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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 36, de 21/07/2020
cve: DSCD-14-PL-36
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 36
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 35 (extraordinaria)
celebrada el martes,
21 de julio de 2020
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página3)
Dictámenes de comisiones no permanentes:
- Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. (Número de expediente 153/000001) ... (Página3)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. ('BOE' núm. 187, de 8 de julio de 2020). (Número de expediente 130/000027)
... (Página28)
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados. (Número de expediente 042/000010) ... (Página45)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página3)
El señor don Gabriel Elorriaga Pisarik adquiere la condición plena de diputado al prestar acatamiento a la Constitución.
Dictámenes de comisiones no permanentes ... (Página3)
Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ... (Página3)
La Presidencia informa de que en el día de hoy no se producirá la votación presencial de ningún asunto incluido en el orden del día. Asimismo comunica que esta tarde comenzará la votación telemática de las enmiendas y del voto particular en
relación con el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica., y que en la sesión del día de mañana por la Presidencia se proclamará el resultado de estas votaciones con carácter previo a que se inicie la votación telemática del
dictamen.
El señor López Álvarez, presidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, presenta el dictamen.
Para la defensa de las enmiendas, el voto particular formulado y las posiciones particulares presentadas, así como para la fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno, Mazón Ramos, García Adanero y Quevedo Iturbe, y las
señoras Oramas González-Moro y Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bal Francés, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil, Baldoví Roda, Errejón Galván y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; y Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Echenique Robba, las señoras Medel Pérez, Franco Carmona y
Saavedra Muñoz, y el señor Pisarello Prados, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Steegmann Olmedillas, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Pastor Julián, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y Lastra Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página28)
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda ... (Página28)
El señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Ábalos Meco) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno, Martínez Oblanca y Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Barandiaran
Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil, Errejón Galván y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Vallugera Balañà, del Grupo
Parlamentario Republicano; el señor Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; la señora De las Heras Fernández, del Grupo Parlamentario VOX; y los señores Lorite Lorite, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página45)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados ... (Página45)
La señora Nasarre Oliva, presidenta de la Comisión, presenta el dictamen.
La Presidencia comunica que ningún grupo parlamentario ha solicitado intervenir en este punto del orden del día.
Se suspende la sesión a las ocho y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, se abre la sesión. (Rumores). Por favor, ruego silencio.
Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de doña Isabel García Tejerina, pregunto a don Gabriel
Elorriaga Pisarik si jura o promete acatar la Constitución.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Sí, juro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Don Gabriel Elorriaga Pisarik ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).
DICTÁMENES DE COMISIONES NO PERMANENTES:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA. (Número de expediente 153/000001).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, les informo de que en el día de hoy no se producirá la votación presencial de ningún asunto incluido en el orden del día. Esta tarde comenzará la votación telemática de las
enmiendas y del voto particular en relación con el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. En la sesión del día de mañana por la Presidencia se proclamará el resultado de estas votaciones con carácter previo a que se
inicie la votación telemática del dictamen.
Dicho esto, comenzamos con el punto del orden del día correspondiente al dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el presidente de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica, el señor López Álvarez. (Rumores). Ruego silencio, por favor.
El señor LÓPEZ ÁLVAREZ: Presidente, señorías, buenas tardes. Seguramente saben que todas las sesiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica -todas ellas- las hemos iniciado guardando un minuto de silencio, y lo hemos
hecho porque era una forma consciente de responder a dos de las preguntas más importantes que uno puede hacerse en política: por qué y por quién. Teníamos muy claro por qué y por quién estábamos allí. Esta era una Comisión que nacía porque un
simple virus, algo que ni siquiera llegamos a ver, nos estaba y todavía nos está dando un baño de realidad. Está poniendo de manifiesto nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, incluso nuestra ignorancia sobre muchas cosas, pero sobre todo es un
virus que ha dejado miles de compatriotas fallecidos a los que no podemos olvidar, a los que en demasiadas ocasiones ni siquiera sus familias han podido despedir y a los que queríamos mantener en la memoria a través de ese minuto de silencio de
homenaje y de respeto.
Y a la vez también veíamos que existía una ciudadanía haciendo frente a la pandemia, mujeres y hombres que luchaban y no se rendían, que sacaban fuerzas de flaqueza, que aprendían cada día para mejorar el combate al virus y, también, para
mejorar cómo sostener a un país que se había tenido que encerrar en sus casas. Por eso, junto a ese minuto de silencio siempre había un reconocimiento, un agradecimiento, un aplauso o -como dice Vetusta Morla- un abrazo prohibido a quienes hacen
del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad; es decir, a quienes en estos tiempos duros, durísimos, nos estaban y aún hoy nos están cuidando y curando, abasteciendo, transportando y protegiendo. Ellos y ellas
eran -porque tenían que serlo- el motor de las voluntades políticas con las que acudíamos a esta Comisión.
Ya sabíamos que la pandemia no se limitaba a una crisis sanitaria. Ya sabíamos que cuando para salvar vidas hay que paralizar un país entero, hay que confinar a la inmensa mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas, las consecuencias sociales y
económicas iban a ser tremendas, dramáticamente demoledoras para millones de personas si no hacíamos nada para evitarlo. Por eso, la idea del presidente del Gobierno, nacida de la más absoluta lógica política, de buscar el mayor acuerdo posible
para reconstruir nuestro país tras los efectos de la pandemia, redirigida a este Congreso por la petición del líder de la oposición, se convirtió en una Comisión puesta en marcha con el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios el día 7 de
mayo. Y para que no se cumpliera el aforismo: si quieres que un problema se pudra, crea una Comisión; nos dimos un plazo de dos meses porque la cosa era urgente, porque hay un país entero esperando y porque nada puede pudrirse si está en juego el
futuro de la sociedad española. Y así fue. En menos de dos meses aprobamos un dictamen con cuatro bloques, con cuatro ámbitos de propuestas, que es lo que hoy sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara.
Pero para que esto haya sido posible ha tenido que intervenir mucha gente a la que, en nombre de todos los miembros de la Comisión, tengo que dar las gracias en un capítulo que no es para nada protocolario, sino absolutamente sincero.
Empiezo por el personal de esta casa: taquígrafas, ujieres, técnicos, informáticos, personal de limpieza, de documentación, de seguridad, letrados y letradas; esta casa tiene un personal absolutamente extraordinario sin los que nada de lo que
hacemos aquí sería posible. (Aplausos).
Gracias también a las más de 150 personas que han comparecido tanto en el Pleno de la Comisión como en sus cuatro grupos de trabajo, que, de manera desinteresada, nos han aportado su conocimiento, su experiencia y sus propuestas, porque
todas ellas nos han trasladado aportaciones de enorme valor que nos han servido para aprender y mucho; como valiosas han sido también las más de mil aportaciones que hemos recibido, a través de la página web, de una ciudadanía que nos ha vuelto a
demostrar que es dinámica y que quiere implicarse en la vida pública. Por eso, creo que a nosotros nos corresponde como obligación poner a su servicio los instrumentos para hacerlo.
Gracias a los profesionales de los medios de comunicación, sin los que nuestro trabajo quedaría encerrado entre estas cuatro paredes, sin recorrido ni penetración social alguna. Gracias por su labor a todos los grupos parlamentarios, pero,
en especial, a su personal, a los asesores, a los técnicos, a los asistentes, que nos soportan y que hacen más fácil nuestro trabajo todos los días. Como dije en la Comisión, seguro que me dejo a alguien, así que, por si acaso, gracias a todos
ellos y a todas ellas.
Como decía, este es un agradecimiento sincero porque todas ellas y todos ellos nos han permitido definir el espacio de esta Comisión en el que demostrar el poder de la política. La noble función de la política es hacer posible lo que es
necesario; hacer real lo que necesita un país. Por eso, la política es la forma -yo diría que la única forma- de institucionalizar, es decir, de hacer viable, de hacer realidad la voluntad soberana de la ciudadanía. Por eso, en medio de una
crisis sin precedentes es el tiempo de la política con mayúsculas. La política con mayúsculas es la que hace un diagnóstico compartido de lo que está pasando, es la que hace una reflexión común sobre lo que está por llegar y es la que pacta las
respuestas sobre lo que hay que hacer para salir cuanto antes de la crisis, por supuesto, pero sobre todo para salir todas y todos sin dejar a nadie abandonado en la cuneta.
Y para hacerlo por lo menos había cuatro cosas que hemos aprendido y que creo que hemos compartido: una, que invertir en salud pública es literalmente invertir en vidas de la ciudadanía y que, por lo tanto, debemos construir sistemas de
salud pública fuertes, universales y sostenibles que prevean reveses futuros y que estén preparados para hacer frente a nuevas crisis. Dos, que cerrar una empresa es mucho más fácil que crear otra nueva y que, por lo tanto, ayudar a empresas y a
trabajadores a continuar su relación laboral es imprescindible para salir cuanto antes de la crisis. Tres, que si queremos ser un país decente de mujeres y hombres libres e iguales no podemos abandonar a nadie a su suerte,
no podemos permitir que nuestra ciudadanía no tenga cubiertas las necesidades básicas en salud, en educación, en cuidados, en pensiones, porque entonces serían esclavos de la necesidad y no podrían ser ni libres ni iguales. Y cuatro, que
Europa tenía que ser más Europa que nunca y ayudar a los países que necesitaban de su ayuda porque era la única forma de salvar a los europeos y, afortunadamente, hoy tenemos extraordinarias noticias en este sentido. (Aplausos). Y con estas cuatro
cosas básicas se constituyeron cuatro grupos de trabajo para hablar y proponer medidas en el ámbito de la salud, de la recuperación económica, de las políticas sociales y de los cuidados y de Europa, y sus conclusiones son las que traemos hoy para
su consideración.
Y hablando de consideraciones, permítanme la última. Deberíamos entender todos y todas que no podemos permitir que España luche contra sí misma, que derroche sus energías en luchas internas. Tenemos que unirnos para salir juntos de la
crisis, tenemos que sumar fuerzas para que el futuro no se convierta en una especie de abismo sin esperanza para una inmensa mayoría de la ciudadanía. Por eso, nuestra obligación ética, moral y política en estos momentos es buscar lo que nos une y
no amplificar lo que nos separa. Debiéramos entender que acordar y pactar no es abandonar las posiciones propias; es reconocer y reconocerse en la pluralidad de la sociedad, es reconocer al otro como diferente a nosotros, pero a la vez y con mayor
convicción, reconocer que la existencia misma de la sociedad española se sustenta en unos sólidos pilares que no son más que los grandes acuerdos que hemos ido tejiendo con esos otros en nuestra historia democrática, y que sin esos acuerdos no
seríamos un país, España, con una sociedad plural y diversa de la que sentirnos orgullosos, sino que seríamos una serie de tribus enfrentadas entre sí.
Pactar y ceder para acercarse a otras posiciones -como hemos visto esta madrugada en Europa- no es un ejercicio de cobardía sino de enorme valor y de fuertes convicciones, y para ello -lo digo porque lo oigo en demasiadas ocasiones- no hay
que renunciar a las ideologías. Las ideologías son la forma ordenada de presentar y defender nuestras convicciones éticas. Para ello, no hace falta ni siquiera superar las siglas de nuestros partidos, simplemente basta con entender que acordando
con otros las hacemos más grandes. Lo contrario en este caso y con esta crisis, es decir, la falta de acuerdos, haría que la gente, que nuestros compatriotas, a los que queremos representar -y se nos llena la boca y el pecho diciéndolo-, vivieran
peor y, desde luego, no estamos aquí para eso.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Gil.
Para la defensa de las enmiendas, el voto particular formulado y las posiciones particulares presentadas, así como para la fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Presidente, señorías, he de decir en primer lugar que es gratificante, tanto para mí como especialmente para las personas a las que represento, intervenir en un hecho parlamentario como es el dictamen de una
Comisión tan excepcional como la de Reconstrucción Social y Económica, constituida para responder de manera colectiva a la crisis del COVID. Nosotros nos hemos esforzado porque la despoblación y los problemas socioterritoriales de la España vaciada
estuviesen presentes en el enfoque de los grupos de trabajo de la Comisión. Agradecemos, pues, a los diputados y a los grupos parlamentarios que hayan sido receptivos a estos problemas que, en buena medida, hasta ahora habían venido siendo obviados
en los debates políticos en el Congreso en anteriores legislaturas. En adelante, la despoblación y la España vaciada no solo deben estar presentes en la agenda política, sino que debemos enfocar este problema sin ambages como un verdadero problema
de Estado; una cuestión socioterritorial tratada con rigor, con un marcado sentido holístico y asumida en el enfoque del conjunto de las políticas públicas que se desarrollen. Agradecemos que esta receptividad se haya traducido en los acuerdos
logrados mediante enmiendas que hemos transaccionado con la mayoría de los grupos políticos o mediante el voto directo que se ha realizado a muchas de nuestras propuestas.
Quiero agradecer también la aportación de todos los comparecientes que han intervenido y han estado presentes en los grupos de trabajo. Detrás de esta Comisión ha habido un verdadero esfuerzo colectivo tanto del Congreso como de la sociedad
española representada, por un lado, por los comparecientes que han venido a solicitud de los grupos parlamentarios y, por otro, por los miles o cientos de aportaciones que han realizado los ciudadanos a través de la página web.
Somos conscientes de que para este problema es solo el principio y de que los avances y logros políticos para las minorías sociales son siempre tareas de pequeños pasos y sobre todo de un esfuerzo continuó y persistente, pero en eso estamos
y en esa tarea vamos a insistir. La despoblación en España es un efecto socioterritorial del modelo de desarrollo que tiene la magnitud, créanme, de un enorme problema de Estado que no se puede corregir con unas simples medidas ad hoc. Nuestra
mano está abierta, pues, a todos los grupos parlamentarios para persistir en esta tarea, es una tarea de todos y entre todos os llamamos para corregir los efectos de la despoblación en la España vaciada.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Mazón Ramos, tiene la palabra.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, lo primero que quiero decir es que esto no es lo que se pretendía. El resultado es un documento de 134 páginas llenas de buenas intenciones. Son unas 400 resoluciones, 393 exactamente, sin cuantificación de ninguna clase; la
mayoría son buenas, pero casi todas son objetivos genéricos sin una sola cuantificación. Claro, con este enfoque, en muchas de las materias de programas de partidos es difícil, por no decir imposible, llegar a un acuerdo, pues seríamos todos
iguales y no es este el caso, pero sí es un gran trabajo que sin duda utilizaremos en el futuro.
En el Partido Regionalista de Cantabria seguimos defendiendo que es necesario un gran pacto entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Popular; un acuerdo sobre cuatro o cinco cosas básicas que fundamentalmente
tiene que incluir cómo aplicar los recursos y los condicionantes de la Unión Europea. Son necesarias medidas a corto plazo para combatir la crisis económica que ya está azotando a millones de españoles. No obstante, votaremos a favor porque
compartimos la mayoría de las propuestas y, a pesar de que esto no es operativo, insisto, deben sentarse -esta vez solos- el Gobierno y el Partido Popular, y espero que no vuelvan a pedir otra Comisión. Lo demás les va a mantener en la estabilidad
para los próximos años.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Hago mías las palabras del presidente de la Comisión en relación tanto con todas aquellas personas que han participado respondiendo como responsables de diferentes grupos como de todas aquellas que a título personal nos han hecho llegar
todas sus inquietudes respecto a las soluciones que se le podían dar a España en el futuro. Dicho lo cual, yo creo que hay que decir en estos momentos que España hoy está en otra cosa. Porque es verdad que se ha creado esta Comisión, pero también
es verdad que no se ha hecho nada para tener un plan B en el momento actual. Y el momento actual es el que le preocupa al conjunto de los españoles. Les preocupa qué pasa con el rebrote que tenemos en estos momentos. Les preocupa qué está pasando
con todas aquellas personas que habían puesto en marcha su actividad y que ahora la tienen que volver a parar. Les preocupa un sector importantísimo como el turismo, al que no se le está dando solución y es un problema grandísimo en este país, a
pesar de lo que diga el ministro Garzón. Nos preocupa porque en estos momentos, como bien ha dicho el señor Mazón, aquí se ha hablado de muchas generalidades. Hay cuestiones que pueden comprender varias legislaturas, son programas intensos de
Gobierno, pero no estamos resolviendo el problema de hoy de los ciudadanos españoles, porque hay muchos que no saben si pueden o no pueden salir a la calle, si se van a contagiar o no, y si se contagian, qué ocurre, qué sucede con sus familiares.
Eso, a día de hoy, no se sabe. Hay muchas personas que hoy están cerrando y bajando otra vez la persiana, y a esos no les ha dado ninguna solución. A eso hay que sumar que queremos meter en la Comisión el sesgo ideológico, al que hacía referencia
el presidente. Y, evidentemente, cuando se mete un sesgo ideológico como se hizo con el ataque furibundo a la enseñanza concertada, enseñanza que forma parte del sistema público español, se está pidiendo a gritos que no se puedan apoyar algunas de
las propuestas. Es lo que han buscado el Gobierno del Partido Socialista y Podemos.
Me gustaría irme esta tarde de aquí sabiendo cuál es la posición -espero que el o la portavoz del Partido Socialista lo diga- del Partido Socialista respecto a la reforma laboral. ¿Se va a modificar? ¿Se va a cambiar? ¿Se va hacer algo
con la reforma laboral?, ¿sí o no? (Un señor diputado: ¡Sí!). Podemos dice que sí, ya le he oído, pero es que ustedes creo que ahora pintan bastante menos de lo que pintaban ayer. (Aplausos). Por eso no me dirijo a usted; me dirijo al Partido
Socialista. Señora portavoz -no sé si va a salir usted a hablar o quién saldrá del Partido Socialista-, ¿se va a derogar íntegramente la reforma laboral, como se hizo en aquel papel, que supongo que ya está en la papelera, con el que quisieron
engañar a Bildu y a Podemos?, ¿sí o no? A ver si esta tarde nos enteramos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: ¡Hala, en un minuto!
Nueva Canarias tiene, obligadamente, que reconocer el enorme trabajo que se ha hecho en esta Comisión para la Reconstrucción que, por supuesto, sabemos que adolece del problema de que no se puede aterrizar en todo, pero que tiene la virtud
de reconocer algunas líneas generales para la recuperación que son justamente lo opuesto de lo que se hizo en la crisis anterior, con los resultados nefastos para la sociedad española y también para la economía que todos conocemos. Se llega a esta
Comisión y a sus cuatro dictámenes con posterioridad a un acuerdo por la reconstrucción social y económica de Canarias, que se adoptó en nuestra comunidad por una mayoría absolutamente abrumadora en lo político y en lo social. Tengo que señalarlo
aquí porque, en efecto, ahí se aterriza en algunos aspectos relevantes en lo que se refiere a los intereses y a las singularidades canarias que podemos entender que no estén perfectamente reflejados en estos dictámenes por su carácter amplio, pero
que necesariamente deben ser contemplados a la hora de actuar, que es de lo que se trata.
Sin más, enhorabuena por el trabajo realizado y buenas tardes. (Risas.-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
¡Vaya cachetón el de anoche de Bruselas a los partidos de Gobierno! Tengo aquí el informe, cinco artículos en los cuales Bruselas habla de Canarias y obliga al Gobierno de España, con partidas presupuestarias, a reconocer la condición de
ultraperifericidad: 475 millones para regiones ultraperiféricas en la inversión en crecimiento y empleo, 271 millones en cooperación territorial europea, 40 euros por habitante para las regiones ultraperiféricas para materia de digitalización y se
ponderará la población para las regiones ultraperiféricas. Por todo eso quiero dar las gracias aquí a Francia y a Portugal específicamente, porque se batieron el cobre. Y, ¿saben por qué se lo digo? Porque he tenido que estar tres meses
trabajando en esta Comisión para la Reconstrucción para que se reconociera la especial condición de Canarias, las políticas distintas que necesitaba Canarias, la gravedad de la situación económica de Canarias; se me decía por los portavoces
-excepto por don Héctor Gómez, en la europea, que la voy a apoyar- que Canarias era como el resto de las comunidades españolas. Europa vuelve a reconocer nuestra condición, nuestras singularidades y condiciona al Gobierno de España, pero este
Parlamento aprueba unas medidas de reconstrucción de este país que no sirven para las islas Canarias -esas que son lejanas e insulares-, pero tampoco las medidas sanitarias para Baleares, Ceuta y Melilla, cuando lo único que pedíamos es poder tener
médicos en las mismas condiciones que el territorio peninsular, y hasta a eso se dijo que no.
Por eso esta diputada se va a abstener en sanidad y en economía, porque no voy a ser un inconveniente, pero no sirven para mi tierra. Voy a apoyar la europea, pero voy a votar en contra de la social, porque se están cargando, con un tema
puramente ideológico, la educación concertada y no se comprometen con la Ley de Dependencia ni con la educación de 0 a 3 ni se comprometen de verdad con los que peor lo están pasando en este país, como es la gente de mi tierra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente.
Yo quería hacer una previa. Hoy se está produciendo el juicio a la gente que formó parte de la mesa del Parlament de Catalunya y a nuestra compañera, exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Quería recordar que es un juicio por permitir un
debate parlamentario; no es por corrupción ni tampoco por mala gestión durante el COVID-19, es por permitir un debate parlamentario. Así que desde aquí, todo el apoyo y moltes gràcies per ser-hi.
En relación con el dictamen, lo hemos mirado con detenimiento. Hay muchas enmiendas de buena voluntad -podríamos decir-, hemos acudido a algunas de las comparecencias, pero nos parece -y lo dijimos en la investidura- que es un dictamen
impracticable con el acuerdo que se ha alcanzado con la Unión Europea esta noche, y trataré de explicarlo en el poco tiempo que tengo. Esos 140 000 millones de euros que recibirá el Estado español tienen una letra pequeña; la letra pequeña es la
condicionalidad política y la capacidad de que se intervenga. ¿Eso qué quiere decir? Les preguntamos: ¿Recortes? ¿Quiere decir una nueva reforma laboral que ustedes, desde el PSOE, no quisieron que formara parte del dictamen? ¿Quiere decir
limitación de deuda pública? Además, no hay ni política fiscal clara unificada ni se abordan tampoco los paraísos fiscales. Por lo tanto, ¿esto cómo se va a pagar y qué consecuencias tendrá? Esperamos las explicaciones del presidente la semana
que viene, pero a nosotros la condicionalidad blanda -que así se llama- nos suena a que cambiaremos los hombres de negro de la troika por los señores y las señoras -o la señora- de gris de los llamados países frugales, que para nosotros son
obstruccionistas directamente. Además, el gobernador del Banco de España, en una de sus comparecencias en la Comisión, hacía la previsión de una caída de más de 6 puntos del PIB en relación con 2009. Por tanto, parece evidente que este dictamen,
por mucha buena voluntad que haya, es papel mojado.
Ustedes hace mucho tiempo que han renunciado a la soberanía para defender a su pueblo, nosotras no; nosotras queremos todas las soberanías: ante la Unión Europea, ante el IBEX 35, incluso ante su Gobierno y ante su Estado. Por lo tanto,
para poder defender la soberanía de nuestro pueblo no nos queda otra que la autodeterminación.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidente. Arratsalde on. Buenas tardes.
Tras tres meses de trabajos, cientos de comparecencias -algunas de ellas muy interesantes-, propuestas, debates y enmiendas hemos llegado -diría- al punto de partida, al objetivo que al parecer se perseguía: hacer ver que algo cambia para
que nada cambie. Vuelta a la vieja normalidad, resumiría. Pero para esto, en realidad, bastaba con ser claros desde el principio y que nos dijeran que el sistema que tanta precariedad, pobreza y exclusión ha generado era el sistema que se quería
apuntalar. Lo han conseguido y al parecer, por si fuera poco, acordado y pactado además con la derecha; todo ello lo ha hecho el Gobierno más progresista de la historia. Dijeron ustedes que querían reconstruir y lo han hecho, han reconstruido
aquello que nos llevó a esta situación de crisis social y económica. Le han puesto nuevos adjetivos, eso sí: lo que antes eran políticas antisociales ahora son medidas de reconstrucción, y lo que antes eran políticas neoliberales ahora son de
reactivación; supongo que de reactivación de la precariedad, de la exclusión, de la reactivación de los despidos, de los privilegios de los ricos y del empobrecimiento de las mayorías sociales. Han reconstruido ustedes perfectamente el sistema
neoliberal devorador de derechos y libertades, y de paso han aprovechado también para ensayar la recentralización de la sanidad, atacando el autogobierno y nuestras instituciones propias. Sinceramente, les decimos que no encontramos en las
propuestas que hoy votamos medidas de cambio real alguno.
