CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 43

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 40

celebrada el jueves,

10 de septiembre de 2020

ORDEN DEL DÍA:


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


- Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales ('BOE' núm. 211, de 5 de agosto de 2020). (Número de expediente 130/000028) ... href='#(Página4)'>(Página4)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


- Proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 46-1, de 31 de enero de 2020. (Número de expediente 122/000020) ... (Página34)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página54)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página54)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página56)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página57)

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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página4)


Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales ... (Página4)


La señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno en contra de la convalidación interviene el señor González Terol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Contesta la señora ministra de Hacienda.


Replica el señor González Terol y duplica la señora ministra de Hacienda.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Mazón Ramos, García Adanero y Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro y el señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Aizpurua
Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil, Baldoví Roda y Bel Accensi, del
Grupo Parlamentario Plural; Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano; Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario
VOX; y la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página34)


Proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia ... (Página34)


En defensa de las enmiendas a la totalidad de texto alternativo intervienen la señora Ruiz Solás, del Grupo Parlamentario VOX, y el señor Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno en contra interviene la señora Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista.


Replican la señora Ruiz Solás y el señor Echániz Salgado y duplica la señora Carcedo Roces.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Botran Pahissa y Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV).


Interviene el señor Echániz Salgado.


Continuando el turno de fijación de posiciones intervienen la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Miquel i Valentí, Rego Candamil y Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Telechea
i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano, y Medel Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página54)


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la red de recursos públicos que facilitan la corresponsabilidad de los cuidados, se aprueba por 80 votos a favor más 94 votos telemáticos,
174; 20 en contra más 32 votos telemáticos, 52; y 44 abstenciones más 80 votos telemáticos, 124.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a racionalizar la estructura de la Administración del Estado, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (señor
Martínez Oblanca), se rechaza por 42 votos a favor más 59 votos telemáticos, 101; 80 en contra más 112 votos telemáticos, 192; y 21 abstenciones más 33 votos telemáticos, 54.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página54)


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de España para la reactivación de la economía, se rechaza por 42
votos a favor más 59 votos telemáticos, 101; 82 en contra más 113 votos telemáticos, 195; y 19 abstenciones más 33 votos telemáticos, 52.


Sometida a votación separa por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Plural (señor Rego Candamil), sobre las medidas que prevé el Gobierno para dar solución a la crisis industrial en Galicia, se
aprueba el número 3 y se rechaza el resto.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para garantizar unas elecciones libres, pacíficas y sin actos de violencia e intimidación en el
País Vasco y Galicia, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, se rechaza por 21 votos a favor más 45 votos telemáticos, 66; 80 en contra más 115 votos telemáticos, 195; y 42 abstenciones más 46 votos
telemáticos, 88.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página56)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, se rechaza por 76 votos a favor más 80 votos telemáticos,
156; y 67 en contra más 126 votos telemáticos, 193.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página57)


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia, se rechaza por 63 votos a favor más 80 votos
telemáticos, 143; 80 en contra más 123 votos telemáticos, 203; y 2 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario VOX a la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia, se rechaza por 63 votos a favor más 80 votos telemáticos, 143; 80
en contra más 124 votos telemáticos, 204; y 1 abstención con voto telemático.

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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


- REAL DECRETO-LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCIERAS, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, APLICABLES A LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente 130/000028).


La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.


Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.


Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda.


Les pido, por favor, que ocupen sus escaños.


La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Señora presidenta, señorías, buenos días a todos y a todas.


Quiero decirles, en primer lugar, que es un placer volver a esta Cámara tras este breve receso del mes de agosto y retomar la actividad parlamentaria en un momento muy importante, en un momento clave para la sociedad española, como seguro
que muchas de sus señorías viven y comparten.


Antes que nada, me gustaría trasladar, en nombre del Gobierno, un mensaje de solidaridad y apoyo a todas las personas que están padeciendo estos días la enfermedad del COVID-19. Creo que me hago eco del sentimiento de la Cámara al expresar
nuestras condolencias a todos aquellos que han perdido a un ser querido.


Somos conscientes de que la pandemia del coronavirus sigue ocupando un lugar amplio y extenso en nuestras vidas, generando una enorme preocupación entre la ciudadanía, tanto por las consecuencias sanitarias como por el impacto económico y
social que se deriva de la misma. De hecho, en estos meses, desde que se declaró la emergencia internacional, se ha avanzado mucho en la comunidad científica en la lucha contra este virus. En primer lugar -y creo que se puede constatar-, en la
responsabilidad de las autoridades sanitarias. Hemos mejorado de forma franca las capacidades estratégicas de nuestro sistema de salud, se ha reforzado, se ha dotado de mayores recursos y medios diagnósticos y preventivos y se ha avanzado en una
mejor coordinación y cogobernanza entre los ministerios y las comunidades autónomas. También se ha hecho un trabajo intenso en residencias de mayores y en todo lo relativo, como ustedes han visto en los últimos días, a la preparación del inicio del
curso escolar, para que los niños y las niñas puedan disfrutar de unos entornos escolares seguros. En segundo lugar, señorías, se ha puesto a disposición de la ciudadanía una amplia batería de medidas para evitar el desplome económico, con las
consecuencias que ello conlleva en materia de desempleo o de cierre de algunas empresas; de hecho -lo conocen ustedes, porque lo han aprobado en este Congreso de los Diputados- se ha extendido una amplia batería de medidas en materias laborales,
empresariales, servicios sociales, redistribución de renta y orientadas a colectivos vulnerables. En definitiva, señorías, la acción de este Gobierno ha consistido en intentar que nadie se quede atrás y en que estemos preparados para que nuestros
centros sanitarios, hasta que tengamos la vacuna definitiva, puedan hacer frente a esta situación sanitaria en condiciones de calidad, como lo hacen en la mayor parte del año.


Señorías, también quiero reivindicar desde esta tribuna una línea de trabajo que es muy importante, y me refiero a las líneas de apoyo a todas las administraciones públicas, a comunidades autónomas y a entidades locales -hoy las discutimos-,
es decir, a todo el conjunto de las administraciones, para enviar los recursos allí donde se produce la necesidad y para que nadie, en ningún sitio, pueda tener dificultades para ser atendido por una administración pública. Yo diría, señorías, que
nunca antes la Administración General del Estado había desplegado esa batería de recursos que se dirigen a los entes territoriales; nunca antes se habían arbitrado tantas medidas de apoyo para la liquidez de las comunidades autónomas ni se habían
facilitado actuaciones para compensar la caída de ingresos de estas administraciones. De hecho, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis, con el Gobierno del Partido Popular, este Gobierno no ha intentado aprovechar la crisis para
recortar o para recentralizar competencias, todo lo contrario, está, codo con codo, trabajando con las administraciones para luchar contra la pandemia y contra las consecuencias económicas. De hecho, hemos profundizado durante todos estos meses en
el

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marco de la distribución competencial que nos brinda la Constitución y, por tanto, hemos sido plenamente respetuosos con la autonomía de las administraciones territoriales. Tanto es así, señorías, que desde el inicio de la legislatura hemos
trasladado el compromiso de avanzar en la reforma de los sistemas de financiación, tanto autonómico como local, y -diría más- de acompañarlo también con un cambio en la Ley de bases de régimen local, que permita que los ayuntamientos recuperen
competencias que perdieron durante los Gobiernos del Partido Popular y, por tanto, puedan volver a desarrollar su máxima capacidad en el lugar donde los vecinos encuentran una mayor accesibilidad, que es en sus ciudades y sus municipios. Quiero
decirles, señorías, que la irrupción de la pandemia no ha trastocado esta hoja de ruta, al contrario. Este Gobierno -y yo creo que el conjunto de la sociedad- es consciente de que ha quedado bastante en evidencia durante esta pandemia -y así lo
hemos aprendido- la importancia de preservar unos servicios públicos de calidad, universales, accesibles para todos los ciudadanos y que, en definitiva, sean ese colchón de seguridad que nos permite a todos, al menos en estas cuestiones básicas,
tener unas capacidades más o menos homogéneas, independientemente del lugar o de la familia donde se viva.


Señorías, las entidades locales -como decía, la Administración más cercana a la gente, la que conoce perfectamente las características y singularidades de cada uno de los vecinos, sus necesidades y su fortaleza- están llamadas a cobrar un
papel protagonista en esta etapa de reconstrucción y reactivación. Así nos lo trasladan numerosos ayuntamientos en las reuniones que hemos mantenido con la Federación Española de Municipios y Provincias y así lo cree también este Ejecutivo.
Señorías, este es un Gobierno que escucha atentamente, es un Gobierno que cree en el diálogo y en el consenso, que piensa que son fórmulas indispensables para trabajar a favor de la sociedad española. Les diría más, señorías, este Gobierno cree que
hay que establecer dialogo y alianzas más allá del Congreso de los Diputados -este es un tema que también me parece importante referirles-, en la medida en que hay una interlocución con la sociedad que está organizada para hablar de problemas
concretos o de problemas globales. Cuando nos reunimos con el tercer sector, con el diálogo social, con las asociaciones de empresarios o con cualquier otra asociación de colectivos o de personas imbricada en un problema o cuando nos reunimos con
la Federación Española de Municipios y Provincias, estamos haciendo un ejercicio democrático, reconociendo que los ayuntamientos tienen una representación y una voz que les permite defender sus intereses y que este Gobierno tiene que dialogar con
todos ellos e intentar llegar a acuerdos con todos ellos, no solo en el marco de los grupos políticos presentes en este Congreso, sino también con la sociedad que no está aquí representada por sus señorías, sino que está representada por otros
colectivos. Por ello, este Gobierno ha querido y quiere reconocer el papel de la Federación Española de Municipios y Provincias en la representación de los intereses del municipalismo. Es una federación que ha estado trabajando de forma denodada,
sin descanso, para conseguir un acuerdo con este Gobierno. Es una organización que representa la democracia de nuestros ayuntamientos en España y, por tanto, cualquier conclusión o cualquier acuerdo que, por mayoría, de ella salga tiene que contar
con el respeto de esta Cámara. (Aplausos). Lo digo, señorías, porque este Gobierno va a seguir tejiendo apoyos y va a seguir tejiendo acuerdos referidos a colectivos que puedan tener dificultades o a administraciones que necesiten en este momento
un refuerzo extraordinario para ser capaces de hacer frente a sus competencias, para llegar a la población o para buscar soluciones sociales a familias que han quedado realmente afectadas con motivo del coronavirus. Vamos a seguir desarrollando esa
tarea de interlocución, aunque lamento que luego esta Cámara no la refrende y, por tanto, ponga en cuestión incluso la mayoría de aquellos que tienen la interlocución legítima para poder llegar a acuerdos con el Gobierno en materia de los intereses
que representan.


Señorías, todas las posiciones políticas son legítimas, pueden ser lógicas y cada formación aspira a defenderlas en esta Cámara, pero también es una verdad absoluta que la gente quiere respuestas y que necesita que las respuestas sean
claras, sean urgentes, porque esta situación que vivimos es inédita, es extraordinaria y, por tanto, requiere del concurso de todos. Por eso, señorías, es aquí y es ahora. Cuando pase este debate, cuando pase esta votación, no podemos volver a ver
lo que hemos visto en meses previos, cuando el Gobierno intenta dar una solución a un problema que hace diez años nadie se atreve a acometer; porque ningún Gobierno se ha atrevido a buscar soluciones, por mucho que fueran soluciones complejas a
problemas complejos. Una vez que eso ocurre y sus señorías, cada una en su capacidad y cada una en su competencia, adoptan su propia definición de cómo tienen que votar o cómo tienen que comportarse, lo no puede ocurrir -y lo que, insisto, algunas
veces vemos- es que haya una tanda de reproches o de petición de respuestas a la Administración, al Gobierno que ha venido aquí con una propuesta y que no ha encontrado ninguna otra que respete los límites constitucionales por parte de

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ningún grupo político. Sin embargo, por la expresión que muchas de sus señorías o muchos de sus portavoces han trasladado, hay bastantes probabilidades de que el decreto-ley no resulte convalidado. Lo digo, señorías, porque, por supuesto,
nuestra obligación es encontrar puntos de encuentro, ser capaces de buscar aquello que nos une, pero esta no es una legislatura normal, este no es un contexto económico normal y no estamos ante una realidad social normal. Esto nos podrá gustar más
o menos, pero vivimos en esta nueva normalidad, con problemas inéditos que requieren soluciones extraordinarias y que requieren también compromisos políticos extraordinarios. El objetivo de este real decreto-ley que hoy sometemos a su convalidación
es ofrecer a las entidades locales una solución urgente, extraordinaria, para sus necesidades de tesorería y para sus dificultades de liquidez; una solución que permita hacer uso de unos recursos económicos que ahora son necesarios -ahora, no
dentro de un año, no cuando pase no se sabe qué periodo- para reforzar esta red de servicios sociales, la movilidad urbana o la economía de cuidados para aquellos colectivos que más nos necesitan y que son más vulnerables.


Señorías, el Gobierno, con las limitaciones de todo orden que ustedes también conocen -económicas, legislativas, de urgencia-, busca, porque es su obligación, una solución para cada problema. No esconde la cabeza debajo de la mesa como un
avestruz. La solución que este Gobierno ha puesto encima de la mesa es la única que consideramos viable técnicamente, legalmente, dadas las limitaciones normativas que se derivan de la Ley de estabilidad y de la propia Constitución. El lunes
pasado, señorías, sustentamos un debate en la Comisión de Hacienda de este Congreso que nos permitió abordar con profundidad dónde se encuentra la dificultad, cuáles son los caminos posibles y por qué este Ejecutivo ha escogido el camino que le ha
parecido más beneficioso para las entidades locales. Lógicamente, sus señorías pueden intentar mejorar la propuesta que trae el Gobierno, y es por eso que hemos ofrecido nuestro apoyo para tramitar este proyecto como proyecto de ley, para poder
incorporar las cuestiones que los grupos parlamentarios consideren oportunas.


Antes de entrar en el fondo de esta cuestión, señorías, me gustaría trasladar mi pleno reconocimiento a la labor y al trabajo realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias para alcanzar un acuerdo de este calado. Quiero
decirles a sus señorías que han sido dos meses de intenso debate con la Federación Española de Municipios y Provincias -han sido ustedes testigos, porque los medios de comunicación han ido transparentando el avance de las conversaciones conforme se
sucedían- y que creo, de alguna forma, hemos dado una respuesta satisfactoria a las aspiraciones históricas que planteaba el municipalismo, entre ellas, el compromiso de afrontar las reforma de la financiación local y algunas otras cuestiones de
enorme interés. Por eso, señorías, me siento en la obligación de hacer una referencia a la legitimidad de estas instituciones, porque bien saben que por parte de algunos grupos se ha puesto en tela de juicio el trabajo que ha realizado la FEMP como
interlocutora en representación de los ayuntamientos. Además, quiero decirles que se ha pretendido establecer plataformas paralelas a la propia FEMP. Creo que todos compartimos que es imprescindible respetar la democracia de nuestros ayuntamientos
y, por tanto, la representación que la FEMP, hoy por hoy, alberga dentro de su pleno y de su estructura directiva. Por eso, señorías, en todas nuestras instituciones -en este Congreso, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas-, cuando se
elige o se revocan el mandato del presidente del Gobierno, del pleno municipal, en definitiva, de cualquier entorno institucional, se respeta el juego democrático. Nadie le pregunta a otra institución cómo y de qué manera ha obtenido la mayoría
para poder alcanzar un acuerdo, sin embargo, señorías, en este caso se ha llegado a cuestionar la legitimidad de la interlocución de la FEMP y la del acuerdo alcanzado por ella para refrendar con el Gobierno este real decreto-ley que traemos hoy a
convalidación. La mayoría de la FEMP, su representación política, no es fruto del capricho, no es fruto del azar, es fruto de la democracia. Los vecinos y vecinas eligen a sus alcaldes y alcaldesas y, a su vez, estos eligen la representación de la
FEMP. Negar la democracia de las mayorías de la FEMP es negar la democracia de los ayuntamientos, es negar la democracia del conjunto de los ciudadanos. (Aplausos). Por eso, nunca podemos poner en duda la legitimidad que nace de esa soberanía de
los españoles y de las españolas a la hora de elegir a sus representantes o a la hora de elegir sus instituciones. Sé, señorías, que cuando hablamos de los recursos de ayuntamientos o entidades locales el viento sopla fuerte; pero fuertes son
también las necesidades que tienen estas administraciones.


Señorías, como les digo, no podemos disfrazar la minoría de mayoría, ese no es un buen camino. Por tanto, pido que reflexionemos a propósito de muchos de los comentarios que se trasladan en los medios de comunicación, porque la profundidad
de lo que llevan detrás algunas veces hace que tengamos que estar prevenidos y alerta para que nadie cuestione la propia legitimidad de las instituciones democráticas. Por tanto, desde aquí expreso mi reconocimiento a la Federación Española de
Municipios y Provincias,

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mi reconocimiento también al trabajo realizado. Quiero trasladarles que este real decreto-ley ha sido ampliamente discutido, ampliamente consensuado con la Federación Española de Municipios y Provincias y, por tanto, ha formado parte de un
acuerdo que el propio presidente del Gobierno y el presidente de la FEMP suscribieron para hacer posible que en el día de hoy tuviéramos esta discusión.


Voy, señorías, en esta parte de mi intervención, una vez que el contexto sobre el que se sitúa este decreto-ley queda dibujado, a trasladarles cuáles son los elementos que, a mi criterio, componen la parte interesante, importante de este
decreto-ley para que los ayuntamientos cuenten con mayores recursos y mejores herramientas. Vayamos a estos hechos.


El primero de los hechos que contempla este decreto-ley es la mejora de los recursos de todas y cada una de las entidades locales, de las que tienen cuentas saneadas, señorías, y de las que no las tienen -grandes ciudades se benefician y
pequeños municipios también se benefician-, y lo hace siendo plenamente respetuoso con estas entidades locales, con las que disponen de remanentes de tesorería y que, con las actuales limitaciones legales, no pueden hacer uso de los mismos, pero
también con aquellas que no cuentan con estos recursos, pero que se pueden beneficiar de este real decreto-ley y pueden acogerse a diferentes medidas de auxilio financiero. Así lo dice el texto claramente en su exposición. Hay algunas medidas que
cuentan con el consenso de la mayoría de los grupos de esta Cámara y que, de alguna forma, responden a reivindicaciones lógicas durante esta pandemia. La regla de gasto, la utilización del superávit, la posibilidad de prorrogar las inversiones
financieramente sostenibles o el hecho de poder actualizar las entregas a cuenta de las propias administraciones locales son elementos que todos los grupos políticos -al menos por lo que yo he escuchado- compartimos y tuvimos a bien expresar en la
Comisión de Hacienda el pasado lunes a consecuencia de la discusión de este decreto-ley. Hay otras cuestiones que, como sus señorías saben, no son compartidas por el resto de grupos, a pesar de que es un mecanismo voluntario, al que las entidades
locales, cuando les interese, se pueden suscribir. El decreto-ley es respetuoso con aquellas entidades que no estén interesadas, y no tienen que suscribirse a él; me refiero a los remanentes y al fondo para el conjunto de los ayuntamientos. Por
tanto, se trata de un mecanismo absolutamente voluntario y no tiene ningún sentido, señorías, que aquí, en el Congreso de los Diputados, tomemos la decisión por los alcaldes. Dejemos que los propios municipios discutan si les interesa o no les
interesa beneficiarse de todas las medidas que se plantean en el decreto-ley, y respecto a aquellas que no les benefician, confío plenamente en los alcaldes y alcaldesas para que tomen la decisión en su marco competencial y decidan incorporar o no
esos remanentes o decidan hacer uso de la segunda parte de este decreto-ley o no hacerlo.


El segundo hecho, señorías, es que este decreto es absolutamente inclusivo con todas las propuestas que salieron de la Comisión para la reconstrucción que se constituyó en este Congreso de los Diputados y que se dirigían a mejorar la
situación de los ayuntamientos. Todas y cada una de las cuestiones que sugirieron sus señorías están incorporadas dentro de este decreto-ley. Por tanto, cumple con el mandato de este Congreso y va más a allá, incorporando elementos adicionales
para el uso de los remanentes de tesorería, que, como saben, es un problema que viene de muy lejos. De hecho, señorías, el artículo 135.2 de la Constitución impide a las entidades locales incurrir en déficit. La Ley orgánica de estabilidad
financiera también concreta y detalla la imposibilidad de incurrir en déficit; una ley, por cierto, aprobada por la mayoría del Partido Popular, a pesar de que estos días muchos de sus miembros no comparten -parece ser- la Ley de estabilidad o
simplemente la niegan o incluso declaran que no se va a respetar o que no se quiere respetar esta ley o la propia Constitución.


Por otra parte, hay un elemento que ha costado trabajo que se abriera camino en el debate público, porque es un tema complejo, que requiere de una información que, probablemente, permita conocer el alcance que tienen estas medidas. Para
quienes no están familiarizados con este debate, les diré que, por normativa contable, cada vez que se genera crédito presupuestario, es decir, cada vez que se ejecutan los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, automáticamente se incurre en
déficit. Esto es algo con lo que muchas de sus señorías y muchos de los grupos parlamentarios han ido familiarizándose durante estos días y es lo que realmente hace complejo este problema, puesto que la propia Constitución es la que limita que los
ayuntamientos puedan entrar en déficit. Por eso, este real decreto-ley da una solución viable, abre un camino para que esos remanentes de tesorería se puedan utilizar; articula medidas que permiten que eso se haga, al igual que incorpora una serie
de cuestiones en relación con la regla de gasto o con las inversiones financieramente sostenibles que les permiten disponer de mayores recursos y, además, crea un fondo para el transporte, dotado con 400 millones de euros, que va a ser distribuido a
todos los ayuntamientos que hayan tenido una caída de ingresos, con motivo de la falta de viajeros en el transporte municipal, que ha provocado un quebranto en las arcas públicas con relación a esa cuestión.

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Otro hecho importante, señorías, a tener en cuenta es que los ayuntamientos a día de hoy pagan 70 millones de euros por tener el dinero en el banco, es decir, los remanentes de tesorería no solamente no están rindiendo positivamente para los
ayuntamientos, sino que el tipo de interés negativo que en este momento tiene el dinero hace que haya que pagar por esos depósitos que se encuentran en el banco, ese dinero inmovilizado y que supone un coste añadido para estos ayuntamientos. No
tiene ningún sentido que esa situación se perpetúe a lo largo del tiempo.


Y un cuarto hecho del que quiero que quede constancia es que el Gobierno no necesita en ningún caso el dinero de los ayuntamientos. (Rumores.-Aplausos). No entiendo la risa de las señorías de la bancada del Grupo Popular, debe ser que no
están atentas a los mercados financieros, debe ser que no les interesa en absoluto cuál es en este momento la capacidad de España de colocar su deuda y cuál es la capacidad de España de endeudarse en los mercados. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Parece que ustedes no leen que en este momento las subastas de deuda se culminan inmediatamente, que estamos trabajando con los mercados financieros a un tipo de interés negativo. Por
mucho que les moleste a sus señorías, este país es solvente y este país es atractivo para los inversores. (Aplausos). Alguna señoría dice que no con el dedo. Señorías, estudien, lean y conozcan los indicadores económicos, porque están ustedes
fuera de la realidad si dicen aquí, en este Congreso, que en este momento el Tesoro no se está financiando en los mercados o se está financiando a un tipo de interés que no es el que yo acabo de decir en esa tribuna. Rebátanmelo en su intervención.
(Aplausos). Por tanto, entenderán ustedes que, con el tipo de interés negativo con el que este Gobierno está financiando la deuda, no necesitamos el dinero de los ayuntamientos. Es más, entenderán ustedes que, para este Ejecutivo, tener que firmar
9000 préstamos tiene una carga administrativa sobreañadida al trabajo que ya realizamos. Lo que estamos intentando hacer es dar la solución a esos remanentes de tesorería que acabo de comentar, además, señorías -voy a insistirlo hasta la saciedad-,
con un mecanismo voluntario. Algunos no entienden qué significa la palabra voluntario. Muchas veces miembros de algunos grupos políticos que critican las medidas -por ejemplo, el Partido Popular, como hemos escuchado estos días- pretenden imponer
lo que entienden y no dan oportunidad a que otras administraciones tomen sus decisiones según sus análisis y sus propias conclusiones y dentro de sus competencias. El Partido Popular quiere tomar la decisión por todos los ayuntamientos y hurtarles
esa capacidad de poder, voluntariamente, poner a disposición esos remanentes para que puedan ser utilizados de forma consecutiva y, por tanto, no permanezcan eternamente en los depósitos bancarios. Es un mecanismo, señorías, que también permite que
los ciudadanos se puedan beneficiar de muchas cuestiones en las que los ayuntamientos hoy por hoy tienen que jugar un papel protagonista y fundamental. Es importante que seamos capaces de retomar muchas de las inversiones que los ayuntamientos han
tenido que dejar aparcadas durante esta pandemia hasta que el momento económico fuera mejor, inversiones en relación con la agenda urbana, con la atención a las personas más vulnerables, con la atención domiciliaria, con la cultura o con cualquiera
de los otros elementos que han sufrido un varapalo durante estos meses de la pandemia.


Por eso, señorías, aquellos que hablan de hurto, de confiscación, de atraco y utilizan todas esas palabras gruesas -algunas veces me pregunto si es que las utilizan para otros fines con el objeto de que no se apliquen para lo que realmente
tienen que ser utilizadas, y creo que sus señorías me comprenden perfectamente (aplausos)- las vulgarizan, y cuando están hablando de este mecanismo voluntario novedoso, lo único que persiguen, como siempre, es el desgaste por el desgaste, hacer
inutilidad de la política y no tener la capacidad de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Por tanto, señorías, somos conscientes de que no se puede contar con aquellos que obstaculizan permanentemente el desarrollo de nuestra tarea como
Ejecutivo. Poner los remanentes a disposición de los ayuntamientos para poder ejercer sus competencias, que cuenten con una financiación adecuada y suficiente es un intento de ayuda por parte de este Ejecutivo, un intento de solucionar este
problema, de dar respuesta a las preguntas relacionadas con el uso de los fondos correspondientes.


Señorías, los que creemos que los ayuntamientos son una parte fundamental de nuestra sociedad, los que creemos que son los que atienden de primera mano las necesidades de los ciudadanos tienen que participar de una manera más protagonista en
este momento en la reconstrucción. Es una convicción, señorías, de este Ejecutivo, como se demuestra con el hecho de que durante los últimos decretos-leyes se hayan incorporado algunas relajaciones de las restricciones financieras de los
ayuntamientos, que,

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como ustedes conocen, se ha hecho para que puedan invertir en gasto social, para que puedan hacer inversiones que no computen en la regla de gasto o para que puedan destinar una parte de su remanente a colaborar en la puesta en marcha del
ingreso mínimo vital, que, como saben, se recogió en el propio decreto-ley que reguló esta prestación. Aquellos que somos municipalistas, señorías, seguiremos trabajando para buscar soluciones, para intentar apoyar a los alcaldes y alcaldesas de
este país, a quienes quiero mandar un mensaje de aliento y de reconocimiento por el trabajo que realizan cada día, todos los días, a pie de obra con todos los ciudadanos. Insisto en que seguiremos trabajando para incrementar ese margen de actuación
que los ayuntamientos tienen.


Una vez que el decreto-ley ha tomado cuerpo -el lunes pasado lo discutimos en la Comisión de Hacienda del Congreso-, el Grupo Parlamentario Socialista ha hablado -yo diría que hasta la extenuación- con todos los grupos políticos presentes en
la Cámara y también lo ha hecho el Ministerio de Hacienda, por supuesto, acompañando al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo de Unidas Podemos, para trasladar a sus señorías la propuesta de que este decreto-ley se tramite como proyecto de ley.
Se ha puesto a disposición de los grupos políticos y de los diputados que componen nuestra bancada y la de Unidas Podemos con el objeto de poder tramitar este decreto-ley como proyecto de ley y encontrar una fórmula para el tema de fondo, los
remanentes, que es donde están las dificultades, que se ajuste más a las expectativas y a las necesidades de sus señorías. El Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto que el fondo de los 5000 millones, en vez de repartirse entre aquellos
ayuntamientos que ponen a disposición los remanentes, se reparta hasta un 60 % por población y un 40 % en función, tal como determina el decreto-ley, de la puesta a disposición de los remanentes. Dicho de otra manera, señorías, estamos ofreciendo
que los 5000 millones se repartan en su mayor parte, simple y llanamente, por el criterio de población. Eso hace que llegue a todos y cada uno de los ayuntamientos, los que tienen y los que no tienen remanentes, para que los ciudadanos se puedan
beneficiar de un volumen de recursos muy importante. Insisto, 3000 millones de euros repartidos atendiendo exclusivamente al criterio de población y el mantenimiento del 40 % para el reparto del remanente. Es una propuesta que hemos mantenido
hasta ayer mismo por la noche con el objeto de que la parte que entre todos hemos consensuado pueda entrar en vigor con la convalidación del decreto-ley.


