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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 75, de 02/02/2021
cve: DSCD-14-PL-75 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 75

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 71

celebrada el martes,

2 de febrero de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:


- Del Parlamento de Galicia, Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia (corresponde a los números de expediente 125/000024 de la XII Legislatura y 125/000011 de la XIII
Legislatura). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 12-1, de 20 de diciembre de 2019. (Número de expediente 125/000006) ... (Página4)


Proposiciones no de ley:


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de una hoja de ruta de la transferencia de conocimiento. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 205, de 18 de enero de 2021. (Número de expediente 162/000487) ... href='#(Página15)'>(Página15)


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo global y urgente al sector de la hostelería española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 190, de 9 de diciembre de 2020. (Número de expediente 162/000461) ...
(Página23)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la intención del Gobierno de resolver el conflicto político con Cataluña. (Número de expediente 173/000045) ... (Página33)


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la gestión del ingreso mínimo vital. (Número de expediente 173/000046) ... (Página43)


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página53)



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SUMARIO


Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página4)


El señor don Juan Manuel Constenla Carbón adquiere la condición plena de diputado al prestar acatamiento a la Constitución.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página4)


Del Parlamento de Galicia, Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia (corresponde a los números de expediente 125/000024/0000 de la XII Legislatura y 125/000011/0000 de
la XIII Legislatura) ... (Página4)


En turno a favor intervienen el señor Caballero Miguez, del Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia; la señora Pontón Mondelo, del Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista, y el señor Calvo Pouso, del Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, representantes del Parlamento de Galicia.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural; Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Contreras Peláez, del Grupo Parlamentario VOX; Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página15)


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de una hoja de ruta de la transferencia de conocimiento... (Página15)


Defiende la proposición no de ley el señor Alfonso Cendón, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural, y el señor Errejón Galván y la señora Illamola Dausà, en turno de
fijación de posición, del mismo grupo parlamentario; y la señora Castillo López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Utrilla
Cano, del Grupo Parlamentario VOX.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Alfonso Cendón.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo global y urgente al sector de la hostelería española ... (Página23)


Defiende la proposición no de ley la señora Borrego Cortés, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, así como las enmiendas presentadas por su grupo parlamentario.



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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Jover Díaz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Rueda Perelló, del
Grupo Parlamentario VOX; y el señor Soler Mur, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Rego Candamil y
Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural; y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Borrego Cortés.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página33)


Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la intención del Gobierno de resolver el conflicto político con Cataluña ... (Página33)


Defiende la moción la señora Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
Espejo-Saavedra Conesa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Borràs Castanyer, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; la señora De Luna
Tobarra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Zaragoza Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra la señora Bassa Coll.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la gestión del ingreso mínimo vital ... (Página43)


Defiende la moción la señora Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; y las señoras Garrido Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común; Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX, y Baños Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los
señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural, y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Angulo Romero.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página53)



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Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia (corresponde a los números de
expediente 125/000024/0000 de la XII Legislatura y 125/000011/0000 de la XIII Legislatura), se aprueba por 106 votos a favor más 181 votos telemáticos, 287; y 51 votos telemáticos en contra.


Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. (Rumores). Señorías, les pido un poco de silencio.


Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de doña María Pilar Ramallo Vázquez, pregunto a don Juan
Manuel Constenla Carbón si jura o promete acatar la Constitución.


El señor CONSTENLA CARBÓN: Sí, juro.


La señora PRESIDENTA: Don Juan Manuel Constenla Carbón ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:


- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD Y COMPETENCIAS DE LA AUTOPISTA AP-9 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. (Número de expediente 125/000006).


La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Es por ello que nos acompañan tres representantes del Parlamento de Galicia que integran la delegación que defenderá la propuesta, a quienes doy la bienvenida de la Cámara en nombre de todas sus señorías.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, el señor don Gonzalo Caballero Miguez.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Caballero Miguez): Moitas grazas, señora presidenta.


Boa tarde, buenas tardes, señorías. Les habla un gallego que utiliza a diario la AP-9, la carretera fundamental para comunicar cinco de las siete grandes ciudades gallegas, que vertebra a tres cuartas partes de la población en Galicia y que
tiene uno de los peajes más elevados de España; una autopista de Tuy a Ferrol, de sur a norte de Galicia, pasando por Vigo, por Pontevedra, por Santiago y por A Coruña, pero todavía hoy es más caro en peajes desplazarse de Vigo hasta A Coruña que
de Vigo a Madrid. Un peaje de 22,30 euros por circular del sur al norte de Galicia resulta inadmisible, una carga abusiva que limita la movilidad y la competitividad a las gallegas y a los gallegos. Cada día la concesionaria recauda más de 300 000
euros, unos 130 millones de euros cada año. Se trata de un auténtico expolio a los gallegos y a las gallegas, y es necesario aliviarlo. Mientras otras autopistas de la misma época regresan al ámbito de lo público y se levantan peajes, el Gobierno
presidido por José María Aznar decidió prorrogar la concesión de la AP-9 hasta el año 2048. Prorrogó un negocio para lo privado, un atraco a los bolsillos de los gallegos y las gallegas, un regalo envenado que seguimos pagando.


La rebaja de los peajes de la AP-9 es una cuestión fundamental para los gallegos y las gallegas, especialmente para aquellos con más dificultades económicas, que ven cómo tales peajes limitan su



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derecho a la movilidad y a la circulación efectiva a través del territorio. Y por eso quiero agradecer a los grupos que han apoyado los Presupuestos Generales del Estado que, de este modo, hayan posibilitado lo que va a ser una rebaja
histórica de los peajes en el año 2021. Sin los Presupuestos Generales del Estado, que incorporan 63 millones de euros para bonificaciones en la AP-9, la rebaja parcial pero sustancial de los peajes no sería viable. Como decía quien fue diputado
en esta Cámara y un socialista de referencia, Ceferino Díaz, socialismo y galleguismo son los dos rasgos identitarios de los socialistas gallegos. Defendemos la rebaja de los peajes y la transferencia de la AP-9 a la autonomía gallega. Somos el
único partido de los presentes que participó en la redacción del Estatuto de Autonomía de Galicia, dentro del cual cabe la transferencia de una autopista que es vital para nuestras comunicaciones, como se ha hecho, por cierto, con otras autopistas
de titularidad estatal en circunstancias análogas en otras nacionalidades históricas como Cataluña o el País Vasco. Los argumentos que se intenten aducir en contra de este traspaso se vendrán abajo a la vista de los precedentes.


La posición de los socialistas gallegos no es romper España; no creemos que España nos robe; creemos en una España plural y diversa y queremos fortalecerla en su diversidad. No queremos vaciar el Estado; queremos un Estado eficiente,
responsable y moderno. Creemos en el Estado de las autonomías, en la cogobernanza y en el principio de subsidiariedad para una gestión racional de la AP-9, en la que la proximidad permita la mejor gestión posible y, por eso, respaldamos la
transferencia a Galicia. La gestión de la AP-9 desde la proximidad es ya una reivindicación histórica en nuestra comunidad. Frente a quienes tratan ahora de ponerse medallas cabe recordar aquí, que la primera reclamación de la titularidad de esa
autopista para Galicia fue obra del entonces presidente Emilio Pérez Touriño, y que hoy es ya una demanda asumida por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la anterior legislatura -cuando se aprobó esta
proposición- y también ahora. Mientras el Gobierno de Aznar prorrogó la concesión de la autopista hasta 2048 y el Gobierno de Mariano Rajoy vetó de forma continua el debate de la transferencia de la AP-9 en el Congreso, ahora es necesario avanzar
en la rebaja de los peajes y en el traspaso de la autopista. Hace ya dos años esta Cámara se abría al debate de la transferencia y hoy solicitamos a todos los grupos que vuelvan a hacerlo.


Decía Castelao que el verdadero heroísmo está en transformar los deseos en realidades y las ideas en hechos. Pues bien, la unanimidad del Parlamento de Galicia en torno a la reclamación de la titularidad de la AP-9 da buena muestra de lo
que representa esta infraestructura en nuestra comunidad. Hoy Galicia solicita avanzar en la transferencia de la AP-9, que es la mejor forma de cumplir con un Estado y con un país mejor. Esa es la España y la Galicia que queremos.


Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caballero.


También para presentar la iniciativa, tiene la palabra la señora doña Ana Pontón Mondelo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Pontón Mondelo): Señorías, boa tarde. Imagínense que viajan en coche desde Madrid a Vigo; son 603 kilómetros y pagarían 13 euros en peajes. Una vez en Vigo, deciden ir a A Coruña y
tienen que ir sí o sí por la AP-9; comprobarán cuando lleguen a A Coruña que han pagado 17 euros. ¿Cómo es posible que recorrer 150 kilómetros sea más caro que recorrer 600? ¿Cómo es posible que la AP-9, la principal arteria de Galiza, una
infraestructura económica fundamental para nuestra economía, sea una de las autopistas más caras del Estado? Cada día unas 22 000 personas utilizan la AP-9, cada día 22 000 personas son víctimas de una estafa legalizada que aporta beneficios
millonarios a la concesionaria pero que lastra la economía de familias y empresas gallegas. Para que se hagan una idea, una trabajadora que viaje de Santiago a A Coruña veintiún días al mes -y hay miles- se gasta 294 euros en peajes, un 16 % del
salario medio de Galiza. Las cifras, señorías, hablan por sí solas.


La AP-9 es la única autopista de su generación que tiene la concesión máxima, 75 años, hasta 2048; las demás son gratuitas o pronto lo serán. Y se preguntarán, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues es evidente que por decisiones políticas. La
historia de la AP-9 es la crónica de una discriminación con Galiza, la historia de un saqueo que nos ha costado millones de euros en peajes. Acabar con la discriminación y con esta estafa está detrás de la petición de la transferencia, como punto
de partida para que la AP-9 pase a ser lo que siempre debió ser: una infraestructura al servicio de los gallegos y de las gallegas y no al revés. Pero como decía, esto no es fruto del azar; en 1994 Felipe González y Borrell tuvieron la gentileza
de ampliarnos la concesión diez años, hasta 2023; de no ser así, hace ocho años que



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podríamos circular libremente por esta autopista. En el año 2000 fue José María Aznar quien tuvo la gentileza de ampliar la concesión veinticinco años más, y como guinda la privatizó a precio de saldo. La consecuencia es que tenemos los
219 kilómetros de autopista más caros del Estado y la concesión más larga. En 2019 Itínere recaudó 153 millones de euros, una media de 420 000 euros diarios. Como ven, las tarifas son ruinosas para los usuarios pero son un maná para los fondos
buitre propietarios de esta infraestructura. El coste de la construcción de la AP-9 está más que amortizado con una recaudación de 3115 millones de euros desde su apertura.


Por eso en el BNG pedimos la transferencia como primer paso para acabar con esta discriminación histórica. Pero esta transferencia debe realizarse libre de cargas; queremos una AP-9 rescatada, igual que rescataron las radiales madrileñas
con miles de millones por parte del Estado. Ya es hora de tener una AP-9 gallega y libre de peajes. El BNG considera que este periodo de sesiones debería ser plazo suficiente para la aprobación definitiva de la transferencia. Después de cuarenta
y un años, siete meses y seis días pagando es hora de que empiece la cuenta atrás para hacer realidad esta demanda. Y mientras tanto cumplan con los acuerdos políticos. Aprovecho esta tribuna para recordarle al Partido Socialista el acuerdo de
investidura con el BNG que recogía una rebaja histórica de los peajes de la AP-9. Esas bajadas siguen pendientes porque el Gobierno del Estado está incumpliendo su compromiso, no con el BNG sino con los gallegos y las gallegas. El señor Sánchez no
está haciendo esperar al BNG sino a los miles de gallegos y gallegas que cada día usan la AP-9 y que esperaban que el Partido Socialista no actuase como el Partido Popular. Los acuerdos son para cumplirlos y el presidente Sánchez no está cumpliendo
con Galiza. Cumplan lo firmado y dejen de hacer esperar a las gallegas.


Termino ya, señorías, compartiendo una reflexión. La AP-9 es un símbolo de dos atropellos: el primero, la discriminación histórica con nuestro país; representamos la convicción de que Galiza tiene que jugar otro papel en el Estado que
reconozca su estatus de nación. El segundo, la AP-9 es también un símbolo de cómo los Gobiernos de Madrid han gobernado de espaldas a los intereses de los ciudadanos y en beneficio de las multinacionales y los fondos buitre. Está en su mano,
señorías, acabar con estos dos atropellos.


Moitas grazas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pontón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Finalmente, como representante del Parlamento de Galicia y para presentar la iniciativa, tiene la palabra el señor don Diego Calvo Pouso. (Aplausos).


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Calvo Pouso): Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes a todos. Como representante del Parlamento de Galicia, como representante del Partido Popular de Galicia, pero, sobre todo, como
gallego, me siento profundamente honrado de poder defender hoy aquí en esta tribuna los intereses de nuestra comunidad. Hoy traemos una demanda unánime, que hasta en tres ocasiones ha sido apoyada por todos los grupos que formamos parte del
Parlamento gallego; tres partidos que hicimos una causa común, una demanda de toda Galicia, de Galicia unida, que trasciende y supera las diferencias ideológicas que tenemos y las habituales discrepancias. Encaja, además, perfectamente en la
Constitución española y en el estatuto de autonomía y la hace una comunidad autónoma que ha sido siempre leal a España. Me gustaría que entendiesen que los gallegos no pretendemos, ni antes ni ahora, ser un problema para España. No pedimos nada
que no se haya hecho antes ni que atente al marco jurídico de nuestra convivencia. Es sencillo, solo aspiramos a mejorar mediante la gestión directa la relación entre los ciudadanos, las empresas, el territorio y esta infraestructura que es básica
en nuestra comunidad.


La AP-9 es el eje vertebrador de Galicia. Todo lo que ocurre cada día en la AP-9 tiene influencia en miles de ciudadanos, en miles de familias y en miles de empresas. La planificación de las obras, la organización del personal en las
cabinas, el mantenimiento del firme, la limpieza de la maleza en los márgenes, las autorizaciones sobre vías que conectan con la AP-9, todo tiene repercusiones en el territorio y en la sociedad gallega, en especial, los peajes. Este mes de enero,
hace apenas unos días, la AP-9 ha sido por cuarto año consecutivo la autopista de España que más ha incrementado los peajes; por decisiones que se toman en despachos alejados de Galicia y que no tienen en cuenta el impacto sobre los ciudadanos.
Sería impensable que la Xunta de Galicia decidiese ampliar la AP-9 con cargo a los bolsillos de los ciudadanos y no con cargo al presupuesto, como ocurrió en el año 2011 por parte de la Administración General del Estado con el señor Zapatero al
frente del Gobierno. Difícilmente el Gobierno gallego



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autorizaría un pacto por el cual se pudiesen subir los peajes durante veinte años, cuando encima de la mesa tenemos un informe del Consello Consultivo de Galicia advirtiendo que ese acuerdo es nulo de pleno derecho. Pero no es tiempo de
reproches, no es tiempo de echar la vista atrás, es tiempo de mirar hacia adelante, de pedir un cambio, de gestionar con responsabilidad, con conocimiento territorial y también con responsabilidad social. Es tiempo de recordar que la AP-9 es
patrimonio de los gallegos, que no es patrimonio de una concesionaria, de una sociedad privada que hace valer de forma implacable no solo sus derechos sino también sus intereses. Por intereses de la concesionaria hoy, tres años más tarde, hay
muchos acuerdos que no se han llevado a cabo. El peaje a Redondela no se ha levantado y era un compromiso. En enero han vuelto a subir los peajes y de las bonificaciones no sabemos nada, pese a que en los Presupuestos Generales del Estado estaban
incluidas esas promesas.


Fíjense -lo decían hace un momento mis compañeros-, el viaje entre A Coruña y Vigo es hoy tres euros más caro -repito, tres euros más caro- que hace dos años, cuando se debatió por última vez la iniciativa en este Parlamento. En aquel
momento el convulso panorama político -es verdad que en Galicia es mucho más estable y con una mayoría reforzada, todo hay que decirlo- hizo imposible que prosperara la iniciativa. Hoy pedimos de nuevo la transferencia, señorías, con un sentimiento
integrador, con ánimo de unir y no de separar y nunca de atacar al Gobierno, aunque alguna diputada no lo crea. Hoy venimos a hacer una gestión más racional y más justa. La Xunta puede gestionar la AP-9 de manera más eficiente que el Estado, la
Xunta conoce el territorio y está más próxima a las necesidades de los usuarios. La Xunta no está de acuerdo en que se incremente el peaje, sobre todo cuando en otras zonas de España se reduce el peaje o desaparece. Por eso, esta transferencia es
más justa que nunca con Galicia y con los gallegos. Es una infraestructura vital para Galicia, vertebra cinco de las siete grandes ciudades que tenemos en Galicia, donde se asienta el 70 % de la población y el 80 % de la actividad económica. No
tiene consideración estatal, no conecta aeropuertos ni puertos de interés general del Estado ni tampoco llega a la frontera, pero esa titularidad estatal hace que muchas veces las obras que afectan a la AP-9 sufran retrasos muy grandes.


Finalizo. La transferencia de la AP-9 es una iniciativa con un largo recorrido, demasiado largo diría yo, y aprovechando que este año 2021 es Año Santo Xacobeo, permítanme decirles que los gallegos de camino sabemos mucho. Estoy convencido
de que esta vez llegaremos al final del camino y de que entre todos lo haremos realidad. Quiero agradecer de antemano el voto favorable a todos los grupos que lo han manifestado antes de la celebración de este Pleno y desearles, en este Año Santo,
un buen camino a todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calvo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Intervienen ahora los grupos parlamentarios de la Cámara. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Muñoz Vidal.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Una vez más en esta Cámara abordamos un tema importante como es el de las infraestructuras, fundamental para España, también para cualquier país por ser un asunto estratégico. Un asunto estratégico que tiene que
ser tratado como tal y no como un arma política, un arma partidista, una moneda de cambio para conseguir apoyos políticos. Sin embargo, en la política española estamos acostumbrados a usar las infraestructuras como conglomerado de favores y
cálculos electoralistas. Miren, mi grupo parlamentario, Ciudadanos, llega a esta Cámara y a este debate con muchas dudas sobre esta proposición de ley, en concreto tres; dudas que en primer lugar ya se plantean en la propia exposición de motivos
de la proposición de ley porque, fíjense, se señala que la AP-9 circula íntegramente por Galicia, cosa cierta, pero no dicen que sirve a su vez de conexión con Portugal, lo que la convierte en una vía estratégica, en una vía de interés general del
Estado. Además, esta autopista, señorías, también ha sido considerada itinerario de interés europeo. ¿Por qué no se habla de esto en la exposición de motivos? A lo mejor conseguimos averiguarlo y enterarme personalmente a lo largo de este debate.


La segunda duda nos surge al ver tanto al Grupo Popular como al Grupo Socialista intercambiando su opinión respecto a este asunto según el momento político en el que nos encontremos o la oportunidad que tengamos delante. Hoy ambos vendrán
aquí -ya lo han hecho sus representantes en la Cámara gallega- a decirnos que esa transferencia es irrenunciable para Galicia, pero lo cierto es que no siempre han pensado ustedes así, señorías. El PSOE lo dirá porque tiene firmado un acuerdo con
el BNG que incluía esta infraestructura a cambio del apoyo a la investidura del señor Sánchez, cosa que ha recordado la



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señora Pontón; y el PP lo dirá porque hoy ya no está el ministro De la Serna ocupando la cartera de Fomento; es decir, como ya no está el ministro De la Serna vuelven a plantearlo en la Cámara. Porque, señores del PP, hay una noticia -lo
pueden comprobar ustedes- en El faro de Vigo, de fecha 31 de julio de 2017, con el ministro De la Serna y el presidente Feijóo, en la que el ministro De la Serna niega el traspaso de la AP-9 tres días después de aprobarse la propuesta en el
Parlamento gallego. Dígannos ahora si ese coste inasumible del que hablaba el ministro De la Serna cuando estaba en el Gobierno ya ha desaparecido o es un ejemplo más de la clásica e irritante estrategia tanto del PP como del PSOE de prometer en la
oposición lo que se negaron a hacer cuando estaban en el Gobierno.


Y la tercera duda que se nos plantea es que en esta proposición de ley no se hace referencia a quién va a pagar el coste de las modificaciones del régimen económico-financiero de la concesión. ¿Lo hará la Xunta de Galicia? ¿Con qué
presupuesto? Ustedes hablan como si el presupuesto, este asunto de vital importancia, para ustedes no importara y es una de las cuestiones principales de este debate.


Tres dudas nos plantea este debate, pero ni en esa proposición de ley ni nadie todavía en esta tribuna le ha dicho a los gallegos la verdad, y es que el traspaso de la titularidad del Estado a la Xunta de Galicia de la AP-9 no implica que se
vaya a reducir per se el peaje si no hay una revisión del contrato de concesión; una revisión que se puede realizar independientemente de quién sea el titular de esta autopista. Se apruebe o no esta proposición de ley, se puede hacer una revisión
del contrato de concesión. Por tanto, no estamos hablando tanto del expolio -como se ha dicho aquí- a los gallegos sino de quién se pone la medalla, de ese agravio comparativo con el resto de autonomías, de esa discriminación histórica, de estafa o
atropello a los gallegos o de una cuestión de justicia, como se ha llegado a decir aquí hace unos minutos.


¿Saben cuál es nuestra posición respecto a las infraestructuras? Lo repite esta portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en cada oportunidad que tiene; la posición de Ciudadanos es considerar más necesario hoy que nunca un pacto
nacional por las infraestructuras que evite situaciones como esta. No podemos jugar al policía bueno o al policía malo en temas tan serios, no podemos jugar a intercambiar papeles dependiendo de la situación y del momento o de quién esté en el
Gobierno en cada ocasión; este juego que se ha llevado durante cuarenta años que explica el despilfarro y las infraestructuras infrautilizadas de nuestro país. Como les decía antes, la titularidad no tiene nada que ver con los peajes. Si de
verdad la Xunta quisiera rebajar los peajes para los usuarios, podría haber negociado con el Gobierno de España y haber acordado asumir una parte del coste del peaje. O, por su parte, si el señor Ábalos quisiera que esta no fuera la vía con los
peajes más altos de toda España, podría haber modificado los términos del contrato, como se hace en múltiples ocasiones. Por tanto, esta proposición de ley, sin ninguna otra acción, no va a suponer nada nuevo y puede que suponga una decepción para
los gallegos. Esta proposición de ley, sin ninguna acción adicional, no baja los peajes, no reduce el coste de operación de la infraestructura y mucho menos rescata la concesión.


Apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de ley porque recibió la unanimidad de todo el Parlamento gallego, pero les adelanto que estaremos muy vigilantes durante su tramitación para que este cambio de titularidad no cueste
más dinero a los españoles. Señorías, nosotros seguimos creyendo que la AP-9 es una vía de interés general, seguimos estando a favor de la corresponsabilidad en la planificación y en el coste de las infraestructuras y seguimos estando en contra de
hacer electoralismo con las inversiones. En Ciudadanos seguiremos apostando por una política de infraestructuras común, que trate a todos los ciudadanos por igual y que no haga distingos entre españoles dependiendo de lo relevante o no de la fuerza
política que lo pide. Esta es la solución que proponemos: un pacto nacional de infraestructuras, y seguiremos trabajando por ello.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.


Antes de máis, quero saudar á reprentación que hoxe nos acompaña do Parlamento de Galiza: Diego Calvo, del Partido Popular; Gonzalo Caballero, del Partido Socialista, y el portavoz nacional del BNG, compañeira Ana Pontón.


Hoy vamos a dar un paso importante para poner fin a una situación de expolio -sí, de expolio- y de discriminación a Galiza en materia de infraestructuras. La AP-9, como consecuencia de las decisiones de



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sucesivos Gobiernos españoles de un signo u otro, ha acabado por convertirse en una de las autopistas más caras del Estado español y en una de las pocas con concesiones de larga duración. En este momento solo hay tres con periodos
concesionales de 75 años, dos de ellas, por cierto, en Galiza, pues, además de la AP-9, también está la AP-53, entre Santiago y Lalín. Así, mientras que la mayor parte de las autopistas de la red estatal finalizan la concesión y pasan a ser libres
de peaje en el periodo 2018-2022, la AP-9, que inicialmente hubiera finalizado el periodo concesional en 2013, estará, si no se remedia, sujeta a concesión hasta el año 2048. Esto sucede como consecuencia de dos prórrogas. La primera, de diez
años, realizada por el Gobierno de Felipe González, hasta 2023, y la segunda, hecha por el de Aznar, de veinticinco años más, en ambos casos de forma directa, sin concurso y por obras que de ninguna manera justificarían ampliaciones tan abusivas.
Pensemos que la ampliación de la concesión realizada en el año 2000 se justificó para compensar la construcción de un tramo de ocho kilómetros sin peaje entre Fene y Ferrol y parcialmente la circunvalación de Vigo. Es decir, veinticinco años de
prórroga por ocho o diez kilómetros, todo un regalo a la concesionaria. ¿Qué rigor pueden tener los informes técnicos y económicos para justificar semejante barbaridad? El problema es que esta fechoría la estamos pagando desde entonces todos los
gallegos y gallegas. Expolio, por tanto, y discriminación.


Veamos. Más allá del rescate de las radiales madrileñas, al que ya hizo referencia mi compañera Ana Pontón, el año pasado el Ministerio de Transportes anunciaba que asumía con cargo a los Presupuestos Generales del Estado la ampliación del
Puente del Centenario, en Sevilla, en la SE-30, pero directamente vinculado a la A-4, por un importe de 102 millones de euros. Nos parece bien, pero la ampliación del Ponte de Rande, en la AP-9, sobre la ría de Vigo, fue imputada a las tarifas y,
por tanto, pesa sobre las usuarias y usuarios gallegos durante veinte años. No es justo, porque estas políticas reiteradas desde hace veinticuatro años, que llevaron a unos peajes excesivos e injustificados en una autopista más que amortizada,
suponen un lastre para el desarrollo de Galiza y de nuestra economía. Hay que recordar que la AP-9 articula todo el eixo atlántico de nuestro país, en el que se ubican, como ya se dijo, cinco de las siete ciudades más importantes, tres aeropuertos,
cinco puertos de interés general y la mayoría de los pesqueros, el 70 % de la población y la mayor parte de la actividad económica de Galiza. Son muchos los trabajadores y trabajadoras que tienen que utilizar a diario esta vía de comunicación por
la inexistencia de una alternativa viaria efectiva, para los que los peajes suponen una merma real de sus ingresos, y muchas también las empresas situadas en el eixo atlántico gallego para las que las tarifas suponen un sobrecoste inasumible en sus
costes de producción, que lastra su competitividad. Pensemos solo que un vehículo pesado de cualquier empresa productora o de logística deberá abonar por un recorrido entre Ferrol y Tui, ida y vuelta, casi cien euros; exactamente, 97,5 euros. La
consecuencia es que la mayor parte de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas evitan utilizar la AP-9, saturando vías convencionales inadecuadas y masivamente pobladas -solo hay que conocer el hábitat disperso de Galiza-, aumentando los
problemas de tráfico, pero también el riesgo de accidentes graves. Y nos preguntamos: ¿nunca la Administración del Estado evaluó el coste humano, social, sanitario y ambiental que esto provoca? Todas estas son razones más que suficientes para que
en Galiza exista un amplio consenso social sobre la necesidad de que la AP9 sea rescatada para la gestión pública, se libere de peajes y se gestione en nuestro país con criterios de interés social y ambiental. Es un objetivo que el BNG lleva muchos
años impulsando, tanto a nivel social como institucional, bajo el lema 'AP9 galega e sen peaxes'. Fruto de ese esfuerzo y del impulso social son las proposiciones de ley del Parlamento de Galicia que, lamentablemente, durante mucho tiempo chocaron
con la Mesa de esta Cámara y con el veto del Gobierno de Mariano Rajoy, hasta que en el año 2018 fue admitida a trámite. Desgraciadamente, las vicisitudes políticas no permitieron concluir este trámite, pero esperamos que en esta ocasión sí sea
posible.