Quienes apostamos por un cambio hemos propuesto impuestos a los ricos y a los bancos, pensiones públicas dignas de un mínimo de 1080 euros, derogar la reforma laboral, apostar por la cultura, frenar la emergencia climática apostando por el
residuo cero, proteger a los autónomos o apoyar a las familias en riesgo de exclusión. Y no han aceptado nada, ni una sola de estas propuestas, que no son únicamente propuestas de Euskal Herria Bildu, sino reivindicaciones recogidas del movimiento
de pensionistas, de las
trabajadoras, de los trabajadores y de los sindicatos, de los autónomos o del movimiento ecologista. El PSOE ha dicho no a todas ellas; en consecuencia, votaremos en contra de los dictámenes. Porque seguimos sin entender cómo es posible
que, existiendo una supuesta mayoría progresista, siendo este, supuestamente, el Gobierno más progresista de la historia, no se haya avanzado ni en una sola de las demandas que la mayoría social y trabajadora necesita y reclama. De existir esa
mayoría progresista, ¿cómo se entiende que se rechacen pensiones mínimas de 1080 euros para los pensionistas? ¿Cómo se entiende que se rechace un impuesto a las grandes fortunas que afecta al 1 % más rico de este Estado o un impuesto a la banca?
¿Cómo se entiende que no se quiera derogar la reforma laboral que tantos derechos ha arrebatado y que tanto paro y precariedad ha traído? Es algo que quienes hoy rechazan estas medidas deberían explicar a la ciudadanía. Quizá la respuesta sea que
algunos de los actores de esta mayoría progresista han decidido que prefieren caminar junto a la derecha aceptando sus políticas. Lamentamos que no hayan sido valientes y que no hayan apostado por políticas progresistas de cambio. Lo lamentamos,
de verdad.
Hoy esta Cámara transmitirá el mensaje a la gente de que no se pueden cambiar las cosas, que esto es lo que hay y que es el estado natural de las cosas. Pero nosotras queremos mandar otro mensaje, queremos dejar claro que lo que nos han
hecho creer que es normal no lo es: que echar a la gente de sus casas no es normal; que los ricos no paguen y evadan impuestos no es normal; que haya colas del hambre no es normal; que algunos tengan tanto dinero como para vivir cinco vidas
mientras otros no pueden ni pagar las facturas no es normal; que a los trabajadores se les explote o se les despida para que otros sean mucho más ricos tampoco es normal; que los pensionistas sobrevivan con pensiones de miseria tampoco es normal,
y que la juventud tenga que emigrar en busca de un empleo y una vida digna tampoco es normal. No debería serlo. Y por mucho que nos lo repitan, por mucho que intenten convencernos, todo esto no es normal porque todo esto se puede, además, cambiar.
Pronto veremos, según vayan finalizando los ERTE, cómo de los ERTE se pasa a los ERE y de los ERE a la calle. Este es el camino que temen ahora mismo miles y miles de trabajadores, porque es previsible que en poco tiempo lo que está ocurriendo con
Siemens Gamesa en Nafarroa, con Tubacex en Álava o con Nissan en Cataluña se extienda. Cómo empresas que han recibido ingentes cantidades de dinero público se van sin problema alguno, dejando a miles de trabajadores en la calle, mientras esos
trabajadores y trabajadoras no obtienen respuesta.
Podríamos empezar por derogar la reforma laboral, ofreciendo así un poco más de certeza a la clase trabajadora. Estos días, hoy concretamente, se ha acordado el fondo para hacer frente a la crisis generada por el COVID. Podría parecer una
buena noticia, pero nos preocupa la letra pequeña, la que define cuál será el peaje que se impondrá a los Estados para acceder a esos fondos, cuál será el precio que la ciudadanía tendrá que pagar: nuevas reformas laborales, recortes en pensiones,
en servicios públicos, en educación, en salarios y mantener la reforma laboral del PP. Ya nos sabemos esa historia y no acaba bien para la mayoría. Por eso, las reformas o los recortes, que seguro llegarán, se pueden hacer de dos maneras, por
arriba o por abajo. Se puede recortar por abajo en salarios públicos, en sanidad y en educación, recortar las pensiones y precarizar aún más la vida de los trabajadores, o se puede recortar por arriba en defensa, en la compra de tanques y armas, y
se puede recortar o eliminar directamente la millonada destinada a la Casa Real. También se puede recortar en infraestructuras faraónicas que tanto gustan en este Estado. Piensen bien por dónde van a recortar porque creemos que ahora hay una nueva
oportunidad.
Dijimos que esta pandemia había hecho saltar las costuras de un sistema que ya no vale, que no funciona y que esta pandemia había demostrado ante los ojos de la mayoría que había que cambiar, que se podía mejorar. Les pedimos, por eso, que
rectifiquen, que apuesten por políticas de izquierda, por políticas que beneficien a la mayoría y no solo a unos pocos.
Quiero recordar en este cierre de comisiones que hemos sido responsables durante todo el estado de alarma, que hemos valorado y apoyado las medidas sociales y económicas que han sido beneficiosas para la gente, y hoy nos hubiera gustado
haber ofrecido o poder ofrecer otra muestra de esos compromisos habiendo alcanzado acuerdos amplios para poner en marcha nuevas medidas para construir ese escudo social del que tanto se habla y asegurar un nuevo bienestar basado, eso sí, en la
justicia y en la equidad. Nos gustaría haber podido ofrecer una imagen de unidad desde la izquierda, pero se ha perdido una nueva oportunidad. Estamos aquí para defender y mejorar la vida de la ciudadanía vasca siendo solidarios también con las
clases populares y trabajadoras de este Estado. Esa es la palabra que dimos y es la que pensamos cumplir haciendo todo lo que esté en nuestras manos para impedir que esta crisis la vuelvan a pagar los mismos. Y si el Gobierno apuesta por ello, nos
encontraremos; si se mantiene en reforzar políticas fracasadas, no podrán contar con nosotras.
Estamos viviendo una segunda fase de la pandemia. Los rebrotes y el aumento de contagios son ya una realidad. Debemos apelar también a la responsabilidad de todos y todas para no relajarnos, porque el virus sigue aquí. Pero esto no puede
servir de excusa para criminalizar a ciertos colectivos. Estamos viendo un día tras otro cómo se criminaliza a la juventud. Se les llama irresponsables y se dice poco más o menos que no les importan la pandemia y sus consecuencias, pero no puede
ser casualidad que, según pasaron las elecciones en Euskadi y en Galicia, los rebrotes y los contagios aumentaran de golpe, de repente, la mascarilla fuera -ahora sí- obligatoria y -bingo- la culpa de todo esto sea de los jóvenes. Pues no. Es de
esos mandatarios que pusieron sus intereses particulares y partidistas por encima de la salud, generando la sensación de que la pandemia prácticamente ya había pasado; de esos que nos repetían que podíamos relajarnos porque, si se podía ir a la
playa y al monte y todo iba bien, también se podía votar. Pues no. La culpa no es de los jóvenes y la juventud no se merece esto.
Por último, queremos transmitir un mensaje sobre la cultura. La cultura es segura; es ese bien esencial que nos ayudó a superar los peores días del confinamiento y nosotras hemos procurado que así se reconociera, que la cultura fuese
reconocida como bien de primera necesidad para poder tomar medidas concretas y de calado para reflotarla y reforzarla, y una vez más han dicho que no. Dicen algunos que es más peligroso ir al cine o a un teatro con medidas y distancia de seguridad
que acudir a trabajar a una fábrica con miles de personas en un metro abarrotado de gente. En las fábricas no existen contagios, al parecer; en los teatros, sí. En los metros llenos no existen contagios; en los cines, sí. Que cada cual saque
sus conclusiones. Nosotras seguiremos apoyando la cultura, uno de los sectores que más nos ha dado a todas y que menos apoyo está recibiendo. La cultura es segura. (Termina su intervención en euskera.-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señoras diputadas, señores diputados, ¡cómo empezó esto de la Comisión para la Reconstrucción y cómo va a acabar! ¡Vaya cambio! Fue una ocurrencia de Moncloa en un periodo en el que el Gobierno se sentía muy apretado
por las urgencias políticas del momento. Alguien saca un conejo de la chistera y unos redivivos Pactos de la Moncloa que crean la base necesaria de una reconstrucción económica. Puestos ya a ello, se decidió, a iniciativa del Ejecutivo, que fueran
más amplios y así incluyeran materias tales como educación o servicios sociales. En una situación y con un ambiente político como el presente, lo lógico habría sido gestionarlo de una manera cuidada, buscando un texto escueto pero que apuntara con
claridad los objetivos y buscando en lo posible el complicadísimo mínimo común. Y buscar en lo posible ese mínimo común era concentrar los esfuerzos en el ámbito de la economía, dejando para una reflexión más sosegada, con mayor distancia y
perspectiva, el ámbito sanitario. No se ha querido hacer así. Además, se ha gestionado como si se tratara de una iniciativa parlamentaria más. Bien es cierto que a ello ha contribuido al empeño del Partido Popular de remitir la discusión al corsé
de las estructuras parlamentarias; estructuras parlamentarias que, ya rígidas per se, se han hecho más complicadas aún sobre la base de la creación de comisiones y grupos de trabajo con interminables comparecencias que no seguían ningún guion. El
resultado ha sido entrar en la típica dinámica parlamentaria que conocemos desde hace años. El objetivo, sacar adelante un texto para no perder la cara; sacar adelante un texto más allá del alcance real y la efectividad de los contenidos. Y, para
ello, se negocia aquí con un partido, allá con el otro, acullá con un tercero, y a ser posible sin que se enteren entre ellos y sin poder saber, por mucho que algunos hayan aceptado algo, si esos mismos están acordando con otro algo que para ti
puede ser inaceptable. Yo lo llamaría una aproximación legislativa a hurtadillas. Además, se hacía la víspera o la antevíspera de las votaciones. Como si introducir pequeñas cuñitas inconexas de cada uno fuera a servir de algo.
Por otra parte, y lo que es más grave, desde los partidos de la coalición se ha pretendido convertir estos acuerdos en un refrendo de su programa de Gobierno y de su inmediato programa legislativo. En algunos ámbitos se ha llevado el texto
innecesariamente al terreno ideológico, lo que hacía precisamente imposible el acuerdo. Lo he dicho repetidamente, pero quiero reiterar que estos acuerdos deberían haberse centrado en materia económica de reactivación de empleo, pero se han
empeñado ustedes en entrar en materias que, a tenor de la distribución competencial establecida, no son competencia del Estado. Por una parte, en esos ámbitos hay referencias que apuntan a una modificación de competencias por la vía de hecho o de
normativa básica, cuando lo que señalan en realidad supone una modificación
del marco estatutario, que solo puede ser cambiado a través de procedimientos específicos regulados en los estatutos de autonomía y que, por lo tanto, necesitan el consenso de las comunidades e incluso, en algunos casos, el refrendo
ciudadano. Nosotros no vamos a dar cobertura a algo así, de manera que se pudiera decir en el futuro que esos cambios contaban con nuestro consenso. Por otro lado, se permiten decir a las comunidades autónomas cómo deben utilizar y aplicar sus
propias competencias, actitud que se agudiza en el denominado Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados.
Van a llegar ahora millones de euros de Europa; eso se nos anuncia. En realidad, hoy por la mañana se nos anuncia un acuerdo cuya letra pequeña habrá que estudiar con detenimiento. En cualquier caso, no son unos millones para hacer lo que
se nos ocurra, pues parece que su aplicación está supeditada a la aprobación de la mayoría europea tanto de las condiciones como de los sectores en los que se han de implementar. Dada la urgencia de tomar medidas ante la crisis, ¿sabemos ya cómo
los vamos a aplicar? ¿Nos dicen los textos resultantes de los trabajos parlamentarios que debatimos hoy algo al respecto? Me temo que no, solo un listado de vagas generalidades que no muestran ninguna línea decidida por la transformación ni
apuestan por sectores concretos. Son, como señalaba ya el otro día en la sesión de la Comisión, como una pradera en la cual aparecen aquí y allá una serie de amapolas, pero no plantadas con un sentido o un propósito concreto, sino sembradas al
voleo y sin conexión entre ellas. Son ideas genéricas, muchas bienintencionadas, aunque voluntaristas, algunas buenas, pero sin ningún plan. ¿Qué voluntad real hay de impulsar una recuperación económica cuando, en un momento en que Europa da por
bueno suspender el equilibrio financiero, los partidos de la coalición de Gobierno son incapaces de aceptar la eliminación o modificación de la regla de gasto? Porque, a pesar del Partido Socialista y de Podemos, se aprobó en la Comisión una
enmienda para suavizar la regla de gasto, al menos en la escala local, algo absolutamente insuficiente si no se contempla lo mismo para comunidades autónomas de régimen común, y de manera específica para las comunidades forales, y que nos llevó a
abstenernos en la votación final en Comisión para ver si el Gobierno iniciaba esa vía. Ya hemos visto que no. El documento enviado por la ministra de Hacienda a la FEMP proponiendo que los ayuntamientos cediesen su superávit al Gobierno para que
este les fuera permitiendo ir gastando en aquellos ámbitos que él mismo indicara es no solo inaceptable, sino una broma de mal gusto. Si teníamos alguna duda sobre nuestra intención a la hora de votar, esto nos lo ha confirmado y votaremos no, más
allá de que sigan sin convocar las comisiones mixtas de concierto y convenio en Euskadi y Navarra, cuando, a diferencia del resto de las comunidades autónomas, aquellas dependen, como el Estado, de su capacidad de recaudación propia y, por lo tanto,
es perentorio que puedan tener clara su capacidad de endeudamiento.
Vuelvo al punto en que comenzaban mis reflexiones. ¿Le importa realmente a alguien el contenido de los trabajos de la Comisión? El mismo día en que la Comisión de Reconstrucción estaba reunida, el viernes 3 de julio, el presidente se reúne
en Moncloa con sindicatos y patronal y anuncia un acuerdo amplio por el empleo y la reactivación económica y, para más inri, la víspera había anunciado también una inyección de 50 000 millones para algunos sectores. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia). Si ya ha decidido qué va a hacer, si tiene ya un acuerdo extraparlamentario, ¿para qué quiere un acuerdo en el pacto de reconstrucción? De hecho, esa actitud -el mismo día, insisto- denota que en realidad le da igual lo que se decida
en el Parlamento, que este teórico pacto parlamentario no dejaba de ser un conejo sacado de la chistera que sirviera más de distracción que de utilidad. Este debate, al final, después de todas estas semanas, se ha convertido en un gran paripé, y
para más inri, como decía antes, sin tener siquiera ya la capacidad de mandar un mensaje positivo, de esperanza, a la sociedad.
Más allá del resultado de las votaciones de hoy, evidentemente mi partido va a ser responsable en las iniciativas concretas que se vayan adoptando y proponiendo en este Parlamento -esas iniciativas que vayan a boletín-, pero no podemos
avalar con nuestro voto los textos que se nos plantean hoy. Votaremos favorablemente al acuerdo sobre Europa, en el que se han contemplado la mayoría de nuestras enmiendas, pero nuestro voto será negativo por las razones ya apuntadas tanto en el de
sanidad y salud pública como en el de políticas sociales y sistema de cuidados y también en el de reactivación económica.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Esteban. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta.
Buenas tardes a todos. Yo quiero empezar diciendo que, en mi opinión, en nuestra opinión -en la de Ciudadanos-, hemos dado un paso en la buena dirección. Todos los diputados que estamos aquí concluimos los trabajos de la Comisión de
Reconstrucción y hemos conseguido -aunque parezca de algunos discursos que acabo de escuchar que no es así- un alto grado de consenso, y esto yo creo que hay que celebrarlo. Nos hubiera gustado más consenso, nos hubieran gustado más medidas, nos
hubiera gustado más concreción -como acaba de decir ahora el PNV-, un resultado más ambicioso, pero tenemos que mostrar nuestra satisfacción por el grado de entendimiento entre los diputados que piensan diferente y porque hemos conseguido llegar a
acuerdos, porque se lo merecen los españoles, porque se lo debemos a los fallecidos, también a los que no están en los registros oficiales, a las familias, a los que han perdido el empleo, a todos aquellos que afrontan el futuro con incertidumbre y
con miedo. Debemos seguir trabajando todos juntos para estas personas, para los españoles, buscando el consenso, evitando la crispación, evitando el insulto, buscando el acuerdo y sobre todo mirándonos en la sociedad civil, a la que representamos,
que se ha comportado en esta epidemia con gran generosidad, solidaridad, responsabilidad y entereza, virtudes que debemos también encontrar los políticos cuando nos ponemos a negociar.
Hace más de tres meses, Inés Arrimadas le mandó una carta al presidente del Gobierno proponiéndole estos pactos de la Moncloa y precisamente con esta estructura que al final ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, y tuvimos claro
cuál era la filosofía: abandonar el dogmatismo, abandonar los dogmas de fe, el sectarismo, y buscar soluciones pragmáticas que nos permitieran salir de la crisis con ese lema: salvar vidas, salvar empleos, ayudar a que los ciudadanos no pierdan su
dignidad como personas.
Hemos trabajado mucho, me consta en primera persona, y quiero realizar una declaración desde esta tribuna, quizá inusual en esa vieja política de trincheras. Pero quiero dar las gracias a todos los diputados, no solo a los de mi grupo
parlamentario, sino a los de todos los grupos parlamentarios que han querido aportar y construir, que han querido buscar soluciones. Muchas personas que piensan diferente han llegado a acuerdos, y esa es la nueva política. Eso nos tiene que llenar
de orgullo a los partidos que queremos construir esa política útil, esa nueva política. Claro, nos hemos encontrado con grupos parlamentarios que han aprovechado -como siempre- para dividir, para desgastar nuestra democracia, grupos que han
aprovechado la pandemia precisamente para crear desunión; los grupos políticos que están en el 'cuanto peor, mejor', en el 'no es no', en la generación del caos, y que se encuentran muy cómodos precisamente en ese caos: los populistas, los
nacionalistas, los separatistas, los que no aman este país. Pero los demás sí hemos estado ahí y hemos conseguido resultados; hemos conseguido resultados en los diferentes grupos de trabajo. En Sanidad necesitamos reforzar nuestro sistema
sanitario; se lo debemos a nuestros sanitarios, a nuestros héroes, a esas personas que han arriesgado sus vidas para salvar las de otros. No basta con aplaudirles, hay que darles recursos, hay que protegerlos, hay que reforzar el sistema de la
salud. Hemos aportado cosas, y hemos apoyado cosas de otros grupos parlamentarios, como, por ejemplo, la despolitización de los cargos directivos de la sanidad, el refuerzo de la industria biomédica, el impulso a una estrategia nacional de salud
mental, ese plan estratégico de prevención del suicidio, tomar medidas de detección precoz para trastornos como los del espectro autista, los de déficit de atención e hiperactividad, las dislexias, los de tipo alimentario. Hemos conseguido esa
agencia de la salud pública, una agencia nacional que coordinará las competencias entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, de acuerdo también con lo que pactamos en la última prórroga del estado de alarma, en el Real Decreto-ley
21/2020, la declaración de actuaciones coordinadas. Y, finalmente, hemos conseguido insertar en el Sistema Nacional de Salud las competencias sanitarias de los centros penitenciarios, con un objetivo: proteger y reforzar el sistema sanitario, todo
el sistema sanitario, el público y el privado, porque si algo nos debe enseñar esta pandemia es que debemos pelear todos unidos contra ese enemigo común que ha sido el virus.
Ha sido difícil en el ámbito económico, pero también se han conseguido cosas. Se ha conseguido que no se suban impuestos a las clases medias, que son siempre los que pagan el pato, que son aquellos que vieron que subían sus impuestos con el
Partido Popular y con el Partido Socialista en la última crisis; hay que ayudarles, hay que ayudar a los autónomos, a los empresarios, a las familias, a los trabajadores. Hay que luchar contra el fraude. Hay que luchar contra la evasión fiscal,
contra la ingeniería fiscal, contra los paraísos fiscales, contra la economía sumergida. No se puede pedir que se aprieten más el cinturón los que siempre cumplen. Hay que perseguir a los que incumplen, porque si de esa forma conseguimos que más
personas contribuyan, los que siempre hemos cumplido con Hacienda podremos pagar menos. Y ese documento económico se orienta hacia la potenciación de la actividad económica, la competitividad,
el fomento del empleo, la salvaguarda de las familias; gana la España productiva y pierde el populismo trasnochado. Ya lo conseguimos en la negociación de las prórrogas del estado de alarma, la flexibilización de los ERTE, las prestaciones
extraordinarias para los autónomos. Hemos conseguido la evaluación de políticas públicas a través de la AIReF para revisar el gasto, para eliminar partidas superfluas, para eliminar chiringuitos, gastos inútiles. Cada céntimo de euro que tengamos
en nuestro poder tenemos que dedicarlo a evitar el sufrimiento de los españoles. Y queremos apostar también por la innovación, siempre la hermana pobre de los presupuestos; debemos invertir en I+D+i.
La Unión Europea. Es una buena noticia el acuerdo al que ha llegado el Gobierno de España en el Consejo Europeo. Europa ha respondido; España tiene que estar a la altura, responder con responsabilidad y acometer de una vez esas reformas
estructurales que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, durante cuarenta años, han acometido en muchos sectores esenciales: educación, sanidad, brecha digital, Administración electrónica, desarrollo sostenible. Ahí es donde precisamente
hay que invertir. ¿Y quiénes hemos apoyado en Europa? ¿Quiénes hemos estado unidos en Europa? Como siempre, conservadores, liberales y socialdemócratas; no populistas, no extremistas. Eso es lo que nos pide Europa, que los moderados, los de
centro, los pragmáticos, los sensatos, vayamos de la mano, y eso es también lo que quiere España, huir de los extremos y de la radicalidad.
Y donde no ha habido manera es en el Grupo de trabajo de las políticas sociales, porque el sector más radical de este Gobierno -porque Unidas Podemos- se ha negado en rotundo a la ayuda a la educación pública -porque la enseñanza concertada
es educación pública y no se puede distinguir entre etiquetas que son falaces; es educación pública sostenida con fondos públicos-, lo mismo que también se niega a apoyar la educación especial. Dogmas, sectarismos, fe, falta de sentido común. Eso
es injusto, eso atenta contra la igualdad, eso atenta contra la libertad de enseñanza, y estos valores son el ADN genético de mi partido, de Ciudadanos, por eso tenemos que votar en contra a pesar de que también hemos podido introducir en ese
documento muchas medidas que nosotros consideramos buenas. Pero esto es una línea naranja: un 25 % de los estudiantes estudian en la enseñanza concertada, millones de padres la eligen, muchos profesores se dejan la piel en la enseñanza concertada
y ellos también están preocupados, han sufrido la pandemia, tendrán que comenzar el curso con inseguridad en septiembre, tendrán que adaptar sus métodos de trabajo a la educación a distancia. Ellos también tienen miedo, también están inseguros y el
Gobierno los abandona; abandona a los profesores, abandona a los padres, pero sobre todo abandona a los jóvenes y a los niños, el futuro de nuestro país. Así que rectifiquen; podemos rectificar en la negociación de presupuestos. Esos
presupuestos tienen que estar en manos de los que creemos en España, de aquellos que hacemos propuestas constructivas; no pueden estar en manos de Puigdemont, de Torra, de Otegi o del señor Rufián porque no creen en España. Hay que negociarlos con
la oposición y con los agentes sociales. En ese camino va a estar Ciudadanos. Ciudadanos estará si optan por esa senda, la del pragmatismo, la del centro, la de las soluciones, no la de los privilegios identitarios, no la de la desigualdad, no
condicionando unos presupuestos a no sé qué referéndum de autodeterminación que no salva vidas, que no salva empleos.
Termino como empecé, alegrándome del acuerdo, alegrándome del consenso. Que no sea flor de un día, que sigamos en ese camino, el de la nueva política, el de la política útil. Lo dije una vez desde esta tribuna y lo repito hoy: vine aquí
para eso, para hacer esa política y no esa vieja política que veía antes por la televisión, donde todo el mundo se abroncaba de un lado al otro del hemiciclo. Vine para la nueva política, se lo debemos a los españoles, es nuestra obligación, nos
pagan el salario para eso, para llegar a acuerdos, para buscar soluciones, para no ser el problema, para hacer propuestas, para no insultar, para no entrar en las broncas. Y para llegar a acuerdos las palabras son: unidad, política útil, sentido
de Estado; esas son las palabras de mi partido, de Ciudadanos. Son las palabras que pronuncio hoy y serán las palabras que me escucharán siempre.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, presidenta.
