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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 130, de 14/10/2021
cve: DSCD-14-PL-130
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 130
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 124
celebrada el jueves,
14 de octubre de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre de 2021, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. ('BOE' núm. 221, de 15 de septiembre de 2021).
(Número de expediente 130/000057) ... (Página7)
- Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. ('BOE' núm. 233, de 29 de septiembre de 2021). (Número de expediente
130/000058) ... (Página27)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 65-1, de 30 de agosto de 2021. (Número de expediente 121/000065) ...
Palabras de la Presidencia ... (Página56)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación):
- Proyecto de ley de memoria democrática. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 64-1, de 30 de agosto de 2021. (Número de expediente 121/000064) ... (Página56)
- Proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 62-1, de 26 de julio de 2021. (Número de expediente 121/000062) ... (Página77)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y
Pueblos de su Marco. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 163-1, de 23 de abril de 2021. (Número de expediente 124/000007) ... (Página101)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales; el Real Decreto-ley
5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 32-1, de 9 de
octubre de 2020. (Número de expediente 121/000032) ... (Página107)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página112)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página114)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación):
- Avocación por el Pleno ... (Página115)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación):
- Votación de conjunto ... (Página116)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página116)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página114)
Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre de 2021, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad ... (Página7)
La señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Ribera Rodríguez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene el señor Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno, Martínez Oblanca, Mazón Ramos y Sayas López y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario
Euskal Herria Bildu; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil y las señoras Sabanés Nadal y Calvo Gómez,
del Grupo Parlamentario Plural; los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; Echenique Robba, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo
Parlamentario VOX; y la señora García Chavarría, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo ... (Página27)
La señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Mazón Ramos y Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Barandiaran Benito, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común; Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX, y Movellán Lombilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Narváez Bandera, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página42)
Proyecto de ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico ... (Página42)
La señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Ribera Rodríguez) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene el señor Gago Bugarín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno, Martínez Oblanca y Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez
Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común; Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX, y Renau Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Palabras de la Presidencia ... (Página56)
De conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, la Presidencia anuncia que las votaciones no se realizarán antes de las dieciséis horas.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación) ... (Página56)
Proyecto de ley de memoria democrática ... (Página56)
La Presidencia informa de que se ha solicitado la avocación del proyecto de ley de referencia, solicitud que se someterá a votación a continuación de la votación correspondiente a las enmiendas a la totalidad.
El señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (Bolaños García) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene el señor Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución, intervienen el señor Contreras Peláez, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, García Adanero y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Legarda
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Rego Candamil, Boadella Esteve y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y el señor García Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual ... (Página77)
La señora ministra de Igualdad (Montero Gil) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene la señora Toscano de Balbín, del Grupo Parlamentario VOX.
En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene la señora González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra interviene la señora Lastra Fernández.
Replican las señoras Toscano de Balbín y González Vázquez y duplica la señora Lastra Fernández.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil y las señoras Cañadell Salvia y Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano, y Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Hace uso de la palabra la señora Rueda Perelló, del Grupo Parlamentario VOX.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página101)
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y
Pueblos de su Marco ... (Página101)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Mestre Barea, del Grupo
Parlamentario VOX; Sánchez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Azorín Salar, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmiendas del Senado ... (Página107)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales; el Real Decreto-ley
5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones ... (Página107)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; los señores Calvo Liste,
del Grupo Parlamentario VOX, y De Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Araujo Morales, del Grupo Parlamentario VOX.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página112)
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo Iturbe), a la
moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo Iturbe), sobre las medidas previstas para reducir la siniestralidad por ahogamiento y accidentes en espacios acuáticos, se aprueba por 184 votos a favor más
160 votos telemáticos, 344; y 4 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la propuesta realizada por el Gobierno de eliminar la prestación extraordinaria para autónomos con bajos ingresos por
cese de actividad, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, se rechaza por 83 votos a favor más 69 votos telemáticos, 152; 97 en contra más 77 votos telemáticos, 174; y 4 abstenciones más 18 votos telemáticos,
22.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para garantizar el
cumplimiento del principio de legalidad en la política exterior, se rechaza por 83 votos a favor más 59 votos telemáticos, 142; 100 en contra más 97 votos telemáticos, 197; y 8 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio del Interior para proteger a nuestras fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, se
rechaza por 83 votos a favor más 68 votos telemáticos, 151; y 101 en contra más 96 votos telemáticos, 197.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página114)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre de 2021, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, se
aprueba por 97 votos a favor más 85 votos telemáticos, 182; 83 en contra más 67 votos telemáticos, 150; y 4 abstenciones más 9 votos telemáticos, 13.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 83 votos a favor más 78 votos telemáticos, 161; 101 en contra más 81 votos telemáticos, 182; y 2 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, se aprueba por 183 votos a favor más 111
votos telemáticos, 294; 1 en contra y 53 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 83 votos a favor más 95 votos telemáticos, 178; 101 en contra más 61 votos telemáticos, 162; y 8 abstenciones con voto telemático.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página114)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se
rechaza por 84 votos a favor más 60 votos telemáticos, 144; 100 en contra más 98 votos telemáticos, 198; y 4 abstenciones con voto telemático.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de memoria democrática, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario VOX, se rechazan por 83 votos a favor
más 68 votos telemáticos, 151; y 101 en contra más 95 votos telemáticos, 196.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley de memoria democrática, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, se rechaza por 1 voto a favor más 30 votos telemáticos, 31; 179 en contra más
129 votos telemáticos, 308; y 4 abstenciones más 5 votos telemáticos, 9.
Avocación por el Pleno ... (Página115)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de memoria histórica, se aprueba por 180 votos a favor más 158 votos telemáticos, 338; 4 en contra más 4 votos telemáticos, 8; y 1 abstención con voto
telemático.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, presentada por el Grupo Parlamentario VOX, se rechaza por 55 votos telemáticos a favor; 101 en contra más
104 votos telemáticos, 205; y 83 abstenciones más 5 votos telemáticos, 88.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 83 votos a favor más 8
votos telemáticos, 91; 101 en contra más 143 votos telemáticos, 244; y 12 abstenciones con voto telemático.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página116)
Sometido a votación el dictamen de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco, se aprueba por 184 votos a favor más 162 votos telemáticos, 346; y 2 abstenciones con voto telemático.
Votación de conjunto ... (Página116)
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico, se aprueba por 183 votos a favor más 161 votos telemáticos, 344; y 3 abstenciones con voto telemático.
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página116)
Sometidas a votación en bloque las enmiendas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de
sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, se aprueban por 102 votos a
favor más 102 votos telemáticos, 204; 52 votos telemáticos en contra; y 82 abstenciones más 8 votos telemáticos, 90.
Se levanta la sesión a las siete y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIO´N O DEROGACIO´N DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 17/2021, DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE MEDIDAS URGENTES PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA ESCALADA DE PRECIOS DEL GAS NATURAL EN LOS MERCADOS MINORISTAS DE GAS Y ELECTRICIDAD. (Número de expediente 130/000057).
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Ocupen sus escaños, por favor.
Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas
urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.
Para presentar el Real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Gracias, presidenta.
Señorías, buenos días y muchas gracias por su presencia en esta sesión, que tiene como objetivo en esta primera parte presentarles para su convalidación el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el
impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad; un decreto-ley que incluye un conjunto de medidas temporales y de medidas estructurales con el propósito de amortiguar el impacto del precio en el
mercado mayorista del gas natural sobre la factura final electricidad y gas de los consumidores. Hemos asistido a una subida abrupta, extraordinaria, sin precedentes del precio del gas en los mercados internacionales que se ha contagiado de forma
rápida e inesperada al precio de la electricidad en los mercados mayoristas. Es una situación motivada por factores externos indudablemente, pero a la que el Gobierno tiene la obligación de responder en favor del interés general para evitar que se
produzca una merma en la competitividad de nuestro tejido productivo, que las economías domésticas sufran un deterioro o que se frenen la recuperación, la transformación y la modernización de nuestros sistemas productivos.
Permítanme que les recuerde algunos datos para poner en contexto y con cifras lo que estamos hablando. El precio de la electricidad de los mercados mayoristas europeos, tras marcar un mínimo mensual en febrero de 2021, ha registrado valores
históricos nunca vistos, precios sin precedentes que se suceden semana tras semana. El punto máximo fue el marcado el 7 de octubre, un máximo histórico diario de 288,53 euros el megavatio/hora en España, que, sin embargo, quedó por debajo de otros
países con valores superiores, como fue el caso de Francia con 298,3 euros megavatio/hora, Alemania con 302,5 o Italia con 300,7. La tensión ha llevado incluso al Reino Unido a vivir precios megavatio/hora superiores a 1400 libras, a China a
ordenar el cierre de su industria el 33 % de las horas o a India a asumir cortes de electricidad durante dos o tres horas. En el caso europeo se pueden ver algunas circunstancias que se asocian al diseño del mercado mayorista de la electricidad.
De alguna manera ha quedado cuestionado por el enorme diferencial de costes de las distintas tecnologías, reflejando precios desorbitados y
sostenidos, sin embargo, durante semanas, durante meses. El precio de los combustibles fósiles y su volatilidad genera un efecto amplificador, que, sostenido en el tiempo, hace inviable el funcionamiento del mercado tal como se diseñó en un
primer momento. El incremento extraordinario mantenido en el tiempo de los costes de una tecnología no puede traducirse en el incremento generalizado del precio de toda la electricidad, no es asumible.
Da igual cuánta energía barata haya en el sistema: el mercado marca el precio de la más cara. Nuestro compromiso como Gobierno consiste en evitar que esto acabe repercutiendo de forma sostenida en la factura de los consumidores. Sabemos
que cada incremento de un euro por megavatio/hora del coste del gas natural se traduce en una subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista de dos euros megavatio/hora. Es cierto que lo que estamos viviendo en gran medida se produce
por un desajuste entre la oferta y la demanda, a lo que se suman otros factores geopolíticos. La falta de inversión en infraestructuras de gas, la rápida recuperación de la demanda global por encima de las previsiones tras la pandemia, llegando a
marcar un crecimiento del 35 % de la demanda china en el primer semestre con respecto a su demanda prepandemia, o la incidencia de otras motivaciones geopolíticas ha hecho sonar las alarmas entre analistas, instituciones, industria y Gobiernos.
Desde el lado de la oferta, la hibernación de determinadas plantas, la ralentización o incluso la reducción de inversiones en los últimos años ha reducido temporalmente la capacidad de producción y exportación de gas natural, y a ello se suma la
menor inyección de gas natural desde Rusia hacia Europa. Y por el lado de la demanda, la recuperación económica más rápida de lo esperado, tal como indicaba, ha supuesto un incremento del consumo por encima de las previsiones. Lo cierto es que
Asia y Europa, con bajos niveles de existencias para enfrentar el invierno, demandan un volumen de gas natural por encima de los años previos para minimizar cualquier riesgo de suministro en los meses de frío. Es decir, nos encontramos en un
escenario en el que la oferta no se corresponde con la demanda, competimos todos en el mismo mercado, impulsando la cotización del gas natural al alza, y, como consecuencia, tensionamos el precio de la electricidad al diseño del mercado eléctrico;
una situación sin precedentes tanto por su magnitud como por su duración.
Nuestra convicción es que no es viable mantener precios de escasez de manera prolongada, sobre todo cuando los costes reales de generación no se corresponden con el incremento de los precios medios del sistema. Cualquier pronóstico reciente
con respecto a la evolución del precio del gas, incluso los escenarios más adversos de analistas y agencias internacionales hace apenas semanas o incluso días, ha quedado desfasados. Por ello es importante evitar o minimizar el contagio del precio
del gas en la electricidad, dado que esto acabaría reflejándose en un encarecimiento de nuestros bienes y servicios y en el confort de las familias. En este sentido coincidimos con el análisis hecho público ayer por la Comisión Europea. El impacto
del gas natural tiene efectos en toda la economía, especialmente en los colectivos más vulnerables y en la industria, que en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otros, no cuenta con suficiente cobertura a plazo. El desajuste entre la
oferta y la demanda de gas natural y de otras materias primas a escala global no solamente explica las tensiones vividas, que ya he descrito, también nos alerta de varias cosas a las que he aludido, pero quiero resumir de forma sistematizada. En
primer lugar, las previsiones de septiembre han quedado desfasadas; no sabemos cuánto tiempo ni qué intensidad tendrá esta situación, lo que nos obliga a revisar las medidas adoptadas y adaptarlas a las nuevas circunstancias. Confiamos en que se
trate de efectos temporales, pero debemos estar preparados para hacerlos frente. En segundo lugar, el diseño regulatorio del mercado eléctrico ha facilitado la amplificación del sobrecoste del gas natural en el precio de la electricidad del mercado
mayorista. En tercer lugar, tenemos la convicción de que el nivel de respuesta más adecuado es el europeo y por ello se trata de un asunto que debe ser abordado con la suficiente agilidad para poder concertar respuestas excepcionales a situaciones
excepcionales como la actual.
Agradecemos las propuestas incluidas en la notificación que ayer hizo pública la Comisión sobre medidas de respuesta. No obstante, estamos convencidos de que hay que seguir trabajando. Desde España hemos remitido varias propuestas a las
autoridades comunitarias. En primer lugar, reformar la normativa del mercado interior de la electricidad para evitar que grandes diferencias de coste entre distintas tecnologías de generación supongan un lastre en los precios finales pagados en el
mercado. Es segundo lugar, limitar la participación en el mercado de derechos de emisión a agentes y operadores sometidos a la obligación de entrega de estos derechos y a sus representantes para evitar en la mayor medida posible distorsiones en la
señal de precios de CO2 motivadas por comportamientos especulativos. En tercer lugar, activar un mecanismo de compra centralizada de gas natural y crear reservas estratégicas de gas a nivel europeo. Como decía, sin duda, nuestra preferencia es la
respuesta coordinada a nivel
europeo, evidentemente complementada con las medidas nacionales que resulten necesarias. En paralelo, es necesario actualizar los mecanismos de gobernanza y coordinación global ante la demanda simultánea de los mismos bienes en los mercados
internacionales. En todo caso, no les quepa la menor duda, acelerar la transición energética es la solución frente a esta volatilidad. Es necesario acompasar adecuadamente los ritmos de transformación de la oferta y de la demanda.
Con este telón de fondo, este Gobierno sigue trabajando para facilitar respuestas adecuadas a las familias y consumidores vulnerables, a la industria, particularmente expuesta al precio de la electricidad dado su nivel de cobertura, y a los
inversores con el desarrollo de marcos atractivos para la inversión que faciliten la aceleración de la transición vía desarrollo de proyectos en materia de eficiencia energética, electrificación, generación distribuida o penetración de energías
renovables y almacenamiento en el sistema. No se trata de una novedad de este decreto-ley. En junio, cuando el mercado mayorista marcó un precio medio de 83,3 euros megavatio/hora, muy lejos de los valores actuales, el Gobierno adoptó una rebaja
del IVA al 10 % para los consumidores con menos de 10 kilovatios contratados y la suspensión del impuesto del 7 % a la generación. Estas dos medidas permitieron reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista de forma transversal, de
forma que en la factura final de todos los consumidores domésticos e industriales se sintiera un alivio importante durante el verano. En septiembre, con el mismo compromiso del mes de junio, adoptamos el real decreto-ley que hoy presento para su
convalidación. Se trata de un plan de choque en un contexto extraordinario con el que queremos asegurar que hogares, autónomos, pymes, industrias y empresas puedan abordar la recuperación económica y, sobre todo, podamos proteger a los colectivos
más vulnerables. En las próximas semanas esperamos poder completarlo con medidas adicionales que garanticen la cobertura a través de contratos bilaterales y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria, reforzando
simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social.
Permítanme una breve descripción de las medidas incluidas en este decreto-ley. En primer lugar, en el ámbito fiscal, se prorroga la suspensión del impuesto del 7 % durante el cuarto trimestre de 2021 y se reduce el impuesto especial de la
electricidad en un 90 %, hasta el mínimo permitido por la directiva del año 2003, que establece el régimen comunitario de imposición sobre los productos energéticos y la electricidad. La combinación de estas dos medidas, junto con la reducción
temporal del IVA y la inyección en el sistema eléctrico de los ingresos adicionales vinculados a los ingresos de las subastas de derechos de emisión de CO, representa un esfuerzo fiscal sin precedentes: más de cuatro mil millones de euros, una
cifra nunca antes alcanzada del presupuesto público, para dar cobertura al sistema eléctrico. Y a estas medidas de gasto público se suman otras, como la limitación de la subida de la tarifa regulada del gas natural durante el último trimestre del
año 2021 y el primer trimestre de 2022. La regulación vigente establece la revisión trimestral automática de las tarifas en función de la evolución de los precios del gas. Esto supone que el impacto de la revisión automática hubiera implicado un
incremento medio de la tarifa de último recurso del 30 o 40 % respecto a la actualización llevada a cabo en junio de 2021. Indudablemente, esto es algo no fácil de asumir por ninguna familia, por ningún consumidor doméstico. Este incremento
automático supondría un esfuerzo económico inmenso para consumidores domésticos y pymes precisamente en los meses en los que el gas es más demandado, durante los meses de otoño e invierno. Por ello hemos decidido adoptar esta medida temporal y
excepcional, limitando en los próximos dos trimestres el incremento de la tarifa a un máximo promedio por trimestre de 4,6.
Por otro lado, el decreto-ley prevé la creación de subastas de energía a plazo con la intención de aumentar la liquidez del mercado a plazo de energía eléctrica y facilitar la competencia en el mercado minorista, facilitar que esos pequeños
comercializadores puedan tener acceso a la electricidad a precios razonables distintos a los del pool. Uno de los factores que más contribuyen a la falta de liquidez de los mercados a plazo es la falta de incentivo a la participación en paralelo a
la comercialización de electricidad ofrecida por los grupos verticalmente integrados. Esta falta de liquidez tiene un impacto negativo en la competencia. Las comercializadoras independientes y los grandes consumidores tienen dificultades para
adquirir un volumen de energía significativo a plazo más allá de un trimestre sin altas primas, frenando sus decisiones de inversión y poniendo en riesgo sus planes de negocio. Por ello creemos conveniente dotarnos de un nuevo instrumento que
favorezca la entrada y retenga el desarrollo de empresas con actividad de comercialización, aumentando la competencia y, por tanto, buscando incentivos, menores precios para el consumidor final.
En tercer lugar, el decreto-ley modifica la Ley de Aguas para incluir criterios de utilización racional de los recursos hídricos. Esta reforma precisa los criterios de aplicación del régimen establecido en el
artículo 55.2 del texto refundido de la Ley de Aguas para garantizar, decía, un uso racional del recurso, compatible con su adaptación a las consecuencias del cambio climático y en beneficio del medio ambiente y del conjunto de los usuarios
del agua. Para aquellos embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos de capacidad total cuyos usos principales no sean el abastecimiento, el regadío y otros usos agropecuarios, en los casos en que proceda en atención a la reserva de agua embalsada y
a la predicción estacional, la reforma prevé que el organismo de cuenca debe fijar al inicio de cada año hidrológico, a propuesta de la comisión de desembalse, una serie de variables hidrológicas que mantengan de forma ordenada la capacidad de
desembalse y turbinado. Además, el decreto-ley establece que la explotación racional debe resultar compatible con el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños, siempre en el marco del
orden de preferencia de usos que se establezca en el plan hidrológico de cuenca correspondiente.
Por otro lado, creamos el concepto de suministro mínimo vital. En línea con la Estrategia de Pobreza Energética y de acuerdo con nuestro compromiso de coalición, con nuestro compromiso de Gobierno, mediante este real decreto-ley se crea la
figura del suministro mínimo vital, alargando el periodo de cuatro meses contemplado en la normativa actual para garantizar que el consumidor vulnerable no vea su suministro interrumpido en una potencia mínima imprescindible para garantizar el
confort en los hogares.
Quizás la medida excepcional más comentada en estas semanas ha sido la dedicada a recuperar en favor de todos los consumidores los beneficios extraordinarios que se hayan podido obtener por parte de las empresas eléctricas como consecuencia
del rally de precios del gas natural, una medida de marcado carácter temporal ante una situación agravada en el tiempo que regula la minoración ex post de la retribución de las centrales inframarginales no emisoras hasta el 31 de marzo por un
importe proporcional al valor de cotización del gas en el mercado ibérico, excluidas las que perciban régimen retributivo específico y las de reducido tamaño. Quiero dejar bien claro, primero, que es una minoración aplicable solo a quienes hayan
interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho; a quien haya garantizado precios estables antes de la escalada para aquellos consumidores finales con quienes lo hayan contratado. Y queremos que tampoco lo sea para
quienes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas. Por el contrario, necesitamos impulsar cobertura de precios razonables para nuestra industria y por eso estamos trabajando para asegurar su correcta
aplicación y desarrollo.
Agradezco el esfuerzo de todos aquellos que desde la sociedad civil, desde el arco parlamentario, desde la industria desde el primer momento han contribuido a identificar el modo de ayudar en estas circunstancias excepcionales. Vamos a
velar por encima de todo por el interés del consumidor, ya sea doméstico o industrial, favoreciendo simultáneamente la aceleración de la transición energética, más inversión en eficiencia, en generación distribuida o en electrificación. Estoy
segura de que con el compromiso y voluntad constructiva de todos podremos mitigar los efectos perniciosos de la evolución del alza de la cotización del gas natural. Finalmente, de manera coherente con todas las medidas anteriores, el decreto-ley
prevé la reducción de los cargos hasta el 31 de diciembre de 2021 en un 97 %, abaratando, por tanto, de forma instantánea la factura final a los consumidores.
Más allá del contenido concreto de las medidas, como ustedes habrán podido tener ocasión de analizar y evaluar, me gustaría subrayar los siguientes aspectos comunes a todas ellas: primero, se trata de medidas con impacto directo en la
factura eléctrica y de gas de los consumidores finales tendentes a contrarrestar los precios al alza previstos para este invierno, con especial atención a los consumidores vulnerables; segundo, identificamos aquellas eminentemente temporales,
medidas extraordinarias para una situación excepcional, y por ello se han establecido en cada caso horizontes temporales distintos; y tercero, son medidas que respetan el principio de rentabilidad razonable, la confiabilidad y la viabilidad de
nuevas inversiones, es decir, medidas con el triple objetivo de proteger a los consumidores, velar por el mantenimiento de los contratos a largo plazo de electricidad de consumidores industriales y por que se cierren otros nuevos a precios previos a
la espiral y desarrollar un marco regulatorio atractivo para las inversiones en transición energética, sin dejar de mencionar por última vez que nuestra preferencia sigue siendo una actuación coordinada y urgente a nivel europeo para resolver no
solamente este problema, sino sentar las bases de un modelo energético en transición que responda de forma ágil y flexible a la volatilidad de la cotización de los recursos fósiles y que impida que vuelvan a producirse situaciones como las actuales.
Para ello seguiremos trabajando en el marco comunitario, para ello seguiremos trabajando en el marco nacional.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, solicito a todos los grupos su apoyo para convalidar este Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los
mercados minoristas de gas y electricidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. En representación de dicho grupo, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señora presidenta.
Yo voy a referirme en esta intervención al real decreto que usted ha presentado en esta casa, señora vicepresidenta, no a las enmiendas que ha anunciado que va a presentar con posterioridad. Su responsabilidad como vicepresidenta y ministra
de energía es garantizar un suministro veinticuatro horas siete días a la semana -garantía de suministro-, un precio adecuado para las familias y las empresas y la sostenibilidad del sistema energético en el ámbito ambiental. Esa es su obligación.
Respuestas, resultados. Garantía de suministro -luego lo explicaré-: riesgos con el gas. ¿Precio? ¿Qué decirle? Desde que anunciaron el plan de choque ha subido el mercado eléctrico en un 48 %, señora vicepresidenta, desde el 15 de
septiembre al 15 de octubre; más del 200 % en los últimos once meses, 36 euros megavatio/hora en octubre del año pasado, y en este octubre 200 euros. Por tanto, los precios también mal, señora vicepresidenta. Sostenibilidad, reducción de
emisiones de CO2: están en riesgo las inversiones en energías renovables, como usted bien sabe, debido al decreto que usted ha venido a presentar, poniendo en riesgo la descarbonización que todos compartimos en esta casa, porque es un pacto
intergeneracional entre los que estamos hoy y los que vendrán. ¿Por qué todo esto? Por la mala praxis, por el desconocimiento del sistema eléctrico, por la arbitrariedad, por los apriorismos, porque usted depende en demasía quizás de una ideología
que le obliga a hacer y a practicar esas políticas. De cualquier forma, malas políticas, señora vicepresidenta. (Aplausos).
Nosotros presentamos un texto que pretendía llevar los cargos, los costes no energéticos a los presupuestos generales del Estado para que fueran los presupuestos y el Gobierno los que asumieran esos costes, y no la ciudadanía ni las
empresas. ¿Ustedes qué traen aquí? Una iniciativa que, a nuestro juicio, es insuficiente y genera más riesgos que beneficios. Le dijimos que debía prorrogar en el tiempo la rebaja fiscal, y la limita hasta el 31 de diciembre. Suspende,
efectivamente, el 7 %, y nosotros dijimos que el 7 % debe quitarse definitivamente de la factura. Bajan el IVA del 21 al 10 % solo para algunos, no para todos, no para los autónomos, por ejemplo, y es trampa porque bajar el IVA cuando sube el
término energía hace que eso para los presupuestos resulte inocuo. Y, además, nosotros proponemos y vamos a proponer que haya un IVA superreducido para las facturas eléctricas de las familias y las personas más vulnerables. También llevan las
subastas de los derechos de emisión de CO2 del sistema eléctrico a un límite de 2000 millones. ¿Por qué no todo, por qué no llevar esos ingresos de las subastas a los más vulnerables? ¿Por qué no? Y luego está la famosa medida estrella, la
minoración de las retribuciones. Señorías, hay un culpable respecto a la energía hidráulica, la nuclear, que produce el 20 % de la energía que consumimos en nuestro país, y las renovables también. Este es un impuesto al viento y al sol, señora
vicepresidenta. ¿Cuándo van a aprender que cuando se aplica un impuesto se traslada automáticamente a los consumidores? ¿No se dan cuenta de que, si se pone un impuesto, automáticamente el que lo recibe lo traslada al consumidor? ¿Cuándo van a
aprender, señorías?
Ministra, ¿los vulnerables pagan más o menos desde que usted es vicepresidenta del Gobierno? ¿Pagan más o menos? En Francia hay un cheque, en Italia han reducido los impuestos, nosotros pusimos un bono social de descuento del 25 y el 40 %
en la factura eléctrica. ¿Qué han hecho ustedes? Nada. No han puesto un límite, por ejemplo, en la factura eléctrica, un precio límite, que podría haberlo hecho. Eso sí, nos viene aquí hablando de que van a reducir el precio del gas. Pero ¿por
qué no el de la energía eléctrica? ¿Por qué esa asimetría? Existe esa asimetría porque continuamente están improvisando y no hay ningún tipo de planificación. Por ese motivo está usted hoy aquí.
¿Y qué decimos de la industria? Han trasladado a la industria un nuevo impuesto. ¿Qué le va a decir la señora Díaz a usted cuando los trabajadores de esas industrias se vean en la calle por culpa de los ERE y los cierres de las empresas
que no puedan asumir el coste de la energía eléctrica, que en muchos casos es superior al de la materia prima que utilizan? ¿Qué piensa hacer usted? ¿No se dan cuenta de que es un freno a la recuperación económica de nuestro país lo que está
ocurriendo con la industria? Sin química,
sin acero, sin papel, sin industria básica no es posible la transición energética en nuestro país, es imposible. No hay transición, no hay descarbonización sin industria básica que funcione en nuestro país. (Aplausos).
El diferencial de precios en un mundo globalizado e interdependiente como el actual es descomunal. El precio de la energía eléctrica en Alemania es 34 euros inferior al de España, y 55 euros menos en Francia. Sin industria básica, señoría,
insisto, no es posible la descarbonización. ¿Por qué no protegen a la industria como ha acordado la Unión Europea, señora vicepresidenta? ¿Por qué no protegen a la industria? Y esto lo digo especialmente refiriéndome a los diputados gallegos,
cántabros, vascos y catalanes de esta casa, a Esquerra, PNV, JuntsXCat, PDeCAT, PRC y al Bloque también. Abstenerse o votar a favor de este real decreto les hace corresponsables de los resultados que en la industria española va a tener este real
decreto. (Aplausos).
Lo más esperpéntico, quizá lo más desastroso, es lo que ha ocurrido con la energía renovable. Ese nuevo impuesto al viento y al sol ha provocado que el primer fin de semana de octubre hubiera instalaciones fotovoltaicas, solares y eólicas
que tuvieran que parar trece horas. Durante trece horas estuvimos importando energía de Francia, 1 300 000 euros, porque estas tecnologías tuvieron que parar; en el caso de producir, tendrían que haber pagado por producir. ¿Es posible la
transición energética sin energías renovables, señora vicepresidenta? Naturalmente, no. Ya se está diciendo en los foros europeos que la Unión Europea podría descarrilar en su proceso de transición energética si siguiera sus medidas, señora
vicepresidenta; que, además, últimamente, innova también en el ámbito judicial y jurídico y parlamentario. Colocaron hace poco una nota explicativa de este real decreto en la web del ministerio para explicarlo y a los cinco días la quitaron. Ese
es el rigor con el que se manejan en el ministerio que usted dirige, señora vicepresidenta. Mire, es una lección de economía muy sencilla la que le voy explicar ahora: si usted reduce la oferta con una demanda rígida, el precio sube. Eso es así
siempre. Y ¿usted qué ha hecho? Reducir la oferta de energías en el mercado. Usted dijo: a cerrar el carbón. Se cierra el carbón. Ya no hay, ni siquiera, carbón de reserva como ocurre, por ejemplo, en Alemania, y usted lo sabe. Quiere cerrar
las nucleares en 2035, las cerramos. ¿Y la hidráulica? Tampoco me vale. Todo al gas, que en un mercado globalizado interdependiente es un mensaje de comprar gas. ¿No se da cuenta de que usted ha mandado esa señal a los mercados, señora
vicepresidenta, que usted es corresponsable? Yo no soy Nostradamus, pero se lo dije el 26 de enero de este año, hace nueve meses. Le dije: El problema está en las reservas de gas. Como usted ha apostado por el gas, tendrá alguna salida, alguna
solución. Yo le pregunto: ¿Las reservas actuales subterráneas de gas en España cubren todo el tiempo que podían cubrir o nos faltan siete días de consumo, por ejemplo? El gaseoducto que une Argelia con España, son dos. El de Marruecos cierra el
1 de noviembre. ¡Felicidades! Esto tiene mucho que ver con la política internacional y con lo que ha ocurrido con los saharauis recientemente. (Aplausos).
Por tanto, yo, teniendo en cuenta que nos encontramos en una isla energética que ha reducido los gasoductos, ¿habrá apostado por las interconexiones? Desde que es vicepresidenta las interconexiones han crecido cero; cero en tres años, ni
un kilómetro. Tenemos instalaciones de gas natural licuado: seis en nuestro país. ¿Están a pleno rendimiento para garantizar dieciocho días de abastecimiento en nuestro país? No. ¿Ha impulsado usted, a través de Cores, que es una institución de
derecho público que usted supervisa, que las reservas sean mayores y garanticen que el invierno no sea un terrible invierno como el que nos espera con estos precios y esta demanda internacional? No. Por tanto, usted no ha tomado las medidas que
debe tomar como responsable de esta materia, señora vicepresidenta. Debe rectificar, como su compañera Yolanda Díaz, que está aquí sentada acompañándonos en el día de hoy. Se lo voy a explicar solamente una vez, señora Díaz, porque yo creo que con
una vez usted lo va a comprender perfectamente. Lleva, en reiteradas ocasiones, en las sesiones de control faltando a la verdad, y aprovecho esta ocasión para rectificarla. Las primeras acciones de Endesa como empresa pública se venden en 1988;
era presidente Felipe González. La definitiva privatización de Endesa y el pase a una empresa con sede en Roma se produce entre el 2005 y el 2009; José Luis Rodríguez Zapatero. A ver si se le graba en la cabeza y deja usted de faltar a la verdad
en las sesiones de control, señora Díaz. (Aplausos).
Por tanto, han generado inestabilidad en los mercados, han espantado la inversión, no hay planificación, no hay reformas y no hablan con nadie, señora vicepresidenta, ni con los agentes, ni siquiera con el principal partido de la oposición,
con nadie. Así no se puede conseguir una transición consensuada, inteligente, justa. ¿No se dan cuenta de que deben acompañar a los actores en ese recorrido a la transición, al cambio de modo productivo, incentivando los cambios para introducir
capital de energía verde? ¿No se dan cuenta de que hay que acompañar con incentivos fiscales y no castigando como usted practica? Rectifique, señora vicepresidenta. Este real decreto es el paradigma de la política que practica el señor
Sánchez. Es un perfecto triángulo equilátero con tres puntas. La primera, la soberbia: a nadie escucho y con nadie hablo, con nadie, independientemente de que esta medida perjudique gravemente a vulnerables y perjudique gravemente a la
industria. Por otro lado, no han evaluado los resultados de estas políticas. Se sorprenden cuando encuentran esa decepción, hacen otra medida, una espiral de medidas y así, sucesivamente, a peor en cada una de ellas, como he demostrado, con el
resultado de la subida del precio de la energía eléctrica, señora vicepresidenta. El tercer punto, una absoluta irresponsabilidad. Usted nunca es responsable de nada. Aznar, Rajoy, Putin, mañana no sé quién va a ser. Ahora, por lo visto, también
la fotovoltaica y la eólica son las culpables de lo que está pasando en nuestro país, señora vicepresidenta.
Creo que debe rectificar, y que no debe faltar a la verdad en esta Cámara. Usted ha presentado un real decreto del que no ha hablado cuando ha intervenido. Está usted poniendo sobre la mesa las enmiendas que pretende presentar cuando sabe
que este real decreto es absolutamente ineficiente, perjudicial para la economía, que va a restar y laminar la recuperación económica y que, por tanto, es grave para el futuro de nuestro país. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular votará en
contra, como no puede ser otra manera.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mariscal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto interviene en primer lugar el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Buenos días, señora presidenta.
Señorías, nosotros apoyaremos la convalidación. Nos alarma y nos preocupa profundamente esta escalada de los precios de la electricidad y estamos, como muchos ciudadanos, abrumados. No obstante, exigimos al Gobierno y a las empresas
eléctricas una información fehaciente y clara mediante conceptos comprensibles para todos los ciudadanos. Entendemos que es necesario el previsto mecanismo de minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico causado por el elevado precio
de cotización del gas natural en los mercados internacionales, al menos de manera provisional como se ha previsto. En una concesión pública como, por ejemplo, la hidráulica no puede ser nunca un derecho especular con ese bien o con los recursos
naturales. Por ello, nos preocupa la forma en que se está haciendo el despliegue de renovables en el territorio. El encarecimiento de la electricidad no puede servir de excusa para hacerlo sin respeto al patrimonio natural y cultural de nuestros
territorios. Las centrales se llevan los beneficios, pero dejan los impactos y la maquinaria industrial a cambio de nada. El alza de los precios se debe, como bien saben, al mercado internacional, a una regulación ineficaz y a prácticas poco
legítimas por parte de los agentes, pero ello no puede ser una excusa para justificar la ocupación arbitraria y desordenada del territorio.
La señora PRESIDENTA: Señor Guitarte, tiene usted que terminar, por favor.
El señor GUITARTE GIMENO: Simplemente quiero decir que precisamente para defender este modelo de generación distribuida y para denunciar los impactos ante el despliegue, la plataforma Aliente y ciento setenta organizaciones ciudadanas,
entre las que está Teruel Existe, se van a manifestar el próximo día 16 por una transición energética que beneficie a las personas, para reclamar una vez más 'Renovables sí, pero no así'.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca, a quien agradezco que haga su intervención, por un minuto, desde su escaño.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Ribera.
A principios de junio de 2018, cuando aún no había tomado usted posesión del cargo, desde Moncloa advirtieron a la Comisión Europea del giro que el nuevo Gobierno iba a dar en política energética. ¡Equilicuá!: tres años y cuatro meses
después los españoles pagamos el recibo de la luz más alto de la historia, más del doble que a la llegada de Pedro Sánchez, y hoy presenta usted unas medidas cosméticas que apenas mitigan la calamidad económica que la carestía de la luz tiene para
familias, empresas,
industria y para la cesta de la compra. Señora vicepresidenta, en lugar de promover la competitividad, la innovación y el empleo, los impactos de su ecologismo radical, sus cierres y su demagogia incontenible tienen nocivas secuelas
directas, con cierres, desertización y daño industrial. En Asturias también sufrimos muy especialmente la intransigencia de su gestión y el colosal fracaso energético del Gobierno, que en esta materia también ha perdido todo el crédito. De ahí que
votaré en contra de la convalidación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias.
Nosotros vamos a convalidar este decreto porque es algo que la ciudadanía venía reclamando urgentemente, pero pensamos que es necesario un retoque importante. Yo no voy a repetir los argumentos a favor o en contra. Puedo decir que
valoramos positivamente la reducción de impuestos en una situación, como la que vivimos. Es lógico que el Gobierno actúe en aquello en lo que tiene competencias y puede actuar directamente sin problemas con terceros. Hay otras medidas más
discutibles.
Solamente quiero hacer un pequeño apunte sobre el suministro mínimo vital. El suministro energético es importante para todas las familias y no solamente para aquellas que están en situación de vulnerabilidad extrema. Es un producto tan
básico que todas las familias tendrían que tener un mínimo. A todas las familias les llega el recibo de la luz todos los meses, por lo tanto, un mínimo universal con un precio fijo asequible para al menos todos los hogares y a partir de ahí precios
progresivos de mercado creo que sería muy beneficioso también en conjunto porque favorecería e incentivaría el ahorro energético. Yo creo que es cuestión de ponerse a ello. Ya sabemos que es muy complejo, pero todo es posible con los medios que
tenemos hoy en día.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
La verdad es que cada día tenemos un récord histórico en el precio de la electricidad y solo hay una cosa que crece más que el precio de la electricidad, que es la incompetencia del Gobierno. Hacen un decreto para rebajar el precio de la
electricidad y desde que lo aprueban la electricidad ha subido el doble. Ha habido días en los que hemos alcanzado el precio de 300 euros megavatio/hora, algo absolutamente inadmisible, pero es que encima de no conseguir reducir el precio de la
electricidad incrementan el del gas o el de los hidrocarburos y, además, hacen que el hachazo que ustedes meten a las empresas vinculadas a la electricidad lo repercutan a otras empresas clientes que tienen que parar la producción, como estamos
viendo ya en algunas empresas del País Vasco, con lo que eso supone, por supuesto, de destrucción de empleo y de parálisis económica. Es decir, en un lenguaje coloquial, ustedes están haciendo un pan como unas tortas con este decreto, porque no se
puede tener más incompetencia que el decreto que nos traen hoy aquí para su aprobación.
Es verdad que el señor Garzón cuando la luz crecía en este país un 5 % hablaba de la pobreza de país que tenemos. Hoy no debe preocuparle mucho que la luz haya crecido un 300 % porque aquí no está, con lo cual, mucho la pobreza desde que es
ministro no le debe preocupar. Igual es que desde que ostenta un ministerio ya no sabe lo que es la pobreza. Pero los españoles sí que saben muy bien lo que es la pobreza, porque tienen que elegir a qué hora planchan o ponen la lavadora, porque el
precio de la luz, la electricidad, se ha incrementado un 300 % desde que ustedes están en el Gobierno. Y lo que tienen claro es que con ustedes sí se puede; sí se puede empeorar cada día, porque no es nada lo que hemos visto con la electricidad
para lo que vamos a ver este invierno con el gas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sayas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Buenos días. Buenos días, señora ministra.
Para nosotras este real decreto es un buen paso, un primer paso para el control de la situación. Sabemos que la situación no es fácil, que las empresas del IBEX se han atrevido incluso a amenazar con cerrar centrales nucleares y, por lo
tanto, nos parece un primer paso, pero insuficiente. De hecho, el análisis que hace usted de control de precios de los consumidores nos parece insuficiente. Nosotros pensamos que el tema va de acceso a la energía como principal pilar democrático
y, por lo tanto, no es un tema de escasez, sino de recursos comunes: quién tiene la capacidad de acceso y qué límites tienen las empresas que hacen dinero con la energía. De hecho, hay empresas que ahora mismo están parando la producción porque no
pueden pagar las facturas de la luz y hay familias que tampoco pueden pagar.
Nosotros hoy queríamos hablar del agua. Ustedes, en el artículo 10 del real decreto, hablan del uso eficiente de los recursos hídricos; de hecho, ustedes modifican la Ley de Aguas, pero echamos de menos un elemento fundamental, y es que no
dicen nada de las centrales hidroeléctricas. En muchos pueblos del Pirineo, las centrales hidroeléctricas deberían estar ya en manos públicas, en manos de la ciudadanía, pero continúan estando en manos de las empresas, a pesar de que las
concesiones en muchos casos han caducado. Nosotras la semana que viene presentaremos una proposición no de ley aquí sobre las centrales hidroeléctricas y sobre la necesidad de que vuelvan a manos públicas y comunes; esperamos obtener de ustedes el
voto favorable, que es el voto que alargaría este real decreto hasta las necesidades que tiene la ciudadanía. Es impensable que en plena crisis climática las empresas hidroeléctricas hagan dinero en vez de garantizar energía.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Señora presidenta, señorías, quiero empezar la intervención con la constatación de un hecho, de una realidad: las élites, en este caso el oligopolio eléctrico, han lanzado un pulso a modo de chantaje al
Gobierno para mantener sus beneficios a costa de la ciudadanía. Esto es algo que señalábamos hace ya cinco o seis meses desde esta misma tribuna la izquierda soberanista independentista vasca hacia el conjunto de la ciudadanía y, por desgracia,
hemos visto que esa tesis que sosteníamos entonces no ha hecho sino confirmarse día a día y gracias, eso sí que hay que señalarlo, a la sinceridad con la que los jefes del oligopolio eléctrico se han manifestado. ¿En qué nos basamos para decir que
esto es la constatación de un hecho? En cosas bien sencillas. Ante la primera medida, la que suponía una rebaja de los ingresos en las arcas públicas mediante la exención de impuestos o la rebaja de los mismos, en un caso del 21 al 10 % y, en
otro, del 7 al 0 %, ¿cómo reaccionaron las eléctricas? Anunciando la amenaza de parar las nucleares para dificultar así más la captación de energía. No nos olvidamos tampoco de que durante todo este tiempo, a los llamamientos del Gobierno y de la
gente para que quiénes habían obtenido más beneficios durante el periodo de COVID incluso con carácter extraordinario aportarán más, la respuesta ¿cuál fue? Hacer oídos sordos. Tampoco queremos olvidarnos de ese vaciado de pantanos o de embalses
alevoso y con 'agostidad'. ¿Cuál fue la respuesta de las eléctricas cuando se les planteó que vinieran aquí a explicar por qué habían hecho eso? Que ellos no tenían por qué comparecer aquí. Y cabe recordar que lo pudieron hacer o decir porque en
este hemiciclo hubo fuerzas políticas mayoritarias que decidieron que el señor Galán, por ejemplo, no tenía que comparecer ante los que se dicen representantes de la soberanía popular. Y ahora, cuando este Gobierno, en torno a mediados de
septiembre, pone el foco sobre las medidas que quiere anunciar para poder poner fin a esta situación de secuestro que vive la ciudadanía por parte del oligopolio eléctrico, ¿cómo respondieron las eléctricas? Bueno, en un primer momento diciendo que
había que pedir rigor en el análisis y no calentamientos puntuales; quizá esta sea la única declaración con la que las gentes de Euskal Herria Bildu podemos estar de acuerdo pero, claro, la misma persona que dijo esto, que era el presidente de
Iberdrola, dijo cuatro días después que estaba abierto el diálogo para que se reconduzca el terrorífico intervencionismo en el sistema eléctrico. La misma persona, el señor Sánchez Galán, ese mismo día, quizá para equilibrar esto del terrorífico
intervencionismo, decía: en Iberdrola llevamos décadas demostrando nuestra empatía y compromiso con el bienestar de los ciudadanos. Tal vez se hayan cansado de mostrar empatía durante décadas y ahora prefieren ser tremendamente antipáticos con los
ciudadanos y con las ciudadanas. Pero la misma persona, el señor Sánchez Galán, el 9 de octubre, cuatro días después de estas declaraciones, cargaba contra el Gobierno diciendo que con extremistas no se puede
gobernar, y la última ofensiva que han lanzado contra este decreto consiste en poner a las empresas, a las industrias, como ariete a su servicio para cargar contra el Gobierno. Y eso que este real decreto solo plantea, como se ha señalado,
medidas temporales -es decir, con fecha de caducidad, parece que no hace falta explicarlo-, coyunturales -es decir, que no busca cambios estructurales- y extraordinarias -es decir, de una aplicación limitada mientras dure el tiempo extraordinario-.
Solo por eso han lanzado esta ofensiva.
Este decreto solo plantea operar o actuar en tres elementos fundamentales: el que tiene que ver con el gas, con el agua y con la política fiscal, con los impuestos. Creemos que es un decreto buenista, no nos parece mal, pero bastante
inocente, porque plantear que exonerar tres meses más a las eléctricas del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica vaya a servir para que puedan volver a ofertar a precios más competitivos es sencillamente inocente porque, si esto
lo puede permitir, ¿por qué no lo han hecho ya, si ya vienen gozando de ese exoneración y lo que nos han demostrado es que no les importa o que les parece poca esa exoneración y que no piensan rebajar su escalada en el aumento de búsqueda de
beneficios? Se plantea más rebaja de impuestos para las empresas eléctricas, más dinero para las empresas eléctricas por derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en definitiva, más dinero público para que ellos puedan hacer algún gesto,
alguna dádiva para con los ciudadanos y ciudadanas. ¿Se les exige que apuesten su dinero, que ganen menos dinero? No, seguramente porque viven endiosados piensan que su reino no es de este mundo y probablemente no plantean que ellos tengan que ver
reducidos sus beneficios, plantean que en todo caso sea el Gobierno, la ciudadanía, quien pague para que sus beneficios se mantengan.
Este real decreto va a tener una cierta continuidad, esperemos que salga y lo votaremos a favor, sin cambios, también lo digo. Nosotros creemos que este decreto es el suelo mínimo exigible, que no puede ser rebajado, pero, como digo, este
real decreto va a ser la pista de aterrizaje para otro debate más importante al que la ciudadanía no le va a perder ojo. ¿Cómo puede ser que las empresas que han ganado más dinero durante el COVID, e incluso cuando no había COVID, estén optando a
rescatar o recuperar 58 000 millones de euros de los fondos europeos? De los 144 000 millones que va a recibir el Estado español ellos optan a receptar 58 000 millones de euros de unos fondos que todo el mundo conoce como fondos de recuperación ¿De
qué tienen que recuperarse quienes no han perdido nada, sino que han ganado más? Ante este panorama lo que vemos es que las eléctricas lo que hacen es repercutir sus gastos a los consumidores, lo decían ayer en esta tribuna y es cierto. ¿Pero qué
pensamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque también se decía ayer en el debate que hubo en esta Cámara que era necesario impedir que las eléctricas jueguen a su antojo o que no es aceptable que utilicen a las empresas de ariete para sus propios
intereses. Pues si todo esto es así, y parece que en eso existe un gran consenso, lo que tendríamos que preguntarnos es algo que un tal Vladímir se preguntaba hace más de cien años, ¿Qué hacer?, porque se pueden hacer dos cosas, o ceder al
chantaje de las eléctricas -porque hay quien señalaba desde los bancos de la derecha que fíjense lo que ha pasado, que por atacar a las élites estos han castigado a las clases populares-, mirar para otro lado y ceder ante el chantaje de las
eléctricas para que no sigan castigando a las clases populares, o hacerles frente con políticas claras. Nosotros y nosotras, la izquierda soberanista independentista vasca, estamos en esa segunda posición. No vamos tan lejos como pudo ir un
Gobierno de este país hace ya algunos años. Les voy a hablar del 23-F, pero no se me asusten, no voy a hablar del 23-F de 1981, sino del 23 de febrero de 1983. Ese día un decreto de dos artículos, firmado por el que entonces era el rey y ahora es
un viajero y por el entonces presidente del Gobierno, señalaba la expropiación de una empresa porque esta expropiación se debía a causa de utilidad pública o de interés social. Como les digo, no voy tan lejos, pero lo que sí planteamos es que se
acabe ya con el chantaje de las eléctricas, porque alguien señalaba ayer que esto puede hacer caer al Gobierno. Lo que puede hacer caer al Gobierno sin ninguna duda es que se siga dejando a las eléctricas ganar todo el dinero que quieran a costa de
las clases populares, porque fueron las clases populares las que pusieron a este Gobierno y no las eléctricas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Egun on. Buenos días.
Vicepresidenta, este decreto recoge medidas dirigidas a minorar la factura por el lado de los impuestos, de los cargos e incluso de los peajes, pero no por el lado del sistema de fijación de precios, ya que el
sistema marginalista está en manos de Europa. Es un sistema que se creó cuando los costes fijos y variables de las tecnologías eran similares y que hoy debería ser revisado, porque los costes de las actuales tecnologías difieren mucho unos
de otros. En este sentido, hay que reconocer su esfuerzo, vicepresidenta, junto al de otros países para que la Unión Europea se abra a esta posibilidad, aunque sea a largo plazo.
Dicho esto, también nos preocupa la medida referente a la minoración del exceso de retribución asociado al precio del gas, no por la minoración en sí, porque siempre hemos dicho que la transición tiene un coste y que hemos de pagarlo entre
todos -consumidores, sectores económicos e industriales- y ayudar en este proceso a quienes más lo necesitan, sino por la repercusión que esta medida tiene en la industria en un momento en el que está tratando de salir de la crisis derivada de la
pandemia. Es una medida que afecta mayormente a las grandes eléctricas, pero que, tal y como está redactado el actual decreto, también afecta a productores de renovables que se financian con PPA o con coberturas cerradas y que ha tenido que ser
aclarada para que no le afecte esta minoración, una rectificación interpretativa que está recogida con pinzas.
Llevo oyendo varios días con estupor que el debate solo gira en torno a posicionarse con o contra las eléctricas, como si todo lo demás no importarse, olvidándonos de las repercusiones en la industria, olvidándonos de la equidad, porque
estas medidas, aunque positivas, ayudan prácticamente igual a todos los consumidores domésticos con distinta renta e incluso benefician más a quienes tienen un contrato de luz con precio fijo -a los que no les afecta la subida del pool- que a los
del PVPC; no olvidándonos tampoco de la existencia de instrumentos que se utilizan para estabilizar los precios, nos olvidamos que, sin quererlo, se va a encarecer el precio de la industria. El debate va mucho más allá, porque el problema de fondo
sigue estando ahí, que no es otro que el mercado eléctrico, un mercado que no funciona lo bien que debería funcionar. En este sentido, como ayer ya dijo nuestro portavoz, hay que procurar que las empresas que tienen un mix de generación
diversificado, con todo tipo de tecnologías, no jueguen con ellas poniéndolas en marcha o paralizándolas para lograr un mayor beneficio o que incluso, con los ingresos de ese mix, pudiesen acaso modificar los precios de mercado. Dicho sea de paso,
una empresa pública o privada no puede hacer bajar los precios si solo dispone de una tecnología, si es monocultivo.
Entendemos que puede ser razonable querer detraer determinados beneficios por razones de interés general en una situación excepcional, pero creo que, llevados por la necesidad de intentar bajar la factura, no hemos tenido en cuenta la
existencia de toda la tipología de contratos bilaterales o PPA que utiliza la industria para tener un precio competitivo y estable. Hemos supuesto, además, que todas las generadoras y comercializadoras reciben el precio del pool, cuando esto no es
así, porque no toda la energía vendida se referencia al precio de mercado mayorista. Si esta medida no se modula o no se corrige, lo que se va a producir -y de hecho se está produciendo- es el efecto contrario a lo que se pretende, que ese coste
adicional para las grandes se repercuta a las empresas, a la industria, que tienen firmados precios estables y sea peor el remedio que la enfermedad. No se trata de ceder y que no haya minoración, sino de modular, de corregir la medida para no
perjudicar a quienes ya tienen un precio fijo a través de un PPA.
Tampoco es aceptable que las eléctricas pretendan utilizar a las empresas para defender intereses propios, pero la realidad es tozuda y todas y todos creo que somos conscientes de que es a las empresas a las que finalmente se les va
repercutir esa minoración planteada, además en un contexto en el que tenemos una economía frágil, recuperándose de una pandemia, y con unas empresas además con unos márgenes aún muy ajustados. Si a esto le unimos la crisis de suministros, les vamos
a acabar de rematar. Ya tenemos los primeros avisos: paralización de la producción de Sidenor en Euskadi. ¿Es esto lo que queremos conseguir? ¿Queremos poner en riesgo a la industria? Esta medida puede servir en el corto plazo para reducir los
cargos de la factura, pero puede ser pan para hoy y hambre para mañana, porque el mercado eléctrico es el mismo, son las mismas reglas de fijación de precios, un sistema marginalista, donde el precio de equilibrio lo seguirán marcando los costes de
oportunidad de la generación. Ahora bien, si el problema es el ejercicio de poder de mercado por parte de las grandes, tomemos medidas en este sentido, hagamos que el mercado a plazo tenga mayor liquidez, se negocie mayor volumen, de tal manera que
puedan acceder todas las comercializadoras a él, se puedan cerrar posiciones dando lugar a mucha mayor competencia y una construcción de precios cierta, porque lo que está claro es que las grandes empresas, al realizar las coberturas de precio entre
ellas, no tienen incentivos para acudir a estos mercados. En este sentido, desde luego valoramos que el decreto plantee el fomento de la contratación a plazo mediante subastas. Y mientras no haya un rediseño del sistema marginalista, se debería
fomentar
también el mercado de contratos a plazos, PPA, de forma más transparente, físicos, financieros, para conseguir una estabilidad en los precios, así como para desarrollar también los mecanismos de capacidad.
Somos conscientes de lo que implica este decreto en positivo, sobre todo a nivel de consumidores domésticos. No tenemos dudas de que va a salir adelante, pero mi grupo entiende que no podemos permitirnos ningún sobresalto con la industria.
Lo fácil sería hacer un discurso en blanco y negro -lo acabamos de oír-, sin matices y votar sin preocuparse de las consecuencias concretas. No es nuestro estilo. Hay que proteger a los consumidores, pero también a la industria porque es
imprescindible si queremos garantizar la recuperación económica, la inversión y el empleo. Si algo nos ha enseñado la pandemia es la necesidad de una industria fuerte y resiliente. No podemos permitirnos decisiones que lastren aún más su
competitividad y, desde luego, que amenacen su viabilidad. Aunque ya sabemos también que si vienen mal dadas, algunos se pondrán delante de las empresas con las pancartas. Esto no va simplemente de una minoración de algunos beneficios a las
eléctricas o a una empresa pública, o de que bajando los impuestos o pasando los cargos a los Presupuestos Generales del Estado se vayan a solucionar de un plumazo los altos precios y se resuelvan los problemas del mercado eléctrico. ¡Ojalá fuese
así! Pero no lo es. Este shock energético nos ha demostrado que no hay soluciones fáciles a problemas complejos, y mucho menos en el mercado eléctrico, y ha evidenciado la necesidad de que todos entendamos muy bien el funcionamiento de los mercados
energéticos para llevar a cabo cualquier tipo de reforma. Por eso, entendemos que en el caso que nos ocupa y dado que el Gobierno ha abierto la posibilidad de aclaración, modulación o corrección de este decreto, esa corrección debe venir de la mano
del diálogo y el acuerdo entre Gobierno y empresas afectadas: cuánto minorar, a quién minorar, cómo repartir la minoración entre los consumidores más vulnerables, etcétera. Este es el camino y en él, ministra, desde luego podrá contar con nuestra
colaboración. Por todas estas razones, nos abstendremos en la convalidación del decreto y votaremos no a su tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
El problema de la subida continuada de precios de la energía eléctrica hace semanas que se ha convertido en un problema de Estado y a estas alturas, ministra, deberían reconocerlo. Es un problema que afecta a todos los españoles, a todos, a
familias, a autónomos, a pymes, a industrias, a explotaciones agrícolas y ganaderas, a todos. Hoy llega al Congreso el Real Decreto-ley 17/2021, un real decreto que no le gusta ni al propio Gobierno, que ha tenido que ir reculando a medida que las
críticas iban llegando. Lo que ocurre es que el Gobierno no es capaz de dar una marcha atrás efectiva y reconocer que no lo ha hecho bien una vez más. Hoy el precio megavatio/hora estará en 215,63 euros, siendo este el quinto precio más alto de la
historia, ¡el quinto precio más alto de la historia! Pagamos hoy un 487 % más que el mismo día del año pasado. Si tan bueno es este real decreto, si era un real decreto para tomar medidas inmediatas que redujeran la factura, ¿cómo es que todavía no
podemos ver los supuestos efectos positivos en nuestra factura? Digo yo que, después de varias semanas en vigor, ya deberíamos haber visto una bajada significativa en nuestra factura y el efecto de esta medida es pagar hoy un 487 % más que el mismo
día del año pasado. Siento decirle que este real decreto es un fracaso desde el inicio.
En Ciudadanos hace semanas que propusimos la creación urgente de una mesa de Estado por la energía, para conseguir llegar a un pacto de Estado por la energía, donde todos los actores tengan algo que decir y puedan hacerlo allí, donde los
partidos políticos podamos también proponer iniciativas y debatirlas con los sectores más afectados, y donde lleguemos a decisiones consensuadas que permitan a las familias y a las empresas minimizar el impacto de esta creciente subida del precio de
la luz. ¿Cree que es normal que el Gobierno se reúna con las eléctricas el día antes del debate de este real decreto, el día antes de que se vote aquí la convalidación de este real decreto? Bueno, quizás es que hasta que no ha llegado el señor
Carmona a las eléctricas no tenían manera de cerrar una reunión, no lo sé. ¿Qué le han dicho los representantes de la industria de nuestro país? Porque sin la industria no saldremos de la crisis, sin esos empleos no saldremos de esta crisis. Lo
cierto es que, una vez más, vemos cómo el Gobierno supedita el interés de los españoles a su prosperidad y a sus propios intereses políticos para contentar así a sus socios de Unidas Podemos.
Algunas de las medidas que contiene este real decreto son positivas -claro que sí, alguna hay-, pero también nos encontramos con una que crea más problemas que beneficios. El mecanismo de minoración de la retribución introducido en el
título III es poco menos que una intervención injustificada y arbitraria del mercado, difícilmente compatible con la economía de mercado y con la libre competencia. Además, nos parece enormemente preocupante el precedente que esto sienta para que,
en el futuro, el Gobierno pueda decidir a discreción recortar los beneficios de un sector entero. El mecanismo de minoración de la retribución del CO2 no emitido es una herramienta que, a pesar de ser sin duda mejorable -y así lo haremos en la fase
de enmiendas-, tiene cabida en nuestra economía social de mercado en el momento en el que recorta unos beneficios extraordinarios de origen puramente regulatorio, el mercado de los derechos de emisión de CO2, que las empresas no podrían haber
previsto cuando planeaban su inversión. Pero en el caso de este real decreto-ley es completamente distinto -el Gobierno bien lo sabe-, primero porque la minoración de la retribución que propone, a diferencia de la del CO2, se hace basándose en un
criterio totalmente arbitrario, que nada tiene que ver con el con el beneficio regulatorio, sino con el natural incremento de los costes relativos de diferentes tecnologías. A las hidroeléctricas no les afecta el gas y se benefician de su mayor
coste, sí, pero al igual que a una solar no le afecta el coste del material radiactivo o al sector eólico no le afecta la subida de los costes salariales del convenio del carbón.
