CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 131

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 125

celebrada el martes,

19 de octubre de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Toma en consideración de proposiciones de ley:


- Del Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la prevención de los abusos sexuales en los centros educativos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 152-1, de 12 de marzo de 2021. (Número de expediente 122/000128) ... href='#(Página4)'>(Página4)


- Del Grupo Parlamentario Plural, integral del cannabis. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 190-1, de 8 de octubre de 2021. (Número de expediente 122/000164) ... (Página16)


Proposiciones no de ley:


- Del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la conversión en permanentes de las medidas relativas a vivienda y suministros contempladas en el 'escudo social'. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 344, de 15 de
octubre de 2021. (Número de expediente 162/000845) ... (Página31)


- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Vehí y señor Botran), sobre la recuperación pública de las centrales hidroeléctricas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 330, de 24 de septiembre de 2021. (Número de expediente
162/000821) ... (Página42)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a desarrollar el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para ejecutar el compromiso de bono joven formulado por el presidente del Gobierno. (Número de expediente 173/000102) ...
(Página53)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página62)

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SUMARIO


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)


Del Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la prevención de los abusos sexuales en los centros educativos ... (Página4)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Sabanés Nadal y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común; y las señoras Trías Gil, del Grupo Parlamentario VOX; Álvarez Fanjul, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y García López, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Plural, integral del cannabis ... (Página16)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Gorospe Elezcano,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano, y Muñoz Dalda, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común; el señor Steegmann Olmedillas, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Vicente Viondi, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página31)


Del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la conversión en permanentes de las medidas relativas a vivienda y suministros contempladas en el 'escudo social' ... (Página31)


Defiende la proposición no de ley el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.


En defensa de la enmienda presentada conjuntamente, intervienen las señoras Garrido Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Guerra López, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y García Adanero del Grupo Parlamentario Mixto; y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; y Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano; y

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las señoras Esteban Calonje, del Grupo Parlamentario VOX, y Cruz-Guzmán García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo vuelve a hacer uso de la palabra el señor Matute García de Jalón.


Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Vehí y señor Botran), sobre la recuperación pública de las centrales hidroeléctricas ... (Página42)


Defiende la proposición no de ley la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y
la señora Padilla Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Rego Candamil y
Baldoví Roda, y la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Borrás Pabón, del Grupo Parlamentario VOX, y el señor Herrero Bono, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página53)


Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a desarrollar el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para ejecutar el compromiso de bono joven formulado por el presidente del Gobierno ... (Página53)


Defiende la moción el señor Ramírez del Río, del Grupo Parlamentario VOX.


En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y Baldoví Roda y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; las
señoras Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano y Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Carazo Hermoso, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la
señora Canales Duque, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Ramírez del Río.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página62)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la prevención de los abusos sexuales en los centros educativos, se aprueba por 179 votos a favor más 117 votos telemáticos,
296; y 51 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural, integral del cannabis, se rechaza por 10 votos a favor más 65 votos telemáticos, 75; 169 en contra más 94 votos telemáticos, 263, y 9
abstención con voto telemático.


Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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Se abre la sesión a las tres de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, RELATIVA A LA PREVENCIÓN DE LOS ABUSOS SEXUALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. (Número de expediente 122/000128).


La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.


Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la prevención de los abusos sexuales en los centros educativos. Para la presentación de la iniciativa, tiene la
palabra la señora Bassa Coll.


La señora BASSA COLL: ¿Qué harían ustedes si les dijeran que el profesor de la clase de su hijo de siete años está acusado de agresión sexual contra otro niño de la clase? ¿Llevarían con normalidad a clase a su hijo o querrían que el
profesor fuera apartado de la clase hasta aclarar el asunto? ¿Qué harían ustedes si su hija de siete años acusara a su profesor de agresión sexual? ¿Continuarían ustedes llevando a su hija cada día a clase con absoluta normalidad o intentarían
mantener al profesor apartado de su hija? Yo les digo que me negaría, de todas todas, a que mi hijo fuera al colegio y a que cada día, día tras día, tuviera que aguantar a este profesor. Además, me parecería terriblemente cruel e injusto que mi
hijo, la víctima de la agresión sexual, fuera tratado como culpable y tuviera que dejar de ir a clase, lesionándose su derecho a la educación, y estar separado de su círculo social escolar. ¿Qué harían ustedes? ¿Llevarían a su hijo a clase
normalmente? ¿Se arriesgarían a crearle un trauma de por vida? Porque, sí, las agresiones sexuales crean traumas de por vida; y más aún si se le obliga, después de haber sido capaz de denunciar al agresor, a convivir diariamente con él. ¿De
verdad ustedes expondrían a sus hijos a una situación así? A aquellas diputadas y a aquellos diputados que hoy piensen votar en contra de la toma en consideración de esta propuesta les diría que, por favor, reflexionen.


Estamos ante un dilema moral. Por un lado, si se aparta al profesor se está cuestionando su presunción de inocencia y puede ser víctima de una gran injusticia si, finalmente, se demuestra su inocencia. Pero, por otro lado, si no se aparta
al profesor y este vuelve a cometer abuso sexual, no solo se está cometiendo un delito y una injusticia, que se podría haber evitado, sino que, además, se está cometiendo una grave falta por parte de la Administración al no proteger activamente al
menor. En un caso así se produce una colisión entre el derecho a la presunción de inocencia del profesor, vinculada, además, a los derechos a la buena imagen y al honor, y los derechos de los menores. Desde nuestro punto de vista, y de ahí la
presentación de esta proposición de ley, la protección del menor es siempre un bien superior, es decir, prima frente al derecho del profesor, hasta que la justicia, evidentemente, no emita sentencia. Pero más allá de esto, apartar al profesor
también puede ser un mecanismo de protección para el propio profesor, porque la tensión que genera un caso como este puede ser de tal magnitud que el propio profesor puede ser acosado por familias e, incluso, padecer situaciones de violencia por
parte de algunas de estas.


Por ello proponemos el mantenimiento de las retribuciones básicas y las prestaciones familiares por hijo a cargo durante la suspensión provisional y en espera de que exista sentencia. No en vano, la finalidad de esta suspensión provisional
no es la de castigar al profesor, sino la de proteger al menor mientras el juez determine o no su culpabilidad. Es cierto que el juzgado de instrucción puede adoptar medidas cautelares contra la persona denunciada y apartarlo de la docencia, pero
el tiempo que pasa entre el conocimiento de los hechos y la adopción de la medida cautelar por parte del juzgado puede alargarse semanas, como ustedes saben muy bien. Por tanto, la pregunta es qué pasa en el colegio estas semanas. ¿Son conscientes
de la tensión y de la agresividad que pueden llegar a producirse? O, peor aún, imagínense, como ha ocurrido en algunas ocasiones, que el juzgado decida no tomar ninguna medida cautelar. En la legislación catalana sí existen mecanismos legales,
como reasignación de funciones o, incluso, apartar las funciones, pero se limitan a seis meses, por culpa del EBEP. (Rumores). Si tenemos en cuenta el colapso judicial, es muy probable que en estos seis meses todavía no haya sentencia judicial y
que el profesor regrese a su puesto. Es más, como en un procedimiento judicial estándar la sentencia puede tardar dos o tres años... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Perdone, señora Bassa.


Voy a pedir un poco de silencio, por favor.

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La señora BASSA COLL: ... el profesor estaría más tiempo en clase que suspendido, con la consiguiente problemática para el centro, para las familias y para las autoridades educativas competentes.


Por eso planteamos que sean las propias autoridades educativas competentes las que tenga la potestad de apartar al profesor acusado de abusos o agresión sexual hasta que haya sentencia firme. La potestad no significa que sea imperativo. Se
deberá valorar el caso y dependerá de la opinión de la comunidad educativa, de las familias, de la situación del menor, de las explicaciones que haga el acusado, etcétera. También podemos llegar a acuerdos, reasignando funciones o separando al
profesor del contacto con los menores, si les parece adecuado tanto a las familias como a la propia víctima, hasta que haya sentencia firme.


Asimismo, la proposición de ley añade la modificación del Estatuto de los Trabajadores para que, de la misma manera que el profesor puede ser apartado de los menores en los centros escolares, también puedan ser apartados otros profesionales
cuyo trabajo habitual sea con menores, como monitores de campamentos de verano o pediatras. También planteamos una modificación del EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, para ampliar el plazo de prescripción de faltas relacionadas con
conductas que atentan contra la libertad e indemnidad sexual. Proponemos -este punto está en coherencia con la modificación realizada en el Código Penal- que el plazo de prescripción comience a contar en el momento en que la presunta víctima cumpla
treinta años. No en vano han sido varios los casos de personas adultas que en los últimos años se han atrevido a denunciar abusos o agresiones sexuales que sufrieron cuando eran niños. Gracias a romper este silencio otras personas se han atrevido
a dar el paso. De hecho, esta propuesta es coherente con la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que en su artículo 13.5 afirma que es requisito para acceder o ejercer profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto habitual con
menores no haber sido condenado por delitos contra la libertad e identidad sexual. También propone la proposición de ley la creación de un fondo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para financiar a las administraciones competentes la
formación y la prevención, porque es con formación y con prevención como lograremos escuelas libres de violencias.


Finalmente, es necesario señalar que la presente proposición de ley es fruto de la identificación del problema por parte del Departament d'Educació del Govern de la Generalitat de Catalunya, que a la hora de abordar la prevención de abusos y
agresiones sexuales en los centros educativos ha visto que no puede apartar a un profesor acusado de estos delitos si no se modifica la legislación estatal. En tal sentido, el Parlament de Catalunya ya aprobó, casi por unanimidad, una moción en la
que defendía lo que hoy debatimos aquí, y lo hizo porque estamos todos de acuerdo en que los abusos sexuales son abusos de poder y que suceden en las aulas, ya que las aulas son el reflejo de la sociedad, porque los jóvenes ya han alzado la voz,
porque valoramos a todas las personas que han roto el silencio, porque apoyamos al profesorado, que ha vencido los miedos, y, sobre todo, porque pretendemos que el Poder Judicial y la Administración se coordinen rápidamente cuando haya una denuncia
por abusos sexuales.


A la vez, debo admitir que, sinceramente, no me hace ninguna gracia defender hoy aquí esta iniciativa. ¿Y saben por qué? Porque soy catalana (un señor diputado: ¡Hala!) y, al ser catalana, me gustaría no tener que venir a Madrid a
pedirles modificaciones legislativas para que la Generalitat pueda actuar. (Aplausos.-Protestas).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora BASSA COLL: En una Cataluña independiente lo que hoy planteamos aquí ya sería ley; una ley que rompiera para siempre el silencio cómplice de los cobardes. Tolerancia cero con la violencia sexual.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Republicano, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bassa. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta Buenas tardes, señoras y señores diputados.


Nos plantea el Grupo Parlamentario Republicano la toma en consideración de una proposición de ley relativa a la prevención de los abusos sexuales en los centros educativos. Este es un asunto del que, por preocupante, siempre se debe hablar,
sobre el que siempre se debe debatir y al que hay que combatir. La

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sociedad, sus representantes y las instituciones públicas jamás debemos dar la espalda a un menor o a una menor objeto de abusos, que en no pocos casos vive su tragedia en silencio por miedo a las represalias y acepta la victimización, lo
que le supone secuelas muy dañinas para el desarrollo de su personalidad.


Sin embargo, el punto de partida al que nos invita con este texto el Grupo Republicano, registrado en el Congreso de los Diputados el 12 de marzo de este año, ha quedado superado con la aprobación en las Cortes Generales y la correspondiente
entrada en vigor de dos textos legislativos que inciden en las políticas frente a los abusos sexuales a menores. Así, desde enero de este año 2021 está vigente la Lomloe, la denominada ley Celaá, que, dicho sea de paso, algunos en esta Cámara
consideramos inconstitucional; de hecho, soy firmante de uno de los recursos que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el pasado mes de marzo. La Lomloe es un compendio de medidas sectarias, de medidas que atacan la libertad de
los padres para elegir el modelo educativo de sus hijos, que arrinconan el español como lengua educativa vehicular y que zarandean la educación concertada, haciéndola tambalear. No obstante, hay una serie de medidas en dicha ley que remarcan la
lucha contra todas aquellas acciones que amenacen o atenten la convivencia escolar y el respeto en el ámbito educativo, reforzando el contenido que la anterior gran norma educativa, la LOE, dedicaba a estos aspectos, de tal manera que se ampliaron o
incluyeron principios tales como la educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y su resolución pacífica, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social y, en especial, la
prevención del acoso escolar y del ciberacoso, con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella.


Señorías, en relación con la propuesta legislativa que ha defendido la señora Bassa, también se aprobó hace menos de cinco meses la Ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, entre cuyos títulos y apartados se desarrollan distintas medidas de prevención y detección precoz de la violencia en los centros educativos e incorpora la necesidad de protocolos de actuación frente a indicios de abuso y maltrato, acoso
escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Así viene recogido en el preámbulo de esta ley, y de ahí parte el desarrollo de protocolos de actuación frente a
indicios de abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso, etcétera. De hecho, y junto con la existencia de una persona responsable del bienestar y protección en todos los centros educativos, la ley establece en el primero de sus cinco
capítulos una estrategia para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia que implica a todos los niveles de la Administración y da participación a la sociedad civil a través de asociaciones y en todos los escenarios, de
forma específica a los centros educativos a los que se refiere el título y el texto que nos presenta el Grupo Republicano, si bien este se ciñe a los abusos perpetrados por personal al servicio de la comunidad educativa y aspira a profundizar en
cambios y modificaciones que afectan a otras normativas, como la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley del Estatuto de los Trabajadores.


Señorías, los abusos contra nuestros menores existen y, por lo tanto, no cabe desmerecer el esfuerzo de promover iniciativas al respecto y, sobre todo, no reduzco un ápice las preocupaciones por la prevención y detección de esas conductas
indeseables sobre nuestros menores que se perpetran en centros educativos o en otro tipo de espacios, como pueden ser los centros deportivos. Si algunas de nuestras figuras deportivas emergentes han sido víctimas de abusos en concentraciones
perpetradas por entrenadores o especialistas de primer nivel y bajo el amparo de federaciones, cómo no temer que se produzcan conductas similares en el ámbito educativo de todo el territorio nacional, donde hay 8 millones de alumnos no
universitarios repartidos en más de 34 000 centros educativos. Viene al caso citar la contundente sentencia 495/2019, de 17 de octubre, en el caso de abusos sexuales a una alumna de un colegio asturiano, en Avilés concretamente, en la que el
Tribunal Supremo resalta la necesidad de implantar en los colegios protocolos de detección de abusos sexuales a menores.


El Gobierno y los Gobiernos, porque esto compete también a los autonómicos, tienen que dotar medios y recursos para que los centros y espacios educativos sean entornos seguros y libres de cualquier forma de violencia. Porque en este
objetivo irrenunciable y permanente de prevención y de erradicación de todo tipo de violencia también cobra valor la actitud de las administraciones e instituciones democráticas ante los abusos. ¿Cómo no denunciar en esta tribuna el bloqueo de toda
la izquierda parlamentaria autonómica a cualquier investigación sobre las menores tuteladas en el IMAS mallorquín? La propia Unión Europea acordó hace unos días el envío de una misión de investigación a Baleares. (Aplausos). Toda la izquierda en
bloque en Baleares tapa la actuación del Gobierno balear respecto a los abusos sexuales a menores tuteladas por una institución pública. (Aplausos).

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Finalmente, quiero poner en valor la existencia en el Congreso de los Diputados de la Comisión para los Derechos de la Infancia y Adolescencia, que precisamente preside una diputada de Esquerra Republicana de Catalunya, la señora Pujol i
Farré, en la que diferentes comparecientes han relatado la situación que es objeto de preocupación en relación con los abusos sexuales a menores y prácticamente todos sus testimonios -todos- nos invitan a profundizar en acciones contundentes e
inequívocas frente a quienes se aprovechan de la superioridad física, intelectual, parental, moral o religiosa para abusar de un menor o de una menor.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. Arratsalde on guztioi.


EL Grupo Republicano trae a esta Cámara para su toma en consideración una proposición de ley, que votaremos afirmativamente. Compartimos la filosofía general de esta proposición de ley, que es la prevención de los abusos sexuales en los
centros educativos, y la reacción eficaz ante las situaciones que se dan más habitualmente de lo que nos parece. Los cambios legislativos que se proponen pueden posibilitar la existencia de escuelas seguras respecto de la vivencia sexual, y me
gustaría pararme en este concepto para desarrollar su definición. Una escuela segura facilita herramientas a la comunidad educativa que la conforma para que cuide de sus miembros. Estamos hablando de infancia, de profesionales de la educación y
administración, de apoyo pedagógico y de familias. Además de cuidar, pone los medios para que esa comunidad esté formada en algo tan humano y cotidiano como es la vivencia de la sexualidad. Desde el respeto al momento evolutivo de los integrantes
de la comunidad, hablar, compartir, expresar y educar en sexualidad va a aportar herramientas tanto para la vivencia grata de la sexualidad como para poder reaccionar cuando se ha producido una vivencia no grata fruto de un abuso. En sí, estamos
hablando de romper con el silencio, de reconocer y de proteger o, si lo prefieren, de prevención.


El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, ratificado en España en 2007, incluye como medida preventiva la garantía de que las personas que mantienen un contacto habitual con
niños -sectores de la educación, la sanidad, la protección social, la justicia y las fuerzas del orden-, así como en los ámbitos relacionados con el deporte, cultura y ocio, poseen conocimientos garantizados y adecuados acerca de la explotación y el
abuso sexual de los niños, de los medios para detectarlos y de la posibilidad de comunicar a los servicios responsables de la protección de la infancia cualquier caso en el que se tenga sospechas fundadas de que un niño o una niña están siendo
víctimas de explotación o abusos.


En esta proposición de ley se da un paso más para evitar la revictimización que puede existir si la persona que presuntamente ha cometido el abuso mantiene la relación con el entorno educativo del menor que lo ha sufrido, además de evitar
que, en el caso de sentencia firme, estas personas puedan volver a trabajar en espacios en los que volverían a estar en contacto con menores. Durante años la solución a denuncias de abusos por parte de menores y familias ha sido la negación de las
instituciones en las que se cometieron los abusos. El silencio y, en ocasiones, el traslado de la persona que los cometía a otro entorno educativo sin control y con total impunidad son un caldo de cultivo para seguir realizando actos contra la
sexualidad de miles de niñas y niños. ¿Acaso lo ocurrido durante muchísimos años en los centros de la Iglesia católica no nos ha enseñado a afrontar el tema con realidad y valentía?


La semana pasada planteábamos en el debate de la ley de libertad sexual que no defendemos el punitivismo que aflora a la hora de abordar los delitos de naturaleza sexual. Hoy seguimos defendiendo esto también con el tema que nos trae. Más
años de condena y mayores castigos no son la solución para los delitos de naturaleza sexual. Hablamos de deseos, que hay que educarlos para que su gestión no invada la libertad sexual de ninguna persona, sea menor o adulta. Educación y, en su
caso, abordaje terapéutico pueden ser parte de la solución, si no toda. Por ello vuelvo a abogar por una educación sexual integral para los profesionales de la educación, para niños y niñas, para adolescentes y para las familias y por la exigencia
de un protocolo de prevención y actuación ante el abuso sexual infantil, algo muy importante y, en estos momentos, sumamente necesario en los centros educativos y que muy pocos llevan a cabo. A lo largo de la tramitación de la ley presentaremos
nuestras aportaciones vía enmiendas.


Mila esker.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozueta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos.


Abusó de mí durante un año entero en la sala de fotografía cuando era mi tutor en 5.º de EGB. Apagaba la luz, se situaba justo detrás de mí y me masturbaba. Recuerdo su voz susurrándome en la oreja. Tenía nueve años. Cuando volvía a
clase casi siempre me echaba a llorar durante los primeros minutos. Me encerró en una clase, apagó la luz, sacó el pañuelo del pelo, me arrinconó contra la pizarra, me preguntó insistentemente sobre el temario de sexualidad y, tras decirme lo
precoz que era y lo desarrollada que estaba, me tocó un pecho.


Son testimonios reales y crueles de niños y niñas que padecieron abusos sexuales en su infancia. Como ya se ha dicho aquí, la desgracia de las personas que padecieron estos abusos es que no tiene remedio, que es irreversible, y cualquier
cosa que se pueda hacer jamás atenuará el dolor y el trauma que van a sufrir de por vida. Podríamos decir que, afortunadamente, estos casos han sido minoritarios dentro de la generalidad del sistema educativo, pero han sucedido y solo uno de los
casos, uno de estos repugnantes casos, es suficiente para que se tengan que tomar medidas. Pero hay algo peor que el recuerdo y el trauma vaya a perseguir a estas personas durante toda su vida, y es no poder contarlo en su momento y, algo todavía
peor, no ser creídos.


¿Cuántos otros casos habrán ocurrido como los que he citado? ¿Cuántos otros casos se habrán silenciado? Nunca lo sabremos, pero los testimonios que tenemos y las constataciones existentes son suficientes para que reaccionemos como Poder
Legislativo, que lo somos, además de ser ciudadanos, que es lo primero que nos debería mover en esta situación. La escuela es un lugar de valores, un lugar de convivencia, un lugar de respeto, un lugar de amistad. No puede ser nunca un lugar de
miedo, y las personas que han hablado lo primero que tenían era miedo. La semana pasada debatíamos la ley de libertad sexual y se hablaba del miedo que muchas mujeres, niñas o chicas sufren cuando se sienten solas, cuando tienen que ir a coger un
autobús o cuando tienen que ir de noche a casa, ese miedo que solamente pueden entender las personas que lo padecen. Pues esto es algo parecido. La escuela debe ser precisamente un refugio, un lugar de protección, pero jamás puede ser un lugar
para albergar a personas que utilizan su posición de poder para cometer delitos execrables.


Por lo tanto, ante esta tesitura -y bien lo ha explicado la proponente- están la presunción de inocencia y los derechos de ese menor. El objetivo de esta ley es evitar que eso pase. ¿Existe legislación suficiente? Sí, existe legislación,
afortunadamente, para que todas estas cosas no ocurran, pero esta proposición de ley que nos trae Esquerra Republicana es precisamente para cuando pasen. Nuestro objetivo debería ser que, gracias al trabajo de los educadores, no pase eso, que
tengamos una educación suficiente para que eso no tenga cabida, pero desgraciadamente ocurre y tenemos que tomar medidas para cuando pase, y esto es lo que nos trae hoy aquí. El trabajo de educador es un trabajo muy delicado y estas cosas hay que
manejarlas seguramente con mucha sensibilidad.


Nos proponen una proposición de ley que, en el fondo, es una pequeña modificación en la diferente legislación existente, modificación que tiene puntos importantes -ya se ha citado cuáles son-: por una parte, hay un aumento de lo que
podríamos denominar el castigo y, por otra parte, hay un planteamiento para un nuevo sistema de coordinación. Hay una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para que la prescripción sea a partir de cuando el menor cumpla treinta años
-puede ser esta edad u otra, eso ya lo discutiremos, porque eso no es lo más importante-; también para que se suspendan las medidas provisionales, que de seis se pase a ocho meses, y la pérdida de condición de funcionario cuando haya sentencia
dictada ya. También modifica el Estatuto de los Trabajadores, y hay dos disposiciones adicionales, una de las cuales se refiere a un fondo de formación que, desde una perspectiva de ámbito competencial, nosotros creemos que está rozando el límite
de los poderes del Estado en esta materia. Quizá las comunidades autónomas -creo que algunas sí- están capacitadas, sin necesidad de que exista un fondo estatal, para crear sus propios fondos en esta materia, aunque estamos totalmente de acuerdo en
cuál debe ser el objetivo.


También hay que tener en cuenta que hay un planteamiento para elaborar un protocolo. Aquí se ha dicho por parte de mi predecesora que tienen que existir protocolos de prevención. Pues, mire (muestra un documento), el Gobierno vasco aquí lo
tiene: 'Protocolo de prevención y actuación en el ámbito educativo ante situaciones de posible desprotección y maltrato, acoso y abuso sexual infantil y adolescente

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y de colaboración y coordinación entre el ámbito educativo y los agentes que intervienen en la protección de la persona menor de edad'. Supongo que es algo que ustedes piden, ¿verdad? Pues en Euskadi lo tenemos y se está ejercitando. Y es
verdad que ciertas modificaciones legislativas que ustedes plantean, por ejemplo, aclararían mucho las cosas a la hora de tener que actuar, porque, al fin y al cabo, algunas comunidades, como es el caso de Euskadi, han actuado sobre la base de su
mejor intención y con la colaboración entre diferentes instituciones.


Por lo tanto, señora Bassa, como no tengo más tiempo, solo me queda decir que votaremos a favor de la toma en consideración y que vamos a estudiar después, en la fase de enmiendas, si son estas u otras las modificaciones que hacen falta y
los detalles para mejorar y lograr el objeto de esta ley tan fundamental, que estos delitos tan execrables desaparezcan de la escuela y de la comunidad.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Agirretxea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, iniciaré mi intervención haciendo una referencia a que la señora Bassa, proponente de esta legislación, ha iniciado su intervención explicando el objetivo -que comparto-, cual es la necesidad de impulsar esta materia, pero la
verdad es que me parece bastante fuera de lugar y desafortunado que usted aproveche esta tribuna y esta proposición de ley para hacer un alegato separatista. Porque, señoría, todos los niños y las niñas de nuestro país necesitan que hagamos frente
a los abusos sexuales en los centros educativos, todos los niños y las niñas, vivan donde vivan. (Aplausos). Por lo tanto, ya adelanto que esta proposición aborda uno de los temas en los que Ciudadanos más ha trabajado. En mi grupo hemos
desarrollado una intensa actividad de cara a proteger la integridad física y moral de los menores, como ya hicimos en nuestro trabajo en la Ley de infancia y como esperamos hacer en esta proposición.


Esta propuesta ahonda en la defensa y la protección de nuestros menores en los centros educativos, centrándose en evitar que sean cuidados o se relacionen con personas que hayan sido condenadas por un delito contra la libertad sexual, así
que la reforma que debatimos hoy está en línea con los trabajos que realizamos en la Ley de infancia y adolescencia, que se aprobó definitivamente hace solo unos meses. Esta ley, de hecho, ya recoge el requisito de no haber sido condenados por
delitos contra la libertad sexual y trata de seres humanos a aquellos profesionales que tengan un contacto habitual con los menores de edad. La ley, en el artículo 57, ya habla de esa imposibilidad de desarrollar su cargo o su profesión, tanto para
el acceso como para el ejercicio, así que la ley que debatimos hoy va en una línea en consonancia con la Ley de infancia.


Creemos además que, aunque esta ley habla de los abusos y de prevenir los abusos sexuales en los centros educativos -que es así como se titula-, su aplicación va a ser más amplia, ya que existen distintos grupos de profesionales que, sin ser
docentes, desarrollan actividad profesional en los centros educativos y tienen contacto con menores. Podemos mencionar a las personas que trabajan en centros de menores no acompañados, que se encargan de su cuidado, también a los fisioterapeutas
infantiles, los pediatras u otros profesionales no necesariamente relacionados con la educación.


Aprovecho, además, para recordar que es evidente que debemos adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger a los más pequeños de nuestra sociedad de conductas indeseadas. El interés superior del menor es uno de los bienes
jurídicos que debemos proteger con mayor celo; al fin y al cabo, el de los menores es el grupo más vulnerable de todos frente a las situaciones económicas, situaciones culturales y también frente a la violencia. Por eso, en Ciudadanos creemos que
es necesario que las administraciones públicas que tienen competencia en el desarrollo de la Ley de infancia se pongan en marcha y lo hagan en su totalidad, porque realmente la Ley de infancia ha sido un gran logro en nuestro país. Hemos
desarrollado un marco estatal con medidas integrales para garantizar los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes y es necesario que se desarrolle. Nuestra obligación y la obligación del Gobierno es que esta legislación se
desarrolle. Le pedimos al Gobierno que se desarrolle la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, como establece la ley, para que haya una especialización de la Fiscalía en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la
adolescencia. Hay que avanzar en los procedimientos para determinar la edad y que se haga de una manera garantista, cumpliendo con las obligaciones internacionales contraídas en esta materia. También hay que crear la comisión de seguimiento que
establece la propia legislación, para ver su puesta en marcha, las

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repercusiones jurídicas y económicas y evaluar el impacto de esta legislación. Por lo tanto, creemos que esta legislación es un gran hito, un gran triunfo para toda la sociedad. Ahora bien, ese esfuerzo será en vano si no lo llevamos a la
práctica. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de la necesidad de la ejecución de las disposiciones que establece la Ley de infancia.


Termino haciendo una referencia al texto que hoy se nos propone. La toma en consideración ya incluye disposiciones que establece la propia Ley de infancia para la protección de menores ante los delitos que comprometan su integridad física y
moral como consecuencia de los delitos contra la libertad sexual. En este sentido, la ley ya establece que las administraciones educativas pasan a tener la obligación de impulsar protocolos de actuación contra el acoso sexual. Hay que adoptar esta
serie de protocolos en los centros de protección de menores de edad y medidas específicas ante los casos de explotación sexual y trata de personas menores de edad sujetas a protección. Por lo tanto, queda muy claro que los liberales vamos a apoyar
la toma en consideración de esta proposición como un buen complemento a la Ley de infancia, propuesta en la que trabajaremos para ajustar, afinar y mejorar en todo lo que sea viable. Por lo tanto, creemos que no damos ningún paso atrás en la
defensa de los menores, sino que damos pasos hacia delante y ahí es donde van a encontrar a nuestro grupo parlamentario.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, en primer lugar, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.


La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.


Nuestro grupo va a votar a favor de esta iniciativa que hoy presenta Esquerra Republicana porque desde Más País-Verdes-Equo siempre vamos a estar a favor de las medidas que doten de mayor protección a la infancia y, especialmente, de
aquellas medidas que señalan o que sitúan a los niños y niñas como sujetos de derecho. Para nosotros esta es una consideración muy importante. Es cierto que la tramitación de esa iniciativa coincide con el despliegue de la Ley de protección a la
infancia, una de las leyes con mayor consenso de esta legislatura, a pesar de que ha sido recurrida en el Tribunal Constitucional por la extrema derecha. Seguramente ha sido recurrida porque, en el fondo, hay una negación a la consideración de
sujetos de derecho a los niños y las niñas. Por tanto, como sujetos de derecho, la obligación del Estado y de las administraciones es generar políticas públicas y políticas de prevención.


Como decía, la iniciativa que hoy se presenta aquí es, según nuestro criterio, complementaria, mejora la protección e incorpora -y eso es importante- en el proyecto que hoy se presenta una mayor exigencia y más control en el ámbito laboral
escolar para las administraciones, instituciones y empleados públicos. Por tanto, como se planteaba en la presentación, este es un tema determinante a la hora de poner el marco de protección.


Durante la tramitación de la Ley de infancia nosotros trabajamos y coincidimos en muchas enmiendas con Esquerra en la ley, igual que en la Ley de Educación, para mejorar tanto la protección como la educación afectivo-sexual que, según
nuestro criterio, es una barrera indispensable para la prevención de los abusos sexuales, para que no ocurran. Es verdad que el planteamiento es qué hacemos una vez que las cosas están ocurriendo, aunque alguien de esta Cámara piense que esa
prevención a través de la educación afectivo-sexual es adoctrinamiento. Por eso, nosotros estamos a favor de que todos los Estados estén obligados a desplegar en las mejores condiciones las leyes de protección y las leyes de prevención que
garanticen los derechos a los niños y niñas como sujetos de derecho, igual que establece la Convención de los derechos de niños y niñas. Por ello, no solo vamos a votar a favor, sino que trabajaremos en el transcurso de la tramitación para alcanzar
todas las mejoras que sean necesarias.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sabanés. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo Grupo Parlamentario, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías. Gràcies, presidenta.