Cuando arrancó la Comisión de Reconstrucción adelantaba la poca confianza del BNG en un resultado positivo de la misma, básicamente por dos razones. Primero, porque veíamos difícil, si no imposible, un acuerdo entre las principales fuerzas
políticas españolas -premisa de la que en aquel momento se
partía- que fuese en la dirección de aplicar políticas realmente avanzadas y transformadoras. Y, segundo, sobre todo porque estamos convencidos de que la solución a los problemas sociales y económicos de Galiza no va a llegar de Madrid,
sino de nuestra propia capacidad como pueblo para decidir de forma soberana y enfrentar nuestro futuro.
Lamentablemente, nuestras escasas expectativas se confirmaron. El BNG defendió y defiende que la crisis social y económica desatada por esta emergencia sanitaria no puede ser pagada otra vez por los mismos, por los trabajadores y
trabajadoras y por los pueblos, y vemos que la retórica y las declaraciones rimbombantes finalmente no se corresponden con la realidad.
En esta Comisión, las fuerzas que conforman el Gobierno, PSOE y Podemos, con el concurso de la derecha, rechazaron nuestras propuestas, propuestas que iban en la dirección de movilizar los recursos económicos y financieros necesarios para
salir de esta crisis con justicia social. Ahí estaban propuestas como una profunda reforma fiscal para gravar realmente a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones o recuperar la totalidad del dinero del fondo de rescate bancario, reducir
el gasto militar y renunciar a los programas de armamento, con un coste multimillonario, o al gasto suntuario, por ejemplo, de la Casa Real o, y es evidente que es el momento, nacionalizar las grandes corporaciones de los sectores estratégicos de la
economía, empezando por aquellas que fueron públicas y que nunca debieron haber sido privatizadas. Les recuerdo, por cierto, que una de esas empresas públicas privatizadas fue Inespal, la actual Alcoa, San Cibrao, ahora en crisis, y en la que es
precisa una actuación urgente del Gobierno para la intervención pública y la nacionalización de la planta de aluminio para garantizar la continuidad de la actividad y salvaguardar los puestos de trabajo.
Rechazaron también nuestras propuestas en política social, por ejemplo para elaborar un plan de intervención pública en las residencias de mayores y ponerlas bajo el control de las comunidades autónomas porque los cuidados y atención a
nuestros mayores es un deber y no puede convertirse en un negocio, que además se maximiza precarizando y reduciendo la calidad del servicio prestado. También, la propuesta para derogar las reformas laborales de la negociación colectiva y de las
pensiones para rescatar derechos robados en la anterior crisis. Igualmente, no tomaron en consideración nuestra propuesta para asegurar que la sanidad pública sea prestada de forma directa por la Administración, poniendo fin a la gestión de la
misma por otros entes o fundaciones y a las políticas de privatización. Nos alegramos, eso sí, de que tomasen en cuenta y fuese incorporada al texto nuestra enmienda para eliminar la tasa de reposición de efectivos para poder atender adecuadamente
las necesidades de una sanidad pública de calidad y universal. Del mismo modo, desconsideraron nuestra demanda de defender otra política europea que deje atrás el fundamentalismo neoliberal y ponga por encima de los intereses de los mercados los
derechos de las personas y principalmente de los trabajadores y de los pueblos.
Asimismo, y en línea con lo enunciado al principio, defendimos que es necesario abordar los cambios políticos pertinentes para garantizar la eficacia de las medidas de carácter social y económico, porque en el caso de países como Galiza, con
unas características sociales y económicas diferenciadas, medidas de carácter general, si fuesen en la buena dirección, y ya vemos que no es el caso, pueden tener un efecto positivo, pero siempre serán insuficientes si Galiza continúa sin tener
capacidad plena para decidir de forma soberana sobre sus asuntos y, por tanto, para movilizar sus recursos de modo que pueda promover un desarrollo autocentrado sobre la base de las inmensas potencialidades que posee. Entre otras cosas, es
necesario que el pueblo gallego pueda controlar sus recursos naturales, productivos y económicos porque, desde nuestra perspectiva, el modelo autonómico salido de la transición se ha constatado inadecuado para resolver los principales problemas
sociales, económicos y políticos de nuestro país, especialmente porque no representan un autogobierno real. Por eso, reclamamos la plena soberanía para nuestra nación, la plena soberanía para Galiza. Y tampoco aquí hubo voluntad de aceptar nada ni
de acercar posturas por parte de aquellos que no hace tanto se reclamaban federalistas o incluso confederalistas; en fin. Por estas y por algunas otras razones nuestro voto, como ya dijimos en la Comisión, será en contra.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Gil.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Escuchaba esta mañana al presidente Sánchez y decía que estaba satisfecho al 95 % y que, en definitiva, eso era la negociación. Bien, hoy votamos las conclusiones de este documento de reconstrucción y desde Compromís no podríamos llegar a
tanto, no podemos decir que estamos satisfechos al 95 % con este acuerdo, sería pecar de optimista. Creo que muchas de nuestras aportaciones y de otras formaciones que finalmente no se han incluido eran muy razonables o, como ha dicho el señor Bal,
eran constructivas. La izquierda que no está en el Gobierno también somos capaces de hacer propuestas muy constructivas y, sobre todo, pensando en la gente; propuestas mucho más ambiciosas que las que recoge este documento. Nuestras propuestas
respondían a aquello que propugna y que defiende Compromís: las personas, primero.
Este documento es, a nuestro juicio, bienintencionado, poco ambicioso y a veces muy complaciente con las propuestas de la derecha. A mí me ha asustado un poco el discurso del señor Bal mostrándose tan contento. Yo creo que, refiriéndose a
un Gobierno progresista, probablemente no sea el mejor elogio.
También tengo que decir, en honor a la verdad, que se han aceptado algunas de nuestras propuestas que para nosotros eran capitales: el compromiso de presentar un nuevo modelo de financiación antes de que termine el año, tal como estaba
redactado en nuestro acuerdo de investidura y tal como hizo patente su compromiso el presidente Sánchez en una sesión de control hace un mes. Y una segunda propuesta, que era que las empresas que reciban ayudas públicas tengan compromisos con la
gente, como por ejemplo, acabar con la brecha digital; compromisos con la sociedad; compromisos medioambientales; eliminar la brecha de género, y que no tributen en paraísos fiscales. Pero, como decía el presidente, eso era la negociación.
Anunciamos que votaremos a favor. Estamos firmemente convencidos de que los ciudadanos quieren que lleguemos a acuerdos, que seamos capaces de hacer esfuerzos para mandar mensajes en positivo, de consenso, de diálogo y de pactos, y por eso
votaremos a favor. Creemos que, por encima del ruido, de las disputas o de las refriegas, las personas quieren sosiego y certidumbre. Fuera del documento se quedan propuestas nuestras absolutamente fundamentales. En agricultura, la investigación
de plagas, la reciprocidad con las importaciones de países terceros, la negociación de la nueva PAC para que se reconozca la singularidad de la agricultura mediterránea. En fiscalidad, avanzar en el dumping fiscal que hace alguna comunidad
autónoma, como Madrid, o un régimen especial para zonas despobladas o en riesgo grave de despoblación. La modificación de la regla de gasto de una vez por todas para que los ayuntamientos puedan gastar su superávit en sus ciudadanos o los
obstáculos a la tasa de reposición. Que el Estado asumiera su 50 % de la Ley de la dependencia, como marca la ley; referenciar las prestaciones sociales al salario mínimo interprofesional o igualar las pensiones contributivas al 70 % del salario
mínimo interprofesional. Propuestas a nuestro modo de ver sensatas, moderadas, que con toda humildad creemos que enriquecían el documento.
Asimismo, hemos firmado enmiendas transaccionales y agradecemos el talante y la voluntad de los portavoces del Gobierno y de los diferentes grupos. Votaremos a favor y esperamos que todas estas medidas no caigan en el olvido y que a lo
largo de la legislatura se puedan implementar muchas de las medidas justas, razonables y constructivas que han quedado fuera del documento, aquellas que hemos hecho nosotros y aquellas que han hecho otros grupos parlamentarios. Es lo que esperamos
de un Gobierno progresista al que, no olvidemos, muchos ayudamos a que fuera posible.
Moltes gràcies. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias, señora Gil.
Tiene la palabra el señor Errejón Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Buenas tardes.
Hoy podría hacer un discurso que es muy fácil, que todos lo sabemos hacer, que lo hacemos todos muchas veces y que tiene que ver con los lugares comunes, hablar del acuerdo, hablar del consenso, de la pluralidad, decir generalidades de esas
que se llaman de Estado y decir que es muy bueno que todos estemos de acuerdo en grandes cosas. Pero los acuerdos, para transformar la vida de la gente, tienen que concretarse en transformaciones cotidianas, en especial para aquellos que viven el
día a día con angustia. Yo, honestamente, en un momento crítico en el que no sabemos si vamos a experimentar rebrotes, si vamos a tener circunstancias duras, no sé si podemos decir que estamos mejor, no sé si podemos decir que hemos tomado nota de
algunas de nuestras fragilidades y que las hemos enmendado o que las
hemos corregido para hoy estar mejor. Yo no sé si hoy podemos decir que hemos tomado nota de los aplausos y de las palabras grandilocuentes de marzo y que las vamos a convertir en políticas, porque tengo la sensación de que el Gobierno
tiene dos canales, tiene un canal cuando ustedes quieren hacer las cosas y entonces lo llevan al Boletín Oficial del Estado, y tiene un canal cuando a ustedes a lo mejor no les apetece tanto hacer las cosas, entonces lo llevan a una comisión o lo
llevan a una PNL o lo llevan a grandes declaraciones institucionales. A mí me gustaría que estas cosas que estamos discutiendo hoy aquí se llevaran al Boletín Oficial del Estado. La mayoría social existe y la mayoría parlamentaria existe, es la
misma que produjo la investidura, lo que falta -yo creo- es la voluntad política en cuestiones como la tasa COVID que haga pagar a quienes más tienen el esfuerzo nacional, en cuestiones como la conciliación y los permisos remunerados para que el
teletrabajo no sea una carga para las familias, en cuestiones como el blindaje constitucional de la sanidad pública o una farmacéutica pública española. Imaginémonos que ahora uno de los titulares que están saliendo no hablara de Oxford o de
Estados Unidos, sino que dijera que un laboratorio público español con investigadores españoles está a punto de descubrir la vacuna contra el COVID. Pero, claro, eso cuesta dinero y para eso hay que invertir antes. Para todas estas cosas existe ya
una mayoría parlamentaria; vaya si existe, es la que produjo este Gobierno. Y esa mayoría parlamentaria no hay que buscarla en la Comisión de Reconstrucción, esa mayoría parlamentaria ya se expresó, lo que hay que hacer es usarla. Ahora que están
a punto de llegar -parece- los Presupuestos Generales del Estado, les emplazaría a usarla. Esos Presupuestos Generales del Estado pueden ser verdes, pueden ser progresistas y pueden ser justos, y la mayoría ya existe, es la mayoría de la
investidura, con esa es con la que salen unos Presupuestos Generales del Estado que valgan la pena.
Nosotros, a pesar de eso, hemos acudido con la mejor de las intenciones, con la mejor voluntad y el mejor trabajo -y se lo quiero agradecer a mi compañera Inés Sabanés, de Equo, que ha hecho un trabajo excelente-, ¿fundamentalmente para qué?
Para intentar que las cosas que aprendimos cuando teníamos miedo no se nos olviden cuando se nos pase el miedo. Tenemos que demostrar que no solo somos un país que nos damos cuenta de lo importante cuando todos tenemos miedo, cuando se pase el
miedo tenemos que recordar cuáles eran esas lecturas: el blindaje de la sanidad pública, que quienes más tienen contribuyan más, que no podemos ser un país solo basado en la sangría y en el ladrillo, etcétera. Hemos intentado acudir con esa
voluntad a la Comisión y en ese sentido me quiero detener en la enmienda fundamental, en la enmienda que para nosotros es el eje central de lo que proponemos y que espero que salga aprobada; fue aprobado en Comisión, después se retiró en la Mesa y
nosotros la volvemos a traer y creo que va a ser aprobada porque en eso todas las personas progresistas y demócratas estamos de acuerdo. En los meses más duros, cuando aquí las cosas eran muy difíciles, cuando la gente se encerraba en casa y tenía
miedo, cuando nadie se atrevía a invertir, cuando las empresas estaban cerradas, a la mano invisible del mercado ni se la veía ni se la esperaba. Los liberales se escondieron esos días y le pidieron al Estado que reaccionara, y el Estado reaccionó
y rescató a familias -menos- y sobre todo rescató a empresas. Y está bien que lo hiciera; ahora bien, el Estado no es solo una caja de la que sacar recursos, es una institución de solidaridad compartida y, por tanto, es imprescindible que esas
ayudas tengan alguna condicionalidad. Nosotros hemos propuesto tres -propusimos cuatro, pero dejamos la de no repartir dividendos hasta que devolvieran las ayudas-, muy sencillas. En primer lugar, es de sentido común que las empresas que reciban
ayudas públicas se comprometan a cumplir el Acuerdo de París, las medidas de lucha contra el cambio climático, porque aquí no tenemos más tiempo, porque aquí se agota el tiempo y se agota nuestra forma de existencia en el planeta. En segundo lugar,
que se comprometan en la lucha contra la brecha digital. Una idea revolucionaria -supongo que ustedes dirían que de marxismo cultural- según la cual si una mujer hace el mismo trabajo que un hombre cobra lo mismo, pero en España, por desgracia, eso
todavía no sucede. Y, en tercer lugar, la cuestión de los paraísos fiscales. Si alguien quiere dinero del Estado para ser rescatado, tiene que comprometerse a volver a meter ese dinero en la hucha, porque si no cuando quiera volver a ser rescatado
resultará que no hay dinero. Así que, el que quiera ayudas del Estado para sacar adelante su empresa, tiene que pagar impuestos aquí, no en paraísos fiscales ni siquiera a través de una filial.
Ustedes han dicho que el acuerdo alcanzado hoy en Europa es un acuerdo histórico y es un Plan Marshall. Creemos que tiene cosas preocupantes: tiene recortes en I+D+i, tiene recortes en una transición justa, tiene recortes en el programa de
salud, pero creemos que efectivamente es un buen acuerdo; nos felicitamos como país por ello y les felicitamos por ello. Creemos que es un buen acuerdo, no sé si tanto como un Plan Marshall, pero un buen acuerdo. Desde luego, sí es una
oportunidad histórica, y eso significa
que la pelota ahora está en su tejado. De esta oportunidad histórica de recursos económicos y de condiciones políticas hay que sacar un green new deal español que empiece mañana mismo; no se pueden tirar estos recursos que vamos a obtener
en Europa otra vez en subvencionar la economía rentista, en subvencionar otra vez la economía...
La señora PRESIDENTA: Señor Errejón, tiene que terminar, por favor.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.
... otra vez en regalos para los de arriba y laberintos para los de abajo. Es una oportunidad histórica. Si ustedes están dispuestos a aprovechar las condiciones, nosotros los vamos a acompañar.
Y a la hinchada holandesa que se sienta en las bancadas de la derecha les diré que les he escuchado muchísimas veces hablar de España cuando se trataba de enfrentarnos a unos españoles contra otros, y ahora que se podía defender la soberanía
popular, la industrialización y la transformación de nuestro país, ¡qué casualidad!, justo ahora ustedes tienen las banderas en casa y van con Holanda.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, debo recordarles aquí, en sede parlamentaria, que hoy se ha iniciado un juicio contra la Mesa de un Parlament, de un Parlament legítimo, simplemente por permitir el debate parlamentario. Des d'aquí, a tots ells, a Lluís
Guinó, a Lluís Corominas, a Anna Simó, a Ramona Barrufet i també a Mireia Boya, nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad. (Aplausos).
Dicho esto, respecto a esta Comisión, saben nuestra posición: éramos escépticos en un inicio, ello no evitó que participásemos y que lo hiciéramos activamente, y continuamos al final del proceso siendo escépticos en cuanto al contenido, al
resultado y, sobre todo, a la aplicación. No obstante, en el primer documento de los cuatro grupos de trabajo, en el de la Unión Europea, nosotros votamos a favor en la Comisión y vamos a mantener el voto; queríamos que negociasen con fuerza y el
resultado está aquí. Ahora el reto es aplicar estos fondos de forma racional, eficiente y necesaria.
En cuanto al Grupo de Políticas Sociales, nosotros tenemos una barrera infranqueable que era la defensa de la escuela concertada, y aquí estoy un poco desconcertado; en todo caso, quiero que suban aquí y nos lo aclaren. Estoy desconcertado
porque ha entrado una enmienda transaccional, la 4, entre el Grupo Socialista, Unidas Podemos y Esquerra Republicana, pero con la curiosidad de que es la literalidad del voto particular de Ciudadanos, que no está incluido como otros que hemos
defendido este tema. Yo solo les pido que suban aquí a la tribuna y digan si van a tratar por igual la escuela concertada que la escuela pública; si es así, nosotros modificaremos el voto. Si no van a tratar por igual la escuela concertada que la
pública, obviamente no lo modificaremos.
En cuanto al Grupo de Trabajo de Sanidad, aquí sí que nos aparta un abismo. Entendemos que las conclusiones son absolutamente recentralizadoras, que no se entra en el fondo de la cuestión, que es la financiación; por tanto, vamos a
mantener nuestro voto en contra.
En cuanto al Grupo de Reactivación Económica, que se podría aplicar para todos los demás grupos, aquí mantenemos el escepticismo. Se han incorporado algunas de nuestras propuestas y nuestras demandas, cosa que agradecemos, pero también nos
gustaría que si hubiese alguien aquí, no del Gobierno porque hoy no está, pero de los grupos que apoyan al Gobierno, que se comprometiera o que dijera que van a apoyar lo que va a aprobar este Pleno, porque la semana pasada vivimos una situación
esperpéntica, que afortunadamente se paró en la FEMP, y es que la ministra de Hacienda hacía unas propuestas en cuanto a la aplicación de los remanentes y la regla de gasto que no tenía nada que ver con la enmienda que habíamos aprobado de forma
transaccional todos los grupos parlamentarios menos el Grupo Socialista. Afortunadamente aquello no dejó de ser un globo sonda porque no había mayoría ni en la FEMP ni en esta Cámara para aprobarlo. De verdad que no se entiende que los
ayuntamientos hagan un préstamo al Estado y que estos se lo devuelvan en doce meses.
Y sí que debo desde aquí agradecer la sensibilidad para poder incorporar a través de una enmienda transaccional una de las muchas aportaciones que habían hecho los ciento cincuenta comparecientes -y desde aquí, en nombre de Junts per
Catalunya, se lo quiero agradecer- y es la necesidad de la
existencia de un régimen sancionador para combatir la morosidad empresarial. La morosidad empresarial es un elemento de reducción de la competitividad de nuestras empresas. También lo es la morosidad de las administraciones públicas y
también hemos acordado una enmienda transaccional al respecto, pero sobre todo es fundamental que hoy se pueda mandar un mensaje a todos los autónomos y a todas las pymes de que en breve esta Cámara podrá aprobar un régimen sancionador equivalente a
lo que existe en otros países de Europa y que haga cumplir, sobre todo a las grandes empresas, con los plazos de pago. Si es así, nosotros en este Grupo de trabajo de Reactivación Económica vamos a modificar nuestro voto y nos vamos a abstener.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero de todo es agradecer, como no puede ser de otra manera, el trabajazo de mis compañeros y compañeras durante toda esta Comisión. Intentaré ser breve porque creo que muchas de las ideas ya han sido
expresadas por los compañeros y compañeras del BNG, de la CUP, de Bildu, de Junts per Catalunya y del PNV, y redundaré en algunas razones que ya comentamos en la Comisión del otro día.
Yo tengo 38 años y me llega en la vida para saber un par de cosas. La primera es que cuando alguien te dice aquello de 'ni de izquierdas ni de derechas', es que es de derechas, y cuando alguien dice aquello de 'hay que extraer la ideología
de todo esto', lo que acaba pasando es que la gente de izquierdas, la gente que defendemos medidas de izquierdas, acabamos siendo radicales, gente radical; en cambio, la gente que defiende medidas de derechas, acaban siendo estadistas. ¿No? A mí
me llega para saber esto. Y de eso ha habido a paladas en esta Comisión, a paladas, en esta Comisión y en este dictamen. Y si nos toca conjuntamente con los compañeros y compañeras del BNG, de Bildu, de la CUP y de Junts per Catalunya hacer de
Pepito Grillo, pues lo tendremos que hacer, porque ha habido un fantasma que ha recorrido toda esta Comisión y este dictamen. Y no es el fantasma que le gustaba a Marx -¡ojalá!-; es el fantasma que le gustaba a Robespierre, es el fantasma del
jacobinismo, de la recentralización, y nos parece que es una muy mala noticia.
Ha habido dos verdades durante todo este tiempo que se han obviado y que el grupo parlamentario al cual tengo el orgullo de pertenecer, Esquerra Republicana, ha defendido siempre. La primera es que la COVID-19, este virus, no es el nombre
de un ejército, no es el nombre de un país enemigo, no es el nombre de una nación que nos ataca, no tiene fronteras, no tiene armas, no tiene banderas. Es decir, no es casualidad que nos pille la mayor crisis sanitaria de nuestro tiempo y de
nuestra latitud, porque esto viene pasando desde hace decenas de años en otras latitudes de este planeta. Si nos pilla esta crisis sanitaria, humanitaria, social y política, por ejemplo, sin respiradores en los hospitales, no es casualidad. No es
casualidad. Los responsables tienen nombres y tienen apellidos, y no son enemigos de una nación extranjera o de un ejército enemigo. Tienen nombre y apellidos. Y si algunos de ustedes necesitaron llenar ciudades, pueblos e incluso hospitales de
militares es porque faltaban sanitarios. Ni más ni menos. Los responsables de todo esto tienen nombre y tienen apellidos, y nos parece insuficiente que la respuesta a todo esto se cierre en una especie de Juan Palomo entre PP y PSOE: yo me lo
guiso y yo me lo como. Desde nuestro punto de vista, faltan tres grandes medidas. La primera, flexibilización; poder disponer del superávit y del remanente municipal. Es decir, muscular a la principal, a la primera Administración a la cual se
dirigirá -ya se está dirigiendo- la gente. No tiene ningún tipo de sentido lo contrario. ¿Es eso irresponsable? No, es puro municipalismo y nosotros somos un partido inequívocamente municipal. La segunda, un impuesto extraordinario, solidario y
permanente a las grandes fortunas, a los ricos de este país, y hay muchos. En el año 2008 ya se comentó, ya hubo gente rica que lo dijo. Y si a los 'amancioorteganistas', si al 'amancioorteganismo' le parece mal, lo pueden llamar donación
obligada. Que los que tienen más aporten más, es simplemente redistribución de la riqueza. Si la gente de The Financial Times o el propio De Guindos dicen que hay que repensar nuestra realidad, no es porque se hayan hecho marxistas -¡ojalá!-, es
porque simplemente conocen el mundo que han ayudado a crear y saben perfectamente que o cambiamos las reglas del juego o nos vamos todos al garete. Y la tercera, regularización exprés de todo aquel personal migrado que está trabajando en
condiciones denigrantes dentro del sector sociosanitario.
Un par de comentarios en torno a la Unión Europea. El primero: ¿realmente alguien cree que los centenares de miles de millones prometidos y pactados en la Unión Europea ayer son gratis?, ¿nadie puede llegar a pensar que todo esto tiene
una contrapartida? Nosotros lo sospechamos y la contrapartida puede ser la siguiente: recortes en los presupuestos de los Estados miembros. Y todo el mundo puede llegar a pensar que es mucho más sencillo negociar recortes en los Presupuestos
Generales del Estado en España con Ciudadanos que con Esquerra. He aquí la presencia de Ciudadanos en la ecuación. Esperamos no tener razón.
Lo que estaría muy bien, y es la segunda idea, es que el norte de Europa -Alemania, Holanda, etcétera- deje de ser el vecino del primero que no quiere que se ponga el ascensor. Estaría muy bien. Y eso pasa por que Cataluña, España, Italia
y Portugal conformen un eje indisoluble en defensa de sus intereses. Nosotros estamos dispuestos.
