CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 126

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 120

celebrada el martes,

28 de septiembre de 2021

ORDEN DEL DÍA:


Palabras de la Presidencia ... (Página4)


Modificación del orden del día ... (Página5)


Toma en consideración de proposiciones de ley.


- Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de introducir los delitos de usurpación de inmuebles dentro de los
recogidos en el artículo 795, y para modificar el artículo 553, en relación con esos mismos delitos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 101-1, de 7 de septiembre de 2020. (Número de expediente 122/000070) ... href='#(Página5)'>(Página5)


- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, general de salud mental. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 185-1, de 17 de septiembre de 2021. (Número de expediente 122/000158) ...
(Página20)


Proposiciones no de ley.


- Del Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a hacer efectiva la reciprocidad de todas las televisiones autonómicas del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 161, de 16 de octubre de 2020. (Número
de expediente 162/000407) ... (Página33)


- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la no celebración de homenajes a condenados de la banda terrorista ETA. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 319, de 7 de septiembre de 2021. (Número de expediente 162/000800)
... (Página44)

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las carencias en la ordenación profesional del Sistema Nacional de Salud y las medidas previstas por el Gobierno para darles solución. (Número de expediente 173/000094) ... href='#(Página53)'>(Página53)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página62)


SUMARIO


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


Palabras de la Presidencia ... (Página4)


La señora Presidenta realiza una serie de consideraciones a la Cámara en relación con los debates parlamentarios.


Modificación del orden del día ... (Página5)


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en cuanto al orden de debate de las
interpelaciones urgentes, que será el siguiente: en primer lugar, la del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para garantizar el
cumplimiento del principio de legalidad en la política exterior; en segundo lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo Iturbe), sobre las medidas previstas para reducir la siniestralidad por ahogamiento y accidentes en espacios
acuáticos; en tercer lugar, la del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio del Interior para proteger a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, y, por último, la del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre la propuesta realizada por el Gobierno de eliminar la prestación extraordinaria para autónomos con bajos ingresos por cese de actividad.


Se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)


Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de introducir los delitos de usurpación de inmuebles dentro de los recogidos
en el artículo 795, y para modificar el artículo 553, en relación con esos mismos delitos ... (Página5)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Esteban Calonje, del Grupo Parlamentario VOX.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Baldoví Roda, Errejón Galván y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; Garrido Gutiérrez,
del

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Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y el señor Sarrià Morell, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, General de Salud Mental ... (Página20)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Echenique Robba, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Mazón Ramos y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; y Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Gorospe Elezcano,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil y las señoras Sabanés Nadal y Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; los señores Eritja Ciuró, del Grupo
Parlamentario Republicano, y Steegmann Olmedillas, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Andrés Añón, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página33)


Del Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a hacer efectiva la reciprocidad de todas las televisiones autonómicas del Estado ... (Página33)


Defiende la proposición no de ley el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano; Saavedra Muñoz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Raya Rodríguez,
del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Mariscal Zabala, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Baldoví Roda.


Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la no celebración de homenajes a condenados de la banda terrorista ETA ... (Página44)


Defiende la proposición no de ley el señor Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, así como la enmienda presentada por su grupo.


En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Beltrán Villalba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Legarda Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rufián Romero,

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del Grupo Parlamentario Republicano; Uriarte Torrealday, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Salvá Verd, del Grupo Parlamentario VOX; y la señora Ferrer Tesoro.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, vuelve a hacer uso de la palabra, el señor Gutiérrez Vivas.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página53)


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las carencias en la ordenación profesional del Sistema Nacional de Salud y las medidas previstas por el Gobierno para darles solución ... (Página53)


Defiende la moción la señora Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Jara Moreno, del Grupo Parlamentario VOX.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, y Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Eritja Ciuró,
del Grupo Parlamentario Republicano; y las señoras Medel Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Sánchez Jódar, del Grupo Parlamentario Socialista.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página62)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de
introducir los delitos de usurpación de inmuebles dentro de los recogidos en el artículo 795, y para modificar el artículo 553, en relación con esos mismos delitos, se rechaza por 35 votos a favor más 116 votos telemáticos, 151; 96 en contra más 90
votos telemáticos, 186; y 4 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, General de Salud Mental, se aprueba por 96 votos a favor más 98 votos telemáticos,
194; 10 votos telemáticos en contra y 35 abstenciones más 106 votos telemáticos, 141.


Se suspende la sesión a las nueve de la noche.


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.


La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías, se abre la sesión. Ocupen sus escaños, por favor.


Quiero empezar esta sesión trasladándoles algunas consideraciones como presidenta del Congreso. En primer lugar, creo que es importante recordar que las decisiones de la Presidencia en la dirección de los debates deben ser acatadas, tal y
como establece el Reglamento de la Cámara. (Aplausos). Por favor, déjenme continuar.

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En segundo lugar, desde la Presidencia se ha permitido la expresión de toda posición política por parte de los grupos parlamentarios, porque así creo que debe ser. Todos debemos tener la libertad de expresar las posiciones políticas que
defendemos. Todos. Pero en demasiadas ocasiones en esta Cámara, esa libertad de expresión ha acabado siendo utilizada de manera inadecuada, proyectando insultos y ofensas a personas y a instituciones, y eso no lo podemos permitir como
representantes de la soberanía popular, como representantes de toda la sociedad española. Desde mi punto de vista, los insultos y las ofensas deben quedar fuera de esta Cámara para el buen funcionamiento del Parlamento y la buena representación del
Parlamento. Yo me pregunto a menudo -y me imagino que ustedes también lo hacen- si somos conscientes de lo que proyectamos hacia fuera, si somos conscientes de lo que estamos trasladando, especialmente a los más jóvenes, a las nuevas generaciones
que escuchan los debates parlamentarios, que escuchan a los políticos y a la voz de la democracia en España. Si se hacen esa reflexión, no dudo de que todos ustedes llegarán a la conclusión de que no estamos manteniendo los debates en los términos
adecuados en absoluto, ni estamos proyectando lo que queremos para nuestra sociedad: una sociedad que sea capaz de escuchar al otro, que sea capaz de entender las posiciones del otro, que sea capaz de relacionarse con aquellos que piensan distinto,
y nosotros debemos empezar dando ejemplo en esta casa. Por tanto, les pido, por favor, que hagan diariamente -como yo- esa reflexión. Estoy segura de que si la hacen cambiarán también muchos de ustedes la manera de expresarse en tribuna y en esta
casa.


En tercer lugar, les traslado que una de las principales funciones que tiene la Presidencia -desde luego, yo la tengo como una obligación desde el primer minuto de asumir esta alta responsabilidad- es la defensa no solo del decoro de esta
Cámara, sino de la dignidad del Parlamento de España, del Congreso de los Diputados, y para eso no me queda más remedio que solicitarles encarecidamente más respeto y más educación a la hora de tomar la palabra. Ojalá piensen, cada vez que toman la
palabra, que quieren respetarse a ustedes mismos y a los demás. La dureza parlamentaria es perfectamente compatible con la buena educación, y esa dureza parlamentaria no tiene por qué derivar en ofensa. Por tanto, desde la máxima imparcialidad en
el ejercicio de mis funciones, como he ejercido hasta ahora y voy a seguir ejerciendo, lo que sí les digo es que no voy a ser neutral en la defensa de este Parlamento, no voy a ser neutral en la defensa de las instituciones de nuestro país y no voy
a ser neutral, en definitiva, en la defensa de la democracia, porque creo que la sociedad española es lo que merece y creo sinceramente que es lo que debemos ofrecerles todos en su conjunto. Para ello, cuento con su colaboración.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido
de que las interpelaciones urgentes se debatan conforme al siguiente orden: puntos 32, 30, 29 y 31 del orden del día. Son los puntos que afectan a las interpelaciones, para que todos ustedes tengan conocimiento de ello. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento).


En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882, POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, A FIN DE INTRODUCIR LOS DELITOS DE USURPACIÓN DE INMUEBLES DENTRO DE LOS
RECOGIDOS EN EL ARTÍCULO 795, Y PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 553, EN RELACIÓN CON ESOS MISMOS DELITOS. (Número de expediente 122/000070).


La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, a fin de introducir los delitos de usurpación de inmuebles dentro de los recogidos en el artículo 795, y para modificar el artículo 553, en relación con esos mismos delitos.


Para la presentación de la iniciativa, en representación del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Esteban Calonje. (Aplausos).

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La señora ESTEBAN CALONJE: Señorías, permítanme que empiece por sus datos, no por leyendas urbanas, sino por los datos recogidos por el Ministerio del Interior. En España se producen una media de 40 okupaciones ilegales al día. En los
últimos cinco años las denuncias han aumentado en más de un 40 %, hemos llegado a casi 15 000 en 2020. Esas son las cifras oficiales. Un Estado de derecho no puede permitir que individuos o grupos organizados se apoderen de inmuebles que no les
pertenecen. El derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental en nuestra carta magna, que vertebra el fruto del esfuerzo y la prosperidad de las clases medias y trabajadoras en las sociedades libres y se alza como uno de los principios
rectores de la política social y económica de nuestra nación. Y les voy a decir más: es una de las garantías esenciales del orden político y de la paz social. Pero, claro, estos son los derechos de los españoles. Ellos tienen el derecho a la
propiedad, pero nosotros tenemos el deber de defender ese derecho. Ellos tienen que confiar en que nosotros les defenderemos.


Ustedes se llenan la boca con la palabra Europa, pero veamos cómo defienden los legisladores extranjeros algo tan esencial como la propiedad. En Holanda basta con denunciar a la policía, para que esta se persone de inmediato para desalojar
a los okupas. ¿Tenemos que ser peores que los holandeses? En Francia, en 48 horas y sin orden judicial, no queda rastro de los okupas. ¿Se merecen los españoles ser menos que los franceses? En Alemania, una casa okupada se recupera en
veinticuatro horas. ¿Son los alemanes menos demócratas que nosotros? En Inglaterra, si a la orden del juez no abandonan la vivienda, los okupas van derechitos a la cárcel. Ah, perdón, estos ya no son europeos. Pero, bueno, vamos a Italia:
denuncia, juicio rápido y la policía desaloja, y además, los okupas tienen que pagar los daños. ¡Qué envidia! Esos son países mediterráneos, pero vayamos a los países nórdicos, esos que ponen ustedes tanto como ejemplo, cuando les interesa, claro.
En Dinamarca y Suecia basta con denunciar a la policía para el desalojo inmediato. ¿Y España? La España, que ustedes se niegan a defender, se ha convertido en el paraíso de la okupación. Miles de familias españolas están padeciendo su desidia, su
apatía, sus pocas ganas de trabajar y ven impotentes cómo la ley se pone del lado de los delincuentes. Señorías, no hace falta un volcán para destrozar las viviendas, los recuerdos y el esfuerzo de miles y miles de españoles.


Les voy a decir lo que quieren los españoles. Lo que quieren es que no aprueben más leyes vacías ni reales decretos que, en nombre de una falsa vulnerabilidad, agudicen y eternicen el problema a costa de la dignidad de las familias, pero no
solo de su dignidad sino de sus ahorros; los ahorros que tienen que gastar en pagar el agua y la luz de los okupas, los ahorros que tienen que gastar en abogados para recuperar su casa. ¿Es que no lo ven? El impacto negativo de una okupación
ilegal supone para el propietario hasta 30 000 euros y no solo eso sino que su casa, es decir, sus ahorros, se deprecian un 50 %. ¡Qué mal negocio!, ¿verdad? Salvo para las mafias, porque, en el caso de la okupación -ustedes lo saben-, estamos
hablando de una actividad mafiosa que gana mucho dinero a costa de las familias y que cuesta mucho dinero a las arcas del Estado: policías, jueces, salud mental, realojos. Las arcas del Estado es el dinero de todos los españoles; todos los
españoles estamos pagando la okupación ilegal. (Aplausos). ¿Saben ustedes que si al propietario, en su desesperación, se le ocurre cortar el agua o la luz -por cierto, hoy a más de 180 euros el megavatio hora-, este Gobierno socialcomunista lo
considera delito de coacción? ¿Saben ustedes que si deja de pagar el agua y esa luz carísima pasa a un listado de morosos y ya no podría comprarse a plazos ni un colchón? Porque la gente corriente tiene que comprarse sus colchones o sus cintas de
correr para resistir los encierros ilegales. Hay otros, como el presidente del Gobierno o el ministro del Interior, que no. Hablando de endiosados, esos que no tienen tiempo o no quieren escuchar a los cientos de personas que han venido a las
puertas del Congreso a contarnos cómo malviven el drama de la ocupación, puedo darles unos ejemplos.


Enrique y su mujer se mudaron por motivos laborales a Vigo pero okuparon su única propiedad en Alicante, y ahí empezó su ruinoso calvario. Enrique nos contaba lo siguiente: Te obligan a emprender un juicio para recuperar lo que es tuyo, y
si no tienes los primeros 3000 euros para abogado y procurador, debes pides un préstamo o lo que sea porque si no denuncias, ellos se quedan en la casa. Luego tienes que pagar 400 euros por recurso, porque ellos recurren y recurren mientras se
acogen a la justicia gratuita. Si no te opones al recurso es como consentir. Al final, vendes la casa de cualquier manera -perdiendo mucho dinero- porque lo que quieres es terminar con esa pesadilla. Otro ejemplo: Luisa tenía concedida una
vivienda de protección oficial, donde vivía junto a sus dos hijas. Se ausentaron cuatro días para cuidar a su padre, que enfermó y finalmente murió. Al regresar, unos magrebíes le habían ocupado su hogar. Denunció y el juez ordenó la restitución
de la vivienda. Los okupas amenazaron de muerte a Luisa y a sus hijas. Ella, sola y atemorizada, no regresó a la casa y vive ahora en una furgoneta. O está el caso de Loira,

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que okuparon la casa de su padre a pesar de tener alarma. Su padre, que ya es mayor, se desquició al ver su casa llena de extraños -¡su casa!-. Murió al poco de recuperarla. La casa la destrozaron completamente: toneladas de basura,
ropa, bolsas y porquería llegaban hasta el techo. Ahora, si cualquier cosa hace saltar la alarma, Loira entra en una crisis de ansiedad.


¿Quieren ustedes conocer las consecuencias para el propietario? Secuelas psicológicas, físicas, tratamiento farmacológico, falta de sueño, ansiedad, tristeza, desasosiego, desesperanza, impotencia, amenazas, miedo, denuncias por coacciones,
cansancio, inseguridad, falta de sosiego y de paz, pérdida de tiempo en trámites descritos, reuniones e innumerables esfuerzos para luchar por su propiedad. Porque son ellos quienes tienen que mover todos los papeles y pagar todo el coste de los
abogados y de las suspensiones. Viven con la sensación de que se ríen de ellos cuando acuden a la policía, al alcalde, al juez, a los concejales o a los servicios sociales, porque nadie actúa de oficio, porque no están defendiendo sus derechos.
(Aplausos). Y todo esto con su respaldo, con el respaldo del Congreso de los Diputados y de un Gobierno que no solo está justificando, sino que está alentando la okupación ilegal. ¡Cómo contrasta todo esto con el cuidado que tienen ustedes,
señores comunistas, para que no se acerquen a sus casoplones! (Aplausos).


Señorías, ustedes están amparando a delincuentes, fomentando las mafias y abandonando a su suerte a los españoles de bien, a las familias que invierten sus ahorros en una vivienda que les permita complementar sus rentas o no quedarse sin
nada cuando vienen mal dadas, como ahora. Podríamos arreglar parte de este problema con vivienda social, como también hacen en Europa. En Austria, un 24 % de su parque de viviendas es de alquiler social; en Dinamarca, un 29 %; en Finlandia, un
13 %; en Francia y en Gran Bretaña, un 17 %; en Países Bajos, un 30 % de viviendas son de alquiler social. ¿Y en España? En España, un triste 2,5 %. ¿Qué han estado haciendo en España los últimos cuarenta años de bipartidismo? Nada. Bueno,
algunos aprovecharse del 3 per cent, ¿verdad, minoría catalana? (Aplausos). En otros casos, señorías del PP, pasar a que se considere la okupación ilegal de delito grave a delito leve en el Código Penal.


Es nuestra obligación, como representantes de la soberanía nacional garantizar la protección social, económica y jurídica de las familias que se encuentran en situación de indefensión y ayudarlas a que salgan de este trance, como también lo
es velar por la ley y el orden, por la seguridad física y mental de nuestros conciudadanos, por la seguridad de sus ahorros, por la seguridad jurídica porque, al final, será lo único que atraiga las inversiones necesarias para poder construir
viviendas.


Desde VOX, ya presentamos una proposición de ley para que se endurezcan las penas de los delitos de okupación y se dote de medidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ampliar la protección de los propietarios. Hoy les
pedimos que apoyen esta ley que permitirá reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dotándolas de herramientas para el desalojo inmediato y que se enjuicie inmediatamente al okupa. Se lo repito: la propiedad es una parte esencial de la
identidad de los españoles y un pilar fundamental de nuestro Estado de derecho. En VOX lo sabemos y ustedes lo saben también. Algún día gobernaremos y ese día pondremos en marcha las cien medidas de VOX para España; en este caso, nuestra medida
86: promulgar leyes antiokupación y tipificar la okupación de viviendas como delito contra la propiedad privada (aplausos), una reforma legislativa para que los okupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde hayan entrado. Pero
¿por qué no nos acompañan hoy en esto? ¿Por qué no aprovechan ya la oportunidad de, por fin, hacer una cosa bien, una, la primera? Sean justos por una vez, pónganse del lado bueno por una vez y, por primera vez, voten algo que sirva de verdad para
defender a los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Esteban. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señoras y señores diputados, los españoles precisamos de instrumentos legislativos para afrontar los episodios de usurpación de bienes inmuebles y habilitar a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con mecanismos
legales diáfanos, inequívocos y rotundos que les permitan actuar en defensa de los propietarios víctimas de los okupas y de las mafias organizadas que perpetran

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diferentes modalidades delictivas, incluida la extorsión a los legítimos propietarios de una vivienda o inmueble. En España este tipo de delitos, lejos de corregirse, va a más. En concreto, el Ministerio del Interior registró en el pasado
2020 más de 14 600 denuncias por okupación de viviendas, y en el primer semestre del actual ejercicio de 2021 se superó el número de denuncias, que en el mismo periodo del año anterior fue prácticamente igual, un poco inferior. Con estos datos en
la mano, ha sido de escasa utilidad la instrucción específica de la Fiscalía General del Estado sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles publicada
hace un año, lo que remarca la urgencia de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que tanto el Poder Judicial como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispongan de medios que proporcionen protección legal a las víctimas de los
okupas, incluyendo en este género criminal a los okupas profesionales con sus modalidades extorsionadoras y variopintos formatos de estafa que afectan directamente a los propietarios y también a las comunidades vecinales damnificadas por estos
hechos.


Señorías, permítanme que haga una referencia específica a Asturias para señalar que en mi comunidad de origen, además de incrementarse anualmente el número de okupaciones, con un repunte en torno al 40 % en los últimos tres años, también los
juzgados han visto crecer los casos de okupas profesionales y, al igual que en todo el territorio nacional, la altísima litigiosidad de nuestros tribunales arrastra procedimientos que no se resuelven con agilidad, más bien al contrario, porque
pueden pasar entre tres y cinco meses para que el propietario de un inmueble pueda recuperar el acceso al mismo, con los consiguientes gastos jurídicos, y desgraciadamente comenzará otro calvario para reparar los destrozos ocasionados y reponer las
condiciones de habitabilidad del inmueble. Asimismo, también para los presupuestos públicos hay un importante gasto derivado de la actividad okupa, tal y como ha recordado en su intervención la señora Esteban Calonje.


En definitiva, y para concluir, votaré a favor de esta toma en consideración, porque urge combatir y corregir la preocupante tendencia en España del fenómeno okupa, del que el Gobierno de Sánchez y los grupos PSOE y Podemos se desentienden,
como ya hemos visto aquí en el Congreso en anteriores proposiciones legislativas y normativas antiokupas formuladas por la oposición y que fueron rechazadas.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.


La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.


La diputada de VOX hacía política comparativa entre leyes de vivienda y hablaba de Alemania. Nos va bien hablar de Alemania. De hecho, en Berlín este fin de semana hubo un referéndum sobre si se tenían que expropiar 240 000 viviendas a
grandes propietarios. Déjeme decirle que en Berlín hay una política expansiva de vivienda pública y que, además -¡oh, sorpresa!-, gano el sí a la expropiación, a diferencia del Estado español, al que no solo no ha llegado la ley de vivienda, sino
que además el debate de hoy en el Congreso de los Diputados es sobre el fantasma eterno de la extrema derecha: los okupas de las casas de verano. Pero las okupaciones de las casas de verano son pocas, y las que hay son de fondos buitre. Si es
así, ¿por qué ustedes mantienen la bandera del fantasma de los okupas de las casas de verano? Pues bien, porque son ustedes el partido de los ricos y de los grandes propietarios.


El fantasma de los okupas de las casas de verano tiene tres elementos fundamentales. El primero es el chollo; el chollo de los que okupan casas para vivir del Estado. ¿Ustedes piensan que okupar una casa por necesidad y sufrir por un
desahucio es un chollo? El segundo elemento fundamental del fantasma de los okupas de las casas de verano es el miedo. No me extraña que alimenten ustedes el miedo, pues se han demostrado reiteradamente las conexiones entre la empresa de extrema
derecha Desokupa que practica desahucios ilegales. Si hablamos de que son ustedes el partido de los ricos, podemos hablar también de los anuncios de alarmas de cada verano, seguidos de los anuncios para infundir miedo a la población porque les van
a okupar la casa de verano. Y el tercer elemento fundamental de su fantasma de los okupas de las casas de verano son las familias trabajadoras a las que les okupan las casas. No digan mentiras. Según el Sindicato de Inquilinas, el 80 % de las
casas que se okupan en Barcelona son de fondos buitre, de grandes propietarios. Así que, ni chollo ni miedo ni familias trabajadoras. Son ustedes el partido de los ricos y son ustedes del partido de los grandes propietarios.


Decía una pintada que se hizo viral este verano en Barcelona que la vida es lo que pasa mientras tienes miedo de que te okupen la casa que no tienes durante las vacaciones que no vas a hacer. ¿Saben

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cuál es la otra cara, la de la realidad de Barcelona, donde se hacía esta pintada? Cada hora, una familia en Cataluña pierde su casa porque no puede pagar el alquiler o la hipoteca.


Son ustedes el partido de los ricos. El Gobierno más progresista de la historia no hace nada para que el debate sea sobre grandes propietarios, pero lo más duro no es esto, es que son ustedes el partido de los ricos que viven de infundir
miedo al penúltimo sobre el último. Ante eso, políticas de izquierdas. Y sí, cuando no haya más posibilidades, okupación, porque lo que hay que hacer con las viviendas de los fondos buitre es repartirlas.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, la verdad es que otra vez, y de manera muy recurrente, subimos aquí a hablar del falso dilema o gran problema que dicen de la okupación. Como les han señalado hace un momento,
parecería que estas iniciativas son una lógica respuesta amistosa a las campañas de publicidad que inundan nuestros medios de comunicación con la venta de alarmas amenazándonos de no sé qué cosas.


Nosotros, por sistema, siempre que se trata de este grupo proponente votamos en contra; no es ninguna novedad y supongo que a nadie le lleva a ningún desvelo. Pero no es menos cierto que, pese a eso, nos leemos las iniciativas, y se pueda
decir que con alguna de esas iniciativas hasta se disfruta, porque lo grotesco también le puede hacer disfrutar a uno. Realmente, cuando leía la iniciativa estaba pensando en que nos encontrábamos ante la plasmación, en este caso en sede
parlamentaria, de la segunda batalla dentro de la extrema derecha. La primera batalla la tuvieron hace unos días con un locutor radiofónico por alguien que no decía si estaba vacunado o no. Ahora parece que nos encontramos con la segunda, porque
cuando leía la exposición de motivos leía cosas como esta -es literal-: 'Un Estado de Derecho no puede permitir que individuos o grupos organizados, actuando fuera de vías legales y/o so pretexto de una pretendida necesidad de vivienda, se apoderen
de inmuebles que no les pertenecen y sobre los cuales no tienen título válido alguno para disfrutarlos'. Entonces pensé: igual estos van en contra de Desokupa; igual se han enfadado con Desokupa. Pero iba a más, porque en el tercer párrafo de
esa misma exposición de motivos dice: 'El artículo 18.2 de la Constitución dispone que el domicilio es inviolable y que ninguna entrada o registro podrá hacerse sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante
delito'. Y nuevamente me vino a la cabeza Desokupa, que no se caracteriza por ir con autorización judicial ni por saber si existe o no flagrante delito. Pero no, cuando ya vi las propuestas que trasladaban, me di cuenta de que no era un ajuste de
cuentas con Desokupa, sino que era volver a percutir en su doctrina rancia de más autoritarismo y más securocracia para que no hablemos de los verdaderos problemas de la gente. (Risas). Ríanse lo que quieran, pero son ustedes los que tienen que
explicar su texto, no yo; yo no lo he escrito y ni sé quién lo ha escrito, pero, desde luego, hay chimpancés que podrían hacerlo con mejor pulcritud, porque les parece buena idea sugerir que el problema de todo esto se soluciona mandando a la gente
más tiempo a la cárcel, es decir, un máximo de cinco años -ahí son benévolos- y luego dicen que o un máximo de diez años con penas acumuladas o con sanciones acumuladas a la pena de cárcel.


Pero no se paran ahí, porque ustedes hacen una interpretación muy sui géneris del principio de autoridad, hasta dar un carácter plenipotenciario al agente de autoridad, en este caso a la Policía, y además pasan por encima y por alto de
cualquier tipo de presunción de inocencia. A ustedes la presunción de inocencia, si en su fuero interno les consta que lo que puede estar pasando es malo, ya les sobra, porque, si no, también tendrían que ponerse a explicar cosas como esta que
dicen: 'También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiera inmediatamente después...', pero no especifican cuánto tiempo es el inmediatamente después. Y siguen diciendo: '... de cometido un delito con efectos,
instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él'. Ya me explicarán a dónde puede llevarnos esto, porque ¡anda que en el Estado español no hay afición también a comprar mercancía robada!, que no digo que esté bien, pero
probablemente no se sitúa en el nivel del okupa el delincuente que ustedes plantean.


Pero tienen cosas todavía más hilarantes o grotescas, porque también dicen: '... si [...] existiera apariencia de usurpación u ocupación ilegítima, y aquellos no dieran razón suficiente que legitimase su conducta'. Es decir, que cuando un
policía llegue a un domicilio y entienda que hay una apariencia de

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usurpación -a ver cómo la intuye- en la apertura de una puerta por un individuo, pues también ahí puede procederse de inmediato y sin orden judicial. Pero dicen también: siempre que '... no hubiera razón suficiente...'. ¡Pues pobrecitos
de aquellos que vayan al domicilio de un conocido a pasar unos días si no se saben el DNI y los gastos mensuales de luz, agua y calefacción de la persona a donde van.


En definitiva, lo que su propuesta plantea en el fondo es, como les he dicho, más seguridad o más securocracia, pero desde luego no más seguridad para la mayoría de la gente. También recupera un clásico, el de la patada en la puerta, del
señor Corcuera. Yo creo que no les hace falta incorporarlo para conseguir su voto -creo que ya lo tienen-, pero ustedes lo incorporan. Realmente, solo les falta incorporar la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que seguro que
la tienen en mente, pero que no se han atrevido a ponerla en papel. Imagino que en la siguiente proposición no de ley o proyecto de ley nos la meterán también.


Ustedes nos plantean siempre el mismo debate, el que hace que nos fijemos en un árbol para que no veamos el bosque. En definitiva, nos hablan de todo esto como si no existiera la figura del allanamiento de morada. Se lo aclararé una vez
más, aunque ya lo he hecho desde esta tribuna en más de una ocasión: el allanamiento de morada comprende a la primera vivienda, a la segunda vivienda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y a la sexta vivienda, con tal de que pase algún día en
ellas. Por tanto, estamos hablando solo de viviendas desocupadas y vacías. Es más, les diré que la jurisdicción española es tan curiosa que hasta plantea como morada que lo pueda ser una furgoneta o una tienda de campaña. Así que ya me dirán qué
riesgo están señalando.


Se lo han dicho en otras ocasiones y no voy a perder demasiado tiempo hoy en dar datos, porque el tiempo se me está acabando, pero les diré que los datos de okupación, del allanamiento de morada, de lo que es perseguible y punible y ya se
persigue, han seguido descendiendo desde 2013. Sin embargo, a ustedes esto les importa poco. Son datos del Instituto Nacional de Estadística y del Consejo General del Poder Judicial. Ya que estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial,
poco sospechoso de ser afín a tesis alguna con Euskal Herria Bildu, les diré que cuando señala al bosque, no al árbol que ustedes plantean, nos dicen que ha habido 28 000 desahucios en el primer semestre de este año 2021, de enero a junio, que han
subido 13,4 % respecto al año anterior y que la previsión es que haya 78 000 desahucios cuando se acabe el escudo social. Esa es la triste realidad, para la que ustedes nunca traen aquí iniciativa alguna, porque no les interesa. Ese es el
verdadero problema, el problema presente y el problema futuro, que no hay una ley de garantía para el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos y todas. Porque la vivienda ante todo es un derecho, no una fuente de ahorro. Será una fuente
de ahorro cuando todos y todas tengan garantizado un derecho.


Termino con una reflexión que ya les han señalado desde esta tribuna y que vale para ustedes y para el conjunto de la Cámara. Aquí se habla mucho de Alemania, se habla de la locomotora alemana, se habla de la potencia de Alemania para
liderar Europa. Miren a Alemania, miren a Berlín. Yo sé que en el Estado español provoca urticaria hablar de referéndums, provoca urticaria hablar de expropiaciones y provoca urticaria hablar de intervención pública, pero es que en Alemania un 56
% de los ciudadanos de Berlín han decidido que hay que expropiar 254 000 viviendas de fondos buitre, de grandes tenedores. Porque la realidad también en el Estado español -algún día alguien tendría que poner los nombres y apellidos encima de la
mesa- es que en este Estado, durante mucho tiempo y en las grandes ciudades, hijos de hombres ilustres o de prohombres incluso de esta patria se han hecho con fondos de vivienda pública a través de fondos buitre y de grandes tenedores. Se pueden
llamar Aznar, Botella o como sea, pero la realidad es que aquí la vivienda se les ha regalado a los fondos tenedores para que haya gente que tenga que mendigar dónde dormir. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Ya hemos señalado en otras ocasiones ante este Pleno que el fenómeno del allanamiento de domicilio y el de usurpación de vivienda que no constituya domicilio o de inmuebles es un grave problema para los propietarios y poseedores, que ven
perturbada la tenencia y disfrute pacífico de sus derechos, y también afecta en ocasiones, como ha señalado el Defensor del Pueblo, a vecinos y colindantes. Sin embargo, señorías, el mejor abordaje de esta problemática no puede acometerse
desatendiendo la situación de excepcional vulnerabilidad en que pudieran encontrarse los ocupantes sin título, siempre que no ocuparen

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el domicilio de la víctima, incluidas sus segundas residencias. Este problema tampoco puede aprovecharse, como en ocasiones se ha hecho en esta Cámara, hoy en cierta medida también, para acusar de manera disparatada al Gobierno de una
gestión indolente y de dejar desamparadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para relacionar la okupación e inmigración deslizando un mensaje xenófobo o para alarmar a la ciudadanía de que sus viviendas corren un grave peligro de okupación y que
serán de costosa recuperación. Es una alarma falsa respecto a las personas físicas, pues tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2018 se dispensa de una respuesta ágil y se dispone de ella para que las okupaciones de sus domicilios y
el resto de viviendas puedan ser revertidas, sin límite de cuántas viviendas posean, aunque ahora temporalmente y para hacer frente a los efectos sociales y económicas del COVID se encuentren suspendidos los procedimientos de desahucio y lanzamiento
para personas económicamente vulnerables y respecto a su vivienda habitual, si esta pertenece a un propietario que sea titular de más de diez viviendas y siempre que no sea su domicilio o que hubiera sido okupada con violencia o intimidación.


