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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 214, de 04/10/2022
cve: DSCD-14-PL-214
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 214
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 206
celebrada el martes,
4 de octubre de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página5)
Inclusión en el orden del día:
- Avocación de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley por la que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la
recuperación económica y social de la isla de La Palma (procedente del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 115-1, de 12 de septiembre de 2022. (Número de expediente 121/000115) ...
- Proyecto de Ley por la que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad (procedente del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio). 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 119-1, de 12 de septiembre de 2022. (Número de expediente 121/000119) ... (Página6)
- Proyecto de Ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural
(procedente del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 120-1, de 12 de septiembre de 2022. (Número de expediente 121/000120) ... (Página6)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades ciudades autónomas:
- De la Asamblea de la Comunidad de Madrid, para la modificación de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones; de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, para luchar contra el antisemitismo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 241-1, de 13 de mayo de 2022. (Número de expediente 125/000015) ... (Página6)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de la radio, la televisión y el servicio público de noticias de titularidad estatal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 219-1, de 28 de enero de 2022. (Número de expediente 122/000196)
... (Página19)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 496, de 12 de septiembre de 2022. (Número de expediente
162/001079) ... (Página32)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Pérez), sobre actualización de los costes tipo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 507, de 30 de septiembre de 2022. (Número de expediente 162/001096) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Guitarte Gimeno), sobre la aplicación de un plan de trabajo a distancia para el sector público que contribuya a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. (Número de expediente
173/000171) ... (Página46)
- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que adoptará el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para implementar la Agenda 2030 en España. (Número de expediente 173/000172) ... (Página55)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades ciudades autónomas. (Votación) ... (Página62)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página63)
Corrección de error ... (Página63)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de que el orden de debate de las
interpelaciones sea el siguiente: en primer lugar, la del Grupo Parlamentario VOX; en segundo lugar, la del Grupo Parlamentario Republicano; en tercer lugar la del Grupo Parlamentario Mixto (señor Mazón Ramos), y en cuarto lugar, la del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. Se aprueba por asentimiento.
Inclusión en el orden del día ... (Página6)
Asimismo, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la inclusión de un nuevo punto en la sesión del jueves, antes del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con un señor
diputado, referido a las solicitudes de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de las siguientes iniciativas legislativas:
Proyecto de Ley por la que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la
recuperación económica y social de la isla de La Palma (procedente del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio).
Proyecto de Ley por la que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad (procedente del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio).
Proyecto de Ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural
(procedente del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto).
Se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades ciudades autónomas ... (Página62)
De la Asamblea de la Comunidad de Madrid, para la modificación de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones; de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, para luchar contra el antisemitismo ... (Página62)
En turno a favor intervienen la señora Negro Konrad, del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, y el señor Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, del Grupo Parlamentario VOX en Madrid, representantes de la Asamblea de
Madrid.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, y Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los
señores Baldoví Roda y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; los señores Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Ruiz Navarro, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
la señora Marcos Domínguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor González Caballero, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hace uso de la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página19)
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de la radio, la televisión y el servicio público de noticias de titularidad estatal ... (Página19)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); el señor Rego Candamil y la señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Plural; los señores Álvarez i García, del Grupo Parlamentario Republicano; Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común; Sánchez del Real, del Grupo Parlamentario VOX, y Carazo Hermoso, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Raya Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página32)
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público ... (Página32)
Defiende la proposición no de ley el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario
Plural, y Medel Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Steegmann Olmedillas, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Andrés Añón, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Díaz Gómez.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Pérez), sobre actualización de los costes tipo ... (Página40)
Defiende la proposición no de ley la señora Fernández Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Jover Díaz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor
Rodríguez Almeida, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y González Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Fernández Pérez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página46)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Guitarte Gimeno), sobre la aplicación de un plan de trabajo a distancia para el sector público que contribuya a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación ...
Defiende la moción el señor Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada intervienen la señora Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y el señor Fagúndez Campo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Espejo-Saavedra Conesa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural,
y Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Contreras Peláez, del Grupo Parlamentario VOX, y Herrero Bono, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Hace uso de la palabra el señor Guitarte Gimeno.
Asimismo interviene para manifestar su aceptación o rechazo de la enmienda presentada.
Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que adoptará el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para implementar la Agenda 2030 en España ... (Página55)
Defiende la moción la señora Nevado del Campo, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario
Plural; Cortés Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Alonso Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Villagrasa Quero, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades ciudades autónomas. (Votación) ... (Página62)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, para la modificación de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones; de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, para luchar contra el antisemitismo, se aprueba por 283 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página63)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de la radio, la televisión y el servicio público de noticias de titularidad estatal, se rechaza por 67 votos a favor, 173 en contra y
101 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de que las interpelaciones se
debatan conforme al siguiente orden: puntos 30, 29, 28 y 31 del orden del día.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN Y SE PRORROGAN DETERMINADAS MEDIDAS PARA RESPONDER A LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA EN UCRANIA, PARA HACER FRENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA, Y PARA LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ISLA DE LA PALMA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 11/2022, DE 25 DE JUNIO). (Número de expediente 121/000115).
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS Y SE MEJORA LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 13/2022, DE 26 DE JULIO). (Número
de expediente 121/000119).
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE, EN MATERIA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO, ASÍ COMO DE MEDIDAS DE AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA DEL GAS NATURAL
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 14/2022, DE 1 DE AGOSTO). (Número de expediente 121/000120).
La señora PRESIDENTA: Asimismo, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir como nuevo punto de la sesión del jueves, antes del dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con un señor diputado, las solicitudes de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas
para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma; del proyecto de ley por la que
se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad, y del proyecto de ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de
becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DE LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 38/2003, DE 27 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES; DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO; Y DE LA LEY ORGÁNICA 1/2002, DE 22 DE
MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN, PARA LUCHAR CONTRA EL ANTISEMITISMO. (Número de expediente 125/000015).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos, ahora sí, con el debate de toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de la Comunidad de Madrid para la modificación de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones; de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, para luchar contra el antisemitismo.
Es por ello que nos acompañan en la tribuna diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid, a quienes damos la bienvenida al Congreso de los Diputados. Asimismo, nos acompañan para presentar esta iniciativa, y como parte integrante de la
delegación que defenderá la propuesta, dos diputados, a quienes también quiero darles la bienvenida. Sin más, les voy a dar la palabra para presentar la iniciativa.
En primer lugar, tiene la palabra doña Almudena Negro Konrad.
La señora REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Negro Konrad): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, fue un 27 de enero de 1945 cuando el mundo asistió horrorizado a las imágenes que aún hoy siguen fijas en las retinas de todos cuantos amamos la democracia y la libertad. Novecientos mil judíos fueron exterminados en Auschwitz y
otros cinco millones lo fueron en el resto de campos. En el programa de NSDAP de Hitler, presentado en el año 1920, se hablaba de separar a los judíos de la sociedad aria, así como de abolir todos sus derechos y libertades. Solo un camarada
nacional puede ser ciudadano y solo alguien con sangre alemana puede ser ciudadano. Por lo tanto, ningún judío puede ser ciudadano. Esto es lo que afirmaban los nacionalsocialistas.
Este principio político fue acompañado de propaganda antisemita que incitaba al odio y que culminó en las leyes raciales de Núremberg y en los campos de exterminio de la llamada 'solución final', de la que aquí, estoy segura, todos
abjuramos. Es deseo de todos los demócratas que capítulos tan oscuros de la historia de la humanidad no vuelvan a repetirse jamás. (Aplausos).
En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó en el año 2019 una resolución de condena de los totalitarismos, comunismo y nacionalsocialismo, que asolaron Europa el pasado siglo XX. Nosotros rechazamos las ideologías colectivistas que
pretenden crear un hombre nuevo, apuestan por la ingeniería social, prometen un paraíso terrenal y siempre, indefectiblemente, acaban sumiendo a las sociedades en la pobreza y en la miseria, cuando no en el crimen.
Señorías, lamentablemente, estamos asistiendo en Europa a un repunte de ese antisemitismo. La mayoría de las sinagogas se encuentran rodeadas de cordones de seguridad y los atentados antisemitas se multiplican. El informe Experiencias y
percepciones de antisemitismo de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala que más del 30 % de los judíos que residen en países como Bélgica, Alemania, Holanda, Suecia, Reino Unido, Hungría, Italia, Polonia, España,
Dinamarca o Austria no se sienten seguros y quieren emigrar.
En nuestro país no son pocos los municipios en los que se han aprobado, en los Plenos, mociones que establecen que no se contrate a ninguna empresa, entidad ni organización ni ningún producto que sea israelí o que tenga relación con el
pueblo judío. Deportistas, cineastas o empresarios han visto rechazada su contratación. En Molins de Rei, en Barcelona, la selección israelí de waterpolo no pudo competir con la española porque lo prohibía una de estas mociones que incitan al
odio, denominadas ELAI, y que han sido declaradas ilegales por nuestros tribunales en al menos ochenta y cinco ocasiones.
Además, estamos observando que se están creando asociaciones en nuestro país que, bajo supuestos principios humanitarios, lo que hacen es sumarse a campañas judeófobas o transmitir a la sociedad el antisemitismo moderno, asociaciones que se
nutren de dinero público de todos los españoles.
La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto logró que en mayo de 2016 un total de treinta y un países, entre los que se encuentra España, adoptasen una definición práctica de antisemitismo. En este sentido, ya el año siguiente
el Parlamento Europeo presentó una resolución contra el antisemitismo animando a diputados de parlamentos nacionales, como son ustedes, y regionales, así como a todos los líderes políticos -y cito textualmente- a reaccionar frente a todas las formas
y todas las manifestaciones de antisemitismo.
El antisemitismo, según la definición que ha aprobado España, es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia ellos. En este sentido, las manifestaciones de antisemitismo pueden incluir ataques contra el Estado
de Israel cuando es concebido como una colectividad judía.
Ejemplos contemporáneos de antisemitismo explícitamente contemplados en La Alianza para la Memoria del Holocausto se observan en la vida pública, en los medios de comunicación, en las escuelas, en los lugares de trabajo o en la esfera
religiosa.
Señorías, debemos de hacer realidad la declaración adoptada por el Gobierno de España en 2016, porque la deshumanización y demonización y la cosificación colectivista contenida en las iniciativas de exclusión de Israel, de sus empresas,
ciudadanos y actividades en nuestro país, lo único que buscan es criminalizar de modo generalizado al judío colectivo y al único Estado judío. Basta ya de la llamada Tolerancia Represiva marcusiana de honda raíz marxista que sirve a algunos para
justificar la violencia y la discriminación. En la Asamblea de Madrid el único grupo que se opuso a esta iniciativa -¡qué sorpresa!- fue Podemos. (Aplausos).
Señorías, no se puede financiar con dinero público estos comportamientos intolerables en democracia. Por eso les pedimos la modificación de los puntos 2 y 5 de la Ley General de Subvenciones, así como la
modificación de los artículos 71.1, 72.2 y 73.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, y también la de los puntos 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación.
Señorías, en contra de los que hablan de un problema global de discriminación, el Holocausto y el antisemitismo son una problemática de discriminación con la suficiente entidad para merecer una modificación legislativa de nuestro
ordenamiento jurídico sin mezclar otras cuestiones. El nazismo -ustedes lo saben- fue solo una de las manifestaciones del antisemitismo y el antisemitismo precedió al nacionalsocialismo. Es por eso que les pedimos, señorías, en la sede de la
soberanía nacional, la necesidad de recoger de forma expresa en la legislación aplicable española la prohibición de contratar o de obtener la condición de beneficiario de una ayuda pública o de actuar como entidad colaboradora para todo tipo de
entidad que incurra en prácticas discriminatorias vinculadas con ese repugnante antisemitismo.
Señorías, el odio y la discriminación con nuestro dinero no.
Shalom. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Negro.
En segundo lugar, y también para presentar la iniciativa, tiene la palabra don Pablo Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes. (Aplausos).
El señor REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes): Gracias, señora presidenta.
Señorías, cincuenta y nueve ayuntamientos de Podemos se han dedicado recientemente a declarar sus municipios como espacios libres de apartheid israelíes. Prácticamente todas esas resoluciones han sido ya anuladas, obviamente, por los
tribunales por llevar a cabo una discriminación sectaria, xenófoba, ilegal e inconstitucional. Se trata de una campaña de auténtico señalamiento, acoso e intimidación contra toda persona o entidad que sea israelí o que tenga relación con el Estado
judío: artistas, comercios y eventos. Señorías, si no fuera por el odio que hay detrás de esto, sería verdaderamente ridículo. La han emprendido contra Joaquín Sabina, por su complicidad directa y repetida con el apartheid, contra el Festival de
cine de San Sebastián, contra el Primavera Sound y contra Mayumaná, el grupo que da conciertos con tambores.
Resulta obvio que detrás de esos espacios libres de presencia judía e israelí está el mismo discurso, las mismas actitudes del nacionalsocialismo, y la misma parafernalia, simbología de la Alemania nazi de los años treinta del juden frei.
Por eso la proposición que trae al Congreso la Asamblea de Madrid va de creer o no creer de verdad en la no discriminación del artículo 14 por todos los motivos que están allí enunciados, señorías, y en demostrar que la violencia nunca es
aceptable y nunca es justificable, la sufra quien la sufra y la cause quien la cause. (Aplausos).
Esperamos que esta Cámara tome en consideración la propuesta que trae la Asamblea y que la apruebe tras su tramitación, con respeto siempre por parte de VOX, por supuesto, a la soberanía nacional, la verdad, la libertad religiosa, los
católicos y los cristianos también y sus convicciones, que nunca podrían ser incompatibles con esta ley.
En el Parlamento de Madrid, Podemos votó en contra, y Podemos 2, es decir, Más Madrid, y el PSOE se abstuvieron. Señorías, reproducir aquí esa actuación supondría que vuelven a distinguir entre violencias buenas y violencias malas, unas que
esconden e incluso justifican, cuando no las promueven o las realizan directamente; que diferencian entre víctimas de las que hay que hablar y víctimas a las que despreciar, y que pretenden decir a los demás quién, y cuándo, puede vejar, pegar,
secuestrar e incluso matar y que hay delincuentes que tienen justificación y otros que no. Y lo hacen en esta materia con una actuación de discriminación y acoso que llaman BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones, que llevan a cabo desde las
instituciones. Para ello han creado y financiado con dinero público todo un entramado de entidades y asociaciones -esas estructuras paralelas de resistencia que defendía Errejón, nuestro antiguo compañero en la Asamblea- que buscan directamente
discriminar, hostigar y criminalizar a personas y grupos de personas exclusivamente por su religión o su condición judía o israelí o por la mera relación con ellas. (Aplausos). Estos ataques y esta discriminación son una muestra clarísima de
intolerancia, de racismo, de discriminación, de xenofobia y de incitación al odio, y no es nada nuevo, señorías, porque algunos desgraciadamente llevan haciéndolo tiempo y lo siguen haciendo hoy. Quien fuera concejal de Podemos, Ahora Madrid,
escribió (muestra un tuit) lo siguiente: 'Amigos, @lulm nos lee desde Estado de Israel, que no se sabe para qué necesita tanto espacio si cada persona ocupa un montón de ceniza'. En el mismo día se mofaba de las niñas violadas de Alcàsser y de
víctimas del terrorismo diciendo (muestra
otro tuit): '¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero'. También dijo lo siguiente: 'Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos'. De esto estamos
hablando, señorías. Y como muy posiblemente piensen o digan que ese señor ya dimitió o le hicieron dimitir por sus comentarios impresentables, tenemos a la actual portavoz de Más Madrid que nos dice (muestra otro tuit): 'Israel tiene derecho a
defenderse ¿de qué?' De esto estamos hablando, señorías, y de que algunos de ustedes tienen un problema grave con el antisemitismo como, por cierto, ha puesto de manifiesto Giorgia Meloni, ganadora de las elecciones italianas estos días.
Para evitar estas actuaciones, España suscribió el acuerdo de antisemitismo establecido internacionalmente por la IHRA, la institución internacional de mayor proyección y prestigio, que está integrada por treinta y un países, entre otros,
por España. Esta proposición de ley hace que España tome una acción legislativa necesaria a la que se ha comprometido. La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, refrendó esta declaración y el Gobierno socialista no ha tomado
ninguna acción legislativa que haga efectivo ese compromiso. Concretamente, para que esta acción sea efectiva, lo que proponemos es proceder a la reforma de Ley de Contratos del Estado, de la de subvenciones y de la de asociaciones para que
obviamente no se beneficien de dinero público, de ayudas, de contratos ni de subvenciones públicas las entidades que realizan estas nuevas formas de discriminación odiosa como el BDS. (Aplausos).
Señorías, la lista de excusas para legitimar estos acosos y para no apoyar esta iniciativa es ya muy conocida, principalmente que el BDS y que estos espacios libres de apartheid -curiosamente espacios libres de apartheid, dicen- no actúan
contra personas, sino contra un Estado, curiosamente solo el de Israel, lo cual no es verdad porque ya hemos comprobado que hostigan y discriminan también a personas. ¡Qué habrá hecho el pobre Joaquín Sabina, que la verdad es que es poco fachoso!
Por supuesto, luego no promueven contra los demás Estados ni entidades una actuación mínimamente análoga a esta, a la que proceden, y no lo hacen estos días con Palestina ni con Irán para pronunciarse sobre el terrorismo, por ejemplo, que sufren los
israelíes. Por ejemplo, el señor Errejón o Podemos no tienen ese tiempo ni ese prurito, como no lo tienen para la cristianofobia ni para condenar o pronunciarse, al menos en algo, sobre los ataques y asesinatos que sufren los cristianos en el
mundo. (Aplausos). Con la represión y los asesinatos de mujeres por los ayatolás han estado callados y calladas un tiempo y les ha costado un dolor pronunciarse contra países como Irán, que son exquisitos en materia de lo que ustedes llaman
género, como es sabido por todos.
Recientemente se ha celebrado el Día Europeo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo. Por tanto, para terminar, a los que están viendo nazis por todos los sitios y por cada esquina, les decimos dos cosas: una, que no lleven a cabo
actuaciones idénticas a las del nacionalsocialismo y que aprueben una ley en este sentido y, dos, que hay dos ideologías que han sido expresamente condenadas por Europa por ser gravemente contrarias a las libertades, los derechos, la dignidad humana
y el Estado de derecho: el comunismo y el nacionalsocialismo. Pues bien, ni en esta Cámara ni en la de Madrid hay ningún nazi ni ningún partido nazi, pero sí, curiosamente, comunistas, leninistas y estalinistas con actuaciones primas hermanas de
los nazis.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez de Cabiedes.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Permítanme saludar a los representantes de la Asamblea de Madrid que acaban de intervenir y también a los que nos acompañan desde la tribuna de invitados, y agradecer a la Cámara autonómica su
iniciativa porque a partir de ella se nos da la oportunidad de poder debatir y votar aquí, en el Pleno del Congreso, un asunto de importancia. Además, es un tema que, visto el detallado y amplio preámbulo que acompaña a la proposición de ley,
considero que está bien planteado, por lo que ya adelanto que votaré favorablemente su toma en consideración para que las Cortes Generales puedan abordar la modificación de diferentes leyes y contribuir con ello a la lucha contra el antisemitismo.
Existe un antisemitismo rampante, alertó hace unas semanas el presidente francés, Emmanuel Macron, con motivo del aniversario de la redada del Velódromo de Invierno en París, organizada en julio de 1942. Han pasado ochenta años desde
entonces, desde aquellos terribles acontecimientos en el
marco de un Holocausto que no cabe olvidar jamás ni ceder ante quienes quieren negarlo; la humanidad se lo debe a los millones y millones de víctimas de las barbaries y persecuciones contra los judíos y otras etnias.
Señorías, como han explicado los diputados autonómicos que me han precedido en esta tribuna, resulta una inquietante evidencia que el mundo está retrocediendo peligrosamente hacia la parte más oscura y tenebrosa del túnel del tiempo. En
muchas partes del mundo, también en Europa, se reiteran los atentados, los actos vandálicos, los incidentes y las amenazas contra las sinagogas, los centros de culto, los monumentos y los lugares conmemorativos, así como una escalada en las
manifestaciones de odio y desprecio hacia los judíos. En España nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y los tribunales se esfuerzan en la persecución de delitos, con las redes sociales y las nuevas tecnologías de comunicación como epicentro de
los discursos de odio, desinformación y propaganda.
Además, en una variante que afecta a las instituciones democráticas de nuestro país, se reiteran los acuerdos políticos en los que, bien por acción o bien por omisión, se promueve la discriminación de las minorías, en este caso de la judía,
y no solo en Madrid, como pudiera deducirse por la procedencia parlamentaria de esta iniciativa, sino también en otras comunidades. Incluso en Asturias, mi comunidad autónoma de procedencia, encontramos muestras de tibieza frente a quienes
promueven campañas de judeofobia. En Gijón, la localidad donde resido y población más numerosa de la región, el Pleno de su ayuntamiento aprobó, en enero de 2016, una declaración de la ciudad como espacio libre de apartheid israelí, atendiendo a
los objetivos del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), organizado mundialmente por el denominado Comité Nacional Palestino. Tan desafortunada y funesta declaración salió adelante no solo por impulso de varios grupos municipales, sino
también por el despiste y la falta de atención de los demás, de ahí la relevancia de estar alerta y expresarse sin titubeos, abstenciones o pretextos frente a todas las propuestas con tintes antisemitas contrarias a nuestra Constitución y al derecho
internacional. Por cierto, con el tiempo un juzgado consideró que la declaración municipal gijonesa carecía de efectos jurídicos frente a los administrados y, de hecho, menos de un año después de aquel episodio ya se había jugado con toda
normalidad y con absoluto respeto hacia el equipo visitante en El Molinón un partido oficial entre las selecciones de fútbol de España e Israel.
Señorías, como ya se ha dicho, casi un centenar de municipios españoles se han adherido en los últimos años a campañas contra Israel con declaraciones e iniciativas de corte antisemita. Con relativa frecuencia la presencia en España de
equipos deportivos o grupos artísticos es acompañada de aberrantes intentos de boicot, lo que en la práctica desanima a los posibles espectadores, dificulta la celebración de competiciones, disuade la contratación de artistas y espectáculos
culturales o busca perjudicar unas relaciones comerciales que son excelentes. No obstante, repito, hay quien incide en el antisemitismo. Señalaré como llamativo que Castrillo Mota de Judíos, un pequeño pueblo burgalés, ha sufrido varios ataques de
inequívoca autoría antisemita tras haber cambiado su nombre en 2015. Van siete ataques vandálicos desde que el lugar dejase de denominarse Castrillo Matajudíos.
Como ya se ha reseñado, desgraciadamente se producen muestras de antisemitismo, y de ahí que resulten pertinentes los cambios legislativos que se proponen desde la Asamblea de la Comunidad de Madrid para combatirlas. En este sentido,
conviene recalcar que la Constitución española establece en su artículo 14 la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Por tanto, resulta inaceptable que se produzcan hechos contrarios a este mandato sacrosanto del capítulo segundo que nuestra Constitución dedica a derechos y libertades y, desde luego, es igualmente
inaceptable que se utilicen fondos y recursos públicos para subvencionar y apoyar a organizaciones cuyo modus operandi es una patente deriva hacia el antisemitismo, como demuestra fehacientemente su historial y los hechos que promueven. En España
tenemos que ser inflexibles frente a la siembra perversa de delitos de odio, más aún cuando se perpetran con amparo de instituciones y entidades públicas de todo rango, que se convierten en colaboradoras necesarias, muy a menudo extralimitándose en
sus competencias, como acaban determinando inequívocamente los tribunales de justicia.
En definitiva, estoy de acuerdo con la propuesta que llega de la Asamblea de la Comunidad de Madrid para modificar las leyes que regulan las subvenciones y los contratos públicos, al objeto de inhabilitar a aquellas entidades que realizan en
España prácticas discriminatorias. Por lo tanto, votaré favorablemente la toma en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos una iniciativa, como se ha dicho, para modificar la ley de contratos y la de subvenciones a fin de recoger prohibiciones a quienes incurran en prácticas discriminatorias o antisemitas o, dicho de una manera más englobadora, a
quienes incurran en discursos de odio y discriminación, que son precisamente quienes fomentan, promueven e incitan al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo o una persona determinada de ese grupo por motivos racistas,
antisemitas, otros referentes a la ideología, religión, creencias, situación familiar, pertenencia de sus miembros a etnia, raza o nación, su origen nacional, sexo, orientación o identidad sexual o por razones de género, enfermedad o discapacidad,
taxonomía o clasificación de los discursos de odio y discriminación, señorías, ciertamente amplia y que ya conocemos en nuestro ordenamiento, en el que se cita expresamente el antisemitismo como una especie del género. Así se encuentra en el Código
Penal, en su artículo 510, y en la recientemente aprobada, en el pasado mes de julio, Ley 15/2022, integral para la lucha por la igualdad de trato y la no discriminación, donde se establece, entre otras cosas, la nulidad de pleno derecho en las
disposiciones, actos y cláusulas de las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas contra la igualdad de trato y no discriminación. Por último, en su artículo 37 también se establece que las administraciones públicas no subvencionarán ni
prestarán ayudas a aquellas personas físicas o jurídicas sancionadas por resolución administrativa firme por alguna de las infracciones calificadas por la ley o que dispongan actividades o finalidades que atenten, alienten o toleren prácticas
calificadas como infracciones a la norma, y regulación similar se encuentra para las contrataciones públicas.
En definitiva, señorías, el ordenamiento jurídico del Estado con la aprobación de la citada Ley 15/2022 ha dado un importante paso anticipado en la dirección que se apunta en la iniciativa que debatimos y que apoyaremos en su toma en
consideración a fin de incorporar en la Ley de Contratos del Sector Público una nueva prohibición para contratar a los condenados mediante sentencia firme por delitos de odio o discriminación o sancionados por resolución o sentencia firme por
infracción sobre lo dispuesto en la citada Ley 15/2022, del pasado julio, así como para incorporar en la Ley General de Subvenciones similares previsiones.
Señorías, específicamente en relación con el antisemitismo, quiero recordar que no es algo pasado, sino algo latente y persistente en las sociedades europeas, junto a otras muchas formas de discriminación y rechazo a lo diferente y a los
diferentes: racismo, xenofobia, homofobia, romaníes, musulmanes. Se ha trabajado y se sigue trabajando contra el antisemitismo, pero debemos continuar haciéndolo para su erradicación y frente a cualquier otra forma de discriminación, siendo
cuidadosos, eso sí, respecto al uso indebido de las leyes contra la discriminación y los discursos de odio para impedir manifestaciones de la libertad de expresión, tal y como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues oponerse a las
políticas del Estado de Israel no puede per se ser considerado antisemita cuando aquellas sean contrarias a los derechos humanos o incumplidoras del derecho internacional, al igual que críticas similares dirigidas contra cualquier otro país, pues
esto no sería perjuicio, hostilidad o violencia contra personas judías por el hecho de serlo o contra instituciones judías por ser judías. En definitiva, señorías, en el conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a no ser discriminado,
tal y como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha de tenerse en cuenta el contexto en el que se realiza la crítica.
Quiero finalizar recordando un caso excepcional y muy hermoso protagonizado por mi ciudad, Vitoria-Gasteiz, en palabras del que fuera agregado cultural de la Embajada de Israel. Como ustedes conocen, el 27 de junio de 1642 la aljama de
Vitoria-Gasteiz, que era la mayor del norte de Castilla, antes de emprender el exilio hacia Francia y el Reino de Navarra tomó la última decisión de ceder a la ciudad su cementerio, bajo el compromiso de que nunca fuera arado por respeto a la paz de
sus muertos. Pues bien, el mismo día y mes, cuatrocientos años después, en 1952, el presidente del consistorio israelita en Bayona, Francia, que se consideraba heredero de aquel exilio que mayoritariamente tomó camino de Francia, liberaba a la
ciudad de Vitoria-Gasteiz del compromiso con estas palabras: 'Durante años habéis mantenido el respeto a nuestros muertos; recibid por ello nuestro agradecimiento y la bendición de nuestro Dios.' Hoy en día el lugar sigue sin edificarse, es un
parque público con su nombre histórico, Judimendi, el monte de los judíos, con una obra de la escultora israelí Yael Artsi titulada Convivencia, en piedra extraída de las canteras de Jerusalén, en recuerdo de la estancia de los judíos en la ciudad y
como símbolo del reencuentro entre culturas, donde rezan unas palabras del profeta Isaías en euskera, hebreo
y castellano que dicen: 'Y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra.'
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, quiero saludar a las personas que nos acompañan hoy en la tribuna, compañeros de la Asamblea, organizaciones y activistas que trabajáis por la defensa de la igualdad.
Tenemos que tener en cuenta que las comunidades de judíos han contribuido al desarrollo político, económico, científico y cultural de Europa desde hace más de dos milenios. Son una parte fundamental de la identidad de nuestro continente,
una Europa que se fundó bajo los valores del respeto por la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, la ley y el respeto por los derechos humanos, incluyendo los derechos de aquellas personas que pertenecemos a minorías, y una Unión
Europea que se fundó para vivir en paz y en democracia tras las guerras provocadas por las dictaduras nacionalistas, que desembocaron en la persecución de los judíos y el terrible Holocausto. Y, señorías, de eso estamos debatiendo hoy en esta
Cámara, de la vuelta del problema del antisemitismo, una forma específica de intolerancia, irrespeto, desprecio, rechazo y negación de la realidad judía y que refiere a conductas que van desde la estigmatización, segregación, discriminación,
hostilidad, violencia y crímenes de odio hasta el exterminio total que vimos en el Holocausto.
La propia Unión Europea ha aprobado recientemente la estrategia de lucha contra el antisemitismo para el periodo 2021-2030, que tiene tres pilares: prevención y lucha contra toda forma de antisemitismo, protección y apoyo a la vida judía en
la Unión Europea, y pedagogía, investigación y memoria del Holocausto. En ella se establece la creación de instrumentos, diseños de políticas, seguimiento, formación y recursos, y se ha elaborado con la participación de las comunidades judías y las
ONG que trabajan contra el antisemitismo. Por ello, en Ciudadanos consideramos pertinente el proyecto de ley que hoy debatimos y que procede de la Asamblea de Madrid, donde fue aprobado hace poco. Es más que pertinente y apunta en una dirección en
la que todos y todas debemos caminar juntos: acabar con la discriminación de las minorías y los discursos de odio. Se trata de una ley que busca establecer un cambio en la normativa vigente que imposibilite que se puedan otorgar o recibir ayudas,
contratos o subvenciones públicas en aquellas entidades que realicen prácticas discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia social, haciendo especial hincapié en el antisemitismo. Pero que
digamos esto en esta Cámara y que actualmente nos lo estemos evitando me parece totalmente irreconocible, porque ¿cómo vamos a apoyar en un Estado de derecho que defiende la igualdad de todos los ciudadanos a aquellas entidades que están haciendo
prácticas discriminatorias? ¿Cómo deberíamos actuar? Sin duda, claramente, que es impidiéndolo, porque tenemos que realizar un bloqueo a todo discurso de odio, a todo ataque de odio, y en ello no debemos contribuir ni una pizca, señorías.