Una reflexión final. La verdad es que yo creo que salimos de todo esto peor, si es que salimos. Yo soy bastante pesimista. Si a mí me llegan a decir hace tres, cuatro o cinco meses que íbamos a salir de todo esto con una batalla de
banderas en las mascarillas, con gente que lleva la bandera de España y mensajes contra Sánchez, con otros que llevan otro tipo de mensajes, hubiera alucinado. Pero es lo que está pasando. Del 'saldremos mejores' a la 'internacional Cayetana'.
Eso es lo que está pasando, una especie de 15M facha. Lo que antes te decía -aquello de 'viva España', 'viva VOX'- un señor con mocasines, engominado, ahora a veces te lo dice (rumores) -sí, me sabe fatal, lo entiendo (risas)- un operario, hasta
aquí de polvo, saliendo de una obra. Eso es dramático. Cuando el fascismo interpela a la clase obrera, gana. Y eso es culpa de la izquierda, de toda la izquierda, porque el mejor antifascismo -repito- no solo se hace en una plaza, se hace en el
BOE, y aquí todo el mundo recuerda quién tiene el BOE.
Acabo con un comentario para la cultura. Cuando no nos quedaba nada, cuando parecía que no teníamos nada, tuvimos la cultura. No tiene ningún sentido que los bares sigan abiertos -a mí me parece bien- y que, en cambio, nos planteemos
cerrar teatros o cines. Por favor, por favor, protejamos y salvemos la cultura.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rufián. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Echenique Robba.
El señor ECHENIQUE ROBBA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero dar la enhorabuena al conjunto del Gobierno, y en especial al presidente Sánchez, por el acuerdo histórico que se firmó anoche en Europa. (Aplausos). A sus señorías del partido holandés, a sus señorías del PP y de
VOX, que aunque este acuerdo sea bueno para España sé que ustedes iban con Holanda y que hoy están tristes, les doy mis condolencias. (Risas.-Rumores). Es un acuerdo para la reconstrucción en Europa, y precisamente de la Comisión de Reconstrucción
hablamos hoy aquí: más de 150 comparecientes; 52 reuniones entre grupos de trabajo y Pleno; cientos de horas de diálogo, negociación y votaciones; más de mil enmiendas a los borradores. Excepto las señorías de la España que madruga, de VOX, que
se levantaron de la Comisión para poder dormir un poco más y que hoy vienen aquí a intentar sabotearla, mucha gente hemos trabajado muchas horas para llegar al día de hoy. Y por eso quiero empezar por dar las gracias por ese gran esfuerzo a la
inmensa mayoría de los diputados y diputadas de esta Cámara, al personal técnico de los grupos del Congreso y a la sociedad civil que ha comparecido en la Comisión.
Como dije desde esta misma tribuna al principio del estado de alarma, en lo peor de la epidemia, estoy seguro de que dentro de diez años todos y cada uno de nosotros echaremos la vista atrás a estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir
y nos haremos una sencilla pregunta: ¿qué hice yo entonces, durante la peor epidemia en un siglo, para proteger a los demás y hacer de mi país un país mejor? Lo que humildemente creo que hemos hecho en esta Comisión es recoger el consenso de
nuestra sociedad y convertirlo en una dirección de país. Creo que caeríamos en un enorme error si leyéramos el dictamen final como una suerte de lista de la compra en la que faltan o sobran determinados elementos. Es evidente que si este dictamen
de la Comisión lo hubiera redactado únicamente mi grupo parlamentario, aparecería en él la derogación de la reforma laboral del PP, un impuesto a la riqueza o la regularización de las personas migrantes que han vivido esta tragedia con nosotros, es
evidente, y es también evidente que ninguno de los grupos que apoyen finalmente los dictámenes va a renunciar a sus ideas ni a dejar de trabajar para que se materialicen.
Nosotros, desde luego, no lo vamos a hacer, pero el dictamen no lo escribe un único grupo, sino que es un acuerdo entre diferentes, y nosotros pensamos que es un buen acuerdo.
¿Y por qué pensamos que es un buen acuerdo? Porque, como decía, recoge una dirección de país que es mayoritaria en nuestra sociedad. Son minoría los que piensan que la mano invisible del mercado lo arregla todo y que por eso hay que
privatizar la sanidad, la educación, bajar los impuestos a los ricos y hacer más barato el despido. Son minoría los que piensan que la violencia machista no existe, que el cambio climático tampoco existe y que la Tierra es plana. Los del sálvese
quien pueda, los que gritan a los penúltimos de la sociedad que su problema es que son los últimos de la sociedad, los del egoísmo y los del odio son minoría.
En España somos mayoría los que pensamos que la única forma de cuidarnos, de protegernos y de tener seguridad, especialmente en los peores momentos, es desde lo común, desde lo público. Somos mayoría los que sabemos que no hay prosperidad
ni futuro sin una sanidad, sin una educación, sin un sistema de cuidados público, universal y de calidad. Somos mayoría los que sabemos que no hay justicia social sin justicia fiscal y los que sabemos que no hay crecimiento económico sólido sin
derechos laborales. Los del juntos somos más fuertes, los que sabemos que el enemigo no viene en patera sino en yate, los de la solidaridad y la fraternidad somos mayoría. Somos mayoría en España, somos mayoría en Europa, somos mayoría en las
calles y somos mayoría en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que votamos hoy y eso es lo que nos responderemos...
La señora PRESIDENTA: Señor Echenique, tiene que terminar, por favor.
El señor ECHENIQUE ROBBA: Sí. Acabo ya.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
El señor ECHENIQUE ROBBA: Eso es precisamente lo que votamos hoy y eso es lo que nos responderemos a nosotros mismos dentro de diez años cuando echemos la vista atrás.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Echenique.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Medel Pérez.
La señora MEDEL PÉREZ: La sociedad quiere un sistema sanitario fuerte, bien financiado, porque la protección universal de la salud es un potente compensador de desigualdad. Necesitamos un sistema sanitario eficiente y para nuestro grupo
eso supone, en primer lugar, un sistema público de gestión directa pública y con clara delimitación público-privada. Queremos el negocio privado con dinero público fuera de la sanidad pública, porque si las empresas privadas deben tener beneficios,
esos beneficios se quitan del personal sanitario o del servicio a los pacientes. Queremos financiación suficiente. Queremos control del gasto farmacéutico y que si hay colaboración con la industria farmacéutica sea transparente. Los precios de
los fármacos no tienen nada que ver con el coste real del proceso y si ha habido financiación estatal, el Estado debe participar en la determinación del precio final. Creo que parte de esto está en el documento. Desde luego, no todo. Lo que no
está en él, en fin, tendremos que seguir luchando por conseguirlo.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Medel.
Tiene la palabra la señora Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidenta.
La última década, la de la crisis de 2008, ha sido la de las brechas sociales de género y territoriales. De esta crisis tenemos que salir de una manera diferente -ya lo hemos dicho-, en el corto plazo, buscando el mantenimiento de la
demanda interna, de las políticas sociales, y en el largo plazo, poniendo las bases estructurales para la reconstrucción económica.
Frente al dogma neoliberal de menos Estado y más mercado, las cosas se pueden hacer de una manera diferente, modernizando, innovando y apostando por un modelo de desarrollo que cuide el medio ambiente y a las personas. Por ello, desde el
bloque económico del dictamen se apuesta por un impacto industrial, por la transición ecológica, por un modelo turístico más resistente, por un apoyo al sector
primario, por una PAC más justa, por acabar con la precariedad en el empleo, por la corresponsabilidad en los cuidados, por la vertebración territorial, por acabar con la despoblación con políticas de igualdad de género, por gobernanza
multinivel o flexibilizando la regla de gasto para los ayuntamientos. Y en materia fiscal, por un modelo tributario realmente progresivo que acabe con la brecha fiscal con la Unión Europea. No vamos a renunciar tampoco al impuesto a las grandes
fortunas ni a la derogación de la reforma laboral de 2012, aunque sabemos que esto conllevará más tiempo.
Termino. La reconstrucción requiere objetivos claros, el empleo de calidad, la diversificación económica, industrialización e inversión pública, como tractores de los sectores estratégicos del siglo XXI. La unidad de los países del sur,
que se ha visto ahora con el acuerdo europeo, augura un futuro diferente. Nuestro país está preparado para estos retos. Ahora nos toca a nosotros asumir nuestra parte, hacer nuestra parte y estar a la altura.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Franco.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Saavedra Muñoz.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, presidenta. Bona vesprada.
Esta pandemia ha evidenciado debilidades muy serias en nuestro país. Ahora, debemos reconstruirlo sobre fundamentos sólidos para un futuro más seguro, con servicios públicos fuertes que protejan a toda la ciudadanía. Las políticas sociales
y de cuidados son ejes fundamentales de cohesión social, de bienestar y de seguridad; son políticas claves de país. La sanidad, la educación, la Seguridad Social, las pensiones, los servicios sociales y de cuidados, son los que dan seguridad, los
que nos protegen contra enemigos reales: la enfermedad, la pobreza, la vulnerabilidad, y son esenciales para la calidad de vida digna de las personas.
Nuestro país está muy por debajo del promedio de la UE en inversión social. El déficit es especialmente grave en políticas de cuidados, las que sostienen la vida y el bienestar de las personas con algún nivel de dependencia. Esta tarea se
ha descargado siempre sobre las familias y, por tanto, sobre las mujeres. El discurso conservador habla mucho de la familia, pero ha olvidado siempre el apoyo a las familias en cuidados de larga duración, infancia, vivienda, y esto se traduce en
sobrecarga de las mujeres, necesidades desatendidas y niveles inaceptables de desigualdad y de pobreza infantil. Tenemos ahora una oportunidad.
Con estas conclusiones de la reconstrucción tenemos la oportunidad de crecer como país fortaleciendo los servicios públicos y las políticas sociales y con un Estado de bienestar que dé seguridad, proteja a la población y genere empleo.
Moltes gràcies. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Saavedra.
Por el Grupo Parlamentario Confederal también, tiene la palabra, en último lugar, el señor Pisarello Prados.
El señor PISARELLO PRADOS: Gracias, presidenta.
Quiero aprovechar este tiempo breve que tengo simplemente para recordar que llegamos a esta sesión después de semanas de una ofensiva mezquina, incluso hipócrita, del más antieuropeo de los partidos de Europa, el partido de los paraísos
fiscales, una alianza cuyo único desvelo era evitar que se pudiera salir de esta crisis con un mínimo de redistribución, de justicia social, de solidaridad. Y hay que decir que esa alianza especuladora ha contado con el apoyo del Partido Popular,
ha contado con el apoyo de VOX, que han defendido de manera abierta los argumentos de quienes un día sí y otro día también ofendieron a las mayorías sociales de España y de Europa. En un país normal esto hubiera merecido un calificativo fuerte:
delito de lesa patria. (Varios señores diputados: ¡Oh!-Aplausos). Pero, es verdad que el club de nostálgicos de la troika no contaba con que efectivamente por primera vez en décadas los países del sur de Europa, los Gobiernos progresistas del sur
de Europa, les plantaran cara para evitar que esos planes pudieran llevarse adelante, y como yo sé que ellos no van a cambiar de ideas, con independencia de lo que voten aquí, nosotros no vamos a bajar la guardia y, dentro y fuera de esta Cámara,
vamos a seguir defendiendo la actualización de un proyecto que recoja lo mejor de la tradición del constitucionalismo republicano y democrático europeo: la justicia fiscal, la defensa de lo público, la protección de las clases trabajadoras. Y
sabemos que esa gente trabajadora no va a olvidar quién en medio de esta pandemia hizo lo posible por conquistar derechos, por negociar con dignidad y quiénes en cambio se aliaron con intereses mezquinos dando la espalda a sus conciudadanos. Y, por
eso, quiero
acabar esta intervención diciéndoles a los señores del Partido Popular, y parafraseando a la diputada Álvarez de Toledo, que estoy seguro de que frente a la deslealtad demostrada por el Partido Popular durante estas semanas, esta vez van a
ser los pueblos de Europa los que tomen nota para defender sus derechos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pisarello.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Steegmann Olmedillas. (Aplausos).
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Con la venia, señora presidenta.
Desde el principio de los trabajos de la Comisión para la Reconstrucción hemos participado activamente -no calumnie, señor Echenique- y hemos anunciado desde el principio que esta Comisión estaba abocada al fracaso y era una trampa. Estaba
abocada al fracaso por dos razones. La más importante: porque ignoraba -a sabiendas- cuál era el problema que había llevado a España a este abismo sanitario y económico, que no ha sido solo, señorías, la epidemia del coronavirus de Wuhan, sino
principalmente la mala gestión de ella a manos de un Gobierno incompetente y negligente, una negligencia con resultado, señor Pisarello, de 50 000 muertos (aplausos); una negligencia que esperamos que sea castigada por los tribunales de justicia,
si hay justicia en España. Y VOX ha señalado durante todo este tiempo que esta epidemia ha sido la demostración empírica del fracaso del Estado autonómico, un Estado caótico y de confusión que ni siquiera ha sido capaz de establecer una base de
datos única y fiable, y si no hay información fiable, señorías, ¿qué hay? Oscuridad, luego errores, luego trampas y, señores del PP, mala fe, no buena fe. Como trampa ha sido -y aquí advertimos a los españoles- hacerles creer que era posible en un
mes reconstruir España. Esta desmesura, esta hibris, es típica de esta izquierda adanista, infantil y sirve a un propósito burdo de exculpación y de ocultación. En primer lugar, el adanismo ha hecho concebir falsas esperanzas a la sociedad. ¿Cómo
se va a reconstruir España tras solo un mes de trabajo? ¿Pero qué es esto? Este dictamen que se somete hoy a votación, señorías, señora presidenta, es una farsa, un trampantojo, un decorado y un esfuerzo fútil que evacúa unas recomendaciones que
no se transformarán en norma dado que no son vinculantes para el Gobierno y el Gobierno hará lo que le venga en gana. Ustedes, señorías, son responsables de haber generado falsas expectativas no solo en el tema sanitario sino en otros temas
importantes como la educación concertada y otros temas más.
En segundo lugar, la maniobra exculpatoria ha sido muy grosera. Se trata de hacer como si nada hubiera pasado, como si todo hubiese sido una pesadilla o peor, un accidente de tráfico enorme, con palabras irrepetibles del doctor Simón. No,
señorías, no, el virus ha sido igual para todas las naciones, simplemente unos Gobiernos lo han hecho mejor que otros y el Gobierno español, el peor de todos. (Aplausos). Ha habido Gobiernos inteligentes, otros menos, y el menos inteligente de
todos, a pesar de la superlativa opinión que tiene de sí mismo, el del señor Sánchez y el del señor Iglesias. VOX ha denunciado a esta empresa de demoliciones, Sánchez e Iglesias, que mientras ahuecaba la voz, continuaba con su insidiosa labor de
destrucción política, económica y social de España. VOX no estaba dispuesto a seguir con esta pantomima en una Comisión que servía de cortina -¿se acuerdan de la cortina, señorías socialistas?- para ocultar esta felonía. Nuestro partido ha
descorrido la cortina y anunciamos el pasado 23 de junio que no íbamos a ser cómplices de tal engaño. ¿Cómo íbamos a tolerar que mientras la Comisión trabajaba el Gobierno preparaba al mismo tiempo la indigna mesa bilateral con los
independentistas? Y, señora presidenta, ¿cómo va a haber reconstrucción si al mismo tiempo se conspira contra la unidad de España? ¿Cómo va a haber empleo? ¿Cómo va a haber inclusión social sin unidad, que es garantía de la bonanza de la
economía, y al mismo tiempo se negocia con los comunistas y los separatistas una vuelta a políticas laborales que son garantía de paro y de exclusión? Mientras los incautos confiaban en la mesa de reconstrucción económica, el Gobierno iniciaba una
subida impositiva a los empresarios grandes y pequeños y a los autónomos, que va a imposibilitar la recuperación; eso sí, aprovechando el confinamiento para colocar a sus amigos. Nunca ha habido tantos directores generales enchufados. (Aplausos).
Y hablando de enchufes, qué mejor ocasión que nuestro arresto domiciliario para cumplir el sueño dorado del señor Iglesias y colocarlo en el organismo que regula y supervisa el CNI. VOX cree que ese nombramiento es un peligro, un peligro en nuestra
lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. El Gobierno, además, ha aprovechado esta crisis para iniciar la ruptura de la caja única de las pensiones, la red de seguridad de diez millones de pensionistas y de veinte millones de trabajadores
que confían en ella, cediendo a los habituales chantajes de los de siempre, del PNV, y el Gobierno ha acordado transferir la gestión económica de la Seguridad Social. Todo esto es muy grave, pero lo que es gravísimo es que el Gobierno haya
aprovechado estas fechas aciagas para iniciar una campaña de desprestigio
contra la Corona; quizás al Gobierno le molesta el artículo 56.1 de la Constitución, que afirma que el rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado.
Recientemente, señorías, se ha celebrado un funeral por las víctimas de la epidemia del coronavirus. Ha habido también un acto neopagano al que han asistido algunos de los responsables de que estemos en esta situación, como el presidente de
la OMS. Dicen querer rendir tributo a los muertos. Al Gobierno se le debería caer la cara de vergüenza por no dar el número real de fallecidos. ¿Qué significa ese fuego central que ya se ha extinguido? Pues que les gustan las cenizas, no la luz
de la verdad. Y el olvido ha sido el pecado original, el gusano que ha corrompido los trabajos del Grupo de Trabajo de Sanidad de la mal llamada Comisión para la Reconstrucción. Es un error metodológico ridículo tratar de intentar mejorar el
sistema de salud si no se analizan los errores cometidos. De hecho, en el índice de los temas no aparece ni siquiera la epidemia. Todos han dicho: pasemos página, miremos hacia delante. ¿Cómo que miremos hacia adelante? Si el virus no solo está
detrás, está aquí y está en el futuro. El asunto de la epidemia ha sido tocado de forma marginal y sus señorías han preferido hablar de la neolengua, del consenso, de todo lo divino y lo humano de la sanidad pero, eso sí, que las recomendaciones
que se dan en salud pública no analizan los errores pasados y presentes en la gestión de la epidemia. ¿Cómo va a haber respuestas adecuadas si no se plantean las preguntas? Diríase que ni el Gobierno ni la pretendida oposición quería que se
hablase del tema.
Señorías, señoras y señores, el virus lo condiciona todo y solo podremos recuperar nuestra salud y nuestra economía si ponemos ingentes recursos en combatirlo. El mejor plan cardiológico es el plan contra el coronavirus; el mejor plan
oncológico es el plan contra el coronavirus; el mejor plan para favorecer el turismo es el plan contra el coronavirus. Este es el leitmotiv de las conclusiones que hemos presentado el pasado 3 de julio. (Aplausos). Desde la primera Comisión de
Sanidad, señora presidenta, señorías, le avisamos al ministerio de la importancia de ejercer una vigilancia de enfermedades contagiosas en las fronteras. El Gobierno sigue empeñado en un protocolo ridículo basado en la inspección visual, protocolo
que inexplicablemente mantienen los organismos europeos que, al mismo tiempo, señalan su inutilidad. Y, en una maniobra irresponsable, el primer bloque de recomendaciones que han hecho ustedes, señorías, habla de garantizar el acceso universal a la
atención sanitaria de todas la personas. Es decir, la Comisión recomienda realizar un efecto llamada que no solo será fuente de contagio de nuevas cepas del virus sino que romperá las endebles costuras de la sanidad española, y eso lo tendrán que
pagar los españoles, sí, esos a los que ustedes niegan los test y no financian las mascarillas que han dictado obligatorias ahora, ahora, ahora. (Rumores). Una injusticia para nuestros compatriotas y los residentes legales que viven con nosotros.
(Aplausos). No está el señor ministro aquí, deben estar llorando por lo de Europa. Le repetimos la frase que le dijimos en su última comparecencia: España solo estará a salvo del abismo si se cumple una de estas condiciones, o bien el virus muta
a más benigno o bien ustedes, todo el Gobierno, dimite en pleno. Esta y no otra debería haber sido la conclusión final de este dictamen y está es la conclusión de VOX.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Steegmann. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Pastor Julián.
La señora PASTOR JULIÁN: Señora presidenta, señorías, hoy una vez más queremos y debemos rendir homenaje a los miles de fallecidos por la pandemia. La importancia de cada una de las decenas de miles de vidas pérdidas merecería que pudiese
hoy aquí mencionarles por su nombre y por sus apellidos, pero la realidad es que ni siquiera disponemos hoy de datos que hagan justicia a las verdaderas dimensiones de esta tragedia. Señorías, rendimos también homenaje a los sanitarios y a todos
los servidores públicos y nos acordamos también de las miles de personas contagiadas y de las que a día de hoy siguen sufriendo la infección, porque no olvidemos que todavía sufrimos la pandemia de la COVID y estamos francamente preocupados por los
rebrotes que hoy se registran prácticamente en todo el territorio nacional.
Señorías, fueron los criterios de urgencia y responsabilidad los que impulsaron al presidente Casado a proponer al presidente del Gobierno la creación en sede parlamentaria de esta Comisión. En esta Comisión han comparecido un centenar y
medio de expertos y especialistas y también hemos tenido más de mil aportaciones particulares. Mi más sincero agradecimiento a todos ellos y también a todos los que no han podido venir porque, como saben, la rigidez de esta Comisión lo ha impedido.
Me gustaría también agradecer la dedicación y labor de todos mis compañeros en la Comisión: la señora Gamarra, la señora
Rodríguez, la señora Velasco, la señora Borrego, la señora Romero, el señor Mariscal, el señor Garcés, el señor Echániz y el señor Santamaría, así como de mi portavoz, la señora Álvarez de Toledo, y de la dirección de mi grupo que tanto me
han apoyado. Y, por supuesto, a todos ustedes, a todos y cada uno de los que han querido de verdad contribuir a construir este país. Estoy convencida -y siempre lo he estado- de que la recuperación de nuestro país ha de pasar necesariamente por la
recuperación de los principios sobre los cuales se edificó nuestro sistema democrático y constitucional: la aceptación del pluralismo y la voluntad de convivir, la fe en que juntos podíamos superar épocas difíciles, aunque escuchando a algunos
parecería imposible. Esos principios, señorías, han impregnado todos y cada uno de los grandes acuerdos que cimentan nuestra nación: el pacto constitucional, el Pacto de Toledo, y creo firmemente que, solo guiada por esos principios, la política
española será fructífera y constructiva. Así lo demuestran algunos puntos del dictamen. Es verdad que otros no. No estamos aquí ni nos han votado los españoles -por lo menos a nuestro grupo- para renunciar a nuestros principios, nunca lo haremos,
ni a nuestros principios ni a nuestros valores ni a nuestras ideas. Si quisiéramos cambiarlas, nos iríamos a otro lado. Por eso estamos aquí y seguimos aquí, pero los españoles esperan también de todos y cada uno de nosotros -de los 350- que
busquemos puntos de encuentro; a lo mejor pocos, a lo mejor cinco, pero puntos de encuentro. Yo no puedo entender posturas maximalistas que vayan en detrimento de algunas de las cosas buenas para los ciudadanos. Reconocer que pueda haber y que
hay, de hecho, puntos en común, no debe avergonzarle a nadie, a nadie, señorías, pero por qué. ¿O es que se avergüenzan ustedes en familia o con sus amigos de pensar de forma distinta? Lo que tenemos es una gran responsabilidad y unos objetivos
irrenunciables, que son salir de la crisis sanitaria y salir de la crisis social y económica que la pandemia nos ha traído. (Aplausos). Estamos obligados a garantizar que los efectos de esta pandemia no pongan en riesgo nuestra cohesión social ni
comprometan el futuro de las próximas generaciones ni socaven los derechos conquistados ni que nos releguen permanentemente a una posición de desventaja; no, señorías. Los del Partido Popular estamos aquí comprometidos con impulsar medidas que
refuercen el sistema sanitario y que saquen a los españoles de la crisis. Por eso presentamos medidas, muchas de ellas recogidas ya y otras han tenido peor suerte. Queremos reforzar el sistema de salud pública y vigilancia epidemiológica, porque
esto, señorías, ha sido una crisis de salud pública y de vigilancia epidemiológica. Queremos fortalecer el Sistema Nacional de Salud y que tenga una financiación suficiente. Queremos que los profesionales sanitarios sean reconocidos como lo mejor
que tiene nuestro sistema sanitario y que deben tener mejores condiciones y estabilidad en el empleo. Hay que hacer una verdadera transformación del sistema sanitario, una transformación digital, una verdadera coordinación entre atención primaria,
especializada y los centros sociosanitarios. Hay que reenfocar el sistema sanitario a la cronicidad, a la longevidad y a la atención a la dependencia. Hay que impulsar un sistema de investigación y desarrollo sanitario y, por eso, defendemos que
se destine un 2 % del PIB a I+D+i. También queremos apostar por el desarrollo de vacunas y terapias avanzadas en nuestro país y potenciar la industria biosanitaria y farmacéutica, siempre actuando con transparencia. Y, sobre todo, reforzar, porque
es necesario, la legislación ordinaria en materia de salud pública y asistencia sanitaria.
Señorías, como decía al principio de mi intervención, la grave crisis sanitaria ha traído consigo una enorme crisis social y económica cuyo alcance estamos a tiempo de revertir. La mejor política que conozco es la creación de empleo; la
mejor política social que conozco es la creación de empleo, y creo que no me equivoco si digo que es prioritario proteger los puestos de trabajo de millones de españoles. Para todos es patente que no podemos abandonar a su suerte a la industria, al
turismo, al campo, a los autónomos. No me cabe duda de que no se puede abandonar a los que intentan salir adelante, no me cabe duda de que hay que ampliar los recursos del sistema educativo, no me cabe duda de que hay que atender las necesidades
del tercer sector, y, por último, no me cabe duda de que no podemos entender la historia reciente de España sin nuestro compromiso europeísta; sí, señorías, donde ha estado siempre el Partido Popular y donde va a seguir estando.
A lo largo de estos dos meses, hemos incorporado a los documentos propuestas relevantes que, sin duda, dan respuesta a los problemas generados por la crisis de la COVID. Estoy pensando en la estrategia de vacunas, en el plan de recursos
humanos del Sistema Nacional de Salud, en la reserva estratégica de productos sanitarios críticos, en la creación de una verdadera red de laboratorios de microbiología junto con el Centro Nacional, en el calendario de reformas legislativas o en la
elaboración de un mapa tecnológico o un plan de renovación tecnológica o hoy mismo de la Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial.
Señorías, hacer hoy un verdadero acto de reconocimiento de que podemos hacer propuestas es también hacer un acto de diagnóstico claro y honesto de lo que ha sucedido. Tenemos que aprender de
los errores, si no reconocemos errores, no podremos salir de la crisis. Porque tenemos que entender y tenemos que asegurar hoy aquí que hay cosas que se han hecho mal y también que hay que dejar de lado las cartillas ideológicas que enfocan
con foco grueso algunas cosas y otras no las ven. A mí no me cuesta reconocer aquí, cómo no, que el Plan de repuesta temprana frente a la COVID que se acaba de aprobar junto a las comunidades autónomas es positivo; hombre, me hubiera gustado que
se hubiera aprobado en marzo, pero no voy a decir que está mal aunque venga tarde. Como también estoy satisfecha de algo en lo que llevamos insistiendo -¿verdad, señora Gamarra?- estos meses, que es que la Agencia estatal de Salud Pública y
Calidad Asistencial sea ya una realidad. Por eso no se puede hacer una política de tierra quemada, no se puede hacer; bueno, se puede si se quiere, pero, mejor dicho, no se debe hacer. Es verdad que hay propuestas del Grupo Popular que no se han
contemplado en todos los ámbitos; en el terreno sanitario les podría contar unas cuantas, por ejemplo las peticiones en favor de los pacientes que se tienen que incorporar al sistema sanitario, y por eso les recomiendo que voten a favor de la
enmienda 168 y de la enmienda 65.
Señorías, en el ámbito económico y social hemos hecho muchas propuestas, pero han caído en saco roto. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque queremos preservar nuestro tejido productivo, la seguridad jurídica de nuestras empresas,
también descargándolas de costes y facilitándoles liquidez, ampliando el pago de los ERTE, concediendo bonificaciones y exenciones fiscales o extendiendo la vigencia de los avales ICO o del periodo de los créditos vinculados. Las medidas propuestas
por el Gobierno nos han parecido insuficientes y por eso vamos a seguir defendiendo, por ejemplo, que haya medidas específicas en favor del turismo, o que el ingreso mínimo vital se vincule a las políticas activas de empleo, o una regulación laboral
que fomente el empleo y no lo destruya. Nuestra voz, señorías, se suma a la de quienes no solo piensan, sino que saben que la subida de impuestos no es la solución, sino que lastra el crecimiento y el empleo. En el ámbito social también hemos
hecho múltiples propuestas en favor de la familia, de los mayores, de nuestros jóvenes, para que haya financiación en el ámbito de la violencia contra las mujeres. También defendemos y defenderemos siempre la libertad para la educación. No podemos
privar a las familias del derecho a la libre elección de centro escolar, no podemos dejar excluidos a miles y miles de alumnos que están en la escuela concertada; escuela que está recogida en nuestra Constitución. O en el ámbito de la Unión
Europea, donde hemos hecho múltiples propuestas, muchas de ellas recogidas ya, como el reconocimiento de los valores de una democracia liberal, el reconocimiento de los principios de la economía de mercado, la garantía de la sostenibilidad de
nuestras cuentas públicas o la afirmación de que la salida de la crisis hará necesario un equilibrio solvente entre lo público y lo privado, o la lucha contra el desempleo.
Señorías, señora presidenta, voy concluyendo. Dos meses, dos últimas semanas complicadas. Nos hemos sentado juntos, hemos escuchado muchas voces distintas, hemos debatido y hoy estamos aquí defendiendo nuestras enmiendas, las nuestras, las
que defiende nuestro modelo de cómo tiene que ser España y cómo tiene que ser la vida o, mejor dicho, las condiciones de vida de los españoles. Y la pregunta que se harán es: ¿Ha valido la pena? Permítanme que les lea el punto 70 del dictamen.
Dice el dictamen: Para lograr que el Sistema Nacional de Salud, que ha sido sometido a una presión sin precedentes, pueda seguir siéndolo, debe ser un compromiso de todos y que nadie pueda eludir, y eso es lo que estamos haciendo, unir nuestras
fuerzas para alcanzar un pacto de Estado, el Pacto Cajal en honor a don Santiago Ramón y Cajal. Aunque solo sea por este punto, señorías, ¿no creen que merece la pena? ¿No lo creen? Yo creo que sí, aun sabiendo que hay otros aspectos del
documento que no comparto, que tienen ribetes no solo maximalistas sino incluso populistas, y que cuando vengan a la Cámara como proyectos de ley o iniciativas legislativas no nos va a doler prendas de no votarlos o de abstenernos. Pero, ¡qué
tendrá que ver si hay tantas cosas importantes!
La señora PRESIDENTA: Señora Pastor.
La señora PASTOR JULIÁN: Termino ya, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
La señora PASTOR JULIÁN: Gracias por su generosidad.
Por eso, reiteramos nuestra disposición a llegar a acuerdos y a pactos de Estado que beneficien a los españoles. Estamos más cerca del Pacto Cajal y del pacto de la Unión Europea, tenemos todavía que analizar todas las enmiendas. Y,
señorías, esa es nuestra brújula. ¿Saben cuál es la brújula del Grupo
Popular? La defensa de España y de los españoles, la misma que nos guió hacia una gestión fructífera cuando se trató de recuperar a nuestro país de una durísima recesión. Así que permítanme, señorías, que para reafirmar nuestro compromiso
con ellos cite unas palabras que la semana pasada se pronunciaron en el acto de homenaje a las víctimas de la COVID-19 que pronunció su majestad el rey. Dijo su majestad: La responsabilidad, la fuerza moral, la determinación frente a la adversidad
y el espíritu de superación del pueblo español nos muestran el camino a seguir para afrontar y vencer las dificultades. Las dificultades son muchas -eso lo digo yo-; las superaremos.
Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pastor. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lastra Fernández.
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, alguien dijo que la política es el arte de lo posible y generalmente es cierto, pero algunas veces, las más importantes, es algo más. Dentro de unas horas se cumplirán cuarenta y tres años de un día histórico para esta Cámara y
para nuestra democracia. Dentro de unas horas se cumplirán cuarenta y tres años de aquel 22 de julio de 1977, el primer día de la primera legislatura de nuestra democracia. Políticos que tenían todo por aprender sobre la democracia se enfrentaban
a problemas enormes con diferencias que parecían insalvables. Esta España libre se la debemos a quienes supieron hacer posible lo que poco antes parecía imposible, a quienes supieron ver que la responsabilidad que les unía era mucho mayor que las
diferencias que les separaban. La política es diálogo -me lo han escuchado muchas veces y lo creo firmemente-, porque la única alternativa a la mano tendida es el puño cerrado. La política es acuerdo, porque cualquier comunidad, cualquier futuro
se construyen sumando y ampliando, no dividiendo y enfrentando. La política es responsabilidad, porque lo que decimos y hacemos aquí, lo que decidimos aquí tiene consecuencias mucho más allá de este hemiciclo. Y la política es convicción, y el
diálogo y el acuerdo dan a esas convicciones la fuerza que necesitan para cambiar el mundo. Señorías, hoy hacemos frente al peor reto que se ha planteado nuestra democracia desde hace cuarenta años. Como hace cuarenta años, nos enfrentamos en un
terreno inexplorado a un tiempo que marcará un antes y un después en nuestras vidas. Como entonces, hay diferencias entre nosotros y, como entonces, necesitamos una respuesta: unión, responsabilidad, diálogo y convicción. Si entonces supimos
estar a la altura de una sociedad que pedía libertad, hoy debemos estar a la altura de una sociedad que está dando cada día un ejemplo de responsabilidad y de unidad.
Quiero expresar mi agradecimiento a los grupos parlamentarios, que han sabido entender que este es un momento para unirnos, igual que se han unido todos los españoles ante la pandemia, y a todos los grupos, que se están esforzando por sacar
adelante unos acuerdos necesarios, porque este dictamen de la Comisión para la Reconstrucción -y así lo decía mi compañero Pablo Echenique- no es un acuerdo de partido ni es un acuerdo de Gobierno, es un acuerdo de país, es sumar a los que no
piensan como tú. (Aplausos). En estas semanas la Comisión se ha reunido en trece ocasiones. Por la Comisión y los grupos de trabajo han pasado más de ciento cincuenta comparecientes -como creo que han dicho todos los portavoces que me han
precedido-, comparecientes procedentes de distintos ámbitos sociales y con trayectorias muy diferentes. Si en algo han coincidido todos los comparecientes es en que necesitamos unión, en que necesitamos acuerdo. Hoy ese acuerdo amplio que pedía la
ciudadanía puede empezar a hacerse realidad; es la responsabilidad de los trescientos cincuenta diputados de esta Cámara. La sociedad ha sabido dar un ejemplo y merece una política ejemplar. Así lo entendemos en el Grupo Parlamentario Socialista,
y desde esa convicción nos hemos esforzado por sacar adelante estos acuerdos, dialogando con todos los grupos parlamentarios. Bueno, con todos menos con VOX, porque abandonó la Comisión; mucho madrugar y levantarse muy temprano, pero ni una
enmienda han mandado a los grupos de trabajo o a la Comisión. (Aplausos).
Señorías, el Gobierno ha llegado a acuerdos con la patronal y los sindicatos. Las instituciones y los diferentes partidos nos hemos entendido también en comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España. La Unión Europea -y volveré
sobre ello más tarde- acaba de alcanzar un acuerdo que abre un tiempo nuevo. Las instituciones funcionan. La política, el diálogo, la responsabilidad y el compromiso han sido y son la norma. Creo que sería un error que las fuerzas políticas de
esta Cámara no fuésemos
capaces de alcanzar un acuerdo en un día en el que la Unión Europea ha abierto un camino nuevo gracias precisamente a la capacidad para entenderse por encima de las diferencias. Acuerdo histórico, esa es la expresión que más repiten hoy
dirigentes políticos y titulares en los medios para referirse al acuerdo alcanzado hace unas horas en la Unión Europea. Permítanme agradecer al presidente del Gobierno el esfuerzo que ha hecho y el liderazgo que ha demostrado. (Aplausos). Creo
que a nadie se le escapa ni en nuestro país ni en la Unión el papel impulsor de primer orden que ha tenido el presidente del Gobierno de España en este momento histórico. Nuestra Unión se ha puesto a la altura del momento que vivimos, alcanzando un
acuerdo que pone las bases de la comunidad del siglo XXI: más integrada, más coordinada, más corresponsable, más política, más social y más unida.
Siempre he sostenido -y creo que me lo han escuchado en todas los debates de la prórroga del estado de alarma- que tenemos que salir como comunidad de esta pandemia. Hoy nos corresponde a nosotros cumplir nuestra parte y hacer nuestro
trabajo dando a los españoles un acuerdo de reconstrucción. Siempre he creído que los valores se demuestran llevándolos a la realidad, y es hora de pasar de las palabras hermosas a los compromisos y a los hechos. Hoy podemos sacar adelante un
acuerdo para luchar contra la pobreza, proteger a los desempleados, corregir la desigualdad de género, combatir la violencia machista, ayudar a nuestros jóvenes a acceder a un empleo y a una vivienda, impulsar la inversión en educación, en becas,
universalizar la educación de cero a tres años, garantizar la atención a las personas dependientes. Hoy podemos pactar un acuerdo de reactivación económica que incluye un pacto por la industria y una estrategia de reindustrialización que atiende a
sectores estratégicos -la automoción, el turismo, el sector primario-, un plan de inversiones para pymes y autónomos que contempla un pacto por la ciencia y la innovación, que impulsa la transición ecológica, medidas de choque para el empleo,
apuesta por el diálogo social, la lucha contra la precariedad, también por corregir la excesiva temporalidad; un acuerdo por Europa en un momento en el que la Unión Europea da un paso adelante. Hoy debemos alcanzar un acuerdo por la sanidad,
porque todos desde esta tribuna -todos, sin excepción- hemos agradecido al personal sanitario su esfuerzo, y es el momento de que pasemos del agradecimiento a los hechos, a la acción política, a ayudarles en el trabajo que hacen por todos nosotros.
Hoy, más que nunca en estos cuarenta años, necesitamos estar a la altura de un momento que nos exige dar lo mejor de nosotros mismos, porque es lo que estamos pidiendo a la sociedad entera.
El Partido Socialista ha hecho y está dispuesto a hacer lo que sea necesario, y les pido a todos los grupos parlamentarios que reflexionen sobre el momento que vivimos. Miren si estamos haciendo y hemos hecho que ha sido tal el esfuerzo de
estas semanas, sobre todo de estos últimos días de negociación, que, de las cincuenta y siete transaccionales que hoy se han presentado, cincuenta y cuatro las firma el Partido Socialista. Hemos llegado a presentar a los distintos grupos
parlamentarios más de un centenar de transaccionales, de las cuales al final hemos podido presentar estas cincuenta y cuatro. Por cierto, señor Bel, a la pregunta que usted me hacía directamente le respondo que todas las transaccionales que están
firmadas por este grupo con los demás grupos parlamentarios de la Cámara, sea el suyo, el de Esquerra Republicana o cualquier otro grupo parlamentario, reflejan el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista y, cómo no, del Gobierno de España.
(Aplausos).
Señorías, la sociedad española está actuando con una unión y una responsabilidad ejemplares. Los agentes sociales han entendido la importancia del momento y han sabido sumar sus fuerzas. La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo histórico
de corresponsabilidad entre socios. No podemos faltar nosotros, no podemos fallar los diputados de esta Cámara. De esta sesión debe salir un acuerdo de país, un acuerdo de todos y para todos, un acuerdo para hacer posible una vez más lo que hasta
ayer parecía que era imposible, un acuerdo para demostrar de nuevo que nuestra responsabilidad es mayor que nuestras diferencias.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lastra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 26/2020, DE 7 DE JULIO, DE MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS ÁMBITOS DE TRANSPORTES Y VIVIENDA. (Número de expediente 130/000027).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transporte y
vivienda.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos Meco): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco ante esta Cámara para someter a su consideración la convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transporte y vivienda, que
fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de julio.
Respecto al primer bloque, el correspondiente al transporte, el objetivo principal de este real decreto-ley es proteger la salud de los trabajadores y viajeros en el ámbito aéreo, proporcionar liquidez a las empresas y reducir las cargas
administrativas. Estamos convencidos de que, del mismo modo que el transporte y la movilidad fueron claves para contener la pandemia y mantener el suministro de bienes y servicios de primera necesidad, el transporte y la movilidad deben ser claves
para afianzar la recuperación. Así, este real decreto-ley supone un esfuerzo presupuestario, inversor y financiero para empresas públicas y privadas. El importe económico de las medidas para empresas privadas del sector del transporte y en materia
de reducción de tasas portuarias asciende a 663 millones de euros. Y en cuanto a las empresas públicas, la norma aumenta la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los mil millones con el fin de compensar la caída de demanda e impulsar la
recuperación de servicios y permite que SEITTSA reciba 110 millones de euros para que pueda atender sus compromisos de construcción de obras públicas en el medio plazo. Con ello, el Gobierno complementa para el sector de los transportes otras
medidas adoptadas previamente, como los 800 millones destinados al transporte público en las comunidades autónomas y los avales y ayudas fiscales al sector para dar respuesta al impacto del COVID-19 y que son coherentes con los criterios y
directrices de la Comisión Europea sobre los que se ha de orientar la reactivación económica del sector. (Rumores).
Respecto al segundo bloque, este real decreto-ley recoge también un conjunto...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor ministro.
Ruego un poco de silencio, por favor. (Pausa). Gracias.
El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos Meco): Recoge un conjunto de medidas económicas y sociales en el ámbito de la vivienda que permiten garantizar la protección de las familias y los colectivos vulnerables.
Parte de estas medidas tienen como objetivo incrementar el parque de viviendas destinadas a alquiler social o asequible para responder a la necesidad de grupos de población en situación de vulnerabilidad, fomentando la colaboración público-privada e
incentivando la creación de un modelo que pueda ser replicable.
Paso a continuación a detallar las medidas en materia de transporte.
En el caso del transporte aéreo, el real decreto-ley hace obligatorias en España las directrices para la gestión de pasajeros y tripulaciones de vuelo en el ámbito del COVID-19 emitidas conjuntamente por la Agencia de la Unión Europea para
la seguridad de la aviación y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Asimismo, este real decreto-ley incorpora una serie de medidas orientadas a facilitar determinadas actividades aéreas, mejorando las operaciones de
recuperación gradual de estas actividades aeronáuticas y del sector en general, uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19. Entre otras medidas introducidas, están la flexibilización del arrendamiento de aeronaves con o sin tripulación
utilizadas para la extinción de incendios o búsqueda y salvamento y la adaptación del concepto de aeronaves no tripuladas, los drones, al de la normativa de la Unión Europea.
En el caso del transporte terrestre, se adoptan diversas medidas. En primer lugar, se fijan los términos para restablecer el equilibrio económico de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso
general por carretera de competencia estatal, que se ha visto alterado
sustancialmente durante el estado de alarma por la drástica reducción de la demanda de transporte y los costes adicionales soportados por las empresas a fin de preservar la salud de los viajeros. Esta medida se une a las adoptadas
anteriormente por el Gobierno para la recuperación del transporte terrestre de servicio público, entre ellas el fondo de 800 millones de euros para financiar el déficit adicional del transporte público de financiación y titularidad autonómica.
En segundo lugar, la norma incluye también una moratoria de hasta seis meses a favor de empresas y autónomos sobre el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos leasing y renting de vehículos dedicados al transporte
público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada en aquellos casos que experimenten dificultades financieras como consecuencia de la emergencia sanitaria.
Otra de las medidas incluidas en el real decreto-ley es la prórroga por tres meses de la validez de los certificados de inspección técnica de vehículos cuya fecha de inspección esté comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020,
plazo que se contará desde la fecha de vencimiento del certificado. Además, mientras esté vigente esta prórroga, las empresas de transporte público de mercancías y de viajeros titulares de una licencia comunitaria tendrán preferencia en el paso por
la inspección técnica periódica en las estaciones de ITV.
El real decreto-ley también flexibilizará transitoriamente la exigencia de una antigüedad máxima de los vehículos de transporte sanitario, permitiendo que los vehículos dedicados a esta actividad que hayan superado la antigüedad de diez años
tras la declaración del estado de alarma puedan seguir prestando servicio hasta el 31 de diciembre de este año.
Asimismo, se recogen medidas para agilizar el funcionamiento de las juntas arbitrales de transporte y evitar su colapso en un contexto de crisis económica, en el que las demandas de arbitraje aumentan extraordinariamente.
En sexto lugar, también se incluyen medidas para reducir las cargas administrativas de las empresas de transporte por carretera tanto de mercancías como de viajeros.
Quiero destacar que la mayor parte de estas medidas responden a los compromisos del ministerio con el sector del transporte por carretera, representado por el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que desempeña un papel estratégico
para la movilidad de nuestros ciudadanos y para la actividad económica del país, al que hemos de apoyar desde las instituciones. Nuestro reconocimiento, también a la labor del comité, que asume la interlocución de un sector muy atomizado y canaliza
y defiende sus peticiones ante los responsables públicos, a quienes nos facilita notablemente el acercamiento al sector.
Por último, el real decreto-ley también aborda la cuestión de las concesiones de autopistas. Teniendo claro que estamos ante una situación excepcional, cuyos efectos hay que compensar de forma limitada y proporcionada, se aborda una
regulación particularizada para tres de los tipos de contratos concesionales más frecuentes en materia de infraestructuras: los de autopistas, autovías de primera generación y áreas de servicio.
En el caso del transporte marítimo, el real decreto-ley flexibiliza la normativa para que las organizaciones reconocidas y autorizadas puedan incrementar su apoyo a la actividad inspectora de embarcaciones y compañías a fin de agilizar los
trámites de emisión y renovación de certificados, mejorando su eficiencia y en apoyo a la competitividad de los buques de bandera española.
En relación con los puertos, se amplían algunas de las medidas anteriormente establecidas para impulsar la economía y el empleo del sector portuario y se adaptan a los plazos establecidos en la normativa europea con el fin de dar
flexibilidad al cobro de las tasas por uso de infraestructuras portuarias. De este modo, se permite a las autoridades portuarias ampliar temporalmente la reducción de las cuotas de las tasas portuarias y de ocupación, clarificando además los
criterios de aplicación de estas, y se alarga el periodo para reducir la tasa de buque hasta el máximo permitido por la normativa europea desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre de 2020. Por otra parte, se impide que se pueda producir una subida
de tasas por aumento de los coeficientes correctores en los casos de autoridades portuarias con rentabilidades negativas en 2020, ya que esa rentabilidad negativa no va a ser debida en principio a una pérdida de ingresos de carácter estructural,
sino a una situación coyuntural.
Por último, los tráficos regulares de pasaje o carga rodada con los territorios no peninsulares se podrán calificar como tráficos sensibles, prioritarios o estratégicos que contribuyen al desarrollo económico y social de España en su
conjunto, con el objeto de que puedan beneficiarse de bonificaciones adicionales.
En cuanto a las empresas públicas, la norma -como he dicho antes- aumenta la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los mil millones con el fin de compensar la caída de demanda e impulsar la recuperación de servicios y permite que SEITTSA
reciba 110 millones de euros de aportación para que pueda atender sus compromisos de construcción de nuevas obras públicas en el medio plazo.
En cuanto a ENAIRE, el real decreto-ley incluye una disposición para que pierda la condición de medio propio instrumental de la Administración General del Estado. Esto es así porque esta sociedad no reúne todos los requisitos necesarios
para ser considerada como medio propio y además es innecesario para los fines de esta empresa como proveedor de servicios exclusivamente en materia de navegación aérea y transporte aéreo. Esta medida tendrá efectos económicos positivos, ya que
permitirá a ENAIRE participar en licitaciones públicas, racionalizando su regulación y mejorando su competitividad frente a otras entidades públicas prestadoras de servicios de navegación aérea de otros Estados.
En resumen, el conjunto de medidas en materia de transporte se ha articulado en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, proteger la salud de los trabajadores y viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y servicios
esenciales. El segundo eje conlleva proporcionar liquidez a las empresas del sector para hacer frente a las perturbaciones financieras a corto plazo vinculadas a la crisis del coronavirus recurriendo a distintos instrumentos financieros, incluidos
los fiscales, a fin de preservar su viabilidad, así como la continuidad de la actividad económica durante y después de la crisis. El tercer eje afecta a la reducción de cargas administrativas simplificando y acelerando determinados procedimientos,
velando por la seguridad jurídica y teniendo en cuenta la capacidad de las instituciones públicas para agilizar los trámites preceptivos para la reactivación y el desarrollo de las actividades en el sector del transporte.
El segundo bloque se corresponde con las medidas adoptadas en materia de vivienda que están recogidas dentro de este real decreto-ley. En él se regulan una serie de especialidades del derecho de superficie o concesión demanial para la
promoción del alquiler asequible o social mediante la colaboración entre administraciones públicas y la iniciativa privada. Con esta regulación se prevé que en estos casos no sea preceptiva la existencia de canon a abonar a la Administración, pues
su nota diferenciadora será el compromiso del adjudicatario de esos derechos de ofrecer viviendas con rentas asequibles o sociales, en todo caso limitadas. Igualmente, se regulan las especialidades de los instrumentos de colaboración entre las
distintas administraciones públicas para ampliar el parque de viviendas en régimen de alquiler asequible o social, atendiendo especialmente a la duración de estos acuerdos y al sistema de determinación de responsabilidad entre los firmantes.
Además, dada la interdependencia entre los acuerdos administrativos y el derecho de superficie o concesión demanial, se prevé que el título de constitución de estos no pueda contradecir a aquel.
Adicionalmente, con el objetivo de optimizar la eficiencia de los recursos estatales, se posibilita a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla a que los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 desde los ejercicios 2018
hasta el año 2020 que no se han materializado en un compromiso financiero inicialmente adquirido o no lleguen a comprometerse puedan destinarlos a ayudas a otros programas de dicho plan durante la vigencia del mismo, de manera que no tengan que
reintegrar el dinero no ejecutado al Estado. Asimismo, se incorpora el mantenimiento de la condición de convenidos de los préstamos concedidos al amparo de los sucesivos planes estatales de vivienda aun cuando se beneficien de moratorias que las
entidades de crédito hayan ofrecido o puedan ofrecer con motivo de regulaciones vinculadas a la pandemia del COVID-19. Salvaguardan así otros beneficios y subvenciones vinculados al cumplimiento de los requisitos establecidos en los
correspondientes planes estatales de vivienda que han disfrutado o que todavía puedan estar disfrutando.
Por otra parte, con el fin de homogeneizar la duración de las medidas sociales y que la retirada de las mismas no se produzca de una manera desordenada, las últimas medidas se refieren a la ampliación de plazos que se considera necesario y
oportuno contemplar teniendo en cuenta la evolución del efecto de la pandemia y la crisis sanitaria en la situación económica de los hogares. En particular, se prorroga hasta el 30 de septiembre la vigencia del bono social eléctrico para evitar que
sus beneficiarios dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos en la normativa. Se extiende hasta el 29 de septiembre la posibilidad de solicitar la moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria cuyo plazo finaliza ahora, el
5 de agosto. Igualmente, a fin de evitar la sucesión de impagos de créditos o préstamos sin garantía hipotecaria por parte de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, se extiende hasta el 29 de septiembre la
posibilidad de solicitar la moratoria en los términos que establece este real decreto-ley. Se regula la ampliación de los contratos de arrendamiento de vivienda que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses hasta el 30 de
septiembre de 2020, manteniendo los términos del contrato en vigor siempre que no se haya llegado a un acuerdo al respecto entre las partes. Se amplía el plazo hasta el 30 de septiembre para solicitar la moratoria o aplazamiento del pago de la
renta de los contratos de arrendamiento de vivienda en situaciones de vulnerabilidad en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor o una empresa o entidad pública. En relación con la garantía de la continuidad de suministro energético y de
agua para consumidores domésticos en vivienda habitual, se
amplía hasta el 30 de septiembre. Igualmente, para los consumidores domésticos acogidos por esta medida, el periodo de tiempo de esta no computará a efectos de los plazos de los procedimientos de suspensión del suministro indicados con
anterioridad a dicho periodo. Finalmente, era necesario clarificar la definición de la situación de vulnerabilidad, así como los términos de la acreditación de las condiciones subjetivas establecidos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley
11/2020, que mantiene su vigencia, atendiendo a la extensión de los plazos de las medidas previstas en los puntos anteriores.
En resumen, la grave situación en el ámbito económico y social que están afrontando los hogares en España y las especiales consecuencias que ello puede tener de un modo particular sobre aquellos que residen en una vivienda en alquiler
justifican la extraordinaria y urgente necesidad de la adopción de las medidas propuestas, teniendo en cuenta el impacto de la crisis sanitaria y de las medidas adoptadas en el contexto del estado de alarma recientemente concluido. Por tanto, todas
estas medidas de protección social tienen como objetivo afrontar una transición efectiva a una nueva normalidad que salvaguarde la protección de los hogares, de manera especial de los más vulnerables.
Concluyo ya, señorías. Una vez vista la situación y ratificadas ampliamente la razones de necesidad y urgencia constitucionalmente exigidas, el Gobierno decidió en el Consejo de Ministros del pasado 7 de julio la aprobación de este real
decreto-ley. Estamos convencidos de que había que adoptar las medidas que hemos tomado para dar respuestas proporcionadas a las necesidades del momento, adaptadas a las características singulares de cada modo de transporte y a las necesidades
sociales en la materia. Por todo ello solicito a la Cámara el voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley, sin perjuicio de que sus señorías estimen que pueda ser tramitado como proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Gil.
En turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto en primer lugar el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, presidenta.
Señorías, el Real Decreto 26/2020 se centra en una serie de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID en los ámbitos del transporte y la vivienda. A nuestro entender, es un decreto necesario, con medidas
imprescindibles para garantizar desde el Estado el funcionamiento de los sistemas de transportes y la viabilidad de las empresas de este sector. La pandemia del COVID y la crisis posterior han puesto de relieve un hecho sustancial que en Teruel
conocemos muy bien, y es que los sistemas de transporte son esenciales en la sociedad del siglo XXI. Vivimos en la era de la conectividad, de la movilidad, donde la accesibilidad es un factor determinante para el desarrollo de un territorio, de un
barrio, de una ciudad o de una provincia. Teruel es una provincia aislada, por las carencias de infraestructuras de transportes terrestres y por un raquítico sistema de transporte público por carretera y por ferrocarril. El transporte público de
viajeros en la España vaciada está soportado casi exclusivamente por líneas de autobuses, y, dado su reducido número de usuarios, necesita del apoyo de diversas administraciones, tanto de la estatal como de la autonómica, para que tengan un correcto
mantenimiento. Hay que diseñar modelos de transporte flexible adaptados a una demanda baja pero absolutamente imprescindible. No podemos dejar aislados ni pueblos ni comarcas porque no sea rentable la conectividad. (El señor vicepresidente,
Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Con la nueva normalidad será necesario recuperar, pero sobre todo modernizar estos sistemas de transporte. Pongo por ejemplo tres casos que nos afectan directamente. La línea de autobús que une
Teruel con Madrid pasando por Molina de Aragón, en Guadalajara, tenía dos servicios diarios, solo dos servicios diarios en una provincia que no tiene conexión directa por ferrocarril con Madrid. Esos dos servicios diarios se han visto reducidos
solo a uno y, además, con un horario que lo hace prácticamente inservible. Entendemos que así se aísla a una provincia como la nuestra y se aísla el Señorío de Molina, un territorio especialmente olvidado de la España vaciada. Lo mismo sucede con
la línea que conecta Teruel con el Rincón de Ademuz, perteneciente a la Comunidad Valenciana, pero que desde el punto de vista sanitario depende por proximidad geográfica de Teruel; o la línea Casas Bajas-Teruel que usaban todos los usuarios para
desplazamientos de atención médica y que ha sido suprimida totalmente, quedando solo un servicio al que acogerse que es la línea que une Cuenca con Teruel, con unos horarios que curiosamente consisten en un solo autobús de ida y uno de vuelta, y
cuando uno llega a Teruel, el que vuelve está saliendo, con lo cual tampoco puede utilizarse
para desplazamientos médicos. Son pequeños detalles que hacen la vida más difícil en todos estos territorios, especialmente en este caso en el Rincón de Ademuz y en Teruel.
Y por qué no hablar del servicio ferroviario del que disponemos con la línea Zaragoza-Teruel-Valencia, una línea ferroviaria con solo tres servicios de pasajeros que, aunque se repongan, serán obviamente insuficientes. No conocemos un país
-puede que exista, pero no lo conocemos- donde la tercera y la quinta ciudad más importantes, como son Valencia y Zaragoza, estén peor conectadas tanto por ferrocarril como por autobús. Las dos grandes ciudades españolas apenas tienen tres
conexiones diarias, con horarios que parecen decididos para alejar al consumidor final o al cliente. Creemos que hay que fomentar esos trayectos de largo recorrido y que no solo sean unir Zaragoza con Valencia, sino recuperar los que había y que
unían, por ejemplo, el País Vasco con Alicante o con Murcia. Eso es apostar por vertebrar el territorio español y apostar porque el ferrocarril sirva realmente como elemento de desarrollo en estos territorios olvidados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Este real decretoley que ha presentado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adolece de varios de los defectos con los que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha prodigado a lo largo de este último cuatrimestre en torno al
COVID-19. Ciertamente no es de lo peor que hemos visto en el larguísimo serial legislativo promovido con el pretexto de la urgencia y de la extraordinaria necesidad, pero sí creo que es otra oportunidad perdida para adoptar medidas paliativas y
acometer con mayor decisión los problemas económicos para unos sectores que están resultando especialmente azotados con las limitaciones derivadas de la pandemia, y lo estamos viendo especialmente en el ámbito del transporte y de la vivienda. El
señor Ábalos ha detallado las diferentes medidas de este real decreto-ley, pero quiero detenerme unos instantes en la disposición adicional tercera, relativa a los beneficios fiscales aplicables al Gran Premio de España de Fórmula 1 que se
extenderán hasta el 31 de diciembre del año 2023. Y es que, puestos a abrir la flexibilidad en las medidas tributarias para este acontecimiento deportivo, bien podría aplicarse el Gobierno en la atención a otros grandes acontecimientos deportivos,
culturales y sociales que tienen derivadas muy importantes para la economía de aquellos lugares en los que se celebran.
Señorías, el COVID-19 se ha llevado por delante a lo largo de 2020 muchos acontecimientos y espectáculos que han sido cita tradicional para miles de personas, que tendrán mucho más complicada su recuperación como secuela de este año en
blanco y que supone para sus cuentas muchos números rojos. Me parece bien que se dé a la Formula 1 un trato fiscal que asegure la celebración del Gran Premio de España en los próximos años, pero reclamo un trato y un esfuerzo similar para aquellos
acontecimientos de primera línea y de especial interés público, más aún si cabe cuando el Gobierno invoca la legislación relativa al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo.
Concluyo, señor presidente, porque, en su afán por el publirreportaje, el Gobierno dedica veintidós de las cincuenta y dos páginas del texto a la exposición de motivos y el resto, poco más de la mitad, a una parte que necesitará del tamiz
como proyecto de ley para mejorar estas medidas que nos proponen esta tarde.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes otra vez. Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el Partido Regionalista de Cantabria va a votar a favor de esta convalidación. Quiero agradecer especialmente que en materia de transporte marítimo se hayan recogido algunas de las medidas, como la referente a las tasas de
los buques de larga distancia, que yo mismo trasladé a petición del puerto de Santander. Por eso me han encargado que lo agradezca aquí directamente. En general, las medidas en materia de transporte aéreo, marítimo y terrestre son oportunas y, en
consecuencia, las apoyaremos.
Respecto a la vivienda y, en concreto, el alquiler, la disposición de fondos y préstamos del Plan de Vivienda están relacionados directamente con el COVID y estas medidas son bienvenidas. No está
relacionado directamente la referencia al derecho de superficie y, por eso, quiero aprovechar para decir un par de cosas. Sin duda, esto debe ser regulado de una manera más amplia en la próxima norma que regule el derecho a la vivienda, en
la que espero que seamos capaces de consensuar una serie de medidas eficaces que, junto a la promoción de viviendas públicas, regulen la oferta privada a precios asequibles mediante incentivos y disuasivos fiscales, respetando la libertad de mercado
y el derecho a la propiedad, ya que el 95 % de los arrendadores hoy son particulares. Hasta hoy la mayoría de las medidas que se han ido tomando estos años han sido bastante ineficaces; yo lo sé bien porque he sido consejero del ramo en Cantabria
durante tres legislaturas y sé lo difícil que es esto. Por eso hay que buscar y adoptar fórmulas nuevas que, a la vez, garanticen la seguridad jurídica y disuadan de que la vivienda sea un bien especulativo. Creo que algo nuevo hay que hacer
cuando el mercado no consigue regular los precios de una manera eficaz como hace en otros sectores, por ejemplo, en la industria, en el comercio o en el turismo, y esto es un derecho básico. Está bastante claro que la vivienda pública tiene que
potenciarse para equilibrar el mercado y cubrir las necesidades de los que no llegan a la oferta privada, pero hay mucho más que también puede hacerse. Por eso espero que en esta legislatura entre todos seamos capaces de tomar medidas que resulten
más eficaces, verdaderamente eficaces a largo plazo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidente.
Por lo que a nosotras respecta, volvemos a estar en esta curiosa situación a la que este Gobierno nos está abocando en demasiadas ocasiones a lo largo de estos meses. Se nos presenta así una suerte de quiero y no puedo, un quedarse a
medias; es decir, se apunta una línea que se atisba en la buena dirección, pero que no termina de rematarse nunca. Con ustedes nunca se llega a buen puerto y volvemos a encontrarnos en una situación que ya hemos vivido, la de tener una
consideración escasa respecto al real decreto-ley que se aborda. Esto ocurre tanto en lo que se refiere a las medidas que se adoptan para el sector del transporte como -en mayor medida o, al menos, con mayor intensidad- en lo que se refiere a las
adoptadas en materia de vivienda.
Respecto a las medidas destinadas al transporte por carretera para hacer frente al impacto del COVID-19, he de decir que son necesarias, claro que sí, pero no cubren ni de lejos las medidas solicitadas por el comité del transporte
profesional para asegurar la supervivencia del sector. Y es que las medidas aprobadas están pensadas efectivamente para hacer frente al impacto del COVID-19, pero el sector arrastra desde hace años serios problemas de naturaleza estructural y de
tipo económico, y esas reivindicaciones ya fueron planteadas al ministro en sendos documentos remitidos por el Comité Nacional del Transporte por Carretera y no han sido tenidos en cuenta en este real decreto-ley que se refrenda hoy. Creemos que
podía haberse aprovechado la ocasión para avanzar en este terreno.
En lo que respecta a las medidas del capítulo de vivienda, estamos en una situación similar, pero de más gravedad porque el horizonte que se dibuja para dentro de tres meses es realmente preocupante. Es decir, las medidas son correctas,
necesarias, pero no se va más allá y este apartado de la vivienda es, si cabe, más urgente porque, señorías, la cuestión de la vivienda precisa de medidas estructurales porque el problema que se afronta es estructural. Por ello, ciertamente
consideramos adecuada la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual, la prórroga de seis meses de los contratos de arrendamiento, las ampliaciones que se proponen para solicitar aplazamientos de pago o condonaciones de renta para los sectores
más vulnerables, y también consideramos positiva la ampliación del bono social hasta el 30 de septiembre, así como la garantía del suministro de agua y energía a consumidores domésticos hasta el 30 de septiembre. En realidad, más que positivo es
necesario, es evidente que hay que hacerlo, es la necesidad la que marca la conveniencia de estas medidas. Por eso nuestra pregunta es qué pasará el 1 de octubre, el 1 de noviembre, el 1 de diciembre y el próximo año. Creemos que hay que ir más
allá porque la situación demanda soluciones que solo vendrán de una ley antidesahucios y de un marco legal que regule los alquileres, cuestiones a las que se comprometieron los dos socios que conforman este Gobierno de coalición y que, hoy por hoy,
todavía no han hecho. Nos tememos que la nueva realidad es esta: medidas sí y de considerable alcance destinadas a paliar o a amortiguar los efectos negativos de la pandemia y sus desastrosas consecuencias para la población, pero aplazan el
problema de fondo sin que se vislumbre una solución real en las propuestas.
Por estas razones, porque este Gobierno se vuelve a quedar en la superficie y vuelve a surfear sobre la ola del verdadero problema sin entrar en el fondo del oleaje, sin entrar en el fondo de la cuestión, nos abstendremos en esta votación
considerando, eso sí, que las medidas, aunque insuficientes son necesarias. Lo hacemos así porque somos conscientes de que en momentos críticos como el que vivimos las decisiones que hoy se adoptan determinan el mañana y, en este sentido,
mantenerse donde uno estaba no es avanzar sino dar pasos atrás; mantenerse hoy donde uno estaba es retroceder y eso, a nuestro juicio, es un gran error de presente y de futuro en el que quien se considere no digo ya de izquierdas sino progresista
no debería incurrir, al menos no si lo que desea es llegar a buen puerto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Arratsalde on. Buenas tardes, señor presidente, señorías.
Procuraré no extenderme demasiado en un real decreto-ley cuyo contenido ha explicado de forma minuciosa el señor ministro y que, por otra parte, tiene un componente claramente ligado a la practicidad, a la eficacia y a liberar de trabas
administrativas e incentivar con carácter económico a determinadas empresas relacionadas con el transporte y la vivienda afectadas por la crisis generada por el COVID-19.
En primer lugar, destacaré las medidas vinculadas tanto al sector del transporte aéreo, marítimo y terrestre como al sector ferroviario, que van desde modificaciones del sistema de tasas portuarias hasta el establecimiento de medidas de
seguridad a adoptar en el ámbito del transporte aéreo por las empresas para su personal y los pasajeros, pasando por moratorias para el sector del transporte de mercancías y de viajeros, y una autorización a Renfe así como a otros organismos para
incrementar su endeudamiento. En segundo lugar, ligadas al ámbito de la vivienda hay otras medidas que pretenden impulsar o facilitar el derecho de superficie para la promoción de alquileres asequibles, y luego volveré sobre esta cuestión. En
tercer lugar, aglutina un elenco variopinto de medidas que van desde declarar el Gran Premio de España de Fórmula 1 como acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de reconocimiento de beneficios fiscales, a modificar la Ley de
Propiedad Intelectual a fin de permitir la hasta ahora vedada participación de directoras musicales en los órganos de gobierno de la SGAE o la regulación de la comercialización de derechos de explotación de la emisión de fútbol que, como la medida
anterior relativa a la SGAE, nada tiene que ver con el impacto del COVID ni justifica su urgencia.
En otro orden de cosas merece ser destacada una medida de la que se ha hablado poco, que es la modificación del Real Decreto-ley 21/2020, dirigido a garantizar la eficacia de las medidas de seguridad e higiene establecidas para los centros
de trabajo, de protección del personal, de las personas trabajadoras, y de adaptación de las condiciones de trabajo, la organización de turnos y la ordenación de los puestos de trabajo y el uso de zonas comunes, sobre lo que hay que destacar que
como consecuencia de la imposición de determinada tipicidad en el ámbito sancionador, pasan a integrarse de forma implícita en el marco de las obligaciones que en materia de prevención de riesgos laborales corresponden al empleador.
Y dije que volvería a hablar en materia de vivienda porque, sin perjuicio de que nuestra posición vaya a ser de apoyo a este real decreto-ley, sí queremos señalar, señor ministro, un pequeño inciso o comentar una pequeña cuestión, pero de
trascendencia. Sin perjuicio de mostrar nuestra conformidad con el propósito de la medida, impulsar alquileres asequibles, debemos señalar que algunas de sus determinaciones y, en concreto, el inciso final del apartado dos, donde dice que ese
instrumento de colaboración podrá tener una duración de hasta ochenta años, y el primer inciso del apartado cuatro que determina que las viviendas destinadas al alquiler asequible o social podrán tener la consideración de viviendas de protección
pública de conformidad con los requisitos y características establecidas en el instrumento administrativo de colaboración, a nuestro juicio, podrían incurrir en excesos incompatibles con el reparto competencial de la materia y, por otra parte,
incluso pueden tropezar con las determinaciones del texto refundido de la Ley de Suelo y del Reglamento Hipotecario en cuanto a la duración máxima del derecho de superficie en el ámbito administrativo que se fija en setenta y cinco años. Ambas
cuestiones son competencia de quien ostenta competencias específicas en materia de vivienda por tratarse de aspectos directamente vinculados a ese ámbito sectorial de actuación pública autonómica, la vivienda, en el que el Estado no ostenta una
competencia específica. Por lo tanto, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, por este motivo entendemos que existe cierto ámbito digamos de poca clarificación competencial y, por ello, solicitamos su tratamiento como proyecto de ley,
sin perjuicio de entender que
sea admisible el resto de su contenido y que nuestra petición se limita simplemente a una precisión de acotar o de eliminar esas referencias a fin de poder clarificar el ordenamiento constitucional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Subo a la tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario en la convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, nada menos que el número 26 en tan solo seis meses. Está claro que este ha sido un periodo
excepcional que hemos vivido, pero igual de claro es el hecho de que muchos de esos reales decretos que hemos tenido que convalidar aquí son parches y rectificaciones que se podrían haber evitado a buen seguro desde el principio, si este Gobierno
hubiera escuchado a la oposición útil y responsable. Ministro, hacía mucho tiempo que no nos veíamos y siento tener que ser tan sincera; este real decreto para la reactivación económica del sector de los transportes y la protección de los
colectivos más vulnerables en el ámbito de la vivienda es un totum revolutum; muchas medidas, pocas respuestas. Por tanto, me gustaría conocer sus planes en relación con determinados asuntos tratados en esta norma.
Aprovechando que este real decreto-ley trae el reequilibrio económicofinanciero de los contratos de concesión de carreteras, sería bueno que informara a los españoles sobre cómo piensa atraer al sector privado a la necesaria colaboración
públicoprivada en materia de infraestructuras. Sinceramente, en mi grupo parlamentario creemos que todos sus intentos de contar con una importante colaboración por parte del sector privado serán del todo inútiles si no se aborda una reforma de la
Ley de desindexación. Mi grupo parlamentario ha presentado esta semana una proposición no de ley sobre este tema, y le invito a que la estudien con detenimiento en su Gobierno porque sin resolver el problema de la rentabilidad y los plazos de
concesión, no espere que ningún operador privado vaya con ustedes de la mano. Y ya que hablamos de carreteras, ministro, ¿le parece buena idea sortear la labor de una oficina independiente de evaluación de infraestructuras? Porque con la
permisividad de su colega, la ministra de Hacienda, pretenden ustedes sortear el único mecanismo de control técnico con el que cuenta nuestro país para construir infraestructuras conforme al criterio de la eficiencia. Si le parece una buena idea,
tenemos un problema mayor del que creíamos.
También este real decreto-ley incluye medidas en materia portuaria. Aprovechando que ustedes traen la moratoria de algunas tasas, yo les animó a traer en próximas ocasiones alguna norma que contenga una estrategia mucho más ambiciosa y
global para los puertos españoles. La labor de los puertos del Estado no es simplemente aumentar sus beneficios, sino gestionar la infraestructura para que nuestros puertos compitan con otros grandes puertos de Europa. Y ahora que hablamos de
puertos, le pido, señor Ábalos, como ministro competente en la materia y valenciano como yo, que deje de ponerse de perfil y se pronuncie abiertamente sobre la ampliación de la terminal del puerto de Valencia, porque mientras usted, el PSOE y el
PSOE valenciano -que gobierna en la Comunidad Valenciana- marean la perdiz, los señores de Esquerra siguen entrometiéndose en las cuestiones de la Comunidad Valenciana; la última vez, la semana pasada pidiendo la paralización de la ampliación de
esta infraestructura. Díganos, ministro, si de verdad su partido, que, como decía antes, también gobierna en la Comunidad Valenciana, apuesta por la competitividad y por la inversión o, por el contrario, piensa lo mismo que sus socios de Gobierno,
Esquerra Republicana y Compromís, que quieren seguir creando inseguridad jurídica y espantando a los inversores poniendo en riesgo una infraestructura clave para la Comunidad Valenciana, como es la ampliación de la terminal del puerto de Valencia.
Es imposible en siete minutos pararse en todas y cada una de las medidas que recoge este real decreto-ley, pero sí me quiero detener en las más llamativas o que más interrogantes suscitan. Resulta que este real decreto-ley en el que ustedes
introducen medidas de prevención sanitaria para viajeros y trabajadores en aviones y aeropuertos es de fecha 7 de julio; 7 de julio, nada menos que dos semanas después de la apertura de las fronteras y dos meses y ocho días después desde que yo
personalmente, en nombre de mi grupo parlamentario, le presentara y plantease a su Gobierno un plan integral en esta materia. Está visto que la norma de este Gobierno no es solo llegar tarde mientras nuestros aeropuertos son un coladero de posibles
viajeros infectados, sino llegar mal con medidas insuficientes. Me temo que en breve nos encontraremos aquí de nuevo con otro real decreto-ley parche que incluya correcciones y adiciones para poner en marcha más medidas. Ministro, para estar
preparados, le quiero preguntar si
desde su Gobierno piensan impulsar medidas complementarias en puertos, aeropuertos, estaciones de tren y de autobús, que nos permitan reaccionar con mayor celeridad. Porque podríamos hablar, por ejemplo, de que estas instalaciones tengan la
capacidad de hacer test rápidos, incluso test aleatorios para conocer estadísticamente cuántos casos estamos importando a través de nuestras estaciones de transporte; o, por ejemplo, podríamos hablar de esa app o aplicación de rastreo que dijeron
que empezaría a funcionar en breve y que seguimos esperando, cuando ya tenemos más de doscientos rebrotes en el país. En definitiva, ministro, vemos que el Gobierno aún no ha puesto en marcha todas las herramientas necesarias en el ámbito del
transporte y la movilidad para hacer frente a la pandemia.
Este real decreto-ley también recoge medidas en el ámbito de vivienda.
En este punto asistimos a lo que ya veníamos advirtiendo desde el comienzo, que no se pueden ligar medidas de protección a los sectores vulnerables al estado de alarma. Por ello, nos alegra que traiga estas medidas de prórroga de la
moratoria del alquiler o del pago de préstamos hipotecarios, de prórroga del bono social o de prórroga de la prohibición de suspender suministros como electricidad, gas o agua. Sin duda, es una gran noticia para muchas familias, autónomos y
empresas que siguen necesitando estas ayudas y pasándolo mal, pese a haber terminado el estado de alarma. Por otra parte, para mejorar el acceso a la vivienda, este real decreto permite la colaboración entre administraciones públicas y la
iniciativa privada facilitando la cesión de suelo público para la construcción de viviendas de alquiler asequible o social. En nuestro grupo parlamentario nos alegramos de que sigan los pasos en materia de urbanismo de aquellos ayuntamientos o
comunidades donde ustedes no gobiernan, como el Ayuntamiento de Madrid, pero sobre todo nos alegramos de que se alejen de las ideas comunistas de su socio de Gobierno. Parece que por fin dejan ustedes atrás eso de criminalizar a los arrendadores y
de intervenir el precio en el mercado del alquiler atajando el problema de raíz, que es la escasa oferta de vivienda asequible en aquellos sitios donde la demanda es muy elevada.
Señorías, señores del Gobierno, escuchen a la oposición, pero escúchenla de verdad. El consenso no es una consigna que ustedes puedan agitar para sacudirse la responsabilidad; el consenso es sentarse a negociar línea a línea si hace
falta...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Muñoz, debe finalizar.
La señora MUÑOZ VIDAL: Termino ya, presidente. Gracias.
El consenso es sentarse a negociar, línea a línea si hace falta, con aquellos que piensan o pensamos distinto. Miremos hoy a Bruselas, donde pese a la divergencia de las posturas se ha conseguido el acuerdo anteponiendo el interés general a
los intereses partidistas. Vuelvo a tenderles la mano en nombre de mi grupo para alcanzar acuerdos por el interés general. Cada vez que ustedes han escuchado a Ciudadanos, los beneficios han sido para todos los españoles, y saben que esto no es
una invitación vacía. Ministro, por todo lo anterior le informo que votaremos a favor de la convalidación de este real decreto-ley, pero solicitaremos su tramitación como proyecto para debatirlo e incluir las enmiendas que mejoren la norma.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Muchas gracias, señor presidente.
Una vez más se nos presenta un decreto que compendia medidas varias e inconexas y una vez más se quedan cortas. Algunas de ellas, efectivamente, son necesarias, aunque, a nuestro juicio, insuficientes. Otras, sin embargo, no pueden contar
con el apoyo del BNG pues van en la línea que no compartimos de dar ayudas a grandes compañías por la reducción de sus ingresos en el periodo del estado de alarma, sin atender a su situación financiera global. Decía Mertxe Aizpurua que con ustedes
nunca se llega a buen puerto, salvo las navieras porque estas sí ven reducidas las tasas, lo que supone rebajar los ingresos de las arcas públicas. Además, se prevé, por ejemplo, reequilibrar económicamente las empresas concesionarias de autopistas
considerando incluso aumentar el plazo de concesión. Concesiones ya amortizadas, como es el caso de la AP-9, no deberían contar con nuevas aportaciones de dinero público si no es para su rescate o la eliminación de los peajes abusivos; un
compromiso, por cierto, que han adquirido con el BNG, realmente con Galiza, y que estamos esperando que cumplan no nosotros, sino todos los gallegos y gallegas. Llama también la atención que utilicen este real decreto-ley para,
subrepticiamente, dejar de considerar a Enaire como medio propio dando un paso más hacia su privatización. Si realmente se pretende su reactivación, sería mejor dotarla de carga de trabajo y mantenerla en el sector público.
Termino. En definitiva, se sigue apostando por facilitar con bonificaciones, deducciones o rebajas fiscales la pervivencia de grandes empresas, pero para las clases populares, pymes y autónomos se sigue manteniendo la línea de aplazamientos
y moratorias -ahora ampliada, es verdad-; una medida necesaria, pero, como decíamos, insuficiente, por lo que el BNG se va a abstener.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene, a continuación, la palabra el señor Errejón Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le anuncio que vamos a votar a favor del real decreto, pero también de su tramitación como ley porque queremos que se atiendan, entre otras, dos cuestiones concretas que, aprovechando el tiempo de que dispongo, le voy a
plantear.
La primera tiene que ver con el tema del transporte. Estamos de acuerdo con las medidas, pero encontramos una ausencia clamorosa, que es la que tiene que ver con las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. El día 23 de junio, si no
recuerdo mal, estuvieron aquí, a las puertas del Congreso, los representantes sindicales y trabajadores de servicios de a bordo y de acompañamiento de Renfe, que llevan en un ERTE desde marzo y que están desde entonces en la incertidumbre por no
saber si tendrán empleo al que regresar y en una situación un poco absurda: se restablece el servicio con plena normalidad para los turistas y para los viajeros, están abiertos los bares en toda España, pero no el trabajo al que se dedican, las
cafeterías y el acompañamiento en los trenes. Están todavía en una situación de incertidumbre, ha pasado un mes desde que nos lo dijeron y están así desde marzo. Les pedimos encarecidamente que se ocupen de su situación concreta.
La segunda tiene que ver con la vivienda. Estamos de acuerdo con las medidas propuestas, pero nos parece que seguimos dando vueltas sin abordar la cuestión fundamental, que es que, más allá de la construcción de más vivienda, hay que
abordar la transformación del modelo inmobiliario español: en primer lugar, porque es una fuente permanente de angustia para la gente que vive en situación de emergencia habitacional; en segundo lugar, porque se come salarios y ayudas sociales que
podrían ir directamente al consumo. Hay muchas ciudades -esta, por ejemplo- en las que a la gente se le va hasta un 45 % de su salario en el alquiler. Y, en tercer lugar, porque es una especie de agujero negro de inversiones: en lugar de que
muchos recursos vayan para invertir en la economía productiva, acaban en una economía de bajo valor añadido.
Necesitamos crear un marco jurídico para que las inversiones no acudan siempre a la economía especulativa, sino a la economía productiva: a la energía verde, a la rehabilitación energética de las viviendas o a la economía del conocimiento.
Antes nos preguntábamos por qué no tener un laboratorio público español que estuviera investigando, porque el problema del modelo inmobiliario español es que se come muchos recursos útiles que tendrían que estar en la economía productiva. Desde que
se reabrieron los juzgados, el 4 de junio, está volviendo a haber desahucios. Hoy, felizmente, se han parado cuatro en Vallecas; ayer, otros tantos en Castellón. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca plantea dos cosas muy sensatas hasta que
haya una ley de vivienda: en primer lugar, un decreto para la paralización de los desahucios y, en segundo lugar, que las viviendas vacías que tienen la Sareb y Bankia, en los que hemos invertido dinero público, sirvan como parque de vivienda de
alquiler social temporal mientras dure la emergencia habitacional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A continuación, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Señor ministro, señorías, nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley esencialmente porque les dijimos al Grupo Socialista y al Gobierno que votaríamos favorablemente si había
un compromiso para su tramitación como proyecto de ley, porque entendemos que algunos aspectos son sensiblemente mejorables. Ante el compromiso del mismo ministro, obviamente, tienen nuestro voto a favor.
Algunas de las medidas que ustedes incorporan a este real decreto-ley han sido demandadas por nuestro grupo parlamentario. Por tanto, como pueden entender, las compartimos, aunque entendemos que en algún aspecto se quedan cortas, en otros
son sensiblemente mejorables y en otros, obviamente, discrepamos. Las facilidades que se dan a los transportistas para la moratoria en relación con los préstamos y leasing del transporte discrecional y del transporte de mercancías nos parece una
decisión acertada, igual que otras moratorias en relación con el tema de la vivienda.
Tenemos un problema muy específico en Cataluña -no sé si afecta a otras comunidades autónomas- en relación con la Inspección Técnica de Vehículos porque, como está planteada, ya solo por tener una comparecencia nos va a bloquear las
estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. Eso va a repercutir esencialmente en autónomos y empresas que tienen que pasar inspecciones de estos vehículos, y ahí vamos a plantear enmiendas.
Señor ministro, nosotros discrepamos de lo que ustedes establecen en el artículo 25. La verdad es que es muy difícil explicar a los ciudadanos, con la que está cayendo, que la solución para el reequilibrio de determinadas concesiones es
alargar el plazo de las autopistas. Eso es difícil de explicar y es difícil de compartir. Yo sé que ustedes van a argumentar que es la forma más barata de poder alcanzarlo, pero nosotros queremos profundizar en ello. Discrepamos en el
planteamiento, porque a la Generalitat de Catalunya se les han planteado también situaciones similares y se están negando a proceder a lo que es fácil, alargar el plazo de las autopistas unas semanas más, unos meses más, unos años más, unas veces
por unas razones y otras veces por otras. Ustedes comenzaron, de acuerdo con el compromiso de esta Cámara, liberando una parte de estas autopistas y nos parece contradictorio con el planteamiento que hacen.
Se lo ha dicho también mi compañero Errejón. Hace pocos días, aquí, recibimos a la representación sindical de más de dos mil trabajadores afectados por los servicios a bordo y restauración de trayectos de larga distancia; de estos dos mil
trabajadores, una parte importante están en Cataluña, y hoy están en ERTE. Pero lo peor es que no tienen un calendario claro de cuál es su situación laboral; un contrato que se interrumpió, que no está perfeccionado y que genera mucha
incertidumbre. Les pedimos que este tema -como otros temas en el ámbito ferroviario-, señor ministro, sean ágiles en solucionarlo. Se suspendieron muchos servicios, no hemos recuperado la normalidad, pero deberíamos recuperar la normalidad en la
prestación de estos servicios ferroviarios.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados.
Hace tiempo ya que advertimos que la falta de ambición y la provisionalidad en los reales decretos del Gobierno durante la pandemia provoca desconcierto y vacíos que hay que acabar corrigiendo posteriormente, mediante nuevos decretos. Y
aquí estamos, validando una disposición que aventuro que, en breve, deberemos modificar, como mínimo, en lo que a plazos se refiere.
No votaremos en contra porque recoge medidas imprescindibles, pero se quedan cortas, muy cortas, y, por ese motivo, nos vamos a abstener. Esta es nuestra principal crítica, la falta de valentía y de coraje para afrontar la realidad que nos
quedará después de la crisis de la pandemia, que proviene -y ahí es donde no coincidimos- de un sistema injusto, que era previo. Les repetimos una vez más: rompan el modelo de socialización de pérdidas y privatización de beneficios; reviértanlo
de una vez.
Con respecto a algunas medidas concretas, como el transporte por carretera, pese al anuncio inicial del ministerio de impedir la compensación a las empresas concesionarias por las eventuales pérdidas provocadas por la COVID, el Gobierno
autoriza ahora a que puedan solicitar una prórroga en los contratos de concesión para compensarlas. Lo ha comentado antes el diputado de Junts per Catalunya, pero nosotros vamos a interpretarlo al revés; como catalanes, nos indigna que abran la
puerta a prorrogar estos contratos de concesión y explotación de autopistas, que han generado beneficios millonarios durante las décadas que los hemos estado pagando, y que han sido sobradamente amortizadas. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Este es uno de los
motivos de no votar a favor.
Mientras se rescatan concesionarias, supongo que en un ejercicio de quid pro quo en compensación por las puertas giratorias, la Asociación de Transportes Discrecional y Turístico, Direbus, sigue denunciando
el olvido de su colectivo en todos los reales decretos que elabora este Gobierno. Se trata de un sector formado mayoritariamente por pymes y autónomos que emplea a unas 40 000 personas y que genera unos 2500 millones de euros al año. Por
favor, escuchen sus demandas y resuélvanlo.
Respecto a la vivienda, la ampliación no para la moratoria sino para su solicitud es claramente insuficiente, como lo es la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento en vivienda habitual y como lo es también la ampliación de
la garantía de suministros básicos. Lo peor de la crisis económica y de la crisis de vivienda está por llegar. El otoño va a ser un momento dramático en términos de emergencia habitacional. El 30 de septiembre está a la vuelta de la esquina y el
drama de la pobreza energética la empezaremos a ver cuando llegue el frío, y entonces tendremos que tomar nuevas medidas. Garantizar el derecho efectivo del acceso a la vivienda y a los suministros básicos será uno de los mayores retos a los que se
van a enfrentar todas las administraciones públicas, pero debemos ser conscientes de que la COVID ha agravado extraordinariamente una situación preexistente. ¿Qué pasará cuando se terminen los ERTE? Que van a empezar los desahucios. Hemos pasado
de la burbuja de las hipotecas a la burbuja del alquiler y el resultado continúa siendo el mismo: gente sin casa, pisos vacíos y desahucios salvajes.
Se puede y se deben tomar medidas ambiciosas. Buena prueba de ello es el acuerdo entre el Govern de la Generalitat -con la consellera de Justícia, Ester Capella, al frente- y el Sindicat de Llogaters, sindicato de arrendatarios, para
desarrollar un proyecto de ley que regule los precios del alquiler y frene la burbuja especulativa. En cambio, este real decreto sigue quedándose corto y plantea medidas muy por debajo de las expectativas de los ciudadanos y de los agentes
sociales. Se rescató a la banca, contra la más elemental justicia social, pero somos incapaces de rescatar a las familias y a las personas. ¿Cómo se explica, si no, que agentes como la PAH, que el pasado 7 de julio exigía al Gobierno un real
decreto para terminar con todo tipo de desahucios hasta, como mínimo, el 31 de diciembre de 2021, no tengan éxito, cuando es de sentido común si queremos proteger a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos?
Desde que se retomara la actividad judicial el pasado 4 de junio se han empezado a reactivar los desahucios, ya lo saben ustedes. En el primer trimestre, reducido a dos meses por la COVID, se produjeron casi 10 000 desahucios, lo que nos
sigue situando en una media de 200 desahucios diarios. ¿Lo han oído? 200 desahucios diarios con el Gobierno más progresista de la historia, con el Gobierno de la coalición PSOE y Unidas Podemos. No puede ser, no se puede afrontar esta situación
con parches, no se puede plantear la protección solo de las familias vulnerables por causa de la COVID, sino de todas las familias vulnerables, porque previamente al estado de alarma ya existía y podríamos haberla resuelto.
Recientemente, se publicó -todos ustedes lo conocen- el informe de Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, cuando aún ni había empezado la pandemia, quien alertó de que el índice de
asequibilidad de la vivienda de alquiler privada es uno de los más bajos de la OCDE y que el pago del alquiler representa una carga excesiva para, como mínimo, el 40 % de los inquilinos. Las medidas urgentes en el ámbito del acceso a la vivienda
que él propuso nos parecen indispensables: la dación en pago retroactiva, aumentar las inversiones en vivienda pública, gravar fiscalmente las viviendas vacías, los sistemas avanzados y flexibles para controlar los precios de los alquileres
especialmente en las grandes ciudades, adoptar medidas para frenar el acceso especulativo a los mercados de la vivienda por parte de fondos buitre, y el resto que tiene que ver con suministros a familias vulnerables y no vulnerables, que ustedes ya
conocen. Sabemos que coincidimos, lo que no entendemos es por qué no lo ponen en el BOE, que es donde debería estar, y eso es lo que les preguntamos: ¿por qué?, ¿cuál es la razón por la que este bagaje de protección, que sabemos que compartimos,
no se transforma en legislación?
En cualquier caso, termino porque veo que ya no me queda tiempo. Durante mis cincuenta y dos años de vida y estos seis meses que llevo en el Congreso se han esforzado en explicarme cuál debe ser mi país, cuál es mi país. Mi país lo decido
yo, mi patria la decido yo. Hay una organización política, que se llama Esquerra Republicana del País Valencià, que está perfectamente legitimada para hablar en nombre del País Valencià, y mi patria, mi nación va desde Salses a Guardamar y de Fraga
a Maó, y nadie me lo va a cambiar. (Aplausos). Pero es que, además, somos ecologistas y protegemos cualquier territorio de la depredación y por eso seguiremos negándonos a facilitar la ampliación del puerto de Valencia.
Moltes gràcies. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mayoral Perales. (Rumores). Señorías.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señor presidente. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, señor Mayoral. Señorías, por favor, guarden silencio y escuchemos al interviniente.
El señor MAYORAL PERALES: En primer lugar, me gustaría trasladar un abrazo fraterno a todas las personas afectadas por la COVID. En este real decreto se introducen algunos elementos en los que creo que deberíamos pensar a la hora de ver
cuáles van a ser los elementos estructurales de futuro del país que queremos.
Esta crisis sanitaria ha puesto delante de nosotros y nosotras una realidad: la realidad de la vulnerabilidad de la vida, de la interdependencia y de que existen elementos materiales esenciales para que la gente pueda vivir dignamente y
para poder afrontar una cuestión de salud pública como esta. Desde el primer día, la vivienda y los suministros se convirtieron en un elemento central para la salud pública, y creo que eso es algo que nos debería hacer pensar sobre cuál es el
futuro que queremos para nuestro país, pero hablaré de esto más adelante.
Quería referirme a tres cuestiones relacionadas con los temas que nos ocupan y que me parecen importantes. En primer lugar, nosotros creemos que es muy importante reforzar y apoyar a las empresas públicas, y en particular a Renfe, porque,
independientemente de la liberalización, quien va a garantizar el servicio público de transporte ferroviario en nuestro país va a ser Renfe. Aquellas operadoras que vengan, vendrán a chupar y cuando no tengan que chupar, saldrán corriendo. La
única operadora que va a garantizar el transporte en nuestro país es Renfe. Por eso, estamos de acuerdo en que hay que reforzar y apoyar a esta empresa pública con determinación, y no solo con esto, sino que tenemos que pensar en más cosas para
reforzar el servicio público de transporte en nuestro país. (Aplausos). Creemos que es necesario reforzar la empresa pública, pero el principal valor que tiene la empresa pública es su plantilla, y nosotros y nosotras queremos trasladar nuestro
abrazo solidario a los dos mil trabajadores y trabajadoras de a bordo de Renfe. (Aplausos). Quien ha trabajado durante veinte años en Renfe y para Renfe es Renfe, y uno de los objetivos de la empresa tiene que ser el mantenimiento de todos los
puestos de trabajo de la gente que ha sostenido la empresa durante tanto tiempo.
En segundo lugar, queríamos hacer una llamada de atención al ministerio, en concreto, por la necesidad que tiene el servicio de rescate marítimo del cuarto tripulante en el momento en el que nos encontramos. Creemos que es fundamental, lo
están reclamando las plantillas, es un momento importante, es un servicio público importante y pensamos que hay que escucharles en estos momentos.
Y en tercer lugar, y referido también al transporte, hay Gobiernos autonómicos que están haciendo una apuesta muy clara por los fondos buitres en el transporte urbano de viajeros, que están abriendo la puerta a regular para proteger a
buitres que se llevan el dinero a Holanda. Necesitamos pensar estrategias compartidas desde la sede de la soberanía popular para defender un sector estratégico como el taxi frente a los buitres que se llevan el dinero a los paraísos fiscales.
(Aplausos).
Como decía al principio, cuando iniciamos esta crisis se puso en evidencia que la necesidad de cumplir las observaciones generales del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, que plantea la prohibición de los
desalojos forzosos sin alternativa habitacional, era un elemento central para abordar una cuestión de salud pública como la que tenemos delante de nuestros ojos. Eso significó que por primera vez nuestro país se acercara a cumplir con nuestras
obligaciones internacionales en esta materia. Quedan muchas cosas por hacer. Creo que el movimiento popular nos está dando todos los días lecciones que nos tienen que hacer reflexionar en esta Cámara sobre la necesidad de ser más ambiciosos para
garantizar que no se produzca ningún desalojo sin alternativa habitacional. (Aplausos).
Durante esta pandemia hemos visto cómo se comportaban los fondos buitre; hemos visto cómo en Benta Berri, en Euskadi, en Donosti, precisamente a través de un modelo que se había planteado de derechos de superficie y de vivienda protegida,
termina la protección de la vivienda pero continúa el derecho de superficie. Y, ¿qué ocurre? Que durante la pandemia se coacciona desde las socimis con echar a los inquilinos a la calle con cartas amenazantes. No son las únicas amenazas que se
producen desde las socimis y los fondos buitres contra los inquilinos; se les amenaza con subidas abusivas, cuando son empresas que no pagan impuestos en nuestro país. Es necesario que, de una vez, estas empresas empiecen a pagar impuestos y que
respeten los derechos de la gente de nuestro país.
En ese sentido, creo que es muy importante que nosotros y nosotras entendamos que aquí tenemos una responsabilidad frente al conjunto de la población, que hay fuertes y débiles, y el Estado está para proteger a los débiles. Para eso se
conforman, supuestamente, los Estados y eso significa que a veces
hay que pisar callos, y eso significa que a veces hay que torcerle el morro a algunos que piensan que la vivienda es simplemente una mercancía, igual que hay que torcerle el morro a la patronal del agua, que reclamaba que se volvieran a
hacer cortes de agua a la población de nuestro país. Hay que decirles con muchísima claridad que el problema no es que no se hagan cortes, sino que haya concesiones privadas de agua para un servicio esencial al conjunto de la población, que no
vamos a consentir que se corte el agua y que se van a garantizar los suministros al conjunto de la población. (Aplausos).
Somos plenamente conscientes de que estos decretos son solo medidas temporales y nosotros y nosotras creemos que es necesario que sirvan para hacer una reflexión estructural que ponga la vivienda en el centro, que garantice que la vivienda y
los suministros se conviertan en un derecho esencial para el conjunto de la población. Y para eso hay que decirles también a las empresas con capital público, como la Sareb, que no se desahucia en crisis humanitaria, que no se desahucia en una
emergencia sanitaria como la que tenemos ahora, que así no se invierte el dinero público y que tienen que cambiar sus formas de relacionarse con la población de nuestro país. (Aplausos). Y eso significa que hay que empezar a hablar de cómo se
articula el parque público; eso está en nuestro acuerdo de Gobierno, que las viviendas de la Sareb tienen que ser una herramienta útil para la articulación del parque público que necesita este país. Eso sabemos que va a levantar ampollas, sabemos
que hay gente a la que no le va a gustar, a esos que tienen un plan, el plan de la aporofobia, el plan para 250 000 personas que viven en precario en este país a los que se les plantean unas leyes en las que se les condena de uno a tres años de
cárcel simplemente...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar.
El señor MAYORAL PERALES: Voy terminando.
... por utilizar la res derelictae. Frente a la derecha gorila es necesaria una política democrática que defienda a las mayorías sociales de este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De las Heras Fernández. (Aplausos).
La señora DE LAS HERAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, por la salud auditiva de los parlamentarios yo utilizaré otro tono. (Aplausos). El real decreto-ley funda su urgencia en la crisis sanitaria del COVID y sus efectos socioeconómicos en los ámbitos tanto del
transporte como de la vivienda. En primer lugar, no podemos pasar por alto la afirmación contenida en su exposición de motivos, donde se dice que la respuesta a la pandemia se estructuró en torno a dos instrumentos constitucionales: la declaración
del estado de alarma y las medidas adoptadas en su virtud y los sucesivos reales decretos adoptados. Porque, a pesar de que se trate de instrumentos constitucionales, no lo es el uso que se hizo de ellos, pues ni el estado de alarma ni los reales
decretos-leyes pueden restringir derechos y libertades constitucionales. A fecha de hoy podemos decir que se han vulnerado la libertad religiosa y de culto, la libertad en sí, la libertad de circulación, de reunión, de manifestación, de expresar y
difundir libremente opiniones y la no censura. Nada menos que las libertades contenidas en los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución; no una, sino cinco libertades constitucionales vulneradas por reales decretos-leyes. (Aplausos). Y
es el propio real decreto-ley que hoy debatimos el que, en su exposición de motivos, afirma que la limitación a la circulación de personas impuesta por los anteriores reales decretos ha producido un efecto negativo en la economía, haciendo
necesarias las medidas que hoy nos traen. Sin embargo, no han sido limitaciones en determinadas horas o lugares, sino confinamiento total. Es decir, el Gobierno suprimió la libertad constitucional de circulación por instrumentos no habilitados
para ello y, encima, esa supresión inconstitucional es la que ahora ha generado unos perjuicios que debe reparar. Han impedido a la gente ganarse el pan. Han destrozado la economía, señores del Gobierno. Lo más triste es que tenían la solución.
Si hubiesen cerrado las fronteras con China y con Italia cuando VOX se lo pidió, no habrían tenido que restringir derechos fundamentales ni se habrían cargado la economía. (Aplausos). No saben gobernar, y si me equivoco, lo disimulan muy bien. Y
cuidado, señores del Gobierno, porque ahora se avecinan demandas de responsabilidad patrimonial que utilizarán su propia fundamentación del real decreto.
Por su parte, determinadas comunidades autónomas vienen limitando derechos constitucionales por resoluciones de su Ejecutivo, como es la utilización de mascarillas a pesar de mantenerse la distancia de
seguridad. PCR masivos no, pero mascarillas obligatorias, aun manteniendo la distancia de seguridad, sí. Cambien de asesores que, por cierto, además, son los mismos que no parecen dar importancia a las medidas que promulgan, porque don
Fernando Simón pasó un buen sábado de surf en una playa sin mascarilla y en plena oleada de rebrotes. (Aplausos).
Entrando a valorar las medidas en cuestión, si bien encontramos diversas medidas relacionadas con el transporte o la vivienda, lo cierto es que, dentro de la amalgama tan prolija, encontramos beneficios fiscales al premio de Fórmula 1, la
supresión de la exención parcial del impuesto de sociedades a las autoridades portuarias modificando la Ley de Puertos del Estado y la del impuesto sobre sociedades, la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual o la comercialización de
derechos de explotación del fútbol profesional. Lo más extraño es, tal vez, la conjunción de diversas medidas relacionadas con la navegación aérea, sin relación alguna con la crisis o su impacto. Estas modificaciones constituyen la apertura de
conceptos jurídicos obligacionales que obedecen a una potestad reglada para convertirse en una potestad discrecional, cuya aplicación hoy en día resultaría arbitraria; simplificación de trámites administrativos lo llaman. Es decir, se convierte al
arbitrio del Gobierno en legal por la vía de la modificación, eso sí, de urgencia.
En cuanto a la modificación del real decreto por el que regulan las actividades de salvamento, la justifican en dar la respuesta rápida que exigen estas emergencias. Yo querría saber si se refieren a la rapidez con la que el señor
presidente paralizó las labores de salvamento para su uso personal, como hizo en Mallorca cuando retiró el helicóptero que buscaba al desaparecido para usarlo él, o a las dos horas que estuvo la nave parada mientras lo esperaba porque se retrasó su
llegada en Falcon. Todas estas medidas tendentes a permitir una amplia potestad discrecional del Gobierno sobre la navegación aérea o de aseguramiento legal ad libitum, carecen de relación de congruencia alguna con el COVID y su impacto
socioeconómico. ¿Cuál es, pues, esta urgencia? Parece que quisieran traer más maletas de Delcy Rodríguez. Por cierto, no sé si he mencionado que el real decreto es a propuesta de los ministros Ábalos Meco y Pablo Iglesias. El primero de ellos
levantó los controles del aeropuerto para permitir la entrada a la número dos de la narcodictadura de Nicolás Maduro, y no hace falta recordar quién está siendo investigado por Estados Unidos por posible vinculación con este régimen; saquen sus
propias conclusiones.
A mayores, se habilita de forma expresa al señor Ábalos a dictar disposiciones y desarrollar el contenido de este decreto-ley, lo que, según los principios de la buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante, lo cual tampoco sucede en este real decreto. En síntesis, no se dan los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad
que exige la utilización del real decreto-ley. Este totum revolutum de medidas comprende unas tendentes a paliar los efectos negativos no del COVID, sino de sus medidas anteriores, es decir, de su nefasta gestión -y gracias por reconocerlo en la
exposición de motivos-, y otras que abren la puerta a la arbitrariedad sin relación alguna con la crisis sanitaria. Chantajean condicionando medidas que podrían ser válidas a la aceptación de aquellas que les convienen en un debate que solo cabe a
la totalidad. La democracia se basa en el Estado de derecho y la separación de poderes y con este real decreto-ley están vulnerando los dos.
Preguntémonos cuántas empresas han tenido que cerrar por su nefasta gestión, cuántas medidas reales han ido destinadas a las familias y cuántas a las pequeñas y medianas empresas. El caos o yo, dijo De Gaulle en 1958, y eso es lo mismo que
hace este Gobierno: o se aceptan sus medidas partidistas o tendremos caos porque no se aprobarán las necesarias. En VOX no nos arrodillamos ante nadie y menos aún si median amenazas o chantajes. Hemos llegado para poner fin al totalitarismo y por
eso vamos a votar en contra de la imposición, votaremos no al real decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Vox, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Lorite Lorite.
El señor LORITE LORITE: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Señor ministro, el Gobierno trae a la Cámara para su convalidación el Real Decreto-ley 26/2020, un texto normativo que debería constituir un instrumento para la reactivación económica de los sectores vinculados a la movilidad, el transporte,
la logística, la construcción y la vivienda, los cuales han sido impactados de forma muy grave por los efectos de la crisis consecuencia de la pandemia. Sin embargo, esta norma adolece de una indisimulada falta de compromiso y de una patente
ausencia de diálogo con
las organizaciones profesionales. Este real decreto-ley, pobre, insuficiente y cicatero, ha terminado por convertirse en la materialización, desde un punto de vista legislativo, de la ausencia de gestión del ministro Ábalos; en definitiva,
una norma sin rumbo y sin ambición, a imagen y semejanza del titular del ministerio. España necesita un ministro a jornada completa; usted lleva dos años ausente de las materias que ha de gestionar su ministerio, su prioridad es ejercer como
secretario de organización del Partido Socialista y el conjunto de la sociedad termina padeciendo esto.
En materia de transporte aéreo, se ha propiciado una perniciosa incertidumbre y falta de seguridad, con propuestas erráticas, como las cuarentenas de dos semanas para viajeros internacionales, que han supuesto una tremenda irresponsabilidad.
Cuando se ha rectificado, el daño ya estaba hecho y muchos potenciales visitantes habían encontrado otros destinos turísticos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con absoluta lealtad institucional, le hizo llegar la
propuesta de que fuera obligatoria la realización de una prueba diagnóstica PCR de coronavirus en origen. Ante esta propuesta, su única reacción fue presentarse nuevamente en Barajas. Cada vez que visita usted el aeropuerto monta un espectáculo
poco edificante. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Al episodio de las maletas y su reunión de madrugada con la número dos del régimen dictatorial de Venezuela le ha seguido un nuevo episodio aeroportuario en el que, lejos de garantizar
la salud de los viajeros y trabajadores, su único objetivo fue insultar con ese estilo que tanto le caracteriza a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien estaba proponiendo responsable y lealmente un protocolo con el que se podrían evitar
contagios y riesgos epidemiológicos. Sin embargo, se promulga esta norma en la que únicamente se introducen como medidas de control sanitario para los pasajeros internacionales las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea,
declaración responsable, control de temperatura y algo tan poco riguroso como el control visual sobre el pasajero. No se abordan cuestiones tan necesarias para el futuro de las líneas aéreas como las reducciones de las tasas de AENA por aterrizaje
y estacionamiento y las de Enaire por navegación aérea o la necesidad de elevar la garantía del Estado en las líneas ICO del 70 al 90 %.
En el transporte marítimo esta norma prevé una serie de medidas de reducción de tráficos mínimos establecidos en los títulos concesionales y de las tasas portuarias de ocupación y actividad, pero limita estas reducciones al ejercicio 2020
cuando la actual situación de crisis se mantendrá al menos hasta 2021.
La situación de merma y debilitamiento de los servicios ferroviarios es alarmante. Debido a las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma fue necesario suspender la circulación de los trenes hotel, reducir drásticamente
la oferta de frecuencia en el transporte ferroviario o la práctica eliminación de los servicios de a bordo en los trenes de alta velocidad y larga distancia, lo que afecta a un total de 2000 empleados. Sin embargo, no es de recibo que aún no se
hayan repuesto lo servicios que se ofertaban antes de la declaración del estado de alarma, algo que está afectando a todo el territorio nacional, especialmente a las zonas rurales, pues este servicio vertebra y cohesiona nuestro país. Han
pretendido ustedes reducir incluso los complementos salariales a los empleados de Renfe; recortes, recortes y recortes que imponen en el transporte ferroviario utilizando como excusa el COVID para eliminar servicios deficitarios. (Aplausos).
La demanda del transporte de viajeros por carretera ha caído durante el estado de alarma en más de un 90 % y las empresas piden establecer el límite para circular de los vehículos en dieciocho años, homologándose así al resto de países de la
Unión Europea, moratorias fiscales y aplazamientos de cuotas a la Seguridad Social, a lo que no hace referencia la presente norma.
El sector del taxi , Señor Ábalos, ni siquiera se menciona en este texto normativo, discriminándolos en las moratorias para los contratos de préstamo, leasing y renting de renovación de flota.
En las medidas relativas al ámbito de la vivienda, constata el texto legislativo que las ayudas anunciadas en los reales decretos anteriores eran un mero producto de marketing gubernamental sin dotación económica suficiente.
Señor Ábalos, con esta regulación ha vuelto a demostrar su falta de compromiso y de sensibilidad con los sectores implicados, ha vuelto a dejar claro que usted está en otras cosas y no en la gestión del ministerio del que es titular. Tiene
que asumir su responsabilidad y dar cuenta de estas inaceptables carencias normativas como también de los turbios asuntos en los que su departamento se ve inmerso a menudo.
Señor ministro, hace algo más de dos años inauguró usted una época subiendo a esa tribuna. Desde aquí, con el desahogo que le caracteriza, presentó una moción de censura basada en falsedades. Acusaba usted entonces al Gobierno del PP de
corrupto a sabiendas de que en ninguno de sus miembros había la más mínima tacha. Hoy la sombra de la corrupción se cierne sobre su ministerio y valga como ejemplo lo que pasa con la carretera de Ávila en su contrato de conservación y
mantenimiento. (Aplausos). Por eso
usted tiene que dar explicaciones, porque cada vez que gobierna el Partido Socialista la sombra de la corrupción se cierne sobre su Gobierno. Dé explicaciones ya de este supuesto nuevo caso Ábalos o su silencio podría interpretarse como
complicidad.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lorite. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, presidenta.
El debate ha empezado tranquilo, pero veo que se ha ido calentando conforme han ido interviniendo otros portavoces. Es cierto que el compañero y amigo de Unidas Podemos Rafa Mayoral grita mucho, le pone mucha pasión a sus intervenciones,
pero voy a reconocer que prefiero los gritos de Rafa Mayoral que el silencio que niega la violencia machista de los dirigentes de VOX. Lo prefiero mil veces. (Aplausos). Y voy a reconocer que me sorprenden las palabras de algunos diputados, sobre
todo del Grupo Parlamentario Popular. Cada vez que intervienen en esta Cámara utilizan los mismos argumentos una y otra vez. Al ministro siempre le acusan de ser secretario general, que es algo de lo que estamos muy orgullosos todos los
socialistas, y de que no dedica tiempo al Ministerio de Transportes. (Rumores). ¿Cómo puede no dedicar tiempo, haber conseguido desescalar la situación complicada del transporte y, a la vez, garantizar la restricción de movilidad para evitar que
la pandemia siguiera avanzando en este país? Yo me pregunto cómo lo ha hecho. Tiene que ser Superman para tener la capacidad de ser secretario de organización de nuestro partido -sí, me he equivocado antes; no pasa nada- y la capacidad de
gestionar un ministerio como este.
Yo voy a reconocer a todos los trabajadores, sobre todo a los trabajadores del sector del taxi, que dieron el callo, que llevaron enfermos a hospitales y que ven cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere regular contra ellos.
(Aplausos). Señor Lorite, ¿cómo puede tener la valentía de nombrar a los taxistas, que están cada día denunciando la situación en la Comunidad de Madrid? ¿En qué mundo vive?
También voy a reconocer que me sorprende cuando en esta Cámara y en esta legislatura se utilizan permanentemente los términos comunista y socialcomunista para intentar descalificar a alguien. ¿Dónde está el legado de Adolfo Suárez que
defendían Ciudadanos y el Partido Popular? ¿Dónde está la defensa de un partido democrático que, además, defiende la igualdad entre ciudadanos? Yo soy socialdemócrata, pero reconozco que cada vez que escucho en esta Cámara determinada terminología
intentando descalificar ni la entiendo ni la comprendo y creo que vivimos en mundos radicalmente distintos.
Hoy tenemos que felicitarnos porque es un día histórico para España y un día histórico para Europa, y eso es gracias a la labor que ha hecho el presidente del Gobierno y todo su Gobierno para conseguir algo que era justo. (Aplausos). Hoy
los socialistas nos sentimos orgullosos de este Gobierno, hoy los españoles nos sentimos orgullosos de ser españoles y, lo que es más importante, hoy los españoles nos sentimos orgullosos de ser europeos, porque tenemos la esperanza de que esta
crisis no va ser como la anterior. ¿Recuerdan la gestión del señor Rajoy? ¿Recuerdan cómo vivimos la crisis?
Además, cuando el Grupo Parlamentario Popular habla aquí de trenes, reconozco que como extremeño me echo a temblar. ¿El Partido Popular defendiendo los trenes cuando recortó en la mayoría de este país los servicios que garantizaban la
igualdad de oportunidades? (Aplausos). Señores del Grupo Parlamentario Popular, no pueden dar ejemplo, con que por lo menos no vengan aquí a intentar dar lecciones. Han hablado de los trabajadores del servicio de a bordo de Renfe. Nosotros
también los defendemos; es más, el ministro se implicó para que en el estado de alarma, en una situación muy compleja, cuando se podían ver con un contrato que terminaba, ese contrato se prorrogara. Recuerdo la época de Iñigo de la Serna con el
conflicto de los trabajadores de Ferrovial. Cuando nosotros le pedimos al ministro que interviniera, ¿sabe lo que nos dijo, señor Lorite? Nos dijo que era un problema entre empresas y trabajadores, que el Gobierno no tenía nada que ver. Por eso,
reconozco que me sorprenden algunas intervenciones que hacen los dirigentes del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara. Parece que vienen de otro mundo. A veces tiene uno la sensación de que han aterrizado de Marte en los últimos tiempos y no
se han dado cuenta de que hemos vivido una pandemia, que estamos en una situación muy complicada y que lo que toca en política a día de hoy es arrimar el hombro y no aprovechar la oportunidad, como han intentado en este tiempo, para tumbar al
Gobierno. ¿Saben en qué estaba este Gobierno? ¿Saben en qué estaba este ministerio? En intentar tumbar al virus. Lo que les pedimos es que se sumen y que trabajen con nosotros porque todavía queda mucho trabajo por hacer. Los españoles se
merecen un Gobierno responsable y una oposición digna de ser representante de todos ellos y creo sinceramente que en este tiempo no lo han
sido y que muchos españoles no se sienten orgullosos de lo que han visto en esta Cámara. Por eso no hay que avergonzarse de los gritos, sino que hay que avergonzarse de las políticas. En la crisis anterior, mientras que este Gobierno se ha
dedicado a intentar rescatar a las familias y protegerlas de los desahucios, el Gobierno de Mariano Rajoy lo que hizo fue rescatar a los bancos. Existe una gran diferencia con este Gobierno de izquierdas. Sabemos que no les gusta, pero asuman que
quedan tres años de legislatura y asuman la posición de oposición. Pueden intentar arrimar al hombro.
Como he dicho, quiero terminar haciendo un reconocimiento a todos esos trabajadores que dieron la cara, a los estibadores que en este tiempo han estado cada día descargando barcos para que todos pudiéramos tener todas las mercancías
necesarias, esos estibadores a los que el Gobierno del Partido Popular e Íñigo de la Serna nunca quisieron escuchar. Estamos muy agradecidos por la labor que han hecho los camioneros en este país; sabemos que la han desarrollado en una situación
de muchas dificultades y sabemos además que hay que escucharles. Este Gobierno está escuchando permanentemente al Comité Nacional de Transporte por Carretera. Sí, lo hace. ¿Es cierto que no se han tomado todas las medidas que se podrían haber
tomado? Es cierto. ¿Es cierto que todavía queda mucho por hacer? Es cierto. Pero quiero enviar a la gente que depende del sector del transporte un mensaje claro para el futuro: este Gobierno y este partido van a seguir trabajando para que
tengan certidumbre sobre lo que puede venir. Los particulares, las empresas y las familias necesitan certidumbres de futuro. Este Gobierno trabajará con ellos, como ha estado trabajando para intentar solucionar cada uno de los problemas que han
surgido y están surgiendo. Además, no nos temblará el pulso para eliminar cualquier elemento que pueda contener cualquier tipo de corrupción. Han sacado aquí el tema de la corrupción, y lo saca el Partido Popular para dar lecciones. El mismo día
que surgió la noticia, el ministerio apartó al funcionario y abrió una investigación. ¿Se imaginan al Partido Popular de Rajoy haciendo eso? ¿Se imaginan al Partido Popular condenando la corrupción? (Aplausos). ¿Se imaginan al Partido Popular
atajando algo por lo que nos han hecho sentirnos poco orgullosos, ser parte de un país en el que su Gobierno era condenado por corrupción? Sinceramente, creo que no.
Termino dando las gracias, como decía, a todos los que han hecho posible que las cosas hayan seguido funcionando. Pido coherencia, pido comprensión y pido empatía, que nosotros la intentaremos tener con todos los sectores que sufren esta
situación. Seguiremos trabajando para intentar solucionar sus problemas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000010).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los excelentísimos señores diputados. Para la presentación de la
iniciativa tiene la palabra la señora presidenta de la Comisión del Estatuto de los Diputados, Nasarre Oliva.
La señora NASARRE OLIVA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, en mi condición de presidenta de la Comisión del Estatuto de los Diputados intervengo para la presentación del dictamen acerca de las declaraciones de actividades formuladas por los miembros de esta Cámara. Pero antes de valorar
el contenido del asunto que hoy sometemos a votación, deseo pedir disculpas en nombre de la Comisión por la tardanza en la conclusión del presente dictamen. La Comisión del Estatuto de los Diputados tenía previsto aprobar este trabajo a mediados
del mes de marzo, pero la crisis sanitaria del COVID-19, que ha tenido lugar a nivel mundial, nos impidió cumplir el calendario previsto. Posteriormente, la tramitación de otro dictamen en esta Comisión, que se sometió al Pleno hace unas semanas,
supuso también un nuevo retraso. Lamento profundamente los contratiempos que haya supuesto para sus señorías.
El dictamen que hoy me corresponde presentar fue aprobado por unanimidad, palabra reseñable y necesaria, en la sesión de la Comisión celebrada el pasado 25 de junio. En dicha reunión se dictaminaron las declaraciones formuladas por los 350
diputados y diputadas que en aquel momento formaban parte del Congreso. Todas las declaraciones presentadas en el registro de la Cámara hasta el 25 de junio de este año
han sido incluidas en dicho dictamen. El documento que hoy se somete a votación cuenta con la misma estructura que los dictámenes de actividades que se han tramitado en pasadas legislaturas. Dicha estructura cuenta con un primer apartado
en el cual se incluyen los criterios generales que la Comisión del Estatuto de los Diputados considera que deben aplicarse para determinadas causas de incompatibilidad de los diputados y las diputadas. Dichos criterios, como no podía ser de otra
forma, se emiten en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 155 a 160 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que son la base jurídica de los trabajos de la Comisión en relación con sus declaraciones de actividades. La Comisión del
Estatuto acordó mantener los criterios interpretativos acordados en las pasadas legislaturas en cuestiones como la compatibilidad del ejercicio de la función parlamentaria con la condición de miembro del Gobierno, la presencia en órganos de
dirección de los partidos políticos, la producción literaria y artística o la pertenencia a las corporaciones locales, por ponerles algunos de los ejemplos más comunes. También se ha decidido continuar en los mismos términos con las actividades
docentes o el desempeño de actividades en el sector privado, como el ejercicio de la abogacía. Sin embargo, fruto de las nuevas realidades a las que nos enfrentamos y la evolución propia de nuestra sociedad, debemos adaptarnos. Por ello, se han
añadido nuevos criterios generales en torno a actividades que antes no estaban formuladas, considerándose, por ejemplo, que la percepción de ayudas por maternidad o paternidad en sus diferentes formas debe ser compatible con la condición de diputado
en la medida en que se trata de ayudas regladas que se otorgan a través de un procedimiento objetivo y cuya recepción no guarda relación alguna con la actividad parlamentaria de los políticos. Lo mismo se ha acordado en relación con la percepción
de ayudas en sus diferentes formas vinculadas a la situación de dependencia, viudedad o que traen causa por haber sido víctimas del terrorismo.
Sigo con la estructura del dictamen. En el segundo apartado se recogen de manera individualizada todas las actividades declaradas por sus señorías, indicando en algunos casos los límites a los que debe someterse la declaración de
compatibilidad. Una cuestión de enorme importancia es la absoluta objetividad e imparcialidad con que se ha llevado a cabo el análisis de las declaraciones de las actividades presentadas. El debate de la Comisión no se produjo con la vista puesta
en uno u otro diputado o diputada, sino que lo primero que se hizo fue fijar los criterios generales, que se nos aplican a todos. Este dictamen, señorías, es objetivo, adaptándose a la realidad actual y en cada uno de ustedes es el resultado de la
estricta aplicación de los criterios generales, que fueron fijados por la Comisión antes de debatir los casos concretos.
Como podrán ver, los dictámenes emitidos en relación con los 350 integrantes de la Cámara son de compatibilidad. En algunos casos se trata de una compatibilidad pura y simple y en otros casos, de una compatibilidad condicionada, como por
ejemplo en los casos del ejercicio de la abogacía, que, como saben, no pueden conllevar la percepción de ingresos procedentes de las administraciones públicas. La inexistencia de dictámenes de incompatibilidad es el resultado del buen trabajo
durante estos meses de los servicios de la Cámara. En este sentido, en nombre de la Comisión quisiera ponerlo en valor. Dichos servicios se han reunido con un elevado número de diputados y diputadas para pedir aclaraciones en torno a algunas
solicitudes de compatibilidad formuladas. Sus señorías han tenido que renunciar a actividades que desempeñaban en el momento de tomar posesión para poder adecuar su situación a las exigencias legales que a todos nos impone la ley. Señorías, quiero
en este punto agradecerles también su disposición. Siempre que han sido requeridos en relación con sus declaraciones de actividades me consta que han mostrado la máxima colaboración posible.
Antes de finalizar, quiero trasladar mi reconocimiento a la señora García Tejerina, vicepresidenta de esta Comisión. Le deseo lo mejor en su nuevo destino.
Concluyo agradeciéndoles nuevamente su colaboración con los trabajos de la Comisión del Estatuto de los Diputados para la elaboración del presente dictamen. Asimismo, quiero aprovechar la ocasión para poner esta Comisión, su Comisión, a la
entera disposición de sus señorías para resolver cualquier duda o cuestión que se les pueda suscitar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Nasarre.
Ningún grupo parlamentario intervendrá en este punto, así que suspendemos la sesión hasta mañana a las nueve.
Muchas gracias y buenas tardes.
Eran las ocho y veinte minutos de la noche.