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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 78, de 16/02/2021
cve: DSCD-14-PL-78 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 78

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 74

celebrada el martes,

16 de febrero de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Inclusión en el orden del día ... (Página4)


- Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:


- Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom. (Número de expediente 10/000048) ... href='#(Página4)'>(Página4)


Toma en consideración de proposiciones de ley:


- Del Grupo Parlamentario Socialista, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 146-1, de 29 de enero de 2021. (Número de expediente 122/000121) ... href='#(Página4)'>(Página4)


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 96-1, de 17 de julio de 2020. (Número de expediente 122/000065) ... (Página19)


Proposiciones no de ley:


- Del Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento de plazos máximos de resolución en los procesos constitucionales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 189, de 4 de diciembre de 2020. (Número de expediente
162/000456) ... (Página37)


- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 220, de 12 de febrero de 2021.
(Número de expediente 162/000532) ... (Página45)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página54)



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SUMARIO


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


—Inclusión en el orden del día ... (Página4)


La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la inclusión como último punto de la sesión del jueves el dictamen de la Comisión de
Asuntos Exteriores sobre la Decisión 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom, lo que se aprueba por asentimiento.


—Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)


—Del Grupo Parlamentario Socialista, integral para la igualdad de trato y la no discriminación ... (Página4)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Carrillo de los Reyes, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra interviene la señora Toscano de Balbín, del Grupo Parlamentario VOX.


Replica la señora Carrillo de los Reyes y duplica la señora Toscano de Balbín.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Cortés Gómez, del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y la señora Prohens Rigo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


—Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios ... href='#(Página19)'>(Página19)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno en contra interviene el señor Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Replica la señora Zurita Expósito y duplica el señor Mayoral Perales.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Rego Candamil y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano; Esteban Calonje, del Grupo Parlamentario VOX, y
Bravo Barco, del Grupo Parlamentario Socialista.



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—Proposiciones no de ley ... (Página37)


—Del Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento de plazos máximos de resolución en los procesos constitucionales ... (Página37)


Defiende la proposición no de ley la señora Olona Choclán, del Grupo Parlamentario VOX.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Uriarte Bengoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores García Adanero y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural; Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario Republicano; Santiago Romero,
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Olona Choclán.


—Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ... (Página45)


Defiende la proposición no de ley la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario VOX, y Berja Vega, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano, y
Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Fernández Castañón.


—Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página54)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, se aprueba por 59 votos a favor más 101 votos telemáticos, 160; 52 votos
telemáticos en contra; y 51 abstenciones más 82 votos telemáticos, 133.


Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de
propietarios, se rechaza por 45 votos a favor más 113 votos telemáticos, 158; 65 en contra más 114 votos telemáticos, 179; y 8 abstenciones con voto telemático.


Se suspende la sesión a las ocho y veinte minutos de la tarde.



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Se abre la sesión a las tres de la tarde.


INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:


- DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:


- DECISIÓN (UE, EURATOM) 2020/2053 DEL CONSEJO, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020, SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA Y POR EL QUE SE DEROGA LA DECISIÓN 2014/335/UE, EURATOM. (Número de expediente 110/000048).


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir como último punto de
la sesión del jueves el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre la Decisión 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE,
Euratom.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).


En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día. Muchas gracias.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN. (Número de expediente 122/000121).


La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Para la presentación de la iniciativa tiene la
palabra la señora Carrillo de los Reyes.


La señora CARRILLO DE LOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.


Quisiera aprovechar mis primeras palabras antes de comenzar mi intervención para rendir un sincero homenaje a un político incombustible del Partido Socialista que subió a esta tribuna como diputado de las Cortes constituyentes para defender
la legalidad y la igualdad del pueblo gitano. Mi reconocimiento y el reconocimiento de todos y todas a la figura de Juan de Dios Ramírez Heredia. (Aplausos).


Hoy, cuarenta y tres años después, tengo el inmenso honor de presentar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, esta propuesta de ley de igualdad de trato y no discriminación, una ley que viene a reforzar y a mejorar nuestro
ordenamiento jurídico en materia de lucha por los derechos y la dignidad de las personas, especialmente de aquellas que forman parte de los grupos sociales históricamente discriminados en nuestro país. Hoy estamos aquí, señorías, para hablar de
discriminación. Estoy convencida de que algunos de ustedes, especialmente algunas, han sufrido algún tipo de discriminación a lo largo de su vida. La mayoría habrá visto casos con sus propios ojos o será consciente de estos hechos por el
testimonio de alguien cercano. También estoy segura de que algunos afirmarán no haberla sufrido nunca, incluso habrá gente que la niegue, afirmando que la discriminación no existe. Podría relatarles mis propias vivencias, pero no lo haré. Sin
embargo, permítanme que use esta tribuna para dar voz a tantas minorías y grupos sociales que durante años y años han sido silenciados. 11 de marzo de 2004, Laila, hija de inmigrantes marroquíes, cito: 'Mi padre me llevó al colegio como cada día.
Yo, ajena a las miradas, me senté en el pupitre a esperar a que comenzara la clase. Se acercó una de mis amigas y me dijo: Tu padre ha puesto la bomba. Entonces me pisoteó la mochila y se volvió a su sitio. Yo empecé a llorar, nadie me quiso
consolar. Cuando conté lo sucedido a mi profesora, todos lo negaron'. Año 2009, Benalmádena, un grupo de personas, entre las que se encontraban varias con discapacidad intelectual, fueron expulsadas de un bar. La encargada del establecimiento les
indicó que no le parecía conveniente que estuvieran en su local, ya que su presencia podía afectar de manera negativa a la imagen de su negocio. Año 2017, una joven opta a una plaza de enfermera por sustitución en un hospital de Madrid. Durante el
período de prácticas, el coordinador le pregunta de dónde es, insiste en conocer si realmente ha nacido en Sevilla, finalmente le pregunta si es gitana. Al contestar que sí, comienza a pedirle una serie de documentos que antes no le había
requerido, entre ellos el certificado de antecedentes penales. Señorías, a la joven gitana nunca la contrataron. Año 2018, Vicente busca un piso para vivir junto



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a su pareja, y cito: Iñaki y yo habíamos encontrado un piso, era todo perfecto, firmábamos al día siguiente, todo iba rodado hasta que el dueño descubrió que somos una pareja gay. Alegando que en el bloque vivía gente mayor que no lo
entendería, nos ha negado el alquiler.


Señorías, podría ocupar toda mi intervención relatando historias como estas, podríamos subir todos y todas a esta tribuna para poner voz a tantas experiencias, y no terminaríamos nunca este Pleno. La discriminación, por desgracia, se ve, se
palpa, se siente y se sufre. Si en ocasiones todas estas injusticias parecen invisibles no es porque hayan desaparecido, es porque las víctimas no se atreven a denunciarlas. El último informe sobre delitos de odio emitido en España señala que el
82 % de las víctimas de este tipo de delitos no denuncia. A todas estas personas, a quienes alzan la voz y a los que no se atreven todavía a alzarla, quiero decirles una cosa: No estáis solas, no estáis solos, nunca lo habéis estado y nunca lo
estaréis. (Aplausos). Este es el Congreso de los Diputados, es vuestra casa, y leyes como esta, que han perseguido y persiguen la discriminación, son vuestro refugio.


Esta nueva ley que hoy presentamos tiene la vocación de ser el mínimo común normativo del derecho antidiscriminatorio español, reforzando la garantía de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, especialmente en su
artículo 14. Es una ley que da respuesta a las exigencias del cumplimiento de nuestros compromisos internacionales con la Unión Europea, una ley que avanza hacia el camino de lograr una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, a pesar de
todo ello, algunos todavía no se han enterado de que el motor de cualquier sociedad verdaderamente avanzada reside en la riqueza de su diversidad y pluralidad, unos tributos que para muchos de nosotros y nosotras son un auténtico orgullo, el orgullo
de formar parte de una tierra abierta, donde convivimos hombres y mujeres, españoles de nacimiento o españoles de adopción, migrantes internacionales y migrantes en nuestra propia tierra; un país donde viven y conviven cristianos, judíos,
musulmanes, agnósticos y ateos, gitanos y payos, jóvenes y ancianos, blancos y negros; una sociedad inclusiva para las personas con discapacidad; un país que respeta todas las formas de ser y amar. Y es que todas estas personas, señorías, son
nuestros amigos, son nuestras amigas, nuestros vecinos, nuestros familiares, somos nosotras mismas y nosotros mismos. (Aplausos).


Pero si esta ley es necesaria es porque aún hay quienes utilizan nuestras diferencias como bandera del odio, quienes tienen una idea tan pequeña de España que solamente caben ellos, quienes alimentan el discurso del odio, que despoja de su
dignidad al que es diferente, mutilando así sus oportunidades de igualdad. Señorías, las diferencias no son un problema, el problema es el uso de quien las convierte además, entre otras cosas, en los marcadores de frontera entre los seres humanos.
Es verdad que vivimos tiempos muy difíciles; las crisis siempre lo han sido, ya sean económicas, sociales o sanitarias. Son tiempos en los que los intolerantes usan como chivo expiatorio a las minorías sociales para culparlas y responsabilizarlas
de todos los males que aquejan en nuestro mundo. Y en este año de pandemia hemos tenido numerosos ejemplos de cómo ese discurso del odio cala de manera tan profunda que corroe las entrañas de nuestras sociedades y las pudre. (Aplausos).


Señorías de la ultraderecha, hace unas semanas mi compañero Luc André subió a esta tribuna para recordarles algo tan obvio y básico que debería avergonzarles cada día tras escuchar sus palabras. Él decía: 'Los inmigrantes son personas con
la misma dignidad que cada uno de nosotros'. Hoy, mirándoles a los ojos, les digo que las mujeres gitanas también. (Aplausos). Y quisiera evocar las palabras de la portavoz de mi partido y compañera, Adriana Lastra, aquel día, en aquellos
momentos en que sufrió un ataque al pueblo gitano por parte de sus señorías, cuando decía: 'Opre romnia', que en el idioma de los gitanos y de las gitanas que hablan catorce millones de personas en el mundo significa: Adelante, compañera;
adelante, mujeres; adelante, mujeres gitanas. (Aplausos). Y yo digo, señorías de VOX, en mi nombre, en nombre del pueblo gitano y de cada una de las personas que llevan marcadas las cicatrices de los duros latigazos que se reciben a través de
esos discursos del odio, que ustedes además promueven, que jamás volveremos a agachar la cabeza, nunca más. (Aplausos).


Por eso esta ley es tan necesaria; una ley integral, una ley garantista y general, que será un potente instrumento para la lucha contra la discriminación, independientemente de su motivación u origen, y que recoge, a su vez, la creación de
un comisionado de igualdad de trato y no discriminación, una figura con personalidad jurídica propia e independiente que contará con el apoyo de las instituciones públicas para llevarla a cabo; del mismo modo, se establece la puesta en marcha de
una estrategia estatal de lucha contra la discriminación que implica a todos los niveles institucionales; se promueven cambios normativos que permitirán a las personas, sobre todo a los movimientos sociales, emprender acciones legales contra
quienes discriminan, y recoge una serie de sanciones de carácter administrativo para los infractores. En



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definitiva, se trata, señorías, de un texto completo y exhaustivo que viene a dar respuesta a una realidad muy dura e incontestable.


Y si hoy estamos aquí, una vez más, presentando esta proposición de ley es gracias a una persona que luchó incansablemente por hacerla realidad. Hoy estamos aquí gracias a mi compañero Pedro Zerolo (aplausos), que siempre defendió que el
camino de la igualdad comienza con las palabras. Por eso las suyas tienen más vigencia que nunca: 'Discriminar no puede salir gratis'. Pedro Zerolo tiene un hueco en el corazón de todos y de todas nosotras. Tiene una plaza en Madrid, donde cada
año se celebra una de las fiestas más importantes y más bonitas, que es el Orgullo. Y yo os pido que a partir de hoy además tenga esta ley, que será el paraguas bajo el que todos y todas nos resguardemos. De esta manera, él no se habrá ido nunca,
porque quedará su huella, quedará su legado, quedará su lucha: una sociedad mejor, donde quepamos todos y todas. ¡Va por ti, Pedro!


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carrillo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Toscano de Balbín. (Aplausos).


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Con la venia.


Señores del PSOE, tengo que darles una noticia que les va a sorprender: la igualdad ya está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. (Aplausos). Por eso, esta proposición de ley es absolutamente innecesaria. A veces tengo la sensación
de que creen que antes de que llegaran ustedes todo esto era campo. Pues no era campo, ya existía el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. (Aplausos).


La cuestión es que esta proposición de ley no va sobre igualdad. Ustedes siempre adornan con palabras muy bonitas sus propósitos totalitarios y, al igual que los revolucionarios franceses usaban el lema 'Libertad, igualdad y fraternidad'
para cortar cabezas, ustedes hacen lo mismo, pero no para cortar cabezas, sino para cortar libertades. Ese es el propósito real de esta ley. (Aplausos). Con esta proposición de ley, en teoría, nadie podrá sufrir discriminación por razón de raza,
orientación sexual, etcétera -gracias, eso ya existía-, pero añaden nuevos elementos, como, por ejemplo, que no se puede discriminar por razones socioeconómicas. Voy a poner un ejemplo, para que todos los españoles entiendan en qué consiste esta
ley. Diego es un español medio que tiene un bar, está casado, tiene una hija y tiene una segunda vivienda, que alquila para conseguir un poco más de dinero. Pues bien, antes de la ley, Diego puede alquilar su piso a quien él considere conveniente,
la hija de Diego juega en el equipo de atletismo y cuando Diego se queda sin camarero, porque el que tiene se vuelve a su país debido a la crisis económica causada por este Gobierno, contrata a otro sin problema. ¿Qué pasa después de esta ley?
Después de esta ley uno de los que querían alquilar la casa a Diego y que al final no ha podido porque se la ha alquilado a otra persona, como no tiene una buena situación económica y por eso no está dispuesto a pagar lo que se requería y por eso no
la ha alquilado, le denuncia por discriminación por razones socioeconómicas. Y esta ley tiene otra perversión, y es que invierte la carga de la prueba, de modo que no es el que acusa el que tiene que demostrar que ha habido un hecho punible o
sancionable; no, es el acusado, cuando se está vulnerando su presunción de inocencia, el que tiene que demostrar que no ha discriminado, con lo cual Diego tendrá que pagar una multa, que puede llegar hasta los quinientos mil euros. Por otra parte,
la hija de Diego le cuenta que en el colegio está compitiendo en el equipo de chicas con un chico, porque, como se siente niña, por esta ley han tenido que aceptarle, y por eso el chico ha ganado las competiciones. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Y una camarera que Diego no contrató le denuncia por discriminación por razón de sexo, y ahora Diego está rezando para que no le denuncie penalmente por incitación al odio contra las mujeres. (Aplausos). Esto
es lo que les va a pasar a muchos españoles.


Esta proposición de ley es una intromisión gravísima del poder político en la vida de los españoles. Y antes de que empiecen a llamarnos fascistas, quiero dejar claro que VOX es el único partido de este hemiciclo que está favor de la
igualdad ante la ley de todos los españoles y en contra de la discriminación,



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el único. (Aplausos). Sí a la igualdad de derechos, de responsabilidades, de oportunidades, pero nunca a costa de nuestra libertad. (Aplausos). Ustedes con esta proposición de ley quieren castigar al disidente, eso es lo que quieren.
Quieren adoctrinar a nuestros hijos, a los funcionarios, a los jueces, a todos, porque quieren blindar a sus colectivos, a los colectivos que ustedes dicen que están oprimidos -en realidad, están oprimidos por ustedes- y así poder seguir manteniendo
sus chiringuitos de mujeres, LGTBI, inmigrantes, etcétera. Y, por supuesto, que no falten muchos chiringuitos, siempre implícitos o explícitos en todas sus propuestas, porque, como dice su inefable ministra Carmen Calvo, el dinero público no es de
nadie. Así que se impartirán cursos y talleres por asociaciones creadas al efecto, y, por supuesto, por el gran chiringuito que es el comisionado por la igualdad de trato y no discriminación. En poner nombres rimbombantes ustedes son los mejores,
y en gastarse el dinero de los españoles en chorradas también. (Aplausos).


Señorías, en España ya existía igualdad antes de que llegaran ustedes. Ustedes han acabado con esa igualdad. Así que, por favor, no nos vendan igualdad, cuando han promulgado una Ley contra la violencia de género que discrimina y penaliza
al hombre por el hecho de serlo. No nos vendan igualdad, cuando privilegian al colectivo LGTBI por ser LGTBI. No nos vendan igualdad, cuando por culpa del feminismo las mujeres en España tenemos privilegios, subvenciones y paguitas por ser
mujeres. (Aplausos). No nos vendan igualdad con los discapacitados, cuando justifican abortarlos por ser discapacitados. (Aplausos). No nos vendan igualdad, cuando en esta casa tienen libertad de expresión pero firman un manifiesto para
sancionar y multar a los que no pensamos como ustedes. No nos vendan igualdad, cuando los inmigrantes, que son un 12 % en España, reciben el 50 % de las ayudas contra la pobreza. No nos vendan igualdad, cuando por ser trans tienes una plaza
reservada en una oposición a una administración. No nos vendan la igualdad. Les queda muy grande esa palabra. (Aplausos).


Hay una buena noticia en medio de este despropósito, y es que, aplicando la letra de la ley, no cabrá la discriminación positiva. Según dice esta ley, habrá sanciones si se discrimina por razón de edad u orientación sexual. La verdad es
que sería justicia poética que se acabaran sus chiringuitos y sus privilegios por la ley que ustedes mismos han hecho. El Gobierno tiene la obligación de velar por la justicia, por la igualdad ante la ley y por la libertad de todos, sin
discriminación positiva ni negativa. Cualquier medida que se aleje de estos fines, como esta proposición de ley, solo persigue intereses partidistas para beneficiar a unos pocos. Señorías, en España, por culpa de sus leyes de falsa igualdad, del
feminismo y el odio que generan, muchas madres ven cómo acusan a su hijo, inocente, de ser un violador. Hoy yo soy esa madre. Ese niño es mi hijo. Señorías, tiene diez años, es un niño bueno y puro y lo único que tiene en la cabeza es el cole,
los deberes, dibujar, los Pokémon, y tiene que sufrir cómo le llaman violador por ser de sexo masculino e hijo de una diputada de VOX. (Aplausos). No nos insulten hablando de igualdad y de dignidad, porque este odio lo han creado ustedes.
(Aplausos).


Como podemos comprobar, ustedes no protegen al débil. Ustedes utilizan la igualdad como arma de enfrentamiento y para recortar libertades. Los españoles, señorías, quieren vivir en paz, quieren educar a sus hijos según sus creencias, los
españoles quieren trabajar, quieren salud, quieren poder estar con sus familiares enfermos, quieren cobrar los ERTE, quieren que se acabe esta pandemia, quieren que se acabe la crisis económica, no leyes tan inaceptables como esta. Lo que los
españoles quieren es libertad. Lo que VOX quiere es libertad para trabajar, para vender, para comprar, para contratar, para alquilar, para hablar y para pensar. No habrá igualdad real hasta que no dejen de victimizar y privilegiar a las personas y
hasta que no dejen de generar odio. Son ustedes, falsos adalides de la igualdad, los que realmente discriminan. (Aplausos). Respeten el artículo 14 de la Constitución, nada más y nada menos. Tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones
sin que nos traten como a niños tutelados. Respeten nuestra independencia y nuestra libertad, y les pido que, de una vez por todas, saquen sus sucias manos de nuestras vidas. (Prolongados aplausos de las señoras y de los señores diputados del
Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra la señora Carrillo de los Reyes.


La señora CARRILLO DE LOS REYES: Gracias, señora presidenta.


Tengo una pregunta: ¿Todavía hay algún grupo parlamentario que dude en respaldar esta propuesta de ley? Después de escuchar todo esto, ¿todavía hay dudas, señorías? (Aplausos). Quiero decir que he de reconocer que no me ha sorprendido
absolutamente nada el posicionamiento en contra de la Ley de



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Igualdad, que promueve, entre otras cosas, los derechos humanos; no me sorprende porque ya lo habían avisado. 'Yo soy partidario de la discriminación', son declaraciones literales de Santiago Abascal. La hemeroteca está llena de frases
suyas que son la vergüenza de cualquier demócrata. (Aplausos). Otra -cito-: '¿Por qué los gais celebran tanto San Valentín si lo suyo no es amor, lo suyo es vicio?', Juan Pflüger, responsable nacional de prensa de VOX. 'La relación más segura
entre un hombre y una mujer será únicamente a través de la prostitución', Francisco Serrano, quien fuera líder de VOX en Andalucía tras conocerse la sentencia de La Manada. Por cierto, ese era el juez que llamaba a las asociaciones de mujeres
terroristas, feminazis, chiringuitos. Parece ser que el chiringuito lo tenía él. (Aplausos). 'Es una tiparraca -en referencia a la ministra Dolores Delgado-, y de una puta -disculpad la palabra- solo pueden esperarse putadas', Juan José Liarte,
portavoz de VOX de Murcia. (Rumores). 'Feministas -voy a ser breve-, dais asco', Carla Toscano, portavoz adjunta de la Comisión de Igualdad. (Aplausos). O su diputada, Rocío de Meer, llamando estercoleros multiculturales a los barrios donde
viven mayoritariamente gitanos e inmigrantes, en definitiva barrios de clase trabajadora. Y, lamentablemente, no ha hecho falta irse muy lejos para buscar en la hemeroteca, ya que ayer mismo Mariano Calabuig, diputado de VOX en la Asamblea de
Madrid, se refería a nuestra compañera Carla Antonelli como el representante del PSOE. Gracias, compañera, por la valentía que demuestras cada día plantando cara a la ultraderecha. (Aplausos).


Ustedes están llenos de odio, señorías, se alimentan de él, lo consumen y lo propagan, pero deberían preguntarse qué les lleva a odiar tanto. Pues yo se lo voy a decir: el miedo. Ustedes tienen miedo, miedo de perder sus privilegios
(protestas), o lo que es lo mismo, tienen miedo de que los demás ejerzamos nuestro derecho a la libertad de ser diferentes, señorías; de ser diferentes. (Aplausos). Lo que ustedes llaman dictadura progre no es ni más ni menos que garantizar lo
que todos los ciudadanos de este país deseamos: ser iguales y libres, y eso ustedes no lo quieren, no lo soportan; no lo soportan. Tienen miedo de quienes rezan a otro dios distinto al suyo, tienen miedo a quien tiene un tono de piel diferente,
tienen miedo a los valientes que no esconden su identidad o su orientación sexual, tienen miedo a las mujeres sin miedo, por eso decimos: ¡Basta ya! ¡Basta ya! (Aplausos).


Ustedes lo que quieren es devolvernos de nuevo al armario franquista. Si su discurso no fuera tan peligroso les diría que ustedes lo único que dan es lástima, pero cada vez que pronuncian su discurso de odio crecen las cicatrices. Algunas
son visibles, porque se traducen en violencia física, otras invisibles, tejidas con insultos, desprecio y calumnias; todas ellas ataques a la dignidad de quien se atreve a ser diferente. Y olvidan ustedes un aspecto muy importante: nadie está
libre de ser discriminado -nadie-, ni ustedes mismos. Decía Pablo Iglesias Posse que los socialistas no mueren, los socialistas se siembran. (Aplausos). Mientras algunos siembran odio en tierra yerma, los socialistas sembramos igualdad para
construir una España que se sienta orgullosa de su grandeza, de su diversidad y de su pluralidad.


Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carrillo.


Tiene la palabra la señora Toscano de Balbín. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-Pausa.-Una señora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora TOSCANO DE BALBÍN: Señoría, me parece muy mal que mienta aquí, en esta tribuna, porque contar una verdad a medias es mentir. Lo que Santiago Abascal dijo es que estaba a favor de la discriminación para elegir quién entraba en su
casa. Es usted una mentirosa. (Aplausos.-Protestas). Les quiero decir como diputada, pero también como persona, que me parecen miserables las calumnias que lanzan contra VOX, que levanten falsos testimonios contra personas buenas, honradas y
decentes, como son mis compañeros; me parece miserable. (Aplausos). Algún día van a tener que rendir cuentas de todo el odio que han creado contra personas inocentes, porque este odio que ustedes crean hace que se nos demonice, se nos
criminalice, se nos insulte y se nos agreda con piedras, con tuercas, etcétera. (Aplausos).


En VOX no estamos en contra de la igualdad. Repito, somos el único partido que defiende la igualdad ante la ley. Nos importa tanto la igualdad que estamos en contra de cualquier ley que pretenda privilegiar o discriminar, y francamente no
entiendo -y creo que cuatro millones de españoles tampoco lo entienden- por qué hay que dar un trato diferente a una persona en función de su religión, en función de su raza o de su sexo. No lo entendemos. Nosotros sí creemos en la igualdad.
(Aplausos). Creemos que todas las personas, ya sean heterosexuales, homosexuales, ateas, cristianas o musulmanas, somos iguales; son



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ustedes quienes les consideran inferiores, por eso les dan un trato diferente, por eso necesitan cuidarles como a niños, porque ustedes les consideran inferiores. (Aplausos). Para VOX somos todos iguales.


Ya concluyo. Es evidente que aquí hay dos lados. Uno, que apoya la injusticia, la discriminación con la excusa de la igualdad, que apoya los privilegios, que apoya la ideología de género, que apoya la agenda globalista y el totalitarismo.
De otro lado estamos los que apoyamos la justicia, la igualdad y la libertad. Yo creo que hoy ha quedado muy claro para todos los españoles que para defender la igualdad y la libertad solo queda VOX.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Toscano. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.


Si me permiten un momento... (El señor diputado saca su teléfono móvil, selecciona y activa una canción de Pablo Hasél.-Aplausos.-Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señor Botran, muchas gracias por querer compartir... (Rumores.-Protestas).


El señor BOTRAN PAHISSA: Un momento. (Continúa sonando la canción de Pablo Hasél.-Protestas).


La señora PRESIDENTA: Señor Botran, por favor, le pido que continúe con su intervención. (Aplausos.-Protestas).


El señor BOTRAN PAHISSA: Yo creo que era de recibo que hoy que se habla de una ley que atañe a derechos fundamentales se hable de que en el Estado español hoy entra en la cárcel un cantante, como en la más triste de las dictaduras, por
delitos de opinión, y no se escuden detrás de los jueces. En esta Cámara hay responsabilidades en que exista todavía el delito de injurias a la Corona o el delito de enaltecimiento del terrorismo, que se ha instrumentalizado para la persecución
ideológica. Es cierto que desde que ETA dejó la actividad se han incrementado las sentencias por enaltecimiento del terrorismo; precisamente cuando no hay actividad de ETA, se dispara; cuando no hay sentencias por pertenencia a organización
armada se dispara la persecución por lo que llaman enaltecimiento del terrorismo. (Protestas). Esto es también discriminación y esto es también discriminación ideológica. (Aplausos). Hace precisamente una semana alguien que difundió un vídeo
disparando contra miembros del Gobierno tenía archivada su causa, algo que me parece mucho más agresivo, mucho más directo que una letra de una canción o que unos tuits, y hoy -recuerdo- entra en la cárcel un cantante. Esto es de vergüenza.


Sobre la ley que nos trae aquí haré tres comentarios. Por supuesto que es importante combatir las discriminaciones que actualmente no entran en el Código Penal. Es necesario actuar no solo sobre el discurso, porque puede parecer que la ley
solo actúa sobre el discurso discriminatorio, sino que estos discursos tienen luego consecuencias en agresiones. El discurso de discriminación a la mujer tiene consecuencias en agresiones machistas; el discurso de discriminación racista tiene
consecuencias en agresiones racistas que se incrementan, como constatan todas las ONG que se dedican a analizar los delitos de odio, y así con todos los colectivos que deben quedar amparados por cualquier ley contra la discriminación. Es el caso
también de los sintecho, la aporofobia es también un grave delito de odio que tiene sus consecuencias. (Aplausos). Sin ir más lejos, la semana pasada en Barcelona unos neonazis trataron de quemar viva a una persona que vivía en la calle. Eso por
supuesto tiene que ser atacado de raíz.