En todo caso, el BNG, sin renunciar a ese objetivo de una autoestrada atlántica pública galega e sen peaxes, continuó trabajando para conseguir mitigar el impacto económico de las tarifas. En consecuencia, en el acuerdo de investidura entre
el BNG y el Partido Socialista se recogieron medidas que fueron en su día muy bien valoradas por la sociedad gallega pero que están aún pendientes de cumplir. Entre ellas, esta de la transferencia que ahora estamos abordando, pero, además -y cito
textualmente-, como mínimo la bonificación del cien por cien del peaje para los usuarios recurrentes, tanto particulares como profesionales, todos los días de la semana corriendo el coste de la bonificación a cargo de los Presupuestos Generales del
Estado, la gratuidad del tramo VigoRedondela y asumir también el incremento del 1 % anual correspondiente a los convenios de 2011 y de 2013. Son todas ellas medidas necesarias que, además, cuentan con un respaldo presupuestario, por lo que no se
entiende que el Gobierno, en vez de anunciarnos que el 1 de enero se empezaban a aplicar, nos anuncia un nuevo incremento de tarifas que provoca que



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por cuarto año consecutivo los peajes de la AP9 sean los que más suben de todo el Estado español, un 0,92 %. Esto es más grave aún si tenemos en cuenta que, con la excepción de otras dos -la AP6 y la AP7-, en todas las demás autopistas del
Estado español bajaron los peajes entre un 0,08 % y un 0,11 %. No existen razones objetivas para que el Gobierno continúe demorando la aplicación de estas rebajas y descuentos, por lo que cada día que pasa sin aplicarlos afecta a la credibilidad
del Gobierno a la hora de cumplir con los compromisos establecidos y perjudica a todos los gallegos y gallegas. Es por ello que el BNG se mantendrá firme en la reclamación de su aplicación inmediata en la consciencia de que en esto tenemos a toda
la sociedad gallega detrás.


Hoy, en todo caso, esperamos dar un paso significativo en la buena dirección avanzando en el camino de la transferencia definitiva de la AP9 a Galiza. Es de justicia.


Moitas grazas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor GómezReino Varela.


El señor GÓMEZREINO VARELA: Gracias, señora presidenta.


Boa tarde e boa tarde tamén e un saúdo aos representantes do Parlamento de Galicia que hoxe nos acompañan aquí. Hoy es un día importante para Galicia. Después de muchos años de demandas, de una enorme indignación en Galicia por la
situación de la AP9, después de años de concesiones vergonzosamente ampliadas, después de años también de bloqueo del Partido Popular al debate de esta proposición de ley en esta Cámara, hoy por fin vamos a debatir y, si todo va como parece, a
iniciar el proceso para el trámite de la transferencia de una infraestructura fundamental y básica para Galicia como es la AP9. Estamos aquí para debatir un tema que en Galicia, como ya se ha dicho, genera total unanimidad por parte de todos los
gallegos, de todos los partidos políticos de nuestro país y, además, del conjunto de los sectores sociales. Es algo simple que cualquiera puede entender: el eje principal de comunicación de Galicia, el que comunica cinco de nuestras ciudades, el
70 % de la población, tiene que estar gestionado desde Galicia.


Recapitulando, ha sido un largo y tortuoso camino. En primer lugar -y hay que insistir en ello aunque ya se haya mencionado aquí-, dos ampliaciones de concesiones con Gobiernos centrales, la última la del señor Aznar, del Partido Popular,
que nos hipotecó y que trató de blindar la estafa de la AP-9 hasta el año 2048. En segundo lugar, años de bloqueos al debate de esta iniciativa en esta Cámara, bloqueos por parte del Partido Popular y también de Ciudadanos cuando tenían mayoría en
la Mesa de esta Cámara. Hay que recordar hoy aquí que fue este grupo parlamentario el que llevó al Tribunal Constitucional una iniciativa para pedir amparo ante este bloqueo sistemático por parte del Partido Popular y de sus socios de la derecha.
Finalmente, con la llegada de un Gobierno progresista, el Gobierno de coalición, se han empezado a ver los primeros e imprescindibles pasos para empezar a solventar este agravio que supone la AP-9. Por un parte, el desbloqueo al debate de esta
iniciativa y, por otra parte, el compromiso presupuestario con Galicia que, por vía de bonificaciones, aliviará profundamente el día a día de miles de gallegos y gallegas, usuarios, transportistas y familias que se mueven por la AP-9. Así que
estamos hoy aquí para debatir, por fin, si la AP-9 es o no gallega, y creo que los datos son evidentes: la AP-9 es una infraestructura localizada de norte a sur íntegramente en Galicia, conecta cinco ciudades, más del 70 % de nuestra población.
Creo que estas son exactamente las condiciones para poder aplicar los artículos 148 y 150 de la Constitución y el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Galicia.


En segundo lugar, una vez que consigamos esta transferencia y ahora que tenemos también por vía de bonificación de los Presupuestos Generales del Estado una ayuda para el día a día de la gente que se mueve por la AP-9, tenemos que abordar
algo que es fundamental: además de ser gallega, el conjunto de administraciones tenemos que trabajar para que la AP-9 vuelva a ser pública. Estamos hablando de una infraestructura que es una anomalía y de un agravio innecesario, con el que hay que
acabar de una vez por todas. ¿Cómo puede ser, señorías del Partido Popular, que rematen estos años las concesiones de la AP-1, AP-2, AP-4, AP-7, AP-68 y para la AP-9 tengamos que esperar hasta el año 2048? ¿Cómo se ha podido tolerar que otras
autopistas de peaje lo hayan sido por veinticinco, por treinta o por veinte años y que la AP-9 lo vaya a ser casi por setenta y cinco años? Las autopistas de peaje van a ser una anomalía en el Estado español y hay que recordarlo. ¿En qué se
traduce esta anomalía en el caso de la AP-9? En que millones de usuarios, ciudadanos y ciudadanas, dan enormes beneficios a fondos de inversión y a fondos buitre. El caso es que, una vez avanzada la transferencia, hoy damos este importante primer
paso



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en un momento en el que no solo en este ámbito, sino en general, es incontestable el consenso ciudadano respecto de la importancia de que sectores clave de la economía, el sector energético, el sector de las infraestructuras, el sector
farmacéutico también, pasen por el filtro de lo público. Tenemos que trabajar todos y todas para que una infraestructura estratégica como la AP-9, por su papel como instrumento de desarrollo, de dinamización económica de Galicia, de conexión
internacional, de inclusión social y de vertebración, sea recuperada para el control público. Hoy se inicia el camino, un camino que esperemos que no trunque, por cierto, el Gobierno de la Xunta de Galicia, del Partido Popular. Hay que recordar
que esta, de efectuarse, será la primera transferencia en trece años. Es un camino que pasa por tramitar la transferencia de la AP-9 y, en segundo lugar, por que el conjunto de administraciones implicadas abramos el debate y asumamos el rescate de
la AP-9 para lo público, con el fin de que deje de beneficiar a lo privado. Por tanto, AP-9 galega y, además de galega, pública y gratuita. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez-Reino. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Contreras Peláez. (Aplausos).


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.


Anuncio el voto contrario de nuestro grupo a la proposición de ley. Se da la peregrina -o quizás no tan peregrina- circunstancia de que esta proposición de ley da cumplimiento al punto 4 del acuerdo de investidura entre el Partido
Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego, suscrito el 3 de enero de 2020, que aludía precisamente a la transferencia de la titularidad de la autopista AP-9. Nosotros nos oponemos no solo por un principio general de rechazo al aumento constante
del poder de las taifas autonómicas o de rechazo a la cesión, sin contraprestaciones, de un valioso activo patrimonial del Estado, sino que también nos oponemos porque estimamos que de esta transferencia pueden resultar obligaciones financieras muy
gravosas para las sufridas arcas estatales. Me refiero al artículo 1.3 de la proposición de ley, que establece que la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las
obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor. Pues bien, en 2011, el Estado suscribió con la concesionaria Audasa un convenio en virtud del cual la concesionaria se comprometía a
ampliar la autopista en la circunvalación de Santiago, en el Puente de Rande, etcétera, y, a cambio, se le permitiría elevar un 1 % anual el importe de los peajes durante 20 años acumulativos. Pues bien, como quiera que el artículo 1.2, apartado d)
de la proposición de ley atribuye al Gobierno autonómico la competencia de modificar el régimen económico de la concesión, lo previsible, lo que va a ocurrir de hecho, es que el Gobierno gallego rebajará efectivamente los peajes, pero recaerá sobre
el Estado la obligación de indemnizar a la concesionaria por el daño económico sufrido. Es decir, lo que ocurrirá es que el señor Núñez Feijóo podrá colgarse la medalla populista de rebajador de peajes a expensas de los bolsillos de todos los
españoles. Por cierto, el Gobierno de Rajoy vetó en dos ocasiones la transferencia que hoy discutimos, alegando consideraciones de este tipo, consideraciones de equilibrio presupuestario, que, si ya eran válidas en ese momento, ahora lo son mucho
más, en un momento en el que nos asomamos a un déficit catastrófico del 14 % en 2020. Por tanto, habría que preguntar al señor Casado si está de acuerdo con el señor Rajoy de 2016 y 2018 o si lo está con el señor Núñez Feijóo de 2021, que resulta
estar de acuerdo con Pedro Sánchez y con el Bloque Nacionalista Gallego.


Pero ¿por qué desea el Gobierno gallego la titularidad de esta autopista? ¿Es porque cree que por arte de magia van a bajar los peajes o va a gestionarse mejor? No pensamos que sea esto. Pensamos que no quiere ser menos que el Gobierno
vasco que, desde el año 2019, y por dejación del Gobierno de la nación, posee las competencias sobre la totalidad de carreteras en territorio vasco, incluidas la AP-1 y AP-8, autopistas que llegan hasta la frontera, enlazan con autopistas francesas
y, por tanto, no parecen subsumibles en el artículo 148.1.5.ª; es decir, el relativo a las carreteras de posible titularidad autonómica. Pensamos que este es un caso que ilustra muy bien lo que podríamos llamar la lógica perversa del Estado de las
autonomías; una lógica en virtud de la cual las autonomías se sienten obligadas a exigir cada vez más competencias para justificar su propia existencia y para no ser menos que las demás. Es el espíritu de la cláusula Camps del Estatuto valenciano.
(Aplausos). En ese proceso se está privando al Estado de las facultades mínimas esenciales para garantizar la cohesión nacional, la unidad del mercado interno y la igualdad de derechos entre todos los españoles. La herida constitucional a través
de la cual se produce esa sangría constante de competencias estatales es el artículo 150.2 de la Constitución, ese artículo tautológico que viene a decir que se podrán transferir aquellas competencias que por su propia naturaleza sean susceptibles
de transferencia;



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o sea, lo transferible es transferible. Es la ley del embudo y se cierra un mecanismo unidireccional que opera siempre en la misma dirección, el Estado pierde competencias, las autonomías las ganan, y esa unidireccionalidad ha terminado
estableciéndose en nuestro subconsciente como prejuicio según el cual lo justo, lo natural, es que el Estado pierda cada vez más poder y las autonomías ganen cada vez más poder, y los que nos atrevemos a proponer lo contrario somos llamados
fascistas.


En VOX pensamos que el Estado de las autonomías ha fracasado, es un Estado costoso, pesado -hemos pasado de 800 000 funcionarios en 1978 a más de 3 millones en la actualidad-; es un Estado ineficiente, como estamos comprobando de manera
dramática en la crisis actual, y es un Estado que está destruyendo la solidaridad entre las regiones españolas, como se comprobó en su momento con la imposibilidad de aprobar un plan hidrológico nacional razonable. Se hizo todo esto, se planteó el
Estado de las autonomías para intentar integrar definitivamente a los nacionalistas en nuestro sistema constitucional. Pues bien, hoy se ha conseguido exactamente lo contrario: los nacionalistas están menos integrados que nunca, han sido desleales
en el ejercicio de las competencias autonómicas, las han utilizado -especialmente las educativas y las relativas a medios de comunicación- para adoctrinar a su población en el odio a España y en una versión falsificada de nuestra historia común.
(Aplausos). España es el único país del mundo en buena parte de cuyo territorio un niño no puede recibir educación en la lengua oficial del Estado, y todo esto, por cierto, está ocurriendo también en Galicia. Reiteradas denuncias de la Asociación
Hablamos Español indican que solo se imparten en castellano las asignaturas de menor valor lingüístico -por así decirlo-, asignaturas como Matemáticas, Física o Química. El Gobierno autonómico gallego ha copiado toda la legislación ideológica de la
izquierda, desde las leyes de violencia de género a las leyes de adoctrinamiento sexual en las escuelas, y ha copiado también el aparato mediático propagandístico de los nacionalistas catalanes; me refiero a la Corporación Radio e Televisión de
Galicia, con sus cuatro canales de televisión, tres canales de radio y un presupuesto de 107 millones de euros en 2019.


La señora PRESIDENTA: Señor Contreras, ha finalizado su tiempo.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: No vamos a favorecer el nacionalismo de Núñez Feijóo con nuevas concesiones.


Gracias, señorías. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Contreras. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Delgado Arce.


El señor DELGADO ARCE: Señoras e señores deputados que integran a delegación do Parlamento de Galicia, benvidos ao Congreso dos Deputados. Boas tardes a todos.


Señorías, anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica del Parlamento de Galicia de transferencia de la titularidad y de las competencias de la AP-9, y que lo
haré por varias razones que enumero a continuación. En primer lugar, por respaldar una petición unánime del Parlamento de Galicia, en el que el Partido Popular es la primera fuerza política por voluntad de los electores, que revalidaron su
confianza por cuarta vez hace muy pocas fechas, en el mes de julio. En segundo lugar, por coherencia con nuestro voto afirmativo. El 11 de diciembre de 2018 quien les habla también en esta tribuna defendió el voto afirmativo a la toma en
consideración de una proposición de ley del Parlamento de Galicia que era prácticamente similar a esta, con alguna pequeña modificación, y que decayó por haberse convocado anticipadamente las elecciones. Y es que realmente la transferencia de la
AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia no es un hecho nuevo sino que es una demanda unánime del Parlamento de Galicia, repetida ya hasta en tres ocasiones, en los años 2016, 2017 y 2018. Se ha dicho aquí, y yo lo ratifico, que la AP-9 es la
principal vía de comunicación de Galicia, vertebra de norte a sur nuestra comunidad autónoma, donde vive el 60 % de la población en esa franja atlántica, une cinco ciudades de las siete grandes urbes y en torno a ella se articulan prácticamente
todas las carreteras importantes de la red viaria autonómica. Es cierto que esta autopista no circula más que en territorio de la comunidad autónoma, no entra en comunidades autónomas vecinas, tampoco conecta con Portugal porque en Portugal se
entra a través de otra autovía libre de peaje, que es la A-55, y tampoco conecta ningún puerto y aeropuerto de interés general.


Señorías, esta proposición de ley orgánica en el contexto actual es más necesaria y más oportuna que nunca. En los últimos años, aquí también se ha dicho, la evolución de las autopistas de peaje en España



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ha sido muy diferente. En algunos territorios los peajes han desaparecido por fin de la concesión; en otros, se ha rebajado considerablemente a consecuencia del rescate de las concesiones por parte del Estado o simplemente, como en este
año, apenas han subido, incluso han bajado como consecuencia de la evolución negativa del IPC. Pero, ¿qué pasa con la autopista AP-9? Que viene experimentando en un corto espacio de tiempo incrementos extraordinarios de tarifas y subidas
exponenciales, que se van a repetir además en los próximos años. La concesionaria Audasa mantiene unos peajes desorbitados, que limitan el acceso a esta vía a las personas con menos recursos, que lastran las economías familiares, como se ha dicho
aquí, y la competitividad de los sectores económicos, especialmente del sector del transporte, y estos peajes en España han seguido subiendo desde 2001 y, de los tres peajes de autopistas que han subido, el que más, el de la AP-9.


Señorías, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, recientemente aprobados y que entraron en esta Cámara en el mes de octubre, prevén 55 millones de euros para determinadas actuaciones en esta autopista: 1,53 millones para la
gratuidad del peaje de Vigo a Redondela, el peaje más caro de toda la AP-9, siendo anunciada su liberación en el año 2017 por el ministro De la Serna, luego aplazada por el ministro Ábalos y ahora hay 1,53 millones y todavía no se ha puesto en
marcha esta medida, que tendría que haber estado en funcionamiento a primeros de este año, al igual que las obras necesarias que hay que hacer en Redondela como consecuencia de las obras de la autovía. Hay también 3,40 millones en los presupuestos
para suprimir la subida anual acumulativa del 1 % de los peajes durante veinte años y además con un interés del 8 % fijo anual como consecuencia del coste de las obras, una subida que, como se ha dicho aquí, se debe a un real decreto de noviembre de
2011, del Gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero, en vísperas de unas elecciones generales, que luego fue adendado por otro Real decreto de 28 de octubre de 2018. Por cierto, se ha dicho aquí y yo lo repito: el Consello Consultivo de Galicia
dictaminó que estos reales decretos son nulos de pleno derecho, así como las consecuencias derivadas de la aplicación de los mismos. Finalmente, hay 50 millones de euros que están previstos para bonificaciones para los peajes de los usuarios
frecuentes, que son miles y miles y miles de personas. Esta subida, por cierto, es adicional a la gratuidad de los peajes que ya operan para los viajes de vuelta en el día entre Vigo y Pontevedra y que sufraga el ministerio gracias a la puesta en
marcha desde el año 2013 por la anterior ministra de Fomento, doña Ana Pastor.


Señorías, esta proposición de ley orgánica está basada en el respeto absoluto a la legalidad, a la Constitución española y al estatuto de autonomía, y lo digo para aquellos a los que se les llena la boca de Constitución y de España y son
incapaces de hacer valer las normas que nos hemos dado todos. (Aplausos). La Constitución española en su artículo 148 fija la posibilidad de traspaso en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la
comunidad autónoma, y este es el caso, y según el artículo 150.2 se transferirá a través de una ley orgánica. El Estatuto de Autonomía de Galicia, tan ley orgánica y tan importante como otras muchas leyes que hay en el ordenamiento jurídico
español, prevé la posibilidad de la competencia en materia de carreteras que estén en el territorio de la comunidad autónoma y en aquellas otras que, formando parte de la red estatal, sean objeto de transferencia, como dice el artículo 27.32.


Señorías, con la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica no termina más que un primer trámite, el trámite legislativo, pero luego viene el más importante una vez que se ha probado, que es la negociación de la transferencia,
negociación que, como dice perfectamente el artículo 2 de esta proposición de ley orgánica, debe instrumentarse mediante acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta de Galicia y el correspondiente real decreto de traspaso de
servicios. Aspiramos a una gestión directa de la autopista. Las comunidades autónomas, los que creemos en la Constitución, los que creemos en el Estado de las autonomías, a los que nos indigna que se llamen taifas a nuestras comunidades autónomas
y que se les falte el respeto a nuestros Gobierno autonómicos, decimos que queremos un Estado en el que todos seamos leales, en el que todos vivamos bajo el mismo paraguas, pero en el que se respete la autonomía, se respete la gestión y se aspire a
una mayor solidaridad entre todas las regiones.


Por eso, señorías, vamos a votar, de corazón, a favor de esta proposición de ley orgánica.


Muchas Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meijón Couselo.



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El señor MEIJÓN COUSELO: Grazas, presidenta.


'Decíamos ayer...': esta frase atribuida a fray Luis de León bien podría servir para comenzar esta intervención, puesto que hace poco más de dos años ya fue debatida en esta Cámara una ley semejante. (Continúa su discurso en gallego). Un
debate que se producía después de varios vetos del Gobierno del Partido Popular para impedirlo. En efecto, en año y medio el Gobierno de Rajoy vetó tres veces, con la anuencia de la señora Pastor, que la transferencia de la AP-9 pudiera siquiera
ser tratada en esta Cámara, impedimento que cesó desde el primer momento que Pedro Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno, y prueba de ello fue el debate que sobre esta cuestión pudo celebrarse el 11 de diciembre de 2018. (Aplausos). Antes
no se pudo; en tres veces. Un debate que consiguió el voto mayoritario de la Cámara a favor de la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, salvo el del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que parece ahora ha cambiado
de opinión, pero que no pudo completar su recorrido a causa de la disolución de las Cámaras. Pues bien, hoy retomamos con satisfacción la acción en su día paralizada y es motivo de orgullo que podamos volver en este salón de plenos a debatir la
toma en consideración de este punto.


Permítanme que repita parte de mi discurso de aquel año 2018, puesto que hay razones que no cambian. Decía entonces que para la Galicia, para las gallegas y gallegos, la autopista del Atlántico no es una autopista cualquiera, que la
autopista del Atlántico es nuestra calle Mayor, una vía de uso cotidiano, frecuente y multitudinario que enlaza las zonas más pobladas de Galicia, una vía que afecta a nuestra movilidad de cada día al no existir en muchos tramos posibilidad real de
vía alternativa razonable, bien por el estado de las carreteras secundarias, bien por los amplios rodeos, en algún caso verdaderamente amplios, que habría que dar, y los tiempos que ello significa. Su uso preferente no es para irnos de puentes, no
es para uso vacacional ni para viajes largos y de poca frecuencia; al contrario, es la vía que usan cotidianamente trabajadores y empresas, y la que interrelaciona nuestras ciudades en todos los ámbitos del día a día. No olvidemos, como se dijo
aquí, que une cinco de las siete grandes ciudades a través de un continuo urbano que es marca de la casa. Por ello, más que el énfasis en la titularidad de esta vía -que también-, nos preocupa sobremanera el objetivo de movilidad de las personas,
movilidad que no pretendemos que se contemple desde la óptica del privilegio, sino desde la óptica del equilibrio y de la sostenibilidad de nuestro sistema viario: criterios de equidad, criterios de justicia. Los criterios de equidad y los
criterios de justicia se vieron abruptamente destrozados cuando en el año 2000 el Gobierno de Aznar aprobó la ampliación de la concesión hasta el año 2048, con un alto nivel de peajes, que son, sin duda -como recordaban mis compañeros del Parlamento
de Galicia-, una carga insufrible para familias y empresas. Y todo ello cuando se había prometido -la frase del señor Rajoy aún resuena por las redes- la supresión de los peajes en aquella campaña electoral en la que ganó Aznar. De no haber sido
así, estaríamos hablando de un escenario bien distinto, con una concesión que finalizaría en el año 2023, y tan solo quedarían dos años para finalizar la concesión.


La Real Academia Española define la palabra agravio como trato desigual a personas que tienen o creen tener el mismo derecho a algo en determinada situación. Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han dado buena muestra
con sus datos de que esto realmente es así. Así también lo ha reconocido el actual ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el señor Ábalos, cuando afirmaba hace unos meses que el Gobierno reitera su compromiso para eliminar el agravio
que muchos gallegos sufren con la AP-9; un compromiso que no se quedó en palabras, sino que tomó cuerpo en los Presupuestos Generales del Estado: más de 60 millones para reducir bonificaciones en los tramos de la AP-9. Dichas bonificaciones, en
palabras del secretario de Estado, Sergio Vázquez, están diseñadas para acompañar a toda la concesión hasta el año 2048 y más pronto que tarde serán realidad, así como la gratuidad en el tramo de Redondela. Eso no es algo que pueda hacerse de la
noche a la mañana, y todos ustedes saben que esto es así. Y sí, es cierto que las bonificaciones figuran en el acuerdo de Gobierno, pero les recordaré una cosa, los socialistas nunca acordamos nada que no sea coherente con nuestros principios
programáticos. (Risas y aplausos.-Pronuncia palabras en gallego), como diríamos en gallego -ríanse-. (Aplausos). Por lo tanto, si hay un acuerdo para bonificar y reducir los peajes es porque ya figuraban en los compromisos del PSOE. (Continúa su
discurso en gallego). Pero ya con Emilio Pérez Touriño como presidente se reclamaba transferencia de AP-9 para Galicia.


Después de lo que he escuchado, la verdad es que me resulta paradójico que aquellos que presentaron enmiendas a la totalidad a los presupuestos para así tumbarlos, sean ahora quienes pretenden dirigir los presupuestos, quienes pretenden
dirigir su ejecución; justamente son los que quisieron tumbar la subida de pensiones, los que no apoyaron las recomendaciones del Pacto de Toledo, los que no apoyaron la



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Comisión de Reconstrucción (aplausos), los que no apoyaron las subidas históricas en sanidad, en educación, en vacunas, en becas (aplausos), como si todo ello no tuviera que ver con Galicia. Los que no apoyaron sepan que, sobre los
presupuestos de 2018 -descontando el AVE- hay un incremento de inversiones en Galicia de 300 millones de euros, un 62 %, y en años de crisis y pandemia. -Sí, señor Rego, haga las cuentas-. Y son los que tampoco apoyaron la partida de 60 millones
para bonificar los peajes de la AP-9.


Señorías, somos conscientes de que lo que hoy debatimos aquí es la toma en consideración de esta proposición de ley, lo que viene a significar que nos quedan horas arduas de trabajo por delante, en las que esperemos que el consenso y el
acuerdo se impongan para llevar a buen puerto el fin perseguido, que es la transferencia de la AP-9 a la Xunta de Galicia.


Este es el deseo de la mayoría de la ciudadanía de Galicia y esto es lo que se aguarda de todos nosotros. Os tempos son chegados; esperemos que así sea.


Máis nada. Beizón. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Meijón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA CREACIÓN DE UNA HOJA DE RUTA DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. (Número de expediente 162/000487).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la creación de una hoja de ruta de la transferencia de
conocimiento.


Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Alfonso Cendón.


El señor ALFONSO CENDÓN: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy una proposición no de ley para establecer una hoja de ruta de la transferencia del conocimiento. España necesita mejorar en innovación; tenemos que conseguir que la I+D+i sea uno de los
pilares fundamentales de nuestro Estado de bienestar y de nuestro modelo productivo. La conexión actual del ámbito académico-científico con el empresarial es insuficiente; existe una importante brecha entre la inversión pública y la inversión
privada en I+D+i. Es evidente que queda mucho trabajo por delante para que nuestro tejido productivo y la competitividad de las empresas españolas alcancen a los países más punteros en este ámbito. España es el décimo país del mundo en
publicaciones científicas, en revistas de alto impacto; sin embargo, ocupamos alrededor de la posición trigésima en publicaciones innovadoras, en los ránquines globales de innovación. Hay que ser conscientes de que no hay ciencia aplicada sin
ciencia básica, por eso debemos continuar apoyando con determinación la investigación en las universidades, en los OPI y en los centros tecnológicos, pero potenciando más si cabe el peso de la transferencia del conocimiento y el avance de las
carreras académicas e investigadoras. Necesitamos que el conocimiento generado en nuestro país sea transferido a la sociedad para aportar soluciones innovadoras, generar nuevos productos y servicios y mejorar la competitividad de nuestras empresas,
al crear empleo de calidad y mejorar nuestro bienestar.


Como todos ustedes saben, la política industrial está en el ADN del Partido Socialista, por eso abogamos por dejar de ver al Estado como un ente estrictamente burócrata que frena la innovación. Por eso debemos cambiar de óptica, debemos
empezar a valorar los riesgos y las ventajas de que el Estado asuma un papel emprendedor y proactivo en la ciencia, también como elemento productivo. De hecho, pensamos que el Estado no debe innovar solo cuando hay fallos en el mercado, sino que
debe ser un agente activo en la creación de un mundo más sostenible, inclusivo, más social y equitativo. La formación científica e investigadora trata de demostrar con ejemplos prácticos la aplicación real del conocimiento, especialmente en las
materias científicas, pero llega un momento en que esa vinculación tan importante se rompe y lo hace en contra de nuestros intereses. A medida que los estudios se intensifican y se especializan en un campo, dejamos de encontrar la evidente relación
que investigación e innovación tienen con nuestro Estado de bienestar. Además, estas sinergias tampoco existen significativamente en el mundo empresarial; apenas contamos con ejemplos de inversión y de conocimiento desde el mundo empresarial al
científico ni viceversa, y ese es un problema para nuestro país.



