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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 166, de 10/03/2022
cve: DSCD-14-PL-166
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 166
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 159
celebrada el jueves,
10 de marzo de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación
económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. (BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2022). (Número de expediente 130/000074) ...
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre). 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie A, número 88-1, de 18 de febrero de 2022. (Número de expediente 121/000088) ... (Página22)
- Proyecto de ley por el derecho a la vivienda. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 89-1, de 18 de febrero de 2022. (Número de expediente 121/000089) ... (Página31)
Decaído del orden del día:
- Avocación de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 85-1, de 14 de enero de 2022. (Número de expediente 121/000085) ...
Solicitud de prórroga de subcomisiones:
- Solicitud de la Comisión de Sanidad y Consumo de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal, hasta el 30 de junio de 2022.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 294, de 17 de junio de 2021. (Número de expediente 154/000011) ... (Página54)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página54)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página55)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página56)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)
Avocación por el Pleno ... (Página56)
Avocación por el Pleno ... (Página57)
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página57)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página5)
Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica
y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica ... (Página5)
El señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (Bolaños García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mazón Ramos y Quevedo Iturbe y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y
Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Boadella Esteve y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Capdevila i Esteve, del Grupo
Parlamentario Republicano; la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; los señores Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y Ledesma Martín, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso; y la señora Raya Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página22)
Proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre) ...
En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano; y las
señoras Medel Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Jara Moreno, del Grupo Parlamentario VOX; Pastor Julián, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Prieto Nieto, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley por el derecho a la vivienda ... (Página56)
La señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Sánchez Jiménez) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Bel Accensi y la señora Illamola Dausà, del
Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano, y Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno y Sayas López, la señora Oramas González-Moro y el señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario
Euskal Herria Bildu; y las señoras Garrido Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Esteban Calonje, del Grupo Parlamentario VOX; y Bravo Barco, del Grupo Parlamentario Socialista.
Decaído del orden del día ... (Página54)
La Presidencia informa de que ha decaído la propuesta de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, al haberse
retirado la solicitud de avocación.
Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página54)
Solicitud de la Comisión de Sanidad y Consumo de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal, hasta el 30 de junio de 2022 ...
La Presidencia informa de que este punto se someterá directamente a votación junto con el resto de asuntos al final de la sesión.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página54)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se rechaza por 144 votos a favor más 6 votos telemáticos, 150; 158 en
contra más 6 votos telemáticos, 164; y 24 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), relativa a encomendar al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente con el encargo de elaborar un informe sobre las
denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, se aprueba por 277 votos a favor más 9 votos telemáticos, 286; 49 en contra más 2 votos telemáticos, 51; 1 abstención más 1 voto telemático, 2.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página55)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para que su estrategia y medidas contra la COVID-19 estén basadas en la ciencia y no en el
oportunismo, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 142 votos a favor más 6 votos telemáticos, 148; 184 en contra más 6 votos telemáticos, 190; y 1 abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las funciones de coordinación interministerial en relación con las cesiones a los partidos independentistas, se rechaza
por 94 votos a favor más 4 votos telemáticos, 98; 187 en contra más 6 votos telemáticos, 193; y 46 abstenciones más 2 votos telemáticos, 48.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la convocatoria del
debate sobre el estado de la Nación, se aprueba por 310 votos a favor más 12 votos telemáticos, 322; 15 en contra y 1 abstención.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página56)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto Ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del
empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, se aprueba por 278 votos a favor más 10 votos telemáticos, 288; y 49
abstenciones más 2 votos telemáticos, 51.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 160 votos a favor más 6 votos telemáticos, 166; 165 en contra más 6 votos telemáticos, 171, y 2 abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, al proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (procedente del Real Decreto Ley 30/2021, de 23 de diciembre), se rechaza por 8 votos a favor más 1 voto telemático, 9; 272 en contra más 11 votos telemáticos, 283; y 47 abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página56)
Sometida a votación la solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de avocación por el Pleno del citado proyecto de ley, se aprueba por 315 votos a favor más 12 votos telemáticos, 327; y 11 en contra.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por los Grupos Parlamentarios Ciudadanos, Popular en el Congreso, Plural (señor Bel Accensi y señora Illamola Dausà) y Vasco (EAJ-PNV), al proyecto de ley
por el derecho a la vivienda, se rechazan por 155 votos a favor más 6 votos telemáticos, 161; 168 en contra más 6 votos telemáticos, 174; y 4 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Republicano al proyecto de ley por el derecho a la vivienda, se rechaza por 28 votos a favor; 288 en contra más 12 votos telemáticos,
300; y 11 abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página57)
Sometidas a votación las solicitudes del Grupo Parlamentario Republicano y del Grupo Parlamentario Plural de avocación por el Pleno del citado proyecto de ley, se aprueban por 327 votos a favor más 11 votos telemáticos, 338; y 1 voto
telemático en contra.
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página57)
Sometida a votación la solicitud de la Comisión de Sanidad y Consumo de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal, hasta el 30 de
junio de 2022, se aprueba por 327 votos a favor más 12 votos telemáticos, 339.
Se levanta la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 2/2022, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, PARA LA TRANSICIÓN HACIA LOS MECANISMOS ESTRUCTURALES DE DEFENSA DEL EMPLEO, Y PARA LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ISLA DE LA PALMA, Y SE PRORROGAN DETERMINADAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. (Número de expediente 130/000074).
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los
mecanismos estructurales de defensa del empleo y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Para presentar el real decreto ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Buenos días a todos y a todas. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías, por estar aquí al inicio de la sesión.
Comparezco ante todos ustedes por segunda vez en este año para solicitar la convalidación de un real decreto ley que cumple de nuevo con el compromiso del Gobierno de apoyar a las personas trabajadoras,
a los autónomos, a las empresas, a los hogares y, en definitiva, a quien más necesita de lo público. El contexto en el que debatimos este real decreto ley no tiene nada que ver con el contexto en el que se aprobó. Nunca pensamos que Putin
fuera capaz de provocar la barbarie que se está viviendo en Ucrania. Bombardear un hospital materno-infantil es sobrepasar cualquier límite, y esa barbarie que ha provocado Putin -única y exclusivamente Putin- está teniendo consecuencias...
(Aplausos). Muchas gracias.
Esa barbarie, que está teniendo consecuencias, por supuesto y en primer lugar en vidas humanas y en vidas rotas en Ucrania, también tendrá consecuencias económicas en el resto del continente europeo. Por tanto, si la convalidación del
decreto ley ya cuando se aprobó en Consejo de Ministros era necesaria para proteger, hoy es todavía más necesaria. Es evidente que vivimos un tiempo de incertidumbre, una incertidumbre que ni el Gobierno de España ni ningún Gobierno europeo han
provocado, pero cuyas consecuencias está obligado este Gobierno como cualquier otro a abordar, y ya lo estamos haciendo ofreciendo a la sociedad española certezas, seguridad y protección. No hemos superado todavía de manera completa la peor
pandemia de este siglo y ahora nos enfrentamos a una nueva amenaza sin precedentes contra la seguridad y contra los valores europeos.
El presidente Sánchez -ya lo conocen ustedes- ha anunciado un plan nacional de respuesta contra el impacto de la guerra en nuestro país, que se centrará en proteger a los trabajadores, a las familias, a las empresas de las consecuencias que
pueda tener la guerra provocada por Putin. Cuando hablamos de protección ante la crisis, tenemos que ser conscientes de que hay personas y familias que necesitan un apoyo reforzado de lo público, y el objetivo de este real decreto ley es
precisamente proteger a esas personas que necesitan más que otras el apoyo de lo público en sus necesidades sociales y en sus necesidades económicas. Y cuando los valores de nuestra democracia se ven desafiados es el momento de defenderlos, y un
valor esencial de nuestra democracia es la solidaridad. Todo esto lo hacemos sin perder el rumbo que desde el principio de la investidura pusimos en marcha: la digitalización del país y trabajar por un modelo de producción de energías que sea más
limpio y más sostenible, ahora más necesario que nunca. E implementamos políticas que garanticen la prosperidad y mejoren la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Somos un Gobierno que está comprometido con su proyecto de
transformación del país, pero simultáneamente es capaz de gestionar las crisis que estamos viviendo en estos momentos tan difíciles de la historia de Europa, y por eso lo vamos a hacer con toda la fuerza política y moral que tiene una democracia,
sin dejar a nadie atrás y trabajando para que todos y todas puedan tener un futuro mejor en nuestro país.
El real decreto ley que presento contiene seis grandes grupos de medidas. El primero está destinado a la protección de los trabajadores autónomos. El segundo, a facilitar la transición de los ERTE pandémicos al nuevo modelo establecido en
la reforma laboral. El tercer bloque de medidas incluye la prórroga de algunas de las medidas -las que consideramos todavía necesarias- del escudo social. El cuarto grupo supone algunas aclaraciones técnicas sobre el disfrute del permiso para el
cuidado de hijos con cáncer o con otras enfermedades graves. El quinto bloque se refiere a la protección de los trabajadores de la cultura, que tanto han sufrido durante la pandemia. Y el sexto y último bloque contiene medidas para paliar las
consecuencias de la erupción volcánica en La Palma y hacer frente a las nuevas situaciones familiares.
Si les parece, de manera muy breve, les voy a exponer el contenido de cada uno de los bloques. El primer bloque, sobre protección de trabajadores autónomos, protege y facilita la reactivación de la actividad de las personas que trabajan por
cuenta propia. Para ello se mantiene hasta el 30 de junio de 2022 la prestación extraordinaria por cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que tuvieron que suspender su actividad como consecuencia del COVID, de modo que seguirán
recibiendo la prestación extraordinaria de un 70 % de la base mínima de cotización. En segundo lugar, se prorrogan durante cuatro meses las exenciones de cotización para aquellos que hayan percibido alguna prestación por cese de actividad.
El segundo bloque de medidas del real decreto ley es fruto del diálogo social y prorroga automáticamente hasta el 31 de marzo los ERTE que aún continúan vigentes y que afectan en este momento a algo menos de 100 000 personas. Recuerden que
en el peor momento de la pandemia había 3,6 millones de personas que estaban afectadas por ERTE; en este momento, menos de 100 000. Gracias a ello, durante el próximo mes las empresas mantendrán las exenciones de cotización y tendrán tiempo de
adaptarse al nuevo mecanismo RED aprobado por la reforma laboral. Las personas trabajadoras mantendrán su prestación sin tener que hacer absolutamente ningún trámite.
El tercer bloque de medidas tiene como objeto prorrogar las ayudas del escudo social que consideramos que todavía son necesarias en este contexto. Se amplía hasta el 30 de septiembre la suspensión de los
procedimientos de desahucio y los lanzamientos para hogares vulnerables que no tengan ninguna alternativa, y, en paralelo, también se extiende, en este caso hasta el 31 de octubre, la posibilidad de los arrendadores de pedir compensaciones
en estos casos. Una segunda medida que pongo en valor, muy especialmente en este contexto que estamos viviendo, es que se prohíben los cortes de suministro de energía eléctrica, de gas natural y de agua a los consumidores vulnerables hasta el 30 de
junio, porque hasta ese mismo día se mantiene la definición de consumidor vulnerable, que recordarán ustedes que ampliamos para evitar cortes de agua, de electricidad o de gas. (Aplausos). Prorrogamos también hasta el 30 de junio el Plan MECUIDA,
que incluye medidas para facilitar que las personas puedan cuidar a enfermos de COVID.
El cuarto bloque del real decreto ley se dirige a aquellas personas que se ven obligadas a obtener un permiso en el trabajo para el cuidado de hijos con cáncer o con otras enfermedades graves. La ley de presupuestos extendió este derecho
hasta que la persona enferma cumpliera veintitrés años, y lo que hacemos en este decreto ley es aclarar que los progenitores pueden volver a solicitar ese derecho, aunque se hubiera extinguido antes de la entrada en vigor de la ley de presupuestos
el 1 de enero de 2022, por haber cumplido en este caso el hijo la edad máxima que en aquel momento la legislación planteaba, que era de dieciocho años. Se aclara este punto y, por tanto, facilitamos de nuevo las condiciones de vida a los padres que
tienen hijos con enfermedades graves. Además, el real decreto ley prevé que si la persona enferma hubiera contraído matrimonio o constituido pareja de hecho también podrá beneficiarse de esta medida su cónyuge o pareja.
En quinto lugar, el real decreto ley prorroga hasta el 30 de junio las prestaciones y subsidios por desempleo al sector de la cultura: artistas, personal auxiliar y técnico, y también a profesionales taurinos.
En sexto lugar, y por último, la norma revalida el compromiso del Gobierno con los afectados por la erupción del volcán de La Palma. Los llamados ERTE volcánicos se reconvierten en ERTE de fuerza mayor en aplicación de lo que dice el
Estatuto de los Trabajadores tras la reforma laboral, y los mantenemos hasta el 30 de junio, sin necesidad de ningún trámite adicional para evitar burocracia y para evitar papeleos innecesarios. También prorrogamos las ayudas a los autónomos y a
las empresas, que incluyen aplazamientos y moratorias de pago en sus cuotas a la Seguridad Social.
Por último, aprobamos un plan nacional de vigilancia sísmica, vulcanológica y de otros fenómenos geofísicos. El volcán ha puesto de manifiesto que hemos de optimizar los recursos que tenemos y mejorar nuestros sistemas de vigilancia,
detección, prevención y regulación de los riesgos geofísicos. No olvidemos que en España en el año 2021 hubo más de 18 000 terremotos, casi 1000 fueron sentidos por la población y, por tanto, tener un sistema de vigilancia sísmica que sea moderno,
a la altura de la capacidad que tiene nuestra comunidad investigadora creo que también es un reto que el Gobierno potencia con esta previsión legislativa. Por último, fortalecemos el sistema con redes de vigilancia, avanzamos en el conocimiento de
la investigación y establecemos que este plan tendrá una vigencia de cuatro años, liderado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Señorías, nunca, nunca, un Gobierno ha tenido que enfrentarse con una sucesión de crisis como las que estamos viviendo. La velocidad de los acontecimientos, su naturaleza imprevisible y la magnitud de cada uno de ellos han situado el nivel
de exigencia de los gobernantes y de las administraciones públicas a una altura sin precedentes, y hemos tenido que redoblar esfuerzos para adaptarnos y superarlos cada día. Estaremos todos de acuerdo en que esta legislatura pasará a la historia no
solo por los eventos vividos, sino también por su profundo impacto social, económico y también político. El mundo está cambiando, España está cambiando y nuestra responsabilidad es adaptarnos al cambio y liderarlo.
En este contexto, señorías, adaptamos nuestra acción de Gobierno y desplegamos medidas de las que, sinceramente, creo que podemos estar orgullosos, porque vamos obteniendo resultados positivos para la gran mayoría de nuestro país, y también
satisfechos, porque cumplimos con las expectativas y con lo que pretendemos para nuestro país. La semana pasada, se publicaron los datos del paro, con un nuevo descenso en el mes de febrero, casi 11 400 personas paradas menos y una afiliación de
más de 67 000 personas. En los últimos doce meses, el paro se ha reducido en 900 000 personas, la mayor caída de la serie histórica y, por primera vez, el empleo no solo crece cuantitativamente, sino también en calidad. Hemos tenido un 140 % más
de contratos indefinidos, gracias a la reforma laboral, que casi la mitad de la Cámara pretendió tumbar. (Aplausos). Y, también, los datos en paro juvenil son muy positivos, porque hemos conseguido reducir en el último año casi en un 40 % el
número de desempleados menores de 25 años, de tal manera que estamos venciendo a la pandemia y estamos también venciendo gracias a normas de este Gobierno, gracias a la reforma laboral, los grandes problemas estructurales de nuestro
mercado de trabajo, la precariedad y el paro juvenil, a eso nos referíamos con recuperación justa cuando hablábamos de lo que quería el Gobierno para salir de la pandemia.
El decreto ley que hoy debatimos no es una medida aislada, forma parte de un conjunto estructurado y planificado de medidas que pretenden responder a un contexto de crisis y también a una voluntad política de transformar nuestro país.
Protegemos a los más vulnerables, sentamos las bases de un país mejor, con un crecimiento económico más sólido y más justo y, por eso, somos un Gobierno sólido, que planifica su trabajo y que cumple con los compromisos. Dijimos que no dejaríamos a
nadie atrás y cada día trabajamos para no dejar a nadie atrás; nos comprometimos con La Palma y no abandonar políticas públicas allí en la isla de La Palma hasta que los últimos proyectos de vida afectados por el volcán se recuperaran, y así lo
estamos haciendo. Un ejemplo de este compromiso será el acto institucional que celebraremos este sábado de homenaje a todos los habitantes de la isla de La Palma por su sentido cívico, por su generosidad y cómo han afrontado la erupción del volcán,
y también la Conferencia de Presidentes autonómicos, que el domingo celebraremos. Vaya por delante nuestro reconocimiento y nuestro homenaje a todos los habitantes de la isla de La Palma. (Aplausos).
Nadie nos anunció pandemias ni guerras injustificadas e injustificables ni erupciones volcánicas cuando esta Cámara dio la investidura al presidente Pedro Sánchez. Con diálogo, con mucho diálogo, con trabajo, con esfuerzo, hemos podido ir
sacando adelante nuestro país con medidas que han conseguido mejorar la vida de las personas. En este momento, tenemos una situación de incertidumbre, pero tenemos un rumbo. Tenemos el rumbo de transformar nuestro país, de conseguir una economía
más fuerte y de conseguir un número mayor de personas protegidas con mayores derechos y mayores libertades. Estamos dando certezas, frente a las incertidumbres, y estamos dando prosperidad, frente a los problemas económicos y sociales que provocan
las crisis, que provoca la pandemia y que provoca la guerra.
Quiero recordar que estos momentos de incertidumbre son también momentos que deberían ser de unidad. El otro día, fue muy emocionante ver a toda la Cámara aplaudiendo al representante del Gobierno ucraniano que estaba presente en el debate
que tuvimos la semana pasada. Esos momentos de unidad, que nos enorgullecen y que hacen que merezca la pena lo que hacemos, son precisamente momentos a los que yo les llamo para convalidar este decreto ley. Creo que es imprescindible que sigamos
apostando por apoyar a las personas que tienen más dificultades, que sigamos apostando por La Palma, que les digamos a los palmeros y las palmeras que tienen futuro, que digamos que estas crisis las afrontamos unidos, que aquí no hay diferencias y
que lo que queremos es lo mejor para España.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta.
Este decreto ley, como muchos de los que han venido a esta Cámara, es una mezcla de materias que hace muy difícil que nos opongamos a la convalidación, porque son temas en este caso bastante homogéneos, la mayor parte corresponden a
prórrogas de las medidas anti-COVID y son muy variados. Está el tema de los autónomos, el de los ERTE, el de las ayudas a la isla de La Palma por la catástrofe del volcán, el de las medidas de los desahucios y de la compensación de los
propietarios, el de suministro eléctrico y el del plan de vivienda. En fin, todas son cosas necesarias y, en este caso, sí está totalmente justificado el decreto ley.
También, hay que decir que hay una cosa parcialmente buena en la tramitación previa del decreto ley en el tema de los autónomos, porque en este caso sí se ha negociado con alguna de las asociaciones más importantes de autónomos de este país.
Un ejemplo de las medidas acordadas con ellos es mantener la prestación extraordinaria por cierre administrativo o la prórroga extraordinaria hasta el 30 de junio para La Palma, e incluso la eliminación de las prestaciones extraordinaria y ordinaria
ligadas al COVID y la exoneración de las cotizaciones para 110 000 autónomos, que van desde el 90 % en marzo hasta el 25 % en junio. También es cierto que ustedes no han negociado con todas las asociaciones y la mayoría se han enterado por el BOE,
entiendo que hay que tener más oportunidades de negociar.
Aprovecho para recordar que en el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, no fue consensuado y, además, tuvo una gran oposición de la gran mayoría de los autónomos de este país. Estaría muy bien que intentaran un consenso.
Ahora que estamos hablando de que estamos en una
situación de gran incertidumbre, no vendría mal paralizar su aplicación para intentar un consenso. Se supone que este es un Gobierno progresista que tiene que defender a los trabajadores y a los autónomos, que hay millones en España.
La señora PRESIDENTA: Señor Mazón, tiene que terminar, por favor.
El señor MAZÓN RAMOS: Termino.
Ya dije el otro día que esta mezcla de trabajadores y empresarios es merecedora del apoyo de todas las instituciones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos.
Señor ministro, este es un real decreto ley que, en efecto, tiene probablemente para un desarrollo de todos y cada uno de sus apartados, que merecerían el discurso correspondiente. No tenemos tiempo para eso, pero sí le diremos que nos
parece que es evidente que a los problemas que ya teníamos, que no eran pocos, se acaba de añadir una guerra monstruosa, la guerra de Putin, que, como sabemos, hace sufrir enormemente al pueblo ucraniano, al pueblo ruso y también a los pueblos de
Europa, y esto va a atravesar todas las medidas que se tomen ahora, porque es evidente que las cosas no van a ser iguales. Por ejemplo, pensando en La Palma, las reconstrucciones ya no tienen el mismo coste que iban a tener antes y las medidas que
se tomen de protección no van a tener el mismo coste que iban a tener antes. El disparate tremendo de la cuestión de la formación de los precios de la energía, por un mecanismo opaco y por un mecanismo especulativo, debe ser liquidado con carácter
inmediato; es necesario corregir este disparate, porque está afectando gravemente a las condiciones de vida de la gente.
Compartimos, como no puede ser de otra manera, el apoyo a los sectores más vulnerables, porque es precisamente de lo que se trata. Si algo diferencia la respuesta a este conjunto de crisis que hemos venido sufriendo es precisamente la
implicación de la cosa pública, la implicación de los gobiernos en resolver los problemas de la ciudadanía. En el caso de La Palma, yo suelo decir que hay que continuar actuando hasta que se recupere la situación previa a la emergencia volcánica
que ha vivido esa isla, de forma que este real decreto ley ni es el primero ni puede ser el último para actuar sobre los graves problemas que tienen planteados los palmeros y las palmeras.
Respecto a los ERTE, está bien pasar los ERTE a ERTE de fuerza mayor con carácter inmediato, pero mucho me temo que ponerles fecha, como el 30 de junio, es insuficiente, señor ministro. Estoy seguro de que eso se podrá corregir.
Una cuestión: un plan nacional para la vigilancia sísmica y de otro tipo de fenómenos que generen catástrofes o situaciones de emergencia de carácter natural es muy importante. Que quede claro que Canarias tiene una estructura potente que
ha demostrado su capacidad en todo este tiempo y con la que se debe contar para ir acumulando...
La señora PRESIDENTA: Señor Quevedo, tiene usted que terminar.
El señor QUEVEDO ITURBE: ... un plan como este.
Muchas gracias. Son nueve segundos
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quevedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, la gente de La Palma sigue sufriendo. Las ayudas no acaban de llegar y son insuficientes. En cuanto a los autónomos, siguen esperando, como todos los palmeros, un plan de reconstrucción que les dé esperanza. Las
medidas que hoy se traen a votación están bien, pero siguen siendo parches; amplían la prestación por cese de actividad durante cuatro meses más, pero en cuatro meses es imposible que muchos autónomos afectados reabran o recuperen su actividad.
Puerto Naos,
por ejemplo, una de las zonas turísticas más grandes de la isla, ahora mismo está totalmente cerrado por la presencia de gases en la zona. Los vulcanólogos no saben cuándo se podrá reabrir. Será un mes, seis meses, un año para acceder a la
zona y, después, hay que limpiar las cenizas, recuperar lo destrozado y reabrir el negocio. Este Gobierno les ofrece cuatro meses más a 600 euros, que está bien, pero no les da casi ni para comer. Muchos han perdido sus viviendas y todo su
patrimonio. Muchos autónomos de la isla ya se han rendido, ¿por qué no?, se apuntan al plan de empleo y por lo menos tienen un salario un tiempo. A los que no se quieren rendir tenemos que ofrecerles certezas para que sigan adelante, esperanza,
un horizonte, porque, si no, por el camino perderemos a los emprendedores, perderemos economía, perderemos talento y, sobre todo, certeza.
Cuando empezó el COVID, Angela Merkel, en Alemania, implantó una medida similar a los ERTE españoles, solo que en el caso alemán desde el principio duraban un año y medio. A ustedes, señoras y señores del Gobierno, les gusta más poner una
medida tres o cuatro meses y ya si eso la ampliamos y la volvemos a ampliar y la volvemos a ampliar. ¿Ustedes qué ganan? Ruedas de prensa; una rueda de prensa cada vez que amplían una medida. ¿Usted se cree que hay alguien que quiera estar en
ERTE por gusto? ¿O que una empresa paga su parte del ERTE por gusto? Pero ¿qué pierden los ciudadanos? La certeza de no saber con qué fondos van a contar al mes siguiente para pagar el alquiler o la luz.
Señorías, La Palma necesita medidas serias, planificadas y ciertas, con un horizonte temporal que se cumpla; un plan de reconstrucción real y cierto con presupuestos y cronograma, para que la gente pueda tomar decisiones sobre su vida y
tener certezas para tomar esas decisiones.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, egun on guztioi.
Hacía alusión el ministro a la anterior ocasión en la que ha tenido que venir aquí -en ese caso era a principios de año- para anunciar medidas coyunturales, que no estructurales, que mantuvieran o supusieran ciertos niveles de protección
social para toda la gente que lo estaba pasando mal, con la realidad muy marcada en ese momento por la todavía difícil pandemia; sin embargo -y también lo decía el ministro-, nos encontramos ahora con una situación aún más grave por la realidad que
tiene que ver con la guerra en Ucrania provocada por la invasión de Rusia. Y todo eso es cierto, pero -se lo decíamos antes y se lo decimos ahora- el problema, la dificultad va a seguir después de esta votación, de esta aprobación. Nosotros vamos
a votar a favor, pero, como le digo, el problema va a seguir, porque en el fondo ustedes están planteando siempre medidas coyunturales para un problema que, por desgracia, es estructural y al que la realidad todavía lo hace más estructural. Porque
usted señala -y no es el único, lo hace mucha gente del Gobierno; no se lo tome, por tanto, como un reproche personal- que estas medidas están permitiendo no dejar a nadie atrás. Creo que eso sienta muy mal a los millones de 'nadies' que se están
quedando atrás, porque estas medidas, aun siendo necesarias, no sirven para garantizar la protección social efectiva a todos y a todas. Basta con mirar las hemerotecas, no es una cuestión de controversia dialéctica; es decir, todos los días vemos
desahucios, todos los días vemos gente que se va al desempleo, todos los días vemos a gente que tiene dificultades para sostener los servicios básicos o para acceder a los servicios básicos -al agua, a la luz, a la electricidad- y que, por tanto,
vive en la pobreza energética. Le voy a dar datos -que supongo que usted también conoce- que, de alguna manera, certifican que eso de que estas medidas permiten no dejar a nadie atrás no es cierto; probablemente sin estas medidas habría más gente
que se quedaría atrás, eso sí se lo compro, sí se lo acepto, pero no es cierto, más allá del autobombo político, que con esto se solucione todo, que con esto no haya nadie en situación de dificultad.
¿Por qué le decimos que estas medidas siguen siendo insuficientes? Porque son coyunturales, porque no son estructurales, porque cada vez que intentamos conseguir que algo sea estructural nos encontramos con una maraña parlamentaria que nos
obliga a pasar meses para convertir en estructural, es decir, en definitivo, algo tan básico como que a nadie le priven de su acceso a la electricidad. Y ahí seguimos, y ojalá podamos decir algún día que se ha convertido en un derecho básico,
universal y permanente, pero hoy en día eso todavía no es así. Probablemente no es así porque los diferentes gobiernos de este Estado no han sido capaces, por lo menos en los últimos cuarenta años -para no irme más tiempo atrás-, en los años de
democracia, sean del color que sean, de resituar a la población en riesgo de vulnerabilidad,
de pobreza, por debajo del 18 %. Es más, en el año 2021 ese porcentaje era del 21 %, que traducido -para que se me entienda aún mejor- significa que 9 829 000 personas en el Estado español y en 2021 tenían riesgo de caer en la pobreza. Vea
ahí como hay millones de nadie que no se sienten directamente concernidos por lo que aquí les decimos.