Señorías, en los últimos años hemos conocido montones, demasiados casos de abusos sexuales en centros educativos y cada uno de estos casos, que nos encogía un poco más a todos el corazón, servía para destapar otros casos en los mismos
centros, con los mismos docentes y con los mismos profesores

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ejerciendo abusos y delitos contra la libertad sexual de niños y niñas y adolescentes. En realidad, con datos del mismo Ministerio del Interior, una de cada dos denuncias es por delitos contra la libertad sexual de de menores de dieciséis
años. Creo que esto nos obliga a desarrollar más legislación, a acotar un poco más toda la legislación que ya teníamos y que hemos ido acumulando a lo largo de estos años para proteger el derecho de los niños y niñas de este país. Porque, como ha
dicho la señora Bassa en su intervención, los abusos sexuales, sean o no en centros educativos, tienen consecuencias sobre los niños. Las tienen sobre el presente, sobre cómo desarrollan sus relaciones afectivas con sus familiares, con sus amigos,
con sus profesores, y las tienen también en su rendimiento escolar; pero tienen consecuencias también en su futuro, puesto que no es nada fácil digerir una situación como esta. Lo hemos visto, hemos conocido casos y la Ley de protección de la
infancia y la adolescencia abordaba también desde esta perspectiva los abusos y los delitos contra la libertad sexual.


Ya avanzo que, como no podía ser de otra forma, vamos a votar a favor de la aceptación a trámite de esta iniciativa. Sabemos que, por motivos que nada tienen que ver con el grupo proponente, el calendario ha querido que haya algunas cosas
que tendremos que ajustar en el periodo de enmiendas, cuando esta iniciativa sea aceptada a trámite, y así lo vamos a hacer. Nos preocupa de este texto el equilibrio entre la presunción de inocencia y los derechos y la protección de los niños,
niñas y adolescentes. Nos gusta la aproximación que el grupo proponente hace a esta cuestión, el equilibrio entre los derechos de la infancia y la presunción de inocencia, con lo cual vamos a trabajar en esta misma línea. Compartimos el sentido
del texto y así lo haremos.


Señorías, creo que es una buena noticia que se suma a toda la labor que ha hecho esta Cámara por los derechos de los niños, empezando con la creación de la Comisión para la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia; con la
ley que aprobamos hace unos meses en esta Cámara, y tantas y tantas páginas y textos que se han aprobado, que se han votado y que se han discutido para proteger los derechos de la infancia, con el apoyo siempre de entidades y plataformas que desde
fuera nos ayudan, nos apoyan y nos facilitan nuestro trabajo. Como ya he dicho, señorías, vamos a apoyar la tramitación de esta iniciativa y esperamos poder discutir y celebrar su aprobación lo más pronto posible.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Miquel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca.


El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.


A mí me gustaría, sinceramente, que fuésemos capaces de abordar el debate que hoy nos propone Esquerra Republicana desde la rigurosidad, desde la unanimidad y también desde la voluntad política de acabar con los abusos sexuales también en el
ámbito educativo. La seriedad del tema debe obligarnos a todos y a todas las presentes a huir de los gritos, de los insultos y también de los intereses partidistas que desgraciadamente algunos acostumbran a realizar. Así es que la importancia del
debate es evidentemente manifiesta. Según el último estudio encargado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y realizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis, tres de cada cuatro agresiones se dan en el entorno
familiar y en las escuelas, una de cada cuatro realizando actividades lúdicas o deportivas. De todas las denuncias, solo el 4,24 % llegan de centros educativos, servicios sociales o sanitarios o centros de acogida, probablemente debido a la falta
de protocolos y de formación que sufren los profesionales para abordar el abuso sexual. El 98 % de los agresores son hombres, el 72 % de las víctimas son niñas y solo el 25 % denuncia el mismo día. Otro dato aterrador es que casi el 65 % de las
agresiones se repite en más de una ocasión y de forma continuada y, en cambio, la inhabilitación profesional de aquellos en contacto directo con menores para las personas condenadas, que es lo que plantea Esquerra Republicana, no se ha aplicado en
el 74 % de las sentencias condenatorias.


Doy todos estos datos porque es necesario hacer ver que estamos ante un serio problema, una cuestión que requiere unidad, señorías. Unidad y voluntad para proteger y prevenir. Probablemente ahora saldrán las señorías de la ultraderecha a
decir que los abusos a menores también son ideología de género o una parte más del consenso progre, y se vuelven a equivocar. Se trata de una cuestión de Estado y, como tal, este Parlamento y este Gobierno de coalición están legislando para
erradicar estas situaciones intolerables. Les doy tres ejemplos. Uno, la Ley Orgánica de protección a la infancia y la adolescencia, donde se prevé que la dirección de los centros educativos supervise la seguridad en la contratación del

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personal y el control de los certificados obligatorios, se prevén medidas como elevar el plazo de prescripción a computar desde los treinta años y también dotar a los centros de una figura de coordinador de bienestar y protección del menor.
Dos, la ley orgánica de libertad sexual, que prevé una ruta especializada de medidas de acceso a la justicia siguiendo el modelo de la Casa de Infancia. Y tres, la Lomloe, donde se incluye la educación afectivo-sexual y reproductiva en los
contenidos formales del sistema educativo.


Pero permítanme que me detenga en este último punto. El peor problema del abuso sexual a menores es el secretismo y el elemento tabú que lo rodea. El abusador manipula a los más pequeños, juega con sus sentimientos, con sus miedos y con su
inocencia. En la mayoría de las ocasiones, los menores ni siquiera son conscientes de que están siendo víctimas de abusos sexuales. Desconocimiento y miedo impiden que denuncien. Por ese motivo es tan relevante introducir formación
afectivo-sexual en los centros, informarles de sus derechos, empoderarlos para que puedan denunciar si llega el caso. En España llevamos años de retraso y algunas instituciones, en lugar de estar a la altura del desafío, nos decepcionan
profundamente. Este ha sido el caso, por ejemplo, de la jueza que ha ordenado retirar diversos libros LGTBI donados a institutos por el ayuntamiento de Castellón. Si no fuera dramático, señorías, sería esperpéntico. En lugar de fomentar la
educación afectivo-sexual, algunos jueces la persiguen y la vetan, un comportamiento más propio de la Santa Inquisición que de un país moderno y progresista. Me preocupa, como decía al principio, que sobre estas leyes no haya consenso y unidad de
todas las fuerzas políticas, que la derecha vote en contra o que directamente acuda al Tribunal Constitucional -no sería la primera vez, pues ya lo hicieron, por ejemplo, con la ley de matrimonios homosexuales-, demostrando que van siempre en contra
de los tiempos y en contra también del sentido común. (Aplausos).


Reconozco que de la proposición de Esquerra Republicana me surge una duda, y es que ustedes focalizan la responsabilidad en el trabajador, en la persona que está en contacto con el menor -y, evidentemente, la tiene-, pero la responsabilidad
que tenemos que exigir debe ir mucho más allá. No dicen ustedes absolutamente nada de la responsabilidad de la Iglesia o de las escuelas concertadas en este tema. Echamos en falta algún artículo que estipule que a aquellas escuelas concertadas
religiosas que no han actuado debidamente en casos de abuso sexual se les tiene que retirar, por ejemplo, el concierto educativo porque forma parte también de la responsabilidad de estas escuelas. (Aplausos). España es, además, uno de los pocos
países de Europa en que la Iglesia no está investigando los casos de pederastia y abusos a menores en su seno, cuando tendrían que ser los principales interesados en esclarecer esta situación. En Francia ha sido la propia Conferencia Episcopal
quien ha iniciado la investigación; es el modelo ideal. En Irlanda lo ha hecho el Gobierno, en Bélgica ha sido el Parlamento y en Chile lo hace directamente la Fiscalía. En España ninguna institución lo está haciendo. La Iglesia tiene, señorías,
una responsabilidad histórica también en este tema, así que, por decencia cristiana, la Conferencia Episcopal Española debería iniciar una investigación, como también lo tendría que hacer el Gobierno, este Congreso y la Fiscalía.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mena. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Trías Gil. (Aplausos).


La señora TRÍAS GIL: Señora Bassa, durante su intervención ha lamentado ser catalana y tener que venir a las Cortes Generales para aprobar leyes que puede aplicar la Generalidad catalana. Desde VOX le animamos a que pase de los lamentos a
las acciones, abandone el escaño y deje de cobrar de todos los españoles (aplausos); 115 000 euros que usted cobra de todos los españoles gracias al golpe de Estado que diera su hermana en Cataluña. ¿Renuncia, entonces, a cobrar de todos los
españoles?


Mano firme y acciones contundentes para todos aquellos que abusan sexualmente de los menores, denigrándolos y denigrándose. Aquí no hay medias tintas. Imagino que Esquerra presenta esta proposición, precisamente, por la cantidad de casos
que salpican sus filas. Una navegación rapidita por Internet da estos resultados en los últimos años: '27 años de prisión para un excargo de Esquerra por acoso sexual a 13 menores'; 2017. (Muestra una hoja con el titular de una noticia y una
fotografía). 2020: 'ERC ocultó un caso de acoso sexual. El jefe de Gabinete de Exteriores fue cesado el pasado 24 de enero y Alfred Bosch quería recolocarlo'. (Muestra otra hoja con el titular de una noticia y otra fotografía). 'Los escándalos
sexuales dentro del independentismo catalán. En el último año -2020- se han producido cuatro dimisiones de miembros de Esquerra, JpC y CUP' por abusos a menores. (Muestra otra hoja con el titular de una noticia y otra fotografía.-Aplausos).

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Los niños son lo más hermoso de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Mirar a un niño, formarlo, convivir con ellos, contagiarnos de su mirada limpia y pura sobre la realidad es el regalo más grande que podemos tener. Lo sabe quien los ama y
quien se deja contagiar de su ternura, de la frescura de su mirada, de su capacidad de regeneración, de la intensidad con la que viven el momento presente como si toda la realidad estuviera allí contenida. También la alegría, la inocencia y la
sencillez son características únicas e irrepetibles de la infancia, atributos que nosotros como servidores públicos, adultos, debemos proteger y preservar sin fisuras.


Esta proposición de ley, aunque hable en el título de abusos sexuales en centros educativos, hace referencia continuamente a los trabajadores cuya actividad implique el contacto continuado con menores, por lo que también se aplica a los
centros tutelados. Estamos de acuerdo en el qué: contundencia frente a los delitos de abuso sexual a menores. Otra cosa es el cómo. En VOX, desde el principio de la Legislatura, venimos denunciando los abusos sexuales a menores, que destruyen de
por vida a quien los padece, dejando heridas irreparables. Sirva de ejemplo el caso escandaloso de las menores prostituidas en centros tutelados de Baleares, caso que sigue sin estar resuelto. (Aplausos). Ante este escándalo, incluso la Comisión
de Peticiones del Parlamento Europeo pidió explicaciones al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al ministro del Interior, el indigno Marlaska, así como a la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Baleares. Todo infructuoso,
hasta que en octubre de 2020 la Fiscalía de Menores de Baleares llegó a archivar las diligencias de la investigación que inició de oficio, a pesar de la gravedad de los hechos.


En VOX, además de las reiteradas preguntas e intervenciones en este mismo Pleno sobre este asunto, desde el comienzo de nuestra legislatura hemos llevado a cabo multitud de acciones. En el Parlamento balear VOX denunció, en febrero de 2020,
que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales conocía los hechos que estaban acaeciendo. VOX pidió en el Parlamento Europeo una misión especial y una comisión de investigación por los casos de explotación sexual en Baleares. En junio de 2021
solicitamos la creación de una comisión de investigación de estos hechos en el seno del Congreso. En septiembre de 2021, VOX Baleares ha puesto en conocimiento de la Fiscalía todos estos hechos. Más de dos años y el asunto sigue sin resolverse
porque a las administraciones competentes no les interesa. VOX está luchando en todos los ámbitos -políticos, judiciales y sociales, a nivel nacional y europeo- en defensa de estas víctimas y de todos los menores víctimas de abuso sexual.
(Aplausos). Hay que dejar de blindar las administraciones y empezar a proteger a los niños de verdad.


Esta proposición prevé, además, formación en materia de prevención de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, creando nada menos que un fondo a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para las comunidades autónomas. ¿De
verdad nos están proponiendo formación para decir a los trabajadores que están en contacto habitual con menores que no deben abusar sexualmente de ellos? Señorías, parece una broma.


Sin embargo, intentando comprender sus motivaciones, imagino que esa formación la pretenden en consonancia -como ya han venido diciendo- con la ley Herodes, la ley de supuesta protección a la infancia recientemente aprobada. La ley Herodes
repite sistemáticamente términos como prevención, sensibilización o detección precoz. Y así, al amparo de la diversidad y la protección frente a la violencia, se introduce en la formación de profesionales en contacto con menores ideas y normas que
tienen que ver con -y leo literalmente- el impacto de los roles y estereotipos de género en la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes. ¿Pero qué les van a enseñar, señorías, basura ideológica como esta (muestra una hoja con una
fotografía) que se ha tenido que retirar de un centro de Castellón por orden judicial este pasado viernes? La cruda realidad es que estamos consintiendo que se impartan unos contenidos en los centros escolares para niños de doce años que faltaría
al decoro de esta Cámara leerlos en voz alta en el hemiciclo y la mayoría de ustedes se escandalizaría. (Aplausos). Luego, si quieren, les reparto las hojitas porque he traído copias para todos. (Aplausos).


Estás políticas de género degeneran en casos como el que leíamos hace dos días en la prensa acerca del presidente de Estados Unidos: 'Biden denomina terrorista a un padre cuya hija fue violada en la escuela por un transexual. La política
de autodeterminación de género de un distrito escolar de Virginia permitió que un adolescente con falda violara a dos menores en los aseos'. (Muestra otra hoja con otra fotografía). Es decir, que en virtud de las políticas de autodeterminación de
género, se protege al violador y se acusa al padre que defiende legítimamente a su hija.


La señora PRESIDENTA: Señora Trías, tiene usted que terminar, por favor.

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La señora TRÍAS GIL: Españoles, este es nuestro futuro próximo como no paremos esto. Nosotros pensamos que la belleza del amor debe ser lo que nos mueva y no el miedo al horror. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Trías. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Álvarez Fanjul.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


Señora Bassa, la Cataluña independiente no existe y menos cuando estamos hablando de acoso sexual a menores.


Antes de entrar a debatir los aspectos más importantes de esta proposición de ley, me gustaría recordar el concepto de violencia sobre la infancia y la adolescencia que aprobamos en esta Cámara hace tan solo unos meses. Se fija en el
artículo 1, apartado 2, de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y se define como toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar,
que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma de comisión, incluida la realización a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente la violencia digital. De
esa forma se entiende que está incluido, como añade su párrafo segundo, el descuido o trato negligente, la explotación, incluyendo la violencia sexual, el acoso escolar y el acoso sexual. Traigo estas cuestiones por una sencilla razón, señorías,
porque sorprende que el contenido de esta proposición de ley que valoramos hoy no se incluyera en su momento en la ley orgánica que aprobamos el pasado 4 de junio; una ley novedosa que ya regula aspectos de la proposición de ley que el Grupo
Parlamentario Republicano trae hoy a esta Cámara. Su capítulo IV, del ámbito educativo, desarrolla diversas medidas de prevención y detección precoz de la violencia en los centros educativos. Su artículo 18 ya se refiere a deberes de información
de los centros educativos y establecimientos residenciales. Su artículo 20, apartado 2, ya contempla deberes de protección y seguridad en esos centros. Y su artículo 5, impulsado gracias a una enmienda, por cierto, del Partido Popular, regula la
formación especializada, inicial y continua de los profesionales que tengan contacto habitual con menores de edad, además, concretando las administraciones públicas que deben garantizar que el personal docente y educador reciba formación específica
en materia de educación inclusiva.


Esta ley orgánica sería más completa si se hubieran aceptado muchas de las enmiendas que mi grupo parlamentario presentó y que la mayoría que sustenta al Gobierno de España -ustedes seguramente incluidos- decidió no incorporar a dicho texto.
Aspectos vinculados, por ejemplo, a la esencia del objetivo de la norma: evitar que niños y adolescentes de nuestro país se vean sometidos a situaciones de especial vulnerabilidad, especialmente los menores en situación de tutela que hayan sufrido
explotación sexual. Ustedes sabrán cuáles fueron las motivaciones políticas que les llevaron a rechazar, por ejemplo, las medidas relativas a mejorar la protección de los menores en centros tutelados, que nosotros propusimos en su día. Ustedes
hablan en su exposición de motivos de espacios seguros en los centros educativos. Yo creo que ahí se han quedado ustedes cortos: centros educativos, centros y pisos de acogida. Para aprovechar este texto normativo y garantizar espacios seguros en
los que los menores en España puedan formarse y desplegar sus proyectos vitales libremente, esperemos que en esta ocasión no se dejen llevar por motivaciones políticas y apuesten por la protección a niños y adolescentes con independencia de sus
colores políticos y de los gobiernos negligentes que pretende salvaguardar. Si la Cámara toma en consideración esta proposición de ley, anuncio ya que mi grupo parlamentario intentará reforzar la regulación normativa para prevenir situaciones
escalofriantes como las que hemos ido conociendo a lo largo de esta legislatura en Baleares y en la Comunidad Valenciana.


En el Grupo Parlamentario Popular, además, consideramos que esta proposición de ley es pertinente. Sin embargo, sorprende, primero, porque estas medidas podrían haberse intentado incorporar en la normativa anterior y no entendemos por qué
no lo hicieron. Segundo, porque es una proposición de ley que no viene sustentada en informes jurídicos ni en demandas de asociaciones ni representantes del tercer sector. Tercero, porque teniendo en cuenta sus experimentos políticos, señores de
Esquerra Republicana, sería necesario retocar algunos términos de su propuesta para reforzar la seguridad jurídica y la presunción de inocencia. Cuarto, también sorprende, siendo como son ustedes de izquierdas, que pretendan traer a esta Cámara una
reforma del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado Público sin acordarse, o por lo menos consultar, mediante el preceptivo diálogo social que

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debería existir. No estamos hablando de una modificación menor, sino de crear una causa objetiva de extinción del contrato de trabajo y de la pérdida de la condición de funcionario público. Pretenden hacerlo, además, sin escuchar por lo
menos a los trabajadores interesados. No tiene ningún sentido. Y, quinto, sorprende porque también se nos queda corta; ya lo he comentado anteriormente. Viendo la tramitación de la ley orgánica, se quedarán fuera aspectos esenciales a la hora de
regular la protección de menores, sobre todo la de aquellos que se ven obligados a vivir en centros o pisos de tutela o acogida. Sorprende que no hayan aprovechado esta oportunidad para enmendar dicho error. Existe una identidad clara de objeto:
evitar situaciones de especial vulnerabilidad a menores en nuestro país, bien en las aulas, bien en los centros o en los pisos acogida. Existe una identidad de sujetos: menores, por un lado, pero trabajadores también, por el otro. Es una
oportunidad perfecta que tenemos todos y que deberíamos aprovechar.


Las medidas que ustedes proponen pueden ser razonables para situaciones que -tal y como dicen ustedes-, aunque afortunadamente no forman parte de la tónica habitual, pueden llegar a sucederse en las aulas, sin perder de vista la labor
encomiable de los profesores, del personal de administración y del servicio de los centros educativos. Ahora bien, lo que parece que sí era habitual, y sorprende que pasasen tantos años sin hacer saltar las alarmas, eran los abusos que ocurrían en
Baleares y en la Comunidad Valenciana, de los que aquí se ha guardado silencio (varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos); abusos que, como hemos dicho al principio también, se subsumen dentro del concepto de violencia de la ley orgánica, que
entre todos debemos combatir. Aprovechemos esta oportunidad para proteger mejor a nuestros niños y a nuestros adolescentes.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Álvarez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García López.


La señora GARCÍA LÓPEZ: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.


Para el Grupo Parlamentario Socialista la protección de la infancia y la adolescencia es vital. Los niños, las niñas y los adolescentes son el futuro de este país y es preciso garantizarles un presente adecuado, inclusivo y acogedor para
que tengan un futuro libre, responsable y próspero. Tenemos la obligación de proteger a los menores contra la violencia de una forma integral. Para ello, los centros educativos deben ser espacios seguros sin excepciones. La reacción ante
conductas y delitos contra la integridad sexual de los menores debe ser extremadamente eficaz, rápida y contundente. El abuso sexual es la modalidad más espeluznante de maltrato infantil. Se produce un abuso de poder de la persona adulta que
repercute en el menor de una forma terrible a nivel individual, familiar y social, provocando un daño físico y psicológico a veces irreparable. ¡Tenedlo claro, niños, niñas y adolescentes: nunca, nunca tenéis la culpa; los abusadores siempre son
los únicos responsables! (Aplausos).


La Constitución española consagra, en su artículo 27, el derecho de todas las personas a la educación y establece que esta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y las libertades fundamentales. En su artículo 39.4 determina que los niños y las niñas gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Así, la Convención sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, ratificada por España en 1990, en su artículo 19.1 establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los niños,
las niñas y los adolescentes contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.


El Convenio del Consejo de Europa para la protección de las y los menores contra la explotación y el abuso sexual de 2007, conocido como Convenio de Lanzarote, fue ratificado por España en 2010. Este convenio establece la obligación de los
Estados parte de adoptar medidas legislativas de todo tipo para que se garantice que las personas en el ejercicio de una profesión en contacto habitual con los menores no hayan sido condenadas por actos de explotación o abuso sexual, quedando así
establecido dicho requisito en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley de Protección Jurídica del Menor, así como de la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.


Para el Partido Socialista nuestros niños, niñas y adolescentes son el mayor tesoro al cual debemos proteger. Por ello, impulsamos la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada
recientemente en esta Cámara. (Aplausos). Como ustedes saben, dicha ley, en

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su capítulo IV, al desarrollar medidas de prevención y detección precoz de la violencia, garantiza la protección y seguridad de los menores en los centros educativos.


Asimismo, nuestro compromiso socialista con la legislación educativa a lo largo de toda la democracia aborda y trata de prevenir y erradicar desde diferentes ámbitos competenciales la violencia escolar. La Lomloe avanza desde las líneas de
trabajo que en este sentido abrió la LOE, haciendo hincapié en la lucha contra todo tipo de violencia en el entorno escolar e incluyendo, y siguiendo la Ley de infancia, la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección que debe
designarse en los centros educativos para hacer frente a estas situaciones. Tras años de abandono del Partido Popular, la reanudación de la actividad del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar en noviembre de 2020 permite llevar a cabo
actuaciones contra la violencia en el ámbito educativo y el fomento de una convivencia escolar positiva, pacífica y dirigida a lograr el bienestar emocional del alumnado.


Señorías, pese a todo lo dicho y hecho, somos conscientes de que existe una espesa capa de silencio sobre los abusos sexuales y el maltrato infantil. Se desconoce la cifra real y se calcula que solo entre el 10 y el 15 % de los casos son
denunciados. En este sentido, además de lo establecido en la proposición de ley del Grupo Republicano, creemos fundamental resaltar la prevención, la formación y la sensibilización para la detección precoz de situaciones de violencia sobre la
infancia y la adolescencia, y para ello es necesario mantener el compromiso de toda la sociedad, de las familias, de las administraciones públicas y del sistema judicial. Ello exige adecuar nuevas normas para lograr entornos seguros y la existencia
de protocolos que permitan la detección precoz de posibles situaciones de violencia y abuso sexual. En este punto juega un papel fundamental la formación, pues permite a los docentes advertir indicios de situaciones que sean o puedan degenerar en
abusos sexuales, y la educación afectivo-sexual que contempla la Lomloe en todas las etapas educativas, que permite al alumnado ser consciente de situaciones que puedan poner en riesgo su integridad sexual.


Señorías, apoyaremos la toma en consideración de esta iniciativa que pretende prevenir y reaccionar eficazmente ante los delitos contra la integridad e indemnidad sexual en los centros educativos por parte de empleados públicos o
trabajadores hacia menores de edad y mejorar las actuaciones correctivas. Como legisladores, no podemos permitir este tipo de conductas. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos apropiada esta proposición de ley. Señorías,
solo así tendremos ciudadanas y ciudadanos que hagan de este mundo uno mucho mejor. Como dice el pedagogo Francesco Tonucci, necesitamos personas que se sientan realizadas, que sean felices. Este es el reto de la educación.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, INTEGRAL DEL CANNABIS. (Número de expediente 122/000164).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural, integral del cannabis.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Errejón Galván.


El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, tenemos a menudo en este Congreso discusiones que tienen mucho más que ver con charlas entre nosotros, con discusiones privadas, en mi opinión cada vez más endogámicas, más alejadas de la sociedad y que no tienen demasiado que ver
con las preocupaciones de la gente, con aquello que ya es real, que es un debate en la calle en el día a día; nos lanzamos adjetivos unos a otros mientras nos alejamos cada vez más de nuestra sociedad. Es preocupante cuando en un país los
representantes tienen unas preocupaciones cada vez más alejadas de las preocupaciones de los representados. Una de las grandes teóricas de la representación política, la profesora de Berkeley, Hanna Pitkin, advierte que cuando esta brecha se vuelve
sistemática empeora la calidad de la democracia y erosiona la legitimidad de las instituciones. Esta brecha se agranda básicamente cuando nos falta la honestidad o nos falta el coraje de tener aquí los debates de lo que en la calle ya es normal.


Hoy nos enfrentamos a una realidad que ya existe en España y frente a la cual tenemos que tomar una decisión. Si no regulamos el uso del cannabis, no estamos tomando una decisión sobre que desaparezca, porque con la prohibición no
desaparece. Estamos tomando de facto la decisión de regalarle

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el control a las mafias, es decir, votar porque se mantenga el mercado negro. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es usar este Congreso para lo que está: para regularlo y para hacer una ley acorde con lo que ya es normal en nuestra
sociedad; para poder proteger, para poder informar, para poder acompañar y para poder hacer aflorar a la economía formal lo que hoy son beneficios de las mafias y del mercado negro. Donde hay normas adaptadas a la sociedad, puede prevalecer el
bien público; donde no, prevalece el capricho del más fuerte.


Señorías, hoy queremos sacar adelante la ley integral para el cannabis más avanzada de Europa. Les traemos una discusión que nos parece fundamental para el tiempo que viene. Con esta ley integral de cannabis queremos dar un paso más en un
camino de avances sociales y civiles en el que España en muchas ocasiones ha sido pionera y, hay que decirlo de manera muy clara, no estamos solos en este camino. Países de nuestro entorno, como Portugal o Italia, están avanzando ya en la misma
dirección. En el Estado de Colorado o en el Estado de California, en países como Uruguay o Canadá, se han implementado leyes de regulación del cannabis muy similares a las que proponemos hoy aquí, y el próximo futuro Gobierno de Alemania, compuesto
por socialdemócratas, verdes y liberales, ya ha anunciado una regulación integral del cannabis y su despenalización.


Quiero mostrar mi agradecimiento, en primer lugar, a las asociaciones que nos han ayudado en elaboración de esta ley, así como al Grupo de Unidas Podemos y al Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya su trabajo, las iniciativas
legislativas que han registrado, el acuerdo y la mejora de la iniciativa, al igual que al Partido Nacionalista Vasco, gracias a quienes ya está en marcha una subcomisión para estudiar el cannabis medicinal. Estamos de acuerdo y nos parece que es
crucial el estudio y la legalización del cannabis para uso terapéutico y para uso de la investigación, nos parecería una hipocresía no hacerlo. Pero creemos que regular el uso medicinal no es suficiente. Hace falta que el debate en la sociedad
española -que ya está maduro- pueda ir un paso más allá. Por eso proponemos una regulación integral, un marco legal sólido que regule el uso particular definiendo límites de autocultivo y de tenencia, estableciendo normas claras y específicas para
el consumo en el espacio público, regulando las actividades comerciales relacionadas con el cannabis, licencias a cultivadores, registro y etiquetado de los productos para permitir la trazabilidad, así como las normas de transporte y exportación.
Queremos establecer también procedimientos respetuosos con el medio ambiente en el tratamiento de residuos y obligar al uso de un 60 %, como mínimo, de energías renovables en los cultivos profesionales de interior.


Es posible que haya quien se pregunte, y se pregunte además de buena fe, que con la que está cayendo, con la situación que hay en España, por qué esto es una prioridad, por qué traemos esto aquí. Voy a intentar resumirlo, y es por tres
motivos muy sencillos: por salud, por economía y por libertad. En primer lugar, por salud. Regular no es incentivar, de la misma manera que regular el consumo del tabaco o del alcohol no es incentivarlo. El consumo en España ya es un hecho, está
sucediendo y seguirá ocurriendo aunque siga estando prohibido por la ley. No se pueden hacer políticas sanitarias de prevención, de regulación o de acompañamiento en actividades que ocurren en la clandestinidad y a espaldas del Estado. Es
precisamente porque el abuso puede resultar nocivo para la salud por lo que necesitamos regular el consumo, como ya hacemos con sustancias como el tabaco o el alcohol.


En segundo lugar, necesitamos regular el cannabis por economía. ¿Por qué se dedican las mafias al tráfico de cannabis? Porque es una actividad que mueve miles de millones de euros al año. La regulación en el Estado de Colorado ha creado
miles de empleos y ha supuesto el ingreso de 1000 millones de dólares anuales en las arcas públicas. En el caso de España, un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona cifra en torno a cien mil los empleos directos que podrían aflorar para la
economía formal y en una recaudación de alrededor de 3300 millones de euros anuales que hoy van para las mafias y que podrían ir para financiar los servicios públicos. Hoy España ya es uno de los principales productores de cannabis del mundo.
(Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor ERREJÓN GALVÁN: Lo que decidimos es si esa actividad va a dar beneficios para las mafias o va a dar beneficios para la economía formal y para los servicios públicos en nuestro país. Por eso, nuestra proposición de ley establece un
impuesto especial, prácticamente igual al que rige para el alcohol o para el tabaco, de hasta un 35 % sobre el precio de venta, cuyos ingresos proponemos que se destinen, al menos en un 60 %, a la sanidad pública.


Y, en último lugar, decía que por razones de libertad y de enfrentar la hipocresía. Hay mucha gente que de buena fe puede decir: pero es que la prohibición nos protege. ¿Hay alguien aquí que pueda subir

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a esta tribuna y decir con honestidad que la prohibición impide hoy al español o a la española que quiera conseguir y consumir cannabis en el momento que quiera? No hay nadie que lo pueda decir con honestidad. La prohibición no evita que
la gente consuma, la prohibición lo que hace es que consuma sin información, que consuma sin regulación y que consuma sin etiquetado, y que esa actividad genere ingresos para las mafias, pero no para el Estado.


Alguien podría decir que lo que hace falta es mano dura, pero es que hemos probado ya a aumentar las sanciones, que pueden llegar hasta 30 000 euros. Hemos invertido muchos recursos en detener a más personas, 13 000 personas detenidas al
año por motivos relacionados con el cannabis, según datos del Ministerio del Interior. Y yo les pregunto: ¿se ha debilitado el narcotráfico asociado al cannabis? En absoluto. Entre los años 2013 y 2019 el número de plantas incautadas ha crecido
un 738 %. Por un lado, cada vez más sanciones y detenciones, y, por el otro, el mercado negro no deja de crecer. La prohibición, simple y llanamente, no está funcionando. ¿O hay alguien acaso que pueda defender que la prohibición no está
generando más consumo, más criminalidad y más daño a la salud?


