lo que hay que hablar.


Acabo, presidente. Como la justicia no es democrática porque no está al servicio de la gente, nosotras hacemos nuestras unas palabras de Concepción Arenal en un debate que ya existía hace tres siglos. Ella defendía la amnistía porque decía
que en un sistema jurídico y con un funcionamiento como el que hay en el Estado español, cuando se condena a la gente que hace política las medidas de amnistía son imprescindibles. Así que recuperamos tres siglos después a la señora Concepción
Arenal y pedimos amnistía para el conflicto político catalán.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Egun on. Muchas gracias, señor vicepresidente.


Hoy se subsana una laguna jurídica que no es nueva, sino que lleva décadas existiendo. Y lo que es obvio es que si no llega a existir un bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, esa laguna hubiera podido seguir
otras tantas décadas. ¿Qué ha activado este cambio? Pues ese bloqueo por parte de algunos partidos a la renovación, pero también una carrera de nombramientos -especialmente de magistrados y magistradas en las altas magistraturas-, y todo esto
acompañado de una actitud chulesca y rebelde por parte de varios de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo se soluciona esto? No es fácil. Yo siempre recuerdo que el señor Santiago decía: que dimitan. Eso sería lo lógico.
Como no dimiten, creo que esta medida, si bien vamos a apoyarla, se queda un poco corta. ¿Por qué? Porque creo que habría que ir al cese de estas personas una vez que ha finalizado su cargo y que quedara solamente un mínimo de miembros elegidos
por sorteo o por un criterio de edad para cuestiones meramente administrativas. Ya digo que no vemos mal esta propuesta, que hemos apoyado desde un inicio y que vamos a votar a favor, pero creo que se queda corta.


La problemática de fondo estriba precisamente en la politización de ese órgano, que luego deriva a una contaminación política de las altas magistraturas. Ya hemos dicho aquí -yo estoy convencido- que la inmensa mayoría de jueces y
magistrados actúan con un criterio independiente, ¡cómo no!; ahora bien, que en esos altos tribunales hay demasiados jueces elegidos por un criterio meramente político para que actúen según ciertos intereses y derivadas también es cierto e
innegable. Esto es innegable no porque lo diga yo, sino porque hay numerosos informes que denuncian la falta de independencia judicial en España y también la percepción de la justicia por parte de la ciudadanía, situándola a unos niveles que no son
los de una democracia plena. Si hablamos de división de poderes, de Montesquieu, creo que deja mucho que desear la situación en el Estado español. Claro, ahora se está haciendo un reparto de cromos para ver cómo se renueva. Por cierto, ya me
dirán cuántas veces han anunciado que hay acuerdo. Ahora, con la situación política que surgió ayer, veo difícil que se vaya a llegar a ese posible acuerdo. Por cierto, la vez anterior un portavoz del Partido Popular decía que Euskal Herria Bildu
también intentaba copar plaza; no, no tenemos ningún interés por estar en ese órgano y además criticamos el modo de elección porque es el origen del problema.


Se intenta ahora evitar que estos miembros del Consejo General del Poder Judicial sigan eligiendo magistrados politizados, pero, señores del Grupo Parlamentario Socialista, el mal está hecho. Ya están instalados todos aquellos magistrados
que fueron colocados en esos tribunales por intereses políticos. Recientemente me preguntaba un periodista en una entrevista, a colación de la polémica sobre si España es una democracia plena, qué pensaba yo. Yo le contesté que sí, creo que España
es una democracia, como el resto de Estados de la Unión Europea, pero que tiene una carencia debido al nexo con el régimen anterior y el llamado mito de la Transición en el cual todos los órganos de la dirección del Estado, de poderes judiciales,
militares, policiales, continuaron de la víspera al día siguiente, pasando de franquistas a demócratas. Y cuarenta años después siguen existiendo lo que se vienen a llamar cloacas policiales,



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cloacas judiciales, a las que normalmente no se les ve mucho, pero que cuando sale a colación el asunto territorial, ya sea sobre Cataluña o sobre Euskal Herria, o el asunto del modelo de Estado, la monarquía, se activan y salen a la luz, no
se ocultan, y actúan aplicando toda la venganza, la excepcionalidad, aplicando normativas ad hoc sin ningún disimulo, creyéndose y empoderándose como los verdaderos defensores de la patria y de la unidad. Ahora bien, estamos viendo últimamente que
esas cloacas también hacen informes y también abren procedimientos contra partidos del Gobierno. Por eso, señores del Partido Socialista y señores de Unidas Podemos, cuídense de los idus de marzo; vemos a algunos miembros, en este caso del Partido
Socialista, aplaudiendo, apoyando, hablando de independencia judicial cuando se cometen auténticas barbaridades y aplicaciones judiciales sin sentido, casos como el de Cataluña o Euskal Herria. Aquí está el quid de la cuestión. Si esos magistrados
son tan independientes, ¿qué problema hay para que el Consejo General del Poder Judicial siga eligiendo magistrados? ¿No van a aplicar medidas independientes? Pero a la vez hoy presentamos aquí para su aprobación una medida para que no lo hagan,
porque ahí está el problema. Se están eligiendo magistrados con un criterio única y exclusivamente político, para que sigan actuando en defensa de sectores reaccionarios y ultras que existen en este Estado. Por eso, votaremos a favor, pero el
problema está ahí y es aún mayor. Habría que ir a la raíz de la cuestión.


Muchas gracias, señor vicepresidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.- Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Debatimos el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial mientras se encuentra en funciones. En la exposición de motivos de la proposición se nos dice que nos hallamos ante una laguna jurídica que
supone un déficit en el diseño constitucional del Estado, a diferencia de lo que sucede con el Gobierno. Sin embargo, señorías, todos ustedes son conocedores de que la razón de fondo de esta reforma no es la señalada en la exposición de motivos,
sino superar el injustificable bloqueo que durante más de dos años lleva practicando el Partido Popular para la renovación de órganos de relevancia constitucional amparándose en las mayorías reforzadas exigidas y generando de este modo y con este
comportamiento una anomalía constitucional y una situación manifiestamente inadecuada para el correcto funcionamiento de las instituciones, tal y como el Tribunal Constitucional describió las consecuencias de los bloqueos políticos en la renovación
del consejo, bloqueos que, por otra parte, no son una novedad, ya se sufrió otro de dos años, a manos también del Partido Popular, cuando el consejo elegido en 2001 vio expirar su mandato en 2006 y no se renovó hasta 2008. Y la reforma del régimen
jurídico del Consejo General del Poder Judicial para hacer frente a esta situación tampoco es novedad en nuestro ordenamiento. Así sucedió con la reforma del artículo 570 de la ley orgánica auspiciada por el Partido Popular a través de la Ley
Orgánica 4/2013, a partir de la cual se considera renovado el consejo general desde el momento en que una sola de las Cámaras renueva a los miembros que le corresponden. Esta reforma descansaba en el cálculo que presumiblemente en aquellas fechas
realizó el Partido Popular sobre el hecho de que las mayorías parlamentarias venían siendo diferentes en el Congreso y en el Senado.


Ahora, señorías, el Gobierno, a través de los grupos parlamentarios que directamente lo sustentan, busca superar el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial que el Partido Popular, como les decía, lleva practicando
durante un tiempo que ya camina hacia los dos años y medio. Sin embargo, señorías, ni antes con la reforma en solitario del Partido Popular en 2013, ni ahora con una reforma exprés en solitario y a través de un procedimiento que no hace preceptivo
informe alguno, ni antes ni ahora -decía- la alteración de las estructuras del Consejo General del Poder Judicial es la mejor forma, a nuestro juicio, de afrontar los problemas surgidos entre los partidos políticos mayoritarios para la elección de
los vocales del consejo general. A la vez que calificamos de inaceptable el actual bloqueo del Partido Popular, que instrumentaliza un proceso garantista de elección basado en mayorías reforzadas en beneficio propio y en perjuicio de la
institución, tampoco podemos dejar de censurar la reforma debatida, y no solo por el procedimiento seguido, como les señalaba, sino también porque resulta, a nuestro juicio, no idónea con la finalidad de desbloquear la renovación que sufre el
consejo general, salvo, quizá, de una manera indirecta pero no asegurada.



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Señorías, la solución a esta situación de bloqueo de origen político debe venir de atacar el problema en su raíz, problema que no es otro que la aplicación de criterios sectarios, partidistas, bien a través de la lotización de las cuotas,
bien a través de vetos sesgados. En definitiva, la solución a un problema que se plantea en el ámbito de los partidos políticos mayoritarios no debiera abordarse desplazando una controversia de naturaleza política a quien no la ha creado, el
consejo general, y menos aún equiparando la naturaleza política de un Gobierno con la naturaleza garantista constitucional del consejo general. Señorías, la llamada a las mayorías reforzadas reclamada para ciertos nombramientos persigue la
recreación de consensos, busca estimular las tendencias hacia la unanimidad, no la instrumentalización por los partidos políticos mayoritarios del procedimiento de designación de los vocales. Ningún cambio restaurará el daño que se produce a las
instituciones mientras no se cambie la imagen que se transmite de estas a través de los comportamientos. Señorías, no creo que tengamos un problema de leyes, sino un problema de comportamientos y, como ayer mismo se nos decía en esta Cámara, cuidar
la democracia es también cuidar las instituciones, y el consejo general es una de ellas y esta Cámara, otra de ellas, y los partidos políticos y sus obligaciones también lo son, porque un Estado democrático es un Estado de partidos y, si se degrada
la imagen de estos por sus comportamientos, se degrada también la imagen misma de la democracia, dejándose la puerta abierta al populismo o a la tecnocracia corporativa.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente. Buenos días a todos.


Es la tercera vez que me subo a esta tribuna a hablar de la independencia del Poder Judicial, a hablar de la cuestión de la competencia de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y a hablar también de la forma de selección de
los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y no me canso, me subiré aquí cuantas veces haga falta para defender la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y la necesidad de que ni el Poder Legislativo ni el Poder
Ejecutivo realicen acciones de injerencia en la separación de poderes y en la independencia del Poder Judicial. (Aplausos). Eso es lo que hacen ustedes; eso es lo que están haciendo ustedes.


Miren, no se puede olvidar que esta reforma de la competencia de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial está ligada indisolublemente a su primera reforma, que ya se encuentra registrada y que no han retirado del Registro del
Congreso, para elegir los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta de esta Cámara. Es, en definitiva, esa amenaza la que pende sobre el Partido Popular para que entren al acuerdo con ustedes. Es decir, ustedes
actúan con esa amenaza y ponen este segundo escalón como si esto fuera poca cosa, que no lo es. Ustedes, además, actúan con la arrogancia de las matemáticas, porque ustedes dicen: bueno, como tengo 176 votos a favor ¿para qué voy a reconocer los
derechos de la oposición democrática de este país? ¿Para qué voy a hacer un diálogo? ¿Para qué voy a permitir comparecencias en la Comisión? ¿Para qué voy a permitir que opine el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que se
encuentra afectado por la reforma, cuando además el consejo lo pide? Y dicen ustedes, con su arrogancia, con su apisonadora de votos: Ni siquiera voy a escuchar al Consejo General del Poder Judicial. Esto es una deslealtad al sistema
institucional que reconoce la Constitución española. Esto es una traición al principio del equilibrio entre los poderes; absolutamente una deslealtad que de Unidas Podemos nos lo podemos explicar, pero en el Partido Socialista de verdad que es
algo absolutamente innombrable. ¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es el sentimiento que late debajo de estas reformas de elección de los vocales, por una parte, y de supresión de la competencia de nombramientos del consejo, por otro? ¡Ustedes no creen
en la independencia del Poder Judicial! Esta es la cuestión. ¡Ustedes no creen en la independencia del Poder Judicial! (Aplausos). Porque si creyeran en la independencia del Poder Judicial no gastarían ni un segundo en tratar de cercenar las
competencias de sus nombramientos, en tratar de que los vocales se seleccionaran a través del poder político. Ustedes creen que pueden influir en los jueces y magistrados a la hora de dictar sentencia. Ese es el problema de fondo de verdad.


Ustedes, además, quieren dejar morir al Poder Judicial de inanición; quieren que no se cubran plazas de una relevancia absolutamente esencial en el funcionamiento ordinario del Poder Judicial. Yo me pregunto una cosa, los tres magistrados
que forman parte del Gobierno, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ¿se van a sentar y van a mirar a los ojos



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a esos 72 puestos que ha nombrado el Consejo General del Poder Judicial en estos dos años de interinidad y les van a decir: sois unos jueces ilegítimos, os ha nombrado un órgano ilegítimamente?, ¿les van a decir eso después de apoyar esta
reforma cuando además Juan Carlos Campo también nombró en situación de interinidad a personas de su simpatía en estos cargos estando, como digo, el consejo en esta situación? Como digo, que Unidas Podemos lo haga -que decía una cosa cuando estaba
en la oposición pero cuando se ha subido al coche oficial opina la contraria, que rechaza las sentencias que le perjudican y solo acepta aquellas que le benefician, que habla del brazo judicial armado de la derecha española, que vota en contra de la
justicia española queriendo que no se levante la inmunidad de Puigdemont-, que lo haga Unidas Podemos, repito, bien, pero ustedes, señores del Partido Socialista, ¿por qué lo hacen? Ustedes lo hacen porque quieren crear el caos; una vez que estos
relevantes puestos del Poder Judicial no se cubran, entonces le echarán la culpa al Partido Popular y, de esa manera, lo amenazan para que entre en el reparto de la tarta. La mitad de la tarta para ti, la mitad de la tarta para mí y la velita, que
es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, por supuesto progresista, claro, por supuesto progresista. Y el Partido Popular les entra al juego porque tienen un miedo terrorífico de perder el poder, de perder su pedazo de la tarta.
¿Qué pasa, ahora ya nombres como Victoria Rosell o José Ricardo de Prada van a dejar de ser importantes para el Partido Popular? Porque a mí lo que me asusta es que ustedes no se pongan colorados; es decir, que están hablando de Victoria Rosell y
José Ricardo de Prada como obstáculos para llegar a un acuerdo y lo dicen con una absoluta falta de vergüenza; en definitiva, les importa un bledo que se sepa que son estas personas o que son las otras.


Miren, cambiemos el sistema de selección de los jueces, hagámoslo rápido e inmediatamente desbloquearemos la situación. Tres grupos políticos hemos planteado tres sistemas distintos de selección de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial; hombre, hay un grupo, el Grupo Popular, que propone cambiar el sistema de selección de los jueces y que luego, sin embargo, incoherentemente está negociando el reparto de la tarta, el reparto de los cromos, que es una cosa un poco extraña
en definitiva. Pero luego, sobre todo lo que asusta es que ustedes quieren nombrar a su gente. He citado dos nombres que todo el mundo vincula con Unidas Podemos; Unidas Podemos que se encuentra sujeto, que tiene una agotadora agenda judicial con
un montón de casos que les salpican de presunta corrupción. Quieren nombrar ustedes a los suyos, quieren nombrar a la gente que va a nombrar a los jueces que van a dictar las sentencias en los casos de corrupción que les persiguen a ustedes, esto
es lo tremendo.


Cuando un juez aprueba la oposición, se va a un pueblo, a un partido judicial sin medios, donde no funcionan los ordenadores, sin gente en la oficina judicial, con un montón de papel -sí, sí, de papel, porque el expediente judicial digital
no existe-, y se pone a dictar buenas sentencias y a realizar sus tareas de servicio público; ¿ustedes creen que este juez ascenderá porque dicta muy buenas sentencias, porque trabaja mucho? No, solo ascenderá si tiene amigos, solo ascenderá si
tiene ¡padrinos!, y eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que ustedes quieren. Dejen de verdad trabajar a la justicia, saquen sus manos de la justicia, pero, sobre todo, dótenla de medios porque ese es el problema. El ministro de Justicia cree
que hay medios suficientes en la justicia...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría ha terminado su tiempo.


El señor BAL FRANCÉS: Termino, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe terminar ya, por favor. Vamos a ser estrictos en los tiempos.


El señor BAL FRANCÉS: Termino. Y la justicia sin medios nunca será independiente.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.


El otro día pudimos escuchar aquí mismo, a propósito del acuerdo para renovar el Consejo de Radiotelevisión Española, gritos tiernos de amor proferidos con sorna por los extremistas, por los fanáticos de derecha: ¡Que se besen, que se
besen!, oímos con rubor y vergüenza ajena. Señorías, a la vista de los acontecimientos, creo que ayer se fraguaron las bases para empezar una bonita historia



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de amor entre las dos derechas, la cobardita y la extremista, y por mí ya se pueden besar y espero sinceramente que no les vaya bonito.


Preguntas razonables que se contestan con un sí o un no y que podría contestar cualquier persona: ¿es lícito que el PP pueda votar jueces, o el PSOE? No. ¿Tiene el PP, o el PSOE, más legitimidad para nombrar jueces que cualquier otro
partido? No. ¿Es el juez De Prada un mal juez? No (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Sí). ¿Qué tiene en contra el PP del juez De Prada? ¿Que les condenó? Sí, supongo. (Varias señoras y señores diputados del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: No). ¿Era justa esta sentencia? Sí, seguro. (Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: No). ¿La obsesión del PP de impedir la renovación del Consejo General
del Poder Judicial, de vetar jueces, de vetar partidos, tiene algo que ver con el calendario judicial que le espera en los próximos años? Sí. (Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: No). ¿Cree el PP
que con sus maniobras obstruccionistas está sirviendo a los intereses del país y de los ciudadanos? No. ¿Cree el PP que le irá mejor con estos jueces caducados? Sí, sin duda. ¿Cree el PP que le irá peor con jueces renovados? Sí, seguro. ¿Es
éticamente aceptable que un Consejo General del Poder Judicial haga nombramientos si su mandato está caducado más de dos años? Pues no. No es éticamente aceptable y en eso coincido con el señor Iñarritu. ¿Por qué no dimiten? ¿Por qué no los
cesamos? Señorías -y esta pregunta no es para el PP, esta es para todos-, ¿no ha llegado ya el momento de una puñetera vez de cambiar esta manera tan oscura, tan opaca y tan turbia de elegir a los jueces? Sí, sin duda. Y una propuesta más, por
sorteo entre todos los jueces que tengan idoneidad para el cargo, por ejemplo; otra más.


Moltes gràcies, senyor president.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.


El señor BOADELLA ESTEVE: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve, pero sí queríamos que quedara constancia de nuestra posición en relación con esta reforma. Sinceramente, creemos que no es la reforma del Consejo General del Poder Judicial en profundidad que haría falta. Esta reforma
en última instancia tiene un objeto oculto que es el de forzar la negociación, y esto hoy en día todo el mundo lo sabe, es palmario y notorio. Por tanto, entendemos que esta reforma ha sido nada más que un arma instrumental para forzar un acuerdo
que, al final, tampoco ha llegado y que en el tiempo electoral que nos viene por delante creo que tampoco se va a producir.


Sinceramente, pienso que hay jueces abnegados para realizar su trabajo, dictar sentencias, procurar dictar justicia en miles de juzgados de primera instancia, juzgados sociales, juzgados contenciosos y otros órganos mucho más cercanos al
ciudadano que todos estos que ustedes apuntan en estas polémicas, pero lo que se encuentran los ciudadanos al final son procedimientos eternos, sentencias que nunca acaban de llegar, algunas veces falta de respeto a los profesionales como señalar
juicios cada quince minutos en una misma mañana o, como se apuntaba antes, el famoso papel cero que a lo único que lleva es a presentar los escritos telemáticamente y, al cabo de tres días, tener que presentar los escritos en papel en el juzgado
correspondiente. Es evidente que con esta lista ilustrativa de temas no funciona el Poder Judicial, no funciona la impartición de justicia en sentido correcto y óptimo para muchos ciudadanos. Por tanto, creemos que hace falta, como mínimo, dar un
nuevo impulso o un nuevo enfoque, que no siga decidiendo aquel que tiene el cargo caducado y aquel que ha demostrado ya que no sabe gestionar correctamente el Poder Judicial, que tanto afecta a tantas y tantos ciudadanos. ¿Cuál es el plan si no?
Creemos, sinceramente, que el inmovilismo no sirve, que hay que volver a tirar los dados en esta partida para buscar algún tipo de solución con la que salir, porque no vale aquello de cambiar algo para que todo siga igual. En definitiva, toca mover
ficha para desbloquear este tema; mover ficha de algún modo para desbloquear este tema como en tantas y tantas otras situaciones políticas que el Estado español tiene pendientes de resolver; mover ficha para hacer política y llegar a acuerdos;
mover ficha, en definitiva, para avanzar.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero.



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El señor SANTIAGO ROMERO: Gracias, presidente.


Señorías, esta reforma de la ley orgánica viene impuesta por el incumplimiento permanente por parte del Partido Popular de una norma constitucional que obliga a la renovación del Consejo vencido su mandato. Cuando el PP está en el Gobierno,
la renovación se produce con dificultades, pero se produce; cuando el PP está en la oposición, la renovación es imposible. Cuanto más fragmentada está la derecha, más bloquea el Partido Popular la construcción de consensos entre las fuerzas
democráticas y más se quiere parecer a una ultraderecha también alérgica a la democracia. El actual Consejo está agotado y muestra de ello es cómo se ha volcado a hacer política. Declaraciones de vocales actuales del Consejo vetando candidatos o
injerencias en las competencias del Legislativo se han convertido en algo habitual. Sin tener competencia para ello, el Consejo exige de forma irrespetuosa con la legalidad intervenir en tramitaciones legislativas y continúa efectuando
nombramientos, a pesar de que tiene un mandato ampliamente agotado y, por tanto, carece de legitimidad democrática para continuar realizándolos. Los que tachan en esta Cámara al ingreso mínimo vital de 'paguita' permiten que unos consejeros que ya
deberían haber dimitido hace tiempo permanezcan en cargos que no les corresponden y cobren los salarios de servidores públicos más altos de toda España. El trío de Colón, señorías, mantiene un comportamiento antisistema; vetos, exclusiones,
negativa a construir consensos y fraude constitucional permanente, cada uno a su manera, eso sí. El espectáculo dado por el Partido Popular pone de manifiesto que continuarán secuestrando el Poder Judicial hasta que se les garantice la impunidad de
los procesos -muchos procesos- de corrupción que tienen por delante: Bárcenas, Lezo, Púnica, etcétera. Su pánico a la renovación es directamente proporcional a lo mucho que tienen que ocultar y esconder a jueces y tribunales. El Partido Popular,
con cinco millones de votos, argumenta que una fuerza política que tiene más de tres millones no puede participar en procesos constitucionales y bloquea un Parlamento que representa a 21 millones de votantes. Decide qué fuerza política puede
representar legítimamente a los españoles y a las españolas y cuáles no. Esa es su visión de la democracia.


Unidas Podemos no ha presentado ninguna propuesta de vocales al Consejo. Nadie nos ha preguntado. Los vetos que pone como excusa el Partido Popular para continuar su actitud sediciosa (rumores) de bloqueo constitucional son vetos contra
jueces y juezas que tienen la misma legitimidad que cualquier otro colega que participe en un proceso electivo. Probablemente, el espectáculo de vetos y bloqueos de órganos constitucionales por la sede de Génova no va a concluir porque aprobemos
esta norma, que ya es imprescindible para la limitación de competencias de un órgano que funciona con un mandato vencido desde hace dos años y medio, al igual que tienen limitados sus mandatos y competencias el Congreso, el Gobierno, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores o cualquier ministerio cuando está en funciones. La duración del mandato de los vocales del Consejo se determina claramente en la Constitución, en el artículo 122, por un periodo de cinco años. Cumplido este
periodo, no es democráticamente posible que el órgano pueda cumplir adecuadamente su mandato constitucional. Es el Partido Popular el que ha provocado que sea necesaria esta reforma que hoy votamos en el Congreso. Un Consejo del Poder Judicial con
su mandato expirado hace más de dos años se encuentra en una situación de anormalidad, en una situación extraordinaria, y su régimen jurídico no puede ser el mismo que si su mandato estuviera vigente. La Ley Orgánica del Poder Judicial denomina al
Consejo que supera su mandato como saliente e indica que continúa exclusivamente en funciones. Pese a ello, a diferencia de lo que sucede con los otros órganos constitucionales, que sí cuentan con una exhaustiva regulación de cómo han de operar
cuando se encuentran en funciones, en el caso del Poder Judicial no existía previsión alguna, y de eso oportunistamente se ha servido el Partido Popular -insisto- de forma sediciosa. El Congreso, la sede de la soberanía popular, tiene la obligación
de poner fin a esta catástrofe. No estamos eligiendo jueces, que le quede claro a toda España; estamos eligiendo órganos constitucionales y es la obligación de cualquier demócrata aprobar esta reforma, que no es más que una ley para subsanar un
vacío normativo. Estamos en una confrontación de la derecha contra la democracia y contra este Congreso, que es expresión de la voluntad soberana nacida de las urnas. Y si esta reforma no desbloquea la situación, tendremos -claro que sí- que
discutir otras que deberán contemplar el cese automático de los vocales una vez concluido su mandato.


Pero, a pesar de que se apruebe esta reforma, el mal ya está hecho. Este proceso de renovación del Consejo ha sido degradado por el Partido Popular hasta extremos insoportables, es imprescindible sanear este proceso, comprometernos ante
toda la sociedad a poner fin a este espectáculo y empezar de nuevo.



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No es sostenible un proceso inconcluso desde hace dos legislaturas, casi tres años, con unas candidaturas que difícilmente responden ya a la realidad actual de jueces y asociaciones judiciales; una anomalía que, por cierto, encaja
difícilmente con lo establecido en el artículo 207 del Reglamento de esta Cámara respecto a la caducidad de los procedimientos inconclusos al finalizar cada legislatura. Por eso, Unidas Podemos proponemos empezar de nuevo, un nuevo proceso de
presentación de candidaturas de jueces y magistradas con toda transparencia, para ayudar al Partido Popular a encontrar una salida medianamente decente a su actitud dictatorial de bloqueo y vetos a jueces y magistrados que son candidatos y
candidatas avalados por el Consejo, por el único motivo de no ser serviles a las órdenes impartidas desde Bárcenas. Además, proponemos un gran acuerdo para que las nuevas candidaturas sean paritarias entre hombres y mujeres, que todos los partidos
representados en esta Cámara se comprometan a adoptar las medidas jurídicas y políticas necesarias para que el nuevo Consejo sea, por primera vez en la historia de España, paritario entre hombres y mujeres; ojalá que por primera vez sea presidido
por una mujer. Reclamamos al mismo Partido Popular que prohíbe charlas de ministras sobre políticas públicas de igualdad...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ha terminado su tiempo, por favor.


El señor SANTIAGO ROMERO: ... que acepte esta propuesta.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina. (Aplausos).


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, vicepresidente.


Hoy, 11 de marzo, se cumplen diecisiete años del mayor atentado contra los españoles y contra nuestra soberanía. Aquel 11 de marzo, diez explosivos causaron la muerte a casi 200 víctimas y hubo más de 2000 heridos. Unos atentados que se
produjeron, sin lugar a dudas, para torcer el pulso de la historia y especialmente las elecciones que habrían de celebrarse tres días después, unas elecciones que ya dijimos en su día que deberían haberse aplazado ante la conmoción nacional que
supusieron esos atentados. Unos atentados que quisieron cambiar este sistema, que quisieron imponer su voluntad totalitaria. Por tanto, hoy comienzo mis palabras recordando a esas víctimas y dejando muy claro que lucharemos -hoy desde la oposición
y pronto desde el Gobierno de la nación- por la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad de todas las víctimas del terrorismo (aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie), para que se sepa
quiénes fueron los autores intelectuales, quiénes financiaron esos atentados, quiénes fueron sus cómplices y encubridores y quiénes fueron sus beneficiarios.


Por tanto, hoy, 11 de marzo, es un buen día para recordar que los enemigos de España llevan décadas intentando alcanzar dos grandes objetivos: uno, doblegar la soberanía nacional que corresponde a todos los españoles; dos, conculcar las
libertades fundamentales que nos pertenecen a todos los españoles. Esa soberanía nacional viene siendo atacada aceptando -tanto la izquierda como la supuesta derecha- la imposición totalitaria de los separatismos, aceptando supuestos derechos de
autodeterminación, concesiones infinitas de las competencias del Estado, desarmando al Estado frente al separatismo; y aceptando también la imposición del globalismo totalitario, del globalismo multiculturalista, el que nos lleva a una invasión
migratoria, el que quiere disolver a los Estados nación como España en un magma indefinido de control internacional de la nación española. (Aplausos). Y junto al ataque contra la soberanía nacional, el ataque contra las libertades fundamentales;
se ataca la libertad de prensa e información mediante el control y la subvención de los medios de comunicación; se ataca la libertad de educación mediante las leyes Celaá o aceptando el adoctrinamiento en las escuelas por el separatismo; aceptando
el ataque contra el derecho al trabajo y a la propiedad dándole carta blanca a esos sindicatos de la coacción, a esos sindicatos con los totalitarios a las puertas de las fábricas no aceptando el derecho a trabajar frente a su imposición de huelga,
o acabar con el derecho a la propiedad permitiendo la ocupación ilegal de las propiedades. (Aplausos). Y también conculcando la libertad de pensamiento, la libertad de pluralismo político no permitiendo a fuerzas políticas como VOX ejercer
campañas electorales en libertad, o imponiendo la memoria histórica, la mentira histórica frente a los españoles. (Aplausos). Y estas imposiciones contra la libertad y esta conculcación de la soberanía nacional de los españoles las han venido
haciendo durante décadas con tres medios: uno, con la violencia del terrorismo sanguinario durante



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años, la banda terrorista ETA y otras organizaciones criminales. Dos, con la violencia en la calle, la kale borroka, los CDR o las excusas de violencia para quemar las calles por el delincuente Hasél. Y tres, con el control de los medios
de la independencia.