Pero, señorías, como ustedes bien conocen, la respuesta que hemos recibido ha sido negativa, por lo que la pregunta es: ¿Qué piensan los grupos políticos que, en el marco constitucional, en el marco de la ley, tendría que hacerse para poder
solucionar el problema de los remanentes? Todas las cuestiones que escucho no solucionan el tema de los remanentes. Mejoran la financiación, pero siguen dejando el dinero de las entidades locales sin poder ser utilizado. Señorías, creo que hemos
dado muestras desde el Gobierno y desde el Grupo Parlamentario Socialista de querer establecer una negociación -y miro al secretario y a la coordinadora de mi grupo- hasta la saciedad. No habrá sido porque no hayamos contactado con todos y cada uno
de ustedes para transmitir que la propuesta de reparto de ese fondo de 5000 millones con un 60 % capitativo de población y un 40 % de los remanentes podría albergar mucho más consenso que las manifestaciones que habían expresado los grupos
parlamentarios. En cualquier caso, la respuesta que recibimos, a expensas de lo que pase posteriormente en la votación, no ha sido definitiva, por lo que vuelvo a llamarles a la reflexión y a insistirles y a pedirles en nombre de los ayuntamientos
que convalidemos este decreto-ley y que permitan que entren en vigor cuestiones muy importantes que no me cansaré de repetir. (Rumores.-Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Por ejemplo, señorías, permite que nuestras diputaciones provinciales puedan prestar asistencia económica a ayuntamientos que están en riesgo financiero formalizando préstamos o concertando
operaciones de crédito. También permite que con cargo al superávit de 2019 se puedan realizar transferencias corrientes con carácter finalista por parte de las diputaciones, un hecho que nunca se había producido previamente en nuestro país.
Igualmente, existe el compromiso de estudiar las condiciones de los préstamos del Fondo de Financiación de Entidades Locales. En definitiva, permite prestar atención a aquellos ayuntamientos que están en quiebra o que están en riesgo de situación
financiera complicada y, por tanto, posibilitar la financiación de sus deudas con acreedores públicos, compensando incluso las deudas que tienen actualmente con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria, que son extraordinariamente
importantes, para que puedan desarrollar con normalidad sus actuaciones.

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Como decía, señorías, comprende todo un conjunto de medidas que se despliegan en todos los ayuntamientos. Quiero decirles también que, afortunadamente, solo el 3 % de los municipios se encuentran en una situación en que no disponen de
remanentes de tesorería o tienen unas cuentas que realmente requieren de auxilio financiero. Además, señorías, en el texto normativo, como ustedes bien recuerdan, se actualizan las entregas a cuenta de las entidades locales. Esto supone en torno a
650 millones de euros que los ayuntamientos recibirían -es decir, actualización de la PIE- para que su financiación ocurra como si la pandemia sanitaria no hubiera tenido lugar. Igual que hicimos con las comunidades autónomas, hemos actualizado la
financiación de las entidades territoriales como si el PIB hubiera crecido un 1,6 % y no como si hubiera caído en torno a un 10 %, es decir, en unas condiciones claramente satisfactorias. Se establece una mesa de trabajo con la FEMP para sentar las
bases de la futura reforma de la financiación local, que es el nudo gordiano de la gestión municipal. Por tanto, avanzamos en una reivindicación histórica del municipalismo. Concretamos las condiciones del Fondo de Recuperación que se aprobó
también en el seno de la Unión Europea, de manera que planteamos la participación de los ayuntamientos en la gestión de los fondos europeos. Tienen una tarea importante que desarrollar y los ayuntamientos también están llamados a jugar un papel
protagonista en la gestión de los fondos europeos. En definitiva, señorías, supone toda una serie de ventajas que para nada justifican que este decreto-ley pudiera no convalidarse en el día de hoy.


He estudiado a fondo durante estos días las objeciones de todos los grupos parlamentarios y no he escuchado ningún tipo de medida alternativa que respete el límite constitucional por parte de sus señorías. Todas las medidas son beneficiosas
para los ayuntamientos y en el trámite que hemos ofrecido de proyecto de ley podremos ajustar y articular algunas que sus señorías consideren que no son exactamente las que necesitan en estos momentos las entidades locales. Soy plenamente
consciente de que es difícil, es complejo darle un recorrido a la solución de los remanentes que se encuentran en inmovilizado también por mandato constitucional. Es un tema realmente complicado y entiendo que a sus señorías les haya suscitado
algún tipo de duda. Pero, si no convalidamos este decreto-ley, señorías, ¿cuál es la alternativa que proponen? ¿Cuál es la solución que podemos plantear a las entidades locales?


Hemos escuchado las posiciones de los distintos grupos, hemos dialogado, hemos puesto encima de la mesa esta nueva propuesta que acabo de comentarles y que sus señorías conocen porque en el día de ayer tuvimos ocasión de poder discutirla.
Si tampoco esa propuesta se puede abrir camino, señorías, entonces realmente no vamos a tener capacidad de dar una respuesta, una solución a la reclamación de nuestras entidades locales. Por eso, vuelvo a trasladarles que no jueguen al tacticismo
político, que no piensen que habrá una segunda oportunidad. Estamos en mitad de una pandemia, esta Cámara y sus representantes se tienen que hacer cargo del estado de ánimo de los españoles y de las españolas. Tenemos que ser capaces de dar una
respuesta sincera y honesta a los problemas que hoy por hoy hay. Por tanto, señorías, probablemente cualquiera de nosotros podríamos diseñar -si no tuviéramos los límites legales- una solución más sencilla o más óptima, pero creo que es de justicia
reconocer que, dado el encorsetamiento legal, estamos buscando soluciones a problemas que no han tenido durante esta década -desde que hay remanente de los ayuntamientos- ningún tipo de oportunidad de ponerse en valor.


El Gobierno ha hecho su trabajo. Ha puesto una propuesta encima de la mesa y nos gustaría, señorías, que se pudiera tramitar para que su discusión en la parte de fondos y en la parte de remanente pudiera contar con un mayor consenso por
parte de todos los grupos.


Termino diciendo, señorías, que no podemos utilizar a los ayuntamientos como ariete en la dialéctica permanente de enfrentamiento, de confrontación que tiene parte de la oposición con este Gobierno. Yo diría: Con los ayuntamientos, por
favor, no. Dejemos que las entidades locales puedan trabajar y desarrollar sus tareas, y no las utilicemos como en otros debates que en ocasiones tenemos donde el único objetivo es el desgaste, la confrontación y el enfrentamiento, sin ninguna otra
consideración. En esta Cámara hemos tenido ejemplos de cómo, cuando se intenta solucionar un problema que afecta a las comunidades autónomas y no se hace, posteriormente el problema no tiene solución. Esta cuestión, señorías, es importante que la
piensen porque luego nos lamentamos, una vez que se rechazan las propuestas que mejoran la situación de las administraciones territoriales -insisto, el ejemplo lo tenemos en el IVA-, luego los grupos de la oposición se lanzan a buscar reproches o a
intentar que el Gobierno de España busque alternativas, cuando ya las ha puesto encima de la mesa. Por eso insisto en que piensen bien el sentido de su voto porque la no convalidación del decreto-ley supone un grave contratiempo para los
ayuntamientos, que tendrían las reglas fiscales en plena vigencia y que no podrían, insisto, utilizar recursos

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adicionales para defender los intereses de sus ciudadanos. Por eso decía, señorías, que confío en la capacidad de reflexión de todos los grupos políticos.


También les digo que este decreto-ley contiene medidas añadidas que no tienen que ver ya con las competencias del departamento de Hacienda y cuya votación también va implícita en esta convalidación. Entre ellos, la prórroga, hasta el 31 de
octubre, del tipo 0 % del IVA en las entregas del material sanitario para combatir la COVID-19, es decir, que los centros públicos no tengan un gasto añadido por el IVA de las mascarillas o por el IVA de productos sanitarios que estaban sujetos a
ese tipo del IVA. Lo que se hace es prolongar esta medida, pero decaerá si el decreto-ley no resulta convalidado. Igualmente decaería la prórroga de considerar como contingencia profesional derivada de accidentes de trabajo las enfermedades
padecidas por sanitarios durante la COVID-19 hasta que las autoridades decreten el levantamiento de las medidas de prevención. Igualmente decaería la formalización de convenios del INSS con las consejerías de Salud o con el Ingesa para
excepcionarlo de la ejecución del gasto en el propio ejercicio en el que se adquiere el compromiso de gasto. También cae el régimen fiscal de aplicación a la final de mujeres de la UEFA Champions League de 2020, que se celebra en Bilbao en agosto
de 2020, y que va inmerso en este decreto-ley, las modificaciones del Plan Renove, el reparto de dividendos en el Fondo de apoyo a las empresas estratégicas, las exenciones en el impuesto sobre actos jurídicos documentados y, como ustedes verán, una
serie de compromisos que este Gobierno adquirió con los grupos parlamentarios para la tramitación de diferentes decretos-leyes y que hoy se cumplían trayéndolos para su convalidación en este real decreto-ley. Por tanto, señorías, son medidas que
tampoco van a poder ver la luz, porque, insisto, si al final no se tramita como proyecto de ley, no tendremos capacidad ni ocasión de hacerlo.


Por eso, insisto -sé que soy insistente, pero lo seguiré haciendo- (rumores), vuelvo a reivindicárselo, señorías, no sean ajenos a las cuestiones que plantean las corporaciones locales, atendamos las reivindicaciones de los ayuntamientos.
Hay una parte de ellas que no comparten, lo sabemos, lo conocemos. Hemos ofertado que esa parte que no comparte la mayoría de los grupos se discuta, se pueda ver, se le pueda dar una formalidad, se le pueda dar una formulación distinta de la que
traía el Gobierno. Insisto, la última propuesta que ha hecho este Ejecutivo, que han hecho el Grupo Socialista y Unidas Podemos, es la posibilidad de repartir los 5000 millones con un 60 % para población y un 40 % para aquellos ayuntamientos que
disponen de remanentes. Creo que es una propuesta bastante sensata, señorías. Si no la comparten, ya sin el Grupo Socialista o el Grupo de Unidas Podemos, articulen ustedes como grupos parlamentarios esos fondos y esos remanentes. Insisto, no
cuenten con el Grupo Socialista y con Unidas Podemos, háganlo como entiendan que mejor responden a las expectativas de los ciudadanos o a las expectativas de los ayuntamientos, pero no tumben el decreto-ley por el simple hecho de que no compartan
algunas de sus exposiciones o por el simple hecho de intentar, como siempre, esa confrontación y ese frentismo.


No perdamos el tiempo. Ahora es el momento de los ayuntamientos, esta es su oportunidad, ellos son los protagonistas. Facilitemos el ejercicio de sus competencias y hagamos honor a ese compromiso con el municipalismo del que todos los
partidos políticos siempre hacemos gala. Este es el momento, no hay una segunda oportunidad, señorías. Por tanto, ahora tenemos que pronunciarnos a propósito del mismo y ofrecer el diálogo, el consenso que hemos tenido con la FEMP, con todos los
grupos políticos para su tramitación en la confianza de que aquello que entre todos consigamos será el mejor decreto posible para dar respuesta al problema de los ciudadanos. Ellos sí nos esperan.


Gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Hacienda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. En representación de dicho grupo, tiene la palabra el señor González Terol. (Aplausos).


El señor GONZÁLEZ TEROL: Señora ministra, en primer lugar, quiero agradecer el tono de sus palabras, que es bastante diferente al que nos tiene acostumbrados en la Comisión, en la Diputación y en esta Cámara, probablemente sea por lo que le
viene encima. ¿Cómo puede decir en esta Cámara que tienen ustedes liquidez de sobra? ¿Por qué no pagan los ERTE, señora ministra? ¿Por qué solo pueden alcanzar el 1 % de los solicitantes del ingreso mínimo vital? Dentro de poco ustedes van a
tener incluso que dejar de pagar las nóminas. ¿Cómo vamos a creer la palabra de un Gobierno que nos ha hablado aquí de informes falsos? ¿Cómo vamos a hablar aquí de la palabra de un Gobierno que oculta el número

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de fallecidos por el COVID-19? ¿Cómo vamos a creer la voluntad de consenso y de diálogo de un Gobierno que falta continuamente a la verdad, incluso con el comité de desescalada?


Señora ministra, no voy a hablar de su propuesta de hoy, la que ha leído aquí in voce. Voy a hablar del real decreto que han traído ustedes a esta Cámara, que está en vigor y que pretende ser la crónica de un robo anunciado, porque el 20 de
mayo, en este hemiciclo, usted dijo cosas como que el dinero de las corporaciones es de todos y, lo más importante, dijo que cada uno debe aportar sus recursos, y no en un sentido patrimonialista. Como, según usted, el dinero de las corporaciones
locales es de todos y ha reiterado que su Gobierno no necesita liquidez urgente -que sí la necesita-, ha perpetrado este real decreto.


Señora ministra, usted lleva semanas, incluso años, faltando a la verdad; hoy, otra vez. Dice que el Gobierno no necesita el dinero de los ayuntamientos, pero lo necesita, y con extrema urgencia, para cubrir el grave desequilibrio de las
cuentas públicas que ha generado su nefasta y negligente gestión de la pandemia. El déficit público en 2020 superará los 123000 millones de euros, según el Banco de España, y en 2021 rondará los 82000 millones de euros. El maná europeo, señora
ministra, al que ustedes fían toda la recuperación, no llegará hasta bien entrado 2021, y ese año solo recibiremos 25000 millones de euros. Esto serviría, si no fuesen transferencias finalistas, señora ministra, para cubrir solo un tercio del
desfase fiscal de 2021. ¿Cómo pretenden solucionar estos gravísimos desequilibrios fiscales que dejan en simple escalón a la fosa de las Marianas? Ya lo han avanzado: subiendo impuestos, acudiendo a un nuevo rescate, acudiendo al SURE para pagar
los 21000 millones de los ERTE, y -ya respondo también yo- apropiándose de los ahorros de los ayuntamientos a través de este real decreto. El hijo pretende ayudar al padre, pero, en este caso, es el padre el que les quita la hucha de sus ahorros a
sus hijos. (Aplausos).


Señoría, reducir el gasto superfluo es una opción que el Gobierno más caro de la democracia ni se plantea. Y esto ocurre después de constatar, señora ministra, que el Gobierno de España no ha dado ni un solo euro de dinero público nuevo a
las entidades locales, ni durante los peores momentos de la pandemia ni ahora con los rebrotes. Y, encima, ahora perpetran ustedes este real decreto. Es un decreto aprobado con agosticidad y alevosía, que supone la confiscación, bajo coacción, de
los ahorros municipales y que, amparándose en algo de lo que usted ha hablado hoy, en una ficticia voluntariedad, impone un corralito a los ahorros públicos del conjunto de los ayuntamientos.


Este real decreto regula, señora ministra, por mucho que usted quiera hoy ocultarlo aquí, la entrega de la totalidad de los ahorros de los ayuntamientos, 15000 millones de euros, por un periodo nada desdeñable de quince años, para cumplir
solo con una cosa, con su agenda política. A cambio, ustedes crean, presuntamente, un fondo de 5000 millones de euros, o no, porque ustedes repiten una y otra vez que son 5000 millones de euros, pero en realidad es un tercio de la cantidad de
dinero que entreguen voluntariamente los ayuntamientos. Por cierto, ¿el alcalde socialista de Vigo, el de Toledo u otros ayuntamientos socialistas han entregado ya sus ahorros al ministerio? Porque la fecha límite para hacerlo, señora ministra,
era el 15 de septiembre. Estoy seguro de que aquellos que aplauden de manera entusiasta lo habrán hecho ya, aunque me permitirá usted dudar de lo mismo. Y, encima, estos ahorros se repartirán solo entre aquellas entidades locales que le hayan
entregado previamente sus ahorros; dicho de otra manera, el ministerio abandona deliberadamente a aquellos ayuntamientos que tengan una posición financiera complicada, que no tengan remanentes de tesorería positivos, en lugar de dedicar todos los
recursos a ayudar, precisamente, no a los ayuntamientos que hayan tenido malos gestores, sino a los ciudadanos, que no son culpables de la desidia que ha tenido con ellos. Crean ustedes ayuntamientos de primera y ayuntamiento de segunda; y lo que
es peor, crean ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Además, este fondo es finalista. Solo va a poder emplearse en las medidas que dicta el real decreto: la emergencia climática; la movilidad urbana sostenible; las políticas de género,
y la programación cultural.


Señora ministra, ¿qué problema hay en defender lo que usted ha dicho hoy aquí que defiende, la autonomía local? ¿De verdad cree que un alcalde no sabe lo que de verdad necesitan sus ciudadanos? ¿De verdad cree que a un alcalde hay que
pastorearle y decirle en qué tiene que invertir sus ahorros? Señora ministra, estoy seguro de que es importante construir carriles bici, ¿pero cree usted que en esta situación económica es urgente? ¿Sabe usted, señora ministra, que, en España, de
los 8131 ayuntamientos, 5000 de ellos tienen menos de 1000 habitantes? ¿Sabe usted que abandona, con este real decreto, a la España rural? ¿Sabe usted que no es una prioridad para un pequeño ayuntamiento comprar vehículos

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eléctricos o poner paneles solares en la puerta del ayuntamiento? ¿Le va a decir eso, de verdad, a un alcalde de un municipio de siete habitantes, de setenta, de cien o de quinientos?


Señora ministra, las prioridades de los ayuntamientos son muy distintas: el fomento del empleo; el apoyo a los autónomos y las empresas; el apoyo a las familias en este difícil comienzo del curso escolar; la ayuda y el apoyo a la
limpieza extraordinaria, a la que la normativa estatal les está obligando a los ayuntamientos, de colegios, de centros culturales, o la seguridad para poder controlar los accesos o los aforos. Alcaldes, como el de Zaragoza, quieren que sus
empresarios levanten las persianas todos los días. Alcaldes, como el de Alicante, quieren poder contratar enfermeras en los colegios para que puedan atender los posibles rebrotes. Alcaldes, como el de Estepona, y vicepresidente de la FEMP, quieren
ayudar a potenciar el turismo que ustedes han ayudado a dejar caer. ¿Y sabe qué? Que este real decreto no permite apoyar ninguna de las medidas que necesitan estos alcaldes. Y, luego, presume aquí del Fondo de transporte. Pero ¿cómo puede
presumir de un fondo de transporte de 400 millones de euros, que el real decreto dice que es de 275 millones de euros, ampliable -bajo su palabra, que no vale nada en esta Cámara- a 400 millones de euros? Señora ministra, la FEMP le pidió, por
unanimidad, 1725 millones de euros; por cierto, con un apoyo entusiasta de los doce alcaldes del Partido Socialista que están en esa junta de gobierno.


Esto es un chantaje inaceptable, señora ministra. Usted ha dicho que hoy no hay una segunda oportunidad; o sea, que da a elegir usted a los alcaldes entre el fuego o la sartén. Si queremos que se anule la regla del gasto en 2020, si
queremos que se anule en 2021, si queremos ver prorrogado el plazo de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles o queremos un fondo de transportes, tenemos que aceptar el trágala y apoyar hoy este real decreto que establece un sistema
perverso y discriminatorio que afecta a la inmensa mayoría de las entidades locales. Señora Montero, resumiendo, por mucho que usted lo diga, este es un mal acuerdo para las entidades locales y una pésima noticia para el conjunto de los vecinos que
viven en ellos.


¿Y sabe por qué ha errado tanto en el texto del real decreto? Porque en este Gobierno sobra soberbia y falta voluntad de diálogo y de consenso. (Aplausos). Porque no cuenta con el aval de la FEMP. La FEMP siempre ha trabajado y ha
enviado sus documentos aprobados por unanimidad. Usted forzó dinamitar la unanimidad del municipalismo; doce alcaldes socialistas votaron a favor de este real decreto y doce alcaldes del PDeCAT, Ciudadanos y el Partido Popular votaron en contra
directamente de este real decreto. Y usted forzó el voto de calidad del presidente socialista de la FEMP, Abel Caballero, que traicionó al municipalismo y lo dinamitó. (Aplausos). Ustedes hicieron que el Partido Socialista del Gobierno pactase
con el Partido Socialista de la FEMP. Nada más. No hay legitimidad en esa medida. Se exigía la unanimidad. Ha errado al faltarle, precisamente, la sensibilidad que muchas de las señorías aquí presentes tienen al haber sido concejales y alcaldes
de pueblos, al haber estado en la primera línea de batalla y saber que los ahorros públicos de los ciudadanos, señora ministra, en los ayuntamientos no se tocan. Y ha errado, señora ministra, porque ha ignorado, reiteradamente, las peticiones de
diálogo de las distintas fuerzas políticas, de la FEMP y los alcaldes.


Dice usted que se han creado foros paralelos. ¿Cree usted que es un foro paralelo e insustancial que siete de los diez alcaldes más importantes de España, de ocho formaciones políticas, le mandasen una carta el 7 de agosto, que usted ni
contestó? ¿O que en su comparecencia del 31 de agosto le tendiésemos la mano los distintos grupos políticos y usted no haya levantado el teléfono para hablar con un partido que tiene 2860 alcaldes, frente a los 2600 que tiene el Partido Socialista?
(Aplausos). ¿De verdad cree que puede ignorar al principal partido de la oposición en esta negociación?


Por último, el 1 de septiembre, treinta y un alcaldes de catorce formaciones políticas gritaron alto y claro que no querían este real decreto. Ustedes han puesto de acuerdo a formaciones políticas que no coincidimos en casi nada en algo, en
el profundo desacuerdo con este real decreto y con este Gobierno. Y usted ha decidido cerrar por vacaciones, como lo ha hecho la ministra de Política Territorial. A este Gobierno le importan tanto que la ministra de Política Territorial no está
presente en el debate más importante sobre financiación local que podría asumir este Parlamento. (Aplausos). ¿Por qué no ha convocado la ministra la Comisión Nacional de Administración Local? La Secretaría de Estado de Hacienda está presente. No
lo han convocado. ¿Por qué el señor Sánchez prometió a la FEMP, el 20 de abril, que se reuniría con ellos cada quince días? ¡Habría tenido diez ocasiones para escuchar a los alcaldes decirle que están en contra de este real decreto! Y ustedes han
decidido ignorarlo. Señora ministra, mientras los únicos perjudicados por este real decreto eran los vecinos, usted se ha mantenido en su no es no a la negociación. Y ahora, cuando usted ve y es consciente de que esto no es un problema del PP con

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el PSOE sino del Gobierno con el conjunto de esta Cámara, solo entonces, cuando el PSOE se queda solo, cuando corren un riesgo cierto de perder este real decreto, tras la movilización del conjunto de las formaciones políticas y del
municipalismo a lo ancho y largo de España, hacen propuestas, que llegan tarde y mal. No podemos aceptar el brindis al sol fruto de la desesperación que usted nos ha ofrecido aquí hoy; no vamos a apoyar que este real decreto se tramite como un
proyecto de ley, fundamentalmente porque si era urgente aprobar todo esto el 4 de agosto por real decreto, ¿ahora usted pide que lo aprobemos como proyecto de ley y que posterguemos su aprobación a cinco, seis meses o un año? Los ayuntamientos,
señora ministra, necesitan ayuda hoy y usted puede resolverlo aprobando un nuevo real decreto el próximo martes en el Consejo de Ministros, que estoy seguro de que si acepta las peticiones de los ayuntamientos será convalidado por el conjunto de
esta Cámara. (Aplausos).


Voy terminando. Señora ministra, ni usted ni el Gobierno han querido escucharnos ni trasladar las propuestas que le han hecho los ayuntamientos a este real decreto, un real decreto que, como ya he dicho, no vamos a apoyar. Si lo
hiciésemos, señora ministra, seríamos cómplices del robo del siglo. No nos pidan que blanqueemos con nuestro apoyo la traición a las entidades locales que supone este real decreto; no nos pidan que traicionemos a los miles de alcaldes y decenas de
miles de concejales que han dado la cara, y ellos sí han salvado miles de vidas en cada ayuntamiento; en cada momento del peor momento de la pandemia han estado al pie del cañón en sus tractores, atendiendo a sus ciudadanos y dando todas las ayudas
que pudieron. Si nos hacen elegir entre blanquear la nefasta gestión de este Gobierno y los ayuntamientos -y los españoles, por supuesto- elegimos a estos valientes héroes que han encabezado la rebelión municipal. Señora ministra, recapaciten,
dejen sus fuegos de artificio, elaboren un nuevo real decreto y den por fin una solución a los miles de ayuntamientos que han estado y están en primera línea de batalla contra el virus.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda.


La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.


Tener que escuchar en esta Cámara del Partido Popular una apuesta por el municipalismo, hablar de que los alcaldes puedan utilizar sus recursos; hablar de que, según ellos, los alcaldes no tienen que tener límites para el gasto en sus
políticas y en sus competencias, señorías, si no fuera algo tan serio sería un auténtico chiste. (Aplausos). ¿Acaso, señor Terol, la Ley de estabilidad no es obra del Partido Popular? (Protestas). Ya empiezan a gritar por otros lados. Claro,
cuando es una pregunta incómoda...


La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, silencio.


La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): ... siempre sale alguna de sus señorías gritando por el fondo de la banda, vaya ser que me distraiga. No me va a distraer, lo vuelvo a preguntar: ¿Acaso no es el Partido Popular el autor
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria? ¿No es el Partido Popular el que durante una década no ha dejado que los ayuntamientos utilizasen sus remanentes? (Aplausos). ¿Es así? (Aplausos.-Protestas). Pero además, señorías -se lo dije a su
compañera en la Comisión de Hacienda, pero hoy usted ha vuelto a repetirlo en la misma dirección-, aquí no somos padres e hijos ni hijos y padres. Aquí, ni el Gobierno ni este grupo parlamentario tiene ni ostenta ningún tipo de paternalismo ni
sobre comunidades autónomas ni sobre ayuntamientos. Todas son administraciones mayores de edad y nos tratamos, señorías, no como padre a hijo, nos tratamos de tú a tú, como se tratan las administraciones públicas. (Aplausos.-Rumores). Lo digo por
eso de la hucha que ustedes han utilizado.


Y, señor Terol, ¿puede usted decir que este Gobierno no ha levantado el teléfono para hablar con el Partido Popular? ¿Usted puede decir que este Gobierno no ha levantado el teléfono? (Asentimiento). Pues miente, miente y usted lo sabe,
porque usted particularmente ha estado en contacto con el Ministerio de Hacienda. (Aplausos). Usted lo sabe, señor Terol, y sabe el Grupo Parlamentario Popular que hemos contactado, señor Casado, ¿verdad? Otra cosa es que... (El señor Casado
Blanco hace gestos negativos). No, con usted no, con su grupo. (Varios señores diputados: ¡Ah!). Otra cosa...


La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.

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La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Disculpen, señorías, ¿pero esta qué expresión es?, ¿cómo que ¡ah!? ¿Es que contactar con cada una...? (Protestas). Se lo voy a explicar. ¿Si no se contacta con el señor Casado y se
contacta con el grupo parlamentario no es una gestión que permita acercar la posición del Grupo Popular? ¿Solo el señor Casado representa en las gestiones la gestión del Grupo Popular? (Rumores). Jamás está el señor Casado en esas gestiones, o
sea ¿cómo que ¡ah!? (Aplausos). Claro que hemos contactado con el Grupo Parlamentario Popular y no ha querido negociar este decreto-ley, igual que contactamos con el Grupo Parlamentario Popular para el fondo para comunidades autónomas.
(Rumores.-Un señor diputado: ¡Ah!). Nosotros hemos contactado -sigue habiendo una persona que debe de ser que se ha abonado al ¡ah!-, pero no han querido negociar este decreto-ley porque ustedes ya tomaron una posición previa y dijeron que no iban
a convalidar el decreto-ley, y ustedes lo saben. ¿Acaso no he estado yo hablando con algún alcalde del Partido Popular que usted ha mencionado en esta tribuna? (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). ¿Cómo que
no hemos hablado? ¿Cómo que ha habido soberbia por parte del Ejecutivo? Hemos hablado y yo particularmente he hablado con el alcalde de Zaragoza en el mes de agosto. Se lo pueden ustedes preguntar a su compañero. He hablado con el alcalde de
Zaragoza. Por tanto, no mintamos en la tribuna, no mintamos. (Rumores). El Gobierno y el Grupo Socialista han hecho lo indecible para intentar llegar a un acuerdo sobre este decreto-ley, y lo hemos hecho hoy aquí en la tribuna y lo hemos hecho
previamente. Y ustedes han recibido la capacidad y la oferta de poder modular el tema del fondo y el tema de los remanentes como se entendiera que era conveniente.


Ustedes, señorías, hablan del déficit, hablan de los ERTE, hablan del ingreso mínimo vital cuando se suben a la tribuna, pero es que ustedes han estado de acuerdo con todas las medidas de gasto que ha hecho este Gobierno, ¿no? Por lo menos
aquí cuando hemos traído todas las medidas de gasto que han supuesto un impacto económico importante para las arcas públicas han votado a favor de estas y han pedido dos huevos duros más, han pedido dos huevos duros más. (Rumores). ¿A qué viene
ahora que hablen ustedes de déficit o hablen de despilfarro o hablen de descontrol de las finanzas públicas?


Lo vuelvo a decir, señorías, el Gobierno de España no necesita el dinero de las entidades locales; lo vuelvo a decir. Se está financiando a un tipo de interés negativo (rumores), por tanto no necesita el préstamo de las entidades locales,
es una fórmula para que puedan utilizar su remanente. No les gustará o pensarán que la fórmula necesita de algún otro tipo de modulación, pero para eso se hace la fórmula. Y, señor Terol, he escuchado nuevamente palabras como robo a su señoría en
esta tribuna cuando el mecanismo es voluntario por parte de los ayuntamientos y es un mecanismo que, en el marco de sus competencias, pueden decidir ponerlo a disposición. ¿Robo, señoría? Insisto, ¿no será que al Partido Popular le interesa que
las palabras robo, hurto o blanqueo estén confundidas en el conjunto de la política para responder o no responder de las cuestiones que nos trae? (Aplausos.-Protestas).


Termino, señorías, insisto... (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben).


Señorías, yo tengo educación... (Protestas).


La señora PRESIDENTA: Les pido silencio, por favor, y que respeten el uso de la palabra. No está permitido interrumpir a quien tiene el uso de la palabra y en estos momentos es la ministra de Hacienda.