Un par de comentarios más. En la ley catalana que se aprobó en esta legislatura en el Parlament, que por cierto fue una ley promovida en su mayoría por mujeres -la mayoría del grupo ponente eran mujeres-, hubo un trabajo muy intensivo y
profundo para las definiciones de la discriminación, y eso es muy importante en cuanto se abra la ponencia por la siguiente razón: que no se giren estos delitos de odio, como pasa muchas veces en que las víctimas se convierten en verdugos y los
verdugos en víctimas. Por eso es tan importante el trabajo de las definiciones. (Aplausos). Solo discrimina quien tiene poder para discriminar. No se puede considerar que discrimina un rapero a un rey. ¡En qué cabeza cabe que el amenazado es el
rey y no el rapero! El delito de odio se ha usado también para perseguir a quien critica



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a gentes poderosas, y eso no puede producirse al amparo de una ley, que es para proteger a los colectivos históricamente oprimidos y vulnerables.


Y un tercer y último comentario: esta ley debe también tener consecuencias en los discursos de odio que se dan en esta Cámara, y lo hemos vuelto a ver hace unos minutos, volviendo a relacionar la inmigración con un supuesto favoritismo a la
hora de recibir prestaciones sociales. Se vuelve a oír este discurso de odio cuando se relaciona la migración con la delincuencia o con las agresiones sexuales. Esto es una vergüenza, y una ley como esta debería tener consecuencias también en los
discursos de odio que se emiten en esta misma Cámara. (Aplausos). Hoy mismo la fiscalía ha anunciado que investigará a VOX por delitos de islamofobia, por su discurso islamófobo. No es nada distinto a lo que acostumbran sus señorías a escupir
desde esta tribuna. Por tanto, estemos atentos y atentas, esta ley debe tener consecuencias también en los discursos de odio que se dan en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Botran.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Arratsalde on guztioi. En primer lugar, ya que hablamos de igualdad de trato y no discriminación, vaya desde aquí nuestro abrazo a Pablo Hasél y nuestra denuncia frente a este injusto encarcelamiento cometido por este Estado. ¡Aún
tendremos que seguir escuchando a este Gobierno decir que en España hay plena normalidad democrática! Miren, señorías, en este Estado se permite que fascistas y neonazis exalten al nazismo y al franquismo impunemente, mientras se encarcela a un
rapero por cantar verdades como que los Borbones son unos ladrones. Los vascos y las vascas también sabemos bien lo que es la injusticia española. Por eso, Pablo, euskaldunok zurekin gaude. Eutsi. Ánimo.


Hoy el PSOE trae a este hemiciclo una proposición de ley para la igualdad de trato y no discriminación. Para empezar por el principio, les diré que esta ley es muy clarificadora. En primer lugar, en su propuesta, señorías del PSOE, asumen
y reconocen literalmente que en este Estado, que en España existe la discriminación por razón de nacimiento, origen racial, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad y
situación socioeconómica y social, es decir, si no eres blanco, hombre, católico, heterosexual, sano, con dinero y español, muy español, en España se te discrimina. Efectivamente es muy clarificador. Nos alegramos, señorías del PSOE, de que por
fin acepten lo que muchas llevamos denunciando décadas. Ahora seguirán ustedes diciendo que España es una democracia plena, aunque sepan que repiten una mentira. En segundo lugar, necesitarán más, mucho más que una ley para acabar con la
discriminación, porque, señorías del PSOE, efectivamente en este Estado los jueces, los fiscales, la policía, los medios de comunicación o los políticos tratan diferente y discriminan por raza, género, orientación sexual, condición económica u
opinión. Quizá, solo quizá, esto tenga algo que ver con el 'atado y bien atado' que ustedes nunca se atrevieron a desatar. Quizá sea el momento de acabar con todo esto, porque si no esa discriminación, ese odio al diferente presente en todos los
pilares del Estado -y cada vez con más fuerza también en las calles e instituciones- se llevará por delante derechos y libertades que costó décadas conquistar. Esperemos que sean valientes y le planten cara.


Nos preguntamos, ¿no sería mejor hacer leyes específicas, con medidas específicas para acabar con las diferentes discriminaciones y con las situaciones que las producen? ¿Cómo puede una sola ley acabar con todo el entramado que producen
discriminaciones en tantos ámbitos? ¿Cómo puede una ley atajar la discriminación de la población migrante, de las personas LGTBI, de las personas trans o de las discapacitadas por igual? Nos encontramos ante una proposición de ley que abarca mucho
y que se presenta con muchas prisas, sin haberla consensuado con los agentes a los que se dirige ni con los movimientos sociales que llevan años en la lucha por los derechos de los colectivos que sufren diferentes discriminaciones. Esta no es
nuestra manera de trabajar. En lugar de poner en el centro las verdaderas necesidades de las personas más vulnerables, que son a las que se dirige esta ley, se están poniendo en el centro los intereses partidistas del PSOE, y nuestra formación no
está dispuesta a colaborar en ello.


Si analizamos esta proposición de ley desde la perspectiva de las políticas migratorias y la multiculturalidad, observamos cómo esta proposición de ley contiene serias contradicciones con la actual legislación de extranjería y la realidad de
los no derechos y de las discriminaciones que viven las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. En definitiva, no cuestiona el racismo estructural



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que atraviesan las políticas migratorias del Estado español, tal y como lo observamos a diario en la frontera sur, en Canarias, en cualquiera de nuestras calles en el terreno laboral, en el acceso a la vivienda o en todas y cada una de las
oficinas de extranjería. Actualmente, la mayor expresión del racismo es institucional, un racismo estructural que atraviesa todas y cada una de las políticas migratorias del Estado español. La más conocida como Ley de Extranjería es la columna
vertebral de esas políticas migratorias estatales. (Aplausos). Un sistema de apartheid legal que afecta a decenas y miles de personas del sur de Euskal Herria y a muchas más en el conjunto del Estado.


En cuanto al derecho de la igualdad de trato y no discriminación en el trabajo, se debiera tener en cuenta también la situación de las mujeres migrantes en el ámbito de los cuidados y en el sector doméstico. Ellas siguen siendo a día de hoy
empleadas por cuenta ajena a las que se les niega, entre otros derechos, la prestación por desempleo. Nos hacemos eco también de la lectura de la Plataforma Khetane, en representación del pueblo gitano. Vemos necesario recoger las
reivindicaciones, por una parte, del antigitanismo, y que se mencione, por otra, en el articulado para que tenga una mayor relevancia jurídica y una mayor aplicabilidad.


Para finalizar diré que a Euskal Herria Bildu nos parece fundamental disponer de competencias y soberanía para poder disponer de unas políticas migratorias y de multiculturalidad propias, con las que sí podamos garantizar los derechos
humanos. De esta manera reivindicamos una vía vasca para la convivencia intercultural, la igualdad de derechos y la inclusión social de todas las personas, que tenga en cuenta la especificidad lingüística, cultural social y política de nuestro
pueblo, y que garantice la ciudadanía plena a todas las personas que residen en nuestro territorio.


Hoy nos abstendremos para permitir que esta ley se tramite, pero ya les advertimos que exigiremos muchos cambios en su tramitación, y también les exigimos a ustedes, a los partidos del Gobierno, que muestren un poco más de responsabilidad y
acaben con toda esta pelea interna, que flaco favor hace a los miles de personas que están esperando leyes que aseguren sus derechos. Dejen de jugar con cosas tan serias.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pozueta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


No voy a perder ni un minuto con las diatribas de la representante de VOX, pero cuando ha salido a esta tribuna y ha gritado aquello de: mire lo que gritaban los revolucionarios franceses de libertad, igualdad y fraternidad, para después
cortar cabezas, me da la sensación de que se sentía usted mucho más cómoda con el absolutismo del rey Luis XVI. Aquellos no cortaban cabezas, evidentemente; hacían otras cosas. En cualquier caso, les pega más.


La definición que da el diccionario de 'vodevil' es algo así como comedia teatral de trama basada en los enredos. Me da la sensación de que con este tema ha aflorado una vez más, no sé si llamarlo guerra, pero sí el enredo que el Partido
Socialista y Podemos están escenificando últimamente. Aunque más parece esto una obra shakespeariana con sus celos, traiciones, usurpaciones, apariencias, engaños, ansias de poder a puñaladas, armonías ficticias, etcétera, pero todo mucho menos
serio. Ustedes conocerán su programa de gobierno y a quién le compete qué, pero desde una perspectiva de espectador curioso y lleno de perplejidad, incluso de aturdimiento, este show de protagonismos que estamos viendo y padeciendo no nos parece
serio. Que yo sepa, el Ministerio de Igualdad le corresponde a Podemos, pero la maternidad de la criatura es del Partido Socialista, y ustedes no están dispuestos a dárselo en adopción a nadie. Miren, la igualdad en cualquier ámbito nos parece una
cosa bastante más seria como para andar jugando a ver a quién le toca, y ahora lo presento yo, y ahora me enfado yo. Son ustedes Gobierno, hagan las cosas más seriamente, por favor.


¿Por qué, por lo tanto, esta proposición de ley? Ustedes están en el Gobierno, podrían haber traído un proyecto de ley. Nadie les puede impedir que lo hagan, es su competencia, pero creo que la respuesta la tenemos en el capítulo anterior,
donde he citado las desavenencias que ustedes tienen, aunque no voy a volver a enredar en algo notorio y explícito. Vayamos a lo que es el texto en sí. Esta es la cuarta vez que tratamos este tema. Bueno, tres más una que pudo haberse tratado.
Tiene su historia la pretensión de convertir este texto en el mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español mediante el establecimiento de sus garantías básicas, tendentes a la



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protección real y efectiva de las víctimas, materializando la completa trasposición de las directivas que ya sabemos y que ya se han citado, así como la trasposición parcial realizada por la Ley 62/2003, tal y como se recoge en el preámbulo
del texto. Esta proposición de ley tiene su historia, porque ya he dicho que llevamos varias legislaturas por estos lares, conocemos su génesis e incluso su tramitación y negociación, allá en 2008, si no me equivoco, con Leire Pajín de ministra y
con Ramón Jáuregui, con quien estuvimos negociando. Después se truncó la legislatura de Zapatero, volvieron ustedes a traerla en 2013 y volvimos a debatirla en 2018, cuando ya llegó hasta el trámite de ponencia. Pero el destino es muy suyo y la
volvió a trastocar con un fin de ciclo legislativo, y aquí está de nuevo. Parece que es una proposición de ley condenada a deambular por esta Cámara.


Tuvimos incluso otra proposición de ley del Grupo Podemos que parece que competía por dar todavía más derechos, y esa también llegó a ponencia. En cualquier caso, vamos a partir de este texto. Entendemos y compartimos los criterios que se
plantean en esta proposición de ley: impulsa la aplicación transversal de la igualdad de trato; se pretende crear un instrumento eficaz contra toda discriminación que pueda sufrir cualquier persona, y que aborde todos los ámbitos desde los que se
pueda producir, acogiendo la concepción más moderna de los derechos humanos, y estableciendo una serie de procedimientos cuya efectividad permita la tutela y reparación en toda su integridad de este derecho. Nada que objetar. Además, tenemos que
decir que el texto que ustedes han traído, afortunadamente, no es el texto original, sino que es el texto que, tras pasar por ponencia en la anterior legislatura, ha venido modificado. Y con modificaciones, además, que nos parecen positivas, porque
algunas carencias ya tenía de por sí. Por ejemplo, el artículo 2.4 admitiendo parcialmente una enmienda del Partido Nacionalista Vasco, el apartado 4 del artículo 7 que incluye los establecimientos militares, porque nos parecía flagrante que el
régimen del Ejército y los miembros de las Fuerzas Armadas estuvieran exentos de lo que propone esta ley. ¡Faltaría más! Creo que han hecho bien en incluirlo, porque si hay algún sitio donde históricamente ha habido discriminación es en el Ejército
español. Además de otra serie de modificaciones -no voy a hacer una lista de todas ellas-, como, por ejemplo, el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la Administración de Justicia, que fue planteada también por nuestro grupo en una
de las enmiendas formuladas, etcétera. Por tanto, hay modificaciones importantes que ya nos permiten trabajar a partir de algo que ya está.


Pero mi último minuto lo quiero dedicar también a las discrepancias que tenemos con este texto, porque las mostramos entonces, las enmendamos y las seguimos mostrando porque siguen apareciendo en el texto. ¿Y cuál es la principal? Que
tienen un capítulo entero dedicado a sanciones e infracciones y creo que, desde una perspectiva jurídica -no sé si legislativa-, no le compete, no le corresponde a esta ley ser la sancionadora y la que marque las infracciones. Esto es una ley de
derechos, es de otra manera; yo creo que no le corresponde. Porque ustedes tienen un título entero dedicado a las infracciones y las sanciones y, como digo -permítanme discrepar-, es controvertido el establecimiento en esta ley, en el título 4, de
un régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación. La creación de un sistema de infracciones administrativas en esta materia puede ser controvertida en sí misma como poco, por añadir una potestad
administrativa sobre ciertas actuaciones de los ciudadanos, cuya sanción social quizá debería dirimirse en los tribunales de justicia y no en las administraciones públicas.


El texto de la proposición establece también unos tipos leves, graves, muy graves, etcétera, y es una cuestión que espero, si se tramita, podamos discutir y enmendar. Nosotros vamos a pedir la supresión entera de la misma.


La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, tiene que terminar.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Finalizo.


Solamente quiero decir que la estrategia estatal, el artículo 31, no nos convence. Creo que es competencia de las comunidades autónomas y que son las comunidades autónomas las que tienen que desarrollar esta materia.


Finalmente he de decir que votaremos afirmativamente a la toma en consideración -antes también lo hicimos-, y esperamos que esta ley valga para algo, y no solo para llenar de bonitas palabras actuaciones en esta Cámara.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Agirretxea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.



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La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, hoy vengo a esta tribuna realmente emocionada por la iniciativa que hoy debatimos, porque tiene un especial significado para mí. En esta norma empecé a trabajar profesionalmente en el año 2009 en un grupo de expertos en el que
estábamos personas especializadas en el campo del derecho antidiscriminatorio y ONG, con Pedro Zerolo. Una norma que creo que da respuesta a lo dispuesto en el artículo 14 y al artículo 9.2 de nuestra Constitución, a la Declaración Universal de
Derechos Humanos y a la Directiva 2000/78 en el ámbito del empleo, pero, principalmente, lo que hace es trasponer adecuadamente la Directiva 2000/43, ampliándola y mejorándola, porque lo que hace es abrir los supuestos de la discriminación no solo a
la parte racial o étnica, sino a dar integralidad. Porque, en mi opinión, en el campo del derecho antidiscriminatorio hay que tener la perspectiva de la igualdad desde un punto de vista integral. Nuestra sociedad no se establece en compartimentos
o por grupos, sino que la igualdad hay que defenderla de una manera integral para crear cohesión.


Cuando hablamos de igualdad y derechos humanos quiero poner igualmente de manifiesto hoy algo que ya saben, porque en algunas otras ocasiones que me he subido a esta tribuna ya lo he dicho: talla política, señorías. Además, quiero decir
que hay que tener talla política a nuestros miembros del Gobierno porque me parece totalmente lamentable que se estén peleando por quién se pone la medalla por defender la ley de igualdad de trato (aplausos), cuando lo que deberían hacer realmente
es ponerse de acuerdo y estar todos a una en un marco normativo que es totalmente necesario. Todas las fuerzas políticas, sin excepción, deberíamos estar unidas en esto. Señorías, lamentablemente, aunque tenemos nuestro artículo 14 de la
Constitución, siento mucho decirles que hay personas que van a buscar un empleo y son rechazadas; que quieren alquilar o comprar una vivienda y son rechazadas; que quieren acceder a un establecimiento o utilizar un bien o servicio y son
rechazadas. Y el motivo del rechazo es por ser gitanas, por ser personas migrantes, por ser personas discapacitadas, por ser mujeres, por ser LGTBI o por ser personas pobres. Esta es la realidad de la discriminación cotidiana que vive muchísima
gente en nuestro país. (Aplausos). Dejemos de ser hipócritas y mirar para otro lado, señorías, porque esta es la realidad de la discriminación.


Por lo tanto, es un marco legal totalmente necesario. Por eso, Ciudadanos ya en la anterior legislatura se posicionó a favor de esta norma, porque la discriminación nos hace peores como sociedad. Además, hay datos, no es solo una
percepción -lamento decirles que yo la he vivido, en primera persona en mi casa-, es que el Eurobarómetro de discriminación de la Comisión Europea nos sigue diciendo que un tanto por ciento muy elevado de las personas en España, más o menos el 39 %,
no quiere que sus niños y niñas compartan pupitre con niños gitanos. Además, según el Eurobarómetro juvenil de 2019 la discriminación por origen racial o étnico y por condición y género son causas por las que los jóvenes viven situaciones de
rechazo. Igualmente, muchas mujeres viven situaciones de rechazo y por eso se accede a muchísimos menos puestos directivos y de responsabilidad. De todo ello hay datos, por ejemplo, la Fundación Secretariado Gitano publica todos los años un
informe e invito a una gran parte de esta Cámara a que se lo lea porque podrán ver con casos concretos todo esto que les estoy intentando explicar y a qué me estoy refiriendo.


Esta norma ya se trabajó en la anterior legislatura y nosotros celebramos que una parte de nuestras propuestas estén incluidas, porque se incluye la aplicación de la discriminación en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, se aplica
el ámbito de Internet y de las actividades deportivas, se aplica la intervención de la Inspección educativa para garantizar el respeto y el derecho a la igualdad de trato, al igual que se abordan las situaciones de discriminación en Internet y en el
ámbito de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, ya tiene algunas mejoras incluidas.


Ahora bien, tengo que ser crítica y es en lo que nosotros vamos a trabajar. Proclamas, ya tenemos suficientes. Ya se lo he dicho: marco normativo estatal y marco normativo europeo. Yo necesito una ley efectiva, efectiva por dos lados.
Por un lado, hay que sensibilizar a nuestra sociedad. Miren, corrigiendo comportamientos se sensibiliza, porque si vamos a 140 kilómetros/hora por una autovía y nos meten una multa nos están sensibilizando y nos están diciendo lo que esta sociedad
no tolera. ¿Por qué? Porque hay que proteger unos bienes jurídicos superiores. Pues lo mismo sucede en este campo, hay que establecer un marco normativo que tenga un régimen sancionador taxativo, señorías, que es lo que esta normativa que hoy nos
presentan no tiene, porque si no, jurídicamente es inaplicable. Por lo tanto, no me sirve el régimen sancionador que se nos presenta, y tendremos que mejorarlo en el trámite oportuno. Y por otro lado, el núcleo fundamental de esta norma, que
además ya lo dice la recomendación de ECRI -ya está bien la de veces que nos han tirado de la orejas tanto ECRI como el CERD, todos los comités internacionales en relación con esta norma-, es la independencia de ese comisionado. Ya les adelanto que
el nombre no



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me gusta mucho porque no me suena a un organismo muy independiente. Por tanto, organismo independiente, régimen taxativo y mejorar la protección a las víctimas son los tres horizontes en los que desde nuestro grupo parlamentario vamos a
trabajar.


Ahora bien, quiero terminar mi intervención haciéndoles una llamada a la responsabilidad. De cara al exterior, nuestra sociedad necesita sensibilización social con esta materia porque todavía hay mucha gente que discrimina y rechaza por
prejuicios y estereotipos a muchos grupos de población. Demos ejemplo. Señores del Gobierno, den ejemplo de cómo hay que tratar esta materia. Den ejemplo, por favor. Ciudadanos estará porque sabe lo que es ser rechazado por personas sectarias,
porque lo ha vivido en sus propias carnes. Sin embargo, lo que quiero es responsabilidad cuando esta materia se aborde en el oportuno trámite parlamentario.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Trae hoy el Grupo Socialista aquí la toma en consideración de esta proposición de ley, y lo primero que nos preguntamos es por qué no lo hacen como un proyecto de ley. ¿Será porque no son capaces de ponerse de acuerdo en el Gobierno, que no
son capaces de ponerse de acuerdo entre el PSOE y Podemos? En todo caso, estamos delante de una propuesta que consiste en reciclar el proyecto de ley que presentaron en 2011 con el Gobierno de Rodríguez Zapatero en forma casi de copia y pega, muy
poco riguroso. Coincidimos en el diagnóstico de fondo, en el Estado español siguen produciéndose discriminaciones a diario y por muy distinta razones: por el origen, el sexo, la orientación sexual, la condición social y económica e incluso por la
lengua. Pero esta realidad evidente no puede dar por válidas algunas de las cuestiones que se incluyen en el texto propuesto y tampoco las ausencias. Así, por ejemplo, incomprensiblemente, regulan la discriminación y afiliación a los partidos
políticos, cuestión que, por cierto, no se incluía en el texto anterior, algo que, en nuestra opinión, choca directamente con el respeto a la libertad ideológica. Pero, claro, cuando en la actualidad se discrimina y persigue por motivos ideológicos
-ahí está hoy mismo la detención de Pablo Hasél, al que expresamos la solidaridad del Bloque Nacionalista Galego y reclamamos su libertad-, cuando el PSOE vota en contra en esta Cámara de despenalizar las llamadas injurias a la Corona y apuesta por
mantener delitos de opinión en el ordenamiento jurídico español, tampoco nos sorprende excesivamente.


Pero, curiosamente, no aparece una sola referencia a la discriminación lingüística, cuestión en la que el Estado español ha sido reconvenido por incumplir reiteradamente la Carta Europea de las Lenguas. Este tipo de discriminación es
ignorado en la propuesta, parece que no interesa, pero supone que miles de personas cada día no puedan desarrollarse libremente en su lengua y que sean discriminados por utilizarla. Discriminación que curiosamente ejerce en muchos casos la propia
Administración, que no garantiza a los ciudadanos y ciudadanas que puedan utilizar cualquiera de las lenguas oficiales del Estado. El último caso se dio hace apenas una semana en una comisaría de policía de Vigo. Con carácter general la
proposición de ley elude la responsabilidad en materia de discriminación por parte de la Administración pública y descarga todo su peso en la sociedad civil. Dice que, de producirse, se perseguirá y se limitan a atribuirlo a la acción individual de
los empleados públicos de turno, sin reconocer que existen formas de funcionamiento internas que promueven estas actitudes.


La señora PRESIDENTA: Señor Rego, ha terminado su tiempo.


El señor REGO CANDAMIL: Cuando la policía actúa en función, por ejemplo, de la apariencia étnica, racial o económica o no existen aplicaciones en todas las lenguas, es la propia Administración la que está provocando discriminación.


Nos parece que hay demasiados aspectos en los que no concordamos en esta ley, que en todo caso deberían ser corregidos.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Errejón Galván.



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El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.


Esta proposición de ley contra la discriminación amplía la libertad de todos, pero hay que reconocer que llega en un día sarcástico para la libertad. Hoy la policía ha entrado en la Universitat de Lleida para detener a un cantante. No sé a
qué estamos esperando en este Congreso para derogar todos los delitos de opinión y desde ya, desde el Gobierno, indultar a Pablo Hasél, en primer lugar, para no pasar la vergüenza internacional de que nuestro país encarcele a raperos y artistas, y
en segundo lugar, porque las ideas, nos parezcan lo que nos parezcan, no delinquen.


Esta ley es importante y necesaria. Hay que reconocer que lleva diez años en la agenda esperando a ser aprobada, que cuenta con amplio respaldo de la sociedad civil y que supone un avance en derechos para miles de personas, básicamente para
que nadie en España sea tratado como un ciudadano de segunda. No es verdad que la ley tenga que tratar igual a los que son desiguales. Cuando hay profundas desigualdades sociales, la ley tiene que tratar diferente a los diferentes para poder
igualarnos.


Sin embargo, todos sabemos lo que hay de aquí de fondo. Hoy de fondo -aunque nadie lo nombre- está la discusión de la ley trans y por eso, después de diez años, esta propuesta viene aquí así, de forma acelerada. Yo les digo, señores del
Gobierno, a unos y a otros, que no pueden usar esta Cámara para meterse el dedo en el ojo unos a otros. Yo les digo que esta ley es necesaria, pero que es peligroso poner a competir los avances en derechos de unos sectores y de otros, porque
ampliar los derechos nunca va en detrimento de nadie. Nosotros vamos a votar a favor de esta ley y vamos a votar a favor de la ley trans cuando llegue a este Congreso de los Diputados y les pedimos que no pongan a competir los avances en derechos.


Porque mientras tanto en nuestro país sigue la violencia permanente y cotidiana contra las personas trans y hay que hablar de ella. Ayer se cumplieron tres años del suicidio de Ekai, un chico de dieciséis años, de Vizcaya, que tras años de
calvario por ser tratado como un enfermo, se quitó la vida. España tiene una deuda de dolor y de humillación con las personas trans que no se salda solo con la ley que hoy debatimos aquí, porque las personas trans tienen que dejar de ser tratadas
como si tuvieran una enfermedad. Ese dolor es un dolor cotidiano, es el dolor de que no puedas pedir cita para ir al ginecólogo; es el dolor de Alexandra a la que en el juzgado de Castellón le hicieron bajarse los pantalones para acreditar el
cambio de género en el registro; es el dolor de Eva Vildosola, a quien cuando salía de su casa, en Barcelona, persiguieron a gritos de 'puto travelo' y 'engendro' y le patearon en el suelo, o es el dolor del chico trans al que hace menos de una
semana en Toledo le pegaron al grito de 'a ver si pegas como un tío o como la tía que eres'. Por eso es tan peligroso y tan repugnante que ayer un canalla intentara humillar a Carla Antonelli llamándole por el género masculino. Esas burlas
socarronas, primero, son burlas, y después, muchas veces y demasiado a menudo, se convierten en palizas por la noche.


Hay que superar la Ley de 2007. Hay que abandonar la patologización de las personas trans porque las personas trans no están enfermas, solo están enfermos los que odian. En realidad no tenemos que discutir lo que quieren ser las personas
trans, porque las personas trans no quieren ser nada, son quienes son. Lo que quieren es vivir en libertad y para vivir en libertad hace falta una vida en la que todo el mundo esté libre del miedo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, presidenta.


Bona tarda a tothom. En este Estado, el Estado español, donde los ultras campan a sus anchas con sus banderas nazis, con sus esvásticas tatuadas, con su cruz gamada, con sus himnos, con sus homenajes a la División Azul, quemando a pobres en
las calles, apaleando a personas trans en las calles, matando en las fronteras, pegando a activistas que van a las calles contra el fascismo y el racismo, pegando a jóvenes migrantes, matando a personas negras, etcétera, en este mismo Estado, donde
pasa todo esto que acabo de decir, también se encarcela a personas, a cantantes, a artistas, por decir verdades con su música. Libertad, Pablo Hasél; libertad de expresión. (Aplausos).


En el Estado español, si eres negro tiene 42 veces más posibilidades de que te pare la policía, según un estudio. Una investigación centrada en la actuación de la Policía Nacional en la estación de autobuses de Granada refleja
identificaciones discriminatorias hacia las minorías étnicas. Pedir la documentación a una persona basándose en su color de piel o en perfiles étnicos o raciales criminaliza a las minorías,



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según APDHA. Las personas andaluzas que hay aquí seguro que conoce esta plataforma. Las personas pertenecientes a los grupos más frecuentemente identificados sienten miedo y la sociedad mayoritaria percibe que se les detiene porque están
cometiendo algún delito. Este estudio también apunta eso. Ser una misma se puede pagar con la vida. Están apaleando y matando a las personas trans por tener una orientación sexual o identidad de género diferente.