Señorías, como les decía, las personas físicas disponen de un procedimiento ágil para recuperar sus viviendas de manera expeditiva a través de los interdictos posesorios extraordinarios, que a nivel práctico ha quedado poco incidido por las
medidas del escudo social puesto en pie, como les decía, para limitar los efectos perjudiciales del COVID en el ámbito de las personas económicamente vulnerables. Sin embargo, el ordenamiento jurídico no tiene una respuesta ágil y eficiente desde
el derecho penal para las usurpaciones de viviendas que no constituyen domicilio o de inmuebles que no constituyen locales abiertos al público de personas físicas y jurídicas, ni tampoco tiene una respuesta ágil desde el derecho civil para las
personas jurídicas con ánimo de lucro o para las físicas si no se trata de viviendas.


Ahora la proposición debatida aborda la respuesta penal a las usurpaciones de viviendas o inmuebles, tanto para la recuperación posesoria cautelar como para el enjuiciamiento de la conducta, siendo el principal beneficiario de la iniciativa
las personas jurídicas con ánimo de lucro, tal y como no se oculta en la exposición de motivos. Así, respecto a la recuperación posesoria cautelar penal, se dispone la atribución a los agentes policiales para la detención y desalojo de los
usurpadores y para la entrega de la posesión al titular del derecho usurpado, a la espera del pronunciamiento judicial posterior. Es una regulación que consideramos desacertada, por desproporcionada e inadecuada, al caminar en el sentido
autoritario de la Ley de seguridad ciudadana, ya que, como algún autor ha señalado, la seguridad pública es obligación inherente a la actividad de los poderes públicos, pero no debe extenderse hasta involucrarla en la recuperación posesoria de
viviendas e inmuebles usurpados cuando existen vías judiciales que son las que debieran agilizarse en vez de las policiales.


Por lo que se refiere al enjuiciamiento de estos delitos de usurpación, se proponen los juicios rápidos, sin distinguir la conducta que ha utilizado la intimidación y la violencia contra las personas de aquellas otras conductas que no han
utilizado estos medios para perpetrar la usurpación, desplazando para estos últimos casos a los actuales juicios para delitos leves en favor de los juicios rápidos, sin darnos razón de esta propuesta de tratamiento unitario de lo que es distinto y
que lo sea a través de los juicios rápidos.


Tampoco en la iniciativa se nos aclara quién es la persona que puede activar la actuación de los agentes policiales para el desalojo y entrega del bien a su propietario poseedor a través de denuncia. ¿Podría ser alguien distinto al poseedor
y propietario, por ejemplo los vecinos, ante una inacción de cualquiera de estos? Si fuera así, ¿no estaríamos más bien ante un precario que ante una usurpación?


En definitiva, señorías, y voy finalizando, no apoyaremos la toma en consideración de la iniciativa por los motivos concretos señalados y porque, si bien a la propiedad y a los poseedores de inmuebles y viviendas debe restituírseles de
manera ágil la tenencia y disfrute de sus propiedades y posesiones usurpadas, tanto a través de la respuesta penal como respuesta civil, consideramos que la manera de abordarlo no es a través de iniciativas como la que debatimos, sino a través de
una comisión de estudio de esta problemática en todas sus dimensiones y no siendo menores, algo que no se tiene en cuenta en la iniciativa, los casos de vulnerabilidad extrema económica y habitacional de muchas personas en nuestra sociedad ni
tampoco la función social que la propiedad debe cumplir.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.

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El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos.


Señores de VOX, quiero empezar diciendo que esta mañana en el Ayuntamiento de Madrid un concejal de VOX ha utilizado la imagen de un bebé, de una niña pequeña, para, en medio de una trifulca política, atacar a su madre. Se trataba de la
hija recién nacida de Begoña Villacís. Esto es populismo puro, una bajeza moral absoluta y una salvajada intolerable, y, sinceramente, quiero decirles que da mucho asco. (Aplausos). Ustedes se quejan, con toda la razón, cuando les agreden, y
nosotros condenamos cualquier violencia que se produzca contra ustedes. Así que, por favor, en términos de reciprocidad, sean ustedes lo suficientemente señores como para subir aquí arriba y disculparse públicamente con mi compañera.


Estamos aquí por una lacra, por un drama, el de la okupación, que ha preocupado siempre a mi grupo político, a Ciudadanos, y respecto del que hemos planteado muchas iniciativas. Se han incrementado los casos de okupación con la pandemia en
un 40 %, pero muchos en esta Cámara prefieren ponerse del lado de los delincuentes, prefieren ponerse del lado de los que incumplen la ley y no proteger a aquellos que cumplen con la ley. Además, fíjense qué casualidad, resulta que el mayor de
número de casos de okupación se da en Cataluña. El Gobierno tiene que tener contentos, lógicamente, a sus socios independentistas y, por eso, no hace nada respecto a las crisis de autoridad que el Estado tiene en Cataluña, como las que estamos
viendo estos días cuando se rompen los escaparates de los comercios y Esquerra Republicana de Catalunya, de una forma hipócrita, condena estos actos, cuando en el pasado los ha alentado, y a la vez pide que la Policía se vaya de la Vía Laietana. No
se puede estar pidiendo seguridad y, a la vez, fomentar los disturbios en la calle.


La okupación tiene una cara que es la peor de todas, la de las mafias organizadas, que entran en casa de gente pacífica y les extorsionan para sacarles el dinero si quieren que les desokupen la casa. La okupación es un atentado contra el
principio o derecho fundamental a la propiedad privada reconocido en la Constitución y, también, sí, de la función social de la propiedad, por supuesto. Esto es lo que defienden los liberales del siglo XXI. Pero pónganse por un minuto en la piel
de aquellas personas que, con un esfuerzo, como tantos aquí, hemos estado pagando una hipoteca para tener una casa en propiedad, volvemos a nuestra casa y nos encontramos con que nos la han okupado y no nos devuelven la posesión sino después de una
larga tramitación judicial. Y todo eso sin contar con las comunidades de propietarios y la inseguridad que crea en la paz de muchos bloques de vecinos. Nosotros el año pasado planteamos aquí una iniciativa -la defendí yo desde esta tribuna- y
PSOE, Podemos y los amigos que sostienen en el poder al Partido Socialista votaron que no. Que Podemos vote que no nos parece coherente: se ponen del lado de los delincuentes, siempre apoyan a los que incumplen la ley, siempre apoyan a los que
desobedecen la ley y no a aquellos que cumplen con el ordenamiento. Pero, señores del Partido Socialista, lo suyo no tiene nombre: con tal de seguir en el poder no quieren incomodar ustedes ni a Bildu ni a Esquerra Republicana de Catalunya.
Señores del Partido Popular y señores de VOX, la semana pasada trajo aquí el Gobierno un real decreto ley, que ustedes convalidaron con su abstención, en donde se impedía el desahucio en los supuestos de usurpación de bienes inmuebles sin violencia.
(Aplausos). A ver si lo tienen ustedes un poquito más claro.


Nosotros sí que lo tenemos claro, y lo tenemos claro desde siempre: hacen falta herramientas en el ordenamiento jurídico para que se pueda dar amparo a los legítimos propietarios; que se devuelva inmediatamente la posesión; que se cree,
que se ampare y que se haga crecer el fondo social municipal de la vivienda para los colectivos vulnerables; efectivamente, que se endurezcan las penas por la usurpación de bienes inmuebles del artículo 254 del Código Penal cuando son con violencia
y cuando son organizados por mafias; que se dote de medios a la Administración municipal para que no se consoliden actos de inmatriculación en el catastro. Ustedes nos copian, pero solo un poco. Meten, y está bien, en el enjuiciamiento rápido de
determinados delitos del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el caso de usurpación, pero no el caso de allanamiento. Tampoco parece que a ustedes les importen las penas, muy poco disuasorias, respecto al delito de usurpación.


Ya se ha dicho aquí, pero yo lo voy a volver a repetir. Lo que es verdaderamente una salvajada jurídica -ya podían estudiar ustedes un poco- es la modificación del artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Solo se puede entrar en
un domicilio en España en los casos de autorización judicial o de flagrante delito; y en los casos de terrorismo, solamente en los casos de extraordinaria y urgente necesidad, para evitar la comisión del delito. Ustedes dicen que la Policía puede
entrar en la casa de cualquiera solo por sospechar que se ha producido una usurpación. Ya me contarán ustedes cómo se va a demostrar la flagrancia en muchos de estos casos. El Tribunal Constitucional lo ha dejado ya claro con la Ley Corcuera, la
Ley de la patada en la puerta. El señor Marlaska, sin embargo, los apoya a ustedes en estos sucesos

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que ha habido; ha defendido a la Policía que echaba puertas abajo porque se negaban a abrir para ver si se estaban incumpliendo los toques de queda y las limitaciones de aforo.


Llama mucho la atención, de verdad, que ustedes legislen de la misma forma que defiende el Partido Socialista, pero, qué quieren que les diga, llama la atención también que ustedes defiendan que la Administración, sin control judicial, pueda
lesionar derechos fundamentales. El Partido Popular también piensa como ustedes, a pesar de que siempre están regañando; acuérdense de la Ley de pandemias, que decían que podía limitar derechos fundamentales sin control judicial. Miren, yo les
voy a decir a ustedes, VOX, y al Partido Popular que no pronuncien la palabra liberal en vano. (Aplausos). Ser liberal es defender los derechos individuales frente al Estado, y ustedes tienen un deje autoritario, que es absolutamente
indisimulable.


Hoy en la Cámara nos encontramos con una mayoría que protege a los delincuentes y que no protege a los propietarios -en el caso del PNV es realmente asombroso- y, por eso, esta ley no saldrá adelante en la toma en consideración. Nosotros
estamos preocupados por la okupación y, a pesar de los excesos que cometen ustedes en esta ley, votaremos a favor. Ténganlo claro, señores de VOX. Ténganlo claro, señores del Partido Popular. Ciudadanos lo tiene muy claro.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por Grupo Parlamentario Plural, en primer lugar, el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.


¿Alguien había creído por un momento que VOX iba a proponer una ley para solucionar el problema de la vivienda? No. ¿Para solucionar los desahucios? No. ¿Para controlar los precios del alquiler? No. ¿Para recuperar esas tres mil
viviendas, señora Esteban, tres mil viviendas sociales en Madrid vendidas a un fondo buitre a precio de saldo y empezar a recuperar esa vivienda social que tanto le preocupa? ¡Pues claro que no!


VOX, y la derecha en general, no ha venido aquí a eso. Viene a lo que viene: uno, a fomentar el miedo; dos, a servir y proteger los intereses de los bancos, de los fondos buitre y de las empresas de seguridad. Nueve de cada diez
viviendas que se ocupan pertenecen a fondos buitre o a bancos. Llegados aquí, la propuesta no saldrá. El señor Bal la ha calificado de salvajada jurídica -repito, de salvajada jurídica-; en fin, es un juez. No saldrá, pero si saliera nosotros
presentaríamos alguna enmienda para excluir de esta reforma a aquellos que han construido y vendido pisos sin licencia de obra y sin cedula de habitabilidad, a aquellos que han alquilado locales sin tener licencia urbanística; en definitiva, a
aquellos que han infringido la ley y miran para otro lado.


Moltes gràcies, senyora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Errejón Galván.


El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.


Antes de aceptar sus votos para gobernar juntos en Madrid -sabes, querido Edmundo, que lo digo con mucho respeto personal- VOX ya era eso. (Aplausos). Está bien pedirles una disculpa, pero está mejor no gobernar con ellos. Y sabes que
repudio igual que tú la foto que han publicado, pero ya eran eso cuando aceptasteis sus votos.


Esto es lo de siempre. Es una iniciativa de VOX para ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes. ¿En España hay un problema de usurpación de viviendas vacías y de mafias? Lo hay. ¿Hay instrumentos legales para combatirlo? Sí,
pero hay una realidad estructural que lo posibilita, que es que en España tenemos la paradoja de tener millones de viviendas vacías y, al mismo tiempo, millones de españoles con dificultad para ejercer su derecho a una vivienda. ¿Y esto por qué
pasa? ¿Cómo puede ser que en un país haya millones de viviendas vacías y millones de personas que tienen la necesidad de acceder a una vivienda? Pues atiendan, porque esto les va a interesar, ya que va de extranjeros; es más, va de bandas
extranjeras, que ya es el summum para ustedes. Les cito algunas de estas bandas, grupos organizados que retienen viviendas y que hacen imposible que los españoles accedan al derecho a una vivienda. Hay una banda que se llama Blackstone, que
retiene más de 220 000 viviendas. Hay una banda que se hace

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llamar Cerberus, que acumula 150 000 pisos. Otra, Lone Star, 77 000 pisos. Hay una banda, que se llama Goldman Sachs, tan poderosa que incluso consiguió que el Gobierno de la Comunidad de Madrid le regalara 3000 viviendas a precio de
saldo, pero todavía no las ha devuelto. Estas bandas especulan con los pisos, los retienen, hostigan a vecinos y hacen la vida más difícil a familias españolas, pero no obtienen nunca ni un solo reproche por su parte. ¿Por qué? Si hostigan a
españoles, dificultan el derecho a la vivienda y dificultan la convivencia en los barrios, ¿por qué ni un solo reproche? Porque ustedes -se lo voy a repetir aquí hasta que me quede sin voz- son crueles con los débiles pero con los fuertes no se
atreven y agachan las orejas.


Hay un problema real de vivienda, pero ustedes lo tienen que traer y lo tienen que tratar de manera seria, y esto es apenas un panfleto de las inmobiliarias. Y van dos ya en una semana. Ustedes hicieron el ridículo hace no mucho en
Móstoles: se fueron a la puerta de La Casika, un centro social emblemático en Móstoles, disfrazaron a militantes suyos, a los que hicieron pasar por vecinos -les han pillado- para decir lo mal que estaba y lo mal que lo hacia el centro social.


La señora PRESIDENTA: Señor Errejón, tiene usted que terminar.


El señor ERREJÓN GALVÁN: Dos ridículos en una semana es una cosa inadmisible, incluso para ustedes, señores de VOX.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes, señora presidenta, señorías.


Existe un grave problema de acceso a la vivienda, pero también existe un problema social que se puede singularizar respecto del anterior problema del acceso a la vivienda, que es el de las okupaciones ilegales por parte de redes
delincuenciales. Pero la forma de encarar esta cuestión por parte de VOX no la compartimos de ninguna manera. No es con populismo como vamos a hacer frente a este problema social. Aún estamos alucinados con el discurso que hemos escuchado.
Denunciamos la retórica del miedo y denunciamos las apelaciones populistas a la propiedad privada. Nos parece abominable que constantemente estén hablando de la supuesta impunidad de los delincuentes para apuntar siempre a los mismos y justificar
la única solución que se les ocurre, que no es otra que aumentar las prerrogativas y la discrecionalidad de la Policía y una serie de despropósitos penales -el diputado Oskar Matute ha explicado muy bien y no voy a repetirlos-, una salvajada
jurídica a la que, aun así, van a votar a favor los diputados de Ciudadanos.


Existe una realidad, y no podemos cerrar los ojos. Las mafias, efectivamente, localizan pisos vacíos, sean de quien sean, revientan las puertas y los alquilan obteniendo un lucro elevadísimo a costa de la precariedad ajena, aprovechándose
de la lentitud de los procedimientos legales. Existen otras mafias, es verdad, mafias que nadie va a denunciar, pero estas mafias delincuenciales que ocupan pisos vacíos también existen. Pero no compartimos que la solución sea la vía penal. En
ese sentido, en marzo de 2017, quien fue diputada de Junts per Catalunya, Lourdes Ciuró, y actual consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, presentó una iniciativa legislativa, que tenía su origen en una propuesta del Colegio de
Abogados de Barcelona, para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil -civil, no penal- y establecer un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas cuya titularidad era de propietarios individuales. Una propuesta referida
exclusivamente a viviendas, no a inmuebles en general, como hace referencia la iniciativa de VOX, y solo en relación a la propiedad de personas físicas, no de la banca o de los grandes tenedores, aunque también protegía las viviendas destinadas a
fines sociales de ONG o administraciones públicas. Además, como no puede ser de otra forma, la propuesta preveía que se otorgara una solución habitacional a las personas desalojadas en situación de riesgo.


Señorías, los miles de desahucios, los fondos buitre, la dificultad en el acceso la vivienda, son un hondo problema social. El acceso a la vivienda debería estar reconocido como un auténtico derecho constitucional y no como un simple
mandato a los poderes públicos, en forma de principio rector de la política social y económica, y debería haber una implicación total de las administraciones en las políticas públicas de vivienda -creación de un parque público de vivienda, promoción
del alquiler social, limitación de los alquileres, políticas tributarias antiespeculación inmobiliaria, entre muchas otras medidas-. Pero,

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insistimos, también es cierto que el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de redes delincuenciales existe y se debe encarar, pero no por la vía penal, sino por la vía civil y garantista que ya apuntaba la diputada Ciuró en
2017.


Por todas estas razones, nosotros no vamos a dar apoyo a la iniciativa legislativa de VOX.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagés. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gràcies, presidenta.


Diputades i diputats, bona tarda. El debate parlamentario tiene como característica que es un debate y, por tanto, tiene que ver con escucharnos, con respondernos y con alterar lo que íbamos a decir si algunos parlamentarios lo han dicho
previamente -y me refiero a los compañeros diputados Mireia Vehí y Oskar Matute, con los que concuerdo en sus argumentos- y tiene que ver también con replicar cuando, desde tu humilde punto de vista, se sueltan barbaridades desde esta tribuna. El
diputado Bal ha hecho una intervención en la que ha mezclado los escaparates rotos con ocasión de la fiesta de la Mercè con los independentistas, los okupas, con lo que necesita el Gobierno, que no tenía ningún sentido, pero me lo ha puesto bien,
porque no tiene nada que ver con la vivienda, pero, ya puestos, aprovecho para exigir que se retire el comentario sobre vía Laietana de que fueron generaciones de servicio público (aplausos), porque fueron generaciones de torturadores, de
maltratadores y de impunidad total del Estado en Barcelona. De paso, les comento: mírense, por favor, la solicitud de retorno a la ciudad de Barcelona de esa comisaría para que pase a ser algo mucho más digno, un museo de los horrores de lo que
pasó allí, para que nadie lo olvide nunca.


Dicho esto, me vuelvo al tema de la vivienda, porque no es un tema baladí. Tachaban de delincuentes hace un rato a los que pueden considerarse usurpadores de un inmueble -que, por cierto, se ha diferenciado ya con allanamiento de morada y,
por tanto, no hace falta que haga la referencia-, y ahora les voy a contar algunas cosas que pasan. Corría el año 2006, las cosas no van del todo mal, una pareja firma una hipoteca, pasan los años, se pierde el trabajo, se ha pagado con el interés
hamburgués aproximadamente un tercio -porque se va a pagar tres veces lo que vale el piso; interés hamburgués; eso es legal. Algún día tendremos que mirar qué entendemos por intereses usureros y qué entendemos por especulación-, y resulta que te
pueden desahuciar, desahucios como los 28 000 que ha habido en el último trimestre. ¿Me están diciendo ustedes que un Estado que es capaz de desahuciar a 28 000 personas que no han cometido ningún delito más que permanecer en una vivienda para la
cual tenían título, me están diciendo ustedes que ese Estado no es capaz de resolver los temas penales? ¿Y me están diciendo que para habilitar al Estado a resolver temas penales -que quizá existan, no lo niego; yo también he hablado con Ricardo y
con Pilar, y también soy solidaria con su sufrimiento- ese Estado tiene que tener más posibilidades de entrar en los domicilios y de echar puertas a tierra sin ni tan siquiera una orden judicial? ¿Esa es la solución? Pues vaya desgracia de Estado,
porque tiene todos los elementos que utiliza contra lo que, efectivamente, son las clases vulnerables, bajas y medias del Estado.


Hay una reflexión: yo hoy no quería intervenir, y no quería intervenir porque la mayor parte de las veces la política de VOX consiste en insuflar miedo, en insuflar sensación de que todo está a punto de ser una hecatombe mundial, un
desastre, y por tanto debemos reaccionar con fuerza, con autoritarismo, con policía, con militares, con orgullo y con honor. Pero eso no tiene en cuenta lo poliédrico de la realidad, los grises inherentes en la actividad social, y me negaba a que
fuera de nuevo un frontón, porque entonces no conseguimos explicar a la gente que, aunque tengan un buen trabajo hoy, aunque tengan un buen sueldo hoy, mañana a lo mejor no tienen nada. Por tanto, la cantidad de gente que es susceptible de
necesitar ya sean escudos sociales, ya sean elementos que les permitan seguir en sus casas, esas que a lo mejor solo han dejado de pagar el alquiler porque les ha ido mal el trabajo o el negocio o la empresa, esas de las que han pagado gran parte de
la hipoteca, pero a lo mejor ahora no pueden seguir por las mismas razones, esas que eran sus casas, cuando siguen en ellas, cuando permanecen, cuando siguen su trayectoria vital sin ese título habilitante, son considerados delincuentes. Lo que
querría hacer entender es que, dejando aparte la situación en Cataluña que, efectivamente, y no es por los independentistas, que la estamos paliado, sino a pesar de los independentistas, cuatro de cada cinco pisos vacíos pertenecen a bancos -cuatro
de cada cinco-; no pertenecen a esas personas cuya propiedad privada, teóricamente, está siendo -¿cómo lo dicen?- violentada. Lo que les decía, lo que quiero hacer entender es que la

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mayor parte de la gente, con esa legislación que ustedes proponen, van a ser víctimas, porque esa legislación no es para los que sufrimos lo que pasa cada día en los trabajos, en los ERTO, en las subidas de alquileres, no; esa legislación
solo es para los grandes poseedores, para los de siempre. No quiero ser demagógica, no me gusta partir el mundo entre ricos y pobres, porque lo que no he sido capaz de hacer entender es que los pobres somos el 90 % de este Estado.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vallugera. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-en Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Otra vez estamos aquí discutiendo sobre una propuesta de VOX sobre la que ya hemos discutido en más de una ocasión. Trae uno de sus temas estrella, y la pregunta es por qué y para qué. Empecemos por aclarar
algunos conceptos. Las señorías de VOX pretenden mezclar y confundir de manera interesada -creo yo- los conceptos de usurpación y de allanamiento. La okupación, es decir, la usurpación, esa que ustedes quieren penalizar más y más, no afecta nunca
a vivienda habitual, a segunda residencia, a tercera, a cuarta, sino que, mayoritariamente, estamos hablando de inmuebles vacíos, en desuso, que pertenecen a los fondos buitre, a los fondos de inversión o a bancos. Cuando el delito afecta a la
vivienda habitual se trata de allanamiento. Está recogido en el Código Penal, como ustedes bien saben, y se permite actuar con el Poder Judicial de una manera bastante rápida, pero todo esto lo saben. Como digo, esta confusión no es un error; lo
hacen de manera totalmente interesada. ¿Por qué? Porque el objetivo principal al final es poner en el punto de mira la okupación como un gran peligro, pero, ¿para qué? Para crispar y para atemorizar a la gente de bien, porque ustedes, señores de
la ultraderecha, se alimentan del miedo. Su pretensión no es otra que crear ruido, tensión, meter miedo, criminalizar a colectivos y crear desencuentros. No tratan de solucionar nada. Por tanto, la pregunta es: ¿responde su planteamiento a algún
tipo de necesidad social? Pues no, está claro que no. Ustedes proclaman a los cuatro vientos un supuesto gran peligro que acecha a todos los vecinos y a las vecinas, que si salen un día a hacer la compra o a dar una vuelta o si se van de fin de
semana, cuando vuelvan se van a encontrar su casa okupada por un grupo de desconocidos, y no van a poder recuperarla. Ustedes, señores de la ultraderecha, por supuesto, son los únicos que se preocupan por esta cuestión y aparecen tal cual, como el
Llanero Solitario, a salvar al pobre propietario de esa gran amenaza.


Me van a permitir que les diga, señores de la ultraderecha, que presentan un escenario delirante, que no se corresponde para nada, en absoluto, con la realidad. Doy algunos datos muy rápidamente. Lejos de ser actuaciones que van en
aumento, los datos nos muestran que en España hay un constante descenso de este tipo de actuaciones. Datos del INE, datos de condenas por allanamiento en el último lustro: en 2016 fueron 357 y en la mitad de año que llevamos, 185. Si hablamos de
usurpación -fuente INE-, si en 2016 hablábamos de poco más de seis mil, ahora estamos hablando de 3100. Por tanto, cabe preguntarse qué quieren hacer. Realmente, ¿qué quieren defender, señores de la ultraderecha, con esta proposición, a las
familias trabajadoras, a la juventud o más bien -ahí me quiero detener- a los fondos buitre? ¿O quizá tienen interés en agrandar y engordar el negocio de la seguridad privada? Ya que la okupación, es decir, la usurpación, afecta en la mayoría de
los casos, como ustedes bien saben, a pisos vacíos o en desuso, que suelen pertenecer, además, como bien saben, en su mayoría a grandes tenedores, fondos buitre, fondos de inversión, lo que se busca con esta medida es allanar el terreno todavía más
a los fondos de inversión, a los fondos buitre, para que se apropien de más viviendas y puedan desahuciar de manera más rápida. No está de más, por tanto, conocer algo sobre esto que ustedes defienden, es decir, sobre los intereses de los fondos de
inversión, bien llamados fondos buitre.


Tras la crisis financiera de 2008, cuando el Partido Popular llegó al poder en 2011, se encargó de darles todas las facilidades a estos fondos buitre, de ponerles -digamos- la alfombra roja. Los fondos de inversión o los fondos buitre, que
operan en el sector inmobiliario español, desde entonces vienen aprovechándose de grandes privilegios. Su gran negocio se encuentra en los beneficios fiscales y en la gestión de miles de viviendas que han comprado en nuestro país a precio de saldo,
y que acaban vendiendo a precio de oro y alquilando con rentas abusivas. Ese es el negocio, pura especulación y economía rentista y parasitaria. Esa es la situación. Los fondos de inversión solo pagan un 1 % del impuesto sobre sociedades y, si
hablamos de las Socimis, nada de nada. Ambos se benefician de una

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deducción del 95 % del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. En estas condiciones los fondos buitre han llegado a adquirir, por lo menos -creo que son más- 400 000 viviendas con fines especulativos.


En VOX se dicen muy patriotas, pero es un hecho que la mayor parte del dinero invertido en el mercado inmobiliario español procede de empresas extranjeras -Blackstone, Cerberus- y que los beneficios obtenidos por las mismas no se quedan,
desde luego, precisamente en España. Además, hay que tener muy en cuenta que estas operaciones especulativas repercuten directamente en la capacidad de nuestra población de acceder a una vivienda digna o de mantenerse en ella.


Ustedes hablaban de ejemplos. Les voy a poner algunos de ellos relativos a casos muy cercanos. Hablemos de prácticas abusivas por parte de los fondos buitre, y me voy a referir a mi ciudad, Donosti, una de las ciudades que, por cierto,
tiene los precios de alquiler más caros. Tenemos el caso del fondo buitre Azora, que adquirió nada menos que trescientas viviendas a la Inmobiliaria Vascongada en distintos barrios de la ciudad, y ha sometido a los vecinos a un acoso para echarlos
y subirles el alquiler un 30, un 40 o un 50 %. También podríamos hablar de algún otro caso en que hay una colaboración incluso de la Sareb, en el barrio de Egia, donde hay doce vecinos, doce personas que quieren ser desahuciadas porque no pueden
seguir pagando el alquiler. Entre las afectadas se encuentra una mujer donostiarra de 87 años, que lleva cinco años en su vivienda y, tras fallecer su marido hace un año, que era titular de la casa, no le renuevan el contrato y no puede
empadronarse. Podríamos hablar también de la compra de viviendas por parte de Testa Socimi en el barrio de Benta Berri; la misma situación. Por lo tanto, en definitiva, nos encontramos con menos viviendas dedicadas a cumplir su función social -a
servir de alojamiento y de hogar a las familias- y más que se dedican a la especulación y con la imposición de rentas abusivas para las mayorías sociales.


Concluyendo, lo que necesita este país -y con urgencia- es una buena ley de vivienda, que regule el mercado inmobiliario, prohibiendo la especulación -tal como recoge el artículo 47 de la Constitución-, una ley que controle el precio de los
alquileres abusivos y que haga que el derecho constitucional a una vivienda digna no sea papel mojado, sino un verdadero derecho para todos y para todas.


Eskerrik asko. Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Garrido. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Zurita Expósito.


La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidenta.


Muy buenas tardes a todos. Hoy quiero que mis primeras palabras sean para nuestros vecinos de La Palma. (Aplausos). Un mensaje de ánimo y de fuerza, sobre todo a los que han perdido su vivienda. Y quiero decirles que no los olvidaremos.


Señorías, hace un par de sábados estuvimos unos cuantos diputados de esta Cámara atendiendo y escuchando a ciudadanos de toda España, que se concentraron aquí, frente al Congreso, para protestar contra la okupación y protestar contra el
Gobierno, por permitir, por legalizar, por blanquear que se ataque impunemente a la propiedad privada y que se permita okupar sus viviendas, que se permita que toda una vida de trabajo se ningunee, que se robe sin piedad, que recursos de
pensionistas se usurpen sin pena, y que un delito como apropiarse de algo que no es tuyo sea considerado lo mismo que el que invierte los ahorros de toda una vida. Y es triste: es triste, y a quien le cae la pena y el castigo es a los
propietarios, porque las consecuencias del delito, en este caso, recaen sobre las víctimas. Los delincuentes tienen todos los derechos y ninguna obligación, y eso es lo que contaban esas personas, historias que no son leyendas urbanas, señorías de
Podemos, que no son mentiras de la derecha, que son historias reales, de gente real. Y desde aquí, les quiero enviar un mensaje de ánimo a todos los que sufren la okupación y a todos los que se han unido para luchar y trabajar contra esta lacra que
el Gobierno ampara.


Señorías del Grupo Socialista, ¿tienen alguna respuesta para esta gente? ¿Tienen alguna solución para estas víctimas que no sea el mantra que repiten sin cesar de que la vivienda va a ser una prioridad del Partido Socialista, cosa que
dicen, además, sin ruborizarse? Esto resulta asombroso porque, ¿qué han hecho desde que están en el Gobierno? Pues poner en marcha el Plan de Vivienda del Partido Popular y un paquete de medidas sociales, unas ayudas al alquiler que no han
funcionado y unos decretos antidesahucios que renuevan cada dos meses, y lo peor que han hecho ha sido legalizar la okupación.


Señorías, ahora debatimos la toma en consideración de una proposición de ley de VOX, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la inclusión del delito de usurpación en los procedimientos de enjuiciamiento rápido. Vamos a
votar a favor, porque es una toma en consideración y, aunque consideramos

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que la propuesta de VOX es insuficiente y muy mejorable, creemos que en algo ayuda ante la inseguridad tremenda que tienen los propietarios. Además, queremos que en esta Cámara se siga hablando de okupación, que se diga claramente que la
okupación es un delito y que okupar es robar. Esta propuesta, obviamente, se nos queda corta, porque desde el Partido Popular proponemos que el fenómeno de la okupación se trate en su totalidad, se trate de manera integral, y que se legisle
teniendo en cuenta todo el cúmulo de circunstancias colaterales que acompañan al fenómeno de la okupación, de la okupación como delito.