La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero): Gracias, señora presidenta.


Decía, señoría, que no quería dejar pasar -y por eso he pedido la palabra- reivindicar el papel de la FEMP, señoría. Aquí se han esgrimido y se trasladan serias acusaciones sobre el funcionamiento de la Federación Española de Municipios y
Provincias. Señoría, poner en duda la mayoría de un órgano que la ejerce en su representación significaría, por ejemplo, poner en duda la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Saben ustedes, señor Terol -si quiere usted
escucharme- cómo aprobó el Ayuntamiento de Madrid los presupuestos? Con el voto de calidad del señor alcalde. ¿Acaso son menos legítimos los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid porque se aprueban con el voto de calidad de su alcalde?
(Aplausos). No. Sin embargo, para usted es menos legítimo si lo hace la FEMP. A usted no le parece eso ilegítimo pero sí se lo parece si lo hace la Federación Española de Municipios y Provincias. Y la mayoría en la FEMP quiero que sepan sus
señorías que es fruto de la mayoría de los ayuntamientos de este país, que han sido elegidos por los ciudadanos. Si la mayoría de los ayuntamientos tienen determinado color político, parece lógico que la mayoría de los órganos que representan a
esas instituciones tengan el mismo color político. Decir que el acuerdo con la FEMP es un acuerdo del PSOE con el PSOE es no tener ni idea del funcionamiento democrático de las instituciones; ni idea, señoría. (Aplausos). Seamos serios.

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Si sus señorías del Partido Popular no comparten los fondos y los remanentes, ¿por qué no permiten que se tramite como proyecto de ley y ponen su propuesta encima de la mesa? ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular, señor Terol?
(Rumores). ¿Cuál es la propuesta? No la conocemos. ¿Cómo utiliza los remanentes el Partido Popular en su propuesta? Porque no lo conocemos. ¿O es que acaso no los utiliza?, ¿o puede ser que el Partido Popular lo que esté pensando es en no
utilizar esos remanentes porque no sabe cómo? ¿Será eso? Porque no hemos escuchado ninguna propuesta del Partido Popular para la utilización de los remanentes.


Insisto, señorías, en que en este momento la intervención del Partido Popular persigue lo que persigue durante toda la legislatura: confrontación, frentismo, desgaste, derrumbar al Gobierno. No les importan las necesidades de los
ciudadanos, no les importan las necesidades de los ayuntamientos, cualquier decreto-ley es una oportunidad para intentar desgastar al Gobierno. De eso se trata, no hay nada más y es lo que ustedes pretenden. Que en esta ocasión se haya utilizado a
los alcaldes y alcaldesas de nuestro país, les tengo que decir, señorías, que no me parece de recibo. Si son ustedes demócratas y si creen ustedes en el municipalismo, convaliden el decreto-ley, permitan la tramitación como proyecto de ley y
arreglen aquello que no comparten. Por tanto, arrimen el hombro, pongan propuestas encima de la mesa al resto de grupos políticos y el resto tendremos oportunidad de participar. Si lo que hacen, señorías, es la pataleta, es el rechazo, el no por
el no utilizando palabras gruesas que lo único que intentan es confundir y que no van a la raíz del problema, una vez más nos encontraremos, señorías, con un partido que cuando está en la oposición lo único que intenta es no reconocer la legitimidad
del Ejecutivo. Cuando está en el Gobierno pide la ayuda de todos, pero cuando está en la oposición pierde su sentido de partido de Estado. Es lo que entiendo, señorías, y es lo que quiero llevar a su ánimo. Reflexionen, convaliden el decreto-ley,
tramítenlo como proyecto de ley y planteen las alternativas que consideren para que el resto de grupos de la Cámara las pueda evaluar. Si no hacen eso, señorías, y lo único que hacen es intentar tumbar este decreto-ley, estarán ustedes al
descubierto delante de la ciudadanía: no pensarán en los ayuntamientos, seguirán pensando que cuanto peor mejor, que ya vendrán ustedes. Que se caiga España, que ya la levantarán.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra de Hacienda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor González Terol.


El señor GONZÁLEZ TEROL: Muchas gracias, señora ministra, ya ha recuperado el tono de siempre, veo que vuelve a ser usted la misma y que vuelve a pensar que el Partido Popular es un adversario y no un necesario colaborador para sacar
adelante un real decreto. (Aplausos).


Primer error, señora ministra, usted vuelve a insistir, pero este no es un problema del Partido Socialista con el Partido Popular, es un problema del Partido Socialista con el municipalismo; es un problema del Partido Socialista y del
Gobierno incluso con sus propios socios. Tuvo que ir usted ayer a la desesperada a negociar hasta última hora para cambiar el contenido de su real decreto, que usted sabe que no es modificable, para conseguir que no se resquebraje su Gobierno. Es
un problema con el conjunto de formaciones políticas que tienen representación en el municipalismo.


Por cierto, señora ministra, ya que me habla a mí de si yo contesto las llamadas de su jefe de gabinete -que, por cierto, no he recibido ninguna desde hace una semana-, ¿ha contestado usted la carta de los alcaldes que le mandaron el 7 de
agosto, señora ministra? (Varios señores diputados: No). ¿Ha contestado? (Varios señores diputados: No.-Aplausos). ¿Ha contestado, señora ministra, el manifiesto de treinta y un alcaldes de catorce formaciones políticas que le dijeron que se
equivoca? Este no es un problema del PP con usted, es un problema de usted, que le falta sensibilidad y le falta voluntad de diálogo y de consenso para llegar a un acuerdo con el conjunto del municipalismo. Dice usted que llamó al alcalde de
Zaragoza -es verdad- y le dijo que cualquier interlocución que se pudiera producir entre el Gobierno y los ayuntamientos habría de ser a través de la FEMP, y entonces vimos declaraciones en la prensa del presidente de la FEMP diciendo que él no era
el intermediario de nadie, y por tanto no ha habido interlocución. ¿Qué pasa, que se llamaron para que nadie contestase las llamadas de un partido que tiene 2860 alcaldes frente a los 2600 que tienen ustedes? (Aplausos).


Señora ministra, usted dice que hay que respetar la legitimidad de la FEMP, claro que sí, por eso nosotros aprobamos por unanimidad la nueva junta de gobierno de la FEMP, por eso nosotros consensuamos con el conjunto de los partidos
políticos, para que no hubiese un enfrentamiento donde en el pasado lo hubo y poder unir al municipalismo. Pero que venga usted a decirnos que usted respeta la

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interlocución con la FEMP y que proponga en esta Cámara -que, que yo sepa, no hay nadie de la FEMP- modificar completamente el acuerdo que firmó y echarnos a nosotros en cara que no utilizamos y no respetamos a la FEMP... Señora ministra,
¿usted ha pactado con la FEMP o con Abel Caballero lo que ha venido aquí a contarnos, aunque su palabra no valga nada? ¡Claro que no, no ha hablado con la FEMP! ¿Ha hablado usted con el vicepresidente de la FEMP, que es del Partido Popular? ¡No!
Nuevamente ustedes traicionan al municipalismo porque les da igual, tiene que estar al servicio de lo que quieran la señora ministra y este Gobierno, al que le importan muy poco los ayuntamientos y sus ciudadanos. Ustedes no tienen ninguna voluntad
de ayudar a los ayuntamientos.


Usted dice que el Partido Popular no hizo nada, solo hizo una Ley de Estabilidad Presupuestaria ¡porque dejaron ustedes un agujero en el año 2011 de 92000 millones de euros de déficit público, señoría! (Aplausos). Le recuerdo, ayuntamientos
socialistas como el de Alcorcón, a cuyo alcalde ganador, del Partido Popular, en 2011 le dejaron ustedes -los Gobiernos socialistas- 612 millones de euros de deuda. O el Ayuntamiento de Aranjuez, donde dejaron un agujero de 200 millones de euros de
deuda. ¡Que parece que la Ley de Estabilidad Presupuestaria era un capricho del Partido Popular! ¡Fue porque ustedes arruinaron al conjunto de los ayuntamientos de España! (Aplausos).


Por cierto, ¿quiere una solución, señora ministra? Ayer el autor de la norma, el señor Montoro, dijo en televisión que usted puede suspender en situaciones excepcionales la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ¡claro que puede hacerlo, no
quiere hacerlo! Por cierto, ¿dónde está el informe de la Abogacía del Estado que dice que esta es la única solución? Porque usted ya cambió el argumento y dijo que la Abogacía no había dicho que esta era la única solución. Al final terminó
diciendo -después de mentir- que en realidad solo era un informe de legalidad, que el real decreto es legal. Veremos si es legal constitucionalmente por la invasión de la autonomía local. En cualquier caso, señora ministra, por favor, no venga a
decirnos que es la única solución y cuáles son nuestras propuestas. Si se lo he dicho. Nuestras propuestas son las propuestas del conjunto de alcaldes que tienen representación parlamentaria: permitir a las entidades locales gastar el conjunto de
sus remanentes de tesorería. ¿Cómo? ¡Oiga, modifique el objeto de las inversiones financieramente sostenibles, por ejemplo! ¿Sabe quién creó las inversiones financieramente sostenibles, señora ministra? Porque no las creamos nosotros en la Ley de
Estabilidad Presupuestaria; se creó a continuación en una disposición adicional sexta, yo era alcalde entonces, señora ministra. ¡Fuimos nosotros, para ayudar a los ayuntamientos que iban saneando sus cuentas a que pudiesen gastar! Aquí nuestra
portavoz era la alcaldesa de Logroño y lo pudo hacer gracias a una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Así que los que no permitíamos gastar, no; los que hicimos que se acabase con la deuda que ustedes habían dejado en el
conjunto de ayuntamientos de España. (Aplausos). Anular la regla de gasto para 2020 -que lo dice el real decreto-, pero también le pedimos para 2021 la creación de un fondo incondicionado de 5000 millones de euros. Por cierto, ministra, antes de
que ustedes inventasen esto de los 5000 millones de euros su propuesta fue que se captasen los 15000 millones y que pudieran gastar los ayuntamientos 5000 millones, el 35 %. ¿Me puede decir qué ley fija que solo se puedan gastar el 35 % y no el 100
%? ¿Por qué no arbitró usted un sistema para que los ayuntamientos le entregaran los 15000 millones y les devolviera los 15000? ¿Qué pasa? Que había que quedarse con 10000 para financiar la caja del Estado para poder hacer algo y poder cumplir
alguna de las promesas que tanto insisten en no cumplir. Señora ministra, nuestra propuesta es que hagan caso a los ayuntamientos; nuestra propuesta es que creen un fondo de transporte de 1725 millones de euros; nuestra propuesta es que dejen a
los ayuntamientos participar de los fondos europeos; nuestra propuesta es que atiendan a aquellos que de verdad trabajan por los ciudadanos, que son los alcaldes de todos los ayuntamientos de España. (Aplausos de las señoras y los señores
diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor González. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.


Tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda.


La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Ya nos vamos entendiendo, señor González Terol, ¿no? Ahora sí. El Ministerio de Hacienda, ¿ha hablado con el Partido Popular o no, señor González Terol? Sí, ¿verdad? ¿Esta ministra ha
hablado con el alcalde de Zaragoza o no, señor Terol? Sí, ¿verdad? (Rumores.-Aplausos). Bueno pues entonces, señoría, no puede usted sostener lo que ha dicho en esta tribuna (rumores) de que este ministerio...

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La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): ... no se había dirigido al Partido Popular, que es lo que usted había dicho. Mienten. Hasta al Partido Popular nos hemos dirigido para intentar llegar a un acuerdo sobre la utilización
de los remanentes.


¿Ahora resulta, señor Terol, que ustedes no son los autores de la Ley de estabilidad? ¿Ahora resulta que ustedes no son los responsables? (Rumores). Sí lo son, venga, avancemos, avancemos. (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben). Como parece que esto, señora presidenta, es una coralidad...


La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego silencio. (Rumores). El señor González Terol ha podido hacer uso de la palabra en silencio; pido lo mismo para la señora ministra y para todos los intervinientes en este hemiciclo.


La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Vuelvo a preguntárselo, señor González Terol: ¿Es o no el Partido Popular el autor de la Ley de estabilidad? Lo es, ¿verdad? ¿Es o no el Partido Popular el responsable de que en estos
últimos diez años los ayuntamientos no hayan podido utilizar sus remanentes? ¿Es así o no, señorías? Eso lo saben todos los alcaldes y todas las alcaldesas; es absurdo negar la evidencia por parte de algunos miembros del Partido Popular. Claro
que son responsables de hacer una ley que impide que los ayuntamientos puedan gastar sus remanentes, pero además, señoría -como tuvimos ocasión de discutir en la Comisión-, el problema no está solo en la ley orgánica, el problema es que la propia
Constitución incorpora ese límite para que los ayuntamientos no incurran en déficit. Ese es el problema al que se enfrenta el Gobierno de España cuando intenta que los ayuntamientos puedan utilizar sus recursos y puedan hacer una mejor utilización
de todos los instrumentos que tienen a su alcance. Esa era la pregunta y esa era la respuesta que este decreto-ley intentaba dar, tratar de ser capaces de avanzar respecto a las restricciones de la ley aprobada por el Partido Popular con mayoría
absoluta y sin preguntarles a los ayuntamientos, que es la que en este momento impide que los ayuntamientos gasten su dinero. (Aplausos).


Ustedes podrán discutir la legitimidad o no del acuerdo con la FEMP por la mayoría de la FEMP, pero es que ustedes no hablaron con la FEMP; ustedes les quitaron competencias a los ayuntamientos y ustedes no hablaron con la FEMP cuando
revisaron la Ley de Bases de la Administración Local. Ustedes pusieron en marcha una ley de estabilidad que impide que gasten sus recursos y ustedes no hablaron con la FEMP, señor González Terol, por tanto, ¿a qué viene este reproche que se le
plantea al Gobierno? El Gobierno ha hablado con el órgano legítimo representante de los ayuntamientos; ha obtenido un acuerdo después de dos meses de negociación con ese órgano. Usted lo decía bien. ¡Si usted conoce la historia! Usted lo decía
bien. En un primer momento el Ministerio de Hacienda pretendía que los 5000 millones formaran parte de los remanentes. Correcto. Fue la FEMP la que a lo largo de su negociación separó los 5000 millones de los remanentes. ¡Si ese recorrido es el
que se ha venido haciendo durante este tema!


Y, señor González Terol, ¿cómo que la propuesta del Partido Popular es la propuesta que tengan el resto? El Partido Popular, que está criticando esta medida, se sube aquí y cuando se le pregunta cuál es la alternativa del Partido Popular
dice el señor González Terol que la alternativa del Partido Popular es la que tengan aquí el resto de los grupos. O sea, no tienen propuestas, no tienen alternativas, no les importa el tema de ayuntamientos y lo que persiguen es el desgaste por el
desgaste. (Aplausos).


Por cierto, señor González Terol, el señor Montoro lo que ha dicho es lo que dice este decreto-ley. ¿O no? ¿O ha dicho otra cosa? ¿El señor Montoro no ha dicho que la regla de gasto se puede suspender? Pregunta, ¿este decreto-ley no
lleva la suspensión de la regla de gasto? El señor Montoro -no lo ha dicho, pero se lo digo yo- ha transmitido... (Rumores). Se lo digo yo, sí, que soy la ministra de Hacienda, por mucho que a ustedes les pese. Yo soy la ministra de Hacienda.
(Aplausos). Se lo digo yo.


Las inversiones financieramente sostenibles, señor González Terol, que ustedes reclaman ¿no están en el decreto-ley? Entonces, ¿por qué no lo convalidan para que entren en vigor las inversiones financieramente sostenibles? Señor Terol, ¿no
está en el decreto-ley que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes hasta el límite que les marca la Constitución? ¿No está en el decreto-ley? ¿Por qué no lo aprueban para que los ayuntamientos lo puedan hacer? ¿No está en el decreto-ley
la actualización de la PIE? ¿Por qué no permite que los ayuntamientos se beneficien de esto y del fondo de los 400 millones? Y el que no quiera poner su remanente a disposición del Gobierno de España, que no lo ponga,

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que se aproveche de las IFS, que se aproveche de los remanentes de tesorería hasta el límite del déficit, que se aproveche de la suspensión de la regla de gasto, que se aproveche del Fondo de transporte, que se aproveche de la posibilidad de
poder actualizar su financiación con la actualización de las entregas a cuenta. En definitiva, señorías, que se beneficien los ayuntamientos de este país para permitir mejores servicios a los ciudadanos. ¿Por qué ustedes no lo permiten? ¿Porque
ustedes pretenden tumbar el decreto-ley y que esas medidas mañana no entren en vigor? ¿No son las que usted reclama en esa tribuna? Son las que usted reclama en esta tribuna. ¿Y no son las que contempla la norma? ¿Por qué no lo permite? Y dice
usted: Ustedes, a la desesperada, intentan negociar. Mire usted, señoría, a la desesperada no, en la responsabilidad intentamos negociar. A este Gobierno le cuesta ese decreto-ley más de 6000 millones de euros, no es un regalo, no es una
confiscación, no es un hurto. Este decreto-ley le cuesta a las cuentas públicas 6000 millones de euros del Gobierno de España que pone a disposición de las corporaciones locales. ¿Por qué no permiten que se puedan beneficiar aquellos que quieran
del reparto de ese fondo? Y seguiremos hasta el último minuto, señorías, señor González Terol, hasta el último minuto, negociando con los grupos políticos porque esa es nuestra obligación, negociar, dialogar y llegar a acuerdos, y lo haremos hasta
el momento en que sea inevitable que sus señorías puedan olvidarse de la responsabilidad que tenemos para con los ayuntamientos.


Lo último que le voy a decir al Partido Popular es que, efectivamente, son muchos los alcaldes y alcaldesas que están gobernando del Partido Popular representando los intereses de sus ciudadanos en todos los municipios de nuestra geografía.
Son muchos, señorías, y no valen luego las lamentaciones ni valen los reproches. Tenemos la oportunidad aquí y ahora de permitirles que hagan todo eso: suspender la regla de gasto, las inversiones financieramente sostenibles, la capacidad de que
utilicen parte de sus remanentes, actualizarles la PIE y que aquellos que están en quiebra tengan un auxilio financiero. ¿Por qué negarles el pan y la sal a los ayuntamientos? ¿Que no se comparte una parte el decreto-ley? Modifíquese. Ya lo
hemos dicho, modifíquese, pero ¿por qué castigar a los ayuntamientos para intentar castigar a este Gobierno? ¿Por qué utilizar permanentemente, señorías, rehenes para poder castigar a este Gobierno, para obstruir la actuación de este Gobierno o
para no ejercer las competencias y las responsabilidades que a cada uno le corresponden? Creo que la posición ha quedado perfectamente fijada. Con sus palabras, señor Terol, ha quedado claro que este Gobierno intentó pactar este real decreto-ley
con el Partido Popular, pero no fue posible. Espero que sus señorías y el resto de grupos políticos no sigan hoy la senda del Partido Popular, que ha mostrado claramente cuál es su fin u objetivo y lo poco que le importan los ayuntamientos.
Ustedes sí, señorías, persigan el interés general, convaliden este real decreto-ley y permitan su tramitación como proyecto de ley.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor González Terol pide la palabra).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Hacienda.


Señor González Terol, el debate está concluido. No se prevé turno de dúplica y las alusiones han sido las habituales en un debate contradictorio, donde cada posición ha sido defendida lo suficiente. Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


A riesgo de incidir en la irritación de la ministra de Hacienda, también rechazo la convalidación de este real decreto-ley que en la práctica supone la incautación de los ahorros de los ayuntamientos, que redujeron desde 2015 su deuda un
28,65 % en contraste con el conjunto de las administraciones públicas, que aumentaron la suya un 20,46 %. El acuerdo promovido desde el Gobierno y respaldado a duras penas por el voto de calidad del presidente de la FEMP resulta, además, un
atropello sin precedentes en los treinta y cinco años de la historia de una entidad que, precisamente, forjó los avances del municipalismo en torno al consenso, y que ahora ha sido zarandeada por intereses partidistas ligados a las estratagemas del
Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy pretenden aplicar en su vertiente más lesiva para los entes locales las secuelas legislativas de la innecesaria reforma constitucional del artículo 135, derivadas de la catastrófica gestión económica del Gobierno de
Rodríguez Zapatero. Ahora vuelven a las andadas tratando de apropiarse de la administración de sus propios remanentes.


Muchas gracias, señora presidenta.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Martínez Oblanca, y le agradezco que haya intervenido desde el escaño.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.


El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.


Buenos días. La semana pasada en la Comisión de Hacienda todos los grupos se expresaron libremente y sin presiones y el resultado fue unánime: rechazo total del real decreto-ley. Yo quiero hacer hoy aquí una propuesta simple y
constructiva. Dado que el artículo 135 es el principal escollo, dada la discriminación que tienen los ayuntamientos respecto de otras administraciones y que la redacción actual se debe a una modificación exprés de la Constitución en un mes justo,
les propongo hacer una modificación exprés del artículo 135.4 suprimiendo esta discriminación e incluyendo a las entidades locales en los casos excepcionales. Son nueve palabras y una coma y, para mayor garantía y seguridad jurídica, una
disposición adicional que permita al Gobierno modificar la ley orgánica de desarrollo mediante decreto-ley.


Señores del PSOE, se están complicando la vida inútilmente. Dejen gastar a los ayuntamientos sus remanentes. Será mucho más eficaz, mucho más justo y, sobre todo, mucho más rápido que esos fondos de Europa que tardarán más de un año en
venir o los que vengan del propio Gobierno, que tanto necesitan nuestros pueblos y nuestras ciudades, desde luego en Cantabria y en toda España también.


La señora PRESIDENTA: Señor Mazón, tiene que terminar, por favor.


El señor MAZÓN RAMOS: Termino.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


El señor MAZÓN RAMOS: Y a los señores del Partido Popular les pido también que sean coherentes con su defensa de la autonomía municipal y dejen fuera a los ayuntamientos de sus disputas políticas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Rincón.


Tiene la palabra el señor García Adanero.


El señor GARCÍA ADANERO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la verdad es que creo que el Gobierno no tenía mucho interés en que se convalidara este decreto. Si algo hemos aprendido en los últimos meses respecto a los posicionamientos cuando el Gobierno trae decretos a esta Cámara es que,
cuando tiene un interés claro en que algo se apruebe, negocia hasta la saciedad y se acaba aprobando. Esa es la experiencia que tenemos hasta ahora y, por lo tanto, habrá que concluir que este es un tema que incluso el propio Gobierno estaba
deseando que fuera rechazado, lo cual no sé si es para conseguir ese ahorro de miles de millones de euros al que se refería la ministra o se debe a que esos contrapesos que existen dentro del Gobierno dejan a la propia ministra de Hacienda en una
situación complicada o diferente respecto a alguno de sus compañeros.


En todo caso, nosotros vamos a hacer caso a la autonomía municipal y a lo que dicen los alcaldes. Los alcaldes de Unión del Pueblo Navarro nos han dicho que votemos que no a este decreto porque entienden que se les está tratando como una
Administración de segunda; porque creen que se quiere aprovechar el dinero de los ciudadanos que se ha ahorrado a lo largo de los años para prestárselo al Gobierno y no recibir nada a cambio; porque creen que se les está haciendo un chantaje, ya
que se dice que es voluntario pero si no cedes tus recursos no recibes nada y, por lo tanto, o lo tomas o lo dejas.


Además, hoy también aquí se nos ha querido chantajear a todos con las disposiciones adicionales y finales. Si las disposiciones adicionales y finales del decreto son tan importantes, haga dos decretos. Traiga uno específicamente para los
temas de la Administración local y traiga otro decreto con todas esas disposiciones adicionales y finales que se refieren a otra serie de cosas y que será convalidado. Por lo tanto, el interés del Gobierno en este caso evidentemente era seguir
manteniendo a las administraciones municipales como están ahora.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Rincón.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.

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El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, no ocurre todos los días que un diputado como el que le habla lleve más de una semana intentando tener una conversación con la representación del Gobierno para tratar de encontrar una salida a esta situación, hasta el punto
de que he esperado ayer hasta altas horas de la noche y esta mañana a las nueve menos cinco me he visto obligado a votar que no. ¿Sabe qué ocurre? Que nadie estuvo más en contra de la Ley de estabilidad presupuestaria -igual sí, pero más no- que
este diputado que le habla y su partido, Nueva Canarias; motivo por el cual no somos nada sospechosos de estar en esto con no se sabe cuál intención. No ha habido la posibilidad. Alguien se quedó exhausto de negociar con no se sabe quién y no
acabó hablando conmigo. Será que uno es solo uno, pero, en ese caso, yo se lo tengo que decir para que quede claro.


En segundo lugar, las corporaciones locales son igual de Estado que las comunidades autónomas, los Gobiernos autonómicos y el Gobierno de España; igual, y las necesidades son iguales o mayores. ¿No nos estará diciendo que si no se
convalida este real decreto-ley quedan abandonados a su suerte los ayuntamientos? Confío en que no sea eso. Volvemos a decirle que estamos abiertos a hablar con contenidos claros en un documento sobre cómo debe ser un proyecto de ley para afrontar
esta situación.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Quevedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.


Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


¿Sabe por qué no me llamaron a mí, señora ministra? Porque le habría dicho que usted es una chantajista, que falta a la verdad y, además, tiene soberbia. Hay que ser alcalde para saber que en este momento con su propio dinero, que tienen
en los bancos y que ustedes no les dejan coger, tienen que atender a la gente que no ha cobrado los ERTE, a los que no les han ingresado el ingreso mínimo vital, a la gente que no puede pagar las mascarillas, la luz, el agua y los pañales de los
niños, a contratar asistentes sociales y a pagar las nóminas. ¿Y sabe cuál es la alternativa? Primero, aprueben hoy un decreto para el resto de las cosas y que la semana que viene lo convalidemos, no nos haga chantajes. Y para esto, traigan
ustedes en veinticuatro horas el proyecto de modificación de la ley orgánica y del artículo 135, como se hizo en su momento; si quieren, será modificado por unanimidad de esta Cámara. ¿Quiénes son ustedes para decirles a los alcaldes en qué tienen
que gastar el dinero? ¿Quiénes son ustedes para decir, con el propio dinero de los ayuntamientos, si 5000, 10000 o 14000 millones? ¿Quiénes son ustedes para decidir cuánto pueden recuperar de un dinero que es de los ciudadanos de esos municipios?
No mienta, no manipule. Y el resto de las cosas apruébenlas hoy en un decreto, pero no haga chantaje con ellas, señora ministra.


Yo he sido alcaldesa y sé que en un ayuntamiento hay que estar ahora con la miseria social, con la pobreza, que hay que hacer frente a todo. Es necesario pagar las nóminas y contratar asistentes sociales, es necesario ayudar a la gente a
pagar la luz...


La señora PRESIDENTA: Señora Oramas, tiene que terminar, por favor.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Rincón.


En último lugar, también por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias.


Nosotros también nos opondremos al real decreto-ley y queríamos señalar que es una nueva contradicción del Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, que durante los años en los que ha tenido poder el PP han hecho bandera de la derogación de
algunas de sus leyes más potentes y, sin embargo, una vez que están en el poder, hacen uso de estas leyes. Es el caso de la Ley mordaza -se han puesto más multas con la Ley mordaza que todas las que puso el PP-; es el caso de la Ley de la reforma
laboral -todos los despidos que está habiendo y que lamentablemente habrá se darán con las condiciones de la reforma laboral que ustedes prometieron derogar-; y es el caso ahora de las leyes Montoro, a las que ustedes también se opusieron en su
momento. Se sirven de ellas para centralizar los ahorros, recordándonos

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que el centralismo no es una cuestión exclusiva de las derechas sino que, incluso aquellos que mantienen una retórica federal o confederal también usan el centralismo cuando les conviene. Y esto es un mal presagio de cómo van a gestionar
ustedes los fondos de reconstrucción europeos.


Cuando se sitúa el artículo 135 de la Constitución como el límite en la capacidad de los ayuntamientos para usar estos ahorros, mejor nos lo ponen. Incluso ustedes en su momento y su presidente, el señor Pedro Sánchez, habían admitido que
fue un error reformar el artículo 135 -por las exigencias de la Unión Europea- pactándolo con el PP. ¿Por qué en lugar de traer hoy este real decreto-ley no proponen derogar esa reforma del artículo 135 y que se vuelva a unas reglas del juego en
las cuales los ayuntamientos no estén atados de pies y manos para usar sus ahorros? Son necesarias más inversiones sociales en tiempos de crisis; los ayuntamientos están en primera línea de atención a estos problemas sociales y deben hacerlo sin
las imposiciones del Estado centralista y de las reglas de deuda que impone también la Unión Europea.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Rincón.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Eskerrik asko, señora presidenta.


Señora ministra, se lo dije en la Comisión ante la que usted compareció hace quince días, algún error han debido cometer en este camino para que un decreto que a priori se formulaba como una salida para los ayuntamientos en esta situación de
crisis se haya convertido en la piedra de toque de un problema complicadísimo, con múltiples vertientes, más que en una solución. Lo cierto es que el planteamiento desde su inicio ha sido ya bastante enrevesado. Yo creo que hay que admitirlo,
porque plantear a los ayuntamientos que cedan como préstamo al Estado los remanentes que no se les ha dejado gastar por una ley que les está ahogando desde hace diez años, y que una parte de esos ahorros cedidos les sea retornada para que puedan
utilizarlos y el resto se les devuelva a los quince años, admitirá que invita por lo menos a un grado de perplejidad. Además, que se presente como algo voluntario cuando en realidad los ayuntamientos que no cedan sus remanentes serán penalizados y
no recibirían la parte correspondiente de los fondos europeos para combatir la crisis, más que un planteamiento enrevesado, digamos que es una forma nada sutil de coacción o coerción.


