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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 167, de 15/03/2022
cve: DSCD-14-PL-167 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 167

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 160

celebrada el martes,

15 de marzo de 2022



ORDEN DEL DÍA:


Exclusión del orden del día:


- Interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Plan del Gobierno para la economía ante la situación geopolítica actual. (Número de expediente 172/000184) ... (Página4)


Toma en consideración de proposiciones de ley:


- Del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 125-1, de 6 de noviembre de 2020. (Número de expediente
122/000096) ... (Página4)


- Del Grupo Parlamentario Socialista, para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 224-1, de 25
de febrero de 2022. (Número de expediente 122/000201) ... (Página17)


Proposiciones no de ley:


- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas González-Moro), relativa a la puesta en marcha de un plan de recuperación económica de La Palma. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 411, de 4 de marzo de 2022. (Número de
expediente 162/000955) ... (Página30)


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a priorizar la reindustrialización de España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 340, de 8 de octubre de 2021. (Número de expediente 162/000838) ... href='#(Página37)'>(Página37)



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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas González-Moro), sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para mejorar la gestión del ingreso mínimo vital para que llegue a todas las personas que lo necesitan. (Número de expediente
173/000130) ... (Página48)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página58)


SUMARIO


Exclusión del orden del día ... (Página4)


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente a la interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Plan del Gobierno para la economía ante la situación geopolítica actual.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)


Del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica) ... (Página4)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y
Rego Candamil y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y
Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Uriarte Bengoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Gutiérrez Salinas, del Grupo Parlamentario Socialista.


Hace uso de la palabra el señor Esteban Bravo.


Del Grupo Parlamentario Socialista, para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial ... (Página17)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Barandiaran Benito, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Baldoví Roda y la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Franco Carmona, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario VOX, y Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Proposiciones no de ley ... (Página30)


Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas González-Moro), relativa a la puesta en marcha de un plan de recuperación económica de La Palma ... (Página30)


Defiende la proposición no de ley la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; los señores Rodríguez Almeida, del Grupo Parlamentario VOX, y Ledesma
Martín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora González Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Oramas González-Moro.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a priorizar la reindustrialización de España ... (Página37)


Defiende la proposición no de ley la señora Moraleja Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno, Martínez Oblanca y Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; y el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora
Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rego Candamil y la señora Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; y los señores López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Serrano Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Moraleja Gómez.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página48)


Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas González-Moro), sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para mejorar la gestión del ingreso mínimo vital para que llegue a todas las personas que lo necesitan ... href='#(Página48)'>(Página48)


Defiende la moción la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Baños Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; y Rego Candamil, Baldoví Roda y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario



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Plural; y las señoras Pujol i Farré, del Grupo Parlamentario Republicano; Garrido Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Cañizares Pacheco, del Grupo Parlamentario VOX.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página58)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica), se rechaza por 66 votos a favor más 4 votos
telemáticos, 70; y 264 en contra más 5 votos telemáticos, 269


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación
parcial, se aprueba por 330 votos a favor más 9 votos telemáticos, 339.


Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:


- INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL PLAN DEL GOBIERNO PARA LA ECONOMÍA ANTE LA SITUACIÓN GEOPOLÍTICA ACTUAL. (Número de expediente 172/000184).


La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 25,
correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


Muchísimas gracias.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000096).


La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Botran Pahissa. (Rumores).


Señorías, va a dar comienzo el debate de la primera iniciativa de la tarde y les pido silencio, por favor.


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.


Gerardo Iglesias fue secretario general del Partido Comunista de España entre los 1982 y 1988, y cuando lo dejó no le esperaba ningún Consejo de Administración ni tampoco alguna tribuna privilegiada, sino que volvió a trabajar en la mina, en
su Asturias natal, y sufrió un accidente que le ha dejado importantes secuelas en la espalda. A pesar de este accidente, a pesar de que ya está jubilado, a pesar de que tiene 77 años, ha decidido dar una batalla más en su larga trayectoria
política. Antes de llegar a secretario general, la trayectoria de Gerardo Iglesias fue larga, desde el apoyo al maquis antifascista, siendo un niño, hasta el sindicalismo que promovió la gran huelga minera del año 1962. Esto le valió tres
detenciones, en los años 1964, 1967 y 1974, y cuatro años de cárcel. En las detenciones fue víctima de torturas y esto es lo que decidió denunciar en mayo de 2018. Denunció a su verdugo, el policía Honrado de la Fuente. Tras



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el habitual carpetazo, recurrió al Tribunal Constitucional que, en enero del año pasado, inadmitió su demanda de amparo por 8 votos contra 3. Estos 3 -hecho importante- expresaron sus diferencias a través de votos particulares, incluido el
de la magistrada María Luisa Balaguer, cuya lectura les recomiendo. En el auto del Constitucional -en el auto de inadmisión- se puede leer: La desestimación de la querella resulta de todo punto pertinente y el archivo de la causa se justifica
sobradamente teniendo en cuenta el principio de legalidad y el de interdicción de la retroactividad de las normas sancionadoras no favorables. Más adelante, en el mismo auto, también se lee: La posibilidad de acudir al derecho internacional como
fuente de tipos penales, en especial al consuetudinario, resulta incompatible con el principio de legalidad penal, tanto desde la garantía formal como desde la garantía material. Más allá de la prescripción, la Ley de Amnistía, y sobre todo este
citado principio de legalidad, han sido los motivos que han esgrimido los jueces españoles para rechazar el enjuiciamiento de crímenes del franquismo. La proposición de ley que hoy defendemos propone esta última vía, la del derecho internacional,
para investigar los crímenes del franquismo.


Los delitos de lesa humanidad se incorporaron al Código Penal español en el año 2004, pero con anterioridad, y en el momento de cometerse estos crímenes por parte de la Dictadura, ya estaban considerados por los principios generales
reconocidos en la comunidad internacional, en particular por los principios de Núremberg. Partimos, pues, de la consideración de la violencia institucional franquista como un delito de lesa humanidad, tal y como lo define el artículo 7 del Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional; es decir, delitos tales como el asesinato, la encarcelación, la tortura o la persecución de minorías con identidades distintas por motivos políticos que se hacen de forma generalizada o sistemática contra la
población civil; esta es la definición del delito de lesa humanidad. Y es una violencia que se alargaría más allá de la muerte del dictador, puesto que entre 1975 y 1983 se calculan unas 178 víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y otras 67 víctimas de la extrema derecha, muy frecuentemente conectada con la Policía y con los servicios de información. Es, pues, la naturaleza internacional de estos crímenes lo que determina el carácter universal de la jurisdicción.
Son crímenes imprescriptibles, inamnistiables, inindultables y sujetos a persecución judicial en todo tiempo y lugar.


La memoria no es venganza. Nadie está dando la batalla por la memoria con el deseo de ver a unos expolicías ancianos entre rejas. La memoria constituye un derecho a la identidad de las personas, un derecho a ver reconocida la legitimidad
de una trayectoria de compromiso y de lucha. Y todavía más, la memoria es también un ingrediente para el futuro; la memoria es clave para las garantías de no repetición a las que se refiere la célebre fórmula.


En el Estado español, por ejemplo, se ha continuado torturando después del franquismo, y esto es también porque no hubo una política de persecución de esta práctica sistemática de la policía franquista; no hubo depuración, y el régimen del
78 ha permitido la tortura con total impunidad. Por eso, todavía hoy -por ponerles algunos ejemplos- existe una oposición dentro de los cuerpos policiales a que la comisaría de Via Laietana, en Barcelona, sea un memorial contra la represión y la
tortura. Y hoy martes -lo hacen cada dos martes- se concentran fiel y permanentemente los colectivos por la memoria en Barcelona. Por esa impunidad, según el estudio de la Fundación Egiari Zor, tan solo un 3 % de las víctimas de torturas han
obtenido algún tipo de reconocimiento, y también por esta impunidad siguen lloviendo las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias de torturas. Fíjense si es escasa la conciencia contra la tortura en el Estado
español que quien hoy ostenta el cargo de ministro del Interior es quien tiene el triste récord de condenas del Tribunal de Estrasburgo por no haber investigado estas denuncias de torturas; en concreto, siete condenas de Estrasburgo para el señor
Marlaska. No me digan, pues, que esta impunidad no tiene nada que ver con la debilidad de las políticas de la memoria en el Estado español.


Hace unos días, la Fiscalía General se propuso abrir una investigación sobre delitos cometidos en Ucrania con la invasión de Putin. No deja de ser una paradoja que se quieran perseguir delitos en Ucrania y, sin embargo, no se haya celebrado
ni un solo juicio a responsables del franquismo. Hay un revival de la idea imperial española, que se expresa en algunos libros con muchas ventas y también en declaraciones de representantes políticos -principalmente de la derecha pero no tan solo
de la derecha-, y una derivada de este revisionismo imperial es el menosprecio a las repúblicas latinoamericanas y, sin embargo, las políticas de verdad, justicia y reparación de muchas de ellas hacen sonrojar al Estado español. El mes pasado, por
ejemplo, comenzó en Bahía Blanca, Argentina, un juicio contra 38 personas imputadas por violaciones a los derechos humanos contra 334 personas que fueron secuestradas, mantenidas cautivas y torturadas en centros clandestinos de la dictadura
argentina en los años setenta. Es en Argentina



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también donde han ido a buscar justicia muchos familiares, camaradas y amigos de víctimas del franquismo y la Transición. La querella argentina y la jueza Servini han asumido las responsabilidades que no asume la judicatura española y
tampoco el Poder Legislativo si rehúye propuestas como la que hoy traemos a colación; una jueza, Servini, que en 2014 se citó con la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, para darle una enorme noticia. Le dijo: Hemos
recuperado a un nieto, a un nieto más, es el número 114. Y después añadió: Es el tuyo, Estela, es tu nieto. Esta bonita escena, que significa el compromiso con la memoria de muchas entidades, pero también de los poderes públicos, en concreto en
Argentina, contrasta con las realidades en el Estado español.


Mientras tanto, en el Estado español la ley de bebés robados sigue encallada. Mientras tanto, en el Estado español la ley de memoria también sigue encallada porque no reúne los apoyos suficientes a un texto que el propio relator especial
para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas, el señor Fabián Salvioli, dejó claro aquí mismo, en el Congreso, hace un mes, que es claramente insuficiente. Porque mientras tanto, en el Estado
español seguirán esperando justicia Gerardo Iglesias, de quien empezaba contando su historia, así como los familiares, camaradas y amigos de los 2238 fusilados en Paterna, de Salvador Puig Antich, de los últimos fusilados en septiembre de 1975, de
los asesinados en Vitoria en 1976 y de los asesinados en los Sanfermines de 1978; de Arturo Ruiz, de Yolanda González, de Miquel Grau o de Gustau Muñoz. En reconocimiento a todos ellos y ellas y a la gente que mantiene incansablemente viva su
memoria, faciliten el trámite de esta ley en pro de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la construcción de unas garantías de no repetición.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Señora presidenta, arratsalde on guztioi.


Hoy debatimos la toma en consideración de una proposición de ley que tiene como objeto la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; una modificación del Código Penal que busca con ello nada más y nada
menos que apuntalar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, que aún siguen negados en el Estado español.


Reconocemos que no es el único ámbito desde el que se deben llevar a cabo acciones que posibiliten la garantía de dicho derecho, pero realizar los cambios que se proponen supondría un avance importante para poner fin a la impunidad. Hablo
de impunidad porque hasta el día de hoy eso es lo que las víctimas están viviendo: impunidad. Régimen de impunidad para con el franquismo que aún perdura, tal como han señalado, entre otros, más de trescientas asociaciones memorialistas del Estado
español, diversos relatores de derechos humanos de la ONU, Amnistía Internacional y un largo etcétera de organizaciones e instancias internacionales relacionadas con la defensa de los derechos humanos. Como la mayoría de ustedes conocen, la
inhibición en 2008 por parte de la Audiencia Nacional de la querella presentada en 2006 por homicidios y desapariciones forzadas en el marco de crímenes contra la humanidad cometidos en España entre 1936 y 1951 supuso la derivación de las
competencias a numerosos juzgados territoriales competentes, y estos fueron, uno a uno, archivando los casos, tendencia que se consolidó con la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012, tribunal que en su motivación apuntaló los
impedimentos a investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, motivos que las organizaciones pro derechos humanos, como Amnistía Internacional, encuentran contrarios a derecho internacional, como son: la existencia de una ley de
amnistía y punto final, la aplicación de la prescripción del delito de lesa humanidad cometido por el franquismo y la imposibilidad de enjuiciar los crímenes porque en su momento no estaban tipificados en normas penales, entre otros. Durante años,
y todavía hoy en día, desde las diferentes instancias, además de las propias víctimas y familiares, se ha criticado y denunciado que España no ha investigado ni investiga los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el
franquismo, crímenes para los que todos los Estados están facultados para ejercer su jurisdicción penal a fin de terminar con la impunidad. Y vuelvo a reafirmarme literalmente en una aseveración de Amnistía Internacional: Hasta la fecha, la
actitud de los gobiernos ha contradicho el principio según el cual los crímenes de derecho internacional -los crímenes de lesa humanidad- son imprescriptibles y deben ser perseguidos sin límites temporales.



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Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España, prevé que nada se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delitos según los
principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. El Estatuto de Roma recoge que los Estados tienen el deber de poner fin a la impunidad ejerciendo su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales
y, según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 27, el Estado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado. El Poder Judicial está obligado a aplicar el
derecho internacional, cuya jerarquía es superior a toda norma nacional, realizando una interpretación del principio de legalidad conforme al derecho internacional. Asimismo, el ministerio fiscal, además de investigar y perseguir los crímenes de
derecho internacional, debe colaborar plenamente en cualquier procedimiento penal con los tribunales extranjeros que, en virtud del principio de jurisdicción universal, conozcan sobre crímenes de derecho internacional cometidos en el Estado español.
Somos uno de los grupos promotores de esta iniciativa y pensamos que urge dar estos pasos en la adecuación de nuestro derecho interno para reformar el principio de legalidad desde una perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos,
como también urge retomar la tramitación de las distintas iniciativas legislativas relacionadas con la memoria histórica que en estos momentos se encuentran inexplicablemente paralizadas en este Congreso, condenadas al ostracismo en virtud de
intereses desconocidos o voluntades concretas; así, me refiero al proyecto de ley de bebés robados, a la propuesta de reforma de la ley de secretos oficiales y al proyecto de ley de memoria democrática, cuya activación inmediata son hoy claves para
que se concrete de una vez por todas la verdad, justicia y reparación para los crímenes contra la humanidad cometidos en la dictadura franquista.


Pasados ya cuarenta y tres años desde que la Constitución fue aprobada, es hora ya de que el Gobierno deje de ampararse en la ley franquista de secretos oficiales y siga ocultando la verdad sobre los crímenes franquistas. Es hora ya de
abrir las puertas de los juzgados a todas las denuncias y querellas interpuestas, acabando así con la interpretación torticera que se viene haciendo de la normativa estatal e internacional de aplicación. Y, por último, es hora ya de materializar
una política de reparación que vaya bastante más allá de lo meramente administrativo y mediático y aborde a fondo todos los daños causados por las violaciones de derechos humanos realizadas por el franquismo. (Rumores).


En resumen, señores y señoras del Gobierno, es hora ya...


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: ... de acabar con la impunidad para con los crímenes del franquismo que sigue asentada en nuestras leyes, en nuestra justicia y en la política gubernamental.


Mila esker. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pozueta. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban Bravo.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta. Intervendré desde el escaño.


Creo que estamos debatiendo un asunto de justicia. Claro que tiene también sus aspectos jurídicos, pero sobre todo es de justicia; al fin y al cabo, hablamos de que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes. Tal y como se está
planteando, el principio de legalidad queda cubierto en el sentido de que se contempla la previsibilidad de que hubiera habido conocimiento de que esos crímenes estaban señalados como tales en el derecho internacional y consciencia, por tanto, de
que se estaban cometiendo. Y la taxatividad primero en el derecho internacional, aunque sabemos que en el derecho internacional es una norma en blanco, pero después fue corroborada incorporándola al derecho interno por modificación del ordenamiento
jurídico. En definitiva, se trata de la costumbre de derecho internacional al convertirla en fuente de derecho penal.


Los tribunales en España han hecho una interpretación diferente a la hora de tratar esto. Está el caso Scilingo, en la Audiencia Nacional -año 2005-, y en la exposición de motivos de esta iniciativa es lo que recoge básicamente, el
razonamiento de la Audiencia Nacional en la sentencia Scilingo, del año 2005. Ya sé que después el Tribunal Supremo la corrigió y también lo corroboró el Tribunal Constitucional, pero es verdad por tanto que dentro de la jurisprudencia española ha
habido interpretaciones diferentes. E insisto,



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volviendo al principio de mi exposición, que de lo que se trata es de resolver un caso de justicia. Por tanto, votaremos favorablemente.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.


Uno de los principales ideólogos del liberalismo penal, el marqués de Beccaría, establece que solo las leyes ya escritas pueden establecer sanciones. Este principio lo recoge el cuerpo legislativo de cualquier democracia occidental, y en
nuestro caso comienza con la Ley de Amnistía, que fue promovida por la izquierda, que sí combatió a Franco -a Franco vivo, me refiero-, y también lo recogen los artículos 9.3 de la Constitución y 2 del Código Penal. La democracia no es sin
principio de legalidad. No obstante, y tras un ejercicio de empatía con los grupos proponentes, he encontrado dos motivos por los que ustedes pueden presentar esto. El primero es que es normal que quienes quieren suprimir los derechos humanos y
poner en su lugar diccionarios porque creen que las personas son menos que las lenguas no tengan cuidado con los pilares fundamentales de una democracia. Para ustedes las personas son algo accesorio al suelo, a la historia y al idioma, y así se
entiende todo. Un segundo motivo que he encontrado es su querencia por lo mágico. Ustedes, igual que creen que los derechos emanan de las piedras y no de las leyes y la Constitución, igual que creen que los derechos se deben a la historia y no a
las leyes, en una clara prevalencia de los muertos sobre los vivos, es normal que crean que se debe perseguir a los dictadores, asesinos y demás purria sanguinaria después de muertos. Quieren que el Código Penal se convierta en una especie de tabla
ouija, aunque eso tiene graves efectos secundarios. Gastan ustedes tantas energías persiguiendo a dictadores muertos que luego no saben qué hacer con los dictadores vivos. Les pasa con Maduro a muchos de ustedes y les pasa con Putin ahora: están
ustedes esperando a que estén muertos para desenterrarlos.


También reconozco que es chocante que quieran condenar a criminales muertos mientras el sábado se hacía un homenaje a un criminal vivo, también, por cierto, un terrorista y también es delito de lesa humanidad, señor Botran. Estos homenajes
no les parecen mal. ¿Por qué se puede hacer un homenaje a Aginaga, un criminal vivo, y mientras traen hoy aquí perseguir a criminales muertos? ¿Por qué votaron todos ustedes en contra de la ley de Ciudadanos, que impide homenajes a asesinos vivos,
pero votan hoy a favor de perseguir a asesinos muertos? Bildu lo entiendo, son los suyos, están aquí por ellos y ejercen su portavocía, pero, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco... Porque el homenaje al terrorista este fin de semana ha sido
en un frontón municipal de Berango, donde gobierna el PNV. A este homenaje han acudido centenares de personas. Imagino la conversación con la alcaldesa de Berango, del PNV. -Alcaldesa, hay un homenaje a un terrorista en el frontón municipal.
-Rápido, coge la ouija y el medidor de ectoplasma. -No, alcaldesa, está vivo. -Ah, no, vivo no; nuestra competencia para perseguir criminales es de ultratumba.


Señores del PSOE, estos homenajes suceden porque ustedes votaron en contra de la ley de Ciudadanos y se fiaron de la palabra de los terroristas. Son ustedes corresponsables por omisión de estos homenajes y de la consecuente humillación a
las víctimas.


Los nacionalistas de esta Cámara piden perseguir de forma retroactiva crímenes en la Guerra Civil y en la Dictadura, pero esto puede tener efectos adversos para todos ustedes, y me explico. Imaginen que alguien, en base a esta reforma
legal, les pone una denuncia a alguno de ustedes por traicionar a la República, o por colaborar con el franquismo, o por negociar con potencias del Eje, y un juez abre la causa y dice: vamos por partes. A ver, por ejemplo, los padres políticos de
la CUP, la derecha nacionalista catalana -hoy Junts, y el PDeCAT-, ¿qué papel jugaron los preconvergentes en el golpe de Franco? Pues el mismo que en el golpe de Primo de Rivera: lo financiaron, desde Cambó hasta Juan March. (Aplausos). Hay una
extensísima literatura sobre cuál fue el papel del nacionalismo de derechas catalán y como financió a Franco. ¿Dar recursos a Franco contra la República estaría condenado por esta reforma legal? De hecho, la relación del franquismo con
Convergencia siguió en la democracia; más de dos tercios de los alcaldes franquistas un día se levantaron en Falange y se acostaron en Convergència. Volvían a casa.


Veamos Esquerra y su adhesión a la República. Podemos leer en los diarios de Azaña. Un juez coge los diarios de Azaña y dice: vamos a ver qué decía Azaña de lo que aconteció aquellos días. Azaña, agotado, se quejaba de las traiciones
constantes del nacionalismo. En el caso de los catalanes fue sonado



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el hecho de que la Generalitat ordenarse el asalto al Banco de España. Se llevaron todo el oro de la República y se lo quedaron haciendo un boquete monumental en las arcas del bando republicano. Al mismo tiempo, abrieron contactos a través
de los hermanos Badia con la Alemania nazi para negociar un estatus independiente de Cataluña en caso de triunfar el golpe nacional, los mismos hermanos Badia que hacían desfilar a fascistas con 'camisas pardas' del Estat Català por toda Cataluña,
los mismos Badia que junto a militantes de Esquerra torturaban y asesinaban a anarquistas debilitando las filas de la CNT porque rivalizaban con ellos. (Varios señores diputados hacen gestos negativos). No hagan aspavientos, ahí está la historia
y, si no, luego me corrigen. Torturar y asesinar a anarquistas debilitando el antifranquismo en Cataluña, ¿sería perseguible con esta reforma legal? Y esto que les leo no lo digo yo, lo escribe Azaña. Lean sus diarios -abro comillas-: 'Ustedes
han aprovechado el levantamiento de julio y la confusión posterior para crecer impunemente gracias a la debilidad en que la rebelión militar de julio dejaba a la República, y han vivido no solamente en la desobediencia, sino en franca rebelión e
insubordinación -cierro comillas-'. Azaña hablando de la Generalitat de Cataluña.


Aprovecharon que la República se desangraba para dar pasos hacia la secesión facilitando el avance de Franco, algo de lo que eran perfectamente conscientes y por eso abrieron contactos internacionales para facilitar un estatus para Cataluña.


¿Y el PNV? ¿Cómo fue la relación del PNV con Franco? No me refiero al PNV que se fue en masa con Franco, como el PNV de Álava, sino al otro PNV. Hablemos del Pacto de Santoña. Me baso en una fuente incontestable, las memorias de Alberto
Onaindía, el sacerdote que envió al PNV a conversar con los italianos y que pactó la traición a la República no enviando al ejército vasco a la defensa de Santander, que efectivamente provocó la caída de Santander. Entregaron Bilbao sin pegar un
tiro y los Altos Hornos a Franco a cambio de una negociación que tuvieron con los italianos para que luego les hicieran un trato de favor. Hay un telegrama de Mussolini pidiendo un trato de favor a Franco con respecto a los presos vascos.
¿Traicionar a la República desertando en Santander, entregando Bilbao y los Altos Hornos sin pegar un tiro, sería perseguible por esta reforma? Me quedo con muchas ganas de contar cómo el Partido Comunista ayudó a los alemanes a tomar Francia,
porque entonces tenían Hitler y Franco un pacto, lo cuenta Chaves Nogales en La agonía de Francia.


Termino, presidenta. Si aprueban esta ley, pasarán tres cosas: una, se cargarán las garantías democráticas; dos, terminarán haciendo exorcismo junto a los cazafantasmas...


La señora PRESIDENTA: Señor Díaz, tiene usted que terminar, por favor.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Termino, presidenta.


... y tres, sobre todo, pueden terminar con sus partidos disueltos por colaboración con el franquismo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Cuando estamos hablando de todo el dolor, toda la muerte, todo el sufrimiento provocado por cuarenta años de dictadura, cuando estamos hablando de miles de víctimas aún en las cunetas, la verdad es que es difícil ser más miserable, es
difícil escuchar intervenciones más miserables que la que acabamos de escuchar. (Rumores.-Aplausos).


Esta iniciativa registrada conjuntamente por el BNG, Esquerra Republicana, EH-Bildu, PNV, Junts, Compromís, Más País, En Comú Podem y la CUP, e impulsada -hay que decirlo- por CEAQUA dentro del intergrupo de memoria democrática, tiene por
objetivo acabar de una vez por todas con la impunidad del franquismo derivada de la falta de investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura y el enjuiciamiento de sus responsables, para lo que se invoca tanto la Ley
de Amnistía, como el principio de legalidad establecido en los artículos 1 y 2 del actual Código Penal.


Las víctimas de estos crímenes o sus familias llevan esperando en algunos casos más de ochenta años a que se haga justicia; una justicia que no podían esperar en la Dictadura, pero que también les negó -nos negó a todos, a todas- el régimen
constitucional español. Tenemos claro que el Estado español no se podrá reclamar como democrático mientras mantengan la impunidad de los crímenes de la Dictadura y mientras solo puedan ser investigados en otros países, como Argentina, mientras no
garanticen en la



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práctica los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por eso el BNG cree que es urgente actuar. El Gobierno va tarde con la ley de memoria democrática, que debe afectar especialmente a la Ley de Amnistía
derogando sus artículos 2 e) y f), porque no puede ser esta una nueva oportunidad perdida de avanzar realmente. Pero, además, para garantizar sin ningún género de dudas el acceso a la tutela judicial efectiva y asegurar el cumplimiento del
principio de legalidad internacional, es necesario modificar el Código Penal, ley de carácter orgánico, añadiendo un nuevo artículo, el 2 bis, que permite investigar los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
dictadura franquista. Es una cuestión elemental de justicia, se lo debemos a las víctimas y también a la decencia democrática.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes, señora presidenta, señorías.


Lo primero que quiero constatar es que la Transición fue precisamente eso, un suave paso de un régimen a otro con todas las herencias recibidas, pero sin responsabilidades de por medio. El mismo jefe de Estado franquista, los mismos cuerpos
y fuerzas de seguridad franquistas, y también, claro, las mismas élites administrativas y judiciales franquistas; los mismos en los mismos puestos. Ante esto, lo que decimos nosotros es que el régimen franquista no fue el régimen anterior, sino
una dictadura fascista radicalmente ilegal. Y ahí está el meollo de la cuestión, en la radical ilegalidad del régimen franquista y en la consiguiente necesidad de acabar con un sistema de impunidades judiciales construido para proteger sus crímenes
de toda rendición de cuentas.


Lo que se pretende con esta ley es que los delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista puedan ser debidamente investigados y juzgados. Señorías, en un mundo ideal la proposición que presentamos nunca
debería tramitarse, porque sencillamente sería reiterativa. Lo que pasa es que no estamos en un mundo ideal, la justicia española dista bastante de ser una justicia ideal, porque perviven en ella, sobre todo en sus puestos clave, inercias
antidemocráticas del régimen franquista; y, añado, no solo perviven, sino que se han reproducido y multiplicado últimamente. Consecuencia de esta situación es la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos por personas concretas, con
nombres y apellidos, durante la dictadura franquista. Se han archivado sistemáticamente todas las causas con el burdo argumento de que se deben respetar los principios de legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable del Código
Penal. Esta argucia legalista para encubrir los crímenes franquistas sonroja a cualquier demócrata y, también, a cualquier liberal, pero de los de verdad, no de los que tienen que decir cada dos frases que son liberales y que son más franquistas
que la Collares, y nos vienen aquí a hablar del oro de Moscú y otros tópicos sobados. ¡Hasta aquí!


A pesar de que el Reino de España ha suscrito y ratificado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos habidos y por haber, que recogen tanto los derechos de las víctimas como la obligación de los Estados de perseguir
penalmente estos crímenes. A pesar de que el derecho internacional ya es derecho interno a todos los efectos, la triste realidad de la justicia española es que todas y cada una de las resoluciones judiciales que han dictado los juzgados y
tribunales españoles han sido en el sentido de inadmitir las querellas con el argumento de que el principio de legalidad que prevalece es el interno, desconectado del derecho internacional.


Nosotros, Junts per Catalunya y el resto de grupos proponentes, queremos que el derecho que prevalezca sea el derecho internacional y que, si los jueces y tribunales españoles hacen oídos sordos al derecho internacional, se les debe obligar.
Se debe acabar con esta autarquía judicial. Repetimos, aunque el principio de legalidad internacional ya esté vigente en el Estado español, porque los tratados internacionales son derecho interno, es necesario ponerlo por escrito en el Código
Penal, para no dejar ningún margen para la impunidad de los crímenes franquistas. La pregunta es: ¿qué van a hacer los diputados del Partido Socialista? ¿Van a permitir que se imponga la justicia? ¿Van a permitir acabar con la impunidad o van a
continuar encubriendo el franquismo al lado de PP, VOX y los falsos liberales? Esta es la pregunta que hoy se plantea aquí.


