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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 145, de 14/12/2021
cve: DSCD-14-PL-145
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 145
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 139
celebrada el martes,
14 de diciembre de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger el sector turístico español. (Número de expediente 172/000155) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la inexistencia de corredores humanitarios que permitan salvaguardar los derechos fundamentales de las personas migrantes en tránsito en el interior de las fronteras de la Unión Europea.
(Número de expediente 172/000156) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- Del Parlamento de Andalucía, relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del primer ciclo de la educación infantil. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 180-1, de 30 de agosto de 2021. (Número de expediente
125/000012) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- De los grupos parlamentarios Republicano, Plural, Euskal Herria Bildu y Mixto, de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 192-1, de 8 de octubre de 2021. (Número de
expediente 122/000166) ... (Página20)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de un grupo de estudios sobre la implantación de un euro digital como moneda pública digital. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 286, de 4 de junio de 2021. (Número
de expediente 162/000728) ... (Página41)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre adecuación de la normativa de contratación pública a la situación económica actual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 367, de 26 de noviembre de 2021. (Número de
expediente 162/000872) ... (Página49)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre las previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en relación con la implantación de nuevos sistemas de pago o tarificación por el uso de vías rápidas de
alta capacidad, así como la eliminación y bonificación de peajes con especial referencia al eje radial Asturias-Madrid que incluye la AP-6 (Villalba-Adanero) y la AP-66 (Autopista del Huerna). (Número de expediente 173/000111) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página66)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página66)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página67)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página67)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de las interpelaciones urgentes presentadas por el
Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger el sector turístico español, y por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la inexistencia de corredores humanitarios que permitan salvaguardar los derechos
fundamentales de las personas migrantes en tránsito en el interior de las fronteras de la Unión Europea, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página5)
Del Parlamento de Andalucía, relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del primer ciclo de la educación infantil ... (Página5)
En turno a favor intervienen la señora Márquez Romero, del Grupo Parlamentario Socialista; el señor Ruiz Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular Andaluz, y la señora Sánchez Muñoz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, representantes del
Parlamento de Andalucía.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego
Candamil, la señora Sabanés Nadal y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Pujol i Farré, del Grupo Parlamentario
Republicano, y Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Robles López, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Redondo Calvillo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y Crespín Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
De los grupos parlamentarios Republicano, Plural, Euskal Herria Bildu y Mixto, de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada ... (Página20)
Defiende la toma en consideración la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano, y el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural.
Hace uso de la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX.
Continuando con la defensa de la toma en consideración intervienen el señor Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y el señor Botran Pahissa, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno en contra interviene la señora Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replican los señores Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano; Baldoví Roda y Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Plural, y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; y duplica la señora Zurita Expósito, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Garrido Gutiérrez, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Esteban Calonje, del Grupo Parlamentario VOX; y el señor López Cano, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página41)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de un grupo de estudios sobre la implantación de un euro digital como moneda pública digital ... (Página41)
Defiende la proposición no de ley la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el señor Pedreño Molina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario
Plural; la señora Muñoz Dalda, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y el señor Manso Olivar, del Grupo Parlamentario VOX.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre adecuación de la normativa de contratación pública a la situación económica actual ... (Página49)
Defiende la proposición no de ley el señor Castellón Rubio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos;
los señores Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Del Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX; y la señora Vilches Ruiz, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página57)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre las previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en relación con la implantación de nuevos sistemas de pago o tarificación por el uso de vías rápidas de
alta capacidad, así como la eliminación y bonificación de peajes con especial referencia al eje radial Asturias-Madrid que incluye la AP-6 (Villalba-Adanero) y la AP-66 (Autopista del Huerna) ... (Página57)
Defiende la moción el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural,
y Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Gázquez Collado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y García Chavarría, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Martínez Oblanca.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página66)
Sometida a votación la toma en consideración del Parlamento de Andalucía, relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del primer ciclo de la educación infantil, se aprueba por 303 votos a favor más 7 votos telemáticos, 310; y
25 abstenciones más 2 votos telemáticos, 27.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página66)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Republicano, Plural, Euskal Herria Bildu y Mixto, de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada, se rechaza por 54 votos a favor más
3 votos telemáticos, 57; 274 en contra más 6 votos telemáticos, 280; y 6 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página67)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de un grupo de estudios sobre la implantación de un euro digital como moneda pública digital, se aprueba por 184 votos a favor; 52 en
contra y 98 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre adecuación de la normativa de contratación pública a la situación económica actual, se rechaza por 154 votos a favor, 175 en contra y 5
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página67)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre las previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en relación con la implantación de
nuevos sistemas de pago o tarificación por el uso de vías rápidas de alta capacidad, así como la eliminación y bonificación de peajes con especial referencia al eje radial Asturias-Madrid que incluye la AP-6 (Villalba-Adanero) y la AP-66 (Autopista
del Huerna), se rechaza por 151 votos a favor, 174 en contra y 8 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PROTEGER EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. (Número de expediente 172/000155).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA INEXISTENCIA DE CORREDORES HUMANITARIOS QUE PERMITAN SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN TRÁNSITO EN EL INTERIOR DE LAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA.
(Número de expediente 172/000156).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, se abre la sesión. (Rumores). Les ruego silencio.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir las interpelaciones
urgentes de los Grupos Parlamentarios VOX y Vasco (EAJ-PNV) que figuran como puntos 23 y 24 del orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LA GRATUIDAD Y UNIVERSALIDAD DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. (Número de expediente 125/000012).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Comenzamos con el debate de toma en consideración... (Rumores). Por favor, señorías. Señorías del Grupo Socialista, por favor, silencio. Comenzamos con el debate de toma en
consideración de la proposición de ley del Parlamento de
Andalucía, relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del primer ciclo de Educación Infantil. Es por ello que nos acompañan tres representantes del Parlamento de Andalucía que integran la delegación que defenderá la
propuesta, a quienes doy la bienvenida en nombre de la Cámara.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, la señora doña María Márquez Romero, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Márquez Romero): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, entiendan sus señorías que es inmensa la satisfacción que siento al poder subir a esta tribuna para ponerle voz a mi tierra, a Andalucía, una responsabilidad que me delega el Parlamento de Andalucía para defender una reforma
de la Ley Orgánica de Educación que garantice la gratuidad progresiva de la educación infantil en nuestro país, una iniciativa impulsada por el Partido Socialista de Andalucía, sin votos en contra -esto es muy importante-, porque así es el Partido
Socialista, lo es en el Gobierno, con un presidente como Pedro Sánchez liderando el impulso de las plazas públicas en la educación infantil, y en la oposición, con Juan Espadas contribuyendo desde la responsabilidad y el diálogo al progreso de
nuestra tierra.
Señorías, María Montessori decía que el ser humano no se desarrolla en la universidad, sino que inicia su desarrollo mental a partir del nacimiento y con mayor intensidad en los tres primeros años de vida. Tanto Naciones Unidas, a través
del Comité de los Derechos del Niño y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la Unión Europea han incorporado el derecho a la educación infantil en el pilar europeo de derechos sociales. La educación infantil promueve la igualdad de
oportunidades, mejora el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales y reduce el riesgo de abandono escolar.
Señorías, en la vida, como en un juego de azar, se nos reparten unas cartas que no hemos podido elegir, como la situación de nuestra familia, la economía o dónde vivimos, y en la vida, como en los juegos de cartas, les aseguro que es mejor
tener cartas buenas que cartas malas. Combatir esa desigualdad se consigue garantizando, con independencia de las cartas que tengas, las mismas herramientas para poder jugar bien. Eso, básica y esencialmente, es el derecho a la educación, y es que
con independencia de dónde hayas nacido y con independencia de cuál sea la situación económica de tu familia tengas las mismas oportunidades.
Señorías, en Andalucía uno de cada tres niños y niñas vive en el umbral de la pobreza. Sufre la tasa de abandono escolar más alta de España: 21,8 puntos en 2020. Decenas de trabajadoras de las escuelas infantiles han sido despedidas y
cientos de mujeres trabajan cada día en sus centros educativos sin recibir ninguna ayuda. Nuestra comunidad autónoma ha sido la única que ha rechazado 123 millones de euros en ayudas a escuelas infantiles sin negociarlo con el Gobierno de España.
Consideramos que es muy importante que ustedes tengan a bien la admisión a trámite de esta reforma para garantizar el acceso a la educación de 0 a 3 años, con independencia de la situación económica de cada familia, sobre todo para aquellas que no
pueden pagarlo.
Señorías, los datos son muy claros, hablan por sí solos. Los porcentajes más altos de escolarización en Andalucía son dos. Uno es el porcentaje de los que tienen el cien por cien de la plaza bonificada, es decir, los que no tienen que
pagar absolutamente nada. Del total de alumnado matriculado en Andalucía, casi el 50 % lo forman estas familias que no tienen que pagar nada para llevar a sus niños a las escuelas infantiles. Pero es que el siguiente porcentaje de escolarización
más alto lo tienen las familias con más recursos, los que pueden permitirse, en este caso, pagar 300 euros al mes, porque en su casa, según los baremos que ha marcado la Junta de Andalucía, entran más de 2400 euros al mes. Señorías, ¿se han
preguntado ustedes cuáles son los porcentajes más bajos de escolarización, por qué no se matriculan los niños, por qué hay plazas vacías? Pues no solo es un problema de natalidad, sino que esta circunstancia también se da cuando una familia tiene
que pagar 200 euros al mes por cada niño y por cada niña y no llega al doble del salario mínimo interprofesional. En estos casos, el alumnado escolarizado representa solo el 2 % del total. Si el gasto no es soportable para las familias, no van, se
incorporan a la educación reglada más tarde y, mientras, les cuida un familiar. Y, señorías, ¿quién les cuida? Pues de manera mayoritaria nosotras: más de medio millón de mujeres españolas no buscan empleo ni trabajan por estar al cuidado de otra
persona, mientras que el número de hombres en esa misma circunstancia es doce veces menor.
Señorías, la conciliación no puede ser un lujo y, por eso, les traemos esta iniciativa hoy aquí. Nos ponemos en sus manos para abrir la puerta al futuro y seguir avanzando en derechos y libertades. El Grupo Socialista hoy confía esta
responsabilidad a una magnífica diputada andaluza que conoce y siente
esta realidad, como es mi compañera Rafi Crespín. Yo quiero dar las gracias, con el permiso del presidente, a todos los ponentes de esta ley de los distintos grupos políticos y a la letrada. Pero, si me lo permiten sus señorías, dirigiré
unas palabras para quienes están siguiendo en estos momentos el debate...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir terminando, por favor.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Márquez Romero): ..., mis queridas Gema, María Isabel y Raquel, que son representantes de las escuelas infantiles de Andalucía y, gracias a ellas, gracias a estas guerreras, hoy estamos
aquí.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor don Miguel Ángel Ruiz Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular Andaluz.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Ruiz Ortiz): Muchas gracias, presidente.
Es un honor estar hoy en la tribuna del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional y, desde luego, hacerlo en nombre del Parlamento de Andalucía, representando a 8,5 millones de andaluces; a los 8,5 millones de españoles que
vivimos en Andalucía y que nos sentimos orgullosos de esa doble condición, porque para nosotros ser andaluces es nuestra forma concreta de ser españoles.
Hoy venimos aquí tres diputados de distintos partidos para traer una iniciativa común del Parlamento de Andalucía. Es verdad que viene a propuesta de uno de los grupos de la oposición, del Grupo Socialista, pero ahora en la Andalucía del
cambio se aprueban leyes de la oposición y ahora en esa Andalucía del cambio lo importante no es tanto de dónde viene la iniciativa, sino a dónde nos lleva esa iniciativa. (Aplausos).
Es una iniciativa que se ha aprobado con un amplio consenso y sin ningún voto en contra, porque ha habido un trabajo de todos los ponentes que estamos aquí que hemos hecho un esfuerzo para llegar a un acuerdo. Yo quiero que mi primer
mensaje aquí esta tarde sea este, el de la necesidad que tenemos en política de llegar a acuerdos y de conseguir más acuerdos, porque los ciudadanos así nos lo demandan. El consenso es responsabilidad de todos, señorías, aunque es cierto que
especialmente y en primer lugar de aquellos grupos que sustentan al Gobierno, que son los que tienen la responsabilidad de tender la mano.
Hablo de esta petición de consenso, y yo quiero reivindicar aquí hoy, en la tribuna del Congreso de los Diputados, la necesidad de un gran pacto educativo a nivel nacional, porque la gente en la calle está cansada de que cada vez que cambia
el Gobierno, cambie el modelo educativo. Necesitamos un pacto educativo donde estén todas las fuerzas políticas y así, cuando cambie el Gobierno, no cambie la educación; y necesitamos también que en ese pacto esté la comunidad educativa y que se
la escuche, porque si no ese pacto no tiene ningún sentido.
Hoy traemos aquí una proposición de ley para implantar la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, porque es una necesidad y porque, además, es una demanda social. Es la única etapa de nuestro sistema educativo que
hoy no es gratuita y, precisamente, es la que más necesitan las familias y en la etapa que más ayuda necesitan. Por tanto, tenemos que ayudar a las familias, tenemos que ayudarlas a conciliar, además, para favorecer de esa manera la natalidad y
tenemos también que ayudar a las familias a elegir la educación de sus hijos en libertad, porque la gratuidad es garantía de libertad, y solo podemos elegir en libertad si hay distintas opciones, si hay distintos modelos, no solo uno, y solo podemos
elegir en igualdad de condiciones si esas distintas opciones están financiadas por el Estado y son gratuitas para las familias, porque si no las familias con menos recursos no podrían permitirse elegir en igualdad de condiciones, y eso, convendrán
conmigo, señorías, que sería tremendamente injusto. (Aplausos).
Esta iniciativa que traemos hoy aquí refleja, lógicamente, la realidad andaluza. Nosotros tenemos un sector en la educación infantil donde el 70 % son pequeñas escuelas infantiles puestas en marcha por mujeres emprendedoras que dan trabajo
a otras diez mil mujeres en Andalucía y, por tanto, les pedimos ayuda para garantizar la supervivencia de este sector. Esa es nuestra realidad. Nosotros, obviamente, entendemos que ustedes no van a tener en cuenta solo nuestra realidad, que
tendrán en cuenta todas las realidades de España, pero les pedimos, por favor, que también tengan en cuenta nuestra realidad.
Termino, señor presidente. Hoy traemos aquí esta propuesta del Parlamento andaluz, que les podrá gustar más o menos pero es para que la puedan debatir, la puedan enmendar y puedan trabajar en ella. Solo les pedimos dos cosas: la primera
es que voten a favor de su toma en consideración para que se pueda tramitar y la puedan debatir y trabajar en ella; la segunda es que, por favor, en esta ley sí, escuchen a todo el sector.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora doña María del Mar Sánchez Muñoz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Aplausos).
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Sánchez Muñoz): Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
¿Qué sociedad es aquella que en la etapa quizá más importante del desarrollo de la infancia permite que los tres primeros años del niño pasen en blanco en lugar de iniciar su desarrollo futuro como individuo y ciudadano adulto? ¿Acaso
nuestra sociedad es justa si permite que se vulneren los derechos del niño al complicar el acceso a una plaza de 0 a 3? ¿Es nuestra sociedad inclusiva cuando no asegura la conciliación familiar en todas las familias? ¿Es una sociedad comprometida
con el futuro si se cruza de brazos y no resuelve aquello que provoca precisamente fracaso y abandono escolar?
Por estas cuestiones, señorías, agradezco sinceramente a la Mesa de este Congreso que tramite esta ley de consenso en Andalucía, y digo de consenso porque, efectivamente, fue apoyada por cuatro de los cinco grupos; solo un grupo se abstuvo,
el Grupo de Unidas Podemos. No hay docente, teórico o experto que no reconozca la importancia de la educación infantil; no hay docente que no asegure que la educación infantil es necesaria para que un país tenga visión de futuro. Hablo de
entender el proceso educativo como una herramienta de nivelación social que previene dificultades de aprendizaje, que frena las desigualdades y que, por supuesto, reduce el fracaso escolar fundamentalmente en la infancia de las familias más
desfavorecidas socioeconómicamente. En definitiva, hablo de potenciar en esa edad de 0 a 3 años los estímulos afectivos que proporciona la familia con pautas de desarrollo físico, cognitivo, psicológico, de comunicación y social, para que desde el
aula podamos conseguir al final esa sociedad justa, igualitaria e integradora que todos deseamos.
Tengo el inmenso honor de representar aquí a mi tierra, Andalucía. Andalucía se sube hoy a esta tribuna, junto con los otros dos portavoces, para que la Lomloe, con tímidos avances en este sentido, sea muchísimo más ambiciosa con la
infancia de 0 a 3 años. Es una ley, señorías, que nació coja en relación con la gratuidad; no habla de gratuidad y, por tanto, puede dificultar y agravar todavía más la desigualdad social. ¿Han pensado en qué respuesta podemos dar a esas familias
que no tienen una plaza para su hijo de 0 a 3 o que no pueden conciliar por esto mismo? ¿Han pensado qué garantías laborales van a dar a los trabajadores del primer ciclo que ya están prestando el servicio desde escuelas privadas, puestas al
servicio de la Administración, y que solo en Andalucía, en mi tierra, son más de quince mil, fundamentalmente mujeres? ¿Han pensado cómo se afrontarán en el futuro las consecuencias económicas de no invertir adecuadamente en educación? La famosa
ecuación de Heckman viene a decir que la baja inversión en educación infantil está relacionada con el aumento de adultos dependientes del sistema.
Por eso, señorías, las leyes deberían nacer para perdurar; lo contrario será una estafa para la ciudadanía. En la Lomloe hay muchas cuestiones que es necesario reformar y es precisamente por no haber sido suficientemente atendida la
comunidad educativa, algo que ya hicimos en Andalucía, como se ha dicho aquí, cuando durante tres meses escuchamos a más de ochenta comparecientes de la comunidad educativa en el grupo de trabajo del pacto social por la educación. Esos
profesionales vinieron a decirnos que avalaban las propuestas de esta ley. Por cierto, queremos agradecer a los aquí presentes, representantes de escuelas infantiles, a esas mujeres que tanto han luchado para que también esta ley hoy esté aquí.
Necesitamos pactos de futuro. Necesitamos pactos serios, no parches ideológicos y, por eso, pedimos que esta ley garantice que el primer ciclo de infantil sea universal y gratuito para todas las familias que así lo consideren; que se pueda
prestar desde centros de titularidad pública, pero también desde centros privados con plazas a disposición de la Administración -este es un modelo de éxito que lleva funcionando veinte años en Andalucía y que desde el Gobierno andaluz se ha
fortalecido-, y que el ciclo 0 a 3 sea indivisible, que se centre en el desarrollo de los niños y las niñas, sin interferencias de tipo económico
o por temas de natalidad. Y para ello, por supuesto, señorías, el Estado tiene que garantizar los recursos, transferencias estructurales a las comunidades autónomas. Aparte, por supuesto, de todo lo coyuntural, como en este caso de fondos
europeos extra. Andalucía pide, por favor, que esos 123 millones de euros de los fondos se puedan utilizar también para avanzar en esta gratuidad.
Desde Andalucía defendemos que la educación debe programarse siempre desde el consenso y, por eso, esta ley propuesta por la oposición en el Parlamento viene hoy aquí, modificada, sí, pero defendida por los portavoces de tres grupos
parlamentarios, el grupo proponente, el Partido Socialista, el Partido Popular y mi grupo, Ciudadanos. Andalucía está pidiendo no solo para los andaluces...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir terminando, por favor.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Sánchez Muñoz): ..., sino para la infancia -termino ahora mismo, señoría, muchas gracias- de todo nuestro país. Hagámoslo posible.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón Ramos. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos ante un asunto con el que mostrarse en contra resulta casi imposible si se lee el título de esta proposición de ley, porque ¿quién va a ir en contra de la gratuidad y de la universalidad de la enseñanza para todos
los niños prácticamente desde que nacen? Pero la verdad es que choca con lo que se está aplicando actualmente en España, si nos atenemos al texto tal como viene. Por referirme únicamente a la Comunidad Autónoma de Cantabria, a la cual representa
el Partido Regionalista en este Congreso, y asumiendo la competencia en el Gobierno de la comunidad, habría que decir varias cosas. Alguna de las cuestiones que se proponen no son compatibles con el sistema de implantación del primer ciclo de
Educación Infantil que se viene aplicando desde hace varios años en Cantabria. Por ejemplo, se establece la financiación de plazas de centros públicos y privados e incluso del servicio de comedor. Aquí decimos que el modelo de implantación se
debería dejar abierto y que cada Administración decida cómo lo quiere desarrollar: con plazas públicas solo, con plazas concertadas, con un sistema mixto mezcla de ambas, qué ritmos de implantación, qué implicación tendrían las administraciones
locales, por ejemplo. Y esta es una tarea de organización que no debería imponerse desde una norma global. Por otra parte, en Cantabria el servicio de comedor no es gratuito con carácter general en ninguna etapa educativa. Esto iba a crear,
además, un agravio comparativo.
Cantabria ya inició en 2003-2004 el despliegue de una red pública de aulas de 2 años a la que se han destinado muchísimos recursos. En la actualidad, una comunidad pequeña como la nuestra cuenta con una red de aulas de 2 años amplia y
consolidada, 180 aulas en 122 centros educativos y en 62 municipios a lo largo y ancho de toda la región, a la que asisten 2377 alumnos. Esto no es barato: se destinan más de 4,3 millones de euros directos a los hay que asumir personal e
instalaciones. Las aulas de 2 años están ubicadas en centros de educación infantil y primaria y en cada una de ellas hay, a tiempo completo, un maestro de Educación Infantil y un técnico superior de Educación Infantil. Es un esfuerzo considerable
para una comunidad de 580 000 habitantes y 3340 millones de euros de presupuesto. Les voy a dar un ejemplo: una de las aulas creadas este año en el San Andrés de Luena, un colegio de educación infantil y primaria en un municipio de seiscientos
habitantes, se mantiene con un total de dieciocho alumnos. Por eso, cuando desde el PRC reivindicamos una financiación que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios, lo hacemos pensando en realidades como esta. Este es un modelo caro,
pero es necesario para que todos los cántabros tengan acceso a equipamientos idénticos, a bienes y a servicios, y es la única vía para garantizar la pervivencia de nuestros pueblos.
Y esto también tiene relación con los fondos europeos, porque en Cantabria siempre hemos reivindicado que el Gobierno de España, a través de sus respectivos ministerios, debería permitir a cada consejería un margen real de participación y
diseño en las decisiones de estas comunidades; nadie mejor para identificar las medidas concretas de cada área. Si hubiese sido así, quizá estos fondos que ahora han de ir obligatoriamente a un ámbito en el que Cantabria ya está avanzada, al de la
escolarización de 0 a 3 años, podían haberse destinado a ámbitos del sistema educativo más prioritarios. Pero hay que hacer de la
necesidad virtud, y con esta red consolidada Cantabria ha decidido que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se destinen ahora a dar un paso más y permitan el despliegue para aulas de alumnos de 1 año. Es verdad que hay 660
millones de euros para crear 64 000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años hasta 2024, pero ¿qué pasa después de 2024? Pues que ya no habrá fondos europeos para este proyecto. Tampoco el Gobierno de España se ha comprometido a colaborar en la
prestación del servicio cuando se agote el plazo. Y que habrá un aumento del capítulo 1 en gastos de personal que cada comunidad va a tener que asumir directamente. En fin, estamos viendo que el Gobierno de España puede decidir, pero que las
comunidades autónomas tienen que hacer y pagar, y desde luego esto no parece que sea el mejor modelo de cooperación territorial, al menos el que defiende el Partido Regionalista.
Nosotros no nos vamos a oponer a la tramitación de esta propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estamos de acuerdo en el fondo, aunque no en el modelo. Sí es cierto que se equilibra la balanza avanzando en la escolarización de 0 a
3 años, pero también que falta un compromiso expreso del Gobierno de España para su financiación, porque sin esto no se puede imponer un cambio de modelo, que lleva en vigor más de veinte años y que está funcionando con relativo éxito. Repito que
nuestras aulas de 2 años están en los centros de educación infantil y primaria desde hace quince años, y en Ramales, incluso, un colegio de secundaria.
En el apartado tercero de esta propuesta se dice que solo podrán ofrecerse en centros exclusivos de educación infantil. Pues miren, nuestro modelo permite actualmente ofertar plazas para todo el alumnado a la edad correspondiente para el 75
% efectivo de los alumnos de 2 años, y no es necesario cambiar este modelo. Crear una red de centros de educación infantil en exclusiva de 0 a 3 supondría unas inversiones que están fuera del alcance de nuestra comunidad, y además es un despilfarro
enorme, porque gastaríamos dinero en construir aulas para alumnos que ya tenemos escolarizados en unas condiciones excelentes en cuanto a instalaciones. En la práctica, también hay un cambio radical en el régimen de conciertos con los centros de
titularidad privada. La gratuidad en ambas redes, pública y privada, implica un esfuerzo más que notable; además, nos faltaría conocer algo que los proponentes no hacen, y es de dónde vamos a tener que obtener estos fondos.
En resumen, y sin perjuicio de que asumimos el principio general de gratuidad y de universalidad, con la posible excepción del comedor, el modelo de implantación que se propone obligaría a cambiar totalmente la organización del sistema de la
etapa actual. Por lo tanto, creo que necesita muchos retoques.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Buenas tardes. Bienvenidas, señora Márquez y señora Sánchez, y bienvenido, señor Ruiz, a este Congreso de los Diputados.
Tengo la sensación de que hemos asistido -permítame el humor- a una pequeña cata de la precampaña electoral andaluza para los parlamentarios de los distintos grupos del Congreso.
Nos han presentado una proposición de ley y me gustaría abordar desde una triple perspectiva la propuesta que nos han hecho. Primero, desde el ámbito competencial: quién trae y a quién corresponde definir el modelo que se está planteando.
Mi antecesor en el turno de la palabra lo ha analizado muy bien. Segundo, desde el planteamiento educativo, que es el enfoque en el que más han insistido los tres portavoces que han intervenido. Y tercero, desde el ámbito de la financiación, que
apenas se ha mencionado -sí en la última parte, un poco de soslayo-, pero que creo que es en realidad el eje central de la proposición de ley que ustedes traen a este Congreso para su debate.
Ustedes plantean que el objeto principal de esta iniciativa es que garantice la gratuidad de la educación infantil. Vaya por delante que estamos totalmente de acuerdo en que es una herramienta determinante de nivelación social y para
eliminar desigualdades, que es muy importante avanzar en esta materia para tener éxito en etapas posteriores y que entendemos el drama de tener una tasa de abandono escolar del 28 %. Lo compartimos. En Euskadi tenemos prácticamente a la totalidad
del alumnado de dos años escolarizado -enseñanza universal y gratuita- y estamos avanzando de forma contundente y vamos a avanzar con más rapidez en la primera etapa de educación infantil, adoptando medidas para esa gratuidad en aquellos sectores
socioeconómicos que mayores dificultades tienen y donde tenemos que establecer las prioridades de intervención.
Pero, fíjense, la propuesta que ustedes hacen, que dicen que es para ir avanzando, es muy curiosa, porque en realidad lo que ustedes están planteando y nos traen a debate es un retroceso de lo que ya está aprobado en la Ley Orgánica de
Educación, y les voy a citar exactamente dónde. Ustedes plantean la modificación del artículo 15 de la LOE, que en su punto 2 dice exactamente que la educación infantil de segundo ciclo será gratuita. Empieza así el párrafo: La educación infantil
de segundo ciclo será gratuita. Punto. Ustedes, sin embargo, en la propuesta que nos traen aquí para debate, lo que dicen es: 'Las administraciones educativas garantizarán la universalidad del primer y segundo ciclo de educación infantil
impulsando la gratuidad de manera progresiva'. Es decir, ustedes pasan de el segundo ciclo ya es gratuito, punto, a impulsarán progresivamente la gratuidad. Esto supone un retroceso en el ámbito del segundo ciclo; supondría un avance el
reconocimiento del primero, pero no en el otro. Por lo tanto, desde esa perspectiva, indudablemente habría que trabajar.
Nosotros creemos que el problema es realmente un problema de financiación; apunta más con carácter preferente a la regulación básica de la financiación de las comunidades de régimen común en la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, y no a aspectos que requieran su inclusión en el sistema de la Ley Orgánica de Educación. Por eso nuestro grupo se abstendrá y permitirá la toma en consideración. Entiendo que lo que ustedes están planteando -y es razonable-
es que se avance desde el Gobierno del Estado en la financiación de las medidas que se tengan que adoptar para que se facilite y se permita avanzar en esta universalidad y gratuidad del sistema de educación infantil.
Me gustaría también insistir en lo que ya se ha planteado. A quien corresponde determinar qué modelo, cuáles van a ser las prioridades y cómo se va avanzar en este sentido es a las administraciones educativas competentes, que son las de las
comunidades autónomas, quienes van determinando cómo en esa progresividad se van tomando y se van adaptando pasos. Cada uno tendrá que saber cuáles son sus prioridades. Tal vez a ustedes les pueda parecer que esto es una prioridad porque no lo
tienen suficientemente avanzado, pero tal vez nosotros podamos decir que hay que avanzar en una formación profesional que llegue a otros niveles y a otros colectivos con más fuerza. Creemos que quien tiene que desarrollar el modelo es la
Administración educativa competente, que es la de cada una de las comunidades autónomas. También incorporan en ese modelo que plantean los comedores escolares, que tampoco están recogidos, y cada uno lo va articulando. Saben ustedes que,
expresamente, en la Ley Orgánica de Educación, en el artículo 157 del Título VIII, donde se habla de los necesarios recursos económicos, se dice que tanto Euskadi como Navarra tenemos, para la financiación de los recursos, nuestra vía bilateral
específica recogida tanto en el concierto como en el convenio, una vía bilateral entre Gobiernos respectivos. Insistimos, si en el debate se plantea que se avance en esta necesaria financiación para las comunidades autónomas de la línea general, no
vamos a ser un obstáculo para que prospere, pero en relación con lo que hay en la LOE del segundo ciclo de Educación Infantil, la redacción de su proposición de ley supone un retroceso.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez. (Rumores).
Ruego silencio, por favor.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, hoy abordamos una iniciativa del Parlamento de Andalucía que, desde el punto de vista educativo, supone una importante referencia para corregir las desventajas y brechas educativas a favor de la igualdad de oportunidades: el
reconocimiento de la gratuidad y la universalidad del primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años. Esta etapa educativa se ha demostrado que es fundamental para el desarrollo integral de los niños, para evitar el fracaso educativo prematuro y
para detectar y corregir dificultades de aprendizaje. Por lo tanto, nos encontramos ante una oferta educativa esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, razón de ser del proyecto de Ciudadanos. No en vano los liberales fuimos los
primeros en impulsar ayudas de este tipo, y las hemos mantenido y las mantendremos en todas nuestras instituciones.
Siempre que subimos a esta tribuna recordamos que España es uno de los países de la Unión Europea que menor apoyo presta a las familias. Esta falta de apoyo se ha traducido durante décadas en prestaciones estatales y autonómicas mal
diseñadas, que apenas alcanzan a beneficiar a aquellos que más lo necesitan, y una red educativa de educación infantil muy divergente entre las regiones en lo que respecta tanto a
cobertura como a políticas públicas. Aunque en los últimos quince años hemos pasado en nuestro país de un 16 % en la escolarización de 0 a 3 años a un 41 %, existen grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, hay una
tasa de escolarización del 18,3 % en la Región de Murcia y, en cambio, un 53,8 % en País Vasco. Otras se encuentran por encima del 40 %, como es el caso de Andalucía, Madrid y Galicia, seguidas por Cataluña, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y
la Comunidad Valenciana, entre el 30 y el 40 %. Además de ello, cuando hablamos de conciliación y corresponsabilidad es vital contar con servicios esenciales de 0 a 3 años, servicios que sean universales y gratuitos y que permitan compatibilizar a
las familias su vida laboral y familiar. Es una de las medidas más prácticas y realistas. Todas las familias tenemos que tener al alcance y de forma gratuita este servicio. No es justo tener que pagar por un servicio educativo que es esencial
para nuestros hijos y debe ser universal. Con esta universalidad vamos a contribuir a que muchas familias y, especialmente, a que muchas mujeres no tengan que elegir entre su desarrollo profesional y el cuidado de sus hijos. Ciudadanos está
impulsando la educación infantil de 0 a 3 años como universal y gratuita para que en España nunca más ninguna mujer tenga que elegir entre tener hijos o tener una carrera profesional.
Por lo tanto, nos encontramos ante una propuesta trabajada, con un amplio consenso en el Parlamento andaluz y en la que se prioriza el desarrollo socioeducativo de los menores, se promueve la igualdad de oportunidades, principalmente de
aquellos niños que pertenecen a grupos socioeconómicamente más vulnerables, y se facilita la conciliación. Esta es la política útil, señorías, la política buena de verdad. Aquí ganamos todos y no pierde absolutamente nadie. Todos conocemos
familias cuya situación se desmorona cuando tienen un hijo, dado que no se pueden permitir pagar una cuidadora y tampoco pueden pagar una escuela infantil. Ello ha llevado a muchas parejas y especialmente a muchas mujeres a tener que pedir
excedencias o a reducir su jornada laboral porque les es imposible conciliar. En España nueve de cada diez excedencias por cuidado de hijos se conceden a mujeres. Esta situación repercute en las carreras profesionales de las mujeres, frenando sus
expectativas laborales y salariales prácticamente durante toda su carrera laboral. El peso de la crianza no debe recaer exclusivamente sobre las mujeres. Si queremos seguir avanzando en el ámbito de la igualdad, tenemos que corregir y reducir la
brecha salarial con los hombres y el Estado y las comunidades autónomas deben poner a disposición de la ciudadanía servicios públicos fuertes que faciliten la corresponsabilidad.