Creo que los ayuntamientos llevan demasiado tiempo soportando el sinsentido de la situación a la que les ha abocado la Ley de estabilidad presupuestaria, porque ese es el problema, el verdadero problema que tienen las entidades locales y que
ahoga a los ayuntamientos. Primero fue el artículo 135, aprobado en 2011 también con los votos del PSOE, de PP y PSOE. Ese es el que dio prioridad al pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto público. Y después, en 2012, el Gobierno del
PP aprovechó su mayoría absoluta para aprobar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que se concreta el mandato del 135. Bien, todo ello, entre otras cuestiones, ha dado lugar a una severa aplicación de la
denominada regla de gasto, que impide que los ayuntamientos, cuyas competencias son esenciales para el bienestar de la ciudadanía, más ahora que nunca en plena crisis, puedan utilizar el dinero del que no disponen de alguna forma, aunque dispongan
de él. Efectivamente, es todo un sinsentido, es una conculcación de la autonomía municipal, una imposición injusta y una medida cuestionable incluso por su eficacia real, salvo, claro está, el detalle de que este mecanismo ha sido el que ha
permitido durante años cuadrar las cuentas al Estado para cumplir con los objetivos de déficit que le imponía Europa. Gracias a los ayuntamientos, miren por dónde. Ahí, solo ahí y solo para el Estado radica la eficacia de esa medida.


Creo que sobran razones para cambiar lo que haya que cambiar, y creo que es necesario recordar también que en otros países europeos la regla de gasto no se aplica a cada Administración Pública por separado como se hace en el Estado español,
no es de obligado cumplimiento y, por tanto, no conlleva sanciones. Solucionar la situación de los ayuntamientos pasa por modificar la Ley de estabilidad presupuestaria, por flexibilizar la regla de gasto y por devolver el respeto a la autonomía
municipal al lugar que le corresponde. Creo que este accidentado recorrido que ha tenido el decreto hasta llegar hoy aquí tiene mucho que ver con querer evitar ir al problema desde la raíz. Probablemente ese ha sido el error, el planteamiento de
partida, el enfoque que elude mirar al problema real, al básico, que no es otro que esa ley que hay que modificar, y que era -se lo recuerdo? uno de los puntos que llevaron los dos partidos que forman hoy Gobierno a sus respectivas campañas
electorales.

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Las necesidades en los pueblos y ciudades aumentan y seguirán aumentando. Nuestra formación, Euskal Herria Bildu, es una formación municipalista. Tenemos un compromiso con los ayuntamientos de nuestro país. Por ello, por esa defensa
municipal, mantenemos el compromiso con la derogación de todo lo que la Ley Montoro supone de injusticia para los ayuntamientos. Para ese compromiso y para las medidas que realmente ayuden a paliar las necesidades a las que tienen que responder
tanto quienes disponen de remanentes como los que están en mala situación económica, usted, señora Montero, y su Gobierno pueden contar con nuestro apoyo. No contarán con nuestro apoyo para este decreto que es inasumible tal y como está redactado.
De hecho, si hubiese alguna solución, en el caso hipotético -lejano creo, tal y como están las cosas- de que se convalidara, que parece que no, sería porque naciera ya con el compromiso de ser modificado sustancialmente y que sus articulados más
controvertidos, el 3 y el 4, desaparecieran y el reparto de los fondos se hiciera de otra forma. Sí, le reconozco que en el real decreto hay medidas que son beneficiosas, pero no lo apoyaremos porque un decreto que no sirve para resolver el
problema que pretende es un decreto que no merece ser aprobado. Diremos sí, en cambio, a que, en caso de que sea convalidado, se tramite como proyecto de ley para que pueda ser modificado y, consiguientemente, se adecue a lo que necesitan los
ayuntamientos, pero sin olvidar que lo que urge es modificar la Ley de estabilidad presupuestaria porque, de lo contrario, este intrincado laberinto por el que ha transitado su ministerio con este decreto seguirá estando ahí y sin salida a la vista.
Hay que tener cuidado con los laberintos, señora ministra, porque lo que persiguen los cruces de pasillos paralelos y transversales es la confusión. Los laberintos originales, los que se construyeron en la antigüedad, se hacían con un objetivo
claro: que no se pudiera acertar con la salida. Esa es la extraña lógica de los laberintos y quizá por ello solo hay una forma de representarlos gráficamente: con una mirada desde arriba. Esa es la mirada que creemos que necesita este problema.
No insistan en que no hay otra salida. Se puede hacer, hay otras salidas. El artículo 135 se puede desmontar y la Ley de estabilidad también.


Veremos el resultado de esta votación. En el caso de que no se apruebe, se podrían encontrar, si se quiere, fórmulas rápidas transitorias que conciten el respaldo mayoritario de este hemiciclo y que respondan realmente a las necesidades
reales de los ayuntamientos y a las otras cuestiones señaladas en este decreto. Salen decretos todas las semanas, señora ministra; no es tan difícil, no es tan complicado. Inclúyanse las buenas medidas que contiene -las contiene, ya se lo he
dicho- y elimínense las nocivas, que también las tiene. Lo más conveniente en estos momentos es dejarnos de laberintos, seguir la línea más recta y más clara posible. Estoy segura de que así esas nuevas medidas no precisarían de tantas idas y
venidas como este decreto ni tampoco de un hilo de Ariadna para encontrar la salida. Las cosas en política son más simples de lo que a veces queremos aparentar...


La señora PRESIDENTA: Señora Aizpurua, tendría que terminar, por favor.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Una última frase. Gracias.


Hay que saber qué quieres hacer, con quién lo quieres hacer y qué pasos tienes que dar para hacerlo. Es así de simple, sin laberintos, señora ministra. Es así de simple.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aizpurua. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Egun on. Real Decreto-ley 27/2020, un decreto que ha venido precedido de polémica y con un rechazo amplio que hoy también estamos viendo en esta Cámara. Es un decreto polémico porque, según el Gobierno, da solución al problema de la
utilización de los remanentes acumulados por los ayuntamientos desde el año 2012, unos remanentes que, como bien se ha dicho aquí, difícilmente se pueden gastar debido al corsé que nos ha establecido la Ley de estabilidad. Señora ministra,
sinceramente, no acabamos de ver o entender la solución que ustedes proponen. A día de hoy, el decreto solo permite utilizar parte de ese fondo extraordinario, que no de los remanentes, porque de estos se podrá empezar a disponer dentro de dos años
y con entregas durante diez o quince años, y solo por aquellos ayuntamientos que previamente les entreguen todos sus ahorros. Hoy con este decreto no se permite el uso de remanentes, no se equivoquen, sino que solo se permite el uso del fondo y
para determinadas cosas.

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Pero para el Grupo Parlamentario Vasco hay una razón de fondo, y es que este decreto no tiene en cuenta el Concierto Económico ni el Convenio navarro. No atiende a la particular relación financiera entre las comunidades forales y el Estado,
una relación bilateral entre Gobiernos. Hay que recordar que en la Comunidad Autónoma del País Vasco la tutela financiera de las entidades locales corresponde a las diputaciones forales y que, por tanto, existen tres normas forales que regulan la
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y, entre otras cosas, la utilización de los remanentes y de los superávits. Por tanto, es a ellas a las que corresponde cualquier decisión al respecto. Es esta, ministra, la gran diferencia
que tenemos con el resto de comunidades autónomas que también ostentan esa tutela financiera, pero que simplemente se limitan a velar por el cumplimiento de las normas de estabilidad y supervisar y autorizar planes económicos financieros. Obvian,
un día sí y otro también, la existencia de los sistemas de financiación foral, que implica que cualquier acuerdo sobre la financiación y sostenibilidad financiera de las instituciones vascas se debe abordar y adoptar de forma bilateral en la
Comisión Mixta del Concierto Económico. Han olvidado el modo paccionado que debería haberse utilizado para abordar, en su caso, este tema. Además, hay que recordar que los ayuntamientos vascos no se financian con recursos del Estado, sino con
recursos propios y fondos forales. No hay traslado de flujos económicos del Estado; es decir, no se recibe dinero del Estado. Por ello, entendemos que no deben existir estos flujos entre los remanentes y, por tanto, que no deberíamos estar
sujetos a este decreto; sería trasvasar dinero de un sistema de financiación a otro que nada tiene que ver.


Es también un decreto un tanto improvisado porque han ido modificando a medida que se daban cuenta de que no tenían el respaldo de la mayoría de los ayuntamientos. En un primer momento, el decreto se diseñó para prestar de manera voluntaria
los remanentes al Estado, a cambio de la posibilidad del uso de ese 35 % de su remanente, del remanente propio de los ayuntamientos, y al ver que no fraguaba, se modificó por un crédito extraordinario del 35 % de las aportaciones comprometidas por
los ayuntamientos, hasta un máximo de 5000 millones que no son 5000.


A pesar de que la cesión de remanentes es voluntaria, no es menos cierto que quien no se acoja no podrá acceder al fondo, seguirá manteniendo los remanentes congelados en el banco sin apenas poder utilizarlos. Y quien se acoja, además
estará sujeto a condición. Y es que, como he dicho, solo se podrá utilizar el dinero del fondo en determinados ámbitos; una especie de limitación de autonomía de los ayuntamientos, una especie de tutela, aspecto con el que no estamos de acuerdo,
ya que las entidades locales son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, quienes mejor conocen sus necesidades. Por ello, entendemos que han de poder gastar su dinero en aquellas necesidades y políticas que sean de interés para sus
ciudadanos o del interés que detecten entre la ciudadanía y los vecinos. No hay que olvidar que los remanentes de tesorería de los que disponen son fruto del esfuerzo fiscal de la ciudadanía, de las renuncias a determinadas inversiones y, en
definitiva, de la buena y estricta gestión realizada en los ayuntamientos, también en medio de una crisis. Realmente no acabamos de ver ni tampoco nos ha quedado claro con sus explicaciones el porqué de vincular los remanentes al fondo,
estableciendo una especie de premio a quienes disponen de remanentes y obviando las distintas casuísticas de por qué algunos no disponen de ellos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).


Es un decreto, en definitiva, que traslada el ajustado, pero eso sí, legítimo acuerdo con la FEMP, que sale adelante con gran oposición. Pero así son las mayorías y la democracia y, por tanto, nada que objetar, aunque sí extraña que haya
aceptado un acuerdo que dista mucho de lo que reivindicó en su Junta de Gobierno, allá por el 22 de mayo, en el documento denominado: Pilares locales para la reactivación económica y social de la Administración Local, un documento que era la
utilización libremente del remanente de tesorería.


También es cierto y justo reconocer que el decreto establece otras medidas que sí son positivas y con las que estamos de acuerdo, con algún matiz; como usted bien ha dicho, la no exigencia del cumplimiento de la regla de gasto, prórroga de
ampliación de inversiones financieras sostenibles, utilización del remanente para gastos generales, fondo extraordinario de transporte. Estas medidas, lamentablemente, si hoy no se convalida el decreto, decaerán; y nos preocupa que, como ha
avanzado usted, no se puedan implementar en otro nuevo decreto. Desde luego, no es lógico ni de sentido común que con una situación derivada del COVID, una crisis inaudita en la que las administraciones tienen que realizar importantes gastos para
paliarla y, por tanto, es necesario tener liquidez, haya recursos ociosos de los ayuntamientos y que estos no puedan ser utilizados argumentando la imposibilidad de hacerlo por la ley Montoro, la Ley de estabilidad; una ley que no sería posible si,
previamente, un Gobierno socialista no hubiera modificado de forma exprés, también en agosto, el artículo 135 de la Constitución.

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No se trata de responsabilizar a una u otra bancada, pero tampoco se puede escudar un Gobierno en la imposibilidad de cambiar leyes. Y entendiendo, desde luego, que urge tomar decisiones en un tema tan importante, cuánto mejor hubiera sido
buscar un acuerdo mayoritario. Creo que el Gobierno y todos y todas hemos perdido una buena oportunidad. Es verdad que lo hemos intentado en los últimos días y horas, pero no ha podido ser. En todo caso, no compartimos la fórmula adoptada para
dar solución a este tema, que en puridad no permite usar los remanentes, sino el fondo. Si el decreto se convalida, estos se utilizarán, si acaso, cuando sean devueltos y, en su caso, habrá que ver cómo se aplica y si siguen permaneciendo estas
reglas de estabilidad.


En resumen, el real decreto no tiene en cuenta la existencia de los regímenes forales; no resuelve las principales reivindicaciones de la mayor parte de los ayuntamientos, que son disponer de todos sus remanentes; una excepción a la regla
de gasto para 2021; y, lo que es más preocupante, que desde el momento en que se está solicitando la cesión de la totalidad de los remanentes durante quince años, sin devolución a partir de 2022, parece indicar que no cabe posibilidad alguna de
modificar la Ley de estabilidad, una reivindicación que ha sido propia de los ayuntamientos. La raíz del problema de los remanentes está en la Ley de estabilidad y, mientras no se produzca su modificación, tan solo estaremos hablando de parches.
Lo cierto es que hoy no vemos voluntad política para modificación alguna en este sentido, ni siquiera en este contexto excepcional. No acabamos de entenderlo, como he dicho, porque es una reivindicación de la gran mayoría de los grupos
parlamentarios.


Para terminar -y como he dicho anteriormente-, si hoy no se convalida este decreto, decaerán también las disposiciones que, a nuestro juicio, eran positivas y otras disposiciones que nada tienen que ver con las entidades locales. Puede
tener la tentación hoy de intentar trasladarnos la culpa a los distintos grupos, pero lo cierto es que la misma será de todas y de todos ante la sociedad, aunque también sabe que la responsabilidad de unos y otros no es la misma. Las prisas no son
buenas consejeras; es un decreto que se publicó apresuradamente para que luego fuera convalidado o derogado en una especie de lo tomas o lo dejas, sin apenas margen de negociación, y para cuando hemos retomado la senda del diálogo, en las últimas
horas, ha sido tarde. Lo que ha quedado nuevamente en evidencia es la necesidad de dar respuesta a las demandas de las entidades locales y, especialmente, la necesidad de reformar la Ley de estabilidad, algo que el Grupo Vasco ha venido
reivindicando, más ahora, para dar respuesta a las necesidades derivadas de la pandemia, en un contexto, además, en el que Europa ha procedido a la suspensión del Pacto de estabilidad para que los países pudieran gastar libremente en función de sus
necesidades. Es paradójico que los países puedan quedar liberados del Plan de estabilidad y las entidades locales, sin embargo, no lo puedan hacer...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Sagastizabal, por favor, vaya acabando.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Sí, voy acabando.


... cuando el origen de este incumplimiento se va a basar en la misma causa. Si, tal como todo apunta, hoy no se convalida este decreto, esa idea que se está trasladando desde el Gobierno de la imposibilidad de rectificación o de aprobar
otro decreto impedirá aprobar las medidas positivas con las que la mayoría de grupos podríamos estar de acuerdo y que elevaría la losa que la regla de estabilidad impone a las entidades locales. No deberíamos volver a cometer este error, ya que
todos perdemos, las personas, la ciudadanía, porque, en definitiva, esas medidas, que están dirigidas a la actuación de los ayuntamientos, se trasladan finalmente e inciden en nuestra calidad de vida. Es el momento de aparcar las diferencias y
buscar los puntos de encuentro, que los hay, si no es a través de un nuevo decreto puede ser incluso en otras leyes.


Usted sabe, ministra -y acabo-, que hemos intentado llegar a un acuerdo in extremis. No es nuestro objetivo desgastar a su Gobierno; hemos dado muestras de ello en numerosas ocasiones, pero esta vez no va a poder ser. Y créame que lo
lamentamos. Hoy no podemos convalidar este decreto para dejarlo al albur de un proyecto de ley, porque esto no es cuestión de un par de enmiendas, es algo más complejo.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, por favor, termine.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Si finalmente no sale adelante, creo que en la mayoría de las intervenciones podrá encontrar las claves para volver a la senda del diálogo y del acuerdo. Nuestro grupo, desde luego, vuelve a
mostrarle la mano tendida y la predisposición a ese diálogo en esta y en otras cuestiones.


Gracias.

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.


Señorías, hoy llega, para su convalidación, el Real Decreto 27/2020; un decreto que ha conseguido el tan ansiado consenso: todas las fuerzas políticas -todas-, incluidos destacados miembros del Partido Socialista, se han opuesto a la
propuesta del Gobierno. Y créannos cuando les decimos que es una mala noticia que en un asunto tan importante para los ayuntamientos, como el margen que tienen para afrontar esta crisis, el Gobierno haya llegado a esta Cámara sin ningún tipo de
consenso. Señorías del Gobierno, la unidad no solo hay que pedirla, hay que practicarla. Se lo decimos sinceramente, con la fuerza de la razón y de los hechos que nos han demostrado que, si hay voluntad, Ciudadanos está ahí. Lamentablemente, no
podemos decir que este decreto esté inspirado en las necesidades reales de los ayuntamientos, que están pasando una crisis muy importante. Tampoco está inspirado en la respuesta que tenemos que tener como país a esta pandemia. Ni mucho menos en
los problemas económicos que tienen los ciudadanos por culpa de esta crisis económica que viene tras la crisis sanitaria. Se olvidan también del dictamen económico que se aprobó en esta Cámara como resultado de la Comisión de Reconstrucción, que
tanto costó conseguir y que se consiguió gracias a Ciudadanos. Insisto, señores del Gobierno, la unidad no es imposible -bien lo sabemos-, pero deben ustedes saber que tampoco la unidad es incondicional. Nos parece, señorías, que esta propuesta
solo está inspirada en el partidismo y no en las necesidades reales que nos ha traído esta crisis. En Ciudadanos hemos dado un paso al frente y hemos pedido al Gobierno una tregua política para que se dejen el partidismo y el politiqueo a un lado y
nos centremos todos juntos en un único objetivo posible en la situación que vivimos: salvar vidas y salvar empleos. Esta tregua política debe salir del Gobierno y encontrar una oposición a la altura, que es exactamente lo contrario de lo que
representa esta propuesta, que ha enfadado hasta a los propios alcaldes. De este real decreto ya debatimos la semana pasada en Comisión. La señora ministra compareció y vino a explicar lo inexplicable. Allí todos los portavoces estábamos de
acuerdo, y cuando digo todos, digo todos, incluido el portavoz de Unidas Podemos, que así lo dijo en la Comisión. Lo primero que nos contaron es que lo que se llegó a votar en la FEMP era un acuerdo entre el Gobierno y la FEMP. No, señora
ministra, lo que se votó allí era una negociación hecha entre el Partido Socialista del Gobierno y el Partido Socialista de los ayuntamientos. Se votó y obtuvo 12 votos a favor y 13 no a favor, y salió gracias al voto de calidad que tiene el
presidente de la FEMP, también del Partido Socialista.


Señorías, este decreto no aporta soluciones a una Administración local que ha tenido que hacer frente a numerosísimos esfuerzos ante esta crisis. Usted misma dijo en Comisión en esta Cámara que no se le ocurría nada más. Pues nosotros
podríamos haberle propuesto lo que teníamos encima de la mesa. ¿Por qué no ha escuchado al resto de partidos? ¿Por qué no ha escuchado a la ciudadanía? ¿Por qué no ha escuchado a los alcaldes? Lamento decírselo, pero este real decreto quiere
poner entre la espada y la pared a los partidos, y pone entre la espada y la pared a los ayuntamientos. Los ayuntamientos que tienen remanente solo podrán acceder a esos fondos, a esos 5000 millones, si dan su remanente y, además, el resto se le
devolverá en cómodos plazos, quince años, ¡casi nada! Pero es que los ayuntamientos que no tienen remanente, o se endeudan o no hay nada que hacer.


En resumen, señorías, lo que ustedes nos están haciendo hoy votar no es solo eso, que se entreguen los remanentes, sino cómo tenemos que gastárnoslos. Señorías, ustedes nos dicen que presentan un plan y que se lo aprobemos hoy como
oposición que somos y que luego se cambiará. ¿No sería más rápido sentarnos primero a negociar, a consensuar y, después, anunciar y votar? No podemos confiar en que se tramite como proyecto de ley y en esa tramitación del proyecto de ley hacer los
cambios, porque llevamos seis meses pendientes de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto 8/2020. Ciudadanos sí está demostrando que sabemos buscar la unidad por el bien de los españoles. Somos la oposición útil y responsable, y por
eso siempre intentamos acompañar cada crítica con una propuesta. Y aquí la propuesta de mi grupo parlamentario: que se cree un fondo de 5000 millones, al igual que se creó para las comunidades autónomas, en este caso para los ayuntamientos, pero
para todos, tengan o no remanente. Porque la crisis del coronavirus, esta crisis sanitaria ha afectado a todos por igual. No podemos mirar ahora quién tiene y quién no tiene remanente. Aun así, quedaría ver qué pasa con esos remanentes. En el
dictamen de la Comisión de Reconstrucción se aprobó una enmienda apoyada por la mayoría de los partidos, que mostraba un consenso respecto a que hay que intentar solucionar el problema de los remanentes. Si hay que hacer un cambio legislativo,
pónganse a ello.

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Señora Montero, hoy se quedan solos, pero no están solos. Recapaciten, rectifiquen, traigan un nuevo real decreto con consenso y encontrarán siempre la oposición útil de Ciudadanos, dispuesta a arrimar el hombro para solucionar la crisis
económica que padecen los ayuntamientos de España.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a la desinfección de la tribuna de oradores).


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.


Señora ministra, sinceramente, esperaba no tener que repetir los argumentos expresados la pasada semana en la Comisión de Hacienda porque el Gobierno -o el PSOE, ya veremos- hubiese rectificado, pero no ha sido así. A juicio del BNG, la
medida prevista en el Real Decreto 27/2020 supone una auténtica incautación por parte del Estado de los recursos de los ayuntamientos. Y es un error en el que persisten, precisamente en el momento en que más se necesitaba que esos fondos estuvieran
disponibles para los concellos. No hay duda de que el bloqueo de los remanentes municipales es una medida injusta, especialmente en nuestro país, en Galiza, porque los criterios del sistema de financiación de las entidades locales nos perjudican
donde los concellos ingresar 50 euros menos de media por habitante que el conjunto del Estado español. Por cierto, su propuesta de negociación al respecto, basada en el reparto del 60 % en función de la población, agravaría aún más esa situación,
obviando criterios que para nosotros son fundamentales, como dispersión territorial o envejecimiento de la población. Por ello, el BNG rechaza taxativamente la pretensión del Gobierno de apropiarse de los recursos ahorrados por los concellos. No
no sirve el argumento de que hay que cumplir la ley, porque lo que hay que hacer con la Ley Montoro es derogarla. Curiosamente, este Gobierno, que se autotitula el más progresista de la historia, hace con esta ley lo mismo que hizo con otras normas
de la etapa de los Gobiernos antisociales del Partido Popular, como la Ley Mordaza o la reforma laboral: aplicarlas en vez de derogarlas.


Y por último, termino haciendo una breve referencia a un aspecto del decreto que creemos injusto. La disposición adicional octava deja fuera del reconocimiento como accidente laboral del contagio por COVID-19 a los técnicos y técnicas de
cuidados de personas dependientes en el hogar.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.


El señor REGO CANDAMIL: Este es, por tanto, un aspecto que necesariamente creemos que hay que modificar. En todo caso, el BNG votará no.


Obrigado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra, a continuación, el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.


Señora Montero, lo que empieza mal, acaba mal. Se forzó un acuerdo con fórceps de la Federación Española de Municipios y Provincias, y durante este tiempo, sinceramente, nos ha parecido que más que negociar se nos ha querido culpabilizar.
Se nos ha querido hacer responsables de que esto no saliera, se nos ha querido hacer responsables de que vamos a votar con el PP y no han sido capaces de sumar un solo voto a su mayoría. Y solo moviéndose, sumaron los de los comunes ayer por la
tarde. No me ha gustado su afirmación de que es aquí y ahora. Sí, evidentemente, este real decreto es aquí y ahora, pero, señora Montero, a decreto muerto, decreto puesto. No hagamos un drama de lo de hoy; mañana pueden aprobar un decreto con
todo lo que estamos de acuerdo, y es mucho. Y durante este tiempo, negocie, pero negocie bien, no a última hora y con nocturnidad. No podemos estar negociando por las noches.


Mire, se aprende muchísimo más de las derrotas que de las victorias, ya se lo dije alguna vez al Partido Popular. Aprendan, aprendan que no tienen mayoría absoluta. Aprendan a negociar mejor, aprendan que tienen aliados, no palmeros. De
usted depende. Hay soluciones. Aquí se han esbozado algunas. Si negociamos, seguro que podemos encontrar la solución para ayudar a los ayuntamientos, que lo necesitan y mucho.


Moltes gràcies.

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Bel Accensi.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Señora ministra, respeto a la FEMP y a su presidente, por parte de este portavoz y mi grupo, absolutamente todo. Respeto a la Associació Catalana de Municipis y a la Federació de Municipis de Catalunya, absolutamente todo. Allí los
acuerdos no se han tomado por voto de cualidad del presidente, se votaron prácticamente por unanimidad; representan el cien por cien de las entidades municipales de Cataluña y fue de rechazo absoluto al real decreto-ley. Por tanto, por algún
motivo será.


Señora ministra, usted pide propuestas, nosotros las hemos hecho y se las voy a comentar: suspensión de la regla de gasto para las corporaciones locales 2020-2021; los 5000 millones del fondo a distribuir entre todos los ayuntamientos, de
acuerdo con población u otro criterio, entre todos los ayuntamientos, sin excluir absolutamente a ninguno, no el 60 % sino el 100 %. Igual que en las comunidades autónomas los 16000 millones se repartieron entre todas las comunidades autónomas
independientemente de su situación financiera, exactamente igual para los ayuntamientos.


El tema de los remanentes. Señora ministra, este portavoz, y creo que la mayoría, venimos aquí a los Plenos y a la Cámara estudiados y leídos. En mi caso, yo he sido, durante muchos años, un humilde alcalde, como muchos de los portavoces
que hoy han intervenido o van intervenir aquí; he sido y soy profesor de Hacienda Pública; escuchen, escuchen porque hay propuestas. No hace falta modificar el artículo 135 -se lo digo sinceramente- para que los ayuntamientos puedan incorporar
sus remanentes sin que les afecte a la estabilidad presupuestaria; eso es posible técnicamente; políticamente, por supuesto, y también técnicamente. Por tanto, cierta humildad. No hace falta que los ayuntamientos, de acuerdo con su mecanismo,
presten el dinero para que, después, ustedes se lo vayan devolviendo, ya que cuando lo incorporen también va a afectar a la estabilidad, también va a generar déficit, cada año menor, y así, según usted, lo podrán incorporar a su presupuesto. Pueden
aplicar exactamente el mismo mecanismo sin necesidad de préstamo y así evitarían especulaciones de ciertas formaciones políticas.


Señora ministra, hoy este real decreto-ley no va a ser convalidado y usted no va a ser la primera ministra que pase por este trance. La verdad es que ha habido pocos ministros que hayan pasado por este trance. Yo, en mi corta vida
parlamentaria he vivido dos; si recuerdan, fueron el real decreto-ley de la estiba, con el ministro De la Serna, y el real decreto-ley de los arrendamientos, con el ministro Ábalos, compañero de su gabinete. ¿Y sabe qué hicieron los dos ministros?
Lo que debe hacer cualquier ministro: más allá de la situación -que le debe doler-, tragarse el orgullo, negociar con el resto de la Cámara y traer inmediatamente otro real decreto-ley que tenga garantizada su aprobación, como hicieron sus
antecesores, y eso es posible. Yo le doy una pista, con toda la humildad del mundo: en los dos reales decretos-leyes que fueron tumbados y, posteriormente, aprobados, mi grupo parlamentario fue decisivo.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall Sastre.


El señor MARGALL SASTRE: Bon dia, president, diputades i diputats.


Buenos días, ministra. Como ya sabe, vamos a votar que no a este real decreto por el que se intentan regular medidas financieras que afectan a las entidades locales y que, sobre todo, afectan a los remanentes que tienen bloqueados en los
bancos muchos ayuntamientos desde que el Partido Popular y el ministro Montoro aprobaron la Ley de estabilidad presupuestaria en 2012. Déjeme decirle, ministra, sin acritud -como decía aquel-, que lo han hecho tan mal como han sabido y han podido.
Les avisamos hace semanas -y otros grupos parlamentarios también lo hicieron- de que este real decreto podría no ser convalidado. Usted lleva dos años y nueve meses como ministra y no ha sido capaz de consensuar con ningún grupo parlamentario
-solamente con sus socios y a última hora- una solución para desbloquear los 21000 millones de euros de remanentes bloqueados en los bancos y que deberían destinarse a las necesidades más urgentes de la ciudadanía, que son muchas. Por tanto,
nuestra posición es un no claro y rotundo y, como ya le anuncié, los municipios, ciudades y diputaciones gobernadas por Esquerra Republicana no van a transferir sus remanentes al Estado.

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Con este real decreto, el autodenominado Gobierno más progresista de la historia rechaza dotar a los ayuntamientos de las herramientas y recursos necesarios para superar la crisis social y económica desde la proximidad. Por el contrario,
decide apostar, una vez más, por las recetas clásicas de todos los Gobiernos que hasta ahora han gobernado el Estado español: recentralización y austeridad, y sobre todo deja fuera a aquellos ayuntamientos que no tienen remanentes y que tienen más
urgencias que nunca.