Si empezamos a minorar retribución por el gas, ¿por qué parar ahí? Lo que parece es que quieren desmontar el sistema marginalista por la puerta de atrás y, en lugar de proponer otro sistema -este debate sería legítimo y, en todo caso,
debería hacerse a nivel europeo-, hacen una chapuza que destruye las ventajas del modelo marginalista y no aporta ninguna ventaja de modelos alternativos. ¿Qué dice la Unión Europea de las medidas que estamos implantando con este real decreto-ley?
Porque fue usted, ministra, la que dijo que tendríamos que implementar medidas que estuvieran dentro del marco que la Unión Europea defiende, y aquí en este caso sabemos que la Unión Europea no quiere ni hablar de esas medidas. Esta medida, en
vigor desde que se aprobó el real decreto-ley en el Consejo de Ministros, ya está teniendo unas consecuencias muy negativas para la industria de nuestro país. Hemos visto cómo ya hay empresas de la industria que han decidido, antes que producir
asumiendo pérdidas, paralizar su producción. Eso conllevará destrucción de empleo. Hemos visto cómo ya hay muchas empresas que lo han hecho, por ejemplo Fertiberia o la industria de la cerámica en Valencia. ¿Sabe el Gobierno de las consecuencias
que puede tener todo esto? Las conocen perfectamente. De hecho, en pocas semanas ya hemos podido conocerlas pero las quieren esconder. Pone en riesgo el empleo de nuestra industria, pone en riesgo su supervivencia, lastra la competitividad de
nuestro país, pone en riesgo las inversiones que puedan llegar a nuestro país no solo en las renovables sino para todo tipo de industria; también pone en riesgo la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de CO2. Sí, ministra, las
pone en riesgo. Si queremos hacer una transición ecológica, hay que tener cuidado con las medidas que se toman. Este real decreto-ley supone un mazazo a las energías renovables, que se supone que intentan impulsar, pero para ellos son daños
colaterales, y a ustedes no les importa.
Este Gobierno lleva meses fomentando la contratación a plazo en el sector y ahora le da un hachazo inasumible precisamente a aquellos que habían suscrito contratos a plazo para reducir precios y volatilidad. Ya se han dado los primeros
casos de centrales eólicas y fotovoltaicas que han tenido que parar la producción y desconectarse de la red en periodos en los que no lo hacían, precisamente por las improvisadas medidas del Gobierno. Y, por si fuera poco, ponen en peligro los
contratos bilaterales de suministros de energía, que daban a nuestras empresas, a nuestra industria -sobre todo a las más consumidoras de electricidad- estabilidad frente a los cambios de precios del mercado.
Entremos de lleno en reformas estructurales, ministra. Si han detectado -y todos lo sabemos- que existen problemas estructurales en el mercado eléctrico, apuesten de verdad con hechos, pero sin que los daños colaterales lleguen hasta las
renovables. Si queremos hacer una transición justa tenemos que tomar medidas justas, tenemos que respetar el libre comercio, debemos dar seguridad jurídica a las...
La señora PRESIDENTA: Señora Martínez, tiene usted que terminar, por favor.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Termino.
... personas que tienen que invertir en nuestro país y ahí estará Ciudadanos, pero no con medidas que lo único que hacen es lastrar nuestra competitividad... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.
Vicepresidenta, ante la cruda realidad de una escalada descontrolada de los precios de la energía eléctrica y de la presión social, el Gobierno se vio obligado a actuar, pero lo hace con medidas paliativas o de contención, porque no parece
dispuesto a enfrentar el problema real: una regulación del sistema eléctrico que está pensada para favorecer los intereses de las grandes empresas y sus cuentas de resultados, en vez de poner la producción de electricidad al servicio del interés
público y del desarrollo económico y social justo. En el mes de junio adoptó unas primeras medidas que, claramente, resultaron ineficaces. Por cierto, el BNG advirtió entonces que nos parece un error suprimir o reducir, siquiera temporalmente, el
impuesto de generación eléctrica. Lo que hay que hacer es impedir que las empresas puedan repercutirlo en la factura, porque si no, somos los consumidores y consumidoras quienes lo estamos pagando y no las empresas.
Es verdad que este decreto-ley va un poco más allá -por algo suscitó la amenaza pública de las grandes eléctricas-, pero no es menos cierto que continúa siendo insuficiente, para empezar, porque se trata de medidas de carácter temporal, como
la intervención del precio del gas, que se prevé regularizar a partir de marzo de 2022. Para cambiar las cosas se necesita determinación y tenemos que decir que, lamentablemente, no la vemos en el Gobierno, todo lo contrario. Nos preocupan sus
últimas declaraciones cuando habla de revisar esta propuesta si Europa toma otras medidas o las de ayer del presidente del Gobierno. La pregunta es si responden a las presiones del oligopolio eléctrico.
En fin, votaremos a favor, pero, como digo, entendemos que hace falta decisión para actuar y para seguir dando pasos hacia delante.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Sabanés. Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.
Desde Más País-Verdes Equo vamos a votar a favor del real decreto y, además, apoyamos que se tramite de forma urgente. Es necesario este decreto de urgencia, pero no podemos retrasar las medidas permanentes y estructurales, que son
absolutamente necesarias. Como hemos repetido muchas veces, a este Gobierno le van a cobrar el mismo peaje por medidas rotundas que amagando medidas, así que más vale hacerlas permanentes, eficaces y con valentía. Porque no es serio que un sector
clave para la seguridad nacional, para la industria y para los consumidores esté en manos de quien está dispuesto a utilizar el chantaje a nuestro país. ¿Y por qué nos chantajean? Porque pueden, señorías, porque pueden; porque a raíz de las
privatizaciones de los años noventa y, especialmente, en sus épocas de Gobierno, les regalaron el patrimonio común, les regalaron el balón, el árbitro y hasta el campo y, lógicamente, ahora creen que pueden dominar y decidir cómo se juega este
partido, y no es posible. Es evidente que ante una situación en la que el precio del gas y de los derechos de emisión están al alza, ellos han mirado por sus beneficios, no por el beneficio común y, si es necesario, tomando como rehenes a la
industria y a las empresas, y esto es lo que no se puede consentir. Las empresas del oligopolio son liberales de pacotilla: intervencionismo, pero a la vez acudiendo a los fondos. Nos están chantajeando a todos, señorías, y no deberíamos
permitirlo en esta Cámara. Nadie debería estar haciéndole el trabajo al oligopolio, porque eso sí es una traición a nuestro país.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sabanés. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gràcies, presidenta.
Ni siquiera ante una crisis de precios de la energía como la que vivimos está justificado que unas medidas urgentes acaben siendo unas medidas improvisadas, que generan inseguridad regulatoria y que vuelven a perjudicar a las renovables,
como nos ha expresado el sector en Cataluña. El real decreto prevé
la minoración de la retribución de las instalaciones que no emiten CO2 -incluyendo las renovables instaladas en la península-, de más de 10 megavatios y que no tengan reconocido un marco retributivo. Esta situación ha generado un gran
desconcierto porque va contra la transición ecológica. Para que los ciudadanos lo entiendan, las renovables se benefician económicamente por no emitir CO2, y eso está bien porque estimula su implementación y las hace más atractivas a los
inversores. El real decreto les limita el beneficio incluso en los casos de contratos de suministros ya firmados como PPA. Ante el desconcierto, el sector pidió al ministerio que emitiera una nota aclaratoria garantizando que el real decreto no
afectaría a las instalaciones de fotovoltaica o eólica. La nota se publicó y despublicó. Desde Junts, si me permiten la ironía, hubiéramos votado a favor de la nota efímera pero nos abstenemos ante un real decreto que, además de castigar a las
renovables, se presenta como poco eficiente para los consumidores a medio plazo y genera también una clara inseguridad regulatoria para las pequeñas comercializadoras en beneficio del oligopolio.
Este real decreto, además, nace desfasado. Se registró dos semanas antes del anuncio de Argelia de que a final de mes deja de exportar gas a España por el viaducto que pasa por Marruecos, el que aporta la cuarta parte del gas que se consume
en España. Por tanto, no tiene en cuenta el nuevo estallido del mercado. Entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre se duplicó el precio del gas previsto para noviembre, cercano ya a los 100 euros megavatio/hora. Días atrás llegó a 150 euros.
Entonces habló Putin para tranquilizar a Europa, prometiendo más gas ruso y el precio bajó un 40 %. Y lo peor es que es posible que el precio vuelva a descender, pero no porque esté solucionado el problema de aprovisionamiento de gas -con Argelia,
en este caso- o porque vuelva a hablar Putin, sino porque caiga la demanda cuando muchas industrias gasointensivas cierren al ver que no pueden pagar a este precio la energía y seguir siendo competitivas.
El real decreto establece una serie de medidas parche que intentan contener, con poco éxito, el precio de la factura. Parten de 70 euros megavatio/hora y estamos ya a más de 200. Winter is coming y, además, vuelve el IVA del 21. Una vez
más, les pedimos que revolucionen el mercado para conseguir una rebaja sostenida. Pongan tope al precio de la nuclear, como Francia; dejen fuera de la subasta del mercado mayorista spot la nuclear y la gran hidráulica, para que no vendan su
electricidad al precio más caro marcado por el ciclo combinado del gas; eliminen las restricciones actuales al autoconsumo y hagan posible que las comunidades energéticas puedan estar a más de 500 metros de distancia de las instalaciones asociadas
a su autoconsumo. La tecnología blockchain y la digitalización hoy en día lo permiten. En una palabra, pongan al consumidor final en el centro del cambio de modelo energético y ayúdenlo a independizarse del oligopolio. Eso sí es un ajuste que
garantiza la transición energética.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Calvo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bon dia, buenos días.
Venía hace un minuto el señor Mariscal -que discursea tan bien como equivocado está- a afearme a mi escaño que les vayamos a votar este real decreto y me preguntaba por qué, y le he dicho que lo contestaría con un chiste, aunque la cosa no
está para chistes. Cuentan de un ministro que tenía un asistente que le preguntó: Ministro, ¿Valladolid se escribe con hache? Y le contestó: Naturalmente. Y el que estaba con él le dice: Pero, ministro, ¿cómo le dices esto? Vicepresidenta,
por ver dónde la pone. (Risas). Son semanas complicadas, muy complicadas. Este verano nos escandalizábamos cuando el precio del megavatio superaba valores... (Aplausos). Es que solo tengo siete minutos, perdonen. Como decía, nos
escandalizábamos cuando el precio del megavatio superaba valores de 100 euros megavatio/hora, pulverizando todo tipo de récords, y aquí estamos, en pleno mes de octubre, alcanzando precios que ya superan con creces los 200 euros el megavatio/hora y
con paradojas de centrales solares parando durante horas, como ya se le ha comentado.
La situación es, evidentemente, preocupante. Los pequeños negocios dedican ya un 30 % de sus costes de producción a pagar la factura de la luz, 3 de cada 10 euros. Miles de familias no saben cómo van a poder pagar una factura de la luz,
tan necesaria para cocinar o calentarse, que se ha multiplicado en cuestión de meses. Porque no podemos ni debemos olvidar, ministra, vicepresidenta, que la electricidad no es un lujo, es un bien básico. Garantizar su acceso a toda la ciudadanía
es una prioridad para cualquier Gobierno que se considere mínimamente progresista. Y, ante esta situación, la impotencia; la impotencia
al ver que ante esta escalada de precios de la luz los beneficios de las eléctricas siguen alcanzando cifras multimillonarias; la impotencia al ver que, ante el aumento de la pobreza energética, las puertas giratorias que conectan la clase
política con las eléctricas siguen funcionando. Sin ir más lejos, el ejemplo de la semana pasada del socialista Carmona a Iberdrola. Nuestro análisis de la situación es el siguiente: los factores coyunturales de los que, evidentemente, por mucho
que uno se empeñe, no se puede culpar al Gobierno, como la escalada del precio del gas, explosionan en un modelo energético caduco, oligopolístico, para el que nunca ha primado proteger el interés general. Estamos, por tanto, ante la tormenta
perfecta.
La solución que propone, de momento sin éxito, Esquerra Republicana para el insostenible incremento de precios de la electricidad pasa por una reforma integral y valiente del mercado eléctrico. Lo hemos defendido en infinidad de ocasiones,
y así se lo hicimos aprobar a ustedes en una enmienda a la Ley de Cambio Climático, que le daba a usted un año de tiempo -y se aprobó en mayo- para la reforma. Hay que acelerar el despliegue de las renovables, hay que impulsar políticas de
eficiencia energética, hay que invertir más recursos para luchar contra la pobreza energética, hay que incrementar de forma clara la competencia en todos los segmentos del mercado eléctrico, separando los negocios de generación, distribución,
transporte y comercialización para acabar con el oligopolio eléctrico. Hay que agilizar medidas que pueden parecer pequeñas, pero que ayudan, sin duda, como por ejemplo no entretener más el reglamento de redes cerradas. Y, claro, ya puestos a
pedir, poner fin de una vez por todas a las puertas giratorias. Esquerra defiende un modelo energético que impulse las energías cien por cien renovables, de kilómetro cero y la democratización del mercado eléctrico. No haberlo hecho a tiempo nos
trae también a la actual situación. Por ello, seguiremos trabajando por una energía democratizada, barata y limpia, porque entendemos que cuanto más democratizada, más barata, y cuanto más barata, más limpia.
Nos preocupa la inseguridad jurídica que las medidas puedan provocar en el sector de las energías renovables, como ya se le ha expresado, y hay varias cuestiones que deben modificarse. Hagan, por favor, bien los cálculos, midan las
consecuencias que generan decisiones precipitadas y no suficientemente rigurosas que, a su vez, producen incrementos de precios para los consumidores, reducción del número de operadores, con lo que se reduce la competencia, y parón en las
inversiones en energías renovables. También nos preocupa que las eléctricas repercutan sus pérdidas en los contratos fijos para los clientes industriales. La industria está sufriendo una grave crisis de aprovisionamiento de materias primas que,
ligado a este descomunal incremento de los precios de la energía, puede producir estragos sin precedentes en el sector. Es vital para la economía que se tomen medidas contundentes que eviten el colapso de una industria que mantiene miles de empleos
de calidad.
Señora ministra, estamos a un paso de la inflación y a dos de la estanflación. Por ello, esperamos que estos aspectos se subsanen en el trámite parlamentario más próximo, en nuestro caso el de la ley de la retribución de CO2. Además, que
la ayuda al tejido productivo no sea a costa del resto de los consumidores; apórteles las ayudas necesarias y compatibles con las ayudas del Estado, como su windfall profit por mayor recaudación impositiva de las subastas de CO2. Nadie en su sano
juicio, señoría, invertirá en placas con los actuales precios.
La señora PRESIDENTA: Señor Capdevila, tiene usted que terminar.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Aquí dice ocho.
La señora PRESIDENTA: Se ha pasado ocho, sí; quince en estos momentos.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: ¡Qué pena! (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capdevila. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Echenique Robba.
El señor ECHENIQUE ROBBA: Gracias, presidenta.
Vicepresidenta Ribera, señorías, el real decreto que hoy sometemos a la aprobación de esta Cámara es muy importante; me atrevería a decir que es histórico. Para que vean que no estoy exagerando, me gustaría empezar por una anécdota
histórica. Cuenta nada menos que Miguel Ángel Fernández Ordóñez que, allá por los comienzos de la Transición, se reúne un buen día el Consejo de Ministros de Adolfo Suárez para estudiar el plan energético que debía aprobar el Gobierno. De repente,
un ministro advierte
que a los autores del documento, a los autores del plan, se les había olvidado quitar el logotipo -el logotipo de Unesa, el lobby del oligopolio eléctrico que ahora se llama Aelec-. No cuenta Fernández Ordóñez qué pasó después, pero todos
lo podemos imaginar: simplemente quitaron el logotipo, que hubiera quedado muy feo en el BOE, y aprobaron el plan tal cual lo habían redactado las eléctricas. El problema es que esta anécdota no es en realidad una anécdota, sino todo lo contrario,
porque es evidente que este mismo funcionamiento se ha repetido a lo largo de toda nuestra democracia. Con las puertas giratorias echando humo entre los consejos de ministros y el oligopolio, habría que ser muy inocente para no ver también el
logotipo de Unesa en la mal llamada liberalización del mercado eléctrico, en la privatización de Endesa, en el robo a manos llenas del proyecto Castor o en el impuesto al sol del PP. Por eso, este real decreto-ley es histórico, porque es, muy
posiblemente, uno de los primeros de la democracia, y sin duda el más valiente, que no lleva el logotipo del oligopolio eléctrico. Basta ver las declaraciones rabiosas del presidente de Iberdrola, del señor Sánchez Galán, para comprender que esto
que digo es cierto. Este real decreto no lleva el logotipo del oligopolio, y yo se lo quiero reconocer, vicepresidenta Ribera. Yo creo que no es casualidad que la primera vez que esto pasa sea con el primer Gobierno de coalición; creo que no es
casualidad. También pienso que es obvio que las medidas que se han adoptado son muy parecidas a las que proponía mi formación política y se nos dijo que eran imposibles por, supuestamente, contravenir la legislación europea. Pero bien está lo que
bien acaba, y yo le quiero reconocer que este real decreto-ley contiene medidas valientes. La más importante, a nuestro juicio, es una reducción drástica de los beneficios caídos del cielo. Para que la gente nos entienda: el actual diseño del
mercado eléctrico, el llamado marginalista por los expertos, es bastante parecido a una estafa. En este mercado las diferentes centrales van ofreciendo energía a diferentes precios para cubrir la demanda del país, y el truco está en que al final
todas las centrales reciben el precio de la más cara, independientemente de su coste de producción. Por ejemplo, si producir un megavatio/hora hidroeléctrico cuesta entre 3 y 8 euros, cuando el megavatio/hora de las centrales de gas esta en 200
euros, las centrales hidroeléctricas reciben una sobrerretribución de más del 2500 %. Más del 2500 %. Esto es lo que se llama beneficios caídos del cielo, por razones obvias, y es muy parecido a robar. Pues bien, en este real decreto-ley del
Gobierno de coalición se retira el 90 % de esos beneficios caídos del cielo de las eléctricas y se destina todo ese recorte a bajar la factura de la luz.
¿Hay que tomar medidas adicionales? Nosotros pensamos que se debería hacer una auditoría de costes, porque el oligopolio es muy opaco. También defendemos que España debe tener una empresa pública de energía. Por supuesto, hay que proteger
a las familias más humildes, mejorando el bono social, hay que estar muy atentos a la evolución de la factura por si hubiera que tomar más medidas y, sobre todo, pensamos que la reducción de los beneficios caídos del cielo que se adopta en este real
decreto-ley no debe ser coyuntural, sino que debe ser permanente. Pero quiero ser muy claro, este real decreto-ley es valiente y es un real decreto-ley que tenemos que defender. Por eso quiero acabar pidiéndole, vicepresidenta Rivera, que no ceda
a las presiones del oligopolio, sean estas directas o por partidos interpuestos, que no ceda a los chantajes. Yo no sé qué habrá hablado usted con el señor Sánchez Galán ayer. Supongo que no será fácil hablar con un tipo que contrata a Villarejo
para sus asuntos turbios y que gana un millón de euros al mes; supongo que un tipo así está acostumbrado a dar órdenes. Lo que sí sé es que detrás del Gobierno de coalición hay casi diez millones de españoles y a nosotros solamente nos da órdenes
la gente mediante el voto. (Aplausos). Por eso, desde aquí, desde la sede de la soberanía popular, quiero decirle al señor Sánchez Galán y a cualquiera que quiera escucharme que, mientras los escaños de Unidas Podemos sean decisivos, nunca más un
real decreto-ley del Gobierno de España va a llevar el logotipo del oligopolio eléctrico.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Echenique.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna utilizada por el señor Echenique Robba).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias señora presidenta.
La seguridad jurídica va a ser el hilo conductor, más o menos, de esta intervención, porque la seguridad jurídica es un elemento esencial en toda sociedad, sobre todo en las sociedades occidentales, que básicamente vivimos no de nuestros
recursos naturales y demás, sino de la seguridad jurídica que nuestros mercados proveen. La seguridad jurídica se ve muy vulnerada por muchísimas acciones de los políticos, entre otras, este real decreto, pero también por otras acciones; por
ejemplo, cuando un político
que está condenado por sentencia firme con inhabilitación para el sufragio pasivo se mantiene atornillado a su escaño y no lo abandona. (Aplausos). Eso subvierte la seguridad jurídica de España, porque parece que las sentencias judiciales
no afectan al Poder Legislativo; esto subvierte la seguridad jurídica, como otras cuestiones, como este real decreto.
Antes de entrar en la cuestión, es importante que todos comprendamos cómo funciona el mercado energético español, que es un mercado muy complejo, es un mercado que ha ido cambiando durante mucho tiempo. Básicamente, se retribuye a todos los
productores y oferentes de energía conforme el precio del último kilovatio que entra en la subasta que se produce, que es el kilovatio más caro; es decir, todas las energías producidas con tecnologías más baratas reciben la remuneración de la más
cara. Parece que el señor Echenique, pese a tener estudios en ciencias físicas, no comprende muy bien el mercado, pero esto en su momento tenía muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque era una forma de incentivar la eficiencia del sistema energético.
Si conseguimos que todas las energías sean lo más baratas posible para que traten de obtener el máximo beneficio, cada vez el sistema será más eficiente. Eso tenía su sentido, pero el sistema ha ido cambiando y es evidente que nos ha metido en una
especie de ratonera de la cual es muy difícil salir. Es un sistema que ha venido impuesto a España; ha venido impuesto por la Comisión Europea, por cierto, por esos mandarines a los que nadie ha elegido, a los que nadie ha votado y a los que,
muchísimo menos, nadie de aquí puede controlar. Esos son quienes nos han impuesto ese sistema, y el Gobierno, en vez de defender a España, en vez de defender los intereses de los españoles, en definitiva, lo que hace es plegarse, ser sumiso ante
estos mandarines.
Este sistema tiene otro aspecto positivo, que es la posibilidad de crear contratos a largo plazo. Como hay energías que obtienen una retribución muy por encima del coste, pueden permitirse vender a largo plazo a precios más bajos de lo que
sería el precio de venta. Estos contratos a largo plazo se van a ver rotos, básicamente, por este real decreto que ustedes quieren aprobar. Señor Baldoví -veo que no está aquí-, la comunidad de regantes de Valencia, por ejemplo, se va a ver
especialmente afectada. Nuestros agricultores se van a ver afectados por este real decreto, se van a ver perjudicados.
Es importante que comprendamos que, dentro este mercado marginalista, esa última tecnología que entra, esa que fija el precio, hoy en día es el gas. La energía eléctrica generada por gas representa aproximadamente un 13 % de la energía que
se consume en España, y es esta la que fija el precio, repito, esta es la que fija el precio, que es el más alto. Y nos preguntaremos: ¿Por qué llega el gas a tener estos precios tan elevados? Es relativamente sencillo: porque el gas está
internacionalmente en los precios más altos de su historia. Esto se produce por varios motivos. El gas que llega por gaseoducto a España viene de Argelia y Marruecos, países con los cuales mantenemos, lamentablemente, unas relaciones diplomáticas
nefastas, por su culpa, señora ministra. Esto encarece el gas; esto encarece la energía de todos los españoles. Votantes socialistas, por favor, acudan a sus representantes a pedir explicaciones. (Aplausos).
¿Por qué más está la energía eléctrica en estos precios tan elevados? Por los costes del CO2. Señora ministra, en una proporción altísima, el coste de la energía producida con gas viene derivado del coste del CO2. Es la Comisión Europea
la que decide cuánto CO2 puede emitir España, y ustedes, señores del Gobierno, en lugar de asignar ese CO2 a quienes realmente necesitan utilizarlo en sus insumos para la producción de energía, lo sacan a subasta, lo sacan a una subasta surrealista
en la cual todos los especuladores del mercado pueden optar a comprar CO2. Señora ministra, ustedes han construido -y ustedes, señores del PP, igual, porque han colaborado en la creación de esta ratonera que tiene atrapada a España- un sistema en
el que, básicamente, los especuladores son quienes determinan el precio del CO2 y quienes a su vez determinan el precio de la luz que acaban pagando los españoles. Y de nuevo ustedes, señor ministra, en lugar de protestar en Europa, en lugar de
decir que España necesita más derechos de emisión o que España necesita asignar los derechos de emisión o que tenemos que facilitar el mecanismo para los derechos de emisión, son más climáticos que nadie, más de la religión climática que nadie, más
dogmáticos que nadie. ¿Y quién paga esa factura? Los consumidores españoles de energía (aplausos), que, casualmente, tienen una identidad absoluta con los obligados tributarios, porque todo el mundo en España está obligado por narices a consumir
energía eléctrica.
Hablan ustedes, habla el señor Echenique del oligopolio. Es evidente que las eléctricas no son ningunos angelitos -desde luego, son tiburones que están metidos en esta pecera y que si pueden comerse al pez pequeño, se lo comen-, pero quien
más beneficios está sacando de todo este sistema, de toda esta ratonera, es el Gobierno. (Aplausos). Señora ministra, es que el Gobierno recaudó en el año 2020 unos 9000 millones de euros en impuestos por el sistema eléctrico, mientras que las
eléctricas obtuvieron un beneficio de unos 6000 millones. ¡Es que el Gobierno obtiene más beneficio que las
eléctricas de todo esto! El Gobierno con sus impuestos, que ustedes de un plumazo podrían eliminar. Tenemos ya dos costes administrativos que usted, señora ministra, podría decidir eliminar, que son CO2 e impuestos, y ustedes prefieren
quedarse cruzados de brazos.
La situación concreta es que ustedes lo que pretenden es crear una nueva tasa, un nuevo concepto tributario -llámelo como quiera- que básicamente va a cobrar a aquellos productores de energía que no consumen gas la parte proporcional que
habrían tenido que pagar si hubiesen consumido gas. Entonces, ustedes cobran impuestos, cobran derechos de emisión de CO2 y ahora vienen y cobran a aquellos productores de energía que no consumen gas. (Aplausos). ¡Es que ustedes han cuadrado el
círculo! El sadismo fiscal en el que ustedes están metidos es superlativo. (Aplausos).
Viene usted y plantea esta norma en forma de real decreto-ley, como si hubiera una extraordinaria y urgente necesidad. Señora ministra, esto lo veíamos venir ya en enero. Con la tormenta Filomena llegamos a precios récord de la luz y del
gas, y usted se quedó cruzada de brazos. Le han recordado que la Ley de cambio climático les obliga a modificar el sistema eléctrico desde mayo, ¡desde mayo!, y ustedes siguen cruzados de brazos. Eso sí, sus compañeros del Partido Socialista ya
están en la vicepresidencia de Iberdrola, y así seguirán las puertas giratorias; un exdiputado de la Junta de Andalucía de Podemos ya está metido en el Consejo de Administración de Navantia, etcétera. Al final, los beneficiados aquí son los
políticos, no los ciudadanos, y esa es la inseguridad jurídica. Igual que el señor Rodríguez sentado en su escaño, este real decreto-ley colabora con la inseguridad jurídica en España (aplausos) y perjudica a todos los españoles, a todos, no solo a
las eléctricas, sino sobre todo a los consumidores.
La señora PRESIDENTA: Señor Figaredo, tiene usted que terminar.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-Algunos señores diputados: ¡Bravo! ¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Figaredo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García Chavarría.
La señora GARCÍA CHAVARRÍA: Moitas grazas, señora presidenta. Bo día, señorías; bo día, señora vicepresidenta.
Señorías, hoy convalidamos el Real Decreto-ley 17/2021, por el que el Gobierno establece medidas para mitigar los efectos de la subida del precio de la electricidad en el bolsillo de todos los consumidores. Este Gobierno no podía quedarse
impasible ante un problema que amenaza con hacer mella en las economías familiares, muy especialmente en aquellas que atraviesan mayores dificultades.
Señorías, realmente hoy aquí debatimos si queremos que al final de este año los consumidores hayan pagado por la factura de su electricidad lo mismo que en 2018, es decir, si queremos que el impacto de los precios de la electricidad en los
bolsillos de la ciudadanía sea el mismo o no que en el año 2018. Creo sinceramente que ese objetivo debería ser compartido por todos los grupos representados en esta Cámara.
Debatimos también poner coto a ciertas malas prácticas que hemos venido observando por parte de algunas eléctricas, como el escandaloso vaciado de los pantanos para generar energía barata, como ha ocurrido en mi tierra, en Galicia, por
cierto, ante la pasividad total del Gobierno del señor Feijóo. De esta forma, las empresas llevan a cabo una intervención en el mercado que incrementa sus beneficios, al pagarse por esa energía más barata el mismo precio que por las energías más
caras. Y me van a permitir, señorías del Partido Popular, que les haga una pregunta: ¿Creen ustedes que actuar para evitar esa interferencia en el mercado no supone realmente una defensa del libre mercado, ese en el que ustedes creen?
Este real decreto no es una medida puntual, es parte de la valiente y decidida estrategia de este Gobierno para repartir los esfuerzos de la factura eléctrica y conseguir rebajarla hasta un 30 %. No se preocupe usted, señor Mariscal,
nuestras reservas de gas no corren peligro. No desinformen, señor Mariscal, que les gusta mucho a ustedes alarmar y desinformar. Para su información, he de decirles también que estamos tramitando la interconexión del golfo de Vizcaya, y ya hay un
acuerdo con Francia para acercarnos a ese 15 % del objetivo europeo. (Aplausos).
Este Congreso tendrá que manifestarse también en los próximos meses sobre el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y sobre el proyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido, pero la subida
del precio de la energía, que, por cierto, como muy bien saben, es un fenómeno compartido en toda Europa, necesita de un plan de choque urgente e inmediato. Por tanto, hoy votamos si continúan en vigor las medidas de urgencia, que incluyen, entre
otras, la bajada del impuesto especial eléctrico, la suspensión hasta 2022 del impuesto sobre producción eléctrica y la rebaja del IVA hasta final de año al 10 %, siempre que el precio del megavatio/hora supere, como saben, los 45 euros. Y algo muy
importante, estamos aquí para crear la figura del suministro mínimo vital, para que las familias que están atravesando apuros económicos no vean su suministro cortado por impago durante seis meses más. En definitiva, es una garantía de suministro
para las personas en situación más vulnerable.
Este real decreto-ley incluye además la devolución de parte de los beneficios extraordinarios que las eléctricas obtienen de repercutir unos costes que realmente no soportan; serán 2600 millones de euros que se dedicarán a reducir la
factura de los consumidores.
Señorías, especialmente señorías de la derecha, como decía la vicepresidenta, momentos excepcionales requieren medidas excepcionales. Díganme ustedes de qué lado van a estar. ¿Van a estar o a continuar al lado de las grandes compañías
eléctricas o se van a posicionar ustedes por fin al lado de las familias y de las pequeñas y medianas empresas? Se lo pregunto porque hasta ahora, cuando han tenido ustedes que posicionarse, lo han hecho siempre del lado de las eléctricas, pero
hoy, aquí, por fin tienen ocasión, si quieren, de rectificar. Si votan en contra, estarán una vez más del lado equivocado, estarán una vez más en contra de las personas, de la gente de este país y, por tanto, estarán otra vez en contra de España.
Se acercan meses duros en lo que a consumo energético se refiere. ¿Qué van a hacer ustedes? Díganme. ¿Van a ponerse del lado de los ciudadanos de este país o van a seguir la senda de VOX y van a acabar también negando hasta la Agenda 2030?
(Protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora GARCÍA CHAVARRÍA: Sinceramente, señorías de VOX -tranquilos-, aquí no esperamos nada de ustedes; ustedes solo están para la demagogia y para el patriotismo de pacotilla (aplausos), un patriotismo manipulado y de postín. Miren,
como decía Miguel Azaña, nadie tiene derecho a monopolizar el patriotismo ni a decir que sus soluciones son las mejores porque son patrióticas, porque se necesita que además de patrióticas sean acertadas, y ustedes, en su caso, no son acertados ni
en su patriotismo ni en sus soluciones. (Aplausos). Así que a ustedes no les pido nada, pero, señorías del Partido Popular, ¿me permiten un consejo? Distánciense, distánciense ustedes de estas ideas antisistema. Soy consciente de que cuando les
tocó gobernar a ustedes llevaron a cabo la reforma eléctrica, esa que es culpable en buena parte de la situación que hoy atravesamos. Les recuerdo que fueron ustedes quienes aprobaron fuertes recortes a las renovables, subieron el recibo de la luz,
elevaron impuestos y crearon otros nuevos, como el impuesto al sol. El impuesto al sol lo crearon ustedes, señorías del Partido Popular, y fueron ustedes quienes privatizaron Endesa. (Aplausos). Los Gobiernos socialistas mantuvieron participación
pública en Endesa, fueron ustedes quienes la privatizaron y fueron ustedes también quienes rechazaron hacer frente a la pobreza energética, que ya amenazaba en el año 2012 a muchas familias que atravesaban dificultades. Fíjense, precisamente esa es
una de las medidas que hoy vamos a votar. Así que ahora tienen, como digo, la ocasión de enmendarse y de paso visualizarse como lo que su competidor por la derecha jamás será: un partido de Estado. Dejen de lado la confrontación y los argumentos
torticeros y, sobre todo, dejen de hablar mal de España, por favor, dejen de desinformar a los españoles.
Termino ya, presidenta, agradeciendo a la señora vicepresidenta su valentía y su compromiso proponiendo estas medidas y diciéndole que cuenta con todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración en la absoluta seguridad de que este Gobierno y
este grupo parlamentario no se van a poner de perfil a la hora de defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Después de este real decreto vendrán más medidas destinadas a cumplir con nuestra obligación para con todos, que
no es otra que poner nuestro trabajo y esfuerzo a su servicio.
La señora PRESIDENTA: Señora García, tiene usted que terminar, por favor.
La señora GARCÍA CHAVARRÍA: Nada máis. Moitas grazas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- REAL DECRETO-LEY 18/2021, DE 28 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO, LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO. (Número de expediente 130/000058).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del
mercado de trabajo.
Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Gracias. Buenos días.
Comparezco ante ustedes para exponer el contenido y el alcance del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, que constituye una nueva prórroga del mecanismo excepcional de los ERTE articulado por este Gobierno durante la pandemia. Es,
señorías, como saben, el sexto acuerdo social en defensa del empleo, suscrito mano a mano con los agentes sociales de nuestro país y la expresión de una voluntad de diálogo y de encuentro que no es circunstancial, sino que se proyecta en todas y
cada una de nuestras decisiones. No hace falta que les recuerde la excepcionalidad y la urgencia que concurren en esta norma, tampoco el hecho de que la protección que desplegaron los ERTE en la fase aguda de la pandemia sigue siendo necesaria para
seguir amparando a empresas y a personas trabajadoras en ciertos sectores y actividades, tal y como han hecho hasta hoy.
Déjenme que les recuerde algunas cifras que, creo sinceramente, son muy elocuentes. Los ERTE, determinantes en la rápida e intensa recuperación de la actividad y del empleo, han propiciado la recuperación más rápida de nuestra historia.
Frente a los diez años y once meses de la crisis financiera, esta vez en quince meses hemos vuelto a niveles de afiliación a la Seguridad Social previos a la crisis. Los ERTE han descartado el empleo como variable de ajuste, han evitado los
despidos, los cierres empresariales y los daños permanentes en el tejido productivo. Por eso ahora la recuperación es más rápida.
En línea con la respuesta europea, hemos optado por un mecanismo de flexibilidad interna pactado entre las empresas y los sindicatos. En el momento más duro de la crisis, en la fase del confinamiento, los ERTE protegieron a más de 550 000
empresas y a 3 617 000 trabajadores y trabajadoras, un esfuerzo compartido de los sindicatos, de las empresas, de las personas trabajadoras, del Gobierno y de este país. En abril de 2020 el 24 % de las personas asalariadas estuvieron amparadas por
un ERTE, uno de cada cuatro. Hoy apenas llega al 1 %. Esta es la medida del éxito de los ERTE. Solo quedan 230 000 personas reguladas, de las que un tercio tienen una suspensión parcial, esto es, están trabajando una parte de su jornada. En este
año y medio casi tres millones y medio de personas han vuelto a su trabajo y lo han hecho manteniendo todos sus derechos. Las que siguen en ERTE son personas que trabajan en actividades muy localizadas, concentradas en el turismo, en hoteles,
transporte aéreo o agencias de viaje, que, como saben, todavía no han recuperado la plena normalidad. Proteger a las personas no solo es una cuestión de justicia social, también hemos demostrado que es la forma más eficiente de enfrentarnos a una
crisis. La evidencia de estos datos que he expuesto, señorías, nos demuestra que el sistema de los ERTE ha funcionado, que tiene el aval de la realidad, de la misma forma que otra medida, como la subida del salario mínimo interprofesional, ha sido
validada esta misma semana por el nobel de Economía, demostrando científicamente que tal incremento no se traduce en más desempleo.
La protección desplegada por este real decreto tiene en cuenta todas estas cifras y evidencias y adquiere además un nuevo rostro, lejos ya de una emergencia sanitaria que, con gran esfuerzo colectivo, estamos dejando atrás. Los ERTE que
aquí se definen son unos ERTE de nueva generación, un puente que anticipa esa respuesta estructural y sólida a la que nos hemos comprometido con Europa, en la que la formación adquirirá un papel decisivo y transformador. Estamos a la vez poniendo
los cimientos de un nuevo modelo empresarial y laboral que nos empuja ya en la salida de la crisis, pero que también nos legará un contexto socioeconómico más saludable, más respetuoso con los derechos de las personas trabajadoras. La prueba de que
sin recortes ni austeridad fuimos capaces de crecer de manera eficiente.
Las normas se componen de preceptos objetivos, esta también, pero hay un elemento argumental, intangible y valioso que subyace a todo este articulado: la tranquilidad, la certeza, la respuesta eficaz que nace del diálogo social para llegar
a cada hogar, a cada familia, a cada empresa, a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país. No hubiera sido posible sin el concurso de los agentes sociales, como
tantas veces he referido ya, y no hubiera sido posible sin los grupos que han entendido estas medidas y han acompañado al Gobierno siempre en esta Cámara. Una vez más, como digo, les quiero agradecer a ustedes la altura de miras y su
implicación en la búsqueda de soluciones colectivas. Esa misma preocupación, ese afán de dar tranquilidad y certezas es lo que nos ha urgido en este real decreto a articular medidas de protección para las personas trabajadoras, para las empresas,
para las personas autónomas, también para las de la isla de La Palma, afectadas por la emergencia provocada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, pero también para el conjunto del archipiélago canario, conscientes como somos de su singularidad
económica y laboral.
Paso a detallarles de manera somera las principales características de este real decreto. El Real Decreto-ley 18/2021 mantiene la centralidad de los ERTE como sistema prioritario de cobertura hasta el 28 de febrero del próximo año. Es un
plazo que redunda en esa tranquilidad de la que les vengo hablando y que nos deja ya a las puertas del periodo vacacional de Semana Santa, hito anual, como saben, de reactivación de la actividad turística en nuestro país y, de forma paralela, de la
actividad económica y del empleo. Se establece el 31 de octubre como fecha puente de transición para los ERTE que eran hasta ahora de renovación automática. Las empresas tendrán, por tanto, el plazo de este mes para superar aquellos ERTE de
emergencia nacidos del inicial Real Decreto-ley 8/2020 y sumarse a esta nueva modalidad que sitúa la formación como mecanismo prioritario de la sostenibilidad en el empleo. Los ERTE de impedimento y de limitación se mantendrán vinculados a la
fuerza mayor, con similar alcance al que tenían en los reales decretos anteriores, y se mantiene además la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno de limitación y viceversa.
Quiero detenerme especialmente en el cariz formativo de esta nueva generación de ERTE, que se alinea con la legislación de aquellos países que apoyan a las empresas desde dentro, desde su propia capacidad, para crear confianza y también
estabilidad. Esta formación eficiente y con dimensión de futuro es la piedra angular del presente real decreto-ley, porque es la pasarela de acceso a unas exoneraciones de la Seguridad Social que distinguen y reconocen ese compromiso empresarial.
Así, el Real Decreto-ley 18/2021 ha establecido mecanismos de incentivación de la formación por parte de las empresas. Lo hace, fundamentalmente, aumentando de modo importante el crédito para formación, estableciendo una cuantía sensiblemente mayor
para las pequeñas empresas, que son las que tradicionalmente más alejadas han estado de este mecanismo. Las exoneraciones están diseñadas, en definitiva, para incentivar la formación sin penalizar a las pequeñas empresas e intentando atraerlas a un
sistema que hasta ahora no ha frecuentado. Somos sensibles con esa realidad y somos conscientes de la necesidad de integrar a esas pequeñas empresas, que constituyen la base de la economía española, en las dinámicas formativas que se están
generando. La formación que permite incrementar las exoneraciones es pues, como saben, tanto la bonificada como la subvencionada. Y les anuncio que sobre esta última el Gobierno hará en las próximas semanas convocatorias especialmente dirigidas a
las personas trabajadoras en ERTE.
Este real decreto mantiene los ya conocidos límites y condiciones que se relacionan con la responsabilidad social de las empresas. Son límites y condiciones consecuentes con la alta inversión pública que supone la aplicación de los ERTE y
que obligan, como saben, al mantenimiento del empleo, establecen la prohibición del reparto de dividendos, configuran la necesidad de transparencia fiscal, determinan la imposibilidad de realizar horas extraordinarias, impiden la práctica de
externalizaciones o nuevas contrataciones ante idénticas categorías profesionales a las existentes en las empresas.
De especial relevancia es la prórroga del denominado popularmente como 'contador a cero' que se extiende durante todo el año 2022. Las personas trabajadoras que reciban prestación durante un ERTE podrán mantener intacto lo acumulado en su
prestación por desempleo durante todo el año próximo. Eso es también propiciar la tranquilidad y las certezas. Se mantiene, asimismo, la garantía del 70 % de la base reguladora; es decir, no estamos aplicando la legislación precedente diseñada
por el Partido Popular. Son medidas que han resultado esenciales durante la pandemia y que se implican ahora en la nueva fase de recuperación generando esa confianza en el futuro tan necesaria para la vida y para nuestros proyectos.
Con este mismo objetivo se mantienen en el presente real decreto-ley los mismos beneficios en la prestación de cese de actividad de las personas autónomas, que durante la pandemia, como saben, han permitido a los profesionales y a pequeños
empresarios y empresarias la pervivencia de sus proyectos. Establecemos así las adaptaciones necesarias para acompañar de modo efectivo a las personas autónomas en el retorno a su actividad y en la reconfiguración de sus iniciativas empresariales.
Resultaba imprescindible, además, mantener la cobertura especial para las personas fijas discontinuas que desarrollen trabajos fijos periódicos. Es asimismo necesario mantener la cobertura especial por
desempleo de las personas artistas de todo el mundo de la cultura, de aquellas que desarrollan su actividad en las artes escénicas y espectáculos públicos, que se extiende también hasta el próximo 28 de febrero del año 2022. Quisiera
señalar también el compromiso de este Gobierno con la mejora estructural y en dimensión de futuro de las condiciones de vida y de trabajo de estos colectivos. Por ello, como saben, avanza a buen ritmo la elaboración del estatuto del artista y por
ello los fijos discontinuos, con derechos y garantías, serán parte esencial en la modernización de nuestro sistema de relaciones laborales, tal y como se está planteando en la Mesa de Diálogo Social, que, como saben, ayer mantuvo una nueva reunión.
Quisiera también destacar la prórroga del Plan MeCuida hasta el próximo 28 de febrero en el presente real decreto-ley. El mantenimiento de este plan, que refuerza el derecho a la adaptación del trabajo a las personas, tiene un significado
muy especial. Aspiramos a que el cuidado tenga un papel central y estructural en las dinámicas empresariales del futuro, como lo tendrán también los propios ERTE.
Quisiera concluir haciendo referencia especial a las medidas en el presente real decreto-ley que se adoptan para atender a la situación excepcional de las empresas, personas trabajadoras y personas autónomas de La Palma. Se trata de un ERTE
específico que contempla la situación de emergencia provocada por la erupción volcánica de Cumbre Vieja y que valora, además, la singularidad laboral y económica de la comunidad canaria. Acompañaremos a las palmeras y a los palmeros con todo lo que
esté en nuestra mano mientras sea necesario, a pesar de que hay un primer plazo hasta el 28 de febrero. De hecho, ya un total de sesenta y cinco empresas de La Palma se han acogido a estos ERTE específicos, protegiendo en este momento a 514
personas trabajadoras. Somos conscientes del impacto que lamentablemente tendrá esta situación en el conjunto de las empresas, la economía y el trabajo en la isla. Acabamos de aprobar también el Plan de empleo extraordinario para la isla de La
Palma, que asciende a una cuantía de 63 millones de euros. Se trata en su conjunto de una cobertura que se irá adaptando en todo momento y de manera inmediata, como hace el presente real decreto-ley, a la evolución de la situación.
Acabo ya solicitando de sus señorías la convalidación de este real decreto-ley que prorroga los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022 y que sitúa la formación en el epicentro de nuestra respuesta efectiva al proceso de recuperación que ahora
afrontamos como país. Les hablo de una formación a lo largo del ciclo vital, sólida, que se adapta a los cambios y que implica diariamente a las empresas en la respuesta a las crisis y a las transformaciones. Les hablo de apostar por la innovación
científica y técnica, por el saber experto; en definitiva, por la cualificación. Todo ello debe estar entre nuestras prioridades. Les hablo de igualdad social, de reforzar el vínculo de todas las personas trabajadoras, y muy especialmente de
nuestra juventud, con el Estado del bienestar, con medidas como las que incluye este real decreto-ley, cuyo título es claro en sus objetivos: la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. Les hablo, como
les he dicho al principio de mi intervención, de tranquilidad y de certezas, tan necesarias en estos momentos. Les hablo de aquello que nos enseñó Hannah Arendt, el derecho a tener derechos; esto es la democracia. Y les pido que, con su voto,
apoyen este nuevo paso hacia una recuperación que ha de ser justa para que normas como esta sean una palanca decisiva.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.
Se prorrogan una serie de medidas para contener y aliviar la calamidad laboral que la pandemia del coronavirus ha impactado sobre cientos de miles de trabajadores y para sus empresas. El problema no son las medidas en sí mismas, porque de
hecho la convalidación de anteriores normativas se hizo prácticamente sin votos en contra, lo cual demuestra la sensibilidad del Congreso o la altura de miras, que usted decía, ante una situación de emergencia que afecta a cientos de miles de
trabajadores y a sus familias. Sin embargo, uno de los problemas con estas medidas de protección es que, una vez más, en el seno del Consejo de Ministros se las han tenido tiesas para aprobarlas y llevarlas a cabo. Viene al caso recordar que hubo
inexplicables plantones ministeriales ante la celebración de reuniones dentro de lo que se ha dado en llamar el diálogo social, es decir, las conversaciones entre el Ejecutivo y los agentes
sociales para concretar acuerdos en la situación de emergencia laboral extrema derivada de este año y medio de COVID-19.
Señorías, señora vicepresidenta, tiranteces, fricciones y cuitas entre colegas del banco azul para adoptar medidas de protección de trabajadores y empresas no parece que sea el mejor ambiente para afrontar una crisis laboral de primerísima
magnitud, que aun no ha finalizado y que se suma a la precariedad del mercado de trabajo en España, un mercado que tiene sectores de población, como en el caso de los jóvenes, a los que usted se ha referido, con un 40 % de paro -la cifra de
desempleo más alta de toda la Unión Europea-, y que van a tener mayor dificultad, si cabe, para acceder a un empleo estable y dignamente remunerado si se aprueba la reforma de las pensiones tal y como viene planteada, sobre todo en lo que se refiere
a alargar la edad de jubilación y la penalización de la jubilación anticipada. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Voy a respaldar con mi voto a favor las medidas de este real decreto-ley. No tengo la menor duda de que la mayoría del Congreso hará lo mismo, pero sería aconsejable que en el banco azul remasen todos en la misma dirección e hiciesen de la
creación de empleo la gran prioridad de esta legislatura. De momento, la cosa no va bien.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias.
Señora ministra, no es agradable intervenir para convalidar decretos-leyes como este, que trata de prorrogar medidas para proteger a aquellos que están en una situación de extrema gravedad, pero al menos vemos con satisfacción el acuerdo que
hay entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, que siempre es de agradecer, sobre todo en estos tiempos en que parece tan difícil alcanzar acuerdos políticos. Lo cierto es que esta prórroga de los ERTE es una medida obligada; por lo tanto,
le damos la bienvenida. Pero especialmente nos congratulamos de las medidas extraordinarias que se han tomado con la isla de La Palma, con la cual toda solidaridad es poca. Somos conscientes de que estas medidas no son el final. No sabemos cuánto
van a tener que durar, porque ante estos fenómenos geológicos tan impredecibles en su nacimiento y duración no es posible tomar medidas definitivas para recuperar la economía, porque lo personal, por desgracia, ya no tiene remedio. Además, en
general, hablo de todos los palmeros, porque esto afectará a toda la isla y, por desgracia, habrá que esperar a que el fenómeno amaine y roguemos por que no vuelva a producirse en muchos siglos. Por lo menos, en este caso estamos viendo que todas
las instituciones y todos los ciudadanos de todas las regiones españolas están como una piña con los palmeros, con los canarios en general. Siempre he dicho que los canarios son la mejor gente que me he encontrado en la vida. Tuve la suerte de
empezar a trabajar en Canarias y duele que sea precisamente una de las regiones más desfavorecidas desde el punto de vista de la renta.
Volviendo al asunto de los ERTE, además de desear que se acaben cuanto antes para las empresas y los autónomos, hay que esperar que no sean una coartada para que algunos desaprensivos los utilicen en su beneficio, porque eso siempre acaba
perjudicando a todos. Están ya costando mucho dinero y, por lo tanto, es de desear que terminen cuanto antes. Espero que todas las instituciones puedan velar por ello para que así no se produzca. Nosotros vamos a votar a favor de la convalidación
del decreto-ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Nosotros también vamos a votar a favor de este decreto, igual que lo hemos hecho con todos aquellos que han venido con consenso de los agentes sociales. Efectivamente, los ERTE han servido para paliar, amortiguar la destrucción de empleo y
se ha buscado el acuerdo social, que es importantísimo.
Dicho esto, escucho a veces con preocupación algunos discursos por parte del Gobierno de España quizá demasiado optimistas en materia de empleo. Creo que hay que poner las cosas en su sitio. España tiene un 40 % de paro juvenil; repito,
un 40 %. Somos el país con mayor paro juvenil de toda la Unión Europea; 495 000 jóvenes en nuestro país ni estudian ni trabajan. Hoy hay 3,5 millones de parados en
España -esto es un drama- y 2 millones de esos parados son mujeres, y tenemos un Gobierno al que las medidas que se le están ocurriendo es dar un cheque a los jóvenes para que puedan comprar videojuegos, un cheque totalmente chusquero desde
el punto de vista electoral. Los jóvenes no quieren un bono para comprar videojuegos, quieren un sueldo con el que poder comprarse los videojuegos, ir al teatro o hacer lo que les dé la gana. Un trabajo digno es lo que el Gobierno tiene que
ofrecer a los jóvenes.
Y lo mismo pasa con las mujeres. Mire, en el último año, en este país, 27 600 hombres han encontrado empleo mientras que 203 400 mujeres lo han perdido. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué está sirviendo un ministerio como el de Igualdad?
Está claro que no está dando oportunidades a las mujeres en el ámbito laboral, que es para lo que debería estar, entre otras cosas, un ministerio como el de Igualdad. De momento, a las que está colocando es a las condenadas o a las imputadas de
Unidas Podemos. Para eso sí, para eso sí está sirviendo de agencia de colocación. (Aplausos). Porque parece que el lema de Unidas Podemos ahora es 'unidas podemos colocarnos', 'unidas podemos burlarnos del sistema'. Porque ustedes vinieron aquí
a asaltar los cielos, pero se han quedado muy tranquilas cuando han asaltado la poltrona. Evidentemente, no deberían ser el fundamento de las políticas ni los cheques ni las colocaciones, sino un empleo de calidad y unas oportunidades reales para
los jóvenes y para las mujeres, que son los que especialmente están en una situación vulnerable en materia laboral.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias, presidente, señorías.
Señora vicepresidenta, terminaba su intervención solicitándonos el voto a favor de este real decreto. Nosotros vamos a apoyarlo, ya lo hemos hecho con todos los reales decretos. Lo hemos analizado para conocer en mayor medida cuáles eran
las variaciones o actualizaciones que se hacían, fruto de la experiencia de aplicación de los anteriores reales decretos y de la propia evolución del mercado de trabajo en relación con esta fase que estamos atravesando ahora de cierta superación de
la etapa del COVID, y lo vamos a votar a favor porque, en definitiva, mantiene la columna vertebral de lo que fue la apuesta de este Gobierno en relación con el sostenimiento del empleo y el sostenimiento de la capacidad adquisitiva de las personas
y de los y las trabajadoras afectados por el COVID. Es decir, estamos de acuerdo con las exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social, que también habrá que decir aquí que no es muy castrista ni chavista apoyar a las empresas para que tengan
que gastar menos dinero propio porque se les exonera del pago de la Seguridad Social, pero, bueno, nos parece que en cualquier caso puede ser razonable para que puedan mantener el pulso de sus industrias.
Estamos de acuerdo en que no se consuma el periodo de prestación por desempleo -es decir, que este tiempo de excepcionalidad no lleve acarreado o aparejado que se pierda el derecho a la prestación por desempleo para cientos de miles de
personas- y estamos de acuerdo en el pago por parte del Estado de los ERTE. Es decir, que el Estado, con los recursos de todos y todas -ojalá que con un mejor y más eficaz reparto de la riqueza, tampoco se lo voy a negar-, sea capaz de
redistribuirlo para las personas que atraviesan mayores situaciones de dificultad.
Leyendo ya el decreto en cuestión -dado que esto se ha mantenido inalterable como columna vertebral a lo largo de todos los decretos-, hemos visto en la redacción, en la justificación, explicación o memoria -como quieran llamarlo- de este
decreto una frase que muestra un alto nivel de sintonía entre nuestra visión y la que se mantiene ahí, y es la que tiene que ver con aquello que dice, y es literal, que la situación sanitaria, social y económica aún amenaza con dar lugar a
gravísimas consecuencias. Nos parece bien que se introduzca este punto de realismo, porque hay quien cree que aquí lo que nos espera ya es el crecimiento ilimitado y la vuelta a la senda del consumismo desaforado, pero no es menos cierto que las
amenazas están ahí y que la recuperación económica ya amenaza con ser mucho más lenta de lo que seguramente pronosticaban las previsiones del Gobierno, y porque la inflación -antes hemos hablado de las eléctricas; algo podrían contar ellas, con sus
subida de precios, de lo que supone la inflación- también amenaza los bolsillos de la gente y hace que muchas de las ayudas o incrementos que se puedan plantear se queden en un nivel de eficacia mucho menor que el pensado, porque la inflación no
para de crecer y, por tanto, también el coste de la vida.
Pero luego hay algunas otras cuestiones con las que manifestamos dudas o no estamos del todo de acuerdo. Creemos que en estas cuestiones hay que huir del triunfalismo, y lo mismo que antes le he
señalado que la anterior cita nos parece realista y que estamos de acuerdo, no puedo dejar de señalarle que la siguiente cita que le voy a trasladar no concita el mismo nivel de acuerdo que antes he referido. Se dice que se coincide en la
eficacia de las medidas puestas en marcha hasta la fecha para evitar dichos daños. Que se han evitado daños es incuestionable, pero que se han evitado todos los daños o dichos daños no es cierto. Es decir, hay gente que lo estaba pasando mal y hay
gente que ahora lo está pasando peor, y no es una percepción particular carente de cualquier rigor o análisis sociológico, es que lo dice el último informe de Cáritas, que revela que la gente en situación de exclusión, que las personas en riesgo de
exclusión han aumentado en casi un millón desde antes del COVID hasta ahora. Luego, pese al escudo social, pese a las ayudas del Estado, tenemos un grave problema, porque hay casi 6 millones de personas que están en situación de exclusión social, y
eso significa no tener derecho o no tener posibilidades de desarrollar un proyecto de vida digno.
Nos parece bien, en lo que tiene que ver con las actualizaciones, que se abra la posibilidad a nuevos ERTE, nos parece bien que se posibiliten los beneficios a empresas para aquellas que realicen acciones formativas ligadas a los propios
ERTE e incluso que puedan contar con más crédito para financiar la formación; no parece, como decía antes, que esto sea maltratar a los empresarios, supongo que de esto no hablarán ni chantajearán al Gobierno. También creemos que es adecuado que
se hable del Plan MeCuida, que pocas veces ocupa espacio; que se hable de las ayudas a los artistas, o -y en este caso con un carácter mucho más excepcional por lo que están sufriendo los palmeros y palmeras- que se acoja dentro de este decreto la
posibilidad de una línea de ayudas excepcional para los palmeros y palmeras, para los que vaya toda nuestra solidaridad en nombre de la izquierda soberanista independentista vasca. Ahora bien, creemos que en la voluntad de exoneración de
cotizaciones a la Seguridad Social que siempre ha puesto en marcha el Gobierno o el ministerio que usted lleva hacia delante, también ha habido una trampa, y no suya, una trampa de ciertos empresarios, y no es una cuestión subjetiva, es una cuestión
objetiva en tanto en cuanto objetivos son los tribunales. No vale decir aquí que los tribunales son infalibles para zaherir o atacar a algún miembro de los partidos del Gobierno y luego decir que a lo mejor no son muy eficaces cuando, por ejemplo,
sentencian que en el ERTE que se hizo contra la plantilla de los trabajadores de PCB-ITP en Barakaldo y Sestao fue un ERTE injustificado. Y parece que para ahorrarse unos dineros los empresarios decidieron hacer este tipo de cosas. O, por ejemplo,
cuando la Audiencia Nacional sentencia que el ERTE que se hizo contra ArcelorMittal no solo era injustificado, sino que casi rozaba, si no entraba de lleno, el fraude de ley. Por tanto, yo creo que ahí también hay que tener cuidado, porque de una
buena iniciativa como la que he señalado, también se pueden beneficiar prácticas que desde luego no son positivas, sino más bien nocivas.
Seguimos teniendo alguna duda o diferencia en lo que tiene que ver con las ayudas a autónomos, seguimos sin entender lo del 75 % como límite. Ahora se establece como factor de referencia el SMI. Es cierto que el SMI son 950 euros, pero no
es menos cierto que el 75 % de eso son 712,50 euros y que alguien que gane 715 euros al mes se vería privado de las ayudas y no sé hasta qué punto podría hacer frente a una realidad que, seguro, con ese dinero será bastante difícil. Estamos de
acuerdo en que el ingreso mínimo vital entre en este decreto de manera clara. Se habla de corregir de forma urgente. Nos parece bien esa lectura, pero también creemos que va a ser insuficiente lo que se plantea.
Para terminar, se habla del SEPE y de las inspecciones de trabajo. Con respecto al SEPE, yo creo que hay que hacer muchísimo más. Pedir una cita en el SEPE, en Lanbide o en Nafar Lansare -por llevarlo a nuestro caso- es más difícil que
salir con éxito y bien parado de Jumanji a día de hoy, y eso es algo que tendrían que intentar evitar. Y con la Inspección de Trabajo les pedimos lo que hemos hecho en muchas ocasiones, que doten de recursos a la Inspección de Trabajo y que haya
más inspectores de trabajo, porque si hubiera más inspectores de trabajo y a la vez -entenderán que lo diga- estuviera derogada la reforma laboral, no habrían tenido que, por ejemplo, llevar a cabo una lucha de más de siete meses los trabajadores y
trabajadoras de Tubacex, que por fortuna y, sobre todo, gracias a su trabajo, no a las dádivas de nadie sino a su esfuerzo y a su lucha, porque a veces hacer huelgas merece la pena, porque a veces luchar merece la pena, han conseguido que se
restablezcan sus derechos laborales, que fueron esquilmados también aprovechando una situación de excepcionalidad, como era la del COVID, y la excepcionalidad que ella misma generaba.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señor presidente.
