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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 197, de 28/06/2022
cve: DSCD-14-PL-197
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 197
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 190
celebrada el martes,
28 de junio de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Minuto de silencio ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, del Hidrógeno. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 175-1, de 26 de julio de 2021. (Número de expediente 122/000150) ... (Página4)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, reguladora del proceso de integración voluntario de determinados centros educativos privados en la red pública de centros educativos. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie B, número 240-1, de 29 de abril de 2022. (Número de expediente 122/000218) ... (Página17)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la destitución de la Directora del CNI y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Gobierno. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 466, de 3 de junio
de 2022. (Número de expediente 162/001037) ... (Página30)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre aplicación de herramientas de Big Data para la movilidad en España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 229, de 26 de febrero de 2021. (Número de expediente 162/000550) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la regularización de las personas migrantes residentes en el Estado. (Número de expediente 173/000159) ... (Página51)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación). ... (Página62)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Minuto de silencio ... (Página4)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio por las víctimas en los procesos migratorios.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, del Hidrógeno ... (Página4)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Requena Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Bel Accensi y la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; y los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; Bustamante Martín, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Utrilla Cano, del Grupo Parlamentario VOX, y González Caballero, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, reguladora del proceso de integración voluntario de determinados centros educativos privados en la red pública de centros educativos ...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil y las señoras Sabanés Nadal e Illamola Dausà, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano; Trías
Gil, del Grupo Parlamentario VOX; Jiménez Linuesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Alonso Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página30)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la destitución de la directora del CNI y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Gobierno ... (Página30)
Defiende la proposición no de ley el señor Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García Adanero y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Boadella Esteve y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Cortés Gómez, del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Díaz Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Tarno Blanco.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre aplicación de herramientas de Big Data para la movilidad en España ... (Página40)
Defiende la proposición no de ley el señor Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Guitarte Gimeno y Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Mazón Ramos, en turno de fijación de posiciones, del mismo grupo; la señora Granollers
Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Cortés Carballo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; y
la señora De las Heras Fernández, del Grupo Parlamentario VOX.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Ramos Esteban.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página51)
Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la regularización de las personas migrantes residentes en el Estado ... (Página51)
Defiende la moción la señora Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Baldoví Roda y la señora Illamola Dausà, del Grupo Parlamentario Plural, y la señora De Meer Méndez.
Hace uso de la palabra la señora Carvalho Dantas.
Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen los señores Romero Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Ramírez Carner, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra la señora Carvalho Dantas.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página62)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, del hidrógeno, se rechaza por 87 votos a favor más 7 votos telemáticos, 94; 149 en contra más 15 votos telemáticos, 164;
y 71 abstenciones más 4 votos telemáticos, 75.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, reguladora del proceso de integración voluntario de determinados centros educativos
privados en la red pública de centros educativos, se rechaza por 41 votos a favor más 6 votos telemáticos, 47; 260 en contra más 20 votos telemáticos, 280; y 6 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
MINUTO DE SILENCIO.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, tomen asiento.
Vamos a comenzar este Pleno, por acuerdo de la Junta de Portavoces, guardando un minuto de silencio por las víctimas en los procesos migratorios. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).
Muchas gracias. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DEL HIDRÓGENO. (Número de expediente 122/000150).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Comenzamos con el debate de toma en consideración de la Proposición de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, del Hidrógeno. Para la presentación de la iniciativa, tiene la
palabra el señor Requena Ruiz.
El señor REQUENA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para señalar cuatro hitos importantes en la historia reciente de España y del mundo. La primera fecha que les quiero señalar es el 29 de abril de 1998, día en que España firmó en Nueva York el
Protocolo de Kioto en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el primer y más importante acuerdo internacional hasta la fecha, con el objeto de conseguir una reducción mundial de emisiones de CO2. La segunda fecha es
el 22 de abril de 2016, día en que España firmó el Acuerdo de París con el objeto de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto de desarrollo sostenible y de los esfuerzos para erradicar la pobreza. La tercera
fecha, señorías, es el 9 de octubre de 2018, día en el que se debatió en este Congreso de los Diputados la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una ley innovadora y vanguardista para la lucha contra el cambio climático y para el
cumplimiento de nuestros objetivos internacionales de reducción de emisiones y de descarbonización de la economía, en un contexto de neutralidad tecnológica, de progreso y de crecimiento, que presentó el Partido Popular y que -hay que recordarlo- el
Partido Socialista rechazó. (Aplausos). La cuarta fecha a la que les quiero hacer referencia podría ser la de hoy
mismo, día en que en este Congreso se toma en consideración una proposición de ley del hidrógeno, la primera ley de este tipo que se presenta en un Parlamento Europeo para dar señales claras a la industria, a los mercados y al planeta de
descarbonizar y para desarrollar un vector energético de presente y de futuro, haciendo de España un país pionero en la certidumbre regulatoria del hidrógeno.
Señorías, especialmente los de la izquierda y los de la ultraizquierda, presten atención, abran bien sus oídos y no se ofendan. En estas cuatro fechas que les he señalado, estos cuatro hitos fundamentales en la lucha por el cambio
climático, en todas y cada una de ellas ha estado el Partido Popular. (Aplausos). Lecciones de lucha contra el cambio climático y lecciones de desarrollo de energías renovables en un entorno de crecimiento, de progreso y de libertad de la
izquierda, ninguna. Hemos sido los primeros. El Partido Popular ha estado a la vanguardia y ha tenido el compromiso firme de luchar contra el cambio climático: redujo el déficit heredado, salvó la sostenibilidad económica de las renovables e
impulsó las primeras subastas que no necesitaron primas. Y ustedes a remolque, entorpeciendo y sin saber poner soluciones a la mayor crisis energética de la historia reciente de España. Tomen nota, señorías de la izquierda. Frente a los vaivenes
legislativos, frente a las leyes que empobrecen y limitan nuestro crecimiento y poco hacen por la reducción de emisiones de CO2, está el Partido Popular, que se anticipa a los problemas de futuro y presenta una proposición de ley pionera,
innovadora, necesaria, clara y demandada por la industria y la sociedad para que España sea el primer país europeo en crear una economía del hidrógeno como instrumento necesario para conseguir nuestros objetivos climáticos y de penetración de
renovables.
Señorías, esta es la primera ley que se debate en Europa relativa al hidrógeno como vector energético que facilita la descarbonización de la economía mediante un uso racional y solidario de los recursos, que fomenta la actividad industrial
vinculada al hidrógeno, que genera empleos de calidad y que permite una energía limpia, abundante y barata. Señorías, una ley del hidrógeno es necesaria, y el Partido Popular, que quiere estar a la altura de lo que demanda la sociedad, trae esta
proposición de ley para que sea tomada en consideración por esta Cámara y tramitada para convertirse en ley, en una ley pionera e innovadora, que sea mejorada, que sea completada por las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, que sea una
solución a los retos que nuestro medio ambiente demanda y que sea un instrumento útil para nuestra industria y nuestro país.
Señorías, yo no encuentro ni un solo motivo para que no sea votada favorablemente y sea tomada en consideración de forma mayoritaria por todos los grupos parlamentarios, y si se me ocurriese sería solamente uno: la hipocresía. Ese es el
único motivo que encuentro para que no sea tomada en consideración. Yo estoy convencido de que todos los grupos de la Cámara reconocerán en esta proposición de ley esa ley necesaria para avanzar en la descarbonización de esos procesos productivos y
de actividades que no pueden ser electrificados. No obstante, a pesar de que estoy convencido, les voy a dar algunos argumentos que es necesario tener en consideración. El primero y el más importante es el Plan REPowerEU, que pide expresamente a
los Estados miembros y a la industria que se acelere el trabajo normativo para desarrollar la producción y el uso del hidrógeno. El segundo viene de las propias recomendaciones del Gobierno -ese es suyo-, derivadas de las conclusiones del grupo de
trabajo de unidad de mercado del Ministerio de Industria. Se trata del informe de recomendaciones legislativas para el sector del hidrógeno para España. Señorías del Partido Socialista, es que es suyo, es un documento de 2019, y en él se dice que
hace falta una ley para desarrollar la economía de hidrógeno, una ley que regule todos los aspectos importantes del hidrógeno y que permita un uso seguro y fiable. Lo que no entiendo es que, si desde 2019 tienen el informe en el cajón, ¿por qué no
han hecho nada para desarrollar una ley del hidrógeno y ha tenido que ser el Partido Popular, como siempre, el que ponga soluciones a la desidia de este Gobierno? Esta es la oportunidad que tenemos para avanzar, permitiendo su tramitación como
proyecto de ley.
Pero ¿qué es la ley del hidrógeno? Se trata de una ley que considera el hidrógeno como un vector energético y no como un producto industrial. Es una ley para dar uniformidad a la legislación dispersa que hay, como el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Químicos, el reglamento de transporte de mercancías por carretera o la homologación de vehículos de hidrógeno. Es una ley que regula la cadena de valor, que establece los mecanismos para su producción, para su transporte
y almacenamiento, que asegura los medios para una adecuada seguridad y calidad en su uso, que deja claras las autorizaciones y ámbitos competenciales entre administraciones, que desarrolla los mecanismos para sus intercambios y comercialización o
que establece los estándares para su mezcla adecuada e incorporación a las redes existentes.
Señorías, veintitrés países de la Unión Europea están en la carrera por la regulación normativa del hidrógeno. El programa de hidrógeno de Estados Unidos, uno de los más avanzados del mundo, señala que la falta de un marco regulatorio claro
es el principal obstáculo con que se encuentra el desarrollo del hidrógeno a gran escala. Podemos estar de acuerdo o no en algunas cuestiones de la ley, pero en lo que sí debemos estar de acuerdo, y esta ley debería de servir para crear un marco de
entendimiento y desarrollo entre todos, es que el hidrógeno es un vector energético que ayuda a la neutralidad en carbono, permitiendo usos en electricidad y calor, en almacenamiento de energía, como combustible para el transporte, en usos
industriales y energéticos. Esta ley debe de ser también el marco normativo claro para reducir el precio de la producción del hidrógeno, creando economías de escala, proporcionando seguridad jurídica, dando certidumbre en la generación de demanda y
certidumbre a la industria de nuestro país, esa industria que está interesada en la economía del hidrógeno.
Señorías, el Gobierno ha puesto en marcha, en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, el PERTE del hidrógeno, con cinco convocatorias de ayudas y subvención para la fabricación, para la movilidad, para la investigación, para el
desarrollo en el hidrógeno. Cuando este PERTE se ejecute, si se llegue a ejecutar, España necesitará un marco regulatorio claro que permita trasladar los resultados de este PERTE a la vida real y que dé seguridad y certidumbre a las inversiones
hechas por el sector industrial y empresarial vinculados en el hidrógeno. Para eso es también esta proposición de ley. Por tanto, no tramitar esta proposición de ley sería un error, además de un ejercicio de cinismo tremendo por parte del Partido
Socialista.
Señorías, les ofrecemos la oportunidad de anticiparnos a lo que sabemos que ya hace falta. No perdamos más el tiempo y comencemos a tramitar esta ley que permite la ordenación del sistema del hidrógeno, la gestión técnica del sistema y un
mercado organizado que desarrolle las actividades relativas al almacenamiento, al transporte, a la distribución, a la comercialización y a su régimen económico; que establece el marco normativo para la cualificación profesional, resultado de las
nuevas oportunidades laborales e informativas relacionadas con el uso del hidrógeno, así como también las homologaciones de vehículos y estaciones de repostaje de hidrógeno; una ley que establece las autorizaciones y su utilidad pública como vector
energético de presente y de futuro.
Señorías, es una proposición de ley completa y necesaria, y más pronto que tarde tendremos que aprobarla. Ganemos tiempo, conquistemos el futuro y empecemos su tramitación parlamentaria. Como dije al principio, no encuentro ningún motivo
para que no sea tomada en consideración y no votarla a favor sería un error, como a los que ya nos tiene acostumbrados el Partido Socialista, pues en seis ocasiones votó en contra de la reducción del IVA de la luz para abaratar el precio de la
factura eléctrica. Seis veces la ha pedido el Partido Popular y en reiteradas ocasiones ha sido votada en contra por el Partido Socialista (aplausos), y finalmente se ha tenido que adoptar. Si se hubiese hecho antes, los españoles hubiesen sufrido
mucho menos de lo que están sufriendo. También fue un error votar en contra de las mejoras de las interconexiones gasistas, pues luego tuvo que venir Europa a decirnos que tenemos que mejorar la conexión con Francia. Esta proposición de ley
también va de eso, de mejorar las interconexiones para que sean utilizadas para transportar hidrógeno, exactamente lo que dice el plan REPowerEU. Otro error fue intentar crear un nuevo impuesto al diésel y gasolina, que afortunadamente conseguimos
parar a tiempo y no se ha tramitado en el día de hoy. (Aplausos). Aunque nos alegremos de que el Fondo Nacional de Sostenibilidad del sistema eléctrico no sea tramitado, no deja de ser un bochorno monumental la debilidad y los bandazos que da este
Gobierno. Nunca se habían dejado de tramitar el día de antes dos leyes. (Aplausos).
Señorías, tenemos la ocasión y la oportunidad de que, por una vez, se anticipen en Europa positivamente, siendo los primeros en crear una ley de hidrógeno. Fíjense bien, esta ley es facilitadora de la descarbonización, generadora de una
nueva riqueza y de un sector económico, vanguardista y pionera. Qué diferencia más grande a las leyes que nos está trayendo el Partido Socialista a esta Cámara, porque en todas y cada una de ellas iba una prohibición, una intervención del Gobierno,
que genera inseguridad, o la colocación de un impuesto. Aquí no. Aquí hay futuro, hay progreso y hay desarrollo.
Señorías del Partido Socialista y de Podemos, esta ley no trae impuestos ni prohibiciones. Esta proposición de ley no está hecha para salvar a Sánchez, sino para ayudar a nuestro país. Para eso está hecha esta ley. Espero que ese no sea
el motivo por el que no vayan a votar a favor. Esta ley trae descarbonización y economía verde. Es un modelo para afrontar los desafíos, muy diferente al modelo del Partido Socialista. Se hace con visión, con compromiso y con reformas
estratégicas, frente a ese modelo de ideología, de bandazos y de parches como a los que nos tiene acostumbrado el Gobierno. Si no cuenta
con su respaldo, sabremos, entonces, cuáles son sus motivaciones y, por tanto, perderán la poca credibilidad que les queda en la lucha contra el cambio climático.
Quiero terminar agradeciendo a mis compañeros de Comisión, especialmente a Guillermo, a los asesores, a los sectores con los que nos hemos reunido, a las empresas del sector del hidrógeno que hemos visitado -hemos hecho muchos kilómetros- y,
en definitiva, a todos los sectores implicados en la cadena de valor del hidrógeno por su contribución y su ayuda para hacer esta proposición de ley. Queridos compañeros, hoy, una vez más, el Partido Popular ha sido precursor y pionero en la lucha
contra el cambio climático. El Partido Socialista siempre ha ido a remolque, pero espero que en el día de hoy no vayan, además, en contra.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Resulta irrenunciable el avance legislativo sobre una materia clave para nuestro inmediato futuro, de ahí que intervenga para respaldar la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, que ya registró hace
once meses y que responde al interés por superar obstáculos en relación con el hidrógeno y su mejor aprovechamiento, ahora que se han abierto colosales oportunidades para su aplicación. De una manera inminente, una parte sustancial de la economía
va a girar en torno al primer elemento de la tabla periódica y al impulso a sus nuevos aprovechamientos en diferentes campos, lo que hace obligado a anticiparse tanto a su promoción como a la regulación de su seguridad. De hecho, otros países del
mundo ya disponen de legislación específica sobre el hidrógeno y, en el ámbito comunitario, tanto desde el Parlamento como a través de la Comisión Europea, se vienen adoptando acuerdos y promoviendo medidas para una transición energética a la que
nos aboca el cumplimiento de acuerdos medioambientales internacionales y la vocación de liderar los cambios de la descarbonización.
La incorporación del denominado hidrógeno verde entre las prioridades y los planes europeos de inversión constituye un refuerzo irrenunciable a la autonomía estratégica, y una ley del hidrógeno como la que se plantea en esta iniciativa
parlamentaria que ha defendido el señor Requena Ruiz es el camino correcto. No obstante, quisiera dejar constancia de que, a partir de una iniciativa en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, se va a constituir, si el Pleno del Congreso así
lo acuerda, una subcomisión para el estudio, el despliegue e instalación de las infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en la industria de automoción en España. Tal subcomisión también tiene por finalidad el
establecimiento de un diagnóstico preciso de la situación y, en su caso, identificar las iniciativas legislativas que garanticen que este proceso de despliegue del hidrógeno es acorde con los objetivos que fije nuestro país.
Señorías, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, hace ya cuatro años, se iniciaron de forma inmediata cambios radicales y demenciales en la política energética, que nos han arrastrado a la actual situación de dependencia y de gasto
para suplir la eliminación del carbón del mix energético, de ahí que urja disponer de un marco normativo para que la incorporación del hidrógeno a las tecnologías de producción se haga con todas las de la ley. Es muy pertinente esta toma en
consideración para que el hidrógeno verde desarrolle en España todas sus posibilidades en los ámbitos energético y de sostenibilidad. En el caso de la industria también resulta un elemento clave, y lo sabemos bien en Asturias por los grandes
proyectos que tiene anunciados ArcelorMittal, uno de los pilares de nuestra economía. También el hidrógeno renovable tendrá un papel fundamental en el transporte y en otros muchos ámbitos.
Finalmente, como ya manifesté en anteriores debates con este vector energético de por medio, el Gobierno aprobó en 2020 una hoja de ruta que no responde a las urgencias tecnológicas e industriales para posicionar a España con plazos muy
largos; de hecho, hay comunidades autónomas que se han tomado este asunto muy en serio y lo han hecho en colaboración con el sector privado. Como señalaba el portavoz del Grupo Popular, es necesario enviar una inequívoca señal a la sociedad y,
ante la inacción del Gobierno, es imprescindible esta ley del hidrógeno. Votaré, por tanto, favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señorías.
Nos encontramos esta vez con una proposición de ley sobre el hidrógeno y es preciso recordar que la tecnología de la fabricación del hidrógeno es una tecnología cara y que en realidad solo resuelve, principalmente, el problema del
almacenamiento y no el de la generación energética. En estos momentos solo se justifica claramente cuando en este proceso se obtienen subproductos de naturaleza química adicionales. Esto en Cantabria lo tenemos ahora muy reciente, pues tenemos la
factoría de Bondalti en Torrelavega, en el complejo Solvay, donde se da esta circunstancia.
También quiero aprovechar para recordar al Gobierno que para resolver el problema del almacenamiento tiene otras cuestiones pendientes a corto plazo con alguna tecnología bastante más madura. En concreto, en Cantabria tenemos una gran
inversión pendiente en la central hidráulica reversible de Aguayo, que haría aumentar mucho su capacidad de almacenamiento y que necesita apoyo. Por eso es urgente que el régimen económico del almacenamiento, en general, se aclare cuanto antes,
porque hay mucho dinero pendiente, y que haya seguridad jurídica. Que no se pierda otra oportunidad. También hay proyectos de almacenamiento de aire líquido que están en estos momentos mucho más maduros y a los que el Gobierno debería apoyar.
Iniciativas como esta de hoy tienen argumentos a favor, como es otorgar certidumbre al sector del hidrógeno, pero también tienen muchos puntos flacos. En primer lugar, es necesario hacer una norma con rango de ley para una materia que está
todavía llena de dudas. Probablemente el Gobierno podría actuar directamente mediante otro tipo de normas, como reglamentos o, incluso, proyectos puntuales, porque la utilidad pública y la necesidad de ocupación, el interés social, no siempre
necesitan una norma con rango de ley para regular una materia completa. También hay que ser conscientes de que la transición energética hay que hacerla gradualmente, y hay fuentes de energía que son muy apropiadas para esa transición que no pueden
verse postergadas prematuramente, como parece que se desprende de esta proposición de ley. No es necesario recordar la crisis ni poner ejemplos que todos tenemos en mente, porque esta ley parece que tiene una vocación de poner el hidrógeno como
fuente de energía para todo el mundo, como puede ser el gas. Nuestras ciudades están llenas de infraestructuras, como las del agua y sobre todo las del gas, que ya vemos el problema que tiene, y no solo para los grandes consumidores.
Además, no sé si es tan bueno ser pioneros a nivel europeo y no estar coordinados con todos. Como ya dije en otra ocasión, el Gobierno tiene que apretar en otras cosas, como, por ejemplo, en no ser tan cicateros con las convocatorias que
tiene para este fomento de energía.
Por lo tanto, yo creo que en estos momentos esta ley no es oportuna.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Lo cierto es que el hidrógeno se ha convertido en la esperanza para la energía renovable, para obtener energía limpia, una opción respetuosa con el medio ambiente para producir, como he dicho, energía limpia y renovable, necesaria para
abastecer las necesidades del mundo, extraída simplemente a partir del enorme volumen de agua. Es una fuente energética que tiene muchas ventajas, pues es versátil, puede convertirse en electricidad, en otros combustibles, es transportable, es
almacenable y no emite gases perjudiciales. La invasión de Ucrania, además, ha acelerado la carrera para desarrollar energías alternativas y reducir la dependencia de importar el gas ruso. En este contexto, el hidrógeno verde es una alternativa
muy prometedora, aunque quedan problemas por resolver, como su competitividad o, lo que es lo mismo, abaratar su producción, entre otros. La carrera por posicionarse no ha hecho más que empezar y ya se habla de grandes proyectos, pero lo cierto es
que hace falta hablar algo más que de grandes proyectos, porque es necesario empezar a concretar todos los pasos, a definir un marco regulatorio y, en definitiva, a sentar las bases para una tecnología que va a ser clave en la descarbonización de
sectores de difícil electrificación, donde no existen soluciones técnicamente viables, y a adoptar un posicionamiento estratégico en esa tecnología para aprovechar las oportunidades energéticas, medioambientales y de desarrollo industrial y
tecnológico que conlleva.
En este sentido, la proposición de ley del Partido Popular puede ser un buen punto de partida para el debate, porque, según su exposición de motivos, el objetivo es crear un marco jurídico claro, concreto y preciso, que dote de seguridad y
certidumbre a los inversores. Sin embargo, también observamos que hay
claroscuros en esta propuesta, porque nos habla de la producción del hidrógeno mediante diferentes tecnologías según la materia prima utilizada; por tanto, parece que están proponiendo una regulación no solo para el hidrógeno verde, sino
también para el hidrógeno gris y el azul, pero no habla para nada de los gases renovables, biometano, biogás, etcétera. Resulta también confuso lo que regula, si es el hidrógeno en exclusiva, el hidrógeno en redes de gas natural o ambos temas. Por
otro lado, fijan una serie de medidas para fomentar el uso del hidrógeno, pero no se concretan: exenciones fiscales o red de hidrogeneras. Posponen desarrollos posteriores en la mayor parte de los temas que ahora preocupan, como son las garantías
de origen: incentivos económicos a la producción o, como he dicho, las condiciones de hidrogeneras. Además, la proposición copia la ordenación gasista para el hidrógeno, cuando aún el mercado no se ha decantado por una integración parcial del
hidrógeno en el sistema de gas natural o, de forma más radical, por una transformación completa del sistema gasista en un sistema de hidrógeno puro. Es una proposición que, además, parece un tanto desactualizada con los desarrollos normativos
europeo y también estatal, unos desarrollos normativos que se están debatiendo en estos momentos en Europa para definir la reforma de la directiva para los mercados interiores de gas, gases renovables e hidrógeno, incluso para asentar las bases para
el transporte del hidrógeno. En este sentido, entendemos que tiene que haber también coordinación con Europa.
Es cierto que hay mucho camino por recorrer y que es necesario un marco favorable para el desarrollo de esa tecnología, y aquí podemos destacar también la hoja de ruta del hidrógeno, que establece las directrices para impulsar ese hidrógeno
renovable en España en el marco de la transición energética, pero también es necesaria una regulación para una tecnología que aún no está madura. En definitiva, es necesario poner el tema en el debate político, pero también entendemos que se debe
hacer contando con todos los actores de la cadena de valor, y además en diferentes fases debido a su todavía inmadurez, con una primera fase para el corto y el medio plazo, en la que la actualización del marco regulatorio quizá debería enfocarse
especialmente hacia medidas que respondan a las necesidades más inmediatas con vistas a impulsar el desarrollo de los primeros proyectos y experiencias, medidas que faciliten la producción del hidrógeno verde a partir de energía eléctrica renovable,
eliminando trabas regulatorias y fomentando incentivos fiscales u otras herramientas de impulso económico. Igualmente, será preciso adaptar la normativa para facilitar el desarrollo de redes de transporte, distribución y almacenamiento de hidrógeno
de cara a facilitar su uso en diferentes sectores y deberá modificarse la regulación para facilitar el despliegue de nuevas instalaciones, así como el uso y la adaptación de las infraestructuras de gas natural y otros tipos de infraestructuras que
puedan resultar fundamentales en el desarrollo de una economía del hidrógeno. Entendemos que en este periodo también debería implementarse un sistema de garantías de origen común para toda Europa, una herramienta, desde luego, indispensable con
vistas a dar valor a la producción y el uso de gases renovables que la proposición no recoge, siendo además un sistema que el Gobierno ya está diseñando. Por último, en una segunda fase para el medio y largo plazo, el objetivo debería ser el
desarrollo de un marco regulatorio mucho más específico y completo para el hidrógeno, cuando el mercado deberá decantarse por una integración parcial del hidrógeno en el sistema de gas natural o, como he dicho antes, de forma más radical, por una
transformación completa del sistema gasista en un sistema de hidrógeno puro, ya que esto condicionará los desarrollos normativos necesarios en el futuro.
Como he dicho, vemos demasiados claroscuros, aunque valoramos que mediante esta proposición por lo menos se ponga este debate sobre la mesa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Señorías, debatimos hoy una proposición de ley sobre un tema en el que tanto mi grupo parlamentario como yo misma llevamos tiempo insistiendo, en la necesidad de apostar de manera decidida por el hidrógeno verde porque supone una verdadera
oportunidad para España por tres causas muy claras: es el pegamento que une todos los sectores de descarbonización y rellena los huecos, por sí mismo es un vector de impulso de las energías renovables y es garantía de independencia energética ya
que los recursos requeridos están mejor distribuidos que el gas natural y no dependen de terceros países. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia) Y es que si hay un grupo que ha defendido en esta Cámara la necesidad de
avanzar en la estrategia en favor del hidrógeno ha sido Ciudadanos.
Hace más de un año presentamos una proposición no de ley en la que ya pedíamos promover inversiones, priorizar medidas para el desarrollo del hidrógeno y adoptar medidas para favorecer la investigación en este sentido. Por eso agradecemos
hoy al Partido Popular que vuelva a traer este asunto y agradecemos también al Partido Socialista que presentase tiempo después de nuestra iniciativa otra proposición no de ley en el mismo sentido, que los liberales mejoramos mediante la
presentación de enmiendas.
Pero cuando el Partido Popular viene a presentar una proposición de ley tiene que hacerlo bien. Nuestro compromiso con el hidrógeno verde es decidido y da igual quien impulse la medida porque siempre la abordaremos con un espíritu
constructivo y propositivo a fin de conseguir que se apueste de una vez por esta energía. Cuando el Grupo Socialista presentó la proposición no de ley, presentamos enmiendas para mejorarla y así lo haremos si sale adelante esta proposición de ley
del Grupo Parlamentario Popular. El gran reto que siempre ha afrontado el hidrógeno renovable ha sido su coste. La espectacular bajada de precios de las tecnologías renovables ha contribuido mucho a disminuir el precio del kilogramo del hidrógeno
renovable, pero aún superaba al del gas natural hace apenas un año. Si a la progresiva bajada de los costes por el desarrollo de la innovación y la eficiencia sumamos el enorme aumento de los precios del gas natural, el hidrógeno se plantea como
una solución inmediatamente rentable. Por eso seguimos insistiendo en que es vital invertir ahora en el despliegue de esta tecnología para seguir disminuyendo sus costes y crear empleos verdes en un sector en rápida expansión. Si los Gobiernos lo
apoyan decididamente, múltiples expertos señalan que el coste podría rondar los cuatro euros por kilogramo para el año 2030. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
En definitiva, España debe aprovechar su situación para competir por convertirse en el medio plazo en un hub internacional del hidrógeno renovable. Con diferencia, a nivel europeo nuestro país es el lugar más competitivo para producir
hidrógeno renovable por sus inigualables condiciones climáticas, y esto es algo que no podemos desaprovechar. España debe competir con esta doble baza. Tenemos el know-how, la infraestructura, la seguridad jurídica y el impulso de los planes de la
Unión Europea que otros países del mundo no poseen y tenemos las condiciones climatológicas, la disponibilidad de espacio y los costes competitivos que otros países de la Unión Europea no tienen. Es desde este planteamiento que España debe atraer
inversiones para un sector que sin duda es clave y lo será cada vez más en los próximos lustros. En este sentido, debemos atraer inversiones para formar clústeres empresariales y ampliar los que ya existen por la vía más rápida para formar mayor
número de cadenas de valor, aumentar la productividad de las empresas y hacer de España una opción más atractiva para invertir en hidrógeno. En segundo lugar, esta identificación de España con un hub de oportunidades en el sector también pasa por
atajar el desfase entre oferta y demanda de habilidades o formación ya identificado en el PERTE. Es necesario invertir, pero, por mucho que se trate de un cambio multisectorial y a largo plazo, las inversiones deben llevarse a cabo ya si no
queremos perder ese tren. Asimismo, impulsar una nueva cadena de valor en nuestro país en un momento crítico como este es una obligación además de una oportunidad.
Por lo tanto, una vez hecho el diagnóstico, ¿qué falta? Un impulso real por parte del Gobierno. Lo llevamos pidiendo desde hace meses tanto con nuestras propuestas como mejorando las presentadas en esta Cámara por otros grupos
parlamentarios y así seguiremos haciéndolo hasta que el Gobierno apueste por el hidrógeno verde de forma decidida y no deje escapar un tren que puede ser decisivo para el futuro de nuestro país. Y lo hacemos porque, más allá de estas ideas para
mejorar la proposición, está claro que el Partido Popular no ha hecho sus deberes con esta propuesta. El sector de los gases renovables, al que pertenece el hidrógeno verde, vendrá regulado dentro de poco por un paquete comunitario de medidas sobre
mercados de hidrógeno y gas descarbonizado, y, en particular, mediante la directiva sobre normas comunes para los mercados interiores de los gases naturales y renovables y, por supuesto, también del hidrógeno. Habría sido más práctico para todos
que su proposición hubiese tomado en cuanta la directiva, pero no se la menciona ni una sola vez en el texto a pesar de que más tarde o temprano este Congreso deberá trasponerla.
