Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 210, de 22/09/2022
cve: DSCD-14-PL-210
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 210
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 202
celebrada el jueves,
22 de septiembre de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Debate relativo a la apreciación por la Cámara de la previsión contenida en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022, por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo las consecuencias del estallido de la guerra en Europa y de una
crisis energética sin precedentes, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 496, de 12 de septiembre de 2022. (Número de expediente 430/000005) ... (Página5)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
- Proyecto de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 110-1, de 24 de junio de 2022. (Número de
expediente 121/000110) ... (Página23)
- Proyecto de ley orgánica del sistema universitario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 111-1, de 1 de julio de 2022. (Número de expediente 121/000111) ... (Página41)
Avocación de iniciativas legislativas.
- Proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 107-1, de 17 de junio de 2022. (Número de expediente 121/000107) ... (Página62)
- Proyecto de ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 108-1, de 17 de junio de 2022. (Número de expediente 121/000108) ...
(Página62)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página62)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página63)
Debate relativo a la apreciación por la Cámara de la previsión contenida en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Votación) ...
(Página65)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página65)
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página66)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Debate relativo a la apreciación por la Cámara de la previsión contenida en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ...
Comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022, por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo las consecuencias del estallido de la guerra en Europa y de una crisis
energética sin precedentes, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera ... (Página5)
La señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado) interviene para comunicar el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022, por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está
sufriendo las consecuencias del estallido de la guerra en Europa y de una crisis energética sin precedentes, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rodríguez Herrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los señores Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX; Guijarro García, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Nogueras i Camero y los señores Bel Accensi y Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Muñoz Vidal,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Oramas González-Moro, y los señores Sayas López, Mazón Ramos,
Martínez Oblanca y Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto; y la señora Mínguez García, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página23)
Proyecto de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud ... (Página23)
La señora ministra de Sanidad (Darias San Sebastián) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Steegmann Olmedillas, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno y García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); las señoras Cañadell Salvia y Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano; y las señoras Medel Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común; Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Prieto Nieto, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley orgánica del sistema universitario ... (Página41)
El señor ministro de Universidades (Subirats Humet) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la señora Illamola Dausà, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Robles López, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mazón Ramos, la señora Oramas González-Moro y el señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los
señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y García Morís, del Grupo Parlamentario Socialista.
Avocación de iniciativas legislativas ... (Página62)
Proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario ... (Página62)
Proyecto de ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas ... (Página62)
La Presidencia informa de que estos puntos del orden del día se someterán directamente a votación.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página62)
Sometidos a votación separada el primer párrafo y los puntos 1, 2 y 3 del segundo párrafo de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para la defensa del derecho a la educación en español, son
rechazados todos.
Sometida a votación la enmienda transaccional prsentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu a la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen
jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, se rechaza por 59 votos a favor, 278 en contra y 6 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página63)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la previsión del Gobierno de acatar los dictámenes de los organismos internacionales para cumplir con los derechos democráticos y
políticos en el Estado español, se rechaza por 68 votos a favor y 275 en contra.
Sometida a votación separada por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas concretas que va a adoptar el Gobierno para solucionar la posición de España en materia energética y dar
solución a la ruina de los españoles, son rechazados todos.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los avances en el desarrollo del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado y su impacto en un sector estratégico para la
economía española como la automoción, es rechaza por 157 votos a favor, 172 en contra y 14 abstenciones.
Debate relativo a la apreciación por la Cámara de la previsión contenida en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Votación) ...
(Página65)
Sometida a votación la solicitud del Gobierno, según acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022, relativa a la apreciación de que España está sufriendo las consecuencias del estallido de la guerra en Europa y de una crisis
energética sin precedentes, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, se aprueba por 195 votos a favor, 53 en contra y 95 abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página65)
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, presentadas por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos y por el Grupo Parlamentario VOX, son rechazadas por 64 votos a favor, 191 en contra y 88 abstenciones.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo
Parlamentario Plural (señora Illamola Dausà), se rechazan por 148 votos a favor, 193 en contra y 1 abstención.
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página66)
Sometida a votación la solicitud del Grupo Parlamentario Republicano de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, se aprueba por
337 votos a favor.
Sometida a votación la solicitud del Grupo Parlamentario Plural (señor Bel Accensi) de avocación por la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común
y otras materias conexas, se aprueba por 336 votos a favor.
Se levanta la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DEBATE RELATIVO A LA APRECIACIÓN POR LA CÁMARA DE LA PREVISIÓN CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 135.4 DE LA CONSTITUCIÓN Y 11.3 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
- COMUNICACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 26 DE JULIO DE 2022, POR EL QUE SE SOLICITA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS LA APRECIACIÓN DE QUE ESPAÑA ESTÁ SUFRIENDO LAS CONSECUENCIAS DEL ESTALLIDO DE LA GUERRA EN EUROPA Y DE UNA
CRISIS ENERGÉTICA SIN PRECEDENTES, LO QUE SUPONE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EXTRAORDINARIA, A LOS EFECTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 135.4 DE LA CONSTITUCIÓN Y 11.3 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 430/000005).
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
Comenzamos con el punto del orden del día relativo a la comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022, por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo las
consecuencias del estallido de la guerra en Europa y de una crisis energética sin precedentes, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Para su presentación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas.
Doy cuenta en esta Cámara del acuerdo del Consejo de Ministro del pasado 26 de julio, por el que se dio el pistoletazo de salida para la elaboración, el diseño y la posterior aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año
2023, unos presupuestos, señorías, para esta última fase de la legislatura, que ha estado marcada por importantes retos y que, a diferencia de lo que ha ocurrido en las últimas crisis que ha soportado nuestro país, el Gobierno ha decidido
afrontarla, creo que de forma clara, con la voluntad política de no dejar a nadie atrás.
Efectivamente, en los años 2020 y 2021 se priorizó en la acción pública la lucha contra la COVID-19 y este año, el 2022, el año en curso, es el de la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como saben ustedes, un
plan que viene a trasladar el apoyo de Europa para que las consecuencias de esa pandemia sanitaria se acorten lo máximo posible en el tiempo. Pues bien, cuando apenas estábamos saliendo de esas consecuencias derivadas de la enfermedad, se presenta
una guerra en el corazón de Europa provocada por una invasión injustificada de Rusia sobre Ucrania, situación, señorías, que, como ustedes bien conocen, se prolonga a fecha de hoy -con noticias inquietantes que hemos escuchado en las últimas horas
por parte del dirigente soviético- y que está afectando de forma muy importante a la economía global. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora ministra.
Señorías, les pido silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Gracias, presidenta.
Decía que la situación está afectando de forma muy importante a la economía global. Además, saben ustedes que en las fases finales -entendemos ya- de estos procesos bélicos se intensifican estas cuestiones de manera que, más que nunca, la
unidad en el seno de Europa, marcada por las sanciones económicas que se están imponiendo a este país, está también trasladando una afectación tanto a las empresas como a los ciudadanos y a las familias. Ojalá este conflicto tenga pronta resolución
y podamos volver a la normalidad porque -insisto- la legislatura ha estado marcada por estos diferentes acontecimientos. Son situaciones, señorías, sobrevenidas que no dependen, evidentemente, de las administraciones, no dependen de los Gobiernos,
pero lo que sí es una actuación y una responsabilidad de todos nosotros es cómo se responde ante estos problemas. Justamente, el Ejecutivo está decidido a hacerlo poniendo a la ciudadanía en primer lugar. Dicho de otra manera, protegiendo sus
derechos y su bienestar. Esa es la responsabilidad de este Gobierno, pero también lo es de todos los grupos parlamentarios y de todos los representantes que nos encontramos en esta Cámara.
Hacer frente a estos retos para el año 2023 va a requerir del concurso y de lo mejor de todos nosotros y nosotras. El Gobierno es muy consciente de esto y por eso desde el primer momento hemos convertido en la piedra angular de nuestra
actuación, en el valor central de todo lo que implica el desarrollo de nuestra democracia, la actitud de diálogo; diálogo con las fuerzas políticas, diálogo con los agentes sociales -que quedó roto, como ustedes recuerdan, en los anteriores
gobiernos de la derecha- y diálogo entre las instituciones y el Gobierno; por tanto, diálogo del Gobierno de España con comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Diálogo, diálogo y diálogo, y no porque sea una obligación -para nadie es
obligatorio buscar el entendimiento-, sí porque es para nosotros una necesidad del tiempo que vivimos, algo a lo que no podemos renunciar y que nos define no solo como demócratas, sino también como personas que buscan el consenso político en la
línea de que todos se sientan representados en las decisiones. Entendimiento, señorías, no porque estemos de acuerdo en todo -es obvio que en esta Cámara no lo estamos; de hecho, legítimamente, representamos diferentes opciones políticas-, sino
precisamente porque sabemos que tenemos diferencias y en las diferencias buscamos los puntos de encuentro. Entendimiento porque comprendemos que, a pesar de esas cuestiones que nos diferencian, es mucho más fuerte la acción pública cuando parte de
ese acuerdo, y los ciudadanos nos piden entendimiento. Los ciudadanos nos piden que, al menos en lo que les afecta básicamente a ellos, nos pongamos de acuerdo. Y acuerdo también porque parte de la política es realmente confrontar proyectos, es
ser capaces de evidenciar qué es aquello que nos hace diferentes, pero cuando esa diferenciación a lo que lleva es a la negación o a la obstrucción la política se degrada, las instituciones se resienten y, por tanto, la ciudadanía se aleja.
La pandemia, y creo que también la guerra, nos están dejando algunas lecciones que no conviene perder de vista. La más importante es que a estos problemas no podemos responder como individuos aislados, sino que tenemos que hacerlo como
sociedad. Solo vamos a superar las dificultades si lo hacemos juntos. Por eso es tan importante un debate público constructivo y alejado de la demonización del adversario; un debate que abandone la política obstruccionista y demuestre a la
ciudadanía que Gobierno, Parlamento y administraciones autonómicas y locales somos conscientes de la realidad del día a día y cumplimos con la responsabilidad de atender no tanto al interés partidista, sino al interés general.
Consciente, como somos todos, de este tiempo histórico que vivimos, desde esa responsabilidad y con vocación de diálogo, solicito la apreciación de las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, que, de acuerdo a la propia
Constitución, posibilitan superar los límites del déficit y deuda pública que nuestra norma fundamental establece. Porque, señorías, venimos demostrando durante toda la legislatura que este Gobierno entiende el sector público en una doble
vertiente: por un lado, el Estado como garante del Estado del bienestar y, por otro, la Administración como impulsora tractora de la economía en momentos de dificultad como el que estamos viviendo. Así, señorías, el Consejo de Ministros -y así lo
informo en esta Cámara- definió el límite de gasto no financiero que presentamos para la elaboración de los próximos presupuestos situándolo en 198 221 millones, lo que representa un 1,1 % más que en el ejercicio anterior. Esto significa alcanzar
una cifra histórica. Repito, señorías, se trata de una cifra histórica. Lo digo porque he podido escuchar en declaraciones públicas de algunos miembros de esta Cámara que no están de acuerdo con que el Gobierno sea capaz de adjetivar de histórico
aquello que realmente lo es, pero creo
que es importante poner en valor que nunca antes los recursos públicos a disposición de la ciudadanía han tenido esta dimensión para poder elaborar unas cuentas que puedan responder a sus necesidades. Por tanto, señorías, ante estas
excepcionales circunstancias, hemos planteado un techo de gasto como este del que les estoy informando.
El objetivo es bastante claro: en primer lugar, consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, porque, como ustedes saben, estamos también en cifras récord de afiliación de trabajadores y trabajadoras a la Seguridad Social,
fundamentalmente en el entorno de los jóvenes y, por supuesto, entre las mujeres; en segundo lugar, mantener el esfuerzo de inversión, sin duda muy intensificado por el plan de recuperación, garantizando el desarrollo de políticas que son claves
para nuestro país, como son la ciencia, las becas, la investigación, la sanidad o la educación, y, en tercer lugar, proteger a la clase media trabajadora, a colectivos vulnerables y al sector productivo frente a una inflación que se deriva sobre
todo del aumento de los precios de la energía. Por tanto, señorías, esta cifra que acabo de darles de 198 221 millones de euros es la que va a marcar ese límite del gasto no financiero de este presupuesto. Si descontamos, dentro de este diseño,
los recursos que se derivan del plan de recuperación, que superan los 25 000 millones de euros, una cifra algo inferior a la del año anterior, el límite de lo que podríamos llamar gasto nacional se situaría en 173 065 millones de euros, esto es, un
1,9 % más que el año anterior o, dicho de otra manera, con los recursos procedentes del presupuesto ordinario se hace un mayor esfuerzo para intentar acompañar a las familias o a nuestro sector productivo. Este incremento, sobre todo, quiere
apostar por la inversión, más allá de esos recursos procedentes de los fondos, con el objetivo también de potenciar las políticas de empleabilidad y las políticas sociales.
Además de ello, señorías, dentro del techo de gasto se contempla una transferencia a la Seguridad Social de 19 888 millones de euros, esto significa un 8,1 % más que en el ejercicio anterior, en línea con el compromiso de este Gobierno con
el Pacto de Toledo que aprobó esta Cámara para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Por ello, el presupuesto, que se presentará en tiempo y forma en esta Cámara, va a responder a ese gasto estructural, con independencia de las
medidas extraordinarias que sea necesario prorrogar con motivo también de la prolongación de la guerra de Ucrania. Señorías, según se vaya acercando el momento oportuno, cuando finalicen las medidas actualmente en vigor, tomaremos la decisión sobre
cuáles es necesario prorrogar o si es necesario incorporar medidas adicionales.
Señorías, creo que todos somos conscientes de que estamos en una situación extraordinaria, lo que llevó a que la Comisión Europea comunicará el pasado mes de mayo la extensión de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento para permitir la suspensión de las reglas fiscales para el año 2023. Por ello, señorías, al igual que se informa del techo de gasto -como acabo de hacer en la primera parte de mi exposición-, quiero pedirles que esta Cámara aprecie, si
así lo estima conveniente, que concurren circunstancias extraordinarias que facultan la suspensión de esta regla, en línea con lo que nuestros socios europeos a su vez están aprobando y con la recomendación de la Unión Europea. Sin embargo, que las
reglas fiscales se encuentren en suspenso no significa, como venimos diciendo, que el Gobierno renuncie a la responsabilidad fiscal. A aquellos que hablan de derroche o de déficit quiero decirles que España, con el Gobierno del presidente Sánchez,
salió del procedimiento de déficit excesivo antes de irrumpir la pandemia y que llevamos, señorías, cuatro trimestres consecutivos rebajando la deuda pública; insisto, rebajando y mejorando el saldo de nuestras cuentas, a pesar de que se han puesto
en marcha medidas de gasto extraordinario para acompañar al tejido productivo y también a las familias. Solo les voy a dar algún dato. El déficit de las administraciones públicas se redujo desde el 10,3 % que se produjo en el año 2020 al 6,9 % en
2021, lo que ha significado la mayor reducción del déficit público de toda nuestra historia. Y la previsión para el año en curso, para 2022, es que la cifra se sitúe en un 5 %; en definitiva, haber reducido en más de un 50 % el desequilibrio de
las cuentas públicas que se provocó con motivo de la pandemia. Por tanto, señorías, este año finalizaremos con un déficit, si todo va según lo previsto, del 5 %, y esto es importante que lo sepan todos aquellos grupos políticos que hablan de que el
Estado se forran con la inflación o de que hay recaudación extraordinaria. Quiero decirles a sus señorías que todas las medidas puestas en marcha han tenido un coste solo para las arcas públicas de la Administración General del Estado, sin contar
comunidades autónomas ni ayuntamientos, de más de 30 000 millones de euros, una cifra superior a la que ha supuesto ese incremento de la recaudación que estaba sin señalar en los presupuestos generales del Estado. Por eso, señorías, nuestro
compromiso es mejorar el saldo fiscal y por eso en el acuerdo del Consejo de Ministros la previsión de déficit para el año 2023 es del 3,9 %, en línea con el programa de estabilidad que en abril remitimos a la Unión Europea; responsabilidad fiscal.
También, señorías, quiero decirles que el Estado del bienestar seguirá respondiendo como hasta la fecha para que realmente seamos capaces de acompasar este momento que viven los ciudadanos. Para el Ejecutivo esta nueva elaboración del
presupuesto significa, en definitiva, proteger a la clase media, a los trabajadores del país, según el principio irrenunciable para este Gobierno de ser capaces de trabajar para la mayoría. Por tanto, señorías, seguimos haciendo este trabajo de
consolidación, en este caso no a costa de los ciudadanos, sino justamente fortaleciendo el Estado del bienestar, creando empleo y con un crecimiento económico que algunos, a pesar de la evidencia, se empeñan en negar.
La suspensión de estas reglas fiscales elimina también los objetivos de estabilidad presupuestaria para las administraciones autonómicas y para los ayuntamientos, y los sustituye, como viene siendo habitual desde el principio de la crisis
sanitaria, por unas tasas de referencia para que estas comunidades tengan un marco donde elaborar sus cuentas públicas y, sobre todo, una previsibilidad sobre cómo se va a comportar el Fondo de Liquidez Autonómica para que hagan sus cálculos de
tesorería. Esta reducción del déficit, señorías, va a recaer en mayor parte en la Administración central, ya que el gasto se va a estrechar desde el 3,8 %, año 2022, al 3,2 % para el próximo año. Sin embargo, comunidades autónomas y entidades
locales contarán con mayor capacidad de inversión al ampliarse sus posibilidades de gasto. En concreto, el acuerdo del Consejo de Ministro elevó el margen para comunidades autónomas, que tenía una tasa de referencia en el programa de estabilidad
del 0,1 %, hasta el 0,3 %, justamente para que puedan hacer frente a esta excepcionalidad derivada de la crisis de Ucrania. Ello, señorías, espero que permita que estas administraciones inviertan más recursos en las políticas que afectan a los
ciudadanos, sobre todo el Estado del bienestar, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Para compensar este mayor margen que se les da a comunidades autónomas es por lo que la tasa de referencia de la Administración General del Estado
pasa del 3,4 que iba en el documento a Bruselas al 3,2. Por tanto, asumimos un mayor esfuerzo por parte de las cuentas públicas que se presentarán en esta Cámara.
En el caso de los ayuntamientos, al igual que ocurre con comunidades, tendrán un mayor margen de gasto, puesto que la tasa de referencia para 2023 es equivalente a un superávit del 0,1 %, una décima menos que la cifra recogida en el programa
de estabilidad de abril. Es decir, que aunque se incrementen los recursos que van dirigidos a los ayuntamientos, mantenemos su tasa de déficit y eso se traduce en una mayor capacidad de gasto.
Finalmente, la tasa de referencia de Seguridad Social será del 0,5 % del PIB, destacando, como he dicho, la transferencia incrementada en un 8 % que procederá de las cuentas generales del Estado.
Concluyo, señora presidenta. España, señorías, es un país, un territorio que compartimos todos aquellos que representamos a los ciudadanos legítimamente en esta Cámara. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Un país significa para este Gobierno, sobre todo, una promesa de convivencia, un futuro que construir; en definitiva, un proyecto que cumplir. Quizás el catastrofismo,
el negacionismo o el obstruccionismo pueden ser una estrategia electoral, pero sin duda, señorías, no es un proyecto de país. Por eso, señores del Partido Popular, a ustedes no les eligieron los ciudadanos ni para destruir al Gobierno ni para hacer
una política de tierra quemada, sino realmente para construir país. Esa expresión, esos lemas de 'dejar caer España' o de 'cuanto peor mejor', ese obstruccionismo permanente se puede calificar de muchas maneras, pero ninguna de ellas es la de ser
un proyecto para nuestro país. No me resigno a que tengamos que seguir viviendo en la toxicidad política. Tenemos una oportunidad en esta votación porque conocemos el momento que vivimos. Saben que esta propuesta es necesaria porque gobernamos no
solamente en los ayuntamientos, también en las comunidades autónomas. Los socios europeos están abordando y están acordando medidas similares en sus países, y sé que compartimos la necesidad de apreciar esta circunstancia para la suspensión de la
regla fiscal. Por eso, señorías, creo que sería un buen signo de unanimidad en esta Cámara que nos dirigiéramos a los ciudadanos con ese compromiso firme de trabajar cada uno en los presupuestos que tiene que elaborar con la única mirada dirigida a
ese bienestar, porque, señorías, tras cada una de las cifras que he mencionado hay una idea de que España puede ser más fuerte, puede estar más cohesionada frente a los problemas. Tras esos datos hay un compromiso real con la clase media y
trabajadora del país. Esta no es una propuesta partidista, sino que se hace, como corresponde, por el Gobierno, pero es una propuesta que se dirige al consenso y a la totalidad de los ciudadanos. Yo sé que no es un cheque en blanco para el final
del camino, y lo digo sobre todo para los grupos políticos que quieren o que han manifestado voluntad de apoyar al Gobierno en la elaboración de
las cuentas públicas; no es un cheque, pero es el inicio de un camino que será bueno que recorramos juntos, que aporte cada uno su singularidad para que, al final, las cuentas estén mejoradas. Este no es, por tanto, señorías, el punto
final ni la última palabra, pero es la primera y nos permite abrir una senda de diálogo que proponemos que sea un consenso en el resultado final. El Gobierno de España no duden que lo hará con lealtad institucional, con búsqueda de consenso, y es
ahí, en esa lealtad y en esa búsqueda del acuerdo donde, estoy convencida, nos sabremos encontrar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Rodríguez Herrer.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias, presidenta.
Señorías, ministra, aquí estamos otra vez, la cuarta consecutiva, para votar que España va fatal; para, aprovechando que Europa ha vuelto a movilizar la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, considerar que la
situación es excepcional, que lo es, y darles pie para que eludan todas las normas fiscales que permiten garantizar la sostenibilidad a medio o largo plazo de nuestras finanzas públicas. Ni plazos, ni procedimientos, ni informes preceptivos del
Consejo de Política Fiscal y Financiera y la CNAL, ni información a este Parlamento para que podamos cumplir con nuestra función de control presupuestario al Gobierno. ¿Dónde está el informe ad hoc del Banco de España? No están. Recuerde que esta
función fue precisamente la que dio origen a los parlamentos.
Señalan que, siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea, España debe activar nuevamente la cláusula prevista en nuestro ordenamiento jurídico que permite una suspensión temporal de las reglas fiscales. Como me repetiría
respecto a intervenciones de años anteriores, solo voy a referirme a dos cuestiones de diferente signo: lo que nos aportan y lo que eluden facilitar.
Comienzo por lo segundo, por lo que no hacen, y les da igual que se les reclame reiteradamente e incluso que se lo exija la AIReF. La ley de estabilidad es muy clara: ustedes tienen la obligación de presentar un plan de reequilibrio como
consecuencia de las cláusulas de 2020, 2021 y 2022, pero no lo hacen. Les da lo mismo; es más, saben que les comprometería en su frágil equilibrio de alianzas, incluso dentro del propio Gobierno, y no quieren ni oír hablar de ello. Y es
importante, señorías, porque con más frecuencia de la debida leemos o escuchamos la reivindicación de nuevas políticas que supondrían riesgos para la estabilidad fiscal. Sirvan dos ejemplos: el compromiso internacional de incrementar los gastos de
defensa hasta el 2 % del PIB, es decir, prácticamente doblarlos, que computan en déficit y deben tener encaje en el escenario presupuestario, pero no se explica cómo, o las múltiples presentaciones por el ala gubernamental de Podemos, con políticas
de todo tipo que suponen incrementar los gastos corrientes estructurales sin contrapartida.
Y lo que nos dan: la única prescripción de la ley de estabilidad que atienden es la de la presentación de un informe de la situación económica acompañando el acuerdo que nos traen hoy. Es un informe del día 26 de julio que no se han
molestado en corregir, demostrando una vez más que no nos tienen mucho respeto. En estos dos meses, señorías, se han materializado la mayoría de los riesgos de los que alertaba la AIReF en esa fecha, y lo que iba mal ahora va a peor. La guerra de
Ucrania sigue; ayer tuvimos noticias que hacen pensar que su final está un poco más lejos. El suministro de gas de Rusia ha disminuido y hay amenazas de que pueda cortarse. Las cadenas de suministro no fluyen, con cortes cada dos por tres en
China cuando se descubren nuevos casos de COVID. La inflación es galopante y los bancos centrales han empezado a tomar medidas de política monetaria que pueden influir dramáticamente sobre el crecimiento de nuestras economías. De hecho, todos los
analistas revisan sus previsiones mundiales de crecimiento a la baja, y en especial las europeas. Y ustedes conocen sus efectos. Hace unos días, en el Senado, el presidente del Gobierno decía que este año íbamos a crecer un 4 % y el año que viene
un 2. Al día siguiente, en su comparecencia ante la Comisión de Economía, la vicepresidenta Calviño decía que ella estaba cómoda con el cuadro macro de los presupuestos, pero este ya nace tocado, porque ni el equipo del presidente se lo cree. Y la
rebaja del objetivo no es baladí: un 7 % para 2022 y, lo que es peor, un 26 % para 2023.
En realidad, ministra, a usted le da igual, porque a lo que va es a hacer caja y la caja la saca de la inflación y no del crecimiento sano, pero eso, ministra, es pan para hoy y hambre para mañana. Así que, en buena medida, ese informe está
mal cumplimentado, y no solo por el crecimiento, sino también por sus estimaciones de empleo -no tienen en cuenta lo que pasó en agosto-, por el cálculo de la inflación
prevista e incluso por el escenario de tipos de interés que tanto afecta al coste de la deuda soberana y que ya está en niveles muy altos y afecta directamente a los escenarios presupuestarios. La presentación del informe económico es lo
único que cumplen de la ley de estabilidad, porque, al igual que en años anteriores -lo acaba de decir-, ustedes entienden que, tras activar la cláusula de escape, del resto de las obligaciones fiscales nada de nada.
Por otra parte, Europa, al movilizar la cláusula de salvaguarda, exige que los Gobiernos cumplan con las recomendaciones del semestre europeo, y en este contexto merece destacar especialmente una de ellas, la de garantizar en 2023 una
política fiscal prudente, en particular limitando el incremento de los gastos corrientes financiados a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo. Europa no se refiere al techo de gasto que hoy no aprobamos. Como bien sabe,
se refiere exclusivamente a los gastos de la Administración central. La obligación se remite al escenario presupuestario consolidado, a los gastos e ingresos de todas las administraciones públicas -Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y
corporaciones locales-, desde los salarios a las inversiones, pasando por los intereses de la deuda y las pensiones, y al sistema tributario en su conjunto, incluyendo los impuestos de los tres niveles de la Administración y las cotizaciones
sociales, un puzle complicado en tiempos de crisis e incertidumbre -lo comprendo-, pero que refuerza que la política fiscal no puede ser neutral. No tenemos política cambiaria y estamos empezando a sufrir los efectos de la política monetaria en
manos del Banco Central Europeo, que, en términos de crecimiento, debe ser compensada con la potente herramienta, la política fiscal, que el Gobierno puede manejar. Pero ya la hemos oído y hemos visto el acuerdo. Yo entiendo que los indicadores no
económicos son importantes, pero cuando los económicos van tan mal -y van muy mal, ministra-, se convierten en prioritarios. Sin sostenibilidad financiera las administraciones no podrán prestar los servicios públicos esenciales, que no se deben
financiar con deuda. Si no se genera crecimiento y, por lo tanto, empleo, no se sanearán las cuentas públicas y la espiral de deuda con costes crecientes asfixiará a nuestras instituciones. Por eso estamos tan preocupados con la correcta y
diligente ejecución de los fondos del mecanismo de reconstrucción, que, mal que les pese y computen lo mismo varias veces, tienen un grado de ejecución bajísimo.
Estamos preocupados, ministra, porque para crecer también ayudan los otros agentes económicos, que necesitan confianza, tranquilidad y reglas claras y estables, y esa confianza se deteriora no por la opinión y los requerimientos
fundamentados de una alternativa seria y responsable, como es el Partido Popular, sino con los cambios de criterio, los enfrentamientos y contraprogramaciones dentro del Gobierno a los que nos tienen acostumbrados.
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez, tiene que terminar.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Sí, concluyo, señora presidenta.
Nosotros nos vamos a abstener en la votación porque no estamos de acuerdo con lo que entienden supone la movilización de la cláusula de salvaguarda, a lo que les obliga y que no cumplen, y cuando llegue el presupuesto, continuaremos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. (Aplausos).
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hace apenas dos años el Gobierno de Pedro Sánchez acudía a esta Cámara para solicitar un cheque en blanco para su política presupuestaria. La gravedad de la epidemia, la necesidad imperativa de dar una respuesta extraordinaria a
una situación extraordinaria y la dificultad de hacer previsiones realistas podían, aparentemente, justificar la suspensión de las reglas fiscales, pero los antecedentes, la irresponsabilidad y la indisciplina presupuestaria de este Gobierno
desaconsejaban relajar el control que esta Cámara tiene la obligación de realizar al Ejecutivo. Una vez más solo quedó VOX. Nos negamos entonces a ser cómplices de un incremento descontrolado del gasto que nos colocara en una situación de extrema
vulnerabilidad, sin encuadrarla en un plan de reequilibrio presupuestario que garantizara la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Ministra, se lo exige la ley, pero llevan dos años sin cumplir con la obligación legal recogida en el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (La señora ministra de
Hacienda y Función Pública, Montero Cuadrado, hace gestos negativos). Se lo recuerdo, porque dice que no con la cabeza. Esa ley establece de forma expresa, señora ministra, que la desviación temporal de déficit público no puede poner en
peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo y, además, que en casos de desviación extraordinaria deben acompañarse de un plan de reequilibrio y que ese plan debe remitirse en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento o se
aprecien las circunstancias que lo justificaban. Se lo recuerdo porque también se lo recuerdan de forma reiterada el Banco de España y la AIReF cada vez que tienen oportunidad. La última vez, hace solo quince días. Humildemente, se lo venimos
reclamando también el Grupo Parlamentario VOX a través de numerosas iniciativas desde hace más de dos años, y hoy se lo volvemos a reclamar. La salud de las cuentas públicas es uno de los fundamentos de la credibilidad de un país, credibilidad que
ustedes han laminado.
Señorías socialistas, cuando ustedes no tienen explicación para algo siempre se acogen al mismo triángulo mágico: virus, Putin, Franco. Todavía no han tenido la osadía de traernos a Franco en esta ocasión, pero en estos años de extremo
sufrimiento para la sociedad española siempre tenemos una constante, la consolidación de un gasto público superfluo bochornoso y el fracaso de los objetivos que justificarían la suspensión extraordinaria de las reglas fiscales: salvar empresas,
salvar empleos y estar al lado de los españoles que más lo necesitaban. No olvidemos que en estos años el Gobierno de los veintidós ministerios ha consolidado e incrementado el gasto político como jamás se había visto en España. En los peores
momentos de nuestra historia es cuando hemos tenido el Gobierno que más ha gastado de nuestra historia. (Aplausos). Nunca jamás un Gobierno ha mantenido más altos cargos, asesores y personal de confianza y mientras las empresas luchaban por
sobrevivir, mientras las familias se apretaban el cinturón, ellos se subían los sueldos. Han incrementado un 56 % las partidas a los sindicatos; han renovado la flota de coches oficiales; han más que doblado el gasto destinado a propaganda y
publicidad oficial; han salvado aerolíneas chavistas; han disparado el gasto en chiringuitos feministas y han alimentado los gremios ideológicos.
Señorías, la suspensión de las reglas fiscales disparó el déficit público y situó la deuda en términos históricos, pero no evitó en absoluto el mayor incremento de pobreza en la zona euro, el daño irreversible que se ha generado al tejido
productivo y que España se quedara descolgada en recuperación. Estamos los últimos en la tabla de la Liga Europea de Evolución Económica 2019-2022. Y resulta que ahora, ya sin ERTE, sin gasto extraordinario de prestaciones por desempleo, sin la
presencia de estabilizadores automáticos que lo justifiquen, nos presentan un techo de gasto de 2000 millones de euros, superior al de ese momento extraordinario, y fían toda corrección del déficit al incremento de recaudación, en gran parte
derivada de la inflación y derivada también de todos aquellos impuestos que la ministra de Hacienda me negó cuatro veces que fueran a realizar a los españoles más sufridos. (Aplausos). Otra vuelta de tuerca a la irresponsable, temeraria y
abiertamente lesiva política presupuestaria, que dos años y medio después de la pandemia dificulta enormemente la recuperación y que va a dejar, lamentablemente, cicatrices muy difíciles de curar.