La señora PRESIDENTA: Señora Carvalho, perdone que la interrumpa un momento. Es para reiterarle algo que ya tuvimos ocasión de debatir en esta misma tribuna. Utilice la libertad de expresión mediante la palabra, pero, por favor, que no
vaya acompañada de pancartas o de expresiones por escrito.


La señora CARVALHO DANTAS: ¿Qué pancarta? ¿Esta? (Señala una pegatina de su tablet en la que pone: FORA VOX).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


La señora CARVALHO DANTAS: No es una pancarta...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Carvalho.


La señora CARVALHO DANTAS: No es una pancarta, es una pegatina.


La señora PRESIDENTA: Una pegatina, me da igual.


La señora CARVALHO DANTAS: No es una pancarta, es una pegatina de la Unidad contra el Fascismo y el Racismo.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carvalho. (La señora Carvalho Dantas retira su Tablet.-Pausa).


La señora CARVALHO DANTAS: Cuando diga usted. ¿Puedo continuar?


La señora PRESIDENTA: Sí.


La señora CARVALHO DANTAS: Urge que se apruebe la ley de igualdad de trato y no discriminación. Es una vergüenza que todavía no haya una ley como esta en el Estado español. Es un absurdo, sobre todo porque, como acabo de decir, aquí
existen discriminaciones, existe racismo. Es muy importante también hablar del racismo estructural, del racismo institucional, que en esta casa no se asume, no se asumirá nunca. Ojalá algún día se asumiera por los sucesivos Gobiernos. Todavía no
se ha hecho efectivo el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación por razón de creencias, de convicciones, de discapacidad, de origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, de género, expresión de género, etcétera. Urge erradicar el
racismo y cualquier forma de persecución, por todos los motivos que acabo de decir. Esta ley deberá incluir de forma integral las definiciones fundamentales del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación, como hemos hecho en Cataluña, y,
sobre todo, las garantías básicas que permitan a toda la ciudadanía disfrutar de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin discriminación, con independencia de cualquier circunstancia personal o social.


Vamos a votar a favor de la igualdad de trato, porque somos antirracistas, por convicción, pero también porque si votáramos que no daríamos paso a que la bancada del odio, de la extrema derecha y de las derechas de esta casa podrían impedir
la aprobación de esta ley que es absolutamente importante. Pero, ¡ojo!, señoras del PSOE, no vale venir aquí a pedir un sí para esta ley e impedir que la ley trans no vaya al Consejo de Ministros. Esto no vale, una cosa u otra. Necesitamos las
tres leyes: la ley LGTBI, la ley trans y esta. El Grupo Republicano votará por las tres. Es más, vamos a llenar esta proposición de ley de enmiendas -no sé si la han leído ustedes muy bien, pero yo sí-, porque blinda de alguna manera la Ley de
Extranjería y la Ley mordaza, una gran línea roja por la que nosotras no estamos dispuestas a pasar. (Aplausos).


La ley también debe ser de aplicación en todos los ámbitos y contener medidas explícitas para que se cumpla. Debe ser una ley integral, en la que esté presente la Función pública, la negociación colectiva, organizaciones políticas,
sindicales, empresariales, profesionales, de interés social o económico, espacios de participación política, cívica y social, educación, salud, servicios sociales, atención a la infancia, adolescencia, jóvenes, mayores personas con discapacidad,
vivienda, establecimientos y espacios abiertos al público, en medios de comunicación social y sociedad de la información, cultura, deporte,



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libertad de creencia, Administración de Justicia y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La ley debe defender y promover el derecho.


La señora PRESIDENTA: Señora Carvalho, debe terminar, por favor.


La señora CARVALHO DANTAS: Acabo, señora presidenta. La ley es muy importante. Hay personas que están muriendo, porque no sé si ustedes saben que el racismo mata.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carvalho.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Cortés Gómez.


El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, un pacto es un acuerdo de voluntades que conlleva el cumplimiento de determinadas obligaciones. Hasta aquí todo fácil. Pues bien, en el caso
que nos ocupa, el acuerdo era registrar la ley que hoy debatimos de manera consensuada y con la firma de los partidos que forman parte del Gobierno de coalición. Por ello, me veo obligado a preguntarles a los diputados y diputadas del Grupo
Socialista: ¿qué les ha movido a actuar de esta manera desleal con Unidas Podemos, su socio de Gobierno, presentando esta ley de manera unilateral?


Tras un proceso de trabajo dialogado durante seis meses, he de confesar que nos sorprendió enterarnos por las redes sociales de que sus señorías registraban, en solitario, una ley bautizada como Ley Zerolo. Hoy es martes de carnaval, y el
Grupo Socialista, a la vez que el Consejo de Ministros bloquea el avance de los derechos de las personas LGTB, utiliza el nombre de uno de los mayores referentes en materia de derechos y libertades civiles de este país -y que Unidas Podemos también
reconoce-, Pedro Zerolo, para disfrazar el contenido de la ley de igualdad de trato, haciéndola pasar ante la opinión pública por algo que no es. De este modo, se desvirtúa en su fondo y forma el pacto de coalición, consistente en sacar en esta
legislatura -como ya se ha indicado aquí- tres leyes antidiscriminatorias distintas: la ley de igualdad de trato, que hoy debatimos; pero, también, dos relativas a los derechos de las personas LGTB, y la famosa ley trans.


Pero, entremos en materia, señorías, y veamos por qué era fundamental cumplir con la obligación de trabajar juntos por la igualdad sobre la base de nociones comunes y no sobre la base de nociones unilaterales. La ley que hoy trae a esta
Cámara el Grupo Socialista es una ley demasiado tímida -y esto también lo ha dicho alguna de las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra-; pierde la oportunidad de dotar a nuestro país de una vacuna potente contra el odio, de una
vacuna que erradique tanto las nuevas formas de propagación del odio como todas las formas de discriminación estructural e institucional. Podríamos contemplar dotar a esta ley de un rango mayor, pues las materias que pretende regular implican el
desarrollo del artículo 14 de la Constitución, y además, dos directivas europeas, como aquí se ha mencionado: la Directiva 2000/43 y la Directiva 2000/78, además de los artículos 20, 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.


Pues bien, tal y como intuye el artículo 81 de nuestra Constitución, las normas que protegen los derechos fundamentales deben legislarse a través de leyes orgánicas, y esta contemplación podría permitir, entre otras cosas, trabajar de manera
más profunda y con mayor garantía en medidas de acción positivas, tanto en las políticas de redistribución como en las políticas de reconocimiento, por ejemplo, modificar la Ley de Educación para erradicar la segregación o guetización de los centros
educativos y, asimismo, incluir modificaciones curriculares para que en la educación obligatoria se estudie la historia del pueblo gitano, los hechos históricos que han atentado contra los derechos humanos, así como la historia y efecto en el
presente del colonialismo o los alcances trágicos del holocausto en todas sus dimensiones.


Permitiría también -como aquí se ha mencionado- modificar la Ley de Extranjería para que las personas migrantes, víctimas de delitos graves, sean protegidas y no se les incoe un expediente de expulsión al denunciar su padecimiento. Esta
modificación evitaría una doble victimización que hoy sufren, por ejemplo, las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Asimismo, permitiría entre otras cosas modificar el Código Penal para mejorar la redacción de los delitos de
odio, de tal forma que los grupos históricamente discriminados puedan estar mejor protegidos. Y no quiero dejar de mencionar las recomendaciones que recientemente han hecho a España tanto el Parlamento Europeo como el Consejo



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de Europa al mencionar que el antigitanismo debe situarse al mismo nivel que el antisemitismo. Por cierto, en esto ya nos ha adelantado por la izquierda un país como Rumanía. De momento, nada de esto sería posible con la actual versión de
la ley que propone el Grupo Socialista.


Hablando de imperfecciones democráticas, hoy es un día en el que los partidos progresistas no debemos permanecer indiferentes ante lo que está pasando en nuestro país. Mientras que el sábado con total impunidad un cura oficiaba un acto de
apología al nazismo ante una cohorte neonazi, esta misma mañana el rapero Pablo Hasél ingresaba en prisión tras ser detenido por los Mossos en la Universidad de Lleida. Esto no solo es anómalo desde un punto de vista democrático, esto es el mundo
al revés: milicias neofascistas libres para diseminar odio y artistas en prisión por cantar en verso lo mismo que publican los periódicos nacionales e internacionales sobre el rey fugado emérito.


Una ley de igualdad de trato no se puede permitir el lujo, señorías, de perpetuar la impunidad de quienes señalan, persiguen y agreden a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, arrojándolos así, directamente, a los pies de los
caballos de la extrema derecha y contribuyendo a la expansión del neofascismo tanto en España como en el resto de Europa. Señorías, tenemos la oportunidad de dotar a nuestro país de una vacuna contra el odio y la discriminación, tenemos la
responsabilidad de no volver a repetir el eterno error del que nos advertía la activista y escritora afroamericana Marian Wright Edelman, que decía: Estamos a tiempo de evitar que las nuevas generaciones de niños y niñas de nuestro país crezcan con
el veneno que los adultos no han tenido el valor de eliminar.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cortés.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Prohens Rigo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora PROHENS RIGO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señores y señoras diputadas, no quisiera empezar mi intervención sin condenar la manifestación antisemita que tuvo lugar este fin de semana en Madrid. El antisemitismo creciente en diferentes sectores de la sociedad no puede encontrar
espacio ni por acción ni por omisión. Esta proposición de ley que nos presenta hoy el Partido Socialista nace de la necesidad de adaptar diferentes directivas y recomendaciones, pero llega a este Congreso envuelta de una polémica que no tiene nada
que ver con la preocupación por el racismo, la xenofobia o la discriminación, sino por esta lucha sin cuartel entre el PSOE y Podemos; una lucha para ver quién sostiene la pancarta del feminismo y la igualdad, una lucha de egos en la que unas veces
gana un bando y otras, otro, pero en la que siempre pierden los mismos: los vulnerables, las mujeres, los menores, las personas con discapacidad.


En esta ocasión, el Partido Socialista presenta una iniciativa que -hay que reconocerlo- viene de un texto trabajado la pasada legislatura entre todas las fuerzas políticas. Pues bien, este texto ha contado con el informe desfavorable del
Ministerio de Igualdad. Resultado del partido: PSOE 1, Podemos 0, política de igualdad: menos 10, porque estas son las posiciones que ha caído España en el ranking de igualdad desde que ustedes -el supuesto Gobierno feminista- están en el poder:
menos empleo femenino, menos educación, más desigualdad. A las puertas de un nuevo 8-M este es su balance, a las puertas de un nuevo 8-M el Ministerio de Igualdad ha conseguido en un solo año la oposición a sus políticas de todo el movimiento
feminista.


Pero, sigamos con los datos que han provocado sus políticas. España fue el país de la Unión Europea donde más creció el desempleo entre las mujeres en el año 2020, casi 3 puntos, más del doble de la media europea. Se agranda la brecha de
desigualdad y hay un récord de desempleo entre los jóvenes en la Unión Europea con una tasa de paro del 40 %, un millón de personas por debajo de la línea de la pobreza y 800 000 personas más en pobreza severa y un 18 % de hogares con todos sus
miembros en paro.


El papel lo aguanta todo, y nosotros compartimos la filosofía de esta ley y la necesidad de una normativa transversal contra la discriminación frente a leyes sectoriales y que opere ante cualquier tipo de discriminación, pero muchas de las
cosas que reflejan en esta ley no casan con la realidad de sus políticas ahora que sí llevan dos años gobernando. Hablan ustedes de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mientras ignoran que Naciones Unidas
ha advertido a España que la Ley de eutanasia maltrata la discapacidad contribuyendo a su estigmatización. ¿Rectificarán? Hablan de la Directiva de accesibilidad de la Comisión mientras que los partidos que están en el Gobierno han presentado
enmiendas a la totalidad al texto de la ley de accesibilidad cognitiva. ¿Rectificarán?



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Hablan de los derechos de los niños mientras castigan a los niños con discapacidad al no poder elegir el centro educativo que más se adecue a sus necesidades. ¿Rectificarán? Hablan del informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la
Intolerancia mientras ignoran a las ONG, al juez del CIE y a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que tachan de desoladoras, inhumanas e intolerables las condiciones de hacinamiento en las que se mantienen los migrantes en Las Palmas. Hablan
de principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mientras fracasa el Plan MeCuida. Se cargan el complemento de maternidad en las pensiones o la prestación por hijo a cargo y, por último, hablan de discriminación a las personas
mayores. Desde el Partido Popular hemos registrado iniciativas contra la soledad crónica o el edadismo mientras su vicepresidente ha dejado abandonadas a las residencias, a los centros de ancianos y ha condenado a la soledad más cruel a nuestros
mayores durante esta pandemia.


Para cumplir con muchos de los preceptos de esta ley deberán dar un giro de 180 grados a su gestión. Aun así, anuncio nuestra abstención a la toma en consideración de esta ley. ¿Es una ley necesaria? Sí. ¿Nace de una lucha entre el
Gobierno? También. ¿Pretenden que el resto de partidos inclinemos la balanza? También. Y les avanzo que vamos a presentar enmiendas para que esta ley conjugue de manera inequívoca las políticas contra la discriminación con la seguridad jurídica
y la libertad individual de los ciudadanos, enmiendas que rechazaron en el último texto que se vio en esta Cámara.


Los centros de educación diferenciada, por ejemplo, según sentencia del Constitucional, de abril de 2018, no son causa de discriminación formando parte del ideario de cada centro y de la libertad de enseñanza. Ustedes, excusándose en la no
discriminación, no pueden dejar sin financiación pública a estos centros como tampoco pueden eliminar los centros de educación especial. (Aplausos).


Tampoco estamos de acuerdo con la creación de una nueva estructura administrativa, aparte de entrar en colisión con estructuras ya existentes en estos momentos de esta crisis sin precedentes, no toca; 736 es el número de altos cargos -que
ha pulverizado cualquier récord con los que cuenta este Gobierno- mientras se han negado a destinar 71 millones de euros del incremento de altos cargos a la lucha contra la creciente pobreza infantil y cuando incluso tienen una Dirección General
para Igualdad de trato y Diversidad con un presupuesto destinado solo a personal y estudios. Ninguna medida, ninguna propuesta. También estaremos atentos a que esta ley no suponga ningún retroceso en las políticas de las mujeres por el hecho de
ser mujeres, ni cambio de terminología, ni borrado. Asimismo, vigilaremos los artículos referentes a la vivienda y seguridad ciudadana porque con ustedes legislando siempre peligra la propiedad privada y la defensa de los cuerpos y fuerzas de
seguridad.


Acabo ya. Todos los Gobiernos, sean del signo que sean, han dado pasos hacia una mayor igualdad y para desterrar cualquier forma de discriminación en esta sociedad. En el Partido Popular mostramos nuestro compromiso en seguir avanzando.
Además, en la pandemia que estamos viviendo, la mala gestión sanitaria, económica y social no ha sido gratuita en términos de racismo, antigitanismo o desigualdad. Por ello, nuestro compromiso a trabajar en esta ley para mejorarla, alejándonos del
ruido que ha provocado este Gobierno, porque, como dice nuestro presidente, Pablo Casado, somos el partido de todos los españoles, vivan donde vivan, amen a quien amen, hablen la lengua que hablen y recen al Dios que recen.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prohens. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL Y PARA LA CONVIVENCIA VECINAL Y LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y COSAS EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. (Número de expediente
122/000065).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal
y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Zurita Expósito.


La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos.


Señorías, voy a empezar por algo que no podemos obviar. Todos tenemos un compromiso con este país, el primero, el de nuestro juramento, y ese compromiso es defender los valores constitucionales que



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nos amparan a todos -a todos- y que son el marco de nuestros derechos y libertades. Lo que no puede ser es que tengamos un Gobierno que no lo asuma y que contribuya al caos, un caos que los españoles no merecen. No podemos obviar la gran
preocupación de los españoles por la okupación. Venimos todos de campaña en Cataluña y, pese a los resultados, que para nosotros no han sido buenos, hemos escuchado, sentido y palpado la tristeza, la inquietud y la inseguridad de muchos ciudadanos
frente a algo tan grave como es la okupación, una lacra que se ha extendido hasta tal punto que se producen más de cuarenta okupaciones diarias, que los datos se han duplicado desde 2019, desde siete mil okupaciones a casi catorce mil en 2020, y en
algunas comunidades autónomas hasta se han triplicado, siendo España el país europeo que no solo es que tenga una legislación laxa, es que con los últimos reales decretos aprobados se incita a la okupación, algo inconcebible en un Estado de derecho.
(El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).


Este cartel (muestra un cartel) está colgado en las calles de una ciudad española, y dice: '¿Te quieres emancipar? ¿No puedes pagar el alquiler? ¿Has pensado en okupar? Juntos lo resolveremos'. Esto a los comunes les puede parecer
absolutamente normal, pero yo les garantizo que al común de los mortales nos parece una absoluta aberración. (Aplausos). Y por cosas como esta estos días en la calle hemos sentido también la aprobación de la gente, porque hemos tenido la valentía
de recurrir al Tribunal Constitucional una ley de la Generalitat donde se legalizaba la okupación, una ley que permitía impunemente ocupar una vivienda sin pena, una ley que premia al okupa y que penaliza al ocupado, una ley que considera vacía una
vivienda okupada, a fin de cuentas una ley que incita a okupar, lo que es una llamada a la comisión de un delito y es un ataque a la propiedad privada, y eso, señorías, no lo podemos consentir.


Y lo más grave es que es una ley que ha sido el preludio de los últimos reales decretos-leyes que hemos debatido en esta Cámara, el Real Decreto-ley 37/2020 y el Real Decreto-ley 1/2021, y cada uno de ellos conlleva un ataque directo a la
propiedad privada y a nuestros derechos fundamentales constitucionales. Por un lado, la expropiación temporal de una vivienda ante un procedimiento de impago y, además, sin compensación. Esto es importante, porque son medidas gratis para el
Gobierno, que carga todo sobre los propietarios de las viviendas. Y encima en esos decretos hay que justificar que causan un perjuicio económico. Pónganse en el lugar de que a ustedes les roban la cartera. A lo mejor no tenían dinero dentro, pero
solo de pensar que es un delito que se protege lo que crea es una inseguridad tal que no sales de tu casa. Por otro lado, la oficialización de la okupación.


Señorías del PSOE y de Podemos, han disfrazado el hurto de derechos constitucionales de política social, de protección a los más vulnerables, y no es así. Las únicas medidas de vivienda que ha aprobado el Gobierno son un ataque claro y
directo a la propiedad privada. Si quieren proteger el derecho a la vivienda de las familias vulnerables, creen vivienda social, dejen hacer vivienda asequible, hagan viviendas y den seguridad jurídica para que otros hagan lo que ustedes son
incapaces de hacer. No se puede justificar su ineficacia atacando la propiedad privada. Ustedes con una mano protegen a los okupas frente al ataque a la propiedad privada y con otra inician el desahucio de familias que viven en viviendas públicas.
¡Ya está bien! (Aplausos). Y no confundan, desalojar a un okupa no es un desahucio, es recuperar un bien, es desalojar a alguien que está haciendo uso de algo que no es suyo.


Señorías, okupar es un delito y como tal hay que tratarlo. Por eso, hoy traemos aquí nuestra proposición de ley integral contra la okupación, cuyo principal objetivo es el desalojo, un desalojo en doce horas, casi inmediato, en doce horas
un okupa a la calle. Lo primero que hay que poner por delante es que no se puede mezclar ni confundir una política efectiva de vivienda con proteger la okupación. Con respecto a las familias vulnerables, la Administración tiene que hacer su
trabajo, lo que ha hecho siempre el Partido Popular. Señorías, cuando llegamos al Gobierno en 2011, saben que España estaba sumida en una profundísima crisis donde la gente era desahuciada sin piedad, y además gracias a una ley socialista de
desahucio exprés. Nosotros hicimos la Ley de protección a los deudores hipotecarios, con la que resolvimos el problema, moratoria en 2013, y en 2017 ampliamos la moratoria de desahucios hasta 2020, que es la que el Gobierno ha vuelto a prorrogar.
Estamos de acuerdo en que el Gobierno haya ampliado el plazo de previsión de desahucios hasta el fin del estado de alarma. Nos parece bien e incluso más, si es preciso, pero nos parecería mejor que, en paralelo, se resolvieran dos cosas que ya
hemos dicho: la alternativa habitacional en procesos de desahucio, cuestión que ya estaba resuelta en el Plan de vivienda vigente del Partido Popular, pero el Gobierno se ha encargado de anular esos contenidos; y que se contemple también la
situación del arrendador vulnerable, que se garantice a través del mismo proceso judicial que, si bien no puede haber un desahucio si se justifica la vulnerabilidad del inquilino, se garantice el pago al arrendador, que puede encontrarse a veces en
peor situación económica.



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Por otro lado, las ayudas del Gobierno, que no han funcionado. Si funcionaran sus ayudas al alquiler diseñadas para los efectos de la pandemia, nadie se vería abocado a un desahucio y nadie se vería abocado a okupar siguiendo la invitación
-vamos a decirlo así- del Gobierno. No se puede sustituir su ineficacia incitando a la comisión de un delito. (Aplausos). ¿Qué solución es esa de: Yo, Administración, no trabajo y me dedico a publicitar que okupen las casas de la gente? ¡Por
Dios! Podemos consensuar la protección de las familias vulnerables, y el Partido Popular fue el primer partido que tomó medidas para la protección de los deudores hipotecarios, pero lo que no se puede hacer es política de vivienda bajo el paraguas
de la ocupación ilegal. Llevamos años trabajando en esto y ustedes, señorías del Partido Socialista, saben que estuvieron a punto de sumarse al consenso que existía en 2018 con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que proponía el
desalojo en cinco días. Pero no fue así, no se sumaron, porque ustedes no quisieron, se vendieron por un plato de lentejas, como Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Y después salió adelante, se aprobó con algunas carencias, pero sin el Partido
Socialista, que ya empezó a ser cómplice de Podemos en las tropelías contra la propiedad privada.


En esa modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil quedaron pendientes personas jurídicas y, además, todo el cúmulo de circunstancias colaterales que acompañan al fenómeno de la okupación y que desde el Partido Popular entendemos que hay
que dar una solución integral. Nuestra proposición de ley es una proposición integral e indivisible que, además de solucionar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, resuelve otras situaciones colaterales al fenómeno de la
okupación. Es el tratamiento de la okupación como delito penal, es la defensa de la propiedad privada, es la garantía de la seguridad ciudadana, la protección contra las mafias, la restricción de derechos a quien comete un delito, y para ello lo
primero es garantizar el desalojo en doce horas, primero voluntariamente y, si no, llevando a cabo las determinaciones de la ley. Es revertir el procedimiento actual; primero los derechos del propietario. Y para ello nuestra ley define
exactamente lo que es la ocupación como acto delictivo. Define por primera vez lo que es la ocupación ilegal, que es la tenencia o disfrute de un inmueble ajeno; regula la lucha contra las mafias, estableciendo penas de cárcel y que las
comunidades de propietarios puedan intervenir. En defensa de la seguridad ciudadana, se da potestad a las comunidades de propietarios para que puedan ejercer acciones de protección y denuncia en caso de que esté ausente el propietario. Son las
comunidades de vecinos y los entornos urbanos en los que se instaura la okupación los grandes sufridores de comportamientos incívicos y de la inseguridad que generan. Además, un inmueble ocupado ilegalmente no podrá tener la consideración de
domicilio o morada, de manera que los ilegales no gocen de la misma protección que una persona que tenga una vivienda en compra o en alquiler y la haya costeado con su esfuerzo. Por lo tanto, se considerará nula la inscripción en el padrón
municipal cuando la persona que intente inscribirse en él sea un ocupante ilegal. Modificamos la Ley de Enjuiciamiento Civil a fin de introducir delitos de usurpación de inmuebles, y el Código Penal, donde todas las medidas de usurpación son
castigadas.


Para terminar, señorías, no podemos desmantelar nuestro Estado de derecho ni convertir nuestro país en un paraíso okupa. Señorías del Partido Socialista, hoy tienen la oportunidad de apoyar una ley que reclama toda la sociedad, menos sus
socios de Gobierno. Ustedes tienen la última palabra. Ustedes deciden si están con los que amparan el delito o con los que perseguimos el delito.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Tiene la palabra el señor Mayoral Perales.


El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señor presidente.


Señorías, ¿por dónde empezar? Esto es una proposición de ley que, la verdad, es un calco. Yo no sé cómo estarán los señores de Ciudadanos, pero deben tener un mosqueo importante porque es la misma que presentaron ellos, las medidas son las
mismas. En el fondo es una ley Colón, es una ley de aquellos que entienden que ha llegado el momento de la criminalización de la pobreza, que es el momento de responder ante una situación como la que tenemos en nuestro país, donde hay más de 80 000
familias y se calcula que en torno a 270 000 personas están viviendo en situación de precariedad y que, al mismo tiempo, no tienen recursos económicos como resultado de la crisis anterior. Y, además, nos dicen que esto es en defensa de la propiedad
privada. La cosa tiene mucha miga. Y tiene mucha miga porque para que esto se pueda decir hace falta la memoria del pez. Digo la memoria del pez, porque en este país desde 2008



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se han ejecutado centenares de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria ilegales, declarados por el Tribunal de Justicia Europeo ilegales; viviendas que fueron puestas en manos de las entidades financieras y que han acabado a precio
de saldo en manos de fondos buitre. Pero eso no les importa, eso no es algo que a ustedes les importe.


¿Cuál es el origen, la causa, el problema de que nos encontremos ante una situación tan grave como la que tenemos de infravivienda? Porque hablemos con propiedad, nos referimos a una situación de infravivienda. ¿Esto es la primera vez que
ha pasado en nuestro país? No, no es la primera vez. Los procesos de concentración urbana en España tuvieron como resultado la generación de miles de infraviviendas en los entornos urbanos de nuestro país, construidos sobre terrenos de forma
ilegal por personas que durante el día construían sus casas con cuatro paredes, y si conseguían cubrir aguas, se podían quedar dentro y, si no conseguían cubrir aguas, les tiraban las casas. Así se construyó el barrio de Usera, el de Orcasitas en
concreto; así se construyó el barrio del Pozo del tío Raimundo y tantos otros barrios en las conurbaciones de nuestras ciudades durante esos años. Y cuando llegó la democracia, no se planteó utilizar las excavadoras y realizar un movimiento de
miles de personas utilizando la violencia del Estado, no, se miró desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de los derechos humanos.


¿Y qué se hizo? Se hicieron planes de inserción social, evaluación del impacto, participación vecinal en esos planes, abordar la situación de la exclusión social desde un punto de vista social, buscando alternativas. Y eso tuvo como
resultado, inclusive, los diseños de barrios nuevos en los cuales los vecinos incluso llegaron a participar del diseño de sus propias calles y de sus propios barrios. Pero no estamos en ese momento. Decía un escritor hace tiempo algo que yo les
aplicaría a ustedes: ustedes no están contra la pobreza, ustedes están contra los pobres.


Lo digo porque hemos oído hace un momento que acaban de introducir el delito de usurpación en el Código Penal. Bueno, de verdad, a veces yo creo que la Cámara merece un respeto. Porque esto se introdujo en el año 1995 en el Código Penal
español. Es cierto que no forma parte de nuestra tradición jurídica; en nuestra tradición jurídica era un ilícito civil y el propietario, si quería recuperar, iba a un procedimiento civil y el juez le restauraba la posesión y listo. Eso ha sido
así prácticamente desde los romanos, porque de hecho para poder encontrar un antecedente a la tipificación del año 1995 nos tenemos que ir a la dictadura de Primo de Rivera, ni durante todo el franquismo esto estuvo tipificado. ¿Por qué? Porque no
tiene sentido. El problema fundamental es la vivienda abandonada, pero de eso no vamos a hablar. ¿Para qué vamos a hablar de la vivienda abandonada? ¿Para qué vamos a hablar de los edificios que los fondos buitre tienen vacíos y que se están
cayendo a pedazos y que amenazan la convivencia en las ciudades? ¿Por qué vamos a hablar de eso? ¿Por qué vamos a hablar de un delito tipificado en el Código Penal que se llama detraer del mercado bienes de primera necesidad para alterar
artificialmente el precio de las cosas? ¿Por qué vamos a hablar de eso si ese tipo lo ejecutan gente poderosa? De eso no vamos a hablar porque no nos interesa.