Por tanto, entendemos que no tiene mucho sentido apoyar una proposición de ley que irremediablemente vamos a tener que superar más pronto que tarde con la trasposición de esta normativa europea, por no hablar de la falta de conceptos que
consideramos que no deben faltar en cualquier normativa que regule este asunto. Hasta setenta conceptos fundamentales sobre el sector de los gases renovables vienen definidos en el borrador de la directiva, mientras que la proposición del Partido
Popular apenas define siete. Queda sin definir qué es una instalación de almacenamiento, qué es una terminal de hidrógeno, qué es un interconector, así como establecer un marco para las comunidades ciudadanas de energía,
garantizar el acceso libre a terceros, ahondar en las funciones de los gestores de redes y de la autoridad reguladora y garantizar los principios de trazabilidad y adicionabilidad. Todos estos elementos pueden y deben estar mejor regulados
en una proposición de ley del hidrógeno, de modo que no podemos más que abstenernos y aspirar a mejorar el contenido de esta iniciativa para hacerla más efectiva si, como digo, pasa este trámite. La oportunidad que plantea el hidrógeno renovable,
sobre todo en el desastroso contexto de los precios del gas natural y su dependencia de Rusia, resulta demasiado importante para nuestro país como para hacer experimentos justo antes de tener que trasponer una directiva.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Podemos compartir la importancia del hidrógeno como vector energético de futuro y que se trata de una energía limpia que permitiría descarbonizar sectores difíciles, así como dar solución a la intermitencia en las energías renovables. Sin
embargo, no podemos dar nuestro apoyo a esta propuesta del Grupo Popular si, por ejemplo, apuestan por establecer un sistema de libre competencia para la instalación, cuando el BNG entiende que sería más justo desde el punto de vista socioeconómico
comenzar por una planificación pública sobre la producción y el almacenamiento del hidrógeno y del conjunto de gases renovables, que deberían regularse conjuntamente, y que se tuviesen en cuenta criterios de idoneidad y la falta de afectación
ambiental, pudiendo introducir también la recuperación de las zonas en transición.
Tampoco podemos compartir la regulación de actividades y comercio y el sistema de precios, respecto del que simplemente se limita a copiar en la parte regulada la existente actualmente en el sistema eléctrico, un sistema que, como es
conocido, el BNG reclama reformar, por lo que, lógicamente, no podemos apoyar esta extensión. Es más, entendemos que esta sería una buena oportunidad para plantear e iniciar un sistema de energía público, con la incorporación de empresas públicas
de energía -como decían, del Bloque Nacionalista Galego en el caso de Galiza-.
En definitiva, creemos que esta propuesta es confusa, por no decir tendenciosa. Confunde energía verde con renovable. Y parece ser que tiene como principal objetivo ganar el título de ser los primeros en llegar. Sin embargo, tenemos la
certeza de que piensa más en los intereses de los inversores que en el interés general. Y por todo ello votaremos en contra.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Señor Requena, la verdad es que cuando entré en el hemiciclo lo hice con la intención y el convencimiento de votar a favor de su propuesta a pesar de que tenemos algunas discrepancias. El artículo 2 que proponen es absolutamente inasumible:
ámbito competencial solo hay uno, el Estado, que después ya podrá acordar con la comunidad autónoma lo que el Estado crea conveniente, más allá de que, efectivamente, como alguien ha recordado, seguramente que tendremos una directiva que trasponer.
Además, priorizamos la necesidad de que exista un marco normativo propio, específico del hidrógeno no solo acerca de su producción y almacenamiento, sino también sobre distribución y comercialización.
Pero le he escuchado a usted hablando desde esta tribuna y no lo he visto muy motivado por convencer al resto de los compañeros de la Cámara. A los diputados del Grupo Socialista, menos meterles el dedo en el ojo físicamente, creo que les
ha hecho absolutamente de todo. Debe ser una nueva técnica de marketing parlamentario, pero yo ya me hago mayor para todas estas novedades. En todo caso, uno tiene la sensación de que ha subido aquí especialmente para convencer al Grupo Socialista
de que no vote a favor y así poder decir que el Grupo Socialista no acepta ninguna de las propuestas del Grupo Popular.
Aun así, todavía no me ha convencido para votar en contra de su propuesta. Pero un consejo: Si quieres que te voten algo, no subas a esta tribuna y digas que o me votáis o sois unos hipócritas, porque seguramente no te van a votar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gracias, presidente.
Lo decíamos ante la iniciativa del PSOE y lo mantenemos ahora -no vamos a cambiar de opinión-: Es necesario legislar sobre el hidrógeno verde porque es una apuesta de futuro de la Unión Europea dentro de la estrategia de descarbonización,
porque se traduce en dos PERTE a desarrollar dentro del Estado español -esperemos que uno de ellos sea el de Tarragona Sud aprovechando la demanda existente en la industria petroquímica- y porque ya existen otros proyectos en la pole position
esperando regulación. Sin embargo, de entrada, hay que decir que su propuesta no se limita a legislar sobre el hidrógeno verde. Su artículo 18 abre la espoleta -si me lo permiten- al hidrógeno de fuentes contaminantes. Para eso casi es mejor
modificar la Ley de Hidrocarburos. De hecho y teniendo en cuenta que proponen que la red de gas se pueda usar en un momento dado para el hidrógeno, tendría todo el sentido.
Pero si su iniciativa no es aceptable para nosotros -marketing parlamentario al margen- sencillamente es porque su iniciativa que se ha convertido, texto en mano, en una apisonadora de competencias autonómicas. Recentralizan absolutamente
cualquier competencia que tenga que ver con autorizaciones y planificación de plantas de producción pero también de almacenamiento, licuefacción, regasificación, transporte y distribución de hidrógeno o cualquier otra instalación que exceda el
ámbito territorial de una comunidad autónoma, limitando las competencias de autorización de los gobiernos autonómicos prácticamente al autoconsumo. Es más, una energética pública catalana, por ejemplo, no podría operar en la cadena de hidrógeno si
su propuesta -si me lo permiten- se sublima. Les recuerdo que las competencias en materia de energía son compartidas o que el Estatut d'Autonomía de Catalunya establece que la Generalitat tiene competencia exclusiva en materia de aguas que
pertenezcan a cuencas hidrográficas intracomunitarias. También ignoran la competencia en tributos por la comercialización eléctrica y del gas, así como por el paso de instalaciones por el subsuelo urbano, que debería aplicarse también al vector
hidrógeno. Invaden competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de la evaluación medioambiental. Pretenden incentivar la investigación, desarrollo e innovación pero solo en aquellos proyectos que tengan un enfoque nacional, en lo que
ustedes entienden como su marca España. Defienden que para dar vía libre al hidrógeno, al igual que con la electricidad, pueda llevarse a cabo la declaración de utilidad pública, lo que es un riesgo añadido. Es una proposición repleta de barreras
competenciales que levantan a los gobiernos autonómicos, mientras que la convierten en una autopista libre de peaje en el caso de que alguna gasista quisiera crear algún nuevo miembro para el oligopolio -una nueva entidad, tal vez con puertas
giratorias-. Y, para acabar, es sospechoso y muy preocupante su artículo 5, en el que libran de la obligatoriedad -atención- de obtener autorización administrativa a las instalaciones de almacenamiento, distribución y suministro de hidrógeno en
viviendas en autoconsumo o en comunidades energéticas para usos térmicos eléctricos. Estamos hablando de un gas altamente inflamable y explosivo y, por tanto, en qué cabeza cabe que se prescinda de la autorización administrativa. Además, quemar
hidrógeno en uso doméstico -para freír huevos, por poner un ejemplo- no tiene sentido ni tecnológica ni económicamente hablando y ni siquiera en términos de eficiencia energética.
Por eso, de entrada, les decimos que vamos a votar que no.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, bona tarda.
A pesar de lo poco incentivador de su discurso, señor Requena, como bien ha señalado el señor Bel, no parece usted con ánimo de concitar mucho consenso. Le alabamos la intención, aunque solo sea por un batiburrillo inconcreto con repetidas
alusiones a la reforma de la ley de hidrocarburos. Si me permite usted el chascarrillo, estamos hablando del hidrógeno, que forma parte de los hidrocarburos, pero habría que haber ido a esa clase de formulación química, porque poco o nada tienen
que ver.
No negamos en ningún caso las múltiples potencialidades del hidrógeno verde. En Catalunya, el Govern, del que formamos parte y presidimos, está dando apoyo a los proyectos de generación y utilización del hidrógeno de origen renovable, y en
ese sentido ha desarrollado los trabajos de la Taula de l'Hidrogen de la Transició Energètica de Catalunya, que va a generar un conjunto de propuestas, de proyectos relacionados con el hidrógeno verde. El Govern, a través de la Direcció General
d'Indústria y el Institut Català de l'Energia, da apoyo a estas iniciativas para estimular la participación de empresas y conseguir que sean incluidas en convocatorias de apoyo con fondos europeos Next Generation. De otro lado, el trabajo de
prospectiva energética de Catalunya en el horizonte 2050, el PROENCAT 2050, desarrollado
también por el ICAEN, recientemente presentado por la consellera d'Acció Climàtica, incluye el hidrógeno como vector energético que participará en la transición energética, priorizando su utilización en el transporte pesado y en la
descarbonización de procesos industriales térmicos de difícil electrificación.
El compromiso de nuestro grupo con el hidrógeno y el hidrógeno verde no puede ser criticado ni se puede decir que no haya sido constante. Particularmente, ya ha hecho alusión el señor Martínez Oblanca a la constitución de la subcomisión
sobre implementación de puntos de carga eléctrica e hidrógeno de vehículos que se votará el jueves en este hemiciclo, espero que con el voto unánime de sus señorías, y agradezco el entusiasmo del señor Martínez Oblanca. En líneas generales, estamos
a favor de desarrollar un marco de impulso al hidrógeno verde, sobre el que ustedes no disciernen en su proposición de ley, ya que consideramos que en una sociedad cada vez más electrificada el hidrógeno es el vector energético que aportará
flexibilidad y permite integrar la generación eléctrica renovable en los sectores consumidores de energía. Como muestra de esta apuesta con la referida Taula de l'Hidrogen de la Transició Energètica, impulsada por el Institut Català de l'Energia,
hay una mesa formada por empresas, entidades y administraciones para que se pueda aportar opinión y propuestas específicas para desarrollar el hidrógeno como vector energético, y así es como creemos que se debe hacer, cooperando, compartiendo
opiniones y analizando.
Sin embargo, hoy ustedes nos proponen su propio modelo de regulación del hidrógeno, del que compartimos algunos puntos que podrían llegar a facilitar su desarrollo, pero ni mucho menos compartimos la totalidad de su proposición de ley, en
particular su voluntad recentralizadora, porque ya conocemos cuál es el modelo energético del Partido Popular: oligopolio y concentración de poder. Y lo que queda por verse es si el PSOE está por el mismo modelo o no. Para nosotros, y así lo
hemos repetido en un sinfín de ocasiones, la transición energética es la oportunidad para pasar de un modelo centralizado, en manos de unos pocos, a un modelo descentralizado y democratizado, porque creemos que el cambio de modelo energético es
también una potentísima palanca de cambio social. Pero, como diría Baloo a Mowgli, eso ya es otra historia y supongo que nos la podemos reservar para la comparecencia de la vicepresidenta del ramo el próximo jueves.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem- Galicia en Común, tiene la palabra el señor Bustamante Martín.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Buenas tardes. Gracias, presidente.
En primer lugar, queremos mostrar nuestra repulsa ante lo sucedido en nuestra frontera, y concretamente me refiero a las imágenes que nos han llegado estos días desde la frontera entre Marruecos y Melilla, que no pueden dejar indiferente a
nadie, especialmente a las instituciones. Hemos visto cuerpos amontonados y personas heridas y golpeadas. Hubo un trágico saldo de treinta y siete fallecidos y cientos de personas heridas, de las que no conocemos su nombre ni sus edades ni sus
trayectorias ni a quienes dejaron atrás, pero de lo que sí estoy seguro es de que conocemos cuáles eran sus sueños, un sueño humilde y un sueño legítimo como es tener una vida mejor. Por tanto, no podemos normalizar que te maten cuando tratas de
escapar de la pobreza, de la miseria, de situaciones de violencia, de situaciones de hambre. No podemos normalizar esta situación, y expresamos nuestro apoyo solidario a los familiares de las víctimas y la posición de nuestro grupo referida a que
se abra de manera inmediata una investigación para aclarar los hechos, esclarecer esta tragedia humana y buscar las correspondientes responsabilidades que haga falta. (Aplausos).
Respecto a la proposición de ley sobre el hidrógeno, primero una cuestión previa, porque hablamos de energía, de industria, de economía y entiendo que hoy la mejor política es parar la guerra, parar la guerra para nuestra economía, para
nuestro suministro energético y también para la industria española y europea, es decir, buscar la paz inmediata y vías diplomáticas y de negociación para parar el conflicto, que es, por cierto, señorías, la posición mayoritaria de los españoles y
las españolas según los datos de la encuesta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Las consecuencias de la guerra y las sanciones son evidentes tanto para la industria como para el suministro energético y la economía. De hecho, estamos
batiendo récord de inflación en la eurozona, que se sitúa en torno al 8 %, y se tienen problemas a nivel mundial con alimentos, materias primas y recursos energéticos como consecuencia de la subida desorbitada de precios y la importancia que tanto
Rusia como Ucrania tienen en estos sectores. En cuanto a las exportaciones de trigo, de las que dependen muchos países de África, Rusia y Ucrania representan
el 30 %; en el mercado de fertilizantes, tanto Rusia como Bielorrusia son países muy importantes y eso está teniendo repercusión en los precios de los alimentos; también puede haber problemas provenientes del gas neón en la industria, del
que Rusia y Ucrania poseen grandes reservas, y estamos viendo cómo suben los precios de los combustibles y la energía.
Dicho esto y apostando por la paz como solución política de mayor calado para abordar los problemas sobre los que estamos debatiendo, entendemos que el hidrógeno renovable es fundamental, como lo son otras fuentes de energías limpias, dada
su importancia futura para España como vector energético y materia prima básica en el proceso de descarbonización de la economía, especialmente por su papel en el desarrollo de una industria asociada y el potencial de empleo y crecimiento que ello
supone, así como una oportunidad para las zonas menos pobladas y aquellos territorios que han sido desindustrializados. Además, entendemos que el hidrógeno verde se configura como un vector energético de gran potencial para lograr un sistema
energético neutro en emisiones gracias a sus usos de almacenamiento energético y para descarbonizar determinados usos donde hasta ahora la transición ecológica carecía de soluciones específicas. Así lo debatimos y así lo aprobamos el 31 de marzo de
2022 mediante una proposición no de ley, donde además nuestro grupo puso los ejemplos del proyecto de hidrógeno renovable en Asturias, que es el mayor a nivel mundial, y el proyecto andaluz que concretamente se está trabajando en Algeciras. Además,
está incluido en los contenidos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por el Consejo de Ministros. Concretamente, en el punto Un país que respete los límites del planeta se establece la necesidad de abordar con garantías y desde
marcos de planificación la transición energética, en la medida en que tres de cada cuatro toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero se originan en el sistema energético. Entre las prioridades de actuación figura la hoja de ruta del
hidrógeno renovable, destinada a impulsar el despliegue del hidrógeno generado a partir de fuentes de energía renovable.
Con esto en mente, la proposición de ley plantea precisamente algunas cuestiones de regulación que ya se están abordando. Por una parte, en la hoja de ruta del hidrógeno renovable, antes mencionada, se establecen un conjunto de sesenta
medidas agrupadas en cuatro ámbitos de actuación. El primer ámbito recoge actuaciones de carácter regulatorio, entre otras la introducción del sistema de garantías de origen, que asegure que el hidrógeno sea producido con energía cien por cien
renovable. Y un segundo capítulo dedicado a medidas de carácter sectorial para incentivar el uso del hidrógeno renovable y la puesta en marcha de proyectos en el ámbito industrial, energético o de movilidad. Por tanto, ya existe una estrategia
coherente y bien definida para regular el desarrollo del sector. Por otra parte, conviene recordar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece unos hitos y unos objetivos regulatorios a cumplir en un calendario determinado.
En concreto, en relación con la hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial, se plantea una inversión de 1555 millones de euros de fondos públicos para posicionar a España como referente tecnológico en producción y
aprovechamiento del hidrógeno renovable. Por último, no hay medidas de impulso reales al hidrógeno verde y la mayor parte del hidrógeno que se produce proviene de energías fósiles. Con lo cual, no soluciona las necesidades de transición ecológica.
Una cuestión fundamental, y que no aparece en la proposición de ley -obviamente, no esperábamos lo contrario- ni en los debates, es que nosotros trajimos una proposición de ley señalando la necesidad de una empresa pública de energía...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Sí, presidente. Voy acabando.
Seguiremos luchando por que haya una empresa pública de energía. Se están metiendo muchos fondos públicos en hidrógeno y es necesario que lo público esté en los sectores estratégicos de nuestra economía para que prevalezca el interés
colectivo por encima de los intereses particulares.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Utrilla Cano. (Aplausos).
El señor UTRILLA CANO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, nos traen ustedes aquí hoy una proposición de ley para una fuente de energía futura -muy futura, porque es verdad que todavía le queda muchísimo recorrido- en un momento de un contexto energético en España dantesco, en el que la
política energética de este Gobierno es un despropósito
mayúsculo, otro más. Incapaces de encontrar una solución que palíe la imparable escalada de precios que está sumiendo en un sufrimiento insoportable a los hogares españoles; engañando a los ciudadanos diciendo que Bruselas debía dar el
visto bueno a la rebaja de impuestos, cuando para entonces ya media Europa había bajado el IVA de los carburantes; con desfachatez acusando a Putin de ser el único culpable de la subida de precios; con soberbia al no pedir disculpas por una serie
de medidas que no han conseguido paliar ni un ápice la situación -ni una sola palabra de autocrítica, señores-; incompetentes al anunciar a bombo y platillo la intervención del precio del gas con el que pensaban rebajar el recibo de la luz de los
españoles y que no ha servido absolutamente para nada. En definitiva, un nuevo ridículo, uno más de este nefasto Gobierno. (Aplausos).
Pero, señores del PP, en los sucesivos Gobiernos que ustedes han liderado tampoco quisieron cambiar las cosas: no abordaron ningún cambio estructural de la política energética, no impulsaron ninguna conectividad con Europa, continuaron
cerrando las centrales nucleares. ¿Les suena a ustedes Garoña, señores del PP? Tenía una vida útil hasta 2031 y Rajoy en campaña aseguró que si gobernaba, jamás la cerraría. Y ya lo creo que se cerró, ahogada por las tasas e impuestos que su
Gobierno le impuso. Han sido muchos años trabajando por el cierre de Garoña. Quienes hemos luchado por ello, celebramos hoy haberlo conseguido definitivamente. Esto lo dijo un político actualmente en sus filas en el Senado. (Aplausos). ¿Y qué
me dicen de la subida del IVA de los carburantes en 2018, del 18 al 21 %? Nunca volvió a retraerse. Que no se les olvide, ustedes tienen una cuota de responsabilidad en todo esto.
Miren, que el futuro pasa por energías más limpias es algo absolutamente evidente y con lo que VOX está plenamente de acuerdo, igual de evidente que el ritmo que nos ha impuesto el fanatismo climático es excesivo, utópico y cero realista, y
por eso estamos pagando las consecuencias. Suban aquí, señores, y expliquen por qué con precios similares en el barril de Brent en 2008 o 2011 la gasolina costaba 1,25 euros, prácticamente la mitad de lo que cuesta ahora. Cuéntenles la verdad a
los españoles, que el mercado está tensionado al extremo porque han tenido la genial idea de minimizar la capacidad de refino para llegar lo antes posible a su ansiada transición ecológica. O expliquen por qué cerramos y volamos por los aires las
térmicas del carbón quince años antes de las exigencias de Bruselas, mientras la verde Alemania pone a punto las centrales de carbón que tenía, por cierto, latentes y en reserva. Aquí las volamos por los aires y allí las reservan. (Aplausos). Que
la creación energética en el futuro será una combinación de varias tecnologías resulta obvio y que el hidrógeno va a formar parte de ese conjunto de energías -no sabemos en qué forma ni en qué porcentaje- también, indudablemente es una realidad. Y
de que hay que legislar para adelantarse y poder crear un marco regulatorio con el objeto de crear estabilidad jurídica para los inversores, tampoco hay la mínima duda. Pero, señores del PP, me temo que ustedes, por querer adelantarse han perdido
toda perspectiva, ya que en la actualidad no existe mercado de hidrógeno. Es la realidad. Y las dudas e incertidumbres del sector son tantas que crear un marco jurídico deprisa y corriendo puede generar más confusión de la que ya existe
actualmente. (Aplausos).
En el punto en el que estamos, quizá sería mejor avanzar en normativa para dar ayudas directas e incentivos económicos y fiscales al desarrollo de proyectos puntuales, instalaciones de producción, transporte, almacenamiento y consumo y dar
facilidades a la promoción de esos proyectos con tramitaciones claras y únicas en todo el territorio nacional. Además, señorías, hay cuestiones que no podemos compartir con ustedes. La ley está poco desarrollada. La mayoría de los puntos son muy
poco concluyentes. En muchos temas se dice que será el organismo de turno el que desarrollará o promoverá. En definitiva, le falta concreción porque, efectivamente, todavía quedan muchos puntos por definir y hay muy pocas certezas en el sector.
La ley es una copia de la ley de electricidad e hidrocarburos y hay muchos temas -como la homologación de vehículos de hidrógeno, autorización de instalaciones, seguridad y calidad, transporte, almacenamiento, etcétera- para los que se proponen
utilizar los reglamentos ya existentes. En VOX creemos que estamos en el mejor momento para analizar lo que nos vale y, en general, desarrollar reglamentos a medida para el hidrógeno en todos los casos.
Ustedes identifican al gestor técnico del sistema, Enagás, que tiene que serlo para la instalación, el transporte y la distribución en exclusiva, que se supone que son -en la mayoría de los casos- privadas. ¿Por qué? ¿Por qué no permitir a
otros distribuidores -por ejemplo, los regionales- que lo hagan también? También hablan en todos los casos de hidrógeno verde. ¿Por qué excluyen otras tecnologías, como la generación del hidrógeno rosa, proveniente de la energía nuclear, o incluso
el gris, que es mucho más competitivo y a día de hoy sí pueden salir los números? En Alemania les recuerdo que hay más de cien hidrogeneras que utilizan el hidrógeno gris. ¿Para qué? Para desarrollar un mercado para lanzar un sector que está muy
verde todavía, efectivamente, y en el que, desgraciadamente, el hidrógeno verde
cuesta entre dos y tres veces más que el hidrógeno gris. Por otro lado, en su ley no mencionan la cogeneración, que sería clave en todo este proceso. Es difícil marcar el punto justo de cuándo se debe legislar, pero, en nuestra opinión, se
han adelantado ustedes y, según dice el refrán, las prisas nunca son buenas consejeras.
Por último, señorías, en el Congreso debemos ser sumamente rigurosos con lo que hablamos. Cometen ustedes errores de bulto y de concepto en su capítulo III. Dicen textualmente que el hidrógeno gris es producido a partir del metano, y en
cuya producción se generan emisiones de CO2. No, señorías, el hidrógeno gris se genera a partir de gas natural, que no es lo mismo que el metano, es la misma molécula pero no es lo mismo, porque existe el biometano y se puede generar hidrógeno
verde a partir de él. El hidrógeno verde lo definen como hidrógeno producido a partir de agua mediante energía procedente de energías renovables. Pero es que hay otras vías de obtención del hidrógeno verde, como el reformado del biometano que
acabo de comentar, o la gasificación o pirólisis de residuos. Estos últimos producen hidrógeno neutro en CO2, que también es hidrógeno verde, señorías. De verdad, todo es implicarse al máximo, pero ustedes en estas definiciones han ido más allá.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor UTRILLA CANO: Gracias, presidente, nada más. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Caballero.
El señor GONZÁLEZ CABALLERO: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes. Esta iniciativa llega tarde, este Gobierno tiene una hoja de ruta sobre el hidrógeno verde. Y a riesgo de perder un ojo por su intervención, como nos ha recordado el señor Bel, yo he de darle las gracias. He de dar las
gracias al Partido Popular, porque escuchar de boca de dirigentes del PP palabras como hidrógeno verde, transición justa o energías renovables y que a renglón seguido no vengan recorte, paralización o destrucción, es todo un logro. (Aplausos). Es
todo un logro que la derecha se haya rendido a la evidencia, haya dejado de escuchar al primo de Rajoy y, aun a remolque, acepte las políticas de transición justa del Gobierno de Pedro Sánchez. Ese reconocimiento lo hacen ustedes en la exposición
de motivos. Hablan de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez; hablan de la hoja de ruta del hidrógeno verde, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez; hablan de la estrategia de
descarbonización 2050, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando hasta ustedes, que hicieron lo contrario y que paralizaron todo, reconocen la labor de este Gobierno, es que algo estaremos haciendo bien. (Aplausos).
Señorías, incluso en su propuesta dicen -y cito textualmente- que la utilización del hidrógeno verde requerirá de futuras inversiones en investigación, desarrollo e innovación. Claro, lo que se les ha olvidado decir es que esas inversiones
ya están aquí, se llaman Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, fue peleado y conseguido por el presidente Pedro Sánchez y ustedes lo boicotearon en Bruselas. (Aplausos).
Llegan ustedes tarde y con mal recado. Hoy España tiene un camino para ser potencia internacional de hidrógeno verde: tiene un PERTE con más de 16 000 millones de euros de inversión; programas que ya se están realizando, como las
convocatorias a proyectos pioneros y singulares del hidrógeno renovable o la cadena de valor innovadora del hidrógeno; regulaciones que ya están en marcha, como el sistema de garantías de origen de las energías renovables. Una ruta que ya es una
realidad, es una realidad en ciudades como la mía, como Puertollano, donde se ha instalado la planta de uso industrial con hidrógeno verde más importante de Europa. Por eso es importante no dar bandazos, no dar giros de 360 grados, como los que hoy
proponen.
Su propuesta de ley será de hidrógeno, no lo discuto, pero de hidrógeno gris, de hidrógeno negro o de hidrógeno azul, no de hidrógeno verde. (Aplausos). Ustedes proponen liberalizar el mercado del hidrógeno, que la tecnología del hidrógeno
verde, todavía no madura, compita con otras tecnologías del hidrógeno más contaminantes. Ese no es el camino marcado por la estrategia europea del hidrógeno. Nos encontramos en la primera fase de desarrollo y es importante que en esta primera fase
de desarrollo del hidrógeno verde hagamos las cosas bien, como las estamos haciendo los socialistas, hagamos el esfuerzo en la descarbonización de las industrias más contaminantes. Su propuesta de liberalización es todo lo
contrario. Su propuesta supone un torpedo para el futuro de zonas industriales vinculadas al hidrógeno verde y vinculadas a la descarbonización y que tienen una oportunidad en la generación de esos valles de hidrógeno.
No es tiempo de abandonar la ruta marcada. Si realmente quieren ustedes apoyar al hidrógeno verde, bienvenidos a esta tarea. Les estábamos esperando desde hace mucho tiempo, pero antes es importante que ustedes hagan examen de conciencia.
Cuando ustedes llegaron al Gobierno con el señor Rajoy metieron el hachazo a la solar, un sector puntero en nuestro país, cargándose el pan de más de cien mil familias. Ustedes dicen apostar por el hidrógeno verde, pero cuando gobernaban metieron
un recorte de más del 75 % al Centro Nacional de Hidrógeno, que investiga el hidrógeno verde. Sí, Requena, llevaba usted razón, fueron los primeros, los primeros en poner el impuesto al sol, los primeros en recortar en el Centro Nacional de
Hidrógeno. (Aplausos).
Esta propuesta no es lo que espera de ustedes este país. Lo que espera el país de ustedes es algo muy sencillo, muy simple, de verdad; lo que necesita de su partido es una cosa: que el señor Feijóo se comprometa con los trabajadores y
trabajadoras de todas las comarcas industriales del país, que se comprometa con los trabajadores de Tarragona, de Castellón, del País Vasco, de Teruel o de mi zona, de Puertollano (rumores.-El señor Herrero Bono: ¡Venga, hombre!), y que, en primer
lugar -si no me interrumpen-, pida perdón por todas las políticas que destruyeron miles de puestos de trabajo y que se comprometa a no hacer lo mismo (aplausos), que se comprometa a que si vuelven alguna vez al Gobierno -cosa muy difícil y muy larga
en el tiempo-, no machacarán la hoja de ruta de hidrógeno del Gobierno de Pedro Sánchez, como sí machacaron las renovables cuando gobernaban. (Rumores.-El señor Hispán Iglesias de Ussel: Esto no es El club de la comedia). Yo no sé qué risa les
produce esto a algunos, pero lo que provocaron en la década pasada fue mucho dolor, se lo aseguro. Algunos justificaron estos recortes -recortes que generaron dolor- en la crisis financiera, pero lo que estamos demostrando los socialistas es que
puede haber crisis iguales pero, sin lugar a dudas, los socialistas no vamos a dar las mismas soluciones. Los socialistas apostamos por las soluciones sociales ante la guerra de Putin y sus efectos. También soluciones sociales ante los efectos en
las economías, bajando los impuestos, el IVA de la luz al 5 %, que ustedes lo tenían al 21 %. Espero que recapaciten cuando esto se vote en el Congreso. Hacemos soluciones sociales mientras repartimos la carga en aquellos que más pueden contribuir
en este momento, como pueden ser las energéticas.
En definitiva, este Gobierno mira al futuro, mira al futuro del siglo XXI, que será el del hidrógeno verde, que será el de las comarcas industriales. La ruta del hidrógeno renovable está marcada, está en marcha. Lo que le pedimos es muy
sencillo: no nos desvíen, no se desvíen.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, REGULADORA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN VOLUNTARIO DE DETERMINADOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS EN LA RED PÚBLICA DE CENTROS EDUCATIVOS. (Número de
expediente 122/000218).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común,
reguladora del proceso de integración voluntario de determinados centros educativos privados en la red pública de centros educativos.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas.
Decía Einstein que la educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. Esta máxima nos demuestra dos cosas: la primera, que la educación es una pieza fundamental en la construcción de una sociedad
democrática y, la segunda, que la escuela pública es también la que detecta y corrige esas desigualdades estructurales que afectan a nuestras sociedades. Por eso, hoy Unidas Podemos-En Comú Podem presenta esta proposición de ley para facilitar la
integración voluntaria de los centros concertados que lo soliciten a la red pública. Necesitamos, señorías, reforzar el sistema público de educación ante una etapa de recortes y de corrupción que ha esquilmado las arcas públicas, de crisis
económica motivada por la invasión de Ucrania y por la pandemia mundial que hemos vivido. En
ese sentido, la crisis de la COVID-19 nos ha enseñado a todos un aprendizaje que es fundamental y que hay quien pretende olvidar rápidamente: Es urgente reforzar los servicios públicos. Hoy en día nadie pone en duda que, si estamos
saliendo de la crisis sanitaria, es gracias al sistema público de sanidad, gracias al esfuerzo de los trabajadores sanitarios, gracias a la inversión pública en vacunas y gracias al esfuerzo de todas las administraciones públicas para frenar sus
consecuencias; es decir, la pandemia nos ha demostrado que lo público es la solución, incluso para salvar vidas. Aquellos países con sistemas públicos de salud fuertes han podido salvar más vidas que aquellos que disponían de un sistema sanitario
más débil.
Esa lección sanitaria la tenemos que aplicar también a las políticas educativas. Al principio de la pandemia debatíamos -ustedes lo recordarán- sobre el derecho a la educación, si había que cerrar las escuelas o no, si teníamos que
garantizar la educación a distancia y cómo, si era facilitando tablets para el alumnado. Aquellos debates también nos trajeron una solución integral: hay que apostar por la educación pública porque es la que llega a todo el territorio, la que
corrige desigualdades, la que garantiza la igualdad de oportunidades y la que genera cohesión social.
España, como ustedes saben, vive un déficit estructural de plazas educativas de titularidad pública en todas sus etapas educativas. Según los datos que tenemos de la agencia europea de estadística Eurostat, en el año 2017 España era el
cuarto país de Europa con menor presencia de educación pública en la etapa de secundaria y el tercero con menor presencia en primaria. En concreto, solo el 69 % de los alumnos de secundaria y el 68 % de los alumnos en primaria están matriculados en
centros públicos, un porcentaje que nos sitúa en el vagón de cola de Europa junto a Bélgica, Reino Unido o Malta. Mientras, en el otro extremo hay países como Irlanda, Croacia, Alemania o Finlandia, donde se supera el 90 % de matriculación en la
escuela pública. Por tanto, esta ley que proponemos hoy plantea dos objetivos fundamentales. El primero es homologarnos al resto de países de Europa en presencia de escuela pública: el cien por cien en Irlanda, el 95 % en Finlandia, el 94 % en
Polonia, el 90 % en Alemania, el 87 % en Portugal o el 78 % en Francia tendrían que ser escenarios a imitar.
Esta proposición no es una enmienda a la totalidad a otras redes ni quiere ser una confrontación entre distintos tipos de educación. Esta iniciativa pretende corregir y asegurar un orden de preferencia claro. Primero, una educación pública
de calidad; primero lo público, primero lo que es de todos y de todas, y este es precisamente el segundo objetivo que persigue esta ley: hacer cumplir la ley, hacer cumplir el punto 5 del artículo 109 de la LOMLOE, cuya exigencia es clara: 'Las
administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública'. Si a esto sumamos que en la exposición de motivos de la propia ley -como también pasaba en la LOE- se afirma que la
educación pública es el eje vertebrador de nuestro sistema educativo, queda claro que facilitar la incorporación de las escuelas concertadas que lo pidan forma parte del interés general.
Mientras el Partido Popular solo se preocupó por la escuela elitista al tiempo que abandonaba la educación pública con recortes, nosotros tenemos que asegurar que toda persona en este país tenga las mismas oportunidades para acceder a una
educación pública y que, además, sea de calidad. (Aplausos). Esta es la diferencia entre nuestro modelo educativo y el de la derecha: mientras ellos saquean la pública para que la ciudadanía no tenga más remedio que acudir a la privada, nosotros
queremos que la pública sea la mejor de las opciones. La libertad de elección no existe cuando se hace en detrimento de la educación pública; su libertad de elección, en cambio, solo significa más dinero para los conciertos, como pasa en Andalucía
donde el líder del Partido Popular no ha hecho más que aumentar el dinero a la concertada a cambio de privatizar la pública, o como su ya no tan nuevo líder, que cerró una de cada diez escuelas públicas en Galicia y eliminó 868 plazas de profesores
mientras disparó las subvenciones a la privada. Se lo dije la semana pasada y se lo recuerdo esta, el colapso de lo público es la condición de posibilidad del negocio privado de ustedes. Su filosofía es que cuanto peor la pública, mejor la
privada; cuanto peor la calidad de la pública, mejor sus bolsillos.
Quiero dejar claro que esta propuesta de integración de centros concertados a la red pública se debe fundamentar en tres parámetros: el primero, la voluntariedad. Queda claro a lo largo de todo el texto que la petición por parte de las
escuelas concertadas que lo soliciten será una petición voluntaria. Nadie va a obligar a nadie, ni poderes ocultos ni intereses políticos forzarán a los centros concertados, más bien se trata de una medida pragmática. Hay centros concertados que
por diversos motivos han pasado por una situación económica complicada y algunos de ellos amenazan con cierres. Esta situación puede ayudar a las familias a tener tranquilidad sobre el futuro de sus hijos, a permitir la continuidad de los
profesionales y también a fortalecer nuestro sistema público de educación. Sería, por tanto, una medida en la que todo
el mundo gana: centros, familias, alumnos y también el sistema público de educación. El segundo parámetro: garantías laborales. Permitir que ningún trabajador de cualquier centro educativo pierda su puesto de trabajo durante un proceso
de integración de este tipo también nos ha obsesionado y hay mecanismos normativos que así lo permiten. Y, tercer parámetro: el más escrupuloso de los respetos competenciales. En Unidas Podemos-En Comú Podem, como ustedes saben, creemos en el
Estado descentralizado y, por eso, defendemos las competencias que tienen las comunidades autónomas en muchas políticas sociales, entre ellas las políticas educativas. En estos últimos cuarenta años se ha demostrado que la descentralización
competencial en materia educativa ha sido beneficiosa para todos los españoles y debe ampliarse. Por eso, en la proposición de ley defendemos que la administración sobre la que debe pilotar todo el proceso de integración no es el Estado ni tampoco
el ministerio, sino que son las comunidades autónomas y las consejerías de Educación, que son quienes tienen las competencias. Tenemos el ejemplo promovido por el conseller Bargalló en Catalunya, con la aprobación el año pasado de un decreto para
facilitar la integración de centros privados en la red pública, que ya está funcionando. La última escuela en la que se ha puesto en práctica ha sido L'Acadèmia Cultura, en Hospitalet de Llobregat, en el barrio de Collblanc-La Torrassa, un barrio
con déficit de plazas públicas y una situación complicada. Han sido precisamente las propias familias de este centro concertado las que se han organizado para llevar adelante la integración de este centro a la red pública. Ha sido, por lo tanto,
una victoria colectiva: con las familias reivindicando la integración de la escuela; con el trabajo de Comisiones Obreras, con personas comprometidas, como el ex secretario general de Educación, Manel Pulido; y con una votación histórica de casi
todos los grupos parlamentarios en el Parlament, que votaron a favor de una moción que presentó En Comú Podem trabajada por nuestra portavoz en el Ayuntamiento de L'Hospitalet, Ana González, y por nuestro diputado Joan Carles Gallego. Ahora, la
Acadèmia Cultura ya es una escuela pública, ahora es el Institut Escola Maria Miret. Ha pasado también todo el profesorado y todo el alumnado desde los 3 a los 16 años. Ha sido complicado con el Gobierno municipal del Partido Socialista mirando
para otro lado, pero la lucha conjunta y colectiva de toda la comunidad educativa al final ha conseguido que la Acadèmia Cultura forme hoy parte de la red pública de Cataluña. Tenemos ese ejemplo y la semana pasada, como ustedes saben, aprobamos
también una proposición no de ley del Partido Socialista sobre la defensa y la promoción de la escuela pública. Después de aquel debate, esta es la primera iniciativa donde de verdad se verá quién está comprometido en lo concreto con la escuela
pública y quién no lo está. (Aplausos).
Escucharemos esta tarde que la propuesta no es posible. Les voy a dar cuatro ejemplos, además del de L'Hospitalet, que ya les he dicho. Entre los años 1983 y 1988, el Gobierno de Cataluña, a propuesta del Partit dels Socialistes de
Catalunya, aprobó una ley para que 71 escuelas concertadas del CEPEPC se incorporaran a la red pública catalana. En el año 1988, la primera vez que el Partido Socialista llegó a la Consejería de Educación en Euskadi, aprobó la ley de confluencias
para que las ikastolas privadas pasasen a la red pública. Más recientemente, como os decía, el conseller Bargalló aprobó un decreto en Cataluña que ya está permitiendo que escuelas concertadas pasen a la red pública, o en Barcelona seis escuelas ya
están integradas en la red pública de la ciudad.
Dicen en mi barrio -y acabo, presidente- que quien no quiere una cosa busca una excusa y que quien la quiere lo que busca es una solución. Nosotros queremos una solución para la falta de plazas públicas en España. Quien persiga una excusa
que lo diga esta tarde desde esta tribuna.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que con los ejemplos que ha puesto de qué no había que aplicar no se ha lucido usted mucho, porque nos pone de ejemplos al presidente de Andalucía y al expresidente de Galicia, que tienen mayoría absoluta. Usted
quiere que, en vez de copiar a los que tienen mayoría absoluta, les copien a ustedes, que en Andalucía pasaron de diecisiete escaños a no aparecer en las listas. (Aplausos). Pues yo creo que es mejor siempre copiar al que, por lo menos, se ve que
los ciudadanos le apoyan.
Ha dicho una cosa que es cierta, que la educación es fundamental. Por eso traen ustedes esto aquí, porque, como sabe y también lo ha dicho usted, competencialmente no tiene ningún sentido que esta iniciativa se traiga aquí. Lógicamente, la
comunidad autónoma, que es la que paga la educación y puede
pagar los edificios a través de los ayuntamientos o a través de la propia comunidad autónoma, puede hacer esto sin que se traiga esta iniciativa al Congreso. Supongo que esa iniciativa la traen aquí -aunque yo no sé qué hará el Partido
Socialista, porque esto es derivado de esas cuitas que tienen habitualmente entre ustedes- porque esto les quedó colgando cuando se aprobó la última ley educativa en el Congreso, donde imagino que ustedes aspiraban a que esto lo hubiera introducido
el Partido Socialista y el Partido Socialista no les hizo caso.
En definitiva, ¿qué quieren ustedes? Lo de siempre: acabar con la educación concertada. ¿Ustedes qué hacen en este caso? Pues lo que hacen es asfixiar y agarrar del cuello a la educación concertada y, cuando ya está casi casi muerta y
sin respiración, entonces dicen: le damos la solución, ahora le vamos a hacer el favor y le dejamos a usted que nos venda su centro escolar, los profesores en cinco años tendrán la opción de pasar unas oposiciones y formar parte de la educación
pública, y desde luego, los alumnos, en este caso, los padres y madres de familia, no tendrán la opción de elegir el centro educativo que habían elegido, porque es evidente -y eso lo sabemos todos- que su relación con la libertad es bastante
limitada. En ese sentido, es una forma de esquivar el artículo 27 de la propia Constitución.
Ustedes están intentando acabar con la concertada a través de bajar siempre el dinero que hay que aportar por alumno a esa enseñanza. Usted sabe que el dinero que se aporta a la concertada es muchísimo menos que el que se aporta a la
escuela pública a través de los presupuestos de cada comunidad autónoma. Ahí están los datos.
Luego dice otra cosa que tampoco se ajusta a la realidad cuando se compara con Europa. Usted sabe que en Europa muchos de los países que ha mencionado no hacen esa distinción entre concertada y escuela pública, sino que habla de la
enseñanza que está financiada por las administraciones y, evidentemente, como pasa en España, también la educación concertada está financiada por el servicio público, en este caso, por los presupuestos generales de las comunidades autónomas. Por
tanto, todas forman parte del entramado público, pero unas son de titularidad propiamente pública y las otras son de las entidades que sean, que pueden ser cooperativas, de una entidad religiosa o de cualquier otro sistema de los que tenemos en
España.
Pero, sobre todo, lo peor, como siempre, es el ataque a la libertad que ustedes profesan en cada una de sus intervenciones. Porque, al final, ¿qué problema tienen en que la gente elija? Pero ¿en qué mundo viven? Si es que habla usted como
si viviéramos hace no sé cuántos años. ¡Si la gente tiene derecho a elegir y elige libremente! Eso de que los ricos van a la concertada..., pero ¡qué dice, hombre! Pero si precisamente lo que ha hecho la concertada es que permitir que vaya
cualquiera. Donde puede ir uno con dinero es a una privada, pero a una concertada va cualquiera. (Aplausos). Esa es la grandeza de la enseñanza concertada, que cualquiera puede elegir sin tener dinero, sin que su familia tenga dinero y sin venir
de no sé dónde. Eso a ustedes les molesta, que a la hora de elegir cada uno elija lo que le dé la gana y que elija lo que quiera. Si esa es la concertada, no tendrían que tener problema con eso.
Dice que cuando vinieron los recortes solo se recortó a la pública. Pero ¿en qué mundo vive? Cuando hubo menos presupuesto, hubo menos presupuesto para todos los que estaban financiados por las administraciones, tanto la escuela pública
como la escuela concertada, pues las dos recibían financiación pública. Las dos tuvieron problemas, en algunos casos porque el profesorado generalmente cobra menos, como bien sabe usted, en la educación concertada que en la educación pública. Por
lo tanto, permita que funcione el modelo. Pero, eso sí, para que funcione el modelo lo que hay que hacer es financiar adecuadamente a la educación concertada. No tenga ese problema con la libertad de las personas, deje a las personas y a las
familias que elijan libremente lo que quieren para la educación de sus hijos y no se metan ustedes en la casa de todo el mundo. Bastante hacen últimamente con todo lo que han aprobado desde el punto de vista de los libros de texto, que muchos de
ellos a la vista está que son infumables, porque intentan adoctrinar a través de los mismos con unos contenidos que parece que los han hecho específicamente alguno de ustedes, y no pensando, desde luego, en lo que pasó en España o lo que pueda venir
a futuro. Dejen a los padres y a las madres que elijan en libertad lo que quieren para sus hijos.
En definitiva, ustedes con esta iniciativa lo que pretenden es, una vez más, saltarse el artículo 27 de la Constitución de una forma, eso sí, sibilina, hay que decirlo, ahogando a la educación concertada, pero con el único objetivo de
limitar la libertad de las personas para elegir la educación que quieren para sus familias. Espero que el Tribunal Constitucional, entre otras cosas, cuando alguna vez decida sobre la cuestión, diga que la Ley de Educación que se aprobó en el
Congreso es inconstitucional.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Arratsalde on guztioi. Una pregunta: ¿por qué el Grupo de Unidas Podemos trae esta proposición de ley a esta Cámara cuando conoce perfectamente que la regulación del proceso de integración voluntario de determinados centros educativos
privados en la red pública, como plantean, es una competencia que corresponde a las comunidades autónomas? La semana pasada recordábamos lo mismo al Grupo Socialista en su alegato por la escuela pública. Ambos, ¿qué buscan?
Vamos a abstenernos en la toma en consideración porque compartimos que es un tema que se debe regular, pero desde nuestros territorios. En la Comunidad autónoma vasca nosotras ya hemos consensuado dicha normativa en el pacto educativo
logrado entre las cuatro fuerzas políticas mayoritarias desde nuestra planificación, basándonos en nuestras necesidades y realidades propias, es decir, desde nuestra perspectiva. El Gobierno vasco creará la norma para legalizar este paso sobre la
base del cumplimiento de unas condiciones consensuadas en nuestros territorios con los actores significativos para la construcción de un sistema educativo público soberano, y no porque desde Madrid se plantee cómo hacerlo. En Navarra se ha iniciado
el proceso de debate y búsqueda de consensos para la concreción del pacto por la educación, si bien es cierto que todavía estamos lejos de llegar a la meta. Entre los contenidos de este no será descartable crear una norma que regule lo que pudiera
ser una futura publificación de algunos centros si así lo desean, siempre teniendo en cuenta nuestra perspectiva y nuestra realidad.
En Euskal Herria nosotras hemos comenzado a dar pasos firmes hacia el futuro sistema educativo soberano que deseamos para nuestra nación. Un sistema público que responde a las necesidades de las personas que viven y trabajan en nuestro
pueblo; un sistema descentralizado y que preserve la autonomía de los centros educativos; un sistema laico y gratuito que tenga el euskera como eje principal y que potencie también las competencias plurilingües en el alumnado; un sistema que
tenga en cuenta la diversidad de personas y de culturas, y que ponga fin a la segregación existente por causas socioeconómicas y de origen del alumnado.
En definitiva, abogamos por un Euskal Hezkuntza Sistema Publiko Burujaberantz.
Mila esker.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Arratsalde on. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señor Mena, coincidiré con varias intervenciones previas y lo siento, pero es lo que hay. No vamos a apoyar la proposición que ustedes traen. No la vamos a apoyar porque me da
verdaderamente pena decirlo, pero ¿qué nos queda por ver ahora? ¿Va a resultar que ustedes son tan centralistas o más que otros a los que hemos criticado tanto conjuntamente, incluso? Porque usted sabe perfectamente -ya lo han dicho otros- que
esta proposición que traen o que persiguen no es competencia de esta Cámara.
El objetivo no debe ser publificar todo; el objetivo tiene que ser garantizar siempre una plaza pública a cualquier persona que así lo necesite. Son dos cosas muy diferentes. Por tanto, vayamos por partes. Primero, el fuero y luego el
huevo. En el fuero le digo que usted sabe perfectamente -ya lo han dicho otras personas- que ha traído una proposición de ley, cuando sabe que las competentes en la materia, en esta materia, son de las comunidades autónomas. Y como son las
competentes en esa materia, usted ha dado ejemplos precisamente de Cataluña y de Euskadi. ¿A que no ha dado otro ejemplo? ¿Por qué? Porque las competentes en esta materia son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son las
competentes en materia educativa, y algunas ya han ejercido lo que ustedes piden. Le decía que hay que garantizar siempre una plaza pública a aquel que la necesite o que la quiera. Esa es la responsabilidad pública, esa es la responsabilidad que
las administraciones competentes deben de tener en cuenta en esta materia.
Usted apelaba al interés general y estoy de acuerdo, pero no confundamos. El interés general o la defensa del interés general no es sinónimo de que el competente sea el Estado. Es decir, parece que hacemos un símil en el que cuando se
trata de interés general, el competente en ello solo es el Estado, y en este caso, sería el Congreso el que tiene que adoptar eso. Sin embargo, la defensa del interés general perfectamente es válida con quien es competente en la materia que, en
este caso, son las comunidades
autónomas. Hay otra cuestión y es que la LOMLOE, que recientemente se ha aprobado en esta Cámara, además, con su apoyo, establece lo que se debe hacer en su artículo 109, programación de la red de centros, y artículo 88, garantías de
gratuidad. Supongo que no han cambiado de posición desde que se aprobó la LOMLOE. Por lo tanto, se pueden remitir a lo que dice esa ley que recientemente se ha aprobado con su apoyo, incluso.
En el Parlamento vasco esta cuestión ya está acordada, lo que evidencia aquí que allí donde residen las competencias se puede dar salida a esta y a otras cuestiones. La proximidad de las políticas públicas siempre es una ventaja y, desde
lejos, las cosas no se ven bien. De hecho, el consejero de Educación del Gobierno vasco ha presentado ya el calendario detallado de los pasos que en los próximos doce años se darán, pasos recogidos en el pacto educativo del Parlamento Vasco. Las
acciones presentadas en el Parlamento están recogidas en una planificación que ordenará su implantación desde el año 2022 hasta el 2028, y periódicamente el departamento de Educación informará de la evolución de calendarización prevista a los grupos
parlamentarios firmantes del acuerdo. Creo que en Euskadi eso lo hemos llevado a cabo. Además, ustedes han sido partícipes del mismo.
Resumidamente, procuraré exponer lo que ya se está haciendo de forma planificada a largo plazo, según lo ha expuesto el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, en una comparecencia reciente en el Parlamento vasco. La planificación
estratégica del sistema educativo vasco, gobernanza y participación, equidad y políticas contra la segregación, junto con la transformación pedagógica, son pilares para el impulso del sistema educativo vasco. En esta apuesta reforzada por el
servicio público, una de las prioridades de la Administración educativa vasca competente en esta materia es aprobar un plan estratégico para la escuela pública que promueva un conjunto de actuaciones para la mejora de su calidad, tales como las
medidas encaminadas a mejorar el valor añadido en sus centros, consolidación de plantillas actuales y creación de nuevas figuras educativas, además de la estabilidad del profesorado, la renovación, así como la mejora de las infraestructuras.
Asimismo, se ha mostrado el compromiso de asegurar que toda familia que desee una plaza en una escuela pública pueda acceder a ella. Eso es, a nuestro entender, la defensa de la escuela pública: que todo ciudadano que quiera tenga garantizada por
los poderes, por la Administración competente, la plaza en la escuela pública. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Tampoco se puede confundir el servicio con la titularidad. El servicio educativo es un servicio público y la titularidad, y en casos como en Euskadi y otros sitios, el tema concertado es un ejemplo. Por lo tanto, creo que esta proposición
que ustedes traen, por una parte, no es el lugar, porque los competentes son los que son, que ya los hemos citado, y por otra, es algo que ya está regulado, y ustedes han sido partícipes de ello.
Por lo tanto, señora presidenta, le repito que no vamos a apoyar esta proposición de ley por los motivos expuestos -y que han expuesto otros grupos parlamentarios también-, porque sintiéndolo mucho, creemos que ni es el momento ni el lugar
ni han acertado en su decisión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, permítanme que empiece mi intervención refiriéndome a un asunto que no tiene nada de ver con el contenido que vamos a debatir. Me refiero a las terribles imágenes que hemos visto en la valla de Melilla, donde más de una veintena
de personas han perdido la vida. Por humanidad, debemos lamentar la terrible situación que se ha vivido en nuestras fronteras y lanzar un profundo mensaje de condolencias a sus familiares.
Respecto a la proposición de ley que hoy nos compete, lo primero que me parece necesario destacar es que nuestra enseñanza pública incluye la posibilidad de que las familias puedan escolarizar a sus hijos en un centro público y en un centro
concertado. Los liberales siempre defendemos la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, tal y como consagra nuestra Constitución, y por eso no vamos a tolerar ningún avance en esa guerra que Unidas Podemos ha
establecido contra la escuela concertada. En este sentido, vamos a seguir defendiendo la obligación del Ministerio de Educación de disponer que ambas opciones -la pública y la concertada- para que sean viables y permitan a los padres elegir en
libertad el centro que desean para sus hijos.
Entrando en el fondo de la propuesta, le recordamos a los señores de Podemos que deben ser las comunidades autónomas en el marco de sus competencias, dentro del marco de la ley estatal, las que organizan la oferta educativa en sus
territorios. Por tanto, será cada comunidad autónoma, en función de su demografía, la que proyecte la necesidad de aulas para los próximos años y las preferencias de escolarización de las familias. De hecho, señores de Podemos, en su propia
exposición de motivos -y siendo conscientes de eso, usted lo ha puesto como ejemplo- reconocen que en Cataluña ya lo han hecho, que las autonomías tienen capacidad legislativa y reglamentaria para hacerlo sin necesidad de aprobar una ley de ámbito
estatal. Entonces, ¿por qué traen la necesidad de una ley estatal cuando realmente no es necesario? ¿Es únicamente para remarcar su necesidad de ponerse en contra de la escuela concertada? No entendemos y no consideramos apropiada este tipo de
proposición.
También es importante reflexionar sobre la probable injusticia de favorecer la estancia de profesores que no tienen una plaza de funcionario o no son funcionarios interinos en los centros durante cinco años, tiempo que se fija para que se
saque la plaza. Lo cierto es que, aunque entendemos que hay una voluntad de dotar de seguridad laboral a los trabajadores del centro educativo, es necesario reflexionar sobre cómo se explica esta situación a una persona que lleva equis años
opositando para obtener una plaza, o sufriendo una enorme inestabilidad laboral en el sistema educativo como interino.
Ciudadanos se preocupa por los problemas de la educación de verdad, lo que importa a las familias. Es importante que se pueda ofrecer una equidad educativa tanto en la escuela pública como en la escuela concertada, pero para ello tenemos
que partir de una igualdad de condiciones. Llevamos mucho tiempo reclamando la necesidad de actualizar los módulos de concierto para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada por centros públicos. Según los últimos
datos de los que disponemos, el 25 % del alumnado que cursa enseñanzas no universitarias se encuentra matriculado en centros concertados. Sin embargo, el coste de un alumno en la escuela concertada para la propia Administración es la mitad de lo
que cuesta para un alumno de la escuela pública. Por lo tanto, aquí hay unas condiciones de desigualdad claras. Esto quiere decir que de los 6000 euros que cuesta una plaza escolar pública, el Estado solo financia 3000 euros para la plaza
concertada. La Administración debe garantizar a todos los alumnos un puesto escolar gratuito y financiado de manera igualitaria, y esto no sucede con la educación concertada. Esa infrafinanciación de los centros concertados lleva años generando
una situación defectuosa y perversa. ¿Qué es lo que acaba sucediendo? Pues que son las familias las que tienen que estar asumiendo un gasto que no deberían asumir, porque la escuela concertada debería ser también gratuita. Pero si realmente lo
que sucede es que se le pone la soga al cuello y no pueden pagar el personal porque no se le dan los recursos necesarios, tampoco pueden asumir sus gastos de mantenimiento en el tema de las infraestructuras porque tampoco tienen los ingresos
necesarios, al final se está colocando en una posición de desventaja económica que creemos que se tiene que corregir. Además de ello, como muchas veces se dice, aquellas familias que se encuentran en situación más vulnerable, si tienen que pagar
cuotas en la escuela concertada -porque es la Administración General la que no está cubriendo esas cuotas a la propia escuela concertada-, lo que está provocando es que menos niños en situación económica vulnerable puedan acceder a la propia escuela
concertada.
Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cuáles son los puntos de partida y también tenemos que reflexionar sobre las consecuencias que el cambio demográfico va a tener en nuestro país. Más que en cómo quiere Podemos acabar con la libertad
de elección de centro por parte de las familias, hay que pensar en que si se van perder 800 000 estudiantes entre los 3 y 15 años en los próximos años, será necesario replantearnos qué vamos a hacer con las infraestructuras que tenemos. La
reducción del alumnado puede ser una oportunidad para establecer incentivos económicos al profesorado para favorecer su formación continua, mejorar en los sistemas de becas y ayudas al estudio o mayor inversión en los servicios complementarios al
educativo, como los comedores escolares gratuitos, las tutorías individualizadas u otras extraescolares asociadas a los objetivos del sistema educativo.
Por todo lo expuesto, creemos que lo que se debe hacer es garantizar en igualdad de oportunidades las dos líneas de educación pública, tanto la escuela pública como la escuela concertada. Consideramos que ello no debe hacerse a costa de la
desaparición, de poner la soga al cuello económicamente a la escuela concertada. Por ello, no vamos a apoyar esta iniciativa.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Vamos a votar a favor de esta ley, a pesar de que una vez más caemos en el mismo error de la recentralización de la invasión competencial, y a pesar de que mucho tememos que estemos también otra vez más delante de fuegos de artificio.
Porque si de lo que se trata es de garantizar realmente la escuela pública, hubo una oportunidad magnífica con la LOMLOE -y ustedes son parte del Gobierno- para conseguirlo, con una ley de carácter orgánico que asegurase la escuela pública, que
estableciese de forma también muy clara la concertada como complementaria o subsidiaria de esta, y con una perspectiva de progresiva transformación, como está haciendo, por ejemplo -con todos los problemas que ello suponga-, el Gobierno portugués,
reduciendo los recursos que destina a la escuela concertada y aumentando progresivamente con ese recurso la oferta pública y, por lo tanto, en la línea de que llegue a haber una única red de escuela pública, que es lo que defendemos en el Bloque
Nacionalista Galego.
No creo que estemos vulnerando la libertad de elección de nadie. Decía el señor García Adanero o la portavoz de Ciudadanos: ¿qué problema hay en elegir? Mire, con su dinero elija lo que usted quiera, con el mío, no; con el nuestro, no.
Con el nuestro se debe fortalecer la escuela pública y una red pública de enseñanza, que es la que realmente garantiza la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Quien quiere ir a otra escuela diferente que vaya a la escuela privada,
pero los recursos públicos deben ser para la escuela pública.
Por último, solo quiero hacer una reflexión. No sé si este es el procedimiento más adecuado. Ustedes ponen el caso de Cataluña y hablan de cooperativas, pero en el caso de Galiza esto es probablemente más complejo, ya que estamos hablando
fundamentalmente de escuelas católicas, de escuelas religiosas y doctrinales.
La señora PRESIDENTA: Señor Rego, tiene usted que terminar, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: Finalizo.
Tengo dudas de que este fuese un procedimiento que realmente funcionase. Pero, como decía, creo que la LOMLOE era el momento adecuado para hacerlo.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.
La propuesta de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común a nosotros nos parece un muy buen punto de partida para iniciar un debate -no terminarlo- largamente aplazado sobre el sistema educativo. Por primera vez, en mi criterio, pone un
marco diferente y positivo, por cierto, a este debate. Desde que en los años ochenta se estabilizara el sistema de conciertos tendremos que reconocer, señorías, que el sistema de conciertos no es en absoluto uniforme. No lo es y, por tanto, no
podemos seguir haciendo un debate del siglo XX en el siglo XXI sobre un modelo que ha cambiado sustancialmente. Hay modelos de cooperativa, hay proyectos educativos pequeños y grandes proyectos y, finalmente, en este momento hay proyectos de
inversión que buscan desplegar la educación como negocio en nuestro país. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Por eso es oportuna la proposición, porque eso opera en contra de pequeños proyectos, de proyectos
de cooperativas, etcétera. Es eso lo que está tensionando los diferentes proyectos educativos. Por eso, la proposición de ley que hoy se nos plantea, según nuestro criterio, cumple dos objetivos. En primer lugar, ayudar, incentivar, salvar o
apoyar proyectos educativos que son muy importantes para nuestros respectivos territorios y están ahogados y asfixiados; y, en segundo lugar, avanzar y reforzar el sistema público, haciendo de los dos modelos un sistema asimilable.
Como digo, es un punto de partida. Habría que trabajar luego en muchos aspectos sobre el profesorado y otros aspectos como los que acabo de citar, pero nos parece que es momento de hacer un debate distinto sobre los modelos educativos y las
garantías de equidad e igualdad en la educación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Bon dia.
Parece que hay una competición entre los partidos del Gobierno por ver quién defiende más la escuela pública. La semana pasada nos presentaron una PNL para promoverla, pero sin hablar de presupuesto, lo cual hace inviable lo que se pedía.
Ahora vemos una propuesta legislativa para que las concertadas se integren en la red pública, pero aquí el problema, entre otros, también está en la financiación.
Creo que no voy a decir nada nuevo en mi exposición que no se haya dicho ya por parte de distintos portavoces. Les comento varios aspectos. Esta proposición de ley supone una invasión competencial -se ha dicho ya-, a diferencia de lo que
usted opina, señor Mena. ¿Por qué es necesario un convenio en el que participe el ministerio si las comunidades autónomas tienen la competencia exclusiva? Lo dice su propuesta. Señorías de Unidas Podemos, parece que lo que ustedes quieren es
renacionalizar por la puerta de atrás. Mencionan una ley del Parlament de Catalunya y hay también un decreto ley que usted ha mencionado, señor Mena, pero lo que pasa es que Cataluña ya ha legislado y no necesitamos que España nos legisle en temas
en los que tenemos competencia exclusiva. Tanto la legislación como la jurisprudencia española hablan de régimen de complementariedad, no de subsidiariedad, entre los centros educativos sostenidos con fondos públicos, que pueden ser de titularidad
pública o concertados; ni la legislación ni la jurisprudencia hablan de una red pública única de la que la otra sea subsidiaria. Lo que establece la legislación es la obligación de garantizar una educación gratuita, respetando el pluralismo
educativo y la equidad, compatible con la libertad para crear modelos educativos propios y respondiendo a una función social. Quizás ustedes me dirán que todo esto no lo discuten. Es cierto que no lo hacen directamente, pero sí que lo están
haciendo indirectamente.
Vuelvo al inicio, a la financiación. Para poder desarrollar un proyecto educativo se precisa financiación y, actualmente, los centros concertados no reciben la financiación adecuada por parte del cupo que debe dar el Gobierno. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia). Debido a esta infrafinanciación, algunos centros concertados se han visto abocados a integrarse en la red de centros de titularidad pública, no por su voluntad, sino por obligación indirecta; y esto implica la
creación de un único modelo. La financiación debería responder al espíritu y a la esencia de la norma y permitir un sistema educativo plural y equitativo. La solución para los centros concertados no debería ser verse obligados a perder su
singularidad; lo que necesitan es que el módulo de concierto que fija el Gobierno aumente y ello les permitirá asumir sus gastos. Esta debería ser la solución que tendrían ustedes que aportar. La legislación establece la gratuidad de las escuelas
sostenidas con fondos públicos, y ello incluye a las de titularidad pública y a las concertadas. Cúmplanla y doten de recursos a todas. No obvien el problema de fondo y que, por obviarlo, la solución que ustedes propongan sea la unificación.
Señorías, según el informe de la Unesco de 2015, las miradas diversas en el sistema educativo son un valor a preservar. En lugar de intentar una única visión, fomenten lo existente que ya funciona.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Illamola.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bassa Coll.
La señora BASSA COLL: Gracias, presidenta.
El dinero público para la escuela pública, el dinero privado para la escuela privada. En Esquerra Republicana de Catalunya queremos y apostamos por una escuela pública en català y de calidad. No existe educación de calidad sin más recursos
para la escuela pública y no existen recursos suficientes en las comunidades autónomas si no se producen más transferencias desde Madrid. Por ello, Esquerra Republicana de Catalunya apoyará esta iniciativa, siempre que se garantice de forma más
detallada y concreta la financiación adecuada por parte del Gobierno de Unidas Podemos y PSOE y, sobre todo, si se respetan nuestras competencias.
Por lo que se refiere al contenido de la propuesta, lo compartimos totalmente y nos alegramos de que ya en la exposición de motivos indiquen que siguen los pasos que empezó el Departament d'Educació de Catalunya hace unos pocos años. Y es
que el Govern de la Generalitat ya aprobó un decreto ley que, respondiendo al artículo 45.3 de la ley, ayuda a dar respuesta tanto a las peticiones de entes locales de ser integrados en la red pública como también a las situaciones de cara al futuro
de algunos centros privados para ser integrados. Así daremos estabilidad al personal de los centros, manteniendo sus plantillas y también sus condiciones laborales. Con el decreto ley disponemos claramente de un instrumento que ayuda a combatir la
segregación escolar y a fortalecer el Servei d'Educació de Catalunya, permitiendo, en consecuencia, cubrir las necesidades de escolarización de cara a los próximos cursos.
Consideramos que la evolución estructural de nuestro sistema educativo pide que nos parezcamos más a los modelos europeos, donde los fondos públicos son para la escuela pública, como debe ser. Actualmente, hay una evidente variabilidad de
la tendencia de matriculación en Educación Infantil por lo que hace referencia a los porcentajes entre escuela pública y escuela concertada. En Cataluña, por ejemplo, existe un aumento notable -muy notable- de la demanda de plazas públicas,
especialmente en Infantil y Primaria pero también en Secundaria. Esta tendencia creciente a escolarizar a los hijos preferentemente en los centros públicos, sobre todo después de la pandemia, unida al impacto que sobre estos mismos centros ha
tenido la absorción de la población en edad de escolarización obligatoria asociada a movimientos migratorios y a la movilidad de sus familias, ha ocasionado indirectamente el cese de actividades de diversos centros educativos privados concertados,
fruto de la baja demanda y de la imposibilidad de seguir ofreciendo un proyecto motivador para las familias. No obstante, cualquier cese va acompañado de un importante impacto social y económico sobre el barrio o ciudad donde están ubicados.
Por ello, consideramos que es nuestra responsabilidad legislar con el fin de facilitar y asegurar la programación de la oferta educativa, estableciendo con carácter territorial -y, evidentemente, respetando nuestras competencias- las
necesidades de escolarización, y hacerlo a medio y largo plazo. Solo así garantizaremos el derecho de todos a una educación de calidad y velaremos por los derechos individuales del alumnado y de sus madres, padres o tutores, asegurando además una
equilibrada escolarización de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que propicie la cohesión social.
Finalmente, debemos recordar una vez más que los datos de PISA son contundentes. Las escuelas concertadas y privadas en España lo único que hacen es seleccionar socialmente a su alumnado, pero no consiguen que obtenga mejores resultados que
el alumnado de la pública. En consecuencia, la conclusión es clara: más pública y más recursos. Más pública y más recursos, porque apostamos por una escuela de calidad, insertada en el entorno, equitativa, inclusiva, laica, democrática y, sobre
todo, asequible.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bassa.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Trías Gil. (Aplausos).
La señora TRÍAS GIL: Buenas tardes, señorías.
Una escuela única, pública y laica. Ese es el sueño de Podemos que cristaliza en lo que hoy nos propone, que es básicamente quedarse con los centros concertados que van mal y que nadie quiere, ya sea porque han perdido el espíritu del
ideario que los animaba, ya sea porque están al borde de la quiebra económica, y así aparecer como su salvador. Por cierto, señores de Podemos, esos centros también son públicos, solo que, además de públicos, son libres. (Aplausos). Es decir,
todo muy alejado de una propuesta seria para mejorar la educación pública en España, sin objetivos, sin proyecto, sin adecuación a los tiempos que vivimos, con cuatro máximas y hacia adelante.
Según datos del Ministerio de Educación, la educación pública es la que pierde más estudiantes en los últimos años respecto de la privada y la concertada. Pero ya sabemos que los comunistas, como los fascistas, saben que la manera de
hacerse con una nación es adueñándose, en primer lugar, del sistema educativo, aunque eso salga caro -como es el caso-, pues cada colegio que pasa al Estado le cuesta el doble a la Administración que si es administrado por la concertada.
(Aplausos).
Ahora la situación es más grave. Además de la educación comunista que fomenta la instrucción única en determinadas ideologías tóxicas, envenenadas de odio, que llevan a la miseria moral y económica y que inhabilitan a los jóvenes para
desarrollar un pensamiento propio, ahora tenemos el añadido del ataque furibundo a los niños a través de una educación afectivo-sexual de ideología de género que va a dejar generaciones de niños no solo incapaces para el amor de largo alcance -el
que se basa en la entrega, el sacrificio, la generosidad, la donación desinteresada de sí y cuyo más bello fruto son los hijos-, sino que los va a dejar absolutamente confusos acerca de su identidad sexual, que es uno de los mimbres desde donde se
conforma la identidad personal.
Esta proposición de ley está llena de mentiras. Una de ellas es que afirma basarse en la Constitución española. En la exposición de motivos confunden educación pública con educación, poniendo añadidos libremente al texto constitucional,
cuyo artículo 27.4 dice sencillamente que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Lo que pasa es que, una vez más, Podemos confunde gratuidad con lo estatal y con lo público, pero de nuevo estamos aquí para recordarle que la gratuidad se
puede conseguir de muchos modos. En el ámbito educativo, uno de ellos es la escuela concertada; otro es el cheque escolar, que funciona en muchos países de Europa y se abre paso rápidamente en Estados Unidos.
Señorías de Podemos, para legislar acorde con la Constitución hay que leer e interpretar el artículo 27 enterito, sin contravenir ninguno de los apartados que lo componen. En particular, no hay que perder de vista el artículo 27.3, que
habla del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones. (Aplausos). Ojalá esto lo garantizase la escuela pública. Todos firmaríamos por llevar a nuestros hijos a la escuela que está al lado de casa, a una escuela
donde nuestros hijos aprendieran lo que hay que aprender en la escuela: a leer, a escribir y a pensar a través de lo que sus profesores les enseñasen en las distintas asignaturas. Sin embargo, la realidad es que muchas familias están haciendo un
gran esfuerzo por llevar a sus hijos a otros centros escolares que respondan a los valores y principios con los que quieren educarlos, y en las zonas más humildes es donde más demanda hay. Muchas de estas escuelas concertadas son un auténtico oasis
en barrios donde la vida para los niños y los jóvenes es muy difícil. (Aplausos).
Con esta proposición de ley, a sabiendas de la difícil situación que atraviesa la escuela concertada, Podemos quiere dar toda clase de facilidades para que renuncien a sus proyectos educativos y apropiarse rápidamente de esas escuelas en
crisis. Pero veamos qué dicen las partes implicadas, los representantes de la escuela concertada. Yo espero que no pase a ser pública ninguna escuela concertada, dice Meritxell Ruiz, secretaria general de Escola Cristiana de Catalunya. Luis
Centeno, secretario general de Escuelas Católicas, que aglutina 2000 centros y 1 200 000 alumnos, dice: Unidas Podemos no cesa en su acoso a la concertada. La LOMLOE se les queda corta y quieren aprovechar el último año de gobierno para alentar el
enfrentamiento pública-concertada; un drama para nuestro sistema educativo. A Alfonso Aguiló, presidente de CECE, el texto de Podemos le recuerda a los planes de nacionalización que han sido tan habituales en los regímenes autoritarios: En vez de
financiar la concertada, prefieren asfixiarla y luego absorberla a precio de saldo. A base de dinero público, dice, quieren reducir la pluralidad en la escuela y eso, además de injusto, es un retroceso en derechos. A tenor de estas declaraciones,
queda claro que esta proposición de ley no parte en absoluto del consenso social, ya que ni siquiera han hablado con la parte afectada, que es la que supuestamente querría integrarse 'voluntariamente' -¡qué eufemismo tan perverso!- en la red
pública. De hecho, hay instituciones llevadas por familias, profesionales u otras congregaciones religiosas que pueden asumir colegios y también algunos obispados estarían dispuestos a través de las escuelas diocesanas. Solo hay que descolgar el
teléfono y, si las administraciones educativas quieren hacer algo, ofrecer ayuda para que estas otras opciones puedan ser viables.
Con esta medida no se va a lograr en absoluto una sociedad más libre, tolerante y cohesionada, como dicen en el texto de la proposición de ley, sino más enfrentamientos sociales, y dudo que ni siquiera el Grupo Socialista vote a favor. En
VOX, lo que nos duele es que precisamente sean los españoles más humildes y los más sencillos los más perjudicados por iniciativas como este. Nuestro sueño es una escuela pública de calidad desprovista de toda ideologización, con maestros y
profesores con vocación, ocupados en transmitir conocimiento para hacer más libres a sus alumnos y que procuren que la educación que reciben sea de veras un ascensor social. Profesores que transmitan pasión y amor por el conocimiento y por la
verdad, la base sobre la que los alumnos puedan construir su libertad y hacer próspera a su nación. Ojalá tuviéramos una escuela pública donde las familias vulnerables no tuvieran que renunciar a educar a sus hijos en sus creencias más íntimas;
una escuela pública donde se enseñara matemáticas y no ecofeminismo...;
La señora PRESIDENTA: Señora Trías, tiene usted que terminar.
La señora TRÍAS GIL: Ya estoy acabando.
... una escuela pública que fuera ascensor social y fuente de oportunidades y no de asambleas y charlas de sexualidad 'de-generada'; una escuela pública en la que las familias más modestas no tuvieran que dejar a sus hijos preocupados por
si van a tener profesores o activistas. Ojalá tuviéramos una escuela pública creadora de hombres y mujeres libres.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Trías.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Jiménez Linuesa.
La señora JIMÉNEZ LINUESA: Gracias, presidenta.
Señor Mena, abandone ya ese discurso que tienen Unidas Podemos y el PSOE, porque no son más que las dos caras de una misma moneda en cuanto a la educación pública. Ustedes dejaron de defender
la educación pública y a los estudiantes de la pública en el momento en el que aprobaron la LOMLOE y sus reales decretos, que lo único que hacen es eliminar contenidos curriculares esenciales para la formación de nuestros alumnos y poner en
su lugar su ideología. Lo único que consiguen es que nuestros alumnos no estén formados para poder enfrentarse a un mundo globalizado, así que no vengan presumiendo de defensores de la educación pública. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!-Aplausos).
Además, hoy nos han presentado su intención de aprobar una ley para que los centros privados -de forma voluntaria, dicen- puedan adherirse a la red pública. Pero esto de 'de forma voluntaria' lo tendrán que decir entre comillas, porque,
cuando a uno no le dan otra opción, la decisión ya deja de ser voluntaria. Si algo hemos aprendido en estos años es que ni ustedes ni el Gobierno son de fiar; por eso, sabemos que las intenciones que ustedes tienen con esta proposición no son las
que dicen tener. Además, han dicho en numerosas ocasiones que ustedes buscan un sistema educativo español exclusivamente público, con la vulneración de derechos que ello conlleva.
Empezaremos primero por la Constitución española, por esa Constitución que ustedes desprecian constantemente y que establece que la enseñanza básica debe ser obligatoria y gratuita. Señala, además, que corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Pero también podemos mirar la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, que nos habla de la regulación del derecho a la
educación y que define el sistema educativo español como de carácter mixto o dual, de redes complementarias, para que así se facilite el ejercicio del derecho de las familias a elegir en libertad el centro y el modelo educativo que quieren para sus
hijos. Para ello, se instauró la figura del concierto educativo mediante la financiación con fondos públicos de los centros privados que reúnen los requisitos que marca esta ley, para que las familias puedan optar así no solo a la oferta pública,
sino también a la oferta de diferentes iniciativas sociales que promueven los poderes públicos. También podemos hacer referencia a que en 2018 se desestimó el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Grupo Parlamentario Socialista a la
LOMCE; se desestimó, entre otras cosas, porque se entendía que para garantizar la gratuidad de la educación, para que quede garantizada constitucionalmente, no puede referirse exclusivamente a la escuela pública. No puede negarse la gratuidad de
los centros privados porque se vulnerarían dos derechos: primero, el de los padres a elegir el centro educativo y, segundo, el derecho de creación de centros docentes que viene consagrado en el artículo 27.6 de la Constitución española.
Con todo ello, queda claro que el sistema educativo español es mixto, y así lo hemos entendido siempre en el Grupo Parlamentario Popular. El Partido Popular ya recurrió ante el Tribunal Constitucional la LOMLOE en defensa de la libertad
educativa, impugnando preceptos que atacan directamente a la educación concertada; porque ataca frontalmente al sostenimiento económico de los colegios concertados, entre otras cosas, mediante la prohibición de las aportaciones por diversas
actividades, así como mediante la exclusión de la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años, limitando la financiación únicamente a las plazas públicas.
De lo que debería ocuparse esta proposición de ley es de que el importe de los módulos de concierto asegure que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad, garantizando una financiación justa y necesaria para hacer frente a los
retos educativos. Al final, su objetivo no es otro que asfixiar a la escuela concertada para convertirla en subsidiaria y prescindible, y abocarla así a su desaparición. En su texto dicen que se va a destinar dinero del ministerio para abrir
líneas de ayudas económicas para aquellos ayuntamientos y para aquellos gobiernos autonómicos que no puedan hacerse cargo de los centros que soliciten la integración. ¿No sería mejor destinar ese dinero a que los centros concertados no se vieran
obligados a cerrar y destinar ese dinero a la mejora de los centros educativos ya existentes? Porque su intención no es otra que aprovechar la recién aprobada LOMLOE para ponerla en marcha en su versión más radical en el mayor número de colegios
posibles y convertir la educación en el instrumento para poder inculcar su ideología desde los más pequeños y, además, hacer desaparecer los colegios que se adhieren a esta red -mayoritariamente católicos- y que cada vez haya menos oferta en valores
religiosos. Quiero decirle al señor Rego que no solo las familias de alto poder adquisitivo llevan a sus hijos a los colegios concertados. ¿Qué pasa si una familia vulnerable y de recursos limitados quiere que sus hijos reciban una educación
religiosa? ¿Ustedes les van a negar ese derecho que tienen por ser una familia vulnerable? Me parecería muy grave, la verdad. (Aplausos). Perdónenme que les diga que en eso el Partido Popular nunca va a estar, nunca nos van a encontrar. El
Partido Popular es un partido al que le gusta la libertad en su más amplio sentido.
Estudiando minuciosamente el texto que nos han presentado, se atisba además la necesidad de que clarifiquen qué va a pasar con los docentes. Mucho hablan ustedes de garantías laborales, pero ¿qué va a pasar con los docentes que trabajan en
esos centros? Leo, porque ustedes se contradicen. Por un lado, les van a hacer presentarse a los procesos selectivos en un máximo de cinco años, porque así dicen que se van a adecuar a la normativa laboral. ¿Qué va a pasar si esas personas no
aprueban el proceso selectivo? ¿Qué va a pasar con ese personal? ¿Lo van a mantener en los centros? ¿Las personas que son funcionarios de carrera van a poder optar a esas plazas o van a tener que esperar a que el personal de esos centros se
jubile? Ustedes, como siempre que meten la mano en el funcionariado y en el personal docente, montan un caos y una incertidumbre increíble; y, si no, que les pregunten por los procesos de estabilización docente o también les pueden preguntar por
lo que ha pasado cuando han querido equiparar algunos cuerpos docentes. Lo único que pasa es que ustedes lían y montan caos absolutamente con todo. (Aplausos).
Además, sabemos que la izquierda lo único que pretende es mantener al margen a las familias de todo esto. No aparece ni una vez la palabra 'padres' en su texto, ni una vez. Los padres y las familias quedan al margen de este proceso de
integración de los centros. Su juego político es el de dividir: nos quieren dividir a hombres y a mujeres, a funcionarios interinos y a funcionarios de carrera, a las escuelas públicas y a las escuelas concertadas y privadas. A ustedes lo único
que les interesa es que estemos enfrentados para que nuestra sociedad sea una sociedad débil y así puedan meterse en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de tomar decisiones. (Aplausos). No hace falta que ustedes nos digan qué pretenden
hacer con esta proposición de ley, porque ya lo sabemos. Lo único que quieren es que la escuela concertada desaparezca.
La señora PRESIDENTA: Señora Jiménez, tiene usted que terminar, por favor.
La señora JIMÉNEZ LINUESA: Termino ya, presidenta.
Como no esperamos nada de ustedes ni tampoco esperamos nada del Partido Socialista, lo único que esperamos es que los españoles les pongan en su lugar, que es fuera del Gobierno y fuera de las instituciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jiménez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Alonso Suárez.
La señora ALONSO SUÁREZ: Grazas, presidenta. Boas tardes, señorías.
Nuestro querido compañero Alfredo Pérez Rubalcaba decía que el mayor honor que puede tener un político es ser diputado, que no había otro puesto más relevante ni más importante ni más gratificante. Yo lo reafirmo: es un honor ser diputada
del PSOE. (Aplausos). Porque no somos solo estos ciento veinte diputados, somos todos y todas las socialistas que desde hace 143 años trabajamos defendiendo la escuela pública. Siempre hemos sido valientes para defenderla, señor Mena, y creemos
que la escuela pública tiene que llegar a todas partes para generar oportunidades, para garantizar una enseñanza igualitaria de calidad y con carácter vertebrador, como nos recordaba la semana pasada nuestra compañera Luz Martínez Seijo. (Continúa
su intervención en gallego). Para nada. Los y las socialistas asentaron los pilares de la escuela pública, pilares muy sólidos, que los Gobiernos del PP van demoliendo allí donde gobiernan (aplausos), quitando profesores, ayudas, becas y programas
y rebajando los presupuestos de la educación pública. ¡Pero aquí volvemos a estar! Con Rajoy hubo un recorte de 9200 millones de euros en educación, lo que supuso cercenar la igualdad de oportunidades para mucho alumnado de nuestro país. El
Gobierno de Pedro Sánchez amplia el derecho a una educación de calidad para todos y todas, este año con una inversión de 6036 millones de euros, casi tres veces más que el último presupuesto del PP. Con el PP, recortes y con el PSOE, inversiones.
(Aplausos).
Con la LOMLOE se ha comenzado una nueva etapa para recuperar el carácter vertebrador de la educación en España, para lograr un modelo educativo inclusivo y para reforzar la equidad y mirar hacia el futuro. ¡Equidad! Gracias, señor
presidente, por ese récord histórico en inversión en becas: 2134 millones. ¡Son muchas oportunidades!
Nuestra política sale de la cabeza, pero pasa por el corazón. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez apuesta por una red educativa clave para el desarrollo afectivo, físico, social e intelectual y supone, sobre todo, evitar las primeras
barreras que pueden lastrar el desarrollo de nuestras niñas y nuestros niños.
Si queremos mejorar la educación y si queremos mejorar nuestro sistema educativo público, tenemos que trabajar todos juntos, pero es verdad, señor Mena, que lo que ustedes proponen ya se lo han dicho y es que invade las competencias que
corresponden a las comunidades autónomas. También es verdad que le han dicho que la normativa vigente ha permitido que una comunidad autónoma ponga en marcha este recurso cuando lo considere y que no hay obstáculo para que otras comunidades lo
hagan. Y, solo por ponerlo de manifiesto, ustedes han hecho referencia al Decreto Ley 10/2019 de Cataluña, pero tengo que recordarle que desde entonces solo 20 centros, del total de los 1300 concertados que hay en Cataluña, se han acogido a este
procedimiento.
En su proposición plantean la posibilidad de la adquisición o arrendamiento de otros inmuebles educativos, pero yo les voy a contar aquí la realidad que conozco muy bien. En 2009 había 1220 centros públicos en Galicia y hace dos años la
cifra era de 1082, según datos del Instituto Galego de Estadística. ¡Hay 138 centros públicos cerrados! (Aplausos). ¿Y saben quién ha gobernado durante todos esos años? Alberto Núñez Feijóo. (Rumores). Feijóo ha cerrado más de uno de cada diez
colegios públicos en Galicia. No es que no hayan rescatado lo público, es que lo quieren finiquitar, señor Rego.
También ustedes hablan de la incorporación del profesorado a la red pública. Soy maestra de la escuela pública y todas y todos los profesionales, grandísimos profesionales, acceden a la función pública a través de un concurso oposición y
sobre la base de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Por tanto, señor Mena, no parece viable (el señor Mena Arca hace gestos negativos) su propuesta en el marco de la normativa laboral y de empleo público vigente, ya que
podría vulnerar esos principios constitucionales.
Además, les seguiré hablando de la realidad de mi comunidad. En los presupuestos de 2022 -usted lo dijo- se eliminaron a 868 profesores de la enseñanza pública gallega. ¿Quién ha elaborado esos presupuestos? Alberto Núñez Feijóo.
(Rumores). Durante los años de Gobierno de Feijóo, el presupuesto de educación se ha reducido en 113 millones de euros. En julio del año pasado, el Diario Oficial de Galicia publicó el cierre de dos colegios públicos y pocas semanas después, en
agosto, anunció la supresión de 127 aulas de la oferta pública. Esto ha representado alrededor de 150 profesores menos que en el ejercicio anterior. (Continúa su intervención en gallego.-Rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!
La señora ALONSO SUÁREZ: No puedo terminar mi intervención sin referirme a ustedes, señorías de VOX. Tengo que confesarles que, como maestra de la escuela pública, sí he adoctrinado ideológicamente a mi alumnado y sí he dicho a mis alumnas
que pueden ser lo que ellas quieran, que se animen a soñar y a ocupar espacios y que pueden ser soldadoras, científicas, programadoras o capitanas de barco. (Aplausos). He adoctrinado a mi alumnado al decirle que todos y todas vamos a progresar,
aquellos con altas capacidades, aquellos con capacidades diferentes y que necesitan ayuda extra y aquellos que han nacido en otros países y que están aprendiendo nuestros dos idiomas oficiales. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señora Alonso, tiene usted que terminar, por favor.
La señora ALONSO SUÁREZ: Termino. Pero todavía voy más allá en ideología y les digo que lo primero es el respeto a los demás, a las normas de educación, no reírse de los otros y no insultar. Eso es lo que yo he transmitido. Es una pena
que ustedes no hayan tenido maestros y maestras que les hayan adoctrinado de esta forma, aunque yo creo que nunca es tarde para aprender. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, algunos de ellos puestos
en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Alonso.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA DESTITUCIÓN DE LA DIRECTORA DEL CNI Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 162/001037).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.
Comenzamos con la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la destitución de la directora del CNI y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Gobierno.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Tarno Blanco.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Señora Alonso, cuando el Gobierno hace oposición al líder de la oposición es que le queda poco al Gobierno. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El Grupo Parlamentario Popular con esta proposición no de ley pretende conocer los verdaderos motivos para la destitución de doña Paz Esteban por parte del Gobierno como directora del CNI.
El 18 de abril, la revista The New Yorker revela unas supuestas escuchas a responsables públicos catalanes, involucrados en el ilegal referéndum de octubre de 2017 y ese día diversos miembros del Gobierno niegan la ilegalidad de dichas
escuchas. El 27 de abril, la ministra Robles en este hemiciclo preguntó: ¿qué tiene que hacer el Estado cuando alguien vulnera la Constitución? ¿Qué tiene que hacer cuando se mantienen relaciones secretas con un país que actualmente está
invadiendo Ucrania? ¿Qué tiene que hacer cuando alguien declara la independencia? Hasta ese día, el Gobierno y la señora Robles defendían el eficaz trabajo de nuestros servicios de inteligencia y no podía ser de otra manera. El 2 de mayo, en una
sorprendente comunicación, el Gobierno informó de que los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa sufrieron un ciberataque. Más tarde conocimos que fueron atacados los móviles de la ministra de Asuntos Exteriores y del
ministro del Interior. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor TARNO BLANCO: El 4 de mayo, la señora Robles en la Comisión de Defensa dijo que era una frivolidad acusar sin ningún tipo de pruebas a los servicios secretos que no pueden defenderse. El 5 de mayo, la directora del CNI compareció
en la Comisión de Secretos Oficiales y probó que todas las actuaciones realizadas se ajustaban a la legalidad vigente. El 9 de mayo, el señor Sicilia, portavoz del PSOE, reconoció que no existía ni una sola razón para que la directora del CNI no
estuviese en su puesto. El 10 de mayo la señora Robles cesa a doña Paz Esteban. Y nosotros nos preguntamos, si todo ha sido legal: ¿por qué el cese? El 18 de mayo el defensor del pueblo dijo taxativamente que el CNI actuó con respecto a lo
dispuesto en el artículo 18.3 de la Constitución española y el artículo12 de la Ley 11/2020, del Centro Nacional de Inteligencia, y que, además, los autos autorizando las escuchas del magistrado del Tribunal Supremo estaban más que extensamente
motivados. Es decir, que todas las actuaciones de la señora Esteban y del CNI eran absolutamente legales. Vuelvo a insistir: ¿por qué entonces la cesaron? ¿Acaso ustedes pretenden cubrir los graves errores de otros con este cese? Quizás
pretenden esconder a los verdaderos responsables de la brecha de seguridad que ha supuesto el espionaje del móvil del presidente del Gobierno y de varios ministros.
Es difícil poner en palabras la gravísima brecha de seguridad nacional que esta intrusión supone, pero voy a poner algunos ejemplos para que los ciudadanos lo puedan entender. Los agresores han tenido acceso a las fotos del presidente, a
los informes médicos, a sus cuentas bancarias y a sus mensajes. ¡Es un escándalo! Estas palabras no son de ningún conspiranoico -ni siquiera son mías-, son del señor Echenique en esta sede parlamentaria, su socio en el Gobierno. ¿Qué había en el
móvil del presidente? ¿Y de sus familiares? ¿Y de los ministros? ¿Qué ocultan? ¿A quién temen? ¿Lo sabremos algún día? Señorías, ¿por qué si, según el señor Sánchez, hubo un fallo claro de seguridad, los responsables de su seguridad, es decir,
el director del Gabinete de la Presidencia y el secretario general de la Presidencia, no han sido cesados? ¿Por qué siguen en sus puestos? ¿Por qué se cesa a una responsable pública con cuarenta años de experiencia sin ningún motivo claro, más
allá de aparentemente contentar a los grupos nacionalistas que apoyan al Gobierno?
Según la RAE, felonía significa deslealtad y traición. La señora Robles se ha comportado con la señora Esteban y con los miembros del CNI como un felón, los ha traicionado y ha sido desleal con ellos, y su firma en el real decreto de cese
es la mejor prueba de ello. No hay un acto más infame que castigar a sabiendas a un inocente. ¿Hay mayor vileza que calificar como sustitución un cese en toda regla? ¿Qué pensarán los miembros de nuestras fuerzas armadas de alguien que no es
capaz de asumir las consecuencias de sus actos? ¿De verdad creen ustedes que se pueden fiar de un gobierno que les miente? ¿Cesar a los funcionarios que cumplen sus obligaciones es lo que entiende la señora Robles como defensa de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado? La señora Robles presume permanentemente de sus ininterrumpidos servicios al Estado, pero el cese de la señora Esteban sin ninguna justificación aparente, excepto para salvar su pellejo, la perseguirá como una lacra
de por vida. (Aplausos). Los magistrados imparten justicia y a la señora Robles se le ha olvidado lo que esta palabra significa.
Los españoles necesitamos y debemos saber la verdad del cese de la directora del CNI, el porqué, quién ha presionado para ello, si ha habido injerencias exteriores para este cese, de quién han sido esas injerencias y si se ha visto afectada
la operatividad de nuestros servicios secretos durante estos meses.
Señorías, a este asunto le queda cuerda para rato. El nombramiento de una directora claramente filosocialista en el Centro Nacional de Inteligencia y los cambios de criterio en las estrategias de inteligencia o las próximas declaraciones
judiciales del ministro Bolaños -que no ha tenido el valor de ir a declarar y lo hará por escrito- seguirán dando que hablar y mucho.
Señorías, asistimos a una preocupante escalada en el asalto a las instituciones por parte del Partido Socialista, síntoma evidente de un gobierno en absoluta descomposición. Señorías, sin transparencia se debilita la democracia y por eso es
importante que conozcamos las verdaderas razones por las que el Gobierno cesó a doña Paz Esteban.
Gracias. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Tarno.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
En nuestro grupo hemos calificado en diferentes ocasiones a este Gobierno como un gobierno autocrático, totalitario, déspota, manipulador e ilegítimo y muchas son las razones y muchos son los asuntos diferentes. Hemos dicho de él que es un
gobierno que promueve la inconstitucionalidad, como quedó demostrado en los estados de alarma. También que es un gobierno que promueve el odio contra todo el que no está de acuerdo con él, especialmente contra los miembros de VOX, y un gobierno que
practica y promueve el sectarismo, por ejemplo, con sus leyes de ideología de género y de desmemoria histórica y, cómo no, con el fanatismo climático. VOX tenía razón cuando calificaba así al Gobierno y VOX tiene razón cuando dice que en política
de ceses, igualmente de altos cargos, lo que es norma de este Gobierno es la arbitrariedad, el capricho, las acciones o decisiones partidistas y, cómo no, actuar al dictado de lo que le dicen sus socios separatistas o los movimientos y los lobbies
feminazis (rumores) o las presiones exteriores chavistas. (Aplausos).
Hablamos hoy de las purgas de Sánchez -he dicho purgas, alguno habrá oído pulgas y se pondrá nervioso- y de las purgas de un gobierno contra dos tipos de personas. ¡La lista sería interminable! Podríamos hablar, en primer lugar, de quienes
son leales a España, aquellos que han sido purgados y cesados por defender el Estado de derecho y la legalidad. Nos acordaremos del coronel Sánchez Corbí, jefe de la UCO de la Guardia Civil, con treinta y cinco años de lucha intachable contra ETA,
quien denunció que no había fondos suficientes para llevar a cabo las operaciones y fue fulminantemente cesado en agosto de 2018. Podríamos hablar de José Antonio Nieto, jefe de los servicios de prevención laboral del Cuerpo Nacional de Policía,
quien informó de que existía una situación potencialmente mortal con la pandemia que estaba acechando a España, llamándosele alarmista, y fue cesado fulminantemente en marzo de 2020. Podríamos hablar del coronel Pérez de los Cobos, un hombre que
destacó por su lucha contra ETA y fue uno de los mejores coordinadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017, quien no quiso entregarles la información que ustedes querían y que ustedes
pedían, información que solo podía entregarle a la jueza porque estaba investigando el 8-M y las consecuencias de esas manifestaciones en la propagación del COVID, y fue cesado fulminantemente en mayo de 2020. Recientemente, podríamos hablar de
Juan Rodríguez Poo, presidente del INE, del Instituto Nacional de Estadística, quien dio los datos del IPC y del PIB, que no gustaron al Gobierno, y fue cesado fulminantemente. Y, por qué no, vamos a hablar de la razón de esta proposición, de Paz
Esteban, directora del Centro Nacional de Inteligencia, de quien sus socios golpistas dijeron que no podía ser que estuviera investigando por orden judicial los teléfonos móviles de los golpistas. Y ahora hablemos de las purgas de los que le
hicieron el trabajo sucio a Sánchez: González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, quien, una vez que hizo el trabajo sucio de meter en España al líder terrorista del Frente Polisario, fue cesada; José Luis Ábalos, ministro de Transportes, quien
hizo el trabajo sucio de las maletas de la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez y fue cesado fulminantemente; Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, quien llevó a cabo los indultos de los golpistas y, después de hacerlo, fue cesado, y el
propio Iván Redondo, quien maniobraba en todos esos ceses y tejemanejes y orquestaba todas esas maniobras contra unos y contra otros y fue después fulminantemente cesado. Por cierto, la
lista continúa y ya se sabe quiénes están en ella. Señor ministro Marlaska, después de cargarse y desprestigiar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, usted será el siguiente al que purgarán.
Nosotros hemos presentado una enmienda para pedir que se hagan las reformas legales necesarias para que siempre sea necesario justificar ante las diferentes comisiones o ante el Pleno cualquier cese de un alto cargo, porque esa es la
verdadera democracia, la verdadera transparencia y la rendición de cuentas; todo lo demás son las purgas totalitarias de un Gobierno totalitario como el de Pedro Sánchez. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario
VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ortega.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes. La portavoz socialista decía antes que enseñaban desde niñas a las mujeres a hacer lo que quisieran y a ser lo que quisieran, pero es evidente que a una ministra de España no la dejan hablar en una rueda de prensa.
(Risas y aplausos). En todo caso, el tema del CNI es un tema muy serio, porque las consecuencias que está teniendo son evidentes. Todos hemos visto, en relación con lo que está pasando con Marruecos, no ya solo la respuesta de Argelia y todo lo
que ello supone, sino la lamentable respuesta del presidente del Gobierno de España ante la muerte absolutamente innecesaria de muchísimas personas inocentes, y todo eso sin saber los motivos que han llevado a España a cambiar de posición respecto a
la situación de Marruecos. Solo si hay un problema muy importante o si estás muy pillado puedes hacer estas declaraciones tras, como decía, la violenta muerte de todas estas personas, que no tenían culpa de lo que esté pasando en España, en
Marruecos o en Argelia. Pero, por desgracia, nos hemos acostumbrado a que el Gobierno de España en este momento haga con las instituciones del Estado lo que le viene en gana. Hoy ha habido varios portavoces que se han referido a estadísticas que
se han publicado en España, y uno piensa: ¡pero si no se creen! Ahora, como no les gusta lo que dice el INE, van también a por el INE y lo quieren quitar. Lo han hecho con el CNI, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la empresa que recuenta
los votos, etcétera. Se está haciendo todo esto y se está cuestionando todo el sistema institucional de España solo por estar un día más en La Moncloa. Desde luego, el CNI no es ajeno a todo eso y lo vimos en el principio de la legislatura cuando
pasaron las primeras líneas rojas; a partir de esas líneas rojas, se han pasado todas las demás. Cada día hay una noticia nueva y esta del CNI, como decía, comparada con las noticias de hoy, empieza a ser anecdótica.
¡Es una vergüenza lo que se está haciendo! No se pueden cuestionar todas las instituciones de España. Se está celebrando esta cumbre de la OTAN sobre la que la mitad del Gobierno se manifiesta en contra y a la vez estamos cuestionando al
Instituto Nacional de Estadística, al Banco de España y todo aquello que no nos gusta lo que dice. Por tanto, un Gobierno en esas circunstancias, cuando la mitad del Gobierno está en contra de la otra mitad, lo mejor que podía hacer es adelantar
unas elecciones en España para que al final sean los ciudadanos los que decidan el futuro de este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.
En relación con Pegasus, es una certeza que el Gobierno español tiene responsabilidad en este caso de espionaje. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional es un departamento creado por el Gobierno de Rajoy, que el Gobierno de PSOE y
de Unidas Podemos mantiene, y que tuvo un papel innegable en el caso Pegasus. Señaló a Marruecos como responsable de las escuchas al presidente del Gobierno y a sus ministros, pero, en relación con las más de sesenta personas espiadas en Cataluña y
el País Vasco, todavía estamos esperando a que alguien asuma responsabilidades. En lo único que estamos de acuerdo con el Partido Popular es en que la directora del CNI ha sido una cabeza de turco para no asumir responsabilidades.
El Gobierno tuvo algo que ver también con la persecución de las web de Tsunami Democràtic, con las cargas policiales en respuesta a las sentències del proces en 2019 en Cataluña o con la compra de confidentes. No es nuevo que digamos que el
Estado compra confidentes. En los últimos días La Directa
ha publicado dos de los casos en relación con Cataluña: un infiltrado en el movimiento por la vivienda y en la esquerra independentista y otro intento de infiltración -que no salió bien- en Jovent Republicà i Batec.
A pesar de la opacidad, nosotras tenemos claras tres conclusiones: la primera es que nos espían por pensar, concretamente por ser independentistas, y esto Margarita Robles lo arrojó en sede parlamentaria el 28 de abril de 2022; la segunda
que el Gobierno elude sus responsabilidades, miente en sus afirmaciones y está preso del CNI y de las fuerzas ultraconservadoras del Estado, y la tercera es que un Gobierno que espía a su oposición no puede ser un Gobierno democrático. No se puede
dialogar con un Gobierno que no es democrático. Cuando se repiten mucho las palabras, se gastan y pierden su sentido. Por mucho que se repita democracia y diálogo hasta la saciedad, no sirven si los hechos concretos en que se traducen son
espionaje y represión. No hay diálogo ni democracia ni vía democrática posible con un Gobierno que miente y que está preso de las cloacas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias presidenta.
Arratsalde on. Buenas tardes. Ante el mayor caso de espionaje certificado que se ha producido en Europa, es curioso que el Partido Popular hoy, en nombre de la transparencia, traiga una iniciativa para esclarecer los motivos de la
destitución de la directora del CNI; no lo vemos mal, pero nos parece completamente accesorio. Lo importante es que, tras una trama que ha tenido detrás a instituciones del Estado, queda lo principal por esclarecer. Lo accesorio no es lo
importante; es más, creo que lo importante -el espionaje político a representantes políticos- les parece incluso bien si son independentistas.
Señores del Partido Socialista, nosotros y nosotras no somos tontos -creo que la ciudadanía tampoco- y por eso las medidas cosméticas no sirven ante un escándalo. Ante un escándalo que da vergüenza ajena, ustedes no pueden, sobre la base de
unas medidas que no esclarecen el fondo del asunto, creer que este asunto está cerrado. Es un asunto que afecta a tres áreas -el Partido Popular decía que es una crisis y yo lo definiría como un escándalo- diferentes. La primera tiene que ver con
el espionaje y con las autorizaciones para espiar a más de dieciocho personas -no son dieciocho personas, son dieciocho más once nombres ocultos, como bien se ha filtrado en la prensa-, representantes especialmente del movimiento independentista
catalán, entre ellos un vicepresidente, consejeros, parlamentarios o abogados, motivado en una acusación falsa; es ahí donde está el fondo del asunto. Se solicitó autorización a un magistrado con un argumento que se sabía falso y, ante ello, no se
ha esclarecido el fondo del asunto. Pero, es más, se ha utilizado un instrumento previsto para perseguir el terrorismo o delitos de importancia para perseguir a la oposición política. Como decía una portavoz anteriormente, la señora Vehí, una
democracia no espía a oponentes políticos, ni con autorización ni sin ella.
El segundo factor o la segunda área de este escándalo tiene que ver con el espionaje masivo sin autorización judicial, y en este están mirando para otro lado, tanto ustedes como ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso y los del Grupo Parlamentario Socialista). No les interesa investigar a aquellos que tienen acceso a este instrumento que estuvo detrás de ese espionaje masivo sin autorización, entre ellos varios diputados de esta Cámara, y veo que
a la Presidencia de la Cámara tampoco le importaba en exceso este escándalo. En cambio, al Parlamento Europeo y a su Presidencia sí les importó y están investigando qué ha ocurrido.
En tercer lugar, hubo un hecho curioso. Para intentar quitarle importancia o tapar este asunto, el Gobierno reconoció que a ellos también les había espiado otro Gobierno. Claro, un hecho inaudito, porque, si es cierto que los Estados se
espían entre sí, esto de reconocer que te han espiado no suele ser muy habitual. Además, de manera oficiosa se vino a reconocer que seguramente estaba Marruecos detrás de este espionaje, lo que hizo quedar al Estado como un auténtico pagafantas.
El tema, como decía antes, es que el Gobierno ha intentado solucionar el problema basándose en medidas cosméticas. En primer lugar, vimos cómo se fue filtrando a la prensa todo lo que luego se iba a contar en una comisión; ahí se ve que la
Ley de Secretos Oficiales no es tan importante. En segundo lugar, se convocó la Comisión de secretos oficiales, que llevaba ya varios años bloqueada, y ahí algunos diputados sí tuvieron acceso, de una manera censurada o tapada, a las dieciocho
autorizaciones, durante diez minutos; ya me explicarán ustedes a mí por qué diez minutos y no todo el tiempo que fuera necesario. Posteriormente, se cesó a la directora del CNI; yo ahí estoy de acuerdo en que no se ha entendido o no han sabido
explicar el porqué, pero ya les digo que es accesorio. Y, finalmente, nos dijeron que iban a realizar modificaciones en el CNI y, de igual forma, en la ley de secretos, sin profundizar en ello, y ahí está
lo importante. Lo principal es saber quién estaba detrás de esa trama, quién autorizó y quién hizo la lista, qué es de los casos no autorizados y, de igual forma, tomar medidas rápidas y efectivas para que esto no se vuelva a producir, para
que no le vuelva a ocurrir a nadie, porque ya les digo que un Estado democrático no espía a oponentes políticos, ni con autorización ni sin ella.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Intervendré de manera breve, pues no incidiré en cuestiones que comparto y que ya han sido señaladas por portavoces que me han precedido. Simplemente, ciñéndome estrictamente al caso y a los términos en que se ha formulado, quiero señalar
que las responsabilidades políticas de un cargo público no deberían asociarse como única causa al incumplimiento de la legalidad cuando estas se producen, no hay duda, y en todo caso existe una responsabilidad política. Sin embargo, consideramos
que hay supuestos en los que, aun cumpliéndose la legalidad, no se está exento de responsabilidad política. Así, a modo de ejemplo, consideramos que no hay duda de que los servicios de inteligencia de un país, en principio y cuando menos, tienen
una culpa in vigilando si los dispositivos electrónicos de su presidente y de otros miembros del Gobierno han sido asaltados no de manera puntual, sino a lo largo de un lapso considerable de tiempo. También consideramos que en la misma
responsabilidad política pudiera incurrirse cuando se están interviniendo dispositivos electrónicos de responsables de otras fuerzas políticas e instituciones con las que se están negociando cuestiones políticas relevantes; responsabilidad que,
digo también como hipótesis, en su caso, sería achacable a quien siendo encargado de esas intervenciones no recordara las mismas en circunstancias como las relatadas a fin de poder decidir lo oportuno. Y, también, en la misma responsabilidad
política pudiera incurrir quien informase de actuaciones de inteligencia de intervención a emprender, pero que no se explicitara plena y cabalmente el alcance de los medios empleados a tal fin ni sus consecuencias extraordinarias de afección al
núcleo del derecho a la intimidad personal y familiar.
En fin, señorías autoras de la iniciativa que debatimos, no siempre el cumplimiento de la legalidad es un Jordán purificador de la exigencia de responsabilidad política. En cualquier caso -voy finalizando, presidenta, porque ya he dicho que
sería breve-, no entendemos cómo el Partido Popular solicita hacer públicas ciertas cuestiones atinentes a la dirección del Centro Nacional de Inteligencia, cuando siempre ha sido uno de los máximos guardianes de su opacidad, como con la Ley de
Secretos Oficiales. En su caso, señorías del Partido Popular, si lo consideran, formulen sus peticiones en la Comisión de fondos reservados, también llamada de secretos oficiales, y no en este Pleno, y menos aún que se depongan ante este Pleno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos.
La verdad es que me complace estar aquí arriba en la tribuna con la iniciativa que ha planteado el Partido Popular, porque verdaderamente plantea una iniciativa que pone en tela de juicio la calidad democrática de nuestro país, y no porque
se espíe legalmente a las personas que tratan de acabar con la estabilidad de nuestras instituciones y atentar contra la Constitución española, sino la calidad democrática de nuestro país porque el Gobierno quiere colonizar todas las instituciones
del Estado.
Nos ponen el límite ya muy alto y parece que cuando ha cometido el Gobierno una tropelía en este sentido ya no va a ser capaz de cometer otra, pero, sin embargo, nos van todo el rato elevando el umbral del dolor y estableciendo todo el rato
escándalos superiores. El colmo es el de esta mañana, donde ha pactado con Bildu, para sacar adelante la ley de memoria democrática, la investigación de los crímenes del franquismo hasta 1983, o sea, ¿los crímenes del franquismo de Adolfo Suárez?
No sé si se acuerdan que en 1983 también gobernaban ustedes. Igual les está llamando Bildu a ustedes también franquistas. Siguen ustedes llegando a acuerdos con ellos, con Bildu, con aquellos que apoyaban el terrorismo, con aquellos que no han
pedido perdón, con aquellos que en los años de plomo, con trescientos muertos en la época de la UCD, justificaban la lucha armada.
Esta es una campaña que orquestó el movimiento separatista con un informe de un señor que pasado mañana se va reunir en rueda de prensa con los propios separatistas que ponen en marcha esta campaña. Un informe que les digo que en juicio no
iba a aguantar ni medio segundo, pues no tiene ningún tipo de imparcialidad ni ningún tipo de rigor; es, simplemente, una bazofia.
La mayor parte de los españoles no están preocupados porque se espíe legalmente a las personas que tratan de atentar contra el buen nombre de España. La mayor parte de los españoles nos preocupamos cuando, en la época del Gobierno del
Partido Popular, Puigdemont se fue en el maletero de un coche o cuando el CNI no fue capaz de encontrar las urnas donde ustedes iban a cometer sus correspondientes delitos, esos que dicen que volverán a cometer; es decir, porque se espiaba mal y
porque se espiaba poco, porque, efectivamente, teníamos que haber sido más eficaces.
Pero el problema no es la negligencia del Partido Popular, el problema es que el Partido Socialista hace lo peor que se puede hacer con ustedes, que es darles la razón con la pantomima que monta con ustedes en sus reuniones, hacer ver a los
españoles que podría estar de acuerdo con que en este país se mete en la cárcel a personas simplemente por sus ideas -lo hemos escuchado aquí hace un rato- o que se espía a las personas simplemente por su ideología. Y por eso el señor Bolaños sale
corriendo, cuando tienen lugar estos sucesos se va a Cataluña, y monta una pantomima y dice: no se me enfaden ustedes mucho no vaya a ser que Pedro Sánchez no esté estable en el Gobierno. Y como a ustedes les resulta ambiguo piden la cabeza de la
ministra de Defensa, y entonces el Partido Socialista les ofrece la cabeza de Paz Esteban.
Por supuesto que vamos a votar a favor de esta iniciativa. Desde luego que no tenemos ninguna esperanza de que Pedro Sánchez tenga la más mínima dignidad y explique a los españoles por qué cesaron a la directora del Centro Nacional de
Inteligencia. El propio señor Iñarritu pone de manifiesto que, efectivamente, no se ha explicado. Y como decía el señor Ortega Smith -por cierto, siempre se olvida de citarme a mí-, la señora Esteban se une a unos cuantos que, efectivamente,
fuimos purgados por decirle que no a Pedro Sánchez. Vamos a ver si montamos una asociación y pedimos, incluso, reunirnos aquí en el Congreso de los Diputados -prácticamente no cabríamos a no ser que fuera en la sala Ernest Lluch- todos los que se
va quitando de en medio este Gobierno por pensar distinto o por tratar simplemente de ejercer nuestra labor de servidores públicos.
No queda el separatismo contento con esto y, entonces, llaman a la presidenta del Congreso de los Diputados para que cambie las reglas de acceso a la Comisión de secretos oficiales. Y, allí, en la Comisión de secretos oficiales, nos
acreditan que se obtuvo la información de forma legal. Señor Iñarritu, yo lo que creo es que la señora Aizpurua, cumpliendo con su deber de no contar las cosas que allí se dijeron, no le ha contado nada de lo que pasó allí, porque usted solo se ha
referido a los diez minutos o a las dieciocho autorizaciones. En fin, de verdad que me alegra que no le hayan contado nada. Pero con cesar a Paz Esteban tampoco fue suficiente. Ahora hay que convocar la mesa del chantaje, la mesa de la vergüenza,
hay que hacer que España se arrodille ante la Generalitat de Catalunya. Y, entonces, llega el señor Bolaños y nos dice que va a tratar de desinflamar este conflicto entre, al parecer, dos Estados soberanos que se llaman Cataluña y España.
Miren ustedes, señores del Partido Socialista, son absolutamente corrosivos con las instituciones. Son la sosa cáustica de las instituciones. Ya lo último es -y termino, presidenta- lo que se ha dicho aquí respecto al director del
Instituto Nacional de Estadística. Les digo que hemos planteado una iniciativa en el Parlamento Europeo, porque existe un reglamento europeo que dice que no se puede hacer esto que han hecho ustedes: remover a la gente que le resulta incómoda.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bal.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, lo cierto es que en la proposición no de ley que se presenta y que toca tramitar ahora ustedes apuntan a que la gestión de la crisis del espionaje sería contraria a la transparencia y a que el CNI actuó de acuerdo con las leyes, y
con el tiempo se ha demostrado lo contrario. A uno le da la sensación de que se reproduce aquí aquel dicho de que se señala a la luna y se mira el dedo. En la cuestión relativa al CNI y a la destitución de su directora a ustedes solo les preocupan
los motivos reales que a ustedes les supone esta destitución, pero yo creo, sinceramente, que nos debería preocupar mucho más lo que esto afecta a las libertades o a los derechos de las personas. Hoy mismo, una sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos condena a España por la vulneración del derecho a la intimidad de treinta y tres
jueces cuyas fotografías de sus DNI se filtraron a la prensa. Este tipo de acciones son las que nos preocupan a nosotros. No nos preocupan tanto las explicaciones relativas al cese o sustitución, según la ministra, de la directora del CNI,
sino esta vulneración sistemática por parte del Estado español de los derechos fundamentales de las personas. Como le decía, en vez de mirar el dedo, nos gusta mirar a la luna.
En su proposición no de ley no sale, pero le aseguro que sí saldrá en el Diario de Sesiones, que se espió a más de sesenta personas, la gran mayoría sin autorización judicial. Lo que trascendió en los medios es que fue solo a dieciocho, de
las más de sesenta que se habían investigado con Pegasus, un programa que invade la intimidad de las personas. Fue una gestión pésima, y no se trata solo de si cese o si sustitución, sino que se trata de saber cuál es la realidad que finalmente va
a acabar saliendo a la luz. La calidad democrática, la transparencia o el dar explicaciones usted se las podría pedir al señor Fernández Díaz, que también ya ha quedado acreditado cómo mintió en la sede del Congreso de los Diputados.
Por tanto, a los ciudadanos nos preocupa más la invasión a sus derechos y libertades y no estos supuestos motivos que ustedes quieren sacar a la luz.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Boadella.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes, señora presidenta, señorías.
A Junts per Catalunya pocas veces le verán coincidir con el partido de Fernández Díaz, que mintió como un bellaco, aquí al lado y hace unos meses, pero tenemos que reconocer que las preguntas que se hacen en esta iniciativa son correctas,
aunque no compartamos sus presupuestos. ¿Por qué se destituyó a la directora del CNI? Tenemos varias versiones. Según la ministra de Defensa, la señora Robles, hubo un simple relevo de dos ejemplares servidoras del Estado, sin ninguna
circunstancia que lo motivara. Se sustituye a una alta funcionaria capaz de todo por la patria por otra alta funcionaria clónica. Según el ministro Bolaños, habría sido un fallo de seguridad lo que justificó la destitución de la señora Paz
Esteban, aunque parece ser que la seguridad del Gobierno no era de su competencia. Según VOX, la purgaron por ser muy facha, como a toda la galería de momias que ha citado, con De los Cobos al frente.
La realidad es que en la cuestión del espionaje tenemos unos hechos probados por CitizenLab que ponen en jaque al régimen de garantías, derechos y libertades del Estado español. Fue un espionaje masivo y de corte ideológico a los
representantes políticos del independentismo catalán, sus entornos familiares, periodistas y abogados, con una masiva vulneración de derechos, de la intimidad, del secreto de las comunicaciones y del derecho a la defensa. Ante esto, el Gobierno nos
ha inundado desde el primer momento de relatos, falsedades y medias verdades. Primero negó los hechos: en España no se espía. Después, desacreditó la fuente, CitizenLab -veo que el señor Bal aún continúa con esto-. Más adelante, ante la
evidencia: bueno, se espía, pero poco y bien; fueron dieciocho personas y con autorización judicial. En medio, a la señora Robles le salta el subconsciente y suelta lo de que si se espía es porque se lo merecen, aquel famoso qué tiene que hacer
un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno si se declara la independencia. Pues hablar, ¿no? Y, al final, el señor Bolaños, un lunes por la mañana se saca de la chistera que, por un fallo de seguridad consistente en un espionaje externo, el
Gobierno en realidad es víctima y no responsable del espionaje. Este relato nos parece una cortina de humo, con el único objetivo de confundir sobre lo realmente importante, la vulneración masiva de derechos fundamentales mediante el programa
Pegasus para perseguir a disidentes políticos de la minoría nacional catalana, una operación de distracción que acabó con la destitución de la señora Paz Esteban, un fusible desechable para el Gobierno que sirvió para que parezca, aunque nadie lo
diga expresamente, que el Gobierno ha hecho alguna cosa.
Nosotros queremos saber la verdad, no lo accidental. Queremos saber el fondo de la cuestión, qué ha pasado con el espionaje. Aquí la solución pasaba por la creación de una comisión de investigación parlamentaria con el fin de saber por qué
se espía a los oponentes políticos, quién decidía a quién se espiaba y quién debe responder. ¿Y qué pasó con esta investigación parlamentaria? Pues que el bloque monárquico, VOX, PP y PSOE, se opuso a la investigación.
Por tanto, no vengan aquí a confundirnos sobre qué se tiene que espiar, qué se tiene que...
La señora PRESIDENTA: Señor Pagès, tiene usted que terminar, por favor.
El señor PAGÈS I MASSÓ: ... determinar -acabo-, si lo accidental de la destitución de la señora Esteban u otras cuestiones. Aquí lo importante es el espionaje masivo y aquí nadie ha querido investigarlo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Bona tarda, diputadas, diputados.
Poco importa que se destituya a la directora del CNI si el Gobierno sigue sin admitir el espionaje ilegal y sin desclasificar la información. ¿De qué sirve que haya habido un cese si su ministra y todo su Gobierno siguen reprimiendo por
cuestiones puramente ideológicas? Al espionaje mediante Pegasus debemos sumarle un nuevo mecanismo de persecución política hacia el independentismo: la infiltración. El domingo pasado supimos que el Departamento de Seguridad Nacional se puso en
contacto con un exmilitante de Jovent Republicà, la juventud de Esquerra Republicana, coaccionándole para que volviese a militar en nuestra organización y obtuviese información para el Gobierno español, vulnerando así el derecho democrático de
asociación. Por desgracia para ustedes, Enric Pérez tuvo la valentía de denunciarlo en los medios de comunicación; por tanto, tenemos todas las grabaciones que confirman esta coacción. (Aplausos). No solo se les escaparon las urnas del 1 de
octubre, tampoco han podido ocultar sus coacciones ni han sabido conseguir la información que buscaban. (Continúa su intervención en catalán.-Aplausos).
Diputadas y diputados del Partido Socialista, llevan toda la legislatura llenándose la boca, afirmando y reafirmando que ustedes pretenden representar a la sociedad catalana, no únicamente al 50 %. ¿Se puede saber por qué entonces trabajan
únicamente para el 10 % de la sociedad catalana? ¿Se puede saber por qué entonces trabajan únicamente para los votantes del Partido Popular, de Ciudadanos y de VOX, que son casi invisibles en Cataluña? Hagan el favor de escuchar esto con atención:
esté quien esté en el Gobierno español, el anticatalanismo siempre persiste. Explíquennos, si no, por qué no trabajan para más del 80 % de la sociedad catalana que es favorable a un referéndum de autodeterminación para poder decidir cómo nos
organizamos, para poder poner en práctica la democracia. Explíquennos, si no, por qué no trabajan para más del 80 % de la sociedad catalana, que quiere poner fin de una vez a la represión política mediante la amnistía, para poder ejercer libremente
el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación y el derecho a la movilización. Explíquennos, si no, por qué no trabajan para más del 90 % de la sociedad catalana que es favorable a la república para dejar de estar sometidos a una
monarquía corrupta y heredera del régimen franquista. (Aplausos). Explíquennos, si no, por qué no trabajan para más del 90 % de la sociedad catalana que es favorable a la promoción de la lengua catalana, en defensa de la riqueza cultural y como
instrumento de cohesión social. Ustedes, señorías del Partido Socialista, no representan a la sociedad catalana; es más, actúan incluso con las cloacas del Estado, conscientemente en contra de la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana. Y,
como saben que sus intereses se verán perjudicados si critican los pilares de este Estado acordados con los herederos del franquismo, optan por someterse a ellos, al Partido Popular que hoy presenta esta iniciativa y a sus cloacas.
La represión hacia el independentismo catalán ya no es únicamente una herencia del anterior Gobierno, es también una acción proactiva de este Gobierno. Las infiltraciones policiales que han sido publicadas, tanto en Jovent Republicà como en
Resistim al Gòtic, en Casal Lina Òdena y en SEPC, se iniciaron bajo mandato del Gobierno actual, no bajo mandato del Gobierno de Rajoy. Si lo que pretenden es que huyamos de este Estado, lo están haciendo estupendamente; nos están dando la razón
cuando afirmamos que, esté quien esté en el Gobierno, este Estado es irreformable. (Termina su intervención en catalán.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rosique.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem Galicia en Común, tiene la palabra el señor Cortés Gómez.
El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, leyendo la exposición de motivos de la iniciativa del Partido Popular queda patente que la intención no es debatir un problema ciudadano, sino erosionar al Gobierno, esgrimiendo para ello una supuesta exigencia de los partidos
independentistas en el cese de la exdirectora del CNI, la señora Paz
Esteban, cosa que no fue así, tal y como han dicho aquí los diferentes portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Sin embargo, ustedes saben exactamente qué es lo que pidieron varios grupos parlamentarios: derivar
responsabilidades políticas previa investigación independiente e incluso, como aquí se ha dicho, una comisión parlamentaria independiente en la que la ciudadanía pudiera conocer en tiempo real quiénes fueron los autores y cuáles fueron las
metodologías utilizadas en el caso de espionaje masivo de Pegasus.
Igualmente queda patente que la ciberdelincuencia tampoco es un tema que le preocupe al Partido Popular; ustedes, al menos, no expresan nada al respecto en su iniciativa. Sin embargo, quiero subrayar que la ciberdelincuencia representa uno
de los mayores desafíos para las sociedades tecnológicamente avanzadas, y para dar respuesta a ello el Gobierno ha aprobado un Plan nacional de ciberseguridad de 1000 millones de euro. Es un plan coordinado por el departamento de Seguridad Nacional
que prevé cerca de 150 iniciativas para los próximos tres años. En el Grupo Confederal somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la ciberseguridad, tanto para el desarrollo económico del país como para la seguridad ciudadana y la
creación de las condiciones de posibilidad del ejercicio de los derechos y libertades, que es lo más importante en el debate que hoy nos concierne. Por ello, en el Grupo Confederal nos preocupa el caso irresuelto de Pegasus. Según el informe de
CitizenLab cerca de sesenta personas habrían sido espiadas de manera ilegal e ilegítima, abogados, activistas periodistas, diputados. En este caso supone una flagrante violación de los derechos fundamentales, que parece, por cierto, no importarles
a ninguna de las derechas. La vigilancia y el control ilegal de periodistas nos producen un malestar muy especial, porque significan un ataque directo a la libertad de la prensa, así como la protección de las fuentes que nutren el trabajo
periodístico. Por otro lado, el uso de tecnologías invasivas de la privacidad, como el caso de Pegasus, pone en jaque no solo a determinados partidos y a movimientos sociales, sino a la propia democracia. Ahora bien, Pegasus no es más que uno de
los tantos programas que permiten el control de teléfonos. Es decir, Pegasus supone una fracción de la industria de la vigilancia masiva, y es por eso que debemos exigir una regulación nacional y europea contra las nuevas técnicas, las nuevas
tecnologías de vigilancia y espionaje. Es fundamental que todas las fuerzas políticas de izquierdas -ha quedado claro que el espionaje masivo no supone un problema para las derechas-trabajemos por una estrategia conjunta, jurídica y política,
contra los métodos de espionaje invasivo como el de Pegasus. En la iniciativa del PP, por cierto, tanto los derechos de la ciudadanía como el futuro de la democracia no tienen cabida, pues no se dice nada al respecto.
He de decir que el caso de Pegasus expresa el pacto ilícito entre los Estados y las empresas privadas en la batalla política y geopolítica por la información, incluso llegando a aceptar, como aquí se ha dicho por algunos partidos, el juego
sucio de la vigilancia y del espionaje masivo. Cada vez que este diputado ha presentado en la Comisión de Interior medidas encaminadas a controlar el ciberespionaje y la vigilancia digital masiva el Partido Popular, el Partido VOX y Ciudadanos, en
este caso también, han votado en contra. El espionaje masivo como el del caso Pegasus, que a ustedes, señorías del Partido Popular, parece no importarles, se ha convertido en una forma nueva de autoritarismo y totalitarismo, una nueva metodología
de represión y de censura cuando se aplica tanto a partidos políticos como a periodistas, abogados y activistas.
Votaremos en contra de la propuesta del Partido Popular por ser una iniciativa que desvía el foco del problema ciudadano real y que, como decía algún portavoz que me ha precedido, se fija en el dedo, y no en la luna.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cortés.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Rodríguez.
El señor DÍAZ RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, Señorías.
Señora Rosique, creo que no tiene que negar representación del Partido Socialista en Cataluña porque fue precisamente el que ganó las últimas elecciones, y hay que recordarlo. (Aplausos).
Señor Tarno, le digo que agradecemos que se preocupe de la protección de datos del presidente porque creo que esa es la cuestión. Pero hay halagos que debilitan y a veces esconden motivos oscuros y manipuladores. Si tuviera que escribir en
un diario o en un cuaderno de bitácora cuestiones importantes del día de hoy, hablaría de que precisamente estamos a escasas horas de que comience la Cumbre de la OTAN, donde se van a discutir cuestiones importantes que van a afectar a casi mil
millones de personas, que son habitantes de los países OTAN; a escasas horas de una reunión crucial, muy muy importante,
donde se va a establecer el concepto estratégico del modelo de seguridad y defensa de la OTAN en los próximos diez años. Y creo que este es un dato importante, como también lo que el hecho de que hoy hace ya cuatro meses y tres días que se
inició una guerra, una guerra en Ucrania, en Europa -no vamos a decir en las puertas de Europa-, que nadie quiere y en la que solo un señor, el señor de la guerra, Putin, se está cobrando miles y miles de vidas, al tiempo que se está produciendo una
crisis económica global muy importante, que afecta a Europa y a España. Y en este sentido creo que también es importante recordar que el sábado se aprobó el segundo paquete de medidas fiscales, económicas y sociales para ayudar a familias y
colectivos a paliar la situación económica que estamos viviendo como consecuencia de esa guerra. Creo que eso es importante y que hay que señalarlo hoy, 28 de junio.
También creo que este asunto que se trae hoy, al lado de lo que estamos señalando, no es tan importante. No sé si se busca un titular sensacionalista con ocasión de los motivos del relevo de una funcionara en la dirección del CNI o si se
está planteando que si todas las semanas se producen veinte o treinta sustituciones y relevos de funcionarios, de altos cargos, se va a producir aquí un debate sobre la cuestión. Entiendo que este tema, primero, invade competencias que no
corresponden al Congreso y, segundo, que estamos metiéndonos en una cuestión que afecta a los derechos de una alta funcionaria y creo que nos estamos excediendo.
Pero lo más importante y más grave de este asunto es que queremos poner el foco sobre una funcionaria, y eso quiere decir que ponemos el foco en instituciones que son cruciales para la seguridad del Estado, como el CNI, desde una
sensibilidad sobre las funciones que realiza con la que precisamente lo estamos perjudicando y debilitando. Quiero decir que la transparencia tiene un riesgo, como ya hemos visto aquí, que es el oportunismo político, ese oportunismo político que se
está ejerciendo y con el que se está planteando no poner el foco en aquella cuestión que se señaló hace ya más de un mes. Aquí vino el presidente, vino la ministra, se dijo lo que ocurrió y además se abordaron cuestiones de reformas, cuestiones
referidas a actuaciones para evitar que se repitiera aquello que sucedió. Se pusieron sobre la mesa mil millones de euros en los próximos tres años precisamente para solucionar estos problemas de la ciberdelincuencia, que no solo afectan a las
instituciones, sino también a los ciudadanos, y creo que eso es lo importante de este asunto. Lo importante no es que al frente de una institución se sustituya a un funcionario por otro, porque siempre hay cuestiones organizativas, siempre hay
cuestiones de mejora que hay que afrontar. Y en este sentido, vaya por delante nuestro respeto y consideración por el CNI, las personas que han estado a cargo de su dirección y la persona que ahora mismo está ocupando ese puesto. (Aplausos).
De verdad, si hay algún tipo de ánimo totalitario en esta cuestión podríamos decir que es precisamente por ustedes, porque digamos que se parecen más a ese mal aficionado de barra de bar que se sienta a ver el partido, se fija en su equipo y
continuamente está comentando problemas por lo que hace: si se cambian las líneas, porque se cambian; si se cambia el extremo izquierdo, porque se cambia; si se adelanta el delantero, también le parece mal; si se retrasa, también, y, finalmente,
cuando gana el partido, presume del escudo, pero, si pierde, pisotea la camiseta.
La señora PRESIDENTA: Señor Díaz, tiene usted que terminar, por favor.
El señor DÍAZ RODRÍGUEZ: Termino, señora presidenta.
El CNI en nuestro equipo. Es política de Estado y, por tanto, todos tenemos que estar con el CNI.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
Señor Tarno, ¿acepta su grupo la enmienda presentada?
El señor TARNO BLANCO: No, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Se votará en los términos de la iniciativa.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE BIG DATA PARA LA MOVILIDAD EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000550).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre aplicación de herramientas de big data para la movilidad en España.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, presidenta.
Hoy traemos una iniciativa que a mucha gente le puede parecer que no es importante. Sé que aquí tenemos muchos debates que importan a la ciudadanía, pero seguramente este es uno de esos debates sobre los que no somos conscientes de la
importancia que tienen para el futuro de mucha gente. Seguramente, la mayoría de diputados que están aquí, que ahora están hablando, no son conscientes de que gran parte de empresas privadas que acceden a sus datos saben qué diputados están
actualmente en el hemiciclo. No sé si serán conscientes de eso, pero es una realidad. Y no solo eso, porque seguramente los diputados que están chateando, que están subiendo cosas a sus redes sociales no son conscientes de que hay empresas
privadas que saben lo que están subiendo. ¿Recuerdan a Celia Villalobos cuando le pillaron jugando al Candy Crush? En eso, comparado a lo que saben las empresas privadas acerca de ustedes, había una gran diferencia y creo que no somos conscientes
de ello. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Eso lleva a que yo reconozca que a muchos diputados se les está poniendo cara de datos, de algoritmos -reconozco que no se me da muy bien el humor, pero creo que lo he intentado para hacer un poco más amigable esta iniciativa-. (Aplausos).
Además, tengo algún compañero que a veces da la sensación de que tiene puesto en la retina un lector de BIDI. Lo digo haciendo una gracia, pensando en los cíborgs y el futuro, pero crean que el futuro, ese que muchas veces se ve en las películas de
ciencia-ficción, ya está aquí y que las que lo están aprovechando son las empresas privadas para aumentar brutalmente sus beneficios. Las mayores empresas de este país y este mundo son empresas que utilizan los datos para su beneficio. ¿Saben por
qué Google, Facebook, Amazon o Microsoft son las empresas más importantes a día de hoy? Porque muchos de los datos que los diputados y los ciudadanos utilizan estas los emplean para incrementar brutalmente sus beneficios. Y, si no somos
conscientes de esa realidad, si no ponemos la tecnología al servicio de los ciudadanos, puede que el día de mañana no gobernemos nosotros, sino las grandes corporaciones, y creo que eso nos debería preocupar a todos.
Esto, que parece muy lejano, es una realidad. Si uno se para a mirar las cifras de las corporaciones empresariales y el poder que tienen en el mundo, se comprobará que muchas tienen más poder y más beneficios que algunos países. Insisto,
pueden tener más poder que corporaciones públicas y Estados, y eso es una realidad. Y nosotros, los que estamos en política, tenemos la obligación de entender los cambios que se están produciendo y aprovecharlos para la mayoría de los ciudadanos, y
eso es lo que intentamos hacer hoy con esta iniciativa. Saben que hemos tenido grandes retos en los últimos años gracias a la tecnología, que ha acelerado los cambios. Saben ustedes que hace relativamente poco tuvimos un conflicto entre el taxi y
los VTC provocado por la tecnología. ¿Qué hizo la política? Regular tarde porque no llegamos a tiempo, como ha pasado con la ley rider, con el alquiler de viviendas y como pasará con muchos otros sectores. Creo, sinceramente, que en política o
empezamos a entender los cambios que se están produciendo y los retos de futuro o verdaderamente tendremos un problema. Es interesante ver cómo en la época en que se producen los mayores cambios tecnológicos y los mayores avances también se está
incrementando la desigualdad en el mundo. ¿Y no nos hemos planteado el porqué? Seguramente que es porque las empresas privadas están utilizando todo el potencial de la tecnología en su beneficio y la política no está siendo capaz de proteger a los
ciudadanos y aprovechar las tecnologías para impulsar a todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos, su formación y otra serie de recursos.
Por eso creo que esta iniciativa es importante, aunque tengo una desventaja, lo reconozco. Normalmente intervengo el primero y el grupo parlamentario del Gobierno, el grupo parlamentario mayoritario siempre tiene la ventaja de que, como
cerramos, podemos dar al resto cuando nos critican. Pero reconozco que hoy estoy en desventaja y seguramente muchos de los que intervengan aquí podrán hacer alusión a mis palabras sin poder replicarles. Creo que intuyo lo que va a decir mi
compañero y, como he dicho muchas veces, amigo de Podemos, Rafa Mayoral. Hablará de la tecnología como del diablo, como aquello que hay que combatir. Creo que la izquierda tiene la obligación de entender la tecnología como aquello que tiene que
mejorar la vida de la gente y que por eso este debate es importante. Por esta razón, si no afrontamos ahora este debate, creo que el día de mañana nos encontraremos con muchos problemas, y eso por una sencilla razón, porque, si no nos adelantamos a
los cambios, los cambios nos superarán y nos sobrepasarán.
Me hago una pregunta. Con todos los datos que había sobre la mesa, ¿era previsible que hubiera una pandemia? Sí, era previsible que hubiera una pandemia. Además, tendríamos que haber podido contar con la oportunidad desde la política de
poner el remedio, para que, si llegaba a una pandemia, como
mucha gente decía, pudiéramos haberla hecho frente con las mayores garantías; eso es lo que tiene que hacer la política. Pero también sé que resulta complicado cuando la política hace aquellas cosas en plan estratégico o de futuro, porque
los ciudadanos no entienden por qué lo hace. ¿Recordáis cuando Zapatero compró muchas vacunas para una posible gripe que se podría extender y la gente le criticó? ¿Os imagináis si nos hubiéramos adelantado al futuro y, con la previsión de una
pandemia, ahora hubiéramos comprado muchas mascarillas? La gente nos hubiera criticado. Por eso creo que la política está en desventaja con la parte privada.
El Gobierno de España hizo un plan, hizo una estrategia y tiene un departamento dentro de Presidencia del Gobierno que es de prospectiva para definir o evaluar cómo puede ser el futuro, se llama España 2050. Lo curioso es que, cuando se
presentó ese trabajo, que me parece imprescindible para que nos adelantemos a los retos, la oposición de Pablo Casado, que parecía más radical que la que íbamos a tener ahora, aunque creo que en eso nos hemos equivocado - alguien podía habernos
informado de que la oposición de Feijóo iba a ser mucho más radical-, el Partido Popular salió a criticarlo y dijo: ¿Qué hacen el PSOE y el Gobierno preocupados en el futuro si tenemos problemas de presente? Sin embargo, la reflexión que hay que
hacerse es que los problemas del presente son aquellos que no conseguimos detectar y solucionar en el pasado. Por eso tenemos la obligación de hacer política en mayúsculas y por eso presentamos esta iniciativa, para poner las herramientas, la
tecnología, los datos y los algoritmos al servicio de los ciudadanos. Si no lo hacemos, seguramente habremos perdido una oportunidad de oro. Y no lo tenemos que hacer solo respecto a la movilidad, tendremos que hacerlo respecto a todo aquello que
sea bueno para los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor RAMOS ESTEBAN: Sé que estos debates -y termino- no los entienden muchos ciudadanos, pero creo que son imprescindibles para que vayamos avanzando y el día de mañana nuestro país pueda competir con las grandes corporaciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, interviene el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Buenas tardes, señor presidente.
Señorías, aquí estamos de nuevo con el big data, con el sursum corda de la tecnología, con los datos anónimos de geolocalización de los móviles. Pero ¿se han preguntado qué pasa en los territorios donde no tenemos móviles, donde no hay
cobertura? ¿A partir de qué datos anónimos de geolocalización se decidirán las líneas de ferrocarril o los servicios de autobuses? ¿Quizás salga de esta geolocalización de donde no hay cobertura de móvil el nuevo plan concesional de viajeros por
carretera, que ha suprimido miles de paradas en los municipios de la España vaciada? Seamos realistas, dejemos la visión urbanocentrista que tiene esta proposición. No podemos hacer todo desde tecnologías que no están implantadas en todo el
territorio. El big data necesitará durante muchos años todavía recurrir a consultas y encuestas a pie de calle. Difícilmente la movilidad rural puede juzgarse con movimientos de teléfono, puesto que hay lugares donde no tenemos cobertura, y eso
hace, por ejemplo, que, en referencia al bono social que se otorga para financiar el transporte público, un bono social de diez euros, sobre la mayoría de los territorios de la España vaciada el impacto sea cero, porque no hay transporte público.
En la España vaciada hay que nacer con un coche bajo el brazo y dinero para pagar el combustible.
Olvidemos ya la visión urbanocentrista, hagamos caso al mecanismo que aprobó este Pleno hace un año, en marzo de 2021...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar su intervención, por favor.
El señor GUITARTE GIMENO: Analicemos todas las políticas de Estado desde la perspectiva de la garantía rural.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta iniciativa del Grupo Socialista en relación con las herramientas de big data es muy concisa y también un tanto desfasada, toda vez que se registró hace casi año y medio. Sin embargo, trata de una materia de creciente importancia para
la sociedad, en la que ya se han producido avances en el seno de la Unión Europea con nuevos marcos normativos comunitarios. De hecho, la pasada semana entró en vigor el reglamento de gobernanza de datos, que España, al igual que los demás países
miembros, tendrá que aplicar directamente a partir de septiembre del próximo año.
Señorías, el cambio digital nos aboca a transformaciones muy profundas y en este sentido resultan pertinentes los cuatro puntos de esta iniciativa, si bien el Gobierno tiene que ser proactivo para corregir el déficit de ocupación que
mantiene a España a la cola de Europa en relación con las actividades relativas al mercado de los datos, solo por delante Rumanía y Grecia y muy alejada de la media comunitaria. Por eso he presentado una enmienda de adición. Hoy nuestro mercado
laboral es incapaz de nutrirse de trabajadores capacitados para el manejo de las herramientas porque hay una gran sequía de profesionales con las competencias digitales adecuadas. Por lo tanto, considero muy necesario avanzar urgentemente en el
estímulo de la oferta formativa para que nuestras empresas no se encuentren con el actual cuello de botella y puedan afrontar su día a día en un mundo que exige constantes actualizaciones.
Me temo, en todo caso, que los algoritmos del señor Ramos rechazarán mi enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias. Buenas tardes.
Esta PNL que presenta el PSOE es otra más de esas que son declaraciones de buenas intenciones, pero también hay que decir que es oportuna porque en esta materia el Gobierno necesita un impulso. Es cierto que se están haciendo cosas en
algunos sectores, pero, en realidad, luego te encuentras ministerios a los que esto del big data les debe sonar a chino, vistos los proyectos que llegan a este Congreso; el big data u otras cuestiones como el Internet de las cosas, la inteligencia
artificial, el blockchain, etcétera.
Hoy hablamos de movilidad, y en esta materia se han hecho algunas cosas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santander utiliza el big data desde hace quince años en el seguimiento y la planificación del tráfico y el transporte público a través
del área de transportes de la Universidad de Cantabria, al igual que el Gobierno de Cantabria lo ha utilizado para medir la IMD de las vías interurbanas, o lo mismo que el puerto de Santander, que lo utiliza ya para favorecer el desarrollo del
blockchain en el seguimiento de la cadena logística de las mercancías.
Finalmente, quiero decir que lo importante no es tanto la tecnología de los modos de movilidad, sino los sistemas futuros de movilidad, o sea, el entramado completo interactivo, que incluye los hábitos, los recorridos, las infraestructuras,
los medios, los modos, en fin, su encaje en la ciudad del futuro con un enfoque sostenible.
Termino citando algo novedoso, que ya ha puesto en servicio la Consejería de Obras Públicas de Cantabria, que es la utilización de cámaras de inteligencia artificial para proteger a los usuarios vulnerables, es decir, ciclistas, peatones,
personas mayores, etcétera. Todo está relacionado con el big data.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidente. Bona tarda, diputats i diputades.
La digitalización y el uso de los dispositivos personales dan lugar a una nueva generación, cuya movilidad jugará un papel crucial en el desarrollo de la sociedad. El transporte público tiene que ser útil para la ciudadanía a fin de que
pueda realizar sus actividades cotidianas en su día a día: ir al trabajo, realizar actividades de ocio, pasar el tiempo con la familia, estudiar. Solo con una movilidad eficiente y bien articulada podemos asegurar una calidad de vida para toda la
ciudadanía, independientemente del nivel de renta o del lugar de residencia. Esta nueva modalidad requiere una gestión eficiente de los recursos, con transportes intermodales y nodos de comunicación. Debemos saber cómo se mueve la
población, pero -cuidado, lo más importante- también cómo querría moverse y no lo puede hacer. La movilidad ayuda al desarrollo socioeconómico de los territorios, y por ese motivo debemos ser más exigentes en la planificación de la
movilidad en los territorios con riesgo de despoblación; es parte fundamental de los retos de sostenibilidad a los que nos enfrentamos hoy en día. Las ciudadanas, empresas e instituciones europeas del siglo XXI merecemos tener perfectamente
consolidados y garantizados nuestros derechos, y para que se puedan desarrollar hay que dotar a todos los territorios de una movilidad eficaz. Si conseguimos planificar y diseñar infraestructuras con nodos de transporte, liberaremos un gran
potencial en los territorios más despoblados y daremos oportunidad para revertir la despoblación. Con una movilidad adecuada podemos promover la vida rural de calidad, satisfacer las aspiraciones de las jóvenes vivan donde vivan, incrementar la
actividad socioeconómica en las zonas más castigadas.
Ahora, con el precio del carburante por las nubes, es cuando se hace más necesaria una planificación del transporte público, si bien este debe ser útil, y aquí hacemos referencia a nuestra enmienda. Para ser eficaz y resolver problemas
existentes, la información debe ser territorializada por provincias y tipos de transporte. Debemos saber si se ha utilizado transporte privado o público y es muy importante que esta información siempre esté disponible desde las autoridades
competentes en materia de control y vigilancia de tráfico de las comunidades autónomas. En el contexto actual de emergencia climática y precios inasumibles, el transporte público debe ser la piedra angular de las clases trabajadoras, y debe ser
asequible y fiable. No podemos continuar consintiendo retrasos estructurales en el transporte público, y es por ese motivo que con solo la activación de las aplicaciones big data no vamos a solucionar el problema. Hay que controlar in situ las
informaciones recibidas y comprobar las incidencias, que nunca recibiremos porque no existe el nodo de transporte adecuado.
Para finalizar, lo más importante e imprescindible es equilibrar la seguridad pública y la privacidad. La sensación que tenemos las ciudadanas es que hemos perdido el control de nuestros datos y que en cualquier momento podemos ser espiados
con fines comerciales o, lo que es mucho peor, con fines políticos.
En resumen, una gestión ineficiente puede dar lugar a un mal servicio a la población. Asegurar la máxima protección de los datos es un elemento básico en cualquier proyecto big data. Por ese motivo, nos quedan algunas preguntas por
realizar y que nos gustaría que nos respondieran: ¿Cómo van a garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos? ¿Van a volver a permitir que, como esta semana pasada, controlen a un grupo de jóvenes independentistas, como el
Jovent Republicà, y, en vez de analizar sus demandas, intenten infiltrar un espía para controlar sus movimientos? (Aplausos). ¿Van a permitir que se vuelva a utilizar la tecnología big data para espiar al disidente? Nos gustaría mucho recibir una
respuesta negativa a estas preguntas.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.
El señor MAYORAL PERALES: Buenas tardes.
En primer lugar, desde nuestro espacio lo que queremos seguir reivindicando es el derecho de los pueblos a la paz, la necesidad de un alto el fuego inmediato en la guerra de Ucrania y la apertura de diálogo, una conferencia internacional de
paz que permita una solución dialogada al conflicto. En este momento el conflicto de Ucrania no solamente está afectando a Ucrania y Rusia, no solamente está afectando a la Unión Europea, está afectando al conjunto de los pueblos del mundo y a la
seguridad alimentaria. Creo que la responsabilidad de defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas es la obligación de todos los demócratas del mundo ante la vorágine belicista que hoy se ha apoderado de los parlamentos y los medios
de comunicación. (Aplausos).
Hoy hablamos de big data y de las posibilidades que nos ofrece, pero, leyendo la proposición no de ley que plantea el PSOE, nosotros consideramos que falta un elemento clave, es decir, se habla de las posibilidades de la cooperación
público-privada, incluso textualmente de una de las grandes corporaciones, que prácticamente constituye un monopolio en el ámbito de las nuevas tecnologías y además tiene en estos momentos una capacidad de facturación superior a la de muchos Estados
del mundo y maneja un volumen de datos incontrolable por parte de los Estados, y frente a eso tiene que haber una respuesta democrática. La capacidad de los pueblos para poder autogobernarse pasa también por la capacidad de
estos para poder disponer de sus propios recursos, y eso significa que es necesario empezar a pensar en lógicas de soberanía tecnológica que precisamente permitan a los pueblos poder gestionar sus propios datos, sin depender de grandes
corporaciones, que, desgraciadamente, en estos momentos no están en la práctica bajo el control de ningún Estado, sino que en muchos casos operan por encima de ellos.
Además, sabemos que muchas de estas empresas tecnológicas se han introducido también en determinados sectores implementando lógicas de precarización del trabajo, abuso contra el derecho de los consumidores, elusión del derecho tributario,
ataque al derecho tributario de los países, evitando contribuir al bienestar del conjunto de la ciudadanía a través de su actividad económica, como debe suceder en una sociedad democrática. Evidentemente, en una sociedad no democrática eso no sería
necesario, no nos harían falta impuestos y no nos harían falta, por supuesto, prestaciones sociales. Podríamos simplemente conformarnos con matarnos los unos a los otros. Nosotros creemos en una sociedad democrática donde los que más tienen,
tienen que pagar más.
Creemos que es necesario impulsar una industria del software potente en nuestro país que nos permita enfrentarnos a los retos del futuro. Creemos que son necesarias apps públicas para el transporte que hagan frente a esas apps y a esas
empresas disruptivas que atacan nuestra soberanía, que atacan las obligaciones tributarias que eluden por lo que no contribuyen, que atacan los derechos de los trabajadores y que abusan de los consumidores, eludiendo sus responsabilidades ante la
legalidad. Y creemos que, por una parte, obviamente el ordenamiento jurídico les tiene que perseguir, pero, además, nos hacen falta herramientas propias, herramientas que garanticen a la gente la movilidad y el acceso tecnológico al transporte
desde lo público, que garanticen, además, que no son cajas negras que no se sabe qué hay dentro, sino que han sido creadas desde lo público con patentes públicas para defender los derechos del conjunto de la ciudadanía.
Para nosotros y para nosotras, defender la soberanía tecnológica forma parte del proceso de construcción democrática, porque la principal amenaza que existe hoy en el mundo para la democracia son las grandes corporaciones que no tienen
control de los Estados y frente a las cuales los Estados no tienen herramientas propias para poder satisfacer las necesidades de las poblaciones. Nosotros tenemos la obligación de crear esas herramientas democráticas y ponerlas al servicio del
conjunto de la población. Eso es fortalecer la democracia y eso es fortalecer la soberanía de nuestro país frente a los abusos de las grandes trasnacionales.
Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Cortés Carballo.
El señor CORTÉS CARBALLO: Buenas tardes, señorías.
Señores del PSOE, con la situación que atraviesan los españoles con la gasolina a 2,20 euros, la luz que no para de subir tras su inútil tope al gas, los alimentos por las nubes, las hipotecas que no paran de crecer ahogando aún más a las
familias y los intereses de la deuda nacional comiéndose el presupuesto público, no entiendo, sinceramente, que el big data sea una prioridad ahora mismo para el Partido Socialista. Lo digo sinceramente. Veo que no han aprendido absolutamente nada
del resultado de las elecciones andaluzas, absolutamente nada. (Aplausos).
No obstante, evidentemente, si quieren hablar de big data, hablemos de big data. La proposición no de ley aborda el uso de la información que se genera en la movilidad de los ciudadanos para planificar los servicios y las infraestructuras
del transporte. Efectivamente, millones de ciudadanos se desplazan por nuestras ciudades atravesando el país usando todo tipo de medios de transporte, aviones, trenes, coches, bicis, patinetes, barcos, etcétera. La información de todos esos
desplazamientos -horario, medio de transporte que usan, ocupaciones de las infraestructuras públicas, de los propios medios-, toda esa información de cada una de esas personas genera cada minuto una cantidad de millones de datos; millones de datos
que son imposibles de ser analizados, a no ser que tengamos un gran computador que sea capaz de tramitarlos. De ahí el concepto de grandes datos -big data, en inglés-. Del análisis de estos datos que se generan en cada medio de transporte y, al
mismo tiempo, en cada infraestructura de transporte, podemos extraer conclusiones, podemos extraer hábitos y podemos extraer modelos predictivos. Estos modelos predictivos son los que se usan para tomar decisiones a la hora de construir nuevas
infraestructuras o redimensionar los servicios ya existentes.
Como bien define el profesor experto en datos abiertos, David Bueno, los datos son la materia prima esencial de nuestra era. Pero, señor Ramos, la iniciativa que nos traen hoy es totalmente insustancial, sin
ambición, sin efectos reales. Sinceramente, más allá de poner en valor el concepto -que lo ha hecho usted bastante bien-, no aporta absolutamente nada, y más viniendo de un partido de Gobierno como el suyo. Si echan un vistazo, por
ejemplo, al portal de datos abiertos, comprobarán que la inmensa mayoría de paquetes de datos publicados corresponden a ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Uno de los que siempre ha liderado la puesta a disposición de datos a
desarrolladores es precisamente mi ayuntamiento, el Ayuntamiento de Málaga, donde tuve el honor de ejercer como concejal de nuevas tecnologías durante ocho años. Allí publicamos una ingente cantidad de datos -algunos de ellos en tiempo real-
precisamente de movilidad, lo que permitió hacer aplicaciones públicas para que los usuarios pudieran conocer, por ejemplo, el estado de los aparcamientos o saber los tiempos de llegada de los autobuses.
Sin embargo, su discurso contrasta con lo que el propio Gobierno ofrece en la plataforma de datos abiertos del Estado. Sin ir más lejos, si echamos un vistazo a la estadística de la DGT, la última que se publica es del año 2020. O sea,
ustedes publican las estadísticas de la DGT del año 2020 y cuando tenemos la curiosidad de apretar el enlace, ¿saben lo que pasa? Esto pasa (muestra una hoja en la que se lee: Error 404), error, no se puede acceder a los datos de la Dirección
General de Tráfico. (Aplausos).
Por tanto, señores del PSOE, no basta con venir aquí a contarnos las bondades del big data o todo lo que se puede hacer cuando su propio Gobierno les deja en evidencia constantemente.
Por ello, el Grupo Popular, como partido responsable que es y de vocación de Gobierno, ha hecho una serie de enmiendas para mejorar su iniciativa, prácticamente la hemos rehecho entera, es una nueva redacción. Esa redacción contempla
realmente los mecanismos -no solamente los brindis al sol, sino los mecanismos concretos- y somos más ambiciosos en cuanto a objetivos, porque no solamente hay que garantizar los datos y la privacidad, por supuesto que sí, pero, sobre todo, que esos
datos -ya se ha dicho aquí- sean fiables y que permitan realmente la toma de buenas decisiones. Se trata también de resaltar la necesaria publicación de datos en tiempo real. Esto ya lo he explicado: horarios de transporte, niveles de ocupación
de aparcamientos, de medios de transporte, de distintos tipos de aviones, trenes, metro, autobuses, bicicletas, coches compartidos. Esa realmente es la información que necesitan los investigadores y los desarrolladores, información en tiempo real
para poder desarrollar distintos aplicativos. Y también hemos añadido un punto cinco, que es para impulsar la competitividad de las empresas españolas; empresas que, por cierto, trabajan a nivel internacional y están bastante bien reconocidas. En
ese campo hemos pedido que se utilicen las ayudas públicas a I+D+i y la compra pública innovadora como mecanismo para potenciar esos nuevos trabajos de investigación.
Por último, hemos añadido otro punto más, porque a veces desde las administraciones públicas en vez de incentivar precisamente este tipo de estudios se desincentivan en los pliegos de licitación. ¿Por qué? Porque, en algunos casos, incluso
se les pide que faciliten los algoritmos, que faciliten los distintos sistemas internos, con lo que darían información lógicamente sensible e industrial a la competencia. Por eso el punto seis es precisamente para que se tenga en cuenta este tipo
de vigilancia a la hora de la redacción de los pliegos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor CORTÉS CARBALLO: Termino ya, simplemente, diciéndoles...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Finalice, por favor.
El señor CORTÉS CARBALLO: ... que acepten nuestras enmiendas y así, por fin, será realmente una iniciativa que servirá para algo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, señor presidente.
Señorías, antes de comenzar con el tema de fondo, señor Mayoral -no le veo por aquí-, quiero decir que no son las instituciones, los parlamentos ni la prensa quienes están inmersos en una vorágine belicista, es ese señor de la guerra que nos
ha obligado a todos a dar una respuesta democrática y firme frente a lo que es una agresión. Nada más. Quería hacer esas menciones. No puedo admitirlas desde el punto de vista democrático.
Y voy a la materia. Señor Ramos, amigo Ramos, ¡vaya!, han calificado como insustancial la proposición no de ley. Pues para ser insustancial, la verdad es que está provocando reacciones bastante encontradas.
Yo, por mi parte, le tengo que decir, primero, que me ha sorprendido su intervención en el sentido de que ha incidido en una materia como las ganancias o beneficios que puede producir el mercado de los datos, que no creo que fuera en
principio el objeto de esta proposición no de ley. Pero, además, para concretar, con los metadatos, con el big data, se persigue explotar datos obtenidos por todos los sistemas para mejorar los modelos predictivos y mejorar con ello la capacidad de
dar servicio y la capacidad de generar nuevas situaciones, nuevas perspectivas y nuevas actuaciones. Por ello, las instituciones públicas han de permitir utilizarlos también en materia de movilidad -terrestre, aérea o marítima- como modelo
predictivo o de los ya en marcha, se ha hecho referencia a modelos de tráfico y otros.
Por ello, nada que advertir respecto a esa cuestión, con la que vamos a estar de acuerdo. Nada, salvo su obviedad, porque impulsar la activación de información que proporcionen esos metadatos para que todos puedan disponer de ellos, tanto
particulares como instituciones públicas, que el acceso a esos datos sea público para permitir su desarrollo o que ello redunde en la mejora de la planificación de infraestructuras y servicios de transporte y movilidad, son propósitos conocidos, por
supuesto, estamos de acuerdo, pero es que no debiera hacer falta que instáramos al Gobierno a hacerlo, pensamos que por sí solo ya podría actuar. De hecho, nos da la impresión de que esta proposición no de ley, como sucede con otras propuestas de
partidos que participan en algún Gobierno -y no lo digo solo por ustedes, ha ocurrido también cuando ha estado el PP en el Gobierno en su momento-, no aporta nada, no dice más que obviedades. Pero sí tiene algún silencio respecto del que sí han
hecho alguna advertencia quienes me han precedido en el uso de la palabra.
En el primer punto de la parte dispositiva de esta PNL se apunta como final de frase lo siguiente: garantizando el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Ese es, desde mi particular punto de vista, el elemento más destacado y
más importante de esta proposición no de ley, al que creo que no presta suficiente atención. No tanto a instar al Gobierno a actuar de una forma obvia en lo que a políticas públicas se refiere, sino a hacerlo protegiendo, además, los derechos de
los ciudadanos. A mi modo de ver, lo relevante desde el punto de vista de la dimensión ciudadana debiera ser que se propusieran medidas de protección de sus derechos individuales reconstituidos hasta hoy genéricamente en la Ley 3/2018, de
protección de datos personales. Lo relevante es advertir que el uso de los metadatos entraña un riesgo frente al que se debe dotar de protección a los ciudadanos, ya que las capacidades técnicas de los operadores para poder hacer un uso
indiscriminado de toda esa información es muy superior a la regulación que impone límites a su utilización e incluso a sus posibilidades de supervisión.
Le voy a contar una anécdota parecida a algo que ha señalado usted en cuanto al COVID. Durante los primeros momentos del COVID el conocimiento de sus características y de su modo de expansión era una incógnita, razón por la cual se
adoptaron diferentes medidas, entre otras -ustedes la conocen- la del confinamiento, pero no solo el confinamiento, sino también la limitación de movimiento para quienes por algún motivo pudieran tener alguna actividad. Y eso suponía un reto
porque, si la medida de confinamiento tenía sentido para evitar la transmisión del virus, era importante saber si se cumplía realmente. Esto es saber realmente si el bicho estaba retenido en un espacio físico o, por el contrario, la movilidad
resultaba ser mayor de lo previsto y, por ello, su capacidad de contagio también mayor. Pues bien, comoquiera que no existía una manera cierta de conocer qué es lo que pasaba, algún responsable solicitó la colaboración de alguna operadora por si
existía alguna fórmula que permitiera conocer la movilidad de los teléfonos móviles o, mejor dicho, de sus usuarios, procurando -eso sí, o al menos así lo han contado- resguardar la privacidad de aquella información. El resultado fue al parecer
tremendamente ilustrativo y parece que de ahí se obtuvieron conclusiones muy importantes. Ese es un uso inteligente de los metadatos. Pero, ojo, incluso en aquella ocasión lo realmente relevante habría sido la protección de los derechos
individuales de los usuarios; y esa es la faceta que esta proposición no de ley no contempla de forma adecuada o de forma lo suficientemente intensa.
No obstante, señor Ramos, votaremos a favor, pero me gustaría que en esa acción de Gobierno tuvieran en cuenta esta faceta: lo importante de los datos no es tanto su existencia o su utilización, sino la protección de los individuos frente a
su uso.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Buenas tardes y gracias, señor presidente.
Señor Ramos, es que no sé qué decirle, porque el señor Cortés ya le ha entrado a usted al hígado y el señor Barandiaran me ha quitado toda la parte amable del discurso. (Risas). Pero bueno, yo le tengo aprecio y entiendo que es mutuo, así
que tómeselo usted como si se lo dijera a su grupo parlamentario, no es nada personal. Sinceramente, después del debate de los móviles y de Pegasus, ha subido usted aquí a explicar lo del big data amenazando con que es algo que no entendemos, que
los españoles no entienden o no acaban de entender bien, pero que es eso que hace que todo el mundo sepa dónde estamos y lo que subimos a las redes. Ha tenido usted más puntería que James Bond motivado. (Aplausos).
En todo caso, se trata de una PNL para instar al Gobierno a que haga cuatro cosas. Ya no es -como tantas veces hemos repetido- que el Grupo Socialista traiga mociones para que entre todos le ayudemos a pedir cosas al Gobierno, es que
ustedes son Gobierno. No sé si esa facilidad que deberían tener ustedes para hablar con los ministerios realmente no es tal o que los ministerios no hablan con ustedes, pero nos piden que les ayudemos nosotros a convencer al Gobierno de que haga,
además, cosas que ya debería estar haciendo, y no solamente las debería estar haciendo, sino que yo estoy convencido de que esto lo está haciendo ya. Además, se lo han dicho ya. Ustedes piden que se pongan en marcha mecanismos de recogida de datos
y análisis de los mismos en el ámbito de la movilidad de los españoles para tener estadísticas de movilidad, que esas estadísticas sean accesibles públicamente, que se fomente el desarrollo de aplicaciones para interpretar y visualizar esos datos y
que se utilicen estas herramientas para diseñar infraestructuras y transportes de la mejor manera posible para los españoles. Claro, la pregunta es: ¿tan mal está la cosa que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no está haciendo
esto? Porque si no se encarga justamente el ministerio de diseñar basándose en datos recogidos y mediante el análisis de la experiencia de cómo se mueven los españoles, ¿cómo está diseñando las infraestructuras y el transporte en este país? Pero
es que digo que lo están ustedes haciendo porque en 2018 el ministerio ya anunció un proyecto sobre la utilización de la tecnología big data para la definición y cuantificación de la movilidad interprovincial a nivel nacional. Es decir, esto
debería ser ya una realidad desde ese proyecto de 2018. Es más -y se lo han recordado-, con la pandemia en los primeros días de abril de 2020 se dijo que esa experiencia de 2018 era una experiencia utilísima precisamente para comprobar cómo se
movían los españoles y, sobre todo, ver la eficacia de las restricciones de movilidad que se impusieron con el coronavirus. Pero es que en diciembre de 2020 el Gobierno empezaba a publicar en el sitio web Open Data Movilidad -que conocerá usted
perfectamente- los datos de movilidad de los españoles a diario a nivel nacional y obtenidos mediante tecnología big data. Esto se estaba publicando desde diciembre de 2020 y, además, retroactivamente desde octubre de 2020. Claro, ¿cuál es el
problema? Que cuando uno entra en la página de Open Data Movilidad se da cuenta de que solo está publicado hasta mayo de 2021, es decir, los datos están absolutamente desactualizados. Claro, la pregunta es: ¿Está el Grupo Socialista quejándose en
este Congreso de que el Gobierno no actualiza una página web donde debería estar colgando datos diariamente? Además, se comprometió a hacerlo como un ejercicio de transparencia ante los españoles.
Vaya por delante, por supuesto, que nosotros le vamos a votar que sí. Además, fíjese, tan de buena voluntad que creo que vamos a ser casi los últimos en intervenir, porque se lo ha enmendado todo el mundo. Para ser una cuestión que usted
ha presentado como algo casi casi irrelevante, todo el mundo le ha presentado enmiendas. Nosotros vamos a votar a favor porque creemos que esa utilidad del big data debe aplicarse a la movilidad y, como usted ha dicho, a muchos otros casos.
Nos gusta, además, cuando usted dice que el ministerio lo haría mediante convenios con las empresas telefónicas, y nos gusta todavía más cuando se dice que se hará con absoluto respeto a la legalidad vigente en materia de protección de
datos. Pero, claro, como le he dicho, cuando ha subido usted aquí acabábamos de terminar un debate sobre Pegasus y teléfonos móviles pinchados en las máximas instancias del Gobierno, por lo que comprenderá que nos genere cierta desazón. En todo
caso, como le he dicho, nosotros se la vamos a apoyar, vamos a votar que sí, porque creemos que, aun siendo una PNL de febrero de 2021, están pidiendo ustedes algo que en ese momento ya se estaba haciendo, en febrero de 2021 ya se estaba haciendo.
Es verdad que luego, en mayo de 2021, el Gobierno dejó de publicar estos datos y lo que hay que hacer es precisamente retomar esa iniciativa y actualizar los datos.
Tienen ustedes todo nuestro apoyo, claro que sí, para recordar al Gobierno que haga lo que tiene que hacer, que lo haga bien y, sobre todo, si ya ha empezado a hacerlo, que siga haciéndolo de la misma manera, que para eso le pagamos el
sueldo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Todos sabemos que la tecnología en sí no es mala, lo que muchas veces es malo es el uso que se hace de ella, incluso cuando se pretende aplicar a algo como el transporte público. A nosotros nos preocupa si es para mejorar el transporte
público con criterios de rentabilidad social o si es para optimizar el transporte público con criterios de ahorro económico, porque son razones muy diferentes.
En cualquier caso, sabemos que disponer de estadísticas de datos actualizados en cualquier ámbito es muy útil. En este caso del big data la propuesta nos parece correcta, pero también matizamos aspectos que aquí ya fueron mencionados, como
que esa recogida y tratamiento garanticen el anonimato y no solo el respeto a las normas de protección de datos o que se aseguren la transparencia en todo el proceso, pero también que esos datos no puedan definir o limitar las políticas públicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: De acuerdo. En fin, ahí queda.
Grazas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Señorías, señor Ramos, he empezado mi primera intervención reprochando al diputado Requena, del Grupo Popular, que tenía una técnica parlamentaria un tanto extraña, un marketing parlamentario un tanto extraño porque les ponía el dedo en el
ojo y les pedía que le apoyasen, pero se sube usted aquí y deja corto al señor Requena. Ha atizado al Partido Popular, ha atizado a Núñez Feijóo, que es mucho más radical que Pablo Casado, y les dice: y me pueden votar a favor la proposición no de
ley. La verdad, se lo he dicho antes, me estoy haciendo viejo rápidamente. A mí me enseñaron que si tú quieres que te apoyen algo, les explicas la bondad del proyecto, procuras no insultarles ni meterles en muchos líos, que te lo aprueben y una
vez votado ya después te despachas con el adversario, pero hacerlo de antemano es un tanto peculiar. (Risas y aplausos).
Dicho esto, ya le anticipo que vamos a votar a favor de la PNL, incorporen o no enmiendas. Creo que ni la movilidad ni el big data ni la tecnología van a suponer un antes o un después de esta PNL, pero algunas de las cuestiones que se
plantean y que son realmente interesantes, quizá nos deberíamos plantear introducirlas no tanto en una PNL, que tiene la trascendencia que pueda tener, sino en este proyecto de ley de movilidad en el que está trabajando el ministerio. Quizá aquí sí
sería importante afinar y hacerlo suficientemente bien, porque la tecnología es muy importante y el big data es un reto en el ámbito de la movilidad y en otros ámbitos que nos van a pertocar desde la óptica de la gestión pública.
Les explico una experiencia no tanto de big data, sino simplemente de tecnología aplicada en pleno siglo XXI. Hace pocos días estuve visitando, a raíz de la ley de movilidad, una empresa de transportes relativamente importante de la Costa
Brava, y me pusieron de manifiesto que no podían comprender cómo Renfe -compañía estatal- no era capaz de transmitir a todas las compañías de transporte por carretera -empresas de autobuses- sus horarios on time, para que cuando un tren se retrasase
diez minutos, veinte minutos o media hora las compañías pudieran adaptar la movilidad y los horarios de sus vehículos a estos retrasos. Eso, que parece que no puede ser posible que esté ocurriendo en pleno siglo XXI, todavía está pasando. Por
tanto, les pediría, como grupo parlamentario que apoya al Gobierno, que el Gobierno sea sensible a esta situación y que la tecnología se aproveche para que sean mucho más eficientes todos los movimientos. Que Renfe hoy no transmita todos sus
horarios en tiempo real a las diferentes compañías de transporte de pasajeros por carretera no es fácilmente comprensible.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Bel, debe finalizar.
El señor BEL ACCENSI: En todo caso, nuestro voto será favorable.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De las Heras Fernández. (Aplausos).
La señora DE LAS HERAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista, que es también el partido del Gobierno, pide a esta Cámara que seamos cómplices en la utilización de herramientas informáticas para la geolocalización de los ciudadanos, datos que les pertenecen en exclusiva a sus
legítimos dueños. Como dice la Agenda España, debemos defender la soberanía nacional y personal de esos datos, algo que en 2018 ya utilizó el entonces Ministerio de Fomento a través de un plan piloto con la tecnología big data; licitación, por
cierto, de 2017, cuando gobernaba el Partido Popular, y es que tanto monta, monta tanto PSOE como PP, PP como PSOE: uno pone las ideas y el otro las ejecuta. Déjenme preguntarles: ¿les ha servido de algo? ¿Han mejorado las infraestructuras, las
rutas o las conexiones? ¿Han cohesionado el territorio con ese plan piloto? No, no han hecho nada; bueno, sí, gastarse 300 000 euros de los españoles en ese plan piloto, porque si hay algo que aquí saben hacer todos ustedes de maravilla es
gastarse el dinero de los españoles. (Aplausos). Y no solo no pagan a los españoles por sus datos, sino que tienen la poca vergüenza de costear con su dinero ese ataque a su propia intimidad, derecho contra el que, como decía, tanto Partido
Popular como Partido Socialista han atentado.
Aparentemente, el uso de big data con fines estadísticos y analíticos podría parecer útil, siempre y cuando las estadísticas no las haga Tezanos, claro. Aunque da igual, cuando las estadísticas no son del agrado del Ejecutivo acaba metiendo
sus sucias manos de todas formas, como ha pasado con los datos del PIB y del IPC del Instituto Nacional de Estadística que, tras ser cuestionados por el Gobierno y con unas supuestas acusaciones de injerencia del Ejecutivo, han acabado
misteriosamente con la dimisión del presidente de la institución. Como decía, si bien aparentemente podrían parecer útiles, lo cierto es que, en primer lugar, como hemos podido comprobar, a pesar de haberse realizado ya un plan piloto hace nada
menos que cinco años, no han hecho absolutamente nada. En segundo lugar, si nos fijamos en el informe del propio plan piloto de 2018, se prescinde del consentimiento personal. No basta la mera localización consentida, sino que el uso de la
tecnología big data supone utilizar los registros de las antenas de telefonía móvil para efectuar un seguimiento de los ciudadanos, registrando datos cada vez que el dispositivo interactúa con la red -llamadas, mensajes o conexiones a Internet-,
siempre que haya actualización del dispositivo móvil o hasta el cambio de área de cobertura. En dicho estudio incluso se elabora un diario de actividades, en el que la información asociada detalla dónde dormimos, cuándo salimos de casa, cuándo
vamos a trabajar, cuándo volvemos, si hay tipos de actividades no frecuentes en nuestra rutina y hasta cuál es nuestro domicilio. Y aunque nos hablan de datos anonimizados, cómo fiarnos del partido que ha llegado al Gobierno con mentiras.
(Aplausos). ¿Anónimo? Quién sabe. ¿Consentido? En absoluto. Una clarísima vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar, así como del secreto de las comunicaciones del artículo 18 de nuestra Constitución. ¿Se imaginan esa cantidad
de datos en manos de un Gobierno que apenas en dos años y medio de legislatura ha vulnerado los más fundamentales derechos de los españoles, ha declarado dos estados de alarma inconstitucionales y el cierre de la Cámara de representación de la
soberanía nacional? ¿Se imaginan esa cantidad de datos en manos de los socialistas? Por cierto, una pregunta: ¿el espionaje del señor presidente fue con big data o sin big data? Porque esto todavía no lo tenemos muy claro. (Aplausos).
En cuanto a la España vaciada, ustedes les han abandonado, Partido Socialista y Partido Popular, turnándose el Gobierno durante todos estos años, y ahora les quieren hacer creer que con una tecnología llamada big data van a solucionar
milagrosamente sus problemas. Miren, el estudio del plan piloto específicamente incide en que la proximidad de los trazados no permitiría distinguir los medios terrestres en zonas rurales, así como el hecho de que los usuarios sean atendidos o
captados por las mismas antenas, y ello hace que la poca precisión sea de hasta varios kilómetros en zonas rurales. ¿Por qué no dejan de engañar a los españoles?
Para concluir, esta iniciativa pone como ejemplo de su efectividad en la exposición de motivos la propia gestión que habría hecho este Gobierno de la crisis sanitaria del COVID, en especial la geolocalización; una aplicación que lo que hizo
fue controlar a los ciudadanos y no al virus, y fracasó estrepitosamente. (Aplausos). Si el resultado de la iniciativa va a ser el mismo que el que han hecho de la gestión de la pandemia, es mejor que no hagan nada.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Señor Ramos Esteban, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
El señor RAMOS ESTEBAN: Estamos trabajando en una transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy bien, gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE LA REGULARIZACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES RESIDENTES EN EL ESTADO. (Número de expediente 173/000159).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la regularización de las personas migrantes residentes en el
Estado.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.
La señora CARVALHO DANTAS: Gracias, presidente.
Es importante decir que registramos esta moción antes de los hechos de la masacre de Melilla. El ministro Escrivá dice que la migración es una oportunidad para la sostenibilidad de las pensiones aquí en España y propone una reforma del
reglamento de extranjería con una finalidad casi puramente económica. O sea, ustedes reconocen que necesitan a las personas migrantes y, sin embargo, le pagan a Marruecos para pararlas y matarlas en la frontera, incluso dentro de su territorio
español, y además lo hacen con nuestro dinero. (Aplausos). La porra que pega, que parte cabezas y que hace sangre, y las pelotas de goma que matan las pagamos entre todas. ¡No en nuestro nombre, nunca en nuestro nombre!
La relación que tiene esta moción para que el Gobierno proceda a regularizar todas las personas extranjeras que se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español se ha reforzado, y mucho, desgraciadamente, por la
masacre en Melilla. El periodista Jairo Vargas Martín explica un agravio comparativo: primero, 2000 personas negras desplazadas por conflictos en el continente africano han sido molidas a palos y 37 han muerto al buscar refugio en España;
segundo, más de 120 000 personas blancas desplazadas por la guerra de Ucrania han podido llegar a España en menos de cuatro meses; tercero, las refugiadas del continente africano solo puede pedir asilo en España saltando la valla de Ceuta o Melilla
o subiéndose a una patera; cuarto, las de Ucrania tienen la directiva de protección internacional, aplausos de políticos y sociedad civil. ¡Racismo! ¡Hipocresía!
Los mismos gendarmes que dejaron sin vigilar la frontera de El Tarajal con aquellos asesinatos han cruzado la valla de Melilla para golpear y devolver en caliente a los migrantes que estaban en suelo español; es decir, para pegar y matar a
personas negras migrantes el Estado español no protege su integridad territorial. La lógica es que los preferís muertos antes que dentro de su España y, como matar es delito, necesitáis que los maten otros. Si las imágenes de personas migrantes
golpeadas y amontonadas en el suelo inconscientes y muertas fueran víctimas de la guerra de Putin, la OTAN estaría preparando arsenales y movilizando tropas, y Europa hablaría de crímenes de guerra. ¡Hipócritas! (Aplausos). Gran parte de las
personas que saltaron y fueron asesinadas en una masacre en la valla de Melilla vienen de Sudán; llevan años de ruta; han cruzado el desierto; han pasado por Libia; algunos han sido devueltos en el mar cuando iban hacia Italia o han muerto
también; soportaron la extorsión, la violencia y la tortura; y cuando llegaron a Marruecos, la misma dinámica.
Las compañeras de CNNAE Cataluña en la concentración de Barcelona dijeron lo siguiente: Sabemos que el Gobierno de Marruecos -no sus pueblos- es antinegro. Sus pactos sangrientos con España cuentan con la bendición de la Unión Europea, de
la misma manera que llenan de dinero a Turquía. No nos vamos a rendir, porque migrar es un derecho. En su mayoría son personas sudanesas y chadianas -no subsaharianas, como se dice para referirse a negro de mierda-. Son 37 personas negroafricanas
muertas, asesinadas por las autoridades marroquíes y españolas. ¡37 personas asesinadas!
El Reino de España es profundamente antinegro, desprecian esas muertes, mercadean con sus vidas y con sus territorios como cromos, con pactos sangrientos con Marruecos avalados por la Unión Europea. Culpamos también a gobiernos africanos,
con sus acuerdos extractivistas, cerrando la posibilidad de viajar legalmente, sin conceder visados a su población, mientras se firman acuerdos de
pesca con la Unión Europea, o con atrocidades como el Plan África 2030 y con conceptos perversos como la migración circular que, por cierto, consta en la reforma del reglamento de la ley de extranjería.
Un dato, según el diario Público y la Fundación porCausa, diez multinacionales se embolsan el 65 % del dinero que España destina a frenar la migración y 7 de cada 10 euros para gestión migratoria fueron a parar a un grupo de diez empresas
con más de cien casos de puertas giratorias, principalmente ex altos cargos del PP y del PSOE y, también, de aristocracia vinculada al franquismo. A la cabeza Babcock, ACS e Indra.
El movimiento #RegularizaciónYa dice: No nos entra en un comunicado toda la rabia y la impotencia de ver cómo las vidas migrantes, las vidas negras y los cuerpos racializados en las fronteras pueden sufrir toda la violencia de los estados
responsables de la falta de vías seguras para acceder a Europa fortaleza y llamar a esas actuaciones criminales acuerdos de cooperación. ¡Asco absoluto! Asco por las palabras y declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¡Asco!
La masacre ha puesto en evidencia la falta de voluntad política por parte del Gobierno español con respecto a la ILP por la regularización y un auténtico rechazo a su obligación de respetar, de proteger, de promover los derechos de las
personas migrantes y la causa principal es que no se nos reconoce como personas. Así de crudo es su racismo.
Las fuerzas del orden español y marroquíes actuaron con gases y balas de goma para luego apilar cadáveres y cuerpos de heridos abandonados de toda asistencia médica posible y viendo agonizar a muchos, y golpeando con porras en el suelo a
supervivientes que caían en la valla. ¿Cómo puede un Gobierno carecer de toda la humanidad a la hora de felicitar esas actuaciones? ¿Cómo puede financiar esas organizaciones criminales del supuesto país seguro vecino y decir que una masacre es un
ejemplo de cooperación internacional? No son hechos aislados, no son -como los llama la prensa oficial- asaltos e invasiones, sino tragedias anunciadas y expulsiones de fronteras.
Señorías, no cabe imparcialidad en esta moción ante tamaña guerra librada contra las personas migrantes. Jamás hubieran actuado así con rubitos de ojos azules. Basta de racismo institucional. Regularización ya
Señorías de Unidas Podemos, aceptamos...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora CARVALHO DANTAS: ... su enmienda. Pero les digo una cosa: demasiado tarde, demasiado simple. El número de víctimas de las fronteras se ha disparado durante vuestra legislatura. Esa es la triste y dura realidad. Helena Maleno.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de la enmienda formulada, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.
Hace casi dos años debatimos una iniciativa de los grupos parlamentarios que formamos la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno, pero sin el PSOE, que en materia de derechos humanos desgraciadamente aún le cuesta un poquito, pero
espero que hoy sí se sume a esta iniciativa. Hoy debatimos una obligación de nuestro país para con las 600 000 personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular y que trabajan en España; una obligación de garantizar sus
derechos y, por tanto, de regularizar su situación. Una obligación que es, además, una obligación de nuestro país con los organismos internacionales. El propio relator de la ONU sobre pobreza extrema y derecho humanos, Philip Alston, quedó
horrorizado en su visita en 2020 por los asentamientos de temporeros en Andalucía, sin acceso a suministros, sin condiciones de higiene y salubridad, y también quedó horrorizado con las condiciones de las trabajadoras del hogar.
La verdad es que estamos ya muy cansadas de escuchar excusas que simplemente son mentiras, unas por racismo y por xenofobia, y otras, simplemente por no tener la capacidad y tener cobardía para afrontar la situación. Vamos a escuchar que el
pacto europeo sobre la inmigración y el asilo no lo permite porque impide las regularizaciones generales, pero eso es simplemente mentira. Cuando se aprobó este pacto, el Gobierno de España liderado por Zapatero -recordémoslo- declaró que la
redacción definitiva admite regularizaciones por motivos económicos y proscriben las regularizaciones generales, pero no las
masivas. Caso por caso, decía. Sí, caso por caso y, por tanto, legitimaría el proceso de regularización que ya se estaba dando a 600 000 personas migrantes con contratos realizados en 2005. Y, ojo, que dijo también que eso nos ataría las
manos para el futuro. Es decir, en ese momento, el PSOE estaba de acuerdo con las regularizaciones de las personas migrantes que residen y trabajan en España. Por cierto, señorías de la derecha, Zapatero hizo una regularización de 600 000 personas
y Aznar también la hizo, de otras 400 000 personas. Se puede, por supuesto que sí se puede. Se ha hecho con muy buen criterio para las personas que huyen de la guerra de Putin en Ucrania, para esas 135 000 personas que han elegido como destino
España. Lo están haciendo en condiciones de migración regular y, por tanto, esto significa que no es una cuestión de números. Esto demuestra que cuando se tiene voluntad se articulan dispositivos de acogida. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia).
Hablemos también de los asesinados este viernes en Melilla, de la criminalización que se ha hecho contra estas personas. Hay que luchar contra las mafias, por supuesto, pero también contra la inhumanidad. Allí también había gente de Sudán
o de Mali, y las suyas, señorías, también son guerras y también hay que protegerles. Y no, la actuación de España y de Marruecos este viernes en la frontera con Melilla no ha estado bien organizada, bien perpetrada y bien resuelta. Que haya
decenas de fallecidos es algo que no está bien resuelto; que Marruecos haya abierto zanjas para enterrar los cuerpos en fosas impidiendo la correcta investigación es algo que no está bien resuelto; y la apertura de una causa penal a 29 personas
migrantes y su entrada en prisión es algo que no está bien resuelto. Por tanto, España lo que debe hacer es rectificar y basar sus relaciones con Marruecos en los derechos humanos y no en la masacre. (Aplausos).
Señorías, la frontera sur ha puesto de manifiesto de nuevo que es necesario que España lidere la propuesta europea para establecer vías legales y seguras, y lo hemos dicho infinidad de veces aquí en tribuna. Vías legales y seguras que
garanticen la integridad física y moral de las personas migrantes y refugiadas porque es una responsabilidad europea. Porque la migración es un proceso natural y porque el año pasado, solo el año pasado, murieron más de 4400 personas intentando
llegar a España por vía marítima.
Hoy vamos a escuchar mucho odio, mucho racismo y mucha xenofobia y ese odio no solamente viene de la extrema derecha de VOX, sino también de la extrema derecha del Partido Popular, que para este caso son lo mismo. El pasado día 11 ardieron
de nuevo los asentamientos de temporeros y temporeras del polígono de San Jorge de Lepe. Ahora, después de que lo hayan reconstruido, al alcalde de Palos, que también es diputado nacional del Partido Popular, no se le ha ocurrido otra cosa que
invadir esa zona, que es una propiedad privada que tiene permiso de su dueño, y llevar una excavadora para destruir ese asentamiento y volverlos a llevar a la calle. Contra eso, lo que ha hecho el Gobierno de España, en concreto, el Ministerio de
Derechos Sociales, ha sido cerrar un protocolo de acción entre el Gobierno, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer dotado -termino, presidenta- con 5 millones de euros.
La señora PRESIDENTA: Señora Franco, tiene que terminar, por favor.
La señora FRANCO CARMONA: Termino.
Aquí en los hechos se puede ver la diferencia entre quienes difunden el odio y el racismo, y quienes respetamos los derechos humanos y amamos también nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Franco.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.
Las imágenes de las 37 personas asesinadas en Melilla son horrorosas. De hecho, nosotros hoy no hemos querido estar en el minuto de silencio. Nos parecía hipócrita. Y digo hipócrita porque estos muertos tienen responsables: el Gobierno
de Marruecos -que está enterrando a las personas asesinadas para que no se puedan hacer autopsias- y el Gobierno español, que en estas Cortes se refiere al Partido Socialista Obrero Español y a Unidas Podemos. Del PSOE ya lo sabemos, es el partido
de la ley de extranjería, el partido de los centros de internamiento de extranjeros y el partido que ha levantado la arquitectura política de la muerte, pero de Unidas Podemos no nos lo esperábamos. Preferimos decir las cosas con una canción, una
vieja canción catalana, que dice: No era això companys, no era això.
Los asesinatos son responsabilidad de la arquitectura europea de la muerte, aniquiladora de vidas y destructora de proyectos vitales. Y, además, el presidente del Gobierno habla de mafias. Esto es un discurso de extrema derecha, señorías
(aplausos); responsabilizar a la gente asesinada hablando de mafias es lo mismo que dice la extrema derecha. De hecho, esta mañana lo han dicho en la sala de prensa. Y es que las declaraciones del presidente del Gobierno español felicitando el
operativo de la policía marroquí son de escándalo, porque disculpan las muertes y además prueban que la violencia entra dentro del pacto entre el Gobierno español y el Gobierno marroquí. Y prueba son las imágenes de policías marroquíes saltando la
valla en territorio español para apalizar, coger a jóvenes y practicar lo que se llama las deportaciones en caliente, que además han sido condenadas muchísimas veces por las organizaciones de derechos humanos europeas. Por todo esto el minuto de
silencio nos ha parecido hipócrita, y estoy intentando ser educada (aplausos), porque es el lavado de cara del 'bien resuelto' que espetó Sánchez el sábado. Las imágenes son estremecedoras, las declaraciones y los silencios sobrecogedores, pero lo
más aterrador es que parece que ustedes no tienen ninguna diferencia con la extrema derecha cuando se habla de migraciones y de frontera sur. (Aplausos). Y esto es aterrador, señorías.
Acabo con el sentido de la moción. Obviamente, vamos a votar a favor. La regularización y la apertura de fronteras, lo decía la compañera Dantas, son principios mínimos ante tanta barbarie. Cuando se practica la muerte como política
reiterada en la frontera sur, regularizar a todas las personas en situación irregular en el Estado español es de mínimos. Hay una ILP en marcha; a toda la ciudadanía, firmad, buscad puntos, buscadlos en las redes: regularización ya.
Contribuyamos en la medida en que podamos a que el futuro sea en dignidad, para todas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vehí.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.
Arratsalde on. Buenas tardes. Han pasado ya cuatro días desde las terribles imágenes que vimos en la frontera de Melilla y yo tengo la percepción, tengo la sensación, de que estamos todos y todas mirando para otro lado. Ha sido muy
significativo que en el minuto de silencio con el que ha comenzado este Pleno hayamos sido incapaces de mencionar a las al menos 37 víctimas que fallecieron en la valla de Melilla el pasado viernes. ¿Qué pasa? ¿Nos avergüenza, verdad? Ese es el
tema, nos avergüenza. (Aplausos). Pero ¿por qué no se puede hablar? ¿Por qué no se puede denunciar la mayor tragedia que ha ocurrido en la frontera española en las últimas décadas? Cuando ocurrió la tragedia de El Tarajal todas y todos fuimos
muy exigentes. Yo recuerdo que Izquierda Unida y el Partido Socialista solicitaron no solo la comparecencia del señor Fernández Díaz sino también una comisión de investigación. ¿Y ahora qué? Ahora, ante unos hechos más graves, ¿qué pasa? (Una
señora diputada: ¡Muy bien!). ¿Vamos a mirar para otro lado? El problema es ese. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y el Partido Popular actuando en torno a las migraciones? Yo no veo tanta. Bueno, al menos, el señor Fernández Díaz se dignó
a comparecer a los pocos días en la Comisión de Interior de esta Cámara. ¿Dónde está el señor Grande-Marlaska? Mañana tengo una interpelación, una pregunta a este señor, pero espero que comparezca lo antes posible ante este Congreso para aclarar
qué ocurrió el viernes.
Hemos visto imágenes terribles de personas agonizando sin ningún tipo de socorro ni auxilio; a agentes policiales marroquíes agrediendo, incluso con piedras, a personas migrantes, y algunos de ellos en territorio español. ¿Quién dio la
orden de que accedieran a Melilla? ¿Quién lo permitió? ¿Por qué se permitieron las expulsiones sumarias de personas migrantes? ¿Qué material antidisturbios se utilizó? ¿Dónde están las imágenes, tanto las del perímetro de la valla como las del
helicóptero? ¿Dónde están? No miren para otro lado.
Nos hemos enterado que alguien ha dado una orden ad hoc para que esas 133 personas, ateniéndose a un criterio sanitario, fuesen aisladas en el CETI de Melilla, de donde no les dejan salir. Me gustaría saber también quién ha dado esa orden
con criterio ad hoc. Saben que la inmensa mayoría de las personas que accedieron a territorio español proceden de Sudán y por ello son potenciales solicitantes de asilo. Esto es, al 90 % de los sudaneses y sudanesas que han pedido asilo en España
se les ha concedido, teniendo en cuenta cuál es la situación política de ese país. Pero ¿cuál es la situación? Si son solicitantes de asilo, ¿cuál es el problema? El problema, en primer lugar, es que no pueden solicitar asilo en origen, y en
segundo, que en esos puestos de frontera que abrió el Partido Popular tras la masacre de El Tarajal las personas de origen subsahariano no tienen acceso. ¿Y por qué no tienen acceso? Porque España así se lo ha pedido a Marruecos. Entonces estamos
ante un caso de externalización de fronteras. ¿Qué ocurre
ante ese caso? Que las personas que quieren entrar en España a solicitar asilo tienen dos vías: primera, acudir a redes o a mafias, pagando dinero y llegando en embarcación u ocultos en vehículos, o la segunda -aquellos que no tienen
dinero para pagar a ninguna red-, saltando la valla, arriesgándose a morir, como vimos el pasado viernes. Por eso es doblemente cruel cuando el presidente del Gobierno dice que detrás del salto del pasado viernes están las mafias. Es cruel, es
mentira y, además, repite mensajes propios de la extrema derecha. Yo estoy seguro de que algunas y algunos de ustedes están avergonzados; yo lo estaría.
Voy acabando. Decía el presidente Sánchez, cuando se dignó a acoger a las 630 personas del barco Aquarius, que merecía la pena solamente estar en política por salvar a esas personas, y yo estoy de acuerdo. Él decía que podían haber mirado
para otro lado, como ocurre en tantas ocasiones; pero es que en este momento no es que estemos mirando para otro lado, es que tenemos a un presidente que ha felicitado a Marruecos por esa hazaña. Y en vez de rectificar ha insistido en lo mismo.
No tiene ningún sentido.
Acabo pidiendo vías legales y seguras para todas aquellas personas que quieren migrar o que quieren solicitar asilo.
La señora PRESIDENTA: Señor Iñarritu, tiene usted que terminar, por favor.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Acabo, señora presidenta.
Pero de igual forma hace falta transparencia e investigación para la masacre del pasado viernes.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, como han hecho algunos portavoces que me han precedido, queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a lo sucedido en el lado marroquí de la frontera de Melilla. Creemos que no se hizo un uso legítimo de la fuerza sino
un uso desproporcionado de la violencia, y que se conculcaron los derechos humanos más básicos. Creemos que no puede haber ninguna palabra justificatoria ni exculpatoria con este comportamiento.
Y, con ocasión de la iniciativa que nos ocupa resultante del binomio de la interpelación y de la moción, quiero señalar que en ella se concluye reclamando la regularización de todas las personas extranjeras que se encuentran en el Estado
español en situación administrativa irregular. Es una petición que, tal y como se expuso en la interpelación, tiene un fundamento ideológico último en las premisas de que migrar es un derecho de las personas y en la correlativa obligación de los
Estados receptores del deber de reconocimiento de la condición de ciudadanía de pleno derecho a las personas migrantes. Nuestro grupo parlamentario no comparte esas premisas respecto a los movimientos migratorios, salvo lo dispuesto en los tratados
internacionales respecto a las personas demandantes de asilo o refugio; y no comparte que las sociedades receptoras de las personas migrantes en situación administrativa irregular deban reconocerles en todo caso la condición de ciudadanía plena a
través de procesos de regularización masiva, salvo por motivos humanitarios a considerar caso a caso. Y no solo porque el marco europeo lo impide, sino también porque consideramos que los fenómenos migratorios han de abordarse tanto desde el
principio de responsabilidad como desde el principio humanitario. Como decía, desde el principio de responsabilidad para nuestros compromisos internacionales, no solo en el marco de la Unión, sino también de los tratados suscritos en materia de
asilo o refugio; también de responsabilidad para con nuestras sociedades y para con las personas migrantes a través de un modelo de inmigración regular, ordenado -lo hemos dicho muchas veces-, seguro, duradero aunque adaptable a las circunstancias
cambiantes, que mejore las condiciones de vida de las personas migrantes -singularmente en las condiciones de trabajo eliminando su precariedad-, que favorezca su integración social, que aborde los distintos tipos de inmigración, que sea sostenible
socialmente y sensible, como les decía, a las necesidades sociales y económicas de las sociedades receptoras. (Rumores). En este sentido -y voy finalizando, presidenta-, estaremos atentos, como no podía ser de otro modo, a la evolución del actual
borrador de reforma del reglamento de la ley de extranjería, que data de hace más de una década. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor LEGARDA URIARTE: Les decía que estaremos atentos a la evolución del actual borrador de modificación del reglamento de la ley de extranjería, que data de hace más de diez años y en los que tantas cosas han cambiado, entre ellas, los
mismos fenómenos migratorios con trascendencia internacional y nunca vistos hasta ahora, salvo en momentos puntuales de la historia, por su carácter estructural, masivo e incremental. Es una realidad que hemos de abordar desde el marco de la Unión;
desde nuestras necesidades sociales y económicas; desde principios humanitarios, atendiendo singularmente a las situaciones de las personas más vulnerables; desde modelos ordenados, seguros y atentos a los diferentes tipos migratorios; desde la
mejora de las condiciones de vida de las personas migrantes, a través de la eliminación, como les decía, de sus situaciones de precariedad, singularmente en sus condiciones laborales. En definitiva, señorías, cohonestando necesidades sociales y
económicas de nuestras sociedades con la dignidad de las personas migrantes y sus proyectos vitales, incluidos los familiares. (Rumores).
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda. (Rumores).
Señorías, por favor, no se queden hablando en los pasillos haciendo corrillos.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, muy buenas tardes. Las imágenes que estos días hemos visto todos en televisión no pueden movernos más que a la repulsa y a la indignación. La indignación porque, cuando personas que aspiran a una vida mejor son maltratadas, como
ha sido el caso, hasta el punto de perecer en las puertas de Europa, esto solo puede mover al asco y a la condena de estas situaciones. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos -quizás porque no los vemos- de que estos dramas ocurren
permanentemente en nuestras costas. ¿Cuántos migrantes se han hundido en el océano Atlántico o en el mar Mediterráneo tratando de llegar a nuestras costas? No los vemos, son invisibles para nosotros. Por eso, el drama de los migrantes es
muchísimo mayor de lo que reflejan las tristes imágenes. Nos parece absolutamente inconcebible que el presidente del Gobierno pueda decir unas palabras como las que utilizó a la hora de valorar este drama. Nos parece increíble por varias razones,
pero la principal de todas ellas es que España no necesita externalizar la gestión migratoria; lo que necesita España es una gestión migratoria, necesita una política de gestión de las migraciones, porque no la tiene. Señorías, nos acordamos ahora
de esto, cuando llevamos años y años hablando de lo mismo, en esta tribuna, en esta legislatura y en las legislaturas pasadas, y no se ha hecho nada por parte de este Gobierno. Señores del Grupo Socialista, señores de Podemos y señores de Esquerra,
yo entiendo su moción, pero es que ustedes tienen la capacidad de hacer que este Gobierno legisle y legisle de verdad. (Denegaciones de la señora Carvalho Dantas). Sí, señora Carvalho, sí, porque, en otras circunstancias, ustedes han obligado a
este Gobierno a legislar para las cosas que les interesan. (La señora Carvalho Dantas, señalando a los escaños de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común: Ellos, ellos). ¿Saben cuál es el
problema? Que ustedes hacen populismo con los migrantes. (La señor Carvalho Dantas: ¡Jamás, jamás!-Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
Señora Carvalho, silencio.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Eso es lo peor de todo, que hacen populismo con los migrantes. (La señor Carvalho Dantas: ¡Jamás, jamás!-Rumores). Porque, para mesas, sí que consiguen que se sienten a hablar con ustedes, señora Carvalho. Para
repúblicas imaginarias, sí que consiguen ustedes que se siente este Gobierno, pero para políticas de migración no; eso no les interesa. (Aplausos).
Señora Carvalho, señores de Esquerra, señores de Podemos, son ustedes unos populistas. ¿Y saben lo peor de todo? Que, como todo populista, juegan con los más débiles y les inducen a pensar que ustedes con estas propuestas pueden hacer
algo, cuando esto no vale para nada. No vale para nada, señora Carvalho, y usted lo sabe. Lo que tenían que hacer es apremiar a un Gobierno que se apoya en ustedes para seguir gobernando para poder cambiar las políticas de migración. Eso es lo
que hace falta en este país, políticas de verdad y no ocurrencias como la que le han planteado a ustedes estas asociaciones que lo que pretenden son procesos de regularización masivos que no han solucionado nada en el pasado y que no van a
solucionar nada ni en el presente ni en el futuro de los movimientos migratorios. No están
ustedes pensando y legislando en favor de los más desfavorecidos, que son los migrantes, sino exclusivamente para apuntarse tantos y, al final, no van a conseguir ustedes nada. Me parece muy penoso que hoy aquí volvamos a estar debatiendo
esto después de una tragedia como la que hemos visto y que no hayan planteado otra cosa en su moción -ni los señores de Podemos en su enmienda- más que se haga un proceso de regularización masivo. ¿De verdad creen ustedes que eso es lo que
necesitan los migrantes? ¿Un proceso de regularización? Eso solucionará el problema de los que ya están. ¿Y los que van a seguir viniendo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo van a poder seguir viviendo? ¿Igual? Se quejan ustedes y aquí ha habido
grupos que criminalizan a los migrantes; lo hemos escuchado en otras ocasiones, claro que sí. No se puede criminalizar a los migrantes, pero tampoco se puede decir que las mafias no tienen la culpa de lo que está pasando. Tienen la culpa las
mafias y los partidos políticos, como el Partido Socialista y antes el Partido Popular, que no hicieron nada para mejorar la vida de los migrantes, que no hicieron nada para que ese tránsito que deben pasar no tenga los problemas ni los peligros que
sufren los migrantes en estos momentos.
Señorías de Esquerra, si de verdad quieren hablar de migración, si de verdad quieren resolver el problema de los migrantes, abandonen el activismo político, porque ustedes no son activistas, son políticos y están aquí para hacer política.
Pero, exactamente igual que les pasa en Cataluña, solamente hacen activismo.
La señora PRESIDENTA: Señor Gutiérrez, tiene usted que terminar, por favor.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Finalizo, presidenta.
Solamente hacen activismo. Fuercen a este Gobierno a cambiar las políticas migratorias si de verdad quieren resolver este problema.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Boa tarde. Grazas, señora presidenta.
¿Cuántos más tienen que morir? Hay que restablecer una política justa en las fronteras, flexibilizar las vías de inmigración legal, reforzar la política de integración, proteger a las personas que huyen de las guerras y a las que ampara el
derecho internacional. No son palabras mías, son de Pedro Sánchez; eso sí, de Pedro Sánchez de 2018, antes de ser presidente del Gobierno. Son muy distintas de las que escuchamos estos días de felicitación a la Gendarmería marroquí por un trabajo
bien resuelto. Son palabras que, sin duda, quedarán para la historia de la infamia, porque ese trabajo bien resuelto consistió en el asesinato de al menos treinta y siete personas. Un asesinato brutal, con personas apaleadas, lapidadas, dejadas
agonizar durante horas, amontonadas y, finalmente, enterradas sin identificar y sin autopsias para ocultar el crimen. Es indigno, infame y exige una rectificación ya. Eso es lo que pide el BNG porque o masacre de Melilla é crime (mostrando una
hoja en la que se lee: o masacre de melilla é crime).
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda. (Algunos señores diputados del Grupo Parlamentario VOX: ¡Otra, otra, otra!-Rumores).
El señor BALDOVÍ RODA: Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGTBI y para mí el Mundial de Fútbol de Qatar ya tiene un equipo ganador, el Watford y su afición, que han cancelado su partido con la selección de Qatar porque ese país no
respeta los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI.
Esta mañana nos desayunábamos con un titular vergonzoso. Una ministra de un Gobierno progresista decía: 'Hay que ser contundentes en inmigración, detrás hay mafias'. Detrás, señora ministra, hay personas que huyen de las guerras, del
hambre, de la desesperación y de las dictaduras. Hay dramas, hay mujeres, hay niños, hay personas que solo quieren una oportunidad para poder vivir con dignidad, la misma oportunidad que reclamaron los emigrantes españoles en el siglo XX cuando se
iban a América, a Alemania, a Suiza, a Francia y a tantos y tantos países.
Por tanto, dar una oportunidad a las personas para que puedan ser personas se llama regularización. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Bona tarda.
Las personas encontradas en mal estado en un camión o el intento de salto de la valla de Melilla son imágenes de los últimos días, pero no importan las imágenes, importan los hechos, y lamentablemente no son excepciones; que no salgan en
los medios o en las redes sociales no implica que no existan. ¿Qué les pasara a estas personas? En virtud de los tratados de extradición existentes serán retornados a sus países de origen o de tránsito y, si su retorno no es posible, se quedarán
en España sin papeles y se sumarán a todas las personas que también están sin papeles por distintas circunstancias, por ejemplo, porque han incurrido en una irregularidad sobrevenida al caducar su visado de turista. ¿Qué solución se les da a estas
personas? ¿Malvivir? Ciertamente, es precisa una reforma del reglamento de extranjería que aporte soluciones a largo plazo y que regule vías de entrada seguras y factibles con autorización de trabajo, sobre todo con autorización de trabajo. Sí,
esto es preciso, pero también lo es ofrecer una solución a las personas que ya están aquí. No se las puede dejar en la oscuridad o en la penumbra y en la angustia permanente.
Durante la pandemia se idearon soluciones para unos colectivos determinados, como agricultores y médicos, pero no para odontólogos o psicólogos, por ejemplo. Se hizo porque nos eran necesarios, pero ¿y el resto de las personas? Ellas
también han sufrido una pandemia y también ayudaron. Parece que el ministerio prepara un real decreto de reforma del reglamento. Nosotros le instamos a que escuche a todos los sectores implicados; que atienda no solamente a las necesidades del
mercado, sino también a las entidades sociales; que facilite vías que aporten soluciones a las personas que ya están aquí. Si solamente establece vías de entrada seguras afrontará solo una parte del problema. Añadimos que estaría bien también que
el Gobierno dote a las oficinas de extranjería de los recursos humanos y económicos necesarios, pues están infradotadas. Si las personas tienen medios para entrar, residir y trabajar de forma segura, no intentarán entrar arriesgando sus vidas motu
proprio o a través de mafias. Si lo hacen, si utilizan estas vías, es porque no tienen ninguna otra opción. No continúen, señorías, aplicando una doble vara de medir según el origen de la persona. Los refugiados de Ucrania son una muestra de que
cuando les interesa encuentran soluciones. Háganlo también respecto de todos los que se han visto forzados por distintas razones a abandonar sus países de origen.
Entendemos la intención de la moción que presenta el Grupo Republicano, pero creemos que deben ponerse algunas condiciones -aunque sea, unos mínimos requisitos- que ayuden a garantizar una regularización efectiva y eficiente. En su
exposición de motivos nos dan ideas -que compartimos- de cuáles deben ser los cambios adecuados. Porque creemos que debe trabajarse en esta línea, consideramos importante que se haya puesto en el debate esta cuestión y que haya salido por fin de
los despachos ministeriales.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Illamola.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer Méndez. (Aplausos).
La señora DE MEER MÉNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Después de todo lo que hemos tenido que escuchar esta tarde aquí, lo primero que quiero decir, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, es que la frontera sur de España se defiende (aplausos), es que Ceuta y Melilla siempre españolas.
(Aplausos).
Decía la semana pasada el señorito Rufián que, si estamos en contra de la inmigración, quién iba a traernos los paquetes de las cosas que pedíamos por Internet, quién iba a cuidar de nuestros mayores, quién iba a limpiar las casas o quién
iba a cuidar de los jardines. Porque el señorito Rufián y el resto de señoritos progres quieren abrir las fronteras para esto. Ellos quieren mano de obra para los trabajos peor pagados. La verdad es que lo que quieren es inmigración masiva porque
quieren esclavos. El señorito Rufián dice esto no solo porque sea un clasista, sino porque tiene amos, porque a un puñado de multimillonarios les viene mal la curva demográfica de Occidente y necesitan llamar a cientos de miles de inmigrantes para
cuadrar sus cuentas de resultados y sus previsiones. (Aplausos). En el Grupo Parlamentario VOX tenemos tres mensajes para los señoritos progres. En primer lugar, limpiar casas es digno, arreglar jardines es digno, cuidar a nuestros mayores es
dignísimo y lo que es profundamente indigno es que, en lugar de luchar por mejorar las condiciones de los trabajos peor pagados, traigan a
millones y millones de inmigrantes para bajar los salarios y precarizar aún más los empleos. (Aplausos.-Algunas señoras y señores diputados de los grupos parlamentarios Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común muestran unos carteles en los que se lee: Massacre a Melilla).
La señora PRESIDENTA: Espere un momento, señora De Meer.
Señorías, por favor, les pido que retiren de sus escaños los carteles. Saben que las manifestaciones y la libertad de expresión en el hemiciclo se hacen con la voz, así que les pido, por favor, que retiren los carteles. (Rumores y
protestas). Se lo vuelvo a pedir antes de empezar a llamarlos al orden, por favor. (Dichas señoras y señores diputados retiran los carteles).
Puede usted continuar.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Como les decía, es indigno utilizar millones y millones de inmigrantes para precarizar los empleos de los españoles, pero es que es miserable relegar a los españoles más modestos no solo a tener empleos cada vez más precarios, sino
condenarles a vivir entre la delincuencia, la inseguridad y la barbarie que provoca la inmigración descontrolada en los barrios más humildes de nuestro país.
Que no les engañen -que no os engañen- los que dicen luchar por erradicar la pobreza o los que dicen luchar por la justicia social, porque, señorías, es imposible luchar contra la pobreza trayendo a siete millones de africanos sin recursos
para que deambulen por nuestras calles. (Aplausos). Es imposible, es mentira y es muy muy grave. Pero también es imposible luchar por la justicia social trayendo a millones de personas de países pobres para bajar los salarios y precarizar los
empleos. Es imposible, es mentira y es muy muy grave. Que no os engañen, porque si hoy el Gobierno regulariza a medio millón de inmigrantes, lanza un mensaje muy peligroso que provocará un efecto llamada abrumador e irresponsable; y, cuanto más
efecto llamada, más muertes en las fronteras. Esto es así, pero no en los países en que no hay efecto llamada, en los que el Ejército controla las fronteras, intercepta embarcaciones y las lleva a los puertos de otros Estados, como es el caso de
Australia. ¿Saben cuántos son los muertos en el Pacífico? Cero. ¿Y saben cuántos son los beneficios económicos de las mafias y sus cómplices? Ninguno. (Aplausos). Señorías, proteger las fronteras funciona. Así que no os dejéis de engañar,
porque las políticas de fronteras abiertas son las culpables de cada drama, de cada muerte, de cada vida truncada. Son culpables de robar la mano de obra de sus países, de que existan mafias de tráfico de personas, de cada mujer prostituida y de
cada inmigrante explotado. Que no os engañen, pero ante todo que no os desvíen, porque las principales víctimas de todo esto son los españoles, las abuelas que andan con miedo por Usera y por Parla, las niñas violadas en manada, las víctimas de
matrimonios forzosos, los que tienen brazos amputados por las reyertas callejeras, Francisco y su nieto de tres años asesinados por el terrorismo yihadista en la Rambla de Barcelona y las familias sin hogar, sin futuro y sin trabajo que ven cómo,
aun habiendo cotizado toda su vida, les han condenado al desarraigo, a la pobreza, a la soledad, al miedo y al fracaso. Por eso, en el Grupo Parlamentario VOX tenemos muy claro que la mejor forma de proteger a los españoles es proteger las puertas
de su casa.
Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora De Meer. (La señora Carvalho Dantas solicita la palabra).
Señora Carvalho, ¿con base a qué artículo me pide usted la palabra?
La señora CARVALHO DANTAS: Con base al artículo 72, por atentar contra el decoro parlamentario. (Aplausos).
Señora presidenta, solicito que se retire del Diario de Sesiones de hoy las expresiones 'terroristas' y 'yihadistas' dirigidas hacia las personas migrantes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Romero Hernández. (El señor Sánchez del Real: Usan carteles, como en la República.-Risas y rumores).
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Señora presidenta, quiero que mis primeras palabras sean para lamentar lo sucedido en la frontera de Melilla. (Aplausos). Quiero lamentar la muerte de tantas personas
y rechazar las palabras del presidente del Gobierno, diciendo que el desenlace de lo sucedido está bien resuelto. Señor Sánchez, así no, así no está resuelto el problema, y mucho menos bien resuelto. Tiene que retractarse de lo que ha
dicho. Comprendo que todos en un momento concreto nos podemos equivocar en lo que decimos y en cómo lo decimos; por eso, retractarse es bueno. Pida disculpas y muestre su pesar y el de todos los españoles a las familias de las personas
fallecidas. Es necesario que se esclarezcan los hechos y las circunstancias de lo sucedido. Es necesario saber si es verdad que el ministro del Interior, el señor Marlaska, tenía información sobre lo que podría ocurrir. ¿Por qué se han enterrado
en fosas comunes, sin identificar, sin autopsias? Lo pedimos nosotros, el Partido Popular, y también lo pide Naciones Unidas. Con urgencia debe comparecer en esta Cámara y dar explicaciones. Lo que ha sucedido es muy grave, muy grave. ¿Dónde han
aparcado ustedes los derechos humanos? Señores socialistas, señores comunistas, a ustedes, que les gusta dar lecciones de todo, les digo que al Partido Popular lecciones sobre derechos humanos, ni una, ni una. (Aplausos).
No está el señor Escrivá aquí en la Cámara, pero me quería dirigir a él. Señorías, el Gobierno quiere hacer una reforma del reglamento de extranjería. Sí, es verdad, quiere hacer una reforma del reglamento; nos hemos enterado por la
prensa. Pero ha sido anunciar la reforma del reglamento e ipso facto dimitir dos secretarios de Estado relacionados con el ámbito de la inmigración. Debe explicarlo el señor Escrivá y por eso hemos solicitado su comparecencia. Ha sido anunciar
que está trabajando en el reglamento de extranjería para reformarlo e ipso facto ha habido un asalto masivo a la frontera de Melilla con el resultado que desgraciadamente ya sabemos. ¡Qué desastre, señor Escrivá! ¡Qué desastre!
Los que trafican con los seres humanos más desprotegidos están muy contentos con el Gobierno de España; nunca habían ganado tanto. Según informes policiales, ahora hay más grupos mafiosos que nunca. ¡Ojo!, las mafias están allí y sus
terminales están aquí, no lo olvidemos. La señora 'Carvalo' (la señora Carvalho Dantas: ¡Carvalho!) 1 nos decía la semana pasada que hace falta una regularización masiva extraordinaria en el Estado español -también esta semana nos lo ha dicho- y
hablaba de 500 000 personas.
Señora Carvalho, no se puede hacer -no sé si lo entiende- esa regularización masiva porque no lo permite el pacto de inmigraciones y asilo europeo, que es de obligado cumplimiento (la señora Carvalho Dantas hace gestos negativos), como usted
sabe.
Esta normativa impide a los Estados miembros efectuar regularizaciones masivas, pero, claro, esto a usted le trae al pairo. Normalmente, usted, cuando hay que cumplir la ley, no lo hace.
No obstante, mucho me temo que, aunque el ministro diga que con esta reforma no se trata de hacer una regularización masiva, habrá que mirar la letra pequeña y constatar los hechos, porque estamos acostumbrados a que el Gobierno diga una
cosa y haga todo lo contrario, saltándose la ley a la torera.
Con la regularización masiva que usted propone, señora Carvalho, y tanto ha cacareado, lo que provoca es un efecto llamada. (La señora Carvalho Dantas hace gestos negativos). No puede ser que lo habitual en España sea la entrada ilegal o
la entrada irregular de inmigrantes.
La señora PRESIDENTA: Señor Romero, tiene usted que terminar, por favor.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta.
Tenemos experiencia positiva de contratación en origen en Huelva a través de Marruecos, Ecuador y Honduras. Más de 12 000 personas han venido a trabajar y han vuelto a sus hogares. Eso es por lo que tenemos que apostar.
La señora PRESIDENTA: Señor Romero, tiene que finalizar, por favor.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Finalizo, señora presidenta.
Y tenemos que apostar por un pacto de Estado por la inmigración para que tengamos la mano de obra que se necesita en nuestra economía y ellos tengan la satisfacción de emigrar y tener un sueldo digno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Romero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramírez Carner.
El señor RAMÍREZ CARNER: Moltes gràcies, presidenta.
1 Nota del Diario de Sesiones. El señor Romero Hernández pronuncia [ka símbolo fricativa uvular sonora 'valu] y la señora Carvalho Dantas pronuncia [ka símbolo fricativa uvular sonora 'va símbolo lateral palatal u].
En primer lugar, si me permiten una previa, hoy, 28 de junio, es el Día del Orgullo. ¡Feliz Día del Orgullo a todas y a todos! (Aplausos). Los de la libertad (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) venceremos a los
impulsores del odio (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sin ninguna duda.
Voy al tema. Creo que el señor portavoz del Partido Popular es alcalde también de algún municipio con bastantes asentamientos, ¿no? (Rumores.- El señor Suárez Lamata pronuncia palabras que no se perciben). ¡Por supuesto, a mucha honra!
La señora PRESIDENTA: Señor Suárez, ¡silencio, por favor!
El señor RAMÍREZ CARNER: Lecciones aquí de derechos humanos, ninguna. No he ido con una excavadora a echar a una persona sin autorización judicial. (Aplausos).
La señora diputada Dantas del Grupo Republicano, nos propone justamente esta semana una moción con un único punto: regularizar aquí a unas 500 000 personas cuando sabe que no se puede hacer por un acuerdo europeo del año 2008. (La señora
Carvalho Dantas hace gestos negativos). Entonces, si lo único que nos propone (la señora Carvalho Dantas: No es verdad) -creo que ahora me toca a mí- es algo que no se puede hacer, ¿a qué corresponde a esta intervención? Usted sabe que me sabe
mal decírselo, pero o la veo alejada de la realidad o usted está utilizando a las víctimas de lo ocurrido. Así no, con esos insultos no. (La señora Carvalho Dantas pronuncia palabras que no se perciben). ¿Cómo puede usted decirle al Grupo
Socialista, al Gobierno de España, que los preferimos muertos que dentro? (Aplausos). ¿Muertos que dentro? (La señora Carvalho Dantas: Sí). Usted está utilizando el sentimiento de muchas personas que vienen aquí a buscarse una vida mejor. (La
señora Carvalho Dantas: ¡Su presidente! ¡El Gobierno!). Así no, con estos insultos no. Estos discursos dan alas a los ultras, pero eso lo dejo para después.
El Gobierno de España tiene una política migratoria seria y responsable, porque es lo que se hace con estas cuestiones tan complicadas y que afectan al bienestar, a las ilusiones y a la vida de tanta gente. Así que, menos teatro, por favor.
(La señora Carvalho Dantas: ¡No es teatro!).
La señora PRESIDENTA: Señora Carvalho, ¡silencio, por favor! (La señora Carvalho Dantas: No es teatro, es asesinato). La llamo al orden, señora Carvalho, por primera vez. ¡Silencio! (Rumores).
El señor RAMÍREZ CARNER: Gracias, presidenta.
Nosotros buscamos vías de migración seguras, regulares y ordenadas, que respeten los derechos humanos. Colaboramos con los países de origen y con la Unión Europea combatiendo las mafias. (Rumores). Sí las hay, hay gente sin escrúpulos que
mercadea con personas y no sé por qué lo niegan. Mejoramos también la legislación estatal, no con sus propuestas, que son nada, sino con las que nosotros sí tenemos.
Ahora 9300 jóvenes condenados a la exclusión social tienen papeles por la reforma que hicimos del reglamento de la ley de extranjería el año pasado, que entró en vigor en noviembre, y, como bien saben, se está preparando una segunda reforma
para flexibilizar las regularizaciones para inmigrantes formados en sectores donde hay baja ocupación, para permitir que los estudiantes extranjeros puedan trabajar o para ampliar contratación de origen. Insisto, si hay alguna propuesta, bienvenida
será.
Señores ultras de VOX (risas) -qué gracia les hace, se lo están pasando bien esta tarde-, ¿ustedes escuchan? (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: No escuchamos). Porque yo creo que corremos el riesgo de normalizar las cosas que
dicen. (La señora Rueda Perelló pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Espinosa de los Monteros de Simón: ¿Qué es? ¿El Club de la Comedia?) Me pregunta el señor Espinosa de los Monteros si esto es El Club de la Comedia. No lo sé.
Cuéntemelo usted.
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!
El señor RAMÍREZ CARNER: Pregunta Espinosa de los Monteros si es el Club de la Comedia. No lo sé, cuéntemelo usted. ¿Cuánta gracia le hace que haya gente poniendo en riesgo la vida de sus propios hijos porque no tienen dónde vivir en su
propio país? (Aplausos). ¿Cuánta gracia le hace? (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: Gracia ninguna, ninguna). ¿Para cuántos clips da esto? Ustedes tienen hijos y tienen familia y, como el resto, los amarán. (El señor Espinosa de los
Monteros
de Simón: ¡A la cuestión! ¡A la cuestión!). ¿No se pueden poner en su lugar? ¿De verdad que tienen que mezclar a las personas que buscan un futuro digno, que tienen sentimientos y que tienen esperanzas, con terroristas? (El señor
Espinosa de los Monteros de Simón: ¡Sois unos sinvergüenzas!).
La señora PRESIDENTA: Señor Espinosa de los Monteros, ¡silencio, por favor!
El señor RAMÍREZ CARNER: Y encima les hace gracia. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: ¡Sinvergüenza!) Ustedes para hablar de las personas que buscan una vida mejor -o una vida- utilizan palabras como invasión, agresión y
terrorismo y se olvidan de otras como dictaduras -que les gusta-, guerras, hambrunas y pobreza. ¡De eso es de lo que huye esta gente! ¡De eso es de lo que huyen! Cuando tratemos algunos temas, igual deberíamos ser un poquito más serios, por favor.
Así que menos teatralidad y más humanidad.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramírez.
Señora Carvalho, ¿acepta su grupo parlamentario la enmienda presentada?
La señora CARVALHO DANTAS: Sí, señora presidenta, aceptamos la enmienda de adición de Unidas Podemos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Se votará en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda.
Votaremos en cinco minutos. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DEL HIDRÓGENO. (Número de expediente 122/000150).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones.
Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, del hidrógeno.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307 más 26 votos telemáticos, 333; a favor, 87 más 7 votos telemáticos, 94; en contra, 149 más 15 votos telemáticos, 164; abstenciones, 71 más 4 votos telemáticos, 75.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, REGULADORA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN VOLUNTARIO DE DETERMINADOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS EN LA RED PÚBLICA DE CENTROS EDUCATIVOS. (Número de
expediente 122/000218).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, reguladora del proceso de integración voluntaria de determinados
centros educativos privados en la red pública de centros educativos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 307 más 26 votos telemáticos, 333; a favor, 41 más 6 votos telemáticos, 47; en contra, 260 más 20 votos telemáticos, 280; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve. Buenas noches.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.