Debe ser duro para los alcaldes y alcaldesas del PSOE y de Unidas Podemos ver cómo su Gobierno ha renunciado a acabar con el marco de austeridad que tantas veces habían criticado. Estamos acostumbrados a escuchar a estos partidos hablar de
la necesidad de salir de esta crisis aplicando una receta distinta al austericidio que practicaba el PP, pero a la hora de la verdad ejecutan la misma política que el señor Montoro: la limitación de la inversión pública justamente cuando resulta
más necesaria que nunca. Miren, yo he sido alcalde de mi municipio y me consta que muchos de ustedes también. Les propongo un ejercicio de empatía: ¿Qué pensarían ustedes hoy si estuvieran presidiendo un consistorio con millones de euros en el
banco y en plena pandemia de la COVID-19 no pudieran usarlos? Pues, esto es lo que está pasando ahora: 21000 millones de euros congelados sin poderse utilizar. Esta propuesta es un ataque del Gobierno del Estado a las administraciones locales;
de facto, intentan cargarse el principio de autonomía local y pretenden que los ayuntamientos permitan al Estado ejercer de banco, quedándose con sus remanentes durante muchos años.


Usted también nos dice que aprobemos este real decreto, que se tramite como ley y que los grupos presentemos enmiendas para corregirlo; que se van a mover y que parte de estos 5000 millones que anunció se van a transferir a fondo perdido a
todos los ayuntamientos; hoy ha hablado de 3000 millones de euros. ¿Sabe qué pasa, ministra? Que nos han hecho esta trampa tantas veces -tantas veces- que ya no cuela. Cuando no les interesa que se modifique un real decreto-ley ya convalidado,
no convocan la ponencia de ley y, por tanto, no se modifica nada. Para nosotros ustedes tienen credibilidad cero -credibilidad cero- porque actúan de la misma manera que actuaba el PP, implementando las mismas políticas recentralizadoras y
austericidas.


Usted repite -ha repetido muchas veces- en sus intervenciones que no hay una segunda oportunidad. No sé si para usted no habrá una segunda oportunidad -de hecho, el fracaso de que no se convalide este real decreto-ley es un fracaso para
usted y para el Gobierno, pero sobre todo para los ayuntamientos-, pero seguro que quienes se merecen una segunda oportunidad son los ayuntamientos y los alcaldes y alcaldesas de este país. Por tanto, nosotros no nos cerramos a llegar a un acuerdo
a partir de ahora, cuando este real decreto decaiga, porque somos un partido municipalista, somos un partido transformador y somos un partido cuya prioridad es que los municipios puedan solucionar sus problemas.


Ya conoce nuestras propuestas, se las hemos hecho llegar estos últimos días. Primera, que los remanentes y superávits de los ayuntamientos puedan ser usados libremente con efectos inmediatos; se trata de respetar el principio de autonomía
local. Segunda, que los ayuntamientos con pocos ahorros pero que disponen de capacidad financiera -como es el caso de Barcelona, por ejemplo- puedan recurrir al endeudamiento para abordar los retos de la recuperación social y económica. Tercera,
que el Estado facilite a los ayuntamientos el fondo de 5000 millones de euros que han anunciado, pero sin condiciones ni chantajes, simple lealtad institucional. Cuarta, y última, que se exima a los entes locales del cumplimiento de la Ley de
estabilidad presupuestaria en los ejercicios 20 y 21. En momentos excepcionales, medidas excepcionales.


Ya lo ve, ministra, condiciones claras y mano tendida. Tienen mayoría parlamentaria para aprobar que los ayuntamientos puedan ser útiles a sus ciudadanos y acabar con las políticas austericidas del Partido Popular. Si no lo hacen, es
porque no quieren.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos.


Señora ministra, debo confesar que desde que se me encargó la labor de defender la posición de mi grupo sobre este punto, he desarrollado cierto complejo de funambulista, de equilibrista. Es de dominio público desde hace semanas el hecho de
que el capítulo de financiación municipal de emergencia para atender las necesidades de la crisis COVID ha tensado las costuras no ya solo de la coalición de Gobierno,

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sino la interna de los propios espacios políticos que lo componen. Me atrevo a decir incluso que también ha habido sus tensiones dentro de otras fuerzas políticas aquí representadas a propósito de un tema tan delicado y en un contexto tan
extraordinario como el que vivimos. En todo caso, convendrán sus señorías conmigo en que algunas de esas tensiones atraviesan de lleno a mi grupo, toda vez que nuestros referentes políticos en la Federación Española de Municipios y Provincias no
avalaron el último acuerdo alcanzado por esta institución y el propio Gobierno del que, por otro lado, somos parte.


Ante este panorama, uno tiene la tentación de esquivar estos temas espinosos y refugiarse en el reproche, en el reproche frente a los borbotones de cinismo que brotan de las bancadas populares cual maná eterno. Hoy lo hemos visto; esta
mañana la verdad es que me he tenido que salir en algún momento a coger aire. Sí, claro, digo todo esto porque es fácil explicar, como ya se ha hecho hoy aquí, que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fiscal, aprobada por
una mayoría absoluta popular allá por el año 2012, es precisamente el candado normativo que ha impedido movilizar remanentes municipales, y lo ha impedido en un momento de urgencia histórica como el actual en que los municipios han sido el primer
dique de contención ante el tsunami sanitario, social y económico que hemos vivido. Por tanto, verles ahora en la tarea de apoderarse de la bandera municipalista, tras haber arrasado con la capacidad de maniobra financiera de los ayuntamientos,
produce, cuando menos, algo de vergüenza ajena. Que, además, se hayan cerrado a cualquier acuerdo o siquiera negociación para permitir una solución rápida a este acuciante problema y dado el número de alcaldías gobernadas por miembros del Partido
Popular, añade una grotesca dosis de irresponsabilidad a este partido que se autoproclama de Estado.


Pero no voy a refugiarme en el recurso fácil, no quiero apelar solo a la indignación, así que voy a tratar de explicar hoy aquí la posición política que hemos venido defendiendo respecto a este tema. Y voy a intentar hacerlo tanto con la
honestidad que le debo a la ciudadanía y a todos y a todas mis compañeras de espacio político como con lealtad al Gobierno que desde mi grupo parlamentarlo ayudamos a sostener. Todos hemos sido testigos del desafío institucional que ha provocado y
que todavía hoy supone esta pandemia. Ante ello, el Gobierno aprobó de urgencia una serie de medidas de choque, entre las cuales estaba la inyección de 16000 millones de euros a las comunidades autónomas para que las redes públicas, tanto
sanitarias como educativas, de este país aguantaran el pulso y evitaran así un colapso total del sistema. Pese al estruendo político que suele reinar en esta casa, nadie aquí, nadie, polemizó entonces sobre la justeza y pertinencia de tal medida.
Pues bien, mi grupo cree que el desafío enfrentado por las estructuras municipales del Estado no ha sido, desde luego, menor al que se han enfrentado las estructuras autonómicas y centrales. En muchos sentidos incluso creemos que han sido hasta
más. Sumemos además la frustración legítima que ha generado en muchos alcaldes y concejales de este país todo este episodio traumático. No es lo mismo asistir al drama de tantas familias desde un despacho de Madrid que desde un consistorio
municipal de nuestra geografía, mucho más cuando encima unos señores de la capital te prohíben tocar recursos de tu propio municipio para atender esta emergencia. Pues bien, aun sin esos recursos, a lo largo de los últimos meses muchos
ayuntamientos de España de muy diverso color, por cierto, han ejercido de auténticos bomberos. Estoy seguro de que literalmente han salvado vidas y han evitado catástrofes aún mayores. En el ámbito sanitario muchos municipios han ampliado los
servicios de limpieza y desinfección, han reforzado los servicios de ayuda a domicilio para las personas dependientes, han comprado y distribuido material sanitario entre sus vecinas y vecinos; pero no solo en este ámbito, también en el educativo.
Han participado en la puesta a punto de centros escolares, han reforzado personal, han implementado medidas de refuerzo para el suministro de menús escolares, han repartido material didáctico para niños de diferentes edades con la finalidad de que
los alumnos que no tienen acceso a las nuevas tecnologías puedan continuar con su proceso de aprendizaje. Y por si fuera poco, muchos de estos ayuntamientos han reforzado los servicios de transporte, han aumentado las ayudas para la alimentación,
los suministros y el alquiler de personas vulnerables, han ampliado las plantillas de los servicios sociales, han puesto en marcha subvenciones para autónomos y pymes, han ayudado a la hostelería para que se adapte a las restricciones que impone la
pandemia. En fin, he podido estudiar un poco la reacción municipal y resulta abrumador contemplar el esfuerzo que se ha hecho. En Barcelona, desde luego, pero también en Valencia, en Sevilla, en Ciudad Real, en Salamanca, en Manresa, en Lizarra,
en tantos y tantos ayuntamientos de nuestro país. La suma de todos estos factores propició finalmente una situación explosiva entre nuestros municipios, más explosiva quizá de la que el propio Gobierno había calculado inicialmente.


Como saben sus señorías, el real decreto que aquí discutimos incluye un mecanismo inmediato para la movilización de remanentes municipales, además de un fondo de cuatrocientos millones al transporte y

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la suspensión de facto de la regla de gasto, demandas ampliamente planteadas desde el ámbito municipal. Sin embargo, un acuerdo pírrico -llamémoslo así, pírrico- en el seno de la FEMP encendió las alarmas. El martes de la semana pasada la
ministra Montero compareció en la Comisión de Hacienda. Salvo los habituales de la montaña, que andaban como siempre a otra cosa, la mayoría de los grupos, incluido el nuestro, le instamos entonces a escuchar y a moverse, se entendía que con el
ánimo de negociar, claro está. Pues bien, nadie puede negar hoy que la ministra no escuchara, nadie puede negar hoy que la ministra no se moviera. Por eso, cuando escucho al señor del BNG decir que el Gobierno no se ha movido, ¡hombre!, señor
Rego, yo entiendo, que a usted le parezca insuficiente e incluso que haya podido ser demasiado tarde. Es una crítica que otros grupos han hecho y que no comparto, pero me parece razonable. Ahora bien, decir que no se ha movido, en fin, eso es
directamente faltar a la verdad. Se pidió entonces que se liberaran fondos inmediatos y directos no vinculados a remanentes para distribuir según los criterios que la propia FEMP había consensuado el inicio de la crisis. En un esfuerzo que creemos
sincero por parte de la ministra y de todo su equipo, se ofreció un planteamiento en esta dirección para implementarse durante la tramitación como proyecto de ley de esta norma. Creemos que la respuesta fría e insuficiente de esta Cámara hoy a este
planteamiento es una mala noticia para todas y para todos, empezando por la mayoría de los conciudadanos y conciudadanas, que esperan y necesitan del concurso de sus ayuntamientos para aguantar el tirón. Y desde luego también es una mala noticia
para el Gobierno, pero igualmente para todos aquellos que apostamos por abrir una nueva etapa de entendimiento político entre las Españas. Por eso hoy solo ganan los agoreros, los amigos del no, los de la montaña.


Querría terminar, señora ministra, insistiendo en algo que se ha dicho aquí y que a nosotros también nos parece fundamental. Siempre hemos defendido la derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, siempre hemos pensado que
esa derogación es fundamental, pero hoy -hoy- es urgente. Y si este Gobierno tiene la doble tarea, el doble desafío de atender una crisis urgente y adoptar medidas rápidas, ágiles, para afrontarla, también tiene el desafío y la responsabilidad de
asumir los cambios estructurales de largo plazo que necesita este país y eso requiere también de modificaciones normativas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón.


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias.


Señora ministra, para este Gobierno socialcomunista todo es político. Desde sus totalitarios deseos de legislar cómo debemos comportarnos en nuestro hogar hasta la toma de control de nuestros hijos, desde la demonización de la industria
hasta su pretensión de que los españoles aceptemos la inmigración masiva y descontrolada, prácticamente todas sus iniciativas están encaminadas a culminar una reprogramación cultural de España. Se trata de una labor de zapa que comenzó con el
inefable ZP, que se consolidó en los años de poder y no querer del señor Rajoy y que ahora se retoma con vigor en una especie de competición entre el nuevo PSOE y el viejo comunismo para ver quién inventa una nueva microofensa o quién se inventa
antes un nuevo género. Pero sucede que hay algunas cosas en la vida que no se prestan tan bien a esa división ideológica entre los españoles que ustedes tanto fomentan. Es más, la mayoría de las cosas realmente importantes de la vida son
sencillamente de sentido común y, como digo, no se prestan a su tan deseada confrontación de mujeres contra hombres, de homosexuales contra heterosexuales, de izquierdas contra derechas, porque el sentido común está por encima de las divisiones.
Pero incluso en estos casos su Gobierno es capaz de buscarle el peor ángulo posible a cualquier debate, de tomar la peor postura posible y de pretender que los demás le sigan bajo la amenaza de que, de lo contrario, se quebrará su tan cacareada
llamada a la unidad de los partidos.


En efecto, tras la vuelta del verano, y después de sus interminables vacaciones en los palacios de La Mareta en Lanzarote y de Las Marismillas en las playas de Huelva -algo que no se explican nuestros socios europeos ni muchos ciudadanos
españoles, pero que yo aplaudo; ya saben que cuanto más tiempo estén ustedes de vacaciones, mejor para España (aplausos)-, tras esas largas vacaciones, volvió ayer el presidente Sánchez con todos sus ministros y de nuevo, tras dividir durante meses
a los españoles, aprovecharon para lanzar su nueva campaña coral. Todos los ministros ayer repetían lo mismo: unidad, unidad, unidad. Sin embargo, resulta que el primer real decreto-ley que traen ustedes a esta Cámara para convalidar en el nuevo
periodo de sesiones, el primero, viene a provocar precisamente un enfrentamiento

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histórico, un enfrentamiento de la Administración General del Estado con los ayuntamientos en rebelión por un chantaje sin precedentes; un enfrentamiento de los ayuntamientos entre sí, provocando el sonrojo de alcaldes socialistas que no
saben dónde meterse; un enfrentamiento con un gran perjudicado, que son los españoles, que ven cómo las prioridades de gasto de la Administración más cercana, que es la Administración local, quedan supeditadas -como tantas otras cosas en esta
Cámara- a la agenda ideológica del Gobierno que, como tantas otras cosas también, está tremendamente alejada de la realidad.


El pasado 22 de mayo los ayuntamientos representados en la Federación Española de Municipios y Provincias acordaron trasladar al Gobierno la urgencia de disponer de fondos para desarrollar su actividad y lo hicieron por unanimidad, sin
ninguna excepción. Lo hicieron en los momentos más delicados para la Administración local, que veía literalmente cómo los problemas de los vecinos no tenían solución por parte de ninguna otra Administración, y lo hicieron bajo el firme
convencimiento del papel relevante de los ayuntamientos en la atención pos-COVID. Se trataba sin duda de una necesidad, pero también era una cuestión de justicia, y lo sé porque así lo subrayó Abel Caballero, su presidente, que en ese primer
acuerdo dijo: Queremos utilizar esos recursos en su totalidad porque son los ahorros de los ciudadanos de cada municipio y provincia y han de utilizarse en su ámbito. El propio Abel Caballero -socialista, por cierto- vino a defenderlo al Congreso
de los Diputados en la Comisión para la Reconstrucción y, dando un paso más en la fuerza moral de los ayuntamientos, dijo que quienes se apretaron el cinturón, quienes hicieron más con menos, quienes cumplieron durante años con superávit, quienes
gestionaron de mejor manera, aportando en torno a medio punto del producto interior bruto para que otras instituciones pudieran cumplir los objetivos, no podían ser privados de su esfuerzo, es decir, de los remanentes generados por ellos mismos.
Reconozco que aquello me sorprendió, porque hacía años que no escuchaba algo tan sensato de la boca de un socialista en esta casa. Me extrañó tanto que le advertí de que el Partido Socialista le acabaría dando lo que yo llamé un tirón de orejas y,
con una sonrisa, me miró y dijo: No creo, no creo que me den un tirón de orejas. Pero le duró muy poco la sonrisa porque, en cuestión de semanas, el sanchismo doblegó y revirtió la sensata propuesta que había presentado el Partido Socialista
clásico y el pobre Abel Caballero firmó -con gesto adusto y muy serio- exactamente lo contrario de lo que había defendido en esta casa, es decir, la rendición de los remanentes de tesorería, haciendo valer su propio voto en calidad de presidente de
la Federación Española de Municipios y Provincias. Ahora al pobre señor Caballero ya solo le queda hablar de la iluminación navideña de Vigo. No me extraña, porque es lo único que ya puede hacer. (Aplausos). Con él, los alcaldes socialistas
fueron los únicos que aceptaron el trágala, anteponiendo los intereses de su partido a los intereses de los españoles, y eso no me cabe duda de que lo acabarán pagando. Y lo volvieron a aceptar al día siguiente cuando en el BOE se publicó el plazo
de devolución de préstamo, muy superior al pactado previamente.


Se trata de una operación con un único objetivo, que es el de hacer ingeniería contable para blanquear la penosa situación económica de un Gobierno que ya no puede seguir. A los ayuntamientos con excedentes de tesorería les someten ustedes
a un chantaje inadmisible quitándoles los remanentes y devolviendo una parte que tendrán que gastar en lo que ustedes, el Gobierno, les diga. Y los que no han acumulado superávit, directamente se quedan fuera de ese reparto de reparto de fondos.


Mire, señora ministra, es muy difícil poner de acuerdo a tantos partidos en esta Cámara, yo diría que es una cosa casi inédita, no creo que haya precedentes, pero en todos ellos y desde luego en VOX hemos dicho no al golpe más duro que
pretenden atestarle al municipalismo en estos años de democracia. Un golpe que castiga, en lugar de premiar, a quienes han cumplido con ejemplaridad durante estos años; que atenta contra el principio de autonomía en la gestión de los
ayuntamientos, consagrado en el artículo 137 de la Constitución, y que una vez más no resuelve nada.


Termino. Señora ministra, su Gobierno no es un Gobierno cualquiera, es el Gobierno más grande y más despilfarrador de la historia de la democracia, es el que cuenta con más ministros, el que cuenta con más secretarios de Estado, el que
cuenta con más directores generales y más asesores a dedo, es el que despliega más gasto público de la historia, es el que ha alcanzado un mayor nivel de deuda pública de la historia -del que usted está tan orgullosa porque dice que puede salir a
los mercados y financiarse cuando quiera-, es el que no repara en gastos y dispara las ayudas a chiringuitos, a medios amigos y reparte subvenciones. Y este Gobierno, en lugar de apretarse el cinturón -como hicieron las administraciones locales de
manera ejemplar-, les quita los remanentes a los ayuntamientos y les convierte en la enésima institución erosionada y socavada por su Gobierno. Ustedes no respetan a nada ni a nadie. Con este real decreto-ley dan la puntilla a los ayuntamientos,
al municipalismo y a la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad. Los ayuntamientos se unen a una larga lista de instituciones a las que

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ustedes han atacado, como el CIS, Radiotelevisión Española, la Fiscalía General del Estado, la AIReF, el CNI, la Seguridad Social y las incontables instituciones que se han visto degradadas por un Gobierno dispuesto a cualquier cosa con tal
de permanecer en el poder.


Como dijo la vicepresidenta Calvo, refiriéndose al prestigio de las instituciones que ustedes lideran: No se puede restituir lo que nunca ha existido. Ustedes están destrozando España de arriba abajo, son el peor Gobierno posible...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Espinosa debe terminar, por favor.


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Le agradezco su flexibilidad, como ha tenido con Podemos, señor presidente. (Aplausos).


Ustedes están destrozando España y por eso se tienen que marchar cuanto antes, por el bien de España. En VOX, espero que con el respaldo de más diputados que hoy parecen querer hacerlo desde luego nos opondremos a este ataque al
municipalismo y se lo vamos a exigir muy pronto con una moción de censura para la que hay cada vez más motivos.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.


Señorías, Gobiernos y Parlamentos estamos obligados a decidir, a decidir contrarreloj cómo hacer frente no solo a la pandemia sanitaria de carácter global sino también a los efectos económicos y sociales que de ella se derivan.


El Gobierno presidido por Pedro Sánchez en cada Consejo de Ministros aprueba soluciones a las necesidades de este país. A cada problema, una respuesta con medidas de carácter extraordinario y urgente que no pueden demorarse. Y en este
contexto nace este real decreto-ley que debatimos, que contiene un abanico de oportunidades para los ayuntamientos al que este Parlamento no puede ni debe renunciar. La ministra lo ha explicado perfectamente, les ofrece soluciones financieras a
todos y a cada uno de ellos con las que atender con solvencia las necesidades sobrevenidas en estos tiempos de emergencia. El objetivo último, la acción conjunta de las administraciones para que ninguna necesidad quede sin atender, para que nadie
quede atrás, y qué mejor manera que conseguirlo que con un acuerdo legítimo y democrático con los representantes de los Gobiernos locales y de su máximo órgano de representación, que es la FEMP. Un acuerdo que reconoce a los ayuntamientos como
pieza clave para la recuperación económica desde la proximidad, desde la cercanía. Solo por eso la convalidación de este real decreto-ley debiera estar exenta de cualquier duda. Por tanto, ministra, nuestro reconocimiento al trabajo realizado.
(Aplausos).


Es complejo, claro que es complejo, tenemos 8131 municipios con realidades muy distintas, como ustedes saben, pero todos tienen algo en común, tienen grandes alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que se dejan la piel las
veinticuatro horas del día por mejorar la vida de la gente, y no pueden esperar ni un día más a hacer realidad las soluciones que les ofrece este decreto-ley. No pueden esperar. ¿Esperar a qué? Las necesidades les apremian, necesitan ya, hoy
mismo, con su voto favorable, el margen de maniobra ante una legislación heredada del año 2012 y 2013 que les encorseta. Y miren, señorías, en agosto era imposible eliminar el corsé normativo, pero sí desabrocharlo para que pudieran disponer de
manera inmediata de los recursos propios que hasta ahora no les son accesibles. Hasta ahora tenemos en nuestras manos atender sus demandas municipales, la posibilidad de convalidar esas soluciones, de hacerlas realidad ya, y no podemos fallarles,
los socialistas desde luego no lo vamos a hacer. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


Les he escuchado, pero la realidad es la siguiente, y es que ayuntamientos de todos los signos políticos esperan que hoy votemos a favor, porque piden al Gobierno que les permitan gastar su superávit y flexibilizar la regla de gasto, que les
demos garantías, que les demos seguridad, demandas incluidas en el acuerdo de la FEMP. La FEMP cumple. Además, se acordó con el Gobierno. El Gobierno cumple y lo incluye en su artículo 1, posibilidad de reinvertir todo su superávit de 2019 en
inversiones financieramente sostenibles. Tienen la solución hoy, háganla posible, porque el Gobierno ya ha cumplido, ha puesto encima de la mesa la solución, puede ser ya realidad. ¿A qué tienen que esperar? ¿A quién se lo tienen que

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mandar? (Aplausos). Es más, dicen que no quieren que se aplique la regla de gasto. La disposición adicional segunda, señorías, ya es una realidad, puede entrar en vigor el día siguiente de la publicación de este real decreto-ley. ¿Por
qué derivan su responsabilidad a la del Gobierno? El Gobierno ha cumplido, los ayuntamientos han cumplido y están esperando que atendamos sus demandas, están esperando que hoy todos votemos que sí. Así que, ¿qué me están contando? Si no es
urgente, si ustedes hoy dicen que no es urgente, ¿por qué lo va a ser el martes? Era urgente en agosto y es urgente que hoy les digamos que sí. Pero es que además les autoriza de manera excepcional a utilizar su superávit o remanente de 2019 para
gastos generales de 2020. ¿Pero qué me están diciendo? ¿Van a votar que no? ¿Van a votar en contra de esto? ¿Van a inviabilizar, a imposibilitar que hoy los alcaldes, estos con los que a ustedes tanto se les llena la boca, puedan utilizar los
6000 millones de euros que el ministerio está dispuesto a entregar con este real decreto-ley? ¿Van a renunciar a que los alcaldes hoy mismo puedan ya hacer frente a las obligaciones con sus vecinos y vecinas? Miren, todas las reivindicaciones de
los ayuntamientos, de sus alcaldes, de sus alcaldesas están reconocidas en este real decreto-ley. Además, atiende a los municipios con dificultades financieras. Además, recoge un fondo para paliar el déficit del transporte público. ¿Qué van a
hacer? ¿Van a votar que no a ese fondo público? Es que lo van a hacer hoy. Dicen: que lo vuelva a traer el Gobierno. Es que el Gobierno ya lo ha traído. Lo trae aquí. No podemos esperar. La gente no puede esperar. Estamos en emergencia y
ustedes parece que están ahí sentados sin asumir la responsabilidad que ustedes tienen hoy aquí. Dejen tanta palabrería. Si quieren apostar por el municipalismo, si quieren apostar por sus vecinos y vecinas, voten hoy sí a la convalidación del
real decreto-ley. (Aplausos).


Es verdad que la crítica constructiva es saludable, pero es que hasta el último momento hemos estado negociando. Es más, decimos: Convaliden todo lo que sea bueno. ¿Por qué anular todo? Si ustedes no están de acuerdo con la solución que
se da para poder utilizar los remanentes, podemos mejorar la solución en la tramitación como proyecto de ley. Pero es que ustedes no están en eso. Ustedes nos han demostrado que no están en eso. Ustedes no están por solucionar problemas. Ustedes
no están por convalidar este real decreto-ley para atender a las necesidades de la gente. Ustedes lo que dicen es: ¡Uff, tráiganlo mañana; mañana será otro día! ¿Pero dónde hemos ido a parar? No hay excusa. No convalidar este decreto-ley choca
frontalmente con la defensa del municipalismo; es irracional y supone maltratar a la ciudadanía al convertir ustedes en nulas medidas que les favorecen a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por tanto, no hay excusa ni hay alternativa. (Aplausos).


Animo a los grupos a sumarse a un sí por responsabilidad y por oportunidad; a un sí para facilitar inversiones, para movilizar ahorros, para ayudar al transporte público, para ayudar a los ayuntamientos en riesgo financiero; a un sí
-termino ya, presidente- para atender las necesidades de todos y cada uno de nuestros vecinos y nuestras vecinas, con soluciones reales, factibles, útiles, inmediatas, que son fruto del diálogo y del acuerdo, que mejoran lo acordado en sede
parlamentaria, que potencian la autonomía local y que dan respuestas inmediatas -sí, respuestas inmediatas-; en definitiva -lo repito-, un sí para mejorar la vida de las personas. Señorías, tienen hoy una gran responsabilidad. Pueden coger este
tren o dejarlo escapar.


La señora PRESIDENTA: Señora Blanquer, tiene que terminar, por favor.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Si lo dejan marchar, esa será su responsabilidad y deberán dar cuenta a cada uno de sus alcaldes. Hoy mismo tendrán que dar la cara delante de sus vecinos y vecinas.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Blanquer.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


? PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA. (Número de expediente 122/000020).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. A esta proposición de ley se han presentado dos enmiendas a la
totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Ruiz Solás. (Aplausos).

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La señora RUIZ SOLÁS: Gracias, señora presidente.


Señorías, qué enorme es la arrogancia de los hombres. Qué enorme es la arrogancia de quienes creen que tienen autoridad para decidir quién vive y quién muere. Qué enorme la arrogancia de los hombres que hacen leyes que permiten la
destrucción de la vida, como si lo legalmente permitido acabara siendo lo moralmente correcto. Ustedes, señores del Gobierno, pretenden que los diputados de esta Cámara aprobemos una ley que establece cuáles son los requisitos que hay que cumplir
para que un ser humano pueda quitarle la vida a otro ser humano. Eso es, simple y llanamente, lo que pretenden. Pretenden, con esta ley, convertir en una prestación sanitaria lo que no es otra cosa que matar a una persona, como si matarla, por el
hecho de tener su consentimiento, no siguiera siendo matarla; como si tener una justificación para matar le quitara la importancia al hecho de matar, y como si el que matar a otro por encargo no fuera, en realidad, un verdugo. Porque eso es lo que
es el que, amparado en la ley, le quita la vida a otro por encargo, un verdugo. Y, ustedes, señores del Gobierno, con esta ley van a convertir a nuestros médicos en verdugos.


Ustedes, señorías, quieren introducir en nuestro ordenamiento el derecho a la muerte; y quieren hacerlo porque ustedes apuestan claramente por la muerte en lugar de por la vida; porque ustedes pretenden liquidar el problema liquidando a la
persona. Es así de duro y así de cruel. Y siento muchísimo tener que decirlo, lo siento muchísimo, pero tengo que hacerlo; y tengo que hacerlo, porque los que creemos en la dignidad intrínseca de la persona y en que la vida es el bien más
precioso que poseemos, tenemos la obligación moral de intentar convencerles para que paren esta locura.


Y digo que ustedes apuestan claramente por la muerte en lugar de por la vida, porque es lo que hacen siempre. Lo han hecho con sus leyes del aborto, en las que ni siquiera se han querido plantear que, igual, dando recursos y ayuda a las
madres que se encuentran en el terrible dilema de tener que abortar, evitarían que lo hicieran. Lo hacen cada día en los centros sanitarios, donde se aplican esas consignas suyas tan progresistas, para tratar de persuadir a las mujeres que van a
tener hijos con alguna discapacidad, con alguna malformación o con síndrome de Down a que aborten. Lo han hecho con nuestros mayores en las residencias, en los momentos más duros de la pandemia, a los que, en muchos casos, se ha preferido sedar con
morfina antes que llevarlos a una UCI para intentar salvar sus vidas. Y pretenden hacerlo ahora con las personas desesperadas por el sufrimiento, el dolor, la soledad, la frustración y la pena, que dicen que quieren morir simplemente porque quieren
dejar de sufrir, ellos y sus familias. Y en lugar de poner toda la energía y todos los recursos para que puedan dejar de sufrir y deseen vivir, ustedes prefieren escoger el camino más fácil, siempre el camino más fácil, y, de paso, el más barato,
como si la vida tuviera un precio.


Señorías, nosotros no vamos a utilizar eufemismos para no herir sensibilidades en un tema de tanta gravedad como este, ni vamos a caer en chantajes emocionales indignos, que no hacen sino el sufrimiento de las personas, para tratar de
hacernos creer que es blanco lo que en realidad es negro. Nosotros queremos despertar sus conciencias adormecidas y, por eso, presentamos una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Frente a su ley de muerte, venimos a proponerles una ley
de vida, una ley de vida; una ley que nos permita remar juntos por una muerte digna como parte de esa vida, porque frente a la realidad del sufrimiento que se produce en la etapa final de la vida de las personas por causa de la enfermedad, lo que
nuestro grupo busca es el apoyo al enfermo, la dignificación y humanización de su situación y el apoyo a sus familias y cuidadores.


Por eso, frente a los que no quieren vivir porque sufren, nuestra propuesta nunca será el camino fácil de proporcionarles la muerte para acabar con su sufrimiento, sino de darles todo el apoyo y recursos necesarios para que no se sientan
solos, para que no sientan que son una carga o que estorban, para que no sientan dolor, para que se sientan arropados y comprendidos, porque sabemos a ciencia cierta que si tienen todo eso no querrán morir, porque nadie quiere morir en realidad. Lo
que no queremos es sufrir; es el sufrimiento lo que nos hace desear la muerte.


Señorías, es una realidad que hemos descuidado mucho en los últimos años en el sector de los cuidados paliativos, que no se está garantizando la disponibilidad y la calidad de estos servicios, que no hay unidades suficientes y que no se está
formando a profesionales especializados. La Sociedad Europea de Cuidados Paliativos recomienda que existan dos servicios especializados por cada cien mil habitantes, y nosotros estamos en el 0,6, al mismo nivel que países como Rumanía y Letonia, y
por debajo de países como Portugal y Bulgaria. En España, 225000 pacientes necesitarían cada año cuidados paliativos, pero solo reciben 65000. Cómo no van a desesperar estos pacientes, señorías, cómo no van a desesperar si les dejamos enfrentarse
a la muerte sufriendo sin recursos y ayudas.

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Señorías, nuestra propuesta pasa por garantizar unos cuidados paliativos integrales para prevenir el dolor, para aliviarlo y aliviar cualquier síntoma que incomode al enfermo. Y, para eso, necesitamos más unidades de cuidados paliativos,
con personal formado y todos los medios y recursos necesarios. Lo que proponemos es incluir los cuidados paliativos en los planes de estudio de los grados relacionados con las ciencias de la salud y una especialidad médica para poder contar con
profesionales especializados y bien formados que tengan un título en medicina paliativa que les faculte. Proponemos la creación de unidades de cuidados paliativos suficientes y bien dotadas en todo el sistema público para universalizar y garantizar
este derecho a recibir los cuidados necesarios en cada autonomía, en cada rincón de España, sin distinción. No puede ser que seamos el único país de nuestro entorno en el que no existe una especialización médica universitaria de cuidados paliativos
y que de nuestras cuarenta y seis facultades de Medicina solo en diez se impartan los cuidados paliativos como asignatura, cuando en países como Francia o Alemania son materia obligatoria. (Aplausos).


También queremos garantizar con nuestro texto alternativo los derechos de acompañamiento y la intimidad personal y familiar de los enfermos que pasan por este trance. Los cuidados paliativos tienen que poder ofrecerse en una habitación
individual, en la que el paciente pueda tener cerca a su entorno familiar y afectivo, o en su propio domicilio, si es posible. Y, por supuesto, garantizar a quien así lo exprese asistencia espiritual, porque para morir en paz muchas personas
necesitan este acompañamiento en su lecho de muerte. La atención y el apoyo a las personas cuidadoras y a las familias de los pacientes es también imprescindible; para que ellos puedan reconfortar y cuidar del paciente deben tener garantizadas
ayudas a la dependencia y el acceso a permisos laborales retribuidos durante el acompañamiento. Si ayudamos al acompañante, al cuidador, el paciente se sentirá a su vez mucho mejor porque no tendrá que preocuparse por las complicaciones añadidas
que su situación pueda ocasionar a los suyos.


Tampoco podemos, señorías, poner sobre las espaldas de nuestros médicos y nuestros sanitarios una carga tan pesada. Nosotros consideramos que es imprescindible que los servicios de salud sean respetuosos con la ética médica, porque solo una
buena praxis médica puede garantizar el equilibrio entre la voluntad del paciente para elegir o rechazar un tratamiento y el criterio médico. El paciente tiene que poder elegir libremente el tipo de tratamiento al que desea someterse y toda acción
médica tiene que contar con su consentimiento. Pero el paciente tampoco puede imponer al médico ninguna decisión contraria a su criterio. (Aplausos). De ninguna manera puede recaer sobre nuestros médicos la decisión de que sus pacientes vivan o
mueran. En este sentido, el Gobierno asegura haber circunscrito muy meticulosamente los supuestos en los que se puede pedir eutanasia, pero, al final, ¿quién decide?, ¿quién objetiva lo que es incurable o grave?, ¿quién determina lo que es
soportable o insoportable?, ¿cómo puede un ser humano objetivizar lo que es tan subjetivo?


Señorías, un médico es una persona, un simple mortal, médicamente cualificado, pero un simple mortal; es sencillamente espeluznante la naturalidad con la que hablan ustedes en su ley de lo que llaman prestación de ayuda para morir y de sus
dos modalidades: la administración directa de una sustancia por parte del personal competente o la prescripción o suministro al paciente para que sea este el que se la puede autoadministrar en el centro sanitario o en su domicilio para causar su
propia muerte. Es espeluznante. Es espeluznante cómo explican que nuestros sanitarios tendrán que enfrentarse a rectificar el cumplimiento de los requisitos, a valorar, a conceder o denegar y a aceptar que una comisión por encima de ellos pueda
enmendar su decisión y trasladarle a otro médico la responsabilidad de darle la razón al paciente que expresa su deseo de morir. Es espeluznante ver cómo durante todo el proceso que ustedes han ideado sobrevuela la posibilidad del arrepentimiento,
haciendo recaer sobre los sanitarios y sobre los pacientes y sus familias un dilema vital que se nos antoja insoportable, algo así como estar en un auténtico corredor de la muerte lleno de requisitos, informes, certificaciones, papeleos, recursos y
contenciosos que se pueden alargar durante meses de angustia. A partir de ahora, señorías, habrá médicos objetores y médicos dispuestos a una dosis letal, dos categorías de médicos.


Y, en el colmo del eufemismo, se considerará que el paciente muerto por eutanasia habrá muerto de muerte natural, cuando cualquiera sabe que la muerte natural es la que sobreviene sin haber sido provocada por ningún tipo de lesión o
sustancia extraña. ¿Acaso creen que por poner una mentira de semejante calibre en un informe se van a tranquilizar las conciencias de quienes participen en esta locura? La legalización de la eutanasia, señorías, desnaturaliza definitivamente la
ética de la profesión médica. El cometido de los médicos antes era solo salvar vidas; ahora, con esta aportación suya, será también destruirlas. Si abrimos esta caja de Pandora, señorías, recuérdenlo dentro de unos años, la interpretación de los
requisitos será cada vez más laxa, tal y como está ocurriendo ya en otros países, y acabaremos

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reformando la ley para acomodarla a las nuevas demandas de una clase política cada vez más egoísta y más perversa. ¿Acaso pueden garantizarnos ustedes que no va a pasar aquí lo que ya ocurre en Holanda y en Bélgica, donde se ha pasado de la
eutanasia por casos excepcionales de enfermedad terminal o dolorosa a la eutanasia por enfermedades crónicas, o incluso simplemente por depresión y soledad? Bélgica pasó de 234 casos en 2003 a 2300 en 2017, y en Holanda ya existen centros
sanitarios especializados, ya se habla de legalizar un kit de final de vida para la eutanasia a domicilio y de facilitarlo sin más preguntas a cualquier mayor de setenta años. El Parlamento holandés ya tiene en sus manos un proyecto de ley para
defender el derecho de los mayores de setenta y cinco que, aun estando sanos, consideren que ya han vivido lo suficiente. Es terrible que, en la época más vulnerable de la vida, parte de la sociedad y sus representantes políticos insistan en esta
vía de solución y pongan a los mayores ante el dilema de dejar de ser una carga, cuando lo que deberían hacer es cargar orgullosamente con ellos, porque ellos han aportado mucho durante toda su vida y tienen mucho que aportar hasta el último de sus
días. Sin duda, estas leyes, que a ustedes les parecen tan progresistas, generarán una ansiedad en los mayores y una presión social insoportable, añadida a sus achaques y a su soledad, que puede empujarles a pensar que ya no deben seguir viviendo.
Es sobrecogedor que les hagamos esto a nuestros mayores cuando lo que merecen es sentirse respetados, valorados, necesitados atendidos y cuidados.


La caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida traerán en las próximas décadas una masa enorme de ancianos enfrentados al declive físico y mental, a la depresión y a la soledad, muchos sin cónyuges, hijos o nietos que les
ayuden en el tramo final, porque proteger a la familia hace tiempo que dejó de ser una de sus prioridades. (Aplausos). Esto generará irremediablemente un problema terrible de sostenibilidad del gasto sanitario y de pensiones del que nuestros
mayores serán conscientes. Dicen ustedes que buscan respetar la autonomía y la libertad absoluta de decisión, descartando presión externa, ¿pero acaso no es suficiente presión externa saberse una carga para la familia y para el Estado?


Señorías, también se supone que quieren morir las personas que se suicidan, también ellos tienen derecho a la libertad y a la autonomía de su voluntad y, sin embargo, elaboramos planes y destinamos recursos para evitar los suicidios. Hoy,
por cierto, celebramos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. ¿Por qué es diferente para ustedes? ¿Por qué? ¿Acaso no sufren las personas que se suicidan y por eso se quitan la vida? ¿Deberíamos dejarles hacerlo, en aras a su derecho a la
libertad y la autonomía de su voluntad? De ninguna manera, de ninguna manera. Sería terrible hacerlo. Entonces, ¿qué diferencia hay para ustedes? ¿Es porque son jóvenes y sí merecen que luchemos por ellos? ¿Es porque los mayores no lo merecen
por el hecho de ser mayores? Nosotros consideramos que ningún derecho puede hacer decaer el derecho a la vida, cuya dignidad no depende de su calidad, porque entonces estaríamos aceptando que una vida sin calidad no vale nada. ¿Qué clase de
sociedad es una sociedad en la que la vida no vale nada? (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señora Ruiz, tiene que terminar, por favor.


La señora RUIZ SOLÁS: Voy terminando, señora presidenta.


Señorías, para nosotros cada vida es un tesoro que debemos salvaguardar. Ofrezcamos una alternativa a la muerte, consigamos que quienes desesperan quieran vivir hasta el último segundo, pongamos nuestro esfuerzo en lo difícil y no en lo
fácil. Nosotros no vamos a rendirnos, aun entendiendo y respetando el enorme sufrimiento de las personas que creen que la eutanasia es la solución y a las que jamás juzgaríamos. Pero no vamos a rendirnos, no podemos ceder ante la evidencia de lo
que para nosotros es una tremenda aberración. Nosotros creemos que la vida del que sufre vale tanto como la de cualquiera, incluso más, y por eso vamos a seguir luchando, aunque tenga que ser solos, por cada vida, porque nosotros sí que pensamos
que no hay que dejar a nadie atrás, a nadie, por débil, frágil o pequeñito que sea. Nunca.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ruiz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Echániz Salgado.

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El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presentó hace unos meses la alternativa al proyecto de ley de eutanasia, de suicidio asistido, del Partido Socialista, una ley de garantía y de universalización de los cuidados paliativos en nuestro
país; una auténtica ley de derechos y de garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de la vida. También presentamos una proposición no de ley para que, en defensa de los pacientes, antes siempre de debatir sobre eutanasia en
España, pudiéramos tener un instrumento legal para extender y para permitir la igualdad y la equidad en el tratamiento paliativo en todo el territorio nacional. Porque, señorías, ¿puede un país que no tiene resuelto el tratamiento paliativo y
tampoco tiene resuelto el problema de la dependencia de las personas que carecen de autonomía funcional vital abrir la puerta a la eutanasia? Y la respuesta es no, no se puede, porque hay un derecho, unas aspiraciones legítimas de centenares de
miles de personas, no solo de unos pocos casos límite, excepcionales y muy mediáticos que ustedes utilizan siempre y que nosotros defendemos hoy. Lo que de verdad es necesario en España es legislar sobre los derechos, sobre las garantías que
aseguren la aspiración de fallecer dignamente con un adecuado y avanzado tratamiento del dolor; el derecho a una sedación paliativa, incluso cuando ello pudiese implicar un acortamiento de la vida; el derecho a recibir cuidados paliativos
personalizados en su domicilio o en el lugar que se designe velando por la intimidad personal y familiar o, en caso de que se requiera asistencia, en una habitación individual en un centro hospitalario con el acompañamiento de sus familiares y
allegados; el derecho a permisos laborales regulados para familiares que les asistan; el acceso exprés a la Ley de dependencia; el derecho a la información asistencial completa; el derecho al mínimo sufrimiento físico y psíquico posible; el
derecho también a rechazar los tratamientos que no se desean, según lo expresado en el documento de voluntades anticipadas o de instrucciones previa, o el derecho para los profesionales sanitarios de apoyo, de formación de excelencia y de disponer
de todos los medios necesarios para que puedan desarrollar esta labor con una máxima calidad.


Señorías, lo curioso de esta situación es que esta era también la posición del Partido Socialista hasta su deslizamiento a los postulados radicales de Podemos. Este era el planteamiento exacto que defendieron en la última legislatura sus
portavoces, don Jesús María Fernández Díaz y don Gregorio Cámara Villar, en todas las ocasiones. Ustedes, señores del Partido Socialista, votaron todas las veces contra la eutanasia hace solo tres años, con los mismos argumentos o parecidos a los
que hoy se están exponiendo en esta tribuna. Este era el planteamiento que les llevó a acordar, junto al resto de grupos políticos, una proposición de ley que reproducía también el dictamen consensuado en la Comisión de Sanidad y aprobado por el
Pleno del 20 de diciembre de 2018, hace solamente veinte meses, en esta materia y que no fue definitivamente aprobado por la convocatoria anticipada de elecciones por parte de don Pedro Sánchez; una ley que presentaron ustedes de nuevo en esta
Cámara el 21 de febrero pasado; una ley que retiraron la semana pasada, que defendía el mismo planteamiento y en cuyo frontispicio ustedes escribían que era el fruto del intenso trabajo de los grupos parlamentarios y un acuerdo mayoritario que
puede servir de base para una tramitación en esta legislatura.


Señorías, es un acto de contorsionismo político, de vuelta de calcetín, de 'si no le gustan mis principios, no se preocupe que tengo otros'. Y ¿por qué? ¿Por qué abdica el Partido Socialista de su posición de siempre? ¿Por qué renuncia a
su posición histórica y hasta retira esa ley para defender ahora el suicidio asistido? ¿Por qué, si no hay demanda social ni está entre los problemas que refieren los ciudadanos cuando se les pregunta? ¿Por qué, si en el 97 % de los países del
mundo no hay una ley así y en los muy pocos donde existe los resultados son muy negativos porque retroalimentan el problema, porque relajan las garantías jurídicas legales y los controles y aumenta la presión psicológica y social sobre los ancianos
y los enfermos? ¿Por qué, señorías, si el Senado creó una Comisión de estudio hace unos años y dijo no? ¿Por qué, señorías, si afecta gravemente a la relación médico-paciente y a la integridad ética de los profesionales sanitarios porque propone a
los médicos no salvar vidas sino causar muerte? ¿Por qué, señorías, si la derrota del sistema de protección supone el fracaso de la sanidad, en las antípodas del Estado del bienestar? ¿Por qué se desincentiva la investigación en nuevas terapias
para enfermedades graves, por qué si acaban siendo candidatos los más vulnerables, los más débiles, los más desprotegidos? ¿Por qué si se acaba de rechazar en Finlandia, después de un debate sereno, informado, profundo y responsable? ¿Por qué si
en Australia se aprobó y nueve meses después se ha derogado la ley, después de un concienzudo estudio porque la ley ha promovido lo que se quería evitar precisamente? ¿Por qué si se ha impedido al tramitarla así que informen todos los organismos
del Estado, todas las asociaciones profesionales cuya opinión para nosotros y para la sociedad española -estoy seguro- era vital en un

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tema tan delicado? ¿Por qué lo han hecho por la puerta de atrás, señorías? ¿Cómo lo hacen, señorías, cuando estamos viviendo un momento profundamente doloroso, donde decenas de miles de enfermos terminales y personas mayores han perdido la
vida, en muchos casos sedados, y lo han hecho en una terrible soledad, sin la compañía de los suyos? Muchos de sus familiares hoy, no lo duden, nos estarán escuchando en estos momentos. ¿Dónde está la sensibilidad social del Partido Socialista?
¿Dónde está su empatía? ¿Dónde está su solidaridad? Porque lo hacen, además, en contra de la declaración y de la doctrina del Tribunal Supremo, que dice que no existe el derecho a morir; en contra del Tribunal de Derechos Humanos; en contra de
la Asociación Médica Mundial, que agrupa a más de 10 millones de médicos, que han rechazado la eutanasia tras celebrar conferencias consultivas en todos los continentes; en contra del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España; en
contra de las sociedades científicas en la materia; en contra del Comité Español de Bioética; en contra de los postulados de la ONU; en contra de las asociaciones de pacientes; en contra de la Sociedad Española de Derecho Sanitario. ¿Por qué lo
hacen contra todo, señores del Partido Socialista? ¿Por qué se han dejado abducir por lo más radical de nuestra sociedad cuando ustedes no estaban ahí? ¿Por qué abandonan el interés en el bien concreto de cientos de miles de pacientes terminales?


Señorías, hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, por eso, hoy mejor que nunca, frente a la eutanasia y al suicidio asistido, los cuidados paliativos. Porque los cuidados paliativos son una modalidad asistencial que tiene por
objeto la calidad de vida, el bienestar de las personas que ya son incurables, pero también de sus familiares; implica cuidados físicos, pero también psicológicos, sociales y espirituales en función de las creencias de cada uno; en definitiva,
atender al enfermo de una forma global e integral y también a sus familiares. Porque cuando no se puede curar sigue siendo necesario el cuidar, porque el reto es atender a los enfermos graves y a sus familias, porque desde los postulados del
suicidio asistido no se pregunta por qué una persona está sufriendo.


Señorías, la ciencia actual dispone de medios muy eficaces para aminorar, incluso para eliminar el sufrimiento físico y psicológico en el proceso final de la existencia humana a través de unidades multidisciplinares de excelencia para
atender a esos enfermos terminales con dignidad; unidades con médicos, con psicólogos, con trabajadores sociales, con diplomados en enfermería, etcétera. Señorías, es una auténtica obscenidad que en España se debata una ley de eutanasia sin tener
previamente resueltos los cuidados paliativos. El estancamiento, incluso el retroceso de los cuidados paliativos en España sitúa a nuestro país a la cola de Europa, en el lugar 31 de los 51 países europeos analizados en cuanto a servicios por
habitante. Estamos al mismo nivel que Georgia o que Moldavia y con solo un 0,6 % de servicios especializados por cada 100000 habitantes, muy alejados de las recomendaciones internacionales, según el Atlas de Cuidados Paliativos en Europa 2019.
Italia o Polonia tienen el doble de servicios especializados, Francia tiene el triple, Inglaterra o Alemania tienen cuatro veces más. Por eso, señorías, en España -repito-, con 230000 personas que fallecen anualmente con necesidad de acceder a
cuidados paliativos, esta es una prestación que vamos a necesitar el 50 % de la población al final de la vida. En el caso de los niños en España, señorías, el 85 % necesitan esta asistencia y no la reciben. Tampoco España goza de una especialidad,
superespecialidad o área de competencia en cuidados paliativos, como la mayoría los países de la Europa occidental, ni con sistemas desarrollados para identificar en la atención primaria la necesidad de recibir cuidados paliativos, y es de los pocos
países de Europa que no tiene una ley que garantice y que universalice estos cuidados.


Señorías, en España el 70% de las unidades del dolor no disponen de recursos avanzados en cuidados paliativos suficientes. En España existe también una gran variabilidad en la organización y en la prestación de los cuidados paliativos
específicos que marca, que condiciona el acceso de los pacientes a esta asistencia, y esto no solo ocurre en unas comunidades autónomas o en otras, también dentro de las mismas comunidades autónomas y de las mismas provincias, porque se observan
enormes diferencias, por ejemplo, dependiendo de si la persona vive en el medio urbano o en el medio rural. Y esta inequidad, esta discriminación en el abordaje de los enfermos terminales, señorías, que condiciona la atención que reciben las
personas con edad avanzada o en el proceso final de su vida, agrava su sufrimiento y el de sus familias, por lo que es indispensable una ley como la que traemos aquí, que construya un modelo asistencial equitativo, justo, homogéneo en todo el
territorio y que garantice que todos los pacientes reciban los cuidados multidisciplinares y de calidad que necesitan desde el sistema sanitario en coordinación con atención primaria, con los servicios hospitalarios, con los centros residenciales de
media y de larga estancia y también, por supuesto, la atención a domicilio que garantice la igualdad efectiva y también en el ámbito pediátrico. Por eso, señorías, creemos que en esto consiste realmente garantizar

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una muerte digna a centenares de miles de pacientes que lo necesitan; esto es, señorías, realmente, muerte asistida. Porque la eutanasia no es muerte asistida; la eutanasia es muerte procurada. Por ello es indispensable asegurar que
todas las personas con enfermedad avanzada y sus seres queridos reciban esta atención que necesitan por cientos de miles en nuestro país y que no la tienen garantizada, independientemente del lugar donde vivan. Que sea un derecho, señorías, un
derecho social, un derecho sanitario, y no un privilegio. Porque donde se garantiza este tipo de atención médica los candidatos al suicidio asistido prácticamente desaparecen; y, al contrario, en un contexto eutanásico se abandonan los cuidados
paliativos. Por eso, queremos y vamos a pedir que comparezcan en la Comisión los mejores expertos del país en esta materia, para que no se hurte su opinión con el objeto de que la evidencia científica guíe la actuación de este Congreso en una
materia tan delicada.


Termino, señorías. Esta es la mejor opción para todos los españoles -también de los que estamos aquí- para que podamos tener una muerte digna, una solución humana y avanzada frente al sufrimiento; una solución que dignifique la vida
humana, que dignifique también a los médicos, que dignifique a los cuidadores y que dignifique a toda nuestra sociedad, que dé seguridad jurídica y vital en momentos de incertidumbre, en momentos de dificultad, que dé confianza, tranquilidad,
fortaleza en el tramo final de la vida; una solución, señorías, que, en definitiva, proporcione cuidados integrales y de calidad a los enfermos y sus familiares, una solución que permita dar apoyo, ayuda, amor y compañía a los pacientes terminales.


Señores del Partido Socialista...


La señora PRESIDENTA: Señor Echániz, tiene que terminar, por favor.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señora presidenta.


Señores del Partido Socialista, hoy se han cubierto de gloria: expropian los ahorros de los ayuntamientos y la vida a los españoles.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Echániz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.


Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Carcedo Roces.


La señora CARCEDO ROCES: Muchísimas gracias, señora presidenta.


Señor Echániz, por el buen desarrollo de la convivencia parlamentaria estaría bien que retirase esa última frase, que parece que le quedó tan redonda pero que es intolerable en una democracia. (Aplausos).


Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna con cierto pudor, créanme que lo hago con cierto pudor, porque es la tercera vez que este debate se produce y se reproduce. Esto parece una gincana, tenemos que estar permanentemente saltando
obstáculos, pero hay muchas personas, muchas ciudadanas y ciudadanos españoles que están esperando que esta ley se apruebe. Y nos están mirando, están mirando cómo nos perdemos en debates, en debates y más debates. Esta es la tercera vez.
Mientras tanto, miles de ciudadanas y ciudadanos españoles están sufriendo y lo están haciendo en contra de su voluntad. Por tanto, siento vergüenza de formar parte de este paripé en el que nos enredamos y nos volvemos a enredar.


Decía que es la tercera vez que este debate de totalidad -aunque con la toma de consideración también de repetición- que viene a esta Cámara y, evidentemente, tengo que decirles que este debate que celebramos hoy específicamente encierra en
sí mismo tres enormes contradicciones que pudimos comprobar con la intervención de los anteriores portavoces. Estamos ante el debate de enmiendas a la totalidad de texto alternativo a una iniciativa legislativa de un grupo parlamentario que propone
una ley para la regulación de la eutanasia como nuevo derecho de ciudadanía. Bien, pues lo que se nos presenta como texto alternativo encierra en sí mismo tres contradicciones. La primera es que, frente a una ley de eutanasia que regula un nuevo
derecho, viene una ley que nada tiene que ver y se presenta la paradoja de que quienes defendimos una ley de cuidados paliativos, la implantación de los cuidados paliativos en nuestro país, resulta que tenemos que manifestarnos aquí en contra porque
es que no es ese el objeto de debate, El objeto de debate no es una ley de cuidados paliativos. Y, señores del Partido Popular sobre todo, si tan partidarios eran de que esta ley estuviera aprobada, podría estar vigente hoy, podría estar vigente si
no hubieran enredado en el Senado y no hubieran impedido que la ley fuera directamente al Boletín Oficial del Estado. Esa es la realidad (aplausos) para quienes defendimos la ley de cuidados

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paliativos en varias ocasiones, para quienes pusimos en marcha la estrategia, y no me voy a adentrar en el terreno de qué hizo cada comunidad autónoma con las competencias que tiene. Luego están los recortes al Sistema Nacional de Salud,
porque para todo eso que defiende son necesarios recursos. ¿A qué los destina cada comunidad autónoma? En El país se daba información ayer de lo que destina cada comunidad autónoma a la sanidad. Repasémoslo y veamos cuáles son las consecuencias.
Ese es el debate real. Porque sabe de sobra, cuando trae aquí este debate tan cínico, que no aporta nada nuevo, que los cuidados paliativos están en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud desde el año 2006 y existe una
estrategia de cuidados paliativos desde el año 2010 y existe también una Ley de Autonomía del Paciente desde el año 2002. Esa ley no aporta nada nuevo, ningún derecho nuevo, y sí ordena y regula cómo hacerlo, sobre todo en el ámbito privado, porque
en el público está garantizado por la normativa existente. Por tanto, no confundamos el debate y no adentremos este debate en una paradoja.


La segunda paradoja a la que nos lleva esta ley es que -leo literalmente su exposición de motivos-: La prolongación de la vida no debe considerarse un bien superior al derecho del paciente a disponer de sus últimos días de acuerdo a sus
creencias. Eso lo dice en su exposición de motivos. Y yo me pregunto con respecto a este derecho de los pacientes: ¿quién limita los días, quién los limita? Dice usted: no, los últimos días. Ya, pero ese sufrimiento que dura unos pocos días,
para los pacientes con enfermedades crónicas, cuya muerte no es inminente, son muchos días, uno sobre otro, semana sobre semana, mes sobre mes y año sobre año. ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué ese valor, que en realidad es un valor de la
sociedad, solo se aplica cuando a ustedes les interese y no cuando lo decida la persona? Yo me pregunto por qué a la derecha le cuesta tantísimo admitir un nuevo derecho. Les decía en el anterior debate que cuando esta ley esté vigente la
aplicarán. La aplicarán, seguro, como hicieron con todos los derechos que fuimos alcanzando en nuestra sociedad, a su pesar. (Aplausos). Yo me pregunto: ¿Por qué le cuesta tanto a la derecha empatizar con el dolor de las personas y con los
valores y la ideología de los demás? ¿Por qué les cuesta tanto? Aquí le digo, señor Espinosa de los Monteros, no. No nos gusta meter la mano en la vida ajena, no. Lo que queremos es regular derechos, derechos y servicios públicos de calidad y
eficaces, con recursos públicos, para que se hagan efectivos para toda la población. (Aplausos). Universalidad y equidad, eso es lo que queremos nosotros; no tergiverse.


Hay una tercera contradicción que también aparece en su exposición de motivos y que forma parte del debate de hoy. Dicen -literal- que debe prevalecer la decisión de la persona de acuerdo a sus valores y creencias, pero resulta que, como
esto debe prevalecer en lugar de los valores de otras personas que intervienen en el proceso, esto vale cuando ustedes quieran y no cuando la persona decida. Tendrán que explicar realmente esta contradicción. En el caso de VOX son más claros.
Dicen que tiene que ser un equilibrio entre los valores del médico, la decisión del personal sanitario y del paciente. Son más honestos en su texto. Aquí cabe preguntarse también por qué la derecha es tan incapaz de entender, comprender y respetar
los valores de otras personas que tienen otras consideraciones ideológicas del valor de la vida y de la muerte, de su capacidad de sufrimiento; en definitiva, el respeto a sus valores y a su conciencia. ¿Por qué son tan incapaces? ¿Por qué les
cuesta tanto? Permítanme que en este punto les recuerde que lo que piensa la ciudadanía, sus valores, no lo deciden ustedes ni nosotros ni nadie, sino cada uno, y eso se mide en ciencia por las encuestas, y las encuestas de que disponemos hasta el
momento dicen que la aceptación de la eutanasia va en aumento. Ha habido un incremento de treinta puntos en los últimos cuarenta años en relación con las personas que apoyan la eutanasia y es transversal, de todas las ideologías. Bien es cierto
que, según la ideología, varía. Las personas creyentes practicantes suponen el 56 % y las personas no creyentes el 97 %, pero todas mayoritariamente opinan que se debe de regular la eutanasia, y a las sociedades científicas y a los colegios
profesionales que han preguntado, sabemos los resultados de las encuestas. Por tanto, no nos arroguemos ser representantes del conjunto de la ciudadanía. Me gustaría leerles -lo voy a hacer- el texto final de un documental que, según reza, no
debía de haberse realizado en un país democrático como el nuestro y que fue objeto de varios premios y reconocimientos internacionales. Se titula La promesa y está hecho por un hijo de Maribel Tellaetxe. Termina diciendo: En este país contraer
una enfermedad terminal degenerativa al parecer es delito. La condena que te imponen es un final cruel y doloroso, desprovisto de toda dignidad e integridad. El final que nunca quisiste vivir. Tu dolor y sufrimiento es moneda de cambio entre los
que debieran legislar para mitigarlo. Lo siento, macho.