Muchas gracias.



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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pagès. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades y diputats.


Señorías, hemos escuchado este discurso mil veces, lleno de tópicos y típico de la derecha más rancia. Pero tenga cuidado, porque a raíz de lo de Putin le van a acabar comprando el petróleo a Maduro e incluso Biden se ha reunido con él; o
sea, que puede pasar de ser un dictador a un estadista. Le recomiendo que sea muy cuidadoso con lo que dice. (Aplausos). Debatimos hoy la toma en consideración de una iniciativa que lleva la firma de muchos grupos, también el nuestro, pero sobre
todo de la sociedad civil organizada y del movimiento memorialista; una iniciativa que hemos trabajado con los compañeros y compañeras del intergrupo parlamentario de memoria y con la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra
Crímenes del Franquismo. Se trata de una proposición de ley sencilla, que no simple. Decimos que es sencilla porque, como ya se ha comentado, consta de un artículo único, cuyo único punto propone la inclusión de un nuevo artículo en el Código
Penal. Este nuevo artículo supone la redacción y la recepción formal al ordenamiento jurídico interno del conocido como principio de legalidad internacional desde la perspectiva del derecho internacional, tal y como está consagrado en el artículo
15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En otras palabras, los artículos primero y segundo del código recogen dos principios básicos del derecho penal, que coinciden
con el aforismo de Feuerbach y que hoy conocemos como principio de legalidad nullum crimen, nulla poena sine lege.


El artículo que introducimos supone, si se quiere, una excepción a lo dispuesto en dichos artículos, aunque nosotras técnicamente no lo consideramos una excepción. Se dispone que lo establecido por los artículos 1 y 2 no impedirá el
enjuiciamiento de los actos u omisiones que en este momento hubiesen constituido un delito de genocidio, de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Nosotras, como republicanas, no ponemos en entredicho el principio de legalidad penal porque es una
barrera a la actuación arbitraria de los poderes públicos. A nuestro entender, esta proposición de ley tampoco lo hace. Hoy en día, cuando hablamos de legalidad penal, no solo nos estamos refiriendo al conjunto de normas que rigen exclusivamente
en el territorio de un determinado Estado. Nosotras hemos dejado atrás ese mundo hobbesiano de la anarquía de las relaciones internacionales y, por ello, cuando hablamos de legalidad penal hablamos de ordenamientos jurídicos internos, obviamente,
pero también de derecho penal internacional, y es a ello a lo que nos remitimos. Véanse, por ejemplo, los pronunciamientos del Tribunal Especial para Sierra Leona, del Tribunal Especial para el Líbano o, como ya he dicho, el Convenio Europeo de
Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


Esta modificación coincide con las recomendaciones de Amnistía Internacional en relación con el Proyecto de Ley de Memoria Democrática como una de las medidas imprescindibles para romper con los obstáculos a la investigación judicial de los
crímenes de derecho internacional cometidos en el Estado español durante la Guerra Civil y el franquismo. En este sentido, también el relator de Naciones Unidas -ya en su informe para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición de julio de 2014- mostró su preocupación por lo que calificó como un excesivo formalismo en la interpretación del derecho por parte de las autoridades judiciales españolas, porque no solo niega el acceso a la justicia,
sino que también impide cualquier tipo de investigación y la valoración de posibles alternativas para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. También puso en duda y en cuestión la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.


Esperamos que esta iniciativa prospere y no habrá aparato mediático suficiente para tapar la vergüenza que supondría lo contrario, aunque lo más probable es que no lo haga, y no lo hará por culpa del grupo mayoritario del Gobierno. Y otra
prueba es su propuesta de la ley de memoria democrática, que aprovecho para nombrarla, aquella que les valió para reírse de Tardà en el año 2007, cuando decía que era insuficiente y ahora han reabierto con un nuevo maquillaje a modo de gatopardo.
(Aplausos). Hacen ver que todo cambia para dejarlo igual. Esquerra Republicana, con miles de perseguidos y asesinados y miles de encarcelados, y no por corrupción, tendrá la dignidad que ustedes no tienen, también, para hacer esto. Ya hemos
puesto las condiciones encima de la mesa, y se han hecho públicas, para que Esquerra Republicana valide una ley de memoria, que son reconocer y reparar el patrimonio del expolio franquista, la declaración de ilegalidad plena del régimen surgido del
golpe de Estado de 1936 y la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 para acabar con la impunidad de los crímenes.



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Esta iniciativa de hoy es un paso importante en el camino para desmontar el modelo español de impunidad pactado con la Transición, la desmemoria histórica, un modelo que ha hecho imposible la condena de la dictadura franquista y el
reconocimiento de las víctimas de la represión. En definitiva, no hay ningún quebranto de garantías procesales; no hay inseguridad jurídica, confiemos en que hoy, por fin, haya justicia para todas las víctimas del franquismo.


Moltes gràcies. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Telechea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.


El señor ASENS LLODRÀ: Presidenta, señorías, hoy debatimos sobre los crímenes de lesa humanidad y no podemos empezar sin expresar nuestra solidaridad con los vecinos y vecinas de Odesa, de Kiev o del resto de ciudades ucranianas asediadas
bajo las bombas de Putin. (Aplausos).


Hoy también es un día para recordar otro crimen atroz. Hace poco, en un mes de marzo, como este de 1974, el franquismo asesinaba vilmente, a garrote vil, a Salvador Puig Antich. Hoy, 48 años después, desde esta tribuna queremos mandar un
mensaje de solidaridad a sus hermanas y a todas las víctimas del franquismo, como las que hoy nos acompañan en este debate, a Rosa, a Cuchi, a Nieves, a Pablo, a Jacinto y al resto de compañeros de CEAQUA. Gracias por vuestra dignidad, gracias por
vuestra persistencia en la lucha contra unos crímenes que son un estigma imborrable de la historia de la humanidad. (Aplausos).


Esta ley va de eso. No se equivoquen, señorías, no le pedimos cuentas a la Dictadura, le pedimos cuentas a la democracia, la única en Europa que no ha asumido esas cuentas porque, es cierto, a los republicanos sepultados en las cunetas los
asesinó la dictadura franquista, pero es esta democracia quien todavía los mantiene ahí, en las fosas. Y es cierto, a Puig Antich lo asesinaron los verdugos franquistas, por cierto, vinculados al Partido Popular (protestas), pero es esta democracia
quien los encubre y quien impide las vías de acceso a la justicia. Hoy mismo, se ha archivado en Vitoria una querella contra Martín Villa. (Rumores). Que sí, señorías, está vinculado a su partido.


Esa lucha por romper la línea de continuidad entre el franquismo y la democracia no es ninguna ocurrencia o capricho. No son las batallitas del abuelo o el revanchismo guerracivilista, como nos dicen desde el Partido Popular; es una
exigencia moral, política, pero también jurídica, porque formamos parte de la comunidad internacional y el derecho internacional es de obligado cumplimiento. Es un acto de justicia, de higiene democrática, que si mira al pasado es para construir un
futuro más digno, porque olvidar el sufrimiento del pasado es olvidar las fuerzas que lo han provocado, sin lograr vencer esas mismas fuerzas cuando vuelven a aparecer. Por eso, hoy la pregunta es: ¿qué va a hacer este Congreso? ¿Va a actuar o se
va a quedar de brazos cruzados? La respuesta de la derecha ya la conocemos: ellos querrían que las víctimas -que las dan por muertas, según el señor Díaz en su intervención; están ahí arriba, pero, según el señor Díaz, está aquí todo el mundo
muerto- fueran invisibles, que no molestaran, que se quedaran en las cunetas del olvido y que hoy no recordáramos que hace 85 años llovían bombas en Barcelona, como ahora en Kiev. ¡Qué manía con remover el pasado, con hurgar en la herida!, nos
dicen ellos y ellas mientras ofenden a las víctimas yendo a homenajes en honor al dictador, mientras borran los nombres de demócratas republicanos de las calles de Madrid para sustituirlos por franquistas o mientras gobiernan en Castilla y León con
los nostálgicos de la Dictadura. (Protestas). Pero la cuestión clave aquí es qué van a hacer el resto de diputados, especialmente los diputados y diputadas del Partido Socialista.


Hemos escuchado al señor Díaz, de Ciudadanos, diciendo que estos delitos no se pueden perseguir porque no eran delitos en el momento en que se cometieron. Que no fueran delitos o que no lo sean ahora a la luz de las leyes franquistas, como
tampoco lo eran los crímenes del nazismo a la luz del Tercer Reich, no los convierten en legales. No son actos de derecho, son actos de barbarie, y eso es lo que dicen las condenas de Nuremberg, pero también las de Estrasburgo en numerosas
sentencias, por ejemplo, en una coetánea a los hechos de los que estamos hablando aquí: el asesinato de Puig Antich, en los años setenta. A los soldados de la antigua República Democrática Alemana que disparaban a quien traspasaba el muro de
Berlín se les condenó por el Tribunal de Estrasburgo. Ellos decían que estaban cumpliendo órdenes, que había una ley de fronteras que les obligaba a disparar, pero lo cierto, señorías, es que hay un núcleo esencial de los derechos humanos cuya
vulneración representa una injusticia extrema frente a



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la cual no hay ningún argumento de seguridad jurídica, de principio de legalidad o de no retroactividad de la norma que valga, como dice el señor Díaz. Eso es lo que nos ha dicho el Tribunal de Luxemburgo, pero también es lo que nos dicen
las instituciones europeas de derechos humanos.


Es recordar lo obvio, nos lo ha dicho la ONU; no hay ningún impedimento en el derecho ni nacional ni internacional para avanzar en el enjuiciamiento y la condena a los responsables, porque hay crímenes abominables, como el genocidio o lesa
humanidad, que por su crueldad no prescriben y no admiten inmunidad. Son crímenes que ofenden no solo a quienes los sufren, sino a la humanidad entera, y precisamente por eso, independientemente de cuándo, dónde o quién, pueden perseguirse siempre
desde cualquier rincón del mundo. Desde ese principio, los juzgados en España persiguieron crímenes en otros países, como en Chile y en Argentina. Entonces, los criminales decían que había una ley de amnistía en Chile y en Argentina, pero eso no
valió para evitar su condena. Lo que pasa es que cuando el foco se puso en los propios trapos sucios, entonces lo que no valía para ellos sí valía para nosotros. Por eso, es importante que en Argentina nos recuerden que en nombre de la humanidad
no hay pactos de silencio o de olvido que valgan ante el avance de los derechos humanos.


También en esa misma línea va el trabajo que hemos hecho en este Congreso: más de 40 enmiendas a la ley de memoria democrática. Por cierto, señorías del Partido Socialista y también de Esquerra Republicana, es la hora de sacar esa ley del
congelador. En todo caso, señorías, en este debate no valen las medias tintas: o se está con las víctimas o se está con los victimarios.


La derecha ya ha elegido bando. Ahora falta saber dónde quedamos el resto; pero, cuando lo hagamos, no olvidemos la advertencia de los familiares de los desaparecidos chilenos en los años setenta...


La señora PRESIDENTA: Señor Asens, tiene usted que terminar, por favor.


El señor ASENS LLODRÀ: ... quienes buscan leyes de impunidad van a ser tan responsables en el futuro como los que apretaron el gatillo en el pasado.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Asens. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García. (Aplausos).


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señora presidenta.


Antes de exponer ordenadamente las razones de nuestra oposición a esta proposición de ley orgánica, voy a hacer alguna referencia a las cosas que acabo de oír. Un portavoz, un independentista catalán que no puedo identificar por su nombre,
me perdonará, pero los independentistas catalanes son como cromos repetidos todos (risas), ha dicho: burdo argumento el principio de legalidad penal. Burdo argumento ha dicho; este señor supongo que no ha estudiado Derecho, y si lo ha estudiado,
supongo que no ejercerá ninguna profesión jurídica, porque, desde luego, no sé cuál sería la suerte de sus clientes.


Otro ha dicho: nostalgia de la Dictadura, interpreto que refiriéndose a VOX y al PP o al PP y a VOX. Bueno, nosotros no tenemos nostalgia a ninguna dictadura; lo que ustedes sí tienen y profesan es amor a las dictaduras presentes, como
acreditan todos los días con su apoyo a las dictaduras castrista, bolivariana y cualesquiera que del mundo comunista sean y subsistan. (Aplausos).


Un tercero, creo que ha sido el señor Asens, ha dicho que aquí no caben medias tintas. Pues no, no caben. ¿Y qué me dice usted, señor Asens, de que haya tenido que ser una Comisión del Parlamento Europeo la que, en 2022 -todavía no se ha
publicado su informe- vaya a instar al Reino de España a que investigue los crímenes de la ETA que no han sido investigados ni juzgados? (Aplausos). ¿Esto se le ha olvidado a usted por el camino? A los tres, a los cuatro o a los cinco se les
olvidan por el camino los sesenta millones de muertos asesinados por la República China maoísta; sesenta millones. ¿Estos tampoco? ¿Estos de qué tinta son, de la media, de la roja, de la azul o de cuál? (Aplausos). O los veinte millones de la
Unión Soviética; esto tampoco les parece a ustedes relevante.


Bien, la intención de esta proposición de ley es una intención política -política- de todos sus proponentes, incluido, sorprendentemente, el Partido Nacionalista Vasco; el Partido Nacionalista Vasco, que, como dije la semana pasada,
participó en el Gobierno del Frente Popular surgido de las fraudulentas elecciones de febrero de 1936 en la persona de Manuel Irujo. Sí. Les recuerdo a ustedes, por si no lo saben, que Irujo puso como condición para su participación en su partido
que se pusiera fin a la represión religiosa en España; represión religiosa que ha dado lugar, según el documentado estudio que data ya de



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1961 de Antonio Montero, a 6832 asesinatos de clérigos y religiosos. ¿Estos tampoco entran en las tintas, señor Asens? ¿De qué tintas son, negras por las sotanas? ¿O qué tinta es esta, negra por el rojo de la sangre vertida? (Aplausos).


Es una desvergüenza que ustedes vengan a decir estas cosas aquí; ustedes las pueden decir en sus mítines con la intención de engañar a sus votantes, que de buena fe o ingenuamente lo pueden creer; aquí no tendrían que tener la desvergüenza
de decir estas cosas, porque algunos sabemos algo de historia de España; desde luego, más que ustedes, sin duda, y no con ese ánimo sectario que les caracteriza. (Aplausos).


El señor De Irujo, don Manuel, que en paz descanse, el día 9 de enero de 1937 expuso su memorándum en Consejo de Ministros, todavía presidido por Largo Caballero, acerca de la represión religiosa en tono durísimo -tengo aquí textos que
reproducen o transcriben las palabras por escrito que él expuso en aquella sesión del consejo- y exigió que se pusiera fin a esa persecución religiosa. El Consejo de Ministros se opuso por unanimidad y el señor De Irujo no dimitió; no solo no
dimitió, sino que aceptó participar en un gobierno tan criminal como el anterior, que fue el del doctor Negrín desde mayo de 1937. De modo que el Partido Nacionalista Vasco, como dije la semana pasada, también tiene por qué callar en esta cuestión
y no debería adherirse a proposiciones tan ignominiosas. (Aplausos).


Pero además de la intención, está la realización, y la realización debe juzgarse con arreglo a la intención, según dice Ortega de la obra literaria en El espectador. Y aquí la realización es imposible jurídicamente, y lo voy a explicar
brevemente. España se adhirió en 1968 a la convención sobre el genocidio de Naciones Unidas de 1948 y en 1971 reformó su Código Penal, durante el franquismo, para introducir el delito de genocidio en los términos de la convención. Los términos de
la convención y el Código Penal así redactado en virtud de esa reforma de 1971, así como el Código Penal de 1995, del periodo democrático, obra del Partido Socialista -gobernaba el señor González y era ministro de Justicia el señor Belloch,
magistrado- recogieron el delito de genocidio, así como lo que llamaron delitos del derecho de gentes. Posteriormente se ha reformado ese texto y se ha mantenido que la persecución para ser calificada como genocidio debe ser nacional, racial,
étnica o religiosa, no política. La persecución política solamente cabría como delito de lesa humanidad, hoy vigente en el Código Penal, pero no es posible juzgar, ni siquiera con arreglo a lo que ustedes pretenden que sea un estándar de derecho
internacional consuetudinario, hechos que han tenido lugar durante el franquismo o durante los primeros años de la Transición porque esa invocación de un derecho internacional penal consuetudinario hoy no es posible con arreglo al hecho inequívoco
de que ese derecho penal ya está codificado, al menos parcialmente, desde el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional de 1998...


La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene usted que terminar.


El señor SÁNCHEZ GARCIA: ... texto que no admite excepción alguna a la prohibición de retroactividad de las leyes penales. Luego ustedes pretenden con esta reforma -concluyo en un segundo, señora presidenta- que se pueda juzgar en España,
con arreglo a un precepto aberrante, lo que no podría juzgar como crimen el propio Tribunal Penal Internacional.


Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Uriarte Bengoechea.


La señora URIARTE BENGOECHEA: Señorías de la CUP y señorías del PNV, de Esquerra Republicana, de Bildu, del BNG, de Compromís y de Junts per Catalunya, ustedes representan el verdadero problema de la democracia española, el gran problema
pendiente de nuestra democracia, con esa resistencia de más de cuarenta años a aceptar la transición a la democracia. España hizo una transición modélica de la Dictadura franquista a la democracia, pero ustedes, señorías, no acaban de hacer jamás
su propia transición a la democracia; eso sí, con cierta ayuda del Partido Socialista y esa ley de memoria democrática que han liderado junto a Unidas Podemos, que, como puede verse, les parece muy escasa a la extrema izquierda y a los
nacionalistas; una ley de memoria según la cual hubo siempre en España una izquierda democrática y no violenta y una derecha autoritaria y violenta. Y para establecer



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esa mentira y convertirla en ley, ustedes eliminaron de la memoria: uno, toda la violencia de la república; dos, toda la violencia de ETA, y, tres, toda referencia al comunismo.


Pues bien, esta proposición de ley se sustenta precisamente en esas tres eliminaciones que han hecho ustedes de la memoria democrática de este país. La extrema izquierda y los nacionalistas quieren juzgar los crímenes del franquismo
saltándose la Ley de Amnistía y manipulando groseramente la legalidad internacional. Y es que quieren destruir la transición y poner patas arriba la legitimidad de una democracia que nunca aceptaron: los unos, los nacionalistas, porque jamás
aceptaron la nación y el Estado de esa democracia que es España, y los otros, la extrema izquierda, porque no creen en la democracia.


Y es que esta proposición de ley nada tiene que ver con la democracia. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó cuando se debatió la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para pedir el apoyo de esta Cámara a la resolución del
Parlamento Europeo de condena de todos los totalitarismos? Repito, todos los totalitarismos: los fascistas, que incluyen a la Dictadura franquista, el nazi y los comunistas. ¿Saben lo que ocurrió? Que el defensor de esta proposición de ley, su
líder, el señor Botran, gritó -abro comillas-. '¡Viva el comunismo y la libertad!'. Y, por cierto, con muchos aplausos de esa bancada central, incluidos, señor Accensi, los aplausos de su grupo, que condena la Dictadura franquista, sí, pero no el
comunismo, como ocurrió en el debate de esa proposición no de ley. (Aplausos).


Y he aquí que ese defensor del totalitarismo comunista viene hoy a cuestionar y a destrozar la transición a la democracia, porque lo que él quería, como una parte de esa Cámara, era una transición al comunismo; eso sí, con una Cataluña
comunista pero muy independiente, lo mismo que la señora Telechea, la representante de Esquerra Republicana, que hasta se ha permitido hoy hacer un guiño al dictador Maduro -tremendo-, y nuevamente con los aplausos de esa bancada central.


Esta proposición de ley tampoco tiene nada que ver con la justicia. ¿Se acuerdan de otro momento de gloria que tuvo el líder de esta proposición de ley, el señor Botran, poco antes de la PNL que he mencionado en 2021? Fue cuando el
diputado Botran subió a esta tribuna a defender a Pablo Hasél, el rapero condenado por enaltecimiento del terrorismo de ETA. Y fíjense si le parece bien el enaltecimiento del terrorismo de ETA que hasta puso en esta tribuna una canción de Hasél. Y
añadió que no tenía ningún sentido condenar el enaltecimiento del terrorismo porque ya habían pasado diez años de lo que llamó -abro comillas- 'la actividad de ETA'. Es decir, quieren juzgar los crímenes de hace setenta u ochenta años, pero no
quieren juzgar los crímenes de ETA, porque esos no les parecen condenables. (Aplausos).


Señorías, da la casualidad de que la defensa de esta proposición de ley ha coincidido en el tiempo con la presentación ayer del informe de la misión del Parlamento Europeo que, como saben, visitó España en noviembre de 2021 para investigar
qué es lo que estaba ocurriendo con los 379 asesinatos de ETA sin resolver, los asesinatos cometidos, señor Botran, en democracia. Como saben, ahora se abre el periodo de enmiendas a las conclusiones de este informe, y animo a los diputados, a los
partidos de esta Cámara a apoyar esas conclusiones. Si queremos, si quieren defender la democracia y la justicia, apoyen las conclusiones de este informe del Parlamento Europeo. (Aplausos).


Entre esas conclusiones y recomendaciones a España, les recuerdo solamente unas cuantas: una, continuar con la investigación exhaustiva de todos los crímenes de ETA sin resolver; dos, perseguir la glorificación del terrorismo; tres, crear
una comisión de juristas que realice un informe detallado de cada crimen sin resolver; cuatro, exigir de las instituciones que los beneficios penitenciarios de los condenados por terrorismo estén ligados al verdadero arrepentimiento y a la
colaboración en la resolución de los crímenes, y, por último, agotar las posibilidades del artículo 28 del Código Penal para que los líderes de ETA en los momentos de los asesinatos sean procesados como instigadores.


La señora PRESIDENTA: Señora Uriarte, tiene usted que terminar, por favor.


La señora URIARTE BENGOECHEA: Si queremos de verdad democracia y justicia en España, apoyen estas recomendaciones del Parlamento Europeo.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Uriarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gutiérrez Salinas.



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El señor GUTIÉRREZ SALINAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, vamos a poner un poco de sentido común a este debate, porque parece que falta esta tarde en la Cámara.


Señorías, la proposición de ley que debatimos pretende establecer una excepción al principio de prohibición de la retroactividad de las normas penales recogido en nuestra Constitución. Creo que a estas alturas nadie puede dudar del
compromiso de mi partido, el PSOE, del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y, por extensión, de mi grupo parlamentario con las víctimas de la Dictadura franquista. Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que aprobó la ley de memoria
histórica y ha sido el Consejo de Ministros del Gobierno que preside Pedro Sánchez el que ha aprobado el Proyecto de Ley de Memoria Democrática (aplausos), cuyo objeto es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia por razones
políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual desde el golpe de Estado de 1936 hasta la promulgación de la Constitución en el año 1978. Este proyecto de ley determina la consideración de víctimas con
arreglo a los parámetros internacionales de los derechos humanos y declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Por lo tanto, al Partido Socialista, lecciones, ninguna. Nadie tiene más
muertos en fosas comunes y cunetas que el PSOE y la UGT, sindicato hermano. (Aplausos).


Dicho esto, no podemos votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley que ustedes traen aquí por varias razones, en primer lugar porque con esta iniciativa se vulneran tres principios fundamentales de nuestro
ordenamiento jurídico: el de legalidad penal, el de irretroactividad y el de seguridad jurídica. Uno de los rasgos del ordenamiento jurídico franquista fue precisamente el escaso respeto que tuvo con el principio de legalidad penal y el principio
de retroactividad en la creación y aplicación de delitos como el de auxilio a la rebelión o en la creación de jurisdicciones especiales, como el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas y el posterior Tribunal de Orden Público. Por ello,
con la llegada de la democracia, la Constitución de 1978, que promulga un Estado social y de derecho, recoge las garantías legales y procesales esenciales en su preámbulo y garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en su artículo 9.3. Así, si aprobásemos su propuesta, se
produciría un grave efecto sobre la seguridad jurídica más elemental.


Pero hay más argumentos que justifican la postura del Grupo Parlamentario Socialista. Tras analizar la jurisprudencia y, sobre todo, el auto del Tribunal Constitucional de 15 de septiembre de 2021, se generan muchas dudas acerca de que el
derecho internacional ampare la retroactividad que ustedes quieren introducir en esta modificación del Código Penal, y voy a explicarlo. En el tiempo que se cometieron los delitos para los que se intenta aplicar retroactividad no existía en el
ordenamiento jurídico penal español la figura del delito de lesa humanidad, que se introduce en el artículo 607 bis del Código Penal. En definitiva, tal y como indica el auto del Tribunal Constitucional, los postulados constitucionales del
principio de legalidad impiden que se apliquen en nuestro espacio constitucional figuras delictivas definidas en ámbitos parcialmente ajenos a nuestro ordenamiento jurídico de forma abierta, cambiante, no homogénea ni consolidada en una redacción
precisa y además no establecen de forma específica la penalidad que corresponde a la conducta sancionada.


Si bien es cierto que el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 contiene una regla de imprescriptibilidad, en su artículo 29 esa previsión se proyecta solo a futuro y para los crímenes de su competencia. Además, para comprender la
excepcionalidad que supone la aplicación del principio de irretroactividad penal, es de destacar cómo la Corte Penal Internacional recoge expresamente este principio en los artículos 11 y 24, y además incluye como única norma excepcional el caso de
la más favorable en la investigación, enjuiciamiento y condena. Y sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera que para que se pueda aplicar retroactividad se tienen que dar condiciones de mínima certeza y
previsibilidad y que los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional ya hubieran sido aceptados y reconocidos en el ordenamiento jurídico interno de las naciones en el momento de cometerse los hechos delictivos a los que
alude esta proposición de ley.


Por todo lo anteriormente expuesto, mi grupo no puede votar a favor de esta norma en consideración, porque conculca principios básicos del ordenamiento jurídico español recogidos en la Constitución española, pero además no queda demostrado
que el derecho internacional indique claramente y obligue a esa retroactividad en el ordenamiento jurídico interno de los países. Hay que dar seguridad jurídica a la sociedad española, no debilitarla, señorías.



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Y antes de concluir mi intervención, me gustaría conminarles a aprobar la ley de memoria democrática, porque lo que necesita la sociedad española es hacer pedagogía de los hechos acaecidos, que se conozcan para que no se vuelvan a repetir
jamás. (Aplausos). Y ahora con mayor motivo, porque los herederos ideológicos de la Dictadura franquista cada vez tienen más auge en la sociedad española y por primera vez van a entrar a formar parte de un gobierno autonómico en España de la mano
de la derecha que se tenía por moderada.


Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-El señor Esteban Bravo pide la palabra).


¿Sí, señor Esteban?


El señor ESTEBAN BRAVO: Pido la palabra por el artículo 71, por afirmaciones y acusaciones que se han hecho respecto a mi grupo político.


La señora PRESIDENTA: Tiene usted un minuto para hacer mención de las alusiones concretas.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor Díaz -está hablando de espaldas, pero me dirijo a él-, hace falta ser miserable para querer dar a entender que el Partido Nacionalista Vasco impulsa los homenajes a etarras y que los autoriza. Debe ser que los
alcaldes de Ciudadanos prevarican y no saben que las autorizaciones están regladas. Si una organización cultural legal solicita un local para hacer un acto cultural, el alcalde o alcaldesa está absolutamente obligado a hacerlo. Y además en el auto
se le dice expresamente que no se puede hacer uso político. Está obligado, porque, si no, vendrían sanciones también contra esa persona. Ahora, después de ver lo que ha sucedido, es cuando se ha abierto un expediente. Por la misma, también
podrían haber acusado al delegado del Gobierno de saber qué es lo que se estaba preparando y no haber actuado ni haber hecho absolutamente nada.


Por cierto, si de verdad se dice que se sabe mucho de historia, señor Sánchez, lo que también me parece miserable es que haya calificado al señor De Irujo como lo ha hecho, cuando fue una persona que salvó muchas vidas, muchísimas, de sus
correligionarios ideológicos. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Esteban.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA EL RECONOCIMIENTO EFECTIVO DEL TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE LA MUJER EN EL ACCESO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARCIAL. (Número de expediente 122/000201).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del servicio social de
la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial.


Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Perea i Conillas.


La señora PEREA I CONILLAS: Bona tarda, buenas tardes, presidenta, señorías.


La proposición de ley para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación de servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial es un paso decidido hacia la igualdad real y efectiva que España necesita y anhela.
Es una cuestión de justicia y de reparación histórica. La Ley 21/2021, de reforma de las pensiones, reconoce el cómputo del servicio social femenino a los efectos de acceder a la pensión de jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria
en términos de cualificarlo de forma sinónima a la prestación militar obligatoria y la prestación social sustitutoria. De hecho, se recogió lo que ya por vía jurisprudencial se estaba aceptando. Con la proposición de ley que hoy presentamos
llevamos a la letra de la Ley General de la Seguridad Social esa misma equiparación en relación con la jubilación parcial y damos cumplimiento a la recomendación 17 del Pacto de Toledo, mujer y Seguridad Social. Es un paso fundamental hacia la
equiparación de la cobertura por pensiones entre mujeres y hombres y hacemos efectivo el principio de transversalidad en la elaboración de cualquier norma al objeto de evitar el impacto negativo de género.


