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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 208, de 20/09/2022
cve: DSCD-14-PL-208
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 208
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 200
celebrada el martes,
20 de septiembre de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Mazón Ramos), sobre los criterios del Gobierno para avanzar en la descarbonización de la industria en España y, en particular, en lo relativo a la empresa Solvay. (Número de expediente 172/000234).
5
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, para incluir medidas para facilitar el suministro eléctrico en condiciones competitivas a los consumidores
estacionales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 148-1, de 12 de febrero de 2021. (Número de expediente 122/000123) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario VOX, para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 193-1, de 8 de octubre de 2021. (Número de expediente 122/000167) ...
(Página17)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para la defensa del derecho a la educación en español. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 377, de 17 de diciembre de 2021. (Número de expediente 162/000882)
... (Página27)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen
jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 411, de 4 de marzo de 2022. (Número de expediente 162/000953) ... (Página37)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la previsión del Gobierno de acatar los dictámenes de los organismos internacionales para cumplir con los derechos democráticos y políticos en el Estado español. (Número de expediente
173/000166).
48
Declaración institucional:
- Declaración institucional de rechazo a la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y en cualquier otro ámbito. (Número de expediente 140/000023) ... (Página59)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página59)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente a la Interpelaciones urgentes
del Grupo Parlamentario Mixto (señor Mazón Ramos), sobre los criterios del Gobierno para avanzar en la descarbonización de la industria en España y, en particular, en lo relativo a la empresa Solvay, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, para incluir medidas para facilitar el suministro eléctrico en condiciones competitivas a los consumidores
estacionales ... (Página59)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Marcos Ortega, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Fernández Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Martínez Granados,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Baldoví Roda y la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; y los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; López de Uralde Garmendia, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX, y Renau Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario VOX, para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página17)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; la
señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Jerez Juan, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Araujo Morales, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hace uso de la palabra el señor Ortega Smith-Molina.
Proposiciones no de ley ... (Página27)
Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para la defensa del derecho a la educación en español ... (Página27)
Defiende la proposición no de ley la señora Trías Gil, del Grupo Parlamentario VOX.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Espejo-Saavedra Conesa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Clavell López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores García Adanero y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rego Candamil y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario
Plural; Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano, y Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y la señora Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Trías Gil.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen
jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria ... (Página37)
Defiende la proposición no de ley la señora Garrido Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano y el señor García Gómez, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores López-Bas Valero, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Manso Olivar, del Grupo Parlamentario VOX, y Píriz Maya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Garrido Gutiérrez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página48)
Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la previsión del Gobierno de acatar los dictámenes de los organismos internacionales para cumplir con los derechos democráticos y políticos en el Estado español ...
Defiende la moción la señora Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Legarda Uriarte, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Boadella Esteve y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX;
la señora Martínez Ferro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Ramírez Carner, del Grupo Parlamentario Socialista.
Declaración institucional ... (Página59)
El señor secretario, Pisarello Prados, da lectura a la declaración institucional firmada por todos los grupos de rechazo a la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y en cualquier otro ámbito.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página59)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico para incluir medidas para facilitar el
suministro eléctrico en condiciones competitivas a los consumidores estacionales, se rechaza por 160 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se rechaza por 53 votos a favor y 289 en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MAZÓN RAMOS), SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA AVANZAR EN LA DESCARBONIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA Y, EN PARTICULAR, EN LO RELATIVO A LA EMPRESA SOLVAY. (Número de expediente 172/000234).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 23,
correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Mazón Ramos. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO PARA INCLUIR MEDIDAS PARA FACILITAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN CONDICIONES COMPETITIVAS A LOS CONSUMIDORES
ESTACIONALES. (Número de expediente 122/000123).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, para incluir medidas para facilitar el suministro eléctrico en condiciones competitivas a los consumidores estacionales.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Marcos Ortega.
La señora MARCOS ORTEGA: Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, quiero saludar a los legítimos representantes de los agricultores y ganaderos en España, a los representantes de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes y de las frutas y hortalizas en nuestro país; sus
necesidades son nuestra hoja de ruta. (Aplausos).
Por ello, señorías, hoy el Grupo Popular trae a debate una proposición de ley para ayudarles a bajar la factura de la energía, para evitar que las compañías eléctricas les cobren por lo que no consumen, para que de una vez por todas las
actividades estacionales puedan contratar a lo largo del año dos potencias diferentes, especialmente la actividad agraria. Es una propuesta que, de haber seguido gobernando en 2018 el Partido Popular, se estaría aplicando ya desde hace más de
cuatro años y medio. Las compañías eléctricas habrían tenido la obligación de ofertar y los agricultores y ganaderos de este país se habrían ahorrado cientos de miles de euros.
Les tengo que reconocer que desde que mis compañeros, Juan Diego Requena y Marta González, y yo nos reunimos con todos ellos y trabajamos en esta propuesta hasta hoy el daño de sus políticas al campo se ha incrementado de tal modo que ni
siquiera esta solución es ya suficiente por sí sola. Han pasado cuatro años y medio desde que la propuesta del Partido Popular, aprobada en 2018, permitiera la doble facturación eléctrica y siguen sin poder aplicarla, simple y llanamente porque
ustedes, señores del Gobierno, no han querido. Porque al campo español le están aplicando a rajatabla la máxima sanchista del no es no y en este asunto, además, han decidido protagonizar un episodio más de su reality show gubernamental con una
actora principal, la señora Ribera, y un actor tristemente secundario, el responsable del área, el ministro Planas.
Se lo voy a explicar clarito para facilitar el trabajo a los estrategas de Moncloa cuando, ávidos de transparencia, lo lleven a Netflix. Miren, marzo de 2018, la Ley 1/2018 regula ya la doble facturación eléctrica. Parece lógico, la
potencia necesaria no es la misma en época de riego que en invierno, cuando se recoge la fruta que cuando están las cámaras apagadas ni cuando el restaurante está abierto o cerrado. Año 2020, dos años después -un plazo razonable-, el Partido
Popular empieza a presentar iniciativas -hasta diez- para exigir su cumplimiento. Marzo de 2021, tres años después, aparece la señora Ribera
en escena, cambia la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico y dice: La nueva factura eléctrica ya permite que se pague la energía en función del consumo. Bueno, también dijo que iba a bajar la factura de la luz, eso es
cierto. Algunas organizaciones agrarias que no están para shows lo denunciaron porque sabían que esto les incrementaría la factura entre un 40 % y un 50 %, como así ha sido. En 2021, seis meses desde que la señora Ribera dijera que esto estaba
solucionado, aparece el ministro Planas y reconoce que el Gobierno ha generado un problema y se compromete a bajar la factura y tarifar de otro modo para el sector agrario. No sé quién de los dos tendría razón. Pero llegamos a diciembre de 2021 y
el show ya se convierte en comedia. El ministro del ramo pone en la ley de la cadena alimentaria lo mismo que estaba escrito en la ley de 2018, pero esta vez fija el plazo de la ejecución en seis meses. Junio de 2022, pasados los seis meses
establecidos por el Gobierno, el Gobierno incumple y los agricultores y las organizaciones agrarias tienen que acudir al Defensor del Pueblo para que alguien les ayude. (Muestra un documento.-Rumores).
Miren, hoy es día 20... (Rumores). Perdone, presidente, no puedo hablar, es que no es fácil.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo.
Continúe.
La señora MARCOS ORTEGA: Gracias, presidente.
Les decía que, después de este reality, hoy es 20 de septiembre de 2022, señorías. No vamos a preguntarnos si es ignorancia o mala fe lo que ha llevado al Gobierno a protagonizar esta farsa que ha provocado que los agricultores y ganaderos
lleven más de cuatro años pagando cientos de miles de euros a las compañías eléctricas por una energía que ni necesitan ni consumen. No vamos a preguntarnos si es ignorancia o mala fe presumir de que el Gobierno ha resuelto sus problemas sin
escucharlos aun cuando el gasóleo ha subido el 73 %, el pienso más de un 50 %, los fertilizantes el 300 %, hay una sequía tremenda y están espantados con lo que se les viene encima, los recortes y las exigencias de la Política Agraria Común. Como
tampoco vamos a preguntarnos si es ignorancia o mala fe decir que la solución está en aplicar la reforma de la ley de la cadena alimentaria, que todos advertimos que no iba a funcionar, que no está funcionando y que hoy comprobamos que hasta el
propio Gobierno incumple. (Aplausos). No, señorías, no vamos a perder el tiempo preguntándonos si es ignorancia o mala fe lo que les ha llevado a votar en contra de esta propuesta hasta en diez ocasiones en cuatro años. Y no lo vamos a hacer
porque la situación del campo español no está ni para series de Netflix ni para perder el tiempo preguntándonos si lo suyo es ignorancia o mala fe. Ese papel de oposición destructiva se lo dejamos al Gobierno, nosotros preferimos hacer propuestas
serias, sólidas y coherentes para mejorar la vida de la gente, y esta proposición de ley lo es, desarrolla el sistema para que en unas semanas la doble facturación eléctrica pueda ser una realidad.
Señores del Gobierno, les hemos hecho los deberes, es cierto, no tienen ni que copiar -aunque nos consta que saben hacerlo-, solo tienen que votar sí y aplicarlo. Lo que está en juego no es ninguna tontería; lo que nos jugamos, señores del
Gobierno, es la supervivencia de la agricultura y de la ganadería en nuestro país. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
Les voy a poner solo dos ejemplos para que vean la necesidad de aprobarla e incluso de mejorarla en su tramitación para reducir los costes de producción. Primer ejemplo, una comunidad de regantes de mi tierra, Castilla y León, jóvenes
incorporados, inversiones millonarias para tener un regadío eficiente, sostenible y digitalizado, ponen placas solares, pero no pueden vender el excedente, tienen limitada la capacidad de autoconsumo también y, además, cuando lo venden, el precio es
muy inferior al que compran. Cuando van a regar no tienen agua porque se han paralizado las obras de las balsas que estaban previstas para acumularla. La poca agua que hay resulta que, con la sequía, se lleva a Portugal y no la pueden aprovechar.
Y bueno, todavía tienen suerte, que no les pasa como a otros agricultores que tienen que regar con agua desalada y hasta les está subiendo el precio de la luz. Y ahora vamos con la factura de la energía. En la más eficiente de todas las estaciones
de riego, si tuvieran aprobada desde hace cuatro años la doble facturación eléctrica, ¿saben lo que hubieran ahorrado para unas 2500 hectáreas? 750 000 euros; 750 000 euros que han estado pagando por nada a las centrales energéticas. Piensen que
en España hay casi tres millones de hectáreas de regadío, así que echen las cuentas. La cifra que podrían haber ahorrado supera los 1000 millones de euros. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!). Y añadido a esto han tenido que desembolsar
además la subida del coste de la energía y la excepción ibérica. ¿Saben el resultado? Están pagando cuatro veces más al mes que hace un año por regar la misma superficie de cereal. ¿Saben cuánto tiene que subir el pan para pagar esto? Pues echen
cuentas.
Segundo ejemplo, los fruticultores, empresas de frutas y hortalizas, me da igual la zona de España. El ejemplo es de Cataluña. Tienen contrato a precio cerrado, mismo precio de junio a diciembre, y resulta que les llega el recibo del mes
de junio y bien; en el del mes de julio un incremento del 50 % y en el mes de agosto el doble. Pagan más por la excepción ibérica que por la energía que tienen contratada a precio fijo, pero no un poco más, sino que pasan de pagar 29 000 euros a
pagar 76 380,77. ¿A cómo van a estar las manzanas, señorías? ¿Topamos el precio de la manzana? ¿Quién va a pagar la juerga? Que alguien nos lo explique, porque le ha pasado lo mismo al que produce, al que envasa, al que transforma, al que
transporta y al que vende el kilo de manzanas, la barra de pan o el litro de leche; a todos les está pasando exactamente lo mismo. Es cierto que ahora ya entendemos las reticencias del ministro de Agricultura para regular los criterios y que haya
referencias a los costes de producción en la ley de la cadena. Esto es comprensible. Estos precios no se pueden consentir. (Aplausos).
Lo que es evidente es que todos y cada uno de los agentes de la cadena tienen que cubrir sus costes de producción, especialmente los productores, los agricultores y ganaderos, pero hay que saber quién los va a pagar. Entenderán que la gran
solución de este Gobierno progresista de topar los precios no nos sirve. Piensen si no sería más razonable bajar los costes de producción, asegurar la rentabilidad, bajar el precio de la energía, evitar los perjuicios que está causando la excepción
ibérica, dejar que los regantes vendan el excedente de energía y facilitar el autoconsumo y la doble facturación. Y si se quiere de verdad ayudar a la gente y reducir el coste de los alimentos, se debe bajar el IVA de estos productos y aumentar el
dinero que tienen en los bolsillos los ciudadanos para que los puedan comprar. El Gobierno lleva recaudados 22 000 millones de euros extra por la inflación, no le estamos pidiendo una limosna, es que esto lo estamos pagando todos los españoles y no
parece descabellado que un poquito se destine a aliviar la cesta de la compra y no solo pedirnos a todos un esfuerzo, que lo hacemos, pero un esfuerzo que el Gobierno se niega a hacer más allá de quitarse la corbata. (Aplausos). Todas estas
medidas están aquí, en el pacto energético que les ha enviado el presidente Feijóo. (Muestra un documento).
Señorías, ante la crítica situación que les he descrito y que viven todos los agricultores y ganaderos de nuestro país, me gustaría, para finalizar, hacerles una propuesta. Apoyen esta toma en consideración, nos ponemos a trabajar esta
misma tarde y con la máxima celeridad tramitemos después esta toma en consideración como proyecto de ley. Si no lo hacemos, lo único que vamos a conseguir es que en España nos cueste más producir que en el resto de países. Ya nos está costando el
doble, pero si no la apoyamos, si no trabajamos para reducir los costes de producción, haremos pan...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora MARCOS ORTEGA: ... comeremos manzanas, tomaremos leche, pero no serán productos españoles, dependeremos de que nos quieran vender los productos, pagaremos lo que nos quieran cobrar...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, termine.
La señora MARCOS ORTEGA: ... y seremos cómplices del abandono del 84 % del territorio que ocupa nuestro mundo rural.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Si ya eran imprescindibles las diferentes modificaciones legales que se plantean en esta acertada proposición de ley que el Grupo Popular registró allá en febrero de 2021, ahora lo son con mucho
mayor motivo, porque la dramática escalada de los costes del suministro eléctrico está causando desde entonces daños irreversibles a diferentes sectores productivos y muy significativamente a aquellos que están condicionados por la estacionalidad.
Con esta propuesta se facilita un espacio legislativo para habilitar medidas que permitan modular la contratación eléctrica en función de las necesidades en cada periodo anual, lo que tiene como objetivo favorecer una competitividad que está muy
zarandeada como consecuencia de muchos impactos, pero de forma destacada por los energéticos.
Señorías, la señora Marcos ha hecho referencia a diferentes sectores sobre los que el factor de la estacionalidad tiene una altísima repercusión. Me sumo a señalar lo que este factor supone para quienes son pilares insustituibles de la
cadena alimentaria, caso de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores -en definitiva, todo el sector primario-, que ven cómo al encarecimiento de los costes de los insumos, fertilizantes, piensos y demás se suma el ruinoso disparate energético,
lo que ya está obligando desde hace varios meses a severos y dramáticos recortes productivos, que en el caso de la ganadería de leche supone el sacrificio de animales, en Asturias más del 20 % de animales sacrificados.
En definitiva, urge disponer de un marco normativo que atienda a las actividades de marcado carácter estacional o de temporada para que puedan acogerse a suministros energéticos en función de la demanda. Esta es una reclamación que hoy está
a la orden del día, que está costando empleos y que es cuestión de supervivencia, por lo que cobran valor las modificaciones legislativas contempladas en esta proposición, cuya toma en consideración votaré favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Fernández Pérez.
La señora FERNÁNDEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, he querido intervenir en esta proposición de ley porque, a pesar de que en Canarias la estacionalidad no es tanta, algo ayuda, y estoy totalmente de acuerdo con la exposición de motivos en el sentido de proponer medidas
estructurales adaptadas a los sectores para poder amortiguar lo mejor posible el impacto. Tenemos un sector ganadero en Canarias que, como bien decía el compañero de Asturias, está enviando el ganado al matadero y se está muriendo el sector
agrario. Necesitamos medidas estructurales adaptadas a los sectores, y eso se consigue con medidas como esta. Importante, señorías, llevan un tiempo sufriendo y diciendo que desde el parón del COVID y la subida inflacionista a causa de la guerra
los costes son insostenibles y necesitamos hacer que cada vez sean más sostenibles. ¿Por qué? Con esta llevo cuatro sesiones en esta Cámara y no me canso de repetir que todo esto es una cadena que termina repercutiendo en las familias. Los costes
terminan repercutiendo en las familias y, desgraciadamente, en las que menos tienen, porque son las marcas blancas de alimentación las que más subida tienen; huevos, leche, harina o legumbres no dejan de subir y esto supone un sobrecoste de casi
1000 euros al año para las familias que menos tienen.
Señorías, no nos cansamos de decir que no vamos a dejar a nadie atrás, pero solo con cheques con fecha de caducidad no se solucionan las cosas. Necesitamos medidas adaptadas a los sectores. ¿Y qué hace el Gobierno? Pelearse por un espacio
político: unos dicen que hay que topar los precios de los alimentos, sin estudios ni propuestas sobre la mesa, y el otro dice que no, que eso es ilegal, y mientras tanto los sectores muriendo y las familias pagando más por la cesta básica de la
compra. Esto no puede seguir así, tenemos que ponernos en marcha para abaratar costes de producción porque, repito, esto es una cadena, y siempre la cadena se termina rompiendo por el eslabón más débil.
Señorías, en la exposición de motivos se habla de sequía, pues en nuestras islas llevamos trece años consecutivos de bajada de lluvias, salvo, por supuesto, hechos puntuales como Filomena, que suponen tal concentración de lluvia que crean
más destrozos que beneficios. También se habla de cambio climático, nos encanta hablar de él, pero, más allá de quitarse la corbata, pocas medidas veo encaminadas a que sectores como estos amortigüen su impacto. Señorías, trece años de escasez.
Gran Canaria tiene los mayores embalses de las ocho islas y están a un 10 %. De las ocho islas, tres están en emergencia hidráulica. No tenemos agua, los agricultores no tienen agua, los productos suben, los agricultores cierran... ¿En qué
estamos pensando?
No quiero dejar pasar la oportunidad de recordarle al Partido Socialista -porque yo sí me acuerdo- que hace tiempo, cuando gobernaba el PP y no cumplía con el convenio de infraestructuras hidráulicas, el Partido Socialista lo denunciaba
fervientemente. ¿Y qué tenemos ahora? Un convenio del año 2018 firmado con la ministra Teresa Ribera, del que de 900 millones para quince años, ¿saben cuánto dinero se ha dado? Cero, cero euros para el convenio de infraestructuras hidráulicas,
que es vital para Canarias porque tenemos que desalar el 90 % de las aguas que van a regadío.
Señorías, este inexistente compromiso por parte del Gobierno solo machaca a los que son más débiles en la cadena. Por favor, dejémonos de ese espacio político de si topar precios o no y pongámonos a trabajar con medidas estudiadas y
adaptadas a los sectores.
Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Hoy debatimos una proposición de ley del Grupo Popular para modificar la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico para incluir medidas para facilitar el suministro eléctrico en condiciones competitivas a los consumidores estacionales. La
proposición plantea concretamente la modificación del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, para que los contratos de acceso para regadío y
las actividades económicas sujetas a estacionalidad puedan contar con la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de doce meses en función de la necesidad de suministro para la actividad. En este sentido, hay que comentar que
esta posibilidad ya está recogida en varias leyes: primero fue en la ley de sequía de 2018 y ahora, más recientemente, en la ley de cadena alimentaria, a través de una enmienda que fue impulsada por este grupo, el Partido Nacionalista Vasco, entre
otros, para posibilitar no solo las dos potencias, sino también para establecer una bonificación al gasóleo, a los plásticos y a los fertilizantes, y que fue incorporada al texto para poder discriminar la época de riesgo y la de no riego, tal y como
consta en el texto. Sin embargo, el desarrollo reglamentario sí incumbe a Transición Ecológica, ya que se trata de una normativa perteneciente al sector eléctrico que aún no se ha abordado y que, desde luego, entendemos que se debería abordar,
porque las leyes están para cumplirlas y creemos que el ministerio ya va algo tarde. Este incumplimiento, finalmente, va en contra de aquellos colectivos a los que se trata de proteger o de mejorar las condiciones para desarrollar su actividad para
que puedan ser competitivos y, especialmente, a los agricultores, que todavía no pueden disfrutar de esa doble potencia en el corto plazo por esa inacción del ministerio.
Como ya he dicho, son varios los intentos fallidos para disponer de estas dos potencias: la ley de sequía, la disposición final de una enmienda también aprobada en los Presupuestos Generales del Estado del 2021 y la ley de cadena
alimentaria. Para nosotros no hace falta volver a recoger esta medida porque la misma ya está prevista, lo que hace falta es un compromiso verdadero por parte del Gobierno de que se va a cumplir en un plazo de tiempo razonable, y que, desde luego,
señorías del PP, no es de siete días, que es el que proponen ustedes, porque saben que esto va a ser inviable e irreal, ni tampoco que se demore en el tiempo por parte del Gobierno. Al menos lo que hoy correspondería es que los grupos que sustentan
al Gobierno asuman un compromiso claro en esta tribuna de que el Ministerio de Transición va a incorporar esta posibilidad en un plazo de tiempo razonable.
En cuanto a la segunda petición, peajes y cargos, primero, entendemos que esto corresponde a la CNMC, porque es la que tiene la competencia para la formulación de la metodología de peajes. Segundo, no parece oportuno en este momento
modificar esos parámetros establecidos en la recientemente aprobada definición de la metodología de peajes por la CNMC cuando todavía no disponemos de una valoración acerca de la misma ni de cuál ha sido su evolución e impacto económico debido a las
circunstancias excepcionales que estamos viviendo: un shock energético sin precedentes que ha derivado en altos precios de la electricidad. Tercero, la propuesta tampoco aborda un análisis de impacto de la aplicación de dicha medida en todos los
aspectos y, además, en estos momentos ya hay una reducción de peajes hasta el 31 de diciembre como consecuencia de la guerra en Ucrania. Por tanto, esta segunda medida, o por lo menos estudiar nuevos mecanismos de tarificación que permitan
disminuir el coste energético de los productores estacionales en la factura eléctrica, debería abordarse en circunstancias quizá más normales y, desde luego, conociendo realmente el impacto económico que la misma pudiera suponer. Además, también
habría que explorar otras medidas quizá más efectivas que una reducción de peajes y cargos, y ver si las medidas específicas para el sector agrario que han establecido los diferentes decretos de Ucrania son suficientes o hay que incrementarlas o
modificarlas, cosa que podremos hacer -entendemos- en la tramitación como proyecto de ley de los diferentes decretos que se han emitido aquí.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señora Marcos, sabe que admiro cómo realiza su trabajo porque compartimos muchas comisiones, entre ellas Agricultura, pero también le digo que vaya papelón le ha tocado defender hoy aquí, además
delante del sector, y se lo explico ahora. La semana pasada su partido trajo a este Pleno una iniciativa copiada perfectamente de una iniciativa que presentó Ciudadanos meses antes de que el Grupo Popular la presentara (protestas): la
deflación del IRPF. Lo bueno es que está en los registros del Congreso, con lo cual cualquiera que quiera puede revisarlo. Pero es que hoy le toca a usted hacer el salto mortal, porque trae una proposición de ley que tiene un tema central que
parte de una moción que Ciudadanos presentó en marzo de 2021 y que salió aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto uno, el Grupo Popular, que se abstuvo. Por eso, aprovecho para saludar al sector y decirle que Ciudadanos ya
trajo esta iniciativa aquí después de una interpelación al señor Planas; que fuimos capaces, como somos siempre, de negociar con el Grupo Socialista para que pudiera salir adelante y que fue el Grupo Popular el que se abstuvo porque no fueron ellos
quienes la presentaron.
Tengo que decir que esta iniciativa para intentar cambiar la tarifa eléctrica y de que exista esa doble tarifa no solo para los agricultores, sino para todos los sectores que tienen un periodo estacional de más actividad también la trajeron
anteriormente muchísimos partidos, pero Ciudadanos la trajo y conseguimos el consenso de la mayoría de la Cámara excepto, vuelvo a decirlo, el Grupo Popular. Y les voy a leer los puntos, básicamente para que vean que es algo que nosotros ya
trajimos, que está aprobado y que el sector ve con buenos ojos, y no solo el sector agrario, sino todos los sectores, por ejemplo, el hotelero, el turístico, el hostelero y otros muchos sectores. Pedíamos que se aprobara en el menor plazo de tiempo
posible la normativa reglamentaria para permitir que los contratos de acceso para regadío puedan disponer de dos potencias diferentes a lo largo de doce meses, normativa prevista en la disposición final quinta bis de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico. Pedimos que se ampliara la posibilidad de contratación de dos potencias diferentes a lo largo de doce meses a otros ámbitos distintos del sector agrario, ámbitos, como he dicho anteriormente, como el sector
turístico, porque los hoteles son unas empresas que pueden beneficiarse de esta medida. También pedimos que se elaborara un informe para identificar a otros sectores económicos con alta estacionalidad en su demanda energética para que pudieran
acogerse a esta iniciativa, y el PP se abstuvo -vuelvo a repetir, el PP se abstuvo-. Y hoy lo trae en otro formato (aplausos), a ver si cuela frente al sector y otros partidos políticos. Traen lo mismo, exactamente lo mismo. Digo más. ¿Qué va a
hacer el Gobierno? Porque tengo que decirle que lo han copiado, que lo vuelven a traer en la misma legislatura. Pero les entiendo, porque el Gobierno no hace absolutamente nada, ya que lo ha podido traer en un real decreto y ponerlo en marcha,
pero no lo ha hecho. Puedo entender que lo traigan ustedes aquí, copiado de Ciudadanos, no pasa nada, lo compartimos, no hay absolutamente ningún problema, pero les digo una cosa: ¿por qué no se sientan a negociar con el Partido Socialista? Lo
único que hacen con el Partido Socialista es negociar el Tribunal de Cuentas, negociar el Consejo General del Poder Judicial, apoyar o blanquear los indultos de unos y otros, y de eso, aunque la ministra de Justicia diga que es de lo que se habla en
el metro y en el autobús, no se habla. Lo que preocupa a los españoles son cosas como esta, pero ya sabemos qué van a votar el Partido Socialista y Unidas Podemos, el Gobierno. Seguramente vote que no. ¿Por qué? Porque lo presentan ustedes, por
eso. Este es un ejemplo claro del bipartidismo. (Aplausos). El bipartidismo no piensa en los españoles, piensa en lo mejor para ellos: cuando no me conviene aprobarlo no lo pongo en marcha y como ellos no lo ponen en marcha lo trae el Partido
Popular. Y así sucesivamente. Mientras, los españoles esperando. (Una señora diputada: ¡Muy bien!).
Les digo que este problema de fondo nos preocupa; claro que nos preocupa, lo hemos traído nosotros. A nosotros nos apoyaron muchísimos partidos, y esto se va a quedar en el tintero, porque ya está aprobado. No podemos seguir esperando.
Nos preocupa muchísimo. Sería un mecanismo para ayudar en estos momentos a esos sectores: pueden cambiar de tarifa y pagar menos cuando necesitan menos y pueden pagar menos cuando producen menos. Es una medida que, de hecho, vamos a introducir en
el documento que mandaremos a la vicepresidenta Ribera para un futuro plan de contingencia. Ahora sería un gran momento para aprobar esta medida, para ponerla en marcha, porque, como digo, aprobada ya está.
Vamos a trabajar por los españoles, que para eso nos pagan. Dejémonos de populismo, de verdad, porque les digo que hemos ganado a Echenique a niveles máximos. Hoy, señora Marcos, ha ganado usted al señor Echenique y a Podemos de una manera
llamativa.
Ciudadanos va a votar sí. Pensamos, una vez más, en los españoles. Y, señores del Partido Popular, creo que a partir de ahora les vamos a pasar las iniciativas antes para que puedan ir copiándolas con más tiempo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Para el BNG la propuesta de tarifas diferenciadas para los productores estacionales tiene sentido. Creemos que puede ser una buena idea, especialmente cuando afecta a pequeños productores, agricultores u otros sectores. Sin embargo, nos
parece que la propuesta del Partido Popular no solo es insuficiente, sino que está claramente ultrapasada por las circunstancias. Creo que si el Partido Popular o el Partido Socialista no están dispuestos a hacer cambios estructurales, difícilmente
vamos a solucionar el grave problema que tenemos en este momento. Es evidente que ustedes no quieren tocar los intereses económicos del oligopolio eléctrico; ustedes, que participaron en la privatización de las empresas eléctricas públicas o en la
liberalización, con el Partido Socialista, del sector eléctrico.