Así termina el documental y ese es el mandato que tenemos de la ciudadanía, esa es la sensibilidad que tenemos que tener y, desde luego, me niego a admitir que esta ley favorezca que no se atienda a las personas, que no se cure a las
personas o que los servicios sanitarios no dispongan de los medios necesarios

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y, sobre todo, que nos consideremos dioses para jugar con la vida y la muerte. Con esa línea argumental, los médicos somos dioses, los profesionales sanitarios que salvamos cada día muchas vidas. Intervenimos en ese proceso de vida y
muerte. Evidentemente, el proceso fisiológico normal acortaría muchísimo la esperanza de vida y los médicos estamos interviniendo. ¿Somos dioses? Pues, no lo sé, no sé lo que somos; cada creyente, cada persona que lo valore como quiera. Pero,
desde luego, tenemos que ser sensibles a lo que piensa nuestra ciudadanía, tenemos que ser sensibles ante el dolor que están sufriendo muchas personas y tenemos que ser sensibles a lo que nos dicen mayoritariamente las encuestas. No debemos
aproximarnos a este asunto con prejuicios y, sobre todo, con apriorismos ideológicos que condicionen la decisión de esta Cámara. Como espero que esta enmienda a la totalidad sea superada, por favor, yo les ruego que no sigan poniendo trabas ni a la
Ley de cuidados paliativos -que, por cierto, la retiramos para alguna mejora, pero me remito a mis palabras anteriores- ni a la ley de eutanasia. Es un nuevo derecho; por favor, que cada ciudadano lo utilice si lo desea, si no, que continúe con su
sufrimiento, pero es un derecho que este Parlamento le debe otorgar a la ciudadanía.


Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Carcedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias, señora García.


Tiene la palabra la señora Ruiz Solás.


La señora RUIZ SOLÁS: Gracias, señora presidente.


Señoría, es la tercera vez y todas las que hagan falta. Nosotros no podemos traer una ley de eutanasia porque nosotros rechazamos de pleno la eutanasia porque, además, creemos que el derecho a morir es un derecho que se han inventado
ustedes, no es un derecho que exista. (Aplausos). Es sorprendente que nos diga usted que la ciencia se apoya en las encuestas. La ciencia no se apoya en las encuestas. Parece mentira que usted, que es médico, nos diga algo semejante. Señorías,
esta es una cuestión de vida o muerte. Ustedes eligen la muerte y nosotros elegimos la vida. Ustedes eligen el camino fácil y nosotros elegimos el camino difícil. Ustedes utilizan el sufrimiento poniendo ejemplos concretos con nombres y apellidos
y obvian las miles de muertes que podríamos evitar invirtiendo dinero en vida en lugar de en muerte. Nosotros jamás juzgaríamos a las personas que toman decisiones desde el sufrimiento y la desesperación, lo que queremos es evitarles el sufrimiento
y la desesperación que les lleva a tomar estas decisiones y a querer morir. (Aplausos). Nosotros no entendemos que tiene nuestra posición de malo. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué les molesta tanto que queramos evitar una muerte, que queramos
ensalzar la vida? ¿Por qué utilizan ustedes las vísceras en lugar de la conciencia, el corazón y la cabeza? ¿Por qué no quieren luchar por cada vida? ¿Por qué no quieren dar una oportunidad a los que sufren? Y, si ustedes no quieren hacerlo,
¿por qué no nos dejan hacerlo a los demás? ¿Por qué creen ustedes que una vida sin calidad vale menos que una vida que sí la tiene? Estamos hablando de matar a personas, señorías, de matar a personas. ¿Qué tiene de malo querer evitarlo, querer
poner todos los medios para tratar de evitarlo? ¿Qué es lo que no les gusta de nuestra propuesta? ¿Por qué les estorban los no nacidos cuando tienen discapacidades o síndrome de Down? (Aplausos). ¿Por qué les estorban los ancianos dependientes?
¿Por qué les estorban las personas con enfermedades terminales? Eso es lo que yo quiero, lo que nosotros queremos que nos contesten. ¿Qué clase de sociedad quieren ustedes? ¿Quieren una sociedad en la que la vida sea el bien más precioso o
quieren una sociedad en la que la vida solo valga en función de lo que uno tiene, de lo que uno es? ¿De verdad no creen que debemos intentarlo todo para evitar una sola muerte, todo, que no merece la pena buscar otras opciones, cualquier opción?
De verdad, señorías, ¿qué hay de malo en que este grupo intente y siga intentando que se salven todas las vidas posibles?


Hay millones de españoles, usted se refiere a los apoyos que tiene esta ley, hay millones de españoles que tampoco entienden esta postura suya, igual que nosotros. Nosotros tenemos la obligación de defenderles, de darles voz y de
representar a todos esos españoles que piensan como nosotros. (Aplausos). Nos da igual, señorías, lo que nos digan, lo que nos llamen. Sabemos que están ustedes equivocados, que esta ley suya es una tragedia para nuestra sociedad y tenemos la
obligación de decírselo y de proponer una alternativa, y eso, solamente eso es lo que estamos haciendo, les estamos dando una oportunidad de parar esta locura, les estamos pidiendo que olviden sus prejuicios y que hagan lo correcto. No escuchen a
sus vísceras, escuchen a su conciencia y súbanse con nosotros al carro de la vida.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ruiz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz Salgado.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, la vida humana goza siempre de dignidad y de valor, independientemente de su calidad. Los derechos humanos, señora Carcedo, no son otorgados por el número de votos ni por las encuestas, créame, ni por la sociedad, ni se basan en
el consenso social, porque son prepolíticos. Los derechos humanos, señoría, los posee cada persona por ser persona. Una votación parlamentaria no modifica la realidad del hombre ni su dignidad, porque es intrínseca e independiente de toda su
situación vital y de los avatares también, de los históricos, de los políticos, de los sociales. La dignidad está en el estatuto incondicional del ser humano, cada uno tiene su dignidad porque es único y no puede ser reemplazado por nada ni por
nadie. La dignidad no puede cuestionarse, es la esencia misma del ser humano; todo ser humano es digno, independientemente de su estado, sea joven o sea anciano, sea enfermo o sea sano, sea discapacitado o sea autónomo, sea consciente o sea
inconsciente.


Señorías, la Asociación Española contra el Cáncer documenta que en España hay en este momento 30000 enfermos de cáncer mayores de sesenta y cinco años, que viven solos, que son frágiles, que muchos han perdido a su pareja, que sienten
fatiga, que sienten apatía, pero que su mejor opción no puede ser morir porque precisamente hoy tenemos más alternativas que nunca. Lo justo, lo que significa progreso en una sociedad, lo humano es cuidarles. Acabar con los enfermos indefensos es
precisamente lo reaccionario. Si compartimos una visión de la vida donde se acepta la existencia de vidas humanas que -dependiendo de su evolución, de su desarrollo o de su final- sean menos dignas y no merecerán ser protegidas, la sociedad
española al final no va a merecer la pena. Señora Carcedo, no nos han explicado por qué el Partido Socialista ha cambiado su opinión de los últimos años. Yo le rogaría que aprovechara un segundo turno en esta Cámara para explicárselo a todos los
españoles. Se queja de que hemos debatido esta ley en tres ocasiones; ustedes, que han hurtado todos los informes, todas las comparecencias y todos los estudios que podían haber dado luz esta importantísima ley, esta ley tan delicada.


Señores del Partido Socialista, hoy defendemos una ley que, frente a la eutanasia, recoge el sentir mayoritario de los españoles y de los profesionales sanitarios, también de los pacientes a través de sus acciones. Una norma para crear un
marco nacional para garantizar la dignidad de la persona en los instantes finales de su vida, una regulación para tener en todo el país plenas y también similares condiciones y garantías de atención. Es difícil que un enfermo terminal pueda elegir
entre dos opciones si una no existe, como ahora ocurre, la opción más justa, la más ética, la más humana. Es una auténtica irresponsabilidad, señorías, abordar la eutanasia sin tener resueltos antes los cuidados paliativos en España. La atención
que un pueblo presta a sus pacientes al final de su vida con los recursos disponibles es el exponente de su grado de civilización. Señorías, cuando una persona se encuentra en una situación de grave enfermedad y pide la muerte es porque todo lo
demás ha fallado y, por tanto, es un fracaso de todo el sistema que no ha sabido cuidarle como se merece. Un paciente que se encuentra al final de su vida padece un dolor total, porque no solo sufre el cuerpo, sino que también está en curso el
dolor emocional, el dolor social, el dolor espiritual. Ante esta realidad, no podemos optar por quitar el dolor eliminando a la persona, sino que lo que tenemos que hacer es cuidar todas las dimensiones de su sufrimiento. Sin embargo, si se
legaliza la eutanasia, la situación de los enfermos dejará de ser la consecuencia normal y natural de la fragilidad o de la frágil condición humana. La eutanasia certifica la soledad más extrema para el paciente, trufada casi siempre de depresión,
de falta de plenitud de las facultades mentales. Señorías, una buena norma de cuidados paliativos es una adecuada solución que ni trata de precipitar deliberadamente la muerte ni de prolongar innecesariamente la vida. Una solución que significa
legislar sobre cómo aliviar el sufrimiento de la persona sin tener que eliminar a quien lo padece, porque en la sedación paliativa el objetivo no es acabar con el paciente, sino con el sufrimiento.


Señorías, la eutanasia, el suicidio asistido, es una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es a no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse, dar compañía, dar consuelo, amor, esperanza y cuidados de calidad. Por
todos estos motivos, señorías, mi grupo solicita la aprobación de esta ley, que quiere extender de forma universal el acceso de todos los pacientes a los cuidados paliativos que garanticen las condiciones para una muerte digna a todos los enfermos
terminales, porque eso, señorías, es lo ético y es lo socialmente justo.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Echániz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.


Tiene la palabra la señora Carcedo Roces.


La señora CARCEDO ROCES: Muchísimas gracias, señora, presidenta.


Señora Ruiz, hay más ciencias que la ciencia médica, como las de ingeniería o la ciencia social. Claro, no me extraña que ustedes desconozcan que existe la ciencia social, pero existe, y es muy necesaria. (Aplausos). Seguimos confundiendo
en el debate. No se olviden de que hoy es el debate de la enmienda de totalidad a la ley de eutanasia. No estamos hablando de la Ley de cuidados paliativos, con la que este grupo no está en desacuerdo. Por supuesto que la consideramos necesaria
en la medida en que regula muy específicamente un derecho que existe y que, si hay voluntad, se puede poner en marcha en todas las comunidades autónomas, pero desde luego no se podrá poner en marcha con los recortes en sanidad y en dependencia.
¡Después de 6000 millones de recortes en dependencia que vengan aquí a decir que esto se resuelve mejorando la atención a la dependencia...! De verdad, respeten un poco la inteligencia del resto de los diputados. (Aplausos). Usted es médico como
yo y sabemos distinguir entre lo que es la etapa final de la vida, las enfermedades que están abocadas a una muerte inminente, entre las que hay algunos cánceres, aunque hay cánceres que no, y otro tipo de enfermedades que son invalidantes y
crónicas. Estamos hablando de personas que están treinta años en esta situación de sufrimiento. Estamos hablando de personas que ven que se deterioran día a día, que ven que se van a deteriorar, no en treinta años, sino en un año o en dos, sin
ninguna expectativa. De esas personas son de las que estamos hablando. No mezclemos los debates.


A este grupo parlamentario no le venga con lecciones de respeto a los derechos humanos, por favor. Sabemos lo que son los derechos humanos. Usted dice qué tienen que ser los derechos humanos. Los derechos humanos son eso, derechos, y de
lo que estamos hablando aquí específicamente en este debate de hoy es de ordenar y regular un nuevo derecho para la legislación española, para nuestro marco de convivencia y para las personas que consideran que su integridad física y moral, su
dignidad, su intimidad, su libertad, su conciencia se ven alterados y no se pueden satisfacer. De eso es de lo que estamos hablando, de un nuevo derecho humano. La vida se defiende no solamente desde el sistema sanitario, también desde la lucha
contra el calentamiento global, que está provocando mucha enfermedad, muchísimas muertes, entre ellas algo tiene que ver la aparición del coronavirus, por ejemplo. No me voy a adentrar en el tema de las residencias, porque, sencillamente, me parece
obsceno; tampoco lo voy a comparar por comunidades autónomas. El defender la vida significa un Sistema Nacional de Salud de calidad, universal -que hemos tenido que recuperar-, un sistema con equidad y de calidad. De eso es de lo que estamos
hablando, además del sistema educativo, etcétera, porque no solamente la salud y la vida dependen de la sanidad, sino de muchos otros determinantes de nuestro modelo de convivencia, entre otros, una sociedad más igualitaria. Yo les pido a los
señores de VOX que, si eso es lo que defienden, apoyen el ingreso mínimo vital y no se queden al margen del resto de fuerzas parlamentarias.


Por tanto, les ruego que dejen ya de pervertir los debates. Insisto en que hoy estamos en el debate de un nuevo derecho para la legislación española y para la ciudadanía española. Quien quiera usar ese derecho, porque considere que su
situación es insoportable, que lo utilice. Los legisladores tenemos el deber de respetar sus valores de la vida y de la muerte, su ideología, su conciencia. Todo eso tenemos el deber de respetarlo. Que sean él o ella quienes decidan. De eso es
de lo que estamos hablando. No estamos hablando ni de cuidados paliativos ni de cuidar la vida. Ni de cuidar la vida ni específicamente de cuidados paliativos este grupo parlamentario está dispuesto a recibir ninguna lección, sobre todo de quienes
se opusieron a cada paso que dimos, a cada avance en los derechos de nuestra sociedad, sobre todo en la preservación de la universalidad, de la equidad y de la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, que es donde los cuidados paliativos tienen
encaje. No confundamos los últimos días de la vida, enfermedades terminales abocadas a la muerte inminente, con lo que pretende la eutanasia.


No me quiero bajar de esta tribuna sin recordarles también que los médicos que lucharon y que pelearon, precisamente, por los cuidados paliativos, las sedaciones al final de la vida, que recoge su ley, sufrieron persecuciones de todo tipo,
insultos e incluso denuncias judiciales, y eso tenemos que recordarlo. Y también quiero recordar aquí a las personas que lucharon y que siguen luchando por tener este nuevo derecho, a sus familiares, que siguen perseverando y siguen en campañas
permanentes para que la conciencia colectiva conozca lo que están pasando y lo que sufren las personas que, desgraciadamente, se ven afectadas por este tipo de enfermedades.


Muchísimas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carcedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. (Pausa). No está en el hemiciclo, así que, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.


No hace tantos meses que discutimos ya en una primera ocasión esta proposición de ley y, por tanto, nuestra intervención tampoco será muy distinta. Pero sí vale la pena recordar algunas cosas que en aquel momento quisimos destacar. La
primera es un reconocimiento a todas las personas que, con su desobediencia civil, lucharon para poner la eutanasia en la agenda política y ganarla como derecho, desde Ramón Sampedro hasta María José Carrasco y Ángel Hernández, un reconocimiento a
todos ellos y ellas (aplausos) y una demostración práctica de que la desobediencia civil sirve para eso, para transformar mentalidades, para poner la vista sobre problemas reales y para abrir horizontes políticos.


En segundo lugar, un agradecimiento también a las entidades que, desde hace muchísimos años, en particular en Cataluña, Associació pel Dret a Morir Dignament, han estado peleando para situar esta problemática y este derecho en la agenda
política, y que hicieron que en Cataluña se hiciera una ley pionera ya en el año 2000. Quiero recordar también que muchas de estas entidades están animadas principalmente por mujeres, puesto que la lucha por una muerte digna es una consecuencia de
poner la vida en el centro, que es la política que el feminismo siempre ha venido defendiendo. Son unas entidades -no lo olvidemos- que apoyan la ley pero la consideran de mínimos, y que trabajan para mejorar sobre todo en los aspectos del control
previo, para que lo que se llaman garantías no se conviertan, en el fondo, en un calvario añadido para la persona que quiere poner fin a su sufrimiento, y para que no queden fuera tampoco de la ley aquellas personas que, clara y objetivamente, están
sufriendo dolor y, sin embargo, por estas garantías se las quiera dejar fuera.


Finalmente, también quiero recordar una cuestión que ya dijimos en su momento y que forma parte de esta batalla sobre la defensa de la ley. Despenalizar no significa obligar a nadie, y de esto estamos hablando hoy. La alternativa a no
regular la eutanasia significa la continuación de las vías clandestinas; se continuarán dando. De la misma forma que el día en que se apruebe esta ley habrá gente que no se acoja, siguiendo los mismos preceptos morales que les llevan a ustedes a
presentar una enmienda a la totalidad -de la misma forma, digo-, hoy en día, si no se aprueba se continuarán dando, con los problemas añadidos que implican, a nivel de represión, estas vías clandestinas. Yo creo que ustedes lo saben y, sin embargo,
lo que hacen es, a través de estas enmiendas a la totalidad, tratar de presionar, tratar de condicionar al PSOE para que su proposición de ley quede más descafeinada. Espero que no sea así y que sea una ley que atienda la lucha de décadas de las
entidades que han estado defendiendo el derecho a una muerte digna.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.


El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, buenos días de nuevo. Disculpe, porque he tenido un pequeño incidente, que no ha supuesto ningún problema.


Nosotros, ya lo dijimos en su momento, vamos a apoyar esta ley. Y lo vamos a hacer porque nos parece que así como es muy respetable que haya personas que consideren una decisión íntima y plenamente legítima el no acudir a este tipo de
procedimientos, hay gente que sí que tiene derecho a ver colmada su decisión de, con todas las garantías, poder acceder a una muerte digna. Esta es una de esas cuestiones que resuelven algunos temas que se plantean en el día a día. Yo soy médico y
estoy acostumbrado -estaba, cuando ejercía- a ver cómo muchas veces decisiones dificilísimas de este tipo se tratan de imputar a los profesionales de la medicina, o cómo determinadas familias, unas bienintencionadamente y otras malintencionadamente,
tratan de influir sobre los profesionales para tomar una decisión que no les corresponde. La decisión la tiene que tomar la persona afectada y la tiene que tomar con todas las garantías, y yo creo que esta ley garantiza absolutamente que quien
quiera acceder a ese derecho acceda y, sin embargo, aquellas personas que consideran que eso no es lo que debe

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hacerse, porque afecta a sus creencias más profundas, no se vean obligadas por nadie a tener que acceder a este derecho. De forma que me parece que esto llena un vacío legal en el Estado español y, por lo tanto, Nueva Canarias votará
favorablemente a esta proposición de ley.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Quevedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias, señora García.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.


El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Buenos días, señora presidenta.


Señor Echániz, cuando estaba usted hablando se me ha venido a la memoria una conversación con un conocido mío que tiene una enfermedad degenerativa importante. Esto fue hace un año más o menos, todavía vive, y fue una semana después de que
tuviese la seguridad de que iba a poder poner fin a su vida cuando él quisiera y del modo que él quisiera. Esta persona, atendida por los cuidados paliativos, me decía: Iñaki, desde que he tenido la seguridad de que voy a poder decidir cuándo y
cómo, he sentido un gran alivio, incluso los cuidados paliativos que tengo para sacar el dolor parece que me hacen más efecto. Se le redujo la ansiedad de una gran manera, y eso lo he vivido directamente, por eso se me venía a la cabeza. No es una
cosa contradictoria, no están contrapuestos los cuidados paliativos y el derecho a poder elegir morir, en absoluto. Hoy ustedes lo que están haciendo aquí con estas iniciativas que nos traen es contraponerlos totalmente, como si fueran totalmente
disyuntivos, aunque creo que en el fondo saben que no son disyuntivos ni contrapuestos. Ustedes lo que están haciendo es volver a enredar, es un intento de poner freno a que la ciudadanía pueda acceder a este derecho. Estamos de nuevo ante un
intento de crear obstáculos. Cuántas veces hemos oído lo de la pendiente resbaladiza, lo de la ley de la muerte frente a la ley de la vida, que no hay una demanda social que lo justifique, que esto es promocionar el suicidio. Por cierto, pueden
acceder a las estadísticas suizas, por ejemplo, y verán cómo se ha reducido el número de suicidios tras la implantación de la eutanasia, porque permite, precisamente, detectar la demanda de suicidios, cosa que, si no, es una demanda totalmente
oculta y a la que es imposible llegar.


Ustedes, los grupos de VOX y Popular, lo único que quieren presentarnos es un falso dilema, pero en realidad lo que tienen es miedo a la libertad de decisión, a que la ciudadanía podamos decidir libremente por nosotras y por nosotros sobre
nuestro futuro. Además, están haciendo un flaco favor a la religión que ustedes dicen defender, porque con esta actuación lo que están haciendo es que la ciudadanía identifique esa religión dominante con un intento de imposición de reglas de vida
que no son compartidas. ¡Si es que a nadie se le quiere imponer la eutanasia! ¡Si es que es un derecho al que se puede acceder libremente!


Una buena muerte es algo fundamental y hay muchos caminos. Al final de un funeral en el que estamos despidiéndonos de alguien muchas veces, no siempre, se dice que ha tenido una buena muerte, y normalmente suele venir acompañado de
afirmaciones como: no ha sufrido, no ha tenido dolores, ha sido como ella ha querido. Con expresiones de este tipo venimos a definir lo que es la buena muerte, y uno de los temas fundamentales es: ha sido como ella ha querido, ha estado
acompañada de los suyos. Y como contrapartida a la buena muerte tenemos la mala muerte y, desgraciadamente, la ola del COVID ha dejado muy patente lo que es la mala muerte: enfermos graves sin acompañantes, ancianos en residencias, falta de
personal especializado. Eso es real. En estos momentos los cuidados paliativos están a falta de desarrollo. Entonces, lo que hay que hacer es impulsar estos cuidados paliativos, y donde gobiernan ustedes lo pueden y lo deben hacer. ¿Qué ha
pasado en estos últimos años? Que no lo han hecho, y ahora vienen con estas enmiendas. No hace falta esta ley para desarrollar esos cuidados paliativos, hace falta cumplir con lo que se pide. Cuando una persona lúcida pide repetidamente que
quiere dejar de vivir y se tienen garantías de que lo está haciendo libremente, hay que permitírselo y no se puede castigar a la persona que le ayuda, en un acto de amor y de solidaridad, porque en ese momento lo que se está haciendo es condenar, en
ese momento lo que se está haciendo es perseguir a muchas personas por haber hecho un acto de amor.


Luego quiero corregirles este proyecto que nos han presentado. Cuando presenten y estén defendiendo unos proyectos de cuidados paliativos no limiten los cuidados paliativos al final de la vida. Los cuidados paliativos hay que aplicarlos
siempre que la paciente o el paciente no responde al tratamiento médico, y eso no quiere decir que esté en los últimos momentos de su vida, que esa es otra de las cuestiones fundamentales en el desarrollo de los cuidados paliativos. No hay que
asimilar cuidado paliativo con el fin de la vida. Esta es otra cuestión fundamental para que la gente acceda voluntariamente a los cuidados paliativos.

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Por último, antes he citado lo que es la buena muerte. Normalmente las personas que recapacitan sobre su muerte, ¿saben qué es lo que nos piden? Quieren morir de acuerdo con sus creencias, quieren evitar el miedo, quieren evitar la
angustia, quieren afrontar la muerte de un modo consciente, apacible, y sobre todo creen necesario poder considerar y decidir cuál y cómo debe ser el momento en el que desean morir. Por eso, mi grupo va a votar en contra de estas dos enmiendas que
nos han traído hoy ustedes. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ruiz de Pinedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


Buenos días a todas y a todos. Los discursos con talante emocional tienen un riesgo en las tribunas, y es que parece que tiene más razón el que más se emociona, quien más habla de situaciones dramáticas, quien más habla de situaciones en
las cuales aparecen términos como vida o muerte, etcétera. Y eso creo que perjudica bastante a cualquier proyecto de ley, sea de una índole o de otra, porque le quita rigor jurídico, y creo que aquí precisamente nuestra obligación como legisladores
es, desde la objetividad y desde la necesidad, ofrecer un servicio público; esa es nuestra obligación.


El Partido Popular y VOX, al alimón, presentan dos enmiendas a la totalidad a la proposición de ley de eutanasia que el Grupo Socialista volvió a presentar tras las nuevas elecciones y tras la constitución de la nueva Cámara. Y permítanme
que les diga que se vuelven a equivocar, vuelven a querer confundir a la ciudadanía. Seguramente diré cosas que ya se han dicho y otros también las dirán, porque hoy nos vamos a repetir mucho, bastante, ya que creo que los argumentarios de todos
son bastante parecidos. Digo que se vuelven a equivocar, y no será porque una y otra vez -y ya van tres- no haya quedado claro cuál es el sentir mayoritario de esta Cámara y también de la sociedad sobre este tema. Se vuelven a confundir porque
quieren confundir. No es lo mismo cuidados paliativos y eutanasia. No es lo mismo. Pero eso ya lo saben ustedes, el problema es que siendo dos cosas distintas y ambas necesarias quieren responder con solo una de ellas a dos problemas diferentes.


El Pleno del Congreso celebrado el día 25 de octubre de 2018 rechazó la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada a aquella proposición de ley por el Grupo Parlamentario Popular. Texto alternativo que prácticamente se
reproduce en los ahora presentados por el citado grupo y por VOX, y que en la señalada ocasión únicamente tuvo el respaldo de su grupo y de dos diputados de Unión del Pueblo Navarro y de un diputado de Foro Asturias. En esta ocasión, y sin duda
respondiendo de forma algo más moderada a la posición mantenida por el señor Echániz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en el debate de la toma en consideración de esta nueva proposición de ley, que se celebró el 11 de febrero, el Grupo
Parlamentario Popular presenta de nuevo la correspondiente enmienda a la totalidad con texto alternativo, esto es, eludiendo la referencia a la pretendida causa motivadora de esta proposición de ley: consciente en la búsqueda del ahorro financiero
de los costes de la longevidad y de los costosos tratamientos paliativos sanitarios. Eso lo dijo usted señor Echániz. No me negará que fue bastante ruin por su parte semejante argumentación. Hoy ha cambiado de discurso, de tono y de planteamiento
por parte de su grupo. Lo han hecho con el aborto, y lo han hecho con otra serie de cuestiones, y cada vez van centrando su discurso hacia algo más lógico, como es normal, independientemente de la posición que mantengan. Nada tenía que ver su
planteamiento de la primera vez, de la segunda y ahora de la tercera. Bien. En cualquier caso, ambos textos alternativos plantean de forma coincidente la sustitución de la práctica médica eutanásica por el desarrollo de los cuidados paliativos,
planteamiento que determina la negación de la posibilidad de ejercer por los ciudadanos el derecho a la muerte digna, por considerar incompatibles ambos sistemas.


La Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi considera moralmente aceptable la despenalización y regulación legislativa de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en determinadas circunstancias y condiciones, siempre que
se garantice la seguridad clínica y jurídica de pacientes y profesionales. Señor Echániz, no puede decir usted de repente, sin soltar datos, que todos los profesionales médicos, todos los colegios médicos, todas las asociaciones..., no sé de dónde
saca esos datos. Yo le puedo enseñar la carta que me ha dirigido el presidente del Colegio de Médicos de Bizkaia, por ejemplo, fijando la posición de ese colegio. Por tanto, usted no puede de repente hablar en nombre de todos cuando no es así. De
la misma manera que yo tampoco puedo hacerlo. O decirlo de los médicos de Madrid, que usted también conoce. Este informe, como decía, expresa también que no comparte la

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afirmación de que unos servicios de cuidados paliativos de calidad y accesibles para toda la población harían innecesaria la práctica de la eutanasia y el suicidio médico asistido. Repito, que unos servicios de cuidados paliativos de
calidad no harían innecesaria la práctica de la eutanasia, porque son dos cosas diferentes, porque responden a dos necesidades diferentes. Efectivamente, una no sustituye a la otra, son dos cuestiones diferentes y las respuestas son diferentes.
Esto es, contrariamente al razonamiento sostenido por los grupos enmendantes, consideramos que la regulación de la eutanasia y la prestación de los cuidados paliativos no resultan en absoluto incompatibles. La regulación de la eutanasia contenida
en esta proposición de ley no impone su ejercicio, en absoluto, ya que se trata de una decisión personal de los ciudadanos, conforme a las garantías contempladas. En cambio, la pretensión de los grupos enmendantes determina la negación radical del
ejercicio de tal derecho, conforme a la imposición de una determinada postura ideológica y vital, que sin duda puede ser no compartida por la totalidad de la ciudadanía.