Alguien pudiera tener la sensación de que es una proposición de mero trámite. Si es así, que pregunte a las 427 mujeres que, en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2020, se han beneficiado hasta el momento de
la jubilación anticipada. Pero pongámosla cara, se entenderá mejor.



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Un periódico, El Español, publicaba hace un par de años la historia de Adela Carrió, que tenía dieciocho años cuando fue llamada a 'cumplir su deber nacional' (hace el gesto de comillas con los dedos). Estaba en el primer año de la
universidad estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones y quiso sacarse el carné de conducir. Al empezar los trámites, le dijeron que no podía hacerlo sin cumplir con el deber nacional que Franco impuso a las mujeres solteras y que equivalía al
servicio militar de los hombres.


El servicio social femenino -hagamos un poco de historia- estuvo vigente desde el final de la guerra hasta el año 1978, por lo que todavía muchas mujeres tuvieron que sufrir esa doble discriminación, primero, por ser mujer, y, en segundo
lugar, por no casarse, es decir, por no pasar por el aro, por no ceñirse al corsé que el franquismo imponía a las mujeres: sumisión al varón y dependencia absoluta. Entre 1937 y 1940 se prestó en centros de Auxilio Social, en el frente y en
hospitales. Posteriormente fue La Falange la que se ocupó de formar a las mujeres para lo que el régimen les tenía preparado: ser buenas madres y buenas esposas. Y quiero recordar que en aquel momento las mujeres no tenían otro horizonte. Pero
también fue una cuestión de clase, porque resulta que hubo mujeres que por el hecho de pertenecer a la clase alta no tuvieron que hacerlo. ¡Fíjate tú, las cosas como son!


Señorías, esta proposición de ley es un paso irrevocable en la agenda feminista. No podemos cambiar el pasado pero sí el presente. Con esta proposición de ley mejoramos la vida de aquellas mujeres que lo tuvieron todo más complicado por el
solo hecho de ser mujeres. Los socialistas y las socialistas legislamos para erradicar la desigualdad, así como para acabar con la violencia de género, aunque algunos pretendan redefinirla situándola en la violencia intrafamiliar. Creo que se les
tendrá que decir a estos señores, principalmente del PP y especialmente el señor Feijóo, que la violencia intrafamiliar carece del componente estructural y de género que la distingue de cualquier otra violencia que se ejerza contra las mujeres por
el simple hecho de serlo. Señorías, la discriminación por razón de género es la que llevó a Franco a imponer a las mujeres solteras el servicio social femenino, y esa es la que sustenta esa violencia contra nosotras. Su ignorancia -quiero dejarlo
bien claro aquí- atenta contra algo que es esencial en nuestro Estado social y democrático de derecho, el principio de igualdad. Y es que con la violencia de género, señores del PP, no se puede surfear, sino que se tiene que atacar de frente.


Me sorprende que ni siquiera miren al orador. ¡Es fantástico esto! Realmente es porque saben que les voy a decir que es una vergüenza lo que está pasando en Castilla y León con la firma del pacto de la vergüenza. Esta va a ser una losa que
les atará a fuego frente a los deseos de la ultraderecha, y se van a encontrar desconfigurados; y, si no, al tiempo. Díganme, honestamente -y les pregunto a los diputados, si es que hay alguno, de Castilla y León-: ¿Qué pasará con aquel
anteproyecto de la ley de mejora de violencia de género que presentaron hace muy poco, el 3 de septiembre de 2021? Recuerdo que se les llenaba la boca, especialmente al señor Mañueco, diciendo que se iba a defender esa agenda feminista; entonces
dijeron que era incluso hasta un compromiso personal del señor Mañueco. Me gustaría que, cuando algún periodista le pregunte por tres palabras, violencia de género, no le salga una urticaria en la piel. (Aplausos).


Entonces dijeron que era violencia de género, hoy es intrafamiliar y todo ello para que VOX no se les eche atrás en el pacto. Señorías, no se engañen. Y, lo que es peor, no pretendan engañar al resto de la población. Pero, sobre todo, no
se burlen de las mujeres de Castilla y León, porque sabemos perfectamente en qué consiste la ley de violencia intrafamiliar. Ustedes lo verbalizan y ponen negro sobre blanco, no les duelen prendas. En el Congreso se debatió el 23 de febrero del
año pasado y se les dijo claramente, se les dijo nombrando a cada una de las asesinadas, hoy ya 1133 como consecuencia de la violencia de género, y se les dijo que la ley intrafamiliar no se aguantaba. Su ley de violencia intrafamiliar es un
caballo de Troya para derogar la ley de violencia de género, y, lo que es peor, deja desprotegidas a las mujeres y a los menores víctimas para dejar el camino expedito a maltratadores y asesinos.


Señorías, contra todas estas desigualdades luchamos los socialistas. Este pacto de la vergüenza creo que pretende desandar lo ya caminado en este Congreso y, desde luego, los socialistas, especialmente los socialistas de Castilla y León,
vamos a estar muy vigilantes. (Aplausos). Esta proposición de ley que hoy presentamos es la prueba más evidente de que la agenda feminista es imparable, ocurra lo que ocurra y se ponga enfrente quien se ponga. Esta proposición de ley hace
justicia histórica y reparadora, repara el agravio histórico. Las cosas no suceden porque sí, ya les he explicado los antecedentes históricos, y creo que no se puede olvidar nuestra historia si no queremos cometer los mismos errores, los que
padecieron mujeres que en aquel momento asomaron la cabeza para ser independientes y el franquismo y el tardofranquismo se lo impidió.



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Acabar con la desigualdad es una cuestión de voluntad política y no de discursos vacíos para contener a los suyos. La desigualdad afecta a la vida privada de las mujeres, incide en su autonomía, en su libertad y condiciona su poder de tomar
decisiones sobre su vida. Acabar con la desigualdad es un reto de los socialistas y las socialistas y, señorías del PP, también debería ser un reto colectivo.


Señorías, lo siento por ustedes, pero el camino está iniciado. La reforma laboral es un paso determinante para acabar con la precariedad en el trabajo, con la devaluación salarial y, desde luego, con la precariedad que sufren las mujeres y,
también, los jóvenes y las jóvenes. También, ha sido un paso decisivo la aprobación del complemento de maternidad, que ya hoy -acababa de pasar un año- ha reducido la brecha en pensiones un 5 %. Estos son pasos importantes, pero los socialistas no
tenemos suficiente. Si no hiciéramos nada, la brecha de género acabaría en 2104 y, para entonces, todos calvos -no me meto con ningún calvo, sencillamente es el dicho-. Los socialistas no estamos dispuestos a ello, no nos quedamos ahí. Por ello,
consideramos y defendemos que el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025 es la gran oportunidad de la que socialmente nos hemos dotado en este Congreso para tirar para adelante y acabar con una brecha de género
que nos lastra como sociedad, que nos hace más injustos como sociedad. España, con este plan estratégico para la igualdad efectiva, es bandera y referente en la Unión Europea. Y les daré un dato -creo que se tendrían que mirar el plan estratégico,
porque es que no se lo ha mirado nadie, tampoco el señor Feijóo-: con solo cuatro programas -cuatro programas-, estamos hablando del 67 % del importe total de los 20 000 millones de euros; estamos hablando de que el 91 % de este plan estratégico
se va a destinar a acabar con la brecha salarial y en el empleo. Yo creo que es una cuestión de dignidad y es el momento constituyente. La pandemia nos ha demostrado a todos que hay muchas formas distintas de hacer las cosas y de encarar nuestras
debilidades. La economía ha sido siempre un ámbito clave en las políticas de igualdad de género, tanto en el injusto reparto de trabajos como de tiempo y recursos entre hombres y mujeres, y urgen políticas valientes y capaces de introducir
políticas transformadoras económicas en lo que llamamos actualmente economía productiva, que hasta ahora ha estado dando la espalda a las mujeres. Pero para ello se requiere valentía y se requiere voluntad, voluntad de transformación profunda a
nivel económico, a nivel social, a nivel institucional y, por descontado, también a nivel político.


Señorías, creo que esta proposición de ley, a pesar de haber sido tan agria en algunos momentos, no se merece ni el voto en contra ni la abstención, y lo digo desde la máxima humildad. El reto es ahora colectivo, el reto es feminista,
democrático y de reparación, es el reto que se ha marcado el Partido Socialista como camino, como meta y como horizonte. En sus manos está sumarse o desandar lo ya recorrido. Confiamos en que corrijan el rumbo, a pesar de que no confiamos mucho en
ello. España tiene una agenda decidida e imparable para la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y eso no va a cambiar. El feminismo empuja a la igualdad y a conseguir más calidad democrática. Invertir en igualdad es garantizar
prosperidad y garantizar democracia. Y les digo una cosa, señorías, las mujeres no nos esperamos más.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Perea. (Pausa.-Una trabajadora el servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados.


Con esta toma en consideración se pretende corregir la diferencia de trato que la Ley General de la Seguridad Social mantiene entre los hombres que cumplieron el servicio militar obligatorio, popularmente conocido como la mili, y las mujeres
que prestaron lo que se denominaba servicio social de la mujer, suprimido en 1978, como recordó la señora Perea, que en buena parte de su intervención se nos perdió por los campos de Castilla sin venir mucho a cuento. Con esta ley, se trata de que,
a los efectos de acceder a la jubilación parcial y en el cálculo del tiempo para establecer los derechos de las interesadas, se otorgue al servicio social femenino los mismos efectos que la LGSS ya establece para quienes cumplieron el servicio
militar obligatorio, así como para la prestación social sustitutoria en el caso de quienes se acogían a la objeción de conciencia.


Señorías, estando completamente de acuerdo en la eliminación de todas las trabas que impidan la igualdad entre hombres y mujeres, esta será una ley a la que en la práctica podrán acogerse pocas



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mujeres, porque serán escasas las que por edad no hayan accedido a la jubilación; pero si aún mantienen su actividad laboral, dudo mucho que les compense económicamente anticipar su retiro. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de
Celis, ocupa la Presidencia). Son altamente disuasorias las condiciones establecidas por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la reforma que entró en vigor el pasado 1 de enero de este año 2022, con la que la bancada socialcomunista y sus diferentes
apoyos parlamentarios endurecieron considerablemente las condiciones para acceder a una pensión pública, y mucho más duras aún, si cabe, para los trabajadores que deseen adelantar su jubilación, aunque puedan presentar una larga vida laboral en la
que se incluya su paso por la mili o el cumplimiento del servicio social de la mujer. Conviene en este sentido recordar que ya se está retrasando la edad de jubilación paulatinamente, lo que a mi juicio supone un colosal retroceso en los derechos
de los trabajadores, especialmente para aquellos de larga vida laboral y para los que han desempeñado y desempeñan profesiones y actividades de gran desgaste.


Hoy el Grupo Parlamentario Socialista se nos pone de lo más estupendo utilizando su cupo de iniciativas legislativas para presentar esta que desvela que, en el fragor de la burocracia militante del ministro Escrivá para endurecer las
condiciones en la Ley 21/2012, de 28 de diciembre, al Gobierno de los mil y un decretos ómnibus se le pasó a aplicar convenientemente el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el articulado de la LGSS. Tampoco en el gineceo
gestor del Ministerio de Igualdad se dieron cuenta de la pifia, supongo que porque allí esto del servicio social femenino no lo habrá hecho ninguna, bien por edad o tal vez por razones de conciencia pacifista, que estos días mantienen muy camuflada
en el maletero del coche oficial.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.


La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente. Buenas tardes.


Como continuamos hablando de franquismo, me van a permitir una cuestión previa. Señores de VOX, los delitos de lesa humanidad no solo no prescriben, sino que son reconocidos por el derecho internacional. El señor José María Sánchez será
jurista, lo que no tenemos muy claro es de qué época será jurista. (Aplausos).


Hoy nos trae el Partido Socialista una proposición de ley para reconocer el cómputo del servicio social obligatorio de las mujeres durante el franquismo, y nos parece muy acertada. Es una forma mínima, pero es una forma de reparar la
contribución forzada de las mujeres durante el franquismo. Y como el patriarcado es como la energía, que se transforma, esto hoy nos va a permitir hablar de género, de aportación de la riqueza social de las mujeres y de la invisibilidad de la
economía del cuidado en la Seguridad Social, que debería ser un mecanismo para retornar a las trabajadoras su aportación a la riqueza social, pero que, en la práctica, con la economía de los cuidados, no acaba siendo así. Voy a dar dos ejemplos.


El primero, el de las trabajadoras del hogar. El Gobierno anunció en marzo de 2020 la ratificación del Convenio 189 de la OIT, y todavía la estamos esperando; pero es urgente. Y es urgente, además, porque ha habido una pandemia, y los
trabajos esenciales y de cuidados han sido imprescindibles, y son mayormente hechos por mujeres y, mayormente, por mujeres extranjeras que, además, están atadas al yugo de la Ley Orgánica de Extranjería. Los trabajos domésticos y de cuidados
representan el 9 % del PIB del mundo y el 15 % del PIB español. Urge, señoras y señores del Gobierno, reconocer y ratificar el Convenio 189 de la OIT.


Y el segundo ejemplo que quería traer es el del trabajo reproductivo per se, cuidados de familiares, hijos e hijas, labores domésticas, etcétera, que recae también mayormente en las mujeres. Según la última encuesta del INE de empleo del
tiempo -por cierto, aprovecho para decir que son datos de 2009 y 2010 y que, por tanto, urge hacer encuestas de empleo del tiempo de forma más frecuente, porque es lo que nos explica la diferencia de la división sexual del trabajo en nuestra
sociedad-, que nos da datos de 2003 y 2009, en 2003 las mujeres dedicaban de media cuatro horas y media al día en trabajos domésticos y de cuidados y los hombres una hora y media; y, en 2009, las mujeres dedicaban cuatro horas y los hombres una
hora cincuenta. Estos son los costes invisibles del mercado. Esto es lo que permite que la gente pueda ir a trabajar, lo que se llama la economía invisible de los cuidados y el trabajo reproductivo, los que, además, no representan ninguna
prestación específica.



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Las instituciones no son neutras. En este caso, la Seguridad Social y la distribución de las prestaciones siguen el modelo patriarcal y siguen contribuyendo a la invisibilización del trabajo reproductivo y de cuidados. La Seguridad Social
debería ser la caja de las trabajadoras y debería devolver la riqueza que aportan a la sociedad, pero mantiene una visión androcéntrica basada en el modelo masculino de trabajo formal, de salario en una empresa, de producción de materias, y esto -ya
lo he dicho- invisibiliza el trabajo reproductivo. Pero es que, además, es una cuenta errónea, porque está contando solo la producción y se deja la mitad imprescindible en la economía. Sin reproducción de la vida no hay PIB y, por lo tanto, es
urgente no solo contarla, sino, además, que cuente en la Seguridad Social, por justicia económica, por los principios de la economía feminista y por poner en el centro la vida y las personas. Que se contabilice el trabajo reproductivo y que se
asuma la contribución de los trabajos de cuidados en la economía, porque, si no, se contribuye a la pobreza de las mujeres y, además, se reproduce la división sexual del trabajo. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Arratsalde on. Buenas tardes. Eskerrik asko.


Que se equipare el cómputo de lo que fue el servicio social femenino del franquismo a la mili de los hombres puede parecer un tema menor, porque hace ya un año que se modificó la Ley de la Seguridad Social para incluir a las mujeres que
hubieran hecho este servicio obligado a la hora del cálculo de la jubilación anticipada, y lo que faltaba era que se equipara a la jubilación parcial, como ocurre con el tiempo de la mili o del servicio social sustitutorio para hombres. Era esta
medida la que faltaba, que no afectará a muchas, posiblemente, y desconozco cuántas mujeres han conseguido, tras el cambio legal anterior, poder jubilarse anticipadamente gracias al reconocimiento del tiempo que pasaron en el servicio social.
Seguramente será una cuestión un poco complicada, porque a muchas de ellas no se les daba el certificado. Pero todo esto da igual, porque bienvenida sea esta reforma, que es necesaria, y que elimina un aspecto de la desigualdad entre hombres y
mujeres. Nuestro voto, obviamente, será a favor.


Como decía antes, aunque lo parezca, no es una cuestión menor, por muy limitado que sea su campo de acción, porque no hay cuestiones menores a la hora de defender la igualdad entre mujeres y hombres ni hay cuestiones menores a la hora de
deshacer toda esa gran arquitectura franquista que fue creándose a lo largo de décadas y que en muchas situaciones en este Estado se siguen viviendo hoy en día; pervive con ramificaciones más profundas que las de los árboles del desierto. ¿Cuántos
han pasado? ¿Cuarenta, sesenta, setenta años? Más de ochenta desde que se estableció el servicio social femenino para las mujeres solteras entre 17 y 35 años, para aquellas mujeres que querían acceder a trabajos en la Administración, a un título
universitario, a sacarse el pasaporte o el carné de conducir.


Permítame dar unos apuntes de lo que fue aquel servicio social. Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera, fue la fundadora y dirigente de la Sección Femenina, la responsable de ese servicio social. Defendía entonces
que las mujeres tenían que ser femeninas y no feministas. En 1942 escribía textos en los que proclamaba que las mujeres nunca descubren nada. Les falta -decía- el talento creador, que estaba reservado por Dios a inteligencias varoniles. Presumía,
además, de tomar como modelo a Isabel la Católica, la cual -decía- supo conciliar sus capacidades de mujer de buen gobierno, de preocupación social y de formación religiosa con la de ama de casa que cuida de su marido, de sus hijos y de sus criados;
la mujer fuerte del Evangelio -decía-. Y lo cierto es que en términos históricos todo esto sucedió no en la Edad Media, sino anteayer mismo.


La prestación del servicio social femenino se mantuvo hasta 1978. Con el signo de los tiempos, fue cambiando la naturaleza de los cursos que había que cumplir, y al final las exigencias fueron ablandándose con el tiempo. Yo tuve que
conseguir la cartilla. Fui de las últimas generaciones que tuvieron que hacerlo. La necesitaba para poder hacer la prematrícula en la universidad. Y entonces ya, a diferencia de años anteriores, la canastilla, un equipamiento de ropa para recién
nacidos que había que coser y tejer en un cursillo de varios meses, la canastilla de marras, en definitiva, se había convertido en otro reflejo de las mentiras insidiosas en las que se momificó el régimen de Franco. Yo ya ni la hice. No hice ese
curso en ese momento ni tejí las prendas ni las cosí, porque en ese momento se podían presentar las prendas necesarias de la canastilla simplemente comprándolas en la tienda; yo lo hice, incluso con las etiquetas de la compra. Así que, a pesar de
que esta cartilla (muestra una cartilla), sellada con el cuño de la Sección Femenina del movimiento y con su yugo y sus flechas, certifique que yo asistí durante unos



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meses a los cursos, en realidad no lo hice. Esto sucedía en los años 1977 y 1978, no antes, porque las mujeres en años precedentes sí tuvieron que dedicar largos meses de su vida a hacer este servicio social.


Son las mentiras del franquismo también, pero, en cualquier caso, y aunque hayan pasado cuarenta y cuatro años desde la desaparición de estas cartillas, hoy asistimos a mensajes de fuerzas políticas, algunas abiertamente, como la de VOX,
otras quizás más solapadamente, como la del PP, que persiguen la pervivencia de ese mismo legado político y moral del franquismo. Las proclamas que hay todavía desprenden un aire demasiado conocido por quienes se vieron obligadas a pasar por la
Sección Femenina, aquellas, sí, generaciones como las de mi madre, obligadas a cumplimentar, sin faltar un día, el curso destinado a convertirlas en buenas mujeres y esposas.


No voy a repetir los mensajes que lanza, por ejemplo, la presidenta de VOX en Madrid, esa musa del partido contra lo que llaman negocio de la ideología de género, que dice que la función de la mujer en la sociedad es la de dar mucho a cambio
de nada, y no lo voy a hacer porque no se diferencian apenas de aquellas arengas que Pilar Primo de Rivera repetía, como que no hay que ser una niña empachada de libros o seamos hormiguitas graciosas y amables. Pero no nos engañemos, señorías, no
es solo VOX. Fernández Mañueco ya ha asumido como propio el discurso de la ultraderecha sobre la violencia intrafamiliar. El propio Feijóo ha calificado el acuerdo de Castilla y León de perfectamente legítimo. También es Isabel Díaz Ayuso la que
quiere desviar a otros fines las ayudas para permisos de maternidad, de paternidad, para escuelas infantiles, para planes de conciliación o las que incentivan la lucha contra las violencias machistas. Si Díaz Ayuso no fuera del PP sería de VOX y si
no fuera de VOX sería del PP, porque, ya que tenemos aquí las efigies de Isabel y Fernando, en este caso, tanto monta, monta tanto.


Señorías, en derechos y libertades, en todos los derechos y libertades, ni un paso atrás, y todos los que se den adelante, aunque puedan parecer de segundo orden, como este que nos ocupa, son necesarios e imprescindibles. Por tanto, son de
primer orden.


Acabo ya, no sin antes compartir esa sensación que me ha invadido al recuperar del fondo del armario esta cartilla ajada del servicio social (muestra una cartilla) y al aunarla con las arengas, las falsedades e involuciones que escuchamos a
diario aquí y en los medios: siento que a veces no sé ni qué día es ni de qué año. Y es que todavía hoy, señorías, hay que combatir el franquismo. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Y a ETA!).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.


El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados.


Querida amiga, señora Perea, le confieso que hoy venía aquí con un ánimo jocoso, porque viendo esta iniciativa pensaba, como acaba de comentar la señora Aizpurua, que era un debate no de orden menor, pero sí de segundo grado, puesto que ya
teníamos una iniciativa anterior que de alguna manera había solucionado la parte más importante de este conflicto, el de la discriminación por razón de género en el ámbito de las prestaciones de la Seguridad Social. Iba a decir que esta iniciativa
legislativa era algo obvio, pero sucede que lo obvio se me ha quedado absolutamente trastocado, porque, como decía, venía con ánimo jocoso y se me ha puesto muy mal cuerpo oyendo el primer punto de este Pleno.


Efectivamente, nos hallamos ante una iniciativa legislativa que pretende de alguna manera suplir lo que entiendo que es una anomalía, el hecho de que hoy aún pervivan en el ordenamiento jurídico en el ámbito de las prestaciones públicas y en
el de la Seguridad Social determinadas licencias discriminatorias por razón de género. Con lo cual se entendía que aquello era algo obvio, algo que debía desaparecer. Le iba a decir, además, que lo llamativo de esta iniciativa era, precisamente,
que fuera encabezada por su grupo político. Creo que no tiene sentido, se lo digo de verdad. La iniciativa tenía que haber sido incorporada al ordenamiento a través de un real decreto ley por iniciativa del Gobierno. Lo decía y lo digo, porque,
en principio, esta iniciativa, como también lo fue aquella que hubo en su momento, el Real Decreto Ley 21/2021, son consecuencia de una sentencia, en casación, en unificación de doctrina, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, la sentencia
338/2020, de 6 de febrero, que entendió de forma evidente que aquel tratamiento que conferían determinados preceptos -207 y 208- de la Ley General de Seguridad Social para permitir la jubilación anticipada computaban también determinados servicios
prestados por los hombres en forma de servicio militar obligatorio o de servicio social sustitutorio pero no lo hacía en el caso del servicio social femenino. Evidentemente, no solo como consecuencia de la trasposición de la directiva comunitaria a
la que hace referencia la sentencia, sino en virtud del artículo 14



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de la Constitución y de unas meras reglas de equidad, parecía que aquella situación debía ser corregida, como lo fue en su caso por el Tribunal Supremo.


Y decía que aquello iba a ser obvio. Repito lo de obvio, porque obviedades creo que estoy viendo demasiadas pocas en este Pleno. Y decía, además, que aquella solución del Real Decreto Ley 21/2021, que pretendía corregir aquella situación
respecto de unos preceptos determinados, ahora se intenta corregir nuevamente a través de su iniciativa legislativa, solo que respecto de otro aspecto concreto, la jubilación parcial. En esto vamos a estar de acuerdo. No tengo nada que decirle.
Ya sabe usted que cualquier tipo de iniciativa que evite la discriminación por razón de género siempre va a contar con el apoyo de mi grupo.


Lo que yo quería hacer era criticar, simplemente, que lo trajeran ustedes y no el Gobierno. Y no el Gobierno por dos razones. Una, porque es obvio y porque era una mera corrección técnica, una anomalía que había que corregir. Pero,
además, porque entiendo que el haberlo hecho de esta manera supone una tramitación diferenciada, que, de alguna manera, penaliza su puesta en práctica, porque ahora, al tener que tomarlo en consideración y luego tener que ser tramitado a través del
procedimiento legislativo correspondiente, evita su puesta en marcha inmediata, como hubiera ocurrido si se hubiera aprobado por un real decreto ley y hubiera sido convalidado por este Congreso. De alguna manera, parece que tenía poca lógica.


Pero me alegra que lo haya traído, porque ha puesto encima de la mesa otro debate: el de lo obvio de tener que recuperar determinados ámbitos de libertades, el de recuperar determinadas garantías de derechos, el de evitar que se puedan
replicar épocas en las que se negaba eso con demasiada facilidad, como lo hemos visto hoy en el primer punto del orden del día, las negaciones de libertades, las negaciones de derechos, los tratos discriminatorios, las absolutas discriminaciones por
razón de género, de ideología, de creencias. Es algo que no podemos consentir. Hoy he visto en esta Cámara rememorar todo eso a través de rememorar el franquismo, y me ha descolocado. Resulta que aquello que yo creía que era tan obvio, como es
que en este Congreso estábamos ante la presencia de un Parlamento en el que las reglas democráticas conquistadas a base de mucho esfuerzo -antes del franquismo, durante el franquismo por quienes lo peleamos y después del franquismo por quienes lo
han querido consolidar-, aún es puesto en riesgo por los discursos y actitudes de muchas de las personas que están incluso representando a otras en este Parlamento.


Sabe usted que va a contar con mi voto favorable. Pero, de verdad, lo que más me duele de esto no es su iniciativa, sino la actitud con la que he tenido que contemplar otros puntos del orden del día, que, de verdad, me han dejado
absolutamente descolocado.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes.


El anterior portavoz, el señor Barandiaran, ha dicho que se le ha quedado mal cuerpo. Efectivamente, quiero hacerles caer en la cuenta de que llevamos dos horas de Pleno hablando de la Guerra Civil, del franquismo y del comunismo. ¿Y de
los problemas de las familias? Se ve que ya hablaremos otro día de los problemas reales de las familias españolas, de los trabajadores, de los autónomos, de las empresas, que están cerrando, con el precio de la luz disparado, con el precio de los
combustibles intocable, o de la cesta de la compra. Yo, como miembro de esta Cámara, he de decirles que me da vergüenza. Y, como tengo un mínimo de pudor, voy a intentar hablar del avance que supone esta iniciativa, sin necesidad de volver atrás y
sin necesidad de mencionar ni una sola vez al franquismo y a Franco.


Debatimos esta proposición de ley, cuyo objetivo es poner fin a la desigualdad existente entre hombres y mujeres en el acceso a la jubilación. Pese a varias sentencias de los tribunales que venían reconociendo este derecho, la Ley General
de la Seguridad Social no recogía en su texto ningún efecto al tiempo que las mujeres dedicaron al servicio social femenino para el cómputo de la cotización de la jubilación y, sin embargo, en el caso de los hombres, sí se consideraba el servicio
militar o la prestación social sustitutoria a efectos de cómputo de tiempo cotizado.


No ha sido hasta la última reforma de las pensiones, aprobada por esta Cámara hace unos meses, cuando se ha recogido y reconocido el servicio social femenino obligatorio como mérito para acceder a la jubilación anticipada de la misma forma
que se computan los años en el servicio militar obligatorio o la



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prestación social sustitutoria en el caso de los hombres. Pues bien, lo que hoy debatimos, la iniciativa del Grupo Socialista que hoy debatimos es que ese derecho de las mujeres que dedicaron unos años de su vida a las labores del servicio
social femenino, como pudieran ser la colaboración en los hospitales, la ayuda en orfanatos, en comedores infantiles, dedicadas al auxilio social, al trabajo en las escuelas o en las bibliotecas, se amplíe también a los efectos de la jubilación
parcial, es decir, que lo ya aprobado para la jubilación anticipada se aplique a la jubilación parcial en idénticos términos, que la casuística que se aplica a los hombres, se aplique también a las mujeres. Es así de simple, no hace falta
retrotraerse en el tiempo ni mencionar a Franco, Porque si los hombres pueden computar a efectos de jubilación parcial el servicio militar obligatorio, también pueden hacerlo las mujeres con el servicio femenino obligatorio.