Pero si no se ha sido capaz de rebajar ese umbral de riesgo de pobreza, tampoco lo ha sido con la pobreza infantil. Más de dos millones de niños viven en la actualidad en el Estado español en pobreza infantil. El desempleo juvenil está en
el 37,4 %, según los últimos datos. Nada hace indicar que haya descendido abruptamente. Quizás no haya aumentado -no lo sé, habrá que esperar a los datos-, pero no ha descendido. La brecha de género sigue siendo el 28,6 %, según los últimos
informes de Gestha del año 2020. Los desahucios en 2021 crecieron por tres respecto a los que se provocaron o sucedieron en 2020, de 9873 a 35 000. El 37,4 % de las personas que tienen alquilada una vivienda destinan más del 40 % de sus ingresos a
poder pagar esa vivienda. La inflación, que en diciembre era del 6,5 % y nos parecía escandalosa, hoy ya es del 7,5 %. Las eléctricas el año pasado sumaron más de 6500 millones de euros de beneficios; sin embargo, los ciudadanos y las ciudadanas
vimos cómo se multiplicaba el precio de la factura de la luz, pese a otras medidas coyunturales que también aprobamos en su momento, pero también señalamos que eran insuficientes. Y de esa realidad de datos, nosotros sí sacamos algunas conclusiones
o certezas: la primera es que el sistema económico en el que nos movemos, en el que se mueve el Estado español y nos obliga a todos a movernos, vaya bien o mal, necesita una legión de pobres; que ese sistema es profundamente desigual y escasamente
redistributivo; que el sistema de protección social que despliega el Estado español es incompleto y deja a mucha gente atrás. Eso, que desde nuestro punto de vista es evidente, sabemos que lo va a ser más -tampoco hace falta ser muy clarividente-
si lo que hacemos dentro de esta escalada militarista que en el conjunto de las sociedades europeas se está dando es que se inviertan más recursos públicos en lógicas militaristas, en armamento, en defensa, y que, por tanto, haya menos dinero a
destinar para políticas de protección social.
Todo esto en un contexto en el que este Gobierno, igual que los anteriores y con este modelo, siempre ha intentado ligar o conciliar los intereses de las élites con los intereses de las clases populares. Se lo hemos dicho en más de una
ocasión, nosotros creemos más en una vieja máxima que decía que ni guerra entre pueblos ni paz entre clases, porque no creemos que se puedan conciliar los intereses de las élites con los intereses de unas clases populares cada vez más depauperadas.
Y todavía más, sabemos que los recursos minerales, que son finitos, cada vez son menos y que, por tanto, acceder a ellos cada vez es más difícil. Quien accede es quien tiene posición de fuerza y emplea esa posición de fuerza en cualquiera de las
posibilidades en que le sea posible hacerlo. Sabemos que el calentamiento global va a ir a más, que va a generar lugares de vida cada vez más difícil y que los Estados fuertes van a pretender blindarse ante esa difícil realidad, y ahí tenemos que
mirar al futuro. Se nos anuncian tiempos duros, en los que habrá que hacer sacrificios, y yo creo que la primera pregunta que toca hacer al presidente es quiénes van a tener que hacer sacrificios y con qué intensidad van a tener que hacerlos. Se
nos pide -lo pedía el señor Borrell- que, frente al precio del gas y a la dependencia del gas ruso, cerremos las llaves de acceso del gas de los ciudadanos y ciudadanas, y no se da cuenta de que el consumo de gas por los ciudadanos y ciudadanas
apenas alcanza el 12 % del total. Es la industria la que consume más y la que ya está cerrando esta semana y va a cerrar en masa probablemente la siguiente. Se nos habla del precio de los combustibles y se obvia que ya el lunes parece que hay una
huelga de transportistas porque no pueden seguir adelante con esto. Por eso les pedimos medidas radicales. Les pedimos que pongan freno a los precios energéticos, que eviten una devaluación salarial, que garanticen el acceso universal a la luz, al
agua y a la calefacción a todos y no solo a quienes puedan pagarlo y que haya más ayudas para pymes y autónomos. Y como alguien nos dirá que cómo se puede pagar todo esto, que cómo se puede hacer todo esto, les decimos que es muy fácil: que tienen
que pagar más quienes más tienen, que tiene que haber impuestos especiales para la banca, para las grandes fortunas y para las empresas del IBEX 35 y sobre todo, si esto les parece duro -supongo que a esas empresas les parecerá duro-, les decimos
que invoquen el artículo 128 de la Constitución española, de su texto sagrado, que dice que toda la riqueza del país estará al servicio del interés general en un momento concreto. Pues bien, en un momento de economía de guerra parece que podemos
estar definiendo bastante bien y con certeza...
La señora PRESIDENTA: Señor Matute, tiene que terminar, por favor.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: ... cuál es el momento concreto. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, señorías, buenos días. Egun on.
En primer lugar, confieso que venía con una intervención breve, muy escueta, sobre dos cositas de este real decreto, pero voy a empezar con otra porque me ha impactado, sobre todo en el contexto en el que estamos de agresión al pueblo
ucraniano, y no he podido pasar por alto una frase que acabo de escuchar en una intervención, que decía: no a la guerra entre pueblos ni a la paz entre clases. No a la guerra de ninguna manera, de ninguna manera, Oskar, de ninguna.
Muy brevemente. La iniciativa legislativa que nos ocupa es ya un clásico en esta ceremonia de la situación coyuntural -creo yo-, tanto de la COVID como -esperemos- de Ucrania, que permite al Ejecutivo enmascarar determinadas actuaciones en
unas proposiciones legislativas que sí, son necesarias, pero que deberían haber tenido una mayor claridad sistemática y conceptual. Este Real Decreto Ley 2/2022, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores
autónomos y para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, pretende -al menos eso parece- dos cosas: prorrogar en el tiempo de una manera y en el contenido de otra las medidas a que se refería el VI Acuerdo Social en
Defensa del Empleo, que a su vez inspiró las contempladas en el Real Decreto Ley 18/2021, de 28 de septiembre. En el caso de los artículos primero y segundo se dirige precisamente a la protección de los trabajadores autónomos con determinadas
medidas de exención de cotizaciones, así como otras de la extensión de la prestación extraordinaria por cese de actividad, en tanto que otras disposiciones adicionales, en especial la primera y la segunda, hacen referencia a la transición a los
nuevos expedientes de regulación de empleo de los artículos 47 y 47 bis del Estatuto de los Trabajadores y su prórroga hasta el 31 marzo de 2022, incluyendo en otros apartados medidas en materia de cotización y de protección del empleo, también para
personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos en fechas ciertas, así como otras complementarias. No obstante, lo que caracteriza a este real decreto ley son precisamente las cuestiones complementarias a las que
he aludido, que son objeto de sus disposiciones adicionales y finales, que además no guardan entre sin ningún elemento de cohesión. Sucede así con algunas que son de mera justicia, como son las medidas extraordinarias relativas a la isla de La
Palma, que están contenidas tanto en disposiciones adicionales como finales, o con otras relativas al procedimiento de desahucio y de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, que son criticables en su contenido, pero
justificables solo en una situación de excepcionalidad. También con las relativas a situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, si bien lo que a mi grupo le interesa es poner en valor la
disposición adicional sexta, que debemos describir como una cláusula interpretativa de la medida de reconocimiento de una prestación para padres de menores con cáncer u otra enfermedad grave, a la que se refería el artículo 190 y siguientes de la
Ley General de la Seguridad Social, el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 49 del EBEP, del Estatuto Básico del Empleado Público, medida cuya modificación fue objeto de una iniciativa de mi grupo en el presupuesto de este
año. Pues bien, esta nueva medida utiliza, digámoslo así, una curiosa técnica hermenéutica que se lleva a término con la interpretación de lo dispuesto en forma sustantiva en los preceptos que acabo de citar a través de otra norma con fuerza de ley
para obtener un resultado, que es el que ya señalaba la propia norma o la propia modificación y el que pretendían los afectados e impulsado por mi grupo: hacer efectivo ese derecho de los beneficiarios a la prestación por cuidado de hijos; que se
pudiera hacer efectiva desde los 18 años hasta los 23, pero ya desde un momento inicial, sin que hubiera necesidad de ninguna norma interpretativa.
Como decíamos, señorías, esta es una norma en la que para este viaje no hacían falta estas alforjas. Señor ministro, creemos que esta medida estaba ya contenida en la propia ley y no hacía falta elevar a norma con rango de ley este elemento
hermenéutico de la propia norma, que ya estaba en el ordenamiento. Por tanto, nos felicitamos de alguna manera, sobre todo por los afectados, de que se haya materializado o puesto en práctica aquella medida, si bien entendemos que sigue siendo
criticable la utilización de este tipo de técnicas legislativas.
Votaremos a favor, por supuesto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Buenos días, ministro Bolaños. Voy a empezar casi como ha empezado usted su intervención. Son momentos graves, graves para la historia, y desde aquí quiero manifestar mi más sincera repulsa y la de mi grupo parlamentario al último ataque
de civiles en la maternidad de Mariúpol perpetrado por un tirano llamado Putin.
Nos encontramos con este Real Decreto-ley 2/2022, que convalidamos hoy, y que en muy resumidas cuentas viene a ser una prórroga de lo ya aprobado en el Real Decreto-ley 18/2021, cuya convalidación apoyó Ciudadanos. Por tanto, no será
sorpresa que anuncie que nuestro voto también será favorable a este real decreto, y no hace falta que explique por qué ya que aborda medidas buenas para los trabajadores y medidas buenas para las familias, que nosotros apoyamos. Además, las
apoyamos porque muchas de ellas se pusieron en marcha después del inicio de la pandemia, después de nuestras exigencias y después de nuestras negociaciones para las prórrogas de los estados de alarma. Por tanto, lo celebramos, como celebramos
también las rectificaciones que hace su Gobierno cuando, por ejemplo, retira el veto a la ley de la ELA, como el otro día, o cuando atiende, aunque tarde, las peticiones de los liberales respecto a la actuación de la crisis en Ucrania. A ver si su
Gobierno sigue este camino, señor Bolaños, sueltan lastre, apartan a los populismos de su Gobierno y echan a Unidas Podemos del mismo.
Y ya que ha mencionado las consecuencias económicas que su Gobierno está dispuesto a paliar y que ha dicho que su Gobierno está dispuesto a hacer todo lo posible por proteger a los más indefensos y a los más vulnerables, le pido desde esta
tribuna, y siguiendo ese camino de la rectificación del que hablaba, que estén dispuestos a votar hoy la iniciativa de Ciudadanos, esa proposición no de ley que pide adaptar los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas a la
inflación, porque usted sabe como yo que la inflación afecta al poder adquisitivo y hace más pobres a los ciudadanos, y afecta a los que menos tienen, a los más vulnerables, a los que usted ha dicho en esta tribuna que quiere proteger su Gobierno.
Desde este real decreto -entramos en materia- los ERTE vienen plasmados como un gran mecanismo coyuntural para evitar la destrucción de empleo en empresas o sectores que sufren algún shock temporal. En la última prórroga de los ERTE se
introdujeron incentivos para la formación de trabajadores, como el grupo liberal estábamos pidiendo, algo imprescindible si queremos evitar perpetuar los ERTE y que se conviertan las empresas y los trabajadores en zombis que nunca se incorporarán a
la actividad... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone, señora Muñoz. (Pausa).
Les agradezco que podamos continuar con el debate. Muchas gracias.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias a usted, presidenta.
Decía que estos ERTE llevan incentivos para la reconversión y era imprescindible que ERTE de crisis fueran evolucionando a ERTE de reconversión para evitar que los trabajadores pudieran encontrarse con una situación de no poder volver a su
trabajo, bien porque las empresas no lo soliciten, bien porque no pueden seguir asumiendo esos costes o bien porque ellos no hubieran tenido la oportunidad de reconvertirse. En este sentido, nos parece oportuna asimismo la transición de los ERTE
existentes al nuevo régimen del Estatuto de los Trabajadores tras la aprobación de la reforma laboral, para la que también contaron ustedes con el apoyo de mi grupo. Si lo hacemos bien como país, tenemos oportunidad para crear un mecanismo que, a
la vez, evite la destrucción de empleo y aumente la productividad de los trabajadores. Este real decreto también incorpora ayudas a autónomos, que por supuesto apoyamos, como no podría ser de otra manera, porque esto sí que son medidas que van a
favor de este conjunto de trabajadores de nuestro país, de los trabajadores por cuenta propia, de los trabajadores autónomos, y no lo que pretende hacer el ministro Escrivá desde su ministerio reformando el RETA de una manera que atenta gravemente a
los trabajadores autónomos que menos ingresan.
De igual manera, ministro Bolaños, vemos positivas y necesarias las ayudas a La Palma, que también ha vivido esa tragedia de la que usted hablaba. Hemos vivido -todos los de esta Cámara lo hemos padecido y hemos estado aquí en momentos
duros- durante la legislatura la pandemia, el desastre natural de La Palma y ahora una guerra de Putin contra Ucrania. Son todas estas situaciones críticas y es
donde el Estado debe actuar con toda determinación y sin ninguna tibieza ni matices. Por eso le pedimos que eche a los populismos de su Gobierno, porque además no sabemos cuánto va a durar esta situación ni a cuánta gente puede afectar y,
sea como fuere, su Gobierno debe hacer todo lo necesario y tendrán, como siempre han tenido en los momentos duros y difíciles, la mano tendida de Ciudadanos, del partido liberal, para apoyarles, porque somos un partido que tenemos responsabilidad de
Estado. Ministro Bolaños, vivimos graves momentos históricos, contextos de crisis sanitarias, naturales y económicas, pero se puede hacer más ante la incertidumbre. El presidente dijo que venían momentos difíciles; lo comparto y le insisto en que
hoy voten a favor de nuestra propuesta de deflactar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque si todos tenemos que hacer un esfuerzo, como dijo el presidente, Hacienda también.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, el Real Decreto Ley 2/2022, es cierto, apunta a todo un complejo de medidas en la línea de lo que han sido las últimas medidas tomadas por el Gobierno en el ámbito de los reales decretos leyes. En el ámbito de los
autónomos, la prestación extraordinaria por cese de actividad, la ampliación de los plazos de las exenciones de cotización, prorrogar los ERTE hasta el día 31 de marzo de 2022 -los ERTE que estaban vigentes durante toda la pandemia-, la suspensión
de los desahucios otra vez hasta el día 30 de septiembre de 2022 o la prórroga del Plan Me Cuida; todas estas medidas han sido necesarias a lo largo de la pandemia. Las hubiéramos hecho diferentes o, quizá, si se hubieran tramitado como proyecto
de ley hubiéramos podido aportar muchos más elementos, muchas mejoras a la regulación que tenían, pero yo siempre he insistido, señor ministro -y tengo que hacer hincapié en esto-, en que ustedes han convertido las medidas extraordinarias en un
sistema de ir prorrogando poco a poco cada una de estas medidas extraordinarias. Y hace ya dos años de la pandemia; estamos en marzo de 2022 y la pandemia fue en marzo de 2020. Todas estas medidas empezaron en marzo de 2020 y lo único que se ha
hecho es irlas prorrogando sistemáticamente -vamos a ver cuál es el nuevo plazo-. Hasta ahora la excusa era la COVID-19; ahora la excusa es la guerra de Putin, totalmente condenable, totalmente -para decirlo en términos correctos- deleznable-,
pero lo importante, lo que no puede suceder ahora es que esta sucesión de acontecimientos que usted apuntaba anteriormente, estos hechos, sean imprevisibles: no es cierto. Se contaron hasta seis olas, por tanto, si hay hasta seis olas, no puede
ser imprevisible. Usted decía: un conjunto de medidas planificadas. Pero los reales decretos no han sido más que ir repitiendo medidas extraordinarias. Nosotros lo hemos dicho siempre: no se pueden hacer medidas extraordinarias una detrás de
otra. Las medidas son buenas, las tendremos que aprobar porque hacen mucha falta, pero este Gobierno no ha hecho nada planificado, sino que ha ido prorrogando sistemáticamente estas medidas. ¿Y en perjuicio de quién? En perjuicio de la incerteza,
de no poder gestionar con seguridad jurídica los ERTE, las suspensiones de desahucios o el Plan Me Cuida.
El cuanto al Plan Me Cuida, el ministro Escrivá decía al inicio de la COVID que haría una prestación para que los padres pudieran soportar el hecho de no poder ir a trabajar a su empresa si tenían que cuidar de sus seres queridos, como el
cónyuge, los hijos, etcétera; esta prestación del Plan MECUIDA no se ha producido en dos años. El Plan MECUIDA sigue existiendo, la gente puede reducirse la jornada hasta prácticamente el 100 %, pero el Estado no ha estado a la altura de gestionar
una prestación que ya se prometía en marzo de 2020, que todos los grupos han estado solicitando desde marzo de 2020 sistemáticamente, pero que dos años después no existe. Por tanto, que el árbol no nos tape el bosque. Las medidas son necesarias y
nosotros vamos a tener que darles apoyo para dar apoyo a la prestación extraordinaria de los autónomos, al Plan MECUIDA o a la prórroga de los ERTE, pero esto no tiene nada de extraordinario, sino que hace dos años que estamos en esta situación.
La señora PRESIDENTA: Señor Boadella, tiene usted que terminar.
El señor BOADELLA ESTEVE: Acabo, presidenta.
Hubiera estado bien que el Gobierno, más allá de medida extraordinaria tras medida extraordinaria, más allá de real decreto tras real decreto hubiera adoptado unas medidas estructurales que nos fueran válidas también para, ahora, afrontar la
grave crisis mundial en la que estamos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta.
Ministro, este real decreto dice proteger a los autónomos, pero -todos los compañeros lo han recordado- se trata de la prórroga hasta el 30 de junio de unas medidas que están aprobadas, necesarias pero no suficientes. Yo me voy a centrar en
autónomos y pymes. La presión que tiene el colectivo de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas es inasumible. Lo que necesitan es aire y lo que necesitan son medidas realistas y efectivas; no tiene ningún sentido seguir asfixiando a
aquellos que están produciendo.
Le voy a recordar cuatro números. PIMEC Catalunya tiene 144 000 afiliados. PIMEC, Cecot, Anem per feina son agentes sociales reconocidos en Cataluña que ustedes han ignorado, que siguen ignorando. Lo más incomprensible es que en España
ustedes tienen a un agente al que no reconocen, este agente es CONPYMES, una patronal que representa a más de dos millones de pequeñas y medianas empresas y autónomos. En cambio, a quien sí reconocen ustedes es a CEPYME, una patronal que no tiene
ni un solo afiliado y que depende económicamente de la CEOE. ¿Pueden explicar ustedes esta anomalía?, ¿pueden explicar cómo negociaron una reforma laboral con una patronal que no tiene ni un solo afiliado y, en cambio, dejaron de lado a una que
tiene más de dos millones de autónomos y pequeñas y medianas empresas? Yo sí sé explicar el porqué, es porque a ustedes no les importan las pequeñas y medianas empresas ni autónomos. Y hoy es un buen día para recordar que las grandes empresas
morosas españolas deben más de 80 000 millones de euros en facturas a las pequeñas y medianas empresas y autónomos. Ustedes no pueden seguir llevando esta situación hasta el punto de hacer que abrir un negocio no salga a cuenta, que es exactamente
lo que está pasando hoy. Desafortunadamente, dependemos de las decisiones que ustedes no toman. Mucha retórica, pero pocas decisiones efectivas. Si dependiera de nosotros, si dependerá de Cataluña, hoy pymes y autónomos sí tendrían ayudas de
verdad, como la mayoría de países de Europa. Tendrían un sistema de cotización digno, se hubiera legislado sobre el mercado marginalista, se reducirían los impuestos a los combustibles, y a las grandes eléctricas y a las entidades bancarias les
correspondería asumir ayudas para aquellos que producen y generan ocupación, es decir, pymes y autónomos.
Le voy a dar más datos demoledores. Las principales eléctricas españolas, en plena crisis, han triplicado sus ganancias. Mientras las pymes se ahogan -mientras las ahogan- y van cerrando, las grandes eléctricas españolas -Repsol, Endesa,
Iberdrola y Naturgy- cierran 2021 con un beneficio neto conjunto de más de 11 000 millones de euros; es decir, un 226 % más que en el año anterior, el año 2020. Según la Organització de Consumidors i Usuaris, los pasos dados por el Gobierno
Sánchez, el Gobierno más progresista de la historia, no han reducido el precio de la electricidad ni han frenado el incremento de las facturas. En 2021 los ciudadanos del Reino de España han pagado 9000 millones de euros más de luz y de gas que en
2020.
Rusia acaba de abandonar el Consejo de Europa. Ministro, vienen tiempos muy duros y muy complejos. Entonces, el 30 de junio no va a terminar nada. Tomen decisiones a la altura de las circunstancias, señor ministro. El balance que hacen
las pymes y los autónomos no es satisfactorio y es que no puede serlo. Ustedes han demostrado no tener ni idea de qué son los autónomos y tampoco se han ocupado en absoluto de conocerlos. No me cabe ninguna duda de que hoy lo mejor que le puede
pasar a una pyme y a un autónomo de Cataluña es que Cataluña sea un Estado independiente y pueda gestionar eficazmente los recursos y las ayudas. (Rumores).
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Nogueras. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bon dia, presidenta, muchas gracias.
Buenos días, señorías. Desde la empatía, desde la compasión por todas las personas que sufren los horrores de la guerra, desde el apoyo a cuantos luchan contra tanto horror, me permitirá decirle, señor ministro, que es entre soez y patético
que se use como argumento, en pro de un vulgar real decreto ley de parches y de prórrogas, el bombardeo de una maternidad. (Aplausos). Demasiada épica; demasiada épica, señor ministro, para tan poco parche. Cambie usted al redactor de estos
discursos, porque además, como puede suponer y como ya le ha dicho media Cámara, Esquerra Republicana no va a votar en contra de la convalidación de un real decreto ley de cuya aprobación depende el mantenimiento de las prestaciones por cese de
actividad y la exoneración de pago de cuotas a la Seguridad Social a los trabajadores autónomos que se han visto más duramente golpeados por los efectos sociales y económicos de la crisis. Pese a que dichas exoneraciones sean insuficientes -que lo
son-, no vamos a mercadear con las necesidades del pequeño tejido productivo. Pese a que las prestaciones sean insuficientes y cortoplacistas, no reduciremos esta cuestión a politiqueo barato. Seguramente, el ministerio -no el suyo, claro-, antes
siquiera de hablar con nosotros en el momento de decretar la norma, ya contaba secretamente con que se llevaría a nuestros trece votos, pese a que todo el mundo sabe que lo que ha pedido este grupo parlamentario es mucho más de lo que hoy se vota.
Lo que se ha pedido es, entre otras cosas, que quien no pudiera facturar durante la crisis COVID no tuviera que descapitalizarse o incluso endeudarse pagando unas cuotas que para los más pequeños son totalmente desproporcionadas. Con toda
probabilidad, el hecho de que el voto de nuestro partido en lo relativo a la protección de los trabajadores autónomos más modestos sea tan previsible puede ser una debilidad. Para nosotros, humildemente, es motivo de orgullo, porque nos parece
síntoma de lealtad, porque demuestra congruencia y compromiso con las personas autónomas trabajadoras.
Señor ministro, esta intervención podría finalizar aquí con el típico recurso de 'bien pero no basta' o de que mantendremos el ánimo de convencerles de las insuficiencias en el trámite de ponencia, pero, como tengo cuatro minutos, seguiré
haciendo una apreciación más. Hoy no deberíamos estar hablando de alargar medidas extraordinarias adoptadas durante el COVID, porque, al margen de su contenido de fondo, no tiene ningún sentido productivo que llevemos dos años discutiéndolas cada
mes o cada trimestre como mucho. Debería haberse podido ofrecer seguridad y estabilidad, pero con renovaciones tan cortas no se ha ofrecido y, por tanto, ahora tampoco se ofrece. El Gobierno debería ver la oportunidad de aportar certezas en un
momento de incertidumbre sin precedentes como el que estamos atravesando y cuyas consecuencias muchos sectores acusan todavía. Al margen de todo eso, hoy no deberíamos estar debatiendo medidas coyunturales, como ya se le ha dicho. No deberíamos
estar discutiendo sobre la distribución y la decoración de la casa, porque tenemos entre manos la reforma de las paredes maestras. Nos consta que desde hace semanas y meses se está negociando el nuevo sistema de cotización de los trabajadores
autónomos y que, según se ha anunciado, será progresivo. No sé si le suena a usted, porque le ha tocado en suerte defender una especie de ómnibus con muchas cosas. Se lo repetiremos al ministro correspondiente.
De todas maneras, el calendario apremia y, pese a que la música no chirría, queremos escuchar la letra; no bastará con que rime, hay que discutirla en el Parlamento, señor ministro, y hay que bajar al detalle. Esta cotización por tramos,
pese a ser una de nuestras principales y antiquísima reivindicaciones, no va ser aprobada por aclamación, porque en todas las grandes reformas existe el riesgo de que se conviertan en una política lampedusiana, y no vamos a permitir que se dé un
vuelco a todo el sistema con el único fin de que en el fondo nada cambie. No vamos a aceptar tramos simbólicos que no marquen ninguna diferencia entre quien se lleva 3000 euros al mes y quién se queda con más de 30 000. No vamos a jugar a eso.
Del mismo modo, no vamos a acordar ningún texto que se vincule a la facturación en lugar de a los beneficios. Los trabajadores autónomos son trabajadores y, como tal, tienen que poderse descontar los gastos propios de su actividad y hay que darles
capacidad de crecer. Pero esa es otra historia, señor ministro.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capdevila. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenos días. Gracias presidenta. Gracias, ministro.
Este real decreto ley, como ya se ha dicho, contiene medidas de emergencia que dan respuesta a las realidades duras que en los últimos tiempos les ha tocado vivir a muchísimas personas, comprendiendo que cuando las condiciones materiales no
son iguales los puntos de partida para afrontarlas no son iguales. Por eso hablamos de igualitarismo y por eso sabemos, como también se ha dicho, que es necesario ir a la estructura, pero este Gobierno también tiene que dar respuestas de emergencia
ante las dificultades que se atraviesan. Este real decreto ley da continuación a la protección de las personas trabajadoras autónomas, ya sea por la pandemia, ya sea por la erupción del volcán en La Palma, que han visto afectada de manera severa su
actividad profesional. Como he dicho en esta tribuna en otras ocasiones, ojalá en la anterior crisis las autónomas hubiésemos visto la décima parte de estos gestos, porque entonces solo hubo silencio; silencio y una subida del IVA, se lo recuerdo
a sus señorías del Grupo Parlamentario Popular porque parece que no lo recuerdan. Un Gobierno que hace esto por las autónomas y autónomos no hace poco, esto no es poco en un contexto como en el que estamos viviendo.
Nos encontramos en un momento importante vinculado a la reforma del régimen especial de trabajadoras autónomas y esta reforma que lleva pidiendo el colectivo desde hace tiempo debe acometerse con urgencia. Debe hacerse para superar las
deficiencias actuales en el RETA y tiene que comprender entre sus ejes centrales el esquema de proporcionalidad justo. Esto es muy sencillo. Aquellas personas que más ingresan deben pagar proporcionalmente más que aquellas que menos ingresan. Con
una mayor proporcionalidad podemos corregir la infrafinanciación del RETA y, al mismo tiempo, aliviar el coste social que supone para las personas trabajadoras autónomas más vulnerables. No olvidemos que en este país más de 1 300 000 trabajadoras
autónomas están o en el salario mínimo interprofesional o por debajo del mismo. Las fórmulas pueden ser distintas. En nuestro grupo proponemos incrementar la cuantía de las cuotas de cotización en los tramos más elevados de ingresos e implementar
bonificaciones en aquellos de rentas más bajas. Pero, en cualquier caso, instamos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a escuchar a las organizaciones sociales como UATAE, que representan y defienden los intereses de las
personas trabajadoras autónomas.
Además, este real decreto continúa con algo que dijimos al inicio de la pandemia y que tenemos que decir siempre que sea necesario: ningún desahucio o ningún corte de suministros a personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de
mantener ese escudo social al que algunos grupos de esta Cámara han votado en contra y que ha sostenido, no sin mucho esfuerzo personal por parte de la ciudadanía también, las costuras básicas de nuestra sociedad.