Una diputada de VOX anteayer denunciaba que se pretende entrar en sus casas impidiendo ejercer la libertad y decidiendo cómo se ha de vivir. Pues ustedes están queriendo imponer cómo se ha de morir, y sobre todo impidiendo el ejercicio
máximo de la libertad: el de dar la oportunidad legal de quien piensa diferente y quien, viviendo el sufrimiento, no puede ni vivir ni puede morir. No hagamos falsas interpretaciones y menos aún caigamos en frivolidades como si aquí se tratara de
aprobar una ley de libertad de asesinato. ¿Son conscientes ustedes de las barbaridades que han dicho en torno a este tema no solo hoy, sino hoy y otras veces? Porque el discurso perverso que utilizan, con la falacia de que aquí lo que se pretende
es eliminar a la gente, es inadmisible políticamente; es inadmisible. Como decía, los textos alternativos son alternativos a otra ley, a la Ley de Cuidados Paliativos, que además ustedes en sus propuestas han desarrollado bastante deficientemente,
con lagunas jurídicas, con intromisiones competenciales y poca capacidad de solución. Es de bastante baja calidad la propuesta que ustedes han planteado, incluso como Ley de Cuidados Paliativos. Pónganlo en práctica -ya lo han dicho otros- allá
donde gobiernan ustedes; tienen la posibilidad.


La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, tiene que terminar, por favor.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Acabo, señora presidenta.


No vamos a caer en la trampa que ustedes nos tienden. Los cuidados paliativos son necesarios, son un enorme avance y suponen un inmenso alivio para enfermos y familias, pero eso es otro tema. Por tanto –finalizo-, debemos mostrar nuestra
postura contraria a la aprobación de estas enmiendas, no por su contenido -en absoluto novedoso en el marco de la legislación sanitaria y que en Euskadi ya hemos desarrollado hace mucho tiempo-, sino por su pretensión de eliminar la posibilidad de
ejercer por los ciudadanos su derecho a una muerte digna, dentro de una ley garantista y respetuosa con la dignidad humana, y acorde a legislaciones que en otros países avanzados social y políticamente se están desarrollando pacíficamente.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Agirretxea. (El señor Echániz Salgado pide la palabra). ¿Sí, señor Echániz?


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Por alusiones quería utilizar un turno.


La señora PRESIDENTA: No creo que haya habido ninguna alusión ofensiva.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Sí, lo podrá comprobar en el Diario de Sesiones.


La señora PRESIDENTA: Sí ha habido, por supuesto, contradicción, pero la contradicción habitual en un debate, señor Echániz. No le voy a dar la palabra.


Muchas gracias. (El señor Echániz Salgado: El señor Agirretxea ha dicho que fue ruin por mi parte cierta argumentación). Revisaremos el Diario de Sesiones, pero desde luego la Presidencia no ha oído el calificativo de ruin hacia su
persona.


Muchas gracias. (Rumores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Giménez Giménez.

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La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


Buenas tardes -casi ya-, señorías. Ha llovido mucho desde que me subí por última vez a esta tribuna para hablar sobre el debate de la eutanasia. De por medio hemos tenido una pandemia sin precedentes que se ha llevado la vida de más de
50000 españoles. Nos hemos visto inmersos en una circunstancia de crisis sin precedentes, tanto desde el ámbito social como desde el económico y el sanitario, pero creo que en estos meses muchos de nosotros -al igual que millones de españoles-
hemos padecido la desventura de haber tenido que asomarnos al dolor o al sufrimiento de alguien querido. Hoy, señorías -como hace varios meses dije-, vuelvo a empezar esta intervención diciendo que un parlamento en una democracia como la nuestra se
merece un debate sereno, realista y honesto de la eutanasia.


No esperen de Ciudadanos que se haga un debate encendido ni un debate ideológico, pero sí esperen argumentos firmen en la defensa de una materia que habla de derechos y de libertades, porque sí, es de eso de lo que estamos hablando hoy en
este hemiciclo. Por ello, ya les anuncio que vamos a estar en contra, que no apoyaremos las enmiendas a la totalidad, porque los españoles -como digo- merecen un debate serio y sosegado de esta materia, y en Ciudadanos se lo vamos a dar.


Tenemos que entrar a debatir esta ley, tenemos que mejorarla. ¿Para qué? Para que todas las personas que se encuentran con una enfermedad irreversible cuenten con toda la información, cuenten con el entorno adecuado, con una asistencia
profesional y con la posibilidad de decidir sobre su vida. Desde Ciudadanos, además, vamos a abordar esta materia de manera muy rigurosa. Como ya dijimos en la toma en consideración, se tienen que respetar diversos derechos constitucionales: el
derecho fundamental a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la dignidad de las personas. Además de ello, tampoco tenemos que olvidar las garantías que tienen que tener los profesionales sanitarios. Por lo tanto, señorías, estamos
abordando un tema de libertad individual. Hoy tenemos que recordar que todos tenemos derecho a una vida digna, pero también tenemos derecho a irnos de esta vida con la misma libertad y con la misma dignidad. Desde el punto de vista de la libertad
no puede ser de otra manera.


Como es un asunto de libertades, debemos abordarlo fuera de las trincheras ideológicas. Desgraciadamente, personas de todas las ideologías que votan a todos los partidos políticos en algún momento de su vida se van a enfrentar a decidir
cómo quieren que termine. Nos hemos fijado, ya se ha dicho en este hemiciclo, en casos como el de Ramón San Pedro o el de María José Carrasco, que nos han mostrado las consecuencias de que este Estado no tenga una legislación avanzada y garantista,
con lo cual tenemos dos opciones, señorías, o dar libertad o seguir generando situaciones tan dramáticas como las expuestas.


Desde Ciudadanos queremos tener una visión amplia y realista. Creemos en una regulación que pueda abordar una realidad de aquellas personas que se encuentran ante una de las decisiones más trascendentales que pueden existir, que es decidir
sobre su propia vida. Queremos una ley humanista, rigurosa y de consenso que garantice los derechos de todas las personas y una asistencia de calidad hasta el último momento de sus días. Nadie debe morir con dolor, nadie puede imponer el
sufrimiento innecesario. Y, además, nos preocupan los más vulnerables, porque nadie debería tomar una decisión así, condicionada por su soledad, por su nivel socioeconómico o por la falta de prestaciones del sistema. Elegir en libertad es tener
todo el apoyo necesario para poder sobrellevar la enfermedad o la discapacidad. Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión de humanidad, una cuestión que perfectamente entenderá cualquier persona que haya tenido enfermos en una situación como
la que estamos hoy abordando. Si una persona se encuentra en una situación irreversible, tiene derecho a ser amparado por el Estado con una regulación garantista que cuente con un aval médico.


Creo que, como hemos estado viendo, se plantea de una manera errónea este debate desde una falsa disyuntiva, la de contraponer la eutanasia al resultado de la falta de unos cuidados paliativos garantizados y de calidad. Pero es que no es
cierto, señorías; cuando una persona se encuentra desgraciadamente ante una enfermedad grave, incurable e irreversible, tan digno es querer continuar viviendo como decidir no querer seguir con ese sufrimiento. Debemos garantizar las dos cosas, el
derecho a una muerte digna y los cuidados paliativos.


En Ciudadanos fuimos los primeros en llevar en la anterior legislatura la ley para garantizar los derechos y la dignidad de las personas en el proceso final de la vida. La hemos vuelto a registrar. Por lo tanto, garantizar unos cuidados
paliativos es algo esencial, pero pretender que esa medida anule el debate que tenemos hoy encima de la mesa es dejar sin respuesta a las situaciones de tantas personas que, en nuestro país y en todo el mundo, no quieren continuar viviendo en una
condición irreversible.

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Hay personas que en su libertad no quieren cuidados paliativos, sino acabar con su sufrimiento. Junto a ello debemos abordar esta materia con un prisma de igualdad. La realidad de España hoy es que un paciente en Murcia o en País Vasco no
elige igual, porque sus condiciones son distintas. Es un tema tan sensible que una legislación como esta debe garantizar la igualdad de todos los españoles, la igualdad en derechos y la igualdad de trato, vivan donde vivan. Queremos una ley
nacional garantista, que dé una respuesta a todos los españoles. La falta de garantías no puede venir por una ley precipitada ni de una maraña de propuestas autonómicas, que al final lo que generan en un tema tan sensible es la creación de
desigualdades. Por eso, señorías, hoy les pido que, antes de votar, afrontemos esta votación conscientes de que toda democracia madura merece un debate adulto sobre asuntos que, como adultos que somos, sabemos que asolan a muchas personas.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.


Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.


Señorías, señora Ruiz, señor Echániz, si no me falla la memoria, es la cuarta vez que tengo un debate parecido a este en esta Cámara, nosotros con nuestros argumentos y ustedes con los suyos, y no nos hemos movido ni un solo milímetro. Solo
había una novedad hoy por la que quería felicitarles y que imputaba a la baja asistencia en la Cámara, que era el buen tono en el que se había celebrado este debate, hasta que el señor Echániz nos ha acusado a algunos de querer expropiar vidas. Eso
me ha parecido más que reprochable.


Señorías, ustedes siguen construyendo su legítimo punto de vista sobre la base de dos criterios. El primero es que se dedican a confrontar esta ley, que lleva discutiéndose en esta Cámara desde hace ya un tiempo, con las curas paliativas,
como si fueran cosas que no se pudieran combinar, como si las dos juntas no mejoraran el sistema de salud y la calidad de vida de los ciudadanos de este país. Creo que ese es el primer cálculo que han utilizado ustedes a propósito para desgastar y
dinamitar cualquier posibilidad de que esta ley sea una realidad. El segundo concepto que ustedes utilizan es el del derecho de la vida y el de una vida digna, algo que me parece más que legítimo y que comparto; lo que no comparto es quien
custodia ese derecho a la vida. Ese es el punto central del debate.


De sus intervenciones se desprende una legítima posición que se inspira en la fe, que es más que legítima. Sus intervenciones respiran fe, y yo la celebro y, en realidad, la voy a defender aquí y donde haga falta, lo que no voy a defender,
y me van a encontrar siempre de frente, es que pretendan imponer su fe al resto de los ciudadanos. Decía la señora Ruiz: ¿Qué problema tienen ustedes en que salvemos vidas? Yo no tengo ningún problema en reconocer que las curas paliativas están
para salvar vidas y para que las vidas, cuando sean largas, sean mejores, para eso están las curas paliativas. La pregunta es: ¿Qué problema tiene usted con aquella gente que decide que, si solo le queda sufrimiento en esta vida, no quiere sufrir
más? Esa es la pregunta que le emplazo a responder, porque ese es el debate. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien lo que tiene que sufrir y lo que tiene que aguantar hasta que finalice su vida? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a
alguien que está sufriendo lo que es una vida digna y vivir en dignidad o lo que no es una vida digna?


Decía El señor Echániz, reprochándole al Grupo Parlamentario Socialista aquella frase falsamente atribuida a Marx: Si no le gustan mis principios tengo otros. Diría que lo que se desprende de su intervención es que el mensaje que da a sus
ciudadanos es que no se preocupen por sus principios que ya le impone usted los suyos. Esa es una mala noticia y una mala lección para la democracia de este de este país.


Termino con esto, señora presidenta. Steven Pinker, en un alegato sobre la Ilustración, decía: Las religiones a veces chocan con el humanismo si pretenden elevar su principio y su bien moral por encima del bienestar de los humanos. Esa es
una lección que deberíamos aprender, y el debate debería centrarse en la libertad, en la dignidad y en los preceptos morales de cada uno -de cada uno; no de algunos, sino de cada uno- para que podamos sacar adelante esta ley.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Miquel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra a continuación el señor Rego Candamil.

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El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.


Como saben, el BNG defiende la necesidad de una ley que regule la eutanasia, que, lamentablemente, se ha hecho esperar demasiado, provocando sufrimiento innecesario. Quiero recordar que fue en Galiza donde se dio la primera gran batalla por
este derecho por parte de Ramón Sampedro, el primer caso que llegó al Tribunal Supremo, y también que las personas valientes que le ayudaron a poner fin a su vida en 1988 fueron perseguidas judicialmente. Esto no debe volver a suceder. Han pasado
más de veinte años hasta que nos hemos encontrado delante de un texto que, con carácter general, valoramos correcto, aunque hemos presentado enmiendas para corregir algunos aspectos, por ejemplo, para que las cautelas necesarias no limiten o
imposibiliten ese derecho y no supongan trabas burocráticas que alarguen en el tiempo el proceso, porque no estamos de acuerdo con la posibilidad de objeción de conciencia o porque creemos que se debe garantizar este derecho con carácter universal
sin excluir a nadie.


En todo caso, rechazamos categóricamente las enmiendas de esas fuerzas retrógradas que no se preocupan de garantizar vida digna y que tampoco entienden que la muerte digna es consustancial a esta; esas fuerzas que siempre están más
interesadas en negar derechos que en garantizarlos y que saben perfectamente -porque lo saben- que cuidados paliativos y eutanasia son derechos alternativos o complementarios entre sí, pero no sustitutivos. Ambas posibilidades deben estar a
disposición de las ciudadanas y de los ciudadanos. Por eso, vamos a contribuir con nuestro voto a que se afiance un nuevo derecho que se entiende simplemente desde la humanidad, desde esa humanidad que parece claro que les falta a estos partidos
reaccionarios que quieren negarlo.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.


Finalmente, también por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Errejón Galván.


El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.


Es verdad que no es la primera vez que tenemos el debate, y cada vez que lo tenemos yo voy profundizando en mi desconcierto. ¿Ustedes no eran liberales? ¿Los señores del Partido Popular y de VOX no eran liberales y eso tenía que ver con la
defensa de la libertad individual? A ver si me aclaro. Ustedes son liberales para que quien más tiene no pague los impuestos que debe, pero, si le va mal, que lo rescate el Estado; son liberales para intentar destruir el derecho al trabajo, para
que no haya convenios colectivos y el individuo sea muy libre para decidir si trabaja por 700 euros o se va la calle; son liberales para que no se regulen los alquileres, se imponga la ley de los especuladores y el individuo sea libre para irse a
la calle o tenerse que mudar de barrio si los precios suben artificialmente, pero cuando se trata de que una persona a la que solo le espera un dolor indescriptible durante el resto de sus días pueda decidir si le pone fin a su vida, ¿qué pasa
entonces con la libertad individual? ¿Y con el derecho a la propiedad? ¿O es que uno no tiene derecho a la propiedad de la propia vida? ¿Qué pasa entonces con los principios liberales? Seguramente conocerán ustedes la paradoja del gato de
Schrödinger. Pues, ustedes son algo así como el liberal de Schrödinger: cuando algo tiene que ver con la defensa de los privilegios de unos pocos son liberales, pero cuando llegamos a la defensa de la libertad individual, ahí los liberales de
nuevo se borran.


Miren ustedes, hay una diferencia fundamental entre nuestro planteamiento y el suyo. El suyo no va a salir adelante y el nuestro sí, pero esa no es la diferencia, hay una diferencia que es moral y que me hace afirmar que el nuestro tiene
superioridad moral sobre el suyo. Esto es por una razón; déjenme que se la intente explicar en nuestro breve tiempo. Si saliera adelante su propuesta, la gente solo podría morir de acuerdo con los valores de una minoría; si sale adelante -como
va a salir- la propuesta de la democracia y la ampliación de derechos, cada uno tendrá derecho a ponerle fin a su vida cuando esté sufriendo de acuerdo con sus propios valores, incluidos sus propios votantes si así lo necesitaran algún día. Por eso
la libertad es superior y por eso la inmensa mayoría de la sociedad española está a favor de que avancemos en derechos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.

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La señora TELECHEA I LOZANO: Graciès, presidenta.


La vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, y desde Esquerra Republicana luchamos para asegurar una vida digna a todas las personas, independientemente de sus creencias, de su edad, de su orientación sexual, de su nacionalidad o de
sus condiciones socioeconómicas. Somos republicanas y nuestro objetivo es asegurar la existencia material de todo el mundo. Pero recuerden lo que acabo de decir: la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, son indisociables y, por lo
tanto, asegurar una vida digna es también asegurar una muerte digna.


Señorías, esto va de derechos, concretamente va de dignidad, de libertad y de autodeterminación personal. Va de dignidad, porque morir dignamente es un derecho humano y, al contrario, prolongar la vida de una persona cuyo sufrimiento es
insoportable y su causa incurable constituye una vulneración del derecho a la dignidad, derecho inalienable de la humanidad. Y va de libertad y autodeterminación personal. La eutanasia no es una imposición, es un derecho; nadie está obligado a
ejercerlo y, en cambio, todas estamos obligadas a respetar su ejercicio. Eso es un derecho. La eutanasia se basa en la libertad y en la autonomía personal para decidir acerca de la propia vida. Negar dicha autodeterminación personal solo puede
plantearse desde posiciones reaccionarias que consideran la vida como un don divino y del que no podemos disponer.


Con estas enmiendas a la totalidad ustedes demuestran que no hablan el lenguaje de los derechos humanos. Ustedes tenían hoy la oportunidad de hacer un debate serio sobre un tema tan complejo como es la eutanasia. En lugar de eso, han
optado por instrumentalizar el sufrimiento de la gente. Ustedes vienen diciendo -de hecho, lo han dicho en esta Cámara- que la eutanasia responde a una política de la izquierda para acortar la vida a los mayores y así ahorrarse unas cuantas
pensiones, y eso es sencillamente repugnante. Esquerra Republicana no va a rebajarse a este nivel, a este ejercicio de miseria intelectual que ustedes están haciendo hoy aquí.


Apoyamos la regulación de la eutanasia, lo hacíamos hace más de veinticinco años -repito, veinticinco años-, cuando la trajimos por primera vez a esta Cámara, y lo hacemos hoy, aún más cuando los estudios nos dicen que el 85 % de las
catalanas y los catalanes apoyan esta práctica. Y es que en 2017 nuestra consellera de salud, Alba Vergés, presentó ante esta misma Cámara una proposición de ley, que venía del Parlament de Cataluña, de despenalización de la eutanasia. Por eso
votaremos en contra de las enmiendas presentadas y participaremos activamente, con nuestras enmiendas al articulado, en el trabajo en la ponencia. Porque esta ley no va de crear ningún derecho, va de reconocerlo, y porque el derecho a la muerte
digna, como ya hemos dicho, es un reflejo del derecho a la dignidad y no hay ley ni constitución ni tratado que pueda hacernos cambiar esta convicción de que la dignidad es un derecho inalienable de las personas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez.


La señora MEDEL PÉREZ: Buenas tardes ya.


Las enmiendas a la totalidad presentadas por las derechas no son enmiendas a la eutanasia, son normas de cuidados paliativos, y como quieren que hablemos de paliativos, es de justicia -creo yo- que hoy recordemos el caso del doctor Montes y
otros compañeros del hospital Severo Ochoa, acusados de practicar paliativos por dos denuncias anónimas en la Consejería de Sanidad del PP de Madrid (aplausos) y que el PP decidió investigar creando una comisión de investigación y denunciando al
juzgado, en cuyas conclusiones, posteriormente, los fiscales calificaron de extraño el proceder de la Consejería de Sanidad de Madrid.


En marzo de 2005 empezó el calvario y la persecución para doce médicos, que no concluyó hasta el 28 de enero de 2008, cuando la Audiencia Provincial de Madrid ratificó el sobreseimiento y archivó el caso, ordenando además que se suprimiera
toda referencia a la posible mala praxis de los médicos denunciados. La campaña difamatoria contra el doctor Montes y sus compañeros fue liderada por el consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, brazo ejecutor del proyecto privatizador de la
sanidad madrileña de Esperanza Aguirre. Lamela consiguió que se interrumpieran los paliativos en Madrid, y creo que en toda España, porque lo que le pasó al doctor Montes fue como un aviso a navegantes: cualquiera se atrevía a practicar los
paliativos. Ese mismo señor Lamela ahora va a ser el cerebro

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judicial de los empresarios madrileños para reclamar indemnizaciones al Estado por perjuicios económicos sufridos por la pandemia y cobrará el 8 % de las compensaciones que consiga en los tribunales, el mismo cuya aportación a la pandemia es
pleitear contra el Ministerio de Sanidad para que no se pueda limitar el precio de las PCR. El PP y el señor Lamela arruinaron la vida de doce buenas personas, de doce médicos, pero al mismo tiempo los convirtieron en héroes para la gente de bien.
Lamentamos el cese de las sedaciones a enfermos terminales y el sufrimiento que les pudiese ocasionar en aquellos momentos. Pues bien, esos cuidados paliativos que realizaban esos doce médicos difamados son los que el PP recomienda ahora como
alternativa a la eutanasia. Y dice textualmente el artículo 10.1: sedación paliativa si los síntomas son refractarios al tratamiento, aunque ello implique un acortamiento de la vida. En fin, la primera falsedad es que no es una enmienda a la
eutanasia. La segunda aparece en la exposición de motivos, apartado 3, sobre el artículo preliminar de la pretendida enmienda del PP, que dice: se establece el principio fundamental de pleno respeto a la voluntad de las personas en el proceso del
final de la vida. Es falso, porque en esta enmienda solo se respeta a las personas cuya voluntad coincide con la voluntad del PP. Si la voluntad es otra, es acusada de voluntad criminal. Criminalizan al que pide ayuda para morir y a los que le
ayudan a morir. Les gusta mucho juzgar a los otros: los que no piensan como ellos son criminales, no respetan la vida... Bueno, todo lo que se ha oído aquí y que no vale la pena ni nombrar.


El artículo 15 de la Constitución defiende y protege el derecho a la vida, es un mandato a proteger la dignidad de las personas y a asegurar su derecho a vivir. Por supuesto, todos defendemos la vida, todos defendemos los paliativos -no
como otros que no defienden los paliativos (aplausos)-, todos defendemos que Sanidad debe ofrecer esos cuidados, pero aquí estamos hablando del derecho a la eutanasia, no de cuidados paliativos. La palabra eutanasia, como ya se ha dicho aquí,
significa buena muerte, en el sentido de muerte no dolorosa. (Rumores). Ya podrían escuchar un poco. Esa muerte debe ser llevada a cabo por otros, porque, por distintas circunstancias, la persona que desea morir no puede llevarla a cabo por sí
misma. Toda persona debe ser dueña de su vida, debe tener derecho a vivir en libertad y debe tener derecho a morir voluntariamente, porque toda persona es dueña de sí misma. La eutanasia implica una decisión tomada por una persona que sufre y cuyo
sufrimiento no desea tolerar. Su voluntad es: quiero morir. Y lo decimos claramente: quiero morir. Ella no puede llevarla a cabo por algún tipo de impedimento; sabemos que la mayoría de las veces es un impedimento físico, temor al sufrimiento,
muerte dolorosa, etcétera. Esa persona pide ayuda a la sociedad, a la humanidad entera, para tener una buena muerte. Nosotros, como seres humanos, debemos ayudarla, porque es nuestra obligación. Ayudarla a morir es respetar su voluntad.


El 78 % de la población, según el CIS, y el 84, según Metroscopia, apoyan que se regule una ley para la eutanasia. Hay una demanda y un consenso social. Recuerdo las comparecencias -no sé si algunos de ustedes estaban ahí, me imagino que
sí-, en la sala Ernest Lluch, de varias sociedades que luchan por el derecho a una muerte digna, justo antes del confinamiento. En esa reunión estaban los presidentes de dos colegios de médicos; uno era del Colegio de Médicos de Madrid. Los
representantes de esos colegios se declararon a favor de la ley de eutanasia y asumieron que era una exigencia social. Dijeron que nadie como los médicos era consciente de esa necesidad. También recuerdo las palabras del PP, pero no valen la pena.
Queremos que la eutanasia sea un derecho, pero desde luego no es una obligación. Solo las personas que deseen usar ese derecho tienen ese derecho, pero PP y VOX no toleran que alguien tenga ese derecho. Quieren imponernos su idea de cómo debemos
morir. No respetan la voluntad de nadie.


Queremos defender la eutanasia por varios motivos, y no sé cuál importa más. Primero, por la existencia de un sufrimiento intolerable. Solo el que tiene esa vivencia sabe si su sufrimiento es tolerable o es intolerable. Hay veces que una
persona que sabe que va a morir en poco tiempo y cuyo cuerpo se va deteriorando no quiere tolerar ese proceso. Es posible que se le puedan aplicar paliativos, pero es posible también que esa persona no quiera esos paliativos, sino decidir ella
cuándo va a acabar. Otro motivo es la libertad. Toda persona es dueña de su vida, y eso implica tener el control, en la medida posible, de su muerte. Y el otro motivo es por humanidad, ¡por Dios! La eutanasia supone una petición de ayuda, de
socorro para morir a aquellas personas que puedan llevarla adelante. Un ser humano pide a esta Cámara que le ayude y que apruebe una ley, que la eutanasia sea un derecho incluido en la cartera de servicios de la sanidad pública. Como seres humanos
que somos, no podemos defraudarles.


Totalmente en contra de las supuestas enmiendas a la totalidad de PP y VOX, por supuesto. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Medel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Votaremos en tres minutos. Señorías, les recuerdo, como hago habitualmente, que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que ya han
emitido el voto mediante el procedimiento telemático no pueden volver a hacerlo desde su escaño. Muchas gracias. (Pausa).


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA MEJORA DE LA RED DE RECURSOS PÚBLICOS QUE FACILITAN LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS CUIDADOS. (Número de expediente 162/000324).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a las votaciones.


Proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la red de recursos públicos que facilitan la corresponsabilidad de los cuidados.


Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 144 más 206 votos telemáticos, 350; a favor, 80 más 94 votos telemáticos, 174; en contra, 20 más 32 votos telemáticos, 52; abstenciones, 44 más 80 votos telemáticos, 124.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A RACIONALIZAR LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. (Número de expediente 162/000224).


La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a racionalizar la estructura de la Administración del Estado.


Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 204 votos telemáticos, 347; a favor, 42 más 59 votos telemáticos, 101; en contra, 80 más 112 votos telemáticos, 192; abstenciones, 21 más 33 votos telemáticos,
54.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ PONIENDO EN MARCHA EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA. (Número de expediente 173/000015).


La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de España para
la reactivación de la economía.


Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 205 votos telemáticos, 348; a favor, 42 más 59 votos telemáticos, 101; en contra, 82 más 113 votos telemáticos, 195; abstenciones, 19 más 33 votos telemáticos,
52.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL (SEÑOR REGO CANDAMIL), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PREVÉ EL GOBIERNO PARA DAR SOLUCIÓN A LA CRISIS INDUSTRIAL EN GALICIA. (Número de expediente 173/000016).


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Plural, señor Rego Candamil, sobre las medidas que prevé el Gobierno para dar solución a la crisis industrial en Galicia.


La votación se producirá separada por puntos. Procedemos a votar el punto número 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 206 votos telemáticos, 349; a favor, 19 más 39 votos telemáticos, 58; en contra, 122 más 153 votos telemáticos, 275; abstenciones, 2 más 14 votos telemáticos, 16.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado.


Punto número 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 206 votos telemáticos, 349; a favor, 19 más 40 votos telemáticos, 59; en contra, 122 más 151 votos telemáticos, 273; abstenciones, 2 más 15 votos telemáticos, 17.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado.


Punto número 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 206 votos telemáticos, 349; a favor, 120 más 156 votos telemáticos, 276; en contra, 21 más 36 votos telemáticos, 57; abstenciones, 2 más 14 votos telemáticos, 16.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el punto número tres.


Punto número 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 206 votos telemáticos, 349; a favor, 1 más 21 votos telemáticos, 22; en contra, 81 más 97 votos telemáticos, 178; abstenciones, 61 más 88 votos telemáticos, 149.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado.


Punto número 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 206 votos telemáticos, 349; a favor, 1 más 19 votos telemáticos, 20; en contra, 139 más 171 votos telemáticos, 310; abstenciones, 3 más 16 votos telemáticos, 19.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado.


Punto número 6.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 206 votos telemáticos, 349; a favor, 43 más 70 votos telemáticos, 113; en contra, 80 más 94 votos telemáticos, 174; abstenciones, 20 más 42 votos telemáticos, 62.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado.

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Punto número 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 206 votos telemáticos, 349; a favor, 61 más 98 votos telemáticos, 159; en contra, 80 más 94 votos telemáticos, 174; abstenciones, 2 más 14 votos telemáticos, 16.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado.


Punto número 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 205 votos telemáticos, 348; a favor, 61 más 97 votos telemáticos, 158; en contra, 80 más 94 votos telemáticos, 174; abstenciones, 2 más 14 votos telemáticos, 16.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO VA A ADOPTAR PARA GARANTIZAR UNAS ELECCIONES LIBRES, PACÍFICAS Y SIN ACTOS DE VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN EL PAÍS VASCO Y GALICIA. (Número de expediente 173/000017).


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para garantizar unas elecciones libres, pacíficas y sin actos de violencia e intimidación en el
País Vasco y Galicia.


Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 206 votos telemáticos, 349; a favor, 21 más 45 votos telemáticos, 66; en contra, 80 más 115 votos telemáticos, 195; abstenciones, 42 más 46 votos telemáticos, 88.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):


- REAL DECRETO-LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCIERAS, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, APLICABLES A LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente 130/000028).


La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 206 votos telemáticos, 349; a favor, 76 más 80 votos telemáticos, 156; en contra, 67 más 126 votos telemáticos, 193.


La señora PRESIDENTA: Queda derogado el real decreto-ley. (Aplausos).

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DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA. (Número de expediente 122/000020).


La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 205 votos telemáticos, 348; a favor, 63 más 80 votos telemáticos, 143; en contra, 80 más 123 votos telemáticos, 203; abstenciones, 2 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo. (Aplausos).


Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia presentada por el Grupo Parlamentario VOX.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 143 más 205 votos telemáticos, 348; a favor, 63 más 80 votos telemáticos, 143; en contra, 80 más 124 votos telemáticos, 204; abstenciones, 1 voto telemático.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo. (Aplausos).


Se levanta la sesión.


Eran las dos y diez minutos de la tarde.