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A gran escala, entendemos que nuestras científicas, nuestros investigadores trabajan para hallar respuestas a los problemas de nuestro mundo, no dejan de estudiar fórmulas para mejorarlo; sin embargo, nos cuesta introducir sus resultados en
los mercados de forma rápida y eficaz. En relación con esto, es muy significativa la encuesta de indicadores de transferencia del conocimiento elaborada por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el año 2017, que desvelaba que del total de
patentes solicitadas por universidades, OPI y centros tecnológicos solo el 48 % contaban con algún tipo de cotitularidad y, de esas, únicamente el 28 % eran con empresas, de las cuales en su mayoría eran empresas pequeñas con poco músculo económico
para llevar a cabo grandes proyectos o inversiones muy importantes. La colaboración público-privada se ve especialmente perjudicada por la composición de nuestro tejido productivo, principalmente pymes y micropymes, poco intensiva, sobre todo
también en competencias tecnológicas. Desde el ámbito académico-científico hasta el tejido productivo deben llegar los resultados de los proyectos de I+D+i en forma de productos, servicios o propiedad intelectual, además de otras fórmulas de
conocimiento como recursos humanos, know-how, cadenas de valor o foros de innovación abierta, entre otros.


En resumen, lo que el Grupo Parlamentario Socialista pretende con esta iniciativa es mejorar los incentivos para fomentar la transferencia del conocimiento en nuestro país, incrementar la financiación para la innovación empresarial y
favorecer así la creación de empresas innovadoras y emergentes o startups. También, y no menos importante, busca facilitar la incorporación de investigadoras e investigadores en el sector privado, la realización de tesis doctorales en empresas y
seguir promoviendo programas de compra pública innovadora. Además, debemos modificar la Ley de la Ciencia, integrando y actualizando en un único cuerpo normativo elementos recogidos en otras leyes e incluyendo mecanismos que sustenten la necesidad
de motivación de los investigadores para realizar transferencia del conocimiento, así como la mejora de sistemas de seguimiento y evaluación de dicha transferencia de acuerdo a estándares internacionales.


Tenemos que continuar potenciando proyectos que requieran un componente de colaboración público-privada, con convocatorias como Misiones o el programa Cervera, muy importantes para la transferencia del conocimiento, y que constituyen una
iniciativa única y pionera en España en el apoyo de la I+D empresarial. Llegados a este punto, me imagino que ya están convencidos de la necesidad de mejorar la formación de los expertos que trabajan en las oficinas de transferencia del
conocimiento, incorporando la dimensión del mercado y facilitando la llegada del conocimiento generado por la sociedad. Debemos generar espacios comunes en los que la línea divisoria entre los centros de investigación y el tejido productivo sea más
flexible y permeable, resultando necesario habilitar un fondo de capital riesgo de transferencia para ayudar a la creación de empresas de base tecnológica.


En definitiva, señorías, en nuestras manos está fomentar la ambición por la I+D+i, la cooperación entre academia y empresa, ofreciendo oportunidades a las grandes compañías innovadoras, que darán cabida a proyectos liderados por pymes. Hoy
tenemos la oportunidad de abandonar las políticas que han lastrado durante tantos años a la ciencia y a la innovación en nuestro país. Continuemos con la estela marcada por este Gobierno de coalición progresista, con unos presupuestos generales
históricos, históricos en ciencia, con un aumento de más del 59 % en las partidas no financieras dedicadas a la I+D+i, que rompen y dejan atrás la era del Partido Popular de Mariano Rajoy, en la que se produjo un descenso sin precedentes de la
inversión en I+D+i y que nos alejó de la media europea, cuando habíamos alcanzado en la etapa del Gobierno de Zapatero nuestro máximo histórico del 1,4 % del PIB en inversión en I+D+i.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista les está tendiendo la mano para alcanzar un gran acuerdo por la ciencia y la innovación, para alcanzar un pacto por la ciencia en nuestro país. Esta PNL es un buen momento para asentar esa base.
No olviden que de las decisiones que tomemos hoy dependerá el futuro de nuestro país, la mejora de nuestro modelo productivo y nuestro Estado de bienestar.


Señorías, apuesten por la ciencia y por la innovación; ganamos todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alfonso. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martín Llaguno.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista nos ha traído hoy a debate una proposición no de ley que nosotros creemos que tiene que ver, en parte, con el informe que ha hecho el grupo de expertos que
asesora al ministerio que ha dicho que es muy importante -y hay



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un gran déficit- la transferencia de la ciencia en este país. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis ocupa la Presidencia). Nosotros estamos completamente de acuerdo. Efectivamente, hace falta mejorar la transferencia y
mejorar la ciencia de este país. Sin embargo, la verdad es que la proposición no de ley que ustedes nos han traído está llena de generalidades.


Plantean ustedes, a priori, tres objetivos con los cuales podemos coincidir. Primero, favorecer la incorporación de investigadores a la empresa privada; segundo, modificar la Ley de la Ciencia para incluir la transferencia como parte de la
ciencia en sí y, tercero, impulsar la colaboración público-privada. La idea es buena, pero vamos a ver el desarrollo. En primer lugar, incorporar a personal investigador en las empresas, y dicen que lo que quieren hacer es seguir y reforzar los
programas que ya están en marcha. Pero, vamos a ver, como diría mi abuela, almas cándidas, si tenemos unos programas que están impidiendo que los investigadores entren en las empresas y que las empresas tengan investigadores, no incidamos en
reforzarlos, innovemos y hagamos unas propuestas nuevas. En segundo lugar, reforzar la Ley de la Ciencia para recoger la motivación de la transferencia. Punto número 1, para que haya transferencia lo primero que tiene que haber es ciencia, y, por
tanto, nosotros les hemos hecho una propuesta -que ustedes no acaban de aceptar- que es que, por ejemplo, modifiquen claramente el calendario de la agencia de investigación que ha dejado colgados en el aire durante ocho meses los proyectos de este
país. Para que haya transferencia tiene que haber investigación y tiene que haber investigadores. En segundo lugar, ustedes nos plantean un poco el modelo de Juan Palomo: yo me lo guiso yo me lo como. Si de verdad quieren reformar la Ley de la
Ciencia hablen con los investigadores lo primero, porque, por ejemplo, Cotec una de las cosas que dice en el último informe es que un tercio de los profesores universitarios que han pedido el sexenio de transferencia están en contra de los criterios
que se han utilizado. Un sexenio que, por cierto, no mencionan y tiene sesgos de área y sesgos de género, a ustedes que les preocupa tanto. Hablen ustedes con los investigadores.


Nosotros también tenemos ideas que pueden incorporar como exigir en las convocatorias que haya planes de comunicación que se tengan que evaluar con los indicadores que utiliza la Unión Europea, que lo lleva haciendo mucho tiempo. Nada de
esto viene en su PNL.


El tercer objetivo es mejorar la colaboración público-privada y la financiación para las empresas innovadoras, y nos vuelven a remitir a las soluciones que han dado siempre. Si esas soluciones funcionaran, ya estaría en marcha la
colaboración público-privada. Nosotros lo que les planteamos es que hay muchos trámites burocráticos y muchos problemas en el sistema científico actual. Como ejemplo un botón: mire usted lo que ha pasado ahora mismo con el medicamento del COVID,
con el Farmamed, que han parado y el problema que están teniendo son trámites burocráticos. Por tanto, el talento está -lo dice el informe que manejan ustedes-, de hecho tenemos patentes, se ha incrementado el número de patentes, pero lo que hace
falta es reducir esa burocracia, acompañar a los científicos y quitar todas las trabas para que no estemos en desventaja competitiva.


En definitiva, nosotros hemos planteado una enmienda con cuatro puntos que son muy básicos y con los que esperábamos que estuvieran de acuerdo. En primer lugar, atraer el talento aumentando, por ejemplo, incentivos fiscales para las
empresas que contraten a personal investigador. Esto no está y se tiene que poner en marcha. En segundo lugar, eliminar incertidumbres y aportar seguridad jurídica en todo el ámbito de la ciencia. Una de las cuestiones es el tema del calendario
de la Agencia Estatal de Investigación. En tercer lugar, derribar barreras burocráticas a la inversión en innovación, flexibilizar las normas para que puedan entrar modelos de mecenazgo, para que se pueda utilizar la microfinanciación y el apoyo
técnico e institucional para guiar a las empresas innovadoras. Y, por último, apostar realmente por una cultura de la administración de datos abiertos que permita trasladar la cultura científica a la opinión pública. Nosotros estamos expectantes
para ver qué propuesta nos hacen.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en este turno, en el que también se fijará posición, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.


A nuestro juicio, los dos principales retos en materia de I+D+i son la inversión y la precariedad, aumentar la primera y reducir la segunda. Estas son las bases que para el BNG deben ser mejoradas, pues suponen el éxito en investigación y
la difusión del conocimiento. Precariedad, temporalidad e



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inestabilidad suponen un enorme lastre para muchos científicos y científicas, en especial los predoctorales, a la hora de desarrollar su trabajo. Consideramos que hablar de transferencia del conocimiento en estas condiciones es querer
empezar la casa por el tejado. En este sentido, volvemos a proponer la modificación de la Ley de la Ciencia para que los contratos predoctorales se celebren bajo la modalidad de contrato de obra o servicio con derecho a indemnización y prórrogas
automáticas en caso de evaluación positiva.


Cuando se habla de transferencia de conocimiento, es necesario priorizar siempre el interés público; la disposición de fondos públicos para investigación en programas de colaboración público-privada debe hacerse atendiendo a intereses
sociales o generales de modo que el sector privado participe y que exista un retorno social de estas inversiones; trabajo, dinamización económica, uso público de los avances y participación de la sociedad en los beneficios. En este sentido, hemos
presentado varias enmiendas que esperamos se tomen en consideración.


Obrigado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Errejón Galván.


El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor presidente.


Dos apuntes sobre esta proposición no de ley. En primer lugar, claro que estamos a favor de la colaboración público-privada, pero hay dos formas de hacerla, hay fundamentalmente dos modelos. Si se lo tuviera que resumir, le diría que hay
uno que es el de la colaboración público-privada dirigida por un Estado emprendedor y el de la colaboración público-privada por una especie de Estado pagafantas. El primero tiene la capacidad de tener una política industrial activa, de orientar las
inversiones, de apostar a determinados sectores y de abrir camino, orientar e impulsar la inversión privada. Es, por ejemplo, el que decide una década antes que el hombre va a llegar a la luna, el que orienta inversiones, inyecta en muchas empresas
y en muchas industrias, generan miles de empleos y, además, favorece desarrollos tecnológicos de los que luego viven muchas empresas tecnológicas. El Estado emprendedor en ese sentido hace punteros a los países. Y nosotros, creemos, además que la
lucha contra el cambio climático va a ser una inmensa oportunidad de desarrollo de tecnologías y de industrias punteras.


En el segundo modelo -el que podríamos llamar el modelo del Estado pagafantas- el Estado solo paga; no tiene la capacidad de orientar ni tiene la capacidad de planificar. Nunca se lleva beneficios, pero siempre está ahí para pagar cuando a
los privados les sale mal y es el modelo tristemente del que hace el ridículo frente a Astrazeneca. Cuando Astrazeneca incumple los plazos, incumple los contratos y no entrega las vacunas, se ve obligado a hacer el ridículo y por eso hace falta una
farmacéutica pública. El segundo punto es el punto del ingrediente fundamental. Claro que hace falta un sistema español de ciencia más robusto, pero esto comienza por los científicos y en España seguramente, usted lo sabe, dedicarse a hacer
ciencia es prácticamente un acto heroico. Hay dos ejemplos, y uno se ha dado. En primer término, la situación precaria de los trabajadores FPU a los que se les tienen que reconocer sus derechos como trabajadores. Y, en segundo, hoy conocíamos la
noticia, creo que era una noticia de la Cadena SER, de que las nueve investigadoras que se encargan de investigar las variables, las nuevas cepas del COVID, trabajan en precario y con contratos que no son estables. Por ahí es por donde hay que
empezar.


Vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, pero creo que usted sabe tanto como yo que para comenzar a tomarse en serio su sistema español de ciencia, hay que comenzar acabando con la precariedad de sus científicos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra la señora Illamola Dausà.


La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Bona tarda.


La PNL que nos presentan nos genera varias dudas. Una es una duda inicial, pues no entendemos ni el título ni el contenido; no sabemos si hace referencia a solo conocimiento tecnológico o a todo tipo de conocimiento. Después, en su texto
hablan de tecnología y colaboración público-privada. En Cataluña tenemos varios ejemplos de ello, les indico solo uno, el Cidai, que se dedica a promover la inteligencia



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artificial y su uso en empresas e instituciones. Está formado por dos administraciones públicas, cuatro centros de investigación y tres empresas privadas. Está promovido por el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
El honorable conseller que lo preside, el conseller Puigneró, fue vetado por el Gobierno de España para participar en el Global Business Summit. El objetivo de este congreso era dar a conocer soluciones digitales globales. Así pues, no nos parece
que lo que proclaman y lo que quieren promover en su PNL se adecue a las acciones que ustedes llevan a cabo.


Se habla también en la PNL de un cambio de modelo económico basado en la generación de conocimiento. Nos parece muy bien. La pregunta es: ¿Se creen esto que dicen o lo hacen únicamente por las recomendaciones del Semestre Europeo? Ya se
ha hecho antes alguna indicación al respecto. ¿Por qué? Porque los investigadores en España, o bien tienen contratos precarios, o bien están obligados a inmigrar, y en las universidades también hay recortes y no solo para los investigadores, para
todo. Es cierto que en casi todos los presupuestos generales el recorte en universidades y en investigación es abismal, aunque en los últimos que se han aprobado se ha aumentado el presupuesto, pero ¿por qué? Porque el Next Generation lo
prescribe; si no, tenemos dudas de que realmente se hubiera hecho.


Tenemos también discrepancia en relación con la dimensión de las empresas. Ustedes dicen que las pymes tienen menor masa de capacidad y conocimiento tecnológico. ¿En qué se basan? ¿Decimos que una empresa es grande porque es del IBEX o
porque invierte en I+D+i? Quizá las denominadas grandes empresas deberían contribuir y seguir el ejemplo de las pymes.


Por último, en cuanto al Plan nacional de recuperación y resiliencia y los Perte que tienen que presentar en Bruselas, ¿van a tener en cuenta las propuestas público-privadas, por ejemplo, de la Generalitat de Catalunya, que siguen el modelo
que ustedes nos proponen en esta PNL? Son todo dudas. Y la última es por qué presentan una PNL, porque todos sabemos el valor que tienen y el curso que pueden seguir. Ustedes son partido de Gobierno, por lo que entendemos que quizá podrían haber
utilizado otro elemento.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Castillo López.


La señora CASTILLO LÓPEZ: Gracias, presidente.


Señorías, comienzo mi intervención poniendo en valor y agradeciendo la importante labor de todos los que con una u otra figura representan a la ciencia, la tecnología y la innovación de nuestro país, un pilar fundamental para afrontar la
crisis sanitaria, económica y social en la que estamos inmersos y un colectivo que ha demostrado su generosidad y su enorme capacidad investigadora e innovadora al servicio de la sociedad. Señorías, perdimos la Agencia Europea del Medicamento a
causa del radicalismo nacionalista y en la actual pandemia la necesitábamos más que nunca. Perdimos la oportunidad de situar a nuestro país a la cabeza de las decisiones sanitarias de Europa y, señorías socialistas y de Podemos, ahora corremos el
riesgo de perder esa masa crítica tan importante como valiosa que representan los investigadores. Sin las prórrogas de sus contratos, sin resolver las estancias, sin financiación, ¿cómo quieren que sigan apostando por España y por la ciencia? El
Partido Popular les ha escuchado, les ha defendido y lo seguirá haciendo, pero ustedes han tumbado y vetado todas las propuestas que les hemos hecho y nuestras enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.


Señorías socialistas, reconocen en su PNL que España carece de tecnología y conocimiento industrial propio y que eso nos coloca en una situación de vulnerabilidad y fragilidad frente a terceros países. ¿Cuándo van a reconocer también que
ese fraccionamiento de competencias en tres ministerios supone una pérdida de fuerza de unas competencias que requieren coordinación y unidad? Todavía estamos a tiempo de situar a nuestro país en el lugar que le corresponde en la ciencia
internacional y ahí siempre van a contar con el apoyo del Partido Popular. Nuestro presidente, Pablo Casado, les ha ofrecido un pacto de Estado para destinar el 2 % del PIB a la inversión en ciencia. Pero seamos claros, señor Cendón, con cuatro
millones de parados, 7000 empresas y 14 668 autónomos que han tenido que cerrar en el mes de enero, así como con una ingente cantidad de investigadores en el limbo, la PNL que hoy nos presentan no pretende potenciar la competitividad de las empresas
y de la sociedad en su conjunto, no busca la innovación y la transferencia del conocimiento y no apuesta por los investigadores de nuestro país. Busca tapar la inacción de un ministro, el señor Duque, que ni está ni se le espera. Su PNL es escasa
e insuficiente en contenido, con una exposición pobre y mal enfocada, y eso que les habíamos trazado el camino con sendas PNL aprobadas el 22 de diciembre en relación con apostar firmemente por la investigación en



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nuestro país y por los doctores de la universidad española, así como con reformular los instrumentos de transferencia del conocimiento y la promoción y la defensa de la propiedad industrial.


Esta PNL muestra una descoordinación total entre socialistas y comunistas y, además, de los propios socialistas entre sí. Y la presentan una semana después de la convalidación del real decreto de los fondos europeos, lo cual todavía es más
irrisorio; tras el cheque en blanco que Bildu y VOX han puesto en sus manos con unos fondos que no sabemos cómo se van a repartir, que se olvidan de las pymes y que financiarán proyectos estratégicos ponderados con parámetros por el propio
Gobierno. Les hemos solicitado una subcomisión para hablar de todo esto, pero una subcomisión para escuchar al sector, para escuchar a todo lo que representa la ciencia, la tecnología y la innovación. Nos sorprende que en esta PNL no hagan ninguna
referencia al Plan de Choque por la Ciencia y la Innovación que presentó su presidente, probablemente porque no era más que puro marketing. ¿Dónde están los 1056 millones de euros para inversión directa y los 508 millones en préstamos en
condiciones ventajosas para las empresas innovadoras de nuestro país? Deberían ustedes haberse coordinado antes de escribir esta PNL. Todo es marketing, señorías. Señorías socialistas, que ustedes hablen aquí de Rajoy cuando las facturas se
acumulaban en los cajones y, ahora que ustedes gobiernan y que disponen de fondos europeos para la recuperación de las pymes, que reconozcan además que falta la digitalización y la tecnología de esas empresas y nos traigan esta PNL sin medidas ni
financiación resulta totalmente vergonzoso. España no logrará así derribar el muro que separa a la universidad española de la empresa.


Hemos enmendado esta PNL y esperamos que tengan a bien considerar nuestros puntos: el 2 % del PIB de inversión en ciencia, favorecer ecosistemas de transferencia del conocimiento para empresas de reciente creación, poner en marcha medidas
contempladas en ese plan de choque que parece papel mojado y apostar por los proyectos de colaboración público-privada.


Termino, presidente. Señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, estamos de acuerdo con ustedes en que este Gobierno está haciendo dejación de todas sus promesas y probablemente traigan hoy aquí esta PNL por eso. Les digo más, es
necesario que traigan esta PNL porque presentan planes y hacen promesas que nunca cumplen.


Gracias, señorías. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), la señora Gorospe Elezcano.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Una de la cosas buenas que tiene ahora bajar aquí es quitarse la mascarilla, lo que todos agradecemos bastante.


Buenas tardes, señor Alfonso Cendón -empiezo por usted como representante del grupo proponente- y resto de compañeros y compañeras que han participado en el debate. En el Grupo Parlamentario Vasco, cuando vimos la iniciativa nos pareció que
coincidíamos con el diagnóstico que usted ha realizado hoy replicando la exposición de motivos y la propuesta de su iniciativa. Porque, efectivamente, consideramos que no se está haciendo una transferencia efectiva y eficaz del conocimiento
científico a la empresa, que no se está haciendo una transferencia de conocimiento a la sociedad, que es a donde realmente tiene que llegar toda esa producción científica. Esto se debe a ese déficit de relación que existe entre el mundo
académico-científico y el mundo de la empresa, y entendemos que su iniciativa va orientada a resolver de alguna manera este déficit que existe. En nuestro caso, consideramos que es absolutamente necesario no solo que haya una transferencia de
conocimiento, sino que también haya una transferencia de todo el talento científico que existe y de la tecnología. Estamos atravesando una crisis sanitaria jamás conocida por ninguno de nosotros y en la que estamos viendo que existen grandes
déficits y que dependemos del exterior. Por tanto, compartimos no solo el diagnóstico, sino también el reto, esa necesidad de que todo ese conocimiento que se genere, todo ese talento y toda esa tecnología, llegue a la sociedad a través de la
empresa, de empresas que ya existan o de nueva generación. Es la única forma de poder cumplir el fin que tiene este conocimiento, el fin de estar orientado a resultados y ser un instrumento que sirva de forma eficaz para dar respuesta a todos los
desafíos, en este caso la emergencia de la crisis sanitaria, pero también a desafíos medioambientales, como se comentaba aquí, desafíos de digitalización o de cambio demográfico. Son muchos los retos a los tenemos que ser capaces de dar respuesta
de forma rápida con todo ese conocimiento. Nuestro grupo parlamentario, cuando se presentó en Comisión la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya decía que se tenían que incluir en la propia estrategia objetivos que



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estrecharan más esa relación entre academia, producción científica y ámbito empresarial, porque solo con la sinergia entre estos ámbitos podría llegar el beneficio a la sociedad. En el Estado, como muchas veces hemos comentado, no existe un
único modelo de ciencia, tecnología e innovación, sino que existen el modelo del Estado, el modelo de Madrid, el modelo catalán y el modelo vasco. Nuestro modelo, que se parece tal vez más al alemán, finlandés o americano, es un modelo muy dirigido
al ámbito productivo, muy dirigido a la industria, y que tiene en su frontispicio el objetivo de ir respondiendo tanto a las necesidades del tejido productivo o industrial como a las necesidades que en distintos ámbitos económicos, sociales y
sanitarios van surgiendo. Nosotros creemos que la propuesta que ustedes han presentado tiene aspectos que deben mejorarse; se queda tal vez escasa en ámbitos como el de la financiación, y hemos tenido oportunidad de hablar con usted de este tema.
En Euskadi existe un modelo de financiación dirigido a distintos agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación, en el que se van planteando distintos modelos, un mix de financiación. Creemos que está cojo en ese sentido. Se ha hablado de
la situación de precariedad de los investigadores. Indudablemente, un cambio de orientación, un cambio de rumbo del sistema de ciencia, tecnología e innovación debería dar respuesta a esa situación. Hay muchos aspectos que deberían mejorarse, pero
nos parece que su iniciativa va en el buen sentido. Nos parece que es una vasquización -si me permite la expresión- del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, donde de este mix de investigación en excelencia, especialización y mercado
empieza a darse más fuerza al ámbito del mercado...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir terminando, por favor.


La señora GOROSPE ELEZCANO: ..., promoviendo la colaboración -termino- público-privada y la interacción de todos los agentes. Sé que están trabajando en una enmienda transaccional. Veremos cuál es el texto de la enmienda y, en función de
ello, decidiremos el voto de nuestro grupo parlamentario.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias presidente.


En 1939 se publicó un libro importante sobre sociología científica, llamado La función social de la ciencia. En dicho libro, su autor, John Bernal, planteaba que la ciencia no es solo una construcción teórica, sino que constituye en sí
misma una fuerza productiva, un proceso productivo. La ciencia -como sabemos- tiene implicaciones en las transformaciones económicas, tiene implicaciones en el empleo, en la vida cotidiana de la gente, y por eso mismo decía el autor, decía Bernal,
que debe ser un ámbito de planificación por parte del Estado. Por supuesto, esta tesis fue criticada por los liberales de la época, partidarios de lo que se llamaba entonces la ciencia pura o la libre indagación, pero lo cierto es que las ideas del
marxista Bernal se hicieron hegemónicas en la mayoría de las sociedades avanzadas. Hoy existe un amplio consenso sobre la necesidad de que los Estados desarrollen políticas científicas para impulsar cambios tecnológicos, crear empleos de calidad o
proteger la salud pública.


Esta PNL que nos trae el Grupo Socialista, sobre una hoja de ruta para la transferencia del conocimiento, creo que también responde a este imperativo, al imperativo de Bernal, y por eso mismo la vamos a apoyar. En parte, sugieren ya
propuestas que estaban incluidas en los Presupuestos Generales del Estado y que, por tanto, se van a ejecutar. Sin embargo, el debate sigue siendo el debate de Bernal, el debate de cómo garantizar la función social de la ciencia, porque si algo ha
puesto de manifiesto esta pandemia, la pandemia de la COVID-19, ha sido la debilidad de lo público tras décadas de neoliberalismo y de desmontaje del sector público.


Lo que estamos viendo estos días con las vacunas de la COVID-19 resulta paradigmático: multinacionales farmacéuticas, como AstraZeneca, que recibieron financiación pública para el desarrollo de las vacunas y que ahora, sin embargo, están
especulando con su distribución y chantajean a los Estados. Esto es muy grave y está señalando los límites de un modelo de rapiña del modelo neoliberal; un modelo que nos expone a estos episodios de piratería y especulación, precisamente, porque
no hemos sido capaces de garantizar una patente pública y, así, garantizar que la vacuna contra la COVID era un bien público global.



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Por eso, señorías, desde el grupo confederal, creemos que ha llegado el momento de equilibrar esa balanza entre lo público y lo privado. Ya no podemos seguir repitiendo fórmulas que se han demostrado enormemente inoperantes en esta
pandemia; tampoco en lo que se refiere a la política científica.


En el ámbito de la ciencia, en concreto -y como hemos manifestado otras veces-, sigue siendo fundamental aumentar la inversión pública y fortalecer los organismos públicos de investigación. Esto también debe hacer replantearnos la
transferencia del conocimiento, que siempre la pensamos como transferencia hacia el mercado. En este punto hay que empezar a plantear la transferencia del conocimiento también hacia el sector público; por ejemplo, para mejorar la eficacia de las
administraciones públicas o para mejorar la capacidad de sectores estratégicos, como es nuestro sistema sanitario. Luego, existe otro problema en la cadena de transferencia del conocimiento, y así lo reconocen muchos investigadores con los que
hemos podido hablar. A menudo, los equipos de investigación logran hallazgos muy generales que necesitan tiempo y recursos para poder ser desarrollados y trasladados al mercado; y las empresas, por el contrario, piden cada vez desarrollos más
elaborados, mientras que la financiación privada sigue siendo muy baja en nuestro país. Por tanto, se produce algo así como un vacío entre laboratorio y mercado.


Por todo ello, creemos que sería interesante en algún momento plantear el debate de un consorcio público para la transferencia; un consorcio público participado por las OPI, también por las oficinas de transferencia que ya existen, que
sirviera para acelerar esa transferencia del conocimiento e incluso para asumir la comercialización directa de las innovaciones. De este modo, este ente público podría comercializar directamente como un operador más, teniendo un mayor poder de
negociación con los actores privados, y, sobre todo, permitiría que nuestras OPI pudieran retener la titularidad de las innovaciones, la propiedad industrial intelectual, las patentes, etcétera. En definitiva, pensamos que la cadena de
transferencia del conocimiento necesita de un eslabón público, un eslabón que suture esa distancia de la que hablaba entre laboratorio y mercado, que acelere la transferencia y que también permita retornos al sector público.


Finalizo ya, presidente. La transferencia del conocimiento para ser eficaz no puede establecerse solamente en función de las coyunturas del mercado supuestamente autorregulado. La reconstrucción del país que tenemos por delante puede ser
una oportunidad para desarrollar soberanía tecnológica, para favorecer la fabricación local de productos básicos -vacunas, reactivos, etcétera- y, sobre todo, como decía al principio, para salvaguardar la función social de la ciencia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamento VOX, tiene la palabra el señor Utrilla Cano. (Aplausos).