Esta es una vieja historia que todos ustedes conocen. Estas discusiones ya se han planteado. En 1920 Estados Unidos decide hacer frente a los daños que ocasiona el abuso del consumo de alcohol, así que prohíben tajantemente la producción y
la venta de alcohol. Les sonará la Ley Seca. ¿Qué efectos tuvo la prohibición establecida por la Ley Seca? El aumento de las mafias, el aumento de las intoxicaciones, el crecimiento del mercado negro y el florecimiento de personajes como Al
Capone. La prohibición no funcionó, así que en 1932 Roosevelt rectifico y retiró la medida ante su fracaso, protegiendo la salud de los norteamericanos y aumentando los ingresos para las arcas públicas de una actividad que antes solo generaba
ingresos para las actividades delincuenciales.


Al abrir este debate han empezado a surgir, como siempre, argumentos que han puesto el grito en el cielo y que han dicho que esto iba ser un cataclismo, que iba ser un horror, que iba a ser un desastre. Yo quiero dedicar un minuto apenas a
contestar algunos de estos argumentos. En primer lugar, existe el argumento de quienes dicen que si en España se regula el consumo del cannabis se va a consumir más. Y lo decía antes, señorías, yo no sé dónde viven, pero en el país en el que yo
vivo y en el que viven ustedes no hay un solo español que si quiere consumir cannabis no pueda hacerlo. Lo que pasa es que lo hace sin etiquetado, sin regulación, sin información, sin acompañamiento y sin protección de las autoridades públicas. No
hay nadie que haya dejado de consumir porque la prohibición no le deje; de hecho, el consumo no para de aumentar. Regular el consumo del cannabis no es estimularlo, igual que regular el tabaco no es estimularlo, es poder proteger, hacer campañas
de sensibilización, controlar la calidad y poderlo prohibir para determinados sectores o actividades.


En segundo lugar, hay quienes dicen que esto puede facilitar el consumo entre menores, y es exactamente al revés, en el mercado negro no te piden DNI, en el parque no te piden DNI; te lo piden en un centro establecido, te lo piden en un
estanco, te lo piden en un centro habilitado. Las actividades que se realizan en el mercado negro son más difíciles de controlar, es más difícil que el Estado intervenga para proteger a los menores.


En último lugar, hay quienes dicen que esta regulación abriría el paso al consumo de otras sustancias, de otras drogas mucho más nocivas. Lo cierto es que esto se podría aplicar a muchas drogas que son legales, y es verdad que no tienen
nada que ver los efectos que producen sobre el cuerpo humano, los efectos que producen sobre nuestras relaciones sociales, pero es que es exactamente al revés, es que la prohibición empuja a mucha gente a acudir al mercado negro, en el que después
puede entrar en contacto con otras sustancias.


Para acabar, me quiero dirigir a las diferentes formaciones políticas. Sé que las derechas se van a oponer, como es natural, porque, en general, se oponen a todo hasta que lo conseguimos aprobar, y entonces lo acaban usando también. Lo
único que les pediría es que, si se oponen sistemáticamente a todos los avances en libertades individuales, renuncien al término de liberales, porque es un término que les queda grande. Liberal no es el término que define al que se pone siempre del
lado de los poderosos, sino al que también está de acuerdo con el avance de las libertades individuales, y ustedes votan sistemáticamente aquí en contra de todos los avances de derechos y libertades. (Aplausos).


Al Partido Socialista le digo: Creo que van a votar a ustedes en contra, y me apena ese voto. Ustedes saben que hoy perdemos una oportunidad histórica. Y quiero que quede muy claro: votar hoy que no a la regulación del cannabis no es
votar para que se elimine, no tenemos un botón mágico. Votar hoy que no se regule el cannabis no es votar que desaparezca de la sociedad española, es votar que se siga produciendo, que se siga distribuyendo y consumiendo en el mercado negro, no
bajo el control de las

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instituciones, sino bajo el control de las mafias. Ojalá tomen ustedes nota de su partido hermano en Alemania, el SPD, que en coalición con los Verdes y gracias a una propuesta de los Verdes, nuestra formación hermana, ha reconocido que hay
que legislarlo y lo va a regular en Alemania.


Creemos que en esta ley pasará lo que ha pasado muchas otras veces que hemos sometido temas a discusión pública. El ciclo siempre es igual: primero, comentarios jocosos; después, empiezan a salir noticias y estudios; después, nos fijamos
en otros países que lo hacen; después, lo adoptan otras formaciones políticas y, al final, lo acabamos aprobando. Les quiero dar las gracias a las formaciones políticas con las que hemos acordado. Les quiero dar las gracias a las organizaciones
de la sociedad civil que llevan mucho tiempo trabajando este tema y les quiero decir que hoy hemos dado un gran paso por libertad, hemos dado un gran paso por salud y vamos a dar un gran paso por economía.


Muchísimas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Votaré en contra de la toma en consideración de la proposición de ley integral del cannabis, y confío además en que los abundantes precedentes parlamentarios de propuestas equivalentes a la que plantea Más País sirvan de referencia para
rechazar coherentemente esta iniciativa que, de aceptarse, repercutiría de lleno en el ámbito de la salud pública. Asimismo, quiero recordar que hace solo cinco días se constituyó aquí, en el Congreso, una subcomisión al objeto de analizar
experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal, que, a mi juicio, debería haber sido precedida de un trabajo científico especializado ampliamente documentado sobre la materia.


Señorías, frente a los apologetas del consumo, quisiera afirmar alto y claro que el cannabis es una droga, y el mensaje a los ciudadanos no puede ser otro que la droga esclaviza, destruye y mata. La droga esclaviza, destruye y mata.
(Aplausos). Hay quienes consideran que su consumo no tiene riesgos, que responde, como ha dicho el señor Errejón, a un ejercicio de libertad individual y que cada cual con su cuerpo y con su salud hace lo que le viene en gana, pero, desde la
responsabilidad que conlleva intervenir desde esta tribuna, cuando hablamos de drogas, el debate debe enfocarse en la prevención, no en el consumo. La banalización de los efectos de las sustancias comienza con el maquillaje falsario de su
definición. El cannabis es una droga, pero blanda, proclaman sus valedores; no es adictiva, aseguran. Sin embargo, desgraciadamente para quienes toman como buenos tales consejos, el cannabis está en la base para ir descendiendo peldaños hacia el
trágico y devastador infierno de los estupefacientes.


Según datos del Consejo de la Juventud, esta droga es, tras el alcohol y el tabaco, la tercera sustancia más consumida. Uno de cada tres menores refiere haberla fumado en el último mes. Según datos comunitarios, España lidera junto a
Francia el consumo en la Unión Europea. El 23 % de los adolescentes de nuestro país reconoció haber consumido cannabis antes de la pandemia. Probablemente, muchos adolescentes desconozcan que los problemas y trastornos del consumo en edades
tempranas derivan en cambios neurobiológicos que impactan en el desarrollo cerebral.


Señorías, junto con la dimensión social, existe una dimensión sanitaria del consumo de drogas, como en el caso del cannabis. La atención a las patologías derivadas de los daños producidos por esta sustancia es muy compleja y requiere de
muchos recursos. Sirva de muestra que la inhalación de su humo multiplica varios cientos de veces los tóxicos del tabaco, con el correspondiente deterioro pulmonar, y que los colocones abocan a trastornos psicológicos y psiquiátricos, tales como
brotes psicóticos, esquizofrenia, depresión o ansiedad.


Por todo ello, en definitiva, me opongo a la regulación legal de esta materia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

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La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.


Que hablemos de la regulación del cannabis es una buena noticia. Se lo agradecemos al grupo proponente y a los otros grupos que también han estado trabajando en el tema. De hecho, en Cataluña se aprobó una ley, la 13/2017, que -no se lo
van a creer- tumbó el Tribunal Constitucional. Es una cosa que no ha pasado nunca.


Que hablemos de la regulación del cannabis es una buena noticia por tres razones principales; algunas se han dicho, pero queremos explicarlas. La primera es una obviedad: en el Estado español se consume muchísimo cannabis y sería una
hipocresía no pensar la política pública desde esta realidad. El prohibicionismo no funciona; prohibir el cannabis no significa que disminuya el consumo, significa que el consumo es más caro y que las mafias hacen más dinero. De hecho, según
datos del Ministerio de Sanidad, el 19,3 % de los jóvenes lo ha consumido en los últimos treinta días y es la sustancia ilegal más consumida en el Estado español. El hecho de prohibir nos lleva a una práctica política podríamos decir que hipócrita,
porque, como decíamos, solo aumenta el precio y los beneficios de las mafias; en cambio, regular tiene que ver con educar y garantizar el consumo seguro.


La segunda razón que explica que estemos de acuerdo con la regulación del cannabis, es una razón en términos de salud pública. (Rumores).


Señorías, sois un poco pesadas...


La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Vehí. Espere un momento, por favor. Hay un rumor permanente que impide seguir al orador. Pido un poco más de silencio, por favor.


Gracias.


La señora VEHÍ CANTENYS: Es que, además, esta mañana he tenido que escuchar, por parte de un periodista de extrema derecha, que a qué dedico mi sueldo. Pues eso me pregunto yo aquí, en esta Cámara, que no paran de hablar. Si no quieren
estar aquí, se van, pero hablar con este ruido... (Rumores y protestas).


La señora PRESIDENTA: Señora Vehí, continúe con su intervención.


La señora VEHÍ CANTENYS: La segunda razón, es una razón de salud pública. Las Naciones Unidas han reconocido su uso terapéutico en este mismo 2020. Es una demanda histórica de los enfermos crónicos y de la gente que sufre dolor crónico.
Y para hablar de salud pública, también deberíamos hablar en esta tribuna de otro elemento que se ha sacado con anterioridad, y es -como el cannabis está prohibido y no se puede utilizar por razones médicas- el uso en exceso de los opiáceos, cada
vez más. Cuando hablo de opiáceos, hablo de valiums, de tranquimacines, de orfidales y de muchas medicinas que se recetan. De hecho, mirándome también datos del Ministerio de Sanidad, el 5 % de las consultas realizadas por médicos en población
adulta acaban con estas recetas y, además, son medicamentos que generan muchísima adicción. El cannabis es una buena alternativa en el sentido de que es más saludable, es menos adictivo y, además, es más barato, porque, como ustedes saben, se puede
cultivar en casa.


El último argumento es el que también ya se ha dicho: el tráfico. Regularizar el cannabis es luchar contra el tráfico. Además, no regular no puede ser una alternativa, ya se ha dicho antes. No sé ustedes en qué país viven, pero Cataluña
se está convirtiendo en la nueva Ámsterdam: producimos toda la marihuana que se consume en toda Europa. Hay que regular esto, hay que regular, porque la alternativa es que esta gente haga millones de dinero. La prohibición lleva a favorecer el
mercado negro y a favorecer que las mafias se forren; en cambio, regular nos lleva no solo a un consumo seguro y regulado, sino también a una tendencia que es mundial y, además, a poder recaudar muchísimos impuestos -ya se ha dicho también-.


Acabo con unas palabras de Pepe Mujica, el expresidente de la República de Uruguay, país pionero en la legalización del cannabis. Él decía que la única adicción saludable era la del amor y que peor que la marihuana es el narcotráfico. En
eso nos tenemos que centrar: en acortarle campo, en acortarle mercado al narcotráfico y en garantizar el consumo seguro y regulado.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo.

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El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Arratsalde on. Buenas tardes.


Primero quiero decir que apoyamos esta iniciativa que tiene por objeto poner en marcha un nuevo marco legal que regularice y despenalice el uso del cannabis. ¿Por qué? Aunque no vaya a salir aprobada esta tarde, es bueno que nos pongamos a
reflexionar y demos salida a un problema que hasta ahora no estamos solucionando; es hora de que lo abordemos desde el punto de vista de encontrar soluciones lógicas, ordenadas y democráticas. Es inadmisible que optemos por el mantenimiento de la
actual situación, una situación que ya conocemos que no funciona porque es descontrol, desatención, inseguridad, marginación, represión y economía sumergida. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué no buscamos un camino legal y racional? Solamente se puede
entender que haya soluciones inmovilistas si realmente se está sacando provecho o beneficio de esa situación. ¿Quién saca beneficio de esa situación? ¿El que esté apostando por salidas de orden público, por reforzar los caminos represivos?
¿Estamos apostando por reforzar esos sectores que intentan imponer su moral nacionalcatólica a partir de imposiciones prohibicionistas? ¿Vamos a seguir apostando por esas vías? ¿No hay otras? Eso es lo que está en juego en estos momentos.


¿Por qué habría que apostar? A nuestro entender, hay tres razones fundamentales. Primero: ya en el siglo XXI se está arrinconando la estrategia que se puso en marcha a principios del siglo XX, la moda prohibicionista; de hecho, la ONU,
por ejemplo, ya ha retirado del listado de drogas peligrosas el cáñamo y muchos países ya están desarrollando la regularización de su uso. Segundo: el problema fundamental del uso de la marihuana, de los derivados del cáñamo, de toda esa gama de
productos es un problema de salud pública, y es ahí donde tenemos que enfocarlo y donde tenemos que marcar nuestras estrategias. La regularización del uso del cáñamo, de la marihuana, del cannabis, como queramos llamarlo, va a tener efectos que
solamente van a ser positivos, primero, porque va a permitir avanzar en la investigación y, segundo, porque vamos a impedir que esa regularización nos venga de la empresa privada, de las grandes multinacionales, que es uno de los elementos a los que
hay que adelantarse. No podemos esperar a que la regularización, la legalización, todas las estrategias de normalización de su consumo tanto médico como lúdico nos vengan de manos de las grandes multinacionales. Tercero: tenemos que conseguir que
la legalización, su regularización, no sea sobre la base de la banalización de su consumo. Precisamente, desde un punto de vista de actuación médica, una de las estrategias de la normalización y de la regularización tiene que ser en contra de la
banalización de su uso. Ya está bien de seguir avanzando en estas líneas ya gastadas y usadas.


Por último, quería referirme a una cuestión por la que es urgente la regularización: es importante que ese mercado aflore y que no esté dando cobertura a las redes ilegales de narcotráfico. Por eso apoyamos tanto esta como el resto de
iniciativas que están aquí, en este Parlamento. Quiero recordar que hay muchas instituciones que han estado intentando avanzar en ese sentido. Una de ellas es el Parlamento foral de Navarra; el Parlamento foral de Navarra aprobó en 2015 una ley
para la regularización de la actividad de los colectivos y usuarios del cannabis; en el 2017 el Tribunal Constitucional la abolió, le dio un martillazo. De nuevo un martillazo de esa justicia politizada, porque no solamente era cuestión de parar
esa iniciativa de Navarra, sino también la de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la de Cataluña. A continuación, el Parlamento foral de Navarra nos volvió a remitir esa ley para que la aprobáramos aquí. En 2019, al disolverse este Parlamento,
esa iniciativa quedó aparcada. La Comunidad Autónoma vasca y Cataluña han estado debatiendo diferentes iniciativas que han sido aprobadas por parlamentarias y parlamentarios de su partido, no olviden eso; hay un clamor en la sociedad, en los
parlamentos, en todas las instituciones que nos dice que hay que regular. Ya vale de que estemos funcionando sobre la base de que el dúo de la derecha nos esté amenazando directamente o a través de las instituciones y, de acuerdo con eso, estemos
legislando y hayamos renunciado a dar pasos valientes. Es momento de tomar la iniciativa de la regularización directamente, y esperemos que en esta legislatura sea así. Hay que avanzar, hay que dar pasos no solamente porque pensemos así, sino
porque la sociedad nos lo está demandando.


Muchas gracias. Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos.


Señor Errejón, buenas tardes, es un placer debatir con usted por primera vez.

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Querría empezar por recordar cuál ha sido y sigue siendo uno de los grandes hándicaps que tiene que superar este debate de la regularización del cannabis. El gran hándicap ha sido la hiperpolarización del debate, fundamentalmente en el
ámbito político, una hiperpolarización entre en los que estaban radicalmente en contra -no, de esto no se habla- y los que defendían, tal vez, posiciones maximalistas, lo cual impedía el debate. Pero si eso era una macropolarización, ahora, aquí,
rizando el rizo, estamos asistiendo a una micropolarización, porque andan ustedes a la carrera.


Voy a hacer un repaso de las últimas iniciativas que ahora tenemos sobre la mesa. El 22 de septiembre se debate una proposición de ley en el Senado; el 27 de septiembre, cinco días después, presentan ustedes esta proposición de ley; al
día siguiente se presenta otra proposición de ley para lo mismo por parte de Esquerra Republicana; una semana después, el 6 de octubre, Unidas Podemos presenta otra proposición de ley en el Congreso para el mismo tema. Cuatro proposiciones de ley
al mismo tiempo para lo mismo aquí. ¿Ustedes creen que esta es la vía? Yo lo que veo clarísimamente es que andan a la carrera y honestamente les digo que creo que esto no favorece en nada poder avanzar en el debate de esta cuestión. Si lo que
teníamos era que superar esa hiperpolarización de los extremos, ¿cómo se puede justificar que quienes están más próximos en las posturas no sean capaces de llegar a articular un texto -cuando tienen ya trabajados unos textos, tomándose un poco más
de tiempo- y presentárnoslo a nosotros aquí, en el Congreso, como documento base para el trabajo? Creemos que este debate debe afrontarse y trabajarse desde el pragmatismo, y eso nos va a llevar a avanzar. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez
de Celis, ocupa la Presidencia).


Tal vez pueda haber alguien que piense que esos tímidos pasos no son mucho, pero le voy a poner un ejemplo de distintos pasos que hemos ido dando nosotros, que creemos que han sido un hito en su momento y que, al final, también se están
teniendo en cuenta. En 2016, en Euskadi, en el Parlamento vasco se aprobó la Ley de adicciones, y se incluyó un artículo, el artículo 83, que se refería a la necesidad de regular las entidades de personas consumidoras de cannabis. Ahora, aquí, en
esta Cámara, se ha dado otro paso: se ha constituido una subcomisión para el análisis de distintas experiencias en el ámbito del cannabis medicinal, terapéutico. Creo que vamos a ser capaces, todas y todos los que nos sentemos allí como portavoces
de nuestros respectivos grupos parlamentarios, de escuchar y reflexionar de forma conjunta y de hacer un informe con propuestas y remitirlo al Gobierno para que este, a su vez, pueda poner, si lo tiene en cuenta, desde el Ministerio de Sanidad algún
programa de acceso al cannabis medicinal, terapéutico, que pueda servir como ejemplo y de forma pionera para seguir avanzando.


Se refería usted a que era necesario avanzar en una política de reducción de daños más que en una política prohibicionista -no sé si la de reducción de daños la ha mencionado, pero sí la política prohibicionista-, y estamos totalmente de
acuerdo. Las políticas prohibicionistas no dan buenos resultados. No compartimos esa perspectiva. Entendemos que toda política debe enfrentarse desde una política de reducción de daños. Y le voy a poner otros dos ejemplos de políticas de
reducción de daños que en Euskadi se pusieron en marcha, que fueron pioneras y que dieron muy buenos resultados. En 1986 se puso en marcha un programa de intercambio de jeringuillas, en primer lugar en una ONG y luego en la cárcel de Basauri. Hubo
gente que se echaba las manos a la cabeza, pero los resultados fueron excelentes. También se puso en marcha otro programa pionero de intercambio de suministro, de dispensación de metadona para aquellas personas que eran adictas a la heroína en unos
locales que estaban en condiciones higiénicas para poder avanzar.


Estamos firmemente comprometidos -y por eso le estoy poniendo estos ejemplos- en avanzar en la política de reducción de daños, pero en esto tenemos que avanzar de forma conjunta. Tiene que haber un aval político que sustente esas políticas.
Tenemos que persuadir, tenemos que convencer, y eso se hace trabajando de forma conjunta aquellos que podemos estar en una posición de encuentro, aquellos que queremos avanzar en esa regulación. Pero esta batalla no se gana a la carrera, queriendo
coger la bandera de quién la tiene, porque en esa lucha contra la bandera lo único que pasa es que el palo se rompe, la bandera se cae y no avanza nadie. Esto en cuanto a la forma.


En cuanto al fondo, usted ha dicho que había tres cuestiones por las que se tenía que ir avanzando en esta materia. Una de ellas era la de salud, pero, sinceramente, no vemos en su texto el enfoque de unas políticas de promoción de la
salud, no lo vemos. Vemos ese enfoque mucho más presente en otras proposiciones de ley que se han presentado. En el artículo 83 que se incluyó en Euskadi en la Ley de adicciones se decía esto, porque hablábamos de las entidades de personas
consumidoras como agentes colaboradores de la Administración pública. Fíjese, decíamos: En aras del objetivo de protección de la salud y reducción de daños, se regularán mediante reglamento aquellas asociaciones constituidas por

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personas mayores de edad consumidoras de cannabis. Y añadíamos: Estas entidades incluirán entre sus objetivos asociativos la colaboración con la Administración en la prevención de las adicciones, en la promoción del consumo responsable del
cannabis y otras sustancias. Ese es el enfoque que nosotros querríamos que tuviera el texto que se trabajara.


Por otra parte, ha dicho usted que ha traído una proposición de ley que es de las leyes más avanzadas de Europa. A nosotros, con humildad, si me lo permite, nos parece más un manifiesto ómnibus que toca muchas cuestiones que una proposición
de ley trabajada con rigor que realmente podamos afrontar. Tómense un tiempo para trabajar un acuerdo con esos textos que estaban presentados...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.


La señora GOROSPE ELEZCANO: ... porque será bueno para todos.


Gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.


La actitud en política puede dividirse en tres conductas: una, la prohibicionista: cuando algo no se controla o genera controversia, prohíbase; otra, la cobarde: cuando algo no se controla o genera controversia, no tocarlo, y la otra, la
liberal: cuando algo no se controla o genera controversia, pregunta a la libertad. Estas actitudes pueden venir determinadas por la ideología del político o legislador de turno. Los hay que quieren libertad en algunas materias y prohibir muchas
otras, y al otro lado del espectro las posiciones son sencillamente las contrarias. Donde la derecha quiere libertad, la izquierda quiere prohibir. Donde la derecha quiere prohibir, la izquierda quiere libertad. A veces, para ver la posición
sobre un tema, esperan a ver qué dice el otro para decir exactamente lo contrario. Pero hay un grupo de irreductibles que cuando la izquierda quiere prohibir, quiere libertad; cuando la derecha quiere prohibir, quiere libertad (aplausos), y cuando
derecha e izquierda quieren prohibir, quiere libertad. (Aplausos). Este grupo de irreductibles se llaman liberales. Hoy es de esos días en que queda claro, señor Errejón, dónde está el liberalismo en esta Cámara.


Si bien la actitud que se ha tenido sobre el cannabis en España ha sido generalmente la cobarde -no tocarlo-, han pasado muchos años en los que se consumía cannabis en el limbo: podías consumirlo, pero no comprarlo ni transportarlo. Esto
ha dejado durante años a quienes quieren consumir cannabis en tierra de nadie. Al mismo tiempo, se ha permitido que florezcan redes criminales que, además de contra la seguridad, la economía y la convivencia, atentaban contra la salud pública por
adulteraciones y mezclas extremadamente perjudiciales. Mirar para otro lado ha sido la actitud de los partidos clásicos españoles con este asunto; incapaces de prohibirlo y siendo una sustancia realmente al alcance de cualquiera, el consumo de
cannabis ha seguido su curso al margen del Estado con las consecuencias para la salud, la seguridad y el detrimento de las arcas públicas que supone. Quienes hoy votan en contra de esta proposición de ley no son capaces de prohibirlo, prefieren no
tocarlo. Tenemos todo el hemiciclo, prácticamente todo el hemiciclo, haciendo el avestruz. Además, prohibir está de moda en España últimamente. Puritanos a izquierda y derecha, 'savoranolas' y 'torquemadillos' van a decir a los españoles si
pueden ver pornografía o no, qué películas ver, qué obra de arte cancelar, qué estatua tirar, qué episodio histórico borrar, y a izquierda y derecha el prejuicio generará perjuicio en la libertad de los españoles. (Aplausos).


La pulsión iliberal, el reflejo liberticida, cuando infesta a la sociedad se expande a gran velocidad. Ya ha sucedido en el pasado, en Ginebra con Calvino o en Müntzer con sus falsos profetas. Las libertades se conquistan durante décadas,
a veces durante siglos, de lucha, pero pueden durar minutos si no se cuidan; son una flor frágil, no es un estado natural de las cosas y dependen sobre todo del compromiso colectivo en su defensa. Hemos entrado ahora mismo en España en una trampa
hobbesiana que al liberticida de un lado se responde no con la demanda de libertad, sino con el liberticida del otro. No discutimos en España qué libertad ganar, discutimos qué libertad perder. Por eso somos tan molestos los de Ciudadanos, porque
en estos tiempos, como en otros procesos polarizadores en el pasado y en toda Europa, a los defensores de la libertad, cuando las cosas se ponen así, nos toca resistir. Y tengo una mala noticia para los liberticidas: no lo van a tener fácil, no
nos vamos a rendir.

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Por otro lado, quienes hoy traen aquí esta ley están movidos por una carrera ridícula que puede convertir todo esto en una chapuza. Más País trae esta propuesta hoy aquí sencillamente porque Podemos anunció que lo iba a hacer. Esquerra
también se suma al carro corriendo para intentar registrar su ley, que no sé si la han registrado ya. En una cuestión tan seria y en la que debemos ser extremadamente rigurosos, tenemos en el espectro de la izquierda una suerte de carrera de los
autos locos con este tema. Esta torpeza -no se equivoquen- será empleada por la pulsión iliberal para votar en contra de esta propuesta. Y esta pulsión iliberal -como pueden ver hoy-es mucho más transversal de lo que ustedes pensaban. Pero
ustedes tienen un gran defecto: todo lo que tocan normalmente lo convierten en caricatura. Presentan aquí una norma que adolece de más cosas que virtudes presenta. No hay seguridad para quienes quieran consumir cannabis, no hay seguridad para
quienes quieran cultivarlo y venderlo, no hay seguridad ni lucha contra las adicciones, no hay protección de los menores, tampoco hay un régimen sancionador para quien incumpla esta ley. Es muy importante que una ley de estas características
contenga un régimen ante su incumplimiento. Es una de las leyes que más enmiendas necesita de las que se han tramitado en esta Cámara.


Nosotros somos un partido que guía su actitud por la libertad como principio, pero también por la evidencia. Creemos que la sociedad española está más que preparada para que afrontemos una regulación del consumo de cannabis, un consumo muy
informado, donde se sepa que regular no significa bendecir, pero, ante la disyuntiva entre libertad y prohibición, nosotros queremos libertad, siempre libertad. Pero la libertad plena solo se puede ejercer con información plena; al igual que en el
caso de otras sustancias que pueden perjudicar la salud, hay que dotar a la ciudadanía de toda la evidencia científica que existe. Hablando de la evidencia, la prohibición no funciona cuando una conducta está socialmente aceptada. Miren los
efectos de la ley seca: crimen, mafias, marginalidad y alcohol de nefasta calidad que hizo estragos en las personas que lo consumían.


Les adelantamos que si bien votaremos a favor de esta proposición de ley que nos traen hoy aquí, en el trámite de enmiendas -si saliera aprobada, que no parece por el avestrucismo imperante- les digo que propondremos garantías específicas
para el uso terapéutico del cannabis, que eviten el consumo en menores de edad, certidumbre y seguridad jurídica en la obtención de licencias para el cultivo y venta de cannabis, un régimen sancionador para quien no cumpla la ley, mecanismos de
diálogo con consumidores y empresas del sector, mayor rigor en cuanto a lo dispuesto para el cannabis terapéutico. Y termino diciendo que, ante las disyuntivas, los liberales apostamos siempre por la libertad y hoy veremos quién tiene la libertad
por principio y quiénes vieron en ella solo un eslogan.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor.


La señora ROSIQUE I SALTOR: Es muy fácil dejar de lado aquellas cuestiones que generan problemas en la sociedad. Lo valiente es hacerles frente para que estos problemas se puedan prevenir, controlar y solucionar. El consumo del cannabis
durante las últimas décadas no ha hecho más que aumentar, lo que genera problemas de adicciones que deben prevenirse y tratarse. Además, el cannabis es la droga por la que más jóvenes se empiezan a tratar. Tampoco se puede obviar que cada año se
encuentran más plantaciones de cannabis por parte de mafias que en el año anterior, lo que genera graves problemas de inseguridad social. Y si algo se ha demostrado es que la prohibición actual de esta sustancia no contribuye a reducir el consumo,
sino más bien lo contrario; ni a promover la seguridad, sino más bien lo contrario. Por ello, nos sorprende que, según el CIS, haya un 90,1 % favorable a la regulación de cannabis para uso terapéutico y un 49,7 % para uso recreativo, porque la
ciudadanía está viendo y viviendo los efectos negativos que genera esta prohibición y necesita respuestas que sean alternativas. Lo que no tendría ningún sentido es que, viendo los consensos de la ciudadanía, aquí, en el Congreso de los Diputados,
se vetara el debate. Repito, estamos aquí para encontrar soluciones a los problemas, no para evitarlos. Y aún tendría menos sentido que el PSOE, que lidera el Gobierno español y los ministerios directamente afectados, fuese quien lo vetara. Esto
sería propio de una derecha que se aprovecha de la criminalización para generar inseguridad social y así aumentar la presencia policial. En ningún caso sería propio de un partido político que hace bandera de estar en el Gobierno más progresista de
la historia. No nos vale tampoco el cuento de que este no es el momento, porque para ustedes es el momento únicamente cuando conviene electoralmente. Las adicciones del cannabis en Cataluña no han cambiado respecto a

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los últimos años a pesar de la pandemia, y ello debería generar una alarma social para todos nosotros, también para ustedes.


El uso terapéutico del cannabis también debería ser una prioridad política. La ONU consideró que el cannabis es un medicamento y ahora debemos adaptar la legislación para permitir su acceso, siempre que uno disponga de receta del médico.
Basta ya de obligar a las personas usuarias de cannabis terapéutico a recurrir a vías ilegales para tratarse. El acceso seguro debe ser una realidad. Como saben, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presentó una proposición de ley, hace
unas semanas, para regular el cannabis de forma integral, para conseguir así reducir su consumo, garantizar un acceso seguro, acabar con las mafias y regular su uso terapéutico. Esta es, desde nuestro punto de vista, la legislación de la que
deberíamos partir al hacer este debate. Sin embargo, no tenemos intención alguna de vetar esta propuesta de Más País, sino más bien de discutirla y enmendarla. Compartimos objetivo y visión, a pesar de que nuestra ley prioritaria es aquella que
nos otorgue toda la soberanía posible, y por ello pretendemos llegar a acuerdos. Nada de carreras, nuestra intención siempre ha sido llegar a acuerdos. Las entidades cannábicas que han luchado para que una ley sea realidad, se lo merecen.