Como no puede ser de otra forma, Ciudadanos votará a favor de esta iniciativa porque es de sentido común, pero sobre todo porque es justo poner fin a una incomprensible situación de desigualdad entre sexos en pleno siglo XXI. Podemos decir
que se trata de una corrección casi técnica para dar coherencia a la Ley General de la Seguridad Social, pero es una corrección que tiene un importante trasfondo político, porque detrás de esta proposición de ley con un único artículo y dos
apartados está el loable objetivo de construir una sociedad donde hombres y mujeres sean tratados por igual, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. El liberalismo es una filosofía política radicalmente igualitaria. Todos los
individuos, con independencia de su raza, de su etnia, de su sexo o de su religión, son titulares exactamente de los mismos derechos sea cual sea su lugar de nacimiento, su lugar de residencia o su condición personal. Y aunque no se lo crean, la
defensa de la igualdad no es exclusiva de la izquierda. La izquierda solo defiende la igualdad ideológica y excluyente; los liberales luchamos contra toda desigualdad de carácter arbitrario que impida desarrollar un plan de vida conforme al mérito
y a la capacidad de las personas o que impida ejercer los derechos en igualdad de condiciones. Por eso peleamos contra la discriminación de los castellanohablantes en Cataluña, por eso peleamos contra los privilegios nacionalistas, por eso peleamos
por las personas LGTBI que tienen el derecho y el deseo de formar una familia, por eso peleamos por la igualdad de todos los individuos, intentando cerrar esa brecha existente a día de hoy entre hombres y mujeres desde la estela del feminismo
liberal que impulsaron Mary Wollstonecraft, Betty Friedan y Clara Campoamor, un feminismo apoyado en hechos y no en palabras, un feminismo de logros y no de pancartas. Los liberales siempre impulsaremos y apoyaremos medidas que busquen mejorar la
vida de las mujeres y acabar con situaciones de desigualdad como la que hoy debatimos. En definitiva, política útil frente a eslóganes vacíos.


Cierto es que en los últimos años se vienen haciendo esfuerzos para intentar corregir la brecha de género, sobre todo en materia de previsión social, adoptándose distintas medidas de acción positiva orientadas a conseguir esa igualdad real.
Hace poco, como he dicho al principio de mi intervención, se cerró un poquito esa brecha que separa a hombres y mujeres, al equiparar el servicio femenino obligatorio con el servicio militar o la prestación social sustitutoria a efectos del cómputo
de años en la jubilación anticipada. Hoy, señorías, contribuimos a que se cierre algo más, extendiendo este derecho a la jubilación parcial. Debemos seguir trabajando para que pronto esa brecha no exista.


Como les he prometido, me sobran 22 segundos y no he necesitado mencionar ni a Franco ni la Guerra Civil.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.


El servicio social femenino, al que muchas mujeres se vieron obligadas, no computaba como tiempo cotizado, como sí lo hacía el tiempo de servicio militar o la PSS para la anticipada y parcial. Diversas sentencias reconocieron ya la
equiparación, pero seguía siendo necesario litigar caso por caso para reclamar su aplicación. Finalmente, la reciente reforma de las pensiones lo incluyó, pero limitado al caso de jubilaciones anticipadas. La pregunta es: ¿Por qué no se incluyó
ya lo que ahora se propone, incorporando también su aplicación a las jubilaciones parciales? En todo caso, cuando se trata de ampliar derechos, más vale tarde que nunca. Incluso, se pudo ir y se debería ir más allá con una propuesta que diera
cumplimiento a la vieja reivindicación de reconocer ese tiempo de prestación social en hombres y mujeres como cotizado a todos los efectos. ¿Por qué no incorporarlo en el cómputo de la jubilación ordinaria? ¿Por qué el máximo de un año en lugar de
computar el tiempo completo de prestación? ¿Por



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qué no sirve para mejorar el coeficiente reductor en el caso de jubilación anticipada o para mejorar el tramo? Debe recordarse que en 2011 el Gobierno del PSOE anunció una reforma para contemplar una compensación general por la interrupción
de las carreras de cotización ocasionada por esas prestaciones obligatorias, pero ese compromiso se ha quedado en el olvido.


El BNG apoyará la toma en consideración, pero anunciamos ya la presentación de enmiendas para ampliar su ámbito de aplicación.


Obrigado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Baldoví Roda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.


Votaremos a favor de esta proposición de ley, ¡claro que votaremos a favor!, pero la pregunta no es esa, la pregunta es: ¿Por qué aún no se había hecho? ¿Por qué los hombres nacidos entre 1955 y 1983 sí que podemos contabilizar, si
queremos, el tiempo de servicio militar para nuestro cálculo de la pensión de jubilación parcial y las mujeres no lo pueden hacer? Bueno, un inciso, todos los hombres no. Santiago Abascal no lo puede hacer, porque él no hizo la mili; él estuvo
siete años pidiendo prórrogas para no hacer la mili y, por tanto, no se puede beneficiar de esto. (Aplausos).


Recordemos a los más jóvenes qué era el servicio social femenino. Se realizaba por mujeres de entre diecisiete y treinta y cinco años que estuviesen solteras para poder acceder a un trabajo remunerado o a un título académico u oficial, pero
también para poder sacarse el carné de conducir o el pasaporte. Lo organizaba la Sección Femenina de Falange Española y fue obligatorio desde 1937 hasta 1978. Hago este repaso histórico porque algún partido de esta Cámara seguro que añora esos
tiempos. ¡Qué tiempos!, ¿eh, señores de VOX? Claro que votaremos a favor, aunque beneficie a una sola mujer, pero, sinceramente, creo que, si se había detectado esta anomalía, había métodos más rápidos que una proposición de ley para subsanarla;
por ejemplo, en alguno de los múltiples reales decretos cajón de sastre que hemos aprobado en esta Cámara en esta y en las anteriores legislaturas.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.


El señor BALDOVÍ RODA: Señoras y señores de VOX, ¿ven cómo sí que hay que trabajar aún en la discriminación de género y en la igualdad de género? Tomen nota y voten a favor. Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. Tiene la palabra la señora Calvo Gómez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora CALVO GÓMEZ: Gracias, presidente.


Esta proposición de ley busca otorgar al servicio social femenino los mismos derechos que se concedieron al servicio militar obligatorio o al servicio social sustitutorio masculino. Como en el caso de los hombres, permite sumar el tiempo
servido hasta un máximo de un año para llegar a los treinta y cinco años cotizados exigidos, pero solo en los casos de jubilación anticipada voluntaria o por causa no imputable a la trabajadora.


El reconocimiento del servicio social femenino llega décadas tarde. En muchos casos va a ser un reconocimiento póstumo, ya que la inmensa mayoría de las flechas -así las llamaba el franquismo- o ya no están entre nosotras o hace ya muchos
años que se jubilaron. Hagan números. Si esa mili para señoritas se podía hacer a partir de los diecisiete años, como se ha recordado hace un momento, y la última promoción fue en 1977, hace cuarenta y cinco años, esas últimas mujeres tuteladas
por el franquismo tienen al menos sesenta y dos años. Poco margen les queda para pedir la jubilación anticipada. Además, cuando la justicia llega tarde deja de ser justa; en este caso doblemente tarde, porque hace más de dos años que el Tribunal
Supremo ya reconoció a las mujeres el derecho a contabilizar su tiempo de servicio social.


Así que la proposición de ley tiene más de feminista que de efectiva, pero si le llega a una nos llega a todas. La queremos convertir, por tanto, en una oportunidad que debemos afrontar juntas para el homenaje a esas mujeres que vivieron
bajo la tutela y el adoctrinamiento emocional, bajo el yugo y las flechas del franquismo, sin autonomía, sin independencia y en muchos casos estando obligadas a casarse para tener



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a quien pedir permiso. El franquismo copió a Hitler la organización de juventudes hasta el punto de que la cartilla verde de la Sección Femenina de la Falange llevaba destacadas en el lado derecho las siglas SS, de Servicio Social. La Asun
(pronuncia palabras en catalán) y sufría una afonía sobrevenida cada vez que le obligaban a cantar el Cara al sol u otros éxitos del momento. La Chon a la maternitat de Barcelona, cuidando bebés, para poder tener la cartilla y sacarse el carné de
conducir o viajar al extranjero. Otras hicieron canastillas, el moisés y ropa para bebé durante meses para poder presentarse al examen. A las que hicieron Bachillerato les convalidaron esa parte de la Formación del Espíritu Nacional, com la
Concepció o la Rosa. Algunas desobedecieron y se negaron a participar en el adoctrinamiento, com la Ana María y la Lali. Todas ellas, todas, recuerdan perfectamente los cursos de cocina, de corte y confección o las clases de sumisión, abnegación y
beatería. Por cierto, también todas sin excepción reivindican otra causa igual de feminista pero más efectiva: cambiar la ley para que el acceso a la pensión no contributiva en el caso de las amas de casa no sea tan restringido, porque claman que
casi necesitas estar en umbrales de pobreza para tener acceso a una minipensión. Muchas madres dejaron de trabajar a sueldo (pronuncia palabras en catalán) y estuvieron cuidando de marido e hijos durante muchísimos años. Ahora se les reconoce una
minipensión no contributiva de entre 100 y 402 euros, y reivindican que al menos se llegue en la pensión a los 490 euros del ingreso mínimo vital.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.


Con esta ley se culmina la equiparación del llamado servicio social de la Sección Femenina franquista, por el que las mujeres eran aleccionadas como mujeres sumisas, dóciles, consentidoras, cuidadoras y calladas. Se las equipara a las
prestaciones de la Seguridad Social para los hombres que pasaban el servicio militar. Una parte, la referente a la jubilación anticipada y a la prestación social sustitutoria, ya se hizo en 2021, pero quedaba la jubilación anticipada.


Por todas esas mujeres, es justo recordar que el servicio social estuvo activo desde 1937 hasta 1978 para mujeres solteras, como han dicho mis compañeros, con edades de diecisiete a treinta y cinco años, por lo que esta ley hoy es más bien
una ley simbólica, ya que las mujeres más jóvenes que accedieron al servicio social tienen hoy sesenta y dos años y muchas de ellas ya están jubiladas, o bien tienen una pensión de viudedad, o bien, por desgracia, han fallecido sin esta
equiparación. Llegamos muy tarde, porque el momento para equiparar el servicio social de las mujeres al servicio militar de los hombres debería haber sido el de la Transición, curando así las enormes heridas que el fascismo hizo a las mujeres.


El servicio social femenino nace en la Sección Femenina de la Falange Española, que era esa rama del partido del dictador Franco cuyo objetivo era aleccionar a las mujeres en un papel de sumisión como madre, esposa, dedicada a los cuidados y
al hogar. Tanto es así que en las escuelas las mujeres tenían que estudiar tres asignaturas fundamentales: la costura, la cocina y la economía doméstica. Como se solía decir en el régimen franquista, el niño mirará al mundo y la niña mirará al
hogar. La Sección Femenina tenía unos vínculos tan fuertes con la Alemania nazi y con los fascistas italianos que dos jerarcas de la Sección Femenina, Clara Stauffer y Carmen Werner Bolín, eran alemanas. Ese estilo, en el que tanto se inspiran
Olona y Ayuso, lo podemos situar entre una sección femenina falangista trasnochada y la tía Lydia de El cuento de la criada. Sí, Olona, la lideresa de VOX, el partido de extrema derecha que tanto se parece a la Falange de Franco y a la ultraderecha
de Putin, que acaba de entrar en el Gobierno de Castilla y León pactando con el Partido Popular a cambio de eliminar las leyes contra la violencia de género. (Aplausos). Y, sí, Ayuso, la lideresa del Partido Popular, que dice que lo más importante
es la familia, pero que solo lo dice para enriquecer a su hermano con el dinero de las mascarillas madrileñas, porque para el resto de la población quiere eliminar los 20 319 millones de euros que el Ministerio de Igualdad destina a los permisos de
paternidad y maternidad, a las escuelas de 0 a 3 años, a las pensiones de viudedad y a la dependencia. Esos son el Partido Popular y Vox. Hasta el año 1977 las mujeres no podían optar a un empleo, no podían optar a responsabilidades políticas ni
acceder a un título profesional ni a una asociación ni sacarse el pasaporte ni siquiera el carnet de conducir, a no ser que pasaran por el aleccionamiento del servicio social de la Falange. Esto significa que si eras mujer tenías que pasar por un
doble permiso: el de los hombres de tu familia y el de la Falange y su dictadura franquista. El objetivo era, como decía el



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Decreto 378, de 7 de octubre de 1937 -que leo literalmente-, aplicar aptitudes femeninas en alivio de los dolores producidos por la presente lucha y de las angustias sociales de la posguerra, a la vez que valerse de la capacidad de la mujer
para afirmar el nuevo clima de hermandad. Todo ello, claro está, con la ineludible generosidad y espíritu de sacrificio de las mujeres. Servían para apoyar a la militancia política de los varones fascistas y también para trabajo de cuidados, por
ejemplo, en residencias o en cuidados a bebés, pero también para responsabilidades técnicas, mecánicas y administrativas del desarrollo de las instituciones sociales de las JONS, es decir, cuidar también el crecimiento del fascismo. No se
consideraban aptas aquellas mujeres que tenían defectos físicos o enfermedad. ¿Por qué? Pues porque querían mujeres guapas, jóvenes, solteras, lozanas, sanas y sin experiencia y, por supuesto, para que no se molestara a aquellas mujeres
provenientes de las familias franquistas que ya habían accedido a esos empleos públicos. Esa era la mujer española que se quería moldear en el franquismo.


Hoy en día las mujeres seguimos luchando por el reconocimiento económico de los cuidados y por la erradicación de los estereotipos y prejuicios sexistas sobre las actitudes femeninas que nos han sido dadas por naturaleza. (Rumores). Veo
que a las señorías de VOX les molesta mucho este tema. Es cierto que, desgraciadamente, a día de hoy siguen existiendo grupos posfalangistas trasnochados -como las señorías de VOX que tan molestas están con mi discurso- en esta Cámara;
parlamentarios que sueñan con volver al pasado... (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría, un momento. (Rumores.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Déjeme que ordene yo, en la medida de mis posibilidades, el debate, por favor.


Señor Robles, señor Sánchez del Real, vamos a continuar con el debate. (El señor Sánchez del Real: Yo no he dicho nada). Ya le he hablado antes a él y ahora a ustedes. Les pido a los tres que dejemos que el debate continúe.


Gracias.


La señora FRANCO CARMONA: Los anhelos franquistas.


Parlamentarios, como decía, que sueñan con volver al pasado y obligar a las mujeres a ser mujeres de buen hacer, porque entienden que ese es nuestro deber y esa es nuestra naturaleza, bajo la pena del aislamiento social. Pero también es
cierto, señorías, que existe un enorme movimiento feminista en las calles, de millones de mujeres que, como este 8 de marzo, gritarían a sus ídolos fascistas, como José Antonio Primo de Rivera: Antoñito, Antoñito, las croquetas tú solito.
(Aplausos).


Otra cosa que se han perdido las señorías de la derecha es la igualdad. La igualdad de trato y la no discriminación son un derecho fundamental que nuestra Constitución española confiere, y es ese derecho fundamental el que les permite a
ustedes, señorías de la ultraderecha, sentarse en sus escaños a pesar de sus ideas retrógradas.


Por eso -y termino-, apoyaremos esta proposición de ley, porque es una medida que repara la discriminación de las mujeres que fueron obligadas a realizar este servicio, pero que además han sido durante muchos años -demasiados años- olvidadas
en el acceso igualitario a sus derechos económicos en referencia a las pensiones.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Méndez Monasterio. (Aplausos).


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señor presidente.


Votaremos favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley, para que se tenga en cuenta el tiempo del servicio social que realizara una mujer en su día para computar los años cotizados a los efectos de la jubilación
parcial, simplemente porque es de justicia, aunque no estemos de acuerdo con la cantidad de estupideces que hemos tenido que oír en la tarde de hoy. (Aplausos).


Han insultado, señorías, han insultado ustedes a muchas mujeres, a muchas mujeres que trabajaron estando de acuerdo o no con aquel momento que se vivió en nuestro país. Han insultado a un montón de mujeres que hicieron un servicio a su
país. Yo no voy a entrar en si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la Administración franquista, lo que pasa es que ustedes parece que han traído esta iniciativa en la tarde de hoy pura y simplemente para meterse con una administración y,
además, para provocar a



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un partido como VOX, pero nosotros no vamos a entrar en sus provocaciones. (Aplausos). Señorías, debería computarse también como cotización a la Seguridad Social el tiempo que las madres o los padres de familia se quedaron -o se quedan- a
cuidar de sus hijos, pero no por considerar que ello fuera o sea una pesada carga, sino por todo lo contrario, por considerar el gran valor social que ello representa, y debiera poder hacerse si no se malversara el dinero de los españoles en
chorradas, como este Gobierno hace. (Aplausos).


Es contradictorio y es muy hipócrita afirmar que evitan el impacto de género negativo, según su léxico, cuando acaban de disminuir, por medio del Real Decreto Ley 3/2021, el complemento de maternidad en la pensión de jubilación para las
madres de familia numerosa. (Aplausos). Es decir, se les baja la pensión, penalizan a las madres que han tenido cuatro hijos o más (la señora Perea i Conillas muestra un cartel en el que se puede leer, entre otras cosas: 'III Plan Estratégico 20
319 mill. €') en concreto, a las que más han aportado a la sociedad, a las que han sido más heroicas en un país donde tener un hijo se ha convertido en una heroicidad. Este es su feminismo progre. Presentaremos enmiendas para corregir esta
injusticia en el proyecto de ley que al efecto se está tramitando. Por cierto, mientras, en Hungría, a las mujeres que han tenido cuatro hijos o más, aparte de otros beneficios, se les exime del impuesto sobre la renta, porque estiman que bastante
han aportado a la sociedad para, además, que deban pagar impuestos. Sí, es ese país, en el que tanto ayudan a las familias, el que ha subido su índice de natalidad en un 24 % en muy poquitos años; ese país que, además, ahora preside una mujer,
precisamente la que se dedicaba a las políticas de familia (aplausos); ese país al que ustedes y sus amigos de la Unión Europea demonizan, al que todo el consenso progre demoniza porque no es sumiso a su agenda de destrucción de la mujer y, por lo
tanto, de destrucción de la familia.


Señorías, lo que más bien parece es que esta proposición de ley se presenta ahora forzada por el 8 de marzo, quizás para disimular el verdadero espanto que se produjo en nuestras calles o quizás para disfrazar la división de un movimiento
que ya ha degenerado de tal manera que a algunas nos da vergüenza tener que compartir la condición de mujer con quienes dicen que nos representan y aparecen de forma zafia, vulgar, incluso obscena, violenta, agresiva, con banderas de la hoz y el
martillo, con una puesta en escena que nos recuerda a otros tiempos. (Aplausos). Quieren olvidar tiempos pasados, reescribir la historia y, sin embargo, evocan los que, inspirados en una perversa ideología, como la comunista, provocaron efectos
dramáticos en nuestro país y cuyas consecuencias ahora, en Europa, se están viviendo. Por cierto, señorías, veinticinco millones de mujeres no salieron a aquella manifestación. Muchas estamos ya hartas de estas soflamas de odio contra el hombre y
de que nos traten como víctimas.


Una segunda reflexión. Nuestro sistema de pensiones está quebrado y, fundamentalmente, se debe al suicidio demográfico. Hemos perdido 1,1 millones de españoles autóctonos en los últimos diez años, y gran culpa de ello la tiene el actual
feminismo perverso, que ha causado un gran daño social y está causando grandes daños personales y familiares; un feminismo que no tiene en cuenta una parte importante de la especificidad femenina, como es la maternidad; que ha querido liberarse
liberándose erróneamente de su propia naturaleza, siguiendo las consignas antiguas ya, señorías, anticuadas de Simone de Beauvoir de que el sexo y la maternidad la esclavizan. Nunca la mujer ha sido tan esclava como en la actualidad: la absoluta
imposibilidad de tener los hijos que se quiera, el riesgo a perder el empleo si te quedas embarazada, empresas que ofrecen la congelación de los óvulos porque no pueden prescindir del trabajo en la edad más productiva, el aborto como una solución si
tienes problemas para tener a tu hijo, la barbaridad de los vientres de alquiler, el aumento de la trata para explotación sexual.


Señorías, la mujer ha demostrado que en su desarrollo profesional al menos tiene la misma capacidad que el hombre, al menos, pero, señorías, la conciliación sin ayudas es todavía la asignatura pendiente, y muchas mujeres han dejado muchas
cosas importantes en el camino. Solo teniendo en cuenta el igual valor de la mujer y las absolutas diferencias con el hombre podrá hacerse justicia. La mujer tendría que ser compañera del hombre en la igualdad absoluta de valor y en la diferencia
absoluta del ser en una cultura que niega el valor de la diferencia, según Mariolina Ceriotti.


Y, por último, reflexionemos sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Ante un sistema de pensiones quebrado, para ustedes la única solución es la inmigración y la eutanasia. Uno de los pilares en un sistema de reparto es, sin
duda, la natalidad. La protección a la familia e incentivar el nacimiento de niños debiera de ser prioritario. Señorías, 21 300 millones de euros podrían dedicarse a muchas y urgentes necesidades, entre ellas a apoyar a la familia, pero este
Gobierno, que nos lleva la miseria y la ruina, decide que es la perspectiva de género la que debe consumir 21 300 millones de euros; 21 300 millones de euros para combatir las masculinidades hegemónicas. ¿Cómo le van a explicar a los españoles que



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ahora, con la espectacular subida de la gasolina, la mitad de lo que pagan son impuestos? ¿Cómo les van a explicar que 21 300 millones de euros, que es lo que se recauda en dos años por el impuesto de la gasolina, van destinados a políticas
de género? ¿Cómo les explican a los españoles que la subida de la luz y el gas hacen que ellos sean más pobres y que el Estado sea más rico, porque recauda más con la subida de esos impuestos?


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino, señor presidente.


La banca siempre gana, ¿no? Eso les podían decir a quien le gusten los juegos, pero esto no es un juego, señorías; esto es una ofensa intolerable.


Y termino, señor presidente, diciendo...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Sí, pero finalice de una vez, por favor.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señores diputados del grupo político del Gobierno, esta proposición de ley es de justicia y la vamos a apoyar, pero no va a ocultar su inacción ante un sistema de pensiones quebrado, no va a ocultar sus ofensas
y su desprecio a todos los españoles...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, termine, por favor. Lleva ya bastante tiempo.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino ya.


... en especial a las propias mujeres, y no va a evitar...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría. (Rumores).


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: ... que los españoles salgan a la calle el día 19 de marzo. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.


La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidente.


Señorías del Grupo Socialista, llegan ustedes tarde, muy tarde. Efectivamente, estamos debatiendo sobre una situación de flagrante desigualdad, que ha sufrido Adela, pero que también han sufrido muchas otras mujeres, pero hasta ahora,
señora Perea, ustedes estaban mirando hacia otro lado. Ustedes viven en una especie de burbuja donde se ven las cosas de fuera de otra manera, no ven las cosas como el resto de la población. Lo hacen con todo, también con la factura de la luz, el
gas o el precio de la gasolina. Explíquenles a los españoles cuánto va a recaudar el Gobierno vía impuestos con una gasolina a 2 euros el litro. Hay decenas de problemas que están complicando la vida de todos, mientras el Gobierno piensa en otras
cosas.


Después de las iniciativas que este grupo parlamentario planteó en 2018 y en 2020, después de que el Defensor del Pueblo pidiera tomar medidas en 2019, después de numerosas sentencias y de jurisprudencia del Tribunal Supremo, ustedes por fin
traen esta proposición de ley. Casi les tenemos que agradecer que se sumen a las fuerzas políticas que llevamos reclamando desde hace años el reconocimiento del servicio social femenino en periodo computable para la jubilación. Decía Montesquieu,
en el que algunos de los aquí presentes ya no creen, si alguna vez han creído, que la injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos.


Señorías, la brecha de género en los salarios y por ende en las pensiones es una realidad y debemos seguir trabajando para acabar con ella desde la unidad política y social. Este es un pequeño paso para ir en esa dirección. Luchar por la
igualdad ha sido y sigue siendo la prioridad del Partido Popular y en materia de pensiones han existido históricas desigualdades que deberían haber sido zanjadas ya, unas desigualdades, por cierto, que se encuentran en máximos históricos con este
Gobierno. Ustedes, señorías de la izquierda, que presumen de ser los más igualitarios, en realidad son los menos equitativos. El año pasado las mujeres contribuyeron solo un 41 % cuando representan el 51 % de la fuerza laboral. Si se igualase la
participación laboral de las mujeres a los hombres, el PIB español subiría en 10 puntos. La



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paridad en España ha bajado en el último año más de un punto y la brecha de género ha aumentado. Con el actual Gobierno, el riesgo de pobreza y exclusión social ha aumentado para todos, pero lo ha hecho mucho más para las mujeres y no lo
podemos aceptar, como tampoco podemos permanecer impasibles ante la brecha salarial, los estereotipos, la falta de corresponsabilidad y la lacra contra la violencia de género. España es el segundo país de la Unión Europea con más paro de mujeres.
Tenemos una tasa de un 14,7 %, solo superado por Grecia. Duplicamos la media de la Unión Europea, que es un 6,6 %. Qué casualidad que cuando está la izquierda en el Gobierno, a quien le va bien es solo a la izquierda, ni siquiera a los colectivos
que dicen defender. Créanme que con los actuales datos muchos no entendemos la euforia de este Gobierno y las ganas por malgastar dinero público. Olvídense de las medidas de adolescente que propone la ministra Montero y céntrense en una
convivencia tranquila y en igualdad. Señorías, hace unos años los rankings de igualdad situaban a España como quinto país en cuanto al bienestar de las mujeres; hoy hemos retrocedido demasiados puestos. Por eso quiero decir bien claro que todos
debemos hacer un esfuerzo real con el objetivo de buscar consensos, en este hemiciclo y en el conjunto de la sociedad, y dejar atrás posibles discrepancias partidistas.


Señorías, este año nuestra joven, pero consolidada democracia, cumplirá 44 años. A lo largo de este tiempo hemos construido un país desarrollado y moderno, pero no saldremos adelante celebrando éxitos, sino superando adversidades. El
Partido Popular siempre ha creído en la igualdad y en el empleo de calidad como mejor herramienta para acabar con la desigualdad y la discriminación. Siempre hemos creído en mecanismos del Estado del bienestar como palancas transformadoras para
fomentar la igualdad de oportunidades; siempre hemos reconstruido lo que el Partido Socialista ha destruido. Durante los gobiernos del Partido Popular conseguimos el récord de que ocho millones y medio de mujeres cotizaran a la Seguridad Social,
bajamos la brecha salarial en 5 puntos y aumentamos las pensiones de las mujeres que habían interrumpido su vida laboral por cuidar a sus hijos. Ese es el camino que tenemos que seguir. Por supuesto, votaremos a favor, porque debemos demostrar que
la política española es lo suficientemente madura como para convertir un antiguo fracaso en una oportunidad para todos. Es un error que se ha tardado demasiado tiempo en corregir y cuya solución llega hoy; tarde, pero la justicia llega.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO), RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA PALMA. (Número de expediente 162/000955).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas González-Moro, relativa a
la puesta en marcha de un plan de recuperación económica en La Palma.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Señorías, la erupción volcánica que se inició en la isla de La Palma el 19 de septiembre de 2021 se llevó por delante las propiedades de miles de palmeros, sus negocios y explotaciones agrícolas y ganaderas. Fue un duro golpe para los
sectores económicos de los que vive La Palma: la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo. Se destruyó la zona industrial más grande del valle de Aridane. Durante meses, los comercios de la zona afectada y los de toda la isla sufrieron
las consecuencias de la falta de consumidores, tanto turistas como locales, y en muchos casos la propia destrucción del negocio.


En cuanto a la agricultura, los últimos datos revelan que las hectáreas afectadas superan las 370, de ellas principalmente de plátano, con más de 223 hectáreas, de viña con alrededor de 68 hectáreas, y de aguacate, con más de 27 hectáreas.
Además, muchos cultivos de proteas y de productos de consumo interior también están dañados. La zona agraria afectada es la más rentable de la isla y una de las más rentables de Canarias.


Muchas explotaciones ganaderas han desaparecido por completo. Dos docenas de ganaderos y ganaderas tuvieran que evacuar a sus animales como pudieron y ahora quieren recuperar cuanto antes



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su actividad económica. Todos los ganaderos y ganaderas de este país están en riesgo por el incremento de los costes. En la isla de La Palma la situación es ya inasumible para ellos.


Las ayudas al sector agrario palmero han empezado a llegar. Primero lo hicieron los fondos POSEI y las ayudas por pérdida de renta, pero son absolutamente insuficientes. Para que se hagan una idea, durante la visita del comisario de
Agricultura, se cifró la cantidad necesaria para recuperar la infraestructura de los cultivos en la zona afectada en más de 110 millones de euros. El Ministerio de Agricultura ha consignado 20 millones, es evidente que es absolutamente
insuficiente.


Las ayudas al sector pesquero han ido llegando también, pero se necesita un plan de recuperación de este subsector que dé estabilidad a los pescadores a medio y a largo plazo.


A todo ello hay que unir la destrucción de buena parte de la economía turística. Se ha puesto en marcha el Plan La Palma Renace, que contempla un bono para recuperar turistas, campañas promocionales y una línea de apoyo a la conectividad,
pero no se ha previsto cantidad alguna para la recuperación de los alojamientos perdidos, que son más de seiscientos, según el área de turismo del cabildo. A las plazas turísticas destruidas, hay que añadir las 4000 inutilizadas en la actualidad;
entre ellas, las que se encuentran en Puerto de Naos, el principal núcleo turístico afectado por la emisión de gases, sin que se sepa cuándo terminará esa situación. Teniendo en cuenta que el total de camas en La Palma es de alrededor de 14 000, la
paralización de más de un tercio de las camas de la isla es inasumible para la economía local.


Por lo que se refiere a la industria, la desaparición de la zona industrial del Callejón de la Gata en el valle de Aridane ha supuesto un duro golpe para la zona. En una isla no capitalina, como es La Palma, la industria ya tiene serias
dificultades para salir adelante, debido a la pequeña escala de población y a los altos costes del transporte, ahora encarecidos por el precio del petróleo y la guerra. La planificación y puesta en marcha de una zona industrial similar, con la
urbanización acometida de luz y agua y servicios de telecomunicaciones, se estima que llevará a alrededor de diez años.


El comercio de la zona ha sufrido un enorme impacto, no solo por la pérdida de negocios, tapados por la lava, sino también por la falta de acceso. La parálisis económica sigue en las zonas de exclusión, que todavía tienen prohibido el
acceso por la detección de gases en la costa. Los negocios de toda la isla sufren enormes dificultades. Han pasado la pandemia, luego el volcán y ahora se encuentran con la falta de turistas y con los problemas económicos de la población local.
La afección es, por tanto, enorme y alcanza a todos los sectores económicos, no solo de los municipios El Paso, Los Llanos y Tazacorte. Las repercusiones en una isla tan pequeña son extensivas a toda la economía insular, una economía sustentada
casi en un 95 % en autónomos y micropymes, que conforman la inmensa mayoría del tejido productico.


Ante todo esto, lo que planteamos a través de esta proposición no de ley es urgente. Pedimos la puesta en marcha de medidas que permitan una recuperación de la economía de La Palma, porque no queremos que se repitan los episodios de
emigración masiva que ha vivido la isla históricamente tras las erupciones volcánicas. En Coalición Canaria instamos y exigimos al Gobierno de España que ponga en marcha, junto con las instituciones insulares y autonómicas, un programa de
recuperación económica de La Palma que incluya: primero, ayudas a fondo perdido para cubrir las necesidades actuales y futuras de las empresas hasta que la recuperación económica sea total; segundo, préstamos preferenciales para afrontar gastos de
infraestructuras necesarios tanto para recuperar la actividad, como para reconvertir las empresas en aquellos casos en que sea imposible continuar con la actividad como tal, y tercero, la inclusión de las empresas palmeras como preferentes en todas
las actuaciones de apoyo empresarial o económico que se pongan en marcha por parte del Gobierno de España.


Señorías, me han oído hablar de La Palma y de los palmeros en este Congreso cada vez que he tenido oportunidad, y seguiré hablando, reclamando, luchando aquí por todos y cada uno de ellos. El Gobierno de España, en un acto al que acudieron
los reyes, homenajeó al pueblo palmero por la forma en la que afrontaron una catástrofe cuyas dimensiones todavía se están evaluando. El pueblo canario se siente orgulloso de esta isla, que se creció ante la tragedia y que nos dio a todos un
ejemplo de solidaridad y apoyo mutuo, pero los palmeros y palmeras, que agradecen con sinceridad los homenajes, también quieren certeza. Cuando alguna autoridad de fuera de Canarias visita La Palma, los palmeros gritan: ¡No nos olviden! Y yo desde
aquí seguiré gritando con ellos para que no se les olvide, para que todas las promesas que se les hicieron, mientras la imagen del volcán copó todos los medios de comunicación, se cumplan, para que el Gobierno de España, que se comprometió con
ellos, cumpla y, sobre todo, para hacer llegar hoy a todos los palmeros un mensaje de unidad política de que al final vamos a reforzar y vamos a seguir implementando todas aquellas medidas que necesita La Palma. ¿Han llegado cosas? Sí.



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¿Son suficientes? No. Por eso hoy les pido que haya un mensaje aquí de todas las fuerzas políticas de que no nos vamos a olvidar de La Palma y va a ser una prioridad política para este país.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Bones tardes.


Antes de nada, y dado el tema que nos ocupa, quiero mandar un solidario abrazo a las y los palmeros que llevan meses padeciendo consecuencias de la erupción del volcán, y también quiero saludar respetuosamente a cada una de las señorías
canarias de esta sala y recordar que no somos 350 diputadas y diputados en este hemiciclo, ni mi grupo parlamentario somos 35, sino 34 señorías, porque nos falta el escaño del compañero Alberto Rodríguez, a quien desde aquí le mando con sinceridad y
con orgullo todo nuestro cariño. (Aplausos).


La erupción del volcán en la isla de La Palma el pasado mes de septiembre ha supuesto un gran golpe para la población, para sus vidas, su salud, sus cultivos, sus negocios. La economía palmera, que se apoya sustancialmente en la agricultura
y el turismo, se ha visto profundamente afectada. Y antes de referirme a la actuación del Gobierno, quisiera destacar las redes de solidaridad sociales, vecinales, comunitarias. Una vez más, queda patente que es el pueblo el que salva al pueblo y
ese ejemplo en el proceder, es el que hemos de seguir en las instituciones. Ayudas anónimas desde la proximidad, y no solo eso, gestos de absoluta coherencia, como el de la escritora tinerfeña, Andrea Abreu, que destinó el Premio Dulce Chacón por
su primera novela Panza de burro, a los damnificados y damnificadas por el volcán.


El Gobierno ha puesto en marcha una batería amplia de medidas para facilitar la reconstrucción y recuperación económica de la isla durante los últimos meses. Voy a poner algunos ejemplos que sus señorías conocen bien. Con el Real Decreto
820/2021, de 28 de septiembre, se aprueba la concesión directa a la Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para financiar la adquisición de viviendas -5,5 millones de euros para la adquisición de 107 viviendas- y enseres de primera
necesidad -5 millones de euros- destinados a las familias afectadas por la erupción volcánica en la zona de Montaña Rajada. En este real decreto también se recogen medidas extraordinarias en materia de cotización y de protección por desempleo y,
asimismo, se contemplan medidas específicamente dirigidas a las personas trabajadoras autónomas, porque la erupción del volcán ha parado su actividad profesional; de hecho, se prorrogaron en el Pleno de la semana pasada.


Por otro lado, se aprobó el Real Decreto Ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de
la isla de La Palma. Con este real decreto se movilizan más de 213 millones de euros a través de subvenciones y ayudas directas, con diversas actuaciones de apoyo e impulso a la reconstrucción económica, laboral y social de la isla.


Además, se aprobó posteriormente un real decreto con una subvención directa a la comunidad autónoma, esta vez de 17,5 millones de euros, tanto para el sector turístico como de apoyo para las pymes. Asimismo, se han aprobado medidas que han
dado continuidad a todo ese paquete de protección social e impulso de la actividad económica en Canarias. También se han desplegado medidas de apoyo a la financiación y de cobertura al riesgo en los préstamos al sector privado y, en el marco del
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, en el componente 14, figuran las estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares, con unas inversiones para Canarias de 100 millones de euros, repartidos en los ejercicios de
2021 a 2023.


Y dos datos más, entre el Ministerio de Derechos Sociales del Gobierno central y la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, se han destinado 5,5 millones para políticas sociales en los tres ayuntamientos afectados, que han
permitido mantener y ampliar los equipos multidisciplinares. Y, ante el incremento de llamadas, se habilitaron recursos con una partida específica del Ministerio de Igualdad para las mujeres víctimas de violencias machistas y para sus hijos.


Así que, en coherencia con lo expuesto y respondiendo a la pregunta que también se respondía la portavoz proponente, ¿han llegado ayudas? Sí. ¿Son las suficientes? No. ¿Tenemos que mantenerlas? Desde luego. Tenemos que continuar y por
eso hemos presentado de manera conjunta Unidas Podemos



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y el Grupo Parlamentario Socialista una enmienda en la que reconocemos la prioridad de la recuperación económica de La Palma, instando al Gobierno a mantener y aumentar los esfuerzos, porque sabemos que el proceso es lento, y eso es doloroso
y difícil para la población palmera. El apoyo a los sectores golpeados, como el turístico, el agroalimentario, el pesquero o, también, el cultural, tiene que mantenerse y continuar mientras sea preciso. Y agradecemos que se traigan estas
iniciativas, porque ayuda a continuar con la atención y a no olvidarnos de aquello que deja de aparecer incesantemente en los medios de comunicación como si dejase de ocurrir y como si dejase de dolernos.


Acabo ya y hago mías las reflexiones de un compañero canario que dice que sobre la lava muerta se seguirá cultivando, porque es lo que siempre se ha hecho, porque es la esencia de esa tierra conformada por volcanes. Y algo que, además, creo
que en tiempos oscuros no debemos perder nunca de vista, lo que ahora son cicatrices en un futuro será memoria y será identidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida. (Aplausos).


El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señora Oramas, debatimos hoy su proposición no de ley, registrada el pasado 24 de febrero, en relación con la erupción volcánica en la isla de La Palma, iniciada el 19 de septiembre del pasado año 2021 y cuya finalización se
declaró el 25 de diciembre, hace ya casi cuatro meses. Señora Oramas, más vale tarde que nunca, pero el tiempo en este tipo de catástrofes naturales es clave. Desde el Grupo Parlamentario VOX registramos una proposición no de ley el 21 de
septiembre de 2021, es decir, dos días después del comienzo de la erupción volcánica. Esto en cuanto al momento de su iniciativa, señora Oramas, pero en cuanto al fondo su extensión cabe en una sola página del Boletín Oficial de las Cortes
Generales, y por su brevedad me permito leer el petitum: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a poner en marcha un programa de recuperación económica de La Palma que incluya: ayudas a fondo perdido para cubrir las necesidades
actuales y futuras de las empresas hasta que la recuperación económica sea total; préstamos preferenciales para afrontar gastos de infraestructuras necesarias para recuperar la actividad o para reconvertir las empresas, en aquellos casos en que sea
imposible continuar la actividad tal y como está planteada, y por último, incluir a las empresas palmeras como preferentes en todas las actuaciones de apoyo empresarial o económico que se pongan en marcha por parte del Gobierno de España'. Nuestra
iniciativa, registrada tan solo dos días después, es ocho veces más extensa e insta al Gobierno a cumplir con su obligación, que es poner todos los medios a su alcance para ayudar a los damnificados de manera inmediata y realizar cuantas acciones
sean necesarias para ofrecer certidumbre y esperanza al futuro de los palmeros. (Aplausos).


Hablamos de la necesaria declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil, la aprobación con carácter urgente de un paquete de medidas excepcionales, la tramitación con carácter urgente de los expedientes administrativos
relativos a las medidas acordadas como consecuencia de la declaración de zona gravemente afectada, la inmediata constitución de la comisión de coordinación -que, lamentablemente, no se constituyó hasta un mes más tarde-, la evaluación de los daños
con toda la información necesaria y la solicitud de ayudas al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Respecto a este último punto, como en muchos otros, la opacidad de este Gobierno motivó la pregunta del señor Buxadé Villalba, parlamentario
europeo de VOX, el pasado 3 de febrero, para saber si el Gobierno de España había enviado a la Comisión Europea la evaluación de daños requerida para la activación de las ayudas y su cuantía si así fuera, y si el Gobierno de España ha solicitado un
anticipo para poder aportar ayudas a los afectados a la mayor brevedad posible. Insisto en que en situaciones catastróficas como la que nos ocupa el tiempo es clave. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, el tiempo es clave y los palmeros
necesitan actuaciones. (Aplausos).


Señora Oramas, hemos registrado una enmienda de modificación con tres aspectos: en primer lugar, se trata de establecer el carácter inmediato de la medida instada; en segundo lugar, nuestra enmienda abarca las distintas formas de
realización de actividad empresarial, que su iniciativa engloba en el término las empresas, pretendiendo evitar exclusiones injustas en la tramitación de las ayudas, y por último, eliminamos la discriminación que podría suponer el calificativo de
'palmeras' a las empresas -autónomos y empresarios- que están domiciliadas fuera de la isla de La Palma y que han sido afectadas también y merecen esas ayudas. Confío, señora Oramas, en que tenga a bien aceptar nuestras enmiendas.



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Por último, señora Oramas, me veo en la obligación de mostrarle mis dudas e inquietudes sobre la posición de su partido, Coalición Canaria, respecto a la gestión de la catástrofe. Usted, señora Oramas, con muy buen criterio no apoyó la
investidura de un Gobierno socialcomunista que suponía la llegada de comunistas al Gobierno de España; también la consumación del fraude electoral por la traición y las mentiras del candidato Sánchez sobre los socios de Gobierno. Aunque actuó con
buen criterio no apoyando la investidura, la verdad es que su partido le había dado otra indicación y por eso usted recibió consecuencias disciplinarias. Con estos antecedentes, señora Oramas, aunque la felicito por su sentido común, me veo en la
obligación de poner de manifiesto que Coalición Canaria es un partido en deriva ideológica. Para los españoles -y termino, señor presidente- dispuestos a trabajar en libertad, tanto en Madrid como en Canarias, solo les queda VOX.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Ledesma Martín.


El señor LEDESMA MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Antes de comenzar, un pequeño inciso. Señora portavoz de Unidas Podemos, no es Palma, es La Palma, ese es el nombre de la isla. (Aplausos).


Señorías, estaremos todos de acuerdo en que si queremos cumplir con La Palma, si realmente existe voluntad de un verdadero homenaje al pueblo palmero necesitamos cuanto antes un programa de recuperación económica y social para esta isla lo
más amplio, colectivo y consensuado posible, porque, recogiendo el guante de las palabras pronunciadas por parte del rey don Felipe el pasado sábado en el acto de reconocimiento a la ciudadanía de La Palma, el presente y el futuro de la isla nos
preocupa a todos. Por ello, lamento tener que decir que hasta este minuto no hemos recibido ninguna llamada ni tenido ningún contacto por parte de la representante del grupo que formula la iniciativa a debate. Parecería que a la señora Oramas le
importa muy poco el apoyo del principal partido de la oposición y ya más bien nada el análisis y consideración de nuestras enmiendas, pero me gustaría subrayar que únicamente persiguen dar respuestas, soluciones y certezas a las reivindicaciones de
los residentes y pequeños empresarios de Los Llanos, El Paso o Tazacorte, entre otros municipios afectados, de los dueños de algunas plantaciones, de los modestos comerciantes, de los profesionales de la pesca o de los sacrificados propietarios de
un establecimiento hotelero o de turismo rural, porque no debemos olvidar, señorías, que el tejido productivo de La Palma está formado en su inmensa mayoría por autónomos y micropymes, que no cuentan con la misma capacidad financiera que las
empresas de mayor tamaño. Por este motivo, insisto, nos resulta un tanto incomprensible la actitud de la diputada Oramas, que parece que se encuentra únicamente interesada en obtener el voto de los grupos que sustentan al Gobierno para poder
garantizarse la aprobación de la iniciativa y, como de costumbre, erigirse a continuación en la única salvadora de la patria chica. Pues, aunque usted nos haya ignorado, le adelanto que nosotros vamos a poner en el día de hoy la otra mejilla y,
fundamentalmente por responsabilidad con la sociedad palmera, apoyaremos la iniciativa objeto de debate. No obstante, entrando a analizar brevemente los puntos que se abordan en esta PNL, me gustaría recordar aquí que, con respecto al primer punto
del petitum, el Grupo Popular, ya desde octubre de 2021, mediante la formulación de una PNL, suscrita además por todos mis colegas canarios, instábamos al Gobierno de España a que articulase de manera urgente ayudas directas para paliar las pérdidas
en los ingresos de explotación de las actividades empresariales equivalentes al menos a un 75 % de los ingresos de la actividad correspondiente al último trimestre de 2020, de cara a compensar, ya digo, las pérdidas de actividad antes de que fuera
demasiado tarde.


En relación con el segundo punto, en la misma iniciativa que presentamos el pasado octubre también solicitábamos préstamos blandos, ICO, para la rehabilitación y/o reconstrucción de inmuebles de carácter profesional, comercial e industrial,
así como a explotaciones agrarias y ganaderas y a la actividad de pesca, con un plazo de devolución de al menos diez años y avalados por el Estado.


Por otro lado, estando de acuerdo absolutamente con el planteamiento recogido en el apartado tercero de esta PNL, creemos que se podría también complementar con el punto 4 de nuestra enmienda, donde demandamos impulsar por parte del Gobierno
de España, dadas las graves afecciones a causa de la catástrofe volcánica, la adopción de cuantas medidas y modificaciones resulten necesarias en materia de normativa de contratación pública, con el propósito de facilitar que todas las actuaciones
derivadas de la



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erupción puedan ser contratadas y ejecutadas con arreglo al régimen de tramitación de emergencia al objeto de acelerar y agilizar la recuperación económica de La Palma.


En otro orden, también solicitamos en nuestra enmienda que fuera incluido dentro del programa de recuperación económica del que estamos hablando un plan extraordinario de reposición de infraestructuras y viviendas para La Palma, con una
dotación presupuestaria de 1000 millones de euros con carácter plurianual, que sirva como herramienta y revulsivo de reactivación para poder ser capaces de intensificar la generación de actividad económica y empleo a corto plazo en la isla. Y, por
último, la aprobación y el establecimiento de una bonificación temporal en los billetes aéreos análoga a la de los residentes canarios por espacio de un año de duración, como herramienta para estimular la reactivación de negocios turísticos en el
destino palmero, con un contexto geopolítico mucho más complejo tratándose de un territorio ultraperiférico, más vulnerable y con absoluta dependencia del transporte aéreo.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.


El señor LEDESMA MARTÍN: Finalizo, señor presidente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Pérez.


La señora GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias presidente. Buenas tardes, señorías.


Para empezar, quisiera agradecer a la diputada Ana Oramas su preocupación y su voluntad de colaborar con las acciones que está desarrollando este Gobierno para la recuperación socioeconómica de la isla de La Palma. Confiamos en que a través
de la enmienda que hemos presentado seamos capaces de alcanzar un acuerdo de unidad que redunde en el beneficio de los palmeros y palmeras, sumándonos al ejemplo dado por los gobiernos de distinto signo político implicados en la ayuda a la isla
durante la erupción volcánica, y ahora durante su reconstrucción.


Señorías, como bien saben, el presidente del Gobierno viajó a La Palma en varias ocasiones para conocer de primera mano lo que estaba sucediendo en la isla desde el inicio del proceso eruptivo. Lo hizo de manera inmediata para trasladar el
apoyo y solidaridad de su Gobierno, acompañando y ayudando con recursos e inversión en momentos sumamente difíciles para la población. En los ochenta y cinco días en los que las coladas de lava, los gases y las cenizas dejaron su rastro de
destrucción y tragedia, el presidente se desplazó ocho veces a La Palma para mantener reuniones con las personas y colectivos afectados, para escuchar a quienes perdieron sus casas, sus trabajos y vieron rota su rutina y alteradas para siempre sus
vidas. Sánchez priorizó en su agenda y en su acción de Gobierno la habilitación de ayudas urgentes para tratar de paliar el desastre económico y social causado por la erupción, la más larga de las vividas en La Palma, la más destructiva del último
siglo en Europa.


Hasta la semana pasada, el montante de ayudas destinado y entregado a la recuperación económica de La Palma ascendía a 314 millones de euros, de los cuales los destinados específicamente a empresas, autónomos y sectores económicos suman más
de 51 millones, con especial incidencia en el sector platanero, una cifra que seguirá ascendiendo a medida que se tramitan las líneas de financiación: emergencia social y empleo, vivienda y alojamiento, infraestructuras viarias, desaladoras. Del
contacto directo con las administraciones locales, los sectores productivos y los colectivos económicos y sociales se ha extraído la hoja de ruta para atender a la población y sus necesidades, sin dejar a nadie atrás. Todos somos conscientes de que
el 13 de diciembre no terminó la crisis, solo la actividad volcánica. El 13 de diciembre comenzó otra fase, igualmente cargada de incertidumbre y preocupación por el futuro, por eso no vamos a olvidarnos de La Palma. No nos hemos olvidado; la
reconstrucción continúa y la presencia del Gobierno mostrando su apoyo y su solidaridad, también. (Aplausos).


Este pasado fin de semana se celebró en La Palma la Conferencia de presidentes y presidentas, tal y como se comprometió Pedro Sánchez, mostrando así el respaldo de todas las comunidades con la sociedad palmera tras la erupción en Cumbre
Vieja. Por otra parte, hay que destacar que de forma ejemplar las fuerzas políticas han aparcado sus diferencias, han hecho un parón en sus intereses partidarios y han remado juntas en la buena dirección, en la única dirección, que es la de la
solidaridad, la empatía y el apoyo a una resiliencia más que nunca necesaria. Lo que, por desgracia, no vimos en la pandemia, donde la ganancia política se puso por delante. Lo que no hemos visto en tantas otras ocasiones



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de enorme importancia para este país lo aplaudimos en La Palma, una gestión de la crisis compartida de manera responsable, comprometida y honesta por el Gobierno progresista de España, por el Gobierno de progreso de Canarias y por el
Gobierno insular de La Palma, con un presidente del Partido Popular apoyado por el Partido Socialista. (Aplausos). Deseo sinceramente que en esta nueva etapa que se abre en el Partido Popular llegue la capacidad de adoptar acuerdos de Estado, como
la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y cese la crítica destructiva que hacen de su país en Europa.


Señorías de VOX, les tengo que decir que, a pesar de las palabras hoy aquí de su portavoz, en aquel momento ustedes mostraron su verdadero rostro, el del frentismo y la oposición ciega, y desoyendo los gritos de auxilio de La Palma,
apartando la mirada de las viviendas enterradas en ceniza, los colegios destruidos, los pueblos desaparecidos, las instalaciones agrícolas inoperativas, se abstuvieron en la votación del decreto de reconstrucción de la isla.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.


La señora GONZÁLEZ PÉREZ: Señora Oramas, como decía al principio, espero que podamos llegar a un acuerdo que constituya un capítulo más de esta buena sintonía política, que ha beneficiado y beneficiará a la isla de La Palma.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.


La señora MUÑOZ VIDAL: Presidente, señorías, han hecho falta tres horas de Pleno para pasar página a la Guerra Civil, al franquismo y ponernos a hablar de cosas reales y actuales.


La iniciativa que nos ocupa ahora trata de paliar los devastadores efectos que ocasionó el estallido del volcán Cumbre Vieja, en La Palma, el pasado 19 de septiembre. Desde entonces, hemos asistido en esta Cámara a varios debates en esta
línea, donde siempre hemos estado comprometidos en hacer llegar la ayuda necesaria a los habitantes de La Palma para que pudiesen superar las terribles consecuencias de la erupción. Hoy, señora Oramas, también apoyaremos esta proposición no de ley.
Entendemos que es necesario que a las medidas ya implementadas se puedan añadir las que aquí se detallan para poner en marcha un programa de recuperación económica de La Palma, porque la situación en la isla es una enorme tragedia para centenares de
familias y negocios.


Tenemos, creo que todos, al acceso a los datos. Según las estimaciones del satélite Copernicus, se habrían destruido casi 3000 edificaciones y 138 más habrían resultado dañadas, y 370 hectáreas de cultivos se habrían visto seriamente
perjudicadas, la mayoría de ellas dedicadas al cultivo del plátano, con las negativas y elevadas consecuencias económicas que esto supone para la isla. Es ante desastres naturales como la erupción de un volcán de esta envergadura cuando el Estado
debe actuar con determinación y sin tibieza para ayudar a la población, a una población que lo ha perdido todo. Por eso en Ciudadanos siempre hemos mostrado nuestro apoyo a cuantas medidas se han aprobado para dar luz verde a los distintos paquetes
de ayuda, pero esto no nos ha impedido insistir desde nuestro grupo parlamentario al Gobierno en que debe actuar con decisión y ofrecer a los ciudadanos de La Palma la ayuda que tanto necesitaban, ayudas que durante muchos meses ni fueron
suficientes ni llegaban con la rapidez necesaria.


Tampoco hemos dejado de proponer de manera proactiva en nuestro grupo parlamentario medidas con las que paliar la situación que vivían y viven hoy por hoy miles de familias en la isla. Fuimos de los primeros en advertir al Gobierno de la
insuficiencia de las primeras medidas de apoyo que se tomaron para La Palma a través de los primeros reales decretos aprobados. En septiembre, el Gobierno aprobó su primer plan de ayudas a los trabajadores autónomos afectados por la erupción, pero
se dejaba fuera de la prestación a aquellos que tuviesen a su cargo trabajadores, puesto que tenían que darse de baja del RETA, cesar su actividad y, por lo tanto, despedir a sus trabajadores para poder cobrar la ayuda extraordinaria. Ante esta
situación, mi grupo parlamentario, Ciudadanos, denunciamos el error y pedimos al Gobierno que rectificase, tal y como hizo posteriormente. Después de este real decreto vinieron otros dos más en los que se fueron incluyendo medidas en materia de
vivienda, de empleo, de protección a los consumidores, ayudas al sector agrario o exoneraciones a la Seguridad Social, todas ellas medidas necesarias pero insuficientes.



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Los liberales españoles desde el inicio de la emergencia en La Palma no nos hemos quedado de brazos cruzados a la espera de que el Gobierno presentase propuestas para paliar la situación de los palmeros y para acelerar los esfuerzos de la
reconstrucción de la isla presentamos nuestras propias iniciativas, diferentes proposiciones no de ley con medidas específicas de apoyo a la recuperación de La Palma, con planes de ayudas directas, flexibilización de ayudas a autónomos y a titulares
de explotaciones agrarias, así como campañas para el fomento del consumo en el mercado de las zonas afectadas por el volcán. Seguiremos haciéndolo; seguiremos haciéndolo hasta que los habitantes y los negocios de La Palma puedan recuperar la
normalidad. Es en esas situaciones límite donde España da ejemplo y saca toda su solidaridad, se une en torno a una causa justa y demuestra que juntos somos más fuertes. En este sentido, La Palma ha sido ejemplo de inspiración para todos y debemos
responderles todos con toda la ayuda posible.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señora Oramas, ¿acepta alguna de las enmiendas?


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Sí, señor presidente, la presentada por el Grupo Socialista con Podemos.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A PRIORIZAR LA REINDUSTRIALIZACIÓN DE ESPAÑA. (Número de expediente 162/000838).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a priorizar la reindustrialización de España.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Moraleja Gómez.


La señora MORALEJA GÓMEZ: Buenas tardes, presidente, señorías.


Hoy el Grupo Parlamentario Popular trae a Pleno la que sería la hoja de ruta para priorizar y ayudar sin matices a la industria de nuestro país, dejando al margen ideologías y colores políticos. Esta PNL nace del consenso, de todas las
aportaciones y necesidades de cada uno de los sectores industriales de este país. Por eso, hoy pido su aprobación en el Congreso de los Diputados y que todos los partidos que conformamos esta Cámara demos un sí unánime a la industria española.
Solo así conseguiremos ser competitivos y responder adecuadamente a las necesidades que nuestro país tiene, en particular a la enorme crisis económica, que se ha agravado con la invasión de Ucrania. (Aplausos). Sus señorías tienen la oportunidad
hoy de enmendar errores del pasado y mirar al futuro con rigor y seriedad. No es nuestra intención ni criticar acciones del Gobierno que han lastrado a la industria a la situación de crisis que está viviendo en la actualidad ni a otros partidos
políticos que lo apoyan por propuestas que no coinciden con las necesidades de la industria española ni con las de sus trabajadores. No es nuestra intención, señorías, hoy estamos aquí para hacer propuestas en beneficio de un sector estratégico que
genera el 13 % del PIB y el 12 % del empleo de forma directa, si bien sus efectos indirectos e inducidos alcanzan respectivamente el 43 % de la riqueza y el 30 % del empleo. Sabemos que los puestos de trabajo del sector industrial son de alta
calidad en términos de salario, estabilidad y formación, y que la industria es la responsable del 92 % de las exportaciones de mercancías y de más del 50 % de la inversión privada en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, área
fundamental no solo para impulsar la competitividad, sino también para facilitar el desarrollo de productos y tecnologías que garanticen la sostenibilidad y la lucha eficaz contra el cambio climático.


Todo empezó con la pandemia del COVID-19. La industria era consciente de que detrás de la pandemia sanitaria vendría una crisis económica, un cambio en la forma de entender la economía, poniendo a prueba nuestro tejido productivo. Es una
iniciativa en la que venimos trabajando desde hace muchos meses y que sigue vigente y estando de actualidad, señorías, antes de que Putin invadiera Ucrania. No se les ocurra ni por un momento pensar que el sector industrial ha empezado a atravesar
dificultades en estos momentos. Antes de la guerra teníamos un problema de precios de la electricidad -se había multiplicado por cinco e incluso por diez-; antes de la guerra teníamos una ruptura energética producida por una transición abrupta.
Teníamos antes de la guerra una inflación del 7,6 %, dos puntos por encima de



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la media de la Unión Europea, y antes de la guerra ya teníamos una crisis de suministro de productos en el campo español. Hoy, España tiene una inflación mayor que la Unión Europea, más deuda que la Unión Europea y más déficit que la Unión
Europea. Por tanto, teníamos una situación de alto riesgo que después de la guerra se ha incrementado, es verdad. Hoy más que nunca son necesarias medidas urgentes. No caben ambigüedades, ya no podemos permitirnos mensajes contradictorios entre
los miembros del Gobierno. La misma semana en que se reúnen los presidentes de todas las comunidades autónomas y dan apoyo al señor Sánchez para que tome medidas no podemos dar a conocer el documento de los presuntos expertos fiscales a la
propuesta del Gobierno, que pide incrementar la fiscalidad en España. Es un error hablar de imponer más impuestos al sector de la automoción. Hay que bajar más impuestos, bajar el impuesto más gravoso para las familias, en especial para las rentas
bajas, que es la inflación. Es necesario bajar la fiscalidad de la energía para los hogares españoles, pero también para las empresas, en especial para las electrointensivas, y para todos los sectores que necesitan la energía en sus procesos
productivos. Podemos hablar del sector del transporte o del sector del mar en mi tierra. La transición energética tiene que ser justa o no lo será. El proceso de transición hacia una economía descarbonizada necesita la colaboración indispensable
de los sectores directamente afectados. Solo con ellos y haciéndoles partícipes de esta transición conseguiremos que sus efectos no sean negativos para nuestra economía. Hay que llevar a cabo un proceso de transición mucho más meditado, pausado y
proporcional. Los problemas de la industria española no surgieron hace dos o tres semanas, como saben sus señorías. No vengan con el planteamiento de que la guerra lo ha causado todo porque no es verdad. Todos los sectores industriales se
pusieron a trabajar en propuestas para el futuro que nosotros hemos recogido en cuatro áreas de actuación. Y aquí no se equivoquen, esta no es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, es una proposición de ley del sector
industrial español que tenemos el honor de plantear hoy ante ustedes, en las Cortes. Por eso es imprescindible, si queremos construir entre todos la reindustrialización de nuestro país, generar un clima de confianza y estabilidad que atraiga
inversión y talento, a la vez que garantice una seguridad jurídica, regulatoria y previsible para los próximos años.


El plan de impulso de la industria se basa en cuatro ejes. Medidas de carácter estratégico, que deben desarrollar ese pacto por la industria consensuado con las principales fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, comunidades
autónomas. Medidas de carácter económico para mejorar el entorno de la industria, marco de confianza, seguridad jurídica y previsibilidad regulatoria. Medidas de carácter coyuntural: maximizar el potencial transformador de los programas de
financiación habilitados para la Unión Europea. Y medidas de carácter paliativo: medidas de cogobernanza y coordinación, una agencia nacional para el desarrollo industrial sin incremento de gasto público.


Y, para finalizar, reiterarles la unidad y el sí unánime a esta proposición no de ley en aras de favorecer la competitividad de la industria española y así dar cumplimiento a lo acordado en la Comisión de Industria de estos meses. Insisto,
sigue siendo necesario y urgente para nuestra industria.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.


Espero, señora Moraleja, señorías, que esta iniciativa parlamentaria no sea estéril, porque, conociendo el Gobierno actual que tenemos en esta nación y cuáles son sus apoyos parlamentarios, mucho me temo que igual no acaba saliendo adelante.
Y será una auténtica pena, creo yo.


Como su proposición se registró en septiembre de 2021, no incluye, lógicamente, la situación actual provocada por la invasión de Putin en Ucrania, y sobre todo los devastadores resultados de esta, ni evidentemente las consecuencias que esto
va a tener para nuestra economía e industria por las sanciones aplicadas por la Unión Europea al Gobierno del señor Putin. Sin embargo, señorías, esto ha hecho que todo cambie -los años de pandemia y ahora esta agresión de Putin-. El orden
internacional, la seguridad de los europeos y la autonomía estratégica, financiera y energética de toda la Unión -y me atrevería a decir incluso mundial- van a suponer un replanteamiento de todo el orden conocido, muy especialmente en lo que tiene
que ver con la industria, con la industria en mayúsculas, pues va a afectar a cómo producimos, a cómo gastamos, a cómo invertimos y a cómo consumimos, todos ellos factores fundamentales para la definición de una política industrial que sostenga las
capacidades de nuestro país en las próximas décadas.



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La globalización, como fenómeno basado en el aumento continuo de interconexión entre naciones, ya sea en el plano económico, político, social o tecnológico, va a dejar de existir, señorías. La independencia o más bien la interdependencia,
sea energética, estratégica, fiscal, económica o de recursos y capacidades industriales, será el nuevo paradigma al que nos debemos enfrentar. Y esto España no puede hacerlo sola, señorías, será dentro de la Unión Europea -una Unión Europea cada
vez más fuerte, más solidaria, más autónoma e interdependiente- como seremos capaces de afrontar este enorme reto que se nos presenta en la sociedad occidental. La guerra de Putin es una guerra contra toda la Unión Europea. Las sanciones impuestas
en las pasadas semanas y, sin duda, las que están por venir supondrán la devastación de la economía rusa, pero a un coste terriblemente alto para la sociedad europea. Es el precio que tendremos que pagar por defender la legalidad internacional y la
voluntad democrática de las naciones libres para seguir eligiendo el mundo en el que vivir y no el impuesto por la voluntad exclusiva de una persona que no rinde cuentas, salvo a sí mismo.


Señorías, esta será una crisis como nunca hemos visto en nuestra democracia. No quiero ser alarmista, pero creo que tampoco debemos tratar a nuestros ciudadanos como si no se enteraran de nada. Hay que ofrecer certezas ante las naturales
dudas de nuestros ciudadanos, hay que ofrecer pactos, consensos y acuerdos, y hay que explicarlo muy bien, no de forma simplista, como hicieron el presidente Sánchez y sus ministros la semana pasada. No basta con identificar al culpable, Putin y la
guerra; el Gobierno de España debe además contar a la sociedad cuáles van a ser las consecuencias futuras y cuáles las medidas a tomar.


En nuestro grupo hemos enmendado su proposición tratando de adaptarla al contexto traído por esta guerra. Como ya hemos dicho, este decisivo acontecimiento ha recalibrado muchas prioridades en el tablero europeo, principalmente las de
seguridad y defensa y las de energía. Este impacto se siente ya en toda la cadena industrial de forma inevitable, está en manos del Gobierno poner los medios necesarios para que la industria española resista y aproveche en la medida de lo posible
este golpe. La automoción, la metalurgia y las tecnologías de la defensa, seguridad aeronáutica y espacio son los tres sectores más importantes de la industria española, con una aportación conjunta de casi el 20 % del PIB industrial. Señorías, la
industria de la defensa en España facturó 6654 millones de euros en 2019 y generó 23 000 empleos. En su vertiente civil, superada la pandemia, la industria aeronáutica maneja previsiones de demanda de 40 000 aviones nuevos en todo el mundo hasta el
año 2040, de los que 15 000 procederán de la renovación de los existentes. Por el lado militar, España es importante, es un importantísimo actor en el marco europeo participando en los proyectos del FCAS, del Eurodrone o los previsibles aumentos de
ventas del A400. España debe mantener esa posición de polo estratégico aeroespacial luchando por acoger los proyectos que surjan en el sector. En este sentido, nos hemos alegrado de que en el Consejo de Ministros de hoy se haya aprobado este PERTE
Naval, aunque no sabemos nada de que será del PERTE Aeroespacial, que también lo estamos reclamando. Creo que ambos son vitales para la industria y se deben poner en marcha junto a una ley de programación industrial de la defensa como la que tienen
otros países, que ofrezcan marcos financieros estables a los programas del ministerio.


En lo referente a la automoción, el Gobierno debe proponer incentivos realmente ambiciosos para la movilidad descarbonizada. En este sentido, el factor a priorizar creemos que deben ser las baterías para asegurar el suministro a corto plazo
de esos materiales empleados en la elaboración; incrementar la innovación por el desarrollo de baterías supondrá menores costes para los vehículos.


Y, por último, el Gobierno debe iniciar un programa de adaptación de la industria calorintensiva vital para el tejido industrial español y enormemente dependiente del gas natural.


Señorías, confiamos en que el grupo proponente acepte estas enmiendas y emplazamos al Gobierno a mantener con los diferentes grupos parlamentarios un diálogo sincero sobre el futuro de la industria española en el escenario de crisis que nos
espera tras esta invasión, la de Ucrania, injusta, despiadada con los más débiles y contraria a la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).


El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchas gracias, señor presidente.


El Grupo Popular nos trae una iniciativa que anuncia un apoyo aparentemente tajante a favor de la industria española, y una parte muy importante de esta iniciativa sí tiene un contenido aceptable, podríamos



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decir que un 75 % de la iniciativa, pero otro 25 % es totalmente inaceptable, y me voy a explicar. Este 25 %, que es un apartado completo de la iniciativa, se titula: Protocolo para la Descarbonización -con mayúscula la de- de la industria
española. Y debemos empezar preguntándonos si nos gusta la industria, si queremos que España tenga una industria fuerte; es importante que todos nos lo preguntemos porque, aunque parece una perogrullada, la respuesta en ambos partidos de la
alternancia probablemente sea que no, o al menos que no tanto, y me voy a explicar.


La cuestión climática y la energía están íntimamente relacionadas, como todos saben. Precisamente, la energía es uno de los principales insumos de la industria, además de tener también un fuerte impacto en la cuestión climática, en la
medida en que la industria es emisora del tan denostado CO2, y me explico. Los costes del CO2 son un coste administrativo. Para que se hagan una idea quienes nos escuchen, una siderurgia que produzca acero en España venderá cada tonelada de acero
a unos 700 euros y tendrá que pagar por sus emisiones de CO2 hasta unos 132 euros. ¿Se dan ustedes cuenta? Representan aproximadamente los costes de emisión de CO2 un 15 % del precio del producto final, sin tener en cuenta los costes de ese CO2
incluidos en la producción energética.


Seguimos con la cuestión de la gasolina, el diésel, etcétera. El Estado grava con impuestos que representan un 50 % del precio final de la gasolina y del diésel. Si ahora está la gasolina a 2 euros, un euro se lo lleva la Administración de
forma directa entre IVA, impuestos especiales, impuestos especiales al valor añadido del producto, etcétera. Y, sin embargo, atacan estas formas de energía y lastran otras potenciales formas de energía que podríamos tener en España. Pensemos en el
fracking, el petróleo en Canarias, la energía nuclear, etcétera. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque no les gusta tanto la industria.


La realidad es que lo único que están haciendo es poner trabas a la industria, una detrás de otra, y el ejemplo más evidente lo tenemos en la regulación de las emisiones de CO2 a la producción de automóviles. La Unión Europea saca un primer
reglamento en el año 2007. En el año 2009, aprietan y exigen menos emisiones, las castigan más, otro reglamento. En el 2011, otro; en el 2015, otro; en el 2017, otro. Y en el 2021, con la aprobación del plan Fit for 55, terminan de darle el
golpe de gracia a la industria. Todo ello dentro de estos protocolos para la descarbonización de la industria que el Partido Popular introduce en esta iniciativa, que supuestamente pretende apoyar a la industria.


Pensarán ustedes, ¿hay que moderar las emisiones de CO2? Por supuesto que hay que moderarlas, evidentemente, pero lo que no tiene ningún sentido es lo que están haciendo en la alternancia de partidos, porque ambos lo han hecho siempre que
han gobernado. Ya ven ustedes que desde el año 2007 hasta el 2021 ambos han gobernado y ambos han ido acentuando las exigencias para nuestra industria, y la situación es que la industria está desapareciendo en España.


Ustedes mismos, señores del Partido Popular, introducen medidas que la desgastan y la atacan en las iniciativas que supuestamente pretenden apoyarlas, porque ustedes han abandonado a los trabajadores. Ambos son traidores, han abandonado a
los trabajadores, han abandonado a la industria y han abandonado al sector. La prueba es que toda la producción de leche en España está desapareciendo, precisamente por los costes de la energía. La pesca en España está en peligro de extinción,
precisamente o, entre otras cuestiones, por los costes de la energía. ¡No hablemos de la industria siderúrgica o de la industria del automóvil! (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


En definitiva, la industria está en peligro de extinción por las políticas que ustedes dos, traidores, han ido imponiendo, una detrás de otra. (Aplausos). Y hoy el Partido Popular, para supuestamente apoyar a la industria, introduce una
nueva vuelta de rosca a esas políticas...


La señora PRESIDENTA: Señor Figaredo, tiene usted que terminar, por favor.


El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: ... que, precisamente, perjudican a la industria.


O sea, que mientras con una mano le dan una palmada en la espalda a la industria, con la otra le ponen los grilletes en los pies para evitar que continúe avanzando. Así que, si aceptan esa enmienda, en la cual les proponemos que vuelvan a
la senda razonable, podremos apoyar su iniciativa; en caso contrario, nos mantendremos como la única alternativa para la industria en España.


Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).



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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Figaredo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.


El señor GUITARTE GIMENO: Señora presidenta, señorías.


Nosotros coincidimos con la exposición de motivos de la PNL en la necesidad de fortalecer una política industrial modernizadora vinculada con los cambios tecnológicos y la digitalización, que integre la descarbonización y la transición
energética y que optimice el fondo europeo REACT-EU. Pero no coincidimos en otros análisis que están forzados argumentalmente, a nuestro entender, ni con las medidas que proponen. Políticas como la reindustrialización estratégica que necesitamos
son para nosotros la prueba del algodón para comprobar si la apuesta por el reequilibrio territorial y la lucha contra la despoblación es una apuesta firme y decidida, asumiendo que requiere cambios estructurales en el país, o únicamente lo es
mientras no afecte a determinado statu quo, o sea, al estado actual de las cosas.


Desde nuestro punto de vista, la estrategia industrial también debe ser necesariamente una herramienta para corregir los desequilibrios territoriales, porque puede contribuir simultáneamente y con la misma inversión a solucionar dos de
nuestros principales retos: el propio de la reindustrialización y el del reequilibrio y la cohesión territorial. Para ello, se debe ubicar esa nueva industrialización estratégica en los territorios de la España vaciada. Se estará con ello
solucionando la necesaria reindustrialización y, a la vez, contribuyendo a corregir los graves desequilibrios territoriales internos existentes en nuestro país; todo ello, como he dicho, con la misma inversión y aprovechando todas las
externalidades positivas que puede tener la misma.


Por ello, nuestra propuesta es una reindustrialización con actividades de alto valor añadido que apuesta por el reequilibrio territorial, por luchar contra la despoblación y por dinamizar las ciudades y pueblos de la España despoblada frente
a la idea tan habitual de colocar aerogeneradores, los embalses o las minas en unas comarcas rurales que quedarán abandonadas y los centros industriales derivarlos todos ellos, con salarios más altos y mayor valor añadido, a los corredores
industriales o a las áreas metropolitanas del país.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Cabe agradecer al Grupo Parlamentario Popular el planteamiento de esta amplísima iniciativa parlamentaria que promueve numerosas medidas, todas de gran calado, para acometer un plan extraordinario para reindustrializar España. Lo que no
hace el Gobierno tiene que promoverlo la oposición. Se han desperdiciado más de tres años y medio -los que lleva Pedro Sánchez de presidente y Reyes Maroto de responsable de industria- para frenar la paulatina pérdida de competitividad y de peso de
la industria en el PIB nacional, que nos aleja de la media europea y que está desmoronando un conjunto de sectores y subsectores claves para el presente y el futuro de la economía y el empleo de España.


Señorías, a las amenazas derivadas de la pésima política industrial, agravadas por los efectos perversos de la política energética, se suman las secuelas de la crisis de la pandemia y ahora los impactos del conflicto bélico, con sus
derivadas en forma de economía de guerra. Basta repasar los periódicos estos días para comprobar los daños sobre la industria, que ya están provocando paros en la producción, recortes en el empleo y deslocalizaciones en ciernes. El Gobierno,
dedicado a su autopropaganda, llega tarde y llega mal.


Las cuatro áreas de actuación y ejes principales de desarrollo que se plantean en esta proposición no de ley para poner en marcha una nueva política industrial, las propuestas y los protocolos desarrollados en esta iniciativa son urgentes.
La unidad que solicita la señora Moraleja es imprescindible.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Finalmente, también por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.



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El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.


La reindustrialización en España, en Cantabria, en particular, y en toda la cornisa cantábrica, es una necesidad absolutamente inaplazable. Por poner un ejemplo, Cantabria ha pasado de cerca del 40 % del PIB en industria a poco más del 20 %
en los últimos años, y todas las semanas tenemos alguna noticia negativa en esta materia. Y, ya en una encuesta hace años, en una época en que yo era consejero de Ordenación del Territorio, la gente pedía industria y naturaleza, cosas que pueden
ser perfectamente compatibles. Por ello, hay que decirle al Gobierno que tiene que actuar ya, que tal como está el mundo hoy en día, y lo estamos viendo, la necesidad de actuar en la industria es absolutamente inaplazable, porque lo que se pierde
ahora se va a tardar muchas décadas en recuperar.


Además de grandes planes, de todo lo que propone el Partido Popular, lo que es absolutamente necesario es tomar medidas ya. Nosotros lo hemos reclamado continuamente para la industria electrointensiva, pero es necesario para toda la
industria y la primera medida, la que están reclamando todos los sectores, es la rebaja del precio de la energía, de la electricidad, del gas y de los derivados del petróleo. Eso es algo absolutamente imprescindible. Por lo tanto, me parece muy
bien que el Partido Popular sea constructivo, que prepare sus planes para cuando gobierne, si es que gobierna, pero en estos momentos al que le toca actuar es al Gobierno, y estas medidas son inaplazables, por encima de todos estos grandes planes
que tenemos. Tenemos que bajar cuanto antes el precio de la energía en España, en todos los sectores, especialmente en la industria.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, arratsalde on guztioi.


Tras leer la iniciativa del Partido Popular, no cabe sino concluir que es larga y extensa, porque ciertamente lo es. Yo creo que se pretende analítica y pormenorizada, y ahí ya no podemos estar tan de acuerdo. Se lo han dicho antes y se lo
puedo decir yo también, ¿no creen que deberían haberla actualizado? Y no digo solo por lo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania y los efectos que esta pueda provocar, sino por una cosa que le voy a citar de su iniciativa que es
literal, porque yo me he tomado la molestia de leérmela. Casi que merecería un premio, porque tiene algo de tostón, pero, como le decía, esto es literal suyo: pero, empecinado en el error, este Gobierno sigue apuntalando sus reformas en la
dirección contraria, derogación de la reforma laboral, que permitió crear millones de empleos, subidas adicionales de impuestos. La iniciativa es de 21 de mayo de 2021, dígame qué reforma laboral se ha derogado del 21 de mayo de 2021 hasta ahora,
porque eso viene en su texto, lo que he leído es literal. Dígame, qué subidas adicionales de impuestos se han producido, si de lo que estamos hablando aquí, siempre, es de si las bajadas de impuestos que se están realizando, sobre todo a los
combustibles, son suficientes o no. Yo creo que esa es la realidad. Ustedes lo que nos plantean es una realidad distópica, tan distópica como lo de la pandemia de 2019, que no sé si se refería al presidente Sánchez como elemento pandémico o se ha
pasado de frenada en el origen de la pandemia.


En cualquier caso, se trata de una iniciativa de agitación y propaganda de manual. Y es legítimo, no estoy poniendo eso en cuestión, es tan sencillo como decir que todo lo malo que sucede es del partido con el que te alternas en el Gobierno
y que todo lo bueno que puede suceder es obra y responsabilidad de uno mismo; es decir, esto es un Rajoy returns, un retorno a las tesis de Rajoy, y para eso hace falta olvidarse de muchas cosas. Hace falta olvidarse, por ejemplo, de que la subida
de impuestos del 18 al 21 % se produjo en 2012, con un Gobierno de Mariano Rajoy. Eso no aparece en la extensa y dilatada introducción que ustedes hacen porque no apuntala su relato. Por eso digo que es un relato de agitación y propaganda, pero
sinceramente, para nosotros y nosotras, para las gentes de la izquierda soberanista independentista, no resiste ningún análisis serio. Plantear una apuesta por la reindustrialización por parte del partido que más ha hecho por convertir a España -al
Estado español, al Reino de España, como quieran llamarlo- en un modelo de producción de hostelería, sol y turismo, como elemento fundamental y vector principal de la construcción económica, no resiste un análisis serio.


En cualquier caso, sí creemos que su iniciativa tiene elementos definitorios, tiene un aroma muy definido, rezuma neoliberalismo y perspectiva de clase. Quizás, alguno ahora mismo esté turbado con esto que acabo de decir, pero sí creemos
que tiene perspectiva de clase, la de la clase dominante, evidentemente. ¿Y por qué digo esto? Pues es otro ejemplo también literal de la iniciativa que ustedes han presentado: 'Los cierres y despidos colectivos que afectan a grupos industriales
en España se anuncian



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cada semana'. Y a partir de ahí, una retahíla de empresas que han sufrido -algunas con resultado diferente al que ustedes exponen aquí- toda la cascada de despidos. ¿Pero afectan a grupos empresariales o afectan a trabajadores y
trabajadoras? Este es el eterno debate, el debate que nos va a separar siempre a ustedes y a nosotros. Para ustedes, la riqueza la generan los empresarios, y si es con dinero público ayudándoles, mucho mejor; para nosotros, la riqueza la generan
los trabajadores y trabajadoras, y el empresario lo que hace es enriquecerse con la plusvalía de los trabajadores y trabajadoras y con las ayudas que ustedes siguen demandando que les lleguen del Estado.


En definitiva -y también lo decía-, esto es neoliberalismo de libro; señora Moraleja, neoliberalismo de libro. ¿Y qué plantean? Plantean más ayudas públicas para empresarios; aquí sí se necesita un Estado fuerte, para hacer más fuerte al
empresario. Plantean la eliminación de las exigencias a empresas respecto del cambio climático o, como ustedes dicen, flexibilizarlas, porque es cierto que hay versiones más duras que todavía plantean volver al siglo XIX, olvidando cualquier ruta
para hacer frente a la transición climática. Pero siguen más, nos plantean más rebajas de impuestos y más ayudas fiscales a las empresas, las mismas -y lo vemos, por poner un ejemplo concreto, en la Diputación Foral de Vizcaya- que siguen
acumulando un tercio del fraude fiscal porque, por ejemplo, no pagan el impuesto de sociedades, pero hay que ayudarlas más, no importa, la riqueza la generan los empresarios y solo ellos, los trabajadores y trabajadoras somos peones. Y plantea más,
plantea poner al Estado al servicio de las necesidades de las empresas, y se atreven incluso a meterse en el terreno educativo diciendo que hay que cambiar la ley universitaria porque lo que hay que hacer es generar peones cualificados para la
empresa y las necesidades de la empresa. No me haga gestos, lo dice su texto. (La señora Moraleja Gómez pronuncia palabras desde el escaño). Yo me he tomado la molestia de leerlo; tengo alguna duda de si usted se ha tomado la molestia de leerlo.
Plantea también facilidades para deslocalizar...


La señora PRESIDENTA: Señora Moraleja, por favor, silencio.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: ... como si no tuviéramos un panorama de deslocalizaciones donde hemos visto cómo se les daba dinero público para instalarse, cómo se enriquecían en nuestro territorio y cómo se iban, además con más dinero
público para pagar los despidos que ellos provocan.


Y frente a ello, ¿qué proponemos nosotros -porque veo que se me acaba el tiempo- Un nuevo modelo industrial que sea social, igualitario, tecnológico, ecológico y eficiente, que haga del I+D+i una realidad efectiva, que abandone otros
determinados modelos, y que, sobre todo y fundamentalmente, cuente con la participación de los y las trabajadoras, porque usted hablaba de consenso social, pero esto solo puede generar consenso social con las patronales y con los empresarios que
siempre maman de la ubre del Estado para seguir manteniendo sus niveles de beneficio como estaban. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on.


Desde luego, si de algo estamos convencidos en mi grupo parlamentario, y si con algo está comprometido el Gobierno de Euskadi es con el impulso de la industria como motor de crecimiento y generadora de riqueza. La industria, desde luego, es
un factor clave que genera empleos estables, de calidad y buenos salarios, que en Euskadi representan el 24 % del PIB.


La política industrial, evidentemente, creemos que en estos momentos tendría que tener en cuenta la situación de la guerra de Ucrania, que es cierto que nos va a hacer cambiar el modo de producción, el modo de pensar los negocios y también
el modo de abordar la política energética, que va a ser clave para la competitividad de la industria. Es verdad que hoy, señorías del Partido Popular, nos traen una PNL que creemos, en ese sentido, que es un tanto extemporánea y que, luego, por su
extensión -que creo que ya lo han dicho aquí-, se parece mucho más a una PNL que suele traernos VOX muy extensa, que a veces es difícil de leer y creo que no es ni eficaz ni eficiente al objeto que pretende. Es una propuesta un tanto generalista.
Nosotros entendemos que la política industrial requiere de una reflexión estratégica también ad hoc de las comunidades autónomas, porque el tejido productivo nada tiene que ver entre unas y otras; una PNL que, desde luego, no contempla la realidad
autonómica, medidas genéricas; y entendemos que la clave de una política industrial eficiente debe conocer los retos globales a abordar, el tejido productivo



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de cada realidad territorial, sus fortalezas, sus capacidades y sus debilidades para poder diseñar medidas ad hoc a los objetivos pretendidos.


La política industrial, en estos momentos, debe ir acompañada de políticas energéticas concretas, como he dicho, para no lastrar su competitividad. Creo que lo ha dicho aquí también el señor Mazón, en estos momentos creo que es más
imprescindible abordar ese tema de los precios altos de la energía e incluso el desacople del gas de la factura.


Compartimos el fondo, pero no ciertas medidas, porque algunas, incluso, inciden en competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas. Se centran en medidas que pueden ser el todo y la nada. Quizá, pudiera ser una enmienda, a lo
mejor, a la totalidad al plan de recuperación o al eje 12 de la política industrial del Gobierno y que nosotros no vamos a compartir, a pesar de que también creemos que, en ese eje de política industrial o en ese plan de recuperación, desde luego,
hay medidas y espacios para la mejora. Incluyen medidas que se han debatido en Pleno y también en Comisión; algunas han sido rechazadas, como, por ejemplo, la creación de una autoridad independiente que no compartimos.


Hablan de un pacto de la industria, cuando ya hay unas bases del pacto por la industria que nos lo dieron a los grupos políticos en el seno del Foro de alto nivel por la industria. Hablan de cambios en los procesos de selección y análisis
de los proyectos de recuperación y resiliencia o en los PERTE, cuando nosotros de momento no conocemos ni los procedimientos ni mucho menos los criterios de selección que se están tratando, porque no hay bases reguladoras, no hay convocatorias en
muchos casos y, además, parece que tratan de paliar una herida que quizá no exista. Hablan también de un plan de reequilibrio fiscal que, desde luego, ha sido ampliamente rechazado en esta Cámara. Solicitan medidas contra la morosidad que ya están
recogidas en el proyecto de ley crea y crece, que, desde luego, habrá que mejorar. Hablan de agencias nacionales que nosotros, desde luego, no compartimos. Y así suma y sigue.


Nosotros creemos, como he dicho antes, que, ante el escenario que está viviendo la industria en estos momentos desde junio, quizá hubiera sido mejor abordar medidas concretas para paliar en esos momentos esos costes energéticos que la
industria está padeciendo y que, en un momento de recuperación y transformación, entendemos que no nos lo podemos permitir.


La industria hoy sí necesita un impulso y un apoyo concreto y, desde luego, si ya hay una estrategia industrial, aunque no estemos de acuerdo al cien por cien con ella, creemos que, si hay voluntad, todos deberíamos trabajar en esa línea
para mejorar, aportar y para que la industria sea competitiva y ayude a la generación de empleo estable y de calidad.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Señoras y señores del Partido Popular, no voy a entrar en el contenido de su propuesta porque hay una cuestión previa: para hacer propuestas, como la que hoy traen aquí, sobre política industrial hay que tener credibilidad y ustedes,
definitivamente, no la tienen. El BNG pelea en este Congreso cada día para que el Gobierno atienda en el ámbito de sus competencias, especialmente en materia energética, la grave crisis industrial que padece Galiza, pero también lo hace en el
Parlamento gallego, porque hay que recordar que el Gobierno gallego tiene competencias en política económica e industrial, y, por tanto, más allá de la experiencia de gobierno del PP en el Estado, los gallegos y gallegas sabemos bien en qué
consisten las políticas industriales del Partido Popular.


El Gobierno de Feijóo abdicó de sus responsabilidades en este ámbito, permaneciendo impasible o, si acaso, intentando utilizarlo en el debate partidista frente al reguero de empresas en crisis o que cerraron las puertas en los últimos meses
en nuestro país. Poligal, en Narón, 108 trabajadores y trabajadoras; Isowat, en A Coruña, 66; Siemens Gamesa, en As Somozas, 215; Vestas, en Viveiro, 115; Endesa, en As Pontes, 800; Vulcano, en Vigo, 69 en el momento de cierre, pero en 1983
llegó a dar empleo a 1700 personas; Alu Ibérica, 320 trabajadores y trabajadoras. Estos son algunos ejemplos de plantas que echaron el cierre en Galicia en los últimos tiempos, como los astilleros de Barreras, en Vigo, en concurso de acreedores,
con 120 trabajadores en riesgo, siendo una empresa que llegó a superar los 2000 empleos, y Alcoa, con las cubas paradas y 1000 personas con incertidumbre sobre el futuro de sus empleos. Y el Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, poniéndose de
perfil, cuando no dificultando soluciones, como en el caso de



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Vulcano, con el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, exconselleiro de la Xunta, resolviendo la concesión de dominio público.


Señoras y señores, señora Moraleja, si su esperanza es que Feijóo venga a salvar y rescatar al PP, deberían pedirle que no haga lo mismo que con la industria en Galiza o con aquellos sectores sobre los que contribuyó a precarizar, deteriorar
o directamente demoler en nuestro país.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.


La señora CAÑADELL SALVIA: Gràcies, presidenta.


A nuestro entender, las recetas de lo que se debe hacer en política industrial son conocidas. En la política española a veces se peca de hacer muchos planes que no se cumplen. Basaré mi intervención en algunos artículos del profesor Xavier
Ferràs, experto en innovación y política industrial. Solo nos hace falta mirar cuál es la política industrial que llevan a cabo los principales países industriales, como Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Israel o China. Estos países destinan
subvenciones públicas a la innovación para que buena parte del riesgo tecnológico no lo asuma la empresa, sino el país; la empresa es la encargada de asumir la totalidad del riesgo empresarial. Por ejemplo, en Finlandia se apoya con ayudas
directas proyectos empresariales de I+D de alta tecnología que a la vez tienen un alto riesgo y un alto regreso. Huawei, la empresa líder en infraestructuras 5G, ha recibido 75 000 millones de dólares del Gobierno chino. En Israel, sus incubadoras
tecnológicas soportan el 85 % de los gastos de los emprendedores de alta tecnología con mayor potencial de impacto. Estas ayudas en I+D no se destinan a generar conocimiento científico, sino que están orientadas a la creación de ventajas
competitivas industriales. Estas políticas industriales son políticas de innovación estables y bien dotadas.


El fondo INNVIERTE, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, va en esta línea. La lástima es que está totalmente infradotado. Siguiendo el ejemplo de estos países, la política industrial debería basarse en un nuevo contrato
social mediante el cual el Gobierno financiara buena parte de la I+D de las empresas a cambio de que crezcan y generen empleos de calidad, y para ello sería fundamental aumentar los recursos en I+D. Actualmente existe la oportunidad de los fondos
Next Generation, pero, por lo que estamos viendo, no se están aprovechando suficientemente para llevar a cabo proyectos de muy alta tecnología desarrollados por empresas orientados a generar ventajas competitivas tecnológicas, tener impacto
sectorial y crear empleos de calidad, y hay que añadir que están sumamente centralizados. La Generalitat de Cataluña presentó veintisiete proyectos transformadores, con capacidad de cambios profundos en el tejido productivo, a los cuales se ha
hecho caso omiso hasta el momento.


Por todo lo expuesto, nos abstendremos en esta proposición de ley. A nuestro entender, no focaliza bien las prioridades de la política industrial y no da el protagonismo que deberían tener las comunidades autónomas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, presidenta.


El Partido Popular trae hoy a este Pleno una proposición no de ley en la que dice querer priorizar la industrialización en España. Esta PNL tiene una cosa buena, ya que por fin el Partido Popular parece abandonar aquella máxima de que la
peor política industrial es la que no existe, que fue la que se aplicó durante el Gobierno de Rajoy, con efectos devastadores para nuestra industria.


Hasta aquí los acuerdos. Y a partir de aquí lo que deberían explicarnos es exactamente qué política industrial quieren sus señorías, porque para nosotros es necesaria una política industrial que promueva una reindustrialización alineada con
las políticas europeas, una reindustrialización verde que genere empleo de calidad, y eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno a través de la innovación, de la adaptación a las nuevas tecnologías, de impulsos tecnológicos y generando
empleo de calidad. Lo primero que deberían explicarnos es cuál es el marco en el que ustedes se mueven, porque el Gobierno



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de Castilla y León acaba de pactar con un partido que es negacionista del cambio climático y, por lo tanto, todo aquello de lo que ustedes hablan en su documento sobre descarbonización, transformación ecológica y de fiscalidad verde se cae
como agua de borrajas. ¿Debemos creer en su documento o a aquellos con los que ustedes pactan?


El señor Figaredo, representando a VOX, ha dicho aquí que el 25 % de su propuesta no le gusta; el 25 %, que se refiere a la política climática, y ha dedicado el cien por cien de su intervención a atacar las políticas climáticas. Por tanto,
explíquennos cuál es el marco en el que ustedes se mueven, porque los aliados con los que están pactando gobierno son directamente negacionistas del cambio climático. (Aplausos). Y no solamente son sus pactos de Gobierno, es que en su acción en
comunidades autónomas y ayuntamientos están aplicando no el negacionismo de VOX, sino el retardismo de las políticas, que lo que hace es impedir el desarrollo de los avances.


En ese sentido, nosotros creemos que es imprescindible definir qué tipo de plan industrial se quiere. ¿Pretenden una industrialización en línea con lo propuesto por la Unión Europea y apoyada por fondos europeos? En ese caso son necesarias
dos cosas: en primer lugar, tener claras las prioridades, y, en segundo lugar, apoyar la financiación europea, y no ponerla trabas, como han hecho ustedes.


En su documento -igual que el señor Matute, yo también he tenido la paciencia de leerlo- ustedes hablan de la derogación de la reforma laboral. Sin embargo, cuando se votó la reforma laboral, pactada con los agentes sociales, y realmente es
una herramienta imprescindible para el desarrollo industrial, ustedes, con la honrosa excepción del diputado Casero, votaron en contra.


Hablan de descarbonización, pero ¿qué políticas van a aplicar para lograrla? Por ejemplo, el otro día usted, señora Moraleja, en la Comisión sobre Seguridad Vial, hablando precisamente de políticas de descarbonización y zonas de bajas
emisiones, mostró su falta de apoyo.


Igualmente, hablan de la ley de cambio climático y mienten, ustedes en esta PNL directamente mienten. Dicen que el texto fue aprobado en una sola sesión, sin apenas debate de las más de setecientas enmiendas presentadas, y eso es falso.
Esta ley se debatió durante meses en esta Cámara en las siete ponencias que hubo; durante meses estuvimos negociando con los grupos y muchísimas enmiendas se aprobaron. Su abstención frente a esta ley es una vergüenza, que muestra su verdadera
cara en materia climática. Son obstruccionistas de las políticas climáticas, como he dicho.


Por otro lado, hablan ustedes del fondo nacional de sostenibilidad en materia energética, lo critican y lo desechan como si fuera una propuesta del Gobierno. Sepan ustedes que ese fondo proviene del grupo de expertos que formó el Partido
Popular para discutir las políticas energéticas en la legislatura de Rajoy. Es una propuesta suya, que ahora atacan en su proposición no de ley.


Aprovechan esta PNL para introducir por la puerta de atrás principios como los de neutralidad tecnológica o cómputo de emisiones netas, que fueron desechados por la mayoría de esta Cámara en el debate de la ley de cambio climático.


Con respecto a los temas de fiscalidad, ustedes omiten que se han opuesto sistemáticamente a cualquier iniciativa que nos pudiera hacer avanzar en fiscalidad verde. Por tanto, ¿qué nos están diciendo sobre fiscalidad verde si
sistemáticamente están en contra de todo?


Insisto, nosotros apostamos por una industrialización en línea con los planes de la Unión Europea, por una industrialización que genere empleo de calidad, suponga una mejora del medio ambiente y la recuperación de la industria para nuestro
país.


La señora PRESIDENTA: Señor López de Uralde, tiene usted que terminar, por favor.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Serrano Martínez.


El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.


Hoy el Partido Popular nos trae una PNL con la que desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que viene a reivindicar que es el primer partido de la oposición, y bien sabe la señora Moraleja que el Gobierno ya viene trabajando de manera
tajante en algunos aspectos de esta PNL.


Habla usted de estabilidad y seguridad jurídica, y precisamente el Partido Popular en los momentos más preocupantes de la pandemia con su negacionismo dijo no a todas las políticas industriales, a todas



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las medidas que venían a proteger en los momentos más decisivos; sí, ustedes, señorías del Partido Popular. (Aplausos).


Por lo tanto, como bien se ha dicho por parte de otros diputados y diputadas, han perdido toda credibilidad para defender esta PNL, una iniciativa que habla precisamente de un pacto por la industria, en lo que ya vienen trabajando el Grupo
Parlamentario Socialista y el Gobierno, en impulsar un pacto que cuente con el consenso de todos, no de algunos, sino de todo el sector industrial de nuestro país, de donde también nace el plan industrial, una estrategia que ya tiene el Gobierno y a
lo que también hace alusión su PNL.


Señorías del Grupo Popular, resulta curioso ver que también hacen alusión a una ley de industria en su PNL. Hay que echar la vista atrás: si analizamos el marco regulatorio industrial, este data del año 1992, y el Partido Popular ha
gobernado por mayoría absoluta en dos ocasiones en nuestro país y nunca ha presentado ni ha impulsado desde el Gobierno ninguna ley para proteger al sector industrial de nuestro país, nunca lo ha hecho. (Aplausos). ¿Por qué? Porque es más fácil
agitar desde la oposición, y, sin embargo, cuando están en el Gobierno no hacer absolutamente nada, en este caso en materia de industria y protección al tejido industrial de nuestro país.


Ustedes no tienen un proyecto industrial, ustedes no tienen ninguna política industrial para proteger al conjunto de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, y ahora menos, señorías, porque, dependiendo de dónde estén, se van a
tener que posicionar de una manera o de otra. ¿O qué van a hacer con sus socios y ese pacto de la vergüenza de Castilla y León? ¿Van a apoyar la política industrial europea o van a apoyar las condiciones que el señor Figaredo, portavoz de VOX, les
ha dicho? (Aplausos). Esa es la realidad, y, por lo tanto, ustedes no están alineados con esa política industrial de Europa. Ese reto que Europa se ha marcado para reindustrializar el conjunto de nuestros países, también el nuestro y que en el
año 2030 el PIB de nuestro país esté apoyado en la industria en un 20 %, ustedes, señorías del Partido Popular, ya lo han puesto en entredicho.


Por lo tanto, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, cuando vemos esta PNL, les preguntamos: ¿Dónde estaban entonces? ¿Dónde estaba el Partido Popular cuando el Gobierno le pedía en los momentos decisivos de la pandemia aprobar los
ERTE? ¿Dónde estaban cuando el Gobierno les tendía la mano para aprobar líneas de avales que han permitido movilizar 120 000 millones de euros para dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas? ¿Dónde estaban ustedes entonces, señorías del
Partido Popular? (Aplausos).


Lo que sí supone esta PNL, señora Moraleja, es una oportunidad para el Partido Popular. Y es que tienen la oportunidad de cambiar de actitud, en vez de seguir con esa política negacionista que tanto daño ha hecho a la industria en nuestro
país. Nosotros les damos la bienvenida y les tendemos la mano en esa política de construir, de afrontar con responsabilidad los problemas y los retos que estamos atravesando. Pero lo que no podemos hacer, lo que ustedes no pueden hacer es
aprovecharse de las circunstancias y de la coyuntura que está atravesando nuestro país. No pueden hacerlo, señorías del Partido Popular, y usted precisamente sabe que el Partido Socialista y el Gobierno ya vienen haciendo muchas políticas para que
la coyuntura que estamos atravesando no la padezca el conjunto del sector. Me estoy refiriendo a la subida de los precios de la luz, el gas y los hidrocarburos. Inmediatamente el Gobierno se puso en la reducción del impuesto de generación, en la
bajada del IVA del 21 % al 10 %, que ustedes subieron, en un despliegue de ayudas directas, en la eliminación del impuesto al sol, diseñado por el Partido Popular.


La señora PRESIDENTA: Señor Serrano, tiene usted que terminar, por favor.


El señor SERRANO MARTÍNEZ: Voy acabando, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar en segundos.


El señor SERRANO MARTÍNEZ: Aquí y ahora les tendemos la mano desde el Grupo Socialista para trabajar por el sector. Aclárense, explíquenselo a sus compañeros y a sus socios de viaje. Lo que no pueden hacer es traernos una PNL sobre algo
en lo que precisamente saben que el Gobierno ya está trabajando y VOX les pone en jaque.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Serrano. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señora Moraleja, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?



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La señora MORALEJA GÓMEZ: Lo estamos trabajando y les haremos llegar a la Mesa el acuerdo al que se llegue.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO), SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL PARA QUE LLEGUE A TODAS LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN. (Número de expediente
173/000130).


La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas González-Moro, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para mejorar la gestión del
ingreso mínimo vital para que llegue a todas las personas que lo necesitan.


Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


El 29 de mayo de 2020 el Gobierno aprobó el ingreso mínimo vital, y, al igual que cuando la aprobación de las leyes de dependencia, diversidad y el matrimonio homosexual -de las que yo he vivido-, fue un día feliz para este país, porque en
medio de todo cubríamos a las personas más vulnerables de la sociedad. No obstante, el Gobierno estimó que llegaría a 850 000 hogares y a 2 300 000 de personas en una primera fase, y, sin embargo, un año después, en septiembre solo había llegado a
373 000 de aquellas previstas inicialmente. Las causas por las que no llegó a todos los que queríamos las fuerzas políticas y que el Gobierno se había planteado son múltiples, en primer lugar por la precipitación con la que se desarrolló la primera
parte, cuando fue advertido por muchas de las fuerzas políticas de que había errores sobre la tramitación y esos requisitos, una burocracia y unos requisitos que la mayoría de la gente no podía cumplir, y por eso se hicieron tres correcciones
posteriores. Otra de las causas fue la necesidad de tramitación telemática, cuando las personas en exclusión y pobreza carecen de los mínimos conocimientos digitales. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Oramas.


Señorías, les pido silencio, por favor. (Pausa). Gracias.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Como sabemos todos, según los datos de Foessa y del ministerio, la mitad de los hogares en exclusión social sufre apagón digital, lo que significa que 1 800 000 hogares están en esa situación hoy día,
principalmente personas de más de sesenta y cinco años. Por ello la gestión telemática debe ser una alternativa pero no una imposición, sobre todo en una prestación como esta.


Asimismo, está la escasez de funcionarios. El otro día describí el caso de Canarias, pero sé que hay más comunidades en las mismas circunstancias, con colas inmensas desde las cinco de la mañana, con gente que no solo va a tramitar el
ingreso mínimo vital sino también las pensiones y, en general, el tipo de prestaciones que se hacen en estas oficinas. Hay que tener en cuenta que los funcionarios ya estaban sobrecargados. En el caso de Canarias, tenemos una media del 30 % de
plazas sin cubrir, y esa situación ha hecho que los propios sindicatos, en defensa de los ciudadanos, estén movilizándose semanalmente. Por eso, como digo, también es fundamental tener personal suficiente para atender la tramitación.


Por otra parte, cuando cambian los requisitos, no se avisa a las personas a las que se había denegado y ahora sí les corresponde dadas las correcciones posteriormente realizadas por el ministerio. Habitualmente sucede que la gente, sobre
todo la de exclusión social y pobreza, no está pendiente del boletín y no sabe que ahora sí les corresponde. Y a aquellas personas que tienen conocimiento y van a las oficinas las hacen volver a presentar toda la documentación, cuando ya tienen ese
derecho. Hay veces que hay que solventar algún problema con un papel, pero se les exige al cien por cien. Y respecto a aquellas personas que recurren a la justicia y el juzgado de lo social les da la razón, se recurre al Tribunal Superior de
Justicia y, como muy bien ha expuesto en su planteamiento el Partido Popular, no empiezan



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a cobrar a partir de esa sentencia del juzgado de lo social, y conozco casos concretos, y por eso hay mil millones del presupuesto de este año que no se han gastado.


He planteado una serie de propuestas y comunico a todos los grupos parlamentarios que las cuatro últimas fueron aprobadas por unanimidad en el Parlamento de Canarias mediante proposición no de ley de Podemos, Ciudadanos, el PP y el Partido
Socialista. Las primeras son relativas a las reflexiones que les he acabo de expresar, por un lado, intentando que a las personas a las que en principio se les denegó pero ahora sí les corresponde se les notifique esto, al tiempo que no se les
vuelva a exigir toda la documentación porque sí, sino solo aquellos requisitos que sean imprescindibles, de modo que se apruebe la concesión de oficio a aquellas personas que no tienen que acreditar nada, y, si hay una sentencia de los juzgados de
lo social, que no se recurra por recurrir en la mayoría de los casos, que empiecen a cobrar la prestación y que la gestión telemática solo sea una opción.


Como lo que quiero es ser positiva y aquí nadie va contra el ministro, contra el Gobierno ni contra nadie, señalaré que lo que estoy proponiendo es lo que dicen Cruz Roja, Cáritas, asistentes sociales y los trabajadores de la Seguridad
Social, es decir, que podría aumentarse inmediatamente el número de familias y de hogares que tienen derecho al ingreso mínimo vital, como fue la voluntad del Gobierno y de esta Cámara. Por ello no voy a admitir ninguna enmienda, no porque no
coincida en ellas, sino para permitir la votación de cada uno de los puntos de forma separada, de manera que se puedan apoyar las que aprobaron todas las fuerzas políticas, como la reivindicación de los trabajadores y la Administración relativa a
cubrir las plazas y tener el personal suficiente para que haya atención presencial. Y, respecto al resto de los puntos, a si se está de acuerdo con que se les comunique de oficio, como comprenderán, no puedo aceptar que se diga que se haga una
campaña informativa, sino que a cada persona a la que se le denegó y ahora sí reúne los requisitos se le mande una carta diciéndole que vaya a la oficina, que la ley ha cambiado; que, como digo, se den instrucciones para que, cuando haya sentencias
de lo social, empiecen a cobrar, como determina la norma; o, finalmente, que a la gente que está en vulnerabilidad social, en exclusión y pobreza, no la obliguemos a hacer una gestión telemática, cuando no tienen las herramientas ni los
conocimientos adecuados. Otra cosa, como digo, es que las comunidades mejoren su gestión a partir de que se haga esa transferencia, al igual que podría suceder en los ayuntamientos más pequeños, porque se podría hacer perfectamente. Hoy hago
propuestas en positivo. No hay un lobby de la gente que tiene el ingreso mínimo vital. Solo se trata de que a esos dos millones de personas que preveía el Gobierno les llegue un derecho que tienen por ley.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Giménez Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.


Esta moción aborda uno de los temas más relevantes en el ámbito social, que es la llegada del ingreso mínimo vital a las personas en situación de pobreza y que lo necesitan, un tema que es importante tratar, máxime en la situación en que nos
encontramos, con la subida de los precios que venimos padeciendo desde hace varios meses y que han terminado por desbocarse con la invasión de Ucrania. Ahora se hace aún más necesario abordar esta materia, son muchas las familias que ya están
notando en sus bolsillos cómo cada vez les cuesta más hacer la compra, pagar los recibos de la luz o llenar el depósito del coche, y, como siempre, las más perjudicadas son las personas vulnerables. Por eso, desde Ciudadanos hemos defendido el
ingreso mínimo vital como una herramienta esencial para que nuestro Estado del bienestar sea efectivo. De hecho, tengo que corregir al señor Enrique Santiago, porque la semana pasada aludió a mi compañero Edmundo Bal en el punto relativo al debate
sobre el estado de la nación diciendo que Ciudadanos no había apoyado el ingreso mínimo vital. Es algo totalmente incierto. Nosotros hemos sido de los partidos que más han defendido el ingreso mínimo vital como un escudo social y hemos hecho
aportaciones para que esta prestación sea efectiva.


Durante su tramitación parlamentaria ya advertimos que no se había trabajado lo suficiente para abordar uno de los retos más importantes, el que llegue a las personas que se encuentran en situación de pobreza severa. Los datos demuestran
que todavía no ha llegado. Como bien se dice, es por exceso de burocracia, porque hay muchos requisitos que son complejos y porque hay una falta de adaptación a las realidades de las personas destinatarias de esta prestación. A veces, el propio
ministerio se muestra



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hermético ante realidades que las propias entidades sociales y los propios grupos parlamentarios hemos puesto encima de la mesa. Cuando se aprobó el real decreto se decía que iba a llegar a 800 000 hogares y a 2,3 millones de personas; sin
embargo, a día de hoy solo se han aprobado 350 000 prestaciones. La realidad es que quedan muy lejos las promesas del Gobierno del resultado real.


Además, si vemos las causas de las denegaciones del ingreso mínimo vital nos damos cuenta que tienen que ver con errores en la documentación, con la pertenencia a lo que es la unidad de una convivencia distinta a las unidades de convivencia
destinatarias o con la falta de papeles, de firmas o con presentarlo por duplicado. Vemos que hay una burocracia que se acaba enroscando y lo único que está provocando es que el ingreso mínimo vital no esté llegando a las familias ni a las personas
más pobres de nuestro país.


Tras dos años de implementación, creo que es evidente que algo no está funcionando bien. No podemos decir que todo funciona bien cuando, realmente, no está llegando. Por eso, nuestras enmiendas a esta moción son para que se ayude a
aquellos grupos de población a los que no se está llegando. ¿Por qué se está negando que el ingreso mínimo vital llegue a aquellas personas de 18 a 22 años que se independizan y que no tienen hijos pero sí se encuentran en situación de pobreza? El
ministerio miró para otro lado cuando nosotros lo solicitamos. Ahora nos dicen que no se va a aceptar este tipo de enmienda, pero ¿por qué negar la pobreza que existe dentro de los grupos vulnerables y que, además, afecta a los jóvenes? En
Ciudadanos no lo entendemos. ¿Por qué negar cambiar en la regulación del ingreso mínimo vital las unidades de convivencia? ¿Por qué dos hermanos que viven en situación de pobreza con sus unidades familiares no pueden pedir, por compartir
domicilio, un ingreso mínimo vital cada familia? Es que es incomprensible. Son realidades que ponemos en bandeja, pero todo el mundo dice que lo va a mirar, aunque como es hermético resulta que no quiere ver esta realidad. ¿Por qué en el cómputo
de los ingresos -es otra de las cuestiones- no se contabilizan los doce últimos meses para ver la realidad económica de las familias? Lo que queremos decir es que Ciudadanos y aquellos que presentan mociones ponen la realidad en bandeja al
ministerio, la realidad que haría útil esta prestación.


Les digo que -no me da mucho tiempo- con dos años de prestación tendríamos que estar hablando de los itinerarios de inclusión y de cómo se está compatibilizando esta prestación con el empleo. Pero no, seguimos enrocados en una gran
burocracia y hay a quien no está llegando el ingreso mínimo vital.


Por lo tanto, lo que pido es responsabilidad y que nos escuchen, señorías, que es lo que la ciudadanía, en situación de pobreza severa, necesita.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Angulo Romero.


La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidenta.


Hacemos de nuevo balance del ingreso mínimo vital, un ejemplo de mala gestión. Los hechos son incontestables, a pesar de la soberbia negativa del señor Escrivá a reconocer su fracaso y a pesar de que la pobreza siga creciendo. Frente a los
2,3 millones de beneficiarios prometidos, hoy, apenas lo recibe un tercio y, mientras, 6 millones de españoles en pobreza severa, 2 millones más que en 2018. Mientras el Gobierno deniega el 75 % de las solicitudes, el 90 % de los españoles en
riesgo de exclusión subsisten sin apenas recursos. En un país con la tasa de paro más alta de Europa, con 11 millones de españoles en riesgo de exclusión, con inflación, con el impuesto de las rentas bajas desbocado, con la luz, el gasoil y muchos
alimentos básicos convertidos en artículos de lujo, el Gobierno deja 1000 millones del IMV sin ejecutar mientras duplican las subvenciones a sindicatos amigos y destinan miles de millones a las inútiles ocurrencias de la invisible ministra de
Igualdad, para escándalo de los españoles. Mientras en la calle se palpa la angustia, ustedes están despilfarrando en gasto improductivo.


Un ejemplo de que el IMV no es ese mundo idílico que el señor Escrivá pinta es también la situación de miles de personas, como Mari Luz, una joven gallega con una hija menor a quienes han reconocido de oficio en su día el IMV y a los que
ahora les reducen la exigua cantidad que recibían, reclamándoles, además, lo supuestamente percibido indebidamente, aunque les fuera reconocido de oficio por el propio INSS, algo a lo que no pueden hacer frente, ¿o creen ustedes que estas familias
tienen alguna capacidad de ahorro? Me gustaría que conocieran su angustia por las consecuencias de una deuda que ella no ha provocado. También está el caso de esos beneficiarios a quienes a finales de 2021 no habían



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hecho la actualización de 2020 y seguían recibiendo la cantidad calculada conforme a los ingresos de 2019, cuando la pandemia no había impactado en sus economías.


Es necesario, efectivamente, reforzar las plantillas del INSS, cuya profesionalidad el Partido Popular reconoce. Es el Gobierno el que los ha sobrecargado de trabajo sin los refuerzos necesarios. Y a esto, además, se suman sus sectarias
políticas que discriminan a los españoles, porque hasta de la lucha contra la pobreza, señores del PSOE, están haciendo ustedes un uso partidista. De los fondos europeos para itinerarios de inclusión han concedido el 81 % a comunidades gobernadas
por el PSOE y utilizan el IMV para contentar a sus socios independentistas, rompiendo la caja única de la Seguridad Social y poniendo en peligro las pensiones de los españoles.


Efectivamente, se lo advertimos. La precipitación, la falta de rigor y la puesta en marcha del IMV sin contar con los medios para ello ha colapsado las oficinas del INSS, provocando además retrasos en otras prestaciones. Por eso, en
nuestra enmienda, que lamentamos que no se acepte, reiteramos hoy la necesidad de esos refuerzos personales y materiales del INSS en toda España, sobre todo en las provincias, donde la ratio funcionario/expediente es elevada, la mejora de las citas
presenciales para combatir esa exclusión digital y la simplificación de la burocracia. Llevamos mucho tiempo pidiéndolo, y el Gobierno se niega a todo, convirtiendo la gestión de esta prestación en ineficaz para combatir la pobreza, que crece cada
día, incluso con el IMV.


Dijeron que no iban a dejar a nadie atrás, otro eslogan que acredita la frivolidad de sus políticas, porque a este paso no va a quedar nadie en pie. Su incapacidad para prevenir y atajar los problemas, su voracidad recaudatoria y, en
definitiva, la difícil situación que viven hoy las familias y todos los sectores -autónomos, industria, agricultores, empresas- deslegitiman totalmente sus políticas. Por favor, dense cuenta, la situación económica de España es de alto riesgo.
Urge tomar medidas concretas de rebaja de los impuestos de la luz, del gas y de los carburantes y destinarlos a las familias y a las empresas. Déjense de frivolidades, porque ninguna docuserie va a solucionar la situación de pobreza de millones de
españoles. Empiecen a pensar en el interés general de los españoles o en poco tiempo la situación de millones de personas en este país será ya irreversible y no habrá IMV que solucione esa situación.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señora Angulo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Baños Ruiz.


La señora BAÑOS RUIZ: Gracias, presidenta.


Señorías, en este punto del orden del día debatimos una moción consecuencia de una interpelación al Gobierno sobre qué medidas va a adoptar para mejorar la gestión del IMV. Señora Oramas, los socialistas le agradecemos la interpelación,
pues nos permite poner en valor el importante esfuerzo, desde el Gobierno y por parte de los funcionarios que gestionan esta prestación, se viene desarrollando de forma continua desde hace veintiún meses. Es una moción que nos permite constatar que
nos encontramos en una política compleja, por la población a la que va dirigida, las personas en riesgo de exclusión, tanto con dificultades de acceso como para hacer constar su grado de vulnerabilidad. De ahí que esté sometida a una evaluación
prueba-error permanente para avanzar en la mejora de su gestión y llegar a más beneficiarios y a más hogares. Señora Oramas, ¿sabe para qué sirve hacer este test continuo de las actuaciones puestas en marcha? Pues para hacer políticas basadas en
evidencias y ganar en eficacia, buscar buenas prácticas y extenderlas así a todo el territorio.


Señorías, el pasado diciembre aprobamos la ley del ingreso mínimo vital. Dos meses y medio después, el número de personas beneficiarias asciende a 965 000, un 16 % más de los datos de octubre, y hay 381 000 hogares protegidos, un 9 % más.
Y es muy importante, porque si ponemos el foco en la infancia veremos que el pasado mes de febrero los hogares perceptores del IMV con menores pudieron cobrar el complemento de ayuda a la infancia, 154 000 hogares, que sumaron 15 millones de euros a
la prestación. Y todo esto ha sido posible gracias al incremento del umbral de renta y al patrimonio recogido en esta ley. Porque, señorías, como sabemos, la pobreza se hereda y el ingreso mínimo vital es una apuesta por la inserción y, por tanto,
una apuesta por el futuro.


Pero, además, tengamos perspectiva, señorías, porque hace solo dos años el relator especial de Naciones Unidas nos interpeló como país por no entender cómo siendo España la cuarta economía en la Unión Europea y la decimocuarta a nivel
mundial se encontraba entre los países con mayores tasas de desigualdad y pobreza. Y nos dijo, señorías, que la pobreza era una decisión política. Y este Gobierno ha



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decidido erradicarla, como así hemos demostrado en plena pandemia desplegando un auténtico escudo social donde se incluye el ingreso mínimo vital; sí, señora Angulo.


Señorías, hoy tenemos un millón de personas protegidas frente al riesgo de exclusión social. Si en treinta años las rentas mínimas autonómicas llegaron a trescientos mil hogares, en año y medio el ingreso mínimo vital llega a cuatrocientos
mil hogares. (Aplausos). Y, señorías, erradicar la pobreza y evitar la exclusión social debe ser un esfuerzo colectivo. Por ello, acordamos que el ingreso mínimo vital fuera un suelo mínimo garantizado, a partir del cual las comunidades autónomas
puedan complementarlo y ampliarlo, articulando políticas específicas que consigan esa verdadera inclusión. Y así lo recogimos en la ley, y es en ello en lo que se ha centrado el Gobierno de la nación, conveniando con las comunidades autónomas, con
las entidades locales y con el tercer sector; y ya la mayoría de las comunidades autónomas han modificado su normativa para adaptarse, precisamente, al ingreso mínimo vital. Como usted bien sabe, en Canarias también.


Y, sí, señorías, claro que coincido en que tenemos que extender la prestación a las personas que realmente la necesitan, a aquellas que seguramente, dada su situación de riesgo, desconocen que esta existe y que, además, les puede ayudar a
incrementar sus limitados recursos económicos y a situar a sus hijos e hijas en una mejor posición. En este sentido, hemos presentado una enmienda que persigue precisamente eso, señora Oramas. Si estamos realmente en lo mismo, le pido que, pese a
lo que ha anunciado, lo reconsidere, porque es importante que vayamos juntas en lo urgente y que no nos perdamos en peticiones generalistas e inconexas, que se meten todas en una misma moción y que, además, lo único que pueden hacer es acabar en
debates estériles, desviándonos de lo que realmente nos importa.


Voy terminando, presidenta. Hoy, señorías, el ingreso mínimo vital nos vuelve a convocar, y ojalá lo siga haciendo, pues ello significará que seguimos tratando de mejorar una prestación que nació de la nada en un momento de gran
vulnerabilidad social y que hoy, por desgracia, adquiere mayor trascendencia. Debemos congratularnos por su existencia. Como bien ha señalado, es uno de los pilares más importantes de nuestro Estado del bienestar desde que se aprobó la ley de
dependencia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Baños. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: ..., yo creo que la iniciativa pone encima de la mesa una evidencia tan básica como que no se ha desplegado como debiera el ingreso mínimo vital, porque la cobertura ha sido escasa para las pretensiones que
tenía, ni ha sido accesible para quien lo precisaba, porque han sido, como se ha señalado ya, decenas de miles las personas que se han encontrado con dificultades para poder acceder a esta ayuda, al ingreso mínimo vital, y no porque no cumplieran
los requisitos, que, como se ha señalado, también han ido cambiando o variando, sino porque se enfrentaban, probablemente y fruto de su situación de pobreza, con una realidad más difícil para poder acceder a las herramientas telemáticas que en
muchos de los casos se antojan como imprescindibles.


Yo creo que decir eso no es zaherir al Gobierno, no es ni siquiera molestar o recriminar la acción de gobierno de ningún ministro; es señalar y constatar la evidencia, y yo creo que eso no es intrínsecamente malo. Por eso, no entiendo que
esta iniciativa se vea en esos términos. Muchas cosas nos separan de quien ha propuesto esto, pero no podemos sino constatar que esto es cierto. Es que seguramente a todos nosotros y nosotras nos han venido alguien en más de una ocasión con
requerimientos de este tipo. Además, esto ya estaba al inicio del debate, porque ustedes, señorías, sabrán que al inicio del debate todo el elemento central de cómo se podía salvar, en un contexto de crisis, la dificultad para acceder al ingreso
mínimo vital de mucha gente que vivía en situaciones de pobreza extrema tenía que ver con si podíamos articular un mecanismo previo que fuera dar las ayudas y, luego, ir comprobando que nadie tuviera que depender de ello un mes, dos o tres meses
para poder comer, para poder tener lo mínimo. Ese fue el gran debate que se tenía hace año y medio cuando se quería poner en pie el ingreso mínimo vital.



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Probablemente habría sido bueno haberlo hecho así, porque habrá quien se plantee que eso habría dado lugar a mucho fraude, a mucha picaresca. Ese debate creo, sinceramente, que nosotros lo tenemos superado en Euskadi y en Nafarroa, porque
esto es lo que se viene diciendo también sistemáticamente con la renta garantizada a Navarra y con la renta garantía de ingresos, pero luego la realidad es tozuda y demuestra que más del 96 % del fraude económico que se da en cualquiera de esas dos
realidades que he citado tiene más que ver con grandes empresas que con la pequeña cantidad de fraude que pueda hacer cada una de estas personas.


Por tanto, sí que creemos necesario reforzar la presencialidad frente a lo telemático, que es necesario atender a una lectura nueva de los requisitos, que es necesario dotar de más personal y que es necesario también hacerlo de una manera
más ágil, porque yo creo que todos somos conscientes del daño que le causamos a cualquier persona cuando, por meterles en una maraña burocrática, no somos capaces de dar respuesta a sus necesidades durante meses, durante muchos meses, y no hablo ya
solo de la frustración o de la rabia... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor Matute. Perdone que le interrumpa.


Señorías, por favor, guarden silencio. (Pausa).


Gracias.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Como digo, no hablo solo del dolor que a uno le pueda causar verse ninguneado por la Administración cuando cree que tiene derecho, sino que hablo de la realidad contante y sonante de quien no llega a fin de
mes, de quien tiene dificultades para tener una alimentación digna y depende de estos ingresos, y eso es otro hecho evidente.


En cualquier caso, sí creemos que falta una reflexión. Si este ingreso mínimo vital se calculó y se estimó en función de una realidad que era la de hace año y medio, tendríamos que entender ahora que el número de demandantes probablemente
sea mayor, porque la situación no es mejor, y que la cuantía tendría que ser mayor; es decir, los topes exigidos tendrían que elevarse, porque los precios, por desgracia para todos y todas, no han hecho sino elevarse, y eso hace que con el mismo
dinero se pueda acceder a menos cosas.


Termino con una cuestión, la que tiene que ver con el traspaso de la competencia. Sé que después habrá quien pueda incidir más en ello, pero creo que toca decir también aquí que en esto también se lleva retraso. Este tema, la transferencia
del ingreso mínimo vital a las comunidades autónomas, en este caso a la Comunidad Autónoma vasca, se ha anunciado como definitivo ya cuatro veces por los diferentes Gobiernos interpelados, por el central y por el autonómico. En cuatro ocasiones se
nos ha dicho que el ingreso mínimo vital ya era una realidad, pero ¿cuál es la realidad?: que a día de hoy no es una realidad. Creo que alguien aquí tendría que hacer una ligera autocrítica, y estoy pensando más en quien no termina de traspasar la
competencia que en nadie. Eso se puede hacer sin elevar la voz o sin tener que resultar insultante. Nuevamente, creo que aquí se ve una visión centralista del Estado cuando, probablemente, desde comunidades autónomas diferentes ya se ha demostrado
la capacidad de tejer mallas de protección social para la gente más desfavorecida. Antes he hablado de la renta garantizada navarra o de la RGI, de la renta de garantía de ingresos.


Finalizo con una cuestión, porque, como he sido relativamente suave, pero acostumbro a ser duro, no quiero perder las costumbres. Se suele decir que es mejor parecer ignara por permanecer callado que hablar y demostrarlo. ¿Qué tiene que
explicar nadie del Partido Popular a la ciudadanía vasca y navarra, que lleva ya tiempo sosteniendo con sus propios recursos, no esquilmando a nadie -con sus propios recursos-, unas rentas de garantía para los ciudadanos que menos tienen? Quizá lo
que habría que plantearse es por qué los ciudadanos de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular tienen menos derechos, porque, probablemente, sus gobernantes...


La señora PRESIDENTA: Señor Matute, tiene usted que terminar, por favor.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: ... prefieren destinar el dinero a otras cosas.


Eskerrik asko. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute. (Rumores).


Señorías, no pueden hacer tertulias en el hemiciclo ni quedarse en el pasillo haciendo comentarios. Les ruego silencio, por favor. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.



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El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Han transcurrido casi dos años desde la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, pero esta ayuda solo ha llegado al 35,8 % de los beneficiarios previstos por el Gobierno inicialmente y solo la recibe poco más del 9 % de la población que
vive bajo el umbral de la pobreza. Mientras, se siguen rechazando tres de cada cuatro solicitudes por no poder cumplir o demostrar que se cumplen los requisitos exigidos por la norma. Solo en Galiza, el número de gallegos y gallegas en situación
de pobreza severa se ha disparado el pasado año un 20 %, hasta los 253 783, la mayoría sin acceso a esas ayudas. Las rentas básicas que ya funcionaban, como, por ejemplo, en Galiza la RISGA, es una prestación insuficiente por su cuantía, pero de
mayor alcance. Por ese motivo el BNG defendió desde el primer momento la transferencia de la gestión a la Xunta de Galiza, para poder agrupar ambas ayudas y que, por tanto, tuviesen un mayor impacto, reclamación que también fue aprobada por el
Parlamento de Galicia en 2020. Mejorar la gestión del ingreso mínimo vital sí; transferirla a Galiza también.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.


Esta moción de la señora Oramas está cargada de sentido común, de razones que podemos compartir todos los grupos. Esta moción tiene el sentido común de un viejo proverbio japonés, que decía que el sentido común es el arte de resolver los
problemas y no de plantearlos. Es lo que deberíamos hacer todos, fundamentalmente los políticos. Esta moción pretende resolver deficiencias que se han detectado con la aplicación del ingreso mínimo vital, que no fue como se dijo en un primer
momento, como lo predijo el ministro. Se ha visto que ha tenido muchas deficiencias. Por esas deficiencias detectadas se pretende que se facilite la tramitación y la concesión para que llegue a más gente y, luego, dotar de recursos personales para
que se pueda tramitar con agilidad y que pueda llegar a más gente. Sentido común.


Desde Compromís añadiríamos un punto que completaría la moción, y es que las comunidades autónomas que lo desearan pudieran gestionar el ingreso mínimo vital. Los valencianos sabemos gestionarlo, lo hemos demostrado cada día en el Govern
del Bòtanic. Nuestra renta valenciana de inclusión es de las más completas y más elevadas del Estado: llega a más de 75 000 valencianas y valencianos, frente a los 25 000 que cobraban cuando estaba el Partido Popular. Es decir, hemos multiplicado
por tres el presupuesto y la contratación en colaboración con los ayuntamientos, y con un sistema de financiación absolutamente injusto. Por tanto, evidentemente, vamos a votar que sí...


La señora PRESIDENTA: Señor Baldoví, tiene usted que terminar, por favor.


El señor BALDOVÍ RODA: ... a esta moción.


La señora PRESIDENTA: Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Finalmente, también por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.


El señor BOADELLA ESTEVE: Moltes gràcies, presidenta. Bona nit.


Una primera reflexión en el ámbito del ingreso mínimo vital es que se hizo un muy buen trabajo con la aprobación de esta ley. El PDeCAT participó activamente en la aprobación de esta ley con enmiendas; algunas se incorporaron, algunas no
fueron aprobadas por el Senado y finalmente se perdieron, y creemos que eran muy interesantes. Pero lo cierto es que entraba en el Estado social un instrumento muy válido para aquellas personas más vulnerables, en situaciones de pobreza.


No obstante, sobre la aplicación de este ingreso mínimo vital sí que hay algunas dudas que hay que poner encima de la mesa. En primer lugar, cuando en agosto del 2021 pedíamos información sobre la aplicación del ingreso mínimo vital en
Cataluña nos decían que solo 46 000 personas eran beneficiadas, cuando Cáritas de Cataluña apuntaba que había alrededor de 944 000 personas en situación de pobreza severa. A esta aplicación del ingreso mínimo vital se han sumado varias cuestiones.
Una es por qué no se indicaban los motivos de la denegación del ingreso mínimo vital. Creemos que era necesario que este detalle se indicara. Tampoco se contestaba a preguntas parlamentarias de este diputado que planteaba al ministerio sobre cuál
era el desglose de las causas por las que se producían estas denegaciones. Con el tiempo, incluso descubrimos un obstáculo más a esta aplicación del ingreso mínimo vital, el preformulario



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de la Seguridad Social, porque aquellas peticiones que consideraba duplicadas, automáticamente y sin resolución alguna, acababan siendo totalmente descartadas. Y esto hay que conectarlo también con la cuestión relativa a las oficinas de la
Seguridad Social y a la falta de medios humanos y materiales y a la falta de atención presencial. Precisamente en este ámbito se condena a los ciudadanos a tramitar el ingreso mínimo vital por las vías telemáticas, lo que ahonda todavía más en las
situaciones de vulnerabilidad. Hemos realizado también diferentes preguntas parlamentarias en este ámbito relativas a las citas previas o a la falta de atención presencial. Es como mínimo curioso que el ministerio no tenga ni la capacidad de decir
cuál es el nivel de fracaso de estas citas previas. A preguntas parlamentarias, se nos dice que la gente puntúa bien, que pone un 4 sobre 5 al servicio que se le presta. En cambio, se dice que es muy difícil cuantificar con exactitud el número
global de peticiones de citas previas que finalmente no se materializan en las sedes electrónicas. Es decir, que, efectivamente, aquella atención que se presta seguramente puede ser muy buena, pero el ministerio y el Gobierno son incapaces de
cuantificar cuántas peticiones de citas previas son fallidas en las sedes electrónicas. Y esto, sin duda alguna, señorías, condiciona también el éxito de las prestaciones, el éxito del ingreso mínimo vital. Si no hay manera de conseguir cita
previa, no se consigue ni tan solo la atención para poder tramitar estas ayudas.


Sinceramente...


La señora PRESIDENTA: Señor Boadella, tiene usted que terminar.


El señor BOADELLA ESTEVE: Acabo en veinte segundos, señora presidenta.


Sinceramente, quedamos a la espera del informe que la AIReF hará dentro del primer trimestre de este 2022 para hacer una valoración global del ingreso mínimo vital.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Pujol i Farré.


La señora PUJOL I FARRÉ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.


No sería una buena postura por parte del Gobierno salir a defender que en la gestión del ingreso mínimo vital ha sido todo como la seda, porque por desgracia son muchas las personas que pueden atestiguar lo contrario. Por ello, compartimos
algo del espíritu de fondo de la iniciativa presentada por la señora Oramas, porque pese a la unanimidad que generó la creación del ingreso mínimo vital, hasta el día de hoy está muy lejos de cumplir las expectativas.


Esta prestación se presentó a bombo y platillo como la herramienta definitiva contra la exclusión social, como si nadie antes hubiera trabajado en medidas asistenciales de apoyo a las personas con menos recursos de la sociedad, como si no
existiera nada que no fuera la Administración General del Estado. Pero ¿saben qué? En la Generalitat de Catalunya, pese a los déficits históricos de financiación, hace ya unos cuantos años que tenemos instaurada la renda garantida de ciutadania
que lideró con éxito la consellera Bassa. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Pujol.


Tengo que volver a pedirles silencio. Quedan tres oradores. Les pido un último esfuerzo, por favor.


La señora PUJOL I FARRÉ: Gracias, presidenta.


El esfuerzo que representa la renda garantida de ciutadania para una administración económicamente al límite como la Generalitat es inmensa y, pese a ello, se hizo; se hizo antes que en el Estado y se ha demostrado útil. Las condiciones
increíblemente adversas que se encontró el Govern para adoptar políticas de este tipo demuestran un grado de implicación política en el combate contra la desigualdad y demuestran también otra cosa: que la política cercana siempre es mejor, que las
cosas siempre salen mejor si las conoces de primera mano.


Señorías, nosotros no venimos a reclamar competencias, no es nuestra razón de ser, lo que somos es independentistas. Sin embargo, nadie puede esperar que renunciemos ni a un solo palmo de terreno en materia de autogobierno y, en este
sentido, la competencia pertenece a la Generalitat de Catalunya. No nos vamos a enzarzar en cómo se tendrían que haber hecho las cosas, pero a día de hoy nadie puede discutir que es básico encauzar la complementariedad de las dos prestaciones.
Existen diferencias, distintas velocidades, distinta nomenclatura, distintos requisitos de acceso y, además, se gestiona por



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distintos canales, cosa que no ayuda ni a ser efectivos ni a hacer la vida más útil y sencilla a las personas. No se gestiona únicamente por la Generalitat, y esto comporta un caos importante en dicha gestión. Queremos gestionarlo
directamente para ser más operativos, para estar más cerca de las personas y, en definitiva, para hacerles la vida más fácil, que por esto estamos aquí. Que quede claro, no pedimos el traspaso para ser meras gestorías, sino para gestionarlo de
verdad, y para ello necesitamos el traspaso de recursos del Estado presupuestariamente y de personal. Creemos que el factor competencial de la gestión es relevante para asegurar que los perceptores actuales de la renda garantida de ciutadania
puedan acceder a ella con la máxima agilidad y sin afectaciones negativas y para que los tiempos de resolución del ingreso mínimo vital no sean extremadamente largos para los que también tengan derecho a la renda garantida de ciutadania, ya que
actualmente en Cataluña se están resolviendo en un mes y medio. Una atención lenta de la pobreza extrema es una atención ineficaz y quizás inútil.


Déjenme, señorías, que, para terminar, haga referencia a un tema que también afecta a la mala gestión del ingreso mínimo vital y que tiene aun más incidencia en zonas rurales donde históricamente ya hemos padecido una desigualdad de
servicios y desatención. Me refiero al cierre de la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Móra d'Ebre, desde el mes de marzo de 2020 por la pandemia, y desde abril de 2021 de manera definitiva. Un mes después del cierre, el 26
de mayo de 2021, se aprobó por mayoría en el Senado una moción para su reapertura, con el voto favorable del propio PSOE, pero ya hace casi un año de ello y los vecinos y vecinas de la Ribera d'Ebre, Terra Alta y el Priorat no tienen oficina donde
dirigirse para hacer sus trámites. Le diría al señor ministro: pongan solución a un tema que es esencial para la ciudadanía, pongan solución a un tema que ustedes mismos se han comprometido a revertir.


Quiero aprovechar también para agradecer, en nombre de nuestro grupo, el seguimiento y el trabajo de la Asociación Víctimas del Paro en esta ley y en la implementación del ingreso mínimo vital.


Moltes gràcies. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pujol. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.


Hoy volvemos a hablar del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital ha sido sin duda una de las principales materias de avance en protección social. El Gobierno dio un paso histórico en la protección social en España, generando un
nuevo derecho social: la garantía de unos ingresos mínimos en todo el Estado para hacer frente a una situación de exclusión social y de vulnerabilidad económica de carácter estructural. La pandemia nos obligó a actuar con urgencia, ya que la
crisis dejó a muchos hogares sin ingresos, y fue necesario adelantar esta implantación de la última red para proteger a quienes se encontraban en una situación grave de gran vulnerabilidad. Quiero recordar que, por primera vez, las políticas de
respuesta a una crisis económica como la derivada de la pandemia se orientaron, en este caso, no a los recortes, sino a la protección de las personas en situación de vulnerabilidad: el escudo social, los ERTE, la protección frente a los desahucios,
la garantía de suministros, las ayudas en políticas sociales o el ingreso mínimo vital. También debemos admitir que la puesta en marcha de este nuevo derecho, más en unas condiciones extraordinarias de pandemia, requería tiempo, y hacía falta
observar bien las ineficiencias y los obstáculos que impedían su despliegue total.


Yo creo que se hizo un importante esfuerzo de revisión y de diagnóstico compartido con las diferentes organizaciones del tercer sector y profesionales. Se fueron identificando aquellos mayores obstáculos y, así, ha habido numerosas
ocasiones en las que la norma que regulaba el ingreso mínimo vital sufrió alguna modificación. Algunos de los requisitos y la complejidad de su propia tramitación estaban haciendo, desgraciadamente, que no se llegara hasta dónde se pretendía y, por
lo tanto, se propusieron y se aprobaron diferentes cambios que hicieron que se pudiera llegar más allá. Se mejoró la protección de las personas con algún grado de dependencia; se mejoró la protección de la infancia con el complemento de infancia;
se mejoraron las condiciones para el acceso y se eliminaron algunas cuantías que no se computaban en los ingresos para la unidad de convivencia, en fin, algunos de los elementos que impedían, como digo, ir más allá.


Pero esta renta, no nos podemos olvidar, es una renta básica, un suelo de ingresos para todo el territorio. Lo que significa es que las comunidades autónomas que tienen sus competencias en servicios



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sociales o en asistencia social y han aprobado rentas mínimas autonómicas deben seguir asumiendo las mismas responsabilidades y aportando sus recursos para compensar, mejorar y ampliar esta prestación de acuerdo a las necesidades específicas
de cada territorio. En Euskadi, por ejemplo, estamos en ello. Yo creo que es una buena noticia y esperemos que así sea: mañana se reúne la Comisión Mixta de Transferencias para sellar por fin el traspaso a Euskadi del ingreso mínimo vital, una
transferencia que por fin será como debe ser, íntegra y de carácter indefinido. En Euskadi ya cobran este ingreso mínimo vital cerca de 30 000 vascos y vascas. Es verdad que en Euskadi contamos con una RGI desde 2008, pero está constatado que es
insuficiente, que no protege a una gran parte de vascos y de vascas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de exclusión social. Todos los informes nos dicen que la sociedad vasca es cada vez más desigual. Por lo tanto, debemos
aprovechar esta oportunidad de la transferencia del ingreso mínimo vital. La propuesta de una reforma del RGI debe estar en el camino de coordinarse con el ingreso mínimo vital para que estas dos prestaciones, de manera conjunta, consigan ampliar
el nivel de protección.


Debemos hacer más extensiva la cobertura social, hay que profundizar en la universalización del sistema de rentas y llegar a segmentos de la población que necesitan nuestra ayuda o la ayuda de esta prestación y todavía no la tienen. Por lo
tanto, hay que reconocer que aún queda camino. Quedan muchas cosas por mejorar desde la cooperación entre las diferentes administraciones; hay que simplificar la tramitación y la documentación y, por supuesto, ampliar recursos y disponer de más
medios, y debemos seguir, por lo tanto, trabajando por un modelo de protección social que no deje a nadie atrás.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Garrido. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. (Aplausos).


La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidenta.


Señora Oramas, la semana pasada, en su interpelación, el brazo ejecutor de la medida estrella de Podemos, el señor Escrivá, le vino a decir que como usted votó a favor del ingreso mínimo vital, pues como que no tenía ni derecho a protestar.
Solo le faltó espetarle que el ingreso mínimo vital no ha llegado a los 2 300 000 personas prometidas por culpa de Putin o porque VOX gobernará en Castilla y León. (Aplausos). Porque este Gobierno, en vez de procurar bienestar a los españoles, se
dedica a evangelizar con dogmas de fe, pretendiendo que nos creamos que la inflación cercana al 8 %, los precios astronómicos de los combustibles y la factura de la luz son culpa de Putin o de que VOX gobernará en Castilla y León. (Aplausos).
Porque ahora las nóminas son híbridas: la mitad para gasolina y la mitad para electricidad. Y es que lo que preocupa a este indigno Gobierno no es que los españoles tengan un trabajo con salarios dignos, que tengan una vivienda a salvo que no le
okupen ilegalmente, que la gente se sienta segura en sus barrios o que los jóvenes tengan un futuro; a este Gobierno de la desvergüenza le urgen 21 300 millones de euros en políticas feministas no sé qué, que en realidad son 21 300 millones de
razones para que dimitan y se marchen. (Aplausos).


Miren, según los datos publicados en diciembre de 2021, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha recibido más de un 1 500 000 solicitudes para el ingreso mínimo vital, de las que se han aprobado 362 000 prestaciones, con 824 000
beneficiarios, que suponen el 35 % de los 2 300 000 prometidos, dejando de ejecutar 1000 millones de euros de los 3000 millones presupuestados. Sin embargo, para políticas feministas no sé qué dotarán 21 300 millones de euros. (Aplausos). Y es
que el rasgo más emblemático de este Gobierno es hacer justo lo contrario de lo que promete y, en el caso del ministro Escrivá, desarrollar políticas contrarias a las que él mismo recomendaba antes de pasarse al lado oscuro. Y es que debe ser que
no tiene memoria histórica, porque cuando presidía la AIReF y presentó el estudio sobre rentas mínimas en 2019 manifestó: la experiencia muestra la complejidad que entraña desarrollar estos programas de rentas mínimas durante la crisis, ya que en
la práctica la manera efectiva para implementarlas precisamente es hacerlo antes de que la crisis tenga lugar. Por tanto, un diseño óptimo pasa por encuadrar la puesta en marcha de estas rentas mínimas en un plan presupuestario a medio plazo, que
permita compensar el incremento estructural del gasto, asegurar su seguimiento y su evaluación continua. Y, respecto a la evaluación continua, hoy la AIReF tiene que presentar esa evaluación en el primer semestre del año 2022 y lo único que
encuentra es la negativa del Ministerio de Hacienda para poder firmar un convenio con la Agencia Tributaria que le permita acceder a estos datos.



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El ingreso mínimo vital se ha convertido en una auténtica pesadilla para miles de familias, que han visto reducidos drásticamente sus ingresos por errores en los cálculos de la Seguridad Social. Una prestación supuestamente dirigida a
prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social se ha transformado en una trampa mortal para familias que viven en el umbral de la mendicidad. También le recordó el señor Escrivá, señora Oramas, que usted votó a favor de la disposición adicional
quinta y que por la singularidad foral de Navarra y el País Vasco, allí hay que hacer las cosas de una forma distinta, porque el ingreso mínimo vital requiere cruce de datos fiscales y, al ser una competencia de las diputaciones forales, lo deben
hacer ellos. Pues yo le recuerdo al señor Escrivá que, en materia de intercambio de información y gestión tributaria entre las haciendas forales y la Seguridad Social, existen varios convenios que deben ser desconocidos por él, a pesar de
encontrarse publicados en el Boletín Oficial del Estado. La única verdad del Gobierno de la mentira es que aceptó transferir la gestión integral del ingreso mínimo vital al País Vasco para que el PNV no le presentase una enmienda a la totalidad a
los Presupuestos Generales de 2022, con la finalidad de que el señor Sánchez siguiera atornillado a su sillón en la Moncloa. (Aplausos). Lo demás son mentiras. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Además, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social ha advertido sobre la posible inconstitucionalidad del traspaso del ingreso mínimo vital al País
Vasco y Navarra, ya que nuestro sistema de Seguridad Social se puede ver afectado gravemente por la ruptura de la caja única. La caja única de la Seguridad Social y la igualdad de los españoles se hallan protegidas por la Constitución, y eso está
por encima de cualquier ensoñación, de repúblicas imaginarias y de nacionalismos del chantaje y la extorsión. Por tanto, señorías del PNV, presten atención, porque el Grupo Parlamentario VOX recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2022, entre otros motivos, por haber roto la caja única de la Seguridad Social, transfiriendo al País Vasco y Navarra las competencias sobre el ingreso mínimo vital. Si yo fuera ustedes, me preocuparía mucho,
porque ya han sufrido en sus propias carnes la efectividad de los recursos de VOX. Ya conocemos la sentencia del Tribunal Constitucional que ha reventado el cordón fascista y supremacista que pusieron en el Parlamento vasco a nuestra querida Amaya
Martínez, porque obras son amores y no buenas razones, y en VOX, cumplimos. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cañizares. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señora Oramas, entiendo de su intervención que quiere someter la moción a votación por puntos. (Asentimiento).


Muy bien, así se hará. Muchas gracias.


Votaremos en tres minutos. (Pausa).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000096).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar inicio a las votaciones.


Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, orgánica.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 9 votos telemáticos, 339; a favor, 66 más 4 votos telemáticos, 70; en contra, 264 más 5 votos telemáticos, 269.


La señora PRESIDENTA: No se toma en consideración la proposición de ley.



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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA EL RECONOCIMIENTO EFECTIVO DEL TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE LA MUJER EN EL ACCESO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARCIAL. (Número de expediente 122/000201).


La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del servicio social de la mujer en el acceso a la
pensión de jubilación parcial.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330 más 9 votos telemáticos, 339; a favor, 330 más 9 votos telemáticos, 339.


La señora PRESIDENTA: Se toma en consideración la proposición de ley. (Aplausos).


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.


Buenas noches.


Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.