Además, desde la hipocresía más absoluta, nos dicen que lo que hay que hacer es vivienda social; que ellos lo que plantean en este caso es aplicar el Código Penal, pero que hay que hacer vivienda social. Y nos lo dicen los que en medio de
la mayor crisis económica y social que se ha vivido hasta ahora -la que viene veremos a ver- vendieron 5000 viviendas sociales en la Comunidad de Madrid, 3000 la comunidad y 2000 el ayuntamiento. El Tribunal Supremo, por cierto, ya les ha dicho que
tienen que ejecutar la sentencia, o sea, que ya que no se aquietaban a cumplirla motu proprio, ya hay un auto de ejecución que dice que tienen que recuperarlas, que son viviendas sociales y que son necesarias para la población. Así que cumplan la
sentencia y den ejemplo de que respetan los derechos sociales de nuestro pueblo. (Aplausos).


Resuelta insultante ver el texto desde el momento en que se cuestiona incluso la propia doctrina del Tribunal Constitucional referida al domicilio particular, intentando reinstaurar principios que fueron expulsados de nuestro ordenamiento
jurídico después de que se aprobase la ley Corcuera, con resolución explícita del Tribunal Constitucional en cuanto a qué se considera domicilio en nuestro ordenamiento jurídico. Ustedes lo recuperan y lo quieren meter aquí, en una ley, simplemente
porque quieren competir con los tercios del rey. Pues miren, les va mal competir con los tercios del rey; dedíquense a otra cosa, céntrense en mirar a la Unión Europea y a la derecha democrática. A este país le hace mucha falta una derecha
democrática, porque no hay derecha democrática de ámbito estatal, no existe, desgraciadamente no la tenemos. (Aplausos). Esa es una carencia, y hace falta para el debate político en este país. Pero para eso es necesario entender que la
Declaración Universal de Derechos Humanos es un consenso. No



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se puede decir en un texto que el derecho a la propiedad privada es un derecho, pero que el derecho a la vivienda es un principio rector porque lo dice la Constitución. Pues repasen la Constitución: artículo 96, sobre los tratados
internacionales; artículo 10, sobre la interpretación de las normas de acuerdo con los derechos humanos. Repasen: firma y ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; repásenlo. Repasen el protocolo
facultativo del Comité DESC de Naciones Unidas, firmado y ratificado por nuestro país, que reconoce las resoluciones del Comité DESC como resoluciones aplicables a nuestro país. Repasen, porque al hacerlo, al reconocer el sistema internacional de
derechos humanos, se acercarán a ser una derecha democrática. Se lo digo con mucho pesar; se lo digo con mucho pesar porque en estos momentos tan aciagos y difíciles que vamos a vivir y que estamos viviendo es necesario establecer el parteaguas de
quién está de acuerdo con el cumplimiento íntegro de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los protocolos que la desarrollan y de quiénes trabajan por socavarlos. Ustedes, desgraciadamente, con este texto se están poniendo del lado de
aquellos que pretenden socavar nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia).


Fíjense, resulta que, como les comentaba, nosotros hemos firmado y ratificado el protocolo facultativo y hemos reconocido al Comité DESC como un órgano que informa nuestro ordenamiento jurídico con sus resoluciones. En esta Cámara lo hemos
discutido en varias legislaturas anteriores; de hecho, aprobamos una resolución para que se reconociesen esas resoluciones. Bien, pues yo les recomiendo leer la comunicación 126637/2018, se lo recomiendo. En el punto 17, recomendaciones
generales, se menciona la garantía de no repetición en una resolución concreta contra el Reino de España por el incumplimiento del derecho a la vivienda, porque el derecho a la vivienda está en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho, no solo
como un principio rector. Al firmar y ratificar el protocolo facultativo lo reconocimos como un derecho y entró en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho que, evidentemente, el conjunto de las fuerzas políticas que integramos el Legislativo
tenemos la obligación de concretar y de concretar estas resoluciones. En estas garantías de no repetición de la vulneración de un derecho plantea desarrollar un marco normativo que regule los desalojos de personas de sus viviendas, incorporando que
las autoridades judiciales lleven a cabo un examen de proporcionalidad entre el fin perseguido de la medida y las consecuencias sobre las personas desalojadas, así como la compatibilidad de esta medida con el pacto en todos los casos, incluidos
aquellos de ocupación sin título legal. Naciones Unidas. Esto lo que nos viene a decir es que la pobreza no se combate con cárceles, sino con políticas sociales, y que es evidente que para hacer políticas sociales hay que sentar la mano a los
privilegiados, hay que decir a los grandes fondos que tienen que respetar a nuestro pueblo, y eso significa limitar el derecho a la propiedad.


Ustedes, cuando hablan del derecho a la propiedad, parece que están en otra época. Léanse los tratados internacionales en materia de derechos humanos, léanse nuestra legislación. Cuando dicen que no se puede limitar el derecho a la
propiedad, les invito a que hagan una llamada a don Jaime Botín. El señor tenía un cuadro de Picasso que se había comprado y decidió que lo iba a vender fuera, y no podía. ¿Por qué? Porque es patrimonio histórico y no se lo puede llevar. La
propiedad está limitada a su función social; la propiedad está limitada a su función social en un Estado social y democrático de derecho, eso es verdad. En aquello que plantea el señor Hayek de que prefiere una dictadura liberal a una democracia,
ahí no hay límites, pero eso es pinochetismo y eso está muy lejos de la democracia, y lo que nos hace falta en un momento como este es reforzar los valores democráticos. Yo les invito a que lo hagan, les invito porque es importante que una fuerza
como la suya esté del lado de los derechos humanos. Abandonen la tentativa reaccionaria por competir con aquellos que quieren resucitar la dictadura en nuestro país con la disolución de partidos políticos y con la privación de derechos
fundamentales a amplios sectores de nuestra población. Sepárense de ese camino.


Y termino. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor.


El señor MAYORAL PERALES: Termino. Dice José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: La democracia en un país se pone en solfa desde el momento en el que el Partido Comunista está en el Gobierno.
Hoy un rapero entra en la cárcel. Este fin de semana se manifestaban en defensa de una unidad militar del ejército nazi, algo que se viene haciendo además desde hace bastante tiempo; desgraciadamente, hemos visto cómo en nuestros cuarteles se
cantaban himnos de esta unidad militar nazi y solamente eran penados con una falta leve.



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La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Señor Mayoral, tiene que terminar.


El señor MAYORAL PERALES: Termino ya. A esto le llaman normalidad democrática (protestas), a esto le llaman normalidad democrática.


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio.


El señor MAYORAL PERALES: Desgraciadamente, en demasiadas ocasiones la justicia emana del pueblo, pero se manipula en nombre del rey.


Gracias. (Rumores.-Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.


Tiene la palabra la señora Zurita Expósito.


La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidenta.


Señor Mayoral, siempre le digo que no grite, porque por mucho que grite y diga todo tipo de cosas aquí, en esta tribuna, no va a tener razón.


Usted ha hablado de política de vivienda, de políticas sociales, de derecho a la vivienda, de Naciones Unidas, ¿por qué no se sumó esta mañana a esa proposición no de ley que presentamos en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana para crear una bolsa de vivienda social y asequible? Porque no les interesa, porque lo único que les interesa es el exprópiese, como dicen ustedes (aplausos); vamos a controlar los alquileres, vamos a controlar la propiedad privada, vamos a
facilitar la ocupación y vamos a apoyar un delito. En eso es en lo que se resume todo su discurso, en que están apoyando un delito. Y le digo que no porque nos insulte tiene razón. Con tanto que habla de fondos buitre, estos días me he acordado
muchísimo de usted; me he acordado, aunque no me gusta la palabra, pero tampoco le debe gustar a su amigo, el señor Monedero. (Muestra un recorte de prensa). El señor Monedero, según esta noticia, cobró 35 000 euros de un fondo inmobiliario por
asesorías a tres países. (Rumores). ¿Estos eran buitres? (Aplausos). ¿Eran buitres? Ya me contestará; ya me contestará si eran buitres o qué eran.


Como usted sabe, todas esas medidas que ustedes defienden lo que hacen es disfrazar la política social. Disfrazan de política social el hurto de nuestros derechos constitucionales, y no van encaminadas a los fondos, van encaminadas a la
gente, señor Mayoral, a los 4 millones de españoles que tienen el alquiler como complemento de su renta y su pensión. Usted sabe como yo que el 95 % del alquiler en España nos son fondos, son personas físicas, es gente, son pequeñas empresas. Solo
un 5 % está en manos de sus fantasmas, de esos buitres que le acechan a usted constantemente y de las socimis, que -usted conoce el dato como yo- solo destinan el 8 % de sus activos a vivienda. Cuando ustedes quieren legalizar la okupación
amparándose en derechos humanos atacan un derecho fundamental, atacan a los españoles trabajadores, ahorradores, pensionistas. Señor Mayoral, la democracia empieza por respetar los valores constitucionales, algo que parece que no va con usted.


Mire, yo le creería a usted si usted me diera, por ejemplo, un criterio fijo de la definición de gran tenedor; grandes tenedores a los que, según usted, les tienen que caer las siete plagas de Egipto. En el Decreto 11/2020, que ustedes van
autoenmendando cada martes, un gran tenedor es una persona que tiene diez viviendas o 1500 metros cuadrados de superficie entre sus propiedades. En la ley catalana eran quince, en la Ley de emergencia habitacional que ustedes trajeron en la pasada
legislatura eran cinco, después fueron ocho. Yo creería su discurso si me dijera un criterio coherente, pero es que no lo tiene; el único criterio que tiene usted es atacar clara y directamente a la propiedad privada, y eso ni es democracia ni es
ser constitucionalista ni es nada. (Aplausos). Para usted no existe el derecho a poseer, claro, excepto para ustedes -no sé si el señor Iglesias estará ya en el límite de ser un gran tenedor, pero seguro que sí-, y su única justificación es atacar
y demonizar a la propiedad privada.


Señor Mayoral, sabemos que para ustedes el acceso a la vivienda es comprar, alquilar u okupar, pero le vuelvo a repetir lo que dije en la primera intervención: yo a usted no le entiendo cuando habla, pero lo único que está clarísimo es que
okupar es un delito y, por mucho que usted alce la voz, no podrá anular el derecho constitucional a la propiedad. Alguien de su grupo parlamentario dijo que la okupación era una leyenda urbana. No es una leyenda urbana, la okupación es una
realidad. Se okupan cuarenta viviendas al día, y los datos se han duplicado desde 2019 gracias al amparo del Gobierno: casi 14 000 ocupaciones, y esas son las que se denuncian.



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Lo más importante de nuestra proposición de ley es que la okupación se define como delito. Señorías del PSOE, vuelvo a repetirlo, defínanse: ¿están al lado de los que amparan esta actividad delictiva o están con los que defienden a los
españoles de los okupas y las mafias? En sus manos está que salga adelante esta proposición de ley. (Prolongados aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Mayoral Perales.


El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.


La verdad es que me causa mucha tristeza escuchar lo que he escuchado, ¡para qué nos vamos a engañar!, y me causa mucha tristeza por la incapacidad para poder entrar realmente en el debate de fondo. Volvemos a lo mismo: ya es un delito en
el Código Penal desde el año 1995, ya lo es. Lo que está planteando ahora el Partido Popular es otra cosa; lo que plantea el PP, en concreto, es que estas penas sean de prisión, de prisión. Es decir, lo que está planteando es: ante una situación
de infravivienda de 270 000 personas, ante ese fenómeno social, ¿qué hay que hacer? ¡Todos a la cárcel! ¡Todos a la cárcel! Ese es el planteamiento que se hace permanentemente frente a una situación que lo que requiere son políticas sociales e
intervención social, frente a una situación en la que se está evidenciando una utilización contraria a la función social de la vivienda de forma reiterada por operadores económicos muy evidentes desde hace mucho tiempo. No nos han contestado. Lo
digo siempre que subo para hablar de este tema, que ya es un tema recurrente, porque los medios de comunicación y las grandes corporaciones han estado haciendo campaña para poder vender sus alarmas y para poder difundir las empresas de matones. Es
un tema recurrente aquí, repito, pero sigo sin oírles decir: No se preocupen, que vamos a cumplir la sentencia del Supremo y vamos a recuperar las 3000 viviendas de la Comunidad de Madrid para el pueblo de Madrid. Esa es una respuesta concreta,
sencilla y que está directamente en sus manos y en manos del resto de sus socios. Pero no, no están a esas, no es algo que les interese, no es algo que les preocupe. A ustedes les preocupan otras cosas. Les preocupa, obviamente, convertir los
problemas sociales en problemas de orden público, y les debo decir con toda la modestia que no todo el ordenamiento jurídico español es derecho penal. No todo es derecho penal; hay derecho civil, hay derecho administrativo y -fíjense- hasta hay
derecho constitucional: aquello de la proporcionalidad de las penas en función de los hechos y esas cosas, esas cosas. Pero no, no están en esas.


Yo, de verdad, quiero aprovechar que estoy aquí para pedir sensibilidad a los sectores democráticos que queden en el Partido Popular. Les pido que salgan de la irracionalidad, que bajen del monte y que vuelvan a entender los principios
constitucionales más básicos, porque, realmente, creo que les está saliendo mal el negocio. Intentar disfrazarse con el casco del tercio del rey no les va bien, no les va bien. Les está yendo muy mal. ¿Por qué no aprenden de la democracia
cristiana, de los liberales democráticos; no de los neoliberales de Pinochet -no, de esos, no-, sino del liberalismo democrático europeo? ¿Por qué no piensan en eso? Porque el liberalismo democrático europeo entiende que cuando hay operadores que
pueden influir y alterar artificialmente el precio de los bienes de primera necesidad tiene que haber normas reguladoras, y eso no es un menoscabo de la propiedad privada, sino que es precisamente dotarla de función social, porque la propiedad
privada no es un bien absoluto, sino que tiene que cumplir un bien social. Si cualquiera de ustedes tiene un edificio, no le pueden pegar fuego por mucho que sea suyo; pues de igual manera tampoco pueden dejar que se caiga a pedazos. (El señor
vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). No se puede hacer eso. Entonces el Estado tiene que intervenir, pero hay que intervenir y ser duros con los fuertes, porque serlo con los débiles no tiene mérito; ser duros con
aquellos que no tienen ninguna prestación económica, que no tienen ningún recurso... Hombre, yo sé que ustedes tienen otro modelo de política de vivienda; lo sé porque lo dicen todos los días y, de hecho, recientemente acaban de aprobar medidas en
el Ayuntamiento de Madrid. Lo que pasa es que hay mundo por debajo de los 33 000 euros, que es la cantidad a partir de la cual ustedes empiezan a hacer políticas sociales de vivienda, es decir, existen millones de personas en otra situación. Creo
que, como fuerzas democráticas, asumir las resoluciones del Comité de Naciones Unidas es un ejercicio de responsabilidad, y eso -se le voy a decir- no es ni de izquierdas ni de derechas, eso es ser demócrata. Si a ustedes De Gaulle les viera, les
corría a gorrazos. (Aplausos).



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.


La toma en consideración de esta proposición de ley orgánica contra la okupación -con ka- contribuirá a poner orden en los desvaríos legislativos producto de la errática política de vivienda que lleva a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez,
cuya más reciente muestra son los reales decretos-leyes que respecto de esta materia se convalidaron en los últimos plenos del Congreso y que, en el caso del 1/2021, tienen claros visos de inconstitucionalidad, ya que es una fórmula que menosprecia
el derecho de propiedad.


Además de aquel fiasco de orden ministerial, pésimamente redactada, perpetrada durante el primer estado de alarma, allá por el mes de abril, he rechazado en nombre de Foro las normas que ponen en evidencia una forma de legislar nada
rigurosa. La política de vivienda en España precisa de seguridad jurídica para atender a los legítimos derechos de los propietarios, así como del impulso de las administraciones públicas para promocionar la vivienda social, el acceso a hipotecas en
las mejores condiciones o las ayudas al mercado de la vivienda de alquiler, sin olvidar que también deben habilitarse fórmulas que proporcionen seguridad jurídica tanto para los arrendatarios como para los propietarios.


En todo caso, resulta pertinente la iniciativa del Grupo Popular, que ha defendido e ilustrado palmariamente la señora Zurita Expósito, entre otros aspectos porque incide en la protección frente a los delitos de usurpación de inmuebles y
allanamiento de morada, algo que viene reclamando una parte muy importante de la sociedad española: el amparo frente a la ocupación ilegal, un fenómeno indeseable que está en auge, incluso con variantes para extorsionar al propietario o a la
comunidad de vecinos, y que se perpetra mediante artimañas mafiosas que entorpecen la convivencia y aumentan el trabajo de los juzgados.


Señor Mayoral, ni usted ni su partido deben olvidar que llevan cogobernando catorce meses en España y que en este tiempo el problema de la ocupación ilegal se ha agudizado en nuestro país. Y donde más se ha agudizado no es en Madrid, no;
donde más se ha agudizado el problema de los okupas -¡qué casualidad!- es en Barcelona, donde gobiernan ustedes y donde hace un mes han creado incluso una guía que proporciona consejos y orientaciones para que los okupas eludan la aplicación de la
ley.


Señorías, según los datos más recientes, la ocupación ilegal en Asturias no alcanza los preocupantes niveles estadísticos de otras comunidades autónomas, pero, como en muchos otros lugares, también repunta el número de denuncias, lo que
acredita la necesidad de disponer de instrumentos legislativos claros, diáfanos e inequívocos, como los que se contienen en el ámbito penal, civil y administrativo planteados en esta iniciativa parlamentaria, que contará con mi voto.


En Foro consideramos además que, al igual que otros países europeos homólogos al nuestro, España tiene que dotarse de legislación que proporcione amparo a los propietarios de viviendas okupadas, que dé a los jueces capacidad para resolver
con agilidad las flagrantes ocupaciones ilegales y que respalde el trabajo de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para intervenir frente a este creciente modo de delinquir con la vivienda ajena de por medio.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.


El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.


Nuestra posición sobre la ocupación ilegal es muy clara, y yo ya he tenido ocasión de exponerla en esta tribuna en más de una ocasión. Si es ilegal, no se puede permitir, lo mismo que cualquier acto ilegal; tiene que haber una sanción,
pero también hay que evitar que se produzca y, por supuesto, no se puede permitir que continúe una vez iniciada. Ahora bien, ilegal es ir contra las leyes, y si las leyes -como ocurrió con el Real Decreto 1/2020- se aprueban y se establecen unas
condiciones transitorias excepcionales para determinados colectivos, ya no estamos hablando de ocupación ilegal. Está claro que aquí hay un conflicto de derechos y que la ley es la que tiene que establecer cómo resolverlos. Efectivamente, tenemos
un conflicto entre el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad y los límites



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a esta por la función social de la propiedad que establece la Constitución. Esto no es nuevo, pero siempre se nos olvida la responsabilidad patrimonial de la Administración, de la que se habla muy poco; esto ya está inventado, en ningún
país del mundo se puede expropiar gratis a los particulares. Es verdad que las leyes pueden llegar a ser inconstitucionales, pero mientras el Tribunal Constitucional no las anule, las leyes van a misa, están en vigor y hay que cumplirlas.


Tenemos un problema mal resuelto y, por lo tanto, nos parece bien que esta proposición de ley se tramite, porque hay que matizar mucho. También está claro que en la legislación actual hay muchos coladeros para delincuentes; hay temas, como
el padrón, que es una vergüenza como está, y hay procedimientos judiciales que dejan, por supuesto, mucho que desear.


Miren, señores del Partido Popular, ustedes tienen un problema en Cantabria con el PRC -no veo hoy aquí a sus diputados- y últimamente lo tienen intensificado y están intentando crear una falsa polémica en Cantabria, tachándonos a nosotros
de incoherentes, pero yo creo que cualquiera con un mínimo de objetividad sabe que nosotros siempre razonamos nuestro voto. Yo tengo la ventaja de que no tengo que seguir las instrucciones que me marca el portavoz, aunque reconozco que a veces es
una gran responsabilidad. Yo creo que hasta ahora siempre hemos sido bastante coherentes. No digo que seamos perfectos, pero, desde luego, cuando se trata de defender los intereses de Cantabria, no nos pasa como a sus diputados, que pueden votar
una cosa aquí y la contraria en Cantabria. En este tema siempre hemos defendido a los que sufren la ocupación ilegal, aquí, en el resto de España y en Cantabria, donde, por cierto, también tenemos algún problema importante, como es el caso de
Polanco, donde hay un colectivo muy afectado que ya conté en esta Cámara. Pero, bueno, que no se preocupe el señor Movellán, que yo no voy a contar aquí sus incoherencias.


Solo quiero decir, para acabar, que nosotros estamos por encontrar un equilibrio que respete los derechos de todos. Somos conscientes de que los pasos fundamentales se dan ofreciendo vivienda asequible para todos los ciudadanos, y esto pasa
por una intervención decidida del sector público, pero, mientras tanto, lo que queremos es que se cumpla la ley, algo en lo que creo que no todos están de acuerdo en esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidente, señorías, buenas tardes.


Tengo la sensación de que, con esta iniciativa -más allá del contenido de la misma, en el que entraré a continuación-, el Partido Popular inaugura un nuevo ciclo. Yo creo que ha decidido, quizá por los resultados tan magros que ha obtenido
en Cataluña, pasar a una liza mercadotécnica más que a una liza política; probablemente quiera competir con Desokupa, para ver quién desokupa antes; ellos prometen setenta y dos horas para desokupar a los inquilinos y usted hoy ha prometido aquí
doce horas. Bueno, como eslogan de negocio tal vez tenga sentido, pero, desde luego -como le han señalado ya-, goza de muy poca humanidad en lo que tiene que ver con los derechos de las personas que no tienen la posibilidad de tener una vivienda.


Usted presenta aquí hoy un conjunto de medidas -casi sería un ómnibus- sobre el tema de vivienda y okupación que lo que plantea es modificar el Código Penal, modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificar incluso la Ley de Propiedad
Horizontal y algunas más que me dejo por el camino. Y ¿cuál es el objetivo fundamental de esto? Endurecer el delito de okupación, haciendo que las penas progresen de grado, es decir, haciendo que se eleven las tipificaciones en meses o en años de
cárcel y también en multas económicas. ¿Para qué? Para favorecer los desahucios -todavía más- que se siguen produciendo y, cómo no, para proteger a los fondos buitre; fondos buitre con los que ustedes siguen teniendo relaciones, porque a la
cabeza de los fondos buitre del Estado español siguen estando insignes e ilustres apellidos del mundo, del universo del Partido Popular; Aznar-Botella podría ser un ejemplo, y Cerberus, su matriz, otro. Esa es la realidad que ustedes plantean hoy
aquí, en este debate. Se lo han dicho ya: si su iniciativa saliera adelante, ustedes harían realidad el sueño cinematográfico de Berlanga, conseguirían que más gente, que casi todos, fueran la cárcel. No todos los políticos corruptos, que esos ya
sabemos que no van a la cárcel; estamos hablando de todas las personas que no pueden tener derecho a obtener una vivienda.


Usted ha empezado su intervención hablando del juramento constitucional que parece que todas sus señorías están obligadas a hacer aquí para acceder al cargo; bueno, a algunos nos denuncian en los



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tribunales por no hacerlo tal cual les gustaría a algunos de ustedes. En cualquier caso, habla de la Constitución como ese ordenamiento que no se debe ni se puede salvar. Y yo le quiero recordar lo que dice el artículo 47 de la
Constitución española: Todos los españoles -supongo que los no propietarios también- tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para
hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. ¿Quién hace especulación? Los fondos buitre. ¿A quién está protegiendo su iniciativa? A los fondos buitre. ¿Está
usted de verdad cumpliendo la Constitución, que tanto dice amar y respetar? Sinceramente, yo no soy un experto constitucional en lo que tiene que ver con el texto legal del Estado español, pero diría a simple vista que no; y no solo lo diría yo,
creo que lo podría decir cualquiera.


Sin embargo, usted no hace esta iniciativa sin entender el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto muy determinado: hay 5 millones de personas en el Estado español -5 millones de personas en el Estado español- que viven bajo el
umbral de la pobreza y en riesgo de exclusión severa; esa es la realidad. De esas, 800 000 se han incorporado a este terrible drama de pobreza durante la pandemia. ¿Cuántas de estas personas, señoría, cree usted que pueden perder su vivienda? No
pocas. ¿Cuántas de estas personas cree usted que van a tener que elegir entre pagar la hipoteca o poder seguir alimentándose? No pocas. Y para todas estas personas lo que usted ofrece es reducir sus capacidades para tener una alternativa
habitacional, porque el Estado no se la va a dar y porque usted va a perseguir a quien busque un techo para poder dormir. Esa es la realidad, y por eso creemos que hay una clara intencionalidad política y creemos que hay una profunda carga
ideológica. No es inocua su iniciativa, señoría; es una iniciativa que tiene mucho que ver con lo que la ahora crítica representante del Partido Popular, otrora portavoz, llama guerra cultural; la guerra cultural que dice que los privilegios de
unos pocos no se pueden tocar aunque esto vaya en detrimento, en perjuicio, de los intereses de las mayorías populares. Es la que dice que el bien privado, que el interés particular privado, está por encima del interés general o del interés común.
Desde luego, nosotros nos situamos en la banda opuesta a la que ustedes defienden, porque ustedes están velando por los intereses de los grandes tenedores, y lo dicen en su texto de manera abierta cuando quieren modificar lo que significa morada,
cuando quieren disociar el allanamiento de morada de la okupación de manera más clara para que al final -eso es lo curioso y paradójico- lo junten todo como si fuera el mismo hecho delictivo.


En definitiva, nosotros estamos con los desahuciados y con las desahuciadas y ustedes con los grandes tenedores. Probablemente, ustedes añoren tiempos pasados, añoren tiempos de uniformidad ideológica, cultural e incluso política -por
uniformidad quiero decir partido único-, pero nosotros creemos en los espacios libres autogestionarios. Creíamos en Kukutza, creemos en Errekaleor y creemos en todas las experiencias de okupación autogestionarias que existan.


Ustedes dicen en su texto algo que es gráfico, dicen que la ciudadanía teme, que los vecinos y las vecinas temen que determinadas zonas urbanas empeoren su estatus. Eso es lo que realmente les preocupa, que el valor de sus viviendas se
deprecie porque entre gente -los últimos- que haga que el valor de la vivienda de los penúltimos se deprecie; otra vez la lógica perversa de la rueda capitalista. Nosotros y nosotras preferimos, ante esa lógica de que determinadas zonas urbanas
empeoren su estatus, estar con los barrios empobrecidos para que estos no se conviertan en páramos de fondos buitre. Se lo decían, y le podrían poner ejemplos; en Bilbao le podemos poner uno: Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala, donde la
pandemia ha agudizado la situación de auténtica emergencia social. Y sus vecinos, ¿qué han hecho? Defender a las personas a las que quieren desahuciar los fondos buitre. ¿Qué han hecho sus vecinos? Salir con ellos y con ellas para denunciar que
lo verdaderamente violento, que lo verdaderamente ilegal, que lo verdaderamente punible es el crecimiento de la pobreza y la exclusión social, la insuficiencia de servicios públicos y el abandono institucional.