A su vez, la universalización de acceso a la educación infantil puede suponer una política muy efectiva para reducir uno de los mayores problemas que tenemos en España, que es la alta tasa de fracaso escolar prematuro. Toda evidencia y
apunta a que ese fracaso escolar está muy ligado a los estudios y a la renta de las familias. Esta situación es muy sintomática de que el sistema público no acaba de funcionar de manera correcta como ascensor social y de que es incapaz de corregir
las diferencias de origen de gran parte de los estudiantes durante toda la etapa obligatoria.
Por lo tanto, valoramos esta propuesta desde un punto de vista positivo, esto es, que toda familia que desee que sus hijos accedan a la educación de 0 a 3 años tenga una plaza de manera universal y gratuita, que estas plazas puedan ser en
centros de titularidad pública o en centros privados con plazas a disposición de la Administración para la escolarización de sus hijos y que el ciclo sea un ciclo indivisible concebido como un todo, sin que podamos incorporar a niños de dos años a
aulas de colegios. Por lo tanto, creo que hoy estamos ante una propuesta de celebración; de celebración porque se da talla política, existiendo prácticamente unanimidad en el Parlamento andaluz para un tema tan relevante como es la educación
infantil de 0 a 3 años. Es imprescindible para la infancia la aprobación de esta ley como medida sustancial para que se avance en mejorar la igualdad de oportunidades educativas y para que se avance en el ámbito que defendemos los liberales, porque
los liberales defendemos más conciliación desde un punto de vista realista, defendemos un fomento de la natalidad y pensiones dignas en el presente y sostenibles para el futuro. Hay que avanzar en esa gratuidad con medidas coyunturales, con los
fondos europeos y también con medidas estructurales como la presente, a dos velocidades, con toda la rapidez que sea posible, señorías. Hoy es un día importante para España, hoy es un día en el que ganamos todos y no pierde nadie, de política con
mayúsculas, de política útil, de buena política. Estemos todos a la altura.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
El BNG está convencido de que es importante la educación a edades tempranas, que tiene grandes ventajas tanto desde el punto de vista educativo como del desarrollo cognitivo y desde el punto de vista social. Por eso entendemos que ese paso
de considerar el ciclo de 0 a 3 años como un ciclo educativo y no meramente asistencial fue muy positivo, pero no suficiente, porque falta el necesario impulso público para garantizar las plazas necesarias en el sistema público para todas las
personas que quieran acudir a él. Por eso consideramos oportuno garantizar la universalidad y la gratuidad del ciclo de 0 a 3 años y, al mismo tiempo, que el Estado, por lo menos mientras exista un Ministerio de Educación, mientras conserve
competencias básicas en materia educativa, contribuya a financiar la extensión del ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años.
Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con algunos aspectos: en primer lugar, la propuesta es poco respetuosa con las competencias de las distintas administraciones educativas y, en segundo lugar, no podemos apoyar que las
administraciones públicas queden obligadas por ley a financiar plazas en centros privados y a concertar con centros privados.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: El BNG defiende que el dinero público debe ser para garantizar plazas en el sistema público.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidente. Bienvenidos.
Nos llega una proposición de ley del Parlamento andaluz para garantizar la gratuidad de la educación infantil. En principio, nadie debería o podría oponerse a semejante objetivo. El problema es que donde había que haber garantizado la
gratuidad de la educación infantil en el marco del sistema educativo era en la propia ley que debatimos en este Congreso, pero ahí, a pesar de que se hicieron propuestas, ni el Partido Popular ni el Gobierno aceptaron entrar de lleno en este debate.
Es evidente que garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a ese ciclo educativo de forma gratuita es asegurar que todos van a empezar en la misma casilla de salida. Además, es la base de la conciliación familiar. Ahora bien,
reivindicamos como imprescindible una red potente de escuelas públicas gratuitas, referencia de calidad educativa, gestionadas por proyectos sin ánimo de lucro, que cuenten con las inversiones necesarias y que introduzcan innovaciones educativas,
como la participación o la pareja educativa. Y desde luego es vital que en esa idea de gratuidad no abramos la puerta, como ya ha pasado en algunas comunidades, ni a las grandes multinacionales ni a los fondos buitre para utilizar la educación
infantil como un negocio. Eso para nosotros es imprescindible. No vamos a obstaculizar la tramitación, pero ya les decimos que durante la tramitación hay temas que pueden significar un riesgo y un retroceso que nosotros no vamos a apoyar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, déjenme que dé la bienvenida a las señoras Márquez y Sánchez y al señor Ruiz y les agradezca su presencia hoy aquí y que nos hayan presentado una proposición de ley que nos permite hablar de educación. En esta Cámara existe
la tradición de que cuando se habla de educación, se habla de todo menos de educación, y ustedes han conseguido algo que yo no había visto nunca, y es que todos hablemos de educación, de momento. Espero que el tono y las intervenciones sigan en
esta línea.
Nos presentan, señorías, una proposición de ley para extender la financiación hasta el primer ciclo de Educación Infantil. No podemos compartir más el sentido de su iniciativa, en el tono general y en el tono concreto. Evitar el sectarismo
con el que normalmente las mayorías parlamentarias de esta Cámara se aproximan a la educación concertada es importante. Creo que el enfoque de su
iniciativa es bueno y por eso vamos a votar favorablemente su texto. Y vamos a votar favorablemente también porque hemos defendido siempre la financiación del ciclo 0-3 como un elemento de doble beneficio. En primer lugar, desde un punto
de vista educativo, está clarísimo que facilita y ayuda a los estudiantes en términos de igualdad y de calidad educativa, y en segundo lugar, en términos de igualdad familiar, la financiación en el ciclo 0-3 ayuda a la igualdad y a la conciliación
familiar en las casas, que es importante. Por eso, esta medida, junto a otras medidas como la prestación por hijo a cargo, ha sido defendida por mi grupo parlamentario de forma reiterada en esta Cámara, y por eso, señorías, como les decía, vamos a
votar favorablemente a esta proposición de ley que ustedes nos presentan hoy aquí.
No recuerdo quién ha sido de los tres representantes el que hablaba de estafa educativa. No me acuerdo de quién ha sido. Yo les pido una cosa, si se me permite que les pida algo, y es que vigilen la tramitación de este texto en esta
Cámara, porque, a veces, repito, a veces existe la tendencia a que cuando un texto compromete demasiado demasiado al Gobierno quede bloqueado en alguno de los rincones de esta Cámara gracias a la burocracia que la Mesa utiliza para que las leyes no
se tramiten. Yo les pido que nos vigilen, que nos empujen y que garanticen junto a nuestra fuerza dentro y fuera del Parlamento que esta ley salga adelante. Cuenten con nuestro apoyo. Estamos a su disposición.
Muchas gracias de nuevo y bienvenidos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Pujol i Farré.
La señora PUJOL I FARRÉ: Gràcies, president. Buenas tardes, señorías.
Hoy el Parlamento de Andalucía nos trae a esta Cámara esta PNL relativa a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Nuestro grupo, Esquerra Republicana, está totalmente de acuerdo. Estamos a favor de esta medida, de la medida en sí. De
hecho, la consideramos imprescindible y desde Esquerra y desde el Gobierno de Cataluña así estamos trabajando, con políticas feministas, con políticas de igualdad de verdad, políticas aterradas en la realidad.
La gratuidad de 0 a 3 años es una medida que tiene que permitir acompañar la crianza compartida y mejorar o directamente hacer posible la conciliación laboral y familiar, que es tan importante. La gratuidad de esta etapa educativa, que no
es obligatoria, pero que sí es universal, permite a la sociedad avanzar hacia la equidad social, permite a la sociedad dar un paso adelante hacia la igualdad de oportunidades, eliminando desigualdades que recaen e impactan de manera directa en el
bienestar de los niños y las niñas; una igualdad de oportunidades que debe construirse desde la infancia. Así, la escolarización de esta etapa es realmente una oportunidad para el desarrollo integral de los niños y de las niñas.
Ante todo esto, quiero adelantar que nuestro voto va a ser, en este caso, una abstención, permitiendo que avance esta toma en consideración. También les voy a explicar que no creemos que sea la manera más adecuada. Por ejemplo, desde
Cataluña, desde el Govern, desde el Departament d´Educació, estamos negociando ahora mismo en los presupuestos autonómicos esta gratuidad de 0 a 3 años, porque lo consideramos un pilar básico, un pilar esencial, y ya para el curso que viene
destinaremos 90 millones de euros para empezar esta transformación de manera progresiva, empezando por la gratuidad de 2 a 3 años.
Sin nada más que decir, muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente. Doy las gracias también al ponente y a las ponentes de este proyecto de ley que traen hoy aquí desde el Parlamento andaluz.
Cuando una persona nace, se le reparte una mano de cartas; a algunos o algunas les toca un full de ases, pero a otros no les toca ni una mísera pareja, y la única manera de volver a barajar esa mano que nos ha tocado por azar o por
nacimiento es la educación. La educación es el arma más poderosa que posee la humanidad para lograr la igualdad y dotar de oportunidades a aquellos y aquellas que nacieron sin tener prácticamente ninguna.
Cuando nuestro sistema educativo no está bien orientado reproduce esas desigualdades ya existentes. Por ponerles un ejemplo, en Córdoba, la ciudad donde vivo, en el barrio de Las Palmeras, del colegio Duque de Rivas solo ha llegado en
quince años un alumno a la universidad. Es el sexto barrio más pobre de España, y ese colegio tiene un 99 % de abandono escolar temprano. Por tanto, estos alumnos y alumnas son los más necesitados, los que más necesitan esta red fuerte de escuelas
infantiles de 0 a 3 años públicas y gratuitas, ya que la evidencia empírica confirma que la enseñanza de 0 a 3 años reduce las desigualdades de partida entre el alumnado, beneficiando especialmente al alumnado más vulnerable.
La promoción del desarrollo en los primeros años de vida es clave tanto para la salud como para el bienestar infantil. Además, la atención educativa de niños y niñas de 0 a 3 años durante ese primer ciclo de la etapa infantil tiene una
función compensadora de aquellas desigualdades originadas en el entorno social, cultural o económico adverso. Sin embargo, el alumnado que tiene desventaja socialmente es el que menos acude a dichas escuelas infantiles debido a muchísimos factores,
como pueden ser la falta de información o las barreras económicas, que están muchas veces ocultos, más allá de lo que es la matrícula y la falta de plazas, además de la extensión de la enseñanza concertada, cómo no.
Esta proposición de ley que se trae hoy desde el Parlamento andaluz tiene una exposición de motivos que es impecable. La música suena muy bien, es una música hasta poética, sin embargo tenemos que decir que en cuanto nos paramos a leer
empezamos a descubrir que detrás de esa magnífica melodía existe un mensaje que es perverso, y es que los partidos de las derechas y de la extrema derecha que gobiernan la Junta piden al Gobierno que financie con fondos públicos estatales la
extensión y la universalización del modelo de 0 a 3 años -cosa que aplaudimos, y lo tenemos que decir-, pero introducen, cómo no, la coletilla de que serán también financiados los centros concertados privados. Y ahí está el quid de la cuestión de
todo esto, y es que nos preocupa cómo lo va a gestionar el Gobierno que gobierna actualmente en Andalucía, el Gobierno de las derechas, que por supuesto no trata, y lo sabemos, de mejorar la calidad de la enseñanza pública, que además atiende al 70
% del alumnado en Andalucía, sino abrir más campo educativo a las empresas privadas que consideran la educación un beneficio económico y no un derecho humano. Qué podemos esperar, también lo vamos a decir, de un Gobierno andaluz que mientras que
este Gobierno, el Gobierno estatal, invierte 200 millones de euros para educación infantil, ha rechazado 123 millones para crear 12 000 plazas públicas. Qué vamos a esperar de quienes han despedido recientemente a 2700 docentes de nuestro sistema
educativo. Qué podemos esperar de un consejero de Educación, el señor Imbroda, que ha vendido su empresa de FP a un fondo de inversiones de Estados Unidos por 200 millones de euros justo, qué casualidad, en el momento en que se propone desarrollar
la FP y a la vez que se sacan muy escasas, muy muy escasas plazas públicas de FP para que la empresa privada tenga mayores beneficios.
Esto es lo de siempre, es el lobo cuidando a las gallinas. Así que, señorías del Partido Popular, de Ciudadanos, de VOX, ustedes no están preocupados por la equidad, por la igualdad, por la calidad o por la igualdad de oportunidades, como
estamos nosotras; ustedes están preocupados por ver cómo van a lograr que las empresas privadas -y también corremos el riesgo de esos fondos de inversión- obtengan la mayor tajada del presupuesto público, en actitud muy liberal, porque ustedes son
liberales, ¡muy liberales!, hasta que llega el momento de coger el dinerito público y la financiación pública. Así que ustedes miran a otra parte, y eso también tengo que decirlo con respecto a la concertada en Andalucía, miran a otra parte, digo,
cuando las condiciones de las escuelas infantiles concertadas son nefastas, ¡nefastas!, tanto en instalaciones -que lo hemos visto-, como en las condiciones laborales de las trabajadoras, lo que nos preocupa muchísimo, porque recuerdo que son
trabajadoras. El 99 % de la plantilla vive vidas precarias y con malas condiciones laborales, y son mujeres. Es decir, que no solo apoyan un modelo de explotación laboral, sino un modelo educativo a todas luces de peor calidad. (Aplausos). Por
eso, aunque no vamos a bloquear esta toma en consideración, vamos a trabajar para que este proyecto de ley sea acorde al espíritu de la Lomloe, pues, como ya le manifestó en el Parlamento andaluz mi compañera de Unidas Podemos por Andalucía, al ser
un texto anterior a la Lomloe no resuelve nada que no esté ya resuelto ahí. Incluso, la verdad, señorías, es que con este articulado entramos a veces en contradicción con alguno de los apartados de la Lomloe y, sobre todo, con ese espíritu que
legisla esta etapa no obligatoria pero importantísima, y lo hace priorizando los centros educativos de titularidad pública, que es lo que estamos defendiendo desde nuestro espacio político.
Y termino. Deberíamos estar trabajando en el desarrollo de la Lomloe conforme a su disposición adicional tercera, que dice que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, en colaboración con las administraciones
autonómicas, elaborarán un plan de ocho años para la extensión de ese primer
ciclo de educación infantil de manera que se avance hacia una oferta pública suficiente. En eso, señorías, deberíamos estar trabajando, y en eso sí nos encontrarán.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Robles López. (Aplausos).
El señor ROBLES LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, me resulta curioso que los distintos oradores procedentes del Parlamento andaluz hayan obviado que VOX también votó a favor de esta propuesta. Y no solamente eso, sino que los representantes de VOX en la Comisión de esta casa
varias veces hemos presentado iniciativas en este mismo sentido. Y no solamente eso, sino que gracias a VOX, gracias a su insistencia, hemos logrado un acuerdo histórico en la Comunidad de Madrid para la gratuidad de esta etapa no obligatoria, en
cumplimiento siempre estricto de nuestro compromiso electoral. (Aplausos).
Quisiera, antes de proseguir, agradecer su presencia en el hemiciclo a los representantes de la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil y destacar la formidable lucha que llevan a cabo defendiendo sus puestos de trabajo. Ellos
representan esa España que no quiere vivir subsidiada, esa España que trabaja y que se gana la vida con honestidad y competencia profesional. Además, lo hacen defendiendo un oficio que se nos antoja más necesario que nunca ahora que nuestra nación
se encamina hacia un suicidio demográfico, con tasas de natalidad muy por debajo de la tasa de reposición, y en un contexto económico en el que la mayoría de las familias que necesitan dos sueldos para mantener el hogar se ven obligadas a llevar a
sus hijos a guarderías o a jardines de infancia.
En coherencia con lo que hemos defendido en la Comunidad de Madrid, en Comisión y en el Parlamento andaluz, apoyaremos esta reforma planteada por este Parlamento, porque entendemos que con la actual redacción de la Lomloe, sumada al proyecto
de creación de 65 000 plazas de Educación Infantil señalado en los Presupuestos Generales, se está planteando un proyecto imprudente e irracional, un proyecto en el que además se da prioridad a las plazas de niños de uno y dos años propiciando el
cuarteamiento de la etapa, y, lo que es peor, dejando a los padres de niños de menos de un año sin la posibilidad de asistir a escuelas infantiles. Porque las escuelas infantiles privadas no podrán subsistir solo con estos niños y cerrarán, como ya
han cerrado casi mil de ellas, y su cierre abocará a estas familias a tener verdaderos problemas si quieren trabajar y criar al mismo tiempo. Este proyecto es irracional, porque estas escuelas infantiles disponen de 120 000 vacantes y poseen la
infraestructura y el personal necesario para tal fin. Solo con las vacantes de este sector en Andalucía y Valencia la cifra alcanza las 65 000 vacantes. Y desde luego apoyaremos la creación de centros de Educación Infantil donde no exista
alternativa, pero nos parece un sinsentido crear estas instituciones en lugares donde la oferta de esta enseñanza está suficientemente cubierta. (Aplausos).
En el Grupo VOX hemos preguntado al ministerio por los fundamentos de la creación de estas nuevas plazas, por los estudios que se han hecho para justificarlas, por su ubicación, etcétera, sin obtener respuesta alguna. Es imprudente, por
tanto, que, sin haber realizado un estudio previo, sin informar del monto total de las inversiones necesarias, sin considerar siquiera la posibilidad de aprovechar la red de escuelas infantiles ya existente, el ministerio lance este proyecto, un
proyecto que, como hemos podido ver, parece inspirado en la demagogia de Unidas Podemos y aliados y sus eslóganes facilones: 'Escuela pública gratuita de 0 a 3 años', confundiendo lo público y lo privado con la verdadera oposición que se da no
entre lo público y lo privado, sino entre lo privado y lo estatal.
Ustedes prefieren la escuela estatal, y no nos extraña, porque lo que a Unidas Podemos le interesa es una institución educativa exclusivamente estatal porque tienen alergia a la libertad educativa. La razón es clara: ustedes quieren
imponer su credo irracional, sus mantras ideológicos, su concepción del mundo y de la cultura a todos, desde la cuna a la tumba (aplausos), como corresponde a un partido que desdeña el pluralismo social, que defiende tiranías donde el pueblo malvive
en la miseria y que desea una España sometida y subsidiada donde los ciudadanos no pueden tener más plan vital que vivir una vida degradada mientras las élites de esta izquierda disfrutan de sus mansiones, de su seguridad privada y de sus viajes
turísticos. (Aplausos). Los señores de la izquierda 'caviar', que pueden pagarse educación y sanidad privadas, no quieren que los hijos de los trabajadores españoles puedan recibir más educación que la diseñada por ellos, una enseñanza orientada
al adoctrinamiento en su siniestra ideología -por eso quieren eliminar la escuela concertada y las escuelas infantiles-; un sistema doctrinal al que le interesa
más la ideología de género, el cambio climático, los mal llamados derechos reproductivos -que no es más que un eufemismo del aborto libre- o el bienestar animal que el bienestar de las personas. Por eso aplauden a secuestradoras de niños y
cuestionan las decisiones judiciales basadas en informes periciales; por eso ignoran a las niñas prostituidas en Baleares o a los niños asesinados por sus madres (aplausos); todo lo que no cuadre con su funesta ideología es silenciado o atacado
cuando ya resulta imposible ocultarlo. Les interesa más la destrucción de España camuflada bajo el otro eufemismo, ese de la España plurinacional, que los derechos de quienes hablan español en Cataluña; por eso han callado ante el intolerable
acoso sufrido por una criatura de cinco años y su familia en Canet a manos de la jauría independentista. (Aplausos).
Señorías, pedimos que se apoye esta reforma y que se utilice la red de escuelas infantiles privadas mediante los correspondientes convenios.
Otra excelente alternativa es la financiación de esta enseñanza por medio del cheque escolar. En un contexto de bajísima natalidad, de despoblamiento de muchas comarcas y provincias de la España interior y con una economía dañada que arroja
la mayor tasa de paro juvenil de toda Europa, que impide a los jóvenes formar familias que garanticen la reproducción social de la existencia, en lugar de buscar soluciones se alienta a los jóvenes a vivir de modo irresponsable, al carpe diem, a la
ausencia total de trascendencia y a la imposibilidad de formar una familia. (Aplausos). En VOX defenderemos siempre lo contrario: el cuidado de nuestros niños y de las instituciones que hacen posible la conciliación de la vida laboral y familiar.
El Grupo VOX entiende que esta reforma salvará miles de puestos de trabajo, pero esto no es suficiente, hay que impulsar políticas de protección a la familia y promoción de la natalidad, y para defender estos dos extremos, como en tantas otras
cuestiones, solo queda VOX.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Redondo Calvillo.
La señora REDONDO CALVILLO: Buenas tardes, presidente, señorías.
Esta tarde estamos debatiendo la toma en consideración de algo que indiscutiblemente cambia la vida de muchos niños, que más tarde serán nuestro futuro; por lo tanto, lo que realmente debatimos es si queremos mejorar nuestro futuro o no.
La escolarización de 0 a 3 años -estamos todos de acuerdo- es una oportunidad para el desarrollo integral educativo y de socialización de estos niños, que favorece la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida familiar y laboral.
Sabemos también que la pandemia y la situación económica en la que ha desembocado han hecho especial daño a las familias con mayores dificultades económicas o en riesgo de exclusión, que son las primeras que se han visto obligadas a tener que sacar
a sus pequeños de la escuela o la guardería, precisamente por no ser gratuita.
Ustedes están tan acostumbrados a vender humo, y en Andalucía lo sabemos bien, que piensan, e incluso yo creo que se lo creen, que con hacer una ley como la Lomloe ya está todo resuelto. Una ley sin memoria económica, que no va acompañada
de la financiación necesaria; una ley que incumple su propia disposición adicional tercera, y una ley que donde dice digo, digo Diego y que en menos de un año ha tenido que recular en sus criterios. Y esto ocurre porque el Gobierno legisla y
presupuesta obviando la realidad de nuestro modelo educativo, como si no existieran en España más de cinco mil centros privados que dan trabajo a más de cincuenta mil personas. Ustedes aprueban la Lomloe con una financiación que está condicionada a
la creación exclusivamente de plazas públicas, lo que se traduce en un despropósito para los españoles porque no hay ley más alejada de la realidad.
El Partido Popular propone que la gratuidad se extienda a todos los centros educativos, como medida de equidad, en el primer ciclo de educación infantil, porque lo que pretendemos es conseguir que ningún niño se quede sin escolarizar por
motivos sociales, económicos, culturales o porque esos niños tengan necesidades educativas especiales. Mientras este traspaso de fondos del Estado a las comunidades autónomas no llegue, no se podrá garantizar y esos niños no podrán disfrutar del
derecho fundamental a la educación. Por lo tanto, el Gobierno de la nación, por un lado, y el resto de administraciones públicas que están gobernadas por la izquierda, por otro, no deberían despreciar la red de centros, que lleva prestando este
servicio desde hace muchísimos años y que tanto empleo ofrece; por cierto, algo que en teoría a ustedes les preocupa mucho -primero a sus señorías del PSOE, después desbancadas por sus señorías de Podemos-, empleo en su inmensa mayoría femenino,
¡femenino! ¿Qué piensan ustedes que
harán todas esas mujeres que se quedarán sin empleo? Como dice el refrán, del dicho al hecho hay un buen trecho, ¿no?
Esta proposición de ley supone todo lo contrario, supone la defensa de una oferta educativa plural, de calidad y con libertad, e implicaría un verdadero avance y mejora frente a ese modelo único que el Gobierno está pretendiendo implantar
previendo la financiación exclusiva para la creación de centros de titularidad pública, como viene haciendo en estos dos últimos años. Y lo hacen cegados por su pretensión de imponer un modelo público único donde no existan ni la libertad ni la
elección.
Además, esta iniciativa que debatimos hoy no solo fue aprobada por consenso en Andalucía, es que fue el PSOE el promotor de la iniciativa. ¿Saben por qué? Pues porque mantener otra posición suscitaba un enfrentamiento con el sector, porque
el modelo educativo de Andalucía es el modelo heredado del Partido Socialista andaluz: una educación a través de conciertos con escuelas privadas, en las que se fijaba un precio público por plaza y se bonificaba hasta el cien por cien del coste a
las familias más vulnerables.
¿Saben ustedes cuál es el modelo educativo del PSOE? Un modelo en el que las guarderías privadas representan el 66,4 % del sector en la comunidad. La red de escuelas infantiles de 0 a 3 años cuenta con 2143 centros. De ellos, 1423 son de
titularidad privada, convenidos con el Gobierno autonómico del PSOE durante muchos años; 770 de titularidad pública, pero solo 170 de titularidad de la Junta de Andalucía. Tanto en los centros de titularidad pública como privada las plazas y el
comedor no son gratuitos, pero el precio está subvencionado. Este modelo fue el PSOE andaluz quien lo diseñó, lo amplió y lo perpetuó hasta que perdió las elecciones en 2018, así que es imposible entender que hace unos días su secretario general,
Juan Espadas, denunciara la privatización del sistema del Ejecutivo de Juanma Moreno. Pero ¿esto qué es, un chiste? (Aplausos). ¿O es que, a lo mejor, estaban en un acto político y quien tenía al lado era la ministra de Educación? Probablemente,
sería lo segundo. Hombre, un poquito de honestidad y de honradez.
Por otra parte, el PSOE ha rechazado nuestras enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado; ha vetado nuestra enmienda a la modificación del concierto para esta tapa de 0 a 3 años. En cambio, en los últimos días, ante la negativa de
Cataluña, Euskadi, Madrid y Andalucía parece ser que se ha abierto a modificar los criterios respecto al destino de los fondos para financiar también en centros privados. De nuevo se ponen en evidencia las contradicciones del PSOE en este asunto,
como en otros muchos, lo que no nos preocuparía si solo les afectara a ustedes, el problema es que hablamos de la educación de nuestros hijos. Por tanto, nos encontramos con la imposibilidad de llevar a cabo las pretensiones del Gobierno de la
nación en materia educativa sin hacer un daño irreparable al sector y a las propias familias, y a lo que además tendríamos que añadir que sin la financiación necesaria. Los andaluces sabemos muy bien cuál es la realidad educativa que tenemos; los
andaluces de esa bancada (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) también lo saben, mucho mejor que el resto porque son autores del mismo, son parte del modelo al que ahora dan la espalda y critican. ¿De verdad, después de treinta
y siete años gobernando, no piensan ustedes, socialistas andaluces, hacer nada al respecto? ¿Piensan callar y bajar la cabeza como en otras ocasiones? A mí, sinceramente, me daría muchísima vergüenza.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Crespín Rubio.
La señora CRESPÍN RUBIO: Gracias, presidente.
Señorías, no hay debate donde el PSOE esté más cómodo que al hablar de educación. Llevamos más de ciento cuarenta años defendiendo en España que la educación es la única herramienta que nos hace más libres y nos hace iguales. Y llevamos
décadas insistiendo en que la educación en los primeros años es crucial para el desarrollo de los alumnos, pero también para el avance colectivo como comunidad.
Señorías, hoy traemos a debate la toma en consideración de esta proposición de ley, una proposición de ley que, efectivamente, impulsó el PSOE de Andalucía y que lo hizo, como siempre, desde el convencimiento de la necesidad de defender la
educación de 0 a 3 años porque es a edades tempranas, señorías, cuando se detectan las dificultades que determinan el futuro de nuestros niños, de nuestras niñas y también nuestro como comunidad. Hemos superado -parecía, hasta que he escuchado al
señor Robles- que no son guarderías, que son escuelas, señor Robles; que no son jardines de la infancia. (Aplausos). Hace menos de un año aprobamos la Lomloe -sí, los socialistas estamos
orgullosos de la Lomloe- y no esperábamos ningún reconocimiento en positivo hoy de la derecha, pero esa ley recoge el compromiso de dotar de un plan para la educación infantil y satisfacer las demandas de las que hoy estamos hablando. Como
tenemos clarísimo lo que queremos, señorías, y como además lo defendemos, el Grupo Socialista sigue en ese ánimo, en el ánimo de tramitar esta ley para mejorar en el fin último.
Les voy a decir una cosa: estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho en Andalucía, del modelo con el que hemos atendido las necesidades en esa etapa educativa y del salto cualitativo que dimos con una realidad que ustedes saben que es
compleja en mi tierra, por territorio y por población. En Andalucía, gracias al PSOE, se lleva trabajando por el objetivo de universalizar el 0 a 3 desde el año 2002, año en el que empezamos a poner en práctica no solo con argumentos, sino también
con presupuesto, nuestro plan de apoyo a las familias andaluzas. Se ha venido haciendo de una manera que garantizaba la igualdad de oportunidades y, por tanto, el acceso universal a este servicio. Con aportaciones -aquí se ha dicho- de cuotas por
parte de las familias en función de su renta, señora Redondo; al 40 % aproximadamente el servicio le sale totalmente gratuito y el otro 40 % aproximadamente solo aporta el 25 % del coste de la plaza. Esto con cuotas y normativas de admisión que
son iguales ya sea para centros propios de la Junta de Andalucía o para centros conveniados. La Administración andaluza, señorías, aporta casi el 80 % de lo que supone el costo plaza en centros conveniados y el cien por cien, como no puede ser de
otra manera, en los públicos. Hicimos posible que todas las familias andaluzas, del nivel socioeconómico que fuera, tuvieran acceso a esta educación en Andalucía y fomentamos la creación de escuelas infantiles de primer ciclo, la mayoría
cooperativas o pequeñas sociedades sin ánimo de lucro, con empleo mayoritariamente femenino. Sí, señorías, eso lo ha hecho el PSOE; a ver ustedes qué es lo que dejan. Tenemos 10 000 mujeres trabajando y 2143 centros en Andalucía conveniados, como
los de Gema, como los de María Isabel, como los de Raquel. Aún nos queda mucho por hacer porque solo atendemos al 47 %. El PSOE tiene la altura de reconocer de dónde partimos. Sabemos que, aunque hay plazas sin cubrir, es porque hay familias que
no pueden asumir el coste de la plaza -hay que decirlo todo-, por eso es necesario seguir en la defensa de la extensión desde lo público y no desviar el debate. Ahí es donde el PSOE va a exigir que el Gobierno no se esconda, porque las comunidades
autónomas tienen competencias y también tienen que hacer cosas y tomar decisiones. En este caso, estamos esperando a ver ustedes qué decisiones son las que toman. Y, miren, no se queden en lo fácil, hagan caso al portavoz que ha venido del
Parlamento de Andalucía, no se queden en la confrontación, ayuden a buscar la solución. Por eso, el PSOE está escuchando al sector y a las familias en esa búsqueda de la gratuidad. Hay muchas cosas que pueden hacerse, pero desde luego no se hacen
renunciando a los fondos que llegan del Estado sin buscarle ninguna otra solución. (Aplausos).
Hay que recordarlo aquí, ustedes son Lomce, la ley educativa con menos consenso de este país y donde dejaron clara su propuesta para esta etapa de educación: el carácter asistencial de la educación de 0 a 3 años. Nosotros somos Lomloe, por
eso apoyamos favorablemente esta proposición de ley: para que se avance hacia una oferta pública y sostenida con fondos públicos. Digo esto por no llevarnos a engaño.
Señora portavoz de Unidas Podemos, estaremos vigilantes y mucho. Le doy la razón. Sabemos en qué piensan y cómo corren un tupido velo en este tipo de debates. Cuando un presidente como Juanma Moreno confía la educación a un consejero de
Ciudadanos dueño de una gran corporación educativa privada, como la que tiene el señor Imbroda -parece que la ha vendido-, todo el mundo entiende por qué vamos a estar alerta.
Señorías, me quiero dirigir también desde esta tribuna a todas las mujeres que trabajan en la Red de Escuelas Infantiles en Andalucía y me quiero dirigir al sector privado. No se dejen confundir con la amenaza, con la demagogia de algunos
discursos de la derecha cuando dicen que el PSOE es un peligro para aquellas que lucháis día a día en vuestras empresas, con muchas dificultades -y lo sabemos-, para dar el mejor servicio a nuestros niños y a nuestras niñas, pero también a nosotros
como comunidad autónoma. Es falso, siempre hemos confiado y defendido la iniciativa emprendedora en nuestro país. Ahora bien, señorías, en el PSOE lo dejamos claro: lo que se paga con el dinero público responde como público. Ahí está el PSOE y
ahí estará siempre.
Gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS REPUBLICANO, PLURAL, EUSKAL HERRIA BILDU Y MIXTO, DE GARANTÍA DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA. (Número de expediente 122/000166).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Republicano, Plural, Euskal Herria Bildu y Mixto, de
garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada. Para la presentación de la iniciativa interviene, por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Vallugera Balañà. (Rumores).
Señorías, guarden silencio, por favor, y quien vaya a desalojar el hemiciclo que lo haga con rapidez. Gracias.
Cuando quiera.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidente.
Diputadas y diputados, me comentaba el compañero de Ciudadanos, bajando ahora hace un momento, que me iban a escuchar con mucha atención. Bueno, está bien, que lo hagan todos, por favor, porque esta tarde tengo el placer, tengo el honor de
presentar una proposición de ley de derecho a la vivienda digna y adecuada que no hemos escrito en Esquerra o no han escrito en Bildu o no han escrito en la CUP. Ninguno de los partidos que presentamos esta norma la hemos escrito de puño y letra,
sino que es una propuesta salida de la sociedad civil, salida de sindicatos, salida de organizaciones, salida de asociaciones de gente que ha sufrido en sus propias carnes el problema de los desahucios y el problema del sobrendeudamiento vinculado
con las hipotecas y que, por tanto, hablan de primera mano. Es una muestra interesantísima y muy valiosa de cooperación, de colaboración entre diferentes agentes sociales que han sido capaces de ponerse de acuerdo y hacer aquello que continuamente
nos llena la boca: la participación, los ciudadanos y las ciudadanas deben participar. Bien, pues hoy participan. Vinieron a los grupos parlamentarios, nos propusieron su norma, su legislación para afrontar el desastre que es la vivienda hoy en
el Estado español y les escuchamos y la traemos a este hemiciclo.