El señor UTRILLA CANO: Gracias, presidente.


Señorías socialistas, nunca soplarán buenos vientos para quien no sabe a dónde se dirige. Ustedes se empeñan una y otra vez en poner parches a la ciencia y desde VOX una y otra vez les decimos lo mismo: la solución no son tiritas, se llama
cirugía. Usted, señor Cendón, ha subido aquí a censurar a las empresas privadas porque no invierten en innovación, sin hacer un ápice de autocrítica de por qué no lo hacen. Nos ha presentado una PNL sin ningún cambio de calado y que se limita a
quedarse en la superficie, y propone una iniciativa ambigua y sin concreción. VOX lo ha denunciado muchas veces, el sistema está viciado. Deben facilitar la cooperación público-privada cambiando la estructura del sistema y simplificando los
trámites, no con retoques cosméticos. Han creado ustedes y el Partido Popular un Estado paralelo lleno de burócratas, una organización elefantiásica que no es operativa y que tiene que ser mucho más ágil, ligera y eficaz. (Aplausos).


A ustedes se les llena la boca con la importancia de la ciencia, pero hace apenas unas semanas, en Comisión, rechazaban con sus votos la creación de una comité científico permanente para asesorar al Gobierno, a propuesta de VOX, algo que el
propio ministro elogió en sus comparecencias (aplausos) y que no debería tener detractores entre los que pensamos que la ciencia es fundamental para gobernar con criterio. Háganselo mirar, señorías socialistas.


En el punto 1 de su iniciativa hablan de la incorporación de doctores a las empresas. Todo lo que sea incorporar talento a la empresa privada será bienvenido, pero no impulsará la transferencia tecnológica en España. El verdadero problema
es estructural, trámites farragosos y trabas administrativas, y no se enteran porque ustedes no hablan ni con los empresarios ni con los científicos, y si lo hacen, desde luego no los escuchan. (Aplausos). ¿Saben ustedes que nuestros
descubrimientos aquí, en España, se



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patentan más en Estados Unidos que por las propias empresas nacionales? España invierte en ciencia y otros países lo capitalizan; un auténtico despropósito.


En el punto 2 hablan de la mejora de la motivación de los investigadores. Vuelven a patinar ustedes, señores. Hay que facilitar el proceso de patentes y transferencias y no culpabilizar a nuestros científicos por su baja motivación. Si
quieren, de verdad, hacer algo por ellos, destaquen el papel del sexenio como instrumento para reconocer su mérito en la actividad de la transferencia de conocimiento, algo que no han recogido en su iniciativa.


En el punto 3 hablan de financiar proyectos público-privados, pero ustedes todavía no han asimilado que el gasto financiero en I+D+i solo se ejecuta en un 25 %, ya que las empresas no acuden a esta oferta de financiación al no verla
atractiva o tiran la toalla por lo engorroso de sus trámites. No sean pertinaces en el error, no se reafirmen en lo que ya sabemos que no funciona; si de verdad quieren impulsar la transferencia en las pymes, den ayudas e incentivos fiscales. No
hay otra solución.


En el punto 4 ustedes empiezan la casa por el tejado. Antes de supervisar y hacer seguimiento, hay que conseguir que se patente más; hacerlo al revés no tiene ningún sentido. Tienen que hablar con las dos partes, con científicos y
empresarios, pero como me temo que no lo harán, hagan algo muy sencillo: siéntense en un sillón y lean el informe de la Fundación Cotec sobre transferencia de conocimiento, donde se ha consultado a multitud de empresarios y científicos y todos
coinciden en lo mismo: el primer obstáculo que se encuentran es la burocracia. En su iniciativa, por cierto, ni una sola mención a esto.


Quiero aprovechar que estoy en esta tribuna para lanzar un mensaje. El pasado fin de semana arrancó la campaña de las elecciones catalanas, como ustedes saben, y nos desplazamos a muchas localidades de Cataluña, donde se nos ha insultado,
acosado, perseguido y amenazado, todo digno de la Alemania de Hitler o de la Venezuela de Maduro. A los pocos y contados cargos electos de otros partidos que nos han mostrado su solidaridad, de verdad, gracias de todo corazón. (Aplausos). A los
miserables que han instigado, banalizado o justificado estos ataques desde la Generalidad y desde aquí mismo, quiero decirles que, a pesar de su bajeza moral, nunca haremos lo mismo porque no somos como ellos y que si en cualquiera de sus actos se
ven hostigados, lo condenaremos sin paliativos. (Aplausos). Y por último, a esos siniestros personajes, a esa horda de orcos, que repletos de odio nos escupían y nos lanzaban huevos y piedras, quiero decirles que pierdan toda esperanza de
amedrentarnos, que no les tenemos miedo, que seguiremos paseando por las calles y plazas de nuestra querida Cataluña cuando y como queramos, y que jamás, jamás abandonaremos a nuestros compatriotas allí. (Aplausos).


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señor Alfonso Cendón, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas?


El señor ALFONSO CENDÓN: Estamos trabajando en una transaccional.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Perfecto. Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE APOYO GLOBAL Y URGENTE AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 162/000461).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo global y urgente al sector de la hostelería española.


Para la presentación de la iniciativa y de las enmiendas presentadas, tiene la palabra la señora Borrego Cortés.


La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidente. Buenas tardes.


Subo a esta tribuna para defender una propuesta en defensa del sector más castigado por la pandemia, el sector de la hostelería. Planteamos quince acciones concretas. No se puede desde esta Cámara abandonarlo a su suerte, no podemos dejar
abandonado al sector de la hostelería, olvidarnos de sus problemas, decirles que se endeuden o trasladar la competencia a los parlamentos autonómicos. Ahora mismo, ellos tienen la percepción de que el Gobierno de España les ha abandonado.



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La hostelería es un sector económico que contribuye de manera sustancial al empleo y a configurar el modo de vida de nuestra sociedad, haciéndola dinámica y con posibilidad de una enorme interacción, lo que es parte de nuestro atractivo y
permite una mayor competitividad turística. Junto al sector hotelero, es un elemento esencial para el turismo, habiendo llegado a representar más del 12 % de nuestro producto interior bruto, y nos han llegado a visitar más de 80 millones de
turistas internacionales. Sin embargo, la hostelería es el sector que más afiliados a la Seguridad Social ha perdido en el último año. Nos jugamos un millón de puestos de trabajo. Por eso mi grupo, pensando no solo en el ámbito económico, ha
presentado esta proposición. Pensamos en las personas, en quienes conforman este sector. Son ciudadanos, con nombre y apellidos, a quienes desde la famosa manifestación del 8 de marzo del año pasado -ya han pasado once meses- se les ha obligado a
cerrar o a trabajar con restricciones, a no poder desarrollar su actividad con normalidad, a estar en ERTE, a tener dificultad de suministros porque no saben si van a seguir abiertos o si cerrarán. Han sido once meses en los que han tenido que
pagar alquileres, luz, agua, Seguridad Social, y lo único que les ha dado el Gobierno ha sido la posibilidad de tener créditos y algún aplazamiento; ayudas solo de las comunidades autónomas, y estas sin apoyo del Gobierno, sin que encaje esa
financiación dentro del modelo de financiación autonómica. Por eso esta iniciativa busca instar al Gobierno a que muestre un poco de sensibilidad con personas que llevan un año pasándolo mal, que necesitan ayudas directas, ni palabras ni mítines.
No son grandes empresarios, son personas físicas, pequeños emprendedores, autónomos que trabajaban y pretenden seguir trabajando en el sector de la hostelería.


Independientemente del voto que emitan, que, si son coherentes, debería ser positivo, quiero plantearles una reflexión en torno a dos cuestiones: cómo queremos que sea este sector y si pretendemos que sigan en él, si así lo quieran ellas,
las mismas personas que estaban en marzo de 2020. Los diputados de mi grupo tenemos una posición clara, queremos mantener y potenciar a este sector, que tiene unas características especiales respecto al resto de países de nuestro entorno y es
tractor de otros sectores, como la pesca, la agricultura o la cultura. Esta iniciativa pretende facilitar ayudas para los que estaban y están, y que sean estos los que sigan, porque hay gente del Gobierno que en alguna reunión ha dicho que, si
estos se arruinan, ya abrirán otros. No, señorías, esa no es la solución. Esta iniciativa pretende ayudar a los que están. En esta iniciativa subyace una idea, la de las ayudas directas, porque España, al retrasar las ayudas directas a las
empresas, está poniendo en riesgo a todo el sector empresarial, muy especialmente a pymes y autónomos, y no lo decimos solo nosotros, el Fondo Monetario Internacional ha señalado a España como el país que da menos ayudas entre los países de nuestro
entorno. Por eso hemos presentado una enmienda para reafirmar esta idea. Retrasar, como hace el Gobierno, un programa de ayudas directas pone en riesgo la supervivencia del tejido empresarial y, sobre todo, abandona a miles y miles de personas y
familias en sectores muy dañados por la crisis sanitaria. Es imprescindible y urgente la aprobación por parte del Gobierno de este plan de ayudas y compensaciones directas, un plan que tiene que ser sencillo y rápido, sin confusiones ni burocracia.
Planteamos que no se traslade a los empresarios la inquietud de la finalización de los ERTE y que la prórroga sea automática hasta el cese de esta situación. Los ERTE están siendo una medida eficaz, pero no tiene sentido la falta de certidumbre
derivada de prórrogas continuas, cuando el sector de la hostelería no tiene posibilidad de recuperar su facturación por el momento. De igual modo, planteamos también otras medidas que parece que tiene todo el sentido que sean apoyadas por todos los
grupos y que, sin duda, responden a demandas del sector, como en la formación, la tecnología, un plan renove o un plan estratégico de la gastronomía. Señorías, ¿no creen que instar al Gobierno a que elabore un plan estratégico puede y debería ser
apoyado por todos?


Pueden discrepar desde la izquierda sobre nuestras propuestas tributarias, pero les aseguro que su intransigencia, por ejemplo, en no bajar el IVA al sector turístico ha sido y es un error. Pedimos esa reducción del IVA para el sector
turístico, la hostelería, para todas las empresas prestadoras de servicios turísticos al tipo superreducido del 4 % al menos durante este año. Pedimos que se tome una decisión coordinada con comunidades autónomas y entidades locales sobre el IBI,
las tasas de basura, el IAE, porque, aunque parezca increíble, se están devengando esos tributos y tasas con el establecimiento obligado a cerrar o a restringir su actividad, y todo ello con la pasividad del Ministerio de Hacienda y la Presidencia
del Gobierno. Alguien podría escusarse y justificarse con decretos leyes, esconderse tras ellos, pero en ninguno hay ayudas directas ni apoyos claros; son créditos o aplazamientos, que no arreglan nada. De hecho, a este plan de la ministra el
sector lo llama el no plan. (Aplausos).


Señorías, les pido que, cuando mañana o pasado mañana emitan su voto, piensen en el dueño del bar o del restaurante que ustedes frecuenten en su provincia. Seguro que les conocen, y también a toda su



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familia. No les den la espalda, ellos no pueden ser los paganos del COVID. Si votan no, les costará trabajo mirarlos a los ojos sin sentir vergüenza.


Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.


Señorías, tristemente, volvemos a debatir en este Pleno una iniciativa para intentar salvar a la hostelería, y digo tristemente porque eso significa que un año después de comenzar la pandemia mundial el Gobierno sigue sin ser capaz de
abordar el problema y ayudar a nuestros hosteleros como se merecen. Parece inútil recordar las cifras de estos sectores, que aportan tantísimo al producto interior bruto y generan tantos empleos. Podría insistir en que nuestros sectores turístico
y hostelero despertaban admiración entre el resto de países, sectores que el Gobierno llevaba como bandera y ejemplo de éxito. Ayer algunos medios decían que, por problemas derivados del impago de créditos como consecuencia del alto endeudamiento
que han alcanzado muchas de nuestras empresas en estos meses, la señora Calviño se plantea modificar la Ley concursal para facilitar los cierres de estas empresas que no van a poder sobrevivir. ¿Ahora se dan cuenta de ello, señores del Gobierno, si
la medida estrella que ha puesto el Gobierno encima de la mesa para salvar a este sector y a otros muchos, aparte de los ERTE, son los créditos ICO, financiación que tendrán que pagar puedan o no, tengan o no ingresos? ¿Prefieren ir pensando en las
empresas que van a cerrar y facilitar los cierres, antes que rescatarlas y evitar esos cierres y despidos? Como una parte del problema a la hora de decidir acerca de apoyar o no las ayudas directas al sector de la hostelería y del turismo es que no
conocen los números reales, la realidad del sector, les voy a poner un solo ejemplo, aunque podrían ser miles. Un hotel de más de cincuenta trabajadores cerrado tiene cero ingresos pero unos costes fijos de seguros sociales -la parte a la que
todavía tienen que hacer frente-, tasas de residuos, IBI, mantenimiento, jardinería, IAE, otros impuestos y tasas, es decir, numerosos gastos, que rondan los 130 000, 140 000 euros al mes. ¿Pueden decir los portavoces de Unidas Podemos y el Partido
Socialista -a mí no, al sector- cómo van a hacer frente a este dinero cada mes sin ayudas directas? ¿Lo pueden explicar? Sería interesante que dieran la solución al sector. Señorías, solo hay una: ayudas directas. Me dirán que los créditos ICO,
con esa deuda que asumen semana a semana y mes tras mes, será lo único que puede ayudarles, pero no es así, porque no tienen ingresos suficientes. Es una respuesta irresponsable, porque pone solo en manos del sector su propia supervivencia. Los
dejan atrás. ¿No decían que no iban a dejar a nadie atrás? Se quedan muchas empresas y muchos autónomos, y se quedarán atrás muchos trabajadores. La proposición no de ley que trae hoy el Partido Popular, muy parecida a la moción que presentamos
después de la interpelación a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, se deja atrás a los autónomos que van a tener que recomenzar de nuevo después del parón, después del cese de actividad. Por eso hemos presentado enmiendas en este sentido.
Al igual que desde Ciudadanos pedimos ese plan nacional de vacunación, también necesitamos un plan nacional de rescate. No podemos ceñirnos a que el Gobierno ceda fondos a las comunidades autónomas, tiene que gestionarse desde el Gobierno central,
para que las ayudas a los hosteleros y empresarios turísticos resulten iguales, sea donde sea y estén donde estén los negocios hosteleros y turísticos.


Por ese motivo, desde Ciudadanos hemos presentado algunas enmiendas, unas de mejora técnica, pero otras que recogen medidas importantes que deberían estar en esta proposición no de ley. Por eso solicitamos establecer una tarifa plana de
sesenta euros al mes para los trabajadores autónomos que reabren su negocio, porque cuando empiecen a trabajar de nuevo no tendrán negocio al que volver, tendrán que empezar desde cero, y crear un fondo plurianual para ayudas directas desde 2021
hasta 2023 recogido en los planes generales del Estado -me sorprende que ni siquiera vieran posible contemplarlos en estos presupuestos, porque esa es la medida-, ya que con ayudas solo este año no va a ser posible, salir de esta crisis les va a
costar muchísimos años. Señores diputados, señorías del Gobierno, si no apoyamos a nuestros hosteleros perdemos el sector, así de simple. Si no apoyamos ahora a nuestro sector turístico y hostelero no va a haber manera de resucitarlo cuando pase
esta pandemia. Las ayudas de hoy serán los empleos de mañana.


Muchísimas gracias. (Aplausos).



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Jover Díaz.


La señora JOVER DÍAZ: Buenas tardes, president.


Señorías, hoy el Partido Popular vuelve a presentar una PNL que confirma que no tienen una sola propuesta novedosa para combatir la crisis. Vienen a ver si pueden sacar unos pocos votos a costa de la pandemia, porque cuando gobiernan
recortan, y algunos nos roban hasta el agua de los floreros. Se trata de una PNL que revela una enorme falta de imaginación. Frente a cualquier problema siempre plantean la misma receta: bajar impuestos. En un contexto de crecimiento proponen
bajar impuestos; frente a una recesión, bajar impuestos; para corregir la desigualdad, bajar impuestos, y para hacer frente a la pandemia, bajar impuestos. Eso no es economía, es rendición, y los problemas no se solucionan con actos de fe o, como
la exministra Báñez, encomendándose a la Virgen del Rocío. Nos alegra que pongan encima de la mesa que es necesaria una reforma fiscal, pese a que les aseguro que no vamos a estar de acuerdo con ustedes, que tan acostumbrados están a subir los
impuestos a los trabajadores y a los autónomos y a bajarlos para las grandes fortunas y las grandes empresas. Si algo ha demostrado la pandemia es que necesitamos unos servicios públicos fuertes, y eso no se construye bajando impuestos. A
diferencia de ustedes, nosotras queremos unos servicios públicos fuertes y una reforma fiscal que cumpla con la Constitución, de modo que aporte más quien más tiene.


Señorías, vienen a proponer una serie de medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha. Esto no es serio. Solo demuestra su ineptitud y su incapacidad. Piden transferencias a las comunidades autónomas. Señorías, se vienen realizando
desde hace más de medio año. Para ello se habilitó el fondo del COVID, dotado con 16 000 millones para transferencias no reembolsables a las comunidades para hacer frente a la crisis. Piden una reducción del IVA al 4 %. En la actualidad España
aplica el tipo impositivo reducido del 10 % a la mayoría de los servicios relacionados con el turismo y la hostelería. Deben recordar que los Estados miembros y la Comisión Europea han asumido un compromiso para limitar la aplicación de tipos
reducidos y no incluir nuevas categorías. De hecho, España es uno de los países de la Unión Europea con mayores pérdidas en recaudación del impuesto, derivadas de la aplicación de tipos reducidos y exenciones. Asimismo, entre otros beneficios
fiscales, también se ha aprobado el aplazamiento de las obligaciones tributarias para el primer trimestre de este año. Señorías, ¿a qué han dedicado su tiempo, aparte de confabular para bloquear que España pudiera recibir ayudas de Europa?
Respecto a los préstamos ICO, deben saber que ya se han ampliado los plazos de amortización hasta un máximo de ocho años. Y en cuanto a una ampliación de los ERTE, ya han sido prorrogados hasta el 31 de mayo, y la ministra, Yolanda Díaz, ha
comunicado que se van a prorrogar tantas veces como sea necesario.


Señorías del PP, dejen de crear confusión y aclaren sus ideas. Durante el estado de alarma gritaban que se debía dejar tomar las decisiones a las comunidades autónomas, durante el desconfinamiento se indignaron porque las tenían que tomar y
en la campaña de vacunación, ante la incapacidad de sus dirigentes, vuelven a pedir que sea el ministro de Sanidad quien asuma las competencias. Ahora piden que el Gobierno coordine con los entes locales eliminar impuestos sobre los que no tiene
competencia. ¿Cuál es el objetivo, que mañana salga la señora Ayuso contra el Gobierno por laminar sus competencias y así tapar la infamia que supone que no está contratando sanitarias para luchar contra la pandemia? Vergüenza y responsabilidad es
lo que les falta, porque la mejor herramienta para salir de la crisis es acabar con el virus, en vez de utilizarlo con el único objetivo de desestabilizar al Gobierno. El sector hostelero está sufriendo y no se merece una oposición tan poco
responsable ni una Junta de Andalucía que guarda en un cajón ochocientos millones recibidos por transferencias, en vez de ayudarlos y bajar sus tasas. (Aplausos). Tampoco se merecen que unos cuantos violentos, espoleados por sus compañeros de
fechorías, intenten desvirtuar sus legítimas reivindicaciones, con las que nos solidarizamos, rompiendo cristales y tirando adoquines a la policía, como sucedió en el Parlamento de Baleares. Desde nuestra formación pedimos al Gobierno más valentía
y que siga implementando más medidas para fortalecer este escudo social que se ha creado, porque de esta pandemia hemos de salir todos y todas, sin que nadie quede atrás. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora Rueda Perelló.



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La señora RUEDA PERELLÓ: Señora Borrego, del Partido Popular, en su intervención ha dicho que no se puede abandonar a la hostelería. ¿Cómo cree que se sienten en Galicia, Andalucía, Murcia y Castilla y León, allí donde gobiernan?
(Aplausos). Ha dicho que pensemos en las personas. Dígaselo a Feijóo y a Moreno Bonilla. Pide usted al Gobierno sensibilidad: eso mismo les pedimos a ustedes allí donde gobiernan. El Partido Popular habla de apoyo urgente a la hostelería, y lo
dice en el Congreso, pero allí donde gobiernan lo que hacen es imponer restricciones y prohibiciones. Y no solo muestran cierta incoherencia, sino que los barones del PP que gobiernan en Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía no respaldan ni
con sus decisiones ni con sus declaraciones ni al sector ni a Díaz Ayuso, quien, por cierto, dice apostar por el comercio y la hostelería pero bien que impone restricciones horarias. (Aplausos). Ya ven, donde gobierna el Partido Popular falta
apoyo a la hostelería y tienen criterios dispares, porque en Madrid cierran a las 9.00, pero en Málaga a las 6:00, y a partir de esta madrugada cierre total -abro comillas- 'para toda actividad no esencial', y digo que abro comillas porque deben
entender que esencial es toda actividad, ya que de ella siempre depende el sustento de las familias. (Aplausos). Prohíben trabajar al sector del ocio nocturno, que lleva meses sin ingresos, imponen restricciones al comercio y al bar de barrio,
pero, como me dijeron ayer los hosteleros de Almería, si creen que con mil euros de ayuda de la Junta de Andalucía se levanta un negocio, es que no saben nada de esto. Trabas y prohibiciones y no les indemnizan.


En esta PNL hablan de restricciones de movilidad y de limitaciones de aforos y horarios. Curiosamente, piden eso, pero es lo que hacen donde gobiernan: ponen restricciones y limitaciones. La mayoría de las medidas que contiene esta
proposición no de ley que hoy debatimos estaban ya contempladas en las iniciativas que VOX ya registró en los meses de abril, junio, agosto y octubre: bajada del IVA, aplazamiento de pagos en préstamos e hipotecas, exoneración en la Seguridad
Social, eliminación de impuestos. Eso es lo que defendemos. Por eso hemos presentado enmiendas para completar esta propuesta y votaremos a favor. Lo haremos porque siempre votamos a favor de aquello que es bueno para los españoles. (Aplausos).
Y aunque desde su partido y sus medios amigos -por cierto, ya no sé qué medios son más activistas, si los que apoyan a la izquierda comunista o aquellos que les apoyan a ustedes- manipulan la verdad y nos atacan, deben saber que sus ataques nos
hacen más fuertes y que la verdad siempre prevalece. (Aplausos). Por tanto, les animo a abandonar la senda de la calumnia y la difamación para con VOX y los millones de personas que representamos, porque en la vida y en la política no todo vale.


Respecto a las enmiendas presentadas, el Grupo Socialista habla de mantener los ERTE. Señorías, teniendo en cuenta que en todas las negociaciones sobre los ERTE han tenido en vilo al sector hasta el último momento, ciertamente está muy bien
que hablen de ERTE, pero lo bueno será que lo lleven a cabo. No obstante, visto lo visto y por las enmiendas presentadas, está claro que harían mejor trabajo desde la oposición. (Aplausos).


Señorías, quítense la venda de la ideología, porque no se trata de intereses partidistas. Nosotros, los de VOX, lo tenemos claro, muy claro, y por eso estamos aquí. Se trata de buscar soluciones reales a los problemas reales de los
españoles. Hoy hemos conocido los datos del paro en enero: 76 000 nuevos parados, casi ocho millones de personas sin trabajo, más de 735 000 trabajadores en ERTE, y muchos de ellos son de la hostelería y del sector servicios. Déjense de relatos y
de ideología de derecha, de izquierda o ultra. El relato es el de las vidas golpeadas, el de un año trágico, de dramas personales, familias desgarradas por la pérdida súbita, por el cierre de sus negocios, la pérdida del empleo, el miedo al
contagio y por ese pulso diario entre la vida y el virus. Vemos lecciones de supervivencia, y los españoles no merecen un futuro marcado por la inestabilidad que todos los partidos que gobiernan los dan. Miren a su alrededor: tristeza,
desesperación, ruina y miseria.


Finalizo con un mensaje de esperanza, un mensaje que trasladó desde la tribuna Ignacio Garriga, candidato a la Presidencia de la Generalidad: la libertad, la bondad, la belleza y la verdad acabarán triunfando. Y desde la sede de la
soberanía nacional, a Ignacio y a todos los candidatos, afiliados y simpatizantes, a aquellos que sufrís la cobardía de todos los que no denuncian la violencia que sufrís en Cataluña os decimos: ¡Valientes, no estáis solos; a vuestro lado, los
cincuenta y dos de VOX y millones de españoles!


Gracias. (Un señor diputado: ¡Bravo!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Soler Mur.



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El señor SOLER MUR: Buenas tardes, señor presidente, señorías.


Hoy nos trae el Grupo Popular una proposición no de ley para dar respaldo al sector de la hostelería de España, sin duda un sector que lo está pasando muy mal, que está atravesando verdaderas dificultades fruto de la pandemia, de las
restricciones a la movilidad, de los cierres, de los confinamientos y la falta de posibilidad de concentrarse personas en determinados lugares, pero tengo que decirles que con esta propuesta -y, señora Borrego, se lo digo mirándola a los ojos, como
me ha pedido- ustedes llegan tarde. El Partido Socialista lleva desde el minuto uno, desde que se inició la pandemia, apoyando al sector de la hostelería. Recientemente, esta misma semana pasada y además con su apoyo, se aprobó un paquete de
ayudas de 4200 millones de euros más, lo que supone hasta este momento una movilización de 62 000 millones de euros en favor del sector. Por tanto, se está haciendo un gran esfuerzo por respaldarlo, aunque, sin duda, a pesar de todo el apoyo del
Gobierno y de algunas comunidades, todo será insuficiente para paliar y poder sustituir el flujo de la actividad económica privada. Pero lo que no se puede decir es que este Gobierno, el Gobierno de España, de la mano del Ministerio de Industria y
del resto de ministerios, no esté haciendo un gran esfuerzo por respaldar a la hostelería en este momento. (Aplausos).


¿Qué piden ustedes? Piden una serie de ayudas, como financiación adicional para las comunidades autónomas. Señorías, hemos hecho ya dos tramos de ayuda: 16 000 millones, por un lado, que ya se han aportado, y 13 486 millones en este
presupuesto. ¿Qué está ocurriendo? Sucede que la Comunidad Valenciana ha aportado 400 millones y la de Castilla-La Mancha 150 millones, pero Castilla y León ha dado 17 millones y la suya, Murcia, señora Borrego, 20 millones, más de la mitad del
Gobierno de España. Eso es lo que está pasando, que son las comunidades las que tienen competencias para dar apoyo en materia turística y al comercio y no se está haciendo en las que gobiernan ustedes, y eso lo dice hasta el partido con el que
gobiernan, que es VOX. Piden también la ampliación de los ERTE hasta el 31 de mayo, y VOX también decía que hay mucha incertidumbre. Señorías, estamos a 2 de febrero y de momento es hasta el 31 de mayo. Por otra parte, los ERTE son ayudas
directas que perciben los trabajadores. Y en cuanto a la ampliación de los ICO, son, como decía Antonia Jover, de hasta ocho años, con dos años de carencia, y, por tanto, ya está hecho. Respecto a ayudas directas, la prestación a los autónomos es
una ayuda directa que están percibiendo 1,5 millones de autónomos en España, es una gran ayuda directa. Sobre exonerar del pago de cotizar a la Seguridad Social a quien se vea obligado a suspender la actividad, señorías, quien se ve obligado a
suspender la actividad no está cotizando a la Seguridad Social. Asimismo, los fijos discontinuos que se contraten entre abril y octubre de este año van a tener el 50 % de bonificación, de modo que se está dando una ayuda extraordinaria. Y la
prestación para los autónomos que he comentado es compatible con desarrollar la actividad siempre que se facture hasta 2660 euros al mes, al tiempo que también está habiendo moratoria en el pago de cuotas a la Seguridad Social. También solicitan
que no se paguen impuestos, y, respecto a este trimestre, se aplazan hasta octubre. Además, aquellos que pagaban por módulos, por estimación objetiva, pueden pasar a estimación directa, a pagar solo por lo que facturan, y, además, no se les
computan los plazos en que hayan estado cerrados, bien fuera por confinamiento de la comunidad o porque hubiera estado de alarma. Asimismo, aquellos que voluntariamente hayan decidido permanecer en estimación directa tienen una rebaja del 35 % en
el IRPF y en el régimen simplificado del IVA. En cuanto a los arrendamientos, el 50 % de quita o moratoria para pagar más adelante, incentivo fiscal para los pequeños arrendatarios. Y, señorías, en cuanto a la reducción del IVA, la Unión Europea
dice que no se debe rebajar al tipo superreducido, que solo se puede hacer para bienes excepcionales y de primera necesidad, y en un informe de la Comisión afirma que el turismo no es de primera necesidad. Además, saben que el IVA ya está reducido
en España al 10 %. El líder mundial del turismo, que es Francia, tiene el mismo tipo que nosotros, el 10 %. Piden ayudas a la promoción, a la gastronomía, a la digitalización, a la formación, cuestiones que se están realizando. Lo que ocurre es
que ustedes equivocan el diagnóstico y, debido a ello, el tratamiento. Lo que tenemos en España no es un problema de producto. No necesitamos una mayor promoción -ya se hace-, no necesitamos ser más conocidos; siempre tendremos que promocionarnos
más, pero ya se está haciendo. No tenemos un problema de precios. El problema no es rebajar el IVA, el gap del IVA no es lo que está imposibilitando que venga gente. Tenemos un problema que se llama COVID-19, ese es el problema que tenemos
(aplausos), y tenemos que luchar contra él. Solo cuando controlemos el COVID la gente volverá a viajar, volverá a los bares, volverá a gastar. Centrémonos en eso y, mientras tanto: ERTE, ICO, ayudas y cotizaciones a la Seguridad Social. Apoyemos
a las empresas para que aguanten y venzamos juntos al COVID cuanto antes para que vuelva a la hostelería la normalidad y la actividad económica. Seamos sinceros, honestos y responsables. (Aplausos).