Esa es nuestra línea divisoria con ustedes, porque ustedes lo que quieren hacer también es sacar del padrón a más personas para negarles más derechos. Ustedes los sacan del padrón para convertir para mucha gente el hecho de estar
empadronado en una misión imposible, una misión casi más imposible que la de que el señor Suárez Illana termine el libro que está leyendo cada vez que intervenimos las gentes de Euskal Herria Bildu desde el atril antes de que termine esta
legislatura; algo realmente inenarrable y difícil. (Rumores).


Voy a ir terminando. Ustedes seguramente prefieren estar con los fondos buitre -nosotros vamos a estar con sus víctimas-, y ustedes probablemente por eso han tomado una serie de acciones que yo no puedo calificar sino de preventivas, y es
que hoy anunciaban que el Partido Popular abandonaba la sede del



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Partido Popular. Y digo que yo creo que es una acción preventiva porque si atendemos a una de las modificaciones que ustedes plantean en la ley, en concreto la que tiene que ver con el artículo 6.2, al propietario y al ocupante legal o
ilegal del piso o local no le está permitido desarrollar en el inmueble actividades prohibidas en los estatutos, o que resulten dañosas para la finca, o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas,
peligrosas o ilícitas. Es probable que viendo este texto que ustedes presentan hayan decidido deshacerse antes de la sede del Partido Popular que contravenir esto, porque también dice ese mismo punto -ya termino- que si la sentencia fuese
estimatoria para el propietario, es decir, para ustedes -en este caso, de Génova 13-, podría disponer, además, de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios, así como la privación del derecho al uso de
la vivienda o local por un tiempo no superior a tres años.


En definitiva, señorías, está bien que hagan política preventiva, pero sería mucho mejor que alguien dejara de delinquir y dejara de robar el dinero de todos y todas para que con ese dinero se pudiese dotar de vivienda digna a todos y a
todas, y no solo atender los privilegios de las grandes empresas. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Debatimos la toma en consideración de la proposición de ley cuya finalidad, se nos dice, es mejorar y adaptar el vigente ordenamiento jurídico para dar mejor protección al propietario o poseedor legítimo de viviendas y bienes inmuebles
frente a las llamadas ocupaciones sin título, y también para proteger a los vecinos de las viviendas, el inmueble ocupado y la misma seguridad ciudadana.


Señorías, nuestro grupo parlamentario considera que ciertamente es un problema grave el fenómeno de la ocupación sin título de bienes inmuebles y viviendas y que resulta adecuado mejorar la protección de los ciudadanos en la tenencia y
disfrute pacífico de sus propiedades y posesiones, pero sin desatender por ello la situación de especial vulnerabilidad en que pudieran encontrarse los ocupantes sin título y los perjuicios que el fenómeno pudiera ocasionar a los vecinos y
colindantes, como ponen de manifiesto tanto el Defensor del Pueblo como la misma Fiscalía General en la Instrucción 1/2020.


Como les decía, que nuestro grupo parlamentario considere que se deba estudiar la mejora del ordenamiento jurídico para una mejor protección ciudadana en la tenencia y disfrute pacífico de sus propiedades o posesiones, no puede dar ocasión
para acusar de manera disparatada al Gobierno y a su presidente -como escuchamos de ciertos partidos políticos en esta Cámara cuando debatimos sobre la ocupación sin título- de gestión criminal, de inacción de Gobierno, de complicidad con los okupas
e incluso relacionándolo de manera xenófoba con la inmigración ilegal económica; ni que, aun siendo un problema grave, se diga que alcanza a decenas de miles de casos, y menos aún -cómo en ocasiones se hace de manera maliciosa- a que estas, que se
dicen decenas de miles, se refieran mayoritariamente a domicilios, moradas o segundas viviendas de pequeños propietarios e inquilinos, pues como señalan los últimos informes del Poder Judicial y la Fiscalía estas ocupaciones se cuentan con los dedos
de una mano. Sin embargo, donde sí nos encontramos con una respuesta insuficiente del vigente ordenamiento jurídico es en la respuesta penal para la recuperación expeditiva cautelar en las usurpaciones, cosa que no pasa en los allanamientos, y
quizá, digo quizá, en la respuesta en la vía civil en cuanto a los legitimados para activar el interdicto posesorio extraordinario puesto en pie con la Ley 5/2018, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la que nuestro grupo parlamentario,
el Partido Nacionalista Vasco, contribuyó en su redacción y aprobación.


En estos dos ámbitos, civil y penal, sí consideramos que corresponde el estudio de su mejora en el aspecto que más preocupa al propietario y poseedor perturbado, que es en la inmediata recuperación posesoria cautelar, aunque no
necesariamente como se pretende articular en la proposición debatida, que además deja sin mención en la vía de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al tratamiento a dar en los casos de vulnerabilidad extrema económica en que pudiera encontrarse el
ocupante sin título contra la voluntad de su legítimo poseedor, aspecto que consideramos fundamental y que no podemos dejar de lado una vez finalice la vigencia del Decreto-ley 11/2020, que en ningún caso, mientras tanto, ha de ponerse en cuestión
salvo, a nuestro juicio, en la indebida, como ya dijimos en su momento, falta de remuneración al propietario en algunos supuestos y que debiera corregirse en su trámite como proposición de ley.


En otro orden de cosas y respecto al incremento punitivo que se propone para la usurpación para el autor que no actúa bajo grupo organizado, no lo compartimos inicialmente, salvo que proceda para que,



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al amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pueda adoptarse la medida cautelar de lanzamiento como primeras diligencias. No entendemos que se pretenda una mayor penalidad a la usurpación que al allanamiento, siendo el
bien jurídico protegido por este último el derecho fundamental a la intimidad -artículo18- y a la inviolabilidad del domicilio, de muchísimo mayor calado que el principio rector que ampara el derecho a la propiedad, que no está considerado como un
derecho fundamental en nuestra Constitución. Tampoco vemos que también, y solo para la usurpación, se establezca un tipo como el actuar bajo la forma de organización criminal, que dispara la penalidad respecto al allanamiento, y que además se
pretenda aplicarla a quien, no formando parte de esa organización, actúe siguiendo sus consejos para practicar una okupación.


Por otro lado, señorías, ya que me he referido al derecho fundamental del artículo 18, de la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, tampoco compartimos con la proposición que, ex lege, el inmueble o vivienda usurpada no pueda tener en
ningún caso la condición de morada del ocupante, a efecto de permitir el desalojo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante denuncia del propietario y sin intervención judicial. Señorías, el legislador constituido no puede variar el concepto
constitucional de domicilio en los términos en que lo describe su máximo intérprete, que es el Tribunal Constitucional, y esto es precisamente lo que se pretende en la proposición. Con igual valoración negativa nos acercamos a la propuesta de
excluir del ámbito del enjuiciamiento del tribunal de jurado el delito de allanamiento. Ninguna razón de ello se nos aporta en la exposición de motivos, y cuando digo ninguna es ninguna, ni siquiera un esbozo o algo esquemático.


Por último -voy finalizando, presidente-, en cuanto a lo que se propone respecto a las conductas o actividades prohibidas realizadas por personas que han usurpado la pacífica posesión de una vivienda, tampoco compartimos que puedan ser
lanzados por los agentes policiales de la autoridad sin intervención judicial si el inmueble se ha convertido en su morada en los términos que ya ha señalado el alto tribunal, incluso promoviendo, como se pretende, que la acción de la comunidad de
propietarios pueda dirigirse contra el propietario o poseedor legítimo que no promoviera acciones para recuperarla, lo cual lo consideramos un contrasentido jurídico, ya que si no lo hace habrá de entenderse que la tolera, y ya no sería una
usurpación, sino un precario.


En fin, señorías, y como conclusión final, apoyaremos la toma en consideración de la iniciativa, considerando nuestro voto favorable al final de la tramitación parlamentaria en atención a que tengan la consideración oportuna las distintas
observaciones que con carácter preliminar hemos ido exponiendo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Podríamos empezar esta intervención contando los casos de Enrique y su mujer, Pilar, en Alicante; el de Rosa, en Castellón; Emiliano, en Hospitalet de Llobregat; Manuel y sus tres hermanos en A Coruña; Elena, en
Santa Cruz de Tenerife; Gema, en el barrio del Congreso, en Barcelona; Elías, en Segur de Calafell, en Tarragona; Susana, en la Barceloneta; Paola, en Sevilla; Antoni y Sebastián, en Cádiz y Málaga; Luis y Víctor, en Fuenlabrada; María
Dolores, en Torrevieja, y así podríamos seguir contando casos mucho más allá de mi escaso tiempo de intervención, señorías. Todos ellos son particulares, ni son grandes tenedores ni fondos buitres ni fondos inmobiliarios; son ciudadanos que
lograron adquirir una vivienda con el esfuerzo de su trabajo, víctimas inocentes de un fenómeno delictivo que no hecho más que crecer en nuestro país. El número total de denuncias por ocupación ilegal de los inmuebles ha ido aumentando: hubo 10
000 en 2016, 11 000 en 2017, 112 300 en 2018, 14 700 en 2019; solo durante el primer semestre de 2020, en plena pandemia, señorías, ascendieron a casi 8000, lo que supone un aumento del 5 % respecto al mismo periodo del año 2019, datos del
Ministerio del Interior, señorías, no de oscuros lobbies inmobiliarios.


Por tanto, el tema que nos ocupa es el derecho a la propiedad privada -que ya se ha mencionado-, su protección y el respeto de bien, absolutamente fundamentales en cualquier ordenamiento jurídico avanzado, pues así lo expresan tanto el
artículo 33 de la Constitución española como nuestro Código Civil. Resulta fundamental no confundirse en lo que hoy debatimos, que no es el de un límite a la propiedad legalmente establecido ni lo es el de los desahucios, no; el fenómeno del que
hablamos es el de las ocupaciones ilegales de viviendas, un fenómeno, además, que no solo afecta a los legítimos propietarios -a veces también a personas en situación de vulnerabilidad-, sino además a todos los vecinos de esas



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ocupaciones que sufren el deterioro de la convivencia y el aumento de la inseguridad en su propia vivienda. Negar este fenómeno del que hablan los datos fríos de los números que facilita el Ministerio del Interior es tan absurdo como querer
negar la triste realidad de exclusión social en la que malviven también muchos miles de ciudadanos de nuestro país, ciudadanos que tienen derecho una vivienda digna y que, crisis tras crisis, no para de crecer el número de ellos. Pero un derecho no
se anula con otro, señorías, un derecho no es más importante que otro.


La solución a la crisis social de la vivienda para los más desfavorecidos, para aquellos que se han quedado atrás, no puede ser la ocupación de viviendas de otros ciudadanos. La confrontación entre derechos que algunas de sus señorías
alientan -lo acabamos de ver hace pocos minutos- es un despropósito legal y constitucional. Porque hoy, como hace dos semanas, cuando hablábamos de migraciones, no se puede hacer demagogia y populismo con problemas complejos e intentar resolverlos
conculcando otros derechos. En esto, señorías de Unidas Podemos, son ustedes igual de populistas que VOX, mucha palabrería, pero ninguna solución.


La solución al problema social de la vivienda es hacer más vivienda social en alquiler. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llegó en su día al puesto basando su ascenso en las soluciones al problema de la vivienda en la ciudad. Sin
embargo, en todo este tiempo el cumplimiento de sus promesas electorales en esta materia es un erial. La realidad es que la situación de vivienda en Barcelona es bastante peor que la que se encontró al llegar la señora Colau. Colau prometió la
construcción de 4000 viviendas protegidas para dar cobijo a las familias más necesitadas de la ciudad; solo ha podido entregar apenas 800. La puesta en marcha de todos los proyectos se han retrasado y muchos de ellos ni siquiera han comenzado a
elaborarse. Y no se puede olvidar que el Ayuntamiento de Barcelona es propietario de 83 solares públicos que actualmente siguen vacíos, en los que se podrían construir 6000 viviendas protegidas. ¿Por qué no se ha hecho? Pues yo se lo voy a decir,
señor Mayoral, porque son ustedes unos gestores ineptos, unos gestores ineptos, porque como buenos populistas confunden el diálogo con las soluciones, y solo saben hablar de eso, del diagnóstico, pero nunca solucionan nada.


La única solución a la exclusión social en materia de vivienda es construir más vivienda social, y no fomentar la ocupación ilegal. Es necesaria una ley que endurezca este lícito penal, por supuesto, y además que resarza a las familias de
manera eficaz, y que dejen ustedes de mirar hacia otro lado. ¿Qué tiene que pasar para que Podemos y el Partido Socialista, el Gobierno de España, el Gobierno de España, se pongan de lado de los que cumplen la ley y no siempre del lado de los que
la incumplen? Algunas de estas medidas están previstas en la proposición de ley que presenta hoy el Grupo Popular; proposición que nos ha copiado literalmente de la nuestra de la anterior legislatura. Pero nosotros creemos que no son suficientes,
porque ni el aspecto material ni el enfoque del texto que nos han presentado coinciden con lo que nosotros pensamos. Nosotros queremos hablar de reformar, de reformar el artículo 245 del Código Penal, de reformar la Ley Orgánica de Protección de la
Seguridad Ciudadana -cosa que no mencionan-, de dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de más medios, de romper esa dinámica por la que hay que esperar a que termine un juicio para recuperar la vivienda, de sancionar a los grandes
tenedores que incumplan su deber de vigilancia y que no denuncien las okupaciones..., pero también trabajar en la otra vertiente, la social, que no se puede disociar de este fenómeno y que debe dar solución a los más desfavorecidos de nuestra
sociedad. Por eso también queremos incluir en la futura ley flexibilizar los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas, reforzar los servicios municipales de acción social, evaluar la conveniencia de que el Fondo
Social de la Vivienda adquiera carácter definitivo o crear un portal de ayudas a la vivienda, en el que todas las administraciones publiquen las convocatorias de las ayudas con las que atienden a estas necesidades de vivienda. Porque no se puede
entender y solucionar una cosa sin la otra, señor Mayoral. No solo podemos dedicarnos a una cosa; hay que dedicarse a las dos. Y dentro de esta ley -que ya sé que ustedes no piensan apoyar y es un auténtico error, se lo digo de verdad- es donde
se pueden incluir todas esas cosas de las que usted habla, pero que luego, cuando están en el Gobierno, nunca reforman. Ahí es donde de verdad se puede trabajar en la ayuda social, con las leyes, no dando gritos desde esta tribuna, señor Mayoral.
Así no ayuda usted a nadie. A lo mejor piensa que a su partido, pero creo que tampoco. Y, desde luego, a los más desfavorecidos no les ayuda gritándonos a todos nosotros.


Finalizo, presidente. Nuestro deber es proteger los derechos de los ciudadanos, de todos ellos. Dejémonos de demagogias populistas y seamos útiles a los ciudadanos, señorías. Hagamos leyes en favor de los ciudadanos.


Muchísimas gracias. (Aplausos).



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.


En el mes de septiembre del pasado año debatíamos aquí una propuesta de la ultraderecha en la que reclamaba más policía y más facultades para la policía para resolver uno de los síntomas de un problema social grave como es el de la vivienda.
Hoy es el Partido Popular el que pretende reforzar la vía represiva y, lo que es tan o más importante, magnificar un problema para el que entendemos que hay instrumentos legales suficientes y garantistas. El PP, está claro, apuesta aquí también por
extender la política del miedo, obviando -o siendo consciente, lo que es aún peor- que el miedo es siempre el principal alimento del fascismo.


No sé si los resultados electorales de este domingo en Cataluña harán o no reflexionar al Partido Popular sobre a dónde lleva asumir la agenda política e ideológica del ultraespañolismo parafascista, pero los resultados son evidentes. Lo
que hacen en esta materia tanto VOX como el Partido Popular es pretender resolver las consecuencias del problema sin atender a las causas, y eso, nuestro juicio, siempre es un error o, lo que es peor, una opción consciente para defender el
mantenimiento de los privilegios de clase a costa de la injusticia social y de la privación de derechos reconocidos a una parte de la sociedad. Porque de lo que estamos hablando es precisamente de esto, del derecho a la vivienda. Ustedes, que
tanto idolatran su Constitución, olvidan intencionadamente -eso sí- el artículo 47, que recoge el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que añade que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho; y evidentemente también olvidan el artículo 33.2, que deja claro que la función social de derechos como el de la propiedad privada delimitarán su contenido.


Parece que a la derecha ultra y a la ultraderecha lo que menos les preocupa es que haya personas sin casa, a pesar de los millones de viviendas vacías que existen en el Estado español, solo en Galiza más de 300 000. ¿No será preferible
apostar por una política de vivienda pública, adecuada, para resolver la dramática situación por la que pasan muchas personas y muchas familias? Ustedes, el Partido Popular, tienen la oportunidad de hacerlo allí donde gobiernan pero, por lo menos
en el caso de Galiza, no lo hacen; no parece en absoluto que esa sea una de las prioridades del Gobierno de Núñez Feijóo. No les preocupa que haya gente sin casa, como tampoco el grave problema de los desahucios que afecta precisamente a la
población más vulnerable. No, ustedes, igual que hace la ultraderecha, prefieren criminalizar la pobreza en vez de resolverla; optan por la represión en vez de por la solución racional y justa de este problema. En todo caso, está claro que la
derecha ultra de uno u otro partido solo sabe abordar los problemas sociales a garrotazos. Hacen ustedes cada día buena la frase de Goethe: prefiero la injusticia al desorden. En ese camino, con nosotros no cuenten.


Obrigado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


A continuación, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.


Siempre que hablamos de okupaciones me gusta recordar una anécdota que me ocurrió. Un ciudadano me dijo: Baldo, ¿qué hacemos con el problema de las okupaciones? Y yo le dije: Aquí, en este pueblo, ¿cuántas viviendas okupadas hay?
Ninguna. Y entonces, ¿dónde está el problema? No hay problema. No lo digo yo, lo dice el CIS. En el último CIS no aparece como problema de los ciudadanos la okupación de vivienda, en ningún sitio. Aparece la inseguridad en el puesto treinta y
siete -treinta y siete-. Es un primer problema para el 0,1 de los ciudadanos, el segundo problema para un 0,2 y el tercer problema para un 0,3; total, 0,6. ¿Saben cuáles son los principales problemas? La salud, la crisis y los problemas
económicos, y el paro. A continuación, en los puestos cuatro, cinco, nueve y diez, los políticos, la actuación y el mal comportamiento de los políticos. Esta proposición de ley es una muestra bien evidente de esa preocupación que manifiestan los
ciudadanos.


Estamos ante un problema sobredimensionado. La derecha sobredimensiona este problema para intentar ganar un miserable puñado de votos aunque emponzoñen la convivencia. Para competir, en este caso el PP, torpemente -torpemente- con la
ultraderecha. El verdadero problema es que no se cumple



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el artículo 47 de la Constitución: 'Todos los españoles tienen derecho a [...] una vivienda digna [...]. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias [...] para hacer efectivo este derecho,...'. Pero, ¿qué hace el PP, o VOX,
allá donde gobierna? Pongamos que hablo de Madrid: vender 3000 pisos sociales a Goldman Sachs, a un fondo buitre y, ahora que tiene la oportunidad de recuperarlos no los recuperarán, irán caso a caso. El papel de la derecha, da igual que sea la
liberal, la derechita o la ultraderecha, es hacer de Robin Hood para los ricos, quitar a la gente que menos tiene para dárselo a Goldman Sachs, que seguro que lo necesita mucho más que esas pobres personas a las que se les quitó la vivienda.
Señoras y señores del PP, creo que ustedes no han aprendido bien la lección del domingo. Como decía aquella metáfora, ustedes mueven el árbol torpemente y VOX recoge las nueces de la intolerancia y la injusticia. Recuerden que al final la gente
prefiere votar al original que a una mala copia, y a ustedes se les está quedando cara de fotocopia, aunque cambien de sede.


Moltes gràcies.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, president. Bona tarda, diputats i diputades.


Señorías, parece que a la mal llamada justicia española no le ha gustado que una mayoría independentista haya ganado las elecciones y que esta sea liderada por Esquerra Republicana. Y, como no nos pueden ganar en las urnas, busca encarcelar
de nuevo, y por eso han recurrido el tercer grado de los líderes independentistas catalanes. Llibertat per preses i presos polítics i amnistia per a tots els encausats. (Aplausos).


Señorías, me gustaría empezar destacando lo único en lo que creo que quizás nos podemos poner de acuerdo con el grupo proponente, en reconocer que existe un problema. A partir de ahí creo que ya va a empezar la discrepancia, porque ¿cuál es
el problema? Parece que al Partido Popular lo que le preocupa es una especie de oleada de incivismo. Según venimos escuchando desde hace meses de boca de los representantes de la extrema derecha y de todos los que hacen negocios con la
especulación inmobiliaria y la instalación de alarmas, parece que uno salga a comprar el pan y al volver se encuentre una banda criminal instalada en el salón de su casa. Creo que es necesario hablar con rigor y, sobre todo, trabajar con rigor,
porque esta proposición suspendería primero de Derecho Penal. Evidentemente, existen casos de ocupaciones ilegales e ilegítimas contra pequeños propietarios. Por desgracia, siempre hay alguno, y no quiero banalizarlo. Sin embargo, no es cierto
que sea una plaga. No es cierto que las familias con uno o dos pisos en propiedad estén ante una peligrosa amenaza de perder la posesión de su piso, y, para los casos que haya, la ley ya prevé los mecanismos oportunos para recuperar dicha posesión.
La realidad es que los datos son evidentes y desmienten las mentiras de la derecha. Según el último informe del Observatorio DESC, en Cataluña el 60 % de las okupaciones se producen en pisos que están en manos de los bancos, cerca del 18 % es de
otros grandes tenedores y tan solo el 10 % lo sufren propietarios particulares. Señores del Partido Popular, ¿ustedes a quién defienden? Alguien un poco mal pensado llegaría a la conclusión de que están atizando el miedo de los pequeños
propietarios para justificar reformas de las que solo se beneficiarían los bancos y las grandes empresas.


En este sentido, resulta muy curioso ver que uno de los puntos principales de su proposición de ley consiste en que las empresas puedan pasar a aplicar el desahucio exprés, que hasta ahora únicamente estaba reservado a las personas físicas.
Insisto, señorías, ¿ustedes a quién defienden? Y dejen de agitar el mantra de que todas las okupaciones son realizadas por redes de delincuentes contra pequeños propietarios, no es cierto ni lo primero ni lo segundo. Se ha estudiado y se sabe que
el 70 % de las personas que se ven obligadas a okupar un piso lo hacen con su familia, y la mitad de ellas tienen hijos a cargo. De hecho, en Barcelona, por ejemplo, el 60 % de los que llegan a okupar un piso es porque habían solicitado
infructuosamente el acceso a un piso mediante alquiler social. Por lo tanto, no hace falta endurecer un delito que ya tiene condenas de prisión y que se realiza de forma muy marginal.


Permítanme que se lo pregunte por tercera vez, señorías del Grupo Popular: ¿Ustedes a quién defienden? Verán, el gran problema que Esquerra Republicana detecta en cuanto a vivienda se refiere es otro muy distinto. Este problema,
desgraciadamente, es real, y no nos va a costar mucho trabajo que la ciudadanía comparta el análisis con nosotras, porque son muchas las familias que lo están sufriendo en sus propias carnes. Los desahucios aumentan día tras día, el precio del
alquiler resulta absolutamente inasumible por gran parte de las personas trabajadoras y el acceso a la vivienda se está convirtiendo en una quimera. Por eso el gran problema no es de tipo penal, el problema es de tipo social. Y, evidentemente,



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no se soluciona con más multas ni más cárcel, solo se va a solucionar con una apuesta decidida por la intervención pública en el mercado de la vivienda, evitando así que la vorágine especulativa acabe con uno de los derechos básicos de
cualquier persona, que es el acceso a una vivienda digna.


En ese sentido precisamente la Generalitat de Cataluña ha conseguido la aprobación de medidas que sí pueden ser efectivas para la defensa del derecho a la vivienda, por ejemplo el Real Decreto-ley 17/2019, de medidas urgentes para mejorar el
acceso a la vivienda, que, por cierto, el Partido Popular impugnó ante el Tribunal Constitucional, y este lo derogó, resolviendo en un año, porque cuando le interesa sí resuelve rápido; o el Real Decreto-ley 37/2020, de refuerzo a la protección de
la vivienda ante los efectos de la pandemia; o, por ejemplo, una proposición de ley que presentamos para modificar el Reglamento de la Sareb y así incorporar parte del parque de viviendas a los ayuntamientos, puesto que la gran bolsa de pisos
vacíos sabemos que la tiene Sareb; o, por ejemplo, un impuesto que tenemos en Cataluña para los pisos vacíos que son propiedad de personas jurídicas; y, la última, la Ley 11/2020, aprobada el 18 de septiembre de este año pasado, con los votos de
Esquerra Republicana, Junts, la CUP y Els Comuns, que se entiende, pues, que salió adelante con los votos en contra del bloque unionista conformado por el Partido Socialista, Ciudadanos y el PP; una ley impulsada por la sociedad civil y el Sindicat
de Llogateres y liderada conjuntamente por el Departament de Justícia, con nuestra compañera Ester Capella, y compañeros como el diputado José Rodríguez, en la que se prohibía el aumento de los alquileres y se fijaba el precio máximo para estos en
las zonas más altas. Se aprecia el contraste de modelos, ¿verdad? Unos defienden el derecho de los bancos y las grandes empresas con campañas del miedo, mientras otros trabajamos con todos los medios a nuestro alcance para mejorar la vida de las
personas que peor lo pasan.


Y voy a terminar con un último dato: tres de cada cuatro pisos vacíos en Cataluña son propiedad del BBVA, Sareb, Blackstone, Caixabank y Bankia, entre estos cinco superan los 25 000 pisos vacíos. Y, con la que está cayendo, quien no se
indigne con esto que no venga a dar lecciones de compromiso con el derecho a la vivienda, porque recuerden -y repito-, el derecho a una vivienda digna es universal.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Esteban Calonje. (Aplausos).


La señora ESTEBAN CALONJE: Señorías, sean mis primeras palabras de comprensión y acompañamiento a todos aquellos compatriotas que han visto cómo su vivienda ha sido ocupada ilegalmente por parte de delincuentes (aplausos), delincuentes
protegidos por este Gobierno socialcomunista; propietarios que en ocasiones tienen que destinar más de diez años de su salario íntegro a la adquisición de estas viviendas y ven cómo sus sueños e ilusiones son arrebatados injustamente. Desde 2015
el número de denuncias presentadas en España por ocupación ilegal de viviendas ha aumentado un 50 %. En 2020 han sido cuarenta denuncias al día, 14 600 familias vilipendiadas. Nuestra Constitución reconoce en su artículo 33 el derecho a la
propiedad como un pilar fundamental de nuestra sociedad. ¿Y qué hace este Gobierno socialcomunista? Lejos de buscar soluciones para estas familias que ven sus bienes arrebatados, se dedica a proteger a estos delincuentes a base de decretazos, en
lugar de amparar a las familias que pagan los impuestos para sostener este Gobierno elefantiásico. (Aplausos). Las traicionan; familias, por cierto, de gente corriente, y no de millonarios, como apunta la izquierda. Traicionan a los trabajadores
y buscan votos entre la peor calaña de nuestra sociedad. (Aplausos).


Traen, señores del Partido Popular, una iniciativa para tratar de atajar el problema, aunque lo que pretenden con esta proposición es sacar rédito del oportunismo político. Señorías del PP, la reforma que plantean está mal estructurada, es
vaga e imprecisa, aunque el señor Gutiérrez, de Ciudadanos, acaba de arrogarse el mérito, porque dice que se la han copiado. ¿No creen que, tratándose de cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de nuestros compatriotas, deberían haberla
trabajado y proponer una reforma ambiciosa? No, es evidente que no lo creen, se han limitado a copiar una propuesta de una legislatura anterior que había caducado. Claro, ¿cómo va a defender su partido político el interés general de todos los
españoles, cuando con su silencio cómplice han permitido llegar a esta situación? El desinterés mostrado por su formación con el Gobierno del señor Rajoy no tiene nombre. Les recuerdo que en 2006 el Partido Popular anunciaba endurecer las penas
para estos delitos y que en 2007 proponía cuarenta medidas para acabar con la lacra de la okupación. ¿Y saben para qué sirvió su Gobierno? Para nada, porque no hicieron absolutamente nada. Lo cierto es que fue durante el Gobierno Socialista, en
2010,



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cuando se modifica el artículo 245 del Código Penal, y se establecen penas de prisión en los casos de ocupación con violencia o intimidación, cuando hasta entonces solo tenían penas de multa. Y es que ustedes con su inacción en ocasiones
han hecho bueno al Partido Socialista. No lo olviden, el bipartidismo nos ha traído este despropósito.