En fin, nosotros creemos que hay que hacer las cosas que hay que hacer: nacionalizar el sector eléctrico, porque si la electricidad es un bien esencial debe estar bajo control público; crear eléctricas públicas; modificar la regulación
del sector eléctrico para acabar con el mercado marginalista; poner un tope a los consumidores finales del precio de la electricidad y también del gas o, en el caso de Galiza, una tarifa eléctrica galega. Mientras no estemos dispuestos a hacer
esos cambios estructurales con propuestas como esta, difícilmente resolveremos...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: ... el grave problema al que se enfrenta la ciudadanía en este momento.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Si hay alguien que merece con todos los honores el premio Guinness a la hipocresía y la cara dura es, sin ningún género de dudas (un señor diputado: ¡Mónica Oltra!), el Partido Popular. (Aplausos.-Protestas). El Partido Popular insta a
una modificación de potencia, para que los agricultores puedan cambiar la potencia cuando no necesitan regar, para que las cooperativas puedan cambiar la potencia cuando no necesitan producir aceite o secar arroz -en mi pueblo-, e insta a cambiar un
real decreto de 2001. ¿Quién gobernaba en 2001? Aznar, y en 2002, en 2003 y en 2004. ¿Quién gobernaba en 2011? Rajoy, y en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Tuvieron tiempo de cambiar y ¿qué hicieron? Mirar hacia otro lado. Lo que
hace el PP. No le interesan ni los agricultores ni los ganaderos ni las empresas ni las cooperativas, le interesa el postureo, ¡el postureo! (Aplausos). Esto lo hacen ahora que están en la oposición. Antes que el Partido Popular, esto lo hizo
Compromís en 2018, en enero, cuando gobernaba Rajoy. El PP lo podía haber aplicado y ¿qué hizo? Mirar hacia otro lado.
Ya está bien de postureo, ya está bien, joder -se me ha escapado-. (Aplausos.-Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Rumores). Señorías, cálmense, por favor.
Tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Bona tarda, president.
El agua es un bien escaso y ahorrarla no debería estar penalizado económicamente, parece un principio claro. La modernización de los sistemas de regadío actuales incorpora tecnología inteligente, más eficiente, pero consume más
electricidad, así que ahorrar el agua de todos les sale caro a unos pocos.
Los agricultores todavía no pueden utilizar la doble tarifa ni la doble potencia, porque no hay un reglamento que lo haga posible. Se les obliga a contratar la potencia máxima, aun cuando solo la utilizan tres meses, pagando el coste más
elevado durante todo el año. Por si fuera poco, la escalada de precios de la electricidad es histórica, la más grave de la historia, y no solo por Putin. Si a eso le sumamos el encarecimiento de los combustibles y de los fertilizantes, los costes
extraordinarios por el tratamiento de los residuos agrícolas, la sequía, las heladas... (continúa su intervención en catalán).
Ser agricultor, especialmente en explotaciones familiares de pequeña dimensión, es sinónimo de ahogo económico. Junts ha solicitado reiteradamente en el Congreso y en el Senado el despliegue de la reglamentación en la ley de medidas
urgentes del sector agrario o en la ley de cadena alimentaria, así que tiene sentido considerar una propuesta que quiere desbloquear a este Gobierno que ha hecho de la demora un hábito. Pero además anunciamos que presentamos una enmienda al
artículo 18 del proyecto de ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para que los titulares de contratos de suministro de electricidad para
regadío y actividades económicas relacionadas con el turismo y sujetas a estacionalidad puedan beneficiarse de la reducción del IVA de la electricidad al 10 %, en línea con lo que justamente hoy ha pedido la coordinadora de agricultores y ganaderos.
Fue una vergüenza que en 2018 se aprobara que el campo pudiera disponer de dos potencias diferentes a lo largo de doce meses, que en 2020 se pusiera como fecha límite para redactar ese reglamento el 30 de junio de 2021 y que estemos aquí
esperando el reglamento; esperando nosotros, desesperando los agricultores. La propuesta de ley también pretende facilitar electricidad en condiciones competitivas al sector turístico. Estamos de acuerdo. Es cierto que el sector se ha ido
recuperando, pero la situación económica que se avecina debe activarnos a la hora de tomar medidas que ayuden a una de las industrias más importantes en la economía de los países del sur de Europa, el turismo. Por tanto, estamos abiertos, una vez
más, a apoyar medidas que sirvan para ayudar al sector agrícola y al sector del turismo, básicamente porque queremos hechos y no nuevos capítulos de ineficiencia gubernamental.
Acabamos de ver su campaña del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Saben qué creo? Que mientras que la publicidad dice -así es como empieza el anuncio- que esta es la generación que sueña y hace, nosotros creemos que este
es el Gobierno que sueña que hace. Y no lo decimos nosotros, sino la propia Unión Europea, que ha señalado a España como el peor ejecutor de los fondos europeos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bona tarda, buenas tardes.
Hoy se cumplen cinco años desde que empezaron a meter en la cárcel a algunos de los nuestros. Espero que, al cabo de cinco años, vayan ustedes entendiendo que esto no se arregla metiendo a gente en la cárcel, sino poniendo urnas en las
escuelas y votando la gente libremente. (Aplausos).
Dicho esto -no sé cómo voy a hacer para evitar parecer un abuelo cebolleta-, bienvenidos a un clásico de los debates parlamentarios sobre temas de energía. El debate sobre la potencia estacional es ya un clásico del PP y del PSOE, pero,
¡cuidado!, cuando el partido de turno se encuentra en la oposición. Hoy vamos a asistir a un curioso debate de papeles, y venía yo pensando para mí: que esté Mariscal, por favor. Ustedes (mirando a la mesa de los taquígrafos) son tan amables que
dejan constancia, y si la hemeroteca es terrible, el Diario de Sesiones todavía lo es más. Pero no voy a poder fustigar a la señora Milagros Marcos tan fuertemente como se hubiese merecido el señor Mariscal Anaya.
Ustedes intentan y proponen legislar sobre la potencia estacional, pero a la hora de la verdad ni unos ni otros han hecho nada por aplicarlo. Desengáñense ustedes, lo siento. Esquerra Republicana hace mucho que defiende el contrato de
potencia estacional, y creemos que es un debate adecuado en un contexto donde el disparado precio de la electricidad está lastrando la competitividad de miles de empresas, en especial de las más pequeñas y, sobre todo, las agrarias. No podemos más
que estar de acuerdo con la actualización de una normativa del siglo pasado que no recoge algo tan básico como las necesidades temporales de producción y de consumo de muchas empresas. Ya lo dijimos entonces y lo volveremos a repetir, así que me
permito la licencia de hacerles memoria. Ya presentamos una PNL. Ciudadanos, en el año 2021, sí. Baldoví ha dicho que en el 2018. Y el PNV recientemente enmendando la Ley de la cadena alimentaria. Todos proponíamos la creación de un contrato de
potencia estacional y la adecuación de diversas normativas con este fin, entre ellas la que ustedes proponen en su iniciativa del Real Decreto 116/2001, redactado por Gobiernos del PP. En ese momento gobernaba el PP y en la oposición estaba el
Partido Socialista. ¿Adivinan cuáles fueron los resultados de las votaciones de estas diversas PNL? Efectivamente, nuestra PNL fue aprobada gracias a los votos de los que hoy están en el Gobierno y fue rechazada por el partido que ahora está en la
oposición. Diría que casi ipsis litteris.
Como les decía, en aquella ocasión tuvo oportunidad de marcar posición el señor Mariscal, del Grupo Parlamentario Popular, quien con un brillante discurso acabó el debate afeando la iniciativa de Esquerra
Republicana y diciendo -cito literalmente-: 'Les ruego [...] que aporten ideas que sean sostenibles económicamente y que no incurran en el déficit y en comportamientos que lastran la economía y el bienestar de las familias'. ¿Quién va a
pagar, señor Capdevila?, repetía el señor Mariscal en su -repito- brillante discurso. Y eso -o parecido- nos dirá hoy el también brillante portavoz del PSOE. Seguramente repetirá algunas frases o expresiones como estas. Yo a él le conmino a
superar el ya conocido argumento Nadal de quién paga todo esto y aprovecho la ocasión para trasladarle unas cuantas cuestiones.
Señores del PSOE, señores de Podemos, si no es así, ¿cómo hacemos? En la semana en la que el precio del pan marca máximos históricos en toda Europa (aplausos), con las consecuencias de una sequía que ha provocado, junto al pedrisco, la peor
de las producciones en décadas, con el secuestro por el impuesto de los contratos a 31 de diciembre que denuncia hoy Afrucat, la Asociación de la Fruta Fresca de Catalunya, y tantas penalidades que el sector primario acusa, ¿cómo hacemos para no
apuntillarlos con los costes de la energía? Ídem con la cogeneración industrial. ¿Para cuándo soluciones que permitan que les salga más rentable estar parados que produciendo energía, electricidad y calor de proximidad? (Aplausos). Ídem -sí,
llámenme pesado- con las redes cerradas de energía para los grandes polígonos industriales. Y, en el colmo de la paciencia, ya casi para declamar la catilinaria, ¿cuánto habrá que esperar para que se trasponga la normativa comunitaria, ya aplicada
en Alemania, en Francia, en Portugal, que permita comunidades energéticas locales de dimensiones suficientes como para que el kilovatio hora limpio de kilómetro cero sea una realidad, que patentice la democratización de la energía, su sostenibilidad
y su contribución contra el calentamiento global? (Aplausos). En mayo se cumplió un año desde que ustedes rechazaron una enmienda de Esquerra a la ley de cambio climático para impulsarlas. ¿Qué más tiene que ocurrir para poner comunidades
energéticas en marcha?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir terminando, por favor.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, presidente.
Señorías, que la energía se pague al precio que cuesta producirla y al nivel de consumo que se ha realizado es algo que desde el Grupo de Unidas Podemos llevamos reclamando desde hace muchos años. Si ello no ocurre se debe -muchas veces lo
hemos debatido en este hemiciclo en los últimos meses; entre la guerra de Ucrania, la subida de los precios del gas, el corte de suministro de gas de Rusia y las propuestas de ahorro llevamos discutiendo sobre energía ya muchas semanas- a que
necesitamos una reforma del sistema eléctrico, y es ahí donde hay que ir, a la base del problema. A día de hoy todavía seguimos pagando el precio de energías más baratas al precio del gas, porque hay un mercado mayorista que es el que determina
cuál va a ser el precio del megavatio/hora. Dijimos en su momento -hace ya, si no recuerdo mal, uno o dos años- que se estaba pagando al oligopolio energético un megavatio/hora producido en hidroeléctrica, que cuesta 3 euros el megavatio/hora, al
precio del gas, que era de 150 o 200, lo que en cada momento sea.
Por tanto, en tanto en cuanto no se acometa esa reforma del sistema eléctrico va a ser muy difícil que realmente se llegue a una situación justa, que, por cierto, además beneficiará a un modelo basado en las energías renovables, porque son
las fuentes renovables las que producen el megavatio/ hora más barato de todas las distintas fuentes energéticas. En este sentido, el Partido Popular, que hoy nos trae esta proposición de ley a discusión, lo que ha hecho sistemáticamente ha sido
defender los intereses del oligopolio y oponerse a cualquier medida que vaya en la línea de esa reforma del mercado eléctrico. Daba igual que fuera en su momento el establecimiento de un impuesto a las eléctricas o cualquier otra medida; cualquier
medida que redunde en beneficio de los consumidores y vaya en contra del oligopolio energético cuenta con la oposición del Partido Popular.
Por cierto, señora Marcos, ha puesto como ejemplo el de un agricultor que tiene una planta de autoconsumo y se ha llevado las manos a la cabeza porque se paga menos por el kilovatio que se vende a la red de lo que realmente cuesta
producirlo. Sin embargo, el autoconsumo -por si ustedes no se acuerdan- fue impedido por el Partido Popular, que estableció lo que se llamó el impuesto al sol. Por lo tanto, si por ustedes fuera ni siquiera el autoconsumo estaría en
funcionamiento. (Aplausos).
Se ha hablado mucho aquí del alto precio del trigo y del alto precio del pan. Yo quiero traer a colación una vez más en este hemiciclo una realidad que permanentemente se niega, que es la realidad del impacto del cambio climático sobre el
sector primario, en concreto español y en general en toda Europa y en todo el mundo. Si no nos tomamos en serio la lucha contra el cambio climático, si no frenamos la subida de las emisiones, si no somos capaces de frenar el aumento de las
temperaturas, el golpe al sector primario que se está viviendo en este momento va a ser pequeño en comparación con lo que nos viene. Ya el sindicato agrario COAG estableció hace solamente unos meses que el cambio climático estaba causando un coste
de 500 millones de euros al sector primario español, al sector agrícola y ganadero. Desgraciadamente, esta estimación del sindicato COAG se ha quedado demasiado pequeña; lo cierto es que el impacto económico de la sequía, de las altas
temperaturas, está siendo muchísimo mayor. Creo que no podemos negar con una mano el cambio climático y, al mismo tiempo, decir con otra que se trata de ayudar al sector primario No, señorías, no. O hacemos frente al cambio climático de manera
firme y decidida o realmente todo lo demás van a ser parches.
Déjenme decirles que el Gobierno es sensible a la situación que se plantea y está preparando una serie de modificaciones normativas que se aprobarán en breve y que contribuirían a disminuir sensiblemente el coste de la factura de la
electricidad también para los regantes al reducir el coste de los cargos adicionales en la factura y dar más peso a la parte variable en detrimento de la parte fija. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Sin embargo, esta propuesta del PP
no es aceptable para nosotros, por diversos motivos que ya se han explicado aquí y que no voy a reiterar.
Simplemente quiero terminar hablando de que la alternativa pasa por impulsar las energías renovables. Lo llevamos diciendo una y otra vez. Es difícil interpretar cuál es el modelo energético que ustedes defienden. La reciente oposición de
su partido al real decreto sobre ahorro energético es una muestra de la falta de orientación de su política energética. En realidad, ustedes dan bandazos en materia energética en función de lo que hagan sus aliados de VOX, que últimamente han
tenido la gloriosa idea de rescatar una central nuclear cerrada hace nada menos que diez años.
Consideramos que existen alternativas viables, basadas, como digo, en las energías renovables, y por eso el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura están preparando una próxima línea de ayudas por importe de 30
millones de euros para apoyar la eficiencia energética y el autoconsumo en explotaciones agrarias y en los regadíos españoles. Estas ayudas son complementarias a las inversiones en materia de eficiencia energética que se van a realizar en
explotaciones agrarias y en regadíos existentes en el marco del componente número 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. El futuro energético, señorías, pasa por el impulso a este modelo energético hasta
alcanzar el cien por cien de la producción en energías renovables, y hacia ahí es hacia dónde deben ir las políticas del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Uralde.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias.
Tengo que hacer una puntualización al portavoz de Podemos. Ha citado las iniciativas de VOX en Castilla y León, pero le lanzo una corrección. VOX no ha propuesto reabrir una central cerrada; por el contrario, VOX está estudiando construir
dos centrales donde antes había una. (Aplausos). O sea que es posible que la propuesta real de VOX le guste a usted muchísimo menos. Lo que VOX está proponiendo es que en el antiguo emplazamiento de Garoña se construyan dos centrales nucleares
modulares de nuevo ciclo, que permitirían, efectivamente, complementar o al menos paliar en parte el desastre energético que su Gobierno está provocando en España. (Aplausos).
Hoy venimos aquí a debatir una iniciativa propuesta por el Partido Popular, en la que propone, sobre todo, dos medidas. Para que todos quienes nos escuchen lo entiendan rápido, la primera de esas medidas es que se permita a los consumidores
con una intensidad irregular en el consumo de energía eléctrica tomar dos contratos, de tal forma que los meses en los cuales consumen una gran intensidad de potencia eléctrica opten por uno de ellos y en los meses en los que consumen menos opten
por este segundo contrato. De tal forma reducirían su factura, sería más eficiente y adaptarían mejor su consumo a la factura. La segunda medida es crear nuevos tramos horarios en función de la época del año, para que restaurantes, comunidades de
regantes, etcétera, puedan de nuevo adaptar su consumo y hacer su factura más eficiente en función de los tramos horarios.
Las medidas son positivas, desde luego. El espíritu de la norma, apoyar al sector del turismo y apoyar al sector agrícola español, es positivo, y por ello vamos a apoyarla. No obstante, la medida es totalmente insuficiente. Es más,
algunos de los reproches que se han lanzado hasta ahora al Partido Popular son absolutamente oportunos, porque el desastre energético en el que se encuentra sumida España es culpa, por supuesto, del Ministerio de Transición Ecológica, de nuestra
ministra fanática, Teresa Ribera, pero también lo es de los anteriores gobiernos del Partido Popular. Y vamos a explicarlo muy rápido. Ambos gobiernos, o ambos partidos en sus sucesivos gobiernos, han abrazado los postulados de la Agenda 2030. De
nuevo, para que quienes nos escuchen lo entiendan y no se dejen confundir ni engañar, por ejemplo, por el portavoz de Compromís, que viene aquí y grita en un tono muy desagradable muchísimas tonterías, la Agenda 2030 abrazada por el Partido Popular
y por el Partido Socialista es la que ha reducido la generación de energía nuclear y la que ha reducido y eliminado las centrales térmicas de España; es más, el Partido Socialista ha dinamitado físicamente varias de ellas. Son ellos quienes gravan
con impuestos al diésel y son, en definitiva, quienes han puesto todos los huevos en la misma cesta, una cesta llamada gas, una cesta que a día de hoy paga los precios más altos de la historia. Por eso, España está pagando el coste energético más
alto de la historia.
VOX propone que olvidemos esa Agenda 2030 y que recuperemos el sentido común. (Aplausos). Diversifiquemos nuestras opciones, repartamos entre todas las fuentes de energía que tenemos disponibles, como la energía nuclear, que es mucho más
barata. Pensemos que si a día de hoy el megavatio hora de gas nos cuesta en España 400 euros -en Alemania, 1000, por cierto-, el megavatio hora de energía nuclear nos cuesta 60 euros. Eso es lo que los señores de Podemos ocultan a nuestros
agricultores, a nuestro sector turístico y a toda la industria en España: que la política de la Agenda 2030 es la que provoca estos precios tan elevados de la energía. Y eso es precisamente lo que no ataca esta iniciativa del Grupo Popular.
(Aplausos).
Para que ustedes y todos los españoles comprendan cuáles son las medidas que proponemos, les pedimos al Gobierno y a los señores de Podemos, que tan seguros están de sus medidas -en nuestra opinión, suicidas-, que consulten a los españoles:
señores agricultores, señores ganaderos de España, ¿quieren ustedes pagar esas facturas cuatro o cinco veces mayores con respecto a las que estaban pagando hace dos años? ¿O quieren ustedes pagar una factura razonable por la energía que consumen y
que necesitan para producir los servicios? Consúltenles, ¡consúltenles! Lancen una consulta pública; la Constitución en su artículo 92 lo prevé. Pregunten a los españoles si prefieren su Agenda 2030 suicida, contraria a los intereses de los
españoles, contraria a las familias españolas y contraria al campo español, o si prefieren servirse por sí mismos en la medida de lo posible y utilizar todas las fuentes de energía disponibles. Y, sí, cuando seamos 100 % verdes y podamos consumir
energía 100 % eólica o 100 % solar, perfecto, hagámoslo, pero hasta que ese día no llegue, por favor, diversifiquemos nuestros riesgos. Esta es la pregunta que deben lanzarles a los españoles y esta es la voz que ustedes, podemitas y socialistas,
les roban a los españoles. Por eso, VOX les hace una propuesta muy sencilla: devuelvan, por favor, la palabra a los españoles para que las familias, los agricultores y la industria puedan pronunciarse.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Figaredo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Renau Martínez.
El señor RENAU MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes. Antes de empezar, una previa. Aunque ya saben que no me gusta mucho perder el tiempo hablando de VOX ni a VOX, ya que el señor Figaredo ha hablado de la energía nuclear, le doblo la apuesta: las renovables cuestan menos de
30 euros megavatio hora y, por cierto, no se tarda veinte años en construirlas. Y una segunda cosa, hablan de Agenda España para contraponerla a la Agenda 2030, pero cámbienle el nombre y llámenla agenda 1950, porque es donde nos quieren llevar con
ella. (Aplausos).
Señorías del Grupo Popular, señora Marcos, viven ustedes a la contra. Hace unas semanas nos hablaban de una propuesta para un pacto energético. Así es como llamaron a su famoso documento invisible, un documento que el día que lo presentó
el señor Feijóo probablemente era poco más que un paquete de folios recién comprado con una portada en la que habían puesto el escudo de España en vez del logo del PP para que pareciera algo serio. Y no es que solamente vayan a la contra, es que
sencillamente son contradictorios. La proposición que nos traen hoy no les debe parecer tan importante cuando no viene
recogida en esas cincuenta y tantas medidas urgentes que proponen en el documento; y ya han tenido tiempo para escribirlo. Son contradictorios también entre ustedes, porque hoy mismo les ha dicho la señora Ayuso que no le gusta nada su
propio documento. Claro, es normal: algunas medidas ya están en marcha aprobadas por este Gobierno y otras sencillamente son copias de lo que hemos dicho o propuesto en algún momento, por lo que a ella le debe parecer todo muy bolivariano para su
gusto.
Les decía que van a la contra y es que se mueven a contratiempo, pero a contratiempo en el sentido musical de la palabra. ¿Saben qué es un contratiempo en música? Es poner el acento en un tiempo de un compás donde no debería estar, y eso
es lo que hacen ustedes. Nos traen a debatir una proposición de ley que registraron hace dos años. En materia de energía, tras dos años -y más en el momento que estamos viviendo-, yo la llamaría arqueología parlamentaria, porque el mundo cambia
muchísimo más rápido que eso. Buena prueba de ello es ver que en la exposición de motivos de su proposición de ley hablan constantemente de la pandemia de la COVID y hacen referencia en todo momento al estado de alarma, porque era una proposición
que plantearon durante el estado de alarma y con medidas extraordinarias para el estado de alarma; medidas que, por cierto, fueron adoptadas en su momento por parte del Gobierno. Pero es que hacen esto constantemente, es extemporánea. Yo creo que
probablemente les llamaron de Génova y les dijeron: Esta semana tenéis que hablar de energía sea como sea. Miraron en el cajón y lo único que encontraron registrado en el Congreso fue esto, así que esta es la que tocaba. (Aplausos).
Sí, van a la contra, porque también van a contracorriente. Ustedes apostaron contra las renovables cuando había que reforzarlas, paralizaron completamente su desarrollo y, de ser un país líder en el sector de las renovables, nos llevaron a
ser el vagón de cola de la Unión Europea y prácticamente del mundo durante años. Al final se ha terminado por demostrar que esa actitud suya nos ha perjudicado muchísimo, porque, cuando entran en funcionamiento únicamente las renovables, las
inframarginales, los precios de la electricidad se desploman. Esto lo hemos visto esta misma semana. El sábado el precio mayorista de la electricidad en España fue de 60 euros megavatio hora, precio entre cinco y diez veces más bajos que en el
resto de Europa en ese día; no cinco veces más bajo que en España, porque aquí tenemos la excepción ibérica por más que se quejen de que exista.
Siguen yendo a la contra, porque además todas sus propuestas son contraproducentes. Ahora lo hablamos si quiere, pero son contraproducentes. (La señora Marcos Ortega muestra un gráfico). Hablamos de la excepción ibérica a la que tanto
demoniza y de la que ahora me enseña la señora Marcos una gráfica muy bonita. Pues, con esta proposición ponen ustedes el foco en el término de potencia, un término que apenas tiene incidencia en la factura actual al haber eliminado y bonificado
los cargos y los costes regulados. Sin embargo, dicen ustedes que quieren quitar la excepción ibérica que está realmente generando un ahorro de entre un 15 y un 20 % en todas las facturas de todos los consumidores. Así es cómo funcionan ustedes:
proponen medidas que no harían que la factura fuera más barata y, a cambio, piden quitar medidas que están funcionando.
Por más que ustedes se empeñen en mentir o por más que muchas empresas comercializadoras estén intentando manipular la información sobre la excepción ibérica, mostrando un concepto en una línea aparte para que parezca que es un sobrecoste o
que es un impuesto cuando realmente es un desglose, les comentaré algo. Ha mencionado usted una factura de agricultores catalanes que yo también he visto; en efecto, tenía un coste de energía de 18 céntimos kilovatio hora -18 céntimos kilovatio
hora era un precio normal antes de toda esta crisis energética- y hay una compensación, el coste del tope al gas, de otros 18 céntimos kilovatio hora. La suma de los dos, si no me equivoco -son dos más dos-, me sale 36 céntimos kilovatio hora. (La
señora Marcos Ortega muestra un documento y pronuncia palabras que no se perciben). ¿Sabe usted lo que costaba la luz ese día sin la excepción ibérica? Costaba 45. (Aplausos). Por más que se desglose, dos más dos siguen siendo cuatro. Perdone,
pero la excepción ibérica está funcionando y precisamente por eso el resto de países europeos quieren implementar una medida similar. Es que la realidad es muy tozuda, es muy tozuda. Si lo que plantean es eliminar una medida que está ahorrando
dinero real a las familias y empresas, ¿ustedes a quiénes quieren favorecer? ¿A los mismos que pretenden ayudar cuando se oponen a gravar los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas y de la banca?
Ha hablado usted también de los costes de los carburantes. Ustedes votaron en contra de los 20 céntimos de descuento en los carburantes. (La señora Marcos Ortega muestra un gráfico). Tienen un problema: cada vez que la Comisión Europea
toma una decisión, como ustedes van a contra, les pilla a contrapié. Piensan que tienen un problema con Europa, pero no se dan cuenta de que el
verdadero problema son ustedes (aplausos), porque cada decisión que toma la Unión Europea nos da un poquito más la razón a nosotros y al Gobierno de este país y le quita un poquito más la razón a la oposición de este país, al Partido
Popular. Se están quedando solos con sus recetas del pasado.
Viven a la contra y aquí viene el contrapunto, porque creo que lo que toca ahora es contraponer lo que plantean ustedes y lo que hacemos nosotros. Le agradezco de verdad a Moreno Bonilla que nos lo haya pintado tan claro, porque lo que va a
hacer es quitar un impuesto a los 17 000 andaluces más ricos para que el resto, los otros 8 millones de andaluces, se lo paguen. Y, por si no quedaba claro, la señora Ayuso nos lo ha puesto en óleo sobre lienzo. Les ha dicho a los andaluces:
Bienvenidos al paraíso. Supongo que se refiere al paraíso fiscal para todos los ricos. (Aplausos).
Por un lado, tenemos su modelo -y con esto termino- en el que plantean medidas contraproducentes, hechas a contratiempo y con discursos contradictorios, que acaban pillándoles a contrapié, porque se empeñan en nadar a contracorriente,
beneficiando a los más ricos y en contra de los de siempre. Y, por otro lado, tenemos las medidas del Gobierno, solventes, que funcionan, reconocidas en Europa como pioneras...
La señora PRESIDENTA: Señor Renau, tiene que terminar, por favor.
El señor RENAU MARTÍNEZ: ... y que acaban siendo propuestas por el resto de los países. (La señora Marcos Ortega muestra un documento).
Señorías, de verdad, viven a la contra y lamento que vayan a quedar ustedes contrariados, pero se equivocan con esta proposición, como siempre, y no vamos a apoyar su toma en consideración. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Renau.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000167).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina. (Aplausos).
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario VOX y que tengo el honor de defender pretende la modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, añadiendo un párrafo en el artículo 20.4, para intentar lograr con ello
garantizar la exención total de responsabilidad penal cuando se realiza una acción en legítima defensa.
Creo que, como en tantas cosas en la vida, podríamos dar largas explicaciones, pero las cosas se entienden mejor, se comprenden mejor y, especialmente en estos casos, se empatiza mejor si traemos algunos ejemplos. Ya les adelanto a sus
señorías que muchos los conocerán, pero es difícil ponerse en la piel de quienes han tenido que sufrir estas situaciones y, además, ser justos a la hora de valorar qué habríamos hecho nosotros si nos hubiéramos encontrado en la misma situación.
Esta es la cuestión. A los legisladores se nos dice muchas veces que estamos muy alejados de la realidad, que las leyes quedan obsoletas o que nunca han llegado a comprender la realidad que pretenden regular. Este es uno de esos casos en los que,
dramáticamente, muchos españoles han tenido que pasar por situaciones que en sí eran trágicas pero que la ley ha hecho doblemente trágicas. Pero, sobre todo -y permítanme que les llame la atención sobre esta cuestión-, mañana o pasado cualquiera de
ustedes -incluso los que están distraídos mirando el móvil o pensando en otras cosas-, sus padres, sus abuelos o sus seres queridos podrían encontrarse en esta misma situación. Entonces se preguntarán: ¿cómo ha podido ocurrirme a mí? ¿Cómo ha
podido abandonarme el Estado de derecho? Esto poco tiene que ver con cuestiones políticas de partidos, tiene que ver con cuestiones de sentido común y, si me apuran, del más simple y llano sentido de la justicia y de la equidad e igual podría ser
en España que en cualquier otro país. (Aplausos).
Hablemos del caso de Jacinto en un municipio de Tenerife, un hombre de ochenta años. Dos asaltantes entran violentamente en su casa y les golpean con saña a él y a su mujer. Portan formones de hierro de carpintero afilados y una pistola
-sí, una pistola- que luego se demostró que era un arma simulada,
aunque me pregunto quién de nosotros se pone delante de un agresor que llevan en la mano una pistola y le dice: Perdone, ¿es de verdad o de mentira? Era una pistola que a esta persona le hizo ver que su vida dependía de su reacción. Fue
capaz de llegar a un armario, sacar una pistola para la que tenía licencia de armas, dar un tiro de advertencia al suelo que no fue atendido por los asaltantes y disparar contra uno de ellos abatiéndolo. Este hombre, Jacinto, fue condenado a dos
años y medio por homicidio y tuvo que pagar 20 000 euros de multa. Pero, fíjense, en el propio juicio el otro asaltante manifestó a preguntas de la acusación: Pues yo habría hecho lo mismo que hizo Jacinto y, por cierto, no hubiera dejado escapar
a ningún asaltante si hubiera sido mi familia la que estaba en riesgo.
Segundo ejemplo. Pepe, setenta y siete años, en municipio de Ciudad Real. Un asaltante de unos treinta años de edad que portaba una motosierra en la mano entró en su casa. No estamos hablando de la película de La matanza de Texas, estamos
hablando de una realidad, de un hombre que se enfrentó en su propia casa a un desconocido con una motosierra en la mano. Logró alcanzar -por supuesto, preso del pánico y del miedo- un armario en el que tenía una escopeta de caza con licencia y
logró abatir al asaltante, salvando así su vida. Fue acusado de homicidio e ingresó en prisión.
Hablemos de otro caso en Baleares. Pau, de ochenta y dos años, tuvo que sufrir el asalto en su vivienda de cuatro asaltantes con una edad media de veinticinco años que quisieron robarle. Igualmente, este hombre, que vivía en el campo, tras
la paliza que le habían pegado y mientras que revisaban la casa para encontrar dinero o algún objeto que robarle, logró coger su escopeta de caza y pudo abatir a uno de los asaltantes. Este hombre, Pau, fue condenado a cuatro años de prisión por
homicidio y tuvo que indemnizar con más de 100 000 euros a las familias del asaltante abatido.
Y el último ejemplo que les traigo es el de una persona a la que pude conocer personalmente junto a su mujer en Jaén. Él se llama Remigio y tiene setenta años; ella, setenta y ocho años. Entraron dos asaltantes a su casa y les pegaron una
paliza por la que estuvieron hospitalizados más de diez días. Le partieron las rodillas con una barra de hierro. Les aseguro que a mí se me cayeron las lágrimas cuando me presentaron a esa pobre anciana con todos los brazos, todas las piernas y
toda la espalda amoratada. Quisieron robarles, pero, como decía Remigio: ¡Si no tenemos nada! La realidad es que él tenía una escopeta de caza, pero fue tal la paliza que no pudo ni llegar a la habitación en la que estaba. Temió por su vida y
temió por la vida de su mujer y nos decía que sentía dolor porque creía que delante de ella le iban a matar. Él no pudo coger esa arma de fuego. Él no disparó ni abatió a ninguno de los asaltantes y, por tanto, no fue procesado ni fue condenado.
Pero no nos cabe ninguna duda de que, si hubiera podido ejercer el derecho a la legítima defensa, si hubiera llegado al armario, hubiera cogido el arma y hubiera disparado y abatido alguno de los asaltantes, sí habría sido procesado y habría sido
condenado. Podríamos seguir poniendo muchos otros ejemplos, pero hay otros que no he querido traer porque, lamentablemente, las víctimas de esos asaltos no los pudieron contar, porque no pudieron llegar al armario, porque no pudieron coger un arma,
porque no pudieron coger un cuchillo de la cocina, porque no pudieron coger un jarrón o una lámpara o una pala del jardín o cualquier elemento que les habría permitido salvar su vida. Son los casos de los que sufrieron asaltos en su vivienda y que
murieron asesinados a manos de los asaltantes. Ellos no pudieron ejercer el derecho a la legítima defensa.
Nosotros hoy con esta proposición les pedimos que, al amparo del artículo 17 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad y a la seguridad de todos los españoles, y del artículo 18.2, que garantiza el derecho a la
inviolabilidad de nuestro domicilio, podamos defendernos frente a quienes ponen en riesgo nuestra vida o la de nuestros familiares, nuestra integridad física o nuestra propiedad mediante el allanamiento o el delito de usurpación. Y les pedimos que
se modifique y que se añada al Código Penal un párrafo en el artículo 20.4 para que haya garantía real y efectiva y presunción legal de que cualquier medio que se use para la legítima defensa de tu domicilio, de tu familia o de tu vida habrá de
considerarse de manera automática y por designio de la ley un medio racional, proporcional y necesario, y que, por tanto, se produzca la exención de cualquier responsabilidad. (Aplausos).
Voy a terminar mi intervención con dos frases. Una la dije en público cuando conocí a Remigio y le prometí -hace ya cuatro años- que algún día traeríamos esta iniciativa a esta Cámara, a este Congreso los Diputados. Le dije: Cuando VOX
pueda, garantizaremos el ejercicio del derecho a la legítima defensa con la exención garantizada por ley de todo aquel que haga un uso legítimo de cualquier instrumento con el que logre defender -o, al menos, intentarlo- su vida o su integridad. Y
le dije aún más: Cuando VOX esté en el Gobierno de España, no solo no tendrán que pasar por el banquillo, no solo no serán acusados, sino que les impondremos una medalla al mérito civil por habernos ayudado a combatir la delincuencia y haber
ayudado a restablecer el Estado de derecho. (Aplausos).
Quiero terminar con una frase que no es mía, es de un nefasto comunista con el que tuvimos la desgracia de tener que coincidir -que no digo compartir- en estos escaños. Ese comunista dijo reiteradamente: El miedo va a cambiar de bando.
Pues esta iniciativa pretende que el miedo cambie de bando y que las personas mayores que están en sus casas aterrorizadas porque un día pueda entrar alguien y poner en riesgo su vida o la de su familia puedan tener la tranquilidad de que, si no ha
llegado a tiempo la Policía o la Guardia Civil y ellos tienen oportunidad de defenderse, jamás se verán acusados ni sentados en un banquillo. Y, por tanto, quienes empezarán a tener miedo serán los asaltantes, que se pensarán dos veces el entrar en
una casa por si tal vez puedan encontrarse encañonados o con un valiente héroe que con un cuchillo de cocina en la mano les haga frente y haga la justicia que tal vez el Estado en ese momento no ha podido hacer.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortega.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos la propuesta del Grupo Parlamentario VOX para modificar uno de los requisitos establecidos en el Código Penal para que pueda apreciarse la legítima defensa, que, como es sabido por sus señorías, es una causa eximente de la
responsabilidad penal que se aplica cuando se realiza una acción punible para impedir o repeler una agresión ilegítima a una persona o a sus derechos, ya sean propios o ajenos. Para su apreciación se requiere el cumplimiento de una serie de
requisitos, tales como que se produzca una agresión ilegítima, que no medie provocación por parte del defensor, que este último no actúe únicamente con ánimo lesivo y que no exista una desproporción exagerada, de acuerdo con las circunstancias de
cada caso, entre la agresión y la acción necesaria para impedirla. Es precisamente respecto a este último requisito, el de la proporcionalidad relativa de la respuesta defensiva frente a la agresión, donde VOX incide con su iniciativa de un modo
que ya adelanto que nuestro Grupo Parlamentario Vasco no comparte, ya que lo que se propone es modificar el Código Penal para permitir al defensor reaccionar de cualquier forma ante el hecho punible que sufre sin tener en cuenta ni los límites
jurídicos ni la proporcionalidad relativa que hoy exigen el apartado cuarto del artículo 20 del Código Penal y la jurisprudencia. Así, el Código Penal y la jurisprudencia nos exigen que la relación entre la agresión y la defensa debe ser tal que se
pueda afirmar, de acuerdo siempre con las circunstancias de hecho de cada caso, que la acción concreta de defensa era adecuada para impedir la acción concreta y que no existía una desproporción exagerada del daño causado por la defensa respecto al
daño real o potencial de la agresión, y, respecto a los medios de defensa y ataque, que existía una proporción también relativa entre las armas y el modo de utilizarse. En definitiva, y de manera coloquial, señorías, no se exige una igualdad de
resultados o daños ni de armas en la defensa respecto al ataque, pero tampoco se permite una desproporción exagerada o abismal de la defensa para repeler la agresión ilegítima. Ciertamente, señorías, esta labor interpretativa sobre la legítima
defensa, como ha señalado la Fiscalía, es uno de los más complejos retos del derecho penal por su gran casuística, ya que las circunstancias de cada caso son distintas pero en todos los casos hay que determinar lo mismo: si se tenían otras opciones
y si se podía optar por ellas de manera razonable, dadas las circunstancias.
Ahora, señorías, el Grupo Parlamentario VOX nos propone cambiar esta regulación de la legítima defensa porque, según su opinión, adolece de un problema de definición legal que la hace ajena al conjunto de valores de nuestra sociedad, ya que
esta reclama que en modo alguno exista ningún tipo de proporcionalidad entre los medios de defensa y sus resultados respecto a la agresión; que se permita, en definitiva, reaccionar de cualquier forma en cuanto a la defensa frente al allanamiento
de morada o del lugar donde se ejercita una actividad comercial, profesional o empresarial si existe riesgo de agresión. Por nuestra parte, no compartimos que la actual regulación de la legítima defensa esté alejada de los valores de nuestra
sociedad, más bien diría que al contrario, la idea de la proporcionalidad en cuanto a manifestación de la equidad es un imperativo de nuestro régimen jurídico y también del internacional. Así, la proporcionalidad en la respuesta en cualquier
situación y respecto a cualquier persona jurídica pública o privada siempre ha de guardar, atendidas las circunstancias, relación con la ofensa, la amenaza o la agresión recibida, y deberá causarse o al menos intentar causarse siempre el mínimo daño
necesario.
Por otro lado, señorías, el derecho penal no se construye olvidando el valor de las víctimas, lo tiene en cuenta, pero lo pone en relación con otros valores civilizatorios que han permitido su evolución hacia Estados más avanzados, como es
la mejor tutela del interés general y la racionalidad del ordenamiento penal, que nos han conducido, entre otras cosas, a un modelo en las sociedades europeas con monopolio público del uso de la fuerza, por lo que el uso defensivo de la fuerza por
particulares necesariamente se convierte en algo restrictivo. Nada que ver, ciertamente, con el modelo sobre todo americano, donde se es mucho más flexible al justificar la autodefensa y su alcance, pero este, señorías, es un modelo con poca cabida
en nuestras latitudes, donde no todo vale para defenderse y el exceso debe tener condena, sobre todo si tenemos en cuenta que en la legítima defensa se entrega al individuo derechos que no se entregan al mismo Estado, como es la obligación que este
tiene siempre de respetar el principio de proporcionalidad exacta en su respuesta penal.
Señorías -y voy finalizando, presidenta-, como ha señalado la Fiscalía, el Código Penal no tiene un problema de definición respecto a la legítima defensa, el debate se sitúa en las circunstancias de cada caso respecto a la relativa
proporcionalidad a los hechos y su valoración probatoria durante el juicio, sin que tenga que haber una correlación exacta entre defensa y el daño que se quiere evitar, lo que implica graduación y flexibilidad en el juicio, ya que no se puede
someter a reglas rígidas determinadas y mucho menos al todo vale de VOX. Para ello contamos con jurisprudencia abundante sobre los límites de la intensidad de la respuesta a una agresión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos.
Estamos en un nuevo ejemplo de esa poca o nula confianza que VOX tiene sobre nuestro sistema jurídico, sobre el Estado de derecho, sobre nuestras instituciones, como fueron aquellas otras proposiciones que nos plantearon sobre el Tribunal
Constitucional. En definitiva, es la demostración de que con respecto al Poder Judicial, VOX, igual que Podemos, es realmente un partido antisistema.
Sucede que lo que pasó hace un año -y lo ha dicho el señor Ortega Smith aquí- es que a un señor que repelió una agresión en su casa lo metieron en prisión provisional. Esto es típico de VOX, solamente se queda con lo fácil, con lo que
llega, pero no cuenta el detalle, claro; en prisión provisional, que no tiene nada que ver con la legítima defensa. Ocurrió en Ciudad Real. Pero, señor Ortega, lo que no se puede admitir es que usted venga aquí y mienta. Ha sido muy fácil
encontrar el caso de Jacinto Silverio, usted lo ha citado. Jacinto tuvo una sentencia de conformidad, se conformó con la acusación más grave por lo que pasó. ¿Sabe lo que hizo don Jacinto cuando el agresor entró en su casa? Disparó al suelo, la
bala rebotó e hirió a una persona. La sentencia se anuló. ¿Y sabe qué pasó en la siguiente sentencia? ¿Se ha molestado usted en leerlo? El fiscal no acusó por homicidio, solo acusó por tenencia ilícita de armas. Así que, ¿de qué me está
hablando? ¿De verdad cree que me puedo fiar de que el resto de los casos que ha contado aquí son verdad cuando en este le hemos pillado, cuando lo que ha contado aquí es mentira? Mentira.
Miren, necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, tradición jurídica española de hace más de cien años, e interpretación jurisprudencial, como muy bien ha dicho el señor Legarda. Y ustedes no quieren esa racionalidad
del medio empleado, esa proporcionalidad. Para ustedes, cualquier persona puede estar por encima de la ley y puede decidir sobre la vida o la muerte de sus semejantes sin control policial y sin control judicial. Lo dicen ustedes expresamente en su
exposición de motivos: 'Es que no nos gusta esta sentencia, que resulta que lo que ha hecho ha sido meter en prisión a una persona que nosotros creemos que no debía estar en prisión'. Bueno, pues habrá recursos para esta persona. ¿Es que de
verdad ustedes dicen esto? ¿Desconfían del Poder Judicial? ¿Niegan la verdad, la cosa juzgada de las sentencias judiciales? ¿Hacen lo mismo que hace Podemos cuando a Podemos le dictan una sentencia en contra? ¿Convierten al ciudadano en juez y
en Dios sobre la vida de los demás? Su ley se llama la ley de Lynch, la de los linchamientos en el lejano Oeste. Y encima legislan a golpe de titular, lo mismo que hacen Sánchez o Yolanda Díaz cuando quieren subir el salario mínimo
interprofesional. Puro populismo punitivo frente a nuestra tradición jurídica española.
Hoy vamos a escuchar aquí este tipo de discursos que tratan de aprovecharse, en el lado derecho y en el lado izquierdo, del miedo de las personas y, sobre todo, de meterse con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con el Poder
Judicial. En Ciudadanos decimos que frente al populismo está el
derecho; en Ciudadanos decimos que ante la demagogia está la ley y solo la ley, no la ley de la selva, no la ley del más fuerte, que es lo que ustedes quieren. Existe ya la legítima defensa, la legítima defensa incompleta e incluso una
cosa que seguro que ustedes no han estudiado ni siquiera en la carrera, que se llama la legítima defensa putativa, aquella en la que no se da alguno de los requisitos y, sin embargo, la legítima defensa tiene pleno carácter exoneratorio. Es el caso
llevado por la Abogacía del Estado en el que defienden a un policía que entra en un portal que está oscuras, unos yonquis le amenazan con una jeringuilla, el policía saca la pistola y lo mata. Es legítima defensa, ya que estamos con los casos que
tanto les gustan a ustedes, legítima defensa. Y fíjese cómo la proporcionalidad entre los medios no era exacta, no era completa, pero se declara la legítima defensa. ¿Por qué? Fíjese, porque hay un juez que examina que la luz está tenue; que
examina que la trayectoria del balazo es de abajo arriba; que examina que la bala está a menos de 50 centímetros del disparo, con lo cual hay un cuerpo a cuerpo. Claro, esas cosas que hacen los jueces que al parecer a ustedes no les gustan: que
examinen los casos concretos, que lo apliquen al derecho, no que hagan ustedes en sus casas lo que les venga en gana de forma arbitraria, decidiendo sobre la vida de los demás.
En nuestra literatura tenemos un personaje conocido que enfermó leyendo libros de caballería, ustedes han enfermado viendo demasiadas películas del oeste. Mire, si a una persona se le escapa su perro y entra en casa ajena o a un niño se le
cae el balón y entra en casa ajena, ¿usted se ve acariciando la culata de sus revolver, tirando del percutor y decidiendo sobre la vida y la muerte de esta persona? Si un raterillo entra por una ventana abierta y trata de llevarse lo que hay encima
de la mesa de la cocina, ¿usted puede repeler esa agresión de verdad con una pistola que se obtiene de forma legal? (Rumores). Porque esto es lo que permite su ley. No me ponga cara de que usted no sabe nada de esto, porque esto puede pasar con
su ley. Pero es que incluso en casos graves de okupación, ¿es que de verdad un delito patrimonial se puede contestar con un ataque contra la vida del delincuente? Pero ¿qué país quieren ustedes? ¿Ustedes creen que España sería un lugar más seguro
con esta ley? ¿Ustedes creen de verdad que en nuestro país bajaría la delincuencia con esta ley? ¿Quién controlaría que estas armas no salieran de casa y no se produjeran masacres como se producen en los Estados Unidos? ¡¿Ustedes quieren este
país?! ¡Yo no quiero este país para mis hijos! Así se lo digo de claro.
Además es que ustedes no son originales, copian la reforma de Salvini en Italia en 2019, su amigo Salvini, que es amigo de Putin -ya sabemos que los amigos de los amigos son amigos-. ¿Ha bajado la delincuencia en Italia? ¡No! ¿Qué es lo
que ha pasado? Ha subido el deseo de tener armas desde el 26 al 40 % en la población italiana, que es de lo que se trata. Aquí Santiago Abascal y Jorge Buxadé han defendido en público el derecho de tener armas, ¡ojo!, solo los españoles de bien
-estos señores reparten carnés de los que son de bien y los que son de mal-, pero es que Pablo Iglesias en La Tuerka también ha reclamado el derecho de portar armas.
La señora PRESIDENTA: Señor Bal, tiene usted que terminar, por favor.
El señor BAL FRANCÉS: Termino ya, presidenta.
Los extremos de verdad se tocan. Dejen de ver películas del oeste o véanlas solamente para entretenerse, que es lo que yo hago. Y respecto al derecho penal, en una sociedad democrática avanzada como la nuestra, déjennos a quienes creemos
en el Estado de derecho. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Acabamos de escuchar desde la tribuna una arenga a los suyos del pistolero Smith, de este señor que siendo diputado se graba disparando con un fusil de asalto en una base del ejército. Defiende una propuesta que pretende modificar el Código
Penal, Código Penal que recoge la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a aquellas personas que, habiendo cometido un hecho antijurídico, lo hubieran hecho en legítima defensa, debiendo concurrir para ello que la agresión que se repele sea
ilegítima, la racionalidad del medio empleado y la falta de provocación por parte del defensor. Lo que propone la ultraderecha es reformar los requisitos para que toda defensa, con independencia de la proporcionalidad de esta, pueda considerarse
legítima y quedar exenta de responsabilidad cuando se realice para salvaguardar la morada. Permitir esta reforma abriría la puerta a fomentar la respuesta con la máxima violencia posible en toda circunstancia y con independencia del grado de
peligrosidad de la misma. Si la legislación prevé que la entrada en un
domicilio o un local debe ser penada por sí misma, no puede justificar la necesidad de agredir o quitar la vida a la persona asaltante. Considerar que todo allanamiento es en sí mismo peligroso para la vida de las personas que allí habitan
no tiene fundamento jurídico. Si esta propuesta realmente estuviese basada en criterios jurídicos, podríamos alegar que esa racionalidad del medio empleado debe valorarse caso por caso y decidir si la respuesta es congruente al ataque ilegítimo.
Pero el problema es que esta propuesta pretende considerar legítimo quitar la vida a todo ocupante, incluso desarmado y que no suponga amenaza. ¿Y por qué? Pues claramente porque la propuesta no parte de buscar mayor eficacia jurídica, ni tampoco
de que la bancada ultra haya visto muchos thrillers americanos y quiera emular el modelo. Estamos delante de una propuesta política que se basa en explotar las más bajas pulsiones humanas para sus intereses y objetivos, en exaltar la violencia y el
uso de las armas y sublimar la propiedad privada por encima de todas las cosas, incluida la vida humana. Es decir, es fascismo en estado puro, y a eso el BNG dice no, siempre dijimos no y seguiremos diciendo no. No al fascismo.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
La proposición de ley que VOX presenta en este turno también apunta con esta defensa de la morada a una cuestión que yo creo que está en el fondo de la proposición, que es la cuestión de las okupaciones. El PDeCAT ha sido un firme defensor
de la propiedad y nosotros decimos que cuando defendemos la propiedad la defendemos en relación con las okupaciones ilegales, de las que hemos hecho causa; así como también procurando alquileres seguros; como también defendemos la propiedad al
querer quitar el impuesto de sucesiones o el impuesto de patrimonio. Defender la propiedad tiene muchas caras, es una figura poliédrica, y sin duda alguna en la defensa de la propiedad hay que tener en cuenta también -lo decimos siempre- los casos
de vulnerabilidad social, que también decimos siempre que no es que sean responsabilidad de la clase media, sino que son responsabilidad de las administraciones públicas. Por tanto, en el debate de la propiedad, de las okupaciones, nosotros tenemos
un discurso firme, un discurso claro y un discurso que no deja lugar a dudas de que hay todo un grupo de medidas, como son la modificación de la legitimación de los presidentes de comunidades de propietarios para defender las okupaciones ilegales,
la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que nos centran en cuáles son las soluciones idóneas en el ámbito de las okupaciones ilegales.
VOX hace el triple salto mortal, y en la proposición que hoy nos plantea ya no se va solo a las okupaciones, sino que se va a la defensa desde dentro del domicilio, desde dentro de la morada, desde dentro de la propiedad. Y cuando yo digo
que hace este triple salto mortal es que pasa del modelo de proporcionalidad en la legítima defensa tal y como está configurado históricamente y con larga tradición en el derecho penal al modelo trumpista de barra libre en la autodefensa. No vemos
ninguna necesidad de reconfigurar esta figura, y menos aún bajo estos términos en los que se plantea una ley del ojo por ojo, de la autodefensa sin ningún tipo de límite, y que pone totalmente en quiebra el modelo actual de la legítima defensa. Se
puede defender la propiedad sin avanzar por estos caminos a los que nos condenaba el señor Smith, y sin duda alguna tampoco hace falta hacer este giro de 180º basado solo en el compromiso de buscar aquellas anécdotas que hagan creíble su discurso,
aquellos casos particulares desafortunados que permitan articular un relato, pero que no dejan de ser casos particulares que merecen un análisis profundo como el que el proponente no ha hecho en ningún momento, y en todo caso la modificación
legislativa tiene que obedecer a cambiar la realidad para hacerla mejor y no a la reacción en caliente a casos desafortunados.
Por todo esto, entendemos que no podemos dar ningún tipo de apoyo a la proposición que se plantea, y esto no va en contra en ningún momento de continuar ejerciendo de forma firme la defensa de la propiedad y la defensa de las personas, pero
antes de la defensa de la propiedad y la defensa de las personas está, sin duda alguna, la defensa de un sistema democrático, la defensa de un Estado de derecho.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Estamos aquí una vez más en esta Cámara, donde sus señorías de VOX vienen otra vez a enredar, a manipular, a faltar a la verdad, y presentan una modificación legislativa del Código Penal sobre la legítima defensa cuando la legítima defensa
ya existe en nuestro país en el artículo 20.4 del Código Penal, se lo recuerdo. Con esta propuesta siguen la estela de sus referentes, como son Salvini, Trump o su mentor Bannon, y les recuerdo que llevan desde 2019 enmascarando con la legítima
defensa ese verdadero debate que les gustaría tener, que es el de la legalización de las armas, lo han hecho en entrevistas en sus redes sociales oficiales y hoy en el Congreso. Y viene casualmente a defender esta propuesta el señor Ortega Smith,
al que les recuerdo que pudimos verle disparando con un fusil. Para ser sincera, no nos da mucha confianza que sea el señor Ortega Smith el que venga a defender esta propuesta. (Aplausos).
Su modelo, el de 'defiéndase quien pueda', no el de la legítima defensa -como dice-, es el de que toda defensa es legítima. Aquí vienen a engañar a la gente y a hacer lo que mejor saben hacer, que es de-ma-go-gia, que es lo que hacen
siempre. Y como su objetivo final no lo pueden confesar, se amparan en eso de la legítima defensa. Vamos a ser claros, su objetivo es que el Estado autorice las armas; su objetivo es la militarización de la seguridad de las grandes empresas y
fortunas y, en consecuencia, la desaparición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; su modelo es que los ciudadanos lleven un rifle para disparar a discreción. Su propuesta es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho. Para
empezar, están eliminando la potestad de los jueces de poder interpretar y aplicar el derecho penal presumiendo en todo caso, según quieren ustedes, esa exención de responsabilidad de todo aquel que apele directamente a la legítima defensa sin tener
en cuenta circunstancias concurrentes y dejando, por tanto, amplios márgenes a conductas que en modo alguno pueden quedar impunes.
Además, la proposición de ley que traen adolece del mismo problema que la ley Salvini, parece que están calcadas. La Asociación Nacional de Magistrados y jueces italianos ya alertó sobre la limitación de la potestad judicial con esta ley, y
también que es una ley que no ha garantizado para nada la disminución de los índices de criminalidad. Los ciudadanos y ciudadanas de este país pagamos nuestros impuestos para tener unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que nos protejan, y
con su propuesta tendríamos que ser los propios ciudadanos quienes tuviéramos que garantizar nuestra propia seguridad. En lugar de un país más seguro, su propuesta lo que persigue es una sociedad que se convierta en una jungla. Pretenden eliminar
el criterio de proporcionalidad, lo que es una absoluta barbaridad, y además añaden unos supuestos que crean muchísima confusión a nivel jurídico: aluden no solamente a la morada, sino también al lugar donde se ejercite la actividad comercial,
profesional, empresarial; es decir, que además de situarse fuera del Estado de derecho, esta proposición de ley que presentan, a nivel jurídico, hablando vulgarmente, es un cuadro. Hay que trabajar más, porque la indefinición es absoluta en su
ley. Y a ver si lo entienden, los ciudadanos y ciudadanas no estamos preparados ni física ni psicológica ni técnicamente, y es muy peligroso poner en riesgo la propia vida, la de la familia o la de los trabajadores, según la ley que ustedes
proponen. Como he dicho, lanzan el mensaje de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son prescindibles. Pero les voy a decir una cosa: en una democracia garantista la Policía, la Guardia Civil y el resto de fuerzas de seguridad son
quienes están legitimadas por el Estado para actuar, conforme a derecho, con las herramientas, la legislación y la formación precisa para desarrollar su tarea de la forma más eficiente. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la
Presidencia).
Este modelo que defienden ya existe en Estados Unidos, nos lo conocemos, y ha demostrado que es una sociedad fallida en materia de seguridad: matanzas en colegios, asesinatos múltiples en las universidades, institutos, centros comerciales,
centros de trabajo. Ustedes quieren, como Donald Trump, que tengamos una pistola en la mesita de noche para poder matar a discreción. Además, en su modelo de sociedad no existe la ley ni la justicia, sino la fuerza bruta, el odio y el ojo por ojo,
diente por diente. Su modelo de sociedad, además, no es el de la democracia, sino el de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, y así convertir Sevilla o Madrid en la calles de Chicago o Nueva York; que haya matones en los barrios
tomándose la justicia por su mano y de forma impune, en lugar de que haya policías y guardias civiles. Su modelo se llama 59 homicidios por día; 21 500 homicidios en 2020, que crecieron en un 5 % del año 2019 a 2020; la tasa de homicidios en
Estados Unidos es casi siete veces mayor que la de países como Francia, Alemania o nuestro país, que es uno de los más seguros del mundo y con menor tasa de homicidios. La muerte por arma de fuego es -se lo recuerdo- la mayor causa de muerte en
menores de dieciocho años en Estados Unidos. ¡¿Es eso lo que quieren ustedes para los jóvenes de nuestro país, para nuestros hijos, para nuestros nietos?! (Aplausos). ¿Es lo que quieren ustedes, que
tengamos la mayor tasa de homicidios de jóvenes menores de dieciocho años, y que los maten en la universidad, en sus trabajos, en los colegios? ¿Sabe quiénes son los únicos que ganan con su modelo de 'defiéndase quien pueda'? Los lobbies,
las grandes empresas, la industria armamentística. Ustedes quieren impulsar a la gente sencilla a matarse con el único objetivo de engordar las cuentas de los poderosos; nada como esto explica su ideario. En Estados Unidos se vendieron en el
último año más de 20 000 armas de fuego; la media de cada estadounidense es de una o dos armas de fuego; y en una década esta industria, a la que va dirigida su propuesta, ha crecido en un 22 %.
Para terminar, esto es muy fácil, aquí hay dos modelos de sociedad: uno, en el que estamos aquí, en un Estado de derecho; y otro, el suyo, que es la ley de la jungla. Nosotros defendemos que se aumente la educación en los jóvenes, más
becas, rebajar el precio de los alquileres, que se disminuya la desigualdad, que haya más y mejores trabajos y más salarios dignos, y que les vaya bien a nuestras empresas para que nuestra juventud pueda acceder al trabajo. Su modelo es el de
salvar la industria de las armas, el de la militarización de la ciudadanía y el de la muerte.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Tiene que terminar, señora Velarde.
La señora VELARDE GÓMEZ: Termino.
Su modelo es sembrar miedo para recoger odio, y no lo vamos a permitir hoy. Por lo tanto, vamos a votar en contra. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Tiene la palabra el señor Jerez Juan.
El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, es necesario un cambio radical y urgente en la ley para que los españoles de bien puedan disponer de un arma en su casa. De esta manera tan convencida y precipitada Santiago Abascal introducía el debate sobre la
normalización de las armas de fuego en España. Su intención: convertirlas en un medio más de reacción legítima frente a una eventual agresión ilegítima. Pues bien, esa propuesta radical y urgente hoy llega al Congreso y lo hace apoyada en dos
motivaciones que para nosotros no constituyen razón suficiente para apoyarla. En primer lugar, basta recordar cómo Santiago Abascal celebraba con fervor y entusiasmo la aprobación de un proyecto impulsado por Matteo Salvini, que popularizaba el uso
de armas de fuego en Italia. Y qué duda cabe de que entre las políticas de Matteo Salvini y las de Santiago Abascal existen muchos patrones comunes, pero ni España es Italia, ni viceversa. En segundo lugar, VOX tomaba como ejemplo casos puntuales,
aislados y concretos para intentar elevar el uso de armas de fuego a la categoría de norma. Pues bien, lamento decirles que no seremos nosotros quienes con nuestro voto vayamos a legitimar las polémicas políticas desarrolladas en Italia por Matteo
Salvini. Lamento decirles que no haremos nuestras las mismas razones que indujeron a Italia a convertirse en un lugar donde las armas de fuego van a tener cada vez más penetración social, entre otras cosas, porque España sigue siendo un país
seguro, demasiado seguro todavía como para andar guardando pistolas en las mesitas de noche. Y mucho menos vamos a ser nosotros quienes apoyemos una transformación del Código Penal en caliente, legislando desde la excepcionalidad y la
particularidad, desde las tripas, desde las vísceras y desde la improvisación. La figura penal de la legítima defensa puede ser compleja; lo es, pero cada caso es distinto. Está llena de matices, y corresponde a la justicia juzgar los hechos, las
circunstancias y las consecuencias de cada uno. Corresponde a los jueces determinar con precisión cuándo se cumplen los presupuestos para concluir que alguien ha actuado en legítima defensa y cuándo sus actos no son proporcionados para descartar la
eximente de legítima defensa.
A nuestro juicio, lo que propone VOX nada tiene que ver con esa proporcionalidad que debe existir al emplearse esa reacción defensiva. La intencionalidad de VOX, el pretexto que busca VOX consiste en extender el uso de armas de fuego y
liberar de responsabilidad criminal siempre a quien dispare, con resultado o no de muerte, cualquiera que sea la amenaza, cualquiera que sea el riesgo. Pero la intención de VOX va más allá: contempla vetar la capacidad del juez para interpretar y
aplicar el derecho a la hora de decidir si se absuelve o se condena. Ciertamente, al juez, con esta reforma, se le niega la posibilidad de tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes y, sobre todo, se le veta cualquier juicio sobre la
proporcionalidad de la reacción cuando esta se produce. Y es que la redacción literal de su propuesta no deja lugar a dudas. Viene a decir textualmente que se considerará legítimo cualquier medio empleado para la defensa de la propiedad o frente a
un peligro de agresión con independencia de resultado causado. Que quede claro, señor Smith, que nosotros no discutimos que no se pueda utilizar un arma
para que opere la eximente de legítima defensa; ni lo discutimos nosotros ni lo discute la jurisprudencia. Claro que podría ser legítima la reacción a una agresión valiéndose de una escopeta, pero no menos obvio es que las consecuencias
del uso de la escopeta deben estar sujetas a una proporcionalidad, deben estar sujetas a un control judicial para que opere esa eximente. Si no fuera así, no solo pervertiríamos la esencia del Código Penal, sino que lapidaríamos las garantías que
nos ofrece nuestro Estado de derecho; si no fuera así, imperaría la ley del más fuerte.
Por tanto, y dicho esto, nosotros entendemos que son del todo acertadas la doctrina y la jurisprudencia que sigue el Tribunal Supremo. En este sentido, es relevante invocar lo que dice en su sentencia 13 755/94. Dice: No existe, por
principio, desproporción por el uso del arma de fuego frente a una barra rígida de hierro blandida decididamente por un hombre de treinta y tres años, excitado y con afán agresivo. Hace más de veintiocho años que el Tribunal Supremo viene
declarando la inadmisibilidad de las armas de fuego como medio de reacción defensiva. Ahora bien, la reacción defensiva, insisto, debe ser siempre proporcionada. Hace más de veintiocho años que la jurisprudencia lleva pronunciándose sobre la
compatibilidad del uso de armas de fuego frente a una situación de riesgo evidente, y lo hace valorando cada caso concreto, y ahí es donde vamos a seguir estando: en la defensa de los postulados de la razón, de la ley y de la justicia.
Ciertamente podemos estar de acuerdo en que la legítima defensa es una causa de exención dificilísima de demostrar y que para juzgados y tribunales constituye una tarea interpretativa muy compleja. Podemos coincidir en que los límites de la
justificación y la exculpación son dificilísimos de determinar e incluso podríamos aceptar que la legítima defensa merece una interpretación más amplia que la actual, que ampare situaciones de miedo invencible o irremediablemente eximente,
situaciones que contemplen una reacción espontánea motivada por instintos de protección del entorno familiar o motivada por la creencia insuperable de la intromisión ilegítima e interpretando que se pretende atentar contra la vida. Sin embargo, no
vamos a aceptar su propuesta, pues constituye una posición inadmisible desde la perspectiva del principio de proporcionalidad de los bienes jurídicos a proteger; no la vamos a aceptar por merecer el debate de la legítima defensa mayor amplitud de
miras, y no la vamos a aceptar porque el debate sobre la legítima defensa no puede abordarse solo y exclusivamente legitimando de forma absoluta e incondicional el uso de armas de fuego. Este no es, señor Smith, el único camino.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Araujo Morales.
La señora ARAUJO MORALES: Buenas tardes. Gracias, señora presidenta.
Señorías de VOX, presentan ustedes una proposición de ley que pretende modificar el Código Penal en su artículo 20.4, pero esta no ha sido la única modificación del Código Penal que han planteado en esta legislatura. Han planteado una en
relación con los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad; otra sobre la agravante de multirreincidencia en el delito leve de hurto; otra para modificar el 245, a fin de agravar las penas en los delitos de usurpación de
bienes inmuebles, y, finalmente, otra que versaba sobre la deslealtad constitucional. Por tanto, ustedes tienen intención de querer modificar esta norma. Esta es solo una muestra de los cambios que han planteado para el Código Penal para hacer ver
que son más duros y firmes que ningún otro partido político, lo que muchas veces -se ha dicho desde esta tribuna- se ha denominado como populismo punitivo, es decir, implantar en la ciudadanía un relato cargado de tintes emocionales -que es lo que
usted ha hecho hoy, señor Ortega Smith- que sitúe la voluntad popular por encima de las leyes, de las instituciones o del sistema de gobierno. Buscan de manera transparente y clara engañar a la ciudadanía, planteando cambios legales que llegan a
vulnerar nuestro Estado de derecho, para hacerles creer que así se resuelven sus problemas.
Este es el caso de la proposición de ley que traen para modificar el artículo 20, planteando una eximente que ahora analizaremos. Resulta cuando menos curiosa la redacción que dan a esta iniciativa en la exposición de motivos. Empiezan
ustedes diciendo: Algunas veces se ha dicho que el derecho penal no está construido para héroes. Esta frase la extraen de una sentencia que mencionan del Tribunal Supremo de 3 de abril de 1992, en la que se absuelve -escúcheme bien, señor Ortega
Smith- a un hombre que mató de un disparo a otra persona que quiso entrar en su bar, y lo absuelven por concurrir la eximente de legítima defensa. Por tanto la justicia actuó y, con las herramientas en la mano que ofrece nuestro Código Penal, la
aplicó, y muy correctamente. Pero ustedes no cuentan la verdad de esta
sentencia, sino que pretenden ir un paso más allá; pretenden hacer ver que con esta modificación no se está protegiendo a la víctima, que en este caso era el señor que defendió su bar y a su familia.
Ustedes plantean un nuevo párrafo, incorporando una nueva eximente, que dice: 'Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se presumirá la existencia de la necesidad racional del medio empleado cuando, en el supuesto
de defensa de la morada o sus dependencias o, si existe peligro de agresión, del lugar donde se ejercite actividad comercial, profesional o empresarial...' Y dice: ..., y con independencia del resultado causado, cualquier medio de defensa, siempre
que, en los supuestos exigidos, se contara con la autorización preceptiva de la Administración competente. Con cualquier medio de defensa que tenga autorización de la Administración. ¿A qué se está usted refiriendo? ¿A un arma de fuego, a un
machete, a un espray de autodefensa? Porque usted comprenderá que requieren la misma autorización un arma corta o una escopeta que un espray de autodefensa, y entenderá que no es lo mismo repeler un intento de allanamiento con un espray que con una
escopeta. Pero voy a más, señorías de VOX. Dicen ustedes: con independencia del resultado causado. O sea, que da lo mismo provocarle una irritación en los ojos que pegarle un tiro en la cabeza. Esto provocaría que si ustedes estuviesen
gobernando -que, afortunadamente, no- estaríamos ante el modelo de Estados Unidos, donde cualquiera puede llevar un arma. De hecho, en Estados Unidos, de los 43 200 casos de muerte registrados, solo 1200 fueron catalogados como homicidio
justificable, es decir, uno de cada treinta y cinco. Un dato más: las armas de fuego se convirtieron en Estados Unidos en la principal causa de muerte entre los menores; en concreto, 4368 niños y adolescentes de hasta diecinueve años murieron a
causa de disparos en 2020. Según los datos del centro de control, pasaron a un segundo plano los accidentes de auto. Ustedes plantean que, una vez cometido el hecho, ya analizaríamos si el supuesto agresor verdaderamente tenía intención de allanar
o simplemente se estaba equivocando de puerta. Figúrese usted si el que pega a la puerta es el señor Casero; ya no estaría entre nosotros. (Aplausos). O figúrese usted si estamos en una noche de fiesta y creo que estoy entrando en la que es mi
casa.
Señorías de VOX, ¿no se dan cuenta del ridículo que hacen? En serio, ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta de que se están inventando modificaciones del Código Penal para hacer creer que son los duros de la política española y se están
convirtiendo en los macarras de este Congreso (rumores); que con tal de dar una imagen de matones, quieren confundir a la ciudadanía y se están inventando normas; que nuestro Código Penal ya recoge esa eximente y no es necesario autorizar a nadie
a que porte un arma; que ya no tienen credibilidad en la ciudadanía? Por hacer más propuestas, no son más españoles, y se están quedando solos, como solos espero que se queden en esa proposición.
Decía este fin de semana nuestro querido Luis García Montero, en su 'Verso libre', releyendo a María Zambrano, que es necesario vigilar a los patriotas que trabajan para destruir su patria, esa retórica del nacionalismo que se convierte en
forma dañina de perderle el respeto al sentido democrático de pertenencia y a la necesidad de convivir. Antes que españoles eran fascistas, y su pertenencia a España estaba condicionada. Nosotros -decía María Zambrano- pertenecemos al pueblo
español y estamos unidos a su suerte y a su porvenir incondicionalmente porque le amamos y este amor nos da esperanza en sus decisiones. Aplíquenselo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (El señor Ortega Smith-Molina pide la palabra). ¿Sí?
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Señora presidenta, muchas gracias. Pido la palabra por el artículo 71 en relación con el artículo 72, por graves ofensas a un diputado.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Cite y entrecomille las palabras que considere que le han afectado. Entrecomille, por favor, la alusión concreta.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Cómo no.
El diputado del bloque separatista gallego ha dicho: 'el pistolero Smith', y creo que es intolerable.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias. No haga ningún tipo de comentario. En estos momentos no se encuentra el señor Rego. La Mesa le hará llegar la alusión que usted pretende, supongo, quitar del Diario de Sesiones.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Pero me gustaría...
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Nada más. Muchas gracias. (Protestas).
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Pero tengo un minuto.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): No, no puede intervenir. Cita la alusión concreta, la entrecomilla y se lo comentaremos al señor Rego. (Rumores.-Protestas.-Una señora diputada: El Reglamento). Hace una alusión concreta para
que se retire del Diario de Sesiones y se comentará con el diputado al que usted ha aludido.
Muchas gracias, señor Ortega. (Protestas.-El señor Ortega Smith-Molina: El Reglamento, el Reglamento).
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Tengo un minuto para hablar.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): No. (Continúan las protestas).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN ESPAÑOL. (Número de expediente 162/000882).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. (Rumores).
Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para la defensa del derecho a la educación en español. (Rumores).
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Trías Gil. (Aplausos.-El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Cuando quiera.
La señora TRÍAS GIL: Buenas tardes, señorías.
Aquí estamos una vez más defendiendo algo que los españoles en circunstancias normales, en un país normal, no deberíamos reclamar, algo tan elemental y tan de sentido común como es la defensa del derecho a la educación en español en
cualquier rincón de nuestra nación.
Vamos a comenzar recordando lo evidente. Uno: Los catalanes son españoles, como lo son también los gallegos, los asturianos, los valencianos, los vascos, los mallorquines, los andaluces, los castellanoleoneses. Dos: La lengua común de
todos los españoles es el español. Tres: Según la Constitución, todos los españoles tenemos el derecho y el deber de conocer el español. Por esta razón, cualquier familia que quiera poder escolarizar a sus hijos en español debe poder hacerlo y el
Estado debe garantizar este derecho esencial de todo español resida donde resida. (Aplausos). No es normal que para lograr la escolarización en español en Cataluña haga falta pasar por un vía crucis de demandas y sentencias, que luego,
lamentablemente, no se cumplen, precisamente porque el Gobierno de la Generalidad, amparado por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, invita a la desobediencia sistemática a través de leyes y decretos autonómicos que imponen el catalán en
detrimento del español y que, por cierto, recientemente hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional.
En Cataluña no existe ni un solo centro público donde estudiar en español. Si alguien lo quiere conseguir, tiene que pagar. Dice un padre: Pago 10 000 euros para que mis hijos estudien en castellano. Fue la única salida que le quedó ante
el acoso y derribo que -según cuenta- padecían cada día sus dos hijos. O el padre de la niña de Canet, que nos explica: Hasta quince familias en el colegio estaban interesadas en reivindicar el derecho de sus propios hijos a la educación en
castellano, pero todas ellas acabaron desistiendo. Unos, preferían ahorrarse problemas o reproches de sus vecinos y conocidos; otros trabajaban en la Administración y temían sufrir consecuencias, y algunos incluso reconocían que tenían miedo. Se
quedaron solos. Soledad, abandono e indefensión, muy lejanos de la cordialidad lingüística de la que hace gala Feijóo. De hecho, en Cataluña el curso ha comenzado con una campaña totalitaria contra los niños que hablan español en los patios de las
escuelas catalanas y se prevé la presencia de comisarios lingüísticos en esas zonas.
Es irresponsable y puede resultar ofensivo hablar -como hace el señor Feijóo- de moderación, serenidad, centralidad y hasta cordialidad lingüística, cuando la realidad que viven miles de españoles es de opresión lingüística. (Aplausos). En
Valencia se despide a una profesora de música con treinta y cinco
años de ejercicio profesional por no conocer el valenciano, o unos padres tienen que denunciar a la profesora que le dice a su hija que le bajará la nota si hace los deberes o los exámenes en castellano. La nueva ley educativa vasca propone
el euskera como eje central de la educación, con el visto bueno del PSOE, por supuesto. En Asturias, el Partido Popular apoya una moción del PSOE para conceder privilegios laborales a los que conozcan el invento de la llingua. Baleares sigue los
pasos de Cataluña y ningún colegio público de allí aplicará el 25 % en español. En Galicia, gobernada hasta hace pocos meses por Alberto Núñez Feijóo, a los profesores se les prohíben las comunicaciones en español, se discrimina el acceso a la
Función pública por razón del idioma y la única forma oficial de los topónimos es en gallego, entre otras cosas.
Precisamente el domingo pasado, en la convocatoria en Barcelona de Escuela de Todos, estuvimos apoyando a los catalanes que más están sufriendo, que ven pisoteados sus derechos más elementales, porque no tienen derecho a escolarizar a sus
hijos en su lengua materna, que es además la lengua oficial de los españoles y la lengua oficial del Estado. También, junto a miles de personas, acudimos a las carpas de Hablamos Español en catorce ciudades y en comunidades autónomas donde está
conculcado el derecho a escolarizar a los hijos en español. Fue un nuevo signo de esperanza. Sin embargo, lamentablemente, el fruto que eso pueda dar en una Cataluña que lleva cuarenta años avanzando con paso firme para romper España, con los
sucesivos Gobiernos de la nación haciendo cesiones a los distintos Gobiernos separatistas, es muy débil. Por eso hoy, una vez más, pedimos la aplicación del artículo 155 de forma duradera y sostenida en el tiempo (aplausos), para que restituya la
legalidad de forma definitiva y eficaz en Cataluña y garantice los derechos y las libertades de todos los catalanes que hoy se ven pisoteados, como es el derecho a la educación en libertad y en español.
El Gobierno de la Generalidad se ha apoderado de las instituciones con la complicidad del Gobierno y pretende pasar por encima de las leyes y de la Constitución, por encima de la convivencia y del respeto a las sentencias de los tribunales.
Pedimos apoyo a todos los grupos parlamentarios y, en particular, un salto de valentía al Partido Popular, que lo que hace cada vez que proponemos la aplicación del artículo 155, que es la única medida constitucional efectiva para preservar los
derechos fundamentales de los catalanes, es proponernos, en el mejor de los casos, una enmienda suprimiendo la aplicación de este artículo. El artículo 155, señorías, es precisamente una valiosa herramienta que nos da la Constitución para corregir
casos de rebeldía como el que está perpetrando el Gobierno de la Generalidad. Reconozcan todos ustedes que la lengua está siendo utilizada como un arma política del separatismo en España, para dividirnos a los españoles en algo que nos mantiene
unidos, que es la lengua, no solo dentro de España, sino con millones de hispanohablantes en todo el mundo. Vivimos en una especie de mundo al revés, donde se dilapida y menosprecia nuestro patrimonio principal, que es la lengua que nos une.
No olvidemos que este no es un problema exclusivo de Cataluña y procede de las políticas lingüísticas de las distintas comunidades autónomas con lengua cooficial, que, por cierto, impulsó el Partido Popular -Baleares, Galicia- y, por lo
tanto, nos afecta a todos los españoles que queremos residir o movernos por cualquiera de nuestras comunidades autónomas. Resulta muy preocupante que muchas sigan la estela...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora TRÍAS GIL: Estoy acabando.
... del falso éxito de la inmersión lingüística conseguido en Cataluña, que no es más que un engaño, un estrepitoso fracaso, un atentado contra la libertad de educación y una larga historia de imposición, acoso, señalamientos y exilios.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Espejo-Saavedra Conesa.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Muchas gracias, señor presidente.
Lo que está pasando con los derechos lingüísticos en Cataluña no es nada nuevo. Y fíjense bien lo que digo: con los derechos lingüísticos y no con la lengua. Los separatistas, los socialistas, utilizando siempre una falacia argumentativa,
repiten machaconamente una obviedad que hoy por hoy es cierta y
que probablemente hoy oiremos aquí también: que en Cataluña los ciudadanos catalanes no tienen ningún problema con la lengua y que no existe ningún tipo de conflicto de convivencia entre los castellanoparlantes y los catalanoparlantes.
Efectivamente, claro que es así. A la utilización de este contrargumento falaz se ha sumado siempre el Partido Socialista y, por desgracia, parece que últimamente también se suma el Partido Popular. Eso tiene una explicación: el PSC es un partido
nacionalista, el señor Feijóo es un nacionalista y tienden a coincidir en ese argumento. No, el problema no es de lenguas, sino de derechos, y la realidad es que los derechos de quienes tienen como lengua materna el castellano han sido y son
sistemáticamente vulnerados por los nacionalistas y separatistas, ayudados por los socialistas; espero que no por los populares, pero tengo muy pocas esperanzas.
Supuestamente, tanto el catalán como el castellano son lenguas cooficiales de Cataluña, y sus hablantes, supuestamente, están en pie de igualdad jurídica en cuanto a sus derechos lingüísticos. Pues bien, hoy en día uno puede abrir un
negocio en Cataluña y puede publicitar sus servicios solo en catalán sin ningún problema, como debe ser, pero no sucede lo mismo si lo quiere hacer solo en español, porque eso lleva aparejada una sanción: derechos. Hoy en día cualquier ciudadano
de Cataluña, como ciudadano español, puede optar a ocupar una plaza en la Administración del Estado o de otras comunidades sin ningún tipo de trabas salvo sus conocimientos, pero no sucede lo mismo si un ciudadano español de otra comunidad autónoma
desea optar a una plaza de la Administración catalana, siendo un requisito optativo la acreditación del catalán, por mucho que el puesto de trabajo no requiera esa competencia: derechos. Hoy en día todos los ciudadanos de Cataluña deben contribuir
a financiar la televisión pública catalana, pero esa televisión pública realiza exclusivamente en catalán todas sus emisiones y programas: derechos. No hay un problema en la calle de lenguas, hay un problema de derechos, de ciudadanos que son
pisoteados por la Administración catalana, gobernada por Esquerra Republicana y antes por otros, ayudados siempre por el Partido Socialista e intermitentemente por el Partido Popular. Y podríamos citar más.
El caso más grave y más conocido es el de la educación. Los niños cuya lengua materna es el catalán tienen garantizado estudiar en su lengua materna, y así debe ser; los niños castellanohablantes, en cambio, no pueden hacerlo. Cuando
algunos padres, arriesgándose al acoso y a la estigmatización, decidieron exigir el derecho en la justicia, se lo reconocieron, pero los nacionalistas y el PSC, como aliado natural que es, se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para suprimir un
derecho reconocido por los tribunales, un derecho reconocido tras una sentencia judicial. Esa es su aportación a este asunto. Un derecho, además -y esto es muy importante-, que no va contra nadie, porque todos los ciudadanos de Cataluña deberían
poder recibir la educación en su lengua materna sea el catalán o sea el español. Los catalanohablantes y los castellanohablantes en la misma aula, porque volveremos a oír hablar de la segregación, de que lo que busca... No, mentira, mentira. Esto
no va contra nadie; ustedes van contra los derechos de muchos ciudadanos. Además debería incorporarse una tercera lengua vehicular extranjera, que es el modelo que desea la mayoría de los catalanes. Ahora salgan a decir sus argumentos de siempre.
Miren, más allá de colores y de partidos políticos, esto ya no tiene vuelta atrás. La sociedad catalana, en esta materia, ha despertado, y por mucho que quieran acallarla, no van a poder, simplemente por una cuestión muy lógica, porque esto
es de sentido común, repito, de sentido común. Ustedes, nacionalistas, socialistas, Partido Popular de Feijóo, sigan haciendo ver que no pasa nada o que no es para tanto, pero algunos seguiremos pidiendo que se respeten los derechos de quienes lo
único que quieren, repito, lo único que quieren es poder estudiar en su lengua, porque pagan igual que todos los demás sus impuestos. Los derechos, si no se respetan, se imponen con leyes democráticas por los Gobiernos, que es lo que deberían hacer
ustedes, o por los tribunales cuando ustedes no lo hacen. Eso es lo que pasará, les guste a ustedes o no.
No sorprende nada que esto suceda con el Partido Socialista en el Gobierno; sorprende que a veces, cuando es el Partido Popular el que está en el Gobierno, siga pasando lo mismo. El señor Feijóo defiende un catalanismo cordial. Claro que
hay que ser cordial con todo el mundo, pero la cordialidad no es el sometimiento, no hay que tolerar todo. Esto no es un asunto lingüístico, es un asunto de derechos, y nosotros no toleramos que se vulneren nuestros derechos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Acabo ahora mismo, presidente.
Lo que España necesita no es reeditar el Pacto del Majestic, sino un proyecto que defienda un país de libres e iguales. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Clavell López.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, presidente.
Señorías de VOX y Ciudadanos, se vuelven a equivocar ustedes de enemigo, y les voy a demostrar por qué. El supremacismo, incluso racial, defendido por los independentistas catalanes no es cosa del pasado, sino que es muy actual. Heribert
Barrera, exlíder de Esquerra Republicana de Catalunya, sostenía -entrecomillo-: 'Los negros tienen una inteligencia inferior. Se debería esterilizar al débil mental de origen genético'. Anna Erra, de Junts per Cat, se refirió al aspecto físico
diferenciado de los catalanes. Jordi Pujol decía que el andaluz es un hombre poco hecho, que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural. ¿Qué opinan de estas declaraciones sus señorías socialistas de Andalucía? Su esposa, Marta
Ferrusola, afirmaba que sus hijos no jugaban en el parque porque estaba lleno de castellanos. Claro, ahora ya sabemos a lo que se dedicaban sus hijos. (Aplausos). Núria de Gispert, expresidenta del Parlament de Catalunya, invitaba a los políticos
catalanes nacidos en otras provincias a que volviesen a su pueblo. Dolors Bassa, la conocen ustedes perfectamente, exconsellera de la Generalitat, sobre una pregunta por la situación de los niños de la calle que inhalaban pegamento en Cataluña,
respondió: Pregunten a sus compañeros en Andalucía por qué mandan a esos niños a Cataluña. Señorías socialistas, ¿qué es lo que opinan ustedes de todo esto? Joan Oliver, exdirector de TV3, ojo, defendía que los españoles son chorizos por el hecho
de ser españoles. Si eso fue así, cuánta españolidad desborda la familia Pujol. Quim Torra, expresidente de la Generalitat, se refería, a los que vivían en Cataluña y no hablaban catalán, como carroñeros, víboras, hienas y bestias con forma
humana.
No voy a seguir deleitándoles con estas lindezas lingüísticas, culturales o filosóficas, propias del movimiento nazi y utilizadas, hoy, por el independentismo catalán. Ya no nos sorprenden. Sabemos lo que realmente son; son los herederos
de aquellos movimientos totalitarios que imponen una única lengua, un único pensamiento y una única forma de vida, y todos los demás estorbamos. Pero, como les decía, no voy a perder ni un segundo más en aquellos que ya sabemos qué función tienen
aquí, que no es otra que acabar con los derechos y libertades de los ciudadanos que no piensan como ellos. (Aplausos).
Pretendo dirigirme a ustedes, señorías del Partido Socialista Obrero Español o, mejor dicho, de lo que queda de él. El domingo participé en Barcelona, junto a muchos compañeros del Partido Popular, en la manifestación que convocaron
diferentes colectivos para pedir que el español fuese lengua vehicular en Cataluña. Qué temeridad, qué osadía. ¿Y dónde estaban ustedes, socialistas de salón? Estoy seguro de que, entre la gente que acudió a reivindicar sus derechos, había
votantes del PSC, votantes que se sienten traicionados, huérfanos de partido político, personas que han visto que el partido al que han votado durante toda su vida les ha abandonado. Partido Socialista Obrero Español, que ha perdido por el camino
la ese y la e de sus siglas, partido que deja desprotegidos a los ciudadanos, solo por mantener su supervivencia y no enfadar a sus socios. Partido Socialista, que venía a rescatar a las personas, a colocarlas en el centro de sus políticas, y las
ha desamparado. Partido Socialista al que solamente le preocupa mantener calientes sus asientos, seguir aumentando los estómagos agradecidos y crear un batallón de paniaguados dispuestos a vender sus principios al mejor postor. (Aplausos).
Partido Socialista, que no le importa ni lo más mínimo cambiar la legislación para no aplicar las sentencias judiciales, como la Ley 8/2022, del Parlament de Catalunya. Partido Socialista que defiende la creación de una policía lingüística, que
controla a los niños en todos los ámbitos del centro, en las aulas, patio y comedor, vulnerando los derechos fundamentales contra la discriminación. Partido Socialista que marcará a los niños que hablen en castellano. Partido Socialista que
mercadea con los derechos y libertades de los ciudadanos como si de un zoco se tratase. Partido Socialista que sacrifica la vehicularidad del castellano simplemente para que Pedro Sánchez continúe unos meses más en la Moncloa. Partido Socialista
que ha exterminado la convivencia lingüística en Cataluña.
En definitiva, señorías socialistas, han renunciado al cumplimiento de la carta magna que nos ha dado las mejores décadas de nuestra historia. No puedo ni imaginarme lo que pensarían o pensarán aquellos socialistas de la Transición. A la
vista queda que ustedes no van a hacer nada.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Finalizo, presidente.
No van a hacer nada para defender a aquellos ciudadanos que salieron a la calle el domingo, ni a los que se quedaron en casa por miedo a represalias. Por eso, ante la inacción del Gobierno de Sánchez, muy pronto, el Partido Popular, como
Gobierno de la nación, será el garante de esos derechos y libertades.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Por todo esto expuesto, queda claro, señorías de VOX y Ciudadanos, quienes son los enemigos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. Decía el otro día el señor Rufián que habían ido personas de otros lugares de España a decir a los catalanes lo que tenían que hacer. Yo me siento afectado porque fui uno de los que estuvo allá. A ver si ahora
resulta que el señor Rufián y sus amigos pueden ir a Pamplona a manifestarse en contra del autogobierno de Navarra, en el Aberri Eguna, con sus compañeros de Bildu, y decir que todos los navarros tenemos que formar parte, como una provincia más, de
la Comunidad autónoma vasca, y yo no voy a poder ir a Barcelona a defender a aquellos que defienden el español como lengua vehicular. (Aplausos). Hasta ahí podíamos llegar. ¡Solo faltaba! Ya sé que ustedes están muy reñidos con la libertad, pero
hombre, por lo menos, disimulen un poco.
Yo vi en esa manifestación -al final uno puede ir y hablar con mucha gente allá, es una oportunidad- a muchas familias que estaban indignadas por ver cómo las élites separatistas de Cataluña llevaban a sus hijos a colegios trilingües y ellos
no se lo podían permitir porque no tienen el dinero suficiente y tienen que elegir la educación que ustedes les obligan a elegir. Eso es lo que vi allá.
Usted suele decir aquí que el español no necesita que le proteja nadie porque es un idioma muy fuerte. Evidentemente, tiene razón. Si eso es así, si usted está tan seguro del éxito de sus políticas, ¿por qué tiene tanto miedo a que la
gente elija en libertad? ¿Por qué usted les impide que elijan la educación que quieran? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Déjenlos, si son tres, que sean tres. Ese es el miedo que tienen: si dejan elegir a la gente, la gente elige lo que usted no
quiere. Eso lo hemos visto estos días, por ejemplo, en la Comunidad autónoma vasca con el carné de conducir, que cuando se les da a elegir el idioma -yo no sé los datos de Cataluña, sé los de la Comunidad autónoma vasca-, y se les dice que pueden
hacer el carné en euskera, por ejemplo, no llegan al 2 %. Es que hay provincias en las que se examina más gente en inglés que en euskera para sacarse el carné de conducir y, eso, subvencionado por el Gobierno vasco. (Aplausos). Ustedes tienen
miedo a la libertad, a que la gente elija. Ustedes quieren imponer y decirles lo que tienen que hacer. Dejen libertad a las familias para que elijan el modelo escolar de sus hijos y ya veremos qué datos darían esos resultados.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidente.
Lo cierto es que la manifestación del domingo no era a favor del castellano, sino contra el catalán. (Rumores y protestas). Sí, sí, escuchen. (Aplausos). Su bilingüismo no es un bilingüismo equitativo que pretenda que las dos lenguas se
sepan, se usen, sino un bilingüismo totalmente asimétrico, basado en que haya una lengua de primera y una de segunda: una, sin la cual no puedes vivir en Cataluña sino que la tienes que usar siempre, la tienes que aprender, y otra, que es
totalmente prescindible. El catalán, por ejemplo, para el médico, no hace falta; para ser funcionario, no hace falta; para las plataformas de televisión, no hace falta; en el Congreso, no hace falta. Eso, lenguas de primera y lenguas de
segunda, y no lo queremos, no lo aceptamos y no nos rendiremos.
Les demostraré cuál es la verdadera cara de su bilingüismo. (Continúa su intervención en catalán.-El señor Sáez Alonso-Muñumer golpea su escaño.-Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, señoría.
Señor Sáez Alonso-Muñumer, no está usted en el colegio. No golpee la bancada, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. (Aplausos).
Señoría, le pediría, por favor, que continuara como bien ya sabe usted -no es la primera vez- para que todos le podamos entender. Al menos, yo no le entiendo lo que está diciendo.
El señor BOTRAN PAHISSA: Pues no és molt difícil.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Ya, pero lo siento mucho, no le entiendo. Entonces, utilice la lengua común para que todos los que estamos aquí le podamos entender. Ha tenido usted tiempo de expresarse en catalán, como
siempre, no hay ningún problema en eso, pero le rogaría que continuara realizándolo en la lengua en la que todos nos entendemos. (Un señor diputado: Es cuestión de educación).
Muchas gracias.
El señor BOTRAN PAHISSA: (Continúa su intervención en catalán.-Aplausos.-Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, le llamo por segunda vez al orden, ya sabe usted las consecuencias que ello conlleva. Por tanto, le insisto, le rogaría y le pediría que continuara haciéndolo en castellano. Ya
otras veces hemos tenido esta misma circunstancia y ya sabe usted cuáles son las consecuencias, desgraciadamente. Por lo tanto, le rogaría que atendiese a mi petición.
Gracias.
El señor BOTRAN PAHISSA: (Continúa su intervención en catalán.-Rumores y protestas.-Una señora diputada: ¡Fuera, fuera!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, señoría. (El señor Botran Pahissa abandona la tribuna de oradores.-Aplausos).
Muchas gracias, señor Botran.
Lo que le he dicho antes al señor diputado vale para cualquiera, señoría. De verdad, ya saben que las consecuencias que conlleva llamar al orden al diputado se van a ejercer y no hace falta ni que golpeen las bancadas ni que grite
desaforadamente: ¡Fuera, fuera! Señoría, de verdad que no hace falta.
Muchas gracias.
Continuamos por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos.
Decía usted, señora Trías, que una vez más venía con este debate y, a la vez, el portavoz de Ciudadanos decía que bajaremos aquí con los mismos argumentos que esgrimimos en ocasiones anteriores. Indudablemente, si el debate se replica, los
argumentos se replican. Ustedes trajeron aquí una moción en los mismos términos, en diciembre de 2021, y por lo tanto, casi solo nos quedaría remitirles a la lectura del Diario de Sesiones de aquel día para ver nuestros argumentos. El gran
problema de todo esto es que los argumentos son los mismos pero el tono cada vez es peor, porque ustedes han visto que con este tema, que no es un problema real sino que es un problema político, pueden atizar un caladero de votos y están peleándose
para ver quién consigue más votos en ese caladero, y por eso van subiendo, subiendo y subiendo el tono de voz.
Ustedes lo que creen es que la excepcionalidad en la aplicación del 155 tiene que ser normal, cuando en absoluto sería ni tan siquiera normal amenazar con la aplicación del 155, porque el éxito de las lenguas que verdaderamente han estado
arrinconadas, no la lengua castellana ni el español, se han podido aprender, han podido promoverse y se ha potenciado su uso gracias a la normalización y al consenso político entre la ciudadanía y las distintas formaciones políticas. Así se ha
conseguido avanzar, y eso es lo que ustedes están impidiendo. Desde luego, en nuestra formación política no vamos a permitir que ese sea el tono que en torno a las lenguas vaya a prevalecer, en absoluto.
Decía el señor Adanero que qué elige la gente. Le doy el dato. En Euskadi, la Comunidad autónoma vasca, más del 95 % de las familias eligen libre, consciente y responsablemente modelos D y B.
Decía usted, señora Trías, que en la nueva ley vasca el euskera es el eje central, pero se le ha olvidado a usted decir que, efectivamente, el eje central del modelo educativo vasco está articulado en torno al euskera, pero a su vez se
estructura en torno a otras dos lenguas y todo el alumnado que está en la escuela vasca sale hablando en las dos lenguas. Y se le ha olvidado también decir que añadimos una nueva lengua extranjera, porque el modelo que estamos promoviendo para
responder a las necesidades actuales, indudablemente, es un modelo plurilingüe, pero, además, promovemos la interculturalidad, un elemento que es fundamental en la sociedad actual. Si lo que queremos es integrar a todos los colectivos y a todas las
familias, procedan de donde procedan, pensamos que tenemos que trabajar la concienciación y la sensibilización por un concepto de lenguas y de culturas amplio, de forma que seamos capaces de motivar a todas las personas, sea cual sea su procedencia,
para que entiendan que es importante que aprendan las lenguas, la lengua propia oficial del lugar, en nuestro caso el euskera, el catalán, el gallego, y el castellano, todas las lenguas, y además incorporar una tercera lengua a su bagaje cultural y
a su bagaje de competencias comunicativas, porque eso, independientemente de la procedencia, les va a hacer fuertes. Pero también nuestro modelo educativo, en relación con la lengua, tiene otra característica que es la diversidad, porque en
nuestros pueblos, en nuestros países, en nuestras comunidades y en nuestros territorios vive además gente que procede de otros lugares que tienen otras lenguas y que tienen otras culturas y, aunque no se aprendan en el proceso educativo,
evidentemente, es muy importante que en la escuela se les enseñe a aprender, a respetar, a saber y a valorar esa riqueza desde un punto de vista social, económico, educativo y cultural, indudablemente.
Por lo tanto, sí, señora Trías, el eje central de nuestro sistema educativo está articulado en torno al euskera, así lo aplauden y lo eligen las familias, pero, además, fomentamos el plurilingüismo, la interculturalidad y la diversidad
lingüística.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
(Comienza su intervención en gallego.-Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un momento.
Le he dejado un espacio, creo que habitual, para que se exprese en la lengua que usted quiera. Es verdad que a usted le entiendo un poquito más (risas), pero le rogaría que, por favor, lo hiciera en castellano para que el que no lo pueda
entender lo pueda hacer perfectamente.
Gracias.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Me da la impresión de que 'quieren hacerlo ahora' es en castellano, pero no sé. Quieren hacerlo ahora, lamentablemente, con el concurso de la derecha del Partido Popular, con la falacia de la imposición. Cuidado, la imposición del galego,
euskera o catalán, entiéndase. Por lo visto, el fascismo tiene la improbable facultad de funcionar como unas gafas que nos hacen ver el mundo al revés.
El profesor Carlos Callón acaba de publicar un libro titulado O libro negro da lingua galega en el que compila más de quinientos años de persecución del galego. La mayoría de las páginas no son de historia, son del siglo XX, y podríamos
llegar a la actualidad con ejemplos. La pasada semana una abogada de Vigo denunciaba -cito-: (Continúa su intervención en gallego)... que reconoce el derecho a utilizar en el ámbito judicial las lenguas oficiales. Una jueza que vulnera la ley,
pero evidentemente esto es solo un ejemplo de los múltiples que podríamos poner. En la Galiza de Feijóo se prohibió impartir asignaturas como Matemáticas, Biología o Física y Química en galego, o redujo el uso de nuestra lengua en la educación
infantil a menos del 10 %. (Termina su intervención en gallego).
Obrigado. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Sin que sirva de precedente, quería felicitar al señor Bal, porque ha desmontado con argumentos, ha sepultado con argumentos, las propuestas estrafalarias y parafascistas del señor Ortega Smith.
Ahora quiero contar una historia, una pequeña historia, pequeñita. Mi nieto, Manel, cumplió el domingo cuatro años. Sus padres le hablan en valenciano, sus abuelos le hablamos en valenciano, sus amigos son valencianos y le hablan
valenciano, en la escuela habla valenciano. El año pasado apenas pudo ir a la escuela porque estuvo casi todo el curso enfermo, apenas fue tres meses. Cuando juega, habla castellano; cuando juega a los superhéroes -a veces, se cree que es
Spiderman, otras veces que es Hulk y otras el capitán América- te dice: Ríndete, malo; estás prisionero, yayo. Nadie le ha enseñado castellano -nadie-, y sin embargo, juega en castellano. (Rumores). La otra tarde estaba en los columpios y había
unos niños que hablaban castellano. Se pasó toda la tarde hablando en castellano con esos niños y nadie -nadie- le ha enseñado castellano. No está en peligro vuestra lengua, están en peligro nuestras lenguas. Y eso es lo que están haciendo
ustedes, poniendo sus sucias manos sobre una convivencia ejemplar que había; están intentando enmierdar la convivencia entre ciudadanos. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué elegante!). Tan elegante como sus propuestas. Por cierto, están
intentando resucitar aquello de España, una, uniforme, unilingüe; en fin, cosas tan rancias como la Dictadura, que añoran.
Y acabo, esta propuesta viene firmada por Macarena Olona. ¿Macarena Olona es de VOX o no es de VOX? (Rumores). ¿Y ha hablado con Santi o no ha hablado con Santi? ¿Qué hacemos? Si no se aclaran en su propia casa, ¿cómo quieren arreglar
la casa de los demás? Un poquet de vergonya, senyors de VOX. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Bueno, como siempre digo, encantado de que me inviten a estas terapias de grupo que de vez en cuando montan. ¿Cuántas veces han presentado -por curiosidad- esta iniciativa? Llevo seis años aquí, igual unas veinte
veces, casi tantas como diputados tienen entre los tres en el Parlament de Catalunya. (Risas y aplausos). Le daba vueltas a qué decir porque no quiero aburrir, como ustedes, y entonces he decidido copiar -literalmente- a uno de los diputados más
brillantes que tiene este hemiciclo -poco reconocido, pero de los más brillantes-, Ferran Bel. (Continúa su intervención en catalán). Como saben, yo soy de Santa Coloma de Gramanet. (Continúa en catalán). Uno de los muchos motivos, por los
cuales uno se puede sentir orgulloso de ser de Santa Coloma de Gramanet es que Santa Coloma de Gramanet... (continúa en catalán)... es la cuna de la inmersión lingüística. (Continúa en catalán). Y eso fue gracias a la lucha de la clase
trabajadora. (Continúa en catalán). Trabajadores como mi abuelo. (Continúa en catalán). Andaluces, extremeños, valencianos, gallegos... (continúa en catalán)... que lucharon, literalmente, muchas veces con sus manos en reuniones... (continúa
en catalán)... por que sus hijos y por que sus nietos... (continúa en catalán) quisieran la tierra que pisaban, conocieran la tierra que pisaban. (Continúa en catalán). Que yo pueda hacer lo que estoy haciendo... (continúa en catalán)... es
una victoria de la clase trabajadora. (Continúa en catalán). De hecho, mi abuelo y tantos otros ya se enfrentaron contra fascistas como ustedes. (Continúa en catalán). Y hace cuarenta años en sitios como Santa Coloma de Gramanet ya les ganaron.
(Continúa en catalán). Y ahora también lo haremos. (Aplausos.-Continúa en catalán). La cultura es riqueza. (Continúa en catalán). Que alguien como yo, o como mi hijo, o como nuestros hijos e hijas, puedan querer y puedan hablar y puedan
aprender en catalán y en castellano es una riqueza enorme. (Continúa en catalán). Como saben, ya que hablan tanto de la sacrosanta Constitución... (continúa en catalán)... el artículo 3 de la Constitución reconoce el catalán como su idioma
también. (Continúa en catalán). Cuando ustedes aquí hacen esta oda a la ignorancia y al odio... (continúa en catalán)... están rechazando parte de su cultura.
(Continúa en catalán). Miren, un país, Cataluña... (continúa en catalán)... -esta es fácil- dos idiomas... (continúa en catalán)... un idioma hablado por 600 o 700 millones de personas en todo el planeta... (continúa en catalán)... y
otro, hablado por 10 millones. (Continúa en catalán). Si ahora aquí llegara un extraterrestre no nacionalista español... (continúa en catalán)... entendería perfectamente cuál de los dos idiomas hay que proteger, hay que cuidar.
Ahora en castellano. Todo el mundo sabe -señorías del PSOE, señorías de Unidas Podemos- el modelo que tiene esta gente para su país: que muera la inteligencia. Es esto, no es nuevo, es muy viejo, pero tienen éxito en según qué sitios.
¿Cuál es su modelo de país? ¿Cuál es su modelo para su país? (Una señora diputada: ¡Tiempo!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
Hace pocos días estuve visitando el Instituto Pau Vila de Sabadell. Ese instituto es uno de los centros públicos donde estudié y aprendí catalán gracias al modelo de inmersión lingüística. He estado allí porque precisamente se ha
descubierto un refugio de la Guerra Civil, un refugio en el que el Gobierno de la Generalitat está haciendo poca cosa para identificarlo, acondicionarlo e introducirlo en la Red d'Espais de Memòria de Catalunya. Gracias, como siempre, al compromiso
del profesorado, de profesores como David y el resto del equipo docente, que se han volcado en que el alumnado conozca también esa parte de nuestra historia, algo que a ustedes, señorías de la ultraderecha, también les molesta. Estando en este
instituto pensé que si ustedes fuesen una sola vez a una escuela catalana, sabrían que el uso de las lenguas no es un problema en Cataluña; los problemas -en boca de todo el mundo- son los barracones, el estado de los edificios, los recortes del
Gobierno de la Generalitat, la falta de profesorado, la falta de plazas de formación profesional o las desigualdades que generan el acceso a las actividades extraescolares. Y yo pensaba también allí, inocente de mí, que el señor Toni Cantó ya había
solucionado todos los problemas que tenía el español en España y que por eso ha abandonado la Oficina del Español que le montó la señora Ayuso, pero veo que no, que insisten ustedes en esta cruzada, en esta obsesión que solo puede responder a dos
razones. La primera está clara, quieren ustedes ganar por las vías judiciales lo que no han conseguido ganar por las vías políticas. Miren, la semana pasada salían dos titulares que se entendían perfectamente. Decía un titular: 'García Castellón
rechaza imputar a Cospedal en el caso Kitchen en contra del criterio de Anticorrupción'. Y decía el otro: 'El Constitucional admite el recurso del PP y Ciudadanos contra la exclusión del 25 % de castellano en Cataluña'. Más claro imposible,
ustedes bloquean la renovación de los órganos de gobierno de la justicia para ocultar la corrupción del Partido Popular y también para conseguir judicialmente aquello que ya han perdido en las urnas.
Y la segunda también es tan clara, ustedes pretenden traer siempre estos debates para no acabar hablando de lo que de verdad afecta a la gente: de la cesta de la compra, de los salarios, de la educación, de la sanidad, de las auténticas
necesidades de la gente. Lo hacen para esconder su vergüenza, y es que no han apoyado el ingreso mínimo vital, ni el incremento del salario mínimo, ni actualizar las pensiones, ni el impuesto a las energéticas, ni la reforma laboral que más
indefinidos ha generado en la historia de este país; nada. Da igual hablar castellano, catalán, gallego o vasco para entender que ustedes son los mismos privilegiados de siempre que defienden a los que más tienen. (Aplausos).
Por eso, a nadie le extraña que ustedes tampoco defiendan el modelo de inmersión lingüística, porque justamente a quien beneficia este modelo es a la clase trabajadora en Cataluña. Menos mal, señorías de VOX, que a ustedes cada vez los
escucha menos gente, ni a ustedes ni a su 155 educativo que proponen en esta PNL. Son ustedes nostálgicos también del 155.
La prueba de su desconexión política la hemos visto este fin de semana en Barcelona. Yo les agradezco que reconozcan que han sido ustedes los 2800 que estuvieron en las manifestaciones de Barcelona, porque allí había pocos catalanes,
tuvieron ustedes que recurrir a gente que venía de fuera de Cataluña, a pesar de poner autobuses a disposición, a pesar de poner la organización y también a pesar de poner dinero. A mí no me extraña, una manifestación fantasma para una preocupación
fantasma, ante un problema fantasma que ustedes pretenden resucitar en cada Pleno. (Aplausos).
Señores de VOX, díganle al señor Abascal -que, como siempre, nunca viene a los plenos- que va a tener más fácil convencer a la señora Olona de que vuelva al chiringuito de la ultraderecha que a los catalanes, e incluso a los
castellanoparlantes como yo, de volverse en contra de un modelo de inmersión que se ha demostrado eficaz, se ha demostrado bueno y se ha demostrado de consenso.
Y acabo. Señora Trías, hoy he aprendido algo gracias a usted, y es que soy un oprimido. Yo soy castellanoparlante, mi lengua materna es el castellano, con mi familia hablo en castellano, con mis vecinos hablo en castellano, soy profesor de
Lengua y Literatura Castellana, y ahora resulta que soy un oprimido en Cataluña. Solo le digo, señora Trías -y acabo, presidente-, que se quiten las máscaras de víctimas en este tema, cuando son ustedes los herederos de los que oprimieron a la
riqueza lingüística de este país durante muchos años. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.
Desde el año 1260, en que se produjo la suplantación del latín por el romance y Alfonso X oficializó el castellano, mucho ha avanzado nuestra lengua común, y digo nuestra, señorías de VOX, porque no la van a patrimonializar.
Acusan a este Gobierno de complicidad para arrinconar al español y a los hispanohablantes, y a los socialistas de perseguir al español, y no se lo permito, porque yo soy socialista, soy castellana y soy española y estoy profundamente
orgullosa de nuestra lengua, vehículo de transmisión de nuestra literatura, de nuestra cultura, de nuestro arte por todo el mundo, al igual que lo están también nuestros compañeros del PSC, del Partido Socialista de Galicia, de la Comunidad
Valenciana y de Baleares, pero también lo están de su propia lengua, de las lenguas cooficiales, igualmente, porque también son patrimonio de su tierra, aunque ustedes ni lo entienden ni lo quieren entender porque lo único que entienden es la
confrontación utilizando la política lingüística y los derechos lingüísticos del 40 % de la población española. Se olvidan de que hay una lengua oficial, el castellano, y otra lengua que también es oficial en sus territorios y se empeñan en
confrontar y enfrentar a la población cuando es algo que debería unir y de lo que todos nos deberíamos sentir profundamente orgullosos, señorías. (Aplausos). Algo que, por otro lado, también sucede en Europa, porque la cuestión plurilingüe que
existe en España es común en otros países, pero curiosamente aquí solo la derecha es la que se empeña en confrontar permanentemente. Así que no es un hecho aislado, aprendan de cómo se hacen las cosas en otros países del entorno europeo.
Hoy traen un relato que no existe más que en sus mentes. Para empezar, el castellano está garantizado en la ley de educación, en la LOMLOE, en la disposición adicional trigésima octava, que obliga a adquirir la competencia lingüística en el
castellano y en otra lengua cooficial si allí existiera. Por cierto, tampoco es algo que se haga aisladamente en España porque se basa en el marco común europeo de referencia de las lenguas del Consejo de Europa. Y también el Consejo de Europa,
así como la Constitución española, protegen a las lenguas minoritarias, algo que, por cierto, el señor Feijóo debería conocer muy bien, porque fue amonestado precisamente por el incumplimiento de proteger la lengua gallega en Galicia. Así que yo sí
creo que deberían habernos explicado, señor Clavell, cuál es la política lingüística del Partido Popular, más allá de insultar sistemáticamente al Partido Socialista, que no se lo consentimos, porque no tienen ni una sola propuesta lingüística para
este país.
Y le voy a recordar tres cosas concretas. ¿Ustedes recuerdan que cuando salió la ley de educación de Cataluña ustedes no recurrieron al Constitucional el artículo que hacía referencia precisamente a que la lengua catalana era vehicular y al
sistema de inmersión lingüística en Cataluña? ¿Y por qué lo atacan ahora? En segundo lugar, cuando aplicaron el 155 en Cataluña tampoco lo aplicaron al sistema educativo, y ahora coleguean con sus amigos de VOX. Y, en tercer lugar, señor Clavell,
¿qué defienden como política lingüística en Cataluña y en el resto del Estado? ¿La cooficialidad, suprimir, la inmersión, programas cooficiales...? Es decir, defínanse de una vez, porque lo único que hacen es estar de acuerdo con las señorías de
VOX y recibir todos los palos habidos y por haber, porque yo no sé si ha leído la intervención, pero desde luego les ponen también a escurrir.
Yo creo que también se trata de que en este debate se aporten datos porque la realidad nos indica que en el sistema educativo da la casualidad de que el alumnado catalán tiene mejores resultados en lengua castellana en los exámenes de la
EvAU. De hecho, en cinco de los últimos seis años han tenido mejores notas que la media del estudiantado español. Resulta que el alumnado catalán lee más que el alumnado español y también lee como lectura placentera más en castellano que en lengua
catalana, y resulta también que todas las estadísticas muestran que en Cataluña, frente a lo que ustedes repiten sistemáticamente, las personas catalanas utilizan más el castellano que el catalán en todos los ámbitos de su vida, tanto en el ámbito
familiar como en el ámbito social como en el ámbito laboral -datos, no ficción- y que en Cataluña se lee más que en el resto de España y también se lee más en castellano. Así que el único atentado que aquí se ha cometido es el de VOX contra los
derechos lingüísticos de los españoles, porque les recuerdo ese 40 % al que hacía referencia anteriormente.
A ver si avanzan más en política educativa porque -antes lo comentaba un interviniente- ya está bien de hablar siempre de lo mismo. ¿Cuándo van a pasar página? ¿Cuándo van a cambiar su relato? ¿Cuándo van a aportar algo a la educación
española?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Llevamos ya más de cincuenta y cinco iniciativas en esta legislatura hablando de lo mismo, y siempre las han perdido. Así que tomen nota.
Señor Clavell, por ustedes también va, menos insultos y más política lingüística, porque nosotros no somos los que han desaparecido políticamente de Cataluña, ustedes sí. Tomen nota y aprendan algo. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Señora Trías Gil, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
La señora TRÍAS GIL: Lo estamos valorando... (Pronuncia palabras que no se perciben).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): He entendido que lo están valorando, es que no la he escuchado. De acuerdo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO; LA LEY 11/2015, DE 18 DE JUNIO, DE
RECUPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN; Y EL REAL DECRETO 1559/2012, DE 15 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN DE ACTIVOS, EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN
JURÍDICO DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA. (Número de expediente 162/000953).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se
establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.
Hoy el Grupo Confederal de Unidas Podemos presenta una iniciativa que propone cambios importantes, cambios de calado, en relación con la Sareb, ese tipo de organismo que muchas de nosotras conocemos como el banco malo. Quiero recordar por
qué ese nombre. La Sareb fue creada en 2012 por el presidente Rajoy. Su objetivo fue comprar todos los activos tóxicos que tenía la banca para limpiar sus balances. Adquirió viviendas, suelos y préstamos por valor de más de 50 000 millones de
euros. También quiero recordar que el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 se saldó con miles de ejecuciones hipotecarias que se llevaron por delante las condiciones de vida de miles de familias, sus hogares. Esas miles de viviendas
acabaron en manos de los bancos. Esos bancos terminaron finalmente con graves dificultades financieras, debido principalmente a su irresponsabilidad a la hora de otorgar hipotecas y, sobre todo, porque permitían e incluso alentaban el
sobreendeudamiento de las familias, y todo por su avaricia desmedida. A pesar de todo esto se rescató a los bancos; y aquí entra en juego la Sareb, constituida, como he dicho, en 2012 por el Estado y también por el Consejo de Europa con un capital
de 1200 millones, el 45 % -540 millones- de origen público a través de 'la' FROB, y también un préstamo procedente de la Unión Europea de más de 50 000 millones. El entonces ministro Luis Guindos se tiró un farol y nos dijo eso de que la Sareb no
nos iba a costar un euro, y hoy en día constatamos, como ya sospechábamos, que ha sido un verdadero agujero negro.
Pero hace unos meses se produjo un cambio importante que esperamos nos permita sacar algo bueno de todo este desbarajuste: se aprobó la modificación del estatuto de constitución de la Sareb para permitir al Estado tomar una participación
mayoritaria en la compañía, algo que se evitó en el momento de su creación para impedir que la deuda de la Sareb, que en la actualidad es de 35 000 millones de euros, contase como deuda pública. De facto podríamos decir que eso -no se asusten- es
una nacionalización de la Sareb. Por tanto, creemos que es el momento de poner la Sareb al servicio del interés general, porque es contradictorio que el Estado asuma el control accionarial y la deuda de la sociedad y, al mismo tiempo, se plantee la
posibilidad de ceder la gestión de sus activos, muchas viviendas,
a fondos buitre. Es un verdadero despropósito. Por tanto, es muy sencillo de entender. Si la deuda de la Sareb es pública, las viviendas también (aplausos) y este es el principal leitmotiv de esta propuesta, algo tan sencillo como esto.
Si la Sareb se convierte en una sociedad pública, las viviendas de su propiedad también. El control del banco malo es una oportunidad histórica para ampliar el parque de vivienda. No podemos olvidar que la ampliación de este parque es uno de los
principales retos. Por lo tanto, es de sentido común que en un momento de emergencia habitacional y de falta de vivienda la Sareb sea un instrumento no al servicio de las políticas neoliberales, no pensada en clave de negocio, sino en clave de
garantizar el derecho a una vivienda digna.
Por tanto, es importante abordar ciertos cambios respecto a este banco malo, y básicamente lo centraría en tres aspectos que están directamente relacionados con la garantía del derecho a la vivienda, y que para nosotras son los más
importantes. En primer lugar, dado que las competencias sobre vivienda, como sabemos, son exclusivas de las comunidades autónomas, pensemos la fórmula para transferir la titularidad de las viviendas de la Sareb a las comunidades autónomas que lo
requieran. En este sentido, algunas comunidades autónomas ya han dado pasos. Mencionaría la Generalitat Valenciana y a nuestro compañero, el vicepresidente Héctor Illueca, que hace tiempo que está empeñado en establecer un marco de diálogo que
permita transferir a la Generalitat Valenciana la titularidad y la gestión de estas viviendas de la Sareb, que en la Comunitat Valenciana son muchísimas, miles. Pero este tema no es solo propio de nuestro espacio político, es de todo el Gobierno
valenciano, es también de la sociedad valenciana, de los movimientos sociales, sindicales e incluso empresariales; y algo parecido pasa en otros territorios, pasa en Euskadi, pasa en Cataluña y en otros lugares donde se han aprobado iniciativas que
tienen más o menos este contenido.
En segundo lugar, no quiero olvidarme de un elemento importante, la transparencia. Es necesario que conozcamos por fin los activos que tiene la Sareb. Sería muy conveniente hacer una auditoría pública para conocer el estado contable de la
Sareb y de qué bienes dispone, incluyendo identificación catastral, el estado de los inmuebles, los datos de la situación jurídica de los ocupantes si los tiene... Mi grupo parlamentario se ha dirigido directamente a la Sareb y nos hemos reunido,
pero no hemos conseguido nunca nada. Y, además, remitir toda esta información a las comunidades autónomas, que son las competentes en vivienda, para que, tras una valoración, decidan si es conveniente o no incorporar esas viviendas a su parque
público.
En tercer lugar, también respeto al derecho a la vivienda. Eso significa garantizar la permanencia de los inquilinos o inquilinas en las viviendas propiedad de la Sareb, proporcionándoles la cobertura jurídica necesaria -no vamos a hablar
de figuras concretas- para que en cualquier proceso de transmisión de estas viviendas no queden desamparados. En Donostia hemos vivido determinadas situaciones en las que se ha echado a la calle a los inquilinos y las inquilinas por incrementar
abusivamente las rentas. Eso no puede volver a pasar, no puede haber desahucios en viviendas propiedad de la Sareb.
También es verdad que la Sareb no solo tiene viviendas, tiene otra serie de bienes y de activos. Aquí me quiero referir, en último lugar, al suelo rústico -que es importante porque es mucho- que se podría destinar a iniciativas vinculadas
al desarrollo de políticas de vivienda pública, a la creación de cooperativas de cesión de uso o a cualquier tipo de actividad que suponga la vinculación de la población al ámbito rural o la inversión, por ejemplo, en energías renovables de
autoconsumo.
Termino reiterando que la Sareb debe ser principalmente un instrumento al servicio de la garantía del derecho a la vivienda. Si es una sociedad pública y la deuda computa como déficit público, sus viviendas deben ser incorporadas al parque
público de las comunidades autónomas. Es de justicia y, desde luego, es de sentido común. Y tenemos una oportunidad, tenemos ahí la ley de vivienda que estamos tramitando y, por lo tanto, ese es el marco perfecto para abordar todos estos cambios.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidente, señorías, arratsalde on guztioi.
Nos vemos nuevamente debatiendo sobre la Sareb, ya lo hemos hecho en diferentes ocasiones en el Pleno de este Congreso; diría que en el año 2022 esta es la cuarta o quinta ocasión en la que de una manera u otra abordamos qué hacer con el
futuro de los activos de la Sareb. Nosotros no vamos a dar grandes sorpresas en esta intervención en este Pleno, mantendremos la línea que hemos venido
manteniendo y defenderemos lo que hemos venido defendiendo: Votaremos a favor de la proposición no de ley. Hemos presentado algunas enmiendas de las que hablaré luego, pero, en cualquier caso, quiero señalar que votaremos a favor por algo
tan sencillo, aunque tan extraño en la política española, como la coherencia. Si siempre hemos defendido que los activos de la Sareb tenían que pasar a manos públicas porque se rescataron con dinero de todos y de todas, es normal que disfrutemos
todos y todas, con independencia del nivel de renta, alejándolos del mercado especulativo en el que los fondos buitres ya han metido mano.
Votaremos a favor también porque en la discusión del real decreto que la vicepresidenta trajo a esta Cámara ya señalamos que nos parecía insuficiente lo que planteaba respecto a la recuperación de activos de la Sareb y porque dejaba la
puerta abierta para que fondos buitres siguieran haciendo negocio, como si fuera carroña -nunca mejor dicho-, con los sueños de mucha gente que se vieron truncados por la crisis económica de 2008. Y votaremos a favor porque también el 11 de mayo
Euskal Herria Bildu preguntó a la vicepresidenta si no contemplaban la posibilidad de ceder todas esas viviendas, de ceder todos esos activos, tanto suelo como viviendas, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales para que ellas
pudieran disponer de estos activos.
Pero también votaremos a favor por algo todavía más sencillo que la propia coherencia, que es porque estamos a favor de la intervención pública de los poderes públicos en la economía, tan sencillo como eso, y estamos a favor de la
intervención pública en este terreno y en cualquier otro. Si todo el mundo entiende que la intervención de lo público es fundamental para que haya una sanidad pública y para que haya una educación pública y de calidad para todos y todas con
independencia de su nivel de renta, algún día habrá que hacer entender a algunas personas con duras cabezas que es necesario que se intervenga desde lo público en la economía para acabar con la desigualdad. Como decía nuestro coordinador general en
fechas recientes: ¿Intervención? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta donde sea necesario para garantizar la dignidad y los derechos de la gente porque, si no, seguiremos dejándonos arrastrar por esta lógica que dice que todo lo que afecta a nuestras vidas
es susceptible de ser privatizado. Nosotros y nosotras, las gentes de la izquierda soberanista independentista vasca, preferimos alinearnos con algo como lo que decía Jean Ziegler: Toda resistencia a la privatización del mundo es anatemizada.
Quienquiera que ponga en peligro la riqueza excepcional de los ricos se coloca ipso facto fuera del mundo civilizado. La ideología neoliberal colma de tranquilidad solo a los más pudientes.
Por todo ello, como decía, vamos a votar a favor, pero hemos presentado dos enmiendas que pretenden mejorar el texto que se nos ha presentado y acabar con una reiterada percusión en un elemento que nos preocupa, y es que alguien entienda que
alguna comunidad autónoma, potente en términos demográficos y supongo que económicos, está haciendo cosas en línea contraria a lo que se pretende y que utilicemos el poder central -ahora que el poder central puede tener un cierto sesgo progresista-
para hacer entrar en vereda a esa comunidad autónoma, una comunidad autónoma como la que puede albergar esta Cámara. Y eso es un error, porque eso puede servir en tanto en cuanto los buenos deseos sean buenos deseos, ¿pero cuando el poder lo
alcance otro? ¿Cuando el poder lo alcance aquel que hace de la centralización un instrumento muy eficaz para seguir atando todo y para seguir negando derechos a todos y a todas? Entonces tendremos un grave problema. Por eso, lo que planteamos en
una de las enmiendas es que la transmisión de los inmuebles y los activos de la Sareb se haga a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Nadie mejor que ellos y que ellas va a entender qué es lo que se necesita en sus respectivas
realidades, realidades que son desiguales, también hay que decirlo. La otra enmienda tiene que ver con la cesión o transmisión, también a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, de los 72 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable
en desarrollo o urbano para que se decida su uso. Porque seguramente no es racional que desde aquí decidamos lo que hay que hacer en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Araba, en Nafarroa o en cualquier lugar del actual Estado español, porque donde puede
tener mucho sentido y plena cabida que ese terreno se ocupe con instalaciones de energías renovables puede que no tenga ningún sentido en otro lugar. Y viceversa, porque donde algunos vean todavía sentido a seguir construyendo más viviendas, habrá
quienes vean más sentido el utilizar esos suelos para otra realidad y apostar por la rehabilitación de viviendas. Por tanto, creemos que hay que atender a esa lógica.
Como ya he dicho, nosotros vamos a apoyar este texto. Lamentamos que sea una proposición no de ley y no una proposición de ley. Nos gustaría que en la ley de vivienda este debate quedase zanjado y que todos los activos de la Sareb sean
activos en manos de todos y de todas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gràcies, president. Bona tarda, diputades. Buenas tardes.
De momento todos seguimos un hilo conductor muy parecido. Anuncio también nuestro voto favorable a esta proposición no de ley. Lo anunció ya que, aparte de que con el hilo conductor que tenía la proposición ya estábamos de acuerdo, las dos
enmiendas que hemos presentado han sido recogidas, enmiendas que iban en la línea, curiosamente, de algunos de los aspectos que luego han marcado como más relevantes, por ejemplo, la auditoría. Para nosotros es imprescindible esa auditoría, porque
nadie sabe qué hay, cómo está, en qué territorios está o cómo se contabiliza. Además, está el tema de la cesión de esas viviendas, terrenos y bienes a las comunidades autónomas pertinentes, que no dejan de ser -y no es poco adecuado repetirlo- las
competentes en materia de vivienda.
Decía hace un momento el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra que esto debía ir insertado en la ley de vivienda que estamos tramitando. Debería ser así, pero ya se nos ha comunicado que la Sareb es una pieza que, aunque
esencial en la programación y en la previsión de la vivienda pública de la que podemos disponer las administraciones para reparar a la gente que está desahuciada o que tiene problemas de desarraigo habitacional, no va a formar parte de esta ley de
vivienda. Está bien hacer una PNL, está muy bien, y está bien que hablemos de esto en el Congreso, pero lo suyo sería que en el Consejo de Ministros las fuerzas que formáis parte del Gobierno seáis capaces de asumir algún tipo de acuerdo. Y tiene
también que ver con la ley de vivienda, porque ¿en qué punto estamos ahora? Les voy a contar una pequeña anécdota, que para mí es fundamental. Ayer, mi Gobierno, el Gobierno de mi país, la Generalitat de Catalunya, hizo el anuncio de que había ya
incoado 141 expedientes contra grandes tenedores, al amparo de la Ley 24/2015 y de la Ley 1/2022, porque no habían ofrecido alquiler social a las familias en riesgo de vulnerabilidad antes de su desahucio. De esos, 51 se han convertido ya en multas
de 30 000 euros. Esta ley, evidentemente, está recurrida al Tribunal Constitucional por cincuenta diputados de un grupo de este Congreso y, probablemente -veremos cómo termina-, el Gobierno también la vaya a recurrir. Pero esto, conjuntamente con
la ley de contención de rentas, que también se declaró inconstitucional por el Tribunal Constitucional, demuestra que es posible hacer políticas valientes en temas de vivienda. Se pueden publicar en el DOGC y se pueden publicar en el BOE y pueden
ser políticas efectivas al servicio de la ciudadanía.
Por tanto, en esta negociación no vamos a ceder si no están inscritos estos principios fundamentales para garantizar la vivienda, que no es un elemento económico, que no es una inversión, que no es un activo, es aquel lugar donde la gente
desarrolla su vida y puede, de algún modo, convertirse en ciudadano de nuestro país -en este caso, evidentemente hablo de Cataluña-. ¿Qué nos pasa, pues? Que hay un Gobierno y una sociedad que ven clarísimo que deben realizarse políticas activas
de vivienda, que tienen que ver con la contención de rentas en el mercado de alquileres, con índices máximos, con multar y obligar a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social obligatorio a las familias que van a desahuciar de sus propios
inmuebles para que tengan la posibilidad de quedarse donde están pagando un alquiler racional, y resulta que aunque legislemos, legislemos y legislemos y defendamos a nuestra gente este Congreso y el Tribunal Constitucional nos lo tumban
sistemáticamente. ¿Y se preguntan por qué somos independentistas? Pues porque nos va la vida en ello, porque no hay valentía suficiente para plantar cara a la banca, para plantar cara a los fondos buitre ni para plantar cara a lo que
ideológicamente nos está destrozando.
Por tanto, si ustedes no saben, no quieren o no pueden hacerlo, déjennos hacerlo a nosotros. La ley de vivienda debe garantizar que el derecho previsto en el artículo 47 no sea solo un derecho encaminado a las administraciones, un mandato a
las administraciones públicas, sino la consecución de un derecho fundamental como el acceso a la vivienda, el derecho fundamental a tener un lugar donde volver después de trabajar y tener a tu familia, el derecho fundamental a ser ciudadano y
ciudadana.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Gómez.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, presidente.
Si hablamos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, pocos españoles sabrán de qué se habla. Si hablamos de la Sareb, pocos españoles sabrán de qué se
habla -igual un puñado más que de la denominación anterior-. Pero si hablamos de banco malo la mayoría de los españoles, la mayoría de los ciudadanos, recordarán al Gobierno del PP, siendo presidente el señor Rajoy, cuando en 2012 proclamó
solemnemente que se rescataba a los bancos, pero que a los ciudadanos no les iba a costar un euro, a la vez que a la ciudadanía le ofrecía recortes de derechos, devaluación salarial y recortes del Estado del bienestar en todos los Consejos de
Ministros.
La realidad ha demostrado que aquello de la gratuidad del rescate fue una gran mentira o una pequeña gran maldad de malos gestores y peores políticos. También nos dijeron que creaban el banco malo para sanear activos tóxicos del sistema
bancario, pero que tampoco nos costaría dinero público. También en este caso la realidad ha demostrado que fue una falacia o una perversa maldad de los malos gestores. En realidad, el banco malo ha sido un rescate en diferido, con costes
exponenciales según iba pasando el tiempo. Estos son algunos datos para contarles en castellano a los españoles la realidad de este asunto -en otras lenguas del Estado también se podrían contar igualmente al señor Feijoo-. El rescate bancario nos
ha costado cerca de 50 000 millones de euros; en términos de empleo en el sector bancario, más de 101 000 empleos destruidos. El banco malo, en el rescate en diferido al que nos obliga la Unión Europea en 2020, nos ha costado 35 000 millones de
euros en incremento de la deuda pública, un 3,5 % del PIB, y 10 000 millones de euros en aumento del déficit de ese año, un 0,88 % del PIB. Esta es la realidad de la herencia del Gobierno del PP, del señor Rajoy y del que se subroga hoy el señor
Feijoo, una herencia envenenada en términos de deuda pública, procedente del rescate bancario y del banco malo. La derecha refiere con frecuencia el mantra de que gestiona bien la economía, pero debe ser la economía en B, porque en la gestión de
las finanzas públicas siempre es un desastre social y económico. (Aplausos).
Con esta realidad, el Gobierno de coalición trajo a esta Cámara y se convalidó el Real Decreto 1/2022, para que el Estado, a través del FROB, alcanzara una posición mayoritaria en el capital de la Sareb para colaborar con las comunidades
autónomas y los ayuntamientos en que las viviendas en el activo de esta sociedad sirvan para que los ciudadanos puedan hacer efectivo el derecho a la vivienda, entre otras cuestiones. El desarrollo de este real decreto ley va a posibilitar en gran
medida lo que se plantea por Unidas Podemos en esta proposición no de ley, y ello es lo que recoge nuestra enmienda. No obstante, quiero dejar claro que la Sareb no es el principal instrumento público para desarrollar políticas de vivienda; es
más, ni siquiera es un instrumento público para desarrollar políticas de vivienda. No lo permite ni el tamaño del paquete de viviendas que poseen ni un análisis objetivo del mercado de la vivienda. Lo que sí va a permitir que la vivienda sea un
derecho y el quinto pilar del Estado del bienestar son las políticas del Gobierno de coalición a través del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Estas son las mejores palancas para conseguir hacer efectivo ese derecho: la ley de
vivienda, el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, medidas de fomento del alquiler, restricciones al aumento del alquiler, promoción de vivienda social, aumento de casi 500 % del presupuesto de vivienda en los Presupuestos Generales del Estado de 2021
y 2022 y el bono joven para el alquiler. Pero las competencias en vivienda las tienen las comunidades autónomas, y esa, señorías de Podemos, es la mejor palanca para hacer políticas de vivienda.
Decía la portavoz de Esquerra que hacían leyes para garantizar la vivienda. En Extremadura hacemos leyes, pero sobre todo hacemos vivienda (aplausos), y les voy a poner el mejor ejemplo de una política de éxito en vivienda: 15 000
viviendas de promoción pública en alquiler, viviendas sociales; cuando no era suficiente, hicimos un programa de viviendas al precio tasado de 60 000 euros para familias en zonas urbanas que las necesitaran; rehabilitación de viviendas, y
autopromoción en las zonas rurales. Extremadura es una comunidad que no tiene infraviviendas, que no tiene chabolismo, que no tiene el mercado de la vivienda tensionado y que no tiene el mercado de alquiler tensionado. Es el mejor ejemplo de
políticas socialistas de la vivienda.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
La señora Garrido Gutiérrez, defensora de esta iniciativa parlamentaria, ha manipulado algunos datos relevantes relacionados con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, conocida también como
banco malo. Su creación en 2012 no fue producto de intenciones malévolas de ingeniería financiera del Partido Popular, de Luis de Guindos o de quienes apoyamos aquella
ley. La Sareb fue una necesidad imperiosa ante el colosal desastre económico y social legado por el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero tras casi ocho años de Gobierno. (Aplausos). Esos ocho años culminaron con la reforma
exprés del artículo 135 de la Constitución española, que Foro votó en contra. Aquello sucedió en los estertores de la IX Legislatura. Han pasado once años de semejante calamidad socialista y ahora estamos en la XIV Legislatura. Pero resulta
persistente insistir en que la creación de la Sareb fue una operación para eliminar activos tóxicos bancarios, salvar los depósitos de millones de ahorradores españoles y librar del desempleo a decenas de miles de trabajadores del sector.
Desentenderse de aquel desastre económico hubiese abocado España a ser rescatada, lo que no ocurrió por el empeño del Gobierno de Rajoy, que consiguió enderezar el rumbo económico, recuperar la senda del empleo y recolocar a España en los parámetros
de confianza comunitarios, la misma Unión Europea que hoy recela, con razón, de este Gobierno de insólita composición socialista y comunista.
Señor García Gómez, habla usted de la herencia del PP y se olvida de que la Sareb es, sobre todo y por encima de todo, herencia producto de la gestión del PSOE y del señor Rodríguez Zapatero. (Aplausos).
Señorías, en esta proposición no de ley tenemos una muestra del intervencionismo patológico que caracteriza tanto a la ideología de uno de los dos partidos que forman la coalición de Gobierno, como el desdén con el que se manejan entre sí
los socios, que hace casi tres años pactaron un acuerdo en que, entre otros aspectos y en el capítulo de vivienda, se fijó un apartado, el 2.9.7, sobre uso social de la vivienda y parque público, con un punto que, textualmente, dice lo siguiente:
Se elaborará un plan de actuación de la Sareb para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales. Ni más ni menos. Sin embargo, la realidad hoy es que
tenemos en los nueve puntos que figuran en la parte dispositiva de esta iniciativa toda una censura a la política de vivienda y, más concretamente, a la referida al banco malo, porque en este texto se enmienda la plana al Gobierno, que ya desde el
pasado año 2021, a propósito de la Sareb, dejó abierta su colaboración con las diferentes administraciones públicas, poniendo a disposición viviendas para su utilización en caso de necesidad y elaborar convenios para que comunidades autónomas y
entidades locales dispongan del orden de 15 000 inmuebles en toda España a los que dar uso social. Lo votamos aquí, señora portavoz de Podemos. Se votó aquí en el Congreso. Algunos lo votamos aquí en el Congreso favorablemente.
Una vez más, los socios del Gobierno van por caminos divergentes y más aún en una cuestión capital, como es la política de vivienda. El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos plantea este asunto cuando en el Congreso está en tramitación la
ley de vivienda, que va con retraso y que difícilmente se podrá aprobar en el plazo comprometido con la Unión Europea a cuenta de los fondos del plan de recuperación. No parece que la presentación de esta iniciativa parlamentaria ni su contenido
vayan en la línea de facilitar una ley que es clave para la sociedad española. De hecho, el registro de esta iniciativa se acompañó de otras del mismo tenor para su debate en diferentes instituciones, caso del Parlamento de Asturias, donde fue
rechazada de forma bastante contundente.
En definitiva, ante este nuevo capítulo de la casa de los líos en la que se ha convertido el Consejo de Ministros, solo cabe expresar el voto negativo de Foro y, aunque no cabe ninguna esperanza, hacer una llamada al Partido Socialista para
que se deshaga de esta politiquería que impide avanzar en medidas de vivienda de corte europeo y busque el consenso y el acuerdo en una materia fundamental y clave para la sociedad y el futuro de España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Hoy debatimos una propuesta de Unidas Podemos que insta al Ejecutivo a replantear el papel de la Sareb y convertirla, como dice el punto primero, en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida.
Además, solicita la suspensión de los desahucios en viviendas de su propiedad en las que no haya alternativa habitacional y convertir el suelo en desarrollo en vivienda pública destinada al alquiler. También solicitan que la Sareb dependa del
ministerio competente en materia de vivienda para un mejor control e incluso solicitan la creación de un organismo que permita el seguimiento de la actividad y el cumplimiento de sus objetivos. Es una moción prácticamente calcada a una que
presentaron en el Parlamento vasco hace no mucho, y sorprende, porque Bildu presentó una enmienda a la totalidad y hoy parece que va por otro camino. Sorprende que traigan ese tipo de proposición cuando
su grupo está en el Gobierno de coalición y podría haber impulsado estos cambios en el Real Decreto Ley 1/2022, que modifica las leyes que hoy pretende modificar Unidas Podemos, concretamente el régimen jurídico de la Sareb. Este decreto,
como digo, fue convalidado en este Congreso y tiene como elemento esencial el mantenimiento del carácter de la Sareb como sociedad de gestión de activos dirigida a liquidar los activos de su balance con el objetivo de minimizar el coste para el
contribuyente y, además, ha de ser tramitado como proyecto de ley. Con lo cual, entendemos que lo que deberían hacer es no demorar el plazo de interposición de enmiendas e interponer ustedes en ese decreto cuantas estimen necesarias, si lo que
verdaderamente pretenden es modificar el régimen jurídico de la Sareb. Porque hoy todas las medidas que nos proponen en esta moción a través de esta fórmula procedimental no tienen carácter vinculante y, por lo tanto, van a dejar en manos del
Gobierno que se cumpla o no lo que hoy se pueda aprobar. Lo cierto es que parece que ustedes hoy persiguen más un pronunciamiento por parte de su socio de Gobierno del PSOE que medidas efectivas, porque, como he dicho, no tiene carácter vinculante.
Si de verdad quieren modificar el tema de la Sareb, hay que tramitar el Real Decreto Ley 1/2022 como proyecto de ley, y ya vamos tarde.
Hay determinados puntos concretos de la PNL con los que estamos de acuerdo y hay otros con los que no. Veremos cómo quedan con las enmiendas que han presentado los otros grupos o si se va a votar por puntos. En cuanto a la modificación del
objeto social de la Sareb para convertir, como he dicho, esta sociedad en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda, nosotros entendemos que esto va en contra incluso del Real Decreto 1/2022, que ha sido convalidado en el
Congreso y que tiene como elemento esencial el mantenimiento del carácter de Sareb como sociedad de gestión de activos dirigida a liquidar los activos de su balance con el objetivo, como he dicho, de minimizar el coste para el contribuyente, pero se
podría adaptar.
En cuanto a la creación de un organismo que permita el seguimiento de la actividad de la sociedad, nosotros entendemos que los ministerios con competencias en estas materias tienen un papel ya importante en cuanto a la cesión de inmuebles a
entidades públicas o entidades no lucrativas, en las que, además, pondera la utilidad social de estos inmuebles. Además, también creo que el Real Decreto 1/2022 prevé la coordinación de la Sareb con los departamentos sectoriales competentes en
estas materias que debe articularse una vez que se haya producido esa toma de control.
En cuanto a que la Sareb debe ser transparente e imprescindible para que se conozcan los activos que tiene en propiedad, se podría articular también a través de ese real decreto o entre la Sareb y los departamentos ministeriales. Pero,
además, hay que decir que la sociedad ya pone en disposición al público información agregada sobre qué tipo de activos, localización, etcétera. En cuanto a que la Sareb realice una gestión social del parque de viviendas actual, integrando las
mismas en el parque social para garantizar el acceso a la vivienda, entendemos que esto podría ser, pero que también tiene que ser una entidad de gestión puramente de activos.
En cuanto a la suspensión de los desahucios, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece para los desahucios una suspensión de tres meses para que los servicios sociales encuentren alternativa habitacional. Si en la actuación se tienen en
cuenta criterios como la vulnerabilidad de los habitantes de vivienda en su propiedad implica siempre, desde luego, a los servicios sociales competentes cuando se dan estas situaciones, que, además, se tienen que estudiar caso por caso para evitar
esos incentivos no deseados.
En cuanto a que la SAREB agilice los convenios con las comunidades autónomas, creemos que este punto sí queda recogido en el Real Decreto Ley 1/2022, que incorpora el valor social de la vivienda y facilita la promoción de acuerdos con las
comunidades autónomas y ayuntamientos, y creo que sí va en línea con el compromiso que ha dicho siempre el Gobierno de España para fomentar esa vivienda social.
En cuanto a que la Sareb realice actuaciones en suelo urbanizable, queremos decir que desde luego el Gobierno vasco ya se ha dirigido a la Sareb para que ofrezca suelos calificados de vivienda protegida, pero es que en Euskadi la mayoría de
ellos son cuotas de participación en parcelas, lo que hace que su gestión pueda ser muy complicada. Por lo tanto, el punto parece que no procedería en el caso de Euskadi, pero podríamos entender lo contrario para otras comunidades autónomas.
Lo cierto es que los puntos sobre los que versa la PNL son muy variados, diversos. Como he dicho al principio, con algunos estamos de acuerdo y con otros no o podríamos ir a una abstención. Se han presentado enmiendas y fijaremos posición
cuando decidan ustedes lo que van a hacer.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor LópezBas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Ciudadanos ya mostró en su día su voto favorable a algo que era obvio -tan obvio como necesario-, modificar el régimen jurídico de la Sareb para adaptarlo, precisamente, a la recalificación por parte de Eurostat, una vez que se puso de
manifiesto el fracaso de lo que entendemos es una burda simulación. Efectivamente, la creación de esta Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, es decir, del rescate de las entidades de crédito, de las cajas de
ahorro, fue desde un principio una ficción, y lo fue porque en el memorándum de entendimiento con la Comisión Europea España se comprometía a constituir esta sociedad de gestión para poder recibir así el rescate inicialmente solicitado por España de
100 000 millones de euros. Porque de lo que hoy no cabe ya ninguna duda es de que en el contexto de la crisis financiera de 2008 España fue rescatada por Europa, y que en el afán de disimular aquel rescate el entonces Gobierno del Partido Popular
diseñó la Sareb como una entidad privada, cuando realmente no lo era, pese al reparto nominal del accionariado de la entidad, mayoritario en manos privadas de bancos y aseguradoras en un primer momento. Es obvio que si la parte privada de esta
operación estaba plenamente avalada por el Estado con cargo a deuda pública, evidentemente todo, absolutamente todo, era realmente público, como señaló Eurostat en 2020.
Pero si hoy, en septiembre de 2023, estamos hablando de una situación de casi colapso de la Sareb no podemos achacarlo todo al Gobierno del PP de Rajoy, ya que desde junio de 2018 tenemos un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, al que se le
ha advertido en numerosas ocasiones desde la Comisión Europea sobre sus constantes y permanentes resultados negativos, sobre el incumplimiento de plazos e importes de los planes de desinversión e incluso sobre el propio riesgo patente de
inviabilidad de la propia Sareb. Este Gobierno, por tanto, no puede alegar desconocimiento o falta de responsabilidad alguna en la situación actual, ya que viene siendo advertido de manera continua, desde junio de 2018. El problema es que no
observamos cambios en la gestión de la Sareb que le hayan hecho ganar en eficiencia. Pero una cosa está meridianamente clara, si el diseño de la Sareb ya fue una mera simulación de la realidad en 2012 por un Gobierno del PP, la gestión de las
sociedades de junio de 2018 por los gobiernos presididos por Sánchez, con Partido Socialista y Unidas Podemos, han sido la guinda del pastel y la culminación de un fracaso sobre el que había advertencias expresas.
Por eso, es sorprendente la iniciativa que hoy debatimos, propuesta precisamente por Unidas Podemos, de transformar la Sareb de una sociedad de gestión de activos a una empresa pública de vivienda permanente, porque olvida Podemos que la
Sareb ya puso en marcha en 2013 un programa de cesión de vivienda social destinado a la Administración pública, a comunidades autónomas, a municipios y al propio Ministerio de Agenda Urbana, con una bolsa de pisos reservados de quince mil unidades
hasta 2021 para cubrir situaciones de emergencia social y facilitar un alquiler asequible. Es cierto que ese es un objetivo incumplido, pero es su objetivo y es su gestión de Gobierno, señorías de Podemos, porque esto es lo que ha hecho -o no ha
hecho realmente- su Gobierno, el Gobierno del que ustedes forman parte. Por eso su propuesta hoy no es creíble, porque lo que les avala a ustedes es su presente como parte de un Gobierno que no ha gestionado ni bien ni eficientemente la Sareb. Y
porque hay que recordarles que esta sociedad tiene unos activos, sí, pero acumulaba también a principios de este año 2022 una deuda pública de más de 35 000 millones de euros. Ustedes, en sus piruetas de mundo maravilloso, pretenden desconocer el
objetivo último de la Sareb y el fin para el cual fue concebida: asumir activos tóxicos y deteriorados y proceder a su liquidación y venta para poder pagar con ello las deudas vinculadas a los mismos. Lo que no es de recibo es volver a cargar a
los españoles con estas deudas, con ese pasivo, transfiriendo los activos limpios de polvo y paja a las administraciones públicas para que simplemente los pongan en un escaparate electoral, que es lo que pretenden ustedes, y luego, pasadas las
elecciones, que tengamos que pagar todos de nuevo con nuestros impuestos esas deudas, que simplemente ustedes quieren en este momento obviar y disimular.
Hay alternativas en España para generar vivienda asequible en alquiler o en propiedad, coherentes y razonables, compatibles con el objetivo de la Sareb, con figuras como la de los conciertos y la cooperación público-privada, algo que desde
Ciudadanos se puso en marcha y funciona con éxito en el Ayuntamiento de Madrid. Esas son las soluciones, y no ocurrencias sin base, sin fundamentos y que terminarán costándonos a todos muy caras. Además, señora Garrido, si la Sareb es pública,
como usted ha
manifestado y, por lo tanto, todas sus viviendas son públicas, yo creo que lo que debe hacer es revisar sus apuntes de primero de Derecho Administrativo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, presidente.
La Sareb, el banco malo que se quedó con los activos tóxicos de la banca tras el rescate bancario, es hoy una entidad pública al cien por cien, pero sigue, lamentablemente, operando con los mismos criterios la gestión de sus inmuebles y las
políticas de desahucio. Compartimos, por tanto, gran parte del análisis que ha realizado el grupo proponente. Sin embargo, no compartimos el cariz centralista y centralizador que plantea la propuesta, que podría ser corregido con las enmiendas
presentadas. El BNG también ha presentado ya distintas iniciativas reclamando la transferencia, no la cesión, de todos los inmuebles arraigados en Galiza, unos tres mil, al Instituto Galego da Vivenda e Solo para dedicarlos a política de vivienda
pública, pues son, como es sabido, las comunidades autónomas las que tienen las competencias en materia de vivienda, sin que sea necesario, a nuestro juicio, crear nuevos entes de carácter estatal que se encarguen de esa función.
Sí podemos suscribir los puntos referidos a la necesidad de transparencia e información, sin duda, y desde luego coincidir en la necesidad de paralizar la política de desahucios emprendida por la Sareb, también reiteradamente denunciada por
el BNG con distintos casos en Galiza, iniciativas en las que se reclama una solución para los afectados, por ejemplo, de los desahucios en Piñeiros, en Narón, en Silleda, en el barrio del Calvario de Vigo, en Burela o en Palavea, A Coruña, por poner
solo algunos casos. Esto es inaceptable en una entidad pública y debe terminar.
En todo caso, se trata de una PNL y, como ya se dijo aquí, ustedes son el Gobierno; lo que corresponde es que lo hagan.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Esta PNL nos ofrece uno de aquellos bonitos momentos parlamentarios, singulares, peculiares, donde un socio del Gobierno insta al Gobierno a tomar unas medidas. Alguien pensará: ¡Hombre, si son el Gobierno, ¿por qué no las toman?! Pero no
termina aquí el bonito momento; es que viene el otro socio del Gobierno y le presenta una enmienda a la propuesta del socio de Gobierno primero, que quiere que el Gobierno haga una cosa, para hacer exactamente la contraria a la que le propone el
otro socio. Uno ya empieza a entender la propuesta no de ley: es que no se aclaran. Entonces, primera conclusión de la PNL, yo no creo que vaya a solventar los problemas de la Sareb ni los problemas de la vivienda y, no sé si se dan cuenta, para
lo único que sirve es para agrandar esta sensación de camarote de los hermanos Marx que parece el Gobierno en estos momentos.
Respecto a la propuesta, algunas cosas se las han dicho y yo se las voy a tener que volver a repetir para la PNL, que tiene la trascendencia que tiene -muy relativa-, y sobre todo para la ley de vivienda, que tiene mucha más. Las que tienen
las competencias de vivienda y a las que les corresponde hacer política de vivienda es exclusivamente a las comunidades autónomas, y así lo reconoce la Constitución. ¿Que hay algunas comunidades autónomas que tienen un Gobierno que no le gusta al
Gobierno central? Yo lo entiendo, pero la solución no es recentralizar y decidir que toda la política se va a hacer desde esta Cámara. La solución es que ustedes presenten alternativas que agraden y que voten los ciudadanos de estas comunidades
autónomas, porque, si no, bajo el amparo de intentar mejorar la situación de la gente, están proponiendo una recentralización total y absoluta que nosotros no vamos a compartir. Le digo esto porque muchos de los problemas de la ley de la vivienda
son esencialmente estos, pero no solo en la ley de la vivienda, sino también en la ley de sanidad que vamos a ver el jueves. El problema es su obsesión por unificar la política fiscal o tributaria de determinados impuestos y aquí no nos van a
encontrar. Más allá de que vamos a esperar a tener el texto final para posicionarnos, ya les avanzo que es poco probable que apoyemos esta iniciativa.
En todo caso, también quiero romper una lanza por la Sareb. La Sareb tiene muchos problemas y seguro que no es lo suficientemente ágil, pero cuando se hacen cosas bien también se deben reconocer.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor BEL ACCENSI: La Sareb va a firmar un acuerdo con el ayuntamiento de mi ciudad, Tortosa, por el cual un suelo urbano pendiente de edificar, a cambio de una contraprestación del ayuntamiento, lo va a poner al servicio de que se
puedan establecer unos servicios sanitarios esenciales.
Muchísimas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Manso Olivar. (Aplausos).
El señor MANSO OLIVAR: Buenas tardes, señorías.
Ya me extrañaba a mí que no nos dedicáramos básicamente a mentir, que es a lo que se ha dedicado la izquierda. ¿Qué han dicho ustedes? Que se rescató a la banca. Pero, oigan, que todo lo que compró la Sareb fueron siete cajas de ahorros
-fruto de la fusión a su vez de cajas de ahorros-, un banco filial de una caja de ahorros y un pequeñísimo banco gallego; nada más. No se compró ni un solo activo a entidades de depósito con forma de sociedad anónima; solamente a aquellas que
tenían forma de fundación: cajas de ahorros dirigidas por todos ustedes. (Aplausos).
Señora Garrido, no es 'la' FROB, es la Sareb, pero es el FROB. Tampoco es Luis Guindos, sino que es Luis de Guindos. Y me han sorprendido algunas cosas. Por ejemplo, el señor Matute nos ha dicho: Algún día habrá que hacerles entender a
las duras cabezas de algunos que la intervención pública en economía es necesaria. Señor Matute -que veo que no está en la sala-, no sé cómo pretende hacerle entender a mi dura cabeza que la intervención pública en economía -veo que sí que está,
disculpe- es necesaria. No sé cómo lo pretende hacer, espero que no sea con los métodos a los que nos tienen acostumbrados. (Aplausos).
Dicho eso, nosotros no discutimos que la Sareb sea pública, lo hemos dicho siempre. Yo dije en diciembre de 2012 que la Sareb era pública, con independencia de la operación de ingeniería financiera que había diseñado el señor De Guindos
para que aquello no computase como deuda pública y déficit. Al final, la Unión Europea terminó dándonos la razón a los tratadistas que manteníamos esa postura. Por eso, señor Martínez Oblanca, aunque estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que
le ha dicho a esta bancada (señala hacia los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), que olvida el desastre en que le dejó los números a esta otra (señala hacia los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), lo que es cierto es
que el señor De Guindos intentó engañarnos a los españoles con una operación de ingeniería financiera para que no computase como deuda pública todo el endeudamiento de la Sareb.
Por otro lado, aquí parece que pasa totalmente desapercibido algo que ustedes, señora Garrido, han puesto en su exposición de motivos, que es que la Sareb compró los activos con un sobreprecio de 18 000 millones de euros. Pagó 18 000
millones de euros más y así era imposible que las cuentas le cuadrasen a ese gran gestor que es el señor De Guindos. ¿Cómo vas a obtener un 15 % de rentabilidad pagando 18 000 millones más de lo que valen los activos? Eso es completamente
imposible. Ustedes no han dicho nada, pero creo que ahí hay mucho que investigar.
Vamos a continuar. Nuestra postura es que no compartimos el control político al que quieren someter los activos de la Sareb, porque en el fondo es incidir en más de lo mismo. Como les he dicho ya muchísimas veces, la Sareb no es más que un
silo que sirvió para sostener los precios para que la banca -eso sí- no se viera arrastrada por una caída de sus activos. Aquí no se salvó a la banca, como han dicho ustedes; se salvó básicamente al Fondo de Garantía de Depósitos, que había
cobrado las primas de aseguramiento de depósitos y no tenía dinero para hacer frente al compromiso que como institución pública tenía frente a los depositantes. (Aplausos).
Nosotros creemos en el principio de subsidiariedad. No creemos para nada que el Estado tenga que proveernos de todo. Entendemos que el Estado sea el garante, pero no que sea el provisor. Por ejemplo, en alimentación y vestido -sectores a
los que ustedes atacan muchísimo- estamos fenomenalmente surtidos sin la intervención del Estado. ¿Lo entienden? (Aplausos). Lo mismo nos pasa con la telefonía y la electrónica de consumo, y podría ser con muchas más cosas si abandonaran sus
mantras ideológicos. Por cierto, el principio de subsidiariedad no es una cosa de fachas, está en el Tratado de Maastricht.
(Aplausos). Lógicamente, ya entienden que nos vamos a oponer a esto, porque, efectivamente, señor Matute, no nos entra en la cabeza tanto intervencionismo. Miren ustedes el desastre al que nos ha llevado la Sareb. Por cierto, si hubiera
comprado a los precios que tenía que haber comprado según la Unión Europea, ahora mismo tendría beneficios. Es decir, mucha de la culpa viene del diseño de la operación que se hizo en origen.
La extensión de las funciones del Estado más allá de las que les son propias solo nos lleva al colapso económico y de todo el sistema productivo. Ustedes siguen insistiendo en que nos va fenomenal, pero nos pasamos la vida presumiendo del
aumento del gasto asistencial.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor MANSO OLIVAR: La expansión del Estado asistencial no es más que una muestra del empobrecimiento y de la alienación de la población a la que ustedes la llevan por tanto intervencionismo.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Píriz Maya.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente.
Señor García, don Valentín, sube aquí y pone de ejemplo de política de vivienda socialista a la Junta de Extremadura. Solo dos datos de mi ciudad, Badajoz. La última vivienda social que se ha entregado en Badajoz fue en 2015 con un
Gobierno popular en la Junta de Extremadura. (Aplausos). La última vivienda pública que se ha hecho con un Gobierno socialista en Badajoz ha sido nunca. Toda la vivienda pública en Badajoz la han hecho gobiernos populares. (La señora Montesinos
de Miguel: ¡Muy bien!-Aplausos).
Señorías, el Gobierno se descompone y, como muestra, esta propuesta que nos trae hoy aquí la mitad del mismo, Podemos, contra la otra mitad, el PSOE. Porque, aunque se pongan de acuerdo los dos en criticar al PP, que es lo único que les
pone de acuerdo ya, el resto -incluida la patada en el tobillo que supone esta PNL- es todo riñas. ¿De verdad los españoles vamos a tener que aguantar a este Gobierno en descomposición y en constantes luchas internas de niños pequeños un año más?
No alarguen la agonía que sostiene al Gobierno, señorías, porque esto que tenemos entre manos es lo que nos espera en los próximos meses.
¡Vaya propuesta, señorías de Podemos! ¡Vaya propuesta! De verdad que no hay por dónde cogerla. De verdad que se les ha ido la mano contra sus socios y la propuesta no tiene ni pies ni cabeza. Comienzan en el primer párrafo hablando del
rescate de España en 2012. ¿Qué rescate, señorías? ¿Ese rescate que evitó el Gobierno del Partido Popular? Les recuerdo que el PP evitó un rescate pese a recibir una economía con el 21,5 % de paro, una caída del 0,8 % del PIB, una prima de riesgo
de 360 puntos básicos, un 8 % de déficit o una deuda pública subiendo 200 millones de euros al día. (Aplausos). Pese a eso, se evitó el rescate de esta crisis a la que nos llevó el Gobierno socialista. Lo repito, porque Podemos lo dice varias
veces en su PNL: no es la crisis de 2012, es la crisis de 2008 y la generó un Gobierno socialista.
En la propuesta mezclan todo y hablan hasta del descuento de adquisición de activos, enjuiciando, como ha hecho ahora el señor Manso, si fueron muchos o pocos, haciéndose eco de un informe de la Comisión Europea que habla de precios de
liquidación, esto es, del precio que hubiera sacado la Sareb de sacar todo su stock al mercado de golpe, que no es lo que hizo, lógicamente. Lean, señorías, lean los informes si los piensan citar aquí. Lo mínimo que deben tener es seriedad.
La crisis de 2008, esa crisis a la que nos llevó el Gobierno socialista, dejó un escenario desolador en el sistema financiero. Revisen los documentos de la Comisión de investigación de la crisis financiera que se hizo aquí en esta casa:
129 400 millones de euros en el escenario neutral y 209 100 millones de euros en el escenario adverso eran las previsiones de volumen de pérdidas de nuestras entidades financieras, que, por tanto, eran incapaces de financiar a particulares y sobre
todo a empresas. El Gobierno del PP salvó no a las cajas, sino a los españoles que tenían allí sus ahorros. (Aplausos). Guárdense su demagogia. La Sareb se creó y se trasladaron allí los activos más tóxicos de los balances de los bancos. ¿Qué
prefería el PSOE, señor García, que se inyectara el dinero en las cajas y que al vender los activos estas dieran beneficios?
En esta propuesta soplan y sorben a la vez. Critican con una mano las pérdidas de la Sareb y están pidiendo al mismo tiempo que la entidad se convierta en una gran inmobiliaria pública que entregue sus pisos a colectivos vulnerables, los
ceda gratis a familias necesitadas o los ponga en el mercado con un régimen de alquiler social que incluya una renta muy reducida. Esta es la opción de Podemos. ¿También es la del PSOE? Porque, si en vez de vender los pisos de la Sareb, los
regala o los vende por debajo de su precio de mercado, entonces el agujero sí que será de 35 000 millones de euros, como dicen en la propuesta. Sorber y soplar a la vez. Ustedes están criticando los números rojos de la Sareb y están pidiendo que
se desprenda gratis de los activos. ¿Pueden tener por una vez algo de coherencia?
Señorías, en 2012 en la crisis financiera del PSOE lo que todo el mundo reclamaba era transparencia, era saber exactamente la exposición de cada caja y banco a los activos más tóxicos. La Sareb fue un gran instrumento que ayudó a poner en
orden el sistema financiero. Aquí han subido de nuevo a volver a hacer demagogia, a hacerse oposición dentro del propio Gobierno, sin explicarnos que lo que Podemos propone aquí hoy y que el PSOE les enmienda es la causa de que la ley de vivienda
siga paralizada. Claro que es la causa, porque no es un Gobierno, es un desconcierto, es un bochorno, es un fiasco. Y, mientras, los españoles están sufriendo la escalada de precios imparables y el fenómeno de la okupación, que para este Gobierno
no es un problema. Mientras el PSOE y Podemos vienen aquí a pelearse con la vivienda como excusa, los españoles ven cómo sus casas son okupadas sin leyes; leyes como la que propone el Partido Popular para acabar con este fenómeno impulsado desde
el propio Gobierno. Les exijo un poco de respeto a nuestros compatriotas, señores del Gobierno. Un poco de respeto es lo mínimo que los españoles merecen. Ya de gobernarles hablamos otro día.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Señora Garrido Gutiérrez, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Sí, aceptaremos algunas enmiendas y se lo comunicaremos a la Presidencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy bien, gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE LA PREVISIÓN DEL GOBIERNO DE ACATAR LOS DICTÁMENES DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA CUMPLIR CON LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS Y POLÍTICOS EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente
173/000166).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano sobre la previsión del Gobierno de acatar los dictámenes de los
organismos internacionales para cumplir con los derechos democráticos y políticos en el Estado español. Por el grupo autor de la iniciativa, y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor.
La señora ROSIQUE I SALTOR: En 2019, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU exigió en un informe la liberación de los presos políticos catalanes. En 2000, este grupo reafirmó dicho informe en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. El año pasado, en 2021, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el informe Cilevics de título: '¿Debe perseguirse a los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su cargo?', donde se denunciaba
que las opiniones independentistas no podían ser motivo de persecución política. El pasado abril, el Parlamento Europeo constituyó una comisión para investigar el ciberespionaje con Pegasus tras hacerse público el 'catalangate'. El pasado junio,
el ponente del informe del Consejo de Europa, Boriss Cilevics, denunció que el Estado español no había cumplido con la resolución aprobada. Ese mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por hacer un informe policial
sobre jueces catalanes que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir. Finalmente, el pasado agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a España por violar el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, afirmando que se suspendieron los derechos políticos del exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, y dels exconsellers del Govern de Catalunya Raül Romeva, Josep Rull y Jordi
Turull, al impedirles ser representantes políticos antes de que hubiera una condena en su contra. Y todo ello ha sucedido siendo el Estado español miembro del Consejo de Europa, miembro de su Asamblea Parlamentaria, miembro de las Naciones
Unidas y habiendo firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¡Vaya, vaya! Son demasiados los informes que esta vez no han podido evitar. Siento decirles que las instituciones internacionales no son tan manipulables como la
justicia española. (Aplausos).
¡Qué casualidad que no hayamos visto demasiadas solicitudes de comparecencia o preguntas orales por parte del Partido Popular al respecto, con lo que les gusta hacer campaña contra el Gobierno! Cualquiera pensaría que en el ámbito
internacional, donde las Cámaras están menos presentes, el bipartidismo es todavía más intenso; que se coordinan entre el Partido Popular y el PSOE para preservar la indivisibilidad de su España y la pervivencia de sus acuerdos de la Transición que
les aseguran que, a pesar de existir cada vez más partidos, el poder siga residiendo siempre en las mismas manos. Señorías del PSOE, no olviden que la última vez que trajimos una moción parecida a esta Cámara toda su mayoría de la investidura -toda
su mayoría de la investidura- votó a favor de cumplir con el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa; toda menos ustedes. Cuando voten esta vez piensen en cómo se atreverán en la próxima Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa a explicarles a los miembros que votaron a favor de esa resolución -por cierto, unos cuantos de su partido europeo- que más del 75 % del Congreso español ha decidido desobedecer la resolución. Cuando voten esta vez piensen en cómo se
atreverán a decir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que no consideran que su resolución sea legítima; a ver si se atreven a decirles que, como no es vinculante, ustedes solo toman nota.
Precisamente, esta moción se debate hoy, 20 de septiembre, cuando se cumplen cinco años del inicio de la represión por el referéndum al independentismo catalán. (Termina su intervención en catalán.-Aplausos de las señoras y los señores
diputados del Grupo Parlamentario Republicano, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. Señora Rosique, en España no hay presos políticos; hay presos, hay políticos y hay políticos presos que están presos porque han cometido delitos y han sido juzgados. (Aplausos). Porque estamos ya muy
acostumbrados a lo de los presos políticos y, desde luego, cada uno tendrá que pagar; no es su caso personal, sino el de los suyos. ¡Que que ustedes vayan de víctimas...! Ustedes cometen todas las ilegalidades que les da la gana, luego llaman a
Sánchez y le dicen: O nos levantas el tema o dejas de ser presidente. ¿Y qué hace? Indultarles. (Aplausos). Por lo tanto, no se quejen tanto. Nos tendremos que quejar los demás, porque están arrollando nuestros derechos y están pasando por
encima del derecho del conjunto de los ciudadanos cuando están indultándoles a ustedes por hacer lo que les da la gana; en este caso, por incumplir y por violentar las leyes. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Eso es lo que está
ocurriendo, y ustedes vienen aquí ahora de víctimas y dicen que esto no es democrático. Entonces, cuando -según dice su portavoz- en Cataluña entre no sé cuántos partidos solo tienen una alcaldía, eso es democrático porque allí gobiernan ustedes.
¡Ah!, pero si gobiernan otros, entonces ya no es democrático. Si se cumplen las leyes que a ustedes les interesan es democracia; pero, si esas leyes hacen que ustedes sean juzgados y encarcelados, entonces eso ya no es democrático. (Rumores).
¿Entonces usted nos va a decir lo que es democrático o no? Eso tiene un nombre. Cuando alguien pretende imponer a todos los demás lo que piensa sin pasar por unas urnas y sin cumplir con la ley, eso se llama de otra forma: se llama dictadura. Es
lo que ustedes pretenden hacer en Cataluña y lo que les gustaría hacer en el resto de España: decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. (Aplausos). Es verdad que tienen un aliado fenomenal, porque ¿quién iba a pensar que el Partido
Socialista...? Pero, al final, ya hemos visto que la Moncloa bien vale todo eso. Y vale mucho más, porque lo suyo ha sido un indulto, pero lo que vamos a ver a continuación, desde mi punto de vista, tiene mucha más gravedad. Lo que va se va a
hacer -y lo estamos viendo ya- es que parezca al final que aquellos que asesinaron eran unos gudaris, unos santos. Permitimos que les hagan los homenajes y ya los sacaremos de la cárcel, que es el siguiente pago que va a hacer Sánchez al otro socio
fundamental, que es Bildu. Entre ustedes y Bildu están coaccionando y están condicionando la política de España. Eso sí,
bien voluntariamente lo hace el presidente Sánchez, que les hace caso en todo. Entonces, ¿víctimas? Menos. El que está en la cárcel es porque ha cometido delitos. Y ustedes no se quejen, porque a ustedes cuando se quejan los indultan.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Buenas tardes. Arratsalde on, señora presidenta.
Bueno, lo que acabamos de escuchar ahora es el chiste mayor. Mire, señor García Adanero, no ha habido presos políticos, ha habido todo un Gobierno democrático en la cárcel y en el exilio. (Aplausos). Y eso no ocurre en democracias
ejemplares, ocurre en dictaduras, como la que usted mencionaba. Por eso, no le extrañe que luego comparen a España con Turquía; por cierto, es su socio en la OTAN y del que están muy orgullosos, pero luego se molestan cuando les comparan con esa
democracia a la turca. (Rumores).
No es que lo diga Esquerra Republicana de Catalunya, es que lo ha hecho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se lo ha dicho también la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Pero, si hacemos un repaso de lo que han
dicho justicias de Estados europeos -Italia, Alemania, Suiza, Reino Unido, Bélgica-, hay un problema, ¿no? El problema no está fuera, está en España, está en la justicia española, que cuando tiene que dictaminar sobre un asunto político -en el que
nunca debió entrar- le salen los fantasmas patrios y la justicia se utiliza como un chicle. Entonces, lo que se produce es eso: presos políticos y todo un Gobierno en la cárcel y en el exilio. Por lo que se ve, es algo de lo que algunos se
sienten orgullosos, pero yo creo que no es solamente injusto con la sociedad catalana, sino que además España ha hecho el ridículo; un gran ridículo que, por cierto, no ha acabado: más de 4000 personas represaliadas. Y es que un conflicto de
naturaleza política, como hay tantos en el mundo, se soluciona -en las democracias occidentales al menos- sobre la base del principio democrático, no de la represión.
Se recordaba que hoy hace cinco años que se produjo la manifestación frente a la Conselleria de Economia por la cual fueron condenados dos activistas sociales de Cataluña, los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que siempre llamaron a las
vías pacíficas y a la movilización pacífica. De igual forma, la semana que viene se cumplirán cinco años del 1 de octubre. Tienen un récord, señorías: España ha sido el primer Estado del mundo en haber reprimido un referéndum, una consulta.
Puede que fuera legal, ilegal o alegal -lo que quieran-, pero tienen ese récord. Y, como tienen ese récord, al día siguiente -el 2 de octubre- abrieron todos los periódicos del mundo no porque hubieran ganado un mundial, sino porque habían
reprimido violentamente una manifestación política pacífica. De igual forma, si hacemos un repaso, el 4 octubre hicieron salir a su jefe de Estado y, por si había alguna duda, se demostró que era un poco ultra y, con ello, hizo el ridículo
internacional. De igual forma, vimos cómo se encarcelaba a todo un Gobierno. Es cierto que cuatro años después vinieron unos indultos -por cierto, parciales-, pero yo creo que con eso al que se hizo un favor fue al propio Gobierno español, que se
quitaba de encima la vergüenza de tener a un Gobierno en la cárcel. Si recordamos también, en el Senado se aprobó ese régimen prácticamente colonial del 155 y al señor Rajoy no se le ocurrió otra cosa que convocar elecciones. ¿Qué pasó? Pues que
las perdió y que llevan perdiendo elecciones desde ese año. (Rumores).
¿Qué les pasa, están nerviosos?
De igual forma, como mencionaba la señora Rosique, tienen otro récord, y es que España ha aplicado el sistema de escuchas Pegasus por encima de sus posibilidades y ha ganado a Estados tan poco referenciales como Hungría y Polonia. Seguro
que algunos aquí estarán orgullosos. Pero, mientras van sumando a esa cadena de represión, el asunto de fondo, que es no es otra cosa que un conflicto político, sigue irresuelto y, como decía antes, en las democracias occidentales solo hay una
forma de resolverlo, que es sobre la base del diálogo, de la negociación y del principio democrático.
Miren, en este momento hay un magistrado -antes lo mencionaba un compañero de Unidas Podemos- que va filtrando a la prensa que va a realizar una operación contra el Tsunami Democràtic, una operación ejemplarizante. Y yo quiero poner hoy en
valor ese movimiento ciudadano y cívico pacífico, que, en contra de una represión injusta, sacó a la calle a cientos de miles de ciudadanos a protestar pacíficamente. Mientras siga la cadena represiva, el Estado español no solamente cometerá una
injusticia con la sociedad catalana, sino que además seguirá haciendo el ridículo internacional.
¡Y cómo no votar a favor de esta moción! Yo creo que si lo piden Naciones Unidas y el Consejo de Europa...
La señora PRESIDENTA: Señor Iñarritu, tiene usted que terminar, por favor.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Acabo, señora presidenta.
... todo el mundo debería votar a favor, ¿verdad?
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Están en Esquerra Republicana muy preocupados por el cumplimiento de la normativa internacional en España. Veamos. Ellos piden que se tenga en cuenta un dictamen de un organismo que -atentos- recibe un dineral únicamente de tres regiones
que no son países en todo el mundo, a saber: Quebec, Cataluña y el País Vasco. ¡Qué casualidad! No obstante, el dictamen de pago dice que el propio dictamen ya repara cualquier agravio, es decir, se sabe inútil y bien pagado.
Pero hay normas mucho más importantes y ejecutivas que un dictamen, que rigen en España y que también son internacionales. Yo he cogido algunos ejemplos. Por ejemplo, son multitud las normas internacionales que consideran al nazismo la
principal peste del siglo XX. Veamos, en este hemiciclo solo hay un partido que ha contactado en el pasado con el partido nazi en Alemania, eran los hermanos Badia, y ese partido es Esquerra Republicana de Catalunya.
Siguiente: hay muchas normas internacionales que consideran que el fascismo es un régimen apestoso. Veamos, en este hemiciclo solo hay dos partidos que han tenido contacto con el partido fascista de Mussolini en Italia, a saber, el PNV
para negociar el Pacto de Santoña, y Esquerra para asumir doctrina y estética. (El señor Agirretxea Urresti: Mentiroso). En consecuencia, solo hay un partido en este hemiciclo que ha hecho desfilar camisas pardas por ciudades españolas, por
Barcelona concretamente, y es Esquerra Republicana de Catalunya. (Aplausos). Por cierto, estos camisas pardas paseaban con antorchas, de ahí vienen las tradicionales antorchas que vemos muchas veces en los aquelarres secesionistas; no son más que
la traslación de estética nazi extraída de los congresos de Núremberg. Todo muy normal y acorde con la normativa internacional. Por cierto, solo un partido en este hemiciclo hizo diputado al hermano de Franco, Ramón Franco Bahamonde, que bombardeó
Cataluña encantado desde un avión. Ese partido no era la Falange, era Esquerra.
Seguimos. Son multitud las normas internacionales que condenan el racismo, pero solo hay dos partidos en este hemiciclo que exaltan a racistas confesos en sus páginas web a día de hoy. A saber, el PNV, que exalta al teócrata, racista,
provinciano, que fue su fundador, Sabino Arana, y de forma infalible aparece de nuevo en la página de Esquerra Heribert Barrera y su famosa frase: Los negros tienen un menor cociente intelectual que los blancos. Pero no termina aquí, solo un
partido en este hemiciclo tiene hoy un presidente que ha escrito artículos sobre las diferencias genéticas entre los catalanes y el resto de españoles, a saber, Oriol Junqueras, actual presidente de Esquerra Republicana.
Seguimos. Son muchas las normas internacionales que condenan el terrorismo. Veamos, solo hay dos partidos en este hemiciclo que reciclan terroristas. A saber, Bildu, que en sus concursos de méritos para acceder a cargos políticos puntúa
el secuestro y la pertenencia a banda armada por encima incluso del euskera -que ya sabemos que alguno habla a duras penas-, y Esquerra, que acoge en sus filas a miembros de Terra Lliure. Por ejemplo, el último caso que hemos conocido, Xavier
Vendrell, miembro del grupo terrorista Terra Lliure, exconsejero de Esquerra Republicana, hoy investigado por tráfico de influencias, y que además sabemos que tenía información restringida sobre el asesinato de un narco del clan gallego de Sito
Miñanco en Colombia. Lo mataron para que no declarara ante el juez -una alegría de yerno el Vendrell este de Esquerra-.
Seguimos. Hay un solo partido que ha tenido un presidente que ha negociado con terroristas dónde tienen que poner las bombas. Este presidente de Esquerra Republicana negoció con los etarras que mataran; que estaba bien, que mataran, pero
fuera de Cataluña. ¿Quién era este presidente? Carod-Rovira -son ustedes geniales-.
Son muchas las normas internacionales que piden la separación de poderes y el respeto a las sentencias judiciales. Veamos, Esquerra llama constantemente a acosar jueces y ha promovido el asalto
a edificios públicos y ha roto sentencias en público. Son muchas las normas internacionales que protegen a los niños en toda su extensión. Los niños tienen derecho a la educación pública y libre de adoctrinamiento, de forma que no se vean
perjudicados tampoco por la situación económica de sus familias. Pues bien, los nacionalistas en Cataluña espían qué lengua hablan los niños en el colegio, vulneran los derechos de los niños reconocidos por los jueces en sentencias y bloquean la
ejecución de las sentencias, mientras los hijos de los políticos nacionalistas van a colegios privados libres de la imposición lingüística, y también, por cierto, son adoctrinados de manera permanente en TV3.
En resumen, la hoja de servicios de Esquerra Republicana tiene los siguientes méritos: acumula filonazismo, filofascismo, filoterrorismo, racismo, latrocinio, golpismo, autoritarismo, adoctrinamiento, acoso de menores y nacionalismo.
Señores de Esquerra, si les preocupan aquellos que no cumplen las normas internacionales, disuélvanse.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Vasco había solicitado su intervención, aunque se me ha comunicado tardíamente. En todo caso, por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. (Rumores).
Silencio, por favor.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Lamento esta pequeña disfunción que hemos tenido sobre si iba a intervenir o no iba a intervenir. Me ceñiré a la cuestión y no entraré en muchos disparates que he tenido que oír a lo largo de esta sesión.
En fin, debatimos una moción presentada por Esquerra Republicana, por la que se insta al Gobierno a cumplir las recomendaciones al Estado español en relación con el procés incluidas en la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa el 21 de julio del año pasado, y una recomendación del 31 de agosto de este año del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco votará favorablemente esta moción, como lo hemos hecho en todas aquellas iniciativas donde se pone sobre la mesa la percepción que siempre hemos manifestado y que ahora se refleja en los dictámenes de
los órganos internacionales citados, que lo sucedido en Cataluña con el llamado procés no fue constitutivo de un delito, sino la manifestación de una grave crisis constitucional en torno al sentimiento de identidad colectiva nacional de buena parte
de la ciudadanía de Cataluña, que demandaba y demanda el derecho a decidir democráticamente su nivel de vinculación con el Estado español. Esta es una cuestión que, a nuestro juicio, debió y debe ser abordada a través del diálogo político y no a
través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Código Penal o la cárcel, aunque también con pleno respeto a la legalidad y al orden constitucional y legal, como señala la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la resolución citada, para
así fortalecer -y sigo citando a la asamblea parlamentaria- la calidad de la democracia a través del Estado de derecho, el buen gobierno y el total respeto a los derechos humanos.
Señorías, esto es lo que dijimos en mayo pasado cuando Esquerra Republicana presentó una moción respecto al cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y que ahora reproduce junto a la recomendación
del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de este agosto pasado. Nada más tenemos que añadir a lo ya dicho por nuestro grupo parlamentario, sino adherirnos a la reclamación de cumplimiento por el Estado español de las cuestiones básicas que
se contienen en ambas recomendaciones de los organismos internacionales de referencia y que acertadamente resumió la portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana en la interpelación de la semana pasada: amnistía y fin de la represión,
negociación y modificación de la legislación para que no se vuelvan a repetir violaciones de derechos.
Muchas gracias, señorías, y que así sea. Mientras tanto, seguiremos dando nuestro apoyo a iniciativas como la presente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, en la moción que nos ocupa, derivada del informe que hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo cierto es que hay que poner en valor que este informe no es menor, sino que esta evaluación
del artículo 25 del pacto se hace por parte de diecisiete expertos independientes que analizan este cumplimiento de los tratados internacionales. Lo cierto es que el cumplimiento de las resoluciones y de las sentencias por parte del Estado
español no es, parece ser, el principal objetivo de este Gobierno. El 2 de junio, yo preguntaba por el 61 % de sentencias que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dictado y que España todavía tiene que cumplir. De hecho, no solo existe
esta pregunta parlamentaria, sino que la semana pasada era el comisario europeo quien recriminaba a España que en los últimos diez años hubiera todavía pendiente ese 61 % de sentencias, así como las diferentes condenas pendientes de cumplir.
La calidad democrática de un Estado de derecho, de un Estado democrático, se fundamenta también en estas cuestiones, es un indicador muy relevante para saber si funciona o no el Estado de derecho. Y la respuesta a esta pregunta
parlamentaria es que el Gobierno trabaja siempre en la ejecución de resoluciones conforme a los procedimientos establecidos. Pues bien, los procedimientos establecidos, que es la respuesta del Gobierno, no son válidos, son lentos, con una media de
tres años para el cumplimiento de sentencias del Tribunal Europeo, con una desobediencia a los pactos internacionales firmados. En este escenario es relevante que hoy el Congreso de los Diputados apruebe requerir al Gobierno para que cumpla con las
recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que cumpla con las recomendaciones dirigidas al Estado. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor BOADELLA ESTEVE: Les hago otro ofrecimiento más: que deroguen ya el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el que ha motivado este incumplimiento del pacto y del informe del Comité de Derechos Humanos.
Tienen la oportunidad en la ley de eficiencia organizativa del servicio de justicia. El PDeCAT ha presentado una enmienda para derogar este artículo 384 y, por tanto, no solo cumplir en clave de mandato del Congreso de los Diputados al Gobierno,
sino cumplir realmente derogando el artículo que ha provocado esta vulneración.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Boadella.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes, señora presidenta.
Señorías, hoy hace cinco años del asalto violento contra el referéndum, contra la democracia en Cataluña, el 20-S, la entrada de la Guardia Civil en la sede de la Conselleria d'Economia. El Gobierno español actuó al estilo Putin, con
acusaciones falsas y también con trampas peligrosas, dejando en la calle unos Patrol de la Guardia Civil cargados de armas para que ocurriera lo que nadie en Cataluña, solo la Guardia Civil, quería que ocurriese.
España es un Estado que debe ser intervenido por la comunidad internacional, al menos en todo lo referente al acoso de los poderes públicos a Cataluña. Incumple sistemáticamente las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -lo
dijo el comisario europeo de Justicia la semana pasada-, incumple con el informe Cilevics del Consejo de Europa, espía masivamente al independentismo con Pegasus y no da ni las explicaciones que ya han dado Hungría o Polonia, infiltra policía en
organizaciones democráticas y pacíficas a las que acusa de terrorismo y, lo peor de todo, encubre una justicia y una fiscalía parcial y politizada, que se erige en defensora de la Constitución, pero no la Constitución de los derechos fundamentales,
sino la Constitución esencialista de la unidad de España, la constitución de la que hablaba Carl Schmitt, una justicia que con el ojo puesto en el enemigo dicta resoluciones performativas que inventan hechos y retuercen el derecho. Ejercer derechos
se convierte en rebelión, sedición y golpe de Estado, imaginaciones que no existen más que en cabezas recalentadas por un exceso de ardor patrio.
Uno de los problemas que ha generado este activismo político-judicial, esta guerra de los jueces, es la indebida intromisión en otros poderes del Estado, incluso en las actividades y competencias parlamentarias, también en estas Cortes
Generales. Esto es precisamente lo que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que hizo el juez Llarena: vulnerar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, quitando de en medio, sin condena, a unos legítimos
representantes democráticos mediante la ridícula argucia procesal de acusarles de un delito de rebelión que en ningún caso cometieron, porque jamás hubo violencia alguna, excepto la de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles.
Al Gobierno socialista le decimos: no nos vengan conque lo que dice la ONU no es de obligado cumplimiento. Si no piensan cumplir un tratado, ¿por qué no lo denuncian? Se llenan la boca diciendo que son un Estado de derecho y esto empieza
a dar coraje, porque lo que deben hacer es cumplir con el derecho internacional, y les vamos a decir cómo. Junts per Catalunya ha presentado una proposición de ley para derogar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este
artículo se creó para una situación de terrorismo ¡que ya no existe!, y en manos de jueces como Llarena ya hemos visto que es una bomba contra la democracia. Cumplan con las Naciones Unidas, deroguen el artículo 384 bis, que nosotros, Junts per
Catalunya, hemos presentado como proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pagès.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.
El señor ASENS LLODRÀ: Presidenta. Señorías
Señor Díaz, le diré una cosa: si busca fascismo, no lo busque en el partido de Lluís Companys, fusilado por el fascismo; si busca fascismo (aplausos), búsquelo en sus socios o en su partido, que todavía me acuerdo cuando abandonó el
Parlament porque no querían condenar el franquismo. Es usted un alumno aventajado de Pío Moa, señor Díaz.
El jueves pasado hablamos de las cloacas policiales de la derecha, hoy sobre las cloacas judiciales de la derecha, y lo hacemos porque la ONU ha dictaminado que en España se impidió arbitrariamente a Romeva, Rull, Turull y Junqueras
representar a los ciudadanos que les votaron. Eso no es ninguna novedad. La democracia española es una buena fachada, una bonita fachada donde detrás hay vacíos dolorosos, clamorosos, que hace años la comunidad internacional nos recuerda, como hoy
también lo ha hecho la señora Rosique. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor Asens.
Señorías, les pido silencio, por favor.
El señor ASENS LLODRÀ: Esos vacíos llevan la estampa de una derecha que nunca ha creído en las reglas del juego democrático, que desprecia a las instituciones internacionales, como ha hecho el portavoz de Ciudadanos, y que pretende ganar en
los tribunales lo que pierde en las urnas, como hizo Bolsonaro en Brasil o intentó Trump en Estados Unidos. ¿Se imaginan en otro país un consejo general del poder judicial secuestrado durante cuatro años? ¿Se imaginan en otro país una lista tan
larga de políticos perseguidos por hacer solo política? Eso solo puede pasar en España, porque el lawfare, la guerra judicial, es un instrumento recurrente de la derecha para judicializar la política y para politizar la justicia. Ser de
determinados partidos, como el nuestro, se ha convertido en una profesión de riesgo; lo hemos visto con Pablo Iglesias.
Señorías, ya no se oye en España el ruido de sables. ¿Saben qué se oye? El ruido de togas. (Aplausos). Los jueces controlados por la derecha son en realidad quienes mandan en España, a pesar de no presentarse a las elecciones, y lo hacen
desde una concepción muy conservadora de la nación y del Estado. Son ellos los auténticos guionistas políticos. Son una tercera cámara legislativa que dictamina cuál debe ser la voluntad del pueblo en sustitución de nosotros, del legislador. Son
ellos quienes anulan declaraciones, quienes prohíben debates o quienes deciden quién es digno de representar o no a la ciudadanía. Señorías, eso no es un ataque a un partido o a otro, eso es un ataque a la soberanía popular, al pluralismo y al
principio democrático. Esos jueces tienen nombres y apellidos. Uno de los protagonistas es el presidente de la Sala segunda del Tribunal Supremo, el señor Marchena, Manuel Marchena, a quien el Partido Popular decía que controlaba por detrás, y a
quien la comunidad internacional reprueba continuamente con sus dictámenes y resoluciones, que socavan el prestigio internacional de España. Primero fue Estrasburgo, que en un auténtico rapapolvo a Manuel Marchena anuló la condena al presidente del
Parlamento vasco, Atutxa; que se atrevió a defenderlo, a aplicar su reglamento y a obedecer a sus letrados. Luego fue el Tribunal de Luxemburgo, quien condenó a España por impedir al señor Junqueras adquirir su condición de eurodiputado. Y ahora
le toca el turno a la ONU, cuando dictamina que Marchena vulneró los derechos de los líderes independentistas y de sus votantes. Son muchas las condenas contra España, pero son muchas también las que vendrán.
¿Qué dirá Estrasburgo sobre el caso de Alberto Rodríguez? Si no lo hace antes el Tribunal Constitucional, dictaminará que se vulneraron sus derechos y de quienes lo votaron, cuando se le expulsó de esta Cámara por una multa de 500 euros,
sin condena previa de inhabilitación, en contra del criterio de los letrados, de la Mesa y de lo que dijo el Tribunal Constitucional en 1992; una infamia, una infamia sin precedentes en Europa. Nos lo recuerda un exjuez del Supremo, Martín Pallín;
nos lo recuerda la Fiscalía en su informe, y nos lo recuerda día tras día en este Congreso su escaño vacío. Una infamia que no se habría perpetrado sin la actuación de la Presidencia de esta Cámara cuando abdicó de sus funciones de protección de la
soberanía popular e incluso se inventó un delito inexistente. Esa es la verdad y también hay que decirlo. Desde entonces la separación de poderes, este Congreso, su dignidad y todo lo que encarna como sede de la soberanía popular está amenazada.
Primero, fueron los independentistas; luego, nosotros, pero mañana, señorías, puede ser cualquiera de los aquí presentes que se atreva a ir contra los intereses de los poderes ocultos de este país.
Termino, señorías y presidenta. Las democracias hoy no mueren de golpes de Estado rápidos y violentos, se mueren en la oscuridad...
La señora PRESIDENTA: Señor Asens, tiene usted que terminar.
El señor ASENS LLODRÀ: ... corroídos lentamente por la inacción de unos y por las maniobras ocultas de otros. El lawfare nace ahí. Por eso, es la hora del diálogo, de la democracia, de una justicia independiente y de recordar que la
separación de poderes no es un mero juego de palabras.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
El dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 12 de julio de 2022, publicado en agosto, no es de obligado cumplimiento para España, como no lo es ningún dictamen de ese órgano, según tiene afirmado hasta la extenuación el
Tribunal Supremo. (Aplausos). No se dejen ustedes llevar por el espejismo de la sentencia de 17 de julio de 2018 de dicho tribunal, que ha sostenido que un dictamen de esta naturaleza puede ser fundamento para una acción de reclamación de
responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la justicia. Porque en el caso enjuiciado por esa sentencia se trataba de que la actora había denunciado hasta cuarenta y siete veces ante la justicia el riesgo de muerte de su hija a manos
de su exmarido o persona con la que convivía sin haber merecido la debida tutela de la judicatura (rumores) y a pesar de haber informes periciales psicológicos...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... informes de los servicios sociales, etcétera. Luego, nada comparable al enjuiciamiento objeto de ese dictamen que, como digo, no obliga a España en términos de incumplimientos, salvo que exista una disposición
de derecho interno que así lo establezca, y no es el caso español.
Sobre las recomendaciones dirigidas a España por la Resolución 2381/2021, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, basada en el llamado informe Cilevics -nombre del diputado letón, vicepresidente de los socialistas demócratas y
verdes en dicha asamblea parlamentaria-, se dice falsamente en la moción de Esquerra Republicana de Catalunya que esa resolución ya fue objeto de consideración en la última sesión de la Asamblea parlamentaria en junio de este año. Se dice
falsamente, porque lo que se omite es que no se aprobó esa resolución, sino que expresamente decayó por voluntad del propio proponente, el pintoresco diputado señor Cilevics -que parece muy interesado en los asuntos catalanes y de España-, por razón
de varias enmiendas que prosperaron -estaban presentes algunos diputados que veo aquí sentados del Grupo Socialista- al efecto de que se suprimiesen todas las referencias a España y solamente quedasen las referencias a la República de Turquía.
Luego, nos engaña o pretende engañarnos, pero, como ustedes ven, no cuela. Yo estuve presente en aquella pintoresca votación promovida por tan pintoresco parlamentario de una república báltica.
Sabido lo anterior, cabe preguntarse si ERC se va a mostrar igual de celosa en el cumplimiento de la legalidad internacional, por ejemplo, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siguiendo las conclusiones del abogado general Richard
de la Tour de 14 de julio de 2022, es decir, de anteayer, atinentes a que no puede el juez de ejecución del Estado requerido denegar la ejecución de una orden de
detención europea por un motivo basado en el derecho nacional del Estado requerido, así como no puede negar dicha ejecución basándose exclusivamente en un control de competencia del juez sentenciador del Estado requirente, así como no puede
tampoco denegar la ejecución de la orden de detención europea basándose en un hipotético juicio injusto al que se vería abocado aquel que sería entregado en virtud de la ejecución de la orden de detención, salvo que disponga -dice en las
conclusiones generales- de datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados que acrediten la existencia de un riesgo real de vulneración del derecho fundamental a un proceso justo debido a deficiencias sistémicas, cosas que no existen
en el caso del derecho español. (Rumores). ¿Cuál será la postura del Gobierno de la Generalidad...? (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, espere un momento, por favor.
Silencio, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias.
¿Cuál será la postura del Gobierno de la Generalidad si la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue las conclusiones del abogado general y, por lo tanto, determina que la denegación de la ejecución de la orden de
detención en el caso Puig i Gordi y, eventualmente, en la del señor Puigdemont y otros es contraria al derecho europeo? ¿Cuál será? Suponemos que oponerse a que Bélgica entregue a Puigdemont, Puig i Gordi y otros a España, a la justicia española,
para que sean juzgados; o a lo mejor aprovechan la circunstancia para sacrificarlos, ahora que se llevan mal los de ERC con Junts (aplausos) y quieren poner fin a la existencia gloriosa, a su fervor nacionalista y a su veneración de la legalidad
internacional. El Gobierno nacional ha debido proceder a demandar al Reino de Bélgica después de la sentencia de 7 de junio de 2021 de la Corte de Apelación de Bruselas, que denegó la extradición de Puig i Gordi; a demandarlo al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea con arreglo al artículo 259 del Tratado de Funcionamiento, previa denuncia a la Comisión. ¿Pero qué cabe esperar de un Gobierno como este, que ha firmado en julio de 2022 un pacto en esa mesa del diálogo repugnante, en
el que dice que apoya la ley catalana...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene usted que terminar, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... que ha impedido la ejecución forzosa -porque había ya un auto- de la sentencia del TSJ de 2020, que lo único que dice es que los niños deben ser escolarizados en las dos lenguas oficiales en el sistema educativo
catalán en un porcentaje que se determinará, pero que no puede ser inferior al 25 % de cada una de esas lenguas? Ustedes, el Grupo Parlamentario Socialista, siguiendo a estos señores independentistas, se niegan...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que terminar, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... a que los niños españoles en Cataluña estén escolarizados en una lengua vehicular, como ha dicho el Tribunal Constitucional, con un mínimo de enseñanza en el tiempo docente del 25 %. (Rumores). ¡Indignidad y
opresión! Nada más. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Martínez Ferro.
La señora MARTÍNEZ FERRO: Buenas tardes, señorías.
La moción consecuencia de interpelación que discutimos hoy aquí forma parte de la historia del esperpento -lo habrán visto- en el que se ha convertido esta legislatura, ya que en ella Esquerra Republicana de Catalunya le pide al Gobierno de
España que implemente la recomendación de un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Y dirán ustedes: Lógico; es lógico que un grupo parlamentario pida al
Gobierno que cumpla las recomendaciones que dan instituciones internacionales si este no lo hace. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora MARTÍNEZ FERRO: Lo que no deja de resultar absurdo o vergonzoso es que quien lo pide no solo incumple recomendaciones, sino que incumple reiteradamente sentencias judiciales e incumple reiteradamente con la ley y con la madre de
todas las leyes, que es la Constitución española. (Aplausos).
Señorías de Esquerra, su partido lleva años pretendiendo el desarme unilateral del Estado de derecho en Cataluña. Han vulnerado y siguen vulnerando los derechos y libertades de miles de ciudadanos, derechos tan fundamentales como el de
aprender en su lengua materna. Ustedes, que incumplen sentencias firmes como la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que exige que el 20 % del temario sea impartido en castellano, se atreven a venir hoy aquí a pedir que sean otros quienes
cumplan recomendaciones que no son de obligado cumplimiento. Ustedes no tienen ni la sombra de la vergüenza. Llevan muchos años construyendo esa idea reaccionaria de que España, toda la España que discrepa de su idea de Cataluña, les ataca y les
agrede. Llevan muchos años trabajando para separar a los catalanes de los españoles y para dividir también a los catalanes entre sí, los buenos y los malos, siempre en función de la adhesión a su causa, ante la que solo cabe una salida: la
sumisión; a ustedes, claro.
Todos estos años han insistido también en difundir esta misma idea fuera de España, estas mismas mentiras. Son mentiras porque, en esa persistente labor de victimizarse ante el mundo, siempre se han olvidado de contar los actos de violencia
que sí ocurren en Cataluña: los escraches, las amenazas, la persecución a los que no piensan como ustedes y, también y muy especialmente, la persecución a nuestros cargos públicos y militantes, así como la agresión a nuestras sedes. Se olvidan de
contar que hoy hay menores de edad -niños en colegios de Cataluña- que son perseguidos y vigilados para evitar que utilicen una lengua que es la lengua oficial común en toda España y que, además, nos une a otros 500 millones de hablantes en el
mundo. Practican aquello de 'libertad para la verdad, pero no para el error', mientras se les llena la boca de llamarnos fachas a todos los demás.
Olvidan también -porque mucha memoria histórica, pero la reciente se les pierde- que entre los delitos por los que los señores Junqueras, Turull, Romeva y la señora Bassa fueron condenados no solo estaba el de sedición, sino que también
estaba el de malversación de fondos públicos, y así lo puso de manifiesto el famoso informe Silevics que usted pide aquí que se cumpla. Creo que es muy importante recordarle que sus conclusiones fueron rechazadas en la Comisión de Asuntos Jurídicos
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de la misma manera que creo que es importante recordarles que han perdido todos los recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
y que, además, el Tribunal de Cuentas reclama millones de euros a Artur Mas, a Puigdemont y a algunos responsables de la Generalitat por las irregularidades cometidas por las delegaciones catalanas en el exterior, ya que sus actividades no eran de
representación en el marco competencial y constitucional, sino para promocionar la independencia de Cataluña con pagos injustificados y desproporcionados (aplausos). Porque todo esto se ha financiado con el dinero de todos los españoles y con la
inestimable complicidad de un Gobierno que, ante el deterioro permanente de la imagen y proyección de España en el exterior, lo que nos pide es paciencia. Esto es lo que ha dicho hoy el presidente del Gobierno en la sede de Naciones Unidas en Nueva
York, esto es lo que ha dicho hoy un Gobierno rehén de ustedes, sus socios parlamentarios, que son los autores de esta moción, que ha renunciado al ejercicio de sus competencias a base de cesiones, que incluso ha entregado la vigilancia de facto de
las aguas interiores y del mar territorial, que son competencia exclusiva del Estado, a la policía autonómica catalana, renunciando así a la vigilancia de la frontera marítima en una parte de las aguas jurisdiccionales españolas. Es un Gobierno que
ha renunciado a defender a una gran mayoría de catalanes y a una gran mayoría de españoles de los permanentes ataques -permanentes- dentro y fuera de nuestras fronteras por parte de los independentistas, y todo ello a cambio de unos minutos más de
colchón en la Moncloa.
Por eso, mi grupo parlamentario quiere aprovechar esta moción para pedir al Gobierno algo que sí puede hacer: que haga cumplir las sentencias de los tribunales en Cataluña y que, además, cumpla con una sola recomendación, la que defiende un
proyecto de convivencia y pluralidad para España y para todos los españoles. Es una recomendación que, curiosamente, le propone don Alberto Núñez Feijóo. Escúchenle.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramírez Carner.
El señor RAMÍREZ CARNER: Diputados, diputadas y visitas; iba a dar también la bienvenida al señor Abascal, pero veo que no viene ni a votar. Vamos al tema.
Señorías de VOX, portavoz de VOX... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, señor Suárez.
El señor RAMÍREZ CARNER: ..., veo que insultar y llamar brujas a las compañeras feministas del PSOE se le da muy bien, pero documentarse se le da bastante mal: en Cataluña no hay ningún niño ni ninguna niña que no sepa hablar en catalán y
en castellano. (Aplausos).
Señorías del Partido Popular, he visto una intervención muy vehemente, igual un poco agresiva, poco humilde. Les doy solo dos datos. Primer dato: lean, visiten, pisen un poco más Cataluña, donde tienen tres de 135 diputados. Segundo
dato: solo bajo un Gobierno desastroso del Partido Popular ha habido proclamaciones de independencia y referéndums ilegales. (Aplausos). Entonces, miren ustedes lo que han hecho y, luego, den lecciones al resto. Por lo demás, muchas gracias por
sus aportaciones. (Rumores). Creo que me toca a mí ahora.
La señora PRESIDENTA: Señor Garcés, silencio, por favor.
El señor RAMÍREZ CARNER: Si el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no hubiera presentado quinientas veces este texto, me sorprendería, pero no es el caso. Yo tengo que reconocer que el señor Rufián ha tenido varias intervenciones
que al menos a mí me han parecido maravillosas, cuando anima a las izquierdas de la Cámara a que no bajen la guardia, a que no se duerman, a que trabajen duro, como hacemos, porque, si no, lo que viene es la ultraderecha, es la derecha, es la gente
que quiere acabar con todos y con todo. Me decepciona bastante el grupo del señor Rufián cuando, diciendo esto, luego nos trae aquí munición, degradando España con datos que saben ustedes que son falsos y que solo sirven para alimentar al monstruo
de la ultraderecha. O están con quienes combatimos a la ultraderecha o dan argumentos a la ultraderecha. Por favor, hagan esa reflexión. (Aplausos). Yo no dudo de la honestidad del señor Rufián. No se sorprenda, señor Rufián, yo no dudo de su
honestidad ni de sus creencias ni de su ideología. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Igual están usando esta Cámara como un escenario más de su batalla con Junts per Catalunya? ¿Están utilizando el Congreso para tener sus vídeos en Tik Tok e
Instagram y para ver quién es más independentista? Yo creo que ustedes hacen esto, porque, si no, no se entiende que ustedes presenten veinte veces un mismo texto que saben que no se aguanta.
Ustedes, señores de Esquerra, se empeñan en poner en duda la calidad democrática de España a pesar de que todos esos organismos internacionales dicen lo contrario. ¿Qué pone en duda la calidad democrática? ¿Aprobar leyes de desconexión en
contra de la legalidad vigente y en contra de la mayoría de los catalanes y de las catalanas favorece o no la calidad democrática? ¿Proclamar repúblicas de plastilina de ocho segundos en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña
favorece o no la calidad democrática? Cuando Reporteros sin Fronteras -no el PSOE- nos dice que la libertad de prensa está cuestionada en Cataluña por el acoso independentista a periodistas no independentistas, ¿eso ayuda o no a la calidad
democrática? (Aplausos). Por cierto, ¿el señor Dalmases va a dimitir o no va a dimitir, el acosador de periodistas de TV3? Sigue en el cargo cobrando, ¿no? Cuando los mossos son pillados triturando papeles de espionaje, ¿eso mejora o no la
calidad democrática? Creo que no han presentado doscientas mociones sobre este tema, ¿no? Reflexionen sobre eso.
Señorías del Partido Popular, como les decía, viven ustedes en una realidad paralela, como en Alicia en el país de las encuestas hinchadas por sus amigos poderosos. Dos cosas. Una: Ustedes nos hablan mucho de nuestros socios,
constantemente nos hablan de nuestros socios. Yo les digo que nosotros no elegimos socios, elegimos políticas, y sus votos serían muy bienvenidos para mejorar derechos laborales, para gravar a los bancos y a las energéticas que más están ganando y
para ayudar, con las políticas que estamos haciendo, a la gente que peor lo está pasando. Pero ustedes prefieren pactar con los que quieren que todos tengamos pistolas y nos disparemos entre nosotros. (Rumores). Y una última cosa. Según un
estudio de hace unos seis meses, ¿saben qué degrada la calidad democrática de España? Violar la Constitución que ustedes ni votaron ni defienden y bloquear el Poder Judicial y su renovación. (Aplausos). Por favor, un poco de humildad. Lecciones
a otros.
Señorías, para mejorar la vida de la gente, todos los votos suman. Para hacer este espectáculo tan 2017, con nosotros no cuenten.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramírez.
Votaremos en cinco minutos. (Pausa).
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RECHAZO A LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE Y EN CUALQUIER OTRO ÁMBITO. (Número de expediente 140/000023).
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de dar comienzo a las votaciones, se va a leer, por parte del secretario primero de la Mesa, una declaración institucional contra el racismo en el fútbol.
Secretario primero.
El señor SECRETARIO (Pisarello Prados): El pasado sábado se produjo un lamentable incidente racista en las inmediaciones del campo del Atlético de Madrid cuando aficionados del Atlético vertieron insultos racistas y xenófobos al jugador
Vinicius Junior por el color de su piel.
La agitación del odio, el racismo y la xenofobia no son un asunto estrictamente deportivo porque el fútbol también educa, y en este caso educa para mal: de los campos de fútbol los insultos pasan a los patios de los colegios. Por ello,
este Parlamento no puede mirar hacia otro lado.
Este episodio no es un caso aislado sino un nuevo ejemplo de una realidad que se ha denunciado ya muchas veces: Marega, Kameni, Williams, Marcelo, Alves o Eto'o, entre otros, son algunos de los jugadores que han sufrido insultos racistas.
Una realidad aún más sangrante teniendo en cuenta que solo una vez se ha detenido un partido. Esto demuestra que, efectivamente, es posible detener un partido debido a los insultos por parte de la grada y que lo único que falta es una mayor
concienciación y, además de las sanciones que puede y debe imponer la Comisión Antiviolencia, una mayor contundencia por parte de las instituciones, los clubes y los jugadores.
Por todo ello el Congreso de los Diputados: Manifiesta su rechazo absoluto a la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y en cualquier otro ámbito. Se compromete con la voluntad de acuerdo entre los grupos
parlamentarios para fomentar el respeto en el ámbito del deporte y las medidas necesarias para erradicar la intolerancia, el racismo, la xenofobia y cualquier forma de violencia. Insta a la organización de La Liga, la UEFA, FIFA, los clubes
deportivos y también a los deportistas involucrados, así como al Consejo Superior de Deportes y a todas las administraciones públicas a seguir comprometiéndose con la erradicación total de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en
el deporte.
Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2022. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO PARA INCLUIR MEDIDAS PARA FACILITAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN CONDICIONES COMPETITIVAS A LOS CONSUMIDORES
ESTACIONALES. (Número de expediente 122/000123).
La señora PRESIDENTA: Señorías, votamos las proposiciones de ley. En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, para
incluir medidas para facilitar el suministro eléctrico en condiciones competitivas a los consumidores estacionales.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 160; en contra, 165; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: No se toma en consideración la proposición de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000167).
La señora PRESIDENTA: Proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 53; en contra, 289.
La señora PRESIDENTA: No se toma en consideración la proposición de ley.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve. Muchas gracias.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.