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Rara es la vez que no hay que subir a esta tribuna para denunciar algún tipo de injusticia y hoy no va a ser una excepción. Hoy toca hacerlo con la que están sufriendo los hosteleros, pero antes quiero empezar con una mucho mayor. Quiero
empezar con una nueva injusticia contra dos jóvenes vascos. (Continúa su intervención en euskera).


Como decía, toca también hablar hoy de una injusticia, la de los hosteleros. Seguramente, todas y todos podemos coincidir en que es el sector más azotado o castigado durante esta pandemia, pero ¿hay datos que avalen la necesidad de ese
castigo superior que están soportando? Pues, sinceramente, parece que no. Si nos fijamos, según los diferentes estudios, en cuáles son los focos de contagio que se producen en la sociedad, nos encontramos con que hay quien tipifica el contagio en
la hostelería como un contagio que ronda el 3,5 %, el 6 % en la industria -la que no se podía cerrar para que no se cayera la economía-, el 15 % en los encuentros familiares -los que había que propiciar aunque supiéramos que vendrían nuevas olas-, y
el otro foco es el transporte masificado, que no se puede ampliar más porque algunos ya lo privatizaron. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos y lo que vemos es que con esa realidad se ha optado por castigar al más débil. Nosotros queremos
mostrar aquí nuestra solidaridad con los y las hosteleras, una solidaridad plena y sin ambages, y sobre todo solicitar ayudas directas, pero las ayudas directas van mucho más allá de lo que presenta esta propuesta.


Cuando hablamos de solidaridad, creemos que podemos pedir que esa solidaridad sea recíproca, que la solidaridad que hoy hay que tener con los hosteleros, sobre todo y fundamentalmente con los pequeños y pequeñas hosteleras, sea una
solidaridad recíproca de todo el sector de la hostelería para que dejen de condenar a miles y miles de personas con contratos precarios cuando pase la pandemia. En cuanto a las ayudas directas que hay que darles, el camino nos lo están enseñando ya
en otros lugares. Se trata de ayudas directas y está bien que se hable de ellas -a la señoría del PP me refiero en este caso-, pero es paradójico que aquí se aluda a la necesidad de ayudas directas y luego veamos que, por ejemplo, Madrid, a día de
hoy -el 25 de enero lo era y parece que nada ha cambiado-, sea la única comunidad que no ha impulsado ayudas directas a la hostelería durante la pandemia. No es que lo diga yo -alguien puede decir que miento o que no interpreto bien la verdad-,
sino que la Consejería de Turismo dice -está entrecomillado en un medio de comunicación-: En concepto de ayudas directas no hemos, hasta ahora, dado ninguna acción ni paso. Por tanto, plantear aquí ayudas y allá donde pueden hacerlo no hacerlo,
permítanme que les diga que denota una cierta incoherencia. Denota una cierta incoherencia. (Rumores). Sí, denota una cierta incoherencia. A usted no la oigo, pero si se callara sería mucho más fácil continuar.


Como le decía, los hosteleros han demostrado más responsabilidad que muchas y muchos de los políticos que hay aquí, que los que traen propuestas que luego no cumplen en sus ámbitos -allí donde podrían- y que otros que seguramente castigan y
paralizan al sector de la hostelería mientras corren o miran hacia otro lado, y mirarán hacia el lado donde están las vacunas para ver si tienen más prisa a la hora de vacunarse que el resto de los mortales. La hostelería ha dado ejemplos, por lo
menos en Euskal Herria. Hay hosteleros como los de Gasteiz, como los de la calle Cuchillería, 'la Cuchi', que decidieron cerrar antes de un evento deportivo y antes de que les fuera obligado el cierre precisamente para no contribuir a ninguna ola
de contagios. Ellos han adaptado sus negocios y han operado cambios para poder actualizarse a todos los cambios que se les han propuesto, pero la respuesta ha sido insuficiente, y en eso podremos estar de acuerdo con cualquiera. Creo que nadie
aquí puede decir que lo que se ha hecho es suficiente y seguramente tampoco nadie aquí se va a atrever a decir que la hostelería sea un sector a desterrar, pero de ahí a decir que es un sector esencial o que tiene que tener un IVA superreducido como
lo puede tener un bien esencial, yo creo que hay un trecho, señoría. Como creo que lo hay a la hora de intentar no hacernos trampas, porque si aquí estuviéramos hablando de todos los hosteleros que tienen que cerrar la persiana para no volver a
abrirla probablemente no nos preocuparíamos tanto de bajar el IVA a las grandes cadenas hoteleras. Algunos están más preocupados de que las grandes cadenas hoteleras sigan manteniendo su papel de pujanza en el mercado y su peso en el PIB que de
todos esos pequeños hosteleros que no van a poder abrir la persiana.



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Termino ya con dos cuestiones. La primera es que a mí me dan cierto miedo estos debates y determinadas cosas que oigo. Directamente me retrotraen a aquello de: 'vamos a salvar el verano', y llegó la segunda ola. Después dijeron: 'vamos
a salvar la Navidad', y llegó la tercera ola. Ahora hay quien dice: 'vamos a salvar la Semana Santa', y parece que nos tenemos que preparar para la cuarta ola. Dejen de jugar a Salvar al soldado Ryan y dedíquense a que lleguen más vacunas.


Por otra parte, entiendo que esta proposición no de ley ha quedado en cierta medida desfasada. Seguramente fue presentada antes de tiempo, dado que si hubieran tenido ocasión de modificarla habrían metido la última propuesta estrella de la
señora Díaz Ayuso, que es vacunar antes a los hosteleros que a otros sectores prioritarios.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Hoy se trata de ayudar a la hostelería y no de estar aquí en un pimpampum a ver quién se lleva el tanto.


Hoy el Partido Popular nos presenta una proposición no de ley que contiene un paquete de medidas para el sector hostelero. Prácticamente un año después de que se decretase el primer estado de alarma lo que es evidente, como muchos ya han
dicho aquí, es que la hostelería es uno de los sectores más afectados por el COVID. Es una crisis que ha obligado a decretar restricciones en la movilidad y cierre de establecimientos hosteleros como medida preventiva, por lo que en este grupo
entendemos que es necesario que desde las administraciones públicas se proporcionen los recursos necesarios para que puedan salir de esta y puedan recuperarse. Es justo recordar que, cuando se pudo abrir la hostelería, el sector, las y los
hosteleros, realizaron inversiones importantes para cumplir con las normativas de distanciamiento y otras que les fueron requeridas y, cuando han podido abrir y debido al limitado horario, lo han hecho a pérdidas, ya que compensar las pérdidas
sufridas durante la pandemia va a ser prácticamente imposible. En este sentido, entendemos que la disminución de costes es clave para su supervivencia. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


La semana pasada convalidamos un decreto de ayudas para el sector hostelero que tildamos de insuficiente pero, a su vez, necesario, porque entendíamos que iban a paliar un poco la situación dramática que viene sufriendo. Básicamente
consistía en un programa de reducción de alquileres, moratorias y aplazamientos de impuestos e incluso nuevas líneas ICO. Desde luego, desde aquí no decimos que el Gobierno no haya hecho nada, todo lo contrario, pero sí creemos que es un tanto
insuficiente. Mucho se habla de otros países de Europa, como Alemania, Reino Unido o Francia, en los que los Gobiernos han inyectado fondos directamente para las pequeñas empresarias y empresarios. Es cierto que no se pueden comparar las cuantías,
porque la comparación entre países muchas veces no tiene en cuenta u obvia la influencia que en estos países tienen determinados factores como la movilidad, los hábitos de cultura y el desarrollo económico a la hora de establecerla, pero sí hay un
denominador común: el concepto de ayuda directa, que entendemos que debería intentar aplicarse aquí. Otra cosa será determinar en qué cuantías, cómo y a quién.


Nos consta que las entidades locales están haciendo un esfuerzo en este sentido y que han articulado ayudas y normativas para paliar su situación. También, al tener mayor capacidad económica, se han articulado ayudas en otras
administraciones supramunicipales, como, por ejemplo, el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, Barcelona o Valencia, ayudas que también habría que haber agilizado un poco más. También estamos hablando aquí de programas de impulso a la
hostelería y comercio que se han implantado desde otras administraciones, pero entendemos que hay que implicarlas a todas.


Dicho esto, paso a analizar la proposición no de ley. Nos parece necesaria, aunque es un tanto extensa. Atiende a distintas medidas, pero también es verdad que sin priorización alguna. Con algunos puntos estamos de acuerdo, otros nos
parecen inconcretos, otros nada tienen que ver con la competencia del Gobierno y alguno se debería aplazar. Lo que está claro es que no se puede confundir al propio sector. Por ejemplo, hablan de reducciones, exenciones y bonificaciones de cuotas,
impuestos, IBI, IAE, que todas son competencia municipal. En Euskadi son medidas adoptadas por la mayoría de los ayuntamientos. Ustedes, que también están gobernando en los ayuntamientos, lo podrán hacer y, si no, solicitarlo en aquellos que no lo
hayan hecho. Pero también me gustaría decirle aquí a la señoría de Podemos, a Antonia, que en algunos ayuntamientos ustedes están solicitando muchas más ayudas directas; por



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ejemplo, en Basauri, y también exigen ayudas suficientes y económicas en el Parlamento vasco. Por lo tanto, entiendo que aquí también deberían ser un poco más consecuentes.


En cuanto al IVA reducido, conocemos las limitaciones de Europa, pero también hay países que han procedido de forma temporal a su reducción, como es el caso de Alemania, aunque también es cierto que partía de un IVA del 19 %. Por otro lado,
nosotros tenemos nuestras dudas en cuanto a la aplicación de este IVA, porque ¿qué se considera una empresa prestadora de servicios turísticos? También porque si se procediera a la baja, una vez recuperada la situación, y se volviera a subir el
IVA, podría tener un efecto bumerán. Creo que habría que mirarlo. Proponen la ampliación hasta ocho años del plazo de amortización y extensión del periodo de carencia de los préstamos de ICO para pymes y autónomos, una ampliación que, como ustedes
conocen, ya se ha realizado; para realizar otra necesitaríamos la renegociación en Europa. Me resulta difícil ampliar la extensión a ocho años sin justificación alguna, ya que el plazo va a depender de la duración de la situación y del tiempo que
se necesite para la recuperación de este sector. Proponen un plan estratégico de la gastronomía en España. Nosotros en estos momentos lo creemos innecesario.


En definitiva, de lo que se trata es de ayudar al sector, pero con medidas realistas y no tanto populistas. No hay que aprovechar la situación crítica del sector hostelero para plantear medidas que no están en manos del Gobierno ni otras
que van a depender de cómo evolucione la pandemia, ni tampoco como margen político. No se puede jugar con este sector. Sin embargo, como he dicho, hay otras medidas que nos parecen interesantes, como el plan Renove o expedientes de regulación de
empleo.


Creo -acabo ya- que es el momento de hacer un esfuerzo y tratar de llegar a un acuerdo para un sector que lo está pasando mal y que necesita medidas adicionales, dejando de lado las discrepancias y el marketing político, dejando de lado esa
frase de 'este tanto me lo llevo yo', sin conseguir nada por el sector. No nos hagamos trampas; si la PNL se aprueba sin el beneplácito de los grupos que están en el Gobierno, ese tanto hoy se lo pueden llevar algunos partidos...


La señora PRESIDENTA: Señora Sagastizabal, se le ha acabado su tiempo.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABBARRENETXEA: ..., pero será efímero porque no redundará en beneficio del sector -acabo ya- puesto que las medidas difícilmente se van a llevar a cabo. Si de verdad se quiere ayudar al sector, tratemos de
consensuar las medidas en estos momentos. Nosotros fijaremos nuestra posición en cuanto tengamos la transacción.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Moitas grazas, señora presidenta.


Es absolutamente necesario que las administraciones públicas presten apoyo económico a los sectores más afectados por la pandemia. Nos parece incuestionable, especialmente porque estamos hablando de autónomos y pequeñas y medianas empresas.
El sector de la hostelería está resultando de los más afectados por las restricciones o el cierre decretado en la mayoría de las comunidades autónomas. En el caso de Galiza, se encuentra en cierre total desde el pasado 27 de enero, pero con grandes
restricciones con anterioridad, más allá de los meses iniciales del confinamiento. Por eso, el BNG lleva reclamando desde el principio más apoyo público a este sector, como al pequeño y mediano comercio, a los autónomos o a la cultura. Y se lo
hemos reclamado tanto al Gobierno gallego, como al Gobierno español. De hecho, presentamos enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado proponiendo fondos específicos para planes de rescate a la hostelería, el comercio y la cultura en Galiza.


Pero el Partido Popular olvida que una cosa es predicar y otra dar trigo, porque ¿qué hace donde gobierna? En el caso de Galiza, las primeras ayudas directas a la hostelería -a juicio del sector, claramente insuficientes- se produjeron en
el mes de noviembre; desde marzo, en noviembre. Galiza fue la última comunidad autónoma en prever ayudas a la hostelería. Y recientemente, la semana pasada, un acuerdo propuesto por el BNG desde los concellos y diputaciones en los que gobierna,
para un plan conjunto del Gobierno gallego, concellos y diputaciones, fue torpedeado tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista.



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Por eso, en esto pedimos menos demagogia y más actuar. Estamos de acuerdo, no con todas las medidas, pero sí con la necesidad de un plan de rescate, pero recordamos al PP -como les decía- que menos predicar y más dar trigo.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.


Una pregunta inocente al Partido Popular: ¿esto lo sabe Isabel? Sí, ¿esto lo sabe Isabel Díaz Ayuso? Lo digo por la noticia que hace unos momentos ha comentado el señor Matute: Madrid es la única comunidad autónoma que no ha creado
ayudas directas a la hostelería desde que empezó la pandemia. El recado va también para los señores de VOX o de Ciudadanos, que se rompen aquí la camisa, pero que gobiernan en Madrid y no han creado ni una sola ayuda directa a la hostelería. Mucha
demagogia y poco trigo. A diferencia de la Comunidad Autónoma Valenciana, donde gobierna -en palabras de alguna portavoz que me ha precedido- la izquierda comunista. Pues bien, la Consellería d'Economia Sostenible Comerç i Treball, liderada por
Compromís -muy peligroso-, hoy mismo ha publicado en el DOGV unas ayudas directas de 80 millones de euros para empresas y trabajadores autónomos de la hostelería, del alojamiento y de la restauración, y también para las actividades artísticas, de
ocio y recreativas. Y a estos 80 millones se suman los 17 de la semana pasada, ayudas directas y complementarias a trabajadores afectados por los ERTE.


Por tanto, estando de acuerdo con el fondo de esta PNL, no puedo dejar de pensar en ese refrán que le gustaba tanto a Mariano Rajoy y que dijo en esta misma tribuna hace un par de años solamente: Consejos vendo que para mí no tengo.
Aplíquenselo. En Compromís sí que pensamos que el Gobierno puede arbitrar una medida que consideramos justa y necesaria, que a los autónomos y a las empresas a las que hemos obligado a cerrar se les exima de pagar las cuotas de cotización a la
Seguridad Social. Es de sentido común.


Y acabo con tres ideas muy simples. Si la situación nos obliga a cerrar la hostelería: cerrar, pagar y, sobre todo, no enredar. Esto no va de hacerse fotos con hosteleros; esto va de predicar y dar ejemplo.


Moltes gràcies.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.


El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda a tothom.


El Reino de España presenta unas cifras de paro, de precariedad y de pobreza inaceptables. El COVID ha acentuado lo que ya no era ni es una crisis, sino una realidad y una normalidad. Doce años después de la mal llamada crisis de 2008, el
Estado español es campeón, por ejemplo, en paro juvenil, en pobreza infantil, en desahucios, etcétera, doblando la media de los países de nuestro entorno, y el rosario de cifras negativas que podría presentar sería inacabable. No estamos hablando
de una plaga divina, estamos hablando del resultado de unas políticas económicas y laborales de las cuales son responsables tanto los Gobiernos del Partido Popular como del PSOE, y hay que decirlo. Han sido incapaces de ser el motor y de incentivar
un modelo económico capaz de crear empleo a la gran mayoría de la población, un modelo económico que vaya más allá del turismo de sol y playa. Su política de infraestructuras es un desastre. Por ejemplo, nuestro ferrocarril es el único de la Unión
Europea y de toda la parte septentrional de África que sigue aún, en 2021, sin un ancho de vía europeo, que continúa con unos precios de energía eléctrica industrial que son de los más altos de Europa; así es imposible industrializar nada. Su
política de infraestructuras, como decía, es un desastre. Respecto al tema energético y todos los pilares que harían que hubiera industria, aún estamos esperando que se cumpla la Directiva europea de redes cerradas, que supondría una rebaja del
precio de la energía industrial de un 30 %. Pues bien, el reglamento que desarrolla esta directiva europea duerme en un cajón de algún ministerio. Luego, es el fracaso de sus políticas económicas la causa de este desastre social que el COVID ha
acentuado. ¿Y cómo lo ha acentuado? Ha golpeado durísimamente el modelo productivo -que ya estaba golpeado-, esta vez en el turismo y en la hostelería.



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Lo que nos hubiera gustado hoy aquí no es un a PNL; lo que esperábamos era un real decreto-ley de urgencia actualizado por parte del Gobierno para salvar los muebles, dentro de lo posible, de este desastre que afecta a todo el sector del
turismo y la hostelería. Repito, esperábamos un real decreto-ley de urgencia, un apoyo global urgente a todo este sector, y no solo unas enmiendas bienintencionadas a una proposición no de ley del Partido Popular; es decir, papel mojado.


El sector no factura desde marzo de 2020 y las perspectivas no son muy optimistas. No se actúa con la urgencia y con la efectividad que se reclama por parte de Esquerra Republicana y el desastre puede ser de magnitudes nunca vistas por esta
generación. Es, pues, imprescindible -como decía- un real decreto-ley actualizado que recoja las principales demandas del sector, tanto desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas como de los trabajadores y trabajadoras dependientes
de ese sector, que son millones. Tanto la PNL del PP como las enmiendas presentadas por los partidos del Gobierno son, a nuestro parecer, propuestas ambiguas, una carta de buenas intenciones que no pone cifras a lo que significan, a qué impuestos
tocan, cómo se financian, etcétera. Lo que esperábamos -como decía- era un real decreto urgente y actualizado con un único objetivo: asegurar la viabilidad de las empresas serias, que no se destruya tejido productivo; es decir, impedir que
desaparezcan las empresas con compensaciones directas y asociadas al hecho de que no se pierdan puestos de trabajo como requisito innegociable.


Quiero hacer un recordatorio sobre algo que, a menudo, se les pasa a todos por alto. Las competencias en turismo y hostelería son de las que ustedes llaman comunidades autónomas. El Gobierno del Estado, mientras no podamos ejercer nuestro
pleno autogobierno -por lo cual seguimos combatiendo-, debe proporcionar los recursos económicos necesarios para rescatar a este sector imprescindible, y debe ser el Estado quien lo haga -ya que es quien recauda los impuestos-, a falta de una ley de
financiación autonómica justa que jamás llega. Es decir, en nuestro caso es la Generalitat de Catalunya quien debe marcar sus estrategias de promoción de destinos, de productos, etcétera; es la Generalitat quien regula y el Estado, como gran
recaudador, que pague lo que le toca. Por ejemplo, si quieren ejecutar medidas, podrían empezar por la cesión de los recursos destinados a Paradores, S.A. o Turespaña a las comunidades autónomas, que son quienes conocen el territorio. La
plurinacionalidad del Estado, que defienden algunos muy bien, o la cogobernanza, que predican otros, deben pasar de la teoría a la práctica diaria, pero no es así, y un día y otro también se lo debemos de recordar.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Salvador. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señora Borrego, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?


La señora BORREGO CORTÉS: Señora presidenta, estamos trabajando en una transacción.


La señora PRESIDENTA: Muy bien, perfecto. En cuanto tengan la transaccional, les agradeceremos que se la hagan llegar a los servicios de la Cámara.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO DE RESOLVER EL CONFLICTO POLÍTICO CON CATALUÑA. (Número de expediente 173/000045).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la intención del Gobierno de resolver el conflicto político con Cataluña. Por el grupo autor de la
iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Bassa Coll.


La señora BASSA COLL: Bona tarda a tothom.


Durante años, el pueblo y el Govern de Catalunya pedimos diálogo para pactar un referéndum y, hasta horas antes del referéndum del 1 de octubre, seguimos pidiendo diálogo. El president Puigdemont pidió diálogo antes de la declaración de
independencia y la suspendió al instante de haberla declarado para pedir diálogo de nuevo. Durante años, el pueblo catalán ha pedido diálogo y la respuesta del Gobierno español ha sido el silencio, el menosprecio y las amenazas, primero, y los
golpes, la represión y el encarcelamiento, después. Violencia, violencia contra nuestro pueblo, violencia contra nuestra gente. Y, a pesar de eso, el pueblo catalán ha seguido reclamando sit and talk, no porque seamos tontos, sino porque



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somos demócratas y pacifistas; porque no queremos odiar como ustedes, gritando 'a por ellos'; porque creemos en el diálogo, la negociación y la democracia, y no en la violencia ni en el autoritarismo.


Esquerra Republicana de Cataluña ganó por dos veces las elecciones estatales en Cataluña diciendo que exigiríamos una Mesa de diálogo y negociación y, por fin, después de dos años negando el diálogo, la fuerza de los diputados de Esquerra
consiguió que el Gobierno español aceptara una Mesa de negociación donde poder hablar de todo. Ha llegado tarde, muy tarde, y quienes más lo lamentan son quienes llevan ya hoy en la cárcel más de tres años, más de mil días con sus largas noches,
porque las presas y presos políticos siempre han defendido el diálogo. El diálogo ha llegado tarde, muy tarde, pero bienvenido sea. Lamentablemente, la pandemia y un cierto desinterés del PSOE y de Junts per Cat han evitado que la Mesa de
negociación avanzara debidamente. Por eso es imprescindible que Esquerra Republicana gane las elecciones en Cataluña. (Aplausos).


Para resolver el conflicto, en el lado catalán de la Mesa de negociación debe sentarse un Gobierno que defienda la amnistía y la autodeterminación. El PSC justifica que nuestro Govern esté en la cárcel, por eso nunca nunca haremos Gobierno
con ellos, nunca, ni en la Generalitat ni en la Diputación de Barcelona; repito: nosotros, nunca. (Aplausos). El PSOE se sentará frente a nosotros en la Mesa de negociación representando al Gobierno español, pero nunca a nuestro lado
representando al Govern de Catalunya, y desde los partidos que queremos la independencia debemos evitar a toda costa que el PSC esté en el Govern. Contrariamente, ¿qué negociación podría haber si Salvador Illa fuera president y se sentara en la
misma Mesa de negociación frente a Pedro Sánchez? Sería una pantomima de negociación, una negociación absurda. ¿Qué podrían pactar para resolver el conflicto si el mismo bando se sienta a un lado y al otro de la mesa? ¿Llevarían el Senado a
Barcelona esperando resolver el conflicto político y pasar página con nueve personas encarceladas, otras tantas en el exilio y cerca de 3000 represaliados? Realmente, señoras y señores, es una propuesta absurda.


Sinceramente, ante la situación de emergencia política, me gustaría que en la Mesa de diálogo y negociación se sentara un Gobierno fuerte, de vía amplía en defensa de la amnistía y la autodeterminación, que son, como saben ustedes, los
grandes consensos de la sociedad catalana; cuanto más fuerte sea el Govern, más fuerza podremos tener en la negociación. En las elecciones catalanas del 14-F también nos jugamos eso. Me gustaría, companya Borràs, companyes de la CUP, companyes de
En Común Podem, companys del PDeCat, que si Esquerra Republicana gana las elecciones, intentáramos esta vía amplia para tener un Gobierno fuerte con el que afrontar la crisis social y la negociación con el Estado. (Continúa su intervención en
catalán.-Aplausos).


Al margen de que esta opción fructifique o no en un Govern, confío en que al menos tengamos unidad y firmeza en la voluntad de diálogo y en defender la amnistía y la autodeterminación del pueblo de Cataluña en la negociación. Después de
años reclamando diálogo y negociación no solo es un deber intentarlo sino que es una convicción. La república que deseamos construir es de palabras más que de porras, es de paz y no de odio. Pero, además, la negociación es en sí una victoria para
el independentismo. Si el Estado español acepta las demandas del pueblo de Cataluña será una victoria para la democracia; en cambio, si el Gobierno español se demuestra incapaz de resolver el conflicto político con Catalunya, el independentismo
también ganará porque, como ocurrió con l'Estatut, desilusionará a miles y miles de catalanas y catalanes que todavía hoy creen en una España que entienda y reconozca al pueblo de Catalunya. Voy acabando. Si el Gobierno sigue sin atender a la
mayoría política y social catalana, estaremos más fuertes y más legitimados interna e internacionalmente para una nueva fase de desobediencia civil pacífica en favor de la democracia. Ustedes creen que van ganando porque tienen la Policía, el
Ejército, los tribunales, los fiscales, los medios de comunicación, el IBEX, la Corona y las cloacas del Estado. Creen que van ganando porque nos aplicaron el artículo 155 y encarcelaron a nuestro Gobierno, pero si miran los resultados electorales
de los últimos años, quienes vamos ganando somos nosotros, es el independentismo.


La señora PRESIDENTA: Señora Bassa, ha terminado su tiempo.


La señora BASSA COLL: Sí, voy terminando.


Ustedes tienen la fuerza, nosotros las urnas; como demostramos el 3 de octubre, ustedes tienen un rey, nosotros un pueblo. En Catalunya, frente a la monarquía española se alza la república catalana. Estamos creciendo, estamos ganando, y
el 14-F el independentismo volverá a ganar las urnas.


La señora PRESIDENTA: Señora Bassa, tiene que terminar.



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La señora BASSA COLL: (Termina su intervención en catalán.-Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bassa. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina. (Aplausos).