Hoy hablamos precisamente de uno de esos medios de control de la justicia que intentan llevar a cabo con el sometimiento a la política. ¿Qué es esta proposición de ley? Una pieza más en esa estrategia de acabar con las libertades y con la
soberanía de los españoles, algo de lo que han sido responsables durante décadas quienes han estado en el Gobierno de España aceptando que los jueces han de estar sometidos al control de los partidos políticos, aceptando la máxima del 'ahora me toca
a mí'. Y eso es lo que hay detrás de esta reforma, porque lo que están diciendo sus promotores del Gobierno es ahora nos toca a nosotros ser quienes desde el Consejo General del Poder Judicial decidimos quién es el presidente del Tribunal Supremo,
de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de justicia, los presidentes de sala, quiénes son los magistrados del Tribunal Supremo, quiénes son los magistrados del Tribunal Constitucional, quién es el director de la Escuela Judicial
o el director del Centro de Documentación o quién es el promotor de la acción disciplinaria. Eso es de lo que estamos hablando, de colocar sus fichas, de colocar a sus peones. Frente a esto, en VOX una vez más queremos reivindicar el Estado de
derecho, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, que es la única que nos da garantías frente a los abusos totalitarios que he mencionado antes, la que nos va a garantizar el respeto a las libertades fundamentales, la que va a
ayudarnos a luchar desde los tribunales contra el separatismo liberticida totalitario que enfrenta a los españoles. Y por eso, a ustedes, que se les llena la boca hablando del bloqueo de los órganos constitucionales, les decimos: lo que queremos
en VOX es bloquear las manos a los políticos para que dejen de meterlas en la justicia (aplausos), y desbloquear las manos a los jueces y magistrados para que puedan votar en libertad entre jueces y magistrados, para que puedan votar en libertad y
en democracia quiénes han de formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Ustedes, los políticos, son los que tienen bloqueado ese órgano judicial por sus intereses bastardos. Desbloqueen sus intereses, dejen en paz a la justicia y dejen
que en España haya Estado de derecho.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Santamaría Ruiz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Señor vicepresidente, en primer lugar, queremos sumarnos al recuerdo de las víctimas del más grave atentado terrorista sufrido en España el 11 de marzo de hace ya unos cuantos años, pero cuya memoria sigue estando
presente en todas nuestras oraciones y en toda nuestra actividad parlamentaria. (Aplausos).


En cuanto a las palabras del señor Santiago, quiero decirle que demuestran ustedes de dónde vienen porque, desde luego, con el tono que emplean no parecen invitar mucho ni a la moderación ni al diálogo ni al encuentro ni a la búsqueda de
consensos. Me han recordado más a ese tipo de negociaciones que se abordan con la pistola al cinto que a otra cosa, pero igual es cosa mía.


Me van a permitir sus señorías que, siendo estos días unas fechas en las que en la ciudad de Valencia comienzan a plantarse esos ninots de los monumentos falleros que ocupan nuestras calles, me separe del punto del orden del día y rinda un
pequeño homenaje a esos pequeños artesanos, a esos artistas falleros, a esa industria pirotécnica que está sufriendo tanto, y lo haga enseñándoles la imagen de un pequeño ninot fallero (muestra la imagen de un ninot en una tableta) para que esas
ayudas que parece que van a repartirse por fin puedan llegar al sector para sobrevivir y hacer que las Fallas sigan siendo la mejor fiesta del mundo.


A partir de aquí, señorías, me centraré -y, gracias, presidente, por permitirme esta digresión- en el objeto de la cuestión. Nosotros votamos no en la toma en consideración de la presente proposición de ley. Presentamos una enmienda a la
totalidad que defendimos también en este Pleno y en la que proponíamos que el Poder Judicial -fíjense qué cosa más extraña- fuera escuchado en aquellas normas que le afectan, sea cual sea la fórmula utilizada para su tramitación parlamentaria.
Intentamos explicarle a la vicepresidenta, señora Carmen Calvo, que escuchar la voz del Poder Judicial no implicaba en ningún caso injerencia alguna entre los poderes del Estado, pues la soberanía popular reside única y exclusivamente en esta Cámara
y en el Senado y, por tanto, intentamos hacerle ver que verbos como escuchar y obedecer



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no son sinónimos. Luego intentamos en Comisión seguir defendiendo nuestra posición y hoy en el Pleno volveremos a votar no.


Quiero decir, en primer lugar, que por mucho que sigan hablando, olvidan una cuestión jurídica básica, y es que esta es una norma que tiene una pésima calidad legislativa, como ha sido puesto de manifiesto por la Asociación Profesional de la
Magistratura, representativa de la mayor parte de los jueces de este país, al decir que produce sonrojo por el desconocimiento de cuestiones jurídicas básicas a las que ustedes no hacen mención. Esas cuestiones jurídicas básicas son precisamente,
señorías, las que se aprenden en primero de Derecho, por lo tanto, tengan ustedes claro que cuando aprueben esta proposición de ley, van a aprobar una norma que recibiría la calificación de un suspenso en primero de Derecho de cualquiera de las
facultades españolas. Sus señorías van a aprobar un texto huérfano de informes jurídicos que avalen su contenido; un texto redactado sin escuchar a quienes de esto más saben; un texto que aglutina el rechazo unánime del mundo del derecho. Y
además se trata de una norma, como bien ha dicho algún compañero diputado, cuya finalidad ha sido única y exclusivamente la de chantajear al Partido Popular en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial; técnicas facinerosas de
un Gobierno que comienza a demostrar demasiados tics autoritarios, de un Gobierno que comienza a estar muy acostumbrado a hacer las cosas simplemente porque tiene la mayoría suficiente para poder hacerlas. Ustedes aprobarán esta ley porque pueden
y, si el Partido Popular no se aviene a aceptar las trágalas que ustedes imponen para aprobar, aprobarán la proposición de ley que tienen en la recámara para modificar las mayorías cualificadas que la Ley Orgánica del Poder Judicial impone a la hora
de elegir a los miembros del consejo, y lo harán porque pueden y les dará igual que vulnere las conclusiones del Consejo Consultivo de Jueces del Consejo de Europa, las recomendaciones de Greco, las advertencias de la Asociación Europea de
Magistrados, que sea contraria a los trabajos de la Comisión de Venecia, que se haya sido criticada por el 90 % de los jueces, por la Asociación de Fiscales, por nueve TSJ y por la Comisión Europea en reiteradas ocasiones. Lo harán simplemente
porque pueden y, señorías, a mí esto me recuerda a una frase que decía Ortega, a la que suelo recurrir bastante: 'Civilización es, antes que nada, voluntad de convivencia', unas palabras que tienen mucho que ver con las palabras de Miguel de
Unamuno, que decía: 'Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir'. Y esto es lo que pasa cuando ustedes imponen su ración política simplemente porque pueden, que vencen, pero no
convencen. Y, a cada paso que dan para cambiar, porque pueden -insisto-, los muros maestros sobre los que se asienta nuestra convivencia, están dando al menos dos pasos hacia atrás en términos de convivencia democrática; por eso se sienten ustedes
tan cómodos en esta España polarizada y enfrentada y de ahí el maniqueísmo imperante.


Señorías, el Partido Popular ha propuesto que los vocales del consejo de procedencia judicial fueran elegidos por los jueces, lo hemos propuesto, al igual que hemos propuesto un pacto por la justicia y ustedes, porque pueden, dijeron que no;
y ahora tenemos que elegir entre lo que más nos puede convenir como partido o lo que más le conviene a España, y lo que más le conviene a la democracia española no es otra cosa más que no permitir que el Consejo General del Poder Judicial sea un
consejo formado por personas que piensen de la misma manera, hecho a imagen y semejanza de los que pueden y en el que no tenga cabida a la diversidad ideológica que el Tribunal Constitucional exige para este órgano constitucional.


Por eso tenemos absolutamente claro que no dejaremos caer al Poder Judicial, que no permitiremos que caiga la última línea de defensa del Estado de derecho porque cuando ustedes hacen simplemente las cosas porque pueden, obligan y están
rompiendo con todas las líneas rojas que desde la Transición guían la convivencia entre españoles; líneas que iban mucho más allá de las mayorías parlamentarias, por amplias que estas fueran, para mantener ciertos consensos que jamás debían ser
quebrados por afectar a la convivencia en paz de los españoles. Cuando ustedes cruzan esas líneas rojas no solo arrinconan la convivencia, sino que quiebran la estabilidad institucional de España, la seguridad jurídica e incluso la credibilidad del
Estado español, obligado a competir en esa aldea global que premia las certezas y castiga duramente la inestabilidad institucional. Y hablando de esta actitud, me temo que están ustedes mucho más cerca, porque quieren y porque pueden, del PSOE de
1936 que del PSOE de 1978.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Aranda Vargas.



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El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señor presidente.


Cuando hablaba el señor Ortega Smith, he hecho el esfuerzo de cerrar los ojos y la verdad es que veía la imagen en blanco y negro todo el rato; es un poco como esta serie de WandaVision, que empieza negro y acaba en color y, digamos, que la
disposición de esta Cámara hace esto posible, pues al fin y al cabo son ustedes lo mismo.


Estamos aquí, en el penúltimo paso para la aprobación de una proposición de ley para regular la interinidad en el Consejo General del Poder Judicial y, en tres meses los argumentos, la verdad, no han variado mucho; si acaso, como decía, una
pátina de blanco y negro en sus señorías cuando intervienen. Esta ley inició su andadura hace tres meses, el 15 de diciembre, cuando ya llevaba el consejo dos años de mandato caducado. Tres meses después, y gracias a su bloqueo, sigue el consejo
con el mandato caducado, y en este tiempo se han nombrado, entre otros, 5 presidentes de sala, 9 presidentes de audiencias provinciales, 2 del TSJ, así como 1 miembro del Supremo, 72 nombramientos en este mandato caducado, en estos dos años. Por
eso, señorías, es inexcusable que, con independencia de que se renueve o no -que esperemos que sí-, el consejo tenga reguladas las funciones en su integridad -insisto- sin perjuicio de su renovación, que esperemos sea pronto. Es una regulación
necesaria per se.


Señorías del PP, el patriotismo -lo he dicho en comisión- no va de decibelios -señor Ortega-Smith, que alza tanto la voz-, no va del número de diputados, no va del '¡Voto a Bríos!' aquí todo el día. En política el patriotismo se mide por la
utilidad para con la ciudadanía, y en esto ustedes, señorías del PP, son muy poco patriotas, es decir, son muy poco útiles. Su corta visión política les hace bloquear cargos y alimentar la bancada ultra que se sienta a su derecha. Pero es que no
es solo esto, que también, es su voto contra el estado de alarma, es su voto contra los fondos de la Unión Europea, es su voto contra las leyes sociales -por ejemplo, veremos la semana que viene la ley de eutanasia otra vez-, pero lo que es más
grave es su silencio cómplice ante VOX. Después de ayer, señorías del PP, solo les queda VOX, y parece que les tengan que pedir permiso para hacer política. Ustedes se conforman con las migajas que VOX les da en la política. Señorías del PP,
Roosevelt dijo una vez que lo único a lo que hay que tener miedo es al miedo mismo. Pues, señorías, ustedes están instalados en el miedo a VOX. Les dan espacio, les ceden la agenda, les ven crecer y vaticino que serán remplazados por ellos en
breve.


Son sobradas las razones para que esta proposición de ley sea aprobada. Hemos debatido largamente sobre este asunto en comisión, aquí tres veces, sobre esta necesidad y sobre la necesidad de que el Parlamento haga su trabajo y legisle. Es
nuestra soberanía, proviene de los votos de la ciudadanía, de esa ciudadanía que ha colocado aquí a todos los diputados y diputadas, a sus señorías, a todos. Quiero decir también a los portavoces que han intervenido y que, sin estar a favor
totalmente de esta proposición, la han compartido y la van a aprobar, que les agradezco su altura de miras, porque en política los puntos de acuerdo son tan importantes o más que las propias posiciones, también las nuestras, sobre todo las nuestras.


Señorías del PP, su posición bloqueadora es injustificable, pero yo creo que eso ya lo saben, no se sostiene. Pero les diré una cosa: Existen normas, pactos, acciones que hacen que un país transcurra sin contratiempos en diferentes
momentos históricos, máxime en los cambios de mayoría o de Gobierno. A saber: el respeto a la victoria del ganador y a su derecho de conformar Gobierno, otorgar la legitimidad a ese Gobierno, el respeto y la no injerencia internacional, pero
también, señorías del PP, contribuir al tránsito normal y pacífico de las instituciones. Señorías, la grandeza también se mide en la oposición, y ustedes tienen una reválida permanente para demostrar a esta Cámara que no les mueve el rencor.


Señorías del PP, ¿oyen ustedes a VOX? Son ustedes hace quince años. Hemos vuelto a oír teorías de la conspiración sobre el atentado del 11-M. Son ustedes hace quince años. Me recuerdan a Acebes, a Aznar. Hemos vuelto a oír en esta
Cámara otra vez ese tipo de ignominias. Son ustedes, señorías del PP, hace quince años. Por eso les digo que por favor no se conformen con no molestar a VOX a la hora de exponer sus argumentos y sus ideas, vayan más allá, porque les auguro que hay
más allá.


Señorías, esta es una ley necesaria y oportuna, una ley que viene a poner fin a una situación que no se puede sostener mucho más tiempo, pero es verdad que esta ley no acaba con el problema. El problema acabará cuando ustedes de verdad
recapaciten y se sienten a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por eso, yo les pido que recapaciten para el futuro. Hoy ya llegan tarde, una vez más llegan tarde, pero les digo que en esta ley, como en otras, también
seguiremos sin ustedes. Es triste que sigamos avanzando sin que el Partido Popular se avenga a pactar. Sobra decir, señorías, que mi grupo va a votar favorablemente a esta iniciativa que creemos que es totalmente necesaria.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


ENMIENDAS DEL SENADO:


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 12/2020, DE 31 DE MARZO). (Número de expediente 121/000015).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto correspondiente a las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de
género procedente del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo.


En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Giménez Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Señorías, quiero iniciar mi intervención recordando a las cuatro víctimas que han sido asesinadas en lo que llevamos de año; cuatro vidas arrancadas por el mero hecho de ser mujeres. No podemos dejar de recordarlo, no podemos dejar de
insistir en que su causa es la nuestra. Además, quiero decir a todas aquellas mujeres que están en estos momentos viviendo violencia machista que no están solas. No estáis solas.


Hoy abordamos una iniciativa que, como ya les adelanto, vamos a apoyar. Creemos además que las enmiendas que se han presentado son adecuadas. La referencia al Convenio de Estambul que garantiza la aplicación de las medidas sin
discriminación alguna, la inclusión de que las medidas y los servicios tengan criterios de inclusividad y accesibilidad o tener en cuenta las prestaciones de los servicios y las limitaciones de las víctimas, entre otras, son las cuestiones que
incorporan las enmiendas que hoy se traen a esta Cámara. Por ello, insisto en que nuestro voto va a ser favorable, porque Ciudadanos siempre va a apoyar las propuestas que promuevan la defensa de las víctimas de la violencia machista, porque
siempre estaremos al lado de las víctimas de violencia machista y nos van a encontrar enfrente todos aquellos que quieran negar esta forma específica de violencia.


En lo que respecta a la violencia de género, las víctimas han vivido durante estos momentos de pandemia un verdadero calvario. Las llamadas al 016 han aumentado en un 40 %. Además, les ha pasado lo peor, que es estar en sus casas
encerradas viviendo con sus agresores. Si nos ponemos un poco en la piel de la víctima, imagínense encerradas con aquella persona a la que tienes miedo, con aquella persona que te tiene sometida, con aquella persona que no te deja crecer ni
personal ni laboralmente ni de ninguna manera. Por tanto, se han visto en una encrucijada que creo que ha sido lo peor de esta pandemia. Por ello, ya desde marzo considerábamos la importancia de declarar servicios esenciales a aquellos que
atienden a las víctimas de violencia de género, primando la atención y la protección y ofreciendo todos los recursos sociales y habitacionales necesarios en el momento del confinamiento. Son servicios que Ciudadanos ya ha dejado claro en nuestro
trabajo que tienen que ser garantizados no solo en el momento del confinamiento, sino mientras dure la situación de restricción y de pandemia en la que todavía nos encontramos. Además, en Ciudadanos siempre tenemos en cuenta la situación de las
mujeres que se encuentran en posiciones de mayor vulnerabilidad. Por ello, una de las enmiendas que se incorporó en este trabajo iba en la línea de tener en cuenta los casos de violencia machista en los que se pueden ver mujeres en situación de
pobreza, de migración, de discapacidad, mujeres gitanas, etcétera. No debemos olvidarnos de aquellas mujeres que, ante la violencia machista, se pueden ver con mayores problemas para afrontarla. La acción en violencia machista debe contemplar,
además, distintos ámbitos: por un lado, el preventivo y el sensibilizador; por otro lado, debe haber mayor garantía de protección a las víctimas. Comparto con ustedes mi preocupación -además, recuerdo mis momentos de ejercicio de la profesión de
la abogacía- por lo que sucede con la aplicación de las órdenes de protección. ¿Cómo debemos apoyar y proteger a las mujeres que tienen tanto miedo que ni siquiera denuncian? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esas mujeres que, en su propio
entorno, se encuentran con mayor dificultad para afrontar una situación de violencia machista? Junto a esto surgen nuevas formas de ejercer la violencia machista contra muchas de nuestras jóvenes. ¿Qué hacer con esa violencia machista que se
ejerce a través de redes



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sociales y de internet? Son temas que tenemos que abordar con muchísima seriedad, con muchísima coherencia y con respuestas efectivas, señorías.


Me parece vital trabajar con coherencia en esta materia. Hace unas semanas, dimos una lección al Grupo Parlamentario VOX en esta Cámara cuando nos levantamos todos y todas para afrontar de una manera clara esos discursos negacionistas. De
hecho, Ciudadanos dio un paso muy firme para afrontar una de las cuestiones más importantes, la de aplicar y ejecutar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Mi sorpresa ha sido que el único objetivo que tiene el Partido Socialista en esa
proposición de ley es aplicar las medidas que todavía no se están aplicando. No los hemos tenido a nuestro lado, y me parece incomprensible. Es una cuestión que no debe ser patrimonio de nadie, y en nuestros discursos ha quedado muy claro. ¿Por
qué no nos han apoyado? ¿Es porque la presenta Ciudadanos, como nos ha pasado en algunas ocasiones como vimos en los Presupuestos Generales del Estado? ¿Es porque no se quieren aplicar las medidas del Pacto de Estado contra la violencia machista?
Me parece incomprensible, señorías.


En nuestro proyecto proponíamos que se considerase víctimas a los menores que viven junto a ellas, para que sean protegidos; se recogía la garantía de un alojamiento inmediato y seguro para todas aquellas mujeres que quisieran abandonar su
domicilio; la revisión de las garantías procesales en el ámbito penal para que la víctima pudiera intervenir en cualquier momento. ¿Qué problema hay con esta ejecución de medidas? Me sigue sorprendiendo.


Quiero terminar insistiendo en la importancia de ejecutar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es importante ejecutarlo con la mayor eficacia posible. En esta materia tenemos que estar unidos, porque hay que vencer esta lacra
social. Si no lo hacemos desde la unidad, será imposible; no hay otra manera. Las víctimas merecen una respuesta efectiva de esta Cámara. A nuestro grupo parlamentario siempre nos van a encontrar en el lado propositivo, en el lado del acuerdo,
en el lado de la unidad y de mejorar las políticas que van en esta línea de trabajo.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, senyor president. Bona tarda, senyories.


Violencia machista. El lenguaje es importante, porque crea un contexto apto que impulsa las medidas dirigidas a combatir la violencia machista -vuelvo a decirlo, violencia machista-. Por esto, al igual que el término violencia doméstica
quedó obsoleto para dar paso a la discusión de la violencia de género, es hora de que este concepto se deje atrás para hacer frente a la problemática tratada como violencia machista. Esto es, dicha violencia no es ejercida por los diferentes
géneros que existen, sino que se da del hombre hacia la mujer, violencia machista. Por lo tanto, estamos ante una cuestión de machismo por el hecho de que el hombre considera que tiene pleno derecho y total posesión sobre la mujer, violencia
machista. Indigna muchísimo que no se haya aceptado nuestra enmienda al artículo 1 para cambiar todo el articulado del redactado de violencia de género a violencia machista.


Volvemos a decir lo mismo que dijo en el Senado nuestra compañera Elisenda Pérez: No se están abordando todos los temas imprescindibles. Queremos dejar claro desde el Grupo Republicano que este proyecto de ley lo entendemos como
absolutamente necesario, imprescindible, urgente, sin ninguna duda, porque la situación que la pandemia ha provocado en la violencia machista es extremadamente preocupante, y más cuando escuchamos discursos de odio hacia las mujeres por parte de la
bancada fascista de este Congreso, quienes niegan la existencia de la violencia machista que mata cada día. Hay una frase muy antigua que dice lo siguiente: lo que no está escrito específicamente no existe. Por lo tanto, creemos desde el Grupo
Republicano, que es absolutamente imprescindible abrir el debate sobre las personas trans. La violencia machista se ejerce contra las mujeres por el sistema patriarcal que todavía sufrimos y que nos subordina y nos oprime a nosotras. Por lo tanto,
la ley tiene que tener por objetivo la protección de todas las mujeres y que no quede fuera ninguna posible víctima de la violencia machista, una violencia que recibimos las mujeres por parte de los hombres solo por el hecho de ser leídas como
mujeres, más allá de lo que diga un DNI o los bulos de la transfobia. Apostamos de manera firme e irrenunciable por la protección de todas las mujeres ante cualquier tipo de violencia, independientemente del sexo o género que nos hayan asignado al
nacer. Nuevamente nos enfrentamos a la negativa del clásico bipartidismo español de no afrontar las realidades de la ciudadanía que



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pretenden representar. Nuevamente, el PP y el PSOE se juntan para no abrir debates pendientes, debates absolutamente necesarios para desarrollar todos los Estados del bienestar. Es muy triste, señorías, pero no es una novedad.


Este Gobierno es capaz de darse la mano con quienes les acusan de llevar a todo un Estado a la ruina y de ser un Gobierno negligente, pero ¿para qué dan la mano a quien dice esto? Para bloquear los derechos fundamentales de una enorme parte
de la población, las personas trans. A las compañeras diputades de Unidas Podemos les digo lo siguiente: sé que para vosotres las colectivas trans son un movimiento político absolutamente importante, pero es imprescindible que recordemos cada día,
siempre siempre, que a miles de personas les va la vida y les va la dignidad en ello. Un colectivo, como el colectivo trans, que ve que nunca -repito, nunca- se ha legislado específicamente para ellos, ellas y elles, se hartan de esperar y alzan la
voz e incluso hacen huelga de hambre - están aquí, vayan ustedes a la plaza de las Cortes, donde están haciendo huelga de hambre- simplemente por el derecho de ser. No se les escucha, señorías. Se esconden ustedes detrás de sus propios miedos a
entender que el mundo cambia y people change, que todos, todas y todes cambiamos. Defendemos que todas las iniciativas legislativas sean inclusivas y contemplen todas las realidades. Esto incluye la realidad de las personas trans, señorías.


Señorías, es muy peligroso que uno de los criterios para recibir ayuda pública relacionada con la violencia machista pase por querer o no relacionarse con el espectro del género binario. Es importante hacer reparaciones, pedir perdón,
otorgar derechos; y, por eso, registramos una PNL de la Plataforma Trans, que, por cierto, también está haciendo huelga de hambre por la ley trans, y las instituciones deben hacer justicia. Es la única manera de avanzar.


El miedo que siente la izquierda tradicional de este Estado español promulga la exclusión del colectivo trans; son miles de personas, señorías, que quieren absolutamente tener el derecho de ser; es un derecho humano de ser. Se debe
legislar para todo el conjunto de la sociedad, señorías. Por lo tanto, la violencia machista contra las personas trans también debe ser abordada e incluida en el presente proyecto de ley. Traigan ya al Congreso de los Diputados la ley trans;
urge, es una ley absolutamente necesaria. Tenemos a la sociedad haciendo huelga de hambre; tenemos una mayoría en este hemiciclo para aprobar una ley trans. Traigan ya la ley trans; es momento de abordar la discriminación de este colectivo,
ahora más que nunca, señorías.


Prueba de ello es que las medidas...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ha terminado su tiempo, por favor. Vamos a ser estrictos con los tiempos. Muchas gracias. Ha terminado su tiempo. (Aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora García Puig.


La señora GARCÍA PUIG: Hola, muy buenos días a todos, a todas y a todes, como decía mi compañera María.


Es emocionante para mí poder hablar en la semana del 8 de marzo desde esta tribuna, y más en una iniciativa que trata precisamente sobre la violencia contra las mujeres. Por eso, por la fecha, pero también por el tema a tratar, quiero
empezar con una reflexión. Y en esa reflexión quiero decir muy alto que el feminismo es la casa de todas las mujeres. Quiero decírselo a todas las mujeres, el feminismo es su casa. Pero, especialmente, quiero dirigir estas palabras a las mujeres
más precarias, a las que ven cómo su trabajo es invisibilizado, infra remunerado, día tras días; también a las mujeres migradas, a las que se encuentran en situaciones irregular y sufren todo tipo de violencias; también la violencia económica y la
violencia institucional. A las mujeres que cuidan desde el anonimato, sin reconocimiento, sostenéis nuestras vidas, y ya es hora de que alguien sostenga las vuestras; a las víctimas de violencia machista, a las que se dirige este real decreto, y a
las que la ultraderecha pretende negar su realidad día tras día.


Hace unos días, vivimos aquí uno de los momentos más emocionantes, al menos para mí, en toda mi experiencia política, y fue cuando todo este hemiciclo, salvo los diputados y diputadas negacionistas del dolor de las mujeres, se pusieron en
pie para aplaudir los nombres de las 1081 mujeres asesinadas desde 2003 por violencia machista en nuestro país. Quería pedir que siguiéramos con esta unión contra la violencia machista, que hagamos justicia a la memoria de las mujeres asesinadas y
que el lema 'Ni una menos' esté por encima de las rivalidades políticas. El feminismo, como decía María, es también la casa de las mujeres trans, mujeres que han estado completamente invisibilizadas por la propia legislación que



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ahora reclaman y que desafortunadamente estamos viendo estos días cómo están siendo blanco de la transfobia más cruda, más violenta y más cruel. El feminismo también es la casa de las mujeres trans.


Y por último, y siendo muy consciente de que hablo desde el privilegio, querría decir que el feminismo también es la casa de todas las mujeres que nos hemos sentido fuera de lugar a veces en la política pública, las que hemos sufrido el
síndrome de la impostora cada vez que subimos por estas escaleras. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Y digo que hablo desde el privilegio, porque soy muy consciente de que el Congreso sigue cerrado para muchas mujeres, porque hay
cuestiones de clase, de raza, de diversidad funcional, de identidad de género (aplausos) que siguen cerrando las puertas de esta casa a muchas mujeres, y hasta que ellas no puedan entrar, esta casa, el Congreso de los Diputados y diputadas no será
la casa de todos y todas. Y en su voluntad de no dejar a nadie atrás, de no dejar a ninguna de estas mujeres atrás, este Gobierno, con el Ministerio de Igualdad al frente, puso en marcha un plan de contingencia y un real decreto-ley, cuyas
enmiendas discutimos hoy, destinado a proteger a las mujeres víctimas de violencia machista ante una situación sin precedentes, ante la pandemia, una reacción que fue rápida, que fue efectiva y que de nuevo nos convirtió en uno de los países
referentes en la lucha por la igualdad de género y contra las violencias machistas. Se ha dicho antes, la crisis de la COVID-19 ha tenido consecuencias muy graves para las mujeres, especialmente para las mujeres víctimas de la violencia de género,
porque no solo la reclusión con su agresor aumentó estas violencias y las situaciones de riesgo, sino que la precariedad laboral derivada de la crisis económica también incrementa la situación de riesgo por violencia machista, y esto también es
importante que lo digamos. De hecho, los diferentes estudios sitúan el aumento de la violencia de género durante la pandemia entre el 20 y el 30 %. Este proyecto de ley ha sido un arma fundamental para luchar contra la violencia machista y aquí
deberíamos haber estado todas unidas y sentimos que el PP se abstuviera en su momento. Desde nuestro grupo parlamentario seguiremos trabajando por la unidad en un tema en el que creemos que no caben ni fisuras ni ambigüedades. Estas enmiendas que
vienen del Senado y que vamos a apoyar mejoran el texto especialmente en temas de interseccionalidad. Nos congratulamos de que se incluyan específicamente cosas en el ámbito de la mujer rural o, por ejemplo, de la diversidad funcional.