Señorías, como ustedes bien saben, en el año 2015, durante el Gobierno de Rajoy, se reforma la Ley Orgánica 10/1995, donde algunas faltas pasan a la categoría de delitos leves. ¿Saben qué hicieron ustedes, señorías del Partido Popular?
Aprovechar esta reforma para que la ocupación sin violencia pasara a ser un delito leve. ¿De verdad piensan que con esta chapuza de proposición de ley vamos a creerles ahora? Señorías del PP, no solo se conformaron con lo mencionado anteriormente:
el 16 de marzo de 2015 su Gobierno publica una resolución por la que el Partido Popular mantiene que los okupas pueden empadronarse en la casa que han ocupado ilegalmente. Un okupa presenta la factura, por ejemplo, del móvil enviada a ese domicilio
y consigue el padrón, y con ese padrón ya puede recibir las ayudas sociales. Es decir, roban un hogar, extorsionan a su propietario, extorsionan a los vecinos, se enganchan a sus suministros y, como premio, reciben las ayudas sociales que pagan
esos ciudadanos de bien con sus impuestos. Mientras tanto, las familias propietarias de hogares okupados crujidas a impuestos. ¿Café para todos? No, café para los delincuentes. ¡Pero es que somos tan buenos! (Aplausos). ¡Somos tan buenos!, eso
sí, con los delincuentes y con el dinero de los españoles. Con las familias honradas, que están asfixiadas para poder cumplir con sus obligaciones legales, con esas nada.


Dicen en su exposición de motivos que solicitarán un cambio de infracción leve a infracción grave en el terreno administrativo, algo en lo que no podemos estar más de acuerdo, pero olvidan indicarlo en el petitum, lo que refleja la falta de
coherencia interna de la proposición. Pero, claro, lo de la ausencia de coherencia interna en su partido... Desde VOX consideramos de extrema necesidad abordar esta ley. Quizá por eso nos llaman extremistas, porque conocemos el sufrimiento de los
españoles y nos ponemos en su piel. ¿Saben por qué? Porque su sufrimiento es nuestro. En VOX lo tenemos claro: a los okupas patada en el trasero, pero de manera inmediata. (Aplausos). De hecho, VOX presentó en el pasado mes de junio dos
proposiciones de ley, que ustedes conocen, en las que solicitábamos penalizar con cárcel la ocupación ilegal, ofrecer herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para desalojar de manera inmediata y ampliar la protección de los legítimos
titulares. Y tenemos solicitada desde el mes de noviembre la creación de una subcomisión para frenar la okupación. En VOX estamos preocupados, muy preocupados por estos delitos de ocupación, a pesar de que otros grupos parlamentarios se empeñen en
negar la realidad.


Y, señorías del PP, es indecente que hagan gala de la estimación parcial de su recurso ante el Tribunal Constitucional, cuando VOX ha interpuesto doce, doce, y ninguno se ha resuelto hasta la fecha. ¿Por presiones políticas quizá? Y ahora
respóndanme: ¿Ha sido fruto de la casualidad que el Tribunal Constitucional haya resuelto su recurso sobre el decreto catalán días antes de que se iniciase la campaña electoral catalana? VOX es un partido de españoles, VOX es un partido de
familias, y no de políticos. Por eso sabemos que lo que hay que hacer desde la Administración es construir los dos millones de viviendas sociales que nos faltan para situarnos en la media de la Unión Europea. Por cierto, señor Mayoral -bueno, el
señor Mayoral ya se ha ido-, en el Ayuntamiento de Madrid prometieron cuatro mil viviendas y construyeron sesenta y cuatro. (Aplausos). Es que son incapaces de gestionar nada. Lo que ustedes están haciendo es derivar esas obligaciones del Estado
a las familias. Eso también lo hizo el Partido Popular cuando Mariano Rajoy decidió rescatar a las cajas con 64 000 millones de euros, mientras abandonaba a las personas, a las familias que no podían llevar un plato de comida a sus mesas ni pagar
sus hipotecas. Y en 2012, tras el rescate a las cajas...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.


La señora ESTEBAN CALONJE: Ya termino, señoría.


En 2012, tras el rescate a las cajas, se produjeron 517 desahucios al día, y en VOX no vamos a permitir que vuelva a producirse esa situación. El Gobierno, cuando quiere, puede. Cuando ha habido que dar una solución a la avalancha de
inmigración ilegal en Canarias, ha encontrado hoteles de lujo, que hemos pagado los españoles. Y para los españoles, ¿qué? Al okupa, patada. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Bravo Barco.



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La señora BRAVO BARCO: Señor presidente, muchas gracias. Señorías, gracias.


En 2018 el Gobierno del Partido Popular aprobó una ley para acabar con la ocupación ilegal de las viviendas y dos años y medio después, estando en vigor la ley que ellos aprobaron, vienen al Congreso, aduciendo que hay una situación
insostenible de ocupación ilegal en España, a pedirnos que actuemos a través de una nueva reforma legal. ¿En dos años ha cambiado tanto la situación como para tener que volver a legislar sobre este fenómeno? Según el Registro Central de Penados,
la comisión de delitos de allanamiento de morada es anecdótica a día de hoy: hubo solo 238 condenas en el año 2019. Como pueden comprobar, la realidad no se corresponde con la alarma que ustedes han generado. Su alarmismo es mera propaganda que
ustedes han creado artificialmente para tratar de desgastar al Gobierno, pero no se sustenta en ningún dato real.


Déjeme decirle, señora Zurita, que la proposición de ley orgánica que ustedes traen hoy a debate es absolutamente innecesaria y superflua, porque ya se han articulado los instrumentos jurídicos necesarios para combatir de forma eficaz el
fenómeno de la ocupación ilegal. Ya se trate de una primera vivienda, de una segunda residencia o de una vivienda vacía, el Gobierno ya combate este tipo de delitos con eficacia. Le recuerdo, en primer lugar, que ya disponemos de leyes suficientes
y de procedimientos rápidos para proteger a los propietarios y a los legítimos poseedores, y, en segundo lugar, que estas leyes han sido perfeccionadas para su eficaz cumplimiento en su aplicación práctica con la aprobación de la instrucción de la
Fiscalía General del Estado, aprobada el pasado 15 de septiembre, donde debo recordarle que se exhorta a los fiscales a que insten a los jueces a que adopten medidas cautelares para el desalojo inmediato de las viviendas ocupadas ilegalmente tanto
para el caso del delito de allanamiento de morada, como para el de usurpación, y siempre con la intervención del juez, salvo que el delito sea flagrante, que es el único caso en el que la Constitución permite el desalojo policial sin necesidad de
intervención judicial. Quisiera subrayarlo, porque es un mandato constitucional que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. Y, señorías, presten ustedes atención a este dato, porque, en nuestro marco constitucional, solo el juez puede
dictaminar el desalojo inmediato de una vivienda. Se lo digo porque en su proposición de ley justamente la novedad que introducen ustedes es la de eliminar la figura del juez del proceso de desalojo. Por tanto, su propuesta está al margen de la
Constitución. Y por todo ello, señorías, les adelanto que votaremos en contra de su propuesta, porque no superaría un mínimo examen de constitucionalidad. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


Respecto a su proposición de prohibir que el ocupante ilegal se empadrone en la vivienda okupada, debo decirle que, de nuevo, estamos ante otra propuesta innecesaria y superflua, porque ya el ordenamiento jurídico actualmente vigente impide
el empadronamiento de los ocupantes ilegales. En el artículo 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las entidades locales se atribuye a los ayuntamientos la facultad de exigir a sus vecinos la aportación de documentos que
demuestren título justo para proceder a su empadronamiento. Por tanto, sus propuestas son innecesarias y superfluas, porque están contempladas en el ordenamiento jurídico actual, y la única novedad que incluyen es la de eliminar la figura del juez
del proceso del desalojo, lo que es inconstitucional. Y además de este gazpacho jurídico, que parece sacado de la caja B de su partido, añaden la propuesta de aumentar las penas de prisión de estos delitos, en un intento de ejercer un populismo
punitivo. No, señorías, no se va a solucionar el problema de las ocupaciones ilegales aplicando penas desproporcionadas. El fenómeno de la ocupación ilegal se combate previniendo la comisión del delito. Y eso, señorías del Partido Popular, se
hace aplicando medidas para luchar contra la pobreza, como está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez con la subida del salario mínimo, la aprobación del ingreso mínimo vital y la construcción de viviendas sociales. Y ustedes hicieron justamente lo
contrario. De hecho, les recuerdo que cuando ustedes gobernaron se triplicó la cifra de las ocupaciones ilegales, pasando de 3849 a 12 214 ocupaciones ilegales en tan solo siete años, y todo ello debido a las políticas de derechas de recortes y
precarización, aumentando así las desigualdades y la pobreza. Y déjenme decirles que no solo no construyeron viviendas públicas, sino que además malvendieron las viviendas sociales a los fondos buitre. Señorías, en Madrid les ha dicho el juez que
devuelvan las cinco mil viviendas sociales que vendieron a los fondos buitre. Señorías del Partido Popular, no eliminen de nuevo la figura del juez, hagan caso al juez, y devuelvan esas viviendas, devuelvan las viviendas al pueblo. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bravo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).



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PROPOSICIONES NO DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS MÁXIMOS DE RESOLUCIÓN EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES. (Número de expediente 162/000456).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento de plazos máximos de resolución en los
procesos constitucionales. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Olona Choclán. (Aplausos).


La señora OLONA CHOCLÁN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, permítanme un previo a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que ha hecho uso de la palabra con anterioridad a mi intervención para decirle que escuchar a una diputada del Partido Socialista con una intervención preparada
y sin insultos verdaderamente es un auténtico deleite parlamentario. Mi enhorabuena, señoría. (Aplausos).


El Grupo Parlamentario VOX somete hoy a la consideración de esta Cámara una proposición no de ley de elaboración propia que tiene por finalidad, entre todas ellas, lograr evitar que se produzca corrupción política en el seno del Tribunal
Constitucional. ¿De qué manera? Introduciendo una serie de reformas en su normativa específica que proporcione a los doce magistrados que componen el Alto Tribunal un corsé de certidumbre que elimine la posibilidad que existe en la actualidad de
injerencias políticas. ¿De qué manera? En los tiempos de resolución de los procesos constitucionales, en la decisión sobre esos procesos, que, según convenga a los partidos que han procedido a designar a los magistrados del Alto Tribunal según su
adscripción partidista, pueda anteponerse en unos casos su resolución o bien guardarse en un cajón, como está sucediendo en la actualidad. Aprobando la presente iniciativa lograremos proteger la credibilidad del Tribunal Constitucional, supremo
intérprete de la Constitución española, y evitaremos las sospechas, más o menos fundadas, de injerencias políticas, cuando, por ejemplo, lleva diez años sin resolver el recurso interpuesto contra la Ley del aborto; como se ha comentado
anteriormente, antepone la resolución del recurso del Partido Popular contra el decreto catalán de alquiler, y, casualmente, pocos días antes de iniciarse la campaña catalana estima parcialmente dicho recurso, o, tratándose de VOX, no resuelve ni
uno solo de los doce recursos que en algo más de un año hemos interpuesto, en algunos casos de extraordinaria relevancia.


Les señalaba que los cincuenta y dos de VOX en el Congreso hemos interpuesto esos doce recursos en apenas doce meses, y, tratándose de los ataques más salvajes a nuestro Estado de derecho, lo hemos hecho además de manera solitaria, porque
solo VOX ha recurrido ante el Tribunal Constitucional los dos estados de alarma decretados, claramente inconstitucionales, bajo una premisa esencial: es evidente que la lucha contra la pandemia exige la adopción por parte del Gobierno de la nación
de medidas extraordinarias, pero como igualmente evidente es que la adopción de medidas necesarias para luchar contra la pandemia en modo alguno puede comportar la degradación de nuestra democracia que está llevando a cabo este Gobierno. No puede
suponer una violación del orden constitucional, y eso es lo que está sucediendo en España por un Gobierno totalitario dominado por la extrema izquierda, que ha secuestrado a los españoles bajo un estado de excepción encubierto por tiempo de seis
meses, con la complicidad de todos en esta Cámara, salvo la de los cincuenta y dos diputados de VOX e Isidro, el diputado de Foro Asturias (aplausos), en contra de unos informes de la Abogacía del Estado que el Gobierno mantiene ocultos y para cuya
obtención hemos denunciado al Gobierno ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, la semana pasada. Este es el partido al que no pocas voces en este hemiciclo intentan situar al margen del carácter constitucional; este es el
partido al que de manera indigna se atreven a asimilar a los bilduetarras, a los del tiro en la nuca. (Aplausos).


Si el Tribunal Constitucional hubiera resuelto el recurso que interpusimos en el mes de marzo contra el primer estado de alarma decretado, y el interpuesto en octubre, cuando decretó el segundo estado de excepción encubierto, resulta que
ahora ya tendríamos unos límites ciertos a los que poder atenerse el Gobierno, a los que poder atenernos los españoles en el ejercicio de ese poder absoluto que está ejerciendo sobre la ciudadanía. Pero no ha resuelto, y esa inhibición en su
responsabilidad contrasta poderosamente con la actuación de otros tribunales constitucionales de países de nuestro entorno, como la actuación del Tribunal Constitucional Federal alemán, que ya el 8 de abril de 2020 había emitido importantísimas
resoluciones para fijar unos mimbres claros a los que atenerse en la limitación de los derechos y libertades. Pero si la suya contrasta con la actuación de otros tribunales en el ámbito



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internacional, más doloroso resulta el contraste de la inhibición en las importantes responsabilidades del Tribunal Constitucional, a pesar de las importantes retribuciones que percibe, a pesar de su posición privilegiada con la valentía que
están demostrando otros tribunales de justicia en España a la hora de resolver asuntos de extraordinaria repercusión social y política. No puedo detenerme en todos los casos, les mencionaré dos como más recientes: la suspensión cautelar y
posterior anulación por parte del TSJ catalán del decreto catalán que anulaba la convocatoria de las elecciones y su demora a mayo, o el caso más reciente de la suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de las
ilegales limitaciones sobre la hostelería que se están acordando en todas y cada una de las comunidades autónomas de España. (Aplausos).


¿Y por qué, señorías, nuestro Tribunal Constitucional, a quien este año vamos a pagar 27 millones de euros todos los españoles y que está en una posición tan privilegiada, se está inhibiendo de sus responsabilidades? La respuesta es muy
sencilla: porque puede, porque el actual marco legislativo le permite actuar con absoluta discrecionalidad, y la discrecionalidad es la antesala de la arbitrariedad, y con ello se da entrada a la corrupción política. (Aplausos). Y para evitarlo
precisamente VOX trae hoy una iniciativa parlamentaria que, con medidas concretas, va a acabar con esa posibilidad de corrupción política, como es la fijación de un plazo máximo y obligatorio de tres meses para la resolución de los recursos y
cuestiones de inconstitucionalidad desde la interposición e, igualmente, la introducción de un recurso acelerado contra los estados de alarma, excepción y sitio, y contra sus prórrogas. Esta iniciativa es buena para los españoles, señorías, es
necesaria y es urgente; el problema es que esta iniciativa no es buena, ni es necesaria, y mucho menos es urgente para los partidos políticos aquí presentes, que son quienes han de decidirla, que son quienes han de aprobarla.


No puedo dejar de referirme a las enmiendas que se han presentado a esta iniciativa registrada por el Grupo VOX por parte únicamente de dos partidos políticos, Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular. Señorías, con pleno respeto, pero
con clara contundencia, les diré que sus enmiendas son una auténtica vergüenza. Por parte de Ciudadanos lo que se hace es proponer la aprobación de una declaración institucional para crear un grupo de trabajo al efecto de estudiar las medidas
necesarias de reforma, y por parte del Grupo Parlamentario Popular se propone la creación de una subcomisión que estudie las medidas necesarias. Pero, ¿cómo tienen la poca vergüenza de decir que se necesita tiempo para estudiar las medidas de
reforma oportunas? Nada pueden esperar de ustedes los españoles, porque son parte del problema, y créanme, la dimisión de un edificio no va a engañarles. (Aplausos).


Finalizo para dirigirme a los magistrados del Tribunal Constitucional: libérense de sus grilletes, porque la factura que les están pasando al cobro los partidos políticos que les han designado incluye la destrucción de nuestra democracia.
VOX no pide un trato de favor, VOX solo pide que cumplan con su obligación constitucional y resuelvan. Concluyo, señora presidenta: la vida y el prestigio de las instituciones depende, tanto de lo que ellas hacen como de lo que de ellas se hace.
Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional, asesinado por ETA el 14 de febrero de 1996. El Grupo Parlamentario VOX dedica esta iniciativa a su memoria.


Gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Olona. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta.


Buenas tardes a todos. Hoy vemos aquí una proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX que se titula proposición no de ley contra el Tribunal Constitucional. Es una proposición no de ley que, bajo la apariencia o la aparente
pretensión de tratar de reforzar al Tribunal Constitucional, como hemos visto en el discurso de la señora Olona, y lo digo con todo respeto y cariño, no pretende nada más que criticar al Tribunal Constitucional y ponerlo en evidencia.


Nosotros hemos tratado, sí, de arreglarlo. Es buena idea plantear este estudio sobre el Tribunal Constitucional, pero desde luego no voy a admitir de ninguna manera que se diga que la enmienda que presenta Ciudadanos, como la que presenta
el Partido Popular, sean unas enmiendas de grupos parlamentarios que no tienen vergüenza, que es lo que acabo de escuchar de labios de la señora Olona. (Aplausos). Le aseguro que tenemos mucha vergüenza y los compañeros del Grupo Parlamentario



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Popular también la tienen, porque aquí se viene a esto, aquí se viene a proponer cosas, se viene a negociar, se viene a llegar a acuerdos, se viene a entenderse, en definitiva.


Antes de venir aquí a presentar una proposición no de ley lo que hay que hacer es estudiarse la ley, esto es lo más importante, e incluso la Constitución. Fíjese, ustedes señalan que el Tribunal Constitucional es un órgano que por su
nombramiento y por su número de magistrados está contaminado de injerencias políticas, pero, mire, es que es el artículo 159 de la Constitución el que dice cómo se designan los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Quieren ustedes cambiar la
Constitución a través de una proposición no de ley? ¿De verdad? ¿Se lo han estudiado? (Aplausos).


De los cuatro puntos que plantea su proposición no de ley, el primero, el del plazo de los tres meses, es un brindis al sol, es decir, es el típico plazo para dictar resoluciones cuando resulta que solamente hay doce magistrados del Tribunal
Constitucional y ustedes no hablan nada de la dotación de medios personales y materiales al servicio del Tribunal Constitucional y, además, no establecen ninguna consecuencia por el incumplimiento de ese plazo de tres meses. Por lo tanto, es una
medida inútil. El segundo es completamente superfluo. Dicen ustedes respecto de los recursos de amparo que solo pueden resolverse aquellos que tengan relevancia constitucional, ¡pero si ya lo dice el artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional! Solo se atienden los recursos de amparo con relevancia constitucional, y por eso el 97 % de los recursos de amparo se inadmiten y solo se estima el 2,41 % de estos recursos de amparo. En definitiva, no vengan con excusas de reforma
del Tribunal Constitucional porque antes hay que leer, antes hay que estudiar, antes hay que hacer los deberes, y ustedes no están acostumbrados a trabajar en esta Cámara. Esto es lo que pasa. (Aplausos).


Estamos de acuerdo en un recurso acelerado, pero un recurso acelerado, ¿en qué casos? ¿Solamente durante los estados de alarma, de excepción y de sitio, que son los que a ustedes les conviene ahora para atacar al Gobierno? Pues, mire,
nosotros les hemos ofrecido con nuestra enmienda que este recurso acelerado se pudiera dar en aquellos casos en los que la dilación pudiera hacer perder al recurso su finalidad legítima, por causar perjuicios de imposible o difícil reparación, que
usted sabe, señora Olona, es el criterio que establece la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pero ni siquiera por eso. Por último, distinguen ustedes entre los derechos fundamentales violentados durante los estados de alarma,
excepción y sitio y los demás, es decir, que para ustedes hay unos derechos que merecen mejor protección y otros que, sin embargo, son como de segundo nivel. Le voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Para ustedes es más
importante que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un confinamiento perimetral que sobre una detención ilegal que se practique fuera de los estados de alarma, de excepción y de sitio. Y esto es un disparate jurídico, esto es una medida
completamente desproporcionada. Por cierto, en su discurso echo en falta un quinto punto de su proposición no de ley, que es que el Tribunal Constitucional tramite primero siempre los recursos de VOX y que siempre les dé la razón en el fondo,
porque siempre tienen ustedes razón. (Aplausos). Eso se les ha olvidado.


Pues sí, creemos que hay que crear ese grupo de trabajo, coincidimos con el Partido Popular en este aspecto, creemos que debe haber un procedimiento acelerado, pero no en los casos que ustedes señalan, y finalmente creemos que lo que de
verdad importa es potenciar la tarea de ejecución del Tribunal Constitucional, pudiendo llamar directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y no simplemente pidiendo la colaboración del Gobierno. El Tribunal Constitucional fue el
dique de contención frente al separatismo, y hubiera venido muy bien que, sin tener que contar con el Gobierno de la nación, pudiera haberse recabado el auxilio directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto es lo que proponemos con
absoluta seriedad y sin ningún tipo de vergüenza.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Uriarte Bengoechea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora URIARTE BENGOECHEA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar, cualquier propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es de una trascendencia democrática enorme, porque en efecto el Tribunal Constitucional es garante fundamental de nuestro Estado de
derecho, incluso la última garantía, como dicen ustedes, señorías de VOX. Pero en este punto me parece importante recordar lo siguiente, porque tenemos que situar adecuadamente el papel del Tribunal Constitucional en una democracia avanzada. Me
parece muy importante recordar, además de la del Tribunal Constitucional, la responsabilidad de los líderes políticos,



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líderes políticos que deben respetar al Tribunal Constitucional, al Estado de derecho. Por eso quiero recordar qué ocurrió en 2015, cuando el Tribunal Constitucional decidió rápidamente declarar nula e inconstitucional la declaración
independentista del Parlamento de Cataluña. Y, ¿qué pasó, señorías? ¿Qué pasó después de esa sentencia del Tribunal Constitucional y todas las que vinieron después? Pues pasó que los líderes independentistas, algunos de los cuales se sientan
aquí, se saltaron todas las sentencias del Tribunal Constitucional, las incumplieron sistemáticamente. Y, ¿qué pasó también? Pasó que el Gobierno del Partido Socialista, el Partido Socialista, a partir de 2018, cuando consensuó una moción de
censura con esos líderes, empezó a decir que todo eso que había ocurrido, incluidos los incumplimientos de las sentencias del Tribunal Constitucional, formaba parte de eso que llaman ahora conflicto político.


En segundo lugar, señorías de VOX, en este punto, ¿por qué proponen ustedes una reforma de este calado en forma de proposición no de ley? ¿Por qué confían ustedes al Gobierno socialcomunista que desarrolle esta reforma legislativa? ¿Pero
no acaba de decir, señora Olona, hace unos minutos aquí que usted considera a ese Gobierno un Gobierno totalitario? ¿Y usted quiere que haga ese Gobierno esta reforma? En ese punto nosotros, aunque ustedes no lo han aceptado, proponemos la
creación de una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional para hacer esto como debe hacerse.


En tercer lugar, sobre los contenidos, sobre la agilización de las resoluciones, esto es muy complejo. Señora Olona, yo le quiero recordar su propia contradicción. Usted hace un año aquí, en la proposición de Unidas Podemos para eliminar
los plazos máximos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, apoyó con entusiasmo la eliminación de los plazos máximos. Es una contradicción, señoría. (Aplausos). Es una contradicción. Seamos coherentes. Y sobre los recursos de amparo, señoría,
usted sabe que esto es un derecho recogido en la Constitución. Seamos también cuidadosos y coherentes. Y sobre la regulación del recurso de inconstitucionalidad acelerado, estamos de acuerdo. Sí, nos parece pertinente, estudiemos esta regulación.


En cuarto lugar -y quiero acabar con este cuarto lugar-, está la confianza en el Tribunal Constitucional. Señora Olona, es que usted hoy, en lugar de venir aquí a pedir una reforma del Tribunal Constitucional, ha venido a deslegitimar al
Tribunal Constitucional. (Aplausos). Señora Olona, hace unos minutos usted acaba de acusar, nada más y nada menos, que de corrupción política al Tribunal Constitucional. Lo repito, usted ha acusado de corrupción política al Tribunal
Constitucional, y después usted ha querido acabar con un homenaje a Francisco Tomás y Valiente. Por supuesto, yo me sumo a todos los homenajes a Francisco Tomás y Valiente, pero, señora Olona, antes lo ha situado en la corrupción política, le ha
llamado corrupto. (Aplausos). Ha llamado corrupto a Francisco Tomás y Valiente, gran figura que todos respetamos. No, señorías y señora Olona, hagamos una reforma -por supuesto, es buena, es necesaria- de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, pero hagámosla bien, sosegadamente y escuchando a todas las partes, empezando por el propio Tribunal Constitucional.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uriarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor García Adanero.


El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, buenas tardes. La verdad es que no es buena idea proponerle a este Gobierno que modifique una ley como la del Tribunal Constitucional. No es buena idea, porque seguramente traerían una ley para que desapareciera, porque al final
es lo que quieren sus socios y, por lo tanto, como hacen caso a sus socios, son capaces de traer la ley no con lo que usted dice -en muchas cosas le doy la razón, por ejemplo, en cuanto a plazos y otras cuestiones-, sino que la traerían para
eliminar el Tribunal Constitucional (aplausos), que es el objetivo político de algunos que les apoyan en este momento. Fíjese en la que tienen liada con lo de la democracia plena famosa; como para darles estas ideas.