La legislación actual no es del todo clara, porque habla de que se prohíbe expresamente a las asociaciones que promuevan el odio y la discriminación que reciban ayuda pública pero no queda claro si lo pueden hacer otras entidades u entes que
no son estrictamente asociaciones y pueden incurrir en este tipo de conductas. Y, señorías, les digo que aquellos que quieren realizar discursos y atentados de odio contra las personas judías, al igual que contra otros colectivos, se saben
organizar de otra forma. Por lo tanto, en muchas ocasiones son inteligentes y lo hacen con entramados para recibir ayudas y poder seguir realizando sus actuaciones violentas. Así pues, es totalmente pertinente y ajustado a la realidad que hoy
estemos hablando en esta Cámara de esta normativa. Entendemos que es lógico que los mismos supuestos de inhabilitación a la hora de recibir subvenciones también afecten a este tipo de organismos y entidades que lo que quieren es promover conductas
y comportamientos discriminatorios.
En Ciudadanos siempre hemos defendido, y lo vamos a seguir haciendo, la igualdad de todas las personas, independientemente de su raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición, y lo hemos demostrado. Siempre vamos a ser defensores
de las minorías que se ven perseguidas y oprimidas por este tipo de actos discriminatorios. La historia, señorías, nos ha demostrado a lo que pueden llevarnos los discursos de odio y discriminación. Es necesario que seamos contundentes a la hora
de penalizar y juzgar a aquellas asociaciones, entidades y entes que promuevan los discursos de odio. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, a la que España ya se sumó en 2008, ya ha logrado que treinta y un países en el año 2016
adoptaran la definición práctica de antisemitismo. Este es el odio a los judíos, pero
las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a personas judías y no judías. En la tribuna de invitados está mi compañero Esteban Ibarra, ya que juntos hemos trabajado mucho en materia de lucha contra la
discriminación, y ¡anda que no ha sufrido represalias y ataques únicamente por defender la igualdad de las personas judías! Por lo tanto, soy consciente de aquellas instituciones, entidades, asociaciones y personas que solo se ven atacadas por su
defensa. Europa -ya lo hemos dicho- fue clara en su estrategia 2021-2030. Señores del Gobierno, Partido Socialista, lo que les pido es que haya una ejecución de esa estrategia, porque todavía no tenemos un interlocutor válido a nivel institucional
ni aún hay un plan de acción con el que realmente estar ejecutando esa estrategia a la que debemos dar cumplimiento.
En definitiva, en Ciudadanos nos mostramos a favor de esta propuesta de la Asamblea de Madrid, y, además, queremos que en el trámite de enmiendas nadie, absolutamente nadie aminore la repulsa y la defensa de esta normativa. No nos podemos
permitir ninguna entidad que promueva prácticas de odio o discriminación contra cualquier minoría. Es imposible que las reciban y se beneficien de las ayudas públicas. Por lo tanto, estamos muy a favor de que bloqueemos esta práctica
discriminatoria.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: 'Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier.' Repito: 'Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier.' Esto se oirá este fin de semana en el festival o el aquelarre este que organiza VOX porque han invitado a un rapero
que canta esto. (Rumores). Han invitado a otro que en uno de sus temas reproduce el discurso de un líder neonazi. Y, además, la Fundación DENAES, creada en 2006 por Santi Abascal, hace propaganda de un libro que exalta a la División Azul, esa que
fue a combatir con los nazis para defender justamente lo contrario de lo que hoy presentan. Es más, el portavoz adjunto de VOX en la Asamblea de Madrid, Henríquez de Luna -cuánta gente de VOX tiene el apellido compuesto; yo creo que la España que
madruga se llama Gómez, Pérez, Martínez, López, pero estos nombres así tan compuestos solo los tiene, en exclusiva, VOX-... (protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor BALDOVÍ RODA: Este portavoz, Henríquez de Luna, legitimó la marcha de la División Azul. Son solo tres ejemplos de la desvergüenza y el cinismo de esta ultraderecha desfasada. Y lo digo por el atrevimiento de presentar esto: que
no podrán ser beneficiarios de subvenciones los que discriminen por varias razones.
Pues, oigan, ustedes están promoviendo el odio, están promoviendo la discriminación. ¿En serio que esto lo votó VOX en la Asamblea de Madrid? ¿En serio que esto lo va a votar VOX? Será un notición: VOX vota a favor de que le quiten las
subvenciones. Como promueve la discriminación e incita al odio, le quitaremos las subvenciones. De categoría, que dicen los valencianos. Votaré a favor. VOX incita a la violencia, lleva a un tío que va a decir que peguen a Jorge Javier; VOX
promueve el antisemitismo con la División Azul -ya lo hemos dicho-, y VOX lanza mensajes de odio contra los menores no acompañados, a los que responsabilizan de todos los delitos. Por tanto, que se apruebe esto y a ver si quitamos a VOX esa teta
que se alimenta de todas las mamandurrias, promoviendo el odio contra toda la gente de bien.
Moltes gràcies, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes.
Creo que en primer lugar nos toca dar la bienvenida a los representantes de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, tanto a la delegación como a quienes encontramos en referencia al punto del orden del día sobre este proceso de iniciativa
legislativa que viene de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. También es una buena manera de iniciar la tramitación de leyes que estas vengan con el aval de los diferentes parlamentos autonómicos.
Entrando de lleno en la iniciativa y en la toma en consideración que nos corresponde hoy, lo cierto es que esta modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, de la ley de subvenciones y de la ley orgánica del derecho de asociación
va dirigida a corregir lo que aquí se ha expuesto en relación con
algunas disfunciones, como la cuestión relativa a si solo afecta la prohibición a las entidades de carácter asociativo y, por tanto, ampliarla a otros entes y a otras entidades, así como algunas cuestiones relativas a la prohibición de
contratación en el derecho de asociación. Lo cierto es que el contenido de fondo de la iniciativa es un planteamiento que podemos compartir, si bien les tengo que manifestar que la exposición que se ha hecho en segundo lugar nos cuesta compartirla,
porque, en definitiva, este acoso y derribo a Podemos y Más País, que incluso podría compartir, creo que no aporta nada al contenido de la resolución, porque, como se apuntaba anteriormente, en cuanto a ciertos discursos de odio o ciertas prácticas,
a veces en el filo de lo imposible, VOX también es especialista en hacerlo.
Pero, en definitiva, compartimos el fondo y creemos que es necesaria su toma en consideración, que salga adelante y se tramite esta modificación de leyes, que corresponden a las Cortes Generales y que, como tantas entidades que también nos
acompañan, ayudan a fijarnos mucho más en la posición de la que no deberíamos movernos nunca: el recuerdo del Holocausto, hacer frente al antisemitismo, en definitiva, separar las críticas que se producen al Estado de Israel con la realidad de lo
que realmente es el antisemitismo. Entendemos que esta iniciativa puede dar algunas soluciones a esta cuestión que se plantea.
Finalmente, es de especial interés también señalar que, sin duda alguna, esta es una de aquellas cosas que pueden hacer los poderes públicos. Ante estas realidades que se denunciaban anteriormente, ¿qué es lo que está en manos de los
poderes públicos? Evidentemente, está en sus manos hacer pedagogía, dar ejemplo, pero también hacer los cambios legales para no dar ningún tipo de cobertura a estas acciones. En definitiva, hablamos de subvenciones, y alguno dirá que hablamos de
dinero público. Pero, cuando se dice dinero público, hay que decir aquello que es dinero público pero que es dinero de los ciudadanos también. Y en una sociedad democrática como la nuestra, en una sociedad que apuesta por la igualdad, por la no
discriminación, no cabe o no debería caber en la cabeza de nadie -si ustedes así lo entienden como dinero público, como dinero de los ciudadanos- que el dinero público o el dinero de los ciudadanos vaya a parar a estas acciones, que en ningún caso
compartimos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem Galicia en Común, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Buenas tardes, señorías.
Se trae hoy a debate en esta Cámara una iniciativa que trae la Asamblea de Madrid, representando al conjunto de madrileños y madrileñas, y en primer lugar creo que habría que destacar que llama la atención la cuestión que trata. Lo habitual
en esta Cámara, cuando son Cámaras del ámbito autonómico que traen iniciativas, es traer elementos que recogen la preocupación, la indignación, el consenso generalizado y la atención del conjunto de sus sociedades. Hay Cámaras que han traído
diferentes elementos que son absolutamente centrales en la política autonómica en cada una de sus sociedades, y por eso en primer lugar llama poderosamente la atención que, teniendo la Comunidad de Madrid los problemas que tiene, que son muchos, la
primera y única iniciativa que trae la Asamblea de Madrid a esta Cámara no trata sobre solventar, por ejemplo, los más de 1900 profesores menos con los que ha empezado la educación madrileña este curso académico, o no trata, por ejemplo, del
absoluto colapso del sistema asistencial madrileño, o no trata tampoco, hablando de derechos humanos, de la inaceptable situación que se da en la Cañada Real, con más de dos años en los que niños, niñas, mujeres, ancianos, seres humanos -gitanos,
muchos de ellos, por cierto, otra minoría- están sufriendo una situación absolutamente intolerable. (Aplausos). Y lo digo por desgracia, porque, evidentemente, en cuanto a esta iniciativa, parece que a parte de la Cámara legislativa de los
madrileños le importa más en materia de derechos humanos lo que sugiere alguna cancillería, alguna embajada que los problemas que realmente preocupan a los madrileños y madrileñas. Por cierto -ahora entraré en materia-, señores del Partido Popular
y VOX, si tanto les preocupa el antisemitismo, ¿cómo puede ser que sigan permitiendo que exista una calle División Azul en la Comunidad de Madrid? Me lo tienen que explicar, señorías. (Aplausos).
Y, fíjense, ¿de qué habla esta iniciativa? ¿Nos quiere hablar del execrable, condenable, profundamente indignante antisemitismo? ¿Nos quiere hablar a lo mejor de otras persecuciones? Por cierto, llama la atención que hablan de
antisemitismo pero no de antigitanismo o islamofobia. En definitiva, ¿nos quiere hablar esta iniciativa de defender los derechos y las libertades de minorías culturales o religiosas o es que esta iniciativa habla, envuelto además -y lo tengo que
decir- de forma perversa, en el marco del
antisemitismo, de la voluntad explícita de censurar a ONG y administraciones que de la mano de la sociedad civil palestina proponen que, como se hizo contra el apartheid en Sudáfrica, se produzcan sanciones contra un régimen que es un
régimen de apartheid? No lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional, lo dice Human Rights Watch, como es el de Israel contra la población civil Palestina. De eso está hablando esta iniciativa, señorías. (Aplausos). Y, por lo tanto, de hablar de
sanciones a Israel, como se promueven sanciones a otros Estados. Se pueden promover perfectamente -si es que Israel vulnera los derechos humanos, como, de hecho, hace sistemáticamente- sanciones desde la sociedad civil, como se está haciendo. Y
fíjense ustedes en la paradoja: en nombre de los derechos humanos, precisamente proponen ustedes cortar y coartar la financiación a la mayor parte de ONG de este país que dedican su día a día a responder, a trabajar para solventar la vulneración de
derechos humanos de niños, mujeres y ancianos en territorios palestinos. (Aplausos). Fíjense ustedes en la paradoja de lo que realmente habla esto. No habla de antisemitismo, no le preocupa el antisemitismo, señor Espinosa de los Monteros, que se
pasó dos minutos haciendo un chiste de catalanes mientras hablaba otro interviniente; eso le preocupa a usted, señor Espinosa de los Monteros. (Aplausos). Y, fíjense, además de desvelar esto en su crudeza, creo que utilizan mal los términos. Si
utilizan ustedes antisemitismo, hay que decir que, evidentemente, el pueblo judío es un pueblo semita pero también que el pueblo palestino y otros pueblos de Oriente Medio son pueblos semitas. Si, por el contrario, ustedes quieren que abramos el
debate sobre el antisionismo, como saben, este es un movimiento -cosa muy distinta- que cuestiona diferentes políticas del Estado de Israel. Por lo tanto, hablemos de lo que tienen que hablar, y, como digo, no se amparen de forma perversa en el
antisionismo.
De todas formas, en nuestro grupo parlamentario no van a encontrar ni uno ni otro. Bien al contrario, en nuestro grupo parlamentario van a encontrar un partidario de la paz, del diálogo, de hacer todos los esfuerzos para una salida
dialogada en Oriente Medio y en el conflicto en la Palestina histórica entre Israel y Palestina; por cierto, un territorio donde -no como en la península ibérica, donde sabemos que tenemos la mancha del antisemitismo- durante muchos años vivieron
perfectamente en paz judíos y palestinos, árabes y cristianos. En todo caso, lo que van a encontrar en nuestro grupo parlamentario no es a quien cuestiona el Estado de Israel, sino a quien exige que se cumplan los derechos humanos de los judíos
pero también del resto de pueblos, y, por lo tanto, de los palestinos que viven hoy en la Palestina histórica.
Nadie en su sano juicio puede sino repudiar el antisemitismo. Nosotros venimos de una tradición histórica con una parte fundamental de gente de cultura hebraica; no les tengo que enumerar a Marx, Engels o Emma Goldman. Hablan ustedes,
además, con un grupo parlamentario que es estrictamente defensor de la cultura hebraica, pero igual que cualquier amante de lo humano, los avances sociales, culturales o científicos, que no puede sino reconocer y emocionarse con el legado de tantos
y tantos judíos, muchos de ellos, por cierto, procedentes de aquí, de Sefarad, como puede ser Baruch Spinoza, Sigmund Freud o Primo Levi, quien, por cierto, también era de origen sefardita y que, si viera lo que hoy sucede en los territorios
ocupados palestinos, también diría Si esto es un hombre. (Aplausos).
En definitiva, señorías, de eso va esta iniciativa. No les preocupa el antisemitismo, esa no es la cuestión. Y no nos pueden ustedes decir que judíos israelíes, como el historiador Ilan Pappé, hoy exiliado fuera de Israel, o como Norman
Finkelstein, hoy exiliado también fuera de Israel e hijo de padres sobrevivientes del Holocausto, o los exmilitares de Breaking the Silence, cuando todos los días exmilitares israelíes condenan y denuncian la vulneración de derechos humanos contra
el pueblo palestino, son antisemitas. Así que trabajen ustedes y trabajemos por una solución dialogada al conflicto entre Israel y Palestina, y Salam y Shalom. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez-Reino.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ruiz Navarro.
El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias, señora presidente.
Señorías, señores diputados de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, bienvenidos. Una previa, como le gusta decir a un diputado famoso de aquí: señor Baldoví, no se esfuerce usted más, ya sabemos que usted baila muy bien; de hecho, usted
baila 'oltrabién' (risas y aplausos), pero no le vamos a contratar para el día 22, que ya tenemos figuras de gran nivel, no como usted.
Debatimos hoy la toma en consideración de una proposición de ley que versa sobre la modificación de tres leyes estatales, la General de Subvenciones, la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de
Asociación, y lo hace con el propósito de luchar contra el antisemitismo, aunque se aclara en la iniciativa que en este caso se busca proteger específicamente a quienes profesan
la religión judía y no a otras etnias o creencias que podrían ser incluidas también dentro del concepto de semita, que es algo más amplio. En el preámbulo, concretamente, el objetivo perseguido es operar un cambio de normativa para
imposibilitar que puedan recibir ayudas, contratos o subvenciones públicas aquellas entidades que realicen prácticas discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, creencias y, en especial, hacen hincapié en 'por motivos
antisemitas' para determinar claramente la pérdida de oportunidades cuando se incurra en esta situación.
Es evidente que nuestro grupo parlamentario, tal y como ya ha adelantado aquí el diputado autonómico Pablo Gutiérrez de Cabiedes, apoyará la toma en consideración de esta iniciativa porque es de justicia. Los graves ataques que vienen
sufriendo en España quienes profesan la religión judía, como también los cristianos, por parte de grupos filoterroristas vinculados al izquierdismo están jaleados por afines que cuentan con representación en instituciones públicas, sin ir más lejos
en esta misma Cámara, a través del izquierdismo extremo de socialistas y del izquierdismo ultra de comunistas. (Aplausos). Por eso urge adoptar medidas para frenarlos.
Les hemos oído decir aquí muchas excusas para no decantarse claramente en apoyar esta iniciativa, pero, señorías, obras son amores y no buenas razones. Obras son las que dejan ustedes en una cantidad de ayuntamientos de España a través de
la famosa red de municipios ELAI, espacios libres de apartheid israelí, todos ellos gobernados por partidos de corte frentepopulista y bajo cuyo paraguas se han producido y se producen actuaciones tan repugnantes como conjuras para no realizar
contrato alguno con empresas, productos, entidades u organizaciones de origen israelí o con vinculaciones judías por el simple hecho de serlo; o aplicar a todo lo que huela a judío la llamada política o cultura de la cancelación, es decir, cancelar
contratos con compañías de teatro, conferenciantes, cineastas, actores o empresas israelíes que se encuentran en curso, siendo el ejemplo más grave el ocurrido en Cádiz, en septiembre de 2018, cuando el comunista alcalde de dicha ciudad, conocido
como el Kichi, se prevalió de su cargo de alcalde para impulsar este acto racista y el ataque despiadado que, utilizando el poder del Ayuntamiento de Molins de Rei, en Barcelona, su alcaldesa perpetró en noviembre de 2018 contra un grupo de mujeres
jóvenes deportistas, esas que tanto dicen algunos defender, al impedir que estas disputaran un partido oficial contra la selección española en la piscina municipal solo porque pertenecían al equipo nacional israelí de waterpolo. (Aplausos). El
partido tuvo que jugarse en otra parte y a puerta cerrada, como si las chicas fueran unas apestadas.
Frente a esto, también conviene recordar que mi grupo parlamentario defendió la semana pasada en la Comisión Constitucional una PNL reclamando mayor protección para el derecho de libertad religiosa de España, una PNL que defendió nuestro
compañero y diputado José María Sánchez y que fue rechazada en esta Cámara por los grupos izquierdistas. El resultado acontecido sirve de muestra y ratifica la contumaz beligerancia del izquierdismo en pleno siglo XXI hacia una libertad fundamental
para el sostenimiento de cualquier sistema democrático como es la libertad religiosa. (Aplausos).
Obras son amores y no buenas razones, les decía. Más obras. Según el informe elaborado por el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, durante 2020 se incrementaron en España un 37 % los ataques al derecho a la libertad
religiosa respecto del año anterior, especialmente contra la religión católica. Según el observatorio, el desglose por tipología de ataques sería el siguiente: dos casos de agresión física directa contra creyentes católicos por el hecho de serlo;
treinta ataques contra los lugares de culto católicos; doce vejaciones contra creyentes católicos por serlo; cincuenta y siete escarnios contra las creencias y los creyentes católicos; 121 casos de laicismo beligerante con marginación de la
religión del ámbito público. Señorías, escuchen bien: dos de cada tres actos de violencia por odium fidei en España lo sufrió un católico en 2020. No solo los judíos son atacados en España, en Europa y en el mundo, también los cristianos, y de
hecho los cristianos somos los que más sufrimos martirio en todo el mundo. (Aplausos).
Por ello les adelanto, señorías, que cuando esta iniciativa sea tomada en consideración trabajaremos para que se garantice el derecho a la libertad religiosa también para los cristianos y mejoraremos esta iniciativa con enmiendas. En
definitiva, señorías, en lugar de colectivizar la sociedad como hace el izquierdismo fabricando falsos ofendiditos a los que regar con dinero público, hay que proteger a quienes sí son víctimas reales de ataques que pagan con sus vidas. En este
camino siempre encontrarán a VOX y, dentro de muy poco, verán cómo en España también así se decide.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Marcos Domínguez.
La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, permítame saludar a las señoras y señores que han acudido hoy a esta Cámara como público en representación de la sociedad civil que ha impulsado esta iniciativa, y también a nuestros compañeros diputados de la Asamblea de
Madrid. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la sede de la soberanía nacional que debate hoy una iniciativa que debería aprobarse por unanimidad. (Aplausos).
Señorías, cuando la dirección de mi grupo me comunicó que iba a tener el privilegio de defender hoy esta iniciativa de la Asamblea de Madrid en contra del antisemitismo me acordé del primer jefe que tuve en los años en los que ejercía el
periodismo, me acordé de él porque era judío y estaba tan orgulloso de su madre judía como de su indestructible izquierdismo. Aquel periodista era uno de esos europeos y españoles nacidos en los años cuarenta conocedores de la tragedia de la Shoah,
que les llevó a estrenar su juventud colaborando en un kibutz. ¿Saben una cosa? Ese primer jefe mío se habría avergonzado de escuchar lo que algunas de sus señorías de izquierda o extrema izquierda han dicho hoy aquí; de escucharles a algunos y
de escuchar el silencio de otros, porque él, además de orgulloso judío e izquierdista, era un hombre cabal; serio y cabal. Como era serio y cabal, señor Baldoví, no habría entendido sus excusas para evitar un apoyo claro contra el antisemitismo.
Menos aún habría entendido los trampantojos del señor Gómez-Reino para eludir una condena clara al antisemitismo -por cierto, señor Gómez-Reino, por lo que dice el señor Baldoví, usted casi seguro que es de VOX, ¿no?-. Y menos aún habría entendido
el silencio de otros grupos parlamentarios, socios y colaboradores de la coalición de Gobierno.
Señorías del Grupo Socialista, damos por ciertas las noticias de que ustedes por esta vez no actuarán como solícitos comparsas del Frankenstein del señor Sánchez. Créanme, nos alegramos de que retomen la posición que mantuvieron al inicio
de la tramitación de esta iniciativa en la Asamblea de Madrid y olviden la lamentable abstención con la que se equivocaron al final. Honrarán con su voto a favor al senador Pulido, insigne socialista, que luchó denodadamente a principios del siglo
XX por la causa de los sefardíes, por la libertad religiosa en España y contra el antisemitismo. Y también harán honor a Golda Meir, laborista, primera ministra entre 1969 y 1974, la primera dama de hierro y después protectora en el ámbito de la
Internacional Socialista de un jovencísimo Felipe González. Golda Meir -como el presidente Zelenski- nació en Ucrania, recordarán ustedes que cuando Zelenski se dirigió a la Knesset rememoró una muy célebre cita suya: Tenemos la intención de
permanecer vivos, nuestros vecinos quieren vernos muertos; no es una cuestión que deje mucho espacio para el compromiso. (Aplausos). Y Zelenski añadió: No necesito convencerles de lo entrelazadas que están nuestras historias. Historias de
ucranianos y de judíos en el pasado y hoy, en este tiempo terrible, estamos en países diferentes y en condiciones completamente distintas, pero la amenaza es la misma, tanto para nosotros como para vosotros: la destrucción total de un pueblo, del
Estado de ese pueblo, de su cultura e incluso de los nombres, sea Ucrania, sea Israel.
Diputados socios del Gobierno de Sánchez, entiendan lo duro que sería para el PSOE comprar toda su averiada mercancía antisemita; abstenerse, como hicieron en la Asamblea de Madrid, sería lo mismo que olvidar que fue un Gobierno socialista
quien felizmente estableció relaciones diplomáticas con Israel. Abstenerse equivaldría a cancelar de la memoria del PSOE a ilustres socialistas; igual que mi antiguo jefe, el señor Borrell, que también estrenó su juventud en un kibutz. Abstenerse
sería como olvidar a socialistas tan ilustres durante la Transición como los señores Múgica o Barón, ambos decididos admiradores del Hogar Nacional Judío, que es hoy el Estado de Israel. Porque el antisemitismo, hoy, señores de algunas izquierdas,
se esconde bajo el manto del antisionismo y de la negación de la existencia del Estado de Israel. (Aplausos).
Señorías, esta iniciativa debería aprobarse por unanimidad en cumplimiento de la estrategia de la UE contra el antisemitismo. Recuerden que el mes que viene se cumplirá un año de la aprobación por parte de la Comisión Europea de esa
estrategia a través de una comunicación de la Comisión. Les voy a leer lo que dice: La Comisión invita a las instituciones de la UE, a los Estados miembros, a las organizaciones internacionales, a todos los agentes de la sociedad civil y al
conjunto de la ciudadanía a comprometerse con un futuro libre de antisemitismo en la UE y en el resto del mundo. Y, por ello -añade la Comisión-, se anima a los Estados miembros a que desarrollen de aquí a final de 2022 -es decir, ahora-
estrategias nacionales de lucha contra el antisemitismo o a que incluyan medidas nacionales con ese fin. Pues eso, precisamente eso y nada más que eso es lo que defiende la proposición de ley que hoy estamos
debatiendo. Léanla, aún estamos a tiempo hasta la votación de aprobar una propuesta tan razonable por unanimidad de la Cámara. Señorías, una aprobación unánime sería de sentido común porque, como dice la estrategia de la UE, el
antisemitismo es incompatible con los valores esenciales de Europa, no solo representa una amenaza para las comunidades judías y para su vida, sino también para una sociedad abierta y diversa, para la democracia y para el modo de vida europeo. La
Comisión añade: La Unión Europea está decidida a ponerle fin. Les pido que seamos europeístas y demos un voto unánime a esta iniciativa.
Termino ya, presidenta. Como esta iniciativa viene de Madrid, me gustaría concluir con una cita de una intervención pública que se produjo en Madrid el Día de la Conmemoración del Holocausto del año 2010. Ha llovido un poco -porque aquí
llueve muy poco-, pero la cita sigue siendo perfectamente válida y actual. La memoria del Holocausto es memoria del presente porque en ella tiene su fundamento la cultura política democrática, que a través del recuerdo de las tragedias vividas a
causa de los totalitarismos refuerza su convicción de que la libertad es un bien que necesita ser defendido. Dejo al ingenio de sus señorías recordar quién pronunció tan atinadas palabras.
Jatimá tová, feliz día de Yom Kippur, señores invitados.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Marcos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Caballero.
El señor GONZÁLEZ CABALLERO: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero saludar a la sociedad civil, a los diputados regionales, a la representación de la comunidad judía que nos acompaña hoy y también a toda la comunidad judía en el día más sagrado de este pueblo, Yom Kippur. Gmar
jativá tová. Que seamos sellados en el libro de la vida. El Grupo Parlamentario Socialista les saluda y muestra su compromiso firme y constante en su historia por las sociedades abiertas, la libertad y el rechazo a cualquier tipo de antisemitismo.
(Aplausos).
Lo que hoy se debate en esta Cámara es si tramitamos una propuesta de ley cuyo objetivo inicial es luchar contra los delitos de odio. Es una iniciativa que este grupo está dispuesto a estudiar, su objetivo es loable y nuestro propósito será
enriquecerlo para que sea una herramienta eficaz de lucha contra el antisemitismo, garantizando los derechos de libertad de expresión. Como dice bien la proposición, no se debe confundir el antisemitismo con la crítica legítima a la acción de un
gobierno como el de Israel.
Esta es una proposición de ley de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados. Y entiendo que los diputados autonómicos que me han precedido quieren sacarles los colores a sus grupos parlamentarios nacionales, tanto al Partido
Popular como al de VOX. Hablaba el señor Gutiérrez de Cabiedes de un VOX 1 y un VOX 2, y aquí se ve claramente. Habla el diputado regional, de VOX 1, de luchar contra el antisemitismo; pues aquí sus compañeros de partido, el VOX 2, quieren
eliminar el delito de odio por motivos antisemitas, como propusieron en la Ley de la Infancia. (Aplausos). Habla la diputada regional del Partido Popular de eliminar subvenciones a quien discrimine, pero aquí en el Congreso su partido rechaza la
ley Zerolo, que impide que se pueda subvencionar a aquellos que discriminen por racismo. (Aplausos). Sin lugar a dudas, pura coherencia; pura coherencia, señorías.
En mi grupo reconocemos el problema y no lo relativizamos, como tampoco lo relativizamos después de algunas lamentables intervenciones que se han escuchado hoy aquí. Las sociedades europeas viven una oleada preocupante de antisemitismo,
desde pintadas en sinagogas a campañas de acoso en redes sociales. El incremento de acciones antisemitas en toda Europa ha alertado a nuestras democracias, provocando la constitución por parte de la Comisión de la Estrategia Europea contra el
Antisemitismo o, en el caso de España, con la creación por el Gobierno de Pedro Sánchez del Plan de acción de lucha contra los delitos de odio, un observatorio que arroja datos preocupantes de aumento de delitos contra las minorías. No es
casualidad, señoría, que estos hechos lamentables aumenten desde la irrupción de movimientos de extrema derecha y el avance de la desmemoria de la barbarie nazi. La memoria es el espejo de lo que somos como pueblo. El historiador Toni Lluch nos
alertaba de que la memoria del genocidio judío no concierne a un solo pueblo, sino a la humanidad entera, y que, al hacernos cargo de nuestro terrible pasado, transformamos a los millones de víctimas de los nazis en una muralla contra la repetición
del horror, de cualquier horror provocado por el odio hacia un pueblo o minoría, sea este judío, musulmán, gitano o cualquier otro. La Europa de las libertades, rica y diversa culturalmente, respetuosa con la diversidad, prevalecerá mientras
recordemos la memoria del Holocausto. (Aplausos). Una memoria que es patrimonio de todos los demócratas europeos y que nos diferencia de aquellos falsos patriotas que
haciendo uso de la amnesia reparan la figura del colaboracionistas Mussolini, como hace hoy la presidenta de Italia. Una memoria que nos previene frente a los nuevos protocolos de los hermanos de Sión, de las nuevas conspiranoias que, a
golpe fake news, son promovidas a nivel mundial por la extrema derecha global. (Aplausos). Porque, señorías, ante la intolerancia, los y las socialistas nunca nos vamos a callar. Como nos enseñó el socialista Enrique Múgica Herzog, la democracia
no es el silencio. Nosotros no silenciaremos nuestra voz ante ningún genocidio; nosotros no guardaremos un silencio selectivo ante cualquier vulneración de derechos humanos, sea donde sea y la acometa el Estado que sea; nosotros no callaremos en
el recuerdo de la barbarie cometida contra el pueblo judío, frente a aquellos que quieren olvidarla; no callaremos ante cualquier acto de racismo e intolerancia que sufra cualquier ciudadano por su origen racial, étnico, nacional o religioso, al
igual que no callaremos ni impondremos un silencio, ya muy largo, a las víctimas del franquismo (Aplausos); no callaremos en el recuerdo, ni dejaremos de reparar la historia del pueblo sefardí, ni de erradicar estereotipos antisemitas arraigados
secularmente en nuestro país. Lo ha dicho la señora Marcos: el reconocimiento a las asociaciones de la comunidad judía, el Centro Sefarad-Israel o el avance en la concesión de la ciudadanía a judíos sefardíes tienen sello de gobiernos socialistas.
Señorías, la Europa de los demócratas no olvida, como tampoco olvida que la acción de los violentos siempre necesitará la actitud de los indiferentes. La indiferencia siempre se encuentra en los peores crímenes contra la humanidad. Hoy,
que nos van dejando los últimos supervivientes de los crímenes antisemitas, cuando la retórica hipernacionalista avanza en las democracias occidentales, recordamos las lecciones de los demócratas que edificaron nuestra unión. Porque -recordamos- no
somos indiferentes ante cualquier ataque racista, antisemita, antigitano, antimusulmán; porque -recordamos- seguiremos trabajando por la tolerancia, la igualdad de trato y la no discriminación; porque -recordamos- los hijos y los nietos de la
Europa libre siempre diremos nunca más.
Shalom. Buenas tardes. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.
Aquí termina el debate... (El señor Espinosa de los Monteros de Simón pide la palabra).
¿Sí, señor Espinosa de los Monteros?
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Por alusiones, porque el señor Gómez-Reino, don Antón, ha dicho que yo estaba contando chistes de catalanes y quiero aclararle que estaba contando chistes de Eugeni Jofra Bafalluy, Eugenio, un
gran humorista catalán que le recomiendo que escuche. (Protestas).
En cualquier caso...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.
Como les decía, aquí termina el debate del primer punto del orden del día. Damos las gracias a los dos diputados que han presentado la iniciativa y al conjunto de la delegación de la Asamblea de Madrid que nos han acompañado.
(Aplausos.-Rumores).
Les pido silencio, por favor.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE LA RADIO, LA TELEVISIÓN Y EL SERVICIO PÚBLICO DE NOTICIAS DE TITULARIDAD ESTATAL. (Número de expediente 122/000196).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de la radio, la televisión y el servicio público de titularidad estatal. Para
la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
La semana pasada, con la destitución encubierta del presidente de Radiotelevisión Española, vivimos la enésima puñalada de la clase política a la casa que un día fue referente y querida por la gran mayoría de los españoles. Pero esto no
empezó la semana pasada; repasemos lo perpetrado por la mayoría de los partidos que pueblan esta Cámara en los últimos años. Año 2016, el Gobierno de España, del Partido Popular, precisaba del apoyo de Ciudadanos. Se nos ofreció repartirnos los
jueces, agencias estatales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y, por supuesto, repartirnos también Radiotelevisión
Española. Por aquel entonces era presidente de Radiotelevisión Española José Antonio Sánchez, a quien cito literalmente en una comparecencia -abro comillas-: 'Yo voto al PP y seguiré votando al PP' -cierro comillas-. Hoy preside
Telemadrid, por cierto. ¿Qué hicimos en Ciudadanos? Rechazamos todas esas ofertas de repartirnos el Estado, propusimos que los jueces eligieran a los jueces y que al resto de organismos del Estado se acceda, de acuerdo con los principios de mérito
y capacidad, por concurso público. PSOE y Podemos, entonces en la oposición, compartieron la idea del concurso, y el Partido Popular, viendo que perdía la votación, terminó apoyando el concurso. El concurso se puso en marcha, pero llegó la moción
de censura, llegaron al poder PSOE y Podemos y, repentinamente, perdieron el ímpetu por el concurso y empezaron a saborear la sabrosa designación a dedo. Dictaron un real decreto ley para que, si no había consenso en esta Cámara, se pudiera nombrar
un administrador provisional único. Hacía falta una elección fallida en la Cámara. Curiosamente, se equivocaron dos diputados del Partido Socialista votando en urna y se activó, en consecuencia, ese real decreto ley que permitía la designación a
dedo de una administradora provisional única. Este error podríamos considerarlo inocente, pero es extraño, primero, que dos diputados se equivocaran votando en urna, y todavía es más extraño que Pablo Iglesias estuviera semanas antes ofreciendo la
administración provisional única, algo que solo podía darse si fracasaba el concurso, y para que fracasase el concurso hacía falta ese error. En este tuit (muestra la fotocopia de un tuit) Ana Pardo de Vera cuenta que Iglesias le ofreció el mando
provisional de Radiotelevisión Española. El tuit es de junio; la votación con el error fue en julio. Creo que queda claro y que Pablo Iglesias ofrecía un puesto que solo se produciría en caso de un error en una votación, y dos semanas después se
produjo ese error. Nos deben muchas explicaciones a los españoles.
Tras varias maniobras torpes, fue Rosa María Mateo quien fue nombrada administradora provisional única. La provisionalidad de Mateo fue de 33 meses. Claro, todo es relativo, la Edad Media se puede considerar un periodo provisional entre la
Antigüedad y la Edad Moderna. Con el desastre que resultó la gestión de Rosa María Mateo y el hundimiento de la corporación, decidieron fingir el concurso público. Al olor de los sillones se sumó el Partido Popular. Y les cuento: mientras el
Partido Popular atacaba a Ciudadanos porque llegábamos a acuerdos en materia sanitaria en medio de una pandemia, con 800 muertos diarios y llamándonos de todo, sanchistas y no sé qué, el Partido Popular, al mismo tiempo, con PSOE, Podemos y el PNV,
pactaban el reparto de Radiotelevisión Española por debajo de la mesa; y el de los jueces, y el del Tribunal Constitucional, y el del Tribunal de Cuentas, y el de la Agencia Española de Protección de Datos, etcétera. ¡Qué tiempos tan extraños nos
ha tocado vivir! Llegar a acuerdos en materia sanitaria, con 800 muertos diarios, era de traidores; repartirse el Estado en medio de esa pandemia era de patriotas. (Aplausos).
¿Y por qué he dicho que fingían el concurso público? En primer lugar, porque según la ley ese concurso debería pactarse en el Congreso de los Diputados, pero los interlocutores fueron el secretario general de un partido (señalando los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y el ministro de la Presidencia (señalando los escaños del Gobierno), es decir, la negociación no fue en el Congreso de los Diputados, sino que fue entre Génova y Moncloa. Pero lo peor de todo
vino cuando, en medio de las comparecencias de los candidatos a presidir Radiotelevisión Española, antes de que terminaran de comparecer todos los candidatos que venían al Senado, el Partido Popular y el Partido Socialista informaron ya de quiénes
iban a ser los consejeros y quién iba a ser el presidente de la corporación. ¿Se imaginan anunciar el resultado de unas oposiciones antes de los exámenes de los opositores? Pues exactamente eso fue lo que hicieron estos señores, esos señores, esos
señores y esos señores de ahí. [Señalando los escaños de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Vasco (EAJ-PNV), Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Socialista, respectivamente]. De este proceso salió el señor
Pérez Tornero, pero como empezó a hacer cosas que a Podemos no le gustaban y a Sánchez le hicieron algunas preguntas en alguna entrevista que tampoco le hicieron mucha gracia, habiendo estado la mitad que la administradora provisional, le retiran el
apoyo y no le queda otra que dimitir.
Esto es lo que ha ocurrido desde 2016 hasta hoy. Solo hay un partido que no ha participado en esta indecencia: Ciudadanos; ni cuando nos lo ofrecieron desde el Gobierno de Rajoy, que fue cuando hicimos posible el concurso público, ni
cuando después, con la llegada de Sánchez a la Moncloa, hicieron exactamente lo mismo, pero más chapucero. Cada vez que se ha votado en esta Cámara el reparto de sillones en el Congreso solo un partido se ha salido de todas esas votaciones desde
2016, y ese partido ha sido Ciudadanos. Y esto no crean que es tan sencillo como levantarse e irse; esto tiene consecuencias, que aquí todo el mundo negocia tertulianos en esas habitaciones, que aquí todo el mundo negocia
consejeros. No es casualidad que siempre en los programas de televisión se defienda a tal o cual partido y nunca se defienda a tal otro. No es casualidad la prevalencia de opiniones favorables a los mismos partidos de siempre en los medios
de siempre.
La semana pasada, dos exvicepresidentes muy recientes del Gobierno, ahora famosos tertulianos en la SER, Pablo Iglesias y Carmen Calvo, decían que los partidos políticos debían estar representados -atentos- en los informativos. Oiga, ¿cómo
se representa a Podemos en los informativos, por ejemplo, cuando se habla de la guerra de Ucrania? ¿Dedicamos un tercio del informativo a decir que Putin se está defendiendo de una agresión de Ucrania? ¿O cómo se informa en los informativos
representando a Bildu? ¿Diciendo que los etarras se defendían de una invasión española, por ejemplo? Esto mismo, por cierto -que algunos hoy vendrán de dignos del reparto y de poner amiguetes en todos los sitios-, pasa en Telemadrid o ahora en
Canal Sur. En cuanto el Partido Popular se quedó solo, nombraron como presidente de Telemadrid a José Antonio Sánchez, alias 'Yo voto al PP', como decía yo antes, y VOX ha pasado de querer cerrar Canal Sur a negociar con PP y con PSOE la colocación
de amigos en el consejo de administración. Aquí todos, cuando tocan pelo, quieren llegar a acuerdos.
PSOE y PP históricamente han negociado para repartirse Radiotelevisión Española, los jueces, el Tribunal Constitucional, la Agencia Española de Protección de Datos, el Tribunal de Cuentas, las cajas de ahorros, los consejos de
administración, las puertas giratorias; para todo eso sí han hablado. Pero, al mismo tiempo, en esta legislatura, han dejado a España en manos de Esquerra y de Bildu, con tal de no hablar entre ustedes de asuntos que no conllevan sillones. Han
dejado los presupuestos generales del Estado en manos del PNV desde que hay democracia en España, sin cambiar, por cierto, la ley electoral, que impediría esa injusticia porque a ustedes no les conviene cambiarla.
Esta ley que traemos hoy aquí, además de primar el mérito y la capacidad a la hora de elegir quiénes dirigen Radiotelevisión Española, solventa situaciones de bloqueo, como la que estamos viviendo y de la que no saben cómo salir ahora mismo.
También se ocupa de la gran olvidada, de la Agencia EFE, la que debería ser la agencia de referencia de noticias en español y que se está viendo superada por otras agencias de noticias en español de países que no tienen el español como lengua
oficial. Con esta ley se garantiza, además, la estabilidad presupuestaria de EFE, algo que exige Europa, evita dedazos y ceses injustificados, como hemos visto recientemente en EFE, e incorporamos la Agencia EFE al control parlamentario. Si no
hacemos algo, EFE será una oportunidad perdida.
En definitiva, hoy Ciudadanos propone una ley que impide que se vuelvan a repetir historias como la que les acabo de relatar; blinda a los medios públicos estatales contra las injerencias de los partidos políticos, elige a los mejores para
dirigir los medios públicos y fortalece la Agencia EFE. Si apoyan esta ley, harán más fácil la recuperación de Radiotelevisión Española. De lo contrario, darán alas a quienes cuestionan su existencia. Y ustedes seguirán repartiéndose una radio y
una televisión públicas que no escuchará y que no verá nadie.
Lo más fácil para nosotros habría sido entrar al reparto de sillones. Lo más fácil para nosotros habría sido colocar a gente en los medios, meter mano en los jueces, meter amigos en las agencias públicas, magistrados afines en el Tribunal
Constitucional. También podríamos habernos hecho un partido fuerte financiándonos ilegalmente, pagando sedes y campañas con comisiones; o podríamos haber montado una trama electoral como la de los ERE que nos garantizase ganar elecciones durante
años. (Aplausos). Podríamos haberlo hecho, porque, además, sabemos que luego llega el corporativismo, llegan los indultos a los políticos corruptos: 231 indultos a políticos corruptos desde 1996. Todos ustedes han indultado a políticos
corruptos.
Y ahora el de Griñán: cientos de millones desviados a la trama electoral del PSOE, cientos de millones que estaban destinados a generar empleo y a formar a personas que lo necesitaban. ¿Quién les indulta a ellos? ¿Quién indulta al que
tiene un trabajo precario? ¿Y al que desde este mes no puede pagar la hipoteca, quién le indulta? Y dice el señor Feijóo que no le gustaría ver a un expresidente del Partido Socialista en la cárcel. Pero es que las sentencias judiciales no son
una cuestión de gustos. ¿Esto que es, quid pro quo, o qué pasa aquí?
Miren, si para ganar elecciones o si para ser un partido fuerte tenemos que financiarnos ilegalmente, montar tramas corruptas electorales, poner policías a destruir pruebas de corrupción en el Ministerio del Interior, cobrar comisiones por
contratos públicos, cobrar sobres, repartirnos Radiotelevisión Española, repartirnos los jueces, repartirnos el Tribunal de Cuentas, repartirnos la Agencia Española de Protección de Datos, repartirnos el Tribunal Constitucional, votar el injusto
cupo vasco, acercar etarras, etcétera, preferimos tenerlo más difícil. No nos importa ir con una mano atada a la espalda frente a todos ustedes.
Caeremos las veces que haga falta, nos levantaremos las veces que sea necesario, pero nunca venderemos nuestros principios, nunca traicionaremos nuestras ideas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
El debate sobre esta proposición de ley de la radio, la televisión y el servicio público de noticias de titularidad estatal resulta una oportunidad para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, que hoy están triturados por un
Gobierno que ha puesto la radiotelevisión pública descaradamente al servicio de sus particulares intereses ideológicos y electorales. Ni en los tiempos pretéritos de José María Calviño, allá por los años ochenta, se vieron episodios y
manipulaciones del calibre de las que vemos en la etapa de Gobierno de Pedro Sánchez, con los publirreportajes a la carta.
La reciente dimisión del señor Pérez Tornero, que el 25 de marzo del año pasado recibió los votos de una amplia mayoría de esta Cámara -entre ellos, el mío- para presidir la Corporación Radiotelevisión Española, hace necesario recordar que
en España tenemos vigente una ley para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Lo lleva en su título, no en la letra de articulados y disposiciones farragosas, no, en el
mismísimo título: recuperar la independencia y el pluralismo.
Señorías, la dimisión del presidente, que recibió de esta Cámara un mandato inequívoco, es uno de los grandes fracasos de este Gobierno y un retrato preciso de otro de sus tejemanejes. Acabada la funesta etapa de aquella administradora
provisional única, tan provisional y tan única que se pasó casi tres años en estas Cortes Generales sacudiendo a la oposición, al tiempo que en Radiotelevisión Española condenó a hacer pasillo a profesionales indomables, purgó a tertulianos
independientes, volvió a la etapa de las listas negras, multiplicó la deuda del ente público y trituró la información veraz en beneficio del sanchismo en sus diferentes variantes y aderezos, nos encontramos ahora con otro episodio oscuro. Con la
marcha de Pérez Tornero se desvela la grosera manipulación de la radiotelevisión pública en beneficio de los intereses de un Gobierno que altera a su antojo los elementos nucleares de la democracia. Pasó en la Fiscalía General del Estado, pasó con
el Centro Nacional de Inteligencia, pasó con el Centro de Investigaciones Sociológicas, pasó con el Instituto Nacional de Estadística, y ahora vuelve a pasar en Radiotelevisión Española ante 2023, un año electoral clave.
La proposición de ley de Ciudadanos supone, como dije al principio, una oportunidad de restablecer unas bases sólidas en favor de una Radiotelevisión Española al servicio de la democracia y la Constitución. Votaré a favor de su toma en
consideración precisamente porque en España con este Gobierno, con sus socios independentistas y con sus instituciones infestadas, la democracia y la Constitución están en peligro.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidenta. Arratsalde on.
Vaya por delante que nos parece bien que se presente esta proposición de ley para regular lo que hace falta regular desde hace tanto tiempo. Porque sí, señorías, es necesario, es imprescindible regular la Radiotelevisión Española y la
agencia de noticias EFE. Según se desprende de la propuesta de Ciudadanos, el ánimo que inspira esta proposición de ley es la de redactar una normativa que evite las chapuzas que se dan continuamente cada vez que hay que decidir algo en referencia
a los órganos de poder de la radio y televisión pública españolas. Hay que reconocer que hay dos elementos en los que la propuesta de Ciudadanos acierta. El primer acierto es sacar a la palestra la situación de la Agencia EFE, que sigue siendo una
agencia de noticias pública, pero sin regulación; es decir, inexplicablemente no hay una ley específica que la regule, y EFE lleva así décadas y décadas, desde su fundación, hace más de ochenta años, solo con un reglamento para su funcionamiento.
La segunda cuestión en la que acierta esta propuesta es la necesidad de cambiar el planteamiento del modo de elección y los procedimientos para tener un consejo de administración homologable a los tiempos modernos, homologable a las democracias que
no precisan de apellidos ni de prefijos. Las dos cuestiones son necesarias y hay que llevarlas a cabo.
Señorías de Ciudadanos, hoy, incluso estoy dispuesta felicitarles por hacerlo. Ahora bien, a partir de ahí, cuesta entender valores positivos en esta proposición de ley. Ustedes siguen siendo muy ciudadanos liberales españoles y muy
españoles, y eso se nota, y mucho, en el articulado y en la intervención que acaba de tener usted, señor Díaz.
Empiezo brevemente por lo que se refiere a la Agencia EFE, en la que lo que han hecho ha sido trasponer las mismas funciones, solo que empeoradas, que ya sugirió en su día el informe del consejo de expertos, y lo que han hecho ha sido
incorporar con gran empeño algo que el consejo de expertos no hizo. Porque, señorías de Ciudadanos, se han entregado arduamente a la tarea de subrayar un aspecto nacional estatal del servicio público de noticias en lugar de insistir en su aspecto
de servicio público, que es lo que determinaría una amplitud en la participación, un sentido del pluralismo, unas garantías del derecho de acceso; en fin, todos esos valores de la información y la comunicación públicas, que a ustedes no les
importan en absoluto, porque lo que les importa es la imagen de España ante el mundo, hacia el exterior, en lugar de la función de servicio público para dar cauce a la información dentro del Estado español. En el fondo están planteando más un
servicio nacional estatal de noticias que un servicio público de ámbito estatal e internacional.
Radiotelevisión Española es otra cuestión aberrante de este articulado. El artículo 9 maltrata las lenguas del Estado, las lenguas oficiales también del Estado, aquellas que no son el castellano, claro, porque para ustedes la lengua es solo
el castellano y nada más; bueno, en realidad hablan de español, al que definen como lengua oficial y común del Estado. Lo de la diversidad tampoco es algo que les importe mucho a ustedes. Y sigo.
El capítulo IV, dedicado a las funciones del servicio público de Radiotelevisión Española, es simplemente vergonzante por la escasez de contenido que presenta. Si eso es todo lo que tienen que decir sobre las funciones de un servicio
público como Radiotelevisión Española, casi sería mejor que eliminaran la mayoría de los artículos de este capítulo.
Para terminar -ya que podríamos ir capítulo por capítulo en las objeciones-, plantean un consejo asesor tanto para Radiotelevisión Española como para la Agencia EFE, y está bien que los haya en ambos entes, pero lo hacen con una composición
que se presta a dejar muchos flancos abiertos para intereses no precisamente de la ciudadanía. En cualquier caso, me surge una duda evidente: ¿cómo es que no plantean en esta proposición de ley la creación de un consejo audiovisual, tal y como
ocurre en los países europeos? Ya lo propusimos en el debate de la Ley General de Comunicación Audiovisual y cayó en saco roto; ahora tampoco parece que a los impulsores de esta iniciativa les importe lo más mínimo porque, curiosamente, se han
olvidado de ella.
A pesar del contenido de la propuesta que formulan, con la que en muchísimas cuestiones no estamos en absoluto de acuerdo, vamos a posibilitar con nuestra abstención que esta proposición de ley se tome en consideración y, lo repito, no por
estar de acuerdo con los planteamientos que se realizan, sino para que se abra la vía a discutir sobre algo que parece estar vetado en este Estado: la regulación por ley de la Agencia EFE y el modo de elección del consejo de administración, que ha
dado lugar a innumerables episodios de injerencia política permanente, gobierne quien gobierne, y que bien podrían resumirse, por abreviar, en chapuza tras chapuza. Porque también en este ámbito de la transparencia y del control democrático de los
medios públicos de información se podría aplicar esta frase mítica de que Europa empieza más allá de los Pirineos.
Eskerrik asko. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aizpurua.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes.
Señor Díaz, después de oír sus palabras yo no sé cómo el papa Francisco, como mínimo, no les ha beatificado a ustedes, los de Ciudadanos. ¡Santos y vírgenes sin pecado concebidos! Porque ha venido aquí a hablar de sus cuitas más que de otra
cosa; lo único que ha hecho es llorar y, al final, tener una especie de pataleta de 'conmigo no cuenta nadie'. Será porque a su ilustre exjefe de filas, aquel mirlo blanco de la política que iba a salvar España, le sacaban poco en la televisión en
aquella época. Será por eso. Pero es porque los mismos que decidieron subirles, decidieron bajarles. Y punto. No nos cuente aquí sus penas.
Presenta Ciudadanos una proposición de ley para regular la radio, la televisión y el servicio público de noticias de titularidad estatal. Qué duda cabe de que para algunos grupos políticos es, ha sido y será
básico, fundamental diría yo, la radiotelevisión pública estatal, el ente, pero lo que ha sido básico sobre todo es su control. Tanto cuando se está como cuando no se está, parece que la radiotelevisión pública española era el cáliz de José
de Arimatea, el que daría el poder absoluto y serviría para encumbrar al que mandase, y, mientras, el verdadero quehacer de la Radiotelevisión Española olvidado y sin rumbo. Nadie se reconocerá en ese retrato, evidentemente, pero esta foto, como he
dicho, la hemos vivido.
Aunque ahora nos aparezca este mirlo blanco, esta proposición de ley, esta solución mágica de la pulcritud absoluta, la inmaculada concepción de la transparencia y virtuosismo absoluto, perdonen, pero viniendo de quien viene, no me genera
ninguna confianza. Nos parece que es más un cambio de metodología para seguir haciendo lo mismo; ahora bien, no por cambiar algunas cosas ha de ser para mejor.
Señores, nosotros entendemos que lo que falla no es el modelo, la forma de elección de los consejeros, por ejemplo. Para ustedes, todo es un cambio de cromos, es una mentalidad excesivamente -lo han citado también- española, leyendo de
arriba abajo. Parece que todo el mundo funciona de la misma manera, y no es así. En Euskadi, por ejemplo, el consejo de administración de ITB ya incorpora representantes sociales, y no en un apartado de consejo asesor, no, dentro de consejo de
administración: está la Real Academia de la Lengua Vasca, está la Sociedad de Estudios Vascos, está la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, está la Universidad del País Vasco, los sindicatos que en ese momento tengan mayoría o las
federaciones y asociaciones de consumidores del País Vasco, y no, como ustedes plantean, como un consejo asesor.
Nosotros siempre defenderemos la necesidad de unos medios de comunicación públicos. Es básico, es fundamental, es necesario que las sociedades democráticas estén dotadas de medios públicos, con fines y objetivos que las empresas privadas
jamás van a priorizar. Las empresas con ánimo de lucro no trabajan en la defensa de valores y principios inquebrantables, con información, formación y entretenimiento elaborados con rigor, veracidad y contraste, diversos, plurales y equitativos, y
además con calidad. Todo ello hay que pedírselo a los medios públicos.
El problema no está en lo que se pide ni en cómo está la redactada la ley que se propone. ¿Por qué este modelo que plantea Ciudadanos va a ser más efectivo y eficiente que el que está en vigor? ¿Qué garantías nos da? ¿Porque dice que los
consejeros de administración van a ser elegidos de una manera concreta? Lo que no vamos a dejar de decir es que el medio público Radiotelevisión Española cuenta con grandes profesionales, que en los momentos más oscuros -que los ha tenido, y no
hace mucho- han sabido mantener el tipo y la profesionalidad, y no se han dejado manipular por quienes, sin escrúpulo alguno, han querido hacer de ese medio un juguete propio. Pero tampoco vamos a permitir que, porque hayan cambiado los colores del
Gobierno, se siga usando Radiotelevisión Española como moneda de pago. Estamos a tiempo de que eso no vuelva a ocurrir.
Ustedes, señores de Ciudadanos, plantean un modelo en el que el sistema de elección de sus órganos de gobierno se nos antoja complicado y, por mucho que parezca megatransparente, no deja de tener sus posibles trampas. ¿Creen que es un
modelo más eficaz? ¿Por qué? ¿Por qué esto que plantean ustedes ha de serlo más que lo que hay ahora? ¿Creen que se solucionarán los problemas porque elijamos de otra manera a los miembros del consejo? Y está su obsesión por la lengua -ya lo han
dicho-, están obsesionados con que sea español, que sea estatal; antes que nada, que cualquier cosa, que sea eso, por favor, y luego todo lo demás.
En cuanto a lo de la Agencia EFE, no será mi grupo el que se niegue a que haya un control parlamentario a la Agencia EFE. No sé si es la mejor manera la que ustedes proponen, seguramente podría haber otras, pero a que tenga control no nos
opondremos nosotros.
Vemos más una necesidad política, la de ustedes, a la hora de presentar esto por hacerse valer, por hacerse escuchar, por hacerse ver, que una necesidad real de cambio. El cambio que se ha de dar no está en esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Boa tarde. Grazas, señora presidenta.
Estamos delante de una propuesta de modificación del funcionamiento de la compañía Radiotelevisión Española que declara tener por objetivo garantizar la información objetiva, veraz y plural. Sin duda, es loable, pero la verdad es que ni
ahora, con este Gobierno, ni antes, con el del PP o anteriores, los medios
públicos estatales la garantizaron. Por el contrario, ayer como hoy se situaron y se sitúan como baluartes propagandísticos del régimen del 78, como la inmensa mayoría de los medios privados, y fieles reproductores del pensamiento único.
Solo hay que ver la intensa campaña mediática que llevamos soportando meses probelicista para vendernos la OTAN y de blanqueamiento del fascismo y del nazismo, sea con Meloni o con Azov. No hay que buscar muy lejos, esta misma mañana en Televisión
Española hablaron de -cito literalmente- los héroes del Batallón Azov para referirse a ese conocido grupo neonazi ucraniano.
Esta propuesta, si en algunos aspectos puede ser de interés, incide en la misma función de propagandismo político. Artículo 3: la función de servicio público comprende la cobertura de los eventos y acontecimiento de interés especial para
España y, en particular, las actividades de la familia real, la Jefatura del Estado, etcétera. Más, artículo 4: preservar y fomentar los principios constitucionales. Miren, de esto, vamos sobrados, empachados en los últimos cuarenta y cuatro
años. Precisamente, falta información con criterio público y social, y más aún si se trata de la realidad de pueblos diferenciados, como el galego. Hablan de promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural,
pero esa buena voluntad solo dura hasta que la concretan. Artículo 9: la programación de la Corporación RTVE se expresará en español, como lengua oficial y común del Estado; el resto que se conteste con la desconexión. Bien, pero los que
hablamos galego, como los que hablan catalán o euskera, también pagamos impuestos que sustentan la radio y la televisión pública estatal y, por lo tanto, tenemos el mismo derecho que los que hablan español a ver en ellas nuestras expresiones
culturales, nuestro cine, nuestra música o nuestra literatura; si no, todo queda en discurso propagandista para encubrir una discriminación que llevamos arrastrando demasiado tiempo.
Sobre el uso político y la manipulación, con seguridad subirán aquí un o una portavoz del Partido Popular a denunciarlo. Que existe, ya lo he dicho; que lo denuncie el PP, no deja de ser irónico e hipócrita; que lo haga Feijóo, ya es el
colmo del cinismo. En Galicia tenemos unos medios públicos absolutamente controlados, al servicio del PP. No es que lo digamos nosotros, lo dicen los trabajadores agrupados en Defende a Galega, que llevan nada menos que 228 semanas, más de cuatro
años, denunciando la ocultación, la mentira y la manipulación informativa. Y lo dice también la justicia, con una sentencia firme que condena a CRTVG por sancionar a un trabajador precisamente por denunciar la manipulación informativa. Este es el
PP de Feijóo. Tomemos nota.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.
Señor Díaz, cualquiera diría que ustedes ni han gobernado ni han tenido influencia y, sin ir más lejos, no siguen gobernando en lugares tan importantes como el Ayuntamiento de Madrid; cualquiera lo diría, cuando usted sube aquí y parece que
no tiene nada que ver ni con la política ni con los gobiernos ni con decisiones tomadas en su momento. Aquí hemos recorrido un largo camino desde 2005. Lo que usted ha citado es posterior, pero inicialmente, con el comité de sabios y el señor
Lledó, se hizo un informe que casi abarca todas las cuestiones que luego hemos ido desmontando. Posteriormente al informe del comité de sabios, el Congreso y el Senado ya rebajaron las expectativas; posteriormente, el Partido Popular entró en el
Gobierno y lo que hizo es cambiar el sistema de elección por mayoría simple en lugar de mayoría cualificada; posteriormente, llega el Gobierno y retomamos la idea del concurso que nosotros hemos avalado y hemos acordado, y se pone en marcha un
concurso con acuerdo de todos los partidos sobre el comité de expertos que iba a gestionar ese concurso. ¿Y qué pasa? Pues que, finalmente, el concurso, que tenía que serlo, por distintos motivos que no tengo tiempo de explicar, acaba en un
acuerdo de partidos.
Por tanto, pasamos de un marco muy positivo para hacer un concurso público, para garantizar la independencia, para garantizar la viabilidad de Radiotelevisión Española, a un acuerdo de partidos que, permítanme que les diga, señorías del
Partido Socialista, de Unidas Podemos y del PNV, aunque a mí no me gusta decir que ya se lo advertimos, se lo advertimos. Ya advertimos que íbamos a terminar como hemos terminado, y en lo que hemos terminado es en una crisis monumental de
Radiotelevisión Española, y eso es lo grave y eso es lo importante, porque lo que nos pasa a nosotros bien empleado nos estará por no hacer las cosas en condiciones en cada momento. No importa lo que nos pase a nosotros, no importan los consejeros
de cada partido, lo que importa es que tenemos un grupo de profesionales magníficos en
Radiotelevisión Española que ven cómo prácticamente se está desmontando la viabilidad de un servicio público. Lo que realmente importa es que, teniendo la base y el trabajo de un comité de expertos, no hayamos sido capaces de traducir esa
magnífica labor inicial en una senda que garantizara la autonomía y la capacidad de Radiotelevisión Española. Y ustedes, señores de Ciudadanos, permítanme que les diga que ahora se quieren convertir en los adalides, en los únicos. No, hubo otra
gente que no participó en la votación, pero eso no importa mucho ni a los trabajadores ni a los que queremos una radiotelevisión pública de calidad para nuestro país, que sea objetiva y que cumpla un criterio de servicio público. Yo reconozco que
llevan tiempo trabajando en la misma dirección que nosotros, pero dejan grandes huecos: el servicio público bien definido, el derecho de acceso, el Consejo Audiovisual, el tratamiento lingüístico o su permanente afán centralizador y centralista.
No obstante, nosotros no nos vamos a oponer a la tramitación de esta iniciativa, pero quiero que quede claro que ustedes también han perdido una gran oportunidad de pensar más en lo colectivo y en lo común que en sus intereses partidistas o
su espacio electoral.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sabanés.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Álvarez i García.
El señor ÁLVAREZ I GARCÍA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos sobre los medios de comunicación públicos, esos medios que deberían ser -a veces lo son- la referencia de todo aquel o aquella periodista que busca una carrera profesional llena de oportunidades y,
sobre todo, que deberían profesionales -justamente la palabra lo dice-, aunque a veces no lo son.
Señorías de Ciudadanos, cuando vi que habían presentado una PL sobre este tema tenía esperanzas de que podrían presentar algo más contundente de lo que han presentado, porque la verdad es que era paupérrimo el texto. Pero, señor Díaz, le
quiero recordar una cosa: ustedes han sido el partido más hinchado por los medios de comunicación mientras han hecho falta, así que menos lecciones. (Aplausos).
Es cierto que hay un punto en el que queremos incidir, justamente un punto que ustedes también tocan: el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española debe estar apartado de toda influencia política. Creo que es una obviedad, a
pesar de que los políticos, los que estamos aquí, lo nieguen. La evidencia de que la política influye directamente en los medios de comunicación es tan evidente que parece mentira que sigamos negándolo en esta Cámara. En los medios privados,
normalmente más acostumbrados a la no imparcialidad -algunos, no todos-, es en donde realmente se ve más evidentemente esta influencia, pero el problema viene cuando esa influencia llega a los medios públicos, que son los que al final pagamos todos
y todas. Un claro ejemplo de esto que estoy diciendo es la elección y posterior función del ya expresidente de Radiotelevisión Española, el señor José Manuel Pérez Tornero, un presidente puesto en el cargo por diferentes fuerzas políticas aquí
presentes y forzado a dimitir también -¡oh, sorpresa!- por las mismas fuerzas políticas aquí presentes. No sé, yo creo que es de risa, señorías. El señor Tornero pasará a la historia como uno de los peores presidentes de la televisión pública, y
no por no ser un buen profesional -que seguramente lo sea-, sino por hacer de la televisión pública un lugar partidista y sectario, y sobre todo por colaborar a promover la desinformación, que creo que es lo peor que puede hacer un medio de
comunicación. Un ejemplo, justamente del tema del que iba a tratar la pregunta de Esquerra Republicana en la sesión de la Comisión de Control de Radiotelevisión Española que finalmente se suspendió. La pregunta iba sobre la desinformación; en
concreto, se preguntaba por qué Radiotelevisión Española reducía el presupuesto de los espacios informativos de la casa y lo incrementaba para programas de producción externa o que blanquean a la extrema derecha; por ahí se había colado algún
carguito de VOX también. El hecho de reducir el presupuesto del espacio seguramente más importante de la cadena, en el que se informaba -y remarco, se informaba- a la población de la actualidad más inmediata, es la gran evidencia de que el
expresidente de Radiotelevisión Española era el mayor desinformador de todo el Estado, por lo menos hasta ahora. ¿Dónde se ha visto que un medio de comunicación priorice programas de cuestionable contenido a los espacios de información? La
información es el principal objetivo de cualquier periodista o medio de comunicación decente, e informar es su trabajo, nuestro trabajo como periodistas, los que somos periodistas o estamos dentro del gremio. Lo que estaba pasando en la televisión
pública era terriblemente indecente, sin mencionar ya, por supuesto, la caída histórica y en picado de las audiencias de la televisión pública.
La obligación de cualquier periodista, hasta donde yo sé -que justamente, como he dicho, pertenezco al gremio-, es la de informar de la forma más profesional, relevante y veraz; todo lo que esté fuera de esto creo que suscitará dudas. Todo
esto ha salpicado a auténticos profesionales, que han sido totalmente apartados o ignorados -alguno hasta acusado de vete a saber qué e incluso a otros que ya ni siquiera están- por el simple hecho de no obedecer a una dirección, como he dicho,
partidista y sectaria. De hecho, el claro ejemplo y uno de los casos más llamativos es el del periodista Jesús Cintora, que era el presentador del programa que tenía mayor audiencia de la cadena en la actualidad general y política. Se ha
mencionado por qué se le echó, pero lo peor fue la manera en que fue fulminado, porque el presidente Tornero ni siquiera tuvo la valentía de dar la cara y las explicaciones pertinentes al periodista. Por cierto, ¿puede que los medios privados
influyan en la televisión pública? Se lo voy a volver a repetir: ¿puede que los medios de comunicación privados influyan en el día a día de la televisión pública? (Una señora diputada: Puede.-Rumores). Yo lanzo la pregunta y a ver si alguien me
puede contestar.
Señorías, los medios de comunicación que pagamos todos y todas deberían estar lejos de toda esta polémica sectaria. Prioricemos el bienestar y la profesionalidad de los y las periodistas que día a día intentan hacer de la mejor manera su
trabajo y dotémosles de las herramientas necesarias para hacerlo. Solo así tendremos un contenido periodístico de calidad, profesional y veraz.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta.
Un aumento de las estructuras de dirección con personas de su confianza, es decir, enchufismo; una deuda de 588 millones de euros junto con las peores audiencias de la historia de la televisión y la radio públicas; el cese de un programa
como Las cosas claras de Jesús Cintora, que sí funcionaba en audiencias; tres de los siete profesionales de la alta dirección de Radiotelevisión Española han dimitido o han sido cesados en año y medio; el veto impuesto a los profesionales de
Radiotelevisión Española para que no pudieran viajar a Tinduf e informar de la situación del pueblo saharaui, o el despido del guionista Barrachina por rotular que Juan Carlos se había marchado de España. Cualquiera de estas polémicas hubiera sido
suficiente para que el señor Tornero dimitiera de presidente de Radiotelevisión Española, pero todos sabemos que no ha dimitido por estos motivos; si lo ha hecho ha sido únicamente porque el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista se
ha roto.
La dimisión del presidente ha supuesto también la marcha de su jefe de gabinete, una persona impuesta por el Partido Popular y que de facto ha ejercido de figura de vicepresidente de la corporación. No lo ha dicho nuestro grupo
parlamentario, lo han dicho diferentes sindicatos y los trabajadores y las trabajadoras de los informativos de Radiotelevisión Española. La manipulación, la politización y el desprestigio informativo en la televisión pública ha sido la marca de la
casa desde que llegó el señor Pérez Tornero.
Ante esta proposición de ley, nos hacemos una pregunta en nuestro grupo parlamentario: ¿por qué es fundamental la pluralidad que no ha existido en la televisión pública? Pues porque a las derechas no les hacen falta los medios de
comunicación públicos, porque ya tienen a los privados para amplificar sus discursos. Un ejemplo son ustedes, señorías de Ciudadanos. Ayer le decía el señor Bal al Partido Popular que no les valía hacerse los 'ofendiditos' ante esta propuesta. Y
esta proposición de ley, señor Díaz, ¿qué es? Quieren ustedes lavarse la cara ahora, pero han acompañado todas las decisiones del Partido Popular en la politización de todas las televisiones públicas autonómicas allí donde ustedes han gobernado con
el Partido Popular. Lo ha hecho el Partido Popular en Canal Sur o la señora Ayuso en Telemadrid, y ha sido siempre de acuerdo con sus socios, que son nada más y nada menos que Ciudadanos. ¿Y usted nos viene aquí a hablar, señor Díaz, de que su
partido va con una mano atada? ¿Ustedes, que han sido el partido del IBEX35? (Aplausos). ¿Ustedes que han sido el partido que más minutos ha tenido en las televisiones de este país, acompañados por las grandes empresas de este país? Eso sí,
hasta que ustedes ya no han sido útiles al sistema. Han servido para lo que el poder quería que ustedes sirvieran y ahora ya no sirven porque tienen a otros que les están haciendo esa tarea sucia. Así que, señor Díaz, ustedes han sido el partido
del poder hasta que el poder ha decidido que ya no eran ni siquiera un partido. Porque, claro, los que no tenemos dinero, los que no tenemos poder y los que no tenemos grandes empresas detrás necesitamos más que nadie una televisión pública y de
calidad con información veraz. Por todo
esto, la situación que se ha producido en Radiotelevisión Española es grave, porque el derecho a la información y los medios de comunicación públicos son elementos fundamentales para entender nuestro sistema democrático.
Ahora, señorías, debemos ser capaces -y eso sí que es responsabilidad de este Congreso- de abrir un debate que dé respuesta a dos elementos fundamentales. El primero, dotar de seguridad jurídica a la corporación, porque ustedes saben que
una dirección provisional no tiene el mismo nivel de competencias que tiene la presidencia; y este Congreso es quien tiene el mandato democrático de facilitar una nueva presidencia para Radiotelevisión Española. Y, el segundo, solucionar ya los
problemas urgentes que presenta Radiotelevisión Española: acabar con la manipulación informativa que responde a los intereses mediáticos de las derechas, poner en marcha el proceso de oposiciones que afectará a dos mil puestos de trabajo externos e
internos y aprobar el segundo mandatomarco de Radiotelevisión Española y también el contratoprograma para darle estabilidad a la corporación. Eso es lo que necesitamos en estos momentos. Son tres medidas que nos ayudarían a iniciar la senda de
recuperación de la corporación pública como mecanismo de información imparcial, que es lo que necesita este país.
Señorías de Ciudadanos y de las derechas, este país ya está harto de las manipulaciones cada vez que ustedes controlan los medios de comunicación, ya sean públicos o privados. (Aplausos). Porque ustedes, las tres derechas, ya tienen
grandes medios de comunicación de este país. Ya tienen a Telecinco, ya tienen a Antena 3, ya tienen a El Mundo, ya tienen a La Razón y ya tienen al ABC, que responden a sus intereses de clase y de partido. (Aplausos.-Rumores). Eso es a lo que
responden los medios de comunicación privados de este país. En cambio, a los ciudadanos que queremos estar bien informados, porque es un derecho constitucional que tenemos, solo nos sirve lo público, la radio y la televisión públicas. Si estas se
acaban pactando también con el Partido Popular, como ha pasado, se regala en una bandeja de plata el control de toda la información a aquellos que solo pretenden manipularla en función de sus intereses económicos y políticos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mena.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez del Real. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ DEL REAL: ¡Vaya tarde le están dando a don Guillermo! Y mire que usted tiene tardes buenas, tardes malas y tardes aún peores. La verdad es que no me voy a sumar a ellos porque, cuando a alguien le quieren dar todos, yo
tengo hasta empatía con él. Aunque usted nos haya soltado alguna coz, ya hasta tengo empatía, aunque hay tardes... No tenga miedo a mirar hacia arriba, porque cuando ustedes sacan ese despliegue 'ciudadanito' me recuerdan esta bonita cúpula y ese
desplegable allá arriba que recuerda a un bello animal que está ahí representado: ¡Todo lo hacemos bien y somos tan guapos! Me recuerdan al animal que está ahí representado. (Señala el lucernario con vidriera pintada situado en la bóveda del
hemiciclo). Sí, sí, arriba, ¿no lo ve? La cristalera. ¿Ya ha reconocido al animal? (El señor Díaz Gómez asiente).
Don Guillermo, estamos de acuerdo. Dice la Constitución: 'La ley regulará la organización y el control parlamentario -y esto es importante- de los medios [...] dependientes del Estado'. ¿Correcto? Es tan fácil como eso. Entonces, ¿hay
necesidad de una ley? Sí, lo dice la Constitución. ¿Está regulada Televisión Española? Sí. ¿Están regulados y con control parlamentario -que es de lo que a mí me gustaría hablar hoy- otros medios? La respuesta es no, no, no y cuarenta y siete
años no. Porque no están sometidos a comparecencias, por ejemplo. Usted y yo hemos compartido comparecencias -como la de la presidenta de la Agencia EFE, que viene por aquí casi a decirnos que no es un medio público y que solo le pagamos las
pérdidas-, que vienen aquí cuando se les nombra y para los presupuestos sin conocer ni cómo funciona una cuenta de resultados. Señores, yo les pediría, por favor, que cuando elijan a gente para puestos importantes, por lo menos que sepan hacer los
primeros números; se pueden hacer en un Postit o, si no, se lo enseñamos, como aquel ministro, en dos tardes. No se preocupen, tenemos gente muy buena en los grupos parlamentarios de las derechas para enseñarles. (Aplausos).
Por lo tanto, ¿está bien el alcance de esta proposición de ley? Sin duda, está muy bien, pero le falta mucho. Le falta porque aquí llevamos cuarenta y siete años celebrando el franquismo. En el caso de la Agencia EFE, llevan ustedes,
señores del PSOE y también del PP, celebrando una agencia fundada por un tal Ramón Serrano Suñer, el Cuñadísimo. Están ustedes dejando que funcione la Agencia EFE como funcionaba exactamente durante el franquismo. Ustedes lo aborrecen, ya lo sé,
pero les conviene a ustedes que la Agencia EFE funcione como funcionaba durante el franquismo: al servicio del Gobierno.
No voy a entrar en los detalles de cuando en la Comisión un senador del PSOE nos hizo una propuesta para homenajear a los padres fundadores de Radiotelevisión Española. Nos pedía celebrar la fundación de Radio Nacional de España en 1937 por
Millán-Astray y de Televisión Española en 1956 por Arias-Salgado, sin olvidar antes, en 1938, las primeras pruebas con Telefunken en colaboración con el Gobierno alemán. De verdad que ustedes no se dan cuenta de lo que nos piden celebrar.
(Aplausos). Y el problema es que, durante cuarenta y siete años de celebración del franquismo y de la colaboración con la Alemania de 1938, ustedes se han olvidado de aplicar la Constitución a la Agencia EFE y a muchos medios dependientes del
dinero público. Así que, yo les voy a proponer una solución. No solo vamos a apoyar esta proposición -no se preocupe-, sino que vamos a debatir esta ley y luego podremos entrar en detalle. La vamos a apoyar para que se tramite en este Parlamento,
a pesar de las coces que nos ha dado -algunas de ellas con un par de mentiras-, pero han sido coces chiquititas, pues, efectivamente, no logra usted dar coces grandes.
Para el problema fundamental hay una solución muy rápida que nosotros propusimos ya en el año 2020. Propusimos que la Comisión de Control de Radiotelevisión Española cambiara su nombre y su función para que sea comisión mixta de control de
los medios dependientes del Estado. Coste para el contribuyente, cero euros; cumplimiento de la Constitución, cien por cien. Llevamos cuarenta y siete años sin cumplir la Constitución y esta misma tarde, si ustedes quisieran, si ustedes quisieran
y estos otros quisieran (señalando a los escaños de los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara), podríamos hacerlo. Yo les reto. ¿Quieren ustedes cumplir la Constitución, sí o no? Hagámoslo en los próximos cinco minutos. A ello les reto,
a ver si tienen coraje democrático. (Aplausos).
Con respecto al desarrollo de la ley, don Guillermo, no le voy a dar lecciones de liberalismo, pero la ley que usted ha propuesto es muy poco liberal; hablaremos de ello, le haremos enmiendas. Lo primero, porque no habla usted de lo que
deberíamos hablar, que creemos que tiene que ser un gran proyecto de lo que tienen que ser los medios dependientes del Estado, al servicio del Estado español, probablemente más hacia fuera que hacía dentro. En su redacción -no le digo que sea mala,
al contrario, está bien trabajada- nos parece que se centran demasiado en lo que hay, y entendemos que es mejor algo de planta nueva que tratar de construir sobre esa bola sucia de lo que hay. Es mejor ser capaces de construir unos medios
dependientes del Estado reducidos a su expresión necesaria para servir al Estado, no para servir al estado de los partidos políticos, de estos señores, de estos señores (señala a las bancadas de los grupos parlamentarios Socialista y Popular en el
Congreso, respectivamente) y sus socios habituales. Eso es lo que deberíamos estar haciendo y ahí, pese a las coces que nos pegue Ciudadanos, nos va a tener siempre usted a su lado.
Y, por cierto, ya que estamos con aplicar, mañana tenemos una oportunidad enorme. Mañana viene aquí el ministro de la propaganda y le vamos a hablar también de esto. El mensaje va a ser muy sencillo: señores del Gobierno socialista en
colaboración con la cuádruple P -aquellos que acordaron la Presidencia: Partido Popular, PSOE, PNV y Podemos; porque usted lo ha dicho muy bien y tiene razón, no solo se opuso Ciudadanos, nosotros también, que somos un poquito más grandes en este
momento que ustedes y que también estábamos ahí-, ustedes acordaron meter sus sucias manos en Televisión Española mientras gritaban: ¡Independencia, independencia, independencia! Eso es lo que han hecho ustedes, ustedes, ustedes y ustedes.
[Señalando los escaños de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Vasco (EAJ-PNV) y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, respectivamente]. Y, encima, les ha salido rana. (Aplausos). Hablemos de eso y
digámosle mañana al ministro: ¡Saque sus sucias manos de la información de todos los españoles!
Y, termino, don Guillermo, tenía tanto que darle y no le he dado, tenía tanto que contarle y lo haremos en el transcurso de esta ley, pero, de verdad, dejen ustedes de aplicar técnicas tan franquistas como las que hacían emocionarse a
Serrano Suñer en la fundación de la Agencia EFE. Controlemos esta misma tarde, cambiando la Comisión de Control de Televisión Española a una comisión de control de los medios públicos -esta misma tarde, coste cero- para empezar a aplicar el mandato
constitucional de que todos los medios públicos se deban a este Parlamento, a estas Cortes, para dar función de su servicio público y controlar de verdad que sirven a los españoles y no a ustedes, a ustedes, a ustedes o a ustedes [señala a los
escaños de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Vasco (EAJ-PNV) y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, respectivamente], a la cuádruple P o a sus socios que no quiero ni nombrar.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Carazo Hermoso.
El señor CARAZO HERMOSO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señor Díaz, debo confesarle que, cuando leí su proposición de ley, ya en la exposición de motivos me sorprendió el balance parcial y la crítica frontal que hace, entre otros, a mi grupo parlamentario, cosa que ha confirmado esta
tarde con su intervención. Señor Díaz, estamos acostumbrados al adanismo del Grupo Ciudadanos. Hoy el señor Agirretxea ha citado la Biblia y a mí me recuerdan ustedes a veces a aquellas representaciones medievales del juicio final: los mortales
abajo y ustedes sobre la nube impartiendo justicia. Lo que ocurre es que desde las tribunas se pueden decir muchas cosas, pero, cuando uno gobierna -y ustedes ya lo han hecho-, se ve que todos somos mortales. Los ciudadanos españoles se han
cansado de adanismos, la nueva política se ha marchitado muy rápido y, en estos tiempos de zozobra, lo que quieren los españoles es certidumbre y confianza. (Aplausos). Usted, don Guillermo, que le gustan los clásicos, debería recordar siempre,
tanto en la política como en la vida, aquello de memento mori.
Yendo al contenido del texto, coincidimos en parte con el objetivo de su proposición de ley. El Grupo Popular ha sido activo en el papel de control de la Agencia EFE. Hemos solicitado la comparecencia de su presidenta ante la Comisión
Constitucional, hemos presentado iniciativas y proposiciones no de ley a este respecto, como ustedes bien saben. Diría incluso que nos preocupa más que a usted, que casi no ha dedicado ni un minuto de su intervención a hablar de la Agencia EFE.
Estamos de acuerdo en que la Agencia EFE debe estar sometida al control democrático que establece el artículo 20 de nuestra Constitución para los medios de comunicación dependientes del Estado. Pero la forma, en nuestra opinión, no es la más
acertada. Más que una ley de regulación de la Agencia EFE, su proposición parece un cortapega de la ley de 2006 de la radio y televisión estatales, limitándose a añadir la coletilla de Agencia EFE a los artículos referentes a Radiotelevisión
Española. Esto les lleva incluso a haber registrado un texto con numerosas erratas, confundiendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inventando incluso la fusión de ambas, cuando
hablan de la 'comisión nacional de valores y la competencia'; confundiendo el mandatomarco con el contratoprograma que prevé la actual ley de radiotelevisión española; adjudicando al presidente de Radiotelevisión Española competencia sobre la
Agencia EFE, o llamando indistintamente al responsable de la Agencia EFE presidente o director general. No nos parece muy riguroso, señorías de Ciudadanos.
No nos convence tampoco que esta regulación no aspire al consenso en un tema que afecta a unas instituciones que deberían ser objetivas e independientes, y no lo hace cuando, como le decía al comienzo, no parece buscar el acuerdo, sino la
confrontación con partidos que, humildemente, representamos a algunos millones de españoles. Créame si le digo que nosotros, en lo que respecta a Radiotelevisión Española y a la Agencia EFE, queremos ser más parte de la solución que del problema, y
creo que lo llevamos demostrando con un trabajo intenso de control y también con propuestas en los últimos meses.
Pero, señorías, no podemos desconocer tampoco el momento en el que se produce este debate en esta Cámara. Hoy debatimos el futuro de Radiotelevisión Española, tan solo unos días después de que el Gobierno haya forzado la dimisión de su
presidente, el señor Pérez Tornero; un presidente que había sido elegido por la aplastante mayoría de esta Cámara como fruto del acuerdo entre los principales partidos políticos; una elección, por cierto, que ponía fin a la etapa negra de la
administradora única designada por el dedo divino del señor Sánchez, la señora Rosa María Mateo, que llevó a Radiotelevisión Española a sus cotas más altas de manipulación y de intervención del Gobierno y a las más bajas de credibilidad y, en
consecuencia, de audiencia. (Aplausos). Pues bien, tan solo un año y medio después de la elección de un nuevo presidente y con todas las encuestas -las serias- en contra, el señor Sánchez fuerza la dimisión del señor Pérez Tornero para
intensificar el control sobre nuestra radiotelevisión pública. Con este nuevo asalto a Radiotelevisión Española por parte del Gobierno, los españoles saben ya que el señor Sánchez ni es sincero cuando habla de pactos ni quiere instituciones
independientes; que prefiere contentar a sus socios radicales -hoy hemos visto aquí de nuevo cómo Podemos señalaba y atacaba, con nombre y apellidos, a medios de comunicación- antes que a la mayoría moderada de los ciudadanos, y lo han demostrado
con sus injerencias en el CIS, en la Fiscalía General, en el Centro Nacional de Inteligencia o en el INE. La democracia es un árbol que hay que cuidar. Decía el señor Sánchez del Real, que miraran hacia arriba. Yo invito también a que miremos
hacia arriba a los desconchones de esta
bóveda y de aquella pared 1 para recordar que siempre debemos cuidar la democracia. En su ensayo Cómo mueren las democracias, los profesores Ziblatt y Levitsky advertían de que la experiencia de las últimas décadas nos recuerda que la
democracia se va debilitando cuando no se respetan las normas no escritas, cuando se rompen los consensos básicos o cuando no se respetan y se desprestigian las instituciones independientes. Yo no dudo del carácter democrático del Partido
Socialista, pero creo que el señor Sánchez está siendo muy irresponsable arrasando el prestigio de nuestras instituciones, solo para mantenerse en el poder. Señorías del Partido Socialista, nada de eso ayuda ni a fortalecer nuestro sistema
democrático ni a fortalecer nuestro sistema constitucional. (Aplausos).
Señorías, debatimos sobre la reforma de la ley de radiotelevisión española, pero deberíamos empezar por exigir el cumplimiento de la legislación en vigor, que habla de su independencia funcional del Gobierno. Hace unos minutos hemos
conocido, precisamente por un teletipo de la Agencia EFE, la información de que el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros reformar unilateralmente los estatutos sociales de Radiotelevisión Española para otorgar a su presidenta interina plenos
poderes sobre todos aquellos ámbitos que tiene limitados precisamente por ser interina, precisamente por no haber pasado por esta Cámara. Van a dar plenos poderes a una persona que no ha pasado el control parlamentario, usurpando y devaluando una
vez más el papel del Congreso de los Diputados y del Parlamento. Es un hecho muy grave que el Gobierno debe explicar cuanto antes. Porque cada vez parece más claro que el objetivo de esta maniobra de colocar al frente de Radiotelevisión Española a
la que era secretaria general de Radiotelevisión Española con Rosa María Mateo no es otro que conseguir el control absoluto de la televisión de todos por parte de otro Sánchez, el que vive en el Palacio de la Moncloa.
Hablaba al principio de mi intervención del juicio final, y no quiero yo ser profeta del Apocalipsis, pero la realidad es la que es. Si se confirma la vuelta a la propaganda gubernamental y a la utilización sectaria de Radiotelevisión
Española, los ciudadanos harán lo que ya vienen haciendo durante mucho tiempo, cambiar con el mando de su televisión el canal que están viendo, y eso provocará que se siga hundiendo la audiencia de la cadena y de unos informativos que debemos
recordar que hace no tanto eran líderes en audiencia. Lo bueno es que ya no cuela que la propaganda de Sánchez utilice una serie o una televisión.
Termino, presidenta, afirmando que la situación de Radiotelevisión Española es difícil, pero el Grupo Popular seguirá ejerciendo el papel democrático de control de Radiotelevisión Española y haciendo propuestas para mejorar nuestra radio y
televisión pública, para tratar de recuperar un prestigio que tuvo y que, desgraciadamente, una vez más el sanchismo ha echado a perder.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Carazo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Señorías de Ciudadanos: falta de rigor, errores de bulto y, en definitiva, con todo el cariño, señor Díaz, una auténtica chapuza. Ustedes presentan esta iniciativa con la finalidad de mejorar la organización y
funcionamiento y garantizar la independencia e imparcialidad de sus máximos responsables, tanto para Radiotelevisión Española como para la Agencia EFE; sin embargo, es evidente que lo que pretenden no lo consiguen con esta proposición de ley.
Ustedes, señorías de Ciudadanos, mezclan churras con merinas. Déjenme que les ponga algunos ejemplos.
Una de las cuestiones que se plantea es que la regulación que se establece para ambos entes es análoga en numerosos aspectos, a pesar de que las funciones y naturaleza de la Agencia EFE son muy diferentes a las de la Corporación
Radiotelevisión Española. Por lo tanto, dada la diferente naturaleza y la diferencia en las funciones de estas dos entidades, no sería ni aconsejable ni necesario ni oportuno unir a ambas entidades en una sola regulación. Por otro lado, es muy
importante señalar que en esta proposición de ley no se ha tenido en cuenta ninguno de los debates sobre la comunicación audiovisual en España y en el resto del mundo, como es el caso del Proyecto de Ley General de Comunicación audiovisual o de la
lucha contra la desinformación. Además, señorías, ustedes deberían saber que al tratarse de una proposición de ley referida a dos empresas públicas en funcionamiento, esta debería
1 Nota del Diario de Sesiones: El señor Carazo Hermoso se refiere a los impactos de los disparos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
contar con una memoria económica y no la tiene. Pero esto no acaba aquí. Expondré brevemente algunos de los errores que hemos detectado, aunque ya ha señalado alguno el portavoz del Grupo Popular.
Los datos que se aportan sobre la Agencia EFE no se corresponden con los datos públicos de esta empresa, pero es que estos datos aparecen en su web. En relación con la Agencia EFE, se deroga una disposición adicional de contratos del sector
público que se rescata unos párrafos más abajo. Se citan disposiciones derogadas y hay referencias erróneas a instituciones, como la Comisión Nacional de Valores y Competencias o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ya no
existen. Es más, nombran ustedes al Parlamento cuando la referencia que debe hacerse es a las Cortes Generales o Congreso de los Diputados y Senado. En definitiva, señoría, hay que decir que hay errores de bulto. Y para terminar, quiero decir que
es grave y destacable que en su artículo 9 se recoja un reconocimiento rotundo respecto a la lengua en la que se deben expresar estos medios de comunicación, en unos términos que pueden ser cuestionados a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 de la
Constitución.
Señor Díaz, podría continuar enumerando errores, pero no me darían los siete minutos para detallarlos. Me sorprende una vez más la falta de rigor, probablemente fruto del oportunismo político. Por otro lado, me sorprenden también
afirmaciones que se hacen en esta Cámara por determinados grupos parlamentarios de la derecha, que solo se pueden definir como descaro. Con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero los socialistas hicimos una Radiotelevisión Española semejante a
lo que debe ser un servicio público de televisión en una sociedad democrática. En dicha normativa, las designaciones que hasta entonces correspondían al Ejecutivo se trasladaron al acuerdo en el Parlamento. Asimismo, se impuso como único método la
mayoría cualificada, que obligaba al consenso entre las fuerzas mayoritarias. ¿Y ustedes, señorías del Grupo Popular, hablan de asalto? ¿De verdad, de asalto? Fue llegar ustedes al Gobierno con Mariano Rajoy y cambiar la ley. Aprobaron una
reforma legal que permitía al Partido Popular nombrar, con los únicos votos de sus parlamentarios, al presidente de Radiotelevisión Española y a los miembros del consejo de administración. Así, señorías, el PP volvió a utilizar en su beneficio la
radio y la televisión pública. Siempre que han estado los populares en el poder han hecho lo mismo y hay varios ejemplos que, como mínimo, deberían provocarles cierto grado de pudor. Les cito algunos.
¿Recuerdan ustedes cuando la manipulación de la información llegó a tal extremo con Alfredo Urdaci al frente de los informativos que se produjo la primera condena judicial al ente público con ocasión de la información sobre la huelga general
de 2002? ¿O cuando Europa nos llevó a la vergüenza de que, entre otras cosas, el Parlamento Europeo en 2018 pidiera explicaciones al Gobierno popular sobre la manipulación en sus informativos y que el Consejo de Europa denunciara, como hizo en
2013, las injerencias del Partido Populares? ¿Asalto? ¿De verdad dicen ustedes lo del asalto? Esto sucedió hace relativamente poco, pero hace casi nada, señorías del Grupo Popular, ustedes reformaron por segunda vez en ocho meses -lo que
podríamos considerar una contrarreforma- la Ley de Telemadrid, convirtiéndola en una televisión al servicio del Gobierno de la señora Ayuso. Ha habido tanta opacidad que se ha recurrido por parte del Partido Socialista ante el Tribunal
Constitucional y se ha admitido a trámite. (Aplausos). Y ya si hablamos de la televisión pública galega, la del señor Feijóo, el mismo que acusa al Gobierno de tomar las instituciones públicas y que se olvida, cosa que es bastante habitual en él,
de que en su tierra los trabajadores de la televisión pública llevan más de cien viernes de protestas acusando al Gobierno autonómico de manipulación. (Aplausos). Y estas señorías hablan de asalto.
Para concluir, señorías, a ustedes no les interesa lo público, a ustedes les gusta la privatización. Ustedes gobiernan para el 1 % de la población, para sus amigos, y nosotros gobernamos para el 99 % restante. En definitiva, para la clase
media y trabajadora y no solo en este aspecto, sino en todos los demás.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Raya.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, PARA LA ELIMINACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. (Número de expediente 162/001079).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la eliminación de la
obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Ciudadanos traemos hoy aquí una propuesta que no deberíamos traer, y no deberíamos hacerlo porque hace ya demasiado tiempo que la mascarilla en el transporte público y en otros lugares, como ópticas y farmacias, no debería ser obligatoria.
Una de las primeras cuestiones a las que se ha acostumbrado el Gobierno de España es que ellos imponen una medida restrictiva de la libertad, pero no tienen que demostrar que es eficaz. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la
Presidencia). Invierten la carga de la prueba. El caso de las mascarillas es paradigmático. Hay algo que sería muy bueno que el Gobierno tuviera claro: no son los ciudadanos españoles ni yo aquí quienes tenemos que demostrar que las mascarillas
obligatorias se pueden retirar. No es así. Son ustedes, señores del Gobierno, quienes cada día deben justificar una restricción a la libertad y demostrar que es necesaria. Lo que sabemos hoy, la gran evidencia que tenemos hoy es que la COVID-19
es una enfermedad que cursa leve en la inmensa mayoría de los casos. Lo que sabemos hoy es que Portugal, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Finlandia, Eslovaquia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, República
Checa, Rumania, Croacia y Malta han retirado la mascarilla en el transporte público hace ya tiempo, mucho tiempo. Luego lo han ido retirando otros, pero de estos países ya tenemos datos y no ha cambiado nada y nada para mal. Por cierto, solo
España y Alemania mantienen la mascarilla obligatoria en aviones. Han dicho algunas fuentes del Ministerio de Sanidad que, como viene el frío, es mejor dejar las mascarillas. Será que en Finlandia, Noruega o Dinamarca el clima es tropical. Yo les
prometo que hace más frío incluso que el que esperamos aquí y no ha pasado nada.
Hoy se remitirán algunos de ustedes a la Ponencia de Alertas. ¿Saben lo que dijo la Ponencia de Alertas ayer? Que mantienen la mascarilla obligatoria en el transporte público porque la gripe viene fuerte. Por esa regla de tres, la
mascarilla ha de ser obligatoria siempre porque siempre va a haber alguien que pueda enfermar de manera grave con la gripe. El otro motivo que dan desde la Ponencia de Alertas es que quitar la mascarilla obligatoria del transporte público daría el
mensaje de que la pandemia ha terminado. ¿Qué criterio científico es ese? ¿Quiénes creen que son en la Ponencia de Alertas para decidir qué mensaje se emite o no? Eso será cuestión de los políticos, ¿no? Es escandaloso mantener una restricción a
la libertad porque puede emitir el mensaje equivocado. La libertad nunca emite un mensaje equivocado, no es propio de una democracia occidental. Sin ser Nostradamus, ya les digo yo lo que va a pasar con este asunto. El día que quiten la
mascarilla obligatoria en el transporte público no sabrán decirnos el dato que les hizo tomar la decisión. Y les digo por qué, tengo evidencias, esto ya ha pasado antes. La Navidad pasada, ante un aumento de los casos, impusieron de forma
repentina la vuelta de la mascarilla obligatoria en exteriores. No sabían explicar muy bien por qué, pero lo hicieron. Fue una restricción meramente cosmética, la quitaron muy pronto por el revuelo ocasionado y nada cambió en la situación
epidemiológica. Algún tiempo después mi grupo parlamentario, Ciudadanos, trajo a esta Cámara la retirada de la mascarilla en interiores. Aquí mismo nos dijeron que no se daban las condiciones ese día para retirarla y a la semana y poco la
retiraron. No nos explicaron qué había cambiado para retirarla. Pero les digo más. Cuando propusimos aquí la retirada de la mascarilla en interiores -el PSOE votó a favor y al poco la retiraron-, el Partido Popular criticó la propuesta de
Ciudadanos por imprudente y la portavoz de Sanidad del PNV recurrió incluso al ataque personal contra mí por proponer la retirada de la mascarilla en interiores. Me llamó populista irresponsable y me acusó de poner en peligro a las personas.
Atentos a lo que pasó después. A los pocos días el Gobierno, obedeciendo el mandato del Congreso, que había aprobado la propuesta de Ciudadanos, retiró la mascarilla en interiores. ¿Cómo creen que vinieron a esta Cámara las portavoces del Partido
Popular y del PNV que me habían puesto a caldo a la semana de decir que yo ponía en peligro a la gente pidiendo retirar la mascarilla en interiores? Sin mascarilla. Toda la Cámara vino sin mascarilla. Una de dos, o les encanta enfermar gravemente
o la mentira populista no estaba en mí sino en otros. Juzguen ustedes.
Mañana por la tarde, cuando finalice el Pleno, Pleno al que todos ustedes, igual que yo, vendremos bien apretaditos y sin mascarilla, saldré a la calle sin mascarilla, cogeré un taxi -solos el taxista y yo-, me pondré la mascarilla con la
ventanilla bajada, si quiero, e iré a la presentación del nuevo libro del maestro Andrés Trapiello, que estará bien llena. Será sin mascarilla. Después cenaré, celebrando el éxito del escritor, sin mascarilla y me subiré a un taxi -el taxista y yo
solos- con mascarilla. Al día siguiente, todos ustedes y yo nos juntaremos aquí, bien apretaditos, sin mascarilla. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan
cuenta, señores del Gobierno? Esto es absurdo. Pongan fin ya a esto, ganaremos todos. Los españoles ganarán libertad, ustedes serán mejores gobernantes y la ministra de Sanidad, la señora Darias, dejará de escucharme este tema, que sé que
lo está deseando. Y hay otro argumento a la hora de exigirles ya que retiren la mascarilla del transporte público. Si mantienen medidas de eficacia nula desgastan ustedes su autoridad para medidas futuras. Espero que no, pero si en el futuro hace
falta volver a poner mascarillas, tendrán ustedes muy difícil convencer a los españoles de que deben ponérsela cuando la mantuvieron sin ser necesaria.
Señores del Gobierno, restringir la libertad es la última ratio, no un acto reflejo. Voten hoy a favor de la propuesta de Ciudadanos y quiten hoy la mascarilla obligatoria en el transporte público, ópticas y farmacias. Háganlo. Háganlo
por su maltrecha credibilidad. Háganlo por mantener su autoridad. Háganlo por respeto a los derechos de los ciudadanos. Háganlo por ser coherentes con la evidencia científica. Háganlo por no plegar todo a la propaganda política. Háganlo por
cumplir con lo que tiene que cumplir un Gobierno democrático, que es restringir las libertades únicamente cuando es estrictamente necesario. En definitiva, háganlo por la libertad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Díaz.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Romero Sánchez.
La señora ROMERO SÁNCHEZ: Buenas tardes, señorías.
De nuevo los señores de Ciudadanos nos traen un debate sobre el uso de la mascarilla, en este caso para eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público y en los establecimientos sanitarios. Y, sinceramente -se
lo digo con todo el respeto, por supuesto-, es una propuesta con poco rigor técnico para un asunto de tanto calado como es la protección de la salud de los ciudadanos. Lo plantean como si fuera una cuestión de quién va a dar antes la noticia. De
hecho, ha hecho aquí una exposición de lo que ha pasado en estos últimos meses y que parece que ustedes fueron los primeros. Esto no va de dar noticia ni de dar titulares o dar más a la propaganda; en eso es en lo que siempre ha estado el
Gobierno. Nosotros, el Grupo Popular, siempre hemos defendido desde el inicio de esta pandemia lo mismo: cualquier medida sanitaria que se tome se debe hacer desde la evidencia científica y avalada por los expertos y por las comunidades autónomas.
Ninguna de estas premisas ha guiado el hacer del Gobierno durante estos casi dos años de gestión de la pandemia, acertando solo cuando rectifica o atiende las propuestas del Partido Popular; por cierto, como pasa en otras cuestiones. Los vaivenes
del Gobierno en cuanto al uso de la mascarilla y su regulación han sido un despropósito. Todos recordamos en los inicios de los meses de 2020 al exministro de Sanidad, Illa, diciendo que desaconsejaba ir con las mascarillas por la calle o a Simón
diciendo que no tenía ningún sentido usar la mascarilla. Un bochorno y sobre todo un daño terrible a la población, porque en salud pública la comunicación es un instrumento muy importante.
Señorías, señorías del Gobierno, la gestión de la COVID del Gobierno ha sido un desastre, y no lo digo yo porque sea del Partido Popular, lo dicen los expertos. Este mismo mes de septiembre se publicaba un prestigioso informe en la revista
científica The Lancet, que señalaba a España por su mala gestión en la pandemia, porque reaccionó tarde, muy lentamente, en tomar medidas; por la tardanza en cerrar vuelos con China y con Italia; por los errores, precisamente gravísimos, en la
comunicación sobre el uso de la mascarilla confundiendo a la población; porque las medidas fueron totalmente equivocadas y porque se podían haber evitado muchas muertes; dice este informe. Lo más llamativo de este informe es que dice que,
sorprendentemente, después de casi dos años no se ha elaborado una auditoría externa independiente que evalúe la gestión de la pandemia y que no hay un plan claro de actuación, una ley de pandemias que venimos pidiendo y proponiendo en el Partido
Popular, un marco jurídico seguro para hacer frente a las pandemias; por no hablar del incumplimiento de las medidas aprobadas en el dictamen de salud y sanidad pública de la Comisión para la reconstrucción, entre ellas la Agencia Estatal de Salud
Pública, que seguimos sin saber nada de ello en esta Cámara. (Aplausos).
No han querido, no han sabido, ni gestionar la prepandemia ni la pandemia y -lo peor- tampoco ahora la pospandemia. Y los ciudadanos claro que están hartos, lógicamente, y confundidos; y el Gobierno mientras tanto, escondido, no habla
claramente y no da explicaciones. ¿Por qué el 95 % de los países de la Unión Europea ha suprimido su uso? ¿Qué motivos de salud hay para mantenerla? ¿O simplemente están dejándose llevar por miedo? ¿Por qué no han hecho pruebas de
seroprevalencia para ver la
inmunidad de la población, como ha hecho recientemente la Comunidad de Madrid? Si los expertos aconsejan seguir con la medida, salgan, explíquenlo y presenten los informes. El resultado de su silencio es que los ciudadanos están hartos no,
lo siguiente; y lo que están creando es conflictividad en el transporte público, porque muchos ciudadanos, efectivamente, cansados ya, no se ponen la mascarilla y crea conflicto debido a las contradicciones de este Gobierno.
Mi grupo ha presentado una enmienda -claro que sí- en la misma línea de siempre: que haya evidencia científica que avale la medida que se vaya tomando, con el consenso pleno con las comunidades autónomas. Cuidar de la salud no es para
hacer política. Señores del Gobierno y sus socios: menos manual de resistencia, menos docuserie y más manual de gestión de pandemia, y más manual de buena gestión sanitaria, y más apoyo a los profesionales sanitarios, y más escuchar a los
sanitarios que están haciendo propuestas. En eso es en lo que tenían que estar.
Los ciudadanos están cansados, pero ¿saben de lo que están cansados? Están cansados de este mal Gobierno y lo que esperan cuanto antes es que se acabe, porque no están a la altura de lo que necesitamos, precisamente, en este momento tan
difícil.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Muy bien!).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Romero.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Señorías, arratsalde on, buenas tardes.
Después de haber oído la intervención de su grupo, de Ciudadanos, me surge una pregunta: ¿Tanto necesitan ustedes en estos momentos de la demagogia, del oportunismo, para subsistir políticamente? Porque caracterizar de modo tan
preponderante como ha hecho que la obligación del uso de la mascarilla es una falta de libertad es oportunismo y demagogia, porque no ha atendido a ningún otro criterio. Únicamente dice usted preponderantemente que la obligación del uso de la
mascarilla es un abuso y una falta de libertad en esta sociedad. Por supuesto que todas y todos queremos vivir sin mascarilla; toda la sociedad estamos mejor sin mascarilla, y va a tener que desaparecer esa obligación -claro que sí-, pero debería
ser una decisión que no corresponda al capricho de su grupo. ¿No es mejor que se tengan en cuenta los diferentes criterios de los expertos y de las distintas instituciones existentes? ¿No sería mejor contar con el criterio del sector sanitario?
¿No sería preciso seguir los consejos y criterios del consejo interterritorial y contrastar las diferentes situaciones y que salga de ahí una recomendación? ¿No sería necesario tener en cuenta los diferentes sistemas de salud que existen en el
Estado? Hay que oír a todos esos sectores, y habrá que hacerlo, además, respetando las diferentes competencias existentes en los sistemas de salud. Pero no, por encima de todo ello ustedes vienen aquí a imponer o a intentar crear ruido con
respecto al cuándo para intentar ser una vez más los primeros. ¿No será que no están respetando, precisamente, la necesidad de consenso y de trabajo colectivo que hay que hacer al respecto?
Nosotros también compartimos, igual que ha propuesto la Comunidad autónoma de Navarra, que ya sería hora de quitarla. Estamos de acuerdo, ¿pero cuándo? Eso es lo que hay que determinar colectivamente y no desde el punto de vista de un
protagonismo de su grupo. Por encima de la demagogia y de las ansias de protagonismo que ustedes tienen, nosotros siempre hemos actuado con rigor, con ánimo de consenso y de acuerdo con lo que dicta la mejor evidencia científica posible; siempre
lo hemos hecho durante la pandemia y siempre lo vamos a hacer. Ustedes, en cambio, en este sentido, no han aportado nada durante la pandemia. Todos somos conscientes de que la sociedad está cansada y tiene ganas de poderse quitar la mascarilla de
una vez; lo sabemos y lo compartimos, pero ante todo habrá que intentar concienciar a la ciudadanía de que esta medida, la mascarilla, no es una ocurrencia política, es una medida de salud pública. Por tanto, cuándo retirarla tampoco puede ser una
ocurrencia política de su grupo, sino tras un proceso de decisión colectivo, de reflexión científica y con el mayor consenso posible para ello.
Señorías de Ciudadanos, con respecto a la mascarilla, no aportaron ningún elemento para conseguir ese consenso; en dos años de pandemia nada en este sentido, y vemos que siguen sin hacerlo. La cuestión no es ser los primeros en decirlo;
la cuestión es ser oportunos y, especialmente, no ser oportunistas. Entendemos que tiene que llegar un momento en que coincidamos las diferentes instituciones en cuándo y cómo deben hacerse estas medidas. Por eso, no vamos a apoyar su propuesta.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Cuando nos decía el representante de Ciudadanos que es una proposición que no deberíamos traer, tiene toda la razón: no deberían haberla traído. Este asunto, un asunto relacionado con la salud pública, no puede convertirse en una disputa
política.
Decía que se les había acusado en ocasiones anteriores de populistas e irresponsables. Pues me temo que en esta ocasión también tenemos que decir lo mismo -no he sido el único y vendrán otros oradores-: populistas e irresponsables, sobre
todo en un día como hoy, en el que la prensa señala que los expertos de sanidad piden mantener la mascarilla en el transporte público, que la Ponencia de Alertas traslada a la Comisión de Salud Pública su recomendación de no quitar la mascarilla en
este ámbito y que será la Comisión de Salud Pública la que tenga la última palabra. Son noticias de hoy. Por tanto, es irresponsables y populistas.
Nosotros somos conscientes -claro que sí, como todo el mundo- del cansancio de la población y del deseo de la gente de olvidarse definitivamente de la mascarilla, pero creo que nos debemos guiar por el principio de prudencia y tomar medidas
con base en la información aportada por los indicadores técnicos de evolución de la enfermedad y no por otras razones; y mucho menos que el que lo decida sea el Congreso de los Diputados, sino que, en su caso, lo sean las autoridades sanitarias.
Por otra parte, la verdad es que es cierto que también hace falta agilidad en las decisiones y rapidez a la hora de reaccionar según vengan esos indicadores sanitarios.
Nos parece bien que este Congreso no tenga que estar aprobando ni decidiendo por ley el uso o no uso de la mascarilla y nos parece bien que el Gobierno pueda regularlo mediante decreto. Y así votamos el decreto, pero también manifestamos
que ese decreto ley debería tramitarse como proyecto de ley para ser más eficaz y para adecuarlo a las competencias del Estado. Porque si bien estamos de acuerdo en que el Gobierno pueda modificar el uso de la mascarilla mediante real decreto,
debería habilitarse a las autoridades sanitarias autonómicas a modificar su uso en función de la situación epidemiológica de su territorio. Nos parece bien que lo haga el Gobierno del Estado, pero lo que no nos parece bien es que solo sea esta
habilitación para el Gobierno del Estado. Con la exclusiva habilitación al Gobierno del Estado para tomar esta decisión, cada vez que una comunidad autónoma quiera modificar el uso de la mascarilla en su territorio, por ejemplo, en el transporte
escolar o en el transporte interterritorial, tiene que solicitar al Gobierno del Estado que se modifique su uso. Esto no nos parece ágil ni eficaz y, además, creemos que son dos habilitaciones compatibles. La del Gobierno debería utilizarse cuando
hay una situación homogénea a nivel estatal o a nivel europeo, pero la experiencia nos ha enseñado en estos últimos dos años que la pandemia aparece con más intensidad y antes en algunos territorios, y que ganar agilidad para cortar la propagación
del virus es muy importante.
En definitiva, primero, no tiene sentido que el Congreso sea, sobre la base de la voluntad de diputadas y diputados, el que decida sobre este asunto y tienen que hacerlo los expertos sanitarios basándose en unos indicadores técnicos.
Segundo, sobre la base de ello, hay que tomar decisiones. Si las condiciones son iguales en todo el Estado o si lo son a nivel europeo, las comunidades autónomas deberían estar habilitadas para tomar decisiones rápidas si hay repuntes concretos en
algunas zonas.
Lógicamente, votaremos en contra de esta propuesta -de nuevo lo decimos- populista e irresponsable.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gràcies, presidenta.
A fecha de hoy, el Estado español es prácticamente una excepción en Europa en cuanto al uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público. Solo Alemania y Grecia mantienen este uso obligatorio y, en muchos casos, ha pasado a ser ya
solo una recomendación. En este sentido, nos encontramos con incoherencias como que el Estado español es el único país que mantiene la obligatoriedad de la mascarilla en los aviones -en todos los vuelos con origen o destino en España su uso es
obligatorio, cuando en el resto de los países europeos ya no lo es-, por no hablar de que cada vez es menor el grado de cumplimiento de esta medida en el metro o en el autobús. Gran parte de la ciudadanía está agotada y cada vez se da más cuenta de
este tipo de incongruencias.
Hoy las unidades de cuidados intensivos presentan el nivel de ocupación más bajo desde el inicio de la pandemia, pero seguimos manteniendo en vigor medidas excepcionales como la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte
público. Hay que reconocer que durante toda la pandemia la ciudadanía ha seguido a rajatabla todas las restricciones y medidas que el Gobierno y los distintos Gobiernos autonómicos han decretado. Quiero, desde aquí, dar las gracias a todas
aquellas personas responsables que lo han hecho así, pero también quiero alertar de que puede ser contraproducente mantener en vigor medidas que cada vez menos gente entiende.
Ahora bien, siempre hemos defendido que son las comunidades autónomas las que deberían decidir, en última instancia, sobre la desescalada en el uso de las mascarillas y que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en
sanidad y en atención primaria y, por lo tanto, las que tienen que gestionar en función de la incidencia del virus en cada territorio. Evidentemente, si hay asuntos que afectan a todo el Estado de manera general, hay que decidirlo de manera
consensuada en el Consejo Interterritorial de Salud. No obstante, creemos que todo esto se rompió cuando el Gobierno decidió convalidar un real decreto ley para la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público y en distintos
establecimientos en todo el Estado. Por ello, en función del texto transaccionado que se lleve a votación, decidiremos el sentido del voto.
Por un lado, en el PDeCAT constatamos la necesidad de avanzar en la desescalada y seguir los pasos de la mayoría de los países europeos retirando la obligatoriedad del uso de la mascarilla, pero, por otro lado, creemos que desde un principio
esta decisión tendría que haber sido de las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Cañadell.
Por el Grupo Parlamento Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez.
La señora MEDEL PÉREZ: Buenas tardes.
Hay veces que nos sentimos ofendidos, muy ofendidos, por las intervenciones de otros diputados y diputadas. Creo que traer aquí reiteradamente una PNL sobre mascarillas no es motivo para que uno se quiera reivindicar a sí mismo. Lo
entiendo, pero no me parece razón suficiente.
Señora Romero, se contradice la primera parte de su discurso con la segunda, porque el resumen de todo ello es que usted está en contra de esa PNL; es decir, solo bajo criterios científicos se pueden retirar las mascarillas. Los
especialistas en medicina preventiva, los epidemiólogos y los expertos en salud pública están bastante hartos de que aquí se traigan propuestas que tenemos que votar porque no es el lugar adecuado para tomar ese tipo de decisiones. No nos
conciernen, sencillamente, porque nosotros no somos expertos en salud pública ni en epidemiología.
Y aunque se diga al Grupo Ciudadanos reiteradamente lo que es la evidencia científica, que muchas veces es difícil sacar conclusiones, que hay estudios y ensayos clínicos y que, por la complejidad y por las características, no se pueden
controlar todas las variables que actúan sobre ellas, es difícil tomar decisiones claras en comparación con otros estudios, también científicos, pero cuya evidencia es muchísimo más alta. Todo depende de lo que se estudie y del modelo que se
aplique. Eso es así y eso es lo que hace que los expertos que tienen que decidir si se deben quitar o no las mascarillas y de qué manera sean extremadamente prudentes y duden, porque hay que valorar muchísimas cosas, entre ellas las consecuencias
de algo cuya evidencia científica es imposible que sea demasiado alta, pero que es de sentido común decir: si vamos mil personas en un metro todos pegados, igual la mascarilla nos protege. Esa es la realidad del asunto. (Aplausos).
¿Por qué no dejan ustedes que continúen trabajando los expertos? ¡Es que yo no lo entiendo! Porque, en realidad, en esta PNL sobre quitar o no la mascarilla lo que ustedes están planteando es que, por algún motivo oculto, el Gobierno
restringe la libertad de las personas obligándolas a llevar una mascarilla. Da igual para qué es la mascarilla; si te salva de la muerte o no te salva da lo mismo. Ustedes lo que plantean realmente es que este Gobierno nos quiere llevar atados,
con la mordaza. Esa es la idea que usted está transmitiendo aquí. Eso no hace más que sembrar desconfianza porque, aunque usted dice que las acciones del Gobierno crean dudas, es usted quien las crea. Si el Gobierno quiere que la gente lleve
mascarilla en un transporte público y en ciertos recintos será para protegerla. No sé por qué a usted y al Grupo Ciudadanos les vienen estas ideas a la cabeza. ¡La tienen tomada con la mascarilla! Ustedes son los únicos defensores de la libertad,
y cada vez que viene aquí dice: yo soy libre y, todos ustedes, en cierto sentido, son escoria y lo peor porque trabajan en contra de la libertad. Eso es lo que se trasluce detrás de todo eso.
¿Qué libertad están defendiendo ustedes? ¿La libertad de no llevar mascarilla, aunque no esté claro que se pueda o no se pueda quitar? ¿La libertad individual de que los ricos no paguen impuestos, por ejemplo? ¿La libertad de que ciertas
empresas alemanas sean dueñas y controlen un gran número de hospitales públicos de gestión privada en la Comunidad de Madrid? (Aplausos). Ese es su tipo liberal, la libertad de los que tienen, de los ricos, frente a la libertad de los que nada
tienen.
Votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señora Medel.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Steegmann Olmedillas. (Aplausos).
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes. Ciudadanos propone el cese de la obligatoriedad de las mascarillas en transporte público y en algunos establecimientos sanitarios como farmacias y ópticas. Hace seis meses que presentaron una moción similar, más
temerosa, y VOX presentó una enmienda para retirar la obligatoriedad de las mascarillas a todas las personas de cualquier edad en todos los ámbitos, salvo en el interior de los centros sanitarios. Lo digo porque en el expositivo de esta proposición
se dice que Ciudadanos se quedó solo en esta petición abolicionista, digámoslo así, y la única explicación que se me ocurre es que tengan problemas de memoria o de identidad, porque, como ahora son los liberales, puede ser por eso. (Risas).
A pesar de esto, vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero antes quiero resaltar varios hechos. Primero, aquí se nos ha propuesto de repente por la señoría de Podemos un Gobierno de expertos, pero yo voy a señalar varios hechos. La
variante predominante, la BA.5, es la más contagiosa; la COVID-19 ha cambiado y ahora sí se puede decir que la mortalidad es similar a la de la gripe. La obligatoriedad que impone el Gobierno es para todos los tipos de mascarillas, pero resulta
que las mascarillas de tela no sirven nada, que las quirúrgicas no sirven apenas para la variante BA.5 y que la utilidad de las mascarillas a nivel poblacional solamente se ha demostrado para las mascarillas FFP2 y en entornos sanitarios. Punto.
No hay publicaciones que hayan demostrado la utilidad de las mascarillas en el transporte público; repito, no hay publicaciones. Las personas vulnerables podrían beneficiarse del uso de mascarillas FFP2, podrían, pero si el Gobierno quisiera
recetar las mascarillas FFP2 para protegerlas, solamente deberían ser para las personas vulnerables, que tendrían que pagar el equivalente a medio litro de leche, 600 mililitros de zumo y tres huevos. Si las mascarillas siguen siendo obligatorias,
como pretende don Simón -cuando sepan los españoles que el experto que dice que las mascarillas tienen que ser obligatorias es don Fernando Simón, inmediatamente se las van a quitar (aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo
Parlamentario VOX y del señor Díaz Gómez, del Grupo Ciudadanos)-, y si las mascarillas tienen que ser financiadas, tendría que ser como propone VOX: financiadas por el Estado y no por el bolsillo los españoles. Pero el Gobierno prefiere incautar
el IVA para llenar los bolsillos de los chiringuitos que quieren corromper a nuestros hijos y a nuestros nietos, bien con el sexo, bien con la droga. (Aplausos).
Desde esta tribuna exigimos que el comité de salud pública haga públicas las deliberaciones y las evidencias que sustenten todas sus decisiones y, asimismo -porque tiene que aplicar el artículo 11 de la Ley 33/2011-, los españoles tienen
derecho a conocerlo. También reclamamos a las sociedades científicas que sean valientes y honestas, que hagan públicas sus recomendaciones, que vean sus fundamentos y que se los comuniquen a todos los españoles para que tengan una información
verdadera, verificable y en tiempo real.
Señorías, necesitamos escudos selectivos, no imposiciones globales. El Grupo Parlamentario VOX ha propuesto todas las medidas -que han sido muchas y ustedes lo saben- para combatir la epidemia desde la evidencia científica y bajo la premisa
de la no obligatoriedad. En VOX creemos que los españoles tienen el sentido común suficiente para entender todo tipo de recomendaciones fundamentadas y, por eso, rechazamos la obligatoriedad de las mascarillas, porque son inútiles para la inmensa
mayoría y porque en estos momentos de penuria la gente va a tener que elegir entre mascarillas, calefacción o alimentos. (Un señor diputado: ¡Hala!).
Anunciamos que rechazaremos toda imposición totalitaria y atemorizadora en la convicción de que este Gobierno la ha aprovechado, la aprovecha y, si le dejamos, la aprovechará para fines ilegítimos e ilegales.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Steegmann.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Andrés Añón.
La señora ANDRÉS AÑÓN: Buenas tardes, señorías.
Señorías de Ciudadanos, liberales, liberales reformados y constitucionalistas, hasta nueve veces han presentado en Pleno y Comisión la retirada del uso de las mascarillas desde febrero de 2021; una serie reiterada de peticiones que
coincidían muchas veces con la decisión tomada por el Gobierno de retirar la mascarilla en el caso de exteriores e interiores, peticiones que ustedes hacían con el intento de arrogarse esa retirada, esa decisión del Gobierno. Pero eso no es así,
esa es su manera de hacer actividad parlamentaria oportunista y populista a la que nos tienen acostumbrados. Se retirarán las mascarillas en exteriores y en interiores y, cuando se decida, en transporte público y en el resto de espacios y
establecimientos sanitarios, que usted hoy no ha nombrado aquí con todas las letras. ¿Por qué usted no ha mencionado las farmacias, las ortopedias, las ópticas y los establecimientos de audiometría, donde hay personas vulnerables? ¿Por qué no dice
a las personas vulnerables que usted decide sobre el riesgo que causa retirarlas? La retirada de las mascarillas no se produce por sus reiteradas peticiones, sino por el trabajo complejo, complejísimo, de la ponencia de alertas y de los
profesionales de la salud pública, esos mismos a los que usted aplaudía aquí hace nada (aplausos) y de los que se sentía tan orgulloso siendo tan patriota, y también por el trabajo complejo, complejísimo, de aunar y consensuar posiciones en un
territorio diverso como en el que vivimos. Desde aquí, mi reconocimiento a los Gobiernos de las comunidades autónomas que hacen ese esfuerzo, no usted.
Hoy hemos asistido aquí a un discurso no solamente, diría yo, de menosprecio a los profesionales de la salud pública y a quienes gobiernan nuestras comunidades autónomas, sino de falta de rigor. Usted aquí ha comparado, por ejemplo, los
países nórdicos con nosotros. ¡Claro que no es lo mismo! Obviamente, ni su movilidad, ni su interacción, ni nada.
Como a usted le gusta mucho hablar de salud mental, ¿en qué estudios científicos y en qué criterios sanitarios se basa usted cuando dice que la mascarilla ahora, en su uso actual, causa más perjuicios en términos de salud mental que
beneficios en la salud pública? Nuestro grupo parlamentario no toma la palabra en vano cuando habla de salud pública y no se lo toma a la ligera. Nuestro Gobierno tiene como prioridad la salud pública: ha elaborado la estrategia nacional de salud
mental y ha elaborado el Plan de Acción Salud Mental y COVID-19 con un sistema sanitario muy empobrecido por los gobiernos del Partido Popular que se dedicaban ya en aquel entonces, en 2009, cuando dejaron congelada la estrategia de salud mental, a
procurar el bienestar del 1 % que podía pagar la sanidad privada, en lugar de fortalecer los servicios públicos que necesitan el 99 por 100 % de la población.
Si ustedes quieren trabajar por la libertad, trabajen por la libertad que genera igualdad de oportunidades. Si les preocupan las personas mayores que van a las farmacias, voten a favor y apoyen la revalorización de las pensiones. Si les
preocupan los estudiantes que van a las ópticas, apoyen los presupuestos, que tienen la partida presupuestaria de becas más alta de nuestra democracia. Y si quieren ustedes apoyar todas las medidas que beneficiarán el viaje en transporte público,
voten a favor del bono de transporte, que eso sí resuelve una necesidad real de todos los ciudadanos que usan a diario el transporte público. Trabajen ustedes por la libertad, la que da la igualdad de oportunidades; dejen trabajar a los
profesionales de la salud pública; confíen en ellos y confíen en los gobiernos de las comunidades autónomas, a los que, por cierto, junto con el Gobierno de España, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido y ha felicitado por la gestión de
la pandemia. Parece que esta es la tarde de los despropósitos, porque tenemos un Partido Popular que se descuelga de la administración y gestión de la pandemia de sus gobiernos y un partido político que se dice riguroso, que apela a la libertad y
que vota en contra de todo aquello que la genera.
Reflexionen. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Andrés.
Señor Díaz Gómez, ¿acepta su grupo la enmienda formulada?
El señor DÍAZ GÓMEZ: No. Se votará en sus términos. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ PÉREZ), SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTES TIPO. (Número de expediente 162/001096).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Pérez, sobre actualización de los costes tipo.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Fernández Pérez.
La señora FÉRNÁNDEZ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Un segundo, señora Férnandez.
¡Por favor, guarden silencio!
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy vengo a explicar y a defender la actualización de los costes tipo del transporte de mercancías. Los costes tipo del transporte de mercancías son los costes de referencia que se toman como valor para subvencionar el transporte
de mercancías en mi tierra y están regulados en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, están autorizados por la Unión Europea y están regulados en varios reales decretos del Gobierno de España, pero a la hora de la verdad tanta legislación no
sirve de nada, y les voy a explicar por qué. Porque cuando quien tiene que gobernar se hace trampas al solitario y se crean perversiones del sistema como las que les voy a explicar, y es que esta propuesta no trata de otra cosa más que de que se
cumpla con el Régimen Económico y Fiscal y con las subvenciones al transporte. La perversión de la que les hablo es que estos costes tipo desde el año 2019 no son unos costes reales, no son los costes reales que a una empresa de mercancías le
cuesta mover la mercancía. ¿Y qué sucede? Pues que las empresas están pagando los costes cuatro veces por encima del precio que el Gobierno dice que es y, lo que era una bonificación del cien por cien, se convierte en una bonificación del 30 % en
el mejor de los casos o del 20 %
Señorías, voy a contextualizar mi discurso porque hay determinados incumplimientos que duelen más dependiendo del momento histórico en el que nos encontremos. Partimos de un COVID que paralizó todo y, cuando el mundo se quiso rearmar, se
perdieron conexiones y los fletes subieron un 800 %; luego vino una inflación, y esta inflación se ve agravada por la guerra de Ucrania -¡ojo! les estoy hablando de lo que ha ocurrido desde el año 2020, no de hace unos meses-, y en medio de todo
este caos está el sector primario e industrial canario agonizando porque no puede soportar todo este peso sin repercutir los costes en el bolsillo del ciudadano, que es el destinatario final. Señorías, para que se hagan una idea, el coste de la
ultraperificidad y de la doble insularidad para el transporte de mercancías supone 3000 millones de euros. Para que lo pongamos en perspectiva con la economía canaria, eso supone el 3 % de los ingresos de todas las empresas canarias. Este es el
sobrecoste que tiene el transporte de la mercancía y esta fórmula de compensación viene a paliar eso. Si esta fórmula de compensación es alterada por la puerta de atrás para que donde dice el cien por cien, se quede en un 20 %, no estamos llegando
a ningún sitio.
Para los que quieran pensar que esta PNL es partidista para desgastar al Gobierno, nada más lejos de la realidad. Esta PNL ha sido aprobada por unanimidad en dos ocasiones en el Parlamento canario. Es decir, los que gobiernan allí, que son
los mismos que gobiernan aquí, han dicho a los que gobiernan aquí que cumplan con esto, sencillamente. Y si esto les parece poco argumento, les digo que esta PNL no va al Parlamento de Canarias por arte de magia, sino impulsada por un sector que no
aguanta más tanto sobrecoste de energía, de gasoil y de materia prima; no lo pueden soportar más. Al final, una medida, que va a propiciar la equiparación de las empresas canarias con las del resto del territorio, se está convirtiendo en una
medida necesaria para la supervivencia de muchas empresas canarias. Y es que, señorías, estamos en mitad de una tormenta perfecta y aquí día sí y día también estamos aprobando medidas coyunturales para ayudar a salir de esta crisis. No sirven de
nada esas medidas coyunturales si, cuando tenemos medidas estructurales que funcionan, las incumplimos, no las respetamos o no las reforzamos. No podemos sacar pecho de haber dado mil millones al transporte cuando por la puerta de atrás le quitas
3000. Esa no es una buena política. Si tenemos una medida estructural que funciona, hagan que funcione. Y no me vale que me digan: María, desde 2019 se publican los costes tipo y estamos cumpliendo con el REF. No, esos costes tipo no son
reales. Las empresas están pagando cuatro veces más de lo que dicen sus costes tipo.
Por eso, señorías, también quiero recalcar lo siguiente -parece que estamos hablando solo de empresas y no estamos hablando solo de empresas- y es que el impacto en mi tierra, en Canarias, es directo, primero, porque es verdad que las
empresas crean economía y empleo y, segundo, porque en Canarias tenemos la cesta de la compra más cara de España. Que este tipo de medidas no se estén aplicando como se tienen que aplicar implica que, al final, las empresas repercutan el coste en
el ciudadano. ¡Y no hay tu tía! Les voy a dar datos domésticos. Todos prevén que la inflación va a suponer un sobrecoste para la familia media peninsular de 800 euros al año. ¿Saben lo que supone para la familia media canaria? Más de mil euros
al año y eso, de nuevo, pónganlo en el contexto de mi tierra, con los salarios más bajos de todo el territorio español.
Señorías, les acabo de relatar en cuatro minutos escasos lo fácil que es incumplir una normativa canaria aprobada por unanimidad por la puerta de atrás; así de sencillo. Y, por más vueltas que le den y más que me lo quieran vender, es un
incumplimiento del REF. Las empresas canarias están pagando cuatro veces más de lo que dice el Gobierno que vale el transporte, ese Gobierno que no quiere dejar a nadie atrás.
Espero, señorías, que puedan entender lo que acabo de explicar y que voten a favor de esta PNL, que viene a pedir que se cumpla con el régimen económico y fiscal, que se actualicen todos los años en los primeros seis meses estos costes tipo
y que se cree una comisión para el seguimiento y la transparencia de que eso se cumple. Y a las compañeras del Partido Socialista les pido coherencia. Espero que no pase como siempre, que lo que se aprueba en Canarias se rechaza en Madrid.
Y para finalizar, muy rápidamente, agradezco las enmiendas de Ciudadanos y de PP, de mejora técnica. Les agradezco la medida, aunque no la voy aceptar, porque me interesa que se apruebe íntegramente, dado que esto viene del Parlamento de
Canarias. Y al Partido Socialista le digo que seguimos dialogando; estamos a tiempo de resolver esta incoherencia y aprobar lo mismo que se aprueba en el Parlamento de Canarias.
Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Fernández.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Señora Fernández, ya le digo que mi grupo, Ciudadanos, como le he avanzado antes, votará a favor de la PNL que nos trae usted al Pleno simplemente solicitando algo que es de pura lógica, y es que se cumpla la ley. Y ya es triste que en esta
legislatura haya que venir con iniciativas a estas alturas para pedir al resto de los grupos que apoyen a alguien precisamente para pedir al Gobierno simplemente algo tan sencillo como es cumplir con la ley que está en vigor. Y es que, cuando nos
leemos los puntos de la parte propositiva de su PNL, se ve que usted está pidiendo el cumplimiento del artículo 7 de la Ley 19/1994, tras su reforma de 2018; una ley que precisamente tenía como objeto principal reforzar el Régimen Económico y
Fiscal en materia de transportes, que es tan específico y tan propio de las islas Canarias como necesario por su naturaleza de territorio ultraperiférico. De hecho, su PNL reproduce en su parte propositiva, en sus tres primeros puntos de acuerdo,
de manera literal lo que son mandatos legales, expresados en ese artículo 7 de la ley.
Aunque es verdad que usted solo hace referencia expresa al apartado 3 de ese artículo a partir de su propuesta de acuerdo número 1, entendiendo, además, como nos ha dicho, que es un texto que viene del Parlamento canario y, por tanto, de
alguna manera eso le obliga formalmente a mantener íntegro del texto, nosotros hemos enmendado de todas maneras su PNL, únicamente con el ánimo de mejorar la redacción de los puntos de acuerdo para que todos ellos hagan precisamente expresa
referencia a los apartados correspondientes del artículo 7 de la Ley de 1994. Por eso, como usted hace con su propuesta de acuerdo número 1 sobre el apartado 3 del artículo 7, nosotros le proponemos que el punto de acuerdo 2 haga referencia al
apartado 4 del artículo 7 y el punto de acuerdo número 3 haga referencia expresa al apartado 6 del artículo 7 referido. Entendemos con ello simplemente que se está instando de una manera mucho más técnicamente correcta y más clara al cumplimiento
de lo previsto en ese artículo 7 de la Ley de 1994. De hecho, creemos que pone todavía más de manifiesto y de manera expresa que se cumpla precisamente la ley, que es lo que se trata de pedir al Gobierno.
Nos parece perfecto que la única cuestión que se pide en su PNL, que no está prevista inicialmente en la ley, es que se apruebe esa actualización anual en los seis primeros meses siguientes a la anualidad
de su aplicación anterior. En cualquier caso, por nuestra parte la voluntad es, efectivamente, que se cumpla el Régimen Económico y Fiscal Especial de Canarias y que se haga tal y como hemos venido reclamando en el marco de las medidas para
paliar los efectos de las sucesivas crisis que nos vienen acometiendo desde principios de 2020, que se haga con justicia. Y hacerlo con justicia es en el sentido de la máxima aristotélica de dar a los que son iguales lo que es igual o tratar de
manera igual a los que son iguales y de manera desigual a los que son desiguales, y ello obliga precisamente a reconocer y recordar el hecho objetivo de la situación de ultraperiferia de Canarias, que coloca a este territorio de España en una
situación de desigualdad respecto al resto del Estado en cuanto a costes de transporte. Por eso, es evidente y justo que se le trate de una manera desigual, y ese trato diferenciado objetivo es el que aparece precisamente reflejado en el Régimen
Económico y Fiscal de esa Ley de 1994, que ha cumplido en este 2022 cincuenta años, puesto que su primer antecedente ya data de 1972.
Su posterior reconocimiento por la Unión Europea, como usted misma ha dicho, no es más que una muestra de su legitimidad y necesidad, y por ello en Ciudadanos no vamos a dudar en reclamar su total cumplimiento. Además lo hacemos, señora
Fernández, pidiendo lo que pidió Ciudadanos en el Parlamento autonómico por parte de nuestro portavoz, Ricardo Fernández de la Puente, es decir, que esto se hiciera con celeridad, porque la singularidad de Canarias exige, por un lado, las mismas o
análogas medidas que se adoptan en el resto de España, pero también que se actualicen ya las bases de esas medidas que corresponden a este territorio canario de manera específica. Y, como decía mi portavoz en el Parlamento canario, lo que se
reclaman no son dádivas, son derechos, reconocidos además legalmente. Así que, independientemente de la aceptación de la enmienda, termino como empecé, señora Fernández, saludando su iniciativa, aportando con nuestra enmienda, como le he dicho,
para mejorarla técnicamente, y, si tiene a bien, la acepte, y, en todo caso, lamentando que haya de venir a este Pleno a reclamar a este Gobierno que simplemente cumpla la ley, aunque, como le he dicho al inicio, no es algo que, desgraciadamente, ya
nos cause mucha sorpresa.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor López-Bas.
Les rogaría que mantuvieran sus conversaciones en un tono más bajo, ya que es imposible seguir la interlocución de la persona que está en tribuna.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem, tiene la palabra la señora Jover Díaz.
Señorías, les insisto acerca del tono de las conversaciones, por favor.
La señora JOVER DÍAZ: Buenas tardes, presidente.
Señorías, las islas Baleares y, aún más debido a la ultraperiferia, las islas Canarias deben soportar costes adicionales debido no solo a la distancia, sino también a la necesidad de cruzar el mar. No tenemos, como el resto de las
comunidades autónomas peninsulares, un ferrocarril o una carretera a través de la cual poder transportar personas y mercancías, de modo que las empresas puedan evolucionar sin impedimento, en igualdad de condiciones que el resto. En el caso de
Canarias, el Gobierno de España tiene establecido en el Régimen Económico y Fiscal, en su artículo 7, la determinación de los costes tipo, de cuya actualización trata esta PNL.
Quiero hacer varias puntualizaciones. El Gobierno ya realiza cada año el cálculo de los costes tipo sobre la base de datos recabados de operadores aéreos y marítimos, como establece la normativa. Por tanto, el primer punto de su PNL es
innecesario. (Rumores). La Administración General del Estado ya está recabando información de los operadores independientes que actúan en dicha ruta...
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Señorías, silencio, por favor.
La señora JOVER DÍAZ: ... que está publicada en la red del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Los costes compensables vienen recogidos en la normativa de aplicación, en el artículo 6 del Real Decreto 552/2020, de 2 de
junio, y en el artículo 7 del Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo. Así, en ambas normativas se incluyen y especifican los costes compensables, como son los costes de manipulación de la mercancía en los puertos o aeropuertos de origen y destino,
las tasas en estaciones portuarias o aeroportuarias aplicadas directamente a las mercancías transportadas o los costes de los controles de seguridad y protección. Sin embargo, creemos que es importante la actualización de los tipos
y que se agilice su tramitación. Por ello, hemos presentado una enmienda de sustitución, con la que, sinceramente, sin tener en cuenta las duplicidades de su PNL, creemos que se puede mejorar la gestión.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Jover.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señora presidente.
Señora Fernández, ha hecho usted un poco de análisis histórico de la iniciativa y, efectivamente, creo que eso se podría considerar como estirar el chicle, es decir, han copiado exactamente la misma iniciativa que han presentado en el
Senado, y procede de una proposición no de ley aprobada la semana pasada en el Parlamento de Canarias. Aunque usted habló de dos PNL, realmente el origen de todo es una propuesta de resolución de las que se aprobaron en el debate sobre el estado de
la mal llamada nacionalidad canaria. Por cierto, señorías del Partido Popular y del PSOE, no sé cómo se permiten engañar a todos los canarios con aquello de la nacionalidad canaria. Es una denominación que se ha usado en el Parlamento de Canarias
que ustedes han dado por buena, y me gustaría saber si alguno de ustedes, cuando rellena un formulario en donde pone nacionalidad, escriben canaria. No existe la nacionalidad canaria. (Aplausos). Además, parece que vamos a tener que llegar a esa
policía autonómica que los canarios denominamos guanchancha porque carece de absoluto sentido -la fundó Coalición Canaria para mayor gloria de su presidente, para poder moverse con el helicóptero, y para pocas cosas más-, para que les acabe diciendo
que la nacionalidad canaria no existe, como ha pasado en otros sitios de este país. (Aplausos).
En cuanto al contenido de la iniciativa, hemos presentado dos enmiendas, y, por cierto, ha agradecido todas las enmiendas pero no se ha acordado de nosotros. La primera es por cuestiones técnicas, porque los puntos 1 y 4 son absolutamente
redundantes, pues dicen exactamente lo mismo con palabras distintas, de modo que entiendo que debe suprimirse uno de los dos. Y en el apartado 3 insisten en la creación de esa comisión mixta del Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para el
seguimiento y la evaluación de las bonificaciones previstas para las ayudas al transporte de Canarias. Pero, señorías de Coalición Canaria, las ayudas que podamos tener en nuestra condición de región ultraperiférica de la Unión Europea no son
propias de las islas Canarias, sino propias y negociadas por el Reino de España, porque sabrá usted, supongo yo, que los sujetos de derecho originario en el ámbito de las relaciones internacionales son los Estados, y no las regiones. Por lo tanto,
el único que tiene la competencia para hacer un seguimiento y evaluación de esas ayudas es el Estado, el Reino de España. (Aplausos).
Por otro lado, me parecen muy bien las ayudas que están previstas en ese marco de región ultraperiférica de la Unión Europea, pero hay que actualizarlas. Efectivamente, se está acelerando por la pandemia y la inflación bastante alta que
estamos sufriendo, pero hay que actualizarlas. Hay que hacerlo, me parece muy bien que lo exijan, pero posiblemente, después de que hayan estado ustedes casi tres décadas en el Gobierno de Canarias, en lo que hay que trabajar más es en crear un
marco donde se pueda desarrollar la actividad económica, y no solo para unos pocos, porque, por ejemplo, ustedes no han querido hablar del AIEM, que es una cosa que tenemos en Canarias, algo que ustedes han promovido y protegido para sus amigos
empresarios, muy poquitos. Es todo lo contrario al impuesto de los ricos, del que tanto les gusta hablar a los de la izquierda. Es un impuesto que pagan todos los canarios para ayudar a muy pocos, a los amigos de Coalición Canaria. (Aplausos).
Finalmente, están reprochando falta de trabajo a este Gobierno, que ha dicho que no iba a dejar a nadie atrás. Aclárense, porque este Gobierno está aquí por el apoyo de ustedes. Bien es verdad que su compañera no quiso apoyarlo en la
investidura y le costó una sanción, pero aclárense. ¿Cuál es la posición de Coalición Canaria? Entiendo que, si la sancionaron, es porque quieren apoyar a este Gobierno. Y lo apoyaron también cuando la moción de censura que se presentó, no
aprobándola, y lo han apoyado en muchas otras ocasiones. Aclárense, porque España quiere decidir y tiene que tener las ideas claras.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Pérez Díaz.
La señora PÉREZ DÍAZ: Gracias, presidenta.
Señorías, entendemos que el fondo del asunto de esta iniciativa no debería estar sujeto a la más mínima discusión o interpretación, dado que el mero planteamiento es de obligado cumplimiento en el ordenamiento jurídico español. Quiero decir
con ello que en este caso concreto el artículo 7.1 de nuestro fuero, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, está para respetarse y materializarse, al igual que todo el contenido del paquete REF, que es sagrado y con cuya aplicación y
cumplimiento no se trata en ningún caso de una obra caritativas por parte del Gobierno de turno.
Desde que el presidente Sánchez duerme en la Moncloa y veranea en La Mareta, año tras año, con ocasión del proceso de elaboración de los presupuestos generales del Estado, llevamos siendo testigos de cómo se incumple reiteradamente la
consignación de partidas vinculadas a los preceptos consagrados en el REF, que son directamente víctimas de una voladura sin el más mínimo disimulo, y, para más inri, con la aquiescencia siempre de los representantes canarios del Partido Socialista
en Madrid y el consentimiento de la parentela del denominado Pacto de las Flores. Prueba de ello, sin ir más lejos, son los presupuestos generales en vigor. Ustedes, señorías socialistas canarios, fueron cómplices de cómo se ignoraron e
incumplieron hasta once preceptos plasmados en el REF, además de practicar un totum revolutum con los fondos asociados al régimen especial de las islas con las inversiones anuales del Gobierno estatal. Por tanto, un año más y a lo largo de las
próximas semanas, en el Grupo Popular volveremos a estar muy atentos y vigilantes en materia del cumplimiento del REF con ocasión de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023. (Rumores).
Aunque el espíritu de la proposición no de ley es bastante claro y no hace falta mucho esfuerzo de comprensión ni de tipo pedagógico, no me gustaría desaprovechar la oportunidad...
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Un momento, por favor, señora Pérez.
Es imposible seguir a la persona que está en tribuna. Les rogaría, de verdad, que mantuvieran sus conversaciones en un tono más bajo.
La señora PÉREZ DÍAZ: Como digo, no me gustaría desaprovechar la oportunidad que nos brinda el día de hoy para poner de relieve la importancia de que se garantice muy especialmente a nuestros sectores industrial y primario el abono del cien
por cien de lo que realmente cuestan el transporte marítimo y aéreo de mercancías (aplausos), y hacer recordar con la técnica del martillo pilón que las queridas Canarias cuentan con una serie de desventajas competitivas estructurales y, por
consiguiente, hay que poner en valor constantemente nuestras singularidades en teoría blindadas, a fin de posibilitar competir dentro del mercado único en las mejores condiciones posibles, máxime ahora, en el contexto de una economía globalizada
cada día más incierta y compleja.
Así que aplíquense a ello, procedan cuanto antes a actualizar las tasas, con los costes desactualizados desde el año 2019, y hagan realidad que el tejido productivo canario, que a lo largo de los dos últimos años lleva sorteando adversidades
de toda clase y sobrecostes absolutamente desproporcionados, pueda seguir operando en un entorno cada día más competitivo, sin ver comprometida su viabilidad o subsistencia a corto plazo, o, de lo contrario, muchas empresas canarias se pueden ver
abocadas a la quiebra más pronto que tarde.
Para terminar, quiero añadir que mi grupo ha presentado una enmienda de modificación al punto 5 del texto, en concordancia con la que ya presentamos en el Parlamento de Canarias la semana pasada ante una iniciativa sobre este particular,
aprobada por unanimidad de todos los grupos con nuestra enmienda, y espero que la señora Fernández, por coherencia, proceda a aceptarla. La enmienda va en la dirección de asegurar que la compensación del coste del transporte marítimo y aéreo de
mercancías interinsular y entre las islas Canarias y la península o entre las islas y otros países de la Unión Europea sea el cien por cien del coste efectivo, como así han autorizado las autoridades europeas y recoge nuestro REF, y que se proceda
al pago para su compensación en dos abonos, la mitad en el primer trimestre del año vencido y el resto durante el tercer trimestre del año vencido, como así demandan los sectores industrial y primario de nuestras islas.
Finalmente, señorías del Partido Socialista, cumplan la Ley del REF, que dice compensación del cien por cien del coste efectivo, y dejen de hacer trampas, como hicieron en el Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, donde regatearon a los
canarios hablando de compensación de hasta el cien por cien de los costes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Pérez.
La señora GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Señora Fernández, no mienta, no diga que el texto que se aprobó la semana pasada en el Parlamento de Canarias es el mismo que se trae hoy aquí, porque usted sabe que no es cierto. En el texto de la semana pasada en el Parlamento canario se
aprueban dos puntos, mientras que el que hoy se trae aquí tiene cinco. (Aplausos). Esta PNL es mucho más extensa que la que se aprobó la semana pasada en el Parlamento de Canarias, y usted sabe que hemos presentado una enmienda para intentar
transar con usted y dar cabida a todas sus peticiones y que estamos con la mano tendida, con toda la predisposición y que prácticamente hemos recogido todo lo que ustedes nos han pedido. Mentir está feo, no empecemos el debate así.
Me da la impresión, y la verdad es que quisiera equivocarme, de que lo que usted pretende es no llegar a ningún acuerdo, que lo que pretende es obtener un voto en contra diciendo que lo que se aprueba aquí es lo mismo que en Canarias, cuando
sabe que no es verdad. Le digo una cosa a usted y a toda la Cámara: Si existe algún partido político que haya entendido y entienda y haya defendido y defienda la singularidad canaria ha sido, sin duda, y es el Partido Socialista. (Aplausos). Fue
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que incrementó el descuento para residentes canarios del 33 al 50 % y la subvención al transporte de mercancías del 35 al 50 % y fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que favoreció y financió la
conectividad de las islas con el exterior y entre ellas con las bonificaciones del 75 % para el transporte de pasajeros.
En cambio, el Partido Popular ha hecho todo lo contrario. Por ejemplo, en el año 2014, con Mariano Rajoy, se sacó a concurso la gestión de la línea marítima de interés público con Huelva, estableciendo solo escalas obligatorias en los
puertos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y eliminando la obligación de atracar en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Ante la disminución de las comunicaciones entre el archipiélago y la península, la presión política y la
denuncia ciudadana no se hizo esperar, y fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que aprobó el acuerdo por el que se declaran de interés público y se establecen obligaciones de servicio público en determinadas líneas de navegación. Además de las rutas
Huelva-Santa Cruz de Tenerife y Huelva-Las Palmas, se han sumado Cádiz-Santa Cruz de Tenerife, Cádiz-Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz-Arrecife, Cádiz-Puerto del Rosario y Cádiz-Santa Cruz de La Palma, recuperando así la conectividad con Lanzarote,
Fuerteventura y La Palma, eliminada por el Partido Popular. Y también fue el Partido Popular el que incumplió el convenio de carreteras con Canarias. ¿Y qué hizo la comunidad autónoma? Denunciar en los tribunales al Gobierno de Mariano Rajoy.
Finalmente, la justicia le dio la razón al archipiélago. ¿Y quién da cumplimiento de la decisión judicial? Sí, señorías, el Partido Socialista, ya que en el presupuesto de 2023 Canarias dispondrá de 238 millones del superávit para el fin que
decida la Administración autonómica, así como de otros 407 millones que formarán parte del programa de infraestructuras viarias. (Aplausos).
Centrándonos ahora en la actualización de los costes tipo, motivo de la PNL, pareciera que la actualización no se produce anualmente, pareciera que no se recabaran datos de los operadores aéreos y marítimos, pareciera que no se contemplaran
los costes compensables y pareciera que no se cumpliera la normativa, pero nada más lejos de la realidad, señora Fernández. Todas las cuestiones mencionadas se atienden y, como no puede ser de otra manera, se seguirán implementando, y al respecto
le vuelvo a recordar la mano tendida del Grupo Parlamentario Socialista para llegar a acuerdos y poder transar un texto que sea satisfactorio para ambas partes.
En cuanto a Coalición Canaria, la eterna plañidera, la de que el Gobierno socialista nos maltrata -no veo que digan eso del Partido Popular cuando está en el Gobierno- y la de su senador autonómico, el señor Clavijo, hablando de exterminio
de Canarias, quiero decirles que este Gobierno de la gente ha aumentado en un 15 % las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, que ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital, ha aprobado una reforma laboral que ha contribuido a bajar
los índices de desempleo, ha aumentado las becas educativas y ha subido el salario mínimo a mil euros. Sin lugar a dudas, el Gobierno de la gente ha beneficiado a miles de canarios y canarias. ¿Saben por qué estas medidas favorecen en especial a
Canarias? Porque veintitrés años del Gobierno de Coalición Canaria han conseguido que los salarios más bajos, las pensiones más bajas y las mayores tasas de pobreza y exclusión se concentren en Canarias, y a eso da respuesta el Gobierno progresista
de Pedro Sánchez.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
De forma simple y muy breve, nosotros vamos a votar a favor de la PNL porque, en definitiva, se trata de que se cumpla el Régimen Económico y Fiscal de Canarias para que se modifiquen los costes tipo de compensación del transporte, y todo
ello para proteger su competitividad. Los costes de transportes de mercancías marítimos y aéreos entre las islas y entre Canarias y la península y Europa se han incrementado notablemente, de forma muy importante, sobre todo en los últimos años como
consecuencia de la pandemia y los precios energéticos; unos costes que se fijan por el Gobierno, sin que esto se ha hecho, es decir, han subido los precios pero el Gobierno no ha subido de igual manera los costes tipo. Por lo tanto, lo único que
se pide mediante esta iniciativa es el cumplimiento de una ley y del estatuto de autonomía, que es ley orgánica y, por lo tanto, de obligado cumplimiento.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.
Señora Fernández, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas formuladas?
La señora FERNÁNDEZ PÉREZ: No, no aceptamos las enmiendas formuladas y queremos que se apruebe íntegramente el texto.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR GUITARTE GIMENO), SOBRE LA APLICACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA PARA EL SECTOR PÚBLICO QUE CONTRIBUYA A LA COHESIÓN TERRITORIAL Y LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN. (Número de expediente
173/000171).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Guitarte Gimeno, sobre la aplicación de un plan de trabajo a distancia para el sector público
que contribuya a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno. (Rumores).
Les rogaría que guardaran silencio, por favor.
El señor GUITARTE GIMENO: Presidenta, señorías, la moción como consecuencia de interpelación a la señora ministra de Hacienda y Función Pública que traemos al Pleno del Congreso llega después del debate de la semana pasada, en el que se
evidenciaron las posibilidades del teletrabajo en la Administración pública y su capacidad para contribuir a la lucha contra la despoblación si se vincula esa posibilidad con la de residir en las áreas despobladas. Es decir, va en sentido contrario
al contenido de la propuesta que el Ministerio de Hacienda había distribuido en un plan de trabajo en sus propias delegaciones y en el que el número de días de teletrabajo se limitaba a un máximo de dos y además no consecutivos, mientras que no se
planteaba ninguna relación con el proceso de vincular la modalidad de teletrabajo con la residencia en las áreas despobladas.
Por el contrario, nuestra moción plantea un proyecto para las administraciones públicas sobre teletrabajo desde el medio rural y las comarcas despobladas que facilite la residencia de empleados públicos en la España vaciada y que vincula
estos dos procesos: por un lado, que el teletrabajo adquiera un papel relevante en las administraciones y entidades públicas, dado que ya se ha evidenciado que ofrece ventajas sustanciales tanto para la productividad y la calidad del servicio como
para los propios trabajadores, funcionarios y empleados públicos, y por otro, aprovechar este proceso de flexibilización en el lugar de residencia que comporta el teletrabajo para los empleados públicos que lo utilicen para facilitar su instalación
como nuevos residentes en las áreas rurales y zonas afectadas por la despoblación. Es decir, se trata de que lleguen nuevos habitantes a la España vaciada o, en algunos casos puntuales, de
que se asienten de manera estable personas que retornan en periodos ocasionales o en los momentos en que la movilidad permite llegar a su puesto de trabajo.
Por ello, la moción propone que el Gobierno incentive a los empleados públicos para que teletrabajen desde el medio rural y desde las localidades de comarcas afectadas por la despoblación. Claro que para poder teletrabajar desde el medio
rural es necesario recordar la exigencia urgente de completar en estas localidades la implantación de redes de telecomunicaciones de calidad, con fibra óptica, redes 4G o 5G y cobertura de telefonía móvil. Solventado esto, la propuesta se dirige a
empleados públicos cuyo puesto de trabajo esté ubicado en cualquier punto del Estado y cuya unidad determine que pueden desarrollar su actividad profesional mediante la modalidad de teletrabajo. Para ello, será condición indispensable que aquellos
empleados públicos que participan en esta modalidad de teletrabajo al 90 % fijen su residencia en el medio rural y en las comarcas afectadas por la despoblación. Esta propuesta, pues, va inicialmente destinada necesariamente a empleados públicos
que ahora mismo trabajan en grandes ciudades dentro de las administraciones y entidades públicas, porque las oficinas, centros de trabajo y sedes con mayor número de puestos de trabajo en el sector público están precisamente ubicadas en estas
grandes ciudades.
La implantación de esta propuesta debe facilitar la llegada de estos nuevos habitantes al medio rural mediante un procedimiento que debe cumplir los objetivos citados, que ha de respetar la libertad del empleado y que debe ser ordenado por
la Administración y ser transparente en su gestión. Seguramente, casi todos ustedes pueden conocer casos de personas que son empleados públicos que ya tienen contacto con las localidades de la España vaciada y que pueden estar interesados en este
modelo de teletrabajo vinculado a la residencia. Es verdad que el conocimiento, los vínculos con el origen, familia o por conocimiento y aprecio de los valores de estas localidades serán fundamentales para elegir residir y trabajar desde el medio
rural.
Por otra parte, si lo miramos desde el punto de vista de la necesidad de desconcentrar las entidades públicas, lo que planteamos ahora es otra forma de desconcentrar la Administración; una manera difusa, a modo de lluvia fina que se reparte
por todas las áreas despobladas y que puede ser muy eficaz. Es, obviamente, una desconcentración complementaria, que no sustitutiva, de los procesos de desconcentración de sedes físicas de nueva creación que declara haber iniciado el Gobierno. En
este caso, la propuesta de teletrabajo desde el medio rural y las comarcas despobladas se dirige para sedes ya existentes y, aprovechando el cambio tecnológico, que se pueda acercar a los empleados públicos a pequeñas poblaciones, acercar este
importante capital humano a la España vaciada. Una desconcentración flexible de las administraciones, que se adapta a los empleados y a las administraciones y que es muy poco costosa, pero que va a ofrecer beneficios muy importantes a las propias
administraciones, a los empleados públicos, que pueden ganar en calidad de vida personal y familiar, y al territorio, con una nueva corriente de nuevos pobladores que quieran residir en ese medio.
A tal fin se propone que los empleados públicos que se acojan a esta modalidad puedan realizar un 90 % de su jornada laboral en teletrabajo, con la condición de que el empleado público funcionario que se acoja a esta propuesta deberá estar
empadronado en un municipio perteneciente a una área rural despoblada o en una ciudad pequeña de una provincia o comarca afectadas por la despoblación y, asimismo, que su residencia para teletrabajar se ubique en esa misma localidad.
Creemos que el Gobierno debe tratar esta propuesta de teletrabajo desde el medio rural y las comarcas despobladas como un proyecto tractor para la digitalización de las administraciones públicas, que debe enmarcarla en el contexto de la
Declaración de Estrasburgo sobre los valores comunes y los desafíos de las administraciones públicas europeas, de 17 de marzo de 2022, que ha afirmado el propio Ministerio de Hacienda y que señala los retos comunes de las administraciones públicas.
En el caso de la digitalización y en el teletrabajo, se trata de incentivar con ellos el talento de los empleados públicos, de que la Administración predique con el ejemplo y de satisfacer las expectativas de los ciudadanos. Será necesario
garantizar la existencia de redes y conectividad de los empleados públicos durante el teletrabajo y garantizar, asimismo, la seguridad tecnológica de los equipos. Es necesaria una mayor flexibilidad en las formas de trabajo, lo que comportará a
buen seguro beneficios comunes.
Finalmente, esperamos una rápida aplicación de la propuesta, que el Ministerio de Hacienda y Función Pública la ofrezca en breve a sus empleados públicos y que, en el plazo más corto posible, el conjunto de los ministerios implante un
programa similar y que se redacte y difunda un código de buenas prácticas que permita extender un programa similar de teletrabajo desde el medio rural y las comarcas despobladas al conjunto de las administraciones públicas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Guitarte.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, la señora Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidenta.
Las medidas para frenar la despoblación y aumentar los derechos y la calidad de vida de las personas que viven en las zonas rurales deben ser una de las prioridades de nuestro país y, por supuesto, lo es para Unidas Podemos. Todo el mundo
habla de las bondades del teletrabajo desde hace más de una década; más de una vez, mientras estudiaba, fui a conferencias en las que exponían las maravillas de teletrabajar desde, por ejemplo, una playa en el Caribe mientras te bebías un poquito
de agua de coco. De todo tipo de barbaridades se ha hablado para promover el teletrabajo. Es más, durante la crisis de 2008, mientras gobernaba el Partido Popular, incluso se hablaba del teletrabajo como una forma de crear empleo, otra fórmula
mágica que menos mal que nadie se tomó en serio.
En España, como saben, el teletrabajo se impuso a nivel general de forma coyuntural debido a la pandemia, para frenar los contagios y proteger a la población. Ahí, todos esos mitos sobre el teletrabajo se cayeron y ya nadie más va a poder
hablar del teletrabajo como unas vacaciones. ¿Por qué no lo es? En la pandemia vimos las dificultades que conllevaba. Por ejemplo, hay que tener una zona de trabajo habilitada, un equipo adaptado en tu vivienda o en el lugar donde vayas a
trabajar, una buena línea de fibra y cobertura, algo que todavía falta en las zonas rurales, y, entre otras cuestiones, unos servicios públicos que se encarguen de los cuidados para no confundir el teletrabajo con una medida de conciliación, porque
no lo es. Nadie puede teletrabajar para su empresa y cuidar a sus hijos y a sus hijas o a las personas dependientes o hacer las tareas del hogar a la vez.
Pero el teletrabajo tiene muchos efectos positivos y algunos de ellos se exponen en esta iniciativa. Algunos de ellos son la reducción de la huella de carbono y también la posibilidad de trabajar desde el lugar donde vivas. Hasta ahora el
teletrabajo era poco más que un artículo en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente el artículo 16, nada más. Por más que se intentó promover el teletrabajo, nada más hicieron los gobiernos anteriores y, en concreto, el Gobierno del Partido
Popular. Este Gobierno, el de Unidas Podemos con el PSOE, es el primer Gobierno que se ha tomado esto realmente en serio. Ya el Ministerio de Trabajo lo reguló con la Ley 10/2021, de Trabajo a Distancia, y ahora el Ministerio de Función Pública
está con la implementación del teletrabajo en la Administración pública, con la regla de tres días de trabajo a distancia y dos de trabajo presencial y con la intención de ampliarlo al 90 % de la jornada laboral. Además, el Gobierno está llevando a
cabo otras medidas importantes para tratar el tema de la despoblación con seriedad. Hablamos de la descentralización institucional para que las localidades puedan albergar las sedes del sector público estatal. Además, esta misma ley prevé la
posibilidad de habilitar lugares de trabajo en las sedes institucionales para aquellos funcionarios y funcionarias que teletrabajen o también el programa de universalización de las infraestructuras digitales, con el objetivo de extender la banda
ancha hasta la cobertura del cien por cien de la población en 2025, que ya el año pasado contó con un presupuesto de 250 millones de euros. Sin embargo, como decía, el Gobierno del Partido Popular ni llegó ni se le esperaba, pero hoy vamos a
escuchar al Partido Popular hablar de la defensa de las zonas rurales, de la necesidad de frenar la despoblación y lo vamos a ver absolutamente desnortado. No se aclaran ni siquiera ahora sobre si apoyan o no la rebaja fiscal fracasada de Reino
Unido y andan peleándose con Díaz Ayuso -que sí la apoyó explícitamente- y contradicen al señor Feijóo -que hace unos meses pedía quitar los impuestos a los más ricos- diciendo que ya no la apoyan, mientras el Gobierno del Partido Popular en
Andalucía, el señor Moreno Bonilla, acaba de aprobar un regalo de 5800 euros anuales del IRPF al 0,2 % de los andaluces más ricos y se preocupa por la sequía de los campos de golf.
Dicho hecho, mientras el principal partido de la oposición sale del atolladero, Unidas Podemos -y con esto termino- hemos presentado una enmienda junto con el Partido Socialista apoyando lo que pide esta moción, que es la implantación del
teletrabajo hasta el 90 % en la Administración General del Estado con un objetivo en el que este Gobierno ya estaba trabajando; un Gobierno que sí se toma en serio la despoblación y un Gobierno que no solamente tiene palabras, sino que realmente
actúa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señora Franco.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fagúndez Campo.
El señor FAGÚNDEZ CAMPO: Gracias, presidenta.
Señorías, pertenezco a un partido que surgió en el siglo XIX con la pretensión de hacer una vida más fácil, más digna y más justa a toda la clase trabajadora; un partido sostenido por las manos de quienes día a día se levantan para cumplir
con su oficio, sacar adelante un negocio o, simplemente, contribuir con su esfuerzo al funcionamiento de los servicios públicos en este país. Y es cierto que ha cambiado mucho la forma de llevar a cabo nuestro trabajo en los últimos años. Hoy
estamos hablando aquí del teletrabajo, que es una modalidad de empleo que, seguramente, pocos años atrás nadie podíamos imaginarnos. Pero lo que no ha cambiado, señorías, es la pretensión que siempre ha guiado a mi partido. Porque, miren, hacer la
vida más fácil, más digna y más justa a la clase trabajadora sigue siendo el pilar esencial de la socialdemocracia también ahora, en el siglo XXI. (Aplausos).
Señorías, la pandemia nos enseñó que el teletrabajo es hoy ya una realidad en nuestro país y que sin duda ha venido para quedarse. No hace falta recordar a nadie, cuando todos estábamos encerrados, cómo nuestros sanitarios fueron la primera
punta de lanza para luchar contra el virus, pero a lo mejor hay que poner en valor a los miles de funcionarios públicos que durante aquellos días, gracias a su trabajo desde sus domicilios, mantuvieron los servicios públicos en nuestro país y, sobre
todo, garantizaron las prestaciones sociales para todos ellos. Y hoy el teletrabajo ya es una opción y también tiene sus consecuencias en muchos territorios. Miren, en los últimos dos años más de 220 000 personas han elegido cambiar su residencia
de las grandes ciudades al medio rural o a otras ciudades más pequeñas. Solo Madrid capital ha perdido 60 000 habitantes. Son pequeños datos, pero nos empiezan a marcar una tendencia. Y para darle a estos territorios su oportunidad, necesitamos
crear los condicionantes necesarios para que tanto el medio rural como aquellas zonas en riesgo de despoblación sean capaces de ser una opción a la hora de elegir residencia.
Una de las medidas que el Gobierno de España ha puesto en marcha, la descentralización de las instituciones, garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades en estos territorios en riesgo de despoblación. El teletrabajo no deja
de ser otra forma de descentralización de la Administración, que permite a muchos de estos territorios la oportunidad de acoger a aquellas personas que en circunstancias normales no elegirían nunca vivir allí por encontrarse muy alejados de los
núcleos productivos o donde se generan las capacidades de empleo.
El Gobierno de España está desarrollando este modelo de trabajo, haciéndolo compatible con los puestos de trabajo presenciales que garanticen la no exclusión de nadie en el territorio y la no exclusión de ninguna generación en nuestro país.
Esta regulación del trabajo a distancia ofrecerá la posibilidad de desempeñar a los empleados públicos -como aquí se ha dicho- hasta el 90 % de su tiempo en el servicio de teletrabajo en aquellas zonas de difícil cobertura o en aquellos poblaciones
en riesgo de despoblación.
Señorías, me lo habrán escuchado decir ya más veces en esta tribuna: no hay una España vacía, lo que hay es una España cuyos habitantes necesitan más atención, más oportunidades y mejores servicios públicos. (Aplausos). Por tanto,
nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad que nos da el teletrabajo para darle esa oportunidad a los territorios. Y para ello son necesarias la conectividad y la digitalización plena. Este Gobierno es consciente y ha hecho una clara apuesta
decidida por la extensión de la banda ancha y la tecnología 5G en nuestro país. Cuando el Partido Socialista llegó al poder no había ni un 30 % del territorio que tuviera la extensión de la fibra óptica; hoy, más del 85 % del territorio ya tiene
la extensión de la banda ancha, y por eso podemos decir que vamos a mantener y cumplir nuestro compromiso en los dos próximos años de alcanzar el cien por cien del territorio.
Termino, señorías. Nosotros vamos a seguir poniendo el foco en unas relaciones laborales que hagan más fácil, más digna y más justa la vida de todos los trabajadores, como hemos venido haciendo desde la fundación de nuestro partido. Y
ahora vamos a aprovechar estas nuevas formas de empleo para seguir luchando contra la despoblación y garantizando la cohesión territorial. El reto demográfico ha sido siempre un compromiso de este Gobierno desde el primer día que llegamos al poder.
Vamos a seguir y seguiremos avanzando en esta dirección.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos una moción por la que se reclama al Gobierno la aprobación con carácter inmediato de una disposición general de aplicación al conjunto del sector público que contemple el teletrabajo en el medio rural y en las áreas despobladas
como un derecho del empleado público cuando su residencia se ubique en esos lugares y el teletrabajo se desarrolle desde su residencia, y siempre que el desempeño del puesto de trabajo lo permita por su leve carga de trabajo presencial, a la par que
se le dote al empleado de los medios materiales precisos -conectividad digital, equipos de trabajo y una compensación por los gastos en capítulo 2 y 6- que se ahorra la Administración y que se trasladan a los empleados públicos que teletrabajan
desde su vivienda. Y que se disponga de un número mínimo de días a la semana de teletrabajo, no menos de tres o cuatro días a la semana, incluso del 90 al 100 % del tiempo de trabajo en cómputo mensual. Y junto a estas medidas para luchar contra
la despoblación y el correlativo fomento de la cohesión territorial, también se reclama al Gobierno un programa estatal que incluya a las comunidades autónomas y que garantice la presencia de las administraciones públicas en las áreas afectadas por
despoblación con atención presencial.
Señorías, he querido ser prolijo en la exposición de lo que se reclama al Gobierno para que seamos conscientes de lo complejo del empeño y que, a pesar de ello, se inste al Gobierno a aprobar con carácter inmediato una disposición general de
ámbito estatal. Es decir, entendemos que tiene que ser un proyecto de ley o un decreto ley de modificación del EBEP, por tanto, una nueva regulación básica en el ámbito del empleado público, en el ámbito del sector público, del modo como se hizo
con la crisis sanitaria por la COVID-19; elaboración inmediata de disposición general de la que solo se reclama la negociación sindical, pero nada se dice de las comunidades autónomas, sobre las que recaerá buena parte de lo que se presente en
ámbitos y en servicios de su competencia. Con esto, señorías, nuestro grupo no puede estar de acuerdo. La única referencia a las comunidades autónomas es una ritual cláusula 'sin perjuicio' que, a la luz de la iniciativa y del papel que a estas
les corresponde, entendemos que es una cláusula 'en perjuicio'.
Señorías, ya lo dijo la ministra de Hacienda en el debate de la interpelación, y además es una obviedad: el teletrabajo ha venido para quedarse, y puede coadyuvar, ciertamente, como herramienta para luchar contra la despoblación y mejorar
la cohesión territorial, pero no puede hacerse a espaldas y sin una negociación profunda con las comunidades autónomas, ya que de estas dependen buena parte de los servicios públicos prestacionales del Estado de bienestar y de la aplicación de la
medida que se propone. El teletrabajo no puede dañar a los servicios que se prestan a los ciudadanos; el teletrabajo requiere una determinación administración por administración, servicio por servicio, puesto de trabajo a puesto de trabajo sobre
qué puestos pueden ser presenciales y cuáles no; el teletrabajo requiere compaginar las necesidades del servicio y las del propio trabajador; el teletrabajo requiere determinar los criterios de las zonas despobladas o en riesgo de despoblación y,
además, qué administración debe hacerlo y en función de qué circunstancias concurrentes. En fin, señorías, un sinfín de determinaciones que, desde luego, desde nuestro punto de vista, no es bueno ni conveniente que se resuelvan de esta manera, con
una norma básica, con carácter inmediato -otro decreto ley- y sin contar con las comunidades autónomas, que serán, precisamente, de las que dependa la aplicación de buena parte de la norma que se reclama.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra Conesa.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Después de varios años conviviendo con una pandemia y de varios meses confinados, una de las realidades que la sociedad española ha interiorizado es la del teletrabajo, una respuesta laboral que se planteó como una solución temporal, pero
que no solo definió aquel momento, sino que podría convertirse en el futuro para muchas empresas y también trabajadores. Cada vez más españoles ven esta fórmula de trabajo como una de las pocas partes positivas que quedaron de la pandemia y quieren
rediseñar un nuevo escenario laboral donde se pueda conciliar su vida profesional y personal e incorporar, a su vez, flexibilidad, interacción, colaboración y también conexiones humanas, según lo necesiten.
El modelo productivo que se implantó en España desde los años 70 hizo que grandes ciudades, como Madrid, Barcelona y otras, se convirtieran en sedes de gran parte del tejido empresarial, siendo epicentros generadores de empleo, y durante
décadas las ciudades se han ido nutriendo de mano de obra de las áreas rurales para desarrollarse simplemente porque las oportunidades de empleo estaban allí. Emigrar
de las zonas rurales a la ciudad era algo normal, habitual e incluso bien valorado como signo de progreso y de mejora. En la actualidad, el teletrabajo ya es una realidad para gran parte de los empleos, que se ha consolidado por demostrar
los beneficios que supone no solo para los trabajadores, sino también para las organizaciones, como son el ahorro de costes estructurales, también de energía en todas sus formas; la mejora de la productividad de los empleados gracias a introducir
este modelo de trabajo alejado de la mera presencia; la mejora de la disponibilidad de trabajadores en situaciones que impiden el acceso a un puesto presencial momentáneamente y el aumento también de la calidad de vida y la conciliación familiar de
los trabajadores, que genera mayor productividad y que es considerado ya como una parte del salario emocional.
Esta forma de trabajo puede y debe tener un impacto positivo en otro de los problemas más graves de nuestro país, que es el abandono progresivo de las zonas rurales fomentado por la perjudicial idea de que si alguien quiere desarrollarse
profesionalmente solo puede hacerlo de forma presencial en las grandes ciudades. Creemos que esto es una oportunidad para los pueblos, pero sobre todo también para las ciudades de menor tamaño, que aúnan servicios urbanos con mejor calidad de vida
y un coste inferior. Sin duda, su implantación regulada contribuirá a que muchos funcionarios decidan trasladarse definitivamente o por largos periodos o permanecer en lugares hoy en riesgo de despoblación, y eso contribuiría, sin duda, a dinamizar
estos territorios. Al mismo tiempo, claro está, hay que regular una serie de normas que garanticen las condiciones laborales de estos trabajadores y todas las cuestiones relacionadas con el desempeño de sus funciones desde su domicilio en la
modalidad de teletrabajo.
Coincidimos con el texto de la moción en que es necesario facilitar el mayor porcentaje posible de trabajo, incentivando la flexibilidad en la presencialidad. Se deben fortalecer también otros aspectos que reforzarían la opción del
teletrabajo como uno de los pilares de la Administración; por ejemplo, el fenómeno de los traslados ha sacado a la luz los problemas que arrastraban las áreas rurales. En ellas, al envejecimiento de la población se les suman los problemas
derivados -que ya se han comentado aquí- de la falta de conectividad o también de la calidad de esa conectividad. La fibra óptica, por ejemplo, solo llega al 71 % de las zonas rurales y, además, no siempre llega con una velocidad deseable. La
fibra óptica llega solo al 1,6 % de los hogares de poblaciones de menos de 100 habitantes, que suponen 1380 de los más de 8100 municipios que hay en España, y solo llega a la mitad de los que tienen entre 2000 y 5000 vecinos. El mapa de
conectividad muestra grandes vacíos en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, pero especialmente de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura.
También hay que señalar que, como defiende esta propuesta, resulta necesario incrementar el número de oficinas de atención al público de las administraciones en esas áreas afectadas, de la misma manera que se ha conminado al sector
financiero a garantizar la atención presencial en estas zonas. No tiene sentido que se le pida a quienes prestan un servicio esencial garantizar la atención presencial y, a la vez, no garantizarla en condiciones razonables por parte de la
Administración.
En cualquier caso, la propuesta que presenta el Grupo Mixto nos parece el camino correcto para garantizar la conciliación de los trabajadores públicos con su vida familiar, al mismo tiempo que es una buena fórmula -no la única, pero sí una
buena fórmula- para luchar contra la despoblación, y la apoyaremos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo-Saavedra.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidenta.
Teruel Existe nos presenta una moción consecuencia de interpelación urgente sobre la aplicación de un plan de trabajo a distancia para el sector público que contribuya a la cohesión territorial y a la lucha contra la despoblación. Que
debemos luchar y sumar esfuerzos para revertir el grave problema de la despoblación y la cohesión territorial en el ámbito rural lo sabemos muy bien todas aquellas personas que tenemos responsabilidades en dicho ámbito. Como alcaldesa de un pueblo
pequeño de 1330 habitantes, pero a la vez considerado mediano dentro de la demarcación de Lleida, ya que la mayoría de los municipios no superan los 300 habitantes, llevo incorporada la frase 'lucha contra la despoblación' y su significado en mi
ADN. Cualquier acción dirigida a mitigar o revertir el problema de la despoblación es de agradecer; no obstante, la moción que hoy debatimos significa un paso más en la lucha contra la despoblación. Instar al Gobierno a aprobar una disposición
que regule el teletrabajo en las administraciones públicas o entidades del sector público puede ser una medida más, pero, en mi humilde opinión, no es la medida, no
es la herramienta o la acción definitiva para dar cumplimiento al objetivo y finalizar con la sangría constante de pérdida de población de nuestros municipios.
Son varias las reivindicaciones que venimos haciendo desde hace tiempo en esta Cámara, en los distintos parlamentos autonómicos y, en definitiva, en los diversos foros donde se nos da voz. El territorio rural, el ámbito rural, está en la
uci; necesita con urgencia desplegar las redes de conectividad digital de alta velocidad, tal y como señala la presente moción, y que los distintos ministerios realicen las inversiones públicas necesarias. Por poner un ejemplo, según datos de un
estudio realizado por la Cambra de Comerç de Lleida, la demarcación de Lleida recibe únicamente el 3 % de las inversiones totales del Ministerio de Transportes en toda Cataluña. No recibimos inversiones de rodalies y del corredor del Mediterráneo.
Respecto al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, invierte tan solo el 8,4 % de la inversión total que realiza en Cataluña en la demarcación que represento. Para defender nuestro sector primario, para que este sea un sector
respetado y que nuestros jóvenes vean en él una oportunidad para labrarse un futuro digno es vital el relevo generacional para asentar a los jóvenes en el territorio, así como un largo etcétera de medidas y reivindicaciones.
En el punto 2 de la presente moción se nos presenta la modalidad del teletrabajo, del 90 al 100 % de la jornada laboral en los puestos de trabajo cuyas características lo permitan, siempre y cuando estén empadronados. Me gustaría resaltar
que empadronarse no da garantía de que se viva en dicho lugar o en dicho ámbito rural. Creo que se deberían aportar, aparte del empadronamiento, otros documentos que acrediten que realmente se vive en dicho lugar.
Estamos de acuerdo también en el punto 6 de la presente moción, donde se pide incrementar el número de oficinas de atención a la ciudadanía, etcétera. Pero también les debo decir, para finalizar, que nos preocupa que en el texto de toda la
moción se mencione poco o muy poco a las comunidades autónomas y sus competencias.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades.
Señor Guitarte, sobre la moción que nos trae hoy aquí, hemos valorado mucho todas las opciones de voto. Estamos de acuerdo con usted en que, ante un reto de tal envergadura como es combatir el reto demográfico, hace falta un cambio de
modelo territorial y de desarrollo, pasar de un modelo centralizado, que solo favorece a las grandes urbes, a otro descentralizado que ceda protagonismo a otros nodos territoriales. Desde nuestro punto de vista, el proceso de despoblación es el
resultado de la interacción de diferentes causas y, por tanto, su tratamiento requiere una gestión transversal e integral en toda su complejidad.
Por ese motivo, su propuesta, centrada en incentivar el teletrabajo para unos pocos, no es la solución. La solución pasa por invertir antes en el territorio. Además, vemos que en su moción hay una clara invasión competencial, puesto que
sus medidas hacen referencia a todas las administraciones públicas. Aquí hacemos hincapié en el principio de subsidiariedad. Las soluciones que se propongan no se deben proponer desde una óptica de Estado centrista, sino que deben estar definidas
desde el territorio; desde la proximidad es desde donde se proponen mejor las soluciones que, al final, son más eficaces en relación al objetivo buscado.
Nuestra solución para reequilibrar el territorio es redistribuir infraestructuras, energías, polos económicos, servicios, pero para toda la ciudadanía y, especialmente, para aquella que garantiza la fijación de la población en el medio
rural, como es el sector agrario. El sector agrario es ese sector que día tras día ve cómo sus expectativas de desarrollo se desvanecen, fruto de inclemencias climáticas, incrementos de los costes y, para terminar de rematarlo, leyes estatales,
como, por ejemplo, la prohibición de la quema de residuos vegetales sin una moratoria de tiempo para conseguir los recursos necesarios para adaptarse a esta normativa. (Aplausos). Escuchen, señorías del PSOE, sin estas medidas el Estado español
solo pone pals a les rodes al trabajo de miles de agricultores.
Para el éxito de las políticas de despoblación, a nuestro entender, debemos establecer medidas para el desarrollo y la diversificación económica del territorio, como los derechos digitales, que son, a todos los efectos, un derecho
fundamental; derechos que, como ciudadanos, empresas e instituciones europeas del siglo XXI, merecemos tener perfectamente consolidados y garantizados. Si entendemos Internet como un bien público, todo el mundo tiene que poder disfrutar de su
acceso en igualdad de condiciones. Por
tanto, debe ser universal, equitativo, asequible y con el ancho de banda necesario, independientemente de las circunstancias personales, laborales y socioeconómicas del que vive. Si bien se ha avanzado mucho en los últimos años, todavía
quedan muchos territorios en los que no se puede dar por consolidado este acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación. Sin estos avances territoriales primero, generaremos desigualdades económicas entre territorios.
Y, por último, demasiadas veces pensamos, equivocadamente, que cuando se invierte en las zonas urbanas son muchos los ciudadanos que se benefician de la inversión, pero la realidad es muy diferente. Las actuaciones en las zonas rurales es
donde se aportan beneficios. (Aplausos). Porque no son beneficios solo a la misma comunidad, sino también a la sociedad en su conjunto, ya que en las zonas rurales es donde se producen los alimentos y las materias primas que después nosotros
mismos consumimos.
En definitiva, existe un gran potencial en las zonas rurales para desarrollar cadenas de valor nuevas y más sostenibles. Seamos más ambiciosos y potenciemos las empresas ubicadas en el territorio. Solo así nos beneficiaremos toda la
sociedad de ello.
Por todo lo expuesto, señor Guitarte, y aunque estamos a la espera de ver al texto definitivo, de momento, no podemos dar apoyo a su moción.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Granollers.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Contreras Peláez. (Aplausos).
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Buenas tardes, señorías.
Nuestra posición sobre esta moción va a ser la abstención, y nos parece buena idea incentivar el asentamiento en zonas rurales de funcionarios mediante la potenciación del teletrabajo. Esta moción, sin embargo, se deja demasiados cabos
sueltos. El teletrabajo tiene también sus contraindicaciones. Se ha hablado del síndrome del ermitaño, es decir, el aislamiento emocional y profesional del trabajador. El objetivo de hasta cuatro días semanales de teletrabajo nos parece poco
realista. Pero, seamos sinceros, la razón principal por la que no termina de convencernos esta moción es que asentar a algunos funcionarios en la España vacía no va a ser precisamente la solución para nuestro desastre demográfico.
El reciente estudio sobre el envejecimiento de las plantillas de la Administración General del Estado, publicado en 2021, concluye que la edad promedio del funcionario español es de cincuenta y un años. Llevar a algunos funcionarios de más
de cincuenta años a terminar su vida laboral en pueblos de Soria o Teruel no va a representar un gran rejuvenecimiento para esos territorios. Por cierto, provincias como Teruel, Zamora o Soria, provincias envejecidas, despobladas, nos ofrecen una
imagen anticipada de lo que será el futuro de toda España si no conseguimos relanzar nuestra natalidad. (Aplausos).
Es cierto que la situación demográfica de esas provincias se ve agravada por el éxodo hacia otras zonas; por ejemplo, se ha calculado que uno de cada cinco jóvenes de Castilla y León abandonan su región en búsqueda de oportunidades. Pero
la razón principal por la que media España se está vaciando no es que los jóvenes se vayan, sino que esos jóvenes no llegaron siquiera a ser engendrados. Por ejemplo, la provincia de Teruel ha perdido un 19 % de población desde 1976, pero si
hubiese mantenido la tasa de fecundidad que tenía el conjunto de España en 1976, que era de 2,7 hijos por mujer, la población actual de Teruel, pese al éxodo juvenil, sería un 14 % superior a la 1976. La tasa de fecundidad actual de Teruel es de
1,3 hijos por mujer; de hecho, es una décima superior al promedio nacional, que es de 1,2 hijos por mujer. Esto significa que en el conjunto de España estamos un 45 % por debajo del índice de recambio generacional, que son 2,1 hijos por mujer;
esto es, estamos teniendo algo más de la mitad de los hijos que serían necesarios para simplemente asegurar el recambio de las generaciones. Todo esto significa que en España estamos en una trayectoria de suicidio demográfico como nación.
Somos el único grupo político que se atreve a hablar del hundimiento de la natalidad como un grave problema nacional. (Aplausos). Los demás partidos, especialmente los de la coalición de Gobierno, asumen la sinécdoque de reducir el llamado
reto demográfico al éxodo rural, como si nuestro único problema demográfico -y no negamos que sea un problema- consistiese en que la gente de Soria o Teruel se vaya a Madrid o Barcelona, y no en que no nacen suficientes niños. Por ejemplo, la
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, aprobada por este Gobierno, en sus decenas de páginas no utiliza una sola vez palabras como padre, madre, hijos o familia; y es que el hundimiento de la natalidad, junto con la progresiva desaparición
del matrimonio en España -cada vez se casa menos gente- es una de las causas del colapso de la natalidad.
La fragilización de los vínculos familiares son temas tabú para los partidos del consenso progre. La izquierda ha hecho suyas dos ideologías antinatalistas... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Una de ellas es el feminismo, que concibe la maternidad como servidumbre biológica de la mujer, y, si no me creen, lean a Simone de Beauvoir. La otra es el ecologismo radical, que ve a la especie humana como el
cáncer del planeta y desearía una reducción de la población mundial para minimizar la huella de carbono y el impacto humano en la biosfera.
El caso es que casos como el de Hungría demuestran que es posible relanzar la natalidad de un país si se adoptan las medidas adecuadas. Esas medidas pasan por el fomento del apoyo al medio rural, una fiscalidad seria por familia, con
desgravaciones fiscales en función del número de hijos, medidas de conciliación entre maternidad y trabajo, la incentivación del matrimonio y el fin del adoctrinamiento feminista en las escuelas y también de la educación sexual corruptora en las
escuelas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Contreras, tiene que terminar, por favor.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Señorías, necesitamos volver a poner de moda el matrimonio y la paternidad entre los jóvenes. Nos va en ello la supervivencia como nación.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Herrero Bono.
El señor HERRERO BONO: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Hoy debatimos aquí una moción que, de implantarse, podría regular el teletrabajo de los empleados de la Administración pública, y con ello podría mejorar la llegada de personas a municipios y territorios con problemas de despoblación. Por
lo tanto, mi grupo parlamentario estaría de acuerdo en que estas medidas se pusieran en marcha y con ello incentivar la vida de nuestros municipios. El problema, señor Guitarte, no es este, el problema es que llevamos ya tres años de legislatura y
a Teruel Existe se le ha pasado el plazo de fotos, de presentaciones y de presentación de iniciativas como esta, porque lo que ya deberían haber hecho ustedes es exigir y ejecutar las medidas a las que ustedes se comprometieron. Usted, señor
Guitarte, con su voto definitivo hizo presidente del Gobierno a Sánchez y, por tanto, tiene la capacidad y la obligación de hacer cumplir, entre otros, ese famoso pacto de investidura que ustedes firmaron.
Habla en esta moción del apoyo al teletrabajo para la Administración pública y está muy bien, pero, señor Guitarte, deje de tomarnos ya el pelo. ¿Sabe qué es lo que se necesita para poder teletrabajar? Una buena conexión de banda ancha con
gran capacidad de datos. Señor Guitarte, ¿se acuerda usted del plan que presentó Mariano Rajoy en el año 2018 en Teruel, el Plan 300x100, 300 megas en el cien por cien de los territorios con un horizonte del año 2021? ¿Podría decirnos aquí por qué
se lo cargaron? Ustedes se lo cargaron, simple y llanamente, porque era un plan del Partido Popular. Pero es que, además, ustedes se opusieron en una votación en este Congreso a incentivar fiscalmente a personas que pudieran teletrabajar. ¿O es
que no se acuerda? De verdad, señor Guitarte, ¿podría decirnos hoy aquí qué medidas se han implantado, por ejemplo, en la provincia de Teruel para frenar la despoblación? Se lo digo yo: ninguna. ¿Saben ustedes cuántas medidas de ese acuerdo de
legislatura del Partido Socialista y de Teruel Existe se han ejecutado? Se lo digo yo: ninguna. Usted lo que debería hacer ya mismo es dejar de prestar ese apoyo gratis o, de lo contrario, presentar la dimisión.
Usted reconocía hace unos meses ante los medios de comunicación que Sánchez le había engañado, y tiene razón; de hecho, Sánchez se ha erigido como el presidente del Gobierno de España que no ha dicho ni una sola verdad a todos los
españoles. Ustedes hablaban de ese famoso pacto de investidura, de un pacto de Estado por la repoblación y el reequilibrio territorial. ¿Algún avance, alguna medida que se haya ejecutado? Se lo digo yo: ninguno. Hablaban en ese pacto de
legislatura del desarrollo de infraestructuras: de la A-68, de la N-330, de la A-40 y de la A-25. ¿Algún avance, más allá de los que venían presupuestados ya en los presupuestos de Rajoy en el año 2018? Se lo digo yo: ninguno. Y de la central
térmica de Andorra y de los planes de transición justa, ¿qué nos dicen? Ustedes, con su apoyo al Gobierno de Sánchez, cerraron y derribaron la central térmica de Andorra, dejando a cientos de familias en la calle. Por cierto, ¿por qué todavía hoy
no están firmados los planes de transición justa? ¿Es que no
le preocupa, señor Guitarte? Solo con este hecho, lo único que han hecho de verdad ustedes ha sido ayudar a despoblar una población como Andorra, que estaba llena de vida.
Además, con ustedes no se ha conseguido ni un euro más en los presupuestos generales de 2021 ni de 2022, ni para Teruel ni para ninguna de las provincias del interior de España; por el contrario, ustedes sí que han votado con este Gobierno
para apoyar lo que exigían los independentistas. Ustedes, con su apoyo gratis a este nefasto Gobierno, lo único que han hecho de verdad es ir en contra de la unidad de España.
Para acabar, señora presidenta, y hablando de temas laborales, ¿podría explicarnos hoy aquí por qué todavía no se ha plantado ante el Gobierno de España para la puesta en marcha de las ayudas fiscales a las empresas de Teruel, Soria y
Cuenca? Señor Guitarte, ¡es que lo suyo no hay por dónde cogerlo! Entiendo que en Valencia se viva muy bien porque es la ciudad de la luz y del amor (risas), pero si de verdad usted quiere ayudar a desarrollar nuestra provincia, viva en ella y
pague los impuestos, como lo estamos haciendo nosotros, porque de lo contrario, si se confirma lo que ya todos dan por hecho, usted es un bluf y un engaño para todos los turolenses.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Herrero.
Señor Guitarte, ¿acepta su grupo parlamentario, es decir, usted mismo, la enmienda presentada?
El señor GUITARTE GIMENO: Querría intervenir brevemente por alusiones directas del señor Herrero Bono. Por el artículo 72. (Varios señores diputados: ¡Oooh!).
La señora PRESIDENTA: Señor Guitarte, puede usted hacer mención a la alusión a la que hace referencia, pero no puede entrar en debate.
El señor GUITARTE GIMENO: Tengo que decir que toda la intervención del señor Herrero Bono es una sarta de mentiras, entre ellas, la de que yo resido en Valencia y que no pago mis impuestos en Teruel. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Muchas gracias.
El señor GUITARTE GIMENO: En cualquier caso, respecto a las enmiendas, hemos alcanzado una transaccional con los enmendantes que presentaremos para votación en el Pleno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Perfecto. Muchas gracias, señor Guitarte.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ADOPTARÁ EL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 PARA IMPLEMENTAR LA AGENDA 2030 EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000172).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que adoptará el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para implementar la Agenda 2030 en España.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Nevado del Campo. (Aplausos).
La señora NEVADO DEL CAMPO: Gracias, presidenta.
La Agenda 2030 es el caballo de Troya del poscomunismo. Vamos con lo que Podemos llama conspiraciones. España no se merece que, ante esta crisis alimentaria, los agricultores no puedan cultivar alimentos, y no solo por una cuestión de
cuotas, sino porque algún multimillonario pretende ser el abastecedor único de alimentos del mundo. Aquí lo tienen (muestra un recorte de prensa): '100 000 hectáreas, y sumando. Bill Gates está levantando el mayor imperio agrícola de Estados
Unidos'.
Seguimos: España no se merece que un club de multimillonarios decidan demonizar la carne para favorecer sus negocios de alimentos sintéticos. Aquí lo tienen (muestra otro recorte de prensa): 'Bill Gates: Las naciones ricas deberían
comenzar a comer carne sintética'.
España tampoco se merece que las familias no puedan pagar la energía, porque un grupo de multimillonarios que no hablan español nos hayan prohibido explorar y explotar nuestros recursos
naturales. Aquí lo tienen (muestra otro): 'Bill Gates y Warren Buffett invierten en megaproyectos nucleares para revolucionar la energía'.
España no se merece que Pedro Sánchez regale 130 millones de euros a Bill Gates. Aquí lo tienen (muestra otro): 'Pedro Sánchez dona 130 millones a una entidad fundada por Bill Gates'.
Y tampoco merecemos que las imposiciones de la Agenda 2030 obliguen a los padres a tener que limpiar la basura que traen algunos niños del colegio porque los educadores los maleducan. (Aplausos). Aquí lo tienen (muestra otro): 'Sacan de
clase a una niña y a un niño para simular una felación'.
España no ha llegado hasta aquí para que el Gobierno se convierta en el padre censor, autoritario, irresponsable y proveedor de miseria, en vez de hacer lo que tiene que hacer, que es impulsar la prosperidad y dar servicio a los españoles, y
es que el comunismo necesita pobres para mantenerse en el poder. Creíamos que no había nada más peligroso que el PSOE a punto de perder unas elecciones, pero sí lo hay, es el PSOE apoyado en comunistas y partidos que quieren romper España.
(Aplausos).
Nos han llevado al borde del precipicio. Esta agenda poscomunista supone el empobrecimiento generalizado de la población, la liquidación de la soberanía de las naciones y es un ataque frontal a las familias, a la vida y a las raíces de
Occidente. Por eso, instamos al Gobierno al cese inmediato de la obediencia a ciegas de esta agenda que no ha sido diseñada para mejorar la vida de los españoles. Les instamos a que nos den voz para decidir si queremos una España enfrentada y con
indignantes desigualdades entre regiones o un Estado al servicio de la unidad y la solidaridad entre territorios. Tenemos que decidir si queremos una España chantajeada por separatistas o una España unida y fuerte; la mentira de la desmemoria
histórica y la leyenda negra o la verdadera aportación de España a la historia y la protección de la identidad nacional. Hay que decidir entre destruir empleo o crear puestos de trabajo. Ha llegado el momento de decidir si vamos a seguir
consintiendo la demonización del mundo rural o si vamos a defender la caza, los toros, nuestras costumbres y tradiciones. Hay que elegir entre comer carne o comer gusanos; el fanatismo climático y las políticas verdes que arruinan el campo o el
cuidado del medio ambiente tradicional; la dependencia energética y la ruina de las familias o la conservación y construcción de centrales que nos doten de soberanía energética; los continuos ataques a la propiedad privada o la protección de la
misma; una justicia a medida del bipartidismo o una justicia despolitizada y real. Hay que decidir entre el efecto llamada a los delincuentes del mundo o inmigración organizada, de calidad y la defensa de nuestras fronteras; un entorno de
desconfianza entre hombres y mujeres y la asimetría penal o concordia, igualdad real y la reparación de los derechos constitucionales. Ninguna mujer en España debería arrojarse al drama de abortar porque no encuentra ayudas a la maternidad.
(Aplausos).
No queremos la imposición de una moral pervertida en las escuelas, queremos la libertad de los padres para elegir la educación que mejor convenga y que mejor coincida con sus valores y con sus principios. O protegemos al lobo que mata a
todo el rebaño para comerse un cordero, o protegemos al rebaño del lobo. Frente a la cultura de la muerte, la vida; frente a la mordaza, la palabra; frente a la censura al disidente, la democracia; frente al lobo de la Agenda 2030, Santiago
Abascal y su Agenda España. España se merece poder decidir.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Nevado.
Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Arratsalde on, buenas tardes.
Señoras y señores diputados, señora presidenta, voy a comenzar con una cita que leí hace pocos días: 'Al atardecer de la vida nos examinarán del amor'. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor BARANDIARAN BENITO: La Agenda 2030 está construida sobre la base de tres diferentes ejes y dos añadidos. Uno, el ambiental -el agua, la acción por el clima, la vida submarina y los ecosistemas terrestres-, que poco tiene que ver
con el individualismo y poco tiene que ver incluso con la globalización; tiene que ver con la salvaguarda del entorno natural en donde cada uno de nosotros podemos vivir.
El siguiente eje vertebrador de la Agenda 2030 es el social: hablar del fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar como ejes vectores de la construcción de cualquier sociedad, la educación
inclusiva y equitativa, la igualdad de género o la energía asequible y no contaminante o el desarrollo sostenible y las instituciones sólidas y solidarias. Tiene que ver también con la acción común pero decidida no solo en plano individual,
local o estatal, sino también para todos los individuos con independencia de su género, raza o condición.
La economía es el tercer eje: el trabajo decente para todos basado en el crecimiento repartido, la industria de infraestructuras sostenibles, la reducción de las desigualdades o la producción y consumo responsables son otros ejes
vertebradores de una acción que no puede ser sino producto de la colaboración entre todos los agentes que podemos intervenir en la materia, pero sobre todo dirigidos a los dos elementos vertebradores finales de la Agenda 2030: la paz, como un deseo
o anhelo que significa muchas cosas y al cual nadie se debe poder negar, y las alianzas para lograr objetivos para el desarrollo sostenible y para ayudar a los países en desarrollo.
Sin embargo, acabamos de escuchar posiblemente una de las más delirantes iniciativas parlamentarias que se han podido oír en esta Cámara, basada no solo en la supresión y en la negación, sino también en el olvido de la dimensión que tienen
cualquiera de los elementos vertebradores de la Agenda 2030, no solo en un plano individual, también en el plano universal. Solo determinadas formaciones políticas que ya no son de ultraderecha, sino que se aproximan al fascismo como modo
totalitario de vida para excluir a individuos por su raza, género o condición y también a pueblos, pueden sostener semejantes argumentos absolutamente insolidarios; iba a decir impresentables, pero rectifico y voy a decirlo así. Pues bien, ese
talante desde luego se traduce en una iniciativa como la que acabamos de escuchar.
No me extenderé mucho más. No voy a extenderme en los motivos por los cuales puedo pensar que iniciativas como esta están más próximas al totalitarismo -acabo de decirlo- que a cualquier sistema extremo pero que comparte un sistema de
libertades, pero sí voy a volver a la primera frase que hemos comentado, con la que he iniciado mi intervención, que decía que en el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Eso supone que todo lo que podamos hacer bien para aportar a
cualquiera de los ejes vertebradores de esa iniciativa solidaria que es la Agenda 2030 será posible excluyendo cualquier tipo de prejuicio hacia cualquier iniciativa y cualquier tipo de persona por su raza, condición, género o pertenencia a algún
colectivo.
Simplemente, quiero volver a repetir: 'Al atardecer de la vida nos examinarán del amor'; de lo que podamos hacer por los demás. No es una frase mía, evidentemente, es de San Juan de la Cruz. Les recomiendo que la lean un poquito.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, debatimos una moción del Grupo Parlamentario VOX y, dada la intervención que ha hecho su representante, me gustaría saber cuál es su hilo conductor, porque realmente no ha habido ninguno a lo largo de toda su presentación. Eso sí,
lleva su sello inconfundible: desborda sectarismo, prejuicios ideológicos, mezcla de temas y propone soluciones simples para problemas mucho más complejos.
La verdad es que no me sorprende este tipo de propuesta, porque ya estoy acostumbrada a que ustedes las situaciones de igualdad de oportunidades las resuelvan con la proclama de que todos somos iguales según el artículo 14 de la
Constitución, pero se olvidan del artículo 9.2, que nos obliga a romper las barreras y obstáculos que tienen algunos grupos. Para hablar de situaciones relacionadas con la migración, la única propuesta que nos trae siempre el Grupo Parlamentario
VOX es criminalizar la migración. Por tanto, ustedes brocha gorda y señalando siempre a colectivos vulnerables cuando estamos hablando de temas relacionados con igualdad, uno de los ejes fundamentales de la Agenda 2030. Lo que hacen las señorías
de VOX es considerar que la Agenda 2030 es la culpable de todos los males, que por ello hay que erradicarla y que la solución a los problemas de los españoles pasa por otras cuestiones, pero ustedes no proponen soluciones a la realidad de la
ciudadanía. En la Agenda 2030 se habla de los problemas de la educación. ¿No son la educación, la calidad educativa y el fracaso escolar algunas de las cuestiones que nos tienen que preocupar a los ciudadanos y a los políticos? ¿A ustedes no les
preocupan? ¿Tampoco les preocupa la circunstancia de la violencia machista? No, claro, no les preocupa, porque los temas de igualdad tampoco les preocupan; suelen abordarlos así, con esa brocha gorda a la que nos tienen acostumbrados.
Igualmente, ¿les preocupa a ustedes el ámbito del medio ambiente? No, claro, tampoco les preocupa. Solo les preocupa la brocha gorda en cada uno de los temas, pero, cuando hay que trabajar y realizar propuestas, aquí no vemos ninguna, porque
realmente en su moción no hay ni una
sola propuesta constructiva. Este es el tono al que nos tienen acostumbrados en esta Cámara. Reducen la Agenda 2030 a una lista de recomendaciones sin carácter vinculante -es lo que dicen-, limitando su importancia, pero a la vez critican
que el Gobierno haya asumido sus indicadores y las incorpore a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Son solo recomendaciones o están condicionando la política de país? A ver si se aclaran con lo que establecen en su propia moción.
También, según las señorías de VOX, el seguimiento de la Agenda 2030 o el cumplimiento de los ODS son la causa de la mayoría de los problemas de los españoles. Todo es culpa de la Agenda 2030: la crisis energética, la baja natalidad, la
tasa de suicidio de los jóvenes o incluso el sistema de pensiones. ¡Qué fácil, señorías, es echarle la culpa de todo a la sociedad global y a una supuesta oculta agenda ideológica, en lugar de proponer medidas reales y efectivas para mejorar la
vida de los ciudadanos! Porque otro de los objetivos principales de la Agenda 2030 es abordar la situación de pobreza, pero a lo mejor ustedes con esta cuestión tampoco están de acuerdo. Por tanto, no entiendo cómo dicen que la agenda 2030 no
aborda los problemas de los ciudadanos. (Rumores).
Deberían ser rigurosos, diciendo que falta evaluación de la Agenda 2030, diciendo que falta llegar a mejores resultados en los objetivos que se tienen marcados. Por eso, nosotros, Ciudadanos, somos capaces de decir claramente que hay que
defender la Agenda 2030 y exigir al Gobierno un cumplimiento riguroso de esos objetivos. Porque en educación, señorías del Gobierno, les tengo que decir que los resultados no son muy buenos por las tasas de abandono escolar y de fracaso escolar.
(Rumores). Aunque de fracaso escolar les gusta poco hablar, resulta que hay muchos niños que ni siquiera terminan la Educación Secundaria Obligatoria. Además, está ligado a los niños que vienen de condiciones socioeconómicas más vulnerables, tal y
como establece el último estudio de ESADE en esta materia. Pero no, no, de esas cuestiones preferimos no hablar; vamos a hablar de un triunfalismo educativo que luego no se traduce en la realidad. Eso es lo que debe evaluar la Agenda 2030.
También debe evaluar la Agenda 2030 si las herramientas que se han establecido para abordar las situaciones de pobreza están llegando o la pobreza se está incrementando en nuestro país. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone, señora Giménez, un momento.
Señorías, les ruego silencio por favor.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Lo que vamos a hacer en Ciudadanos, señorías, es ser rigurosos con el cumplimiento de estos objetivos, pero claramente no vamos a apoyar una posición de VOX que lo único que hace es maldecir la Agenda 2030 sin
hacer ni una sola propuesta para abordar la realidad de los ciudadanos. Nuestro grupo parlamentario no se ha caracterizado nunca por eso. Se ha caracterizado por ser propositivo, aunque en muchas ocasiones el Gobierno lo único que hace es negar
nuestras propuestas. Nuestro grupo parlamentario se caracteriza porque somos pocos pero muy trabajadores, pero lo que pasa es que en muchas ocasiones al Gobierno las propuestas de aquellos que trabajan remangándose, con objetividad y con
profesionalidad tampoco le interesan.
La señora PRESIDENTA: Señora Giménez, tiene usted que terminar, por favor.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Seguiremos en este camino y seguiremos defendiendo la igualdad de todas las personas.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta.
Señorías, la verdad es que no voy a consumir todo el tiempo que tengo, porque no sé si realmente vale la pena el debate que ahora se está produciendo, pero sí que hay algunas cuestiones que me gustaría apuntar.
En relación con el Ministerio de Derechos Sociales -incluso nos podríamos remontar a los antecedentes de la vicepresidencia del señor Pablo Iglesias-, sin duda alguna hay muchas cosas para criticar, y a mí me van a encontrar en este club:
proyectos de ley que nunca acabaron, iniciativas que no existen o muchas cuestiones que acabaron generando más polémicas. Recordarán aquel cartel que no dejaba en un buen papel a los jueces que criticaban la violencia doméstica o aquella otra
campaña publicitaria de que la playa es de todos. Sin duda, el Ministerio de Derechos Sociales no se lleva la mejor
nota del conjunto de los ministerios, pero intentar coger todas estas cuestiones, vincularlas a la Agenda 2030 y acabar haciendo una coletilla con todos los clásicos del argumentario semanal de VOX acaba siendo -sinceramente se lo digo- muy
desproporcionado.
A nosotros nos van a encontrar en la Agenda 2030. Agenda 2030 sí, y tanto. Y en la Agenda 2030 hay muchas cosas de las que ustedes están totalmente descolgados. Cuando ustedes en el punto tres de la moción dicen que hay que afirmar la
soberanía nacional de España para que los españoles decidan sus políticas, también tendrían que poner un pequeño espejo en esta tribuna y darse cuenta de que ustedes ocupan 52 de los 350 escaños de este hemiciclo. Seguramente, ustedes se deben
creer mejor que yo aquello de que la soberanía reside en el pueblo español, que las Cortes Generales son el reflejo de la soberanía popular y que este Congreso de los Diputados representa como nadie a los españoles. Pues en este Congreso de los
Diputados hay 52 personas que piensan como ustedes y 298 que piensan justo lo contrario, que están por la Agenda 2030. En este escenario es en el que nos encontramos nosotros, en reconocer a la Agenda 2030 como una oportunidad de progreso y una
oportunidad de tener un mundo mejor.
Por tanto, como les decía, hay dos opciones. Una es utilizar las mociones consecuencia de interpelación para impulsar políticas del Gobierno, para crear documentos, cláusulas y argumentarios que fuercen con estas mociones al Gobierno a
moverse y a desarrollar políticas en un sentido u otro. La otra es lo que hacen ustedes con el cupo de mociones que tienen: utilizarlas para generar algunos vídeos, para dejar por aquí frases relativas a que el Gobierno está sometido, a los
veintidós ministerios y el gasto, y así ir llegando hasta la bomba más 'genial' que se puede encontrar -es una ironía; lo dejo claro por si no lo pillan- de que la Agenda 2030 a lo único que se dedica es a hacer difusión del aborto. Llegar a esta
conclusión, sin duda alguna, es meritorio por su parte y es también motivo suficiente para ver que el contenido de la moción no es en ningún caso aceptable. No se puede hacer este tipo de discursos aprovechando el turno que tienen en el Congreso de
los Diputados para una cosa en la que ustedes están en minoría. (Rumores).
La Agenda 2030 es un compromiso internacional, la Agenda 2030 es un compromiso de muchos Estados y, afortunadamente, la Agenda 2030 es un compromiso de la mayoría de los diputados del Congreso.
Muchas gracias. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella. (Rumores).
Señorías, les pido, por favor que mantengan el silencio en el hemiciclo y, si quieren mantener conversaciones, que salgan del hemiciclo.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Cortés Gómez.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Hoy debatimos la moción de VOX relativa a las medidas adoptadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para implementar la agenda en nuestro país. Quiero empezar explicitando qué es la Agenda 2030, ya que la portavoz del grupo
proponente no ha mencionado ni una sola palabra a este respecto. En el año 2015, señorías, todos los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 es básicamente la hoja de ruta para
hacer cumplir los derechos humanos. El problema de VOX con la Agenda 2030 es que no creen en los derechos humanos, que incluyen tanto los derechos sociales como los derechos medioambientales. (Rumores). Para cumplir con los derechos humanos este
Gobierno ha sido precisamente uno de los que más se ha comprometido a nivel internacional, y esto ha quedado demostrado con varios reconocimientos expresos por parte de Naciones Unidas.
Señorías, les recordaré aquí algunos de los compromisos impulsados por la secretaría de Estado alineados con la Agenda 2030. En primer lugar, quiero mencionar los escudos sociales por la pandemia y la guerra en Ucrania, destacando el
ingreso mínimo vital o el control de la inflación en los alquileres; los avances en materia de feminismo, la ley del solo sí es sí, la ley trans y la ley de salud reproductiva; el impulso a la protección medioambiental, territorial y productiva
con la ley de cambio climático, la ley de residuos y la ley de cadena alimentaria -a todas estas leyes, VOX votó en contra-; un nuevo impuesto a las grandes fortunas que hará que los ricos arrimen el hombro y que evitará la creación de paraísos
fiscales; un aumento en la tributación al IRPF para las rentas de capital; la subida del salario mínimo; una ley de familias que incluirá la ampliación de la renta de crianza a 100 euros al mes por hijo a cargo. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Además, conseguimos por fin que las familias monomarentales con dos hijos pasen a ser consideradas familias numerosas y establecemos varios permisos por cuidados. Extendemos así nuestro compromiso con las personas
que más lo necesitan. Las pensiones contributivas subirán y se actualizarán conforme al IPC y también lo harán de la misma manera las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital. Aumentamos el presupuesto de la lucha contra las violencias
machistas, doblando la inversión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, además, continuamos avanzando en las políticas antirracistas y la lucha contra el antigitanismo. Aún más, revertimos el recorte de M. Rajoy sobre la prestación
contributiva por desempleo y logramos que sea equivalente al 60 % de la base reguladora, además de subir el IPREM y el ingreso mínimo vital. Todo esto, señorías, es lo que ha hecho el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para implementar
los derechos humanos de manera concreta y efectiva en nuestro país.
Ahora bien, aunque hemos avanzado en todo esto en favor de quienes más necesitan al Estado del bienestar, necesitamos seguir dando pasos, pues aún quedan retos pendientes a los que esperamos dar respuesta con la mayor urgencia, y quiero
hacer una mención expresa a la vivienda como un derecho y no como un activo en el mercado especulativo. Ayer mismo, en el Día Mundial del Hábitat, varias organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Amnistía Internacional o Nadie
Sin Hogar se concentraron en la Gran Vía madrileña con una acción para reivindicar la aprobación de la ley de vivienda y la incorporación de tres peticiones principales: la primera, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional; la
segunda, la regulación de los alquileres, y, la tercera, la inclusión al parque de vivienda pública de todas las propiedades en manos de la Sareb. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen la aprobación de una ley de vivienda ya.
En el Congreso nos debemos a la ciudadanía y en el Grupo Confederal nos debemos a nuestro pueblo.
Permítanme, señorías, acabar recomendándoles una película que se estrena este viernes en todas las salas, En los márgenes, interpretada por Luis Tosar y Penélope Cruz. El viernes al cine, y hoy votaremos en contra de la moción de VOX.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cortés.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Alonso Pérez.
El señor ALONSO PÉREZ: Gracias, presidenta.
En el Grupo Parlamentario Popular defendemos una política económica, energética y social que sirva a los intereses de España y, para ello, señorías de VOX, no es necesario aislarnos de Europa ni del mundo. No vamos a abandonar nuestros
principales compromisos internacionales ni a ser negacionistas, como proponen habitualmente en este tipo de mociones. El Partido Popular firmó el Acuerdo de París y los ODS, ratificados por más de 190 países, y nuestro grupo en Europa puso en
marcha el Pacto Verde Europeo. Estos tres acuerdos son un exponente del desarrollo sostenible, la cooperación y la preservación del medio ambiente. Renunciar a ellos es una insensatez.
En España nos encontramos con un Gobierno radical, que trata maliciosamente de apropiarse de estos acuerdos para convertirlos en una herramienta al servicio de la confrontación y del interés partidista, y eso es lo que no debemos tolerar.
(Aplausos). El pasado miércoles lo pudimos comprobar cuando la secretaria general de Unidas Podemos, que en sus ratos libres es ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, dedicó la mayor parte de su intervención a insultar al principal partido de
la oposición, a nuestro presidente y a nuestros votantes. Entre los múltiples exabruptos que pronunció la ministra desde esta tribuna, uno de ellos fue calificar a mi grupo como organización clandestina de criminales. Habló así de una organización
de personas honradas y trabajadoras, muchas de las cuales han perdido su vida por defender la libertad; una organización que ha sacado a España de dos graves crisis en las que nos metió la izquierda y que lo volverá a hacer; una organización que
ha sido clave para la consolidación de la democracia española y de nuestras instituciones. (Aplausos). Es evidente que las palabras de la señora Belarra fueron inaceptables. Por ello, considero que la ministra debe disculparse o, de lo contrario,
debe dimitir de su cargo inmediatamente. (Una señora diputada: ¡Dimisión!-Aplausos). Entiendo que a la señora Belarra no le interese evaluar su trabajo. Por eso, prefiere perder el tiempo insultando. Le ocurre lo mismo a la señora Alegría, al
señor Iceta, a Sánchez o a la ministra Montero, ya que cualquier análisis serio sobre la gestión de este Gobierno llegará a una misma conclusión: estamos ante un absoluto desastre.
Si hablamos de los objetivos de lucha contra la pobreza o el hambre -porque yo sí quiero hablar de esto-, comprobaremos que la tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, ha aumentado 8 décimas en el último año, hasta alcanzar al
27,8 % de la población residente en España, lo que se traduce en casi 400 000 españoles más en esta difícil situación. Cáritas está atendiendo un 20 % más de personas que antes de la pandemia; en 2021 ya atendió a un 1 300 000. Mientras mantienen
una desorbitada presión fiscal sobre la renta de las familias, en España hemos pasado de tener la cesta de la compra más barata de los grandes países de la Unión Europea a tener una de las más caras, y es que desde que ustedes llegaron al Gobierno
todos los meses son una cuesta de enero para las familias españolas.
Si evaluamos el objetivo de reducción de las desigualdades, tengo que decirles que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado un 25 %, una cifra superior al incremento registrado durante la crisis de 2008. Y qué
decir de su fracasado escudo social, con un ingreso mínimo vital que solamente llega al 13 % de la población bajo el umbral de la pobreza. Se deniegan tres de cada cuatro solicitudes, mientras las colas del hambre no paran de crecer.
Con respecto al objetivo para una energía asequible y no contaminante, los datos hablan por sí solos. Desde febrero de 2021 la electricidad ha subido un 121 %; los combustibles, un 110 %; el gas butano, un 46,8 %. Todo ello sumado a que
nos han hecho depender en un 8 % del gas ruso. Cuando ustedes entraron al Gobierno, no comprábamos ni un metro cúbico de gas a Rusia, y esto no me digan que es financiación para la paz.
Es imprescindible aliviar a las familias ajustando el IRPF a la inflación, bajando el IVA de los productos básicos que todavía están al 10 %, como les ha pedido el presidente Feijóo, porque, si son honestos, reconocerán que solo aciertan
cuando copian las medidas que les proponemos. A este Gobierno le falta calle, esa calle que no quieren pisar porque pisarla implica que los españoles les digan la verdad sobre sus políticas, porque, señorías de la izquierda, sus prioridades no son
las mismas que las de la mayoría de los españoles. Ustedes entienden que los ciudadanos están al servicio de este Gobierno y de su voracidad fiscal, y nada más lejos de la realidad. Los españoles demandan un Gobierno con el que llegar a fin de mes
no sea una gesta heroica. No necesitan un presidente de película, quieren un Gobierno al servicio de los ciudadanos, y una amplia mayoría sabe que eso no puede ofrecérselo Pedro Sánchez. Por eso, pronto apostarán por un cambio moderado en España.
La señora PRESIDENTA: Señor Alonso, tiene usted que terminar, por favor.
El señor ALONSO PÉREZ: Termino, presidenta.
Ese es el cambio que representa Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Villagrasa Quero. (Rumores).
Señorías, silencio, por favor.
La señora VILLAGRASA QUERO: Gracias, presidenta.
'Y, sin embargo, se mueve'. Estas son las famosas palabras que formuló Galileo Galilei tras su condena sobre el movimiento de los planetas. El dogma de la época no le permitió defender la certeza científica de que es la Tierra la que gira
alrededor del Sol y no al revés. Hoy vuelven a estas Cortes Generales voces que nos recuerdan esos tribunales medievales de la Inquisición, y lo hacen bajo el ataque a un consenso internacional, político, técnico y metodológico que se ha venido a
denominar la Agenda 2030. Señorías de VOX, traigo para la extrema derecha malas noticias. Les contaré que este consenso de los pueblos se remonta a décadas, tantas como llevan vencidos los regímenes fascistas, desde la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en 1944. (Aplausos). Tras décadas de debate, esfuerzos y lucha para promover la paz y el desarrollo económico y social de las naciones, la humanidad ha llegado al acuerdo de que si la actividad humana no es sostenible no habrá
futuro. Señorías de VOX, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 no son ocurrencias de este Gobierno, ni siquiera del Foro de Davos, ni forman parte de una conspiración intergaláctica de las élites mundiales asociadas con Bill
Gates. Surgen del trabajo de la sociedad civil, que durante muchos años se ha organizado en torno a una España y un mundo mejor, igualitario y sostenible.
Señorías de VOX, vengo a decirles algo obvio: la agenda no es ni ideológica ni globalista. Vengo a decirles que la agenda es global y, como evidentemente no es una agenda nacional ni nacionalista,
recoge en su espíritu la necesidad de la cooperación internacional, de la solidaridad entre los pueblos y del internacionalismo. Vengo a decirles que la Agenda 2030 es la agenda de la gente decente, de la solidaridad, de la justicia social
y la igualdad, en España y en el mundo. (Aplausos). A ustedes les queda muy lejana porque son dignos herederos y nostálgicos del orden mundial de los privilegiados. Señora Nevado, no le diga a la gente que esta agenda combate a España. Díganles
la verdad, díganles que lo que combate es su doctrina, sus ansias de autarquía y ultranacionalismo. Díganles que, cuando ustedes hablan de patria, se refieren a una patria muy pequeña, a sus cuentas corrientes, a esa mirada del país y del Estado
estrecha, tan estrecha como en los tiempos de Galileo Galilei. Díganles a los españoles y a las españolas que se oponen al fortalecimiento de nuestras instituciones y a hacer más grandes nuestras democracias. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone, señora Villagrasa, espere un momento, por favor.
Les pido silencio, por favor.
Continúe.
La señora VILLAGRASA QUERO: Gracias.
Díganles que se oponen a la conservación de nuestro patrimonio, al medio natural, que niegan la desertificación, la deforestación y los incendios forestales de este verano. Díganles a los agricultores que las sequías son cíclicas y que se
oponen a la pervivencia de su medio de vida, a controlar la venta a pérdidas o a marcar las reglas del mercado que eviten el sobrecoste de la canasta de comprar aquí y el hambre allá. Digan a las empresas españolas que no quieren normas comunes
para que compitan en un mercado ético en condiciones de igualdad. Digan a los asalariados y a las asalariadas que no quieren acuerdos sobre condiciones dignas de trabajo y que tampoco les interesa nada si sus hijos e hijas están nutridos.
Díganles, señorías de VOX, de una vez en alto a los españoles y a las españolas que en su agenda no está la erradicación de la pobreza ni del hambre, que no creen en la igualdad entre hombres y mujeres y tampoco en las instituciones libres y en las
libertades públicas. (Aplausos).
Señorías del PP, señor Alonso, es el momento de decidir. Decidan ustedes de qué lado quieren estar, si del lado del Gobierno, que, como bien usted decía, entendió la necesidad de un programa de futuro para la humanidad y firmó el compromiso
ante Naciones Unidas, o del lado del vicepresidente de Castilla y León; si del lado del Partido Popular Europeo, que trabaja en el desarrollo de esta agenda a nivel continental, o del lado de Bolsonaro, Le Pen, Putin, Trump y los Orbanes, que se
refugian en el negacionismo climático para perpetuar sus privilegios. Decídanse de qué lado quieren estar y demuéstrenlo en los presupuestos generales del Estado. (Aplausos).
Señorías de VOX, a ustedes no les gusta la Agenda 2030, prefieren la Agenda 1958. Ustedes estarían más cómodos en la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional. (Aplausos). Sin embargo, señorías de VOX, sigan ustedes sabiendo
que mucho más temprano que tarde ya se abrieron las grandes alamedas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Villagrasa.
Votaremos en tres minutos. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):
- DE LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 38/2003, DE 27 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES; DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO; Y DE LA LEY ORGÁNICA 1/2002, DE 22 DE
MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN, PARA LUCHAR CONTRA EL ANTISEMITISMO. (Número de expediente 125/000015).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. Proposición de ley de la Asamblea de la Comunidad de Madrid para la modificación de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones; de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, para luchar contra el antisemitismo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 283; en contra, 33; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE LA RADIO, LA TELEVISIÓN Y EL SERVICIO PÚBLICO DE NOTICIAS DE TITULARIDAD ESTATAL. (Número de expediente 122/000196).
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de la radio, la televisión y el servicio público de noticias de titularidad estatal.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 67; en contra, 173; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
Muchísimas gracias a todos. Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.
Corrección de error.-En el Diario de Sesiones número 213, correspondiente a la sesión plenaria número 205, celebrada el jueves 29 de septiembre de 2022, en la página 1, en el primer punto del índice, correspondiente al Proyecto de Ley sobre
precursores de explosivos, donde pone: (Número de expediente 21/000094), debe poner: (Número de expediente 121/000094).