Para nosotros, esta proposición de ley -hay que decirlo- genera invasiones competenciales que en ningún caso podemos permitir, como lo es la creación de la Agencia Estatal de Cannabis o la sobrerregulación de las asociaciones, pero
negociaremos para que la descentralización esté presente. Para nosotros, esta proposición de ley debe incorporar también el tratamiento y la prevención de las adicciones, la comercialización industrial del cannabis y el régimen sancionador, pero
negociaremos para que todo esto se incluya en esta ley. Para nosotros, hay matices de cantidades que habría que cambiar, pero negociaremos al respecto. Señorías, en Esquerra Republicana y el Jovent Republicà hace tiempo que trabajamos para que la
regulación del cannabis sea una realidad. Abrimos el debate cuando nadie hablaba de ello y abrimos el debate en Cataluña, juntamente con el Movimiento Asociativo Cannábico, que nace de ahí, consiguiendo llegar a consensos amplios en el Parlament.
Ahora los catalanes tenemos un mandato por parte del Parlament de Catalunya, que en 2017 aprobó la Ley de asociaciones cannábicas, que, como saben, fue tumbada por el Tribunal Constitucional. Por ello, debemos ser capaces de construir un marco
legal que permita la aplicación de dicha ley, no que la reemplace; en definitiva, hacer respetar la voluntad de nuestro pueblo. Seamos valientes; ello depende únicamente de todos nosotros.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.


La señora MUÑOZ DALDA: Señorías, hoy es un día muy especial para muchas personas que llevan mucho tiempo impulsando la regulación del cannabis y están siguiendo este debate con gran interés. Quiero empezar reconociendo y agradeciendo ese
impulso que han dado las organizaciones de la sociedad civil, lo que ha permitido que hoy haya tres leyes registradas y una subcomisión para el estudio del uso medicinal del cannabis ya constituida. Gracias a RCN, que consiguió hace poco llevar
también su proposición de ley al Senado; gracias a Regulación Responsable, a la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas, al Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis, al Observatorio Español de Cannabis Medicinal, al Grupo de
Estudio de Políticas sobre Cannabis, a la Fundación Renovatio, a la Fundación Iceers, a la Confederación de Asociaciones Cannábicas, a Arsec, a AMEC, a las distintas federaciones de asociaciones cannábicas a nivel autónomico, MadFAC, GalFAC, FedCAC,
FAC Sureste, FAC Sur, FAC Levante, FACIlles Balears, FAC Castilla y León, FAC Extremadura, FAC Canarias, EusFAC, CatFAC, AraFAC y AsturFAC, y gracias muy especialmente -creo que hay que reconocerlo- al Círculo Cannábico. Creo que se merece un
reconocimiento especial, ya que el texto que estamos debatiendo a propuesta del Grupo Parlamentario Plural es prácticamente idéntico al que tienen colgado en su página web. (Aplausos).


Evidentemente, a nosotras este texto nos sirve como punto de partida. De hecho, nosotras lo hemos tenido muy en cuenta a la hora de elaborar nuestra propuesta. Hay diferencias entre el texto que debatimos hoy y nuestra propuesta. Nuestra
propuesta es más extensa, es más integradora, porque reconocemos las realidades relativas al cannabis sin dejar a nadie fuera, como, por ejemplo, la creación de las cooperativas de microproductores, que tiene en cuenta a esas personas a las que
siempre se las excluye de la regulación. Además, definimos detalladamente hasta doce tipos de licencias de mercado regulado,

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creando un marco completo, a diferencia de este texto, que indica que se va a regular en un futuro, pero no lo regula. También nos hemos esforzado mucho en diferenciar las actividades de autogestión sin ánimo de lucro en relación con los
clubs sociales de cannabis respeto a los que sí las tienen. Se ha diseñado también desde una lógica ecosostenible, porque no queremos macrocultivos de interior por la huella ecológica que suponen. También tratamos de proteger nuestro mercado;
limitamos de forma contundente la acumulación de licencias para evitar la creación de oligopolios, y tenemos en cuenta la insularidad y la España vaciada mediante ventajas fiscales y exenciones de tasas para facilitar a las empresas la implantación
en estos territorios.


A pesar de estas pequeñas diferencias, sí creo que coincidimos en lo fundamental, que es el reconocimiento y la regulación del autocultivo, de las asociaciones cannábicas y del mercado. Por todo ello, vamos a votar a favor. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un segundo. Ruego silencio, por favor.


La señora MUÑOZ DALDA: Gracias, presidente.


Dicho esto, voy a utilizar el tiempo que me queda para tratar de responder a un par de preguntas que creo que se está haciendo mucha gente ahí fuera. La primera es por qué se han presentado tres propuestas diferentes, por qué no hemos
hablado los grupos parlamentarios entre nosotros, por qué se ha llevado el debate a Pleno tan rápido, por qué no hemos tratado de definir una estrategia conjunta con la sociedad civil y con el resto de fuerzas políticas. Bueno, yo solo puedo decir
que por nuestra parte siempre ha habido voluntad, siempre hemos tendido la mano y lo vamos a seguir haciendo. Trabajar de manera conjunta y de manera constructiva es nuestra forma de trabajar. En cualquier caso, yo creo que estamos a tiempo.
Señorías, creo que estamos a tiempo, y un gesto que pueden hacer los grupos parlamentarios que quieran trabajar de esta manera es, al acabar este debate, salir fuera a saludar a la sociedad civil que nos va a estar esperando.


La otra pregunta, que ya se ha respondido a través de los medios de comunicación, es qué va a hacer el Grupo Socialista. Lo único que podemos asegurar nosotros es que el Grupo Socialista lo que va a hacer seguro es participar en el debate,
eso lo podemos asegurar, al igual que el resto de fuerzas políticas. Todas van a participar en el debate, puede que no una ni dos ni tres, sino tres veces. Y es curioso que del Grupo Popular nadie se pregunta qué va hacer; no se espera mucho de
ustedes, señorías. Es curioso, ni siquiera se espera un mínimo de coherencia. Se da por supuesto que ustedes, que se llenan la boca de libertad, van a votar a favor de mantener la prohibición. Ojalá me equivoque, ojalá que me equivoqué y no sea
así.


Para finalizar, quiero aclarar por qué nuestra propuesta deja fuera lo relativo a la dimensión medicinal del cannabis. Mientras elaborábamos la propuesta, y una vez analizado todo el encaje jurídico, decidimos que técnica y estratégicamente
era más conveniente abordarlo de forma separada. Se nos ha insistido mucho por parte de las asociaciones de pacientes y también por parte de nuestro socio de Gobierno, y creo que el PNV estaría de acuerdo con esto, en no mezclar la dimensión
medicinal con otras cuestiones. Nosotras aceptamos trocear el debate siempre que se aborde todo al mismo tiempo, y ahora creo que se han generado las condiciones para que eso ocurra, en espacios diferentes: por un lado, abordar la dimensión
medicinal en la subcomisión medicinal y, por otro lado, abordar las cuestiones económicas y sociales en este Pleno o en la Comisión de Adicciones. Pensamos que de esta manera, con un debate ordenado, hay más posibilidades de avanzar.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Steegmann Olmedillas. (Aplausos).


El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Con la venia, señor presidente. Buenas tardes, señorías.


Señor Errejón, la señora Muñoz le acaba de decir que ha copiado usted íntegramente o casi íntegramente del Círculo Cannábico esta proposición de ley, y eso va a dañar muchísimo su reputación de trabajador incansable. (Risas.-Aplausos).


Los intentos de la siniestra para legalizar el cannabis, es decir la marihuana y el hachís en cualquiera de sus usos, son un caballo de Troya de los cárteles de la droga, como se ha demostrado por la señora Muñoz.

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El feliz ausente Pablo Iglesias, el 18 de octubre de 2018 defendía la legalización de la marihuana porque -decía- el Estado conseguiría unos ingresos extra a base de tener a los españoles fumados. El señor Errejón, su benjamín, sigue sus
pasos. Don Íñigo, muy serio, con el ceño y la boca fruncidos, nos presenta una proposición de ley que demuestra que la izquierda sigue empeñada en el intento de tener a los españoles en paro, pero absolutamente colocados. (Aplausos). Ponen como
excusa que el tenerlos drogados serviría para financiar la sanidad pública. Señorías, el mismo proponente reconoce que el uso de cannabis conlleva problemas de salud pública, pero eso no le impide fomentar los clubes de consumo de cannabis, lo que
es algo similar a que en las reuniones de Alcohólicos Anónimos se sirvieran gin-tonics. (Risas).


El expositivo, señorías, dice justificar la propuesta en que el consumo de cannabis se ha acelerado y, dado que la ley actual no ha corregido el problema, hay que legalizar su consumo. Sin embargo, y ahí su difícil relación con la verdad
-la de la izquierda-, en Estados Unidos se ha demostrado justamente lo contrario. La legalización en California ha aumentado el mercado negro en más de un 80 %. (La señora Sabanés Nadal y el señor Errejón Galván hacen gestos negativos). No, no
diga que no porque es que sí. En Massachusetts y en Nevada, un 70 %. Eso también se lo tenemos que agradecer, señor Díaz, no a los liberales sino a los libertarians. (Aplausos). El expositivo dice justificar todo esto, en fin, por los medios.
¿Por qué no impulsar la prostitución, como hace el régimen comunista cubano, para conseguir divisas? No, señorías, no, la sanidad pública no debe financiarse con la legalización de la marihuana.


Señor presidente, esta es una proposición de ley cuyo fundamento pretende ser científico y que no tiene ninguna referencia científica. Es vergonzoso y francamente insultante, señor Errejón, que proposiciones en esta Cámara vengan ayunas de
referencias científicas válidas. El proponente intenta, además, confundir al lector ya que a lo largo del texto intenta asimilar la planta, el cannabis sativa, con componentes psicoactivos de ella; de hecho, dos de ellos están en medicamentos para
problemas neurológicos muy raros, 4000 personas en España. Señorías, la farmacología ha progresado; ya no consumimos plantas para medicarnos, extraemos los componentes, los modificamos y los sintetizamos inteligentemente porque conocemos el
cableado químico del cuerpo. La marihuana es tóxica y su consumo es un problema de salud pública de primer orden no solo por las propiedades psicoactivas de la planta, sino porque ahora se logran variantes que tienen de 10 a 50 veces más
componentes psicodélicos, y usted lo sabe.


El cannabis es la droga ilegal con mayor prevalencia de consumo en España en la población de 15 a 64 años; es la tercera droga en causar uso problemático vital tras la cocaína y la embriaguez por alcohol; es la segunda causa de urgencias
hospitalarias tras la cocaína. Atención a estos datos porque les va a interesar quién es el autor. Artículo en European Neuropsychopharmacology, 44 revisiones, 1053 estudios: clara asociación entre el consumo de cannabis y la esquizofrenia,
ansiedad, trastornos del sueño, trastornos cognitivos, el cáncer, los accidentes de tráfico, el suicidio y la violencia doméstica y contra los niños. (Aplausos). ¿A quién debemos estos datos? Al doctor Juan Ramón Villalbí, delegado del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas. (Aplausos). Por tanto, si esta proposición de ley es nefasta para la salud pública, ¿a quién beneficiaría, señorías? Se lo contesto a la señora Gorospe. En primer lugar, al grupo proponente, y los otros son
los que quieren repartirse el pastel porque se quieren hacer bonitos ante el cártel de la droga. En segundo lugar, a Más País, que convertiría a España en una nueva Venezuela, en un narco-Estado. La agencia estatal que proponen ustedes sería una
nueva PDVSA que serviría para financiarles a ustedes y la agenda comunista disfrazada de verde hierba. (Aplausos). ¿Y a quién perjudica? Por supuesto a España, y sobre todo a los jóvenes; sobre todo a los jóvenes


Las exhortaciones socialistas a estar colocados vienen de lejos. En los años ochenta Tierno Galván era el que los invitaba. De él, Alfonso Guerra decía que era una víbora con cataratas, por cierto. (Risas). Hemos visto a los jóvenes de
los ochenta destrozados por la heroína. La clase obrera fue la que sufrió todo esto. El deterioro mental que producirá la marihuana será la puntilla para los jóvenes españoles después del bajonazo de la Ley Celaá. En vez de promover el estudio,
el trabajo, el esfuerzo y la excelencia, lo que esta proposición de ley impulsa es la creación de una juventud narcotizada, alienada, más tonta, inculta y dependiente del narco-Estado. (Aplausos).


Termino, señorías. El único beneficio que sacamos de esta proposición de ley es que se va a rebautizar Más País con otro nombre, Más Hachís.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie, diciendo: ¡Torero, torero, torero!).

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Velasco Morillo.


La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes.


El Grupo Parlamentario Plural nos presenta en esta Cámara la toma en consideración de una proposición de ley sobre el cannabis, lo han oído ustedes bien. Señor Errejón, con la que está cayendo en nuestro país -el paro, la subida de la luz o
la violencia contra la Policía, que algún diputado del Grupo Parlamentario Podemos conoce bien a lo que me refiero (aplausos)-, y hablamos de cannabis, la droga con mayor prevalencia de consumo en España en la población de quince a sesenta y cuatro
años, según la encuesta Edades que elabora la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas. Y según la encuesta Estudes, sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, el consumo comienza antes de los quince años, una preocupación -el
consumo del cannabis entre los jóvenes- que en el CIS de Tezanos no recoge. ¡Un tanto sorprendente!


Los españoles aún estamos pendientes de la evolución de la pandemia, con muchos preguntándose sobre la inmunidad de las vacunas del coronavirus y si se tendrán que poner una dosis más, con un sistema sanitario que es necesario fortalecer,
con una atención primaria que pide a gritos que se tomen medidas urgentes y cuando estos presupuestos generales de 2022 no van a contemplar esas expectativas deseadas, con unos profesionales sanitarios que necesitan urgentemente que se incrementen
sus plazas de formación sanitaria, que se aborden sus retribuciones o la situación de temporalidad, entre otras cuestiones, y, señorías, esta tarde hablamos del cannabis. ¡Qué irresponsabilidad cuando consumir drogas no es un derecho fundamental o
una libertad básica, consumir drogas es un problema de salud pública, y se ha dicho aquí esta tarde! (Aplausos). Con esta iniciativa se incumpliría con la obligación de los poderes públicos, incluyendo el Poder Legislativo, esta Cámara, señorías,
de tutelar la salud pública a través de medidas preventivas establecidas en el apartado 2 del artículo 43 de la Constitución española, o con el derecho de la protección de la salud de las personas establecido también en el artículo 43 de la
Constitución española, o con la obligación de los poderes públicos, incluyendo el Legislativo, de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad y la salud establecidas en el artículo
51.1 de la Constitución española.


Además, señor Errejón, hablan en la exposición de motivos de su iniciativa de que con esta ley pretenden dotar a España de un marco normativo sólido y coherente con la realidad social. ¿Qué realidad social? ¿La de las encuestas del CIS,
obviando la realidad que trasladan los profesionales sanitarios ante el consumo habitual del cannabis, que provoca grandes daños orgánicos y psicológicos, como bronquitis crónica, alteraciones cardiovasculares, brotes psicóticos y de depresión? En
los jóvenes puede ocasionar reacciones agudas y de ansiedad; también efectos a largo plazo, como problemas de memoria y aprendizaje, peores resultados académicos, abandono prematuro de los estudios, o podríamos hablar de los accidentes de tráfico
como consecuencia de esta droga. Estos efectos son la realidad social que viven las personas que lo consumen y, fundamentalmente, nuestros jóvenes. Esta mañana el propio delegado del Plan Nacional sobre Drogas nos trasladaba la banalización de los
riesgos asociados al consumo del cannabis y ustedes colaboran a ello con la presentación de esta iniciativa.


Con respecto al cultivo del cannabis, se han olvidado de la Convención Única sobre Estupefacientes de Naciones Unidas, acuerdo al que España se adhirió. Con esta ley iríamos en contra de lo acordado y, además, vulneraríamos también la
Constitución española. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios es quien autoriza el cultivo. En relación con la producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización del cannabis o sus productos para
uso terapéutico, se olvidan del artículo 51 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, que hace mención a los medicamentos de plantas medicinales. Sobre la base de esta ley, el uso
terapéutico del cannabis está sujeto a las mismas normas y garantías de calidad, seguridad y eficacia que el resto de los medicamentos, posicionamiento que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos defendido cuando se debatió en esta Cámara la
creación de la subcomisión para analizar la regulación del uso medicinal del cannabis. Les pregunto: ¿realmente les preocupa algo concreto de esta droga?


Pero, vamos más allá. Hace escasos días en el Senado también se vio otra proposición de ley reguladora del colectivo de usuarios de cannabis y hoy otras dos que están en esta misma Cámara. Señorías, ¿de verdad piensan que con esta
iniciativa se va a conseguir disminuir el consumo cada vez

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más elevado por parte de nuestros jóvenes? Les voy a dar un dato: según la última encuesta Estudes del año 2019, el 15,4 % de los jóvenes que no han probado nunca el cannabis lo probaría en el caso de legalización, porcentaje que ha
aumentado en 3 puntos con respecto a la de 2016. Esta es la realidad del país donde vivo, señor Errejón.


Señorías, en materia de adicciones, desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos claro que, ante una mayor accesibilidad, mayor disponibilidad, mayor normalización, menor es la percepción del riesgo y esto supone un aumento del consumo.
Esto es un peligro, especialmente en los menores, porque, al final, les estamos enviando mensajes contradictorios. Como contradictorias e incongruentes son las iniciativas que presentan en esta Cámara con las que están ya en marcha. Desde mi grupo
hemos defendido que debemos conocer el ámbito científico y, por eso, pedimos el libro blanco para el uso terapéutico, porque el uso de derivados del cannabis con fines médicos en España debería tomarse sobre la base de la evidencia de la eficacia
terapéutica, como para el resto de los medicamentos. Además, supone una incongruencia, por un lado, que estemos destinando ingentes cantidades a la prevención del consumo de drogas y, por otro, que ustedes pretendan una ley integral del cannabis.


Por todo ello, desde mi grupo vamos a votar en contra de esta toma en consideración. No compartimos ni el fondo ni la forma. Y, señores del Grupo Socialista, espero que no cedan ante sus socios ante un tema tan grave de salud pública,
porque son muchas las ocasiones en las que hemos visto que se alejaban de la realidad que vivimos todos los españoles simplemente por el hecho de mantenerse en el banco azul. En el Día Internacional del Cáncer de Mama la mejor contribución que
podemos hacer desde el Congreso de los Diputados...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Su tiempo ha terminado, por favor.


La señora VELASCO MORILLO: ... es trabajar en la prevención y evitar el consumo de drogas con el único objetivo de conseguir ganar años a la vida.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vicente Viondi.


El señor VICENTE VIONDI: Gracias, presidente.


Decía el señor Errejón que hablaba con honestidad y nosotros le vamos a devolver con palabras también esa honestidad. En su intervención, yo no le he escuchado hablar nunca de droga ni de las consecuencias de tomar drogas. Con honestidad,
no hay drogas buenas ni drogas malas, ni las drogas son de izquierdas o de derechas. Las drogas son drogas y, principalmente, a quienes más han atacado en la historia de este país es a las clases más desfavorecidas; quien más ha sufrido con la
droga en este país ha sido la clase trabajadora (aplausos); quienes vivieron y sufrieron en los años ochenta y noventa el dolor y la muerte fueron principalmente las clases trabajadoras. La experiencia vivida en España nos tiene que hacer hablar
de las drogas con mucha seriedad, con mucho rigor y principalmente lo tienen que hacer desde el dolor compartido de la experiencia vivida.


Señor Errejón, su ley está mal hecha. Tiene muchas inconcreciones, falta de rigor jurídico y, además, no diferencia exactamente el cáñamo, la planta que tiene el CBD y principalmente la que tiene el THC, que es la que tiene el componente
psicoactivo. Pretender comparar el cannabis de THC con el consumo del alcohol o de tabaco es un error. Precisamente, en este mundo en el que vivimos, en la España de 2021 tenemos la pelea y la lucha contra el tabaquismo, porque ahora ya sabemos
los efectos tan nocivos que tiene para la salud, que no son inmediatos, son a largo plazo, con más de 50 000 muertes al año por el tabaquismo en nuestro país, que, por cierto, es uno de los objetivos principales que recoge la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, en su punto 3.A. O cuando habla usted del alcohol, ¿cuánta gente sufre de alcoholismo? ¿Cuántas familias sufren?


Usted habla de que está al pie de la calle. Yo no sé en qué calle vive usted, yo sé en la que vivo yo y lo que representa el Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que, a día de hoy, las adicciones siguen siendo un problema en este país
y, por tanto, cuando se habla de fumar cannabis y de consumir una droga se tiene que hacer con rigor y seriedad. Nosotros lo hemos planteado en esta casa, en la sede de la soberanía nacional. Lo ha hecho el Grupo Parlamentario Vasco y nosotros lo
hemos suscrito y hemos apoyado la creación de una subcomisión para el uso medicinal y terapéutico. Lo hacemos

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porque se ha demostrado, con ciertas evidencias científicas, que se puede trabajar en ello y que los organismos internacionales han dado pasos, pero no lo han calificado como medicamento. Aquí algunos grupos parlamentarios hablan con una
fatuidad de un concepto, que es el de una droga, que me genera cierta preocupación, porque en el fondo todo se banaliza y cuando se habla de una droga hay que hablar claramente. La heroína es una droga; los opiáceos que provienen de la heroína
pueden tener componentes que ayuden, pero cuando se gestionan inadecuadamente ocurre como ha ocurrido en Estados Unidos con la crisis de los opiáceos, con más de medio millón de personas que han muerto por sobredosis. Las calles de Filadelfia o
cualquier calle del Estado de Filadelfia o de Nueva York sufren la crisis de los opiáceos.


Por eso, nosotros queremos hacer el debate con rigor y con seriedad, como siempre hace el Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos). Y este debate lo vamos a tener aquí y lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre, acompañado de la
ciencia y de la sanidad, porque usted no ha hablado de ciencia ni tampoco de sanidad. Nosotros, en esta experiencia que hemos vivido como país, que aún sufrimos la pandemia, ¿quiénes han sido los elementos vertebradores que han traído a este país
seguridad? Las vacunas, los médicos y las enfermeras, la sanidad y la ciencia. Cuando se habla de un concepto como el cannabis y de la droga en sí que contiene el THC hay que hacerlo con rigor y seriedad, así que, si hay una vía para usar ese
cannabis medicinal y terapéutico lo hablamos, porque puede ayudar a personas que sufren dolor.


El Grupo Parlamentario Socialista se ha reunido con los colectivos y lo hemos hablado infinitamente. Estamos dispuestos, estamos tan dispuestos que incluso en nuestro congreso de este fin de semana hemos aprobado que vamos a promover esa
regulación del uso del cannabis terapéutico medicinal. Pero lo que no hacemos, porque no confundimos, porque somos un partido de Gobierno y porque lo demostramos con nuestra acción, es confundir fumar con sus componentes psicoactivos: con la
ansiedad, con la depresión y con el daño que hace a la salud física y a la salud mental, señor Errejón. Usted, que tanto ha hecho por defender aquí la salud mental, precisamente cuando parte de un elemento que genera ansiedad y depresión y que daña
a los jóvenes. (Aplausos). Porque usted lo que no ha dicho es que cuando los jóvenes están en edad formativa y consumen cannabis con TCH generan un gran problema de salud. ¿Usted eso no lo comenta? Usted nos habla de mafias para legalizar el
cannabis. Usted no es nuevo en esto. Yo le reconozco que usted en esto, en esto, sí ha sido coherente: ya dijo en 2016 que quería regular el cannabis y la prostitución. Nosotros también somos coherentes: no vamos a regular el cannabis tal y
como usted plantea y nosotros vamos a abolir la prostitución como nos hemos comprometido en nuestro partido. (Aplausos). Porque, para nosotros, todo aquello que prive de libertad a una persona y a su autonomía personal no lo consideramos libertad.
Esa es una gran diferencia entre un partido de Gobierno, la izquierda mayoritaria, frente a la izquierda mínima.


Mire, usted habla de apoyos. Evidentemente, nosotros hemos dado pasos porque hay rigor científico, el mundo sanitario está abierto a ello y porque hay un 90 % de españoles, como refleja el CIS, que quiere avanzar en el ámbito del cannabis
terapéutico medicinal porque puede ayudar a paliar el dolor y el sufrimiento de personas que tienen enfermedades crónicas. Pero usted el debate que plantea ni está en la calle ni tiene un apoyo mayoritario de la sociedad y, sobre todo, porque usted
lo que nos ha traído aquí es una falta de sensibilidad con todo el testimonio y el sufrimiento de las personas que padecen adicciones. El cannabis no es ninguna solución. Es un problema y, cuando lo tengamos que hacer, lo haremos como lo hacemos
nosotros, los socialistas: bien, con el apoyo y consenso de la ciencia, de la sanidad y del conjunto de la ciudadanía. (Aplausos).


Por eso no aceptamos su proposición de ley, porque nosotros somos un partido de Gobierno que, además, cumple con los acuerdos internacionales: ni vamos a reventar el acuerdo con la ONU ni con la OMS ni con la Unión Europea. Nosotros no
somos Uruguay ni somos el Estado de Colorado. Somos España y la gobernamos los socialistas. Y vamos a mantener nuestros principios tal y como siempre lo hemos hecho con este asunto.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

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PROPOSICIONES NO DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU, RELATIVA A LA CONVERSIÓN EN PERMANENTES DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A VIVIENDA Y SUMINISTROS CONTEMPLADAS EN EL 'ESCUDO SOCIAL'. (Número de expediente 162/000845).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.


Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu relativa a la conversión en permanentes de las medidas relativas a vivienda y suministros contempladas en el escudo social.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, después del debate encendido del cannabis yo vengo a hablarles de pobreza y de exclusión social. Vengo a hablarles, en definitiva, de un problema que afecta no en otras latitudes, no en países empobrecidos, sino en la Europa rica,
aquí, en el Estado español, a millones de personas. Y lo voy a hacer, si me lo permiten, sobre todo y fundamentalmente, con datos. No voy a perder demasiado tiempo en explicar las necesidades o las bondades de tomar medidas estructurales ante un
problema que viene acompañando al Estado español, como a otras sociedades opulentas desde hace décadas, sino que lo quiero hacer con datos, para ver si así entendemos que detrás de los datos, de los fríos números, hay personas, y no es mi propósito
inundarles con datos para hacer un debate tedioso, sino que entendamos la magnitud del problema y la necesidad de empezar a hacer cosas ya de manera efectiva, continuada, permanente y estructural.


Les doy unos datos oficiales. La tasa de pobreza del Estado español al término del 2020 era del 21 %, un 0,3 % más que al término del año 2019. ¿Qué significa eso? Que hay 9 829 000 personas en situación de pobreza. En Euskal Herria, en
la Comunidad autónoma vasca y Navarra, son 284 000 personas, un 10 %. Tampoco es consuelo, cada persona que esté en situación de exclusión es en sí misma un grave problema, y si son muchos, mayor es el problema. Pero, fíjense más. Desde 1995 -en
la serie histórica que va desde 1995 hasta 2021- nunca la tasa de pobreza en el Estado español ha estado por debajo del 18 %, nunca. Es decir, que incluso en los años en los que el producto interior bruto ha sido positivo, incluso creciente de
forma notable, la tasa de pobreza no ha disminuido. Por tanto, podríamos extraer una primera conclusión: más producto interior bruto no acarrea necesariamente más bienestar. Es decir, no parece ser una condición necesaria y suficiente el crear
más producto interior bruto si este no se distribuye mejor, porque estamos ante un sistema cada vez más desigual y centrifugador de personas.


Pero voy con más datos. La Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, en un reciente informe que ha publicado, decía que el Estado español pierde posiciones en todos los indicadores que se manejan a nivel internacional.
Léase, el Arope, el Gini, el riesgo de pobreza, el de pobreza severa u otros. Así, en 2020, el Estado español perdía dos posiciones con respecto a 2018 en la distancia que le separaba con la media europea. Es decir, nos alejábamos más de la media
europea en cada uno de esos indicadores porque la población del Estado español estaba más empobrecida. Por llevarlo a un nivel de concreción mayor, el índice Arope del año 2020 arroja que doce millones y medio de personas, un 26,4 % de la
población, más de una de cada cuatro personas que viven en el Estado español, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Pero hay más. El índice de pobreza severa nos dice que hay 3,3 millones de personas que no pueden afrontar más de los
cuatro conceptos que se entienden como básicos para tener una vida digna. En esos conceptos, como bien podrán imaginar, se encuentra el de tener derecho a una vivienda; el de tener empleo; el de tener acceso a los suministros básicos; el de
tener, en definitiva, posibilidad de cubrir las necesidades materiales de los seres humanos. Así, en otro indicador más, el de riesgo de pobreza, se nos dice que el 21 %, 9 925 338 personas, se encuentran ya en riesgo de pobreza; un 45,2 % de la
población española -hagan número de los millones que eso significa si son más de 46 los millones de ciudadanos y ciudadanas congregados en el actual Estado español- tiene dificultades para llegar a fin de mes. De ahí también se puede extraer una
segunda conclusión: que no se está repartiendo la riqueza, que no se está redistribuyendo la riqueza, que hace falta, que urge, una reforma fiscal que redistribuya la riqueza.


Pero voy con más datos. Estos son del informe de Cáritas y Foessa, también publicado recientemente. Dicen en él que a finales de 2020 había 11 millones de personas en exclusión: 6 en exclusión severa, que

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son 2 más de los que había en 2018. En ese mismo informe hacen alusión al último informe de Eurostat, de 2018. En él el Estado español está por debajo del conjunto de los veintisiete países de la Unión Europea en sanidad, discapacidad,
tercera edad, infancia, vivienda o inclusión. Por tanto, aquí también cabe extraer una tercera conclusión: que tenemos un sistema de protección social incompleto e insuficiente y que deja atrás a cada vez más sectores de la población.


No arrojamos estos datos contra nadie; lo hacemos para visibilizar un problema, para los invisibles, aquellos a los que les negamos incluso su posibilidad de ser visibles porque nos resultan molestos, porque nos ponen frente al espejo de lo
que somos incapaces de hacer, que no suelen tener voz. Creemos y queremos que se den posiciones y pasos firmes en estas soluciones. No queremos que eso que se dijo de que no se iba a dejar a nadie atrás se convierta nuevamente en un mantra
inconcluso, en un mantra incompleto, porque todavía no se está consiguiendo. Y no negamos -y también lo queremos decir con la misma rotundidad que he dicho lo anterior- que el escudo social ha sido una buena medida; lo hemos apoyado y lo
apoyaríamos tantas veces como hiciera falta. Creemos que lo que hay que hacer con el escudo social es extraer la lección de que sigue siendo necesario a tenor de los datos que he señalado, que son datos que vienen de antes de que la pandemia se
colara en nuestras vidas.


También hemos comprobado más cosas, que se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad, como dice el informe de Cáritas, hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social, una fuga imparable hacia una
sociedad más desigual donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos. Ahora, por fin, quizá entendamos que el ascensor social, si existe, solo funciona para bajar, nunca para subir. Pero, como decía, el escudo social es necesario y
lo que planteamos es que si el escudo social es necesario y la vivienda, la energía, el agua o Internet son derechos humanos que se vulneran a veces de manera sistemática lo que habrá que hacer es buscar espacios que lo garanticen y lo blinden.
Nosotros y nosotras desde Euskal Herria Bildu, desde la izquierda soberanista, lo decimos con claridad a las fuerzas de izquierda de esta Cámara: aquí está nuestra mano tendida para alcanzar acuerdos; aquí está nuestra voluntad y disposición
sincera para avanzar en una línea de protección hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Sabemos dónde queremos ir y somos conscientes de que nuestros objetivos están muy lejos de lo que hoy podamos alcanzar aquí. Pero también somos
conscientes de que cada paso es importante, de que cada paso que se da se puede despreciar o se puede valorar, pero si es un paso en la buena dirección es un paso que nos acerca a una solución más justa, también, en lo que tiene que ver con la
pobreza y la exclusión. Por eso hemos intentado negociar una enmienda transaccional con quienes nos han presentado una enmienda, por eso estamos ultimando un acuerdo con las fuerzas proponentes de esa enmienda, porque creemos que es importante que
se entienda que un país no es más rico si todos sus ciudadanos cada vez son más pobres; que un país no es más fuerte si cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas cada vez tiene más dificultades para llegar a fin de mes; que un país, en definitiva,
será un país más digno, más decente y más justo cuando sus gentes lo perciban como tal y no como le quieren decir desde los medios. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de la enmienda formulada por su grupo interviene, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, la señora Garrido Gutiérrez.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.