Respecto a la democracia plena, uno oía al señor Iglesias antes de estar en el Gobierno y, ¿qué decía? Pues hablaba bien de Rusia, hablaba bien de Venezuela, se tomaba cañas en las herriko tabernas y decía que los políticos catalanes eran
presos políticos. Después del Gobierno, ¿qué hizo el señor Iglesias? Pues lo mismo, no ha cambiado de opinión. ¿Qué decía el presidente del Gobierno antes? El presidente del Gobierno decía que con Podemos no se podía dormir, que los políticos
catalanes eran políticos presos y que, evidentemente, España era una democracia y que no podía haber un Gobierno que



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defendiera que los catalanes eran presos políticos. Por tanto, ¿quién ha cambiado de opinión aquí? Ha cambiado el presidente del Gobierno de España, no el señor Iglesias. Por tanto, ¿a quién habrá que pedirle explicaciones? Al presidente
del Gobierno de España. ¿Y qué ocurre con esto? Que salen todos los ministros a decir: democracia plena, democracia plena. Pero si lo tenéis sentado a vuestro lado, no nos lo cuenten a nosotros, díganselo a él. Y si no lo quieren decir y creen
que se está equivocando, ya saben lo que tienen que hacer. Pero, ¿qué ocurre? Que aquí manda el grupo de los cincuenta y tres, que son Podemos, Euskal Herria Bildu y Esquerra. Por lo tanto, tendremos que seguir soportando que trasladen cinco
etarras a la semana, tendremos que seguir soportando las mesas llamadas de negociación y todo lo que haga falta por estar en La Moncloa, y que el señor Iglesias pueda decir que en España no hay una democracia plena. Eso es lo que tenemos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: No sabemos si nos gusta menos la PNL o las enmiendas que se le han presentado. En cualquier caso, de lo que estamos en contra es del uso político que se ha hecho del Tribunal Constitucional en los últimos años,
como ariete contra las aspiraciones de nuestro pueblo de poder votar libremente, de poder acceder a la independencia en condiciones democráticas. En 2010 el Tribunal Constitucional dio un golpe de Estado judicial -y no lo dijo el independentismo,
lo dice un prestigioso constitucionalista como Javier Pérez Royo- contra el estatut refrendado por el pueblo de Cataluña. No contentos con eso, después, en 2015, se le dio todavía más poder con una reforma promovida por la mayoría absoluta del PP,
se le dieron más competencias para hacer cumplir sus sentencias directamente y para poder sancionar a cargos públicos. Por cierto, en su día el PSOE se comprometió a derogar esa contrarreforma. Y en este tiempo, desde el nuevo estatut, alrededor
de cuarenta leyes o decretos del Parlament han estado suspendidos total o parcialmente, y hacen referencia a cuestiones de sensibilidad social y urgencia como son la vivienda, la pobreza energética o la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito
laboral. El decreto de regulación de alquileres se encuentra también recurrido en el Tribunal Constitucional.


En definitiva, dar más poder a los jueces, que es lo que plantean la PNL o las enmiendas a la PNL, no nos parecen bien. Es la vía moderna del golpe de Estado a través de los jueces y a través de los medios de comunicación, que crean y
tergiversan los relatos. Por eso nos parece igualmente vergonzoso que el PSOE que, en su momento se comprometió a desjudicializar el conflicto catalán, no haya dado ni un solo paso en esta dirección. Y esta misma semana teníamos el recurso de la
fiscalía contra el tercer grado a nuestros presos y presas políticos. No es la vía dar más poder a los jueces; un estamento todavía más conservador, si cabe, que la mayoría de esta Cámara.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.


Los valencianos sabemos mucho de estos retrasos del Tribunal Constitucional. Hablábamos hace un momento de la vivienda. Pues bien, nosotros tenemos recurrido por el propio Partido Popular en 2017 dos leyes: la Ley de Pobreza Energética y
la Ley de la Función Social de la Vivienda. Han transcurrido tres años en los que la vida de la gente hubiera podido mejorar, y siguen en ese limbo judicial que no permite que podamos actuar a favor de la gente que peor lo está pasando. Ya lo
vimos con el derecho civil valenciano que el propio Tribunal Constitucional tumbó.


Hoy nos trae VOX una PNL sobre justicia el mismo día que un rapero entra en prisión por cantar, con más o menos gracia, algunos versos. Hoy esta derecha quiere que debatamos sobre justicia, sobre Constitución, y aún estamos esperando a que
condenen el acto del domingo, donde más de trescientos neonazis se concentraron en las calles, brazo en alto, con música fascista y bailes de chachachá, culpando al pueblo judío de todos los males del mundo. ¿Van a condenar este acto, señores de
VOX? Todo esto pasa porque también el PSOE y Podemos, en lugar de enmendar todo esto, hacen declaraciones, tuits,



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en definitiva, intenciones. Y no valen los tuits ni las declaraciones más o menos vacías, solo vale el indulto o la amnistía. Por eso desde Compromís nos sumamos al clamor que hoy pide libertad para Pablo Hasél. (Aplausos). Sabemos que
cuando esto llegue a la justicia europea quedará en nada, y por eso a veces en esta Cámara hay que decir, ¿cuándo dejaremos de hacer el ridículo y, como dice Amnistía Internacional, derogaremos los delitos del Código Penal que limitan la expresión
artística o derogaremos la Ley Mordaza?


En esta PNL estamos hablando de justicia, de Constitución, de que a veces no se puede hacer justicia por los retrasos; pero justicia, Constitución, es respetar a las personas y su dignidad. Ustedes, los señores y las señoras de VOX, se
quejan -y con razón- de las pedradas que recibieron en campaña -probablemente les hicieron una parte de la campaña-, que yo soy el primero en condenar, pero ustedes a veces en esta Cámara lanzan pedradas dialécticas contra la Constitución y contra
el respeto a las personas. Ayer, un representante institucional de VOX se dedicó a vejar públicamente a una persona trans refiriéndose en masculino a la diputada Carla Antonelli. ¿Cómo vamos a evitar las agresiones, cómo vamos a evitar, en
definitiva, ese ambiente en contra si ustedes mismos las hacen desde las instituciones, lanzan esas pedradas de falta de respeto a algunas personas? Si yo a partir de hoy llamara a la señora Macarena Olona don Macareno, o al señor Santiago Abascal
le llamara doña Santiaga, les parecería una falta de respeto. Y a mí también. Por eso les pido que no contribuyan al dolor de muchísimas personas trans con sus agresiones homófobas. Señoras y Señores de VOX, el fascismo no es alegría, es odio, es
problemas de convivencia y es, sobre todo, violencia.


Moltes gràcies.


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Nuet Pujals.


El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.


Si viviésemos en una democracia plena, Pablo Hasél no sería el nuevo preso político del Estado español. ¡Pablo, te queremos en la calle! (Aplausos).


Señorías, el Tribunal Constitucional y su ley se ha convertido en las últimas décadas en un campo de batalla partidista, como esta propuesta de VOX hoy nos sigue demostrando. El pecado original de este problema reside en la propia
concepción bipartidista del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional hoy es más un cancerbero del régimen constitucional de 1978 que un árbitro de una democracia avanzada. Los catalanes y las catalanas sabemos de qué estamos hablando
porque en los últimos tiempos hemos probado su acción en nuestras carnes. O, ¿no es verdad que antes de la sentencia del estatuto se estuvo modificando la composición del Tribunal Constitucional hasta que tuvo la mayoría adecuada para cargarse el
Estatuto de Cataluña? O, ¿no es cierto que en el año 2015, cuando la legislatura estaba agonizando -lo digo por la portavoz del Partido Popular que decía cómo de bien hacía el PP las cosas-, en el último minuto y en descuento se trajo a esta Cámara
una ley de modificación de la Ley del Tribunal Constitucional sin diálogo, sin consenso y vía exprés y en una semana cambió la ley? ¿Para qué? Porque el independentismo estaba creciendo en Cataluña y había que preparar al martillo de herejes en
que se convirtió el Tribunal Constitucional en ese periodo. Muy democrático, Partido Popular. O, ¿no es cierto que en 2017 el Tribunal Constitucional modificó su jurisprudencia? Antes, cuando un Parlamento hacía una ley, el Tribunal
Constitucional después del debate la analizaba y la declaraba constitucional o no constitucional. Pero ahora las cosas son distintas, ahora se interviene antes del debate parlamentario, con una censura previa que decide qué es lo que en los
parlamentos se puede o no debatir. (Aplausos).


Por tanto, todas esas cosas han estado pasando. Pero bien, tal vez alguien pensaba que ahora VOX, como es un partido nuevo, nos iba a traer unas propuestas para salir de este meollo bipartidista. Pues no, porque VOX con su propuesta
empeora aún más la situación. Porque, ¿qué es lo que intenta hacer VOX? Presionar al Tribunal Constitucional para que, por ejemplo, con la Ley del Aborto legisle en contra de los derechos de las mujeres. Eso es lo que VOX está insinuando.
(Aplausos). O, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional criminalice la gestión de la pandemia. Miren, la gestión de la pandemia es criticable, pero no es criminalizable, que es lo que VOX ha estado intentando hacer durante toda esta gestión.
Por tanto, detrás de la propuesta de VOX no hay una solución, hay reacción. La señora Olona decía que gritáramos a los magistrados del Tribunal Constitucional que se liberaran de los grilletes del Partido Popular y del PSOE. Le faltaba gritar,
señora Olona, vivan las cadenas, porque eso es lo que trae VOX, nuevas cadenas contra las mujeres y contra las libertades. Ni mucho menos. Vamos a votar en contra. (Aplausos).



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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Nuet. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Santiago Romero.


El señor SANTIAGO ROMERO: Gracias, señora presidenta.


Para acelerar el plazo de resolución de los recursos ante el Tribunal Constitucional o para dificultar el acceso de los ciudadanos a un recurso de amparo lo apropiado sería presentar una proposición de ley, y no una proposición no de ley,
máxime cuando la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional ya introdujo la exigencia de justificación de la especial trascendencia constitucional que hoy nos traen aquí a proponer como si fuera una novedad. Además, el Tribunal Constitucional se
ha pronunciado sobre el estado de alarma ya en el año 2016, y se ha pronunciado sobre los recursos de VOX desestimando las medias cautelares previas que han pedido. Realmente, lo que están proponiendo es dar prioridad en la tramitación del Tribunal
Constitucional a los recursos que presentan ustedes, concretamente a sus recursos impugnando el estado de alarma y mostrando su constante negacionismo ante la gravedad de la pandemia porque ustedes lo atribuyen a una conspiración política.


Esta PNL no menciona los verdaderos problemas de la justicia, como la falta de eficacia de una justicia politizada. Hoy nos causa estupor la nueva injerencia en la actividad política del presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León descalificando al partido que más luchó contra la Dictadura, por la democracia y por la libertad. O nos causa escándalo la mediación de juez entre el Partido Popular y su extesorero para que este se calle ante la justicia. O nos
causa muchísimo escándalo el ingreso en prisión de un cantante exclusivamente por el contenido de las letras, por muy del mal gusto que sean esas canciones. Es decir, el Tribunal Constitucional padece hoy también el secuestro de la derecha, es otro
órgano constitucional al que le ha expirado el mandato, está pendiente de ser renovado en un tercio de su composición desde el año 2019.


Mientras tanto, nos traen una PNL para acelerar la tramitación de sus recursos, arrogándose nuevamente VOX más derechos de los que reconocen al resto de sus compatriotas y obvian pedir el cumplimiento de la norma constitucional de
renovación. Este permanente secuestro por la derecha de los órganos constitucionales usándolos para sus intereses provoca la insatisfacción de los ciudadanos y el cuestionamiento de la calidad democrática. Esto es la anormalidad democrática que
tanto les escandaliza, que según las últimas encuestas del Eurobarómetro el 53 % de los españoles no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Es obvio para la mayoría de los ciudadanos que vivimos en una democracia mejorable, lo que
no es cierto es que vivamos en una dictadura ni en un Estado totalitario como se han cansado hasta la saciedad de decir tanto VOX como el Partido Popular desde que se constituyó este Gobierno y desde que comenzó la pandemia. (Aplausos). Porque la
calidad democrática también depende de la renovación en plazo de los órganos constitucionales y del respeto a los derechos fundamentales.


Hay cuestiones que afectan obviamente a la actuación del Tribunal Constitucional y a la garantía de los derechos fundamentales. Por ejemplo, tener un jefe del Estado fuera del alcance de la justicia y que la justicia se niegue a
investigarlo, mientras que lo hace la justicia de otro país, afecta a los derechos fundamentales; tener miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en activo que ataquen groseramente a este Legislativo por presentar iniciativas que no
les gustan o que den palizas a los ciudadanos o que se dediquen a perseguir políticos en beneficio de unos partidos y en perjuicio de otros, obviamente afecta también a los derechos fundamentales, al igual, que tener demasiados militares retirados
que añoran el franquismo y las masacres o nazis que añoran las divisiones hitlerianas. Hay 150 cantantes y artistas encarcelados en España por poner tuits o hacer canciones y el que tenía que evitar eso era el Tribunal Constitucional y ese es el
grave problema que tenemos con el Tribunal Constitucional que es permisivo cuando se irrespetan los derechos fundamentales.


Así, llegamos a situaciones en las que Naciones Unidas ha tenido que llamar la atención a España por los desahucios sin alternativa habitacional o por los cortes de suministros esenciales en la Cañada Real. Cada vez que el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos resuelve condenando a España es un fracaso del Tribunal Constitucional, que no ha corregido una vulneración de un derecho fundamental. Y han sido 62 condenadas en los últimos años a España por no respetar un proceso justo, o por
malos tratos, o por uso injustificado de la fuerza al disolver manifestaciones contra los recortes, o por enviar a la cárcel a personas por quemar una foto del jefe del Estado. En todo caso, nos tenemos que preocupar de que eso



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no ocurra con el Tribunal Constitucional, que no nos haga avergonzarnos en Europa por no ser capaces de defender los derechos fundamentales de los españoles.


La señora PRESIDENTA: Señor Santiago, tiene que terminar.


El señor SANTIAGO ROMERO: Acabo.


Votaremos en contra de esta PNL porque lo que pide es un cauce privilegiado para los recursos de VOX ante un Tribunal Constitucional pendiente de renovación.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santiago. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Elorza González.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, la verdad es que no puedo dejar de confesar que comparto la intervención del portavoz de Ciudadanos porque ha dado una respuesta en la línea de lo que había pensado, una respuesta técnico-jurídica evidente, que desbarata
absolutamente la iniciativa de la ultraderecha con argumentos jurídicos claves. No hay más que leerse la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y especialmente recordar que fue un Gobierno Socialista, de la mano de Rodríguez
Zapatero, el que en 2007 presentó precisamente la reforma de esa Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para agilizar y para considerar las condiciones de admisibilidad de esa avalancha de recursos de amparo y también para incorporar esa exigencia
de especial trascendencia constitucional. Por tanto, esa iniciativa a este despropósito está respondida desde todo punto de vista.


También me ha gustado la parte final, solo la parte final, de la señora Uriarte porque sí, ha acertado. Lo que pasa es que ha habido alguna otra intervención al inicio que, en cambio, me ha parecido desacertada porque, señora Uriarte, con
todo cariño le digo que cuando se habla de regeneración democrática no se trata de cambiar la fachada o de cambiar la sede, cuando se habla de regeneración democrática, se habla de cambiar el discurso, los comportamientos morales y los liberados.
Por tanto, no dé usted lecciones al Gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos. (Aplausos).


¿Qué hay detrás de esta iniciativa de la ultraderecha, de VOX? Muy claramente, hay un nuevo intento de desestabilizar el sistema democrático en España. ¿Cómo lo hacen permanentemente? Como lo han hecho hace unos días en la campaña en
Cataluña, sobre la base de un discurso absolutamente populista; un discurso con frases hechas muy llamativas, muy redondas, muy populistas y, a la vez, muy autoritarias. En este caso, ¿qué se trata de hacer con esta iniciativa? Se trata de
deslegitimar al Tribunal Constitucional. ¿Y cómo lo están haciendo? Como lo vienen haciendo ya hace tiempo, porque la ultraderecha, VOX, ha pedido repetidamente -no hay más que ver la hemeroteca- la eliminación del Tribunal Constitucional. VOX ha
dicho que el Tribunal Constitucional ha sido cómplice de un golpe de Estado de este Gobierno con la declaración del estado de alarma. La ultraderecha hace pocos meses en la Asamblea de Madrid denominó al Tribunal Constitucional 'tribunal
prostitucional'. La extrema derecha, VOX, ha repetido -aquí mismo lo ha dicho- que es un tribunal sometido a la corrupción, que es un tribunal secuestrado por partidos políticos. Se trata de desestabilizar con un discurso populista y deslegitimar
una institución que es la garantía máxima de la Constitución Española. Ellos no están con la Constitución, ellos no defienden la Constitución, sino que están a otro juego.


Y en el fondo esta iniciativa también marca, si la leen bien, sus obsesiones con la falsa defensa a la libertad. No, son liberticidas. ¿Qué entienden ellos por libertad cuando acuden al tribunal con los recursos de amparo cuando se declara
el estado de alarma para salvar vidas? ¿Qué entienden por libertad? Muy claro, la libertad de el del palo de golf y otros de manifestarse por el barrio Salamanca y la libertad del 23 de mayo de montar una caravana de coches por toda España para
colapsar y generar más problemas de contagio. Irresponsables.


¿Y qué hace VOX en esta campaña de desestabilización con esta iniciativa? Pues tirar de los chiringuitos, los chiringuitos de VOX. En fin, los Abogados Cristianos. ¿No es un chiringuito lo de los militares retirados jubilados? ¿No es un
chiringuito de estos que sacan a pasear de vez en cuando, como los del pasado fin de semana en Madrid, en actitudes auténticamente fascistas, nazis? Ellos legitiman ese tipo de manifestaciones. ¿De qué va esto, pues? Va de desestabilizar la
democracia y además hacerlo a costa del resto de los partidos de la derecha y la derecha se deja. Por tanto, evidentemente, votaremos



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en contra de esta iniciativa porque es absolutamente manifiesto que el objetivo ataca al sistema democrático. Ustedes están utilizando a su grupo, y tienen su derecho porque tienen 53 diputados, para interponer hasta once recursos en el
Tribunal Constitucional, hasta contra la Ley de protección del Mar Menor, en Murcia, por no hablar de la eutanasia y de la Ley de educación. Todo lo que no les gusta lo recurren y cuando no les dan la razón, como parece que igual no se la van a dar
en relación con la Ley del aborto porque son ustedes profundamente antifeministas, se quejan.


La señora PRESIDENTA: Señor Elorza, tiene que terminar.


El señor ELORZA GONZÁLEZ: Acabo ya.


Y cuando no aceptan sus recursos de amparo relacionados con los reales decretos para defender el estado de alarma también se quejan porque -repito- su libertad es puro liberticidio. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Elorza.


Señora Olona Choclán, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas? Por su intervención, entiendo que no es así.


La señora OLONA CHOCLÁN: No.


La señora PRESIDENTA: Se votará en sus términos la proposición no de ley. Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, RELATIVA A LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES. (Número de expediente 162/000532).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para la presentación de la
iniciativa tiene la palabra la señora Fernández Castañón.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.


Bones tardes. Hoy vengo aquí a hablar de mujeres y antes de entrar en materia quería mandarle un abrazo sororo a una de ellas, a Carla Antonelli, a la diputada de la Asamblea de Madrid, Carla Delgado Gómez. Carla, de mujer a mujer, estamos
contigo. Fuera la transfobia de las instituciones, de las calles y de nuestras vidas.


Es un orgullo como representante pública subir a esta tribuna para hablar de los derechos, para avanzar en nuestros derechos sexuales y reproductivos, para reconocer, agradecer y celebrar las luchas que nos preceden, la última llamada el
Tren de la Libertad, que mandó a casa a un ministro que quería devolvernos a tiempos oscuros. Es un orgullo hacerlo hermanadas con las pibas argentinas, con las mujeres de El Salvador, con las feministas irlandesas, con las valientes que salen a la
calle en Polonia o con las húngaras que responde a Orban. Los derechos o son para todas o no son derechos. La lucha de las mujeres va más allá de cualquier delimitación o frontera y esa es la perspectiva de esta proposición no de ley, la
perspectiva de no olvidar nunca que estamos hablando de todas las mujeres. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto para no morir. Con esta máxima presentamos esta PNL, la de garantizar la educación sexual en nuestras
escuelas, así como la del personal sanitario con perspectiva de género para quitarle el estigma al aborto, cualquier estigma que tenga, que hace que a día de hoy todavía haya quienes se acojan a la objeción de conciencia por puro desconocimiento o
desinterés.


Gracias a todas las profesionales que lleváis años practicando interrupciones voluntarias del embarazo, asistiendo a las mujeres en el ejercicio de sus derechos y soportando el acoso de aquellas personas que no respetan, que ocupan la vía
pública para coaccionar, insultar y estigmatizar sin consideración ni empatía ninguna, porque, señorías, este proceso no resulta sencillo y el respeto a la libertad y a la dignidad debería estar por encima de cualquier consideración y de cualquier
creencia, y no digamos ya de cualquier sectarismo. Acosan a las clínicas -vayan un sábado a la clínica Dator, pionera en la defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos-, acosan a las trabajadoras y acosan a las mujeres que acuden a esas
clínicas. En 2019, sesenta y dos organizaciones denunciaron que, desde la entrada en vigor de la Ley 2/2010, más de ocho mil mujeres habían sido increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas



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de algún modo. Nosotros queremos que se garantice el derecho a un aborto libre, seguro y gratuito dentro del sistema público de salud -digo esto con todo el respeto a las competencias de las comunidades autónomas-, y para ello, debemos
modificar la Ley de 2010. Es necesario que las mujeres dejemos de ser contempladas por ley como sujetos con capacidad de obrar inferior. Se nos obliga a estar setenta y dos horas reflexionando, una vez que hemos tomado la decisión de interrumpir
nuestro embarazo. No existe ningún otro supuesto en nuestro ordenamiento jurídico donde tengamos que esperar un tiempo para confirmar la decisión que hemos tomado. En ninguna otra intervención a la que yo misma me pueda someter me obligan a tener
que reflexionar, una vez que he decidido someterme a esa intervención. Sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos la ley nos cuestiona, duda de nuestra voluntad y de nuestra determinación. Esa exigencia dice más de los legisladores de
entonces que de las mujeres que somos. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).


Asimismo, debemos garantizar la autonomía de las mujeres de dieciséis y diecisiete años para poder interrumpir voluntariamente su embarazo porque, actualmente, la mayoría de edad sanitaria está en los dieciséis años, salvo para poder
abortar, junto con la reproducción asistida y los ensayos clínicos. Esto va en contra de la equidad y tiene un profundo impacto negativo en esas jóvenes y, además, no tiene ningún sentido científico ni médico. Se hizo solo para contentar al sector
más ultraconservador de la sociedad porque, de hecho, según el estudio de ACAI, que es la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre enero y septiembre de 2014 ya se puso de manifiesto que las jóvenes de
dieciséis y diecisiete años que no informaban a sus tutores legales suponían solo el 0,44 % del total de abortos y que las causas que alegaron iban desde el desamparo familiar hasta las violencias sexuales. ¿Qué sentido tiene, salvo la merma de
autonomía y de derechos, y qué base tiene, si no patriarcal y machista, para restarnos capacidad de decisión? Al fin y al cabo, no hace un siglo las mujeres en España no votábamos. De hecho, fue a mitad del siglo XX cuando se reconoció que los
derechos no eran de ciudadanos, con o, sino derechos humanos. Un derecho tiene que ser informado y queremos que quienes acudan porque han decidido abortar, tengan la información de decidir libremente si quieren que su aborto sea instrumental o
farmacológico, que no tengan que estar horas solas con mucho dolor porque no les han dado más opciones, que lo puedan elegir de manera informada.


Hablamos de derechos porque estos se vulneran, y aquí quiero hacer referencia a algunas de las enmiendas que nos han llegado. Nosotras vamos a ser muy claras. Desde el pensamiento feminista sabemos que es clave nombrar esas vulneraciones,
esas agresiones, porque si no se nombran, si no se identifican y si no se legisla pasan a estar dentro del ámbito de lo íntimo. Y no, la explotación reproductiva no pertenece a la intimidad; no, la esterilización forzosa no pertenece al ámbito de
la intimidad; no, el aborto forzado no pertenece al ámbito de la intimidad, y no, la violencia obstétrica no pertenece al ámbito de la intimidad. (Aplausos). Todas estas son manifestaciones de violencias machistas. Si queremos garantizar
derechos, debemos localizar esas vulneraciones. No es otra cosa que hacer lo que dice la OMS y no es otra cosa que hacer lo que dice la Cedaw. No me voy a extender en desglosar lo que dice la Cedaw porque esperamos poder modificar esta ley para
que se cumpla con el objeto que tiene. Queda camino. Unidas Podemos lo tiene claro: la ampliación del marco de derechos es imparable.


Y cierro con una máxima de la lucha feminista de la que somos hijas, nietas y bisnietas: nosotras parimos, nosotras decidimos. Porque fueron, sigamos. Sigamos haciendo camino y hagámoslo absolutamente para todas.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Fernández Castañón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Giménez Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, debatimos una iniciativa que aborda la maternidad, el derecho de toda persona a decidir libre y responsablemente sobre su salud sexual y reproductiva. Hablamos de la garantía de los servicios médicos, tanto si se opta por
continuar con un embarazo o si se opta por interrumpirlo, teniendo en cuenta las recomendaciones que nos ha hecho la Cedaw y la Organización Mundial de la Salud. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia). Hay que tener
también en cuenta en esta materia que la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del año 2011, según determina la Ley 2/2010,



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su duración es de cinco años. Por lo tanto, ya desde 2016 debería haberse actualizado y debía haberse sometido, también, a la revisión bianual que establece la propia estrategia.


Desde Ciudadanos consideramos que hay que seguir avanzando en garantizar la libertad de decisión de todas las mujeres respecto a su maternidad, y que se puede producir la interrupción voluntaria del mismo en los supuestos establecidos en la
Ley Orgánica 2/2010 de manera segura y con todas las garantías médicas. Pero, por supuesto, hay que ser realistas y en esta materia lo principal es abordar adecuadamente la política de prevención. De ahí la necesidad de redoblar los esfuerzos en
educación afectivo-sexual, de campañas de profilaxis y en el acceso a los métodos anticonceptivos, con la finalidad de evitar, en todos los casos posibles, embarazos no deseados. Hay que tener en cuenta, además, que hay mujeres que se encuentran en
situaciones de mayor vulnerabilidad frente a esta realidad y, sobre todo, aquellas mujeres que son menores de edad.


Los derechos sexuales y reproductivos, señorías, no se limitan solo a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, sino también a la posibilidad de aquellas mujeres que deciden libremente tener descendencia ante un embarazo, que
quieran tenerlo y que puedan seguir adelante. Lo que tenemos también que poner en marcha son las medidas que faciliten ser madre a aquellas mujeres que, en determinadas circunstancias, lo tienen más difícil. En este aspecto, Ciudadanos ha sido
siempre un partido que ha defendido el derecho de todas las personas a formar una familia y, sobre todo, lo hemos demostrado con modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que han sido sustanciales, porque debemos recordar que recientemente
hemos modificado, gracias a la propuesta de Ciudadanos y al apoyo de toda esta Cámara, el que las mujeres discapacitadas no sean esterilizadas forzosamente, de lo cual me siento totalmente orgullosa. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


Queremos insistir en la necesidad de activar políticas activas que hagan realmente el fomento de la natalidad, apoyar a las familias atendiendo a su diversidad y a sus circunstancias específicas, con la finalidad de garantizar que todos sus
miembros, y especialmente los niños y las niñas que forman parte de las mismas, puedan desarrollarse con plenas garantías. Ahora bien, dentro de esta normativa hay un aspecto sustancial, que es para el que hemos establecido una enmienda, una
mejora, y es que en la redacción inicial de la Ley 2/2010 se contemplaba la posibilidad de que las menores de edad pudieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin el conocimiento de sus progenitores. En Ciudadanos creemos que
simplemente por el miedo a enfrentarse a una situación en su familia, por generar determinados disgustos en la propia familia, lo que no tenemos que hacer es obviar que tiene que haber un derecho a la información igualmente de los padres. Ese
derecho a la información tenemos que tenerlo en cuenta en el contexto de que hay mujeres que, por el simple hecho de decirlo, se van a enfrentar a situaciones muy difíciles; difíciles hasta el punto de que pueden correr determinados riesgos a su
integridad, el desprecio o la obligación de tener ese niño o esa niña por propias imposiciones.


Pero ¿qué debemos hacer? El propio derecho nos establece una solución. Yo creo que aquí hay que garantizar y buscar equilibrios entre el derecho a la información y el derecho a la protección de menores. Y eso nos los da el propio Código
Civil, señorías, que establece la función del defensor judicial cuando haya posiciones en las que afectan a menores y que haya intereses contrapuestos. Por eso, creemos que nuestra enmienda mejora la norma, busca equilibrios y garantiza la
protección, tanto del derecho a la información como el derecho de las menores. Esperamos que esta enmienda sea aceptada.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Méndez Monasterio. (Aplausos).