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, les confieso que me resulta chocante poder estar aquí delante de miembros de ERC, de la CUP, de Bildu, de Podemos y otros tantos sin estar recibiendo una avalancha de amenazas, insultos, piedras, huevos y hasta escupitajos, como
están teniendo que sufrir nuestros candidatos en Cataluña. (Aplausos). Lamentablemente, lo que no nos resulta chocante es el atronador silencio cobarde de aquellos que justifican el mayor ataque a la libertad, a la democracia, a la libre
expresión, a la libertad de opinión; en definitiva, a unas elecciones libres y democráticas (aplausos) y de cuyas bancadas, cuando se escucha una voz, es la de un miserable concejal que banaliza diciendo que lo que pasa es que VOX quiere ser
considerado un grupo víctima de ataques injustificados.


La aberrante moción que nos presenta en este momento el grupo de los amigos de las piedras pretende nada menos que poner de rodillas al Gobierno de la nación para exigirle romper la unidad de España, bajo un pretendido derecho de
autodeterminación y, además, pretende la impunidad de los golpistas condenados, bajo un supuesto derecho de amnistía o de indulto. Y que les quede muy claro, no se puede negociar el fundamento de la Constitución, aquel que establece la indisoluble
unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (aplausos); porque es innegociable la pretendida bilateralidad que pretenden entre el Gobierno de la nación y el Gobierno de una comunidad autónoma, como si de sujetos
iguales se tratase, como si de una nación extranjera se tratase; porque es innegociable un supuesto conflicto generado día a día con quienes están en conflicto con el resto de los catalanes, en conflicto con el resto de los españoles, en conflicto
con la Constitución, en conflicto con la justicia, en conflicto con el sentido común; porque es innegociable un pretendido derecho de autodeterminación que Naciones Unidas dejó muy claro que solo es aplicable en los supuestos de invasión militar de
una nación extranjera o en los supuestos de descolonización. Como nos dijo en su Resolución 1514 -que vuelvo a leer en esta tribuna de manera literal-, todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad
territorial de un país es incompatible con los propósitos y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y, por último, es innegociable la pretendida amnistía o indulto a quienes conculcan los principios constitucionales.


Desgraciadamente, la noticia de hoy mismo nos confirma que el Gobierno, sustentado por el Partido Socialista, y el Partido Popular ya han claudicado ante esas exigencias miserables de negociación. Frente a ello, nuestra enmienda de
modificación en su totalidad insta al Gobierno de la nación a llevar a cabo cuantas reformas legislativas sean necesarias para que aquellos, que en sus estatutos o en sus actividades pretendan conculcar la unidad nacional y los principios
constitucionales, sean declarados ilegales para que no puedan cobrar ni un euro de fondos públicos y no puedan acogerse al derecho de indulto, y para que aquellos que cometen delitos tan graves como sedición o rebelión sean condenados a cadena
perpetua. (Rumores.-Aplausos).


Pero por si no les ha quedado claro a todos los rufianes de cualquier color...


La señora PRESIDENTA: Señor Ortega, ha acabado su tiempo.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Termino, presidenta.


... frente a su falso derecho de autodeterminación tendrán enfrente nuestro legítimo derecho de autodefensa como nación; que les quede claro. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ortega. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.



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La señora VEHÍ CANTENYS: Buenas tardes. Gracias, presidenta.


En el pasado debate de Televisión Española, el exministro de Sanidad, ahora candidato del PSC-PSOE, señor Illa -queremos abrir comillas, el antiguo PSC, ese que 'construía país', ese ya no existe, el antiguo PSC ya se dirige solo desde aquí,
desde Madrid-, dijo que el diálogo se podría dar solo dentro de la Constitución española. La pregunta es si puede ser la Constitución española una herramienta válida para solucionar el conflicto en Cataluña. Recordemos que el 80 % de la población
en Cataluña quiere un referéndum y el fin de la represión. Pues bien, el artículo 2 de la Constitución española, como bien se ha dicho ya, establece la indisoluble unidad de la nación española. Es obvio que aquí parece no caber un referéndum de
autodeterminación, pero lo interesante de este artículo no es tanto la literalidad sino el origen de este artículo. Solé Tura, que fue ponente de la Constitución, explicaba en uno de sus libros que mientras los diputados aquí, en esta casa,
intentaban consensuar una redacción para incorporar la evidente plurinacionalidad del Estado español, les vino el artículo redactado de la Moncloa -leo literal- por presiones externas. Obviamente, las presiones externas fueron los militares y el
rey. Y sí, señores de VOX, vamos a decirlo claro; esta gente está defendiendo un artículo hecho bajo ruido de sables. Y voy a decirle una cosa, señor Ortega Smith, a nosotros no nos amenaza nadie, y menos ustedes; a nosotros sus amenazas no nos
amedrentan. ¿Saben por qué? Porque el independentismo es alternativa política, es lucha democrática y el independentismo no se va a callar porque cuatro matones ricos y representantes de los marqueses vengan aquí a amenazarnos. (Aplausos).


Es obvio que la Constitución española con este artículo 2 no nos sirve para resolver el diálogo. Por lo tanto, si el PSOE continúa obsesionado con la Constitución como herramienta y nuestro pueblo quiere un referéndum, ¿por qué continuar
apostando por una Mesa de diálogo que no nos sirve? Nuestro faro es el imperativo democrático, y por el imperativo democrático nosotros necesitamos una propuesta que desborde. Nosotras les proponemos, compañeras de Esquerra Republicana y también
de Junts per Catalunya, un llamamiento a la sociedad democrática mucho más amplio, a los sindicatos, a las organizaciones políticas, sociales, económicas; un llamamiento que pueda organizar la demanda mayoritaria de nuestro pueblo: referéndum y
fin de la represión por todas las vías. Porque lo otro, todo lo otro, lamentablemente y sin que sea nuestra voluntad, solo les hace un favor a esta gente, solo es un favor al PSOE, porque les ayuda a explicar que cierran por arriba lo que nosotros
hemos abierto por abajo. No queremos hacer una intervención de estas de dudar del independentismo de la gente, ya saben que nosotros no vamos de esto y menos con ustedes, pero si el referéndum es hegemónico de todos los partidos independentistas y,
además, en nuestro país, ¿por qué hacer electoralismo de una Mesa de diálogo que no nos está sirviendo? Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es volver a la unidad estratégica, lo que hay que hacer es volver al referéndum y volver al fin de la
represión, y hacerlo como acuerdo entre los tres y, además, invitando a la gente de En Comú Podem. Hagámoslo, pero no hagamos electoralismo del referéndum ni de una Mesa de diálogo que no sirve.


Termino. El independentismo tiene que ser fuerte, tiene que ser una alternativa. El independentismo tiene que ser una alternativa porque ya han oído a esta gente. Esta gente no va a parar y nos quieren directamente en las cunetas, porque
esto es lo que defienden. Ante esto, nosotros tenemos que defender a nuestro pueblo por todas las vías y siempre, y nuestro pueblo nos está pidiendo referéndum y autodeterminación. Y para esta gente esto no cabe en una Mesa de diálogo.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Arratsalde on, buenas tardes. Muchas gracias, presidenta.


Sit and talk, esto es lo que decía el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras los lamentables hechos, tras la barbaridad y la brutalidad policial del 1 de octubre. Esta solicitud de diálogo ha sido también realizada por el Consejo
de Europa, por diferentes relatores de Naciones Unidas, por el Parlament de Catalunya y, como bien recordaba la señora Bassa, también por la ciudadanía de Cataluña cuando se manifestaba en las calles diciendo sit and talk.


Señorías, el conflicto político existente en Cataluña -digo político- es uno más de los tantos que ocurren en Occidente y a lo largo del mundo, pero lo que sucede es que ahora, no por casualidad, tiene una derivada represiva. Y esto ya digo
que no es casualidad porque hay algunos y algunas que han decidido intentar cambiar el paradigma; esto es pasar de un conflicto de naturaleza política a otro de



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naturaleza judicial o policial, cambio de paradigma. Ahora hay dos problemas: hay que resolver el conflicto político -que sigue sin resolver, sigue igual que estaba- y, además, desarticular toda la estrategia represiva contra la ciudadanía
y contra los representantes de Cataluña; represión continua, teoría del shock, lawfare a la carta. Es cierto que el Gobierno actual no es el anterior y, de igual forma, no es el mismo posicionamiento el que tiene el Partido Socialista que el que
tiene Unidas Podemos en relación con este hecho. Es más, estoy seguro de que dentro del Partido Socialista hay personas o representantes que se arrepienten de haber apoyado la represión del 1 de octubre o, incluso, de haber apoyado con su voto ese
artículo 155 en contra de la sociedad mayoritaria de Cataluña, incluso que les parece bochornoso aquel discurso del 3 de octubre del jefe del Estado. Es más, estoy seguro de que a muchos y a muchas les da vergüenza que en España hoy en día sigan
existiendo presas y presos políticos. (Aplausos).


Pero la gran pregunta es qué van a hacer ustedes, ¿qué van a hacer para resolver -ya digo- el conflicto político y desarticular toda la estrategia represiva? Porque ¿saben cuál es el problema? Que independientemente de lo que quieran hacer
ustedes, si no lo hacen con contundencia, tienen a otros con agenda propia, tienen a los poderes del Estado, que no controlan. Y me dirán: es que hay algunos que no tienen que estar controlados; no, el problema es que los controlan los señores
que han hablado con anterioridad y los que hablarán con posterioridad, ese es el problema. Tienen al Poder Judicial, al jefe del Estado, a la Junta Electoral Central, al Tribunal de Cuentas y a todo quisqui de esos poderes, que, ya digo, controlan
otros intentando hacer agenda propia; esto es, con excepcionalidad y venganza. No es ninguna novedad, no es casual que el anterior president, el señor Torra, fuera inhabilitado; también han tomado medidas contra el anterior, el señor Puigdemont;
también contra el anterior, el señor Mas; también contra -hoy le escuchábamos en una entrevista brillante- el señor Junqueras; contra la señora Marta Rovira, pero es que tampoco en Euskal Herria les gustaban a algunos ni el señor Ibarretxe ni el
señor Arnaldo Otegi. Por eso, contra toda esta gente que no les gusta intentan aplicar medidas para sacarlos de la política por la puerta de atrás.


Escuchaba al señor candidato del Grupo Socialista decir: Diálogo sí, pero dentro de la ley. Vamos a ver, esto -lo comentaba la señora Vehí- tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y tras el cepillado que le dieron
aquí algunos, ya no cuela. Tiene que haber diálogo sin límites ni condiciones, que el único límite sea la voluntad de la sociedad catalana o de la sociedad vasca, porque creo que es hora ya de hablar del problema o del conflicto español con
Cataluña y con Euskal Herria, y esto se soluciona con diálogo, sit and talk.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iñarritu. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban Bravo.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, es momento electoral y no sé si es precisamente el más adecuado para este debate porque esa circunstancia lo puede impregnar todo. Tampoco es la primera vez que
debatimos lo que se está proponiendo. La verdad es que la parte dispositiva es muy clara, muy sencilla y muy directa: insta al Gobierno español a reunirse en la Mesa de diálogo y negociación bilateral con el Govern, una vez constituido el nuevo
Govern surgido de las elecciones, para avanzar de manera decidida en la resolución del conflicto político existente entre Cataluña y el Estado español. Nos parece absolutamente correcta esta propuesta, porque es conflicto político, ciertamente,
claro que lo es, a pesar de que algunos sigan sin aceptarlo en esta Cámara. Para resolver un conflicto político es fundamental que se pueda hablar y, al mismo tiempo, quitar tensión para que ese diálogo se facilite. Y, desde luego, quitaría mucha
tensión el que los dirigentes de las formaciones políticas pudieran estar libres en la calle, porque hay presos políticos, sí, los presos políticos existen. (Aplausos). Y que los dirigentes de los partidos políticos puedan llevar ese diálogo, esas
negociaciones, esos avances, sería fundamental. Hablar es buscar el consenso por parte de todos sabiendo el terreno en el que se mueven.


El otro día, la ministra Darias hablaba mucho del principio de legalidad, y está bien el principio de legalidad, yo no se lo voy a negar, pero también está el principio democrático; de hecho, el principio de legalidad está al servicio del
principio democrático o debería estarlo. Y, por lo tanto, a través del acuerdo se puede modificar la legislación. La Constitución española está para solucionar, no para enquistar problemas; como tal instrumento se pensó en sus orígenes. Si es
necesario, cámbiese, modifíquese a partir de lo que pueda surgir de un acuerdo. No puede servir la Constitución ni el ordenamiento jurídico en general como un límite para el acuerdo y, tarde o temprano, no sé cuándo, pero tarde o temprano, habrá



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que votar y el pueblo de Cataluña tendrá que votar con las condiciones y las bases que se acuerden de una manera mayoritaria. Tarde o temprano para solucionar los conflictos políticos habrá que hacer esto y habrá que manifestarse sobre las
cuestiones, sobre el futuro de Cataluña, en su absoluta crudeza, que están planteando las fuerzas hoy en día mayoritarias en el Parlament. Otra cosa son los tiempos, las bases y las condiciones, que tendrán que salir de un acuerdo. Yo no sé lo que
saldrá, pero debería ser sin apriorismos y siendo realistas pero poniendo plazos.


Hoy, 2 de febrero, muchos de ustedes sabrán que es el día de las Candelas o Santa Águeda, pero es otra efeméride también, en Punxsutawney, Pensilvania, es el Día de la Marmota; hoy es el día en que esperan a la marmota para saber qué tiempo
va a hacer. Pues yo creo que en el particular Día de la Marmota en el que algunos nos quieren envolver, hay que hablar, hay que ceder y hay que acordar con la mirada puesta en los principios democráticos porque, si no, estaremos condenados a un
desagradable Día de la Marmota sin soluciones y con presos políticos, con tensión y sin vías de solución. Por tanto, hay que moverse en el acuerdo y es evidente que hay que decir no a planteamientos como el expuesto en la enmienda de VOX. Ya hemos
visto la enmienda y lo que representa: la marmota eterna. Evidentemente, votaremos sí y con entusiasmo.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Esteban. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra Conesa.


El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.


Señorías, la verdad es que parece que esto ya está arreglado y está todo cerrado. Y quiero empezar, de hecho, agradeciendo al Grupo Parlamentario de Esquerra la presentación de esta moción en un momento tan propicio y, sobre todo, al PSOE y
a Podemos el anuncio de su voto favorable. Evidentemente, no es porque yo esté de acuerdo, que no lo estoy, sino porque deja muy claro que, de cara a las próximas elecciones catalanas, ya todo está cerrado, está todo atado y bien atado. El
tripartito es un hecho y los golpes de pecho de la diputada de Esquerra diciendo no, nunca jamás, son la mayor demostración de que el tripartito es un hecho y sus apoyos hoy aquí lo dejan bien clarito. Ciudadanos de Cataluña, aquí lo tienen; por
mucho que el PSC y su candidato intenten engañarnos, todos sabemos que el pacto está cerrado. A ver, es bastante evidente que el exministro Illa no destaca por su fiabilidad ni por su sinceridad, ya sabemos que, hace exactamente un mes, nos dijo a
todos los ciudadanos que no sería el candidato del PSC porque no era lo que tocaba, porque había gente mejor preparada y porque no podía dejar el ministerio en un momento como este y, al día siguiente -al día siguiente-, dijo que, por supuesto,
estaba encantado de serlo y que era lo mejor que le podía pasar, dejando la gestión de la pandemia colgada en plena tercera ola y en plena crisis del proceso de vacunación, que continúa hoy. Por cierto, señorías, 724 fallecidos hoy, y el ministro
de Sanidad de hace una semana se ha ido a Cataluña a hacer campaña. (Aplausos). Pero ya no engañan a nadie. Tienen el tripartito cerrado, como tenían los presupuestos cerrados y tienen los indultos cerrados, porque todo va en el mismo pack.
Mucha gente de buena fe les ha creído, pero los catalanes y el resto de españoles ya han tomado nota. Lo hemos visto todos en los últimos meses. Cuando han podido elegir, el Gobierno de Sánchez y de Illa ha elegido siempre a Esquerra Republicana,
como hizo en los Presupuestos Generales del Estado. Supongo que ahora nos dirán otra vez que no. Recordemos a Sánchez diciendo: No es no y nunca es nunca. ¿Se acuerdan del señor Sánchez diciendo eso? Pues oirán también a los diputados del PSOE
decir que no es no y que nunca es nunca, como lo ha dicho también la diputada de Esquerra, que ha gobernado con el PSC la Generalitat durante muchos y largos años. Además, es un hecho también que cuando ha podido elegir en Cataluña, el PSC siempre
ha elegido a Esquerra Republicana. Son sus socios en el Congreso, son sus socios en el Gobierno, serán sus socios en el Parlament y serán sus socios en el Govern de la Generalitat si se lo permitimos los catalanes. Es algo que, además, ha podido
ver todo el mundo, porque Ciudadanos lo ha demostrado este año. Los catalanes no nos merecemos esto y estamos a tiempo de evitarlo participando masivamente -por correo si es necesario, dado el no aplazamiento de las elecciones- en estas elecciones.
El apoyo a esta moción es el pago a Esquerra por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Los votos para el tripartito están garantizados y el señor Junqueras no tiene nada que temer y puede estar tranquilo.


Lo que votamos no es si se reúne la Mesa de diálogo, sino si se reúne la mesa del tripartito que ya tienen atado Esquerra, PSC y los comunes, los que hoy van a votar esta moción conjuntamente, porque la fórmula del PSC es poner a los mandos
de Cataluña al señor Junqueras y al señor Pablo Iglesias. La Mesa de



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negociación de la que habla Esquerra Republicana en esta moción es la Mesa en la que se van a repartir los cargos, las sillas y los sueldos del Govern de la Generalitat entre el PSC, Esquerra y Podemos, que -¡oh, sorpresa!- son los que hoy
van a votar conjuntamente a favor de esta moción, a pesar de tirarse los trastos aquí los unos a los otros, como hacen de cara a la galería, para después acabar pactando los presupuestos y cualquier otra cosa, como lo harán con el Govern de la
Generalitat, cosa que los catalanes ya sabemos porque lo hemos vivido. Esta es la agenda del reencuentro del señor Illa. Después del 14-F, tripartito, los políticos presos en la calle y más procés, porque siempre se equivocan, pero en esto se
equivocan todos, los Gobiernos del PSOE y los Gobiernos del Partido Popular, que, por cierto, también pusieron en marcha la operación diálogo y el resultado fue un referéndum ilegal y una ley de ruptura. Lo bueno que tenemos es que hay unas
elecciones con las que podemos impedir esto. Está en nuestras manos. Si votamos todos para decir alto y claro que no queremos más procés, ERC no formará parte del Gobierno, porque el PSC quiere gobernar con ellos. Esquerra es procés y el PSC
quiere gobernar con Esquerra y eso será más procés.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Espejo-Saavedra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Borràs Castanyer.


La señora BORRÀS CASTANYER: Moltes gràcies, senyora presidenta.


Como viene siendo habitual cuando los catalanes son llamados a las urnas, hoy nos vuelve a ocupar una posible convocatoria de la mal llamada -si queremos ser respetuosos con el lenguaje- Mesa de diálogo, porque lo que es evidente es que este
Gobierno no ha tenido ninguna intención de dialogar con Cataluña, pero es un buen momento antes de las elecciones para poder hacer balance, así que hagámoslo. Pensábamos que la Mesa se constituyó hace un año con un calendario de reuniones mensual
con el objetivo de resolver el conflicto y cerrar un acuerdo que debería haberse validado con una consulta ciudadana. Sin embargo, esta misma mañana el candidato Illa afirmaba que solo era una negociación para la investidura de Pedro Sánchez. Gato
por liebre, lo advertimos. Y la evidencia: debería haberse reunido doce veces, de febrero a febrero, y solo se ha reunido una vez y nunca más se supo. De haber servido para algo, la Mesa de diálogo habría debido encontrar una solución política al
conflicto catalán. A esto es a lo máximo que han llegado, a reconocer un conflicto que generan y que adjetivan con el gentilicio de a quienes atropellan. Es muy normal desde su marco mental, del que les invito a salir y a descubrir el concepto de
perspectiva y también el de empatía, porque tampoco lo controlan.


Pues bien, la famosa Mesa tenía que ser un espacio para poner fin a prisión, exilio y represión. Por ello, el punto de partida debería ser una amnistía que exonere a los independentistas de una justicia a la carta, última línea de defensa
de la unidad territorial de España, para inmediatamente, ya sin rehenes ni extorsiones, abordar el reconocimiento y el ejercicio del derecho a la autodeterminación, que es lo que nos ha traído hasta aquí. La realidad, sin embargo, es que Pedro
Sánchez se sacó de la chistera una Mesa como recurso para obtener apoyos a su investidura y alargó el recurso hasta conseguir incluso una aprobación de presupuestos. Fue una gran operación de marketing político que no ha servido para nada. Bueno,
ha servido para perder el tiempo, pero no hay tiempo que perder, porque demasiadas personas están sufriendo y tenemos un país que sacar adelante en plenitud de recursos y de capacidad de decisión.


Se les ha agotado el crédito, señores del Gobierno llamado progresista. Ya no hay promesas de mesas de diálogo que nos creamos ni declaraciones vacías sobre el reconocimiento político que a la hora de la verdad van acompañadas de más
represión, de más judicialización y de más persecución contra líderes y activistas independentistas. Llamemos a las cosas por su nombre: si no hay una propuesta seria para resolver el conflicto entre Cataluña y el Estado es porque España carece de
cultura democrática. Solo un país con pulsiones totalitarias no resueltas respondería igual que lo hizo España el 1 de octubre ante un ejercicio democrático de tamaña magnitud. El Grupo Parlamentario Republicano considera que tanto la amnistía
como el derecho a la autodeterminación no deben ser propuestas de un grupo parlamentario en una moción en el Congreso de los Diputados, sino que deben ser formalmente presentadas en el Parlament de Catalunya. No podemos estar más de acuerdo y no
solo ahora, sino ya entonces, cuando nació coja esta Mesa de diálogo precisamente porque debería haber sido objeto de una propuesta conjunta de Govern a Gobierno, porque negociar juntos nos hace siempre ser más fuertes.


La Mesa de diálogo no se interrumpió por la pandemia y las elecciones, como se argumenta, porque lo cierto es que la Mesa de diálogo no llegó nunca a ir más allá de una fotografía. Fue un trámite que el PSOE cumplió para asegurarse la
investidura. No la convocó ni por convicción ni con voluntad real de



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avanzar hacia la resolución del conflicto. Y tengo una mala noticia para el señor Sánchez, porque si yo soy presidenta de Cataluña tendrá que negociar conmigo y el diálogo no irá ni de fotos ni de presupuestos ni de investiduras. Y, si no
quiere negociar, no se preocupe, porque tenemos no un plan B, sino un plan A: la obediencia democrática al 1 de octubre y a la soberanía del Parlament de Catalunya. Diálogo dentro de la ley, dicen algunos. Nosotros ofrecemos negociación sin más
límites que la democracia. Nos dicen que debemos pasar página, pero de lo que debemos pasar página es del simulacro de diálogo y afrontar la negociación con mayúsculas. La violencia es el último recurso del incompetente, afirmaba Asimov, y hasta
que el Estado español no pase página de la violencia que ha escogido en forma de represión judicial no habrá manera de empezar a escribir la solución.


La señora PRESIDENTA: Señora Borràs, ha terminado su tiempo.


La señora BORRÀS CASTANYER: Sí.


Una solución democrática a un conflicto político. ¿Se atreven? Solo hace falta voluntad.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Borràs. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.


El señor ASENS LLODRÀ: Presidenta, ¡vaya con el señor Smith! Nos amenaza con cadenas perpetuas y, luego, como la derechita cobarde, se va. La semana pasada hizo lo mismo, nos soltó aquí su rollo y, después, se fue, seguramente a borrar
murales franquistas. La verdad, señorías de VOX, a sus enmiendas preconstitucionales solo les falta el sello del águila franquista. Frente a sus salidas de tono, no debemos desviarnos ni lo más mínimo de nuestra hoja de ruta, del diálogo. Por
eso, vamos a votar favorablemente a esta moción de Esquerra Republicana, porque estamos de acuerdo en lo fundamental.


Cualquier solución al conflicto pasa necesariamente por construir amplios consensos en Cataluña, no por las vías estrechas de su socio. Pasan por ir a las urnas, tarde o temprano, y, antes, por desjudicializar el conflicto. Para eso va a
ser fundamental que la política vuelva a ser útil y que haya un acuerdo que contenga una solución para los presos y los represaliados. Y en eso ustedes tienen un papel fundamental, pero nosotros también, porque desde que Unidas Podemos está en el
Gobierno han pasado cosas, seguramente más en este último año que en los cinco, seis, ocho o diez restantes. Somos el único espacio estatal que defiende la libertad de los presos, el diálogo, la plurinacionalidad y el derecho a decidir de los
catalanes y las catalanas, y eso se nota. Se nota cuando se aprueban presupuestos expansivos, votados por la mayoría progresista y plurinacional de esta Cámara, que cumplen con la disposición adicional tercera del estatut por primera vez. Se nota
con la derogación de la Ley Wert y el blindaje de la inmersión lingüística. Se nota con un Gobierno que ya no es una pared, que está dispuesto a escuchar, que ya no amenaza constantemente con la aplicación del artículo 155 y que reconoce la verdad,
que es la existencia de un conflicto político que debe resolverse por vías políticas. Y se nota cuando hay voluntad de abrir la carpeta de los indultos, cuando esté en el Consejo de Ministros, o de la reforma del delito de sedición, para acabar con
una injusticia que no se debería haber producido nunca. Ustedes, señora Borràs, pueden decir que no es suficiente y que llegamos tarde, y tienen razón; también tienen razón cuando dicen que la justicia que llega tarde se parece a la injusticia y
que parece que ha pasado un siglo desde la última reunión en febrero. Pero es que ha pasado una pandemia también y el orden de prioridades se ha alterado. Creo que hay que retomar la senda del diálogo después de las elecciones, pero para que eso
pase se tiene que replicar la ventana de oportunidades que se abrió a nivel estatal, a nivel de Cataluña y tiene que haber un Gobierno de izquierdas que esté netamente comprometido con el diálogo. Pero creo que, si depende de la señora Borràs, la
Mesa de diálogo no va a ir a buen puerto; si depende de Junts per Catalunya, de su mano derecha, que dice que quienes vienen a Cataluña son colonos, o de todos esos candidatos reaccionarios de su partido, que hacen comentarios xenófobos, machistas,
creo que no vamos a salir del día de la marmota -hoy es el Día de la Marmota-, del bucle. Las recetas del pasado han fracasado; no podemos volver a repetirlo, y la mayor alternativa de que la señora Borràs o el señor Canadell no estén en el otro
lado de la Mesa es que este la señora Jéssica Albiach, porque ya sabemos cuál es la hoja de ruta de Junts; hoy lo ha dicho claramente, no creen en el diálogo. La señora Borràs defiende la DUI, que ni el president Puigdemont quería aplicar y que ni
la CUP ve claro ahora. Sabemos



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que es pura gesticulación, que es retórica, que son fuegos de artificio. ¡Y la señora Borràs ha venido aquí a hablar de operación de marketing! ¡Eso sí que es una operación de marketing en toda regla! Es la típica retórica que después se
disuelve en la nada, pero...


La señora PRESIDENTA: Señor Asens, tiene que acabar.


El señor ASENS LLODRÀ: Sí, presidenta, termino.


... no deja de ser dinamita contra la Mesa de diálogo. Por eso, compañeros y compañeras de Esquerra Republicana, les pido que piensen bien las alianzas y que miren más a su izquierda que a su derecha.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Asens. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora De Luna Tobarra.


La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidenta.


Diputados, hoy, esta moción de Esquerra, subsiguiente a la interpelación presentada en el último Pleno antes de acabar el año, se debate con dos novedades: un nuevo ministro de Política Territorial del PSC, un contador de naciones, y un
exministro, también del PSC, que se ha convertido en el mejor candidato de Esquerra para las elecciones del próximo 14 de febrero; un PSC que ha presidido en dos ocasiones el Gobierno de la Generalitat, del que Esquerra ha formado parte, y unos
Gobiernos que han sido nefastos para Cataluña y que han sido el origen de la situación en la que nos encontramos de ruina económica, de inseguridad jurídica, de ruptura de la convivencia y del abandono del constitucionalismo.


Todo empezó en 2003, cuando el PSC acordó con Esquerra la exclusión del Partido Popular de todas las instituciones del Estado y de Cataluña, así como el impulso de la plurinacionalidad, creando un cordón sanitario contra la mitad de la
población catalana a través de los pactos del Tinell. Pusieron su empeño en la desaparición gradual del Estado en Cataluña y de todo lo que significara la pertenencia a España, relegando el castellano en la educación, imponiendo multas
lingüísticas, incorporando el derecho a decidir en su programa electoral y asegurando que en España hay ocho naciones, nueve si sumamos Navarra, en palabras del señor Iceta. Por eso les decía que el señor Illa es el mejor candidato de Esquerra y su
futuro socio, ya que no les quepa ni la menor duda de que los votos constitucionalistas que obtengan los va a entregar al separatismo para reeditar otro tripartito.


En esta moción le proponen al Gobierno de Sánchez mercadear sobre la soberanía nacional. Les recuerdo, señores de Esquerra y señores del Gobierno, que la soberanía nacional pertenece al pueblo español en su conjunto. Piden al Gobierno que
vuelva a sentarse a negociar con quienes tienen en sus filas a condenados por cometer delitos de malversación de dinero público y de sedición, por infringir la ley, por infringir la Constitución, con quienes representan a una sola parte de la
sociedad catalana, con postulados inmovilistas, rupturistas, cerrados, populistas y antidemocráticos. Les piden, señores del Gobierno, hablar sobre amnistía y sobre el ejercicio del derecho de autodeterminación. ¿Qué va a votar el Grupo Socialista
a esta moción, a estas peticiones? Tenemos verdadero interés en conocer el sentido de su voto, y creo que también están todos los catalanes y el resto de españoles muy pendientes de lo que van a votar ustedes, señores socialistas.


El cumplimiento de la ley es consustancial a la democracia, la Constitución es el marco que nos permite la convivencia pacífica en libertad y en igualdad, marco que ustedes quieren romper. Ustedes prometen repetir aquel golpe de ruina y de
discordia que expulsó a las empresas de Cataluña y rompió la convivencia entre catalanes. Siguen diciendo que lo volverán a hacer y, además, añaden que no habrá jueces para pararlos, como recientemente ha declarado su portavoz, el diputado Rufián.
Ustedes defienden la impunidad, y la impunidad es lo contrario a la convivencia. Actualmente, el desamparo de los constitucionalistas es tal que Cataluña se ha convertido en el único lugar de España en donde no existe el libre y normal ejercicio de
los derechos constitucionales, en donde el ejercicio y la defensa de muchos de esos derechos se han convertido en una hazaña heroica o judicial.


El próximo día 14 los catalanes tenemos la oportunidad de revertir esta situación, de devolver a Cataluña la prosperidad económica, la libertad, la seguridad, el empleo, la convivencia, el pluralismo, la alegría y el orgullo que antes se
respiraba de pertenecer a una tierra emprendedora que fue motor económico de España. El próximo día 14 los catalanes tenemos el verdadero derecho a decidir entre



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continuar en este agujero negro del separatismo y del inmovilismo o apostar por el constitucionalismo, por la pluralidad, por la diversidad, por la libertad y por la convivencia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Luna. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso.


El señor ZARAGOZA ALONSO: Señora presidenta, señorías, la verdad es que tenía preparada una intervención que he dejado a un lado, porque después de escuchar todas las barbaridades que he escuchado aquí voy a intentar contestar a algunas.
La primera cosa que querría decirles a los señores de Ciudadanos es: un poquito de respeto. No aplaudan ustedes el número de muertos; no es motivo de alegría, es motivo de respeto, y usted ha citado el número de muertos y sus diputados han
aplaudido. Eso no se aplaude. (Aplausos). Respeto -respeto-, no convirtamos ese tema en batalla política exagerando los argumentos para llevarlos al interés propio, porque esto es un debate electoral. No nos engañemos, estamos en un debate
electoral; no estamos discutiendo sobre soluciones a los problemas. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor ZARAGOZA ALONSO: Aquí cada uno viene a hacer argumentos electoralistas y a retorcer la verdad para ver si se ajusta a su argumentario. Esto es lo que hemos escuchado aquí, aparte de alguna otra barbaridad, como la del señor
Ortega, que un poco más y nos pide que les demos cien azotes, cortemos sus cabezas y las colguemos en picas. ¿Qué es eso de autodefensa, lo que hizo la ultraderecha asaltando el Capitolio? En este país hay un Estado de derecho y son los jueces, no
los políticos, los que deciden cómo se aplican las leyes. (Aplausos.) Eso es la democracia y la democracia se basa en el diálogo y en el respeto a las elecciones. La verdad, me ha sorprendido escuchar a la representante de Esquerra Republicana
cuestionarlo diciendo: ¿qué significaría que Salvador Illa presidiese la Mesa del diálogo por parte del Gobierno catalán? Pues que ha ganado las elecciones, que los ciudadanos de Cataluña han votado y han decidido que sea el presidente de la
Generalitat. (Aplausos). ¿Qué problema hay? ¡Eso es democracia! Quizá lo que ocurre es que no es un problema de discusión de quién representa al Gobierno de Cataluña, que parece ser el problema, entonces, ¿de qué se trata, de partidos? Yo creo
que no se ha expresado bien, porque el señor Illa, además, hoy ha anunciado lo que va a hacer como presidente: va a convocar la Mesa, la Mesa en España y la Mesa en Cataluña. El diálogo es lo que nos va a llevar a la solución del problema. A ver
si lo entendemos: dialogar, escuchar al otro, al que piensa diferente. ¿O es que el Gobierno de la Generalitat solamente vale para una Mesa de diálogo cuando la presiden los independentistas? ¡Qué democracia es esa! Si pierden, pierden.


He escuchado unas cosas muy divertidas, pero, claro, escuchar al Partido Popular y olvidar como empezó todo. Empezó con el Partido Popular apoyando al señor Mas durante dos años sus presupuestos, y de aquellos polvos vinieron estos lodos.
Mas y Rajoy están en el inicio del conflicto y los conflictos no se solventan ignorándolos, la política del avestruz no te lleva a ninguna solución; lo que te lleva a la solución es el diálogo, es lo que dicen los ciudadanos. Lo que pasa es que en
campaña electoral no nos interesa escuchar que los ciudadanos te pidan que escuches al otro, te interesa decirla gorda, a ver cómo cojo yo la hipérbole y la convierto en un conflicto más grande de lo que es. Eso es lo que hay. No se hacen críticas
demasiado suaves ni discrepancia ni siquiera ironía, se va a la descalificación grosera, al insulto puro y duro, a las mentiras desvergonzadas, que es lo que han estado practicando para justificar sus noes al diálogo, sus noes a acabar con el
conflicto. ¿Sabe por qué no quieren acabar con el conflicto? Porque están muy cómodos en sus trincheras. Es muy cómodo estar en la trinchera y disparar contra el que está enfrente, es muy cómodo, es muy fácil; tienes al de enfrente y lo
descalificas y lo insultas, la digo gorda y me aplauden los míos y ¿después, qué? El conflicto sigue y hay algunos partidos que dicen que se enfrentan mucho, pero que están deseando que siga el conflicto porque si desaparece el conflicto,
desaparece su apoyo político porque pierden. Pero esto se ha acabado, el 14 de febrero -lo digo porque alguien ha dicho que los catalanes algún día tendrán que votar- van a votar democráticamente y el 14 de febrero los ciudadanos de Cataluña se van
a dar confianza, futuro y esperanza, y el 14 de febrero se acabó, pero se acabó el conflicto y el emplearse a fondo en la confrontación. Lo que buscamos es confianza, solución a nuestros problemas, preocuparnos de la economía, de la sanidad, de la
pandemia y



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darnos todos una tregua para conseguir solventar los problemas de los ciudadanos, que es lo que esperan, confianza en acabar con este conflicto, no mantenerlo vivo.


Yo he escuchado aquí demasiadas voces del lado de la derecha y del lado del independentismo radical, que lo que desean es que siga el conflicto porque creen que eso les da votos y de lo que no se dan cuenta es que consiguen que la gente se
aparte de ellos. Así pues, el 14 de febrero en Cataluña se va a votar y ganaremos. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Zaragoza.


¿Señora Bassa, acepta su grupo la enmienda presentada?


La señora BASSA COLL: No, Esquerra Republicana no acepta la enmienda.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bassa. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL. (Número de expediente 173/000046).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el último punto que debatiremos hoy, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la gestión del ingreso mínimo vital.


Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora Angulo Romero.


La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidenta.


Señorías, hablamos de nuevo de la estrellada medida social de un Gobierno maestro en la publicidad engañosa, pero incapaz de ofrecer soluciones a los problemas y que con el ingreso mínimo vital ha logrado el colmo de la incompetencia:
fracasar en la gestión de algo que las comunidades autónomas llevan años gestionando, que es lo que pasa cuando la prioridad es el titular y la propaganda. Hoy, de nuevo, bajarán aquí a blanquear su engaño social con nuevas autoenmiendas, eslóganes
que no dan de comer o con las enmiendas de los señores del PSOE y de Podemos que nada concretan y lo que hacen es demorar las soluciones. Viven desconectados de la realidad y ocupados, como andan, en sus intereses de partido y guerras de poder, dar
soluciones urgentes a un país que se desangra en vidas, en empleo, en paro y pobreza no es su principal preocupación. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Mientras el señor Iglesias, el mayor fraude político
de la democracia, ha pasado a ser uno de aquellos que aumentan las diferencias entre los que más y los que menos tienen, y el señor Escrivá justifica sus fracasos con excusas de mal estudiante, culpando a los demás y maquillando los datos, ahí
fuera, en la España real, la vida cada vez es más difícil. Según Oxfam Intermón, 11 millones de personas viven ya por debajo del umbral de la pobreza, casi 800 000 más que hace un año; 1,2 millones de hogares tienen todos sus miembros en paro;
300 000 trabajadores no cobran sus ERTE; y, hoy, un dato escalofriante: España en el abismo de los 5 millones de parados, el empleo en España en la UCI. Vivimos un drama social y el Gobierno no es que no reaccione, es que encima alardea. Y en
este duro contexto, están denegando el triple de ingresos mínimos vitales de los que conceden. Veamos ejemplos que nos facilita el Gobierno: Extremadura una tasa de pobreza del 38 %; del total de solicitudes presentadas, 18 % concedidas, 81 %
denegadas o no resueltas. Y ya que hablábamos de Barcelona, es un auténtico escándalo: de las más de 88 000 solicitudes recibidas, solo el 8 % concedidas, y seis veces más, el 50 %, denegadas. Señores del PSOE, díganselo al señor Illa, ni vacuna
sanitaria ni vacuna social.


Pero hay más. El Gobierno progresista no es que recorte, es que directamente elimina a las familias en pobreza moderada la ayuda familiar a la que hasta ahora tenían derecho, la prestación por hijo a cargo, y los deja sin nada, sin ingreso
mínimo vital ni prestación. Miren, señorías, no es solo el COVID, es ese otro virus que para los españoles supone tener el peor Gobierno posible, el de la sangría económica, el de la insoportable destrucción de empleo, un Gobierno antisocial que
elimina ayudas, sube la luz, hace elegir entre comer o comprar mascarillas, que prefiere destinar 71 millones de euros en contratar a sus amigos como asesores, mientras recorta ayudas a las familias más pobres.


Hoy, aquí, en el Congreso, podemos evitar esa decisión del Gobierno en el peor momento. Apoyen nuestra moción para recuperar la prestación por hijo a cargo, porque entre todos podemos hacerlo. (Aplausos). Dejen de perder más el tiempo con
la propaganda, porque es necesario reforzar los recursos y reducir la burocracia para agilizar los expedientes. Si para ustedes no ha sido complejo montar el



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procedimiento para la gestión de los fondos europeos, ¿por qué sí está siéndolo la del IMV? Quizá, y es mi opinión, primero, por su experiencia en montar redes clientelares ajenas a ningún control y, segundo, porque en evitar la pobreza y
la pérdida de empleos ustedes siempre fracasan. (Aplausos). Por eso, les pedimos que cuenten con la experiencia de las comunidades autónomas y los ayuntamientos a quienes con demasiada soberbia desprecia el señor Escrivá y que firmen ya con las
que los deseen los convenios de colaboración en el ingreso, en igualdad de condiciones y con la financiación suficiente. Si ustedes no saben, déjense ayudar por quienes sí tienen la experiencia.


Señores de VOX, hablamos de colaboración en la gestión, como ya existe en otras prestaciones de la Seguridad Social, no de transferir las competencias de la Seguridad Social. A todos les pido que lean nuestra moción: recuperar derechos,
reforzar servicios públicos y colaboración entre administraciones. ¿Alguien se puede oponer a eso? ¿Qué excusas hay para oponerse? Miren, nosotros les aprobamos el ingreso mínimo vital para ayudar a quienes peor lo están pasando y facilitar su
acceso al empleo. Es el Gobierno progresista el que ha fallado; ha fallado a las familias a las que quitan ayudas, a quienes no cobran los ERTE, a los autónomos a quienes no rebajan cargas, también a los comerciantes y hosteleros, a los españoles
que cada día envían al paro con sus decisiones. El señor Sánchez nos dijo que saldríamos más fuertes y se fue dejándonos a los españoles abandonados a nuestra suerte. Hoy, con 80 000 fallecidos, con 800 000 personas más en pobreza, con 5 millones
de parados, con 380 000 autónomos con sus persianas bajadas, con colas del hambre que crecen, un Gobierno decente hubiera pedido perdón. Yo no espero eso del señor Sánchez, pero, al menos, de ustedes espero que contengan su triunfalismo por respeto
a esos españoles que están ahí fuera. Reconozcan que sus políticas no funcionan porque destruir la economía es la peor política social. Vivimos un verdadero drama social; es imprescindible y urgente, precisamente y sobre todo por los más débiles,
acometer un plan de choque y de recuperación, como el que Pablo Casado lleva reclamándoles mucho tiempo (aplausos), para salvar vidas en lo sanitario, lo económico y lo social. Allá quienes con sus decisiones se conviertan, por acción u omisión, en
cómplices o en cooperadores de un Gobierno que tanto daño y dolor está causando, porque solo ha conseguido más paro y pobreza.


Señorías, de hambre y desesperación también se muere, y las decisiones que se toman contribuyen a ello. Les pido, por favor, que rectifiquen, porque si no, no solo saldremos más débiles y más pobres, es que -y lo que es más grave- habrá
muchos españoles que no saldrán.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, interviene el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Señor presidente, señorías, decía muchas cosas la representante del Partido Popular con las que es difícil no estar de acuerdo. Que la pobreza tiene que ser una asignatura pendiente para cualquiera que se
dedique a la acción política o al compromiso para mejorar la vida de la gente es algo indudable. Contra eso poco se puede decir. Se podría decir más, se podría decir que el ingreso mínimo vital tiene que ser la red básica de protección social, el
último recurso para no caer en la pobreza y en la exclusión social que seguramente no deseamos para nadie. Así se viene haciendo desde hace años, si no décadas, en diferentes realidades en las que nosotros conocemos más, en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, a través de la RGI, y en la Comunidad Foral de Navarra posteriormente a través de la renta garantizada. En ambas por acción del Gobierno vasco -es así-, pero no es menos cierto que en ambas también porque hubo una profunda
movilización social que, en el caso de la Comunidad autónoma vasca, correspondió a la Carta por los derechos sociales, Gogoa, que ya planteaba la renta básica ciudadana. Por tanto, esto no es un debate nuevo que haya venido en pandemia porque la
necesidad nos haya obligado. Y ahora, una vez que el ingreso mínimo vital, que la renta social de algún tipo, está más o menos asentada por el Gobierno, de lo que se trataría es de prestigiarla, de asumirla como un valor redistributivo y no como
una carga; no como un gasto, sino como una inversión en nuestra sociedad, evitando así su estigmatización, porque -les haré un spoiler- el siguiente episodio que nos encontraremos, cuando el ingreso mínimo vital esté más o menos afianzado -ojalá
que contribuya a seguir estando garantizado después de la pandemia-, será que habrá fuerzas de la derecha que pondrán en cuestión el ingreso mínimo vital y hablarán de fraude para intentar cargárselo. Eso ya lo hemos vivido también y, como lo hemos
vivido, lo señalamos. Por eso no paraba de alegrarme por lo que estaba escuchando a la representante del Partido Popular. Pero permítame decirle una cosa: es cuando



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menos curioso que ustedes ahora defiendan el ingreso mínimo vital cuando hace aproximadamente siete meses lo llamaban 'paguita' despectivamente. No seré yo el que les diga en esta ocasión aquello de conversos a la cola.


En cualquier caso, es bueno que ustedes hoy defiendan el ingreso mínimo vital. (El señor Garcés Sanagustín realiza gestos negativos). Yo prefiero alegrarme de que ustedes defiendan el ingreso mínimo vital, a excepción del señor Mario
Garcés que supongo que a través de su voto discrepará, ya que dice que él no. Como digo, es bueno que en general, o que quien ha defendido esta proposición defienda la existencia del ingreso mínimo vital, porque cada vez que hay un avance social la
derecha tarda muchos años en conectarse o en engancharse a él; en esta ocasión, por fortuna, han sido solo unos meses. Y eso no obvia, no obsta, para señalar que en la actualidad el ingreso mínimo vital se sigue mostrando insuficiente. Hoy mismo
el Consejo de Ministros ha tenido que rectificar sobre la marcha por algo que ya le venían diciendo desde diferentes colectivos sociales, y es que el ingreso mínimo vital y las exigencias que se estaban poniendo para percibirlo estaban dejando a
muchísima gente fuera. Esa gente que se estaba quedando fuera estaba en una situación de excepcionalidad vital, estaba en la pobreza y, por tanto, se estaba cometiendo una injusticia. De la misma manera que ha sido Intermón Oxfam quien ha tenido
que señalarle al Estado español que desde marzo hasta ahora ha subido en más de 860 000 el número de personas pobres y que estas alcanzan ya más de 5 millones en el Estado español; en Euskal Herria, Comunidad autónoma vasca, y Nafarroa más de 188
000, por tanto, nos encontramos ante una necesidad.


Hemos presentado una enmienda que en teoría -y oído lo que he oído- no tendría que representar un obstáculo para la fuerza proponente, porque planteamos a través de esta enmienda garantizar que 'todas las comunidades autónomas puedan asumir
en igualdad de condiciones la tramitación y/o gestión del ingreso mínimo vital'. Creo que algo muy parecido, si no idéntico, ha dicho su señoría. Decimos más. Decimos: 'asimismo transferir en el plazo máximo de un mes, y en los términos ya
establecidos' -no se trata de enmendar lo que hayan acordado otros, sino de reforzar esa idea; como se diría, lo que abunda no daña- 'la gestión del ingreso mínimo vital a la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, dando
así cumplimiento a los acuerdos alcanzados entre los Gobiernos vasco y navarro y el Gobierno del Estado español'. En definitiva, pacta sunt servanda, que es algo que en el Estado español hemos empezado a aprender -que no se hace mucho pero que no
es dañino- que es cumplir la palabra dada, con esto y con todo lo demás con lo que se pacta. Pero como decía, si esta enmienda está planteando que cualquier comunidad autónoma cuente con los recursos para gestionar el ingreso mínimo vital y para
dotar de esos recursos a la gente que lo está necesitando, no entenderíamos que esta iniciativa no se atienda, salvo que nos hayamos encontrado una vez más -y seguro que no va ser la última- con una nueva escenificación de un discurso buenista, de
un discurso casi diría que humanista y, sobre todo, caritativo que en el fondo esconde la rigidez histórica de la derecha. Para que no se me anticipen con el famoso comodín, les diré que había alguien, que no era sospechoso de ser de Bildu, que
decía algo así como que la pobreza es la peor forma de violencia. Mahatma Gandhi.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.


Señorías, el acuerdo del Gobierno de coalición incluía la implantación progresiva durante esta legislatura de un mecanismo de garantía de rentas en el conjunto del Estado, pero la pandemia obligó a actuar de urgencia. Por primera vez, las
políticas de respuesta a una crisis -en este caso a la pandemia- no se orientaban a recortar derechos, sino que brindaban una mayor protección a aquellas personas que peor lo estaban pasando. Se trataba de aprobar nuevos derechos. En ese camino el
Gobierno dio un paso histórico generando un nuevo derecho social, una garantía de ingresos en todo el Estado para hacer frente a la situación de exclusión social y de vulnerabilidad económica en la que se encontraban muchas familias. Esta renta, y
no podemos olvidar este detalle, es un suelo de ingresos, lo que significa que las comunidades autónomas que tienen competencias importantes sobre asistencia social y sobre servicios sociales, y han aprobado en muchos casos también rentas de
ingresos, tienen que seguir asumiendo responsabilidades y aportando recursos para completar, para mejorar y para ampliar esta prestación, de acuerdo -¡claro está!- a las necesidades específicas de cada territorio.



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Dicho esto -ahora me dirijo al Partido Popular-, señoras y señores del Partido Popular, tienen caradura al subir aquí a criticar el ingreso mínimo vital, y me trato de explicar. ¿Qué tipo de rentas de inserción tienen ustedes en los
territorios en los que gobiernan? Pues bien, se lo voy a contar. La Comunidad de Madrid, donde ustedes gobiernan desde hace ya unos cuantos años, tiene la renta mínima de inserción más baja del Estado, pero le sigue Galicia como segunda, donde
también gobiernan y, en tercer lugar, está Andalucía. Pero no solo destacan por tener rentas reducidas en cuantías, sino que llegan muy poco a esa población que está en una situación de vulnerabilidad. Podríamos citar Andalucía que llega al 3,2 %
de la población que se encuadra en el umbral de la pobreza; Galicia al 6 % y comunidades como Castilla y León o Madrid que apenas cubren el 10 %. ¿Qué piensan hacer ahora que llega el ingreso mínimo vital? ¿Están pensando en complementar la
prestación para que esas familias que viven en Madrid o en Andalucía o en Galicia tengan más ingresos y puedan vivir con más dignidad, o están pensando que se van a ahorrar unos cuantos millones que van a dedicar a esos proyectos faraónicos,
megaproyectos, que tanto les gustan? Esa sería realmente la pregunta. Pues bien, mientras ustedes hacen todo eso, aquí hace siete meses se aprobó un ingreso mínimo vital y, desde entonces, no dejamos de aportar novedades que mejoran la tramitación
y la gestión de ese ingreso mínimo vital. Podemos citar los consejos de ministros del 22 y 29 de diciembre; podríamos nombrar también algunas otras mejoras que tienen que ver con la tramitación y con la gestión, como la ampliación de los
colectivos a los que puede llegar, por ejemplo, por citar alguno se amplía a mayores de sesenta y cinco años que no pueden percibir la pensión no contributiva; se mejora la definición de la familia monoparental. Hoy mismo el Consejo de Ministros
ha aprobado nuevas medidas que mejoran aún más ese ingreso mínimo vital. Se elimina el límite de dos titulares de ingreso mínimo por domicilio, por lo que a partir de ahora podrán recibir ese ingreso mínimo vital, que es un nuevo derecho, las
personas que compartan piso por falta de ingresos. Sabemos que la carestía de vivienda lleva a muchas personas y a muchas familias a la necesidad de compartir casa. También a personas que tengan que volver o compartir casa con familiares debido,
por ejemplo, a un desahucio y además hemos pensado en las personas sin hogar. Además, para facilitar el acceso al ingreso mínimo, los servicios sociales podrán acreditar el cumplimiento de algunos requisitos como la unidad de convivencia o el
domicilio. La enmienda que presentamos a esta moción apunta en esa dirección de continuar evaluando y llevando a cabo mejoras que ayuden a que este nuevo derecho sea un mejor derecho. Por ejemplo, hablamos de desarrollar una nueva prestación por
crianza, de simplificar toda la tramitación y la documentación, de mejorar la cooperación con las comunidades autónomas y con las entidades locales.


Termino. Seguiremos trabajando y avanzando en un modelo de protección social que no deje a nadie atrás


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. (Aplausos).


La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Señores del PP, votaron sí a la convalidación del Real Decreto 20/2020 en un ejercicio de incoherencia que podríamos denominar 'sí, pero no'. Consideraban que dicho real decreto no se ajustaba a sus pretensiones,
afirmando que el Gobierno se apropiaba de competencias autonómicas, duplicaba la prestación y, por último, no ofrecía garantías suficientes, y concluyeron afirmando que la decisión más correcta debería haber sido impulsar una renta temporal de
emergencia. Bienvenidos a VOX, porque nuestra propuesta aseguraba que una medida estructural de este calado requería de una planificación adecuada y que, en estos momentos de muerte y de ruina, era urgente y prioritario atender de verdad a los
españoles y dejarse de propaganda. (Aplausos). Y si tan en desacuerdo estaban con este real decreto-ley Podemos-Escrivá, ¿por qué motivo le dieron un sí como la copa de un pino a este Gobierno para implantar la medida estrella de Podemos? ¿Por
responsabilidad? ¿Por equivocación? Con ese sí ustedes se han convertido, por tanto, en corresponsables del Gobierno en la gestión del ingreso mínimo vital, según la lógica de su discurso kafkiano y surrealista. (Aplausos). Sí. Pero es que,
además, ustedes nos traen una moción que encierra bastantes contradicciones, aunque la representante del Grupo Popular ha dicho que no, porque en la moción hablan de pedir más medios materiales humanos, simultáneamente ceder competencias de gestión
a las comunidades autónomas, crear un fondo para los ayuntamientos, etcétera... Yo creo que tenemos que centrarnos porque no estamos para derroches o por lo menos explíquennos la fórmula.



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Hemos presentado una enmienda que no han aceptado, pero en una cosa les vamos a dar la razón: en la nefasta gestión que este Gobierno ha hecho con el ingreso mínimo vital, al igual que con las residencias de mayores, los confinamientos,
sucesivos estados de alarma, la hostelería, las mascarillas y una interminable lista de despropósitos que han pagado con su vida muchos y, con su ruina, el resto. (Aplausos).


Cuando ustedes interpelaron al ministro Escrivá, señores del PP, repitieron incesantemente los términos, descoordinación e incapacidad; pero ¿qué esperaban ustedes de este Gobierno? Yo añadiría algo más grave todavía, y es que el
presupuesto de partida en la implantación del ingreso mínimo vital es erróneo, porque existe una deliberada improvisación y una total ausencia de una necesaria planificación, que no es más que el principio rector de las políticas de este Gobierno:
neveras vacías y mucho papel de BOE con el que las familias ni comen ni pagan las facturas del alquiler ni de la luz. ¿Las cifras? En el Consejo de Ministros se promete una vacuna contra la pobreza para 850 000 hogares, en los que viven 2,3
millones de personas. ¿A cuántos han llegado? A 130 000 hogares, familias condenadas a vivir con 472 euros al mes. No cabe duda de que el rasgo más emblemático de este Gobierno es hacer justo lo contrario de lo que promete. Y en el caso del
señor Escrivá, desarrollar políticas contrarias a las que él mismo recomienda.


El estudio sobre rentas mínimas que se publicó en 2019 por AIReF, presidida entonces por el hoy ministro Escrivá, puso de relieve que la experiencia muestra la complejidad que entraña desarrollar programas de rentas mínimas durante la
crisis, ya que en la práctica la única manera efectiva para implementarlas es hacerlo antes de que la crisis tenga lugar, porque hacerlo a destiempo evidencia una progresiva falta de adecuación de las prestaciones a las necesidades de la gente, y no
erradica el problema de fondo. Por tanto, un diseño óptimo que la propia AIReF recordaba era encuadrar su propuesta en marcha del sistema de rentas mínimas en un plan presupuestario a medio plazo que permitiese compensar el incremento estructural
del gasto. ¿Qué han hecho? Justo lo contrario de lo que el señor Escrivá consideraba imprescindible cuando era independiente.