Hay muchísimas entidades que forman parte de la plataforma, pero creo que a algunas es necesario citarlas. Lo es el Movimiento Nadie sin Hogar, porque gracias a ellos se incorpora también en esta normativa lo que se llama sinhogarismo, que,
personalmente, creo que es un concepto que, aparte de que debe desaparecer de nuestras calles, los convierte en una categoría. Y no, son personas que viven en la calle o en organismos residenciales públicos muy temporales porque no tienen ningún
lugar donde vivir. Lo ha hecho también la gente de la PAH -los conocemos desde hace tiempo-, los que sufrieron esa crisis horrorosa de 2008 que todavía arrastramos, los que sufrieron el desastre financiero de las subprimes, los que se quedaron sin
casa porque no fueron capaces de hacer frente a los pagos de su hipoteca. Lo hace también el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Lo hace también la Taula d´entitats del Tercer Sector Social. Lo hace Comisiones Obreras. Lo hace UGT. Lo hace el
Observatorio DESC. Lo hace la CGT. Lo hace la Coordinadora de asambleas de Trabajadoras y Trabajadores en paro de Cataluña. Lo hace la Coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones.
¿Qué tienen todos ellos en común? Que no son lobbies de presión económica, no son ricos; están defendiendo los intereses de la mayor parte de esta sociedad y la ven a través de prismas muy diferentes: a través del arrendamiento, a través
de las hipotecas, a través de la gente sin hogar, a través de lo que es el tercer sector. Por tanto, es la primera nota distintiva de esta legislación que hoy traemos de la mano, y agradezco muchísimo el trabajo de estas entidades y -no se lleven a
error- de sus miembros y de los magníficos juristas que han elaborado esta ley. Porque no quiero oír, por favor, en esta Cámara que se aduce falta de rigor para no votar a favor de esta proposición. Está bien estructurada, bien documentada;
afecta a la Ley hipotecaria; afecta a la Ley procesal; afecta a la Ley de prenda; afecta a algunos ámbitos de la Ley urbanística y saben perfectamente qué tipo de propuestas nos hacen. (Aplausos).
Esto nos lleva a una segunda reflexión. Ustedes salen de este hemiciclo -lo doy por hecho-, pero a veces los datos, y en este caso los que les voy a dar son oficiales, se nos quedan como si fueran patas de mosca negras encima de papeles
blancos. En 2013, desahucios por impago de hipotecas, 25 811; por impago de alquiler, 38 141. En 2014, por hipoteca, 28 877; por alquiler, 36 044. Los epígrafes de 'otros' los he quitado. Les puedo decir 2015, 2016, 2017. En 2020 paran porque
el escudo social no sirvió de nada, pero paró algunos desahucios, pero las cifras son: por impago de hipotecas, 4256; por impago de
alquileres, 13 099, con un total desde 2013 -hablamos de ocho o nueve años- de 466 279 familias que se han visto privadas de su vivienda habitual, de su primera vivienda. Si estas cifras no son para acometer una transformación legislativa
que se oriente en un paradigma diferente del que hay hasta ahora, vengan ustedes y cuéntenme qué cifra les tenemos que traer. ¿47 millones en la calle, menos los 200 000 que tienen todo el parque inmobiliario? ¿Esas son las cifras que ustedes
quieren? Porque vamos directas hacia ellas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Algún comentario más que me parece relevante. Esto no es una ley de vivienda, tampoco es una ley urbanística; es una ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada y, por tanto, lo configura como un derecho subjetivo, en la
línea de lo que son los derechos DESC, que son la actualización de los derechos humanos: los derechos económicos, sociales y culturales. Supongo que están al tanto de ello y de lo que significan. Pero hace diez minutos ustedes hablaban de
educación. Muy bien, de 0 a 2 años, gratuidad, universalidad, pero antes de que puedan escolarizar a ese niño debe vivir en alguna parte. Y las familias que han sido desahuciadas tienen niñas, tienen niños, algunas son pensionistas y hay
colectivos vulnerables, pero luego hay una gran masa también que son gente normal, absolutamente normal, que es gente que no está en situación vulnerable, simplemente su situación económica ha cambiado y las previsiones que hicieron, la proyección
que hicieron de su biografía no puede cumplirse por temas económicos no achacables a ellos. Estamos intentando romper, porque el Estado debe hacerlo, con la idea subsumida en muchos discursos de que si no te funciona la vida económicamente es tu
culpa, que si no tienes todas las garantías de una vivienda, de suministros, de educación, de vestidos, de ropa es culpa tuya y es un fracaso tuyo. Y eso no es cierto, es un fracaso social.
¿A quién se dirige esta ley? ¿A quién puede, de algún modo, garantizar el derecho? A todos nosotros y nosotras. No estamos hablando de una minoría de personas; estamos hablando del común de los mortales.
Dentro de poco vamos a tener el turno en contra y les van a contar a ustedes que esto es un ataque a la propiedad privada que no se puede aguantar. Es más, les van a convencer de que esta ley lo que pretende es que los okupas ocupen todas
las casas, de ustedes y de las personas que nos están viendo, cuando se vayan a comprar el pan o a acompañar a los niños al cole y que, además de proteger a los okupas, a la gente que tiene un piso y una segunda de residencia también se lo va a
quitar el Estado. Se lo avanzo: es mentira. Esta ley lo que prevé es que para desahuciar haya de hacerse un sistema procesal en el cual se deba ofertar, por parte de lo público o por parte de los grandes tenedores, un alojamiento equivalente.
Eso es lo que prevé; no prevé la expropiación de la gente que tiene un piso, dos pisos, tres pisos o cuatro pisos. Lo que sí que intenta parar es que ese derecho fundamental que es el acceso a la vivienda se convierta, como es hasta ahora, en un
bien de mercado que solo sirve para el lucro y el enriquecimiento, porque, si no cambiamos las bases del contrato social, vamos a dejar al 90 % de la gente fuera. Esta ley puede afectar a los grandes tenedores, a los fondos buitre, a las entidades
financieras, sí. Son ellas, y especialmente las que han sido rescatadas con fondos públicos, las que deben devolver todo eso a quien lo pagó a través de impuestos, efectivamente, y eso no es un ataque a la propiedad privada. Eso simplemente es
sentido común. Son los grandes tenedores los que, de algún modo, están parando la lógica normal de eso que dicen que funciona tan bien que es el mercado, porque es falso. Pasamos de un bien que debía proteger los derechos que sin él no pueden
existir -el derecho a la intimidad, el derecho a la familia, el derecho a la salud, el derecho a la educación- a que eso se convirtiera en un bien que podía ser enajenado, vendido, especulado con él, porque es un fondo de inversión. Debemos parar
esto completamente y ahí va mi pregunta.
Esta proposición la presentamos unos cuantos grupos. Uno de ellos se ha descolgado hoy de la firma. Pregunto al grupo del Gobierno: ¿están ustedes de acuerdo con los planteamientos económicos y sociales que implican parar los desahucios
inmediatamente? ¿Están ustedes de acuerdo en que el derecho a la vivienda es previo e indispensable para la constitución de una vida digna en sociedad? ¿Están ustedes de acuerdo con que los fondos que fueron a parar a entidades privadas y con los
que se hicieron esos fondos de viviendas han servido para que no se pueda acceder a un precio razonable en áreas tensionadas? ¿Están ustedes de acuerdo con ello? Pues entonces deben votar sí.
Termino con un par de consideraciones. Esto en Cataluña ya lo hicimos en lo referente a la contención de rentas de alquiler. Obviamente, está en el Constitucional y no nos van a dejar aplicarlo, no fuera a darse el caso de que una
comunidad pueda autorregularse. Nosotros creemos que esta ley da posibilidad a que los derechos civiles propios puedan desarrollar...
La señora PRESIDENTA: Señora Vallugera, tiene usted que terminar, por favor.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Termino inmediatamente.
Decía que puedan desarrollar su legislación propia. Lo vamos a hacer antes o después, lo vamos a hacer, pero sería mejor que las buenas ideas que nos reconocen también las entidades sean capaces de adoptarlas y que no sean solo para
Cataluña, porque somos muy solidarios...
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallugera.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: ..., sino para todos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Hablemos de viviendas. Hoy hace justo dos meses, en esta misma tribuna, el señor Espinosa de los Monteros despedía alborozado a un buen diputado, Alberto Rodríguez. Dos meses después, el Tribunal Supremo ratifica la condena al señor
Espinosa de los Monteros por dejar de pagar parte de las obras de su lujoso casoplón de cuatro plantas (aplausos), casoplón de cuatro plantas y 542 metros cuadrados, con ascensor, gimnasio, garaje y piscina con solárium, que okuparon, con k -con k-,
sin licencia del ayuntamiento. Es la ultraderecha caviar; la ultraderecha caviar.
A mí me gustaría que fuera coherente con sus propias palabras y abandonara voluntariamente su escaño, porque sería lo justo, ¿no, señor Espinosa? Le condenan, dimite y se va. Lo que usted pedía. (Aplausos).
Hoy cinco grupos parlamentarios presentamos esta proposición de ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada. ¿Qué creen que votará el señor Espinosa de los Monteros? ¿Qué creen que votará VOX? ¿Qué creen que votará Pablo
Casado? ¿Qué creen que votará el Partido Popular? En contra, claro. ¿Alguien cree que les interesa lo más mínimo cumplir el artículo 47 de la Constitución?: 'Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna [...]. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...'. Claro que no les interesa. Ya lo dijo el señor Almeida, el actual portavoz del PP y alcalde de Madrid. Le
preguntaron: ¿Qué piensa usted hacer para regular los alquileres? Y, con total desfachatez, dijo: Nada. Como dijo una célebre diputada aquí en este Congreso: Que se jodan. Lo dijo una diputada del PP, de buena familia -de buena familia-, en
esta misma Cámara. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señor Baldoví, por favor, céntrese en el tema.
El señor BALDOVÍ RODA: Perdón. Vale, me centro. (Rumores).
No harán nada para regular el precio del alquiler, no harán nada para evitar los desahucios. Ellos y ellas, la derecha, ya sabemos a quién representan. Votan en contra de subir el salario mínimo interprofesional, votan en contra de ligar
la subida de las pensiones a la inflación, y luego quieren que la gente tenga vivienda. No quieren saber nada de legislar para evitar los desahucios de las familias en riesgo de exclusión. Lo podían hacer cuando tenía mayoría absoluta, y no
hicieron nada. Podían legislar para evitar el sobreendeudamiento de las familias, para regular la dación en pago, para que no se pueda embargar la única vivienda a los padres que avalaron a los hijos, y no hicieron nada, nada, nada. Lo que dijo el
señor Almeida, la derecha con estos temas no va a hacer absolutamente nada.
Moltes gràcies, senyora presidenta. (El señor Espinosa de los Monteros pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Espinosa de los Monteros.
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Apelo al artículo 72 en relación con el artículo 71 por alusiones del señor diputado de Compromís. Simplemente, para aclararle que la casa no tiene cuatro plantas; tiene cinco, cinco.
Gracias. (Risas.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Espinosa de los Monteros.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Errejón Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Buenas tardes, señorías. Gracias, señora presidenta.
Hoy diferentes fuerzas políticas defendemos una ley que no es nuestra; es una ley que está elaborada por más de 120 organizaciones sociales, entre ellas el Sindicato de inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a quienes hay
que agradecer que durante los años más duros de la anterior crisis y de la actual hayan estado al lado de quienes más lo necesitaban, a veces supliendo el trabajo que las instituciones no hacían, a veces llegando donde los poderes públicos no podían
o no querían llegar. Hay que agradecer a estas organizaciones que registraran, que trabajaran, que elaboraran esta propuesta de ley y también hay que agradecérselo a todos los grupos parlamentarios que hoy unen sus voces para traerla a este
Congreso.
No sé si se acuerdan, señorías, de la última vez que buscaron un piso en alquiler, de la ansiedad, de los pisos sin luz, de los abusos, de los verdaderos zulos a precio de oro, de las condiciones abusivas, de la angustia por no encontrar
nada que se ajustara a su presupuesto. Va de eso; exactamente va de eso esta ley. En España -la fuente es el BBVA-, en el año 2019 el 65 % de los jóvenes de entre 16 y 34 años aún no podía emanciparse y eso, claramente, afecta a las posibilidades
de formar una vida, de estar tranquilo, de tener un horizonte vital. Los jóvenes de estas edades tienen que dedicar aproximadamente el 93 % de su salario al alquiler y eso ha convertido el acceso a la vivienda en un verdadero calvario para los que
no la heredan, ha convertido el mercado inmobiliario en una verdadera jungla que produce mucho dolor y muchas dificultades a la mayoría de los ciudadanos en nuestro país y los poderes públicos hasta ahora no han estado a la altura.
Que el mercado inmobiliario haya funcionado mal, que esté funcionando mal y se haya convertido en un desastre ha obligado a que la gente se busque las castañas como pueda; ha obligado a que la gente se tenga que defender. Hace algunas
semanas en Madrid 1800 personas se unieron al sindicato de inquilinos y defendieron sus intereses frente al fondo buitre Blackstone. Blackstone recibió casi a precio regalado 1800 viviendas que le dio la señora Ana Botella y, según las recibió, lo
primero que hizo fue pasar los alquileres de 400 a 900 euros. Los inquilinos se unieron, se plantaron, se negaron a pagar alquileres abusivos y ganaron. Sentaron a Blackstone a negociar y hoy disfrutan de más tranquilidad y de alquileres dignos.
Eso demuestra dos cosas. En primer lugar, que unirse y defenderse sirve, es efectivo; que uno no es libre cuando está solo, sino cuando está a salvo y está a salvo cuando está con muchas y con muchos. Y en segundo lugar, demuestra que la
ciudadanía en España para acceder al derecho a la vivienda tiene que hacer heroicidades. Los poderes públicos no pueden pedir a la gente que sean héroes y heroínas cotidianas; les tienen que garantizar que pueden ser ciudadanas y ciudadanos con
derechos.
Es evidente que en España el mercado inmobiliario no está funcionando. Yo creo que ni los diputados de la derecha van a afirmar que el mercado inmobiliario funciona bien. El mercado inmobiliario produce mucho dolor, deja a mucha gente
fuera de los derechos de ciudadanía y complica a la mayor parte de la gente que puedan tener un proyecto vital o formar una familia, pero este es también un problema económico. El mercado inmobiliario y la especulación se comen los sueldos en
nuestro país y detrae dinero del consumo y de la economía real. El mercado inmobiliario detrae inversiones de la economía productiva y las dedica exclusivamente a la economía especulativa y a la economía rentista. Y el mercado inmobiliario, tal y
como está, favorece que seamos un país de rentistas en lugar de un país con industria propia, con industrialización y con generación de empleo y alto valor añadido. Todas las formaciones políticas interesadas en la transformación industrial de
nuestro país y en la modernización deberían saber que para eso primero hay que soltar el lastre del poder, el inmenso poder que acumula en España el bloque inmobiliario y rentista, que es un lastre para la industrialización, para la modernización
económica y para la prosperidad en nuestro país.
Cuando decimos esto, hay mucha gente que lo que nos dice es que lo que hace falta en España es liberalizar más el mercado inmobiliario, que no se ha hecho suficiente. Eso es lo que decía el Partido Popular, que en el año 1996 promueve la
Ley del Suelo de José María Aznar, básicamente con la filosofía de cuantas más casas se construyan, más bajará el precio. Bien, es mentira. Cuantas más casas se han construido, hemos engordado una burbuja que después hemos tenido que pagar todas y
todos, ha habido más desahucios y los precios de la vivienda no han parado de subir, no han parado de comerse cada vez más los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. Y hoy estamos en una situación en la que en España de cada cinco
casas que se venden solo una está destinada a ser un hogar. Eso significa que solo una está destinada a usarse para vivienda y el resto están destinadas a usarse para la especulación y para la inflación de precios. Eso distorsiona el mercado y,
como distorsiona el mercado, deja en papel mojado el derecho a la vivienda. No existen los mercados desregulados. Solo los adolescentes que tienen
una serpiente en el logo de Twitter dicen tonterías semejantes. No existen los mercados desregulados. El mercado de la vivienda en España no está desregulado, está regulado a favor de los rentistas, y lo que necesitamos es exactamente una
regulación que equilibre la balanza y que lo regule al servicio de los intereses de la ciudadanía.
Cuando ustedes, los señores de la derecha, dicen que hay que liberalizar el mercado, lo que están diciendo en realidad es que hay que aumentar la regulación a favor de quien más tiene, porque, en realidad ustedes, si pudieran, prescindirían
de casi todas las leyes para que solo rigiera la ley despótica de quien más tiene. Nosotros, en cambio, en esto estamos más de acuerdo con Adam Smith, y les cito: Todo ejercicio de la libertad de unos pocos individuos que ponga en peligro la
seguridad de toda la sociedad debe ser restringido por las leyes. Para eso hace falta una ley de vivienda, para equilibrar la balanza, para poner orden y para salvaguardar el interés general por encima de los intereses especulativos de unos pocos.
Sabemos, quienes hoy defendemos esta propuesta, que el Gobierno prepara un anteproyecto de ley de vivienda, pero presentamos esta propuesta para reforzarla, para acelerarla y para acercarnos a los modelos de regulación exitosos que ya
funcionan en París, en Nueva York o en Viena. Porque consideramos que el anteproyecto del Gobierno no tiene herramientas para ser efectivo y corre el riesgo, otra vez, de convertirse en un titular que genera fundamentalmente frustración. No impide
los desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional, y la ley que presentamos, sí. No permite regular el precio de la vivienda en zonas tensionadas para particulares que puedan tener quince viviendas. Esto es muy importante, lo
ha dicho antes la compañera Pilar, no estamos hablando de los trabajadores que tienen una segunda vivienda, estamos hablando de alguien que tiene quince, veinte o veinticinco viviendas. Algunas de sus señorías están en esa condición y es normal que
voten en favor de los rentistas, pero la inmensa mayoría del pueblo español necesita una ley de regulación y de control de los alquileres. Y, para colmo, el anteproyecto que prepara el Gobierno es una ley optativa; es una ley que deja a elección
de las comunidades autónomas la decisión de si aplica o no aplica los controles de alquileres. Y alguien dirá: bueno, lo deja porque no es competencia del Gobierno central regular eso. ¿Y entonces por qué se recurre la ley catalana de alquileres
ante el Tribunal Constitucional?
Hacer que una ley de vivienda que garantice unos alquileres dignos sea optativa es tanto como decirles a todos los madrileños, a todos los andaluces, a todos los murcianos o a todos los castellanos y leoneses que no van a tener ley de
vivienda a pesar de que, por ejemplo, algunos de sus municipios puedan quererlo. Y, para colmo, esta ley se da, además del tiempo que tarde en estar en el BOE, año y medio, dieciocho meses, para entrar en vigor. La gente en España no tiene
dieciocho meses para seguir aguantando unos alquileres abusivos que se comen los salarios.
Miren ustedes, yo lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo lo que quede de legislatura, no basta con el miedo a que viene la derecha. El Gobierno tiene que demostrar que es diferente, que en las cosas que de verdad importan
hace las cosas de manera diferente y hace la vida a la gente trabajadora más segura y más tranquila. Ellos, los reaccionarios, pueden crecer con el sentimiento de cinismo: todo da igual, todos son iguales, nada vale para nada, la desconfianza en
la política... Se alimentan de él como el moho de la humedad.
La señora PRESIDENTA: Señor Errejón, tiene usted que terminar, por favor.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Ya acabo, señora presidenta.
Ustedes tienen que demostrar que son diferentes. Hoy es una magnífica oportunidad, escuchen, regulen los precios de la vivienda y pónganse al servicio de la seguridad y del interés general de los españoles.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Arratsalde on. Buenas tardes. Gracias, presidenta.
Hoy presentamos la ley sobre vivienda que los colectivos han trabajado y que varios grupos políticos hemos traído a esta Cámara, una ley que surge de un trabajo serio y solvente por parte de los colectivos que llevan muchos años de lucha por
una vivienda digna, unos colectivos que han mantenido el debate
de la vivienda vivo y con fuerza durante todo este tiempo, pese a la falta de interés de los Gobiernos por avanzar en esta cuestión.
Señorías, muchas veces se utiliza el derecho a la vivienda como un eslogan, se lleva en los programas, se grita en los mítines, se recoge en los programas de Gobierno, se repite en debates y tertulias e incluso se recoge en la sacrosanta
Constitución, sí, hasta en esa intocable Constitución aparece recogido que toda persona tendrá derecho a una vivienda digna. Se repite, pero no se cumple.
Señorías, el derecho a la vivienda no es un enunciado, es un derecho básico que debe no solo respetarse sino asegurarse, y me gustaría creer que eso es lo que nos une a todas las fuerzas de izquierdas y progresistas de esta Cámara, las que
firmamos y presentamos esta ley y las que no. La vivienda es un derecho, pero hoy en día en el Estado español hay más de 40 000 personas que viven en la calle. La vivienda es un derecho, pero en el Estado español hay más de cuatro millones de
viviendas vacías, cuatro millones, según el INE. La vivienda es un derecho, pero hoy en el Estado español los fondos buitre y los bancos acumulan más de la mitad de esas viviendas vacías. La vivienda es un derecho, pero en el Estado español, solo
en lo que llevamos de año, se han producido más de 32 000 desahucios. La vivienda es un derecho, pero en la mayoría de territorios -también en Euskal Herria- se destina más del 40 % de los sueldos a la vivienda, y si hablamos de los jóvenes, el 60
% del sueldo. La vivienda es un derecho, pero los propietarios pueden especular con los alquileres aumentándolos sin límite alguno. Y la vivienda es un derecho, pero la ciudadanía no tiene recogido su derecho subjetivo para poder reclamarla frente
a las instituciones. Esta es la cruda realidad, señorías, que la vivienda es un supuesto derecho, pero no se cumple.
Por eso hoy presentamos esta ley junto con los colectivos de vivienda para que el derecho a la vivienda sea no solo un derecho escrito, sino un derecho ejercido. Y, sí, es cierto, el Gobierno ha puesto en marcha su ley de vivienda, sabemos
lo mucho que ha costado y lo valoramos, pero también debemos señalar que la ley del Gobierno tiene importantes carencias y que se queda corta, que se queda muy corta para alcanzar el objetivo. Por eso creemos que esta ley que hoy presentamos puede
corregir y mejorar la ley planteada por el Gobierno. Este debería ser el objetivo: aunar los dos proyectos para que en su tramitación se incorporen los mejores aspectos de las dos propuestas y poder así aprobar una buena ley de vivienda que
responda a las necesidades que la ciudadanía tiene y que incorpore las cuestiones planteadas por los colectivos.
La promoción del alquiler, la regulación de los alquileres abusivos, la prohibición de desahucios para personas sin alternativa habitacional, el control de fondos buitre, la movilización de las viviendas vacías, la promoción del parque
público de vivienda social, el empuje y ayuda a la emancipación para la juventud, la prohibición del corte de suministros básicos, esta ley contiene todas estas y más medidas que deben ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar la futura ley de
vivienda y, si no, únicamente se estará poniendo un parche y la especulación seguirá, la vivienda seguirá siendo un negocio en el que mucha gente seguirá sin casa y habrá muchas casas sin gente, como tantas veces nos han recordado desde las calles.
Me gustaría centrarme en el objetivo último de esta ley, que creemos resume su ambición: garantizar el derecho humano de acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible como bien de primera necesidad. Este es el objetivo y no ningún
otro, por ello se plantea la cuestión clave para conseguirlo: el derecho subjetivo a la vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas podrán exigir tanto ante los órganos administrativos como en los juzgados y tribunales de la
jurisdicción competente una primera vivienda o alojamiento habitacional digno, adecuado y asequible. No entendemos que nadie que dice defender la justicia social no esté de acuerdo en alcanzar este objetivo. Creemos que, además de ser de justicia,
es de sentido común que toda persona pueda contar con un techo.
Dirán algunos que no se puede obligar a la Administración a asegurar una vivienda a todas las personas, que no se puede obligar a los propietarios a fijar alquileres justos, que no se puede expropiar viviendas de bancos o grandes tenedores,
que no se pueden evitar los desahucios si una familia no puede hacer frente a los pagos, o que no se puede obligar a quien tiene su vivienda vacía a darle un uso. Pues miren, sí, sí que se puede y se debe hacer. Porque mientras una sola persona no
tenga un techo donde vivir deberá hacerse esto y mucho más. Cuando todo el mundo tenga un techo digno y a precio asequible donde vivir, entonces y solo entonces, si quieren, podemos debatir sobre la propiedad privada, sobre hacer negocio con la
construcción, sobre hacer negocio con la venta y el alquiler de viviendas, sobre los fondos buitres, sobre los bancos, pero mientras tanto no nos importan absolutamente nada los argumentos de quienes hacen de la vivienda un negocio ni de quienes
defienden que lo sea. Por tanto, no, no queremos
escuchar ni una absurda palabra más sobre los pobres bancos y los pobres fondos, sobre los supuestos derechos de los grandes tenedores ni sobre las pobres constructoras. No, no queremos escuchar una palabra más que defienda la vivienda como
un mercado persa, porque quienes especulan, quienes se enriquecen, quienes mercadean con la vivienda no tiene derechos, señorías, porque son justamente quienes pisotean derechos.
Por eso, señorías del PSOE, hoy esperamos que ustedes no se coloquen de ese lado. Esperamos que hoy recapaciten y no se sumen a la derecha, que no se sumen a los que niegan derechos para hacer negocio. Esperamos que hoy sumen fuerzas con
nosotras, con Euskal Herria Bildu, con Unidas Podemos, con Esquerra Republicana, con la CUP, con el BNG, con Más País, con Compromís y con la mayoría social, y permitan que esta ley avance para cumplir con lo que la ciudadanía lleva demasiado tiempo
esperando y reclamando.
En la negociación presupuestaria acordamos con el Gobierno hacer permanente el escudo social, conseguimos que la prohibición de desahucios para personas vulnerables sea un derecho adquirido por ley de manera permanente. Es una muy buena
noticia y un gran avance, sí, pero somos conscientes de que esto no es suficiente, que sigue habiendo desahucios, que ese escudo social debe ampliarse y que los supuestos de prohibición de desahucios deben extenderse hasta alcanzar todos los casos
sin alternativa habitacional. Por eso también apoyamos esta ley, porque aunque poco a poco se produzcan avances, se conquisten nuevos derechos, somos conscientes de que aún no es suficiente. Eso es lo que les pedimos también a las señorías del
PSOE: que reconozcan que su ley tiene mucho que mejorar, que no utilicen la excusa de que esta ley choca frontalmente con la del Gobierno, porque simplemente no es verdad. Esta ley llega para aportar, no para confrontar; llega para enriquecer y
mejorar, no para desvirtuar. Por eso les pedimos que sean permeables a las necesidades de la ciudadanía y que tengan voluntad política para aprobar la mejor ley posible.
Hoy esperamos que esta ley pueda tramitarse y, mediante su tramitación conjunta con la ley propuesta por el Gobierno, podamos tener una normativa legal que por fin garantice y asegure el derecho a una vivienda digna para todas las personas.
Si la falta de voluntad política no permite que esta ley se tramite, no tengan ninguna duda de que todos los grupos que firmamos esta ley haremos valer nuestra fuerza conjunta para introducir mediante enmiendas las medidas que creemos deben ser
recogidas en la futura ley final. Señorías del PSOE, esperamos que hoy elijan el camino correcto, el del trabajo común y el acuerdo, porque más pronto que tarde habrá ley de vivienda y les aseguro que pondremos toda nuestra fuerza negociadora para
que esta ley incluya las cuestiones que hoy planteamos.
Por último, quiero agradecer a todos los colectivos que han trabajado esta ley su trabajo y su lucha constante en las calles y también en las instituciones. Gracias a ese trabajo incansable en Euskal Herria desde hace ya años contamos con
leyes propias de vivienda. Gracias al trabajo y a la presión de los colectivos sociales pudimos aprobar sendas leyes de vivienda propias que suponían un gran avance para nuestra sociedad. Esta ley, a la que hoy esperamos dar cauce, nos ofrecerá
nuevas y mejores herramientas para seguir avanzando en la defensa del derecho a la vivienda digna también en nuestro país, desde el respeto escrupuloso a la base que suponen nuestras leyes propias, pero con toda la determinación de mejorarlas y
ampliarlas. Por tanto, señorías, esperamos que todos actuemos con responsabilidad y hagamos realidad lo que nunca debió dejar de serlo, el derecho a una vivienda digna.
Eskerrik asko. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aizpurua. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.
Como han señalado los y las portavoces que me han precedido, esta ley que viene del movimiento por la vivienda tiene como objetivo central convertir el derecho a la vivienda en un derecho subjetivo, cuestión que debería ser fundamental en
cualquier país, en cualquier Estado que quiera ser democrático. Sin embargo, no es así. Llevamos más de una década de un aumento bestial de los desahucios por causa de la crisis económica. La gente que pierde el trabajo, encima en una coyuntura
en la que suben los precios de la vivienda, deja de poder pagar la vivienda, y si a eso le añadimos las leyes que han agilizado los desahucios -una aprobada en 2009 con el Gobierno del PSOE y otra en 2013 con el Gobierno del PP-, obtenemos el
panorama actual. Con datos de Cataluña, los desahucios han aumentado desde el año 2008 un 300 %. Entonces había unos 4000 desahucios anuales, llegó a un pico en 2013 de 16 000 desahucios
en aquel año, y desde entonces nunca ha bajado la cifra de 12 000 desahucios al año. Estas son unas cifras frías que quedan dichas aquí, y luego se dirán tantas otras que parecerán una cuestión irrelevante, pero detrás de cada una de estas
personas, de cada uno de estos desahucios hay historias muy dramáticas. Todas las personas que hoy estamos aquí o que nos escuchan, con un mínimo de empatía, pueden entender lo que es que te echen de tu casa, que tengas que coger tus pertenencias
deprisa y corriendo, que tengas que largarte de un lugar que has hecho tuyo, un lugar donde has vivido y has estado con los tuyos, y encima sin la esperanza de poder encontrar pronto otro sitio donde instalarte. Esto, señorías, es violencia; es
violencia de la que no se habla, es violencia que tenemos normalizada, que te echen de casa por no poder pagarla es violencia. Es normal que no se pueda pagar en un Estado como el español, que tiene un salario mínimo que no llega a los 1000 euros
mientras los alquileres medios están entre los 700 y los 900 euros -hablo de cifras de Cataluña, ya que la media en alquiler es de 700 euros, pero en la ciudad de Barcelona es de 900 euros-; es normal que la gente de clase trabajadora no pueda
pagar la vivienda. La otra cara de este aumento del precio de la vivienda es el aumento de casas y locales ocupados. Si hablamos de historias dramáticas, detrás de todos estos desahucios y problemas con la vivienda está el de hace unos quince días
de cuatro personas que perdieron la vida en un incendio en un local ocupado, y además dos de ellos eran menores, un bebé que no llegaba ni al año y otro de tres años. Este es el drama de no poder tener una casa. Y todo eso sucede en una sociedad
con unos contrastes brutales con el dinero que se rescató, por ejemplo, a los bancos, pues entre 60 000 y 80 000 millones de euros se destinaron a rescatar los bancos. Contrasta también, por ejemplo, con la cifra de pisos vacíos nuevos por estrenar
-cifras de Cataluña también-, más de 75 000 pisos vacíos en Cataluña para estrenar. Por tanto, hay dinero, hay viviendas y lo que falta es una voluntad política de convertir el derecho a la vivienda en una realidad. Pero para eso hace falta, eso
sí, enfrentarse a la banca y enfrentarse a los intereses de las grandes inmobiliarias. Sin embargo, el Gobierno ha renunciado a las políticas públicas de vivienda y el mejor ejemplo lo tenemos en la Sareb, el banco malo, pues se quedaron los
activos tóxicos del resto de bancos y luego se los han vendido a precio de saldo a fondos de inversión como Blackstone o como Cerberus; es decir, una operación en la que el Estado pierde dinero y en la que estos fondos de inversión ganan
propiedades para seguir subiendo el precio y seguir especulando. Mientras se perpetúa este saqueo de lo público -porque no tiene otro nombre, es un saqueo público lo que ha sucedido con la Sareb-, ni tan siquiera se regulan los alquileres. Porque
la ley que el Gobierno nos ofrece como alternativa a la que hoy discutimos no tiene nada que ver con lo que espera el movimiento, y por eso usaron adjetivos muy duros contra esta ley. Se dijo que era una burla y que era una profunda decepción con
los objetivos que plantea el movimiento por la vivienda.
La ley que nos ofrece el Gobierno, en primer lugar, queda muy por debajo, por ejemplo, de la ley catalana de regulación del alquiler. De esta forma el Gobierno se convierte en el legislador del hortelano, es decir, ni legisla ni deja que el
Parlament de Catalunya legisle, puesto que tienen presentado un recurso al Tribunal Constitucional contra nuestra ley. En segundo lugar, la ley del Gobierno es una ley pensada más bien para no molestar demasiado a los propietarios, por eso el
grueso de la ley son incentivos para ver si la gente se anima un poco a sacar su vivienda al parque de alquiler, cuando respecto a la gente que tiene seis, siete, ocho, nueve, diez o más viviendas, más que darles estímulos lo que hay que decirles
es: reparte un poco porque hay gente en la calle; no te hacen falta seis o siete viviendas, igual que tampoco te hacen falta cinco plantas, entiendo yo, pero bueno. La ley está pensada más bien para estimular al propietario. Y en tercer lugar,
es una ley que se aplicará muy poco por la propia forma en la que se definen las zonas tensionadas.