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, de nuevo traen a esta Cámara otra iniciativa sobre la muerte, pero ninguna solución a los problemas reales de las mujeres reales; solamente les ofrecen la muerte. Con su ya probada falta de escrúpulos, aprovechan la pandemia para
seguir implantando la agenda globalista y su ideología marxista, su obediente proyecto de destrucción. Casi 100 000 abortos anuales registrados -los reales son muchos más- y más de 1 millón de muertes inocentes en 10 años. Esto es lo que ha
conseguido la Ley Aído, configurando el aborto como un derecho para conseguir una apariencia de bien a lo que es el mayor mal que puede experimentar una mujer, la muerte de su hijo provocada por ella misma. (Aplausos). Es una ley contraria a la
doctrina del Tribunal Constitucional, y aprovecho para denunciar su culpable inactividad ante un recurso interpuesto hace ya más de diez años; una ley que prometió derogar el Partido Popular,



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y que no lo hizo, cooperando de manera necesaria a que el aborto actualmente se utilice como un medio anticonceptivo más. ¿Y les extrañan sus resultados? Esto también tiene que ver. Se desprendieron del fundamento más importante de su
proyecto y se sometieron a la ideología de la izquierda. (Aplausos).


Vamos ahora a la iniciativa. ¿Los más de 10 000 abortos en niñas menores de 19 años no les parecen suficiente? Su propuesta es que ese número aumente. Quizás tampoco les parezcan bastante los 60 millones de euros anuales que mueve la
industria del aborto. Su perversión ha llegado a cotas tan inaceptables que ya no resulta creíble, señoría, porque esta iniciativa responde también a las ansias de protagonismo enfermizo de una ministra, por ello presenta leyes esperpénticas y
exageradas, una ministra que quiere dejar su sello aunque sea a costa de la vida de inocentes y de la salud de las adolescentes, igual que hizo la ministra socialista Aído. Una ministra, por cierto, que desde su privilegiada atalaya ha podido tener
tres hijos que le cuida una niñera pagada por todos los españoles, pero a las demás mujeres, a las que tengan problemas para tenerlos, no las va a ayudar a que puedan hacerlo. El único derecho que tiene que asegurar es el de que aborten.


¿Cuánto gasta de los casi 500 millones para ayudar a mujeres embarazadas? ¿Van a hacer algo para que un embarazo no ponga en riesgo el trabajo de la mujer, sobre todo los trabajos precarios? ¿O la única solución para conservar su empleo va
a ser que aborte, porque es su derecho? ¿O la única respuesta que les dan a las mujeres que están en paro ahora, en la pandemia, es la muerte de su hijo? ¿Por qué no plantean que se informe no de cómo se hace un aborto, sino de lo que es y de sus
consecuencias? Evitan siempre hablar del síndrome posaborto o estrés postraumático que genera el aborto en muchas mujeres; diversos informes así lo evidencian. Existe un gran riesgo de padecer secuelas psicológicas irreversibles, riesgo que
además es más elevado en las adolescentes. Pero impiden esa información, no quieren que la decisión de abortar sea un acto libre, no quieren un solo día de reflexión, no quieren que piensen. En definitiva, no quieren mujeres libres.


Sin información, sin reflexión, movida por un grave y difícil conflicto emocional, ustedes lo aprovechan para que solo exista una salida. Es inmoral y es cruel favorecer que el aborto sea la única decisión posible, al tiempo que se le
oculta información que podría modificar esa dramática decisión. Su perversión es tan grande que incluso impiden en algún ayuntamiento que se la pueda derivar a asociaciones que ayudan a muchas mujeres a que puedan tener sus hijos, organizaciones
que ahora, en la pandemia, lo están pasando mal y a las que desde aquí queremos felicitar, porque salvan muchas vidas y consuelan a muchas otras. (Aplausos). No hace falta apelar a conferencias internacionales, sobre todo si no desvelan sus
intereses ocultos, porque el verdadero derecho a la salud sexual y reproductiva debe ser impedir por todos los medios ponerla en riesgo con un aborto y a que este se utilice como un medio anticonceptivo. Es una evidencia científica que peligra
menos la salud de las mujeres teniendo a su hijo que provocando un aborto (aplausos); tan solo hace falta apelar a la verdad impresa en las leyes de la naturaleza pues, cuando se transgreden, solo traen inexorablemente dolor y destrucción.


Obviamente, son dos visiones antagónicas, son dos posturas opuestas. Ustedes propician la muerte y nosotros defendemos la vida. ¿Qué recorrido, qué futuro tienen sus ideas? La destrucción personal y la destrucción social. Solo muerte.
El futuro no les pertenece, solo le pertenece a la verdad, a aquellos que creen que en la familia, en el cuidado de los mayores y en el valor de la vida de los niños está el verdadero progreso. Por eso nosotros hemos presentado una enmienda para
que se elabore una ley de protección al no nacido y a la maternidad que ofrezca información, apoyo, ayuda y alternativas y, consecuentemente, la derogación de la Ley Aído.


La señora PRESIDENTA: Señora Méndez, ha finalizado su tiempo.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino, señora presidenta.


VOX siempre estará en la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Méndez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Berja Vega.


La señora BERJA VEGA: Presidenta, con su permiso, una cuestión previa. Como diputada por Jaén y vecina de Linares, quiero mostrar mi rechazo a la brutal agresión que han sufrido un padre y su hija en mi tierra y quiero mandar un mensaje de
apoyo a mi ciudad. (Aplausos). En Linares hay mucha gente que lo está pasando muy mal, señorías.



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Volviendo a la cuestión, quiero empezar leyendo un texto. Les cito Porque yo decido: 'Porque yo decido, soy libre y vivo en democracia exijo que se mantenga la actual Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del
embarazo por favorecer la autonomía moral, preservar la libertad de conciencia y garantizar la pluralidad de intereses de todas las mujeres'. Señorías, este fragmento es parte del texto que el Tren de la Libertad entregó en 2014 al Gobierno de
Mariano Rajoy. Somos muchos y muchas los que estuvimos en las calles de Madrid y nos acordamos bien de aquel día; seguro que también se acuerdan sus señorías del Partido Popular: aquella movilización de las mujeres le costó el puesto al ministro
Gallardón. Las feministas pusieron en su lugar a aquellos que intentaron acabar con los derechos conquistados y las feministas también les pondrán a ustedes, señorías de VOX, en su lugar.


Hoy, defiendo aquí, en esta tribuna, exactamente lo mismo que defendieron las compañeras del movimiento feminista aquel 1 de febrero de 2014. Defendemos que la Ley de salud sexual y reproductiva se mantenga tal y como se aprobó en 2010 y,
por tanto, se derogue la modificación que hizo el Partido Popular en el año 2015. La Ley de 2010, la ley impulsada por la ministra Bibiana Aído, daba respuesta a una doble demanda del movimiento feminista. En primer lugar, el reconocimiento
legislativo de los derechos sexuales y reproductivos en España y, en segundo lugar, facilitaba la interrupción del embarazo sin supuestos, sin tutelas y sin permisos. Una ley de plazos.


La Ley Aído es una ley garantista, pero a día de hoy el único reto que tiene no está en su articulado, ni siquiera en su cobertura. El reto está en la implementación de la propia ley. Voy a centrarme en dos cuestiones que son prioritarias
para el desarrollo de esta norma. La primera, tenemos que impulsar la estrategia de salud sexual y reproductiva que impulsa políticas públicas en materia educativa y en materia sanitaria en relación con la prevención de los embarazos no deseados,
por ejemplo. En segundo lugar, tenemos que garantizar el ejercicio del derecho al aborto sin acoso. Señorías, no podemos permitir que los grupos ultracatólicos acosen a las mujeres en las puertas de las clínicas; no podemos consentirlo.
(Aplausos).


¿Es la ley de 2010 una buena ley? La respuesta es rotunda: sí. Solo tiene un reto, implementarla. Señorías, ¿hay algo que tocar de esa ley? Sí, la modificación del Partido Popular, la que dejaba en la indefensión a las mujeres más
vulnerables, a las jóvenes de dieciséis y diecisiete años. Señorías, ¿es acertado abrir la ley? No, no lo es, y esta iniciativa de Unidas Podemos propone abrir la ley, por cierto, en contra de un informe desfavorable del propio Ministerio de
Sanidad, que es el competente en esta ley. Entendemos que si ustedes, señorías de Unidas Podemos, quieren abordar cuestiones como la explotación reproductiva como forma de violencia, en lugar de una proposición no de ley lo que tendrían que hacer
es incorporarla a la ley de violencias sexuales.


Señorías, la ley de 2010 consiguió un amplio consenso, 184 diputados y diputadas la apoyaron, conseguimos la unidad de la izquierda, y también se sumaron otros grupos políticos. Por tanto, esta es la ley del consenso, una ley participada
por expertos y por la sociedad civil, y una ley que la ciudadanía hizo suya, y fue la propia ciudadanía quien la protegió en las calles. Por eso triunfó el Tren de la Libertad, porque las calles se llenaron de mujeres y de hombres que querían
proteger la ley. Por cierto, el Tren de la Libertad, nada sospechoso de quedarse corto en política feminista. Por tanto, señorías, abrir la ley del aborto no es un acierto y nuestra enmienda va en esa línea.


Termino. Quiero aprovechar esta intervención para reconocer a todas las feministas que dieron y ganaron la batalla del 1 de febrero de 2014, la del Tren de la Libertad,...


La señora PRESIDENTA: Señora Berja, tiene que terminar, por favor.


La señora BERJA VEGA: Voy terminando, señora presidenta.


... muchas de ellas feministas radicales, muchas de ellas llevan más de cuarenta años luchando y muchas de ellas militan en las filas del Partido Socialista. A todas ellas las mujeres que somos más jóvenes les debemos mucho y les
agradecemos todo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Berja. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.



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El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


Antes que nada, dos incisos a la representante de VOX, que, por cierto, cuando era diputada del PP fue ponente conmigo debatiendo la ley del aborto de la que hoy hemos hablado. Pensaba lo mismo que piensa ahora, pero le voy a hacer una
pregunta antes de nada: ¿Qué hubiera hecho si VOX estuviera en el Gobierno y la hubiera derogado, es decir, si tuviera una ley propia, como propone? ¿Hubiera habido cero abortos en el Estado español o hubiera habido los mismos abortos con mujeres
desangrándose en cualquier cuchitril, sin auspicio de la ley? Por favor... (Rumores). Y la segunda cuestión, lo de la muerte natural, con la que ha finalizado usted su intervención. ¿Sabe usted que curar es impedir la muerte natural de una
persona? Por tanto, sepamos dónde ponemos los límites.


Voy a lo que es la cuestión que nos trae hoy. Parece que es el segundo capítulo de La guerra de los Rose. El primero lo hemos tenido con la proposición de ley y ahora vamos con esta cuestión. Les voy a aplicar, señores de Podemos, el
mismo o parecido criterio que a los del Partido Socialista en la toma en consideración de la proposición de ley. Esta proposición no de ley para nosotros parte de dos conceptos equivocados, señora Fernández Castañón. Primero, toda esta serie de
cuestiones tan profundas, importantes y modificadoras no se deben presentar en una proposición no de ley, primero, porque es lo suficientemente importante como para plantearlo en una PNL. Y porque no se puede presentar una PNL de once puntos. No
hay quien acepte así, de una tacada, once puntos, por muy en consonancia que se pueda estar y por muy de acuerdo que pueda estarse en algunas de las cuestiones. Eso es -perdónenme la expresión- inabarcable. ¿Esto es para que se apruebe o es para
poner a prueba a alguien o a algunos? Ustedes están en el Gobierno. Ustedes ostentan la cartera de Igualdad. Ustedes se han atribuido la salvaguarda y la modificación de la Ley de salud sexual y reproductiva, que regula la interrupción voluntaria
del embarazo. Pues para ello, en vez de presentar PNL que no sirven para nada, traigan, si es que así lo quieren hacer, una proposición de ley como es debido. Siempre que sus socios los dejen, porque ahora parece que esto corresponde a Sanidad.
Bueno, veamos cómo culmina esta pequeña batalla. ¿Y cómo es como es debido? Pues para empezar no rompiendo los consensos que fraguaron la citada ley -que bastante costó- y viendo qué es lo que nos une y disipando lo que nos distancia, viendo la
oportunidad o no de los cambios sugeridos, y si es el momento o no para ello. Si es para volver a la ley original, aquí nos tendrán, pero no aceptaremos que se nos trufe con otras incorporaciones que ni son necesarias ni son parte de esta ley.


Además, hablan de otras cosas que, si ustedes las quieren relacionar, lo pueden hacer, por supuesto, pero ¿para qué? Nos opusimos y lo seguimos haciendo a los cambios que introdujo el Partido Popular, cambios, por cierto, en una ley que
ellos mismos recurrieron al Constitucional, y a eso se le llama nadar y guardar la ropa, ¿verdad? Hubieran sido más coherentes ustedes. Si está recurrida la ley, no modifiquen, porque está recurrida. Y ya que viene al caso, lo mismo le pido al
Tribunal Constitucional. Cómo es posible que lleve tantos años sin resolver, cuando para otros temas, por ejemplo, Cataluña despachan el asunto con una increíble celeridad, mientras que esta resolución duerme el sueño de los justos.


Asimismo, creemos que ustedes, en su afán de acaparar y legislar, se exceden y se exceden, porque les puede el afán acaparador. No se metan en materias como sanidad o educación. Las comunidades autónomas ya son mayorcitas para decidir cómo
se aplica y se desarrolla su capacidad de autogobierno. Por ejemplo, la educación sexual en Euskadi o en Navarra. ¿No vamos a decidir nosotros aquí cómo hacerlo, verdad? Algunos ya lo hacemos en Euskadi, por ejemplo, y el que no lo hace, es su
problema, pero no puede ser sustituido por elevación. Eso es centralismo o estatalismo. No nos gusta eso de: decido yo y ejecuten ustedes. El PNV por ahí no pasa. Favorecer el acceso a los métodos anticonceptivos -es un planteamiento que
ustedes dicen también-, por supuesto, faltaría más, a estas alturas. Pero ¿qué es la anticoncepción de urgencia que ustedes plantean? Porque me gustaría saber si se refiere a la píldora del día después. De acuerdo, pero bajo supervisión médica.
Eso ya lo debatimos también en su momento. Al final, queriendo avanzar, no retrocedamos.


La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, tiene que terminar, por favor.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Acabo.


No es un sustitutorio porque, si no, dejamos la responsabilidad de todo a las mujeres, y los chicos se van de rositas en el tema de no tener ninguna responsabilidad en lo anticonceptivo. Por lo tanto, los derechos sexuales y reproductivos
están garantizados en la ley que se aprobó en su momento. Busquemos en su camino, busquemos la unión y todas saldremos ganando, y todos también.



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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Agirretxea. (La señora Méndez Monasterio: Señora presidenta, pido la palabra por alusiones, por el artículo 71 del Reglamento...).


La Presidencia no ha apreciado ninguna alusión para el turno del artículo 71 del Reglamento. (La señora Méndez Monasterio: Ha mentido sobre algo que yo no hice).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil. (La señora Méndez Monasterio: Creo que me debe dar la palabra). No tiene usted la palabra, señora Méndez. (La señora Méndez Monasterio: Precisamente yo me he
ido del Partido Popular por el tema del aborto; por tanto, no es cierto lo que dice). Señora Méndez, no tiene usted la palabra. (La señora Méndez Monasterio continúa hablando desde su escaño, puesta de pie).


Muchas gracias.


El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.


Como ya hemos manifestado en otras ocasiones y hoy mismo en relación con la proposición de ley del Grupo Socialista, entendemos que un grupo político que es parte del Gobierno y que, además, ostenta la cartera de Igualdad debería formular
las propuestas legislativas pertinentes para impulsar los cambios legales necesarios o aquellos que considere oportunos. Seguramente esta proposición no de ley saldrá adelante, pero con ella, lamentablemente, no se producirán las modificaciones
legales que la sociedad exige y que ustedes prometieron. No se cumple lo acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no se cambió el tipo penal de abuso y agresión sexual, no se modificó la definición de violencia machista. Lo
que necesitamos son acciones y no meras declaraciones de intenciones.


Respecto a la PNL, en primer lugar, entendemos que sería necesaria la incorporación de la violencia obstétrica por los abortos forzados, entre otros, como forma de violencia contra las mujeres. Sin embargo, consideramos que tendrían mejor
encaje dentro de la Ley orgánica de violencia de género, tal y como se recoge en el pacto de Estado, ampliando el concepto para incluir todos los tipos contenidos en el Convenio de Estambul. Coincidimos en la necesidad de derogación de la reforma
de Gallardón de la Ley del aborto, que limitaba el derecho al aborto a las mujeres entre dieciséis y dieciocho años para que puedan elegir libremente y no bajo la tutela de padres, madres o la tutela judicial. Y, por supuesto, debe ser una
prestación a la que se tenga acceso de forma gratuita en la sanidad pública, pero esto ya está recogido en la ley y, por lo tanto, la pregunta es por qué no se toman desde el Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, las medidas
adecuadas para llevarlo a la práctica.


Otra cuestión relevante es la que afecta a la educación sexual. Consideramos que este es un asunto pendiente que ningún Gobierno estatal y pocos autonómicos se han atrevido a abordar y que necesita de atención urgente. Acaba de aprobarse
la Ley orgánica de educación y si ustedes, que para otros asuntos no tienen ningún reparo en medidas de sesgo centralista, hubiesen tenido realmente interés, podrían haber incluido una asignatura de educación afectivo-sexual, pero no lo hicieron, y
que conste que digo esto compartiendo plenamente la posición que acaba de hacer explícita el diputado del Partido Nacionalista Vasco.


Estamos de acuerdo con la propuesta y vamos a votar a favor, pero lo que nos gustaría es que en esta materia, como en otras, pasásemos de una vez por todas de las palabras a los hechos.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.


Hay muchos días que me planteo qué hago aquí. Primero, porque ya saben que no lo considero mi Congreso y, segundo, porque cuando veo lo que se discute en él y cómo funciona el Gobierno me desespero todavía más, si es que eso era posible.


Vamos a ver, son ustedes unos irresponsables y se lo tengo que decir de esta manera. Esta tarde se han tirado a la cabeza como Gobierno, primero, la ley de no discriminación y de igualdad en el trato, y ahora los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres. Y esto lo que hace es que tengamos que oír una y otra vez -y, por tanto, cala porque les están dando cancha- argumentos que nos llevan al medioevo: la naturaleza, lo que decía Aristóteles, vaya. Yo le recuerdo a la
señora de VOX que la naturaleza, entre otras cosas, tiene la virtud de matarnos. (Rumores). Es decir, la vida es imprescindible para morir y como humanos hemos intentado hacer evolucionar la medicina para que eso no se produzca,



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porque somos seres racionales. Y después de seres racionales somos seres que decidimos que teníamos derechos... (La señora Esteban Calonje hace un gesto tocándose la cabeza con la mano). No, no estoy loca todavía, pero si sigo codeándome
con ustedes seguramente terminaré loca, porque oigo cada burrada, qué vaya, ¡es que ni en P3! (Aplausos).


Seguimos. Entonces hay una nueva evolución, aquella que intentamos poner en el centro que las mujeres, los cuerpos de las mujeres, no son propiedad de nadie excepto de nosotras mismas. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Eso es así. Y lo vamos a seguir defendiendo aun cuanto ustedes quieran seguir sujetas. En su vida privada hagan lo que les dé la gana, pero cuando hablamos de política estaría bien que nos atuviésemos a unos
consensos mínimos. Por ejemplo, la ley del aborto no mata a nadie (rumores), a nadie se le ha obligado a abortar. (Aplausos). A veces me pregunto por qué, pero no obliga a nadie. Simplemente, ¿usted quiere tener la criatura, sus hijas, sus
parejas, quienes quieran? Pues que la tengan, pero yo tengo el derecho de decidir sobre mi embarazo y yo tengo el derecho de decidir sobre mi cuerpo, y ustedes no lo van a evitar nunca más. (Aplausos).


Señores de las bancadas de las izquierdas, por favor, pónganse de acuerdo, entre otras cosas porque lo primero que le reclamamos a la ministra Montero fue la derogación de la ley de 2015, la modificación de la ley del aborto. Podemos
hacerlo con una facilidad extraordinaria: la entramos, la derogamos y a correr. ¿Por qué? Porque ustedes no han entendido todavía que cuando una niña o una adolescente de entre dieciséis y dieciocho años -y mi hija tiene dieciocho, sé de lo que
estoy hablando- no les dice a sus padres en qué situación está es porque se está jugando, entre otras cosas, o una paliza o la vida. Y esta modificación creó muertes. En Barcelona, ustedes no lo leyeron porque solo leen lo que quieren, en una
pareja de adolescentes ella quedó embarazada. Se fue a la sanidad pública; no la podían atender. Se fue a la farmacia a pedir la píldora del día después; no se la dieron. ¿Saben que hicieron? Disimularlo, ir a un hotel, tener el niño y
matarlo. Y ahora están los dos en prisión. ¿Eso es vida? ¿A eso nos quieren condenar? (Rumores). Pues no, señoras, sigo diciendo que la dignidad de la vida la decidimos las madres, las mujeres decidimos sobre nuestros cuerpos. Y no abran, por
favor, más debates si no es para resolverlos porque les estamos dando una cancha que no se la merecen, pero que además es peligrosísima. Por favor, reflexionen en todo lo que tenga que ver con el derecho a nuestra libertad, con el derecho a
nuestros cuerpos y con el derecho para explicar que no somos propiedad de nadie, y dejen ya esa visión tan androcentrista de la medicina porque la violencia obstétrica se da cada día y casi en cada parto. Por favor, avancemos de una vez porque, si
no, nos harán retroceder. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallugera. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Romero Sánchez. (Rumores.-La señora Vallugera Balañà: Me acaban de llamar asesina.-Protestas de la señora Carvalho Dantas).


Señorías, por favor, pido silencio y, sobre todo, respeto, por favor. Señorías, que llevamos una tarde muy complicada, muy poco ejemplarizante, diría yo. Señorías, les pido más altura de la institución que representamos todos.


Señora Romero.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes.


La proposición no de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Podemos es otra pelea más en público de los socios de Gobierno. A finales del mes pasado el Ministerio de Sanidad anunciaba y publicaba una reforma en la prestación del aborto.
Rápidamente tuvo respuesta a través de Twitter por parte de la ministra de Igualdad, la señora Montero, que no tardaba en arremeter contra el citado proyecto, provocando de nuevo un choque entre las dos partes del Gobierno -que a veces quieren
hacernos creer que son Gobierno y oposición, pero que en definitiva son el mismo Gobierno-, reflejando que es una auténtica jaula de grillos. La pataleta de Podemos se despacha con esta proposición no de ley. Señores diputados y señoras diputadas
de Podemos, una proposición no de ley, ¿por qué no han llevado una reforma de la Ley del aborto al Consejo de Ministros, que es lo que pueden hacer, puesto que están gobernando? ¿O es que la señora Calvo no deja a la señora Montero? ¿O es que
quieren correr para que no les vuelva a pasar lo de esta tarde, que ha venido por parte del Grupo Socialista la Ley de igualdad de trato? En definitiva, señorías, muy triste, la verdad.



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Estamos viviendo un momento dramático, con una pandemia que además de sanitaria es económica y es social; una pandemia que ha evidenciado las desigualdades entre mujeres y hombres y en la que el impacto de género del COVID está agravando la
situación, y ustedes sin dar respuesta a lo importante. Ustedes, como dicen en mi tierra, en La Mancha, a por uvas, en sus líos, en sus riñas. Mientras tanto, la realidad es que las mujeres tienen hoy menos oportunidades que hace un año. Desde
que la señora Montero es ministra de Igualdad, en este último año, hemos retrocedido diez puntos en bienestar para las mujeres. España es el país europeo que sufrió el mayor aumento de tasa de desempleo femenino en 2020, por no hablar de los graves
problemas de conciliación agravados con la pandemia y el teletrabajo. Ustedes no se preocupan de los problemas reales, de las mujeres que quieren trabajar y no pueden hacerlo, de las mujeres que están en ERTE, de las que no reciben respuesta del
ingreso mínimo vital; por cierto, otro gran fracaso de su Gobierno.


Señorías, nuestro voto será negativo tanto por el fondo de lo planteado como por el momento en el que se plantea. Esta proposición no de ley ni de lejos es para dar respuesta a los verdaderos problemas que tienen las mujeres hoy. Pretenden
derogar, dicen, la Ley 11/2015 que aprobó el Partido Popular para proteger a las menores. Miren, es una aberración que pretendan dejar solas a las adolescentes en un momento tan difícil de su vida como puede ser enfrentarse a un aborto.
(Aplausos). Es una aberración que los padres, que sus progenitores no puedan estar acompañándolas. Es una aberración jurídica -se lo digo como diputada-, pero sobre todo -se lo digo como mujer y como madre- es una aberración humana. Nunca querría
que mi hija estuviera sola en un momento tan difícil de la vida, y estoy segura de que ninguna de las madres que se sientan aquí, en este hemiciclo, lo querría, aunque algunas públicamente no lo digan. (Aplausos). Desde el Grupo Popular estaremos
siempre en la defensa de la vida, en la defensa de los derechos de las mujeres, en proteger a los menores, a las menores, a las adolescentes, en proteger a los no nacidos. Siempre estaremos ahí.


En un momento tan importante, tan difícil para todos los españoles y todas las españolas, cuando se necesita el esfuerzo colectivo de todos para la recuperación económica y social, no podemos entender que traigan estas propuestas. Queremos
que ninguna mujer tenga que renunciar a tener hijos por razones económicas, sociales o de cualquier tipo. Hacen falta propuestas para ayudar y proteger a las familias, para ayudar a la conciliación, al emprendimiento, a la corresponsabilidad, a que
las mujeres puedan acceder a un empleo. Esos son los retos que tiene la sociedad española por delante y esas son las preocupaciones que tienen las mujeres. Y mientras tanto ustedes quieren imponer su pensamiento; parece que se trate de una
competición para ver quién llega antes: como el Grupo Socialista llegó antes con la Ley de la eutanasia, ahora coge carrerilla el Grupo Podemos para ver si llegan antes con la Ley del aborto. Penoso, triste y vergonzoso (aplausos) que estén en el
Gobierno y sean así de irresponsables.


La señora PRESIDENTA: Señora Romero, tiene que terminar, por favor.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Termino, señora presidenta.


Están en juego vidas; están en juego la dignidad, los valores de toda una sociedad. Maduren. Asuman su responsabilidad, su obligación, que es mejorar la vida de todos los españoles, de todas las españolas, porque -no sé si se han
enterado- es para lo que les pagan.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Romero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señora Fernández Castañón, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Vamos a defender la proposición no de ley en sus términos. Y agradecería, por respeto a las mujeres que han ejercido su derecho sexual y reproductivo...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández. Se votará en sus términos.


Votaremos en cinco minutos.


Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir su voto por el procedimiento
telemático no pueden hacerlo desde su escaño. Pediría a aquellos que hayan emitido ya su voto que desalojen el hemiciclo, por favor. (Pausa).



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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN. (Número de expediente 122/000121).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones. Les pido, por favor, que ocupen sus escaños.


Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 110 más 235 votos telemáticos, 345; a favor, 59 más 101 votos telemáticos, 160; en contra, 52 votos telemáticos; abstenciones, 51 más 82 votos telemáticos, 133.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. (Aplausos).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL Y PARA LA CONVIVENCIA VECINAL Y LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y COSAS EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. (Número de expediente
122/000065).


La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las
personas y cosas en las comunidades de propietarios.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 110 más 235 votos telemáticos, 345; a favor, 45 más 113 votos telemáticos, 158; en contra, 65 más 114 votos telemáticos, 179; abstenciones, 8 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve. Muchas gracias.


Eran las ocho y veinte minutos de la noche.