Señorías, de este real decreto-ley, si tuviéramos que resumirlo, diríamos: dada la persistencia de los efectos de la situación del COVID, dada también la situación de acuerdo en la Mesa del Diálogo Social, trasladamos al ordenamiento los
presentes preceptos... Al decirlo así, parece un axioma de otros tiempos. Pero, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es dar respuesta a determinadas demandas sociales, pero también a necesidades e inquietudes que se plantean como consecuencia
de una situación extraordinaria, y lo digo ahora y terminaré con ello.
Este real decreto-ley, en aplicación del VI Acuerdo en Defensa del Empleo de la Mesa del Diálogo Social, traslada, más o menos, estás cuestiones. Usted lo ha resumido, señora ministra, y le voy a hacer un resumen de su resumen. Contempla
la prórroga de los ERTE en dos tramos: hasta el 31 de octubre de aquellos que estaban vigentes el 21 de septiembre, y de ahí hasta el 28 de febrero con unas nuevas condiciones: unas exenciones en la cotización a la Seguridad Social que vinculan en
este caso a una actuación no tanto novedosa como necesaria, tremendamente necesaria, que es la vinculación al ámbito formativo; segundo, otros contenidos complementarios que venían también en otros reales decretos-leyes, pero que además son, creo,
ponderados y necesarios, como son los relacionados con el reparto de dividendos, la transparencia fiscal, la salvaguarda del empleo, la realización de horas extraordinarias o la prohibición de nuevas contrataciones o externalizaciones, a las que se
referían el Real Decreto-ley 30/2020, uno de los antecedentes, o algunas medidas de ámbito laboral del 3/2021, y la prórroga de prestaciones por desempleo recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020 y su forma de cómputo para las personas trabajadoras
afectadas por ERTE prorrogados en este real decreto-ley.
Tiene también otro ámbito, el de la protección de los autónomos. Ahí la moción del Partido Popular sobre autónomos hacía referencia a ella -no sé si tuvo ocasión de escucharla-: contemplaba un intento de asimilación de las medidas
contempladas respecto al colectivo de trabajadores y empresas también para el ámbito de los trabajadores autónomos y empresarios autónomos, emprendedores, en forma de exenciones de cotización por cese de actividad, prestación extraordinaria por cese
de actividad también para trabajadores autónomos de temporada o prestaciones compatibles con el trabajo por cuenta propia u otras de carácter excepcional, como los trabajadores del ámbito artístico, etcétera. Además, y de forma novedosa, por
desgracia, contempla también una réplica de las medidas contenidas en otros reales decretos-leyes para los afectados por la erupción del volcán en la isla de La Palma. Respecto de esta iniciativa hay que comentar pocas cosas que no se hayan dicho
ya en anteriores reales decretosleyes. Diré que probablemente este, como en anteriores ocasiones, tiene medidas que son un tanto inciertas o insuficientes en algunos casos, sobre todo porque no contemplan desde el inicio un horizonte temporal más
claro. Lo he venido repitiendo desde el principio de todos estos reales decretos-leyes. Creíamos que esto debía tener un horizonte temporal más claro precisamente para dotar de seguridad, para dotar de un mayor grado de certeza, y por lo tanto de
la posibilidad de tomar decisiones de una forma más adecuada, a los destinatarios de estas ayudas. Están gestionadas a uña de caballo y, por ello, con todos los errores que provoca la urgencia, pero también -y lo quiero destacar- con el acierto y
el tremendo esfuerzo de muchos servidores públicos que se han empeñado en hacer bien las cosas; no solo bien, como lo hacen habitualmente, sino mucho mejor y con mayor esfuerzo.
También, y esa es otra crítica, lo relativo a lo mal gestionado -para mí- desde el punto de vista del Pacto de Toledo, en el que usted y yo hemos participado, del cómputo de esas ayudas, que no se clarifican. No se señala, no se determina
cuál es la fórmula en la que el sistema de Seguridad Social y el sistema de pensiones va a poder verse recompensado, por decirlo de alguna manera, por asumir estas cosas.
En conclusión, diría que es un conjunto de medidas sobre todo necesarias, pero además justas y equilibradas. Y hoy, por desgracia, resulta que no tenemos más remedio que extenderlo también a un ámbito mucho más diferenciado e imprevisto,
que es el de la isla de La Palma, a las víctimas o a los afectados por la erupción del volcán en la isla de La Palma. Eso precisamente me quiere llevar a una reflexión y es la de que tenemos que pensar en la necesidad de establecer mecanismos de
respuesta a situaciones de emergencia. Perder la salud, el trabajo, la libertad deambulatoria, toda tu vida, como pasa en el caso de muchas y muchos palmeras y palmeros, pero también en el caso de muchos pequeños autónomos y emprendedores, merece
tener preparada una respuesta colectiva. Ojalá fuera la última
ocasión, pero es que yo creo que somos todos conscientes de que, en algún momento, llegará algún imprevisto y, en tal caso, o mejor dicho, para tales casos, es nuestra responsabilidad tener preparados, al menos en parte, planes de
contingencia, medidas de respuesta, ayudas urgentes, etcétera, porque la solidaridad es el valor que debe caracterizar esta y cualquier respuesta de carácter colectivo. Hace pocas fechas, señora ministra, escuché en un foro muy interesante, también
muy colectivo y muy particular pero adecuado, una frase que decía así: La solidaridad florece cuando hay poco. Me pareció preciosa la frase. Añadamos algo desde el ámbito público: Que la solidaridad florezca siempre, más aún cuando falta mucho.
Y con la pandemia y en La Palma, a muchos les falta mucho.
Votaremos a favor de este real decreto, señora ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Presidente, señorías, vicepresidenta.
Vaya por delante que Ciudadanos ha apoyado todos los reales decretos de prórroga de los ERTE. Es más, gracias a nuestro empeño, nuestro esfuerzo y nuestra negociación conseguimos desvincular los ERTE de los estados de alarma y, por eso, han
podido prorrogarse hasta hoy. En todas esas prorrogas de los reales decretos de los ERTE criticábamos que siempre se quedaban cojos, que les faltaban medidas para estar completos porque, a pesar de ser un mecanismo coyuntural que evitaba la
destrucción de empleo en empresas o sectores que sufrían algún stop temporal, si no iban acompañadas de otras medidas, podían acabar perpetuando los ERTE y creando empresas y trabajadores zombi. Pedíamos entonces -no sé si lo recordará- que los
ERTE fueran evolucionando a unos ERTE de reconversión, para poder evitar situaciones en las que los trabajadores pudieran verse fuera del mercado laboral, esos ERTE con formación que hoy vemos plasmados en este Real Decreto-ley 18/2021 y lo vemos
con buenos ojos porque, tal y como ha señalado usted, introducen incentivos para la formación de los trabajadores. Seguimos pensando en mi grupo parlamentario que si lo hacemos bien, todos juntos, tenemos una oportunidad con este mecanismo de
evitar destrucción de empleo, pero, además, aumentar la productividad de nuestros trabajadores. Este Real Decreto-ley 18/2021 también habla de las ayudas a los autónomos, que las apoyamos, como no puede ser de otra manera, pero seguimos insistiendo
en que se quedan cortas, y lo mismo debemos decir sobre las ayudas a La Palma. Cómo no vamos a apoyar, ante esta catástrofe natural, que haya un esfuerzo y una ayuda decisiva por parte de este Gobierno, por parte de toda la sociedad, para hacer
todo lo necesario y nosotros, Ciudadanos, siempre estaremos para apoyarlo.
Pero no todo nos gusta de este real decreto, vicepresidenta. Yo quiero volver a denunciar en esta tribuna las formas con las que ustedes trabajan. Volvemos a encontrarnos con otro real decreto-ley aprobado al filo de la expiración del
plazo anterior, manteniendo a empresas y a trabajadores en vilo y creando inseguridad jurídica tremenda, porque su forma de trabajar, a la que nos tienen ustedes acostumbrados, no solo aumenta la angustia de empresas y trabajadores, que es lo más
grave, sino que, además, produce, digamos, un atasco legislativo en las Cortes Generales de difícil justificación. Era comprensible la improvisación, los parches, las dudas a principios de la pandemia, cuando nadie sabía cómo se iba a desarrollar
la situación y nadie tenía la pócima de Fierabrás, pero hoy sus formas, la manera de trabajar solo habla de dejadez, de despreocupación de un Gobierno que no piensa más allá de en un proyecto a corto plazo y no en el medio ni en el largo plazo.
Poniendo como ejemplo esas formas de trabajar, no es de recibo una cosa que se ha incluido en este Real Decreto-ley 18/2021, que es la modificación de las condiciones de acceso al ingreso mínimo vital, no por el contenido en sí de la
modificación, sino porque saben ustedes perfectamente que ahora mismo se está tramitando en el Congreso este proyecto de ley del ingreso mínimo vital, en el que esta y otras cuestiones están siendo objeto de debate y de negociación entre los
distintos grupos. Era tan fácil como meter esta modificación vía enmienda en esta tramitación legislativa del ingreso mínimo vital que pasar el rodillo gubernamental, por real decreto, por encima de esta Cámara y de su labor legislativa. Pero
¿saben qué pasa? Voy a volverlo a repetir, que ustedes abusan del real decreto sin justificación en muchos casos, que ustedes hurtan al Parlamento el derecho a participar en el proceso legislativo (aplausos), que ustedes utilizan los plazos para
negociar como arma arrojadiza, para presentar el trágala a esta Cámara; llegan ahora, a última hora, y dicen: es esto o el caos. Miren, el Parlamento tiene la obligación de legislar, de proponer mejoras, de ser la voz del conjunto de los
españoles que están aquí representados, pero con
ustedes es imposible. Siguen ustedes, una y otra vez, poniendo en riesgo la separación de poderes y el Estado de derecho. Muestren respeto por el procedimiento legislativo. Dejen que todos los grupos puedan aportar, para conseguir así
unas leyes que aprobemos entre todos y sean las mejores posibles.
¿Por qué siguen ustedes ampliando plazos sin motivación alguna? La última vez ha sido esta misma semana con la ampliación de diecisiete proyectos legislativos, que están paralizados en esta Cámara sin motivo y sin que lo haya pedido nadie.
Ustedes tienen -insisto- la Cámara bloqueada cuando algunos queremos trabajar. Y ya que ha traído usted aquí a Hannah Arendt para recordarnos que democracia es el derecho a tener derechos, le recuerdo que el derecho de estos diputados es tener
derecho a participar en el proceso legislativo y a trabajar. Dejen de ponernos trabas, porque eso también es democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenos días, señora vicepresidenta, señorías.
Convalidación de real decreto-ley y medidas de ERTE sería el titular en el que nos encontramos, y usted también hablaba, señora vicepresidenta, de la cuestión relativa al salario mínimo. Me interesa hacer una mención a esta cuestión del
salario mínimo, porque es cierto, todos nos hemos planteado en la vida que habría que subirlo y llegar a estándares más europeos en la cuestión del salario mínimo. La gran pregunta en este contexto es si este es el mejor momento para hacer esta
subida del salario mínimo, porque, en medio de esta situación en la que estamos prorrogando los ERTE porque llegamos a la conclusión de que la gente no puede trabajar todavía, una pregunta que nos deberíamos hacer es si este es el mejor momento para
subir el salario mínimo, porque al final acaba subiendo quince euros, que es una cantidad simbólica más de cara a la medida que se toma que no a los grandes proyectos o demandas de equiparar el salario mínimo a los estándares europeos.
Usted apuntaba -y yo no puedo dejar también de planteárselo- que un premio nobel de Economía ha validado esta cuestión, pero, claro, vamos a situar un poco las cosas. Es un premio nobel de Economía, pero lo hace sobre la base de un estudio
del año 1992 en New Jersey; en cambio, en 2019 tenemos un análisis del Banco de España que dice que en 2019 las subidas del salario mínimo suponen la pérdida de 170 000 empleos. Por tanto, está bien decir que la subida está amparada por las tesis
de un premio nobel, pero estaría mejor todavía decir que los análisis del Banco de España con el mismo método llegan a una conclusión diferente en el caso de España y no en el caso de New Jersey. Por eso, nosotros en esta cuestión le pedimos una
foto completa. Es un tema complejo. Cuando ustedes suben el salario mínimo, tiene derivadas colaterales: las prestaciones del Fogasa también suben porque van vinculadas al salario mínimo; los centros especiales de trabajo sufren, porque con la
subida del salario mínimo en los centros especiales de trabajo, que hacen trabajos poco productivos, se generan unos costes adicionales que de momento no tienen ninguna respuesta por parte de la Administración; esas subidas del salario mínimo ponen
en riesgo los costes de los centros especiales de trabajo. Y también, las pequeñas y medianas empresas apuntan que esto pone en riesgo puestos de trabajo y aumenta la economía sumergida. Por tanto, en el tema del salario mínimo estamos de acuerdo
en que hay que trazar una estrategia a largo plazo, pero que seguramente necesita una foto más completa y más análisis a fondo.
Con relación al real decreto ley, usted apuntaba también que volvemos a renovar esta medida hasta el 28 de febrero de 2022 y yo le señalaba que esto es casi dos años después del inicio de la pandemia. Si uno hace el análisis de los seis
acuerdos y los dos años que han pasado, resulta que cada seis meses estamos revisando las medidas de los ERTE y las prórrogas. Yo le he dicho muchas veces -y usted lo sabe y se lo digo con el máximo cariño y respeto- que estamos siempre jugando el
último minuto, de parche en parche, en esta cuestión de los ERTE y que esto tiene más ya de estructural que de circunstancial.
Se apuntaba antes también que esto se soluciona siempre por la vía del real decreto-ley. Yo cuando estaba en la universidad explicaban que el real decreto-ley era aquella medida con la que el Gobierno podía hacer normas jurídicas con rango
de ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Aquí la extraordinaria y urgente necesidad es porque nos vence el plazo, no porque no sepamos lo que hay. Nosotros sabemos cuál es el escenario: que la economía no acaba de arrancar, que las
empresas necesitan este instrumento, pero la extraordinaria y urgente necesidad la generamos cuando esta medida se renueva un mes antes de que venza. Y yo le tengo que decir que no estoy de acuerdo en que esto genere tranquilidad y certeza. Todos
los agentes económicos, las empresas, los trabajadores, incluso los
profesionales -gestorías, economistas, abogados-, están pendientes de qué renovación va a haber, de cómo va a ser la renovación y en un mes se van a tener que adaptar a la nueva norma del Gobierno que, como siempre, supone la prórroga del
plazo, pero también hay siempre mejoras, cambios, mecanismos diferentes en cada uno de estos casos. Por tanto, yo estoy de acuerdo en que el instrumento es válido, el instrumento ha salvado muchos puestos de trabajo, pero no estoy de acuerdo en que
genere esta tranquilidad y esta certeza cuando vamos a real decreto-ley cada seis meses y cuando en cada real decreto-ley se incluyen medidas nuevas a tener en cuenta por todos los profesionales vinculados al mundo del trabajo.
Hay algunos temas no resueltos en estos dos años. El Plan MeCuida. Uno puede acogerse al Plan MeCuida y reducir la jornada, pero supone automáticamente la reducción de sueldo. Al inicio de la pandemia hablábamos de qué solución podríamos
dar para cuando los hijos están confinados, con una prestación al estilo de una baja, pero en dos años de pandemia, en dos años de ERTE, esta prestación no ha salido a la luz.
En cuanto a la cláusula relativa al mantenimiento del empleo, creemos, sinceramente, que son desproporcionadas las penalizaciones que hay en el ámbito del mantenimiento del empleo. Es una cláusula necesaria, es un instrumento que tiene que
existir para garantizar los puestos de trabajo, pero es cierto que una sanción tal como la pérdida de las cotizaciones de toda la plantilla entendemos que acaba siendo desproporcionada y que pone en riesgo a muchas pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, en los pocos minutos que me quedan, para que quede constancia y para que se pueda enfocar el tema, los ERTE van atados a otra gran figura, que es el SEPE, y a las citas previas. Los ciudadanos sufren problemas importantes en la
gestión de las citas previas. Conseguir cita previa en una Administración pública no acaba siendo la cosa más fácil para los ciudadanos; no acaba siendo tampoco la cosa más fácil cuando se trata de SEPE, de prestaciones o de Agencia Tributaria.
Toda la cuestión relativa a la atención de la Administración pública en relación con sus administrados, con los ciudadanos, creo que merece una revisión a fondo. Hay problemas para encontrar cita previa o para ser atendido por los medios
telemáticos o para ser atendido en la misma oficina. Hoy en día el resto de actividades continúan atendiendo gente: las empresas, los establecimientos, las tiendas, los comercios atienden a gente con las medidas necesarias de mascarilla y
distancia; esto en la Administración pública parece que ha desaparecido, o tienes cita previa o no puedes acceder a una Administración pública. Creo sinceramente que esto tiene que revisarse, porque, aunque es cierto que la cita previa mejora la
gestión de los tiempos y la planificación, no es ninguna solución cuando al final se acaba traduciendo en una traba que no permite a los ciudadanos acceder a las administraciones públicas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie).
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Buenos días, presidente. Gracias, compañeros y compañeras.
En 2008, el precio del petróleo, por las nubes y las tasas inmobiliarias hacen estallar todo por los aires. ¿Qué deciden hacer los Gobiernos? Recortar gasto público, facilitar el despido y regalar dinero a los bancos, idea que se demostró
magnífica para pasar de dos millones de personas en paro a seis millones de personas y, por el camino, miles de empresas quebradas y cientos de miles de autónomos sin ver ni un duro de ayuda. Un trabajo fino, sí señor. (Rumores). Diez años
después, mucha gente aún no ha levantado cabeza de aquella escabechina social. En 2020, un virus asola el planeta entero provocando la parálisis casi total de las economías mundiales. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Silencio, por favor.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: El PIB se desploma y la experiencia reciente nos dice que cuando esto ocurre millones de personas se van al paro. ¿Qué decide hacer el Gobierno? Legislar un conjunto de medidas para proteger a la gente
trabajadora, a autónomos y a empresas. Los datos -repito que no son opiniones, son datos- evidencian que a día de hoy, al contrario de lo que se podía esperar,
el número de personas con trabajo es prácticamente el mismo que al inicio de la pandemia. ¿Casualidad, obra del Espíritu Santo? No, simplemente demuestra que las medidas funcionaron y funcionan -con todos sus defectos, por supuesto-, que
los ERTE salvaron a mucha gente y muchos puestos de trabajo y empresas y que los ceses de actividad han ayudado a miles de autónomos, que jamás, jamás, habían recibido ningún tipo de ayuda del Gobierno. Por eso es tan importante votar. La
diferencia entre 2008 y 2020 es tan grande y el sufrimiento evitado para muchas personas es tanto que hacen que votar merezca la pena, es gratis, es rápido y son quince minutos cada cuatro años que pueden ayudar a cambiar muchas cosas. Con esto no
digo que las medidas sean la panacea, que todo el mundo esté cubierto y que esto sea Alicia en el país de las maravillas, obviamente no, no estoy ciego y sé perfectamente que la situación a pie de calle es muy complicada, pero ocultar o desmerecer
que para miles de personas estas medidas han supuesto un alivio y una protección por parte de las políticas públicas, creo que sería injusto y sería deshonesto. Como he dicho anteriormente, esto no es una opinión, son datos.
Hoy venimos aquí a prorrogar unas medidas que funcionan, a mejorarlas y a ampliarlas para que palmeros y palmeras tengan una pequeña fuente de tranquilidad dentro del infierno que están viviendo, además, un infierno que no se sabe cuándo
terminará. Por tanto, para la gente afectada en nuestra querida isla de La Palma se facilita el acceso a los ERTE, a las ayudas por cese de actividad de los autónomos y también a la exoneración de pago a la Seguridad Social, como mínimo, hasta el
28 de febrero de 2022. Con esta prórroga y ampliación de las medidas de protección también se introducen ayudas a la formación para mejorar la capacidad de encontrar trabajo de las personas que siguen en ERTE a día de hoy, que son aproximadamente
unas 200 000, y que proceden principalmente del sector servicios y la hostelería. La formación es un derecho sagrado de la gente trabajadora y, además, creemos que es una buena noticia para su futuro y para la economía del país, en general.
En definitiva, quien vote hoy en contra de estas medidas estará votando contra la gente trabajadora, contra la viabilidad de muchas empresas y, lo que es más grave todavía, contra la isla de La Palma. Solo el odio y el sectarismo pueden
llevar a alguien a hacer algo así. La buena noticia es que son minorías porque el voto de la ciudadanía configuró una mayoría parlamentaria que permite aprobar medidas como esta. Seguiremos empujando y apretando para que las instituciones, todas,
no olviden ni a la gente trabajadora ni a nuestras vecinas y vecinos de La Palma para cuando el volcán deje de ser noticia, que algún día pasará, y solo queden las terribles consecuencias. Para eso nos votaron y por eso estamos aquí.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie.-Aplausos de la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y
Economía Social, Díaz Pérez, puesta en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. (Aplausos).
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señora vicepresidenta, veo que aplaude usted en pie la intervención del diputado Rodríguez, don Alberto, al que yo también felicito por la que espero sea su última intervención en esta Cámara, ya que el Supremo ha comunicado
a la Presidencia de este Congreso la sentencia que le obliga a usted, señor Rodríguez, a dejar su escaño. Aunque mi intervención le pueda resultar a usted de especial agrado, quizá prefiera abandonar voluntariamente el hemiciclo antes de que le
obliguen, porque confío plenamente en que la Mesa de esta Cámara en su próxima sesión tomará las medidas pertinentes para hacer efectiva esta sentencia sin trucos y sin trampas. Aunque ya sabemos que Podemos es la mayor amenaza para la democracia
que hay en este país, todavía confío en que el Partido Socialista crea en el Estado de derecho. Le deseo lo mejor, señor Rodríguez, pero fuera de esta Cámara. (Aplausos).
Señora ministra, en abril del año pasado, muy al comienzo de la crisis provocada en España por la llegada del virus de Wuhan, presumía usted de un logro que es muy revelador de su proyecto político. Usted alardeaba de ser la ministra que
más subsidios, ayudas y prestaciones por desempleo repartía en la historia de la democracia. Se vanagloriaba de ello sin ningún disimulo, orgullosa, no ocultaba que estaba viviendo su particular sueño, muy propio de comunistas, que es el de una
sociedad dependiente, subsidiada, pobre, pero, según usted, igualitaria. Efectivamente, nunca hubo en España más parados, más personas obligadas a permanecer inactivas en sus casas, más autónomos sin actividad, más empresas cerradas, y por primera
vez hubo más personas percibiendo una prestación que aportando con
su trabajo, pero eso, como he tenido ocasión de decirle en algunas otras ocasiones, lejos de ser un mérito, suponía un estrepitoso fracaso, el del peor Gobierno posible en el peor momento posible.
Pedro Sánchez protagonizó la peor gestión sanitaria y económica del planeta y los españoles lo hemos pagado caro, muy caro. A los muertos provocados por el coronavirus, cuya cifra real aún desconocemos, al -como ha reconocido el Tribunal
Constitucional- mayor pisoteo de derechos y libertades de los españoles en democracia, se sumó el derrumbe más devastador de ninguna economía en Occidente. Entonces ustedes decretaron el confinamiento más severo de los países desarrollados y
mantuvimos suspendidos más de cuatro millones y medio de empleos, España produjo uno de cada tres empleos destruidos en Europa y se produjo la destrucción de más de 130 000 empresas, más que ningún otro país de nuestro entorno.
Desde el inicio, el Grupo Parlamentario VOX insistió en la necesidad de articular mecanismos que dotaran de mayor liquidez y que garantizaran todo el empleo a aquellos a quienes se les había prohibido trabajar. Quizá lo recuerde usted,
entonces lo que le dijimos fue: no tendría sentido quitarle el agua a una planta para regarla una vez seca; lo que hay que hacer es evitar que se seque la planta. Ustedes se negaron y ahora, dieciocho meses después de la llegada del coronavirus a
España, traen a convalidar un real decreto-ley con una nueva prórroga de esas medidas. Ya es clamoroso que estas medidas no fueron suficientes y, señora ministra, siguen sin ser suficientes. Hoy levantamos la venda, pero la herida sigue ahí, no
podemos limitarnos a volverla a tapar. Ustedes han preferido instalarse en la euforia, pero ocultar la realidad nunca trae buenos resultados. Además, es imposible sostener la mentira en el tiempo. Lo pudimos comprobar hace unos días en la rueda
de prensa celebrada tras la publicación de los datos del paro y de afiliación. El secretario de Estado de Trabajo nos trasladaba con mucho entusiasmo lo que para él eran unos datos espectaculares, como nunca en la historia de nuestro país, llegó a
decir, pero unos minutos después, justo al lado, apenas a un metro de distancia, otro secretario de Estado, en esta ocasión el de Seguridad Social, le matizaba: la vuelta al trabajo de los empleados en ERTE se produce ya con cuentagotas, dijo.
Y es que la realidad se impone. A pesar de la creación de 226 000 empleos públicos desde la llegada del coronavirus, el sector privado languidece, faltan todavía más de 400 000 puestos de trabajo para recuperar el empleo efectivo antes de
la crisis y, según los últimos datos, solo en agosto se destruyeron 18 000 empresas, la inmensa mayoría pymes. Según el Banco de España, de las que quedan, una de cada cuatro está en riesgo de insolvencia, pero ustedes siguen empeñados en actuar
como si no pasara nada. No solo no ofrecen nada más, sino que insisten en conducir a nuestro país por esta deriva ideológica que solo trae estancamiento, paro y exclusión, con sonrisa, con talante, con tono suave, con todo eso, pero ustedes están
sembrando el caos y están destruyendo España porque el mismo Gobierno que aprobaba estas medidas se ha dedicado a entorpecer la recuperación. (Aplausos).
Es el Gobierno que ha decretado las medidas más extemporáneas y las subidas de impuestos más inoportunas. Se trataba de aliviar a quienes crean empleo, señora ministra, no de aumentar las cargas. Por el contrario, ustedes impulsaron las
únicas subidas impositivas de toda Europa, no dejaron un impuesto sin subir, ahí sí que no dejaron ni uno atrás y con ello han torpedeado la recuperación. El Gobierno ha condenado a las empresas españolas a ser las únicas de Europa sin acceder a
ayudas directas, y lo hicieron durante meses, durante mucho tiempo, porque durante ese tiempo España fue el único país de Europa que no las había aprobado y, cuando por fin, meses después se anunciaron, se articularon de manera tan ineficiente que
siguen sin llegar. Este Gobierno ha perpetrado una política económica nefasta, que ha condenado a nuestro tejido productivo en el peor momento posible.
Su política energética destruye empleo. Han provocado el precio de la luz más alto de nuestra historia, que empobrece a los hogares españoles y que obliga a las electrointensivas a cerrar sus líneas de producción. Pero es que, además, está
usted condenando a toda la industria a la ruina. Sus medidas en el sector de la automoción provocan paro. Las matriculaciones se hunden por encina del 15 %, pero ustedes van y presentan en los Presupuestos Generales del Estado un aumento en el
impuesto de matriculación y se mantienen en su insensato ataque al diésel, siendo España el productor número uno de Europa de turismos de ese combustible. A ustedes, como desconocen por completo el funcionamiento de la industria, les da igual. No
son conscientes de lo difícil que fue atraer esta industria a España, no son conscientes de lo difícil que es retenerla. No son conscientes porque son unos inconscientes. Su política agraria condena a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores.
Les han vendido a los intereses globalistas y han dejado en la estacada al mundo rural español con su miopía para detectar las necesidades
del tejido productivo, tan propia de quien nunca ha trabajado, de quien nunca ha abierto un comercio, de quien nunca ha tenido que esforzarse por salir a buscar un cliente.
Señora ministra, esta crisis demandaba una determinación histórica para avanzar en la buena dirección, pero con su sectarismo se han empeñado en empujarnos por el camino contrario. Si no lo remediamos -y créanme que lo vamos a remediar más
pronto que tarde-, lo que podría haberse limitado a un problema de liquidez derivado del parón económico por la pandemia se puede convertir hoy en un problema de solvencia estructural.
Señora ministra, hace unos días el diputado de VOX Rubén Manso recordaba unas palabras cargadas de honradez del que fue secretario del Tesoro con Franklin Delano Roosevelt, Henry Morgenthau, y dijo: lo hemos intentado gastando dinero, lo
hemos intentado gastando más de lo que nunca habíamos gastado y no ha funcionado; ahora tenemos exactamente el mismo desempleo que al principio y una enorme deuda que pagar. Me gustaría que, ante la amenaza cierta de una alta inflación y una
subida de tipos, no tuviéramos que decir lo mismo en España, aunque me temo que, con el Gobierno de Pedro Sánchez instalado en la mentira se carece de cualquier honradez, también intelectual.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Movellán Lombilla. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, quien les habla no es propenso a creer en teorías de la conspiración, pero créame, señora Díaz, que estoy a un pasito de creer que usted, el partido que presuntamente lidera y Pedro el Abucheado conspiran día a día para empobrecer
cada día más a este país hasta unos niveles de miseria que no recuerdan ni los más mayores de nuestros abuelos. O bien ustedes tienen un plan o no tienen vergüenza, o las dos cosas a la vez, porque, de no ser así, no hubiera estado usted otra vez
destrozándoles los nervios a los autónomos, a las empresas, a los trabajadores en ERTE aprobando una nueva prórroga en el último minuto, en el tiempo de descuento. Otra vez, señora Díaz, la sexta; el sexto acuerdo del antes llamado diálogo social
en favor del empleo. Y otra vez les ha vuelto a pillar el toro; que, para ser ustedes antitaurinos, viven en un perpetuo San Fermín.
Ya le adelanto que vamos a votar a favor de este real decreto, y lo haremos porque en este tema esta Cámara está siendo víctima de un secuestro, en el que ustedes han tomado como rehenes a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas,
a los que saben que tienen un especial valor para España y para el Partido Popular y a los que no le quepa duda de que vamos a defender y queremos defender a cualquier precio, porque su política laboral es un esperpento; y no se lo dice este
orador, se lo dice Europa, se lo ha dicho esta semana otra vez el Fondo Monetario Internacional y se lo han dicho también desde organismos tan prestigiosos como Cáritas, que alerta de las dramáticas consecuencias de las pésimas políticas sociales de
su Gobierno. Su informe dice literalmente que ve una fuga imparable hacia una sociedad más desigual y dice que es un fenómeno que está siendo facilitado por un sistema de protección social incompleto e insuficiente. Desde que gobierna Pedro
Sánchez hay más de dos millones y medio de personas en exclusión social, once millones en nuestro país, y más de seis millones de españoles viven en exclusión severa, cerca de dos millones más que hace tres años. Su medida estrella se ha
estrellado, es un fracaso. El ingreso mínimo vital para aquellos que más lo necesitan en los hogares con pobreza severa solo se ha otorgado a un 26 % de los solicitantes. Y ustedes vienen con el mantra de que no van a dejar a nadie atrás. ¡Claro
que es verdad, claro que es verdad que no van a dejar a nadie atrás, porque se los van a llevar a todos, a personas e instituciones, por delante!
Usted ha cambiado, señora ministra, el marco de estabilidad que requieren hoy las empresas, los autónomos, los trabajadores en este país por el marco de fotos con el que viene aquí a traernos cada acuerdo, porque a Yolanda Díaz solo le
preocupa Yolanda Díaz. Y me temo que esto es solo el prólogo; pero no me refiero a ese prólogo de ese Manifiesto comunista, que a usted tanto le gusta y a sus socios tanto les preocupa. Su gestión, señora Díaz, es el prólogo de nuevas formas de
miseria, porque, mientras que ustedes están creando empleos para cuatro de sus camaradas condenados por delincuentes que van a costar a las arcas públicas 267 000 euros, los trabajadores de este país se hacen varias preguntas. Se preguntan qué va a
ser de su trabajo el día de mañana; se preguntan qué va a ser de ellos y de sus hijos mañana, cuando haga frío y no puedan poner la calefacción porque no pueden pagar el precio de la luz,
porque esa política de manual comunista está metiendo el miedo a la miseria en las familias españolas. No sé si le parece que exagero, pero puede decírselo usted a los más de cuatro millones de personas que quieren trabajar y no pueden
trabajar, o puede contárselo a más de 1 300 000 españoles que están en paro, no encuentran empleo y no cobran ya prestación alguna. Desde el inicio de la pandemia ustedes solo han sido capaces de crear empleo público, 280 000 empleos, mientras que
hay cerca de medio millón de empleos privados en el aire. Y hoy no voy a defender yo la reforma laboral, porque no podría defenderla con tanta pasión como con la que ha defendido usted la reforma laboral del Partido Popular. Ha defendido los ERTE
que han conseguido salvar el empleo, y lo ha hecho con una pasión que no sería capaz de igualar. Gracias, señora Díaz, por reconocer hoy que la reforma laboral del Partido Popular es buena para España y es buena para el empleo. (Aplausos).
Mientras que usted, señora ministra, está más preocupada y más ocupada en convertirse en la lideresa de la nueva versión 2.0 de Podemos o en una nueva plataforma que se llame Más Yolanda por ejemplo, en este último mes se han destruido 18
291 empresas, 6000 jóvenes han ido al paro y seguimos teniendo 240 000 trabajadores en ERTE y 226 000 autónomos en cese de actividad. Mientras Francia y Alemania ya están recuperando niveles del producto interior bruto previos a la pandemia, España
sigue a la cola. Porque pasan ustedes más tiempo montándole el pollo a sus socios de Gobierno que buscando soluciones para que las empresas no tengan que parar porque no pueden pagar la factura energética. Y perdón, señora ministra, perdón por la
palabra pollo, que, después de la que tienen liada con Pollo Carvajal, sé que le da sudores fríos escucharla. Pero también les está dando sudores fríos a los españoles la subida mes a mes del IPC o el incremento del precio de la electricidad.
Porque hablan ustedes de impulsar un ascensor social, pero con ustedes la inversión en educación con respecto al PIB se halla un punto por debajo de la media de la OCDE. Y ahora pretenden ustedes compensarlo concediendo una paga de 400 euros a los
jóvenes de dieciocho años, esos mismos jóvenes que viven con sus padres, a a los que ustedes les suben los impuestos y la factura de la luz en más de mil euros, es decir, primero meten la mano en la cartera de los padres, para luego hacer
electoralismo con los hijos, esos jóvenes a los que su Gobierno está abocando a un futuro sin oportunidades. Somos líderes, como se ha dicho ya en esta tribuna, en paro juvenil y estamos a la cola de la emancipación juvenil.
Por eso le pido que se deje ya de tantas frivolidades y empiece a trabajar, porque hay muchas cosas que se podían y se debían estar haciendo, señora Díaz. Le recomiendo que se deje aconsejar menos por el Libro Rojo de Mao cuando dice
aquello de que la pobreza impulsa el anhelo de cambio, de acción, de revolución. Señora ministra, los españoles no se merecen que usted les empuje a la miseria para engordar su ideología. Pero, mientras tanto, el Partido Popular les va a decir no
a ustedes y sí a los trabajadores y trabajadoras de este país, que, a pesar de ustedes, van a sacar a sus familias y a este país nuevamente adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Narváez Bandera. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora ministra.
Casi cuatro millones de trabajadores han estado afectados por un ERTE durante esta pandemia, más de millón y medio de trabajadores autónomos se han acogido al cese de actividad. No son solo cifras, señoría, se trata de personas, familias a
las que todos ponemos cara, que han sentido cómo en esta crisis un Gobierno por fin -nuestro Gobierno- se ha puesto del lado de los más necesitados para que nadie quedara atrás; familias y trabajadores que han sentido que en esta ocasión el dinero
público, los miles de millones de euros invertidos han servido de escudo social y de dique de contención para evitar el cierre de empresas y la destrucción de empleo en determinadas actividades, como la hostelería. Señorías de la derecha, mientras
este Gobierno ha construido ese muro social contra la desigualdad con ladrillos como los ERTE, la prestación por cese de actividad para los autónomos, el ingreso mínimo vital, los ICO, la subida del salario mínimo interprofesional, el Plan MeCuida,
las medidas para contener el precio de la luz y un largo etcétera; mientras que nosotros poníamos ladrillos en ese muro contra la desigualdad, ustedes tiraban piedras, sin valorar que no son contra el Gobierno, sino que están tirando las piedras
sobre la ciudadanía que más necesita estas ayudas. Pero tengo que decirles que se les ve muy pequeños frente
a ese dique que ha construido este Gobierno, y muy pequeño a su líder, señor Casado, frente a nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Convalidamos hoy el Real Decreto-ley 18/2021, que recoge la prórroga de medidas extraordinarias en materia de cotización y protección por desempleo, una nueva prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022 -unos 250 000 trabajadores
están pendientes de la convalidación de este real decreto-ley-, la prórroga del cese de actividad para los trabajadores autónomos, y, cómo no, medidas específicamente dirigidas a los trabajadores afectados por la erupción del volcán en la isla de La
Palma. Esta vez, en lugar de una pandemia, ha sido una catástrofe medioambiental, pero desde el primer minuto este Gobierno ha trabajado para dar cobertura a las miles de familias, trabajadores y empresas afectadas, y es un real decreto-ley fruto,
de nuevo, del sexto acuerdo social en defensa del empleo con las asociaciones de empresarios, CEOE y CEPYME, y los sindicatos, UGT y Comisiones, junto a los ministerios de Trabajo e Inclusión. Durante todo este mes de octubre el mecanismo de los
ERTE se prorrogará en los mismos términos vigentes hasta el 30 de septiembre, y a partir del 1 de noviembre y hasta el 28 de febrero se pondrá en marcha el nuevo sistema de bonificaciones, incrementadas para las empresas que ofrecen formación a sus
trabajadores en ERTE, como bien ha explicado la ministra, bonificaciones que irán desde el 40 % al 80 % de la cuota y que han sido acordadas con los agentes sociales. Asimismo, genera tranquilidad en los trabajadores, que saben que mantendrán
intactas sus prestaciones por desempleo.
Es inevitable el análisis de las dos crisis recientes que hemos tenido, la comparativa entre las dos maneras de actuar por parte del Gobierno para salir de ellas: la suya, la de 2008, de rescate a los grandes bancos, de abaratamiento del
despido, aumento del desempleo, recortes en las prestaciones por desempleo, congelación de los salarios y de las pensiones, y la de este Gobierno, de rescate a las personas y a las empresas, poniendo los recursos al servicio de los y las ciudadanas,
subiendo los salarios, actualizando las pensiones conforme al IPC, vetando los despidos. Es un dato objetivo que en esta crisis en nuestro país ha habido menores niveles de destrucción de empleo y aumento del desempleo que en crisis previas, y todo
ello gracias a la mayor protección del empleo vía ERTE. Parafraseando a la ministra, le voy a dar un dato, señor Movellán: durante 2009 la tasa de paro creció 6,5 puntos porcentuales, en tanto que en 2020 solo ascendió en 2,3 puntos porcentuales,
y actualmente los niveles de empleo están como antes de la crisis y nos estamos recuperando. Los ERTE son un mecanismo que ha funcionado, y lo saben. Por eso no se entiende que haya grupos que no voten a favor.
¿No creen ustedes, señores de VOX y del PP, que la mejor manera de querer a España es apoyar las medidas del Gobierno, como la convalidación de este real decreto-ley, donde se prorrogan los ERTE, que han servido para salvar empleos y
empresas? ¿No creen que es mejor ser patriotas trabajando, como hace este Gobierno, para que nuestro país salga más fuerte de esta crisis, consiguiendo 140 000 millones para invertir en la modernización de nuestro país, legislando para que no
aumenten las desigualdades que toda crisis conlleva? Ese es el patriotismo que entendemos los y las socialistas, el de la lucha por la igualdad y la justicia social. (Aplausos).
Ustedes sacan pecho por las medidas tomadas allá donde gobiernan. Pues bien, en Andalucía las ayudas a los autónomos y a las pymes se han quedado en papel mojado. De los 1109 millones que ha recibido del Gobierno central la Junta, una
ayuda histórica jamás recibida, ha repartido 330 millones y el plazo acaba el 31 de diciembre. Mucho tienen que correr, y espero que lo hagan y se pongan las pilas, para ejecutar el cien por cien. Ahora bien, tengo que reconocerles que sí hay una
cosa que se les da bien: bajar los impuestos a los que más tienen. Los andaluces y las andaluzas no salimos de nuestro asombro con el anuncio del presidente de la Junta de hace unos días. (Muestra un recorte de prensa). Matrimonio que gana 80
000 euros apuntan a su hijo y a su hija a una academia de inglés e informática, abonan noventa euros por curso y, gracias al Gobierno del cambio, se deducen 108 euros. ¡Esto sí que es apoyar a las clases medias y trabajadoras, señores del PP! Esa
es su forma de actuar.
Frente a ello, el Grupo Socialista votará sí a este real decreto, seguirá apoyando al Gobierno para impulsar las medidas de apoyo a los trabajadores, a las familias, a los autónomos y a las empresas, porque para nosotros sí es importante
cómo salimos de la crisis todos y todas y la inversión social es fundamental para la supervivencia de la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ACTÚA SOBRE LA RETRIBUCIÓN DEL CO2 NO EMITIDO DEL MERCADO ELÉCTRICO. (Número de expediente 121/000065).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Presidente, señorías, me dirijo a ustedes hoy para defender el proyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del
CO2 no emitido del mercado eléctrico y, por tanto, para solicitarles su apoyo al mismo y la votación en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas. Y he de decir que he escuchado con atención la intervención del señor Diego Movellán, tan
preocupado como dice estar su grupo parlamentario por la factura de la luz de los consumidores, y, sin embargo, con la ligereza con la que votan en contra -como, por otra parte, han hecho siempre- de la reducción de la fiscalidad, de la reducción
del coste y los impactos del mercado mayorista en la factura de los españoles. Sorprendente, un ejercicio de coherencia propio de quienes vienen practicando esta oposición, y, por tanto, tampoco es sorprendente que hagan lo mismo con este proyecto
de ley.
Este instrumento que hoy debatimos, unido a la creación del fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, contribuye a reducir la factura eléctrica de familias, industrias y pymes, a acelerar la transición energética y a
impulsar la electrificación necesaria para la descarbonización. El mecanismo de minoración de CO2 diseñado en la ley busca recuperar parte de las rentas inframarginales imputables al dividendo del carbono en favor de todos los consumidores y
persigue facilitar la participación del conjunto del sistema en los dividendos generados por el precio del CO2. Como saben -de ello hemos estado hablando esta mañana-, el mercado eléctrico español, como el de los restantes miembros de la Unión
Europea y la inmensa mayoría de los países OCDE, es un mercado marginalista, en el que la última tecnología que cubre la demanda es la que determina el precio para el resto de tecnologías. Lo más habitual es que ese precio lo marquen en el mercado
mayorista las instalaciones emisoras de CO2, y, por tanto, una parte del precio final pagado a todos los generadores corresponde a esos derechos de emisión, que pagan aquellos que deben cumplir con el principio de quien contamina paga y reciben
quienes no emiten ni tienen que reportar por ello. Se trata de un coste que retribuye igualmente a todas las tecnologías inframarginales, y es sobre esa retribución adicional que ha internalizado el coste de los derechos de emisión de CO2 sobre la
que actúa la ley. La recuperación de parte de la renta no altera en absoluto el marco regulatorio de fijación de precios diseñado en Europa; el mercado marginalista seguirá funcionando y determinando el precio y el orden de venta al mercado, al
que se retribuye toda la electricidad mediante la casación habitual de oferta y demanda, tal y como establecen los artículos 3 y 7.2 del Reglamento de la Unión Europea 2019/943. El comercio de derechos de emisión ha sido enormemente importante, es
un motor de cambios en las decisiones de inversión de las empresas, ha permitido desde su puesta en funcionamiento hace más de quince años señales adecuadas para reducir drásticamente las emisiones en la generación eléctrica y fomentar la inversión
en renovables, convirtiéndolas hoy en las tecnologías de costes operativos más bajos, las más presentes en nuestro sistema energético.
Señorías, esta propuesta busca recuperar parte del dividendo, como les decía, que reciben instalaciones no emisoras en funcionamiento desde antes del año 2003 en favor del conjunto del sistema, y destaco antes de 2003 porque muchas de las
centrales no emisoras están operativas desde antes de la Directiva 2003/87, por la que se creó el mercado de derechos de emisión en la Unión Europea. Por tanto, cuando en su momento decidieron abordar las inversiones necesarias no pudieron tener en
cuenta el impacto del sistema europeo en sus cálculos de inversión y rentabilidad. Como señalaba, es una propuesta compatible con el marco europeo, coherente con los principios del mercado interior de la electricidad, del mercado de carbono en la
Unión Europea, la seguridad jurídica y las expectativas legítimas de los inversores. Es una propuesta similar a la que se aplicó entre los años 2006 y 2009, que fue validada expresamente por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 17 de octubre de 2013 y por el Tribunal Supremo el 1 de abril de 2014. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmaron que el sistema marginalista del mercado de la electricidad genera 'situaciones
de -cito literalmente- ganancias inmerecidas en la medida en que la internalización del valor de los derechos de emisión y la estructura de costes se repercute en el precio de la electricidad que recibe el conjunto de los productores de
energía eléctrica activos en el mercado mayorista de la electricidad'.
La ley en tramitación incorpora además las recomendaciones del dictamen del Consejo de Estado de 21 de julio de 2021, afianzando la seguridad jurídica y los principios de rentabilidad razonable, confianza legítima y proporcionalidad. Según
dicho dictamen, se trata de una solución respetuosa con el principio de seguridad jurídica, que protege de forma adecuada las expectativas legítimas de los operadores, pero impide que cualquier subida de los derechos de emisión pueda beneficiar a
aquellas tecnologías inframarginales que no incurren en costes de emisión, protegiendo de esta forma a los consumidores frente a subidas del precio de la energía eléctrica. Nuestro Gobierno está comprometido con la protección de los consumidores.
Creemos que los cambios incorporados después del dictamen del Consejo de Estado refuerzan la situación de los consumidores, refuerzan también la situación de las empresas eléctricas. ¿Cuáles son esos cambios con respecto a la versión inicial?
Primero, el establecimiento de un precio suelo de 20,7 euros/tonelada, que coincide con la cotización media de los derechos de emisión en el mercado desde 2017 hasta el momento en que se aprobó el anteproyecto de ley. De esta manera, se incorpora
la recomendación de que la cuantía de la minoración se vincule con la diferencia entre el precio de los derechos de emisión en cada momento y un precio medio, referencia del mercado durante los últimos años. Así, la confianza en la inversión no se
vincula al momento de la inversión inicial, sino al valor medio de los derechos en estos años recientes. Por otra parte, adelantamos la fecha de referencia para la aplicación de la minoración a las instalaciones afectadas. En un primer momento
habíamos introducido la fecha de 2005, por ser el año en que entra en vigor el sistema europeo en nuestro país. Frente a ello, incorporamos el año 2003, cuando se adoptó y publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea dicha directiva, reforzando
por esta vía el principio de confianza legítima. En este sentido, el Consejo de Estado afirma que este adelanto tiene lógica desde la perspectiva del principio de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima en la medida en que
excluye de la minoración a todos aquellos operadores que invirtieron después de dicha fecha, 25 de octubre de 2003, los cuales ya sí podían tener la expectativa económica de ganancias, como consecuencia del régimen de comercio de derechos de emisión
y haber interiorizado este valor en sus cuentas a la hora de hacer los cálculos de inversión. El Consejo de Estado, señorías, ha respaldado este mecanismo sin margen de duda en su dictamen. El mecanismo previsto de minoración de los sobreingresos
percibidos -señala el alto consejo- es adecuado tanto por la finalidad perseguida, disminuir el precio de la energía eléctrica y favorecer la electrificación de la economía, como en cuanto a las líneas generales de su diseño y justificación. El
dictamen ratifica que la ley es conforme al derecho de la Unión Europea y al criterio de rentabilidad razonable y defiende que el carácter marginalista del mercado no quiere decir que no se puedan producir intervenciones, siempre que estén
justificadas y no sean discriminatorias, como ocurre en este caso.
Con respecto al desarrollo de la ley, quiero destacar que quedan excluidas de la minoración las centrales no emisoras que entraron en funcionamiento con posterioridad al año 2003, como he indicado. No aplica, por tanto, a la inversión en
nuevas plantas renovables, clave en el proceso de descarbonización de nuestro mix energético y la consecución de los objetivos climáticos que hemos establecido como país. Tampoco afectará este mecanismo a las centrales no emisoras que estén
acogidas a algún marco retributivo regulado ni a aquellas instalaciones menores de diez megavatios o localizadas en los sistemas eléctricos de territorios no peninsulares, independientemente de su fecha de puesta en servicio. Los ingresos anuales
que se reciban por esta minoración serán destinados a financiar mecanismos de capacidad y cargos del sistema eléctrico, entre otros aspectos, que actualmente recaen sobre los consumidores, reduciendo así de manera efectiva la factura de consumidores
domésticos, pymes e industrias. En concreto, irán destinados a financiar los cargos asociados a energías renovables, fomentando el reparto de los costes de la transición entre todas las tecnologías y dando un gran impulso a la electrificación.
Nuestra estimación es que esta ley, junto con la aportación del fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, ayudará a reducir la factura de los consumidores domésticos hasta un 15 %, casi el 14 % para pymes o el 5,22 para grandes
consumidores. Además, contribuye a la protección especial de los colectivos más vulnerables, estableciendo que un 10 % de lo recaudado se va a destinar a cofinanciar los costes de las administraciones públicas relacionados con los consumidores
vulnerables severos en riesgo de exclusión social.
En cuanto a la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, señorías, decía antes que no me sorprende, si bien no me resisto a hacer un pequeño comentario. No me sorprende de quien no ha
apoyado ninguna de las medidas para la transición energética y dejó los deberes sin hacer, no me sorprende de quien dificultó y dejó un legado de conflictividad y demandas, no me sorprende de quien ha votado en contra de la cobertura a los
mineros y a los trabajadores del carbón, no me sorprende de quien anuncia su voto en contra de las medidas de reducción fiscal y de los costes fijos de la factura, aquello que precisamente airean y a lo que dedican grandes esfuerzos, como si fuera
su solución. Es difícil comprender cómo se puede cambiar de criterio en tan escaso margen de tiempo, pero también en este caso fueron ustedes mismos, señorías del Partido Popular, los que el 26 de mayo de este mismo año, ni una semana antes de que
se publicará para consulta pública el anteproyecto de ley de minoración, quienes presentaron una enmienda al Real Decreto ley 34/2020 solicitando la creación de un mecanismo similar. Y cito textualmente: 'El Ministerio de Transición Ecológica y
Reto Demográfico desarrollará en el plazo de tres meses un mecanismo de la limitación de la sobrerretribución que pueden percibir las tecnologías no emisoras de CO2 como consecuencia de la incorporación del CO2 a los precios del mercado mayorista
por parte de las tecnologías emisoras'. No sé si se arrepintieron de sus propias propuestas o si, como parece ser habitual, practican ustedes la política de ir sistemáticamente siempre en contra de todo aquello que se diga en cualquier momento con
respecto a cualquier circunstancia sea lo que sea lo que se diga.
Señorías, esta medida que hoy defiendo, junto con las demás medidas estructurales que lleva tres años adoptando el Gobierno y la acción conjunta de la ciudadanía y el sector privado, nos va a permitir facilitar la transición energética de
manera justa y equitativa, repartiendo costes, facilitando el acceso a beneficios y dividendos y, sobre todo, protegiendo a los colectivos más vulnerables. Por ello les pido su apoyo para una medida muy demandada social y políticamente, respetuosa,
jurídicamente garantista y proporcional al objetivo que se persigue y que se enmarca dentro de las reglas del mercado nacional y europeo y no distorsiona las señales de precios. Nuestro empeño es afrontar la transición energética en las mejores
condiciones, de la manera más justa y protegiendo especialmente a los consumidores. Confío en que esta responsabilidad pueda ser compartida y respaldada por todos los que estamos en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Gago Bugarín. (Pausa.-Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor GAGO BUGARÍN: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Señora vicepresidenta, los únicos que han votado en contra de una rebaja fiscal en materia energética han sido ustedes. Ha sido usted cuando tenía y tiene, cuando sigue teniendo encima de la mesa una proposición de ley para minorar la
fiscalidad energética de nuestro país. Ha sido usted y su Gobierno los que han querido no apoyar una proposición que le hemos hecho hasta en seis ocasiones en esta misma Cámara. Hemos sido capaces de llegar a acuerdos con el sector energético, con
el sector eléctrico, con el sector empresarial. Hemos sido capaces de cumplir con Kioto, hemos sido capaces de cumplir con París. Hemos sido capaces, en definitiva, de aprobar nuevas subastas de renovables. Yo no sé de qué distorsión, de qué
palos habla de transición ecológica por parte del Partido Popular. Desde luego, usted, cada vez más, demuestra que sube a esta tribuna con un rictus de responsabilidad y rigurosidad y, después, nos cuenta falsedades.
Mire, el nivel de un gobierno se mide por su capacidad de anticipación a los problemas, por su capacidad de amortiguar los golpes cuando vienen mal dadas y por su capacidad para trasladar una imagen de solvencia y de responsabilidad ante la
adversidad. Exactamente lo contrario de lo que ustedes han demostrado durante todo este tiempo. Más bien ustedes han demostrado una absoluta falta de anticipación, una absoluta ineficacia en las medidas adoptadas y un sesgo ideológico lapidario en
su hoja de ruta de transición ecológica. Falta de anticipación porque el problema que hoy tenemos encima de la mesa ya se veía venir, y ya se lo advertimos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Se lo advertimos en el mes de enero cuando
irrumpió Filomena y se dispararon el consumo y el precio del gas; le advertimos cuando los analistas preveían un incremento significativo del precio del gas a corto plazo, fruto de tensiones y del abastecimiento internacional y le hicimos una
ofensiva de iniciativas, de intervenciones y de preguntas para que aumentase, en la mayor disponibilidad posible, el almacenamiento de gas, las reservas de gas y aprovechase el potencial de entrada de gas que tenemos como país para
cerrar contratos a largo plazo. Ni lo ha hecho ni a día de hoy sabemos lo que ha logrado en la práctica el señor Sánchez en sus reuniones en Argelia después del caso Ghali. Falta de anticipación con las interconexiones necesarias para el
despliegue de las renovables y falta de anticipación en la rebaja de la fiscalidad energética que le propusimos, como le he dicho al principio, para atajar de manera certera el problema que, gradualmente, se veía venir y que le hemos reiterado por
activa y por pasiva.
Por otro lado, ineficacia en la gestión porque ninguna, absolutamente ninguna de las medidas que han aprobado sin dialogar con el principal partido de la oposición ha logrado minorar la agresión alcista de la tarifa eléctrica de nuestro
país. La tarifa subió un 245 % en mayo con la Ley de cambio climático; subió un 252 % en junio con la aprobación del anteproyecto de ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico; subió un 290 % en agosto con la aprobación
del anteproyecto de ley que en este momento estamos debatiendo; subió un 350 % en septiembre con la aprobación del Real Decreto-ley 17/2021, debatido esta misma mañana, y hoy el precio de la luz se sitúa en 215 euros el megavatio/hora, frente a los
40 euros que costaba el mismo día de hoy hace un año. Externalidades sí, señora Ribera, pero la falta de anticipación e ineficacia en la gestión, también.
Pero mire, señora Ribera, a la falta de anticipación y a la ineficacia en la gestión hay que sumarle algo más grave todavía que el desconocimiento, que es el sesgo ideológico de sus políticas energéticas en plena crisis económica. Un sesgo
ideológico que le ha llevado a subir el precio del diésel a dieciocho millones de españoles, mientras eliminan el Plan Renove y mientras tenemos el parque automovilístico más envejecido de Europa. El mismo sesgo ideológico que le ha llevado a
cambiar también la tarificación horaria a pymes y pequeños consumidores para encarecerles la franja horaria, precisamente cuando más demanda hay. Es decir, le ha llevado a decir a los españoles que hagan a las doce de la noche lo que hacían a las
ocho de la tarde. Y un sesgo ideológico porque el Real Decreto-ley 17/2021 y este proyecto de ley que pretende gravar un impuesto al agua, al viento y a la nuclear perjudican, claramente, la incorporación, la implantación de renovables, la
minoración del CO2 y la competitividad de la industria nacional. Por lo tanto, señora Rivera, esto no es una transición justa; esto es una reconversión obligada, errática y dolorosa para el conjunto de los españoles.
Si hablamos exclusivamente del proyecto de ley y de la suma del Real Decreto-ley 17/2021, sometidos a debate en el día de hoy, le tengo que decir, señora Ribera, que usted ha hecho una lectura sesgada de las interpretaciones de los
organismos y del regulador. La Comisión Europea la calificó, literalmente, de intervencionista. Ayer mismo, un uniforme de la Comisión Europea recoge, en referencia a las nuevas medidas energéticas españolas, que no se pueden llevar a cabo
decisiones que incidan en la sostenibilidad del mercado marginalista. El Consejo de Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le solicitaron dejar sin afectación con este proyecto de ley a la industria eólica por el principio
de contestabilidad. Los principales agentes de calificación, por ejemplo, Fitch, Moody's o Standard & Poor's entre otras, publicaron las siguientes valoraciones: uno, las medidas demuestran el grado de interferencia política en España; dos, hay
incertidumbre sobre si se van a reproducir otras medidas intervencionistas en el futuro; tres, las empresas necesitan recortes de inversiones para proteger las calificaciones de riesgo; cuatro, las compañías tenían casi toda su generación base
para 2021 y 2022 a precios significativamente más bajos de los que el mercado spot actual marca, por tanto la medida se traduce en una pérdida para generadores y consumidores, y, cinco, las medidas adoptadas podrían amenazar el acuerdo nuclear de
2019 entre los operadores y el Estado, el límite propuesto en el mecanismo de precios hará que las plantas nucleares no sean rentables. Señora Ribera, analice lo que le acabo de decir. Entre la Comisión Europea, el Consejo de Estado, la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, los analistas internacionales, las principales empresas de calificación, los agentes implicados en el mercado eléctrico español, las confederaciones de empresarios y agricultores y los consumidores
vulnerables, señora Ribera, ¿hay algún agente, afectado o implicado en el sector energético de nuestro país que la apoye? Sinceramente, si hay alguno, díganoslo.
El verdadero problema son las inevitables consecuencias que la ineficacia en las medidas, como este proyecto de ley, y el sesgo ideológico están generando. El mecanismo propuesto por el Gobierno interviene donde no puede o no debe
intervenir, que es el mercado mayorista diario, generando potenciales distorsiones, inseguridad jurídica e incertidumbre regulatoria. Sin embargo, deja de hacerlo donde sí puede, mediante una negociación sincera con el sector de las instalaciones
nucleares e hidroeléctricas para ofrecer un marco retributivo y regulatorio estable a medio y largo plazo que permita, en definitiva, realizar las inversiones necesarias para incrementar la.vida útil, para incrementar la capacidad de bombeo,
para incrementar y crear mecanismos de reserva, de capacidad y de hibridación, en definitiva, que permita mitigar la volatilidad y las puntas acusadas en el mercado mayorista a corto plazo.
Miren, en la medida en que en el diseño de un mercado marginalista las tecnologías no compitan por su tipología sino por sus costes, me pregunto qué sentido tiene ponerle un impuesto al viento, a la industria eólica anterior a octubre de
2003, que supone 5000 megavatios y el 20 % de toda la energía eólica instalada, siendo una industria que goza de competencia y que ha de modernizarse si quiere competir. ¿Cómo va a garantizar, señora ministra, la seguridad del suministro y la
minoración de las emisiones de CO2 sin la energía nuclear, que supone, como sabe, el 22,18 % de la electricidad en España? ¿Cuánto tiempo prevén que la industria nuclear pueda producir a pérdidas con este impuesto? Me pregunto si acaso usted no ve
las decisiones que están adoptando sus socios comunitarios cuando va a las reuniones en Europa. Señora Ribera, si prescindimos de la energía nuclear, como ya se le ha dicho aquí en la primera intervención del día, seremos todavía más dependientes
del gas y estaremos en manos de las políticas gasistas de terceros países. El impuesto a la energía hidráulica, promoviendo la no renovación de concesiones o, lo que es lo mismo, promoviendo la expropiación de concesiones, cobra sentido a sabiendas
de que las pretensiones de rescatar concesiones de sus socios comunistas del Gobierno son para crear, precisamente, una empresa pública de energía. De verdad, resulta inexplicable para este grupo parlamentario, y yo creo que para la mayoría de los
españoles, la política energética de este Gobierno, que queriendo liderar la descarbonización, ataca las tecnologías que precisamente nos hacen depender menos del gas y de las emisiones de CO2, como es el caso de la hidráulica, de la eólica y de la
nuclear.