Buenas tardes. El impacto de la COVID sobre la vida de todas las personas ha sido terrible, pero, como muy bien dijo hace ya algunos meses el geógrafo David Harvey, esta crisis sabe de raza, sabe de género y sabe de clase. El mayor impacto
de la crisis de la COVID y sus graves consecuencias sanitarias y económicas se ha concentrado en los colectivos más vulnerables. La destrucción de empleo generada con esta crisis ha sido la más grave en un periodo tan corto desde que tenemos
registros. Aunque ha impactado sobre todas las personas y sobre todas las vidas, lo ha hecho de manera desigual, afectando de manera diferente a determinados sectores y grupos de edad, perjudicando especialmente a las personas jóvenes y a las
personas migrantes. A estos colectivos también habría que añadir a las mujeres que, además, se han enfrentado a una sobrecarga, tanto en el trabajo remunerado, dado que muchos sectores esenciales son trabajos feminizados, como en el trabajo de
cuidados, que ha recaído sobre sus espaldas.


La decisión política de salir de esta crisis poniendo las necesidades de la ciudadanía en el centro ha sido de una importancia vital. Las políticas laborales y la protección social implementadas por las diferentes

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administraciones han permitido amortiguar el impacto de la pandemia sobre la desigualdad y la pobreza. El despliegue de los ERTE, junto con el resto de prestaciones sociales desplegadas, ha multiplicado la capacidad redistributiva del
sector público. Aun así -y en esto quiero hacer hincapié-, los datos son escalofriantes y no podemos ser triunfalistas. Somos conscientes de que hay mucho más por hacer y que las medidas son insuficientes. La pandemia ha generado una importante
extensión y empeoramiento de las situaciones de pobreza y de exclusión social, como ya se ha explicado aquí con algunos datos. Según las primeras estimaciones disponibles, un millón de personas podría haber caído en la situación de pobreza relativa
y unas ochocientas mil en pobreza severa. Si atendemos a las cifras que salen de organizaciones como Cáritas, hablamos de once millones de personas en exclusión y de casi seis millones de personas en una situación de exclusión y de pobreza severa,
un millón más de personas que antes de la llegada de la pandemia. No debemos olvidar, y eso es importante, que detrás de estas cifras hay caras y hay personas reales en situaciones muy muy difíciles.


En este sentido, las medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 16/2021, de 6 de agosto, por el que se adoptan las medidas que denominamos escudo social, han provisto de medidas que han ayudado a paliar esta grave situación de muchas
familias. Por eso estamos de acuerdo con esta propuesta, en hacer hincapié en la prórroga de estas medidas que estarían vigentes hasta el 31 de octubre. En el ámbito del derecho a la vivienda y la garantía de suministros se han tomado medidas
importantes: la suspensión de los lanzamientos sin alternativa habitacional, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, las moratorias en el pago de las rentas de alquiler o del pago de hipotecas, la prohibición del corte de
suministros y la moratoria también en el pago de suministros básicos. Todas estas medidas han tenido su incidencia. Gracias al escudo social, y según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2020 los desahucios han disminuido cerca de
un 46 %.


En definitiva, no cabe ninguna duda de que es una buena medida prorrogar estas políticas a través de una normativa de urgencia, en este caso a través de la aprobación de los reales decretos-leyes pertinentes, mientras esto sea necesario y
sea la única manera de proteger a los grupos más vulnerables. En esa cuestión, en esa prórroga, hemos querido hacer hincapié con la enmienda que hemos presentado.


No quiero dejar de añadir que, al mismo tiempo, hay que trabajar de manera intensa para que el derecho a la vivienda digna y también para que el acceso a los suministros básicos formen parte de manera permanente de nuestro ordenamiento
jurídico. Ahí tenemos la ley de vivienda, que próximamente entrará en esta Cámara. En esa norma, por primera vez, se va a regular la vivienda en su función social, es decir, con la necesidad de que esa vivienda deba servir de alojamiento a las
familias y no como una mercancía o como un activo financiero, como se ha venido realizando en los últimos cuarenta o cincuenta años.


Eskerrik asko. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guerra López.


La señora GUERRA LÓPEZ: Gracias, presidente.


Señorías, quiero agradecer que en la sesión de hoy podamos recordar algunas de las medidas que el Gobierno de España ha implementado para hacer frente al COVID, medidas, la mayoría de ellas, que, como bien saben, siguen vigentes hoy en día,
a pesar de que hace meses abandonamos el confinamiento. Porque si algo ha sido este Gobierno en la lucha contra la pandemia es ejemplar; ejemplar en su lucha no solo ante la crisis sanitaria, sino también ante la crisis económica y social. Nunca
antes en la historia de nuestro país se había hibernado la economía para proteger a las personas a nivel sanitario, pero, al mismo tiempo, para sostener sus empleos. Al Gobierno de este país no le ha temblado el pulso al impulsar medidas económicas
y sociales que han permitido construir un escudo social para no dejar a nadie atrás. Les aseguro que para nosotros, para este grupo parlamentario, no es un mantra: ERTE, moratoria de hipotecas y alquileres, suspensión de desahucios, garantía de
suministros; y también, incremento del salario mínimo interprofesional y reforma de las pensiones; y también, nuevos derechos de ciudadanía que han venido para quedarse, al margen del COVID, como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. En eso que
las señorías del Partido Popular llamaban paguita y que las señorías de VOX llamaban cartillas de racionamiento ha invertido este Gobierno más de 3000 millones de euros, que ha beneficiado a más de 800 000 personas y a más de 400 000 familias.

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Contra esa pobreza estructural y contra esa pandemia es contra las que ha luchado el Gobierno de Pedro Sánchez con un amplio abanico de ayudas públicas, respuestas urgentes para situaciones sobrevenidas, decisiones políticas a corto, medio y
largo plazo, en plena pandemia, a contrarreloj. Y el Gobierno lo ha hecho con el apoyo de algunas fuerzas políticas y con la deslealtad a la que nos tienen acostumbrados algunas otras, aquellas que aman a España solo de palabra, nunca con hechos;
aquellas que aman tanto a España que, en lugar de unirse al Gobierno y a la sociedad española en la lucha contra la pandemia, decidieron fortalecer el coronavirus con su propio virus, el virus de la mentira, el virus del engaño y el virus de la
deslealtad. Su virus nace del miedo al otro. Su virus nació el 1 de junio de 2018, cuando se puso fin a la corrupción en el Gobierno de España, cuando se puso fin a que las señorías del Partido Popular siguiesen utilizando sus intereses de clase
para enriquecerse a costa de los españoles y las españolas. Y, no, la corrupción y la falta de transparencia no es el pasado del Partido Popular, y si no que se lo pregunten al señor Casado y al presidente de su comité de alcaldes, el señor García
Albiol, o mejor que se lo preguntan a los ciudadanos y las ciudadanas de Badalona; vayan allí y pregúntenles qué piensan ellos del hecho de que el señor Albiol tenga una sociedad en un paraíso fiscal como Belice. (Aplausos.-Rumores).


Como decía, su virus nace del miedo, al de ver en el Gobierno de España un equipo de personas conectado con la realidad del país y con las necesidades de sus gentes. Y es que este Gobierno y este grupo parlamentario demuestran cada día que
saben perfectamente dónde tienen que estar. A diferencia de ustedes, nosotros y nosotras estamos al lado de la ciudadanía, y les puedo asegurar que vamos a seguir estándolo, con ayudas al alquiler para personas vulnerables, garantizando los
suministros básicos a los hogares sin recursos, con el suministro mínimo vital o con el fomento del bono social y térmico. Así lo avanza ya el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, los presupuestos más sociales de nuestra
historia. Este Gobierno y este grupo parlamentario van a seguir al pie del cañón tomando decisiones a nivel económico, social, educativo o habitacional para dar respuesta a las necesidades de todos, de cada una de las españolas, y lo vamos a seguir
haciendo a pesar de ustedes, señorías del Partido Popular y de VOX, porque, a diferencia de ustedes, los y las socialistas sabíamos que se podía hacer frente a esta crisis sin precedentes de manera justa, sin abandonar a los más vulnerables de
nuestra comunidad. Así hemos trabajado y le aseguro que así seguiremos trabajando.


Presidente, quiero informar a la Cámara de que mi grupo, junto a Unidas Podemos, está trabajando en una enmienda transaccional para prorrogar estas medidas mientras sea necesario.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


En estos preocupantes tiempos de creciente inflación y con el FMI y el Banco de España alertando de que la previsión de ingresos del Gobierno está sobredimensionada, no nos han desvelado ni el señor Matute García de Jalón ni sus enmendantes
el mecanismo de la máquina de hacer billetes que permita reconvertir en permanentes las medidas temporales relativas a viviendas y suministros contempladas en el denominado escudo social. No nos han explicado tampoco de dónde van a detraerse los
recursos económicos para afrontar el descuadre contable al que nos llevaría esta especie de cheques en blanco con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Aunque no nos dicen sobre qué partidas, yo les podría dar alguna pista, como la de
reducción del innecesario gasto público, que comienza aquí mismo, en la primera fila del hemiciclo, la de los veintidós escaños azules que acompañan a Pedro Sánchez, con una enorme estructura ministerial creada a su alrededor, que en no pocos casos
es de acreditada inutilidad y que nos arrastra al apagón, al frío y al racionamiento.


Señorías, el grupo de EH Bildu tiende su mano a la gestión de un Ejecutivo que acaba de presentar en las Cortes el proyecto presupuestario, del que se detraen casi 13 000 millones de euros, que han servido en el vigente ejercicio para
combatir la pandemia, una importantísima cantidad de dinero que, en gran parte, no recibirán las comunidades autónomas de régimen común. El Gobierno, además, ha incumplido su compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica que sustenta
sanidad, educación, servicios sociales y dependencia. Es decir, el escudo social económico y los servicios públicos esenciales van a sufrir un recorte colosal. Sálvese quien pueda. En el día en que se ha conocido que casi

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el 28 % de los asturianos -el 28 %- está en la pobreza, el mejor escudo social sería el finiquito de este Gobierno, que llevará a España a la ruina.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor García Adanero.


El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Matute, una vez más le tengo que decir que Euskal Herria es igual a quimera y entelequia y, dentro de la unidad de España, como bien sabe usted, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Autónoma Vasca. (Aplausos). Y yo entiendo el
acuerdo al que van a llegar, porque forma parte del blanqueamiento mutuo que están haciendo. Me explico. Ustedes ayer se erigieron en portavoces de la banda terrorista ETA y nos dijeron a todos lo contentos que teníamos que estar por lo generosa
que había sido la banda terrorista por querer, en un momento dado, dejar de matar, dejar de asesinar, dejar de extorsionar. Eso, además, lo aderezaron diciendo que sentían el dolor de las propias víctimas. ¿Qué ha cambiado en cuanto al discurso?
Pues solo ha cambiado eso, que lo que antes decían lo siguen diciendo, pero ahora cuentan con el aplauso del Gobierno. Eso es lo que ha cambiado, y ahí está, evidentemente, el blanqueamiento mutuo entre el Gobierno y, en este caso, Euskal Herria
Bildu. Porque si alguien estuviera preocupado de verdad por el dolor de las víctimas lo que hubiera dicho en cualquier acto -usted mismo aquí hoy o cualquiera de los portavoces del Euskal Herria Bildu en esta tribuna, en la sede de la soberanía
nacional- es que la banda terrorista ETA nunca debió existir, que era una banda de terroristas, de asesinos, de extorsionadores, de secuestradores; lo que hubiera dicho es que van a contribuir a aclarar los casi cuatrocientos asesinatos que siguen
sin estar aclarados, que van a contribuir a ello; que van a dejar de hacer homenajes a etarras, que se arrepienten de haber pertenecido a la banda terrorista. Todo eso es lo que diría alguien si de verdad siente lo que pasan las víctimas.
(Aplausos). Pero como todo eso es mentira, todo sirve para seguir con el blanqueamiento. Una vez más diremos en esta tribuna -y lo diremos las veces que hagan falta- que mientras ustedes no condenen claramente a la banda terrorista ETA, porque no
lo han hecho, mientras que el Gobierno de España, sin que ustedes condenen, siga pactando con ustedes, el Gobierno de España estará legitimando el terror de la banda terrorista, porque no cabe estar pactando con aquellos que siguen sin denunciar,
sin decir y sin comentar que aquello fue una equivocación tremenda, que fue un drama, que nunca debió existir ETA y que ustedes...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un segundo, por favor.


En base al artículo 102.1 le llamo la atención para que se remita a lo que estamos tratando.


El señor GARCÍA ADANERO: Sí, señor presidente...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo.


Le recuerdo que el título era proposición no de ley relativa a la conversión en permanentes de las medidas relativas a vivienda y suministros contempladas en el escudo social. (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular en el
congreso pronuncia palabras que no se perciben). Lleva prácticamente consumido su tiempo. Le pido, por favor, que se remita a esto.


Continúe.


El señor GARCÍA ADANERO: Señor presidente, estoy intentando comentar a la Cámara, pero al conjunto de España, que esta moción forma parte del blanqueamiento mutuo entre el Gobierno de España y Euskal Herria Bildu. (Aplausos). Entonces,
para explicarlo, tengo que decir cómo llegaron; es decir, por qué Euskal Herria Bildu apoyó a Sánchez y por qué Sánchez ahora pacta con Euskal Herria Bildu.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y VOX, algunos de estos puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

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El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías, señor presidente.


Al margen de que yo también vaya a 'atizar' -entrecomillas- a Bildu en alguna materia, no es demasiado adecuado permitir que aquí cualquier discurso, dependiendo de a quién se atice, sea libre mientras que a otros se les corte la palabra
cuando se desvían del objeto de su discurso. Creo que estamos aplicando un trato parlamentario desigual.


Voy al tema, a la PNL que ha presentado el señor Matute, de Bildu, que hace referencia a no solo prolongar, sino también a intentar establecer con carácter definitivo aquellas medidas del Real Decreto-ley 16/2021, anteriormente el 8/2021, e
incluso en otras materias el 30/2020 y el 11/2020, que contemplaban medidas de protección, el escudo social, relativas a los suministros de energía, la supresión del procedimientos de desahucios y alzamientos o los aplazamientos de pago de renta.
Aquellas medidas tenían, como decía, un objeto de protección en una situación concreta, que era la pandemia de COVID, y en todas esas ocasiones mi grupo mostró su oposición no tanto al contenido sino sobre todo a la forma de actuación, señalando que
aquellas medidas obedecían a materias competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que, en su caso, suponían excesos incompatibles con el reparto competencial. Por ello, en la mayor parte de los casos nos abstuvimos y no votamos en contra
por el contenido social que tenían.


Por eso, señorías, nos extraña mucho la presentación por parte de Bildu de esta PNL, y no solo porque de alguna manera pone en cuestión la plena capacidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Navarra en las materias concernidas, sino
también porque intenta revertir de alguna manera la plena capacidad y la posibilidad de participación que su propio grupo puede tener en la formación de esas políticas en su ámbito soberano o en su ámbito de actuación nacional, por decirlo de alguna
manera.


Hace pocas fechas -lo recordarán- en el Pleno del Parlamento vasco del 15 de octubre, el lendakari Iñigo Urkullu les hacía la siguiente reflexión. En Euskadi contamos con una política social de vivienda. Toda la política de vivienda se
dedica al alquiler. Casi una de cada tres viviendas públicas que se han construido en 2020 en el Estado español ha sido en Euskadi. Disponemos de un parque de alquiler social de 26 000 viviendas. Más de 33 000 familias han recibido ayudas para
abonar el pago del alquiler. El programa Bizigune, de alquiler social, ha sido premiado como una de las mejores iniciativas europeas en la materia y de las más innovadoras. Más de 2200 jóvenes se han beneficiado de una subvención a través del
programa Gaztelagun. Y concluía aquí la intervención reconociendo que existe un margen de mejora y haciendo el ofrecimiento de explorar con ustedes la oportunidad concreta que nos ofrece el proyecto de presupuestos de este año.


Pues bien, señorías del Grupo Bildu, las políticas sociales de vivienda para las ciudadanas vascas y los ciudadanos vascos se hacen en las instituciones vascas. Allí ustedes disponen de una fuerza parlamentaria notable, que conjugada con
una labor parlamentaria en sus justos términos o acertada les debiera permitir participar en el condicionamiento, la elaboración y la participación de esas políticas propias que, por su parte -ya se lo dijo el lendakari-, eran ya de por sí bastante
exitosas. Repito que las políticas sociales y de vivienda para las vascas y los vascos se hacen en las instituciones vascas y no suplantándolas en otras instituciones y con políticas que, con todo el respeto, ni son de ámbito nacional ni son
soberanas ni tienen nada que ver con eso.


Les animo a participar en estas instituciones propias y en la elaboración de esas políticas, y no en otras que -se lo tengo que decir- puede que estén situadas en un ámbito de la izquierda pero no son progresistas. Sobre el ámbito de
cohesión social que existe en Euskadi, vayan al índice de Gini, vayan al índice de progreso social y vayan también al índice Arope respecto de la existencia de riesgo de pobreza; comparen lo que existe en la Comunidad Autónoma del País Vasco con lo
que existe en el entorno europeo, no ya en el Estado, sino en el entorno europeo, y verán cuáles son las repercusiones de las políticas progresistas como las puestas en marcha por parte del Gobierno vasco, por cierto de coalición.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Señorías, en Ciudadanos hemos actuado con la máxima responsabilidad durante esta lamentable pandemia, y creo que lo hemos demostrado sobradamente. Desde el primer momento comenzamos a pensar en las medidas que había que adoptar, las
propusimos y apoyamos todas aquellas que

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considerábamos imprescindibles. Además de la respuesta sanitaria, había que actuar para que las familias pudieran afrontar la gran pérdida de ingresos y de empleo, para que nadie se encontrase sin suministros, para que fuese resuelto ese
gran problema de llegar a fin de mes para hacer frente al pago de la luz, del agua y del gas. Estos suministros son elementales para que cualquier ciudadano pueda acceder a tener una vida digna. Es más, nosotros fuimos más allá y pedimos al
Gobierno que incluyese la conexión a Internet como uno de los servicios incluidos, como ya les recordaré más adelante.


Sin embargo, estas medidas de carácter excepcional no pueden convertirse en una respuesta de carácter estructural de nuestro sistema ante situaciones de extrema vulnerabilidad. La gravedad de la crisis justifica las medidas, pero ahora no
podemos usar medidas puntuales para solucionar problemas que son estructurales. Son problemas estructurales. Nuestro Estado del bienestar lleva años mostrando que es insuficiente para reducir la pobreza entre los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad. España es uno de los países cuyas transferencias económicas reducen en menor medida el porcentaje de personas que se encuentran en esta situación. Ya conocemos los datos de la tasa Arope: en 2020 España tenía un 26,4 % de
personas en riesgo de pobreza, frente al 25,3 % registrado el año anterior. Y este dato no tiene en cuenta este dato la situación por la que nos ha hecho pasar factura el COVID. Una de cada cuatro personas residentes en España está en situación de
pobreza o en riesgo de exclusión social.


Podría dar muchas cifras, pero creo que lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la situación y que los problemas estructurales merecen respuestas integrales. Por un lado, como conocemos el perfil de las personas en situación de
vulnerabilidad, lo que tenemos que hacer es establecer políticas específicas que impulsen la formación y el acceso al empleo. Porque, señorías, el asistencialismo no resuelve los ciclos de pobreza, como he dicho muchas veces en esta tribuna, sino
que lo que resuelve la pobreza es que las personas puedan acceder a la formación, a la educación y a un empleo digno. Eso es lo que rompe las causas estructurales de pobreza. (Aplausos). Hay que tener, además, planes específicos de empleo, y de
empleo inclusivo. También quiero decir que hay que aprovechar en este momento los fondos europeos. Si no hacemos política especifica de empleo para los grupos que están por debajo, los que peor lo pasan, podremos mejorar nuestras tasas de
desempleo pero seguiremos dejando en la cola y sin cubrir a las personas más vulnerables. Por lo tanto, esas políticas de empleo inclusivo deben tener medidas específicas para las personas más vulnerables, de los que siempre se olvida una gran
parte de sus señorías.


En relación con el ingreso mínimo vital, quiero decir que lo voy a incluir en esta parte del bono social. Tenemos a muchísimas personas en situación de pobreza extrema y debemos tener en cuenta que esa gran medida, que además nosotros
apoyamos porque creemos en los escudos sociales, no está teniendo el éxito que esperábamos, porque no se está llegando ni a la mitad de las familias destinatarias del propio ingreso mínimo vital. Junto a ello, creo que la pandemia ha puesto de
manifiesto que el acceso a internet tiene que abordarse de manera independiente y de una manera integral. El acceso a internet debe ser prioritario para los grupos vulnerables. Creemos que se debe mejorar el bono social térmico y el bono social
eléctrico. En nuestro grupo parlamentario ya propusimos que había que incrementar un 30 % el descuento de la factura de la luz previsto para consumidores vulnerables, llegando a un descuento de un 50 % en los grupos severos; que había que elevar
los límites de renta para que se pudiera acceder a esos bonos y que nadie se quedase atrás.


Pero cuando además hablamos de las propias políticas de vivienda, creo que no se puede cargar la responsabilidad de garantizar el acceso a la vivienda a los particulares, a los grandes tenedores o a la inmobiliaria. No podemos cargar sobre
los particulares la inacción de la Administración. No ha habido política de vivienda ni por parte del Partido Socialista ni por parte del Partido Popular en nuestro país. Ha sido nefasta. La inversión en vivienda social ha sido nefasta, tanto con
un Gobierno como con otro. Las familias vulnerables necesitan tener acceso a los alquileres sociales, superar la barrera de la discriminación en el acceso a la vivienda. Es totalmente indignante que tengamos núcleos de infravivienda y chabolismo
en nuestro país.


¿Con esto qué quiero poner de manifiesto? Que esta propuesta no es suficiente, que lo que se necesita para un problema estructural son medidas y respuestas integrales. Para eso queremos trabajar en Ciudadanos, no para poner parches y no
resolver de una manera valiente y adecuada la situación de necesidad en el ámbito de la vivienda de muchas de nuestras familias.


Gracias. (Aplausos).

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.


Traemos a debate la conversión en permanente del conjunto de medidas de protección social pensadas para atajar las más graves consecuencias en el ámbito socioeconómico de la emergencia sanitaria, particularmente en los casos de situaciones
sociales de vulnerabilidad en los ámbitos del empleo, la vivienda o los suministros básicos, y que se establecieron como extraordinarias y temporales.


A juicio del BNG existen dos preguntas básicas que deben ser respondidas. Una: ¿es necesario? Dos: ¿es posible? Creo que la primera se responde sola. La pandemia agravó situaciones sociales de vulnerabilidad que en muchos casos ya
existían y que no están resueltas. Un dato que acabamos de conocer es que hay un 22 % de pobreza en Galiza. Hablamos, por tanto, de la vida, de las condiciones de dignidad que necesitan miles de personas para salir adelante. Por eso estamos de
acuerdo en que no se puede permitir que la finalización prevista para el 31 de octubre de esas medidas extraordinarias y temporales amenace las condiciones de vida de la ciudadanía. Como ejemplo y como señala Bildu, con la finalización de la
prohibición de los desahucios se producirían alrededor de ochenta mil desalojos de viviendas, lo que sería, efectivamente, un escándalo. La respuesta a la segunda pregunta también es evidente. Más allá de que en política de protección social todo
lo que es necesario debe hacerse posible, la experiencia en estos meses deja claro que sí lo es. Estamos, por tanto, ante una cuestión de voluntad política por parte de los partidos del Gobierno.


El BNG va a votar a favor de esta PNL. Se ha acordado una transaccional que convierte...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.


El señor REGO CANDAMIL: ... en permanente esa prórroga.


En todo caso, votaremos a favor.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.


El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes, señorías. Gracias, señor presidente.


Nos ocupa la proposición no de ley presentada por Bildu, y yo creo que previamente hay que hacer la reflexión de que nos van a encontrar en aquella frase de no dejar a nadie atrás, en cuestiones sobre las personas más desfavorecidas, las
personas más vulnerables, las personas que pierden la vivienda habitual o que tienen imposibilidad para pagar los suministros. Es evidente que estos temas nos conciernen a todos, y en política seguramente una de las acciones más nobles que podemos
hacer es la de procurar que estas situaciones no pasen.


La cuestión no es la preocupación que tenemos todos sobre estas situaciones de vulnerabilidad, sino qué medidas o soluciones aportamos. La solución que plantea actualmente la proposición no de ley es prorrogar las medidas, hacerlas
definitivas, o, con la transacción, prorrogarlas si es necesario. Nuestra apuesta sería abordar estos problemas, buscar soluciones. Les voy a poner un ejemplo, aunque sea muy local. Yo vengo de Barcelona ciudad. En Barcelona ciudad hace años que
no se veían personas en la calle sin techo o personas vendiendo pañuelos en los semáforos, pero todo esto en los últimos años ha vuelto a aflorar. El problema no es eliminar a estas personas, como si no existieran, el problema es que las políticas
de la ciudad han cambiado y parece ser que hay determinadas fuerzas políticas a las que este paisaje triste les va bien; que existan estas situaciones les va bien para justificar su discurso político. Nuestro discurso político es el de que estas
situaciones no se pueden dar, primero por consideración y respeto a estas personas y, segundo, porque la acción pública lo que tiene que hacer es, en este caso, proteger a estas personas, activar las políticas de housing first, hacer una acción
decidida de apoyo.


Por tanto, no es tanto el parche y adoptar medidas que se tomaron a través del real decreto-ley y en medio del estado de alarma para que las personas vulnerables no se queden sin hogar o no tengan sus suministros cortados, que por supuesto
que las compartimos, sino que de lo que se trata es de fijar el foco en políticas que generen crecimiento económico, porque solo si se genera riqueza se puede repartir la riqueza, de fijar el foco en la obsesión por crecer, para generar un espacio
en el que a esta gente le den oportunidades, no en parar los desahucios, sino en garantizar el derecho a la vivienda por parte de las

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administraciones públicas sin que esto acabe afectando a la clase media, a la que se obliga a tramitar unas indemnizaciones y a generar más papeleo. Yo quiero dejar constancia, pero no quiero que nadie se confunda en esto. Hay que atender
a aquellos que más lo necesitan, pero no sobre la base de prorrogar estas medidas del escudo social, sino de políticas que saquen a estas personas de la pobreza, que den a estas personas oportunidades para crecer, como tantos otros han crecido en
estos tiempos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.


El señor RUFIÁN ROMERO: Buenas tardes.


Solamente un inciso previo. El señor Boadella me parece que ha dicho algo así como que antes de Colau no había pobres en Barcelona. No seré yo aquí el defensor de Colau, pero con Xavier Trias había bastantes pobres también en Barcelona, se
lo puedo asegurar. (Aplausos).


Yo aprovecharé esta iniciativa que nos presenta EH Bildu, concretamente el extraordinario parlamentario y amigo Oskar Matute, para intentar plantear algunas reflexiones. La primera es qué es una patria. Porque aquí estamos los
antiespañoles, según algunos de ustedes, defendiendo cosas muy sencillitas, de primero de decencia, de primero de izquierdas, de hecho, que es que la gente en situaciones como esta tenga para comer, tenga para vivir, en definitiva. ¿Qué es una
patria? Para ustedes, que defienden tanto la patria y que, de hecho, algunos de ustedes tienen un banderón de España cada vez más grande en la mascarilla, ¿qué es una patria? ¿Qué es? ¿Una patria es una bandera? (Algunos señores diputados:
¡No!). ¿Una patria es un rey? ¿Una patria es un equipo de fútbol? (Algunos señores diputados: ¡No!). ¿Una patria es un rey? (Algunos señores diputados: ¡No!). Muy bien, niños, muy bien. No, no lo es.


Voy a hacer otra reflexión, que quizá no guste o sorprenda a algunos. Yo, como saben, vengo de un país extraordinario que se llama Cataluña, con una historia, con una lengua y con un pueblo extraordinarios, pero también con extraordinarios
datos de exclusión social. Saber eso, de hecho, decir esto y, principalmente, querer batallar contra esto no me hace menos nada. Hay mucha gente en mi país, hay mucha gente en su país que no se emociona con los mismos símbolos que ustedes. Hay
mucha gente en Cataluña que no se emociona con una estelada; hay mucha gente que no se sabe Els Segadors. De hecho, hay mucha gente en Cataluña que no piensa, que no habla, que no siente en catalán, muchísima gente. Eso nos obliga a intentar
interpelarles de otra manera, porque entendemos que la patria es el otro. ¿A qué nos obliga? A intentar hablar de aquello que, desgraciadamente, comparte la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que es la miseria, el paro, la precariedad, la pobreza,
la lucha por el feminismo, la lucha por el medio ambiente. Esas son las mejores banderas, porque la izquierda -y creo que con esta iniciativa EH Bildu lo demuestra- no ganará por olas de nacionalismo; ganará por olas de esperanza.


Cataluña tiene un 36 % de paro juvenil. Cataluña tiene un 14 % de paro femenino. En Cataluña el último año se destruyeron 4000 pymes. En Cataluña hay diferencias de renta per cápita entre barrios de 35 000 euros. En Cataluña hay
diferencias de esperanza de vida entre barrios de diez años: de hecho, se vive diez años más en un barrio que en otro de Barcelona. En Cataluña, uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión social. En Cataluña hay un millón de pobres. En
Cataluña se ha multiplicado por tres el consumo de psicofármacos. En Cataluña -y en España también- la primera causa de muerte entre la juventud es el suicidio. Y que yo sepa esto, que yo diga esto y que yo quiera luchar contra esto no me hace
menos independentista, no me hace menos republicano y, evidentemente, no me hace menos de izquierdas; me hace más útil, porque esto de la política va de ser útil, ¿o no?


La izquierda, repito, no ganará por olas de nacionalismo, ganará por olas de esperanza. Es una fórmula muy sencilla de decir, pero muy complicada de hacer, pero, si no la hacemos, le estaremos regalando toda una generación a la
ultraderecha. Trabajar menos para trabajar todos, producir lo necesario, porque solamente tenemos un planeta, y redistribuirlo todo. Trabajar menos para trabajar todos, producir lo necesario y redistribuirlo todo; ese es el futuro. Si no somos
capaces de luchar por ello, si no somos capaces de darle libertad real a la gente, se lo estaremos regalando a la ultraderecha.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Esteban Calonje. (Aplausos).

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La señora ESTEBAN CALONJE: Muchas gracias, señor presidente.