Y si hay que hablar de la escalada de precios de la energía, la medida de este real decreto está bien y es importante, pero aquí es necesario hacer un inciso. La media del precio de la electricidad entre 2010 y 2020 se situó en 42 euros
megavatio/hora, pero esta semana hemos visto subidas con respecto a esta cifra superiores al 1000 %. Decir que esto es un auténtico escándalo solo es un eufemismo. Digamos lo que es: una extracción sistemática e injustificada de rentas a la
población por parte del oligopolio eléctrico. (Aplausos). Plantear que este incremento del precio de la electricidad se debe al aumento del precio del gas a consecuencia de la guerra es desplazar el foco del verdadero núcleo del problema, porque
en España se produce energía eléctrica con distintas tecnologías que presentan distintas estructuras de costes, pero todo se vende al precio más caro. Bueno, esto es un negocio: de todo lo que tengo en la tienda tú puedes comprar lo que sea, que
ya te lo cobra el dueño al precio del producto más caro. El problema es que el oligopolio eléctrico es propietario prácticamente del conjunto de la red de producción, de distribución y de venta de la energía eléctrica en España, es propietario de
todas esas tecnologías con las que produce muy barato y vende muy caro, apropiándose de unos márgenes de beneficios inmensos, milmillonarios; claro está, a costa del bolsillo de la ciudadanía. Le doy un dato: las cinco energéticas de nuestro país
han obtenido en este año más beneficios que en los últimos diez años. A todas luces no existe ningún argumento razonable que permita justificar esta regulación de fijación del precio del mercado eléctrico, pero lo que sí existe es un enorme poder,
el poder que tiene el oligopolio eléctrico para hacer que nada cambie. Estos días distintas personalidades y medios están diciendo a la ciudadanía que igual tiene que bajar un grado o dos el termostato, que debe ser más eficiente energéticamente.
A mí me convence más lo que dice el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez: que hay que acabar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Ni un solo sacrificio de la ciudadanía mientras existan estos privilegios
privados. La pobreza energética es la otra cara de la moneda de los beneficios milmillonarios de las eléctricas y la pobreza energética es ni más ni menos pobreza. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: No hay que pedirle más a la clase trabajadora, no hay que pedirle más a la ciudadanía, lo que debemos pedir es valentía y voluntad política para poner freno a esta escalada de manera urgente.
En el tiempo que me queda haré referencia a dos cuestiones más. Este real decreto habla también del Plan MECUIDA y hace dos días el movimiento feminista nos dio, desde su diversidad y desde su poderío, una nueva lección de transformación
que debe cristalizar -ayer mismo se decía aquí- en el Congreso y en el 'Boletín Oficial del Estado'; sí, en el Congreso y en el 'Boletín Oficial del Estado'. Esta misma semana la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunciaba el tercer plan
estratégico en el que hay 20 319 millones de euros para permisos iguales e intransferibles, para el Plan Corresponsables y para políticas públicas atravesadas por una perspectiva feminista que garanticen el derecho de todas las personas a ser
cuidadas. Y quien ridiculiza esto, ya sea por tactismo para atacar a Unidas Podemos en el Gobierno, ya sea por un discurso tan reaccionario que no puede comprender que haya un ministerio que vele por la radical igualdad de todas las personas en
este país, se ha equivocado de siglo y se ha equivocado de país. (Aplausos).
Acabo ya. Finalizo hablando de algo que lamento que no se haya mencionado al hablar de este real decreto: las trabajadoras de la cultura, que están bastante olvidadas. Dijimos en esta tribuna que es necesario apostar dentro de nuestro
modelo productivo por la cultura como un sector económico estratégico. Desde aquí también traslado todo nuestro apoyo a las trabajadoras de las artes escénicas, que este mes se van a movilizar por sus derechos laborales. Tengamos presente que
puede que la economía de nuestro país no cambie -o no para bien- por que exista una Oficina del Español, pero sí va a cambiar bastante si apostamos por la producción de la ficción que estamos haciendo en nuestro país, porque es referente
internacional y debemos protegerla en la tramitación de la ley audiovisual que vendrá a esta Cámara. Se trata de garantizar para toda la clase trabajadora derechos laborales, dignidad y futuro. De eso va este real decreto. Esta tiene que ser la
acción de Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Señora presidenta, damas y caballeros, buenos días.
Efectivamente, señor ministro, son tiempos de oscuridad e incertidumbre, de miedos y prepotencias, pero bajo ningún concepto deben ser tiempos de silencios o complacencias. Estamos ante un real decreto ley en principio inocuo -parche, diría
yo- donde la práctica generalidad de la norma tiene por objeto la regulación de cuestiones de índole laboral y Seguridad Social a las que no nos oponemos: medidas para autónomos; medidas en relación con los ERTE y prórrogas hasta el 31 de marzo;
la prórroga del Plan MECUIDA hasta el 30 de junio; se prorrogan hasta el 30 de junio del 2022 las ayudas a parte del sector de la cultura y para profesionales taurinos; se prevén medidas, pero muy cortas, respecto a las empresas y personas
trabajadoras de las Islas Canarias afectadas por la erupción volcánica registrada en la zona de la Cumbre Vieja; también, se regulan medidas para el cuidado de los menores, y, finalmente, se modifican diferentes cuestiones de la Ley General de la
Seguridad Social. En definitiva, viene a paliar carencias y defectos de regulación anterior creados por ustedes mismos y denunciados por nosotros.
Pero, como es habitual, este Gobierno, que retoza en la ilegalidad de forma sumisa, acude al batiburrillo de normas y añade, 'inocentemente', 'dulcemente', 'dócilmente', la legitimidad de aquellos que okupan la propiedad privada sin ningún
título habilitante para ello, tal como dicta la norma específicamente -insisto, sin ningún título habilitante para ello-, proponiendo prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2022 la ilegal okupación de viviendas. (Aplausos). Además, se trata de una
técnica legislativa horrenda, señor ministro, horrenda y sesgada. Fíjese, el 24 de febrero nace este real decreto y se prorroga esta okupación ilegal hasta el 30 de septiembre de 2023. No obstante, el 2 de marzo la Ley 4/2022 la deja de nuevo en
el 28 de febrero, pero posteriormente en el Real Decreto Ley 3/2022, de 2 de marzo, vuelve al 30 de septiembre: un auténtico galimatías legislativo.
Debemos tirar de nuevo por elevación, pues la incompetencia del Gobierno es inaudita. Lo dijimos ya en el debate de la reforma laboral: este Gobierno ha abandonado a la mayoría de los trabajadores, dificultando la creación de empleo,
obviando a las pymes y a los autónomos como principales motores de
la ocupación en España. Mientras, con toda desfachatez, el Gobierno -su Gobierno, señor ministro- anuncia que destinará 21 300 millones a políticas feministas transversales, todo ello ordenado por la Agenda 2030. Es que no tienen el más
mínimo decoro. (Aplausos). Estamos ante un récord histórico de la factura de la luz, que venimos denunciando desde hace meses, y con la gasolina a casi 2 euros/litro, y el Gobierno anuncia que destinará 21 300 millones a políticas feministas
transversales. Hay 300 000 desempleados más de larga duración en la actualidad que antes de la pandemia, más que en diecisiete países de la Unión Europea juntos, y el Gobierno anuncia que destinará 21 300 millones a políticas feministas
transversales. (Aplausos). Constan 3 112 000 desempleados, un 13 %, la mayor tasa de desempleo de la eurozona, de la OCDE y de la Unión Europea, y el Gobierno anuncia que destinará 21 300 millones a políticas feministas transversales. Se prepara
la incautación pretendida a los autónomos, como se ha dicho aquí, con las nuevas cotizaciones con las se pierden prestaciones, y el Gobierno anuncia que destinará 21 300 millones a políticas feministas transversales. (Aplausos). En las oficinas
del SEPE apenas pueden atender, y el Gobierno anuncia que se destinarán 21 300 millones a políticas feministas transversales. Seguimos con el expolio fiscal, seguimos con el saqueo y seguimos con la inflación, y el Gobierno anuncia que destinará 21
300 millones de euros a políticas feministas transversales.
Fue el sindicato Solidaridad el único que se manifestó contra el atraco de la luz y la subida de los precios ya en septiembre de 2021, ante la crítica de todos ustedes (aplausos) y cuando todavía, señor ministro, los valientes patriotas
ucranianos no eran agredidos y morían con honor ante los ataques del sátrapa Putin. Su utilización de la guerra, igual que la del presidente del Gobierno, es espuria y miserable. (Aplausos). Quien antes buscaba a los sindicatos de clase ahora no
los encontrará, porque están subvencionados y son la voz de su amo. Quien busque el mal menor en VOX se equivoca, pues vamos al encuentro del bien posible. Quien quiera sustituir acuerdos sensatos en beneficio de España y los españoles por
consensos cursis verdes entre pijos de izquierda y progres de derechas que nos llevan al suicidio como comunidad que nos olvide. (Aplausos). Decía al comenzar que son tiempos de oscuridad e incertidumbre, de miedos y prepotencias, pero bajo ningún
concepto deben ser tiempos de silencios o complacencias. Quien quiera un Estado fuerte pero pequeño, austero, eficaz y ágil tiene 21 300 millones de razones para salir a la calle el 19 de marzo con Solidaridad. (Aplausos). Quien quiera
solidaridad entre españoles, seguridad jurídica, propiedad privada, trabajo digno y Estado de derecho tiene 21 300 millones de razones para salir a la calle el 19 de marzo con Solidaridad. (Aplausos). Para crecer sin miedos, vivir en paz y
afrontar el mañana con optimismo hay como mínimo 21 300 millones de razones para salir a la calle el 19 de marzo con Solidaridad. (Aplausos). Bajo ningún concepto, señor ministro, deben ser tiempos de silencios o complacencias. Eso no lo
conocemos en VOX, porque nuestra certeza nace, señor ministro, del dolor por España y los españoles.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aizcorbe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Ledesma Martín.
El señor LEDESMA MARTÍN: Señora presidenta, señorías.
Señor ministro, un inciso antes de empezar. Escuchando a la portavoz de Unidas Podemos parece que está en la oposición. Por eso, en el Grupo Popular les hemos pedido en reiteradas ocasiones que echen a Podemos del Gobierno, porque es
realmente el problema. (Aplausos).
Seguimos con los abusos de los reales decretos leyes por parte de este Gobierno. Este Gobierno presume de diálogo y consenso, pero sigue abonado a este formato porque, evidentemente, le resulta más cómodo. Creemos que están hurtando las
competencias a esta Cámara, y no solo las competencias, sino que, si trajesen ustedes los textos legislativos como proyectos de ley, contaríamos con instrumentos esenciales, como los informes de los órganos consultivos preceptivos. Espero que este
real decreto ley se pueda tramitar al menos como proyecto de ley para que podamos hacer las aportaciones que cada grupo parlamentario considere conveniente y útil.
Este real decreto ley recoge diferentes medidas adoptadas, como siempre -ya nos tienen acostumbrados a ello-, en el último momento. Se acuerda prorrogar los ERTE un mes más hasta el 31 de marzo. Asimismo, se establecen nuevas exenciones de
cuota para los trabajadores autónomos y se prorroga la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos afectados por la suspensión de la actividad hasta el 30 de junio. Igualmente, se prorroga el Plan MECUIDA; por cierto, dejando
nuevamente a los autónomos fuera.
Pero resulta que este real decreto ley es de fecha 22 de febrero, es decir, todas estas prórrogas tan relevantes para trabajadores, empresas y autónomos -que es lo mismo que decir que son fundamentales para las personas y las familias- se
han adoptado seis días antes de que acabase el plazo previsto. Un nuevo acuerdo aprobado en el último minuto. Una vez más, días antes de que expire el plazo, trabajadores autónomos y empresas no saben qué va a ser de ellos al día siguiente. Les
adelanto, por supuesto, que votaremos a favor de este real decreto ley, porque los trabajadores, las empresas y los autónomos bastante han sufrido ya y están sufriendo con su pésima gestión llena de trabas, burocracia y zancadillas, y ellos no
tienen la culpa. Señor ministro, señor Bolaños, ustedes se empeñan en prorrogar los ERTE y las prestaciones por cese para los trabajadores autónomos a poquitos, apurando plazos y en el último momento, y con la desvergüenza de vender como un triunfo
cada nueva prórroga, aun a sabiendas de que esta estrategia es contraria a la recuperación. Su estrategia de prórrogas cortoplacistas impide tomar decisiones ya no solo a largo plazo, sino a medio y corto plazo, porque con estas políticas
ineficaces lo único que hacen es generar mayor incertidumbre en el mercado laboral. Muchos trabajadores autónomos y empresas no saben qué va a ser de ellos al día siguiente. Se trata de una estrategia egoísta e irresponsable por parte de este
Gobierno, que crea más desasosiego a esos trabajadores autónomos, emprendedores y empresas que están en la cuerda floja laboral. Incertidumbre y angustia es lo que su Gobierno les aporta. Solo saben que el Gobierno tiene prisa por subirles la luz,
el gas, el diésel, la cesta de la compra, y que si un okupa entra en su casa están vendidos, porque no van a poder sacarlo de ahí. Están desprotegidos. Sí, señoría, con este Gobierno socialcomunista las personas están desprotegidas y son cada día
más vulnerables. Ustedes viven en sus ministerios, alejados de la calle. Pero ¿saben lo que dicen en la calle, lo que me llegan a decir muchas veces?: ¡Ay, Dios mío!, ¿a dónde iremos a parar?
El Grupo Parlamentario Popular, desde el comienzo de la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, viene reclamando ayudas mediante diversas iniciativas: PNL, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes al Gobierno o enmiendas a
los presupuestos generales del Estado, que, por cierto, fueron rechazadas por el Gobierno; ayudas que han llegado tarde o que simplemente no han llegado. Por tanto, celebramos que nos hagan caso y se adopten o prorroguen medidas específicas para
los afectados, como la prórroga de los ERTE, la prestación y los aplazamientos para autónomos hasta el 30 de junio y los aplazamientos y moratorias del pago de las cotizaciones.
Sin embargo, una vez más se olvidan de cuestiones que consideramos muy importantes -ya se lo dije la última vez en que pude intervenir-, como que las obras se declarasen de emergencias, y también, señor Bolaños, se olvidan una vez más de
cuestiones relacionadas con las administraciones más cercanas, como son los ayuntamientos y el Cabildo Insular de La Palma, actualmente asfixiados llevando a cabo obras de retirada de la lava y sobre las infraestructuras sin haber recibido ni un
duro. Se olvidan de ellas, de esas administraciones que están dando la cara; sí, se olvidan, señor Bolaños. Y solo pedimos que estas ayudas lleguen a quienes lo necesitan, que no se queden en papel mojado, que lo pongan fácil, que los trámites
para poder acceder a ellas sean sencillos, que no hagan como a lo que nos tienen acostumbrados, que es establecer una tramitación tan farragosa para el acceso a cualquier ayuda que resulta casi imposible conseguirla.
Otra de las prórrogas que prevé este real decreto-ley es la relativa a ampliar hasta el 30 de septiembre de 2022 la suspensión de los procedimientos de desahucio para personas vulnerables, que acababa el 28 febrero, pero la realidad es que a
día de hoy no queda claro, como ya señaló un compañero, si esta prórroga se mantiene o no, porque en una ley posterior, la Ley 4/2022, de protección de los consumidores y usuarios, se mantiene la fecha límite del 28 de febrero, un error de
descoordinación que evidencia la deficiente forma de legislar del Gobierno que ha pretendido solucionar a través de una disposición derogatoria de la Ley 3/2022, que a su vez deroga la disposición tercera de la Ley 4/2022. En definitiva, un caos
legislativo que no hace sino crear mayor inseguridad jurídica. Señorías, esto se parece al camarote de los hermanos Marx.
Quiero terminar diciendo que no se puede gobernar contra el país y su gente, que es lo que ustedes están haciendo: la reforma inmobiliaria contra la propiedad, la laboral contra el empleo, la educativa contra el esfuerzo y la igualdad de
oportunidades, la de las pensiones contra su sostenibilidad...
La señora PRESIDENTA: Señor Ledesma, tiene que terminar, por favor.
El señor LEDESMA MARTÍN: ... y la de unidad de mercado contra el comercio. Escuchen a la oposición, sean humildes, asuman que algunas ideas, que no son las suyas, pueden tener validez. No lo hagan por los grupos de la Cámara, háganlo por
los millones de españoles a los que representamos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ledesma. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Raya Rodríguez.
La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señor ministro.
Hoy debatimos en esta Cámara la convalidación de un real decreto que contempla medidas que tienen que ver con la protección social a la que se comprometió el Gobierno ante la crisis originada por la COVID-19 y posteriormente por la erupción
del volcán en la isla de La Palma. Y es que, señorías, aunque algunos se esfuerzan por negar lo evidente, las medidas adoptadas para paliar los efectos catastróficos de la crisis que sufrimos desde 2020 han demostrado ser efectivas. Medidas como
los ERTE o las ayudas a autónomos, entre otras, han demostrado que se puede combatir una crisis sin precedentes en el último siglo cumpliendo con el compromiso de no dejar a nadie atrás, que la política es útil para las personas y que se pueden
articular mecanismos para proteger a la clase trabajadora de un país, que, sin duda, esto tiene que ir de la mano de la recuperación de la actividad económica.
Y lo cierto es que esto lo hemos tenido que hacer sin el apoyo de la derecha de esta Cámara, que ha votado sistemáticamente en contra de dichas medidas en un ejercicio permanente de boicot al Gobierno y, por tanto, a la ciudadanía.
(Aplausos). Y lo estamos viendo hoy. Más allá de aprovechar la convalidación de un real decreto para hablar cada uno de su libro, atendemos a discursos que difícilmente podemos admitir y aceptar. Señorías de VOX, yo no les voy a explicar qué son
las políticas feministas transversales porque creo que sería insultar su inteligencia y yo, al menos, respeto a todos los miembros de esta Cámara. (Aplausos). Pero ustedes deberían decir públicamente si están en contra de la brecha salarial, de
políticas de conciliación, de la subida de las pensiones, lo que también afecta a las mujeres, de las medidas que se adoptan para combatir la lacra que supone la violencia de género. Si es así, díganlo y no hablen de chiringuitos, porque los únicos
especialistas en chiringuitos son ustedes, y, si no, pregunten a su líder. (Aplausos).
Con la convalidación de este real decreto se persigue prorrogar ayudas dirigidas a los autónomos y a las empresas que se ven en la necesidad de seguir reduciendo contratos de trabajo o jornadas a través de un ERTE, sin olvidar a las personas
trabajadoras afectadas por un ERTE de fuerza mayor, temporal o por impedimento o limitación de la actividad normalizada de la empresa, a quienes beneficia con mejoras en la prestación contributiva por desempleo por dicho ERTE; medidas que tienen
que ver, como ha comentado el ministro, con la exoneración en las cotizaciones sociales durante los próximos cuatro meses, o como en el caso de aquellos autónomos que tengan una suspensión temporal de toda actividad como consecuencia de resolución
de la autoridad competente como medida de contención a la propagación del virus COVID-19, que recibirán una prestación extraordinaria por una cuantía del 70 % de la base mínima de cotización y también contarán con exoneración de las cuotas a la
Seguridad Social, aunque el periodo se les contará como cotizado y será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el salario mínimo interprofesional.
Este Gobierno lo ha repetido muchas veces y es que siempre está con quien lo necesita, y por eso tampoco se olvida de las empresas y personas afectadas por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma,
cuyo sufrimiento e incertidumbre ante tan inopinada situación ha recibido por parte del Gobierno una respuesta sustentada en el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad con sus habitantes. Obviamente, somos conocedores de que esto no acaba
ni aquí ni hoy. Hemos dicho desde el inicio de la erupción que no nos olvidamos de la ciudadanía de La Palma y que mantendríamos una respuesta adaptativa, y prueba de ello son las medidas que se contemplan en este real decreto, como que se
prorrogue por cuatro meses la prestación específica para los autónomos afectados por la erupción. Aquellos trabajadores por cuenta propia que se hayan visto obligados a suspender o cesar su actividad como consecuencia directa de este suceso tienen
derecho a la prestación por cese de actividad hasta el 30 de junio y se prorrogan los ERTE especiales para la isla de La Palma hasta el 30 de junio, que a día 17 de febrero ya protegían a 804 trabajadores.
No nos queremos olvidar -lo ha mencionado algún otro grupo- de los trabajadores y trabajadoras del sector de la cultura, somos conscientes de que también lo han pasado muy mal durante esta pandemia. Y marzo se presenta como un mes de
transición para que el Gobierno active el Mecanismo RED, con un tipo de ERTE extraordinario relacionado con la reforma laboral para sectores con especiales dificultades, como el sector turístico, fuertemente golpeado por esta pandemia, y es que en
comunidades autónomas
como la mía, Canarias, conocemos los estragos sufridos en el sector turístico como consecuencia de las distintas crisis. Y me gustaría poner en valor que nunca antes un gobierno había adoptado medidas tan rápidamente como lo ha hecho este,
y me refiero a la quiebra de Thomas Cook, a la pandemia y, cómo no, a la propia erupción en la isla de La Palma, igualmente gracias también a la gestión, ejecución y el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Canarias.
No quiero acabar mi intervención sin mencionar algo de este real decreto que viene a dar respuesta a un colectivo que sabe lo que es luchar diariamente por tener las mejores condiciones para el cuidado, nada sencillo, de los menores con
cáncer u otras enfermedades graves. (Aplausos). Se podrá volver a solicitar lo que ya estaba reconocido en la ley de presupuestos generales del Estado, que es la ampliación de la edad de dieciocho a veintitrés años.
En definitiva, señorías, este es un conjunto de medidas que persiguen un único fin, la justicia social, sin dejar de trabajar por nuestro país, por que avancemos y sigamos transformándolo pese a los retos y dificultades que tenemos cada día
y vivimos en la actualidad. Y, sí, señorías, estas medidas tienen un carácter ideológico, que no es otro que poner por delante a las personas frente a los intereses partidistas que algunos defienden en esta Cámara.
Muchas gracias (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Raya. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19. (Número de expediente 121/000088).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19, procedente del Real Decreto Ley 30/2021, de 23 de diciembre.
Les informo de que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha solicitado la avocación de este proyecto de ley. Dicha solicitud se someterá a votación a continuación de la correspondiente a la de la enmienda a la totalidad.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Hoy presentamos una enmienda a la totalidad a una forma de entender la acción política, una enmienda a la totalidad al oportunismo y a la prevalencia de la propaganda sobre la evidencia científica, una enmienda a la totalidad a tratar a la
ciudadanía como a niños y a considerar que esta debe ser tutelada y protegida de la verdad. La infantilización, la construcción del relato y el posmodernismo han hecho una dramática presa en la política española y hemos entrado en una escalada de
la que comienza a haber dramáticas consecuencias.
Tres vicios infestan el proyecto de ley que viene del real decreto que nos traen hoy aquí, al que hoy se opone Ciudadanos. El primero de ellos es mezclar en una misma norma temas que no tienen nada que ver para tratar de retorcer el voto de
los diputados de la oposición, uniendo una revalorización de las pensiones a normas del uso de las mascarillas, dos asuntos que no guardan relación alguna. Con ello el Gobierno quería obligar a esta Cámara a votar sí o no al conjunto de estas
medidas, es decir, si votabas en contra de la obligación de llevar mascarillas en el exterior, votabas también en contra de una subida de las pensiones: los pensionistas como escudo humano, protegiendo las supersticiones gubernamentales; los
pensionistas reducidos a moneda de cambio por el Gobierno de España. Ciudadanos no cedimos al chantaje y nos opusimos entonces y nos seguimos oponiendo ahora a esta norma.
El segundo vicio que trae este proyecto de ley es la exoneración al Gobierno de tener que volver a esta Cámara si hubiera que retomar restricciones de este tipo, debilitando una vez más al Legislativo y dejando al arbitrio del Ejecutivo la
limitación de derechos, eliminando garantías a las libertades de los ciudadanos.
El tercer vicio de este proyecto de ley es el elevado contenido propagandístico y el nulo contenido científico de su medida principal, la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. Cuando los contagios aumentaban en la segunda
quincena de diciembre, alguien del Gobierno decidió que tenía que parecer que hacían algo. Es esa prioridad de lo aparente el gran mal de la política occidental en tiempos de Twitter. Para dar un golpe de mano estético anunciaron la vuelta de la
obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. El Grupo Parlamentario Ciudadanos pedimos al Gobierno ya en aquel entonces la evidencia científica de que esa medida servía para algo. Intuíamos que una vez más el equipo de maquilladores suplía al
de científicos en la gestión de la pandemia. La constatación de que la medida era netamente estética es que desde la convalidación de la norma hasta la supresión de la mascarilla en exteriores transcurrió una semana. Este es un mal del que adolece
gran parte de la política española, pero en este caso el Gobierno había perdido la batalla de la propaganda frente a la evidencia de los hechos.
En las reuniones donde los partidos políticos españoles toman decisiones últimamente entran maquilladores, guionistas y especialistas en efectos especiales y dejan fuera a los científicos, a los documentalistas y a los técnicos. En el
Gobierno, que es más dramático, han cambiado el Consejo de Ministros por el camerino de ministros. La democracia española está pilotada por la ficción. Pero la realidad es testaruda y la ciencia es una constante terca. La naturaleza en esta
pandemia ha sido el principal cementerio de las utopías. La mayoría de los partidos tienen el frenesí de los tiempos mediáticos como aliados y les permiten hacer una cosa y a la semana siguiente la contraria sin un gran coste para su credibilidad.
Confían en que se recuerde poco alguna de las cosas que hacen, y yo quiero recordar aquí algunas de las acciones que han cometido todos los partidos de este arco parlamentario durante la pandemia. Quiero recordar, por ejemplo, cuando los concejales
de Bildu llamaban a toser a la cara a los soldados mientras estos desinfectaban las calles del País Vasco, o les insultaban desde los balcones y llamaban a caceroladas en los días en que no sabíamos cómo se contagiaba el virus ni cuán letal era.
Quiero recordar a Joan Canadell, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, puesto allí por Esquerra Republicana, que dijo literalmente en el momento más duro de la pandemia: España es paro y muerte, Cataluña es vida y futuro. Quiero
recordar también cuando Torra afirmó que en una Cataluña independiente habría habido menos muertos. Mientras tanto, el Partido Popular y el Partido Socialista, lejos de ponerse de acuerdo, se dedicaban a señalar el signo político de las comunidades
en función del número de muertes que se producían en ellas, llegando a decir en uno de los episodios más tristes que recuerdo durante la pandemia que en España había muchos muertos porque Madrid estaba en España. Podemos se dedicaba a infiltrar a
afines disfrazados de enfermeros, psicólogos, de sanitarios, en general, en Radiotelevisión Española que repentinamente opinaban totalmente en contra de la gestión de la Comunidad de Madrid para atacar a ese Gobierno y decir que los muertos eran por
culpa de los recortes. VOX pasó de pedir el estado de excepción a manifestarse en un autobús celebrando una suerte de eurocopa el mismo día que morían centenares de españoles.
Con todos estos antecedentes, sabemos que imponer la mascarilla en exteriores fue producto de lo mismo que todo esto que les he dicho: táctica partidista, odio y estrategia política. (Aplausos). El mismo Ximo Puig dijo que la mascarilla
en exteriores, aunque no sirviera para nada, era un símbolo de que la pandemia sigue entre nosotros. Pues Puig, el simbólico, si quiere portar recuerdos, se puede colgar del cuello la Declaración de los Derechos del Niño para tener presente
veinticuatro horas al día siete días a la semana que impide la investigación de abusos sexuales a menores bajo su Administración y el encubrimiento de la podemita Mónica Oltra. (Aplausos). Hermanas de Podemos a esas niñas ni las creen ni la
recordaron el 8 de marzo. El siglo XXI es el siglo de las causas instrumentales.