Rita Segato, una pensadora feminista, luchadora y referente dice que la violencia de género es la primera escuela de la violencia, de hecho la llama la incubadora, porque tiene que ver con los mandatos de la masculinidad y porque la
violencia de género está íntimamente ligada con todas las violencias que afectan a nuestra sociedad. Por eso quiero decir que el feminismo, como he dicho, es la casa de todas las mujeres, pero me atrevo a decir también que es la casa de toda la
sociedad; yo lo pienso a menudo, que el feminismo es la casa, por ejemplo, de mi hijo, y menos mal, porque espero y deseo que él también como hombre sea capaz de contribuir a una sociedad mejor para todas las mujeres.


Quiero acabar ya, pero quiero hacerlo en esta semana del 8M pero también en la semana en la que se cumple un año del inicio del confinamiento, citando a una de esas mujeres anónimas a las que me refería antes, a una de esas mujeres dedicada
a los cuidados, una mujer precaria, una mujer invisible, y a las que ya es hora de que escuchemos y demos desde esta casa, que debería ser la de todas, los derechos que merecen. Algunas de las voces de estas mujeres se encuentran recogidas en este
libro para mí de lectura estremecedora y de lectura imprescindible también que se llama Cuidadoras, y quiero leer en concreto las palabras de Judith, una mujer boliviana que llegó a Barcelona 1996, dice: Yo siempre he luchado contra el maltrato
debido a lo que he sufrido, siempre he querido tener igualdad en condiciones de trabajo; yo quiero igualdad para todas, ser tratada con dignidad. Yo creo que para mí eso es el feminismo, la igualdad. Desde aquí, desde esta casa, debemos legislar
para ello. ¡Viva la lucha feminista!


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a infectar a tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Toscano de Balbín. (Aplausos).


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Con la venia.


En primer lugar, me gustaría decir a la diputada de Esquerra, que ha hablado del discurso de odio contra las mujeres de la bancada fascista, que el único discurso de odio es el suyo contra VOX. Por eso nos agreden y nos tiran piedras.
(Aplausos). Después del bochornoso espectáculo de sus aplausos hace unos días aplaudiendo la lista de mujeres trágicamente asesinadas por hombres blancos heterosexuales, después del espectáculo de autocomplacencia en el que aplaudían su propio
fracaso porque cada mujer muerta es un fracaso de su ley, después de ver retratado el consenso progre, yo quería reivindicar los



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nombres de las otras víctimas, de los hombres, los niños y los homosexuales, pero no va a ser posible. ¿Saben por qué? Porque esos nombres no constan, no aparecen y no hay cifras de sus muertes porque ustedes no quieren que se sepan,
porque, como ustedes dicen, lo que no se nombra no existe y ustedes quieren que esas víctimas no existan para los españoles. (Aplausos). Así que solo puedo dar unas frías cifras basadas en las últimas noticias de los últimos años, pero valgan
estas cifras como homenaje. Desde 2013, 138 niños han sido asesinados por violencia intrafamiliar y 93 hombres han sido asesinados por sus parejas. Dios les tenga en su gloria a ellos y a todas las mujeres asesinadas. (Aplausos). Pero, señorías,
¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no nos dan las cifras? ¿Por qué no dedican un minuto de silencio a todas estas víctimas? ¿Por qué solo hablan de la violencia contra la mujer? ¿Por qué?


Hace unos días estaban en esta misma tribuna dándonos lecciones de igualdad de trato. ¿Qué igualdad? Señorías, nos han mentido, pero la igualdad no es el único tema en el que nos han mentido, ustedes nos mienten cuando dicen que les
importan las mujeres porque cuando la mujer agredida es una diputada de VOX, se callan; cuando la mujer agredida es la novia de un guardia civil de Alsasua, se callan; cuando la mujer agredida es violada por un marroquí, se callan; cuando la
mujer agredida es una policía apaleada por las turbas terroristas que ustedes animaban, se callan, y porque cuando las mujeres no son de la suyas, no es violencia, es ketchup. (Aplausos).


Ustedes mienten cuando hablan de conseguir violencia cero porque es un objetivo imposible, ustedes sangran a impuestos a los españoles para un objetivo irrealizable. Por supuesto que sería precioso un mundo en el que no hubiera violencia,
en el que pudiéramos comer sin engordar y en el que la ministra María Jesús Montero supiera lo que es un océano, sería maravilloso, pero no es posible, señorías. (Aplausos). Ustedes mienten cuando niegan las denuncias falsas. ¿Hablamos de Juan
José López Aguilar? ¿Hablamos de Infancia Libre? ¿Hablamos de Fernando Valdés? ¿Hablamos de Ignacio Caraballo? Señorías de Podemos, ¿hablamos del señor Calvente? ¿No, verdad? Pues eso. (Aplausos). Ustedes mienten cuando acusan a VOX de
negacionista, machista y cómplice de los agresores. En VOX condenamos todo tipo de violencia contra la mujer, contra los hombres y contra los niños y respetamos tanto a una mujer que rechazamos su paternalismo, porque nosotros no queremos ser un
caballero andante que rescate a la damisela en apuros, nosotros queremos que las mujeres sean Juanas de Arco del siglo XXI. (Aplausos). Ustedes mienten con las cifras, mienten con los datos, mienten sobre la violencia, mienten sobre VOX, ustedes
mienten hasta al médico (risas), pero ya está VOX aquí para decir la verdad y para recordarles que el emperador está desnudo, para recordarles que la violencia no tiene sexo y para recordar a todas esas víctimas que ustedes han olvidado.


Sus leyes contra la violencia de género, la de 2004 y la que hoy nos ocupa, no se sabe a quién pretenden proteger porque ustedes ignoran qué es una mujer. Estas leyes violan la Constitución, violan el Convenio de Estambul, violan derechos
fundamentales, colectivizan y victimizan a la mujer, criminalizan al hombre, no reducen el número de víctimas, fomentan las denuncias falsas y enfrentan a hombres y mujeres para destruir la familia. (Aplausos). ¿Y qué quiere VOX? VOX quiere la
Constitución: igualdad ante la ley, presunción de inocencia, endurecimiento de las penas, cerrar sus chiringuitos y protección para todas las víctimas. (Aplausos). Señorías, su ley no representa a los ciudadanos; solo representa su patológico
odio al hombre y su utilización perversa del drama de las mujeres maltratadas. Por eso, yo hoy apelo a la sociedad española para que cuando vote y elija a sus gobernantes y a sus políticos exija la defensa de todas las mujeres y no solo la de las
mujeres feministas, la defensa de las mujeres descartadas por el feminismo, de las madres, de las mujeres embarazadas, la defensa de las mujeres agredidas por españoles y por inmigrantes que ustedes nos traen (aplausos), la defensa de las mujeres
que disentimos y la defensa de las mujeres que son madres, esposas, hijas y hermanas de hombres inocentes víctimas de su ley. (Aplausos).


Decía Tolkien que las palabras hermosas esconden en muchas ocasiones un corazón infame, y en este caso es verdad. Ustedes pervierten y falsifican banderas con hermosas palabras -la mujer, la igualdad, los derechos-, pero esas banderas dejan
de serlo para convertirse en harapos ideológicos, entre cuyos jirones podemos vislumbrar la realidad, que es su ansia de poder, su totalitarismo y el desprecio absoluto por la vida de los españoles (aplausos), todo lo contrario que el grupo al que
hoy tengo el honor de representar. Las banderas para nosotros no son excusas ni coartadas para esconder intereses aviesos; son puntos de luz que nos señalan el camino hacia el bien y hacia el servicio a todos los españoles, especialmente a los que
sufren violencia, sean hombres, niños o mujeres, porque para VOX todas las vidas importan. Señorías, menos Irenes Montero y más Juanas de Arco.


Gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).



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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Toscano. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Álvarez Fanjul.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Gracias, presidenta.


Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Popular apoyó el informe de la ponencia relativo a este proyecto de ley, puesto que se admitieron varias de nuestras enmiendas que mejoraban claramente un texto que se había quedado obsoleto al
estar limitado únicamente al periodo del primer estado de alarma, ya saben, ese que se prorrogaba cada quince días para que el señor Sánchez se librase del control parlamentario de todos los diputados aquí presentes. De entre las mejoras
introducidas por el Grupo Popular, apoyadas por la mayoría de los grupos, resalta la enmienda que buscaba que las administraciones competentes garanticen una protección, atención e intervención integral a las víctimas de trata con fines de
explotación sexual que se hayan detectado durante el confinamiento y que el texto original había olvidado. Así, se reforzará la vigilancia a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los lugares donde se ejerza este tipo de
violencia, se facilitará alojamiento alternativo, asistencia sanitaria y social a las víctimas que hayan contraído el COVID. También destaca la mejora de la protección de las mujeres en el ámbito rural y de las mujeres con alguna discapacidad,
aunque no aceptaron en esta Cámara mejoras relativas a la inclusión y accesibilidad que habíamos propuesto. Sin embargo, el Grupo Popular en el Senado sí ha logrado que se incluya, así como las relativas a que las administraciones competentes
garanticen una asistencia social integral mientras duren las medidas derivadas de la emergencia sanitaria provocadas por la COVID aun después de superado el estado de alarma. Por otro lado, también gracias al Grupo Popular, se mejoraron en el texto
las condiciones laborales de las mujeres víctimas de que la violencia de género que hayan sido incluidas en alguna de las modalidades de los ERTE.


Sin embargo, no fueron ambiciosos ni se adelantaron a otro tipo de violencia de género, que está en aumento. Según el nuevo informe '(In)seguras online: experiencias de las niñas, adolescentes y jóvenes en torno al acoso online en España',
las niñas y las jóvenes españolas también están muy expuestas al acoso online. Os daré un dato, el 88. reconocen que ellas u otras chicas de su entorno se han enfrentado a más de una forma de acoso. Por este y otros motivos el Grupo Popular
presentó una serie de enmiendas. En primer lugar, medidas de lucha contra la violencia online y ciberacoso, que fueron rechazadas. Por cierto, guardar una SIM para proteger a una chica no cuenta como combatir el ciberacoso, hacen falta medidas de
verdad y que sean efectivas. En segundo lugar, accesibilidad a recursos, ya que un recurso habitacional si no es accesible no es un recurso en igualdad de condiciones para todas las mujeres. Y en tercer lugar, una enmienda para dotar de fondos,
vía pacto de Estado, a las pequeñas administraciones, que tienen que usar recursos para la lucha contra la pandemia para incrementar su plantilla de apoyo a las víctimas o mejorar sus centros. Pero, como decía, no se aceptaron. En el trámite del
Senado volvimos a presentar prácticamente la totalidad de enmiendas que no habían sido admitidas. Han sido aceptadas varias de ellas, junto con las de otros grupos parlamentarios, fundamentalmente todas las que tienen que ver con mejorar la
atención y protección de las personas con discapacidad, con el enfoque de inclusión y accesibilidad, buscando la accesibilidad universal y realizando los ajustes razonables que sean necesarios de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por estos motivos se puede votar a favor de las enmiendas incorporadas en el Senado, si bien ya les anuncio que vamos a seguir reclamando todas las enmiendas que hemos presentado y que han sido
rechazadas, así como la implantación definitiva de las doscientas noventa medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque, aunque el Ministerio de Igualdad y sus altos cargos no se lo terminen de creer, es la mejor herramienta para
acabar con esta lacra.


Antes de terminar, quería aprovechar este debate para recordar una cuestión a la Cámara y a todos los españoles que puedan estar escuchándonos. Me produce tristeza ver cómo funcionan a la hora de gobernar. A ustedes, señorías de la
izquierda, les importan más una pancarta, una foto o un hashtag viral que trabajar. La señora Montero no ha sacado adelante una sola ley. Este decreto será la primera y desde que se constituyó han estado más pendientes de cuadrar la estructura
orgánica y de altos cargos de su ministerio -niñera al cargo del erario público incluida- que de trabajar. Ustedes pusieron, a su manera, la violencia de género en el centro del debate y yo ahora les pido que pongan el trabajo en el centro de sus
agendas. (Aplausos). La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado es, aunque parezca mentira, una quimera. Ni seguimos ni evaluamos el pacto de Estado porque no hay manera de



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que la convoquen. Tres sesiones hemos celebrado desde su constitución, una cifra irrisoria y lamentable. Convoquen la Comisión y celebren las comparecencias, por favor, que les hemos solicitado, a poder ser antes de que acabe la
legislatura.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Álvarez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guinart Moreno.


La señora GUINART MORENO: Muchas gracias, presidenta.


Un recuerdo sentido y emocionado para las 1083 mujeres asesinadas, víctimas del machismo criminal. (Aplausos). Hoy voy a hablar de ellas. Quiero empezar agradeciendo a los grupos su trabajo y sus aportaciones en este proyecto de ley;
aportaciones que en la inmensa mayoría de los casos han sido en positivo. El decreto del que emana este proyecto de ley fue una mano tendida del Gobierno rápida y eficaz a las miles de mujeres que padecían entonces confinamiento estricto al lado de
su maltratador. Su pánico se vio acrecentado, lógicamente, de la noche a la mañana y no nos podíamos ni tampoco queríamos quedar quietas y expectantes. La situación era y es muy grave, requería soluciones ágiles, que son las que incluye este
proyecto de ley. Ha pasado el tiempo y continuamos en pandemia, atrás ha quedado el confinamiento en los domicilios, pero estamos aún en estado de alarma, vigentes todavía muchas restricciones de movilidad. Tanto la Organización Mundial de la
Salud como Naciones Unidas dieron el grito de alerta ya el año pasado ante la evidencia del incremento de la violencia contra las mujeres en todo el mundo: violencia de control, psicológica, que deviene en muchos casos también violencia física en
cuanto el maltratador pierde de vista a la mujer que antes controlaba las veinticuatro horas del día. No en vano, la violencia -lo sabemos- es sustento de la desigualdad y resulta necesaria para su pervivencia. Por eso este proyecto de ley es tan
importante, porque constituye un mensaje alto, un mensaje claro para las mujeres y también para las y los menores que sufren maltrato en mitad de esta terrible pandemia.


Señorías de VOX, negar la evidencia que nos desvelan las cifras es cerrar los ojos a la dura realidad que viven miles de mujeres; mujeres como las 78 000 que en 2020 llamaron al 016, 10 300 más que en 2019. En este país una de cada dos
mujeres ha sufrido algún episodio de violencia machista a lo largo de su vida. En este país ha habido 1083 mujeres asesinadas desde 2003 hasta el día de hoy. Leímos sus nombres hace dos semanas aquí mismo, nombres a los que lamentablemente hoy
tenemos que añadir el de Mari Carmen, de Torrejón de Ardoz, y los de Mari Cruz y su hija Isabel en El Molar. (Aplausos). Se han registrado 38 asesinatos de menores desde 2013 a manos de parejas o ex parejas de sus madres, muchos eran además sus
progenitores; 305 han quedado huérfanos y huérfanas. Pero las cifras no importan, las personas tampoco para la derecha negacionista. Sabemos que no entienden de cifras ni de estadísticas, tampoco de realidades. No entienden ni lo quieren
entender, no sea que la verdad les estropee, les destroce el discurso con el que regalan los oídos al machismo. (Aplausos). Pero peor todavía es que la violencia destroce la vida de las mujeres, así que en mi grupo parlamentario, en el Grupo
Socialista, estamos con ellas y trabajamos para ayudarlas a ellas. Por eso, en mi grupo y en el Gobierno aportamos soluciones. Lo hemos hecho siempre desde la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 al pacto de Estado al que sí -tenemos
que recordárselo señorías del PP- les arrastramos. Y miren, de la solidez de la agenda de las políticas para prevenir y combatir la violencia en España, del papel pionero de la ley integral no hablamos solo nosotras, lo hace también por ejemplo el
Informe del Grevio de evolución de España en el cumplimiento del Convenio de Estambul.


Las enmiendas que hoy debatimos y que votaremos afirmativamente -ya se lo adelanto- se suman al texto que aprobamos en la Comisión de Igualdad del Congreso. Convinimos que algunos aspectos relativos a la protección y asistencia de las
víctimas que necesiten un abordaje especial pueden incluso más allá del estado de alarma. Reforzamos el compromiso de este proyecto de ley con la protección y asistencia a las mujeres y niñas víctimas de trata con finalidad de explotación sexual.
Estamos, además, convencidas de que esta debe ser la legislatura de la abolición de la prostitución. (Aplausos). Y no olvidamos las especiales dificultades de colectivos vulnerables, mujeres que suman a su condición de víctima de violencia de
género alguna o algunas otras que incrementan el riesgo. Lo recogió en la ponencia del Congreso una transaccional y ahora se adicionan otras que caminan en el mismo sentido, fundamentalmente enmiendas de inclusión y accesibilidad; las aceptamos,
aunque sinceramente creemos que resultan redundantes.



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Reitero el compromiso con todas las víctimas de violencia machista, el compromiso con su protección, su asistencia, con la prevención, la sensibilización, la educación, tan importante y que se lleva a cabo, por cierto, de muchas maneras: a
través de la enseñanza reglada, pero también de la socialización que ejercen los medios de comunicación, o con murales como los que estos días han sido vandalizados en Madrid, en Getafe y en otros municipios (muestra dos fotografías); murales por
doquier que invitan a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, murales que ustedes, señorías de la ultraderecha, señalan y que luego otros borran y sabotean, por cierto. (Aplausos). Lo que está ocurriendo hasta la fecha en Madrid no
tiene nombre, señorías del PP, y pronto le vamos a poner remedio. Lo de borrar murales, lo de vetar a la ministra para que no adoctrine (un señor diputado: ¡Bueno!), lo del pin parental en Madrid, en Andalucía, en Murcia, eso no es feminismo,
precisamente. Pero, no se equivoquen, porque al feminismo no se le borra ni con insultos, ni con negacionismos, ni con pins, ni tampoco con brocha gorda, y ¿saben qué? Que somos Frida Kahlo, que somos Rosa Parks, que somos Carme Chacón; somos
todas las mujeres que queréis borrar. (Prolongados aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Guinart. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE RATIOS DE ENFERMERAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN CENTROS SANITARIOS Y OTROS ÁMBITOS (CORRESPONDE A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 120/000018 DE LA XII LEGISLATURA Y 120/000005 DE LA XIII LEGISLATURA).
(Número de expediente 120/000004).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de la proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos.
Corresponde a los números de expediente 120/000018 de la XII Legislatura y 120/000005 de la XIII Legislatura.


A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo, y para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Eritja Ciuró.


El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta.


(Comienza su intervención en catalán). Señorías, para nuestro grupo siempre es una satisfacción poder debatir iniciativas trasladadas directamente al Congreso por la sociedad civil organizada. Merecen todo nuestro respeto, pero también
merecen garantías para que su propuesta no caiga en saco roto, como habitualmente suele pasar. Esta iniciativa legislativa popular nos permite precisamente traer a debate una cuestión central para entender y atender los retos a los que deben hacer
frente nuestros sistemas sanitarios, y es el debate sobre la escasez de recursos humanos y materiales que padecen y, por ende, padecemos todos los ciudadanos que somos usuarios en un momento u otro de dichos sistemas. Estamos completamente de
acuerdo con el escrito de esta iniciativa. De hecho, compartimos la doble necesidad de vehicular mecanismos para garantizar una atención adecuada al paciente, así como unas condiciones dignas para el ejercicio de la profesión sanitaria. En ese
sentido, la prioridad hoy debería ser la lucha contra la precariedad laboral en el ámbito sanitario y el refuerzo y consolidación de las plantillas actuales -estamos totalmente de acuerdo-, dos factores que precisamente no solo afectan a la dignidad
del profesional sanitario sino que, incluso, condicionan la calidad del mismo servicio, por tanto, acaban afectando al conjunto de la sociedad.


Todos somos conscientes de que los recortes han afectado profundamente los servicios públicos de salud pese a los inconmensurables esfuerzos y la admirable vocación del personal sanitario, que muchas veces ha sufrido déficits estructurales
como la infrafinanciación crónica de los servicios públicos sanitarios, tal y como han demostrado precisamente durante esta pandemia. Nuestro compromiso con los principios y diagnósticos de los promotores, por lo tanto, son claros. Sin embargo,
según nuestro criterio, esta iniciativa plantea muchas dudas, sobre todo en el ámbito de su aplicación. En primer lugar, creemos que no solo es importante hablar de la ratio enfermera-paciente, sino que también es muy importante la formación
especializada de las enfermeras, que pueden abrir la horquilla de la ratio sin mejorar la calidad de la atención. También deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, el papel de la figura del auxiliar de enfermería, que no se contempla en otros
modelos sanitarios de nuestro entorno cuando se calcula la



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ratio. Las ratio, efectivamente, importan, pero no se pueden desligar tampoco del contexto; no son las mismas las necesidades asistenciales en un entorno de alta complejidad social que en una zona con menores índices de cronicidad o
pluripatologías.


Tampoco debemos perder de vista que en los próximos años la estructura social será diferente; la población infantil disminuirá debido a la reducción de los nacimientos y la población de edad avanzada aumentará gracias al incremento de la
esperanza de vida. Este escenario hace patente que el sistema de salud tendrá que hacer frente a un importante incremento de la cronicidad. No podemos hablar, por tanto, únicamente de ratio, sino que debemos centrarnos también en los cuidados y
necesidades específicas de cada persona, cada comunidad y cada enfermedad. Todo ello obliga y obligará a repensar los modelos de atención de nuestro sistema sanitario con el objetivo de centrarnos en dar respuesta de manera integral a las
necesidades de salud de las personas. Esos nuevos modelos requieren de nuevos perfiles profesionales y, sobre todo, requieren de la garantía de que nos dotamos del número adecuado de personal fomentando la equidad territorial.


Por otro lado, están las cuestiones competenciales. Las comunidades autónomas ostentan la competencia en sanidad y, por tanto, quizá hubiera sido más eficiente presentar la propuesta en los Parlamentos autonómicos y no a nivel del Estado,
que en cuestiones sanitarias debe limitar su actuación únicamente a la coordinación. Nos parece a todas luces centralizador plantear una modificación que afecta al ámbito de la contratación de profesionales de los distintos servicios sanitarios en
las comunidades autónomas sin contar con los Gobiernos y los Parlamentos de dichos territorios. En todo caso, y pese a todo ello, sin duda ya tendremos tiempo de debatir esos temas en los trabajos de ponencia y en las enmiendas que presentarán
todos los grupos y que nosotros también hemos presentado.


En todo caso, lo que realmente nos inquieta -y de aquí la decisión de presentar esta enmienda a la totalidad- es que dicha propuesta no viene acompañada de un mecanismo de financiación para su desarrollo. No es una simple enmienda; es una
línea roja estructural que va a definir si esta propuesta va hacia delante o no, y por eso hemos querido llamar la atención en ese sentido. Es una cuestión que se elude y que para nuestro grupo es fundamental; de hecho, nuestra enmienda a la
totalidad conserva el articulado original, ya que entendemos que debe debatirse en ponencia, pero incluye la necesidad de garantizar la financiación; de esta manera, y antes de empezar a debatir, queremos comprobar hasta qué punto están
comprometidos todos ustedes, los que votaron a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, con su contenido, con el cumplimiento efectivo de unas ratios tan exigentes como las que nos plantean. Debemos recordar que, de los aquí
presentes, nada más y nada menos que 312 votaron a favor de la toma en consideración, y la pregunta es: ¿lo hicieron porque consideran, como nosotros, que la atención sanitaria es un derecho básico y, por tanto, están dispuestos a adoptar todas las
medidas necesarias para que las administraciones competentes, y entre ellas las comunidades autónomas, puedan asumir las obligaciones que esta ley les impone, o lo hicieron simplemente para quedar bien con los proponentes de esta iniciativa
legislativa popular? En otras palabras, sin una garantía clara de financiación -y no es la primera vez que lo dice nuestro grupo-, esta reforma que se plantea va a ser inviable, así de claro. Si esta enmienda prospera, entenderemos que hay una
voluntad real de llevar a buen puerto la iniciativa.


La sanidad pública sufre un déficit crónico de recursos que provoca que los gastos corrientes en materia sanitaria estén permanentemente por encima de las previsiones presupuestarias. Esto genera un modelo de déficit reiterado,
especialmente acuciante en aquellas comunidades autónomas cuya balanza fiscal padece de un mayor desequilibrio, y este no es un problema que afecte únicamente a Cataluña, sino que afecta a la mayoría de las comunidades autónomas. Este déficit está
estrechamente relacionado con el caduco modelo de financiación autonómica que los sucesivos Gobiernos se niegan a reformar. Esto supone que Cataluña dispone de unos recursos para inversión en salud per cápita más bajos que la media del Estado y muy
lejos de la media de inversión de nuestros vecinos europeos. Pese a ello, y gracias a los trabajos del Fòrum de Diàleg Professional impulsados por el Departament de Salut con el fin de identificar las necesidades de los y las profesionales de
nuestro sistema sanitario, se ha conseguido reforzar nuestras plantillas de profesionales y se ha hecho definiendo y desplegando políticas de planificación y ordenación profesional que responden a las necesidades de salud de la población y a los
nuevos retos que presentará la sociedad en un futuro: envejecimiento, cronicidad o integración de atención, entre otros.


Señorías, el incremento de plazas de enfermería en Cataluña es el más elevado de todo el Estado y logra el máximo histórico de casi trescientas plazas en un año. La oferta de formación sanitaria especializada aprobada por el departamento de
salud para la convocatoria del examen estatal del próximo año supera



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los máximos históricos logrados y se espera que llegue en 2021 hasta las 1630 plazas de 54 especialidades diferentes. Todo ello supone un crecimiento de un 13 % respecto a la última convocatoria y mantiene la tendencia ascendente en los
últimos cinco años. Y ello pese -insistimos-, al impacto económico de la pandemia y al estrecho margen financiero que tiene la comunidad autónoma.


Para ir terminando, estamos de acuerdo en que es necesario reforzar el sistema sanitario como uno de los principales pilares del Estado del bienestar, que consolidar y reforzar las plantilla de personal sanitario, en este caso de las
enfermeras, es prioritario -lo hemos ido hablando en diferentes escenarios y en diferentes marcos-, que los recortes en sanidad no son la solución de nada, como hemos podido experimentar en propia piel estos meses precisamente, y que es urgente
revertir la falta de inversión en sanidad y garantizar una mayor financiación a iniciativas como las que discutimos hoy. Aun siendo una reclamación histórica, la crisis sanitaria del COVID-19 ha dejado en evidencia los déficits de nuestros sistemas
sanitarios. La pandemia nos ha enseñado que el sistema sanitario es la primera y más importante red de seguridad y garantía social que nos podemos dar como sociedad para afrontar los retos de un futuro realmente muy incierto. De hecho, nosotros
consideramos que esta ley es una oportunidad para plantear una reforma en profundidad del Sistema Público de Salud, pero desgraciadamente tenemos mucha experiencia en propuestas que, a pesar de la buena voluntad, finalmente no cuentan con la
financiación necesaria y acaban resultando papel mojado o simples declaraciones de intenciones. El ejemplo más significativo sería la Ley de dependencia, lo hemos ido repitiendo día sí y día también, y tenemos varios ejemplos de cómo realmente no
ha llegado a buen fin cualquier propuesta de estas.


Nuestro grupo ya está cansado de reclamar mejoras en la financiación a las comunidades autónomas, que en definitiva son las únicas que tienen la capacidad para incidir de manera directa y determinante en ámbitos tan sensibles como la
sanidad, los servicios sociales y la educación. Perdón, las únicas no, también existen las administraciones locales, las más olvidadas y a la vez las más próximas al ciudadano. A esto se le llama principio de subsidiariedad y harían bien en tomar
nota. El principio de subsidiariedad en sanidad es fundamental, sobre todo cuando la gestión de las competencias está totalmente traspasada. De nada servirá financiar y reforzar organismos y administraciones vacías de competencias reales de
gestión sanitaria si lo que queremos es mejorar nuestro sistema sanitario y, sobre todo, garantizar unos servicios de calidad a nuestros conciudadanos. Estamos cansados de declaraciones vacías y, al mismo tiempo, de opacidad en las decisiones que
se están tomando desde el Estado, desde el Ejecutivo.


En fin, esta enmienda a la totalidad lo que pretende es tomar la temperatura a una voluntad real o no de llevar a cabo una propuesta de este calado, una propuesta que supone una reforma parcial del sistema sanitario y que, por tanto,
necesita de una financiación adecuada, de mucho consenso y, sobre todo, de mucho cariño. En todo caso, les pido que tomen en consideración esta enmienda a la totalidad, teniendo en cuenta que simplemente consiste en incluir un punto como es la
financiación correcta de un proyecto tan vasto y tan importante como este.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados.


La enmienda a la totalidad a la proposición de ley que plantea el Grupo Republicano desvirtúa de cabo a rabo la iniciativa popular sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad de los pacientes que el Pleno del Congreso avaló el
pasado 15 de diciembre, con mi voto de enfermero en excedencia y cónyuge de enfermera ejerciente. El texto alternativo del Grupo Parlamentario Republicano está muy alejado de los objetivos legislativos que venían avalados por 660 000 firmas y por
un largo recorrido que, a juicio de Foro, debería culminarse en las Cortes Generales con la mayor agilidad posible, más si cabe tras esta interminable pandemia que ha dejado muy en evidencia las carencias de profesionales de enfermería que tenemos
en España. En este sentido, tal y como subrayé en el debate en el que se tomó en consideración con abundante apoyo parlamentario -como ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Republicano-, han quedado en evidencia las carencias
profesionales de enfermería que tenemos en España y conviene recalcar una vez más que España está situada en el vagón de cola en la dotación de enfermeras. También conviene recalcar que la ley colocará a España como país pionero en el



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mundo en disponer en su marco normativo de una ratio segura y adecuada de pacientes por cada profesional de enfermería.


Finalmente, considero que en el trasfondo de esta enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Republicano está, por un lado, el recelo hacia la posible merma de los respectivos marcos competenciales autonómicos y, por otro lado, como ha
insistido el señor Eritja en su intervención, la preocupación por la financiación del despliegue de enfermeras que tendrá que acometerse con la entrada en vigor de esta ley. Es el momento oportuno para recordarle al Gobierno que, efectivamente,
urge la reforma de la financiación autonómica, que lleva camino de siete años de retraso, y que es crucial para que los servicios públicos esenciales tengan recursos para atender la sanidad y, en el caso que nos ocupa, para dotar adecuadamente de
personal de enfermería al conjunto de España sin privilegios ni distinciones territoriales. Votaré en contra de la enmienda a la totalidad.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.


El señor QUEVEDO ITURBE: Buenos días, señorías. Gracias, señora presidenta.


Nueva Canarias considera siempre de un gran valor las iniciativas legislativas populares porque son producto de un refuerzo relevante por parte de la sociedad civil que creemos que siempre hay que tener en consideración, dentro de lo
razonable y lo positivo. En este caso, es una proposición de ley sobre ratios de enfermería para garantizar la seguridad de los pacientes. Es evidente que esto es una declaración de intenciones. Es evidente que está hecha para llamar la atención
sobre uno de los graves problemas de las insuficiencias que afectan y el retroceso que ha experimentado el sistema sanitario español en las últimas décadas. Es verdad. También es verdad que creemos que las declaraciones de intenciones, sobre todo
en esta Cámara y en una materia que -como saben- está transferida a las comunidades autónomas, tienen un valor más de concienciación y de llamar la atención que de otra cosa. Por ese motivo, vamos a apoyar esta proposición de ley, porque nos parece
que tiene su utilidad.


Es evidente que el sistema sanitario público en España ha experimentado un retroceso muy relevante en las últimas décadas. Desde la creación del Sistema Nacional de Salud hasta ahora el retroceso es evidente; un retroceso que está
sustentado en una subfinanciación crónica que la OCDE ha retratado de todas las formas posibles reiteradamente y que no ha servido para mejorar las cosas. La pandemia ha puesto en evidencia que este ha sido un grave error que ahora estamos pagando.
Y, claro, en materia de personal, de recursos humanos en general, este retroceso también ha sido ratificado por la OCDE, pero en el caso de los médicos el retroceso es menor que en el de la enfermería. La media de la OCDE es de 8,2 puntos de
enfermeros o enfermeras por cada mil habitantes y la de España es de 5.9 -ocupa el puesto veinte de la Unión Europea-. Serán necesarios unos 190 000 enfermeros más en el año 2023. Por tanto, este es un asunto sobre el que hay que llamar la
atención; hay que actuar sobre el conjunto de ineficiencias que afectan al sistema sanitario público e impiden su desarrollo. Esto es verdad.


También se menciona otro tema que es esencial tener en consideración y es la persistente lacra de la temporalidad y la precariedad en el empleo, que afecta, en este caso, al 90 % del personal de enfermería. Esto es una monstruosidad y
atenta contra el funcionamiento de cualquier sistema, también contra el sistema sanitario público, como es natural, porque no deja de ser un sistema que funciona con un conjunto de elementos interrelacionados, entre ellos el del personal, que es una
pata fundamental. No es posible desarrollar un proyecto sostenible dentro de un sistema complejo, como lo es el sistema sanitario o cualquier otro sistema, con un personal trabajando en estas condiciones.


Es evidente que este proyecto de ley no va a resolver los problemas y es evidente que este tema debe ser tratado en profundidad por todas las comunidades autónomas, aunque también es verdad que hay que premiar este esfuerzo y es una llamada
de atención para que discutamos este tipo de cosas. Espero que no sea la última vez.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Quevedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.



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La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias. Buenos días a todos. Señor Eritja, nuestro grupo parlamentario votará en contra, como le he adelantado en privado, de la enmienda a la totalidad que su grupo ha presentado, por las mismas razones que
votamos en contra de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por iniciativa legislativa popular. Ustedes lo que han hecho básicamente ha sido modificar una disposición adicional. El Grupo Vasco considera que votar de manera
favorable su iniciativa, a pesar de que incluye esa modificación en relación con la financiación, sería tanto como avalar el conjunto de la proposición de ley que en su momento se presentó.


Cuando se debatía la toma en consideración, en la fijación de posición nosotros pusimos de relieve dos cuestiones que hoy también queremos destacar. La iniciativa parte de la posición de un sindicato que hace su trabajo, defender a su
colectivo, y es un trabajo loable. Pero a los grupos parlamentarios y a los diputados y diputadas que estamos aquí nos corresponde poner las cosas en su marco competencial y establecer una coherencia en las políticas públicas que impulsamos desde
aquí. Como le decía, hoy vamos a votar en contra por las mismas razones que lo hicimos en su momento, y permítanme que les remita a la lectura del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, al boletín número 69, de fecha 15 de diciembre del
2020, para que lean lo que yo ahora resumidamente les recordaré.


Nuestro grupo votó en contra de la proposición de ley y votará en contra de la enmienda a la totalidad porque no respeta la distribución competencial en absoluto en la materia contenida en la Constitución al reservar a diversos órganos del
Estado -al Parlamento, al Gobierno y a la denominada Comisión interterritorial de ratios de enfermería- funciones y competencias propias de las comunidades autónomas y, además, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, también de los
territorios históricos, porque no solo está abordando la materia sanitaria, sino que entra de lleno en el área social. En concreto, el puntual establecimiento de las ratios de personal en las unidades y servicios es una cuestión que corresponde
decidir a las instancias responsables de la gestión de esos servicios, por supuesto -como decíamos en nuestra primera intervención-, atendiendo siempre a aspectos y a criterios científicos y materiales que requieren proximidad e inmediatez. La
función y el establecimiento de las ratios contempladas en la proposición de ley, y ahora también en su enmienda a la totalidad, no puede ser de ninguna manera incluida en el concepto de base general de la sanidad, por lo que su atribución a las
diversas instituciones del Estado, tanto legislativas como ejecutivas -Parlamento, Gobierno y la comisión que antes mencionábamos-, produce una notoria e ilegítima invasión en el ámbito competencial autonómico en materia sanitaria. Además, la
pretendida extensión del contenido de esta proposición de ley, y también de su enmienda a la totalidad, al ámbito sociosanitario supone incluso un grado superior de invasión competencial al carecer el Estado de competencia alguna en la materia de
asistencia social, que corresponde de forma exclusiva a las comunidades autónomas y, en el caso de la Comunidad de Euskadi, con la peculiaridad del ejercicio de la función ejecutiva y con la organización de sus propios servicios por parte de las
instituciones forales de los territorios históricos.


Añadíamos un último argumento y era que, en caso de prosperar esta iniciativa según está, supondría además un agravio profesional entre los distintos colectivos sanitarios porque no hay ninguna razón que pudiera justificar que se establezcan
por ley las ratios de enfermería y no así las de las personas que ejercen como auxiliares de enfermería, celadores, anestesistas, cirujanos o médicos de otras especialidades u otros sanitarios. Por eso también votaremos en contra de su enmienda a
la totalidad.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.


Los mecanismos de participación de la ciudadanía en la política son muy diversos y uno de los más importantes es la iniciativa legislativa popular, a la que al final de mi intervención me referiré. La iniciativa legislativa popular a la que
el Grupo de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad hoy y que trae el sindicato mayoritario de enfermería, Satse, con el apoyo de cientos de miles de españoles, pide que se mejoren las ratios de enfermería y establece ratios para
las diversas circunstancias y áreas de trabajo que se dan en la enfermería. La enfermería es una profesión que conozco muy bien, vivo con ella. Es la profesión más vocacional que conozco. Hay otras profesiones muy vocacionales, que pueden ser
igual de vocacionales que la enfermería, pero ninguna lo es más. Y me van a permitir que les diga, además, que es la vocación más bonita que existe, que es la vocación de cuidar a los demás. Desde los



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inicios de esta profesión -que surgió salvando vidas en las trincheras, muchas veces a costa de la vida propia- hasta hoy mismo, donde los enfermeros se han contagiado, enfermado y fallecido cuidando a los demás, la entrega del personal de
enfermería, de los enfermeros y las enfermeras, es absoluta, es constante. El enfermero, además, lo es siempre. Quienes tenemos la suerte de convivir con uno de estos grandes ángeles en la tierra lo sabemos bien. Son personas de otra pasta;
personas que viven para cuidar a los demás, como les he dicho, y es hora de responderles. Por eso, anunciamos nuestro apoyo a esta muy justa iniciativa legislativa popular en su día, porque dota de más recursos a la enfermería. Establecer mejores
ratios de enfermeros y enfermeras, aparte de ser bueno para ellos porque el esfuerzo de su trabajo podrán centrarlo de mejor manera, dosificarlo mejor y centrarse en menos pacientes de los que lo hacen hoy en día, sobre todo repercute de manera muy
positiva en toda la sociedad, porque es bueno para todos los españoles que haya más enfermeros y más enfermeras. Está más que demostrado, además, que hay una relación directa con los resultados del sistema sanitario cuando hay más enfermeros. Esta
ratio que se establece nos haría salir del vagón de cola en el que estamos en la Unión Europea con respecto a la enfermería y nos pondría al frente; sería una iniciativa absolutamente pionera y, por eso, celebramos que esta iniciativa legislativa
popular haya llegado hasta aquí.


El Grupo Parlamentario Ciudadanos está comprometido para trabajar con el resto de los grupos parlamentarios y los representantes de los profesionales de la enfermería y de otras profesiones sanitarias para mejorar el contenido de esta ley
durante su tramitación. Para nosotros son de especial importancia otros elementos como, por ejemplo que, o bien en esta vía, o más adelante, ampliemos la ratio de otras profesiones, como pueden ser los fisioterapeutas, personal médico o terapeutas
ocupacionales, sin olvidar que son, precisamente, los profesionales de enfermería quienes han reivindicado durante años estas mejoras, reconociendo sus esfuerzos y manteniendo las provisiones específicas para ellos.


Hay que abordar, además, el drama de la salud mental, incorporando provisiones para mejorar la ratio de psicólogos, que es importantísimo también en nuestro país. Como ya hemos propuesto otras veces, ayer mismo o en el Senado hace unas
semanas, España se encuentra 13 puntos por debajo de la media europea en cuanto a las ratios de psicólogos. También debemos actualizar, de una vez por todas, las especialidades de la profesión sanitaria. Y hoy estamos hablando aquí de la ILP para
enfermería, y con la enfermería tenemos una deuda, con las especialidades de la enfermería. Hay que desarrollar la especialidad de enfermería en cuidados intensivos o para urgencias y emergencias; esta es otra de las deudas que tiene el Estado con
los enfermeros. También hay especialidades pendientes en fisioterapia o terapia ocupacional o en la medicina de urgencias, es importante que no olvidemos estos asuntos. También queremos facilitar la cooperación entre las diversas administraciones
para desarrollar esta ILP.


Termino diciéndoles que se da algo inédito hoy, y es que Esquerra Republicana presente una enmienda a la totalidad a una iniciativa legislativa popular. Ahora que la ciudadanía sí utiliza un mecanismo legal para expresar su voluntad, ahora
que la ciudadanía sí hace llegar una voluntad expresa al Congreso de los Diputados de que quieren que se invierta en esfuerzo y se amplíen las ratios de enfermería, va Esquerra y presenta una enmienda a la totalidad. A lo mejor es que tenían que
haberlo traído en una urna de plástico y votando treinta veces cada uno; a lo mejor así no habrían presentado esta enmienda.


Sobre lo que cambia la enmienda no quiero entrar en exceso porque quiero centrar el protagonismo en los enfermeros y las enfermeras, pero eliminan la parte referida al Ejército, a la sanidad militar, a la enfermería militar. ¿Qué pretenden
eliminando esta parte de la ILP? Votaremos en contra.


Termino dando las gracias a todos los enfermeros y a todas las enfermeras por cuidarnos a todos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.


La señora CAÑADELL SALVIA: Gràcies, presidenta.


Antes de empezar mi intervención, aprovechando el altavoz que me permite este micrófono, quiero denunciar dos injusticias que se vienen repitiendo con frecuencia en el meu país, Cataluña: ¡Basta ya! ¡Basta ya de jugar con la vida de los
compañeros presos políticos, ahora en prisión, hace unos días en libertad! (Continúa su intervención en catalán.-Aplausos).


Señor Pedro Sánchez, amnistía presos polítics. Ayer, en Lleida se produjo un atraco. No hay una sentencia firme pero igualmente se llevaron las obras del... (Continúa su intervención en catalán.-Aplausos).



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El pasado 15 de diciembre, durante la toma en consideración de la proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos, resultado de una iniciativa legislativa popular
sobre la cual ahora Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo, los diputados del Partit Demòcrata nos posicionamos en contra, debido a la clara invasión competencial que suponía. Nos consta
que la iniciativa surge de la mejor de las voluntades, pero en su día manifestamos que el problema fundamental de la sanidad no es definir y establecer unas ratios de enfermeras, de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, de médicos, de
celadores y de otros muchos profesionales de la sanidad que también son partícipes en la calidad asistencial y la seguridad del paciente, sino disponer de más recursos económicos, de más financiación para que las comunidades autónomas puedan
contratar a los profesionales necesarios para prestar el mejor de los servicios a los pacientes, construir hospitales y construir centros de atención primaria. La enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo Republicano
modifica por completo el enunciado y el texto de la disposición adicional única, haciendo referencia exclusivamente a la financiación de las obligaciones derivadas de la presente ley, pero, sorprendentemente, en ningún momento se refiere a la
invasión de distintas competencias de las comunidades autónomas. Sí que es verdad que Xavier Eritja lo ha nombrado hoy en su intervención. La organización, el funcionamiento de medios personales y materiales de cada uno de los servicios de salud
es una competencia que corresponde única y exclusivamente a las comunidades autónomas. Compartimos, con el fin de mejorar uno de los problemas de la sanidad, la fijación de las ratios, pero estas deben ser fijadas por las comunidades autónomas, tal
y como lo prevén tanto la Ley General de Sanidad 14/1986 como el Estatut d'Autonomia de Catalunya. Hay diferentes realidades territoriales y quienes mejor las conocen son cada uno de los distintos Gobiernos autonómicos. Si el texto que debatimos
hoy es aceptado por los distintos grupos y prospera la ley en los términos establecidos, se atenta directamente contra los derechos de la sanidad privada al exigírsele, al igual que a la pública, el cumplimiento de las ratios que difícilmente podrán
cumplir por la falta de profesionales. Este es otro de los grandes problemas en los que las instituciones deberían centrar sus esfuerzos para evitar que los jóvenes formados aquí tengan que prestar servicios en otros países donde se les da la
oportunidad de tener mejores opciones con su carrera profesional y sueldos acordes a sus estudios.


Pero también acorralamos financieramente la sanidad privada. ¿Cómo van a financiar el cumplimiento de estas ratios? ¿Afectará el cumplimiento de las mismas a la calidad prestada en los centros sanitarios privados hoy en día? Desde el
PDeCaT hemos defendido siempre la importancia de tener bien vertebrada una sanidad pública de primer orden en cohabitación con una sanidad privada complementaria. Así pues, mantenemos nuestra posición original en contra de la proposición de ley
sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos, y votaremos a favor de la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por Esquerra Republicana de Catalunya, por suponer el mal
menor de los dos, al abordar al menos el tema de la financiación, no así la invasión competencial, que tenemos intención de subsanar mediante múltiples enmiendas a su articulado.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cañadell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Márquez Guerrero.


La señora MÁRQUEZ GUERRERO: Gracias, presidenta.


El pasado 15 de diciembre debatimos y aprobamos en esta Cámara la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular sobre ratios de enfermeras. ¿Qué ha sucedido desde entonces? El 31 de diciembre se publicaron en el BOE los
Presupuestos Generales del Estado con un incremento de la inversión en sanidad del 150 %, un avance de enorme valor para la reconstrucción de nuestro sistema sanitario público.


Recientemente, hemos podido leer que el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española, Carlos Rus, en una reunión de la CEOE ha rechazado la ley de ratios de enfermería. Bien, parece que la iniciativa ya ha servido para que la
patronal de sanidad privada se retrate.


Hoy Esquerra Republicana de Cataluña presenta una enmienda a la totalidad con un texto alternativo que solo modifica una disposición adicional. Es cierto que es una disposición adicional importante, pero usted sabe, señor Eritja, que este
no es el trámite más adecuado. En cualquier caso, si este nuevo debate



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sirve para destacar la importancia de la sanidad pública, de los servicios públicos en general y de la función esencial del personal de enfermería, bienvenido sea.


Hoy, 11 de marzo, se cumple un año desde que la OMS declaró el estado de pandemia y en este año hemos aprendido algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, que debemos cuidar la sanidad pública porque la sanidad pública cuida de nosotras en
las circunstancias más difíciles. ¿Y cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, atendiendo a los desafíos que apunta la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Algunos de ellos son: incrementar la financiación de la sanidad
pública; mejorar la coordinación de los servicios autonómicos; reforzar la atención primaria; revertir las privatizaciones para blindar la sanidad pública; solucionar el problema de las listas de espera; impulsar una industria farmacéutica
pública; potenciar la investigación biomédica y sanitaria; aumentar los servicios de salud pública y, por supuesto, incrementar el personal de enfermería para garantizar simplemente unas condiciones dignas de trabajo, que es la forma de garantizar
la seguridad de los pacientes y de que alcancemos definitivamente la media europea.


Esta iniciativa legislativa popular está poniendo sobre la mesa un tema que se estaba convirtiendo en tabú en los medios de comunicación. España necesita más empleo público y hay que decirlo con total naturalidad. Los servicios públicos no
funcionan sin trabajadores públicos y el Estado del bienestar se mide, entre otros factores, por el volumen y por las condiciones laborales de los trabajadores públicos. Pues bien, las derechas llevan años y años difundiendo la creencia de que
sobran empleados públicos. Naturalmente, al sector más privilegiado de la población quizá le sobren los trabajadores públicos porque pueden acceder a servicios privados, pero la cosa no se queda solo en esto. Llevan años debilitando los servicios
públicos y, precisamente, esa erosión es la grieta por la que grandes empresas se cuelan y van ganando terreno a lo público. Señorías, una sanidad pública de calidad necesita más trabajadoras y mejores condiciones laborales. Es un sinsentido que
tengamos escasez de personal cuando miles de enfermeras tuvieron que irse de nuestro país buscando condiciones laborales dignas. Tenemos que hacer que ese personal al que formamos vuelva. Necesitamos programas públicos para el retorno de las
enfermeras.


Es verdad que esta ley necesita mecanismos de financiación adecuados -tiene usted razón, señor Eritja, estoy de acuerdo- y que puede perfeccionarse en algunas cuestiones fundamentales -usted lo ha dicho-, como en la garantías de
especialización. Efectivamente, no puede ser que aumentemos la ratio y que perdamos calidad -estoy totalmente de acuerdo-, pero se puede garantizar. Y, por supuesto, también hay que pulir el marco competencial. En la última década, las políticas
de recorte han sometido a una tensión inasumible al Estado de las autonomías. La recentralización tiene mucho que ver con la austeridad, porque se trataba de que las comunidades autónomas no gastasen. Ahora estamos en un contexto diferente,
diferente de aquellas políticas austericidas, y se trata de ensamblar el Estado de las autonomías con las políticas de reconstrucción social. Se trata, simplemente, de que las comunidades, en el marco de su autonomía, puedan desarrollar y mejorar
los servicios públicos en función de sus necesidades, pero, ¡ojo!, que puedan hacerlo a partir de un mínimo común que asegure el bienestar de toda la ciudadanía, porque en Cataluña la ratio de enfermeras es mucho más alta que en el resto de España,
pero ya le digo yo que el resto de España no tiene esas condiciones. Es posible garantizar un mínimo para toda la ciudadanía y yo creo que es el momento de que trabajemos juntos para superar ese dilema tan doloroso, especialmente para una fuerza de
izquierdas, entre los intereses territoriales y los derechos sociales. Para eso tenemos el proceso de enmiendas al articulado.


Señorías, venimos de celebrar el 8-M y me gustaría recordar unas palabras de Barbara Stilwell, directora ejecutiva de la campaña mundial 'Nursing now', de la Organización Mundial de la Salud, que dijo: No se escuchan las voces de las
mujeres y, como la mayoría de los profesionales de enfermería son mujeres, no se escucha la voz de la enfermería. Es el momento de que esta Cámara escuche a las mujeres y cuide de las enfermeras que nos cuidan. Voy terminando. Durante estos meses
largos, duros y tristes hemos visto que numerosas enfermeras jubiladas se ofrecían voluntariamente para vacunar a la población. ¡Vaya contraste entre estas enfermeras jubiladas y lo que han hecho el rey emérito y las hermanas de Felipe VI! Al
emérito y a las infantas se les ofreció vacunarse y accedieron; otras se han ofrecido para vacunar a los demás. Esa es la grandísima diferencia entre quienes sirven a lo público y quienes se sirven de lo público. España necesita menos privilegios
y más justicia social, y en el tema que nos ocupa, más personal de enfermería.


Muchas gracias. (Aplausos).



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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Márquez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Steegmann Olmedillas. (Aplausos).


El señor STEEGMAN OLMEDILLAS: Con la venia, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.


Lo que estamos discutiendo aquí es si vamos a votar a favor o no de una enmienda a la totalidad, no estamos discutiendo la proposición de ley.


Permítanme una digresión. A mí me gusta subir a esta tribuna. Desde aquí veo a sus señorías afanarse en repasar sus intervenciones, afinar sus preguntas, contestar por whatsapp a sus compañeros, electores y grupos de presión en general e
incluso leer las noticias y llamar a su señora madre, que Dios guarde muchos años. Lo entiendo. De vez en cuando alguna frase de mis intervenciones les hace levantar la cabeza y me parece bien, me atienden. Todo bien. Esencialmente nada nuevo
con respecto a lo que describía Julio Camba en su Crónicas Parlamentarias de hace ciento trece años. Pero hoy, ante esta enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Republicano a la proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la
seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos, me pasa lo que a aquel crítico de teatro que, ante una obra rematadamente mala, escribió solo lo siguiente -abro comillas-: Hoy ha estrenado su nueva obra teatral el señor don fulano de
tal. Y seguía: Y yo me pregunto, ¿por qué? (Risas). Porque les recuerdo que no estamos discutiendo la proposición de ley, estamos discutiendo la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Republicano. Y es que, señorías, la proposición de
ley por iniciativa popular sobre ratios mínimas de enfermeras podría tener muchos detractores. Pongamos por caso: personas que creen que el problema fundamental es la falta de personal derivado de las condiciones laborales y del bajo salario;
personas que creen que no se puede solucionar sin estudiar las interacciones con otras profesiones que son fundamentales, una de ellas, las anteriores auxiliares de clínica, ahora técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.


Otras personas podrían aducir que las comparaciones con otras naciones son difíciles de establecer porque las condiciones no son las mismas. No sería descabellado pensar que hubiera argumentos aduciendo que la complejidad de la enfermería y
de la medicina en estos momentos... Bueno, un matiz. Yo creo que los médicos tenemos al menos tanta vocación como las enfermeras. (Aplausos). Les decía que la complejidad a lo mejor no admite la simplificación y que una talla única a lo mejor no
es suficiente para tantas tallas, porque el tema es complejo. Y algunos, más minuciosos e inquisitivos, podrían aducir -y atacar a la proposición de ley- que la evidencia científica sobre la influencia de las ratios de enfermera sobre la mortalidad
de los pacientes es escasa. Incluso podríamos esperar que los secesionistas catalanes adujesen que la raza catalana no solo es más guapa sino también superior, que enferma menos y que, por lo tanto, necesita menos enfermeras. (Aplausos).


Pero, no, señorías, nada de eso se refleja en esta enmienda a la totalidad que nos presenta el enmendante. Esta enmienda a la totalidad es idéntica al texto original y texto propositivo en: la exposición de motivos; el título I, artículos
1, 2 y 3; el título II, artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, y la disposición transitoria única. La única diferencia es que suprime la disposición adicional única, en aplicación a la red sanitaria militar. Y añade una
disposición adicional única de financiación. De 2496 palabras, hay identidad exacta en 2442; es decir, esta enmienda a la totalidad tiene un 97,84 % de identidad en palabras y en frases. ¡Menuda...! (Aplausos). En resumen, Esquerra Republicana
de Cataluña, los republicanos, los soberanistas, quieren pasar una enmienda a la totalidad, un texto que lo único que hace es suprimir la disposición adicional única, que regula la aplicación de la ley a la red sanitaria militar, lo que sigue
revelando la enorme inquina fanática que tienen los republicanos al ejército; un fanatismo que les llevó a desechar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias en la primera fase de la pandemia, señores. Es decir, el proponente quiere hacer pasar
una simple enmienda de sustitución con las galas falsas de una enmienda a la totalidad. Ya pueden imaginar, señorías, que nuestro grupo va a votar que no, porque esto es un fraude. Permítame, señoría, esto es un fraude. (Aplausos). Un plagio del
98 %, señor Eritja. ¿Esto es lo que llaman los diputados de Esquerra Republicana una enmienda a la totalidad? La verdad es que viendo esta pseudoenmienda a la totalidad, no me extraña que llamasen república catalana a un engendro que duró ocho
segundos. (Risas).


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Steegmann. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Velasco Morillo.



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La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.


Hoy el Grupo Parlamentario Republicano nos presenta una enmienda a la totalidad a la proposición de ley de ratios de enfermería para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos. Una enmienda a la totalidad en
la que el único cambio es modificar la disposición adicional única, que hace referencia a la aplicación de esta ley a la red sanitaria militar del Ministerio de Defensa. Yo les pregunto: ¿Consideran que el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
en Madrid o el Hospital General de la Defensa en Zaragoza no tienen que velar por garantizar la seguridad de los pacientes que se encuentran en estos centros sanitarios? Desde el Grupo Parlamentario Popular no entendemos que se excluyan centros
donde se presta asistencia sanitaria. Por ello, le adelanto que no vamos a apoyar su enmienda.


Señorías, quiero poner en valor nuevamente en este Pleno el gran trabajo de los profesionales sanitarios en su actividad diaria en cualquiera de los niveles asistenciales en los que se estructura el Sistema Nacional de Salud y, en
particular, el trabajo de las enfermeras para garantizar la salud de las personas y la seguridad de los pacientes a lo largo de toda la vida. Permítanme que destaque también su trabajo durante esta pandemia de la COVID-19. Son más de 130 000
sanitarios contagiados de un total de más de 3 millones de casos confirmados en España y 71 961 personas fallecidas, según el Ministerio de Sanidad; lamentablemente, según otros organismos, son muchas más las personas fallecidas, más de 100 000.
Mis condolencias para sus familias.


Centrándome en las enfermeras, lamentablemente, han sido once las que han fallecido por la COVID. Todo mi cariño para sus familias. (Aplausos). Y permítanme también que tenga hoy un recuerdo muy especial para la familia de Sergio Luis,
enfermero y compañero de cuarenta y un años, que trabajaba en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y que fue brutalmente degollado en el hospital el fin de semana pasado. Nadie debería pasar por esta terrible situación que,
tristemente, terminó tan mal y que ha generado un verdadero trauma entre sus compañeros.


Con esto quiero trasladarles, señorías, que las enfermeras y el resto de profesionales sanitarios están sometidos a múltiples incidencias en su ámbito laboral, no solo las relacionadas con el virus de la pandemia, sino las relacionadas con
las agresiones. Es un ámbito en el que debemos seguir profundizando, porque en España se registra una media de dos agresiones a profesionales sanitarios cada día, según los datos del Ministerio del Interior.


La enfermería es un servicio clave en la atención de la salud. Una dotación de enfermeras segura implica la existencia de una cantidad adecuada de enfermeras a disposición en todo momento de los cuidados. Es necesario, además, asegurar una
combinación apropiada de formación, habilidades y experiencia, al objeto de garantizar que las necesidades, en términos de cuidados del paciente, estén cubiertas y que un entorno laboral y unas condiciones de trabajo adecuadas ayuden al personal
para que se dispensen unos cuidados de calidad.


Contar con una dotación de enfermeras adecuada es fundamental para la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados en los hospitales y en la comunidad, así como en todos los entornos en los que se presta la atención sanitaria. Una
plantilla de enfermería mal dotada incrementa el riesgo de que los cuidados se vean comprometidos, produciéndose efectos adversos para los pacientes, como son: incremento de los días de hospitalización, mayor incidencia de las infecciones
nosocomiales, úlceras por presión en pacientes ingresados, seguimientos inadecuados de los pacientes crónicos e incluso efectos adversos en las propias enfermeras por sobrecarga asistencial, incremento del nivel de estrés, descansos inadecuados y
agotamiento personal. Señorías, con esta proposición de ley debemos abordar estos efectos adversos que genera una dotación inadecuada de enfermeras.


En el debate de la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular ya manifestamos su oportunidad y necesidad en aras de buscar una mayor seguridad de los pacientes, incrementando el número de enfermeras para su atención en el
sistema sanitario español donde sean insuficientes. Tenemos una oportunidad para poderlo hacer en este proyecto de ley, pero también es necesario que el Gobierno establezca una buena planificación de los recursos humanos para cuadrar la oferta de
enfermería con las necesidades de salud de los pacientes y la población; priorice con carácter urgente medidas para acabar con la precariedad laboral y la temporalidad estructural, y trabaje de forma continuada y conjunta con las autoridades de
salud y las autoridades educativas para planificar la formación pregrado, posgrado y continuada de las profesionales de enfermería de forma integrada, de modo que se pueda planificar la atención de las necesidades cualitativas y cuantitativas del
Sistema Nacional de Salud. Para que se planifiquen a medio plazo las necesidades de las enfermeras, hay que tener en cuenta aspectos como el



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envejecimiento, la cronicidad, el grado de dependencia de los pacientes, las infraestructuras sanitarias, la ruralidad y la dispersión.


Hemos hablado de déficit de enfermeras, pero me gustaría enumerar otras cuestiones que no son específicas de esta iniciativa legislativa que todavía están pendientes y que requieren de una solución urgente. Es el caso del modelo retributivo
en términos generales y la paga extraordinaria para la pandemia de la COVID-19; el reconocimiento de la enfermedad profesional para las enfermeras que han contraído la COVID, que no es una contingencia profesional; la promoción de la categoría de
enfermero especialista en todo el sistema de salud; la incorporación de las especialidades de enfermería e incluso el cada vez más necesario y urgente registro estatal de profesionales sanitarios, que en estos momentos de vacunación resultaría tan
necesario.


Señorías, avanzar en estas cuestiones ayudaría a paliar los efectos negativos que afectan a las enfermeras en el ámbito laboral. Muchos de estos aspectos están recogidos en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción y todavía no
están en la agenda del Gobierno. Una vez más, en materia de recursos humanos, y en particular en lo que pueda afectar a las enfermeras, el Gobierno de Sánchez no está llevando a cabo ni una sola medida. Ya sabemos lo que significa, cada vez que
cambian los ministros, los titulares del Ministerio de Sanidad, cuando dicen: continuaremos con la política. Continuar con la política de su antecesor es no hacer nada con los profesionales sanitarios.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velasco. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guaita Esteruelas.


La señora GUAITA ESTERUELAS: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.


Antes de empezar, permítame un recuerdo para todas aquellas personas que han perdido a un ser querido durante esta pandemia, y en un día como hoy también para los familiares de las víctimas del 11 de marzo. (Aplausos). Un agradecimiento
también infinito a los y las profesionales sanitarias. Gracias por haberlo dado todo durante la pandemia, gracias por vuestra dedicación excepcional, gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestro corazón, gracias por haber estado al lado de
nuestros familiares. Gracias, gracias y gracias. (Aplausos).


Esquerra nos presenta como enmienda a la totalidad una simple enmienda parcial. Se ve que no les gustó la iniciativa legislativa popular y por eso no votaron a favor, pero ahora no les gusta el debate con todos los grupos parlamentarios, en
igualdad de condiciones, y por eso también nos presentan está enmienda. En el fondo, no nos extraña, señores de Esquerra: tantos años a la sombra de la derecha catalana han hecho que se copie la manera de hacer política.


Tres de cada cuatro profesionales sanitarios son mujeres, y estas profesionales son esenciales. Por tanto, muchos de los colectivos tienen cara de mujer. Por eso tenemos que decir claro y alto que el papel de la mujer en esta pandemia no
ha sido solo esencial, sino también crucial; sin ellas este país no habría podido resistir y sin ellas no seremos capaces de salir de esta crisis sanitaria. Por ello, gracias a las enfermeras, a las cajeras, a las médicas, a las profesoras, a las
limpiadoras, a las investigadoras. Sin todas vosotras la lucha no sería posible. (Aplausos).


El colectivo de enfermería ha estado en la primera línea durante la pandemia, y debido a ello también se ha visto afectado de manera directa. La enfermería, así como el resto de profesiones sanitarias y la sanidad pública en general, fue
recortada de manera brutal por los Gobiernos de derechas, por el PP en el Gobierno central y por la derecha catalana en Cataluña, en este último caso con Esquerra como cómplice necesario durante muchos y muchos años. Estos recortes han implicado
una falta de personal que les ha llevado a trabajar en condiciones agotadoras tanto física como mentalmente. Por todo ello y a pesar de los problemas competenciales evidentes, se hizo un esfuerzo claro por parte de muchos grupos parlamentarios para
tomar en consideración la proposición de ley, básicamente por dos premisas: primero, por el esfuerzo inconmensurable de la enfermería durante muchos y muchos años trabajando al pie de cañón y, segundo, porque las casi 700 000 firmas que fueron
recogidas nos reclamaban ser escuchadas y debidamente atendidas. Por estos motivos, no podemos entender ni podemos compartir su enmienda, señor Eritja, primero, por el respeto a las casi 700 000 firmas recogidas; segundo, porque rompe el consenso
parlamentario, y tercero, porque su enmienda a la totalidad no es tal, es básicamente una enmienda parcial, que se puede gestionar por el trámite habitual. Además, ustedes nos presentan una enmienda a la totalidad en la que no nos proponen mejoras
en las condiciones laborales de los trabajadores



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y trabajadoras ni mecanismos para atender adecuadamente al paciente ni unas condiciones dignas para ejercer la profesión ni formación especializada ni atención a la diversidad y complejidad del sistema. Ustedes no proponen nada de todo eso,
lo único que les preocupa es quién pone los fondos, nada más que eso. Y usted nos dice que si no estamos de acuerdo con eso no estamos de acuerdo con la iniciativa. No, no estamos de acuerdo con su respuesta a la iniciativa. La solución para mi
grupo parlamentario es la mejora del Sistema Nacional de Salud y la gestión de los recursos humanos. Lamentablemente, el Grupo Parlamentario Republicano ya nos tiene acostumbrados a dejar de lado el papel de los trabajadores y trabajadoras, igual
que ha pasado recientemente en otros ámbitos, como, por ejemplo, en los casos de Bosch o Seat. Mucha reivindicación, de postureo, frente a las cámaras, pero, cuando se tiene que estar del lado de los trabajadores, ustedes ni están ni se les espera.
Al final, la derecha y sus socios en Cataluña tienen un único objetivo: debilitar la sanidad pública para justificar la inyección de dinero público en la sanidad privada, y en esto las derechas no tienen ningún problema en ponerse de acuerdo.


Por el contrario, el Gobierno de progreso ha hecho una apuesta clara e inequívoca por la sanidad pública. Ha multiplicado por diez el presupuesto en 2021 -se lo repito, por diez-, pasando, de 3027 millones de euros con los Gobiernos de las
derechas del PP, a 3421 millones de euros con el Gobierno de Pedro Sánchez. (Aplausos). Esto implica una clara apuesta por la sanidad pública de este Gobierno, dejando los recortes del PP como un recuerdo lamentable de la historia de la sanidad
española. ¿Y qué ha hecho la derecha en todo este tiempo? Ha subido aquí, se ha quejado, ha dicho que el Gobierno esto y lo otro, pero lo único que ha hecho ha sido votar en contra de 3421 millones de euros para la sanidad. Y esta es una de las
grandes diferencias entre la derecha -da igual que sea la española o la catalana, eso les da igual- y los Gobiernos socialistas. Para ustedes, la sanidad son recortes, privatizaciones, precariedad laboral; para nosotros, la sanidad es inversión
pública, dignificación laboral, equidad del sistema e igualdad de acceso: maneras diferentes de ver lo público, que tienen un impacto directo en los trabajadores y trabajadoras y en la vida de las personas.


Para finalizar, señor Eritja y señorías de Esquerra, tanto insistir en sustituir a la derecha catalana que han acabado ustedes defendiendo sus políticas de derechas. La verdad, esto sí que es una auténtica pena. Nuestro grupo parlamentario
votará en contra.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Guaita. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS FRENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 1/2021, DE 19 DE ENERO). (Número de expediente 121/000045).


La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad del proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Procede del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero.


A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Riolobos Regadera.


La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.


Defiendo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, esta enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, fruto del Real
Decreto 1/2021, de 19 de enero. Este texto modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 2007, y nuestra enmienda se ha elaborado porque entendemos que este proyecto de ley es inconstitucional, ya
que va en contra del artículo 33 de la Constitución, del derecho a la propiedad privada, y del artículo 93, sobre el principio de seguridad jurídica. Además, entendemos que es insuficiente, ya que no protege de una forma real y efectiva a los
consumidores y tiene muchas carencias. Nuestro texto es complementario, incluye novedades importantes y protege mejor a los 47 millones de consumidores.


Sin ninguna duda, este proyecto de ley es la historia de dos fracasos del señor Sánchez después de dos años y medio de Gobierno, en primer lugar por su incapacidad para resolver la problemática de la necesidad de vivienda y la okupación de
viviendas en nuestro país. Se podría haber optado en estos dos



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años y medio por la construcción de vivienda pública o por adquirir inmuebles para que hubiera una dotación mayor de vivienda asequible. En lugar de esto, lo que se ha hecho ha sido trasladar la responsabilidad a los ciudadanos. Y en
segundo lugar, por la incapacidad para proteger de una forma real a los consumidores y usuarios, que, en realidad, los han utilizado para tapar sus vergüenzas y apoyar a las mafias y a los okupas. En este caso se trata de tener que proteger a
cuatro millones de familias, pequeños propietarios de viviendas que han empleado en ellas los ahorros y los frutos del trabajo y del esfuerzo de una vida. Señorías, sé muy bien de lo que hablo. Todos conocemos personas que están pasando momentos
muy difíciles y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Yo tengo amigos muy queridos que están en esta situación de no poder pagar su alquiler, y ellos lo que quieren, lo que piden a los Gobiernos son soluciones legales a sus
problemas de vivienda. Son ciudadanos en dificultades, no son okupas. Son personas en situación de desahucio, no son okupas. Y ustedes les han engañado, les han decepcionado y les han dado largas. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de
Celis, ocupa la Presidencia).


Señorías, como les decía, este proyecto de ley es inconstitucional, porque ataca de una forma abierta el principio de propiedad, limita de una forma intolerable el derecho a la propiedad y también los otros derechos fundamentales. Hay dos
misiles en la línea de flotación de la Constitución, uno en el artículo 33, de derecho a la propiedad, porque en este proyecto de ley se ampara y se promueve la okupación ilegal y se limita gravemente el contenido del derecho a la propiedad,
amparando la comisión de un delito que, por cierto, las autoridades deberían prevenir y castigar. Y lo hace de dos maneras, en primer lugar, expropiando el uso temporal de una vivienda y, en segundo lugar, legalizando la okupación de una vivienda,
en vez de proteger a esos cuatro millones de pequeños propietarios, que en su mayoría son pensionistas. Y les decía que hay un segundo misil en la línea de flotación de la Constitución, que es al artículo 93, porque va en contra del principio de
seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica ni hay ley ni hay democracia.


El presidente Casado, como gran político liberal, -abro comillas- 'defensor de la libertad individual, el mercado libre, la seguridad jurídica y la propiedad privada como pilares fundamentales de la sociedad', anunció el 25 de enero que se
presentaba por parte de nuestro partido un recurso de inconstitucionalidad, que ya se sustanció ante el Tribunal Constitucional el día 22 de febrero, y se ha hecho en defensa de los consumidores, de los pequeños propietarios y, por extensión, de
todos los españoles. Nuestra portavoz, Cuca Gamarra, aquí mismo, en esta tribuna, al explicar el voto en contra al Real Decreto-ley 1/2021 dijo textualmente -abro comillas-: 'La protección de la propiedad privada es una cuestión de principios para
el Estado de derecho y para el patrimonio de muchos ciudadanos. Si no lo defienden ustedes desde el Partido Socialista y Podemos, lo haremos desde el Partido Popular, y es en lo que estamos.' Señorías, frente a la deriva totalitaria del señor
Sánchez, del señor Iglesias y del señor Garzón, nosotros vamos a defender, primero, la libertad; segundo, la libertad, y, tercero, la libertad. (Aplausos). No vamos a permitir que el Gobierno de Sánchez, cada vez más comunista, que ríe las
gracietas al señor Iglesias y al señor Garzón, socave todos y cada uno de los pilares del Estado.


Y, señorías, tras el reproche de inconstitucionalidad, les tengo que decir también que es insuficiente. ¿Y por qué es insuficiente? En primer lugar, porque llega tarde. Nosotros lo llevamos pidiendo desde hace años, y no se ha hecho en
dos años y medio por parte del Gobierno socialista ni en un año con la pandemia del COVID por parte del Gobierno de Podemos. El PP ha sido pionero en regular el tema del consumidor en situación de vulnerabilidad. Ustedes recuerdan que nosotros
regulamos el bono social eléctrico, que ha beneficiado a más de 1 077 000 consumidores españoles, a través de dos reales decretos y una orden. El Gobierno, socialista y comunista en este caso, se podría haber dedicado durante este tiempo a elaborar
un proyecto de ley que reformara de manera amplia el texto refundido de la Ley General de Protección de los Consumidores y Usuarios e incluyera la transposición de directivas que están pendientes de transposición, el consumidor en situación de
vulnerabilidad, todas las líneas de tarificación adicional 902, el servicio de atención al cliente que está sin regular y la inconstitucionalidad del artículo 50, cuyo punto primero está derogado en este momento porque es inconstitucional, pero no
ha sido así. Lo que han hecho es una regulación absolutamente rara, en el sentido de que lo definen, pero luego no tiene ninguna eficacia ni efectividad nada de lo que se regula en este proyecto de ley.


Por otra parte, parecería que viene de forma precipitada, que han utilizado la percha de la modificación del texto refundido en relación con la vulnerabilidad. Pero, en realidad, esta precipitación es totalmente intencionada. Nosotros
creemos que lo traen por la vía de urgencia para evitar los informes independientes, rigurosos y solventes, que son los que aportan al procedimiento legislativo nuevos contenidos y garantías



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de constitucionalidad. De hecho, sabemos que algunas veces, aunque haya habido estos informes, ustedes se los han guardado. Ustedes no han consultado a las comunidades autónomas ni al Consejo Sectorial de Consumo ni al Consejo de
Consumidores ni a la Federación Española de Municipios y Provincias ni al Cermi ni a la ONCE ni a las asociaciones de consumidores ni a ningún sector de los que están afectados. Ni siquiera viene con los informes preceptivos del Consejo de Estado y
de la Abogacía del Estado, y, como les decía, cuando a ustedes no les vale, los ocultan. Sin ninguna duda, ha sido una desidia que, después de un año de COVID, cuando ha habido muchas personas en situación de vulnerabilidad que necesitaban
servicios básicos universales, ustedes no lo hayan traído. Además, como les decía, este proyecto de ley viene muy contaminado. Ustedes han incluido en la disposición final primera una modificación que lo único que hace es garantizar que se pueda
okupar un inmueble y atacar el principio de propiedad privada, y algo tremendo, que es romper con lo que siempre había sido en este Parlamento, es decir, un alto consenso en todas las reformas en materia de consumo.


Señorías, después del reproche de inconstitucionalidad y de insuficiencia, nosotros hemos presentado un texto alternativo. Hemos modificado en todo el texto el calificativo de consumidor vulnerable, porque nos parece que la situación de
vulnerabilidad del consumidor, como viene en el título del texto, debe ser transitoria y se debe corregir, y, por lo tanto, no debe permanecer como tal en todo el texto. Además, sustituimos personas consumidoras por consumidores y usuarios, porque
es lo que aparece en todas las directivas y también en el texto refundido. Asimismo, incluimos, en todo el articulado, en los ocho artículos del texto refundido que se modifican en un único artículo de la ley, la protección en materia de
accesibilidad y de información comprensible en el etiquetado, en la información de ofertas comerciales y en la información previa a los contratos. Además, pedimos que haya atención presencial, en sede física para los consumidores y que se proteja y
se dé información sobre atención al cliente en el etiquetado, que se evite discriminación en las prácticas comerciales que se hacen por teléfono, contrataciones a distancia o ventas a domicilio, y que se aseguren oficinas de atención al cliente
accesibles para las personas que tienen dificultades de movimiento. También pedimos que se agraven las sanciones cuando se atenta contra consumidores en situación de vulnerabilidad, que se preserve el consentimiento informado y también el derecho
de desistimiento.


También presentamos en este texto tres disposiciones finales. En una de ellas, la más importante, pedimos que por parte del Gobierno y en un plazo de seis meses se presente un proyecto de ley de reforma en profundidad del texto refundido de
la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, en donde se plantee, mediante la inclusión de las directivas que se tienen que trasponer, la agenda del consumidor europeo, con todo lo que tiene que ver y ha cambiado en los últimos años en
relación con la transformación digital, la calidad y seguridad de los alimentos, los servicios de atención al cliente, el desarrollo de los servicios financieros y también la garantía plena en los servicios energéticos y de telecomunicaciones. ¿Y
qué pedimos? Pedimos que este texto venga, como mínimo, con el apoyo, el consenso y, sobre todo, con los informes pertinentes, porque entendemos que hay que fortalecer el procedimiento de reclamaciones y el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Finalmente, presentamos también dos disposiciones finales en relación con la vivienda, en una de las cuales pedimos que se suprima el artículo 1 bis del Real Decreto 11/2020, porque es un ataque al derecho fundamental de la propiedad privada, y que
en el plazo de un mes el Gobierno traiga un proyecto de ley para resolver definitivamente el tema de la okupación.


En resumen, señorías, nosotros estaremos siempre con la legalidad, el respeto a la Constitución y el apoyo a los consumidores. Agradecemos su postura a aquellos grupos políticos que nos han dicho que van a apoyar esta enmienda a la
totalidad. Y les decimos, señores del Gobierno, que el PP siempre defenderá a los propietarios frente a la intención del Gobierno de legalizar la okupación. Ustedes están empeñados en debilitar el Estado de derecho, en atacar la Constitución, en
limitar nuestros derechos y libertades, y no se lo vamos a permitir, no se lo vamos a permitir y no se lo vamos a permitir.


Buenos días y muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.



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El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.


Hoy estamos tratando medidas transitorias motivadas por la pandemia. Ya las hemos aprobado una vez y hoy solo me queda desear que acabe pronto esta situación. Pero el problema de fondo en materia de vivienda es estructural, y, como esta
vez parece que la esperada ley de vivienda va en serio, voy a pronunciarme brevemente sobre los modelos que se están debatiendo hoy en día en los ámbitos políticos y doctrinales.


Ayer el señor Iglesias, respondiendo a una interpelación, dijo que íbamos a asistir a un debate ideológico que iba a pasar a la historia a través del Diario de Sesiones, y nos recordó que hay algunas normas existentes, dedicó la mitad de su
intervención a leer una lista con los nombres que aparecen en los sumarios de corrupción y, de paso, a acusar a los diputados del Partido Popular de comprados, y ahí se acabó la doctrina para la historia.


El hecho es que tenemos un artículo 47 en la Constitución española que proclama el derecho a la vivienda y que necesita un desarrollo acorde con los tiempos. Y la verdad es que la Constitución ampara mecanismos para intervenir en este
sector por parte de los poderes públicos de formas que no se han hecho hasta ahora. En mi modesta opinión, señora portavoz del Partido Popular, no es inconstitucional este real decreto-ley. Tenemos muy bien configurado el artículo 33, del derecho
a la propiedad, donde se declara la función social y su defensa ante las limitaciones que pueden imponerse a este derecho. Tenemos un artículo 38, que consagra la economía de mercado, pero subordinada a las exigencias del interés general. El
artículo 128 subordina toda la riqueza del país al interés general y el 131 permite planificar las necesidades colectivas. Tenemos un 149 que permite al Estado legislar en materia civil y contractual y coordinar la economía. En resumen, tenemos
una Constitución que permite una interpretación progresista de la función social de la propiedad y tiene la flexibilidad que permite adaptarse a los tiempos con las leyes de cada época.


Hoy lo más constitucional es potenciar la función social de la propiedad privada. Pero para potenciar esta función, lo más adecuado y lo más lógico también, lo más eficaz es incentivarla. El mejor es el incentivo económico, es decir, el
incentivo fiscal. Es mejor incentivar que sancionar, aunque tampoco nos parece mal sancionar de vez en cuando. Expropiar puede estar muy bien, pero solamente en casos puntuales y de urgencia. Pero, si se expropia hay que pagar, acaba costando más
a los contribuyentes y no se ahorra nada a la larga. En realidad, es una inversión, y hay acuerdo en que es necesario invertir en un parque público de vivienda. Pero las cantidades disponibles para la inversión pública son limitadas y no son
suficientes para solucionar el problema. Por eso es necesario contar con la inversión privada. Y el sector privado, cuando vende o cuando alquila viviendas, está cumpliendo una función social. Lo necesario es que los precios sean acordes con las
necesidades sociales y movilizar la vivienda vacía, y en estos casos lo más eficaz es la seguridad jurídica y los instrumentos fiscales. Y ahí, señores de Podemos, sí puede jugar su papel la limitación de rentas. Pero puede y debe ser voluntaria.


En fin, hay mucho que debatir, creo que vamos a tener ocasión de hacerlo, pero, de momento, estas medidas, que son solo transitorias, sirven para paliar una situación motivada por la pandemia.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor García Adanero.


El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.


La verdad es que, como los miembros del Gobierno no acuden a las sesiones plenarias, cuando se habla aquí de algunas cuestiones, ya que el Gobierno no contrapone nada a esas opiniones, habrá que hacerlo, porque al final nos podemos
acostumbrar a cosas que, desde luego, nosotros no estamos dispuestos a pasar por ellas. ¿A qué me refiero? Si un portavoz cada vez que sale habla de Euskal Herria, una vez más diré que, por un lado, está la Comunidad Foral de Navarra y, por el
otro lado, la Comunidad Autónoma Vasca. (Aplausos). Si un portavoz habla de presos políticos, una vez más diré que son personas que están condenados por los tribunales de justicia en un Estado de derecho y que además tenían la condición de ocupar
cargos públicos, pero nada más que eso. Y eso habrá que decirlo, porque el Gobierno no lo va a decir, porque el Gobierno no está; no lo puede decir. Además, prefiere que se digan esas cosas, porque se siente cómodo y porque además lo apoyan.


Además, hay que decir que para este Gobierno -y se ha visto hoy aquí-, si no le apoyas -eso lo tienen que saber todos los que lo están apoyando-, son todos de derechas. ¿No se han dado cuenta?



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En el momento en que no los apoyan lo que proponen, dicen: No, ustedes ya son de derechas. Pero ¿esto qué es? ¡Es que es un Gobierno que no admite nada! ¿Y qué hace? Lo fácil. Oiga, se necesitan viviendas, ¿qué hacemos?, ¿hacemos
viviendas? No, ¿para qué? ¡Exprópiese! ¡Exprópiese! ¡Para qué vamos a hacer viviendas! Es mucho más complicado construir que destruir. Toda la vida ha sido mucho más fácil. Entonces, dicen: No, ¿para qué? Pues nada, ponemos en entredicho un
derecho fundamental. La libertad ya la han puesto en riesgo; ahora otro, la propiedad. Pero ya sabemos que son los más demócratas del mundo. Son tan demócratas que hoy quieren impedir a una comunidad autónoma que sus ciudadanos voten, porque
entienden que su fracaso electoral va a ser tan claro que dicen: Mejor que no voten. Pero ¿qué democracia es esta? (Aplausos). Es un despropósito. El Gobierno desaparecido, no dejan a los ciudadanos que voten y empiezan a expropiar las
viviendas. ¡Hombre, por favor! Más vale que, tarde o temprano -espero-, haya unas elecciones, no aquí, sino en el conjunto de España, y este Gobierno pasará a la historia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.


El señor AGIRRETXEA URESTI: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente, tampoco voy a consumir todo mi tiempo.


Que tenga que subir a esta tribuna cada vez que me precede el de Unión del Pueblo Navarro y tener que rectificar su ignorancia cultural, me parece... Pero lo voy a hacer hoy también. Mire, señor García Adanero, la Comunidad Autónoma Vasca
existe, la Comunidad Foral de Navarra existe y Euskal Herria también existe; por si usted no lo sabe, Euskal Herria quiere decir el país del euskera, euskararen herria, ¿o usted niega que Navarra es el país del euskera? (Rumores). ¿Lo va a negar?
Bueno, pues si lo está negando, hasta los más recalcitrantes requetés de su Comunidad Foral reconocían la existencia de Euskal Herria, no quiera superarlos usted en ignorancia.


En cualquier caso, tenemos la enmienda a la totalidad sobre el consumidor vulnerable que ha presentado el Grupo Popular. El Grupo Popular presenta esta enmienda, es entendible, su discurso en la convalidación del real decreto lo daba a
entender, pero a nuestro entender es una enmienda a la totalidad equivocada desde una perspectiva de eficiencia parlamentaria, aunque entendible -vuelvo a decir- desde una perspectiva puramente de ideología o puramente de oposición, de partido de la
oposición. Explicaré más tarde por qué digo esto. Decía que a este proyecto de ley de los consumidores y usuarios ante situaciones de vulnerabilidad social y económica que tramitamos -que procedía de un real decreto y se decidió que se tramitara
como proyecto de ley- presentan esta enmienda a la totalidad. Pretendía introducir en la legislación estatal la figura del consumidor vulnerable, tal como se ha dicho, y es verdad que además de tratar toda esta casuística, esta temática, sí tiene
unas disposiciones que tratan de otros temas, entre otros, por ejemplo, el objeto del desalojo de la vivienda, las tarifas portuarias, etcétera, que está bien. Aunque nosotros siempre hemos criticado, por cierto, no nos gustan, los decretos cajón
de sastre, es decir, decretos en los que, aparte del tema central, después se incluyen otra serie de cuestiones. Pero iremos por partes.


El tema del consumidor vulnerable, al final, es que la vulnerabilidad no es solamente un parámetro económico a la hora de definirlo, y este decreto al fin y al cabo reconocía eso, que existen otro tipo de vulnerabilidades además de la
económica, y nosotros como grupo compartimos, así lo hicimos en la convalidación, los principios que radicaban en el argumentario. Sin embargo, también dijimos, y lo volvemos a decir, que tiene ciertas complejidades y que deja una definición
excesivamente abierta y no compromete mucho tampoco. Por tanto, puede tener ciertas lagunas en un momento que a nivel de inseguridad jurídica pudieran tener que ser sustanciadas y estabilizadas. Hay una definición total -pero no voy a repetir,
porque tampoco tengo mucho tiempo- de lo que es la vulnerabilidad, y creo que en el debate de la convalidación dejamos claro cada grupo lo que entendíamos. Pero creo que un texto jurídico -vuelvo a reiterar- tiene que afinar un poquito más de lo
que hacía este decreto. En la presentación del mismo decreto se explicaban las casuísticas que todos entendemos, compartimos y sabemos: que son personas con discapacidad, personas en edad avanzada sin cultura digital, familias monoparentales,
personas migrantes con problemas para entender una lengua, niños; es decir, todos tenemos el esquema mental de quién puede ser un consumidor vulnerable y, sobre todo, lo que hay que hacer es definirlo para impedir que esta vulnerabilidad sea una
desventaja a la hora de que estas personas consuman un



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producto, compren, etcétera; que no haya, repito, una desventaja por su parte precisamente por esa vulnerabilidad. No obstante, creemos que las medidas introducidas en este decreto dejan en un limbo jurídico esta seguridad que se quiere
dar, nos parece que tienen falta de rigor y determinación en muchos casos. Efectivamente, existen consumidores vulnerables.