El partido de Arnaldo Otegi, miembro de la banda terrorista ETA, viene a hablarnos del escudo social. El partido de Arnaldo Otegi, quien no condena el terrorismo de ETA, viene a hablarnos del escudo social. El brazo político de ETA viene a
hablarnos de vivienda. Les voy a hablar, señorías, de la política de vivienda de ETA. La casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza era un edificio de cuatro plantas de viviendas en el que habitaban cuarenta familias y un total de ciento ochenta
personas. Los 250 kilos de amonal que los terroristas, representados por Bildu en esta Cámara, hicieron explotar derrumbaron las cuatro plantas del edificio de viviendas y la onda expansiva afectó también a las casas colindantes; ochenta y ocho
heridos, muchos de los cuales sufrieron amputaciones; once muertos, entre los que se encontraban Ángel, Esther y Miriam, el hermano y las sobrinas de tres años de nuestro compañero diputado José Alcaraz. (Aplausos). O la casa cuartel de la
Guardia Civil en Vic, a 70 kilómetros de Barcelona, que era un edificio de viviendas de tres plantas en el que residían cuarenta guardias civiles con sus mujeres y un total de veintidós niños. Cuando explotó la bomba de ETA, la mayoría de los
guardias estaban dando cobertura a una competición deportiva y en la casa cuartel solo quedaban mujeres y niños. Las tres plantas del edificio se derrumbaron. Además, la onda expansiva afectó a unos cincuenta hogares en el Paseo de la Generalidad,
en el que se encontraba el cuartel. Colindante con la casa cuartel estaba el colegio del Sagrado Corazón y en el patio se encontraban jugando cincuenta niños. Al día siguiente por la mañana se confirmó el fallecimiento de diez personas y cuarenta
y cuatro heridos, incluidos cinco con pronóstico reservado y una niña de ocho años que sufrió la amputación de una pierna.


Esa es la política de vivienda de ETA y hoy sus representantes nos traen una proposición de ley que pretende convertir en estructural el actual mecanismo antidesahucios y perpetuar las peores medidas tomadas en Europa, a propósito de la
pandemia, para consagrar la okupación ilegal, para que los propietarios de inmuebles no puedan recuperar sus viviendas y que sus inquilinos se conviertan en okupas. Este Gobierno de la traición, que aplaude a Alberto Rodríguez, diputado de Podemos,
delincuente condenado por patear a la policía; este Gobierno de la traición, que se dedica a blanquear a ETA, pacta con los asesinos de sus propios compañeros y acerca a los asesinos presos a las provincias vascas; este Gobierno de la traición
dirá que la okupación es mentira, que estamos alimentando un fantasma, como ya nos dijo hace dos semanas en este mismo Congreso, cuando lo denunciábamos. Pero lo cierto es que el Partido Socialista sabe que la okupación ilegal es un problema
creciente; si se lo han dicho los socialistas catalanes y los castellano-manchegos, si les han exigido que traten esta lacra en el congreso que su partido ha tenido este fin de semana en Valencia.


Lo que el Gobierno llama escudo social lo pagan los pequeños arrendadores extorsionados y chantajeados por sus inquilinos, que se convierten en okupas. Así, el Gobierno blinda a los 'inquiokupas' con su escudo social. En esta nefasta
gestión de la pandemia, señorías del Gobierno, no han tenido en cuenta las diferentes realidades. ¿A los propietarios no les ha afectado la pandemia, no han perdido sus trabajos, no han estado sometidos a ERTE, no han enfermado, no han perdido
familiares? ¿Qué culpa tienen los propietarios de que ustedes no sean capaces de amparar a aquellas familias que no pueden hacer frente a un alquiler? (Aplausos). Cuando legislan, lo tienen que hacer para todos, y están ustedes alentando la
okupación ilegal y fomentando la delincuencia. Caminen del lado de la decencia, caminen del lado de los buenos, caminen del lado de los españoles. Apártense del partido de Otegi y escuchen al partido de Ortega Lara. Les aseguro que los españoles
están mucho más cerca de José Antonio Ortega Lara que de Bildu. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puesto en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Cruz-Guzmán García.


La señora CRUZ-GUZMÁN GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, quiero empezar mi intervención con un recuerdo muy especial a Irene Villa. Hace treinta años me encontraba sentada en el aula del Colegio de las Irlandesas en Bami, en Sevilla, el mismo al que iba Irene en Madrid. Cuando nuestra
profesora de Filosofía entró para contarnos el terrible atentado, nos dijo: podríais haber sido cualquiera de vosotras. (Aplausos). Entre todas las compañeras le escribimos una carta y le enviamos un oso de peluche enorme que llevaba dentro todo
nuestro cariño sevillano, que en poco tiempo se convirtió en verdadera admiración por sus valores, los que les transmitió Mary Ward y también su madre: alegría, resistencia, autenticidad y perdón. Incluso para quien no lo pide, incluso para quien
no lo desea. Y su continua reclamación. Estamos aquí y lo que queremos es lo de siempre: memoria,

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dignidad y justicia. Desde esta tribuna, hoy y siempre, por parte de nuestro Grupo la tendréis; un obligado recuerdo y respeto a todas las víctimas. Señor Sánchez, respeto que no degrada a nuestro grupo, sino que lo dignifica, porque
indignos son los más de trescientos asesinatos sin respuesta y los homenajes a los que sembraron el terror en España. Porque a los pueblos se les puede someter de muchas formas: a través del miedo y del terror, como tantos años intentó sin éxito,
pero con mucho dolor, la banda terrorista ETA. O con el sometimiento económico, con medidas que hagan dependiente de forma permanente a la sociedad por parte de los gobernantes, con las medidas que nos traen aquí para debatirlas.


El Gobierno de Sánchez sigue sometido a los grupos independentistas, y lo hemos podido constatar en los Presupuestos Generales, que provocarán una de las más grandes rupturas territoriales de nuestro país. Hoy comprobaremos también el grado
de subordinación del Gobierno al Grupo EH Bildu y su posición frente a la defensa de la propiedad privada. A estas alturas, ya no sabemos quién blanquea a quién.


Señorías, estas medidas que nos proponen no protege a los más vulnerables, los somete. Y, señora Guerra, el Gobierno no ha sido ejemplar. Hemos sido ejemplares los españoles y las empresas españolas en el comportamiento con esta crisis,
porque hemos soportado entre todos las medida excepcionales que el Gobierno ha desarrollado, incluso cuando se han saltado la Constitución, como lo de impedir a los arrendadores afectados que tengan una compensación. Cumplan con el Real Decreto-ley
37/2020, porque ya han provocado una gran inseguridad jurídica, un aumento de la morosidad y un aumento de la okupación, y la pérdida de la confianza de los propietarios, que tienen que ser la pieza clave de las políticas de vivienda en España.


Frente al drama de los desahucios, fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que desarrolló una moratoria y el presidente Sánchez la ha vuelto a ampliar. Sigan aplicando nuestras medidas, que son las que funcionan, también en las políticas de
acceso a la vivienda. Pero nada tiene que ver los desahucios con la okupación. La posición de mi grupo es clara en este punto: la okupación es un modo ilegal de acceso a la vivienda contra el que pelearemos con todas nuestras fuerzas para
defender la propiedad privada sin ninguna fisura. (Aplausos). Un fenómeno que crece de manera preocupante, sin que se desarrollen mecanismos de defensa para los propietarios. Cada día, cuarenta nuevas viviendas son okupadas por parte de los
okupas. ¿Verdad, Paco, Elena, Sandra?


Señor Matute, ¿sabe a qué número de españoles quiere incluir usted en estas medidas bolivarianas? A más de 12,5 millones de españoles. No les engañe con estas medidas porque no se lo merecen. Cuando pide el aplazamiento sine die para los
alquileres para personas vulnerables, ¿sabe cuántos pensionistas y pequeñas empresas sobreviven gracias a una renta de alquiler fruto del ahorro del trabajo de toda su vida? ¿Qué pasa con los arrendadores vulnerables? Si de verdad quieren
ayudarles, exija a Sánchez que controle el desorbitado precio de la luz, que amplíe el parque de viviendas a través de la colaboración pública-privada, como hace Andalucía o Madrid; que ayude a los jóvenes al acceso a la vivienda, como lo hace
Castilla y León; que promueva avales, como hace Murcia o que gestione alquileres sociales, como se hace en Galicia. Reclame que se hagan efectivas las políticas sociales. ¿O quiere que le recuerde las personas que están llegando a la renta
mínima? Solo uno de cada cuatro solicitantes. En definitiva, pida al Gobierno que solucione los problemas de los españoles en vez de cargárselos otra vez al sector privado. Estas medidas populistas no dan resultado. El control de los alquileres
los aumentan -miren a Alemania- y la promoción de la okupación ahuyenta a los inversores -miren a Cataluña-. Y termino haciendo una denuncia especial al ataque por la arbitrariedad de esta propuesta a las empresas y autónomos, que son la locomotora
de nuestro país.


Señorías, esta PNL tiene una parte visible y un interés oculto: blanquear a quienes siguen con los homenajes a los terroristas de ETA, aunque aparenten arrepentimiento con la obscena previsión de leer un texto que lo parece, en el que no se
incluye la palabra perdón. Pues sepan sus señorías que ambas cosas, a las que se ven y a las que ocultan, mi grupo dirá no.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señor Matute García de Jalón, ¿acepta su grupo las enmiendas presentadas?


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Pasaremos a votar una enmienda transaccional que hemos alcanzado con los grupos enmendantes, y ese será el texto que se someta a votación.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy bien. Muchas gracias.

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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA VEHÍ Y SEÑOR BOTRAN), SOBRE LA RECUPERACIÓN PÚBLICA DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. (Número de expediente 162/000821).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Vehí y señor Botran), sobre la recuperación pública de las centrales hidroeléctricas. Para la presentación
de la iniciativa, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.


La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente.


¿El sol es de alguien? ¿El agua tiene dueño? Y el viento, ¿de quién es? Son cuestiones de rabiosa actualidad. Recordarán ustedes, por ejemplo, el impuesto al sol puesto por el Partido Popular en 2015, que pretendía que la gente pagara
todavía más a Red Eléctrica por la producción de autoconsumo de energía con placas solares, y que el Partido Socialista, cuando llegó al Gobierno, tumbó. El mismo Partido Socialista que hoy, por ejemplo, conjuntamente con Podemos, está a punto de
hacer una transferencia de fondos europeos a las grandes compañías energéticas para hacer macroparques fotovoltaicos, sin que reviertan un solo euro de los beneficios que van a hacer con el viento y con el sol al territorio. O podemos hablar del
tema de las centrales hidroeléctricas, que es de lo que va la PNL de hoy. Las centrales hidroeléctricas son centrales repartidas mayoritariamente por el Pirineo que aprovechan los saltos de agua para producir energía. Tienen concesiones que, o
bien están caducadas en muchos casos y se siguen explotando, o bien son fraudulentas porque se ha falseado la fecha de inicio de explotación de las concesiones, o bien están a punto de caducar y, o se hace una intervención o, en vez de pasar a manos
públicas, van a continuar en manos privadas. Porque, ¿saben qué pasa cuando caducan las concesiones? Que, o bien no se acaba la explotación, como decía, y las empresas la continúan explotando de forma fraudulenta, o bien continúan teniendo una
concesión nueva porque la Administración, en vez de preguntarse si puede estar en manos públicas, continúa haciendo concesiones privadas. De hecho, se han conseguido cinco reversiones públicas en Aragón y ha costado una batalla judicial sin
precedentes de los municipios.


¿Qué quiere esta PNL? Pide tras grandes cosas. La primera, que se investigue el estado de las concesiones de todas las centrales hidroeléctricas y los posibles fraudes. Incluso, pide instar a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia para investigar el posible fraude de ley y a restituir -en caso de que haya habido fraude- el dinero ganado ilegalmente. La segunda es trabajar para que las centrales hidroeléctricas puedan funcionar al servicio de los municipios.
Estamos en una crisis climática sin precedentes, en un momento de crisis económica sin precedentes y que los municipios puedan tener centrales públicas de generación de energía puede ser una de las vías para democratizar el acceso a la energía. Y
la tercera es la creación de una confederación hidrográfica propia para el Garona y que la Agencia Catalana del Agua pueda gestionar la parte catalana del Ebro.


Somos conscientes de que seguramente esta PNL no se va a aprobar a pesar de la importancia del tema. De hecho, queríamos agradecer tanto a los diputados responsables de Podemos como de Ciudadanos la disposición y el trabajo. Finalmente,
por una cuestión de Reglamento de la Cámara, no vamos a aceptar ninguna enmienda para poder votar la PNL por puntos y así poder encontrar mayor consenso. Ya dejo dicho a la Mesa que vamos a pedir la votación por puntos y no vamos a aceptar ninguna
enmienda.


Quería agradecer también la disposición y el trabajo de la diputada del PSOE, pero lamentamos la línea política de su partido. El PSOE se niega a investigar las malas prácticas de las grandes empresas de energía. La verdad es que la semana
pasada hablábamos desde esta misma tribuna de la buena dirección del Real Decreto 17/2021, porque parecía que iba en la línea no solo de controlar el mercado de la energía, sino de encontrar soluciones a la explotación de los recursos hídricos en su
artículo 10, pero parece que cuando se trata de garantizar la producción democrática de energía el PSOE siempre va con los fuertes. Parece que va pasar lo mismo con la ley de vivienda. Esperemos estar equivocadas, porque no se entendería mucho.


Nosotros seguiremos con el tema, a pesar de que esta PNL hoy no se apruebe. Ya lo anunciamos, porque es importante no solo investigar las concesiones, sino garantizar que la energía sea un elemento fundamental de la democracia en el Estado
español, porque es fundamental que no haya pobreza energética en la situación en la que estamos y con el escenario de escasez de materias primas que se nos abre en los próximos meses. Como dicen los colectivos ecologistas, la ecología sin
redistribución de la riqueza es algo parecido a la jardinería y, por lo tanto, lo que hay es no solo que buscar e investigar nuevas

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fuentes de energía que sean sostenibles, sino también que la gente pueda tener acceso a ellas y que no sean las mismas empresas de siempre las que se lucren con ello. Nosotros seguiremos con el tema.


Para acabar, solo nos queda citar la que fue una gran proclama zapatista en su momento: para todos, todo. Y, sobre todo, el agua que sea del pueblo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez Granados.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.


Señorías, mi primeras palabras quiero que vayan dirigidas a nuestro compañero Joan Mesquida, que hoy hace un año que no está con nosotros y lo seguimos manteniendo en nuestro pensamiento. (Aplausos).


La proposición de la CUP es un claro ejemplo, como no podía ser de otra manera, de populismo y nacionalismo. Identifican un problema que realmente existe, señalan a un enemigo ideológico que solo está en su imaginación y proponen medidas
disparatadas. Nada nuevo bajo el sol, si no fuera porque, efectivamente, el problema existe y es real, y porque de tanto disparar al aire hay un par de veces que sí que dan en la diana. Por tanto, creemos que es un texto que se puede y se debe
mejorar mucho, y por eso los liberales, que trabajamos siempre por la política útil, hemos presentado una serie de enmiendas de carácter constructivo.


Porque, señores de la CUP, la demonización del sector privado que hacen ustedes en su PNL no tiene ni pies ni cabeza, por no hablar de que proponen la creación de nuevos organismos autonómicos que responden más a criterios nacionalistas que
a criterios de eficiencia y eficacia. Los chiringuitos del nacionalismo catalán de toda la vida, vamos. Ya les adelanto que las enmiendas de ciudadanos tienen un propósito puramente constructivo y van dirigidas a reorientar la posición hacia tres
prioridades: contribuir a la bajada del precio de la electricidad y la creación de empleos sostenibles; protección del principio de racionalidad y no discriminación entre lo público y lo privado y la defensa de los principios de eficiencia y
eficacia.


Señorías, ustedes y yo sabemos -y lo sabemos porque la realidad es tozuda y porque la historia y la comparativa entre países así lo demuestra- que una empresa pública no solucionaría a corto plazo el problema del alza de la luz. ¿Y por qué
no lo solucionaría? Porque el problema no es una práctica anticompetitiva, sino, si acaso, que el mercado está reflejando, efectivamente, los costes y externalidades de la generación eléctrica. A una empresa pública no le saldrá más barato el gas
ni podrá ahorrarse el coste de los derechos de emisión, por lo que el precio marginal seguiría invariable.


Señorías, con la que está cayendo no podemos permitirnos en ningún caso que una empresa pública, tampoco de energía, opere a pérdidas, por ineficiencia o por competencia desleal al resto de las empresas. En el caso energético, además,
supondría rebajar la factura mediante un mero subterfugio contable, porque en la práctica implicaría entonces aumentar la deuda pública y asumir esas pérdidas mediante transferencias a los Presupuestos Generales del Estado. Bajar la factura pero
subir impuestos no solo no es la solución, sino que encima hace pagar a todos por igual, independientemente del nivel de consumo eléctrico, en detrimento de la racionalidad, la eficiencia y los objetivos de transición ecológica. La única forma en
que se puede afectar en algo al mercado es que la empresa pública se dedicara a producir con energías emisoras de CO2, las marginales, por debajo del coste, pero eso sería, primero, un subsidio directo, con total seguridad siendo ilegal por
anticompetitivo y prohibitivo, porque no lograría el objetivo deseado. Sería mejor invertir ese dinero en un bono social u otras medidas similares.


También es contrario a la lucha contra el cambio climático, porque dejaría de internalizar el coste de emitir CO2, anularía la efectividad del mercado de derechos de emisión de CO2 y contaminaría por encima de nuestros objetivos.


Para los liberales es fundamental que en el mercado se dé una genuina competencia, y el mercado eléctrico no debe ser una excepción. La falta de competencia y la existencia de posiciones de dominio no es algo que rechacemos porque
perjudique a otras empresas, que también, sino porque, sobre todo, perjudica a los ciudadanos. Es por ello que el fraude, cuando sea cometido por una empresa pública, es igual o más condenable, si cabe, puesto que una empresa pública debe ser la
primera que actúe con lealtad y eficiencia.

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Aparte de esto, que es el abecé de la economía -y que ustedes, a veces, y en esta ocasión, se saltan a la torera-, lo importante es reflexionar sobre cuál debe ser el papel de las centrales hidroeléctricas antes de decidir qué gestión debe
tener. ¿Generación? ¿Almacenamiento? ¿Ambos por igual? ¿O se prima a alguno de ellos? En fin, una vez que se tome esa decisión estratégica, entonces tendrá sentido hablar de su modelo de gestión.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero agradecer, en primer lugar, a la diputada de la CUP la presentación de esta proposición no de ley porque creo que es oportuna y aborda una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía en este momento, que tiene que ver
mucho con el precio de la luz y con una cosa que hemos visto este verano y que realmente a muchos nos ha llenado de estupefacción, que ha sido cómo las empresas del oligopolio eléctrico han especulado con la energía hidráulica hasta el punto de
dejar los embalses vacíos. El caso de Ricobayo ha sido uno de los ejemplos más claros, que se vació en muy pocos días en un 80 % de su capacidad; o el caso de la presa de Alcántara, por ejemplo, que dejó sin agua prácticamente el Parque Nacional
de Monfragüe, y así, sucesivamente, uno a uno, los distintos embalses se han ido quedando vacíos por la política especulativa de las empresas hidroeléctricas.


Hablaba la diputada de Ciudadanos de que les gusta un mercado perfecto. Lo cierto es que en el caso de la hidroeléctrica, que supone cerca del 20 % de la potencia eléctrica instalada en nuestro país, de los 17 018 megavatios que tenemos,
Iberdrola controla 9715; Endesa, 4793 y Naturgy, 1951. Lo cual, en conjunto, supone que tres únicas empresas controlan el 96,2 % de la energía hidráulica en nuestro país, algo que está verdaderamente muy alejado de un mercado perfecto, realmente
es un oligopolio perfecto. Lo que ha ocurrido este verano es la consecuencia exacta del control de esa energía hidráulica. Precisamente por este motivo, el decreto que aprobamos la semana pasada sobre medidas urgentes en materia de energía ya
abordaba la necesidad de regular la obligación de que los ríos mantengan un caudal ecológico necesariamente; es decir, de alguna manera se trata de poner freno a esa avidez especulativa del oligopolio energético.


Nosotros hemos presentado una enmienda a esta PNL en la que fundamentalmente incidimos en lo que viene siendo una reivindicación de nuestro grupo parlamentario, que es la creación de una empresa pública encargada de la gestión del dominio
público hidráulico en lo que a la producción eléctrica se refiere, asumiendo aquellas concesiones una vez se produzca su extinción, independientemente de la causa que concurra, además de las posibles iniciativas que la misma empresa pueda emprender
en otras áreas de energía. Es decir, lo que nosotros hemos tratado de poner en esta PNL es que, finalmente, sea lo que su título dice que es, precisamente la recuperación pública de las centrales hidroeléctricas.


Creemos que es fundamental la creación de esa empresa pública, creemos que es necesario que esa empresa pública se cree cuanto antes porque al final el agua es de todos y, por lo tanto, es lógico que, en la medida en que esas concesiones que
tienen esas empresas hidroeléctricas vayan venciendo, sean recuperadas y sean constitutivas del embrión de lo que será esa empresa pública de energía. Y digo que será, porque estamos en un contexto en el cual casi todos los países de nuestro
entorno tienen empresas públicas o tienen empresas con participación pública en materia de producción eléctrica, y lo que no se puede soportar es que sigamos en manos de un oligopolio que, como hemos visto y he dicho, controla el 96 % de nuestras
presas. Esto no puede ser porque, al final, la gestión que se está haciendo del agua, de un bien público cada vez más escaso, es una gestión dirigida directamente a la especulación. De hecho, según la CNMC, la producción del megavatio
hidroeléctrico cuesta 3 euros y las empresas eléctricas han estado cobrando en el mercado mayorista 150, 180 o, en definitiva, lo que el mercado diga cada día. Con lo cual, se está haciendo un enorme negocio y de ahí la necesidad, que abordamos en
el real decreto del otro día y que vamos a abordar sucesivamente en nuevas iniciativas, de poner freno a este interés especulativo. De ahí nuestro interés en que esta PNL asumiera realmente ese objetivo de recuperación pública de los saltos
hidráulicos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Ha terminado su tiempo.

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El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Padilla Ruiz. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores).


La señora PADILLA RUIZ: Gracias, presidenta.


Señora Vehí, hay veces que una no sabe si empezar por el principio o por el final y le aseguro que esta es una de esas circunstancias. Trataré de clarificar la respuesta a esta PNL que, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, tengo que
decirle que le falta rigor. Se lo digo con todo respeto. Comienzan diciendo que el agua es un bien común, un recurso natural que nos pertenece a todas -perfecto- y terminan pidiendo traspasar las competencias de la Confederación Hidrográfica del
Ebro a la Agencia Catalana del Agua, eso sí, de la parte del río que pasa por Cataluña. Señora Vehí, una cuenca hidrográfica es una unidad de gestión del recurso indivisible, no se puede independizar un trozo del río Ebro. No sé qué les parecería
que a cada una de las otras seis comunidades por las que transcurre el Ebro se les traspasaran también las competencias de la Confederación Hidrográfica: Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vaco, Navarra y Aragón. ¿Se imaginan qué pasaría
si hubiera en España una o varias cuencas del Ebro pre-Cataluña y otra del Ebro catalán, y que las cuencas de aguas arriba estuvieran construyendo embalses o saltos hidroeléctricos sin contar con las de aguas abajo? Es una auténtica locura. Yo
creo que es un poco querencia a levantar fronteras, señoría.


Por otro lado, piden realizar un estudio sobre el estado de todas las concesiones de las centrales hidroeléctricas y obligar a los registros de agua a certificar la capacidad real de las concesiones. Cada organismo de cuenca cuenta con una
Oficina del Registro de Aguas en la que se inscriben de oficio las concesiones, los cambios de titularidad, de características y entre sus funciones está certificar sobre los derechos del uso privativo del agua. Lo que ustedes piden es como instar
a los registros de la propiedad a que expidan una nota simple. Esto es una cosa que ya se hace. Pretenden, además, obligar a los registros públicos de agua a que aseguren que las centrales pasan a gestión pública sin más concursos privativos, una
vez se acaben las concesiones. Puede parecer interesante, pero es que la ley recoge esa posibilidad y lo que ustedes están pidiendo al Gobierno es que incumpla la ley, que limiten la capacidad del órgano competente por encima de la ley y que
obligue a tomar un único camino, independientemente de las circunstancias de cada central. En este punto veo un poquito intervencionistas a los señores de la CUP. Como lo de crear una comisión de investigación en el Congreso, que, entre otras
cosas, lo plantea para la posible vulneración de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Dos cosas sobre este punto. Si quieren crear una comisión, este no es el cauce, no es una PNL; léanse el Reglamento, artículo 52, y lo
tramitan a través de este artículo. Y si creen que hay una vulneración de la ley, en este u otro tema, en lugar de sembrar sospechas, váyanse a los juzgados. Sospechas o afirmaciones, porque cuando proponen instar a la CNMC a investigar y
sancionar a las compañías privadas que hayan cometido fraude, dándolo por hecho, yo me pregunto: ¿conocen ustedes alguna compañía que haya cometido fraude y no lo han denunciado?


Lo de crear una confederación hidrográfica propia del Garona, lamento tener que decirle también que la legislación tampoco lo permite y, además, la Directiva Marco del Agua, precisamente, lo que aconseja es que vayamos a un plan hidrológico
en cuencas compartidas de distintos países.


Viendo el tono del texto que presentan y algunas afirmaciones que pueden leerse en su PNL me hace pensar que el interés por sacar esta iniciativa adelante es limitado. Señora Vehí, efectivamente, las palabras son importantes y pedir al
Gobierno que haga cosas que impide la ley es una forma de garantizarse un poco el no, además de alimentar la estrategia de ir a una legislatura de conflicto entre el pueblo catalán y el Estado, que es lo que dijo su candidata a la Presidencia de la
Generalitat. No sé. En lugar de llenarse de argumentos, acuden a la confusión y al ataque gratuito para intentar que cale su mensaje de conflicto. Como saben, nosotros también hemos presentado una enmienda que va dirigida a seguir trabajando en
la adecuación de la legislación de aguas para permitir la adecuación al cambio climático. Dejen de levantar fronteras, dejen que fluya la política como fluyen los ríos entre comunidades.


Terminó, presidenta, también con una frase, la mía es de María Zambrano: Todo pasa, corre el agua del río, pero el cauce y el río mismo permanecen. Es necesario que haya cauce, y el cauce de la vida es la verdad.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Padilla. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, arratsalde on guztioi.


Nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa de la CUP porque compartimos cualquiera de las seis medidas concretas. Nos da igual que se voten por separado o de forma conjunta. Es verdad que hay una que tiene relación directa con una
casuística concreta que tiene que ver con los països catalans, la cuarta, pero esa también la votaríamos a favor por solidaridad. En cualquier caso, las otras cinco las compartimos plenamente. Es decir, compartimos que se haga un estudio sobre
todas las concesiones hidroeléctricas que pueden expirar en los próximos años en el Estado español. Hay noticias periodísticas que apuntan a que hay treinta, como mínimo, que lo harían antes del 2031, y también señalan -eso es algo que habría que
analizar por parte de quienes gobiernan- que se está teniendo dificultades para acceder a la información de cuántas concesiones más podrían estar a punto de caducar. Yo creo que, en aras de la transparencia, del buen gobierno y de la democracia,
ahí todavía se puede hacer algo más. Aun así, como digo, apoyaremos el punto que tiene que ver con el estudio esas concesiones.


Estamos de acuerdo con que se obligue al Registro de Aguas a certificar la caducidad de las concesiones, porque probablemente así tendremos una certeza mayor sobre cuáles están a punto de expirar y cuáles no. También estamos de acuerdo con
que, una vez acabada la concesión de las mismas, pasen a manos públicas. No es algo bolivariano, ya lo siento, o no, pero en cualquier caso no es novedoso. Esto ya se viene haciendo. Hay multitud de municipios, por lo menos en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, y en Navarra también, que a través de mancomunidades y con consejos de administración configurados por los miembros de esos ayuntamientos, están haciéndose cargo de la gestión de hidroeléctricas que no solo utilizan para el
uso y abastecimiento de agua potable, sino que además producen energía. Por tanto, yo creo que ahí hay un camino, una espita abierta, que bien se podría aprovechar. Como le decía, apoyaríamos la casuística concreta que plantea el cuarto punto por
solidaridad.


El quinto punto nos parece muy interesante: que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investigue y sancione los fraudes. Llama la atención que alguien se plantee que cualquiera que conozca un fraude lo denuncie. ¡Pero si
ya se ha hecho! Ya lo refiere la prensa. Desde 2004 ya ha habido grandes empresas, aunque yo no las voy a citar más. A estas alturas no debo ser demasiado amigo de ambas empresas, pero ya ha aparecido en la hemeroteca y cualquiera lo puede buscar;
empresas que han sido sancionadas porque han realizado prácticas que han supuesto fraude, ya que les permitían implementar los precios y obtener unos beneficios que no correspondían. Si el problema no está aquí, no está en que la justicia no haya
actuado; el problema está en que el techo de sanciones que tiene el Estado español no compensa a la empresa para que deje de hacerlo o, dicho de otra manera, que a la empresa le da igual que la sancionen porque gana mucho más con la infracción que
con la pena que le imponen, y esa es una realidad que tendrán que analizar.


Y con el último punto también estamos de acuerdo, es el que habla de la comisión de investigación para revisar todas las concesiones y las fechas de caducidad. Yo creo que es pertinente, porque la realidad a veces se muestra tozuda. En
esta Cámara, al calor de una realidad, que no noticia, que sucedió en agosto en unos embalses de Castilla o de León -no quiero equivocarme ahora-, ya se pidió que compareciera el presidente de la empresa que había volcado ese 70 u 80 % del cauce que
había en el embalse y esta Cámara dijo que no, la mayoría de esta Cámara dijo que no. Yo creo que a la gente que se ha visto afectada, que seguramente también votan en las elecciones -no sé a quién, pero votarán y creerán que tiene representantes
públicos en esta Cámara-, les dejará cierto regusto amargo porque les dará a entender que al final votar cada cuatro años es un recurso que probablemente legitima la democracia, pero que la hace poco útil en la práctica cuando no la defienden de
aquellos que la han infligido un daño, aunque es cierto que estos señores tienen un poder que seguramente ninguno de los que estamos en esta Cámara vaya a tener nunca.


Pero sobre todo y fundamentalmente la vamos a apoyar por la primera línea de su moción; ni siquiera por la parte dispositiva, sino por la primera línea de su moción, la que dice que el agua es un bien común, porque este es el elemento
central de debate. El elemento central del debate es si el agua es un bien común o no lo es, porque durante décadas, y en el siglo XX durante muchas décadas, el agua fue considerada un bien común, desde los Estados Unidos de Norteamérica hasta el
conjunto de los países

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europeos, pero en la década de los ochenta, con la llegada del neoliberalismo, del modelo neoliberal -no sé si del liberalismo que antes defendían algunos desde la tribuna u otro-, lo que se decidió es que era un bien económico y que
prevalecía el interés económico sobre el interés social. Si el agua es un bien natural, si es un bien común, lo normal es que esté a disposición de todos y todas, y no al servicio de los intereses especulativos o de amasar beneficios de unas
determinadas empresas. Esto que estoy diciendo yo no es una reflexión de una determinada izquierda, esto ya lo dijo y lo sancionó el Consejo de Naciones Unidas, esto ya está aprobado en una Asamblea de Naciones Unidas. Sin embargo, hay quien
prefiere mirar hacia otro lado, aunque sea de obligado cumplimiento también para los Estados, que atender a esta realidad, porque lo mismo que antes negociaban con el uso del agua, ahora lo hacen para el uso de la electricidad, pero en el fondo la
dimensión sigue siendo la misma: ¿es o no es público? (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Comparto muchas de las afirmaciones que ha hecho aquí la portavoz socialista. Yo creo que se hacen afirmaciones a lo mejor un tanto graves en la exposición de motivos cuando se habla de la existencia de favores irregulares y creemos, como
la portavoz socialista, que esto se debe denunciar, no en los medios de comunicación, señor Matute, sino en sede judicial. Lo que tampoco se puede dar por hecho es que, porque alguien haya cometido fraude, lo va a cometer siempre, porque si eso lo
aplicamos a muchos ámbitos de la vida o a la vida económica, ¡pues fíjese dónde estaríamos!