Estamos de acuerdo en que combatir la pobreza es y ha de ser un objetivo prioritario en cualquier orden social civilizado, pero una política destinada a lograr ese objetivo debe configurarse con la finalidad última de ofrecer las
oportunidades suficientes para que los ciudadanos puedan vivir por sus propios medios, y esto se llama empleo. Es la mejor protección contra la pobreza que existe, y en España precisamente no podemos presumir de ella. Cifras de hoy: más de 3 970
000 parados en nuestro país, 710 000 personas más sin empleo además de las 740 000 que están bajo la incertidumbre de un ERTE. Es el segundo peor dato en un mes de enero desde que existen registros. Según Eurostat, el 40 % del aumento del paro en
la eurozona se concentra en España, pues cuatro de cada diez parados nuevos en Europa son españoles. Hoy el Gobierno de España es el mayor empleador improductivo de las economías desarrolladas; un Gobierno que prefiere el subsidio al empleo, el
confinamiento al trabajo y las elecciones a la salud. (Aplausos).


Les digo, y termino: ni los cordones sanitarios ni las piedras ni los insultos podrán acallar la vox que apela a la libertad, a la de verdad. Ni un paso atrás, sin miedo a nada ni a nadie. Viva Cataluña y viva España. (Prolongados
aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Baños Ruiz.


La señora BAÑOS RUIZ: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. Señora Angulo, mucho parece importarle la pobreza cuando ustedes no gestionan, pero poco hacen cuando tienen la obligación de hacerlo. ¿Me puede usted decir que ha hecho la señora Ayuso con ese modelo de gestión
con todos los niños que infraviven en la Cañada Real? Nada. (Aplausos).


El Grupo Parlamentario Popular presenta lo que debatimos aquí, una moción consecuencia de una interpelación en la que se parte, como siempre, de premisas inventadas, de datos sacados de contexto que no se corresponden con ninguno de los
informes relativos al ingreso mínimo vital y, además, con un radicalismo que solo persigue el desprestigio, como siempre, de las instituciones y el desgaste de la democracia. En todas sus intervenciones obvian, omiten y pasan de todos los efectos
sociales y económicos que ha provocado esta pandemia en nuestra sociedad; solo culpabilizan al Gobierno de todo, nunca mencionan la efectividad que para mantener la actividad económica y el empleo han tenido los ERTE, y digo los ERTE como todas las
medidas que se han generado un gran ingente trabajo, entre otras, en el área de la Seguridad Social. No reconocen el trabajo realizado por la Seguridad Social,



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institución plenamente diezmada y envejecida por la paralización de la oferta pública de empleo cuando ustedes estaban en su Gobierno; sí, los recortes del Gobierno del Partido Popular.


En definitiva, señorías, sabemos que toda la gestión es susceptible de mejorar, pero este Gobierno, que ustedes tanto odian y tanto critican, está comprometido en combatir la pobreza y para ello está poniendo en marcha este nuevo derecho que
ya da cobertura a más de 180 000 hogares, llegando, porque tiene usted las cifras mal, en algunos territorios a más hogares que la rentas mínimas autonómicas, como pasa en Andalucía o pasa en Murcia. Por tanto, ustedes que, cuando están gobernando
ahondan en la brecha de pobreza haciendo que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, nos anuncian ahora una catástrofe en el total sistema de la Seguridad Social por poner en marcha una medida contra la pobreza y la exclusión social.


Señorías del Partido Popular, lo que les fastidia realmente es la redistribución de la riqueza porque es lo que hacemos los socialistas cuando gobernamos, redistribuir la riqueza, y no como hacen en la Región de Murcia que se ponen la vacuna
primero los que están gobernando. (Aplausos).


Sí es necesario continuar mejorando esta prestación, como ya se ha dicho por quien me ha precedido, como se ha hecho hoy mismo en el Consejo de Ministros con otras nuevas medidas para ir implementándola y mejorándola. Señorías, sabemos que
es necesario mejorar la unidad de las coberturas de las familias con hijos, pero el ingreso mínimo vital no deja fuera de la protección del sistema a los perceptores de la prestación por hijo a cargo; lo único que hace es redirigir el acceso a una
nueva prestación cuya vocación es absorber a la anterior por ser mucho más eficaz. Y, en este sentido, hemos de resaltar que para combatir la pobreza el ingreso mínimo vital cumple mejor el objetivo porque llega a las familias que más lo necesitan,
puesto que los datos nos dicen que el 10 % de los hogares más ricos que reciben esta prestación familiar poseen, además de una vivienda, un patrimonio medio superior a 100 000 euros. El ingreso mínimo transforma los 500 euros anuales de la
prestación familiar en 500 euros mensuales. Tendrán que reconocer, señorías del Partido Popular, que esta prestación contribuye mejor a la redistribución de la riqueza. No obstante, tenemos que seguir avanzando, y de ahí la enmienda que hemos
presentado precisamente, esa enmienda que parece que no se han leído, una enmienda que dice cuál tiene que ser el impacto que hace el ingreso mínimo vital en las familias que reciben esta prestación o que podrían ser posibles beneficiarios.


Por último, es imprescindible esa colaboración con las comunidades autónomas. Ya sabemos lo que han hecho algunas de las comunidades autónomas, unas negando información, otras bloqueando las ayudas y liberando fondos destinados a las rentas
mínimas a otros menesteres. Y eso no es complementar el ingreso mínimo vital, eso es hacer trampas. El ingreso mínimo vital vino a ser complementado con las rentas mínimas y no puede ser que haya territorios que se laven las manos y no colaboren.


Señorías, la semana pasada conseguimos, pese a ustedes, traer a nuestro país 140 000 millones de euros de los fondos europeos. Estos también servirán para la lucha contra la pobreza, a pesar del Partido Popular y de su torpedeo.
(Aplausos). Gestionamos la crisis pensando en las personas y aquí seguimos y seguiremos. El ingreso mínimo vital ha venido a revolucionar el mundo de las prestaciones sociales y lo seguiremos evaluando y mejorando, no le quepa duda, como lo hemos
hecho hasta ahora. Seguiremos trabajando, a pesar de sus palos en las ruedas. Y permítanme, señorías del Grupo Popular, que les diga una cosa: si no quieren colaborar en el Congreso, háganlo en las comunidades autónomas donde gobiernan.
Complementen este nuevo derecho y ayúdennos a combatir la pobreza.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.


El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.


¿Tan difícil es reconocer que algo se está gestionando mal? Es mejor reconocerlo y buscar soluciones para que se gestione bien. Nosotros votamos a favor del ingreso mínimo vital porque entendíamos que era algo bueno. Nosotros lo tenemos
en Navarra desde hace muchos años. Lo implantó un Gobierno de Unión del Pueblo Navarro -no otro Gobierno, sino un Gobierno de Unión del Pueblo Navarro y lo digo para aquellos que parece que solo están legitimados a hablar de ello- como renta
garantizada, es decir, garantizando los derechos -si se cumplen los requisitos, lo cobras, independientemente del presupuesto asignado- y con más cantidad económica que el ingreso mínimo vital. A nosotros nos parecía que era algo bueno para el



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conjunto de los españoles y si entendemos que es bueno para nosotros y se puede extender al conjunto de los españoles, estamos de acuerdo, pero, claro, luego no se puede ser un chapucero gestionándolo.


Dicen que no ha habido colaboración con las comunidades autónomas. Pues la Comunidad Foral de Navarra está presidida por el Partido Socialista y el Gobierno de España también. ¿Qué está ocurriendo? Que hay gente que está cobrando dos
veces y luego, lógicamente, se lo reclaman. ¿Y entonces qué pasa? Que a su vez hay gente que no está cobrando nada, que cobraba una, pide la otra y ahora no cobra ninguna. Por tanto, a unos les están llegando dos cosas más allá del complemento y
lo tienen que devolver, y otros están sin cobrar. Y dicen: No, bueno, es papeleo. Ya, pero al que tiene que cobrar no le hablen de papeleo, porque el que tiene que cobrar necesita el dinero, ¿eh?, que estamos hablando de la gente más vulnerable.
Y dicen: No, es que en la Seguridad Social no dan abasto. Ya, pero esa no es una excusa para una persona que tiene que cobrar, que tiene que comer. Y dicen: No, ya le llegará. ¿Pero cuándo le llegará? Tendrán que darle el dinero. Y en vez de
salir aquí y decir: Tienen ustedes razón, esta es una medida que está teniendo muchos problemas, resulta que dicen que no hay problema. Entonces, como no reconocen el problema, no lo van a solucionar y si no reconocemos el problema y no lo
solucionamos, esa gente seguirá sin cobrar. Para adoptar la medida -eso sí- se pegaron los ministros; ahora, para la gestión, ya no. Depende de este, depende del otro y nadie asume la responsabilidad.


Reconozcan que esto está siendo un desastre en cuanto a su ejecución. Nosotros creemos que la medida era buena, pero su ejecución está siendo un desastre. Pónganse manos a la obra. Pongan al personal necesario y pongan orden, que tampoco
es tan difícil cruzar datos entre una Administración y otra. Pidan colaboración a los ayuntamientos y dejen de hacer discursos diciendo que si llega la derecha luego lo quita, porque vuelvo a insistir que en Navarra quien puso esto fue Unión del
Pueblo Navarro, a pesar de los votos de los que ahora se llaman muy progresistas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.


El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías.


Algunos han recordado que hoy es el Día de la Marmota, lo cual a mí me importa bastante poco. Pero, en otro plano, hay que recordar que hoy también es el Día de la Candelaria, que por lo menos es fiesta en Canarias y, además, en Donosti es
el día de los caldereros, que es el preludio del carnaval. Digo esto porque parece que algunos han transfigurado esta tribuna, más que en un modelo de intervención parlamentaria, en una tribuna electoral. Creo que eso no es bueno ni conveniente en
ningún momento y menos aún para generar tensión en un clima que ya está suficientemente enrarecido.


En cuanto al tema, decía el día pasado el señor Escrivá a la señora Prohens que el ingreso mínimo vital se había creado como mecanismo de reducción de la inaceptable tasa de pobreza y desigualdad que existía en España y respecto a la que ya
la Unión Europea había advertido que el Estado debía tomar decisiones y adoptar medidas. También recordaba el ministro que, con ese propósito, todas las comunidades autónomas habían creado unas rentas mínimas, pero que creía que algunas eran más de
cara a la galería y prácticamente -decía- sin impacto en la reducción de la pobreza. Sin embargo, como modelo de creación de esa garantía mínima se había adoptado el de la renta mínima probablemente mejor desarrollada de España -él lo decía así-,
que es la renta de garantía de ingreso del País Vasco.


Señorías, el éxito o fracaso de una medida dirigida a paliar las desigualdades en la renta o las bolsas de pobreza depende, entre otros muchos motivos, sobre todo de dos factores: la cercanía de la Administración a los problemas -esto es,
su conocimiento de la realidad y, por ello, la aplicación del principio de subsidiariedad- y el esfuerzo que como sociedad estamos dispuestos a hacer para paliar esa lacra, es decir, la inversión social que estamos dispuestos a realizar para reducir
esas desigualdades. Eso -que está medido con el índice de Gini, que sirve para medir la desigualdad, o con el índice Arope, que sirve para medir el nivel de pobreza- exige especiales esfuerzos que probablemente por eso también tienen un cierto
paralelismo incluso en la ley de creación del ingreso mínimo vital, porque no es extraño que la disposición adicional quinta contemple lo que a continuación voy a leer: En razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, las
comunidades autónomas de régimen foral asumirán con referencia a su ámbito territorial las funciones y servicios correspondientes que en este real decretoley se atribuyen al INSS del ingreso mínimo vital antes del 31 de octubre de 2020. Dos
ámbitos: financiación y voluntad colectiva de superación de esa lacra.



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Viene a cuento esta explicación, primero, porque hay una enmienda de Bildu que creo que ha sido un error por su parte. Entiendo que de forma involuntaria olvidan la raíz foral de esta competencia en el País Vasco y, por lo tanto,
pretendiendo homogeneizarla, creo que han incurrido en un pequeño error. Pero, en segundo lugar, viene bien también como referencia para el ministerio, porque ha pasado con creces la fecha del 31 de octubre y, por tanto, ha dejado de cumplir con
algo a lo que está comprometido en la propia ley. Me gustaría recordar al señor ministro dicho incumplimiento y que la transferencia de la prestación del ingreso mínimo vital para permitir su vinculación con otros mecanismos de cobertura social,
como ocurre en Euskadi, debe ser materializada cuanto antes precisamente a la Administración que mejor conoce esos problemas y que, como él mismo recordaba, ha sido el referente para la creación de esta prestación; esto es, a las que históricamente
han creado un sistema de protección social eficaz con sus caracteres propios y su propia financiación. Quiero decir con esto que hay muchas comunidades autónomas que la están reivindicando, pero deben querer y poder hacerlo y no solo manifestarlo
en aras de un nivel de igualación competencial, sino porque realmente quieren ahondar, aludir y hacer frente a ese problema de pobreza y desigualdad.


Lo que ocurre es que el ministro nos ha negado esa transferencia de momento, disociando las funciones que realiza y que actualmente presta el INSS de las de la propia financiación. Entendemos que esta es una mala interpretación del
contenido de la ley y que, además, supone defraudar de alguna manera el acuerdo que permitió el voto favorable de mi grupo y la aceptación por el Gobierno vasco de aquella fórmula de transferencia. Además, en cuanto a la financiación, incurre en un
error, puesto que existen ya precedentes de gestión de las prestaciones de jubilación e invalidez por parte de diputaciones forales. Por tanto, entendemos que es un dislate, desde el punto de vista competencial, que se niegue esa transferencia,
porque no tiene ningún tipo de justificación.


Votaremos no a esta iniciativa, pero no porque nos parezca excesivamente alejada de la realidad, sino porque nos parece oportunista y fuera de contexto. El propio ministro hizo alusión a que exige un esfuerzo añadido hacer frente en estos
momentos al ingreso mínimo vital, pero no por eso he querido dejar de ser crítico con la actuación del ministerio. Efectivamente, está incumpliendo sus propias obligaciones, las que le marca la ley, el estatuto de autonomía y la propia disposición
adicional primera de la Constitución, la de hacer la transferencia de esa competencia. Él mismo ha dicho que el modelo de éxito es el modelo vasco y navarro. Por tanto, solicito para ambos la transferencia inmediata de esas competencias.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Señorías, volvemos a debatir en esta Cámara el ingreso mínimo vital, una de las medidas estrella del Gobierno, para poder abordar la realidad de las familias que viven en situación de mayor exclusión social. Es una política que se estaba
aplicando en algunas comunidades autónomas y que lleva puesta en marcha desde mayo. Han pasado nueve meses y, por eso, creemos que es el momento de hacer una evaluación, con datos objetivos, de lo que está pasando con esta prestación. La
prestación se puso en marcha a toda prisa, sin los preparativos necesarios, y ahora estamos viendo esos efectos. Lamento que sea una medida que no acabe de despegar. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los datos. Algunas cifras, señorías: al
ministerio le llegan, aproximadamente, 12 000 solicitudes a la semana y, en total, solo hay unos 160 000 hogares beneficiarios del ingreso mínimo vital, pero resulta que el número de expedientes aprobados no cubre todavía la totalidad de las
familias con rentas mínimas de las comunidades autónomas. Alrededor del 50 % de las solicitudes tramitadas se han denegado y todavía quedan 270 000 expedientes por examinar. Son datos objetivos que nos dicen claramente que esta medida no está
adecuadamente tramitada, que no está adecuadamente ejecutada. Como bien decimos, es una de las medidas más necesarias para abordar la pobreza severa, por la que, lamentablemente, están pasando muchas familias españolas. Desde Ciudadanos ya les
dijimos que estábamos ante una medida compleja, que no se podía entrar como un elefante en una cacharrería y los riesgos que se corrían. Pero apoyamos esta medida estrella porque entendíamos las razones que la justificaban. Sin embargo, un año
después, las solicitudes se multiplican, los requisitos son engorrosos y se rechaza una parte muy importante de las solicitudes, como he dicho. El resultado es que el objetivo planteado de llegar a 800 000 hogares está muy lejos de



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cumplirse, pues solo se ha llegado a 160 000 familias. Y hay que tener en cuenta que la mitad de esas 160 000 familias se corresponden con aquellas familias que cobraban la prestación por hijo a cargo.


Creemos que lo útil es enfrentarnos a esto y dar soluciones. Es importante que se desatasque esta situación del ingreso mínimo vital. Para ello, esta medida debería estar ya en esta Cámara. Tendríamos que tener un debate serio.
Ciudadanos quiere que se simplifique el diseño de la prestación. El ingreso mínimo vital tiene un diseño muy complejo. Sus requisitos son muy farragosos, tanto que, en algunos casos, no permiten evaluar las situaciones de necesidad. Señorías, nos
estamos dirigiendo a una población que sufre pobreza severa, a la población más excluida de nuestra sociedad, a aquella población que no está acostumbrada a trámites farragosos. ¡Seamos realistas! No pongamos barreras burocráticas a quien más
necesita esta prestación y menos acostumbrado está a los trámites administrativos. Con lo cual, primer punto: eliminar esa burocratización farragosa. Segundo punto: buscar aliados. Es muy difícil que la Seguridad Social haga que funcione de una
manera unitaria el ingreso mínimo vital. Ayuda: las comunidades autónomas, que ya tienen experiencia en medidas de este tipo; también el tercer sector de acción social, que conoce a los colectivos a los que van destinadas estas prestaciones,
tiende su mano -¡agárrenla!- tanto para tramitación como para luego la continuidad de esta medida, que son los itinerarios de inserción y los itinerarios de inclusión. De eso no estamos hablando porque la medida no está despegando.


Desde Ciudadanos, ¿qué es lo que proponemos? Pues una medida práctica para desatascar esta situación. ¿Cuál es? Que, de manera excepcional, se reconozca el ingreso mínimo vital a las personas que sean beneficiarias de una renta mínima de
inserción autonómica. Es una medida que acabamos de registrar hoy. ¿Por qué? Porque ya son familias que han acreditado ante nuestra Administración, de una manera objetiva, situaciones de dificultad, situaciones de pobreza. Pues hagámoslo bien;
será una de las fórmulas con las cuales va a llegar la prestación a hogares que lo necesiten y los recursos los destinaremos a gestionar el ingreso mínimo vital, señorías, para todas esas familias que se encuentran todavía fuera del sistema.


Acabaré haciendo referencia a la prestación por hijo a cargo, prestación que ha desaparecido con el ingreso mínimo vital para familias que tengan menores sin discapacidad. Como ya hemos dicho en la proposición de ley que hemos presentado,
es una medida que se tiene que reconducir, es una medida que se tiene que reintegrar, es una medida que tiene que volver y que tiene que permanecer. ¿Por qué? Porque los destinatarios son distintos. Mientras hay una propuesta -como antes se ha
dicho- para ver cómo se resuelve, si se establece un buen sistema de prestaciones integrado, no dejen sin prestación por hijo a cargo a aquellas familias de pobreza relativa que necesitan una ayuda para la crianza y abordar la pobreza de sus niños,
porque es lo que están haciendo: mientras lo tramitan, dejan atrás a numerosas familias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir terminando, por favor.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Por lo tanto, apostamos por esa proposición que nosotros hemos peleado con todo el tercer sector y que consideramos esencial.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.


Hace solo un ratito, el señor Smith se quejaba de las agresiones recibidas en Cataluña. Esta misma mañana, el señor Espinosa de los Monteros hablaba de silencio atronador de todos los partidos y, además, nos llamaba cobardes. Pues bien,
señoras y señores de VOX, abran las orejas; desde Compromís condenamos inequívocamente cualquier agresión a cualquier persona, de cualquier partido, sea de VOX o sea del partido que sea, que quiera ejercer sus derechos democráticos. Por tanto, ya
no me podrán llamar cobarde ni hablar de silencio atronador.


Ahora bien, cada 9 de octubre, Día Nacional del País Valenciano, gente de su misma ideología, desde hace cuarenta años -cuarenta años-, agrede física y verbalmente a políticos, a personas que se manifiestan pacíficamente, a periodistas.
Esperemos que no se produzca el silencio atronador y cobarde de VOX en estas agresiones de gente de su mismo perfil político, que se dignen alguna vez a condenarlas, y tendrán muchas ocasiones porque allí la ultraderecha -ausades, mi vida!- hace de
las suyas.


Y pasamos al ingreso mínimo vital. Creo que todos compartimos un mismo diagnóstico, y es que las expectativas que se generaron con el ingreso mínimo vital, lamentablemente, se han visto defraudadas, sobre



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todo por la lentitud exasperante que ha impedido que estas ayudas llegaran en esta situación tan crítica justamente a las personas que más lo necesitaban, a las personas más vulnerables; y, además, esta lentitud afecta también a la
tramitación parlamentaria. El real decreto se aprobó un 29 de mayo, se convalidó un 10 de junio, se tramitó como proyecto de ley por la vía de urgencia y llevamos ocho meses con las enmiendas.


Estoy de acuerdo con muchos de los puntos que aparecen en la PNL del Partido Popular -y no se me caen los anillos-, pero queremos hacer hincapié especialmente en dos. Primero, hablan ustedes de reforzar medios personales. Tasa de
reposición, ¿les suena? Es lo que ha impedido a muchas administraciones reponer a toda aquella gente que se iba jubilando y, por tanto, muchas administraciones públicas, empezando por los ayuntamientos y acabando por los ministerios, están en
muchos casos por debajo de la tasa que deberían tener. De aquellos polvos, estos lodos. Y en cuanto a las transferencias a las comunidades autónomas, estoy totalmente de acuerdo. Lo defendimos desde el primer momento. Pedimos aportar desde las
comunidades autónomas -lo decía ahora el portavoz del PNV-, en primer lugar, nuestra experiencia, y en segundo lugar, nuestra proximidad, nuestro conocimiento de la situación. Por tanto, completamente de acuerdo.


Hemos presentado muchas enmiendas, hemos hablado con muchas organizaciones sociales y hemos recogido muchas propuestas, especialmente de una organización como Cáritas. Mañana se discute aquí una moción de VOX. Espero que cuando se discutan
estas aportaciones de una organización tan poco sospechosa como Cáritas sobre la exclusión de personas en situación administrativa irregular, VOX, el PP y todos los partidos de la derecha, que son tan cristianos, hagan lo que les pide una
organización como Cáritas.


Moltes gràcies, senyor president.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.


El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda.


Ingreso mínimo vital; una semana más toca salir a hablar del ingreso mínimo vital. Francamente, creo que sería demasiado fácil salir aquí a hacer un listado de promesas incumplidas por parte del Gobierno en este asunto. Podríamos hablar
de las personas jóvenes, de las personas en situación administrativa irregular, de las personas sin hogar, de las familias que se ven obligadas a compartir vivienda; podríamos hablar de tantas cosas que sacarían los colores a este Gobierno que casi
resulta innecesario.


Señoras y señores diputados, la gente está harta de escucharnos discutir de forma totalmente redundante una y otra vez sobre este tema. Señorías del Gobierno, la gente está más harta aún de ver cómo no se ejecutan las promesas electorales.
Lo voy a decir muy claro: hay consenso social para el funcionamiento del ingreso mínimo vital, hay recursos para llevarlo a cabo -lo aprobamos en los presupuestos-, tienen ustedes el mandato y los votos de esta Cámara legislativa, ¡háganlo!,
¡háganlo! Además, tienen un proyecto sin precedentes de esta Cámara, tienen un apoyo que nunca se había visto: el ingreso mínimo vital salió adelante sin ningún voto en contra, con la única abstención de la extrema derecha. ¡Háganlo! Ya han pasado
ocho meses de esta historia.


Resulta tan indiscutible decir que aprobar una ley de ingreso mínimo vital fue un acierto -lo es- como decir que su aplicación hasta hoy ha sido un inmenso fracaso. Creo que no estamos a la altura en un tema tan delicado como el de gente
que está afectada por este ingreso mínimo vital -utilizo la palabra vital, de vida-, gente que no puede esperar, gente con la que no se puede fallar, gente con la que hay que tener la máxima sensibilidad posible.


Señor ministro, le preguntaría cuántos beneficiarios de esta nueva prestación anunció usted que habría a final de año y cuántos ha habido en realidad. No le pido que me conteste, pero quiero que entienda a qué nos referimos.


Me voy a limitar a señalar las dos grandes razones que, desde nuestro modesto punto de vista, están haciendo descarrilar una de las mejores ideas políticas de la presente legislatura: una es la burocracia y la otra, el dinero. En cuanto a
la burocracia, con el real decreto-ley por el que se aprobó el ingreso mínimo vital creo que se llega a un entramado burocrático que parecía estar pensado expresamente para que la inversión social no llegara a ejecutarse, la verdad. Por ejemplo,
tener en cuenta solamente los ingresos de 2020, poner este ingreso en marcha sin coordinarse con la rentas de inserción de las demás administraciones públicas, poner requisitos de acceso que suponen una barrera insalvable para personas en situación
de exclusión social, provocar un efecto embudo y dejar miles de solicitudes sin responder, que son rechazadas automáticamente por el silencio administrativo. Nada de esto tiene ningún sentido.



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En cuanto al dinero, han realizado ustedes una previsión presupuestaria absolutamente insuficiente. Pero ante estos dos problemas de base, hacemos dos peticiones muy sencillas. Contra el problema de la burocracia, primero, hay que cumplir
los pactos y, después, negociar políticamente. Es decir, si ustedes pactaron con Esquerra Republicana que se produciría un traspaso inmediato de la gestión del ingreso mínimo vital, háganlo; les pedimos, les exigimos que lo cumplan. Los pactos
están para cumplirse, no lo demoren porque la gente no se lo puede permitir. Dicho esto, hagan el favor de tramitar el real decreto-ley que acabó el Gobierno como proyecto de ley, porque ya llevamos demasiado tiempo. Permitan a los grupos de la
Cámara discutir su contenido, siéntense a negociar, que tienen mucho que mejorar y no disfrutan de mayoría absoluta.


En segundo lugar, contra el problema del dinero no vamos a hacer demagogia, no vamos a hacer un repaso de todas las partidas presupuestarias absolutamente indignantes y de las cuales podían sacar estos millones. Nuevamente, creo que es tan
evidente que no hace falta, pero, señorías del Gobierno, recuerden que esto es una inversión social, es inversión en redistribución de riqueza y en combate contra la desigualdad y la injusticia, es un ingreso mínimo vital, como decía, de vida. Poca
broma.


Y en tercer lugar, como decía la consellera Dolors Bassa, la mejor política de protección social es la creación de empleo. (Aplausos). Para salir de esta crisis es urgente poner en marcha un plan estatal de trabajo y actividad que asegure
ingresos en todos los hogares y reducir el paro a niveles de pleno empleo. Es lo que tiene hacer, ya no digo una política socialcomunista, sino una política keynesiana, un plan de choque urgente que toca ya. No basta con reducir el paro
estructural unas décimas más, hay que reducir, porque son inaceptables, las cifras que tiene este Estado.


Dicho esto, Esquerra Republicana quiere recordarles una cosa: si continúan así, no nos tendrán siempre a su lado en el ingreso mínimo vital. Esto es una simple proposición no de ley y, como Gobierno, ya nos han demostrado la importancia
que le dan a este instrumento parlamentario: ninguna. Si no cumplen lo que prometen -y aquí sí que quiero ser contundente-, no esperen tener nuestro apoyo en ninguna otra nueva votación sobre el ingreso mínimo vital. Hasta aquí hemos llegado.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Salvador.


¿Señora Angulo, acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?


La señora ANGULO ROMERO: No, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Se votará en sus términos.


Votaremos en tres minutos. Les recuerdo, señorías, que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir
su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño.


Muchísimas gracias. (Pausa).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):


- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD Y COMPETENCIAS DE LA AUTOPISTA AP-9 A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. (Número de expediente 125/000006).


La señora PRESIDENTA: Señorías, procedemos a votar.


Votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia, Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 106 más 232 votos telemáticos, 338; a favor, 106 más 181 votos telemáticos, 287; en contra, 51 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Se toma en consideración la proposición de ley. (Aplausos).


Se suspende la sesión. Muchas gracias y buenas noches.


Eran la ocho y cinco minutos de la noche.