Y al Gobierno le digo que hoy pueden rectificar todo esto que les estoy describiendo. Rectifiquen esta deriva, voten esta enmienda a la totalidad y eliminen hoy la mascarilla en interiores. La norma general debe llevarnos ya a poder ir a
cara descubierta en nuestro día a día. Pedro Sánchez ha dicho en estos días que la situación epidemiológica en España ha mejorado y que la obligatoriedad de la mascarilla en interiores se eliminará muy pronto. ¡Muy preciso el presidente del
Gobierno! ¿Es que el Gobierno está esperando a que la eliminación de la mascarilla en interiores sirva como cortina de humo para tapar algo? ¿No se dan cuenta de que esta actitud alimenta a los conspiranóicos, a los antivacunas y demás purria
anticientífica? Estoy convencido de que parte de la bajada del porcentaje de las dosis de recuerdo de la vacunación actualmente está relacionada con el desgaste de la autoridad del Gobierno. El paradigma del descrédito se produjo cuando la
ministra Darias insistió en poner la segunda dosis de Pfizer a quienes se habían puesto en la primera de AstraZeneca y los ciudadanos acudieron en masa a ponerse AstraZeneca, desoyendo las recomendaciones de la ministra porque sabían que estas
obedecían a un motivo político y
no científico. Esto no puede volver a suceder, porque es importante que los españoles puedan confiar en las autoridades. Por eso es importante que la restricción sea la última ratio y, en consecuencia, ese muy pronto de Pedro Sánchez debe
convertirse en un hoy, en un ahora. Pueden votarlo hoy. Eliminen en interiores la mascarilla hoy votando esta enmienda de Ciudadanos.
Las restricciones además son perjudiciales para la economía e incluso para la salud mental de la ciudadanía, que ve cómo no cambia nada mientras ellos cumplen con todo. Solo se deben mantener restricciones cuando protegen algo más
importante, y hoy sabemos que esto no es así. Tenemos un alto porcentaje de la población vacunada y la COVID se pasa en un altísimo porcentaje de forma leve. Además con esta enmienda Ciudadanos es solidario con otros partidos. Queremos ayudar al
Partido Popular a superar un problema existencial y a aclararse si votan lo que dice Ayuso o lo que dice Feijóo, si quitan las mascarillas en exteriores, como pide la presidenta madrileña, o se la ponen hasta en la ducha, como pide el presidente
Feijóo. Los científicos apoyan esto que les estoy diciendo, y estos son los tres últimos ejemplos de los que se manifestaron ayer: el presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica dice que se quite la
mascarilla en exteriores, el jefe de Medicina Preventiva del Clínic dice que se quite la mascarilla en exteriores y el jefe de Infecciosas de Vall d'Hebrón apoya la eliminación de la mascarilla en exteriores. Dinamarca ha quitado todas las
restricciones relacionadas con la pandemia el 1 de febrero y Noruega igual, ambos con menos vacunados que España, y les aseguro que son dos países que pasan más tiempo en interiores que nosotros. Igualmente, el Reino Unido, el 27 de enero.
Francia, el 11 de febrero ha relajado el uso de las mascarillas. Suecia nunca la hizo obligatoria. Finlandia solo la recomendaba. Los estados de Estados Unidos que tenían la mascarilla obligatoria en interiores la están eliminando de forma
absolutamente acelerada. En todos estos casos, no se ha visto ningún repunte ni ningún empeoramiento de la situación epidemiológica. El muy pronto de Pedro Sánchez debe convertirse en hoy. Deben votar aquí y ahora la eliminación de la mascarilla
en exteriores. (Aplausos).
Señorías, la gente se ha vacunado, la gente ha cumplido con lo que la han ido imponiendo. Debemos dar pasos hacia la normalidad. De no ser así, empezarán a dudar y a plantear preguntas que solo encontrarán respuestas en la conspiración y
en la anticiencia, porque les cuesta creer que las restricciones de hoy tienen su fundamento únicamente en la propaganda, la estética, el maquillaje y la torpeza política. Por última vez, señores del Partido Socialista, tienen tiempo de rectificar.
Abandonen, de verdad, la política de los gestos, sométanse a la evidencia científica. Es por esta, por la ciencia, por la evidencia científica, por el pensamiento ilustrado, por la confianza en las instituciones, por recuperar nuestra libertad que
les pido a todos los grupos de esta Cámara que voten hoy esta enmienda a la totalidad y eliminemos de una vez por todas también la mascarilla en exteriores.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. Si me lo permite, intervendré desde el escaño.
Señor Díaz, usted ha defendido su posición enumerando tres vicios, y es curioso, porque el primero es el de mezclar asuntos, algo que creo que criticamos varios grupos parlamentarios en reiteradas ocasiones al Gobierno. Precisamente, su
intervención ha sido un claro ejemplo de mezclar churras con merinas de forma inexplicable y absurda, porque no sé qué parte del santoral le faltaba a usted por sacar. (Aplausos).
El segundo vicio, no tener que volver al Congreso. Sin embargo, en este vicio nosotros tampoco estamos de acuerdo con usted en absoluto. De hecho, nuestro grupo votó a favor de la convalidación del decreto ley y pidió tramitar el texto
como proyecto de ley porque precisamente queremos que esa habilitación que se da al Ejecutivo para poder decidir en función de indicadores sanitarios si se pone o se quita la mascarilla también pueda darse a las comunidades autónomas y a las
autoridades sanitarias. Por tanto, nos parece mal la propuesta que usted hace.
Y el tercer vicio que usted planteaba es el nulo contenido científico de la medida estrella, la de poner y quitar mascarillas. Sin embargo, lo que en su texto propone usted es que quienes decidan si se pone o no mascarilla sean las
autoridades de transporte en referencia a si se tiene que poner o no en el autobús,
trenes y demás. En nuestra opinión, en una cuestión como esta quienes deben determinar si se usa o no la mascarilla son única y exclusivamente las autoridades sanitarias con indicadores sanitarios.
Por tanto, votaremos no a su propuesta de texto alternativo.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe.
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gràcies, presidenta.
El pasado 1 de febrero esta Cámara convalidó el Real Decreto-ley 30/2021, que establecía el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. Ese día el cuerpo nos pedía votar en contra de la convalidación del real decreto-ley tras el
chantaje del Gobierno incluyendo en un mismo texto una medida ampliamente cuestionada, como la obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores, con la revalorización de las pensiones mínimas de viudedad y no contributivas. Sin embargo, nos
abstuvimos por sentido de la responsabilidad y para evitar que se dilatara la actualización de las pensiones más reducidas. Cuál fue nuestra sorpresa cuando tan solo nueve días después el BOE publicaba un decreto que eliminaba la obligatoriedad de
llevar la mascarilla en exteriores. Recordamos que tan solo hacía una semana que la ministra Darias estaba defendiendo desde esta tribuna la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores y que los datos de la pandemia no cambiaron tanto en ese
intervalo de tiempo. En definitiva, una forma más de marear a la ciudadanía después de dos años de restricciones y sacrificios.
En relación con la enmienda a la totalidad con texto alternativo que es objeto de debate, el PDeCAT comparte que nos encontramos en una fase de la pandemia en la que hay que plantearse la eliminación de las últimas restricciones o medidas,
como es la obligatoriedad de la mascarilla en interiores. Como apunta la iniciativa, otros países ya están avanzando en esta dirección. Sin embargo, compartimos parte del fondo de la iniciativa pero para nada la forma. La eliminación de la
mascarilla en interiores no puede hacerse de forma homogénea ni generalista, ya que la afectación de la pandemia varía en cada territorio. De la misma forma que la escalada en las restricciones fue heterogénea, según las medidas que la autoridad
sanitaria de cada comunidad autónoma consideraba en función de sus indicadores, la desescalada también debe ser así. Por ello defendemos que las comunidades autónomas sean las que puedan decidir en última instancia sobre la utilización de la
mascarilla, para acomodarlo a las características demográficas y sociales de cada territorio.
Asimismo, a nuestro entender, en el texto de la enmienda a la totalidad se relega aún más el Consejo Interterritorial de Salud a un segundo plano con una reunión a petición de dos grupos parlamentarios y votación no vinculante si el Congreso
decide finalizar la situación de crisis sanitaria. Son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en sanidad, en atención primaria y, si nos creemos la cogobernanza sanitaria, una medida de tal magnitud no puede tomarse como propone
este texto. Por este motivo, Guillermo, votaremos en contra de la iniciativa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta. Voy a intervenir desde el escaño.
Cuando en mayo de 2021 finalizó el estado de alarma y entendimos desde nuestro grupo -desde varios grupos- que la gestión y la decisión pasaba directamente a manos de las comunidades autónomas, que en definitiva eran quienes estaban
gestionando y quienes tenían las competencias, nosotros lo celebramos, aun asumiendo lo que suponía esto todavía en una situación de pandemia y asumiendo los riesgos que suponía esa desescalada, pero lo hacíamos teniendo en cuenta ese papel que
teníamos y recuperando eso que habíamos ido reivindicando constantemente en el Congreso, que eran las comunidades, con sus competencias en temas de sanidad, quienes tenían que trabajarlo. Luego se comentó que cuando había planteamientos globales
generales o medidas generalistas que afectaban a todo el Estado, asumíamos que quizás se tenía que hacer a partir de un consenso ponderado desde el consejo interterritorial.
Hasta aquí sí llegamos bien. ¿Qué sucedió? La pasada semana nos trajeron un decreto ley de prohibición de mascarillas, rompiendo totalmente esos criterios que nosotros habíamos planteado, y
entendíamos sinceramente que las medidas de desescalada como estas dependían de la asunción y decisión propia de cada territorio. El proceso de desescalada es gradual y tiene diferente incidencia en según qué territorios, incluso en las
mismas comunidades autónomas hay sectores de montaña o sectores despoblados que son muy diferentes de los sectores urbanos. Por tanto, entendíamos que era esto. Nosotros creemos que allí se rompió ese consenso. En ese sentido, denunciamos ya en
la última intervención que este real decreto no entendía realmente esa idea que planteamos constantemente, que son las comunidades quienes gestionan la desescalada y, por lo tanto, nos abstuvimos, básicamente, porque luego se incluyó un punto en ese
decreto ley que afectaba a las pensiones no contributivas y creímos que no podíamos hacer saltar esto, sino que, básicamente, no aceptábamos un tema, pero aceptábamos el otro.
Sobre ese planteamiento de base, sobre esta estructura, sobre esos criterios, que son los que ha articulado este decreto ley -que para nosotros son erróneos-, se ha trabajado y se ha mejorado técnicamente en esta enmienda a la totalidad,
pero sobre ese criterio, sobre esa base que nosotros continuamos entendiendo que es errónea en sí misma. Por lo tanto, no podemos votar a favor de la enmienda de totalidad, no tanto por la enmienda a la totalidad que presenta Ciudadanos, sino
porque se sostiene sobre un decreto ley que realmente no preserva ni conserva los principios que presentamos nosotros: las decisiones se deben tomar realmente desde las comunidades autónomas en ese proceso de desescalada, tal y como quedó
configurado en el momento que finalizó el decreto de estado de alarma.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez.
La señora MEDEL PÉREZ: Buenos días.
La Semergen y la Sociedad Española de Epidemiología dicen que no es conveniente eliminar mascarillas en interiores en este momento. Hemos sufrido una crisis sanitaria y social muy grave debida a la pandemia y que ha requerido medidas
extraordinarias para hacerle frente, medidas extraordinarias que el Gobierno supo implementar -yo creo que con audacia- para evitar la alta mortalidad y la elevada tasa de contagio en medio de una situación de gran incertidumbre inicial debido al
desconocimiento del comportamiento del virus. Dos medidas preventivas fueron fundamentales: el confinamiento y las mascarillas. Fueron fundamentales también medidas extraordinarias para proteger a los más vulnerables: los ERTE. Pero cuando
quisimos disponer de mascarillas, no teníamos mascarillas, no teníamos EPI. Algo tan sencillo como una mascarilla se convirtió de pronto en un artículo vital e inalcanzable. El mercado desregulado -que es el sueño de todo liberal, como son los
diputados de Ciudadanos- nos estaba pasando factura. No fabricábamos una mísera mascarilla porque era más barato producirla en países con salarios muy bajos. De pronto y gracias a políticas empresariales de máximo beneficio, teníamos una
dependencia total de productos sencillos, y eso nos estaba costando la vida. La pandemia ha evidenciado la necesidad de la soberanía industrial, algo que Unidas Podemos ha reivindicado siempre. (Aplausos).
Nos vimos inmersos en una pandemia sin tratamiento específico ni vacuna. El confinamiento y las mascarillas fueron claves para frenar la progresión del virus y bajar el índice R0. Pese a la carencia de material estratégico, que era
imposible conseguir con rapidez, los profesionales del Sistema Nacional de Salud, tan dañado por las políticas del PP, se comportaron como héroes y heroínas y resistieron, y han salvado muchas vidas. ¿Qué hizo la derecha en cada una de las
intervenciones en este Congreso y en la Comisión de Sanidad? Atacar y atacar al Gobierno. La derecha sabía que el Instituto Carlos III, a través del MoMo, y el Instituto Nacional de Estadística publicaban todos los datos disponibles, pero decían
que el Gobierno ocultaba datos. La derecha estaba gestando un bulo -en su línea política habitual- no para atajar la pandemia, sino para atacar al Gobierno.
Esta enmienda de hoy es un ejemplo más de la utilidad de algunas acciones políticas. Medidas de confinamiento y mascarillas han demostrado ser eficientes para prevenir los contagios y, con ello, proteger la vida de las personas y
salvaguardar nuestros servicios sanitarios antes de disponer de vacunas. Pero esas medidas siguen siendo eficaces ahora que está vacunado el 90 % de la población. Las variantes de la COVID siguen desafiando nuestra salud, variantes que pueden
seguir apareciendo y diseminándose porque no se vacuna a la población de los países pobres porque no la pueden pagar. ¿Y saben quiénes se oponen a que se liberen patentes para poder vacunar a los países pobres? La derecha y, entre ella,
Ciudadanos. (Aplausos).
Otro punto que aborda el proyecto de ley es la escasez de personal sanitario. Los Gobiernos del PP dejaron de estudiar las necesidades del Sistema Nacional de Salud porque pretendían privatizar el sistema. Esta falta de previsión nos ha
llevado ahora a tener que permitir la contratación de médicos especialistas no miembros de la Unión Europea o tener que permitir la contratación de profesionales de medicina y de enfermería ya jubilados para actividades asistenciales. Advertimos al
Ministerio de Sanidad que sabemos con exactitud cuáles son las necesidades de la atención primaria. Es necesario reforzar la sanidad pública, en concreto, los recursos humanos; eso es lo que necesitamos. Hay que hacer contratos decentes que
permitan que los profesionales de medicina y enfermería, que se fueron al extranjero buscando una seguridad laboral que aquí no podían obtener, vuelvan. Necesitamos reforzar la atención primaria con medidas reales y no con palabras. (El señor
vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Ciudadanos hace un especial énfasis en cuestionar la obligatoriedad de la mascarilla. Es como hacer algo ilegal, y no lo están planteando por cuestiones científicas. Es un elemento más en su determinación -por no llamarlo otra cosa- de
atacar al Gobierno y de que Unidas Podemos desaparezca, ¿verdad? Ciudadanos está en perpetua vigilia para ver si tiene una oportunidad; recuerdan a aquel visir que quería ser califa en lugar del califa. Es una enmienda a la totalidad que
Ciudadanos justifica con una sola cuestión: las mascarillas. Una pena.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Jara Moreno. (Aplausos).
La señora JARA MORENO: Señor presidente, señorías, buenos días.
Estamos hoy aquí para debatir la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos presenta con relación al proyecto de ley por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19. Como ya expusimos el 1 de febrero, chantaje nos parecía el real decreto ley y su convalidación, y chantaje en el fondo y en la forma nos parece hoy el debate de esta enmienda a la totalidad presentada por el
Grupo Ciudadanos. (Aplausos). Para hablar de restricciones sanitarias y mascarillas, ¿nos vuelven a obligar a tratar las pensiones? Si hubiesen propuesto suprimir este punto, que debería estar incorporado por su importancia en otra iniciativa y
no en el marco sanitario de medidas preventivas frente a la COVID, podríamos comenzar a hablar. Decimos no al chantaje, pero no decimos no a los pensionistas; al contrario, debemos volver a oponernos a su debate ahora, puesto que resulta
absolutamente inapropiado y una práctica demasiado común y reiterada en este Gobierno mezclar asuntos que nada tienen que ver unos con otros para obligarnos a votar el todo por la parte. (Aplausos). Se lo vuelvo a repetir como hace unas semanas:
El partido de Ortega Lara no admite chantajes. (Aplausos).
Respecto a la modificación de la Ley 2/2021, se comparte la eliminación de las restricciones impuestas por el Gobierno, pero resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional la propuesta de Ciudadanos de trasladar al Congreso de
los Diputados la competencia de la declaración de finalización de la crisis generada por la COVID-19. Es responsabilidad del Gobierno, que ya en su día abdicó, trasladando su responsabilidad a las comunidades autónomas. Aprovecho la oportunidad
para dar nuestra opinión acerca de cómo deberíamos reincorporarnos a la normalidad. El Gobierno en este momento solo debería emitir recomendaciones y no imponer más obligaciones ni, por supuesto, más restricciones, pues la evidencia científica, el
discurrir de esta última ola y la gestión de los países de nuestro entorno ya han puesto de relieve que no sirven para nada. Repito, pueden recomendar, pero no deben obligar. (Aplausos). Las medidas restrictivas impuestas han llevado a la ruina a
multitud de personas y pequeñas empresas que, además, no han podido acceder a las ayudas proclamadas a bombo y platillo por el Ejecutivo porque en la práctica diaria la burocracia les ha impedido acceder a ellas. Se ha demostrado ya la ineficacia
de las prohibiciones y el alto perjuicio para los ciudadanos en general y para los trabajadores en particular. (Aplausos).
A la catástrofe de la peste china se une además la guerra rusa y la ineficiencia del Gobierno 'sanchocomunista', que es una constante. (Aplausos). Si analizamos esta última ola en la que todavía estamos navegando, podemos ver que, aunque
la gravedad ha disminuido con la vacunación, el número de contagiados ha sido tan elevado que, aunque el porcentaje de enfermos graves sobre el número total ha disminuido en números absolutos, se han vuelto a colapsar los servicios especiales de los
hospitales.
No nos engañemos, estamos aún con el problema encima. La obligatoriedad de mascarillas en interiores, en exteriores y la distancia interpersonal no parecen tener la efectividad que debieran respecto a la contención de la enfermedad. Por
ello, muchos países de nuestro entorno están comenzando a prescindir de ellas, pues o bien los ciudadanos nos morimos de COVID o bien nos morimos de hambre, ayudados además por las medidas impuestas por este Gobierno. En vista de que la situación
de pandemia no tiene un fin próximo y de que ya tenemos experiencia sobre lo que han dado de sí las medidas adoptadas hasta ahora, quizás sea el momento de cambiar de rumbo y optar por dotar a los ciudadanos de conocimientos para que cada cual
proteja su salud y su economía tomando libremente sus decisiones. (Aplausos).
En definitiva, en VOX abogamos por la información veraz a los españoles, sin ninguna limitación. Se nos debe tratar como adultos responsables. Debemos educarnos en hábitos de vida saludable y se nos debe proporcionar la formación para
evitar los contagios de las enfermedades respiratorias infecciosas, como la COVID, la gripe, la tuberculosis, las neumonías y las que vengan.
En tercer lugar, y con relación a los profesionales sanitarios jubilados, reiteramos desde aquí nuestra preocupación sobre el hecho de que el incremento de sus ingresos tenga una repercusión negativa en su tributación. Deben considerar que
su salario extra tribute al tipo mínimo, a fin de que les compense y no se les vaya la ganancia en impuestos, con lo que el Gobierno se estaría beneficiando, además de con su trabajo, con sus ingresos. (Aplausos).
En última instancia, y en cuanto a la contratación de sanitarios extranjeros, se debe valorar que con la finalización de esta sexta ola se hace menos urgente la precipitación en cuanto a captación de profesionales, y lo que sí debemos es
agilizar el proceso de homologación, especialmente en el caso de sanitarios ucranianos. (Aplausos). Estos profesionales deben tener iguales responsabilidades que los trabajadores de plantilla, sin precisar supervisión por sus iguales. Si no fuera
así, se podrían derivar agravios comparativos en cuanto a retribución y en cuanto a funciones y todo ello puede dar lugar a tensiones en los puestos de trabajo para los facultativos. Piensen, si los médicos ya no disponemos de tiempo para atender
adecuadamente a los pacientes, aún menos tiempo hay para la atención o supervisión del trabajo de otros compañeros e igual ocurre en otras categorías profesionales. En definitiva, si bien compartimos la visión de la eliminación de las restricciones
y prohibiciones impuestas por el Gobierno, que únicamente puede y debe ya establecer recomendaciones debidamente informadas, votaremos en contra de esta enmienda porque el Grupo Parlamentario Ciudadanos no ha tenido la valentía de proponer la
retirada del tema pensiones en su afán de supervivencia, acercándose a las dinámicas del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El Señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Pastor. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede desinfectar la tribuna de oradores).
La señora PASTOR JULIÁN: Señor presidente, señorías, quiero que mis primeras palabras sean para expresar una vez más mi sentido recuerdo a las víctimas de la COVID y a sus familias y, también, mi agradecimiento a todos los profesionales y
servidores públicos que han hecho, sin duda, un trabajo excepcional. (Aplausos). Y, cómo no, hoy todo nuestro recuerdo, el de mi grupo parlamentario, para todas las familias, para todos los ucranianos, para ese ataque atroz a ese hospital
infantil. Todo nuestro recuerdo, todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad en esta guerra injusta. (Aplausos).
Señorías, debatimos hoy una enmienda a la totalidad que, con todo mi respeto, creo que adolece de errores de forma y de fondo que, además, no son propios de un grupo parlamentario que cuenta en sus filas con reputados juristas. Son
demasiados los problemas técnicos y jurídicos que contiene, lo que me lleva a pensar que posiblemente el único criterio sea el de oportunidad mediática. Parecería que le quieren quitar el titular al señor Sánchez hoy. El Pleno debería estar
abordando con seriedad la creación de instrumentos legales en materia de salud pública de los que todavía carecemos que puedan ayudarnos a luchar contra la pandemia o cualquier crisis sanitaria, y esta necesidad se ha hecho aún mayor desde que el
Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales los dos estados de alarma. Voy por partes.
En primer lugar, su enmienda a la totalidad, señorías de Ciudadanos, invade aspectos propios de la regulación del procedimiento parlamentario, pudiendo vulnerar la autonomía reglamentaria de la que goza esta Cámara. Su texto recoge un
procedimiento nunca visto, ex novo. Leo: El Congreso, a petición de dos grupos parlamentarios, celebrará una votación sobre la declaración de la finalización de la situación de la crisis sanitaria, cuya aprobación tendrá los mismos efectos que la
emitida por el Gobierno. Es decir, que
su enmienda dice que, siempre que lo soliciten dos grupos, se incluirá en el orden del día del Pleno y se votará una declaración. Se supone que lo tendrá que calificar la Mesa, que la Junta de Portavoces tendrá que dar el okey a lo de solo
dos grupos y, sobre todo, tendrán que pedir informes vía artículo 7. ¿Me pueden explicar, por favor, qué naturaleza jurídica tendría la declaración? ¿Sería una proposición de ley? ¿Sería una proposición no de ley? ¿Sería una moción consecuencia
de interpelación? ¿Y qué efectos jurídicos tendría, que es lo que más me llama la atención? Miren, regulan ustedes aspectos que son propios del marco del Reglamento parlamentario. Todas estas actuaciones le corresponden al Reglamento, como ha
reconocido el Tribunal Constitucional, tanto la legitimación como también, cómo no, la sesión en que se incluyen en los debates los informes que se piden vía artículo 7 o artículo 54 del Reglamento.
En segundo lugar, en su exposición de motivos pretenden atribuir al Congreso y no solo al Gobierno la potestad de declarar la finalización de la situación de crisis. No obstante, les pregunto: ¿De la redacción del artículo 2.4 de la
enmienda se desprende que la votación del Parlamento se adiciona como requisito extra? ¿La votación en el Congreso es sustitutiva de la declaración del Gobierno por real decreto? ¿Se atribuyen a la ratificación en el Pleno del Congreso los mismos
efectos que a la declaración aprobada por el Congreso? No especificándose expresamente en el artículo que, en caso de someterse a la votación, se excluye la necesidad de declaración del Gobierno, se podría llegar a dar un efecto adverso, dos actos
diferentes en momentos diferentes con idénticos efectos. Por tanto, entendemos que esta enmienda incurre en contradicciones y crea más inseguridad jurídica de la que tenemos.
Señorías, en tercer lugar, me sorprende esa preocupación que tiene ahora Ciudadanos por modificar el artículo 2 de este proyecto de ley, cuando llevan ustedes en muchos casos apoyando al Gobierno. Especialmente estoy recordando, con este
mismo artículo y con la misma redacción, el Real Decreto Ley 21/2020, que el señor Bal alababa al Gobierno. Decía: Tenemos que reconocer que se nos ha dado la oportunidad de participar en su preparación y en su redacción como proyecto de ley. Y
continuaba. Afortunadamente, ustedes no modificaron entonces ni pidieron el 2, pasaron de 2 metros de distancia a metro y medio. ¿Por qué ahora sí, señor Díaz?
¿Y qué me dice de las mascarillas? Esto, también, es el premio a la incoherencia. Fíjense, ustedes, hace apenas un mes, en el debate en esta Cámara de la convalidación, decían que se necesitan informes científicos para quitar o poner
mascarillas. Yo le recordé entonces -efectivamente, yo lo apoyo siempre- que estas decisiones tienen que estar basadas en informes científicos. ¿Y ahora por qué no? Ahora ustedes toman una decisión, pero estoy segura de que no serán como el señor
Sánchez, tendrán ustedes informes científico-técnicos. Por cierto, repasen el preámbulo, porque la Sociedad Española de Pediatría no ha dicho lo que ustedes dicen; no ha dicho que ya, sino que cuando la situación epidemiológica lo permita.
En definitiva, en mi grupo entendemos que esta enmienda a la totalidad no debe salir adelante, porque vulnera la autonomía reglamentaria, porque incurre en incoherencias y contradicciones, porque parece estar motivada por un interés
mediático, como si a usted, señor Díaz, se le pusiera cara de señor Sánchez, y porque no aporta nada nuevo a la gestión de la pandemia y crea inseguridad jurídica. Y rechazamos esta enmienda porque entendemos que seguimos teniendo una asignatura
pendiente en este Congreso. Seguimos teniendo pendiente una verdadera regulación de lo que significa una pandemia y lo que significa tener instrumentos para que el Estado pueda hacer frente a dicha pandemia. Lo hemos traído aquí en algunas
ocasiones, lo reiteraremos y seguimos insistiendo porque los tribunales de justicia, el Supremo, el Consejo de Estado, las comunidades autónomas y los expertos nos han dado la razón. Volveremos a ello. Este país necesita un ordenamiento jurídico
que les dé especialmente a los ciudadanos seguridad y, sobre todo, proteja sus derechos, las libertades y otorgue la capacidad al Estado de velar por su salud. Cada nueva iniciativa que sale del Gobierno -o en este caso de ustedes, Ciudadanos- nos
demuestra aún más que teníamos razón, que tenemos razón, que tenemos que aprobar una verdadera regulación específica, precisa y que dé seguridad para enfrentarnos a nuevas situaciones de pandemia o a crisis de salud pública que se puedan producir en
el futuro que espero que no sea así.
Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Prieto Nieto. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora PRIETO NIETO: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Quiero empezar con un reconocimiento a los sanitarios y sanitarias de Ucrania que ejercen su tarea en estos momentos atroces, trágicos y terribles. Señorías, para ellos y ellas pido desde aquí un aplauso. (Aplausos).
Señorías de Ciudadanos, hoy nos traen a debate una enmienda de totalidad al proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID, una enmienda que
más que oportuna es oportunista. Y escuchándole, señor Díaz, lo vuelvo a decir, oportunista, porque ustedes disfrazan, quizás a propósito del reciente Entroido, una enmienda a la totalidad que en realidad no lo es, algo que bien se podría calificar
como filibusterismo político, señor Díaz. (Aplausos). ¿O será, señor Díaz, que lo que busca usted es más protagonismo político?
Señorías, el proyecto de ley sobre el que hoy debatimos, como saben, procede del Real Decreto Ley 30/2021. Este decreto responde a la situación epidemiológica que generó la sexta ola derivada de la variante ómicron y su alta prevalencia.
Esta sexta ola supuso un nuevo reto en el contexto de pandemia en España y en el mundo. Este desafío lo hemos afrontado en mejores condiciones y con herramientas adecuadas, sobre todo con la vacunación como arma principal, porque, sí, señorías, la
estrategia de vacunación y la alta cobertura vacunal han permitido reducir la gravedad y la letalidad de la enfermedad, protegiendo, en primer lugar, a los más vulnerables, y esto debemos ponerlo en valor todos, una y otra vez, porque contamos con
el 91,1 % de la población vacunada en pauta completa y ya más del 80 % de los mayores de cincuenta años tienen la tercera dosis de refuerzo; porque, sí, señor Steegmann, los datos se publican.
Señorías, esta sexta ola ha supuesto siete veces más casos que las olas anteriores, pero está teniendo la letalidad más baja de toda la pandemia y, además, la situación epidemiológica en este momento afortunadamente es muy distinta, con una
incidencia acumulada por debajo de 500 casos a 14 días. Según el último informe, está en 472,15, que nos sitúa entre los países europeos con una incidencia menor. Cuestión que, dicha con toda la prudencia, nos permite contemplar un horizonte de
esperanza. A ver, señor Díaz, vamos a ver cómo se lo digo: su enmienda a la totalidad rompe con todos los consensos establecidos hasta el momento (el señor Díaz Gómez se lleva las manos a la cabeza), tanto los aportados por la ciencia como los
derivados de una cogobernanza que ha venido para quedarse; por cierto, un consenso con el que usted estaba de acuerdo. Precisamente, en la gestión de la pandemia y en el proceso de vacunación se ha demostrado que el papel central del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la cogobernanza son el camino a seguir.
Señorías de Ciudadanos, se lo repito, su enmienda a la totalidad no se justifica como tal, porque, en buena lógica parlamentaria, se tratarían como enmiendas al articulado en su fase correspondiente, que es la fase de ponencia, como usted
bien conoce, pero ustedes lo que hacen, por el contrario, es presentar una enmienda a la totalidad poniendo en tela de juicio todo el procedimiento, cuestionando decisiones que se adoptaron en un contexto de cogobernanza. En primer lugar, señor
Díaz, ustedes quieren adelantar una medida que debe hacerse con todo rigor. Una medida como es la de finalización de la situación de crisis sanitaria no puede relegar a los gobiernos de las comunidades autónomas a un segundo plano. ¿O es que acaso
no se fían de las comunidades autónomas donde ustedes apoyan o apoyaban a los gobiernos? (Aplausos). Usted, de manera irresponsable -se lo digo con todos mis respetos-, pretende adelantar un debate que está, como le habrá escuchado a la ministra,
en proceso de valoración. Le voy a repetir las palabras exactas de la ministra, que parece que usted no escuchó con la atención debida: Proceso de valoración sobre la posible modificación de las estrategias actuales, que ya se ha iniciado a nivel
técnico, de personas expertas, las que componen la Ponencia de Alertas del consejo interterritorial, con el objetivo de determinar las mejores opciones para enfrentarnos a una enfermedad pandémica que, poco a poco, va adquiriendo características de
endemia. Sirva como ejemplo la reunión que se celebra hoy, ahora, en Zaragoza, del ministerio con las comunidades autónomas sobre vigilancia en salud pública. Por tanto, no hay duda que su enmienda es más oportunista que oportuna.
Señor Díaz, habla usted de criterio cosmético en su enmienda. Oiga, para criterio cosmético el suyo sobre el uso de las mascarillas. Permítame decirle que para nosotros tiene más valor la decisión del Gobierno, avalada en el seno del
consejo interterritorial y basada en el criterio científico-técnico, razón por la que no podemos compartir una enmienda a la totalidad que no se sustenta, y usted lo sabe, señor Díaz. Dejen de jugar a confundir a la ciudadanía, que está siendo
ejemplar. Déjense de argumentos falaces, déjense de propaganda política, que se asemeja a un discurso más propio de la ultraderecha y presten
más atención a las medidas que el Ministerio de Sanidad está poniendo en marcha, como el Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, anclado en el marco estratégico. Este plan está dotado con la partida finalista de 173 millones de
euros, más 230 millones de euros más. Por cierto, partidas a las que ustedes votaron no, como al resto del presupuesto. ¿Y sabe por qué se lo digo? Se lo digo -y présteme atención, señor Díaz- porque recogen en la justificación de su iniciativa
cuestiones como la de la primaria, que ya está siendo trabajada y acordada con las comunidades autónomas. Estas medidas sí son política útil.
Al resto de las derechas les pediría respeto -a usted también, señor Díaz-, lealtad y responsabilidad a España y a su Gobierno. Arrimen el hombro y súmense al trabajo del Gobierno en la recuperación de nuestro país, en la recuperación de
España, tras la dura crisis que ha supuesto la pandemia en nuestro país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- PROYECTO DE LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA. (Número de expediente 121/000089).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al debate de totalidad del Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Les informo que los grupos parlamentarios Republicano y Plural han solicitado la avocación de este
proyecto de ley. Dichas solicitudes se someterán a votación a continuación de la votación correspondiente a las enmiendas a la totalidad.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La señora MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Sánchez Jiménez): Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara con motivo del debate de totalidad del Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Se trata de una iniciativa legislativa que es clave para nuestro Gobierno porque va a dar una respuesta
necesaria a muchas familias y jóvenes en el acceso a una vivienda digna y adecuada. El texto aprobado en Consejo de Ministros fue fruto de meses de un intenso trabajo. Por eso, en primer lugar, quiero agradecer a Unidas Podemos y, en particular, a
la ministra Belarra, hoy aquí presente, su voluntad de colaboración, aportaciones y capacidad de diálogo en el proceso previo que en el seno del Gobierno de coalición nos ha traído hasta aquí.
La vivienda es donde empieza nuestra historia; nuestra historia como especie civilizada y nuestra historia personal, la de cada uno de nosotros. También en nuestra memoria personal la vivienda juega un papel central, por nuestros primeros
recuerdos, los de nuestros padres, madres y hermanos, por nuestros primeros juegos infantiles. Nuestra vivienda, nuestro hogar, siempre es un lugar de referencia. Pero para demasiadas personas en nuestro país esos recuerdos, esa evocación del
tiempo perdido no se asocia solo a recuerdos amables, sino también se asocia a momentos de incertidumbre y de ansiedad; la ansiedad de no poder pagar el alquiler o la letra de la hipoteca a fin de mes, la ansiedad por el miedo a ser desahuciados,
sin tener otro lugar en el que vivir, o la ansiedad por no tener recursos suficientes para emanciparse. Si la vivienda es requisito imprescindible para nuestro desarrollo como personas y como ciudadanos, no disponer de vivienda, por el contrario,
es, según numerosos estudios sociológicos y psicológicos, una de las causas más determinantes de exclusión social y de hundimiento personal. Creo que podemos extender ese efecto de exclusión social no solo a la carencia de vivienda, sino también a
no disponer de una vivienda que cumpla con unos mínimos requisitos de habitabilidad y accesibilidad que permitan considerarla una morada digna. Para este Gobierno dar respuesta a esas situaciones de desamparo habitacional es mucho más que un
genérico mandato constitucional; es uno de los mayores compromisos y, por ello, es también uno de nuestros mayores desafíos.
Para entender mejor las medidas que con esta ley queremos introducir, creo que es conveniente realizar un breve recorrido por los rasgos y las circunstancias que han ido conformando el sector de la vivienda en España en las últimas décadas.
Solo con un buen diagnóstico podremos poner en marcha terapias eficaces. Los perfiles modernos del sector de la vivienda empezaron a dibujarse en España en la década de los sesenta del pasado siglo. Tras el Plan de Estabilización de 1959, se
produjo entre 1960 y 1974 una gran expansión económica y un intenso crecimiento debido al proceso de la industrialización,
al bajo precio de la energía, a la disponibilidad de una mano de obra barata y desprovista de protección sindical y al fuerte desarrollo económico que se estaba produciendo en Europa. Eso llevó a un salto cualitativo de nuestro comercio
exterior, junto a una muy importante entrada de divisas a través del turismo y de las remesas de la emigración.
Esa fue la época también de los planes de desarrollo económico y social, que, entre otras, incluían previsiones en materia de vivienda para dotar al país de un parque de viviendas suficiente para atender a las necesidades derivadas del
crecimiento demográfico y de los movimientos de población del campo a las ciudades. Se fue perfilando también la opción de convertir la construcción de viviendas en motor de nuestra economía, una opción que se ha mantenido en el tiempo y que ha
sido una de las características más definitorias del sector en España. En apenas catorce años se construyó en España un mayor número de viviendas por habitante de las que se habían construido en Europa en un periodo de más de treinta años. Pero
ello se hizo sin apenas exigencias respecto a la calidad del parque que se construía, subordinando el urbanismo a la producción del suelo urbanizado mediante la ley del suelo de 1956 y sus sucesivas reformas e ignorando cualquier consideración sobre
el impacto ambiental o consumo energético. Se construía mucha vivienda subvencionada, sí, pero era una vivienda dirigida exclusivamente a la compra.
Como consecuencia de esta orientación, el contraste entre la situación de España y la de los países del centro y el norte de Europa era manifiesto en los años finales de la Dictadura y en el período de la Transición. España se había situado
entre las diez naciones del mundo con mayor porcentaje de propietarios de viviendas, pero España no contaba con un parque de vivienda social que pudiera atender las necesidades de los más desfavorecidos. Así se forjó esa contradicción, ese dualismo
que ha caracterizado al sector en España: pequeños propietarios junto a una parte importante de la población, la que dispone de menos recursos, que carece de medios para acceder a la propiedad y que, ante la inexistencia de un parque de vivienda
social, va quedando excluida del acceso a una vivienda digna.
Con la aprobación de nuestra Constitución y la consagración del Estado social y democrático de derecho, parecía apuntarse un cambio en la consideración política que la vivienda heredaba del franquismo al proclamarse en el artículo 47 el
derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y al incluirlo como uno de los principios rectores de la política social y económica. Sin embargo, el desarrollo posterior no confirmó aquellas expectativas, ya que los
condicionantes económicos siguieron imponiéndose, y cuando resultaba apremiante buscar un relanzamiento de la actividad, los Gobiernos volvían a apostar por el impulso de la construcción residencial como motor de la economía. Así, nos encontramos
con que el régimen de tenencia actual sigue siendo similar al de 1978, con un 75 % de viviendas en propiedad, un 22 % de propietarios pagando hipoteca y en torno a un 20 % de hogares viviendo en régimen de alquiler, de los que apenas un 2 % se
beneficia de un alquiler social, y con un número creciente de personas que viven en habitaciones alquiladas en pisos compartidos, lo que se ha convertido en una de las formas modernas de manifestación de la exclusión residencial.
Si tenemos que valorar este modelo de desarrollo del sector de la vivienda, creo que podríamos decir que ha tenido sus luces y sus sombras. Entre las luces, su contribución a la consolidación de una importante base social de clases medias o
su relevancia para la generación de empleo, ya que la construcción es una actividad intensiva en el factor trabajo, y también ha sido un recurso importante para el desarrollo del sector financiero y una fuente principal de financiación para muchas
administraciones locales. Sin embargo, entre las sombras del modelo, la vivienda se ha convertido en objeto de acumulación y de especulación, lo que ha llevado a episodios y períodos de acusado encarecimiento, acentuando los fenómenos de exclusión
y de imposibilidad de acceso a una vivienda digna para los sectores de población con menos niveles de renta. Esta exclusión se ha mostrado con su mayor crudeza en los momentos de crisis, y muy especialmente con ocasión de la crisis financiera
iniciada en el año 2008, con su conocido reguero de desahucios, sinhogarismo, sobreendeudamiento familiar, destrucción de empleo y reajustes de nuestro sistema financiero. Esa crisis, de la que apenas nos estábamos recuperando, podría haberse visto
reproducida y agravada con ocasión de la pandemia de la COVID-19; sin embargo, hoy podemos decir que, afortunadamente, no ha sido así. Y no ha sido así gracias al escudo social que desde el primer momento ha desplegado este Gobierno para evitar
que la nueva crisis se cebara, una vez más, sobre los más vulnerables. Precisamente, un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial indica que los juzgados españoles registraron el año pasado un 23 % menos de desalojos de hogares que en
2019, antes de que empezara la pandemia. Y si las medidas coyunturales desplegadas frente a la pandemia han surgido efecto, ahora es el momento de pasar a medidas más estructurales que supongan un efectivo
cambio de orientación de las políticas dominantes en materia de vivienda durante las últimas décadas, desplazando el centro de gravedad de su orientación hacia la inclusión de quienes cuentan con menores niveles de ingresos, para que ellos
también puedan hacer efectivo el derecho de acceso a una vivienda digna. Ese es precisamente el objeto fundamental del proyecto de ley que hoy presentamos en esta Cámara.
Queremos que este proyecto de ley reconozca a la vivienda como el quinto pilar del Estado del bienestar (aplausos), garantizando derechos, así como medidas que permitan el acceso a una vivienda digna y adecuada. Para lograr ese objetivo la
vía elegida es la de conseguir una oferta suficiente de viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles, que es la vía que se ha seguido en nuestro entorno europeo. Y para conseguirlo la ley busca tanto el crecimiento de los parques públicos
de vivienda social como el estímulo de la oferta en el mercado privado. ¿Con qué herramientas contamos para ello? Pues contamos con las herramientas con las que se ha actuado en otros países de Europa: medidas fiscales, una regulación favorable
del régimen de los arrendamientos urbanos y del régimen del suelo y, por supuesto, un nivel importante de inversión pública, con ayudas directas a las personas con menos recursos. Desde el Estado tenemos que facilitar la acción de comunidades
autónomas y ayuntamientos estableciendo ese marco fiscal y normativo favorable, consolidando el marco competencial y garantizando los derechos y deberes constitucionales. Por todos estos motivos, desde el Gobierno hemos aprobado, cumpliendo con
nuestro compromiso, este Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Con esta ley queremos asegurar y reforzar, insisto, el quinto pilar del Estado del bienestar, lo que es todo un hito en la historia de la democracia, porque es la primera ley
estatal en este periodo que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
Como les detallaré a continuación, el texto legislativo tiene como objetivo el de satisfacer la necesidad de vivienda de aquellos colectivos más desfavorecidos, en situaciones de vulnerabilidad o de exclusión social y, con carácter general,
de todos aquellos que tengan dificultades de acceso a la vivienda en el mercado, como los jóvenes. Queremos que nuestras políticas de vivienda sirvan para garantizar una respuesta útil, gobernando para y por los ciudadanos y las ciudadanas por el
acceso a esa vivienda digna y adecuada, en especial -insisto- para las personas que más lo necesitan. Otros gobiernos han mirado para otro lado cuando se liberalizaba el suelo, se vendía el parque público de vivienda, se recortaban sistemáticamente
los presupuestos, aumentaban los desahucios y los más vulnerables quedaban desprotegidos. Nosotros no somos así. Este Gobierno cree en la función social de la propiedad, en la importancia de rescatar a las personas, en las políticas públicas, en
la colaboración y cooperación entre administraciones y en el reconocimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada, que es el objeto último de este proyecto de ley.
Pasaré a describir los aspectos más relevantes de este proyecto de ley. En primer lugar, me gustaría hablar de la promoción del desarrollo de parques públicos de vivienda social. El proyecto de ley establece unas premisas generales sobre
su régimen jurídico para asegurar su desarrollo, su protección y su suficiencia para atender a la población con mayores dificultades de acceso. España apenas cuenta hoy con una vivienda social por cada cien habitantes, lejos de las cuatro de media
con que cuenta la Unión Europea. Igualmente, el parque de vivienda social en España llega, según la más favorable de las estimaciones, al 2,5 % respecto al total de viviendas existentes, mientras que la media para la Unión Europea se sitúa en el
9,3 %, tratándose además de un parque que cuenta con notables carencias de mantenimiento, de conservación y de renovación. Ello nos ha llevado también a incluir la presente ley por el derecho a la vivienda como una de las reformas a implementar
dentro de la componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una componente para la que se prevé aportar fondos por un total de 6820 millones de euros.
Entre las cuestiones que nos preocupan para la construcción de viviendas sociales se encuentran las relacionadas con la legislación del suelo, los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, así como las reservas de suelo para
vivienda protegida. Son cuestiones todas ellas en las que tenemos la voluntad de avanzar en coordinación y cooperación con todas las administraciones públicas, siempre respetando el marco competencial en vivienda, pero posibilitando soluciones que
garanticen el derecho a una vivienda digna y adecuada.
El parque de vivienda social destinado al alquiler de titularidad pública, autonómica o municipal lo conforman 290 000 viviendas, lo que contrasta con los cerca de 2,5 millones de viviendas protegidas que se construyeron solo entre 1981 y
2019. Ello es una muestra clara de que la vivienda protegida se ha construido en España con la finalidad de dedicarla a la venta, teniendo muy escaso peso la promoción de
vivienda pública destinada al alquiler. Pero ello es también el resultado de la escasa defensa que se ha hecho de esa inversión pública, con casos absolutamente escandalosos, como la venta de bloques de vivienda social a fondos
especulativos, y con otros menos aparentes, como el progresivo recorte de los plazos inicialmente establecidos para el mantenimiento de estas viviendas en el régimen de protección inicialmente asignado. Para evitar que en el futuro se repitan estas
situaciones, el proyecto de ley debe establecer mecanismos de cooperación con las administraciones autonómicas y locales, para que el régimen de protección de las viviendas ubicadas en los suelos destinados en el planeamiento a la construcción de
viviendas protegidas y en el ámbito de su marco competencial tengan un carácter permanente, no siendo posible su descalificación. Es además necesario que, si se localizase en otro tipo de suelo, la normativa autonómica pueda establecer causas y
plazos para su descalificación; plazos que, en ningún caso, podrán ser inferiores a treinta años. Además, en el caso de venta de estas viviendas se deben establecer los correspondientes derechos de tanteo y retracto.
En segundo lugar, si las medidas contempladas en el proyecto de ley para la expansión de los parques públicos de vivienda pivotan sobre la legislación del suelo, las medidas para el fomento del alquiler asequible en el mercado libre lo hacen
sobre la legislación fiscal y sobre la propia legislación de arrendamientos urbanos, buscando, antes que nada, el acuerdo y el mutuo interés de arrendadores y arrendatarios. Sin perjuicio de ello, la ley habilita a las comunidades autónomas para
adoptar medidas más intensas en los casos en los que se detecten situaciones cronificadas en zonas residenciales con precios tensionados, en las que los grandes tenedores de viviendas puedan estar llevando a cabo actuaciones de distorsión del
mercado mediante retención o especulación. Así, las medidas fiscales previstas afectan a las reducciones en el IRPF, que benefician a los propietarios que alquilan sus viviendas. También en el ámbito fiscal, el proyecto establece la posibilidad de
que los ayuntamientos puedan establecer determinados recargos en el impuesto sobre bienes inmuebles en los casos de inmuebles desocupados con carácter permanente, sin que puedan considerarse dentro de tal categoría las viviendas destinadas a segunda
residencia o las que se encuentren vacías por causas injustificadas.
En lo que se refiere a la tan debatida cuestión de las limitaciones de los incrementos de precios y la duración de los contratos en las zonas residenciales que sean declaradas como tensionadas, el proyecto de ley contempla la posibilidad de
prórrogas adicionales para los contratos en vigor y, asimismo, para los nuevos contratos contempla que el precio del nuevo contrato se establezca a partir del último precio del contrato precedente, con las actualizaciones que corresponda. En el
caso de que se trate de viviendas ubicadas en estas zonas tensionadas, que pertenezcan a grandes tenedores personas jurídicas, la renta pactada en los nuevos contratos no podrá exceder del límite máximo del precio que resulte aplicable según el
sistema de índices de precios de referencia. A estos efectos, se considerarán grandes tenedores personas jurídicas a aquellos que sean titulares de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o de una superficie construida de más
de 1500 metros cuadrados. Creo que es importante insistir en que la iniciativa y capacidad para la declaración de zonas con precios de alquiler tensionados y, por tanto, de la aplicación de las limitaciones expuestas corresponderá a cada comunidad
autónoma, lo que es un ejemplo más de nuestro respeto a la distribución de competencias entre las administraciones. Creo que es igualmente necesario insistir en que dichas limitaciones están diseñadas como respuesta a situaciones excepcionales, a
casos en los que se está produciendo una distorsión de los precios de los alquileres. Son distorsiones ante las que la Administración debe poder reaccionar de alguna forma, al igual que reacciona ante otros supuestos de dispersión del mercado por
retención o especulación con bienes de primera necesidad. Para dichas limitaciones, además, la ley acota una duración temporal limitada. Nada que ver, por lo tanto, con algunas de las críticas que el proyecto legislativo ha sufrido. Bien lejos de
todo ello, estamos ante limitaciones muy medidas en las que se mantiene una adecuada proporción entre los medios empleados y la finalidad social perseguida.
Además de las medidas fiscales y reguladoras a las que me he referido, el proyecto de ley contempla también otras previsiones para facilitar las actuaciones e intercambios de información entre todas las administraciones competentes, como es
la creación de un registro de contratos de arrendamientos de viviendas y la elaboración de un sistema de índices de precios de referencia para los alquileres.
En tercer y último lugar, he de señalar que debe ser también el objetivo de todos reforzar la seguridad y la protección de los ciudadanos en este ámbito, tanto la protección general a todos los propietarios e inquilinos como la protección
específica a los grupos más vulnerables. Nuestra preocupación es garantizar una vivienda digna y asequible económicamente, evitando las infraviviendas y dar una mayor protección a quienes vayan a realizar un contrato. Además, debemos reforzar las
medidas de protección a los más
vulnerables, marcando la obligación para todas las administraciones públicas de atender prioritariamente a las personas que vivan en asentamientos o barrios especialmente degradados y segregados, así como las que padecen situaciones de
sinhogarismo.
En el ámbito procesal, se refuerza la conexión entre los procedimientos judiciales que supongan el lanzamiento de personas o familias en situación de vulnerabilidad y los servicios sociales correspondientes, a efectos de que por estos puedan
encontrarse soluciones alternativas de alojamiento. Somos conscientes de que la plena consecución de esa protección a los más vulnerables no se conseguirá hasta que España no cuente con una oferta de viviendas asequible que resulte suficiente para
garantizar una vivienda a los jóvenes, a los desempleados y a todos cuantos no pueden acceder a ella. Esta ley está llamada a ser el motor que, junto con la acción de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, nos conduzca a esta meta deseada.
A la vista de todas estas razones, el Gobierno considera que no procede aceptar las distintas enmiendas a la totalidad de devolución presentadas. Por otro lado, quiero agradecer el esfuerzo que ha realizado el Grupo Parlamentario
Republicano al presentar una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Esta enmienda atestigua que es más lo que nos une que lo que nos separa. En este sentido, tienen nuestro compromiso de que el texto resultante del proyecto de ley de
vivienda que está en tramitación en este Congreso será respetuoso con los títulos competenciales delimitados en la Constitución española, con la competencia exclusiva que en materia de vivienda tienen las comunidades autónomas y con las competencias
contenidas en los estatutos de autonomía y, por tanto, también en las del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y por supuesto que la ley de vivienda será acordada con las fuerzas progresistas, entre las que se encuentra Esquerra Republicana de
Catalunya. Por todo ello, solicitamos a los grupos parlamentarios el apoyo necesario para proseguir con la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, que sin duda podrá verse enriquecido con las enmiendas al articulado que presenten y que
sean aprobadas.
Concluyo ya, señorías. Nuestras prioridades en las políticas que estamos desempeñando son por y para nuestra ciudadanía, y en este caso para que por primera vez pueda ser la vivienda el quinto pilar del Estado del bienestar. (Aplausos).
Hemos conformado un texto con solvencia jurídica y lo queremos reforzar con las aportaciones de todos, respetando la Constitución y sin que suponga ninguna vulneración de sus artículos ni de las competencias -insisto- de las comunidades autónomas y
ayuntamientos. Ha sido un trabajo arduo, escrupuloso, muy debatido y consensuado con los agentes sociales, con todo el sector. Se han realizado varias mesas de trabajo, se han recibido y estudiado todas las observaciones remitidas y ha sido
sometido a informe de todos los ministerios, siendo ajustado a derecho. En este sentido, estoy convencida de que a partir de ahora el Poder Legislativo hará un buen trabajo. Insto a todas las fuerzas políticas al máximo consenso posible y a que se
unan a esta norma, porque así se podrá dar una respuesta necesaria, que incluso es una emergencia para que muchas familias y jóvenes puedan acceder a una vivienda digna y adecuada. Deseo que en esta tramitación parlamentaria se pueda reforzar el
texto, no solo en el ámbito competencial sino también en garantizar derechos; un texto que siga la línea del consenso, de llegar a buenos acuerdos y entendimientos, siendo todos y todas flexibles para lograr alcanzarlos, para que podamos sentirnos
cómodos. Tenemos que conseguir que este proyecto de ley avance y se pueda llegar a aprobar finalmente una ley que beneficie a todo el mundo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A este proyecto de ley se han presentado cinco enmiendas a la totalidad de devolución y una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Eguerdi on, buenos días, señor presidente, señorías.
Mi grupo, el Grupo Nacionalista Vasco, el partido que lo sostiene y las instituciones donde gobernamos somos muy conscientes del problema de la vivienda. (Rumores). Somos muy conscientes de su oferta; de su calidad; de la insuficiencia
de la oferta de vivienda y de sus consecuencias; de la carestía de los precios de alquiler que afecta sobre todo a la gente joven, lo que les impide un proyecto de emancipación; de la deficiente oferta de viviendas en condiciones y accesibles para
la tercera edad o también aquella que afecta a sectores desfavorecidos, social y económicamente, que difícilmente van a poder acceder a satisfacer ese derecho, si no es con políticas concretas dirigidas a cubrir esas necesidades habitacionales.
Somos conscientes de todo ello y hemos estado comprometidos siempre con tomar medidas que alivien esa situación. Si bien, nuestra forma de actuar ha sido la de hacer y no hablar tanto.
Las políticas, allí donde hemos gobernado, han consistido en plasmar en normas concretas derechos y facultades que se traducen a través de leyes concretas: en Euskadi, la Ley 3/2015 y en Navarra, la Ley 10/2010 por el derecho a la vivienda.
La Ley 3/2015 del País Vasco concreta algunos de esos caracteres y derechos. Señala, primero, la función social de la vivienda -se define lo que es el derecho subjetivo a la vivienda-; la planificación, entre la que está, entre otras, la
calificación permanente de vivienda de protección pública o de afección pública; el compromiso de que todas las viviendas que se vayan a ejecutar en Euskadi van a ser destinadas al alquiler; el régimen jurídico de las viviendas de protección
pública y alojamientos dotacionales, y las normas reguladoras de su adjudicación y promoción; la caracterización de la vivienda deshabitada, la infravivienda y la sobreocupada, y otras que abundan en el direccionamiento de políticas propias, que
ejercidas además suponen determinados hitos. Hay un parque público de viviendas, un parque público de viviendas también de alquiler; el impulso de medidas dirigidas al fomento de la emancipación de personas jóvenes mediante reserva de un
porcentaje de viviendas de promoción pública a ese colectivo; la de reserva de suelo también destinadas para ese colectivo, con ayudas para su promoción y hasta los veintinueve años; alternativas habitacionales; plan específico para personas
mayores en colaboración con servicios sociales, de colaboración entre ayuntamientos y diputaciones forales; medidas relativas al fomento de rehabilitación de edificios y eliminación de barreras de viviendas; mejoras de accesibilidad o de
eficiencia energética, etcétera. Muchas -no va a decir todas- de las medidas que se contemplan en este proyecto de ley, señora ministra, se contemplan ya en las normas que existen en Euskadi. Y lo hemos hecho por una razón, porque hemos entendido
siempre que las políticas de vivienda en Euskadi, y para Euskadi, se decide en Euskadi.
Decíamos en la justificación de nuestra enmienda a la totalidad que las políticas autonómicas de vivienda, además de tratar de facilitar el acceso a una vivienda digna a personas necesitadas -que es un objetivo constitucional primordial, de
acuerdo a los artículos 9.2 y 47 de la Constitución- guardan relación con la protección social y económica a la familia -artículo 39.1 de la Constitución-, la juventud -artículo 48-, la tercera edad -artículo 50 de la Constitución-, las personas con
discapacidad -artículo 49 de la Constitución- y los emigrantes retornados -artículo 42-, sin dejar de ser además un polo importante de promoción económica vinculado a la construcción, y no solo como factor de desarrollo económico sino también como
creador de empleo -artículo 40.1 de la Constitución-.
Por eso entendemos, como lo ha hecho también el informe del Consejo General del Poder Judicial -y lo subrayo-, que la vivienda constituye una materia de titularidad autonómica, lo que significa que el núcleo de su regulación y las políticas
públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 corresponde a cada una de las comunidades autónomas, que ejercerán sus competencias -y lo subrayo- conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas. Así se ha
concretado en prácticamente todas las comunidades: Aragón, Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia, Navarra, Andalucía, Canarias, y he citado también a Euskadi.
También ha dicho el TC que, sin perjuicio de admitir la concurrencia de títulos atributivos de competencia estatal que inciden en la vivienda -que son fundamentalmente el 149.1.1.ª y el 149.1.13.ª, y también los artículos 149.1.8.ª,
149.1.6.ª y 149.1.14.ª- los ha delimitado como parámetros de constitucionalidad, para distinguirlos expresamente de otros títulos constitucionales, que son el del derecho de propiedad del artículo 33 y el de disfrute de una vivienda digna y
suficiente del artículo 47 de la Constitución, siendo así que el principalmente afectado por el 149.1.1.ª son las condiciones sobre el contenido primario del derecho a la propiedad, y con todo, no pueden agotar la libertad de configuración del
legislador autonómico -según transcribe una sentencia del Tribunal Constitucional-.
En definitiva, lo que ha venido a manifestar una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional -y es así- es que este Congreso no está habilitado para proceder a una uniformización de las políticas legislativas autonómicas en materia de
vivienda, precisamente porque la Constitución lo que ha garantizado es la diversidad normativa y, con ello, la potestad legislativa autonómica, incorporando al modelo constitucional la acción política diversa.
¿Acaso son idénticas las medidas dispuestas en esta ley de las de la Ley de Vivienda vasca? No. ¿Lo son las de otras comunidades autónomas? Tampoco. ¿Acaso deben serlo? Según ustedes refieren en este proyecto de ley, sí, y nosotros
decimos que no. Una cosa es que el Estado pueda dictar normas que puedan servir de parámetro de constitucionalidad de las normas autonómicas desde el plano o la
perspectiva de la garantía de todos los ciudadanos de acceso en condiciones de igualdad a todos los servicios públicos -también en el ámbito del derecho a disfrutar de una vivienda digna-, pero otra que tal facultad o función al que le
habilita la norma constitucional le permita incidir en el ámbito material de las competencias que sobre la materia de vivienda pueden ejercer las comunidades autónomas.
De igual modo, tampoco parece que el ejercicio de las competencias de acuerdo al 149.1.1.ª -título esgrimido a fin de regular el régimen jurídico básico del derecho a la propiedad de una vivienda- sea el oportuno cuando se está pretendiendo
incidir sobre la garantía del derecho a una vivienda digna, que es a la que se refiere el artículo 47 de la Constitución, ya que su contenido no se dirige al desarrollo o protección de tal derecho a una vivienda digna, y ni siquiera al descrito en
enunciado también de la función social de la vivienda -lo que sí podría ser posible con unos rasgos básicos-, sino a la configuración de una manera, entendemos, confusa, poco sistemática y ajena a su tradición jurídica de una especie de nuevo
estatuto jurídico de la propiedad cuando de la vivienda se trata, incluyendo incluso una contradictoria caracterización de los derechos y deberes o de las facultades, de forma indistinta, tanto de la propiedad como del propietario. A nuestro modo
de ver esto es una caracterización jurídica no solo confusa sino inadecuada, y eso dejando de lado ya la referencia a la legislación procesal, que contrariamente a su objeto -el carácter tuitivo, garantista, de tal legislación-, acude precisamente a
elementos contrarios a las garantías que debe de procurar.
¿Acaso no le vale al Gobierno, o no nos vale a nosotros como legisladores, que la ciudadanía se haya dotado ya de esos marcos regulatorios? ¿O se trata también de regular desde el Estado, aunque lo regulado por las comunidades autónomas sea
bueno, sea legal, sea eficaz, sea proporcional y el legislador no sea el estatal? ¿El objeto es que sea el legislador estatal quien haga esta regulación? No tiene sentido.
En nuestro caso, además, sucede que entre los compromisos presupuestarios existentes en el País Vasco para el año 2022, y con relación al presupuesto, firmados por el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Nacionalista Vasco y EH
Bildu se encuentra el del impulso de medidas que permitan establecer un sistema de control de precios de alquiler privado adaptado a las especificidades de la realidad vasca. Esto es, que solo nos faltaría un pequeño paraguas normativo que nos
permitiera la regulación propia en Euskadi y por el Parlamento vasco de los precios del arrendamiento. Sin embargo, lo que contempla este proyecto de ley es una regulación tan exhaustiva de las medidas de contención de precios en la regulación de
los contratos de alquiler, que lejos de la voluntad del Parlamento vasco, y muy lejos también del acuerdo suscrito por los partidos que lo conforman y por EH Bildu, incide directamente en las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Este es otro exceso indebido que cercena las facultades del legislador vasco para establecer, conforme a la orientación política mayoritaria existente -lo repito-, políticas propias adaptadas a la realidad de cada territorio.
Esa era en realidad la única medida de intervención que esperábamos por parte del Estado y se ha superado con amplitud, lo que imagino que conducirá además al resto de partidos que participaron en dicho acuerdo al apoyo a esta iniciativa, ¿o
no? Porque en caso contrario volveríamos al mismo juego perverso conforme al que, haciendo trampas en el tablero democrático y permitiendo que desde los poderes centrales legislen de acuerdo con postulados ideológicos concretos de forma directa o
indirecta, se hurte así a los parlamentos originales, en nuestro caso al Parlamento vasco, de la posibilidad de legislar sobre materias en las que deben poder concretar políticas propias. No se trata de hablar de soberanismo sino de ejercerlo.
Concluyo. La garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada a la que se refiere el artículo 47 de la Constitución compromete a todos los poderes públicos, pero su ejercicio tiene una clara delimitación constitucional que no autoriza
al Estado a la superposición de su iniciativa legislativa sobre la preexistente o posible de la legislación autonómica, a la que en gran medida este proyecto de ley viene a pretender sustituir, a nuestro modo de ver, de forma innecesaria. Esta ley
incurre, por ello, en ese y otros excesos que nos llevan, en consecuencia, a solicitar a esta Cámara entender pertinente la devolución de este proyecto al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ha hablado usted de un texto de alta solvencia jurídica y quiero empezar comentando que seis enmiendas a la totalidad no parece que respalden esa solvencia jurídica de la que usted presume. Nosotros hemos presentado una
enmienda a la totalidad frente al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, para regular, según pretende el Gobierno, el derecho a una vivienda digna y adecuada, que es lo que se desprende y lo que dice el propio texto que nos han presentado.
Hemos presentado una enmienda a la totalidad a esta propuesta porque sencillamente el planteamiento del Gobierno nos parece un auténtico despropósito, aunque ahora hablaremos de lo que supone este proyecto de ley. Ciudadanos cree que esta propuesta
de regulación legal es un absoluto error por parte del Gobierno, pero yo tengo que reconocerle que al menos el tono suyo, señora Sánchez, por parte del Gobierno, ha sido quizá mucho más adecuado, ya que hay que hacerle un reproche al Gobierno por la
actitud, auténticamente chulesca y de desafío constante con este tema, una vez más, a nuestro sistema institucional. Porque no podemos calificar de otro modo la reacción de este Gobierno al informe del Consejo General del Poder Judicial, que
conocíamos a finales de enero, llegando a calificar al máximo órgano de Gobierno de los jueces como fruta podrida o de liderar la reacción antidemocrática contra el Gobierno de coalición; palabras literales de la portavoz de Podemos, la señora Isa
Serra, cuyos antecedentes penales por atentado a la autoridad no parecen suponer un problema para incorporarse a un ministerio como el de Igualdad, pero sí un mérito para cobrar un sueldo público. De Podemos, nos lo podemos esperar todo, pero lo
que no es de recibo es que este PSOE calle y otorgue ante un insulto nuevo a una institución del Estado, como es el Poder Judicial, ante la difamación de su órgano de Gobierno por parte de uno de los partidos de la coalición del Ejecutivo. ¿Hasta
dónde van a permitir ustedes el ataque a las instituciones del Estado? ¿Hasta cuándo van a permitir ustedes que quien no cree, no ya en el Estado mismo sino en las decisiones que este Gobierno toma, siga formando parte de él? ¿Qué más hace falta
para que se den ustedes cuenta de que Podemos no está aquí para construir nada, sino simplemente para destruir?
Señorías del PSOE, hablando precisamente de vivienda, les tenemos que recordar que son sus socios los que presentaron a sus espaldas y, además, planteándoles a ustedes un reto, una proposición de ley sobre vivienda, que lo hicieron como un
desafío dentro del mismo Gobierno. ¿Qué ley de vivienda van ustedes a apoyar, señorías de Podemos? ¿La suya, la que votan o la que, en principio, firman con Bildu, con Esquerra, con el BNG, o la que firma su ministra con el PSOE? Es más, señorías
del PSOE, ¿qué ley de vivienda terminarán ustedes aprobando, la que hoy nos presentan o la que Podemos y sus amistades peligrosas les obligarán a terminar votando, aunque ustedes no crean en ella? Ninguna de las dos va a servir ni para cumplir con
Europa ni para cumplir con los intereses de los españoles, para que puedan tener un más fácil acceso a la vivienda digna y, por eso, mi grupo enmienda este proyecto a la totalidad.
Pero vuelvo al lugar donde empecé esta intervención, a esa actitud de un Gobierno que ha decidido saltarse a la torera el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre su proyecto de ley. En efecto, un informe que, siendo preceptivo,
no es un informe vinculante, que a ustedes no les obliga, pero al que han respondido desde el Gobierno, desde una parte al menos de este, con un absoluto desprecio por la institución que gobierna ese Poder Judicial. El Gobierno -PSOE y Podemos de
la mano en esto, sí- ha decidido ignorar ese informe, un informe que no es que señale deficiencias de legislación ordinaria, sino que plantea dos grandes cuestiones de índole y de relevancia constitucional: la primera -como se ha dicho- se refiere
al reparto de competencias previsto en la propia Constitución, y la segunda, el desconocer el contenido de elementos esenciales del derecho fundamental que es la propiedad privada.
En cualquier caso, con su proyecto se saltan ustedes y atentan contra la norma constitucional. En primer lugar, porque esta ley es profundamente intervencionista desde el punto de vista de las competencias propias del Estado frente a las
comunidades autónomas. El reparto competencial en materia de legislación de vivienda es un tema zanjado ya por el Tribunal Constitucional desde 1988, que ha interpretado en numerosas sentencias el contenido del artículo 148.1.3.ª de la
Constitución, en referencia, precisamente, a las competencias de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, competencias que son plenamente autonómicas, por lo que corresponde precisamente a las
comunidades dar cumplimiento al mandato constitucional del artículo 47 y, con ello, diseñar y ejecutar las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
El ámbito de competencias del Estado en materia de vivienda se ha limitado constitucionalmente a los planes nacionales de vivienda o la intervención en este sector de la economía en momentos de grave crisis económica. Ello permite
implementar medidas estatales concretas de carácter fiscal, normas relativas a hipotecas, alquileres urbanos, sobreendeudamiento de familias, protección a deudores
hipotecarios, desahucios, propiedad horizontal o eficiencia energética, pero en ningún caso, como ha señalado el propio Tribunal Constitucional, puede el Estado expropiar las competencias propias de las comunidades autónomas en materia de
vivienda.
Resulta sorprendente que, siendo ustedes los adalides y llamándose los defensores del federalismo, de la España multinivel o de la plurinacionalidad cuando tratan de dar privilegios a los nacionalistas, sin embargo, se vuelvan tan
centralistas cuando quieren imponer sus medidas sectarias. Igual el problema está en que cuando se deja a gobiernos locales amparados en normativa autonómica, como el de la ciudad de Madrid, aplicar políticas liberales en materia de vivienda los
resultados contradicen sus tesis, y claro, eso no les gusta. Porque en Madrid ha sido Begoña Villacís, con su equipo en el Ayuntamiento de Madrid, la que ha conseguido bajar hasta un 9 % el precio del alquiler. ¿Y saben por qué? Porque tiene
libertad para aplicar recetas que funcionan, recetas liberales y, desde luego, no para aplicar la limitación de precios. (Aplausos). Por eso, desde un punto de vista liberal, este proyecto de ley que nos presentan es directamente inasumible.
Este texto desconoce cuestiones y conceptos de naturaleza civil consolidados en el ordenamiento jurídico español, pretendiendo una invasión del ámbito administrativo en lo que fundamentalmente son relaciones jurídico-privadas. Este proyecto
de ley, como destaca en su informe el propio Consejo General del Poder Judicial, confunde la relevancia social que tiene la necesaria ordenación del suelo con la propiedad privada individual de la vivienda, donde prima el interés privado frente al
interés público. Ustedes lo que quieren es desterrar el artículo 348 del Código Civil, que establece que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Porque el derecho de
propiedad en nuestro sistema es la norma, la limitación de la misma es precisamente la excepción. Su texto lo que quiere es que la propiedad sea simplemente aquello que queda después de una ley que limita, prohíbe y sanciona, y eso no casa con el
concepto que nosotros tenemos ni con el que la propia Constitución tiene del derecho de la propiedad privada. Hay que recordarlo de nuevo, es un derecho subjetivo y ejercitable ante los tribunales de manera directa, algo que no sucede con el
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que obliga a los poderes públicos a orientar sus políticas con ese objetivo. Por tanto, el proyecto de ley incide en el despropósito de confundir la función social de la propiedad privada
prevista en el artículo 33.2 de la Constitución -ese que tanto han alegado desde Podemos para reclamar poco más o menos que la expropiación de todo el patrimonio inmobiliario español y que tanto les cuesta entender, señorías de Podemos- con el marco
del estatuto de la propiedad privada, consagrada y protegida constitucionalmente.
El problema es que la vivienda debe cumplir con una función social limitada a su destino habitacional efectivo, que es lo que dice este texto, y eso nos parece una barbaridad, porque viene a declarar como usos impropios cualesquiera otros
que el propietario, en el uso de sus facultades como tal propietario, quiera darle a su inmueble. Es más, de facto, en el artículo 11.2 del texto que se nos propone se contemplan las sanciones que puedan darse por el incumplimiento de los deberes
asociados a la propiedad de la vivienda. Señorías, esta perspectiva cambia radicalmente el concepto constitucional del derecho a la propiedad privada, porque a partir de esta ley lo que se pretende por el Gobierno es aprobar que los ciudadanos ya
no tengan todos los derechos y facultades que tienen como propietarios hasta este momento, sino simplemente lo que quede después de las limitaciones y después de lo que la ley le confiera expresamente, y eso quiebra el principio de propiedad privada
constitucional. La ley se convierte así no en un límite, sino en la herramienta de un Estado vigilante que penaliza, que castiga y que es absolutamente dirigista de cualquier actividad privada de un propietario con lo que es suyo, con su propiedad.
No cuenten, desde luego, con nosotros, con un partido liberal, para instaurar un Estado absolutamente intervencionista en la libertad de las personas sobre aquello que les pertenece.
Finalmente, este Gobierno ha acudido a una norma legal para consolidar medidas que pueden ser adecuadas en un momento determinado y muy concreto de emergencia social, como puede haber sido la pandemia del año 2020 y parte del 2021, y nadie
niega que determinadas medidas puedan tener su incidencia positiva en la vida social, pero este Gobierno lo que no puede es intentar aprovechar ese momento para establecer de manera permanente normas pensadas para momentos puntuales y concretos.
Hay que volver a la normalidad, señorías, y volver a disfrutar de la totalidad de nuestros derechos, como se disfrutaban antes de esas circunstancias que han justificado determinadas restricciones o limitaciones. Por lo tanto, en Ciudadanos no
vamos a dar pie -como quiere hacer el Gobierno con este proyecto de ley- a vulnerar derechos constitucionales como el de la propiedad privada con manipulaciones interesadas de otros preceptos de rango inferior. Porque ustedes lo que hacen es
manipular el artículo 47 de la
Constitución para hacerlo entrar en un conflicto que es solo aparente con el artículo 33. Además lo hacen de una manera burda y grosera con este proyecto, y precisamente por eso lo enmendamos a la totalidad, pidiendo su devolución al
Gobierno. Si el Gobierno de verdad quiere una ley por el derecho a la vivienda, tendremos propuestas que hacerle en materia fiscal, por ejemplo, dando derechos y no restringiéndolos, poniendo en marcha estrategias y medidas que funcionan, y no
otras que han demostrado ser ineficaces y perjudiciales como la imposición de las limitaciones de los precios de alquiler.
El problema, señorías, es que ustedes en el PSOE no pueden plantear, ni mucho menos aceptar, propuestas sensatas en materia de vivienda porque simplemente son rehenes de la insensatez de su socio de Gobierno. Yo no les voy a pedir que los
echen del Gobierno -ya lo han hecho anteriormente-, pero es un problema con el que ustedes tienen que lidiar a diario, y, si no, a los recientes hechos me remito. Son ustedes quienes cargan todos los días con la necesidad de explicar, día sí y día
también, sus constantes contradicciones, sus provocaciones y sus actitudes de niño caprichoso. Dejen de trasladar a la sociedad española, al menos en este momento tan complicado que estamos viviendo, propuestas alocadas y absurdas, mucho menos si
además vienen tachadas de inconstitucionalidad.
Les hemos tendido la mano en otras ocasiones y hemos demostrado que podemos ser leales con aquellos a quienes nos debemos, que no son otros que los ciudadanos españoles. Ante propuestas expropiatorias y atentatorias contra esos derechos,
desde luego, no lo duden, nos tendrán a Ciudadanos siempre enfrente. Y tal como empecé, le vuelvo a repetir, señora ministra, cuando hablaba usted de solvencia jurídica del texto: vuelva a echarle una leída al informe del Consejo General del Poder
Judicial.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Señora ministra, señorías, nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad de devolución, y voy a intentar explicarme. Efectivamente, el conjunto del Estado español tiene un problema importante de vivienda y Cataluña tiene un problema
importante de vivienda sin resolver, pero entendemos que este proyecto de ley no va a mejorarlo sustancialmente y, en algunos casos, va a empeorar dicha situación.
Nuestra enmienda a la totalidad de devolución tiene dos motivos: el primero, en el ámbito competencial, que voy a intentar explicar, y el segundo, en el ámbito estrictamente de contenidos. El artículo 137 del estatut de Catalunya establece
que la Generalitat de Catalunya tiene competencia exclusiva en el ámbito de la vivienda, amparándose en el artículo, 148.1.1.ª de la propia Constitución, y aunque en este proyecto ustedes se amparan en el artículo 149.1, apartado tercero, para
desarrollar algunos aspectos de la legislación básica, nosotros entendemos -no solo nosotros, sino la mayoría de grupos parlamentarios, el Consejo General del Poder Judicial y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional- que se extralimita
claramente en su planteamiento.
Yo no voy a hacer un análisis artículo por artículo porque no tengo tiempo y no me corresponde, pero es que son muchos los artículos que hacen esta invasión competencial. Le voy a citar algunos: el artículo 15, que establece el porcentaje
de suelo dedicado a vivienda protegida -eso es competencia de cada una de las comunidades autónomas que tenga competencia exclusiva-; o el artículo 18, que no es que regule las zonas de mercados residencial tensionado sino que establece el 30 %
sobre la renta o los porcentajes de incremento por encima del IPC, que en todo caso, sería competencia exclusiva de las comunidades autónomas -curiosamente, la enmienda de texto alternativo de Esquerra Republicana reproduce íntegramente este
artículo 18 como artículo 6, habrá también que explicarlo-; o el título III, de los parques públicos de viviendas, que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Por lo tanto, no me voy a extender más al respecto, es clarísimo.
Por otro lado, hay un tema de contenido, un tema de concepción: cuando ustedes hablan de regular el precio de la vivienda, de alguna forma lo que hacen es que externalizan el problema. Realmente, el problema que hay en España y en Cataluña
es que no hay un parque de vivienda pública -usted lo ha dicho y lo ha reconocido-, y la forma de solventar el problema es que exista este parque de vivienda pública. Me consta que el Gobierno está dando pasos importantes, y con los fondos Next
Generation se van a dar pasos importantes. Esta es la vía de solución, no trasladar el problema al sector privado y decirle: a partir de ahora, en determinados casos, no vas a poder subir o regular los precios, como tú entiendas. No me voy a
amparar en la experiencia comparada, pero en Cataluña tenemos ejemplos a lo largo de los últimos meses o los
últimos años. Les recomiendo que también lean algunos de los estudios publicados, algunos de los papeles. El Centro de Políticas Económicas de EsadeEcPol ha sacado algunos documentos que son muy muy significativos, y donde les plantean la
posibilidad de que lo que ustedes pretenden resolver mediante políticas redistributivas, tenga un efecto contrario. Plantean situaciones como secciones censales en Madrid, donde las más tensionadas tienen, prácticamente, el mismo precio que las no
tensionadas, con lo cual, el efecto va a ser absolutamente perverso. En todo caso, no hay que ser un doctor en Economía para entender que si tú regulas el precio de un producto, evidentemente, no incentivas que la gente invierta en ese producto.
No hay que ser ni ultraliberal ni doctor en Economía, hay que entender el efecto, que va a ser que va a haber menos oferta de vivienda privada, al menos en las zonas tensionadas, quizás van a invertir en las zonas no tensionadas, con lo cual,
todavía el efecto es más perverso.
Voy a aprovechar, también, para posicionarme en torno a la enmienda de texto alternativo de Esquerra Republicana, que, dicho sea de paso, es una enmienda encubierta de devolución, digo encubierta... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, señoría. Hay mucho ruido. Espere un momentito a ver si...
El señor BEL ACCENSI: Es que a sus señorías también les interesa la enmienda de texto alternativo de Esquerra Republicana. Lo que les digo es que es una enmienda encubierta de devolución. ¿Por qué? Porque la convierten en una ley de
siete artículos; de los siete artículos, cinco son de modificaciones de otras leyes, por lo que son más propias de una disposición final que de un articulado. La ministra se lo ha agradecido, y se lo ha agradecido porque habrán llegado a algún
acuerdo. Yo insto a todos los grupos que hemos presentado enmiendas de devolución que también voten la de Esquerra Republicana, porque aunque el artículo 6, por ejemplo, es el mismo que el 18, yo creo que sería mejor trabajar con este texto que con
el del Gobierno.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Bon dia, senyories. Bon dia, senyora ministra.
Hace una semana, y hoy también, señora ministra, usted declaraba que este proyecto de ley que hoy nos presenta no supone la vulneración de competencias de las comunidades autónomas. Siento tener que decirle que sí, que sí los vulnera, y que
lo hace sin ningún tipo de pudor, vulnerando el marco competencial de Cataluña e ignorando principios constitucionales y estatutarios. Ustedes, que se proclaman defensores de la Constitución, con este proyecto de ley la vulneran, vulneran la
distribución competencial que se establece en la Constitución y que desarrolla en los estatutos de autonomía. No se lo decimos solamente Junts per Catalunya -que podría parecer obvio-, sino también los demás partidos que han presentado enmiendas a
la totalidad, algunos con una visión del Estado totalmente distinta a la nuestra, y también lo dice el informe del Consejo General del Poder Judicial. Digo yo que tanta coincidencia por algo será; no sé si ustedes se lo han planteado.
El propio Tribunal Constitucional -su Tribunal Constitucional- ha dictaminado en diversa jurisprudencia la competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, haciendo uso de esta competencia exclusiva, Cataluña ha legislado. Legisló la
primera ley de vivienda, en 1991, ha legislado otra ley de derecho a la vivienda, otra de planificación estratégica, de procesos de ejecución hipotecaria, de emergencia en vivienda y pobreza energética, de personas en riesgo de exclusión
residencial, de contención de rentas de arrendamiento y de protección oficial. Por tanto, existe en Cataluña un interés en garantizar los derechos en materia de vivienda y el proyecto de ley que nos presentan supone un desmantelamiento de esta
legislación, adoptada legítimamente, como les he dicho, en uso de las competencias exclusivas de las comunidades.
Asimismo, el proyecto de ley no solo invade competencias, sino que no mejora lo ya regulado. En Cataluña, por ejemplo, tenemos la determinación de zonas de mercado tenso o la vivienda protegida y, al entrar en temas que ya están regulados
por las comunidades autónomas, generará confusión y contradicciones; en definitiva, inseguridad jurídica. Como alguien ha manifestado, se va a crear un monstruo sometido a ciclos electorales. Además, el proyecto no aporta soluciones factibles a
problemas
estructurales, como los desahucios. En este sentido, no se contempla la mediación obligatoria, que sí tenemos en Cataluña, y tampoco se contemplan medidas de concertación para la cesión temporal de viviendas destinadas a políticas sociales,
que también tenemos. Como usted sabrá, el martes entró en vigor la Ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional, que se aprobó con los votos del Partit dels Socialistes en el Parlament de Catalunya, una
ampliación legislativa que protege a las familias más vulnerables y preserva los derechos de los pequeños propietarios, que representan un 85 % de los tenedores en Cataluña.
Y, por favor, no caigan en el error de pensar que estamos en contra de un texto legislativo que dote a la ciudadanía de su derecho a la vivienda. No se confundan; nosotros apoyamos el pilar del Estado del bienestar. El contexto económico
y el mercado de la vivienda han evolucionado y han generado una situación de necesidad social. El derecho a la vivienda y el acceso a la misma es un tema delicado y con múltiples aristas. Derecho a la vivienda versus derecho a la propiedad
privada. Para dar respuesta a estas aristas no nos sirve el café para todos. Cada territorio tiene sus particularidades, sus necesidades, su estructura económica; no hay blancos y negros, hay grises y a ellos se les debe dar respuesta. Lo ha
hecho el Parlament y la Generalitat de Catalunya, que son quienes mejor conocen su territorio y las necesidades de los ciudadanos de ese territorio. La recentralización de una materia de las comunidades no es la solución. No se pueden imponer
objetivos y finalidades a las políticas de vivienda de las comunidades a través de títulos tangenciales, sin respetar la distribución de competencias. El modelo de política de vivienda debe decidirlo la Administración competente; en este caso, las
comunidades.
El proyecto de ley que nos presentan supone una absorción competencial forzada y artificial, ignorando principios constitucionales y estatutarios y vulnerando, por tanto, el marco competencial vigente. Para Junts per Catalunya el respeto a
las competencias de la Generalitat es una línea roja que debemos preservar. Podemos discutir modelos y políticas, que algunos calificarán más de izquierdas, de derechas o de centro, pero es incuestionable que no se vulneren las competencias. Este
texto supone la imposición de un nulo margen de capacidad de decisión para las comunidades. Las comunidades autónomas -Cataluña- no deben convertirse en meras entidades colaboradoras en la gestión del derecho a la vivienda, como ya ha pasado con la
gestión de los fondos Next Generation UE. Parece que quieren repetir la misma historia. Ha manifestado en su intervención, señora ministra, su compromiso de que el texto final sea respetuoso con los títulos competenciales. De momento no lo es, se
lo hemos dicho muchos. Disculpe que dudemos de estas palabras, de estas promesas, y esperemos equivocarnos -de verdad lo deseamos- con nuestras dudas. Por todo ello, presentamos la enmienda a la totalidad de devolución, que esperamos sea aprobada.
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Vallugera Balañá.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats.
Déjenme empezar con una constatación para enmarcar este debate que estamos teniendo en la realidad. Desde 2013 hasta 2021, es decir, en apenas ocho años, se han producido en el Estado español aproximadamente 480 000 desahucios, 480 000 en
ocho años; de ellos, aproximadamente 170 000 por impago de hipotecas, 288 000 por impago de rentas de alquiler y 20 000 por otros motivos diferentes. No acceden a la vivienda ni los jóvenes ni las familias con determinadas rentas ni las personas
que han tenido la mala suerte de caer en zonas como Barcelona o como Madrid, tensionadas; no acceden, en general. Y, punto y seguido, déjenme hacer otra constatación. La competencia en materia de vivienda es una competencia asumida por las
comunidades autónomas de forma exclusiva. Una tercera constatación sería que algunas comunidades autónomas han intentado legislar, con resultados desiguales, sobre vivienda para impedir este desastre que padecen tantas personas y tantas familias,
pero con un denominador común: todas las leyes encaminadas a paliar esta situación han sido recurridas por parte del Gobierno y, en ocasiones, por parte de otros grupos parlamentarios, ante el Tribunal Constitucional, que las ha mutilado en mayor o
menor medida.
Y, ahora -esto les gusta a los de Madrid-, pongamos que hablo de Cataluña. Tenemos vigente nuestra ley de vivienda, la Ley 18/2007; hemos promulgado la Ley 24/2015, de Medidas Urgentes para Afrontar la Emergencia en el Ámbito de la
Vivienda y la Pobreza Energética; la Ley 4/2016, de Medidas de Protección del Derecho a la Vivienda de las Personas en Riesgo de Exclusión Residencial; la Ley 11/2020,
de Medidas Urgentes en Materia de Contención de Rentas en los Contratos de Arrendamiento de Viviendas; el Decreto Ley 37/2020, de 3 de noviembre, de Refuerzo de la Protección del Derecho a la Vivienda ante los Efectos de la Pandemia
COVID-19 y muy recientemente, la Ley 1/2022, de 3 marzo, para Afrontar la Emergencia en el Ámbito de la Vivienda. Por cierto, que el Decreto Ley 37/2020 ya ha sido recurrido y anulado. Han ido rápido.
¿Saben qué pasa? Que la mayor parte están recurridas ante el Tribunal Constitucional, ya sea por el Gobierno de turno, este o el anterior, o por los demócratas grupos parlamentarios de la otra parte. Y, sí, más de una vez he subido a este
estrado para exigir que el Estado asumiera y afrontara sus responsabilidades y legislara sobre las materias en las que, efectivamente, tiene competencias: en materia procesal, fiscal e hipotecaria, pero la desagradable respuesta que recibimos es la
de un texto recentralizador e invasivo de las competencias, hasta el extremo de dejarlas sin contenido y, por si esto fuera poco, que no garantiza el derecho a la vivienda.
Llegados a este punto, déjenme hacerles una aclaración. Es la quinta vez que recuerdo en este estrado que no gobiernan con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. No sé si es que no lo digo muy claro o es que no lo digo muy alto,
pero tienen ustedes la legitimidad para impulsar los proyectos legislativos que quieran y para gobernar, pero lo que no tienen son los votos para legislar a su antojo. ¡No los tienen! A ver si esta vez lo consigo. (Aplausos).
Nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo -por cierto, gracias por sugerir que se vote- podría ser votada perfectamente por los grupos del Gobierno y suscitaría una adhesión indudable entre los diferentes grupos independentistas
o soberanistas de esta Cámara. De hecho, podría ser perfectamente el texto que hubiera presentado el Gobierno si creyera realmente en el Estado descentralizado que propugna, un texto nuestro que propone una regulación socialmente avanzada como las
modificaciones necesarias para el alquiler social obligatorio en los procesos de desahucio y una traslación de la legislación sobre contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento que podría ser asumible por parte del
Estado. También quiero puntualizar que es un simple punto de partida que debería reforzarse y ampliar a otros supuestos que han trabajado las entidades para el derecho a la vivienda y las entidades sociales.
Me temo que no van a votar a favor de nuestra propuesta, lo que me obliga a dejar muy claras nuestras líneas rojas para la negociación, es decir, los presupuestos mínimos que deberá cumplir cualquier texto que pretendan que merezca nuestro
apoyo. No aceptaremos la invocación del artículo 149.1.1.ª de la Constitución como presupuesto transversal habilitante de la regulación que se pretende aprobar. Hacerlo sería tanto como renunciar a un mínimo autogobierno y a las competencias
exclusivas o no que todavía conservan. Déjenme recordarles que no estamos aquí para defender el mantenimiento de una comunidad autónoma, sino para la construcción de un Estado independiente, lo que no obsta para que no demos ni un paso atrás en las
parcelas que todavía integran nuestro autogobierno. Dos, debemos mantener a salvo la competencia exclusiva sobre nuestro derecho civil propio, no foral o especial, no, propio, y eso incluye lógicamente la materia de arrendamientos urbanos, del
mismo modo que hemos hecho históricamente y como lo hacemos en la actualidad con los arrendamientos agrarios y con otras materias de obligaciones y contratos que se contienen en el libro VI del Código Civil de Cataluña. Lo mismo debe ocurrir con
nuestras competencias exclusivas en materia de vivienda, de urbanismo y de consumo. Nos opondremos a cualquier disposición que pueda comportar el desplazamiento por inconstitucionalidad sobrevenida en lo previsto en la Ley 18/2007 de vivienda y
reduciremos la regulación considerada básica a los mínimos imprescindibles y no contradictorios con nuestra propia legislación, igual que cualquier otra que ponga en peligro la contención de rentas que opera con éxito en estos momentos en Cataluña,
que deberá mantener la facultad de dictar normas propias en esta materia. La habilitación al Gobierno para el desarrollo reglamentario de la ley deberá tener carácter específico y restringido. El establecimiento por reglamento de bases estatales
que se impongan a nuestras leyes no podrá aceptarse.
Finalmente -quiero repetirlo-, propondremos y deberemos introducir mejoras en la modificación de la legislación procesal en la línea del alquiler social obligatorio y de la introducción como requisitos procesales de los informes de
vulnerabilidad y de la oferta de alternativa habitacional real. Déjenme que se lo diga con otras palabras. No reconocemos competencias al Estado porque no las tiene en materia de vivienda, en materia de urbanismo y en materia de consumo, pero
somos conscientes de que deben producirse modificaciones legislativas en el ámbito de sus competencias para que esta legislación sustantiva tenga efectos y tenga una aplicación real e incuestionable en los tribunales. Así, tengan todos claro que el
repentino y feroz interés por la salvaguarda de las competencias de las comunidades autónomas, del Consejo General del Poder Judicial y de algunas formaciones políticas no tiene nada que
ver con la defensa de un supuesto Estado compuesto con legislaciones diferentes en base a sus potestades, sino con una voluntad deliberada de entorpecer cualquier menoscabo al derecho de propiedad privada, ese derecho absoluto sin ninguna
dependencia de su función social.
Se lo vuelvo a repetir, concebimos la propiedad privada sujeta a su función social, y el destino de una vivienda es ser un hogar, estar ocupada para proveer, como derecho primordial, el resto de los derechos de las personas que predicamos:
la intimidad, la salud, la familia; la vida, en definitiva. (Aplausos). Por esto, y porque tenemos la garantía escrita, dada por la ministra de que la ley que aprobemos resolverá los problemas de incardinación competencial, vamos a votar en
contra de las enmiendas de devolución y permitiremos la tramitación.
En este momento, quiero hacer un agradecimiento especial a todas las entidades -a la PAH, al Sindicat de Llogateres- que han estado trabajando incansablemente para que esto se pudiera producir. (Aplausos).
Termino. La advertencia es pública y solemne. No, no, no comprometemos nuestro voto futuro más que al cumplimiento de los requerimientos planteados para garantizar el mantenimiento de nuestra capacidad para hacer frente a un problema que
lleva demasiado tiempo sin resolverse, a la no invasión competencial y al avance en derechos sociales. Ni casas sin gente, ni gente sin casas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Zurita Expósito.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidente. Muy buenos días a todos, señorías.
Señora ministra, por fin ha llegado la ley de vivienda al Congreso, pero es peor el remedio que la enfermedad. Es obvio, a la vista del poco éxito que ha tenido, porque esta ley no le gusta ni a los propios socios del Gobierno. Miremos su
resultado; lo esperado era que fuera el Grupo Parlamentario Popular el que hubiera presentado esta enmienda a la totalidad, porque desde un principio hemos sido muy críticos con las determinaciones de esta ley, pero han sido el Partido Popular,
Ciudadanos y sus socios; el PNV, el PDeCAT, Esquerra y Junts. Este es un indicador claro y absoluto de que esta ley no sirve, de que esta ley de vivienda se debería retirar y redactar una con lo que verdaderamente importa, y así lo ha dicho el
informe del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y qué es realmente lo que hay que regular? ¿Se lo han planteado en su ministerio, señora ministra? Porque da la impresión de que, más que regular, ustedes han optado por contentar; contentar a sus
socios de Gobierno, porque no hay otra explicación para este engendro, que no tiene ni pies ni cabeza.
Esta ley nace ya obsoleta, y penaliza y demoniza a quienes pueden resolver el problema. Ustedes saben que en los últimos quince años se han construido 2,4 millones de viviendas con ahorro privado y lo que hace esta ley es penalizar el
ahorro privado de las empresas y de las familias. Cuando se quiere solucionar algo, hay que identificar el problema y la causa. Si el problema es que hay dificultad en el acceso a la vivienda, la causa será que faltan viviendas allí donde se
necesitan, que hay poca oferta. Y si la causa es que las condiciones de las viviendas no son buenas e igualitarias, habrá que ver en qué consiste esa desigualdad dentro de los parámetros regulables, como por ejemplo, la accesibilidad. Señora
ministra, la accesibilidad es la gran olvidada de este Gobierno que parece que no se ha leído la ley.
¿Quieren ustedes que bajen los precios del alquiler? Pues busquen el equilibrio entre oferta y demanda, den herramientas a las comunidades autónomas y a las entidades locales, y no regulen doblemente lo que ya está regulado y, además, donde
el Estado no tiene competencias. ¿Quieren que se incorporen al mercado las viviendas vacías? Pues apliquen medidas incentivadoras no penalizadoras. Señorías, hay que respaldar la función social que se atribuye en España al derecho a la propiedad
privada. Tener derechos implica tener también deberes y hay que fijar con claridad los diferentes derechos y deberes de los agentes intervinientes y los pilares y fundamentos en los que ha de consolidarse la política de vivienda y propiedad de
nuestro país.
Contrariamente a todo esto, se hace una ley propagandística y panfletaria de alta carga ideológica que no puede permitirse una ley estatal que pretende actuar como paraguas de la legislación en materia de vivienda de cada una de las
comunidades autónomas. Las medidas propuestas por el PSOE y Podemos son inconstitucionales, son un ataque a la propiedad privada como nunca se había visto en nuestro país. No es que exista un control de precios de alquiler, sino que esta ley está
llena de medidas absolutamente abusivas y que penalizan el poseer una propiedad inmobiliaria. Lo peor de todo es que es una argucia para eximir al Gobierno en su nulidad de establecer una política de vivienda eficaz y lo que hacen es cargar todo
sobre la
propiedad privada. (Aplausos). Por razones que intentaré desgranar, esta ley representa una aberración jurídica que ataca la libertad individual, la propiedad privada y el mercado de arrendamiento.
Miren, los principales objetivos de esta ley, que se vende como la respuesta a los problemas de vivienda en nuestro país de acuerdo con su propia exposición de motivos, son garantizar el derecho a una vivienda digna en condiciones
asequibles, a lo que se añade la garantía de la existencia de un parque público de vivienda, la actuación estatal y la transparencia de las políticas públicas. Después, todo esto se materializa en propuestas populistas y fracasadas, porque allí
donde se aplican han fracasado, como la regulación de los precios de alquiler. Intervencionismo, propaganda, ataques al Estado de derecho e interferencias, tanto en las competencias autonómicas como en las relaciones contractuales entre privados,
inconcreciones y referencias a otros instrumentos normativos son características que se detectan en todo el articulado de esta ley.
Nos preguntamos si ustedes están convencidos realmente de lo que se proponen. ¿Creen ustedes que con todo esto se ha de resolver, además vulnerando el derecho de la propiedad? Miren, el derecho a la propiedad no puede ser vulnerado por una
aplicación tendenciosa de la función social de la propiedad. Aquí parece que se pretende que la excepcionalidad del Real Decreto Ley 11/2020, de medidas contra la COVID, pasen a ser definitivas y tengan las mismas obligaciones las entidades
públicas de vivienda que los propietarios privados. Eso no puede ser porque lo excepcional no puede ser norma, y ustedes confunden regular la función social de la propiedad con avasallar la propiedad y con avasallar al propietario.
¿Ustedes creen realmente que esta ley va a solucionar los problemas de los ciudadanos o va a solucionar los problemas al Gobierno? El Gobierno nos ha demostrado varias veces que la política de vivienda está siempre al servicio de sus
intereses políticos, no es la primera vez que lo decimos aquí. Miren, primero recurrieron la ley catalana que limita los alquileres y la recurrieron al Tribunal Constitucional sin pedir la suspensión. ¿Por qué? Pues -dicho por el propio Gobierno-
para aliviar tensiones. Cada poco han ido cediendo a las presiones de Podemos y aviniéndose a regular el precio de los alquileres, cada vez de distintas formas, cada cual más desafortunada, y, por fin, han cedido con la aprobación de este proyecto
de ley por parte del Consejo de Ministros, incluso con el informe en contra del Consejo General del Poder Judicial. Esto se ha hecho porque, de no aprobarse, podría peligrar esa coalición de Gobierno, como ya sucedió en 2019. El señor Sánchez, y
en este caso la señora Sánchez, venden nuestros principios constitucionales por su permanencia en la Moncloa aprobando una ley que ataca fervientemente a la propiedad privada, penaliza ser propietario de un inmueble y regulariza la ocupación de
viviendas ya no solo con la modificación que introduce el real decreto que nos ha precedido, sino que prolongan la agonía del propietario de una vivienda ocupada dejando sin efecto el procedimiento de desalojo exprés que habíamos consolidado en una
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil aquí, en esta Cámara, en 2018. Y con estos métodos y estas medidas nos preguntamos si ustedes realmente piensan resolver algo, porque no van a resolver el problema de las personas vulnerables, no van a
garantizar el derecho a la propiedad privada y tampoco van a garantizar el derecho a la vivienda de los jóvenes, lo único que les garantiza a ustedes es su permanencia en la Moncloa.
Y miren, con respecto a las medidas no solo es el control de alquileres -que es lo que más ha sonado de esta ley de vivienda-, sino que la inseguridad se genera con la ambigüedad y la imprecisión de muchísimas medidas, sobre todo las que
están reguladas en las disposiciones finales, las medidas en la fiscalidad de la vivienda. Frente a nuestras medidas incentivadoras, se plantean unas medidas coercitivas, cicateras y además -esperemos- de escaso recorrido. Las modificaciones a la
Ley del Suelo que plantean van en contra de los derechos adquiridos por propietarios de suelo urbano. Y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil propicia la ocupación de viviendas impidiendo los desalojos de inmuebles en determinadas
circunstancias no objetivas.
Y entonces, ¿qué debería regular esta ley de vivienda? Lo primero es regular, buscar el equilibrio entre el carácter social y el carácter económico de la vivienda, porque se debe dar seguridad jurídica para cumplir las dos cosas: lo social
y lo económico. Lo que no puede ser es un instrumento meramente intervencionista, como pretende el Gobierno, que además vende la ley como un mecanismo para resolver un problema que, además de ser transitorio, no responde por igual a todo el
territorio nacional. Y lo primero es establecer claramente el marco competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, que son quienes realmente tienen competencias en materia de vivienda; el Estado tiene capacidad regulatoria en aspectos
que inciden directamente en la política de vivienda en lo que afecta a la planificación general de la actividad económica, el marco regulatorio y el derecho a la propiedad y establecer su función social; el establecimiento de las bases de
ordenación del crédito; el establecimiento de pautas de relaciones
contractuales sobre la base de la legislación civil, y también podría contener medidas contra la ocupación. Hay que evitar los crecientes recursos al Tribunal Constitucional de las leyes de vivienda de las comunidades autónomas, que se
delimiten exactamente las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. ¿Y con esta ley qué van a conseguir? Pues justo lo contrario, que la que se recurra sea la ley estatal ¿Qué debe hacer el Gobierno con esta ley? Pues, mire, deben
retirarla. La única salida que hubiera tenido un Gobierno con un mínimo de sensibilidad y dignidad es haberla retirado y empezar a tramitar una nueva con el principal partido de la oposición -¿por qué no?-, respetando la propiedad privada y
facilitando que jóvenes y familias puedan acceder a un inmueble. Una ley que, además, combatiera la ocupación, tal como lleva demandando el Partido Popular. Hay que proteger al propietario, señorías, y no al delincuente.
Y para terminar, señorías, el principal factor inflacionista en la vivienda es el exceso de regulación, el intervencionismo y los impuestos que soporta, y esta ley lo tiene todo; lo tiene todo. Pero en realidad es fácil: para bajar los
precios hay que aumentar la oferta, más libertad y menos impuestos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Señor presidente, señorías, es evidente que en España hay un problema de vivienda, que en realidad engloba un conjunto de problemas, como son la carestía, la imposibilidad de los jóvenes para acceder a la compra o
el alquiler, la insuficiencia de los parques públicos de vivienda, pero también debemos observar la diferencia territorial en los problemas de vivienda y, entre ellos, los específicos de la vivienda en el medio rural, donde la oferta es un eslabón
básico para empezar a revertir la despoblación. La vivienda es un derecho para todos, un pilar del Estado del bienestar y una de las bases de la cohesión territorial y social. Es imprescindible encontrar consensos durante la tramitación de esta
ley para que sea más transversal en su contenido y en sus agentes y disponga de capacidad para hacer posible el derecho a la vivienda en contextos muy diferentes, desde las áreas urbanas, con tensiones en el alquiler, hasta las áreas rurales y las
pequeñas ciudades de áreas despobladas. Aunque la exposición de motivos menciona los problemas de acceso a la vivienda en el medio rural, en el articulado no hay medidas adaptadas a este ámbito. Nosotros apoyaremos la tramitación y presentaremos
importantes enmiendas parciales para que se contemple un tratamiento específico de la problemática en los pequeños municipios, donde debe generarse un parque público de vivienda en alquiler de tipología y precio acordes con el contexto
socioeconómico y que facilite la repoblación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Esta ley no solo no garantiza ningún derecho, sino que los ataca; ataca derechos recogidos en nuestra Constitución, ataca derechos básicos de los españoles, ataca derechos y principios absolutamente compatibles y necesarios en cualquier
democracia liberal. Esta es una ley que trae este Gobierno con un informe en contra, y específicamente en contra, del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, nadie de esta Cámara que diga respetar las competencias de las comunidades
autónomas puede estar a favor o permitir esta ley. Eso es lo primero. Y, en segundo lugar, nadie en esta Cámara que crea en los principios de la democracia liberal puede pensar que atacando la propiedad privada se construye más democracia liberal;
es algo absolutamente incoherente. Una vez más, la parte radical del Gobierno se ha impuesto. Esto es un peaje, un nuevo peaje que está dispuesto a pagar el Partido Socialista a la parte radical del Gobierno, y además una soflama, porque esto no
viene a solucionar ningún derecho, esto no viene a garantizar ningún derecho a la vivienda, que ya garantiza la Constitución española, no necesitamos una ley para garantizar en vacío derechos. Esta ley a lo que viene es a atacar a la propiedad
privada y además a empeorar un problema, porque poniendo coto a los precios de los alquileres solo van a conseguir una cosa y es que los precios de los alquileres aumenten porque hay menos vivienda disponible. Eso ya lo hemos visto, es la realidad.
A partir de ahí, quien quiera se puede tapar los ojos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Señorías, Coalición Canaria va a votar sí a las enmiendas a la totalidad presentadas a esta ley de vivienda y en contra del texto alternativo presentado por Esquerra. La vivienda es competencia de las comunidades autónomas; este proyecto
de ley invade competencias en la Comunidad Autónoma de Canarias y como nacionalistas no podemos avalar una ley que vulnera nuestro estatuto de autonomía. Votamos no a una ley cuyo contenido no es más que una burbuja con cuatro ideas populistas y
propagandísticas de cara a la galería, que además no son ni pueden ser asumidas por el Estado y que las pone en el tejado de las comunidades autónomas. Llenan un proyecto de ley con verbos como fomentar, impulsar, pero rascas y debajo de esos
verbos no hay nada, ni compromiso ni acción ni medidas, nada de nada.
En experiencias similares de imposición de precios o de incremento de cargas impositivas al arrendador se ha producido un efecto contrario: la retirada de viviendas del mercado del alquiler, por no hablar de que pueden generar más economía
sumergida y especulación. En esta ley no proponen medidas para incentivar la promoción y construcción de nuevas viviendas que amplíen el actual parque público. Es más, van a frenar la construcción de nuevas viviendas. Este proyecto de ley
pretende penalizar al titular de varios inmuebles poniendo además porcentajes de recargos de hasta el 50 %. Y es que, según esta ley, el tenedor de una segunda vivienda tendrá que justificar por qué no la arrienda.
Termino. Esta ley justifica además la okupación -okupación con k- de viviendas. Les advierto, dar carta blanca a la okupación lesiona el derecho a la propiedad y, entre otras cosas, va a obligar al propietario a tener que asumir gastos por
una vivienda ocupada. Y no hablemos en Canarias de la okupación de viviendas sociales, con familias con chiquillos y en vulnerabilidad que llevaban diez años esperando una casa y no entienden que un tipo entre, tire la puerta y la okupe, y ellos
sigan sin tener vivienda. Por eso no vamos a apoyar esta ley.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.
Ministra, hoy que hablamos de vivienda me acompaña la memoria de Jacinto Ávalos, un militante detenido en el año 1981 en Terrassa por ser miembro de la Asociación de Trabajadores por una Vivienda Digna -es una lucha que viene de lejos- y que
murió en la cárcel unos años después en circunstancias muy poco claras.
De vivienda hemos hablado mucho y tengo muy poco tiempo. Me centraré en nuestro posicionamiento respecto a la ley que hoy nos traen diciendo que no apoyaremos las enmiendas a la totalidad de devolución que quieren impedir que se tramite.
No haremos como hizo el PSOE en su día, en diciembre, sumando sus votos a los de la derecha precisamente para impedir el trámite de una ley que venía del movimiento popular, que venía de las plataformas, que venía apoyada por ocho formaciones
presentes aquí, en el Congreso, y por tanto dejaremos que se tramite hoy.
Pero tampoco apoyamos el texto del Gobierno, fundamentalmente por dos motivos. El primero, por insuficiente, especialmente en lo que se refiere a la limitación del precio del alquiler; pone tantísimas condiciones que termina por impedir
que sea un efecto práctico que llegue a regularizarse el precio del alquiler. Y el segundo -se ha dicho muchísimo y nosotros también queríamos insistir-, porque es una ley recentralizadora. La vivienda es una competencia de las autonomías y en el
caso, por ejemplo, del Parlament de Catalunya se ha usado para leyes avanzadas como la 11/2020, de regulación del precio del alquiler. Y se da la paradoja -vamos a decirlo así- de que esta ley está recurrida por el Partido Popular y por el Gobierno
del PSOE y de Unidas Podemos al Constitucional. Con una mano se trae una ley catalana avanzada al Constitucional; con la otra se nos pide que apoyemos una ley que vendría a confirmar esa pérdida de competencias de nuestros parlamentos. Así que,
tal como está hoy, nosotros no apoyaríamos esta ley. Sí apoyamos que se abra el trámite de enmiendas, que se aprueben las buenas enmiendas que la hagan una buena ley y que no sea centralizadora, pero no se confíen como siempre hacen, ni jueguen al
chantaje de o esta ley o nada. Ustedes ya rechazaron una ley de vivienda también cuando tenían la oportunidad, y nosotros solo la votaremos si realmente es una ley que avance y que respete las competencias de los parlamentos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, eguerdi on guztioi.
La verdad es que, después de escuchar las intervenciones en defensa de las enmiendas de devolución, no puedo sino reafirmar el sentido de nuestro voto, que va a ser un voto contrario a todas ellas, menos a la de Esquerra Republicana de
Catalunya, y lo digo porque los argumentos han sido harto previsibles, que no es ningún demérito, en cualquier caso está bien que se visibilicen. Es más, está bien que incluso se hubiera sido más claro. Yo tengo que agradecer al Partido Popular y
a Ciudadanos que hayan sido muy claros en su defensa de la propiedad privada por encima de la necesidad de vivienda de la gente, así lo han expresado y verbalizado ellos, no sé si el resto lo piensa y no ha querido verbalizarlo. Han sido también
muy claros cuando hablaban del equilibrio entre la oferta y la demanda, la famosa teoría de la mano invisible, de Adam Smith, más falsa que un euro de madera pero que sigue teniendo adeptos. Han sido bastante claros cuando han dicho que esta ley
tenía un carácter coercitivo. Esto es más gracioso porque, claro, que los padres de la coerción digan que algo es coercitivo, nos hace pensar a todos, porque nadie mejor que la derecha española sabe lo que es la represión y la coerción cuando se
trata de construir artefactos legales para castigar a la población. (Rumores). Tranquilidad.
Pero también se ha mencionado un presunto ataque o invasión competencial. A eso me referiré luego, porque también era previsible. Y es verdad que a veces se lanza el fantasma o se invoca el problema de la invasión competencial y,
probablemente, hay veces en las que sucede y hay que denunciarlo, estamos de acuerdo, pero otras muchas veces a nosotros nos da la sensación de que se utiliza para, como se dice en el terreno futbolístico, lanzar balones fuera. Es decir, lo que no
hago en una Cámara autonómica porque no quiero hacerlo, porque no estoy de acuerdo con la filosofía de poner por delante de todo el derecho subjetivo a la vivienda, pues lo planteo en otro escenario, y en otro escenario, como no me corresponde ser
protagonista, pues queda diluida mi posición original.
En cualquier caso, como digo, nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas de devolución porque creemos que el derecho a la vivienda es un derecho que hay que garantizarle a toda la población, porque creemos que anteponer el derecho a
la propiedad frente a la necesidad de los más vulnerables no es justo ni es decente y porque creemos que proteger los intereses de los prebostes del sector inmobiliario frente a las necesidades de la gente es profundamente reaccionario, se disfrace
como se disfrace y se ponga detrás la bandera que se ponga. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Porque esa es la verdadera razón y pocas votaciones vamos a ver en este Congreso que marquen tan claramente, de una manera tan definitoria, lo que son las políticas de izquierda de las políticas de derecha,
las formaciones políticas de izquierda de las formaciones políticas de derecha, lleven detrás la bandera que lleven detrás.
Pero, dicho esto, quiero dar un salto en el tiempo. Quiero irme al 14 de diciembre de 2021. Aquí, en esta Cámara, se debatió otra ley de vivienda. En este caso, la proposición de ley de garantía del acceso a la vivienda, y se rechazó.
Era una ley que venía con el aval de 120 organizaciones sociales, incluidos los sindicatos mayoritarios del Estado español, a los que hay que escuchar siempre, menos -parece- en esta ocasión, y ustedes, señorías del Partido Socialista Obrero
Español, junto con la derecha, que hoy presenta las enmiendas de devolución, decidieron que esa no era la iniciativa sobre la que construir un proyecto de ley que dé respuesta a las necesidades de cientos de miles de personas que no encuentran una
solución habitacional.
Nosotros y nosotras, Euskal Herria Bildu, desde luego, lo decimos con absoluta claridad: queremos cambiar el modelo de vivienda imperante y queremos que haya un nuevo marco legal, pero no cualquier marco legal. Queremos que acaben los
desahucios sin alternativa habitacional, porque se siguen produciendo, porque hoy mismo se sigue desahuciando a gente. Queremos que se ponga límite a los precios de alquileres, porque en realidad este es un nuevo nicho de mercado para los fondos
buitre, que también hay que decirlo, y da igual que vengan de Estados Unidos o estén compuestos por honorables personas de nuestras sociedades. Y queremos que se aumente el porcentaje que los ayuntamientos se llevan en concepto de plusvalía por los
terrenos urbanos, y creemos que eso también hay que señalarlo, de la misma manera que queremos más vivienda protegida y, dentro de la vivienda protegida, más vivienda en alquiler, si no toda en alquiler. Esas son las posiciones que ha mantenido
Euskal Herria Bildu.