Creo que es una PNL que mezcla diversas cuestiones, cuestiones más genéricas que se refieren a la reversión y a la concesión de las hidros con otras cuestiones que tienen que ver más con el traspaso de competencias a una determinada
comunidad autónoma. Además, esta PNL tampoco plantea una cuestión nueva porque ya la debatimos en 2018, creo que a instancias del Grupo Podemos.


El aprovechamiento de los saltos hidroeléctricos ha tenido y tiene gran importancia en el sistema eléctrico no solo por constituir una actividad económica, sino también desde el punto de vista medioambiental y de sostenibilidad. Además, es
un tema, como bien se ha dicho aquí, de plena actualidad por el alto precio de la energía y porque en el sistema marginalista ha sido precisamente la hidro quien ha marcado el coste-oportunidad en numerosas ocasiones. De ahí que haya surgido el
tema no solo de la reversión de las concesiones, sino también el hecho de que se cree una empresa pública para su gestión.


Por otra parte, la PNL nos habla de obligar a los registros del agua para que aseguren que las centrales hidroeléctricas pasan a gestión pública. Creemos que es una cosa bastante difícil porque el Registro de Aguas no tiene competencia para
ello. Por otro lado, también nos hablan de la realización de un estudio detallado sobre el estado de las concesiones. Como bien ha dicho la portavoz socialista, entendemos que este registro es público y se puede consultar; de hecho, creo que
también el ministerio hizo algún listado, aunque incompleto. Los plazos de concesión, según establece la Ley de Aguas, son de setenta y cinco años, y es cierto que hay concesiones hidráulicas que están llegando a su final; además, la propia
jurisprudencia también ha avalado la improrrogabilidad de las concesiones. Por tanto, creemos que hay que abordar qué pensamos y qué queremos hacer con todas estas plantas. Estamos de acuerdo en abrir un proceso de análisis en cuanto a la mejora
de la gestión hidráulica y también creemos que hay que comprobar que no haya mala praxis de las concesionarias, es decir, cómo gestionan, si retienen o no el agua para modificar o fijar un precio, pero para esto creemos que no hace falta ni una
comisión de investigación ni tampoco instar a la CNMC a comprobarlo, porque, de hecho, la CNMC ya lo está haciendo y, además, ha sido el propio Ministerio de Transición Ecológica el que le ha instado a hacerlo, según las últimas noticias que han
surgido en la prensa a cuenta del vaciado de algunos embalses. ¿Para qué una comisión de investigación cuando hay un organismo para esta cuestión? Además, aquí ya todas y todos conocemos que una comisión de investigación no tiene efecto alguno, no
se pueden imputar responsabilidades. Por tanto, creemos que la comisión de investigación es más un golpe de efecto que otra cosa.


Es una PNL que fía la concesión a la gestión pública, y en esto nosotros tenemos dudas, porque es cierto que los problemas de casación de oferta y demanda van a hacer que se necesiten centrales gestionables que permitan ocupar esos huecos
que se producen porque las renovables, efectivamente, generan cuando quieren, y la única generación renovable y gestionable puede ser la hidráulica y, en menor medida, también la biomasa.

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Por eso, entendemos que es necesaria una gestión eficiente y eficaz de dichas plantas, permitiendo al operador del sistema que dé las señales adecuadas a la hidráulica, pero esto no quiere decir que esto se pueda conseguir con una gestión
pública. ¿La pauta del comportamiento entre una empresa pública y una privada va a ser distinta o va a ser mejor en un caso o en otro? Porque también conocemos que habido alguna planta que ha estado más de un año parada después de que la empresa
concesionaria entregara la instalación en parada segura casi dos años después de la resolución del expediente de reversión del ministerio, y esto no puede ser si se quiere ser eficiente y eficaz. Hay que evitar sobre todo la parada de instalaciones
al final del periodo concesional, ya que ello provoca un deterioro muy importante en las instalaciones. Por eso decimos que las premisas de gestión pública e interés general en muchas ocasiones no casan del todo bien.


Por otro lado, se habla de la gestión pública, pero para nada se habla del papel de las comunidades autónomas donde se hallan estas plantas. Estamos de acuerdo en la recuperación de los aprovechamientos hidroeléctricos, pero entendemos que
quizá habría que debatir cómo se quiere hacer, si hay que volver a licitarlos en condiciones favorables para el interés común, si las concesiones caducadas debieran estar resueltas antes del vencimiento de la concesión e incluso si debería tener
cabida un periodo de aprendizaje si hubiese un nuevo adjudicatario.


Entendemos que es necesario un nuevo desarrollo reglamentario, pero como usted ha dicho que vamos a votar por puntos, votaremos cada uno de ellos porque ya sabemos que no va a haber una transaccional.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


El debate sobre las concesiones hidroeléctricas caducadas es muy claro: permitir que el agua, un bien esencial y público, un recurso natural que nos pertenece a todos y a todas, sirva para el gran negocio de empresas privadas, para nutrir
las cuentas de resultados de las eléctricas o revierta al interés público y social, empezando por las comunidades en que las centrales están instaladas. Para nosotros, para Galiza, que somos el país de los mil ríos y de los cientos de centrales y
minicentrales eléctricas, esto es realmente importante. Por eso, el BNG defiende la creación de una empresa pública galega de energía que pueda operar en un sector relevante para nuestro país, empezando por hacerse cargo de las centrales
hidroeléctricas a las que caduque la concesión. Sería un primer paso para poner la producción de energía al servicio del desarrollo social y económico del pueblo y del interés público, en vez de mantenerlo para mayor lucro de unos pocos.


La transferencia de las cuencas hidrográficas y de todas las competencias en su gestión en la regulación del sector eléctrico es una medida que nos parece necesaria e imprescindible y que acabará siendo inevitable. Lógicamente, votaremos a
favor.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.


Parece que la tarde se ha puesto interesante. El juez acaba de procesar al Partido Popular de Valencia y a cincuenta exconcejales y asesores de Rita Barberá por blanqueo de dinero. En fin, cosas que pasan en el mundo. (Aplausos).


Preguntaba la señora Vehí de quién es la lluvia. Señora Vehí, la lluvia es de Endesa, de Iberdrola, de Naturgy porque se la hemos concedido, porque desde siempre, desde la Guerra Civil, desde que March y Oriol ayudaron a dar el golpe de
Estado, los políticos han estado en los consejos de administración. Esta proposición es absolutamente razonable, además lo ratifica una sentencia de la propia Audiencia Nacional. Hay grandes empresas que se benefician con el agua que cae del cielo
porque la venden a precio de gas sin tener ningún coste, dado que es agua caída del cielo, y gracias al sistema de fijación de precios, se forran con la lluvia de todos, En fin, prácticas absolutamente liberales. Espero que los liberales también
voten en contra.

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Votaremos a favor porque entendemos que la lluvia es nuestra, es decir, de todas y de todos; porque estamos a favor de que las empresas públicas gestionen un servicio fundamental, como estamos viviendo ahora; porque desde lo público
gestionamos igual de bien, como hemos visto en la pandemia con la sanidad pública, con las escuelas, y lo vemos en los hospitales recuperados allí, en mi tierra, que funcionan mejor que antes con las empresas privadas, y porque estamos a favor de
que esos beneficios que caen en los bolsillos de las grandes empresas reviertan en los bolsillos de la sociedad.


Moltes gràcies. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.


La señora CALVO GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.


Estamos de acuerdo con una propuesta que tiene como objetivo recuperar las centrales hidroeléctricas que ya han sobrepasado el periodo máximo de concesión privada para que sea una empresa pública la que gestione estas centrales, pero,
atención, primero debe modificarse la actual Ley de Aguas, que fue inicialmente concebida en los años ochenta, que impactó medioambientalmente en el territorio sin escucharlo y sin prever tenerlo en cuenta una vez se llegara al final de las
concesiones. Es imperativo que la empresa pública de nueva creación, ya sea autonómica o local, revierta los beneficios en el territorio y escuche a sus habitantes. La solución no pasa por que los beneficios vayan a parar directamente al
ministerio.


También, como ya dijimos, entendemos imperativo crear una comisión para investigar la gestión que las hidroeléctricas han hecho del recurso hídrico, no solo porque están obligadas a respetar el caudal ecológico de cursos fluviales, como se
ha destacado, sino porque, como la propia ministra Ribera dijo en su comparecencia en Comisión el pasado septiembre, había sospechas fundamentadas de que se han abierto compuertas para, de manera especulativa y en medio de una sequía, aprovechar el
defecto de un mercado que más que marginalista es oportunista. Por tanto, las hidráulicas cuentan con la opción 'agua va', mientras las renovables no pueden almacenar para soltar energía a conveniencia. Por eso, desde Junts llevamos meses pidiendo
que la gran hidráulica quede fuera de subasta, como la nuclear, en este caso porque genera de manera ininterrumpida.


Mientras tanto, se ha dado luz verde al Real Decreto 17/2021, con el que se introducen criterios de utilización racional de los recursos hídricos en una nueva época marcada por el cambio climático, pero entendemos, como lo hace la CUP, que
es necesario investigar y sobre todo sancionar a aquellas compañías que hayan cometido fraude a costa del bolsillo de los ciudadanos y de la salud del planeta. Mientras no se investigue, seguiremos siendo presos de sus presas y pagando la
electricidad del agua a precio de oro. Pero, claro, estamos ante el Gobierno de opinión mutante, porque la comisión que se pedía no se ha vuelto a solicitar. Otra prueba de esta mutabilidad es que la misma ministra dice un día que se plantean
crear una empresa pública que gestione las centrales hidroeléctricas de concesiones vencidas y, luego, que podrían disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema de concesión distinto, y estamos esperando a que nos expliquen cuál
es este sistema. Podríamos ironizar diciendo que tranquilos, que hay tiempo, porque el ministro de Presidencia, Bolaños, tiró la pelota adelante cuando aseguró que será a medio y largo plazo, es decir, dentro de unos cuantos años.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta.


Hablar de centrales hidroeléctricas es hablar de un modelo energético que queremos. Es evidente que hace falta reestructurar el actual modelo y establecer un mercado energético con control público, libre de monopolios y con un sistema de
precios de las energías justo, equitativo, competitivo, sostenible ambientalmente y transparente. Para nuestro grupo, eso pasa necesariamente por recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas, de manera que puedan tener un retorno
positivo hacia el territorio y la calidad de vida de las personas. Así lo proponía nuestro grupo en la proposición no de ley presentada en 2018, que pedía el retorno de la gestión pública de las centrales hidráulicas del Alto Pirineo en Cataluña.
Más recientemente hemos presentado una enmienda a la Ley de cambio climático para limitar a veinte

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años las nuevas concesiones prorrogadas. Nuestro grupo ve muy necesaria la reversión hacia una gestión pública de todo aquello que afecte al agua, no solo las centrales, no solo para garantizar una gestión transparente y democrática, sino
también para garantizar un modelo de gestión sostenible e integral de las cuencas hidrográficas sobre la base del orden de preferencia de los flujos de agua que recoge la Directiva Marco del Agua y que establecen los planes hidrológicos de cuenca.
La gestión actual de los grandes oligopolios eléctricos no está precisamente garantizando estas premisas de gestión integral, sostenible, transparente y democrática del agua en toda su dimensión, como bien común que es, como se ha dicho aquí.
Recordemos, si no, que este mismo verano Iberdrola exprimía el embalse de Valdecañas para generación eléctrica y dejaba sin abastecimiento de agua para consumo humano y para la agricultura a los municipios del entorno.


El agua no es solo un recurso para la generación energética, para el abastecimiento de agua para usos agrarios e industriales, tiene otra dimensión con un impacto sobre el territorio, el ambiental, y aquí poco se ha hablado en ese aspecto.
En ese sentido, es evidente que las centrales hidráulicas tienen una gran afectación sobre cuestiones ambientales que acabarán incidiendo en la calidad de las masas de agua y en unos ecosistemas fluviales sometidos a mucho estrés hídrico, por
ejemplo, la retención de sedimentos que llegarían al mar o, por ejemplo, la regulación del caudal ecológico para preservar y mantener buena calidad en las masas de agua de los ecosistemas fluviales, un elemento que la Directiva Marco del Agua
establece. ¿Y cómo incide esto? ¿Cómo inciden las eléctricas sobre ese mantenimiento del ecosistema fluvial? Pues, precisamente, el ejemplo más significativo, por decir uno y porque está más cerca de mi territorio, es el delta del Ebro, que está
en peligro de desaparición, precisamente, por la falta de sedimentos y por la falta de caudal. Por eso es tan importante la gestión pública de las centrales. En ese sentido, insisto, consideramos que solo la gestión pública y directa de las
centrales hidroeléctricas puede garantizar plenamente exigencias ambientales en relación con el uso de la generación eléctrica en el marco de un modelo energético sostenible y respetuoso con el entorno social y el medio ambiente.


Cuatro reflexiones. Los efectos del cambio climático en la reducción de aportaciones de agua obligarán incluso a revisar el volumen de agua de las concesiones sobre la base de la media de la aportación total de la cuenca hidrográfica
durante un periodo. Cada vez más se viene comprobando que las aportaciones en las cuencas hidrográficas son más reducidas y, por tanto, las concesiones tendrían que adaptarse. Es esto o es el colapso del ecosistema mismo. Hoy, muchos pequeños
municipios del Pirineo perciben financiación de las empresas hidroeléctricas, quisiera creer que en compensación al uso del recurso en su territorio. En el caso del retorno a la gestión pública se debería tener en cuenta esa compensación. Por otro
lado, los actuales organismos de gestión pública de las cuencas hidrográficas requieren una reforma en profundidad del modelo de gobernanza actual, basándose en criterios de transparencia, de participación plena y de codecisión. Por tanto, este es
otro elemento importantísimo. Otro elemento importante: el Garona. El Garona no tiene absolutamente nada que ver con la cuenca del Ebro. El Garona recibe sus aportaciones en la vertiente norte del Pirineo, del Valle de Arán en concreto, nace en
el Pla de Beret y muere en Francia. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver. Así, que el Garona se incorpore a la cuenca del Ebro no viene por criterios de cuencas, sino por criterios básicamente administrativos. Por lo tanto, aquí hay
trampa.


Voy finalizando. Compartimos cada una de las propuestas contempladas en esta proposición no de ley. Apostamos por el control público de las centrales hidroeléctricas, basado en un modelo de gestión más transparente, sostenible y
democrático, que garantice un retorno al territorio. Los costes ambientales que afectan a unos territorios para poder garantizar el abastecimiento energético al conjunto de la sociedad deben compensarse. Esta es una cuestión de solidaridad y de
equilibrio territorial. Hoy -y ya finalizo-, los consejos de administración de los oligopolios energéticos están demasiado alejados de la realidad social y de los costes ambientales que comportan esas infraestructuras en las cuencas donde se
instalan. Por lo tanto, pedimos que se tengan en cuenta todas las consideraciones que recoge esta proposición no de ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Eritja. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Borrás. (Aplausos).

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La señora BORRÁS PABÓN: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.


Hoy debatimos una PNL de los separatistas xenófobos y radicales de la CUP. Imagino que, por ser esta diputada que les habla una española, con una genética claramente inferior al elevado y perfecto supremacismo catalán que ustedes defienden
y representan, mis palabras quizás no sean de interés para ustedes, señores de la CUP, pero aun así voy a expresarme y a dirigirme a ustedes, señorías.


Hablan en su PNL de la recuperación pública de concesiones hidroeléctricas porque, según la extrema izquierda, la elefantiásica, lenta y burocrática Administración pública gestionaría mucho mejor los lagos, barrancos, ríos y embalses que lo
harían las propias empresas, profesionalizadas y sometidas a la competencia del mercado y cuyo objetivo es ser lo más eficientes posible; la misma Administración pública que, por cierto, señor Uralde, autoriza el vaciado de embalses como el de
Ricobayo en Zamora, que usted ha mencionado, a través de la correspondiente confederación hidrográfica, provocando la desertización del territorio, un grave riesgo medioambiental y nefastas consecuencias para la actividad económica del entorno. Y
todavía tenemos que escuchar a diputados, incluso al propio Gobierno quejándose de algo que depende de ellos mismos. El último responsable y, por tanto, principal culpable de que ocurra es este Gobierno y su respectivo ministerio de la ruina
ecológica. (Aplausos).


Por supuesto, señora Vehí, es necesario y esencial que se garantice la legalidad de los actores del mercado eléctrico. Les diría que justo para eso ya existe un organismo que se llama CNMC, señorías, para investigar y garantizar que las
actividades del sector son lícitas y legales. También es cierto que, considerando que el marido de la señora ministra de la ruina energética está precisamente en esa Comisión de la competencia, entendemos perfectamente que puedan dudar ustedes de
posibles conflictos de interés y que esto les genere una enorme desconfianza, lo entendemos. Dicho esto, que soliciten una comisión de investigación, teniendo en cuenta que ya disponemos de un organismo para ello, resulta sorprendente, precisamente
en un país donde la izquierda vota en contra de crear comisiones de investigación sobre, por ejemplo, la explotación sexual de las menores tuteladas en Baleares. Esperamos, señores de la CUP, que esto no tenga nada que ver con los casos de abusos
sexuales de miembros de su partido, como ya ha expuesto previamente nuestra compañera Georgina Trías, mientras ustedes hacían oídos sordos, por cierto.


Hablan también en su PNL de crear una confederación hidrográfica propia para el Garona. Ya sabíamos que, ni en algo tan básico y esencial como el agua iban ustedes a pensar en el bien común: todo por y para los intereses sectarios de su
mundo imaginario de los països catalans de Nunca Jamás de los que hablan en su PNL. (Aplausos). Les guste o no, el agua es un recurso de todos los españoles, y por eso en VOX queremos asegurar que cada gota de agua llegue a todos los rincones de
la nación mediante la interconexión de todas las cuencas a través de un plan hidrológico nacional para España. Aunque ya sabemos, señores de la CUP, que la mitad de las palabras de esta frase a ustedes les causan alergia, el agua debe estar al
servicio del bienestar del país, de todos los españoles. Por ello, proponemos que el agua pueda ser empleada principalmente para actividades que no tengan sustitución, como por ejemplo el abastecimiento humano, la agricultura, el turismo o la
industria, dejando exclusivamente su actividad en el mundo energético a las centrales reversibles, para que suplan el principal problema que nos encontramos actualmente con el reto de las energías renovables, que es el almacenamiento.


Perseveramos en la idea de aprovechar las cantidades ingentes de agua que actualmente acaba desperdiciada en el mar. Por ejemplo, en el caso del Tajo, aproximadamente 6000 hectómetros cúbicos van a parar al mar y podrían ser perfectamente
aprovechados para el regadío y otros usos. Una España verde, libre, moderna y resistente a la ideología globalista y al separatismo periférico del 'esta gota es mía'. Ninguna gota de lluvia que caiga en suelo español es solo vuestra, señores de la
CUP; ningún fruto recogido en suelo español es solo vuestro, señores de la CUP; ningún árbol que crece en tierra española es solo vuestro, señores de la CUP. Nada es solo vuestro, señores de la CUP, señores separatistas, porque es de todos los
españoles, ustedes incluidos, y desde VOX -ya termino- aseguraremos que cada gota, cada árbol y cada recurso natural de este país sea para generar el bienestar a todos los españoles y no solo a unos pocos.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señores y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Borrás. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Herrero Bono.

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El señor HERRERO BONO: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


Señorías, los señores de la CUP, sí, aquellos que sustentan a este errático Gobierno, presentan esta proposición no de ley para obligar todavía más si cabe a tomar posición en materia energética a este caduco Gobierno. El objetivo claro de
esta proposición es la creación de una empresa pública eléctrica a través de la reversión de las centrales hidroeléctricas. Ya les avanzo que votaremos no, porque esa no es la solución.


Pero es que, además, su exposición de motivos deja bien a las claras el tipo de política que ustedes practican. Ustedes, señora Vehí, no tienen otro objetivo que no sea destruir nuestro país. Hablan de la Confederación Hidrográfica del
Júcar y del Segura como registros públicos de aguas de los països catalans, de modificar la gestión hidrográfica del Garona, así como de traspasar las competencias de la Cuenca Hidrográfica del Ebro. Ustedes, señorías de la CUP, deberían saber dos
cosas importantes. La primera es que Garona es una cuenca compartida entre Francia y España, que se rige por un acuerdo internacional entre ambos países, y su competencia, por el carácter internacional, corresponde al Estado y se asigna a la Cuenca
Hidrográfica del Ebro. Y la segunda es que el Ebro excede el ámbito territorial de una comunidad autónoma y, por ello, se considera una cuenca intercomunitaria y, por lo tanto, es competencia del Estado español. Señora Vehí, repita conmigo:
competencia del Estado español. (Aplausos).


Señores de la CUP, ustedes pretenden reírse de España y de los españoles y lo único que hacen cada vez que suben aquí es dejarse en evidencia a ustedes mismos y a quienes les apoyan. Por cierto, señora Padilla, para populista e
intervencionista el Real Decreto 17/2021 que su Gobierno trajo a esta Cámara.


Señorías, es verdad que cada vez somos muchos más quienes somos conscientes de la inoperancia de gestión, también en materia energética, que tiene el Gobierno de Sánchez. Miren, ya en el año 2018, en su primera aparición en el Senado, la
vicepresidenta Ribera dejaba abierta la posibilidad de que el Estado explotara estas centrales, pero pasado el mes de enero, en plena subida de la luz por la borrasca Filomena, la ministra Ribera descartaba la creación de una empresa pública.
Ahora, a petición de sus socios comunistas, pretenden la creación de una empresa eléctrica pública. Por cierto, señor López de Uralde, aquí no hay oligopolio; los desembalses los autorizan las confederaciones y, por tanto, el Gobierno de España.
No falsee la realidad.


Señora Vehí, usted habla de las centrales hidroeléctricas, de sus propietarios y de los gobiernos pertinentes como si fueran auténticos kamikazes. Señores de la CUP, yo les pediría que cuando suban aquí, a la tribuna, hayan hablado antes
con quienes habitamos en el territorio y que hayan preguntado por la riqueza que suponen y la necesidad de su mantenimiento para el desarrollo económico de esas zonas que normalmente son zonas despobladas. Esta tecnología resulta fundamental para
no depender del gas y por lo tanto de terceros países, no emite CO2 y su modo de almacenamiento resulta clave para mantener la seguridad de suministro y cumplir los Acuerdos de París. Además, y es verdad, es una tecnología que, sobre la base de la
antigua Ley de aguas, empieza a revertir al Estado una vez vencidos los setenta y cinco años de concesión. Pero, señorías, para el Grupo Popular esa no es la única solución, y no lo es porque las centrales necesitan realizar inversiones para atraer
una operación segura, incluso hay centrales ya revertidas en España que los nuevos gestores no han sido capaces de poner en marcha. Así que, y ya para acabar, señorías, hoy más que nunca el sistema eléctrico español necesita de grandes consensos y
acuerdos para reducir el precio de la energía, para dar seguridad de suministro y cumplir el PNIEC en la implantación de las renovables. Ello solo será posible si las propietarias de las centrales desarrollan esos más de 15 000 megavatios en
proyectos de bombeo propuestos. Por ello, señores del Partido Socialista, dejen ya de mirar a su izquierda y hagan caso, aunque solo sea por una vez, a las propuestas que les llegan del Partido Popular. Ustedes están ya en tiempo de descuento;
échense a un lado y dejen salir a este país de la situación en la que ustedes, también en materia energética, le han metido. Los españoles, las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas de este país se lo agradecerán.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Herrero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A DESARROLLAR EL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 PARA EJECUTAR EL COMPROMISO DE BONO JOVEN FORMULADO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000102).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a desarrollar el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para ejecutar el
compromiso de bono joven formulado por el presidente del Gobierno. Este será el último punto del orden del día que se va a debatir hoy.


Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Ramírez del Río. (Aplausos).


El señor RAMÍREZ DEL RÍO: Con la venia, señora presidente.


Todas las encuestas señalan un hundimiento de los partidos de izquierdas entre los más jóvenes, en especial en los que entran en la edad de poder votar, y es obvio que los partidos del Gobierno se han puesto manos a la obra para revertir esa
situación, como podemos ver por el bono cultural y por el bono de alquiler, aunque deberíamos denominarlos mejor cartilla cultural y cartilla de vivienda, propias de un Gobierno socialcomunista. (Aplausos). Mientras tanto, apenas queda un impuesto
que no hayan subido a lo largo de esta legislatura. En contra de lo que están haciendo en toda Europa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado las mayores subidas de impuestos de la Unión Europea y de la OCDE, sacando a los españoles lo que no
tienen. Ustedes quieren saquear a los padres para poder sobornar a los hijos; padres que ni siquiera pueden llegar a fin de mes ni pagar ya las facturas de la luz y del gas. Estoy convencido de que, como sucedió ya en Zaragoza con un plan
parecido, no van ustedes a tener éxito.


Las políticas públicas en materia de vivienda han sido investigadas con mucho detenimiento y las medidas que han adoptado los Gobiernos municipales, regionales y nacionales han sido analizadas en profundidad. Por ello, cuando observamos la
manera en que los dirigentes de Podemos presentan sus aportaciones e intentan descubrir de nuevo América, no podemos dejar de constatar un grado sonrojante de incompetencia, que llegaría a resultar enternecedor si no fuera por el sufrimiento y por
las dificultades que van a traer ustedes a los españoles. (Aplausos). Ustedes citan un caso, el de Barcelona del año pasado, en el que apenas bajaron los alquileres tras comenzar a aplicarse una de las leyes que propugnan - bajaron menos que en
Madrid, donde no habían aplicado ninguna de esas leyes- y se produjo una reducción de la oferta de cerca de un 42 %, y lo analizan como si un hundimiento del PIB del 11 %, el mayor desde la Guerra Civil, no tuviera absolutamente nada que ver con el
asunto. Su forma de analizar las cosas es realmente sorprendente.


Tras mencionar las ventajas de la ley de alquileres de Berlín, que pretenden copiar y que fracasó de manera catastrófica, nos venden la siguiente medida: las maravillas del referéndum para expropiar viviendas en esa misma ciudad. El mero
hecho de que se proponga esto evidencia con claridad que la anterior ley fracasó, como sucederá también, según todos los expertos, con esta nueva medida, y los señores del Gobierno ni siquiera se detienen a observar esta evidencia empírica. Por
ello, y aunque soy consciente de que este es un esfuerzo condenado al fracaso, voy a explicarles por qué la medida que ustedes van a adoptar está condenada al fracaso y solo va a servir para subir los precios de los alquileres no solo a los jóvenes,
sino a toda la población, gran parte de la cual no va a recibir nada de estas medidas.


En España no tenemos un problema de demanda -no es que falten los demandantes de pisos en alquiler y haya que incentivarlos, hay muchas personas buscando pisos-, tenemos un problema de oferta, porque, si comparamos con el resto de países de
Europa, nos faltan dos millones y medio de viviendas en régimen de alquiler solo para situarnos en la media. Para afrontar ese problema se deben incrementar la construcción de vivienda y la creación de parques públicos, se debe ofrecer una mayor
seguridad jurídica -sobre todo los arrendadores, para que, en caso de impago del alquiler, no se convierta en una pesadilla- y otras muchas medidas que sí han tenido éxito. Los 250 euros de la cartilla de vivienda van hacer subir los precios de
manera generalizada, porque al haber más personas buscando los mismos pisos en alquiler los dueños recibirán más oferta y los precios se encarecerán. El Banco de España, en su informe del año 2020, ya les advertía de esa circunstancia. En Estados
Unidos hubo un programa similar al que ustedes proponen, y el análisis de sus resultados en más de noventa áreas metropolitanas, en las mayores del país, concluyó que se había producido un incremento del 16 % en los

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precios de los alquileres. Esto es una catástrofe para los trabajadores de España. (Aplausos). Otro efecto pernicioso del diseño de ese incentivo es que se liga a unas rentas concretas... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor Ramírez.


Pido un poco de silencio, por favor.


Gracias.


El señor RAMÍREZ DEL RÍO: ... y, para tenerlo, habrá personas que declararán ingresos menores, y esto incentivará la economía sumergida.


Tanto el PSOE como Podemos hacen bastantes referencias a la presencia de fondos buitres en el mercado inmobiliario español, aunque solo poseen un 5 % de ese mercado. Por tanto, se trata de una falacia que no puede explicar los problemas de
vivienda que se están dando en nuestro país. Escucharles hablar acerca del mercado inmobiliario produce asombro, cuando no lástima. Cuando ustedes señalan que quieren sacar unos bienes del mercado, uno se da cuenta de hasta qué punto llega su
desconocimiento económico y hasta qué punto se deja sentir esa herencia comunista que hay en su grupo. Es posible que un joven que gane 23 000 euros al año pueda pagar un alquiler, pero con los precios a los que están llegando la luz y el gas me
temo que no es que sea imposible que se emancipe, es que es muy improbable que pueda seguir viviendo con comodidad con sus padres o compartiendo piso. (Aplausos). Dentro de poco empezarán también con un bono energético, que de hecho ya nos han
anunciado en estos presupuestos generales: la cartilla energética. En países serios, como Austria, el uso de fondos públicos para comprar votos se considera un delito electoral, como hemos visto muy recientemente. En España, por desgracia, solo
es una mala costumbre.


Muchas gracias, señora presidente. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramírez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, iniciaré la intervención haciendo una referencia, creo que obligada, a la situación de nuestros jóvenes, un colectivo al que le prometimos que si trabajaban, si estudiaban, si se esforzaban, serían dueños de su futuro; que si se
formaban, podrían construir un proyecto de vida pleno, pero la realidad es otra, la realidad es que esas generaciones preparadas y cargadas de proyectos han sufrido una serie de crisis que han roto los cimientos de sus vidas, la última esta pandemia
que les ha trastocado sus planes. Evidentemente, los jóvenes no son los únicos que han sufrido las terribles consecuencias del COVID, pero cuando vemos los datos el panorama es desolador. Tenemos unas tasas de desempleo juvenil del 40 %; más del
80 % de los jóvenes tienen que vivir con sus padres porque les es imposible emanciparse debido a que no tienen un empleo o tienen un empleo precario. Así que, quiero empezar diciendo que en Ciudadanos consideramos que el futuro de los jóvenes es el
futuro del país y que necesitamos políticas sensatas, pactadas, dando una respuesta integral y conjunta a los problemas que tienen nuestros jóvenes.