Miren, los propietarios de inmuebles okupados se encuentran en una situación de inseguridad jurídica y de desprotección al verse despojados de su propiedad. Y luego están los problemas de los edificios en su conjunto y las bajas condiciones
de seguridad que hay en las ciudades, el riesgo en el conjunto vecinal por esas actitudes. Esto además incide en el sistema público, costes adicionales para la Administración, más Policía, más servicios, limpieza. Es que ustedes no lo ven, pero
esto afecta de muchas maneras. Luego, todos sabemos que hay dos casos diferentes cuando hablamos de okupación. Pero esto no debe eximir al Gobierno de sus responsabilidades, porque, por un lado -ya se ha dicho-, están los grupos criminales,
organizados, que se lucran de esta okupación y de la víctima, y los movimientos antisistema, que no respetan el derecho a la vivienda y utilizan bienes públicos y privados en beneficio propio. El segundo caso son aquellas personas en situación de
vulnerabilidad que okupan una vivienda por necesidad, y merecen todo nuestro esfuerzo para que puedan volver a sus condiciones económicas y sociales originarias, pero no a costa de propiedades ajenas. Pero, como he dicho antes, hay que dar una
respuesta clara, contundente e integral que trate el desalojo, la seguridad ciudadana, las mafias, los derechos que tienen ahora los okupas, la facultad de denunciar, el aumento de las penas de los delincuentes. Nuestra propuesta es modificar seis
leyes, no solo la distinción entre usurpación y allanamiento; la okupación en sí es un delito, y con la ley del Partido Popular se desaloja un okupa en doce horas. Las mafias tienen penas de cárcel, la acción de denuncia la puede hacer la
comunidad de propietarios representada por su presidente. Ya está bien de que los vecinos tengamos que sufrir el vandalismo en nuestras zonas comunes y los suministros básicos, como los incendios con víctimas de Badalona. Los okupas no se podrán
empadronar con la ley del Partido Popular. Nuestro proyecto de ley es un proyecto integral e indivisible que resuelve todas las circunstancias colaterales al fenómeno de la okupación, es el tratamiento de la okupación como delito penal, la defensa
de la propiedad privada, la garantía de la seguridad ciudadana, la protección contra las mafias y la restricción de derechos a quien comete un delito. Y les aseguro que se garantizará que las administraciones hagan su trabajo en el caso de familias
vulnerables. Lo que no se puede hacer es cargar el peso de la política de vivienda fallida en la propiedad privada; no se puede disfrazar el hurto de derechos constitucionales de política social. Y no confundan, señores del Gobierno, den una
solución a esta gente, a quienes los okupas les usurpan el esfuerzo de toda una vida. Y si no es la solución del Partido Popular, que sea otra, pero lo que no se puede hacer es estar de perfil.


Nosotros apoyaremos esta proposición de ley de VOX porque queremos soluciones, queremos que se siga hablando de okupación, por lo que esta iniciativa debe continuar su trámite, que enmendaremos y se podrá mejorar.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Zurita.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sarrià Morell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor SARRIÀ MORELL: Gràcies, senyora presidenta.


Señorías, señora Esteban, traen ustedes para su toma en consideración una proposición para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fundamentada en una supuesta falta de instrumentos jurídicos y en la incapacidad de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado para combatir los delitos de usurpación de inmuebles, que según ustedes -leo textualmente su exposición- genera inquietud creciente en la mayoría de españoles -que, por supuesto, se arrogan-, y que la impunidad se convierta
en una sensación social generalizada -está ahí en la calle, según ustedes-. Pues bien, a eso, a generar inquietud responde esta propuesta y todas las iniciativas que sobre este asunto han traído a estas Cortes, tanto ustedes como sus socios del PP
e incluso de Ciudadanos, y a eso responden, también, sus infames campañas en las redes sociales, con el único objetivo de generar alarma social, cueste lo que cueste. Bueno, a lo mejor también responde -como ha apuntado algún interviniente- al
objetivo de impulsar a

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inquietantes empresas o grupos que garantizan desalojos ilegales, como en el caso recientemente conocido en el que les pudimos ver actuar en una falsa okupación, adobada además con tintes xenófobos -cómo no, en su caso-.


Los que alarman son ustedes. Los que generan inquietud con su propagación de bulos, mentiras y medias verdades son ustedes. Porque ustedes saben, aunque lo nieguen, que disponemos de amplísimos instrumentos para combatir estos delitos y
que en los últimos años, tanto el Gobierno como otras instituciones del Estado, han actuado para mejorar la respuesta al problema de la okupación ilegal de viviendas, que dista -permita que se lo diga- años luz de las cifras en las cuales ustedes
mezclan denuncias, condenas y todo tipo de estadísticas: la Fiscalía General del Estado, a través de una instrucción, para unificar criterios ante delitos de allanamiento de morada y de usurpación de inmuebles. El Ministerio del Interior, mediante
un protocolo de actuación, que clarifica al detalle el papel de la Policía y la Guardia Civil ante estos delitos y las diferentes situaciones en las que estos se pueden producir, precisamente para dotarles de mayor seguridad en su actuación frente a
ellos. Además de la aplicación AlertCops, del Ministerio del Interior, que ha incluido una nueva alerta para comunicar de forma inmediata, por parte de cualquier ciudadano o testigo, cualquier allanamiento o usurpación de un inmueble. Y, por
supuesto, en el plano legislativo, precisamente con la finalidad de dar una respuesta ágil y rápida a estas situaciones, se aprobó la ley por la que se modificaba la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la okupación de viviendas.


Pero ustedes intentan, constante y deliberadamente, confundir a la ciudadanía, equiparando, como bien se ha apuntado, allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. En resumen, esto es lo que hoy proponen en la práctica, cuando
saben perfectamente que, en el primer caso, en domicilios o segundas o terceras residencias -como también se ha apuntado en anteriores intervenciones- el desalojo es inmediato; y que, en el caso de usurpación, es el juez el que en última instancia
puede establecer las medidas pertinentes y cautelares, en función de la información que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le faciliten, porque no, no son el mismo delito, por mucho que se empeñen en unificar su tratamiento. A ambos hay
que hacer frente, y nosotros estamos de acuerdo, pero no desde la falaz simplificación que practican ustedes. Saben perfectamente que más del 80 % de las okupaciones de inmuebles vacíos afectan a grandes tenedores inmobiliarios o entidades
financieras. Por cierto, extrañamente, en bastantes ocasiones y sin faltar a esas entidades medios jurídicos y económicos, no hacen uso de los instrumentos legales a su disposición para proceder a esas desokupaciones. Es un fenómeno extraño, pero
les invito a que lo comprueben en varias ciudades españolas, porque, efectivamente, en unos casos estamos hablando de mafias organizadas, que hay que combatir con toda la energía y contundencia que permita la ley, pero en otros hablamos de personas
o familias en situación de vulnerabilidad social, y la actuación de los poderes públicos debe atender, dentro de nuestro marco jurídico, a esas diversas circunstancias, que a ustedes les importan poco o nada.


Sin embargo, a nosotros sí nos importa atender situaciones de personas sin alternativa habitacional producto de una situación excepcional generada por la pandemia, que ha agravado más si cabe las dificultades de acceso a la vivienda de los
más desfavorecidos, y lo consideramos como una obligación política y moral. Por ello, aprobamos la suspensión de desahucios y lanzamientos en estos casos, que no es imperativa, como ustedes dan a entender, sino una facultad del juez y los
tribunales, siempre y cuando, por supuesto, no haya mediado violencia o intimidación, siendo, en todo, caso una medida coyuntural, mientras dure esta situación. Por mucho que a ustedes y a sus socios del PP y de la otra derecha liberal les escueza,
estamos muy orgullosos de no dar la espalda ante estas situaciones, como estamos absolutamente comprometidos en garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, es decir, no únicamente en referencia a combatir las consecuencias de la
escasez de vivienda asequible, sino a remediar la causa, que no es otra que la ausencia durante años por parte del Gobierno de la derecha de políticas de vivienda, señora Zurita, más allá de facilitar, como es bien conocido, burbujas y pelotazos
inmobiliarios que aún arrastramos. Ustedes están en esto, como en casi todo lo demás, en la agenda trumpista, dedicados a sembrar el miedo, a generar catastrofismo, y lo más triste es que lo hacen acompañados por sus socios del PP, que en algún
momento tendrán que mirarse en sus correligionarios europeos y dejar de hacerles el caldo gordo a ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sarrià. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, GENERAL DE SALUD MENTAL. (Número de expediente 122/000158).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el siguiente punto del orden del día, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, general de salud
mental. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Echenique Robba.


El señor ECHENIQUE ROBBA: Gracias, presidenta.


Señorías, hoy mi grupo parlamentario trae a este Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular, una ley muy importante. Hoy traemos la proposición de ley general de salud mental, y este es el primer mensaje claro que quiero dejar:
Nosotros pensamos que se trata de una cuestión de Estado. Para que todo el mundo entienda que esto no es ninguna exageración, permítanme proporcionar algunos datos, tan terribles como elocuentes. Según los últimos estudios, en España una de cada
diez personas mayores de quince años ha sido diagnosticada con algún problema de salud mental; casi cinco millones de compatriotas. A su vez, el 6,7 % de la población, más de tres millones de personas, está afectada por la ansiedad, y un número
similar por la depresión. En 2018 tuvimos que lamentar más de 3500 fallecidos por suicidio, siendo esta la primera causa de muerte no natural en España; 3500 fallecidos por suicidio y un número veinte veces mayor el de intentos. Y si estos datos
ya son terribles, hay dos elementos que nos permiten afirmar que, en realidad, son aún peores: el primero, que hablamos de diagnósticos y cifras oficiales, es decir, de casos aflorados y registrados, y es seguro que muchos casos permanecen aún
ocultos; el segundo es que, lamentablemente, estas cifras han aumentado de modo significativo con la epidemia de la COVID-19.


La magnitud del problema es terrible y, aunque los números parezcan fríos, hay que recordar que detrás de ellos hay una enorme cantidad de dolor humano. Sin embargo, y por eso estamos aquí hoy presentando esta ley, el despliegue de recursos
y legislación que el problema exige, lamentablemente, brilla por su ausencia. Este es el segundo mensaje que quiero dejar muy claro hoy: Las instituciones públicas no han estado a la altura de este problema. Por eso presentamos esta ley, porque
ya es hora de que los poderes públicos nos tomemos este tema en serio, ya es hora de que pasemos de los debates a los hechos. Y la prueba más sangrante de que esto todavía no ha pasado en España es el enorme déficit de recursos humanos que sufre el
sistema público de salud mental. Según las estimaciones más generosas, en España contamos con seis profesionales de psicología, diez de psiquiatría y diez de enfermería por cada cien mil habitantes. La media europea, respectivamente, es de
dieciocho, dieciocho y veintitrés, entre el doble y el triple que en España, lo cual es una vergüenza, que impide a nuestros excelentes profesionales llevar a cabo su trabajo como les gustaría, genera unos déficits en la atención de los pacientes
inaceptables, lo que hace que solamente quien se lo pueda pagar pueda tener acceso a una atención de calidad, y, en definitiva, es el meollo de la cuestión.


En nuestra ley general de salud mental establecemos la obligación de las administraciones públicas de alcanzar las ratios medias europeas en cuatro años. Y aquí quiero ser muy claro de nuevo con el tercer mensaje importante: Cualquier
texto legal o estrategia que no adopte compromisos concretos y firmes de aumentar significativamente las ratios se quedará en buenas palabras y en papel mojado. Este es el punto central de la ley que hoy presentamos, pero, al tratarse de una ley
integral, evidentemente también adopta modificaciones en otros muchos aspectos. Por mencionar brevemente algunos de los más importantes, esta ley introduce obligaciones específicas para luchar contra el estigma y la discriminación; asimismo, prevé
la aprobación de programas públicos de prevención, incluyendo la prevención del suicidio, y también establece, de manera novedosa, la obligación del empresario de proteger la salud mental de sus trabajadores como parte de la prevención de riesgos
laborales. Por último, cabe destacar que esta ley pone en el centro la autonomía de los pacientes y recoge por primera vez en nuestro país una amplia declaración de derechos de las personas con problemas de salud mental.


Por todo ello y ante la gravedad del problema, solicito, con humildad, el apoyo de todos los grupos de esta Cámara a la toma en consideración de este texto legislativo. Y si ese apoyo no fuera posible, pido, al menos, un debate respetuoso.
Creo, sinceramente, que estaríamos haciendo un flaco favor a las personas con problemas de salud mental si alguien saliera hoy a la tribuna a proferir adjetivos gruesos o descalificaciones. Nuestro grupo parlamentario piensa que esta ley puede
suponer un gigantesco paso adelante de lo público para prevenir, atender y acompañar a las personas con problemas de salud mental. Y quiero expresar mi agradecimiento, de corazón, a las personas del área de sanidad, a los excelentes

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equipos técnicos que han dado solvencia jurídica al texto y también a los colectivos de profesionales y pacientes que han hecho aportaciones.


Pero también pensamos que nos estaríamos haciendo trampas al solitario como país si además no hablásemos claramente de las causas sistémicas tras la epidemia de salud mental -con ello quiero finalizar-, en primer lugar, las causas
económicas. Numerosos estudios así lo indican y además es evidente que la pobreza, la precariedad laboral y vital, la incertidumbre sobre el futuro son importantes condicionantes de los problemas de salud mental. Mientras sigamos sufriendo un
sistema capitalista neoliberal que genera más millonarios, al mismo tiempo que genera más pobres y más precariedad y roba el presente y el futuro a los jóvenes y no tan jóvenes, lamentablemente los problemas de salud mental van a seguir aumentando,
y esto hay que tenerlo claro, hay que decirlo con claridad y hay que actuar en consecuencia.


Pero no solamente están las causas económicas, también hay importantes causas culturales y discursivas, que, al mismo tiempo que sirven para apuntalar y legitimar el orden social del capitalismo neoliberal, tienen la capacidad de generar
estrés, ansiedad, angustia y pérdida grave de autoestima en las personas: en primer lugar, el discurso del odio y la estigmatización de ciertos colectivos. La incidencia de problemas de salud mental e intentos de suicidio es, por ejemplo, mucho
más alta entre mujeres jóvenes o personas del colectivo LGTBI que han sufrido bullying en el colegio, y estos son datos. En segundo lugar, la muy rentable mercancía del miedo es una evidente fuente de angustia y ansiedad. ¿Qué otra cosa se puede
sentir si te bombardean día a día con fake news acerca de que hay una invasión de inmigrantes o de que te pueden ocupar la casa cuando bajes a comprar el pan?


Por último, quizás el elemento más importante, el núcleo fundamental de la ideología capitalista neoliberal, la máxima de que, si te esfuerzas lo suficiente, conseguirás lo que te propongas. El esfuerzo es muy importante en la vida, por
supuesto que lo es, pero esta máxima neoliberal sencillamente es mentira. Hay muchísima gente que se esfuerza mucho todos los días y, sin embargo, por diferentes motivos no ve recompensado ese esfuerzo, a veces por simple mala suerte, la mayor
parte de las veces por desigualdades socioeconómicas de partida. Son ya innumerables los estudios que indican que un mejor predictor de la riqueza que el esfuerzo es cuánto dinero tiene papá. La máxima es falsa, pero cumple una doble función:
primero, sugiere que los que tienen mucho es porque se han esforzado mucho y, por tanto, se lo merecen, y, en segundo lugar, se deduce de ella también su cruel e igualmente falso reverso: si te ha ido mal en la vida es porque no te has esforzado lo
suficiente, es porque eres un vago y es tu culpa. Los ricos merecen ser ricos y los pobres merecen ser pobres. La verdad es que muy sutil la cosa no es. Si realmente nos preocupan las personas con problemas de salud mental, además de aprobar
leyes como la que hoy tengo el honor de presentar, también tenemos la obligación de desmontar este infame discurso neoliberal que busca añadir a las carencias materiales y a la incertidumbre vital la humillación y el oprobio social de las personas
humildes.


Finalizo, por tanto, dirigiéndome desde la sede de la soberanía popular a ti, que te cuesta llegar a fin de mes y ves el futuro con incertidumbre y angustia. Ten claro que nos vamos a dejar la piel para ayudarte, y no dejes que nadie te
diga que eres el culpable de tu precariedad. Eso es cruel y además es mentira.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Echenique.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Plantea uno de los dos partidos que integran el Gobierno la toma en consideración de una ley general de salud mental, que es una iniciativa parlamentaria sobre una materia de muy especial importancia y preocupación para el conjunto de la
sociedad. Sin embargo, el modelo básico y específico al que arrastra esta iniciativa legislativa nos abocaría a un complejísimo y colosal galimatías competencial, presupuestario y de dotación de recursos materiales y humanos, que en la práctica
sería inasumible para avanzar en una mejor y más eficaz respuesta hacia el tratamiento y la atención de las enfermedades mentales, incrementadas y agudizadas como secuela del gravísimo periodo pandémico que el mundo sufre desde principios de 2020.
Ténganse en cuenta además que en España no se puede hablar en ningún caso de la existencia de vacíos legislativos normativos. Y, señor Echenique Robba, las cuestiones de Estado se hablan y se pactan entre todos, no mediante esta fórmula de lo tomas
o lo dejas.

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Señorías, la propuesta es similar a la que el mismo grupo presentó en la XII Legislatura y que decayó, pero todo hace indicar que hoy su objetivo no es cuestión de proporcionar avances legislativos, sino de alcanzar protagonismo político, y
hacerlo además en contradicción con sus colegas de banco azul, con quienes Unidas Podemos firmó a finales de 2019 un acuerdo de Gobierno que contempla la actualización de la Estrategia de Salud Mental. ¿Es que no se fían ustedes de sus socios y del
cumplimiento de lo que pactaron? Recuérdese que tal estrategia fue comprometida por Pedro Sánchez en su discurso de investidura y su aprobación anunciada por la ministra de Sanidad para el próximo trimestre, tras recibir medio millar de alegaciones
y aportaciones desde comuniones autónomas y sociedades médicas y científicas.


En definitiva, lo importante hoy para España es disponer de esa estrategia de salud mental, acompañada de una adecuada consignación presupuestaria, que mucho me temo que va a ser muy escasa.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.


El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, desde el PRC vamos a aprobar la toma en consideración de esta proposición de ley, que debe ser un marco jurídico adecuado para esta problemática que lleva reclamando visibilidad y soluciones desde hace tiempo. La necesidad, desde
luego, se ha visto incrementada enormemente durante la pandemia. Según el informe de la Confederación Salud Mental, un llamativo 46 % de la población manifestó un aumento del malestar psicológico durante el confinamiento.


En fin, la salud mental siempre ha estado condicionada por múltiples factores psicológicos, económicos, sociales, biológicos, que no voy a desarrollar, pero sí puedo decir que la salud mental, en un sentido amplio, es la base de la
felicidad, que es un objetivo importante para los seres humanos, y podemos afirmar que uno de los motivos fundamentales de la infelicidad se corresponde con estos problemas. Yo creo que es casi tan importante como la salud física, además de la
importancia de su correlación, y tiene una ventaja acometerla, y es que no es tan cara como aquella, no hay que gastar tanto dinero en importar medicinas ni aparatos sofisticados, que valen millones de euros.


Todos estos factores que señalo necesitan políticas e intervenciones multisectoriales para mejorarla. Este texto tiene muchas cosas -entre otras, recoge los derechos de colectivos vulnerables, en lo relativo a los derechos de los niños, los
adolescentes, las mujeres con problemas de salud mental-, pero lo fundamental creo que va a ser la coordinación con las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia. En Cantabria en estos momentos hay un equipo trabajando para
evaluar y actualizar el Plan de Salud Mental 2013-2019, con una estrategia de futuro basada en una red de expertos de cara a 2026, y este nuevo plan tiene una visión integral dirigida a la humanización. Pues bien, creo que este nuevo plan -he
puesto el ejemplo de Cantabria, pero sucederá también en otras comunidades autónomas- tiene que ir coordinado con una estrategia nacional, por lo que es un muy importante el resultado de la tramitación de esta ley, que espero que sea muy mejorada a
lo largo del trámite parlamentario.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Finalmente, por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.


Es importante lo que plantea esta proposición de ley como medidas: más psicólogos y psiquiatras en el sistema público, dispositivos específicos de prevención del suicidio y atención, y no discriminación a las personas con trastorno. Esto
es imprescindible, pero no hay que olvidar que el trastorno, la depresión, la ansiedad, el suicidio no son dolencias individuales, sino sociales y que el hecho de que cada vez haya más personas afectadas en salud mental -esto es incluso anterior a
la pandemia, y también tienen que ver la clase y el género, como ya se ha comentado- demuestra que el sistema económico tiene muchísimo que ver con la salud mental; un sistema que promueve que las personas nos convirtamos en empresarios

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de nosotros mismos, como plantea la exposición de motivos, que no es otra cosa que una apología brutal del individualismo, está destinado a generar malestar.


¿Y cómo atajamos este malestar? Pablo Sánchez Crespo, psicólogo, en un artículo reciente hablaba de la psicología cobarde, la que, pese a las evidencias -las que estaba señalando- de las implicaciones del sistema socioeconómico en la salud
mental, prefiere no meterse en política, no cuestionar este sistema, para mantenerse apolítica; una psicología que tal vez funcionaría, como la red red de circo bajo los trapecistas, para atender a aquellos que caen, sin llegar a plantearse lo que
desde el punto de vista de la salud mental es interesante considerar, como qué sentido tienen las piruetas que hacen, quién manda hacerlas, quién es el amo del circo que manda hacer estas piruetas de trapecistas y por qué cada vez más rápido y con
más intensidad.


Dejando de lado la metáfora, les pongo un ejemplo más concreto. ¿Saben qué es muy bueno para la salud mental? La jubilación, y no tan solo la jubilación en sí, sino la certeza en los años anteriores de que uno pueda disfrutar de la
jubilación a tiempo y con una pensión digna, suficiente para vivir ese momento de forma completa. En cambio, proponer que para tener esa pensión suficiente lo que habrá que hacer es trabajar cada vez más años porque los trabajos seguirán siendo
precarios va en la dirección absolutamente contraria a la salud mental de una sociedad; y no sólo las pensiones, también la vivienda, la educación, la sanidad, los ingresos necesarios para garantizar la independencia material de las personas, el
derecho a vivir la sexualidad libremente o el tiempo para la vida comunitaria.


Por tanto, a falta de esto para la salud mental, sí son necesarios más psicólogos y psiquiatras, pero también más derechos, más condiciones materiales y más reparto del trabajo y de la riqueza.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano.


El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Arratsalde on. Buenas tardes.


No es casualidad que en estos tiempos aumenten los padecimientos sobre enfermedad mental, en un momento en el que todos sabemos que la pobreza y el paro son causas estructurales y, sin embargo, la pobreza, el ser pobre o el miedo a ser pobre
lo vivimos individualmente, con vergüenza, con una gran tensión o como un factor estresante. Este es uno de los mayores estresantes que tenemos en estos momentos, el cual está creando realmente un gran aumento de padecimientos. El miedo a ser
excluida, el miedo a ser excluido, el miedo a ser diferente: es la presión del individualismo del neoliberalismo, que hace ser responsable de todo a la persona, cuando somos víctimas de un sistema. Si fuéramos capaces de hacer una lectura, de
tener posturas de respuesta frente a este ataque de individualismo, seguro que empezaríamos a mejorar este sistema de salud.


Vamos a dar apoyo a esta propuesta, y lo vamos hacer porque nos parece que es fundamental para crear un debate en esta sociedad acerca de por dónde tenemos que responder en lo que se refiere a la salud mental. Volviendo a la idea que acabo
de señalar, el aumento del número de problemas de salud mental no está siendo una casualidad. De hecho, por eso preguntábamos a la ministra qué es lo que se va a hacer al respecto. Se nos respondía que se estaba elaborando el documento de
estrategia y que uno de los elementos concretos en que se estaba avanzando era precisamente el de psiquiatría infantil, en un reconocimiento profesional y llevar a cabo estudios en ese sentido. Sin embargo, eso no es suficiente, lo que tenemos que
hacer es un diagnóstico real y responder con urgencia ante las situaciones reales que están sucediendo en los hospitales, en los centros de salud y en las familias. Hay que responder a la realidad con estrategias reales, y tenemos que hacer algo
diferente a lo que se viene haciendo hasta ahora. No vale con hacer más de lo mismo, tenemos que hacer algo radicalmente diferente. Si el resto del sistema de salud tiene carencias, el sistema de salud mental está teniendo muchas más carencias que
otros, y no solo se basa en una deficiente atención. Además, si en algo se distingue y se tiene que distinguir el servicio de salud mental precisamente es por saber responder respecto a la dignidad y los derechos humanos. Pero si no se tienen
medios, si no se dispone de tiempo, si no hay profesionales, si no hay estrategias para responder, difícilmente vamos a tratar los diferentes tipos de problemas, que están aumentando.


Yo sugeriría que hay tres modos de afrontar el problema referido a un plan de salud. Lo primero es ver cómo evolucionan los diferentes tipos de salud mental, porque tenemos los trastornos mentales comunes, los trastornos mentales graves y
los que afectan de manera específica a determinados colectivos. En este

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momento el gran problema es que el aumento de trastornos mentales graves está neutralizando y acaparando la capacidad de respuesta de los centros de salud y de los profesionales, y, por supuesto, en concreto, eso está dificultando en gran
medida la respuesta ante los padecimientos más comunes en diferentes colectivos, como puede ser gente en prisiones, residencias, hospitales, etcétera.


En cuanto a la infradotación, creo que el proyecto acierta por cuanto que no solamente consiste en tener psiquiatras, profesionales de la psiquiatría, sino que también resultan fundamentales aquellas categorías profesionales que pueden
prestar atención directa a los pacientes en referencia a toda esa otra sintomatología que es menos grave. Ahí tenemos todo el tema de psicólogos, enfermería especializada, servicios sociales y un elemento fundamental, que es el profesional
referente de las personas enfermas mentales, una persona que haga el seguimiento constante y al que tiene que recurrir el enfermo y la familia en las crisis. Esa es otra de las carencias básicas que tendríamos que afrontar en este plan.


Dentro de la urgencia y dentro de lo específico de un plan de salud, entiendo que tenemos que dirigir la mirada hacia las prácticas inadecuadas que hay en estos momentos dentro del sector de la salud mental debido a la saturación y a la
incapacidad de responder que tiene el sistema. Por cierto, quiero aprovechar para hacer un homenaje a todos los profesionales que están trabajando en el sector y que están respondiendo como pueden, metiendo horas, con dedicación, pero que están
realmente huérfanos de medios y de ayudas en este sentido. Ahí sí que tenemos el problema del síndrome del personal quemado, al que tenemos que responder de un modo urgente.


Con respecto a las prácticas inadecuadas, en estos momentos sobre todo se están conculcando derechos individuales de las personas pacientes. Hay un amplio abanico de actuaciones en las que no estamos pudiendo responder adecuadamente, con
dignidad y atendiendo a las necesidades personales individuales. Esto es en parte debido a ese deterioro, pero también en esto tiene que ver una cuestión social que es muy grave: se está creando un miedo social con respecto a la enfermedad mental;
se está viendo en el enfermo mental un riesgo; se están exigiendo prisas; se está perdiendo tolerancia hacia la persona diferente, y se está creando también una presión en el sistema de la salud mental que nos está llevando a esas prácticas
inadecuadas de medicación, de retención y de institucionalización que tenemos que revisar. Así que, ánimo, adelante.


La señora PRESIDENTA: Señor Ruiz de Pinedo, tiene usted que finalizar.


El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Sobre todo, vamos a ser muy exigentes en la participación de las familias, de los profesionales y de las profesionales, que son los que están viviendo día a día en esta situación.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Buenas tardes y gracias, presidenta.


Buenas tardes, compañeras y compañeros, especialmente a usted, señor Echenique, que nos trae aquí este debate. Usted apelaba y hacía un llamamiento a la humildad para exponer y presentar el tema que nos traía a debate. Yo voy a hacer un
llamamiento y voy a apelar a la honestidad para poder debatir con usted. Quiero ser sincera, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, sobre cómo vemos este planteamiento que nos trae su grupo parlamentario.


En primer lugar, me tiene que permitir que le diga que es criticable que, siendo el grupo parlamentario que apoya al Gobierno y estando ustedes en el Gobierno, parezca que estén haciendo una enmienda a la totalidad al proceder del Gobierno
en esta materia, trayendo aquí una proposición de ley impulsando una serie de medidas. Además, en caso de que no se ejecutara, podría ser una especie de engaño político que generaría frustración.


Hoy usted decía que traían una ley muy importante a debate y, sinceramente, creo es que es verdad. El tema es profundamente importante, pero no creemos que la ley sea la vía por la que tenemos que abordarlo. Usted hacía también un
llamamiento y decía que hay mucho dolor -hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento- y, además, hacía también referencia al estigma. Precisamente, por todo el dolor que con este debate sufren las personas que padecen las enfermedades y sus entornos
comunitarios más próximos -familia, amigas, amigos y la sociedad que les va rodeando-, además del dolor al que tenemos

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que responder, ese estigma también debe ser respondido con seriedad. Nosotros tenemos la sensación de que desde que, afortunadamente, el tema entró en el debate mediático y también en el político, nos estamos acercando a él de una manera un
poco precipitada, un poco a la carrera, y esa probablemente no sea la forma de acercarnos. Creemos que hay que abordarlo con más rigor, con más seriedad y haciendo un análisis más práctico, realista y de encaje jurídico en el marco normativo que
tenemos vigente.


Tener una ley propia de salud mental, cuando esa no es la vía que está establecida en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud para hacer un abordaje integral de las distintas patologías, probablemente sería en sí también
estigmatizante. ¿Por qué una ley de salud mental y no una ley de otras patologías? ¿Por qué? Esa es la primera pregunta que deberíamos hacer. ¿Aportamos en positivo o lo que estamos haciendo es contribuir a estigmatizar cuando estamos alterando
y distorsionando la vía que la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud establece y tiene regulada para abordarlo? Esa vía son los planes integrales, no las leyes; son los planes integrales para los que, como antes decía el señor
Martínez Oblanca, es absolutamente necesario que haya dotación presupuestaria. Es mucho más importante un plan integral -que, como usted decía, aborde de forma exhaustiva cómo debemos responder a esta cuestión y con dotación presupuestaria para que
realmente las actuaciones puedan acometerse- a una ley o una estrategia que termine quedándose en el cajón. Desafortunadamente, son muchas las ocasiones en las que eso ha pasado y tenemos que conseguir que eso no sea así.


Efectivamente, han aumentado los datos de afectados como consecuencia de la pandemia, y más aún en los colectivos que son más vulnerables: niños, niñas, infancia, el colectivo infantojuvenil y las personas mayores. Por tanto, debemos
responder, pero quiero apelar insistentemente a la necesaria seriedad y rigor para abordar el debate. Huyamos de la necesidad de obtener los titulares y de esa carrera por ver quién pone el debate en medio y quién logra las cosas, porque con
prudencia, con serenidad y con mucho rigor vamos a conseguir avanzar en formas que a la larga van a ser mucho más duraderas.


Hablaba usted de que en la ley van a incluir ratios. Sabe que la mirada con la que el Grupo Vasco analiza en esta tribuna todos los asuntos que vienen a debate, siempre es una mirada de defensa del marco competencial, y hay varias
propuestas que usted ha defendido -usted es la persona que las ha defendido, pero son de su grupo parlamentario- que son invasiones competenciales. En concreto, le voy a decir que la reiterada proclamación de derechos de los ciudadanos a la que
usted se refería es redundante. Ya está recogida en la Ley General de Sanidad, en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en la Ley de dependencia y en la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente. Las ratios mínimas
que se establecen son una cuestión de gestión de recursos humanos, que es clarísimamente competencia de las comunidades autónomas. Además, en la proposición de ley que nos plantean habilitan al Gobierno para hacer todo el desarrollo reglamentario,
cuando eso excede completamente a lo establecido en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución.


Vamos a hacer las cosas como están previstas. Lo razonable es que se respete esa distribución competencial y que no se generen más órganos cuando ya existen otros para esas funciones. Le pongo un ejemplo. Ustedes plantean que se cree la
figura de la defensoría del paciente de salud mental cuando, en el caso de Euskadi, tenemos arartekos y, entre sus funciones, tienen perfectamente atribuida la defensa de estos enfermos. Insisto en que no vayamos a crear toda una red de figuras que
lo único que hagan sea contribuir precisamente a estigmatizar más al colectivo. En el Estado tienen al Defensor del Pueblo, que perfectamente podría defender los intereses del colectivo.


Si lo que quieren es actualizar la cartera de servicios, tienen el procedimiento establecido en la Ley de cohesión y calidad, que es que se tiene que llevar al consejo interterritorial para que haya un procedimiento previo, un informe
preceptivo de las comunidades autónomas, y luego se verá cuál es. Pero, si lo que quieren es ir más allá, la vía -insisto- es un plan integral que pueda abordar esto y no una ley, porque, si fuera una ley, ¿sabe lo que pasaría? Que para cualquier
modificación posterior tendríamos que volver a tener un debate parlamentario.


La señora PRESIDENTA: Señora Gorospe, tiene usted que terminar, por favor.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Sí, gracias.


Creo que ha traído usted un tema muy interesante, pero la proposición de ley no es la vía.


Gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.


La tramitación de la proposición de ley que trae hoy Podemos al Congreso va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Ciudadanos. No es la que habríamos traído nosotros, pero en su espíritu y en muchas de las materias esenciales que
trata es acertada. No sabemos si una ley o modificar el aparato legislativo que ya existe sería la vía más adecuada. Hay algunos términos que no entendemos bien, pero hay una buena intención y creemos que en el periodo de enmiendas se pueden
solucionar cosas.


Eso sí, señor Echenique, usted ha pedido seriedad y que no se frivolice con este tema. Usted es científico, así que básese en la evidencia científica. Ha estado relacionando el capitalismo, el neoliberalismo y los fondos buitre con este
asunto. A ver si ahora va a resultar que es terapéutico asaltar el Palacio de Invierno. (Risas). Señor Echenique, vamos a ser serios con este tema.


No obstante, es vital el tratamiento que demos a la salud mental. Aunque resulte sorprendente, en 2021 abordamos un tema con el que no todo el mundo se siente cómodo y ese es uno de los problemas a superar. El tabú, el estigma y el
prejuicio son tres cosas muy diferentes pero que operan en equipo para obviar un problema de primerísimo nivel. El primer obstáculo que hay que superar es la resistencia a asumir la realidad en esta materia. En España existe un grave problema de
salud mental que afecta a centenares de miles de personas y que pretende taparse por cuestiones culturales y tradicionales. No se trata de reprochar los siglos en los que la enfermedad mental era temida por el castigo y considerada una depravación
moral o, sencillamente, una vergüenza familiar. Se trata de superar y de erradicar esa percepción, que es más frecuente hoy de lo que parece. Hace doscientos años no se sabía lo que hoy sabemos del cerebro, del comportamiento, de las hormonas, de
los neurotransmisores o de cómo afecta el ambiente a nuestro estado mental. Por tanto, reconocer por todos el problema es fundamental. Son muchos los que sufren un problema de salud mental y no lo saben o prefieren ocultarlo. Hay personas que se
encuentran mal, que no duermen, que tienen la ansiedad por las nubes, que lloran sin sentido aparente, que viven en un estado de alarma y preocupación que creen irracional, que sufren cada minuto de su vida y que creen que es normal y que no tiene
remedio. Estas personas merecen la ayuda y la atención del Estado e, igual que quienes padecen un problema cardiovascular o digestivo o quienes tienen una depresión o un trastorno obsesivo compulsivo, deben ser atendidos por las instituciones
públicas del Estado. No puede quedar en manos de la capacidad económica de cada uno.


Hay padres que han visto cambios en el comportamiento de sus hijos durante el confinamiento. Aquí los datos son alarmantes. Más de la mitad de los padres, el 52,2 %, han percibido cambios en la forma de ser de sus hijos; repito, en la
forma de ser, porque la conducta está en otra pregunta de la encuesta. En más de la mitad de los niños sus padres han percibidos cambios. El 72,2 % de los padres han percibido cambios de humor en sus hijos y un 30,4 % alteraciones del sueño. Las
urgencias psiquiátricas pediátricas se han multiplicado por dos. ¿Se dan cuenta de la dimensión del problema? ¿Vamos a dejar a estas familias a su suerte?


Se debe hablar de salud mental. De hecho, se debe trabajar más en las estadísticas de las enfermedades mentales. Por ejemplo, ¿cómo se mide la magnitud de una dolencia mental -por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo- o cuánta gente
muere por suicidio si no hay ningún organismo público midiendo esto? ¡No se toman datos de esta materia! ¿Por qué? ¿Y cómo trabajan los especialistas, los médicos y los epidemiólogos si no tienen datos sobre cómo y en qué zonas se da más una
dolencia que otra? ¿Cómo pueden los especialistas de la salud mental realizar su trabajo si no saben cuál es la dimensión de un problema y los entornos en los que se da? ¿Cómo pueden medir factores ambientales y socioeconómicos o las relaciones
causales que puede tener la enfermedad mental con determinados acontecimientos si no se investiga y no se mira lo relacionado con la salud mental? ¿Cómo pueden trabajar los científicos sin datos? Esto tenemos que afrontarlo. Ya el CIS -un CIS se
dedicó a este asunto- señalaba la gran preocupación de los españoles por este tema. La situación antes de la pandemia no era buena, pero con la COVID sabemos que ha empeorado. Los grupos afectados son amplísimos: van desde los más mayores, que
vieron morir a amigos suyos en las residencias de ancianos y temieron por la COVID, hasta los más pequeños, como les acabo de decir.


Termino con la importancia de la referencia al suicidio. Es vital que haya un título en una ley como esta para esta materia, y aciertan en ese aspecto. Si no tenemos en cuenta las enfermedades, el suicidio es la

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primera causa de muerte en España; y en los jóvenes de 15 a 19 años, aunque tengamos en cuenta las enfermedades, es la principal causa de muerte en España. No hay que taparlo, ¡hay que contarlo! No son cifras, son madres, son padres, son
hermanos, son hijos, son amigos. El que se suicida -y esto me lo van a oír hasta la saciedad- no quiere dejar de vivir, lo que quiere es dejar de sufrir. El que se suicida vive un infierno personal permanente y necesita asistencia o un número de
tres cifras, por ejemplo, como decíamos el otro día.


Y me van a disculpar, pero quiero terminar hoy condenando la depravación de un concejal de VOX del Ayuntamiento de Madrid. Se llama Fernando Martínez Vidal y ha utilizado una foto de Begoña Villacís en la que ella sostiene a su bebé. Es un
tipo que utiliza la imagen de una madre con su bebé en brazos para atacar la postura de Ciudadanos sobre el aborto. A quien hace esto ni le importan las madres ni le importan los bebés ni le importa el aborto; le importa su odio. Este tipo -y con
esto termino, presidenta-, y se lo dicen de mi parte los que tienen la desgracia de compartir partido con él, es la [hez] 1 de la política. Le viene grande ser concejal, le viene grande ser español y le viene grande ser un hombre.


Muchas gracias. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: Luego decimos. Esto dos veces ya.-Aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil. (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: Luego decimos, pero aquí no pasa nada).


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Compartimos con los proponentes la preocupación por la situación de la salud mental en el Estado español, que se eleva por el aumento preocupante de los casos y la insuficiente -cuando no, inadecuada- atención por parte de los sistemas de
salud.


Concordamos también en la necesidad de asentar un enfoque adecuado en el abordaje de los problemas de la salud mental que parta de que esta se encuentre condicionada por elementos sociales, económicos y de respeto a los derechos individuales
y colectivos y, por lo tanto, que debe ser afrontada con políticas públicas integrales y un enfoque multidisciplinar, y no solo a través de tratamientos farmacológicos. Lo mismo ocurre con la necesidad de que los poderes públicos pongan en marcha
las actuaciones necesarias para avanzar en la prevención, promoción y atención a la salud mental, especialmente para atajar las consecuencias de la pandemia en este ámbito y, muy particularmente, entre los más jóvenes.


Nos preocupa, sin embargo, que una vez más un objetivo loable signifique otra vuelta de tuerca -al parecer imparable- en este proceso de centralización permanente y de invasión de competencias. Y no lo decimos -está claro en nuestro caso-
porque creamos que el Gobierno galego lo esté haciendo bien en este ámbito; no, todo lo contrario. El presidente de la Xunta anunció en 2020, tras once años de Gobierno, un Plan de salud mental pos-COVID-19 con una inversión de 83 millones de
euros en cuatro años, pero la realidad es que la cuantía dotada en 2021 apenas supera un millón de euros. Creo que es un ejemplo de cómo el Partido Popular aborda este problema.


En definitiva, falta voluntad política a la hora de resolverlo, pero también medios. La proposición de ley -finalizo- marca obligaciones a las administraciones públicas. Sin embargo, la pregunta es: ¿va el Estado a dotarlas de medios
económicos y de todo tipo suficientes para poder afrontarlas? Nosotros entendemos que, en todo caso, cualquier actuación debe partir del respeto a las competencias de las administraciones públicas.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.


La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.


Han pasado seis meses desde que planteamos en esta Cámara que necesitábamos con urgencia actuar sobre la salud mental. En aquel momento ya prometieron actualizar la Estrategia Nacional de Salud Mental, pero lo único que seguimos oyendo a
fecha de hoy son buenas palabras; todo ello a pesar de que la prevalencia de los conflictos y de los problemas de salud mental alcanza a más del 34 % de la población


1 Palabra retirada por el señor Díaz Gómez. Ver página 53.

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de todos los sectores, incluyendo la población infantil, y con especial virulencia en los sectores más vulnerables por motivos sociales o por motivos económicos. Para entender la magnitud del problema, recordemos un dato: diez suicidios al
día en nuestro país. Desde que en marzo hablábamos de este tema, 1800 personas podrían haberse quitado la vida, y esta es la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes. Es evidente, pues, que en nuestro país falla estrepitosamente la
salud mental y la prevención de los suicidios. No es de recibo que solo quien pueda pagarla pueda tener una buena atención psicológica. No es de recibo que estemos a la cola de psicólogos por habitante. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez
de Celis, ocupa la Presidencia).


Vamos a votar a favor de esta proposición, pero estamos en emergencia y, una vez más, llegamos tarde en un problema muy urgente. Esto debería estar ya en el Boletín Oficial del Estado o, al menos, se debería traer como acuerdo del Consejo
de Ministros. No obstante, si se aprueba, nosotros vamos a trabajar en esta proposición y esperamos que el Gobierno de coalición la marque como una de las prioridades más importantes, porque lo es.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.


La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidente.


Los problemas de salud mental han sido estigmatizados históricamente y están condicionados por diversos factores sociales y económicos. Es nuestro deber desarrollar políticas inclusivas y educativas para que podamos permitir hacer pedagogía
en este campo. Debemos centrar esfuerzos para desmitificar y normalizar los trastornos mentales.


En la actualidad, son numerosos los estudios que señalan que la pandemia del coronavirus ha incrementado los problemas de salud mental entre la población. Este repunte ha puesto de manifiesto la falta de recursos de atención psicológica que
padece nuestro sistema sanitario. El señor Echenique, en su exposición de motivos, lo ha citado: la media en la Unión Europea es de 18 profesionales por cada 100 000 habitantes y, en el caso de España, hay aproximadamente 6 psicólogos por cada 100
000 habitantes. Tal y como denuncia el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Cataluña, existe una desproporción entre la atención psicológica pública y privada y un desequilibrio entre los abordajes farmacológicos y psicoterapéuticos. Además, la
atención pública no puede dar respuesta a toda la demanda existente. Por ejemplo, en Cataluña, la media de visitas de una persona a la atención de servicios públicos de salud mental es de seis visitas anuales; es decir, una visita cada dos meses.
Con esta frecuencia no se puede garantizar una atención terapéutica eficaz. Esta situación nos preocupa y creemos que en todas las instituciones deberíamos hacer autocrítica al respecto, porque hasta ahora no nos hemos implicado lo suficiente para
romper el estigma del entorno de la salud mental y para reforzar las prestaciones que se ofrecen en la sanidad pública en este campo. Ha tenido que llegar una pandemia mundial como la COVID-19, impactando de lleno en la salud mental de mucha gente,
para poner en el foco del debate público la necesidad de replantearnos cómo cuidamos y atendemos al bienestar emocional de la población.


Hay aspectos del texto presentado por Unidas Podemos que vemos con cierta preocupación. Por un lado, creemos que hay una clara invasión competencial, principalmente en la definición de las ratios profesionales. Señor Echenique, no es la
primera vez que Unidas Podemos nos presenta un texto legislativo que invade competencias de la Generalitat de Catalunya y de las comunidades autónomas, como fue el caso de la proposición de ley sobre los servicios de bomberos. Por otro lado, no se
hace referencia a la financiación adicional que necesitarían las comunidades autónomas para poder afrontar el incremento de profesionales que supondría la aplicación de esta iniciativa legislativa.


Por todo lo expuesto, hoy nos vamos a abstener y les anuncio que nuestras enmiendas irán orientadas hacia esos dos aspectos: blindar el marco competencial y mejorar la financiación de los sistemas sanitarios autonómicos.


Por último, no quiero finalizar mi intervención sin agradecer la ingente labor que hacen todas aquellas asociaciones que trabajan en el ámbito de la salud mental y que llegan a todos esos rincones a los que las administraciones no pueden
llegar.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

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El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidente.


Es evidente que la crisis sanitaria del COVID ha agravado la fragilidad de un sistema sanitario público ya de por sí debilitado y que sufre un estricto adelgazamiento con las políticas de recorte y de privatización de prestaciones sociales,
planteadas incluso en aquella época -recuerden- como fórmula para gestionar la anterior crisis de 2008. Hoy estamos sufriendo esas políticas de entonces y tenemos esto muy presente. Algún día incluso deberíamos reflexionar a fondo sobre si esas
políticas de contracción de los servicios públicos fueron efectivas para superar la crisis o, más bien, una oportunidad para desmantelar y privatizar el Estado del bienestar. Ese es otro tema, pero quería hacer una referencia en ese sentido.


Lo que está claro es que, hoy por hoy, todo el mundo coincide en que para hacer frente a una pandemia como la que estamos sufriendo es necesario reforzar los sistemas sanitarios y, concretamente, las patas de la atención primaria, la
sociosanitaria y la salud mental, los tres pilares básicos de cualquier sistema sanitario público que se vanaglorie de ser puntero.


El problema más grave que afecta al actual enfoque en la atención de la salud mental tiene que ver fundamentalmente con los principios de acceso universal y equitativo para todo el mundo y de gobernanza. Hay un gran espacio donde la sanidad
pública tiene poca capacidad de gestión, siendo la sanidad privada quien lleva la voz cantante en ese sentido, y eso acaba afectando al grado de accesibilidad a los dispositivos de salud mental, ya que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades
de acceso. Al final, de lo que se trata es de que cualquier persona afectada por un trastorno en la esfera de la salud mental pueda transitar por el sistema sanitario público con dignidad, agilidad y calidad, y que se dé respuesta a su situación
sin ser estigmatizada por ningún motivo, sea económico, sea político o sea por cualquier otro tipo de estigmatización. Esto solo se puede garantizar, no se engañen, a través de lo público, de la gestión de lo público.


Compartimos los principios recogidos en esta propuesta. De hecho, los aspectos más relevantes que creemos que deben preservarse y que recogen serían, por un lado, poner las bases estructurales de la integración social y laboral -es
fundamental-; incidir sobre las campañas de sensibilización para evitar la estigmatización social -es un aspecto en el que en ese sentido sí que se avanza-; la transversalidad en las actuaciones a través de un equipo multidisciplinar -también es
fundamental-; el apoyo a familiares y cuidadores, ya que sobre todo es una enfermedad social y de entorno familiar; la coordinación de todos los niveles asistenciales -atención primaria, al profesional de referencia de salud mental, centro
hospitalario de agudos o centros de atención crónica y atención domiciliaria, lo cual implica una complejidad asistencial muy grande-, y ayudas en la tramitación, por ejemplo, de discapacidad y/o dependencia, con agendas ágiles o apoyo jurídico para
atender aspectos relacionados con los trastornos conductuales. Son elementos que recogen y que creemos que son fundamentales, aunque echamos también en falta otros elementos. Para nosotros, en Cataluña, es muy importante blindar el modelo de
atención comunitaria, un modelo que garantiza una atención integral y de proximidad, personalizada, y que significaría una reducción de las estancias en centros hospitalarios en favor de una atención personalizada y a domicilio. Creemos que es uno
de los aspectos fundamentales: insistir en la salud mental integrada en la atención comunitaria. Por otro lado, la importancia de la salud en la escuela. No están integrados en la red de salud mental los niños de cuatro a doce años, y estamos
hablando de trastornos como el déficit de atención, el bullying y otras discapacidades mínimas. Tampoco se contemplan los problemas del desarrollo en la infancia y consecuencias graves que luego, en edades adolescentes o adultos, se reproducen. O,
por ejemplo, tampoco se insiste, y es un tema fundamental también, en la prevención y promoción de la salud mental desde los propios municipios, en coordinación con los servicios sanitarios de referencia. O la adecuación de protocolos en centros
penitenciarios o de menores tutelados, lo cual es igualmente fundamental. O también un modelo de atención a la cronicidad o a la vulnerabilidad social. Fíjense en que es un proyecto amplio, vasto y de una complejidad enorme. Y eso es simplemente
por dar algunos ejemplos, hay muchos más que vemos y con los que realmente puede ampliarse.


Sobre todo, para nosotros hay dos elementos que son importantísimos y dos líneas rojas en ese sentido: el marco competencial y, evidentemente, la financiación. Tengan en cuenta que hay comunidades autónomas que ya tienen estrategias o
planes integrales de salud mental y que precisamente en estos momentos los están reformando. Por tanto, tengan en cuenta que en estas comunidades autónomas se está trabajando en esta línea. Precisamente, la disposición final quinta -de aplicación
progresiva de la ley- sintetiza en su último punto la intención finalista de este proyecto, y es, quizás, donde nosotros vemos un poco el riesgo de apoyar una ley en ese estilo, sin tener en cuenta plenamente las competencias y la financiación.
Habla el último punto de la creación del centro estatal de salud mental fruto, por un lado,

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de la reestructuración de órganos y unidades existentes y, por otro, de recursos específicos que entrarían dentro de los presupuestos. Hay una voluntad real de crear un nuevo organismo de salud mental a nivel estatal pero, por otro lado,
hablan de que las prestaciones sanitarias son responsabilidad financiera de las comunidades autónomas y, luego, se confía en el marco de regulación del sistema de financiación de las comunidades autónomas del régimen común y ciudades con estatuto de
autonomía. Ya saben ustedes desde hace cuánto tiempo que no se está reformando ese marco. ¿Qué quiere decir? Que, por un lado, se habla de crear un nuevo centro y, por otro, se confía la financiación a este marco, cuando es un marco que sabemos
todos que hace diez años o más que está bloqueado. Por otro lado, hablan ustedes de ratios mínimas de profesionales que se alcanzarán progresivamente en el plazo de cuatro años. Yo creo que aquí es muy importante hablar con las comunidades
autónomas cuando tienen plena potestad y plena competencia para definir realmente cuál es la aplicación real de esos acuerdos. Me temo que sin esas dos premisas -el marco competencial y la financiación- corremos el riesgo de convertir esa propuesta
en otro papel mojado, como ha ido ocurriendo con otras iniciativas, que se limitan a ser puras declaraciones de intenciones pero que luego chocan con la realidad de gestión del día a día.


Aun así, apoyaremos la toma en consideración, esperando avanzar en el acuerdo en su debate. Y un último consejo, ustedes gobiernan con el PSOE y cada martes tienen Consejo de Ministros. Antes de traer propuestas de este tipo al Congreso
sería conveniente que lavaran la ropa en su casa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Steegmann Olmedillas. (Aplausos).


El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Con la venia, señor presidente. Buenas tardes, señorías.


Nos presenta el proponente una proposición de ley general de salud mental. La necesidad del refuerzo en la salud mental ha sido objeto del interés de nuestro grupo parlamentario, que registró dos proposiciones no de ley hace quince y nueve
meses. La primera para reforzarla en sus términos generales y la segunda en nuestros profesionales sanitarios. Por cierto, creo que somos el único grupo que ha presentado iniciativas en este sentido. Vayamos al fondo de la propuesta. El
expositivo tiene partes que queremos destacar con alborozo. Primero, el reconocimiento de que el confinamiento inconstitucional incrementó los problemas de salud mental, empezando por el suicidio. Segundo, el proponente reconoce algo que VOX
siempre ha advertido, y cito textualmente: 'El aumento a nivel sociológico de las estructuras monoparentales o monomarentales plantean retos para la salud mental, así como la violencia contra las mujeres, el maltrato infantil y hacia nuestros
mayores. Todos estos factores tienen consecuencias negativas sobre la salud mental de las personas'. Todos, señor Echenique, todos. (Aplausos).


A pesar de esos escasos destellos de sentido común, esta es una proposición de ley que introduce una visión perniciosa de los problemas de salud mental. Y es que esta proposición de ley parte, aunque no lo revela abiertamente, de una
concepción de los problemas de salud que hunde sus pies en el lodo de la antipsiquiatría. Tan es así, que las bases biológicas y psicológicas de los problemas de la salud mental se ponen detrás de unas pretendidas causas históricas, ignorando,
señorías, las causas neuroquímicas de la depresión endógena, del trastorno bipolar o de la esquizofrenia. El papel de los psiquiatras se relega, lo que no tiene nada de extraño ya que en la página 2 se critica la autoexigencia y la
responsabilización individual. La psiquiatría no parece existir, ya que no se menciona por el nombre ninguna de las patologías más graves, incluso la que padece la pobre y tristemente famosa señora De Mingo. Solo se menciona la depresión y casi de
pasada; nada de trastornos alimentarios, nada de hiperactividad, nada de fobias. Ítem más, se intentan subsumir de forma subrepticia los problemas de salud mental en el concepto de diversidad funcional que, además, se define de forma novedosa como
si fuera simplemente una forma distinta de hacer las cosas. No señor, los delirios no son formas diversas de hacer tareas, ni los trastornos obsesivos compulsivos y sus rituales, ni los trastornos alimentarios, ni las fobias. Son patologías, ¡a
ver si se enteran!


La obsesión que tiene la izquierda con alimentar la guerra del hombre contra la mujer les hace incluir un capítulo IV dedicado a los 'derechos de las mujeres con problemas de salud mental'. Este capítulo consagra de nuevo la discriminación
que infringe a los varones nuestra legislación, olvidándose de que la depresión es tres veces mayor en los hombres, así como el suicidio consumado. Y como no hay fiesta sin la tía Juana, por supuesto, el proponente muestra su predilección por el
tema de la homosexualidad y transexualidad mientras olvida, cómo no, los trastornos mentales producidos por los abusos sexuales a menores, no sea que vayan ustedes a molestar a la señora Armengol. (Aplausos). Por todo el texto, señor

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Echenique, rezuma una posición negativa hacia el tratamiento farmacológico y solo se mencionan los neurolépticos, olvidando todos aquellos medicamentos que tan útiles son contra la depresión, contra la esquizofrenia y con el trastorno de
hiperactividad y atención; se llega a prohibir la utilización preventiva de fármacos antipsicóticos. En resumen, todo el texto exuda una concepción típica de la antipsiquiatría de los años setenta del pasado siglo, estalinista en su concepción y
anarquista en sus métodos; pero, eso sí, proponiendo crear nuevos chiringuitos como el centro estatal de salud mental y, por supuesto, el defensor de la persona con trastorno mental a donde van a poder colocar a sus psicólogos y psiquiatras adictos
al régimen.


Voy concluyendo. Este Gobierno, participado y dirigido por el podemismo, dejó entrar al virus y nos infectó, nos mintió sobre su gravedad, nos mintió sobre las mascarillas -que siguen sin ser financiadas-, nos encerraron
inconstitucionalmente al mismo tiempo que amordazaban al pueblo y a este Parlamento. Fuimos durante mucho tiempo los campeones de la mortalidad, lo somos de la infección a sanitarios y hemos sido los europeos más castigados en la salud y en la
economía. A nadie debe extrañar, señorías, que los españoles sufran un estrés traumático colectivo tras haber estado atenazados por un miedo que linda con el terror. (Aplausos). Aquí le damos la razón al proponente. Este trauma mental colectivo
tiene una raíz histórica: el día en que se formó su Gobierno. (Risas.-Aplausos). Y tiene una raíz económica: la ruina que engendra siempre el comunismo. Y después de volvernos locos, al socio del Gobierno solo se le ocurre una ley absurda,
radicalmente acientífica, que raya en el nihilismo terapéutico y que nos va a dejar, señorías, si no la enmendamos con éxito, definitivamente trastornados. He terminado. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Romero Sánchez.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Gracias, presidente.


Buenos tardes, señorías. 'La salud mental de la población española ha caído en picado durante la pandemia y debajo no hay red'. Son palabras del presidente de la Confederación Salud Mental España del pasado mes de marzo. Desde marzo de
2020 el 6,4 % de la población ha tenido que acudir a un profesional por tener algún tipo de síntoma de ansiedad o de depresión; cifras que, sin ninguna duda, representan la punta del iceberg del gran problema mayúsculo de fondo y que algunos le han
llamado ya la otra pandemia silenciosa.


Hoy los servicios de salud mental no cuentan con los recursos humanos, financieros o logísticos necesarios para hacer frente a este gran reto, como así lo vienen advirtiendo ya desde hace año y medio de pandemia los profesionales; por no
hablar de lo que se vive en la atención primaria, en los centros de salud, totalmente desbordados cuando son fundamentales en la detección temprana de los problemas de salud mental. Pero miren, el impacto de la pandemia ha sido brutal, sin ninguna
duda, en la población, en los ciudadanos y en la salud mental; especialmente, en los ciudadanos que necesitaban tratamiento o atención específica y no lo podían recibir y también en otros grupos que han sufrido muchísimo durante la pandemia: los
sanitarios, los familiares de fallecidos por COVID que no se han podido despedir de ellos, tantas personas sufriendo ansiedad y miedo por tener miedo al contagio del virus y, por supuesto, también esos otros que han perdido su empleo, que están en
una situación económica muy vulnerable y que, evidentemente, están sufriendo y está generando problemas de su salud mental. Pero donde ha arrasado la salud mental es en los más jóvenes. Han crecido un 50 % las urgencias pediátricas por problemas
psiquiátricos. Los jóvenes entre dieciocho y veintinueve años son la población que refleja los peores datos de fatiga pandémica. Incluso han crecido en ellos los pensamientos suicidas que han aumentado entre un 8 y un 10 %.


Señorías, yo pregunto ¿y hace falta una ley de salud mental? ¿Es esa, verdaderamente, la solución? Unidas Podemos, su grupo, ya presentó en el 2019 un texto aquí en el Congreso que no se debatió y la Asociación Española de Neuropsiquiatría
ya recomendó evitar la generación de leyes específicas, porque la mejor ley de salud mental es la Ley de presupuestos, que es la que tienen además ahora a su alcance sentados en el Consejo de Ministros. La salud mental lo que necesita es apoyo
presupuestario real y tienen ahora una oportunidad que son, además, los fondos europeos. El defensor del pueblo lo decía la semana pasada aquí en sede parlamentaria: hacen falta más recursos humanos, más recursos materiales para salud mental,
hacen falta reformas estructurales, dotar de recursos suficientes, más profesionales y una equidad en la implantación de las medidas en todas las comunidades autónomas. Señorías, tenemos la Ley General de Sanidad, la Ley de autonomía del paciente,
la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema

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Nacional de Salud. Son leyes que, sin ninguna duda, marcan el camino de cómo organizar los servicios y cómo garantizar los derechos fundamentales. El texto que presentan es un texto pobre y, además, un texto alejado por completo de la
ciencia y de la evidencia científica. Señorías, no es un problema de legislación, sino de financiación. Si fuese la solución la ley, ¿por qué no una ley del cáncer o una ley de atención primaria, con el gravísimo problema que tenemos ahora mismo?
Pacientes, sociedades científicas, profesionales del ámbito sanitario, del ámbito social, de la educación llevan tiempo pidiendo la necesidad de un abordaje integral, sustentado en la atención temprana, multidisciplinar y focalizado en la
prevención, para reducir el estigma social desde la sensibilización, desde la información y desde la formación a los profesionales. Lo que se necesita urgentemente es la actualización de la Estrategia Nacional de Salud del Sistema Nacional de
Salud. Después de más de tres años en el Gobierno, señorías del Grupo Parlamentario Socialista y también ustedes ahora de Unidas Podemos, con cuatro ministros, con más de tres años en el Gobierno, ¿qué hacen? ¿Por qué no tenemos una nueva
Estrategia Nacional de Salud Mental? En la Comisión para la reconstrucción que tuvimos aquí en el Congreso hace año y medio ya aprobamos, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, impulsar la actualización de la Estrategia nacional, así
como aprobar un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio. ¿Qué hacen? ¿Por qué no lo ponen en marcha desde el Gobierno? ¿Por qué tienen todos los acuerdos de la Comisión para la reconstrucción guardados en un cajón? Señorías de Unidas
Podemos, seriedad. Seriedad es lo que se necesita del trabajo y de la responsabilidad que tienen, que se sientan en el Consejo de Ministros. Lo han dicho aquí otros portavoces. ¿Por qué traen esta propuesta de ley, si ustedes tienen los
instrumentos de estar en el Gobierno? El Gobierno, mientras tanto, anunciando la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental. Pónganse de acuerdo, que en ello está la salud de los ciudadanos, que es lo más importante y preciado que
tenemos todas las personas. Miren, en este asunto, una vez más, llegan tarde. Somos el país que peor ha gestionado la pandemia. Llegaron tarde en proteger a los sanitarios y en reconocer los fallecidos oficiales por COVID, todavía no los han
reconocido, y llegan tarde también en esto de la salud mental y en un plan nacional de salud mental que está demandando toda la sociedad española, también este grupo parlamentario. Pero, miren, aun así, nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, no
vamos a ser un obstáculo ni un impedimento en la tramitación de esta proposición de ley, porque, aunque no estamos de acuerdo en la forma, estamos de acuerdo en el fondo, que es trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas
de salud mental y de sus familias y apoyar a los profesionales sanitarios; en eso es en lo que va a trabajar y va a estar siempre el Grupo Parlamentario Popular, pero, desde luego, vigilantes de que cumplen sus compromisos y de que la salud mental
no la dejen atrás. Pónganse a trabajar, que tienen una responsabilidad muy importante y hagan y actúen de verdad.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Andrés Añón.


La señora ANDRÉS AÑÓN: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.


La pandemia ha puesto el foco sobre la salud mental, pero la salud mental ha sido y es un reto de las sociedades desde siempre. Las personas con problemas de salud mental han vivido y viven hoy señaladas por el estigma. En cualquier tiempo
al que nos remontemos han sido escondidas, apartadas, perseguidas, criminalizadas y desposeídas de sus derechos, incluso de los más elementales; aún hoy, podemos ver sistemas políticos en los que se aplica la pena de muerte a personas sin atender a
sus problemas de salud mental. Exclusión, y en el caso de las mujeres, doble excursión: manipuladas, usadas, abusadas en su condición de mujer y de loca. Se ha llamado locas, en sentido peyorativo, a las mujeres que se empeñaron, nos empeñamos en
exigir nuestros derechos: ser autónomas o abrirnos paso en facetas que la sociedad considera del mundo masculino; locas las sufragistas, para las que tendremos un recuerdo esta semana con motivo del noventa aniversario del voto femenino en España.
(Aplausos).


El debate sobre salud mental que nos abre la pandemia ha de ser una oportunidad para reconocer y reparar las injusticias, para reconocer la salud mental como un estado de bienestar individual y colectivo con tanta o más importancia que la
salud física y convenir en dedicarle los recursos que necesita. El Gobierno de España está comprometido con ello. Desde esta tribuna el presidente Pedro Sánchez ha manifestado que la salud mental es una prioridad del Gobierno, con el compromiso de
no dejar a nadie atrás. Señorías, esto no es un lema de campaña, es una declaración consustancial a nuestros valores socialistas. Los derechos civiles y sociales reconocidos por ley en este país, en nuestra sociedad, llevan

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nuestro sello, desde el derecho a la salud hasta el derecho a la eutanasia. En salud mental nuestro trabajo ha sido constante para conseguir una sociedad más justa, igualitaria y libre; una carrera de fondo que empezó con la reforma
psiquiátrica de 1985 y el cierre de los manicomios y siguió con la Ley General de Sanidad de 1986, que equipara derechos e integra la atención de la salud mental en el Sistema Nacional de Salud y su desarrollo normativo posterior para incluirla en
la cantera común de servicios públicos.


Se ha recordado esta tarde por parte de algunas de sus señorías que la gestión y la prestación de los servicios sanitarios corresponden a las comunidades autónomas, y así es. Para establecer las líneas comunes, garantizar la calidad en el
acceso y la calidad de los servicio, el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero impulsó en 2004 la primera Estrategia de Salud Mental, un documento fruto del trabajo conjunto de los profesionales y de la sociedad, que fue aprobado en 2006 con el
consenso de todas las comunidades autónomas en el seno del consejo interterritorial. Fue actualizado en 2009, con un horizonte de cuatro años. Como ven, nuestro trabajo ha sido firme y sostenido en el tiempo. Pero en salud mental queda mucho por
trabajar y es obligado recordar, recordar para reparar, el paso del Partido Popular por el Gobierno de España. El 2015, dos años después de caducar la estrategia de 2013, el PP no logró el consenso para actualizarla y sencillamente desistió,
dimitió de su responsabilidad de dotar de líneas estratégicas al Sistema Nacional de Salud que pudieran orientar a las comunidades para abordar la salud desde la equidad y la igualdad. La salud mental quedó en un limbo por acción del Partido
Popular. Las comunidades autónomas lo salvaron con planes de acción, que, a pesar de sus esfuerzos, han dado origen a un mapa desigual de atención en el territorio, inequidad y al que le han faltado recursos, los recursos necesarios. ¿Por qué?
Porque, además, el Gobierno del Partido Popular adelgazó el Sistema Nacional de Salud hasta situar a España en dos puntos por debajo de la media europea en gasto e inversión sanitaria. Así, hemos llegado hasta aquí. Y nuestro Gobierno no ha
perdido ni un segundo. En 2018 recuperó la universalidad de la sanidad. Empezó a eliminar los copagos farmacéuticos para los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas afectadas en su salud mental; la ocupación de este colectivo es solo
del 16 %. Ha impulsado la Ley de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, entre ellas las que tienen problemas de salud mental. Y, además, ha puesto a disposición, en los Presupuestos Generales de 2021, 7300
millones de euros en políticas sanitarias. Esos presupuestos que ustedes, señores de VOX y señores del Grupo Popular, no votaron y ahora reclaman recursos. Tuvieron la oportunidad de apoyarlos. En breve finalizará la actualización de la
estrategia de salud mental, como informó la ministra esta semana, y hay que seguir trabajando.


En nuestro país una de cada diez personas mayores de quince años está diagnosticada de algún problema de salud mental; el suicidio es la primera causa de muerte no natural y los indicadores de juventud dicen que les preocupa y les afecta
gravemente la salud mental. Siendo conscientes de la complejidad de la propuesta que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, nosotros aprovecharemos esta oportunidad, esta ventana, para hacer
un debate amplio sobre la salud mental en el Congreso de los Diputados, porque nuestro compromiso sigue vivo para erradicar el estigma, para dotar de recursos el Sistema Nacional de Salud por lo que se refiere a la salud mental, para hacer efectivos
los derechos de las personas que tienen estos problemas, para apoyar a las asociaciones de pacientes, a sus familiares, a las personas cuidadoras y a los profesionales que en tiempos de pandemia han dado más que la talla por todos los recortes
sufridos en épocas anteriores, como acabo de explicar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A HACER EFECTIVA LA RECIPROCIDAD DE TODAS LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS DEL ESTADO. (Número de expediente 162/000407).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a hacer
efectiva la reciprocidad de todas las televisiones autonómicas del Estado.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

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El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.


Una cuestión previa, ayer encendí la televisión en mi pueblo y me puse a contar los canales, más de cincuenta: estatales, el autonómico, los comarcales, los locales. En tres canales echan las cartas para sacar dinero a la gente; dos
canales son de contactos; varios canales son deportivos; solo cinco de los que puedo ver eran públicos, los cuatro de Radiotelevisión y el canal À Punt, el mío; alguno incluso está financiado con fondos públicos, el de la Conferencia Episcopal, y
tiene un marcado carácter de derechas y antigubernamental, y solo dos me hablan íntegramente en mi lengua. De hecho, mi nieto ve prácticamente todos los dibujos animados en castellano, apenas tiene posibilidad de ver dibujos animados en su lengua.


Dicha esta previa, permítanme que les diga un aforismo de un intelectual valenciano, Joan Fuster: En el fons de tot enamorament hi ha un error: sense cap motiu, pensàven que la persona que estimàvem era una altra. En el fondo de cualquier
enamoramiento hay un error: sin ningún motivo, habíamos pensado que la persona que queríamos era otra. Es lo que les pasa a los que siempre tienen la palabra España en la boca; a los que dicen España primero; a los que llevan pulseritas o
mascarillas con la bandera española como si te agredieran; a los que piensan que el castellano debería ser una única lengua; a los que les molesta si oyen a una persona decir bona nit, gabon o boas noites, pero no les molesta si eso mismo se dice
en inglés o en alemán. Esa gente que piensa equivocadamente que solo existe su idea de país. Son los que dicen que quieren a su país, pero no quieren al país real, quieren a su propia idea de país; un país estrecho, chato, donde algunos no
cabemos, porque nos querrían uniformes, unilingües y firmes. Y qué le voy a hacer, el país de algunos no es el mío ni el de millones de personas. El país real es otro. Vivimos en un Estado plural, plurinacional y plurilingüe, aunque les pese
algunos, aunque no les guste. Justamente de esto va esta PNL, de respeto a todos y cada uno de los cuarenta y siete millones de ciudadanos que vivimos en este país.


Lo que pretendemos es muy simple: que todos los ciudadanos podamos ver las televisiones públicas autonómicas, que el Gobierno tome las medidas necesarias para que esto sea posible. Vivo en una comunidad autónoma con cinco comunidades
limítrofes -Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y, por el mar, las Illes Balears-, pero quiero tener la posibilidad de ver las televisiones andaluza, canaria, gallega o vasca. Les voy a poner un ejemplo muy claro que no solo pasa en mi
país, en el País Valenciano, en mi comunidad autónoma, Comunidad Valenciana, en el reino de Valencia -cada uno que escoja de la baraja el nombre que quiera, para mí está claro-. En mi país, en el País Valenciano, Comunidad Valenciana, hay 850 000
personas que proceden de otras partes de España, principalmente de Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón, a las que les gustaría ver Canal Sur, la televisión de Castilla-La Mancha o la televisión de Aragón. Y al revés, hay 180 000 valencianos
dispersados por toda la geografía de la península y, evidentemente, a veces les gustaría ver la mascletà o la cremà en su propia televisión. Unos y otros, si quieren ver su televisión apretando el botón del mando a distancia, o bien tienen que
pagar una plataforma, o bien tienen que tener una conexión a Internet. Todos sabemos que aún hay mucha gente en el Estado que no tiene facilidad de tener una conexión a Internet. Así que creo que es lógico que la gente pueda ver la información de
proximidad de la comunidad donde nació. Pero no solo eso, creo que esta proposición, esta PNL, tiene otras consideraciones útiles. Ver todas las televisiones autonómicas nos permitiría conocer la realidad de otros territorios, conocernos mejor,
los vecinos, pero también los insulares. Por ejemplo, ahora mismo la televisión canaria está haciendo un trabajo magnífico en el seguimiento de la erupción del volcán, y a mí me gustaría verlo. Mi nieto podría ver los dibujos animados en su
lengua, en la TV3 o en la IB3 de Baleares.


Otro aspecto positivo de poderlos ver es que podemos conocer otras lenguas y conocer es empezar a querer. Esta es una asignatura pendiente de este Estado con las otras lenguas. En Canal 9 se emitía Dragon Ball, Bola de Drac. Muchos
aprendieron valenciano siguiendo esa serie, pero no solo en el territorio valenciano, sino gente de Murcia o de Albacete. Otra posibilidad es poder ampliar las opciones de ocio, poder ver O sabor das margaridas en galego, o poder ver Polònia en
TV3, o la serie Pep en IB3, o que algunas puedan descubrir una producción magnifica de la televisión autonómica valenciana, Tresors amb història.


En definitiva, esta es una propuesta razonable, justa y recomendable, avalada por todas las leyes y por todos los tratados internacionales.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.


El señor BALDOVÍ RODA: Acabo diciendo que esta propuesta impulsa el conocimiento y el respeto, cosa que, visto lo visto, nos haría mucha falta en esta tribuna. (Aplausos).

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Republicano la señora Rosique i Saltor.


La señora ROSIQUE I SALTOR: Buenas tardes, company Baldoví.


La verdad es que nos ha sorprendido su proposición no de ley. Al leer el título pensábamos que estaríamos de acuerdo al cien por cien, porque normalmente cuando lo hemos discutido en distintos debates hemos estado de acuerdo, pero al leer
el texto la verdad es que nos ha sorprendido. Nos esperábamos que lo que pediríais sería esa reciprocidad de los medios de comunicación audiovisual de un mismo dominio lingüístico, porque las asociaciones que lo están pidiendo desde hace años, como
Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana o Plataforma per la Llengua, lo que hacen es pedir esta reciprocidad de los medios de comunicación audiovisual en catalán, precisamente, porque uno de los
retos que tenemos para conseguir la pervivencia del catalán es su uso en el ámbito privado. Tenemos varios ejemplos de ello: Bola de Drac es un gran ejemplo para promover el uso del catalán entre los niños. Por tanto, se nos hace difícil ver la
lógica política de la proposición no de ley que plantean, porque al final eso nos recuerda a este Estado de las autonomías, a este café para todos, y creemos que se centra poco en el gran reto que tenemos, que es conseguir que el catalán persista y
que se pueda seguir utilizando como lengua común.


También nos choca esta lógica técnica que se encuentra en esta proposición no de ley, porque, precisamente, si vemos los múltiplex a nivel estatal nos damos cuenta de que no hay espacio para que esta proposición no de ley pase a ser una
realidad. Pensando en métodos posibles para la reciprocidad de los medios de comunicación audiovisual en catalán nos damos cuenta de que existen y que, además, se podrían aplicar ya, hoy en día o mañana. En el caso del País Valenciano, por
ejemplo, los hay y los tienen cerca. Tenemos À Punt con un ancho de banda muy amplio, suficiente o incluso excesivo, es más del doble del ancho de banda que tiene La Sexta o que tiene La 1 o que tiene Cuatro. Por tanto, si se reduce este ancho de
banda, podríamos seguir manteniendo la calidad de À Punt e incluir TV3 e IB3 para potenciar, precisamente, esta reciprocidad. En el caso de las Illes Balears i Pitiüses, tenemos a múltiples insulares que están siendo infrautilizados y que, por
tanto, se pueden utilizar. Y en el caso de Cataluña, es un poco más complejo. Necesitamos que el múltiplex para las televisiones privadas también se puede utilizar, pero estamos trabajando en ello y estamos comprometidos para que sea una realidad.


Al fin y al cabo, lo imprescindible es la cooperación entre Gobiernos en el sector audiovisual y por eso es de especial relevancia la reunión que mantuvieron el molt honorable president Pere Aragonès y el president Ximo Puig, en la que
acordaron coordinarse en el sector audiovisual para promover una coordinación también por lo que se refiere a la reciprocidad. Asimismo, hay que potenciar la plataforma digital conjunta que tenemos, Bon dia TV, porque al final este es nuestro nuevo
reto, ser capaces de llegar en estas plataformas digitales. Hay que aumentar la inversión de este sector y promover una programación destacable. Tenemos varios ejemplos buenos en ese sentido, como Merlí o Polseres vermelles, traducidas luego al
castellano y que han demostrado ser ejemplos de claro éxito de inversión.


También es importante que nos coordinemos para impedir que la Ley audiovisual estatal ponga obstáculos a la lengua catalana en el sector audiovisual. Es decir, la reciprocidad de los medios de comunicación audiovisuales en catalán puede ser
una realidad si hay voluntad política; no es una cuestión técnica. Lo que ustedes plantean en esta proposición no de ley se puede promover ya en plataformas digitales, pero la urgencia está en conseguir que el uso del catalán en el ámbito privado
sea una realidad cada vez mayor.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Saavedra.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gracias, presidente.


Bona vesprada. Hoy hablamos de la reciprocidad de las televisiones autonómicas en todo el Estado. Yo voy a hacer alusión a una experiencia concreta. En el País Valencià pudimos recibir durante veinticinco años -hasta 2011- las emisiones
de la televisión pública catalana y en algunos de estos años en

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Cataluña se veía también la televisión valenciana. No fue decisión de las administraciones públicas; fue un logro del movimiento popular, que dio apoyo social y económico a Acció Cultural del País Valencià para la instalación de
repetidores que hacían posible esta reciprocidad en el ámbito lingüístico catalán. Evidentemente, esto era inaceptable para la derecha, que en nuestra tierra siempre ha azuzado la guerra lingüística con fines partidistas, siempre con la falacia,
contraria a la academia, de la diferenciación entre la lengua catalana y el valencià, que es nuestra manera de hablar el catalán. Con ello el PP siempre ha socavado el aprecio, el conocimiento y el uso del valenciano en nuestra tierra.


En 2011, el Partido Popular, tras una persistente persecución judicial y económica, consiguió que en nuestras comarcas dejáramos de recibir las emisiones de la radiotelevisión catalana. La libertad que tanto proclama la derecha solamente se
puede ejercer -parece ser- si coincide con lo que les interesa. Paralelamente, siguiendo el modus operandi habitual del Partido Popular, había convertido la corporación audiovisual catalana, Canal Nou, en un medio de propaganda, hundiendo la base
de enchufismo, despilfarro, sectarismo y descrédito. En 2013, cerró la televisión valenciana y nos quedamos sin ningún medio público audiovisual en valencià. Eso es terrible para una lengua minorizada y en peligro. Sabemos que la libertad del
Partido Popular es la de utilizar o cerrar los medios de comunicación según sus intereses. Durante veinticinco años, en los que disfrutamos en nuestro territorio de la reciprocidad de medios audiovisuales, se abrió una ventana a la diversidad de
acentos, de opiniones, al conocimiento de realidades vecinas, y también, a una más amplia producción audiovisual, intercambio cultural, turístico, comercial. La reciprocidad de los medios audiovisuales es una exigencia de la Carta Europea de las
Lenguas Minoritarias, pero, además, tuvo consecuencias positivas de tipo económico y empresarial. Por ello, Unidas Podemos estamos trabajando para recuperar este derecho a recibir las emisiones audiovisuales en nuestro ámbito lingüístico. De
hecho, presentamos -nuestro grupo- hace unos meses, en esta misma Cámara, una PNL en este sentido. Consideramos, por tanto, pertinente esta iniciativa, que demanda posibilitar esta reciprocidad ante los medios audiovisuales de las diferentes
autonomías.


La uniformidad cultural y lingüística no existe, y tampoco es deseable, contrariamente a lo que plantea la derecha. Esto conduce a imposición y limitación de derechos sociales e individuales, esa búsqueda de uniformidad.


Una sociedad democrática basa su cohesión en la voluntariedad y el reconocimiento mutuo, y ahí los medios audiovisuales juegan un gran papel porque permiten difundir las realidades más locales a todo el territorio. España es un estado
multicultural y multilingüístico, y esa realidad debe expresarse también en el espacio audiovisual que compartimos. Impedir esa reciprocidad con argumentos técnicos o económicos son excusas de quienes no reconocen la diversidad.


Desde 2018, valencianos y valencianas hemos recuperado los medios públicos en valencià. Consideramos que sería de riqueza que en todo el Estado se tuviera acceso a nuestras emisiones y se conociera nuestra lengua, nuestra cultura, aquello
que compartimos, lo que nos diferencia. Y consideramos una riqueza que en todo el Estado se pudiera acceder, como estamos planteando, libremente a las emisiones de cualquier otra autonomía. Esto tiene mucho que ver con el modelo de España que
Unidas Podemos defendemos: un país de países, con cohesión en la diversidad, con democracia y en libertad.


Moltes gràcies. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Raya Rodríguez.


La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Señor Baldoví, si en algo coincido con su propuesta, sin duda, es en la proximidad que tienen las televisiones públicas en los distintos territorios. Evidentemente, un ejemplo claro, al que reiteramos nuestra felicitación, es lo que ha
hecho Radio Televisión Canaria con la crisis del volcán en la isla de La Palma.


En su exposición de motivos, nos dice que en España, donde la casi totalidad de las comunidades autónomas cuentan con corporaciones públicas de radio y televisión, la reciprocidad de todas las televisiones públicas autonómicas sería de gran
utilidad para mejorar la cohesión interterritorial y también para fomentar y proteger el pluralismo cultural y lingüístico del Estado. ¿Y quién no podría estar de acuerdo con esta afirmación? También nos recuerda que en la Ley 7/2020, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que comprendió la normativa vigente hasta el momento, consagra íntegramente en el capítulo 1 del título II la garantía de los derechos de los ciudadanos a recibir

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comunicación audiovisual en condiciones de pluralismo cultural y lingüístico, hecho que implica la protección de las obras audiovisuales europeas y españolas en sus diferentes lenguas. Y me vuelvo a preguntar: ¿quién no puede estar de
acuerdo con esta afirmación? Bueno, hay algunos en esta Cámara que, evidentemente, no lo están.


Mi grupo, que cree que el fortalecimiento del proyecto de España se sustenta en la promoción de los idiomas cooficiales, la sensibilidad a su sentimiento de pertenencia diversos, el fomento del diálogo interterritorial o la cooperación leal
entre administraciones, no puede estar en ningún caso en desacuerdo con ello. En el artículo 40.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, se establece que la emisión de servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una
comunidad o ciudad autónoma con otra limítrofe o con afinidades lingüísticas y culturales podrá ser efectuada siempre que así lo acuerden mediante convenio y exista reciprocidad. En suma, estas previsiones permiten la realización de emisiones
recíprocas de los servicios públicos de televisión de las comunidades autónomas, siempre que se establezcan los correspondientes acuerdos y utilicen un espectro otorgado a tal efecto, como podría ser alguno de los canales autonómicos adjudicados a
las propias comunidades autónomas.


Las comunidades autónomas pueden destinar algunos de los canales autonómicos explotados en gestión directa para llevar a cabo las emisiones de canales públicos de otras comunidades. Así, ya pueden decidir, sin mediar actuación por parte del
Estado, cuáles de sus canales autonómicos serán explotados en gestión directa y, una vez aprobado el convenio pertinente, destinados a la emisión de canales públicos de otras comunidades autónomas con afinidades lingüísticas y culturales. Sin
embargo, cabe señalar, señor Baldoví, que ninguna comunidad autónoma ha hecho uso de esta posibilidad hasta la fecha. Insisto, el marco jurídico actual permite llevar a cabo la emisión del servicio público de comunidad audiovisual por ondas
hertzianas terrestres de una comunidad o ciudad autónoma con otra limítrofe. Ahora bien, esta garantía de reciprocidad también exige que se respete la planificación del espectro radioeléctrico y se eviten las interferencias técnicas a otros
prestadores. Hay que señalar que debido a las recientes reducciones de espectro disponible para servicios audiovisuales a través de los procesos denominados liberación del dividendo digital, motivados por normativa comunitaria para proporcionar
mayor cantidad de espectro radioeléctrico a los servicios de las comunicaciones electrónicas, en la actualidad no existe disponibilidad de espectro audiovisual al ya concedido a dicho servicio.


Un senador de Compromís afirmó recientemente, el pasado mes de agosto, que no tenemos reciprocidad de las televisiones autonómicas porque el PSOE no quiere. Usted sabe que el pasado marzo el Grupo Socialista apoyó junto a su partido la
reciprocidad de las emisiones de televisión valenciana con la catalana y con la de Baleares. O sea, que aquí no nos va a encontrar, en el desacuerdo. No se trata, además, de que el Gobierno no quiera, al contrario, la apuesta de este Gobierno por
la digitalización es notoria y se ve reforzada ahora con el Plan de Recuperación y Resiliencia, donde el 29 % de los fondos irán destinados a inversiones en digitalización. La apuesta del Gobierno es firme, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe terminar, señoría.


La señora RAYA RODRÍGUEZ: Acabo ya, presidente.


Así, la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que próximamente se traerá a esta Cámara, continuará dicha posibilidad de cooperación y reciprocidad en las emisiones entre televisiones autonómicas, especialmente para aquellas
limítrofes con afinidades lingüísticas. Por eso le pedimos que atienda nuestra enmienda.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.


La señora RAYA RODRÍGUEZ: Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señorías, les recuerdo, como bien saben, que no se pueden realizar fotografías con los móviles en el hemiciclo. Ruego que atiendan esa recomendación que viene siendo habitual.


Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Se insta al Gobierno a la reciprocidad lingüística en la programación de todas las televisiones públicas, de tal manera que -proclaman sus impulsores- sería de gran utilidad para mejorar la cohesión territorial y también para fomentar y
proteger el pluralismo cultural y lingüístico del Estado.


Voy a votar en contra de esta iniciativa, porque lo que está en peligro hoy, como secuela de la legislación promovida por el Gobierno de coalición y apoyada por sus socios independentistas, es el uso del castellano, lengua común de todos los
españoles, y con mayor riesgo, si cabe, tras la aprobación de la Lomloe, también conocida como ley Celaá, que elimina el castellano como vehicular y como lengua oficial del Estado, y que otorga a la potestad de los Gobiernos autonómicos escoger la
que quieren como vehicular en las aulas de su respectiva comunidad.


Señorías, diseminar las programaciones televisivas babélicas, como se reclama en esta proposición, supondrá ampliar la profunda brecha que ya se ha producido en algunos territorios de España, en los que se ha abierto una gravísima fractura
social que penaliza, cuando no persigue, a quienes usan el español, o rotulan sus negocios en español, o hablan en los colegios en español, o juegan en el recreo en español. Señor Baldoví, debe ser ese país estrecho y chato en el que algunos no
caben, en el que quienes quieren ejercer o acceder a una plaza de médico no pueden hacerlo por utilizar el idioma de España, en lugar de la lengua autóctona reconvertida en filtro infranqueable de selección laboral y, por tanto, en herramienta de
desigualdad entre españoles.


Señoras y señores diputados, votaré en contra porque, en definitiva, también, esta cuestión de la reciprocidad está bien definida en la vigente Ley General de la Comunicación Audiovisual.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Botran Pahissa


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidente.


Nosotros estamos a favor de esta iniciativa porque nos permite la reciprocidad entre medios de comunicación de Cataluña, de las Illes y del País Valencià. Y digo País Valencià, que es la expresión que, precisamente, tengo entendido que la
Mesa del Congreso ha censurado en una iniciativa parlamentaria de la diputada Rosique. (Aplausos). Para la Mesa del Congreso ya no es que no se pueda hablar de monarquía o de amnistía, sino que ahora tampoco se puede hacer referencia al País
Valencià. ¿Tan sólida es la unidad de España que no soporta ni estas palabras, País Valencià? País Valencià.


Sabemos de la importancia de la cuestión de nombres, como la llamó otro de estos que sacuden cimientos, Joan Fuster. Sabemos que los grupos fascistas estuvieron persiguiendo durante la Transición toda muestra de valencianismo catalanista,
hasta llegar al asesinato de Miquel Grau, el 16 de octubre de 1977. Sabemos, también, que hubo ataques a librerías como a la librería Tres i Quatre, que tiene el triste récord de ser la librería de Europa más atacada después de la Segunda Guerra
Mundial. Todo esto lo sabíamos, toda esta historia de lucha y de resistencia. Sabíamos en está lucha dónde estarían ubicados VOX, PP y Ciudadanos, pero lo que no podemos pasar por alto es que sea una Mesa presidida por el PSOE la que censure esta
expresión, País Valencià, en una iniciativa parlamentaria, cuando incluso su partido lleva esta expresión en las terres valencianes, Partit Socialista del País Valencià.


Entrando en materia, decía que Tres i Quatre es la librería que tiene el triste récord de ser la más atacada después de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito europeo. Esto lo publicó la semana pasada À Punt en una noticia, y es una
realidad que en Cataluña seguramente se conoce poquísimo, porque en el fondo vivimos de espaldas. Compartimos una misma lengua y, sin embargo, vivimos de espaldas. No por casualidad, porque trocear un espacio lingüístico es una forma de
debilitarlo, y esto se ha hecho de forma consciente y política para favorecer, por supuesto, otro espacio lingüístico, el del castellano, que tiene hegemonizada la televisión, la radio, la prensa, las plataformas y el cine, y aun así, van con el
discurso de que están perseguidos. Todo esto lo empezó el PP con el cierre de los repetidores de TV3 en el País Valencià, pero ahora ya no hay ninguna excusa, porque todas las instituciones implicadas están en manos de partidos teóricamente
favorables a la reciprocidad.


Por tanto, para finalizar, apoyaremos esta PNL que emplaza al Gobierno español, pero también mandamos un mensaje a nuestros Gobiernos en Barcelona, en Valencia y en Palma... (termina su intervención en catalán.-Aplausos).

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Arratsalde on.


Señorías, libertad de elección, respeto a la diversidad lingüística y sensatez, sobre todo sensatez, porque la iniciativa que llega hoy a este Pleno -en este caso es una proposición no de ley para la reciprocidad de las televisiones
autonómicas- a nuestro entender contiene un planteamiento totalmente razonable. En estos momentos se puede acceder a la programación televisiva de lugares remotos del mundo, en algunos casos a través de plataformas de pago y en una gran cantidad de
lenguas diferentes. Sin embargo, las personas del Estado español que quieran ver la programación en otra lengua cooficial del Estado elaborada y programada por las televisiones autonómicas -es decir, públicas- no pueden hacerlo si no es a través de
plataformas de pago. Esto es una gran paradoja, ya que el traspaso entre comunidades autónomas está limitado, mientras se alienta el traspaso de contenidos televisivos entre Estados. Y no debería ser así cuando el Estado español tiene asumida y
ratificada lo que la Carta Europea de Lenguas Minoritarias propone para la protección, para la promoción y para la divulgación de lenguas como el catalán, el gallego o el euskera. No debería ser así en un Estado plurinacional y plurilingüe. De lo
que hoy se trata aquí es de decidir si tiene sentido que se limite la libertad de elegir qué medio de comunicación sirve a una ciudadana o a un ciudadano para informarse o para entretenerse, si tiene sentido o no defender las lenguas y culturas
propias de este Estado, más allá del castellano.


Señorías, vamos a votar que sí a esta proposición no de ley de reciprocidad de contenidos entre las diferentes televisiones autonómicas. Es cierto que la PNL no avanza en el desarrollo de la iniciativa, también se podría decir que es
excesivamente genérica, pero dando por hecho que la propuesta supone habilitar un sistema para que la ciudadanía, habite en el punto del Estado en el que habite, pueda visionar los programas de cualquier televisión autonómica -especialmente la suya,
claro- y aprovechando además una inversión pública que ya está realizada, no tenemos nada que objetar a esta iniciativa. Naturalmente, por pura sensatez, esto cobra mucho más sentido entre comunidades que comparten la misma lengua, tal y como se ha
dicho aquí.


Hay grupos en este hemiciclo que se opondrán a esta PNL por motivos de defensa del castellano -hemos oído ya alguna intervención en ese sentido-. A todos ellos les recordaré que el castellano lo hablan 490 millones de personas en el planeta
-son datos del Instituto Cervantes-, que es la segunda lengua materna del planeta, tras el chino mandarín, y la tercera en Internet, que su proyección de crecimiento es enorme y que el avance del castellano va a continuar. Por todo ello, señorías,
tranquilidad. En consecuencia, lo que hay que preservar no es el castellano -no le hace ninguna falta-, sino las lenguas minoritarias. Esto se llama respeto a la diversidad lingüística y se llama también cultura.


Voy a enlazar con otra cuestión que estos días se ha abierto al debate y que está relacionada con la anterior, confiando en que, efectivamente, el Gobierno haya tomado buena nota de ello. El anteproyecto de ley audiovisual que hemos
conocido no atiende a la realidad lingüística de este Estado y va en contra de lo que reclama el sector audiovisual vasco, que demanda fijar porcentajes obligatorios, una protección especial y garantías concretas para salvaguardar el euskera en el
sector audiovisual. Esto, naturalmente, lo hacemos también extensivo al catalán y al gallego.


Terminaré volviendo a referirme a quienes afirman o a quienes consideran que esto presupone o supone una desmejora en la protección del castellano. Poca confianza tienen ustedes en lo que predican y en los valores de la España que dicen
defender si el simple hecho de que se puedan ver las emisiones de otros canales autonómicos en otras lenguas fuera del territorio propio les suscita tanta zozobra.


Eskerrik asko. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos.


El Grupo Parlamentario Plural, en concreto el diputado Joan Baldoví, nos presenta esta proposición no de ley sobre la reciprocidad de todas las televisiones de ámbito autonómico, es decir, para que todas ellas puedan verse en todos los
rincones del Estado por medio del sistema digital terrestre al uso. Tal y como ha indicado el proponente, el motivo de esta petición está en el deber de las autoridades estatales

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de garantizar el acceso a las diferentes lenguas oficiales del Estado. El objeto es loable y, además, responde, tal y como se indica en la parte expositiva de la proposición, a los contenidos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o
Minoritarias.


La protección y difusión de las lenguas es un deber cultural que nos debemos a nosotros mismos, y más todavía como legisladores que somos. No hay lenguas mejores ni peores, no hay lenguas más grandes ni más pequeñas, todas son iguales, pero
no todas están en situación de igualdad. Y los derechos lingüísticos son de las personas que las hablan, que han de ser no solo respetadas sino además promocionadas. Por eso es deber de las autoridades generar políticas lingüísticas que sirvan
para eliminar barreras de desigualdad y activar sistemas educativos, sociales y culturales para que las lenguas que no están en situación de igualdad, o por ser minoritarias además están minoradas, gocen de los mismos derechos y oportunidades que
aquellas que por su dimensión cuantitativa no necesitasen de promoción ni protección. Aunque a veces siendo cabeza de ratón se ha ido de sobrado por la vida, luego ha visto que siendo cola de león, como, por ejemplo, en Europa, se empieza a ver lo
que el pequeño padece en sus propias carnes. Un poco de humildad. A quienes piensan que con el español o con el castellano se es campeón del mundo eso les ha pasado más de una vez. Y no hace falta hacer alardes, defensas y proclamas del español,
como se han hecho aquí, con actitudes más parecidas a las del Cid, porque el castellano no tiene ningún problema de subsistencia, no se preocupen.


En cualquier caso, como principio y como criterio, nuestro grupo nunca se opondrá a la apertura, a la posibilidad de que más gente conozca más lenguas, adquiera más cultura o tenga la posibilidad de contar con los contenidos audiovisuales
diferentes y enriquecedores, vengan en la lengua que vengan y vengan del país que vengan. Eso siempre es enriquecedor. Y lo decimos porque hemos vivido en nuestras propias carnes cómo Gobiernos autonómicos de partidos con representación en esta
Cámara han hecho lo posible y lo imposible para que algunas televisiones en lenguas concretas, como por ejemplo la Euskal Telebista, no puedan verse -repito: no puedan verse-, ni puedan llegar a destinatarios concretos. Eso es lo que ha hecho
Unión del Pueblo Navarro, por ejemplo, en Navarra, lo posible y lo imposible. Siempre diré que es el único Gobierno de Europa que ha legislado en contra de la cultura y de la lengua del país que gobierna. Qué paradoja. Qué triste verdad. Pues
así ha sido. Esperemos que esos tiempos oscuros ya no vuelvan jamás.


Me centro en la propuesta que hace el diputado, ya que tengo poco tiempo. La cuestión, en un principio, carece de inconvenientes en el plano político e ideológico, es decir, todo para todos en aras de la pluralidad cultural y lingüística.
De acuerdo. Pero no confundamos el multiculturalismo o la diversidad y la pluralidad cultural con una especie de españolidad diversa o diferentes formas de ser español, que tampoco es eso. Lo que tenemos claro es que no se especifica -o el
proponente no especifica- cuál es su recorrido, tanto en el aspecto técnico como en el económico, cómo se debe hacer, quién asume la organización tecnológica, a cargo de qué presupuestos, qué papel deben jugar las comunidades autónomas con
televisión propia a la hora de financiar o no financiar, si será obligatorio. Son elementos sustantivos y necesarios a la hora de acometer un programa de esta índole. Por lo tanto, nosotros creemos que se tendría que estudiar en profundidad cuál
es la mejor fórmula para llevar a cabo lo que se propone, detectar cuáles son los inconvenientes y solventarlos, tanto desde la perspectiva tecnológica, si la hubiere, como de la económico-financiera.


Estamos en la era digital y todas estas programaciones se pueden ver perfectamente, como se ha dicho, en Internet. Y aunque no todos pueden acceder a la cuestión digital, aunque no todos hoy tienen acceso, creo que esta es una propuesta que
en pocos años no tendrá sentido porque, afortunadamente, la mayoría de la gente podrá acceder a la televisión y a todos los contenidos del mundo en Internet.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: No es nuestra prioridad, pero no nos parece mal la propuesta que ha hecho el señor Baldoví.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.

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La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.


He de decir, señor Baldoví, que llevaba preparada una intervención, pero que la he tenido que rehacer y volverla a hacer a causa de todo lo que he ido escuchando esta tarde aquí, incluso usted me ha hecho cambiar el sentido del voto hasta en
dos ocasiones durante su intervención. Le veía a ratos como un liberal y a ratos como un nacionalista, y se lo ha dado a entender también a muchos de los portavoces que me han precedido.


Ha dicho usted que ayer encendió la televisión y que solo encontró dos canales que hablaran su lengua. ¿Le hablaban en francés en la televisión? ¿Le hablaban en suajili? ¿En alemán? Le hablarían en castellano, ¿no?, que también es su
lengua. También quisiera decirle una cosa al señor portavoz de la CUP. Yo también he querido presentar una iniciativa para llevar ropa a Cimmeria, el país de Conan, y me la han echado para atrás porque Cimmeria no existe, al igual que el País
Valencià. He oído aquí que la lengua valenciana está en peligro, y yo, que vivo allí, les digo que de verdad que parece que se refieran ustedes al esperanto.


Le decía, señor Baldoví, que me ha hecho usted cambiar el sentido del voto dos veces. Me parecía muy útil su iniciativa sobre la reciprocidad de todas las televisiones autonómicas del Estado, sobre todo para responder a una pregunta, la de
si sirven para algo hoy en día las televisiones autonómicas, además de usarse como medio identitario y propagandístico. Le recuerdo que en les Corts Valencianes -ya se ha dicho aquí también por otro portavoz- a principios de este año se aprobó la
reciprocidad entre la televisión valenciana À Punt, la televisión balear y TV3, a propuesta de su grupo parlamentario, una reciprocidad que en ese momento obedecía, tal y como señalaron, a un espacio lingüístico compartido.


Yo he sido muy ingenua pensando que usted se había vuelto liberal y que, como liberal, uno sobre todo lo que quiere es la igualdad, el derecho de que todos los ciudadanos puedan ver todas las televisiones o puedan acceder a todos los
contenidos e información, residan donde residan. Pero veo que no es así. Aquí le han delatado muchos de sus socios diciendo que se ha quedado usted corto, que si el dominio lingüístico del catalán, que si lenguas en peligro de extinción, que si el
exterminio de las lenguas. Yo, de verdad, creo que viven ustedes en un mundo paralelo. Como liberales, en Ciudadanos estamos a favor de que los contenidos de las televisiones públicas estén disponibles para todos los españoles, vivan donde vivan,
porque, al fin y al cabo, son recursos, son televisiones que pagamos entre todos. Sin duda, sería una buena noticia que el Canal Sur se pueda ver en Cataluña o que Canal Extremadura se pudiera ver en el País Vasco, incluso que en Madrid pudiéramos
seguir la televisión de las islas Canarias, para seguir, desde un primer momento y con preocupación, información de calidad y en directo, al segundo, lo que está ocurriendo con la erupción del volcán de Cumbre Vieja.


Decía usted que también nos serviría para que nos conociéramos mejor. Pues, por supuesto, por fin podría ver toda España que en la televisión catalana, TV3, se difunde el odio y se señala a la mayoría de catalanes que no quiere la
independencia. Ahí, señor Baldoví, es donde se responde mi pregunta inicial. ¿Para qué sirven las televisiones autonómicas si no es para hacer propaganda y manipulación?


En resumen, dígame usted, señor Baldoví, si su iniciativa es una cuestión de igualdad, del derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información y contenidos de sus comunidades autónomas, independientemente de donde residan, y si,
además, garantiza contenidos de calidad e independientes. Porque ser liberal es defender que se pueda ver la televisión en cualquier parte, pero más aún es defender televisiones públicas que no sean de ningún partido, que no sean de ninguna
ideología. Ese es el trabajo que todos en esta Cámara tenemos por delante. Dejen todos de usar los medios públicos...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.


La señora MUÑOZ VIDAL: ... pagados con nuestro dinero, para adoctrinar, manipular y señalar. En nuestro grupo parlamentario seguiremos trabajando para que saquen ustedes sus manos de las instituciones; de todas.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Mariscal Zabala. (Aplausos).


El señor MARISCAL ZABALA: Gracias, presidente.


Señores de Ciudadanos, aunque critiquen a VOX, la izquierda no les va a resucitar. (Aplausos). Por cierto, me siento orgulloso de formar parte de un partido político que anima a las madres a tener a sus hijos y que cuando hay una
dificultad no las empuja a una clínica abortista. (Aplausos).

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Señor Baldoví, hoy nos presenta una iniciativa para que las televisiones públicas de las comunidades autónomas reciban más subvenciones y así puedan emitir en toda España. La justificación que utiliza para que votemos a favor de esta
iniciativa es que las televisiones autonómicas sirven para promocionar la cultura y las lenguas de España. El Grupo Parlamentario VOX está de acuerdo con esta motivación, con que se promocione la cultura y las lenguas de España, pero vamos a votar
en contra de esta iniciativa, porque sabemos que este no es el objetivo de Compromís. El verdadero objetivo de Compromís y de los partidos que van a votar a favor de esta iniciativa es seguir regando con dinero público las televisiones autonómicas,
unas televisiones que generan división entre los españoles, que generan despilfarro y que, además, generan una duplicidad con Televisión Española. (Aplausos). En VOX no vamos a votar a favor de la división, del despilfarro ni de la duplicidad.


Empiezo por la primera d, la de división. Señores de Compromís, en VOX no somos unos ingenuos y, al igual que millones de españoles, sabemos que su estrategia, como la de los otros partidos separatistas y de izquierdas, no pasa por utilizar
las televisiones autonómicas para unir a los españoles, ni para vertebrar a España ni para promocionar la cultura y las lenguas de algunas de sus regiones; todo lo contrario. Los españoles hemos visto cómo estos partidos están utilizando las
televisiones autonómicas como aparatos de propaganda para fomentar el separatismo y promocionar sus agendas ideológicas. Hemos visto de todo en estas televisiones: hemos visto quemar la bandera de España; hemos visto cómo se ha roto una
Constitución; hemos visto cómo se demoniza al español, lengua común de todos los españoles, y, además, se ha insultado y ridiculizado a españoles de otras regiones. Es decir, las televisiones autonómicas, lejos de unir a los españoles, están
produciendo una mayor división. Los separatistas las han convertido en un instrumento para enfrentar, en lugar de promocionar la España diversa y plural que representan las cincuenta y dos provincias. (Aplausos).


Continuamos por la segunda d, la de despilfarro. Señores de Compromís, nos presentan esta iniciativa, pero no nos dicen cuánto nos va costar, porque esto implica más dinero público para las televisiones autonómicas en un momento en que
España atraviesa por una grave crisis económica y cuando hay millones de españoles que ya están sufriendo las consecuencias en primera persona. Esos españoles se preguntan por qué en estos momentos se les obliga a pagar con sus impuestos las
televisiones autonómicas. Los españoles entienden que es necesario pagar impuestos para tener unos servicios públicos de calidad, como una sanidad y una educación para sus hijos, o para tener una Policía que los proteja de los delincuentes, pero lo
que no entienden es que los políticos les exijan pagar impuestos para financiar una televisión que no ven. Y es que estas televisiones no son nada baratas: la televisión catalana nos cuesta 250 millones de euros; la televisión vasca, 162 millones
de euros al año; la televisión valenciana nos cuesta 70 millones de euros al año, y Telemadrid nos cuesta 83 millones. Por cierto, gracias a VOX los madrileños pagarán un 10 % menos de la factura de Telemadrid, y seguiremos luchando para que este
porcentaje sea mayor y se produzca en otras televisiones autonómicas. (Aplausos). No hacemos como Compromís y la izquierda, que ahora pretenden que los españoles tengan que soportar una factura más cara, y no solo de luz, también la de las
televisiones autonómicas.


La última d, la de duplicidad. Señores de Compromís, ustedes dicen que las televisiones autonómicas sirven para fomentar la cultura y las lenguas regionales y que cumplen un servicio público esencial, el de la información de proximidad, y
estamos de acuerdo, pero para eso ya tenemos Televisión Española, una televisión que debería cumplir con esta función y que tiene cerca de seis mil trabajadores repartidos por toda España a través de las delegaciones territoriales, y que ya nos
cuesta 500 millones de euros al año.


En resumen, VOX no va a contribuir a seguir regando con millones de euros procedentes de fondos públicos un capricho de los caciques autonómicos. Vamos a seguir luchando para cerrar las televisiones autonómicas, salvo Televisión Española.
Como herramienta del Estado, seguiremos trabajando para que Televisión Española sea la televisión...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.


El señor MARISCAL ZABALA: ... de todos los españoles y desde donde se promueva realmente la cultura y la vertebración de España. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel.

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La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente. Bona vesprada, senyor Baldoví.


Presenta la misma moción que lleva presentando... (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, señoría. Pido silencio, porque hay mucho ruido.


Continúe, por favor.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Como le decía, presenta la misma proposición que ya presentó en esta Cámara en Comisión, que luego retiró, y que ha presentado a las Cortes Valencianas. Cuando en octubre de 2020 presentó su iniciativa
manifestó que se trataba de aprovechar los recursos disponibles para que -lo dijo textualmente- todas las personas que han cambiado de territorio se sientan más cerca de casa. ¿Cómo oponerse a un mensaje tan empático? Sucede que era una trampa,
como muchas de las que usted nos plantea, porque lo que de verdad pretendía era extender la alfombra audiovisual a un proyecto delirante llamado países catalanes. Tan es así que su grupo presentó una enmienda en el Senado a los Presupuestos
Generales del Estado de 2021 para adquirir un múltiplex televisivo por medio millón de euros, que permitiría la reciprocidad entre À Punt, IB3 y TV3. La justificación era defender la reciprocidad entre las comunidades que comparten el uso habitual
o esporádico de la lengua común. Es decir, que la fiesta colonialista de los independentistas la decrete el Gobierno y que la paguen todos los españoles a través de los Presupuestos Generales del Estado. Otros medios de comunicación también han
descrito así que detrás de esta propuesta se encuentra la presión ejercida por los grupos más soberanistas de la coalición catalanista de Compromís para lograr a toda costa la reciprocidad de señales entre las televisiones autonómicas de Baleares,
Cataluña y la Comunidad Valenciana. Buscan una unidad televisiva para tratar de justificar de este modo una unidad lingüística inexistente. Así era como lo reflejaban los medios.


Además, el señor Baldoví, perdone que se lo diga con todo el cariño, hace trampas, porque la reciprocidad de las cadenas autonómicas que pide ya existe, como se lo han recordado aquí esta tarde, en la legislación española vigente -y lo
sabe-, en el artículo 40.4 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Pero hay tres requisitos indispensables que deben cumplirse: uno es el límite territorial; otro es la existencia de afinidades lingüísticas y culturales entre
comunidades, y el tercero y último es la existencia de un acuerdo entre los territorios, y no por una imposición gubernamental. No se preocupe, porque, además, el anteproyecto de la nueva ley general del audiovisual prevé en el artículo 72 la misma
posibilidad y con los mismos requisitos que hoy existen.


Señorías, las comunidades autónomas pueden destinar algunos de los canales autonómicos explotados en gestión directa para llevar a cabo las emisiones de canales públicos de otras comunidades. Así, pueden decidir sin mediar actuación por
parte del Estado cuáles de sus canales pueden ser explotados en gestión directa y, una vez aprobado el convenio pertinente, destinarlos a la emisión de canal público. Si esto así, ¿por qué insiste entonces tanto Compromís, una y otra vez, en lo
mismo? Porque el señor Baldoví lo que quiere es que sea el Gobierno el que lo imponga, el que haga efectiva la reciprocidad audiovisual autonómica que se dice en la proposición no de ley. Si quiere que la reciprocidad sea obligatoria y que la
pague el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, cosa muy legítima por otra parte, deberá proponerlo en el debate de la nueva ley de la comunicación audiovisual, siendo ese el momento procedimental y no este, en ningún caso. Es
mucho más interesante y positivo, desde nuestro punto de vista, hablar de la reciprocidad dentro de la Unión Europea, en el marco de la Unión Europea; ahí está el reto del verdadero aprovechamiento social y cultural de los intercambios entre las
televisiones públicas. En la actual Ley General de la Comunicación Audiovisual, y también en el anteproyecto, se garantiza la libertad de recepción en todo el territorio español del servicio de comunicación audiovisual televisivo, cuyo titular se
encuentra establecido en un Estado miembro de la Unión Europea. Nos parece que es mucho más útil, en muchos casos, aprender francés viendo la cadena pública o portugués viendo la RTP1 que ver al señor Aragonès, con todos mis respetos, dando
instrucciones a su parroquia independentista, como era su verdadera intención, y no otra.


Señorías, la actual legislación española es plenamente acorde con la Unión Europea, que fomenta la redifusión de los informativos con carácter transfronterizo por la importancia democrática de proteger la libertad y el derecho fundamental de
recibir información. No nos sorprende nada que el PSOE secunde la propuesta de Compromís, porque, contagiado de ese pragmatismo desprovisto de cualquier coherencia que ha impuesto Pedro Sánchez a cambio de resistir en el poder, todo le vale.
Prueba de ello es que hace un año presentaban una enmienda a este mismo texto diciendo que se estudiara la posibilidad o se consensuara con las comunidades autónomas y ahora ya ni se estudia ni se consensua, directamente se

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exige al Gobierno que tome las medidas necesarias para que eso se cumpla. Ese es el gran cambio del Partido Socialista. Antes hablaba de consensuar y ahora todo es por imposición, todo sea por los socios que lo sustentan en los bancos del
Gobierno.


En resumen, por mucho que pretendan disfrazar la iniciativa, solo tiene un objetivo para Compromís, la expansión colonialista -sí, señor Baldoví- del soberanismo catalán, a quien sirven realmente usted y su partido. En esa estrategia no nos
van a encontrar jamás.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señor Baldoví, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?


El señor BALDOVÍ RODA: Estamos trabajando en ello.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis). Muy bien, gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A LA NO CELEBRACIÓN DE HOMENAJES A CONDENADOS DE LA BANDA TERRORISTA ETA. (Número de expediente 162/000800).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la no celebración de homenajes a condenados de la banda terrorista ETA.


Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Antes de iniciar la exposición de presentación de esta iniciativa, me gustaría trasladar, dada su naturaleza, un mensaje de ánimo muy grande y muy fuerte a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo y a todos
los familiares de todas las víctimas del terrorismo, porque ellos deben ser siempre el motivo de orgullo, de reconocimiento y exigir para todos ellos, para todas las víctimas del terrorismo, dignidad, respeto y justicia, señorías. (Aplausos.-La
señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia).


España entera ha visto horrorizada hace unas semanas el intento de homenaje al asesino Henri Parot, un asesino condenado a más de 4000 años por 39 asesinatos, y ante este intento de homenaje, hemos visto la presión popular, la presión de los
ciudadanos, de algunos partidos, de todas las asociaciones de víctimas, de los sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que nos hemos opuesto con firmeza a la defensa del derecho a este homenaje, ya que es un
ultraje más a las víctimas del terrorismo. Y lo que hemos visto -creo que con sorpresa en algunos casos, en otros, ya conocido- ha sido que en el otro lado estaba los de siempre; estaban los albaceas de la organización terrorista ETA, los señores
de Bildu, estaban algunos partidos independentistas y, señores del PSOE, estaba su silencio, que en este caso es cómplice de lo que estos señores han querido organizar en el País Vasco. Porque, señorías, este no es el primer homenaje que se hace a
terroristas cuando salen de prisión. No; en el año 2020 hubo hasta 194 homenajes a terroristas cuando salieron de prisión, un 58 % más que en el año 2019. Señorías, cada uno de estos homenajes supone una humillación, una revictimización de todos
los familiares, de todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, pero sobre todo supone una vergüenza de toda la sociedad española. ¿Alguno de ustedes se imagina que en Francia se homenajeara a los asesinos de Bataclan o que en Reino Unido
alguien homenajeara al asesino de Ignacio Echeverría o que en Noruega se homenajeara al asesino de la matanza de Utoya? ¿De verdad ustedes creen que eso sería posible? Eso no es posible en estas naciones de nuestro entorno, que son perfectamente
democráticas, señorías. ¿Por qué aquí podemos aguantar esto? Porque el Gobierno nos dice que no tiene instrumentos legales para poder pararlo. Hay inacción del Gobierno vasco, hay inacción del Gobierno nacional. Pero yo creo que sí, claro que
hay opciones. Está la Ley 29/2011, la Ley de Víctimas del Terrorismo, que en su artículo 61 dice: Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen
descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares. Y continúa: Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.

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Ahí está todo, señorías. Es suficiente con eso. ¿Por qué eso no es suficiente para este Gobierno ni para el Gobierno vasco? Ahí está todo. Porque estos no son homenajes que pertenezcan a la esfera privada del asesino, son homenajes que
se hacen en espacios públicos perfectamente organizados y con un contenido político claro. Además, de forma sistemática en todos los que se han hecho, se hace enaltecimiento de los terroristas etarras. Por tanto, yo creo que sí que se puede hacer
más. Creo que se podría haber hecho mucho más, señores del Gobierno, señores del Partido Socialista, señores de Unidas Podemos, todos aquellos que apoyan a este Gobierno. Se podía hacer mucho más y no dejar la pelota en el tejado de los jueces,
como siempre, que es lo que hace este Gobierno cuando no quiere tomar ninguna decisión política que contraríe a sus socios.


Este Gobierno puede hacer dos cosas: una, no hacer nada y dejar, como está siempre, la pelota en el tejado de los jueces, o puede modificar esta situación. Eso es lo que le exigimos a este Gobierno, que modifique la situación. Si le
parece que la Ley de Víctimas y lo que yo les he dicho no es suficiente, refuercen la Ley de Víctimas, modifiquen la Ley de Seguridad Ciudadana, eviten que las calles del País Vasco sean un santuario de terroristas y se conviertan en un espacio de
dignificación de las víctimas. Además, tienen ustedes la Ley de Memoria Democrática. Porque, señorías, no se trata de reescribir la historia de la lucha contra el terrorismo de ETA, se trata de dejar bien claro cuál fue esa lucha, se trata de
dejar bien claro quiénes ganaron y quiénes perdieron esa batalla; se trata de incluir a las víctimas de manera amplia; se trata de homenajear a los héroes y no homenajear a los verdugos. Tienen ustedes en la mano un buen instrumento, no
conviertan la Ley de Memoria Democrática en la ley de amnistía democrática o de amnesia democrática o en la ley de memoria selectiva democrática, que es lo que me temo que van a hacer ustedes.


Señorías, les voy a decir lo que decía Sortu sobre aquellos que nos oponíamos, precisamente, y a los que criticábamos estos homenajes. Leo textualmente: Quienes se oponen a que una madre, padre o hermano pueda abrazar a un ser querido en
su salida de prisión, tienen como objeto imponer un único relato de vencedores y vencidos. Ahí lo tienen, señorías del Partido Socialista. Se lo han dejado clarísimo sus socios de Bildu y de Sortu, clarísimo. Esa es la realidad y ese es el
objetivo de estos homenajes. No es otro más que ese. Claro que solo hay un relato, señorías, solo hay un relato: el de la sociedad española, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el de los jueces, el de los fiscales, el de la
democracia, que fue el que venció y derrotó a la banda terrorista ETA, y en el que los vencidos no fueron otros que los asesinos que tanto dolor causaron. Ese es el relato, señorías. Ese es el relato que hay que preservar, y para eso tienen
ustedes a mano la Ley de Memoria Democrática. A Sortu y a los albaceas de ETA que representan a Bildu les digo que las madres, los padres y los hermanos que nunca podrán abrazar, nunca jamás, a su ser querido son los familiares y los amigos de
todos los asesinados por ETA. A ellos, y solo a ellos va destinada esta intervención, señorías.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Gutiérrez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias.


Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Beltrán Villalba.


La señora BELTRÁN VILLALBA: Gracias, presidenta.


Señorías, día tras día vemos cómo en las calles y en las plazas de Navarra y del País Vasco se celebran homenajes a asesinos orgullosos de serlo. Vemos día tras día cómo esos homenajes forman parte de una estrategia política para convertir
en héroes a los peores asesinos de nuestra democracia, una estrategia política para blanquear los crímenes de la banda terrorista ETA. En el Palacio de La Moncloa, en Navarra y en el País Vasco nos gobiernan quienes han renunciado a dar la batalla
moral, nos gobiernan quienes se han arrodillado ante los herederos políticos de la banda terrorista. Solo así se explica que, ante estos aquelarres, el Gobierno se limite a manifestar opiniones hipócritas sin prohibirlos. Condenar estos homenajes
un lunes no sirve absolutamente de nada si el martes ustedes pactan políticas de Estado con los que lo organizan. Presumir de servicios prestados contra el terrorismo es incompatible con aliarse con los herederos de ETA para gobernar en Navarra y
para llegar al Gobierno de España. Y defender la dignidad de las víctimas del terrorismo es también incompatible con integrar a los verdugos en la dirección del Estado. Eso es lo que hacen ustedes, señores socialistas, y a ustedes me quiero
dirigir. Eso es lo que hace Pedro Sánchez cuando pacta con Bildu Batasuna.

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Ayer vimos en este mismo Congreso, en el Congreso de los Diputados, un episodio deleznable, insólito e injustificable. No bajen la cara, porque me estoy dirigiendo a ustedes. Ya sé que les da vergüenza oírlo, pero escúchenme, por favor.
(Protestas). Pues sí, tengan valentía para poner la cara, hombre. (Aplausos). Solo faltaba. Efectivamente, así, de cara, como yo les voy a hablar a ustedes, de cara. Ayer vimos aquí un episodio, como digo, deleznable, insólito y absolutamente
injustificable. Ustedes votaron en contra de condecorar a los policías nacionales que lucharon contra el terrorismo en Navarra y en el País Vasco. Se negaron ayer a conceder una medalla no pensionada a agentes que han sido asesinados a sangre
fría, vejados, humillados y aislados socialmente; ustedes, los socialistas. (Aplausos). ¿En qué se ha convertido ese Partido Socialista? ¿En qué se han convertido ustedes? ¿En que se han convertido? Basta ya de justificaciones, basta ya de
excusas y basta ya de mirar hacia otro lado. Nuestras calles no pueden ser el patio de juegos de los voceros de ETA. Nuestro país no puede convertirse en un santuario de culto al terrorista, y menos con la complicidad del Gobierno, muchísimo
menos. Sepan ustedes que en Navarra y en el País Vasco se ha generado un ecosistema de odio, un ecosistema de odio defendido y promocionado por Bildu Batasuna. Por eso, todo lo que hoy hablemos aquí, todo lo que pactemos aquí no servirá
absolutamente de nada mientras que el Gobierno de Sánchez vea en Bildu un aliado y no un enemigo de la democracia.


El presidente Sánchez y el ministro Grande-Marlaska son pastores que cuidan de los lobos. Les blanquean, les pasan la mano por el lomo y les consideran sus socios preferentes. Esos lobos se han colado en la Moncloa por culpa de un Gobierno
débil, que ha renunciado a defender la dignidad de los vascos, la dignidad de los navarros y la dignidad de todos los españoles. Gobernar de la mano de Bildu Batasuna les impide a ustedes dar los pasos necesarios para acabar con episodios
antidemocráticos como las celebraciones a miembros de ETA en plena calle. ¿Y saben, señores socialistas, cuál es la diferencia entre ustedes y el Partido Popular? Otra vez no me mira nadie. Un poco de respeto, que les estoy hablando a ustedes, a
toda la bancada. Claro, es que da vergüenza; a mí también me la daría. ¿Cómo no me va a dar vergüenza? (Protestas.-Aplausos). ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular? ¿Saben cuál es? (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio.


La señora BELTRÁN VILLALBA: Se lo voy a decir muy claro. Nosotros nos plantamos para ser el altavoz de la España indignada ante estos hechos y ustedes, en cambio, antes de dar cualquier paso, miran por el retrovisor para ver si Bildu
Batasuna da su aprobación. Esa es la diferencia entre ustedes y el Partido Popular; esa es la diferencia. (Aplausos). ¿Y son ustedes conscientes de que pactan con un partido que sigue amparando los asesinatos, los secuestros y las extorsiones?
Ya sé que sí, ya sé que lo saben, pero para ustedes el poder bien lo vale.


¿Por qué critican los homenajes a etarras si luego se sientan en la mesa del Gobierno con los que enaltecen a asesinos de niños, como Henri Parot? ¿Por qué prefieren entenderse con defensores de pistoleros antes que con demócratas que nunca
hemos matado a nadie? Aquí la equidistancia no vale. O se está con las víctimas o se está con los verdugos. (Protestas). El término medio, simplemente, es ser un absoluto cómplice, como ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Beltrán. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto -que en este turno también fijará posición-, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Respaldaré con mi voto favorable esta iniciativa de Ciudadanos, que pone en evidencia, desgraciadamente, que una parte de la sociedad española está moralmente muy enferma cuando homenajea a condenados por terrorismo, mientras el Gobierno
hace la vista gorda ante la celebración de actos de exaltación hacia los criminales, que, a la par, resultan de humillación para las víctimas y de intimidación para quienes viven en las localidades y territorios donde se producen.


Es dolorosamente triste comprobar cómo año tras año se celebran numerosos actos de enaltecimiento terrorista, pero es que, sin salirnos de las Cortes Generales, vemos cómo el Gobierno ha dado carta de naturaleza política a un grupo
parlamentario, EH Bildu, que representa a quienes promueven tales

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alborotos, y han sido actores principales y decisivos para que Pedro Sánchez fuese investido y el Gobierno pueda sacar adelante legislación presupuestaria cada año. ¡Qué nos puede sorprender de un presidente que hace un año lamentó
profundamente en el Pleno del Senado el fallecimiento en prisión de un preso condenado por terrorismo!


Señorías, es el mundo al revés: la imprescindible firmeza frente a quienes han sembrado muerte, dolor y angustia cede para alcanzar y permanecer en el poder sin que, además, haya existido el más mínimo gesto o señal sincera de
arrepentimiento. De ahí la pertinencia de esta iniciativa parlamentaria, para que las delegaciones del Gobierno no sean tolerantes ni pasivas ante los homenajes a terroristas, y que en España se eviten y se persigan estos actos de humillación a las
víctimas, totalmente antidemocráticos, que debilitan los valores de nuestra sociedad.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor García Adanero.


El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, este viernes pasado yo acudí a Leitza, como otras muchas personas, a homenajear al cabo Juan Carlos Beiro, cabo de la Guardia Civil que fue asesinado por la banda terrorista ETA hace diecinueve años. Estuve allí con su viuda y con
uno de sus hijos, quien tiene veinticinco años, o sea, tenía seis cuando asesinaron a su padre. Hoy, cuando hemos empezado la sesión, la presidenta del Congreso ha dicho: hay que portarse bien; se imaginan ustedes qué piensan sobre todo esa gente
joven -cosa que comparto-. Y yo digo: ¿ustedes se imaginan a este hijo -pero, como todos los que ha habido-, a madres, esposas, maridos, etcétera, ver cómo el asesino de sus seres queridos es homenajeado? ¿Pero ustedes se imaginan esa imagen?
¿Se imaginan esa acción? ¿Qué se le puede decir a ese chaval? ¿Qué le decimos como sociedad? ¿Que su padre está bien muerto? ¿Que lo mataron porque había que matarlo, que es lo que dicen algunos partidos aquí, y que apoya el Partido Socialista;
se apoya en ellos? ¿Eso hay que decirle? ¿Qué estamos dando a la sociedad? Yo no me dirijo a la bancada socialista; yo me voy a agarrar ya a esto que se ha hecho famoso, yo me dirijo a los millones de votantes socialistas: cómo pueden consentir
esto (aplausos), cómo pueden ver con buenos ojos que los asesinos de un montón de personas sean recibidos como héroes, y su Gobierno no haga nada al respecto, cómo lo pueden permitir, cómo pueden ir por la calle siendo miembros del Partido
Socialista y permitiendo que esas personas que asesinaron a un montón de personas, en nombre de no sé qué, salgan y puedan ser homenajeados. ¿Cómo les vamos a explicar eso? ¿Qué sociedad estamos haciendo? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y por
qué ocurre eso? Porque el presidente Sánchez le debe los votos a Bildu, eso lo sabemos todos. ¿Y alguien se piensa que Bildu votó al presidente Sánchez porque iba a derogar la reforma laboral, que hace año y pico que ya lo pactaron? ¿De verdad
alguien se piensa eso? Bildu pactó e hizo presidente a Sánchez precisamente para poder homenajear a los asesinos, para que pudieran salir de la cárcel, para que pudieran estar en su casa, y por eso pactó. ¿Y cuál es el problema? Que Sánchez
aceptó, cosa que desde luego no había hecho ningún presidente en España. Por lo tanto, el problema de los homenajes, evidentemente, los tienen los que lo hacen, pero por supuesto los que lo permiten. No se puede estar con los asesinados y con los
asesinos, hay que elegir en qué lado se está. (Aplausos).


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor García Adanero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Gracias, presidenta.


Señorías, hoy tratamos una cuestión que afecta directamente al proceso de normalización y convivencia que en nuestro país se lleva construyendo desde hace más de una década. Un debate difícil, duro y complicado que genera debates encendidos
y contrapuestos, porque toca sentimientos, dolores y sufrimientos. Creo que en Euskal Herria la sociedad vasca es consciente de que se han dado enormes pasos en la construcción de una paz duradera y una convivencia basada en el reconocimiento, la
verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas que el conflicto ha generado. Y creo que también somos conscientes de que aún quedan pasos por dar y consecuencias que solucionar.

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Señorías, el conflicto ha dejado abiertas muchas heridas y aún siguen abiertas; ha generado muchas vulneraciones de derechos que aún siguen presentes, y creemos que debemos abordar todas ellas desde el convencimiento de que, desde la
escucha, el diálogo, el respeto y la empatía, seremos capaces de solucionar las cuestiones que aún suponen obstáculos en la construcción del futuro en convivencia que anhelamos. Por eso hoy me gustaría ser clara y sincera. La izquierda
independentista vasca no es ajena al dolor de las víctimas, entiende, reconoce y respeta su sufrimiento, el de todas, también el de las víctimas de ETA. Porque sí, los largos años de conflicto violento han dejado heridas profundas, dolores inmensos
que costará sanar, y somos conscientes de ello. También somos conscientes de que la política penitenciaria de excepción aplicada contra los presos y las presas vascas durante décadas ha generado dolor en miles de familias, una política
penitenciaria que aún sigue en vigor, y que ni reconoce ni respeta los derechos que también asisten a los presos y a las presas vascas. La dispersión, el alejamiento, el aislamiento, el alargamiento de condenas, toda esta legislación excepcional
aplicada ex profeso contra los presos también ha supuesto y supone una vulneración de derechos humanos que debe finalizar cuanto antes. Señorías, negarlo es no querer enmendar ni reconocer todos los sufrimientos y dolores y, como he dicho antes,
nosotras y nosotros reconocemos y respetamos todos y cada uno de ellos. Por ello y, como he dicho, sabiendo de la complejidad y dureza a la hora de abordar un tema tan sensible para tantas personas y familias como es el de los ongi etorri, me
gustaría trasladar que la izquierda independentista entiende el malestar de las víctimas que se sienten dolidas por el recibimiento de expresos vascos en sus lugares de origen. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Entendemos que estos
actos puedan generarles sentimientos de dolor o sufrimiento. Lo entendemos y lo respetamos; por eso, estamos dispuestas a escuchar a todas ellas y a hablar con todas ellas, con todas las víctimas que estén dispuestas a dialogar de todo ello con
voluntad de avanzar. Y nos gustaría hacerlo en nuestro país, en Euskal Herria, de manera sosegada y sincera, con voluntad constructiva entre todos y todas, con las víctimas, con los agentes políticos y sociales, y con nuestras instituciones. Por
ello, pedimos que no se utilice un tema tan complejo y duro como es este como arma política; que no se use esta Cámara para generar más enfrentamiento, más rencor y más odio; y que no se utilicen los obstáculos que existen y existirán en el camino
de la convivencia para atacar al adversario político y embarrar el debate, como hoy se está haciendo aquí, porque si de verdad queremos seguir construyendo camino, deberemos mostrar todos una gran responsabilidad y altura de miras histórica para
seguir avanzando en ese objetivo compartido de un futuro en paz y convivencia.


Les tiendo la mano, señorías, para dejar atrás la crispación y el enfrentamiento, y para abordar estas situaciones intentando hacer un ejercicio compartido de empatía, de escucha y de comprensión, porque todas ellas, todas las personas que
han sufrido y sufren las consecuencias de este conflicto lo merecen, y porque es lo que la sociedad vasca espera y reclama de nosotros y nosotras. Estamos dispuestas a ello, espero que todos ustedes también lo estén.


Eskerrik asko. Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Aizpurua.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Presenta Ciudadanos una iniciativa para exigir al Gobierno que asegure que no vuelvan a producirse manifestaciones o reuniones que supongan enaltecimiento de delitos de terrorismo o de quienes los cometieron, o que supongan descrédito,
menosprecio o humillación de las víctimas o sus familiares, y todo ello con especial referencia a la actividad terrorista que ETA desarrolló durante sesenta años.


La lectura de la iniciativa expresa una denuncia de la que se dice actividad permisiva de los poderes gubernativos frente a la continuada comisión del delito contenido en el artículo 578 del Código Penal, y a la que se quiere poner remedio.
Sin embargo, señorías, los hechos desmienten esta grave acusación, porque si la realidad fuera tal y como se describe, supondría que los poderes gubernativos están siendo cómplices de la comisión de delitos y que debieran haber sido denunciados,
juzgados y condenados. Sin embargo, ninguna de estas cosas ha sucedido hasta la fecha, y ni siquiera los que sostienen en esta Cámara y en la plaza pública tan graves acusaciones han planteado denuncia penal alguna. ¿Saben por qué, señorías?
Porque saben que no dicen la verdad.


Ahora se pide que el Gobierno asegure que los actos que se denuncian no vuelvan a cometerse. Y yo le preguntaría a Ciudadanos y a otros partidos políticos: ¿esto debe hacerse al margen de los tribunales?

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¿Es que en una democracia liberal cabe que el Poder Ejecutivo, al margen del Poder Judicial penal, prohíba ex ante una manifestación por entender que en sí misma supone la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación
de las víctimas? ¿Esto es lo que proponen las señorías de Ciudadanos? ¿Es que este es un criterio válido en una democracia liberal? Señorías de Ciudadanos, ¿dónde está para ustedes la separación de poderes? ¿O también en esto la manejan a su
gusto?


Señorías, a día de hoy todos estos llamados ongi etorris, expresados a través del derecho de manifestación y reunión, son supervisados por la justicia penal, por la Audiencia Nacional antes de su celebración, porque esta es emplazada de una
u otra manera a determinar si con ellos se incurre en los elementos objetivos que determinan el tipo penal de enaltecimiento o la humillación del 578 del Código Penal. Cuando la Audiencia Nacional, como competente en delitos de terrorismo, concluye
a través de un auto sobre medidas cautelares que no procede prohibir un acto, este se celebra, sin perjuicio de la vigilancia por si en su discurrir se cometiera cualquier delito, incluido también el de enaltecimiento o humillación. Y cuando la
Audiencia Nacional concluye mediante auto su prohibición, se prohíbe. Así se procede, señorías de Ciudadanos, en un Estado de derecho con separación de poderes cuando se acusa a alguien de la comisión de un delito, y no como ustedes proponen, que
el poder gubernativo sustituya al poder judicial penal o que se anticipe a él no habiendo delito flagrante.


Señorías, ahora Ciudadanos en una autoenmienda propone que estos actos se prohíban aunque no supongan comisión del delito del 578 y que para ello se modifique la Ley de Seguridad Ciudadana por constituir estos actos homenajes a terroristas.
Señorías de Ciudadanos, precisamente esta es la conducta penalmente sancionada en el 578, además de la de humillación. Además, la Ley Orgánica 9/1983, del ejercicio de manifestación y reunión, determina que la autoridad gubernativa suspenderá o
disolverá una manifestación o reunión de conformidad con las leyes penales o por graves alteraciones, desórdenes públicos con peligro para las personas y sus bienes. Señorías, pregunto: ¿Cabe en un Estado democrático liberal limitar el derecho de
reunión y manifestación más allá de los supuestos actualmente contenidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983? Es un derecho que, a su vez, es vehículo de la libertad de expresión en que se funda y por el que se identifica a los sistemas
democráticos, frente a los autoritarios.


Señorías de Ciudadanos -y voy finalizando-, por mucho rechazo que nos pueda suponer el ejercicio del derecho de manifestación y reunión en algunos supuestos, como los que se describen en su iniciativa, su prohibición ex ante o suspensión,
mediada su desarrollo, debe enmarcarse en las actuales limitaciones contenidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983 y en las resoluciones de los tribunales penales, no sustituyéndolos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.


El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias.


Señor Gutiérrez, le soy sincero al decirle que nosotros no íbamos a participar en este punto por muchos motivos, pero la verdad es que le he escuchado desde mi despacho, he empezado a tomar notas y he dicho: Vamos a contrarrestar algunas de
las cosas.


Ustedes hablan de homenaje a terroristas, de humillación a las víctimas. De hecho, concretamente usted ha acabado diciendo, con una frase grandilocuente: Se trata de dejar bien claro quién ganó y quién perdió. ¿Es así? ¿Ustedes tienen
algún tipo de responsabilidad en Madrid? Creo que es muy similar a un homenaje votar en contra de mantener la calle a Justa Freire y colocar una calle a un terrorista, a un fascista y a un asesino como Millán-Astray. (Un señor diputado pronuncia
palabras que no se perciben). Sí, sí, o peor. Y ustedes participaron de ello.


Hay debates que a ustedes, que son cada vez más residuales, les sientan bien; la salud mental les sienta bien. Hay otros en los que se empeñan en competir por el copyright que tuvieron y que han perdido desastrosamente con VOX, como los de
Cataluña y la ETA. Jamás van a recuperar ese copyright. Si quieren desaparecer, sigan por esta senda. ¿Saben qué pasaba mientras ustedes votaban con la derecha y con la ultraderecha homenajear a un terrorista, a un fascista y a un asesino como
Millán-Astray -usted que hablaba de Francia- Que se recordaba a La Nueve, porque son antifascistas; los liberales en Francia -se llenan ustedes la boca de hablar de liberalismo- son de derechas, Macron es más de derechas que el grifo del agua fría,
pero es antifascista, cosa que a ustedes a veces se les olvida. Nosotros no vamos a aceptar lecciones de aquellos que callan mientras los nazis campan a sus anchas por Chueca.

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Jamás. (Aplausos). Nosotros nunca vamos a aceptar lecciones de aquellos que aquí se atreven a reivindicar una casa de la tortura -¡no es opinión, es información!- como Via Laietana. Decir que en Via Laietana se han dado hostias a la gente
durante décadas no es de independentistas, ¿eh?, es de antifascistas. Y reivindicarlo aquí o decir que es un servicio público maravilloso es, cuando menos, una vergüenza. Y aquí también meto al PSOE y a su secretario de Estado, que el otro día
dio verdadera vergüenza. (Aplausos). Les recomiendo que sigan el ejemplo de gente como Consuelo Ordóñez, Teresa Lluch, Maixabel. Hay una película maravillosa ahora, que se está estrenando, en torno a esto. Y, sobre todo, les pido que dejen de
utilizar este Congreso como un foco de odio. Dejen de utilizarlo. Y dejen de competir a salvajes con VOX, que les van a ganar siempre.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rufián. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Uriarte Torrealday.


El señor URIARTE TORREALDAY: Querida presidenta, queridos y queridas colegas, volvemos a repetir algo que muchos llevábamos desde niños, lo mamamos en nuestras familias: que la violencia no se utiliza contra nadie. Pero nadie lo ha
explicado mejor que el feminismo cuando dice que con la violencia tolerancia cero; con ninguna violencia, incluso contra las microviolencias. Ninguna violencia que agrave el dolor de las víctimas, de quienes han padecido se puede tolerar; ninguna
microviolencia por parte de nadie, porque eso lo que al final genera es un dolor innecesario, un dolor añadido, con el cual no podemos ser cómplices en ningún caso, con ningún homenaje a ninguna persona que ha causado daño injustamente a otras
personas, da igual en qué bando estuviera, da igual cuál sea el homenaje, cuál sea la medalla, cuál sea la condecoración que se la concede. Nuestro grupo continuamente lo presenta así y desde esa legitimidad estamos planteando nuestra postura hoy
aquí.


Acaba de mencionarse el nombre de la película que se está estrenando en este momento, Maixabel, de Icíar Bollaín. Recomiendo fervorosamente, especialmente a aquellas personas que todavía están instaladas en el odio y la venganza, que la
vean, porque estoy absolutamente convencido de que cuando tengan el mínimo contacto con una persona tan grande como Maixabel Lasa serán mejores personas y empezarán a superar el odio y el afán de venganza que les corroe. Maixabel Lasa es una mujer
a la que le asesinaron a su marido, con quien formaba pareja desde la adolescencia, y juntos lucharon desde su militancia comunista contra la Dictadura franquista y posteriormente contra todas las violencias que se estaban produciendo en aquellos
horrorosos años de la Transición en el País Vasco contra todos los grupos terroristas, antiterroristas, parapoliciales, etcétera. Es una persona que, cuando llegó al Gobierno Civil, fue desalojada de allí otra de las que como gobernador civil había
participado en la guerra sucia. Además, aquellas personas que fueron responsables de la guerra sucia no solo tuvieron un ongi etorri, sino dos: uno al entrar en la cárcel y otro al salir de la cárcel. Y todo esto es absolutamente imperdonable.
No se puede revictimizar a una víctima de la violencia. Han sufrido demasiado todas ellas, y no podemos añadir ni un milímetro más de dolor y sufrimiento.


Estos días Arnaldo Otegi ha hecho unas declaraciones en las que alaba la postura de Maixabel Lasa y su hija Maria. Las alaba diciendo que son unas personas que han actuado con un gran respeto y una gran responsabilidad. El propio Arnaldo
Otegi ha dicho alguna vez, y lo ha dicho así, que ETA ha causado daño injustamente a sus víctimas. Pues bien, las palabras amables están bien, pero hay que pasar de las palabras a los hechos. Si una persona considera que Maixabel Lasa o su hija
están actuando con una gran generosidad, es hora de responder a la generosidad con generosidad. Si una persona dice que ETA ha causado dolor injustamente a las víctimas, es el momento ya de acabar con cualquier dolor injusto para cualquier víctima,
es el momento de acabar ya.


Ha anunciado Mertxe Aizpurua que se van a dar pasos, que hace falta dar pasos y que se van a dar. Estamos deseando verlos, porque estamos deseando tener esa sociedad vasca que como va hoy en día va avanzando hacia la reconciliación, va
avanzando hacia curar heridas, a perdonarse a sí misma, va avanzando en el camino de reencontrarse, cuando, por desgracia, vivimos en un mundo en el que la gente cada vez se va alejando más y cada día va rompiendo más puentes y cavando trincheras.
Afortunadamente, hay personas grandes que no lo hacen. Yo le pido a Euskal Herria Bildu que den pasos adelante, que acaben inmediatamente con los ongi etorri, que pongan toda su autoridad en que eso no vuelva a producirse y no vuelva a haber
ninguna revictimización. Y lo digo desde la autoridad de

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quienes nos hemos opuesto a todos los homenajes, a todos -porque aquí hay gente que tiene distintas varas de medir-, al de todas las personas que han provocado daño injustamente. Si no quieren hacernos caso a nosotros, por favor, escuchen a
la sociedad civil, escuchen a Icíar Bollaín cuando les dice que es un espanto que las víctimas tengan que ver los ongi etorri. Entiéndanlo y acaben ya con este espanto.


Vamos a votar en contra de esta moción porque, como bien se ha explicado anteriormente, no soluciona absolutamente nada, busca el titular y no se trata es de iniciar procedimientos que luego la justicia va a archivar porque no sirven para
nada. Dejemos los titulares y peleemos por conseguir soluciones.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Uriarte.


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Salvá Verd. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-Aplausos).


El señor SALVÁ VERD: Ante todo, presidenta, muchísimas gracias.


Hoy en este debate me quedo alucinado de lo que he oído. Antes que nada, ¿qué es un ongi etorri para una víctima? Yo lo voy a explicar. Un ongi etorri es como si abrieran la tumba de mi hijo o la de cualquier víctima asesinada por ETA,
con el permiso del Gobierno del PSOE, y el etarra de turno le pusiera un puñal en los restos o le disparara y los del PSOE escupieran a los restos. Eso es un ongi etorri. (Aplausos). Si uno lee la ley que ha mencionado el portavoz de Ciudadanos,
la Ley 21/2011, de 22 de septiembre, lo dice muy claro; no lo volveré a repetir porque él ya lo ha dicho.


Contestando a lo que han dicho los distintos grupos, primero me dirigiré a la bancada del PP, cuyo discurso me ha gustado mucho. Les he de recordar que la doctrina Bolinaga es suya. (Aplausos). Sí, señorías. Eso de acercar un preso al
País Vasco... (La señora Beltrán Villalba pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, ya lo creo, es suya.


La señora PRESIDENTA: Señora Beltrán, por favor, silencio.


El señor SALVÁ VERD: A mí se me puede tomar el pelo en todo, en lo que vosotros queráis, vendiéndome un coche, con una ley, pero en urología no se me toma el pelo, y lo de Bolinaga dolió tanto, casi tanto como el día en que asesinaron a mi
hijo, puesto que yo os voté y os ayudé en la campaña electoral. Eso fue una cuchillada, y lo digo alto y claro. (Aplausos).


Para contestar a los de Bildu, y perdonadme que no os llamé señorías, os voy a decir una cosa: Si queréis avanzar en algo, una herida tiene que supurar. De una herida con pus -como médico que soy-, cuando se hinca el bisturí tiene que
salir el pus entero. Si no sale el pus entero, se cierra en falso, y puede que sea peor el resultado. Lo que hay que hacer es que, de los 379 casos -entre ellos los de Carlos y Diego- que no están resueltos, se presentan voluntariamente en las
comisarías y en los juzgados. (Aplausos). A partir de ahí, os creeré. Mientras tanto, todo lo que digáis no sirve absolutamente para nada, es más de lo mismo. Y os voy a decir otra cosa, aunque es una tararira muy repetida: Ya quisiera yo ir a
ver a mi hijo a Huelva, en lugar de tenerlo a tres metros bajo tierra, porque le tengo que llevar una flor. Lo demás es cuento chino. (Aplausos). Y lo digo aquí alto y claro.


No voy a leer nada, pero sí puedo decir a los españoles que, cuando uno es víctima, es víctima de todo: es víctima de ETA, es víctima del Ministerio del Interior, es víctima del Constitucional, es víctima de la Audiencia Nacional, nadie nos
hace caso. Cuando uno es víctima tiene que saber que el victimismo va a estar con él siempre. Respecto a las autoridades y todos los que nos tendrían que proteger, estamos absolutamente desprotegidos. Sinceramente, estoy harto, estamos hartos.
Por eso estoy aquí y es una oportunidad, aunque solo me quede un minuto, para decir que, si no hacemos algo, esto va a seguir exactamente igual, porque que te asesinen a un hijo es lo peor que te puede pasar. A las señorías de Bildu os voy a decir
una cosa muy clara, hay algo que no os deseo, que digo que no os deseo, y es que os asesinen a un hijo.


Para acabar, puesto que solo me quedan cuarenta segundos, puedo decir que en España ser criminal, terrorista, chorizo es baratísimo, España es el paraíso de esta gente. Y para que todo esto no vuelva a ocurrir solo queda VOX, y los demás
no.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX puestos en pie).

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Salvá. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ferrer Tesoro.


La señora FERRER TESORO: Gracias, presidenta.


Antes de empezar, señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, usted no estaba presente cuando la presidenta del Congreso ha llamado al respecto y al decoro de esta Cámara. ¡Tres intervenciones le ha durado esa moderación! (Aplausos).


Señor Gutiérrez, antes de nada, permítame también una pregunta: Con esta acción de lo que usted entiende que es hacer política, que para mí no lo es, ¿qué busca realmente? ¿Más confrontación? ¿Mayor uso de las víctimas para arrancar más
titulares o más votos? ¿O sólo quieren la palmadita en la espalda de su refugio natural, el Partido Popular, antes de que terminen de exprimir esa naranja, a la que poco jugo le queda ya? (Aplausos). ¿De verdad que no entienden que estos, los que
organizan los ofensivos recibimientos a terroristas, sólo buscan precisamente eso, que les faciliten nuevos episodios en los medios de comunicación? Solo consiguen dar protagonismo a una banda terrorista que dejó las armas va a hacer ahora diez
años gracias a toda la sociedad española y con un Gobierno socialista. (Aplausos).


Miren, van a remolque de otros grupos. De esta iniciativa a culpar a los menas de todos los males del mundo, la homofobia o retorcer la Constitución a su antojo les queda una distancia muy corta, tan corta que se define solamente en tres
letras: VOX. Ante el todo, sepa que nosotros, los socialistas, lamentamos y rechazamos rotundamente los homenajes a los presos etarras, que, a la vez que reivindican los asesinatos, porque eso es lo que hacen, humillan con insolencia a las
víctimas. Vamos a acabar con este fenómeno, que nos repugna, como hicimos con ETA en el pasado. Pero aquí las formas sí que importan y hay que cumplir la ley.


Señoría, le voy a explicar una de las grandes diferencias entre lo que usted y yo defendemos. Cuando yo tenía la edad que tiene ahora mi hijo, lo normal que veíamos en los noticieros, en la tele era un atentado, víctimas, dolor y una
sociedad horrorizada, a la par que atemorizada. Fíjese si han cambiado las cosas que hoy mi hijo no sabe lo que es ETA. Hoy mi hijo no sabe qué es un atentado contra una casa cuartel de la Guardia Civil... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora FERRER TESORO: ... ni contra un autobús lleno de militares ni cualquiera de otros tantos episodios que se han quedado grabados en la memoria colectiva de los españoles. ¿Se ha preocupado en calcular cuántas vidas se han salvado
desde que la banda terrorista ETA dejó las armas? Se lo voy a decir: Una media de veintinueve personas al año. ¿No es un logrado acaso? ¿No es un logro? ¿Cree realmente que quitar de la actualidad esta realidad no es un avance? En fin, en vez
de enfrentar y pedir imposibles, lo que podrían hacer es ayudar a rebajar el clima de crispación y proponer alternativas viables.


Este Gobierno trabaja para que en esta Cámara se legisle -así lo dijo el ministro de Interior hace unos días- y que esas expresiones -también las que vimos el otro día por parte de nazis indeseables en el barrio de Chueca- sean contrarias a
derecho sin paliativos. Estamos trabajando en ello, porque esa es nuestra arma, legislar, pero sin violar los derechos fundamentales, que también marca la Constitución. Fíjese en estas palabras: Es demencial, es de vergüenza y es indecente, los
homenajes más bestias a presos de ETA han ocurrido y se han realizado cuando el Partido Popular gobernaba, no hay más que mirar el Observatorio de Radicalización. (Aplausos.-El señor Gutiérrez Vivas hace signos negativos). Son sus compañeros de
viaje. ¿Sabe quién lo dice? La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, hermana de uno de los tantos que fueron asesinados. La pluralidad, señorías, es la mejor de las herencias que nos ha dejado la Constitución de 1978, a la que nos
debemos. Y la mejor herramienta para sacar todo el rendimiento posible a esa pluralidad es el consenso; el consenso, y no la confrontación; ayudar a convivir, y no radicalizar posturas; unir, y no romper.


Para terminar, se lo repito. La postura de este grupo político, el único de esta Cámara que tienen más de ciento cuarenta años de historia -y, por tanto, lecciones de democracia y consenso, ninguna, sobre todo a mis compañeros vascos-, es
clara y tajante: la misma intolerancia contra todos los que invaden el espacio público, nuestras calles con cualquier acto de enaltecimiento de la violencia, de su recuerdo, ya sea terrorista, homófoba, fascista o xenófoba.


Señorías, muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ferrer. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señor Gutiérrez, ¿acepta su grupo la enmienda presentada?


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Señora presidenta, hemos hecho una enmienda transaccional con el Grupo Popular que creo que tienen los letrados para que se reparta al resto de los grupos.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias. Someteremos, por tanto, a votación los términos de la enmienda transaccional.


Señorías, quiero decirles que el señor Díaz Gómez me ha manifestado su voluntad de retirar del Diario de Sesiones la expresión inadecuada referida a un señor concejal de Madrid, cosa que le agradezco y así se hará 2.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS CARENCIAS EN LA ORDENACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA DARLES SOLUCIÓN. (Número de expediente 173/000094).


La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las carencias en la ordenación profesional del Sistema Nacional de Salud y las
medidas previstas por el Gobierno para darle solución.


Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Velasco Morillo.


La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señorías.


El Grupo Parlamentario Popular presenta una moción consecuencia de interpelación, la cual presentamos la pasada semana a la ministra de Sanidad. Señorías, todas las iniciativas sobre los profesionales sanitarios que planteemos en esta
Cámara serán insuficientes para poner en valor que los profesionales sanitarios son el principal activo del Sistema Nacional de Salud. Es lo único en la que coincidimos con la ministra, considerando su intervención de la semana pasada. Pero los
puntos de encuentro con ella en términos de ordenación profesional llegan hasta ahí. La política de recursos humanos del Ministerio de Sanidad es claramente ineficiente desde junio de 2018 y es por ello que hoy espero que la moción sea aprobada,
para trasladar al Gobierno medidas útiles con las que resolver los problemas que tienen los profesionales sanitarios. Hoy han pasado tres años, y sin nada todavía.


Como hemos visto, desde el principio de la pandemia los profesionales nos han demostrado cómo son capaces de reorganizarse rápidamente, y, además, han tenido que buscarse la vida ante la falta de equipamiento de protección por culpa de un
Gobierno incapaz de gestionar con rapidez. Señorías, se han contagiado más de 147 000 sanitarios y muchos han perdido la vida, pero en el Gobierno siguen sin contemplar la COVID como profesión de riesgo. En este sentido, en la Comisión de
Reconstrucción Social y Económica contemplamos en su dictamen, que se aprobó por amplia mayoría de esta Cámara hace más de un año, una serie de propuestas de resolución que hacían referencia a los recursos humanos y profesionales. Pues bien,
señorías, a fecha de hoy el Gobierno de Sánchez no ha dado cumplimiento a ninguna de las propuestas. Por ejemplo, el plan de recursos humanos que propusimos en el Grupo Parlamentario Popular, con medidas de estabilidad en el empleo, mejoras en la
política retributiva e incentivos al ámbito rural, hoy lo volvemos a pedir en la moción, lo mismo que el impulso de políticas de planificación y desarrollo profesional para atender a las necesidades cualitativas y cuantitativas de forma planificada,
evitando así desajustes y cuellos de botella entre la oferta y la demanda. Por otra parte, la pasada semana la ministra anunció un estudio de necesidades de especialistas para 2021-2035, cuando en el Ministerio de Sanidad ya existen cuatro
estudios, y el estudio, señorías, no es la solución.


En el ámbito de la formación sanitaria especializada, también en la Comisión de Reconstrucción se aprobó incrementar el número de plazas en los territorios que así lo requieren. Señorías, la convocatoria 2021-2022 de plazas de formación
sanitaria no ha contemplado nada de lo aprobado en esta Cámara. Les pongo un ejemplo. En mi comunidad, Castilla y León, la necesidad de médicos de familia y


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comunitaria es tremendamente importante y se da la circunstancia de que, además, hay que cubrir la asistencia sanitaria en zonas despobladas o de difícil cobertura, pero este año se ofertan 161 plazas frente a las 178 de 2020; con 18 plazas
menos, mala planificación se está haciendo, señores del Grupo Parlamentario Socialista y de los partidos que sustentan al Gobierno. Así no paliamos el déficit de profesionales.


Señorías, si algo debería salir de esta moción consecuencia de interpelación es que el Gobierno blinde el modelo MIR y que no ceda al chantaje independentista, porque estamos hablando de sanidad; y todavía menos con la formación sanitaria
especializada. Si nuestro sistema sanitario es un referente internacional es principalmente por nuestros profesionales. Ceder a un pago más del independentismo supondría aniquilar un modelo de éxito con cuarenta años de trayectoria.


Con respecto a la atención primaria, que es el primer nivel de asistencia sanitaria y el que requiere de más medios humanos y materiales, en 2018 se realizó un gran trabajo en el consejo interterritorial avalado por todas las comunidades
autónomas independientemente del signo político de sus Gobiernos. Ese trabajo posibilitó el consenso en una serie de recomendaciones que formalizaban cuestiones como la identificación de las plazas y las especialidades deficitarias, la
incentivación para los especialistas que trabajan en zonas de difícil cobertura y la flexibilidad y agilización de unidades docentes para formación especializada. ¿Y qué ha pasado con ellas? Pues, han caído en saco roto. Son recomendaciones que
no pueden esperar más tiempo para dar solución a la urgente reforma que necesita la atención primaria. Señorías, los profesionales de atención primaria se han visto desbordados, con una presión sin precedentes; han tenido que hacer frente a la
atención presencial y la atención telefónica y a llevar a cabo labores administrativas. Para volver a retomar la actividad previa a la pandemia se necesitan medidas a corto, medio y largo plazo, porque el marco estratégico para la atención primaria
no se ha desarrollado y, además, es incompleto. En este sentido, el Gobierno ha convocado esta semana un monográfico sobre la atención primaria. ¿Van a proponer soluciones útiles y reales a este problema o van a hacer como en el Plan de
resiliencia, en el que destinan cero euros a la reforma de la atención primaria?


Sobre las unidades docentes, ¿va el Gobierno a aplicar criterios de aplicación y mejora en la oferta de plazas? ¿Va a mejorar las condiciones para que los profesionales que finalizan la formación se queden en las zonas donde se han formado
si lo desean? ¿Va el Gobierno a revisar el ordenamiento jurídico para establecer un procedimiento más ágil y flexible para la acreditación de unidades docentes? ¿Va a incentivar la provisión de plazas de difícil cobertura en el conjunto el Sistema
Nacional de Salud?


En cuanto a la homologación de títulos, ¿va a agilizar los trámites de la homologación de especialistas de fuera de la Unión Europea? ¿Les parece razonable que grandes profesionales de otros países lleven más de dos años pendientes de una
homologación? De igual modo, es importante que los profesionales sanitarios en edad de jubilación y en plenas facultades físicas y psíquicas se puedan mantener voluntariamente en el servicio activo. ¿Va a hacer el Gobierno algo a este respecto?


Termino ya, señora presidenta. Señorías, es el momento de alcanzar acuerdos. Los profesionales sanitarios los demandan y los españoles necesitan contar con una atención sanitaria de calidad, accesible y equitativa con independencia del
lugar en el que viven. Por ello, les pido que apoyen esta iniciativa para mejorar el desarrollo del principal activo del Sistema Nacional de Salud: los profesionales sanitarios. Es momento de menos promesas y de más cumplimiento de los
compromisos asumidos en esta Cámara y en el consejo interterritorial. No pierdan la poca credibilidad que les queda. Los profesionales sanitarios no se merecen esto.


Gracias. (Prolongados aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velasco. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), interviene la señora Gorospe Elezcano.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Buenas tardes de nuevo, señorías.


Señora Velasco, en mi intervención anterior le decía al señor Echenique que me tenía que permitir que le hiciera una crítica en relación con que fuera él quien propusiera la iniciativa que teníamos a debate y ahora, señora Velasco, me va a
permitir que le haga a usted también una crítica. Usted ha dicho que este problema de la falta de especialistas es más viejo que la tos. Usted ha dicho que ya llevamos cuatro estudios, pero yo tengo aquí el primer párrafo de uno de los estudios
que se ha realizado por una universidad canaria -por cierto, Beatriz González López-Valcárcel estuvo aquí en la Comisión

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de Reconstrucción- y en el primer párrafo de este estudio, que es para 20182030 y la última revisión de 2019, dice: Esta es la quinta edición del análisis de los recursos humanos médicos en España. Y, claro, si esta es la quinta edición,
ha habido Gobiernos de unos y de otros y ustedes han estado en el Gobierno. Por tanto, que venga aquí a presentarnos esta propuesta con carácter inmediato tiene su gracia. Pero es que también tiene su gracia este real decreto-ley -me va a permitir
que se lo recuerde-, el Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, que fue aprobado cuando ustedes estaban en el Gobierno. Fue el mayor mordisco que se les ha dado en treinta años a las
condiciones salariales de los sanitarios y fue una de las razones, junto con la tasa de reposición que se impuso, de la actual situación de falta de estabilidad del personal. Creo que es necesario contextualizar el debate y saber de dónde
procedemos para llegar a esta situación.


Ustedes en la moción plantean distintas propuestas ordenadas fundamentalmente en cuatro bloques. Unas están dirigidas a la planificación de los recursos humanos. Como en reiteradas ocasiones hemos dicho, la política de retribución y otros
aspectos de la gestión de recursos humanos son competencia de las comunidades autónomas y, por tanto, no consideramos que deban ser abordadas aquí. Por otra parte, en relación con la incentivación de plazas de difícil cobertura, también son las
comunidades autónomas las que tendrán que ver cómo las pueden incentivar; en nuestro caso, para que vayan especialistas al Hospital de Leza. Otro bloque es el de incentivación de la vida laboral. Ya tienen la posibilidad de estar hasta los 70
años y vemos que Escrivá está preocupado por que se alargue la vida laboral de todos los profesionales. A nuestro grupo parlamentario, sinceramente, le gustaría que se adoptarán medidas para flexibilizar el acceso a la profesión de las personas más
jóvenes. Nos parece que sería una media más acertada.


También tienen luego un bloque de propuestas de formación sanitaria especializada. Ahí me gustaría hablar de la enmienda que nosotros, como grupo, hemos presentado. Creo que es muy importante hablar de este tema. Usted habla de aplicar
criterios de ampliación y mejora de la oferta de plazas de formación sanitaria especializada y nosotros consideramos que esa oferta debe partir -y parte sin duda- de las autoridades sanitarias autonómicas, integrando la oferta general del Estado.
No es que queramos romper la cohesión ni deshomogeneizar, porque los criterios que se establecen son en muchos casos de ámbito europeo.


Proponen en el sexto punto de su iniciativa modificar los apartados 3 y 4 del artículo 26 de la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. En esta cuestión consideramos que quienes tienen que establecer los criterios para
decidir -o, por lo menos, participar- son las comunidades autónomas y que tienen que ser quienes después participen en la acreditación de esos centros para la formación especializada.


Por último, en relación con su octavo punto, pedimos el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Autonomía vasco, es decir, que procedan a transferir las funciones y servicios necesarios para el ejercicio de la competencia de la
homologación de títulos y estudios extranjeros en las enseñanzas universitarias. Ese cuello de botella del que usted ha hablado se desatascaría si fueran las comunidades autónomas quienes decidieran e intervinieran.


La señora PRESIDENTA: Señora Gorospe, tiene usted que terminar, por favor.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias. Muy amable, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.


El Grupo Parlamentario Popular hizo una interpelación urgente a la ministra de Sanidad en la que criticó algunos aspectos de la actitud del Gobierno en relación con los profesionales sanitarios. Es verdad que muchos de estos aspectos son de
rancio abolengo en los Gobiernos de España. El propio Partido Popular con mayorías absolutas no acometió las reformas que pide hoy aquí. También es cierto -quiero ser justo con todos- que la pandemia ha tensionado el sistema hasta el punto de que
se le han visto las costuras y hemos podido ver cómo eran los profesionales sanitarios los que aguantaban, a pesar de lo mal pertrechada que estaba la sanidad y el aparato normativo que la sustenta. Algunas de las cuestiones que trae aquí el
Partido Popular las compartimos y son muy interesantes, pero, además, la mayoría están en

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los acuerdos a los que llegamos en la mesa para la reconstrucción, y terminaré con unas preguntas a este respecto al Grupo Parlamentario Socialista.


Nos parece interesante la estabilidad en el empleo. Una de las exigencias permanentes de los profesionales, pero también de los especialistas en economía de la salud, es la estabilidad en el empleo. Al no cambiar el ámbito de actuación de
los profesionales sanitarios sobre el que trabajan y tener una población estable sobre la que realizan su trabajo, se favorece mucho el trabajo de los sanitarios. Por otra parte, hay muchas propuestas, sobre todo en la formación especializada, que
yo creo que es el gran caballo de batalla que tenemos pendiente: hay que dotar a la sanidad española de los especialistas que se precisan. Algún avance se ha hecho -insisto en la idea de que cuando el Gobierno hace algo bien, hay que decírselo
también- en las especialidades de psiquiatría infantil y de la adolescencia. Sigan por ese camino y avancen más. Hay más especialidades llamando a la puerta, más especialidades que de facto existen, y aquí hay medidas que nosotros consideramos muy
útiles; también muchas de ellas están en los acuerdos a los que llegamos en la mesa para la reconstrucción.


El Grupo Parlamentario Vasco se quejaba del tema competencial. Hay una cláusula en el punto noveno que habla de la coordinación con las comunidades autónomas. Se entiende que todo esto va en coordinación con las comunidades autónomas. No
creo que sea un énfasis invasivo competencial el que está detrás de esta moción consecuencia de interpelación urgente.


Por otra parte, otro de los males de los que adolece la sanidad pública ahora mismo son las competencias digitales del personal. Esto lo hemos echado de menos en la moción consecuencia de interpelación urgente y, por eso, lo hemos
incorporado mediante una enmienda transaccional a la que hemos llegado. Consideramos que las competencias digitales pueden asegurar que los profesionales sanitarios cuenten con herramientas y capacidades para ofrecer una asistencia sanitaria de
primera calidad, aprovechando el avance de la ciencia y la tecnología. Es otra de las cuestiones que también está en los acuerdos de la mesa de la reconstrucción y que espero que estén negociando, porque sé que las cuestiones principales que están
pidiendo Esquerra Republicana o Bildu son todas referidas a la digitalización de la sanidad. No están hablando de indultos o de mesas dispares donde unos son más que otros; yo sé que están hablando de las competencias digitales de la sanidad.
Esto es particularmente importante, por ejemplo, para asegurar que las nuevas técnicas de detección temprana y diagnóstico o los tratamientos no invasivos puedan ser aplicados a los pacientes con la mejora que suponen para su integridad y su
bienestar. Además, cobran importancia en un contexto como el que acaba de plantear el Grupo Parlamentario Popular en el que se va a incentivar que los profesionales de más edad sigan trabajando. Está bien que tengan una formación en competencias
digitales que, por razones de edad -como nos pasa a muchos de nosotros ya aquí-, no tienen.


También, hemos echado de menos otras medidas como, por ejemplo, asegurar que el personal sanitario pueda acceder sin restricciones y de forma interoperable a la historia clínica digital. Para eso tienen la tarjeta sanitaria única, aprobada
en los Presupuestos Generales del Estado, y que veo que no implementan.


Yo creo que, si cumplen con los acuerdos presupuestarios y con los acuerdos de la mesa de reconstrucción de forma que no sean estéticos, muchas de estas cuestiones quedarán solventadas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Jara Moreno. (Aplausos).


La señora JARA MORENO: Gracias, presidenta.


Señorías, el Partido Popular nos trae hoy una propuesta para actualizar el sistema de ordenación de las profesiones sanitarias, un problema que no tendríamos si las competencias sanitarias volvieran a estar a cargo del Estado y no estuvieran
en manos de las comunidades autónomas, como desde VOX hemos pedido aquí, en esta Cámara, en numerosas ocasiones. (Aplausos).


¿Y quieren que les diga algo? Los profesionales sanitarios estamos cansados de textos legislativos creados por burócratas que ni por asomo conocen su verdadera realidad diaria. El primer aspecto de esta realidad que debemos poner sobre la
mesa hoy es la discriminación salarial, no solo entre comunidades autónomas, sino entre profesionales sanitarios que trabajan en la misma localidad y que, en función del centro de trabajo donde prestan sus servicios, perciben una retribución u otra.

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Estamos hablando de una diferencia salarial de entre 700 y 1000 euros mensuales, una cantidad muy importante para cualquier familia.


Y no es el único problema con el que los facultativos tienen que lidiar. ¿Conocían ustedes que el 40 % del sueldo de un médico es variable en función del número de guardias que realiza? Yo sí, porque hasta hace ahora un año, que fue cuando
me incorporé a esta Cámara como diputada de VOX, he ejercido esta profesión durante treinta y tres años. ¿Se imaginan ustedes el cansancio acumulado de un profesional que ha pasado ya la franja de edad de los 55 años y que se ve obligado a seguir
manteniendo este ritmo de guardias para poder afrontar los gastos de su hogar? Porque, en caso contrario, sus ingresos se verían reducidos de forma drástica.


Estamos tratando a personas para curarlas, para mitigar o paliar su dolor y, en muchas ocasiones, para salvarles la vida, y es primordial que nos entendamos. Esto parece no importarles, porque, si no, no se explicaría la contratación de
médicos que no hablan castellano, como ha ocurrido en Andalucía este verano; o el imperativo de hablar catalán con el que se encuentran los facultativos que quieren trabajar en Baleares, con lo que la comunicación se hace francamente complicada.
(Aplausos). Por no hablar de la necesidad de contar con la especialidad de medicina de urgencias, reconocida en veintitrés países europeos y que en España no está reconocida, algo que mi grupo llevó a esta Cámara y que se negaron a poner en marcha.
La falta de especialistas en urgencias provoca que al final un neumólogo pueda estar atendiendo un infarto de miocardio. Sería primordial ordenar todas estas cuestiones, que no son más que una pincelada de la cruda realidad con la que nuestros
sanitarios se enfrentan en su día a día.


Quiero dirigirme a ustedes y pedirles que den un paso al frente y sean valientes y pidan de una vez por todas la única solución posible a este problema, que no es otra que la devolución de las competencias de sanidad al Gobierno de España.
(Aplausos). Sinceramente, me parece una entelequia hablar de una ordenación a nivel nacional cuando están transferidas estas competencias a las comunidades autónomas, que finalmente hacen la contratación según su propio criterio y según su
presupuesto, que es diferente de unas comunidades a otras.


No nos opondremos a esta tímida propuesta que hoy nos traen, ya que consideramos prioritario unificar los criterios y que los profesionales tengan las mismas obligaciones y derechos allí donde ejerzan, pero nos vemos en la obligación de
recordarles que esta situación que vivimos es la consecuencia de la dejadez e incompetencia de los distintos Gobiernos de derechas y de izquierdas que han ocupado el Ministerio de Sanidad. (Aplausos).


Desde nuestro grupo hemos añadido dos puntos a las propuestas ya existentes. Punto uno, incentivar la adecuación de los puestos de trabajo de las personas que, con motivo de enfermedades o accidentes, adquieran alguna incapacidad y adaptar
los mismos a su nueva realidad sin merma de su integración laboral. Punto dos, si se aprueba la permanencia en la vida laboral activa una vez alcanzada la edad de jubilación, para las personas que lo deseen se deberían adecuar los puestos de
trabajo aprovechando la experiencia del trabajador para la formación de otros trabajadores y disminuyendo las horas de trabajo asistencial.


La señora PRESIDENTA: Señora Jara, tiene usted que terminar, por favor.


La señora JARA MORENO: Sin mucha confianza en que el Gobierno actual haga algo por mejorar la vida de los sanitarios...


La señora PRESIDENTA: Señora Jara, tiene usted que terminar, por favor. Lo lamento, pero ha terminado su tiempo.


La señora JARA MORENO: ... apoyaremos esta iniciativa, aunque estos profesionales tendrán que esperar para tener un trato justo a que lleguemos al Gobierno, porque para luchar por ellos solo queda VOX. (Aplausos de las señoras y los
señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jara. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Resultó extraordinariamente pertinente y revelador el debate de la interpelación a la ministra de Sanidad que se celebró el pasado miércoles a instancias del Grupo Parlamentario Popular y del que deriva esta moción con nueve puntos que
resultan irrenunciables en un contexto de crisis sanitaria agudizada por el COVID-19 que España y el mundo vienen sufriendo desde principios de 2020.


El primero de los puntos es de crucial importancia en la actualidad, porque incide en la necesidad de dotarnos de un plan de recursos humanos, ya que la pandemia desveló la precariedad de las plantillas, tanto en la atención hospitalaria
como en la primaria y en la asistencial. De ahí que sea urgente acometer un plan en el que se facilite la estabilidad laboral, que corrija la altísima intermitencia y volatilidad de los contratos de trabajo, que aproxime nuestra sanidad a las
ratios profesionales medias de la Unión Europea y que mejore la retribuciones; porque, de lo contrario, vamos a seguir nutriendo con nuestros médicos, enfermeras y personal especializado los sistemas sanitarios de otros países. En este sentido,
les recuerdo, señorías, que está en tramitación en esta Cámara la iniciativa legislativa popular para incrementar sustancialmente el número de profesionales de enfermería, y quiero reiterar que no pocos hacen las maletas y cruzan fronteras porque en
otros lugares les pagan más y les tratan profesionalmente muchísimo mejor.


Señorías, aunque el Gobierno tiene un ministerio que lleva en su rótulo lo del reto demográfico, en España tenemos un creciente problema y unas alarmantes cifras de envejecimiento que hacen imprescindible planificar las actuaciones para que
las exigencias de atención primaria y asistencial no nos pillen a contrapié. La moción del Grupo Popular pide incentivar el ejercicio de las profesiones sanitarias en el ámbito rural, porque es clave para atender a los habitantes de nuestro medio
rural y para frenar el creciente fenómeno de la despoblación al no encontrar en los pueblos los servicios necesarios para su bienestar, comenzando por la salud.


Otro de los puntos insta al Gobierno al establecimiento de una planificación de necesidades de profesionales en el sistema sanitario en coordinación con el sistema universitario, para adaptar los planes de estudio de grado y posgrado y para
adecuar las plazas de formación sanitaria especializadas a las necesidades reales del propio sistema sanitario. Es de sentido común y es una de las lagunas que permanece con el paso de las décadas que, en general, afecta a una parte sustancial del
mercado laboral que no ve satisfechas sus necesidades. De ahí que resulte adecuado instar al Gobierno a priorizar la revisión de los requisitos para la acreditación de centros y unidades docentes para la formación sanitaria especializada en
especialidades que se han declarado mayormente deficitarias, como es el caso de medicina familiar y pediatría con sus áreas específicas, y también para la aplicación de criterios de ampliación y de mejora de la oferta de formación sanitaria
especializada de forma inmediata.


Señorías, no quisiera desaprovechar mi paso por la tribuna en el debate sobre temas sanitarios sin dejar de reseñar que la deficiente planificación, los problemas de gestión y la falta de recursos tienen hoy en Asturias el modelo de tormenta
perfecta derivado de las desacertadas políticas socialistas, que hace mella en el buen funcionamiento del sistema sanitario y que se agudiza sobre su principal valor: el personal.


Los dos puntos a los que se refiere esta iniciativa parlamentaria, relativos a la inmediata aplicación de criterios de ampliación y mejora de la oferta en la formación sanitaria especializada y en el incentivo a la permanencia en el puesto
de trabajo en servicio activo, son también imprescindibles en la enseñanza asturiana, pues, al igual que en otras partes de España, ha sufrido el síndrome Escrivá, derivado del galimatías al que nos está arrastrando el ministro de Seguridad Social
con su reforma de pensiones. Es una cuestión de emergencia, como se reclama en esta moción, la puesta en marcha de medidas e iniciativas que permitan aprovechar la experiencia y la capacidad de aquellos profesionales sanitarios en edad de
jubilación que se encuentren en plenas facultades físicas y psíquicas para seguir en activo voluntariamente.


En definitiva, apoyaré el conjunto de la iniciativa defendida por la señora Velasco Morillo porque es constructiva, acomete problemas que hoy están más que latentes en el sistema sanitario, centra las soluciones y, en términos políticos,
suple la inestabilidad en el seno de un ministerio que, desde que es presidente Pedro Sánchez, hace menos de tres años y medio, ha conocido cuatro titulares y cuatro equipos de gestión diferentes y que acumula un importante número de compromisos
incumplidos que convierten al sistema sanitario en la gran víctima del Gobierno.


Un poquito de por favor, señor Escrivá, es inadmisible en muchos ámbitos, pero especialmente en el sanitario, que la mayoría de médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y demás personal puedan extender

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su actividad laboral más allá de los 67 años, y menos aún hasta los 75. Basta de ocurrencias disparatadas, señor ministro de la Seguridad Social.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


El PP solicita el apoyo para reclamar al Gobierno del Estado materias que corresponden en su gran mayoría a las comunidades autónomas, pero que no se han molestado en ponerlas en práctica en aquellas comunidades en las que gobierna, como es
el caso de Galiza. Se insta en la moción, por ejemplo, a mejorar la política retributiva y a establecer incentivos mientras que el PP de Feijóo mantiene los recortes salariales del personal sanitario y continúa sin cumplir los acuerdos salariales y
retributivos pactados en la mesa sectorial y publicados en el Diario Oficial de Galicia. En cuanto a la formación sanitaria especializada, suscribimos la enmienda propuesta por el PNV: mayor participación de las comunidades autónomas y transferir
las competencias en materia de acreditación de centros y homologación de títulos y estudios. Tampoco podemos compartir esa propuesta sobre el alargamiento del servicio activo más allá de la edad de jubilación, ni en el ámbito sanitario ni en el
resto de sectores. Es inconcebible que con las altas tasas de desempleo, y en el caso sanitario con el alto número de personal formado que debe emigrar buscando empleo estable, se sigan proponiendo medidas como estas. Dotar de estabilidad, sí.
Reclamamos una vez más suprimir la tasa de reposición de efectivos en todas las áreas públicas, pero especialmente en el ámbito sanitario, y convocar todas las plazas que hoy son estructurales pero que se cubren con personal temporal concatenando
contratos. En definitiva, no podemos apoyar esta propuesta.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia.


La señora CAÑADELL SALVIA: Gràcies, presidenta.


En primer lugar, en el PDeCAT compartimos absolutamente la fundamental y extraordinaria tarea que nuestros sanitarios desempeñan a diario con abnegación y sacrificio, careciendo muchas veces de recursos personales y humanos suficientes. La
irrupción del coronavirus ha puesto el foco en el sector sanitario, se han puesto de manifiesto ante toda la sociedad las insuficiencias del sistema y es responsabilidad de los servicios públicos darles respuesta. Dicho esto, en el PDeCAT tenemos
como eje principal de nuestra política la defensa del principio de subsidiariedad y el respeto competencial, que en el ámbito sanitario corresponde a las comunidades autónomas, las cuales llevan, como en el caso de Cataluña, más de cuarenta años
gestionándola. En este sentido, más que planes estatales lo que habría que hacer es mejorar la financiación autonómica, congelada desde hace años y que genera un elevado endeudamiento a la Generalitat de Catalunya. El Estado tiene escasas
competencias en sanidad y ha derivado todo el gasto sanitario hacia las administraciones que la gestionan, es decir, hacia las comunidades autónomas. Dado que la financiación de la sanidad está incluida en el sistema global de financiación de las
comunidades autónomas en régimen común y que este no ha variado desde el año 2009, está claro que tenemos un problema.


Así pues, compartimos cualesquiera medidas orientadas a mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, pero queremos resaltar que, a nuestro parecer, los problemas en el ámbito sanitario deben abordarlos las
administraciones competentes, esto es, las comunidades autónomas. En consecuencia, al abordar solamente algunos de los puntos de la moción aspectos que dependen del Estado, siendo buena parte de los puntos competencia de las comunidades autónomas,
no podemos apoyar esta moción.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cañadell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

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El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta.


Voy a ser breve. Reconocemos que hay una inquietud entre los profesionales de la salud sobre cuál va a ser el criterio de ordenación de las profesiones sanitarias, y en eso estamos realmente de acuerdo. Se han paralizado conversaciones de
los colectivos con la Dirección General de Ordenación Profesional que pedían precisamente el reconocimiento oficial. En ese sentido, es una cuestión en la que sabemos que hay una cierta demanda, una cierta inquietud y, por lo tanto, transmitimos
también esa inquietud que expresa esta misma iniciativa. Por otro lado, el cambio de dirección probablemente ha contribuido a ello y en todo caso sí que creo que en la anterior comparecencia de la ministra de Sanidad ya se anunció mediante el real
decreto un nuevo reglamento de ordenación de las profesiones sanitarias. En todo caso, estamos a la espera de cómo se resuelve todo esto.


Nuestro grupo ya ha insistido muchas veces en diferentes tipos de iniciativas sobre, por ejemplo, los Pesto, psicólogos especialistas sin titulación oficial, sobre lo que hemos hecho preguntas por escrito; sobre los técnicos superiores en
imagen para el diagnóstico en medicina nuclear; sobre los técnicos superiores de radioterapia y dosimetría; sobre los técnicos superiores en anatomía patológica y citodiagnóstico; sobre los técnicos superiores en laboratorio clínico biomédico, y
sobre los técnicos superiores en dietética. Sobre esto ya hemos pedido una comparecencia del director general, registrada hace relativamente poco. Sobre el tema de enfermería de cuidados médicos quirúrgicos tenemos una PNL registrada, y también
hemos trabajado en el debate sobre la especialidad de urgencias. Por tanto, hemos transmitido desde nuestro grupo la inquietud y la necesidad de resolver esta cuestión.


Pero los puntos que proponen en su moción van un paso más allá y, como siempre, prescinden precisamente del marco competencial de las comunidades autónomas que, concretamente en ese caso, afecta a aspectos como la contratación o la
planificación de profesionales sanitarios. No es la primera vez que se lo decimos y ustedes siguen insistiendo. Las comunidades autónomas tienen plena competencia y potestad para precisar el número de profesionales que necesitan, teniendo en
cuenta todos los factores y criterios de población, centros acreditados, ratio. Por poner un ejemplo, en Cataluña hacen falta en estos momentos plazas de medicina preventiva, medicina de trabajo, traumatología y salud mental y, en cambio, en los
últimos años se ha avanzado en la contratación de nuevas plazas de medicina familiar y comunitaria. Eso quiere decir que en cada comunidad hay realidades diferentes y dinámicas diferentes. Los criterios no pueden ser los mismos.


En cuanto a las acreditaciones de centros, las deberían aplicar las comunidades autónomas a partir de unos baremos de calidad definidos y determinados por el ministerio con el consenso de las comunidades autónomas. El ministerio debe
definir los baremos y las comunidades autónomas actuar en consecuencia según sus necesidades. Es evidente que este baremo también debe adecuarse crematísticamente, ya que entre diversos motivos la fuga de profesionales se debe en parte a esto. No
voy a insistir más, porque la cuestión competencial es un tema que estamos constantemente anunciando y vemos que esta iniciativa prescinde totalmente de ella y lo que hace es evitar un tema que constantemente vamos repitiendo. Por tanto, y por todo
ello, vamos a votar en contra.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eritja. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez.


La señora MEDEL PÉREZ: Buenas tardes a todos y a todas.


La semana pasada, en la interpelación del Grupo Popular, me llamo la atención cómo el PP echaba en cara al Gobierno el rechazo a una compensación puntual para los profesionales sanitarios que tanto han sacrificado en esta pandemia. Y desde
luego han sacrificado muchísimo. Pero los profesionales sanitarios llevan muchos años, mucho antes que la pandemia, sufriendo recortes, contratos basura, interinidades en fraude de ley, salarios congelados gracias a y directamente relacionados con
los recortes del Partido Popular. Para el Partido Popular la inversión en lo público es un gasto excesivo, según decía el informe Abril en 1991, pero desviar dinero público para el negocio privado, desde luego es una inversión para el Partido
Popular. Al Partido Popular le gusta hacer algún regalo, muy de vez en cuando, a los trabajadores, pero de los derechos no les gusta hablar. No escuchan cuando los trabajadores sanitarios claman contra los recortes, cuando claman contra la
privatización de la sanidad y el deterioro de los servicios públicos que caracteriza a los Gobiernos de la derecha. Gracias a sus recortes, la sanidad

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pública ha sufrido lo indecible y sus políticas destructoras de los servicios públicos son responsables, en gran medida, de los daños de la pandemia. Los trabajadores sanitarios no quieren una compensación puntual, quieren seguridad
laboral, ratios adecuadas y una ley de seguridad del paciente que nos permita tener una sanidad pública de calidad. El PP pide medidas de estabilidad en el empleo y el aumento del número de plazas. Sí, piden unas reivindicaciones que jamás
apoyaron, y al mismo tiempo que piden reforzar la pública, apoyan reforzar el aseguramiento por mutuas de los funcionarios públicos, sabiendo que es ineficiente, que perjudica a la sanidad pública y, desde luego, a los trabajadores públicos.


Quiero hacer hincapié en varias cuestiones relacionadas con el artículo 20 de la Ley de ordenación profesional que el PP ha tocado en algunos puntos. A nosotros nos parece fundamental nuestra formación MIR, FIR, PIR, etcétera, que se
caracteriza por la alta calidad, pero esa calidad corre peligro desde que el PP suspendió las auditorías. Es conocido el malestar de los MIR, por ejemplo, por la escasa supervisión que tienen en algunos hospitales. Unidas Podemos llevó una PNL a
la Comisión de Sanidad, que fue aprobada, reclamando la necesidad de las auditorías como garantía de calidad, aunque no sé por dónde va ese trámite, pero desde luego fue aprobada. Nosotros apoyamos el desarrollo de las sedes de capacitación
específica para evitar la fragmentación sanitaria. Por otro lado, consideramos que debe incluir la ley a profesionales como técnicos superiores de radiología, de anatomía patológica de laboratorio, así como psicólogos clínicos que están
contemplados en la Ley de salud pública de 2011, pero aquí, en realidad, no están contemplados. Consideramos, por ejemplo, que se puede hablar mucho sobre defensa de la salud mental, pero mal vamos si se aumentan solamente seis plazas de psicólogos
en la última convocatoria de MIR. Nos preocupa la dependencia de la formación sanitaria, tanto especializada como continuada, de la industria farmacéutica; todos sabemos que adolece de ese problema.


Hay un problema que es importante. La asociación de la sanidad privada presiona mucho -y lo hemos visto en prensa últimamente- para aumentar su espacio de poder, y uno de los mecanismos es aumentar la oferta de formación MIR en los
hospitales privados. La calidad de nuestro sistema sanitario de formación pública MIR, FIR ha demostrado con creces esa calidad y creemos que esta formación debe permanecer ahí. No queremos que aumente una formación MIR descontrolada, no
supervisada y poco transparente, como ocurre en realidad en la formación MIR de los hospitales privados. Creemos que la especialización debe llevarse por lo público porque solo lo público tiene como interés el de los ciudadanos.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Medel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sánchez Jódar.


La señora SÁNCHEZ JÓDAR: Buenas tardes. Gracias, presidenta.


Señorías, mientras releía la intervención de su grupo en la pasada intervención, señora Velasco, sinceramente, no daba crédito. Precisamente, viniendo de ustedes, de un partido que estando en el Gobierno, solamente en Castilla-La Mancha,
bajo el Gobierno de la señora De Cospedal y del señor Rajoy, fue capaz de despedir a tres mil sanitarios, no fue capaz de sacar una sola oferta de empleo público en cuatro años de gobierno, recortó las retribuciones del personal sanitario un 4 %
(aplausos), paralizó la construcción de los hospitales de Toledo, Guadalajara, Albacete y Cuenca y degradó a nuestros profesionales sanitarios diciendo públicamente que en las urgencias rurales los equipos médicos están durmiendo en lugar de
trabajando. ¡Y vienen aquí a dar lecciones de carencias en los recursos sanitarios! Claro, claro que pueden dar lecciones, porque tienen ustedes un máster. Les doy mi más sincera enhorabuena, porque esta vez no se lo han regalado, sino que se lo
han ganado a pulso, un máster en cómo recortar y privatizar la sanidad pública cuando gobierna el Partido Popular. (Aplausos). Este Gobierno ya está trabajando en todos y cada uno de los puntos que ustedes traen aquí, pero vamos más allá. Por
ello, proponemos, por un lado, actualizar tanto la regulación como el funcionamiento del sistema de contratación del personal para acabar con la temporalidad y la precariedad, trabajando en la adaptación al estatuto marco del personal estatutario
del Real Decreto de medidas urgentes y, por otro lado, impulsar políticas de planificación y desarrollo profesional, no priorizadas desde el año 2012, de manera que se incentive la formación continuada de los profesionales durante toda su vida
laboral y se aumenten, con carácter general, las plantillas en cogobernanza con las comunidades autónomas competentes en esa materia. Palabras que, además, en el Partido Socialista acompañamos con hechos, y es que con este Gobierno las plazas de
formación sanitaria especializada han pasado de 8042 en el año 2017, su última convocatoria, a 10 634 con la convocatoria

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del Partido Socialista (muestra un gráfico), un incremento de más del 25 %. (Aplausos). Además, ya se están revisando los programas en Ciencias de la Salud y los trámites para actualizar la especialidad de Medicina Legal y Forense, así
como la especialidad de Pediatría. En lo referente al aumento de médicos MIR, hemos pasado de 6513 en 2017 (muestra otro gráfico) el último año en los que ustedes los convocaron, a 8188 nuevas plaza en este 2021, señorías del Partido Popular. Y si
hablamos de enfermeros, hemos pasado de 1051 en el año 2017 a 1822 en la última convocatoria (muestra otro gráfico), más de un 40 %, casi doblando la última oferta de plazas que hicieron ustedes. Señorías del Partido Popular, estos datos, estos
hechos, esto es cuidar al personal sanitario y no lo que hacen ustedes cuando gobiernan. Esto es cuidar al personal sanitario. (Aplausos). Por suerte, la ciudadanía española, en esta asoladora pandemia ha tenido de su parte un Gobierno con las
prioridades claras desde el primer momento: poner todos los recursos necesarios a disposición de todas las administraciones para que de esta crisis salgamos todas y todos, dotando a las comunidades autónomas de 9000 millones de euros a fondo
perdido con las que ellas mismas fueran capaces de poder reforzar y aumentar sus recursos sanitarios. Escuchen bien, señorías del Partido Popular, reforzar y aumentar, no recortar, como hicieron ustedes en su gestión de la crisis del año 2011;
9000 millones que se unen a los 3400 destinados en los Presupuestos Generales del Estado a los que ustedes han votado en contra.


Por eso, señora Velasco, ¡basta ya de hipocresía! Basta de postureo haciendo como que les importa la atención primaria mientras cierran consultorios médicos en las zonas rurales allí donde gobiernan. En mi región, a raíz de la pandemia, su
Gobierno, el del Partido Popular, ha aprovechado para cerrar setenta de los ciento ochenta consultorios médicos, es decir, un 40 % de los consultorios médicos murcianos cerrados en plena pandemia. Basta ya de utilizar el sufrimiento de la
ciudadanía española y el esfuerzo de nuestros profesionales para tratar de erosionar al Gobierno en una pandemia sin precedentes, mientras han sido ustedes capaces de votar en contra de más de 1000 millones de euros para comprar vacunas; vacunas
con las que proteger nuestras vidas, nuestros empleos. Este Gobierno desde el principio lo ha tenido claro: lo primero, las personas, las familias y la sanidad pública.


La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez, tiene usted que terminar, por favor.


La señora SÁNCHEZ JÓDAR: Gracias, presidenta.


Lamentablemente, el principal partido de la oposición también lo ha tenido claro: utilizar esta catástrofe para erosionar al Gobierno.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.


La señora SÁNCHEZ JÓDAR: Señorías del PP, no vamos apoyar su demagogia. Seguiremos el rumbo marcado por el presidente del Gobierno de España, mejorando la vida de los ciudadanos y la... (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sánchez. Ha finalizado su tiempo.


Señorías, la moción se votará en los términos de la transacción que ya ha sido remitida. Votaremos en cuatro minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla.
Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizados para emitir su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño. (Pausa).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1882, POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, A FIN DE INTRODUCIR LOS DELITOS DE USURPACIÓN DE INMUEBLES DENTRO DE LOS
RECOGIDOS EN EL ARTÍCULO 795, Y PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 553, EN RELACIÓN CON ESOS MISMOS DELITOS. (Número de expediente 122/000070).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones.


Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX relativa a la modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin
de introducir los delitos de usurpación de

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inmuebles dentro de los recogidos en el artículo 795 y para modificar el artículo 553 en relación con esos mismos delitos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 131 más 210 votos telemáticos, 341; a favor, 35 más 116 votos telemáticos, 151; en contra, 96 más 90 votos telemáticos, 186; abstenciones, 4 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, GENERAL DE SALUD MENTAL. (Número de expediente 122/000158).


La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, general de salud mental.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 131 más 214 votos telemáticos, 345; a favor, 96 más 98 votos telemáticos, 194; en contra, 10 votos telemáticos; abstenciones, 35 más 106 votos telemáticos, 141.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. (Aplausos).


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.


Eran las nueve de la noche.