Aun así, esta ley que quiere presentar el Gobierno es la razón para que hoy el PSOE vote en contra de admitir a trámite esta ley que, sin embargo, se parece mucho a una a la que votaron a favor de su admisión a trámite a finales del 2018, lo
único es que como la legislatura terminó, esa ley decayó. Sin embargo, el movimiento por la vivienda, incansable, ha vuelto a traer esta ley al Congreso, con más de nueve mil entidades detrás, en un proceso que recuerda al que llevo en Cataluña a
aprobar la Ley 24/2015 con un fuerte empuje popular que hizo que se aprobase por unanimidad en el Parlament de Catalunya. Pero, eso sí, después fue recurrida y suspendida parcialmente por el Constitucional. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.
Recuerda también este proces al Decreto-ley 17/2019, que también fue suspendido por el Constitucional y al Decreto-ley 11/2020, aprobado hace poco más de un año, para la regulación del alquiler, en el cual
este empuje popular, capitaneado por el movimiento por la vivienda, pero con cuatro mil entidades catalanas detrás, consiguió la regulación de los alquileres votado por Junts per Catalunya, Esquerra, CUP y En Comú Podem.
Cataluña tiene plena competencia en vivienda y la ha ejercido gracias al empuje del movimiento popular, pero los Gobiernos españoles, de todos los colores, han ido trayendo nuestras leyes al Constitucional, impidiendo o dilatando los efectos
de unas leyes que iban a atajar un problema muy grave de la clase trabajadora como es el acceso a la vivienda.
Bueno, aunque la ley de hoy no prospere, aquí no termina nada. Por eso, en estos últimos minutos yo quiero dirigirme a distintas fuerzas que tienen en sus manos la posibilidad de hacer cambios importantes en materia de vivienda. Al
Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos lo que queremos exigirles es que retire el recurso contra la ley catalana de regulación de los alquileres, contra la Ley 11/2020. Quiero añadir también un mensaje especialmente pensando en el PSC y en el
PSOE... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdón, un segundo, señor Botran. (Pausa).
El señor BOTRAN PAHISSA: Quiero darles un mensaje al PSC y al PSOE: dejen de decir esa falacia de que el independentismo es de derechas y que la CUP termina pactando con la derecha. Miren, esto es un insulto a la inteligencia. La mayoría
independentista de Cataluña, junto con Unidas Podemos, es la que aprobó la regulación del alquiler, y es un Gobierno que se llama progresista -bueno, en este caso también con Unidas Podemos, aquí habría que aclararse un poco- el que recurre la Ley
catalana de regulación del alquiler al Tribunal Constitucional. Aún peor, para tumbar hoy esta proposición, que viene de la calle con nueve mil entidades y que va a atajar un problema fundamental para la clase trabajadora, el PSOE votará con las
derechas unidas contra el movimiento por la vivienda.
Dos mensajes más, pensando también en Cataluña. El primero a Esquerra Republicana, al titular de la Conselleria d'Interior: los Mossos deben dejar de participar en los desahucios. Nosotros lo firmamos con ustedes en el acuerdo de
investidura y esto tiene que dejar de pasar. Hay fórmulas para que esto pase y tiene que ser así en coherencia con lo que hoy unidos hemos venido a defender aquí. Y el segundo a Junts per Catalunya: que retiren las enmiendas a la ley de
emergencia habitacional, también en plena coherencia con lo que nos pide el movimiento por la vivienda, que hoy ha conseguido reunirnos a un conjunto de fuerzas para traer aquí el derecho a la vivienda y convertirlo en un derecho subjetivo.
Termino. La democracia significa el poder del pueblo, y si los parlamentos y los Gobiernos no pueden asegurar un derecho tan básico como tener techo, llámenlo de otra forma, pero esto no es una democracia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Zurita Expósito.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidenta.
Muy buenas tardes, señorías. Yo no sé si ustedes lo tienen claro, pero a mí y a nuestro grupo parlamentario nos gustaría saber qué representa esta proposición de ley, qué representa en este trae y lleva que tienen ustedes. La verdad es
que, señorías de la izquierda, algunos han estado muy vehementes, sobre todo su señoría de Esquerra, pero estoy segura de que muchos de ustedes ni siquiera se han leído esta ley. Les puedo decir que yo sí, que nosotros sí, y que la hemos trabajado
también con la PAH, porque este texto no es la primera vez que viene al Congreso. Hemos analizado tres textos similares y ninguno de ellos ha salido, y han venido aquí de la mano de Podemos, que ahora los dejan tirados a todos ustedes y encima
ustedes le salvan la cara. (Aplausos).
La verdad es que estamos viendo cosas muy raras en esta Cámara. Esta mañana veíamos cómo se introducía por el PSOE y por Podemos una modificación de las condiciones de trabajo en los puertos españoles, de la estiba, en el proyecto de ley
del consumidor vulnerable, en ese mismo proyecto de ley donde ustedes legalizaban también la okupación. Es que esto parece una casa de locos. Y este texto que debatimos hoy, ¿qué es? ¿Eran las enmiendas de Unidas Podemos y el resto de la
izquierda a la ley de vivienda que dicen que traerán ustedes la semana que viene? Porque ahora parece que ya no son Podemos, sino nada más que el resto de los socios. Esto es muy muy difícil de entender y la única explicación que tienen es que
ustedes forman ya un grupo de Gobierno y de socios en absoluta
descomposición, que ni se ponen de acuerdo, ni se fían el uno del otro. Imagínense lo que piensa la gente si ya con el texto de la ley de vivienda, el firmado por la señora Belarra y la señora Sánchez, hay una queja unánime de inseguridad
jurídica por el ataque que representa a la propiedad privada y a los derechos constitucionales, imagínense con estos dos textos circulando por ahí.
Ustedes, señores socialistas, ¿qué van a hacer? ¿Se van abstener para quedar bien? ¿Van a tirar la piedra y esconder la mano, como hicieron con la Ley de vivienda catalana que recurrieron al Constitucional, pero que luego no pidieron la
suspensión para no molestar a sus socios? Pues piensen que, aunque Podemos valore más el sillón del Consejo de Ministros, son el resto de sus socios los que están firmando esta ley. Esta actitud es mucho más peligrosa para los intereses de los
españoles que la de Podemos, porque a ellos se les ve el plumero -son comunistas y anticonstitucionalistas-, pero ustedes se mueven en el engaño constante y sucumben ante cualquier cosa.
De nuestro grupo parlamentario ya saben que, firme quien firme, tienen un no como una casa, y además, doble por dos razones: en primer lugar, por el contenido: intervencionismo, propaganda, ataques al Estado de derecho, y en segundo lugar,
por la inseguridad jurídica que esto genera, y ya no por las propias determinaciones de esta ley, recurribles en su mayoría al Tribunal Constitucional, sino por lo que supone tener dos leyes de viviendas en circulación, que además compiten por quién
penaliza más el tener un inmueble en propiedad o ser arrendador de viviendas.
Les voy a poner un ejemplo: la figura del gran tenedor. En el anteproyecto del Gobierno un gran tenedor es una persona física o jurídica que poseía diez viviendas o 1500 metros cuadrados de superficie entre sus propiedades. Sin embargo,
en esta ley que debatimos hoy -la propuesta de todos los grupos de la izquierda por libre, ahora Podemos también se ha desmarcado- un gran tenedor es el que tiene cinco viviendas u 800 metros cuadrados en el conjunto de sus propiedades. ¿Eran esas
las enmiendas que pensaban presentarse a ustedes mismos, las desavenencias que lleva anunciando toda la semana la señora Belarra? ¿O ha sido la señora Díaz al volver de Roma quien les ha llamado al orden? Miren, medidas como estas son las que
proponen los socios del Gobierno. Vamos a citar algunas: el alquiler social es una renta que garantiza que el pago del alquiler no exceda el 10 % del salario del inquilino, esté donde esté el inmueble y esté en las condiciones que esté; la
okupación se consolida como forma de acceso a la vivienda; a un okupa que se declara insolvente existe la obligación de buscarle un alquiler social; se define la vivienda vacía para, además, penalizar su situación; el alquiler social, incluso al
okupa, se le protege durante siete años y el arrendador debe asumir todos los gastos inherentes a la vivienda en estos casos. Aquí hay un denominador común y es que la Administración no asume responsabilidad alguna, son los propietarios de las
viviendas quienes tienen todas las obligaciones. Esa es la política de vivienda que ofrece la izquierda de este país y que está claramente definida en este documento que está registrado en el Congreso.
Por eso, señorías, el trámite de esa ley de vivienda que va a traer el PSOE a esta Cámara es de temer, como ya han anunciado todos los grupos que me han antecedido. Aunque lo que se anuncia la prensa es más suave que eso, la inseguridad es
enorme porque eso es lo que quieren los socios; eso es lo que quieren, además, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para los españoles. Lo peor de todo es que ya sabemos lo que son capaces de hacer por permanecer en la Moncloa.
¿A quién afectan todas las determinaciones de esta ley? El mensaje es que a bancos, a fondos buitre. Pues no, señor, esto afecta al 96 % del mercado del alquiler que está en manos de particulares y solo un 4 % está en manos de fondos e
inversores institucionales. De esos fondos de las Socimi, solo un 8 % corresponde a inmuebles destinados a viviendas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ampliar la oferta y dar seguridad jurídica, y no atacar a esos cuatro millones de españoles
que tienen el alquiler como un complemento de sus rentas o su pensión. Esta ley es un ataque claro y directo a la propiedad privada. (Aplausos). Tenía usted razón cuando lo decía. Sí, es un ataque claro y directo a la propiedad privada y no nos
cansaremos de repetirlo. Señorías de Esquerra, no nos cansaremos de repetirlo porque, además, esta ley no nos gusta, no nos gusta. Esto va encaminado a la intervención... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora ZURITA EXPÓSITO: ... del mercado libre, a las 2,3 millones de viviendas de alquiler que se han creado en los últimos 15 años, pero con ahorro privado; con ahorro privado, porque las administraciones no han hecho viviendas para
alquilar. Eso lo saben ustedes y nos gustaría convencer a los promotores de esta ley de que hay otras soluciones, las que ya hemos adoptado en los periodos en los que hemos gobernado y que hemos puesto en marcha desde 2011, con las que garantizamos
el
derecho real a la vivienda, que paralizaron los desahucios y que asimiló el porcentaje de alquiler al porcentaje de los países europeos. Se rehabilitaron miles de viviendas en toda España con nuestros planes de vivienda, con nuestra Ley de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, con nuestra Ley del Suelo, impulsada por nuestra ministra, Ana Pastor. Nuestras premisas son: frente al intervencionismo, la economía de libre mercado; frente a la propaganda y el rigor, las
propuestas serias; y frente a los ataques al Estado de derecho, la defensa de nuestra Constitución y de nuestros valores fundamentales.
Ahora la solución tiene que ir a la raíz del problema, no a soluciones como esta. El problema, señorías, se resumen en dos conceptos: escasez de oferta y falta de seguridad jurídica. No hay vivienda y no hay seguridad jurídica, y todo lo
que salga de ahí no sirve porque resulta ineficaz. No es un no por el no. Por ejemplo, dentro de esta ley hay cosas que también nos pueden parecer bien. Ustedes plantean modificaciones de la Ley del Suelo para aumentar el parque de vivienda, que
nos puede parecer bien; o las cuestiones de rehabilitación o accesibilidad, que también nos pueden parecer bien; o algo que ya ha hecho la Comunidad de Madrid -que a ustedes no les gusta contarlo- que es prohibir la venta en el mercado libre de
viviendas de protección oficial en treinta años -eso ya lo ha hecho la Comunidad de Madrid-; o lo que llaman objetivos de solidaridad... (La señora diputada se atraganta y no puede seguir hablando). Perdón.
La señora PRESIDENTA: He parado el tiempo, no se preocupe, señora Zurita. (Pausa.-Aplausos.-Varias señoras y señores diputados ofrecen caramelos a la señora Zurita Expósito).
La señora ZURITA EXPÓSITO: Discúlpenme, por favor. Les agradezco a todos muchísimo los caramelos y todas las demás cosas. (Aplausos).
De verdad, espero de este receso sirva para que el resto de los grupos políticos piensen qué van a votar en la toma de consideración de esta proposición de ley. Lo que queda es enumerar cuestiones que ya estaban en este texto, ya venía en
el acuerdo que intentó firmar Podemos con el Partido Socialista para los presupuestos del 2019, y gracias a Dios, no salió adelante. Ahí estaba ya el control de los alquileres por parte de los ayuntamientos, estaba el permitir las ocupaciones
ilegales. Eso estaba en esa ley, considerar que un gran tenedor de viviendas era una persona que tuviera más de cinco viviendas, 800 metros cuadrados, y la cesión obligatoria de viviendas -no expropiaciones-, y eso gracias a Dios no salió adelante
porque aquí, en los pasillos de esta Cámara, hasta el PSOE decía que no eran propuestas serias, que no eran propuestas que fueran a resolver el problema de la vivienda, y el Partido Popular siempre votó en contra, e incluso hay que decir que Podemos
también votó en contra en alguna ocasión, por despecho, al no estar incluidas sus propuestas.
Vemos cómo el Partido Socialista sigue mareando la perdiz con el control de los precios de alquiler, sigue vendiendo los derechos de los españoles, y ahora Podemos también se suma a este carro por un plato de lentejas en la Moncloa cocinando
ese perpetuo pacto y parece que se ríen de los que no leen la letra pequeña. Por tanto, entendemos que el Partido Popular somos los únicos que estamos llamando ahora mismo a las cosas por su nombre. Controlar los precios del alquiler es intervenir
el mercado libre. La ocupación ilegal es un delito. Intervenir el arrendamiento es intervención también del libre mercado. La cesión obligatoria de viviendas también es anular el derecho a la propiedad e ir en contra de la Constitución. Y
nuestro consejo es que hay que hacer una reflexión, hay que analizar la trayectoria del mercado de la vivienda. Desde que ustedes y sus socios llegaron al Gobierno no se ha analizado absolutamente nada, permanecen en una foto fija. Analicen
también si la solución de vivienda para los jóvenes es un bono de 250 euros, mientras que...
La señora PRESIDENTA: Señora Zurita, tiene usted que terminar, por favor.
La señora ZURITA EXPÓSITO: ... a los padres los fríen a impuestos. Lo que pensamos es que en esta proposición de ley solo preocupa intervenir el mercado y la propiedad privada.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Zurita. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias.
Señora Zurita, la he escuchado con atención y he tomado cuatro notas de lo que ha dicho. De hecho, la voy a intentar responder. Lo primero -paso muy de soslayo-, me hace gracia cuando dice que los cinco grupos que presentamos esta
iniciativa lo hacemos para encadenarnos a la silla y que nos gusta el escaño. Entiendo que usted se sienta en una silla de camping y que cobra en sacos de arroz. Las iniciativas que usted y su grupo parlamentario presentan no tienen ningún tipo de
connotación política. Ustedes lo hacen porque son una ONG, y no un partido político. (Aplausos).
Más allá de eso, me ha causado sorpresa que usted califique todo esto de ataque -es literal-: una ley de derecho a la vivienda en un país con tres millones de viviendas vacías y casi 30 000 desahucios durante la pandemia. Usted ha dicho
que esta ley es un ataque contra los derechos constitucionales -literal-. Usted ha dicho que esta ley va en contra de la Constitución. También ha dicho que nosotros somos anticonstitucionalistas. Y, de hecho, ha acabado diciendo que es un ataque
al Estado de derecho.
Miren -seguramente lo saben mejor que yo, porque para algunos de ustedes es una biblia-, esto es la Constitución española. (Muestra un ejemplar de la Constitución). Ya lo ha comentado el compañero Baldoví. Tiene 169 artículos. Algunos
son bastante anacrónicos. Los otros son hermosos. A ustedes, de estos 169 artículos, solamente les gusta uno, el artículo 2, que habla de la indisoluble nación española; un poco lo que llevan en la muñeca y en las mascarillas, la bandera.
(Protestas). Pero hay uno hermoso, que es el artículo 47. (Protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor RUFIÁN ROMERO: Dice: 'Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho...'. Ahora viene la mejor parte: '... regulando la utilización del suelo, de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación'. (Aplausos).
Señorías, en este país, en cualquier país, en cualquier democracia plena por encima del derecho de alguien a enriquecerse con diez viviendas debería estar el derecho de diez familias a tener una vivienda digna. Y si ustedes vienen hoy aquí
conjuntamente -y me duele enormemente decirlo-, de la mano de esa izquierda cobarde a decir que esto no vale y que esto es anticonstitucional es simplemente porque se ponen del lado de los grandes propietarios, y no del lado de las familias.
Una última reflexión, que me parece importante, y me dirijo a la clase trabajadora, a la que en un momento dado le puede sonar bien el discurso de VOX. (Protestas). Aquí el señor Espinosa de los Monteros se ha mofado. Espinosa de los
Monteros tiene lo que tiene, se ha publicado lo que se ha publicado y se cree inmune. El spoiler es inmune, lo es, y está envalentonado. Ha dicho que su casa, de la cual no pagó las obras, no solamente tiene cuatro plantas, sino cinco. Está muy
bien, más chulo que un ocho. Yo aquí me dirijo a la clase trabajadora a la que le suena bien eso: Si eres un hijo o eres una hija de clase trabajadora y Espinosa de los Monteros tiene cinco plantas en su casa y te cuesta pagar el alquiler de un
piso miserable y votáis lo mismo, ¿quién se equivoca? ¿Él o tú? (Varios señores diputados: ¡Tú! ¡Tú!).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor RUFIÁN ROMERO: Probablemente tú.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Republicano, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rufián. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-El señor Espinosa de los Monteros pide la palabra).
Señor Espinosa de los Monteros, es cierto que se le ha mencionado, pero no hay una alusión ofensiva. (Protestas). Se ha hecho referencia a algo que usted mismo ha dicho en el hemiciclo.
Tiene la palabra el señor Baldoví. (Protestas).
Silencio por favor. (Continúan las protestas).
Señor Sánchez del Real, no me obligue a llamarle al orden, por favor.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.
Veo que la ultraderecha caviar tiene la epidermis muy fina. Dicen lo que quieren, pero cuando les rebaten no les gusta. (Protestas.-Aplausos).
En todo caso, señor Espinosa, le pido disculpas, me había olvidado del ático. Tiene usted razón: no tenía cuatro plantas, tenía cinco. Lo siento.
Ya sabíamos lo que iba hacer el PP, claro que sí. No les interesa ni impedir los desahucios ni regular la dación en pago ni regular los alquileres. Pero es que esta ley tiene otras cosas, como aumentar el parque público de vivienda social.
¿Y qué hizo la derecha en Madrid, el PP? Vender tres mil viviendas de vivienda pública social. ¿A quién? ¿A los que lo necesitaban? No, a un fondo buitre. Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha dicho que esa venta fue
ilegal. Pero es que además la derecha es capaz de tener -y esta ley quiere regular eso- acceso a los recursos básicos: agua, luz, calefacción y saneamientos. Y la derecha de Madrid tiene a mil niños de la Cañada Real sin luz. Eso no le preocupa
a la derecha. Gracias a esta iniciativa de la sociedad civil, que sube de abajo a arriba, gracias.
Hoy, señores y señoras diputadas del PSOE tendrán ustedes que elegir de qué lado están. Solo tienen que votar sí para que se pueda tramitar; no para aprobarla, para que discutamos los problemas reales de las personas. Por eso les pedimos
que sean valientes y audaces y que dejen la prudencia para otra ocasión. Se lo agradecerán las personas.
Moltíssimes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví. (Pausa. -Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Errejón Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias.
Señora diputada del Partido Popular, le deseo que se mejore de la voz y de la garganta. Y hasta ahí llegan nuestros acuerdos.
Hoy en España ya hay una continua amenaza a la seguridad jurídica, se da permanentemente. Hay gente que, después de toda la vida trabajando, tiene muchas dificultades para envejecer en su barrio; la expulsan de su barrio por los precios
hinchados, y eso amenaza su tranquilidad y su seguridad jurídica. Hay gente a la que echan de casa y además, después de perder la casa, tiene una deuda con el banco; y eso amenaza a su tranquilidad y a su seguridad jurídica. Y hay gente que tiene
derecho a una vivienda social, esa vivienda social se la regalan a un fondo buitre y el fondo buitre lo primero que hace es multiplicar por dos los precios, y a veces tiene en riesgo la posibilidad de seguir viviendo en esa casa. Eso es inseguridad
jurídica y eso es un ataque a la propiedad privada, señora diputada del Partido Popular, a la propiedad privada de la gente que se revienta el lomo para poder trabajar y ni siquiera puede acceder a un alquiler. Pero esa inseguridad jurídica a usted
no le preocupa porque esa inseguridad jurídica es la inseguridad jurídica de los pobres, que a usted le da igual. Y es una amenaza a la propiedad privada, es la amenaza a la propiedad privada por la que unos pocos especuladores pueden impedir que
la mayor parte de la gente tenga acceso a una vivienda. Pero, como son pobres, en ese caso a usted le da igual.
¿Y cuál es la receta? Es que usted propone una receta como si fuera nueva, como si no la hubiéramos puesto en práctica. La receta es que hay que aumentar la oferta de vivienda, a pesar que tenemos tres millones de viviendas vacías, a pesar
de que Tecnocasa, un conocido sóviet, dice que el 10 % del parque inmobiliario en España está vacío; a pesar de que le acabo de dar un dato, que es del IBI, del Ministerio de Fomento, que dice que en España, de cada cinco casas que se venden,
cuatro son para especular. Y usted lo que me dice es que necesitamos producir más viviendas. En realidad, la producción de más viviendas, sin medidas, para controlar el acaparamiento de viviendas y usarlas como mercancía, en lugar de como bien de
uso, lo único que conlleva es engordar más los beneficios de los especuladores y seguir empeorando la seguridad jurídica y la posibilidad de acceso a la propiedad privada de los españoles trabajadores y trabajadoras.
Su receta es fallida. La única receta posible es la del control de alquileres. Frente a la podredumbre, frente al insulto, frente al griterío y a las bravuconadas, frente al intento de que moralmente se pudra la confianza del pueblo
español en sus instituciones, solo hay una receta: avanzar en la seguridad de los derechos y transformar un esquema profundamente injusto que da al bloque inmobiliario rentista una capacidad de veto en las políticas económicas y en las políticas
españolas que es un lastre para nuestra modernización.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.
Señora Zurita, portavoz del Grupo Popular, tan solo un par de comentarios.
Usted ha hecho una defensa muy partidaria de la ideología neoliberal, por la cual intervenir en el mercado es un error, pero nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Y ustedes tampoco, es decir, ustedes no están en contra de la
intervención pública en el mercado privado. Y antes he puesto un ejemplo: ustedes rescataron a la banca, ustedes inyectaron entre 60 000 y 80 000 millones -en principio, como préstamo, pero ya es claro que no lo van a devolver- en un negocio
privado, y también lo ayudaron con la compra de activos tóxicos, que luego se han vendido a precio de saldo a unos privados, que se han beneficiado de la inyección de dinero público en un mercado que, en teoría, sería autorregulado, en el que al que
no le sale bien se cae, etcétera. Eso es mentira. Ustedes están en contra de la intervención en el mercado si es para ayudar a los de abajo; si es para ayudar a los suyos, a los que ya son poderosos, para rescatarlos, para que den un salto pero
que siempre sepan que debajo hay una red, si es para eso, entonces sí están a favor de la intervención pública en el ámbito privado.
En cuanto a la otra cuestión, la propiedad privada, también le niego la mayor. No es sagrada; lo es en lo que respecta a los mínimos para el uso propio de la persona, para que un ciudadano tenga los mínimos, pero, cuando alguien está
usando la propiedad privada para acaparar, para subir los precios, para lucrarse con un bien básico mientras hay gente en la calle, eso tiene que tener límites. La propiedad privada tiene que tener límites, eso es así de claro. Tener cinco, seis,
siete, ocho, nueve o diez viviendas: nadie usa cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez viviendas o más, nadie las necesita. ¿Qué vas a vivir, cinco, seis, siete, ocho, nueve vidas? Eso es pura especulación, eso es vivir de que aumenten los
alquileres y beneficiarte de las rentas. Pero, mientras haya gente sin casa, hay que repartir también la propiedad privada y ponerla límites.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Zurita Expósito.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidenta.
Señorías de la izquierda, con todos mis respetos, ¿a quién piensan engañar? ¿Qué pretenden ustedes con esto? No sé si es que están ya en alguna campaña electoral. ¿No se dan cuenta de que ustedes son socios del Gobierno, que acaban de
aprobar unos presupuestos que han votado todos, PSOE y Unidas Podemos, y que esto se ha convertido en un mercadeo, en un zoco? ¿Por qué no pidieron todo eso, en vez de pedir excarcelación de presos y quitarnos la libertad educativa a los españoles?
Antes de venir aquí con este discurso y analizando lo que ha hecho el Partido Popular, ¿por qué no analizan lo que ustedes o sus socios han hecho durante estos tres años, cuando han formado una unión letal para la sociedad española? Ustedes no han
hecho nada, y en vivienda mucho menos. ¿Qué han hecho? Han aprobado modificar el plan de vivienda del Partido Popular, que lo descapitalizaron y dejaron sin programas y fondos, para destinarlo a ayudas al alquiler que no llegan a quienes las
necesitan. Han aprobado unos presupuestos que no sirven para nada, que no sirven para hacer vivienda social, y con fondos humo; unas veinte mil viviendas, que solo han quedado en un proyecto de urbanización en Valencia. Todo es propaganda. Y en
cuanto a sus medidas sociales, todavía estamos esperando esas propuestas para ampliar el parque de vivienda social que no supongan intervenir la propiedad privada. Todo eso lo han aprobado ustedes, todos juntitos, con el Gobierno. Pero desde que
están ustedes los desahucios por impago de alquiler los costean los propietarios, no lo hace el Gobierno; los costean los propietarios de las viviendas, de quienes tienen que pensar que también son vulnerables, y ustedes anuncian unas
compensaciones que nunca llegan. Y hay que decir también que en este último año las reestructuraciones de deuda hipotecaria por vivienda habitual se han reducido a la mitad.
¿Esas son las soluciones del Gobierno? ¡Apriétenles a ellos! Pero ustedes, todos, como espectadores, espectadores de una película en blanco y negro sobre un mundo que está formado por fondos buitre y familias que no pueden pagar el
alquiler. No son todos opresores y oprimidos; señorías, existe el blanco y el negro. Por supuesto que existen los opresores y los oprimidos, los fondos inversores y las familias que tienen dificultades para acceder a una vivienda, por supuesto
que sí, ¿quién se atreve a negarlo?, pero también existen soluciones. Pero no son precisamente las soluciones intervenir el mercado de la vivienda y la propiedad privada. Entre otras cosas, es que haya oferta de suelo, suelo más barato, ofrecer
vivienda asequible, que las administraciones hagan su trabajo, y no cargar el peso a los propietarios pequeños,
que constituyen el 95 % del mercado del alquiler. (Aplausos). Y hacer también normativa que lo propicie y una política de vivienda sin demagogia, y más cuando ustedes llevan dos años pidiendo lo mismo, y además sin analizar el mercado.
Los datos de la situación actual no son los mismos que cuando ustedes llegaron. Estamos ante un fenómeno cambiante y ustedes llegan tarde con estas medidas, con todo tipo de medidas. ¿Dónde está su escudo social, tan anunciado? Todo esto ya lo
saben ustedes, nada es nuevo. Piensan sacar un rédito político de unas medidas que saben a ciencia cierta que no funcionarán y que además ni siquiera se aprobarán, porque sus socios no se las van a aprobar; ustedes ya saben que esta ley decaerá.
Y no vamos a hablar de Berlín ni de París, que son sus referentes, donde el resultado ha sido reducción de la oferta, subida de precios y viviendas en peores condiciones, porque nadie rehabilita si el precio no le compensa. Pero vayamos más
cerca, a Cataluña: vuelve a ser una de las comunidades autónomas en que más se ha encarecido el precio del alquiler, se ha cerrado el tercer trimestre con una subida del 5,42 % respecto al año anterior y un precio medio 1333 euros mensuales después
de aplicar su ley de contención de rentas. (Aplausos). Como ha dicho Assar Lindbeck -¿lo conocen?-, economista de prestigio -algunas veces le han nombrado también en esta Cámara-, socialista y no sospechosos de ser liberal, el control de
alquileres es la segunda técnica más eficiente actualmente conocida para destruir una ciudad. ¿Saben cuál es la primera? ¡Bombardearla! (Aplausos).
Señorías, es fácil: frente a medidas intervencionistas, medidas liberales; frente a medidas coercitivas, medidas incentivadoras, y, frente a medidas improvisadas, medidas planificadas. Y la segunda tanda son las nuestras.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Zurita. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías, señora presidenta.
Lo cierto es que me han descolocado. Tenía una intervención en mente, pero las que ha habido de presentación confieso que me han descolocado, primero porque me han hecho recordar no uno, sino hasta dos refranes que vienen al pelo. Uno dice
-y me dirijo al grupo del Gobierno- aquello de que de los amigos me libre Dios porque de los enemigos me cuido yo, porque este es un problema trascendente, el de la fiabilidad, el de la confianza que pueda provocar una iniciativa legislativa del
Gobierno. Señorías, que haya un grupo de Gobierno que presente una alternativa aunque luego se haya descolocado, que haya una iniciativa legislativa sostenida por quienes se supone que son el apoyo del Gobierno cuando hay un anteproyecto de ley
aprobado por el Consejo de Ministros, que además coincide en buena medida en muchos de los propósitos e iniciativas que se proponen en esta ley, provoca una cuestión fundamental: la falta de confianza no ya en el acierto de la iniciativa, sino en
el modo en el que se va a poder desarrollar. Y esto no es aceptable, señorías. Esto no es aceptable para nadie, para ninguno de los dos de los grupos que componen el Gobierno ni para ninguno de los proponentes que se supone que van intentar
provocar una cierta cohesión en el ámbito de una política concreta, que es la de vivienda, demasiado importante como para poder ser sometida a lo que hoy hemos visto aquí, a una exhibición de postulados absolutamente demagógicos de cada una de las
partes. Ahí no van encontrar nunca al Grupo Vasco. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Adentrándome en el ámbito de la propuesta de la proposición no de ley, hay otra cuestión que también quería destacar, que es la de ponerse la venda antes de la herida. Los grupos proponentes de la iniciativa han hecho una oferta sobre
cuáles son sus argumentos, aunque, con todo respeto, han incidido más bien en la defensa de aquellos defectos que otros puedan encontrar en esta propuesta, y no en la valoración positiva de aquellos aspectos de su propuesta que puedan servir para
mejorar este problema de la vivienda, el del derecho a la vivienda digna, el de la posibilidad de acceder a una vivienda digna, que no olvidemos que, conforme al artículo 47 de la Constitución, a quien emplaza fundamentalmente es a los poderes
públicos. Lo recordaba la señora Zurita, y en eso coincido con ella, porque es a los poderes públicos -y no a los particulares, que también pueden estar implicados por las medidas legislativas en evitación de la especulación, como ya he dicho
anteriormente- a los que corresponde, algo que ya se ha hecho en algunos sitios -con mayor o menor acierto, pero se ha hecho-, porque lo que no cabe es aquello que se ejecuta esta iniciativa legislativa, que es alterar los caracteres de la
competencia en
vivienda con su diseño constitucional hasta reducirla desde el ámbito estatal a una competencia de desarrollo normativo y ejecución de la legislación estatal para las comunidades autónomas. Y ahí es donde también van a tropezar siempre con
nuestra proposición.
Lo cierto es que, al margen de diferentes materias colaterales -civil, hipotecaria, procesal-, el Tribunal Constitucional ha afirmado que las limitaciones y deberes inherentes a la función social de cada tipo de propiedad e incluso la
definición de su contenido corresponden al titular de la competencia, en este caso de vivienda, lo que implica que las comunidades autónomas están legitimadas para imponer a través de normas con rango de ley las limitaciones en la propiedad urbana
destinadas al alojamiento, y eso ocurre en numerosos estatutos de autonomía. En Euskadi sucede con la Ley vasca de vivienda del año 2015, a la que la sentencia del Tribunal Constitucional 97/2018, sin perjuicio de declarar dos apartados como
inconstitucionales con el mismo argumento que lo hizo respecto a las leyes de Andalucía, Navarra, Canarias y Valencia por la expropiación temporal del uso de la vivienda y otro tema más pequeño, convalidó los preceptos relativos a la definición de
la función social de la vivienda respecto al concepto de vivienda desocupada, la constatación de dicha circunstancia y la consiguiente intervención administrativa mediante los instrumentos de adquisición preferente: desahucio administrativo,
expropiación, alquiler forzoso, etcétera.
Y es verdad que esta proposición de ley se ocupa de otras cuestiones que afectan también al tema de la vivienda y que son competencia estatal -procesal, civil, hipotecaria, como he mencionado antes-, pero sin olvidar que también Euskadi y
otras comunidades autónomas, en especial Cataluña, tienen competencias en materia de derecho civil y foral, lo que, sin embargo, no ha permitido solventar algunas de estas cuestiones o no les ha llevado intentar solventarlas en su ámbito de
competencia. Nos ha sorprendido que sean precisamente grupos catalanes quienes hayan impulsado esta iniciativa, cuando es competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña en virtud de su estatuto de autonomía y cuando son sus propias leyes las que
pueden incidir sobre ella. Sin embargo, acuden a un experimento de intervención que relaja por completo esos títulos competenciales a materias de desarrollo legislativo y ejecución.