En lo que tiene que ver con el marco competencial, al que quería referirme, señorías del Partido Nacionalista Vasco, defender nuestro autogobierno frente a la invasión de competencias está bien, se lo reconozco -es más, hay que hacerlo
siempre-, y nos encontrarán no solo para defenderlo, sino también para intentar ampliarlo mucho más, hasta el absoluto, ojalá nos acompañen también en ese camino, pero defender el autogobierno no es impedir avances sociales para la mayoría social.
Creo que si es así como lo entienden, han entendido mal el autogobierno; su defensa y ampliación debe servir para ampliar los derechos de la mayoría social, para demostrar a los vascos y vascas que con más herramientas propias podemos ofrecer
mejores condiciones de vida a nuestra ciudadanía, no para lo contrario, no para no utilizar las herramientas que tenemos y las competencias que tenemos en nuestros parlamentos, que son nuestros, y no hacer estas leyes. No es honesto que la defensa
de las competencias se use como estrategia para no cambiar nada. ¿Debemos blindar nuestras capacidades? Sí, pero es que ustedes lo que pretenden es impedir avances sociales apuntalando la lógica del mercado y protegiendo grandes intereses
económicos.
Usted, señor Barandiaran, ha traído a colación un hito, y se lo quiero agradecer públicamente; ha traído a colación la Ley de Vivienda de Euskadi aprobada en junio de 2015 y ha señalado cuáles eran los efectos beneficiosos o los contenidos
de esa propia ley. Ha hablado de la capacidad que le daba a la Administración pública para poder expropiar viviendas, ha hablado del carácter de derecho subjetivo de la vivienda y ha ido desgranando los contenidos de la ley, pero se le ha olvidado
un detalle no menor, creo, que igual en esta Cámara no conocen, pero que yo quiero compartir con ustedes. Se le ha olvidado decir que esa ley de 2015 salió adelante con los votos de Euskal Herria Bildu, del Partido Socialista de Euskadi y de UPyD
-algo bueno hizo algún día-, con 38 votos, pero hubo 37 votos en contra, los votos del Partido Popular -previsible- y ¡del Partido Nacionalista Vasco! Esa ley que ustedes se arrogan aquí como una ley pionera, de avance y de progreso es una ley que
ustedes votaron en contra. Y fíjese si lo sé bien (el señor Barandiaran Benito pronuncia palabras que no se perciben), tranquilo, que le podría reproducir casi palabra por palabra lo que su portavoz en ese momento dijo en el debate: que era una
carta a los Reyes Magos y que se arrogaba competencias que no teníamos; esas eran las líneas principales. ¿Y sabe por qué lo sé tan bien? Porque yo voté esa ley. Yo sí estaba en el Parlamento vasco ese día de 2015 votando a favor de esa Ley de
Vivienda de Euskadi que usted hoy lanza aquí como ejemplo de las buenas praxis de su Gobierno, pero a la que usted y su partido votaron en contra. Yo creo que eso es completar la foto y completar la radiografía, y creo que es justo hacerlo así para
que las medias verdades no tapen la razón de las cosas.
En cualquier caso -y termino ya- nosotros vamos a votar en contra de la devolución, y lo vamos a hacer porque queremos presentar enmiendas que lleven esta ley hacia un horizonte más parecido al que tenía la ley de 14 de diciembre de 2021, la
de los colectivos sociales, y lo vamos a hacer para dotar de más derechos a la gente y también, cómo no, para blindar nuestras competencias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Ministras, bienvenidas.
Hoy hablamos de la primera ley estatal del derecho a la vivienda. Yo me voy a centrar en nuestro posicionamiento en relación con las enmiendas a la totalidad que aquí se han explicado.
Por un lado, nos encontramos con las enmiendas a la totalidad de devolución de las derechas españolas, a las que no les gustan las políticas que ellos llaman intervencionistas y que levantan con orgullo, diría patrio, esa bandera de la
libertad de mercado y del derecho de propiedad. (Rumores). Lo primero que les quiero decir es que ese debate es una mentira, es un debate falso. Las reglas y las normas existen. No existe la libertad de mercado, lo que existen son normas que
pueden poner una alfombra roja a los fondos buitre y pueden hacer posible la especulación sobre un bien esencial como la vivienda o pueden existir, por el contrario, otras normas y otras leyes que lo que quieren es proteger el interés general,
proteger los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, y también cumplir la Constitución. (Aplausos). Porque, señores de la derecha, cumplir la Constitución significa -escuchen- controlar los procesos mercantilizadores y especulativos que
impiden que la mayoría de las familias españolas accedan a una vivienda digna. Hay un mandato muy claro en nuestro texto constitucional. La
Constitución española, artículo 47, establece el derecho de todos al disfrute de una vivienda digna y adecuada y, además, impone a todos los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen el ejercicio de este
derecho; es más, también prohíbe la especulación sobre este bien. Así que diría que menos golpes en el pecho para defender la Constitución y un poco más de empeño en hacerla cumplir, y para eso nosotras traemos aquí este proyecto de ley de
vivienda.
Por otro lado, nos encontramos con las enmiendas, también a la totalidad de devolución, de las derechas nacionalistas, que se agarran a la invasión competencial, cuestión que siempre es recurrente para no entrar en harina. Y aquí me
gustaría hacer un poco de recorrido histórico. Recordaría que el Estado siempre ha hecho política de vivienda; es más, diría que prácticamente la única política de vivienda que ha existido hasta bien entrado el siglo XXI es la que ha hecho el
Estado, la que hacía el Estado en los planes estatales de vivienda y su financiación, y mientras tanto las comunidades autónomas aprobaban algunas medidas muy similares a los planes estatales y aportaban un poquito de dinero. Pues bien, todo esto
sucedió durante bastante tiempo, casi treinta años, y durante esos treinta años gobernaban las derechas en Cataluña y en Euskadi, y parece que no les molestaban tanto estas medidas que tomaba el Estado. Pero quizá la razón está en que coincidían en
el fondo, porque no eran políticas de vivienda que tenían como fin materializar el derecho a la vivienda, sino que eran políticas económicas al servicio de los intereses económicos de algunas oligarquías, intereses del mercado inmobiliario
financiero. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un segundo, señora Garrido.
Les pido silencio, por favor. Es imposible seguir al orador, que es el único que tiene el uso de la palabra.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: En este sentido, les daría un dato, en este caso un dato importante: la primera ley de derecho a la vivienda se aprueba en Cataluña en 2007, y no lo hace un gobierno de derechas, sino el primer gobierno de
izquierdas que existe, y lo mismo sucede en Euskadi. En Euskadi se presenta, paralelamente a este proyecto de ley en Cataluña, un proyecto de ley en Euskadi que es vetado por el Partido Nacionalista en el Consejo de Gobierno, y no es hasta 2015
cuando se saca adelante un proyecto de ley de derecho a la vivienda y, desde luego, no avalado por el Partido Nacionalista. Por lo tanto, también hay que hacer cierta crítica, el Estado llega tarde. Ese es el problema, que llega muy tarde. Si
primero se hubiera desarrollado el marco común del derecho a la vivienda con una ley de mínimos, con una ley de carácter principialista, quizá las comunidades autónomas hubieran podido ejercer sus competencias de vivienda con mayor eficacia, con
mayor seguridad jurídica y permitiendo, eso así, las diferentes orientaciones políticas.
En relación con la última de las enmiendas, la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Republicano, es un texto que básicamente compartimos. Compartimos el contenido de ese texto, pero también les diría -y lo he reconocido- que la ley
catalana de 2007 del derecho a la vivienda quizás es una de las mejores leyes que existen en el Estado. En ese sentido, les pediría que hagamos todas un esfuerzo para que esa filosofía presente en Cataluña haga de motor, haga de tractor para que en
el resto del Estado también exista una legislación que permita a todos y a todas las españolas ejercer ese derecho a la vivienda; así que, les pediría un poco de solidaridad y les pediría, con mano tendida, que trabajemos duro durante los próximos
meses para conseguir que esto sea posible.
En definitiva, creo que hoy nos estamos posicionando frente a aquellos que no quieren hacer del acceso a la vivienda un derecho para todas y para todos. También frente a aquellos que no quieren que cambie nada, que no cambie el statu quo,
que haya una oligarquía inmobiliaria y financiera que decida dónde vivimos, en qué condiciones vivimos, cuándo podemos independizarnos o cuándo nos vemos obligados a permanecer en el hogar de nuestros padres. Y también nos posicionamos frente a
aquellos que son amigos muy amigos de los pelotazos urbanísticos, de las tramas urbanísticas y de las redes clientelares.
Por lo tanto, este proyecto de ley es una esperanza, una esperanza que responde no solo a las obligaciones y a los mandatos del texto constitucional, sino también a las obligaciones reflejadas en los diferentes tratados internacionales que
han sido firmados por el Estado español. Podríamos hablar del Pacto Internacional de Derechos Económicos, de la Carta Social Europea y de muchos otros. Necesitamos una ley de vivienda que dé cumplimiento a esas obligaciones internacionales y que
controle los precios abusivos de los alquileres para conseguir que la vivienda sea asequible, para garantizar la seguridad y la estabilidad en el disfrute de la vivienda -por lo tanto, alquileres seguros y estables- y que luche por fin contra la
lacra de los desahucios sin alternativa habitacional.
Por lo tanto, mano tendida.
La señora PRESIDENTA: Señora Garrido, tiene usted que terminar, por favor.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Sí.
Esperamos que en los próximos meses podamos trabajar duro y conseguir que esta ley sea una ley vigente y que pueda resolver los problemas del derecho a la vivienda.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Garrido. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Esteban Calonje. (Aplausos).
La señora ESTEBAN CALONJE: Muchas gracias, señora presidente.
El pasado otoño para aprobar los presupuestos generales del Estado Unidas Podemos exigía que se aprobara su ley de vivienda, esa retahíla de medidas y soflamas populistas que necesitaban para justificarse ante su parroquia. Sobre la
limitación de rentas, que es una de las medidas estrella de este proyecto bolivariano, hace un año el entonces ministro responsable, el señor Ábalos, rechazaba limitar el alquiler y Podemos le recordaba que lo pactado obliga. (Muestra un recorte de
prensa en el que se puede ver al exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ábalos Meco, y se lee en un titular: 'Ábalos rechaza limitar el alquiler y Podemos le recuerda que ''lo pactado obliga'''). En el mes de marzo, la
vicepresidente primera y ministra de Asuntos Económicos decía que simplificar los problemas complejos no nos ayuda a resolverlos. (Muestra otro recorte de prensa en el que se ve a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Calviño Santamaría, y se lee en un titular: 'Calviño reitera su oposición a limitar los alquileres: ''Simplificar los problemas complejos no nos ayuda a resolverlos'''). Ya en julio -se van acercando los presupuestos- el
exministro Ábalos cambia de opinión y dice que hay que limitar al 10 % la subida de alquiler en las zonas tensionadas. (Muestra otro recorte de prensa en el que se puede ver al exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ábalos Meco, y se
lee en un titular: 'Ábalos propone limitar al 10 % la subida del alquiler en zonas tensionadas'.-Rumores). Viene a sucederle la ministra de cuota -de cuota PSC, se entiende-, Raquel Sánchez, que decía que limitar el precio de los alquileres no ha
dado resultado. (Muestra otro recorte de prensa en el que se lee en un titular: 'Raquel Sánchez: ''Limitar el precio de los alquileres no ha dado resultado'''.-Rumores). Pero, claro, empezaron las presiones y Podemos exige a Raquel Sánchez que
impulse el control del precio de los alquileres. (Muestra otro recorte de prensa en el que se puede ver a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sánchez Jiménez, y se lee en un titular: 'Podemos exige a Raquel Sánchez que impulse
el control del precio de los alquileres como hizo en Gavá'.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Les pido silencio, por favor.
La señora ESTEBAN CALONJE: La ministra Sánchez, ya cartera en mano, defiende limitar los precios del alquiler. (Muestra otro recorte de prensa en el que se puede ver a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sánchez Jiménez,
y se lee en un titular: 'Raquel Sánchez defiende limitar los precios del alquiler y el federalismo'.-Aplausos). Y el PSOE, que ha sido capaz de pactar hasta con los verdugos de sus propios compañeros de filas, amarró los presupuestos de la ruina y
nos trajo esta inhabitable ley de vivienda. Realmente, señores del PSOE, no hacía falta porque los hubieran aprobado igual. Aquí están los de 'OTAN no, bases fuera' agarraditos a su sillón. No se hubieran ido a ningún sitio. ¿Dónde se van a ir?
En el inmobiliario, como en cualquier otro sector, las variaciones de los precios son una clara consecuencia de la ley básica de la oferta y la demanda. En concreto, en España las subidas salvajes de los precios, muy especialmente en el
alquiler, se han dado en las ciudades grandes y en los centros turísticos. ¿Y por qué? Porque la oferta ha sido incapaz de absorber la demanda. Las actuaciones públicas deben incentivar la oferta y no ser medidas totalitarias de control.
Comienzan haciendo referencia al artículo 47 de la Constitución española. Sin embargo, el Gobierno ni ha entendido el derecho en sí ni que el mandato a garantizar este derecho está dirigido a los poderes públicos, no a los ciudadanos. (Aplausos).
A la hora de establecer restricciones a la propiedad privada, el legislador debe respetar el equilibrio justo entre los medios empleados y la finalidad pretendida. Control de rentas, prórrogas forzosas, recargos en el IBI de hasta un 150 %,
protección a los okupas y a los inquiokupas... Con las medidas recogidas en este proyecto de ley, ustedes han sobrepasado el equilibrio justo. Una ley dirigida a garantizar el acceso a la
vivienda, que -repito- es una obligación de los poderes públicos, no puede sustentarse en su totalidad en medidas de injerencia en la propiedad privada. No es que no nos gusten las medidas intervencionistas, señora Garrido, es que no
funcionan y producen el efecto contrario. Por cierto, señora Garrido, no existe el título 47 de la Constitución española. La Constitución española tiene diez títulos. (Aplausos).
El pasado 27 de enero el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe respecto a este proyecto de ley en el que se señalaban graves deficiencias, tanto de forma como de fondo, un dictamen demoledor que el Gobierno de la ruina ha
decidido ignorar. La evidencia internacional, como en Berlín o París, confirma que la limitación de rentas logra exactamente el efecto contrario. Logra la creación de un mercado ilegal; la reducción en la inversión de viviendas destinadas a
alquiler, tanto en compra como en mantenimiento y rehabilitación; la reducción de la movilidad de los trabajadores, y la segmentación de la población en función de su poder adquisitivo. Porque no se crean que esto va a afectar en algo a las
personas de mayor poder adquisitivo. Quienes van a sufrir, como siempre, son las familias más humildes y las clases medias. (Rumores). Estos casos prácticos son de sobra conocidos y de ahí la negativa valoración del Consejo General del Poder
Judicial, pues por parte del Gobierno no ha realizado evaluación alguna sobre los beneficios sociales y los inconvenientes para justificar la contención de rentas. No han incluido en el proyecto de ley una evaluación estudiando el impacto de esta
medida porque su impacto negativo es ampliamente conocido. (Rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Esteban. Perdóneme un momento.
Tengo que volver a pedir silencio, por favor.
La señora ESTEBAN CALONJE: Señorías, subir hasta un 150 % el IBI a aquellos propietarios que tengan viviendas desocupadas es absurdo. Les recuerdo, señorías, que el 70 % de las viviendas vacías se encuentran en las zonas despobladas, en la
España que ha sido abandonada por las instituciones. (Aplausos). La escasa oferta de viviendas en alquiler se justifica por la falta de una adecuada liberalización del suelo, el gran intervencionismo público en el mercado inmobiliario, la
inseguridad jurídica y -adelantando por la izquierda, se coloca en primera posición- la desprotección legal e indefensión del propietario ante los okupas y los inquiokupas con la indolencia de los poderes públicos. (Aplausos).
Las soluciones al problema de vivienda las encuentran ustedes en la Agenda España: liberar todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido; construir viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con
opción a compra para garantizar que los jóvenes y las familias puedan adquirir un hogar, especialmente aquellos con menos recursos; revisión y rebaja masiva de tributos y cargas en el proceso edificatorio, y reforma tanto del Código Penal como de
las leyes de Enjuiciamiento Criminal y Enjuiciamiento Civil para proteger real y efectivamente a los propietarios. La vivienda, señorías, es un bien social y con unas nociones básicas de economía, mucha seguridad jurídica y menos populismo podremos
conseguir hacer políticas que aumenten la oferta, y nosotros sabemos hacerlo.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Esteban. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Bravo Barco. (Rumores).
Señorías, un poco de silencio, por favor.
La señora BRAVO BARCO: Señora presidenta, muchas gracias. Señora ministra, gracias.
Señorías, debatimos en este Pleno seis enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda o, lo que es lo mismo, debatimos si el Congreso está o no de acuerdo con que el Estado dote al derecho a la vivienda reconocido
en el artículo 47 de la Constitución de un desarrollo legislativo que le otorgue un contenido efectivo en todo el territorio nacional. Eso es lo que está en juego hoy aquí. Este proyecto de ley no es una medida aislada, sino que, junto con otras
muchas -como el bono joven, la promoción de más de 100 000 viviendas para alquiler social o el aumento del presupuesto estatal en materia de vivienda en casi en un 600 %-, forma parte de una política de largo alcance. Los socialistas contribuimos
decisivamente a consolidar los cuatro estados del bienestar: educación, sanidad, pensiones y servicios sociales. Y ahora estamos convencidos de que ha llegado la hora de movilizar al conjunto de los poderes públicos para la construcción de un
quinto pilar del Estado del bienestar (aplausos), el que asegure de una forma definitiva una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos de este país.
Señorías, somos conscientes de que existen numerosos obstáculos y dificultades en este empeño, como ya los hubo en la consolidación del resto de pilares, pero en este caso esas dificultades son incluso mayores por los intereses económicos
que están en juego. También estamos convencidos de que existe un clamor social para que sigamos adelante y superemos todas las barreras. Por fin se le ha dado a la vivienda la importancia que tiene, porque no se puede emprender una vida digna sin
tener asegurado un techo en el que desarrollar un proyecto de vida; y la intervención del Estado es necesaria, pues el mercado por sí solo no ha sido capaz de satisfacer esta demanda ya no solo social, sino también vital. Por eso es crucial que
hoy garanticemos que se tramite este proyecto de ley, porque es el eje fundamental de todo lo que estamos intentando construir.
Las fuerzas políticas que han presentado enmiendas a la totalidad alegan diversas razones. Me centraré en rebatir dos de ellas. Dicen algunas, las que representan a la derecha política, que el proyecto de ley invade el derecho a la
propiedad privada, distorsiona el mercado del alquiler, provoca inseguridad jurídica, ahuyenta la inversión y contrae la oferta. Son los argumentos de siempre para desacreditar cualquier intento por parte de los poderes públicos de regular el
mercado de la vivienda. No, señorías, garantizar que no se pueda enajenar el parque público de vivienda social, como recoge este proyecto de ley, no es crear inseguridad jurídica; es garantizar que ustedes no pueden volver a vender las viviendas
sociales a los fondos buitres. (Aplausos). Y, no, señoría, establecer mecanismos de contención de precios en las zonas donde el mercado hace imposible el acceso a una vivienda no es una inadmisible interferencia del Estado en un mercado racional
que funciona estupendamente, sino una medida tendente a garantizar lo que señala nuestra Constitución, el derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada para el conjunto de la ciudadanía. (Aplausos). Y, no, señoría, habilitar a los
ayuntamientos a establecer un recargo en el IBI a las viviendas de grandes propietarios que permanecen vacías injustificadamente no es un ataque a la propiedad privada; es luchar contra el sinsentido que supone que convivan cientos de miles de
personas sin acceder a una vivienda con cientos de miles de viviendas que permanecen vacías sin justificación alguna más allá de la especulación inmobiliaria, contra la que además se deben movilizar los poderes públicos según nos mandata nuestra
Constitución. Y, no, señorías de la derecha, el mercado lleva muchos años pidiendo una regulación prudente pero valiente, que asegure que las ganancias estratosféricas de unos pocos no impidan el acceso a la vivienda de otros muchos, especialmente
de los más jóvenes. (Rumores).
La otra razón por la que se presenta la enmienda a la totalidad es la supuesta invasión competencial. Somos conscientes en todo momento de la competencia autonómica en materia de vivienda. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Bravo. (Rumores).
Señorías, por favor, guarden silencio.
Gracias.
La señora BRAVO BARCO: El proyecto de ley no va a establecer la obligación a las comunidades autónomas, sino la posibilidad de implementar algunas de las medidas que recoge. Llama la atención que el Partido Popular, cuyos gobiernos
autonómicos ya han dicho que no van a implementar partes importantes de esta ley en sus comunidades autónomas -porque, además, eso lo prevé el proyecto de ley en aras del respeto a los ámbitos competenciales-, alegue a su vez invasión competencial
del Estado. Fíjense en lo que, camuflado tras un supuesto debate competencial, está pasando hoy aquí. Lo que está pasando es que el mismo Partido Popular que ha recurrido las leyes catalanas de vivienda por considerar la materia de competencia
estatal ahora dice que es de competencia autonómica para oponerse a su tramitación. (Aplausos). ¿Tiene esto sentido? Más sentido del que parece, porque a lo que aspira la derecha es a que el Tribunal Constitucional decida que los aspectos
centrales de esta ley solamente los puede regular el Estado y no los pueden regular las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, que el Estado no tramite este proyecto de ley, porque lo que a ellos les interesa es que siga existiendo ese vacío
normativo para seguir especulando con las viviendas. (Aplausos). Aliento a los grupos que están de acuerdo con la orientación política de este proyecto de ley y que tienen reservas sobre la cuestión competencial a que no caigan en la trampa de la
derecha. Negociaremos en el trámite de enmiendas para adecuar el proyecto de ley...
La señora PRESIDENTA: Señora Bravo, tiene usted que terminar, por favor.
La señora BRAVO BARCO: Permitamos que el proyecto de ley avance, porque, si no lo hace, habremos perdido una oportunidad histórica.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bravo.
DECAÍDO DEL ORDEN DEL DÍA:
- AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 23/2011, DE 29 DE JULIO, DE DEPÓSITO LEGAL. (Número de expediente 121/000085).
La señora PRESIDENTA: En relación con el punto 29 del orden del día, relativo a la propuesta de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 23/2011, de 21 de
julio, de Depósito Legal, les comunico que dicho punto ha decaído al haberse retirado la solicitud de avocación.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO DE PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN AL OBJETO DE ANALIZAR EXPERIENCIAS DE REGULACIÓN DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022.
(Número de expediente 154/000011).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a la solicitud de la Comisión de Sanidad y Consumo de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación
del cannabis para uso medicinal hasta el 30 de junio de 2022. Dicha solicitud se someterá a votación junto con el resto de asuntos al final de esta sesión.
Votaremos en tres minutos. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A DEFLACTAR LA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. (Número de expediente 162/000944).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones.
Votamos, en primer lugar, las proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se vota en sus términos. (Rumores).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326 más 12 votos telemáticos, 338; a favor, 144 más 6 votos telemáticos, 150; en contra, 158 más 6 votos telemáticos, 164; abstenciones, 24.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A ENCOMENDAR AL DEFENSOR DEL PUEBLO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INDEPENDIENTE CON EL ENCARGO DE ELABORAR UN INFORME SOBRE LAS DENUNCIAS POR ABUSOS SEXUALES EN EL ÁMBITO DE
LA IGLESIA CATÓLICA Y EL PAPEL DE LOS PODERES PÚBLICOS. (Número de expediente 162/000950).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), relativa a encomendar al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente con el encargo de elaborar un informe sobre las
denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 12 votos telemáticos, 339; a favor, 277 más 9 votos telemáticos, 286; en contra, 49 más 2 votos telemáticos, 51; abstenciones, 1 más 1 voto telemático, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Republicano, de algunas señoras y señores
diputados de los grupos parlamentarios Mixto y Plural, y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE SU ESTRATEGIA Y MEDIDAS CONTRA LA COVID-19 ESTÉN BASADAS EN LA CIENCIA Y NO EN EL OPORTUNISMO. (Número de expediente 173/000126).
La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para que su estrategia y medidas contra la
COVID-19 estén basadas en la ciencia y no en el oportunismo. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 12 votos telemáticos, 339; a favor, 142 más 6 votos telemáticos, 148; en contra, 184 más 6 votos telemáticos, 190; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS FUNCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL EN RELACIÓN CON LAS CESIONES A LOS PARTIDOS INDEPENDENTISTAS. (Número de expediente 173/000127).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las funciones de coordinación interministerial en relación con las cesiones a los partidos independentistas. Se vota en
sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 12 votos telemáticos, 339; a favor, 94 más 4 votos telemáticos, 98; en contra, 187 más 6 votos telemáticos, 193; abstenciones, 46 más 2 votos telemáticos, 48.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA CONVOCATORIA DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN. (Número de expediente 173/000129).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la convocatoria del debate sobre el estado de la nación. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los
grupos parlamentarios Socialista y Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326 más 12 votos telemáticos, 338; a favor, 310 más 12 votos telemáticos, 322; en contra, 15; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 2/2022, DE 22 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, PARA LA TRANSICIÓN HACIA LOS MECANISMOS ESTRUCTURALES DE DEFENSA DEL EMPLEO, Y PARA LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ISLA DE LA PALMA, Y SE PRORROGAN DETERMINADAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. (Número de expediente 130/000074).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos leyes. Real Decreto Ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los
mecanismos estructurales de defensa del empleo y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 12 votos telemáticos, 339; a favor, 278 más 10 votos telemáticos, 288; abstenciones, 49 más 2 votos telemáticos, 51.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 12 votos telemáticos, 339; a favor, 160 más 6 votos telemáticos, 166; en contra, 165 más 6 votos telemáticos, 171; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19 (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 30/2021, DE 23 DE DICIEMBRE). (Número de expediente
121/000088).
La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 12 votos telemáticos, 339; a favor, 8 más 1 voto telemático, 9; en contra, 272 más 11 votos telemáticos, 283; abstenciones, 47.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda a la totalidad.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
La señora PRESIDENTA: Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326 más 12 votos telemáticos, 338; a favor, 315 más 12 votos telemáticos, 327; en contra, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda avocado a Pleno el proyecto de ley.
- PROYECTO DE LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA. (Número de expediente 121/000089).
La señora PRESIDENTA: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley por el derecho a la vivienda, presentadas por los Grupos Parlamentarios Ciudadanos, Popular en el Congreso, Plural (señor Bel Accensi y
señora Illamola Dausà) y Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 12 votos telemáticos, 339; a favor, 155 más 6 votos telemáticos, 161; en contra, 168 más 6 votos telemáticos, 174; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad de devolución.
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley por el derecho a la vivienda, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 12 votos telemáticos, 339; a favor, 28; en contra, 288 más 12 votos telemáticos, 300; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.-Aplausos de los miembros del Gobierno presentes).
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
La señora PRESIDENTA: Votación de las solicitudes de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley por el derecho a la vivienda, presentadas por los Grupos Parlamentarios Republicano y Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 12 votos telemáticos, 339; a favor, 327 más 11 votos telemáticos, 338; en contra, 1 voto telemático.
La señora PRESIDENTA: Queda avocado a Pleno el proyecto de ley.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO DE PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN AL OBJETO DE ANALIZAR EXPERIENCIAS DE REGULACIÓN DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022.
(Número de expediente 154/000011).
La señora PRESIDENTA: Nuevo punto. Solicitud de prórroga de subcomisiones. Votación de la solicitud de la Comisión de Sanidad y Consumo de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión al objeto de analizar
experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal hasta el 30 de junio de 2022.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 12 votos telemáticos, 339; a favor 327 más 12 votos telemáticos, 339.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la prórroga a la subcomisión.
Muchas gracias por el silencio hasta el último momento. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.