La disposición final es otro tema; yo creo que no tenemos que pervertir. Es decir, esto no es un proyecto de ley en el que haya barra libre, todo el mundo que okupe lo que quiera, etcétera. Por favor, no seamos hipócritas en este sentido
porque sabemos que eso es demagogia. Se trataba de afinar que, en un momento concreto de pandemia, aquellas familias que tienen un problema habitacional concreto y que hay que regularizar, no sean desalojados mientras... Es decir, había unos
condicionantes muy concretos que hacían que eso fuera cosa de una casuística muy concreta, porque ¿usted cree, si no, que el Partido Nacionalista Vasco va a votar a favor de: ocúpese la vivienda que a cada uno le dé la gana? Hombre, yo creo que
eso es muy falsario. Por tanto, creo que eso queda claro y ojalá acabe ya el estado de alarma o acabe la pandemia y volvamos a una situación de normalidad, independientemente -y eso lo decíamos- de que se tenga que solucionar el problema
habitacional, de que se tenga que solucionar el problema habitacional de las personas vulnerables y que nunca recaiga todo a espaldas del propietario, porque en eso tampoco estamos de acuerdo; el propietario tampoco es el que tiene que cargar sobre
sus espaldas el problema habitacional que quizá el Estado, la sociedad, deba solucionar para estas personas.


Dicho esto, nuestra posición no es favorable a esta enmienda a la totalidad. Creo que es una equivocación por parte del Grupo Popular presentar una enmienda a la totalidad, aunque he dicho que lo entiendo desde una perspectiva de oposición,
pero desde la eficacia parlamentaria no porque, si hemos tramitado este decreto como proyecto de ley, creo que es mucho más enriquecedor que en la fase de enmiendas cada grupo plantee la suyas en un ánimo de mejora y desarrollar las enmiendas
parcialmente. Todas esas cuestiones, que son unas cuantas y con algunas de ellas incluso podemos estar de acuerdo, pueden ser introducidas en la fase de enmiendas sin necesidad de traer una enmienda a la totalidad, porque una enmienda a la
totalidad también tiene un riesgo: o todo, o nada. Aquí no hay medias tintas, o se vota a favor o se vota en contra y, claro, usted entenderá que nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que ustedes proponen. Por tanto, no podemos apoyarla.
Creo que hubiera sido mucho mejor dejar que se tramitara esto sin enmienda a la totalidad e introducir todas las enmiendas parciales que se estimen oportunas. Dicho todo esto, entenderá usted perfectamente que nuestra posición sea contraria a la
enmienda a la totalidad.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Ministerio de Consumo, desde su creación, se ha visto cuestionado por dos temas fundamentales: por su falta de competencias y por su falta de capacidades para impulsar cualquier cambio sustancial en el día a día de los
consumidores y usuarios; falta de competencias que nosotros entendemos que hacen innecesario dicho ministerio y falta de capacidades de un ministro que solo buscaba cubrir a toda costa la cuota de Izquierda Unida en el Gobierno Frankenstein de
Sánchez, porque este real decreto del que hoy tratamos su enmienda de totalidad es uno más de los intentos del Ministerio de Consumo y de su ministro por demostrar cierta capacidad de acción en un ámbito de competencias evidentemente ajustado, pero
que realmente, señorías, es un caballo de Troya para incluir asuntos que no tienen nada que ver con la acción de protección de los consumidores.


Señores del Gobierno y partidos que le dan soporte, no contentos con centrifugar su responsabilidades en la crisis que asola España, abusar del procedimiento del real decreto por hurtar la voz al Poder Legislativo, seguir nombrando a dedo a
jueces y fiscales, nos traen otra forma ahora de debilitar nuestra democracia como es la de colar a hurtadillas en un real decreto dogmas de panfleto para darles carácter de ley. En poco más de un año la calidad democrática de este Gobierno
presenta una fatiga de materiales más propia de un edificio construido con cemento aluminoso. Señores del Gobierno, son ustedes la aluminosis de nuestra democracia.


Sobre el papel podría parecer que el objetivo de este real decreto es la introducción de la figura del consumidor vulnerable en la legislación nacional, una figura que, por cierto, ya está reconocida a nivel autonómico. Igualmente, la Nueva
Agenda del Consumidor de la Unión Europea para el periodo 2020-2025,



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objetivos, señorías, que parecen razonables porque ¿quién se puede oponer a mejorar la situación de los más desfavorecidos, de aquellos que más necesitan de nuestra solidaridad, de aquellos que se han caído y buscan ayuda para volver a
levantarse? Nosotros, desde luego, no. En Ciudadanos tenemos claro que nosotros siempre echaremos una mano para defender y ayudar a los más vulnerables, a los desfavorecidos por la crisis, a los que han tenido mala suerte en la vida, a los que han
tomado una mala decisión, y no por caridad, como quieren otros, sino porque creemos firmemente en las nuevas oportunidades, en que se puede fallar y se puede volver a intentar. Pero en realidad el debate no va de esto; no va de consumidores
vulnerables ni de agendas europeas, porque en la disposición final primera colocan ustedes la veda de la okupación modificando otro real decreto que elimina los desahucios. Es decir, el Ministerio de Consumo -en definitiva, este Gobierno- utiliza
la figura de los consumidores vulnerables para justificar y legitimar la okupación. Y no contentos con eso, incluyen otra disposición para modificar la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero además este artilugio troyano no acaba aquí:
bonificaciones portuarias, los precios básicos del canal y control de vertidos, el Reglamento de dominio público. Todo esto no tiene nada que ver con los consumidores vulnerables, señorías.


Nosotros siempre estamos a favor de reforzar el papel de los consumidores y usuarios. Queremos darles más libertad a la hora de elegir de forma autónoma los productos que quieren adquirir y los servicios que desean contratar y hay que
reforzar ese papel proporcionando información necesaria, que tiene que tener en cuenta las vulnerabilidades de algunos consumidores, como, por ejemplo, los que no tienen formación financiera suficiente como para entender la oferta que se les hace o
los que no tienen competencias digitales adecuadas para comprender las consecuencias de su compra por Internet. Pero las modificaciones que este real decreto hace en materia de okupación son inasumibles, no ya solo para este grupo, sino para
cualquier fuerza parlamentaria que ponga en valor la Constitución y su artículo 33, además de los instrumentos de derechos y libertades que existen a nivel europeo e internacional. Por eso no entendemos, señores del Grupo Socialista, la deriva
extrema de este Gobierno, de la que ustedes son los principales responsables. Están echando por tierra más de cuarenta años de política responsable y de Estado con los socios que se han buscado. Si quieren mejorar el cumplimiento del artículo 47
de la Constitución, relativo al derecho de la vivienda, que nos parece fantástico -ya lo he dicho-, lo que tienen que hacer es actuar en el ámbito de las políticas sociales y en las medidas de aumento de la oferta del parque inmobiliario para que se
reduzcan los precios. Y deben actuar en el ámbito administrativo eliminando barreras en el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes y para las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.


Le voy a poner un ejemplo de lo que es trabajar de verdad para paliar la situación de vulnerabilidad en la vivienda, a diferencia de lo que están haciendo ustedes con este real decreto, que es agua con sifón. Miren, Ayuntamiento de Madrid,
señora Carmena, cuatro años de Gobierno, prometió 4000 mil viviendas sociales. ¿Saben ustedes cuántas viviendas construyó en cuatro años la señora Carmena? Sesenta y tres. Sesenta y tres viviendas sociales. La de la señora Carmena es la
izquierda populista. Esa es la realidad de lo que les importan los derechos sociales de los vulnerables. Gobierno de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Solamente en el año 2020 hemos terminado y entregado 814 viviendas públicas en alquiler;
en un año. Al finalizar el mandato dejaremos la empresa pública de la vivienda con 9000 viviendas públicas, 3000 más de las que nos encontramos al llegar. Eso es tener en cuenta a los más vulnerables y a los más desfavorecidos, señorías, y no
fomentar la okupación. Lo que no se puede hacer nunca es permitir que se cometa una ilegalidad como la okupación y que además se intente legitimar dicha ilegalidad desde las instituciones. Esto es asombroso, señorías del Grupo Socialista.


Señores del PSOE, les he puesto encima de la mesa la diferencia entre hacer políticas públicas con nosotros y hacerlas con sus socios. Está en su mano elegir. Está en su mano seguir haciendo esta política disparatada -disparatada- contra
nuestra Constitución, contra lo más sagrado que puede tener un consumidor, que es el esfuerzo de su trabajo para haber llegado a comprarse una vivienda, para que vayan y se la okupen unos desalmados. Están ustedes ahí o pueden favorecer de verdad
la vivienda pública con socios solventes y serios como nosotros. En sus manos está, señorías.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.



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La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidente.


Como ya indicamos durante la convalidación del Real Decreto-ley 1/2021, en el PDeCAT compartimos la necesidad de regular el concepto del consumidor, el usuario y la persona consumidora vulnerable. Nos parece adecuado y necesario.
Solicitamos su tramitación como proyecto de ley ya que las consecuencias de este concepto de consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica no están lo suficientemente explicitadas, por lo que deseamos que se
acelere el trámite del proyecto de ley para poder plantear las enmiendas oportunas.


En la convalidación del real decreto-ley al que este proyecto de ley pretende sustituir nos abstuvimos por dos razones principales. De una parte, nos parecía problemática la disposición final primera, que establece la suspensión de los
desahucios en el caso de que se hayan producido mediante algunos delitos. En algunos delitos mantienen la no suspensión y en algunos delitos mantienen la suspensión. Como ya expusimos hace un mes en la convalidación del real decreto-ley, si el
Gobierno normaliza que cometer determinados delitos es aceptable, pedíamos que fueran honestos, fueran valientes y modificaran el artículo 245 del Código Penal. Esta pretensión deben plantearla en esta Cámara y ver si hay mayorías o no. Por
nuestra parte, manifestábamos que resulta inaceptable el intento de modificación por la puerta de atrás. El segundo motivo de la abstención se debía a una cuestión de mala praxis legislativa. En la disposición final segunda el Gobierno modificó la
Ley de presupuestos sin previo aviso a quienes los habíamos aprobado, quince días después de su entrada en vigor.


En cuanto a los cambios que propone la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada por el Partido Popular, en el artículo primero incorporan diversas modificaciones a la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios, cosa que
plantean de nuevo en la disposición final primera, con un planteamiento más propio de una proposición de ley que de una ley. Allí reclaman al Gobierno la elaboración de un proyecto de ley de reforma de la Ley para la Defensa de Consumidores y
Usuarios, con previa consulta a las comunidades autónomas, cuyo espíritu nosotros compartimos, pero sin ni siquiera alcanzar a señalar que debe plantearse con pleno respeto a las competencias en materia de consumo de las comunidades autónomas.


Por otro lado, en cuanto a lo planteado en la disposición final segunda y la disposición final tercera en relación con la ocupación ilegal, compartimos la preocupación del partido proponente sobre este asunto, pero de nuevo el Grupo Popular
propone resolverlo en formato proposición de ley, por lo cual aportan poco a la resolución del problema denunciado.


En este contexto, vamos a mantener nuestra posición original de abstención al Real Decreto-ley 1/2021 y nos vamos a abstener también respecto a la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo Popular.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora López Domínguez.


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.


Señorías, si han tenido la oportunidad de hacer una lectura un poco pausada del texto de la enmienda a la totalidad que hoy presenta el Partido Popular al proyecto de ley de protección a las personas consumidoras y usuarias frente a
situaciones de vulnerabilidad social y económica, se habrán dado cuenta de su absoluta poca pertinencia. El texto, que se compone de una mezcla del texto original y un discurso populista mal hecho, mal construido, en ocasiones abundantes resulta en
afirmaciones contradictorias entre sí, como decir que no es necesaria una regulación a nivel estatal porque ya hay regulaciones en ciertas comunidades autónomas y al mismo tiempo argumentar la imperiosa necesidad de tener una legislación -la
aprobación por tanto de esta ley- a nivel estatal. El texto también resulta en subordinadas que no coordinan y en artículos y sustantivos sin concordancia, pero bueno, esto tampoco tiene más relevancia. Sí querría hacer hincapié en cuatro aspectos
que esta enmienda a la totalidad del PP pretende introducir. Primero, la enmienda pretende legislar contra la Unión Europea; luego les detallo. Segundo, quieren sustituir -como ha contado la señora Riolobos- el 'personas consumidoras vulnerables'
por 'consumidores y usuarios'; es decir, quieren invisibilizar el concepto de vulnerabilidad. Tercero, niegan de una manera rotunda y descarada las situaciones que sufrimos las mujeres en nuestras relaciones de consumo, situaciones siempre de
inferioridad y complicadas.



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Y, cuarto, intentan criminalizar la vulnerabilidad, recortar el derecho a la vivienda y mentir sobre la afectación de este decreto sobre la propiedad privada.


El primero de los puntos que mencionaba es que la enmienda llama a legislar en contra del derecho comunitario porque hace una llamada a hacer una transposición de ciertas directivas europeas en menos de seis meses. Pero es que la misma
Unión Europea dice que estas directivas tienen que estar transpuestas en menos de cinco meses cinco es menor que seis.


El segundo de los puntos que he enumerado hace referencia a la sustitución del término 'personas consumidoras vulnerables' por el término más vago de 'consumidores y usuarios'. El término que tiene que ser es 'personas consumidoras
vulnerables': uno, porque es inclusivo, nos representa a todas y a todos, y, dos, porque es así el término que se recoge en directivas europeas, en legislación del Consejo, en reglamentos del Parlamento y también en legislaciones estatales,
sectoriales y también en diferentes legislaciones a nivel autonómico.


El tercer aspecto que he querido poner de manifiesto concierne a la negación de las situaciones de vulnerabilidad que vivimos las mujeres en nuestras relaciones de consumo por el mero hecho de ser mujeres. Esto lo evidencian eliminando
frases que sí están en el proyecto de ley original como: Se visibiliza cómo la vulnerabilidad también tiene un componente transversal de género. Esto fuera, no vaya a ser que se digan las verdades. También eliminan: el hecho de que el género sea
un factor estructural que posiciona a las mujeres en condición de subordinación en el ámbito económico. Esto también lo quieren fuera del decreto. Asimismo, se pasa por encima del hecho de que las mujeres suframos más enfermedades crónicas, que
tengamos de media menos poder adquisitivo y que estemos a la cabeza de la mayoría de familias monoparentales.


El último punto que les he mencionado y no por ello -como se suele decir- menos importante hace referencia al hecho de querer criminalizar la vulnerabilidad, recortar el derecho de vivienda y mentir sobre la relación de este proyecto de ley
con la propiedad privada. Queda de manifiesto en el texto -igual que ha quedado en la intervención de su señoría del PP- que hay una clara intención de aprovechar la desesperación de las personas para convertirla en miedo. Hay una clara intención
de criminalizar la vulnerabilidad. En el discurso que hagan sus señorías de VOX les va a quedar más claro todavía -por si con las derechas que ya han hablado no han tenido suficiente- la intención de las derechas de criminalizar a las personas en
situación de vulnerabilidad. Y todo ello, para recortar derechos bajo el falso paraguas de la seguridad. Ambos hablan siempre de la necesidad de seguridad ciudadana. Yo también estoy de acuerdo con ello, nuestras calles deben ser seguras para
todos y para todas, pero también un hogar debe ser seguro, porque el techo, señores y señoras, es un derecho, y la inseguridad ciudadana no la protagonizan las personas vulnerables, la inseguridad ciudadana la protagoniza la gente mala.


Ustedes dicen que este proyecto de ley quiere legalizar la okupación, y no es así, primero, porque la principal okupación que vivimos ya está legalizada, porque la principal okupación que vivimos es la que hacen con su visto bueno los fondos
buitres, que se quedan nuestros hogares, y también las financieras buitre, que ponen nombre de alquiler social a lo que muchas veces se convierte en dominación social, sabiendo muy bien que la nueva explotación de clases ya no pasa solo por la
explotación mediante la propiedad de los medios de producción, sino por la propiedad de los hogares, la propiedad de la vivienda. Asimismo, es también una okupación de derechos lo que algunas legislaciones de ciertas comunidades hacen, que permiten
negar una ayuda al alquiler alegando que la persona que necesita la ayuda tiene ingresos demasiado bajos; es absurdo.


Para ir acabando, este proyecto de ley no trata de legalizar la okupación porque el proyecto de ley dice muy claro que el delito no se protege. Les leo un trozo de la disposición adicional primera -cómo quedaría- del Real Decreto 11/20, que
es de donde bebe inicialmente todo. Dice: En ningún caso procederá la suspensión del desahucio a que se refiere este artículo si la entrada o permanencia en la vivienda ha tenido lugar en los siguientes supuestos: si se ha entrado y se demuestra
que es domicilio habitual o segunda residencia, incluso...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, por favor, ha terminado su tiempo.


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Eso es todo.


Lo que vulnera la Constitución en su artículo 20 son las mentiras que cuentan, porque todo español tiene derecho a una información veraz.


Gracias. (Aplausos).



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Fernández Ríos.


El señor FERNÁNDEZ RÍOS: Gracias, señor vicepresidente.


Hoy enmendamos en este Pleno un proyecto de ley presentado por el Gobierno sobre protección de consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad, que, en teoría, debería servir para proteger a los consumidores y mejorar la
situación que actualmente tenemos. Pero, en vez de eso, lo que presenta este Gobierno es un texto con una interminable exposición de motivos para justificarse y una parte dispositiva mínima, todo mal redactado, lleno de errores jurídicos y con una
intención ideológica muy clara.


Vamos a ser concretos. Los mayores problemas en la desprotección de los consumidores se producen, básicamente, en el ámbito energético, de las comunicaciones y de las finanzas, y en la mayoría de los casos no es un problema de mala praxis,
sino un problema de simple transparencia. Empiecen, señores del Gobierno, a regular y blindar a España, como se ha hecho en otros países de nuestro entorno, en la transparencia, en la contratación predispuesta, y a partir de ahí, una vez se hayan
asegurado los derechos básicos de todos los consumidores, entonces proceder a regular protocolos especiales, protocolos para esos consumidores vulnerables. Esa es la lógica, del más al menos, de lo general a lo especial, pero no intenten ustedes,
como siempre, empezar la casa por el tejado.


Porque ustedes, señores del Gobierno, cual trileros a los que solo les interesa un objetivo, ganar haciendo trampas, empiezan este proyecto directamente con la propia definición de lo que se entiende por personas vulnerables, y lo hacen con
un concepto tan amplio que parece que solamente persigue una cosa, que es otorgar a la Administración el hecho de reglamentar a su antojo, como mejor le convenga, esa propia personificación. Así pues, señores del Gobierno, los españoles ya no nos
fiamos de la discrecionalidad de este Gobierno, y mucho menos de la de un ministro de Consumo, esté donde esté, que dijo que antes que ministro es comunista y que amenazó con que su gestión iba a estar llena de conflictos entre consumidores y
empresas. Se lo he dicho al ministro Garzón varias veces: entiéndanlo, señores del Gobierno, las empresas no son los enemigos de los consumidores, todo lo contrario; las empresas no existirían sin los consumidores. (Aplausos). Solamente en
casos puntuales de mala praxis empresarial la Administración debe garantizar la mayor de las protecciones, pero, claro, les digo esto al señor Garzón y a muchos de ustedes, que la mayoría tienen una vida laboral inexistente y no han hecho nada más
que vivir ligados a un partido político, que jamás han pagado una nómina, que jamás han pedido un crédito ni arriesgado su patrimonio para abrir un negocio (Aplausos), que jamás han sido autónomos y que en su vida han trabajado en la empresa privada
recibiendo órdenes o cumpliendo objetivos para ganarse el pan; y ustedes son ahora los que intentan explicarnos a los demás cuáles son las relaciones entre las empresas y los consumidores. Señores del Gobierno, señor ministro, esté donde esté,
nosotros en VOX sí que hablamos el idioma de la calle y podemos explicarles el sinsentido de lo que proponen. Porque no nos engañan, todo este proyecto de ley, toda esta ley en su conjunto no es más que una cortina de humo (Aplausos), una enorme
percha jurídica que introduce una significativa innovación en su disposición final primera que, por sí sola, ya es suficiente para que nuestro grupo apoye esta enmienda a la totalidad, aunque sea muy mejorable, señora Riolobos, sobre todo si se
eliminan las absurdas referencias a la ideología de género en su exposición de motivos.


Sí, el Gobierno ya utilizó el real decreto que se ha citado para modificar la Ley antidesahucios y prohibirlos en diversos supuestos con la coartada del estado de alarma. Pero ahora quieren dar un paso más, ahora quieren que tampoco se
pueda desahuciar a aquellos que okupan utilizando métodos castigados por el Código Penal, eso sí, siempre y cuando la okupación no se haya producido mediante intimidación o violencia sobre las personas. ¡Hasta ahí podríamos llegar!, ¡hasta ahí
podríamos llegar! (aplausos), todavía no se han atrevido a dar ese paso. Es decir, a partir de ahora ya no se interrumpirá el lanzamiento cuando el okupa de turno haya forzado la puerta o la ventana entrando así en una casa; solo serán okupas si
han entrado pegando una paliza o intimidando al propietario. Ustedes, señores del Gobierno, lo que de verdad quieren con este proyecto de ley es blanquear a los okupas convirtiéndolos en consumidores vulnerables. (Aplausos).


Señor ministro, esté donde esté, permítame que le presente a los realmente vulnerables: Pilar, sanitaria de Vic, a la que en marzo de 2020 le okupan su casa cuando venía de salvar vidas en Reus y la policía la echó de su casa varias veces
cuando intentó recuperarla; Francisco y Macarena, matrimonio de Gines,



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que en junio de 2020 con mucha ilusión compran su casa a un banco y cuando formalizan el contrato ven que les han okupado la casa, pero como estamos bajo el estado de alarma ni la policía ni el juzgado hacen nada; Paola, inmigrante legal
boliviana en paro, que un día quiso entrar en su vivienda en El Tardón, en Sevilla, con su hija de tres años, y los okupas le habían cambiado la cerradura, además acabó denunciada por estos okupas por allanamiento de morada de su propia casa. Y así
puedo estar presentando durante horas casos y casos porque, señor ministro, no engañe usted a los españoles: los vulnerables no son los que okupan viviendas forzando las puertas; los vulnerables son Pilar, Francisco, Macarena y Paola, que están
desamparados por este Gobierno; porque las que se okupan son las viviendas de la gente trabajadora, de la gente humilde como Pilar, Francisco, Macarena o Paola, porque ellos no tienen, como ustedes, ningún medio para protegerse.


Termino, señor vicepresidente. Señores del Gobierno, si de verdad quieren ustedes proteger a los consumidores españoles, no intenten utilizar cualquier excusa para tratar de introducir siempre su agenda ideológica. Empiecen suprimiendo, en
primer lugar, este Ministerio de Consumo que, como ya le dije al señor Garzón en el debate de los presupuestos generales, es el ministerio de la nada porque nada o poco gestiona, porque nada aporta, salvo un gasto innecesario, porque de nada sirve
para el interés y la protección de los españoles, y porque la única utilidad de este proyecto de ley es que el señor Garzón, en lugar de pasar a la historia como el ministro de la nada, sea recordado como el ministro okupa.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sánchez Jódar. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Les recuerdo que el sonido funciona bien. (Aplausos). Permítanme a estas horas estas cosas.


La señora SÁNCHEZ JÓDAR: Gracias, señor presidente.


Señorías del Partido Popular, de verdad, dejen de intentarlo. De sobra saben que realmente lo que están haciendo aquí es utilizar la enmienda a la totalidad como una maniobra política para retrasar el debate de las enmiendas del proyecto y
la fecha de su aprobación definitiva. No es de extrañar teniendo en cuenta que dejaron aparcado en el sueño de los justos este proyecto de ley durante los más de siete años de Gobierno del señor Rajoy, y este Gobierno, en tan solo dos años y con
una pandemia de por medio, lo ha puesto en marcha, y aun así no se ruborizan al decir que llegamos tarde.


A la señoría de VOX, mire, le encuentro un poco desubicado porque aquí no está el ministro ni se está debatiendo sobre el proyecto de ley del Gobierno sino una enmienda a la totalidad del Partido Popular. Por tanto, no ha centrado usted
mucho el debate. Simplemente le diré que pueden guardar su pin parental porque en la Región de Murcia ya no lo van a implantar. (Aplausos). Y ya de paso ordenen a sus cachorros que dejen de hacer pinturas rupestres en los murales que visibilizan
la historia de la mujer. (Aplausos).


Hace tan solo dos semanas, a propuesta de otros grupos parlamentarios, aprobábamos en esta misma Cámara tramitar el real decreto-ley de protección del consumidor vulnerable como proyecto de ley, y lo hicimos así precisamente para darnos la
oportunidad de trabajar el texto, negociar enmiendas, escuchar a organizaciones y colectivos sociales; en definitiva, dialogar para mejorar su contenido con un solo objetivo: dar una mejor respuesta y más acertada a los consumidores vulnerables.
Esa es la brújula que nos debe orientar en la acción política y no otra, y este grupo parlamentario, a pesar de tener que sufrir la peor oposición en los peores momentos, no va a perder el norte. De sobra saben que el texto de la enmienda a la
totalidad que presentan es insustancial. Realmente no proponen un texto alternativo sobre consumidores vulnerables sino básicamente la supresión de una de las disposiciones de este proyecto de ley, de su disposición final primera. Pero, claro, en
este caso para VOX no es un fraude. Lo cierto es que por estos mismos motivos han rechazado la enmienda a la totalidad del debate anterior, con lo cual queda demostrado que los que son realmente un fraude son las señorías de VOX. (Aplausos). Como
grupo experimentado, señorías del Partido Popular, saben que fácilmente hubieran podido tramitarlo como enmienda parcial de supresión en lugar de traerlo nuevamente al Pleno de esta Cámara, pero así lo han decidido y, en vez de elegir dar celeridad
a este proyecto de ley para beneficiar a la ciudadanía, han elegido dotarse de un nuevo escenario para repetir los argumentos que ya expusieron en el debate de convalidación, argumentos que ya nos quedaron claros porque no han aportado ni uno nuevo,
y que los repitan no los convierte en más sólidos, solo los convierte en más cansinos.



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Señorías, la protección de las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad requiere de la adopción urgente de las medidas contempladas en el texto que aprobamos hace tan solo dos semanas, y lo saben, y es urgente porque es necesario
terminar con un vacío legal de nuestra normativa estatal; es urgente porque la normativa europea también nos obliga a proteger a las personas consumidoras vulnerables; y es urgente porque el impacto social y económico de la pandemia sobre las
prácticas de consumo exige dotar de una mayor protección a los consumidores vulnerables. Pero desgraciadamente esto no parece importarles, a pesar de que los últimos estudios publicados sitúan la tasa de población consumidora vulnerable española en
un 39 % Ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, con esta enmienda a la totalidad están retrasando intencionadamente dotarnos de las medidas legislativas necesarias para poder proteger a ese 39 % de la población. Y lo hacen volviendo a
mentir en sede parlamentaria afirmando que con este proyecto de ley se da barra libre a los okupas, se protege a los delincuentes y se deja indefensos a los españoles. Su objetivo, el de ustedes, el del Partido Popular, es meter miedo a los
españoles; el de este Gobierno es proteger a las personas consumidoras vulnerables. Su estrategia es hacer creer que la propiedad privada está en peligro creando alarma social y un problema donde no lo hay. Nuestra obligación es desenmascarar sus
mentiras con argumentos. (Aplausos). ¿Por qué? Porque es necesario aliviar a esas familias de la angustia innecesaria que les quieren generar, porque por unos míseros votos no vale la pena crear angustia a los ciudadanos y ciudadanas de este
país. Señorías de VOX, señorías del Partido Popular, son muchas familias que con su trabajo y esfuerzo de toda una vida han comprado sus viviendas y que no merecen las mentiras con las que ustedes pretenden hacerles creer, que con la aprobación del
proyecto de ley del consumidor vulnerable sus viviendas pueden ser okupadas de forma impune.


Señorías de las derechas, al igual que hice en mi anterior intervención, vuelvo a desmontar con argumentos y con datos la patraña de soflamas y mentiras que han lanzado desde esta tribuna. Comenzamos: el proyecto de ley no conculca el
derecho a la propiedad privada y no paraliza nada de oficio; solo faculta al juez, si lo considera oportuno, a dar tres meses a los servicios sociales para buscar una solución habitacional y, de esta manera, no dejar en la calle a menores
dependientes o víctimas de violencia. Si en tres meses no se da una solución, el lanzamiento continúa. Repito, solo en los casos en los que haya menores dependientes o víctimas de violencia que sean vulnerables y si el juez lo decide se darán tres
meses porque desde servicios sociales nos han dicho que los necesitan. No es una invitación a la okupación ni hay un efecto llamada. Es solo -repito- durante el estado de alarma y solo para los casos tasados que se produzcan antes de la entrada en
vigor del real decreto; es decir, antes de la publicación del mes de diciembre. Además, solo si han okupado una vivienda de un gran tenedor; es decir, personas físicas o jurídicas titulares de diez o más viviendas. Y obvian decir que para estas
paralizaciones se ha establecido una compensación económica que los grandes tenedores pueden solicitar. Quedan demostradas todas y cada una de las mentiras que han lanzado desde esta tribuna, así que dejen de penalizar la pobreza azuzando miedos
infundados entre la ciudadanía española, erigiéndose patéticamente como los salvaguardas y los defensores de algo que no necesita que ustedes lo defiendan porque simple y llanamente no está en peligro. Este es el caso de la propiedad privada.
Repitan conmigo: la propiedad privada no está en peligro. Señorías del Partido Popular y de VOX, no son gigantes, son molinos. (Aplausos). Y precisamente porque son molinos, vamos votar en contra de su enmienda a la totalidad. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:


- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PLURAL Y MIXTO, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LAS VACUNAS Y EL PLAN DE VACUNACIÓN EN ESPAÑA. (Número de expediente 156/000026).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos a debatir la solicitud formulada por los Grupos Parlamentarios Plural y Mixto, de creación de una Comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de
Vacunación en España.


Para la defensa de la solicitud interviene, por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Baldoví Roda.



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El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.


Hace justo un año comenzaba la pandemia. Era algo nuevo para la inmensa mayoría y nadie sabía muy bien qué estaba ocurriendo, pero todos queríamos y seguimos queriendo lo mismo: que termine lo antes posible. Tras un año de confinamientos,
de restricciones de movilidad, de no poder ver a familiares ni amigos, de pérdida de empleos y cierre de negocios, de acostumbrarnos a llevar la mascarilla a todos los sitios -parece que vayamos desnudos sin mascarilla-, ahora estamos más cerca del
final. ¿Por qué? Por la vacuna, que se ha desarrollado en un tiempo récord. Los investigadores y científicos se han arremangado y han conseguido el principio del fin; aquello con lo que soñábamos al principio de la pandemia se está haciendo
realidad. Pero como toda situación ideal, la vacunación también tiene sus problemas. Idealmente está vacunación no debería haber existido jamás. Las instituciones públicas están para garantizar que el acceso a la vacuna no obedezca a una lógica
de mercado, como ocurrió al principio de la pandemia con las mascarillas, que llegaron a subir hasta un 500 % cuando más las necesitamos, o el gel hidroalcohólico cuyo precio se multiplicó en algunos casos por más del 30 %. Queremos que todas las
vacunas se distribuyan con una lógica social, que primero se distribuyan a quien más las necesita, no a quien pueda pagarlas o al que se pueda colar. Nos hemos librado del criterio del mercado, pero no nos hemos librado de los caraduras ni de los
que se cuelan, de esos que creen estar por encima del resto. Hemos sentido vergüenza ajena al ver que se han vacunado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el consejero de Salud de Murcia, el consejero de Sanidad de Ceuta, el obispo de Mallorca,
el fiscal jefe de Castellón, alcaldes y concejales de diferentes municipios. Es como si en una familia se atendiera primero a los padres y no a quienes lo puedan necesitar más. Y no contentos con esto, hemos tenido que aguantar y ver que las
infantas Cristina y Elena se han vacunado aprovechando una visita a su padre en Emiratos Árabes Unidos. Han alegado que se les ofreció la vacuna y accedieron. Yo creo que los servidores públicos debemos tener una ética y dar un ejemplo, ser el
espejo donde los ciudadanos se miren. A algunos no les escandaliza esta situación, como al alcalde de Madrid, que la analiza desde su papel de súbdito. Pero el que lo analiza desde el papel de ciudadano, que no se puede vacunar, que no puede ir a
ver a sus padres ni puede, de momento, soñar con vacunarse, es normal que se indigne. Además, hemos sufrido retrasos en las remesas de algunas vacunas, como las de AstraZeneca, y se han conocido los abusos de algunas compañías farmacéuticas con las
patentes y el precio que imponen a las vacunas. Asimismo, la Estrategia de Vacunación en la Unión Europea a veces se agrieta y algunos países están empezando a buscar vacunas en solitario. Vemos que la vacuna Sputnik va a desembarcar en poco
tiempo. En otro orden de cosas, también vemos que alguna comunidad autónoma apuesta por la privatización de esta vacunación. No podía ser otra que la Comunidad de Madrid, la única que, de momento, ha expresado su intención de hacerlo.


¿Por qué planteamos la creación de esta Comisión? Porque queremos que el proceso de vacunación funcione con garantías. Para que algo funcione en democracia tiene que ser transparente porque los ciudadanos tienen derecho a saber.
Precisamente por eso hemos presentado ocho Comisiones una y otra vez para saber los chanchullos del rey emérito, cuyas hijas han ido a visitarle y se han llevado una vacuna como souvenir. Entendemos que este proceso, que es el reto más importante
de todos los que afrontamos este año, debe ser vigilado con todas las garantías; luz y taquígrafos para que nadie vuelva a saltarse su turno a escondidas. Mientras quede una persona de riesgo sin vacunar en nuestro país, hay que tener poca
decencia, poca vergüenza para pensar que mereces la vacuna más que ellos, seas quien seas, la infanta, el rey o quien sea. Necesitamos saber las posibles irregularidades, la falta de transparencia o las posibles cláusulas abusivas de los contratos
del Estado con algunas farmacéuticas. Este es nuestro principal reto este año, insisto, y no permitamos que unos pocos acaben desacreditando este proceso por las malas prácticas o por negligencias.


Acabo. Siempre he pensado que la gestión política es mucho mejor si tiene controles adecuados y este puede ser un buen control.


Moltes gràcies.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano. Disculpe, va antes el Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. No le había visto.



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El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente, es que me escondía ahí.


Buenas tardes a todas y a todos de nuevo. Seré muy breve. Cuando el señor Baldoví nos planteó la posibilidad de que el Grupo Mixto apoyase esta iniciativa, yo le dije que sí de inmediato por varios asuntos en relación con la pandemia y las
vacunas, en concreto, su proceso de elaboración y también su proceso de distribución. En primer lugar, esta pandemia ha estado asociada a un conjunto de fake news o noticias falsas absolutamente dañinas, que han perjudicado extraordinariamente al
interés general, a la salud pública de la población y que en nada han beneficiado a los pacientes que han sufrido la COVID-19. En segundo lugar, estas fake news también han estado asociadas en gran medida a la cuestión de las vacunas. También es
verdad que la información cuando funciona, como ha funcionado en este caso, es útil y ha hecho que se haya dado un vuelco en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, de modo que hoy es muy mayoritaria la opinión de la gente que
considera que la vacunación es necesaria. Esto ha sido producto de la información veraz y permanente frente a los disparates que hemos tenido que escuchar y que todavía escuchamos en determinadas ocasiones.


Ahora bien, la cuestión que se plantea es que la única forma, de verdad, definitiva de superar la pandemia es con una vacunación que, por definición, tiene que ser universal porque resulta que la pandemia se llama así porque es universal y,
por tanto, la vacunación también lo debe ser. Este concepto de vacúneme yo y ríase la gente es muy peligroso porque si la vacunación no se produce en el conjunto del planeta, entonces no habremos acabado con la pandemia de una forma significativa
por mucho que estemos vacunados, y se seguirán produciendo casos hasta que el virus lo decida. Por tanto, es necesario entrar a fondo en cuáles son las cuestiones que afectan al proceso de vacunación, como su elaboración y las garantías de su
elaboración. Existen algunas noticias al respecto, pero, en fin, cuando las cosas se hacen así de rápido -hay que darse cuenta de que una vacuna se tarda en producir unos diez años de media y estamos hablando de un tiempo absolutamente récord-,
todavía existen algunos elementos que es necesario estudiar con una transparencia absoluta, sobre todo en lo que se refiere a las grandes multinacionales farmacéuticas que las elaboran. Y luego está la cuestión de la distribución; dónde se
distribuyen, con qué criterio. ¿El criterio universal? ¿Quién va primero y quién va después? ¿Existen compromisos de las grandes compañías multinacionales que están vulnerando el interés general, el interés de la mayoría, la salud pública de la
población, porque el criterio de distribución no se está haciendo de acuerdo con criterios poblacionales estrictos para tratar de alcanzar aquella horrorosa expresión de la inmunidad de rebaño? Estas son cuestiones a considerar. ¿Las grandes
multinacionales, de verdad, en este caso están sometidas a la defensa del interés general que se llama salud pública o están sometidas a algún otro tipo de interés que supera a ese? ¿El procedimiento de contratación que ha establecido la Unión
Europea se está realmente cumpliendo de forma estricta y estamos recibiendo la cantidad de vacunas que estaban comprometidas desde el principio?, ¿sí o no? Porque ahora el problema que estamos teniendo no es que existan o no vacunas sino que la
distribución, evidentemente, no ha cumplido con los tiempos iniciales que estaban previstos. ¿Eso es así porque tenía que ser así o es porque las multinacionales han decidido tomar decisiones que es necesario corregir? ¿Existen elementos para
corregir el trabajo de las multinacionales? Tienen libertad de empresa, por supuesto, pero cuando estamos hablando de la salud pública, ¿tiene que haber determinados controles públicos, como la propia palabra indica?


Existen, por tanto, un montón de cuestiones a plantear, y yo creo que de todas estas Comisiones debe surgir un dictamen que nos ayude a poner a todo el mundo en fila de a uno cuando de lo que se trata es de preservar la salud de la
humanidad. Porque resulta ser que solos no nos salvamos ni con vacuna ni sin vacuna; aquí se salva todo el mundo o no se salva nadie. Esto está clarísimo. Por lo tanto, es completamente pertinente la puesta en marcha de esta Comisión, y confío
en que esa sea la decisión de la Cámara.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.


El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Arratsalde on. Buenas tardes.


A esta Comisión no le va a faltar trabajo. Hay muchas evidencias de malas prácticas en este tema. Y es que las crisis normalmente sacan lo peor y lo mejor de lo que hay en la sociedad, de lo que hay en las personas. Es en época de crisis
donde más afloran los peores y los mejores valores; es cuando



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aparecen acciones guiadas por los valores más positivos o acciones guiadas por los valores más egoístas y menos altruistas. Por eso, es en este escenario donde han aflorado tantas conductas reprochables de personas que se han aprovechado de
su situación para poder llegar antes que otras a las vacunas o sacar provecho; desde un egoísmo con el que estas personas olvidan sus responsabilidades sociales y políticas y las obligaciones que corresponden a estas posiciones. Se han dado graves
incumplimientos con respecto a los criterios recogidos en los planes de vacunación; por ejemplo, cuando se han puesto de manera irregular vacunas a responsables de centros, cargos políticos, cargos públicos, militares o funcionarios. Se ha
infringido el protocolo y se ha vacunado a personal y familiares a los que no les correspondía. Se ha vacunado a personal perteneciente a grupos de menor prioridad, sin estar vacunados completamente los grupos de mayor prioridad o riesgo. Se ha
denunciado, asimismo, la desaparición de viales en algunos centros de vacunación. Son hechos que se han dado prácticamente en todos los territorios, en todos los lugares, también en el País Vasco. Han participado de estas malas prácticas personas
muy referentes de los servicios sociosanitarios. Y no quiero olvidar al personal de real abolengo, que también abusa de su situación para acceder a la vacunación. La ciudadanía, por tanto, tiene derecho a conocer esta realidad, y este Congreso
debe hacer un esfuerzo en la clarificación de estas irregularidades y en poner medios para que no se produzcan, ni ahora ni en el futuro, y que si se producen puedan aclararse estas responsabilidades. Por ello, apoyamos la propuesta de creación de
esta comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas y al plan de vacunación.


Esta comisión debería poder investigar las características y extensión de estas irregularidades; las estructuras del tráfico de influencias que han posibilitado estas prácticas irregulares de vacunación, incluyendo las de altos cargos y
responsables públicos; la existencia o no de procedimientos en marcha para la investigación de los hechos por parte de los diferentes responsables de las instituciones que se han visto implicadas. Esto es, conocer la gestión que se ha hecho de
estos procesos para obligar a quienes se han vacunado fuera de turno a asumir estas responsabilidades. La comisión debería asimismo analizar por qué está habiendo fallos y retrasos en la gestión de las vacunas. Para ello se deben investigar cómo
se han producido estas irregularidades, fallos y retrasos en la gestión de las vacunas y en los planes de vacunación. Es fundamental analizar la calidad y los fallos de mecanismos de control de cumplimiento del protocolo de vacunación.


Otro aspecto importante del trabajo que debe analizar la comisión es el grado de cumplimiento de los contratos por parte de las empresas farmacéuticas, y valorar las actuaciones que se están llevando a cabo por parte del Gobierno y de la
Unión Europea. Hay que revisar las características de estos contratos -¡cómo no!- y ver si se han producido irregularidades ante la falta de transparencia y las cláusulas abusivas que estamos padeciendo. La comisión, por supuesto, deberá hacer
recomendaciones y dictámenes al objeto de que quienes han abusado de su situación asuman sus responsabilidades y que estas actitudes, contrarias al interés general, no queden impunes y sin respuesta al objeto de que se mejoren los protocolos, a fin
de que no se vuelvan a repetir estos comportamientos, y que si se incumplen sean más fácilmente detectables. Por ello, repito, que aprobamos y apoyamos la creación de esta comisión.


Eskerrik asko. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidente. Buenas días y buenas tardes. En este momento para algunos serán buenos días y para otros serán buenas tardes, o sea que saludo en los dos sentidos.


Para fijar la posición de nuestro grupo y contarles cómo vemos esta comisión de investigación, nos gustaría analizar dos aspectos. Empezaremos por la forma, por lo que es la propia comisión de investigación y, en segundo lugar, por el
fondo. Debo reconocer el tono en el que hoy se está desarrollando, por ahora al menos, este debate; considero que es un tono amable en el que cabe la posibilidad de que en un contexto de grupo de trabajo pudiera llegarse a algo, pero nosotros
tenemos que mostrar nuestro escepticismo. Todos y todas sabemos aquí -yo creo que nadie lo desconoce- cuál es la dinámica de las comisiones de investigación y cómo las comisiones de investigación responden a aquellas mayorías que son capaces de
articularse. Hay quien dice -no recuerdo quien es, por lo tanto lamento mucho no poder reconocer la autoría de la expresión- que la política se ha convertido en una suerte de reality de feos.



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De vez en cuando pasan algunos bellos cisnes por delante, pero es un reality show de feos, de personas feas, a los que las políticas y los políticos no les hacemos ascos porque, de las virtudes que hace un tiempo se agradecían y se ponían en
valor para desarrollar la política -la seriedad, la discreción, el rigor-, ahora se ha pasado a una política en la que la rapidez, la inmediatez, el zasca y el buscar el desgaste del adversario han ganado mucho terreno y han invadido la arena
política por aluvión. Ese tipo de política y esas virtudes y características que la política actual tiene requieren platós, requieren luces, requieren cámaras y requieren micros para desarrollarse. Y eso está llevando a unos efectos que, a nuestro
juicio, son nefastos.


Estamos en un estado de alarma, todas y todos lo sabemos, pero llevamos ya -como ustedes ya han dicho- más de un año en esta situación, y a veces uno se acostumbra a una situación a la que jamás debería acostumbrarse.


Estamos en emergencia sanitaria, estamos en pandemia, estamos en un momento crítico para el éxito de la campaña de vacunación para lograr esa inmunidad colectiva. Permítannos que mostremos nuestro escepticismo y nuestro miedo hacia esta
comisión de investigación como instrumento para realizar la labor de control. No nos olvidemos de que a esta Cámara le corresponde hacer la labor de control de este Gobierno, solo de este Gobierno, de los que se sientan en los bancos azules. Desde
luego, a lo largo de todo el estado de alarma, con regularidad y en la Comisión de Sanidad, han ido asistiendo el ministro y la ministra para dar cuenta de todos los distintos aspectos que van surgiendo, y nosotros consideramos que hay otros
instrumentos de control que en este momento pueden ser mejores.


Siguiendo con la forma, nos parecería un craso error -un craso error es un error que, por su dimensión, sería imperdonable- que, pretendiendo entrar en ese espectáculo lamentable y en ese ring del que estamos hablando y siempre mirando al y
tú más y tú más, lo que al final logremos sea única y exclusivamente desorientar más aún a la ciudadanía, desorientar más a la sociedad, cuando en realidad lo que requiere son certezas. Nos piden trabajo responsable y certezas, y sería imperdonable
y una auténtica irresponsabilidad política que desde esta sede parlamentaria lo que pudiéramos aportar a este necesario control político sea abrir todas las costuras de un sistema sanitario. Es un sistema sanitario en el que, en este momento,
cientos, miles de profesionales de distintos ámbitos: científicos aportando conocimiento para tomar decisiones; gestores y políticos tomando decisiones; técnicos y sanitarios que están implementando todas y cada una de esas decisiones y siguiendo
y trabajando para que todo esto vaya adelante. No debemos empezar a cuestionar todo y poner en solfa a un bien superior como es el sistema sanitario público y todos los sistemas que en este momento están trabajando de forma conjunta.


En cuanto al fondo, la iniciativa plantea básicamente cuatro cuestiones. En primer lugar, esclarecer irresponsabilidades y actuaciones irresponsables. -A nuestro juicio, las actuaciones han sido ocasionales, excepcionales-. Poner la lupa
sobre ellas con carácter general y pensar que es un comportamiento generalizado consideramos que sería un error porque han sido excepcionales. Siempre se repiten los mismos porque son escasos, de todas las formaciones políticas, de todos los
estamentos políticos, de todos los oficios y, muchos de ellos, han asumido sus responsabilidades, por decisión propia o porque las estructuras así lo han decidido.


Otra de las cuestiones que tendremos que abordar en la comisión de investigación -porque parece que va a salir adelante- son los fallos del plan de vacunación. ¿Alguien cree que ese plan de vacunación no va a tener fallos cuando se está
vacunando a millones de millones de personas al mismo tiempo en todo el mundo, con una vacuna que ha sido un éxito en un año, y siguiendo un sistema de vacunación? Es impensable, es impensable desde un punto de vista realista. ¿Alguien cree que
una hoja de ruta de ese plan de vacunación no va a tener cambios? Es imposible, pues estamos en una pandemia dinámica que exige actualizaciones. Se pide que se aclare la situación de las farmacéuticas y la falta de cumplimiento de sus compromisos
en Europa. Es cierto eso, pero la Comisión Europea ha dado un golpe en la mesa y ha establecido controles férreos a las exportaciones de todas las vacunas que se están produciendo en laboratorios en la Unión Europea. Lo que no podemos admitir ni
dar aval político desde nuestro grupo parlamentario...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ha terminado su tiempo.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Termino en cuarenta, en diez segundos.



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): No, no. Es que ha terminado. Tenemos que ser estrictos con el tiempo. Lo siento.


Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.


La pandemia ha matado a decenas de miles de españoles, se ha cebado especialmente con ciertos colectivos, los mayores especialmente, pero también con personas con afecciones diversas y personas sin afecciones. Estos colectivos, los más
débiles frente al coronavirus, veían la vacuna como su única esperanza para recuperar la normalidad en sus vidas, pero sobre todo para no perder sus vidas. Los mayores han pasado miedo, tiempo sin ver a sus seres queridos y muchos han muerto
esperando las vacunas. En esta tesitura, algunos se han colado en la vacunación aprovechando sus posiciones privilegiadas en la política, en la Administración o en un sindicato.


Hemos conocido en España muchas formas de corrupción, hemos conocido los ERE con los que se ha robado el dinero de la formación de los parados; hemos conocido la Gürtel, dinero que corrompía todo un sistema de contrataciones públicas;
hemos conocido todo tipo de malversaciones, y la verdad es que en España la clase política ha sido muy creativa en cuanto a corrupción, podíamos montar un museo estupendo con algunos partidos de esta Cámara. Pero les reconozco que a mí la
corrupción que más asco y rechazo me ha ocasionado es la que supone robar vida a quienes la añoran y a quienes teman perderla todos los días. Porque estos que se han vacunado antes de tiempo lo han hecho en un momento en que, como hemos visto,
faltaban vacunas; de hecho, faltan vacunas. Y estos miserables cuyas vidas no peligraban se han colado y se han puesto por delante de quienes sí corrían peligro. Ha dicho la portavoz del PNV que se han colado de todos los partidos; no, señora
Gorospe, de todos los partidos no; de Ciudadanos no se ha colado nadie; se ha colado gente del PSOE, del PP, de Junts, de Coalición Canaria, del PNV, y la mayoría no ha dimitido. De Ciudadanos no se ha colado nadie, pero le garantizo una cosa:
si se hubiese colado un miembro de Ciudadanos en la vacunación, a los cinco minutos estaría en la calle; se lo garantizo. (Aplausos).


Es cierto que no hay una ley ni un artículo del Código Penal para quien empuja a un anciano para ponerse él o su pareja o sus familiares o sus amigos o sus conmilitones del partido político en la cola de vacunación, es cierto. Pero hay una
ley moral que debe llenar de vergüenza a quienes se han vacunado de forma irregular; la planificación del ministerio es verdad que ha fallado en este sentido; tendría que haber previsto, conociendo a algunos partidos políticos y sus trayectorias,
que esto podía pasar y la ausencia de sanciones... -(Rumores). Señores del PP, no se pongan nerviosos que no les he nombrado todavía; ahora voy- ... ha permitido que estos se vayan de rositas en los juzgados. O ya veremos.


El número total de cargos vacunados que se han detectado usurpando el orden de vacunación ha sido de 526. Es cierto que no han dimitido. Nada más han dimitido aquellos que dependían de Ciudadanos, pero, a medida que se han ido conociendo
más casos, se han ido poniendo más nerviosos y la cosa ha ido cogiendo más entidad. De los 526 cargos vacunados que se han colado por delante de los ancianos y de quienes necesitaban las vacunas, 470 son en la región de Murcia, 470 cargos, sus
parejas y conmilitones. Y nosotros en Murcia habíamos pedido que se publicase la lista de quiénes se han colado en una comisión de investigación que hay allí en marcha y no nos la han dado. Son 470 gorrones de la vida ajena que el Partido Popular
protege en el anonimato. Ustedes sabrán por qué. Son personas que en el Titanic habrían empujado a las mujeres y a los niños de los botes salvavidas para meterse ellos. Eso es lo que ustedes están protegiendo al negar la información a esa
comisión de investigación.


Creo que hay otra vacuna que se puso hace mucho tiempo en la política española, que es la vacuna contra la vergüenza, ya que todo les resbala. ¿Y creen que esto no va a tener más trascendencia? Espero que sí que la tenga. Sé que hemos
hecho lo correcto al hacer frente a esta lacra moral y sé que hicimos bien en hacer dimitir a los cargos que se vacunaron, ellos, sus parejas y sus amigos. Sé que hacemos lo correcto al apartar de las instituciones a quienes creen que sus vidas son
más importantes que las de los ciudadanos normales.


Señores del PP, sé que hablan de matar a Ciudadanos y sé que su secretario general llama a transfuguismo. Les digo y les reconozco una cosa, si quieren exportar el modelo del PP murciano a otras partes, si quieren colarse en la vacuna
frente a quien más lo necesita, si quieren volver a las andadas con contrataciones irregulares como en el Ayuntamiento de Murcia y si quieren perseguir a los denunciantes



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por corrupción, efectivamente deben matar a Ciudadanos, deben matarnos porque con nosotros no podrán hacer eso. (Aplausos). Y les digo más y les advierto, siempre quise ir a las Termópilas, pero no olviden lo que le pasó después al
corrupto imperio persa.


Votaremos a favor de la comisión de investigación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. (Rumores). Por favor, silencio.


El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidente.


Buenas tardes ya. Señorías, me van a permitir que empiece con una previa porque ahora mismo hay centenares de trabajadoras y trabajadores de Lliçà d'Amunt de Bosch que están luchando por su puestos de trabajo. Estamos hablando de 336
puestos de trabajo, 900 familias y 1500 personas afectadas simplemente porque una multinacional alemana, que ganó 1900 millones de euros en el último año, quiere trasladar su producción a Polonia. Así que desde aquí todo el apoyo. Bosch no se
cierra. (Mostrando una camiseta negra con las palabras: Dislike. Bosch.-Aplausos).


Imaginen que tienen veinte años en un país con una tasa de paro juvenil del 40 % y leen que el cura de su pueblo se ha vacunado antes que su abuela. Imaginen que tienen treinta años... -(Rumores). Imaginen primero que son del Partido
Popular y se callan. (Aplausos)-. ... en un país en el que la generación más preparada de la historia curra diez horas diarias poniendo cañas a los turistas por cuatro euros la hora y leen que un jefe militar se ha vacunado antes que su abuelo.
Imaginen que tienen cuarenta años en un país en el que los dos principales partidos suman 1830 cargos entre imputados, procesados y condenados, y leen que el alcalde de su pueblo se ha vacunado antes que su padre. Imaginen que tienen cincuenta años
en un país en el que la factura de la luz sube un 20 % en plena pandemia cuando Endesa gana un 715 % más en pleno invierno y leen que un rey fugado en Emiratos por robar -por robar- durante cuarenta años se ha vacunado antes que su madre. Imaginen
que tienen sesenta años en un país en el que las multinacionales desahucian a ancianas por sistema y leen que unas infantas de visita al golfo -Pérsico- se han vacunado antes que su hermana. Imaginen. Imaginen todo esto y entenderán -sabrán- por
qué es necesaria esta comisión de investigación que tanto debería avergonzar a tantos.


Hay muchos motivos, señorías, muchos motivos para entender por qué los representantes públicos debemos ser extremadamente ejemplares en casi cualquier circunstancia, sobre todo en estas, y sobre todo la izquierda, señorías. La derecha y la
ultraderecha se pueden permitir cualquier cosa; no les van a dejar de votar. La derecha y la ultraderecha se pueden permitir tener a un tesorero repartiendo sobres a presidentes y a ministras. Se lo pueden permitir. La derecha y la ultraderecha
se pueden permitir proteger a una familia puesta a dedo por un dictador asesino, que lleva robando cuarenta años, que roba tanto que hasta roba vacunas. (Aplausos). Se lo pueden permitir, pero, señorías, la izquierda no. La izquierda no se lo
puede permitir. ¿Por qué? Pues porque la gente se harta, se harta. Y cuando la gente se harta, impera aquello de: Es que todos son iguales, es que todos son iguales. Y cuando esto llega a bares, a metros, a trenes, a centros de trabajo, cuando
todo esto llega, simplemente, ganan ellos porque, claro, todos son iguales.


Hoy hay quien pide un capitán. Hay vídeos virales que piden un capitán -son los mismos que pedían un caudillo hace ochenta años-, sustituir un voto por un capitán. Señorías, un pueblo expresa su voz en una urna, en una huelga, en una
manifestación. Un pueblo no necesita un capitán; simplemente, necesita que se respete aquello que vota. Hay un debate interesante estos días por saber si España tiene una democracia plena. ¿En España se vota? Sí, se vota. ¿Se respeta lo que se
vota? No, no se respeta.


Por cierto, benvinguda, Meritxell. Benvinguda, estimada Meritxell.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Medel Pérez.



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La señora MEDEL PÉREZ: Buenas tardes.


El Grupo Plural propone la creación de una comisión de investigación porque considera dos problemas importantes. Por un lado, considera que existe un tráfico de influencias que ha posibilitado prácticas irregulares de vacunación, incluyendo
la vacunación de responsables públicos. Todo plan tiene sus pegas, no existe la seguridad total. Podemos diseñar un sistema a prueba de accidentes y a prueba de estupidez, pero no a prueba de malicia deliberada. Y, por otro lado, está el problema
que me parece más grave, los fallos en la vacunación, porque no tenemos suficientes vacunas. Lo que está en el fondo de este asunto es la falta de transparencia en la Unión Europea respecto a las vacunas, y podríamos hablar más en el fondo de la
naturaleza de la Unión Europea y de si sirve a la ciudadanía o a los intereses de la industria farmacéutica, porque el problema no es la estrategia de vacunación, el problema es que hay retraso en las vacunas porque no tenemos las vacunas.


Fíjense, financiamos las vacunas con dinero público, pero la patente, es decir, la propiedad intelectual, es 100 % de la empresa privada. Esto permite que la empresa controle totalmente el proceso de producción y de distribución de las
vacunas pese a que la financiación es pública. La industria farmacéutica no cumple, además, los contratos y hay retrasos que ponen en peligro la vida de todos y de todas, y esto acompañado de una falta total de transparencia -ya sabemos lo de las
tachaduras de los contratos-. ¿Qué dice la Unión Europea? Pues que el mercado tiene sus reglas, que para proteger la inversión son necesarias las patentes. De hecho, llegan a decir que si no hay patentes no hay innovación, y esto es absolutamente
falso.


Las empresas innovan para conseguir beneficios, pero pocas veces innovan para que se beneficien las personas. El 85 % de los nuevos medicamentos no son innovadores, no aportan ventajas, no tienen valor añadido; lo único que aportan son
grandes beneficios a las empresas. Ahora investigan y producen vacunas porque se les ha financiado y porque sus beneficios serán espectaculares. Por cierto, fíjense, en las innovaciones reales de los últimos años el 75 % de la financiación es
pública, pero la Unión Europea opina otra cosa, hasta el punto de que en la declaración del Consejo General del 2 de marzo, de ahora, propone que para ampliar la producción a nivel global necesitamos una mayor colaboración con la industria
farmacéutica. Proponen darle más dinero y, eso sí, siempre la propiedad intelectual, la patente, se tiene que mantener.


Fíjense lo que dice la Big Pharma. El señor Dekkers, consejero delegado de Bayer, el 3 de diciembre de 2013, en un foro de la industria farmacéutica en Londres declara: No creamos medicamentos para los indios, sino para los pacientes
occidentales que los pueden comprar y pagar. El Informe Wyden-Grassley, respecto al Sovaldi, la medicación para la Hepatitis C dice: El precio se fija no por lo que cueste la fabricación o la investigación, sino por lo máximo que esté dispuesto a
pagar el comprador. Y a mí, ¿saben lo que me viene a la cabeza? Fíjense una situación así: el retraso en la producción de dosis de la vacuna, ¿podría aumentar el precio de la vacuna? Al final te llegas a plantear ese tipo de situación.


Hay cosas buenas en la Unión Europea y cosas que ha hecho bien. Debemos reconocer que decidió acertadamente una compra centralizada -una compra no centralizada hubiera sido un auténtico caos- de material sanitario, decide financiar la
vacuna. De acuerdo con que se financie la vacuna, porque por una vez la cooperación y la búsqueda de un servicio social eran patentes. En este momento está encima de la mesa de la Unión Europea la cuestión de una sanidad pública fuerte. Hay voces
ahí dentro que cuestionan el papel de las farmacéuticas, por no hablar de la opinión pública, que sabe los miles de millones que se van a llevar en beneficios. Existen iniciativas, como el derecho a la cura, o iniciativas de Médicos sin Fronteras o
la Organización Mundial de la Salud, que están pidiendo liberar las patentes, pero ya veremos qué es lo que sucede. Los científicos, además, nos están diciendo que esto no va a ser la única pandemia y que van a venir pandemias relacionadas con
otros virus, y esta es la realidad que vamos a tener. Y yo planteo de cara al futuro, ¿debería la Unión Europea financiar una industria pública que investigue productos con verdadero valor añadido y que tenga en sus manos la producción y la
distribución de esos productos sin depender de las extorsiones de la Big Pharma? Claro, tenemos prisa y no tenemos esa industria pública. La Unión Europea, ante esta situación, debería plantearse aplicar la exclusión a la norma sobre la materia
patentable que recogen los acuerdos Adpic de la Organización Mundial del Comercio para el caso de las vacunas. Quizá, como dice la señora Gorospe, las comisiones no sirvan para mucho, pero yo quiero creer que crear esta Comisión como la que propone
el Grupo Mixto en cada país puede sacar a la luz estas cosas fundamentales. Yo comprendo que hay que investigar y que la gente tiene derecho a una respuesta por los casos que ha habido de vacunaciones irregulares pero, fíjense, esto



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me parece muy importante, me parece vital para todos nosotros que una Comisión sirva para esto, me parece una buena idea.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Jara Moreno. (Aplausos).


La señora JARA MORENO: Señor presidente, señorías, sí, VOX está de acuerdo con la creación de una Comisión de investigación acerca del cumplimiento del plan de vacunaciones según la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 realizada
por el Ministerio de Sanidad, siempre y cuando en ella, primero, se analice cada punto planificado y, segundo, se evalúe el grado de cumplimiento de la estrategia y, en su caso, se depuren las responsabilidades jurídicas que pudieran haberse
producido. Pero no tenemos mucha confianza en comisiones de investigación, máxime cuando esta Comisión de investigación ha sido recibida con tanta alegría y alborozo por parte de los partidos del Gobierno. (Aplausos). Lo que sí creemos es que la
mejor Comisión de investigación para todo lo que ha sucedido en la epidemia se va a producir, si hay justicia en este mundo, en el seno de un juzgado de Instrucción. (Aplausos). Naturalmente, esto se tendría que hacer una vez concluida la
vacunación, y esta apenas ha comenzado; solo se ha vacunado un 10 % de la población estimada para antes del verano, tras nueve semanas desde el inicio de la misma y tenemos dudas de que alguna vez este Gobierno pueda concluir la vacunación. En
este momento nos preocupa más, uno, la falta de control sobre la entrada de nuevas variantes del coronavirus a través de nuestras fronteras; dos, la falta de secuenciación en grupos de pacientes que presenten un curso diferente de la enfermedad.
Tres, que no se contemple ampliar las pruebas moleculares de las que disponemos para adecuarnos a las nuevas variantes y que con las pruebas actuales se escapen de diagnóstico y se continúen propagando. Nos preocupa también la falta de vacunas, así
como la desigualdad de distribución de las existentes, y que con la falta de aprovisionamiento que padecemos no prevean cuidar exhaustivamente su transporte y conservación a su llegada a destino, dando lugar a que lotes que nos son muy necesarios se
estropeen o caduquen. (Aplausos). Nos preocupa también que en dos meses solo se haya conseguido vacunar a 1,7 millones de españoles. A este ritmo, para llegar a vacunar a 47 millones de españoles que somos -hagan el cálculo-, terminaremos de
vacunarnos dentro de dos años como mínimo, y eso si no tenemos que volver a vacunarnos todos si finalmente se vuelve un virus estacional que precise la revacunación anual e ir adaptando la vacuna a las variantes que vayan apareciendo.


Nos preocupa que este Gobierno socialcomunista, que peca de tener una total falta de visión de futuro, salvo lo que no sea hacerse propaganda para seguir pegados a sus sillones de ordeno y mando al más puro y depurado estilo de dictadura
militar, y que se disfraza de demócrata, no haga un plan personalizado en cuanto a vacunación para nuestro país y deje de compararse con otros países donde la enfermedad se ha cebado menos en la población gracias a dirigentes más inteligentes.
(Risas.-Aplausos). Nos preocupa asimismo que el Gobierno no esté acudiendo y pujando de forma más agresiva en los mercados internacionales de vacunas y que no permita al sector privado la compra directa y la participación en la vacunación. Será
para que no demuestren su incompetencia, la incompetencia del Gobierno. Nos preocupa también que regalen cientos de millones de euros a los chiringuitos ideológicos, en vez de volcarlos en el programa de vacunación en el que nos va la vida a todos,
pensemos lo que pensemos y votemos lo que votemos.


Nos preocupa igualmente la diferencia en la distribución de vacunas entre las comunidades autónomas y que no se siga el mismo criterio estricto en cualquier punto del territorio nacional, creando desigualdades territoriales cuando el
coronavirus no hace distinciones por lugares de residencia. Nos preocupa, en fin, que se den situaciones tan absurdas como por ejemplo la de la vacunación de los colectivos con función esencial para la comunidad, como los grupos 6A, B y C, en los
cuales se va a hacer la diferenciación entre menores de cincuenta y cinco años, que serán vacunados con vacunas como la de AstraZeneca y se hará en breve, y los mayores de cincuenta y cinco años, que se van a vacunar con vacunas ARN mensajero y que
lo harán cuando les corresponda por edad, sin especificar el tiempo, con lo cual se da la circunstancia de que, por ejemplo, en un instituto unos profesores van a estar vacunados y otros no, por lo cual se va a crear una desigualdad enorme en cuanto
a riesgos laborales que no cabe en ninguna cabeza, pues todos tienen el mismo derecho a estar protegidos. O todos o ninguno, pues de esta manera se crean graves discriminaciones.



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En definitiva, nos preocupa la falta de diligencia y la desidia, reitero, la falta de diligencia y la desidia, y que el Gobierno se haya subordinado a la Unión Europea en este calvario que estamos viviendo y que no tome decisiones
independientes en el margen que no cubre la Unión. Indiscutiblemente, cuando los esfuerzos por proteger a los ciudadanos del coronavirus estén más avanzados, estaremos más de acuerdo en participar en las diligencias que les preocupan a los grupos
parlamentarios que defienden esta iniciativa y también cuando dé de sí lo que tiene que dar un documento que el Gobierno... (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señoría, ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Echániz Salgado.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, hoy hace justo un año que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID como una pandemia global. Desde entonces cerca de 100 000 compatriotas han perdido la vida. Tras varias olas en las que el Gobierno ha estado
completamente ausente, las secuelas son incalculables y la economía ha sido diezmada. Los españoles sí saben que el Gobierno paralizado no se anticipó; que los mecanismos de seguridad nacional no funcionaron; que se negaron las recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud; que se perdieron unas semanas cruciales; que se alentaron masivas manifestaciones que diseminaron la enfermedad; que se ocultó deliberadamente la gravedad; que no se preparó una respuesta; que no se almacenó
material de protección para distribuir desde el principio e incluso aquí se desincentivó; que no existió una estrategia con antelación de pruebas, de rastreo y de aislamiento; que la adquisición de equipos fue un auténtico caos; que se ha
ocultado -y se sigue haciendo- el número real de fallecidos y afectados, y que incluso se ha marginalizado la importancia de las nuevas cepas de virus. Todo ello es fruto de una irresponsable improvisación y falta de transparencia y algunos de sus
resultados ya se conocen. La diferencia en afectados y fallecidos en algunos países es de hasta cien veces más baja que en España.


En el ámbito de las vacunas, lo que sabemos tampoco ofrece ninguna confianza. Vacunar rápida y masivamente es la fórmula más eficaz para combatir esta pandemia. Tras el éxito de la industria farmacéutica y la colaboración públicoprivada en
la investigación, en la fabricación y en el despliegue de vacunas seguras y eficaces en un tiempo absolutamente récord, el Gobierno de España ha vuelto a dar muestras inequívocas de negligencia y de incompetencia. Tras distribuir a finales del año
pasado un documento de estrategia vacunal que ya ha tenido que ser reformado hasta cuatro veces, se ha vuelto a quitar de en medio, y en lugar de liderar y de diseñar un plan nacional de vacunación, como en todos los países desarrollados de nuestro
entorno, se ha vuelto a quitar de en medio permitiendo diecisiete planes distintos y generando desigualdades, inequidades y descoordinación. A la dramática falta de vacunas se ha sumado un caos logístico, problemas de jeringuillas y viales y
relevantes diferencias en el reparto de dosis, en plazos de administración y hasta en fases y grupos prioritarios, con la lógica indignación de una sociedad española que quiere vacunarse y que no puede. Si la Unión Europea se ha encargado de
autorizar y acordar las vacunas y las comunidades autónomas han hecho lo propio en logística y administración, ¿de qué nos sirve el Gobierno, señorías? ¿Dónde está el plan nacional de vacunación? ¿Dónde está la autoridad nacional de vacunación?
¿Dónde está el calendario de vacunación de todos los españoles? ¿Dónde está el plan para saber qué vacuna y cuándo se le va a poner a cada español? ¿Qué día se cambia de fase de grupo de prioridad? ¿Cuándo se prevé que cada español pueda tener
acceso a la vacuna? ¿Qué estudios nacionales se están efectuando sobre los efectos secundarios o los efectos adversos y el resultado de la inmunización nacional? ¿Dónde está la cacareada por varios ministros vacuna española? ¿Cómo van a cumplir
su promesa de llegar al verano habiendo vacunado al 70 % de la población española para salvar la campaña de verano? ¿Cómo lo van hacer si desde el 27 de diciembre han pasado dos meses y medio y han puesto el 7 % de las vacunas necesarias? Para el
21 de junio quedan otros tres meses y quedan el 93 % de las personas por vacunar. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Son conscientes de que, a este ritmo de tortuga, hay personas que no se podrían vacunar hasta el año próximo? ¿Saben qué coste tiene esta
improvisación en vidas y en afectación, cuánta gente se hubiese salvado de haber hecho bien su trabajo? No escribieron esto, señorías, en la primera caja de vacunas XXL que llegó a España. ¿Saben que la aparición de nuevas cepas puede modificar la
eficacia de las que se están poniendo en este momento?



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Señorías, es imprescindible investigar todos estos extremos; mi grupo lo ha propuesto en varias ocasiones. El Gobierno y sus socios lo han impedido, incluyendo a los proponentes de esta iniciativa. Pero se hará, no tengan la más mínima
duda. Hoy hace quince años del atentado del 11 de marzo, en el que hubo 193 muertos. Dos meses después se puso en marcha una Comisión de investigación en este Parlamento como se puso, con 154 muertos, por el accidente de Spanair. Hoy tenemos
cerca de 100 000 muertos y esta Comisión se hará, no tengan la menor duda. (Aplausos). Hay quinientas veces más fallecidos que en esas comisiones de investigación previas. Mientras tanto, votaremos la de hoy.


Señor Baldoví, ¿solo le interesa investigar a las personas que se han vacunado inadecuadamente y a las farmacéuticas? Señor Quevedo, ¿no le importa lo que ahora mismo preocupa más a todos los españoles? ¿Dónde queda su discurso social?
Señorías, hemos solicitado una ampliación del objeto de la Comisión para que analice en su totalidad el instrumento más valioso que tenemos en este momento para recuperar nuestras vidas y para recuperar nuestra sociedad, como nos piden todos los
españoles. Estamos -es lo más importante- a tiempo de corregir muchos de los estragos que está produciendo esta pandemia. Necesitamos devolver la confianza y luchar contra el escepticismo por lo mucho que les ha mentido el Gobierno. Solo las
naciones que aprenden pueden avanzar, porque no se puede no concluir nada de lo que ha ocurrido. Señorías, si la democracia significa algo es rendir cuentas ante el escrutinio social, si significa algo es transparencia. En una democracia no se
puede permitir la resistencia del Gobierno a asumir su responsabilidad y a dar cuentas para, sencillamente, controlar la narrativa política desfavorable, tapar su imprudencia y su negligencia.


Termino, señorías. Los españoles merecen saber la verdad, y la tendrán.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meijón Couselo.


El señor MEIJÓN COUSELO: Grazas, presidente.


Señorías, comenzaré por el final, es decir, anunciando nuestro voto favorable a la solicitud de creación de la Comisión de investigación que aquí se propone. Pero ello no es óbice para que el Grupo Socialista quiera formular una serie de
consideraciones sobre el objeto de esta Comisión, especialmente porque de la propia exposición de motivos se podría trasladar una fotografía muy deturpada de la realidad objetiva que muestran los hechos. Hay una frase que leí hace muchos años y que
se me quedó grabada, y es la siguiente: si buscas el mal en la humanidad esperando hallarlo de seguro lo encuentras. Es una frase bien cierta para cualquier tipo de proceso. Si escudriñamos -repito- en cualquier proceso, también en la vida de
cada uno, errores, desaciertos, fallos, de seguro los encontraremos. Y ese proceso de búsqueda, de investigación y análisis de errores no contiene en sí mismo ninguna connotación negativa; es más, puede y debe convertirse en un ejercicio
saludable, salvo si nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque una Comisión de investigación que solo se centre en lo negativo lo que provoca es una imagen distorsionada, y por lo tanto falsa, de procesos que deben ser contemplados en su globalidad. Así,
en la exposición de motivos se indica que esta Comisión es necesaria ante -y cito textualmente- múltiples irregularidades, fallos y retrasos, escándalos, dosis echadas a perder, fallos de previsión y gestión, descontrol, insolidaridad entre
ciudadanos y también entre cargos políticos, tráfico de influencias, y podría seguir con más calificativos de este tenor. En definitiva, la descripción de un paisaje de caos y de maldad que pienso que no se compadece en modo alguno con una realidad
que, honestamente, creo que merece ser calificada desde un sumatorio de buenas prácticas sin precedentes en la historia de nuestro país. Buenas prácticas en el comportamiento de una abrumadora mayoría de la ciudadanía; buenas prácticas en las
respuestas ejemplares de aquellos colectivos que estuvieron en primera línea; buenas prácticas en la ciencia, que consiguió en tiempo récord disponer de vacunas efectivas; buenas prácticas de la Unión Europea, disponiendo de unos fondos económicos
que permiten avanzar en la reconstrucción; buenas prácticas en la cogobernanza entre el Gobierno central y las distintas comunidades autónomas; buenas prácticas en el diálogo entre las distintas administraciones implicadas; buenas prácticas en la
transparencia con la que se vivió todo el proceso y del cual la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Sanidad fueron sus máximos exponentes. Y de esa apuesta firme por la transparencia del Gobierno se deriva también nuestro voto afirmativo a
la creación de esta Comisión.


Podríamos continuar con la relación de esta cadena de buenas prácticas, pero permítanme ahora aportar unos datos sobre el proceso de vacunación que comenzó, como saben, en nuestro país -y pese



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al mal augurio de algunos responsables políticos, por ejemplo, el señor Feijóo- el domingo 27 de diciembre pasado. No voy a abrumarlos con cifras que son públicas. Me limitaré a destacar un dato que me parece importante, el informe de
actividad del lunes 15 de febrero pasado recogía que en la semana anterior se habían administrado 456 000 dosis. En el informe del pasado lunes 8 de marzo se pudo ver cómo las dosis de administradas de la semana anterior fueron 882 000 en números
redondos. Es decir, hace un mes se administraban 450 000 dosis por semana, ahora estamos casi en 900 000, esto es, en menos de un mes conseguimos duplicar el número de vacunas administradas. Por cierto, la aprobación inminente por parte de la
Agencia Europea del Medicamento de nuevas vacunas no hará otra cosa que mejorar estas cifras.


Permítanme que vuelva a la cadena de buenas prácticas porque una de ellas, y muy importante, ha sido la estrategia de comunicación y de generación de confianza y esperanza en las vacunas ante estudios que alertaban cierta reticencia de una
parte de la población. Esta estrategia de comunicación se incorporó a la estrategia de vacunación contra la COVID-19 desde el primer documento en diciembre de 2020. Por cierto, un documento participado por la Administración General del Estado, por
las comunidades autónomas, por el Comité de Bioética, por las sociedades científicas, colegios profesionales, asociaciones profesionales y de pacientes, entre otros actores. Son esfuerzos que ya están dando sus frutos, dado el crecimiento de la
aceptación de la ciudadanía en la vacuna como una solución sólida y científica. Debemos también destacar la estrategia de la Unión Europea de compra conjunta de vacunas. La colaboración nos ha hecho más fuertes y el único peligro sería que se
rompiera la unidad de Europa. Sin duda, más Europa nos hace más fuertes.


Dicho esto, no vamos a negar que en la gestión de la COVID-19 también ha habido errores, máxime cuando la toma de decisiones ha sido en todo momento concomitante con el aprendizaje que la ciencia iba recibiendo y nos iba transmitiendo sobre
el virus, algo que no es una justificación, pero sí la constatación de una realidad dura, compleja y difícil. Y, por supuesto, errores también los habrá en el proceso de vacunación. Y sí, tenemos que analizarlos y evaluarlos para que no se
repitan, entendiendo, además, que el objeto de la Comisión solicitada implica investigar comportamientos para los que la Administración competente es la autonómica o, por ejemplo, en el caso de los contratos de vacunas, la Comisión Europea.
Especialmente somos conscientes del descrédito social, de la alarma social ocasionada por determinadas personas, por ejemplo, algunos cargos políticos, obispos, consejeras delegadas de Presidencia, que han accedido a vacunas fuera de turno. Y
también sabemos del comportamiento de responsables políticos que han reprochado todo lo reprochable y han actuado en consecuencia, pero también de responsables políticos que han preferido tratar de excusar lo inexcusable, cuando no de justificar lo
injustificable. También Feijóo es un gran ejemplo. Pero lo cierto es que de los casi cinco millones de personas que al menos ya han recibido una dosis de la vacuna, cinco millones de personas, estamos hablando de elementos marginales que no pueden
ni deben contaminar el éxito que supone este proceso de vacunación.


En definitiva, señorías, sí a la Comisión de investigación, sí luz y taquígrafos, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque.


Máis nada. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Señorías votamos en tres minutos (Pausa).


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA MEJORA DE LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS JÓVENES. (Número de expediente 162/000027).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que hayan
sido autorizadas para emitir el voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño. Además, ruego que abandonen el hemiciclo aquellos que no lo hayan realizado, por favor.


Pasamos a votar las proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes. Se vota en los términos de la enmienda
transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en



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el Congreso, el Grupo Parlamentario VOX, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Plural, la señora Sabanés Nadal, y el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 243 votos telemáticos, 247; a favor, 36 más 121 votos telemáticos, 157; en contra 68 más 114 votos telemáticos, 182; abstenciones, 8 votos telemáticos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU, SOBRE LA REALIDAD PLURILINGU¨E E IGUALDAD LINGU¨I´STICA. (Número de expediente 162/000471).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística. Se votará separada por puntos.


Pasamos a votación el punto 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 244 votos telemáticos, 248; a favor, 13 más 62 votos telemáticos, 75; en contra 91 más 181 votos telemáticos, 272; abstenciones, 1 voto telemático.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda rechazado.


Punto número 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 244 votos telemáticos, 248; a favor, 12 más 61 votos telemáticos, 73; en contra 92 más 181 votos telemáticos, 273; abstenciones, 2 votos telemáticos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda rechazado.


Punto número 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 244 votos telemáticos, 248; a favor, 68 más 126 votos telemáticos, 194; en contra 36 más 117 votos telemáticos, 153; abstenciones, 1 voto telemático.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda aprobado.


Punto número 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 244 votos telemáticos, 248; a favor, 12 más 61 votos telemáticos, 73; en contra 92 más 181 votos telemáticos, 273; abstenciones, 2 votos telemáticos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda rechazado.


Punto número 6.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 244 votos telemáticos, 248; a favor, 12 más 61 votos telemáticos, 73; en contra 92 más 181 votos telemáticos, 273; abstenciones, 2 votos telemáticos.



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda rechazado el punto número 6.


Punto número 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 244 votos telemáticos, 348; a favor, 68 más 125 votos telemáticos, 193; en contra, 36 más 117 votos telemáticos, 153; abstenciones, 2 votos telemáticos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda aprobado el punto número 7.


Pasamos a votar el punto número 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 243 votos telemáticos, 347; a favor, 103 más 187 votos telemáticos, 290; en contra, 1 más 55 votos telemáticos, 56; abstenciones, 1 voto telemático.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda aprobado el punto número 8.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SEÑOR MARTÍNEZ OBLANCA, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO PARA INCLUIR A TODAS LAS POBLACIONES DE LOBO IBÉRICO EN EL LISTADO DE ESPECIES EN RÉGIMEN
DE ESPECIAL PROTECCIÓN TRAS LA RECIENTE DECISIÓN ADOPTADA POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD CON EL RECHAZO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS AFECTADAS, ASÍ COMO SUS GRAVES REPERCUSIONES PARA UNA PARTE MUY IMPORTANTE
DEL SECTOR GANADERO DE LOS TERRITORIOS AL NORTE DEL DUERO. (Número de expediente 173/000054).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos a votar las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca,
sobre el proyecto de orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para incluir a todas las poblaciones de lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Especial Protección tras la reciente decisión adoptada por la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad con el rechazo de las comunidades autónomas afectadas, así como sus graves repercusiones para una parte muy importante del sector ganadero de los territorios al norte del Duero. Se
vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 243 votos telemáticos, 347; a favor, 36 más 107 votos telemáticos, 143; en contra, 68 más 98 votos telemáticos, 166; abstenciones, 38 votos telemáticos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA LA REDUCCIÓN DEL COSTE DE LA FACTURA ELÉCTRICA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS MÁS AFECTADOS POR LA CRISIS DE LA COVID-19 Y AQUELLOS CON ALTA ESTACIONALIDAD
COMO LA AGRICULTURA Y EL TURISMO. (Número de expediente 173/000055).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para la



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reducción del coste de la factura eléctrica de los sectores económicos más afectados por la crisis de la COVID-19 y aquellos con alta estacionalidad como la agricultura y el turismo. Se vota en los términos de la enmienda transaccional
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 105 más 244 votos telemáticos, 349; a favor, 68 más 181 votos telemáticos, 249; en contra, 2 votos telemáticos; abstenciones, 37 más 61 votos telemáticos, 98.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda aprobada la moción consecuencia de interpelación urgente.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN ESPAÑA AL CUMPLIRSE UN AÑO DE LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE IGUALDAD. (Número de expediente 173/000056).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique la situación de las mujeres en España al cumplirse un año de la
creación del Ministerio de Igualdad. Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 244 votos telemáticos, 348; a favor, 36 más 65 votos telemáticos, 101; en contra, 68 más 126 votos telemáticos, 194; abstenciones, 53 votos telemáticos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315 APARTADO 3 DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000083).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto de dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Votamos, en primer lugar, el
dictamen.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 243 votos telemáticos, 347; a favor, 69 más 121 votos telemáticos, 190; en contra, 35 más 114 votos telemáticos, 149; abstenciones, 8 votos telemáticos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda aprobado el dictamen.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, se procede a la votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 244 votos telemáticos, 348; a favor, 68 más 121 votos telemáticos, 189; en contra, 36 más 115 votos telemáticos, 151; abstenciones, 8 votos telemáticos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda aprobada la proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315.3 del Código Penal. (Aplausos).



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- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES. (Número de expediente
122/000109).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del
Poder Judicial en funciones. Votamos, en primer lugar, el dictamen.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 243 votos telemáticos, 347; a favor, 69 más 126 votos telemáticos, 195; en contra, 35 más 116 votos telemáticos, 151; abstenciones, 1 voto telemático, 1.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Queda aprobado el dictamen.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por último, se procede a la votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 243 votos telemáticos, 347; a favor, 68 más 128 votos telemáticos, 196; en contra, 36 más 114 votos telemáticos, 150; abstenciones, 1 voto telemático.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen
jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos).


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 12/2020, DE 31 DE MARZO). (Número de expediente 121/000015).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto de enmiendas del Senado. Proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, procedente del Real Decreto-ley
12/2020, de 31 de marzo. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 243 votos telemáticos, 347; a favor, 104 más 193 votos telemáticos, 297; en contra, 50 votos telemáticos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE RATIOS DE ENFERMERAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN CENTROS SANITARIOS Y OTROS ÁMBITOS (CORRESPONDE A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 120/000018/0000 DE LAS XII LEGISLATURA Y 120/000005/0000 DE LA XIII
LEGISLATURA). (Número de expediente 120/000004).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos.
Corresponde a los números de expediente 120/000018 de la XII Legislatura y 120/000005 de la XIII Legislatura.



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Enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 242 votos telemáticos, 346; a favor, 1 más 33 votos telemáticos, 34; en contra, 103 más 205 votos telemáticos, 308; abstenciones, 4 votos telemáticos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo.


- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS FRENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 1/2021, DE 19 DE ENERO). (Número de expediente 121/000045).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero.


Enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica procedentes del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, presentado por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 242 votos telemáticos, 346; a favor, 36 más 115 votos telemáticos, 251; en contra, 68 más 122 votos telemáticos, 190; abstenciones, 5 votos telemáticos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo.


SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (VOTACIÓN):


- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PLURAL Y MIXTO, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LAS VACUNAS Y EL PLAN DE VACUNACIÓN EN ESPAÑA. (Número de expediente 156/000026).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por último, el punto de solicitud de creación de comisiones de investigación. Solicitud de los grupos parlamentarios Plural y Mixto de creación de una comisión de investigación relativa a
la gestión de las vacunas y el plan de vacunación en España.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 104 más 242 telemáticos, 346; a favor, 104 más 181 telemáticos, 285; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 60 votos telemáticos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En consecuencia, queda aprobada la creación de la citada Comisión de investigación.


Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y veinticinco minutos de la tarde.