Y si nos ha sorprendido lo de algunos grupos catalanes, lo de Bildu mucho más, y no solo porque es consciente de la existencia de esa ley vasca de vivienda, de la que incluso han reconocido muchos efectos benéficos, sin perjuicio de poder
criticar otros, sino también porque Bildu acaba de proponer al Parlamento vasco la formulación de un pacto social por la vivienda cuyos contenidos coinciden, precisamente, con muchos de esta proposición de ley. Y también, por qué no decirlo, porque
también es consciente de que, al hilo de lo que ha dicho la señora Aizpurua desde este escaño, en Euskadi hay determinados derechos, como el derecho subjetivo a la vivienda, que están reconocidos en la ley vasca de vivienda. ¿Pretende que se
reconozca también ahora en otra ley estatal? En otro momento, también se hablaba de que en alguna comunidad autónoma -me parece que decían la de Madrid- se pretendía evitar que la calificación de vivienda de protección oficial decayera en algún
momento. Desde el año 2000 existe en Euskadi la calificación indefinida de la vivienda de protección oficial y otras varias medidas en materia de alquileres sociales de jóvenes o la vivienda de alquiler, que ya hemos comentado.
Por ello, señorías, y al margen de otras cuestiones competenciales y del contenido, con el que también deberíamos ser críticos, nuestro voto va a ser contrario a esta iniciativa, pero fundado sobre todo en una valoración, y es que en Euskadi
y posiblemente con más competencias de las que actualmente tenemos, en virtud de determinado cercenamiento a esas competencias desde el ámbito estatal, nos gustaría poder intervenir en mayor medida en materia de vivienda, pero lo hacemos...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
El señor BARANDIARÁN BENITO: ... y en esa medida también paliamos ese efecto.
Yo animo a los proponentes a que la retiren, porque en este caso, creyendo que son soberanistas y autonomistas muchos de ellos, no han sido respetuosos con ese elemento competencial que está recogido en los estatutos de autonomía.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señor presidente.
Señor Barandiaran, no voy a poder aguantar decirle que la última vez que se escuchó aquí la frase 'señor, líbrame de mis amigos, que de mis enemigos ya me defiendo yo' fue en boca de un señor que se sentaba aquí (señala el banco azul),
concretamente el 1 de junio de 2018. ¡Fíjese! Y no voy a defender yo al Partido Popular en este aspecto, pero ha venido muy bien su frase para recordar lo que pasa con amigos y enemigos que votan presupuestos y luego votan mociones de censura.
(Aplausos).
Yo estoy de acuerdo con usted en que nos han descolocado a todos. Bastante tranquilo ha ido este debate para ser un debate de vivienda, comparado con los que hemos vivido en este Congreso sobre el tema del derecho a la vivienda. Bastante
tranquilo ha ido y bastante sereno, quitando alguna descalificación -descalificación, hay que decirlo así-. Bastante tranquilo ha ido para lo que ha sido hablar de vivienda en este Congreso. Yo creo que lo que deberíamos hacer es explicar de una
vez por todas que, si vamos a hacer como el señor Rufián, en un momento dado defender la Constitución, no podemos defender unos artículos sí y otros no, tendríamos que defender -además, él lo ha dicho- lo que se llama la sistemática del texto
constitucional. Yo les aconsejo que entren ustedes en app.congreso.es -todos ustedes la conocerán, pero se lo aconsejo, porque, además, hay gente que hoy nos está viendo y posiblemente esto también les sirva- y lean la sinopsis de cada artículo,
pues explica muy bien qué significan los artículos y cómo están interpretados por la doctrina del Tribunal Constitucional, incluso por letrados de esta casa. Podríamos ver, entonces, que esa realidad social, que existe gente que no tiene vivienda,
efectivamente, pero que existen también casas que están vacías porque hay propietarios que no las pueden ocupar todas a la vez, tiene cabida en la Constitución, y que ese aparente conflicto entre el derecho de propiedad y el derecho a una vivienda
justa y digna es solo aparente y manipulado según quien lo utilice. Si ustedes hacen una lectura sistemática del texto constitucional se darán cuenta de que también hay un artículo 53 que establece unos niveles de protección de los derechos, y que
el derecho a la propiedad privada se puede defender ante un juzgado, se puede reclamar ante un juzgado si se está alterando o se está vulnerando el derecho de propiedad, pero que no ocurre lo mismo con el derecho a la vivienda. Simplemente está
establecido así en la Constitución, que es un principio rector de la política social y económica de las administraciones públicas y debe guiar la acción de la Administración pública.
¿Y qué ha pasado para que hoy haya gente que no tiene techo con el que cobijarse? Pues que desde hace muchos años los Gobiernos que se han sucedido en España no han llevado a cabo políticas eficientes -al menos, desde luego, en los últimos
años- eficaces y coherentes en materia de vivienda, produciéndose esta situación. A partir de ahí, los diferentes grupos parlamentarios establecemos, según nuestra ideología y según lo que nosotros creemos, las soluciones a este tema. Y hay
grupos, como los de los hoy proponentes de esta iniciativa, que creen que -esto, por supuesto, es una interpretación mía, porque para eso estoy en esta tribuna hablando- hay que primar vulnerar el derecho a la propiedad, porque hay gente que, como
aquí se ha dicho, tiene un derecho superior por el hecho de no tener un techo en el que cobijarse. Pero hay otros que creemos, sin embargo, que las administraciones públicas pueden hacer cosas, como colaborar con el sector privado, incentivar que
haya más vivienda social, incentivar que haya más vivienda privada que se ponga a disposición de las personas que lo necesitan o incentivar programas públicos donde voluntariamente se podría limitar, por ejemplo, rentas de alquiler en determinadas
zonas. Y esto lo hemos defendido aquí ya en numerosos debates; en concreto Ciudadanos ya ha dicho cuáles son sus posiciones. Por lo tanto, ese es el debate que serenamente deberíamos mostrar a la sociedad para tomar una decisión sobre el tipo de
legislación que queremos llevar a cabo en este país en materia de vivienda.
La segunda parte de este debate nos lleva a preguntarnos qué es lo que ha pasado. Aquí venía una propuesta firmada por una serie de grupos que, aparentemente, iba a tener una mayoría porque era una promesa del Partido Socialista, pero no
sabemos si es que ahora para ustedes, para los proponentes, para el señor Baldoví, para la señora Vallugera, para el señor Errejón y para el resto de proponentes -también para el señor Botran, perdone, no le he mencionado-, el PSOE se ha vuelto
liberal y Podemos se ha hecho demasiado socialdemócrata. Quizás sea ese el problema. Pero ustedes, que han apelado a la democracia, tendrían que valorar qué pasa, por qué no pueden sacar esta propuesta adelante con los votos suficientes
democráticos de los representantes de todos los españoles, por qué no pueden ustedes llevar a cabo esta medida aquí. Yo creo que la pelea que tienen ustedes hoy y la frustración que ustedes hoy plantean aquí no es realmente ni con la ultraderecha
ni con la derecha ni con los liberales; hoy la pelea que tienen ustedes es que son ustedes la otra, el otro o lo otre -como ustedes quieran- frente a alguien que les ha engañado, porque les ha dicho 'tranquilo, que esto es un
órdago que le voy a hacer yo al propio o a la propia y yo me voy contigo', pero resulta que en el último momento no se ha ido, ha vuelto a casa. Ellos sí saben de política de vivienda, Podemos y el PSOE sí saben de política de vivienda,
saben lo de volver a casa, donde está la moqueta y donde está el sillón blando y cómodo, donde realmente no importa que ustedes hayan traído -yo valoro de ustedes la legitimidad de haberla traído- una iniciativa que, como ustedes dicen, no procede
de un despacho, de un frío despacho, sino de la sociedad civil, de sindicatos, de asociaciones, de personas -yo eso lo valoro y me parece interesante-. Creo que se equivocan, porque creo que no es la solución. Nos pondremos de acuerdo posiblemente
en el diagnóstico del problema, pero no en las soluciones; nosotros tenemos otras y creemos que son mejores.
El problema, como les digo, es que les han utilizado a ustedes para esto. Esa es la discusión. Quizás la segunda parte de este debate que deberíamos afrontar y que habría que explicarles es que hace dos o tres meses, el 30 de septiembre,
había quien era capaz de firmar una proposición de ley y, sin embargo, el 26 de octubre con un anteproyecto de ley ya se le olvidó quién era. Quizás el efecto Sánchez de la múltiple personalidad también está haciendo efecto en Podemos.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, algunos puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.
Diputados, diputadas, empiezo por lo más obvio: la vivienda es un bien esencial y un derecho, pero, al mismo tiempo, es un bien inaccesible para muchas personas en nuestro país. España vive desde hace más de una década en una situación de
emergencia habitacional. La primera pregunta que deberíamos hacernos es por qué y cómo hemos llegado a esta situación, y esto tiene mucho que ver con el modelo residencial español, un modelo basado en la vivienda entendida más como un negocio y un
activo que como un bien de primera necesidad o un derecho.
Esta historia viene de lejos. En los años sesenta, en pleno franquismo, el negocio de la construcción y de la venta de viviendas empezaba a despegar en España. El objetivo era crear un imaginario donde se ligaba crecimiento económico,
prosperidad y éxito personal a la adquisición del estatus de propietario. A principios de los años ochenta, ya en democracia, el asentamiento de este modelo residencial ya se había realizado, la mayoría de los españoles dejaban de ser inquilinos
para convertirse en felices propietarios y España empezaba a convertirse en el paraíso del ladrillo y del cemento o, lo que es lo mismo, en la España de la corrupción y del pelotazo -ustedes, señores del PP, saben bastante de esto-. A finales de la
década de los noventa, la entrada a saco de las entidades financieras en el negocio inmobiliario y las políticas liberalizadoras del señor Aznar dispararon la construcción de vivienda. En el 2005 construimos más de un millón de viviendas -más de un
millón de viviendas- y, justamente al contrario de lo que auspiciaban los gurús neoliberales, el precio de la vivienda comenzaba a subir de manera exponencial. Todavía, señores del Partido Popular, siguen con las mismas recetas fracasadas. En
octubre del 2007 se produjo la crisis de las hipotecas subprime y en el 2008 España sufrió una grave crisis financiera e inmobiliaria.
Señores del PP, señora Zurita, me llama mucho la atención, y se lo digo más de una vez, que no dediquen ni una palabra a analizar las causas de esta crisis. Señorías del PP, sus políticas provocaron la crisis financiera e inmobiliaria más
grave de este país y la ruina de miles de familias trabajadoras, a las que ustedes, además, abandonaron a su suerte mientras dedicaban miles de millones -lo sabemos- a rescatar bancos, cuya avaricia, además, había provocado esta crisis. Yo me
pregunto, señores del PP, señores de la derecha, dónde estaban cuando se firmaban miles de hipotecas basura con cláusulas abusivas o cuando se tasaron miles de viviendas a la carta sin ningún control. El Banco de España debía estar mirando para
otro lado cuando miles de familias españolas perdían sus viviendas y debían afrontar deudas perpetuas. ¿Dónde estaban, señorías del PP? Porque entonces también se estaba vulnerando la Constitución. Se estaba vulnerando el artículo 47 de la
Constitución, que prohíbe la especulación, se estaba vulnerando el artículo 33.2 de la Constitución, del que nunca se acuerdan y que habla de la función social de la propiedad de la vivienda, o el artículo 39, que hace un mandato a los poderes
públicos para proteger a la familia.
Carmen fue una de las personas que sufrieron sus nefastas políticas. Carmen nunca pensó que a sus sesenta y nueve años podía verse en la calle después de toda una vida trabajando. Un día recibió una notificación judicial que le anunciaba
que una entidad bancaria iba a embargar su hogar, un humilde piso pagado antes de enviudar. Su único error fue avalar a su hijo y a su hija, que se compraron un piso y perdieron los empleos que creían estables; como si de un castillo de naipes se
tratase, sus vidas comenzaron a derrumbarse. La misma situación se reprodujo a lo largo y ancho del país, y, ante la inacción de los poderes públicos, fue la sociedad civil organizada, fundamentalmente la PAH, la que puso la problemática de los
desahucios en la agenda pública, la que asesoró a las personas afectadas, la que paró con sus cuerpos los desahucios y la que forzó con movilizaciones algunas respuestas públicas. La misma Carmen, como muchas mujeres en situación de precariedad,
sacó coraje, se sacudió la resignación y, a sus sesenta y nueve años, se unió a la asamblea de la PAH de su barrio. Allí entendió de verdad lo que sucedía y encontró un espacio de fraternidad y lucha compartida.
Pero aquí no acaba la historia. La historia se repite, la historia sigue, ahora con el alquiler. El alquiler privado empieza a ser un negocio muy apetecible para los grandes inversores, para los fondos buitre, y España es un paraíso. El
resultado ya lo conocemos, no voy a detenerme: precios de alquileres al alza imposibles de pagar para la mayoría de las familias, precios abusivos. Otra vez la sociedad civil da un paso al frente y se organiza; los inquilinos y las inquilinas se
organizan para defender sus derechos y para exigir respuestas a las instituciones.
Hoy estamos debatiendo sobre una ley de vivienda fruto del trabajo de esas organizaciones y de muchos colectivos. Esa sociedad civil vuelve a poner en la agenda parlamentaria la problemática del acceso a la vivienda. Y mi grupo toma buena
nota de todas esas propuestas. Estoy segura de que muchas de ellas mejorarán el proyecto de ley de vivienda. Gracias, una vez más, por ese trabajo incansable. Con el empuje popular y con la colaboración de los diferentes grupos parlamentarios que
sostienen al Gobierno tendremos muy pronto una ley de vivienda que controle los precios abusivos de los alquileres; que prohíba los desahucios sin alternativa habitacional; que regule la asunción social de la propiedad de la vivienda; que ponga
límites y obligaciones a los fondos de inversión; que establezca instrumentos para proteger los parques públicos de alquiler y aumentarlos; que regule la dación de pago; que dé respuesta al sinhogarismo y a algunas cosas más.
Tenemos una gran oportunidad, aprovechémosla. Es posible cambiar la historia. Sí se puede.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Esteban Calonje. (Aplausos).
La señora ESTEBAN CALONJE: Señorías, tras estudiar con atención su ley de vivienda, veo que son ustedes unos fenómenos de la naturaleza, pero no un arco iris en el cielo -ya les gustaría-, sino fenómenos erráticos y catastróficos. Son
ustedes una Dana, una colada de volcán que arrasa las viviendas a su paso, sobre todo las más humildes e indefensas. (Aplausos). Son ustedes lava, sí, y de la peor que hay, son ustedes lava ideológica. ¡Pero, si lo tenían fácil! Solo tenían que
seguir las recomendaciones de los expertos, y estudiar los informes sobre las medidas que ustedes quieren adoptar y que ya se ha demostrado que son absolutos fracasos. Solo tenían que pensar en vivienda social. ¿Les suena la palabra social?
(Aplausos).
En España tenemos un grave problema de acceso a la vivienda, y se atreven a traer a esta Cámara el manual perfecto de cómo dinamitar el acceso a la vivienda. España tiene un grave déficit de vivienda social acumulado por el mal trabajo de
las administraciones de unos y de otros (señalando los escaños de la izquierda y la derecha del hemiciclo) durante muchísimos años. Para situarnos en la media europea -solo en la media, no para ser campeones de nada- nos harían falta dos millones y
medio de viviendas de alquiler social. Y claro que los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna. Es un derecho constitucional. El artículo 47 es un mandato a los poderes públicos, pero ustedes cargan esas obligaciones a los
ciudadanos. Para que se ejercite ese derecho hay que dar protección jurídica a los propietarios, que no son los fondos buitre. No sigan la táctica chavista de criminalizar a los propietarios (aplausos), porque el 95 % del parque de alquiler de
viviendas está en manos de particulares. La inversión en vivienda en España forma parte de nuestra identidad. Desde hace muchísimo tiempo comprar una casa para ponerla en alquiler es el plan de pensiones de los españoles, la manera que encuentran
para complementar sus cada vez más menguadas rentas. Lo que hace falta son más viviendas en las zonas
de mayor demanda. A más viviendas, precios más bajos y, por tanto, mayor acceso. ¿No conocen la ley de la oferta y la demanda? No, tampoco. Pero qué preguntas hago, si no han trabajado en su vida (risas y aplausos), si viven de sus
republiquetas, republiquiñas y de la extorsión, pagado todo con el dinero de los españoles.
Su ley de vivienda es la misma que promulgó el chavismo en Venezuela, y tuvo el efecto de cargarse el 95 % del mercado de alquiler en Caracas; eso es un hecho. Dación en pago, dicen. ¡Si ustedes no saben lo que es! Entregar la vivienda
tiene que ser el último recurso. Tipos más altos, plazos más cortos y disponer, al menos, del 50 % del precio de la vivienda. Pregúntenle a Beatriz Corredor, ministra aquí de sus socios. Con su ley solo podrán contratar una hipoteca las familias
con posibles. Enhorabuena, acaban de incrementar las desigualdades que supuestamente venían ustedes a combatir (aplausos), y acaban de llamar ustedes a los fondos buitre. Ustedes detestan a los trabajadores y a las clases medias y desprecian la
propiedad privada de los demás. Qué grande es ser progre y no tener ni idea de nada (Aplausos). Otro disparate: pretenden crear un registro en el que se denuncie la mala praxis de los arrendadores. Y eso, ¿quién lo decide, el propio inquilino,
su primo? España ya tiene un registro, el Registro de la Propiedad, y organismos donde se depositan las fianzas. No hace falta ni más registros ni más observatorios paralelos para colocar a 'cuñaos' y a sediciosos. (Aplausos).
Lo suyo es ideología, porque no entienden de las leyes básicas de economía. Han redactado esta ley atendiendo únicamente a sus mantras, en absoluta desconexión con la calle. Son unas medidas vacías de contenido e inviables por sus lagunas
jurídicas. Y mucha mucha perspectiva de género, pero resulta que el 80 % de las personas sin hogar son hombres. Pero ¿por qué nunca hablan de los hombres? ¿Por qué les tienen tanta inquina? (Aplausos). Demonizan al sector de la construcción y
pulverizan la inversión colectiva. No han tenido en cuenta los portales especializados ni las recomendaciones del Banco de España ni a las entidades de crédito ni a los agentes de la propiedad inmobiliaria. Por cierto, también la han tomado con
los intermediarios, a los que van a prohibir, incluso, cobrar honorarios por su trabajo diario de visitas. Y cuando destruyan el parque de viviendas y no haya inversión, mandarán al paro no solo a arquitectos, sino a albañiles, fontaneros,
ferreteros, electricistas, carpinteros y a todo un sector de la construcción, que supone el 5,2 % del producto interior bruto en España. He dicho antes que ustedes desprecian a las clases trabajadoras, pero no, ustedes no las desprecian, ustedes
las odian.
Podría seguir desmontando una a una todas las salvajadas ideológicas de esta ley, que van en contra de España y de la identidad de los españoles, pero, ¿para qué? Ustedes no se molestan ni en escuchar a los funcionarios de Banco de España.
Yo les voy a decir lo que va a hacer VOX cuando esté en el Gobierno, porque VOX sabe muy bien lo que hay que hacer, no les quepa duda -lean nuestra Agenda España-. Nosotros liberaremos todo el suelo que no tenga una protección especial, todo el
suelo que haga falta, y buscaremos la colaboración público-privada para viviendas sociales en régimen de propiedad o de alquiler con opción a compra, para que las familias y los jóvenes puedan acceder a un hogar y fundar una familia. Lo haremos sin
perjudicar la propiedad privada, fruto del ahorro de las familias españolas, y lo haremos rebajando la carga masiva de tributos y de impuestos. Y lo que haremos será proporcionar seguridad jurídica. Protegeremos a los propietarios para que sus
ahorros estén a salvo de ocupaciones ilegales y de impagos de deuda. Con esto, tengan la seguridad de que el parque de viviendas se multiplicará, porque no tendrán miedo en poner sus viviendas en alquiler. (Aplausos).
Al hereu de Valencia, señor Baldoví, le digo que también defenderemos sus derechos de propiedad sobre sus dos mansiones y sus tres latifundios de Valencia y al señor Rufián que también defenderemos su nuevo chalet de Sabadell. (Aplausos).
Que vengan aquí a darnos lecciones un latifundista valenciano, un chico de la zona más pija de Madrid y un 'rufián' que se está comprando un chalet gracias a todos los meses que decía que no iba a estar aquí es surrealista. (Risas y aplausos).
Pero olvídense de meter sus manazas en algo tan fundamental como es la vivienda y dejen paso, que ya lo arreglaremos nosotros desde el Gobierno.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Cano. (Rumores). Silencio, por favor.
El señor LÓPEZ CANO: Gracias presidente. Buenas tardes.
Me van a permitir que diga que no vamos a poder dar respaldo a esta proposición. No lo podemos hacer porque una proposición de ley como esta debe respetar, sin fisuras, el marco constitucional, sin invadir competencias autonómicas.
(Aplausos). Además, tampoco debe bordear otros derechos constitucionales, que también tienen que respetarse. Sobre todo, no la vamos a respaldar porque, como ya saben, el Gobierno de España, el conjunto del Gobierno de España, ya aprobó en
octubre, por primera vez en democracia, el anteproyecto de la ley estatal por el derecho a la vivienda (aplausos), que contiene, por cierto, muchos de los elementos de esta proposición, y en pocas semanas esperamos su pronta y definitiva aprobación
y que llegue a esta Cámara. Ahí se abrirá el habitual proceso de enmiendas.
Sea como sea, estamos convencidos de que muy pronto vamos a tener la primera ley en democracia por el derecho a la vivienda, que se convertirá en un derecho y no en una mercancía y que será el quinto pilar del Estado del bienestar de nuestro
país. (Aplausos). Será una ley que dará cumplimiento al acuerdo del Gobierno de coalición y al compromiso socialista con los ciudadanos. Los socialistas cumplimos los compromisos. Los cumplimos, sí.
Permítanme una reflexión dirigida a los colectivos impulsores de esta proposición. Cuando la Constitución nos define como un Estado social nos da un mandato a los poderes públicos. Por cierto, ese mandato lo acatamos unos mucho más que
otros. El edificio principal de ese Estado social se llama Estado del bienestar y está sustentado en los pilares de la sanidad pública, de la educación pública, del sistema de pensiones y de los servicios sociales, con el sistema de dependencia
incluido. Los cuatro pilares del Estado del bienestar tienen un arquitecto con nombre y apellidos: Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos). Y ahora vamos a dar un paso más, vamos a levantar el quinto pilar del Estado de bienestar,
convirtiendo el acceso a una casa, sí, en un derecho de ciudadanía, para que toda persona pueda tener acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible. De nuevo, en España avanzaremos en derechos, y lo haremos, como siempre, de la mano de un
presidente socialista. (Aplausos).
Lo más normal es que cualquier persona, al llegar a una determinada edad, desee y necesite un hogar donde desarrollar su proyecto de vida personal, y somos muy conscientes de que en nuestro país hay miles de personas, demasiadas, sobre todo
los más jóvenes, que no pueden acceder a esa posibilidad, a esa vivienda. Y tenemos que poner remedio a esa realidad. Es un imperativo moral, político y constitucional, aunque, eso sí, desde el Grupo Socialista también somos conscientes de que con
ustedes no podemos contar, porque ustedes se ponen dignos al pedir recursos aquí, pero, oigan, cuando gobiernan no hacen nada, y cuando hacen, recortan. ¿Saben qué? El debate de hoy me encanta. ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando gobierna la
izquierda de lo que debatimos aquí es de cuántos derechos se crean y cuántos derechos se amplían (aplausos) y cuando gobiernan ustedes lo que debatimos aquí es cuántos derechos se recortan. Esa es la diferencia. (Aplausos).
Y con respecto a esto, miren, durante estos años hemos mejorado el marco regulatorio del alquiler, ofreciendo estabilidad y seguridad a los arrendatarios; hemos dado más protección a los hogares vulnerables en procesos de desahucio; hemos
puesto el plan para construir 20 000 viviendas en alquiler social o asequible, sí. La pandemia llegó y protegimos hasta el extremo a las familias más vulnerables, sí. Miren, en los presupuestos de 2021, los vigentes hoy, 2200 millones de euros.
Solo en 2021, solo en un año, hemos hecho lo que hicieron ustedes en cinco años. (Aplausos). Y en este presupuesto de 2022, al que han votado en contra, han votado en contra de un bono joven para que los jóvenes de nuestro país puedan disponer de
250 euros para el alquiler. A eso es a lo que han votado ustedes también en contra.
Llegará ese proyecto de ley, llegará, sí, y no se podrán volver a vender viviendas públicas a fondos buitre; no, no se podrá hacer. (Aplausos). Se evitarán desahucios sin soluciones habitacionales que provoquen desamparo; se establecerán
mecanismos de contención y de bajada de precios, sí; se aumentará la vivienda social. Se creará también un entorno fiscal favorable para la reducción de los precios del alquiler y para el incremento de la oferta a precios asequibles, sí. Se
evitarán los abusos de los grandes tenedores de vivienda; también se va a hacer. Es decir, avanzaremos de nuevo, de forma inminente, con el quinto pilar del Estado del bienestar. Avanzaremos en la vivienda como derecho, y en su función social,
sí, para que en nuestro país toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida personal con una vivienda digna, adecuada y asequible, y ahí estoy convencido de que nos encontraremos para tener la mejor ley posible. Ese es nuestro compromiso, y
los compromisos, como les dije antes, los socialistas los cumplimos, sí. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA AL IMPULSO DE UN GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN EURO DIGITAL COMO MONEDA PÚBLICA DIGITAL. (Número de expediente 162/000728).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de un grupo de
estudios sobre la implantación de un euro digital como moneda pública digital.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.
Señorías, la posible implantación del euro digital es un proyecto de especial interés en un contexto de transformación digital con múltiples desafíos, y su debate es importante para nosotros en este Parlamento por su potencial estratégico,
por el contexto actual y por nuestro compromiso político de no dejar a nadie desprotegido en la era digital, tampoco en el ámbito monetario y financiero.
Debemos garantizar un medio de pago con acceso universal y seguro, y es importante por movernos en un contexto en el que el avance tecnológico, la utilización masiva de datos y la transformación digital de la economía en su conjunto están
comportando, por un lado, el creciente interés de las grandes tecnológicas por la emisión de criptodivisas, con un pretendido intento de creación de dinero privado -las denominadas stablecoins, como es el caso de la moneda Diem por parte de una
conocida empresa-, y por otro, la paulatina sustitución del efectivo por dinero electrónico de carácter privado como medio de pago, bien por cambio de hábitos o bien para garantizar la trazabilidad en las operaciones. Es un escenario en desarrollo
tecnológico creciente, que confiere oportunidades y riesgos para los inversores, consumidores y comerciantes, pero sobre todo para la ciudadanía en general.
Se evidencia la necesidad de mayor regulación europea y modernización del actual sistema monetario. Con la iniciativa que hoy debatimos queremos que España contribuya al análisis de todas las posibilidades de implantación, que pueden ser
muy variadas, en el proyecto del euro digital, que se encuentra en fase de investigación hasta julio de 2023 y que todavía es muy incipiente. Nuestro Gobierno está comprometido con la Agenda Estratégica europea, y la iniciativa que les proponemos
está alineada con ella. El Banco de España participa junto al Banco Central Europeo y el Banco Internacional de Pagos en un grupo de trabajo técnico sobre el euro digital, CBDC, y ha repriorizado su estudio muy recientemente. Por tanto, es
coherente, es lógico, además de importante constituir un grupo de estudios formal en España. Desde el punto de vista técnico, a nivel europeo se están evaluando las opciones de diseño para llevar a cabo la determinación del registro digital del
euro, garantizar la privacidad, la lucha contra el blanqueo de capitales, fijar los topes del euro digital en circulación, el acceso del usuario final cuando no está conectado a Internet -importante- y la implantación de una infraestructura
respetuosa con el medio ambiente. Son cuestiones técnicas, pero también con implicaciones jurídicas y políticas, que deben ser analizadas en todas sus vertientes.
Señorías, no hablamos ni de nacionalizar el sistema bancario ni de satanizar el crédito -de hecho, entre las distintas variantes que se plantean, la actividad privada de crédito no desaparece y tampoco desaparecerán los medios de pago
privados-, pero tampoco hablamos de criptoactivos, cuya regulación ya forma parte del paquete de medidas legislativas sobre finanzas digitales en las que España participa activamente con las autoridades supervisoras -CNMV y Banco de España- para
avanzar en el marco regulatorio y estable, como es el reglamento MiCA, o en el análisis de innovadoras experiencias en el marco de la estrategia de pagos minoristas, para garantizar que las transacciones de comercio electrónico sean seguras y
prácticas.
Señorías, con el proyecto del euro digital estamos hablando del concepto del dinero. Hablamos en primer lugar de garantizar que la moneda en curso legal sea accesible a toda la ciudadanía. Se trata de complementar el uso del efectivo con
la emisión de dinero digital accesible, universalmente aceptado, fiable y sin riesgo, como es el dinero emitido por el Banco Central. Se trata de contar con una moneda digital emitida y controlada por el Banco Central Europeo. Se trata de contar
con una alternativa pública en el ámbito digital. No podemos perder de vista que el Banco Central Europeo es la autoridad monetaria que controla y garantiza el dinero seguro y la estabilidad de precios en la zona euro y que depende de Estados
miembros sometidos a control por los representantes de la ciudadanía y, por tanto, bajo control democrático.
En segundo lugar, hablamos de permitir mejor la inclusión financiera de los colectivos sociales que tienen un acceso más difícil a los servicios bancarios y a los medios de pago electrónicos. De hecho, la primera experiencia de moneda
digital fue motivada por este objetivo. Hablamos de elegir el mejor modelo de distribución de la emisión de la moneda. Podría ser con intermediarios y/o con opciones híbridas que posibiliten inyectar liquidez de manera directa a la ciudadanía sin
poner en riesgo la estabilidad financiera.
En tercer lugar, se pretende evitar las potencialidades y externalidades negativas internacionales que pueden generar la aparición de otras monedas digitales, es decir, evitar que un sistema financiero excesivamente dependiente de circuitos
de pago completamente privados, emitidos y controlados desde fuera de la zona euro, alternativo y/o sustitutivo al del Banco Central Europeo pudiera afectar negativamente la soberanía y estabilidad económica y monetaria. En definitiva, se deben
estudiar pros y contras en las diferentes modalidades para aprovechar las ventajas que nos aporta la moneda digital emitida por un banco central, evitar riesgos y situarnos en una posición de liderazgo; se trata del análisis de una moneda común
europea más segura y más estable, menos propensa a ciclos y crisis financieras.
Señorías, para terminar, quisiera decirles que, como reconocía esta semana el presidente del Eurogrupo en su carta dirigida al presidente del Consejo de la Unión Europea con motivo de la Cumbre del Euro, que será el próximo 16 de diciembre
-es decir, estamos hablando de una cuestión de plena actualidad-, hay un amplio acuerdo sobre la importancia estratégica del proyecto del euro digital para la zona del euro y la Unión Europea. Un euro digital cuidadosamente diseñado tiene el
potencial de proteger la autonomía, la resistencia del sistema de pagos del euro, promover la transición digital y apoyar la inclusión financiera. Es un amplio acuerdo sobre su importancia estratégica del que este Parlamento no podía quedar al
margen, por lo que, señorías, les solicito su voto favorable a que el Gobierno impulse, en colaboración con el Banco de España, la creación de un grupo de estudio para evaluar y acompañar la introducción del euro digital. No podemos dejar al margen
las necesidades de la ciudadanía.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Señorías, permítanme una anécdota personal. Hace casi diez años esta diputada, cuando era trabajadora del sector financiero, ya hablaba y ya opinaba sobre criptomonedas. ¿Cripto qué?, me preguntaban entonces. Sobre esto escribía y
contestaba cual Nexus 6, el replicante de Blade Runner: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. En referencia a la existencia y al uso de monedas digitales y su futuro. Pues bien, casi diez años después puedo afirmar que esta diputada sigue
teniendo el firme compromiso con la innovación y la digitalización.
Los liberales trabajamos intensamente para modernizar y digitalizar nuestra economía como palanca de cambio y evolución de nuestra sociedad. En el Parlamento Europeo hemos liderado los trabajos para que los fondos europeos Next Generation
tuvieran la adaptación a la digitalización como criterio fundamental para estas inversiones. Aquí, en el Congreso de los Diputados, hemos planteado diversas iniciativas -también planteamos enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en
materia digital que ya es sabido que el Gobierno rechazó-, porque somos conscientes de que la digitalización, como toda gran transformación económica, puede afectar de forma diversa a los ciudadanos.
En cuanto a la digitalización del sistema financiero, Ciudadanos también apoya la idea del Banco Central Europeo de impulsar el euro digital. La confianza que los liberales tenemos en el ser humano y en el futuro nos mueve a impulsar la
reforma, la renovación y la revitalización como una de las mayores conquistas de Europa: la unión monetaria. Consideramos que las transacciones financieras están cambiando de forma tan profunda y a una velocidad tal que no podemos permitir que
este tren vuelva a partir sin España a bordo. En Ciudadanos no vamos a permitir que la vieja política de parches y patadas hacia delante nos deje de nuevo atrás. Así, señorías, no podemos cerrar los ojos ante unas realidades que, cada vez más, la
iniciativa privada ya ha comenzado desarrollar. España es el Estado miembro de la Unión Europea con un mayor crecimiento en inversiones en criptoactivos: el 12 % de los españoles tienen activos en criptomonedas. Frente a la actitud tradicional
del bipartidismo, arrastrando los pies con la modernidad, los liberales estamos atentos a los avances de nuestro mundo, miramos al futuro con confianza y trabajamos para que nuestro país esté a la vanguardia del progreso. Consumidores, usuarios,
inversores e incluso actores tradicionales del sistema financiero nos están apuntando una tendencia, un camino, y en Ciudadanos creemos que hay que aprovechar ese potencial de crecimiento para que el sector digital y el de las criptomonedas
puedan desarrollarse de forma segura en España.
Debemos apostar por la formación e información a usuarios, para que puedan tomar decisiones de inversión adecuadas y en libertad, sin obviar los posibles riesgos. Por eso, creemos que cualquier conversación sobre activos financieros
digitales está incompleta cuando no incluye las criptomonedas en el debate, y de ahí la enmienda que hemos planteado. Debemos impulsar un uso seguro de las criptomonedas y hacer de España una referencia del sector a nivel mundial. En paralelo a
este desarrollo, proponemos incluir un marco garantista para formar e informar a usuarios y evitar posibles obstáculos al desarrollo del sector en nuestro país.
Señorías, los liberales trabajamos para crear oportunidades y para que no se nos escapen las que se abren día a día en la sociedad civil. Trabajamos para crear empleo, prosperidad y bienestar. Los liberales trabajamos por la formación del
individuo, con todas las garantías jurídicas y la igualdad de oportunidades. Esto es Ciudadanos: libertad y modernidad con todas las garantías legales.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Pedreño Molina.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes.
El Grupo Socialista nos trae hoy a debate la creación de un grupo de estudios para evaluar la implantación del euro digital. Sin más, un grupo de estudios. Yo le quería preguntar: ¿Qué es ese grupo de estudios exactamente? Teniendo
tantos asesores como tiene el Gobierno, les podrían haber echado un cable y haberles ayudado a añadir un pequeño párrafo descriptivo al final que dijera a qué se va a dedicar ese grupo de trabajo, sus funciones y sobre todo su composición, quiénes
lo forman, que tampoco hace falta entrar en detalles. No sabemos si está formado por organismos públicos o por personas físicas del ámbito privado; no sabemos si está acompañado por el Banco de España o por el Ministerio de Hacienda o simplemente
va por su cuenta, pero no nos vamos a dejar engañar. Este grupo de estudios, cuya función y composición desconocemos, lo van a crear nos guste o no, haga falta o no. De nuevo es una campaña de marketing que hace aquí el PSOE al Gobierno.
Esto me hace entrar un poco en lo serio de esta proposición. Resulta que esto ya lo está haciendo el Banco Central Europeo. De hecho, la propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ya manifestó públicamente la
alternativa de poner en marcha la moneda digital en los próximos cinco años, con un fundamento, por cierto, muy distinto de los que argumenta el Grupo Socialista en su proposición. Hace dos meses se ha creado en la Unión Europea una hoja de ruta de
monedas digitales nacionales de uso general, las famosas CBDC, para la implantación del euro digital en toda Europa, con fecha fin de desarrollo en 2026, con lo cual estén tranquilos, señores del PSOE, señores del Gobierno, porque no se van a tener
que preocupar. Cuando esto pase, el Gobierno socialista no estará en el Gobierno y nosotros nos encargaremos de acometer las actuaciones necesarias para su implementación y para decidir si es viable la incorporación o no del euro digital en nuestro
país. De momento, el Banco Central Europeo ya ha sentado las bases de esta nueva moneda digital y supervisada: que las monedas digitales sean complementarias del dinero efectivo, que haya un control de movimientos de pago, una lucha contra el
fraude fiscal, una emisión del dinero descentralizado y también, por supuesto, una convivencia con las criptomonedas, un sector que está ahora mismo en auge en todo el mundo.
Además, dice el Grupo Socialista en su proposición: que se recupere el carácter del dinero como bien público y bajo el control democrático. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? O sea, ¿a qué se refiere con esto? Lo del control democrático a mí me
confirma que no han entendido aún de qué va esto del euro digital. El euro digital no es una nueva moneda, es un formato distinto del euro, un formato digital que, como todo lo digital, permite dar mejores servicios y más prestaciones. Y seguirá
siendo el mismo bien público que es ahora mismo. Por eso, esto se lo tienen que hacer mirar antes de seguir haciendo propuestas en este ámbito.
Señores del PSOE, con esta proposición siguen demostrando su ineficiencia en todo lo relacionado con lo digital en este país. Se lo venimos diciendo desde hace dos años: suspenso total y absoluto. Todavía no hay ni una sola ley aprobada
en el Boletín Oficial del Estado en el ámbito digital, y eso que muchas de ellas vienen de una trasposición de directivas europeas que están fuera de plazo; ya nos dirán las sanciones que nos van imponer.
Esta mañana -yo creo que esto hay que saberlo- el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital una proposición no de ley que proponía crear algo similar a lo que ustedes están
proponiendo; en vez de un grupo de estudio, un consejo nacional de criptoactivos, pero, eso sí, indicando quien forma parte ese consejo -la CNMV, el Banco de España, la Dirección General del Tesoro- y, además, en un marco donde la Unión Europea ya
ha sacado un reglamento -hace un año lo sacó- relativo a los mercados de criptoactivos. Pues resulta que el Grupo Socialista ha votado en contra. O sea, aquí nos proponen un grupo para estudiar el euro digital y tenemos que votarlo, cuando esta
mañana en la Comisión hemos propuesto algo muy similar en el ámbito de los criptoactivos y han votado en contra. Además, tienen que tener en cuenta una cosa, todo esto del euro digital se va a soportar sobre tecnologías descentralizadas que están
basadas en tecnologías tipo blockchain, que también lo hemos propuesto esta mañana y también han votado en contra. En fin, parece que para ustedes los grupos de trabajo son buenos o malos dependiendo de quién los propone en esta Cámara. De todas
formas, no pasa nada, porque luego se lo dicen al Gobierno, el Gobierno lo lleva al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros lo aprueba en un Gobierno que está absolutamente obsoleto.
En cualquier caso, nosotros hemos presentado una enmienda que pretende impulsar la implantación del euro digital, por supuesto, pero a través de entidades respaldadas por los agentes públicos y privados que tienen la potestad y que tienen la
experiencia para hacerlo, pero todo transparente. Yo, señores del Grupo Socialista, les invito a que la incorporen y, en ese caso, contarán con nuestro apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Plantea el Grupo Parlamentario Socialista una iniciativa sobre una materia de muy creciente trascendencia, como es la relativa a las criptomonedas, y, más concretamente, insta a la creación de un grupo de estudio formado por el Gobierno y el
Banco de España para evaluar la implantación del euro digital como moneda pública digital dentro de lo que serían las monedas digitales de tercera generación, CBDC. La propuesta, como ha explicado la señora Blanquer, apela a una mayor estabilidad
financiera tanto para la economía española como para el conjunto de la eurozona, al objeto de que recupere -dice la parte pomposa de la proposición- el carácter del dinero como bien público y bajo control democrático.
Señorías, aunque los trabajos realizados por un grupo de estudio tienen, como hemos visto demasiadas veces, un alcance limitado y en no pocas ocasiones los informes acaban olvidados en el fondo de los archivos o, lo que es peor, en la
papelera, considero necesario ir tomando conocimiento respecto a una moneda digital europea, aunque previsiblemente vaya a tardar un tiempo en entrar en vigor, allá por el año 2026. No obstante, considero que nuestro banco central nacional, por sí
mismo y en virtud de las atribuciones que le concede la Ley de Autonomía del Banco de España, tiene un relevante y exclusivo papel en este asunto, porque no en vano es miembro del sistema europeo de los bancos centrales. El artículo 7.5.e le
atribuye el asesoramiento al Gobierno, así como realizar los informes y estudios que resulten procedentes, pero no al alimón. De hecho, el propio gobernador ya se ha posicionado públicamente sobre los avances en la divisa virtual europea y, dicho
sea de paso, resultan alentadores tanto su prudencia ante este horizonte monetario digital como sus advertencias sobre los riesgos de las fórmulas que se están esbozando. También quiero hacerme eco de la comparecencia que hace escasamente un mes
realizó en el Parlamento comunitario el señor Panetta, uno de los altos responsables del Banco Central Europeo, para informar del desarrollo de la fase de investigación del proyecto de un euro digital y adquirir el compromiso de tener
permanentemente informados a los eurodiputados de los avances en este trascendental asunto.
Señorías, a los demócratas y defensores del libre mercado, valga la redundancia, nos inquietan las maniobras políticas en torno al dinero de los ciudadanos, y cuanto más ostensibles y opacas sean estas maniobras, mucha mayor inquietud.
Producen cierto sobresalto las noticias en torno a estafas y tejemanejes con criptoactivos de por medio, de los que ya existen del orden de 10 000 diferentes, y de la importancia de seguir con atención los distintos pasos para la creación y
despliegue de un euro público digital. Entre otros riesgos, se percibe el de la competencia de esta moneda pública digital con la banca tradicional
privada, en la que los ciudadanos realizamos nuestros depósitos y a la que confiamos nuestros ahorros. Sin embargo, se dan por hechas las amenazas para la estabilidad financiera con la migración de depósitos bancarios hacia esa nueva moneda
virtual, lo que supondría un colosal zarandeo para el sector financiero regulado, que en el caso concreto de nuestro país, viene realizando importantes reconversiones que ya han dejado sin trabajo a miles de trabajadores. Asimismo, hoy no se ha
detectado que el mercado demande la necesidad de un euro digital público, ya que un porcentaje importante de europeos y españoles preferimos hacer nuestros pagos en efectivo, si bien parece que esto es cuestión de tiempo. También hay otros grandes
peligros muy latentes, como son los derivados de un mercado digital financiero sin fronteras, sin unas reglas definidas ni mecanismos de supervisión, en el que se realizan transacciones y compras dirigidas desde grandes plataformas ya consolidadas
en la esfera mundial. Incluso hay quien advierte que el posicionamiento, la fortaleza o la debilidad de las monedas digitales públicas anticipa una reedición de la guerra fría entre potencias, pero en versión criptomoneda.
En definitiva, para España también es muy importante este desafío de la moneda pública digital, y es una exigencia para el Gobierno, y yo diría que para el conjunto de las administraciones, la alerta permanente ante su desarrollo con el fin
de implementar medidas legales de protección de los ciudadanos ante este mercado que ya está dejando de ser incipiente, pero reitero la confianza en el papel del Banco de España ante la creación por parte del Banco Central Europeo de un euro digital
público. En función del texto transaccional que se elabore, decidiré el sentido final de mi voto.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Arratsalde on.
Hoy el Grupo Socialista nos plantea una PNL para estudiar la creación de un euro digital como moneda pública, y para ello nos propone la creación de un grupo de estudios junto con el Banco de España para evaluar su posible implantación. Yo
creo que lo que subyace en esta PNL es la intención de que España sea el primer país europeo en impulsar la creación de una criptomoneda pública, que creo que además -y creo que lo ha dicho también la señora Blanquer- deberá autorizar el Banco
Central Europeo, que es quien tiene la competencia para emitir euros digitales. En este sentido, como también se ha dicho aquí, Europa ya ha arrancado el proyecto piloto de desarrollo del euro digital, dinero electrónico que funcionará igual que el
efectivo -no lo va sustituir, pero sí lo va a complementar-, y ya está analizando abordar cuestiones tan importantes como su posible implantación, su diseño, su distribución, la seguridad, el límite en circulación, certificaciones. Europa lo que
busca, en definitiva, es la creación de un euro digital. Con el euro digital las personas podrán abrir cuentas directamente en el Banco Central de forma complementaria al sistema tradicional.
En la motivación de la PNL hablan de aprovechar los avances en digitalización y gestión masiva de datos para implementar nuevas formas de pago, sin embargo nada dicen acerca de la tecnología que se pretende utilizar, entiendo que eso será el
objeto de estudio y que luego lo transmitirán aquí; neutralizar o mitigar la volatilidad, el anonimato, en definitiva los riesgos que pueden tener las criptodivisas que no están respaldadas por entidades públicas; ofrecer una alternativa pública
frente a los sistemas de pago vinculados al sistema bancario y que escapan de la regulación del sector y favorecer la inclusión financiera de esos colectivos sociales que tienen difícil acceso a la banca tradicional, y reducir el uso de efectivo y,
por tanto, el fraude fiscal y, desde luego, la economía sumergida. Pero lo que tampoco se dice es que es una moneda que se va a poder rastrear y eso también va a conllevar un control mucho mayor si cabe a la ciudadanía. Y habrá que tener en cuenta
también que esta moneda puede ser proclive a recibir muchos más ciberataques, por lo que también habrá que instaurar monederos digitales mucho más seguros, desde luego.
De todas formas -y creo que también lo ha dicho aquí el señor Pedreño-, a modo de pequeña crítica, señora Blanquer, para crear ese grupo de trabajo no hace falta traer una PNL. En otros países de Europa ya se ha hecho; Alemania o Francia
ya lo están haciendo. Solo se necesita la voluntad del propio Gobierno. ¿Para qué lo instan ustedes si son el partido del Gobierno? Si el Gobierno lo considera importante, creemos que es quien debe impulsar y constituir ese grupo. Y no solo
esto, si lo considera tan importante deberíamos estar ya pensando en un plan de actuación e incluso en un proyecto como el que está haciendo Francia con
Suiza para una moneda digital. Yo creo que no se trata tanto de trasladar a este Parlamento el que haya un grupo de trabajo, sino que el debate más serio en esta Cámara tiene que ser para decirnos lo verdaderamente importante, que son las
conclusiones de ese estudio y lo que en base a esas mismas conclusiones pretende regular y pretende instaurar el Gobierno. Yo creo que ese es el verdadero debate y no tanto la creación de un grupo de trabajo. Yo lo enmarco más -y en eso coincido
con el señor Pedreño-como una especie de plan de marketing para trasladar esa imagen de vanguardia con respecto a un tema que ya se está debatiendo, desde luego, en Europa. Es cierto, Europa lo está liderando y es verdad también que deja la puerta
abierta a las posibles variantes o adaptaciones nacionales. Y, es verdad, nosotros vamos a votar a favor porque creemos que la creación de un grupo puede estar bien, pero a lo que verdaderamente les instamos es a que traigan aquí esas conclusiones
y hagamos un debate serio acerca de la propuesta que pueda ser implantada aquí, en el Estado, que creo que habrá que hablar mucho sobre ella.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, sobre la proposición no de ley que se nos plantea por el Grupo Socialista sobre esta cuestión del euro digital, lo cierto es que la digitalización de nuestras vidas se ha impuesto, y más después de toda la pandemia del COVID y la
facilitación de los pagos con medios electrónicos.
Desde nuestra perspectiva, este euro digital tiene sentido si se trata de mantener el euro, es decir, de mantener su vinculación con una moneda de curso legal y no con determinados inventos, y que esta configuración digital sea, como se
apunta en la proposición no de ley, de un acceso fácil, sin coste, con un pago sencillo y fiable y sin riesgo. En definitiva, el planteamiento de la proposición no de ley ya es uno de los trabajos iniciados por la Unión Europea, y no solo iniciados
por la Unión Europea, sino incluso por el Reino Unido en los trabajos que están haciendo el Tesoro y la Banca de Inglaterra, Francia y el llamado proyecto Jura o Estados Unidos y la reserva federal; por tanto, una serie de trabajos que sin duda
alguna son necesarios. Nosotros entendemos que está bien planteado hacer estas propuestas y estudios con mayor tiempo, con rigor y con un análisis que pueda ser compartido para acertar mejor en la configuración de este futuro eurodigital dentro del
marco, como decíamos, de la Unión Europa y dentro del marco que a los Estados les va a quedar en este ámbito.
Nosotros votaremos a favor de la proposición no de ley. Nuestra intención en esta materia evidentemente será a favor de aquello que se constituya como un instrumento de pago digital que genere seguridad en el dinero y que todas las empresas
y personas puedan utilizar. Y aquí vale la pena también parar cinco minutos no en perspectivas de futuro, sino en una realidad actual, y es la falta de cajeros en determinadas zonas despobladas, que dificulta el acceso al dinero en efectivo a
muchas personas, o la obligación incluso -como salía estas semanas en la prensa- de domiciliar la pensión de jubilación y, por tanto, las dificultades que muchos pensionistas tienen para acceder luego a sacar este dinero en los cajeros. Y un tercer
elemento, más allá de que todas las personas y empresas puedan utilizarlo, es garantizar la privacidad y la confianza. En definitiva, garantizar el acceso seguro y fácil -aquí también habrá que analizar la llamada brecha digital, un auténtico reto
para la implantación de este posible euro digital- y sobre todo la coordinación con la Unión Europea. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, a grandes rasgos y en esta línea, sí estaremos de acuerdo en esta proposición de ley, pero también es
verdad que aunque acierte en el contenido o sea bien intencionada, también somos conscientes de que al final aquí hay una pequeña operación de cobertura al Gobierno y, como decíamos antes, las proposiciones no de ley del Grupo Socialista que instan
al Gobierno a hacer determinadas actuaciones, determinados estudios, no dejan de ser un poco sorprendentes, porque lo que nos gustaría es que fuera el Gobierno el que actuara motu proprio y no a petición de su propio grupo parlamentario. Tiene
sentido cuando lo hacen los otros grupos parlamentarios, pero es altamente sorprendente o curioso cuando el impulso de la acción del Gobierno la hace el partido que lidera la coalición de gobierno. En todo caso, votaremos a favor y estaremos a la
espera del resultado de estos estudios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve. (Pausa).
Continuamos. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.
La señora MUÑOZ DALDA: Gracias, presidente.
Entendemos que esta PNL del Grupo Socialista pretende complementar el anunciado proyecto del Banco Central Europeo para crear el denominado euro digital como instrumento que sirva como método de pago. Esta divisa vendría a cubrir el espacio
que está dejando el dinero en efectivo, cuyo uso se ha reducido sobremanera en los últimos tiempos. El euro digital sería como un euro físico, como los billetes y las monedas, pero mucho más versátil y obviamente digital.
Anunciamos ya desde este primer momento nuestro apoyo a esta propuesta de estudio entendiendo que si de verdad se quiere recuperar el carácter del dinero como bien público y bajo control democrático, la iniciativa debe cumplir una serie de
condiciones. Señorías del Partido Popular, presten atención: en primer lugar, un euro digital deberá tener las mismas características que tiene un euro físico y estará emitido y respaldado por el Eurosistema y los bancos centrales nacionales para
que todos, la ciudadanía y las empresas, puedan usarlo como medio de pago. En segundo lugar, no debe plantearse en modo alguno como un elemento que sustituya al euro físico, sino que lo complemente aprovechando las ventajas de rapidez, seguridad y
bajos costes en las transacciones. Y, en tercer lugar, los euros digitales deberán estar custodiados y protegidos por el propio Banco Central; es decir, que debe permitir que la ciudadanía tenga ese medio de pago, por ejemplo, en sus móviles o en
el propio Banco Central, sin requerir para su posesión el uso de una cuenta bancaria tradicional en una entidad privada.
Apoyaremos la iniciativa, compañeros y compañeras del Grupo Socialista, pero nos genera algunas dudas, porque quienes primero sufrirían las consecuencias de una PNL como esta serían las entidades bancarias privadas, y ya lo ha dejado muy
claro la patronal bancaria, la Asociación Española de la Banca: en absoluto pretenden dejar escapar a la gente corriente atrapada en una sociedad bancarizada. Porque si tenemos euros digitales y no necesitamos tanto dinero en cuentas bancarias
porque podemos ahorrar en ese nuevo instrumento creado por el Banco Central Europeo, los bancos pierden una importantísima fuente de financiación que les sale prácticamente gratis, los depósitos bancarios, y ya han dicho que en absoluto van a
permitirlo. Entonces, si la historia ya está escrita, quizá deberíamos contárselo a la gente.
Nos encantaría que ustedes miraran por el interés general y optasen por un euro digital que no sea abducido por las entidades privadas para lucrarse de él. No nos debería preocupar lo que piensan las entidades bancarias privadas si no fuese
porque el Banco Central Europeo actúa más bien a su servicio y no al de sus accionistas, los Estados. Por ese motivo, para recuperar el carácter del dinero como bien público y bajo control democrático, lo primero que habría que hacer es rescatar al
Banco Central Europeo de esa falsa independencia de la que hace gala y que blindan los tratados europeos. Y quienes han defendido que los gestores de algo tan complejo como la política monetaria deben ser expertos seleccionados únicamente según su
capacidad técnica deberían reflexionar sobre el problema de déficit democrático que esto genera, que no es de poca envergadura; que nos expliquen por qué ha de ser la política monetaria un asunto alejado de los ciclos políticos de los regímenes
democráticos. ¿Qué pruebas hay de que la total autonomía de sus gestores garantice mejores resultados para el funcionamiento de la economía y para el bienestar material de la sociedad? ¿Están estos gestores al servicio del bien común o responden a
otros intereses? La respuesta es fácil, si lo que se defendiese es el interés general, la financiación de los déficits públicos no precisaría de la interposición de intermediarios que la encarecen enormemente. Valga el ejemplo del coste que ha
tenido para España esta situación. Si pudiéramos acceder a la ventanilla del Banco Central Europeo en las mismas condiciones que el Sabadell, el BBVA, el Banco Santander o el resto de entidades financieras, nos habríamos ahorrado desde el año 2000
el 1,72 % del PIB anual y el coste en relación con la riqueza del país se ha triplicado en el periodo 2013-2020, llegando al 3,12 % del PIB. Es decir, que desde que Draghi actuó para mejorar el coste de financiación de los Estados y bajar la prima
de riesgo, la brecha se ha incrementado; el motivo es fácil de comprender: se ha optado por mejorar muchísimo más las condiciones de la banca y eso hace mucho más dolorosa la diferencia del gasto real que soportamos, aunque sea inferior en
porcentaje con lo que podría ser. En definitiva, esa falta de democracia le sale carísima a la ciudadanía; el que los Estados de la Unión Europea no puedan financiarse de forma directa a través del Banco Central Europeo en las mismas condiciones
que la banca privada nos cuesta una pasta. Si las administraciones públicas españolas hubiesen podido obtener préstamos a través del Banco Central Europeo en idénticas condiciones a las que tienen las entidades bancarias privadas, nos habríamos
ahorrado más de 345 000 millones de euros desde el año 2000. Y, luego, quienes miran para otro lado ante estas cifras
mareantes dicen que las pensiones son insostenibles. Lo que es insostenible es que esté prohibida la financiación directa de los Estados por el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que sean los bancos los que
obtienen los fondos a precio reducidísimo para luego prestárselo a los Estados con el correspondiente beneficio asociado. Queremos acabar con este latrocinio, porque el dinero que pagamos de más a los intermediarios se traduce en peores servicios
públicos y en más déficit democrático y deuda a pagar por las futuras generaciones. Si de verdad queremos recuperar el control democrático del dinero, empecemos...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora MUÑOZ DALDA: ... por controlar democráticamente el Banco Central Europeo y no nos hagamos trampas en el solitario con el euro digital. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Manso Olivar. (Aplausos).
El señor MANSO OLIVAR: Buenas tardes, señorías.
La verdad es que el compareciente del Partido Popular me ha ahorrado parte del tiempo y se lo agradezco, porque tiene poco sentido crear un grupo de trabajo cuando el Banco Central Europeo, en el que estamos representados, ha elaborado un
informe que publicó en octubre de 2020; en julio de 2014 ha empezado la fase de investigación y el Banco de España participa y nuestro gobernador, el mejor gobernador que hemos tenido en los últimos cuarenta años, participa en el consejo directivo
del Banco Central Europeo y, por lo tanto, en todos los grupos de trabajo. No tenemos ni siquiera la soberanía monetaria. Dejemos trabajar a los expertos y que nos presenten las conclusiones. ¿Para qué vamos a crear un grupo de trabajo?
Dicho esto, yo ya podría bajarme de esta tribuna, pero, miren ustedes, es que han dicho una serie de barbaridades, señores del Partido Socialista... Concluyen ustedes su petición indicando que la finalidad de la creación de una moneda
pública digital es la de que se recupere el carácter del dinero como bien público y bajo control democrático. Y dicen ustedes que temen que la ausencia de dinero en efectivo plantee que todo el dinero en circulación fuese bancario y privado. Miren
ustedes, es que el dinero es un bien de producción pública. Es que es así. En régimen de monopolio por áreas geográficas, que a veces coinciden con los Estados. (Aplausos). De hecho, es que ustedes desconocen que los bancos privados, en todo
caso, son coadyuvantes mediante el proceso de creación de dinero bancario, pero a partir de las limitaciones que les establece el Banco Central correspondiente. Ustedes desconocen que estamos en lo que se denomina un sistema de banca central con
reserva fraccionaria. ¿Saben para qué se creó el sistema de banca central con reserva fraccionaria? Pues porque el socialismo y el nacionalismo insistieron durante el siglo XX en la nacionalización del dinero. Y con eso ¿qué consiguieron?
Financiar básicamente dos guerras mundiales. Eso es lo que hicieron, porque esa es la máxima expresión, aunque a ustedes les parezca mentira, del gasto y el déficit público llevado al extremo. (Aplausos).
Dicen ustedes barbaridades. Dicen: vamos a crear la moneda digital para reducir la inestabilidad financiera. ¡Si para eso crearon ustedes los bancos centrales! ¡Si para eso se crearon los bancos centrales! Y fíjense ustedes que no han
acabado con la inestabilidad financiera; todo lo contrario. Ustedes mismos, en la exposición de motivos, señores socialistas, reconocen que el problema es que no hay separación entre las actividades de depósito a la vista y de crédito. De hecho,
empiezan a hablar de que se puedan separar esas dos actividades. Claro, es que eso es abandonar el sistema de reserva fraccionaria. Hasta en eso llevan ustedes retraso, porque hace once años eso ya lo discutió, en su momento, el Parlamento
británico a instancias de unos estudios del profesor Huerta de Soto. ¿Saben ustedes por qué no funciona el sistema de banca central con reserva fraccionaria? Pues básicamente -y se lo digo a la señora de Izquierda Unida, que la he visto demasiado
descolocada sobre el tema- el problema es que en el único sitio donde subsiste la planificación central soviética es en el mercado monetario; hay un único oferente que fija los precios y las cantidades: los bancos centrales. Y eso ya nos
demostraron Mises y Hayek, en la vieja polémica que tuvieron contra Lange y sus discípulos, que el Estado no tiene ni la omnisciencia ni la omnipotencia y, por lo tanto, no hay capacidad humana para saber cuánto hay que producir, a qué precio ni
cuándo. Como eso no existe es por lo que han fracasado. Es decir, venir ahora con que el euro digital va a acabar con la inestabilidad de los mercados financieros.
¡Si la inestabilidad de los mercados financieros la crean los bancos centrales y el sistema de reserva fraccionaria!
Miren ustedes, la creación de monedas públicas digitales tiene una parte que yo la entiendo, que es aprovechar el avance tecnológico. Perfecto. Pero, sobre todo, lo que están intentando es evitar la expulsión del dinero público por parte
del dinero privado. Eso es lo que ustedes están intentando evitar, y tiene una parte positiva, no se lo voy a negar, acabar con la exclusión financiera. A mí no me parce mal, pero para que pudiera funcionar ese dinero público digital tendrían
ustedes que abandonar dos cositas. Una, su amor por el déficit, si no, que más me da que tenga forma de billete que forma de apunte, es que me va a dar absolutamente lo mismo. Lo segundo es que tendrían ustedes que abandonar su amor por la
planificación central; tendrían que abandonar su amor por la planificación central. Miren ustedes, el fracaso del dinero fiat, del dinero en billetes, ya lo tenemos. En los últimos cincuenta años, ¿sabe qué poder adquisitivo ha perdido la moneda
española? El 95 %, casi nada. Y ustedes van contra esa inestabilidad. Claro, es verdad que allí donde aplican más socialismo va peor: en Venezuela lo que hace siete años valía un bolívar, ahora vale 3,5 millones.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señora Blanquer, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
La señora BLANQUER ALCARAZ: Mantenemos el texto inicial.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): De acuerdo. Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL. (Número de expediente 162/000872).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre adecuación de la normativa de contratación pública a la situación económica actual. Para la
presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Castellón Rubio.
El señor CASTELLÓN RUBIO: Gracias, presidente.
Señorías, la derrota por la vía de la incomparecencia, ese es el titular que yo le pondría a la situación de la economía española. Con una factura de la luz un 40 % más alta que la de hace un año para las familias españolas, con una cesta
de la compra en continuo ascenso que está provocando que esas familias pierdan poder adquisitivo a marchas forzadas, con una tasa de inflación del 5,6 % interanual que hace que las familias estén pasando algunos de los peores momentos desde el
inicio de la crisis provocada por el coronavirus y con unas consecuencias sobre el presupuesto público que todavía no conocemos por los efectos de la indexación de determinados gastos, el Gobierno, señorías, ni está ni se le espera. No conocemos ni
una sola medida del Gobierno de España para combatir la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias ni para combatir las dificultades de las familias españolas, de los españoles con los salarios más bajos para llenar la cesta de la compra.
Hoy, señorías, España sigue teniendo una doble condición: la de país más azotado por la crisis económica y, a la vez, el país que menos medidas adopta para sortearlas.
El Grupo Popular trae hoy una proposición no de ley a esta Cámara fruto de una enorme preocupación por un sector de vital importancia en términos de PIB y de empleo para nuestra economía: el sector de la obra pública. Un sector que está
pasando por grandes dificultades que suponen una merma en la creación de riqueza, en la creación de empleo y que además está provocando un daño estructural a miles de pequeñas y medianas empresas, tanto como para que el Gobierno se plantease actuar
ya para paliar los desajustes del mercado de obra pública. Pero una vez más, señorías, si es para adoptar decisiones y no es solamente para pose, el Gobierno ni está ni se le espera.
El hecho es que el encarecimiento de las materias primas está distorsionando el sector de la construcción de obra pública hasta unos límites realmente inasumibles. Como muchos de ustedes conocen, la contratación en obra pública cuenta con
contratos en cuanto a precio y plazo de ejecución
muy rígidos, de los que la práctica totalidad de los que se están llevando a efecto en la actualidad o de los que se van a empezar se ofertaron a precios sensiblemente inferiores a los actuales. Voy a darles algunas cifras que probablemente
ustedes ya conozcan, pero que son muy significativas. Entre abril de 2020 y agosto de 2021 hemos visto un incremento del 105 % del coste del acero, del 81 % en los costes del aluminio, un 77 % de encarecimiento del coste del cobre o un 50 % del de
la madera. A esa subida fulgurante de los precios de los materiales hay que sumarle además el incremento del precio del petróleo y sus derivados, que es ya superior al 180 %. Esto, además de tener su margen, lógicamente, en la incidencia de los
costes generales de cualquier funcionamiento de empresa de la construcción, está también provocando una tensión en los derivados, por ejemplo, dcl petróleo. Ello, junto con el encarecimiento de los precios de la energía, que sigue mermando a las
familias y a las empresas, supone un cóctel explosivo.
Este encarecimiento de las materias primas, señorías, está amenazando realmente la viabilidad de miles de proyectos de obra pública. A día de hoy, es desolador saber que el 40 % de las empresas españolas, cuatro de cada diez empresas, se
han visto obligadas a cancelar o paralizar alguna de sus obras. Por si fuera poco, a esa crisis de precios hay, además, que añadirle los cuellos de botella que se están produciendo en los mercados de materiales y componentes que están, además,
comprometiendo los plazos contractuales firmados entre empresas y administraciones, con la consecuente derivada que ello tiene: la imposición de penalidades a empresas constructoras y la resolución de contratos, inclusive la prohibición de
contratar con la Administración para algunas de ellas. Un problema que está afectando, sobre todo, a pequeñas y medianas empresas -que son, además, las que no pueden acudir a fórmulas de revisión de precios- de toda la geografía española, que
contratan con el Estado, que contratan con las comunidades autónomas, que contratan con los pequeños ayuntamientos, de todos los tamaños y de todos los colores. Este no es un problema, además, surgido ayer; es un problema que el Gobierno tiene
sobre la mesa desde hace nada más y nada menos que al menos nueve meses, pero del que no ha mencionado ni una sola palabra ni ha hecho una buena acción. Países como Italia, Francia, Alemania o Escocia ya han puesto sobre la mesa y han elaborado sus
diferentes estrategias frente a un problema que también compromete, lógicamente, la economía de esos países y todas ellas comprenden la posibilidad de la revisión de precios de los contratos en vigor para situaciones anormalmente al alza y, también,
la posibilidad de modificar los plazos de ejecución de los contratos. Incluso se ha llegado a la habilitación de un fondo nacional, en Italia, de 100 millones de euros destinados a financiar esos modificados contractuales, y les voy dando una idea,
señores del Gobierno, por si se les ocurre actuar en el BOE. Todas las economías de nuestro entorno han comprendido la gravedad de una situación que puede devastar un sector económico con una dimensión suficiente como para que se trate de buscar
una solución de Estado, ya que es un problema de Estado. Y eso es lo que el Partido Popular pide. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Para finalizar, y como ahora vendrán los amigos de la demagogia a decir que lo que estamos planteando es salvar a los empresarios especuladores, diré que no se trata de salvar a ningún empresario, de lo que se trata con esta PNL es de salvar
a empresas viables, a miles de empresas viables hoy comprometidas, se trata de salvar miles de obras que hoy están empantanadas, se trata de salvar a todo un sector económico, de salvar miles de jornales de trabajadores que no están siendo
contratados y se trata de salvar a otros tantos que van a ser despedidos. Se trata, por tanto, de la economía real de un país que tiene un Gobierno que no está en los problemas reales. Por eso la importancia de esta PNL para nosotros, porque
apoyarla es arrastrar al Gobierno a que legisle en esta materia. En quince días puede traer el Gobierno un decreto a esta Cámara, a estas Cortes, que contaría, seguro, con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas; una figura, la del decreto,
que ha usado y de la que ha abusado hasta la extenuación en esta legislatura. Por eso, les pido su apoyo para esta iniciativa que, sin duda, creemos de interés general.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Castellón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
En este período crítico de la economía nacional en la que la inflación, los costes energéticos y la pandemia han trastocado los ritmos en todos los ámbitos de la sociedad y los precios en los mercados de
combustibles, materiales y suministros, resulta muy oportuno y necesario que el Gobierno se aplique con urgencia a la adaptación de las leyes relativas a los contratos de obra pública. Se trata, efectivamente, de salvar la economía real del
país y el empleo de muchísimos trabajadores. La proposición no de ley que ha defendido el señor Castellón Rubio promueve el acento reformista en dos leyes relativamente jóvenes, elaboradas y aprobadas en tiempos de diáfano crecimiento económico
durante el fructífero periodo de Gobierno de Mariano Rajoy, que sacó a España de la situación ruinosa a la que nos había arrastrado el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero.
Una primera ley, la de Contratos del Sector Público, en la que actualmente se contemplan varios tipos de trámites que flexibilizan y agilizan los procedimientos de contratación y que son, a su vez, respetuosos con la normativa comunitaria es
a la que aboca la reforma a través de esta proposición no de ley. En este sentido, cabe hablar de la denominada tramitación de urgencia, que puede emplearse en contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación por
razones de interés público sea preciso acelerar. También en esta misma ley se habilita la agilidad, mediante el empleo del procedimiento negociado sin publicidad, ante contratos que demanden una pronta ejecución y que no puedan ser resueltos por la
tramitación de urgencia. Para estos casos los plazos se ven acortados. Finalmente, existe la tramitación de emergencia, que es un procedimiento aplicable a situaciones catastróficas de grave riesgo o de necesidades que afecten a la defensa
nacional. Esta Ley de Contratos del Sector Público con las variables de urgencia, flexibilidad y emergencia no habilita para modificar las condiciones previstas para los contratos públicos de obra en precio y en plazo cuando existe una presión
extraordinaria de costes, que es lo que está pasando hoy en el periodo de pandemia, con las secuelas económicas que están disparando los precios de las materias primas y, por lo tanto, elevando los costes hasta el punto de que hay severos problemas
para las licitaciones. (Rumores). Valga como ejemplo...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Martínez Oblanca.
Señorías, les pido un poco de silencio, por favor. Gracias.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Gracias, señora presidenta.
Valga como ejemplo, decía, lo sucedido recientemente en Asturias con la ampliación del hospital de Cabueñes, en Gijón, obra sin licitadores por tener unos precios calculados antes de la pandemia. La consecuencia de esta licitación fallida
obliga a rehacer todo el expediente, lo que supondrá un gran retraso en la ejecución de una obra pública de interés general como es un nuevo equipamiento hospitalario. Con la inclusión en la Ley de Contratos del Sector Público de una fórmula de
actualización extraordinaria de los precios de los materiales recogidos en los contratos de obra pública en vigor y que además, como se insta en la proposición no de ley, esto se contemple en todos los pliegos de tramitación se podrían evitar estas
situaciones.
Señorías, existe una segunda ley a la que se insta a la reforma, que es la de desindexación de la economía española, que tiene efectos sobre el sector público estatal, autonómico y local, comprendiendo los precios públicos, tasas, precios y
tarifas reguladas, subvenciones, prestaciones, ayudas, multas y sanciones entre otros. Esta norma vigente desde 2015 evita los denominados efectos de segunda ronda, es decir, que el aumento del precio de un bien o servicio haga subir el IPC y que
ello repercuta automáticamente en el aumento del precio de otros bienes o servicios por estar simplemente indexados a otros índices. Es una norma concebida cuando el nivel de inflación, medida en este caso por el índice de precios al consumo,
estaba en torno a 0 %. De hecho, entonces el riesgo era de deflación, mientras que hoy el peligro aparece en la pérdida de competitividad derivada de la subida de precios.
En definitiva, ante situaciones excepcionales, cabe habilitar remedios legislativos excepcionales para evitar a las obras públicas los graves trastornos derivados de la montaña rusa en la que se han convertido los precios de la energía, los
materiales básicos y la escasez de determinados suministros. Esta proposición no de ley del Grupo Popular promueve tales remedios legislativos, de ahí que contará con mi voto favorable, porque, en definitiva, hay miles y miles de pequeñas y
medianas empresas que están atravesando una situación muy angustiosa derivada de los grandes encarecimientos de materiales y de los carburantes. El Gobierno no puede permanecer impasible ante esta circunstancia que afecta gravemente a la obra
pública y al empleo. De ahí la pertinencia de esta iniciativa parlamentaria.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on.
Creo que ya se ha dicho aquí en numerosas ocasiones, pero es verdad que en los últimos tiempos estamos asistiendo al incremento importante del precio de materiales provocado por los cuellos de botella y por el aumento de los precios de la
energía, materias primas que son esenciales, desde luego, en muchos sectores, pero principalmente en el sector de la construcción. Es un problema que tampoco es exclusivo de España pues, según datos del sector, los materiales se han encarecido en
torno a un 20 o 22 %, y esto está llevando a que haya retrasos en las obras, se estén incumpliendo contratos y que queden descubiertas determinadas licitaciones por el tema del precio en un momento clave en el que estamos inmersos como es el de la
recuperación económica. Lo cierto es que el sector de la construcción ha puesto de manifiesto este problema y ha solicitado la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de desindexación de la economía.
El Grupo Parlamentario Popular ha recogido el guante y, de hecho, pone el foco en este problema, y por eso nos habla de modificar estas dos leyes, la ley de contratos y la de desindexación, una ley que, es verdad también, fue propiciada por
el PP. Fíjense que el anterior portavoz de mi grupo, el señor Azpiazu, ya avanzaba cuando se debatió esta ley que, según en qué momentos, a la economía le puede venir bien algo de inflación para reactivarse. Lo cierto es que no previeron que se
pudieran dar situaciones excepcionales y quizás, si se hubiera hecho, a lo mejor no estaríamos en este debate.
En el ámbito de los contratos públicos existe la posibilidad de corregir el precio del contrato por la vía del mecanismo legal de la revisión de precios, una revisión periódica y predeterminada, pero lo cierto es que este mecanismo está
limitado por la Ley de desindexación de la economía a determinados contratos y, además, por otros se limitan los componentes que son objeto de revisión, porque no pueden ser objeto los costes asociados a las amortizaciones, costes financieros ni,
incluso, el beneficio industrial. Asimismo, el órgano de contratación en los casos que proceda puede establecer el derecho a la revisión periódica y predeterminada de los precios mediante la fijación de una fórmula predeterminada, y el Consejo de
Ministros aprueba también fórmulas tipo para revisar estos precios para determinados contratos que resulten convenientes. Sin embargo, las soluciones propuestas hoy por el Grupo Popular no dan solución ni a los contratos civiles ni tampoco a la
retroactividad, porque una reforma de la Ley de contratos y de la Ley de desindexación no tiene efecto retroactivo y, por tanto, no puede aplicarse a los contratos ya existentes, sino a los contratos a futuro.
Es el momento de una solución, de una respuesta que, entendemos, ha de ser transitoria y, desde luego, para un momento de circunstancias extraordinarias y concretas. Quizás, para que pudiera ser aplicable a los contratos existentes, se
debería al menos explorar la revisión de esas fórmulas para ajustar los precios al impacto real de los incrementos de los materiales, e incluso a lo mejor habilitar mayores plazos para la ejecución de esos proyectos o esas obras. Como bien se ha
dicho por el Grupo Popular, en Francia han calculado un porcentaje de incremento por ley y han establecido mecanismos de corrección de precios para obras futuras. Conocemos, al menos por la prensa, que se está estudiando alguna fórmula en este
sentido para poder revisar los precios.
Creemos, señores del PSOE, que es el momento de dar respuesta a este problema y que es hora de utilizar esa fórmula magistral que utilizan ustedes tan a menudo de real decreto, que utilizan de forma ordinaria y que, sin embargo, hoy tendría
una razón de ser ante un problema que es urgente y coyuntural. Además, les recuerdo que ya ustedes, en la Ley de Contratos del Sector Público, presentaron enmiendas para no aplicar la Ley de desindexación a determinados contratos de concesión de
obras y servicios introducidos en los pliegos de contratación e introduciendo fórmulas de revisión periódica y predeterminada de precios que podían referirse a índices de precios.
No estoy de acuerdo, señores del PP, con que una PNL, si sale adelante o se vota afirmativamente, obligue al Gobierno. Creo que no, y lo hemos visto en numerosas ocasiones, pero sí creo que pone el foco en un problema que existe y que es el
momento de que el Gobierno dé una solución. Es verdad que, para nosotros, las propuestas del Grupo Popular no son las adecuadas, pero hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, que pone el foco en un problema importante que el Gobierno creemos que tiene
que resolver, porque es conocedor de esta situación al menos desde verano y que ahora se ha agudizado, y en la que, según la
secretaria de Estado, están trabajando junto con el Ministerio de Hacienda para afrontar esta coyuntura. Creemos que es el momento de ser sensibles y, salga o no salga esta PNL, creemos que es el momento de dar respuesta y, desde luego, les
animamos a ello.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes de nuevo.
Debatimos ahora una cuestión que pudiera parecer árida, pero que tiene gran importancia para quienes creemos en la economía de mercado: hablamos de la flexibilidad legislativa para que las normas puedan adaptarse a las circunstancias, para
que la realidad no vaya muy por delante de nosotros y para que la actividad económica se traduzca en prosperidad para las empresas y en bienestar para los ciudadanos. La Ley de Contratos del Sector Público, así como la Ley de desindexación de la
economía española del año 2015, han creado un marco rígido que dificulta la actualización de las condiciones contractuales en función de la evolución del IPC. Es cierto que en un contexto de inflación moderada esta rigidez no podía suponer un
problema especialmente grave, pero con las recientes cifras de inflación -superiores, recordemos, al 5 %- esta rigidez puede poner en apuros a empresas concesionarias que ven incrementar sus costes, los costes de sus suministros, sin poder ajustar
la retribución. En Ciudadanos llevamos mucho tiempo señalando que la Ley de desindexación supone un lastre para las inversiones que tanto está necesitando nuestro país, la última vez, sin ir más lejos, en los Presupuestos Generales del Estado,
tanto en las comparecencias de los presupuestos con la secretaria de Estado de Transportes como en una de nuestras enmiendas para modificar esa Ley de desindexación, la 412, paliando las carencias actuales, que ya sabemos que no fue aceptada por el
Gobierno; enmienda que, por cierto, también planteamos en la tramitación presupuestaria del ejercicio anterior.
Como liberales, en Ciudadanos nos imponemos el deber de cuadrar cuentas y reconocemos la función de esta ley a la hora de contener el gasto de las administraciones, pero no podemos ignorar que se está trasladando a los concesionarios
prácticamente todo el riesgo de la evolución de los precios, y no podemos -por supuesto que no podemos- dejar a nuestras pequeñas y medianas empresas y a nuestros autónomos que carguen solos con los sobrecostes que muchas veces tiene su origen en
una mala gestión política; no podemos dejarles solos trabajando en circunstancias que puedan llevarles a la quiebra.
Dijimos entonces, y reiteramos ahora, que creemos que se debería hacer un esfuerzo por parte del Gobierno. Ya anticipo que estaríamos dispuestos a trabajar y a colaborar en este sentido. Ha dicho su señoría del PP que podríamos estar
hablando también de un paquete de... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Sí, gracias.
La señora PRESIDENTA: Puede continuar.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.
Decía que es necesario hacer un esfuerzo -y se lo pedimos al Gobierno, y si necesita que trabajemos en esa dirección aquí está mi grupo parlamentario- para sacar adelante una solución equilibrada que tenga en cuenta los intereses del Estado
y de las empresas concesionarias, pero, sobre todo, de la sociedad española. Para colmo de males, la actual disrupción en las cadenas de suministros globales no ha hecho sino agravar este problema. Así, hemos pasado de unas condiciones que
desincentivaban la inversión y la colaboración público-privada por riesgos abstractos a un daño muy real y cierto, con una inflación que excede del 5 % y con productos industriales cuyo precio se ha disparado. Y da igual de lo que hablemos;
podemos hablar de semiconductores y microprocesadores hasta las energías o los fertilizantes.
Otra cosa que me gustaría comentar es que sus señorías se quiten las gafas ideológicas y dejen de ver la colaboración público-privada como el mal. Esto es fundamental a la hora de acometer determinadas inversiones que por su cuantía y
envergadura no podrían ser financiadas por el Estado en solitario, por el sector público, y tiene que entrar la colaboración privada. Como saben, además, uno de los primeros obstáculos que tiene esa intervención privada es que la legislación limita
la rentabilidad de los proyectos, que se sitúa solo en 200 puntos básicos por encima de la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años.
Esto también lo sabe la ministra de Hacienda. El ministerio está capacitado para resolver esta limitación, no solo la de la colaboración público-privada y las rentabilidades de la legislación, sino también la Ley de desindexación y la de
contratos del sector público. Incluso por real decreto -ahora sí, tanto que les gusta el uso del real decreto- podrían hacerlo modificando esta ley. Apoyaremos la iniciativa del Grupo Popular, si bien es cierto que echamos en falta un poco de
autocrítica por parte de sus señorías populares, pues su texto oculta el hecho de que la Ley de desindexación fue creada por el Partido Popular con mayoría absoluta.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, la Ley 2/2015 en su exposición de motivos hablaba de una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la contratación pública. La intención de aquella ley era evitar los efectos perversos de la indexación sobre la inflación,
conocidos como efectos de segunda ronda. La iniciativa que se trae hoy aquí plantea relajar ese régimen; de hecho, hay que abordar el tema con la perspectiva de que la contratación pública constituye prácticamente el 20 % del PIB y esta
contratación pública, que constituye prácticamente el 20 % del PIB, está llena también de muchas pymes y de muchos autónomos que sufren, como se ha apuntado anteriormente, la realidad económica que nos toca vivir, como luego señalaré. La Ley 2/2015
modificó incluso el artículo 89 de la Ley de Contratos del Sector Público, aquel que afecta a la revisión de precios y a la procedencia y límites de esta revisión. Y para acabar de abordar esta materia y su régimen jurídico, dos años después de
esta Ley 2/2015 aparecía al Real Decreto 55/2017 con todo el desarrollo reglamentario, articulando ese punto de inflexión en la revisión de precios. Ya no se trataba de un derecho propiamente, sino de un régimen de reequilibrio económico vinculado
a la evolución de los costes.
En relación con este marco normativo que constituye la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de desindexación y el reglamento, tenemos que ser honestos y reconocer que es altamente restrictivo y en todo caso muy limitado y poner esta
situación y este régimen jurídico totalmente restrictivo y limitado en correspondencia con la situación excepcional que vivimos actualmente. ¿Por qué es excepcional? No es difícil de indicar. En primer lugar, la pandemia sigue con sus últimos
coletazos y los ERTE, una medida que el Gobierno ha utilizado sistemáticamente, se siguen prorrogando. Otra razón por la que es excepcional es por los números que aparecen sobre la inflación y la posible inflación anual que se pueda derivar. Los
precios de los suministros, los combustibles y las materias primas, todo ello contribuye a hacer un paquete completo que dificulta especialmente la evolución de los costes y las cargas que tiene que soportar este 20 % del PIB que decíamos que
constituye la contratación pública. Por este motivo entendemos que sí, que se produce una situación excepcional y que, por tanto, correspondería hacer una revisión de este régimen jurídico que les he apuntado anteriormente. Vamos a apoyar esta
proposición en la medida en que, ante una situación excepcional claramente acreditada, correspondería flexibilizar al menos de modo temporal o excepcional la capacidad de revisión de los precios y la situación de desindexación de la inflación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Buenas tardes, señorías, presidenta.
Ya en la primavera de este año se hacían evidentes en nuestro país determinadas tensiones inflacionarias originadas a nivel internacional, en los mercados de materias primas, energéticos, de hidrocarburos. Ya se han citado aquí algunas
cifras en relación con el acero o con el aluminio, microchips, madera. Está claro que la crisis desatada en marzo del año pasado ha supuesto un shock a escala global. Lejos de haber caído en un maleficio diabólico, fruto de sus veleidades
socialcomunistas, como pretende hacernos ver la derecha, España ha sido, o más bien es, una víctima colateral más en el reacomodo que ciertas potencias como la República Popular China, Rusia o Estados Unidos están protagonizando sobre
el tablero mundial; reacomodo, por cierto, acelerado al calor de esta pandemia. Por tanto, señorías, aquí no caben exorcismos. Esto es geopolítica en el sentido más literal que le diera el señor Kipling allá sobre finales del XIX. En
estos días lo llamamos también globalización; algunos, de forma algo pedante, lo llaman globalismo como si hubieran inventado el agua tibia. El caso es que, en lugar de pretender el regreso a una autarquía imposible y, por cierto, traumática para
nuestra memoria colectiva, tal y como nos proponen los ultras, muchos pensamos que toca afianzar alianzas estables con nuestros vecinos y, desde esas plataformas, procurar una gobernanza algo más justa y democrática de un mundo hoy desgobernado, en
gran medida desregulado.
Pero volviendo al problema real que tiene España hoy, la inflación -con niveles que no se habían visto en los últimos veinticinco años, cierto, que despiertan un viejo fantasma entre aquellos que vivieron los fatídicos años setenta y
ochenta- es un problema que afecta en realidad a todos los agentes económicos. Les he oído decir en alguna ocasión, señorías de la derecha, que la inflación es un impuesto a los pobres, a los trabajadores. Y no tiene por qué ser así. Afecta,
desde luego, al poder adquisitivo de los trabajadores, a sus salarios y a sus pensiones, pero también al autónomo y a su pequeño negocio, al taller de chapa y pintura, a la panadería del barrio, a la peluquería de la esquina, y también, por cierto,
a las empresas, pequeñas y grandes, que acceden a la contratación pública como mencionan en su iniciativa, señorías del PP, así como a las que no acceden. ¡Qué demonios, por afectar, afecta también a los rentistas más perezosos! El problema es que,
llegados a este punto, y para evitar los llamados efectos de segunda ronda que iniciarían inevitablemente una espiral inflamatoria, los tecnócratas comenzaron a popularizar ya en los años setenta la famosa desindexación, un palabro horrible, feo,
que viene a cortar la fiebre inflacionaria de raíz y que históricamente se ha tendido a aplicar como acicate drástico, principalmente sobre la masa salarial, es decir, en contra de los trabajadores.
No hace tanto, en la reforma de pensiones del PP del año 2013, su desindexación, es decir, la incorporación del factor de sostenibilidad, fue vendida como un auténtico éxito cuando no hizo sino desproteger aún más a los pensionistas de
nuestro país. El apogeo de esta doctrina llegó a España en el año 2015 cuando el Gobierno del señor Rajoy aprobó la Ley 2/2015, que ya se ha citado aquí; un texto que pretendía dar por finiquitado el fenómeno inflacionario como problema económico
en un contexto en el que, efectivamente, los niveles eran históricamente bajos.
En todo caso, no puede dejar de ser materia de máxima preocupación por parte de todo Gobierno enfrentado a la tensión propia de un ciclo inflacionario como este. De hecho, nos consta que este Gobierno está ya estudiando medidas paliativas
centradas precisamente en minimizar las distorsiones que se derivan de este fenómeno y en atender a los sectores más afectados. Y digo bien más afectados porque afectados, como decía antes, lo somos todos en mayor o menor medida. Entonces, ¿por
qué el Partido Popular decide presentar una iniciativa en la que señala solo y exclusivamente a determinadas empresas contratistas como víctimas de este ciclo? ¿Acaso es que la consiguiente pérdida de poder adquisitivo por parte de los asalariados
y pensionistas no es digna de su atención? Quizá las tensiones obvias que están viviendo los autónomos y las pymes por este fenómeno no son lo suficientemente relevantes para el Partido Popular. ¿Qué ha pasado para que, de entre toda la larga
lista de perjudicados, el Partido Popular haya decidido salvar de la quema a un único subsector específico?
Bien, si me piden una respuesta certera, precisa, les diré que no tengo ni idea. Ahora bien, señor Castellón, le puedo decir que no compartimos las opiniones, pero desde luego sí que debo alabar sus dotes predictivas porque ciertamente le
voy a entrar por donde usted preveía. Tirando de Google e hilando algunos hilos uno percibe un cierto patrón. Resulta que ya desde antes del verano la patronal de la construcción viene reclamando medidas en este sentido y parece que desde entonces
han puesto en marcha la máquina lobista, y adivinen quien acudió presto a la llamada de la patronal. Se lo digo yo: el partido que ha hecho del ladrillo su único programa de desarrollo económico, el principio y el fin de toda su política, el
partido que se financió ilegalmente a través de adjudicaciones irregulares de obra pública, según han acreditado los tribunales.
La señora PRESIDENTA: Señor Guijarro, tiene usted que terminar.
El señor GUIJARRO GARCÍA: En definitiva, el partido que quiso convertir España en el patio trasero de sus amigotes -y termino ya con esto, presidenta- y que hoy le pasa la factura por los servicios prestados, es decir el Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez. (Aplausos).
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia.
Señorías, como diputado por Cantabria, quiero hoy aquí mostrar mi apoyo y el de mi grupo parlamentario a los ganaderos de leche, que hace unos días se manifestaban por la ciudad de Santander y a los que este Gobierno socialcomunista tiene
abandonados (aplausos), al igual que también los tiene abandonados el Gobierno regional socialista de Miguel Ángel Revilla, que en estos momentos está más preocupado por comparar si es más popular él o el alcalde de Vigo. (Aplausos). Abandonados
también tiene este Gobierno a los trabajadores del sector de la construcción de obra pública, que están temerosos de la pérdida de sus puestos de trabajo por cuanto el Gobierno, sabedor de los problemas desde hace meses, no ha hecho absolutamente
nada. Como nosotros repetimos y no nos cansamos de ello, tenemos el peor Gobierno en el peor momento.
Mi grupo parlamentario va a votar a favor de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular por cuanto entendemos que fundamentalmente toda esta elevación del precio de los materiales -aquí se ha dicho antes- con porcentajes por la
subida del acero, del aluminio, del cobre, de la madera, así como por el incremento de los precios del petróleo y de sus derivados, que se calcula que aproximadamente en obra pública ha supuesto este último año un aumento medio del 22 % respecto de
los precios en que se licitaron las obras, como decía, todo esto está ocasionando que los trabajadores tengan miedo al cierre de las empresas, tengan miedo a perder sus puestos de trabajo.
En el mes de agosto, se hizo público un informe que encargó la Confederación Nacional de la Construcción, en el que quedaba claramente de manifiesto que el 40 % de las empresas del sector en el último año habían abandonado obra o habían
cerrado la propia empresa. Hablamos del mes de agosto y el Gobierno no hecho nada desde agosto hasta aquí, estamos en diciembre, y por supuesto ese porcentaje habrá subido considerablemente.
Todo esto viene como consecuencia de las reformas que se llevaron a cabo en la legislación de contratación pública y, en concreto, en su momento, con la Ley 2/2015, de Desindexación de la Economía Española, en la que se limitó de una forma
-en ese momento se entendía que era necesario por la coyuntura económica que vivía España- que dejó la revisión de precios de materiales en la contratación pública como algo muy excepcional. De tal manera que se tenían que cumplir tres requisitos:
el primero, que se recogieran los pliegos de condiciones que rigieron las licitaciones de los contratos; el segundo, que se hubiera ejecutado al menos un 20 % de la obra adjudicada, y el tercero, que hubieran transcurrido al menos dos años desde la
formalización del contrato público.
Pues bien, las pequeñas y medianas empresas, que son las grandes perjudicadas, no cumplen esos requisitos. En primer lugar, porque estas empresas licitan obras que podíamos calificar de pequeña o mediana cuantía y en dichas obras los
órganos de contratación no recogen en los pliegos la posibilidad de la revisión de precios de los materiales, y en segundo lugar, porque son obras cuyos plazos de ejecución son inferiores a los dos años. Por tanto, son estas pequeñas y medianas
empresas -que son las que constituyen realmente el sector productivo en España- las que están sufriendo esta pasividad del Gobierno al respecto.
Las señorías de la izquierda presumen mucho de defender al obrero; es más, el Partido Socialista en sus siglas lleva la letra o, de obrero, pero a la hora de la verdad, como podemos comprobar, dejan a los obreros tirados en las cunetas.
(Aplausos). Pero para paliar eso está VOX aquí, porque desde VOX vamos a defender a nuestros obreros, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, a nuestros agricultores, a nuestros comerciantes, a nuestros emprendedores... Y no es que VOX esté
solo, es que solo queda VOX.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Del Valle. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Vilches Ruiz.
La señora VILCHES RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Miraba un lobo en ayunas, buscando pelea y atraído por el hambre, a un cordero mientras este bebía en el arroyo. Buscaba un pretexto para devorarlo. Primero, le acusó de enturbiar el agua, aunque el
cordero bebiera de la parte baja del arroyo. Después, le acusó de haberle injuriado el año anterior, aunque el cordero no hubiera nacido entonces. El lobo, no escuchando argumentos ni justificación alguna, no lo dejó ir. Siempre serás mi
cena, sentenció el lobo mientras devoraba al cordero. Señorías, esta vieja fábula de La Fontaine explica de forma muy sencilla las pretensiones del Partido Popular trayendo a debate esta PNL, y es que para quien tiene hambre de voto y su único afán
es atacar al Gobierno no caben argumentos ni justificaciones. (Aplausos).
Piden que se puedan revisar los contratos de obra en el sector público y medidas compensatorias para que ese sobrecoste, que es coyuntural por el alza de los precios de algunas materias primas, sea compensado por la Administración pública.
Muy bonito para una PNL, pero es que realmente no concretan nada ni especifican acciones. Lo que sí es llamativo es que el Partido Popular sea el que proponga modificar la Ley de indexación, que la hicieron ellos, cuando además gestionaron la
anterior crisis y muchos contratos se pararon, sobre todo de alta velocidad. Pero es que hoy, en una situación mucho más compleja, ADIF y Carreteras del Estado han podido encontrar soluciones y continuar con sus obras. Sin embargo, una vez más,
vuelven a usar la inflación para atacar al Gobierno cuando es una problemática con respecto a los precios de algunas materias primas que no se producen en este país, sino que es un fenómeno global.
No concretan nada, como decía, y tampoco delimitan el coste económico. ¿O es que esa revisión al alza de los precios sería a costa de los presupuestos de las administraciones públicas? ¿Cómo se lo explicarían a las comunidades autónomas,
entidades locales o diputaciones? Tampoco concretan la mayor carga administrativa al plantear una nueva fórmula de actualización extraordinaria de los precios de las materias primas, ya que aumentar la periodicidad de las reuniones del Comité
Superior de Precios de Contratos del Estado no altera que finalmente al contratista se le pueda compensar por el alza de los precios, si es que se les compensa igualmente. Tampoco plantean cómo armonizar su propuesta con el marco legal nacional y
europeo vigente en materia de contratación pública. Como digo, en definitiva, es una PNL abstracta y vacía de contenido.
Pero el Gobierno, totalmente consciente del problema que se plantea para algunas empresas por esa subida de precios de determinadas materias primas, que aunque sea temporal sí puede comprometer la viabilidad económica de algunos proyectos,
está estudiando medidas concretas y específicas en el ámbito de la contratación pública para que esas realidades particulares encuentren solución y para dar una respuesta concreta respetando los principios que inspiran la legislación nacional y
europea, dotando de seguridad tanto a contratistas como a empresas, que los pliegos de los contratos públicos puedan articular mecanismos de revisión de precios y que sean eficaces, que tengan en cuenta la evolución de los precios durante su
ejecución. Por lo tanto, es necesario atender al resultado de esos análisis y abordar medidas específicas, pero también eficaces.
Por todo lo expuesto, nuestro voto será en contra porque, tal y como enseña la fábula de La Fontaine, para quienes quieren hacer el mal de nada valen argumentos ni justificaciones.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vilches. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MARTÍNEZ OBLANCA), SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA EN RELACIÓN CON LA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE PAGO O TARIFICACIÓN POR EL USO DE VÍAS RÁPIDAS DE
ALTA CAPACIDAD, ASÍ COMO LA ELIMINACIÓN Y BONIFICACIÓN DE PEAJES CON ESPECIAL REFERENCIA AL EJE RADIAL ASTURIAS-MADRID QUE INCLUYE LA AP-6 (VILLALBA-ADANERO) Y LA AP-66 (AUTOPISTA DEL HUERNA). (Número de expediente 173/000111).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca, sobre las previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en
relación con la implantación de nuevos sistemas de pago o tarificación por el uso de vías rápidas de alta capacidad, así como la eliminación y bonificación de peajes, con especial referencia al eje radial Asturias-Madrid que incluye la AP-6,
Villalba-Adanero, y la AP-66, autopista del Huerna.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Con el precio de la luz en cifras récord, la inflación en plena escalada y la cesta de la compra por las nubes la economía española está atravesando uno de sus momentos más críticos, y todo apunta a que afrontamos un periodo de indefinida
duración y de imprevisibles consecuencias. A las secuelas de la pandemia de COVID-19 que azota al mundo desde hace casi dos años, agudizada ahora por la sexta ola de contagios y la aparición de la variante ómicron, se suman los aciagos efectos de
la gestión de los Gobiernos de Pedro Sánchez camuflada por su propaganda, arropada por su abundante cobertura mediática y culminada con una pésima Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022, que va a suponer otra losa muy pesada para el presente
y el futuro de los españoles.
En esta deriva irresponsable y letal a la que nos arrastra la coalición socialcomunista, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sacado del tarro de las esencias recaudatorias una nueva fórmula para vaciar el bolsillo de
los españoles a partir de 2024; se trata del peaje por el uso de las autovías, lo que en la jerga analgésica de la Moncloa se denomina tarificación por el uso de vías rápidas de alta capacidad. En definitiva, un monumental sablazo con el pretexto
del mantenimiento y la conservación de las carreteras que históricamente se habían hecho y se deberían seguir haciendo con cargo a las cuentas públicas.
Esta innovadora tarifa sacacuartos, promovida por la prolífica factoría fiscal e impositiva sanchista, convulsionará más aún al sector del transporte, que la semana que viene tiene previsto realizar un paro patronal en protesta por los
incumplimientos del Gobierno en diferentes medidas acordadas en febrero de 2020 y las constantes subidas de los precios de los carburantes: otra mina recolectora. Con mi moción, en aras de una correcta orientación política, solicito al Congreso de
los Diputados que exprese su rechazo frente a este peaje y, en consecuencia, que se inste al Gobierno a declinar la aplicación de este repago porque sin la menor duda supondría un perjuicio para la economía de España y un nuevo gasto de importante
impacto socioeconómico para todos los ciudadanos.
Señorías, sin salir de la desquiciada y desquiciante política recaudatoria en torno al transporte por carretera, el segundo de los puntos de la iniciativa promueve la planificación urgente de la supresión de los discriminatorios peajes que
afectan al eje radial viario con Madrid, que incluye la AP-6, Villalba-Adanero, y la AP-66, autopista del Huerna. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, perdón, señor Martínez. (Pausa).
Cuando quiera.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, presidenta.
No obstante, permítanme que haga una parada ferroviaria para dejar constancia que el pasado viernes, doce días después de producirse el descarrilamiento de una locomotora y cuatro vagones de un tren de mercancías, quedó habilitada la única
vía ferroviaria que comunica Asturias con la meseta. Este bloqueo total durante casi dos semanas y otras múltiples incidencias a lo largo de cada año reflejan las grandes dificultades de comunicación de Asturias, que se agudizan en invierno. De
ahí que este sea un motivo añadido para que el criterio de interés general sea de prioritaria aplicación en la cancelación del peaje por el uso de la autopista del Huerna, que comunica el Principado y León. En aras de ese interés general aplicado
este mismo año 2021 por el Gobierno para otras autopistas españolas, rechazo que los asturianos y los habitantes de las zonas del noroeste peninsular vinculados al eje radial con Madrid continúen penalizados por su uso y, al igual que se ha hecho
con otras vías concesionadas objeto de peaje, se proceda a su cancelación en esta XIV Legislatura.
La extensión de la concesión del peaje de la autopista del Huerna, que comenzó a computar el pasado mes de octubre, permitió en el momento de su aprobación, a finales de los pasados años noventa, gobernando el Partido Popular, la
transformación del proyecto socialista de autopista de peaje entre León y Benavente, en Zamora, en autovía de uso gratuito, así como una rebaja de un 7 % en el recorrido por el Huerna que se ha mantenido desde entonces. Paralelamente, con los votos
reiterados y contumazmente contrarios del Partido Socialista en esta Cámara, el mismo Gobierno del Partido Popular puso en marcha el gigantesco proyecto de la variante de Pajares, con moción ferroviaria para el transporte de pasajeros y mercancías.
Señoras y señores diputados, frente a quienes aseguran como inasumibles los costes de la cancelación de esta concesión extendida hasta 2050, contrapongo los compromisos solemnes realizados por el Gobierno de Zapatero para suprimir este pago;
compromisos derivados de la campaña electoral de 2004, tras la que fue elegido presidente, de la aprobación del plan del noroeste en un posterior Consejo de Ministros extraordinario celebrado en León y, por si fuera poco, la aprobación por el
Ministerio de Fomento de lo que se dio en llamar la autovía de Pajares, una alternativa gratuita al Huerna con la que se pretendía desdoblar la carretera N-630 en su recorrido de 80 kilómetros entre La Robla y Campomanes, es decir, entre León y
Asturias. Aquel proyecto, incluido en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, PEIT, elaborado por la ministra Magdalena Álvarez, inició sus primeros trámites y fue posteriormente descartado a hurtadillas. Por cierto, al hablar de
seguridad vial en el Huerna, quiero resaltar que el Gobierno mantiene olvidado en el tiempo la construcción de un estacionamiento invernal para camiones con una superficie de 54 000 metros cuadrados. El proyecto, aprobado en julio de 2018, preveía
un total de 335 plazas. Este proyecto ha sido aparcado, nunca mejor dicho.
En resumen, un no rotundo a la tarificación por el uso de autovías y carreteras en alta capacidad. En aras del interés general el Gobierno debe proceder cuanto antes, sin exceder en esta legislatura, a poner punto final a los distintos
peajes del eje radial viario entre Asturias y Madrid.
Finalmente, en relación con la enmienda presentada por el Grupo de Unidas Podemos, la rechazo de plano por su equívoco contenido, en el que atribuye falsariamente actuaciones dudosas al Gobierno que hizo posible la superación del aislamiento
de Asturias. Leyendo los teletipos, sus episodios internos y eso de la política de cloacas, mal día, hoy, señora Fernández Castañón, para atribuir magullos a los propios e irregularidades a los ajenos. Entre la monarquía, el Supremo, los jueces,
Aznar, Rajoy, la huelga de juguetes y, ahora, la auditoría de infarto en el Huerna están ustedes desatados.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenas tardes.
Hay una distancia de 466 kilómetros entre Xixón y Madrid, un recorrido que se hacen a diario quienes trabajan en el transporte, quienes tienen empleos que implican desplazarse con más o menos frecuencia, quienes han tenido que ir a trabajar
fuera y quienes les extrañan y van a visitarles. Mi generación lleva el nombre de generación Alsa -y créanme que no me entusiasma nada el nombre por muchos motivos- porque los estudios más optimistas hablaban de que entre 2003 y 2004 se habían ido
de Asturies dieciocho mil jóvenes. A mis amigas, a mis compañeras de piso, a las compañeras del instituto y a los vecinos nos decían generación Alsa, pero lo cierto es que la mayor parte de la gente se desplazaba en coche.
Tres años antes de eso, en el año 2000, el Gobierno de José María Aznar, del que forma parte Francisco Álvarez-Cascos, quien luego fundara Foro, decidió conceder una prórroga al peaje de la AP-66, la autopista del Huerna. Se ve que los
cuarenta y seis años concedidos en el año 1975 no parecían suficientes para la explotación del peaje, y decide prorrogarlo hasta el año 2050, veintinueve años más. Bien, cuarenta y seis años desde 1975, echen cuentas, nos lleva al año 2021, y
concretamente, al 17 de octubre. Ese día acababa la concesión de contrato de explotación de la Autopista Concesionaria Astur-Leonesa S.A., Aucalsa.
El Gobierno de José María Aznar en el año 2000, año en el que Francisco Álvarez-Cascos pasó a ser ministro de Fomento, firmó un acuerdo en el que desde mediados de octubre quienes pasan por el peaje del Huerna siguen teniendo que pagar, y
pretende que estemos así otros veintinueve años. Para completar la ironía, resulta que es el partido de Francisco Álvarez-Cascos el que trae esta moción hoy. Voy a pensar -y lo voy a pensar de verdad, porque nos conocemos el diputado proponente y
esta diputada- que es con buena fe, porque, además, me consta que conoce perfectamente la distancia exacta que hay desde esta sede parlamentaria hasta Xixón, y porque, además, sabe también la cantidad de compatriotas y de personas de todo el mundo
que hacen ese recorrido varias veces a la semana, al año o al mes. Le otorgo buena fe, señor Oblanca, porque es palmaria la falta de memoria que le lleva a traer aquí esta iniciativa.
Ahora bien, arremanguémonos, que es lo que ha hecho mi grupo parlamentario dando la batalla con constancia y perseverancia, y creo que bien lo saben otros grupos parlamentarios que una es perseverante y constante cuando se trata de descender
Asturies y lo hemos hecho para reducir hasta la supresión este
peaje. Porque ¿sabe qué, señor Oblanca y señorías del PP? Que la Comisión Europea ya ha resuelto que el peaje de la AP-9 en Galicia, de condiciones análogas, es ilegítimo. Y cuando se tenga que pronunciar sobre el Huerna, ¿cuál cree que
va a ser la respuesta de la Comisión Europea, prorrogado hace veintiún años hasta 2050, siendo un agravio comparativo con respecto al resto de territorios?
Por eso, nosotros le decimos que sí al espíritu de su moción, pero no podemos asumir el nivel de contradicción. Por eso, hemos presentado una enmienda que insta a que se realice una auditoría de esa prórroga. Sepamos las razones, las
consecuencias y los movimientos que llevaron a otorgar ese aumento de tiempo de la concesión. ¿Qué me dice, señor Oblanca, sacamos luz y taquígrafos y entendemos cuáles fueron los barros para los lodos de ahora que a usted también le preocupan?
Porque nosotras queremos, y así lo hemos defendido en negociaciones y con enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, que cada asturiana, asturiano o persona de cualquier parte del mundo que tenga que pasar por el peaje, pague menos hasta no
tener que pagar nada, porque no es justo, porque dificulta la actividad comercial y laboral de muchas autónomas y autónomos, de muchas pymes, de muchas personas trabajadoras y porque es un agravio más hacia quienes se vieron obligadas a irse de
Asturies.
El Congreso -ya lo sabemos- no es una cámara de representación territorial, para eso tenemos el Senado, pero pertenecemos de allí, de donde nos han elegido. Nos debemos a esas personas, es nuestra responsabilidad mejorar sus vidas, y si no,
para qué estamos. Asturies tiene que seguir siendo un sitio al que pueda ir quien quiera, acogiendo, y del que no se tenga que ir nadie a la fuerza, en el que cada proyecto de vida tenga cabida porque tenemos un modelo productivo fuerte acorde con
el país que somos y con la capacidad y los muchos recursos que tiene, sin más extractivismo, sin más falsa reconversión, con industria fuerte, empleo de calidad, medioambientalmente justa y sostenible. Asturies tiene que ser esa tierra a la que
volver.
Termino ya, presidenta. En ese camino, en el de que exista por fin un proyecto para Asturies, debemos facilitar lo posible la actividad y la movilidad, acabar con el agravio comparativo. El compromiso de mi grupo es claro...
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández, tiene que terminar, por favor.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: ... el peaje del Huerna es territorialmente injusto y trabajaremos para suprimirlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo muy brevemente, simplemente para recordar, tanto al señor Martínez como a la señora Castañón, la Directiva 1999/62 de la Comisión Europea y el principio de que quien usa paga, quien contamina paga. Es lo que hacemos en
el País Vasco. El déficit de mantenimiento de carreteras a nivel del Estado es de más de 2000 millones de euros, cuya financiación no se señala para nada por ninguno de los proponentes y es de eso de lo que se trata: cómo se mantienen las
carreteras para que el transporte sea correcto y se ejerza en condiciones desde el punto de vista del transporte de mercancías, pero también desde el punto de vista medioambiental. No podemos aceptar el planteamiento ni del señor Martínez ni el
suyo, señora Castañón.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baradiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, presidenta.
Señor Martínez Oblanca, Ciudadanos va a apoyar su iniciativa, además, porque la consideramos justa, y la consideramos justa, sobre todo, porque -señala usted y en ello coincidimos- este Gobierno solamente ha generado incertidumbre con uno de
sus globos sonda, el famoso pago por uso de los peajes, los pagos simbólicos. Toda una serie de calificativos para definir una misma realidad: que vamos a tener que pagar otra vez o seguir pagando de momento las autopistas y las autovías en España
y, además, de una manera discriminatoria como usted señala en su proposición. Estamos de acuerdo en
que este Gobierno lleva desde hace más de dos años básicamente, o bien con una gran empanada en este tema sin saber qué hacer, o bien con una gran mentira porque sí saben ya lo que van a hacer y todavía no nos lo han dicho.
De hecho, como usted ha referido, en agosto de 2019 oíamos al anterior ministro del ramo, el señor Ábalos, decir que el Gobierno se planteaba un pago simbólico por el uso de las autovías no concesionadas. Lo decía en agosto el mismo
ministro que en diciembre se fotografiaba en la AP-4 y en la AP-7 levantando barreras, orgulloso de haber terminado con peajes. Es decir, quitaban peajes que iban a sustituir por otros peajes y los llamaban simbólicos, como si el dinero con el que
lo íbamos a pagar fuera simbólico, dinero del Monopoly. Eso es lo que parece que nos querían hacer creer.
Desde entonces, todo ha sido un goteo de intenciones, pero que no han propuesto nada en claro. En septiembre de 2020, un informe de trabajo del Ministerio de Transportes manifestaba que acabar con los peajes era insostenible, pero eso se lo
decía a un ministro de un Gobierno que se había presentado a unas elecciones poco antes prometiendo liberar peajes y levantar barreras. En abril de 2021 nos enteramos de que el Gobierno había mandado a Europa el documento que condicionaba la
llegada de los fondos europeos y, curiosamente, aparecía el pago por uso como uno de los compromisos que se hacían ante la Comisión Europea. Por lo tanto, lo simbólico ya empezaba a convertirse cada vez en más real. Un mes después el propio
ministro, ya exministro Ábalos, dice en el Senado que sin consenso no va a haber peajes, que en absoluto, que esto tiene que partir de un acuerdo de todos. Esto lo dice el 11 de mayo de 2021, hace unos meses, y decía que lo único que quería era
abrir el debate. Así hemos llegado a las puertas del 2022 con la convicción de que nos van a imponer nuevos peajes, de que lo van a llamar pago por uso, pero que realmente parece ser que va a ser una medida, ciertamente, medioambiental porque lo
vamos a pagar todos los propietarios de coches según la antigüedad -según se ha filtrado ya-, se pueda o no se pueda cambiar de vehículo en las actuales circunstancias económicas, lo cual agrava más la situación de los españoles. El caso es que la
nueva ministra, la señora Sánchez, que venía a traer aires nuevos al ministerio, ha mantenido la misma postura: nos van a poner un impuesto más. Es un impuesto porque cuando lo llaman pago por uso nos mienten, y nos mienten porque lo vamos a pagar
todos, usemos o no las autopistas y, además, lo vamos a pagar porque no sabemos si ese dinero irá a financiar realmente el mantenimiento de las carreteras que se usan y por las cuales se pagan esos peajes, o se van a utilizar en otras cosas.
Señor Martínez Oblanca, el problema es que nos han engañado y nos han engañado siempre. Nos siguen engañando porque antes nos engañó el Partido Popular, cuando gobernaba, y ahora nos engaña el Partido Socialista gobernando. Ambos apostaban
o bien por prorrogar concesiones y mantener peajes, como hizo el Partido Popular, o bien por quitarlos para volverlos a poner, como hace el Partido Socialista, pero cuando están en la oposición claman y se rompen las vestiduras reivindicando que lo
que hay que hacer es quitar esos peajes. Esta es la vergüenza de ellos.
La posición de Ciudadanos en ese tema va a ser siempre tratar a los españoles como personas maduras y, sobre todo, explicar que las carreteras no son gratis, el mantenimiento de las carreteras no es gratis. Las carreteras hay que
construirla y hay que mantenerlas. Hay que tener un modelo viable y sostenible para construir las carreteras que necesitamos y para mantener las carreteras que construimos. Nosotros queremos hacerlo y queremos explicarlo sin mentir a nadie. Este
Gobierno discrimina a los españoles cuando rescata autopista -porque pasamos a pagarlas todos a través de otro sistema de pago, normalmente, a través de nuestros impuestos- pero mantiene peajes, como usted ha mencionado, en la AP-6 o en la AP-66,
con lo cual, esos conductores que circulan por esas carreteras, al pagar el peaje están pagando dos veces por esa misma carretera, porque no es lo mismo amortizar el mantenimiento que amortizar la propia construcción de la vía. Nosotros vamos a
exigir siempre una propuesta coherente sobre la que podamos debatir y acordar la financiación de la construcción y mantenimiento de vías de alta capacidad, porque si el Gobierno ha decidido ya quitar o subvencionar solo algunos peajes, lo que
reclamamos es que al menos se haga de manera igual para todos los españoles. Lo que vale para unos, vale para todos y vamos a apoyar su proposición porque entendemos que es algo que debe hacerse igual en toda España hasta que tengamos un modelo
sobre el que debatir.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Bas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.
Más allá de este juego perverso de fuerzas políticas que defienden una cosa cuando están en la oposición, hacen la contraria en el Gobierno, vuelven a defender la primera cuando pasan de nuevo a la oposición -y creo que es el caso del
Partido Popular y del Partido Socialista, en relación con el peaje de las autovías, así como del propio proponente que fue miembro del Partido Popular-, el Bloque Nacionalista Galego, como ya defendimos en anteriores ocasiones, está en contra de
implantar una medida como los peajes en las autovías, por lo menos en el contexto actual. Es una medida que, mientras que no cambien las condiciones, entendemos que es claramente antisocial y antigalega, y lo decimos así porque creo que es muy
evidente que desde la perspectiva de un país como el mío, Galiza, esto se entiende perfectamente. Somos un país con una mayor dependencia del vehículo particular, con una posición periférica en la península y en Europa, y, por lo tanto, con mayor
necesidad de vías de alta capacidad para la comunicación y especialmente para que las empresas puedan sacar sus productos al exterior; un país además con gran dispersión de población, pero, sobre todo, un país que carece de transportes públicos
adecuados y especialmente de transportes públicos eficaces, eficientes y sostenibles, como el ferrocarril. Por lo tanto, de ninguna forma se puede hacer pasar una medida como los peajes en las autovías por una medida verde o una medida que
favorezca la transición ecológica porque disuade del uso del vehículo particular. ¿Cómo va a disuadir en Galiza del vehículo particular si no hay alternativa de transporte público? Simplemente, va a encarecer los costes a las empresas y va
encarecer también la vida a los trabajadores y trabajadoras. Por eso hablo de una medida antisocial, y me temo que muchas veces parece que se está diseñando una transición energética solo para ricos, solo para quien pueda pagarla. Primero hay que
poner las bases, para después poder actuar en esa dirección.
Por lo tanto, el BNG se va a oponer a los peajes en las autovías, porque además tenemos pendientes aún algún elemento de justicia, como acabar con los peajes en la AP-9; una y otra vez tenemos que hacer referencia a este problema. El
proponente habla de la A-66, pero hay que recordar que las tres autopistas con concesiones de larga duración que quedan en el Estado español son dos en Galiza, la AP-9 y la AP-53, y una en Asturias y León, la AP-66, precisamente donde probablemente
tenemos más dificultades para la comunicación con el resto de la península y Europa. Pero además -y se dijo aquí- la Unión Europea entiende que la prórroga de las concesiones de la AP-9 es ilegal, la producida por un Gobierno del Partido Socialista
hace diez años y la establecida por otro Gobierno del Partido Popular, de José María Aznar, durante veinticinco años, de forma que la prórroga de la concesión de la AP-9 tenía que finalizar en el año 2013. Llevamos ocho años pagando de más y, aún
por encima, peajes abusivos. Por lo tanto, claramente tenemos que reclamar que el Gobierno actúe y ponga fin a la concesión de la AP-9...
La señora PRESIDENTA: Señor Rego, tiene usted que terminar, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: ... y reclame a la concesionaria la devolución de los peajes cobrados indebidamente.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.
Desde el escaño, solo para comentar dos cuestiones.
La primera es que nuestro grupo parlamentario ha intentado siempre hacer compatibles dos ideas. Una es que las cosas no se pagan solas, con lo cual el pago por uso es una idea que nos parece interesante tener en cuenta. Y la hacemos
compatible con la de que, frente al abuso, que lo ha habido, especialmente en Cataluña y en otros territorios del Estado, donde se concentran las vías de pago de una forma descarada, se trate de forma más equilibrada.
Igualmente, entendemos que este debate solo se puede tener con una visión amplia, que incorpore no solo una parte, sino el total del territorio y parta de una idea de equilibrio y de reparto de las vías de pago por todo el territorio.
Cuando eso sea así votaremos a favor, pero no podemos apoyar esta iniciativa porque creemos que no es justa con algunos territorios del Estado, que llevan soportando este peso durante muchos años, incluso demasiados.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Mucha gracias, señor Miquel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-Rumores).
Señorías, por favor, guarden silencio.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Debatimos hoy una moción relativa al peaje de la AP-66 y la AP-6, y es que resulta importante que comprendan quienes nos escuchen que Asturias vive aislada por tierra, mar y aire; por tierra, en este caso y coyunturalmente, doblemente. En
cuanto a la autopista, es decir, quien quiera entrar por carretera en Asturias tiene que abonar veinticinco euros de ida y veinticinco euros de vuelta, cincuenta euros el viaje; cada mercancía que entra en Asturias lleva ese peaje incluido en su
coste y cada mercancía que sale de Asturias igualmente. Pero es que hasta el viernes pasado Asturias estaba incomunicada también por tren; no se podía acceder a Asturias ni por carretera ni por tren, es decir, por tierra, si no era abonando un
altísimo precio. Y es que Asturias está totalmente abandonada, porque al Gobierno autonómico y al nacional les encanta hablar de resiliencia, digitalización, impacto de género y tantos otros palabros que solo los políticos entienden y realmente
utilizan, porque nadie más lo hace. La realidad es muchísimo más sencilla, y es que Asturias está abandonada por el Gobierno de España y por el Gobierno de Asturias. Esa España vaciada de la que tanto hablan es Asturias. (Aplausos). Porque
Asturias sigue perdiendo población, sigue perdiendo jóvenes. Las familias en Asturias afrontan una situación muy complicada. El paro juvenil en Asturias está en el 37,5 %. El paro juvenil en varones -y esto ustedes, que son tan resilientes,
feministas, etcétera, lo dicen muy poco- es del 45,5 %. Fíjense, no sé si este dato es machista, porque están por encima de las mujeres en paro. Analícenlo.
Por este y otros motivos, Asturias es la región más envejecida y que más población pierde de España, pero es que también es una de las regiones más envejecidas de Europa. El dato más gráfico -para la señora Castañón, a quien no veo aquí- es
que Mieres, que es una ciudad relativamente importante en Asturias, incluso en España, tiene hoy menos habitantes de los que tenía en el año 1920. Así está Asturias, y los gobernantes de Asturias se han dedicado siempre a garantizar su reelección y
por eso no piensan en el largo plazo. Y esto ha sucedido desde el año 1978, y básicamente estos gobernantes son del Partido Socialista, que lleva gobernando Asturias desde hace cuarenta años. Y es que este socialismo se ha dedicado a asegurar su
reelección y a robar, a robar a manos llenas. Entre otros, el sindicalista Fernández Villa, que, por cierto, fue diputado del Partido Socialista, o el señor Rodríguez Braga, recientemente trincado con las manos en la masa y que ya está condenado a
entrar en la cárcel. (Aplausos).
En definitiva, este robo de fondos públicos es un vicio muy frecuente en el Partido Socialista. Pero, aunque hay dinero para robar fondos públicos, no hay fondos públicos suficientes para invertir en las infraestructuras. Y es que las
infraestructuras de Asturias están completamente abandonadas, y no solo es esta autopista -que, por cierto, Zapatero prometió liberar de peajes y lo no hizo, seguimos pendientes de ello-, son todas las demás infraestructuras que hay Asturias. Como
las conexiones internas en Asturias, el suroccidente asturiano está completamente abandonado, y es que, por ejemplo, la única vía de conexión que hay en la actualidad con esa zona -Tineo, Cangas del Narcea, Salas- ahora está bloqueada porque han
tenido que derribar uno de los puentes, por incapacidad para soportar la carga de la carretera que pasaba por ella. Y justo antes, este verano, una de estas carreteras estuvo bloqueada por un argayo, un desprendimiento de terreno que la tuvo
bloqueada durante cuatro o cinco meses.
En definitiva, Asturias está totalmente abandonada. Y quien la tiene abandonada es ese Partido Socialista, que es el gran traidor a los asturianos. Y es que, como ya he dicho, el Partido Socialista ha gobernado en Asturias durante cuarenta
años, que se dice pronto. ¿Y qué hace el Partido Socialista? Pide paciencia, pide a la gente que no salga a la calle, pide a la gente que no proteste. Y la última situación es esa en la que los alcaldes de Cangas de Narcea y Tineo salen a
boicotear una manifestación que se organiza precisamente para protestar por esta insuficiencia en las comunicaciones de Asturias. Eso lo hacen los alcaldes del Partido Socialista, y es importante que todos los asturianos lo comprendan, porque el
Partido Socialista considera que no hay dinero suficiente para invertir en infraestructuras, que tiene que boicotear y sabotear a esa opinión pública que se levanta y protesta, y para lo que sí considera que hay dinero, y que es fundamental
-compartido, por cierto, con los señores de Podemos- es para fomentar la famosa llingua. Quieren dedicarse a traducir las sentencias judiciales a esta llingua. En definitiva, quieren dedicarse a imponer su modelo ideológico. ¿Para qué? Para
asegurar de nuevo su reelección. Este es su único objetivo, y es importante que todos los españoles lo comprendan.
Señor Oblanca, apoyaremos su moción. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Figueredo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra señora Gázquez Collado.
La señora GÁZQUEZ COLLADO: Gracias, presidenta. Buenas tardes. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Espere un segundo, señora Gázquez. Señorías, por favor, guarden silencio.
La señora GÁZQUEZ COLLADO: Gracias.
Dado que se trata de un tema del Ministerio de Transportes, déjenme comenzar reconociendo y adhiriéndome a las reclamaciones del suroccidente asturiano en materia de infraestructuras y por las cuales se manifestarán el próximo jueves en
Oviedo. El suroccidente asturiano está abandonado y aislado por la desidia de los Gobiernos socialista asturiano regional y socialista comunista nacional. Para combatir la despoblación en la zona rural no solo hace falta un Ministerio para el Reto
Demográfico, que, por otra parte, estaría muy bien si la ministra fuera capaz, pero es incapaz. Para combatir la despoblación es imprescindible que el Ministerio de Transportes trabaje en vertebrar los territorios. En el suroccidente hacen falta
soluciones: que la autovía llegue a Cangas del Narcea, que se tramite por urgencia la construcción del puente de La Barrosa, que se dé una pronta solución al corte de la nacional 634, y, aunque no corresponda al Gobierno nacional, que se solucione
rápidamente el argayo y el corte de la AS-15, que ha costado la vida hace pocos días a una persona. Y siguiendo con el Ministerio de Transporte, que hoy nos concierne, y con cercanías y las carencias asturianas, hoy se reúne la secretaria de Estado
de Transportes con la alcaldesa de Gijón -Gijón, no Xixón, señora Castañón, aunque no está aquí; Gijón del alma, por cierto-. Confiamos en que el Plan de vías al final salga adelante como Gijón se merece, con una estación intermodal ubicada en el
entorno del Museo del Ferrocarril, donde únicamente tendrá garantizado el éxito.
Para llegar a Gijón, Oviedo o cualquier sitio de nuestra región hay que pasar por la autopista del Huerna, una de las autopistas de peaje más caras de España, la A-66. En el año 2004 un candidato socialista, el señor Rodríguez Zapatero
-llamado así-, llegó a Asturias a hacer campaña y anunció que iba a eliminar el peaje del Huerna: hasta hoy. Como su aprendiz Sánchez, era un artista en prometer y no cumplir y se convirtió en un esclavo de la hemeroteca. El debate sobre las
ayudas a vehículos pesados y ligeros en la A-66 y su rescate lo lleva poniendo encima de la mesa el Partido Popular desde hace tiempo, y, afortunadamente, nuestra presión les ha hecho cambiar de opinión, porque en febrero de este año contestaron a
una pregunta con evasivas. Efectivamente, ya han cambiado algo de opinión, aunque sea muy levemente, y han presupuestado nueve millones de euros -cantidad que apenas tendrá reflejo en el importe que abona un usuario- en los presupuestos generales
del Estado. En el Partido Popular somos conscientes de la realidad de la autopista del Huerna, por lo que nuestra enmienda subía la cantidad a cincuenta y cinco millones de euros, cantidad que tanto el usuario del vehículo ligero como el del pesado
podría apreciar cuando pagara el peaje, pero, desde luego, con nueve millones de euros no van a apreciar nada; y, por supuesto, nuestra enmienda, como tantas otras, fue vetada.
Y en cuanto a Podemos -hoy la señora Castañón, que insisto en que no está aquí, pero, como está de campaña electoral para primarias, ha venido a darnos un mitin-, sigo sin entender por qué se documentan tan poco y por qué trabajan tan poco
los temas y presentan enmiendas sin ningún fundamento y ni coherencia. Gracias a los Gobiernos del Partido Popular no se paga el peaje de la autovía entre León y Benavente, porque fue lo que dejó proyectado el ministro de Fomento socialista Borrell
en 1995, y llegó el Partido Popular y, afortunadamente, cambió esa decisión, y gracias a los Gobiernos del Partido Popular desde el año 2000 se paga un 7 % menos en el peaje entre León y Campomanes que cuando gobernaba el Partido Socialista.
Insisto, a la señora Castañón -que está en campaña, y ya le deseo hoy suerte, se la vuelvo a reiterar desde esta tribuna- se le ha olvidado hablar del pago por uso. Mucha campaña sobre la AP-66, y se le ha olvidado hablar del pago por uso. Eso sí
que es un gravamen, un tema importante para todos los asturianos y para todos los españoles, y, sin embargo, lo ha obviado en este discurso, y bien lo podría repetir allí. Y también ha recordado el éxodo juvenil asturiano y cómo ella lo sufrió,
pero ahora están en el Gobierno y podrían tomar medidas desde el Gobierno nacional para revertir esa situación.
Y dejo para el final el pago por uso de las autovías. Los españoles no pueden más. ¿En qué burbuja viven ustedes? ¿En qué burbuja de riqueza socialista comunista de chalés, coches oficiales y Falcon? Por cierto, al señor Baldoví se le
olvidó citar antes los numerosos chaletones de la extrema izquierda. ¿En qué mundo viven ustedes? No se pueden asumir más gastos, más impuestos, más tasas. ¿Saben a qué precio se paga la electricidad hoy? Y no traten de compararnos con lo que
pasa en Europa. El esfuerzo fiscal de los españoles es un 8 % superior al de la media europea, y, en concreto, 30 puntos por encima de Alemania y 35 por encima del Reino Unido, que son competidores directos. Es obvio que nosotros ya pagamos el
mantenimiento, la explotación y la conservación de las carreteras con los presupuestos generales del Estado, y, desde luego, son actuaciones necesarias, que requieren inversión y que se ejecuten las partidas. Por eso la medida del pago por uso es
injusta y discriminatoria, y, por supuesto, solicitamos que la retiren, que renuncien a esa propuesta.
La señora PRESIDENTA: Señora Gázquez, tiene usted que terminar.
La señora GÁZQUEZ COLLADO: Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García Chavarría. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora GARCÍA CHAVARRÍA: Moitas grazas, señora presidenta. Boa tarde, señorías. Boa tarde, señor Martínez Oblanca.
Venía pensando ahora, cuando me dirigía a esta tribuna, que me gustaría hacer un ejercicio de memoria referente a usted antes de entrar en el cuerpo de mi intervención. Efectivamente, en el año 2000 usted era senador del Partido Popular, y
ese mismo año en el Gobierno del Partido Popular el ministro de Fomento era el señor Álvarez-Cascos, asturiano y cofundador junto con usted de su actual partido. Pues bien, fue el señor Álvarez-Cascos quien decidió prorrogar el peaje hasta el año
2050 en el Huerna. (Aplausos). De no haberlo hecho, esa autopista, efectivamente, sería ya hoy de uso gratuito, concretamente desde el pasado 17 de octubre. Recuerdo unas declaraciones en el año 2002 del señor Álvarez-Cascos que lo explican todo,
entonces él aseguraba que su Gobierno no era partidario de aplicar rebajas a los peajes de las autopistas. Y recuerdo también que reconoció que bajo su mandato al frente del ministerio se prorrogó esa y otras muchas concesiones. Y recuerdo
también, señor Martínez Oblanca, que en el año 2003 la privatizó. Pero ¿sabe lo que no recuerdo? No le recuerdo a usted, señor Martínez Oblanca, haciendo ni una sola crítica a esta ampliación, ni una sola manifestación de desacuerdo por su parte.
Eso lo dejó usted para hoy. Hoy sí viene a reclamar la supresión urgente de los peajes con los que en su día estuvo de acuerdo en prorrogar, y ahora viene a atacar al Gobierno que se preocupó precisamente en buscar soluciones para ello. Lo que se
dice soplar y sorber al mismo tiempo.
Además, anticipa usted una decisión del Gobierno de España que todavía no ha sido planteada. Tan solo se le manifestó que se trabajará en una propuesta, sujeta a un amplio consenso político y social, para garantizar la financiación de
nuestra red viaria, porque el objetivo es que sea una propuesta justa, equilibrada y basada en los principios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental. (Aplausos). Mal que les pese a algunos de ustedes para poder seguir
haciendo una oposición destructiva, no se puede concretar todavía ninguna cuestión relativa a la implantación de peajes en las carreteras españolas. Si bien es cierto que conllevan enormes gastos, su construcción y mantenimiento precisan,
efectivamente, de aportaciones muy cuantiosas y crecientes en los presupuestos generales del Estado. Pero gracias a ellas no solo conectamos y vertebramos territorios, mejorando las conexiones privadas, sino que también colaboran a que empresas y
autónomos transporten sus mercancías de forma rápida y segura por todo el territorio nacional. Son, por tanto, si me permiten decirlo, instrumentos de redistribución de la riqueza que garantizan unas comunicaciones accesibles a todos los españoles
y españolas. En la autopista AP-66 las bonificaciones anualmente suponen ya entre un 11 y un 15 % de los ingresos por peaje, y el Gobierno ha tomado la decisión de incrementarlas en estos presupuestos del Estado con al fin de ir ampliándolas.
Pero, mientras tanto, ustedes lo que hacen es oponerse a las bonificaciones de peaje, que les recuerdo que fueron aprobadas por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en el año 2006 y 2007. (Aplausos). Y resulta que en los presupuestos
generales de 2022 se contemplan más de seis millones de euros para las bonificaciones de la AP-66. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora GARCÍA CHAVARRÍA: Son bonificaciones que vienen en favor de asturianos y leoneses para aligerar la carga de su pago por un peaje en vigor desde hace ya muchos años. ¿Y qué ha hecho Foro? Votar en contra. Es decir, por un lado,
pretenden erigirse en defensores de vías gratuitas, pero resulta que votan en contra de unos presupuestos que pretenden justamente mitigar las cargas que los Gobiernos del PP implantaron y blindaron, pensando únicamente en las empresas
concesionarias y para nada en los ciudadanos y ciudadanas. Este Gobierno, por el contrario, ha incluido bonificaciones históricas en autopistas como en la de mi tierra, en la AP-9, priorizándola por sus tráficos recurrentes y locales. Ya ha
rebajado más de un 30 % los peajes de autopistas que revirtieron al Estado y lleva liberalizados 1029 kilómetros de autovías y autopistas...
La señora PRESIDENTA: Señora García, tiene usted que terminar por favor.
La señora GARCÍA CHAVARRÍA: ... ahorrando a los usuarios más de 1400 millones de euros. (Rumores).
Voy terminando ya, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: No, señora García, tiene que finalizar ya: una frase.
La señora GARCÍA CHAVARRÍA: En resumen, que ahora han recurrido a los peajes. Ahora tocan peajes. Antes tocaron vacunas. Supongo que en breve veremos también al señor Casado darse una gira por ahí... (Protestas).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García, ha finalizado su tiempo. (Aplausos).
Señor Martínez Oblanca, de su intervención deduce la Presidencia que no acepta ninguna de las enmiendas, y, por tanto, esta moción se va a votar en sus términos.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Exactamente, señora presidenta.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Muchísimas gracias.
Votamos en cinco minutos. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):
- DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LA GRATUIDAD Y UNIVERSALIDAD DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. (Número de expediente 125/000012).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones. Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Andalucía, relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del
primer ciclo de la Educación Infantil.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328 más 9 votos telemáticos, 337; a favor, 303 más 7 votos telemáticos, 310; abstenciones, 25 más 2 votos telemáticos, 27.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS REPUBLICANO, PLURAL, EUSKAL HERRIA BILDU Y MIXTO, DE GARANTÍA DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA. (Número de expediente 122/000166).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Republicano, Plural, Euskal Herria Bildu y Mixto, de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 9 votos telemáticos, 343; a favor, 54 más 3 votos telemáticos, 57; en contra, 274 más 6 voto telemáticos, 280; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA AL IMPULSO DE UN GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN EURO DIGITAL COMO MONEDA PÚBLICA DIGITAL. (Número de expediente 162/000728).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el curso del debate. (Rumores.-Pausa). ¿Señorías, podemos continuar? Pido un poco de silencio, por favor. Proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de un grupo de estudios sobre la implantación de un euro digital como moneda pública digital. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 184; en contra, 52; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL. (Número de expediente 162/000872).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre adecuación de la normativa de contratación pública a la situación económica actual. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 154; en contra, 175; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MARTÍNEZ OBLANCA), SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA EN RELACIÓN CON LA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE PAGO O TARIFICACIÓN POR EL USO DE VÍAS RÁPIDAS DE
ALTA CAPACIDAD, ASÍ COMO LA ELIMINACIÓN Y BONIFICACIÓN DE PEAJES CON ESPECIAL REFERENCIA AL EJE RADIAL ASTURIAS-MADRID QUE INCLUYE LA AP-6 (VILLALBA-ADANERO) Y LA AP-66 (AUTOPISTA DEL HUERNA). (Número de expediente 173/000111).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca, sobre las
previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en relación con la implantación de nuevos sistemas de pago o tarificación por el uso de vías rápidas de alta capacidad, así como la eliminación y bonificación de peajes con
especial referencia al eje radial Asturias-Madrid que incluye la AP-6, Villalba-Adanero, y la AP-66, Autopista del Huerna. Se vota en sus términos. Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 151; en contra, 174; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.