Pero, señora Ribera, lo que a nosotros nos preocupa más, y yo creo que es lo que preocupa a los españoles estos días, además del coste que supone para su bolsillo la tarifa eléctrica y el precio de la luz, es el susto que se están llevando
por la pérdida de competitividad que están sufriendo las empresas y la industria en nuestro país. En febrero de este año le cité en sesión de control al Gobierno cuatro empresas que habían cerrado o tenían previsión de cierre por su mala política
energética. Supongo que las recuerda, ¿verdad? Le anuncié que, si no tomaba medidas urgentes, el próximo semestre, es decir, hoy, serían muchas más; y efectivamente, su ineficacia y sus propuestas están abocando a parones y cierres, amenazando
con enviar a las colas del paro a decenas de miles de trabajadores. Es decir, el Estado va a pasar de ingresar las cotizaciones sociales de los trabajados industriales a aumentar el gasto en bono térmico y en el suministro mínimo vital de los
trabajadores que con estas medidas envían al paro. El hachazo anunciado de 2600 millones se va a quedar corto, y además de ser excesivo, genera unas distorsiones muy graves.
Presidenta, concluyo. Hasta en seis ocasiones -se lo decía al principio- le hemos presentado nuestra proposición de ley para abaratar la tarifa eléctrica. Usted ha iniciado su intervención diciendo que nosotros, que este grupo
parlamentario, que el líder de la oposición, que la alternativa real de Gobierno no había propuesto ninguna alternativa para bajar la fiscalidad energética. Se lo hemos presentado hasta en seis ocasiones y ustedes han votado que no. ¿Cómo puede
decir esto ante los ojos de todos los españoles? Ha dotado a regañadientes algunas de las rebajas fiscales que hemos propuesto -las tiene usted ahora mismo encima de la mesa-, pero son insuficientes, como ha podido comprobar. Nuestra proposición
de ley recoge una fiscalidad más ambiciosa para proteger a los consumidores vulnerables y a la industria base nacional. Es necesario enviar el déficit tarifario, que ustedes generaron, señora Ribera, y el resto de los costes no energéticos a los
Presupuestos Generales del Estado, para que sean ustedes, y no los bolsillos de los españoles con nuevos impuestos, los que decidan dónde tienen que minorar para cubrir estos gastos. Señora vicepresidenta, hoy ha anunciado en este atril algunas
medidas, algunos parches, algunas futuras enmiendas contrarias a lo que hoy mismo pretende aprobar aquí. ¿Se da cuenta de la inconsistencia de sus decisiones? Estas rectificaciones no fueron fruto del diálogo con el principal partido de la
oposición, no lo fueron; ni tampoco lo fueron únicamente de las reuniones que mantuvo ayer a todo correr con empresas importantes de nuestro país. Son fruto exclusivamente de la clemencia de generadoras de energía que no pueden producir a pérdidas
y de grandes consumidores que se ven abocados a asumir su hachazo económico. Por ello, debería venir hoy aquí a debatir un texto enmendado y definitivo, y no este, que, además, supone una letanía en el tiempo de tramitación mientras vemos cómo las
empresas paralizan su actividad o cierran por el camino. Debería poner en marcha un verdadero apoyo a los contratos bilaterales específicos con las industrias de nuestro país, sin que nadie produzca a pérdidas y garantizando una energía segura que
garantice nuestra competitividad. En definitiva, señora Ribera, traiga un texto de tramitación urgente a la altura de las circunstancias que necesita nuestro país
porque este, le puedo asegurar, que no lo vamos a apoyar. España está en un momento delicado, la industria española está en un momento delicado; actúe en consecuencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gago. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Señora presidenta, señorías, nosotros recibimos con agrado esta ley que regula la minoración de la retribución de las centrales inframarginales y no emisoras puestas en servicio con anterioridad a la entrada en
vigor del mercado de derechos de emisión de CO2. Dice el preámbulo que, sobre los ingresos generados por este proyecto de ley, se considera que estos deben revertir en los consumidores eléctricos. Esperamos una aplicación de este criterio que
promueva con esos fondos el desarrollo de la generación distribuida, que es la mejor herramienta para los consumidores, y que atienda también a la pobreza energética. Pero, del mismo modo, los fondos obtenidos deberían trasladarse a compensar
aquellos usos del suelo que posibilitan la fijación de CO2, por ejemplo nuestros montes y nuestros bosques. Quien contamina paga es un principio habitual, pero quien descontamina debería ser retribuido también por ello.
Además de necesitar esta y otras leyes, el sector eléctrico español debe, en primer lugar, reducir los precios de la electricidad para los consumidores, ese debe ser el principal objetivo, pero también deben ofrecer una actitud constructiva
por parte de las empresas eléctricas y del Gobierno. Los ciudadanos esperamos de las empresas eléctricas un esfuerzo de transparencia sobre los hechos, las causas del alza de los precios y las herramientas para reducirlos, pero también esperamos
por parte del Gobierno claridad y precisión sobre las decisiones de regulación en el sector. Esperamos trasparencia, esfuerzo de comunicación y pedagogía sobre conceptos y facturas de energía, y decimos trasparencia y no campañas publicitarias.
En el preámbulo del proyecto de ley se señala que actualmente la electricidad solo representa el 20 % de la energía consumida. Estamos en un proceso de cambio energético. La descarbonización del sector y de la economía llevará a que la
mayor parte del consumo energético lo sea a través de la electricidad, lo que significa que una enrome porción de la economía española, un sector que pertenece al conjunto de la sociedad y no a unas empresas o a una regulación concreta, debe cambiar
siguiendo el interés general. Este proceso de transición energética debe realizarse de manera ordenada, para lo que reiteramos que es necesario ordenar el despliegue de las energías renovables mediante una ley que regule la instalación física en el
territorio y promueva la participación de las comunidades locales y de los propietarios del suelo en los proyectos de las renovables y en sus beneficios. También hay que impulsar fehacientemente la generación distribuida utilizando los fondos
europeos de recuperación para apoyar a las cooperativas energéticas de energías renovables de pequeño y mediano tamaño ubicadas en los puntos cercanos al consumo. Hemos de garantizar también el acceso a las redes eléctricas y puntos de evacuación
de los proyectos de generación distribuida y modernizar y digitalizar las redes de baja tensión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Saludo nuevamente a la señora Ribera.
La enmienda de totalidad con texto alternativo del proyecto de ley para actuar sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico atañe a una materia vital tanto para la sociedad como para las empresas y, por tanto, para la
generación de empleo y el bienestar social. La iniciativa que ha defendido el diputado señor Gago Bugarín se fórmula en unos momentos tristemente históricos, porque los españoles estamos pagando las tarifas más altas de todos los tiempos, con
demoledora repercusión y brutal impacto negativo para la economía doméstica, la competitividad empresarial, la industria y el empleo. Hoy, con Sánchez, con la ministra Ribera, España se empobrece más y más cada día. Comparto la modificación del
contenido de este proyecto de ley con medidas que abaraten el recibo de la luz y trasladar a los
presupuestos generales los costes fijos de la factura, así como una actuación urgente en materia de fiscalidad para suspender definitivamente el impuesto a la generación, la rebaja permanente del IVA, que en España tiene un tipo impositivo
del 21 % desde 2012, uno de los más altos de la Unión Europea, y el aumento de los ingresos en el sistema eléctrico por la mayor recaudación de los derechos de CO2. Tan oportuna es esta propuesta del Grupo Popular, que ahora hemos conocido que el
Gobierno deja en 179 millones de euros a la industria para compensar el CO2, a gran distancia del límite de la Unión Europea y de países homólogos a España, como Francia y Alemania.
Señorías, este proyecto de ley ha venido precedido de una campaña de propaganda preventiva del Gobierno, truncada con el fichaje del megarretribuido vicepresidente de Iberdrola, el conocido influencer socialista, señor Carmona, que destapa
la hipocresía del PSOE y de Podemos; una campaña con la que el Gobierno ha tratado de camuflar el desastre de su política energética tras casi tres años y medio de Gobierno de Pedro Sánchez y su ministra cortocircuito, la señora Ribera, que con
este proyecto de ley interviene en un mercado liberalizado y profundiza en la inseguridad jurídica para proteger los intereses del Gobierno a costa de castigar y saquear el bolsillo de los consumidores.
En consecuencia, votaré favorablemente el texto alternativo propuesto por el Grupo Popular y finalizaré diciendo que los resultados calamitosos de la denominada transición justa tienen en Asturias en forma de desertización y desempleo la
evidencia más palmaria y los estragos económicos de la pésima política energética del Gobierno, un fracaso que caracterizará esta XIV Legislativa.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, señora ministra.
Señores del Partido Popular, viendo esta enmienda que presenta su partido, la verdad es que no sabe uno a qué atenerse, porque es una enmienda a la totalidad con un texto alternativo que realmente no tiene nada que ver con el proyecto de
ley. Entiendo que quieran presentar su alternativa en estas cuestiones del mercado eléctrico, pero realmente, con lo que proponen, creo que resulta muy difícil atajar el problema que tenemos a corto plazo en España con el precio de la energía,
porque con medidas como la de reducir impuestos a cero, con lo que esto conlleva, no parece la manera de solucionar el problema. Yo creo que el precio de la energía es un asunto que necesita una reforma importante, una reforma de carácter temporal,
en la línea de las que está presentando el Gobierno. Y no es que esté de acuerdo con todas, pero en este caso ya hemos debatido también en la convalidación del decreto-ley anterior que necesitaba importantes modificaciones. Repito, hay que
defender a los consumidores, pero tampoco se puede perseguir a las empresas, pequeñas y grandes. Precisamente, son las grandes empresas las que están por todo el mundo y traen beneficios para España. A muchos se les olvida esto, y ustedes lo
saben, pero no lo dicen. Yendo contra ellas vendrían las empresas extranjeras a nuestro país, como ya ha ocurrido en otros sectores.
Este proyecto reduce los llamados beneficios fiscales, los beneficios caídos del cielo, y está bien, que no son precisamente los que ha dicho en el anterior decreto-ley un portavoz que no tiene los conceptos muy claros, porque son los que
cobran algunas empresas por no emitir CO2 y no tiene nada ver con los que se derivan del precio marginal. También hemos oído decir a más de un miembro de este Gobierno que se trata de recuperar el beneficio extraordinario obtenido en el pasado por
las empresas. Legalmente no puede ser ni es eso, hay que tener mucho cuidado con las declaraciones, porque la seguridad jurídica de las sociedades no es ningún eslogan, hay que tomárselo muy en serio. De todas formas, nosotros no apoyaremos el
texto alternativo que presenta el Grupo Popular.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Mi grupo no va a apoyar la enmienda a la totalidad presentada, y además me sorprende, porque tienen una enmienda al proyecto de ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial del sector energético y en materia tributaria que
precisamente recoge lo que ustedes hoy quieren enmendar.
Quieren enmendar la plana al Gobierno, pero lo cierto es que también se enmiendan ustedes a sí mismos porque de facto anulan esa enmienda presentada a ese proyecto de ley. Además, nos traen un texto alternativo que se ha votado ya unas
cuantas veces aquí y no ha salido hacia delante, y además en coherencia, porque nosotros hemos ido votando a favor de las medidas presentadas por el Gobierno.
Nadie pone en duda la transición hacia una economía verde. Hemos sabido explicar las ventajas y las oportunidades que nos va a brindar la misma, pero quizá lo que no hemos explicado es que la misma tiene una serie de costes que tenemos que
asumir, como he dicho ya por la mañana: sociedad, sectores económicos e industriales. Y si esto conlleva pérdidas de renta para determinados colectivos, pérdida de competitividad para sectores cuyo proceso de descarbonización es más complejo,
habrá que ayudarles en el camino y buscar mecanismos para compensarles y para acompañarles en las inversiones necesarias en este trámite. Si no lo hacemos todos juntos, difícilmente podremos involucrar a la sociedad en estos objetivos.
Ante las subidas del precio de la luz todos tenemos que asumir una parte, sociedad y empresas, y en este sentido han ido dos de las medidas del Gobierno, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y el proyecto de ley que
hoy debatimos, para intentar rebajar la factura y que no seamos solo los consumidores los que sigamos asumiendo todos los costes de la factura eléctrica. El mercado marginalista, aunque hoy parezca lo contrario, tiene como ventaja que envía señales
correctas a los inversores, y así, cuando sube el precio, el incentivo de invertir aumenta, sobre todo para las tecnologías inframarginales, pero también este mismo mercado marginalista puede sobrerretribuir a tecnologías que no necesiten esa señal
porque no se va a invertir en ellas o no se han realizado inversiones que tengan que recuperarse en un entorno liberalizado. En el Estado estamos hablando de los ingresos que reciben las centrales nucleares, gran parte de la potencia hidroeléctrica
instalada y los parques eólicos anteriores a la publicación de la Directiva 2003/87, que creó el mercado europeo de CO2 y que hoy incluyen en el recibo los costes de las emisiones de CO2 a pesar de producir energía que no genera gases de efecto
invernadero. En definitiva, se aplica un windfall tax para reducir el impacto del incremento de la tarifa eléctrica en los consumidores para cubrir los costes del sistema con los ingresos extraordinarios que obtienen las centrales de generación que
no emiten CO2 y son anteriores, como he dicho, al nacimiento del mercado europeo del carbono. Algo similar ya se propuso en 2007, cuando se hablaba de que de la retribución de la generación no emisora se minoraría el valor de los derechos de CO2
internalizado en el precio de mercado, aunque se retiró esa medida en 2009; una medida que fue llevada a los tribunales pero que sin embargo el TJUE concluyó que era de acuerdo a derecho. Pero es que además, Europa permite que se pueda minorar
estas rentas relacionadas con el CO2. El proyecto estima la cuantía de la minoración en torno a 625 millones que, como bien ha dicho la vicepresidenta, se destinarán a combatir la pobreza energética, a ayudar a los consumidores vulnerables severos
en riesgo de exclusión social y otro porcentaje cubrirá los costes del sistema eléctrico, priorizando la financiación de los mecanismos de capacidad en vigor y destinando el excedente a financiar los cargos del sistema eléctrico. Tampoco podemos
obviar que además la norma tuvo el aval del Consejo de Estado y de la CNMC, aunque también este realizaba algunas matizaciones que, a lo mejor, se pueden considerar en la fase de tramitación de enmiendas. A nuestro juicio, la norma en algún
supuesto también precisa de matizaciones y mejoras, por lo que llegado el momento este grupo las planteará. Por tanto, votaremos no a la enmienda de totalidad.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Señorías, ministra, vicepresidenta, seguimos debatiendo un asunto de vital importancia no solo para el futuro de los españoles, sino también para el presente. Ya hemos tenido ocasión de debatir hoy la situación del precio de la electricidad
y cómo reciben los españoles cada mes su factura más elevada. Dentro de esta situación, el Gobierno ha impulsado un proyecto de ley para minorar la retribución de ciertas tecnologías de generación de electricidad que consideraba excesivas.
Argumentan que el aumento del coste de los derechos de emisión de CO2 como consecuencia del sistema marginalista de fijación de precios del mercado mayorista está sobrerretribuyendo a esas empresas y dándoles unos beneficios de origen regulatorio
que no son merecidos. Ya he comentado esta mañana en la anterior intervención que el mecanismo de minoración de retribución del CO2 no emitido es una herramienta que, a pesar de ser sin
duda mejorable, tiene cabida en nuestra economía de mercado en el momento que recorta unos beneficios extraordinarios de origen puramente regulatorio, el mercado de los derechos de emisiones de CO2, que las empresas no podrían haber previsto
al plantear su inversión.
Aun así, creemos que es una ley que podemos mejorar, porque hay algunas cosas que no nos terminan de encajar. Parece que el Gobierno está dispuesto a dejarse por el camino las inversiones en energías renovables y con esta ley corren el
riesgo de que muchas de ellas se queden fuera. Hay cosas que queremos mejorar y lo estamos haciendo ahora en el periodo para registrar enmiendas parciales. Creemos que es un proyecto un poco rígido y arbitrario en algunos aspectos, la minoración
no se adapta a la realidad del mercado y, de forma totalmente injustificada, su modificación se deja en manos del ministerio, cosa que nos parece, cuanto menos, llamativa. España necesita seguir atrayendo inversiones y mecanismos como este, pero
medidas como esta crean una enorme inseguridad jurídica. Después tenemos al Partido Popular que, hoy mismo, en la tribuna dicen que han presentado por sexta vez esta misma iniciativa y hoy vuelven a traer el mismo texto, las mismas medidas y
volvemos a decirles lo mismo: señores del Partido Popular, esperaba mucho más de ustedes. ¿Qué querían hacer, presentar lo mismo y que nosotros, de repente, quisiéramos apoyarles? Entre esas medidas está, por ejemplo, la eliminación del impuesto
de generación eléctrica que ustedes mismos establecieron y nos parece que lo hacen de una manera bastante poco responsable, porque al final lo que quieren es que esos ingresos que llegan a través de ese impuesto recaigan sobre los Presupuestos
Generales del Estado y lo que ustedes no le cuentan a los ciudadanos es que lo vamos a tener que pagar igualmente. Por lo tanto, si quieren presentar nuevas medidas estaremos encantados de mirarlas, pero por más que las repitan no las hacen
mejores.
Toda esta enmienda de totalidad se basa, además, en previsiones sobre la evolución del mercado de emisiones, infladas en ocasiones hasta el doble o el triple de lo que prevé la CNMC para que encaje con el cálculo de presupuestos de esta
enmienda. Como liberales, creemos a pies juntillas en la eliminación de cualquier impuesto superfluo, por supuesto, y los que son innecesarios también, y creemos en la mejor gestión de los Gobiernos, por supuesto que sí, pero, señorías, parece que
ustedes aspiran a proponer dichas bajadas de impuestos, como he dicho, solo acudiendo a los Presupuestos Generales del Estado. Además, lo utilizan políticamente, porque lo que quieren es que se implanten sus medidas en 2021, 2022 y 2023, justo a
tiempo para unas elecciones y poder decir que han querido hacer cosas y no se lo han permitido. Seamos, por favor, un poco responsables porque la economía de nuestro país, la economía de los ciudadanos y de las familias está en juego. El
bipartidismo vuelve a demostrar que siempre antepone sus intereses partidistas al interés general de los españoles. Los dos partidos llevan cuarenta años gobernando España y utilizan una materia tan sensible como esta, que afecta de lleno además a
millones de españoles, para simplemente hacer campaña. Los españoles merecen ver a sus políticos y a sus representantes trabajar para conseguir esa bajada rápida, real y sostenible. Ese debe ser el objetivo, no luchar por unas elecciones que
todavía no han llegado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, la verdad es que, aunque este proyecto nos parece que permite avanzar en algunos aspectos, creemos que no es suficiente. ¿Por qué? Porque con él se pretende eliminar la sobrerretribución que reciben algunas
tecnologías de generación que no emiten CO2 pero que por el funcionamiento marginalista cobran el precio que marca la casación del sistema eléctrico por el que desde 2005 otras tecnologías emisoras tiene que interiorizar el coste del CO2. La
realidad es que en los días de más altos precios de la electricidad casi nunca marcaron el precio más alto los ciclos combinados, el gas natural o las térmicas, carbón; casi siempre fue el agua que, sorprendentemente, es la más barata de todo el
sistema eléctrico. Eso muestra la perversión del sistema marginalista. Por eso, el BNG insiste en que si se quiere de verdad abaratar la factura de la luz es necesario actuar con más determinación, procediendo a una nueva regulación del sistema
eléctrico que esté pensada para dar prioridad al interés público y social frente a los intereses de unas pocas grandes empresas energéticas. El Gobierno debería presentar en el Congreso una nueva ley del sector eléctrico que, entre otras cosas,
eliminara el actual mercado marginalista, previese una mayor capacidad de intervención pública y estableciese tarifas eléctricas específicas para las comunidades productoras excedentarias de energía eléctrica. Porque
nosotros no renunciamos a que Galiza pueda tener una tarifa eléctrica galega en su condición de país productor excedentario de energía eléctrica que, como repetí muchas veces, ya paga los costes sociales y ambientales de esa especialización
que nosotros no decidimos.
Desde nuestra perspectiva, el proyecto de ley establece una modificación que no es mala, como decía, pero que, como otras que se están abordando, será limitada. En todo caso, este problema no lo resuelven las enmiendas de la derecha extrema
y de la extrema derecha, que parecen más preocupadas por las cuentas de resultados de las grandes empresas eléctricas que por abaratar la factura de la luz a las mayorías sociales, a las clases populares y a las pequeñas empresas. Por lo tanto,
votaremos en contra.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bon dia, bona tarda.
Alberto, compañero, ¡hasta pronto!
Buenos días de nuevo. Hola, ministra, soy el de antes.
Debatimos la enésima enmienda a la totalidad del dúo poco dinámico que forman PP y VOX. Después de la Ley de residuos y de la Ley del fondo nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico, como no hay dos sin tres, ahora se oponen a la ley
que actúa sobre la retribución del CO2 no emitido. Sin sorpresas. La propuesta del Partido Popular -déjenme decir- no es demasiado original. Aprovechan de nuevo esta enmienda para colar toda su batería de medidas para bajar el precio de la luz;
unas medidas que, evidentemente, no tocan el bolsillo de las eléctricas -no vaya a ser que perdamos la oportunidad de sentarnos en algún consejo de administración- y se centran básicamente en medidas fiscales. Ya se sabe que es la respuesta de la
derecha para casi todo, es su bálsamo de Fierabrás: ante cualquier problema, bajar impuestos, da igual a quién, porque las pensiones, las prestaciones de desempleo, los ERTE, la sanidad, la educación y las políticas de vivienda se pagan solas. Y
la otra medida estrella es la reducción de cargos vía trasladar el déficit tarifario y costes extrapeninsulares a los presupuestos. Es decir, no solucionan nada, se limitan a trasladar el problema de un lado a otro. Eso también es muy propio de la
derecha.
Pero qué podemos esperar del partido que precisamente impulsó la reforma del sector eléctrico, el partido del señor Aznar, del partido que privatizó Endesa, que inició el déficit de la tarifa y consagró los costes de transición de la
competencia para la nuclear; medidas todas ellas cuyas consecuencias aún hoy sufrimos y que tienen su parte de responsabilidad en la situación actual de altos precios. A los viejos del lugar no se nos olvida que fue Rodrigo Rato quien inició el
déficit de tarifa precisamente.
Tuvieron sus señorías tiempo y ocasión para aprobar medidas concretas, quirúrgicas, sin coste para el erario público, en una PNL que duerme el sueño de los justos y que les propuso Esquerra en la última sesión de la Comisión de Cambio
Climático. Les proponíamos impulsar las acciones necesarias para garantizar la desinversión en la cadena de valor por parte de los grupos integrados para incrementar la asimetría en el mercado y reducir barreras de acceso. Les proponíamos
modificar el artículo 5.3 del Real Decreto 216/2014, para limitar el ámbito subjetivo de aplicación del PVP a las microempresas y a los clientes domésticos. Les proponíamos establecer un proceso de subasta para los clientes de comercializadoras que
pierdan su licencia por pérdida de capacidad económica y mandatar a la CNMC. Les proponíamos aprovechar la trasposición de la Directiva de mercado interno para abrir todos los mercados de energía, como el de regulación primaria o FCR; adaptar el
consumo compartido a una potencia de 5 megas y a una distancia de 5 kilómetros -ningún invento, esto lo hacen en Francia-; modificar la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal, para facilitar la implantación del autoconsumo; modificar el artículo
20.1 de la Ley del IVA, para añadir la retribución de la energía excedentaria del autoconsumo hasta 15 kilovatios, para que fuese actividad externa de IVA y así facilitar al máximo el dimensionamiento de las instalaciones de autoconsumo. Y eso
ustedes no lo aceptaron (señalando al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), pero es que resulta que estos señores tampoco (señalando al Grupo Parlamentario Socialista). De forma que les anunció que todas estas medidas estarán enmendando -ahí
es donde pondremos nuestra hache, señora ministra- cuando tengan a bien traer a la Mesa el proyecto de ley que esperamos que vea pronto la Cámara.
Por su parte, VOX critica el proyecto de ley por el carácter intervencionista del Gobierno. Hacen una enmienda a la totalidad, con una oda negacionista y acientífica que, francamente, no creemos que merezca la pena que le dedique más tiempo
la estenotipista ni espacio el Diario de Sesiones.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capdevila. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, presidenta.
A mí me gusta el debate parlamentario y por eso creo que hay que escuchar atentamente a los intervinientes y amoldar nuestras intervenciones al diálogo según se está produciendo. En ese sentido, me ha sorprendido la intervención del señor
Gago, a quien conozco de la Comisión de Transición Ecológica y a quien respeto, porque realmente ha dicho cosas que no tienen parangón y que no se habían escuchado en esta Cámara. Por ejemplo, ha relacionado la subida del precio de la luz con
diversas iniciativas legislativas que se han ido tomando en este país, por ejemplo, la Ley de cambio climático. Llevamos discutiendo del tema del precio de la luz desde hace semanas y todos sabemos cuáles son las causas de la subida del precio de
la luz, que tiene que ver, por ejemplo, con el alza del precio del gas en los mercados internacionales.
También se ha referido al sesgo ideológico de las iniciativas del Gobierno. Si con ello se refiriera a que no nos arrodillamos ante el oligopolio eléctrico, pues se lo acepto y reconozco que es así, efectivamente. Ahora bien, para hablar
del sesgo ideológico ha mencionado el asunto del diésel. Miren ustedes, la contaminación por diésel no es una cosa ideológica, es que, según la Organización Mundial de la Salud -en concreto, según la IARC-, el humo del diésel es un carcinógeno de
grado 1. Es que las micropartículas en las ciudades provienen de la combustión de diésel; es que un vehículo diésel emite veinte veces más micropartículas que un vehículo de gasolina; es que la contaminación por diésel provoca el 90 % de los
óxidos de nitrógeno de las ciudades. ¿Dónde está el sesgo ideológico de tratar de solucionar el problema de la contaminación por diésel? ¿Dónde está? ¿Acaso estos datos son falsos? Pues claro que no lo son. Por cierto, hablando de otra cuestión
que sí tiene una componente ideológica, hablando de la necesidad de una empresa pública de energía, esta mañana veía al portavoz del Partido Popular, el señor Mariscal, negando con la cabeza cuando se decía que la privatización de Endesa la hizo el
Gobierno de Aznar. A mí me parece bien que el Partido Popular reniegue de sus acciones y reniegue de haber privatizado Endesa. Y, por cierto, al referirse a la empresa Enel dice: una empresa con su sede social en Roma. Bueno, se llama Enel,
todos lo sabemos y, además, es una empresa pública italiana. Pero si a ustedes les parece mal haber privatizado Endesa, pues, oiga, aquí tienen la pista de salida para crear una nueva empresa pública eléctrica, que creemos que es absolutamente
necesaria. Por lo tanto, me parece bien que ustedes renieguen de haber privatizado Endesa y, en ese sentido, creo que es el momento de rectificar, ya que la situación requiere de una empresa pública energética en nuestro país, porque estamos
hablando de un sector estratégico y de una cuestión que afecta directamente al bolsillo de todos los ciudadanos.
Esto eran apuntes previos porque en realidad lo que estamos discutiendo es el conjunto de los dos proyectos de ley presentados por el Gobierno y ahora en tramitación -el fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico y la
retribución del CO2-, que supondrán, una vez aprobados -como ha dicho la vicepresidenta-, una reducción del 15 % en la factura de la luz. Yo creo que ambos deben ser tramitados lo más rápido posible para evitar más influencia al alza del mercado
mayorista sobre la factura eléctrica de los consumidores. Estamos, por tanto, ante unas iniciativas que traerán cambios estructurales decisivos y que beneficiarán a todos y a todas y, en especial, a los más vulnerables. Entiendo que en este debate
lo que debería movernos es precisamente el objetivo de reducir el precio de la luz, beneficiando con ello a la mayoría social. Eso al menos es lo que motiva a la coalición de Gobierno para poner en marcha estas medidas que se añaden a las ya
tomadas.
Sorprende también que en su enmienda a la totalidad lo que plantean básicamente sean iniciativas que ya han sido tomadas por el Gobierno: la reducción del IVA, eliminar el impuesto de la energía y derivar algunos gastos a los Presupuestos
Generales del Estado. En definitiva, se trata de medidas, las que ustedes proponen, en las que solamente el Estado asume la carga del coste de reducir el precio de la luz. Llama la atención que precisamente se presente una enmienda a la totalidad
a este proyecto de ley que trata de que una parte del peso de las medidas para reducir el precio de la luz recaiga sobre las propias
empresas eléctricas. No puede ser que todo el esfuerzo lo haga el Estado mientras las eléctricas obtienen desmesurados beneficios. Ayer el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán -hoy se ha mencionado reiteradamente-, decía muchas cosas y,
entre otras, advertía al Gobierno de que no se puede gobernar con radicales. Entiendo que se refería a Unidas Podemos, a quien nos culpa de las iniciativas que pueden tener un pequeño impacto sobre sus beneficios económicos. No nos extraña que él
lo diga, lo que nos sorprende es que haya por aquí, por el Congreso, partidos siempre dispuestos a recoger sus demandas.
En las últimas semanas los españoles hemos aprendido bastante sobre el mercado eléctrico. Ya sabemos que el oligopolio eléctrico controla el 80 % de la producción eléctrica y que está obteniendo unos beneficios extraordinarios caídos del
cielo, debido al alto precio del gas en el mercado mayorista. A nadie debe extrañar, por tanto, que a las eléctricas no les pidamos empatía, sino que repartamos con ellas la carga del coste de la luz con una pequeña parte de esos beneficios
sobrevenidos. De eso y no de otra cosa va esta proposición de ley. Ya sabemos que el oligopolio eléctrico no se presenta a las elecciones; es muy fácil para ellos el chantaje de las amenazas. Así, han pasado de la amenaza del cierre de las
centrales nucleares a la cancelación de inversión en renovables o a explicar al presidente del Gobierno cuál debe ser la composición de su Gobierno. Para la política ya tienen aquí a sus portavoces, siempre dispuestos a atender las demandas del
oligopolio. Pero no les quepa duda de que nosotros y nosotras vamos a seguir trabajando para que realmente haya una política energética independiente de ese oligopolio eléctrico, para que haya una política energética pensada por y para los
ciudadanos porque, insisto en ello, el sector de la energía es un sector fundamental, es un sector estratégico para nuestro país y, por ello, se debe gobernar pensando en todos y todas las gentes que necesitan cada día esa energía, esa electricidad.
Eso es lo que está haciendo este Gobierno con estas propuestas que hoy el Partido Popular enmienda a la totalidad.
Muchas gracias y buen día. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Uralde. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Como ya indiqué en mi anterior intervención, la seguridad jurídica es un elemento esencial de toda democracia y, sobre todo, de las democracias europeas, en la medida en que no tenemos grandes recursos naturales de los que vivir; al final,
tenemos que vivir de la seguridad jurídica que proveemos a quienes quieran hacer negocios en este país. Tenemos que comprender que la seguridad jurídica se ve subvertida por muchas cuestiones, muchas amenazas, y una de esas amenazas que cada vez se
ve más clara es este Estado del bienestar de los políticos, esos políticos irresponsables, ya sea por acciones, por omisiones, o incluso por la legislación, que al final destruye la economía española, destruye los trabajos de los españoles y, en
fin, genera gravísimos perjuicios, y esos políticos, además, en su Estado del bienestar no pagan las consecuencias de sus acciones.
Señor Rodríguez, veo que sigue usted aquí. Ha sido usted condenado por sentencia firme del Tribunal Supremo por patear a un agente de la autoridad y, sin embargo, en lugar de abandonar su escaño, como dice la sentencia, se queda usted aquí
atornillado. ¿Por qué? Porque el Estado del bienestar de los políticos es muy agradable, pisar moqueta es muy agradable (aplausos) y por eso es duro cumplir la sentencia e irse a su casa, que es lo que debería hacer y es lo que avalaría la
seguridad jurídica de España. Porque esa seguridad jurídica también se subvierte con una parte de la acción del Gobierno que está basada en puras mentiras, puras falacias, puras tonterías, porque son ustedes unos falsarios.
Señora ministra, sube usted aquí y, revestida de pompa y boato, nos indica con severidad absoluta cuestiones que son absolutamente mentira. Viene usted y trae una norma que se llama: para mitigar el impacto de la escalada de precios del
gas, y lo que pretenden es meter la mano en el bolsillo de los españoles para metérsela de vuelta ustedes en su bolso. Traen ustedes una norma que se llama: sobre la retribución del CO2 no emitido. Cualquiera pensaría que quieren ustedes evitar
una remuneración que se da del CO2 y es mentira; se están ustedes inventando un tipo de gravamen nuevo, un nuevo impuesto, una nueva tasa, un nuevo precio público para cobrar a aquellos generadores de energía que no emiten CO2; es surrealista. Y
viene usted aquí y nos cuenta una batalla de bajadas del precio de la luz y es todo mentira, porque el real decreto que traen, la norma que traen, el proyecto de ley solo habla de hachazos fiscales, solo habla de meter la mano en el bolsillo de las
empresas, de los españoles, etcétera. No dicen absolutamente nada de una rebaja del precio de la luz, nada. Ustedes, básicamente, nos están robando
dinero con la excusa de en un futuro, quizás, bajar el precio de la luz, pero la realidad es que no lo traen aquí, no permiten que se debata.
La cuestión de todo esto viene por el CO2, que está en unos niveles desorbitados, supone un encarecimiento de la luz desmedido, y ustedes quieren ahora meter la mano en el bolsillo de aquellos que no generan CO2 y, por lo tanto, no están
sometidos a ese hachazo que, en definitiva, generan ustedes. Porque, volvemos a la cuestión, el CO2 tiene los precios que tiene porque ustedes lo someten a una subasta a la cual puede concurrir todo especulador que se pase por España. Y eso no es
justo, señora ministra, porque ustedes gravan a quienes emiten, ustedes cobran a quienes compran derechos de CO2 para emitir CO2, Y ahora vienen ustedes y pretenden gravar también a aquellos que, cumpliendo sus instrucciones, empezaron a no generar
CO2. Porque, si esto fuese una carrera, señora ministra, en lugar de ayudar a aquellos corredores que van en última posición, que tienen más dificultades, ustedes lo que pretenderían hacer sería lastrar a aquellos corredores más ágiles, más
veloces. Ustedes pretenden lastrar el sistema y, al final, eso va a suponer una minoración de la oferta energética en España y, necesariamente, un encarecimiento de los precios de la luz. Y esto lo sabe cualquier estudiante de primero de Economía.
Parece mentira que ustedes no estén previendo cuáles van a ser las consecuencias de su normativa, y prueba de ello es que cada vez que ustedes abren la boca hay un nuevo pico de los precios de la energía. Entonces, por su negligencia, todos los
españoles estamos sufriendo y pagando. Todos, incluidos los votantes del Partido Socialista, porque ellos también consumen energía. (Aplausos).
Ustedes vienen aquí y pretenden meter este nuevo rejón con la excusa, al final, de bajar el precio de la luz, porque dicen que no hay dinero para ello. Como ya les he dicho, señora ministra, ustedes se embolsaron 9000 millones en impuestos
a través de la luz. Podrían rebajarlo un poquito, solo un poquito. Entonces, vienen ustedes con esa excusa de que no hay dinero y quieren meter la mano en el bolsillo de los españoles de nuevo porque no hay dinero. Sin embargo, para rescates a
Plus Ultra, para regalar paguitas a los jóvenes y comprar voluntades, para eso parece que sí tienen dinero.
Al final, ustedes están acogiendo esos dogmas climáticos, esos criterios que vienen impuestos por la Comisión Europea y los están acogiendo gustosos porque les está sirviendo, en definitiva, como excusa, entre otras cuestiones, para destruir
la industria española, para destruir el mercado energético español. Si realmente se produjese un combate contra esa situación climática o esa emergencia climática, quizá podríamos comprarles el argumento, pero es que mientras España en diez años ha
reducido sus emisiones un mísero 16 %, China ha multiplicado sus emisiones de CO2 en un 300 %. Lo que no tiene sentido es que ustedes, junto los burócratas de Bruselas, vengan a España a arruinar a los españoles, a arruinar a nuestra industria, y
que nos obliguen a pagar los precios de la luz record de toda la historia. Mientras tanto, están dejando el camino expedito para que China e India que son, entre otros, los principales países más contaminantes del mundo, conquisten toda la
industria de este mercado globalizado en el que vivimos.
Eso no se puede tolerar porque ustedes están subvirtiendo y destruyendo la soberanía energética de España. Mientras que Francia tiene 58 reactores nucleares, nosotros les compramos a ellos la energía. ¿Si un reactor nuclear en Francia
explota o tiene un accidente no nos va a afectar en España? Por supuesto que sí. Mientras que ustedes cierran centrales térmicas en España -pensemos en la central de La Felguera o la central de Soto de la Barca, con unas mil personas a la calle-,
nosotros les compramos la energía sucia a Marruecos. ¿Es que esa energía no produce CO2 y ese CO2 no tiene impacto en España?
Y ustedes ahora vienen a abrir la puerta a expropiar las centrales hidroeléctricas, unas centrales que no consumen, unas centrales -tenemos el ejemplo del río Navia- que con una misma gota de agua genera energía tres veces, una de las
energías más eficientes que hay en España. Ustedes quieren expropiarla con la excusa de bajar los precios. ¿Qué van a hacer cuando las expropien? ¿Cerrar esas centrales? Menos energía, más coste. ¿Qué van a hacer si no, gestionarlas ustedes
mismos? O cambian el sistema de fijación de precios o tampoco va a haber forma de bajar el precio. En definitiva, el único que propone alternativas reales es VOX. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señor Figaredo, tiene usted que terminar, por favor.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Nos han dejado ustedes solos porque somos los únicos que proponemos alternativas reales, alternativas para rebajar de verdad el coste de la luz a todos los españoles.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Figaredo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Renau Martínez.
El señor RENAU MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
Señora vicepresidenta tercera del Gobierno, señorías, antes de empezar, me voy a permitir leerles unas líneas: El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico desarrollará en el plazo de tres meses un mecanismo de limitación de la
sobrerretribución que puedan recibir las tecnologías no emisoras de CO2 como consecuencia de la incorporación del precio de CO2 a los precios del mercado mayorista de la electricidad por parte de las tecnologías emisoras. Y sigue: Con esto se
amortiguarán los efectos perniciosos de la extrema volatilidad y las prácticas especulativas en los precios del CO2 para mitigar los que se han venido en denominar windfall profit, beneficios sobrevenidos o beneficios caídos del cielo, que pueden
generar a las tecnologías que no precisen de derechos de emisión de CO2. Claro, escuchando la intervención del señor Gago, yo entiendo que esto le parece intervencionista, bolivariano, bolchevique, pero esto es del Partido Popular. (Muestra un
documento). Esto lo registraron, como ha dicho la vicepresidenta antes, el 26 de mayo: una enmienda a un real decreto. Yo entiendo que aquel día les parecía muy importante tener un mecanismo de minoración de la retribución del CO2 y hoy ya no;
pero bueno, ya nos tienen acostumbrados. Esta incongruencia suya no es nueva ni es extraña. También les parece importante rebajar el IVA de la luz o suspender el impuesto a la producción eléctrica, pero luego, cuando llega esto a esta Cámara, no
lo votan a favor; ya lo hicieron en julio. Sus urgencias políticas les parecen mucho más importantes que las necesidades de la ciudadanía, ¿verdad? Hoy traen aquí una enmienda a la totalidad a una ley muy necesaria, tanto que ustedes mismos la
pidieron; una ley que servirá para rebajar la factura de la luz de todos los consumidores. VOX, en cambio, retira su propia enmienda a la totalidad. Debe pensar que la del PP es mejor, con lo cual, ya se califican solos y así hoy no tendré que
perder el tiempo con ellos.
Miren, el mercado de derechos de CO2 es muy importante, porque nos permite controlar la cantidad de emisiones ayudando en una tarea tan importante, tan urgente, tan imprescindible, como es la descarbonización, pero en el mercado eléctrico
esto hace que algunas instalaciones que ya están amortizadas estén recibiendo beneficios extraordinarios al internalizar injustamente estos costes del CO2, y estos beneficios salen directamente del bolsillo de los ciudadanos y van directamente al
dividendo de grandes empresas. Esta ley sirve para corregir esta situación, y lo hace además garantizando la rentabilidad razonable de estas centrales y manteniendo las señales necesarias para seguir avanzando en la descarbonización. Sin embargo,
el Partido Popular trae una enmienda a la totalidad que no tiene que ver en absoluto con lo que dice esta ley. Lo que hacen es traernos de nuevo su iniciativa fetiche en materia energética. Antes decía que el 26 de mayo presentaron una enmienda
que pedía expresamente lo que hace esta ley, pero es que el día antes, el 25 de mayo, debatimos en esta Cámara una proposición de ley presentada por el Partido Popular, y era este mismo texto, el mismo, punto por punto y coma por coma. Le agradezco
al señor Gago -que ahora no está- que haya dicho que la trajeron seis veces, porque yo ya había perdido la cuenta. La debatimos seis o siete veces en pocos meses. La han traído como proposición de ley, como moción, como proposición no de ley en
tres comisiones distintas -he tenido la oportunidad de debatir con el señor Mariscal, con el señor Requena y con el señor Gago- y, por si no fuera suficiente, hoy la traen como enmienda a la totalidad a una ley que no tiene nada que ver con lo que
propone, nada, absolutamente nada. Habría sido compresible que trajeran esta enmienda a la totalidad al fondo nacional de sostenibilidad, porque guardaba un poquito más de relación, pero bueno, debe ser que se les pasó la fecha y no llegaron. Lo
que sí han hecho ha sido traerlo como enmiendas al articulado: enmienda uno, este texto completo, sin variaciones; enmienda dos, supresión de todos los demás artículos. Sean un poquito serios, sean un poquito serios. Yo creo que ya pueden parar
con esto, dejen en paz este texto, sáquennos de este día de la marmota en el que nos intentan mantener. De verdad, se lo dije la última vez, ¿lo traen tantas veces para ver si alguien se equivoca al votar y sale adelante?
Ya que estamos con este texto, vamos a ver qué es lo que proponen. Insisten, insisten e insisten en que todo se pague de los presupuestos generales, todo. Al mismo tiempo, en esta y en otras iniciativas piden que se bajen tantos impuestos
como sea posible o incluso que se eliminen. Yo me pregunto: Si hay que pagar más cosas de los presupuestos generales y, a la vez, hay que ingresar menos con los impuestos, ¿qué es lo que plantean que hagamos? ¿Qué quieren? Supongo que lo único
que saben hacer: recortar. Además, recortar en políticas sociales y recortar en derechos, porque es lo único que hacen y es donde no nos van a encontrar nunca, señorías del PP. (Aplausos).
En esta enmienda a la totalidad suya, en esta propuesta en la que no hablan en absoluto del contenido de la ley de la retribución al CO2 no emitido, simplemente pretenden traspasar, como decía, todos los costes del sistema eléctrico a los
presupuestos generales, y dicen -lo ha dicho el señor Mariscal esta mañana en otro debate- que los pague el Gobierno en vez de los ciudadanos. Pero ustedes saben cómo funcionan los Presupuestos Generales del Estado, ¿no? A veces me hacen dudar.
Voy a intentar ser muy claro, muy explicativo, para que lo entienda todo el mundo, para que lo puedan entender incluso ustedes. Así, redondeando, para que nos entendamos, por cada euro que pagan las familias de este país en cargos regulados en sus
facturas (muestra una moneda de un euro en una mano), las empresas están pagando, grosso modo, otro euro (muestra una moneda de un euro en la otra mano). Con su propuesta para traspasar todos esos costes a los presupuestos generales lo que plantean
es que por cada euro que pagan las empresas (muestra una moneda de un euro en una mano) las familias paguen cinco euros (muestra un billete de cinco euros en la otra mano). Esta es su propuesta, esta. ¿Intentan frenar todas las medidas que rebajan
la factura y proponen esto? ¿Esta es su propuesta? ¿De verdad? Solamente me queda preguntarles una cosa: ¿A quién están defendiendo ustedes? Y más importante aún: ¿A quién pretenden engañar? Se lo digo yo: Ya no engañan a nadie.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Renau. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, la presente sesión plenaria incluye el debate y la aprobación del dictamen de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el
carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco. Por tener carácter de ley orgánica, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final que, de
conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que las votaciones no se producirán antes de las dieciséis horas.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA. (Número de expediente 121/000064).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el siguiente punto del orden del día: Debate de totalidad del proyecto de ley de memoria democrática. Les informo de que el Grupo Parlamentario Republicano ha solicitado la avocación de este proyecto
de ley. Dicha solicitud se someterá a votación a continuación de la votación correspondiente a las enmiendas a la totalidad.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Bolaños García): Buenos días, señorías.
Subo a la tribuna para presentar el proyecto de ley de memoria democrática que, como saben ustedes, aprobó el Consejo de Ministros el pasado 20 de julio. Aprovecho también este turno de palabra para agradecer el trabajo de mi antecesora en
el ministerio, Carmen Calvo, que tanto esfuerzo y tanto trabajo dedicó a este proyecto. (Aplausos).
Señorías, los objetos tienen memoria. No me refiero solo a los monumentos y a los museos que mantienen la memoria de las sociedades, de las civilizaciones, de las épocas; me refiero sobre todo a los objetos que condensan la memoria de una
persona o de una familia. Hace dos años el equipo de excavaciones que investigaba una fosa en Cevico de la Torre, en Palencia, encontró un objeto sorprendente: un sonajero. Los investigadores quedaron extrañados de que un objeto tan vinculado con
la alegría y con la vida se encontrara en un lugar tan marcado por el odio y el dolor, y quisieron saber la historia de ese objeto. Ese sonajero resultó ser lo último que cogió Catalina Muñoz cuando se la llevaron de su casa; una casa a la que
nunca volvió. Pertenecía a su hijo Martín, que en el año 1936 tenía nueve meses. La memoria de los objetos, señorías, es tan poderosa que en apenas un momento puede evocar vidas enteras. Puede devolvernos, aunque sea por un instante, a las
personas que ya no están. Martín nunca
pudo conocer a su madre, pero recuperó ese sonajero, ochenta y tres años después, que le permitió reencontrarse con ella. Le permitió rescatarla, como si la memoria que contiene su sonajero fuese la forma íntima de justicia y reparación en
su caso. En España tenemos la fortuna de contar con cineastas que han reflejado la historia de miles de personas y de familias golpeadas por la Guerra Civil y por la Dictadura. Recientemente Pedro Almodóvar ha llevado al cine precisamente la
historia que acabo de relatarles; Madres Paralelas es la película -hace unos días pude verla en Barcelona- que relata la historia que acabo de contarles. Cuenta con un realismo impactante la necesidad que tienen muchas familias y muchas personas
de recuperar los restos de sus seres queridos. Lamentablemente, ese caso no es excepcional, es algo muy frecuente. Mientras nosotros estamos aquí debatiendo, hay muchísimas personas en su casa observando un objeto o una fotografía que contiene una
memoria contradictoria: evocan una pérdida irreparable y, a la vez, mantienen a personas a las que recuerdan a salvo del olvido. Nuestro deber, señorías, es que ese poder evocador y restaurador que tienen los recuerdos también se extienda a las
leyes. Eso es natural y necesario en una democracia avanzada como la nuestra y ese es el objetivo último de esta ley, pensada sobre todo para las personas.
El proyecto de ley de memoria democrática que les presento se erige sobre la base de tres pilares que dan sentido y permiten comprender en toda su dimensión los objetivos y la importancia de su regulación. En primer lugar, el proyecto tiene
su fundamento en valores democráticos: la concordia, la convivencia, el pluralismo político, la defensa de los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, la cultura de la paz. En segundo lugar, se ancla a los cuatro principios
fundamentales del derecho humanitario internacional: verdad, justicia, reparación y deber de memoria como garantía de no repetición. Además, con esta ley España se situará donde debe estar, con los países de nuestro entorno, los países que han
sufrido dictaduras como la nuestra y que tienen leyes homologables a la que hoy les presento a todos ustedes. (Aplausos).
Es una ley que pone en el centro a las víctimas, las víctimas del golpe de Estado de 1936, las víctimas de la Guerra Civil y las víctimas de la Dictadura, a todas las víctimas; víctimas de diferentes ideologías que sufrieron aquella etapa
negra de nuestra historia. Esta ley mantiene viva su memoria y pretende reparar moralmente a sus familias. Estamos, por tanto, dando un paso más hacia el perfeccionamiento de nuestra democracia. Así lo reconoce la exposición de motivos de la
norma, que proclama que la conquista y consolidación de nuestro marco constitucional ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad española y define la Transición como la base de la época de mayor esplendor y de mayor prosperidad que
ha conocido nuestro país. El compromiso de esta ley con los valores de la Transición y de la Constitución es indiscutible y, precisamente por eso, tenemos que seguir profundizando en esos valores. Tenemos que actualizar ese compromiso, y tenemos
que hacerlo con las posibilidades jurídicas de cada tiempo. Nuestra Transición fue ejemplar, se hizo de manera ordenada en un contexto histórico, político y social muy concreto, pero si queremos mantener el valor y el prestigio de aquel proceso,
estamos obligados ahora a alinearnos con los estándares internacionales actuales. Es preciso impulsar y fortalecer políticas de memoria democrática para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos que ha sufrido
nuestro país.
Con la llegada de la democracia se inició el proceso de reparación, de justicia y de perdón. Sin embargo, con el cambio de siglo, el movimiento memorialista dio a conocer la realidad de miles de familias españolas que siguen viviendo y
sufriendo en silencio; una realidad que no había figurado entre las prioridades de la primera etapa de nuestra democracia. La Ley de memoria histórica del año 2007 supuso un antes y un después, abordaba por primera vez políticas públicas en el
ámbito de la memoria democrática y daba una primera respuesta democrática a aquel vacío. El proyecto que ahora presentamos da continuidad a aquella ley, y lo hace introduciendo mejoras que son necesarias. Atiende a las peticiones de las
asociaciones memorialistas, incluye las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos y también recoge las aportaciones de las normativas autonómicas y de los grupos políticos que hemos venido recibiendo en los últimos años.
Les propongo, señorías, que trabajemos juntos en un texto que es nuevo, que no es una modificación de la ley anterior, y que, por tanto, permite que podamos construir entre todos. Es un texto con el que queremos dar un paso adelante, con el que
queremos saldar una deuda de la democracia con nuestro pasado y fomentar un discurso basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político.
Escuchamos con demasiada frecuencia que cualquier iniciativa vinculada a la memoria reabre heridas, y les tengo que decir que yo pienso que es exactamente lo contrario. Es una ley que lo que pretende es cerrar todas las heridas de una vez
por todas, que trata de cicatrizar el dolor que arrastran todavía muchas
personas que sufrieron la guerra o la represión de la Dictadura o la sufrieron sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus familiares. Se trata de calmar el daño que el silencio causó en miles de familias rotas. Queremos acabar con la
incertidumbre sobre el paradero de los seres queridos o simplemente restaurar su honor. Se trata también de abrir los archivos para documentar cientos de episodios personales que se conocen, pero que limitaciones legales de acceso han impedido que
se puedan documentar. La memoria para este Gobierno es una política de Estado, y todas las fuerzas políticas, todas, debieran entender que condenar la Dictadura y que homenajear a las víctimas no es ideología, es justicia, es democracia.
(Aplausos).
A fecha de hoy son indiscutibles los acontecimientos que desencadenaron una guerra que marcó el destino del siglo XX en España. Por eso planteamos por primera vez en una ley la condena y el repudio al golpe de Estado del 18 de julio de
1936. (Aplausos). Será una manera de reafirmar nuestra democracia y de dejar de ser una anomalía en los países europeos de nuestro entorno, porque hace ya muchos años que países de nuestro entorno que también sufrieron dictaduras, que sufrieron el
nazismo, que sufrieron el fascismo tienen leyes homologables a las que hoy presentamos en esta Cámara.
También es un dato indiscutible, señorías, que España sigue siendo el país de Europa con más personas desaparecidas, enterradas en fosas comunes, y cuando se exhuman y se devuelven los restos a sus familiares, muchas personas nos dicen que
ahora sí pueden morir tranquilas. Ese fue el caso de Ascensión Mendieta. El único delito de su padre fue ser el líder de UGT en su pueblo. Se lo llevaron y nunca regresó a casa. Ascensión vivió décadas de silencio esperando y antes de fallecer
tuvo la fortuna de cumplir el deseo de recuperar los restos de su padre. Sin embargo, señorías, hay compatriotas que siguen esperando ese momento, que llevan ocho décadas sufriendo, que llevan ochenta años esperándolo porque no han podido dar una
sepultura digna a sus seres queridos, y ese sufrimiento, esa incertidumbre muchas veces se ha trasladado también a sus descendientes, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos. El Estado tiene que ayudarles más de lo que lo ha hecho hasta el
momento, sin ninguna duda.
Otra cuestión indiscutible es el olvido del papel de las mujeres en la guerra y en la Dictadura. Por ello, la propuesta del Gobierno en este proyecto de ley es dedicar una atención específica a las mujeres, que ocupan un lugar transversal y
muy singular a lo largo de toda la ley. Las mujeres tuvieron un papel muy destacado como agentes activos en la conquista de derechos y libertades que hoy disfrutamos todos. También contempla la ley el reconocimiento por la doble y específica
represión que sufrieron muchas mujeres simple y llanamente por el hecho de serlo. (Aplausos). Del mismo modo, el proyecto reconoce y fortalece el papel activo del movimiento memorialista de mantener viva la memoria en la agenda pública y en la
agenda social de nuestro país.
Es indiscutible también -así lo entendemos desde el Gobierno y estoy seguro de que las fuerzas democráticas de esta Cámara también lo entenderán- la incompatibilidad de la democracia con la exaltación del golpe de 1936 y de la dictadura
posterior a la guerra. Ya no cabe en el espacio público el enaltecimiento de sus dirigentes ni caben actos de descrédito, humillación o menosprecio a las víctimas de la guerra y de la Dictadura. También es indiscutible que los restos de los
golpistas de 1936 no pueden seguir en lugares preeminentes de acceso público diferentes de cementerios. (Aplausos). Una democracia avanzada como la nuestra no puede permitirse actos de exaltación o de enaltecimiento de violaciones de derechos
humanos cometidas durante la guerra o durante la Dictadura. También es indiscutible considerar que son víctimas todas aquellas personas que un día descubrieron que siendo bebés fueron sustraídos y adoptados sin el libre consentimiento de sus padres
biológicos. (Aplausos). Pónganse por un momento en su piel y dígannos si no tenemos la obligación de hacer algo con todas esas víctimas también de la Dictadura.
Estas y otras muchas situaciones merecen y justifican una ley que honra a las víctimas y que atiende sus reivindicaciones conforme a los parámetros internacionales comúnmente aceptados. Quiero señalar, como pueden suponer, que este es un
proyecto muy meditado y muy trabajado, con un gran rigor histórico y jurídico y con un papel fundamental de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pero también es un proyecto lo suficientemente flexible para aceptar las enmiendas e
incorporar las mejoras que todos ustedes tengan a bien incorporar y plantear durante la tramitación parlamentaria.
A continuación, les traslado algunos de los aspectos más relevantes de la ley que les presento. En primer lugar, destaca la asunción expresa del liderazgo del Estado en la búsqueda y en la identificación de los desaparecidos y el impulso a
las exhumaciones, dando respuesta a las legítimas reivindicaciones de las familias que todavía no conocen el paradero de los restos de sus seres queridos. Esa búsqueda ha de corresponder a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las
competencias de otras administraciones. Es un proceso colaborativo de dignificación colectiva. Nuestro país no puede permitirse
más tiempo tener enterramientos indignos en sus cunetas. (Aplausos). ¿Quién puede oponerse a que se localicen, se identifiquen y se entreguen los restos de una víctima a sus familiares? ¿Quién puede oponerse a que una hija recupere los
restos de sus seres queridos, de sus abuelos? No es, señorías, una cuestión de ideología, es una cuestión de justicia, una cuestión de democracia, una cuestión de humanidad y de reparación. (Aplausos).
La ley también establece la creación de recursos e instituciones de indiscutible utilidad para sus fines. Se crea la fiscalía de sala de los derechos humanos y de la memoria democrática en la Fiscalía General del Estado, con diferentes
funciones de investigación, coordinación y práctica de diligencias. Se crea un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra y de la Dictadura. Se establece un registro y censo de víctimas, dando respuesta a la fragmentación y a la dispersión de
la información que tenemos disponible en la actualidad y se crea una estructura estable de participación del movimiento memorialista a través del consejo de la memoria democrática. Creamos dos días oficiales de memoria, el 31 de octubre, para el
recuerdo y homenaje a todas las víctimas, y el 8 de mayo, para el recuerdo y el homenaje de las personas que se exiliaron.
Quiero decirles que la ley no diferencia entre víctimas, quiero decirles que no discrimina a unas frente a otras, quiero decirles que lo que queremos es que todas las víctimas de la Dictadura, todas las víctimas de la guerra, todas las
víctimas del golpe de Estado sientan que esta ley les homenajea. Creamos un censo público de todas las víctimas de la guerra y también de todos aquellos que murieron en combate durante la contienda. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA HISTÓRICA (Bolaños García): Incluye una exhaustiva regulación de los supuestos contrarios a la memoria democrática, sean símbolos, lugares, condecoraciones, títulos
nobiliarios, asociaciones o fundaciones que hagan apología todavía hoy del franquismo. Además, con la ley avanzamos de manera muy significativa en el patrimonio documental, para proteger los documentos y facilitar el acceso a esos fondos y a esos
archivos públicos; abordamos la declaración y la regulación de las funciones conmemorativas de los lugares de memoria, y, por último, modificamos el régimen del conjunto monumental del Valle de los Caídos como paso previo a su resignificación.
Todas estas previsiones se articulan en torno a los cuatro principios del derecho humanitario internacional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Es un hecho también indiscutible, señorías, que durante cuarenta años el silencio selectivo fue una política de Estado. Silencio y olvido para las víctimas del bando perdedor, mientras que las víctimas de los vencedores fueron reparadas
económica y moralmente y homenajeadas en todos los pueblos de España; un olvido selectivo a partir de una interpretación sesgada de la historia. El relato de parte de las víctimas fue eliminado y ese recuerdo se ha convertido en un lastre para
varias generaciones. Como escribió Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria. Las víctimas de la Dictadura nunca lo olvidaron, porque nadie sabe ni puede olvidar, aunque quiera, esos recuerdos. Ni el desamparo ni el dolor se eliminan, y
miles de compatriotas se han aferrado a los retratos de sus padres, madres, abuelos y abuelas para no perder la esperanza de encontrarlos.
Quiero señalar que este proyecto se apoya también en el concepto de la justicia restaurativa, garantiza expresamente el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general, el derecho a la investigación de las violaciones de los
derechos humanos y el derecho a la verdad judicial mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria. No pone el foco en la justicia punitiva o en la reparación económica, pero bien es cierto que, hasta diciembre de 2020, el último concluido, se
han efectuado reparaciones a más de 600 000 beneficiarios, por un importe global de más de 22 000 millones de euros. Hoy más de 18 000 personas siguen percibiendo una reparación económica.
Nuestra ley también avanza en la necesidad de realizar una auditoría, un inventario de incautaciones, de bienes expoliados, de papel moneda y de sanciones impuestas a particulares como consecuencia de responsabilidades políticas. En
cualquier caso, tratamos con esta norma de conseguir la reparación moral de todas las víctimas y el reconocimiento de la verdad. Nadie puede temer a la verdad y al derecho a conocerla. Por mucho que lo busquen, señorías, no van a encontrar en el
texto de este proyecto ni un relato ideológico ni una relectura del pasado (rumores.-Un señor diputado: No, ¡qué va!) ni una imposición por ley de una versión ni una historia única; es exactamente todo lo contrario. Queremos crear los cauces y
habilitar mecanismos para que esa verdad completa, la que durante cuarenta años se omitió,
se conozca. Como dijo tantas veces el poeta Marcos Ana, se trata de pasar página, pero habiéndola leído antes.
Por último, el deber de memoria como garantía de no repetición es un firme compromiso con la pedagogía del nunca más, que se ha convertido en un imperativo ético para las democracias avanzadas como la nuestra. Por tanto, en consonancia con
la Constitución y con las normas internacionales, el texto contempla medidas en el ámbito educativo y de formación del profesorado con finalidad pedagógica. Consolidar una memoria democrática compartida, basada en principios de derecho
internacional, basada en los valores democráticos y constitucionales de nuestro país es un pilar en cualquier democracia moderna. Entendemos que la recuperación, la salvaguarda y la difusión de la memoria son imprescindibles en nuestra democracia y
queremos fomentar la cohesión y la solidaridad entre generaciones. Es un compromiso hoy y es un compromiso a futuro; defiende la democracia y defiende los derechos fundamentales como eje vertebrador de nuestra Constitución. El proyecto supera el
enfrentamiento y desactiva el odio. Es una ley de concordia y para la concordia; es una ley inspirada en principios de derecho internacional y en valores constitucionales y derechos fundamentales.
Memoria, señorías, es Chaves Nogales; también Clara Campoamor, y los hermanos Machado, los dos, y Max Aub, y Lorca y las Trece Rosas. (Prolongados aplausos). Memoria es mirar a través de El tragaluz, de Antonio Buero Vallejo, nuestro
pasado y nuestro presente. Memoria son los religiosos que sufrieron violencia durante la guerra y también los luchadores antifranquistas que sufrieron torturas en comisarías y prisión; son mujeres que pusieron en pie el movimiento feminista; son
los homosexuales, las lesbianas, los transexuales que encabezaron las primeras manifestaciones en defensa de sus derechos. Memoria es Madariaga y Tuñón de Lara. Memoria es el Guernica de Picasso y también el Cristo de San Juan de la Cruz, de
Salvador Dalí. Es, en definitiva, memoria según la entendemos nosotros, según la entiende el proyecto de ley; El abrazo, de Juan Genovés, eso es la memoria. (Aplausos).
La democracia española es convivencia en paz y en libertad, convivencia de 47 millones de españoles que pensamos diferente y vivimos diferente. Y el Gobierno tiene la responsabilidad de intentar llegar a acuerdos con todos como bien hemos
hecho hoy mismo. No es una ley contra nadie; es una ley de todos y para todos. Es una ley que reafirma el compromiso con nuestra democracia y que rechaza un periodo histórico negro que debemos superar de una vez por todas. Por eso, creemos que
ninguna fuerza democrática, señorías, ninguna, puede oponerse a un texto que nos homologa a los países desarrollados de nuestro entorno y que homenajea a las víctimas de la Dictadura y de la Guerra.
Les he mencionado también que es un proyecto flexible, pero permítanme una observación: lo que no es flexible es el tiempo que tienen muchas víctimas; tenemos que lograr que todas aquellas que hoy siguen entre nosotros puedan ver cumplido
el sueño de recuperar los restos de sus seres queridos. Muchos de ustedes serán exigentes en sus posiciones y desde el Gobierno ya les anuncio que seremos flexibles. Tenemos que hablar, tenemos que dialogar, tenemos que pactar. Pero cuando tengan
ustedes que votar hoy y en el periodo de enmiendas sean ustedes conscientes de que hay gente que ya no tiene tanto tiempo, que esta ley es un imperativo para nosotros, es una obligación casi moral de cumplimiento de un sueño de tantas personas que
han sido víctimas del franquismo. Honremos el pasado para que nunca más quede en el olvido; demos un paso adelante para construir una democracia mejor, una España mejor. Es una ley para el reencuentro y para afianzar las bases de una convivencia
futura en paz y en libertad, una ley que nos hace mejores como país.
Al inicio de mi intervención quise hacer referencia al poder evocador y restaurador de la memoria. Lamentablemente, una ley no es capaz por sí misma de reparar todo el dolor que provocaron el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, pero
lo que sí puede hacer una ley es que la memoria de sus seres queridos no quede limitada al ámbito familiar, que sea una política pública, que permanezca en la memoria colectiva, que nuestra democracia los recuerde y los homenajee. Hace solo dos
años un simple sonajero sirvió para el reencuentro entre una madre y un hijo que nunca llegaron a conocerse. Si un objeto tan pequeño pudo lograr algo tan grande, ¿por qué no esta ley puede lograr la reparación de miles de víctimas? (Aplausos).
Estas Cortes, señorías, tienen la obligación de hacer que la sociedad española se reencuentre y que aquellas personas que fueron olvidadas sientan que se las repara con una norma que sus legítimos representantes -que son ustedes- dictan y aprueban.
Nosotros queremos compartir esto con todas -insisto, con todas- las víctimas de ese periodo negro de nuestra historia. Está en su mano, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad, dos de ellas son enmiendas a la totalidad de devolución y una es una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el
Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Señorías, esta enmienda no es una enmienda normal, es una enmienda en legítima defensa; en legítima defensa de las víctimas, del país que les robaron, de los valores que siempre juraron defender, de las entidades
memorialistas, que jamás se han rendido, tuvieran una estelada o tuvieran una tricolor republicana, y, sobre todo, del diputado que siempre les honró y que siempre les representó. Un diputado que hace catorce años -catorce- ya se rompió la cara,
literalmente solo -solo-, por muchas de las cosas que yo hoy aquí defenderé. Por supuesto, hablo de Joan Tardá. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Republicano, puestos en pie). Señorías, es curioso que digan
que tienen prisa cuando han tardado catorce años en volver a presentar una ley así.
Señorías, yo hoy aquí ni me voy a dirigir al Gobierno, ni me voy a dirigir a un ministro, ni me voy a dirigir a un partido, yo hoy aquí me voy a dirigir a todos y a todas los y las antifascistas de esta Cámara, militen donde militen, piensen
como piensen y voten a quien voten. Todas y todos aquellos y aquellas antifascistas sepan a ciencia cierta que este país tiene una deuda histórica con la verdad y con el perdón; con la verdad y con el perdón. Porque si tu patria, si tu
patriotismo está reñido con la verdad y con el perdón, no defiendes una patria, no defiendes un patriotismo, no defiendes un lugar en el que convivir con el otro, defiendes un ring en el que romperse la cara con el otro. Y eso es la historia para
la derecha y la ultraderecha, un arsenal con el que atacar al otro. ¿Saben por qué la derecha y la ultraderecha no quieren pasado? Porque les avergüenza; es lógico. (Aplausos). Pero ¿la izquierda qué quiere? ¿Qué quiere la izquierda en este
país en cuanto a memoria histórica, en cuanto a memoria democrática se refiere? ¿Postureo o reparación? Veámoslo.
Señorías antifascistas de esta Cámara, ¿ustedes votarían una ley de memoria democrática incapaz -incapaz- de calificar de ilegal un régimen surgido de un golpe de Estado? Sencillito, ¿eh?, de primero de antifascismo: declarar ilegal un
régimen surgido de un golpe de Estado. De momento se quedan en nulo (señalando a los bancos de la izquierda) e ilegítimo (señalando a los bancos de la derecha); un régimen que en 1946 la ONU ya declaró como fascista. ¿Ustedes creen, repito, que
el Gobierno más progresista de la historia de un régimen democrático no tiene los bemoles de declarar ilegal un régimen declarado como fascista hace ya setenta y seis años por Naciones Unidas? ¿Cuál puede ser el motivo, más allá de la cobardía?
¿Cuál?
Señorías antifascistas de esta Cámara, ¿ustedes votarían una ley de memoria que hablara -porque habla- de reconocimiento y reparación de las víctimas, pero -¡cuidado!- sin fijar ni un solo mecanismo o cantidad de reconocimiento y reparación
real de esas víctimas? ¿Ustedes votarían una ley de memoria que no fijara ni una sola indemnización, ni una, o que no abriera la puerta a una sola reclamación patrimonial de lo mismo? ¿Y saben por qué no la fija? ¿Saben por qué no habla de
ninguna indemnización? Pues porque queda muy bien entregarle un diploma a la nieta de un enterrado o mal enterrado asesinado en una cuneta. Queda muy bien un diploma; ahora, devolverle la casa, el dinero o la tierra que le robó a su abuelo un
fascista hace noventa años, ya no, porque vale dinero. Tenemos prisa, pero vale dinero Y para quien diga que sí, que estaría muy bien, pero que no hay dinero, quiero recordar que las indemnizaciones a las víctimas del nazismo en Alemania las
pagaron voluntariamente empresas que colaboraron con el fascismo y que el Gobierno democrático alemán publicó en una lista, ¡pública!, y las empresas 'voluntariamente' colaboraron en las indemnizaciones. ¿Cuántas empresas españolas -actuales, ¿eh?-
se hicieron de oro durante el franquismo? ¿Cuántos prohombres, presidentes de clubs de fútbol algunos de ellos (risas), se hicieron de oro durante el franquismo? ¿Cuántos? ¿Algunas de estas empresas no podrían pagar de forma voluntaria si el
Gobierno tuviera bemoles, una vez más, de publicar sus nombres? Yo creo que sí.
Señorías antifascistas de esta Cámara, ¿ustedes votarían una ley de memoria que crea una Fiscalía de sala -porque la crea, es cierto; la crea- específica que puede investigar, pero no puede denunciar? Investigar sí, pero denunciar no.
¿Qué es una Fiscalía de sala que puede investigar y no puede denunciar? Un detective privado ¿no?, más o menos. ¿De qué sirve? Postureo, una vez más. De hecho, hablan de
responsabilidad voluntaria, de que tiene que haber una responsabilidad voluntaria por parte de los criminales, de los torturadores, en un país en el que Billy el Niño se paseó con medallas hasta que se murió. ¿Realmente, señorías
antifascistas de esta Cámara, no les da vergüenza que en este país los herederos de las víctimas del franquismo se hayan tenido que ir a Argentina a reclamar? ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza que en este país se pueda llevar frente a un
juzgado a un criminal de guerra de la dictadura chilena o argentina y no española? Claro, es que de hecho algunos de los criminales de la dictadura franquista tienen un busto, un cuadro o una sala en esta casa.
Ustedes hablan, señorías del Gobierno, de reconocimiento de las víctimas. ¿Saben cómo se reconoce realmente a las víctimas? Juzgando -juzgando- a sus verdugos, desde el comisario que torturaba en el sótano de una comisaría como la de Vía
Laietana hasta la empresa que contrataba a republicanos como mano de obra esclavista. Así se repara a las víctimas. (Aplausos).
Señorías antifascistas de esta Cámara, ¿ustedes votarían una ley de memoria que ni reconoce ni repara valiente e inequívocamente el daño causado a la lengua y cultura catalana, vasca o gallega? Un país que no reconoce su diversidad
simplemente no la merece y no es un país, es una cadena de montaje de todos y todas iguales en el que la derecha manda y la izquierda calla. (Aplausos). Señorías antifascistas de esta Cámara, ¿ustedes votarían una ley de memoria que no dignifica
explícitamente la memoria de todos aquellos deportados a campos de concentración nazis? Apátridas les llamaba el franquismo y apátridas les llama la ultraderecha hoy en día. A muchos de ustedes, que se sienten muy españoles, pero también muy de
izquierdas, les niegan la patria, su patria, la derecha y la ultraderecha noventa años después. (Aplausos). Señorías antifascistas de esta Cámara, ¿ustedes votarían una ley de memoria que no dedica ni una sola línea, ni una sola, a condenar la
responsabilidad de la cúpula -no de la base, de la cúpula- de la Iglesia católica durante la dictadura franquista? El régimen se autocalificaba de nacional y de católico; nacional y católico. Señorías antifascistas de esta Cámara, en definitiva,
¿ustedes realmente votarían una ley de memoria sin memoria? ¿De verdad? Lo van a hacer porque tienen que hacerlo, pero es una vergüenza; catorce años después es una vergüenza. Los socialdemócratas y los democratacristianos alemanes se
arrodillaron frente a las puertas de Auschwitz pidiendo perdón. Nosotros no les pedimos tanto. (Rumores). Es decir Auschwitz y los de VOX se ponen a tope.
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor RUFIÁN ROMERO: No les pedimos tanto. ¿Saben cuándo es más importante pedir perdón? Cuando sus efectos se prolongan en el presente, y que aquí haya 52 diputados de la extrema derecha es bastante presente. La pregunta, señorías,
no es por qué nosotros somos tan duros, la pregunta es por qué ustedes son tan cobardes.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Republicano, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rufián. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Contreras Peláez. (Aplausos).
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, señora presidenta.
Afirman los teólogos que ni siquiera Dios tiene la capacidad de cambiar el pasado, de hacer que lo que ocurrió no haya ocurrido. Por eso, los déspotas de todos los tiempos han sentido siempre la tentación de reescribir la historia -eso es
cambiar el pasado y los elevaría por encima de Dios-: desde aquel emperador chino que hizo quemar todos los libros antiguos porque no contenían su nombre, hasta Stalin, que hacía borrar de las sucesivas ediciones de la Enciclopedia Soviética las
fotos de los personajes que iban fusilando, que desaparecían de las viejas fotos de la revolución.
Fijar por decreto una interpretación partidaria de la historia e imponerla a toda la sociedad usando los instrumentos coercitivos del Estado es propio de déspotas. En los países libres, el poder político no se arroga la omnisciencia
histórica, sino que permite que los ciudadanos lleguen libremente a sus propias conclusiones sobre cuestiones históricas a partir de sus propias lecturas, sus propias experiencias, conversaciones. Y esto no lo decimos solo nosotros, lo dijo, por
ejemplo, entre otros muchos, el historiador de tendencia izquierdista Santos Juliá en 2006 -y cito textualmente-: imponer una memoria histórica es propio de regímenes autoritarios o de utopías totalitarias. El proyecto de ley que hoy debatimos
suprime en la práctica la libertad de asociación, ya que amenaza con la disolución a aquellas asociaciones que no
compartan la visión histórica del Gobierno, por ejemplo, la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos; suprime en la práctica la libertad religiosa, ya que abre la puerta a la posible expulsión de los benedictinos del valle, suprime la
libertad de reunión, la libertad de cátedra y la libertad de expresión, ya que convierte la apología del franquismo prácticamente en delito de pensamiento. Además, esta ley establece cauces para un constante adoctrinamiento histórico de la
población o de la sociedad, cauces tales como un plan de memoria democrática cuatrienal -no sé por qué no han puesto plan quinquenal, como un guiño a los buenos viejos tiempos soviéticos (aplausos)-, artículo 12; la impregnación de todos los
programas escolares, prevista por el artículo 44.1; la impregnación de los planes de formación permanente del profesorado, artículo 44.2; los planes de formación continua de la Administración General del Estado, artículo 47, y hasta se prevé la
creación de un consejo de memoria democrática en el artículo 57, que recuerda al siniestro Ministerio de la Verdad de 1984, de Orwell. Ahora bien, 1984 es una de esas novelas distópicas que todo el mundo cita, pero muy poca gente ha leído; juraría
que especialmente en el sector izquierdo de la Cámara muy pocos lo han leído. (Aplausos). La misión del Ministerio de la Verdad -recordemos- era reescribir constantemente el pasado en función de las necesidades políticas del presente. Recordemos
el lema: quien controla el presente, controla el pasado, y quien controle el pasado, la interpretación del pasado, controla el futuro. Pues bien, de esto se trata precisamente en este tipo de leyes: de cimentar en una tergiversación sectaria,
maniquea, de la historia reciente la eterna supremacía moral de la izquierda. (Aplausos). Estas leyes persiguen grabar a fuego en la mente de los españoles la ecuación según la cual izquierda es y será siempre sinónimo de democracia y libertad, y
derecha es sinónimo de fascismo y represión. En realidad no es así; en realidad la esencia de la izquierda es el antagonismo social, dividir a la sociedad en grupos y enfrentarlos entre sí: ricos contra pobres, hombres contra mujeres, blancos
contra negros. Y en esta ley de lo que se trata es de reabrir la vieja, dolorosa, división de los españoles entre rojos y azules. (Aplausos). Una división que ya había sido superada a nivel social en las familias y en las calles unos veinte años
después del fin de nuestra Guerra Civil y que institucionalmente fue superada en nuestra Transición, una Transición en la que ambos bandos hicieron concesiones generosas. Las Cortes franquistas se autodisolvieron con notable altura de miras para
hacer posible la reforma política en 1976 y también la izquierda hizo concesiones como la aceptación de la monarquía o de la bandera rojigualda. Desgraciadamente, aquella magnanimidad no duro mucho tiempo; ya sabemos que la izquierda está
dispuesta a sacar a pasear el fantasma de Franco cada vez que ve amenazada su continuidad en el poder. Lo hizo ya en 1996, en aquella famosa campaña del dóberman, como recordamos los más viejos, y, más aún, con la aprobación de la primera Ley de
Memoria Histórica por Zapatero en 2007. Y siempre, y lamento decirlo, con la aquiescencia temblorosa del Partido Popular (aplausos), que está dispuesto a todo con tal de que la izquierda no le llame fascista. En 2002, con mayoría absoluta de
Aznar, se aprobó en este Congreso la condena del golpe de Estado del 18 de julio 1936, pero no la del golpe de Estado de octubre de 1934, que fue condición necesaria y condujo indefectiblemente al otro. (Aplausos). De esta forma, el PP asumía y
hacía suya la asimetría moral que en todo momento intenta establecer la izquierda con ese tipo de leyes. Y, por supuesto, con la mayoría absoluta de Rajoy tampoco se derogó la Ley de Memoria Histórica de Zapatero.
Como pronto va a ser ilegal expresar una visión histórica distinta a la del Gobierno, aprovecho mi última oportunidad para explicar un poco nuestra visión. Señores y señor ministro Bolaños, la II República no fue esa maravillosa democracia
que ustedes buscan fabular, la II República adoleció desde el principio de un espíritu sectario de tabla rasa e ingeniería social que se refleja en aquellas famosas frases de Azaña: 'España ha dejado de ser católica' o la República va a consistir
en 'una vasta empresa de demoliciones'. Vasta con uve, aunque también hubiera podido servir con be. (Aplausos).
El advenimiento, la llegada de la República fue celebrada con una quema masiva de iglesias, bibliotecas y obras de arte el día 10 de mayo de 1931, frente a la cual el Gobierno Provisional de la República no movió un dedo para impedirla. La
II República expulso órdenes religiosas, prohibió la enseñanza católica, aprobó una Ley de Defensa de la República que hacía posibles los destierros sin juicio y se ordenaron varios de ellos, los secuestros de periódicos -en la II República se
cerraron y secuestraron más periódicos que en todo el régimen de Franco- y otras medidas igualmente antidemocráticas.
La exposición de motivos de la ley que hoy nos traen contiene una visión sonrojante de la historia española reciente -sonrojante por maniquea-. No tengo tiempo, pero cito un solo fragmento -textual-: A lo largo de todo el siglo XIX y gran
parte del XX multitud de españoles dieron su vida por la implantación de un sistema democrático en nuestro país, pero esos periodos democráticos eran abruptamente
interrumpidos por quienes pretendieron alejar a nuestro país de procesos más inclusivos y tolerantes. Repito, la luz y las tinieblas; la democracia y el fascismo; la izquierda y la derecha. Entre otras muchas cosas, qué falta de respeto
a la izquierda de los años treinta. La mayoría de los izquierdistas de los años treinta proclamaron a quien quisiera escucharles que ellos no luchaban por la democracia, ellos luchaban por el socialismo. (Aplausos). Y no me refiero solo a la
extrema izquierda anarquista, que hostigó constantemente a la República con atentados terroristas como, por ejemplo, la bomba contra el tren Sevilla-Barcelona, el 10 de diciembre de 1933, como respuesta a la victoria de las derechas en las
elecciones. No me refiero solo al anarquismo, me refiero al Partido Socialista, en el cual la facción bolchevizante de Largo Caballero prevaleció, desgraciadamente, sobre la facción moderada de Julián Besteiro.
Aquí tengo algunas afirmaciones de Largo Caballero. En el cine Europa, 22 de enero de 1936: Si las derechas no se dejan vencer en las urnas, tendremos que vencerlas por otros medios hasta que la roja bandera del socialismo ondee en el
edificio que queráis. El 1 de octubre de 1933 dijo: Nuestro partido es revolucionario y cree que debe desaparecer este régimen -debe desaparecer la República, dijo el líder del PSOE, ya en 1933-. Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo
a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera. Y en la campaña electoral de 1936: Quiero decirles a las derechas que si triunfan tendremos que ir a la guerra civil declarada. (Aplausos). Esto decía el líder del Partido Socialista
y presidente del Gobierno de la República en 1936-37. Señores, la radicalización del Partido Socialista fue la causa principal de la Guerra Civil y tendrían que pedir perdón por ello. (Aplausos).
Esta doctrina, la doctrina caballerista de respetar el resultado de las urnas solo si les era propicio, fue, como saben ustedes, quizás aquí no, aplicada sangrientamente en octubre de 1934, la famosa rebelión contra la previa victoria
electoral de las derechas en noviembre de 1933. Aquella rebelión, que costó mil cuatrocientos muertos no solo en Asturias, fue llamada por Gerald Brenan la primera batalla de la Guerra Civil y Salvador de Madariaga, a quien el señor ministro citaba
hace un momento con notorio cinismo, dijo que la izquierda había perdido cualquier autoridad moral para condenar la rebelión de la derecha en julio de 1936, después de haber protagonizado el golpe de octubre de 1934. Bien, en la primavera de 1936,
después de unas elecciones muy dudosas, léase el libro de Álvarez Tardío, la izquierda radical, con la complicidad o la pasividad del Gobierno de centroizquierda, desencadenó una ola de violencia política en las calles con un promedio de tres
muertos al día, ocupaciones de fincas, quemas de iglesias y conventos, asaltos a los viajeros para hacerles pagar el impuesto revolucionario y toma de la calle por milicias de partidos y sindicatos de tal forma que la primavera de 1936 no se podía
decir que existiera ya un Estado de derecho en España. Y eso no lo dijo solo el bando rebelde, lo dijeron notorios personajes de la tercera España, gente como Clara Campoamor, en un libro publicado en Francia en 1937, gente como Menéndez Pidal,
como Miguel de Unamuno, como Gregorio Marañón, como Ortega y Gasset, como Pérez de Ayala. Todos ellos, por cierto, con la excepción de Unamuno, huyeron de España para salvar la vida, pero no huyeron de Franco, huyeron de las milicias del Frente
Popular. (Aplausos).
La gran mentira que ustedes intentan acercar a las conciencias es que la izquierda luchó por la democracia en los años treinta. No es cierto, no es cierto. El ilustre historiador republicano Sánchez-Albornoz dijo: Si llegamos a ganar la
guerra nosotros, se hubiera establecido el comunismo en España. Si el Frente Popular hubiese vencido en la Guerra Civil, el resultado no habría sido una democracia, el resultado habría sido un régimen soviético. Pero lo más insoportable de esta
ley es la jerarquización de los muertos: muertos de primera, muertos de segunda. No es cierto que se trate a todas las víctimas por igual. No tengo tiempo de demostrarlo, se desprende de la acotación temporal, que arranca, curiosamente, del 18 de
julio de 1936, ¿por qué no los cinco años anteriores, del 1931 al 1936, cuando la violencia política se cobró unas tres mil vidas y fue protagonizada, muy mayoritariamente, por la izquierda?
La señora PRESIDENTA: Señor Contreras, tiene usted que terminar.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Lo cual significa que se pondrá honrar a García Lorca, pero no a Ramiro de Maeztu; se podrá honrar a los fusilados por Yagüe, pero no a las, aproximadamente, sesenta mil personas fusiladas en zona republicana,
simplemente por ser de derechas o católicas.
La señora PRESIDENTA: Señor Contreras, por favor, tiene usted que terminar.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Se podrá honrar a las Trece Rosas, las tenemos en todas las televisiones todo el tiempo, pero no se podrá honrar a las enfermeras de Somiedo, no sé si han oído hablar de ellas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Contreras.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Estas tres enfermeras (muestra una fotografía), voluntarias, falangistas, que fueron arrestadas por los milicianos, torturadas y violadas durante toda una noche y fusiladas al amanecer. (Prolongados aplausos de
las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-Varios señores diputados: ¡Viva España! ¡Viva!).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señora presidenta.
La concordia fue posible; en esta frase se condensa la grandeza de la figura del presidente Adolfo Suárez, quien ya ha trascendido a la historia por su sentido de Estado, su auténtico patriotismo y su amplitud de miras. Hay un enorme
abismo entre los que hicieron posible la Transición y quienes ahora nos gobiernan, cuya obtusa visión no es otra que el poder aun a costa de dinamitar la convivencia de aquellos que la condujeron; toda nuestra admiración y reconocimiento a los
artífices de la Transición, un estilo de gobierno basado en la convivencia política, que trabajaron sin descanso por el entendimiento entre los españoles en una España aún dolida por la tragedia de la guerra y doliente por una larga Dictadura. Lo
que muchos pretendieron atado y bien atado, otros supieron desatarlo, como tan magistralmente se describe en la biografía de Fernández Miranda, titulada Lo que el Rey me ha pedido. El Gobierno de la Transición y a quienes concitaron en esa gran
empresa consiguieron que los dos bandos que se enfrentaron en las trincheras pudieran reencontrarse y perdonarse tras décadas de resentimiento político y odio, y abrazarse, y entender que España y la concordia entre españoles está por encima de los
intereses personales y partidistas, y aparcar las diferencias para alcanzar un futuro de progreso, bienestar, libertad y democracia. (Aplausos).
El talante de tantos y tantos políticos de toda ideología de la época que siguió a la muerte de Franco, con el concurso imprescindible de todo el pueblo español, propició el pacto que alumbró la Constitución de 1978; una constitución
modélica, que permitió pasar de la Dictadura a la democracia, con la firme creencia de que para lograr una convivencia estable que nos llevará a alcanzar las mayores cotas de progreso, de bienestar y de libertad era necesario superar, que no
olvidar, rencores pasados con generosidad, con concesiones mutuas y con renuncias al servicio de un objetivo común: los españoles, lo único importante.
Esa concordia, buscada por todos, no impuesta por ningún gobernante, ha sido un éxito colectivo que ha perdurado en el tiempo y que nosotros, el Partido Popular, seguimos reivindicando. La España del siglo XXI, la España real nada tiene que
ver con lo que hoy se nos ha dibujado en esta tribuna. ¿De verdad no hemos aprendido absolutamente nada? En este mismo hemiciclo se sentaron 149 diputados asesinados por una u otra de las dos Españas que ahora se empeñan en reeditar, 77 asesinados
en la retaguardia de un bando y 72 en la del otro, según ha contabilizado el historiador Ruiz Manjón. Después de lo escuchado esta mañana, está claro que no han aprendido la lección de esos muertos, de todos los muertos. Ojalá sus verdugos
hubieran tenido, al menos, un leve recuerdo de lo que significa poder vivir en una democracia.
Señorías, el proceso que condujo a ese gigantesco horror histórico, a ese fracaso colectivo, a ese naufragio que, en palabras de Julián Marías, supuso la Guerra Civil fue la escisión del cuerpo social mediante una atracción continuada
ejercida desde los extremos; eso es precisamente lo que pretende este proyecto, como hemos podido escuchar, de nuevo la atracción de los extremos para provocar la ruptura, y en esa empresa no cuenten con el Partido Popular, señor ministro. Con
España aún en riesgo por una terrible pandemia mundial e inmersos en una crisis económica, social e institucional sin precedentes, el Gobierno de la nación, incapaz de solucionar los problemas actuales, los reales y perentorios de los españoles,
agita el espíritu del guerracivilismo, reabriendo heridas y removiendo sufrimientos pasados, llamando al enfrentamiento entre compatriotas, buscando la perpetuación del espíritu de una guerra que concluyó, a Dios gracias, hace ochenta y dos años,
tratando de imponer sobre la historia su relato ideológico. (Aplausos).
Es una norma que rezuma el oscuro deseo de dinamitar el ejemplar proceso de concordia y reconciliación entre españoles que supuso la Transición, referente luminoso de nuestra historia a nivel mundial; un proyecto que mira al pasado, relega
el presente y condiciona un futuro de frentes y bandos, que divide a los españoles en buenos y malos, en función de los parámetros ideológicos, eso sí, del
Gobierno; una ley inoportuna cuyo único fin es reescribir nuestra historia reciente y ponerla al servicio del presidente Sánchez, en su obsesión por perpetuarse en el poder a toda costa, incluso a costa de remover los sentimientos
individuales más dolorosos, apropiándose de las memorias íntimas y dolorosas de quienes padecieron aquella tragedia para construir una memoria colectiva a su gusto. Señorías, una memoria colectiva uniformada encadenada a una doctrina es una memoria
totalitaria. (Aplausos).
Pues bien, tras el acoso y desprestigio a nuestras instituciones, los ataques a la separación de poderes, las acometidas contra la independencia judicial y el desprecio más absoluto al Poder Legislativo o el obsceno compadreo con los
enemigos de la Constitución de 1978, ahora toca en esta ruta egocéntrica, perversa y totalitaria intentar acabar con nuestra ejemplar Transición. Pero la historia le emparejará con su admirado presidente Zapatero como los presidentes más nocivos de
la democracia española. Con este texto el Gobierno no repara nada; al contrario, ha perdido una oportunidad extraordinaria para rendir homenaje a una generación ejemplar que después de vivir y sufrir directamente la Guerra Civil fue capaz de
superar directamente sus diferencias, enterrar rencores y tragedias terribles, perdonar y pasar página con el abrazo de la reconciliación. El legado de concordia, de paz y de libertad de esta generación que está ya entrando en la historia y que,
desgraciadamente, ha sufrido como nadie la pandemia, que murieron a solas, sin poder despedirse de sus seres queridos, no se merece una ley que busca destruir precisamente ese legado y reeditar la división y la confrontación entre compatriotas.
(Aplausos).
Es un proyecto de ley maniqueo, con una enorme carencia de rigor histórico e intelectual, con la única pretensión de reescribir con grueso trazo y sectario la etapa más dolorosa de España durante el siglo XX. Con pulsiones totalitarias, la
norma impuesta sustituye a la verdad fáctica de la historia, despreciando los trabajos libres de los historiadores, buscando que arraigue en la actual generación un pensamiento único, una política excluyente para quienes se resistan a sus
imposiciones ideológicas y formen sus propias opiniones en los relatos científicos de los numerosísimos tratados sobre el conflicto civil. Totalitarismo en estado puro.
Más allá de pretender resolver la necesaria y comprensible búsqueda y exhumación de los cuerpos de las víctimas del conflicto y devolverlos a sus familiares, introduce desigualdades incluso con las víctimas, con todas. Es necesario resolver
el problema de las fosas. Sí, y ahí estamos nosotros, pero sin utilizarlo como fuente de financiación para entidades relacionadas con su partido y sindicatos de izquierdas como ha venido sucediendo hasta ahora. Es inaceptable que, catorce años
después de la entrada en vigor de la Ley de memoria histórica, este Gobierno desconozca el número de víctimas exhumadas, tal y como ha podido constatar el periodista y escritor Pedro Corral en el Portal de Transparencia. Tampoco en la memoria de
impacto presupuestario del proyecto conseguimos saber las cantidades que van a dedicar a este fin.
Con este proyecto se encomienda al poder político, al Gobierno actual, decirnos a todos los españoles de la España plural qué debemos pensar, qué ideología es la políticamente correcta, qué historia manipulada deben conocer y aprender los
estudiantes, qué personajes históricos son acreedores de público homenaje, qué víctimas son dignas de recuerdo y tributo y cuáles no. En definitiva, un intento de inocularnos una memoria colectiva al dictado del Gobierno más radical de la historia
de la democracia. Por cierto, olvidándose de las víctimas de los terroristas supuestamente antifranquistas, en realidad simples asesinos de la extrema izquierda más radical, de ETA y otros movimientos y grupos terroristas durante la Dictadura.
Como actualmente también se han olvidado de los 379 asesinatos de ETA sin resolver, a los que este Gobierno ha abandonado hasta el punto de que el Parlamento Europeo ha tenido que iniciar una investigación. (Aplausos). Incluso se permite acortar a
la carta el periodo de esta memoria impuesta olvidando que entre 1931 y 1936 se produjeron veintiún estados de excepción, veintitrés estados de alarma y dieciocho estados de guerra, en un sectario ejercicio de resignificación del régimen
republicano. En esa misma línea, este proyecto pretende convertir nuestro sistema en una democracia militante de izquierdas, en la que quienes no comulguen con ella quedan fuera, señalados, perseguidos y tachados de antidemócratas, cuando no
directamente de franquistas o fascistas haciendo volar por los aires el pacto constitucional del 78.
Señorías, el ministro ha dicho que esta es una España con una anomalía democrática frente a países europeos que han sufrido del fascismo y del nazismo. Pues bien, ¿dónde están los que han sufrido de las dictaduras comunistas, como parte de
Alemania, Hungría, Estonia, Letonia y tantos otros? De eso nos olvidamos. (Aplausos). Esta ley defiende la enorme falsedad de que la reconciliación que tuvo lugar en la Transición fue un pacto basado en el olvido, y nada que ver. En el histórico
debate de la Ley de Amnistía, de la que hoy se cumplen cuarenta y cuatro años, cuyos diarios de sesiones deberían ser de obligada
lectura, José María Benegas, portavoz del PSOE, que no del partido sanchista, afirmó: La amnistía es fruto de 'la voluntad de enterrar un pasado triste para la Historia de España y de construir otro diferente [...], superando la división
que ha sufrido el pueblo español en los últimos cuarenta años'. Asimismo, en nombre del Partido Comunista intervino Marcelino Camacho, que decía: 'Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas
heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores'. Señorías, es importante rememorar las palabras de estos dos diputados, mostrar la ruptura que este proyecto constituye en sí mismo una autoenmienda del
partido sanchista al espíritu de la Constitución de 1978. Como dijo Rosell, el PSOE de Sánchez se considera hijo de la guerra antes que padre de la Transición.
Recientemente, ha recordado nuestro presidente Casado: 'Nunca antes un Gobierno había despreciado el legado de nuestros padres y abuelos, su reconciliación, su perdón, su abrazo, y su esfuerzo para construir un país en paz y en concordia.
Han preferido reabrir las cicatrices, desenterrar los rencores y enfrentarnos para sacar un rédito electoral inmoral'. Se lo está diciendo el partido en cuyas filas militaron Fraga, Cisneros, Herrero de Miñón y Pérez-Llorca, cuatro de los siete
padres de la Constitución. (Aplausos). Pues bien, por todo ello, frente a esta ley frentista, reivindicamos la concordia, la del pueblo español, y les reiteramos: desistan de sus pretensiones totalitarias. Por todo esto, defendemos nuestra
enmienda a la totalidad a la ley de memoria democrática porque es un despropósito jurídico e histórico y supone una auténtica desmemoria a lo que fue, con la aportación de todos los partidos políticos, una ejemplar Transición.
Tal y como anunció el presidente Casado, aprobaremos una ley de concordia que dejará sin efecto las mal llamadas leyes de memoria histórica y servirá para reivindicar la Transición y la reconciliación entre los españoles, para abandonar la
propaganda divisiva y ayudar de verdad a las familias a encontrar los restos de sus seres queridos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Montesinos. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor ministro de la Presidencia.
Respaldo las dos enmiendas a la totalidad que solicitan la devolución de este proyecto de ley de memoria democrática, que de aprobarse sería otra irresponsable herramienta de división de los españoles en manos de un Gobierno sostenido por
quienes promueven el secesionismo territorial. Es un proyecto de ley inspirado en el sectario proceder de los dos partidos que integran el banco azul con su insistencia en un revisionismo desgarrador, caldo de cultivo para la discordia social. (La
señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
Señorías, tras la conclusión de la Dictadura en 1975, el ejemplar proceso de transición dirigido magistralmente por el rey Juan Carlos I, con Adolfo Suárez cultivándolo significada y sacrificadamente desde la Presidencia, y con la grandeza
de partidos y personalidades políticas de signos ideológicos rivales, que en favor de los mejores valores democráticos supieron arrinconar antiguas y muy dolorosas disputas fratricidas, se promovió con éxito la Constitución aprobada en referéndum en
1978, que sirvió para que la sociedad afrontase lo que acabó resultando un periodo de creciente prosperidad, probablemente el mejor de la historia de España. Un gran catalán de Esquerra Republicana de Cataluña tuvo mucho que ver en el éxito, Josep
Tarradellas, treinta y ocho años en el exilio y ni un solo segundo de revanchismo.
Señor Bolaños, este proyecto de ley retrata al Gobierno y a quienes son sus asociados en esta Cámara y exhiben sin ambages su antiespañolismo. Sin ir más lejos, anteayer, 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, una fecha que recuerda el
hecho histórico de la Hispanidad, promovido por Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, cuyas imágenes presiden este hemiciclo y que si de algunos dependiese ya no estarían en ese pedestal, esa hispanidad fue zarandeada y agraviada en el exterior
mientras el Gobierno, a la par que promueve un revisionismo a su medida y a la de sus socios, que la retrataron hace unas horas como efeméride de un genocidio, son interlocutores preferentes de Pedro Sánchez en la mesa de la capitulación.
En definitiva, asumo como propio el texto de las dos enmiendas a la totalidad y votaré a favor de ellas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor García Adanero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días. La verdad, señor ministro, es que si venía buscando concordia se ha lucido con esta ley. Es evidente que precisamente concordia no ha conseguido, pero es que usted no buscaba concordia, usted buscaba lo que ha
ocurrido, eso es lo que buscaba, porque al final se mueven muy cómodos en el ruido, en la bronca, en buscar que queden de manifiesto las discrepancias que hay sobre un proyecto de ley como es este, porque al final ahí se sienten cómodos. Se sienten
cómodos cuando son incapaces de llevar a cabo el programa electoral habitual y, al final, es muy fácil decir: fíjense ustedes, que viene la derechona. Y con eso ya se creen que van a conseguir votos. Pero cada vez eso es más complicado.
Además, le diré que con este proyecto de ley usted dice cosas que sabe que no son realidad. En estos momentos ya se está haciendo, ya se está buscando a todas las personas que están en fosas, usted mismo lo ha dicho, se está invirtiendo
dinero en eso. Nadie está en desacuerdo con que se busque, con que todo el mundo pueda enterrar a sus seres queridos, que pueda saber qué ocurrió con sus seres queridos. Pero eso no tiene nada que ver con la ley, eso lo dice la ley, pero no hace
falta la ley para eso. Usted lo que hace es ideologizar lo que es ahora una situación de agravios que puedan tener unas personas, y usted lo hace porque quiere la bronca, porque quiere buscar esto. Si usted buscara el consenso, no vendría a este
Congreso con 155 votos, hablaría antes, miraría qué piensan los grupos y, a partir de ahí, intentaría llegar a un consenso amplio, que fue al final lo que ocurrió en la Transición y en la Constitución española. Después de hablar muchas personas, de
ceder muchas personas, se consiguió esa transición y ese consenso. Usted no buscaba el consenso, usted buscaba la bronca, ha tenido la bronca, se siente cómodo en la bronca, pero la bronca va a dejar de darles votos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.
Parece significativo que la intervención del ministro se haya centrado fundamentalmente en la represión fascista de la inmediata postguerra, porque por supuesto el régimen llegó mucho más allá, hasta 1975, si no más allá, y demuestra la
continuidad de esta represión, de estas estructuras de poder, con el régimen que le sucedió y en el que todavía estamos, el régimen del 78. Me parece significativo también que la gente que más ha batallado por la memoria y contra estos abusos
cometidos por la Dictadura haya tenido que acudir a Argentina a buscar la justicia que aquí no ha encontrado, porque por supuesto señalar a los responsables de esa represión no suponía señalar a unos perdedores, a unos pobres diablos a los que se
les podía echar la culpa de determinados excesos, no, suponía señalar a gente como el primero de los acusados en la querella argentina, el señor Martín Villa, que es de todo menos un pobre diablo. Fue ministro del PP, ocupó cargos en Endesa -la
poderosísima industria eléctrica- y en otras empresas del IBEX y, por supuesto, tuvo responsabilidades en la represión durante la Transición. No os importe matar, se oía en la emisora de radio durante la represión de los hechos de los Sanfermines
de 1978.
Estas son las contradicciones que tiene el PSOE, que, por un lado, quiere honrar legítimamente a su gente republicana y antifascista, pero sin tocar el mito de la Transición pacífica y modélica ni tocar un pelo a los que tuvieron
responsabilidades en esta represión. Entonces, nosotros le queremos decir que, para hacer estos equilibrios, con nosotros no cuenten. Si esta ley no tiene que servir para que gente como la que ha acudido a la querella argentina encuentre la
justicia que legítimamente reclaman, con nosotros no cuenten. Si no sirve para que personas como la que hoy llevo en la camiseta, Gustau Muñoz, que fue asesinado disparado por la espalda por la policía en el año 1978, para que sus familiares y
camaradas encuentren justicia, con nosotros no cuenten.
Nos parecen interesantes algunos aspectos de la ley, como por ejemplo la retirada de títulos nobiliarios que dio Franco, pero eso nuevamente les sitúa en una contradicción, porque el título nobiliario más importante que dio Franco se lo dio
a Juan Carlos, le nombró sucesor y príncipe, después fue rey y en esta
misma sala juró los Principios del Movimiento. Por tanto, una consecuencia clara de una honrosa memoria histórica sería también retirar la corona a los Borbones.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Señora presidenta, arratsalde on guztioi.
Comienzo mi intervención avanzando el sentido de nuestro voto a favor de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, ya que sus planteamientos centrales se acercan o coinciden con nuestros propios planteamientos, superando
muy positivamente en el contenido al proyecto del Gobierno. Compartimos la consideración de los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad, al igual que compartimos la consideración de la Ley de Amnistía de 1977 como contraria a la
normativa internacional vigente en materia de derechos humanos. Valoramos positivamente la creación de posibles comisiones de la verdad, ya que, si bien no se propone en concreto la creación de este tipo de organismos, se mantiene una opción
favorable. Pensamos que se recogen mayores concreciones en relación con la afectación de la ley a Euskal Herria y a otros pueblos y naciones del Estado y valoramos positivamente el planteamiento de la asunción por parte del Estado de las
responsabilidades derivadas de la represión franquista. Podríamos seguir enumerando los avances observados en esta enmienda del Grupo Parlamentario Republicano, pero aprovechamos esta ocasión para mostrar nuestro posicionamiento ante el proyecto
presentado por el Gobierno.
Con respecto a los borradores presentados anteriormente y a la ley de 2007, reconocemos que se han dado pasos importantes que se mejoran en la propuesta actual. La sociedad en general y el movimiento memorialista durante años han
revindicado puntos relacionados con la verdad, la justicia y la reparación y gracias a su lucha incesante se ha conseguido que se hayan plasmado en esta ley. No obstante, consideramos que quedan aspectos importantes que no han sido recogidos y que
deberían estar en una ley de memoria democrática para ser considerada buena ley.
Vemos necesaria una apertura del periodo temporal que la ley pretende abordar. La reparación de las víctimas no puede limitarse al periodo propuesto, cerrando en 1978 la existencia de vulneración de los derechos y, por lo tanto, negando a
víctimas posteriores sus derechos, reconocimiento y reparación. Si hay vulneración de derechos humanos, tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones, terrorismo de Estado o represión de derechos fundamentales, debe haber una reparación eficaz. No
compartimos las alabanzas que se hacen al periodo de la Transición sin tener en cuenta que no hubo ruptura democrática. Debe darse un acto de reconocimiento y reparación a las víctimas y debe ser recogido en esta ley. Es algo, además, coherente
con el hecho de que en la Comunidad autónoma vasca y en la Comunidad Foral de Navarra se hayan hecho leyes de reconocimiento de las víctimas del Estado por motivación política en las cuales ha estado el PSOE, leyes posteriores a 1978. El PSOE hasta
un periodo reciente -en proposiciones de ley presentadas el 27 de diciembre del 2017 y el 19 de julio del 2019- ha admitido la consideración de los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Vemos necesaria esta consideración para
acceder a la exigencia de juicios para los responsables políticos.
La Ley sobre Secretos Oficiales debe ser derogada sin más dilaciones. Es inadmisible que se filtren informaciones en las que se contemplan posibles límites a temas como el 23F, GAL, Zabalza o el de esta última semana, las conversaciones
entre Manglano, director del servicio de inteligencia, y Antonio Asunción, ministro del Interior socialista, en las que este último relacionaba a su predecesor, José Luis Corcuera, con los envíos de cartas bomba a militantes de la izquierda
abertzale que provocaron la muerte de José Antonio Cardoso, joven cartero de veintidós años.
Proponemos, asimismo, habilitar en el articulado una comisión de la verdad que investigue, analice y proponga expedientes administrativos de reconocimiento y reparación a esas víctimas. Compartimos lo planteado por el relator de la ONU,
Fabián Salvioli, en su informe de julio de 2021, al destacar la incompatibilidad de la Ley de Amnistía con la obligación de defender los derechos humanos de España. Proponemos la necesidad de derogar esta ley, o al menos su articulado más
relevante, y la constatación de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo. Esta estimación debería permitir al menos la posibilidad de investigar, imputar y enjuiciar a los perpetradores de estas
vulneraciones, algo coherente con la creación de un fiscal especial otorgándole competencias en su
contenido. Por otra parte, vemos necesaria la concreción de la reparación a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos.
Para finalizar, en el ámbito competencial, exigimos respeto hacia las leyes de memoria que en nuestro territorio se legislan. El recurso al Tribunal Constitucional y la obligación a la readaptación de textos es una realidad vivida en
Nafarroa y en la Comunidad autónoma vasca, y no estamos dispuestos a admitir nuevos recursos.
Estos serán los principios que nos guíen en el proceso de enmiendas al articulado, que pensamos que pueden mejorar el proyecto actual del Gobierno.
Eskerrik asko.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos sobre el proyecto de ley de memoria democrática a través de las enmiendas a la totalidad con petición de devolución por parte de los grupos parlamentarios VOX y Popular y con texto alternativo por parte del Grupo Parlamentario
Republicano.
Señorías, ya anuncio que el Grupo Parlamentario Vasco no apoyará ninguna de ellas. En cuanto a la del Grupo Parlamentario Republicano, consideramos que su enmienda a la totalidad con texto alternativo es reconducible a través de enmiendas
parciales, tanto en relación con las modificaciones que pretende de la Ley 52/2007 como en relación con movimientos memorialistas respecto a la II República y colectivos determinados. Tampoco compartimos que el proyecto de ley sea un texto
innecesario -como se señala en las otras enmiendas a la totalidad- al haber habido en los últimos cuarenta años y por distintos poderes públicos una voluntad inequívoca de reparación; que la anima un espíritu revanchista, porque no deja el juicio
del pasado a la historia, o que sea una impostura, ya que los artículos dedicados a la búsqueda de restos mortales de víctimas no responden a una inquietud real por los difuntos y sus descendientes, sino a mantener la patraña sobre el ingente número
de muertos en las cunetas. Señorías, solo por este párrafo de la enmienda a la totalidad de VOX consideramos que debiera tener el rechazo del resto de las fuerzas de la Cámara.
Señorías, es cierto que en los últimos cuarenta años ha habido actos de reparación -principalmente materiales- a las víctimas de la Dictadura y de la Guerra Civil. Se rehabilitó a funcionarios purgados y se han concedido pensiones, ayudas y
otras compensaciones económicas a familiares de fallecidos y desaparecidos, a mutilados, a privados de libertad por razones ideológicas o políticas y a los niños de la guerra. Se ha restituido parcialmente el patrimonio incautado a organizaciones
sindicales y partidos políticos y también se ha concedido la nacionalidad a brigadistas internacionales y, aunque no a todos, a descendientes de inmigrantes por razones políticas o de persecución.
Finalmente, ya se ha dicho que la Ley 52/2007 de memoria histórica ha supuesto un hito para quienes sufrieron persecución y violencia por razones políticas, ideológicas o de creencias, aunque también consideramos ajustadas las críticas por
su carácter declarativo, que se pone de manifiesto tanto desde organizaciones memorialistas y víctimas como desde organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos en relación con los tratados ratificados por el Estado español. Por
ello, demandan un carácter más amplio y completo de la normativa para promover la reparación moral y la recuperación personal y familiar, al modo de las políticas de memoria desarrolladas en distintos países de la Unión -singularmente, en Alemania-;
políticas que se alineen con los valores que constituyen el marco común del Tratado de la Unión -básicamente, en su artículo 2- y que se alineen también con los valores constitucionales tales como la defensa de la democracia -sin perjuicio de que la
Constitución de 1978 no sea una Constitución militante-, la promoción de la justicia, la protección de los derechos humanos en su ejercicio y el respeto a la dignidad de la persona y de los derechos que le son inherentes.
Señorías, por todo esto es necesario que tramitemos el proyecto de ley, para preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Dictadura y de la Guerra Civil, conocer la verdad, reestablecer la justicia, fomentar la reparación y promover
la memoria desde los poderes públicos a fin de evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo. Una ley de políticas públicas sobre la memoria de las víctimas. Una ley, como ya se ha dicho, sobre el reconocimiento, la
reparación y la dignificación de quienes sufrieron persecución y violación de sus derechos humanos, lo que constituyó una afrenta a la dignidad humana, en muchos casos a través de condenas dictadas sin las mínimas garantías y por motivos
ideológicos y políticos y no porque quedasen probados los crímenes de los que fueron acusados, tal y como señala el informe del Consejo General del Poder Judicial, saliendo así al paso de críticas infundadas sobre la proyectada anulación ex
lege de sanciones y condenas.
En definitiva, señorías, no es solo un proyecto materialmente necesario, sino que también es necesario bajo el formato de memoria colectiva de unos dolorosos hechos, no dejándolos exclusivamente al tratamiento de la historia, como reclama el
Grupo Parlamentario Popular en su enmienda a la totalidad, puesto que, tal y como ha manifestado el Parlamento Europeo en varias resoluciones -2009, 2019-, no puede haber reconciliación sin verdad y sin memoria, reseñando también la importancia de
la memoria histórica para el futuro de la Unión. Y ello porque, tras las tragedias del siglo XX en Europa y precisamente a raíz de ellas, las víctimas se convierten en las transmisoras de las penas y sufrimientos que soportaron a fin de que sean
tenidos en cuenta, no solo como una interpelación reparadora, sino también como un deber colectivo de memoria que surge a través de Auschwitz para evitar repeticiones. Estos fenómenos memorialistas o de construcción social de la memoria, aunque
tienen un sustrato común, son independientes del poder puramente científico de la historia, la cual a partir de unos hechos cruzados, entrelazados, controlados y comparados reconstruye lo que pudo pasar, integrándolos en un conjunto explicativo pero
sin valoraciones axiológicas del bien o del mal.
Presidenta, voy finalizando. Quizás por la historia de los horrores del siglo XX en Europa, la explicación de Ernest Renan vigente desde el siglo XIX, sobre que una nación se funda tanto en las cosas en común como en que todos hayan
olvidado muchas cosas, no sea ya tan plenamente vigente por la eclosión imparable de movimientos memorialistas, y más aún por el memorialismo institucionalizado. De ahí la manifestación del Parlamento Europeo de que en Europa ya no puede haber
reconciliación a través del olvido, sino a través de la verdad y la memoria. Ciertamente, este es un proceso que puede dar lugar a desgarramientos, pero que coadyuva de manera sólida a la generación de sociedades ética y moralmente mejores.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Ningún país debería descansar mientras tenga a uno de sus hijos en las cunetas y esta es la causa por la que hemos estudiado con interés esta norma. Pero lo que nos preocupa en el primer debate en el que traemos aquí esta ley es la razón
última de su presentación, el leitmotiv de la norma. El espíritu de una ley es el motivo u objeto que tiene cuando esta ley se realiza, porque también nos da pistas de cómo será su aplicación. Para saber qué les mueve cuando traen aquí esta ley,
en Ciudadanos hemos querido -permítanme la expresión- hacerle la prueba del algodón. Podemos estar ante una norma que pretende honrar a quienes han sido asesinados por el totalitarismo, una ley que abomine del homicidio en masa, una ley que abomine
del asesinato en serie. Puede ser una ley que quiere hacer homenaje a quienes han muerto por la libertad o enfrentándose a liberticidas. Podría ser.
Pero hay un hecho que nos lleva a pensar que la intención última de esta norma no es honrar a las víctimas y su memoria y condenar el totalitarismo. Al mismo tiempo que esta norma propone honrar y perseguir a las víctimas del franquismo y
de la Guerra Civil, proponiendo prohibir la exaltación de la Dictadura y aledaños, se tramita en esta Cámara la eliminación del delito de enaltecimiento del terrorismo. Y es aquí donde encontramos la gran contradicción. Mientras se tramita una ley
de memoria para las víctimas de la guerra y del franquismo, en paralelo tramitan ustedes una ley de amnesia para las víctimas del terrorismo. (Aplausos). Ley de memoria para unos, ley de amnesia para otros. Es decir, memoria sí, pero memoria
selectiva. La razón por la que ustedes consideran que ya se puede hacer enaltecimiento del terrorismo -y cito textualmente- es que ETA ya no existe. Al mismo tiempo, proponen prohibir la exaltación del franquismo, pero en este caso no aplican la
misma lógica que con el terrorismo, porque Franco tampoco existe -salvo en la cabeza de alguno-, pero quieren prohibir su exaltación. Es este trato diferente que dan a una cuestión y a otra lo que hace difícil creer en la honestidad de esta ley.
En esta Cámara hay padres de hijos asesinados por ETA, hay hermanos de asesinados por ETA, hay hijos de padres asesinados por ETA, pero quieren permitir que se puedan enaltecer el terrorismo. Me tienen ustedes que explicar lo que hay detrás de esta
diferencia de trato entre unas víctimas y otras.
Les cuento dos historias, a ver si ustedes ven alguna diferencia. Dos niños. (Muestra una fotografía de dos niños). Estos niños son Carmen, de nueve años, y Paco, de siete. Carmen nunca cumplirá diez años y Paco nunca cumplirá ocho años.
Nacieron en Corme, en Galicia. Sus padres emigraron a Gernika. Su madre los dejó al cuidado de unas monjas para poder ir a ver a su marido, al que, por causa de la guerra, hacía tiempo que no veía. Los dejó con las monjas en un nefasto 26 de
abril de 1937, cuando la Legión Cóndor descargó sus bombas sobre Gernika, y nunca se les volvió a ver. Murieron junto a todos los niños que estaban al cuidado de estas monjas. Carmen y Paco murieron en una de las acciones más crueles, cobardes y
despiadadas de la historia de las guerras.
Les cuento otra historia. Este es Fabio, de dos años. (Muestra una fotografía de un niño). Nunca cumplirá tres años. El 7 de noviembre de 1991, en Erandio, ETA hizo explotar una bomba en el coche donde iban su padre, su hermano gemelo y
Fabio. En el documental Trece entre mil de Iñaki Arteta, Antonio Moreno, su padre, guardia civil, relata -abro comillas-: 'Al abrir la parte de atrás del coche saqué a Alex [su hermano gemelo], que estaba bien. Lo malo fue cuando fui a sacar a
Fabio. Lo tuve que coger a trozos. No sabes cómo sujetarlo, porque se te cae por todos los sitios'. El padre intentando sujetar los trozos de su hijo que se caen al suelo, esto es lo que hay detrás de las cifras de ETA, esto es lo que hay. Esto
es memoria también. (Aplausos). Esto es memoria también. En ningún momento pongo en duda que estos niños (muestra la primera fotografía de los dos niños) merezcan un homenaje, pobrecitos. Pero ¿me quieren decir por qué este niño (muestra la
segunda fotografía de un niño) no merece honrarse en una ley? ¿Me quieren decir por qué este niño no merece ser protegido de los homenajes a sus asesinos? Esto es lo que nos hace sospechar de esta ley.
Miren. (Muestra una fotografía). Este tipejo es Hugo Sperrle, el responsable de la Legión Cóndor cuando se bombardeó Gernika. ¿Se imaginan que a este nazi le hicieran homenajes en Gernika el día de su jubilación? ¿Se imaginan que lo
recibieran con cohetes y con aplausos? Pues, miren. (Muestra otra fotografía). Este otro tipejo es Francisco Javier Martínez Izaguirre, uno de los tres culpables condenados por el asesinato de Fabio. Este hombre fue recibido con cohetes, con
aplausos y con un pasillo de honor en su pueblo. (Aplausos). ¿Me quieren explicar por qué una ley, con razón, va a prohibir homenajes a este tipo (muestra la fotografía de Hugo Sperrle) pero no va prohibir homenajes a este otro (muestra la
fotografía de Javier Martínez Izaguirre)? ¿Me quieren explicar cuál es la diferencia? (Aplausos).
Les digo una cosa: les damos la oportunidad de rectificar. Pueden rectificar esta infamia. Voten a favor de la ley que ha presentado Ciudadanos, que prohíbe los homenajes a terroristas y rinde tributo a niños como Fabio. Veintidós niños
más fueron asesinados por la banda terrorista ETA, sin olvidar a las 857 víctimas de la banda y a los miles de heridos. En 2020 hubo 193 homenajes a terroristas y el Gobierno no hizo nada. Voten a favor de la ley de Ciudadanos y sabremos que
quieren honrar a todas las víctimas sin entrar a discriminar por las motivaciones del asesino, que es lo grave que hay detrás esta cuestión. Porque, no se engañen, eso es empatizar de algún modo con el asesino. Si un asesinato es menos grave que
otro o es tratado de manera diferente a otro, ven algo de razonable en uno de los dos criminales, y eso tiene que ser rectificado. Si no apoyan la ley de Ciudadanos, si siguen adelante, si eliminan el delito de enaltecimiento del terrorismo, si
seguimos viendo homenajes a terroristas, sabremos que no hacen esto por las víctimas, sino que usan su memoria para sus motivos políticos. Para eso no podrán contar con Ciudadanos. Un asesino es un asesino. Un niño asesinado es un niño asesinado.
Y toda esa sangre que ha empapado España todos estos años es la sangre de los inocentes. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Cuando desde posiciones democráticas y antifascistas decimos que el proyecto de ley de memoria democrática se queda corto para levantar la losa de silencio y, especialmente, para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo,
aparece la derecha ultra y la ultraderecha intentando que nada cambie, que nada avance. Por eso, de partida, el BNG va a rechazar las enmiendas a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular y VOX que representan, respectivamente, el postfranquismo
vergonzante y el desacomplejado. Votaremos, claro, a favor de la presentada por el Grupo Parlamentario Republicano,
porque de verdad queremos que se haga realidad esto que enuncia la ley: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
La Ley de memoria de 2007 abrió un pequeño camino, treinta años después de la muerte del dictador -como diríamos nosotros, en tempo non foi-, pero fue en buena medida una oportunidad perdida. El riesgo es que esta de 2021 también lo sea si
no hay modificaciones sustanciales, particularmente en aspectos como la derogación de la Ley de Amnistía -o, por lo menos, de los apartados e) y f) de su artículo segundo- para poner fin a la impunidad de los crímenes de la Dictadura; para declarar
la ilegalidad -no solo la ilegitimidad- de los consejos de guerra -como el que condenó a muerte al dirigente nacionalista galego Alexandre Bóveda-, de los tribunales y de los juicios políticos del franquismo con efectos jurídicos plenos, no solo
políticos o morales; para la asunción por parte del Estado de las responsabilidades políticas, legales y patrimoniales a que se diera lugar; para garantizar la tutela judicial efectiva, o para abrir plenamente las vías de investigación.
En todo caso, interesa también que sirva para acabar con los restos del franquismo y para sacarlos de los espacios e instituciones públicas, y no solo estamos hablando de lo simbólico. Reparemos en que el principal residuo político de la
Dictadura -sí, residuo político de la Dictadura- es la Jefatura del Estado, es la monarquía de los Borbones. Si la ley anula títulos dados por el dictador, ¿por qué no anular también la decisión de Franco de declarar sucesor a Juan Carlos de
Borbón? ¿Por qué no anular su proclamación como rey por las Cortes franquistas en noviembre de 1975? Y, en definitiva, ¿por qué no preguntar a la ciudadanía sobre esto?
Obrigado.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, lo cierto es que nosotros entendemos que este es todavía un debate pendiente y, por tanto, vemos la oportunidad de que una ley de este tipo entre a tramitación y se puedan abordar las cuestiones que se plantean. Alguien dirá
que si este debate abre heridas o deja de abrirlas, que si es un debate duro, que si es un debate que rompe o no rompe la concordia. La verdad es que es un debate necesario, este es el enfoque que nosotros mantenemos en relación con los temas de
memoria democrática. Una sociedad madura, una sociedad democrática, no tiene que tener reparos para poder abordar este debate.
Votaremos, por tanto, a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. Entendemos que es una buena aportación y, de la misma manera que queremos que la aportación del Gobierno siga su curso, estaría
bien que pudiera hacerlo también la del Grupo Parlamentario Republicano.
Por supuesto, votaremos que no a las enmiendas a la totalidad de devolución, porque por el mero hecho de ser enmiendas de devolución ya nos plantean cuál es la actitud en relación con este tema: de este tema no se tiene que hablar, este
tema lo pueden archivar ustedes, con este tema no hay nada que hacer. Entendemos que esta no es la forma seria de abordar el debate. No compartimos en ningún momento los argumentos que se han dado aquí con los que se han defendido las enmiendas de
devolución, pero, por supuesto, lo que no compartimos es que este debate no se deba afrontar, porque lo único que nos demuestran es que no tienen ninguna alternativa, que no hay nada que puedan ofrecer a la sociedad madura y democrática para abordar
estas cuestiones. El texto, por tanto, será un texto de trabajo, un texto al que presentar enmiendas, tanto si es el del Gobierno como el del Grupo Parlamentario Republicano.
Finalmente, señor Guillermo Díaz, usted cerraba su discurso diciendo: No utilicen a las víctimas para sus ideas políticas. Pero hay que indicar que el ejercicio que ha hecho usted desde esta tribuna hace unos minutos ha sido precisamente
este: utilizar a las víctimas para sus ideas políticas. Y, por supuesto, quería mostrarle nuestro rechazo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo, y en último lugar, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes.
Señora presidenta, señor ministro, señorías, vamos a votar en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y VOX y a favor de la del Grupo Parlamentario Republicano, pues consideramos que el proyecto de ley del Gobierno es
insuficiente. No declara la ilegalidad del régimen franquista, no cuestiona la Transición y parte de un concepto de justicia reparativa, cuando lo que hace falta es justicia a secas.
En Junts per Catalunya estamos al cien por cien a favor de las políticas de memoria democrática. No hay democracia si se pasa página y se olvidan los crímenes perpetrados por el fascismo. Voy a poner un par de ejemplos de por qué la
memoria democrática se debe cuidar. Uno, mientras un secretario de Estado del Gobierno está promoviendo una ley de memoria democrática, otro secretario de Estado -no uno cualquiera, sino, fíjense, el de Seguridad, el número dos de Interior, el
señor Rafael Pérez Ruiz- afirma -no sabemos si desde la ignorancia, la estulticia o, aún peor, la voluntad de insultar a centenares de personas torturadas, militantes socialistas incluidos- que la Comisaría de Policía de Via Laietana ha sido un
símbolo de servicio público, un símbolo para la democracia. ¿Un lugar donde se torturó a cientos de personas? ¿Qué memoria es esa?
Segundo ejemplo. Un diputado de los que se presentan como liberales hace poco, en un debate sobre la amenaza de la ultraderecha en las instituciones, dedicó toda su intervención a explicar que la ultraderecha no está en las cúpulas ni en
parte de la tropa del ejército, de la policía y de la judicatura, sino en el independentismo y en Esquerra Republicana. No es mi partido, aunque lo haya sido durante muchos años, pero me preocupa que alguien que se pretende liberal pueda
calificarlo de totalitario. Señores liberales, miles de militantes de Esquerra murieron a manos del fascismo: 730 asesinados por Franco, 44 alcaldes, sin olvidar nunca al único presidente asesinado en Europa, el president de la Generalitat de
Catalunya, Lluís Companys.
Acabo. El relato del PP y de VOX, que esconde el franquismo apelando a la convivencia, a la reconciliación y a enterrar rencores, me recuerda el discurso falso y emponzoñado del PSOE sobre la supuesta crisis de convivencia en Cataluña y la
necesidad de una agenda de reencuentro. Miren, no. Ni olvido del pasado fascista ni mentiras sobre un inexistente conflicto de convivencia, cuando lo que existe es un conflicto político entre España y Cataluña.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes. En primer lugar, quería comenzar mi intervención pidiéndoles perdón a todas las víctimas del franquismo por llegar tan tarde. No es la primera vez que lo digo, pero lo vuelvo a decir. Es una ley que ha tardado mucho en
llegar al Congreso, más de lo que hubiésemos deseado, y que no podrán ver, además, muchas de las víctimas que ya han fallecido sin que el Estado les haya resarcido esa herida, con la que vivieron tantos años y durante toda su vida.
En segundo lugar, quiero expresar también la satisfacción de mi grupo parlamentario por el inicio de la tramitación de esta ley de memoria democrática. Es una ley necesaria, pero, además, es urgente. Y no solo cumple con un compromiso más
del acuerdo de legislatura que tenemos con el Partido Socialista, sino que también supone saldar esa deuda con quienes lucharon por la democracia y por las libertades en nuestro país, y, sobre todo, que nos permite también establecer unas señas de
identidad democrática para nuestras generaciones venideras. Queremos dar las gracias al conjunto de la sociedad civil, pero, en especial, al Encuentro Estatal de Organizaciones de Memoria Democrática, por la labor propositiva que han hecho para
mejorar el texto de este proyecto de ley y por todo ese impulso para que hoy esto sea una realidad. El proyecto que hoy traemos aquí mejora, en principio, su redacción inicial, por lo que estamos convencidas de que el texto que finalmente se
apruebe será el mejor posible.
Eso sí, del Partido Popular y de VOX, evidentemente, no esperamos nada. De VOX ya ni hablo porque ha dado una clase de revisionismo histórico donde ha cogido una pizca interesada de aquí, otra de allí, otra de allá, las ha metido en una
coctelera y, de repente, se ha inventado la historia que hemos podido escuchar. Luego, van de intelectuales diciendo que ninguna de las que estamos aquí nos hemos leído 1984, cuando esa era una lectura obligada en la adolescencia y, por tanto, lo
hemos hecho. Señor Contreras,
igual es que usted no ha entendido bien qué se quería decir ahí. Las enmiendas a la totalidad -tanto del Partido Popular como de VOX- son coherentes, al fin y al cabo, con lo que vienen haciendo y diciendo a lo largo de su historia, que es:
ignorar, cuando no insultar a las víctimas del franquismo, consagrar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad e intentar confundir con esa equidistancia que parecen proclamar siempre y que solamente existe en su mala conciencia.
Señores del PP y de VOX, sería una fantástica oportunidad para que ustedes se alejaran de la Dictadura y de sus crímenes, pero el contenido de sus enmiendas a la totalidad los vuelve a situar, una vez más, como herederos ideológicos del
periodo más doloroso de nuestra historia. No sé si se imaginan ustedes a Merkel negándose a aprobar una ley de memoria que condenara el nazismo. ¡Pues no! Porque la diferencia entre ustedes, señores del Partido Popular y la derecha europea es que
la derecha europea es democrática de origen, mientras que ustedes no dejan de ser, al fin y al cabo, un partido fundado por siete ministros franquistas. La Guerra Civil duró tres años, como consecuencia de un golpe de Estado militar contra un
régimen democrático; un golpe de Estado que disparaba contra un pueblo indefenso que trató de defender la democracia. La Dictadura franquista fueron cuarenta años de pesadilla que mató a la oposición democrática hasta el final de sus días. Sin
embargo, desde que recuperamos la democracia -hace ya 43años- nunca, por lo visto, ha sido el momento de hacer justicia con las víctimas de la Dictadura. Y las fosas comunes, donde están enterrados y enterradas esas demócratas represaliadas por el
franquismo, son una vergüenza para cualquier persona de bien, pero parecen no avergonzar lo suficiente ni al Partido Popular ni a las señorías de VOX. Hablar a estas alturas de ánimo de venganza o de pretender el blanqueamiento del franquismo con
una falsa equidistancia -como digo- es un atentado contra la democracia y contra el sentido común.
Desde nuestro grupo, nos comprometemos a trabajar durante este trámite parlamentario para mejorar el texto de la ley. Además, necesitamos alcanzar un amplio acuerdo progresista y de futuro, y en ese sentido se van a orientar todas nuestras
enmiendas, que presentaremos con la intención de mejorar este texto actual. Compartimos con el Grupo de Esquerra también muchísimos de los contenidos que recoge su enmienda a la totalidad y creemos que será posible, además, hacer una síntesis con
el actual proyecto que presenta el Gobierno y nos vamos a comprometer a trabajar en esa dirección. Nadie entendería, además, que el conjunto de las fuerzas democráticas no nos pusiéramos de acuerdo en esta materia.
Esta ley, además, aborda asuntos claves, como pueden ser el repudio y la condena del golpe de Estado militar y la Dictadura franquista, el reconocimiento de la condición de víctima a todas esas personas y familiares directos que sufrieron
represión, la declaración de nulidad de pleno derecho de cualquier tipo de condena por causas políticas, ideológicas o de conciencia, también la retirada o eliminación de los símbolos o elementos y actos contrarios a la memoria democrática,
acompañados de un régimen sancionador, o la retirada de reconocimientos, honores y recompensas concedidas a personas que formasen parte de esos aparatos represivos de la Dictadura, así como también la inclusión de contenidos curriculares educativos
-la historia y la memoria democrática española- y otorgar la nacionalidad española a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad. Esta es una iniciativa de Unidas Podemos que se promovió en el Senado.
Es un paso adelante, pero creemos que se debe y se puede mejorar en algunos aspectos. Consideramos, por ejemplo, que hay que ampliar el periodo de aplicación de la ley para que se incluyan crímenes franquistas durante la Transición, al
menos hasta finales de 1982. Asimismo, hay que incluir el derecho a reclamar una reparación económica por parte de las víctimas y la nulidad de los epígrafes e) y f) del artículo 2 de la Ley de Amnistía de 1977. Todo eso, entre otras muchas
enmiendas.
En definitiva -y voy acabando-, en nuestro grupo parlamentario nos felicitamos del avance que supone esta ley tan necesaria para la salud democrática de nuestros poderes públicos y de nuestra sociedad. Consideramos que es un avance
significativo, aunque al mismo tiempo insistiremos con nuestras enmiendas parciales en que se incluyan esas medidas eficaces para acabar con la impunidad de los crímenes franquistas. Esperamos que con esta ley y con la llamada ley de bebés robados
las políticas públicas de memoria pasen a ser una realidad tangible. No tenemos más remedio que soportar el ruido y la agresión permanente a las víctimas del franquismo de las bancadas de la derecha, pero ustedes mismos se definen, señorías. Y con
este debate hay dos posiciones, o con la democracia, o con la Dictadura franquista. Ustedes se sitúan con el franquismo en contra de Europa, de nuestro país y de nuestra sociedad.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Tiene que ir terminando.
La señora VELARDE GÓMEZ: Hacemos un llamamiento -y termino- a construir un consenso democrático para evitar el sabotaje de la derecha y avanzar para saldar la deuda que tiene España con quienes conquistaron la democracia, por la que hoy
estamos sentadas y sentados en este en hemiciclo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Gómez.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Después de lo que hemos escuchado en este debate, tengo que preguntarle al señor Casado lo siguiente: ¿el Partido Popular está con el franquismo o con las víctimas de la Dictadura franquista? Hoy el señor Casado comparte día en Yuste,
Extremadura, con la señora Merkel. ¿Podría decirle a la señora Merkel que el Partido Popular español no va a apoyar una ley de dignificación de las víctimas de una dictadura tan totalitaria como el nazismo? ¿Se lo dirá hoy en Yuste el señor Casado
a la señora Merkel? (Aplausos). Señorías del Partido Popular, sacúdanse su pecado original, quítense su pecado original, háganse homologables a la derecha europea democrática. Ha llegado el momento de que alguna vez en este Pleno condenen al
franquismo y apoyen una ley de apoyo a las víctimas, desde 1977 solo lo han hecho una vez, por casualidad, en la Comisión Constitucional. En Europa, los partidos democráticos de la derecha, cada vez que tienen oportunidad, condenan todos los
totalitarismos y establecen cordones democráticos sanitarios contra la ultraderecha. Aquí, lo que hacen ustedes es seguidismo de la ultraderecha.
Señor Casado, el Partido Popular siempre llega tarde a los hitos de la democracia, aunque luego intentan apropiarse de ellos. La señora Montesinos lo ha dicho: la Constitución es nuestra, la Ley de Amnistía es nuestra, la Transición es
nuestra... Les recordaré solo tres datos: primero, ustedes son herederos de Alianza Popular, no de UCD y de los dieciséis diputados de Alianza Popular, ocho votaron la Constitución y ocho no; segundo, en la Ley de Amnistía Alianza Popular se
abstuvo, y tercero, en la Transición ustedes estuvieron desaparecidos, porque en los Pactos de la Moncloa apoyaron los económicos pero no apoyaron los políticos. Entonces, lecciones de democracia y de Transición, ninguna. (Aplausos).
¿Qué les parece mal a las señorías del Partido Popular de que la exhumación de las fosas sea una política pública, de que los poderes públicos sean los encargados de cerrar la herida que todavía emana del franquismo? ¿Qué les parece mal?
¿Qué les parece mal del deber de memoria, de que la memoria esté en el currículo educativo? ¿Les parece mal? ¿Qué les parece mal, señorías del PP? Tenemos una deuda de gratitud con las víctimas del franquismo. Ellas fueron el faro ético que
iluminó la lucha por la libertad y, por ello, merecen la reparación que esta ley propone y que ustedes, señorías del Partido Popular, deberían apoyar.
Señorías de Ciudadanos, cuando a los liberales les aplaude la ultraderecha, liberales no son. (Aplausos).
En cuanto a la enmienda a la totalidad de VOX, poca argumentación precisa porque todo lo que defienden está fuera del marco de los valores constitucionales. Que el Grupo Parlamentario VOX no condene el franquismo es coherente, si ustedes
son los herederos de los valores que encarnó el franquismo y que afortunadamente la democracia superó y enterró para siempre. Señorías de VOX, ustedes presentan una enmienda a la totalidad a la ley de memoria democrática pero, en realidad, lo que
son ustedes es una enmienda a la totalidad a la Constitución de 1978. (Aplausos). Por ese motivo, permítanme que no les dedique más tiempo, pero sí les diré con claridad que abandonen toda esperanza porque la memoria y la educación son las mejores
vacunas contra los totalitarismos. De ello estamos seguros los demócratas.
En cuanto a la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Republicano -el señor Rufián no está en este momento-, podría decirles que no nos ha sorprendido porque ya lo hicieron en la Ley de Memoria Histórica de 2007,
pero se han quedado parados en ese debate. Esta ley no es una ley de reforma de 2007; esta ley es una ley que avanza y supera la ley de 2007. La segunda cuestión, por la que ustedes no han entendido esta ley y se han quedado en 2007, es porque
prácticamente todas sus enmiendas de 2007, señorías de Esquerra, las recoge e incorpora esta ley que ha presentado el ministro y que debatimos en este momento. Por tanto, es innecesaria la enmienda a la totalidad con texto alternativo que han
presentado. Sin duda, la aplicación de los principios de memoria, verdad, reparación, justicia y no repetición se recogen mucho mejor y están mucho mejor armados en el cuerpo jurídico del proyecto de ley de la memoria que presenta el Gobierno que
en su enmienda.
Nosotros estamos muy orgullosos de toda la ley, pero de lo que más orgullosos nos sentimos es de que reconoce el papel activo de las mujeres en la lucha por la democracia. Nuestras abuelas, nuestras madres, habían sido parte de la memoria
silenciosa de la lucha contra la Dictadura. A partir de esta ley las mujeres -nuestras madres, nuestras abuelas- forman parte de la misma y emergen en pie de igualdad las luchadoras y los luchadores por la libertad. (Aplausos). Quiero rendir
homenaje a esas luchadoras, como mi abuela, que tuvieron que criar a sus hijos y a sus hijas con gran esfuerzo, desde la penuria, proscritas para el empleo y las ayudas, con un miedo atroz a que llamaran a su puerta por la noche, porque ya sabemos
lo que ello significaba.
Señorías, compartirán con nosotros la satisfacción de que en la ley se declare el carácter radicalmente nulo de todas las sanciones y de todas las condenas del franquismo, así como la ilegitimidad de los órganos que las dictaron. Todas las
víctimas, por tanto, podrán acceder a la declaración de reparación personal.
Quiero terminar, señorías, como ha hecho el ministro de la Presidencia, diciendo que esta ley, lejos de reabrir heridas, cierra la herida que nos resta todavía de la página más negra de la historia contemporánea. Esta ley nace inspirada por
el derecho humanitario internacional, del respeto a los derechos humanos y nos vincula a la memoria europea. Somos deudores nosotros y toda nuestra democracia de quienes mantuvieron la llama de la libertad frente a la Dictadura. Esta ley se la
debíamos, nos la debíamos. Y como dijo García Márquez: Recordar es fácil para quien tiene memoria. Olvidar es imposible para los que tenemos corazón.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 121/000062).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de
Igualdad.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Presidenta, ministra, señorías, me gustaría empezar condenando, en primer lugar, el último asesinato machista -del que dimos confirmación ayer-, una mujer de treinta y siete años con dos hijos.
Es la víctima número 36 en lo que va de año y la número 1114 desde el año 2003. Quiero que esta Cámara exprese su grito unánime de que nos queremos vivas y ni una menos. (Aplausos).
Esta ley de garantía integral de la libertad sexual llega hoy al Poder Legislativo para romper el silencio. Con su tramitación vamos a convertir la voluntad de millones de mujeres en una ley, vamos también a decirles a esas mujeres que tras
muchísimos años de miedo, de soledad y de no ser creídas, por fin, sus testimonios y sus experiencias importan y van a ser escuchadas. Les confieso, señorías, que mi esperanza era no tener que enfrentar una enmienda a la totalidad de esta ley.
Creo, sincera y honestamente, que eso habría significado que España había dejado atrás su larga historia de política sexual contra las mujeres. Dado que estoy en esta tribuna, permítanme reconocer entonces a las que antes que yo han peleado contra
la hipocresía, la desigualdad jurídica, la violencia institucional y social, y la doble moral sexual, que siempre ha imperado en este país y contra las que las feministas hemos peleado siempre para garantizar la igualdad y el derecho a vidas libres
de todas las formas de violencia machista. Porque las feministas tenemos agendas que son acordes a nuestro tiempo. Cada generación pelea por más derechos feministas, por mejorar la vida de todas las mujeres y avanzar hacia la justicia, la
democracia y la igualdad en este país.
Está ministra, este ministerio, y desde hoy también esta Cámara, toman con fuerza ese hilo morado del camino que otras antes recorrieron. Me gustaría detenerme aquí, en primer lugar, dirigiéndome especialmente a las feministas socialistas,
a las feministas comunistas, a las feministas de Izquierda Unida. Sé que no siempre ha sido fácil entender el necesario impulso de esta ley. Este ministerio y yo, en primera persona, quiero reconocer el difícil trabajo, el dificilísimo trabajo que
muchas de ustedes han llevado a cabo durante décadas para lograr los consensos sobre los que hoy se construye una ley como
esta. (Aplausos). Somos y soy plenamente conscientes de que el camino que estamos abriendo con esta nueva generación de derechos feministas con la ley 'solo sí es sí' es posible única y exclusivamente gracias al camino que otras habéis
abierto antes. La gratitud y el reconocimiento de vuestras militancias para abrir este camino que hoy recorremos es una deuda pendiente que tiene nuestro país con todas vosotras. Hoy desde esta tribuna es justo reconocerlo, con esa memoria y ese
ejemplo seguimos hoy caminando todas juntas.
El debate, señorías, que ustedes traen hoy a esta Cámara es un debate muy antiguo, tanto como lo es el patriarcado. La disputa por la libertad sexual de las mujeres es más que centenaria y conecta este proyecto de ley, que pone en el centro
el consentimiento, con antiguas luchas como la que se dio hace cien años contra el artículo 438 del entonces vigente Código Penal; un artículo que, como saben, condenaba el adulterio como un delito únicamente femenino y que daba carta blanca a los
asesinatos de mujeres o a los mujericidios, en palabras de Emilia PardoBazán. Bastaba que ese marido burlado alegara sospecha de adulterio tras asesinar a su esposa y al hipotético amante para que ese asesinato machista quedase en la más absoluta
impunidad. Durante el pasado siglo XX nos han contado siempre que los asesinatos de mujeres no eran sino crímenes pasionales, en los que los celos eran no solo excusa de la violencia machista sino su mejor aliada. Las mujeres tuvimos que esperar
al 2004, a la Ley pionera contra la violencia de género, impulsada por el movimiento feminista y a nivel institucional por el Partido Socialista, para garantizar una comprensión democrática de la lucha contra la violencia machista en las relaciones
de pareja o expareja. Una ley que las Cortes Generales reforzaron años después con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que el texto que hoy defendemos viene a completar para hacernos llegar a los estándares europeos e internacionales
en protección contra las violencias sexuales, para que ninguna violencia machista quede en la impunidad y para que, por tanto, todas las mujeres tengan la misma y necesaria protección por parte del Estado.
Hoy venimos acompañadas a esta Cámara por las feministas que hace ya más de cien años peleaban por la supervivencia más elemental y condenaban, como PardoBazán, como Carmen de Burgos, como Nelken, como Campoamor, la doble moral sexual, la
hipocresía religiosa, la falta absoluta de libertad sobre sus cuerpos, sus deseos y sus derechos como mujeres. Hoy también en su nombre hacemos ley un grito unánime, el de las bisnietas y las tataranietas de aquellas mujeres, que dice: 'solo sí es
sí' y 'hermana, yo sí te creo'. (Aplausos).
He comenzado mi intervención diciendo que veníamos a esta Cámara con la firme intención de romper el silencio. Más allá del debate parlamentario y de la confrontación partidista, hoy todas las mujeres de este hemiciclo deberíamos compartir
la obligación de hacer presente la voz de tantas mujeres, niñas y niños víctimas de violencias sexuales porque hoy, para romper uno de los tabúes más profundos del patriarcado, nos necesitamos todas.
Señorías, frente al terrorífico mensaje que transmiten estas enmiendas a la totalidad, que no es otro que la invisibilización de las violencias sexuales, su normalización a costa del control y del sometimiento de los cuerpos y las vidas de
las mujeres, debemos estar todas. Ha llegado el momento de abandonar eso que Rita Segato llama pedagogía de la crueldad. El discurso del terror sexual, en palabras de Nerea Barjola, está grabado en nuestros cuerpos, convirtiéndose en la
justificación más cruel del resto de desigualdades que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. El pacto sexual que sostiene la desigualdad y la violación de derechos fundamentales de más de la mitad de la población está fundado en ese
terror sexual. El ejercicio de nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestra capacidad de decidir, de vivir, están atravesados por el miedo. Todas alguna vez hemos cambiado nuestra ruta volviendo a casa para evitar lugares que nos parecen
inseguros, todas hemos mirado hacia atrás con miedo caminando solas por la calle y todas hemos avisado de que llegábamos bien a casa a una amiga o a algún familiar. Nos hemos vestido de otra manera, hemos evitado quedarnos solas con un hombre en
una habitación, hemos respirado al ver que quien salía del ascensor era una mujer. Por supuesto, todas hemos esperado ese mensaje, también, de una amiga. Señorías, les hago una pregunta: ¿por qué los hombres no necesitan cambiar sus rutas para
volver a casa o mandar esos mensajes cuando llegan? La respuesta es incómoda, pero es evidente. Un gran elefante en esta conversación que ocupa ya demasiado espacio y limita demasiadas vidas como para seguir obviándolo. Estamos hablando de
violencia sexual en todas sus formas y hoy, por fin, venimos a dar la voz a sus víctimas, porque este país no puede permitirse seguir sin reconocer esta realidad, porque la violencia sexual existe y la han sufrido y sufren millones de mujeres en
nuestro país. Señorías, si no han pensado en la respuesta, permítanme que yo se la diga, claramente: ningún hombre necesita mandar esos mensajes de que ha llegado bien a casa, ningún hombre vive con
ese miedo porque es a las mujeres a las que violan por ser mujeres, por el simple hecho, señorías, de ser mujeres. Nos violan, nos explotan, nos acosan, nos hacen tener miedo, nos asesinan por ser mujeres y ya ha pasado demasiadas veces
como para que el Estado siga sin hacerse cargo.
Si no se habían hecho esa pregunta, si no habían reparado en esa respuesta, si no han profundizado en el origen de esta realidad, puede ser que no se hayan cuestionado otras muchas cosas, puede que, seguramente, no lo necesiten, pero es una
obligación de los poderes públicos y de los poderes del Estado hacerlo. Así que, permítanme que les plantee algunas preguntas más. Señorías, ¿por qué en España continúa siendo más fácil denunciar cualquier otro tipo de delito antes que una
agresión sexual? Cuando una mujer es violada, ¿por qué preferimos contárselo a una amiga antes que a un juez? ¿Saben por qué esto es así? Porque nuestra propia legislación, ante una agresión sexual, cuestiona a la víctima y no al agresor y todas
las mujeres saben que van a encontrarse con preguntas que las colocan como culpables de su propia agresión: ¿te defendiste?, ¿tú qué hiciste? Porque si no te apartas, si no pegas, si no arañas, si no empujas, si te quedas quieta, no es una
violación. ¿Qué llevabas puesto? ¿Habías bebido? ¿Habías consumido drogas? Porque si te pintaste, si llevaste una falda corta, un tanga, si bebiste o dejaste tu copa sola, entonces, quizá fuiste tú la que se puso en riesgo. ¿Ibas sola? ¿Los
conocías? ¿Hablaste con ello? ¿Les sonreíste? Porque si volviste sola a casa, si accediste a irte con ellos, si te fuiste sin tus amigas, si entraste en ese portal con ellos cinco o subiste a esa casa, igual te estabas divirtiendo haciéndolo,
igual fue un jolgorio, igual te lo has buscado, igual te gusto. ¿Dijiste que no? Porque si no dijiste que no, igual querías y no te arrepentiste y no, las mujeres no tenemos derecho a arrepentirnos, a cambiar de idea.
Existen innumerables razones para decirle a una mujer que en realidad no ha sido violada. Si es una mujer migrante, porque se lo inventa, busca papeles, busca dinero. Si es guapa, porque lo buscaba. Si era fea, simplemente, mintió. Si
has sido violada, no debes tener fuerzas ni para contarlo, y si lo cuentas y te acuerdas de todo, quizá es porque te gustó. Si has sido violada, no volverás a sonreír ni a salir de fiesta ni a hacer vida normal, porque si lo haces, será que no
estás tan mal y si no estás tan mal, será que no fue para tanto o que, simplemente, no pasó. Porque se sigue hablando de paguita y no de reparación. Porque te puede violar un completo desconocido, pero también tu amigo o tu hermano. De hecho, es
más frecuente que lo haga un conocido y en entornos considerados seguros por las mujeres. Porque puede hacerlo con sesenta años o con diecinueve, con seis euros en la cartera o con medio millón en el banco. Porque si tu jefe te pide un escote para
una reunión y no estás cómoda con ello eres una exagerada. No es para tanto, has de convivir con ello. A ver si ya no se le va a poder ni decir guapa a una mujer. Como si fuese tan difícil entender la diferencia entre el acoso y un piropo o una
frase agradable. Porque si pasó estando en un puticlub, era una puta y se lo buscó. Porque si pasó en un callejón e iba sola, tendría que haber ido por otro lado. Porque si era una niña y se atreve a contarlo, claramente se lo inventó o, aún
peor, su madre la manipula para que cuente una mentira y haga daño al marido.
Señorías, ¿por qué siempre se cuestiona a la víctima? ¿Por qué no cuestionamos al agresor? ¿Y por qué cuando reconocemos a las víctimas no hemos hecho nada aún como Estado para protegerlas? Señorías, pues la respuesta es porque el terror
sexual es una realidad estructural a partir de la cual se organiza nuestra forma de vida. Porque el machismo está en la base del reparto de roles legítimos de mujeres y hombres en la sociedad; nos dice lo que es ser una buena mujer y lo que es ser
una mala mujer. Y porque, aunque suene muy fuerte decirlo, el machismo necesita, y por eso la normaliza y la legitima, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. (Aplausos).
Señorías, es momento de verbalizarlo y el lugar es esta Cámara, porque es aquí donde residen las condiciones de posibilidad para que en España convivamos con nuestra libertad sexual garantizada y no con una violencia sexual que se ejerce de
manera impune. Porque aquí, señorías, es donde reside la potestad para garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, pero particularmente ahora toca garantizar los derechos de las ciudadanas. El cambio empezó hace tiempo en las
calles con el movimiento feminista, y aquí es donde debe hacerse ley y extenderse a toda la ciudadanía como un derecho garantizado. Esta Cámara es el lugar para hacer cuantas normas sean necesarias para que nuestras libertades y nuestra dignidad
sean ley. Lo que les puede parecer natural, lo que hasta ahora ha sido muchas veces lo normal, no lo es. Las violencias machistas son la muestra más evidente de la desigualdad que sufrimos mujeres y hombres; son la condición de posibilidad del
machismo, y por eso, señorías, España necesita esta ley, España necesita la ley de garantía integral de la libertad sexual.
Es tiempo de reconocer que somos las mujeres, las niñas y los niños quienes sufrimos las violencias sexuales y que hasta ahora han sido muy pocas las que han querido hablar de ello, ponerle nombre y, sobre todo, ponerle freno. Pero ese
silencio normalizado se ha roto ya en las calles y ahora empieza a
romperse también en las instituciones. Con esta ley damos un paso más decidido para que también las mujeres seamos ciudadanas de pleno derecho. Y es que, señorías, la libertad sexual constituye un eje central del derecho de ciudadanía,
supone la posibilidad de ejercer la soberanía sobre el primer territorio de ejercicio, el propio cuerpo; nada más personal y nada más político que el cuerpo. La libertad sexual es también una condición elemental que abre la puerta a otros
derechos, además de al derecho fundamental a una vida sin violencia. Abre la puerta a la libertad de movimiento, al derecho a elegir dónde trabajar, incluso dónde vivir, y también, por supuesto, abre la puerta a los derechos sexuales y
reproductivos. Somos conscientes, por tanto, de la trascendencia de esta norma, porque sabemos que no basta con enunciar la libertad sexual para que exista en las vidas de todas las mujeres.
Esta ley es, por tanto, un cambio cultural de los derechos de las víctimas y el fin de la impunidad. Porque para transformar las violencias habituales en espacios cotidianos de libertad son necesarios los tres cambios fundamentales que
supone esta ley. El primero, un cambio cultural, un cambio en las reglas del juego de nuestra sociedad; el cambio de la cultura de la violación por la cultura de la libertad, del consentimiento y de la autonomía sexual. En segundo lugar, un
cambio en la mirada institucional que simboliza el 'No estás sola' y el 'Yo sí te creo' de un Estado que se compromete con las víctimas y les garantiza una respuesta adecuada en su búsqueda de asistencia, de protección, de justicia y de reparación.
Y, tercero, el fin de la impunidad de las violencias sexuales, especialmente en determinados ámbitos, como el de la industria de la explotación sexual.
Estos tres cambios son de un enorme calado y, además de una respuesta a las legítimas y urgentes demandas del movimiento feminista, suponen el cumplimiento de nuestras obligaciones como país y como Gobierno en el marco de la normativa
europea e internacional de los derechos humanos. El Convenio de Estambul nos obliga a este cambio de paradigma que supone situar el consentimiento en el centro de las relaciones. Este tratado marco europeo frente a todas las formas de violencia
contra las mujeres nos dice que los poderes públicos debemos garantizar la libertad sexual de las mujeres y que ello no equivale a exigirles probar que fueron sometidas, que se resistieron o que hubo violencia en una relación sexual, sino que nos
obliga a aprobar leyes para colocar el consentimiento de las mujeres en el centro, como paso central e imprescindible para garantizar su libertad y el derecho a una vida libre de violencias.
Con esta ley, nuestro país se une a una lista que afortunadamente crece cada año, la de países que también cumplen con el Convenio de Estambul y que modifican su legislación para definir como delito contra la libertad sexual todo acto sexual
sin consentimiento. Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido o Suecia son países que ya han legislado en este mismo sentido. El grupo de expertas del Convenio de Estambul, el Grevio,
en su primer informe sobre España nos pide que seamos las siguientes en la lista. En dicho informe, el Grevio celebra que, a través de este proyecto de ley, enviemos el mensaje social de que -lo dice textualmente- la violación es violación y que
cualquier acto sexual realizado con otra persona sin su consentimiento sea considerado violencia sexual, conforme al artículo 36 del Convenio de Estambul.
Pero esta ley, como digo, no solo supone un cambio de paradigma en lo cultural, sino que también representa un avance histórico en el plano material, ya que viene a llenar vacíos importantísimos en el camino de las víctimas y a poner en
marcha instrumentos normativos para combatir la impunidad de estas violencias. Esta norma da cumplimiento a la totalidad de las medidas establecidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito de las violencias sexuales, e
incluso mejora el marco del propio pacto, gracias a la integralidad de la norma. De forma concreta, la ley da cumplimiento a las medidas 182, 183, 188, 8, 184, 3, 5, 186, 29, 135, 185 y 107 del dictamen del Congreso y a las medidas 171, 173, 178,
69, 89, 4, 7, 14 y 15 del dictamen del Senado y consagra por primera vez en España un catálogo de derechos de las víctimas de violencias sexuales. La ley reconoce el derecho de las víctimas a la atención sanitaria especializada, a la autonomía
económica y habitacional, con un sistema de ayudas y derechos laborales y, por supuesto, también a la asistencia jurídica gratuita.
Otro derecho fundamental que consagra esta ley y que resulta clave en los procesos de salida de las víctimas es el derecho a la asistencia integral especializada, que se desarrolla a través de dos servicios pioneros en este país. En primer
lugar, el de los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencias sexuales, servicios permanentes interdisciplinares, el primer eslabón de la cadena de apoyo y atención especializada. Digo que son pioneros porque el Consejo de Europa
recomienda un centro para cada doscientas mil mujeres y, actualmente, hay dos en todo el Estado. Este número va a incrementarse por provincias, gracias al proyecto del Ministerio de Igualdad de inversión de los fondos europeos. Respecto a las
niñas y los niños, la ley implementa en España el modelo escandinavo y anglosajón de las casas de
infancia. Este modelo pretende combatir la revictimización que rodea muchos de los casos de violencias sexuales contra niñas y niños a través de la participación del conjunto de profesionales que intervienen en la ruta de atención y de
obtención de justicia en un mismo lugar, en un lugar específico, adaptado y adecuado a las necesidades de las niñas y los niños. Esto supone dar respuesta a las recomendaciones internacionales relacionadas con la especialización, la especial
protección y la no revictimización de los niños y las niñas víctimas de violencias sexuales. Quiero agradecer a la ministra Belarra y a su ministerio el trabajo para construir esta propuesta de manera conjunta. (Aplausos).
La ley se centra también en paliar otro de los déficits con los que se encuentra una víctima en su itinerario, como es la falta de especialización judicial. Y lo hace no solo estableciendo la especialización del órgano judicial y de sus
titulares, sino la formación en violencias sexuales de toda la cadena de operadores jurídicos fundamentales para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia: Fiscalía, Abogacía y, por supuesto, médicos forenses y unidades de valoración
forense. Y un derecho fundamental en este nuevo catálogo que responde también al cumplimento de nuestras obligaciones internacionales y que la ley desarrolla ampliamente es el derecho de las víctimas de violencias sexuales a la reparación. Las
medidas de la ley suponen una mejora en el acceso efectivo de las víctimas a una indemnización proporcional al daño causado, a la completa recuperación, lo que incluye a las víctimas con graves secuelas, al derecho a la no repetición de la
violencia, a través de programas de protección a las víctimas y de rehabilitación de los agresores, y al reconocimiento social, con medidas para restablecer la dignidad de las víctimas y para generar un relato social que deslegitima las violencias y
también a los agresores.
Por último, quiero referirme a otra importante medida dirigida especialmente a acabar con la impunidad de una industria que mueve 5 millones de euros en negro al día y cuya actividad lucrativa es la explotación sexual de mujeres y niñas.
Esta ley viene también para cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas dirigidas a nuestro país en la lucha contra la explotación sexual. En concreto, el Cedaw, en su último informe de 2015, nos instaba a adoptar una definición amplia de
proxenetismo para hacer posible el enjuiciamiento adecuado de los que explotan la prostitución. Por ello, esta ley reforma el delito de proxenetismo no coercitivo, en la actualidad prácticamente inaplicado, en palabras de la Fiscalía General del
Estado, y recupera la figura de la tercería locativa para poder perseguir de forma eficaz a quienes utilizan sus locales o pisos para lucrarse con el ejercicio de la explotación sexual de las mujeres. En la modificación de estos artículos ponemos
el foco en las empresas que tienen la explotación sexual como negocio habitual, a las cuales se aplicarán también medidas como la clausura del local, la multa y la disolución de la persona jurídica, creando, además, con el dinero confiscado a los
proxenetas, un fondo para ayudar a las mujeres víctimas.
Les decía que esta es la ley del cambio cultural, del cambio en las normas más básicas de funcionamiento de nuestra sociedad, de los derechos de las víctimas y del fin de la impunidad. Para las mujeres víctimas de trata y de explotación
sexual, que sufren enormes vulneraciones de los derechos humanos sin que el Estado llegue a ellas con eficacia, resulta imprescindible que nuestra acción institucional permita garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en contextos de
prostitución y, a la vez, acabar con la impunidad de la industria proxeneta. Ninguno de esos objetivos puede alcanzarse sin prestar atención decidida al otro. La lucha contra la impunidad de los proxenetas no puede implicar la pérdida de derechos
o la mayor vulnerabilidad de las mujeres, y la garantía de derechos de las mujeres va de la mano del fin de la impunidad de la industria proxeneta. El Estado debe garantizar y ofrecer a las mujeres víctimas de trata y de explotación sexual vías de
emancipación que sean reales, dignas y adecuadas a su realidad. Para ello, la ley garantiza para estas mujeres el mismo itinerario de atención integral y reparación que para las víctimas de cualquier otra violencia sexual y, además, crea un fondo
para financiar medidas de inserción laboral y de fomento de la autonomía económica, en coordinación con comunidades autónomas y entidades locales. Además, junto con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, estamos poniendo en marcha un plan de
inserción social y laboral para mujeres víctimas de explotación sexual y en contextos de prostitución.
Pero, señorías, creo que esta ley puede ser aún más ambiciosa en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de trata y de explotación sexual. Por ello, señorías, quiero también plantearles la posibilidad de que trabajemos
coordinadas en el trámite parlamentario de esta norma. Acabar con la explotación sexual y la trata no puede ser una tarea a largo plazo, y para que sea una tarea del presente no podemos eludir una realidad evidente: más del 70 % de las mujeres
víctimas de estas violencias están en situación administrativa irregular, según señalan las entidades que trabajan a pie de terreno, como Médicos del Mundo. Modificar la Ley de extranjería es un paso ineludible para que estas mujeres puedan
acceder a las condiciones materiales que les garanticen una oportunidad, para que puedan acceder a un permiso temporal de residencia, a una vivienda, para que puedan abrir una cuenta corriente o acceder a un trabajo o a un itinerario
formativo. Modificar la Ley de extranjería es imprescindible para que las propuestas que estamos poniendo en marcha puedan llegar con eficacia y puedan llegar a todas las mujeres.
Puedo comprender que haya quienes digan que esta ley llega tarde, que las mujeres, niñas y niños de este país han esperado demasiado tiempo. Lo que no nos podemos permitir, precisamente por ello, es decirles que tienen que seguir esperando.
Por eso quiero pedirles a cada uno de los diputados y a cada una de las diputadas que se sientan en esta Cámara que debatan, que dejen por un momento de lado la necesidad de confrontar y que hablemos de los derechos y de las necesidades de las
mujeres de este país. Este país fue capaz de llegar a un acuerdo histórico en esta materia; no es menor que uno de los pocos pactos de Estado que esta Cámara ha logrado sea para luchar contra la violencia de género. Ese Pacto de Estado contra la
Violencia de Género habla de un consenso ampliamente mayoritario entre la gente de nuestro país, y esta ley que hoy debatimos es fruto de aquel consenso, señorías. Hagamos política, debatamos la norma, pero hagámoslo dentro del campo de juego de la
democracia.
Señorías del Partido Popular, les pido que vuelvan al campo de juego de la democracia, que vuelvan al campo de juego del Pacto de Estado contra de la Violencia de Género. (Aplausos). Me comprometo hoy, como ministra, a trabajar con ustedes
en lo que sea necesario, señorías -en lo que sea necesario-, para que ustedes vuelvan al terreno de juego del pacto de Estado y que la tramitación de esta norma termine con ustedes votando a favor. Las mujeres de este país, voten a quien voten, se
merecen nuestro acuerdo. (Rumores).
Y señorías de la ultraderecha, ni siquiera su machismo es capaz de tapar, de negar, de hacer invisible, de ridiculizar o de cuestionar la violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Su rechazo a esta ley,
su negacionismo, roza ya la violencia institucional, y es la muestra más evidente de que España necesita esta ley. (Rumores).
Señorías, concluyo, y quiero hacerlo recordando algo fundamental. Sin la fuerza arrolladora del movimiento feminista y de las voces de las víctimas, tal y como sucedió ya en los años 70, la violencia sexual no habría vuelto a ser central en
la agenda política e institucional de este país y de todo el mundo. Mientras el Estado y sus instituciones miraban hacia otro lado, las voces en primera persona de las víctimas y supervivientes nos interpelaban cada día, señalando con su relato una
violenta realidad a la que éramos incapaces de enfrentarnos. Pero, una vez más, la conciencia feminista y las resistencias de las mujeres encarnadas en el poder de sus movimientos y de su organización colectiva han vuelto a remover la conciencia de
los Gobiernos, de los Estados y del conjunto de la sociedad. Gracias a todas ellas hoy estamos aquí.
La genealogía feminista nos recuerda que ante cualquier avance de nuestros derechos la contraofensiva ha sido y será virulenta. La ultraderecha y los fundamentalismos quieren debilitar no solo las demandas del feminismo y revertir los
derechos conquistados, sino que además aspiran sin reparo a liquidar las normas y las políticas públicas que protegen y que garantizan nuestros derechos humanos. Pero, a pesar de su intento de entrometerse en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, a
pesar de querer controlar nuestros derechos sexuales y reproductivos, es decir, nuestra libertad sexual, el feminismo y las mujeres siempre hemos desafiado aquellos dispositivos de control que parecían inquebrantables y les hemos arrebatado las
victorias luchando juntas, poniendo nuestros cuerpos para conquistar cada derecho. El movimiento #MeToo, el grito del 'Yo sí te creo' en las calles de nuestro país o el desafío performativo de las tesis han revuelto las geografías y los cimientos
del patriarcado, impulsando la transformación política y social en todo el mundo, encarnada en esta gran marea feminista internacional que nos ha arrastrado al lugar en el que nos encontramos hoy. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la
Presidencia).
La nueva generación de derechos feministas que España está consolidando es el impulso institucional de este enorme movimiento feminista y democrático. Nunca ha sido fácil para las mujeres interpelar al patriarcado y somos conscientes de que
con esta ley no basta para acabar con él, pero el pensamiento y el movimiento feministas, creadores de realidad, han trenzado el camino para que, por fin, tras años de silencio y abandono, las mujeres de este país, las víctimas y supervivientes de
violencias sexuales vean garantizados y protegidos sus derechos. El hartazgo de las víctimas se ha transformado en un grito mundial que comparte una agenda política imparable para la consolidación de las democracias y que lleva decenios diciéndonos
que la violencia sexual es una cuestión política de primer orden. Tal como dijo la escritora y educadora feminista Kate Millet, lo personal es político. Y es que la violencia sexual es, como
ella misma diría, política sexual, y España necesita ya otra política sexual, otra cultura sexual, que por fin nos dé la agencia a las mujeres que nos corresponde como ciudadanas de pleno derecho de este país.
Quiero aprovechar mis últimas palabras en este momento decisivo para la historia de las mujeres en España para agradecer también a las asociaciones feministas de este país su tenacidad, su constancia y su valentía por haber sido las primeras
que, ante el silencio institucional y en un momento tan complicado para la democracia de este país, como fue la Transición, avanzaron decididas para acompañar a las víctimas y supervivientes de violencia sexual. Nuestra memoria feminista nos
recuerda hoy más que nunca que fue en 1986 cuando se fundó en este país la primera asociación de asistencia a víctimas de violación, a la que le siguieron muchas otras, las únicas que no dejaron atrás a las víctimas, las referentes incuestionables
de esta conquista. Treinta y tres años después, este Gobierno y el Ministerio de Igualdad toman el testigo, pidiendo disculpas a todas las mujeres, en especial a las víctimas, por la inexcusable dilación, por haber llegado tan tarde a sus demandas,
pero convencidas de que nunca más sus experiencias van a ser historias encubiertas o silenciadas.
La ley del solo sí es sí caminará firmemente, amparada por la alianza entre los derechos humanos y la marea feminista internacional, como punta de lanza de una nueva generación de derechos feministas que cambiará el futuro de las mujeres de
nuestro país. Solo juntas hemos llegado hasta aquí y solo juntas seguiremos tejiendo la potente red que hará irreversibles los derechos conquistados para todas las mujeres. Este Gobierno, este Estado, os cree. Y esta ley es solo el comienzo. El
futuro es feminista. Solo sí es sí.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora ministra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
A este proyecto de ley se han presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo y una enmienda a la totalidad de devolución. Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la
señora Toscano de Balbín. (Aplausos).
La señora TOSCANO DE BALBÍN: Con la venia.
Señor Simancas, ¿me está mirando? Señor Guijarro, ¿me está mirando? Es que a lo mejor no me gusta cómo me miran. Tienen la suerte de que sea una mujer sensata, una diputada de VOX, y por eso no voy hacer nada. (Rumores). Pero, si yo
fuera otro tipo de mujer, por esa mirada les podría denunciar por acoso y les podría denunciar, incluso, por violación, y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo. Eso es esta ley. (Aplausos.-Rumores). Esta propuesta, mal llamada
de libertad sexual, pretende hacer creer a los españoles que gracias al Gobierno ninguna mujer va a volver a ser agredida o violada. Esta ley ideológica... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio, señorías.
La señora TOSCANO DE BALBÍN: ... incide en la misma línea que la Ley integral contra la violencia de género, en demonizar y criminalizar a los hombres, como dictan los, las y les talibanes del feminismo, como si la violencia sexual no
estuviera ya regulada en el título VIII del Código Penal. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Un momento, señoría.
Por favor, si abandonan el hemiciclo, háganlo en silencio.
Puede continuar.
La señora TOSCANO DE BALBÍN: Ustedes se empeñan en esta ley inútil. ¿Por qué? La respuesta es obvia y doble. En primer lugar, se trata de una ley cuyo objetivo es el adoctrinamiento para poder seguir engordando sus chiringuitos
feministas. ¿Cómo? Inoculando en la sociedad el concepto tóxico y perverso de que todos los hombres son muy malos y las mujeres somos muy buenas. En segundo lugar, la consecuencia derivada es devastadora: el enfrentamiento visceral entre hombres
y mujeres a través de la criminalización irredenta del varón y de la creación del miedo irracional de la mujer. Esto sí es una fobia hacia los hombres -deberían tratársela con un especialista- y no las fobias que ustedes inventan. (Aplausos).
Pero vayamos a los detalles, porque, aunque esta es otra norma de brocha gorda a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno, tiene urdimbre y conviene desentrañarla poco a poco. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, este
proyecto de ley tiene el fangoso honor de haber recibido más palos que una estera por parte del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. (Aplausos). Es una chapuza jurídica digna de un estudiante vacío de
conocimientos legales, pero empachado de rollos feministas. Solo por ser una ley, digamos, jurídicamente inútil habría que mandarla a chiqueros, pero como a ustedes no les gusta la tauromaquia diremos que esta chapuza jurídica hay que mandarla
directamente a la cochiquera. (Aplausos). Pese a haber sido cocinada en el Ministerio de Igualdad, esta ley ataca de manera contumaz al principio de igualdad ante la ley, ya que solo busca, que no consigue, solo la protección de la mujer frente al
hombre. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza cuando hablan de igualdad? ¿La violencia sexual contra los hombres o contra los homosexuales no importa? Una de dos, o en su mundo feminista y morado la única víctima posible es la mujer y el único
agresor posible es el hombre o la violencia sexual que sufren los demás les importa un bledo. No sé qué opción de las dos me parece más grave. (Aplausos).
Ahora vamos a abordar las cuestiones del consentimiento, la carga de la prueba y la fusión de tipos penales, que no son cuestiones menores. Nuestro Código Penal define y tipifica la agresión sexual, el abuso sexual, en relación con la falta
de consentimiento. Su irracional propuesta elimina esta acertada y gradual distinción y engloba cualquier acto de esta naturaleza en el mismo cajón de sastre, poniendo a la misma altura una agradable lisonja, un piropo castizo, un comentario zafio,
un comportamiento acosador o una violación. Para nublar aún más el horizonte de este tipo penal, proponen una definición del consentimiento sexual difusa, abstracta, difícilmente comprobable, con el ánimo de que la mujer pueda acusar más fácilmente
al hombre. En consecuencia, se vulnera la presunción de inocencia del hombre, pues se pretende que la palabra de la mujer baste para condenarle. Con esta calamidad jurídica que acabamos de esbozar, de salir aprobada no importarán los hechos ni la
seguridad jurídica ni la presunción de inocencia ni la realidad, sino que todo girará en torno a la consigna feminista del 'Solo sí es sí' que pretende la existencia de un consentimiento explícito, verbal o no verbal. (Aplausos).
Lo normal es que quien denuncia, pruebe. En el caso que ustedes contemplan, en el que las mujeres tienen que ser creídas siempre sin pruebas, será el hombre el que tenga que demostrar que no cometió la agresión, y no solo eso, sino que
deberá probar que la denunciante dio su consentimiento explícito. Y yo pregunto, ¿de qué forma? ¿Qué proponen a los hombres, incluidos los diputados de esta Cámara, en caso de que una mujer les acuse en falso, sin pruebas? ¿Tendrán que ir
mendigando un 'firme aquí'? ¿Instaurarán el contrato sexual previo? ¿Se tendrán que descargar una aplicación creada al efecto? ¿Será preceptivo tener testigos durante el acto sexual? (Risas y aplausos). ¿Habrán de ir a un notario para
certificar la legalidad de la coyunda? ¿Proporcionará el ministerio feminista algún tipo de artilugio homologado para que las mujeres otorguemos nuestro beneplácito a copular? Si esto les parece disparatado, aún hay más. ¿Qué ocurrirá si una
mujer acusa falsamente de violación a un hombre después de haber dado su consentimiento alegando que cambió de idea en mitad del acto? ¿Cómo se prueba entonces el consentimiento? ¿Habrá que decir sí todo el tiempo que dure el acto, a intervalos
regulares, cada minuto, cada dos, cada cinco? (Risas y aplausos). ¿Podemos decir alguna palabra equivalente a sí? ¿Vale un 'sigue' o un 'más'? ¿Y el lenguaje no verbal? ¿Qué señales específicas tendrán validez para que un hombre no sea acusado
de violador? Les iba a proponer que elaboren un catálogo de signos, señales y palabras y que exijan que se acredite su aprendizaje con un carné similar al carné de conducir. Pero mejor no sigo, porque no hay despropósito que ustedes no aprueben.
Señorías, no queremos un #MeToo, no queremos una caza de brujas contra los hombres, no queremos inocentes en la cárcel ni violadores en la calle. Esta ley ni siquiera endurece las penas para quienes cometen actos contra la libertad sexual.
Ustedes, mujeres que se llaman feministas, y ustedes, hombres que se jactan de llevar el medallón de aliados, se rasgan las vestiduras defendiendo a la mujer, defendiendo su libertad sexual, pero con esta ley rebajan las penas por agresión sexual,
se oponen a que los agresores estén en la cárcel y fomentan la presencia en España de personas que provienen de culturas que no respetan a la mujer. La señora ministra, Irene Montero, ha sido estos días incapaz de condenar una supuesta agresión
-con la prisa que se ha dado usted en condenar una supuesta agresión si el hombre era blanco- porque los supuestos agresores eran marroquíes. (Aplausos). Esa es su burda careta y eso es lo que le importa a usted la mujer y su libertad sexual.
¿Y qué decir de la consideración de delito leve del acoso ocasional, que incluye el piropo y que ustedes identifican como acoso callejero? Para el feminismo, todo lo que pueda desagradar a una mujer
de forma subjetiva es violencia y, por tanto, delito. Señorías, esto es una aberración. Pero con una ley elaborada por un ministerio capitaneado por usted, rodeada de una condenada, Isabel Serra, y de dos imputados, Carlos Sánchez Mato y
Celia Mayer, ¿qué puede salir mal? Desde su ministerio, nos imparten sin complejos lecciones de igualdad y democracia, pero ya no nos engañan, porque ustedes con una mano sujetan la bandera del feminismo mientras con otra abren las fronteras a
personas que no consideran a la mujer como iguales. (Aplausos). Ustedes con una mano señalan al hombre por ser violento y potencial violador y con la otra abren la puerta de la cárcel a los agresores condenados para que estén en la calle. Ustedes
con una mano ondean la bandera de la igualdad LGTBI y con la otra les excluyen de esta ley, además pisoteando el artículo 14 de nuestra Constitución. (Aplausos). Ustedes con esta propuesta no solo quieren sostener su odio al hombre, también
quieren adoctrinar a nuestros hijos en ese odio, vulnerando nuestro derecho a educarles según nuestras convicciones. Señora Montero, ya se lo dije una vez, pero se lo vuelvo a repetir: nuestros hijos no son suyos, nuestros hijos son nuestros.
(Aplausos). Esta ley demuestra una vez más que ustedes son el mal disfrazado de bien; ustedes son el totalitarismo disfrazado de libertad; ustedes son la discriminación disfrazada de igualdad; ustedes son el odio al hombre disfrazado de defensa
de la mujer, porque si algo caracteriza su feminismo es el odio.
Señorías, los hombres y las mujeres hemos sido creados por Dios iguales en dignidad. Dice el Génesis: 'Creó Dios al hombre a imagen y semejanza suya, a imagen de Dios los creó; hombre y mujer los creó'. Los hombres y las mujeres somos
comunión de personas distintas y complementarias. Somos distintos física, psicológica y espiritualmente, pero ambos con igual dignidad aspiramos a la felicidad y a la plenitud en el amor, que se expresa en dos actitudes: la entrega y la acogida
mutuas, que sacian el derecho de todo ser humano de amar y ser amado. (Aplausos). Ustedes quieren dinamitar ese amor, nosotros defenderlo y ensalzarlo. Por eso está VOX hoy en esta tribuna defendiendo el amor, la familia, la dignidad y la
igualdad (aplausos), porque a nosotros nos importan todas las víctimas de violencia sexual, nos importa todo el dolor, venga de donde venga y lo sufra quien lo sufra, porque si no fuera así nos pareceríamos a ustedes y estaríamos contribuyendo a
crear una sociedad enferma. Sin embargo, en VOX decimos: trabajemos, protejamos y suframos por todos los que han sufrido agresiones sexuales, por todos, sin distinciones, porque todas las personas son dignas de protección.
Esta ley no va a mejorar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales, solo aumentará el riesgo para los hombres de sufrir denuncias falsas. Esta ley propiciará una mayor injerencia del Estado en nuestra vida privada y
cercenará derechos civiles básicos y libertades. Señorías, si quieren proteger nuestra libertad, déjennos en paz; déjennos en paz porque su ley viola la técnica jurídica más básica, su ley viola derechos fundamentales, su ley viola la igualdad, su
ley viola la libertad, su ley viola hasta el sentido común. Así que, termino con una canción, que es su canción preferida -ese sublime himno feminista- y les digo: Gobierno socialcomunista, el violador eres tú. (Prolongados aplausos de las
señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora González Vázquez -hay un problema en el monitor que están intentando arreglar-; tiene usted doce minutos. Gracias.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.
Señora ministra, señorías, el Ministerio de Igualdad, después de dieciséis meses de peleas y rifirrafes interministeriales, de tiras y aflojas entre socios de gobierno, cambios de ministros y ministras enfrentados incluidos, trae hoy el
texto del proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, bautizado por el propio ministerio, las organizaciones no gubernamentales que lo han orientado y los medios de comunicación como la ley del sí es sí.
Desde nuestro grupo parlamentario hemos asistido atónitos al descrédito y al hazmerreír al que ha conducido usted, señora ministra, a las políticas de igualdad en este país en el tiempo que lleva al frente del ministerio, a base de un cóctel
explosivo que amenaza su integridad y la de su grupo político, si todavía se mantiene y existe: uno, alimentar polémicas inútiles destinadas a enfrentar a la opinión pública en temas que solo sirven para ocultar su inutilidad, incapacidad y nula
voluntad de trabajo frente a los problemas reales de las mujeres y, dos, al mismo tiempo desgastar y dañar irreparablemente el consolidado prestigio que tenían políticas realizadas desde hace años por Gobiernos diferentes, en materia de igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, sustituyéndolas por la vacuidad, la nada, pues nada es lo que han hecho en este tiempo por la incapacidad derivada de su incompetencia. A ello le añadimos otra serie de
cuestiones. Señora ministra, las asesoras bajo sospecha de ser utilizadas para otros menesteres, en una peligrosa mezcla de asuntos políticos, públicos y privados, de la que usted es protagonista. Por si esto fuera poco, ahora ha
incorporado a su gabinete a una condenada a diecinueve meses de cárcel y a otros dos imputados por malversación y prevaricación. Dice usted que son objeto de una persecución judicial y mediática. Vaya preparando espacio y reservando presupuesto,
porque aún hay alguno más que ha recibido hoy noticias. ¿También van a acabar en el Ministerio de Igualdad? (Aplausos). Esto, señora ministra, es denigrante y vergonzoso, los españoles le obligarán a rendir cuentas más pronto que tarde.
Las demás, señora ministra, que somos muchas más que ustedes, nos hemos ido revistiendo con la resistencia que proporcionan estos casi dos años de disparates desde el Ministerio de Igualdad que usted preside. Y, sinceramente, casi nada de
lo que puedan hacer nos sorprende ya, fiestas de cumpleaños aparte. No obstante, nos sigue doliendo y mucho el desapego y el desprecio con el que tratan ustedes al conjunto de las mujeres españolas, que no parecen preocuparles en absoluto: mujeres
desempleadas que buscan empleo, que teniéndolo hacen malabarismos para conciliar horarios, las que viven solas o enfermas sin apoyo social, las que se encuentran con miles de dificultades para sacar adelante su negocio, y encima tienen que hacer
frente a una factura de la luz que sube cada día de manera incontrolable y sin que este Gobierno haga nada por solucionarlo.
Señora ministra, el índice de Mujeres, Paz y Seguridad, publicado el 28 de noviembre pasado, hizo público que España retrocedió con usted al frente del ministerio nada menos que diez puestos, del puesto 5 al puesto 15 del ranking mundial.
España es el país de la Unión Europea en el que más aumentó el paro femenino en el año 2020, con una tasa del 18,4 %, y el segundo país con mayor paro femenino de toda la Unión Europea, por detrás de Grecia, según los datos de Eurostat. Es decir,
dos de cada diez mujeres que quieren trabajar en España no encuentran empleo, con un aumento de 3 puntos más en un año; todo un récord, ministra. Y la realidad es que desde su ministerio se dan cero respuestas, cero leyes, cero comparecencias.
Tiene usted la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a la que por ahora no se ha atrevido a venir, no ha venido a comparecer en esta Cámara. Pero, a pesar de este panorama, este es su primer proyecto de ley, que
fue denominado como el de 'solo sí es sí' y que ustedes quisieron importar de Suecia obviando que las características sociales, económicas, familiares, relacionales, climáticas de ambas sociedades son completamente distintas. Con una tramitación
bochornosa el proyecto de ley se ha desinflado, ha sufrido tantos cambios con respecto al que conocimos como original, que resulta vergonzoso haber tenido que desplazarse de manera tan significativa de sus posiciones originales. Aunque hayan
conseguido ustedes apuntarse en su haber alguna pieza mayor en la refriega interna de gobierno en estos largos meses, el texto ha sido transformado por sus socios de gobierno hasta dejarlo prácticamente irreconocible. Decepciona, señora ministra,
ver que es un calco de la legislación aprobada hasta ahora en materia de violencia de género, como si no fuesen ustedes capaces de pensar nada original. Por otro lado, las diferentes propuestas que aportan son descabelladas, los órganos de gobierno
judiciales les dan un fuerte varapalo por sus posibles consecuencias y ustedes no atienden a esas recomendaciones emanadas de los informes que ese texto ha recibido. Nosotros sí, como es nuestra obligación, lo que los españoles esperan de nosotros
como una opción política seria y de gobierno, como la alternativa para que el Estado de derecho se restablezca y prevalezca frente a los ataques constantes que sufre desde que ustedes gobiernan.
El Grupo Parlamentario Popular fue capaz, junto al resto de los grupos parlamentarios de la XII Legislatura, de sentarse durante meses y traer a esta Cámara un acuerdo, señora ministra, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género al que
usted ha mencionado hace unos minutos. Su cuarto aniversario acaba de tener lugar. No es el Congreso lugar habitual de pactos, al menos en mucha menor medida de lo que los españoles desearían. Traigo el pacto a colación para que quede
manifiestamente clara nuestra voluntad de trabajo y de que todas y cada una de sus medidas se cumplan, algo que en cambio es evidente que el Ministerio de Igualdad no quiere o no sabe hacer.
La violencia sexual era uno de los temas más destacados que permeaba el texto. La necesidad de actuar de manera más eficaz contra ella es uno de los objetivos que compartíamos y seguimos compartiendo, así como la convicción de que es uno de
los problemas más serios que afectan a las mujeres en España y en todo el mundo, pero no han atendido a las recomendaciones del pacto de Estado, han alarmado a todos los operadores judiciales y a la sociedad en su conjunto con un texto disparatado,
para cuya elaboración han escuchado los cantos de sirena de algunas organizaciones no gubernamentales y han despreciado, en cambio, buena parte de las observaciones de los informes de los órganos consultivos.
Sobre esas observaciones de enorme importancia desatendidas por su ministerio hemos construido una enmienda a la totalidad, que pivota sobre las dos grandes objeciones que se han trasladado al proyecto de ley: la definición del
consentimiento expreso, preciso para que una relación sexual se considere, entre comillas, consentida, y la desaparición de la distinción en el Código Penal entre abuso y agresión sexual. El Gobierno se escuda en una supuesta necesidad de la
modificación de la respuesta penal actual, aludiendo a la ratificación por parte de España del Convenio de Estambul del Consejo de Europa de 2014. Señora ministra, no es un tratado marco europeo, es un convenio del Consejo de Europa, pero es que
resulta que en el convenio no hay referencia al consentimiento expreso, sino que se habla de la prestación voluntaria de ese consentimiento considerando el contexto. Es decir, podría ser tácitamente asumido y deducible. Nuestro sistema jurídico no
ha pretendido jamás nada diferente, y se asienta ya sobre la idea de consentimiento. ¿Cómo podría ser de otra manera?
La definición que el proyecto de ley aporta del consentimiento expreso esconde una complejidad enorme, cuyas derivaciones, en palabras de una de las autoras del texto legal, son las siguientes, y cito textualmente: el cambio de paradigma en
materia de consentimiento es importante, porque hasta ahora los tribunales podían entender que, si no te pronunciabas, estabas consintiendo. Ahora tendrán que hacerlo a la inversa, si no te pronuncias, te estás negando. Eso traslada el foco de
interés a los hombres. Se deben asegurar de que la otra persona consiente, que no basta con que esté callada. ¿Dónde queda, señora ministra, la presunción de inocencia en este caso? ¿Dónde queda la seguridad jurídica? Es una innovadora
formulación, no lo dudamos, que conlleva riesgos innegables, con la posible inversión de la carga de la prueba y la consecuente reducción de los derechos constitucionales de la persona procesada. Los problemas para determinar si ha existido delito
contra la libertad sexual van a continuar donde ya estaban, en la existencia o no de pruebas, no en el mero testimonio, del cual seguirán necesitándose pruebas.
No se ha atendido tampoco al hecho de que la directiva europea de 2016, que refuerza la presunción de inocencia, recalca en su artículo 6 que los Estados miembros garantizarán que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los
sospechosos y acusados recaiga en la acusación, y que los Estados miembros garantizarán que cualquier duda sobre la culpabilidad beneficie siempre al sospechoso o acusado. Y el segundo gran problema de este texto lo recogemos también en la enmienda
a la totalidad: la supresión de la distinción entre abusos y agresiones sexuales, según su ministerio, igualmente vinculada a las obligaciones asumidas por España con la ratificación del Convenio de Estambul. Nada en el convenio exige esta
modificación; simplemente aboga por una respuesta integral a la violencia sexual, al igual que obliga a responder a los otros tipos de violencia de los que pueden ser víctimas las mujeres.
La eliminación del delito de abusos -se ha dicho ya aquí-, tratando de manera uniforme cualquier ataque a la libertad sexual, como si todos fueran de la misma gravedad, supone en la práctica una rebaja de las penas de los delitos más
violentos por la necesidad del legislador de reducir el castigo destinado originalmente a los casos más graves, para dar respuesta a aquellos que son menos violentos. De esta manera, se permite una discrecionalidad en la respuesta judicial que
resulta alarmante y que permitiría, por ejemplo, tal y como han puesto de relieve algunos investigadores, que los miembros de La Manada de 2016 -sí, señora ministra, los miembros de La Manada-, condenados hoy a una pena de quince años, solo podrían
ser condenados con este texto en vigor a diez años.
En resumen, el resultado es que, cuanto más leve es el delito, mayor la pena propuesta, y cuanto más grave, más se reduce su castigo; un absoluto despropósito, que no sabemos si se debe a la imprevisión, al desconocimiento o a la voluntad
de reafirmarse como alternativa antisistema, obviando las claras recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial a este respecto.
Por todo ello, señora ministra, señorías, nuestro grupo parlamentario ha presentado esta enmienda a la totalidad que hoy defendemos. Ministra, no tiene usted que atender a los requerimientos del Grupo Parlamentario Popular; son los órganos
de gobierno de los jueces los que le recomiendan que, en su primer texto legislativo, se deje de ocurrencias y elabore, junto con esta Cámara, un proyecto de ley sensato, que atienda, tanto al gravísimo problema de la violencia sexual como a los
derechos constitucionales de todos los españoles.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora González Vázquez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Lastra Fernández.
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora ministra. Les voy a hacer un ruego a las señorías que están en este hemiciclo, y es que esta ley es tan importante para las mujeres españolas que, por favor, no caigamos en las provocaciones de la extrema derecha, que
es lo único que saben hacer; lo único que saben hacer. (Aplausos).
Miren, hago uso de este turno en contra en defensa de la igualdad. Tomo la palabra frente a quienes pretenden paralizar el avance de los derechos de las mujeres; frente a quienes tienen la mentira y los datos falsos como argumento
político. Tomo la palabra contra quienes pretenden obstaculizar la aprobación de la ley de libertad sexual. Tomo la palabra en defensa de la seguridad y la libertad de las mujeres españolas. Señorías, la ley de libertad sexual es la respuesta a
un grito que las mujeres lanzaron en las calles; es la respuesta institucional a una realidad dolorosa. Por favor, señores de la derecha, escuchen estos datos que se les olvidan o los desconocen. Un 3 % del total de las mujeres de dieciséis o más
años en España, aproximadamente 700 000, han sufrido violencia sexual cuando eran niñas. Se estima que un 2 % de las mujeres de nuestro país, 450 000 mujeres, han sido violadas alguna vez en su vida. En los primeros seis meses de este año se han
denunciado casi 1000 violaciones, según los datos del Ministerio del Interior. La ley de garantía de la libertad sexual, que la derecha pretende paralizar, prevé la puesta en marcha de políticas públicas que garanticen la prevención y la sanción de
la violencia sexual. La ley que ustedes, señorías de la derecha, están intentando obstaculizar ofrecerá una respuesta integral para mujeres, para niños y niñas, que son las principales víctimas de la violencia sexual. Con esta ley España dará un
paso decisivo en la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico al Convenio de Estambul. Incorporaremos el consentimiento como aspecto fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad sexual -sí, el consentimiento-, y lo
hacemos a pesar de las burlas y menosprecios que desde la derecha han hecho sobre el consentimiento de las mujeres en los actos sexuales. Hoy ha sido un ejemplo. En un país donde se denuncia una violación cada cinco horas, ustedes ridiculizan el
consentimiento expreso. Debería darles vergüenza, deberían avergonzarse. (Aplausos). Escuchen y miren: 'solo sí es sí'. El silencio o la pasividad no significan necesariamente consentimiento. Consentimiento, señorías, no es lo mismo que el
sometimiento de una mujer que intenta salvar la vida; por eso, no mostrar rechazo en una relación sexual no es excusa para actuar en contra de la voluntad de la víctima.
A pesar de ustedes, esta ley eliminará la distinción entre el abuso y la violación, poniendo el foco en el consentimiento de la víctima y no en los medios o las formas en las que se produce esa agresión sexual. A pesar de ustedes, con esta
ley situaremos a las víctimas en el centro, reforzando las medidas de prevención y sensibilización, y los mecanismos de reparación y acompañamiento. A pesar de ustedes, daremos cumplimiento al Pacto de Estado Contra la Violencia de Género que nos
pide el desarrollo de leyes específicas e integrales, adaptadas a las características de cada tipo de violencia machista. Lo haremos. Aprobaremos la ley de garantía de libertad sexual a pesar de todos ustedes. Esta ley está llamada a cambiar la
forma en que la sociedad percibe las agresiones sexuales que sufrimos las mujeres, igual que ya lo hizo con la violencia machista la ley integral.
La violencia sexual no pertenece al ámbito privado de la vida, sino al contrario, se trata de una de las formas de machismo más brutales que aún hoy perviven en nuestra sociedad. Señorías, los agresores no son monstruos inadaptados, son
varones que actúan bajo el convencimiento de que sus víctimas son seres inferiores que carecen de los mínimos derechos de libertad, respeto o capacidad de decisión. No son monstruos, son hombres que violan. Los delitos contra la libertad sexual no
son fenómenos individuales, son una manifestación más de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, y es evidente que los poderes públicos no pueden ser ajenos al abordaje integral y multidisciplinar de la violencia
sexual.
Señorías de la derecha, resulta bochornoso tener que recordarles que el ejercicio de la ciudadanía también le pertenece a las mujeres. Ser ciudadana o ciudadano de pleno derecho significa poder vivir en libertad y con seguridad, también
significa, por ejemplo, poder desarrollar libremente la personalidad -como decía la señora ministra-. Significa -a ver si lo entienden- que no te acosen, que no te violen, que no te maten; significa que tu palabra valga, que tu deseo importe, que
no tengas que estar muerta para que te crean; eso significa. (Aplausos). Significa, en definitiva, que la libertad es vivir sin miedo. Sin embargo, las mujeres vivimos amenazadas por una violencia específica que nos acompaña desde que nacemos, y
que puede producirse en absolutamente cualquier contexto de nuestra vida.
No voy a repetirles los datos que ya les enumeré antes, esas evidencias que ustedes pretenden obviar y negar. ¿De verdad creen que una sociedad democrática es aquella donde la mitad de la población vive
amenazada por la violencia? La democracia es incompatible con el miedo. En una democracia garantizar la igualdad, la seguridad, la libertad, la vida de la mitad de la población es una cuestión de Estado. Pero su ceguera política les lleva
a hacer una oposición infantil, que consiste en decir no a cualquier iniciativa que tenga este Gobierno, y esa ceguera política les coloca en posiciones muchas veces inútiles y casi siempre vergonzosas. Señorías, abandonen su hostilidad frente al
feminismo y reflexionen, piensen desde la cordura y el conocimiento. Entendemos el miedo de algunos al feminismo, porque es una corriente de pensamiento que nació de la razón ilustrada. El feminismo defiende ahora lo que será de sentido común para
la generación siguiente: pasó con el voto, con el acceso a la educación, los anticonceptivos, el divorcio. Todos son logros feministas y todo parecía imposible mientras lo lograban. Todos los avances de las mujeres siempre se encontraron con los
obstáculos de los movimientos conservadores, y siempre el feminismo superó esos obstáculos. El feminismo tiene tanta verdad, está tan cargado de argumentos, razones y valores que crece allá por donde anida, es imparable. Al feminismo el tiempo
siempre le ha dado la razón, mientras que a ustedes el tiempo les pone siempre en los márgenes de la historia.
A la luz de los datos, señorías, esta ley sencillamente apela al artículo 9.2 de la Constitución española. Es inaplazable que tomemos medidas de acción positiva para hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la libertad de las mujeres en
España. Señorías del Partido Popular, para esto les estamos esperando, como para tantas otras cosas, aunque me temo que, como siempre y en el mejor de los casos, ustedes llegarán muy, muy, muy tarde; siempre a remolque de la sociedad española.
Dentro de unos años esta ley será una cuestión de sentido común, como ya lo es el divorcio, el matrimonio igualitario o las listas electorales paritarias. Fíjense qué revolución, que haya de consentir las relaciones sexuales, vaya revolución que
estamos planteando en esta ley. Esta ley será, obviamente, norma lógica de sentido común, y ustedes siempre estarán en la historia de España como la piedra en el camino del avance de derechos en este país. Y es que esta enmienda a la totalidad
contra la ley que va a proteger a las mujeres de la violencia sexual es pura coherencia con la trayectoria del Partido Popular en contra de los derechos de las mujeres. Cada vez que ustedes han tenido la oportunidad de votar en contra, de oponerse,
de obstaculizar el avance de los derechos de las mujeres, lo han hecho. En el año 2002 votaron en contra de la proposición de ley integral contra la violencia de género; en el año 2007 recurrieron al Tribunal Constitucional la Ley de Igualdad
entre Mujeres y Hombres. Por cierto, señorías del Partido Popular, portavoz del Partido Popular, con el inestimable apoyo del Consejo General del Poder Judicial, que nunca, jamás, ha hecho un informe positivo sobre ninguna ley de igualdad en este
país. (Aplausos). En el año 2010 se opusieron a la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo; en el año 2014 votaron en contra de impulsar un pacto de Estado contra la violencia de género; hace unas semanas los eurodiputados del
Partido Popular se opusieron a incluir la violencia machista en la lista de delitos transfronterizos en la Unión Europea, y hoy, de nuevo, en coherencia con su expediente político en contra de los derechos de las mujeres de nuestro país, se
posicionan en contra de una ley que tiene como objetivo proteger a las mujeres de la violencia sexual.
Señorías de la derecha, esta ley es el grito unánime de todo un país, esta ley nace del clamor social por la justicia. Están cometiendo el error de ponerse, una vez más, de espaldas a una sociedad que nos mira para ver justicia, la España
que espera de nosotros igualdad, seguridad y libertad. Se ponen de espaldas a un país que espera que sus hijas crezcan sin miedo, libres. Este país encontrará siempre al Partido Socialista Obrero Español pensando en la sociedad que dejaremos a las
y los que vengan, una España más segura para las mujeres del futuro será parte de nuestro legado, del de este Gobierno de coalición, señora ministra. En defensa de la libertad, la igualdad y la vida de las mujeres de nuestro país el Grupo
Parlamentario Socialista votará no a esta enmienda a la totalidad presentada.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Lastra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Toscano de Balbín. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX).
La señora TOSCANO DE BALBÍN: Gracias, señora Lastra, la echábamos de menos.
En primer lugar, me gustaría preguntarle algo. Toda esta ley es para proteger a las mujeres, pero, ¿qué entiende usted por mujer? Porque para ustedes no está claro a quién va a proteger esta ley. (Aplausos de las señoras y los señores
diputados del Grupo Parlamentario VOX).
Después ha empleado una frase que me ha parecido terrorífica. Dice usted: no son monstruos, son hombres. No, esa es precisamente su intención perversa: demonizar a los hombres; no son hombres, son monstruos. (Aplausos.-Rumores).
Luego creo que estaba un poco enfadada por el tema del consentimiento. Creo que le ha molestado que me burlara acerca de cómo se puede expresar el consentimiento en una relación sexual. Precisamente eso es lo que queremos, que nos
expliquen. Es tan complicado en esa situación demostrarlo que necesitaría que nos lo explicara. Pero no nos ha dado ninguna luz, solo se ha enfadado.
Señora Lastra, España es el país que más sobrelegislación tiene en género y temas relacionados con la violencia contra la mujer, y no se consigue nada, no se arregla nada. A pesar de los millones que invierten, a pesar de las campañas, a
pesar de los bailecitos, a pesar de las canciones de la copa menstrual en la boca de Abascal, a pesar de llamarnos fascistas todos los días antes de desayunar, a pesar de estas leyes, no se arregla nada. ¿Por qué? ¿Quiere que le diga por qué?
Primero, porque su objetivo de conseguir violencia cero, como he dicho otras veces, es imposible, porque el mal existe. Por eso ustedes van a alargar todo lo posible este problema. Como saben que no tiene solución, van a seguir expoliando a los
españoles y elaborando leyes que pisan nuestros derechos para seguir estirando el problema, porque saben que no tiene solución. (Aplausos). ¿Y saben la segunda razón por la que no consiguen que disminuyan los casos de violencia? Porque sus leyes,
como esta, como la Ley Integral contra la Violencia de Género, jamás van a la causa del problema. Su argumento es que el hombre es muy malo y que la mujer es muy buena y no miente nunca, y ya está. Entonces, con ese planteamiento falaz jamás se va
a arreglar nada.
Y aquí llegamos a lo más grave, y es que ustedes no quieren arreglar nada, porque toda la cuestión de género y violencia contra la mujer y victimización de la mujer es su gallina de los huevos de oro. Tienen un montón de parásitos, un
montón de chiringuitos subvencionados con millones de euros de los españoles, trabajando para conseguir un objetivo que en realidad es mucho más profundo y perverso, que es quebrar la confianza entre hombres y mujeres. ¿Y para qué? Porque
necesitan destruir la pareja y la familia, porque nos necesitan solos, nos necesitan rotos y nos necesitan enfrentados. (Aplausos). Quieren personas sin raíces, sin identidad y sin valores. Nos quieren esclavos. Esa es la triste realidad.
(Aplausos). ¿Pero sabe qué? Que no, que no se lo vamos a permitir, porque, si esta ley se aprueba, la derogaremos cuando estemos en el Gobierno (rumores), porque no vamos a permitir leyes que nos enfrenten y pisoteen derechos fundamentales.
Señora Lastra, ¿me puede mirar a los ojos (protestas) y me puede decir que es imposible que una mujer mienta? (La señora Lastra Fernández está escribiendo en el escritorio del escaño con la cabeza agachada). ¿Me puede afirmar que es
imposible que una mujer mienta? No puede mirarme a los ojos. Lo ve todo el hemiciclo. (Aplausos). No puede porque sabe que no es cierto, porque en el fondo sabe que las mujeres pueden mentir, porque en el fondo sabe que su marido, su hijo, su
padre, todos ustedes, diputados hombres, saben que con esta ley pueden acabar en el calabozo por una denuncia falsa; cualquiera de ustedes. (Protestas). Tienen la oportunidad de parar esta ley infame antes de que sea tarde. Detengan, por favor,
este odio visceral al hombre. Les pido que detengan esta propuesta y que escuchen a VOX... (rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio.
La señora TOSCANO DE BALBÍN: ... para que todas las víctimas que sufren violencia, todas, independientemente de su sexo u orientación sexual, sean protegidas y se respeten los derechos constitucionales; para que nuestras calles no estén
llenas de inmigrantes que no respetan los derechos de la mujer, y, sobre todo, para que trabajemos para que los agresores sexuales se pudran en la cárcel. (Aplausos).
Voy a concluir recordando a todos los españoles, sean hombres o mujeres, que, cuando sufran una agresión sexual, solo será VOX el que los mantendrá protegidos, manteniendo a los agresores en la cárcel. Y quiero recordar también a todos los
españoles y a todos los diputados hombres que están hoy aquí que cuando una mujer les acuse sin pruebas, cuando se violen sus derechos, cuando se les considere culpables y vean sus vidas hundidas injustamente, el único que reivindicará su presunción
de inocencia, el único que os defenderá será VOX. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Toscano de Balbín.
Tiene la palabra la señora González Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.
Señora ministra, señora Lastra, la ratificación en 2014 del Convenio de Estambul por parte de nuestro país trajo consigo modificaciones en nuestra legislación a causa de su concepto de violencia sobre la mujer, que, evidentemente, es mucho
más amplio que el de nuestra legislación previa, centrada en la violencia de pareja o expareja. Así, en la amplia remodelación que se acometió en 2015 del Código Penal, señora Lastra, con un Gobierno del Partido Popular, ya se incorporaron toda una
serie de nuevos delitos, no contemplados anteriormente en la legislación española, como la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado, etcétera, al igual que se revisaron también una serie de penas a la luz del convenio de Estambul. Por
supuesto, quedaban temas pendientes de acometer, tales como la trata de personas con fines de explotación sexual, la prostitución o la propia violencia sexual, y ese fue el enfoque que se asumió en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
que ustedes, señora ministra, mantienen tan bien oculto y olvidado desde el día en que decidieron cambiar de opinión sobre su contenido, al pensar que abstenerse les aportaría mayores réditos políticos que votar a favor de lo que se había construido
trabajosamente, con el consenso que los españoles deseaban en esta materia.
Hoy, señora ministra, vemos, con sorpresa, cómo usted reivindica el pacto de Estado, como si no hubiera sido y continuase siendo la instigadora de su boicot, y la señora Lastra la apoya en una demostración fehaciente de que, una vez
desaparecidos determinados obstáculos que no voy a mencionar, la relación entre los dos socios de Gobierno fluye. Ustedes defienden que esta ley es una respuesta integral a las violencias sexuales, consideradas como -comillas- 'actos de naturaleza
sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la actividad sexual en cualquier ámbito público o privado', y para ello, para que tenga ese carácter integral recurren a duplicar la Ley de medidas de protección integral contra la
violencia de género en todo su desarrollo. En la práctica, en donde en nuestro ordenamiento se leía víctimas de violencia de género ahora hay que leer víctimas de violencia de género o violencia sexual. Se solapan ambos textos, asumiendo
prácticamente las mismas medidas y derechos, órganos e instituciones creados con la Ley Orgánica 1/2004 y su desarrollo en años posteriores. Así se agrava la dispersión normativa que la ratificación del Convenio de Estambul generó, un aspecto que
el proyecto de ley anuncia que todavía ampliará más, ya que establece plazos para la modificación de un mayor número de leyes: la del Poder Judicial, la del Ministerio Fiscal, la de asistencia jurídica gratuita, así como un nuevo proyecto de ley
para crear y regular un fondo de bienes decomisados por delitos contra la libertad sexual para las medidas de reparación a las víctimas.
Para el desarrollo del estatuto de protección integral a las víctimas de violencia sexual que se genera con este texto, copiándolo directamente del de violencia de género, señora ministra, ¿dónde está el presupuesto para el desdoblamiento de
los tribunales especializados en violencia de género para que atiendan también la casuística de violencia sexual, para la plantilla policial que va a atender a las víctimas, para las unidades de valoración integral de violencia de género de los
juzgados para que atiendan también a las víctimas de violencia sexual? ¿Con qué presupuesto van a dotar a las comunidades autónomas y a las administraciones locales para que atiendan a las nuevas obligaciones que el proyecto de ley genera? ¿Cómo
se va a financiar la reparación? La Ley Orgánica 1/2004 estableció un fondo específico, cuyos criterios de reparto fueron en su día definidos por la conferencia sectorial de igualdad. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género contó con mil
millones de euros por un periodo de cuatro años, que precisamente termina en este.
La ampliación automática de la tarea de todos los recursos ya establecidos para la atención a las víctimas de violencia de género con el objeto de que atiendan también a las víctimas de violencia sexual no puede ser la respuesta que el
proyecto de ley se limita a darnos. Por ahora lo único que sabemos es que usted, señora ministra, ha comprometido fondos europeos para la creación, dotación y puesta en marcha de los llamados centros 24 horas a través de la distribución de un
crédito del Plan España te protege III -señora ministra, ¡vaya nombre!- para la creación de servicios de atención integral veinticuatro horas a víctimas de violencia sexual; eso es todo lo que conocemos hasta ahora. Nuestra duda es cómo pueden los
centros 24 horas atender a los criterios de sostenibilidad medioambiental y ecológica, transición climática y digital justa, modernización de políticas tradicionales, lucha contra el cambio climático, protección de la biodiversidad, pues se trata de
fondos de recuperación y resiliencia, porque, sinceramente, tenemos nuestras dudas y queremos saber si cuentan ustedes ya con el beneplácito de Bruselas para la
utilización de estos fondos, y, por supuesto -con esto termino, señora presidenta-, si los presupuestos generales del Estado que entraron en esta Cámara ayer contemplan en todos y cada uno de los presupuestos de cada ministerio involucrado
las partidas correspondientes para un estatuto de protección, que en el caso de la violencia de género llevó dieciocho años de inversiones, gastos y muchísimo trabajo.
Muchas gracias, presidenta. Gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Lastra Fernández para la respuesta.
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Señora portavoz de VOX en este Pleno, se lo voy a decir de una manera muy sencilla: ustedes perdieron el poquito crédito que tenían, si es que alguna vez tuvieron alguno, el día en que uno de sus diputados tuvo que dimitir porque fue
denunciado por violación -para el que la fiscalía pide cinco años de prisión- y ustedes le despidieron diciendo: Mucho ánimo, una reacción ejemplar. (Aplausos.-Varios señores diputados del Grupo Parlamentario VOX hacen gestos negativos). No me
hable de defensa de las víctimas, no me hable usted de violencia sexual y no venga aquí a dar lecciones a los grupos que nos hemos dejado la piel en defensa de las mujeres de este país. (Aplausos).
Dicho esto, señorías, esta Cámara se va a dividir entre quienes queremos tramitar esta ley y mejorarla y quienes quieren que no se tramite. Estoy segura de que esta ley se va tramitar, señora ministra, de que somos mayoría en esta Cámara
quienes queremos proteger a las mujeres de la violencia sexual. Y me abochornan las mentiras y las excusas que han puesto unos y otros, aquellos que se oponen a su tramitación. Tramitaremos y mejoraremos esta ley entre todas y todos. Consideramos
que esta ley debe mejorar la respuesta en algunos aspectos, y en especial en aquellos puntos relacionados con la explotación sexual, señora ministra. La explotación sexual es la forma de violencia sexual más terrible en nuestra sociedad. Por eso
el Grupo Parlamentario Socialista se asegurará de que las medidas relativas a la explotación sexual estén orientadas a la abolición de la prostitución. (Aplausos). No podremos erradicar la violencia sexual, no podremos erradicar la explotación
sexual mientras no vayamos a la raíz del problema, que es la prostitución. Sé que usted lo comparte conmigo, más allá de la tercería locativa a la que se hace referencia en el proyecto de ley.
Ahora, sí, concluyo mi intervención, pensando, señorías, en las víctimas. Pienso en todas aquellas mujeres que han sido abusadas, agredidas y revictimizadas después en un juzgado. Pienso en aquellas a las que se les pregunta si cerraron
bien las piernas. Pienso en aquella joven violada de manera salvaje y en manada hace unos años y que luego fue vilipendiada en las redes sociales y en los juzgados de este país. Pienso en todas las mujeres que salimos hace unos años a las calles a
gritar aquello de 'yo sí te creo'. Y por esa hermana, como dice la ministra, y por tantas otras y por nuestras hijas -va por ellas-, esta ley saldrá adelante, señora ministra.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Gracias, señora Lastra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Señora presidenta, señora ministra.
Un recuerdo afectuoso de Erika Tavares. Nuestro apoyo incondicional hacia las familiares y, en especial, hacia sus hijos menores de edad. Un nuevo crimen machista, el quinto en Euskal Herria en lo que va de año, que nos muestra que los
instrumentos existentes hasta ahora para evitarlos no han surtido efecto. En relación con lo que nos toca, debemos ser parte de un movimiento fuerte y hacer frente a aquellos que siguen negando la existencia de la violencia machista. Hoy venimos a
haceros frente.
Reconozco que la mía es una intervención cargada de ideología, porque, señorías del Grupo Popular, ideología hay en todos los proyectos de ley, en los discursos y también en las enmiendas a la totalidad. Lo que distingue a una de otras es
ver a favor de quién está esa ideología. Nosotras en Euskal Herria Bildu tenemos muy claro que ha sido el movimiento feminista el que ha puesto en el tablero político las violencias contra las mujeres y la lucha contra ellas, y los tímidos cambios
que se han ido dando han sido fruto del trabajo feminista, sin duda. También tenemos claro que es necesario abordar todas las realidades que nos
rodean desde una perspectiva de género, porque la violencia contra las mujeres es fruto de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres existentes en la sociedad patriarcal en la que vivimos, aunque haya personas en este hemiciclo
que todavía osan negarla. ¿Acaso eso no es ideología?
Por otra parte, desde el feminismo -y en Nafarroa bien lo conocemos, sobre todo desde los casos de Nagore Laffage en los sanfermines del 2008 y de La Manada en los sanfermines del 2016-, 'Yo sí te creo' y 'Sí es sí' han sido un clamor que se
ha extendido en toda la sociedad y que seguirá defendiéndose. Sin embargo, no se puede interpretar esta demanda como una demanda de mayores condenas para quien perpetra el delito. Cuando decimos que esto es una agresión, ¿por qué se interpreta que
queremos más años de cárcel? Tanto las señorías del Grupo Popular como las de la formación VOX coinciden en lo fundamental, aunque luego la letra y el tono parezcan en un caso más suaves. Por todo ello, no vamos a apoyar las enmiendas a la
totalidad presentadas.
Con respecto al proyecto de ley, observamos claroscuros que conllevarán la necesidad de abrir un proceso de discusión, y esto es positivo. Durante la tramitación de esta ley, nuestra formación va a abordarla desde una perspectiva feminista.
Consideramos que es buena oportunidad para tratar seriamente el tema de la libertad sexual siendo las mujeres el sujeto político y escuchando al movimiento feminista, escucha que se concretará en enmiendas. Queremos que se debata porque estamos
convencidas de que vamos a convencer.
Hay aspectos de esta ley que valoramos positivamente, como la creación de la red integral de los centros de atención a las víctimas, centros 24 horas, la casa de la infancia como lugar de referencia para la atención a menores, medidas para
formación de profesionales en el ámbito judicial y asistencia social o abordaje de la prevención, si bien es cierto que estas medidas deberían ir acompañadas de consignación presupuestaria.
Tenemos serias dudas en otras cuestiones, como, por ejemplo, respecto a la idea del punitivismo que recorre toda la ley, y hay cuestiones que deben resolverse de otra manera, no todo se debe solucionar con el Código Penal. Se produce un
cruce entre lo moral y lo legal, el dilema entre el placer y la violencia y peligro siguen vivos hoy en día en esta sociedad y es cierto que nos afecta más a las mujeres. La libertad sexual de las mujeres se construye en el ámbito de las libertades
y los derechos, apoyando la afirmación de sujetos activos, y se construye menos o nada siguiendo los tortuosos caminos del procedimiento penal y sus derivas punitivas.
No compartimos lo recogido en la disposición final decimocuarta respecto a la definición de consentimiento. Incluir en el debate el tema de la prostitución no viene a cuento en esta ley. Es un tema pendiente, necesario de debate sosegado,
y en estos momentos se carece de ese sosiego. Y lo mismo respecto de otros cambios en el ámbito de la legislación que repercuten directamente sobre esa realidad, como la Ley de extranjería, ya comentado. Una cosa es que no te guste la prostitución
y otra que sea un delito.
Creemos que el objetivo de esta ley debe ser reconocer a las mujeres como seres activos, agentes capaces de tomar nuestras decisiones en todos los terrenos y también en la vivencia de nuestra sexualidad. Sobran los paternalismos.
Necesitamos de toda la sabiduría feminista para mejorar lo máximo posible este texto original, y en ello nos encontrarán.
Mila esker. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Pozueta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Desde mi grupo también nos queremos sumar a la condena firme del asesinato trágico que ha ocurrido en Gasteiz y solidarizarnos con las víctimas, como no podía ser de otra manera.
Este proyecto de ley remitido por el Gobierno obedece a una profunda pretensión de ampliar el marco normativo para acometer el abordaje de la violencia sexual, el impulso de acciones para eliminar los estereotipos de género que la sustentan,
la puesta en marcha de recursos asistenciales adecuados para las víctimas y posibilitar el desarrollo de políticas públicas eficaces. Aunque son muchas las leyes que se modifican, tiene, a su vez, una notoria voluntad omnicomprensiva y contiene
todo tipo de proclamas generales, bastantes de ellas ya contenidas en diversas leyes y disposiciones normativas, con una aparente única finalidad, que bien pudiera limitarse a su rectificación de carácter estrictamente político. Este afán
declarativo conduce a los promotores de este proyecto, como más adelante expondremos, a
ignorar en ocasiones las competencias de las diversas administraciones concernidas, pecando en ciertas cuestiones de un marcado tono centralizador. Intentaré profundizar en esta cuestión más adelante.
Se han presentado dos enmiendas a la totalidad, una de VOX y otra del Partido Popular. La primera no deja de ser un inadmisible manifiesto negacionista, acorde con la ideología de sus autores, por lo que no me voy a referir a ella, porque
no voy a dar naturaleza de discutible al negacionismo de situaciones tan trágicas, aceptadas y legisladas por sociedades democráticas, en las que no pueden tener cabida tabulas rasas y equiparaciones vergonzosas como las que aparecen en esta
enmienda y hemos escuchado esta tarde. Es un libelo ignominioso.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular presenta su enmienda a la totalidad por considerar que el proyecto de ley es maniqueo, tiene un marcado sesgo ideológico y es muy deficiente desde el punto de vista técnico-jurídico, calificándolo
asimismo de cuestionable constitucionalidad por afectar directamente a derechos y libertades fundamentales. Su enmienda formula un texto alternativo limitado a una puntual modificación del Código Penal, proponiendo la reforma de su artículo 181,
apartados 1 y 2. Creo que se trata más de un posicionamiento táctico que de discrepancia profunda. Perfectamente podrían haber esperado a la fase de enmiendas, aunque entiendo que quieran aparecer como los líderes de la oposición, visto, sobre
todo, el miedo que les produce que los vecinos carpetovetónicos les quiten el sitio.
Les anuncio ya que el grupo parlamentario al que represento no va a apoyar las enmiendas a la totalidad presentadas. Como se verá, hubiéramos podido tener motivos para presentar nosotros también una enmienda, pero creemos que no hubiera
sido lo correcto. Impera en nuestro quehacer y compromiso con la ciudadanía una obligación de responder a las nuevas necesidades que en este caso se han de dar desde el ámbito legislativo. Es por ello que es necesario legislar sobre las violencias
sexuales, bien modificando leyes o con nuevas leyes. Hay situaciones sociales que ya no se pueden eludir y han de ser debatidas en el seno del Parlamento para su posterior adecuación a la vigente normativa, dando correcta respuesta a la necesidad,
ampliamente sentida, de adecuar la legislación penal a la vigente sensibilidad social de repudio a la violencia sexual y garantía de la libertad sexual. Creemos, pues, que ha de tramitarse la ley. Ahora bien, no nos gusta cómo está. Nos parece
que empieza flaqueando ya desde su denominación, que puede ser hasta engañosa -la libertad sexual de las personas es algo más que el hecho de que no las agredan, faltaría más-, pasando por su carácter centralista e invasor de competencias y
finalizando con que incluye elementos que deberían estar fuera de la ley, como el tema de la tercería locativa.
A pesar de que la mayoría de los títulos competenciales atribuyen al Estado una competencia para el establecimiento de bases generales normativas o para el despliegue de su actividad coordinadora, se observan también títulos de tipo
horizontal que a lo largo de los años han venido justificando actuaciones estatales de carácter centralizador, como son las previstas en el 149.1 de la Constitución. La utilización de dicho precepto de manera incorrecta y abusiva ha supuesto y
supone una invasión competencial centralizadora a todas luces inaceptable. Es, sobre todo, a partir del título II cuando tales excesos se van manifestando en cuestiones que afectan al ámbito autonómico. Además, muchas de las cuestiones que se
plantean en esta ley ya se tratan, ya están legisladas en comunidades autónomas, como en Euskadi, por ejemplo, entre otros asuntos.
La cuestión de la desaparición de la distinción jurídico-penal entre abuso y agresión sexual merece una valoración positiva, en línea con el artículo 36 del Convenio de Estambul. Creemos que neutraliza el problema simbólico, que, al margen
de las penas impuestas, acababa por negar el delito de agresión en casos de abuso, confundiendo a la opinión pública sobre la gravedad y trascendencia del reproche penal. Esto en lo referente a las modificaciones penales. Hay otra serie de
propuestas, tal y como hemos manifestado, que creemos que son mejorables, y algunas fuera de competencia.
Decíamos que hay una serie de cuestiones, más bien artículos, con las que mi grupo no está de acuerdo. En relación con alguno en concreto, independientemente de su contenido, consideramos que su ubicación en esta ley no es la más adecuada.
Señores del Gobierno, nos parece que no se atreven o solo quieren jugar con algunas cartas, en vez de jugar con toda la baraja y toda la partida. Con el artículo relativo a la modificación del 187 del Código Penal, referido a la tercería locativa,
ustedes quieren cerrar el debate de la prostitución sin haberlo abierto. Carpetazo: medida únicamente punitiva, y a otra cosa, mariposa. ¿Creen ustedes que esto es serio? ¿No creen que la prostitución, su entorno, sus consecuencias, su reflejo
social, las personas que la ejercen, etcétera, independientemente de la opinión que se tenga sobre el tema, no merecen un debate, una reflexión y un aparte profundo? Mi grupo estima que es fundamental. Antes de legislar hay que escuchar, luego hay
que debatir y finalmente proponer. Por eso vamos a solicitar que se abra un debate en profundidad, para que de una vez por todas se afronte este
tema con toda su complejidad, no con parches ni de ladillo, y menos tratándose de una ley que se basa en el consentimiento como elemento central de libertad, excepto en un supuesto que ustedes consideran que no tiene validez; paradójico.
No vamos ahora a profundizar en este tema -tiempo habrá, si es que nos lo conceden-, pero les anunciamos que vamos a solicitar sacar este punto de esta ley para que sea tratado donde le corresponde.
La libertad sexual -acabo- es algo más que protegerse de la agresión, pero, desgraciadamente, todavía las mujeres tienen que seguir protegiéndose de las agresiones que padecen. Busquemos el camino para que, además de lo punitivo, estos
delitos no tengan ya más lugar en nuestra sociedad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Agirretxea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, señora ministra, empezaré mi intervención pidiendo respeto, respeto a todas esas víctimas que en algún momento han sido víctimas de una agresión o de un abuso sexual, porque ante determinados discursos en esta Cámara, que me
parecen vergonzosos, creo que tenemos que tener respeto. Y quiero decir otra vez la palabra respeto, ¡porque me parece indignante, señora Toscano! (Aplausos). ¡Algunas de sus apreciaciones me parecen indignantes! Porque no estamos hablando de un
piropo, y que estemos hablando con esa frivolidad de un asunto tan importante y, además, conociendo a gente que ha vivido situaciones de agresión o de abuso sexual, me parece totalmente indignante el haber escuchado esta tarde estas palabras en esta
Cámara! ¡Por favor!
Junto a ello, nos vemos ante una normativa. Creo que es fundamental una ley de este tipo en estos momentos, pero me parece que es una materia muy importante y lamento que en muchas ocasiones nos encontremos ante una especie de eslóganes
publicitarios y, además, determinados tonos de intervenciones que, desde el punto de vista de la igualdad y la defensa de los derechos humanos, sí que les digo que creo que dejan mucho que desear. Vaya por delante que mi grupo parlamentario -como
siempre- estamos dispuestos a trabajar, a mejorar la ley y, además, a evitar que se enquiste, porque creo que lo importante en leyes complejas, en leyes que abordan realidades difíciles, es que tengamos tanto la altura jurídica como la altura social
para desarrollarlas. Y aquí nos encontramos ante una serie de enmiendas. Creo que es decepcionante que haya enmiendas a la totalidad de devolución de este proyecto y algunos discursos en los que tampoco quiero entrar, porque creo que ni siquiera
merecen la pena. Me refiero a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario VOX, porque realmente te lleva a esa reflexión de que en relación con la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual -solo por poner un ejemplo de su
argumentario- dado que el número de agresiones sexuales se han reducido, no merece la pena abordar o mejorar la legislación para este tema. Me parece sorprendente que haya un argumentario en esta línea. Vamos leyendo su propuesta y lo único que
vemos es que niegan que haya más mujeres que hombres que sean víctimas de agresión o de abusos sexuales. Simplemente le voy a dar un dato: el total de condenados en 2020 por delitos sexuales son 472 varones y 5 mujeres. Si es que aquí la
evidencia en temas de desigualdad son los datos que tenemos, y esa evidencia nos hace mirar a que niños, niñas y mujeres son víctimas de este lamentable delito, y es lo que tenemos que abordar. Realmente, como no merece la pena, no merece la pena
ni siquiera discutir nada más de sus enmiendas, únicamente quiero decir que estamos en contra y que con esos posicionamientos negacionistas nunca va a encontrar a nuestro partido político. En cuanto a la enmienda del Partido Popular, debemos decir
que en ocasiones también nos parece que el Partido Popular compite con VOX para ver quién tiene el foco en este debate, porque realmente leyendo su enmienda creo que es una enmienda al articulado, creo que es una enmienda parcial, porque hay una
parte del argumentario con la que estamos de acuerdo y otra con la que no, pero realmente se trata de las cuestiones de las modificaciones del Código Penal. Por lo tanto, yo creo que no es la disposición adecuada la que ustedes han presentado.
La posición de Ciudadanos respecto a regular el consentimiento en este caso es que consideramos que no es necesario. El artículo 1262 del Código Civil y siguientes -incluso el 1265 en nuestro código- ya nos establece cuándo un
consentimiento está viciado. La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo nos establece cómo interpretar realmente o cuándo existe el consentimiento. Si hablamos de consentimiento y de su definición, teniendo en cuenta lo que dice el Consejo
General del Poder Judicial, el propio Consejo de Estado, sí que creemos, señora ministra, que no es necesario; no es necesario. O sea, no se trata de
ponerse una medalla regulando el consentimiento, porque nuestra propia jurisprudencia y nuestra propia normativa ya lo establecen. Ahora bien, en cuanto a la unificación de la agresión y el abuso sexual, creo que es importante señalar que
hay casos muy dolorosos y lamentables que han ocurrido recientemente en España y que nos han dejado claro que la actual regulación de los abusos sexuales y la agresión sexual tiene déficits, tiene lagunas. Esto mismo lo han establecido los propios
tribunales a veces por la propia dificultad existente ante determinados hechos, como pasó en el caso de La Manada en España, que realmente nadie tenía duda de que era una violación, pero el Código Penal que tenemos en la actualidad tenía déficits en
lo que era el propio encaje penal y demostrar que realmente nos encontrábamos ante un tipo u otro. Por eso yo creo que esta reforma modifica este tipo de lagunas. La propuesta que se realiza en el proyecto parece que es adecuada, porque además
supone un paso adelante en la mejora de la legislación penal y evita que determinados casos que actualmente tienen difícil encaje puedan estar incluidos, e incluso quedan fuera supuestos en muchas ocasiones. Imagínense una persona que se encuentra
inconsciente y que la encuentra alguien tirada en una calle, por ejemplo, y la agrede. Actualmente, según el actual código, esta disposición podría llevarnos a quedar en un limbo. Por lo tanto, sí que creo que hay que trabajar en la situación que
tenemos en la actualidad con este tipo de regulación. Hay que ver la proporcionalidad de las penas. El propio artículo que ustedes proponen, el artículo 180, yo creo que adecúa a cuáles son los casos en los que debemos agravar esa penalidad, como
si la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad, si hay una relación de superioridad, si se utilizan armas o medios peligrosos cómo se puede establecer, cuando se haya anulado la voluntad con fármacos o drogas, etcétera. O sea, yo
creo que hay que ver la reforma en su conjunto. Y sí que creemos que hay que ajustarla, que hay que mejorarla y hay que trabajar. Para eso encontrarán a Ciudadanos, para que mejoremos este marco legal. Por eso, nos vamos a abstener en la enmienda
que presenta el Grupo Popular, porque compartimos una parte, pero la otra consideramos que no es adecuada.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Memoria democrática, libertad sexual, es que no falla; la derecha ultra y la ultraderecha oponiéndose siempre a cualquier avance por mínimo que sea, por insuficiente que a otros nos parezca. Pero el problema es que resulta evidente, aunque
algunos se empeñen en negarlo, que existe la violencia sexual, que existe la violencia machista, de la cual forma parte también la violencia sexual. Con todo, la ultraderecha no solo niega lo evidente, sino que utiliza las cifras de denuncias de
forma perversa. La realidad es que los datos de los delitos de agresión sexual han aumentado en el primer trimestre del año 2021 un 24,6 % respecto a los registrados en el último cuatrimestre de 2020, según los datos publicados por el Ministerio
del Interior. Y esos son los casos denunciados, la incidencia real es, sin duda, muy superior. Otro hecho incontestable es que los perjuicios y mentalidad machista siguen perviviendo en la sociedad, y no solo está detrás de las agresiones, sino
también de pretendidas justificaciones que acaban revictimizando a las víctimas.
En el informe presentado por la Secretaría Xeral da Igualdade de Galiza de 2020 se recogía el dato de que el 16 % de los hombres consideraba que las mujeres agredidas no tuvieron suficiente cuidado o provocaron al agresor de alguna forma.
Por lo tanto, es imprescindible actuar no solo en el ámbito penal, sino también en la concienciación, en la prevención, en el tratamiento y en el acompañamiento a las víctimas. Por eso el BNG siempre ha reclamado abordar la violencia sexual de
forma integral. Como digo, es una violencia que existe y es necesario hacer frente a este problema en todos los ámbitos. El proyecto, a nuestro juicio, apuesta por esa visión integral y aunque ciertos aspectos pueden y deben ser mejorados y
corregidos -para lo que presentaremos enmiendas parciales-, la necesidad de la norma es incontestable. Por lo tanto, votaremos en contra de las enmiendas.
Obrigado.
La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Rego Candamil. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidenta.
En el PDeCAT consideramos imprescindible mejorar la lucha contra cualesquiera delitos de violencia sexual, consolidando una asistencia integral especializada para las víctimas de dichos delitos -especialmente mujeres y menores- y
proporcionándoles un mejor acompañamiento. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia). Igualmente, somos favorables a que las víctimas de violencia sexual tengan derecho a la reparación a través de las indemnizaciones que
evalúen económicamente el daño físico y psicológico, los daños materiales o la pérdida de ingresos, la pérdida de oportunidades educativas o laborales, así como el daño social o el tratamiento terapéutico al que se hayan visto sometidas. Asimismo,
respaldamos una mejor tipificación penal del proxenetismo, que persiga sin cuartel a quienes favorecen la explotación sexual de otra persona. En este sentido, nuestro compromiso con la libertad sexual, la ampliación de los derechos y la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres es firme e inquebrantable, como también lo es la lucha contra la violencia de género, verdadera lacra social que debemos combatir con todos los instrumentos a nuestro alcance. Por todo lo expuesto, vamos a votar en
contra de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por VOX. Señora Toscano, respeto cualquier opinión e ideología por muy distinta que sea de la mía, la respeto pero no la comparto. Hoy ha verbalizado frases que duelen aun no habiendo
sido violada, acosada o agredida. Con la violencia no se frivoliza, y menos con el tipo de violencia que estamos tratando hoy.
En segundo lugar, debemos enfatizar que el proyecto de ley orgánica presentado por el Gobierno adolece de carencias en cuanto a seguridad jurídica se refiere. Compartimos parte del contenido de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, aunque consideramos que las deficiencias del proyecto deberían corregirse mediante enmiendas parciales al articulado y no mediante una enmienda a la totalidad. Por ello, nos abstendremos. Ministra, en el PDeCAT tenemos la
voluntad de plantear enmiendas al articulado durante el trámite parlamentario en aras de mejorar el redactado y contribuir a un mejor texto, más técnico y eficaz, que garantice fehacientemente derechos y libertades fundamentales.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Cañadell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, rechazamos las dos enmiendas a la totalidad, pero, puesto que el tiempo es limitado, me centro en la de VOX. La semana pasada Polonia se desmarcó de la justicia europea cuando su Tribunal Constitucional dictaminó que la
legislación polaca prevalece sobre la de la Unión Europea, dando al traste con el principio fundacional de esta. Les voy a leer algunas frases de la enmienda a la totalidad de VOX, para que ustedes juzguen hasta qué punto en VOX se han vuelto
polacos. VOX está en contra de -comillas-: considerar que la normativa internacional ha de aceptarse sin ser pasada como condición previa por el tamiz de los intereses de España. También rechaza el seguimiento, por ejemplo, del Convenio de
Estambul, ratificado por España, por entender que las argumentaciones jurídicas necesarias para llevar adelante esta ley están sobradamente cubiertas por la legislación española. Pero, curiosamente, en la misma enmienda citan como argumento a su
favor el preámbulo de ese mismo Convenio de Estambul o la Declaración de los Derechos Humanos, cuando hablan de la igualdad entre hombres y mujeres, manipulando el espíritu de estos textos, que lo que pretenden es justamente equiparar los derechos
de las mujeres, vulnerados históricamente, a los de los hombres. No frivolicen con la violencia machista. En Junts estamos a favor de erradicar todas las violencias sexuales independientemente del sexo de la víctima, pero reprobamos el maniqueísmo
político de VOX, que cita los textos a conveniencia o los rechaza a la polaca y que lo único que persigue es impedir que todas seamos iguales. Lo han vuelto a demostrar en el Parlament de Catalunya, cuando su diputado, Ignacio García, equipara
inmigración y delincuencia desde una mirada racista, que ve en el diferente un potencial infractor. También son ustedes los que, en esta Cámara, llaman bruja cuando una mujer defiende los derechos de todas. Y -en eso sí que estamos de acuerdo-,
como dice la recomendación del Consejo de Estado, se afea al Gobierno la inmadurez de las propuestas en materia de prostitución, por considerar que deben contar con un debate social más amplio y escuchar a los expertos en la materia. Nosotros
añadiríamos a las trabajadoras sexuales porque, en realidad, esta ley recupera la polémica de regularizar o abolir la prostitución. No ha habido debate, señora ministra, y, por tanto, no han sido invitadas a participar. Esperamos que haya tiempo
para hacerlo.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Buenos días o buenas tardes, casi bon vespre, como decimos en casa.
Diputadas y diputados, llevamos mucho tiempo ya con este debate y supongo que estaremos cansados. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Debe decirse una cosa, desde mi experiencia como diputada en esta Cámara, cuando VOX habla hay
una ventaja, y es que los de detrás se callan un ratito y así podemos oír a los de la tribuna porque durante todo el resto no hay manera. (Aplausos). Es lo único que podemos agradecer. Bueno, luego jalean y chillan; es bastante distraído. No
sé, si tenemos algún cole de P3, propongo un curso de comportamiento en el aula.
Dicho esto, decía Adriana Lastra que no entráramos al trapo. Creo que nos estamos equivocando, señores de las izquierdas -de las unas, de las otras, y hasta los liberales que están ahí en Ciudadanos-, porque estamos dando por hecho que
muchos de los argumentos con los que nosotros trabajamos continuamente y que entendemos como pacíficos han llegado al seno de toda la sociedad, y eso no es así. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que el feminismo es lo contrario del machismo.
A ver, no es verdad; el feminismo es la simple y a la vez extraordinaria convicción de que una mujer es un ser humano con todos sus derechos, ¡ya está! Y, en cambio, ustedes pretenden que el feminismo es el machismo al revés. Es falso. ¡Por
favor, es falso! Cada vez que lo dicen lo único que hacen es contaminar a mucha gente y no se dan cuenta de hasta qué punto es peligroso. ¿Y por qué se lo digo? Las diputadas y los diputados de esta Cámara, algunos más que otros, vivimos en la
realidad y quizás sería pertinente preguntar cuántas diputadas de aquí han sido agredidas o han sido violadas y cuántas lo han denunciado. Yo sé al menos de una que ha sido violada y no ha ido a denunciarlo. Si quieren, se la presento.
(Aplausos). Y no lo ha hecho porque la justicia no daba ninguna credibilidad a su versión -¡uy, qué aspavientos más terribles!-. ¿Y por qué? Porque de base hay esa certeza, hay esa convicción de que hay denuncias falsas, de que quizá ella lo
provocó. Yo no les voy a decir, señora diputada de VOX, que no me miren, al revés, de hecho le he pedido al señor Guijarro que, por favor, me mirara, porque al final vamos a tropezar por los pasillos, porque se está equivocando mucho, se está
equivocando terriblemente y, además, lo están ligando con belleza y con juventud, y no es eso. La agresión sexual se da en mujeres discapacitadas, la agresión sexual se da en mujeres viejas, la agresión sexual se da en parejas casadas, la agresión
sexual sale de la convicción de que somos carne para utilizar y que no somos seres humanos que decidimos nuestra vida sexual, y ahí es donde esta ley intenta intervenir. Por tanto, vigilen mucho lo que dicen, vigílenlo mucho, porque del mismo modo
que algún día o incluso ahora ustedes van a tener hijos e hijas, se van a dar cuenta de que llega el sábado por la noche y una, que es feminista -y acabo de explicar lo que significa; significa, por tanto, el absoluto cuidado con la libertad de
elección de mis hijas y de mis hijos, la capacidad de darles la libertad para que de algún modo planteen su propia biografía y, por tanto, a quién quieren amar, cómo quieren amar y cuándo quieren amar-, el niño se va, pero a la niña le dices: ¡uy!,
¡uy!, ¡uy!, ¿así? Una feminista diciéndole a otra feminista: ¿Así vas a salir? Esto pasa porque tenemos miedo, porque el miedo como mujeres nos ha acompañado toda la vida, pero el miedo como madres es completamente insoportable. (Aplausos). Y
ustedes no comprenden que están favoreciendo ese miedo diciendo que enfrentamos a hombres y a mujeres cuando no es cierto, es una falacia. Ustedes dicen que los hombres en esta ley -y lo dicen muchas veces, como si las leyes de protección de las
mujeres en violencia de género o en otras cosas fueran prebendas que nos dan, cuando simplemente son restituciones a una mínima justicia social, son simplemente restituciones y muchas veces sin reparación- pobrecillos, ¿cuándo van a saber cuándo
consienten? Oigan, tienen un problema como una catedral ¿eh? Si ustedes no saben cuándo mantienen relaciones sexuales si el otro está consintiendo o no, por favor, ¡qué penita! ¿Se lo vamos a tener que explicar? Yo se lo cuento, pero me parece
que es evidente. (Aplausos).
Entonces, es siempre lo mismo y le diré más, es más de lo mismo. ¿Que decían ustedes con la violencia de género, con la violencia doméstica (hace el gesto de comillas con los dedos), la violencia machista contra las mujeres en el seno de
las parejas? Denuncias falsas, es que nos llenan los juzgados de denuncias falsas. Eso es mentira, pero coló. La gente se lo traga y ahora, ¿qué dicen? Libertad sexual, denuncias falsas, pobres hombres, nos los van a llenar de denuncias falsas.
¡Hombre, por el amor de Dios!, si no fuera para llorar sería para reír. Además, la defensa que usted ha hecho aquí ridiculizando el dolor, ridiculizando la diferente posición que ocupamos en el imaginario colectivo,
ridiculizando nuestra falta de libertad, solo puede venir -se lo he dicho mil veces- o de que usted va a todas partes con guardaespaldas, que podría ser (rumores), y no vive en el mundo real, o que tienen muy pocas amigas, o que tampoco
viven en el mundo real, o que realmente les importa un rábano lo que les pase a las mujeres. Porque le diré una cosa, tan ideológico es decir que el feminismo es esa idea radical de los derechos humanos de las mujeres como decir lo contrario, que
es lo que ustedes dicen.
Termino con un comentario: ruego a los señores diputados de las izquierdas que me miren, insisto, para no tropezar -si alguien quiere algo más, lo hablamos- (risas), pero también les digo (dirigiéndose al Grupo Parlamentario VOX) que no me
miren los suyos porque en sus ojos sí que veo claro dónde estaré -y no es sexual- cuando ustedes manden: en la prisión, callada y (juntando las muñecas con los brazos en alto) con las manilles puestas. No me sale la traducción de manilles. Así
que... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Vallugera, tiene usted que terminar, por favor.
Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenas tardes.
¿Intentó establecer contacto con su agresor? Esta pregunta venía de una serie de recomendaciones que el entonces ministro del Interior, Fernández Díaz, en el año 2014 nos daba a las mujeres para evitar ser violadas. Claro, es un mensaje un
poco contradictorio, es un reproche contradictorio. ¿Intentó establecer conversación con su agresor? Bueno, y si estableció conversación, ¿le dejó claro qué es lo que iba a pasar o quizá fue usted quien condujo al error? Creo que la ministra
Irene Montero ha explicado perfectamente cómo, continuamente, hay una serie de piedras para las mujeres en el momento en el que dicen que han sufrido una agresión sexual. Son piedras. Cada frase que nos han dicho con la que nos han culpabilizado
ha sido una piedra. Y verán, el movimiento feminista lleva décadas rompiendo esa inercia de estigmatización de la víctima. En 2018 sucedieron tres cosas. Por un lado, hubo un 8 de marzo que fue un punto de inflexión en la movilización y también
en nuestro paradigma sociocultural. Si quieren se lo explico: básicamente, es que ante un chiste machista la sociedad no se ríe pero, eso sí, descubre que se ha desnudado al idiota. Además de eso, la movilización del 'Yo sí te creo', que surgió a
raíz de la primera sentencia de La Manada. Y, por último, el 'Cuéntalo', un hashtag, un movimiento en las redes sociales impulsado por la escritora Cristina Fallarás, que sirvió para romper un muro de silencio y que empezásemos a hablar de las
violencias machistas que habíamos experimentado. Desde entonces el cuestionamiento de los machistas ya no es una piedra para nosotras, pero existen otras. Por eso, a finales de ese mismo año 2018 Amnistía Internacional sacó un informe valiosísimo
sobre la violencia sexual que tituló Ya es hora de que me creas. Porque resulta que el sistema sanitario, policial y judicial también nos ponen piedras cuando lo que hacemos es pedir ayuda porque acabamos de sufrir o acabamos de entender que hemos
sufrido una agresión sexual. 'No más piedras', 'Yo sí te creo', 'Solo sí es sí' no es publicidad y no son eslóganes, es el canto de lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres. (Aplausos). Esto es lo que recoge el proyecto de ley
que el Gobierno trae a esta Cámara y que se enfrenta hoy a dos enmiendas, una de la bancada reaccionaria y negacionista -¡oh, sorpresa!- y otra, menos sorpresa cada día y bastante más lamentable, por parte del Partido Popular, que parece haber
olvidado qué supuso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un proyecto de ley que pasa a hechos lo que fueron palabras y gritos en las calles, que convierte en políticas públicas en la defensa de esos derechos fundamentales de la
prevención, la atención, la protección y la reparación de las víctimas supervivientes de violencias machistas. Y lo hace en positivo, colocando el consentimiento en el centro; un consentimiento que se puede expresar de muchas, muchas, muchísimas
maneras, pero que se tiene que expresar, porque lo contrario es mantener esa retórica en la que los cuerpos de las mujeres han de estar a disposición, salvo que se defiendan con uñas y dientes. Hemos visto que al Partido Popular no le gusta que el
consentimiento esté en el centro y tampoco le gusta que no hagamos ya distinción entre abuso y agresión. Supongo que opera, vistos los cánones -que ayer mismo decía la líder de su partido, Díaz Ayuso, que se atrevió a frivolizar con nuestro derecho
al aborto como si fuera algo que hacemos casi cuatro veces al día-, esa visión de la honra que ha de ser defendida con la vida. Miren, con la vida se defendieron Nagore Lafargue, Diana Quer y Laura Luelmo. Ni valentía ni perder la vida para no ser
agredidas sexualmente nunca más. Lo que queremos y lo que esta ley dice es que necesitamos un pacto social,
educativo, preventivo, cultural y judicial para que esas violencias no forman parte de nuestra cotidianeidad. Por eso, también en el año 2018 nuestro grupo parlamentario comenzó a trabajar en una ley, la Ley de solo sí es sí, con
catedráticas penalistas, con expertas feministas en atención y con compañeras de lucha; y, por eso, antes de que acabara la legislatura, Irene Montero defendía en esta tribuna la toma en consideración de esa proposición de ley.
La movilización feminista del 8M supuso que el Estado español volviese a tener un Ministerio de Igualdad con la mejor ministra de Igualdad al frente liderándolo, y sabíamos que vendrían ataques porque tenemos memoria y porque recordamos
perfectamente todo lo que sufrió la primera ministra de Igualdad que hubo en este país, Bibiana Aído. Sabemos perfectamente que cada vez que la atacaban a ella, estaban atacando a todas las mujeres que estábamos defendiendo nuestros derechos
sexuales y reproductivos; que cada vez que la atacaban a ella de manera furibunda, estaban atacándonos a todas las mujeres que defendíamos otra manera de hablar, de estar y de ocupar el espacio también en la política. (Aplausos). Por la que era
yo con veintipocos años, mi agradecimiento y mi reconocimiento a Bibiana Aído. (Aplausos). Ahora volvemos a tener un Ministerio de Igualdad sostenido a pulso, y quiero agradecerle a Irene Montero toda su determinación frente a esos ataques, porque
además ella sabe, como nos dice Rita Segato, que el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla. (Aplausos). Ella vive cada día los ataques del negacionismo y los ataques de los reaccionarios; ataques furibundos porque hay quienes ven que se les
mueve el suelo bajo los pies. Es lo que pasa cuando avanzamos en derechos humanos, que hay un movimiento de placas tectónicas que hace que quienes estaban pisando los derechos de las demás ven que se mueven sus privilegios. Por eso, porque Irene
Montero sabe esto, no se trata solo de no dar ni un paso atrás -por descontado que ni un paso atrás-, sino que se trata de seguir avanzando. Estamos concentradas en seguir avanzando. Y les digo, como dice la legisladora argentina Ofelia Fernández,
que los derechos de hoy son las batallas de ayer y que las batallas de hoy serán los derechos de mañana. No vamos a discutir los derechos conquistados, vamos a seguir avanzando. Esto es lo único que le tengo que decir a la enmienda a la totalidad
de devolución, esa cutrez que traía el partido de la España pequeña. Dense por respondidas, señorías, con las palabras de Ofelia Fernández.
Al resto de su señorías les digo con claridad que lo que queremos es acabar con las piedras -también con las piedras invisibles- que llevamos en los bolsillos y que tienen que ver con el después, que tienen que ver con una de las mayores
deudas que tiene este país, que es la reparación, el derecho a una cultura de la reparación. En ella trabajan escritoras como Luna Miguel y cineastas como Irene Moray. Se trata de que haya una cultura de la reparación que sane, y que sane no solo
individual, sino también colectivamente; de que exista por la sociedad una condena unánime de esas violencias, porque así las vidas se podrán desarrollar sin todas esas piedras invisibles y silenciosas en los bolsillos.
Acabo ya. La tarea importante que nos queda es la de proteger la libertad sexual, y eso pasa por reconocer que atacarla es en sí una agresión, porque la libertad no es tomarse cañas; la libertad es no tener miedo cuando vuelves a casa
después de tomarte esas cañas. (Aplausos). Tu libertad no empieza donde acaba la mía; la libertad de todas, de todos y de 'todes' empieza exactamente en el mismo sitio. Con la necesidad de estar a la altura de ese legado que debemos dejar,
siento muchísimo orgullo porque este ministerio y también este Gobierno saben que tenemos que trabajar para estar protegiendo la libertad sexual de todas las personas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-La señora Rueda Perelló pide la palabra).
Sí, señora Rueda.
La señora RUEDA PERELLÓ: Con base en el artículo 72 y en relación con el artículo 103, por alusiones.
Es muy sencillo, solo quiero decirle a la señora Lastra que de nuevo le ha dado una patada a la presunción de inocencia culpabilizando a un hombre, y eso no es justo... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Rueda.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y
PUEBLOS DE SU MARCO. (Número de expediente 124/000007).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En concreto, al relativo a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y pueblos de su marco. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra el señor LópezBas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, presidenta.
'E guien las aguas en tal manera que rieguen y ryeguen tanto como solían en tiempo de moros, e que fagan que todas las tierras se rieguen por las paradas por do solían tomar su tanda en tiempo de moros e non por otro logar'. Señorías, estas
palabras que acabo de leerles se corresponden quizá con uno de los ejemplos más antiguos de una transición política, de la circunstancia de cambiar un sistema político sin modificar aquello que funciona, de ese ir 'de la ley a la ley pasando por la
ley' -por así decirlo- que se dio allá por 1275. Estas palabras son del privilegio otorgado por Alfonso X a los regantes de la Vega Baja del Segura a fin de que pudieran mantener sus sistemas de riego tradicional en sus campos y tierras de labor,
para que permaneciera vigente toda una ingeniería de riego y un régimen social y económico basado en la agricultura, tras el avance y la conquista por las tropas cristianas frente al dominio musulmán en la Península Ibérica. En aquel 1275 se
reconocían, se respetaban y se mantenían en vigor de este modo los usos de riego tradicional de los pobladores y habitantes de la Vega del Segura que ya venían existiendo desde siglos atrás. Por ello, estamos ante una institución, la que representa
hoy el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y pueblos de su marco, que es milenaria; una institución que ha permanecido durante todos estos siglos inalterada en lo esencial, pese a los cambios sociales y políticos de lo que hoy es España; desde
hace, como digo, no años, sino siglos de historia. Es una institución que se rige por sus propias ordenanzas aprobadas en 2014 adaptando las anteriores de 1836 que, a su vez, sustituían a las de 1625.
De lo que hoy se trata aquí es de traer a este Pleno del Congreso el dictamen de la Comisión de Justicia tras la ponencia encargada del informe para la modificación del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de
introducir en el mismo un párrafo quinto con el objeto de reconocer al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como tribunal consuetudinario y tradicional, como ya lo fueron antes el Tribunal de les Aigües de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos
de Murcia. Con la propuesta de modificación de este artículo, se reconoce plena y legalmente el carácter jurisdiccional en su ámbito y competencias de una institución que ya tiene un reconocimiento jurídico en el ámbito administrativo como
comunidad de usuarios o comunidad de regantes del artículo 81 de la vigente Ley de Aguas; una comunidad que tiene igualmente la naturaleza de corporación de derecho público, como reconoce el artículo 82 de ese texto legal. Esa naturaleza
administrativa pública permite al Juzgado Privativo de Aguas representar y gestionar el reparto y uso del agua de riego tradicional, la procedente del río Segura, entre los heredamientos o porciones de tierras de labor agrícola regadas con esas
aguas, medidas tradicionalmente en tahúllas, octavas, brazas y palmos. Son tierras que se riegan a través de milenarios acueductos denominados acequias madres o mayores, arrobas o acequias menores, brazales e hijuelas; tierras que finalmente
desaguan sus riegos en escorredores, azarbetas y azarbes, palabras todas ellas que en la huerta alicantina del Segura suenan a antiguo y a trabajo duro, palabras que huelen a tierra y a agua. Este sistema de riego tradicional ha conllevado en
paralelo a la gestión del agua, en relación a los lugares de acceso a la misma y a los tiempos de riego, conocidos como paradas y tandas, respectivamente, la función de decisiones sobre conflictos entre regantes, una función jurisdiccional que viene
dándose desde hace siglos a través de la institución y de su máximo representante, hoy el juez sobrecequiero, presidente del Tribunal de Aguas del juzgado, cargo que hoy ostenta por elección democrática don Pedro Mompeán Madrid. Esto es
precisamente de lo que trata la presente modificación legal que se propone, del reconocimiento legal de esa naturaleza jurisdiccional del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela en los asuntos que le corresponden dentro de su ámbito y según sus
competencias. Constituye la consideración de esta institución como medio de participación de la ciudadanía en la Administración de Justicia, tal como
reconoce expresamente el artículo 125 de la Constitución española, junto a otras instituciones como la del jurado popular o la iniciativa legislativa popular. Pero constituye también en este caso el reconocimiento de una institución que es
parte indisoluble de un pueblo, de su historia, de su patrimonio mantenido durante siglos, de una manera de vivir y de una actividad social y económica como es la agricultura y, por ende, de la gestión de ese bien que es de todos, que es el agua.
Se ha demostrado que los regantes de la Vega Baja del Segura conocen este bien perfectamente, que saben gestionar con criterios de eficiencia y sostenibilidad, como han hecho durante siglos y generaciones, para asegurar precisamente la continuidad
de su modo de vida. Ese modo de vida genera hoy, como siempre, riqueza para toda España y pide, señorías, memoria y respeto, pide oportunidades de desarrollo para poder seguir ofrendando nuevas glorias a España, como indica el himno de mi
comunidad, de la Comunidad Valenciana; y lo hace desde ese sur lejano a veces olvidado de la misma, desde Orihuela y desde la Vega Baja del Segura.
Señorías, como oriolano que soy, como concejal que he sido de mi ciudad -por ello, he tratado y he discutido también, cuando ha sido necesario, con el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela-, les hablo en esta tribuna desde esa ciudad, les
hablo desde el corazón, para confirmarles, por supuesto, el voto favorable de mi grupo, Ciudadanos, a esta iniciativa; para solicitar igualmente el de todos los grupos en el mismo sentido, y, finalmente, para invitarles, como no puede ser de otro
modo, a conocer cuando así lo deseen mi tierra y sus instituciones, entre ellas, y en todo caso, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y pueblos de su marco. Una institución que es de mi ciudad, de Orihuela, pero también de pueblos que no
quiero dejar hoy de mencionar: Redován, Bigastro, Jacarilla, Almoradí, Benejúzar, Algorfa, Callosa de Segura y Rafal.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor LópezBas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Voy a intentar hacer una intervención breve en un Pleno largo y cargado por el contenido que ya se ha discutido. No querría hacer mayores comentarios sobre lo que se ha venido debatiendo a lo largo del día de hoy,
porque creo que las compañeras que han subido a esta tribuna antes que yo han sido muy claras a la hora de dejarles las cosas meridianamente transparentes a la señorías de VOX. Pero sí querría pedirles a las señorías del Grupo Parlamentario VOX que
tengan un poquito más de respeto por los diputados y diputadas de esta Cámara. No sé si lo han notado, pero últimamente se viene un poco arriba esta gente con el uso de los imperativos y han empezado con esto de 'míreme a los ojos', 'y ahora no me
mire' y con si la ministra me mira o no me mira. Por favor, ¿quieren tener un poquito de respeto y dejar a la gente que mire o que deje de mirar, cuando le dé la gana? Artículo 6 del Reglamento, por favor. (Aplausos).
En fin. Yendo ya a asuntos de Alicante, de Orihuela, y a propósito de la iniciativa que estamos discutiendo, se trata de un texto proveniente del Senado, como ya se ha dicho. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal en la Cámara alta, iniciativa que, por cierto, agradecemos y suscribimos. Y lo hacemos porque pretende la modificación del artículo 19 de la Ley 6/1985 del Poder Judicial para incluir al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y pueblos
de su marco dentro del grupo de juzgados consuetudinarios y tradicionales. Como saben, actualmente ya existen dos instituciones similares reconocidas como tales: el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de
Murcia. Por tanto, con esta medida no hacemos sino corregir una anomalía por la cual la huerta oriolana no gozaba del mismo reconocimiento que sus hermanas y vecinas de norte y sur, Valencia y Murcia. (Rumores). Una anomalía que no tenía, y no
tiene, ninguna explicación cabal por cuanto, si bien es del todo justo que las huertas valenciana y murciana vean reconocidas instituciones tan útiles como centenarias, no es menos justo que el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela sea también
reconocido en los mismos términos. También por su valor práctico y por su valor histórico. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señor Guijarro.
Les pido un poco de silencio, por favor.
Gracias. Continúe.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidenta.
Decía que instituciones como esta nos demuestran la importancia de cuidar los lazos comunitarios que se han ido forjando a lo largo de los siglos y que todavía hoy nos dan de comer a todas y todos. En concreto, y para este caso, hablamos de
algo más de 7000 hectáreas y cientos de kilómetros de canales que han articulado estas comarcas desde tiempos inmemoriales; el valor del comunitarismo o Gemeinschaft, como lo llamaría el sociólogo alemán Ferdinand Tönnies. La secuencia para llegar
a este punto no ha sido corta. Ya el Ayuntamiento de Orihuela, el 27 de febrero de 2013, solicitó el reconocimiento como tribunal consuetudinario; posteriormente, un año después, el 5 de marzo, fueron las Corts Valencianes las que se pronunciaron
por unanimidad en el mismo sentido, y siete años después aquí nos vemos. En fin, nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán, aunque la dicha no termina de ser del todo buena porque aún queda un último paso que dar para eliminar el agravio
que ha padecido el bajo Segura y la Vega Baja. Me refiero al reconocimiento de esta institución por parte de la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Por eso, confiamos en los buenos oficios de nuestro representante permanente allí,
el embajador Andrés Perelló, para lograr cuanto antes ese reconocimiento y para dar por terminado así ese agravio. Confiemos en que sea cuanto antes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Mestre Barea. (Aplausos).
El señor MESTRE BAREA: Con su permiso, presidenta.
Buenas tardes -tarde ya-, señores diputados. 'Cerca del agua te quiero llevar / porque tu arrullo trascienda del mar. / Cerca del agua te quiero tener / porque te aliente su vívido ser. / Cerca del agua te quiero sentir / porque la espuma
te enseñe a reír'. Versos de Miguel Hernández, nuestro poeta de Orihuela. Versos del agua, objeto sobre el que tiene jurisdicción el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela.
Hoy discutimos el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela y pueblos de su marco. El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela es una entidad que imparte justicia y administra los riegos desde hace más de mil años en la región. El regadío en la Vega Baja del Segura se inició aisladamente en
tiempos de los romanos, pero es durante la dominación árabe cuando se implanta el regadío, se crea una infraestructura y se crea la administración y la impartición de justicia. (Rumores). Desde esta época, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela
ha venido administrando los regadíos e impartiendo justicia sobre las más de 7500 hectáreas de su jurisdicción. El Juzgado Privativo de Aguas se ha regido y presidido, como se ha dicho, por una junta de gobierno formada por el juez de aguas, que
preside, el teniente juez y el síndico general, cargos que son electos todos ellos en Orihuela, tu pueblo y el mío, capital histórica de la provincia de Alicante. Sin esa capitalidad no se entendería la existencia de un tribunal de aguas, como lo
tienen capitales históricas ubicadas en zonas de regadío, como Murcia y Valencia. (Rumores). La Vega Baja alicantina, junto con la Huerta de Murcia y las zonas de regadío de Almería conforman un polo económico vinculado al sector primario que es
esencial para la economía del sureste de España y que es la despensa de Europa. Cada gota de agua que se emplea en esta zona multiplica los empleos y la riqueza y nadie sabe mejor que los agricultores del sureste español cómo ajustar el consumo
para no desperdiciar ni una gota de agua. Por eso, no se entiende por qué socialistas y comunistas, siempre que tienen ocasión, nos castigan a los alicantinos, murcianos y almerienses ahogando cada vez con más ahínco nuestra fuente de vida: el
trasvase TajoSegura. (Aplausos).
El trasvase es fruto de una política de ordenación del territorio, política exitosa que ha permitido la consolidación de un sector agrícola de enorme vitalidad en el sureste español y, a su vez, ha garantizado la subsistencia hídrica de los
abastecimientos urbanos de numerosas poblaciones de la provincia, incluidas grandes capitales como Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela. En torno al 60 % del agua para consumo humano en la zona viene del trasvase, lo que lo convierte en un
sostenedor del sistema de abastecimiento. La superficie regada con los caudales del trasvase TajoSegura ocupa más del 60 % del regadío provincial, convirtiendo los huertos en verdaderos sumideros de CO2. El riego por goteo está instalado en más
del 90 % de ese espacio cultivado; el valor económico bruto de las zonas regables del acueducto TajoSegura en la provincia de Alicante es superior a los 500 millones de euros al año; el coste energético del trasvase y postravase es de 1,1
kilovatios hora por metro cúbico, lo que hace que sus aguas sean
insustituibles para el regadío, ya que la alternativa del agua desalada es cuatro veces más costosa y más perjudicial ambientalmente. Pero los trasvases comienzan a ser para el Gobierno actual milagros de la ingeniería hidráulica de los
años setenta del siglo XX en vías de extinción. O sea, que el Ejecutivo, ya sin tapujos, vuelve a la cláusula Narbona, y su objetivo, aliado con el radicalismo del cambio climático, es el cierre de una infraestructura sin la que sería imposible
explicar el desarrollo de la Vega Baja en los últimos cuarenta años.
Hoy el trasvase está herido de muerte. El Gobierno nos condena a abastecernos con agua desalada, un recurso que, además de la constatación actual de que el boro que contiene reseca los campos, requiere un consumo de energía de más de 4
kilovatios hora por metro cúbico y produce una gran cantidad de desechos en las desaladoras, especialmente la salmuera, que es muy tóxica al estar compuesta por químicos utilizados en el proceso de desalación como, por ejemplo, el cobre y el cloro.
La vicepresidenta Ribera podría visitar Torrevieja y comprobar cómo la macroplanta impulsada por su compañera Narbona, que costó más de 350 millones de euros, no está ni siquiera conectada para suministrar agua a los 30 000 agricultores programados.
Y ahora se dice: No, como el gasto energético es enorme, vamos a poner una planta fotovoltaica, 150 millones más. Pero no este año, en años futuros; para este año solamente hay 500 000 euros. Defender que el motivo del cierre del trasvase sea la
protección de la naturaleza, como venimos escuchando desde 2018, es una fake news que la provincia de Alicante no puede consentir; y defender que el agua desalada es poco más o menos que la solución final es absolutamente de necios. El TajoSegura
es irremplazable. Si el Gobierno lo cierra, estará condenando el futuro de más de 2,5 millones de personas. Señorías, los españoles necesitamos una política nacional del agua, una política valiente que parta del principio de que el agua es de
todos, porque en España hay agua para todos. (Aplausos). Y para lograrlo hay que recuperar el Plan Hidrológico Nacional y culminar la interconexión de las cuencas. Con este proyecto VOX está absolutamente comprometido y hace el mismo discurso en
cualquier provincia de España.
Por último, ha sucedido con esta proposición de ley algo que no es habitual en este Parlamento y que me gustaría resaltar para finalizar: todos los grupos políticos hemos estado de acuerdo con el dictamen de la Comisión, hay absoluta
unanimidad. Un conocido columnista, recientemente escribía que nuestro Parlamento le recordaba a aquella estatua de la Libertad que aparece en la escena final de El Planeta de los Simios...
La señora PRESIDENTA: Señor Mestre, tiene usted que terminar, por favor.
El señor MESTRE BAREA: ... vencida, sola, semienterrada, comida por el olvido y la sal como vestigio del pasado. Señores diputados, una reflexión de un modesto diputado: tenemos que hacérnoslo mirar.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mestre. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Sánchez Pérez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Muchísimas gracias, señora presidenta.
'Tanto río que va al mar / donde no hace falta el agua. / Tantos campos que se secan'. Señorías, estos versos son de nuestro poeta oriolano y universal Miguel Hernández, y, precisamente, de reivindicar y regular el buen uso del agua en la
huerta de Orihuela se ocupa desde tiempo inmemorial, como se ha dicho, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Sean mis primeras palabras de reconocimiento al presidente del Tribunal de Aguas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y a todos
los síndicos y presidentes que a lo largo de la historia con buen gobierno han gestionado los usos del agua en la Vega Baja de la provincia de Alicante. Tiene su origen, como también se ha dicho, en el privilegio de 14 de mayo de 1275 del rey
Alfonso X el Sabio. Esta es la primera norma escrita que se conoce reguladora del agua en la Vega Baja del Segura. Las noticias que se conservan sobre estos riegos solo alcanzan al tiempo de la conquista de Orihuela en la disposición del rey
Alfonso X el Sabio, que procedió al reparto de las tierras de la Vega Baja, aunque algunos atribuyen esta grandiosa obra a los romanos y otros la atribuyen a tiempos de los árabes. Durante más de 350 años, la normativa contenida en el privilegio
constituyó la ordenación del regadío de la huerta oriolana. Jaime II de Aragón confirmó en el año 1323 los anteriores privilegios reales y enfatizó que los asuntos de agua fueran competencia exclusiva del sobreacequiero, no
permitiendo ni tan siquiera que el gobernador se entrometiese en sus decisiones. Señorías, haciendo un poquito más de historia, el 16 de junio de 1501 Fernando el Católico declaró las mismas disposiciones y que las apelaciones fueran
conocidas por los jurados y el concejo de la ciudad; incluso puso multa de 1000 florines de oro a las autoridades que interviniesen en estos asuntos del riego. Estas leyes y ordenanzas permanecieron vigentes, atendiendo siempre con buen gobierno
las repetidas quejas que se elevaban al soberano sobre los abusos en el régimen y distribución de las aguas, como el descuido en la limpieza de acequias y azarbes, que tenía graves perjuicios para la agricultura, para los intereses reales y también
para intereses particulares. Son algunas muestras de un tribunal que a lo largo de la historia ha ido dejando seña del buen hacer en la gestión del agua y sus usos. Por tanto, señorías, desde tiempo atrás en la historia, junto al Tribunal de las
Aguas de Valencia, y al Consejo de Hombres Buenos de Murcia, el Tribunal Privativo de Aguas de Orihuela ha venido gobernando los territorios del río Segura, ejerciendo una potestad administrativa y jurisdiccional y resolviendo pleitos entre
regantes, herederos y otros a los que ha concernido la cuestión del riego y sus aguas. El tribunal, con el paso del tiempo y dividida la jurisdicción antigua de Orihuela, se fue desmembrando, formando otros nuevos en Almoradí, en Callosa de Segura
y en Guardamar, réplicas del primero.
La normativa que hoy nos ocupa se ha ido adaptando a las diferentes leyes de aguas -de 1866, de 1879 y de 1985-, a la Constitución española y también al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Señorías, el Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela continúa hoy, en el año 2021, administrando la gestión del riego de la comarca de la Vega Baja del Segura y cumpliendo las normas establecidas siglos atrás. Por tanto, señorías, estamos ante una joya histórica respetada y
protegida. El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela es una entidad que no solo administra justicia porque, además, entre los regantes, es un órgano de paz. Tenemos una deuda con Orihuela, con la Vega Baja, con la provincia de Alicante y con la
Comunidad Valenciana. El reconocimiento del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como tribunal consuetudinario y tradicional y su inclusión como tal en la Ley Orgánica del Poder Judicial es un derecho que tienen miles de agricultores que
históricamente han venido gestionando el buen uso del agua de manera sostenible y responsable.
Pero desde el Grupo Parlamentario Popular no queremos quedarnos aquí y con la historia que nos avala instaremos a que, con posterioridad a esta aprobación, se inicie el proceso para que sea también declarado Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por la Unesco, como ya lo son el Tribunal de Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Los agricultores de la Vega Baja, los vecinos de Orihuela, la historia que les precede y las futuras generaciones de oriolanos y
alicantinos merecen este reconocimiento.
No quisiera dejar de mencionar, además, el enorme valor que tiene la huerta de la Vega Baja del río Segura para el paisaje cultural, social, económico y medioambiental del arco mediterráneo y el papel extraordinario que ha jugado a lo largo
de la historia la buena gestión del agua en esta maravillosa tierra. En estos tiempos, en donde debatimos tanto acerca de los usos del agua y su gestión, se hace imprescindible que a través del reconocimiento del que hoy damos cuenta pongamos en
valor lo que a lo largo de los siglos ha sido un compromiso de los vecinos de la Vega Baja y de Alicante con los usos del agua, con la protección del territorio, con la sostenibilidad medioambiental y con hacer posible que la huerta de Europa -como
se conoce a la Vega Baja- sea un lugar con una enorme riqueza medioambiental y, al tiempo, compatible con ser una fuente de oportunidades para sus gentes. Reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de
Aguas, por tanto, es un acto de justicia y un motivo más de orgullo para todos los alicantinos.
No quisiera terminar mi intervención sin lanzarles un mensaje a los diputados y diputadas del Partido Socialista y de los grupos políticos que sustentan al Gobierno. Hoy nos ponemos de acuerdo, llegamos a un consenso para poner en valor y
reconocer la buena gestión del agua milenaria de las gentes de Orihuela. En adelante, pongámonos también de acuerdo para que a la Vega Baja, a Alicante, al sureste español y al Levante no le falte nunca agua y podamos seguir en el futuro
reconociendo y poniendo en valor el buen uso del agua de aquella tierra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Azorín Salar.
El señor AZORÍN SALAR: Moltes gràcies, presidenta.
Señoras y señores diputados, molt bona vesprada. Hoy intervengo por primera vez desde esta tribuna para confirmar el voto favorable del Grupo Socialista a esta iniciativa legislativa. Intervengo como diputado, pero, sobre todo, como
conocedor por proximidad geográfica de la comarca alicantina la Vega Baja.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista no entenderíamos otra cosa que no fuera el voto favorable, pero menos lo entenderíamos como alicantinos y valencianos. Ya votamos a favor en el Ayuntamiento de Orihuela, en la Diputación de Alicante,
en las Cortes Valencianas en marzo de 2014, en la Comisión de Justicia y en el Pleno del Senado en septiembre y diciembre de 2018, y también volvimos a votar en abril en el Pleno de la Cámara territorial. Con nuestro voto favorable hoy el Congreso
continúa con la tramitación de esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que implica la inclusión del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela entre los tribunales consuetudinarios y tradicionales, garantizando el reconocimiento de la
tradición valenciana, la jurisdicción valenciana, dentro de la justicia de todo el país.
Como saben, el Juzgado Privativo de las Aguas de Orihuela nace de la conciliación ciudadana y el autogobierno, ante todo, de la participación social. Ratificado por Alfonso X el Sabio, el juzgado viene a recordarnos historia y a poner en
valor la realidad de la jurisdicción y el gobierno de aguas, regadíos y tierras de la Vega Baja. Quiero destacar también que el Juzgado Privativo de las Aguas de Orihuela constituye más que un ejemplo de la ancestral jurisdicción histórica digna
del reconocimiento que ya ostentan el milenario Tribunal de las Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, tribunales que han superado adversidades históricas desde el punto de vista histórico, bélico y jurídico.
Resiste y vencerás. Tan real, que para muestra esta proposición de ley que ya se consagra en la Constitución de 1978, en su artículo 117, cuando habla de unidad jurisdiccional, o en el artículo 125 cuando habla de tribunales constitucionales y
tradicionales reconociendo su valor. Además, hoy, después de tanto tiempo, destacamos el valor de la palabra y la mediación, algo de lo que a veces carece esta Cámara. La palabra como fuente de diálogo y la mediación como sistema para
relacionarnos, en definitiva, entendimiento.
Señorías, esperemos que este sea el último intento y que por fin se les reconozca de manera justa el estatus que les corresponde, no por equiparación, sino por justicia. Hablamos de tribunales específicos sin los que no se entendería el
desarrollo de Alicante y la Vega Baja, por justicia social y por reconocimiento. Pero esto supone algo más, si algo nos enseña el Tribunal Privativo de Aguas de Orihuela, es la cultura del pacto y el respeto por las instituciones como el eje
estructural del progreso. Llevamos años asistiendo atónitos a un no constante. La última es el no por el no a la modificación del término disminuidos en la Constitución española por personas con discapacidad. Es inconcebible, señorías. A veces,
aquellos que están ahí fuera no nos entienden, bueno, no les entienden. Deben pactar, como están haciendo hoy -así lo hicimos los socialistas en la oposición-, porque la sociedad nos lo exige, e intentar pactar cuando estamos en el Gobierno, porque
el Partido Popular, si no gana, no pacta.
En este sentido, se ha tenido una mala cultura de sensacionalismo y política falaz del agua en nuestro país. Ya basta de disputas eternas con el agua, arrimen el hombro. Nos gritaban agua para todos por un trasvase del Ebro que sabían que
la Comisión Europea nunca permitiría. Aznar se hizo la foto y nunca más se puso una pala en marcha. Después, cuando gobernábamos, montaban manifestaciones, paelladas y fletaban autobuses, jugando siempre con las esperanzas de miles de familias
dedicadas durante generaciones a la agricultura. Llegaron al Gobierno con Rajoy y nunca más se supo del trasvase, no invirtieron ni un euro, pero constantemente escuchamos la cantinela de 'los socialistas nos cortan el agua'. Y eso ya no convence
a nadie porque, como decía Abraham Lincoln, se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no podréis engañar a todo el mundo todo el tiempo.
La transición ecológica justa es un compromiso y la garantía del agua para consumo humano y productivo un derecho por el que los socialistas continuamos luchando. Ahora toca sostenibilidad y equilibrio de las cuencas hidrográficas del Tajo
y del Segura, diálogo entre los presidentes Sánchez y Puig, porque al señor López Miras de la Región de Murcia, tras abandonar el Mar Menor, ni está, ni se le espera. (Aplausos).
Para concluir, señorías del Grupo Popular, hace unos días el señor Casado, en Valencia, mi tierra, decía literalmente: Nada de lo que hay que hacer en España se puede hacer con esos puños cerrados. Pues les digo -hablando de agua,
agricultura y puños- que para vendimiar en mi tierra cerramos con fuerza las manos para cortar los racimos de uva, y así elaboramos nuestros excelentes vinos, al igual que el agua de mesa de mi comarca, la del Vinalopó, con la que despedimos el año
y para recolectar naranjas,
mandarinas y limones valencianos -nuestros cítricos por excelencia, incomparables- que también se cortan a ras del fruto utilizando tijeras. Y como estamos en Orihuela y en la Vega Baja del Segura, para cultivar granadas, melones, nísperos
y alcachofas se necesitan surcos y caballones en nuestros bancales realizados con azadas de agricultores y agricultoras con puños bien apretados y mucha fuerza para luchar y dignificar nuestra agricultura. (Aplausos).
Señorías de VOX y del Partido Popular, el agua la ha llevado, la lleva y la llevará el partido del puño y la rosa, del puño obrero y trabajador, el Partido Socialista, que durante más de ciento cuarenta años siempre ha estado con nuestras
agricultoras y agricultores. (Aplausos). Ustedes dicen que quieren un PP de manos abiertas; con manos abiertas ni se levantan persianas ni se trabaja en el campo. De manos abiertas, ¿para qué? O, mejor dicho, ¿para quién? Aquí los únicos con
manos abiertas son ustedes, que las han puesto para recibir sobres en B por financiación irregular. (Protestas.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Azorín, tiene que terminar, por favor.
El señor AZORÍN SALAR: Cambiemos el agua para todos por el agua para siempre. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Azorín. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, ASÍ COMO LA LEY 2/2007, DE 15 DE MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES, EL REAL DECRETO-LEY
5/2010, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL, Y LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 121/000032).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los
tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta. Intervendré directamente desde el escaño porque voy a ser muy breve.
Se trata simplemente de ratificar las cinco enmiendas que se han planteado por el Senado con respecto a la reforma de la Ley de Acceso a la Abogacía y la Procuraduría que impone la legislación europea -la Directiva de Servicios, la 2006/123-
y que pretende flexibilizar y liberalizar profesiones que están reguladas de la abogacía y de la procuraduría, de tal manera que se pueda ejercitar la procuraduría directamente por quien desarrolla la abogacía, si bien no de una forma simultánea.
Es una cuestión muy técnica donde se han incorporado también enmiendas técnicas en el Senado, donde ha habido un alto nivel de consenso en la tramitación en el Congreso y en la Comisión de Justicia, donde a Ciudadanos se le han admitido dos
transaccionales y donde ha habido, la verdad, un clima de cooperación. Es lo que tiene cuando viene una reforma de Europa que lo que pretende es liberalizar el ejercicio de una profesión regulada. Nos ponemos de acuerdo cuando no tenemos que
hablar de política, cuando queremos simplemente cumplir con las obligaciones que nos impone Europa. Ya me lo han oído decir muchas veces, menos mal que nos queda Europa, donde nos ponemos de acuerdo los conservadores, los liberales y los
socialdemócratas en asuntos que son buenos para España. Votaremos a favor de todas las enmiendas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Bal.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Debatimos y votamos las enmiendas del Senado sobre una ley que cuenta, además, con un gran consenso y que supone una gran reforma que va a modernizar y agilizar la abogacía y la procura. Esta ley es de gran relevancia tanto para abogados y
abogadas como para procuradores y procuradoras, pues adapta la legislación española a las exigencias del derecho europeo en lo relativo al acceso y a las condiciones del ejercicio de esas profesiones, lo que obviamente no solo afecta a esos
profesionales sino que también, por la importancia del derecho a la tutela judicial efectiva en un sistema democrático, afecta a toda la ciudadanía.
Desde mi grupo celebramos ya anteriormente el amplio consenso de esta ley necesaria. Esa voluntad de consenso se ve reflejada también ahora en el posicionamiento sobre las pocas modificaciones introducidas por el Senado, y -como se ha
dicho- mediante las enmiendas se incorpora posibilitar el ejercicio de la tutela de las prácticas externas por los profesionales de la procura. Se añade, además, una excepción del título profesional, relativa a la afectación de los funcionarios y
funcionarias que desempeñen funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurídico, y además, también una modificación en la disposición transitoria primera, sobre los profesionales colegiados a la entrada en vigor de esta ley y en la disposición
final de ampliación del plazo en la habilitación reglamentaria.
Como decía, nuestro posicionamiento busca también reproducir ahora y aquí ese consenso necesario, una vez más, en los temas que son importantes para una justicia de calidad y que nos acerca a parámetros europeos. Mediante esta ley se va a
flexibilizar el acceso a la procura, de forma que las personas que ejerzan la Abogacía puedan asumir -se ha dicho ya- esa representación técnica de las partes y desarrollar el resto de funciones que son propias de los procuradores, matizando que no
será posible ese ejercicio simultáneo con tal de garantizar la independencia profesional. Es decir, se exigirá un mismo título académico, licenciatura o grado en Derecho, y una misma capacitación, el mismo máster, para ambas profesiones. También
se permiten las sociedades profesionales mixtas en ejercicio de la Abogacía y la procura, y se limitan a 75 000 euros la cuantía total que un procurador o procuradora puede devengar por un mismo asunto, a la vez que se elimina cualquier límite
mínimo.
Cabe recordar que en la Comisión de Justicia de esta Cámara ya se probaron algunos cambios sobre el texto inicial que incorporan, por ejemplo, que se fomentase la formación en las prácticas externas y que sea impartida en todas las lenguas
oficiales, la función de los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en la expedición de los títulos profesionales o la impartición de los estudios en cualquiera de las lenguas oficiales y la formación sobre el derecho propio
autonómico. Como decía, el tema trasciende a cuestiones profesionales, pues los abogados y las abogadas ocupan una posición fundamental en la defensa de los derechos humanos y el acceso a una asistencia letrada, que es una pieza fundamental en
nuestro sistema.
No dudamos de que hay mucho trabajo todavía por hacer, por la construcción de una justicia garantista y más cercana a la ciudadanía, así que los diputados y diputadas de la Comisión de Justicia quedamos emplazados para ello.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Calvo Liste. (Aplausos).
El señor CALVO LISTE: Gracias, presidenta.
Señorías, buenas tardes. Miren, los eslóganes huecos de este Gobierno de la mentira y de las sentencias de inconstitucionalidad de Sánchez provocan justo lo contrario: avanzamos en la subida de la luz, hoy seis veces más cara que hace un
año; dejaron atrás a decenas de miles de muertos; dejaron más débiles a todos los ciudadanos, a los autónomos, a los pescadores, a los agricultores, a los olivareros - con los que hoy hemos estado reunidos en la calle, fuera, en la verja-, a los
ganaderos, a los empresarios, y ahora es el turno de los procuradores con la falsa excusa de pretender la adaptación a la normativa europea. Esta ley es un gran error y en realidad supone la demolición de una profesión con siglos de historia, que
ya aparece regulada en el Código de las Siete Partidas, de Alfonso X el Sabio.
Señorías, aquí no hay ninguna línea roja de Bruselas. Una de dos, o lo han explicado muy mal o no han luchado lo suficiente por la procura. Por un lado, se rechaza la participación de los colegios de procuradores en la formación de nuevos
profesionales y se elimina la actual paridad de los miembros de su consejo para la evaluación. Se trata del procurador, no como un tutor de futuro profesional sino como un colaborador prescindible. Ante ello las enmiendas del Senado algo suavizan,
pero en realidad son puro maquillaje de un rostro ya desfigurado. (Aplausos).
Por otro lado, con esta reforma se abre la puerta para que en el futuro los estudios se impartan únicamente en la lengua regional del territorio del que se trate, infringiendo el derecho a la igualdad de los españoles y el derecho a emplear
el español, artículos 14 y 3 de la Constitución española. Un paso más en ese absurdo proceso iniciado hace años por las izquierdas, con seguidismo del Partido Popular, que se traduce en el uso de las lenguas regionales como instrumento de
separación, de división entre los españoles. Pueden estar seguros de que VOX pondrá fin a tanto sinsentido y volverá a traer unidad y cohesión entre todas las tierras y regiones de España. (Aplausos).
Además, esta ley asesta un durísimo golpe a la profesión de procurador al eliminar los aranceles mínimos para el cálculo de sus honorarios. El arancel mínimo era hasta ahora la trinchera del profesional liberal que le permitía ejercer su
profesión con dignidad y libertad. Desde la soledad de su despacho era el escudo para evitar que cualquier abuso del poder procedente de otros sectores obligara a un trabajo no digno. Aquellos que se dicen progresistas y antiliberales dejan sin
protección alguna a miles de profesionales en manos y al arbitrio de grandes entidades y plataformas. La ley ómnibus, la ley paraguas, la doctrina dejaron claro que el arancel mínimo es perfectamente posible y que solo puede y debe cumplir tres
requisitos. En primer lugar, no discriminar y es evidente que actualmente no tiene ninguna diferencia de trato por razón de nacionalidad, residencia o cualquier otra. En segundo lugar, que responda a un interés general y todos conocen que protege
al destinatario del servicio, que es el justiciable, y es garantía de calidad de la Administración de Justicia. Y, en tercer lugar, que sea proporcionado, la intervención y control del Legislativo hace que sea un porcentaje pequeño sobre el coste
procesal y prueba de ello es que actualmente los honorarios datan de 2003 -dieciocho años sin actualizarse- y en muchos casos son ridículos, por ejemplo, diligenciar un mandamiento judicial ante el Registro de la Propiedad que puede suponer toda una
mañana, 13, 22 euros; por la tarifa de un divorcio de mutuo acuerdo, 52 euros. Las tres condiciones se cumplen con un arancel que tampoco se eliminó por la Ley de Colegios Profesionales ni por la ley que implanta la nueva Oficina Judicial ni por
el Real Decreto 5/2010. El Consejo de Estado ya nos recordó que incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró el sistema español de aranceles de los procuradores conforme a derecho europeo. Ustedes no lo hacen caso o directamente
eluden el dictamen, como han hecho hoy con el proyecto de ley de memoria democrática.
Las enmiendas que hoy debatimos remitidas por el Senado no solucionan el desastre que supone esta ley, solo VOX apuesta por mantener el límite arancelario. Los efectos de su eliminación no provocarán una nueva liberalización de los precios,
el mercado libre o la libre competencia, sino el efecto contrario: su bajada generalizada, el pleito a 1 euro o la entrada en nómina como un empleado. Sería como eliminar el salario mínimo de un trabajador por cuenta ajena. No olviden que la
directiva europea pedía garantizar la independencia e imparcialidad en determinadas actividades, sus requisitos deontológicos y en especial en lo referido al secreto profesional. Ante eso, desaparecerá el profesional que ostenta la representación
técnica en procesos complejos, que es garante en la aplicación de derechos fundamentales en los trámites de comunicación y de impulso procesal, al ejercer actividades propias de la Función pública, y el enlace con el ciudadano, entre otras muchas
cuestiones. Con ello, se perjudica la Administración de Justicia, pues si quieren una justicia ágil la figura del procurador es esencial. Saquen sus manos de la justicia, dejen a los jueces elegirse por los jueces, saquen las manos de la Fiscalía,
saquen las manos de la Abogacía del Estado, y ahora, sáquenlas de la procuraduría. (Aplausos).
¿De verdad se imaginan una Justicia sin procuradores? A esto es a lo que pretende llevarnos el Gobierno con el consentimiento de todos ustedes, que son los que dan oxígeno y fortaleza, como han demostrado hoy con la renovación de los
órganos constitucionales. Si creen que la profesión de procurador debe desaparecer, sean valientes, mírenles a la cara y díganlo abiertamente, que son libres, pero su libertad quedará limitada a elegir si vender su trabajo a un precio de saldo o
dejar la profesión; libertad para desaparecer. Estamos ante el Gobierno de la desolación y la ruina. Para ello, no cuenten con VOX.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Calvo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor De Olano Vela.
El señor DE OLANO VELA: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Como ya se ha dicho, son de todos conocidas las objeciones que la Comisión Europea viene formulando desde hace años a nuestro sistema de representación técnica y procesal ante los tribunales de justicia; objeciones
que han desembocado en el procedimiento de infracción 4062 del año 2015. Y este, señorías de VOX, es un problema que había que solucionar. Cierto es que, con esta norma que se aprobará hoy, adaptamos nuestra legislación a lo dispuesto en los
artículos 15, 16 y 25 de la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a Servicios de Mercado Interior. Lo hacemos de conformidad con los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en lo relativo a
la existencia de una reserva de actividad más flexible para el ejercicio de la procura. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor DE OLANO VELA: También con esta reforma regulamos la incorporación de abogados y procuradores a las sociedades de carácter multidisciplinar, garantizando que ambos profesionales mantendrán sus competencias, responsabilidades y
obligaciones que les son propias. En todo caso, nos vemos obligados a realizar algunas críticas por lo sucedido a lo largo de la tramitación de esta reforma en el Senado, ya que algunas de las enmiendas que consideramos importantes han sido
rechazadas por el grupo mayoritario y sus socios, lo que nos lleva a no poder apoyar el texto resultante. Pero no solo es que hayan rechazado todas nuestras enmiendas, lo cual puede ser legítimo, lo que es inadmisibles es que el Grupo Socialista en
el Senado se haya negado, no ya a debatir, sino que ni siquiera se ha dignado a hablar con el Grupo Parlamentario Popular sobre sus enmiendas. Un cordón sanitario impropio de partidos que se dicen democráticos; una actitud escasamente democrática
que acredita el nulo respeto a las atribuciones constitucionales que tenemos asignados los miembros de las Cortes Generales. Se lo dice el Grupo Parlamentario Popular y se lo ha dicho también el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia, en
la que acreditaba la vulneración de los derechos de todos los diputados y senadores por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Señorías del Grupo Socialista, no se puede venir aquí y al Senado, día sí y día también, a acusar a la oposición de falta de voluntad de llegar a acuerdos, de poner palos en las ruedas y, después, a la hora de la verdad, negarse a hablar con
el grupo mayoritario de la oposición de las iniciativas o enmiendas que este presenta, como ha ocurrido en el Senado y como ocurre aquí en otras ocasiones. Y estos son los hechos, la propaganda ya la puso el portavoz del Partido Socialista en el
punto anterior en el mitin que nos dio al final de su intervención. Desde luego, el estreno en la Cámara alta de la señora Llop como ministra de Justicia no permite atisbar un mínimo talante dialogante. Aunque es verdad que de su talante ya
estaban advertidos en el Senado, pues ha sido la única presidenta de la Cámara Alta que ha anulado la votación legal en el Pleno de una iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular había logrado aprobar para rebajar el IVA de las peluquerías.
Igualmente, el estreno de la señora Llop en los Presupuestos Generales del Estado no puede ser más decepcionante, reduciendo en un 33 % las plazas de jueces comprometidas con las asociaciones.
Entrando en la materia de las enmiendas y respecto del arancel de los procuradores que ya se ha citado, el cambio de sistema que hoy aprobarán ustedes es más que discutible, ya que se pasa de la situación actual de fijación de unos mínimos a
establecer en adelante unos límites máximos a devengar por el procurador; límite que, a nuestro juicio, resulta claramente insuficiente y que casa mal con la declarada voluntad de dignificar el ejercicio de la representación procesal. El límite
cuantitativo máximo por procedimientos a devengar en concepto de honorarios, que ahora fijan ustedes en 75 000 euros para la representación procesal, en la práctica y en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo fijada en el año 2017, queda
reducido apenas a 25 000 euros por instancia. Nada menos que un recorte del 66 % sobre la situación actual; un recorte que consideramos injusto y que no podemos apoyar. Me gustaría que reflexionaran sobre el agravio que supone para los
procuradores el hecho de que el Gobierno limite hasta en un 66 % sus honorarios y, sin embargo, unos días después ese mismo Gobierno se suba el sueldo un 2 %. ¿Qué creen ustedes que pensarán los más de once mil procuradores que hay en España?
¿En esto consiste la recuperación justa de la que ustedes alardean, señorías del Grupo Socialista y señorías de Podemos?
Desde el Poder Legislativo estamos obligados a dignificar la profesión del abogado y del procurador como colaboradores de la Administración de Justicia, pero con esta reforma ustedes no dignifican la profesión, perdiendo la oportunidad de
valorar el esfuerzo realizado por los procuradores en los momentos más críticos de la pandemia, en los que continuaron ejerciendo sus labores con admirable profesionalidad mientras el Gobierno les excluía de toda clase de ayudas y, en muchos casos,
hasta los dejó sin vacaciones por un decreto del señor Sánchez.
Señorías, con esta ley es cierto que se solucionan algunos problemas y cierto es también que evitamos una posible sanción de la Unión Europea, pero en el Grupo Parlamentario Popular creemos que con la aprobación se va a hacer una injusticia
con los procuradores y también consideramos que se ha perdido una gran oportunidad de solucionar otros muchos problemas, como la conciliación laboral de abogados y procuradores, que ustedes se han negado a debatir, y eso que ustedes presumen de
políticos sociales y que ustedes presumen de feministas. Por todo ello, mi grupo se abstendrá en la votación de hoy.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Olano. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Araujo Morales. (Rumores). Señorías, les pido un poco de silencio, por favor.
La señora ARAUJO MORALES: Buenas tardes. Gracias, señora presidenta.
Este último punto del Pleno de hoy, como se ha explicado, recoge las enmiendas del Senado a la modificación de la Ley 34/2006, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. En primer lugar, me gustaría
agradecer a todos los grupos políticos el trabajo realizado aportando enmiendas a este proyecto de ley, que ahora incorpora las enmiendas al Senado, donde me consta que se ha realizado un gran esfuerzo por incluir o transaccionar algunas de las
treinta y tres enmiendas presentadas, y que, finalmente, si goza del apoyo de la mayoría, se aprobará en el día de hoy.
Hay que recordar que este proyecto trata de acomodar la legislación española a lo establecido en la Directiva 2006/123, del Parlamento y del Consejo de Europa, relativa a los servicios en el mercado interior, y que pretende dar una respuesta
a las objeciones de la Comisión Europea que ha formulado en el procedimiento de infracción iniciado contra España en 2015, relativo al acceso del ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Por lo tanto, esta
modificación se debe a que hay que ajustarse a lo que dice Europa. Sí, señorías de VOX, hay que ajustarse a lo que dice Europa. Esto es así. Pueden creérselo o pueden no creérselo. El procedimiento de infracción está ahí. Evidentemente, no
vamos a querer convencerles de algo que para ustedes viene a ser casi una cuestión de fe.
Por lo tanto, esta modificación, como digo, se debe a lo que nos ha demandado Europa, y es aquí, señorías del PP, donde entra su incoherencia más absoluta. Cuando hablamos de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ustedes,
señorías del PP, argumentan que hay que ajustarse a lo que dice Europa y no les importa lo más mínimo que llevemos 1030 días sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ha dicho su señoría del PP aquí que son el partido que representa la
actitud democrática y que tenemos atribuciones constitucionales. Pues, señorías del PP, si quieren empezar a aplicar esas atribuciones constitucionales, damos por bienvenido ese principio de acuerdo para renovar los órganos constitucionales, pero
ya están tardando ustedes en renovar el Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos). Anímense, señorías del PP, ahora que parece que son conscientes del daño que se le hace a la democracia de nuestro país. Anímense, a ver si podemos culminar
con una buena predisposición al diálogo ese acuerdo tan importante para España. Serán ustedes, señorías del PP, los que tengan que explicar por qué quieren renovar el resto de órganos pero mantienen el bloqueo al Consejo General del Poder Judicial,
queriendo cambiar las reglas del juego con el partido empezado. Pero cuando Europa dice que este proyecto hay que hacerse sí o sí, a ustedes no les parece bien, de ahí el anuncio de no apoyar este proyecto de ley y de que se hayan abstenido en el
Senado. Esa es su coherencia, señorías del PP. Su falta de sentido de Estado les lleva a atacar al Gobierno de España, sin darse cuenta o, más terriblemente, sí, dándose cuenta. Pero en el Grupo Parlamentario Socialista nos sentimos satisfechos
del trabajo realizado en la Comisión de Justicia, tanto en el Congreso como en el Senado.
Esta ley, como saben, basa sus modificaciones en tres aspectos. El primero es el relativo a la existencia de una reserva de actividad para el ejercicio de la procura, permitiendo que los profesionales de la
abogacía también puedan ejercer como procuradores. Una prohibición de las sociedades multidisciplinares que puedan abarcar abogacía y procuraduría. Y la modificación del sistema de aranceles. De hecho, las enmiendas del Senado vienen a
mejorar, aún más, si cabe, el texto que salió de la Comisión de Justicia del Congreso, trabajando desde el diálogo y el consenso con todos los grupos políticos.
Señorías, con este proyecto hemos dignificado y hemos puesto al nivel de Europa a los profesionales de la abogacía y la procuraduría, dando flexibilidad a los aspirantes a la hora de poder encauzar su carrera hacia uno u otro ejercicio
profesional. Se incorpora la enmienda 3 para que las sociedades profesionales que hasta ahora aglutinaban una única profesión puedan incluir la figura del procurador y se proteja la independencia y el respeto a los asuntos que se estén tratando
dentro de la misma sociedad profesional, incluyendo como nueva modificación las previsiones de las normas deontológicas de las respectivas profesiones. Se incluye también la posibilidad de tutela en las prácticas externas cuando puedan realizarse
por un profesional de la procura y sea solicitado por aquellos que vayan a realizar las prácticas. Se reconoce a aquellos funcionarios del Grupo A que hayan accedido en su condición de licenciados en Derecho y desempeñen funciones de asistencia
letrada o asesoramiento jurídico queden exceptuados de la obtención del título profesional que regula esta ley. Hemos trabajado en el lenguaje inclusivo -y lo digo en la sesión que hemos vivido hoy tan importante-, y donde se decía ley de abogados
y procuradores hoy se habla de ley de la abogacía y la procuraduría. Hemos oído hablar mucho de la eliminación de los aranceles a la procuraduría, pero lo que no se ha explicado es que era una imposición de la Directiva de servicios europea, que
imponía a España su eliminación, pero aun así se consiguió su mantenimiento a cambio de eliminar los aranceles mínimos y limitar los máximos. Son medidas que persiguen, sobre todo, la protección del consumidor, que, en estos casos, suele ser el
eslabón más débil. El establecimiento de la cuantía global máxima de 75 000 euros por los derechos devengados por los profesionales de la procura en el mismo procedimiento ha sido otro de los elementos de debate y de constante crítica por parte del
Partido Popular y de VOX. Pero lo que no se ha contado es que la propia ley incorpora que, de manera excepcional y justificada, se podrá superar ese límite siempre que lo autorice el juez. Además, se añade como enmienda la ampliación del plazo
para aprobar.
Señorías, quiero terminar dando las gracias a los grupos políticos que de manera constructiva han aportado mejoras a este texto. Hoy iniciamos un camino hacia la homogeneización de estas profesiones. Sobre todo, quiero agradecer el
esfuerzo que estos últimos meses de pandemia han realizado estos profesionales.
La señora PRESIDENTA: Señora Araujo, tiene usted que terminar, por favor.
La señora ARAUJO MORALES: Y sobre todo quiero poner en valor su constante adaptación.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Araujo.
Señorías, empezamos las votaciones en menos de un minuto. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido
autorizadas para emitir su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño. Les pido, por favor, que si tienen que abandonar el hemiciclo lo hagan lo más rápidamente posible y que se sitúen en el escaño que tiene su nombre.
(Pausa).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR QUEVEDO ITURBE), SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD POR AHOGAMIENTO Y ACCIDENTES EN ESPACIOS ACUÁTICOS. (Número de expediente 173/000097).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Quevedo Iturbe, sobre las medidas previstas para reducir la siniestralidad por ahogamiento y accidentes en espacios acuáticos.
Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo Parlamentario Mixto, señor Quevedo Iturbe.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 164 votos telemáticos, 348; a favor, 184 más 160 votos telemáticos, 344; abstenciones, 4 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la moción consecuencia de interpelación urgente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA PROPUESTA REALIZADA POR EL GOBIERNO DE ELIMINAR LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS CON BAJOS INGRESOS POR CESE DE ACTIVIDAD. (Número de expediente 173/000099).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la propuesta realizada por el Gobierno de eliminar la prestación extraordinaria para autónomos con bajos ingresos por
cese de actividad.
Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 164 votos telemáticos, 348; a favor, 83 más 69 votos telemáticos, 152; en contra, 97 más 77 votos telemáticos, 174; abstenciones, 4 más 18 votos telemáticos, 22.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA POLÍTICA EXTERIOR.
(Número de expediente 173/000100).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo parlamentario VOX sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para garantizar el
cumplimiento del principio de legalidad en la política exterior. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 183 más 164 votos telemáticos, 347; a favor, 83 más 59 votos telemáticos, 142; en contra, 100 más 97 votos telemáticos, 197; abstenciones, 8 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA PROTEGER A NUESTRAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN CATALUÑA. (Número de expediente 173/000101).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio del Interior para proteger a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña. Se
vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 164 votos telemáticos, 348; a favor, 83 más 68 votos telemáticos, 151; en contra, 101 más 96 votos telemáticos, 197.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 17/2021, DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE MEDIDAS URGENTES PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA ESCALADA DE PRECIOS DEL GAS NATURAL EN LOS MERCADOS MINORISTAS DE GAS Y ELECTRICIDAD. (Número de expediente 130/000057).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre de 2021, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados
minoristas de gas y electricidad.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 161 votos telemáticos, 345; a favor, 97 más 85 votos telemáticos, 182; en contra, 83 más 67 votos telemáticos, 150; abstenciones, 4 más 9 votos telemáticos, 13.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 161 votos telemáticos, 345; a favor, 83 más 78 votos telemáticos, 161; en contra, 101 más 81 votos telemáticos, 182; abstenciones, 2 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 18/2021, DE 28 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO, LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO. (Número de expediente 130/000058).
La señora PRESIDENTA: Real decreto-ley 18/2021, de 28 septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 164 votos telemáticos, 348; a favor, 183 más 111 votos telemáticos, 294; en contra, 1; abstenciones, 53 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 164 votos telemáticos, 348; a favor, 83 más 95 votos telemáticos, 178; en contra, 101 más 61 votos telemáticos, 162; abstenciones, 8 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. (Aplausos).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ACTÚA SOBRE LA RETRIBUCIÓN DEL CO2 NO EMITIDO DEL MERCADO ELÉCTRICO. (Número de expediente 121/000065).
La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 162 votos telemáticos, 346; a favor, 84 más 60 votos telemáticos, 144; en contra, 100 más 98 votos telemáticos, 198; abstenciones, 4 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad.
- PROYECTO DE LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA. (Número de expediente 121/000064).
La señora PRESIDENTA: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de memoria democrática, presentadas por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 163 votos telemáticos, 347; a favor, 83 más 68 votos telemáticos, 151; en contra, 101 más 95 votos telemáticos, 196.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad. (Aplausos).
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley de memoria democrática presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 164 votos telemáticos, 348; a favor, 1 más 30 votos telemáticos, 31; en contra, 179 más 129 votos telemáticos, 308; abstenciones, 4 más 5 votos telemáticos, 9.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad.
- AVOCACIÓN POR EL PLENO.
La señora PRESIDENTA: Se ha solicitada la avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de este proyecto de ley. Procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 163 votos telemáticos, 347; a favor, 180 más 158 votos telemáticos, 338; en contra, 4 más 4 votos telemáticos, 8; abstenciones, 1 voto telemático.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda avocado a Pleno el proyecto de ley.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 121/000062).
La señora PRESIDENTA: Votación de la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 164 votos telemáticos, 348; a favor, 55 votos telemáticos; en contra, 101 más 104 votos telemáticos, 205; abstenciones, 83 más 5 votos telemáticos, 88.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad. (Aplausos).
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 163 votos telemáticos, 347; a favor, 83 más 8 votos telemáticos, 91; en contra, 101 más 143 votos telemáticos, 244; abstenciones, 12 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad. (Aplausos).
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y
PUEBLOS DE SU MARCO. (Número de expediente 124/000007).
La señora PRESIDENTA: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario
y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y pueblos de su marco.
Votamos, en primer lugar, el dictamen. Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 164 votos telemáticos, 348; a favor, 184 más 162 votos telemáticos, 346; abstenciones, 2 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
- VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: A continuación, se procede a la votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico. Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 183 más 164 votos telemáticos, 347; a favor, 183 más 161 votos telemáticos, 344; abstenciones, 3 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, ASÍ COMO LA LEY 2/2007, DE 15 DE MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES, EL REAL DECRETO-LEY
5/2010, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL, Y LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 121/000032).
La señora PRESIDENTA: Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales,
el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 184 más 162 votos telemáticos, 346; a favor, 102 más 102 votos telemáticos, 204; en contra, 52 votos telemáticos; abstenciones, 82 más 8 votos telemáticos, 90.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.