Ministra, la llevamos avisando tres años y, por desgracia, el momento ha llegado. Tras la subida de julio, el 8 de septiembre el consejo del Banco Central Europeo decidió subir los tipos de interés en la zona euro en 75 puntos básicos, el
mayor incremento de su historia, y España, lamentablemente, va a empezar a pagar, y mucho, por los intereses de la deuda, y la subida de los tipos nos pilla sin los deberes hechos. El desequilibrio de las cuentas públicas es ya estructural, no
coyuntural, y la AIReF le avisa de que con estas políticas la deuda pública podría llegar al 140 % del producto interior bruto. Se ha renunciado a las reformas estructurales, y no solo eso, es que hoy en España el sistema educativo o el marco
laboral o la sostenibilidad de las pensiones están peor que hace dos años, no mejor, y la única solución que plantean ustedes es volver a subir impuestos y volver a extraer más rentas de los sufridos españoles.
Señora ministra, puede que una vez más solo quede VOX, pero no cuente con nosotros para seguir disparando el gasto político de manera irresponsable mientras oculta la realidad a los españoles de cómo está subiendo la presión fiscal.
(Aplausos). Las familias, las pymes, los comerciantes y los autónomos ya han aguantado mucho, ya no pueden más. Según calcula la Fundación Civismo, los españoles trabajaron de media 193 días para cumplir con sus obligaciones de Hacienda, hasta el
13 de julio, día de la liberación fiscal, pero es que con la inflación del 10,5 %, de la que el dogmatismo de este Gobierno es muy responsable, los españoles van a trabajar treinta y ocho días más este año, hasta el 20 de agosto, únicamente para
contrarrestar el alza de los precios, y ustedes no solo evitan suprimir uno solo de sus privilegios y prebendas, no solo no deflactan el IRPF recibiendo 15 000 millones de euros extra, es que encima nos anuncian más subidas. Señorías, este Gobierno
ya ha hecho demasiado daño a España; ha
volado los cimientos de la política presupuestaria y una vez más, señoría, le vamos a decir que no. VOX no va a ser corresponsable de este desaguisado.
Rectifiquen, activen de nuevo la senda de responsabilidad, aprueben un plan de consolidación fiscal creíble y devuelvan, por tanto, la credibilidad a las cuentas públicas de una nación, que es la mejor tarjeta de presentación en el mundo
exterior, porque puede que a ustedes les sobren las matemáticas y el juego es intercambiar presos por presupuestos, pero ese momento se está acabando, señorías. Los españoles pronto dejaremos de pagar la fiesta del sanchismo porque muy pronto
llegará el momento y España decide.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Buenos días a todas y a todos, señorías, presidenta.
Por tercer año consecutivo nos vemos tramitando una medida de excepción, como ya se ha dicho, aunque estrictamente solo la primera vez fue excepcional; la segunda yo diría que fue coincidental y la tercera podemos decir ya que es
estructural. Quizá deberíamos empezar por reconocer de una vez por todas que estos protocolos heredados de la vieja arquitectura de la crisis de 2008-2012 hace tiempo que dejaron de servir, si es que alguna vez lo hicieron. En todo caso, hoy el
Gobierno se compromete ante esta Cámara a mantener un gasto público que no superará los 198 500 millones de euros, como ha anunciado la ministra. Se trata de una subida nominal de unos 2000 millones de euros con respecto al año pasado, lo que
supone, señor Espinosa de los Monteros, una clara contención en términos reales dado el contexto inflacionario en el que nos encontramos. En todo caso, creemos que refleja la voluntad de este Gobierno por mantener un ciclo de política fiscal
expansiva fundamental en un momento de transición productiva como el que estamos viviendo en tantos frentes y sectores, unos años convulsos además en los que aún salimos de una crisis pandémica sin precedentes mientras nos adentramos en un invierno
largo.
Es precisamente este contexto el que me lleva no tanto a plantearle, señora ministra, un debate de política presupuestaria, pese a que ciertamente el trámite parlamentario nos remite al mismo, sino un debate más bien de política fiscal. Le
diría más. Creo que en este tercer trámite, este año más que nunca, nos debemos todas y todos este debate. Ya que no lo pudimos tener allá por marzo, cuando el comité de expertos publicó su tan esperado libro blanco y cuando precisamente la
perspectiva, ya entonces cierta, de una guerra en suelo europeo invitaba a una rápida reacción, al menos ahora el debate sobre los límites de gasto público en España, tan ligado a la cuestión de quién paga más impuestos y quién paga menos, me parece
de obligado cumplimiento, un debate en el que también ha entrado usted misma, como no podía ser de otra manera, no solo con propuestas lanzadas recientemente a través de distintas tribunas, sino con acciones concretas y de amplio calado. Basta
recordar algunas medidas recientemente tomadas en la lucha contra la inflación, como los 8000 millones de euros que ha supuesto la reducción del IVA eléctrico y los 210 millones de euros que se espera del IVA del gas hasta diciembre. Por otro lado,
el anuncio de una pronta armonización del impuesto sobre sociedades a un mínimo del 15 %, en coordinación por cierto con otras grandes economías occidentales, como Estados Unidos, Francia o Alemania, supone un paso cualitativo esperanzador, no ya
solo para evitar el deterioro imparable que se ha venido produciendo en sus bases imponibles a lo largo de los últimos quince años, sino porque demuestra que los debates que comenzaron hace décadas en foros multilaterales como la OCDE pueden llegar
a materializarse algún día.
Igualmente, señora Montero, usted se desmarcó ayer mismo señalando muy específicamente a las grandes fortunas de este país como uno de los elementos sobre los que actuar prontamente. ¿Qué puedo yo decirle en este punto, señora Montero, que
no resulte ventajista o siquiera poco elegante? Solo le diré esto. Creo honestamente que hemos perdido un tiempo precioso al no haber aprobado la toma en consideración de la PL que mi grupo parlamentario presentó en el pasado periodo de sesiones
para implementar al fin un impuesto sobre las grandes fortunas en España. Ya entonces durante su presentación yo mismo insté a su grupo desde esta tribuna a un debate franco, abierto a un largo trámite parlamentario, para haber acabado el año con
una medida clave, y sabe usted que no se lo digo tanto por su capacidad recaudatoria, sino porque de otro modo no podríamos mirar a la cara a nuestra gente, a la gente que nos ha puesto aquí, para pedirle además esfuerzos y sacrificios de cara a
soportar una nueva crisis sobrevenida.
Por eso el debate fiscal ahora no se ha hecho ya urgente, sino inevitable, y toca hablar, por tanto, de otras figuras tributarias que en estos días están en el debate público gracias al señor Moreno y a la señora Ayuso, por ejemplo, porque
lo que estamos viendo ahora en torno al impuesto sobre el patrimonio, y por extensión a toda la tributación autonómica, sencillamente no es de recibo. No es de recibo, señorías. Que el señor Moreno hable de sana competencia con Cataluña ya es de
traca. Señorías del Partido Popular, ese dumping fiscal, contra el que hay que legislar urgentemente, sencillamente no es de recibo, no puede soportarse. No va contra Cataluña, va contra todas y contra todos, pero sobre todo va contra la inmensa
mayoría de las personas que viven en Andalucía, en Madrid, en Murcia, en Galicia, en Castilla y León. ¿O acaso no guarda esto una correlación directa con el deterioro de la sanidad y de los servicios públicos que se ha experimentado en estas
comunidades a lo largo de estos últimos años? Saben ustedes muy bien... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio, por favor.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Les decía, señorías del PP, que saben ustedes muy bien a quiénes representan. En eso ustedes nunca se equivocan.
Tampoco podemos dejar de referirnos a las reducciones en imposición indirecta, ya que estamos en este debate fiscal, otra herramienta a la que ya ha echado mano el Gobierno en su lucha contra la inflación, como ya comentaba antes. En todo
caso, aún no se ha operado afectando exclusivamente a sectores concretos, lo que dificulta un manejo más progresivo de estas bajadas. En ese sentido, nos siguen pareciendo del todo pertinentes las viejas reclamaciones en las bajadas del IVA de
productos de higiene femenina, servicios veterinarios y peluquerías, de los que ya hemos hablado en otra ocasión.
Permítanme una última reflexión en torno a la urgencia en España de una acción contundente en materia fiscal. Como ustedes saben, señorías, el Banco Central ha iniciado la senda de la subida de tipos nada menos que con 75 puntos básicos.
Las principales razones que se han esgrimido han sido la lucha contra la inflación y el constante deterioro del tipo de cambio de nuestra moneda con respecto al dólar. Pese a que la medida se aprobó hace ya más de dos semanas, el deterioro del tipo
no ha dejado de continuar exactamente al mismo ritmo que antes -exactamente al mismo-, es decir, no parece estar sirviendo para lo primero. Respecto a lo segundo, a la lucha contra la inflación, difícilmente conseguirá ninguna autoridad monetaria
evitar un estrangulamiento de los mercados energéticos, es decir, un shock de oferta en la base de la cadena de producción, provocado además por factores exógenos, mucho menos por la vía de la subida de tipos de interés. Sencillamente, esa no es la
herramienta. Lo que sí le digo, señora ministra, es que la falta de sintonía entre política fiscal y monetaria no augura nada bueno. Si Frankfurt no acompaña, como sí lo había hecho hasta hace bien poco, los esfuerzos fiscales de los Estados
europeos en la lucha contra una crisis en ciernes, nos vamos a ver todos en una situación imposible.
Aquí todos tenemos claro que la espiral inflacionaria tiene muy poco que ver con los salarios; de hecho, son los trabajadores y trabajadoras los primeros que están pagando el pato. Es muy probable que los salarios en España terminen este
año habiendo perdido más de 4 puntos en poder adquisitivo, mientras los márgenes empresariales se habrán mantenido o habrán crecido milagrosamente, como ya lo han hecho a lo largo de los últimos meses. Si el Estado no compensa esta transferencia
neta de rentas salariales a rendimientos del capital por la vía de políticas redistributivas, y si además el Banco Central Europeo se desalinea, vamos a experimentar un hundimiento a plomo del consumo y de la inversión, y ello quiere decir que
iremos todos de cabeza a una recesión económica de consecuencias imprevisibles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gràcies, presidenta.
Bon dia, diputades i diputats, ministra. Por tercera vez debatimos y votamos en este Congreso la apreciación de que estamos en una situación de emergencia extraordinaria y las tasas de déficit para las distintas administraciones públicas:
las dos últimas veces, a consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, cosa que provocó la suspensión de las reglas fiscales por parte de la Comisión Europea, y en esta ocasión a causa de la guerra en Ukraína, que está
provocando un aumento de precios que está afectando a miles de familias en todo el Estado español. Esto ha provocado
el mantenimiento de la cláusula de salvaguardia un año más por parte de la Comisión Europea para 2023. La tasa de déficit para el año que viene se fija en el 3,9 % para el conjunto de las administraciones públicas. Para las comunidades
autónomas la tasa de referencia del déficit se establece en el 0,3 % del PIB; esta cifra es mejor que el 0,1 % del PIB que en un primer momento el Gobierno había comunicado, y va en la línea de lo que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès,
había propuesto. Estas dos décimas de más permitirán un gasto adicional de más de 500 millones de euros por parte de la Generalitat de Catalunya.
Creo que nadie en este hemiciclo puede negar que estamos en una situación de extraordinaria emergencia. La ocupación de Ukraína por parte de Rusia ha provocado una crisis que está afectando a miles de familias. El aumento de los precios de
los carburantes, de la luz, del gas y de la cesta de la compra ha provocado que muchas familias vivan al límite. Ayer mismo conocíamos los datos del Eurostat de riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión Europea, y conocíamos un dato que no
es nuevo, pero que igualmente resulta estremecedor: en 2021 en el Estado español el 27,8 % de las personas están en riesgo de pobreza o exclusión, ocupando el cuarto puesto de la lista, tras Rumania, Bulgaria y Grecia, y estamos seguros de que esta
cifra aumentará durante este año 2022. Todos estaremos de acuerdo en que los próximos meses van a ser muy difíciles para miles de familias en este país: a la inflación creciente, que se va a mantener durante meses, se une el aumento de los tipos
de interés y el aumento del euríbor, que ya está causando el aumento de muchas hipotecas. Por eso, estamos convencidos de que ahora más que nunca es necesario que las administraciones públicas dispongan de todas las herramientas a su alcance para
paliar los desastres de esta crisis. Lo hemos dicho en muchas ocasiones: en situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias; en situaciones de crisis y de recesión económica, políticas expansivas. Pero poder aplicar políticas expansivas
topa frontalmente con el muro austericida construido por el PP y la derecha en el año 2012 y topa frontalmente con aquellos que, como solución a la crisis de 2008, recetaron recortes y precariedad. Es evidente que aquello no salió bien y que
empobreció al conjunto de la sociedad.
Por eso, más allá de este debate, muy necesario a día de hoy, debemos debatir y decidir qué vamos a hacer cuando las reglas fiscales vuelvan a estar en vigor y se aplique la ley de estabilidad financiera, modificada por el PP y el ministro
Montoro. Ministra, ya sabe cuál es nuestra postura en este tema, ya que lo hemos hablado muchas veces. Durante años hemos pagado las consecuencias de una ley de sostenibilidad financiera que ha exprimido sin paliativos a comunidades autónomas y a
ayuntamientos; una ley que imponía normas tan injustas como la regla de gasto; una norma tan absurda que impedía a la Administración más próxima a la ciudadanía, como son los ayuntamientos, destinar su superávit en inversiones para el bienestar de
sus vecinos y vecinas. Por eso, es necesario plantear el futuro y pedimos valentía: valentía para no volver a unas normas que centrifugan los objetivos de déficit, que limitan la capacidad de inversión de las comunidades autónomas y de los
ayuntamientos mientras la Administración central aumenta año tras año; valentía para derogar el artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda por encima de garantizar el Estado de bienestar (aplausos); valentía para que las
administraciones públicas puedan realizar políticas expansivas e inversiones estructurales, y valentía para emprender una reforma fiscal profunda que grave a los grandes patrimonios, a las rentas más altas, a los que más tienen, y alivie la carga
fiscal de las clases trabajadoras, pymes y trabajadoras y trabajadores autónomos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Margall.
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta.
Ustedes ponen el foco, señora ministra, en la cantidad. Ha hablado de cifras, ha hablado incluso de cifras récord, pero a nosotros lo que realmente nos importa es saber dónde se va a invertir este dinero, cómo, dónde y a quién va a ir este
dinero; a Cataluña seguro que no. Pero antes de entrar en dónde invierten ustedes el dinero, déjenme que les cuente cómo y en qué invierte el dinero el Govern de Catalunya. Nos dicen que no comparemos Madrid y Cataluña porque alimenta la
crispación y no ayuda al reencuentro. A ver si hoy ustedes entienden por qué sí hace falta comparar Madrid y Cataluña. En Cataluña destinamos un 7 % más por habitante en sanidad que lo que destina Madrid por habitante en sanidad; destinamos un 15
% más en educación; un 86 % más al fomento de la ocupación; un 74 % más en cultura y un 64 % más en investigación. Los ciudadanos de Cataluña pagamos más de 50 000 millones de euros
en impuestos, aportamos al Estado español el 20 % de los ingresos totales y recibimos de vuelta apenas el 10 %. Más de 20 000 millones de euros de los ciudadanos de Cataluña se van a Madrid y no vuelven. Por lo tanto, son 20 000 millones
de euros de los ciudadanos de Cataluña que no se pueden invertir en educación, en sanidad, en fomento de la ocupación, en cultura, en investigación, en ayuda a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, a l'acompanyament del talent que hi ha a
Catalunya o en eliminar impuestos que se han puesto de moda, como han hecho Andalucía o Murcia. (Rumores). Pero hay una pequeña diferencia entre Andalucía o Murcia y Cataluña, a quien todos utilizan siempre para rascar cuatro votos. La diferencia
es que Andalucía o Murcia son comunidades que reciben dinero, que cobran, y Cataluña es una comunidad que paga; Cataluña siempre paga. El Gobierno de España... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio, por favor.
La señora NOGUERAS I CAMERO: ... ha ejecutado el 55 % del presupuesto de 2022 en Madrid y un 18 % en Cataluña. Ha ejecutado el 184 % de los presupuestos de 2021 en Madrid y el 35 % en Cataluña. Ha inaugurado 84 kilómetros de líneas nuevas
en los últimos veinticinco años en Madrid y cero en Cataluña. Se ha ejecutado un 153 % de las inversiones previstas en ADIF y Renfe en Madrid y un 24 % en Cataluña. Han invertido ustedes 308 euros por habitante en Madrid y 95 euros por habitante
en Cataluña. No repita más, señora ministra, que ustedes cumplen, porque ustedes no cumplen. Y no lo digo yo, lo reflejan los números. (Termina su intervención en catalán).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Nogueras.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gràcies, presidenta.
Señora ministra, señorías, si alguien -que lo dudo- tiene la moral y el ánimo de estar siguiendo esta sesión en directo o a través de la televisión y le preguntan qué es lo que vamos a votar en este punto, estoy seguro de que no lo aciertan
después de haber escuchado todo lo que hemos escuchado. Aquí cada uno viene, explica su libro y encontrará su corte para las redes sociales, pero para los que estén despistados, hoy, votar votar, lo que vamos a votar es si este Congreso aprecia que
se producen las circunstancias excepcionales contempladas en los artículos 11.3 de la ley de estabilidad presupuestaria y 135.4 de la Constitución.
El Partit Demòcrata entiende que en la situación de crisis energética y de guerra en Europa, provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se dan las circunstancias para aplicar estos artículos y, por tanto, vamos a votar
favorablemente. Y aquí se acaba la historia.
Respecto del techo de gasto del que el Gobierno informa, he escuchado muchas cosas. Unos, que es un gran derroche; otros, que es una política presupuestaria expansiva. Les doy un dato: el incremento del techo de gasto, el que denominan
nacional, quitado el efecto de los fondos del programa de transformación, es de 2378 millones de euros, un incremento del 1,9 %. Hombre, con un escenario inflacionista a final de año en torno al 7 u 8 %, incrementar un 1,9 % ni me parece un gran
derroche ni me parece una política presupuestaria excesiva. Me parece un incremento razonable.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Finalmente, también por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Errejón Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, señora ministra.
Nosotros vamos a votar sí a este techo de gasto porque, ciertamente, es histórico, es más alto que todos los precedentes, pero es más alto también -usted misma lo ha señalado- porque incorpora fondos europeos. Es posible que los siguientes
ya no puedan ser así y, además, que se encuentren con reglas un poco más estrictas. Por eso es imprescindible, para que puedan seguir siendo igual de ambiciosos en la protección de los más débiles y en la inversión en nuestro país, acometer una
reforma fiscal para que pague más quien más tiene y para acercarnos a la media de la recaudación europea, en la línea, además, de lo que acaba de recomendar la Comisión Europea. Lo digo en estos días en los que la derecha ha decidido abrir una
batalla en un terreno que cree que le va a ser favorable, el de la rebelión fiscal de los más ricos. Yo creo que en este caso hay que cogerles el guante y dar la discusión de frente, explicando las cosas.
El impuesto de patrimonio es un impuesto que paga solo quien, descontando la primera vivienda, tiene además propiedades y acciones por 700 000 euros, es decir, estamos hablando de españoles que tienen un patrimonio de un millón de euros,
aproximadamente un 0,4 % de la población de nuestro país, a los que les quieren hacer un regalo. ¿Qué supone darles un cheque y regalarles este impuesto a los más ricos? Supone básicamente perdonar dinero a quienes no usan los servicios públicos
para que quienes sí los usamos, los usemos en peores condiciones: regalos al 1 % y recortes al 99 %. ¿Qué sucede cuando se ejecuta esta política? Pues pasa que tu hijo -no el suyo-, cuando va al centro de salud, no tiene cita en pediatría porque
no se han contratado suficientes especialistas; al suyo no le pasa, porque tiene seguro privado. Sucede que tu abuelo, en la residencia, acaba comiendo comida tan repugnante -porque se le ha vendido al peor postor- que pasa horas sin comer; al
suyo no le pasa, porque va a una residencia privada. Sucede que tú, cuando no puedes más y necesitas que te atienda un psicólogo en la pública, te ponen en una lista de espera de hasta seis meses; a ellos, a los que se les perdonan los impuestos,
a los más ricos, no les sucede porque se pueden pagar 70 u 80 euros cada semana, si es que lo necesitan. De eso va el dumping fiscal del que estamos discutiendo estos días, de eso va esta especie de carrera de la insolidaridad que ha abierto el
Partido Popular para poner a unas comunidades a competir con otras a ver quién se vende más barata, en una dinámica que, esta sí, realmente, fractura nuestro país y rompe la solidaridad interterritorial. Frente a esta rebelión de los privilegiados,
que reclaman su derecho al egoísmo, el Gobierno cuenta con el respaldo social y la mayoría en esta Cámara para actuar con firmeza, sin recentralizar nada. Fijen ustedes un tipo mínimo de patrimonio y de sucesiones por debajo del cual nadie pueda
hacer competencia desleal y pónganle un límite a las bonificaciones a los millonarios, que bastantes regalos les hacemos ya.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Errejón.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta. Señorías, buenos días; buenos días, ministra.
Por un momento me ha pasado como al señor Bel, que pensaba que estaba en otro debate. Señorías, lo que hoy estamos debatiendo y tenemos que votar es si se pueden o no se pueden suspender las reglas fiscales, dadas las circunstancias
excepcionales como consecuencia de la guerra y la crisis energética. Todo lo demás es debate sobre el techo de gasto, pero nosotros no tenemos que votarlo.
Ese mecanismo para que nuestro país pueda superar los límites de déficit estructural y de deuda pública a causa de la crisis derivada de la guerra y de la crisis energética, como decía, es una suspensión extraordinaria de las reglas fiscales
y va en consonancia con las medidas adoptadas en el resto de Europa. Por supuesto, mi grupo parlamentario no puede oponerse a este acuerdo, porque somos responsables y somos conscientes de que nuestro país está viviendo una situación excepcional, y
excepcionales deben ser las herramientas para enfrentarse a ella, pero les he de decir una cosa: a nadie le va mal durante mucho tiempo sin que él mismo tenga la culpa. La excepcionalidad no se puede convertir en algo estructural. Si no hacemos
reformas de calado, llegará un punto en que esa excepcionalidad tendrá que revertirse, y entonces sí podemos tener problemas.
El Gobierno presenta el techo de gasto con un escenario macroeconómico en el que revisa a la baja el crecimiento, revisa al alza la inflación, revisa al alza la previsión de tipos de interés, mantiene la tasa de paro en el 12 % y, sin
embargo, presenta un techo de gasto que es de nuevo histórico -o tachado como histórico-, de casi 200 000 millones de euros.
Ministra, es cierto que Europa ha reconocido que esta suspensión de las reglas se debe a una situación excepcional, cosa que no dudamos, pero la propia Comisión Europea señala también directamente a España que las medidas que deben adoptarse
en esa excepcionalidad deben ser prudentes en países con un elevado ratio de deuda. Nosotros creemos que pese a todo, pese a la excepcionalidad, se necesitan reglas de contención, porque su ausencia nos llevaría al caos presupuestario y al
desequilibrio irrecuperable para las generaciones venideras. Debemos ser vigilantes para que el Gobierno mantenga una actitud prudente y no ponga en peligro nuestra estabilidad presupuestaria. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señora Muñoz, perdone.
Tengo que volver a pedir silencio, por favor. No se queden hablando en el pasillo, por favor.
Continúe, por favor.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Dicho esto y puesto en contexto nuestro posicionamiento al respecto, me gustaría hacer un par de apreciaciones en relación con el techo de gasto y las futuras cuentas anuales que previsiblemente debatiremos pronto en esta Cámara. El acuerdo
del Consejo de Ministros recoge ese techo de gasto que, como bien ha comentado la ministra, es un gasto nacional, más los Fondos Next Generation, de 198 221 000 millones de euros, y en él se incluye un traspaso de financiación para gastos impropios
de la Seguridad Social de casi 20 000 millones; 20 000 millones que van a la Seguridad Social para compensar el desvío -este sí- extraordinario del gasto en pensiones como consecuencia de su revalorización insostenible, porque el Gobierno sigue
insistiendo en mantener la vinculación de las pensiones al IPC. Mi grupo parlamentario y mi partido se lo han dicho en varias ocasiones: Es irresponsable en unas circunstancias como estas en las que nos encontramos, con una inflación del 10,5 %,
pretender revalorizar las pensiones con el IPC, excepto las mínimas. Sean valientes y renuncien a una medida que rompe el principio de igualdad, es insostenible para las cuentas públicas e insolidaria con los jóvenes. Hasta el Banco de España
alerta del peso relativamente alto que tienen las prestaciones sociales -entre las que se encuentran las pensiones- en nuestro gasto público. Sin embargo, ustedes siguen en su razonamiento. Pero lo peor es que a la irresponsabilidad del Gobierno
se suma ahora la irresponsabilidad del Partido Popular, que también pide que las pensiones se revaloricen con el IPC. Parece que nosotros somos los únicos valientes que decimos que es irresponsable; somos los únicos porque están en juego 9
millones de votos.
Por eso aprovechamos este debate para preguntarle al Gobierno si va a seguir manteniendo ese compromiso injusto, insostenible e insolidario de seguir vinculando las pensiones al IPC y no incluir a los pensionistas en un pacto de rentas. Si
lo hace, que explique a los jóvenes que además de cargar sobre sus espaldas la crisis del presente, con precariedad, inflación y vivienda imposible, está endeudando su futuro. De la posibilidad de que tengan dificultades para cobrar una pensión
podemos hablar otro día.
Termino, hablaba al principio de mi intervención de la excepcionalidad que ya es estructural, pero le digo que la flexibilidad presupuestaria no debe ser excusa para desviarnos más de la cuenta. Por eso, tal y como pide el Banco de España,
pero también como ha informado recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, saltarse las normas de gasto debe llevar asociada la aprobación de un plan de reequilibrio que contemple la corrección del déficit estructural; un
plan que el Gobierno todavía no ha presentado; un plan sobre el que mi grupo parlamentario -yo personalmente- interpeló a la vicepresidenta Calviño hace siete meses y que llevamos reclamando desde el ejercicio pasado. Pero no es que lo pida yo, no
es que lo pida Ciudadanos, es que lo pide la ley, se lo pide en el artículo 11.3 de la ley presupuestaria y de estabilidad fiscal.
No tengo más que decir. Como ya he informado, votaremos a favor porque así lo marca Europa.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Mi grupo, como no puede ser de otra manera, va a votar favorablemente, porque ya lo hicimos así los años anteriores, a los efectos previstos en la Constitución y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una ley
que a nuestro juicio se debería derogar.
En marzo de 2020, la Comisión Europea y el Consejo aprobaron activar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2020 como consecuencia de la recesión económica por el COVID. Asimismo, ese otoño se acordó
extenderla para el 2021, porque la situación económica seguía siendo grave y no acababa de remitir. Ahora, con la guerra de Putin, que ha derivado en una crisis energética sin precedentes, la Comisión Europea nuevamente ha confirmado en el mes de
junio que se seguían cumpliendo los requisitos para mantener en vigor esta cláusula general de salvaguarda. Además, se retrasa la activación hasta 2023, y parece que en este tiempo se van a definir esas nuevas reglas fiscales. Mi grupo entiende
que hoy seguimos estando en una circunstancia excepcional, como consecuencia -como he dicho- de la guerra de Putin, cuyos impactos en términos económicos y sociales son demasiado severos y rodeados de una alta incertidumbre que hace difícil pensar
que vayan a remitir estas consecuencias en el corto plazo. Además, lo que hoy se propone aquí va en consonancia con lo manifestado por la AIReF, que aconseja mantener la cláusula de escape en línea con lo acordado por Europa, que una vez más
permite la desviación temporal de las reglas fiscales.
Por otro lado, permite una desviación temporal de los requisitos a cumplir en materia de estabilidad presupuestaria y regla de gasto y deuda, lo que va a seguir permitiendo la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma
que ni los países ni las administraciones se vean encorsetadas por reglas que de poco han servido con anterioridad y mucho menos servirían para una situación que sigue siendo excepcional, en la que es necesaria una política para lograr paliar las
consecuencias negativas de la guerra de Putin, combatir la inflación, ayudar a los colectivos más vulnerables y poder a su vez continuar, como he dicho, con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para avanzar en la
transformación de un modelo económico hacia un modelo verde, igualitario, sostenible e inclusivo, en definitiva, para que todas las administraciones puedan utilizar todos los recursos de los que disponen antes de que vuelvan a operar esas reglas
fiscales. Europa también lo ha entendido así. Su apuesta por la suspensión de las reglas una vez más es clara, porque lo está recomendando con políticas para paliar las consecuencias de la guerra, que está afectando a la ciudadanía, como he dicho,
sobre todo a los colectivos más vulnerables, a través del alza de precios, para impulsar la actividad económica, el gasto y la inversión pública.
Nosotros compartimos esta estrategia de Europa, que hoy se traslada aquí a través de la apreciación de la excepcionalidad prevista en la Constitución y en la ley de estabilidad, para poder suspender esas reglas fiscales. Es una medida que
no solo beneficia a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, sino también al propio Gobierno, porque con este acuerdo no hay obligación de presentar una senda de déficit de deuda pública para el siguiente período, a la que tendrían que
ceñirse todas las administraciones públicas y que, además, tendría que aprobarse por este Parlamento como primer paso para la elaboración de los presupuestos generales. Lo que hoy hay son unas tasas de referencia de déficit para los distintos
subsectores de las administraciones públicas, que en nuestro caso se tienen que adoptar en la Comisión Mixta del Concierto. Es una medida que va a seguir posibilitando, como he dicho, a todas las administraciones -también locales- disponer de todos
los fondos, también los derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para mantener y reforzar la prestación de ayudas a la ciudadanía y de apoyo a los sectores vitales de la estructura económica, para atender competencias propias y
competencias que todavía consideramos excepcionales, como las sociales y de empleo y para ir sentando las bases de esa recuperación económica y cohesión social y la transformación energética, ecológica y digital.
Hay que aprovechar una vez más la oportunidad que nos brinda Europa, ya que desconocemos lo que esta va decidir para 2024, aunque lo previsible es que las reglas europeas vuelvan, aunque esperemos que de otra manera; esperemos que la vuelta
a ese pasado sea más flexible, con unas nuevas reglas que ya habían comenzado a diseñarse y debatirse, porque lo cierto es que aquellas reglas poco o nada tienen que ver con el mundo actual. Por ello, es necesario aprovechar el consenso que existe
en Bruselas en este sentido para su reformulación. Esperamos que esta vez no limiten las posibilidades de construir una política económica diferente en un Estado descentralizado y que puedan partir de sendas diferenciadas; un marco fiscal
cualitativo que atienda a las especificidades nacionales y que se traslade también a ese Estado de las autonomías.
Por último, el Gobierno nos informa del límite máximo de gasto no financiero. El techo de gasto es la antesala de unos presupuestos y asciende a 198 221 millones de euros. Permítanme mostrar mis dudas frente a los que hablan de ese gasto
récord, este gasto histórico, cuando -ya lo han dicho mis compañeros- este gasto aumenta un 1,9 %, pero tenemos una inflación media que va a ser, según los analistas, de más del 8 % para el año 2022 y de más de un 3 % en 2023. Creemos que lo
importante es ser eficientes y eficaces a la hora de administrar ese gasto y también es necesario mantener un equilibrio entre endeudamiento y presupuestos.
En definitiva, nuestro voto en esta Cámara será a favor de una decisión que se toma en un momento que sigue siendo excepcional y que permite al Gobierno, a las comunidades autónomas y a las entidades locales un marco mucho más real para
presentar unos nuevos presupuestos y utilizar todas las herramientas a su alcance para paliar los efectos negativos como consecuencia de esta guerra de Putin y para poner a disposición de la ciudadanía los mejores servicios públicos, sanitarios,
sociales y educativos, que sienten, como he dicho, las bases de una recuperación económica verde, igualitaria, inclusiva, digital y que tengan a las personas en el centro de sus políticas, apostando por una política que aleje los recortes y la
precariedad e impulse el crecimiento.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidenta.
Señorías, hoy daremos el primer paso que inicia el proceso para los presupuestos para el año 2023; un proceso de confección y negociación de unos presupuestos que, a nadie se le escapa, se vuelve a producir en un contexto de crisis
profunda. Tras la emergencia sanitaria y las duras consecuencias sociales y económicas derivadas de ella, ahora volvemos a encontrarnos en un contexto de incertidumbre social generado por la crisis socioeconómica derivada de la crisis energética,
de la crisis climática y de esta crisis histórica y de inflación que está golpeando a la ciudadanía. Otra vez a las puertas de una posible recesión, agudizada por la guerra en Ucrania, sí, pero generada por un sistema dirigido por las élites contra
la gente.
Si los presupuestos del año pasado fueron calificados por el Gobierno como los presupuestos de la recuperación, creemos que los de este año deberían ser los presupuestos de la transformación; presupuestos que deberían contener medidas
económicas y sociales que, mediante políticas audaces y de calado, comiencen la transformación del modelo actual hacia uno más justo y sostenible con las personas y con el planeta. Porque sí, además de políticas de protección, que son absolutamente
necesarias para proteger las vidas de los sectores más vulnerables, son necesarias -no nos cansaremos de decirlo- políticas estructurales, dirigidas a mejorar y transformar los pilares del actual sistema en beneficio de la mayoría social.
Por eso estamos de acuerdo en que las reglas fiscales continúen en suspenso, porque, además de encontrarnos en un contexto excepcional, han sido utilizadas durante demasiado tiempo como herramientas que ahogaban las capacidades de las
diferentes instituciones para desplegar políticas públicas en todos los niveles institucionales. Es por ello que también este año creemos que se debe asegurar la inversión necesaria para hacer frente a la actual crisis y también para apostar por
políticas que empujen los cambios económicos y sociales necesarios para esta nueva fase que está por abrirse. Hablamos de políticas sociales que protejan a la gente, que aseguren sus derechos básicos; hablamos de políticas económicas que acaben
con la especulación que las grandes empresas hacen de las necesidades básicas; hablamos de políticas fiscales que repartan la riqueza, acabando con la acumulación que unos pocos hacen de ella, o de políticas laborales que amplíen los derechos y la
dignidad laboral de la clase trabajadora, pilares todos ellos, que deben dejar atrás la fase del neoliberalismo salvaje para comenzar a construir un modelo respetuoso con las personas y el planeta. Eso es lo que esperamos de estos presupuestos:
cambios que redunden en el bienestar de la ciudadanía y reequilibren la balanza a favor de la mayoría social trabajadora frente a las élites económicas y empresariales.
Unos presupuestos no pueden solucionar los grandes retos a los que se enfrenta la ciudadanía -obviamente, no pueden hacerlo, lo sabemos-, pero sí pueden marcar una nueva visión para las políticas públicas a desarrollar en términos de
justicia social, económica y climática también. Esto es lo que esperamos. Creemos que los casi 200 000 millones de euros de gasto no financiero acordados por el Gobierno ofrecen un margen para convertir esos miles de millones no en gasto, sino en
inversión, en inversión social, en inversión climática, en inversión en sanidad, educación y vivienda o en inversión industrial sostenible. Euskal Herria Bildu acudirá a este debate y negociación presupuestaria una vez más con responsabilidad y
exigencia para defender los intereses de la ciudadanía vasca. No tenemos otro objetivo que el de lograr avances sociales y económicos que mejoren la vida de vascos y vascas y, por extensión y convicción solidaria, también de la clase trabajadora de
este Estado y sus pueblos. Esa es nuestra voluntad y para ello trabajaremos otro año más.
Como ya dijimos anteriormente, en momentos de crisis como el actual, en momentos donde la ciudadanía tiene más temores que certezas, nuestro deber, el deber de quienes creemos que la política debe servir para mejorar la vida de la mayoría y
no para beneficiar a la minoría, es estar a la altura del momento y actuar con responsabilidad para ofrecer las mejoras que la ciudadanía espera de nosotras. Y esas mejoras solo vendrán, también en estos presupuestos, de la mayoría plurinacional,
progresista y de izquierdas de esta Cámara, que nadie lo olvide. Señorías, señora ministra, esperamos que también el Gobierno esté a la altura de lo que se espera de estos excepcionales presupuestos y acuda con actitud abierta y receptiva para
mejorar todo aquello que debe ser mejorado.
Eskerrik asko. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aizpurua.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Yo creo que es fundamental, señora ministra, coincido con usted, que todas las administraciones puedan usar todos los recursos, todos los remanentes y todas las posibilidades para atender, en el caso de los ayuntamientos, las necesidades
sociales, y en el caso de las comunidades y del Estado, las ayudas en esta situación de emergencia, pero quería hacerle hoy una reflexión importante.
En el debate sobre el estado de la nación todas las fuerzas políticas de este Congreso, excepto el Partido Socialista, que no lo valoró en ese momento, aprobamos una actuación para todos los habitantes de La Palma que trabajen y coticen en
La Palma: una rebaja del IRPF en los próximos años para la gente que lo está pasando mal y una capitalización de la isla, porque no se trata solo los afectados, es toda la isla. La aprobaron todas las fuerzas políticas. Yo le pido que usted,
desde los presupuestos, no por negociación política, haga esa reflexión, y los presupuestos puedan venir con esa medida temporal exclusivamente para la isla de La Palma.
Se lo digo porque el año pasado fue muy desagradable. Durante dos meses hablamos con la portavoz de presupuestos del PSOE, con Héctor Gómez y con el Gobierno y cerramos un acuerdo de presupuestos. Tres días antes, los dos portavoces me
comunicaron que Moncloa había dado el visto bueno, pero media hora antes de empezar las votaciones se suspendió un acuerdo serio, que garantizaba fundamentalmente los fondos de reconstrucción de la isla de La Palma y determinadas partidas del REF,
porque hubo dos llamadas desde Canarias porque no les interesaba que estuviera Coalición Canaria. Ustedes rechazaron nuestro apoyo y nuestro acuerdo.
Dicho todo eso, nosotros estamos abiertos a hablar, a hablar de las prioridades que hay en este momento, que son la conectividad de Canarias, la actualización de los transportes y los fletes, que han subido casi un 300 %, y el cumplimiento
estricto del REF y de las partidas que tienen que estar, sobre todo para la isla de La Palma. Estamos abiertos a una negociación de presupuestos seria y responsable como la que hicimos el año pasado; estamos dispuestos a volverlo a hacer, en
interés de los palmeros, en interés de los canarios y en interés de este país. El año pasado no estuvimos con la derecha radical; fueron ustedes, y lo respeto...
La señora PRESIDENTA: Señora Oramas, tiene que terminar, por favor.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Termino ya.
... los que decidieron que no les interesaba el voto de Coalición Canaria. Nos volveremos a sentar, lo volveremos a hablar y lo volveremos a intentar.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Yo, la verdad, me quedo muy perplejo cuando escucho que este aumento del gasto público es una buena noticia, porque a mí me parece una barbaridad gastarnos esta ingente cantidad de millones que no tenemos, porque, en el último año, el
déficit público se ha incrementado en nada más y nada menos que en sesenta mil millones. Sesenta mil millones es una auténtica barbaridad y vamos a ese ritmo de manera constante. Hay una palabra que yo no escucho jamás en el discurso del Gobierno,
en el de la izquierda en general tampoco: la palabra eficiencia en el gasto público. Había un estudio del Instituto de Estudios Económicos que decía que se pueden prestar los mismos servicios si se mejora la eficiencia y que ahorraríamos un 14 %.
Yo de esto no he oído hablar al Gobierno jamás.
Dicen: No, gastamos más. ¿Para prestar mejores servicios? No. Dicen: Gastamos más para acompañar a las familias. ¿Adónde les acompañamos?, ¿hacia el abismo? Porque es hacia donde están yendo las familias en España con los precios de
la gasolina, con los precios del gas, con los precios de la cesta de la compra. No, estamos gastando mucho dinero para mejorar la productividad de las empresas y apoyarles. Oiga, pues para apoyarles tanto ustedes, en el último año, se han cerrado
en este país 33 000 sociedades. Dicen: No, lo hacemos para mejorar los servicios públicos. Si tenemos una educación que está arrasada, si tenemos una sanidad con unas listas de espera que no habíamos visto en toda la historia. Antes, cuando
ustedes eran oposición, pedían consultas médicas en atención primaria de diez minutos y ahora los ciudadanos españoles nos ponemos muy contentos el día que llamamos a atención primaria y nos cogen el teléfono. Esa es la calidad de los
servicios públicos con el dineral que tenemos en los presupuestos. Por tanto, antes de gastar tanto hay que preguntarse si se puede gastar mejor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sayas.
Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, no creo que nadie dude de que estamos en uno de los casos que exige la Constitución para exceptuar la regla de gasto en línea con la Unión Europea. Por otro lado, aunque el techo de gasto establecido por el Gobierno es
razonable, yo quiero repetir aquí que lo que verdaderamente importa es la ejecución presupuestaria y en esto está dejando mucho que desear. En Cantabria, la mayoría de los compromisos asumidos en los últimos presupuestos van atrasados y este año no
vale la disculpa de la pandemia. El Gobierno sabe que el apoyo del PRC está condicionado a varios hitos que tienen que cumplirse en sus fechas respectivas dentro de este año. Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Cantabria ha establecido un
techo de gasto con un incremento del 3 %; un presupuesto expansivo, como creo que requieren los tiempos, pero prudente a la vez y diseñado para no incurrir en déficit. Nosotros esperamos lo mismo de los presupuestos del Estado y, por supuesto, el
cumplimiento con Cantabria de los compromisos adquiridos.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón.
A continuación, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
La comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros que traslada al Congreso la descripción de una situación de emergencia omite varias calamidades que inciden en esta inquietante situación para la que se solicita la continuidad de la
suspensión de los objetivos de estabilidad. Una de ellas es la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado, mercancía averiada del Gobierno, respaldada por sus socios parlamentarios con total desdén hacia las inequívocas alertas que llegaban
de organismos y entidades nacionales e internacionales de toda solvencia. Señora Montero, de aquellos desprecios estas insanas y peligrosas arenas movedizas presupuestarias y fiscales. Es temerario confiar en un Gobierno que gasta, gasta y gasta a
sus anchas. Retrocedemos hacia los precedentes abismales que ya llevaron al desbarajuste económico, social y laboral de España; entonces, con Zapatero y ahora con Sánchez. Lo que fracasa, una vez más, son las políticas económicas socialistas. De
ahí mi voto en contra.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Señora presidenta, señorías, nuestro voto será favorable a la adecuación de la estabilidad presupuestaria y de las reglas fiscales porque están en el marco de las decisiones de la Unión Europea. Del mismo modo,
queremos trasladar al Gobierno y a los grupos parlamentarios la existencia de una crisis territorial y demográfica en la España vaciada que no solo no se está afrontando con decisión, sino que se consienten, cuando no se estimulan, políticas como la
implantación, sin ordenación territorial previa, de las energías renovables con macrocentrales que convierten a estos territorios, de nuevo, en territorios de sacrificio sin ninguna aportación al desarrollo local; actuación contraria de muchos
principios constitucionales que dicen defender como la igualdad, la justicia o el equilibrio territorial.
La solución a la crisis de la energía y de la guerra de Ucrania debe ser simultánea a la de los desequilibrios territoriales internos en España y a la reversión de la despoblación, porque convertir a la España vaciada en territorio de
oportunidades provocaría beneficios al conjunto de la economía y de la sociedad española. Para lograr ese objetivo es imprescindible, como hemos reiterado, un mecanismo de garantía rural, así como un esfuerzo presupuestario sostenido en el tiempo,
que es lo que pedimos, que no debe quedar soslayado ni por la incertidumbre actual y que requeriría, por sí mismo, la adecuación de la estabilidad presupuestaria y de las reglas fiscales. Esperamos que ese sea el principio y que se asuman las
reivindicaciones que ha planteado muchas veces en el ministerio
Teruel Existe y, en concreto, el mecanismo de financiación para ayudas al funcionamiento de las empresas en las provincias más despobladas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mínguez García.
La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señores del Partido Popular, no dicen la verdad ni cuando votan, porque ustedes saben que hoy su abstención es un no. Hoy de esta Cámara necesitamos obtener la mayoría absoluta para poder suspender las reglas fiscales. ¿Qué les estamos
diciendo a las comunidades autónomas si no aprobamos con mayoría absoluta la excepcionalidad de la norma? Que no van a poder hacer déficit, que volvemos a las reglas fiscales, que volvemos a ser un país excepción en Europa, que es lo que ustedes
quieren con el impuesto a los beneficios extraordinarios de los bancos, de las energéticas y de las petroleras. Ustedes no tienen sentido de Estado, ustedes no tienen responsabilidad de Gobierno. (Aplausos). Su abstención de hoy es un no como a
lo que nos tienen acostumbrados siempre.
Señora Muñoz, de Ciudadanos. ¿De verdad? ¿A nuestros pensionistas, a nuestros mayores, a los más débiles, a los que han trabajado toda la vida, a los que cuando estamos en crisis sustentan a nuestras familias les dicen hoy aquí en diez
segundos que no merecen la actualización al IPC de sus pensiones? De verdad, están donde se merecen, donde nadie les espera. (Aplausos).
Señores del Partido Popular, nos decían que España va fatal. Vamos a ponernos en el año 2017, último año de gestión del Partido Popular, año 2017. Entonces nuestro país crecía al 3 % y para el señor Montoro teníamos una economía sana y
saludable. Hoy crecemos al 4,3 % y España va fatal. Año 2017, España cerró con el mayor déficit público de la Unión Europea, con el mayor, pero para el Partido Popular España iba bien y hoy va fatal. Se comprometían con unos objetivos de déficit
y de deuda que nunca cumplieron y hoy exigen cumplimiento de reglas públicas. Sobre la deuda pública, les daré un dato: en el año 2017 éramos el sexto país de la Unión Europea más endeudado y ya llevaban ustedes seis años de gestión de este país.
Cuando hablamos de deuda pública, reconozco que el señor Núñez Feijóo tiene una habilidad insuperable. Bueno, tiene dos. La primera, que es capaz de decirnos una cosa por la mañana y la contraria por la tarde y pretender que nos creamos
los dos argumentarios. La segunda es criticar la deuda pública. El señor Feijóo en los cuatro primeros años de Gobierno de la Xunta de Galicia aumentó la deuda un 144 %, un 144 % en cuatro años, el presidente Pedro Sánchez, con todo lo que hemos
vivido, en cuatro años un 23 % (aplausos); un 144 % les parece muy bien y un 23 % les parece muy mal. Eso me lleva a una conclusión, señores del Partido Popular: por mucho que uno lleve muchos años en política, eso no es sinónimo de solvencia.
Les voy a dar una mala noticia. Hoy, como decía la ministra, arranca la elaboración de los presupuestos generales del Estado y no les van a gustar nada, porque existen dos modelos diferentes: el de quienes buscan defender los intereses del
99 % de los hogares y el de los que defienden los intereses del 1 % de ellos. Hay quienes, mientras a ti, que pagas IRPF por tus rentas del trabajo, te están ofreciendo la solución mágica de deflactar el IRPF y te están diciendo que vas a tener más
poder adquisitivo en tu bolsillo, que significa 9 euros al mes; mientras a ti, clase trabajadora, te ofrecen 9 euros al mes, hoy a los andaluces que pagan patrimonio les están regalando de media 2375 euros al mes. Son dos modelos diferentes: 9
euros al mes para la clase trabajadora, 2375 euros para su clase. (Aplausos). Hay quienes gobiernan para todos los españoles, señora ministra, y para los que pagamos las facturas y quienes piensan gobernar para los muy pocos que nos emiten las más
grandes facturas mensuales. Son dos modelos diferentes: quienes están fomentando en nuestro país el ahorro energético y quienes nos pusieron un impuesto al sol y ahora -¡atención!- el impuesto a la lluvia, una novedad, como está pasando en
Galicia. Son dos modelos totalmente diferentes: quienes preparan un conjunto de medidas de escudo social para hacer frente a todas las crisis que hemos sufrido en los últimos años y quienes votan sistemáticamente que no a todas y cada una de esas
medidas. Dos modelos exactamente contrapuestos y diferentes. Por eso les digo que ya de entrada los presupuestos no les van a gustar.
Señora ministra, podemos decir, como ha dicho usted muy bien, que hoy se da el pistoletazo de salida a los presupuestos generales del Estado para 2023. En el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos de que serán los presupuestos
que necesita ahora, en estas circunstancias, nuestro país. En esta Cámara existe una mayoría que supo entender que en el año 2021 necesitábamos unos presupuestos
que hicieran frente a la pandemia, una mayoría que supo entender que en el año 2022 necesitábamos un país que se preparara para la recuperación económica y, como les digo, estoy convencida de que en el año 2023 sabremos encontrar una mayoría
para elaborar unos presupuestos que den respuesta a la crisis energética y al efecto de la inflación que estamos sufriendo. Por nuestra parte no va a quedar, vamos a poner todo nuestro empeño en que esa mayoría salga adelante, porque estoy
convencida de que es el objetivo compartido por la mayoría de los señores diputados que hay aquí presentes en la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mínguez.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS NORMAS PARA CONSOLIDAR LA EQUIDAD, UNIVERSALIDAD Y COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 121/000110).
La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema
Nacional de Salud. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD (Darias San Sebastián): Señora presidenta, señorías, muy buenos días y saludos cordiales.
Intervengo en esta tribuna para compartir con ustedes las líneas estratégicas del proyecto de ley que consolida la universalidad, la cohesión y la equidad en el Sistema Nacional de Salud y también para dar respuesta a las enmiendas de
totalidad presentadas ante este proyecto de ley.
Quiero reconocer el esfuerzo de diálogo y de entendimiento de los grupos parlamentarios que han desistido de sus enmiendas a la totalidad, de Junts per Catalunya y del PDeCAT, para contribuir a que esta ley inicie su tramitación
parlamentaria, y también a los grupos que han manifestado su apoyo para que esta ley tenga recorrido. Han sido días de intensa negociación y quiero agradecer el talante y la disposición mostrada por los grupos y también por el conseller. Los
argumentos de ambas enmiendas a la totalidad planteaban cuestiones de ámbito competencial, así como la afección a un modelo sanitario histórico basado en redes estables de provisión de servicios públicos sanitarios. El acuerdo logrado parte del
reconocimiento de esa singularidad y también que para alcanzar un acuerdo en el proceso legislativo será así antes del comienzo de los trabajos en la Ponencia. El acuerdo, señorías, siempre es una fortaleza. El consenso es el mejor camino que nos
permite avanzar, y eso es lo que espera la ciudadanía de todos nosotros y a lo que este Gobierno de progreso está comprometido.
Señorías, los objetivos generales que persigue el proyecto de ley que hoy debatimos aparecen explicitados en el título de esta iniciativa legislativa, esto es, establecer medidas que aseguren la equidad, la cohesión y la universalidad en el
Sistema Nacional de Salud para avanzar hacia una cultura social que sitúe la salud pública en las políticas, para minimizar las desigualdades y para fortalecer el sistema sanitario público de nuestro país. Se trata, pues, de principios que, junto
con la financiación pública y la participación social, constituyen los pilares del desarrollo normativo del derecho a la protección a la salud recogido en el artículo 43 de nuestra carta magna y que están plasmados desde los inicios de nuestra
democracia en la Ley General de Sanidad.
Señorías, me parece importante significar que este proyecto cumple importantes compromisos del Gobierno de coalición, junto a los grupos parlamentarios que lo sustentan, Grupo Socialista y Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común; esto es, ampliar derechos de la ciudadanía y fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud. Por ello, considero importante que en este debate tengamos la oportunidad de llevar a cabo una reflexión serena sobre su
relevancia, dado que en él se incorporan medidas que reducirán las desigualdades en salud y reforzarán la cooperación entre las distintas estructuras de nuestro ámbito sanitario, de tal manera que posibilitará el abordaje integral de las necesidades
de salud de la población ante los muchos retos de diversa índole que tenemos por delante.
Antes de avanzar en el contenido de la norma, quiero subrayar algunas cuestiones de este proyecto de ley que me parecen relevantes. Proporciona un alto cumplimiento de los compromisos relativos a sanidad del programa de Gobierno, es una
medida contenida en la reforma 3 del componente 18 de
nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y supone la satisfacción, señorías, total o parcial de dieciséis propuestas de resolución del apartado de sanidad y salud pública del dictamen de la Comisión para la Reconstrucción
Social y Económica de esta Cámara. Asimismo, quiero significar que estamos ante un proyecto de ley acorde con el orden de distribución de competencias establecido y que en el trámite parlamentario trabajaremos para incidir, como no puede ser de
otra manera, en el respeto de los estatutos de autonomía que nos han planteado algunos grupos parlamentarios como Esquerra Republicana, el PNV, Euskal Herria Bildu, Compromís, Coalición Canaria y el BNG, entre otros. Señorías, este es un Gobierno
que cree en el Estado de las autonomías como un factor permanente de progreso que ha contribuido activamente al bienestar de nuestra ciudadanía y que funciona como una fórmula de reconocimiento de la pluralidad de nuestro país. Esto implica, es
verdad, un trabajo constante de diálogo y la puesta en práctica de la cogobernanza. Gracias al diálogo constante y a la cogobernanza, entre todos hemos hecho frente a la peor crisis sanitaria de los últimos cien años, que todavía hoy combatimos, si
bien de desigual manera.
Señorías, el derecho a la protección a la salud es un pilar imprescindible de nuestro Estado social, de ahí que el objetivo de esta norma es la ampliación de derechos y el fortalecimiento del sistema público de salud. Señorías, este es un
proyecto que amplía el derecho a la protección a la salud con cargo a fondos públicos y que cuenta, como no puede ser de otra manera también, con la correspondiente memoria económica, que garantiza la homogeneidad en la efectividad del derecho a la
protección de la salud a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España. Además, incluye a los solicitantes de protección internacional, a las personas beneficiarias de protección temporal y a las víctimas de trata de seres
humanos o de explotación sexual.
Es cierto que dimos un paso muy importante con una de las primeras normas que aprobó el primer Gobierno de Pedro Sánchez, el Real Decreto Ley 18/2018, pero también es verdad que distintos colectivos implicados en la defensa del acceso
universal a la salud han puesto de manifiesto situaciones que muestran falta de homogeneidad en su implementación en algunas comunidades autónomas y algunas figuras que son inaceptables en el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Y, por otro lado, y no menos importante, este es un proyecto que viene a fortalecer la sanidad pública a través de la gestión directa, porque la sanidad pública es un pilar fundamental de nuestro Estado de bienestar, un modelo maduro tras
veinte años del traspaso de competencias, un modelo que ha mostrado una fortaleza ejemplar incluso durante la peor crisis sanitaria del último siglo, y es el espejo en el que se miran numerosos sistemas fuera de nuestras fronteras. Prueba de ello
es el indudable éxito de país y de nuestro Sistema Nacional de Salud en la implementación de la estrategia de vacunación contra la COVID-19, que alcanza casi ya el 93 % de nuestra ciudadanía y por el que me preguntan cada vez que salgo fuera de
nuestro país.
Para afrontar este enorme reto, señorías, el proyecto de ley que hoy debatimos modifica leyes sanitarias muy importantes en nuestro país, como puede ser la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y
deroga la Ley 15/1997. Y, además, señorías, centrándonos en su contenido, en el artículo primero contempla el fortalecimiento del sistema sanitario público en nuestro país.
Como pone de manifiesto el Consejo Económico y Social en el informe emitido en este proyecto, la salud pública constituye una pieza fundamental del entramado de protección social, desempeñando un papel decisivo como vector de la cohesión
social y de compensación de desigualdades económicas y territoriales. Es una norma, esta, que pretende fortalecer estructuralmente al Sistema Nacional de Salud, avanzando en la mejora continua de su excelencia, en el refuerzo de su legitimidad
social y profesional mediante la necesaria inversión pública en lo que es de todos y de todas, y todo ello para garantizar el derecho a la protección de la salud universal y gratuito bajo los principios de cohesión, equidad, excelencia, eficiencia y
seguridad. (Aplausos).
La ley incorpora, señorías, la evaluación del impacto en salud en la elaboración preceptiva de la memoria del análisis de impacto normativo y las iniciativas contempladas en la Ley 50/1997, del Gobierno. Este es un enfoque que se va a
aplicar a las normas de carácter sectorial que afecten, entre otras, a la salud, a la vivienda, a la educación, al medio ambiente, al transporte, a la ordenación del territorio, a la salud laboral, a la agricultura, a la producción de alimentos y
también a la salud vegetal. En definitiva, se incorporará a aquellos ámbitos de mayor impacto en la vida de las personas.
Esta norma, señorías, contempla también la modificación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud en cuanto a la ampliación del acceso universal al sistema sanitario de salud. Y lo hacemos de una manera única, que es con
la unificación de la cartera de prestaciones.
Señorías, respecto a la ampliación del acceso universal del Sistema Nacional de Salud, lo extendemos a personas ascendientes reagrupadas por hijos o hijas que sean titulares del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de
Salud que estén a su cargo y siempre que no exista un tercero obligado al pago. También respecto a personas españolas de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales al territorio español.
Y, por otro lado, señorías, este proyecto de ley garantiza la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección de la salud a las personas no registradas ni autorizadas en nuestro país. Para ello, los requisitos que deben cumplir
las personas no registradas ni autorizadas podrán acreditarse simplemente con una declaración responsable, es decir, les facilitamos el acceso a la protección de la salud a estos colectivos, eliminamos la necesidad de informe social y, además, se
establece que la asistencia será con cargo a los fondos públicos desde el momento de la presentación de la solicitud. Además, señorías, ampliamos el acceso al Sistema Nacional de Salud, como personas extranjeras no titulares de derechos pero con
derecho a la protección de la salud, a los solicitantes de protección internacional, a los desplazados solicitantes y beneficiarios de protección temporal y a las víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual.
Señorías, como progresista, como socialista, me siento orgullosa de que esta ley garantice la prestación sanitaria a las personas más vulnerables, a las que menos tienen, a las que la política es la esperanza más palpable de tener
oportunidades de vida. (Aplausos). Por eso, y por lo que esta ley puede significar para la mejora de la vida de la gente, merece la pena estar aquí. Merecen la pena todos los esfuerzos, todos y cada uno de ellos, y solicitar la tramitación de
este proyecto de ley.
Agradezco a los grupos parlamentarios que la van a apoyar esta sensibilidad y compromiso, a los que he citado anteriormente y también a Más País, a Teruel Existe, al PRC y a algunos integrantes del Grupo Mixto. Yo entiendo que para algunos,
para la bancada de la derecha, esto no tiene importancia. Para quien les habla, y creo que para la mayoría progresista de esta Cámara, a quien me dirijo, es la razón de ser de la política, la única razón de ser de la política: mejorar la vida de
la gente y, especialmente, de aquellos que no tienen. (Aplausos).
También me parece importante, señorías, recuperar la cartera común de servicios por unificar la cartera de servicios básicos asistenciales, la cartera suplementaria y la cartera de servicios accesorios como una única cartera. Sí, señorías,
una única cartera de financiación pública sin los distingos que introdujo el Partido Popular cuando gobernaba para que incluso las personas más vulnerables, para determinadas prestaciones, tuvieran que copagar. Esto, señorías, nos comprometimos a
revertirlo. Nos comprometimos a eliminar progresivamente el copago farmacéutico a los colectivos más vulnerables, y este Gobierno de la gente lo ha hecho. Sí, hemos eliminado el copago farmacéutico a las personas perceptoras del ingreso mínimo
vital, a los pensionistas con rentas más bajas, a los menores con discapacidad reconocida y a las personas de rentas bajas con hijo a cargo, y con este proyecto estos colectivos también van a estar exentos del copago ortoprotésico. Seguimos
avanzando, seguimos mejorando la vida de la gente. Somos un Gobierno que cumple, señorías. Somos un Gobierno que cumple y avanza para no dejar a nadie atrás. (Aplausos). Señorías, para que nadie tenga que volver a elegir entre ir a una farmacia
o a un supermercado, ¿se acuerdan? Y, además, con esta regulación se establecen las garantías necesarias para que ningún otro Gobierno tenga la tentación de introducir nuevos copagos. También, señorías, incorporamos la voz de los pacientes, de las
personas con discapacidad, de los profesionales y de la ciudadanía en el Foro Abierto de Salud, y garantizamos una prestación homogénea que clarifique las prestaciones para pacientes con déficit funcional. Por último, señorías, se incluyen también
medidas para fortalecer la cohesión y la equidad, facilitando la viabilidad del desarrollo reglamentario del Fondo de Garantía Asistencial.
Señorías, en definitiva, creo que es una norma que aportará solidez al sistema público de salud en su conjunto y que redundará en la realización del derecho a la protección a la salud ampliando derechos y fortaleciendo sus estructuras
públicas de salud. Porque, señorías, estamos ante una norma que acredita la utilidad de la política al servicio de la mayoría social, especialmente al servicio de quienes menos tienen. Como diría Hannah Arendt, la razón de ser de la política,
asegurar la vida de la gente en su sentido más amplio y darle nada más y nada menos que oportunidades de vida. Porque para eso estamos y para eso es esta iniciativa legislativa, para mejorar la vida de muchas personas, para que vean ampliados sus
derechos, para consolidar la imposibilidad de introducir nuevos copagos sanitarios y ser un refuerzo en la prestación de los servicios públicos de salud. Y también, señorías, porque esta norma va a contribuir a consolidar nuestro Estado del
bienestar, a devolver a la ciudadanía lo que la derecha les arrebató cuando
gobernaban. Este es un Gobierno de progreso, y espero que en esta Cámara con mayoría progresista también lo saquemos adelante.
Estoy convencida, señorías, de que el contenido de esta norma va a mejorar; va a mejorar tras la tramitación parlamentaria, tras el debate y discusión del que será objeto en estas Cortes, con las aportaciones de sus señorías. Y lo
reconozco, señorías, reconozco que esta es una ley ideológica -claro que sí-, una ley ideología que deja claras las diferencias cuando gobierna la derecha, recortando derechos, y cuando gobierna la izquierda; un Gobierno de progreso, ampliando y
consolidando derechos. Por ello, solicito, señorías, el rechazo a las enmiendas de totalidad que hoy se debaten para que esta ley inicie su tramitación parlamentaria y contribuyamos entre todos, con sus propuestas, con sus aportaciones, a mejorar
la vida de la gente, para que los derechos a la protección de la salud que en ella se contemplan sean una realidad para la mayoría social de este país y también para la mayoría progresista de esta Cámara que dio su confianza al Gobierno. Sé que
puede haber diferencias de enfoque. Les propongo que sigamos trabajando juntos, desde el mínimo común entendimiento, construyendo consensos, avanzando en derechos porque, señorías, expandir derechos es la mejor manera de avanzar en salud
democrática, que es el objetivo de este Gobierno de progreso.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Lamentamos tener que presentar una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, en una materia como la sanitaria. Esta es una ley que aborda una serie de cuestiones necesarias para la sanidad española, pero es un proyecto con una carga
ideológica inaceptable, lleno de sesgos, perjuicios y prejuicios. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Además, es una ley que nace para ser incumplida, de imposible cumplimiento. Las deficiencias del Sistema
Nacional de Salud han quedado evidenciadas durante la pandemia. A nadie se le escapa que la manida afirmación que hacían Partido Popular y Partido Socialista durante décadas de que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo quedó despedazada por
la evidencia. El Sistema Nacional de Salud durante la pandemia hizo aguas por todas partes: La sanidad exterior; la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, la interpretación de los datos; la imprevisión de quienes debían haber
dado la alarma; no hace falta que recuerde algunas afirmaciones del llevado a un maravilloso segundo plano, el doctor Simón; la llamada cogobernanza fue un caos. Se vio que, respecto al Ministerio de Sanidad, se había confundido la
descentralización con el desmantelamiento. No había herramientas para afrontar una emergencia sanitaria de la índole que nos encontramos en aquel momento. Si el Sistema Nacional de Salud no colapsó, fue por la calidad del personal sanitario.
Ellos lucharon por preservar nuestra salud a costa de la suya. El precio que pagaron fue muy elevado. Algunos, el más elevado, la vida. En cambio, ni en los presupuestos generales del Estado ni en esta ley hemos visto un mínimo de decencia
mejorando las condiciones del personal sanitario. En España, los salarios de los sanitarios están en torno a tres veces por debajo de otros países europeos. Con respecto a Francia y Alemania son un 100 % y un 150 % inferiores, respectivamente.
Cuando un sanitario español termina su formación -esta vez sí, uno de los mejores sistemas selectivos del mundo para el personal cualificado-, tiene la disyuntiva a la que ningún país debe someter a sus profesionales: o desarrollar una carrera
profesional en España sabiendo que será infrarremunerado o irse al extranjero a desarrollar un plan profesional y personal.
El bajo salario del personal sanitario lleva a consecuencias muy serias: la escasez de profesionales o que los más jóvenes encadenan guardias para poder complementar el salario, con el consecuente cansancio. Pero esta ley que traen aquí no
se encarga de este asunto en ningún punto, lo que hace es perpetuar las condiciones en las que los sanitarios deben desarrollarse profesionalmente, no se mejoran sus condiciones y tampoco se trabaja la posibilidad de que los más mayores y con más
experiencia que desean seguir contribuyendo al Sistema Nacional de Salud puedan hacerlo. Es decir, que podemos afirmar que lo que vienen diciendo durante décadas los dos viejos partidos, que era la joya de la corona o la mejor sanidad del mundo, en
realidad es un conjunto de magníficos profesionales que siguen adelante a pesar del sistema en el que tienen que trabajar y la clase política que tienen que soportar. Por cierto, refuerzos en atención primaria, ni están ni se les espera. 500
millones extra para atención primaria fue una de las
condiciones que puso Ciudadanos al Gobierno para la negociación de los presupuestos generales del Estado. El PSOE prefirió a Esquerra y Bildu y ahí tienen los resultados, ninguna de las contrapartidas de los presupuestos negociados tuvo
algo que ver con la sanidad.
Otro de los grandes problemas del Sistema Nacional de Salud es que no es nacional, realmente. Es una suerte de maraña administrativa, en la que, como te pongas malo o necesites una receta fuera de tu comunidad autónoma, prepárate para pasar
una yincana administrativa. Mediante enmiendas, hace dos años, Ciudadanos consiguió introducir la tarjeta sanitaria única en los presupuestos generales del Estado. Pues nada, para no enfadar a los nacionalistas, que quieren los derechos troceados
también la sanidad, el Gobierno no ejecutó la partida presupuestaria destinada a la tarjeta sanitaria única. Estoy seguro de que en las pasadas vacaciones de este verano más de uno y más de dos echaron en falta una tarjeta que permitiera acceder a
un tratamiento o a un medicamento con receta o a una cita médica, en su lugar de veraneo, lejos de su domicilio. Pero no, un español en España puede tener serios problemas para tener atención sanitaria si la necesita en el lugar equivocado. ¿Se
les ocurre algo menos social que el hecho de que tengas derecho o no a tener el tratamiento de una enfermedad, en función de la comunidad autónoma en la que residas? Pues esto pasa de forma permanente en España. Hay tratamientos que se dan o no en
función de la comunidad autónoma donde enfermes. Conocemos casos sangrantes de diferencias en el acceso a tratamientos, por ejemplo, de cáncer.
Pero no, esta ley tampoco se preocupa de que los españoles sean iguales en derechos. Se preocupan, ahora, en la negociación, de que los nacionalistas no vean pisado su narcisismo competencial. Les pasa a ustedes, señores de la
seudoizquierda, una cosa muy curiosa. Cuando una comunidad autónoma baja impuestos, salen ustedes a decir que si es insolidaria, que si hay que intervenirla, que si son paraísos fiscales, pero al mismo tiempo defienden los cupos vascos, los hechos
diferenciales catalanes, las barreras lingüísticas para el acceso a la función pública o a la educación o la desigualdad en cobertura sanitaria. Todo esto lo defienden sin despeinarse. Se lo dije a mis compañeros del Gobierno cuando estábamos en
el Gobierno de Andalucía y quitamos el impuesto de sucesiones por presiones de Ciudadanos: Para que no nos critiquen digamos que en al-Ándalus los árabes no tenían impuesto de sucesiones y que es una cuestión sentimental para nosotros. También,
por ejemplo, como bajamos los tramos del IRPF digamos que Tartessos viene de 'estar tiesos' y que no pagamos impuestos, sería estupendo y, con eso, lo teníamos ya justificado. (Risas). No importa que al-Ándalus fuera toda España o no importa que
en Tartessos sea indistinguible el mito de la historia. Hagamos nacionalismo fiscal y la izquierda nos bendecirá las bajadas de impuestos. Si a estos señores les va bien todo su victimismo y sus prebendas basándose en historia inventada y en
mentiras, por qué a nosotros no.
Pero lo peor de esta ley es su profunda carga ideológica. La prohibición de los conciertos con la sanidad privada es una aberración digna de un Gobierno que antepone el sesgo a la gestión, la ideología a los derechos y la ensoñación
podemita a la realidad económica. Yo creo que el PSOE en esta ley ha sucumbido absolutamente a Podemos, no importa lo grande que sea el delirio. Una cosa es que estos señores se paseen con chapitas del homófobo racista pistolero Che Guevara o con
bolsas del genocida Mao Tse-Tung -que los he visto también- o el otro día un abanico a una señora de por allí con una hoz y un martillo y no era de una ferretería. Pero bueno, esas son excentricidades que... (la señora Maestro Moliner abre un
abanico). Gracias por mostrar el maravilloso abanico con 80 millones de muertos en el reverso. (Aplausos). Uno puede entender que son ustedes totalitarios de salón y que se doman cuando pisan la alfombra y ya se compran sus buenas casas, se mudan
de barrio y demás. Incluso puedo atribuir a su falta de lecturas que lleve usted un abanico de esas características y que lo lleve como lleva Andy Warhol la lata de sopas Campbell's. Pero, ahora, la excentricidad podemita pone en peligro la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Es decir, en esta ley, señores del PSOE, ponen en riesgo la sanidad para satisfacer al ala dura de su Gobierno. ¿Dónde está la memoria económica que explica el impacto para eliminar los conciertos de
la sanidad privada? ¿Cuánto nos va a costar a los españoles esta medida? ¿Cuánto cuesta eliminar, por ejemplo, Muface? ¿Por qué creen que el Estado, desde tiempos inmemoriales, mantiene este sistema, señora ministra? Espero que, cuando suban
aquí los señores del PSOE y de Podemos, suban con la memoria económica y nos expliquen cómo van a pagar la eliminación de los conciertos. Otra cosa, la reversión de los conciertos, ¿cómo afectará a las listas de espera, señora ministra? Ahora
mismo hay 700 000 españoles esperando una intervención quirúrgica y casi 3 millones esperando la cita con un especialista. ¿Cómo les va a afectar la eliminación de los conciertos, señora ministra? ¿Cuántos hospitales y clínicas van a dejar de
prestar servicio público? ¿Cuántas instalaciones y profesionales va a dejar de tener el Sistema Nacional de Salud? ¿Dónde están los contratos de las
decenas de miles de sanitarios que van a dejar de prestar servicios para el Sistema Nacional de Salud? ¿Quién va a realizar el 30 % de intervenciones quirúrgicas que se realiza en instalaciones concertadas? ¿Cuántas obras han comenzado
para sustituir las instalaciones que con su ley dejarán de prestar servicio público? ¿Qué pasa con los 400 000 autónomos que desarrollan su actividad basándose en los conciertos con la sanidad privada: fisioterapeutas, podólogos, psicólogos,
clínicos, nutricionistas, farmacéuticos, dentistas, ópticos, terapeutas ocupacionales...? ¿Les han llamado por teléfono para decirles: Váyanse buscando la vida? ¿Y qué pasa con las decenas de miles de sanitarios que trabajan en las clínicas y
hospitales concertados, en torno a 350 000? Porque este es el quid de la cuestión, señores de Podemos y sus vasallos del PSOE en este asunto. Una entidad privada puede prestar un servicio público. Ciudadanos no va a entrar en su marco de que
cuando un servicio público lo ofrece alguien distinto a un funcionario ya no es un servicio público. ¿Creen ustedes que cuando a alguien le curan un cáncer se plantea si se lo ha curado personal público o concertado? ¿Saben ustedes cuántas
personas hoy se tratan el cáncer en clínicas concertadas y que con esta ley pasarán a un cuello de botella porque no habrá máquinas ni personal para esos tratamientos? No olvidemos que esta ley está redactada por quienes salen a poner a parir a
Amancio Ortega cuando dona máquinas de última generación que salvan vidas todos los años. Señora ministra, no se deje llevar por esta gente. Podemos quiere que todo se pague con impuestos, pero en cuanto pueden ellos los evaden porque en cuanto
pueden no pagan seguros sociales o montan sociedades pantallas, que yo ya no sé si Monedero es un apellido o un apodo, señora ministra. (Risas).
Toda Europa avanza en conciertos sanitarios, menos España. Ahora España pone en riesgo toda la inversión privada, nuestro sistema de conciertos y miles de empleos de sanitarios del sector privado porque a Podemos le apetece jugar al Mayo
del 68. No, esta ley es una aberración, señora ministra. No, el sistema de conciertos es un éxito. Son ustedes unos hipócritas, señores del Partido Socialista, si tienen conciertos en todos los sitios donde gobiernan. Señores del PP, supongo que
apoyarán estas enmiendas a la totalidad, aunque no hayan presentado ustedes una, y que se opongan a esta majadería. Por cierto, ¿saben cuánta inversión en sanidad privada se puede haber paralizado y, en vez de venir a España, se puede desviar a
otros países donde no haya unos descerebrados al timón? ¿Saben que el 29,4 % de la inversión en sanidad en España es de capital privado? ¿Cura menos esta inversión? ¿Investiga menos? ¿Saben que la estimación de ahorro por los conciertos es de
5679 millones? ¿De dónde los van a sacar? ¿Van a imprimir más dinero, siguiendo ya las doctrinas económicas de la señora del abanico?
Tatúense esto: un servicio público es público porque se financia con dinero público y al ciudadano no se le cobra cuando acude a recibirlo, porque un servicio público no tiene por qué proporcionarlo siempre un funcionario. La colaboración
público-privada es un modelo de éxito en toda Europa. Hay sistemas sanitarios que se basan casi enteramente en el concierto y no pasa nada. La salud de los españoles no puede estar sometida a los caprichos bolivarianos de estos señores. ¿Qué
vendrá tras esto? ¿La escuela concertada? ¿La seguridad de los servicios públicos, donde hay muchos vigilantes de empresas privadas? ¿La limpieza de las calles? ¿Las guarderías? Señora ministra, ¿vamos a tener un podemita enchufado dándonos un
servicio público en cualquier actividad que precisemos de la Administración? Hay que poner pie en pared ante este delirio, no podemos poner el Sistema Nacional de Salud en riesgo para que estos señores jueguen a la revolución. Les propongo una
cosa, señores de Podemos, cómprense un muro de Berlín de cartón piedra y acampen al otro lado, pero déjennos en paz.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Steegmann Olmedillas. (Aplausos).
El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Señora ministra, solo por la disposición final cuarta, cuyo objeto es el trasplante, merecería devolverse este proyecto de ley, tanta es la ignorancia o malicia que rezuma. Pero vayamos al núcleo. Si el Gobierno,
que dice creer en el sector público, hubiese querido mejorar realmente la sanidad pública, habría traído aquí medidas concretas para mejorarla y no futuribles espejismos. Podría haber traído una reforma de la Ley General de Sanidad o una reforma de
la nefasta política de recursos humanos. En vez de ello, pretende prescindir de la colaboración de la sanidad privada de una forma hipócrita y subrepticia. Es hipócrita suprimir los conciertos privados cuando los funcionarios y nosotros, los
diputados, disfrutamos de una capacidad de elección entre la pública y la privada que el resto de los ciudadanos no tiene. (Aplausos). Las señorías de Podemos lo tienen claro, quieren suprimir estas mutualidades, son
comunistas. Ellos tendrán luego el médico privado que va al chalet de Galapagar, la enfermera privada y demás minucias, ¿verdad? Por el contrario, VOX quiere que todo español pueda ser atendido con su tarjeta sanitaria en cualquier punto
de España y, además, trabajará para que todos los españoles tengan el mismo privilegio del que ahora gozan los funcionarios y ustedes: la libertad de elección. (Aplausos).
El proyecto Darias quiere suprimir la colaboración con la privada de forma subrepticia. La señora ministra no se atreve a prohibir los conciertos, pero exige a los gestores de la sanidad pública unos requisitos imposibles de cumplir,
sencillamente porque no existen. Señorías, la sanidad pública y la sanidad privada ya están integradas vía conciertos. Esta colaboración optimiza los recursos y ayuda a la sostenibilidad del sistema. Datos: el 38 % de los hospitales privados
tienen algún concierto con la sanidad pública; los conciertos son el 10 % del gasto sanitario, 8587 millones, un 60 % del cual se destina a gastos hospitalarios; un 8,7 % de las intervenciones quirúrgicas se hacen bajo concierto; un 9,2 % de las
sesiones de radioterapia con acelerador lineal y, según un estudio actualmente en imprenta, los precios en los conciertos privados son de un 32 % o un 90 % -de mediana un 40 %- más baratos a igualdad de diagnóstico y procedimiento. La aportación
del sector privado es tan grande que no es racional ni viable prescindir de ella, ya que la consecuencia será disminuir la atención sanitaria y su calidad y el efecto final será ir en contra de los mismos principios que usted dice defender.
Rechazamos este proyecto de ley y lo hacemos en su totalidad porque, primero, es un proyecto estatalista, casi comunista, que quiere prohibir de facto los conciertos sanitarios; contraviene el espíritu de la Ley General de Sanidad 14/1986
que contempla e incluye los convenios en los conciertos, artículos 66, 67 y 90, y que ordena que los servicios sanitarios se deben dar de acuerdo a eficacia, celeridad y economía; contraviene el espíritu de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud 16/2003, de 28 de mayo, que en su artículo 2.g) establece la colaboración público-privada como principio general y que la atención sanitaria debe darse en un tiempo máximo determinado. Todos los aquí asistentes, incluida la señora
ministra, saben que acabar con los conciertos va a alargar las listas de espera. (Aplausos). La patada a la sanidad privada se la van a dar a los pacientes de la salud pública.
En segundo lugar, este proyecto no tiene base empírica. La memoria cita tres estudios, ninguno concluyente, y el mejor, que es una revisión de estudios, dice que los estudios que han revisado no son de suficiente calidad y que, por tanto,
no se puede concluir nada. (Risas).
En tercer lugar, el proyecto de ley es contradictorio. Por un lado, reconoce que la gestión pública es ineficiente, pero no se ponen los mecanismos de su mejora y solo aporta como solución hacer imposible los conciertos con la privada como
mejora. Una señora va cojeando por la calle, lleva una muleta, viene la persona que ha hecho este proyecto y le da una patada a la muleta. ¿Qué pasará? ¿Saldrá diciendo: Estoy curada, estoy curada? ¿O se romperá la crisma con la acera? Pues
esa señora es la sanidad pública en estos momentos (aplausos), porque hablan de que van a establecer en el futuro medidas para establecer la buena gobernanza.
Observen lo que dice el dictamen del Consejo Económico y Social -abro comillas-: 'Tras más de veinticinco años de desarrollo, se ha carecido hasta ahora de un sistema de evaluación de resultados en salud para facilitar la utilización
adecuada de los recursos públicos', cierro comillas. Señorías, créanme, llevo cuarenta y tres años trabajando en exclusiva para hospitales públicos, solo en hospitales públicos, y esto no se arregla solo con indicadores. Se arregla cuando en todos
los niveles de salud pública, primero, se aumente el salario, que es de miseria; se premie al buen trabajador y se castigue al malo, y eso con el sistema actual es imposible. (Aplausos). Lo subrayo. El artículo primero y núcleo de este proyecto
es criticado por el propio Consejo Económico y Social cuando dice que es indeterminado e impreciso respecto a los criterios para establecer conciertos -no me lo invento yo, señora ministra, lo dice el Consejo Económico y Social-, porque ¿cómo exigir
que digan que se han utilizado óptimamente los recursos -óptimamente- cuando ni siquiera se establecen los criterios para ver si se han hecho bien, solamente bien?
En cuarto lugar, este proyecto es absolutamente inoportuno: 706 740 pacientes en espera; el tiempo espera es ahora de cuatro meses; la lista de especialista ha aumentado un 27 % en 2021, 3,2 millones, con un tiempo de espera de tres
meses. Consecuencias de prescindir de los conciertos: aumentar el tiempo de espera en cirugías a seis meses, en consultas a cinco, aumento de morbilidad y mortalidad e incrementar el gasto sanitario público en un intervalo de 1500 a 3000 millones
de euros. Si queremos reducir la lista de espera, lo razonable es hacer lo contrario, acudir a la sanidad privada, que tiene recursos suficientes.
En quinto lugar, este proyecto carece de fundamento económico creíble y va en contra de los principios de eficiencia en asignación de recursos, Ley Orgánica 2/2012. Solo desde el concepto socialista calvista de que el dinero público no es
de nadie, se puede afirmar, como se hace aquí -se ríe usted-, que el impacto económico va a ser de 20 millones de euros. Pero, oiga, si va a haber un sobrecoste de un 40 % más gastos administrativos.
En sexto lugar, y voy terminando, enorme judicialización. Esto es lo que va a pasar. Usted ya se ha apañado con los independentistas, bueno.
En séptimo lugar, el concepto de equidad es inseparable al de justicia, y es imposible que este proyecto de ley produzca justicia cuando no pone los medios para mejorar la sanidad pública ni los recursos técnicos ni humanos para que nuestra
sanidad pública tenga una gestión sanitaria eficiente, contrastada y auditada.
Por otra parte, el concepto de universalidad se ha pervertido. Lo que era inicialmente el deseo lógico de que todos los españoles tuvieran asistencia sanitaria, independientemente de su estado de aseguramiento, se ha ampliado a todos los
habitantes del mundo, les falta dar cobertura sanitaria a los klingon, señorías. (Risas y aplausos). Y mientras otorga derechos de asistencia sanitaria totales -totales- en todo el territorio español, incluido el trasplante, a los inmigrantes
ilegales, a los españoles se les impide circular y tener atención sanitaria con la tarjeta sanitaria en el territorio español. (Aplausos). Y es más, en este proyecto de ley a los residentes españoles -niéguemelo, señora Darias- que están
trabajando, por ejemplo, en Alemania se les exige que, cuando se ponen enfermos en España, que demuestren que la enfermedad les ha sobrevenido mientras visitaban a su abuela, y eso no se hace con los inmigrantes ilegales. ¿Eso qué es, señora
Darias? Le voy a decir lo que es -bueno, no se lo voy a decir, bueno, sí-: casi hispanofobia. (Aplausos).
Concluyo, señorías. Este proyecto de ley no solo es injusto para los españoles y los residentes legales, sino que es un ejemplo palmario del odio que tiene el socialismo a todo lo privado. Prescindir de la sanidad privada no solo es un
error político y económico, sino que va a multiplicar las listas de espera, disminuyendo la atención sanitaria y su calidad. Por lo tanto, en VOX decimos que este proyecto de ley no debe ser tramitado -esperamos su apoyo- por carecer de fundamento
racional y porque el espíritu que lo guía, que es partidista y espurio, va a generar lo contrario de lo que dicen ustedes: menos equidad, menos accesibilidad y, por lo tanto, más enfermedad y menos salud. En VOX queremos una cosa sencilla y se
resume en una frase: la libertad también en sanidad.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Señor presidente, señorías, en el debate de totalidad sobre el proyecto de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud,
nuestro voto será favorable a la tramitación del proyecto, es decir, no apoyará las enmiendas a la totalidad. Ahora bien, durante su tramitación en la Comisión de Sanidad esperamos que se puedan incorporar criterios que ya defendimos en la Comisión
para la Reconstrucción Social y Económica sobre la buena gobernanza de las organizaciones del Sistema Nacional de Salud y que presentaremos mediante enmiendas.
En este sentido, apoyaremos que la futura ley recoja la historia clínica universal. Pensamos que la existencia de sistemas sanitarios autonómicos no representa un obstáculo ni una barrera que impida el acceso a la historia clínica del
paciente. La historia clínica universal mejoraría, sin duda, la calidad asistencial y reduciría los costes de prestación. Por tanto, para garantizar la correcta atención sanitaria de cada paciente, pedimos que desde la Administración pública se
garantice a los médicos de atención primaria, a los especialistas y al personal sanitario de los hospitales el acceso a la historia clínica del paciente, independientemente del lugar del territorio español o europeo en el que se produzca la atención
sanitaria, naturalmente con los requisitos de garantía, de seguridad informática y de confidencialidad en el tratamiento de los datos que exige la normativa vigente y con las medidas adecuadas para garantizar el uso correcto de esta información, así
como su custodia.
En segundo lugar, la ley debe recoger también medidas que fortalezcan el papel de la atención primaria como eje principal del sistema. A pesar del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023,
es necesario que el Sistema Nacional de Salud amplíe, desarrolle y garantice esa atención primaria. Hay que garantizarla en el mundo rural, que es donde más dificultades comporta, y que cumpla allí los estándares de calidad requeridos,
dotándola de recursos materiales y personales para llevar a cabo esta labor. Los centros de salud, el transporte sanitario, el acceso a los médicos especialista, el acceso a tratamientos hospitalarios y las urgencias son servicios con carencias que
vive la población rural y de las pequeñas ciudades en las áreas despobladas. Es necesario blindar a nivel estatal y de manera incondicional la existencia de consultorios locales rurales garantizando su asistencia presencial. En el medio rural es
donde los recursos humanos y materiales de los centros de salud son más escasos. Deberían estar formados por profesionales de la medicina familiar, de la enfermería y de la pediatría, así como por personal administrativo. Igualmente, la
descentralización de las especialidades más demandadas debe reducir el desplazamiento reiterado de los pacientes. Por todo ello, también es necesario que la conectividad y la digitalización lleguen a los centros de salud y a los consultorios
locales. Hay que garantizar como objetivo prioritario la cobertura de las plazas sanitarias asignadas a cada zona de salud en función de las necesidades de cada área. Es necesario también mejorar las condiciones laborales y ofrecer incentivos al
personal sanitario para atraer su talento a las zonas rurales y a la España vaciada. No es justo, señorías, que se queden plazas vacantes y que la provisionalidad la tengan que soportar siempre los mismos centros y los mismos pacientes, como está
sucediendo, por ejemplo, en el centro de salud de Utrillas, en las cuencas mineras de Teruel. No podemos ser siempre los mismos centros y los mismos pacientes los que padezcamos la precariedad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.
He escuchado a la señora ministra con atención que iba a cambiar la vida de los españoles con la aprobación de esta ley -hasta ahora no sé dónde vivíamos exactamente-, y lo que me ha sorprendido ha sido la tardanza: si tan importante es
esta ley, si va a cambiar, a revolucionar la vida sanitaria de las de las personas en España, ¿cómo han tardado cuatro años en traerla al Congreso? (Aplausos). Porque sabe que eso no es así. Luego ha puesto un ejemplo que en estos momentos no sé
si es el mejor. Ha dicho que no va a haber que elegir entre ir a la farmacia o al supermercado. En este momento, sale más barato ir a la farmacia que al supermercado.
El problema que plantean ustedes creo que tiene que ser más directo: ¿en qué soluciona la vida a los ciudadanos? Es decir, usted puede venir aquí y decir a la gente: miren, si se aprueba esta ley, su lista de espera ya va a ser mucho
menor. Eso es lo que le importa al ciudadano. El que lleva seis meses esperando una consulta o una operación lo que quiere saber es qué medios están poniendo ustedes, junto con las comunidades autónomas, que son responsables, para que esa lista de
espera se elimine. ¿Van a hacer algo para eso, sí o no? Esa es la pregunta. Si yo tengo que ir al médico, ¿voy a poder ir ya en persona o voy a llamar al médico para que me coja un administrativo y me diga qué enfermedad tengo? ¿Eso va a cambiar
con esta ley, sí o no? Es que esos son los problemas que tienen los ciudadanos. En una localidad pequeña, como decía quien me ha precedido en el uso de la palabra, es muy difícil encontrar personal sanitario que permanezca en esa localidad. ¿Van
a hacer algo para que eso se pueda hacer, sí o no? ¿Eso va a cambiar algo? Es que esos son los problemas que tiene la gente. Como bien dijo un antecesor, no suyo, sino del Partido Socialista, gato blanco o gato negro, lo importante es que cace
ratones. La gente quiere que la atiendan, que la curen y que no le cueste dinero. ¿Usted hace eso con esta ley? No, al revés, aleja esa posibilidad, porque está limitando la capacidad que tiene la Administración para atender a los ciudadanos,
porque está quitando una parte fundamental, la sanidad concertada, que no privada, porque ustedes mezclan lo de la privatización para decir que lo que se quiere es que se pague por los servicios sanitarios. Que no, que el servicio sanitario lo paga
la Administración a los centros concertados, con control. Evidentemente, si la atención sanitaria del servicio público está saturada, tendrá que echar mano del sector privado concertado pagado por la Administración, desde luego vigilado, para que
sea una atención decente, para que te puedan curar, operar o lo que haga falta. Porque lo que tienen es que dar soluciones.
El tema de las competencias, que también estaba, parece que ya lo van a solucionar con aquellos que han presentado enmiendas a la totalidad, basándose sobre todo en el tema de competencias, que también se limitan con este proyecto de ley, y
eso parece que se va a solucionar. Usted dice que respetan mucho
a las comunidades autónomas, pero yo creo que no es el mejor día para decir esas cosas. Ustedes respetan a las comunidades autónomas cuando hacen lo que ustedes quieren que hagan. (Aplausos). Cuando las comunidades autónomas, dentro de
sus competencias, bajan impuestos, entonces ponen una ley por encima. Y esto es parecido. Otra cosa es que haya convencido a algunos por ahí para decirles que lo van a arreglar en Comisión. Ustedes con esto lo que pretendían era controlar la
libertad que tienen las comunidades autónomas para gestionar sus programas sanitarios, y eso a ustedes les molesta. Les puedo decir que desde que ustedes gestionan la sanidad en mi comunidad, en este caso la Comunidad Foral de Navarra, las listas
de espera se han incrementado en casi un 70 % y los seguros privados se están disparando. Por tanto, miren quiénes están haciendo su labor para privatizar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Señorías, señora ministra, egun on, buenos días.
Después de haber oído esta apología de los modelos sanitarios tipo Estados Unidos y cómo se garantiza la equidad, etcétera, no hace falta más que ir a la literatura y ver realmente cómo está la equidad en esos países que les sirven a ustedes
de referencia de modelo liberal para organizar la sanidad. Pero voy a ponerme a lo serio y a trabajar realmente para ir avanzando en cuestiones que son necesarias.
Es cierto que desde el año 1986, o sea, desde los últimos treinta años, en los que se abrió la puerta a la privatización, han sido años de progresiva privatización en muchos aspectos y han causado un gran deterioro en los sistemas sanitarios
del Estado. Por eso, estamos de acuerdo en que hay que modificar este marco legal y en que tenemos que prestar una especial atención a un cambio que tiene que ser un cambio de modelo para muchos años, porque algo que se ha deteriorado poco a poco
durante tantos años va a costar darle la vuelta. En este sentido, pueden contar con nuestra colaboración en todo aquello que sea contribuir a la equidad y a la mejora de la salud de la ciudadanía.
Este proyecto de ley aporta elementos importantes, pero en su redacción actual entran algunas cuestiones que son competencia exclusiva de nuestras comunidades autónomas vasca o navarra, por lo que consideramos que es imprescindible el
compromiso de salvaguardar estas competencias. Solamente podremos dar inicio y aprobar la elaboración de esta ley si existe ese compromiso, así, como usted ha dicho. Por tanto, celebramos que el ministerio dé un paso en este sentido.
Nuestro punto de partida es la universalidad de la salud, que es un derecho humano que pasa por mejorar todos los determinantes sociales que la provocan. Dentro de esos determinados intereses sociales, el sistema sanitario solo es una
pequeña parte, pero es la que puede contribuir a corregir impactos negativos, reducir la vulnerabilidad que se está produciendo, que es mayor en determinados grupos sociales, y reducir las consecuencias de la enfermedad y de la discapacidad en la
vida de las personas y la que puede tener un papel importante en el empoderamiento de las personas. Por tanto, consideramos que el sistema sanitario, si no es el determinante fundamental, sí es un determinante importante al que hay que prestar
atención en los próximos años. Porque, ¿cuál es la realidad actual? La realidad actual es el deterioro que se ha dado en estos últimos veintiséis o treinta años en la atención, en los plazos. El desmantelamiento y el deterioro, planificados en
muchas ocasiones, han provocado la insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones, que, a su vez, es la cláusula o la disculpa que permite la privatización. A eso tendremos que atender en el desarrollo de esta
ley.
Otra cuestión importante es la de las contrataciones dignas del personal médico y sanitario y hacer un análisis serio del aumento de la relevancia y del uso de recursos por parte del sistema sanitario privado. No olvidemos que existe una
retroalimentación entre seguros privados y conciertos con empresas privadas. Ahí es donde estamos en estos momentos, sobre todo en la medicina especializada, que está realizando un 40 % de las atenciones -estoy hablando de medias- y en la cual hay
un gradiente socioeconómico clarísimo, ya que los estratos de clase más altos están suponiendo un 70 o un 80 % de mejoras en la atención con este sistema de retroalimentación entre conciertos con empresas privadas y seguros privados. Nuestro país,
Euskal Herria, no es ajeno a esta situación, tampoco la Comunidad autónoma de Navarra. Han sido comunidades punteras y, sin embargo, también sufren la situación en este sentido, porque hay una legislación estatal que está favoreciendo esa
privatización. Por eso, consideramos que es importante este cambio, y tenemos la posibilidad de llevarlo adelante respetando el marco competencial.
¿Qué líneas de mejora vamos a proponerle en esta modificación? Pues una de las mejoras va a ser la regulación de los aspectos que actualmente posibilitan burlar el objeto de la ley bajo ese supuesto carácter de excepcionalidad. En la ley
de 1986 ya se hablaba de que la privatización sería algo excepcional y, sin embargo, hay muchas entradas, muchos elementos que posibilitan burlar esa situación. Por eso, es importante que desde la legislación estatal podamos determinar o concretar
cuáles son esos elementos que posibilitan que el sistema tenga esas fugas que permiten en estos momentos que la empresa privada y los grandes fondos de inversión estén llevándose prácticamente más de 10 000 millones de euros anuales a costa de la
sanidad pública.
Se deben prever, además dentro de la ley qué caminos de republificación vamos a poner para aquellos centros y servicios que claramente no están atendiendo a criterios de costes, que están teniendo costes más altos, por ejemplo, y que están
llevando una atención con menores criterios de calidad. Por ahí podríamos empezar a atender esta situación. Y, respecto a las carteras mínimas, habrá que ampliarlas en algunos aspectos fundamentales, teniendo en cuenta que estas carteras mínimas
son simplemente unos elementos de mínimos que las comunidades autónomas podremos mejorar en función de las situaciones, de la experiencia y de la historia que tenemos.
Sobre el aspecto del acceso universal al derecho de sanidad, por supuesto, tendremos que...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, tiene que finalizar.
El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: No vamos a paralizar esta discusión, así que muchas gracias por su atención. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Buenos días a todas y a todos.
Señora ministra, mi grupo tiene dos críticas. Una es en relación con las formas, por haber llegado aquí con el proyecto de ley sin haber hablado con los grupos parlamentarios. Ahora usted, a última hora, se ha comprometido con nuestro
grupo parlamentario a alcanzar un acuerdo que corrija las propuestas, las desviaciones y, a nuestro entender, las cuestiones que deben corregirse en el texto y, de lo contrario, a no seguir con la tramitación de este proyecto de ley.
Otra crítica es en cuanto al fondo. A nosotros nos parece bien el modelo de gestión propuesto, pero es que eso usted no nos lo puede imponer. Nos parece bien, por supuesto, que se establezcan indicadores, pautas y términos para los
conciertos, pero quienes deben establecerlos son las comunidades autónomas y no el consejo interterritorial. Y, por supuesto, nos parece bien que se establezcan instrumentos y herramientas de gobernanza, pero no nos lo debe imponer el Estado desde
Madrid, porque también deben establecerlo las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. Las tres cuestiones citadas son un exceso claro de lo que realmente corresponde al ejercicio de su competencia, que es establecer las bases y
coordinación del sistema de salud -como dice la competencia-, previsto en el artículo 149.1.16 de la Constitución.
Por otra parte y también brevemente -a ver si luego me da tiempo a entrar con más detalle-, criticamos que con el artículo tercero ustedes no garantizan la auténtica universalización en el acceso de la ciudadanía al sistema de salud. Desde
luego, valoramos positivamente algunos de los aspectos que en el proyecto de ley se incluyen, tales como la pretensión de evitar copagos y limitar lo que en ocasiones se ha planteado, por ejemplo, al transporte sanitario urgente. También aplaudimos
que se refuerce la sanidad universal y gratuita, aspecto que nuestro grupo parlamentario defiende y nuestra formación política impulsa allá donde tenemos responsabilidades de Gobierno y responsabilidades institucionales. De hecho, le diré que
muchas de las previsiones y mejoras recogidas en este proyecto de ley se están aplicando en Euskadi desde hace ya varios años. Por lo que, en realidad, ni en cuanto al modelo de gestión que ustedes proponen nos afecta, porque en Euskadi la gestión
es directa, más o menos, y pública, más o menos, en un 95 %, pero nosotros que no tenemos ningún complejo y, desde luego, consideramos que nos aporta también beneficios la colaboración público-privada en aquellos casos en que es necesario; tenemos
en torno a un 5 % de conciertos. Por lo tanto, ni en un sentido ni en otro nos va a afectar, pero en este segundo ámbito ustedes pierden la oportunidad para garantizar la auténtica universalización del acceso de la ciudadanía al sistema de salud.
Desde nuestro punto de vista y en coherencia con lo que hemos venido reivindicando en esta Cámara desde el año 2012, sigue quedándose corta. Nosotros
estamos planteando que se vuelva a la redacción original de la Ley 16/2003, del 28 de mayo, en ambas cuestiones, de cohesión y de calidad del sistema de salud, porque mientras mantuvo su vigencia no generó ningún problema la aplicación de
estas dos cuestiones. Nosotros planteamos suprimir la necesidad del reconocimiento expreso por parte de las autoridades estatales de la condición de asegurado. Nosotros consideramos que esta actuación de la autoridad estatal excede de una manera
notoria la atribución constitucional: bases y coordinación general de la sanidad.
Proponemos establecer un sistema en el que, tras el reconocimiento general del derecho de la protección a la salud y a la atención sanitaria establecido por ley, el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria que
proporciona el sistema de salud se materialice a través de la tarjeta sanitaria individual -está previsto en el artículo 57 de la Ley 16/2033-, sin ninguna condición previa ni ninguna necesidad de reconocimiento y control previos. Le cuento cómo ha
sido el proceso de esta cuestión. Nuestro grupo viene defendiendo en este Legislativo a lo largo de los años no solo la conveniencia, sino la necesidad de asegurar y blindar mediante una disposición con el suficiente rango normativo el derecho de
la gente, el derecho de la ciudadanía, el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria que se reconoce en el artículo 43 de la Constitución. Esa fue nuestra posición frente al contenido regulatorio impuesto por el famoso Real
Decreto Ley 16/2012, que restringió severamente los derechos de acceso a la ciudadanía a la atención sanitaria. Ese Real Decreto 16/2012 introdujo un nuevo artículo 3 bis, atribuyendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento y
control de la condición de asegurado, y calificaba como preciso que ese Instituto Nacional de la Seguridad Social reconociera y controlara la condición de asegurado para poder expedir las autoridades, las administraciones sanitarias, la famosa
tarjeta individual sanitaria. Esta actuación supone, desde luego en nuestra opinión, una extralimitación exorbitante de la competencia del Estado para el establecimiento de las bases. Pero, posteriormente, con ocasión del debate de la
convalidación del Real Decreto Ley 7/2018, sobre el acceso universal al Sistema de Salud, nuestro grupo mantuvo una posición favorable, evidentemente, a desligar el derecho a la asistencia sanitaria pública de la condición de asegurado o
beneficiario que se había impuesto en 2012. Pero considerábamos insuficiente el contenido que se planteaba, porque la efectividad de ese derecho a la asistencia sanitaria pública seguía requiriendo de un reconocimiento expreso por parte de las
autoridades estatales, no alcanzando de esta manera, a nuestro juicio, la auténtica universalización del acceso de la ciudadanía al sistema de salud. No debe necesitarse un reconocimiento expreso. ¿Qué es lo que está pasando? Que se mantiene tal
función de reconocimiento y control. Desafortunadamente, este proyecto de ley mantiene esa necesidad de reconocimiento expreso por el Estado, por el Ministerio de Sanidad, y continúa manteniendo la posición de las comunidades autónomas, que son las
administraciones competentes, sometidas al puntual reconocimiento previo e individualizado del derecho por parte de la Administración del Estado a esta actuación, a todas luces centralista.
Nosotros consideramos que este proyecto de ley menosprecia y arrincona una indudable oportunidad histórica para proclamar de forma definitiva y nítida la universalidad del acceso a la protección de la salud y a la atención sanitaria con la
tarjeta sanitaria; que se materialice este derecho única y exclusivamente por medio de la tarjeta sanitaria individual. Pelearemos para lograr el establecimiento de este sistema y para que, tras el reconocimiento general del derecho a la promoción
de la salud y a la atención sanitaria, el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de atención sanitaria que proporciona el sistema de salud se materialice, como decíamos, de esa manera.
Usted ha adquirido, señora ministra, un compromiso de llegar a un acuerdo y nosotros le tomamos la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: De eso dependerá nuestra posición final.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidente.
Ministra, el PDeCAT presentó una enmienda a la totalidad de devolución al presente proyecto de ley, ya que este significaba, resumiéndolo en pocas palabras, un ataque al... (continúa su intervención en catalán). El proyecto de ley suponía
una recentralización y una invasión de las competencias autonómicas:
no tenía en cuenta la realidad de origen histórico y singular de Cataluña; no recogía la diversidad de organización de la provisión de los servicios sanitarios del sistema público de las comunidades autónomas. Cataluña era la comunidad
autónoma donde más afectación tenía este proyecto de ley.
Cataluña dispone hace más de un siglo de una red de provisión de servicios públicos de salud con concertación. En Cataluña, el Sistema Nacional de Salud es el SISCAT, una red mixta de provisión estable y comprometida socialmente, donde la
concertación representa más del 65 % de la red de provisión de los servicios públicos de salud, con entidades del sector público, del mundo local, fundaciones, órdenes religiosas, entidades de autogestión profesional o mutualidades que proveen
servicios sanitarios y sociosanitarios. Es un conjunto muy relevante de entidades de diversa titularidad, fundamentalmente sin ánimo de lucro -el 95 % del sistema está gestionado por entidades sin ánimo de lucro-, con una inequívoca vocación de
servicio público. Concertar no es privatizar, porque el servicio sigue siendo público si quien lo financia establece la cartera de servicios y actúa como garante de la calidad y de los derechos de los usuarios.
Vuelvo al texto del proyecto de ley. Nos preocupa, por su gravedad, el artículo 1 que modificaba la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, adicionando un nuevo artículo 47, la disposición transitoria primera, la disposición
derogatoria única y la disposición final quinta. El acuerdo alcanzado con el Gobierno nos permite blindar el modelo del sistema sanitario catalán y el respeto a las competencias en sanidad. El Estatuto de Autonomía de 1979 otorga a Cataluña las
competencias en la organización y la gestión sanitaria. En 1980 fueron efectivas las transferencias sanitarias al Principado, aunque sufriendo desde entonces infrafinanciación, que hemos denunciado en infinidad de ocasiones. La Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contempla claramente en su artículo 162.1 que corresponde a la Generalitat en materia de sanidad y salud pública la competencia exclusiva sobre la organización, el
funcionamiento interno, la evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Ministra, le agradezco su talante, su predisposición a la negociación y su sensibilidad con el modelo catalán. Esta ley es muy importante y estaremos muy atentos y presentes durante su tramitación.
Para finalizar, manifestar que... (termina su intervención en catalán).
Gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, president. Gràcies, ministra.
Los problemas reales de Cataluña no tienen nada que ver con la ley que presentaban; los problemas reales de Cataluña tienen que ver con los profesionales y con la financiación. (Continúa su intervención en catalán).
Hoy el sector sanitario de Cataluña puede estar orgulloso, porque su defensa de un modelo que traspasa el falso, simplista, populista y acomplejado debate de lo público y lo privado ha hecho que la ley que amenazaba este modelo singular y de
éxito no vea jamás la luz. (Continúa su intervención en catalán).
No se han acordado modificaciones. Ahora empieza un proceso que solo se va a traducir en una ley si hay acuerdo con Cataluña; si no hay acuerdo, no hay ley. Les invito a todos a hacer un poco de pedagogía, porque el discurso populista de
algunos pone en riesgo el sistema y model català, que es histórico, reconocido, respetado y admirado. Hemos estado a punto de pagar con este modelo de éxito un debate que tienen ustedes aquí en Madrid, donde sí que se privatiza de manera voraz.
Cuenten que en Cataluña se puede acceder a esta red de excelencia con la tarjeta sanitaria. Cuenten que cualquier persona que venga de fuera de Cataluña puede acceder a esta red de excelencia sanitaria en Cataluña. Cuenten que la societat civil
catalana es la que ha hecho posible que este modelo exista, es la que ha construido este modelo singular y de éxito. Cuenten que el sistema sanitari de Catalunya está gestionado en un 95 % por entidades sin ánimo de lucro y por entidades de
titularidad pública. Cuenten que concertar no es privatizar.
Voy terminando. Artículo 162.1 del Estatut de Autonomía de Catalunya. (Continúa su intervención en catalán). Lo digo también en castellano, para aquellos que no entienden al catalán: Corresponde a la Generalitat de Catalunya en materia
de sanidad y de salud pública la competencia exclusiva. (Continúa su intervención en catalán).
Esta barbaridad de ley la hemos frenado los catalanes. (Termina su intervención en catalán).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidente. Señora ministra, muchas gracias.
Hoy bajo el título de medidas para garantizar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud debatimos no cualquier ley sectorial, no una medida concreta, sino la gran ley, la ley que establece precisamente las líneas
estratégicas del mismo sistema sanitario. Por tanto, estamos debatiendo aquí la gran ley sobre el sistema sanitario. Podemos compartir parte de los planteamientos de ese proyecto de ley, como el fortalecimiento de la sanidad pública y, en ese
mismo sentido, la necesidad de consolidar el modelo de gestión pública. Compartimos plenamente ese tema. Es un modelo que para nuestro grupo es el único -el único, digo- que puede garantizar la asistencia sanitaria de calidad a todos los
ciudadanos. Vuelvo a repetir: a todos los ciudadanos, incluso a aquellos que no tienen capacidad para asumir el coste de una sanidad privada. A todos los ciudadanos. De hecho, los servicios públicos son nuestro capital. Esto lo tenemos
clarísimo y siempre pedimos que la vulnerabilidad económica y social no sean motivos de exclusión en la atención sanitaria. Esos son los preceptos en los que basamos nuestra acción. Esta es la base de nuestro sistema sanitario: su carácter
universal. Para nosotros la equidad y la cohesión no son solo territoriales, sino que la equidad y cohesión social pasan precisamente por garantizar una atención de calidad -repito otra vez- a todo el mundo.
En Cataluña contamos desde hace más de cuarenta años con un modelo sanitario de gestión pública que nació fruto de un amplio consenso, como se ha dicho aquí, entre la sociedad civil, el sector sanitario y las propias administraciones, y que
hoy consideramos, evidentemente, un modelo de éxito. Con la creación del Servei Català de la Salut en 1991-hoy se dice el CatSalut-, se creó la herramienta de gestión pública necesaria para ordenar, planificar y gestionar el sistema sanitario
catalán. Para nosotros es la herramienta de gestión pública que engloba todos los recursos sanitarios existentes en Cataluña, tanto de titularidad pública como de titularidad privada. Por tanto, en Cataluña partimos de un sistema sanitario mixto,
donde realmente el porcentaje es muy igual. Precisamente el CatSalut viene a ser un modelo que permite la planificación, la dirección y la financiación sobre la base de un sistema de cumplimiento de objetivos. Esto creo que es fundamental. Se
gestiona la sanidad -todos los centros y los servicios- en base al cumplimiento de unos objetivos, que precisamente son los que marca el Sistema Nacional de Salud en Cataluña. Es evidente que con partidos de la derecha catalana no compartimos
muchos enfoques; por ejemplo, si se debe tener un mayor o menor control público en figuras de gestión mixta como son los consorcios. Pero ese es un tema de debate interno nuestro y que, en todo caso, debe buscar sus consensos en el marco del
Parlament de Catalunya, nunca deben venir por imposición externa. Esto es lo más importante para nosotros. Las competencias del Gobierno deben ceñirse a ver si se cumple o no la propuesta y si se ejecutan o no las líneas estratégicas que el propio
Gobierno establece en materia de salud. Entendemos que esta es una de las competencias principales, pero esta ley no solo propone esas grandes líneas estratégicas, sino que en algunos casos peca de un exceso regulatorio, que para nosotros supone
una intromisión clara en las competencias autonómicas en materia sanitaria, así como en las potestades organizativas de los centros y servicios sanitarios de las comunidades autónomas. La normativa básica estatal puede condicionar y ha de
condicionar, creo, el ejercicio de las competencias autonómicas con el fin de un proceso de universalización, de equidad, incluso de cohesión del sistema, pero en ningún caso puede llegar a eliminar el principio de autonomía. De hecho, hay dos
puntos; simplemente voy a mencionar dos puntos. El apartado 3 del artículo 47 establece que la prestación de gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios se llevará a cabo, preferentemente, mediante la fórmula de la gestión directa de
carácter público y que el recurso excepcional de otras fórmulas deberá cumplir una serie de requisitos. La pregunta es: ¿no creen que el modelo de gestión deben definirlo las comunidades autónomas sobre la base de sus competencias, en vez de
definir aquí cómo ha de ser? Creo que es algo importante a tener en cuenta.
En Cataluña la figura del consorcio sanitario, que es precisamente uno de los temas que trae polémica, forma parte incluso de la propia Administración de la Generalitat. De hecho, es un modelo mixto de gestión públicoprivada donde los
objetivos vienen muy directamente marcados por una estrategia pública de prestación de servicios. Esta es, quizás, una de las diferencias que cuesta entender y, quizás, una de las singularidades del modelo catalán.
Y no quería finalizar sin hacer hincapié en un aspecto que siempre nos sorprende, continuamente. En ningún caso, ante propuestas de reformas de calado como las que se presentan y que incluso se quiere
incidir en el modelo de gestión de los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, se incluye una referencia a la financiación. En nuestro grupo estamos hartos, pero hartos, de exigir constantemente la adecuada financiación
precisamente para que las comunidades autónomas puedan garantizar prestaciones de calidad y ofrecer un sistema sanitario público robusto. Sin una correcta financiación pública, la prestación de servicios sanitarios de calidad se hace totalmente
inviable. Necesitamos recursos o no podemos garantizar realmente un sistema sanitario robusto.
Para terminar, señora ministra, y también me dirijo a sus compañeros de Podemos, lo que no puede pretender esta ley -lo digo sinceramente- es intentar incidir en el actual modelo de gestión sanitaria de una comunidad autónoma, la Comunidad
de Madrid, con una ley de mínimos que acabe afectando al conjunto de comunidades autónomas, que en la mayoría de los casos son comunidades autónomas que miran cumplir los objetivos que establece el Gobierno. ¿No se dan cuenta de que no deja de ser
un planteamiento muy jacobino? Lo digo para que reflexionen en ese sentido.
Termino. Si esta ley sigue su trámite, estaremos muy vigilantes en dos aspectos que son fundamentales para nosotros. Uno es el respeto al marco competencial y el otro es precisamente el avance en el ámbito del acceso universal al sistema
sanitario. Son dos aspectos que para nosotros son importantísimos: las competencias y la universalidad de la sanidad pública.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez.
La señora MEDEL PÉREZ: Buenos días.
Nuestra Ley General de Sanidad de 1986 considera la salud como un derecho de las personas; un derecho que, según esa ley, debe ser abordado a través de un servicio público sanitario, nuestro Sistema Nacional de Salud, basado en la calidad,
en la equidad y en la universalidad, y financiado con impuestos, es decir financiado por todos los que pagamos impuestos. Pero llega el Partido Popular, el Gobierno del señor Aznar, con el señor Feijóo en ese momento en el Insalud, y proponen una
ley nueva. Mueve tanto dinero la sanidad que dicen: Esto es una fuente de negocio y no podemos perderla. Entonces, plantean una ley, la 15/97, que básicamente dice que un hospital público financiado con dinero público puede ser gestionado por una
empresa privada y esa empresa privada que se lleve los beneficios que pueda. El Estado le da el dinero, las comunidades le dan el dinero y ellos gestionan como quieren sin ningún tipo de control. ¿Qué hace la empresa privada? Pues quiere ganar
dinero. ¿Cómo gana dinero? De la siguiente manera. Contrata pocos profesionales sanitarios, porque lo que me ahorro en contratos me lo llevo de beneficios; compra tecnología barata, porque lo que me ahorro en tecnología me lo llevo en
beneficios; carece de control de calidad de ningún tipo; camufla las listas de espera como quiere porque no son controladas, y no se preocupa si no gana mucho dinero porque, al final, vendrá la conselleria de turno y me rescatará. Esto es lo que
pasó en el hospital de Alzira, en Valencia, en la etapa de la privatización. (Aplausos). Esto es lo que pasó. Así es como funciona la empresa privada.
A los cuatro años de estar gestionando el hospital de Alzira, la empresa Ribera Salud se declara en quiebra y es rescatada por la conselleria. Nos costó casi 60 millones de euros, de los cuales 25 millones de euros se pagaron por lucro
cesante, cosa que no estaba en el contrato, pero a la conselleria del Partido Popular le pareció bien ceder 25 millones de euros -nuestro dinero- porque la empresa había perdido beneficios, señores. Pero lo gordo es que cuando sacan un nuevo
concurso, ¿a quién le dan la nueva gestión del hospital de Alzira? A la misma empresa que habían rescatado con dinero público. (Aplausos.- La señora Rodríguez Herrer hace signos negativos). Eso sí, esta vez casi triplican la financiación. Sí,
Elvira, así fue. Casi triplican la financiación. Así funciona la gestión privada. Esto es, señor Díaz, destrozar un servicio público. Lo que le pasa al señor Díaz, de Ciudadanos, es que no comprende lo que es un servicio público. Es evidente
que es eso.
¿Qué pasa en Madrid? Que la señora Ayuso dice: Vamos a deteriorar la sanidad porque vamos a hacer negocio. Cierro las urgencias de los centros de salud -sigue-, que las urgencias se vayan a los hospitales públicos, colapso las urgencias,
y digo: ¡Qué mal funciona la sanidad pública; vamos a privatizar! Pero, como es una patriota, no privatiza a empresas españolas, no, no, privatiza Fresenius, un oligopolio alemán que controla en este momento la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital
Infanta Elena, el Hospital Rey Juan Carlos y el hospital de Villalba; dinero público para beneficiar a unas empresas privadas que ni siquiera declaran en España. Viva España, viva el patriotismo. Este es el patriotismo de la señora Ayuso.
(Aplausos).
La gestión privada de un servicio público, señor Díaz, es un fraude, y lo digo con todas las palabras. Pero él no entiende ni lo que es un fraude ni lo que es un servicio público. Está claro que es así. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia).
El PSOE trae aquí una ley de equidad que dice que deroga esta ley del señor Aznar. Nosotros, en los compromisos de gobierno, en los pactos de gobierno con el Partido Socialista firmamos que esa ley tenía que revisarse; revisarse en el
sentido de derogarla, no cambiarle la letra de posición. Trae aquí una ley que dice que deroga la Ley 15/1997, pero la señora Darias sabe perfectamente que no la deroga, la mantiene. Dice que cohesiona el Sistema Nacional de Salud, pero permite la
gestión privada. Dice que genera equidad en el Sistema Nacional de Salud, pero permite la mutuas de funcionarios en las que -para asombro- a unos funcionarios públicos, pagados con dinero público, resulta que se les permite y se les da a elegir que
vayan a la privada, porque debe considerar la señora ministra o el ministerio que la pública no es buena, así que 'como privilegio' -entre comillas- que se vayan a la privada. Se ve que no conocen la ineficiencia de la privada. Y dice que es
universal, pero mantiene restricciones en el acceso, y eso va contra la justicia y la salud pública.
Los argumentos que han presentado aquí para las enmiendas a la totalidad no los voy a ni a comentar, porque, aparte de falsos, suponen un desconocimiento absoluto del funcionamiento de un sistema público. ¡Qué van a saber ellos, ni VOX ni
Ciudadanos, de un sistema público ni de un servicio público! Es imposible.
Nosotros no queremos esta ley, pero necesitamos derogar la Ley 15/1997 de verdad y necesitamos negociar nuestras enmiendas. Queremos negociar. Queremos que nuestras enmiendas estén en esa ley y queremos negociar con usted, y eso es lo que
le pido desde aquí, señora Darias. Nosotros queremos negociar, esto lo tenemos que solucionar. Nuestras enmiendas van a defender la gestión directa; por supuesto que vamos a revisar y a controlar los conciertos, faltaría más, estamos defendiendo
un servicio público. Estamos defendiendo la calidad, la seguridad; no defendemos los negocios que usted parece defender tanto, y desde luego los defiende bien. Los argumentos son falsos, pero ahí va usted defendiendo ese tema. Queremos que la
señora ministra discuta esto con nosotros y llegar a acuerdos. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos. Entre todos tenemos que salvar la sanidad española.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Medel.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Pastor Julián.
La señora PASTOR JULIÁN: Gracias, señora presidenta. Gracias, señora ministra.
Señorías, el sistema sanitario es una pieza básica del Estado del bienestar; el derecho a la atención sanitaria es un factor determinante de la cohesión de nuestra sociedad y el Sistema Nacional de Salud es una pieza fundamental de
solidaridad entre los ciudadanos. Estas mismas palabras las pronuncié en esta tribuna hace casi veinte años defendiendo la ley de cohesión y calidad, que defendía estos principios que hoy me gustaría que siguieran vivos para todos.
Señorías, la Constitución española y su desarrollo, la Ley General de Sanidad y la ley de cohesión y calidad son las leyes que dan derechos a los españoles. Por eso, traer hoy aquí lo que traen ustedes me llena de vergüenza. Con este
diálogo de besugos pretenden que nos traguemos lo que ustedes quieren. Miren, lo importante sería tener un consenso en materia sanitaria, como lo logramos hace casi veinte años cuando votaron una ley 350 diputados. Lamentablemente, hoy no podemos
decir lo mismo. Ayer por la noche había cuatro enmiendas; hoy ya hay dos. Me gustaría saber qué le ha prometido la señora ministra a tirios y troyanos. Señora portavoz de Podemos, lo va a tener usted bastante complicado, porque le ha prometido a
usted una cosa y a los señores del PDeCAT y de Junts la contraria. Va a ser entretenido el discurso y el debate.
Señorías, lo que necesita la sanidad española es sobre todo y por encima de todo su defensa, pero su defensa no desde el sectarismo. Nosotros defendemos los principios de nuestro ordenamiento jurídico, como, por cierto, lo defendían todos
ustedes hace, como les digo, veinte años. Tenemos que garantizarles a los españoles un sistema sanitario público y universal, y esta ley, desde luego, no ofrece soluciones. No ofrece soluciones a los problemas reales que tiene la sanidad española,
como quedó patente en la Comisión para la Reconstrucción. Dice el Gobierno, señora ministra, que hace universal la sanidad, pero ¿cómo pueden tener tanta cara con una memoria económica de 1,7 millones de euros? Señorías, ¿le van a dar
universalidad con 1,7 millones? (Aplausos). Es incoherente con el plan de estabilidad que mandan a Bruselas ¿Dónde están los recursos de los que hablan? ¿Y en qué consiste su cohesión,
señora ministra? ¿O su equidad? ¿Se preocupa tal vez de las desigualdades de salud que hay en este momento en España? Y ya el colmo es lo de la cogobernanza, quién les ha visto y quién les ve. Por un lado, cogobernanza y, por otro lado,
hoy estamos debatiendo aquí su texto, no otro texto del que hablan algunos con sus promesas. Ha hecho usted un papelón, señora ministra, porque el artículo 149 de la Constitución reconoce la competencia de organización y gestión de las comunidades
autónomas.
Es un proyecto, señoría, que intenta censurar la colaboración del sector privado, que está recogida en la Ley General de Sanidad -en su artículo 90-, en la Ley 15/1997, en la ley de cohesión y que votaron ustedes, los socialistas. Los
socialistas votaron esto. Además, ha habido gobiernos socialistas y no lo han tocado en la historia del Sistema Nacional de Salud. (Aplausos). Debe ser que este es otro socialismo; ahora lo entiendo. A ustedes lo que les pasa es que necesitan
votos; necesitan los votos de Podemos y hasta de los señores de Bildu. Tienen una doble vara de medir. Hay que tener valor para venir aquí a hablar de cargarse los conciertos -con perdón de la expresión- cuando hay comunidades gobernadas por el
Partido Socialista con conciertos a babor y estribor; en algunas comunidades las listas de espera las hace exclusivamente el sector privado. Y qué cara tienen hablando de Valencia. Qué cara más dura tienen cuando han llevado a Valencia a las
mayores listas de espera. (Aplausos). Señorías, están creando un debate que está superado; lo habíamos superado en este país. Defendemos una sanidad pública y universal, y el sector privado, como recoge su Ley General de Sanidad, es de
colaboración con el sector público; eso es. Ustedes quieren aquí un debate trampa, pero no lo van a conseguir.
Esta ley, señora ministra -y ahora la miro a usted-, no es ambiciosa; no es ambiciosa en transparencia ni en evaluación de tecnología. No hablan de lo que realmente tendríamos que hablar, y me sorprende, señora ministra; me sorprende
porque era una buena ocasión para resolver los problemas que tiene el sistema, que hasta la encuesta de su CIS dice que la sanidad es el segundo problema que tienen los españoles. O lo que le dice la revista The Lancet. Cada vez que se pronuncie
The Lancet le va a provocar un sarpullido. Señora ministra, no abordan los problemas de recursos humanos ni abordan los problemas de atención primaria. Vaya manera de solucionar las cosas haciendo posible que no haya colaboración con el sector
privado, con listas de espera de más de 700 000 personas. Le debería dar vergüenza que en este momento haya más de quinientos días para que la gente acceda a medicamentos. Y miran para otro lado. Señora ministra, la ley de cohesión hay que
actualizarla, claro que sí, pero en la buena dirección, con las reformas que hay que hacer, y esto no lo logran ni en el fondo ni en la forma. No aborda los problemas que tenemos, ni la reorientación del sistema, ni de los profesionales. No aborda
el modelo de financiación; tampoco que la sanidad tiene que tener un liderazgo y un expertise necesario para llevar adelante el sistema sanitario. No necesitamos, desde luego, propuestas que son absolutamente sectarias. Señora ministra, ¿quién
gana con esta ley? ¿Ganan los pacientes? ¿Ganan los profesionales? ¿Se mejora la sostenibilidad? ¿Se mejora el acceso a los pacientes? ¿Se ponen en marcha instrumentos para mejorar la calidad? La respuesta rotunda es no, no y no. (Aplausos).
Mi grupo ha estado y estará siempre del lado de los que trabajamos durante años por mejorar el Sistema Nacional de Salud sin apriorismos ideológicos y sin soflamas populistas.
Señora ministra, mejorar la salud de los ciudadanos es la tarea política más importante que tenemos todos. Volvamos a la senda del consenso que alcanzamos en el año 2003; por cierto, consenso que ha durado, como decía el portavoz del PNV,
casi veinte años.
El principal objetivo -y termino ya, señora presidenta- que nos debemos proponer todos ¿sabe cuál es? Mejorar los resultados en salud de nuestros ciudadanos. Lo demás, por importante que parezca, es secundario, porque mejorar su salud,
prevenir y controlar sus enfermedades, prestarles la mejor asistencia sanitaria y garantizar la equidad a través de la solidaridad individual de nuestros impuestos es el principio nuclear del Sistema Nacional de Salud público y universal que he
defendido siempre, que defiendo y defenderé en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, y de la gestión que han hecho los gobiernos populares, que hacen las comunidades autónomas. Vuelvan a la ley de cohesión y calidad.
Y hoy lo que le hago es una enmienda a la gestión que han hecho durante todo este tiempo; cuatro ministros y hoy nos traen una ley, después de estos años, que es sectaria. Por cierto, lo va a tener complicado, ministra, porque usted anoche
hizo lo que parece increíble.
La señora PRESIDENTA: Señora Pastor, tiene que terminar, por favor.
La señora PASTOR JULIÁN: Termino ya.
¿Y lo increíble sabe qué es? Intentar contentar a todos los que opinan distinto. Prepárese, señora ministra, nos esperan unos meses entretenidos.
Muchísimas gracias. Yo no me río tanto, pero sí defiendo la sanidad de nuestro país. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pastor.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Prieto Nieto.
La señora PRIETO NIETO: Buenos días. Gracias, presidenta. Señora ministra, bienvenida al Congreso de los Diputados.
Señorías, una de las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez fue devolver la universalidad al sistema público de salud, derecho que había sido quebrado por un Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). Con la ley de equidad,
universalidad y cohesión garantizamos este derecho, porque esta ley amplía los derechos de los ciudadanos a la asistencia sanitaria, porque esta ley consolida y refuerza nuestro Sistema Nacional de Salud y porque esta ley afianza la universalidad.
Esta ley va a evitar que se produzcan nuevos copagos y protege a las personas más vulnerables, porque aquí se trata de hablar de personas y casi ningún grupo político ha estado hablando de personas. Es una ley que posibilita la participación de los
pacientes y que, por ejemplo, fija los importes máximos de la prestación ortoprotésica. Señorías, esta ley garantiza el derecho a la protección a la salud a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.
Defendemos esta ley frente a las enmiendas a la totalidad, las que se han presentado por parte de las derechas -Ciudadanos, VOX y el PP-. Señorías, lo que parece es que destilan rechazo a la gestión pública de los servicios sanitarios.
Hablando de la ley de cohesión, señora Pastor, metieron en esa ley herramientas que nunca emplearon, porque las leyes, además de aprobarlas, hay que aplicarlas, señora Pastor. La ley cumple con los acuerdos de la Comisión de reconstrucción, y
lamento decirles que en el Partido Popular, desde el minuto cero de esta legislatura, se negaron a trabajar, se negaron a acordar y se negaron a consensuar. (Aplausos).
Y, señor portavoz de Ciudadanos, ha tenido usted que recurrir a un totum revolutum que mezcla reivindicaciones laborales, que no sé si sabe que para eso está el estatuto de los trabajadores sanitarios, y también se lo digo a la señora
Pastor; ha mezclado la pandemia, con distorsiones de conceptos que no se corresponden ni con el objeto ni con el contenido de esta ley. Pero ustedes han elegido disparar con salvas de cañón en lugar de trabajar en una ley necesaria y conveniente
para nuestro sistema sanitario. Además, ¿no se ha enterado usted de que desde el año 2019 existe en España receta electrónica interoperable? Estudien, pónganse a trabajar por las personas de este país. (Aplausos). Vaya a cualquier farmacia
-cualquier compañero de su agrupación política- y lo podrá comprobar.
Señor Steegmann, hablando de salud, nosotros también nos alegramos de la pronta recuperación de la señora Olona. (Aplausos).
Señorías, como en todo en la vida, es importante tener claro de dónde se viene y a dónde se quiere ir, y los socialistas lo sabemos, sabemos muy bien de dónde procedemos y cuáles son nuestros objetivos, también en materia sanitaria, porque
España tiene un Gobierno presidido por Pedro Sánchez que está reforzando la sanidad pública, que fue adelgazada y debilitada durante los últimos siete años de los gobiernos del Partido Popular, y lo hemos visto con toda su crudeza durante esta
pandemia. Los socialistas sabemos el camino que hemos recorrido avanzando con importantes leyes que garantizan las políticas sanitarias públicas impulsadas por los gobiernos socialistas, como la Ley General de Sanidad, como la Ley de garantías y
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios o la Ley General de Salud Pública.
En el año 2012 el Partido Popular, con el Real Decreto Ley 16/2012, rompió la universalidad en el acceso a la sanidad pública. Esta norma supuso la puesta en marcha de los copagos y la quiebra de la universalidad, y así dejaban fuera del
acceso universal a numerosos colectivos de ciudadanos, entre ellos, desprotegió el derecho a la atención sanitaria a personas extranjeras no titulares de dicho derecho. Excluir del sistema sanitario a personas es un atentado contra los derechos
humanos y, además, pone en riesgo la salud pública al impedir el control de enfermedades. (Aplausos).
Señorías, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez está comprometido con la mejora permanente del Sistema Nacional de Salud, pero mientras ¿qué hacen las derechas? Señorías del PP, señora Pastor, ¿con quién están ustedes? ¿Están con ampliar
derechos o con recortarlos? ¿Con eliminar el copago o no quieren suprimirlo? ¿Con proteger a los más vulnerables o no? No hace falta que me respondan porque la respuesta ya se la digo yo, porque la respuesta la dan cada vez que gobiernan
reflejando en el BOE los recortes, los copagos, la restricción de derechos y la exclusión de personas del sistema sanitario. (Aplausos). Usted, señora Pastor, ¿apoyó el Real Decreto 16/2012 o no? ¿Por qué se oponen a todas las medidas de este
Gobierno que apoyan a los ciudadanos? Empeoran ustedes la vida de la gente, pero este
Gobierno no va a dejar a nadie atrás, porque cuesta mucho conquistar derechos y se pierden muy rápido cuando dependen de las derechas. Fue un Gobierno socialista, como dije al principio, el que con el Real Decreto Ley 7/2018 iniciaba la
recuperación al acceso universal. Este es un Gobierno que elimina los copagos para que las personas y los pensionistas en situación de vulnerabilidad no tengan que dejar de utilizar sus medicamentos -necesarios para su salud porque están prescritos
por su médico- por un motivo estrictamente económico.
Y ahora, después de la peor pandemia del último siglo, toca seguir avanzando y recuperar y consolidar la sanidad pública que el Partido Popular con equivocadas políticas de recortes había llevado al límite de su resistencia. Y esto será
posible gracias a esta ley que defendemos para consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud; esta ley establece nuevas garantías para evitar que se produzcan nuevos copagos y ensancha los derechos de toda la
población a la asistencia sanitaria.
Les pedimos, señorías, que permitan la tramitación parlamentaria de esta ley. Los socialistas, mi grupo parlamentario, reconocemos las diferentes sensibilidades y trabajaremos por el mejor texto buscando el máximo acuerdo, porque los
socialistas sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Nos avalan muchos años de gestión en el Gobierno de España y en gobiernos autonómicos y nosotros, atendiendo a los principios que inspiran nuestra ideología socialista, seguiremos
promoviendo medidas para una sanidad más justa, universal, equitativa y cohesionada, y siempre con un máximo respeto al marco competencial. Ustedes, las derechas, siempre critican las diferentes sensibilidades, porque ustedes o no saben o no
quieren acordar. Lo demuestran cada día. Nosotros somos personas que se entienden y acuerdan. ¿Y saben cómo lo hacemos? Buscando puntos de encuentro desde la discrepancia, porque a todos nos une el compromiso común de mejora de la vida de la
ciudadanía, porque el consenso es una fortaleza, porque el acuerdo es una fortaleza y porque el acuerdo es lo que espera la ciudadanía de todos nosotros.
Y termino con una frase de la ministra: merece la pena estar con los más débiles, con los más vulnerables, porque la razón de ser de la política, al menos para mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, es mejorar la vida de
la gente. Quiero agradecer a los grupos que van a apoyar la tramitación de esta ley y quiero agradecer expresamente a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, su trabajo incansable por la sanidad pública.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Prieto.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO. (Número de expediente 121/000111).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate de totalidad del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor
ministro de Universidades.
El señor MINISTRO DE UNIVERSIDADES (Subirats Humet): Presidenta, señorías, intervengo por primera vez en esta Cámara para presentar y defender el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, que fue aprobado por el Consejo de
Ministros en segunda lectura, hoy precisamente hace tres meses. Lo hago en defensa de un texto que creo, no solo como ministro sino también como universitario de largo recorrido, que responde plenamente a las necesidades de un sistema que desde la
aprobación de la LRU, en el año 1983, o de la LOU, en 2001, ha crecido y se ha desarrollado no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente y que debe afrontar ahora la exigencia de europeización e internacionalización con nuevas
capacidades e instrumentos.
En un momento como el actual, de cambio de época, en que el conocimiento y el talento forman parte indisoluble de los nuevos modelos de crecimiento y desarrollo, necesitamos una universidad a la altura de los retos planteados, accesible a
todos los ciudadanos, sea cual sea su edad, sus condiciones económicas o el lugar en el que residan; una universidad al servicio de la sociedad en la que se inserta, suficientemente financiada, que defienda el conocimiento como un bien común
abierto y accesible para todos; una universidad que ponga la docencia de calidad al mismo nivel que la investigación y la transferencia de conocimiento, asegurando a los estudiantes el nivel adecuado de estudios y acompañándoles en su incorporación
plena a la sociedad y a los lugares de trabajo... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone, señor ministro, que le interrumpa. Señorías, les pido silencio, por favor. Y si quieren mantener conversaciones, salgan del hemiciclo.
El señor MINISTRO DE UNIVERSIDADES (Subirats Humet): Gracias.
Una universidad donde las condiciones laborales -decía- y de estabilidad de profesores, personal de administración y servicios sean dignas y permitan la necesaria renovación ante el obligado relevo generacional al que estamos abocados en muy
breve tiempo; una universidad plenamente articulada con el tejido universitario europeo, compartiendo títulos, promoviendo movilidad e investigando juntos. Quiero defender, por tanto, en nombre del Gobierno la plena oportunidad y necesidad de
aprobar este proyecto de ley, con los cambios, evidentemente, que el Parlamento disponga, para completar así las reformas estructurales que ya en educación planteó la LOMLOE o, en el campo de la investigación, la recientemente aprobada ley de
ciencia.
Como decía, tras los casi cuarenta años transcurridos desde que se aprobó la LRU o los más de veinte años desde la aprobación de la LOU, el Gobierno asume ahora el compromiso de impulsar una nueva ley que permita a las universidades hacer
frente a las nuevas necesidades que hoy se plantean. Decía hace muchos años Michel Crozier que no se cambia la sociedad por decreto y muchos recordaremos aquello de acomodar el derecho a la realidad. Lo digo porque en estos veintiún años desde la
aprobación de la LOU las universidades han cambiado enormemente; lo han hecho a través de mecanismos de hecho y creo que han cambiado para bien. Tenemos un sistema universitario potente, que presta servicios indispensables a nuestra sociedad, pero
la ley vigente no acompaña ni facilita ese cambio, cierra más puertas que las que permite abrir. Necesitamos una nueva ley que recoja y normalice los cambios que, como decía, ya se han ido produciendo por la vía de hecho y que proyecte hacia el
futuro el sistema universitario que tenemos. Las transformaciones en estos veinte años son enormes y los retos que plantean también lo son, no solo en temas tan significativos como la crisis energética, la obtención de materias primas, las
pandemias, el cambio climático o la transición demográfica, sino también y de manera más específica en todo aquello más estrictamente universitario, como es la propia generación de conocimiento, su transmisión y su puesta en práctica, el
conocimiento en red, la inteligencia artificial, la ciencia abierta, la ciencia ciudadana y la exigencia de enfoques inter y transdisciplinares. Saben ustedes, señorías, que las unidades representan hoy el 70 % de la producción científica y hemos
de asegurar que puedan seguir contribuyendo a las necesidades del país, no solo las universidades públicas, sino también las universidades privadas, que hemos incorporado precisamente en el articulado dedicado al tema de manera también amplia. Una
investigación que mantenga sus estándares de calidad y refuerce su capacidad de transferencia, de manera que las universidades, por así decirlo, sigan siendo universidades. Así pues, entendemos que este proyecto de ley orgánica sienta las bases
para continuar avanzando hacia un sistema universitario que, efectivamente, colabore en las mejoras que el país necesita, combatiendo las desigualdades y asegurando el funcionamiento ágil y democrático de las universidades y su imprescindible
calidad.
Hace veinte años, en el momento de aprobación de la LOU, acababa de cerrarse el ciclo de creación de universidades públicas tras la puesta en marcha de las últimas universidades públicas que se iniciaron, como fue la Universidad Politécnica
de Cartagena o la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, las dos justo antes de la aprobación de la LOU. Como bien decía esa ley en su exposición de motivos, se había culminado en aquel 200 -algunos lo recordarán- el traspaso a todas las comunidades
autónomas de las competencias en universidad, superando las diferencias que existían antes entre comunidades del 143 y del 151, que había regido hasta entonces. La LOU refrendaba la defensa de la autonomía universitaria consagrada en la
Constitución y entendía -cito textualmente- que el protagonismo competencial de las comunidades autónomas exigiría más flexibilidad y la aceptación de estrategias diferenciadas de las distintas universidades en un escenario vertebrador. Y de manera
muy escueta, porque no podía ser de otra manera en aquel momento, se hacía referencia a la perspectiva de un Espacio Europeo de Educación Superior. Hoy, veinte años después, las noventa universidades que actualmente tienen aprobada su actividad,
treinta más de las que existían en 2001, sean estas públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, presenciales o a distancia, están distribuidas en 360 campus de doscientas ciudades y localidades del país y ofertan miles de títulos a 1 700 000
estudiantes, con 130 000 profesores y 65 000 personas en administración y servicios. Son universidades con perfiles muy distintos entre sí, sirviendo a públicos y necesidades sociales también claramente diferenciadas y plenamente integradas en una
política europea de educación superior, que ha dejado de ser ya política exterior para formar parte indisoluble de nuestro modus operandi.
Déjenme enfatizar un poco más los temas que incorpora este proyecto de ley, empezando, precisamente, por los aspectos de internacionalización del sistema universitario, a los que por primera vez en una ley de este tipo se dedica un capítulo
específico. No creo que sea necesario poner de relieve no solo la importancia, sino también la perentoriedad con que este tema ha sido contemplado en la elaboración de la norma, no ya en lo referente a la consolidación del Espacio Europeo de
Educación Superior, que ya he mencionado y que es algo simplemente crucial, de política interna propia, sino también con respecto de otros espacios muy relevantes para nosotros, como el Espacio Iberoamericano del Conocimiento de la Educación
Superior. Para concretar este objetivo, el proyecto prevé el desarrollo, como no podía ser de otra manera, por parte del Gobierno, y en colaboración con las comunidades autónomas, de una estrategia de internacionalización del sistema. En este
sentido, quisiera compartir con ustedes una muy buena noticia que no puedo dejar de subrayar, y es que contamos ya con veintisiete universidades españolas plenamente integradas en las redes que configuran la apuesta de la Unión Europea por construir
un sistema de las llamadas universidades europeas, con títulos propios y dinámicas de movilidad que son cada día que pasa más intensas, apuesta en la que participamos de manera entusiasta.
Como no podía ser de otra manera, la movilidad internacional del estudiantado del PDI y del PAS es también una prioridad en este proyecto de ley, y lo es también para atraer talento, tal como nos siguen pidiendo entidades, empresas y
administraciones. La Ley Orgánica del Sistema Universitario, de ser aprobada, va a agilizar los visados por estudios, revisando sus actuales limitaciones, vinculando su duración al tiempo de los estudios que cursan, y se propone que al finalizar
los estudios universitarios de grado, máster o posgrado se pueda optar a uno o dos años para hacer prácticas o trabajar en el país. Como ya están haciendo muchas comunidades autónomas, la LOSU refuerza también la atracción de profesorado nacional e
internacional de calidad en línea con la ley de ciencia ya en vigor.
Señorías, otro objetivo esencial del proyecto es que las universidades estén más conectadas con la sociedad, sus problemas, los cambios y necesidades de su entorno y que favorezcan el desarrollo de los territorios en que se insertan,
contribuyendo de manera efectiva en la búsqueda de soluciones a importantes retos sociales como los de la desigualdad, los déficits formativos, la crisis climática o la despoblación. Tenemos muchos ejemplos de ello -yo he tenido ocasión de verlo en
estos meses que llevo ejerciendo como ministro y en las más de veinticinco visitas que he hecho directamente a universidades- en nuestra propia red de universidades, desde el campus de Ponferrada de la Universidad de León al campus de Teruel de la
Universidad de Zaragoza, la presencia de la UNED en muchos enclaves de la geografía española o, en otra dimensión, el peso estratégico y determinante de universidades históricas, como Granada o Salamanca en sus enclaves. Podríamos seguir
mencionando muchos ejemplos de este tipo que nos indican la significación, la importancia que tiene la presencia de las universidades en los enclaves donde están situadas, pero necesitamos también una mucha mayor presencia directa de las
universidades en los PERTE y en las dinámicas de innovación y transformación que los fondos europeos han puesto en marcha. En esta línea de mayor proximidad con el entorno y sus necesidades, el proyecto refuerza o incorpora mecanismos que quisiera
destacar, como la formación a lo largo de la vida, la ciencia abierta o la promoción de las lenguas cooficiales, y asimismo se incorpora al proyecto la ciencia ciudadana como herramienta para una colaboración ampliada entre científicos y actores
sociales.
Señorías, hemos superado ya esa fase en la cual estudiando unos años en la universidad uno podía ejercer toda su vida la profesión para la que había estudiado sin demasiado sobresaltos. Desde la Cumbre Social de la Unión Europea en Oporto
del año pasado sabemos del compromiso europeo para conseguir que en 2030 un 60 % de los ciudadanos europeos haya tenido experiencias formativas en los meses anteriores, buscando así, como se decía en la Cumbre Social de Oporto a la que estoy
refiriéndome, una actualización constante de conocimientos y la adecuación del conjunto de la población, sea cual sea su edad. Los microcréditos, los cursos de corta duración, que ya se han puesto en marcha en muchas universidades, son la respuesta
europea a la búsqueda de una universidad para todas las edades -lo subrayo, una universidad para todas las edades-, para que nadie se quede atrás. Se trata, en definitiva, de que el conocimiento constituya, efectivamente, un bien común.
Hemos de ser conscientes de que, mientras las necesidades de recualificación de la población trabajadora no paran de crecer, la población universitaria clásica, la de dieciocho a veinticuatro años, se va reducir notablemente en los próximos
veinticinco años, según nos indicaba el informe España 2050. Esto va a implicar que tengamos doscientos mil estudiantes universitarios menos respecto a los actuales cuando, en cambio, nuestra gran capacidad instalada, a la cual antes he hecho
mención, del conjunto de las universidades del sistema nos permite ya ahora responder a las exigencias de formación para todos a
lo largo de toda la vida y propiciar la llegada de estudiantes extranjeros que aprovechen la calidad de nuestro sistema y las oportunidades que ofrece nuestro país.
Obviamente, abordar este conjunto de retos que el proyecto incorpora supone asegurar a las universidades públicas la suficiencia financiera. Constituye, por tanto, otro eje central del proyecto que el conjunto de universidades públicas
cuente con la financiación necesaria para cumplir con las funciones de prestación y garantía del servicio público de la educación superior que tiene encomendadas. Ello supone revertir la acentuada y prolongada desinversión, consecuencia de la
reducción del gasto público en educación superior, que en el período 2008-2020 disminuyó un 20 % en términos reales. Repito, disminuyó un 20 % en términos reales. El proyecto aborda esta cuestión en el marco de lo previsto por la LOMLOE, aprobada
en diciembre de 2020. En esta ley se contemplaba, como recordarán, un incremento como mínimo del 5 % del PIB para el conjunto del sistema educativo, objetivo a alcanzar en los siguientes diez años, buscando así una equiparación progresiva de
nuestro sistema educativo a la media de los países de la Unión Europea. Dado que el porcentaje destinado a educación superior es el 20 % del total del gasto dedicado a educación, la LOSU fija el compromiso de un mínimo del 1 % del PIB dedicado a
universidades, siguiendo así además los pasos de la ley de ciencia, que fijaba en su redacción el 1,25 % del PIB en la meta a alcanzar en los próximos años. Este compromiso del Estado, obviamente, deberá instrumentarse en un plan de incremento
acordado entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas de manera transparente y compartida, trabajando de común acuerdo con este objetivo en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria, donde la ley prevé
una comisión que se va a crear al efecto. De esta manera, el proyecto de ley orgánica sienta las bases de un modelo que, teniendo en cuenta la singularidad de competencias en el ámbito universitario, garantice plenamente los recursos necesarios
para impulsar la transformación del sistema que la ley proyecta.
No podemos dejar de mencionar tampoco el importante cambio que el proyecto de ley orgánica establece con relación al estudiantado y su relevancia en el sistema. Sin estudiantes no tiene sentido la universidad. Es, por tanto, clave
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia en la educación universitaria, con independencia de la capacidad económica de las familias, como estamos haciendo con el aumento de las becas o con la reducción de tasas. Así, el
proyecto de ley orgánica reconoce al estudiantado el derecho subjetivo a acceder a becas y a ayudas al estudio, y asimismo el proyecto integra criterios y estándares para garantizar a todas las personas una educación universitaria inclusiva,
incorporando de manera transversal el enfoque de género, el reconocimiento de la diversidad y la accesibilidad universal. A tal fin, establece medidas concretas destinadas al desarrollo de políticas antidiscriminación, a combatir toda forma de
acoso y a avanzar en la adaptación de las instituciones, programas y métodos de enseñanza para las personas con discapacidad.
La LOSU incluye igualmente una serie de medidas que permitan que el estudiantado sea protagonista de la actividad universitaria. Prevé, por tanto, no solo un conjunto de derechos estrictamente académicos, sino otros encaminados a favorecer
espacios más amplios y mecanismos más adecuados para su participación activa y significativa en las políticas universitarias. En definitiva, el proyecto apuesta respecto al estudiantado por un enfoque de derechos y una perspectiva de formación
integral que incluya su participación en la gestión de servicios vinculados a la vida universitaria, actividades de mentoría, servicios de orientación para su inserción social y laboral, su orientación psicopedagógica y algo tan importante, como
hemos visto en estos últimos años, como es el cuidado de su salud mental y emocional.
Respecto de la función docente, se apuesta por enriquecer la formación del profesorado universitario con capacitación inicial en metodologías docentes y formación continua que aseguren la actualización de sus capacidades.
Respecto a la carrera académica, el modelo que la LOSU plantea asegura al profesorado la plena vigencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad que la Constitución española consagra, así como un itinerario profesional predecible y
estable. Reduce el acceso del PDI, del personal de docencia e investigación, a posiciones de permanencia en la universidad, que ahora ronda los veinte años, reduciéndolo a un periodo de diez años, permitiendo con ello un rejuvenecimiento del
conjunto del PDI tan necesario para el futuro de la de la universidad, hoy, como todos ustedes saben, notablemente envejecida. Asimismo, la LOSU introduce las medidas necesarias para revertir las situaciones de precariedad laboral, llegando a fijar
la temporalidad en un 8 %, en consonancia con lo que se establece a nivel europeo como estándar de calidad del sector público educativo. A su vez, este proyecto de ley garantiza a todo el personal docente e investigador, en condiciones equiparables
en las vías funcionarial y laboral, la igualdad en derechos y deberes académicos y asegura la equidad y transparencia en los procesos de acceso,
consolidación y promoción. Además, el proyecto prevé medidas específicas para corregir la brecha salarial entre mujeres y hombres; favorecer la corresponsabilidad en los cuidados y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de
conciliación de la vida laboral y familiar del personal universitario. Igualmente, la norma incluye medidas para favorecer la movilidad del profesorado entre universidades y centros de investigación como parte fundamental de su actividad académica
e igualmente se reconoce esta movilidad para el personal técnico de gestión y de administración de servicios, figura que el proyecto revaloriza reconociéndoles la carrera profesional horizontal y su formación continua.
Voy acabando. Como hemos recordado de manera constante, la calidad del sistema constituye un eje fundamental del proyecto, que, por tanto, reserva un título específico a esta cuestión, haciendo referencia a niveles de calidad contrastables
con los estándares internacionalmente reconocidos y, especialmente, con los criterios y directrices establecidos para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, en el que nuestro sistema ya está plenamente insertado.
Por tanto, la LOSU plantea un modelo de coordinación armonizada en las tareas de acreditación y evaluación entre la ANECA, como agencia responsable en última instancia del aseguramiento de la calidad del personal funcionario, y las respectivas
agencias de calidad de las comunidades autónomas, siempre en el ámbito de sus respectivas competencias y, sobre todo, de los criterios comunes definidos por el Registro Europeo de Agencias de Calidad Universitaria, más conocido como EQAR. De esta
manera, se sientan las bases para una mejor y más amplia articulación entre todas las agencias y se establecen los principios que deben regir dichos procedimientos, como he dicho, en el marco europeo sobre evaluación y acreditación.
No puedo concluir sin poner énfasis en la necesaria reformulación del sistema de gobernanza de nuestras universidades públicas en la línea, como el proyecto hace, de reforzar su autonomía, de manera que a través de sus estatutos podrán
desarrollar diversas cuestiones relativas al gobierno, organización y gestión de la institución, incluida la definición de sus centros y estructuras, pero se establecen de manera obligatoria la existencia de algunas unidades básicas de igualdad,
diversidad, defensoría universitaria, inspección de servicios, salud y acompañamiento psicopedagógico y orientación profesional, que garanticen de esta manera los derechos de la comunidad universitaria en su conjunto y una convivencia pacífica,
activa y responsable. Además, la ley establece que las universidades deberán asegurar un funcionamiento democrático y de representación efectiva de los distintos sectores y de las distintas sensibilidades que conforman la comunidad universitaria,
subrayando asimismo el papel fundamental de los consejos sociales en la orientación estratégica de las universidades a través de mecanismos de colaboración con los órganos de gobierno y de interrelación con el entorno que cada universidad tenga.
En definitiva, el dilema que tenemos ahora es o bien avanzar con la ayuda y el trabajo de todos los grupos parlamentarios presentes en la Cámara en un nuevo marco normativo para una universidad que mire al futuro, facilitando e impulsando
una necesaria adaptación de nuestro sistema docente e investigador o bien quedarnos anclados en la normativa actualmente existente, que no responde ya, como he intentado defender, a las necesidades del sistema universitario en su conjunto, que se
han transformado enormemente en estos veinte años -lo que les puedo asegurar tras cuarenta y siete años de docencia universitaria-, y que tampoco responde -y esto es lo más significativo- a las necesidades sociales de todo tipo frente a las que el
sistema universitario puede y debería ser un importante aliado. La decisión está en sus manos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Bon dia.
Bon dia, señora ministra. Junts per Catalunya hemos presentado una enmienda a la totalidad de devolución. La presentación de una enmienda a la totalidad no debe interpretarse, desde nuestro punto de vista, como algo negativo, al menos no
por nuestra parte, y eso es lo que hemos intentado explicar desde el primer momento en este caso concreto y en otras ocasiones. Una enmienda a la totalidad es un instrumento parlamentario que puede ser útil para la negociación, y con este único
espíritu es con el que nosotros la registramos, para poder señalar claramente que el texto que se nos presenta no se adecua a lo que nosotros consideramos debe ser el sistema universitario del futuro de un país. Su presentación no obsta -y lo digo
claramente- a que no estemos dispuestos a negociar las enmiendas al articulado si esta enmienda a la totalidad no prosperase. Nuestra voluntad, la de Junts per Catalunya, ha sido y es
desde el primer momento constructiva y positiva, aunque es ciertamente lamentable que a veces en distintos foros se nos tache de lo contrario. Lo que sucede es que nosotros somos exigentes, eso sí.
Reconocemos, señora ministra, que el texto ha mejorado respecto a las primeras versiones y, en este sentido, agradecemos sinceramente el trabajo realizado por su ministerio, pero para nosotros no ha mejorado lo suficiente y nos parece que
hay aspectos que son de modelo, de filosofía, de base, de esencia, que no pueden ser resueltos únicamente con enmiendas al articulado. Por eso, consideramos precisa la enmienda a la totalidad, una enmienda que responde también al deseo del Govern
de la Generalitat de Catalunya, representado por la Conselleria d'Universitats. Los motivos principales los tienen ustedes en el texto que hemos registrado y se los expondré ahora de una forma breve. Debe crearse un modelo de universidad plural.
Muchas veces y en muchos temas -usted lo ha hecho- se menciona a Europa o a otros países del entorno para tomarlos como ejemplo, pero ¿por qué no se hace lo mismo con el sistema universitario? ¿Por qué no se permite crear un sistema universitario
plural? Hay muchos países que cuentan tanto con universidades de carácter investigador como con universidades de carácter eminentemente docente, más profesionalizadoras. La convivencia de ambos tipos de instituciones es un valor que enriquece su
sistema universitario. Desde nuestro punto de vista, es contradictorio no permitir este modelo plural y, por tanto, que no puedan crearse universidades estrictamente docentes, pero al mismo tiempo también las universidades investigadoras y que, por
tanto, los alumnos españoles puedan ejercer su movilidad internacional en los dos tipos de universidades, y que esta le sea reconocida formalmente, como sucede ahora. ¿Su existencia en España no podría beneficiar la movilidad internacional?
Internalización que usted ha señalado que es una prioridad. Permitir la dualidad no obliga, simplemente faculta a quien quiera que pueda optar a hacerla.
Otra cuestión es la autonomía de las comunidades autónomas. Una normativa básica, por definición, debe ser básica, determinar únicamente lo esencial, máxime si nos encontramos en un ámbito de competencias de las comunidades autónomas, como
es el caso de Cataluña. Uniformidad no es sinónimo de calidad, sino de poca flexibilidad. Un ejemplo: la Declaración de Bolonia deja a la elección de quien corresponda decidir si los grados deben ser de tres o de cuatro años, es decir, de 180 o
de 240 créditos. ¿Por qué? Porque se consideró que no puede incidirse en la organización de los estudios, sino en su calidad; la calidad es lo importante. ¿Por qué entonces en España se debe determinar que los estudios únicamente podrán ser de
cuatro años? ¿Por qué prohibir en lugar de continuar permitiendo que cada universidad decida? Los grados de tres años, en ciertos ámbitos, facilitan la movilidad internacional. Y repito, permitir no obliga, sino que facilita, ofrece una
posibilidad añadida.
Otro ejemplo de esta afectación a la autonomía de las comunidades autónomas: ¿Por qué debe el Consejo de Universidades verificar los planes de estudios si estos ya han sido verificados por las comunidades autónomas a propuesta de las
universidades? Este trámite, desde nuestro punto de vista, añade burocracia y limita o supone una monitorización de la actividad de las comunidades autónomas.
Un tercer punto a tener en cuenta es que el proyecto nos plantea también, en la gobernanza, un modelo uniformizador, que atenta, desde nuestro punto de vista, a la autonomía universitaria. Por ejemplo, se impide que un profesor contratado
pueda desarrollar plenamente su carrera profesional al vetarle acceder al cargo de rector. Ello nos llevará a una situación discriminatoria entre dos personas que podrán tener el mismo currículum investigador, el mismo currículum académico y con
una misma excelencia, pero una podrá ser rector y la otra no podrá acceder a ese cargo, y ello por el simple hecho de que una será funcionaria y la otra será contratada laboral. ¿Es esto igualdad de oportunidades? ¿No es esto discriminatorio?
Nosotros consideramos que no existe ninguna razón jurídica para este límite, sino que se trata de una forma indirecta de forzar al profesorado a optar por la vía funcionarial.
Y llegamos al modelo de la carrera profesional del personal docente e investigador. Cataluña, como saben, ha ido desarrollando una política de profesorado propia con la captación y contratación de profesorado de alto nivel mediante el
programa Serra Húnter, al tiempo que estabilizaba al profesorado a través de convocatorias de plazas propias. Ello se ha hecho estableciendo unos criterios de selección independientes y que evitan la endogamia. En Cataluña tenemos una política de
profesorado propia y que se ha demostrado exitosa. En las universidades catalanas caben los funcionarios y los contratados laborales; todos ellos deben demostrar, con sus currículums, su calidad docente, investigadora y de transferencia. No
entendemos por qué se debe uniformizar y por qué se debe priorizar un tipo de relación jurídica frente a otra. No es tan complicado permitir la convivencia de ambos modelos de relación, la funcionarial y la laboral, y que sea cada comunidad
autónoma la que escoja cuál prioriza, si es que decide priorizar un modelo u otro; la actual legislación lo permite perfectamente. (El señor vicepresidente,
Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Lo esencial, desde nuestro punto de vista -también lo ha expresado reiteradamente la Conselleria d'Universitats-, es que la vinculación con la universidad sea permanente. La estabilización
del PDI sí que es esencial, básica y necesaria. Asimismo, la priorización de la vía funcionarial que prevé el proyecto de ley podría afectar al plan de choque en el que está trabajando la Conselleria d' Universitats, con medidas para proteger el
talento y favorecer el relevo generacional que el ministro mencionaba, un plan de choque destinado a contratar a profesores asociados como profesores a tiempo completo.
Por último, y no por ello menos importante, está la dotación presupuestaria, de la que también ha hablado. El proyecto impone muchos cambios a las comunidades autónomas y a las universidades, ¿pero cómo se van a pagar? Los cambios que
propone podrían suponer para la Generalitat, como mínimo, una inversión de 67 millones de euros. Ello incluye cubrir la docencia que queda descubierta al reducir la dedicación docente del profesorado y la obligación de contratar de forma indefinida
a los profesores asociados con más de cinco años y acreditados como profesorado laboral permanente. Repito, ¿de dónde van a salir los recursos para afrontarlo? Señor ministro, usted ha dicho que es precisa una universidad suficientemente
financiada, y lo compartimos al cien por cien, pero en el proyecto de ley echamos en falta un compromiso económico firme. No nos lo parece el plan que ha anunciado que debe aprobarse, y consideramos que es preciso asegurar la suficiencia financiera
y la estabilidad económica incluyendo sus costes en los presupuestos generales del Estado, para transferirlos firmemente a las comunidades autónomas y que se cumpla la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no como ahora, que no se cumple una
enmienda aprobada de 9000 millones de euros de fondos COVID. Es muy fácil legislar obligando a otros hacer unos cambios en ámbitos que son de su competencia y decirles, además, que se los paguen.
Y, senyor ministre, ya que ha mencionado usted las becas -yo no pensaba entrar en este punto-, ¿cuándo van a traspasar realmente las becas a Cataluña? Se lo hemos preguntado varias veces. Llevamos años, otros partidos políticos y también
nosotros, Junts, insistiendo en este tema, y siempre se nos dice que son cuestiones técnicas. Yo agradecería saber cuándo se van a solucionar estas cuestiones técnicas.
Senyor ministre, señorías, nosotros defendemos el modelo universitario catalán, reconocido internacionalmente como exitoso, según avala, en los baremos internacionales, la posición de universidades catalanas en los mejores puestos. Es un
modelo al que se le reconoce su rigor, la calidad de su docencia y los resultados en la investigación; un modelo con una singularidad propia y una mirada europea internacional. Si algo funciona, la pregunta es: ¿Por qué debe cambiarse? En la
Conselleria d' Universitats son conscientes de que el modelo catalán no es perfecto. Es cierto que nada es perfecto en esta vida, y en la conselleria trabajan para mejorarlo, y no consideran que el nuevo sistema universitario que se presenta vaya a
contribuir precisamente a una mejora; al contrario, consideran que la propuesta presentada va a afectar a su esencia, a la esencia del modelo universitario catalán. Va en contra del trabajo que se ha desarrollado poco a poco a lo largo de los años
y que lo ha convertido en un modelo mejorable, es cierto, pero también exitoso.
En definitiva, consideramos que la propuesta no ofrece respuestas a las necesidades actuales del sistema universitario, no aprovecha las oportunidades de cambio, no atiende a los principios que deben regir una reforma de este calibre y no
cubre las expectativas del sector directamente afectado, que es la comunidad universitaria. Desde nuestro punto de vista, que, repito, es el que sigue el Govern de Catalunya a través de la Conselleria d'Universitats, un cambio en el sistema
universitario debe servir para poner las bases de la universidad del futuro, para promover su competitividad, para su internacionalización y para su calidad. Usted lo ha mencionado, pero no compartimos la forma de hacerlo; lamentablemente, no
creemos que ello sea así con el proyecto de ley presentado. Usted ha dicho que la legislación actual cierra más puertas que las que permite abrir; nosotros consideramos que el proyecto de ley no solo cierra puertas, sino que no permite mantener
algunas que ya están abiertas. Por todo ello, les pido su apoyo a la enmienda a la totalidad.
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Robles López. (Aplausos).
El señor ROBLES LÓPEZ: Presidente, señorías, señor ministro, ha comenzado usted con una cita de un libro de Crozier que dice: No se cambia la sociedad por decreto. Yo estoy completamente de acuerdo,
pero estará usted completamente de acuerdo en que su Gobierno intenta constantemente cambiar la sociedad por decreto (aplausos), y no solo la sociedad, también pretenden cambiar la realidad para acomodarla a sus dogmas ideológicos.
Voy a explicar aquí una vieja teoría, que es la teoría de la sospecha de los filósofos del XIX, porque cuando leo el articulado, tengo que sospechar que detrás de las buenas palabras se esconden aviesas intenciones, como sospechaban Freud,
Marx o Nietzsche. Dicen literalmente que el fin de este proyecto es asegurar una universidad autónoma, democrática y participativa, que constituya un espacio de libertad, de debate cultural y de desarrollo personal y al mismo tiempo sea eficaz y
eficiente en la toma de decisiones y su gestión, pero es que ya conocemos lo que este Gobierno y sus aliados entienden por debate cultural, que es impedir con escraches violentos que penetre en la universidad cualquier planteamiento político que se
oponga a la ideología oficial (aplausos), a esa pseudoreligión del progresismo de la izquierda woke y sus logomaquias identitarias que impregnan todo el documento. Así, en el artículo 2 incluyen ustedes la memoria democrática o la lucha contra el
cambio climático; en el artículo 18 hablan de desarrollo sostenible; en el artículo 4.3, de igualdad de género en todas las actividades de la universidad; en el artículo 44.5 establecen la paridad de hombres y mujeres, sin atender al mérito; en
el artículo 43.2 hablan de creación de unidades de igualdad y de diversidad en todas las universidades; en el artículo 46.2 hablan de igualdad de género, etcétera. Como ya ocurre en sus nefastos temarios de primaria, secundaria y bachillerato,
todos sus dogmas se convierten ahora en doctrina oficial de las universidades: feminismo, teorías de género que dan la espalda a la realidad biológica del dimorfismo sexual, fanatismo climático, lenguaje inclusivo, globalismo y persecución
implacable de quienes osen discrepar. A eso llaman ustedes, en su neolengua orwelliana, el espacio de libertad. (Aplausos). Espacio de libertad, sí, pero solo para sus activistas y solo para aquellos que imponen su ideología en la universidad.
Llaman debate cultural al ataque a toda antítesis ideológica, mediante el trámite de encapsular estos argumentos con adjetivos descalificativos. Así, todo el que se opone a estos ítems de la de la izquierda woke se convierte en facha, nazi,
homófobo, machista, reaccionario; es decir, un discurso adjetivo, no un discurso sustantivo. De este modo, la universidad, que debería ser el templo de formación intelectual de la nación, se convierte en la fábrica de activistas semianalfabetos
que, debidamente aleccionados y comprados con becas que no premian el esfuerzo y el aprobado (aplausos), porque las han declarado ustedes un derecho subjetivo que se establece solamente en función de criterios económicos, constituyen una fuerza de
choque contra el sentido común, contra la mínima racionalidad política necesaria para un orden social justo. Hace ya mucho tiempo que esta izquierda desnortada, extravagante y antinacional utiliza la universidad para conseguir, por medio del
engaño, de la coacción, de los escraches y la propaganda, demonizar al adversario, muy principalmente a mi partido político, aprovechando la bisoñez y la falta de preparación que arrastran los jóvenes, después de una educación secundaria
prácticamente asistencial y un pésimo bachillerato escaso de solamente dos años.
Las izquierdas fundamentalistas y antinacionales representan la ideología oficial de las élites globalistas y separatistas y no tienen más función en este orden social que empobrece a los trabajadores, que ataca a las familias, que envilece
la vida en los barrios populares, consintiendo el delito, la ocupación de viviendas, la inseguridad y la inmigración ilegal, que convertir la escuela y la universidad en un inmenso trampantojo ideológico, orientado a que los jóvenes vean una
realidad distorsionada y acepten sin rechistar sus falacias ideológicas. (Aplausos). Las izquierdas globalistas y antiespañolas, alejadas de los problemas reales de la nación, prefieren individuos carentes de conocimiento y fácilmente
manipulables. Por eso sustituyen la historia de España por una memoria histérica, falsa y parcial; por eso, en lugar de conocimientos objetivos, ofrecen a los estudiantes contenidos ideológicos, esquemas identitarios, colectivización y sustitución
del debate racional por el engolfamiento en contenidos emocionales y sensibleros. Para ustedes es prioritario adocenar a los estudiantes, alejarles del conocimiento crítico y filosófico de lo real, convertirles en activistas que se contentan con
las obras zoológicas que las élites -a quienes ustedes hacen el trabajo sucio- les ofrecen en la forma de una renta mínima, becas injustas que no premian el esfuerzo, establecidas como un derecho subjetivo y, por tanto, otorgadas al margen de
criterios objetivos como el rendimiento académico del alumno. Su interés está más bien en tener decanos y rectores afines a su ideología que justifiquen los escraches y los ataques violentos a los profesores, conferenciantes o asociaciones de
estudiantes, como S'ha Acabat!, que no comulgan con su credo. Hemos visto -se lo reconozco- un esfuerzo por aclarar el sistema de contratación. Esperamos que este esfuerzo sirva para que no se contrate a una persona para dar clases en la
Complutense por el mérito de ser esposa del presidente del Gobierno. (Aplausos).
Este proyecto constituye además un nuevo ataque a la unidad nacional al desconectarse de cuanto tenga que ver con el problema de España, de su identidad y de aquellos programas políticos orientados a su supervivencia en el marco de una
terrible dialéctica de Estados como esta a la que estamos sometidos, bajo la rúbrica de un falso y engañoso internacionalismo de la universidad, un internacionalismo contradictorio con ciertas normas incluidas aquí, como, por ejemplo, la
potenciación de las lenguas vernáculas, de las lenguas cooficiales. ¿Se va a hablar con los franceses e ingleses en euskera o en bable? Naturalmente, esto tendrá que ser con la imposición del inglés, porque con estas lenguas no se puede hablar de
internacionalización. Pero es que tampoco han incluido ustedes la homologación de los títulos. Si hay que internacionalizar la universidad, lo primero será tener una regla clara que permita la homologación de los títulos. En realidad, lo que se
esconde bajo este internacionalismo es la sumisión de España a los dictados globalistas y la pérdida de la soberanía, y con la excusa de potenciar las lenguas cooficiales, potencian el desmembramiento de la nación en taifas, en feudos que limitan la
movilidad de los universitarios españoles y propician la ruptura de un distrito universitario único por la vía de imponer estas lenguas a los estudiantes. (Aplausos). En definitiva, bajo el disfraz del cosmopolitismo y el autonomismo asoma el
verdadero proyecto donde solo las élites, los nuevos señores feudales, tienen derechos políticos y los ciudadanos quedan reducidos a su condición de súbditos. Un nuevo orden donde toda forma de disidencia es perseguida, demonizada con sus discursos
adjetivos y falsos; un nuevo orden de coloración orwelliana, como en 1984, el libro de Orwell.
Por lo demás, este anteproyecto carece de una orientación racional encaminada a aclarar los sistemas de contratación. Tampoco aclara la financiación. Es cierto que ahora va a haber una financiación dual, porque las comunidades autónomas se
tienen que implicar en la financiación hasta alcanzar el 1 %, lo cual, por cierto, traerá que las universidades que están en comunidades autónomas favorecidas fiscalmente tengan también más oportunidad de dedicar más financiación a la universidad,
con lo cual, se ahondara más en la división de los españoles, como ya sucede en secundaria y en bachillerato, donde los alumnos y los profesores del País Vasco tienen más inversión por año y además ganan más dinero. Esto ahonda mucho más en la
división de los españoles y va en contra de un distrito universitario único. Además de no aclarar esta financiación, en esa deletérea redacción solo hemos sacado en claro que quieren ustedes endurecer los requisitos para la constitución de
universidades privadas, muy típico del Gobierno socialista. Lo mismo que sucede con la educación concertada en el ámbito de las enseñanzas medias se traslada ahora al ámbito de las universidades privadas, que son el refugio de muchas personas que
huyen de este adoctrinamiento que ustedes quieren imponer también en la universidad. (Aplausos).
Cambiando el asunto, no se conoce tampoco una memoria económica que permita saber los créditos para un nuevo modelo de financiación o para los planes plurianuales que facilitarían las nuevas figuras que han creado -ese acompañamiento
psicopedagógico, la orientación profesional-. En la memoria económica no vemos cómo se va a financiar eso; si puede usted, me lo aclara después. La propuesta de incluir a las comunidades autónomas en la financiación supondrá, como decía, ahondar
las diferencias entre universidades y tampoco incluye el procedimiento de homologación de los títulos.
Todas estas razones nos llevan a presentar una enmienda a la totalidad que está sobre todo fundamentada en este interés que ustedes tienen -en contra de su primera frase- por considerar a la sociedad como algo manipulable y diseñable en
función del Gobierno. Lo que tienen que hacer es dejar que la propia sociedad vaya creando sus propias formas de vida y de supervivencia. Lo que tienen que hacer es facilitar una universidad de calidad, que por fin haya una universidad española
entre las mejores del mundo. Para eso tienen que estar los mejores en la universidad y para eso tiene que haber un único distrito universitario y una universidad orientada a superar los problemas económicos gravísimos por los que atravesamos, a
fomentar las ciencias, el pensamiento crítico, y no lo que tenemos en la actualidad, que es un pastiche ideológico, orientado a dar propaganda a una ideología completamente irracional, que se opone no solo al sentido común, sino a los dictámenes de
las propias ciencias. Cuando ustedes incluyen la teoría de género a la vez que el feminismo cometen una profunda contradicción, porque ambas teorías son incompatibles, y no se lo digo yo, se lo dicen feministas clásicas. (Aplausos). No se puede
contentar a todo el mundo. La universidad tiene que ser la fábrica del conocimiento, tiene que estar orientada al mercado laboral y no a la promulgación de carreras que dan con sus alumnos en el paro, pero -eso sí- muy bien aleccionados para
servirles a ustedes de ariete y de activismo político.
Nada más. Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para defender la enmienda presentada por su grupo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.
La señora MORO ALMARAZ: Señor presidente, señor ministro, señorías, buenos días.
Una cuestión previa. Voy a hablar del texto, no de sus palabras, porque en líneas generales podríamos compartirlas. Nos situamos ahí.
Señorías, vivimos en el tiempo de las prisas y en una legislatura llena de sobresaltos. Nos acucian problemas de gran magnitud que están presentes en cada hora del día en la punta de lanza informativa, y sus señorías pensarán que una ley de
universidades no es la mayor de nuestras preocupaciones. Seguro que no piensan igual cuando recuerdan a sus hijos, hermanos, amigos, a los médicos, a los científicos, a los profesores. No puede ser despreciada, porque es muy importante. En este
debate quiero tener presentes a los más de un 1 700 000 estudiantes que estos días inician estudios de grado, master y doctorado; a los más de 128 000 docentes e investigadores; a los 27 000 integrantes de personal de investigación; a los 65 000
de personal de administración y servicios; a quienes están en nuestro territorio o en el extranjero, en programas Erasmus Plus -incluidos los alumnos que están en aeropuertos porque tienen problemas de alojamiento-, en programas iberoamericanos, en
estancias investigadoras; al personal que cuadra el puzle de las matrículas del nuevo curso, y a los que están angustiados por un anunciado estatuto que amenaza con devolvernos a una enseñanza universitaria desvinculada de la formación práctica.
Señorías, sin universidad no hay ciencia, ni la mayor parte de profesionales altamente cualificados; sin universidad fuerte y de calidad mal puede un país afrontar la modernidad, cambiar los sistemas productivos. La universidad no agota la
educación superior, es verdad, pero esta no podrá existir sin una universidad. Una universidad anquilosada, alejada de los retos sociales y que no opere como motor de progreso es un gran problema para cualquier país. Mi reconocimiento, el
reconocimiento de mi grupo a todos ellos, porque en ocasiones solo escuchan críticas innecesarias, aunque, créanme, los mayores críticos son ellos mismos -si me lo permiten, somos nosotros mismos-, y si dejaran de serlo, la universidad habría
desaparecido como espacio de libertad, pensamiento, opinión y creación. Afrontamos con ellos, pues, un cambio normativo que debería ser del máximo consenso, para perdurar en el tiempo, ofreciendo seguridad jurídica, confianza y estabilidad.
Señor ministro, usted sabe como yo, que un cambio en la ley no es una varita mágica que hace desaparecer automáticamente los problemas y permite alcanzar la universidad que necesitamos como país. Lo que desde luego no debería ocurrir es que
un cambio legislativo cree más problemas de los que resuelve, y hoy estamos aquí favoreciendo que usted presente el proyecto de ley, lo que sin debate de totalidad no podría hacer, y para decirle no solo en nombre de mi grupo, sino prestando la voz
a muchos universitarios y a importantes sectores sociales, que esta no es la ley que necesitan, tampoco la que esperaban las universidades españolas. (Aplausos).
Se recordaba ayer en Comisión que no debemos generar más frustración en la universidad. Esto nos preocupa mucho, y por eso hemos presentado esta enmienda, para reflexionar y debatir sobre la oportunidad de este proyecto a partir del
contenido que ha querido darle el Gobierno, porque no se trata de legislar por legislar y hacerlo con opacidad, o de cumplir un hito porque lo han comprometido; al contrario, hay que tener muy claros los objetivos y definir bien las normas que
permitan alcanzarlos. Europa no pide una ley cualquiera; pide una norma transformadora para la universidad del siglo XXI, y en el diagnóstico hace mucho tiempo que una gran mayoría coincidimos, pero descender de las musas al teatro ya es más
complicado, también lo sabemos.
Desde mi grupo, ¿nos oponemos a un cambio legal? No. Agradecemos además que, desde su incorporación al ministerio, señor Subirats, nos haya tenido en cuenta para informarnos del proceso y los avances; cosa distinta es que haya atendido
nuestras propuestas. ¿Creemos que es necesaria una reforma legal? Sí, desde hace tiempo, porque en veinte años la sociedad ha cambiado mucho. ¿Es esta ley la que deberíamos aprobar? No. ¿El sistema universitario resiste más vaivenes después de
dos duras crisis? No; creemos que puede salir muy tocado y mucha gente en la universidad confiesa que ha tirado la toalla, y no lo merecen ni los universitarios ni la sociedad en general. Ni las declaraciones programáticas bienintencionadas ni
las frases biensonantes ni los enunciados reformados al uso del momento conforman una buena ley, con los contenidos, instrumentos y mecanismos precisos para potenciar el sistema universitario español. Este proyecto no lo hace, no nos engañemos. En
ocasiones, en algunas partes del
proyecto, uno tiene la impresión de que el ministerio también ha arrojado la toalla, tras incorporar un sumatorio no integrado de intereses diversos, que intentan molestar un poco a todos y no demasiado a nadie, pero que no confluyen en la
defensa del interés general y que pueden terminar configurando una ley del sálvese quien pueda, pero no el sistema.
Se ha hablado mucho, para justificar esta ley, de remedios contra la precariedad, pero creemos que abre una nueva era de precariedad universitaria y de pérdida de calidad. Hasta los estudiantes nos tiran de las orejas -bueno, de momento al
ministerio solo- porque no se ha dado el sitio que debiera a la calidad en el texto que nos han presentado, y estamos completamente de acuerdo con ellos. Señor ministro, no queremos que nuestras universidades, por las que tanto ha peleado la
sociedad española, se conviertan en academias, por más prestigiosas que sean. Después de estudiar detenidamente el texto del proyecto y de escuchar a los distintos sectores, entendemos que es innecesario, por inadecuado y perjudicial, para
potenciar y modernizar nuestro sistema universitario; no responde a los retos y necesidades de la universidad española; determina una desregulación relevante en muchos de los aspectos que permiten la existencia de un sistema universitario, con
grave riesgo de desintegración del mismo; no respeta los cuerpos docentes estatales, y pone en riesgo el principio de igualdad en las acreditaciones y la necesaria movilidad, incluso la de los estudiantes, para asistir a cualquier universidad del
sistema público. Por tanto, no resuelve los problemas, que necesitan de instrumentos legales y no reglamentarios, y suscita otros nuevos.
Como bien sabe, se han reclamado reformas legales, y citaré algunos puntos que son esenciales en todas esas peticiones. En primer lugar, reformas que permitan adaptar la gobernanza de forma más flexible, para permitir el desarrollo de cada
universidad, potenciando sus fortalezas, su capacidad de diferenciarse y de competir, pero para alcanzarlo no basta con un capítulo en una ley que se ocupa de la elección de rector y poco más y solo con una vía. En segundo lugar -es un lugar
común-, la eliminación de la asfixiante burocracia que resta tiempo y eficacia al trabajo propio de docentes e investigadores, pero no se aportan soluciones, y ya se sabe que la receta a seguir se define por autonomía, transparencia, responsabilidad
y rendición de cuentas. En tercer lugar, se demanda insistentemente la mejora de las relaciones de la empresa y el tejido social en acciones de transferencia de conocimiento, pero esta ley sigue sin afrontar de forma clara, moderna y decidida la
colaboración públicoprivada y su impulso, entre otros instrumentos, a través del mecenazgo. Tampoco se conecta y coordina debidamente con la ley de ciencia, como si fueran mundos distintos. Se considera imprescindible la selección de los mejores
para el profesorado y los investigadores. Señorías, traer a un nobel no nos resuelve los déficits de excelencia, hay que aspirar a formar y generar muchos investigadores solventes, muy destacados y llegar al Nobel desde los propios equipos. No
puede limitarse el tratamiento de la internacionalización a recoger algunas cosas que ya se hacen y anunciar una estrategia, poco más, sin hacer un verdadero acercamiento a las propuestas europeas y dotar al sistema de instrumentos que le permitan
competir en igualdad de oportunidades con los demás. Solo los que hemos estado en la cocina sabemos lo difícil que es, incluso con algunos cambios que incorpora el proyecto. Y se dice también: Y con una financiación suficiente y estable que
permita una mejor planificación, con objetivos claros, para lo que el ministerio y el Gobierno no pueden ponerse de perfil y seguir con la técnica de yo invito y tú pagas. Además, pagas con lo que se planificó en otro tiempo, con disminución de
tasas, con incremento de costes por la inflación y la crisis energética, con el cambio de modelo de PDI, con el cambio de modelo de PAS y un largo etcétera. Si se ingresa menos y ha de gastarse más de forma imperativa las referencias a la
financiación de la ley son papel mojado. Con planteamientos y propuestas diversas en el debate sobre la reforma universitaria, parece existir un amplio acuerdo sobre que el actual modelo está agotado y cierta unanimidad en las soluciones. No
esperábamos, por tanto, que una nueva ley siga poniendo parches en el mismo. Tiene que afrontar el modelo que queremos para alcanzar el beneficio de todos en un modelo de calidad y de excelencia.
Nos detenemos, en el tiempo que queda, en uno de los problemas, en el objetivo estrella de la reforma: Eliminar la precariedad en la universidad. Nadie ha definido hasta ahora a qué llamamos precariedad. Quieren eliminar la precariedad.
Perfecto. Veamos. Primero. ¿Quieren subir los maltrechos salarios de laborales y funcionarios de todas las categorías? ¿Subir niveles, eliminar diferencias entre comunidades autónomas, garantizar que habrá plazas estables para todos los que
aspiran a ellas o al menos para toda la plantilla necesaria para la universidad? Esto no está en la ley. Dos. ¿Quieren eliminar la temporalidad? ¿Cómo? ¿Sin tener en cuenta las peculiaridades del trabajo universitario que necesita procesos
formativos académicos de larga duración? ¿Qué pasa con los predoctorales de la ley de ciencia que son universitarios, los ayudantes doctores, los sustitutos, los tutores de la UNED?
Expliquemos bien a quien no conoce la realidad universitaria que este proyecto no solo no acaba con parte de la precariedad, sino que la incrementa (muestra un gráfico), en esta foto se ve que se va a dividir en dos con total incertidumbre.
Convierte al asociado en indefinido cuando este contrato, por ley, solo puede celebrarse con un profesional con trabajo fuera de la universidad. Eso sí, si el asociado es de la salud, seguirá como contratado de duración determinada. ¿Por qué?
¿Por qué si eres juez o ingeniero en una constructora internacional te hacen indefinido? Porque lo contrario es precariedad. ¿Pero esto se lo creen? Si eres cirujano, no hay problema por apostar por la temporalidad y, además, decimos que no
computa en la ley. ¿Pero a quién vamos a engañar? Y si son falsos asociados, sin trabajo externo o con simulación del contrato los hacemos indefinidos a tiempo parcial y con seiscientos cincuenta euros de sueldo. ¿Así terminamos con la
precariedad? Ahogamos el sistema cuando el problema lo tienen algunas universidades de alguna comunidad autónoma.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe finalizar, por favor, señoría.
La señora MORO ALMARAZ: Termino enseguida, señor presidente.
No olvido que en el proyecto ordenan estabilizarlos, pero ¿también sea cual sea su situación? ¿Y qué hacemos con quién ha venido ocupando la plaza idónea, trabajando con parámetros académicos de excelencia, acreditándose? ¿Qué hacemos?
¿Se van a la calle? Porque no tendremos dinero para todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.
La señora MORO ALMARAZ: ¿Y la endogamia, para quién? ¿Para los que han utilizado bien la ley de universidades, docentes, pero no para los asociados? ¿Cómo van a planificar las universidades ese problema demográfico que usted ha descrito
perfectamente?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, muchísimas gracias, su tiempo ha terminado.
La señora MORO ALMARAZ: Termino.
¿Cómo van a hacer con la bolsa de precariedad del ministerio? Los tutores de la UNED. No han atendido ni siquiera al Defensor del Pueblo. Esa es una bolsa de precariedad terrible que es necesario atender y sobre la que no han dicho nada.
Por tanto... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señoría.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos con unas enmiendas a la totalidad que tienen algunos argumentos tan sólidos que es difícil rebatirlos, porque este proyecto de ley ha conseguido el rechazo de la gran mayoría de la comunidad universitaria. Es
cierto que lleva un largo recorrido, pero no ha conseguido un mínimo de consenso en esta comunidad, ni siquiera con los rectores, como han venido haciendo público en numerosas ocasiones. Yo leo la enmienda a la totalidad del Partido Popular y no
dejo de estar de acuerdo en los argumentos que esgrime; con la mayoría, no todos. Es cierto que cuesta mucho devolver a los corrales una ley que se viene reclamando desde hace mucho tiempo, porque todavía quedaría el trámite parlamentario para
mejorarla. Por eso mismo sorprende la urgencia de traerla en estas condiciones al Congreso. En general, la ley es continuista de la LOU, no cambia lo esencial y, sin embargo, empeora algunos aspectos de la carrera académica, pese a que en el
preámbulo describe unas intenciones muy loables, pero que no se cumplen en absoluto.
Efectivamente, hay una declaración de intenciones como la reducción de la temporalidad, la internacionalización, la financiación, pero la parte dispositiva no responde a las mismas. Hay temas, como el de los profesores asociados, que tienen
una oposición tan frontal que se entiende mal que venga así y no por una cuestión de criterio, sino por simple lógica. No se abordan temas clave como el problema de la tasa de reposición, el mecanismo para dedicar el 1 % del PIB a la universidad o
disposiciones transitorias suficientes para los profesores temporales actuales. Resuelve mal asuntos como la equiparación de la vía de estabilización, vía laboral con la funcionarial, el sistema de acreditaciones para las plazas de profesorado, el
cumplimiento del 8 % de la temporalidad máxima
impuesta por Europa, el modelo de gobernanza, etcétera. Mire, estos son solo algunos ejemplos de este proyecto de ley, pero hay muchos más asuntos a cuestionar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, quiero decirle que ha habido un cambio importante con respecto al proyecto antes de estar usted. No hemos mantenido diálogos porque no ha sido posible, pero creemos que todavía es manifiestamente mejorable. Comparto
muchísimas de las cosas que han dicho la portavoz del PP y la portavoz catalana, pero creo que ha llegado el momento de asumir el reto de la universidad. Hay un problema fundamental; hay un problema de la situación laboral, de todas las
condiciones tanto del personal educativo como del personal administrativo, el futuro de la universidad y, sobre todo, ponernos en línea europea. Nosotros creemos que hay que modificar el sistema de elección de los rectores. Creemos también que hay
que modificar la elección de los consejos sociales en un ámbito distinto del que plantea el proyecto de ley. Creemos, además, que es importantísima la conexión de los centros de investigación universitarios con lo que es el mundo, la sociedad y
otro tipo de empresas. Y creemos también que tenemos que ir a una universidad al servicio de la sociedad y no a una universidad endogámica. Por eso el papel de los consejos sociales tiene que ser fundamental también en decidir cuáles son los
estudios. A uno le horroriza cuando dicen que hay cien mil puestos de trabajo que España no va a tener en los próximos tres años. Después, al final, se priman otro tipo de estudios -tanto en la formación profesional como en la universidad- donde
hay overbooking para poder tener una salida laboral.
Usted puede tener mucha buena voluntad con este proyecto de ley, pero el principal problema, al final, para resolver los temas de calidad universitaria, los temas de personal, las indemnizaciones, las contrataciones, la calidad, el que todos
los jóvenes que quieran tener una carrera universitaria puedan acceder es el tema de la financiación. Si no, esto es papel mojado. Esto no sirve para nada si no hay un compromiso real y una cuantificación de lo que implica implantar este modelo.
Por eso le quiero decir que nosotros presentaremos enmiendas, que estamos dispuestos al diálogo en la línea que le he dicho y, sobre todo, una universidad pública de calidad al servicio de la sociedad y que no haya ningún joven en este país que no
pueda acceder por razones económicas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidente.
Por nuestra parte, compartimos algunos de los aspectos de la enmienda a la totalidad que ha presentado Junts relativos a la invasión competencial, porque la ley propone una serie de cuestiones en materia de precios y obliga a una serie de
cuestiones en materia de personal docente y, sin embargo, no dice quién pondrá el presupuesto público para estos cambios, y como cada vez que salen datos sobre la inversión del Estado en Catalunya, en el país Valencià y en las illes se constata el
incumplimiento, pues es normal que se desconfíe y se vea con preocupación una ley como esta, que además no va acompañada de una memoria económica.
Sin embargo, no compartimos otros de los aspectos de la enmienda de Junts y por eso nos abstendremos, fundamentalmente por volver al tres más dos. Esta fue una lucha del movimiento estudiantil, en particular con una implicación muy grande
del SEPC, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, y se consiguió revertir; una lucha en el largo ciclo de las luchas contra la mercantilización de la enseñanza que empezó con el Plan Bolonia. ¿Por qué? Pues porque lo que se presenta como
una cuestión de estructura académica, tres años de grado y dos de máster, tiene un trasfondo económico clarísimo: el grado es a un precio y el máster a otro. En los últimos años, también gracias a la lucha estudiantil, se ha conseguido la
equiparación de los precios de grado con los de máster, y progresivamente se avanza hacia ahí, pero este es el caso de los másteres públicos, no atañe a los másteres privados. En el caso de Cataluña es un pequeño porcentaje el que cursa másteres en
el ámbito privado, un 12 %, pero es algo más alto el que lo cursa en la OUC, en la Universitat Oberta de Catalunya, que tiene unos precios más elevados que los másteres públicos. El máster continúa siendo más caro que el grado; por tanto, tres más
dos sale más caro que cuatro más uno, y eso ha sido una lucha clarísima. Todo esto son formas, en
definitiva, de subir los precios y es el resultado de la estrategia europea de mercantilización, y por eso no apoyaremos la enmienda de Junts.
En lo que se refiere a la LOSU, presentada por el Gobierno, tendremos tiempo de hablar específicamente de ella y presentaremos enmiendas. La fórmula con la que se dice que se combate la precariedad de los profesores asociados, la cada vez
mayor presencia de grandes empresas en las universidades o la participación del estudiantado son cuestiones muy muy mejorables en la ley. Por esas cuestiones, presentaremos enmiendas y discutiremos sobre ellas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Señor ministro, eguerdi on guztioi.
Después de más de un año perfilando y debatiendo en torno a la Ley de Universidades, tres grupos presentan enmiendas a la totalidad, cada uno con diferentes objetivos.
Por nuestra parte, tenemos muy claro que nuestro objetivo es, en primer lugar, construir un sistema universitario vasco conformado por las universidades vascas, que atienda a las necesidades educativas y de investigación que presenta nuestro
país y que nos ayuden a crecer en el conocimiento y en lo social, además de posibilitar nuestro desarrollo en cuanto a educación superior e investigación y transferencia. La LOSU nos presenta un modelo de universidad en el que no vemos reflejadas
las necesidades de las universidades vascas. Es una ley que no tiene en cuenta la singularidad de Euskal Herria ni la del resto de las naciones del Estado. Sin embargo, es cierto también que, comparándola con la ley que actualmente está vigente,
esta ley presenta avances de peso, y en su debido momento los valoraremos.
Anunciamos que seremos exigentes en la tramitación de esta ley, sobre todo en dos direcciones: primera, atendiendo a las enmiendas que los diferentes agentes de la comunidad universitaria han presentado, haremos llegar estas enmiendas al
trámite parlamentario para que puedan ser tenidas en cuenta en el trámite final y, segunda, haremos aportaciones en lo referido al aspecto competencial, ya que pensamos que las soluciones a las dificultades que durante años están viviendo nuestras
universidades difícilmente vengan a ser solucionadas desde una ley estatal. No tenemos duda de que necesitamos leyes propias, también a nivel universitario, y por ello seremos exigentes y rigurosas para que se cumplan las competencias que tenemos
en materia universitaria tanto en Navarra como en la Comunidad autónoma vasca.
Planteado esto, vuelvo al punto inicial: las enmiendas a la totalidad presentadas por tres grupos. En el caso del Partido Popular, una vez más les decimos que más cara no se puede tener. (Rumores). Han tenido ocasión durante los años en
los que han estado gobernando de haber realizado la transformación y modernización de la universidad a la que ustedes aluden y justamente han hecho lo contrario, perpetuar un modelo caduco. Van a utilizar la tramitación de una ley para confrontar
con el Gobierno y sacar réditos políticos.
Respecto a la enmienda presentada por Junts, compartimos varios de los aspectos que se plantean. Nosotras también estamos en contra de un modelo único uniformador, también estamos en desacuerdo con que se siga reservando al personal docente
e investigador funcionario doctor la elección del rector o rectora, porque minusvalora la figura del personal docente contratado e investigador laboral de nuestras universidades, y, por último, no compartimos que el personal docente e investigador
funcionario tenga que ser mayoritario. Se debe garantizar, para las comunidades autónomas que dispongan de un modelo propio de personal docente e investigador laboral, que puedan mantenerlo y continuar con su desarrollo y mejora.
A pesar de compartir lo anterior, pensamos que una enmienda a la totalidad no es la manera más adecuada para mejorar esta ley. No olvidemos que la LOSU, a nuestro entender, supone un avance y que la tramitación parlamentaria abre puertas a
mayores avances y mejoras. Por ello, pondremos toda nuestra energía en ello y votaremos en contra de estas enmiendas a la totalidad.
Mila esker. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señor presidente. Señoras y señores diputados, arratsalde on, eguerdi on.
Teniendo como tiene esta ley aspectos positivos y negativos, anunciamos desde el principio que votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad al entender que, si bien hay algunos aspectos que han
anunciado que no son positivos, sin embargo, son aquellos que se han enunciado como negativos en algún caso, como en la enmienda a la totalidad del PP, los que por otra parte nosotros entendemos positivos y nos animan a votar en contra de
estas enmiendas a la totalidad.
Me refiero en concreto a una consideración general, y es que lo que nosotros pedíamos a esta ley era que fuera una ley marco que permitiera el desarrollo posterior de la legislación por parte de las comunidades autónomas adaptándola a su
realidad. El PP ha entendido en su enmienda a la totalidad que es un marco legal descafeinado, afirmando que muchos de los aspectos permiten la existencia de un sistema universitario con grave riesgo de desintegración. Sin embargo -repito-, lo que
nosotros entendemos es que esta debe ser una ley marco que debe dar cabida a la singularidad de las diferentes realidades existentes, también porque a lo largo de los años se han desarrollado y construido distintas realidades en cada una de las
comunidades autónomas. De hecho, creemos que debe recoger la realidad diversa actual que da lugar a diferentes orientaciones de las políticas universitarias, y por ello entendemos que tienen que seguir siendo las comunidades autónomas responsables
de la coordinación de las que existan en su ámbito territorial y su entorno.
Por su parte, también valoramos como muy positivo -y así lo hemos reivindicado en los contactos previos con el ministerio- que refuerce el papel de las agencias autonómicas de evaluación de calidad. También hemos pedido, en consonancia, un
reconocimiento específico de todas las lenguas oficiales distintas del castellano; además, consideramos necesario que la ley contemple una realidad cada vez más presente en el espacio europeo como es el de las eurorregiones, dada nuestra
implicación con un entorno cercano.
En cuanto al profesor, pedimos una mayor flexibilidad de contratos al profesor distinguido, y nos gusta que considere que todas las universidades públicas o no constituyen un ecosistema universitario del que también solicitamos, y así se
incluyen en el texto del proyecto de ley, la distinción explicita entre universidades con y sin ánimo de lucro y el reconocimiento de que dentro de las universidades privadas puedan existir las de carácter social, incluidas las de las sociedades
cooperativas.
Valoramos de forma positiva algo que existe ya en Euskadi que consideramos necesario, que es el establecimiento de unidades de igualdad y diversidad de todas las universidades, como también entendemos positivos situar los derechos humanos
como referente primero de las funciones universitarias. Consideramos interesante también la autonomía que otorga a las universidades para el establecimiento de sus propias líneas estratégicas y, sobre todo, y ese es un aspecto fundamental, la
conexión existente entre la formación profesional y universitaria. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia).
No obstante, también entendemos que quedan muchas cuestiones que mejorar, por eso decíamos que hay aspectos negativos y positivos que esperamos mejorar en su tramitación. Así, las becas y ayudas al estudio: entendemos que las comunidades
autónomas deben tener mayor participación en esa determinación; la formación dual: no nos gusta que en el nuevo artículo del proyecto de ley se elimine cualquier referencia a la formación dual universitaria y también nos parece que es necesario
que exista un período transitorio en su aplicación; no se habla de internacionalización y conviene que lo haga; investigación, transferencia e intercambio de conocimiento, aprovechamiento, captación y recuperación de talento extranjero o
inmigrante, también es algo a lo que debe hacer referencia la ley; la formación permanente y títulos propios: nos gustaría poder introducir una disposición para habilitar a personas que no estando en posesión de una titulación universitaria puedan
tener acceso y desarrollar un título de formación permanente a través del reconocimiento de su experiencia profesional. También pretendemos facilitar la gestión de fondos externos para todas las universidades.
En cuanto a los precios públicos, entendemos que en este caso, y como se ha citado con la enmienda del PDeCAT, existe una clara intromisión en el ámbito competencial de las comunidades autónomas, porque el establecimiento de los límites
máximos limita la competencia de cada comunidad autónoma e incide en la disminución de su autonomía financiera. De la gobernanza de las universidades hay que mejorar algunos aspectos escuchando a los diferentes actores.
Hay un aspecto que, evidentemente, se ha citado por varios de los intervinientes, el personal docente e investigador. Son varios los aspectos en los que creemos que hace falta afinar en fase de enmiendas parciales, que, en cualquier caso,
apostamos por que sean permanentes y no por la vía funcionarial estrictamente. Sobre ese particular, además, se ha hecho mención a una cuestión -da la casualidad de que yo también soy profesor tutor de la UNED- a la que por desgracia no se ha
atendido por ninguno de
los gobiernos que han existido hasta la fecha y a la que se ha tenido en un abandono social, que esperamos que de alguna forma se repare en este proyecto de ley de universidades.
Y, finalmente, las agencias de evaluación de la calidad autonómicas. Analizaremos aspectos o propuestas dirigidas a su mejora, puesto que creemos que la existente, aun existiendo, puede dar lugar a diferentes redacciones. Por ello, ya
anunciamos que vamos a votar en contra de las tres enmiendas a la totalidad por muy diferentes razones; evidentemente, a la de PDeCAT porque creemos que muchas de sus propuestas se pueden solucionar a través de enmiendas parciales; con la de VOX
sinceramente no coincidimos en ninguno de sus planteamientos, y la del PP fundamentalmente porque tienen esa visión centralizada de la universidad que no compartimos allí donde el principio inspirador de la universidad es el de su autonomía,
evidentemente. Por lo tanto, anuncio que votaremos en contra de las tres enmiendas a la totalidad.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero. (Rumores). Silencio, señorías.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señora presidenta. Señor ministro, buenas tardes.
Señorías, hoy tenemos de nuevo uno de estos debates que en esta Cámara van bastante desacompasados porque no es lo que debería ser un debate político y legislativo ortodoxo. Es un debate desacompasado porque tratamos hoy las enmiendas a la
totalidad de un proyecto de ley, con el objeto de su devolución al Gobierno, cuando esta misma semana, ayer mismo, hoy y la semana que viene estaremos en la comisión correspondiente con las comparecencias acordadas para que los grupos podamos
escuchar a expertos sobre lo que debería ser y hacia dónde debería dirigirse la reforma legal del sistema universitario. Carece de mucho sentido, la verdad, que los expertos en el tema universitario nos estén informando sobre lo que creen, sobre lo
que opinan de esta reforma legal, cuando ya está sobre la mesa el proyecto de ley y, de hecho, estamos ya trabajando el trámite de enmiendas, las enmiendas a la totalidad. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Pervertimos desgraciadamente una vez más el trámite legislativo. En todo caso, nosotros, en esta reforma del sistema universitario, en Ciudadanos, tenemos un interés muy especial y, además, muy nuestro -déjeme
que se lo diga, señor ministro-, porque tenemos la convicción de que un buen sistema universitario es uno de los pilares sociales que garantizan futuro y bienestar para todos. Nuestra postura ante este proyecto va a ser crítica, va a ser una
postura muy crítica, pero al mismo tiempo va a ser una postura constructiva, muy constructiva y muy en positivo.
Creemos que es importante reconocer y agradecer la actitud del ministro Subirats desde su llegada al Gobierno hace ahora nueve meses. En este tiempo hemos mantenido contactos, se nos ha expuesto cuál era el objetivo y el plan del ministro
tras el cambio de titular, se nos ha escuchado, y nosotros creemos que es una buena actitud por parte de un gestor político. Pero también es cierto que el texto legislativo que se nos propone ni es exactamente el que se nos dijo ni todo lo que se
nos dijo, y en eso tenemos que coincidir con algunos de los extremos que hoy hemos escuchado en las enmiendas a la totalidad que se debaten. No compartimos dichas enmiendas, no las vamos a apoyar por el hecho de ser a la totalidad, pero sí debemos
aceptar que es cierto que la posición del ministerio, y por ende del Gobierno de España, en materia de regulación del sistema universitario español, ha sido la de ir reduciendo el papel del Estado y de la presencia de la norma estatal más allá de lo
que, en nuestra opinión, es aconsejable.
Señorías, desde el inicio de esta legislatura venimos asistiendo a propuestas y declaraciones del Ministerio de Universidades, primero de su anterior titular, el señor Castells, posteriormente del señor Subirats, y en cada ocasión, desde
hace casi tres años ya, la posición del Gobierno ha sido la de ir continuamente cambiando de opinión sobre el contenido de su reforma y sobre el calado mismo que se pretende de ella. Creemos que esto demuestra que este Gobierno no ha tenido
realmente un modelo universitario en su agenda política o, si ha habido un modelo o varios modelos, lo que hay es de nuevo la enésima polémica entre los partidos del Gobierno para ponerse de acuerdo en qué quieren ustedes proponer a este Congreso.
Si las propuestas iniciales del ministro Castells ya nada tuvieron que ver con los sucesivos textos y las sucesivas reformas y cambios que vieron la luz posteriormente, la propuesta actual todavía deja muchas dudas que hay que resolver.
Creo personalmente que hay, efectivamente, un problema en este proyecto de ley que nos obliga a trabajar mucho para mejorarlo y conseguir llegar a tener la mejor norma legal posible. Pero sí quiero dejar clara la posición que vamos a
mantener en Ciudadanos. No creemos que la alternativa del Gobierno de España para regular bien el sistema universitario sea justamente no regularlo, no regularlo con una reforma necesaria que ha sido además reclamada y se ha recordado hoy
precisamente por todos los actores del propio sistema universitario desde hace años, porque no se trata de dejar de asumir las competencias que son propias del Estado y no regular nada por una mal entendida autonomía universitaria, tal como se
justifica en alguna ocasión en este proyecto de ley. Esa autonomía universitaria, que nosotros... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor.
Continúe, señoría.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Esa autonomía universitaria que nosotros nos creemos y respetamos como un derecho fundamental reconocido en el artículo 27.10 de la Constitución creemos que no es dejar a las universidades la posibilidad de
autorregularse estatutariamente sin someterse a unos criterios homogéneos y estables en todo el territorio español que sean iguales para todas las universidades y que garanticen esa igualdad de docentes e investigadores, del personal administrativo
y de servicios y del propio estudiantado. Esa igualdad es la que debe permitir que cualquiera pueda formarse o trabajar en el sistema universitario español con plena capacidad y con la posibilidad de moverse entre centros y territorios, homologando
situaciones y procesos, eliminando precisamente -y es uno de los objetivos de la ley que a nosotros nos gusta- endogamias.
Una ley del sistema universitario tiene que garantizar justamente esas alternativas de que el mundo universitario se mueva, avance y progrese. Es más, que esa posibilidad esté perfectamente alineada con un sistema universitario en un
espacio europeo y, por qué no decirlo, global. El conocimiento no tiene fronteras y, por lo tanto, creemos que las universidades tampoco deben tenerlas. Por eso, precisamente, no vamos a apoyar enmiendas a la totalidad como la de Junts, que
entendemos que simplemente pretende hacer cada vez más pequeña la universidad, una institución que por su propia esencia -que tan de manifiesto se pone en su nombre en la referencia precisamente al concepto de universal del conocimiento humano que
alberga y fomenta- es totalmente incompatible con el nacionalismo que niega derechos a las personas para dárselos a los territorios. Más aún, no podemos apoyar una enmienda que hoy se nos ha dicho que la miremos como algo no negativo. Señor
ministro, a mí personalmente esto me suena a chantaje.
Pero tampoco vemos procedentes otras enmiendas, como la de la totalidad que presenta VOX, que simplemente tacha el proyecto, como todo aquello que no le gusta, de woke, porque contiene referencias a cosas tan aberrantes como la igualdad de
género, el respeto al medio ambiente, la promoción de la democracia o la garantía de la no discriminación. Sus señorías de VOX reivindican el lema de Yale Lux et veritas, pero ignoran o callan que sí, que la verdad podría ser una, pero que la mejor
manera de descubrirla, promoverla y defenderla es precisamente con muchos focos de luz para evitar sombras, aristas y ángulos que impidan ver precisamente la totalidad de esa verdad. Ellos solamente quieren que veamos la luz que ellos pretenden.
Tampoco compartimos la enmienda a la totalidad del Grupo Popular, pero entendemos que acierta al señalar las deficiencias del sistema universitario actual, pero que precisamente esas deficiencias deben y pueden ser corregidas a través del
debate político, el debate de las propuestas y de las alternativas, en ese debate de las enmiendas que puedan plantearse y sobre las que todos podamos negociar.
Reitero la voluntad de mi grupo, Ciudadanos, de trabajar por mejorar este proyecto de ley, de conseguir la mejor ley posible, porque créame, señor ministro, de verdad que tenemos interés en mejorar el sistema universitario para mejorar la
sociedad a la que esa universidad debe servir aportando conocimiento y, sobre todo, futuro. Usted lo ha dicho, necesitamos una ley que adecúe la universidad a la nueva realidad. Eso es lo que queremos nosotros y en ese camino nos encontraremos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor López-Bas Valero.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor. (Rumores). Silencio por favor.
Adelante, señoría.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Gracias, presidenta.
Una de las bases de un sistema verdaderamente democrático es tener como protagonista la educación superior y, dentro de esta, la universidad pública. Podríamos afirmar que, a más universidad, más democracia, más pensamiento crítico, más
investigación, más transferencia del conocimiento, más implicación en cuestiones colectivas, más sentimiento de pertenencia y, para que todo ello tenga sentido, la universidad debe ser tratada como se merece. Merece recursos, merece inversión,
merece mirada larga y merece dedicación. La mejor forma de demostrar que nos preocupa la universidad es dedicarle los recursos que merece, para mejorar las condiciones para los trabajadores del PDI y PAS, pero también para mejorar las condiciones
del estudiantado, para poder desarrollar modelos universitarios de calidad, como lo son las universidades públicas catalanas, a pesar de estar infrafinanciadas.
Señorías, esta ley nunca será nuestra ley mientras se base en un marco estatal, eso es evidente, como independentistas que somos, pero lo es aún menos la ley que tenemos en la actualidad, la ley del Gobierno de Aznar, que no solo no tuvo
presente el modelo catalán, sino que quiso acabar con la autonomía universitaria para impedir el desarrollo de un modelo como el catalán.
El debate que hoy hacemos no es sobre el voto final a esta ley. Hoy, votamos sobre las enmiendas a la totalidad y, por tanto, hoy decidimos si pretendemos incidir en la ley o no. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Podemos aprovechar que se necesitan los votos de los vascos, gallegos y catalanes, soberanistas e independentistas, o dejar perder esta oportunidad. Nuestra responsabilidad no es otra que defender el modelo
universitario catalán. No aspiramos a que todo el sistema español sea como el catalán. Aspiramos a que nos dejen decidir cuál es nuestro modelo, sin barreras, sin limitaciones y con recursos que lo acompañen. Queremos ser nosotros quienes
decidamos cuál debe ser nuestro modelo. Queremos que sean las universidades quienes decidan cuál es su modelo. No queremos que ello se decida desde Madrid y, por ello, hoy, no comprometemos nuestro voto final a esta ley. Nuestro voto final no
está ni debe estar decidido hasta que tengamos el texto final, pero sí que hacemos una apuesta para incidir y asegurar que el texto abra puertas en vez de poner barreras, porque la comunidad universitaria así lo merece.
El texto de la ley tiene muchas cuestiones que matizar, muchas de ellas que compartimos con una de las enmiendas planteadas, pero creemos que estas cuestiones deben ser defendidas en la negociación, y así lo plantearemos en nuestras
enmiendas. Sin embargo, también debemos recordar que el texto ha mejorado mucho en los últimos borradores que hemos podido analizar. Empieza a alinearse más con una 'ley básica' o con un 'marco legal descafeinado', como critican los del Partido
Popular, que es justo lo que nosotros pedimos. Se han incluido algunas de las peticiones de nuestro Grupo Republicano, peticiones de los catalanes, y esto también debemos subrayarlo. Hemos avanzado en una equiparación de derechos entre los
contratados laborales y los funcionarios... (rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor.
La señora ROSIQUE I SALTOR: ... en la autonomía de las universidades en la gobernanza, en el derecho de paro académico del estudiantado, en el derecho a conocer la lengua con la que se cursan los estudios y una financiación singular para
las universidades con lenguas oficiales que no sean el castellano, en el derecho de compaginar estudios y trabajo por parte del estudiantado, en una mayor equiparación de las funciones de las agencias autonómicas y la Aneca o en el fomento de la
docencia. Todo ello lo estamos consiguiendo gracias a una apuesta por la incidencia porque, desde el principio de la redacción de esta ley, decidimos ser útiles y poner nuestra fuerza negociadora de trece diputados y diputadas al servicio de la
comunidad universitaria catalana. (Aplausos). La lucha por la defensa del modelo catalán ni empieza ni acaba aquí. Así como ya hemos visto cambios relevantes en el texto, nos comprometemos a seguir incidiendo para que exista más autonomía y más
reconocimiento para las agencias autonómicas como la AQU, para que se preserve y promueva la figura del contratado laboral y su método de selección... (rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, por favor.
La señora ROSIQUE I SALTOR: ... para que los claustros sigan siendo auténticos espacios de debate, para que se refuerce el derecho al paro académico, para que la presencialidad en la docencia sea
promovida, para que se promueva la lengua catalana en la universidad o para que se deje abierta una puerta a las universidades de las artes.
Frente a un modelo planteado por la derecha y la ultraderecha, que pretende una universidad pública acrítica e inaccesible en pro de la universidad privada y una homogeneización del sistema universitario, nosotras y nosotros seguiremos
luchando por una universidad pública, gratuita y de calidad.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Rosique i Saltor.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Sánchez Serna. (Rumores).
Señorías, por favor, guarden silencio. Se produce un fenómeno curioso en esta Cámara, que no tiene explicación científica. Cuanto menos tiempo queda para terminar el Pleno, más murmullo hay en el hemiciclo.
Tiene la palabra el señor Sánchez Serna. Ruego silencio.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta. También comparto su reflexión.
Hoy debatimos tres enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, que son en realidad enmiendas a la propia idea de una universidad pública, libre, garantista y democrática. Por eso, vamos a votar en contra
de las tres enmiendas.
En su enmienda el Partido Popular afirma que la LOSU es -cito- un proyecto sin un modelo de universidad y sin objetivos. Y lo dicen ustedes, lo dice el Partido Popular que, por supuesto, cumplieron todos los objetivos con la universidad, en
concreto un 20,1 % menos de inversión en las universidades públicas entre los años 2012 y 2018 y la expulsión de más de ochenta mil estudiantes del sistema universitario por su política de recortes en becas y ayudas al estudio. (Aplausos). Dice el
Partido Popular que en esta ley el régimen del personal docente e investigador es incomprensible. Con la LOSU, 25 000 asociados en toda España, una cuarta parte del profesorado, ya no podrán ser despedidos al final de curso sin ninguna
indemnización como mano de obra de usar y tirar, pero eso al parecer es incomprensible para las señorías del Partido Popular. En defensa del PP, tengo que decir que no es que tengan algo en contra de los profesores, sino que eso de que la gente en
general tenga derecho y un contrato estable es algo que ustedes no acaban de entender. Por eso, cuando gobernaban nos dejaron un mercado laboral con una tasa de temporalidad del 27 % y por eso votaron en contra de una reforma laboral que en solo
siete meses ha reducido la temporalidad al 22 %. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Dice también el Partido Popular -cito- que el modelo de financiación de la LOSU es ambiguo y no ha sido negociado, y eso lo dice el partido de un ministro, José Ignacio Wert, que vetó cualquier debate en el Consejo de Universidades sobre el
Real Decreto 14/2012, que concentró los mayores recortes que jamás se hayan aplicado en el ámbito universitario, todo ello a pesar de que lo pidieron la presidenta de la CRUE y cincuenta y nueve rectores; unos recortes de 9500 millones de euros
entre 2012 y 2019, que fueron aprobados sin ni siquiera escuchar a los rectores. Ese es el diálogo que predica el Partido Popular. (Aplausos). En esta legislatura, por cierto, el Gobierno de coalición, ese al que ustedes tanto denostan, ha
incrementado el presupuesto para becas y ayudas al estudio en un 20 % y la LOSU va en esa dirección cuando quiere blindar al menos un 1 % del producto interior bruto para las universidades públicas.
Para terminar, el Partido Popular también dice en su enmienda que esta ley no es oportuna, que ahora mismo no hace falta y que solo genera tensiones innecesarias, pero ya sabemos que esa es su respuesta para todo. ¿Renovación del Poder
Judicial? No toca. ¿Negociación del modelo de financiación autonómica? No toca. ¿Subida del salario mínimo? Tampoco toca. Lo que ya toca para ustedes son medidas como eliminar el impuesto de patrimonio para que los ricos sean aún más ricos,
como han hecho el señorito Moreno Bonilla en Andalucía o el señorito Fernando López Miras en la Región de Murcia. (Aplausos). Les tengo que decir que se equivocan, porque aquí hay un Gobierno que va a seguir gobernando y representando los
intereses de la gente trabajadora y de las familias que lo han votado.
En las manifestaciones contra los recortes de Wert solíamos repetir una consigna: El hijo del obrero, a la universidad. El hijo y la hija de la madre que cría sola, del inmigrante que vino buscando un futuro mejor, del albañil que apenas
llega a final de mes y del taxista que ve peligrar su puesto de trabajo, a la universidad. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio, por favor.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Hoy seguimos trabajando también para una educación superior para todos ellos y para todas ellas.
Y si la enmienda a la totalidad del Partido Popular ya es un despropósito viniendo de quien viene, lo de VOX está a otro nivel. Les voy a leer solamente el primer párrafo de su enmienda porque no quiero ofender la inteligencia del resto de
diputados pensando que me invento algo: En los últimos tiempos -dice VOX-, el mundo asiste a la revigorización de una ideología de izquierda radical de corte marxista que, con la excusa de liberar a ciertas minorías preferidas y de acabar con las
clases supuestamente privilegiadas, persigue ni más ni menos que el desmantelamiento de la civilización occidental y de los derechos y libertades clásicas. Esta basura, repito, esta auténtica basura, no es un post de una página de Facebook de
seguidores conspirativos de QAnon, es una enmienda a la totalidad de una ley orgánica del Congreso de los Diputados. Por tanto, en primer lugar, me gustaría decir a las señorías de VOX que esta es la sede de la soberanía popular y que merece un
poco de rigor y un poco de respeto, y de trabajo, sobre todo. (Aplausos). Ni la civilización occidental está en peligro ni nuestros derechos y libertades dependen de salvadores como ustedes.
En la actualidad -nos siguen diciendo en su enmienda- las universidades deben ser, según la concepción liberticida de la izquierda radical, espacios seguros en los que cualquier opinión que no se ajuste a la ideología dominante ha de ser
perseguida y destruida; se expulsa a los herejes, se prohíben libros. Hasta aquí el cuento de VOX, pero ustedes saben que la realidad es muy distinta. Sin ir más lejos, usted, señor Robles, lleva toda la vida enseñando en la universidad, usted ha
dado charlas en la Universidad de Murcia contra los derechos de las mujeres, que ustedes llaman ideología de género. Yo he ido a charlas suyas, cuando éramos de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la Región de Murcia, donde usted decía que
España tenía que salir de la Unión Europea. Eso se lo he oído en un debate. Usted ha tenido esa libertad en la universidad, pero donde ustedes gobiernan, en cambio, se impone el pin parental y la censura en las aulas y se purgan los libros de
texto para que nuestros niños y niñas no sepan nada de la diversidad sexual o de la memoria democrática de nuestra patria. (Aplausos). Lo sabemos bien usted y yo porque en la Región de Murcia la consejera de Educación -que es una expulsada de VOX,
pero de VOX al fin y al cabo- ha convertido esa consejería en una consejería de la Inquisición. El verdadero peligro para la universidad pública es que ustedes lleguen alguna vez al Gobierno. ¿Se imaginan ustedes un ministro de Educación de VOX o
un ministro de Universidades de VOX que diga barbaridades contra los derechos de las mujeres o contra la evidencia del cambio climático? Esta nueva ley de universidades va a hacer mucho por la educación superior. Pero la mejor manera de luchar por
la universidad pública es mantenerles a ustedes alejados de ella.
Acabo, presidenta. Este viernes su ex amiguita, Macarena Olona, va a ir a la Universidad de Murcia y la comunidad universitaria ha entendido perfectamente lo que ustedes traen a la universidad pública. Por eso no les vamos a regalar ni un
segundo para sus discursos de odio ni les vamos a regalar ningún espacio para el fascismo en la universidad democrática.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Señorías, les pido por favor que no se queden en el pasillo hablando.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Morís.
El señor GARCÍA MORÍS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, esperábamos del Grupo Popular una aportación mayor, pero no. Al igual que hizo con la Ley de Convivencia Universitaria, nos presenta una enmienda a la totalidad. De nada ha servido la mano tendida del ministro y
de todo su equipo, porque una vez más nos vuelve a hablar usted de si el momento es oportuno o no para presentar una nueva ley de universidades; y es que, si hubiera sido por su grupo, en esta legislatura no hubiésemos hecho política universitaria.
Señorías, fundamentan parte de su enmienda en que la LOSU no reduce la precariedad, y esta ley sí combate la precariedad, lo hace esta ley y también el resto de políticas que venimos desplegando esta legislatura. Antes de referirme a cómo la ley
actúa contra la precariedad, déjeme que explique de dónde viene esta, porque el origen de la misma está en las medidas que el último Gobierno del Partido Popular impulsó con su política universitaria. Los recortes y reformas que ustedes aplicaron
al sistema universitario español generaron bolsas de precariedad y, a su vez, expulsaron talento al exterior, y también algo más grave aún, expulsaron a estudiantes del acceso a la universidad por no poder costearse los estudios. (Aplausos).
Señorías del PP, ¿se han olvidado ustedes de las limitaciones que establecieron en la tasa de reposición en las
plantillas universitarias? Ustedes impidieron el progreso profesional y provocaron la sustitución de funcionariado que se jubilaba por profesorado precario. La causa directa de esa precariedad, que llevamos tres años revirtiendo, está en
sus políticas universitarias. Señorías, el acceso a la carrera académica se realiza actualmente a una edad avanzada. La edad promedio de los ayudantes doctores, que, como es sabido, es la primera figura de la carrera académica, es superior a los
cuarenta años. Ahora esta ley, la LOSU, establece que la figura de entrada estable sea la de ayudante doctor, eliminando la acreditación, pero con comisiones con una mayoría externa a la universidad convocante, reduciendo los trámites burocráticos
y permitiendo que los buenos currículums puedan incorporarse a la carrera docente investigadora una vez que alcancen el nivel de doctorado, (aplausos), sin abusar de otras figuras precarias en el acceso y la permanencia, como se ha hecho hasta
ahora, gracias a sus políticas.
Dicen también en su enmienda que no se pone en valor los contratos predoctorales. Esto no es así y no solo porque están en la ley de la ciencia y porque ambos ministerios trabajan de forma totalmente coordinada, sino porque al marco
normativo hay que añadirle el presupuestario, y les recuerdo que solo para el Programa Nacional de Formación del Profesorado Universitario hubo un incremento presupuestario de 5 millones de euros, que se aumentará en 2023, lo que va a permitir
mejorar los salarios durante la realización de la tesis doctoral, una apuesta aún mayor que la del ejercicio anterior y que permite el relevo generacional en nuestras universidades.
Todo esto está alineado con la LOSU -como pueden observar, señorías del Grupo Popular, aquí no hay improvisación, de improvisación nada- y también en coordinación con la política de becas y tasas que venimos desplegando estos años, de la que
ustedes no han dicho nada. La LOSU reconoce el derecho subjetivo -sí, señor Robles, el derecho subjetivo- de los universitarios y universitarias a acceder a becas y ayudas al estudio vinculadas a la situación socioeconómica de las personas
solicitantes. (Rumores). Y esto es muy importante...
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor García. Señorías, es imposible seguir al orador. Muchas gracias.
El señor GARCÍA MORÍS: Gracias, señora presidenta.
Decía que la política de becas es muy importante porque ustedes facilitaron la subida de las tasas universitarias, endurecieron los criterios para conseguir una beca y redujeron el presupuesto destinado a estas. Señorías, en el último
presupuesto se han destinado a becas casi 2200 millones de euros (aplausos), la cifra más alta de nuestra historia, porque, a diferencia de ustedes, nosotros, desde la política, trabajamos por la igualdad de oportunidades y para hacer del sistema
universitario español uno de los más equitativos. Casi igual que ustedes, ¿verdad? Casi igual que las becas de Ayuso para familias que ingresan más de 100 000 euros, ¿verdad, señora Moro? (Aplausos). Y después se atreven a hablar de fiscalidad y
de impuestos.
Además, esta ley marca la senda para seguir avanzando en la reducción de precios públicos. Y aquí también es importante situarles a ustedes a la derecha ante sus contradicciones o, mejor dicho, desenmascararles a ustedes y a sus políticas.
Podemos contraponer modelos. La señora Ayuso presumía hace unos días de que la bajada de las tasas universitarias en la Comunidad de Madrid es la mayor rebaja de la historia de la comunidad, pero lo que no nos cuenta la señora Ayuso es que lo hace
porque le obliga a la política del Gobierno de España. (Rumores). Tampoco nos cuenta que cuando el Gobierno anunció esta medida Madrid se opuso votando en contra en la Conferencia General de Política Universitaria y, no solo eso, presentó un
recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. (Aplausos). ¿Y qué hace ahora la señora Ayuso? Saca pecho, pero hay que decir las cosas como son: reducen las tasas un 20 % por obligación, gracias a las medidas del Gobierno progresista
de España, a pesar suyo, porque nuestras medidas tienen impacto en las personas. Fíjese usted, hablando de modelos: en mi tierra, Asturias, los gobiernos socialistas congelaron las tasas universitarias durante todos estos años, compensando por
ello a su universidad, la Universidad de Oviedo, y no hicieron, como ustedes, recaer la crisis sobre las espaldas de nuestros jóvenes y sus familias.
Todo esto es política universitaria progresista y por este camino va la LOSU, a pesar de ustedes, a pesar de los del siempre no, porque ustedes son los del no: no al salario mínimo, no a la subida de las pensiones, no a las ayudas en el
transporte, no al tope de gas... Señorías, no, no y no. Y a pesar de esa actitud extrema, nosotros seguimos trabajando, y por eso proponemos un texto como este que hoy se debate aquí, una norma que incentiva la reducción de la brecha de género en
la investigación, en las estructuras de gobernanza universitaria y en los planes de estudios universitarios; que apuesta por la
internacionalización y la movilidad del profesorado, por el papel central de los y las estudiantes, por la formación a lo largo de la vida, por la ciencia abierta y así un largo etcétera. Es una apuesta por una universidad de calidad que
espero que prosiga hoy su trámite parlamentario.
A pesar de ustedes, señores del PP y del resto de grupos que han presentado enmiendas a la totalidad, seguiremos trabajando con la comunidad universitaria y con el resto de grupos parlamentarios a favor de nuestro sistema universitario.
Espero que se sumen en el trámite.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García.
AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO ALIMENTARIO. (Número de expediente 121/000107).
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN Y OTRAS MATERIAS CONEXAS. (Número de expediente 121/000108).
La señora PRESIDENTA: Finalizamos con el último punto del orden del día, relativo a las propuestas de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio
alimentario y del Proyecto de ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. Estas propuestas se someterán a votación junto con el resto de asuntos justamente ahora, al final de esta sesión.
Votamos en cinco minutos. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN ESPAÑOL. (Número de expediente 162/000882).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a empezar con las votaciones. Comenzamos con las proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para la defensa del derecho a la
educación en español.
Votación separada. Primer párrafo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 66; en contra, 276.
La señora PRESIDENTA: No queda aprobado.
Punto 1 del segundo párrafo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 67; en contra, 189; abstenciones, 87.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 2 del segundo párrafo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 66; en contra, 191; abstenciones, 86.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 3 del segundo párrafo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 66; en contra, 189; abstenciones, 88.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO; LA LEY 11/2015, DE 18 DE JUNIO, DE
RECUPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN; Y EL REAL DECRETO 1559/2012, DE 15 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN DE ACTIVOS, EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN
JURÍDICO DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA. (Número de expediente 162/000953).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de Entidades de
Crédito, la Ley 11/2015, de 18 de junio, de Recuperación y Resolución de Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.
Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 59; en contra, 278; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE LA PREVISIÓN DEL GOBIERNO DE ACATAR LOS DICTÁMENES DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA CUMPLIR CON LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS Y POLÍTICOS EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente
173/000166).
La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano sobre la previsión del Gobierno de acatar los dictámenes de los organismos
internacionales para cumplir con los derechos democráticos y políticos en el Estado español.
Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 68; en contra, 275.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LA POSICIÓN DE ESPAÑA EN MATERIA ENERGÉTICA Y DAR SOLUCIÓN A LA RUINA DE LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 173/000167).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas concretas que va a adoptar el Gobierno para solucionar la posición de España en materia energética y dar solución a la ruina
de los españoles.
Votación separada por puntos. Punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 54; en contra, 289.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 63; en contra, 191; abstenciones, 89.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 64; en contra, 190; abstenciones, 89.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 54; en contra, 289.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 54; en contra, 289.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 63; en contra, 193; abstenciones, 87.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 144; en contra, 189; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 63; en contra, 191; abstenciones, 89.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 153; en contra, 188; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Y punto 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 63; en contra, 190; abstenciones, 90.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS AVANCES EN EL DESARROLLO DEL PERTE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y CONECTADO Y SU IMPACTO EN UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA COMO LA AUTOMOCIÓN. (Número de expediente
173/000168).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre los avances en el desarrollo del PERTE del vehículo eléctrico y conectado y su impacto en un sector estratégico para la
economía española como la automoción. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 157; en contra, 172; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
DEBATE RELATIVO A LA APRECIACIÓN POR LA CÁMARA DE LA PREVISIÓN CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 135.4 DE LA CONSTITUCIÓN Y 11.3 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (VOTACIÓN):
- COMUNICACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 26 DE JULIO DE 2022, POR EL QUE SE SOLICITA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS LA APRECIACIÓN DE QUE ESPAÑA ESTÁ SUFRIENDO LAS CONSECUENCIAS DEL ESTALLIDO DE LA GUERRA EN EUROPA Y DE UNA
CRISIS ENERGÉTICA SIN PRECEDENTES, LO QUE SUPONE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EXTRAORDINARIA, A LOS EFECTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 135.4 DE LA CONSTITUCIÓN Y 11.3 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 430/000005).
La señora PRESIDENTA: Debate relativo a la apreciación por la Cámara de la previsión contenida en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022, por el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo las consecuencias del estallido de la guerra en Europa y de una
crisis energética sin precedentes, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Votación de la solicitud del Gobierno.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 195; en contra, 53; abstenciones, 95.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la solicitud.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS NORMAS PARA CONSOLIDAR LA EQUIDAD, UNIVERSALIDAD Y COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 121/000110).
La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y
cohesión del Sistema Nacional de Salud, presentadas por los Grupos Parlamentarios Ciudadanos y VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 64; en contra, 191; abstenciones, 88.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas. (Aplausos).
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO. (Número de expediente 121/000111).
La señora PRESIDENTA: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, VOX y Plural, señora Illamola
Dausà.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 148; en contra, 193; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO ALIMENTARIO. (Número de expediente 121/000107).
La señora PRESIDENTA: Avocación de iniciativas legislativas. Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio
Alimentario, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 337.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la avocación.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN Y OTRAS MATERIAS CONEXAS. (Número de expediente 121/000108).
La señora PRESIDENTA: Finalmente, votación de la solicitud avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras
materias conexas. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural, señor Bel Accensi.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada dicha avocación.
Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.