En relación con el ámbito de la vivienda y por lo que se refiere a la moción, el marcado problema de vivienda que tiene España no se puede atribuir, como dicen las señorías de VOX, únicamente al escaso suelo y a las trabas burocráticas a las
que se enfrentan las inmobiliarias a la hora de planificar nuevas construcciones. A pesar de que en España ha habido construcción de miles de viviendas de régimen público, desde el año 1978 el número de viviendas de gestión pública en nuestro país
se encuentra bajo mínimos; vivienda pública bajo mínimos, y encima muchas de ellas están siendo descalificadas como viviendas de protección oficial. Este tipo de políticas han sido amparadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista y han
supuesto una enajenación del patrimonio público, cuya función era exclusivamente una función social, en la medida en que muchos de estos inmuebles construidos han perdido su condición de viviendas de protección oficial. Por lo tanto, es necesario
incrementar el número de viviendas públicas y es necesario que se dediquen al alquiler social. Es lo más importante en estos momentos.


Respecto al bono social, consideramos que lo que ha propuesto el Gobierno puede tener efectos realmente contraproducentes. Como señalan ya algunos estudios, estas ayudas que se dan a sectores específicos de la población pueden traducirse en
una subida de los precios, haciendo que sean inútiles.

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En Ciudadanos nos preocupa especialmente que esta medida acabe provocando una situación de frustración. Los poderes públicos no podemos seguir frustrando a las capas sociales que tienen mayor problema para acceder a una vivienda.


Por último, por lo que se refiere a la rebaja masiva de los tributos y cargas en el proceso de edificación, aceptamos -como dicen en la propuesta- que existe un margen para reducir la carga burocrática que rodea el proceso de la construcción
de nuevos inmuebles; sin embargo, es evidente que la propuesta que hace VOX es una propuesta limitada e insuficiente. Las zonas tensionadas o con precios de alquiler más elevados se encuentran precisamente donde existe poco margen de construcción
de vivienda. Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, entre otras grandes capitales, cuentan con escaso margen de construcción en las zonas más céntricas, por lo que esta medida tendría un impacto reducido en lo relativo a esta materia.


Lo que hay que hacer es abrir y evitar además el efecto perverso que puede tener esta propuesta, porque se puede favorecer la segregación residencial, que condena a las personas con menores recursos a vivir en las zonas periféricas de las
grandes ciudades. Hay que impulsar políticas que acaben con los guetos, hay que impulsar políticas que acaben con la segregación residencial.


Señorías, las políticas de vivienda y las políticas en general deben estar orientadas a la cohesión social y no a la segregación y a la exclusión. Por lo tanto, tenemos la obligación de diseñar políticas eficaces para nuestros jóvenes,
políticas integrales que garanticen su futuro, porque el futuro de nuestros jóvenes españoles es el futuro de España.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


En plena escalada inflacionista, con importantes organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España alertando de las malas estimaciones realizadas para calcular el capítulo presupuestario de ingresos en el ejercicio de
2022, el Gobierno ha presentado un proyecto de cuentas públicas que ha venido precedido de resonantes anuncios presidenciales en relación con los jóvenes: un cheque regalo de 400 euros para los que cumplan la mayoría de edad y diversas medidas para
facilitarles el acceso a la vivienda. También, hace mes y medio en Gijón, el señor Sánchez hizo otro anuncio grandilocuente sobre la Formación Profesional, aunque para que nadie le chafara el publirreportaje confinaron a los periodistas en una sala
aneja. Días después, el ministro Escrivá abogó por un cambio cultural para trabajar hasta los setenta y cinco años de edad, y ahora circula en el Congreso la reforma de las pensiones, que penaliza severamente la jubilación anticipada y que se ha
olvidado para siempre del denominado contrato relevo, que facilitaba el acceso a los jóvenes a un puesto de trabajo y que se ha esfumado de las medidas de refresco del mercado laboral.


Señorías, la frivolidad patológica del Gobierno tiene a los jóvenes españoles como grandes víctimas de su política, como se puso en evidencia una vez más la pasada semana en la interpelación de la señora Borrás a la ministra de Derechos
Sociales, una ministra que, por cierto, es bastante bastante irrespetuosa con los poderes del Estado y también con aquellos con los que, en materia de vivienda y en un Estado de derecho, el Gobierno tiene que negociar y alcanzar acuerdos para llevar
a efecto el mejor aprovechamiento social del parque de viviendas. Señoras y señores diputados, la fórmula magistral para facilitar el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como propiedad, es la creación de empleo y casi tres años y medio después
de la llegada de Sánchez a la Moncloa no solo no se ha creado empleado, sino que tenemos un desempleo juvenil disparado y disparatado, con unos nubarrones económicos que auguran un fracaso mayúsculo, como España ya vivió en anteriores etapas
socialistas.


Permítanme que, en mi recorrido parlamentario habitual en recuerdo a mi demarcación de origen, diga que en Asturias, precisamente como secuela de las nefastas políticas económicas socialistas, cada vez son menos los jóvenes que encuentran
trabajo, bien por la grave crisis demográfica y la escasez de nacimientos, bien por la multitudinaria emigración en busca del trabajo y del futuro que allí no encuentran. En Asturias tenemos el récord en desempleo juvenil europeo, cerca del 40 %.
Por eso, a la precariedad juvenil para emanciparse se suma la imposibilidad de acceder a una vivienda. Hoy mismo, por las estadísticas negativas que asolan Asturias, se ha conocido que la pobreza se ha disparado hasta casi

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el 28 %; es decir, muy por encima de la media nacional, que ya es de por sí alarmante y que refleja que la gestión de los gobiernos que Pedro Sánchez preside, repito, desde hace casi tres años y medio, está arrastrando a los españoles y a
los asturianos a un mayor empobrecimiento. Los jóvenes no son ajenos a esta deriva y los datos reflejan una situación socioeconómica a la que también ha contribuido la pandemia, con una destrucción del empleo juvenil que ha llevado a datos
alarmantes, como ha constatado en sus informes el Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud.


Ante el fracaso del Gobierno también en esta materia, el Congreso debería aprobar estas medidas de orientación política que ha defendido el diputado señor Ramírez para que en España la mejor atención al mercado inmobiliario permita
incrementar la oferta, acompañándose de unas medidas que incrementen también la construcción de viviendas sociales públicas para su distribución en régimen de propiedad o de arrendamiento; una mejora del mercado que se acompañe de una merma
sustancial de la fiscalidad que afecta al proceso edificatorio, que es exactamente el camino contrario al que nos arrastran los ministerios y aquellas administraciones gobernadas por la izquierda. La asfixia fiscal afecta gravemente a la economía
española y así resultará imposible que los jóvenes españoles, los que tienen ese lamentable récord europeo de desempleo, dejen de ser víctimas principales. Es una cuestión de emergencia y es una cuestión de prioridad nacional.


En definitiva, frente a los publirreportajes falsarios del Gobierno, frente al fracaso de la incorporación juvenil al mundo laboral, frente al empobrecimiento galopante de la sociedad española y por una política específica en favor de los
jóvenes, votaré a favor de esta moción consecuencia de interpelación.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.


El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, señorías, intervendré desde mi escaño porque lo haré brevemente.


El decálogo del populismo y de la demagogia consiste en distorsionar los debates, en falsear los parámetros y, desde luego, en ridiculizar al adversario. Problemas tan serios como el de la vivienda, el bono joven o cualquier otra actuación
siempre se supone que deben de ser sometidos a cierto grado de rigor y no a actuaciones como esta. Es parámetro también de la extrema derecha actuar de esta manera y no vamos a participar en este juego. Como destacaba la representante de
Ciudadanos, hablar de oferta de vivienda, escaso suelo, trabas burocráticas, son mensajes fáciles, demasiado como para pretender algún tipo de solución al problema.


No vamos a participar en este juego, vamos a votar en contra y lo haremos constantemente porque entendemos que la política de los grupos de extrema derecha no pretende soluciones, sino solo protagonismo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOBÍ RODA: Gràcies, presidenta.


Coincido con ustedes, aunque parezca mentira, en que probablemente el bono vivienda no sea la solución para el problema y en que la solución, evidentemente, pasa por la construcción de viviendas sociales de alquiler público y con planes
plurianuales. Pero, hombre, que sean precisamente los de VOX los que presentan esta moción, los que no han hecho aún nada por recuperar 3000 viviendas sociales que se vendieron a fondos buitre... ¡Y lo pueden hacer ya! ¿Por qué no lo hacen?
Porque son meros criados de los poderosos, y ya está. (Rumores.-Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


Espere un momento, señor Baldoví.


Quiero silencio, por favor. Si quieren mantener conversaciones les invito a que lo hagan fuera del hemiciclo. No podemos mantener este rumor permanente. Muchas gracias.

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El señor BALDOVÍ RODA: Ustedes tienen como portavoces en el Congreso y en la Asamblea de Madrid a personas que han vendido pisos sin licencia, que han hecho obras ilegales y que han falsificado sellos del Colegio Oficial de Arquitectos.
(Protestas). Muchas gracias por su entusiasmo.


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor BALDOVÍ RODA: En un país con 3,4 millones de viviendas vacías la solución no puede ser la que apunta VOX: liberar todo el suelo posible, liberarlo todo. Esa receta ya la hizo su gran amigo el señor Aznar y ya vimos cómo terminó.
(Protestas). Ustedes reivindican la misma receta que Aznar y aquel festival ya sabemos todos cómo acabó.


Para terminar, ustedes siempre hacen referencia a okupas, y yo creo que, si hay okupas, son los cincuenta y cuatro diputados de VOX, que okupan sus asientos y que han venido aquí, en definitiva, a destruir la convivencia y el respeto entre
los ciudadanos. Esos sí son los verdaderos okupas.


Moltes gràcies. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Seré muy breve.


Es curioso que, aunque la moción es sobre las medidas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para efectuar el compromiso del bono joven del presidente del Gobierno y habla precisamente de este tema, del bono joven, de la promesa
del presidente Sánchez, cuando uno mira el texto de la moción verá que en las conclusiones finales no aparece la palabra jóvenes, sino que lo único que aparece, como apuntaba el señor Baldoví ahora, es esta barra libre de la construcción, liberar
todo el suelo conocido, prácticamente el conocido y el no conocido, y bajar impuestos al proceso edificatorio. Sinceramente, si este es el remedio que tienen ustedes para la cuestión relativa a la vivienda, yo creo que vamos mal, que ha sido poco
elaborado y poco trabajado.


Lo cierto es que seguramente la medida del PSOE tampoco es la más brillante. Hemos pasado, en esta reconciliación que ha hecho el PSOE este fin de semana, del cheque bebé del presidente Zapatero al cheque joven del presidente Sánchez, pero
la realidad es que ni los cheques del presidente Zapatero ni los cheques del presidente Sánchez ni los cheques del señor Almeida son la solución. Todos los economistas apuntan que estas medidas lo único que hacen es aumentar el precio, falsear el
mercado. Por tanto, en materia de jóvenes y vivienda es muy fácil, hay que combatir el paro juvenil; este es el auténtico problema. Por tanto, que la gente tenga la formación debida, tenga acceso al trabajo y a poderse ganar la vida, y combatir
este paro juvenil. En materia de vivienda -lo he dicho muchas veces-, si por cada debate que se produce sobre el tema de la vivienda alguien pusiera el primer ladrillo, existiría un parque público de viviendas. Seguramente los jóvenes que vendrán
de aquí a diez años no seguirán en este debate permanente, sino que encontrar una solución para el futuro.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor.


La señora ROSIQUE I SALTOR: Otra forma de hacer frente a la extrema derecha es desmintiéndoles, y resulta que la semana pasada la diputada Mireia Borrás, de VOX, llenó su intervención de datos falsos sobre la vivienda en el Estado español.
Afirmó que reservar el 30 % para vivienda protegida encarece el 70 % de la promoción que no está protegida. Esto es falso. Los precios no suben como consecuencia de la protección de la vivienda, sino porque el mercado está desregulado. Afirmó que
esta protección de cierta vivienda dificulta aún más el acceso a la vivienda al resto, y esto es falso. Si observamos el caso de París vemos como el establecimiento de un porcentaje de vivienda social ha hecho que exista un 20 % de vivienda
accesible. Afirmó que limitando los precios de los alquileres la oferta de la vivienda en Barcelona ha bajado un 42 % respecto al año pasado. Esto es engañoso. Según la Agència de l`Habitatge de Catalunya, el número de contratos firmados bajó
ligeramente este segundo trimestre en toda Cataluña; mucho más, de hecho, en los municipios no regulados, que fue un 7 %, que en los regulados, que fue apenas un 1 %. Afirmó que los precios en Barcelona han bajado bastante menos de lo que han
bajado en

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la Comunidad de Madrid. Esto es tramposo: en Cataluña el precio del alquiler se extrae de las fianzas depositadas por los inquilinos ante el Incasòl, mientras que en Madrid no se publican datos similares, sino que los informes que tenemos
son de portales inmobiliarios. Afirmó que solo el 5 % de las viviendas en alquiler está en manos de grandes propietarios. Esto es tramposo: si bien es cierto que estos son los datos a nivel global, se debe tener en cuenta la realidad diferenciada
del Estado. Los fondos buitre son principalmente un problema para las grandes ciudades: en Barcelona el 55 % de las altas de inmuebles residenciales son de empresas; en Valencia, el 56 %, y, por cierto, en su querida Madrid es el 62 %. Les
recomiendo que dejen de basarse en los informes de Fotocasa e Idealista, que no son precisamente imparciales en este debate. (Aplausos).


Señorías del Gobierno español, que ellos crezcan es consecuencia de sus políticas populistas, que, lejos de ser efectivas para garantizar un acceso a la vivienda, están manteniendo el acceso al poder de aquellos que presionan el mercado de
la vivienda. Un bono joven para la vivienda, ¿de verdad esta es su propuesta estrella respecto al acceso de los jóvenes a la vivienda? Un bono va a provocar que suban de inmediato los precios del alquiler. De poco sirve este bono si luego
aumentan los precios, de poco sirve este bono si perjudica a las otras generaciones y de poco sirve este bono si cuando dejen de ser jóvenes tendrán que pagar por ello. Un bono que no tiene en consideración la realidad territorial y cuya cantidad y
criterios de acceso son homogéneos para todos los jóvenes sin tener en cuenta los distintos niveles de renta. Un bono que será financiado mediante los Presupuestos Generales del Estado, es decir, financiado por toda la ciudadanía, en ningún caso
por los que hacen de la vivienda un bien de mercado que encima es inaccesible. Si lo que querían era garantizar este acceso a la vivienda de los jóvenes para así garantizar también su participación en la sociedad, para promover esta sociedad
crítica, este pensamiento crítico, para promover que los jóvenes tengan tiempo de organizarse, de implicarse, podían haber obligado a los propietarios a poner un alquiler accesible o podían haber aumentado en los presupuestos los fondos destinados a
que las administraciones locales y autonómicas adquiriesen propiedad pública; pero no, ustedes parece que también se han guiado por lo que les dicen los lobbistas de Fotocasa e Idealista. Contra els abusos dels especuladors, fem-los fora. (La
señora Rosique i Saltor muestra un cartel en el que se lee: 'Fem-los fora, emancipem-nos'). Luego se extrañarán de que esta gente crezca políticamente; el caldo de cultivo se genera con políticas populistas como esta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rosique. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García. (Pausa). Me comunican que cambia el orador. Tiene la palabra la señora Fernández Castañón.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


A veces una siente que el tiempo es una especie de papel que se pliega y entonces puedes tener debates que se daban hace quince años. Intervengo en esta moción consciente de que yo ya no pertenezco a la población joven a mis treinta y siete
años, pero soy conocedora de lo que fueron estos debates sobre la dificultad de acceso a la vivienda para la juventud porque yo también los viví siendo joven. Transcurre el tiempo y aún nos vamos encontrando titulares que son para leerlos dos
veces: 'Los jóvenes se resisten a ser propietarios de una vivienda'. ¿Se resisten? Se resisten, ¿por qué? ¿Por principios? No, se trata de que están atravesando condiciones materiales de precarización, de 'uberización', de una burbuja
inmobiliaria que estalló y por simpatía fueron explotando otras burbujas y otros mantras que nos habían dicho, como que la igualdad era ya un hecho, que tenía sentido el relato de la meritocracia, que el ladrillo es un valor seguro -seguro para
quienes acumulan pisos en propiedad a razón de los apellidos compuestos de su nombre y herencia-. Ni entonces ni ahora la juventud es como de lo que se le acusa ni es lo que querría. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Fernández.


Lo digo por tercera vez. Pido silencio en el hemiciclo, por favor. No se queden en los pasillos hablando.


Continúe.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: El discurso meritocrático es una trampa. No; no es que no te esfuerces lo suficiente, es que se llama capitalismo. Y es que se inocula una idea en la cultura de que cada quien es responsable de su fracaso;
de hecho, tiene la virtud de convertir un sistema que ahoga y

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que impide desarrollar los proyectos de vida en culpa, como si fuera un fracaso propio. (Pronuncia palabras en bable). Los movimientos por el derecho a una vivienda -la PAH y el Sindicato de Inquilinas- lograron una de las cosas a mí
juicio más importantes de la última década y media, que fue la de romper el silencio, el estigma y la mentira de ser responsables de perder la vivienda propia, de ser responsables de un desahucio, y colectivizar, politizar el problema, porque esto
le estaba ocurriendo a muchísimas personas y esto ocurría porque se trataba la vivienda como un bien de mercado y, no, señorías, la vivienda es un derecho, no un bien de mercado. Y, como dice la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la
vivienda es un derecho que da acceso a otros derechos, porque una vida digna depende de sus condiciones materiales. Mi casa es digna, escribe la poeta Ana Pérez Cañamares en un hermoso texto describiendo una casa de 30 metros cuadrados, digna como
lo son las casas barco, las chabolas lata, las tiendas de refugiados, mucho más que la casa del especulador o la del dueño del banco, si es de dignidad de lo que hablamos. Las casas dignas por quienes las habitan han de ser además materialmente
dignas porque la dignidad, sí, también necesita de condiciones materiales; porque la salud y la vida necesitan de las condiciones materiales adecuadas, y no digo nada que no diga el artículo 47 de la Constitución.


La gente joven que se consigue emancipar lo hace dejándose el sueldo para compartir infravivienda, y digo infravivienda precisamente hoy, que leíamos en la prensa gallega cómo dos jóvenes de Muros se salvaban por milésimas de que les cayese
encima el techo de su piso en alquiler en Santiago. Oyeron ruidos, comenzaron a ver cómo caía un polvillo y acabó por ceder el techo. ¿Saben qué les respondió la agencia inmobiliaria? Les dijo que, bueno, que como mucho se hubieran hecho un
chichón si les hubiese caído ese techo y que en todo caso por la noche no mirasen, no sea que les diera miedo. Estas y tantísimas otras situaciones son sencillamente inadmisibles y están topando las posibilidades de vida y desarrollo de nuestra
juventud, y eso, señorías, es topar el futuro de una sociedad, de un país.


Sin embargo, lo que nos encontramos es que la líder de la derecha y de la ultraderecha, que es la misma, se dedica a insultar y a cuestionar a los y las inquilinas, o nos encontramos esta moción, cuyas recetas son liberar suelo y rebajar
tributos. ¿La solución al problema de la vivienda? Engordar a toda costa los beneficios de las constructoras, como si tuvieran pocos. ¿Creen que en este país no hemos aprendido nada de la burbuja inmobiliaria generada por aquel PP dopado hasta
arriba por comisionarios, en el que, por cierto, estaban militantes destacados y dirigentes de VOX? (Aplausos). Tampoco nos llevemos las manos a la cabeza, el partido de los señoritos es también el partido de los rentistas y es lógico que
defiendan sus intereses de clase; de ahí quizá las reticencias de estar hablando y poniendo sobre el papel el patrimonio y la declaración de intereses. Es cierto que en su moción el punto 1b es un punto sensato, de hecho, ya lo recoge la ley. Del
populismo punitivo, mejor en el tiempo que me queda no hablo, pero ya tienen la respuesta tanto en la LECrim como en el Código Penal. Dicen que se preocupan de problemas reales y no les discuto que no se preocupen de los problemas de una parte, la
parte de quienes viven del esfuerzo ajeno, pero no finjan ni por lo más remoto que les importa esa mayoría que paga su casa con mucho esfuerzo.


Acabo ya. El bono de vivienda es solo una de las medidas que pensamos indispensables. Las fundamentales están en esa ley de vivienda del Gobierno, que es hablar de la suspensión de los desahucios sin garantía habitacional, que es estar
hablando del impuesto a la vivienda vacía, de la movilización del parque público y, por supuesto, de la regulación de los precios del alquiler.


Concluyo, presidenta. En tiempos de ruido quiero citar al periodista Ignacio Pato Lorente...


La señora PRESIDENTA: Señora Fernández, tiene usted que terminar, por favor.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Sí, también tuve que parar un momento. Solo un segundo.


El valor político del hacer de nuevo contra la intuición de la rentabilidad personal del que nada se atrevió a decir. Ustedes pueden venir aquí a provocar con sus palabras. Nosotras seguimos trabajando para mejorar la vida de la gente...
(Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Carazo Hermoso.


El señor CARAZO HERMOSO: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, entiendo que llevamos mucha tarde de Pleno, que estamos acabando casi los debates, pero, avanzando que apoyaremos la moción, permítanme dirigir una pregunta a la Cámara: ¿por qué

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promueve Pedro Sánchez estos bonos en materia de vivienda y de cultura? ¿Qué motivos mueven al presidente del Gobierno? ¿Puede ser que, como San Pablo, se haya caído del caballo y quiera empezar a apoyar al sector de la cultura? Pues si
vemos cómo su Gobierno ha abandonado al sector cultural durante la crisis del COVID-19 hasta el punto de tener que cesar al ministro del ramo, parece que no. Puede ser que quiera resolver el problema de vivienda que tienen efectivamente los jóvenes
españoles, pero francamente parece que tampoco. No lo parece cuando vemos que quien dicta las políticas de vivienda son los más radicales del Gobierno, que quieren intervenir los precios en una política que ha fracasado allí donde se ha aplicado,
generando carestía de viviendas disponibles y colas de cientos de personas demandando los pisos de alquiler regulado, como ha ocurrido en Berlín, o cuando sacan a pasear a Zapatero como referente de sus políticas. El otro día, en su interpelación,
la ministra Belarra decía que tenía grabadas a fuego imágenes de la lucha por el derecho a la vivienda. Los que somos ya no tan jóvenes tenemos grabado a fuego lo que hizo Zapatero con la vivienda joven: regalar un par de zapatillas mientras
mandaba a la cola del paro a la mitad de los jóvenes españoles. (Aplausos). Pero si eso tampoco es, puede ser que Sánchez haya cambiado de opinión y ahora sí quiera apoyar a la cultura, o que haya cambiado de opinión desde el domingo y ya no
quiera hacer lo mismo que Zapatero. Esto podría ser, porque Sánchez nos tiene bastante acostumbrados a decir una cosa y la contraria en cuestión de días. Pero, señorías, yo creo que tampoco es eso. Entonces ¿por qué pone en marcha Sánchez estos
bonos? Les voy a leer algunos titulares. El Mundo: 'Pedro Sánchez intenta recuperar con el presupuesto un millón de votos jóvenes perdidos desde 2019'. Cope: 'Sánchez compra el voto joven con pagas mensuales: han abandonado al PSOE'. Y si no
les gustan estos medios, que veo que a la bancada socialista no le gustan mucho, les leo un cómic del PSOE de Zaragoza para la campaña electoral de la hoy ministra de Educación, Pilar Alegría, donde se decía literalmente: '¡300 eurazos! ¿Y qué hay
que hacer para pillarlos? Pues votar al PSOE, que es a quien se le ha ocurrido la idea'. La historia, naturalmente, acabó con Jorge Azcón, del PP, como alcalde de Zaragoza. (Aplausos).


Entonces, ¿por qué hace esto el presidente del Gobierno? La razón de Sánchez es siempre la misma: seguir en el poder cueste lo que cueste. Y cuando resulta que en Madrid una gran mayoría de jóvenes votaron al Partido Popular y cuando
todas las encuestas -las serias, no las de Tezanos- le dicen que pierde votos jóvenes a miles y que el Partido Popular ganaría hoy las elecciones generales, el señor Sánchez se lanza a la caza del voto. Pero Sánchez se vuelve a equivocar, porque el
mensaje que los jóvenes españoles le lanzaron en Madrid y le están lanzando en toda España es justamente que quieren más libertad y menos paternalismo, que no quieren que les digan cómo se tiene que divertir, cómo tienen que vivir, si pueden ir a
los toros o no porque le gustan o no a Podemos. Con España a la cabeza de Europa en paro joven quieren un empleo que les permita valerse por sí mismos, no que esquilmen a sus padres a impuestos para darles las sobras en forma de aguinaldo electoral
como un Robin Hood en versión sanchista. Por cierto, la ministra Belarra también decía en la interpelación que se enorgullecía de los jóvenes que llenan las manifestaciones. Y a nosotros también nos parece muy bien que los jóvenes participen en
manifestaciones, siempre que no acaben la manifestación agrediendo a la policía, condenados por el Tribunal Supremo y negándose -que debería hacerlo no por derecho, sino por decencia- a dejar su escaño, como el señor Alberto Rodríguez. (Aplausos).
Eso no representa ni es un ejemplo para los jóvenes españoles. Tomen nota, señores de Podemos.


Señorías, en el Grupo Popular no estamos en contra de las ayudas sociales al alquiler, sí de que se combinen con intervencionismo de precios y con demagogia, una combinación que acaba siempre mal. Estamos a favor de promocionar la cultura
entre los jóvenes y de ayudar a la industria cultural, pero no como parte de una larga precampaña electoral, combinado con unas leyes educativas que desincentivan el esfuerzo, la lectura, el estudio y que dejan esto en puro electoralismo.


Termino, presidenta. El pasado sábado, en el marco del Congreso Federal del Partido Socialista se incluyó un espectáculo de fuegos artificiales, una buena metáfora del sanchismo: mucho ruido, mucho colorido, pero, después, humo y, después,
nada. El problema es que los fuegos artificiales del Gobierno los estamos pagando los españoles, hasta que pase la traca y tengamos que venir otros a arreglar la situación...


La señora PRESIDENTA: Señor Carazo, tiene usted que terminar, por favor.


El señor CARAZO HERMOSO: ... que será, no lo duden -y termino- más pronto que tarde.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Carazo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora. Canales Duque.


La señora CANALES DUQUE: Gracias, presidenta.


Señorías, la vivienda juega un papel esencial en la vida y en la dignidad de las personas. Es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y debe ser un compromiso de los poderes públicos promover las condiciones necesarias para
hacerlo efectivo. Especialmente, debemos abordar el caso del acceso a la misma de las personas jóvenes, que se encuentran con un muro, en ocasiones infranqueable, a la hora de iniciar el proceso de emancipación de sus familias, haciendo que nuestro
país sea uno de los Estados con los umbrales más altos de emancipación de toda la Unión Europea. Como digo, nos enfrentamos a un problema estructural que venimos lastrando desde hace demasiado tiempo, debido, principalmente, a algunas de las
políticas pasadas y presentes que han puesto en marcha los Gobiernos del Partido Popular, que cuando acceden a los mismos en sus acciones impera una especie de ley de la selva, en la cual se impone la tiranía del más fuerte y se olvidan de las
personas más vulnerables. (Aplausos). Tanto es así que en la crisis de 2008, derivada de la burbuja inmobiliaria, el Gobierno del Partido Popular centró su acción en culpabilizar a la ciudadanía de vivir por encima de sus posibilidades o nos
conminaba a apretarnos el cinturón, a la vez que recortaba de forma casi obscena en materias básicas para la juventud como son la educación, la vivienda y la sanidad. Mientras tanto, se rescataba a los bancos y en el sector inmobiliario se
compraban viviendas en alquiler para destinarlas a fondos buitre; por cierto, la mayoría de ellas vacías hoy en día.


Señorías de VOX, la moción que ustedes presentan no es novedosa, va en la misma línea que ya plantearon y plantean sus socios populares en sus Gobiernos presentes y anteriores, y pasan por instar al Gobierno a la liberalización de todo tipo
de suelo o a la rebaja fiscal a los grandes propietarios; mismo perro, distinto collar. En la anterior crisis se liberalizó una cantidad ingente de suelo, tanto que solo en el periodo de 2015 a 2019 se construyeron en nuestro país 250 000
viviendas. Mientras tanto, el precio del alquiler aumentó un 50 % en el mismo periodo, produciendo a su vez el incremento exponencial de los desahucios, hasta llegar a un total de 60 000 en nuestro país solamente en 2019, con el drama humanitario
que supone dejar a miles de familias en la calle, sin una sola medida por parte de sus Gobiernos de la derecha para impedirlo. En este punto, cabe recordar que una de las medidas más importantes de este Gobierno durante la crisis del COVID fue
precisamente esa, la suspensión de los desahucios, medida que, por cierto, sigue aún vigente. La fórmula, señorías, es bien sencilla: socialdemocracia frente a neoliberalismo. (Aplausos).


Esta es la receta aplicada también hoy en día en la Comunidad autónoma de Madrid, donde se ha impulsado una ley de liberalización del suelo mientras ponen en marcha otras medidas impopulares, como bajar impuestos de forma indecente a las
rentas más altas a la vez que lanzan el discurso incendiario y premonitorio de que la educación y la sanidad no pueden ser gratuitas. También el alcalde de Madrid aseguró en sus redes sociales, ante el problema de la vivienda en su ciudad, que no
pensaba hacer nada, así, con mayúsculas, o más grave aún, la aseveración por parte del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que sentenció que, en nuestro país, con una nómina y un trabajo puedes acceder a un alquiler sin problemas.
Señorías, esto sí que es vivir en una realidad paralela, ajenos y ajenas a los problemas reales de la ciudadanía. (Aplausos).


Afortunadamente, señorías, a nivel nacional sí tenemos un Gobierno, el de Pedro Sánchez, comprometido con este tema. (Rumores). Tanto es así que con el bono joven de vivienda de 250 euros iniciamos una senda de no retorno en esta materia,
un camino que, como dijo en esta misma sede Clara Campoamor, refiriéndose a otros asuntos, para llegar al final hay que comenzar por el principio, a veces bajo una lluvia de piedras; un camino que irá acompañado de otra serie de medidas disruptivas
que vendrán reflejadas en los próximos meses en la futura ley de vivienda, la cual va a suponer un cambio de paradigma, blindando la función social de la vivienda y reforzando el derecho a ella a un precio asequible. Todo ello en cumplimiento,
además, del mandato constitucional de garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible para todos los españoles y españolas.


Votaremos en contra de su moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señor PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Canales.


Señor Ramírez, ¿acepta su grupo parlamentario la enmienda presentada?

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El señor RAMÍREZ DEL RÍO: Lo estamos trabajando.


La señor PRESIDENTA: Muchas gracias.


Entiendo que trabajan en una transaccional. Cuando la tengan, nos la hacen llegar a la Mesa.


Señorías, vamos a votar en tres minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para
emitir su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño. (Pausa).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, RELATIVA A LA PREVENCIÓN DE LOS ABUSOS SEXUALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. (Número de expediente 122/000128).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las dos votaciones.


Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano, relativa la prevención de los abusos sexuales en los centros educativos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 179 más 168 votos telemáticos, 347; a favor, 179 más 117 votos telemáticos, 296; abstenciones, 51 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, INTEGRAL DEL CANNABIS. (Número de expediente 122/000164).


La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural, integral del cannabis.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 179 más 168 votos telemáticos, 347; a favor, 10 más 65 votos telemáticos, 75; en contra, 169 más 94 votos telemáticos, 263; abstenciones, 9 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.


Se suspende la sesión hasta mañana.


Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde.