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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 125, de 23/09/2021
cve: DSCD-14-PL-125
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 125
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 119
celebrada el jueves,
23 de septiembre de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2020:
- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2020. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 136, de 17 de mayo de 2021. (Número de expediente 260/000003) ... (Página6)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 [antes
denominado proyecto de ley por la que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo)]. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie A, número 20-1, de 29 de mayo de 2020. (Número de expediente 121/000020) ... (Página25)
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el
ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 47-1, de 19 de febrero de 2021. (Número de
expediente 121/000047) ... (Página36)
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias:
- Informe de la subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 306, de 8 de julio de 2021. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 307, de 9 de julio de 2021. (Número de expediente 154/000004) ... (Página47)
Votación ... (Página55)
Palabras de la Presidencia ... (Página57)
Solicitudes de creación de comisiones de investigación:
- Solicitud de los grupos parlamentarios Plural, Republicano y Euskal Herria Bildu, de creación de una comisión de investigación para establecer las causas del accidente ferroviario del ALVIA ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio
de 2013. (Número de expediente 156/000036) ... (Página57)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 63-1, de 30 de agosto de 2021.
(Número de expediente 121/000063) ... (Página64)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página74)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página75)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página75)
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias. (Votación) ... (Página80)
Solicitudes de creación de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página80)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación). ... (Página80)
Avocación por el Pleno ... (Página81)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2020 ... (Página6)
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2020 ... (Página6)
El señor defensor del pueblo en funciones (Fernández Marugán) expone a la Cámara un resumen del informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2020.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno y Martínez Oblanca y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras
Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano, y Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Calvo Liste, del Grupo
Parlamentario VOX; Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Sánchez Escobar, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmiendas del Senado ... (Página25)
Proyecto de ley por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 [antes
denominado proyecto de ley por la que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (procedente del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo)] ...
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural, y Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora García Puig, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común; el señor López Maraver, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Cruz-Guzmán García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Lamuà Estañol, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el
ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras ... (Página36)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Bel Accensi, del
Grupo Parlamentario Plural; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano y Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; las señoras De las Heras Fernández, del Grupo Parlamentario
VOX, y Castillo López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y el señor Arribas Maroto, del Grupo Parlamentario Socialista.
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias ... (Página47)
Informe de la Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo ... (Página47)
En defensa de las propuestas de resolución intervienen la señora Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Illamola Dausà, del Grupo Parlamentario Plural,
y Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Sánchez del Real, del Grupo Parlamentario VOX, y Elorriaga Pisarik, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Maestro Moliner, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Guijarro Ceballos, del Grupo Parlamentario Socialista.
Votación ... (Página55)
Sometidas a votación las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), del Grupo Parlamentario Ciudadanos, del Grupo Parlamentario Plural (señora Illamola Dausà), del Grupo Parlamentario Republicano, del Grupo
Parlamentario VOX y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, son rechazadas todas.
Palabras de la Presidencia ... (Página57)
La Presidencia informa de que desde las 14:30 horas hasta las 15:30 se podrán votar telemáticamente las proposiciones no de ley y las mociones, las enmiendas del Senado, el informe de la subcomisión, la solicitud de creación de la Comisión
de investigación, la enmienda a la totalidad y la solicitud de avocación del proyecto de ley, asuntos que se votarán presencialmente al final de la sesión.
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación ... (Página57)
Solicitud de los grupos parlamentarios Plural, Republicano y Euskal Herria Bildu, de creación de una Comisión de Investigación para establecer las causas del accidente ferroviario del ALVIA ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio
de 2013 ... (Página57)
En turno a favor de la solicitud interviene el señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; la señora Romero
Vilches, del Grupo Parlamentario VOX; y los señores Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página64)
Proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio) ... (Página64)
En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene la señora Vehí Cantenys.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Espejo-Saavedra Conesa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario
Republicano; y los señores Honrubia Hurtado, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Ruiz Navarro, del Grupo Parlamentario VOX; Constenla Carbón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y
Aceves Galindo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página74)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación y destitución de las Ministras de Justicia y de Defensa y del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, se
rechaza por 36 votos a favor más 107 votos telemáticos, 143; 64 en contra más 141 votos telemáticos, 205; y 1 abstención con voto telemático.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre medidas laborales a impulsar en el marco de los Planes de recuperación, transformación y resiliencia, se aprueba por 64 votos a favor más 101 votos telemáticos, 165; 36 en contra
más 116 votos telemáticos, 152; y 31 abstenciones con voto telemático.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página75)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre la política ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Principado de Asturias,
con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se rechaza por 36 votos a favor más 118 votos telemáticos, 154; 64 en contra más 108 votos telemáticos, 172; y 21 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dar cuenta del orden del día y contenido de la agenda de la mal llamada Mesa del Diálogo, en realidad Mesa de la
Autodeterminación, entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña celebrada el día 15 de septiembre de 2021, se rechaza por 36 votos a favor más 115 votos telemáticos, 151; 64 en contra más 130 votos telemáticos, 194; y 2 abstenciones
con voto telemático.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar la banalización de los delitos de odio, se rechaza por 54 votos telemáticos a favor;
64 en contra más 133 votos telemáticos, 197; y 36 abstenciones más 61 votos telemáticos, 97.
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página75)
Se someten a votación separada las enmiendas al proyecto de ley por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-2019 [antes denominado Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (procedente del Real
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo)].
Sometida a votación la enmienda presentada al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor
y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras, se aprueba por 36 votos a favor más 142 votos telemáticos, 178;
16 votos telemáticos en contra; y 64 abstenciones más 88 votos telemáticos, 152.
Acuerdos de Comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias. (Votación) ... (Página80)
Sometido a votación el informe de la Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se aprueba por 64 votos a favor más 135 votos telemáticos, 199; 36 en
contra más 102 votos telemáticos, 138; y 6 abstenciones con voto telemático.
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación. (Votación) ... (Página80)
Sometida a votación la solicitud de los grupos parlamentarios Plural, Republicano y Euskal Herria Bildu, de creación de una Comisión de Investigación para establecer las causas del accidente ferroviario del ALVIA ocurrido en Santiago de
Compostela el 24 de julio de 2013, se aprueba por 64 votos a favor más 138 votos telemáticos, 202; 1 voto telemático en contra; y 36 abstenciones más 107 votos telemáticos, 143.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página80)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio), se rechaza por 33
votos telemáticos a favor; 100 en contra más 209 votos telemáticos, 309; y 3 abstenciones con voto telemático.
Avocación por el Pleno ... (Página81)
Sometida a votación la solicitud del Grupo Parlamentario Republicano de avocación por el Pleno del proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6
de julio), se aprueba por 100 votos a favor más 237 votos telemáticos, 337; 6 votos telemáticos en contra y 1 abstención con voto telemático.
Se levanta la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2020:
- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2020. (Número de expediente 260/000003).
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
Comenzamos con el punto del orden del día relativo al informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2020. Como saben sus señorías, con arreglo a las normas de procedimiento, las deliberaciones
comenzarán una vez que el defensor del pueblo en funciones haya terminado la presentación de su informe.
Para la exposición de un resumen del informe tiene la palabra el defensor del pueblo en funciones, don Francisco Fernández Marugán, a quién le damos la bienvenida a esta Cámara.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Señora presidenta, como bien ha dicho usted comparezco en esta Cámara para presentar el informe anual del defensor correspondiente al ejercicio de 2020.
Este informe fue enviado a la Cámara el pasado 6 de mayo y de él ya di cuenta a la Comisión Mixta Congreso-Senado en mi comparecencia del día 22 de junio. Previamente, el 26 de noviembre del pasado año, comparecí ante la citada Comisión con
el fin de relatarles de forma anticipada nuestra actividad en un año marcado por la pandemia. Este procedimiento tiene alguna singularidad porque es la primera vez que el Defensor del Pueblo ha realizado, presentado y debatido varias veces ante el
Parlamento un informe anual, antes de vencer el ejercicio y después de haber vencido el ejercicio.
El año 2020 tiene además otra singularidad, la aparición de una pandemia de incidencia mundial que ha afectado a la vida de las personas y a su actividad social, económica y cultural. Comenzaré mi
intervención hablando de los problemas económicos con los que nos hemos enfrentado. En términos globales el año 2020 fue un ejercicio de crisis económica mundial en el que la economía española experimentó la mayor recesión de los últimos
ochenta años. Esto ha hecho que hayamos vivido un impacto considerable, impacto que habría sido todavía más profundo si no se hubieran adoptado, como se hizo en otros lugares y desde luego en España, medidas para mitigar la pérdida de rentas de las
personas más vulnerables y para garantizar la liquidez del tejido empresarial.
Concretando los aspectos de la economía española, 2020 fue un año donde existió un descalabro brutal del producto interior bruto, que cayó el 10,8 %. Se generó un agujero de una enorme magnitud que produjo el hundimiento del consumo de las
familias, qué cayó un 12 %, como también cayó la inversión en bienes de equipo y en construcción. Estos fenómenos ocasionaron miles de despidos, cierres de empresas y una lista interminable de daños. Desde mi punto de vista, el mayor de todos los
daños habidos se ocasionó en el mercado laboral, donde el empleo cayó el 7 % y, claro está, donde el paro aumentó al 15,5 %. En la Comisión mixta tuve la oportunidad de exponer con reiteración que a lo largo de ese ejercicio, del ejercicio de 2020,
se aprobaron en las Cortes una amplia batería de medidas destinadas a cubrir los ámbitos laborales y los ámbitos económicos y sociales. Se estableció eso que se ha dado en llamar el escudo social.
El segundo elemento al cual quisiera referirme de los agregados económicos es el déficit público, que subió el 11 % del PIB. Los gastos públicos aumentaron para sostener la renta y la capacidad productiva de quienes se vieron golpeados por
la pandemia y los ingresos públicos cayeron debido al parón que se produjo en la actividad económica. En términos globales, el gasto público en España en el año 2020 subió al nivel más alto habido desde 1940. El Estado intervino para evitar el
derrumbe de la economía; de no haber hecho esta inversión, habríamos asistido a un crecimiento agudo de la pobreza, a la profundización de la brecha que separa a quienes tienen acceso a la protección de aquellos que están a la intemperie. Las
actuaciones han sido muy diversas y conocidas, de las que se ha hablado en esta Cámara, como los ERTE o la creación del ingreso mínimo vital. Pero, además, hubo otras actuaciones interventoras efectuadas por los diferentes Gobiernos autonómicos,
quienes recibieron de la Administración Central del Estado más de 16 000 millones de euros del fondo COVID-19 destinados a sanidad, educación y a servicios sociales. Como valoración global, he de decir que la política fiscal facilitó la
supervivencia en muchas empresas y el empleo en las mismas.
Contablemente, una buena parte de todos estos incrementos de gastos dio origen a más déficit y a más deuda. El porcentaje de gastos sobre el PIB se disparó desde el 42 % al 51 %. La deuda pública de las administraciones se elevó al 120 %,
treinta puntos más que antes de la crisis. Los costes de la deuda fueron indoloros gracias a la política del BCE, que compró el 87 % de la deuda española, aliviándonos de esta manera de las cargas financieras del Estado. La traducción es clara:
hubo más pobreza y a ello me voy a referir. El INE ha publicado recientemente la encuesta de condiciones de vida, lo publicó en el mes de julio, donde se proporciona una radiografía bastante precisa de la situación de las familias. En esta
encuesta se dice que el porcentaje de población en situación de carencia material severa se situó en el 7 % de la población cuando en el año 2019 había sido solamente del 4,5 %. Dentro de este núcleo de personas, quiero referirme a aquellos hogares
donde todos los activos se encontraban en paro; el paro, de hecho, creció en 150 000 unidades entre el primer trimestre del año 2020 y el mismo periodo del año 2021.
He ido desgranando una serie de datos amargos, donde resulta bastante evidente que la política de los Gobiernos tenía que llevar a poner en marcha fuertes y persistentes políticas de apoyo social. Estas políticas de apoyo social las iremos
viendo a lo largo de mi intervención; les hablaré de la sanidad, de la política asistencial y de servicios sociales, de la educación, de las familias, todo un stock que ponía de relieve un panorama de grandes dificultades que, en principio, no
podíamos imaginar que ocurrieran. Las familias tuvieron que reducir su bienestar, truncando el proceso de recuperación que venían experimentando pocos años antes del año 2020.
Señorías, el virus hace más cosas: altera los esquemas organizativos de las administraciones públicas empujándolas a redoblar sus esfuerzos con la finalidad de afrontar los estragos que se estaban produciendo. La intensidad con la que este
virus afectó llevó a contratar con urgencia a personal en sanidad, en educación y en todo ese mundo que a veces se nos olvida de servicios públicos empleables; contratamos profesionales empleables en aquellos servicios públicos en los que la
pandemia experimentaba mayor intensidad y había que satisfacer mayores exigencias. Las plantillas de los empleados públicos no pararon de crecer, alcanzando un récord histórico. Nunca hubo tanto trabajador público como ahora pues, en
muchos sectores como sanidad y educación, eran muy necesarios entonces y continúan siéndolo. Ahora bien, no todo el nuevo empleo creado es de buena calidad, la temporalidad y la precariedad crecieron considerablemente. La pandemia deja más
trabajadores públicos que antes, pero con unos niveles de temporalidad y de precariedad difícilmente soportables. He de decir que lo hecho política y socialmente me parece valorable. Recuerdo cómo el acuerdo entre el Gobierno de España, Comisiones
Obreras, UGT y la CSIF permitió dotarse de un suelo en el que fundamentar un clima de relaciones laborales que tenía alta consistencia. Es verdad que cuando ocurren estos fenómenos también vienen algunas paradojas: descendió la siniestralidad
laboral, como no podía ser otra manera cuando cae la actividad de la forma en que cayó, pero aumentó notablemente respecto de años anteriores la mortalidad. En el año 2020 la mortalidad por accidentes laborales se elevó a 525 personas. He dado
datos que cuando se escriben se pone con una indicación de que son más negativos que positivos. El clima ha cambiado y hoy existe mayor optimismo gracias a las medidas adoptadas y, por qué no decirlo, al proceso de vacunación en la población.
También considero positivos los efectos que están creando y van a crear las ayudas procedentes de la Unión Europea porque, en este momento, el Gobierno de España ya tiene comprometidas más del 40 %.
Voy a hablarles ahora de la sanidad. En el año 2020, la irrupción de la epidemia supuso un desafío sin precedentes que llevó al límite a los servicios de salud, cuya capacidad de respuesta, en los primeros momentos, se vio superada. El
Servicio Nacional de Salud vivió su peor crisis, vivió la peor crisis desde su creación en 1986 y pudo mostrar que, a lo largo de muchos años, tenía una fortaleza, pero también evidenciaba algunas carencias y debilidades. Las fortalezas se resumen
fácilmente: el Servicio Nacional de Salud proporciona un acceso universal y gratuito a la asistencia sanitaria pública; la atención que proporcionan sus profesionales es de calidad, están bien formados y cuentan con medios eficaces para cumplir su
tarea; es una organización con décadas de experiencia, apreciada por el conjunto de los españoles. Ahora bien, cuando irrumpe el virus en marzo de 2020, las debilidades del sistema también se ponen de relieve.
Quizás una de las debilidades que no hemos puesto de relieve y que el defensor sí ha tenido en cuenta es que los pacientes no-virus se han visto relegados por los pacientes de la pandemia. Miles de intervenciones quirúrgicas y consultas se
han visto suspendidas y retrasadas a causa del coronavirus, es decir, hoy tenemos un problema muy profundo de listas de espera muy largas. Por eso, es bastante razonable pensar que las administraciones han de desplegar con urgencia planes de
refuerzo en las especialidades más afectadas.
En la urgencia hospitalaria se visualizó una profunda fragilidad. En los peores momentos de la crisis, las urgencias hospitalarias vivieron situaciones dramáticas que deben ser corregidas a lo largo de los próximos años, con más personal y
con más equipos. Aquí hay un problema importante: es preciso fidelizar a los profesionales de la sanidad pública si se quiere defender un Sistema Nacional de Salud que sea eficaz. Hay que disponer de más empleo fijo de calidad, hay que remunerar
a los profesionales con arreglo a su responsabilidad y hay que proporcionarles una formación continuada.
Ante semejante panorama, los ciudadanos se dirigieron al Defensor del Pueblo, poniendo de relieve las dificultades y las debilidades de la asistencia primaria. Y los profesionales de la sanidad también se dirigieron al Defensor del Pueblo
para denunciar la presión asistencial que sufrían y que les impide alcanzar objetivos de calidad adecuados. El defensor quiso conocer el alcance de estos problemas y se dirigió a las distintas comunidades autónomas. Hemos de decir que la gran
mayoría de ellas nos han facilitado una información adecuada, aunque no todas. Hubo alguna que insiste en que no tiene los datos precisos y que no puede obtenerlos y ponerlos a nuestra disposición.
La situación vigente de la atención primaria no puede demorarse más, y es imprescindible poner en marcha planes de refuerzo para los centros y para los profesionales y, desde luego, con medios técnicos adecuados.
Si he hablado antes y hasta ahora de la atención primaria, quisiera hablar ahora de la atención hospitalaria, ya que, con carácter estructural, será necesario dotarla de un número de camas de atención intensiva que, en este momento, carece.
Por lo tanto, en la atención hospitalaria es necesario disponer de material y de equipos tecnológicos adecuados, de personal médico y de enfermería especializada y de una inversión en mantenimiento de los hospitales, sobre todo, en los más antiguos.
La salud mental. En los últimos años vengo expresando mi preocupación por la insuficiente atención que se proporciona a la salud mental. España es uno de los países más rezagados en esta cuestión. Debido a ello, la pandemia ha hecho que
sea necesario y urgente tomar un impulso en este sector y
mejorar los servicios. La salud pública y su coordinación es un asunto al cual quisiera referirme. Creo que es necesario crear una atención estatal de salud pública independiente y lograr un mecanismo de coordinación interterritorial más
adecuado.
Señorías, después de casi veinte años de plena descentralización sanitaria, es necesario revisar y ampliar los procedimientos de toma de decisiones conjunta en el seno del Consejo Interterritorial de Salud Pública. Por lo tanto, a modo de
conclusión, en materia de sanidad, ciertamente nos encontramos con que las mayores partidas del presupuesto de las comunidades autónomas responden a los epígrafes de la sanidad. Aun así, el sistema arrastra un déficit crónico de financiación. El
sistema se ha encontrado con una línea de actuación que es necesario priorizar: la atención primaria, la salud pública y la salud mental.
El año 2020 fue un año muy duro para las personas mayores, especialmente para las que vivían en aquel momento en las residencias. Por qué no decirlo, son espacios muy expuestos a la propagación de enfermedades infecciosas. En muchos
centros geriátricos se puso de manifiesto la escasez de medios y de personal y las dificultades para adoptar medidas suficientes de prevención y respuesta. Con este panorama, el número de contagios y de fallecimientos fue muy importante. A
nosotros este tema nos viene preocupando desde el año 2017, donde hemos prestado atención a la situación de estos centros y al respeto que en ellos ha de prestarse a los derechos de sus residentes. Por eso, en abril del año 2020, dirigimos una
serie de recomendaciones a las comunidades autónomas y les instamos a que reforzasen los centros residenciales de asistencia sanitaria, a que cubriesen las bajas laborales de los trabajadores para garantizar el cuidado adecuado en las residencias, a
que informaran de manera continua y completa a los familiares de los internos, a que permitiesen la vuelta del mayor número de residentes con sus familias durante los periodos de emergencia con una garantía de que no habría pérdida de plaza, y, por
último, que adoptasen protocolos para facilitar la despedida en los casos de estado clínico terminal. Se nos dijo -y creo que ha sido así- por parte de las distintas consejerías de las comunidades autónomas que aceptarían estas recomendaciones,
aunque no es menos cierto que la manera de aplicarlas ha sido distinta en cada caso.
Pero no fueron estas las únicas actuaciones del defensor en un tema tan sensible como este. Todas las recomendaciones las hicimos en abril, meses después, en noviembre, elaboramos un conjunto de conclusiones que hicimos públicas y que
quisiera recordar esta mañana aquí. Es preciso mejorar la recopilación de datos y elaborar estadísticas que actualicen el estado de los recursos de atención residencial. Para nosotros una buena noticia que han dado a conocer recientemente es que
el INE elaborará y publicará a partir de enero del 2021 un censo completo y exhaustivo de centros residenciales. Una conclusión a la que llegamos es que la asistencia sanitaria, bien en hospitales, o bien en los centros residenciales de personas
mayores, no llega siempre a tiempo; por ello, es preciso reforzar la coordinación entre los centros residenciales y los centros autonómicos de salud para mejorar el acceso a la atención médica.
La propia organización de las residencias ha tenido fallos que ponen de relieve un problema estructural: el modelo de atención primaria, que en la mayoría de las ocasiones está gestionado por entidades privadas; en el caso de España
superan el 84 %. A la emergencia se llegó sin planes eficaces de contingencia, con plantillas muy ajustadas y, a veces, con infraestructuras y recursos demasiado simples, demasiado básicos. Por tanto, bastante insuficiente. En ese sentido,
nosotros creemos que es preciso abordar la organización de los centros residenciales de manera muy importante, mejorar la inspección, revisar al alza las ratios obligatorias de personal -este es un sector donde los bajos salarios son abundantes y la
mala y alta temporalidad también-. Por lo tanto, hay que procurar establecer unos sistemas de organización que sean más eficientes, y la búsqueda de esa calidad y de esa seguridad que permita una prestación con dignidad y con derechos me llevan a
recomendar que la generación de entornos residenciales grandes produce, en muchas ocasiones, insuficiencia y que hay que ir a entornos residenciales más pequeños.
Señorías, les voy a hablar ahora de un colectivo que requiere una urgente atención por nuestra parte: los jóvenes. Los jóvenes, sí. Como bien saben, son muchos los informes, las encuestas, los estudios sociológicos que ponen de manifiesto
la preocupación y la inquietud de los jóvenes por los jóvenes y de los mayores por las condiciones de los jóvenes. Tanto es así que el pasado mes de julio la presidenta de esta Cámara y algunas de sus señorías tuvieron ocasión de conocer de primera
mano el resultado de uno de estos estudios demoscópicos donde pudieron corroborar alguna de las preocupaciones que todos venimos sintiendo. Casi un 30 % de los jóvenes españoles están desempleados y la mitad de los que trabajan lo hacen con
contratos temporales en lugar de contratos indefinidos. Uno de cada tres jóvenes
desempeña una actividad por debajo de los estudios que ha cursado. El grupo de edad que en esta sociedad tiene más vulnerabilidades económicas ya no es el de los mayores o el de los jubilados, es el de los jóvenes entre veinte y veintinueve
años, que permanecen y viven con sus padres cada vez más tiempo. Por eso no es extraño que estos jóvenes, los nacidos entre 1986 y 2003, que han sufrido ya dos grandes crisis económicas en momentos decisivos de su formación, consideren que están
olvidados por el Estado. Es una situación, lo digo por primera vez en esta Cámara, que me parece preocupante. Por eso, de los diversos problemas que afectan a los jóvenes negativamente, les voy a hablar de tres: las dificultades de acceso al
mercado laboral, las dificultades para acceder a una vivienda y los problemas para tener hijos.
La Constitución española establece que todos los españoles tienen derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus familias. Este derecho, lamentablemente, no creo que esté en este momento
adecuadamente aplicado a una generación de jóvenes, a la que vive en este momento, que tiene un horizonte de empleos escasos, con poco nivel y con mucha temporalidad. Nuestro sistema educativo está poco adaptado a las necesidades del mercado de
trabajo y en muchas ocasiones no induce mucho a poner de relieve incrementos de productividad. Nosotros hace días que nos hemos preocupado de este problema y hemos pedido información al Ministerio de Educación sobre la falta de plazas en materia de
formación profesional. Hay varias instituciones que se han preocupado de estas cuestiones, unas públicas, otras privadas, algunas institucionales. Yo destacaré el informe que hizo en abril del año 2020 el Banco de España, en el que ponía de
relieve la necesidad de una agenda de reformas estructurales ambiciosa, integral y con vocación de permanencia en favor de los jóvenes españoles.
El derecho a la vivienda también está recogido en la Constitución, donde dice que todos los españoles han de disfrutar de una vivienda digna. Tampoco parece que nuestros jóvenes vean satisfecho el ejercicio de este derecho. La dificultad
para acceder a una vivienda tanto en compra como en alquiler en gran parte es el resultado del paro y de la precariedad de la que les he hablado. También hay otros problemas específicos del sector. Este es un sector con altos precios donde, en las
grandes ciudades y en los archipiélagos, existe una insuficiente oferta de vivienda pública. Por lo tanto, debe dotarse a los núcleos urbanos españoles de viviendas públicas en alquiler, enfocándolas fundamentalmente a los jóvenes y a las personas
vulnerables con menos recursos. Caminar en esa dirección me parece correcto.
Si los jóvenes no pueden disponer de empleos dignos y tienen graves problemas para acceder a una vivienda, resulta harto difícil que se planten tener hijos, fundamentalmente por un acto de realismo, y es porque no pueden tenerlos. Para
hacer frente a esta situación, los jóvenes necesitan un marco económico y social que se lo permita y que, seamos sinceros, no está en este momento disponible. Este es un problema que tiene algún recorrido importante y que tiene que ver mucho con
una brecha demográfica que ha ido extendiéndose desde el año 2015 para acá. Desde ese momento para acá la tendencia es que existan más muertes que nacimientos. Esto se ha producido en el año 2020, que continúa marcando una dirección, con un 6 %
menos de nacimientos que el año anterior, con una proyección que tiene que ver bastante con la pandemia, pero desde luego también con las circunstancias en las que los jóvenes españoles viven. España es un país, como todos sabemos, que tiene una
tasa muy baja de natalidad, el 1,2 %. Se necesitan medidas de política social dirigidas a permitir la autonomía económica de las mujeres y de las parejas que vayan resolviendo esta cuestión. Es verdad que en la España de hoy se vive mejor de lo
que se vivía en ella hace treinta o cuarenta años y que los jóvenes viven en una sociedad más libre y desarrollada que la que tenían sus padres, pero este progreso no acaba de llegar a todos, y mucho menos a los jóvenes. Yo les he relatado en esta
mañana algunos problemas: los problemas de acceso a un trabajo estable y digno, los problemas de salarios poco aceptables, los problemas de acceso a una vivienda y las posibilidades y dificultades para tener hijos. Por lo tanto, sí les diría,
señorías, que nuestra sociedad no debe permitirse tener una generación de ciudadanas y ciudadanos que miran el futuro con tan poca ilusión.
Me referiré ahora al problema de la inmigración, al que, como bien saben ustedes, le venimos prestando una fuerte atención. En el año 2020 llegaron a Canarias más de veintitrés mil personas; además, accedieron a la península y a Baleares
más de dieciséis mil y entraron por Ceuta y Melilla dos mil personas. Por lo tanto, las cifras no son cortas, son importantes, y esta tendencia, esta evolución en el año 2021 viene siendo similar. No les voy aburrir con las cifras, entre otras
cosas, porque no están culminadas.
La posición geográfica de España es fronteriza con África, por lo que la situación de África marca de una manera significativa nuestro fenómeno migratorio. Les recordaría -todos lo recordamos- que en el
año 2006 tuvimos la crisis de los cayucos, que en el año 2018 se planteó un problema serio en el arco Mediterráneo y que en el año 2020 hemos tenido un problema de llegadas importantes al archipiélago canario. Todos estos hechos que acabo
de enumerar, muy someramente, claro está, muestran las causas de un proceso migratorio que se atraviesa en África y que tiene al menos cuatro hitos, quizás cinco: en África hay un crecimiento demográfico importante, hay un problema de cambio
climático, hay un problema de guerras y terrorismo y hay un problema de inestabilidad política en muchas zonas de ella, sobre todo en lo que se ha dado en llamar el Sahel. Todas estas tendencias han agravado las consecuencias económicas de la
pandemia, ocasionando por primera vez en veinticinco años una recesión que aumentará el número de desplazados en los próximos ejercicios, muchos de los cuales llegarán a España. Quienes hayan seguido este tipo de problemas y las actividades del
defensor habrán podido percatarse de que en las últimas semanas del año pasado realizamos un informe monográfico dedicado a los problemas de Canarias y a los problemas migratorios en ese archipiélago. En él abordamos una serie de problemas
relacionados con la acogida de los inmigrantes en España.
España, como la mayoría de los países desarrollados, tiene una población envejecida y, por lo tanto, requiere mano de obra. Los inmigrantes y los refugiados en muchas ocasiones se la proporcionan. Este tema lo abordamos en un informe
también monográfico que realizamos los primeros meses del año 2020 y que titulamos Contribución de las migraciones a la economía española. En él señalábamos que pocos colectivos son tan necesarios y tan importantes para el desarrollo de España como
el de la migración. ¿Por qué? Porque compensan nuestros saldos vegetativos negativos, porque habitan en muchos casos en zonas rurales vacías, porque limitan el envejecimiento de la fuerza laboral y porque se hacen cargo de las labores de cuidado
de muchas personas mayores en España, amén de que ayudan a la viabilidad y a la seguridad de las pensiones y de la Seguridad Social. A pesar de estos obvios beneficios, los migrantes, en concreto los africanos, siguen siendo objeto de una
particular xenofobia. Señorías, creo que deberíamos reflexionar sobre la necesidad de llevar a cabo algún tipo de cambios en el enfoque de los fenómenos migratorios, porque muchas ocasiones son vistos nada más que desde la perspectiva del control
de las llegadas irregulares. Resulta urgente, por tanto, adoptar un conjunto de políticas que eviten tener que tomar decisiones improvisadas como las que tuvimos que adoptar el año pasado en Arguineguín. Esta reflexión, a la que me incorporo y les
instó, tiene que partir de las disfunciones que tiene el actual sistema de acogida de inmigrantes en España. Las voy a enumerar. Me parecen importantes. En España hoy existe una carencia de política migratoria de Estado que contemple este
fenómeno en su totalidad. Hay una insuficiente coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas en materia de migración y, por cierto, los organismos que entran en esta cuestión no son pocos. En los centros de
internamiento de extranjeros, que son uno de los lugares que empleamos para el control de esta población, existe una inadecuada gestión interna.
En consecuencia, partiendo de este diagnóstico, creo que es necesaria la adopción de unas medidas de distinto alcance, unas de corto y otras de medio y largo plazo. En el corto, creo que este mundo del proceso migratorio tiene múltiples
colectivos que requieren realidades distintas, pero hay un hecho que también quisiera destacar a sus señorías: la Ley de asilo se aprobó en el año 2009, en el año 2009; estamos en el año 2021 y la Ley de asilo no tiene reglamento. Hay cosas en
las que creo que deberíamos ser más rigurosos en su tratamiento. Creo que hay que evitar fenómenos de xenofobia. No se han producido muchos, pero en algunos casos los ha habido, sobre todo en aquellos núcleos de población donde la presencia de
llegadas es más intensa. En el medio y largo plazo, insisto, disponemos de un sistema disperso de gestión, por lo que ha de establecerse dentro del Gobierno un mecanismo de coordinación de los distintos aspectos que tiene esta cuestión. En el año
2006 vimos cómo se pretendía establecer una agencia; no se hizo, y esta iniciativa fue suprimida en el año 2015. Hay que trabajar con distintos planos y a distintos niveles; hay que establecer acuerdos con comunidades autónomas para que colaboren
en este problema solidariamente. De todos es sabido que la presión de los fenómenos migratorios se produce fundamentalmente en los territorios costeros del Mediterráneo y en algunas zonas del Atlántico, pero el que esto ocurra no implica que sean
las comunidades autónomas de esas zonas las únicas que deban hacer frente a este tipo de problema. El resto de comunidades autónomas deben colaborar en la resolución de los problemas que se plantean como consecuencia de esas intensas llegadas de
inmigrantes.
Hemos de optar por una inmigración ordenada, regular y segura. Fíjense, ordenada, regular y segura, puesto que ahora la mayor parte de la inmigración que nos llega es irregular. Habrá que establecer, de verdad, mecanismos que permitan la
llegada de esa migración ordenada, regular y segura. La colaboración
con los países emisores de flujos migratorios es importante y yo creo que se han hecho cosas que están bien. Los planes África iniciados en el año 2006, con motivo de la llegada de los cayucos, han venido funcionando de una manera razonable
y han posibilitado la presencia y la colaboración de España con una parte importante de las sociedades africanas. También valoramos lo que se está haciendo ahora. El día 20 de noviembre de 2020 el Gobierno dio a conocer el llamado Plan Canarias,
destinado a mejorar y a mantener instalaciones permanentes de acogida en ese archipiélago. Pero, señorías, el problema migratorio no es un problema exclusivamente español; el problema migratorio es un problema europeo. España no puede pretender
ni puede aplicar una política migratoria situada al margen de nuestros socios europeos. Nosotros hemos propuesto al Gobierno de España -y a mí me parece bien lo que ha hecho- una comisión que establezca una estrategia para contener la inmigración
irregular, aunque solo sea para sacar alguna rentabilidad a las relaciones de nuestro país con Mauritania, con Senegal, con Gambia, con Marruecos y con otros países de esa zona.
He dicho que debemos plantearnos una reflexión en materia de política migratoria. Lo reitero. Creo que no podemos ver los problemas desde la perspectiva del control de las llegadas irregulares. Me parece un planteamiento escasamente
adecuado. Creo que ha llegado el momento de mirar más allá, de abordar la cuestión de los procesos migratorios desde las necesidades de nuestra sociedad y los problemas del mercado de trabajo. Necesitamos inmigrantes, necesitamos que la Unión
Europea los acoja, pero no queremos que para venir aquí tengan que jugarse la vida. Tenemos dos posibilidades, señorías: perpetuar el modelo actual de puerta estrecha, basado en un análisis irreal y contrario a nuestros intereses, o liderar dentro
de Europa y con África una política migratoria ordenada que es la que demanda el siglo XXI.
Mi intervención empezó hablando de economía y terminará hablando de economía. Yo creo que los acontecimientos que se han sucedido en el panorama económico lo han hecho con rapidez, por lo que todavía no nos hemos percatado del alcance que
tienen. Esta es una crisis global, que llega a los lugares más recónditos y que tiene diferencias notables con la que experimentamos en 2008, que fue genuinamente una crisis económica producto de desórdenes, descuidos y excesos. Tras ella había
escasa y mala regulación, que solo se dejó sentir en el rescate de bancos y empresas. Ahora es una crisis cuyo objetivo es detener un virus y, además, hacer frente a las consecuencias económicas que ha generado. Por tanto, hay que hacer cosas
distintas de las que se hicieron antes. No sabemos cuánto nos va a costar en vidas ni en prestaciones ni cuánto dinero hemos de emplear en superarla. No ha sido producto de los fallos del mercado ni de los errores de los agentes económicos
privados ni de la falta de diligencia de quienes están al frente de la economía, ha sido el fruto de una pandemia.
Para superar esta crisis, en principio, pienso que se podrían utilizar varias herramientas. Se podría utilizar una especie de trébede, donde fuéramos capaces de plantearnos qué hay que sostener, qué hay que recuperar y qué hay que
transformar. Hay que sostener el tejido productivo, como se ha hecho en España y fuera de España, para dar lugar a que pase el problema sanitario; hay que recuperar el crecimiento para garantizar la viabilidad de las empresas, y hay que hacer
cambios estructurales ahora y más allá de los tiempos de la pandemia. La pregunta que ustedes podrían hacerse, y que yo también me hago, es si ha habido respuesta a estos problemas. Yo creo que la sociedad española, los poderes públicos, las
políticas públicas han hecho un recorrido que ha hecho frente a este tipo de problemas. Y les decía que el panorama, en general, es mejor en este momento que en momentos anteriores. Pero hay un asunto del cual no he hablado y del cual querría
hablar. Las medidas que hay que aplicar, que hay que seguir aplicando para atenuar los efectos de la crisis, nadie ha dicho cómo han de financiarse. Este es un tema que no está resuelto. No está resuelto, a pesar de que la caída de actividad se
ha llevado la recaudación fiscal en marzo de 2020 un 20 %, a pesar de que las administraciones públicas se han endeudado a unos niveles notables y a pesar de que los servicios públicos han ido aumentando y gastando. Por lo tanto, yo creo que
debemos plantearnos si es posible continuar llevando a cabo estas políticas expansivas que hemos venido ejecutando y que de alguna manera caminan en una dirección que me lleva a preguntarme qué es lo que ocurrirá cuando la recuperación se haya
consolidado.
Hablé en la Comisión de tres posibles alternativas, y dije que había que recurrir a tres hechos que, en mi opinión, son importantes: hay que recurrir al manual, hay que preguntarle al manual cómo se resuelven estas cuestiones; hay que
dirigirse a los organismos internacionales, y quién sabe si hay que preguntarles aquí y fuera de aquí, en el Congreso de los Diputados y en otros lugares, sobre cómo dicen los defensores del pueblo que hay que enfocar este problema. El manual lo ha
dicho claramente: hay que aprobar estímulos fiscales para proteger rentas y empleos, aunque esto suponga aumento de déficit y de deuda. Los organismos -cuando digo los organismos quiero decir la OCDE, el G20, el G7, el FMI- señalan que
hay que mantener la sanidad, la educación, las pensiones y no generar desigualdades que puedan llevar a conflictos sociales, es decir, aconsejan -y aconsejan bien- que hagamos en el año 2021 lo que no hicimos en el año 2008, que hagamos
ahora lo que no hicimos antes. Me parece una política correcta, pero aquí hay un problema de endeudamiento que ha adquirido unos niveles importantes y que plantea la necesidad de recurrir no solo a la deuda pública, sino a otro tipo de instrumentos
de carácter financiero o fiscal. Biden está posibilitando que se financien políticas contra la desigualdad y la pobreza y está a la vez apuntalando el sistema educativo y sanitario, y no ha ocultado que para hacer eso hay que replantearse algunas
cuestiones de origen tributario. Yo pienso que, estando la pandemia a cuestas, debemos responder con ortodoxia. Ahora bien, responder con ortodoxia es gastar más, en este momento gastar más, dirigiendo todos los cañones contra la pandemia para
acabar con ella cuanto antes. Tenemos que pensar que vale la pena tener un poco más de deuda a cambio de tener un poco menos de paro, que en este momento lo padecen muchas personas.
En ese sentido, el Defensor cree que estamos abocados a una reforma fiscal, que es necesaria; una reforma que aumente la capacidad recaudatoria y distributiva de nuestro sistema tributario. Se ha demostrado a lo largo de los últimos años
que en España, a diferencia de otros países, el sistema fiscal recauda y redistribuye peor la renta y la riqueza de lo que lo hacen en la mayor parte de los países europeos. Por lo tanto, creo que hay que ampliar las bases de los impuestos mediante
la revisión de algunos de los beneficios fiscales. Hay que racionalizar la fiscalidad de las grandes entidades corporativas -el candidato del partido socialdemócrata alemán lo ha dicho estos días atrás-, hay que establecer unos debates en materia
de fiscalidad internacional que racionalicen la fiscalidad de las grandes corporaciones, evitando que sean las pequeñas empresas y los sectores tradicionales los que soporten una mayor incidencia de los impuestos. Con esta mayor dotación de
recursos podemos financiar la ampliación de las políticas públicas que vengo exponiendo. No tengo inconveniente en reconocer que en este momento la Administración española, en concreto el Ministerio de Hacienda, ha hecho público un documento que
incorpora una serie de opciones de política fiscal cuya publicación parece ser que se producirá en los próximos meses. Es un documento que, en mi opinión, camina en la buena dirección, y una parte de sus planteamientos, desde mi punto de vista, son
correctos y útiles. Esta reforma, por la que yo vengo también abogando, debe contemplar dos cuestiones básicas: la suficiencia del gasto y la equidad en el ingreso. En el territorio de la equidad en España hay muchas cosas que hay que corregir y
hay mucho que desear.
Señorías -y casi término-, encontrar un punto donde los impuestos beneficien a la economía no es sencillo, lo van a decir, no es sencillo, depende de muchos factores, pero ese equilibrio entre suficiencia del gasto y equidad en el ingreso se
puede buscar. Si tenemos que decidir en esta sociedad el tipo de servicios públicos que queremos prestar, es decir, si queremos mantener un Estado del bienestar digno de tal nombre, de muy poco servirá apostar por reducir impuestos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor defensor del pueblo. Señor Fernández Marugán, le agradecemos la exposición que ha hecho del resumen del informe del año 2020 del Defensor del Pueblo.
A continuación tendrán la oportunidad los distintos grupos de intervenir para fijar posición en relación con dicho informe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias,
señora Cepeda.
Como les decía, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno. Para dar comienzo a las intervenciones vamos a esperar a que el señor defensor del pueblo
pueda acceder a la tribuna y por tanto pueda escuchar a sus señorías. (Pausa).
Señor Guitarte, cuando quiera.
El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, presidenta.
Señorías, excelentísimo defensor del pueblo, en las conclusiones de su informe monográfico de 2018 sobre demografía se decía: 'Las administraciones públicas deben asumir con prontitud el compromiso de facilitar a los habitantes de las zonas
con escasa población los servicios básicos que les garanticen el ejercicio de toda una serie de derechos en igualdad de condiciones a los que disfrutan los residentes de las grandes concentraciones urbanas'. Ahí mismo también se proponía -y sigue
proponiendo su institución- la necesidad de proporcionar servicios básicos para que la ciudadanía del medio rural y de
las áreas despobladas tengan igualdad de condiciones de vida, así como la necesaria aplicación de manera inmediata del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Permítame ahora sugerirle algunas cuestiones para futuros informes sobre el problema de la despoblación que acomete su institución: recabe informes en los centros científicos que investigan sobre este problema, en concreto, por ejemplo, en
el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, con sus trabajos sobre perspectivas demográficas. Solo una muestra, en una publicación de 2020 se señala un preocupante fenómeno: la fuga de cerebros y talento de las
áreas de emigración y la acumulación de capital humano cualificado, especialmente en Madrid y Barcelona. Dicen: 'Los desequilibrios territoriales entre comunidades autónomas españolas se traducen en la emigración de titulados universitarios de
algunas regiones y en la concentración del capital humano cualificado en otras. El interior peninsular y la cornisa cantábrica, donde la intensidad de la salida se agudiza con el cambio de siglo, se ven afectados por dinámicas de descapitalización
educativa y por la emigración de jóvenes en las ciudades. La despoblación ya no es un fenómeno exclusivo del medio rural, sino que se extiende a los ámbitos urbanos de las comunidades autónomas secularmente expulsoras'.
Le pedimos también que recabe informes del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC y sugiera al propio CSIC que abra líneas de investigación sobre tres temas: primero, la despoblación, sus causas, efectos y las políticas de
éxito en el mundo; segundo, las políticas de reversión de los desequilibrios territoriales que se siguen en Europa y que deberían acometerse en España, y tercero, sobre un nuevo modelo de gestión del territorio basado en la búsqueda de sinergias
positivas entre las grandes ciudades y el territorio para superar el actual modelo basado en un enfoque puramente extractivista. Exija, señor defensor, coordinación entre las políticas del Gobierno y de las comunidades autónomas para la corrección
de los desequilibrios y la lucha contra la despoblación y apremie al Gobierno y a las comunidades sobre la necesidad de diseñar y aplicar al mecanismo de garantía rural que este Congreso ha propuesto al Gobierno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Como miembro de las Cortes Generales, de las que el defensor del pueblo es un alto comisionado, quiero felicitar y agradecer al señor Fernández Marugán y a todos cuantos trabajan o han trabajado en la institución su gran labor en beneficio
de la sociedad. En el contenido del informe anual me gusta detenerme en los aspectos referidos a Asturias y constato el acierto que supuso la supresión en 2013 de la denominada procuraduría, que suponía una prescindible duplicidad. Curiosamente,
desde la desaparición de aquel organismo los asturianos, en lugar de trasladar más quejas, problemas o necesidades al Defensor del Pueblo, lo hicieron menos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Señorías, el detallado documento de 2020 refleja la crudeza y la dureza de la crisis del COVID-19 y nadie tiene la menor duda de la excepcional intensidad de este terrible periodo pandémico de la historia de España que, además de los
estragos de salud, ha tenido también una severa incidencia en la actividad de las administraciones, en la economía y, en definitiva, el bienestar familiar. El informe recoge muchas llamadas de atención que constituyen alertas para cuantos tenemos
representación política. Es el caso de la insuficiencia de camas en centros hospitalarios públicos de media estancia, que son muy escasas, casi mínimas. Junto con estas oportunas advertencias mantienen una enorme validez los diferentes estudios
monográficos que sobre distintas materias ha venido realizando la institución, para las que no solo no se han encontrado paliativos, sino que se agudizan con el tiempo, caso del galopante envejecimiento, la despoblación o el problema migratorio.
Con el reconocimiento por este tipo de estudios, y al hilo de las propias palabras del señor Fernández Marugán aquí en la tribuna, permítame sugerir al defensor del pueblo uno específico sobre los jóvenes y sus crecientes dificultades para
acceder en España a un empleo digno, que se verán agravadas por la paulatina extensión legal de la vida laboral de los trabajadores, con todo lo que ello supondrá para que las nuevas generaciones puedan forjarse un futuro personal y familiar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente.
Quiero empezar felicitando al equipo de la defensoría del pueblo por el trabajo, y querría enfocar de forma diferente uno de los temas. Ha hablado el defensor del pueblo del problema de la migración. Nosotros preferimos hablar del problema
de las políticas migratorias, porque en las políticas migratorias en numerosas ocasiones, en demasiadas ocasiones, el derecho es ciego. ¿De qué hablamos? El informe relata bastantes de estas situaciones: burocracia infinita llena de vacíos sin
sentido, falta de citas o limbos jurídicos y administrativos que se ceban especialmente en los jóvenes sin referentes familiares y que conforman el racismo institucional vestido de neutralidad administrativa, que supone una pesadilla para la mayoría
de personas que están tratando de conseguir papeles.
Pero el informe también relata otras cuestiones más escandalosas, si quieren ustedes, vulneraciones de derechos de todo tipo. Quiero resaltar dos. En primer lugar, las políticas de contención en Canarias. Señoras y señores diputados, en
la frontera sur, en Canarias, a la gente se le hace esperar en grandes campos en condiciones infrahumanas, gente con más de veinte días de detención seguidos a la que, como si fuera ganado, se la contiene sin ningún tipo de explicación y muchas
veces sin todos los recursos mínimos, ya no digo para las políticas migratorias desde la perspectiva española o europea, sino para la vida. Pero quiero también resaltar un pasaje que el informe del equipo del defensor del pueblo pone en la página
202. Habla literalmente del fallecimiento de un niño en aguas del puerto de Melilla arrollado por un patrullero de la Guardia Civil española. ¿Casualidad? No hay castigo penal, nadie ha podido esclarecer la responsabilidad de este hecho.
Hablamos del problema de las políticas migratorias porque las políticas migratorias en la frontera sur española, las políticas migratorias que la Unión Europea hace en la frontera sur española y de las cuales el Gobierno de España es
responsable, son políticas de la muerte. Decía el defensor del pueblo que no quería aburrirnos con cifras. Pues ya les aburro yo: más de 2100 personas muertas tratando de llegar a España en el Estrecho de Gibraltar. Esto tiene responsables. El
diseño de la arquitectura institucional del racismo y de la muerte tienen responsables y también tiene solución: el derecho a la migración y, por tanto, el derecho a la vida. Hasta que aquí no se hable y no se practique el derecho a la vida habrá
personas responsables de la muerte de miles de personas en la frontera sur.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señoras y señores diputados. Señor defensor del pueblo, le doy la bienvenida en nombre de mi grupo. Sabe usted la estima personal que le tengo y que le tenemos tanto por nuestra convivencia como diputados durante muchos años
como también cuando me tocó presidir la Comisión del Defensor del Pueblo. Siempre le agradeceré su franqueza, su nobleza y su capacidad a la hora de analizar la situación. Yo me acuerdo de que hace tres años después de su intervención yo le dije
que su discurso había sido un discurso de marxismo amable. Hoy he visto en la primera parte de su discurso a un socialdemócrata escéptico. Sí es verdad que al acabar la intervención se ha convertido en un economista socialista y ha acabado siendo
un diputado socialista de los años noventa. Incluso ha presentado un programa económico-político, no voy a decir alternativo, pero sí una especie de llamada de atención a su propio Gobierno y me ha gustado que todavía siga manteniendo esa especie
de punch de viejo socialista.
Dicho esto, es verdad que usted es defensor del pueblo en funciones. La pregunta es: ¿qué es estar en funciones? Porque, al fin y al cabo, a usted se le exige la misma actividad. Es una cuestión que, en esta casa, alguien tendrá que
resolver en algún momento. En cualquier caso, espero que ese estar en funciones no acabe en una especie de melancolía en la cual usted solo se convierte en una especie de notario que toma nota de lo que pasa, pero no tiene interés ni ganas de
actuar ante eso que usted constata.
Voy a ir por partes. Usted ha dicho que todo, evidentemente, está envuelto por la pandemia y es verdad. El informe de este año no lo puede obviar porque, al fin y al cabo, sería una especie de informe del Defensor del Pueblo en situación
de pandemia. En esa situación de pandemia que todo lo envuelve,
la realidad es que los problemas siguen siendo los mismos con pandemia que sin pandemia, acuciados y aumentados por la situación que ha supuesto esta pandemia que hemos padecido todos.
Usted ha hecho una visión hoy diferente a la de otros años, porque ha hecho una visión global, casi una visión economicista del asunto, pero desde una perspectiva puntual no ha entrado en cuestiones que a nosotros nos parecen importantes,
aunque sí están en el informe, evidentemente. Nosotros, en siete minutos -ya me quedan cuatro-, no podemos abordar todos ellos porque es imposible. Por lo tanto, me centraré en cuatro temas que me parecen importantes.
Independientemente de todo lo que se ha dicho sobre la situación que ha generado la pandemia, en su informe usted hace un relato de algo que a nosotros nos importa mucho, que es la situación de la política penitenciaria, la situación de las
cárceles, de los centros penitenciarios. Hay cuestiones que nos parecen preocupantes, por no decir graves, porque sigue habiendo los mismos problemas que había antes. Usted habla de que la condena a España por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, el 19 de enero de 2021, por insuficiente investigación de una denuncia de malos tratos y que se suma a otras en la misma línea, anima el compromiso de atender correctamente las quejas y denuncias. Usted lo constata, esto no es un invento
del PNV. Usted lo constata porque el Estado español sigue incurriendo en las mismas cuestiones de siempre. Se le acusa de no investigar algo y Europa le llama la atención, y después, cuando lo decimos aquí nosotros, en la tribuna, nos llaman de
todo.
Segunda cuestión. Usted habla de los fallecimientos en los centros penitenciarios, algo preocupante. Es verdad que la pandemia lo ha acuciado, pero ha habido muchos suicidios. Hay una cuestión que dice que ha habido dificultades para
investigar adecuadamente los presuntos malos tratos en prisión, constatado con motivo de una visita del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y del Área de Seguridad y Justicia al Centro penitenciario de Estremera, en Madrid: la carencia
de tarjeta identificación preceptiva como parte de la uniformidad en la práctica totalidad de funcionarios observados, la falta de normativa interna sobre videovigilancia y la ausencia de esta en lugares críticos para la prevención de malos tratos,
la posibilidad de que los funcionarios consumiesen alcohol durante la jornada laboral y la inadecuada confección de los partes de lesiones. Hombre, esto me parece algo muy grave.
Hay otra cuestión muy importante que usted cita en su informe, el tema de la violencia de género. Le dedica un apartado muy extenso y creo que constata cuestiones que aquí hemos tratado, por ejemplo, cómo en época de pandemia han aumentado
las denuncias y se ha incrementado la violencia de género. Usted añade una cuestión que nosotros hemos dicho aquí: la convivencia obligada durante todos los días del confinamiento con el agresor, aparte de suponer una doble tortura para la persona
maltratada, ha supuesto el incremento de las denuncias. Usted plantea que tiene que haber políticas y marca muchas lagunas a nivel judicial, porque usted dice en su informe que ha habido denuncias de que cierto personal de la Administración de
Justicia no está suficientemente preparado para atender estas cuestiones. Asimismo, habla también en otra parte de temas puramente de inserción social, etcétera. Por lo tanto, me parece que son asuntos importantes.
El tema de los jóvenes migrantes me parece otra cuestión importante. Hoy mismo ha salido un artículo en un periódico que dice que el Gobierno todavía no ha presentado el programa que tenía preparado, parece que el señor Escrivá lo tiene
escondido debajo de la mesa, no sé para cuándo lo piensan sacar.
Por último, hay una cuestión que usted no cita. Me refiero al tema de los derechos lingüísticos de los ciudadanos con la Administración. Hay que investigarlo porque muchos ciudadanos ven que sus derechos lingüísticos con la Administración
General del Estado no son respetados. Los derechos son de las personas, y los derechos lingüísticos de las personas que hablan idiomas oficiales en el Estado -en algunas partes son oficiales, no cooficiales- no son atendidos por la Administración
General del Estado.
Señor Marugán, muchas gracias a usted y a su equipo por su informe. Espero que sigan trabajando de esta manera, denunciando y constatando lo que está mal.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, señor defensor del pueblo, gracias por su intervención y por el trabajo realizado. Iniciaré mi intervención haciendo una referencia a los derechos lingüísticos y al no adoctrinamiento que es necesario en nuestras aulas con una
noticia. En un libro en la ESO en Cataluña ya se está considerando extranjeros,
como un ejemplo de gentilicios extranjeros, a las personas de Madrid, Extremadura o Málaga. Señor defensor del pueblo, inicio con este tema mi intervención para decirle que tiene que hacer un trabajo serio y riguroso para defender el
derecho a la igualdad de los niños y de las niñas en Cataluña, para defender que no haya adoctrinamiento en nuestras aulas.
Además, a nuestro grupo parlamentario nos parece sustancial iniciar con otro de los aspectos rigurosos en esta intervención, que es una cuestión fundamental: la independencia del Defensor del Pueblo. El Alto Comisionado de las Cortes
Generales, cuya función es defender los derechos y las libertades públicas que tenemos en nuestra Constitución, es un órgano de alta relevancia constitucional que ha sido preso de la politización del Partido Popular y del Partido Socialista, de
igual modo que el resto de los órganos del Estado. Por ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos va a presentar hoy una proposición de ley para garantizar la independencia del Defensor del Pueblo y desbloquear su renovación, pendiente desde hace
varios años. Nuestro grupo considera que es inaplazable una revisión completa de nuestros procedimientos, de los nombramientos de todos los órganos del Estado, incluido el Defensor del Pueblo. ¿Para qué? Para garantizar que sea un proceso de
libre concurrencia en el acceso a esta responsabilidad y para evitar cualquier tipo de interferencia gubernamental o parlamentaria en el ejercicio de sus funciones y potestades. Además, proponemos que el propio defensor del pueblo sea reconocido
por concurso de méritos, donde todos los candidatos deben acreditar sus competencias y sus aptitudes ante un comité evaluador que se encargará de elevar a los plenos del Congreso y del Senado la preselección de candidatos. En definitiva, queremos
dar credibilidad a nuestras instituciones y mejorar la calidad del sistema democrático. Por eso, queremos destacar en esta intervención que vamos a presentar esta proposición de ley y esperamos que salga adelante, porque es lo mejor para la
credibilidad de las instituciones de nuestro país.
En relación con su informe, y agradeciendo el trabajo realizado, es un informe muy amplio con numerosas áreas. Queremos destacar algunas de ellas. Hay un apartado específico que habla de las situaciones de desigualdad, de la discriminación
hacia el colectivo LGTBI, hacia los extranjeros en situación irregular, hacia las mujeres, hacia las personas gitanas, y en definitiva, hacia distintos grupos de población. Creo que nos queda claro que hay quejas de personas extranjeras en
situación irregular que, cuando van a poner una denuncia, nos dicen que se les abre, cuando quieren denunciar un delito, procedimientos de expulsión, y es una de las cuestiones que ustedes abordan.
Igualmente, aborda una serie de cuestiones relevantes como que las organizaciones de defensa de la infancia solicitan su intervención para que impulsen medidas específicas para evitar la proliferación de los discursos de odio contra niños y
niñas menores no acompañados. Y hay algo muy relevante también: el derecho a la educación. Hemos hablado de una cuestión muy importante en el derecho a la educación en igualdad y que es que no hay que adoctrinar en nuestras aulas. Esa es una de
las cuestiones relevantes que le he expuesto al principio de mi intervención. Pero, por otro lado, también, es que hay que garantizar el derecho a la escolarización y tenemos una situación en Melilla alarmante, usted mismo lo recoge en su informe.
Según el propio Defensor del Pueblo, hay niños de Melilla que no están escolarizados porque provienen de familias marroquíes que residen en Melilla y se sospecha que se pretenden escolarizar a sus hijos en fraude de ley, como apuntaba la Dirección
Provincial de Educación en Melilla.
Hace algunas menciones también a cuestiones bastante relevantes en cuestiones de igualdad de género que vamos a seguir de cerca. Por ejemplo, el incumplimiento de la legislación al impedirse el acceso en condiciones paritarias en los
órganos de gobierno de una comunidad de regantes de Alicante. Seguiremos esta cuestión muy de cerca.
Viendo el apartado de igualdad que usted nos expone, también habla de la discapacidad y de la situación de los extranjeros, nos queda claro que desde esta Cámara tenemos que trabajar en esa ley integral de igualdad de trato y no
discriminación, y en la que Ciudadanos va a tener una posición muy activa, e igualmente trabajaremos para que haya esta autoridad independiente que se necesita. Nosotros siempre partimos de la actuación desde la independencia de los órganos
relevantes y, en este caso, de esa autoridad de igualdad de trato. Asimismo, es importante y necesario reforzar la Administración de Educación en Melilla y también en Ceuta, pues la competencia en materia educativa en ambas ciudades la tiene el
Estado. Llevamos años diciéndolo, desde Ciudadanos ya instamos al Gobierno para que se incrementara el número de plazas gratuitas en la etapa de la educación básica y pedimos la constitución de un consejo escolar en ambas regiones, pero lo que pasa
es que el Gobierno hace oídos sordos. Hablamos de educación, de pobreza, de infancia y, en este caso, el Gobierno hace oídos sordos. Ha expuesto usted las situaciones de fragilidad. (Rumores).
Perdonen un momento, bancada del Partido Popular... (Pausa).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, señoría. (Continúan los rumores). Ruego, por favor, que bajen el volumen de su voz. (Pausa).
Continúe.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente. Es muy difícil concentrarse con tanto murmullo.
En el ámbito de la sanidad, nos ha puesto de referencia distintos problemas estructurales: problemas de fragilidad de los servicios de urgencias, debilidad en la atención primaria, listas de espera en las especialidades. Asimismo, ha hecho
hincapié en un tema que consideramos fundamental: la atención a la salud mental. El Defensor del Pueblo en estos últimos años ha expresado en sus informes la preocupación por la insuficiente atención en este ámbito, que nos ha situado como uno de
los países rezagados en el ámbito europeo. Creemos que es el momento de hacer frente, de que haya un interés político, de que haya una buena política pública en esta cuestión tan relevante que tiene que ver con el futuro de nuestros jóvenes, con el
futuro de nuestra sociedad. Se trata de abordar como prioritaria la salud mental.
Junto a ello, quiero destacar también el ámbito de vivienda. Quisiera señalar que usted ha hablado de los problemas de los jóvenes -no nos da tiempo a hacer un examen exhaustivo de todo-, y uno de ellos es la vivienda, la precariedad
laboral, las imposibilidades de emancipación. El propio Consejo de la Juventud nos lo ha dicho, y ahí tenemos que trabajar porque es el futuro de las siguientes generaciones. Hay algo muy destacable: ¿cómo puede ser que haya en su informe
ejemplos de administraciones públicas autonómicas y locales que estén echando de las viviendas a familias en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo puede ser que eso lo esté haciendo la propia Administración? Eso es lo que aparece en sus informes.
Ello nos deja claro el marco en el que tenemos que trabajar en la ley de vivienda para seguir avanzando.
En Ciudadanos le reiteramos el agradecimiento por su exposición y nos ponemos a su entera disposición.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Marugán, un año más debemos agradecer el trabajo de todo el equipo de la defensoría del pueblo -de todo; de todo el equipo-, que ha estado trabajando en sus actuaciones de oficio, formulando sus resoluciones, recomendaciones,
sugerencias, recordatorios de deberes legales, advertencias y solicitudes de recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque hayan ido ustedes encontrando por el camino, cómo no, la cero colaboración o, directamente, el entorpecimiento por parte de
las administraciones.
Hoy quiero hablar de tres puntos muy concretos. Pero antes, le recuerdo, señor Marugán -lo hemos escuchado aquí antes y me sabe muy mal, la verdad-, que la inmigración no es un problema. Seguro que lo sabe usted y seguro que es un vicio
del lenguaje, pero me gustaría que quedara bastante claro. Sí lo son las violencias y el racismo institucional sufridos por la población inmigrante.
Primer punto. Me gustaría decir que urge que todas las personas conozcan esta institución y que hagan sus denuncias. Hago desde aquí, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, un llamamiento a todas las personas y plataformas de
defensa y garantía de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y libertades públicas, agraviadas frente a las administraciones españolas a que presenten sus denuncias en el Defensor del Pueblo, siempre. Cualquier ciudadano o ciudadana
puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención -es gratuita- para que se investigue cualquier actuación de la Administración Pública española y de todos sus agentes.
Segundo punto. Son puntos escalofriantes. Tengo poco tiempo y no me voy a ceñir a su discurso, sino a su informe de 2020, que tiene casi mil páginas y que resume, básicamente, las condiciones de precariedad y vulnerabilidad en las que vive
una enorme parte de la población de todo el Estado español. También en estas mil páginas se muestra el racismo institucional presente en las mismas entrañas de las estructuras del Estado, en sus leyes, en sus normativas, en sus protocolos, en sus
ordenanzas, etcétera. Hubo 981 expedientes que se iniciaron por el retraso en la tramitación de los expedientes de nacionalidad. Hubo 140 expedientes de organizaciones que solicitaban una prórroga indefinida de la prohibición de cortes de
suministro en el ámbito energético. En 2020 se recibieron 38 quejas -repito: 38 quejas- relativas a malos tratos policiales y se han recibido también 206 quejas por trato incorrecto. Pero al leer
las mil páginas -es nuestro trabajo leer las mil páginas de este informe e invito a toda la ciudadanía a que también lo haga- nos damos cuenta de que la mayoría maltratada o agraviada por las administraciones públicas del Estado y sus
agentes pertenece a minorías sociales: la situación de las personas migrantes en Canarias; las muertes y las torturas en los CIE; las devoluciones en caliente; la falta de citas para tramitar los expedientes de extranjería; las empleadas del
hogar; las temporeras; los desahucios; las denegaciones de asilo sin seguir la ley; las redadas por perfil étnicoracial; la no vacunación de las personas migrantes; las deportaciones ilegales, etcétera.
Señor defensor, ¿se da cuenta -yo sé por qué leí el informe, por supuesto usted también- de cuántas veces ha recordado usted al Ministerio del Interior que debe garantizar la integridad física de las personas bajo custodia policial? ¿Se ha
dado cuenta, señor defensor del pueblo, de cuántas veces -está en su informe- ha recordado al Ministerio del Interior que debe cesar en la práctica de solicitar requisitos no previstos en la ley para que la gente pueda solicitar protección
internacional? ¿Se da cuenta también, señor defensor del pueblo, de cuántas veces usted recordó a los servicios médicos de los centros de internamiento de extranjeros que trasladaran urgentemente al juzgado de guardia y al juzgado de control de los
CIE los partes de lesiones de los CIE? Esto una barbaridad. Los informes del Defensor del Pueblo son un retrato de cómo el Estado trata a la gente.
Tercer punto y último, los logros. Realmente las administraciones se mueven empujadas, pero a veces se mueven. Quiero destacar un punto muy importante que se ha logrado, no solo por el Defensor del Pueblo, sino también por las personas
víctimas del maltrato institucional, las familias de las víctimas, la movilidad social ciudadana, las ONG, las plataformas de defensa y garantía de los derechos de las personas y, por supuesto, también el Defensor del Pueblo. Se ha conseguido
escolarizar en Melilla a más de ciento sesenta niños. Este es un tema que no solo ha afectado a estos ciento sesenta niños, sino que viene de muchos años atrás y al que también se hace referencia en los anteriores informes del Defensor del Pueblo.
El Estado no dejaba que estos niños y estas niñas fueran matriculados y, por tanto, no estaban escolarizados. En consecuencia, es un logro, se tiene que decir aquí y se tiene que dar las gracias a la defensoría del pueblo por su actuación de
oficio, según las normas, y por las solicitudes de las plataformas de derechos humanos, cuya reivindicación fue constante.
Acabo diciendo, señor defensor del pueblo y el equipo del Defensor del Pueblo, que les queda un patio 'muy bonito' -entre comillas, por supuesto- para el próximo año con las deportaciones absolutamente ilegales -repito: ilegales- desde
Ceuta a Marruecos de los menores migrantes, así como con las violencias de todo tipo que está sufriendo el colectivo LGBTI en el Estado español.
Muchas gracias. Hasta el próximo informe. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Antes de empezar, me gustaría expresar el reconocimiento de mi grupo parlamentario a la labor de la institución del Defensor del Pueblo. Como ya dije también en el Senado en la comparecencia anterior para presentar
este informe, quisiera que se trasladara también este reconocimiento a los trabajadores y las trabajadoras de la institución que dirige.
El informe que nos presenta aquí hoy pone de relieve otra pandemia, además de la sanitaria provocada por el coronavirus, la pandemia de los recortes y el maltrato a los servicios públicos llevado a cabo por los Gobiernos del Partido Popular
desde 2011 hasta 2018. No es una casualidad que la gran mayoría de las quejas que ha recibido el Defensor del Pueblo sean sobre la sanidad y, especialmente, sobre la atención primaria y sobre las residencias de ancianos.
Su informe, señor Marugán, nos interpela a reforzar la atención primaria, que viene de años de recortes. En comunidades como la de Andalucía, que es mi tierra, la lista de espera ahora mismo para atención telefónica supera los 15 días y en
la Comunidad de Madrid los servicios de urgencia de atención primaria llevan cerrados 550 días. Esto no es una casualidad. ¿Cuál es el objetivo? Como digo, dejar morir los servicios públicos no es una casualidad, porque lo que se pretende es que
los ciudadanos contraten un seguro privado de salud para que se enriquezcan las empresas privadas y debilitar nuestro sistema público de salud. Reforzar el sistema público de salud no es solo una cuestión de justicia y de eficiencia económica, sino
que es también una cuestión de salud pública, porque ante nuevas pandemias es la atención primaria la que evita que se colapsen las urgencias, las UCI y las plantas hospitalarias. Quienes
destruyen la atención primaria, y lo voy a decir, señores del PP, señores de VOX y señores de Ciudadanos, no solo están jugando con la salud de nuestro pueblo, sino que están haciendo un uso ineficiente de los recursos públicos.
Sobre la gestión sanitaria me voy a permitir destacar la coordinación de la que han hecho gala la mayoría de las autonomías junto con este Gobierno, aunque algunas, como Madrid, no hayan respetado ni los consejos ni las decisiones del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como sabemos, incluso se hayan permitido oponerse a las decisiones sanitarias del Gobierno de España en el momento más duro de la pandemia -se lo recuerdo- y poner en riesgo por ello la salud
pública de todo el país. Esto hay que recordarlo.
El punto más trágico del informe -no quiero dejarlo atrás- es, sin duda, la situación de las residencias de ancianos, que aglutina la mayoría de las quejas de la ciudadanía. No es tolerable que el 70 % de las 5417 residencias de ancianos en
España sean privadas. Un derecho humano básico no se puede convertir en un negocio para los fondos de inversión y empresas de la construcción, que han estado haciendo caja con las residencias. No es tolerable tampoco el alto número de personas
mayores que han fallecido en las residencias de ancianos durante esta pandemia ni que tengamos que ver cómo se han convertido esos lugares, que tenían que haber sido centros sociosanitarios, en meros almacenes de abuelos y abuelas. Un país decente
se mide también por cómo trata a nuestros mayores, padres y madres que construyeron con sus manos nuestra democracia y a los que como país les hemos fallado. Gobernar es gestionar soluciones. Por eso, gestionemos lo más rápido posible una solución
a las necesidades de nuestros mayores, a ser posible con el consenso político de todos los grupos.
Ha hablado también el señor Marugán de los jóvenes. La situación de los jóvenes es también muy complicada, por el acceso al empleo, el acceso a la vivienda o por la emancipación. En este Congreso tenemos que trabajar todos y todas en este
sentido. Lo enlazo con la educación, porque el informe desvela lo que ya vienen diciendo desde hace muchísimos años los movimientos a favor de la escuela pública: los recortes en educación suponen un freno al avance social y un camino hacia la
desigualdad. Por lo tanto, tras años de recortes y privatizaciones, que además han tenido como resultado ese estancamiento de la educación pública, tenemos que recordar que comunidades autónomas -repito- como la mía, Andalucía, como la de Madrid o
como la de Murcia en estos momentos están haciendo recortes, a pesar de haber recibido los fondos necesarios de este Gobierno para reforzar la educación.
En el informe de 2020 del Defensor del Pueblo se valora muy positivamente la protección social y salvación a familias, a empresas y a trabajadores y trabajadoras gracias al escudo social y a los ERTE que se han puesto en marcha por el
Ministerio de Trabajo y de Economía Social y que han sido claves para que en un año hayamos recuperado los niveles de cotización social anteriores a la pandemia, mientras que de la crisis de 2008 -lo recuerdo- tardamos once años en recuperarnos,
fruto de las políticas de empobrecimiento, desempleo y destrucción de empresas. Hay un dato que me parece absolutamente reseñable, y es que por primera vez en una crisis en España la evolución del empleo asalariado ha sido mejor que la del PIB. Es
decir, por primera vez en España una crisis no se ha traducido en esa destrucción del mercado de trabajo. Por lo tanto, no es lo mismo que gobiernen ustedes, la bancada de la derecha, que lo hagamos nosotras, y eso ha quedado patente y claro.
Existen también bastantes quejas sobre la Administración de Justicia y, por lo tanto, es urgente que nos pongamos a la labor y modernizarla. Aprovecho para solicitar al PP que desbloquee ya la renovación del Consejo General del Poder
Judicial. Sobre los centros penitenciarios han llegado también más de mil quejas al Defensor del Pueblo por el aumento de los suicidios y por casos de malos tratos a internos por parte de funcionarios de prisiones. A veces se nos olvida que el
único derecho que pierde un ciudadano cuando es condenado a prisión es la libertad. Es vital que nuestro sistema penitenciario también tenga sistemas de videograbación y de investigaciones y que haya más educadores, trabajadores sociales,
sociólogos y personal de tratamiento.
Termino. También nos preocupan muchísimo las migraciones, pero no tengo tiempo. Asimismo, se ha resaltado la tardanza en la tramitación de las tarjetas de residencia por esa falta de personal tras años de vaciamiento de la Función pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando.
La señora VELARDE GÓMEZ: Termino.
En cuanto a la violencia de género, nos preocupa muchísimo el aumento histórico de las llamadas al 016 y al 061 y que eso se haya traducido, además, en un descenso del número de denuncias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, termine, por favor.
La señora VELARDE GÓMEZ: Termino.
Muchísimas gracias al defensor del pueblo por este informe y espero que todos y todas trabajemos en todas aquellas cuestiones que nos han puesto delante.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Calvo Liste. (Aplausos).
El señor CALVO LISTE: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Señora Vehí y señora Carvalho, no podemos tolerar las manifestaciones que han realizado sobre la Guardia Civil y la Policía Nacional. (Aplausos). Precisamente estos cuerpos están para garantizar la seguridad de todos y han salvado muchas
vidas, como lo han demostrado en Ceuta, en Melilla, en Canarias y, con carácter general, en toda España. (Aplausos).
Señor Fernández Marugán, otro año más aquí y sigue usted de interino después de cuatro años. Su situación de interinidad es un reflejo más de la incompetencia de este Gobierno por solucionar una situación anómala, fruto de la politización
partidista de instituciones como la que usted representa. Un defensor del pueblo que trabaja remando a favor de los intereses ideológicos del partido del Gobierno genera poca confianza en su labor como supervisor de las administraciones públicas
españolas y de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En su informe resulta revelador que el número de expedientes abiertos suponga casi un 50 % más que el año anterior y que, frente a este incremento, nos encontremos con que
las actuaciones de oficio hayan disminuido un 30 %. Además, hay que tener presente que el descenso de la actuación de oficio del Defensor del Pueblo se da precisamente en el año que más expedientes se abren, coincidiendo con una gran crisis
sanitaria, con la actuación de un Gobierno que ha llevado a cabo la mayor vulneración de derechos y libertades fundamentales de los españoles y que, como vemos, está dispuesto a incumplir las leyes y a pisotear la Constitución. Su actividad ya se
refleja en el informe, por lo que me referiré a alguno de los muchos aspectos en los que o no ha entrado o se han puesto de perfil.
Ustedes decidieron no elevar recurso de inconstitucionalidad sobre el estado de alarma, tal y como le pedían nada más y nada menos que 617 ciudadanos. Dieron carpetazo a esta petición en un escrito de veinticinco páginas, alegando que
durante el estado de alarma no se produjo una suspensión de derechos fundamentales, sino una limitación. No extraña su inacción, pero no se preocupe usted, no ha sido el único, porque el resto de los grupos parlamentarios ha hecho lo mismo, no
recurrirlo; para eso ya estaba VOX. (Aplausos). La sentencia del Tribunal Constitucional ha dejado en evidencia a todos los grupos, pero también a usted, señor Fernández Marugán. Tan solo este grave motivo, el de dejar desamparados a los
españoles ante el secuestro de sus vidas, de sus familias y de sus negocios, sin que usted haya hecho nada, le inhabilita moralmente para seguir al frente de una institución que no ha estado a la altura de sus responsabilidades. ¿Pedirá ahora que
se indemnice a los españoles que se han visto perjudicados por esta suspensión de derechos y libertades fundamentales? De igual forma tampoco lo hicieron los once Defensores del Pueblo autonómicos, cuyo mejor destino sería su supresión, con el
importante ahorro presupuestario que conllevaría, quedando únicamente el estatal, siempre y cuando trabaje en beneficio de los españoles. Y no solo lo dice VOX, se lo dice también, y así lo recomienda, la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas.
Tampoco entra de lleno en el problema de la despoblación. Solo catorce páginas relatan la situación conocida por todos y una propuesta de solución, y cito literalmente: la inmigración como solución más plausible. Ahora entendemos su frase
'los niños ya no vienen de París, ahora vienen de África'. Ni una mención al necesario apoyo a la familia ni a la promoción de la natalidad. ¿Qué ha ocurrido, tras dos años, con el mapa de despoblación creado por el proyecto Serranía Celtibérica y
asumido por su defensoría? ¿Por qué no insiste? La España vaciada es la España abandonada por todos los Gobiernos. También recoge su informe una referencia a las peticiones de víctimas del terrorismo, derivando usted la responsabilidad al
Gobierno con la reforma de la Ley 29/2011. Usted ha recomendado a los lobos que cuiden de las ovejas, porque no hay nada más que analizar los hechos recientes, donde el Gobierno sigue permitiendo la humillación de las víctimas del terrorismo, el
enaltecimiento y el acercamiento de los terroristas asesinos. Y tiene que hacerlo porque los etarras son parte del pacto que realizaron con Zapatero
y que ha llevado a que el partido de Henri Parot esté aquí presente y sea socio imprescindible para la gobernabilidad de Sánchez y el apoyo en sus presupuestos. Quiero enviar desde aquí un fuerte abrazo a nuestro compañero José Alcaraz y a
todas las víctimas del terrorismo, que plantaron cara el pasado sábado en Mondragón a los terroristas de ETA. (Aplausos). Se lo dijimos el año pasado, señor Fernández Marugán, y se lo recuerdo este año: nunca en esta Cámara se han sentado tantos
enemigos de España.
Para ir terminando, haré referencia a otro hecho que deja en evidencia su actitud parcial y que está reflejado en el informe, concretamente en el anexo relativo a los niños y adolescentes. Me refiero a las menores víctimas de abuso y
explotación sexual en Baleares y Canarias. Usted elude investigar directamente estos casos, como sí lo ha hecho con otros que políticamente preocupan a la izquierda. Ha decidido delegar en la comisión de expertos, creada en el año 2020, para
recoger sus conclusiones. Pues bien, no podíamos esperar menos. Respecto a esos abusos sexuales que se han producido en un Gobierno socialcomunista en Baleares -ya sabía usted el resultado desde que se creó la comisión; lo podía haber recogido en
el informe, pero no lo ha hecho-, la conclusión fue que no ha habido ninguna responsabilidad política. Estas niñas han sido abandonadas por todas las instituciones, incluida la que usted representa.
Señor Fernández Marugán, deje la institución del Defensor del Pueblo. Si usted no ha sabido defender a los españoles frente al secuestro de un estado de alarma ilegal ni a las víctimas del terrorismo ni a las niñas de Baleares y Canarias,
deje paso. Para defender a los españoles ya solo queda VOX.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Delgado Arce. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías.
Señor Fernández Marugán, defensor del pueblo en funciones, saludos cordiales del Grupo Parlamentario Popular con ocasión de la presentación del informe anual de gestión del año 2020. Hablamos, ciertamente, de un año marcado por la pandemia
mundial de la COVID-19 que golpeó duramente a España y que, sin duda, influyó en el incremento tan notable de las quejas en relación con el año precedente, un 41,5 % más. Afirma usted que esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de valorar
el protagonismo del Estado, de los servicios y de las prestaciones públicas, y es cierto, pero destacando que consolidó a las comunidades autónomas, que sufrieron constantemente las lagunas del Gobierno de España.
Señor Marugán, reconocemos el trabajo interno de la institución, pero debemos lamentar, y lo hacemos hoy también aquí, la tardanza en informar a las Cortes Generales, de las que usted es un alto comisionado, sobre las diferentes quejas
recibidas por parte de los ciudadanos en el mismo año 2020 y las gestiones que usted hacía para atenderles. Tuvimos que esperar hasta el 26 de noviembre de 2020, cuando se lo habíamos pedido varios grupos ya desde abril de ese mismo año. Desde
luego, eso amparado siempre por el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos.
Señorías, abordaré simplemente tres temas del extensísimo informe del Defensor del Pueblo. En primer lugar, la sanidad, la gran preocupación durante el año 2020. Usted da cuenta en su informe de que recibió el triple de quejas en materia
sanitaria, la mayoría relacionadas con la COVID-19. Usted habla de que la pandemia agudizó las debilidades del Sistema Nacional de Salud, conformado, según dice, por los servicios de salud de las comunidades autónomas, pero su informe apenas pone
de manifiesto las carencias de gestión del Ministerio de Sanidad como máximo responsable de salud pública. No se pronuncia sobre la respuesta tardía e insuficiente ante las alertas de la pandemia que llegaban ni sobre la inexistencia del comité de
expertos que escandalizó a este país. Tampoco le ha concedido usted importancia a la cuantificación del número de víctimas. Tampoco se pronuncia sobre la falta de transparencia de los entes vinculados al Ministerio de Sanidad, como, por ejemplo,
que no tengamos actas ni de las sesiones de la Comisión de Salud Pública ni del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Aboga usted por que lleguemos a grandes acuerdos y a medidas legislativas en materia sanitaria, pero lo cierto es que el Gobierno no ha puesto hasta este momento en marcha ninguna de las medidas pactadas en la Comisión de Reconstrucción ni
ha creado la agencia estatal de salud pública. En su informe, señor defensor, usted afirma con rotundidad que la legislación vigente en este momento en materia de salud pública del año 1986, junto con la autonómica, era y sigue siendo más que
suficiente
para abordar medidas especiales de protección de la salud pública en caso de situaciones de grave riesgo por parte de las autoridades sanitarias. Pero no esperen ustedes encontrar en el informe ninguna recomendación de que se apruebe esa
ley estatal de pandemias que están reclamando las comunidades autónomas, los tribunales superiores de Justicia, el Consejo de Estado y las corporaciones locales, una ley que salvaría vidas y permitiría suplir estas diferencias de los tribunales en
temas, por ejemplo, como el pasaporte COVID o los toques de queda.
Abordo ahora la cuestión de la actividad económica, a la que el defensor le ha dedicado una amplia extensión. Sí, señor defensor, la crisis económica que hemos vivido ha sido y está siendo todavía monumental, pero la de España es la peor,
con diferencia, de todos los países de la OCDE. El producto interior bruto se contrajo un 19,8 %, 123 000 millones de pérdidas de riqueza en el año 2020, mucho más que todos los años juntos de la anterior crisis del 2008, a la que el señor defensor
pretende contraponer la monumental que estamos viviendo. En aquel momento se perdieron, solamente, y bastantes eran, 89 000 millones de euros de riqueza de país. Las administraciones públicas españolas elevaron su endeudamiento en 24 puntos
porcentuales -en la Unión Europea esta elevación llegó al 10,3 %-; se han cerrado 107 000 empresas; 724 000 españoles se fueron en el año 2020 al paro; 755 000 en ERTE; batimos el récord de paro juvenil; somos la segunda -con un 34 % por
cierto- mayor tasa de paro femenino en el año 2020. Y usted, señor defensor, dice que frente a esto hemos reaccionado de una manera satisfactoria -dice usted-, a través de las líneas de liquidez, a través de los ERTE. Por supuesto que los ERTE han
sido una extraordinaria medida contemplada en la reforma laboral, aprobada por el Grupo Parlamentario Popular, pero el Gobierno de España se negó a conceder ayudas directas a pesar de las reclamaciones de los sectores afectados, y somos el país que
menos ayudas dispuso a este respecto.
Nos parece ya el colmo que el defensor del pueblo se suba a esta tribuna y ejerza de portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista o, si quieren, de ministro de Hacienda interino, porque el planteamiento que ha dirigido a esta
Cámara de subida de impuestos como Defensor del Pueblo, comisionado de todos ustedes, nos parece absolutamente impropio (Aplausos). ¿Qué pensarán en estos momentos los peluqueros, los hosteleros, los comerciantes, las pyme, el taller de reparación
de coches, el taller de aluminio, los profesionales, los taxistas, los transportistas, en un momento en el que cuando los consumos no se han recuperado, en que todavía están viviendo una situación de debilidad económica, en la que muchos de ellos
todavía no pueden incorporar al personal que tenían bajo su dependencia, en el momento en el que el precio de la energía está más caro que nunca, de que el Defensor del Pueblo -comisionado de todos- se suba a esta tribuna a incitar a la subida de
impuestos, con un planteamiento de que no es posible acometer la salida de esta crisis de otra manera -aunque nosotros por supuesto sostenemos que hay alternativas- En definitiva, yo creo que lo único que procede es decirle: señor defensor del
pueblo, ejerza usted como tal, no lo haga como defensor del Gobierno, no lo haga como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos). Tiene todo el derecho del mundo a tener su ideología -hasta ahí podíamos llegar-, le hemos valorado a
usted como buen diputado cuando se sentaba en esa bancada pero, como defensor del pueblo en esa tribuna, no cuenten con nosotros. Así no, señor defensor del pueblo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.- Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sánchez Escobar.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Señor presidente, gracias.
Señor Fernández Marugán, bienvenido a su casa. Señorías, ante todo quería agradecer este informe de manera muy especial al defensor y a todo su equipo, puesto que es el de mayor singularidad debido al año tan difícil y complicado que hemos
tenido por culpa de la pandemia; ha requerido de un mayor refuerzo por motivos obvios. Por tanto mi reconocimiento a la profesionalidad del equipo en su conjunto. Y, señorías del Partido Popular, si tan mal les parece que hace la función el
defensor del pueblo, desbloqueen ustedes las instituciones. (Aplausos).
El informe refleja la realidad de nuestro país y los efectos de las políticas de austeridad, así como los recortes que ha aplicado año tras año el Partido Popular y su repercusión en los ámbitos de la sociedad, deteriorando la sanidad, la
educación, la vivienda, la igualdad. Como ejemplo, las carencias de nuestro sistema de salud: la atención primaria, las listas de espera, urgencias, el mantenimiento de los centros y
la falta de profesionales. Por esto el Gobierno, en Sanidad, pasa de un presupuesto de 327 millones a 3421 millones; es decir, un incremento de 3094 millones, lo que supone un incremento del 946,8 %. Señorías del Partido Popular, 1011
millones de euros para la compra de vacunas, para salvar vidas, para recuperar nuestra economía, para recuperar nuestra vida social, en definitiva, para la recuperación de nuestro país. Pero ustedes, señorías del Partido Popular, votaron no a la
compra de las vacunas; sí, señorías, que lo sepa toda España, el Partido Popular votó en contra de la compra de vacunas para combatir la pandemia, y no lo digo yo, ahí están las actas que lo reflejan. (Aplausos). Este Gobierno se puso a vacunar y
a vacunar, que es lo que había que hacer para combatir el virus. (Rumores).
El 14 de abril, el presidente del Gobierno...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, señoría; le he parado el tiempo. ¿Ya se han calmado? ¿Podemos proseguir, por favor?
Por favor, continúe.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: El 14 de abril el presidente del Gobierno anunció que llegaríamos al final del verano con el 70 % de la población vacunada con pauta completa. El 1 de septiembre, Sanidad certifica el logro de este objetivo y, a
día de hoy, tres de cada cuatro españoles tienen la pauta completa, es decir, aproximadamente un 77 o 78 % y, de manera inminente, la inmunidad de grupo y, como siempre, el Partido Popular poniendo palos en las ruedas, augurando que la vacunación
sería un caos, pero de nuevo se equivocaron, señorías, España lidera con pauta completa a nivel internacional y, entretanto, el señor Casado a los suyo: se marcha a Bruselas para intentar frustrar la ayuda económica de Europa a España, y además lo
sigue haciendo, se va a Marruecos para desprestigiar a este Gobierno que tanto y tan bien está trabajando por España. Es, sin duda, la peor oposición de la historia democrática de este país. (Aplausos).
Señorías, el colectivo de residencias de mayores ha sido el grupo que más ha sufrido el ataque del virus; por eso, el Grupo Socialista pone en valor especialmente el éxito de la vacunación en estos centros, abordándolos en primer lugar por
su vulnerabilidad y frenando así el ataque del virus en los centros residenciales y evitando muchas muertes. Según el informe, la emergencia sanitaria incide en casi todos los sectores, especialmente en la vivienda, y para ello el Gobierno paraliza
desahucios, aplaza temporalmente y de forma extraordinaria el pago de la renta y aplica ayudas convocadas en los arrendamientos de la vivienda habitual; 1151 millones para el plan de rehabilitación que ya comenzado y otros 1000 millones serán
traspasados en 2022 para la construcción de viviendas sociales. Señorías del Partido Popular, no es lo mismo vender las viviendas sociales a los fondos buitre, como hacen ustedes, que la política de este Gobierno, basada en la construcción de 100
000 viviendas para alquiler social. (Aplausos). No es lo mismo, señorías.
Por otro lado, el informe destaca las deficiencias en las instalaciones escolares, complicaciones para becas, ayudas y para garantizar la educación inclusiva y universitaria. Para ello el Gobierno asigna 5465 millones para la educación, lo
que supone un 56,1 % más que en 2020. Se aprueba la Lomloe, con ejes tan importantes como los derechos de la infancia, la igualdad de género, la mejora de los centros educativos y la personalización del aprendizaje, y ustedes, señorías del Partido
Popular, a todo esto votan no, votan a todo que no, no al progreso y no a la recuperación de nuestro país.
Señorías de VOX, la crisis de la COVID-19 ha dado lugar a mayor riesgo de violencia machista, y aunque ha descendido el número de víctimas mortales en relación con el año anterior, no ha descendido la violencia. Según el ministerio, desde
2003 han sido 1113 las mujeres muertas, asesinadas por hombres, señora Olona, por hombres, ya que usted decía aquí hace unos días que si sabíamos lo que eran los hombres. Pues sí, esos hombres han matado 1113 mujeres; este año, tan solo este año
ya van 35. Es por esto que el Gobierno seguirá trabajando con el catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora contra la Violencia de Género, mal que les pese ustedes. (Aplausos).
Señor Marugán, valoramos positivamente que hayan sido aceptadas las recomendaciones del defensor a diversos ministerios y el compromiso por parte de estos. Asimismo, la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y
la Adolescencia frente a la Violencia servirá para conseguir una mayor protección de los menores víctimas de la violencia vicaria, 42 menores desde 2013.
Sin duda, una de las preocupaciones más importantes que tenía este Gobierno era y es la protección de los trabajadores asalariados, autónomos y colectivos vulnerables afectados económicamente por la pandemia, y el Gobierno lo que ha hecho ha
sido evitar este impacto negativo a través de los ERTE, a través del ingreso mínimo vital, del fondo social extraordinario para las familias, del fondo de 16 000
millones para las comunidades autónomas para garantizar los servicios públicos, prestaciones extraordinarias por cese de actividad o la subida del SMI. Fíjense, en siete años de gobierno del Partido Popular subió 94 euros y en tan solo tres
de este Gobierno ha subido 219 euros. (Aplausos). Todo esto, señorías, para amortiguar las rentas de 2020, es el doble de lo que hizo el Partido Popular en la crisis financiera.
Señorías del Partido Popular, se puede gobernar de otra manera en una crisis: frente a sus recortes y austeridad, inversiones y más medidas sociales que generen oportunidad para los demás. La ciudadanía española ha estado a la altura en
sus casas sin salir, viendo cómo morían familiares y amigos, máxime siendo una sociedad como la nuestra, a la que le gusta estar en la calle, vivir la vida y estar con sus gentes. No se merece el espectáculo bochornoso que se ve en todas las
sesiones de control al Gobierno y en la mayoría de las comisiones...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Sánchez, debe terminar.
El señor SÁNCHEZ ESCOBAR: Ya termino.
... y en las comisiones por parte del Partido Popular y la ultraderecha, como el pasado martes, señorías. Vergonzoso. Este Gobierno, señorías, se está ocupando de la gente sin dejar a nadie atrás, para que puedan vivir dignamente, y
ustedes mientras tanto no sé a qué están jugando. Por favor, sean responsables y vuelvan a la política y dejen a un lado el enfrentamiento continuo.
Muchas gracias, señor Fernández Marugán. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO-LEY 17/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR CULTURAL Y DE CARÁCTER TRIBUTARIO PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 [ANTES
DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBAN MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR CULTURAL Y DE CARÁCTER TRIBUTARIO PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 17/2020, DE 5 DE MAYO)]. (Número de
expediente 121/000020).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al siguiente punto, enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo
al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. (Pausa).
Pasamos al siguiente interviniente; por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
Perdón, señora Aizpurua, acaba de entrar el señor Quevedo. Tiene la palabra.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días a todas y a todos. Mil disculpas, pero afortunadamente la gente te para por los pasillos para preguntarte cómo van las cosas en La Palma, y lo preguntan con seriedad y con solidaridad, y eso es algo que se agradece.
Por tanto, disculpen que no estuviese donde tenía que estar en el momento en que se me llamó.
Hoy con estas enmiendas, con una de ellas a la disposición final segunda, se resuelve un contencioso, en nuestra opinión completamente innecesario, que se estableció entre el Gobierno de España y Canarias en relación con una modificación
unilateral del REF que se había producido en dos reales decretos-leyes, y en este en su inicio, en el que estamos tratando. Esa modificación de la disposición adicional decimocuarta de la Ley del REF de Canarias de 1994 venía a suponer, a imponer,
sin pedir previamente la opinión del Parlamento canario y del Gobierno de Canarias, un principio que está, lo vuelvo retirar una vez más, en nuestro fuero, está en la Constitución española, está en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y está
también en la modificación del REF que se produjo
en el año 2018. Esta es una cuestión que está relacionada con las bonificaciones a las producciones audiovisuales que en absoluto es cuantitativamente relevante. Estamos hablando sobre si la deducción máxima debe ser de 12,5 millones o de
18 millones de euros a las producciones audiovisuales que sean capaces de justificarlo, obviamente. Por lo tanto, cuantitativamente no parecía un tema excesivo porque, con la que está cayendo, esa cantidad de dinero es el chocolate del loro,
literalmente; pero desde el punto de vista cualitativo y del respeto a los principios era completamente inasumible para Nueva Canarias. Así lo fue, también, para el Gobierno de Canarias y para el Parlamento de Canarias, que tuvo que emitir un
informe negativo, por unanimidad, de esa modificación unilateral del REF que, en nuestra opinión, incumplía los principios del REF y que, además, no había sido sometida a la opinión previa del Parlamento canario.
Con la enmienda que hoy se trae aquí, proveniente del Senado, en relación con este asunto, se vuelve a recuperar la normalidad y el respeto a las normas básicas, que son de las que dispone Canarias para defender sus intereses y sus
singularidades. Queda claro que el diferencial fiscal, en este caso, debe ser un 80 % -no más, el máximo- superior al diferencial fiscal medio de este tipo de políticas en el conjunto del Estado español. Y eso no es así por un capricho, es así
porque si no es imposible la competitividad de Canarias, ese el sentido que tiene el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, tratar de igualar a nuestra tierra con la media del conjunto de las comunidades del Estado español. Por ese motivo, un año
y cuatro meses después de un conflicto innecesario y un perjuicio innecesario al sector, también es verdad que se ha minimizado por los duros tiempos de pandemia, sobre todo en los momentos tan difíciles que hemos pasado en este año anterior, se
viene ahora a resolver. Por lo tanto, Nueva Canarias, que ha votado en contra de todos los reales decretos-leyes, no porque estuviésemos en contra del fondo de los reales decretos, sino porque era nuestra forma de expresar la protesta por esta
vulneración de los derechos de nuestra tierra, hoy viene a decir que ese tema está resuelto. El Parlamento de Canarias, por unanimidad, ha considerado que se han restituido los principios del REF con esta enmienda, una enmienda que, debo decir, ha
sido pactada entre el Partido Socialista y Nueva Canarias, después de una reunión -no diré yo sencilla- con la ministra de Hacienda para tratar de corregir esta cuestión. Por lo tanto, hoy se hace honor a ese acuerdo. El Parlamento de Canarias,
por unanimidad, reconoce que se vuelve a restaurar el REF, el Gobierno de Canarias emite un informe positivo, y ahora lo que nos queda es decir que esperamos que esto sirva para que, en asuntos como este, y sobre todo en asuntos mucho más relevantes
que están encima de la mesa, no vuelva a ocurrir algo así.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Eskerrik asko, presidente.
Egun on, buenos días. Son largos los viajes que se inician con algunos reales decretos. Ha pasado más de un año desde que este inició su periplo y, si recuerdan, llegó aquí en un momento trágico para el sector de la cultura, un sector que
ya arrastraba consigo males endémicos y la pandemia vino a agudizarlos. En este tiempo, han desaparecido empresas, proyectos en marcha y también proyectos y sueños de futuro. Quizá en el camino se hayan perdido grandes artistas que han tenido que
claudicar ante la difícil situación que se les presentaba, no lo sabremos nunca. Calcular la pérdida que esta probable desaparición supone es imposible y lamentable también; no debería haber pasado.
En su momento, cuando el real decreto llegó aquí, nuestra valoración fue bastante positiva, porque ponía en marcha líneas de actuación, vía subvención, y se hacía uso de un sistema de protección para atender a las personas del sector que, de
la noche a la mañana, habían visto reducidos a cero sus ingresos. El decreto recogía medidas para la financiación del sector cultural y medidas de apoyo a las artes escénicas, a la música, a la cinematografía, a las artes. Sin embargo, tenía
carencias y, por ello, nos abstuvimos en su momento.
Por recordarlo y por poner un ejemplo, el decreto dejaba desprotegidos a muchos profesionales del ámbito artístico y cultural, porque no era aplicable a los técnicos ni a los auxiliares, que tenían las mismas características de intermitencia
y temporalidad que el resto del sector y, por lo tanto, sufrían las mismas consecuencias de la crisis que el resto, sin embargo no les incluía. Posteriormente vino otro nuevo decreto, de 3 de noviembre, un decreto de mixtura extraña, pero es cierto
también, porque se incluyó en él a los trabajadores taurinos, que vino a resolver esta situación.
En su momento censuramos todas estas carencias que he señalado y también dijimos que, en la comparativa con otros países europeos, era evidente que se estaban atendiendo mejor a sus realidades culturales y lingüísticas diferenciadas. Este
no lo hacía y venía a ser otro ejemplo de ese plurilingüismo que se reconoce, que se valora aquí a nivel discursivo por parte del Gobierno, pero solo es hasta que llega el momento de poner negro sobre blanco en las normativas, y el plurilingüismo,
la defensa, la protección que necesita desaparece de lo tangible, y ha ocurrido esta misma semana con lo que hemos conocido del anteproyecto de la ley audiovisual que, tal y como hemos anunciado ya, no apoyaremos en ningún caso si este no tiene
cambios de calado.
Hablaba del tránsito del decreto de ayudas a la cultura desde el Congreso hasta el Senado, y es cierto que en este viaje ha habido modificaciones notables; no muchas, quizá, en cuanto a cantidad, pero sí en cuanto a calidad. Se han
conseguido acuerdos acerca de las cotizaciones del sector de los músicos, que era una reivindicación de los sindicatos y de las cooperativas de músicos, y que representaba un grave problema al que ahora sí se le da solución. En otros terrenos, como
en el del libro, también se han contemplado mejoras. Son beneficios para el sector, que valoramos. Por lo tanto, diremos sí a este proyecto de ley y, para el resto de cuestiones pendientes, seguiremos esperando al estatuto del artista que, por
fin, parece que empieza a dar sus primeros pasos. Confiemos en que se dé respuesta a todos los temas pendientes de solución que siguen manteniendo a buena parte del sector en una situación de auténtica fragilidad y que, en realidad, están
pendientes de un hilo. Esta es la realidad: fueron los primeros que acusaron el golpe de la pandemia y realmente serán los últimos en salir de ella. Hay que tenerlo en cuenta y tomar medidas eficaces, prosaicas, concretas, que serán las que
determinen si el apoyo a la cultura que se presta desde aquí es real o son juegos florales. Actuemos en consecuencia y tengamos en cuenta que la cultura, además de todas las ideas y citas sugerentes que nos pueda suscitar, es también la herramienta
que nos permite formarnos como personas y articular el necesario pensamiento crítico.
Y si hablo de cultura y de discurso crítico, me siento orgullosa de traer hasta esta tribuna el nombre de un dramaturgo genial, olvidado e ignorado por la oficialidad; un intelectual a quien el silencio institucional y el castigo por pensar
diferente le acompañó en su vida; un gran autor que, a pesar de todo, supo resistir, vivir en el discreto encanto de la marginación, como a él le gustaba decir. Alfonso Sastre es, sin temor a exagerar, si no el más grande dramaturgo español de las
últimas décadas, sí uno de los más grandes. Y un gran vasco, porque decidió serlo y decidió vivir en un país que amaba y le admiraba. Su obra fue un pulso permanente contra la censura. Su vida fue un compromiso con la libertad, y su pensamiento
una exploración constante de la esencia humana. Fue un genial autor, un lúcido intelectual; tan lúcido, que no luchaba contra molinos, sino contra gigantes; y fue un constructor de geniales paradojas, como la que nos regaló en su última
entrevista a un medio de comunicación. La paz es una idea subversiva, dijo. Alfonso Sastre falleció la pasada semana en su casa de Hondarribia, y hoy en Euskal Herria, en el Madrid de las buenas gentes, en las tabernas fantásticas de todo el mundo
tenemos, como Guillermo Tell, los ojos tristes. Desde esta tribuna del Congreso, con todo merecimiento y con todo nuestro reconocimiento, Alfonso Sastre, agur eta ohore. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente, si me permite, desde el escaño. En primer lugar, yo quisiera también dar la enhorabuena, ya que vamos a tratar un tema que proviene de un proyecto de ley de ayudas al sector de la cultura, a Miren Agur Meabe, que
es la reciente ganadora del Premio Nacional de Poesía por un libro que ha escrito en euskera, y al que han dotado de este merecido galardón. (Continúa su intervención en euskera).
Este es un proyecto de ley que proviene del Senado con unas modificaciones que se le han hecho, que a su vez ese proyecto de ley derivó de un real decreto-ley de ayudas al sector de la cultura que, como bien se ha dicho, evidentemente
provenía de una necesidad imperiosa en un momento dado que la pandemia generó en el sector de la cultura, dejándolo horadado totalmente y necesitado de ayudas urgentísimamente. Lo solucionamos con el real decreto, pero luego se tramitó como
proyecto de ley, y en ese trámite de proyecto de ley también se le incorporaron enmiendas. Yo creo que algunas quedaron en el aire, otras se consensuaron de cierta manera, y se aprobó en esta Cámara este proyecto de ley. Posteriormente ha ido al
Senado y -nosotros vamos a decirlo claramente- se abrió la caja de Pandora,
incorporando cosas que no cuestiono que estén bien o que estén mal, sino que quizá no debían de estar en este proyecto de ley, porque hay unas cuestiones que responden, por ejemplo, a temas de Seguridad Social. Y nosotros, como grupo
parlamentario en el Senado, mantuvimos un criterio de no entrar en ello porque considerábamos que no le correspondía, y hoy vamos a hacer lo mismo. Es decir, consideramos que hay aportaciones que también son importantes, pero hay otras que algunos
grupos consideran que es necesario incluirlas en este proyecto de ley, y nosotros consideramos que no. Pero, al fin y al cabo, en el fondo de la cuestión está que se han tenido que meter parches. No estoy hablando de quienes necesitaban
imperiosamente que se les ayudara, pero parches por la inexistencia del estatuto del artista. Dirán: ya está el PNV con el estatuto del artista; pues sí, está el PNV con el estatuto del artista porque parece que somos los únicos que están con el
estatuto del artista. Hemos tenido un ministro que ha pasado sin pena ni gloria, de inicio a fin de su trayectoria como ministro, al que constantemente se le pedía y él decía: ya, para mañana, para pasado mañana, y se ha ido y el estatuto del
artista no sé dónde está. Parece ser que ahora alguien ha empezado a moverse, ya veremos; yo, como santo Tomás. Por lo tanto, estas cuestiones podían haberse no digo solucionado, pero sí, por lo menos, encauzado mucho mejor si hubiéramos tenido
esa petición expresa que esta Cámara hizo de la elaboración del estatuto del artista. Esperemos que llegue más pronto que tarde, porque como tenga que pasar otro ministro, para cuando llegue, la llevamos clara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
Es lo que me faltaba por oír esta mañana: un homenaje a Alfonso Sastre aquí, en la tribuna, por parte de Bildu. ¿Qué es lo que más le gusta de la obra de Sastre? ¿Su participación en los asesinatos por los que fue condenado y su
pertenencia a la banda terrorista ETA? (El señor Iñarritu García hace signos negativos). No, no me bailotee, que es un tema muy serio. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Por qué se fija en Sastre? ¿Por qué este homenaje a Sastre? (Aplausos). ¿Me
puede decir cuál es su obra preferida? Si la conoce completa, cuéntenosla, porque hay muchas cosas por esclarecer de este tipo. Y ustedes, señores del Partido Socialista, ¡vale ya de asistir impertérritos ante la exaltación permanente de
terroristas! Esto ya pasa de castaño oscuro. Ustedes, ayer en el Senado, no apoyaron prohibir homenajes a terroristas. (Aplausos). Están todo el puñetero día pensando en Franco y en las víctimas del franquismo, que está muy bien, pero es que
tenemos gente viva en este mismo hemiciclo que ha sufrido la barbarie del terrorismo. ¡Vale ya! Están ustedes normalizando una cuestión muy peligrosa y con el tiempo se arrepentirán, porque esto es el vaciado moral del Estado. No hay que
homenajear a Sastre por nada, por absolutamente nada. Así que, ¡qué vergüenza de intervención! (Aplausos).
Sobre la norma que traemos aquí, les diré que votaremos a favor muchas de las enmiendas que vienen del Senado. Sí les quiero decir que este real decreto es el último que salió, la última reacción del Gobierno ante la pandemia. De hecho,
este Real Decreto de protección al sector de la cultura se movió porque el sector se organizó y presionó de forma eficaz al ministerio. Fue el último real decreto de ayuda al sector, pero la fecha del real decreto, que está aquí en septiembre de
2021, es el Real Decreto 17/2020, de 5 de mayo. Es decir, que el real decreto salió el 5 de mayo del año pasado y lo tenemos aquí en septiembre de 2021. ¡Menos mal que eran medidas urgentes! El Ministerio de Cultura es como el Ejército americano
persiguiendo al Equipo A: aparece ya cuando vienen los títulos de crédito. Y ustedes dirán que es mejor tener un Ministerio de Cultura que no tenerlo, pero si no hace nada, se parece mucho a no tenerlo.
¿Cuál es la situación actual? De entrada, hemos de tener en cuenta que el sector de la cultura era un sector ya muy castigado en los momentos previos -sobre todo en algunas de sus ramificaciones, como la exhibición cinematográfica-, antes
de la pandemia. Esto ha supuesto el cierre de muchas salas de cine, el despido de muchas personas y el aplazamiento o la suspensión de muchas producciones y rodajes que había. La lentitud del ministerio no es buena, no es buena para nadie. Es
mejor decir en este caso qué se va hacer o qué no se va a hacer, que un gerundio interminable sin resultados eficaces para nadie. Según datos del propio Ministerio de Cultura y Deporte, en el primer trimestre de 2021 el empleo cultural se situó en
675 600 personas, lo que representa un descenso interanual, respecto al mismo trimestre del año 2020, de un 4,7 %; respecto al primer trimestre del 2019, del 3 %. ¿Esto qué significa? Esto significa que es uno de los sectores más castigados por
la pandemia. A su vez, el empleo cultural asalariado en el
primer trimestre de 2021 se situó en 450 400, cifra que supone un descenso respecto al mismo trimestre del año anterior del 7,2 %. Y por su parte, los empleados del sector cultural que no son salariados fueron 225 200 personas, dato que
supone un incremento, respecto al mismo trimestre del año anterior, del 1,7 %. ¿Esto qué significa? Esto significa que los trabajadores del sector de la cultura están sometidos a la inestabilidad, a la precariedad y a la pérdida del empleo. Y
digo a la precariedad porque uno de cada cuatro trabajadores de este sector tiene un contrato temporal, concretamente 98 700 empleados. Esto es inadmisible. Es inadmisible no hacer nada frente a esta situación. Un sector que aportó el 3,2 % del
producto interior bruto y que, en cambio, recibe en aportaciones públicas, en financiación pública en términos del PIB, el 0,06 % por parte del Estado, un 0,1 % por parte de la Administración autonómica y un 0,28 % por parte de la Administración
local. Estoy midiendo solo la cifra económica; no estoy midiendo, porque no es mensurable, lo que aporta el sector de la cultura en lo intangible, en lo inmaterial, en lo no económico.
Por cierto -ya lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco-, respecto al estatuto del artista, pónganse, por favor, las pilas, porque, de haber tenido el estatuto del artista implementado, estas cifras no serían las que son, se
habrían salvado muchas de estas circunstancias laborales que se han producido.
Por último, lamentamos que durante la tramitación en el Congreso no hayan apoyado enmiendas de Ciudadanos, como la creación de un fondo de rescate para el sector cultural, que hubiese sido muy útil; la adopción de medidas fiscales que
favorecieran la inversión nacional e internacional de la industria del juego en España; aumentar al cien por cien el porcentaje de la deducción de los primeros 150 euros en el caso de mecenazgo; eliminar la disposición referente a las tasas
universitarias para abordar esta cuestión en un proyecto de ley relativo a cuestiones universitarias, y aumentar el importe de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas españolas y extranjeras. Sí celebramos -no todo se ha hecho
mal- la mejora que han hecho de la regulación del procedimiento para la autorización de las medidas acordadas en cuanto a la protección de la propiedad intelectual en Internet; esta fue una enmienda de Ciudadanos que han aprobado y que yo
agradezco. También agradezco que hayan aprobado nuestra propuesta de supresión del artículo 11.6 del proyecto de ley para eliminar la vinculación de las ayudas contempladas al cine, la cuota de pantalla; ha sido un acierto eliminarla también.
Y terminó con esto, presidente. También les felicito por haber hecho suya nuestra propuesta de promover una reforma de la actuación de la Sección Segunda de la Comisión que protege la propiedad intelectual en la Fiscalía. Así que muchas
gracias. Y, señores de Bildu...,
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Finalice, por favor.
El señor DÍAZ GÓMEZ: ... cuéntennos qué es lo que más les gusta de la obra de Alfonso Sastre. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra del señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gràcies, president. Buenos días.
Señorías, hoy, casi un año y medio después de la aprobación de ese Real Decreto-ley 17/2020, terminamos el círculo de una norma que es más que necesaria y urgente, a pesar de que llegó tarde ya a esta Cámara.
Si repasamos un poco el calendario, uno se da cuenta de que si estas medidas ya eran necesarias antes de la pandemia, puesto que el sector cultural ya era un sector precario, con condiciones laborales altamente precarias, la pandemia lo que
hizo fue acentuar un problema gravísimo, desde el punto de vista sobre todo laboral, que tenía el sector cultural de nuestro país. A pesar de eso, a pesar de esa urgencia, el Gobierno tardó prácticamente dos meses en presentar este proyecto, estas
propuestas, estas medidas urgentes para paliar el daño causado por la pandemia en el sector cultural en todo el territorio; dos meses después de la declaración del estado de alarma el ministro afirmaba aquello que decía Orson Welles de que primero
la vida y después el cine, lo cual añadía a las dificultades del sector cultural el insulto y la falta de respeto del ministro a todo el sector cultural, que les pedía más paciencia mientras el ministerio no daba ni una sola respuesta ni una sola
medida para paliar su situación.
A pesar de eso, a pesar de la tardanza, llegó este real decreto que aportaba medidas laborales y fiscales que nos parecen interesantes y que nos parecen en muchos casos oportunas. Por eso lo apoyamos en su momento, y lo volveremos -ya lo
avanzo- a hacer otra vez hoy aquí en este trámite final, después de que la propia ley ha llegado del Senado.
Señorías, ahora que estamos en septiembre de 2021, un año y medio después de que este real decreto fuese publicado por el Gobierno, más de un año y medio después de la declaración del estado de alarma, con una buena parte de la población
vacunada, la pregunta es: ¿y ahora qué haremos con todo eso? Tenemos un real decreto y ahora tenemos un proyecto de ley que aporta medidas urgentes, casi parches, para poder paliar esta situación. La pregunta es: ¿ahora qué haremos? Nosotros
tenemos la receta y no es nueva porque ya la hemos reclamado en esta Cámara a lo largo de este año y medio e incluso antes. Señorías, en primer lugar, el estatuto del artista. Hace tres años, en septiembre de 2018, que esta Cámara aprobó por
unanimidad las propuestas del informe del estatuto del artista que recogen todas y cada una de las medidas que cree esta Cámara que son necesarias para paliar y para acabar con la precariedad del sector cultural del Estado. El ministro Guirao a las
semanas o a los meses de la aprobación del informe nos trajo una pequeña prueba de lo que creíamos que sería la voluntad del Gobierno a la hora de aplicar esas medidas en normas estatales. Se quedó en eso. Desde el ministro Guirao nadie, nadie,
nadie se ha interesado en el ministerio en aprobar las medidas del estatuto del artista para que sean una realidad. Esta es para nosotros la primera receta para proyectar y para salir más fuertes de esta crisis y para que el sector cultural pueda
regenerarse y recuperar todo lo que ha perdido a lo largo de este año y medio.
La segunda receta, señorías, tampoco es nueva: ley de mecenazgo. Entró en esta Cámara, pasó la aceptación a trámite, y algunos grupos de forma sistemática la están bloqueando utilizando el Reglamento de la Cámara, como ya es habitual.
Desbloqueen la ley de mecenazgo. Ayer, señorías, estaba en el inicio de temporada del Liceu en Barcelona. Todo el sector cultural reclama una ley de mecenazgo. Hay que actualizar la Ley de 2002, señorías. La ley está en la Cámara, dejen de
bloquear esa ley y vayamos a discutirla para que el sector cultural tenga más herramientas, más recursos y más libertad para hacer creación artística.
Para terminar, señorías, como les he dicho, vamos a votar a favor de este proyecto de ley. Creemos que se queda corto en algunos aspectos. Por eso apostamos por el estatuto del artista y la ley de mecenazgo, que creemos que desde un punto
de vista fiscal y laboral mejoran sustancialmente lo que aportó el Gobierno tarde y mal. Pero, a pesar de eso, señorías, vamos a apoyar este real decreto y nos ponemos a su disposición para ayudar en aquellas cuestiones que consideren oportunas, si
es para bien del sector cultural.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gràcies, president. Bon dia, diputades y diputats.
Seré breve. Por fin llega a su final la tramitación del ya famoso Real Decreto-ley 17/2020, después de estar casi un año parado en el limbo de la Mesa del Congreso, donde descansan decenas de reales decretos, algunos de los cuales incluso
mueren de inanición porque no le interesa al Gobierno su tramitación.
Creemos que la ponencia que salió de este Congreso rumbo al Senado era potente y daba salida a unas problemáticas del sector cultural, algunas de las cuales eran de urgente resolución; un sector cultural -debemos recordarlo en cada
intervención- con problemas estructurales endémicos muy profundos; un sector muy tocado ya antes de la crisis de la COVID-19 y que en estos momentos está aún sufriendo más.
El paso de la tramitación por el Senado, si tenemos que ser sinceros, fue bastante caótico. Se introdujeron algunas enmiendas que hoy, finalmente, se votan aquí. Esas enmiendas incorporadas son también un paso adelante para el sector y el
Grupo Republicano las va a votar a favor en su mayoría. Pero debemos hacer autocrítica. Vimos en el Senado maniobras del Partido Socialista para vetar enmiendas, para que no se votaran, para que no se debatieran, pidiendo informes a letrados e
imponiendo su mayoría en la Mesa. Señores del PSOE, le están cogiendo ustedes el gusto a vetar enmiendas que están a punto de perder o que no les gustan, como ya pasó con la famosa enmienda para rebajar el IVA al sector de la imagen personal. Si
no les gusta perder votaciones, siéntense, dialoguen y acuerden.
Debemos también hacer autocrítica el resto de portavoces de cultura de los diferentes grupos parlamentarios. Hay un amplio consenso en este Congreso para llevar adelante iniciativas que lleguen al sector cultural -diría que el consenso es
transversal-, pero ya llevamos media legislatura y hemos avanzado muy poco. En mayo se creó -¡por fin!- la interministerial para buscar una solución para crear el estatuto del artista. Nosotros también somos los pesados del estatuto del artista.
Bien, es un primer paso, pequeño pero primer paso. Tenemos por delante dos años de legislatura: sentémonos, hablemos, pactemos y legislemos. El sector cultural no puede esperar más; no nos perdonarían que acabara la legislatura y no fuéramos
capaces de dar un gran salto adelante para la cultura, y más con el consenso existente. Por tanto, a trabajar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora García Puig.
La señora GARCÍA PUIG: Molt bon dia. Moltes gràcies, president.
Vuelve este proyecto que modifica el real decreto por el que se aprueban las medidas de apoyo al sector cultural frente al impacto económico de la crisis del COVID y llega ahora con las enmiendas del Senado. Muchas de ellas mejoran el texto
y mi grupo va a dar apoyo a algunas de ellas; otras pensamos que quedan fuera del ámbito de este proyecto de ley y que deben desarrollarse en el marco, mucho más amplio, del estatuto del artista, sobre el que hablaré en mi intervención. De nuevo
nos parece un buen momento -siempre lo es, dadas las circunstancias- para hablar sobre la precariedad en el sector cultural y debatir los siguientes pasos que pensamos que debemos tomar desde este Parlamento y que debe tomar el Gobierno.
En mayo del año pasado se publicaba un manifiesto, promovido por la cooperativa catalana La Murga, en defensa de una renta básica universal, al que me sumé como diputada y también a título personal como trabajadora de la cultura que soy.
Este manifiesto decía, entre otras cosas, y cito: Tenemos la convicción de que una renta básica universal e incondicional sería la mejor política cultural posible, puesto que mejoraría la vida de mucha gente y, al mismo tiempo, mejoraría
radicalmente las condiciones de las prácticas artísticas y culturales. Lo que apuntaba este manifiesto es que no es suficiente trabajar en políticas culturales concretas, sino que hay que ser más ambiciosos y trabajar en políticas de justicia
social que abarquen a toda la sociedad. Sin eso nunca tendremos una cultura que sea diversa, una cultura que sea de acceso universal para toda la sociedad. Además, señalaba directamente -y me parece especialmente relevante en estos tiempos de
pandemia y frente a este real decreto- el peligro de la burocratización de la cultura. Cito textualmente de nuevo: Creemos en la renta básica universal también como alternativa a los laberintos burocráticos de las subvenciones, de las condiciones
de los autónomos y de tantos otros mecanismos de subsidio también fuera de la cultura, siempre discriminatorios, siempre centralizados, siempre controladores, siempre humillantes. Además, ponía otra cosa sobre la mesa que creo que es muy necesario
abordar en las políticas culturales que realizamos desde este Congreso. Hemos hablado mucho, y tenemos que seguir hablando, sobre el techo de cristal clarísimo que existe en la cultura en términos de género. Los datos son brutales y cada vez
contamos con más de datos para mostrárselos a los y las escépticas. Pero hay que hablar también de cómo afecta el origen familiar en el trabajo cultural, la suerte de haber nacido en un contexto o en otro. Y cito, de nuevo, el manifiesto, que da
un dato bastante contundente: sabemos que, aproximadamente, el 90 % de los intérpretes no llegan a ser mileuristas y que muchos ni siquiera facturan más de 3000 euros al año. Esto nos lleva a pensar en el pluriempleo para subsistir, pero también,
y sobre todo, que hay gente que puede trabajar como artista porque sus rentas familiares o patrimoniales se lo permiten. Tenemos que poner fin ya a esa época en que los trabajadores de la cultura y los y las creadoras pertenecían a unas pocas
familias, normalmente compartiendo unos pocos apellidos y orígenes privilegiados. Esto no es una cultura democrática, esto no es una cultura diversa.
Fíjense, por ejemplo, lo que pone sobre la mesa un estudio elaborado por la Unidad de Investigación de Economía de la Cultura de la Universidad de Valencia acerca del impacto de la COVID en el sector cultural. El estudio dice, literalmente,
que durante el confinamiento se produjo un desarrollo significativo y generalizado del trabajo sin remunerar en el ámbito cultural. Y voy a datos concretos: seis de cada diez trabajadores culturales recibieron propuestas para trabajar sin cobrar
durante el confinamiento y más de
un tercio de los y las encuestadas llevó a cabo en este periodo iniciativas culturales gratis. Está claro quién puede permitirse trabajar sin remuneración, y no es precisamente la gente común, que tiene que pagar un alquiler que está por
las nubes o mantener a una familia y vivir el día a día, sino, como hemos dicho, gente con un origen privilegiado o con unas rentas que le permiten trabajar gratis. Por ejemplo -voy a un dato concreto-, las artes escénicas. Según un estudio, solo
el 8 % de los actores y actrices de este país gana más de 12 000 euros al año. ¿Cómo se vive, como se mantiene una familia, con menos de 12 000 euros al año? Pues bien, un 92 % de nuestros actores y actrices se ven obligados y obligadas a hacerlo.
Hablamos de una precariedad brutal.
Así pues, con todos estos datos desoladores sobre la mesa, es más necesario que nunca que en el Gobierno y en este Parlamento trabajemos en dos direcciones, que resumo. Por un lado, políticas amplias contra la precariedad, que incluyen, por
ejemplo, políticas de vivienda, que nuestro grupo lleva reclamando hace muchísimo tiempo, pero también políticas urgentes para el sector cultural. Aquí me sumo al consenso, que esperemos que exista en esta Cámara, respecto a la urgencia del
estatuto del artista. Recibimos la buena noticia sobre la interministerial del estatuto del artista, que conocíamos esta semana, y la idea de tener un calendario de cierta urgencia para desarrollar todos los trabajos. Encontrarán el ministro y la
Comisión de Cultura en nuestro grupo toda la disposición a hacer ese trabajo con urgencia.
Y acabo con una cita de la que es para mí una de las mejores autoras que tenemos en nuestro país, Marta Sanz, y que cuenta, en su libro Clavícula, sus esfuerzos por vivir de la escritura. Repito, para mí, sin duda, una de las mejores
autoras con las que contamos. Y cito unas palabras emocionantes, directas, claras, que creo que deberíamos hacer nuestras todos y todas las que amamos la cultura y luchamos por una sociedad justa. Dice Marta Sanz: A ver si nos enteramos, la
cultura no es la guarnición del filete, sino la expresión de nuestra identidad y los creadores no somos arcángeles que viven del aire, sino trabajadores. No pedimos privilegios, sino poder vivir de nuestro trabajo. Reclamo mi derecho a hablar de
dinero.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor López Maraver. (Aplausos).
El señor LÓPEZ MARAVER: Presidente, muchas gracias. Buenos días.
Hace cerca de veinte meses advertí a este Gobierno de la ruina de que el Real decreto 17/2020, que decía ser de ayudas al sector cultural, era otra mediocridad más en la línea característica de este Ejecutivo. Este decreto resolvía poco o
nada el problema de fondo de nuestra cultura; un texto que solo se comprometía con algunos y dejaba fuera a la gran mayoría de los profesionales de a pie que suponen el tejido social del sector cultural. El señor Uribes llevaba tres meses sentado
en el sofá y, a última hora, apareció con este salvavidas de emergencia que estaba rajado y pinchado. Este decreto era pan para hoy y hambre para esta tarde. El error era de tal magnitud que, a los tres meses, el Ejecutivo de la improvisación
pretendió enmendar la plana con el Decreto 32/2020, que fue más de lo mismo. Ambos decretos fueron tal chapuza y las pocas ayudas que dieron llegaron tan tarde y tan mal que, por no dejar vivo, no dejaron vivo ni al ministro Uribes, que ya ni está
ni se le espera. (Aplausos).
Ahora vienen a aprobar las enmiendas del Senado de un proyecto de ley que debiera haberse promovido al día siguiente de su aprobación y no un año y medio después. Esto demuestra la catadura moral de este Gobierno, experto en filibusterismo
parlamentario, que trae una norma que muy poco tiene que ver con el inicial decreto de ayudas de emergencia. No es el texto necesario, no es el texto que requerían las empresas culturales y, lo más grave, no ha llegado a tiempo. Muchos
profesionales del sector cultural ya están en la cola, y no precisamente en la de la entrada al espectáculo. Les han mandado a las colas del hambre. (Aplausos). Con esta norma, el Ejecutivo quiere regar una planta que hace tiempo que ya está
muerta. El sectarismo ideológico de este Gobierno socialcomunista es de tal categoría que han estrangulado ustedes cualquier tipo de arte o esencia cultural que oliera a España, a sus artes escénicas, a sus tradiciones y a sus propias raíces. Este
Ejecutivo es tan cínico que ha puesto a un nuevo ministro de Cultura, y de cultura española, al que ni siquiera le gusta España. (Aplausos). Al señor Iceta lo que le gusta es darse paseos por Oriente y no aparecer por la Comisión para dar
explicaciones de cuál va a ser su proyecto para la cartera que hoy ostenta.
Ni este proyecto de ley ni sus enmiendas ni los anteriores decretos resolvieron absolutamente nada a los protagonistas de algo que fue definido por Lorca como la fiesta más culta que hoy hay en el mundo, el toreo. La riqueza poética y vital
más grande que tiene España, la tauromaquia, que como ya dije y no me
hartaré de repetir, es patrimonio cultural arraigado a la raíces de España con vectores ecológicos, productivos y hasta jurídicos de nuestra nación. Es cultura en el sentido más alto y, por tanto, más real de la palabra, que es el de la
implicación con la propia patria. (Aplausos). Una implicación histórica y real hacia las artes de todo tipo, una implicación frente al mundo rural y ecológico desde hace muchos siglos, y un bastión esencial frente a la España que muchos llaman
vaciada.
A este Gobierno nada le importa España y menos su mundo rural, de donde manan las raíces de las tradiciones y la esencia de su identidad y cultura. Ayer mismo vimos cómo una ministra del Gobierno, Teresita roja, perpetró un verdadero
atentado contra el campo y sus habitantes: condenó a muerte a ganaderos y a lobos. La inclusión del lobo en el listado de especies protegidas y la prohibición de su caza solo obedecen al fanatismo ideológico de quienes poco o nada conocen la
realidad del mundo rural. (Aplausos). Una decisión unilateral que no apoya nadie en las regiones afectadas del territorio nacional y que incluso Gobiernos del mismo signo político van a recurrir en los tribunales. La ministra Ribera y su socio,
López de Uralde, el mayor ignorante del campo español, están haciendo imposible la vida a agricultores, ganaderos y demás personas que viven en nuestros pueblos. Con esta decisión matan la ganadería extensiva, que es fundamental para mantener
nuestro campo, nuestros paisajes y nuestra biodiversidad.
Hace un tiempo, en un encuentro con ganaderos en la montaña cántabra, un hombre, con lágrimas en los ojos, me miró y me dijo: Dígale a esos que ahora gobiernan en el campo que me expliquen cómo se hace el queso con leche de loba. Sí, leche
de loba, porque ni yo ni mis padres ni ninguno de mis antepasados lo han conseguido. (Aplausos). El lobo mata nuestro ganado y nos quita el pan de las manos. Lo que se cuida permanece, lo que se abandona muere. El lobo como especie cinegética
generaba un interés que obligaba a cuidarlo, generaba unos recursos en el mundo rural y gozaba de buena salud, como estamos viendo con el aumento de sus poblaciones. Si ahora prohíbes ese interés, nadie lo va a cuidar. El compromiso de VOX con el
campo es firme, cuando de nosotros dependa -que será más pronto que tarde- el lobo volverá a tener control cinegético en todo el territorio nacional, con un plan de gestión del lobo que permita la supervivencia de la especie y del mundo rural.
(Aplausos). No es baladí que repare en semejante disparate cuando estamos hablando de cultura, quien acaba con los pueblos y con el campo acaba con la cultura. Una vez escuché: para un hombre inteligente, el monte es como un ser silencioso que
escribiera su diario, todo lo registra, todo lo consigna, cualquier perturbación de su soledad deja una huella, cualquier paso, cualquier incidente queda escrito; la ciudad, en cambio, lo borra todo, es como escribir en el agua.
Pero esta ley y sus enmiendas no solo han dejado atrás el noble arte de la tauromaquia, tampoco se han acordado del espectáculo más antiguo del mundo, el circo, al que lleven ustedes matando de hambre desde marzo de 2020. (Aplausos). El
sector del circo es muy vulnerable, la mayoría de sus miembros son autónomos, y en esta ley nadie se ha acordado de ellos. A la agonía del sector cultural, al que ha condenado este Gobierno, el Grupo Parlamentario VOX únicamente podrá apoyar lo
poco que han aceptado ustedes de esencia cultural de España: el desarrollo de un plan nacional de protección de tablaos flamencos. (Aplausos). Señorías, ayuden de verdad a quienes realmente necesitan la ayuda y no les rieguen con una limosna que
llega tarde, mal y nunca.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Cruz-Guzmán García.
La señora CRUZ-GUZMÁN GARCÍA: 'Estos son mis principios y, si no les gustan, tengo otros'. La famosa frase atribuida a Groucho Marx -aunque podría haber salido perfectamente de este Gobierno- y reeditada por el magistral Nieto sirve a la
perfección para resumir lo que ha sido el trámite de esta ley de ayudas al sector cultural, que culmina hoy aquí, en el Congreso, tras casi un año y medio de tramitación. Y es que, si no fuera por lo trágico de la situación, por las colas del
hambre que guardan muchos de los profesionales de la cultura, por la asfixia de las compañías o los cierres de las empresas culturales, el relato que vamos a contar aquí sería pura comedia.
Este trámite se ha dilatado en exceso, aplazamiento tras aplazamiento, y ha tomado una velocidad desorbitada en el Senado. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Ni veinticuatro horas tuvieron los senadores para decidir el voto de
más de ochenta enmiendas presentadas. También supersónica la
vuelta al Congreso, que ha entorpecido e impedido la buena labor de los diputados y letrados de esta Cámara para la redacción de esta importante ley. Estas son nuestras enmiendas y, si no le gustan al Gobierno, el Ejecutivo se entromete de
forma arbitraria y partidista para vetarlas, empobreciendo nuestro sistema democrático y con ello el resultado de esta importante y ansiada norma. Así fue, el Gobierno vetó en el Congreso treinta y dos enmiendas, siete a nuestro grupo, entre las
que se incluía la enmienda que devolvía a Canarias la merecida mejora fiscal necesaria para la atracción de inversiones cinematográficas y audiovisuales. (Aplausos). El Gobierno ha vuelto con su apisonadora al Senado y ha eliminado otras
diecisiete enmiendas. Al compás de bulerías, a nuestra propuesta de considerar evento de especial interés el décimo aniversario del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad se le ha aplicado un veto y eliminado en menos de veinticuatro
horas. Todo muy riguroso.
Estos son los vetos del Gobierno, pero si no les gustan, también tienen otros. Después de haber impedido a mi grupo debatir en la Cámara Baja la enmienda canaria, es el propio Grupo Socialista el que la presenta en la Cámara Alta, pero esta
vez se entiende que no es necesario censurar el debate. Y nos alegramos; nos alegramos porque este Gobierne solo acierta cuando rectifica (aplausos), por eso nos sentimos orgullosos de haber sido partícipes de este cambio de opinión de Montero a
Iceta, la pena es que rectifican muy pocas veces. Hablando de rectificaciones, le damos desde aquí la enhorabuena a otro profesional de la tauromaquia, el torero aragonés Imanol Sánchez, al que el Juzgado de lo Social ha dado la razón frente a
SEPE. ¡Cuántos juicios y cuánto dinero se hubiera ahorrado el Gobierno, y por tanto los españoles, si nos hubieran hecho caso también en este punto de la ley! (Aplausos).
Los canarios están viviendo unos momentos angustiosos, que compartimos y seguimos con la máxima atención todos los españoles. Es momento de darles todo nuestro apoyo y por eso votaremos a favor de todas las medidas que recoge esta ley que
atiendan a la región ultraperiférica.
El señor Iceta tiene una oportunidad de oro para demostrar que ha llegado a su cartera para dar un cambio a las políticas culturales de su Gobierno. Demuestre su capacidad de consenso, no lo deje todo para la mesa catalana, reencuéntrese
también con el arte, la danza, la música, el cine o el teatro, también con la tauromaquia. Devuelva la imagen del diálogo que propicia la cultura, despojándolo de ideologías y bañándolo de libertad. (Aplausos).
Nuestro grupo ha conseguido el apoyo de la Cámara Alta para ratificar lo que ya manifestaron los senadores por unanimidad: considerar la cultura como un bien esencial y también, de forma especial, dotar de la misma consideración al libro
por su intrínseca relación con la información y formación de todos los españoles, derechos universales recogidos en nuestra Constitución. Es un merecido reconocimiento a la cultura española, que representa la unión de todos los españoles a lo largo
de la historia, cultura que nos identifica como pueblo, como colectividad, cultura que es uno de los motores económicos de este país y nos muestra en el ámbito internacional como marca España.
En uno de los peores momentos de la historia para este sector, era merecido este reconocimiento, pero, además de esta medida, diecisiete de nuestro medio centenar de enmiendas han sido probadas en el Senado, por eso le pedimos hoy a todos
los grupos su apoyo. Hace unos días, el ministro Iceta se sinceraba en un acto contándonos que no entendía cómo no se había hecho nada en el estatuto del artista durante estos años. Hace tres años que salieron de este Congreso ochenta y cinco
medidas que se aprobaron por unanimidad; ayer anunciaba con un tuit que en un año estarían todas las medidas implantadas. No nos mienta, señor ministro, y no mienta al sector cultural. Además, en esta Cámara, su grupo dijo que lo iba a hacer en
tres meses. Por eso le sugerimos no arriesgar plazo y que apoyen ya las enmiendas que en este sentido hemos presentado los diferentes grupos políticos.
Proponemos además, ahora que por fin vuelve el talento a los escenarios, una campaña del ministerio que promueva entre los españoles el saludable hábito de consumir cultura. Planteamos aumentar la inversión en rehabilitación patrimonial
porque la construcción, también en este ámbito, debe ser palanca económica, así como medidas, como la incorporación de pólizas de crédito, que es la herramienta que usa el sector, o un fondo de contingencia para la suspensión de los rodajes por
COVID o, como ha prometido el Gobierno en Bruselas, una línea de ayuda en digitalización e innovación para las empresas, la implantación del bonolibro o ayudas al sector editorial, el desarrollo de certificados vinculados entre los ministerios para
que las empresas no se vuelvan locas o el apoyo directo a nuevos creadores y, en fin, líneas de ayudas para los museos, que han visto cómo han descendido sus visitas pero también sus ingresos, son varias de las proposiciones que les hacíamos a los
grupos.
Dejo para el final nuestra última enmienda, pero no la menos importante, la que recoge medidas específicas para unos espacios únicos en el mundo, magistralmente descritos por Lorca o Alberti, y que
configuran una red de formación continua para los artistas flamencos donde poder compartir su trabajo y su creación, espacios con duende. Los tablaos son espacios con un potente atractivo turístico; los visitan todos los años más de cuatro
millones de visitantes. El grito de auxilio de ¡SOS Tablaos! ha llenado las páginas de la prensa nacional y ha llegado hasta las del New York Times, y es nuestra obligación hoy darles voz aquí, en este Hemiciclo. Algunos, como el tablao más
antiguo de Madrid, el Villa Rosa, nunca más volverán a sonar a ritmo de flamenco, y no podemos permitirnos que ningún otro eche el cierre.
Hagamos de esta ley de ayudas una herramienta útil, porque las medidas desarrolladas por el Gobierno han sido totalmente insuficientes. Solo me queda pedir al resto de los grupos que sean generosos, no con mi grupo sino con el sector
cultural, para poder escribir un final a esta ley como se merece, como ellos nos hacen la vida, un final feliz.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cruz-Guzmán. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lamuà Estañol.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
No quería empezar sin preguntarles algo. Señorías de VOX, cada vez que algunos de ustedes suben a esta tribuna y se refieren en algunas críticas al ministro Iceta me queda un poco la duda de si sus críticas son por cómo ve la cultura o el
deporte o lo que piensa legislar sobre ello, o por otras cosas, y me inquieta. (Rumores.-Un señor diputado: ¿Cuáles?). Y, señorías del Partido Popular...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Señor Sánchez del Real, silencio.
El señor LAMUÁ ESTAÑOL: ... creo que hemos encontrado estos días aquí, en el Congreso, algún buen espacio de diálogo. ¿Ven cómo no es tan dañino? A veces funciona. También les diré, con todo el respeto y el cariño, asumiendo las críticas
que nos puedan hacer, que si tan mal tan mal lo hacemos los socialistas no sé cómo les seguimos ganando elecciones. A lo mejor es que la gente ve alguna otra cosa. (Aplausos).
Esta ha sido una tramitación compleja, difícil, lo han dicho todos los compañeros y compañeras portavoces. La hemos sufrido todos en primera persona como legisladores. La pandemia además no la hizo más fácil, ustedes lo saben. Los
trabajos en esta Cámara y en nuestras comisiones el último año han sido un poco más difíciles de lo habitual. Al hecho de afrontar necesidades, de generar medidas de emergencia como necesitábamos y como era el objetivo de ese real decreto, se unió
que surgía la oportunidad de enfrentar de alguna manera algunos de los déficits pretéritos, históricos, de los que adolecían nuestros sectores culturales. Se abría una espita y la aprovechamos todos, incluido el Gobierno; la aprovechamos todos, la
han aprovechado los grupos parlamentarios. Y a lo largo de la tramitación en algunas cosas hemos podido triunfar, hemos podido hacerlo, y en algunas otras -lo dije ya en la sesión en la que mandábamos la tramitación al Senado- no hemos podido. En
política y en parlamentarismo siempre se queda algo en el tintero. Se nos quedó ya en la Constitución, figúrense. Si no, tendría poco sentido ya todo lo que hacemos aquí. Eso no quiere decir que cejemos en el empeño, eso no quiere decir que no
tengamos que hacerlo. Quiere decir que en algún momento creo que hemos trasladado que podríamos solucionar de una tacada todo mal del que adolecía el sector de la cultura en España en esta tramitación, y eso tampoco ha sido realista ni ha
respondido a la función ni al objetivo de este proyecto de ley. Aun así, hoy muchos y distintos hemos llegado a acuerdos para votar enmiendas en esta tramitación, lo cual me parece, dada la complejidad, dado el periplo que todos mis compañeros y
compañeras han realizado, más difícil que otras veces, y yo creo que lo hemos hecho, y lo hemos hecho razonablemente bien, por lo que una vez más la Comisión de Cultura, los portavoces de cultura, hemos hecho algo que a veces nos cuesta a todos en
otros ámbitos, que es sentarnos, hablar, encontrar puntos de acuerdo, saber los puntos de disenso en los que no podremos acordar, asumirlo y seguir adelante haciéndolo tan bien como todos podamos: acuerdos entre distintos, diálogo entre distintos,
política entre distintos. Ayer lo dijo mi compañero el diputado Paco Aranda de manera muy clara: somos políticos, buscamos soluciones a través del diálogo. Creo que, mal que bien, en la tramitación en esta Cámara, en el Congreso, lo hemos hecho
razonablemente bien; mejorable siempre, y ese tiene que ser el objetivo, pero razonablemente bien.
Todos nos hemos referido al estatuto del artista, y es cierto que, cerrando hoy este capítulo, esta tramitación, nuestra mirada se vuelve a fijar de manera central en el estatuto del artista. Refrendamos
hace pocos meses que hubiera en la proposición no de ley del PNV el compromiso de esta Cámara para tramitar, a la mayor brevedad, el estatuto del artista. Se han referido algunos de ustedes a la inacción del ministerio. Quiero recordar que
desde el acceso del ministro Iceta no solo se ha puesto en marcha la comisión interministerial, sino que creo firmemente que tendremos un calendario para ejecutar todas y cada una de las medidas a la mayor brevedad posible. Por lo tanto, señorías,
en materia del estatuto del artista nos va a venir trabajo, y creo que va a ser un trabajo que le debemos al mundo de la cultura y a nuestros predecesores en la Comisión de Cultura del Congreso, que nos dejaron encomendada a todos y a todas esta
tarea.
Hoy, que acaba este trabajo y que nos fijamos, como decía, en el estatuto del artista, deberíamos pensar en los meses que vienen si hay que añadir, si hay que mejorar, si hay que poner alguna mirada que la actualidad requiere y que cuando
hicimos las propuestas no vimos o no estaba en primera línea, porque también en cultura -pensaba- hay temas importantes de desigualdad entre hombres y mujeres, y obviamente debemos dar también esa batalla en el mundo cultural. Esta semana hemos
tenido amagos de cacerías de brujas en este hemiciclo. Señorías, legisladoras, compañeras de este hemiciclo, creo que toda la Comisión de Cultura os podemos decir que sigáis siendo valientes y firmes en vuestras reclamaciones en la búsqueda de la
igualdad y en la defensa de los derechos de las mujeres en España...
La señora PRESIDENTA: Señor Lamuà, tiene usted que terminar, por favor.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: ... porque sepan, señorías -acabo, presidenta-, que eso es un orgullo, creo que para todas o casi todas las bancadas de esta Cámara. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lamuà. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 16/1987, DE 30 DE JULIO, DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES EN MATERIA DE INFRACCIONES RELATIVAS AL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR Y PARA LUCHAR CONTRA LA MOROSIDAD EN EL
ÁMBITO DEL TRANSPORTE MERCANCÍAS POR CARRETERA, ASÍ COMO NORMAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE Y LAS INFRAESTRUCTURAS. (Número de expediente 121/000047).
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres en
materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte mercancías por carretera, así como normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las
infraestructuras.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días de nuevo a todas y a todos.
Nueva Canarias quiere intervenir en este punto para destacar una enmienda de las que provienen del Senado y tratar de llamar la atención de los diferentes grupos para intentar que esta enmienda prospere. Nos referimos a la enmienda a la
disposición final séptima nueva, que hace referencia a la modificación de los contratos de arrendamiento o cesión de los locales de negocio en los aeropuertos. Todos tenemos el concepto general de que los locales de negocio de los aeropuertos son
unos locales caros, que generalmente están en manos de poderosísimos conglomerados empresariales, etcétera. Esa es una opinión que generalmente tenemos todos y que a algunos se nos ha desmontado a poco que hayamos analizando de lo que realmente
estamos hablando. Es importante dejar claro que más del 70 % de estos concesionarios en los aeropuertos son pequeñas y medianas empresas. Es importante también dejar claro que las consecuencias de la pandemia, que han sido durísimas en todos los
sectores, en el de la actividad aeroportuaria no hace falta que les explique a sus señorías, pero les diré que, con los datos de AENA, las estadísticas referidas al mes de junio de 2021 reflejan una caída de pasajeros del 78,8 % con respecto al año
2019. Es verdad -lo hablaba antes con algún diputado- que el año 2019 fue un año excepcional, sí, pero también es verdad que lo que ha ocurrido después también es completamente excepcional. De forma que la cuestión ahora es cómo deben actuar las
partes para tratar de conseguir que
las ayudas que se han prestado a numerosísimos sectores también lleguen a los concesionarios de los aeropuertos, no de forma graciosa, sino como consecuencia de que si hay una caída brutal, y en algunos de los casos casi del cien por cien en
los meses anteriores durante la pandemia, esto deberá repercutir en el alquiler que se cobra a estos concesionarios. Esto parece de lógica pura, ¿verdad?
No es la primera vez que este diputado y creo que muchos de ustedes reciben críticas sobre el comportamiento de determinados directivos de esta empresa, AENA, donde hay una especie de suficiencia, una especie de pasotismo sobre lo que se les
plantee desde cualquier sector, una especie de sentimiento de superioridad, parece ser, sobre el resto de los humanos que se traslada en que ha sido imposible una negociación sobre este asunto para tratar de establecer bases elementales que permitan
la supervivencia de la gente. De forma que, fíjense ustedes, hasta la propuesta que ha formulado AENA en este momento, a partir de la primera fase dura en la que la actividad aeroportuaria fue prácticamente cero, es una reducción de los precios del
alquiler del 50 %. Vamos a ver, si se reconoce que la caída de la actividad aeroportuaria, es decir, del número de usuarios los aeropuertos, ha sido en junio de 2021 -o sea, ayer- del 78,8 %, ¿por qué la reducción del alquiler es del 50 %, si se
puede saber? Es más, ¿por qué se pretende que a partir de septiembre vuelva a ser del cien por cien?
No solo nosotros hemos hablado de esto, Esquerra Republicana de Catalunya, en la Comisión de Hacienda, planteó una proposición no de ley que se aprobó por unanimidad en la cual señalan que es necesario buscar soluciones transitorias para
paliar los efectos de la pandemia en el sector hasta que se recupere la normalidad del tráfico aéreo y la actividad aeroportuaria. Debo decir que fuentes de la propia AENA dicen que la actividad completa, la normalización absoluta, no se producirá
hasta 2025. Probablemente eso es algo más pesimista de la cuenta, pero ese es el dato que tienen. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de esta PNL aprobada por unanimidad? Pues ninguna. En este momento, hemos visto que AENA ha negociado con los más
débiles, porque son los que no tienen capacidad para defenderse de estas condiciones leoninas. Los más fuertes no han querido, por supuesto, negociar porque están en mejores condiciones para defenderse y, por lo tanto, los machacados son los más
débiles. Esta es una cuestión que la enmienda que defiendo trata de resolver, en consenso claro con la mayoría del sector; esto es, un primer punto, la exclusión de la renta mínima garantizada durante el periodo del estado de alarma inicial, que
es de 14 de marzo de 2020 a junio de 2020, en la cual la actividad estuvo completamente paralizada; por tanto, no hay renta mínima garantizada. Esto parece que está claro. A partir de esta fecha, reducir proporcionalmente la renta mínima
garantizada respecto al volumen de pasajeros en cada aeropuerto hasta la recuperación del nivel de pasajeros de 2019. Es verdad que esto se podía haber discutido, pero la enmienda llega así porque nadie ha hecho nada en relación con esto; si no,
hubiese llegado de otra manera. Por lo tanto, esto es lo que tenemos en este momento para defender a un sector que va en su inmensa mayoría, y por supuesto los más débiles, directamente a la quiebra si no se hace algo en relación con esto. Esta
mala costumbre por parte de determinados directivos de AENA de que les traiga al fresco lo que se les plantee por ser una especie de superempresa superexcluida de todo tipo de controles debe finalizar. Por lo tanto, pedimos el apoyo para esta
enmienda porque entendemos que es de justicia y es necesaria para la supervivencia del sector.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Quevedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, egun on, señorías, señora presidenta.
Vaya por delante que nuestro grupo va a votar a favor de la convalidación del texto en los términos que han surgido de la enmienda aprobada por el Senado y vaya por delante también que hay un fundamento para esa decisión que es la equidad.
No nos parece adecuado reclamar a los usuarios arrendatarios de una instalación de interés general, como son los aeropuertos, una actitud diferente a la que estamos exigiendo como poder público y desde el Estado a los particulares, precisamente
también en relación con los arrendamientos de locales de negocios. Porque desde esta Cámara hemos reclamado a los arrendatarios de locales de negocios que adaptaran sus contratos a las circunstancias del COVID, y lo hemos hecho entendiendo, como
señala el Tribunal Supremo, aunque es una reducida jurisprudencia, que el COVID puede ser considerado abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias, y sucede por ello que igual
reflexión deben hacer todos y cada uno de los que se integran en ese concepto genérico de poderes públicos, donde también
se encuentra AENA, al margen de su consideración como sociedad mercantil, porque no deja de pertenecer al sector público vista su mayoría pública en la titularidad y también por ser precisamente gestor de servicios aeroportuarios calificados
como de interés general. Por cierto, hago una reflexión al aire que no tiene directamente relación con esto, o sí. Es curioso que la gestión de los servicios aeroportuarios puede ser privatizada en el sentido de que puede ser vendida parte de su
participación, pero se niegue la posibilidad de ser transferida a las comunidades autónomas que hemos mostrado interés en poder aceptarla.
Conste, por otra parte, además, que la solución concretada en la enmienda tampoco nos gusta. Hasta ahora hemos votado en sentido diferente en base a dos fundamentos. Uno, la solución a este conflicto debía haber venido por el acuerdo. Esa
es la base de la cuestión o de la divergencia, porque entendemos que el conflicto jurídico-privado incluso está judicializado. Hemos esperado, por ello, hasta este momento para dar una oportunidad a la negociación, a la solución que, por desgracia,
no se ha concretado. Porque este debate, al fin y al cabo, se suscita entre dos cuestiones eminentemente jurídicas: el pacta sunt servanda, por una parte, y el rebus sic stantibus, por otra. Es decir, si existe la necesidad de cumplir las
obligaciones señaladas en el contrato o si han cambiado las condiciones.
A ello debemos añadir otra cosa en aspecto crítico y es que la enmienda, a nuestro juicio -aun cuando la vamos a aceptar debemos ser críticos con ella-, creemos que precisa demasiado. Creemos que hubiera bastado un mandato genérico a los
operadores, a AENA y particulares, para que pudieran concretar ese acuerdo en otro ámbito, pero la singularización y concreción de la solución va a suponer, a nuestro juicio, un problema, incluso desde la perspectiva del interés general. No
olvidemos el artículo 103 de la Constitución que señala la necesidad de objetivar cualquier actuación que se haga en pro del interés general.
Además, hay que señalar que tenemos otra objeción respecto a la fórmula o técnica legislativa. Dice el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias que el objeto de la ley, de la técnica legislativa, es detectar los problemas, formular
directrices para su solución y servir así a la seguridad jurídica o a la doctrina, que la técnica legislativa constituye el arte de legislar clara y eficazmente. Pero sucede que hemos repetido que cuando se pretende ofrecer soluciones oportunistas,
e incluso concretas e incluso para un supuesto particular y no de forma genérica, abstracta y al margen de la necesidad de integración en la legislación, en la normativa con carácter general, puede provocar confusión y, por lo tanto, puede provocar
ciertos problemas en relación con el artículo 9.3 de la Constitución en el aspecto de la seguridad jurídica.
No obstante, la decisión de apoyar esta enmienda viene dada, sobre todo, por la actitud de AENA. Creemos que AENA no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con los arrendatarios y, por ello, acredita una gestión que, a nuestro modo, es
deficiente, tanto desde el punto de vista de la defensa de los intereses generales que resultaban afectados también por esa situación en la que se colocaba a esos arrendatarios de esos locales aeroportuarios como también desde el punto de vista del
interés mercantil, que también le corresponde defender porque el Estado es propietario del 51 % de AENA. Entendemos que la falta de acuerdo coartaría los principios que inspiran la legislación del Estado tendente a paliar los efectos del COVID y,
por eso, no ha sido coherente la actuación de AENA con este propósito y con este mandato legislativo. Pero también creemos que, sin perjuicio de que la raíz del problema, a nuestro juicio, sea posiblemente la presión de ese 49 % del accionariado
particular, no ha tenido una perspectiva inteligente en su gestión. De hecho, estamos viendo que, a la larga, esa gestión ha resultado inconveniente. Por ello, repito, no resulta aceptable colocar a los arrendatarios de locales de un servicio
aeroportuario, calificado de interés general, en una condición diferente a la del resto de arrendatarios de locales de negocios privados, al menos, frente a las consecuencias previstas con ocasión del COVID por el resto de la legislación del Estado.
Votaremos a favor, de forma crítica, pero votaremos a favor.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Hoy viene a debate, para su toma en consideración, una enmienda propuesta por el Senado para añadir a la de Ley de Ordenación de Transportes Terrestres. Se trata de una enmienda que la Cámara Alta nos remite para que
se regule el conflicto que se está produciendo, como se ha dicho,
entre la empresa pública AENA, que gestiona los aeropuertos españoles, y los diferentes titulares de los locales que prestan servicios en esos aeropuertos, básicamente, de comercio y restauración.
Para conocer esta casuística, primero, habría que ponerse en contexto. Estamos de acuerdo en que la gran mayoría de comercios y restaurantes de nuestro país han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de las medidas sanitarias
adoptadas para frenar el coronavirus; unas medidas que también han afectado a la movilidad de los ciudadanos entre países. Esto ha provocado que el tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles haya disminuido notablemente y que, a partir de
ahí, los comercios y los servicios de restauración de los aeropuertos españoles hayan sufrido doblemente estas medidas. El volumen de clientes ha sido mínimo, pero además estaban sujetos a las mismas restricciones que el resto de restaurantes o
tiendas del país. A esto se suma que AENA, como empresa propietaria de estos locales, es quien fija el precio de ese alquiler, pero también otras muchas condiciones, como son el personal, el horario, determinadas calidades en productos, decoración
de los locales, etcétera. No hay realmente una autonomía por parte de los titulares de esos comercios frente a AENA a la hora de pactar las condiciones de su relación contractual.
Ante esta situación de superioridad, entendemos que AENA no ha modificado las condiciones de sus contratos con las empresas que arriendan sus locales pese a que esta Cámara, por ejemplo, como se ha dicho, ha hecho esfuerzos mediante la
aprobación de una PNL, en la que ya se impulsaba ese tipo de negociación, o incluso convalidando normas por decreto, precisamente, para procurar aliviar la situación de arrendamientos de viviendas o locales de negocios en otros ámbitos. Por lo que
hemos sabido, AENA solo ha accedido a hablar con un número de empresas explotadoras de sus locales que representan aproximadamente el 15 % del volumen de negocio total; de hecho, cuando esta enmienda sale del Senado, AENA había rechazado sentarse
con quienes tienen la mayor parte de ese volumen de negocio.
Esta enmienda del Senado recoge, por tanto, una realidad incontestable, ante la que no podemos mirar hacia otro lado. No podemos seguir permitiendo que una empresa pública no dé facilidades para pagar el alquiler de sus locales a quienes
firmaron un contrato cuyas condiciones fundamentales se están desarrollando en un régimen de absoluta anormalidad, porque ese es el dato fundamental en este momento: el mercado no se encuentra en una situación estable de normalidad, no al menos en
la misma normalidad que tenía cuando se calcularon los cánones que hay que pagar a AENA. Mientras nuestros aeropuertos estuvieron cerrados a cal y canto durante tres meses el año pasado, los comercios y los restaurantes facturaron cero euros, y en
los meses posteriores han sufrido caídas de hasta el 90 % de sus ingresos, debido precisamente a la ausencia de pasajeros. Sin embargo, AENA no ha ofrecido una posibilidad razonable de negociar esos cánones a niveles anteriores a la pandemia; unos
cánones que se dividen en dos: una parte fija, una renta mínima garantizada, y una parte variable, precisamente, que depende del número de viajeros en los aeropuertos, un dato que procede de la propia empresa AENA.
Como verán, señorías, a nosotros esta situación no nos parece ni normal ni justa, precisamente porque en derecho existe lo que se denomina -se ha mencionado aquí- cláusula rebus sic stantibus, ya aplicada por jueces y tribunales en casos
similares; un principio por el cual se entiende que las obligaciones definidas en un contrato se deben a las circunstancias que concurrían en el momento de su celebración, y si esas circunstancias se modifican de una manera sustancial y gravemente
por un hecho imprevisible, como es el caso, esas obligaciones deben igualmente modificarse para las partes. ¿Y por qué? Pues sencillo: porque el derecho no ampara el enriquecimiento injusto de una de las partes de un contrato frente a la otra
cuando se produce un gran desequilibrio en las prestaciones inicialmente pactadas.
Sabemos que AENA justifica esta situación alegando que se trata de contratos privados, en los que nadie debe poder intervenir. Sin embargo, no se nos dice -aunque hoy también se comentará- que hay una sentencia del pasado mes de marzo de
este mismo año del Tribunal Supremo que señala que esos contratos no pueden ser calificados como de arrendamientos, sino como concesiones de servicios entre un operador público o semipúblico, como es AENA, y los particulares, porque es AENA quien
impone sus condiciones y, básicamente, porque no se ejercita una actividad de arrendamiento en régimen de real competencia. Es obvio, porque AENA es la única empresa española habilitada para gestionar locales en aeropuertos españoles y, por lo
tanto, hay una situación de monopolio evidente.
Es más, lo fundamental de estas concesiones es que hay una traslación del riesgo operacional a quien explota el local y la actividad que en él se desarrolla. Pero ese riesgo operacional, como ha señalado también la jurisprudencia, ha de
tenerse en cuenta en situaciones de ordinaria prestación de los servicios; ordinaria, es decir, quienes explotan esos locales deben asumir una pérdida o una bajada de ingresos si no hay nada extraordinario que haya modificado las condiciones del
mercado, que fueron las que sirvieron
de base para fijar el precio de la contraprestación. ¿Estamos en una situación normal de mercado? Evidentemente, no. Nuestro país y el resto de países del mundo están sufriendo una pandemia sanitaria, que en el caso de España ha costado
la vida de más de cien mil compatriotas, que ha provocado que nuestra economía cayera a niveles que jamás hubiéramos imaginado y el resto de consecuencias es conocido por todos.
AENA parece ajena a esta situación y, por ello, desde las Cortes debemos revertirla cuanto antes para que se adopten medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria, fundamentalmente, y por lo que a nosotros nos importa, para
evitar el riesgo de que entre 12 000 y 15 000 españoles se vayan a la cola del paro porque las empresas concesionarias tengan que verse obligadas a cerrar. No se entiende que AENA se niegue a adoptar esta medida cuando, por ejemplo, ADIF sí ha
adoptado medidas similares en las estaciones de tren de nuestro país. Son modelos diferentes, pero análogos en esta situación.
Debemos proteger a la parte más débil del contrato con una figura jurídica fundamental, que, además, es exigible precisamente en las concesiones administrativas de este tipo, ante las que creemos que estamos. Creemos que es una medida legal
y justa, que AENA debió sentarse a negociar con los interesados, que, como se ha dicho, deberíamos haber llegado a este punto con una solución pactada y no tener que imponerla mediante una modificación legal. En cualquier caso, en el Grupo
Ciudadanos -que quede bien claro- entendemos que una empresa pública está precisamente para cubrir esas deficiencias o fallos de mercado que se pueden producir. No hay ningún tipo de animadversión hacia la empresa pública AENA por parte de nuestro
grupo parlamentario, pero sí la necesidad de apoyar a quienes vienen demandando una solución en una situación injusta.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Bas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.
Señorías, nos llega del Senado un proyecto de ley que ya vimos en esta Cámara de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, esencialmente en diferentes ámbitos, en el ámbito del alquiler de vehículos con conductor, a
la vez también -y después haré una referencia- en relación con la morosidad empresarial y otras cuestiones en el ámbito de la gestión de los transportes y sus infraestructuras.
Hay una enmienda que se incorporó en el Senado presentada por el senador Fernando Clavijo, y yo desde aquí quiero felicitarle la iniciativa. Otros grupos parlamentarios habíamos tenido iniciativas en sentido similar. Y más allá de la
bondad o de la certeza estrictamente jurídica de la propia enmienda, es evidente que desde la visión política y desde la visión de la justicia empresarial es absolutamente acertada y, por tanto, nosotros vamos a votar a favor.
Señora presidenta, yo puedo estar hablando toda la mañana si no me pone el reloj. Sabe que tengo una cierta tentación a ir agotando el tiempo.
La señora PRESIDENTA: No se preocupe, que ya lo tiene activado.
El señor BEL ACCENSI: Gracias. Intento no agotarlo, presidenta.
Nosotros vamos a votar a favor de esta enmienda. Les decía que es una enmienda justa porque la posición de AENA en este conflicto la verdad es que no se puede comprender. Yo hace pocos días hablaba con un CEO de una de las empresas
afectadas, una empresa multinacional importante que está operando en estos momentos en doce Estados diferentes. Y me decía: Ferran, es que solo en uno hemos tenido un problema y no hemos podido llegar a un acuerdo; en los once Estados restantes,
en multitud de aeropuertos, hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Y eso, obviamente, ha perjudicado a los operadores más pequeños, a las pequeñas y medianas empresas, que son los que no tienen capacidad de litigar con AENA.
Evidentemente, nos hubiese gustado un acuerdo, pero no ahora con la presión de una enmienda, sino hace meses, cuando surgió el problema. Si no ha sido posible, no se lo achaco al Gobierno -que tiene una parte de responsabilidad-, sino a
AENA. Hoy les debo recordar algunos datos por si alguien piensa que esto va a afectar directamente a la cuenta de resultados de AENA; que sí, pero que se lo debe permitir. AENA fue privatizada parcialmente el 11 de febrero de 2015; precio de
salida de las acciones de privatización:
58 euros; al día siguiente las acciones estaban cotizando ya a 70 euros; durante 2017 el precio medio de cotización se estableció en 150 y desde la pandemia no ha bajado de los 97 euros, cuando se privatizó a 58 euros. Por tanto, yo creo
que la cuenta de resultados de AENA debe poder soportar esta situación, porque, si no, se va a llevar por delante a muchísimas empresas. Hay afectadas empresas grandes, multinacionales, y hay afectadas pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto,
vamos a votar a favor.
Segunda cuestión que les quiero recordar. Leo lo que estamos aprobando hoy, lo que establece la exposición de motivos. 'Por otra parte, la lucha contra la morosidad [...] constituye una de las prioridades políticas de la Unión Europea, que
se ha traducido en la aprobación de sendas directivas sobre la materia'. Continúa: 'No obstante, la legislación española referida se ha demostrado insuficiente para desincentivar de manera efectiva la morosidad empresarial, estando el plazo medio
de pago en las operaciones comerciales de noventa días, muy por encima del registrado en otros países europeos y del máximo fijado en la normativa comunitaria enunciada.
La morosidad influye negativamente en la liquidez de las empresas, complicando su gestión financiera y afectando a su competitividad y rentabilidad cuando se ven obligadas a solicitar financiación exterior. El riesgo de esta influencia
negativa aumenta drásticamente en periodos de crisis económica [...], al hacerse más difícil la financiación, y afecta especialmente a las empresas de mediano y pequeño tamaño (PYMES) puesto que comporta una grave desestabilización de la estructura
financiera. [...] Por todo lo expuesto, se considera necesario crear [...] un nuevo tipo infractor por el incumplimiento del plazo máximo legal de pago de sesenta días'. Esto lo aprobamos hoy y lo vamos a aprobar para el sector del transporte de
mercancías por carretera, pero es extrapolable para el resto de empresas.
Digo esto porque ayer -seguramente sus señorías no lo recuerdan- celebramos un bonito aniversario. El aniversario es que hace un año en esta Cámara aprobamos la proposición de ley que presentamos -que presenté yo mismo- para modificar la
Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad. Era el establecimiento del régimen sancionador. Pues bien, se admitió a trámite, se inició la presentación de enmiendas -se ha prorrogado hasta treinta y seis veces la presentación de enmiendas-
y no nos parece de recibo que con la situación actual de crisis se esté paralizando, se esté obstaculizando la tramitación de un verdadero régimen sancionador. Porque lo que establece la ley crea y crece no es un régimen sancionador, no va a ser la
solución a la morosidad empresarial. Por tanto, se lo pido a la presidenta, se lo pido a la Mesa, pero se lo pido a los grupos parlamentarios que semana tras semana están obstaculizando la tramitación de esta proposición de ley. Si hay aspectos en
los que no están de acuerdo, ya los negociaremos, pero, ¿saben qué pasa? Cuando se admitió a trámite: votos a favor, 344; votos en contra, ninguno; abstención, 1. Si hay una mayoría para que se admita a trámite no puede ser que haya una mayoría
que después lo bloquee semanalmente. Por ello, les pido no solo el voto favorable a la enmienda que hoy tratamos, sino les pido que se desencalle definitivamente la tramitación del régimen sancionador para la morosidad empresarial. La mayoría de
pequeñas y medianas empresas de Cataluña y del conjunto del Estado español nos lo agradecerán.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bon día, presidenta, buenos días, señorías.
Hoy no deberíamos estar aquí discutiendo, argumentando y votando esta enmienda, que hace perder, aunque poco, el tiempo para la aplicación de importantes medidas en materia de transporte. Hace veinte meses que AENA, como otros gestores de
infraestructuras ferroviarias en España, otros muchos de aeroportuarias de todo el mundo, debiera haberse sentado a negociar una solución razonable y equilibrada con los concesionarios de los espacios comerciales y de restauración de sus
aeropuertos, particularmente y máxime tratándose de una empresa participada, mayoritariamente, por accionariado público. No en vano el Estado decide, incluso, quien la dirige. Particularmente, AENA no debiera haber desoído olímpicamente la voz de
la soberanía popular, que al final es su principal accionista, y que en forma de proposición no de ley votaba unánimemente que la instaba literalmente: 'teniendo en cuenta la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y las resoluciones
judiciales emitidas en los últimos meses sobre la cuestión, a negociar y a alcanzar acuerdos equilibrados sobre las condiciones de las concesiones de locales para actividades comerciales y de hostelería en su red aeroportuaria'. Desde el 1 de junio
y por unanimidad. Desde el 1 de junio, radio apagada por parte de AENA.
Las condiciones que hasta hace un rato el PSOE proponía, entendemos que autorizadas por AENA, no satisfacen ni de lejos el literal de la PNL, repito, aprobada por unanimidad de los grupos representantes de la voluntad popular, que es,
insisto, accionista mayoritario de AENA. Particularmente perjudica a las pymes que, menos armadas de músculo financiero y de potentes equipos jurídicos bajo la amenaza de ejecución de avales, se han visto obligadas a someterse a condiciones
draconianas. Como decía Beethoven, el único símbolo de superioridad que reconozco es la bondad. Por ello, reconozco al diputado don César Ramos, que con un tesón admirable, extremeño, digno de mejor causa, ha intentado armar un cesto hasta el
último minuto, pero con mimbres caducados.
Como bien dijo en la Cámara Alta la senadora Bailac, en Cataluña la Generalitat aprobó un decreto ley para rebajar el alquiler de los locales comerciales de los comercios que tuvieron que cerrar por la COVID, instando a propietarios
privados. ¿Cómo no le vamos a poder exigir lo mismo a AENA? En esas estamos, señorías y, por todo ello, en coherencia también con la autoría de la PNL que se ha repetido, votaremos que sí a la enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Capdevila. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Presidenta, señorías, buenas tardes ya.
Sobre el punto que nos convoca, la única enmienda que nos viene del Senado a este proyecto de ley, como ya se ha dicho, es la famosa enmienda de AENA. Lo primero que querría decir a este respecto es que esto no debería haber llegado hasta
aquí. Es un mensaje que ya creo que el señor Barandiaran ha lanzado, así como el señor Capdevila y algunos otros ponentes, porque, efectivamente, esto se debió solventar mediante un acuerdo. Compartimos la filosofía de la enmienda, en el sentido
de que, si se alquila un local y no se puede realizar la actividad económica del contrato o se reduce de forma drástica, deben articularse mecanismos de protección a la actividad económica y el empleo. El criterio es muy sencillo: si no puedo
realizar la actividad o esta queda sustancialmente mermada, no se puede cumplir el objeto del contrato y, por tanto, no debería ser exigible la totalidad del pago del alquiler. Creo que hay una unanimidad básica sobre este punto. Es más, en
nuestro grupo creemos que debería existir una equivalencia entre la reducción del alquiler y el de la actividad económica; precisamente cuando es el Estado el que actúa como capital rentista debe tener una conducta ejemplar en defensa de la
economía productiva y el empleo.
Nuestro grupo parlamentario, por tanto, se va a abstener en esta enmienda, no porque estemos en contra del contenido, que como anuncio nos parece que es pertinente, sino porque, como digo, hubiéramos preferido que esto hubiera sido fruto de
un acuerdo. En todo caso, está claro que esta Cámara hoy lanza un poderoso mensaje al señor Lucena, presidente de AENA, y el mensaje es: tiene usted que negociar. En códigos mercantiles hay una cosa que se llama causa mayor y tiene usted que
negociar, señor Lucena.
Sobre todo hoy, señorías, quiero también destacar la aprobación al fin de un régimen sancionador para el sector de los VTC. Aunque el mismo quedó resuelto ya en la fase de ponencia y no es materia de la enmienda que hoy discutimos, sí que
este trámite supone el paso final para hacer efectivo este régimen. Como ustedes saben, nuestro espacio político ha mantenido desde hace años una lucha junto a los compañeros y compañeras del sector del taxi para garantizar que no se perdían las
condiciones de trabajo de un sector que afecta a unos cien mil trabajadores y trabajadoras de este país, a unas cien mil familias. Como ustedes saben, desde la entrada de diversas multinacionales del sector de los VTC, las condiciones de estos
trabajadores y trabajadoras se han visto amenazadas y precarizadas, como así están precarizadas las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en VTC. En muchos casos, como ustedes saben, son falsos autónomos.
La lucha del sector del taxi para garantizar que se cumplía con la ratio 1/30 ha tenido poderosos enemigos, muchas veces medios de comunicación que han querido criminalizar la lucha de un sector que luchaba por sus derechos y también por los
derechos de todas y de todos los trabajadores. Porque, señorías, cuando hablamos de uberización de la economía, nos referimos exactamente a esto. Los compañeros y compañeras del taxi han luchado por sus derechos, sí, pero han luchado, sobre todo y
también, por los derechos de todas y de todos los trabajadores. En ese sentido, queremos agradecerles
esa lucha, ese ejemplo, y queremos felicitarnos por el hecho de que, al fin hoy, podamos celebrar la consecución de una de las demandas históricas como era este régimen sancionador.
Como ustedes saben, ya en el año 2013 se estableció la famosa ratio 1/30, que no se elevó a rango de ley hasta que el señor Rajoy no lo hizo en el famoso Real Decreto-ley 3/2018, un real decreto ley que, como digo, elevó a rango de ley esta
ratio, pero no terminó de resolver el problema que ya existía. Tuvo que ser el nuevo Gobierno, con el ministro Ábalos, el que con el Real Decreto-ley 13/2018 estableciera un periodo de transición de cuatro años para la constitución de este ratio,
que habilitara además a las comunidades autónomas para su regulación y que estableciera la adecuación de este régimen sancionador que hoy estamos discutiendo.
El régimen contiene avances en definiciones y sanciones que nos parecen sustanciales y que quiero destacar. En primer lugar, establece al fin una definición clara de la precontratación, uno de los elementos más lesivos que estaba padeciendo
el sector en estos últimos tiempos y que confiamos en que con esta iniciativa quede erradicado. Establece además sanciones por deambulación, sanciones por operar fuera de las comunidades autónomas. Es decir, lo único que está haciendo este régimen
es hacer cumplir lo que ya decía la ley.
Para terminar -y una vez subrayadas las bondades de un régimen sancionador que, como digo, haga posible el cumplimiento efectivo de una ley-, no quiero dejar de extender esta lógica a todas las relaciones mercantiles que rigen en España, y
en este sentido aprovecho, como ha hecho el señor Ferran Bel, para arrimar el ascua a esta sardina. ¿Por qué digo está sardina? Creemos que es urgente avanzar en un régimen sancionador que nos permita al fin reducir los periodos medios de pago en
nuestra economía, periodos medios que están muy por encima de la media europea. Hay una iniciativa legislativa en tramitación en esta Cámara -como bien ha anunciado el señor Bel- y desde nuestro grupo parlamentario pensamos que bien podría servir
para avanzar en este propósito. En ese sentido, animamos a los grupos y también al Gobierno a que desbloqueen cuanto antes esta medida tan importante. Como saben ustedes, la dilatación de estos periodos ha perjudicado sobre todo a las pymes, que
se han constituido de facto y de manera involuntaria en financiadores de las grandes empresas por la vía del retraso sistemático de estos pagos, retraso por cierto ilegal y retraso por cierto que se ha agudizado en estos meses de pandemia. Si ya
era un problema en marzo de 2019, imagínense después. Pero solo es posible corregir -tal y como nos demuestra el proyecto de ley que hoy discutimos aquí- este tipo de conductas a través de un régimen sancionador. Por lo tanto, apliquémonos ese
cuento. Termino diciendo que, viendo que este proceder es bueno -el de establecer un régimen sancionador-, extendamos sus bondades.
Muchas gracias (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guijarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De las Heras Fernández. (Aplausos).
La señora DE LAS HERAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidente.
El proyecto de ley originario tenía por objeto la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en un doble sentido: por un lado, establecer infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y, por
otro, en relación con la morosidad en el transporte de mercancías por carretera. Ni se solventa lo primero -que se deja a expensas de un desarrollo reglamentario que dependerá única y exclusivamente del Ejecutivo- ni se solventa lo segundo.
Por su parte, la enmienda que hoy se debate modifica los contratos de arrendamiento o cesión de local de negocio en los aeropuertos gestionados por AENA, por lo que no podría iniciar mi intervención sin mostrar sorpresa por la enmienda
presentada por Coalición Canaria en el Senado, puesto que carece de toda relación con el objeto de la norma enmendada. No obstante lo anterior, una vez que tenemos el texto sobre la mesa, a pesar de que técnicamente no sea lo más correcto, debemos
analizar lo que hay en juego, y esto son catorce mil puestos de trabajo. (Aplausos). Y resulta que VOX ya exigió el 1 de junio lo que hoy se debate en esta enmienda. Señor de Esquerra, no fue su PNL la que lo estableció, sino una enmienda que
introdujo VOX a su PNL en la Comisión de Hacienda, ya que su proposición no de ley pretendía excluir precisamente los arrendamientos de AENA. Ya solicitábamos en nuestra enmienda que se reestableciera... (Rumores). Aquí tengo el texto. Usted
está diciendo que no, pero tengo el texto de su proposición no de ley y de nuestra enmienda. (Muestra un documento). Como digo, solicitábamos que se reestableciera el equilibrio económico de los contratos de arrendamiento de AENA ante la
paralización de los tráficos, y fue aprobada, como usted muy bien ha dicho, por unanimidad. Sin embargo, no sabemos
qué va a hacer el PSOE ni qué dirían sus votantes si cambiaran tan repentinamente, ya que se han opuesto en el Senado. No se preocupen, que lo que les estoy diciendo no condicione su voto, que sus votantes ya están, desgraciadamente,
acostumbrados a que les engañen. (Aplausos).
No nos sorprende que el PSOE votara en contra en el Senado. Parece que solo quiera limitar rentas cuando el arrendador es un particular, porque si se trata de una empresa pública, deja que apriete y exprima el bolsillo de los comercios,
igual que ha hecho con todos los trabajadores durante un año y medio impidiéndoles trabajar. ¿Por qué a los ciudadanos sí y a las empresas públicas no? Sí, señorías, quien ha impedido trabajar, quien ha establecido la prohibición de circulación,
quien ha generado esta nefasta situación económica y de quiebra absoluta de comercios y pymes ha sido este Gobierno con sus desacertadas e inconstitucionales medidas. Recordemos que gracias al recurso de inconstitucionalidad de VOX, gracias a los
cincuenta y dos en solitario, se ha declarado la inconstitucionalidad del estado de alarma. Pero ¿quién se cree este Gobierno para suprimir derechos fundamentales y secuestrar la democracia? (Aplausos). Como dice nuestro portavoz, no es que VOX
esté solo, es que solo queda VOX. El Grupo Parlamentario VOX lleva un año y medio con el mismo discurso, porque nosotros no cambiamos de idea según se ponga el sol. Paguen a aquellos a los que no han dejado trabajar. Como siempre, el PSOE se lava
las manos. Como ya dije en mi intervención anterior, no solamente ha perdido la E de español sino que ha perdido también la O de obrero. Menos mal que no iban a dejar a nadie atrás.
Pero vamos enfatizar la realidad de la situación. Lo cierto es que AENA ya conoce la situación que están padeciendo estos comercios. Por dicho motivo fue ella misma quien, a consecuencia del descenso del flujo de pasajeros y su repercusión
económica, realizó una propuesta general a sus operadores comerciales, con la finalidad de llegar a un acuerdo de reequilibrio de contratos, parte de los cuales fueron aceptados por los arrendatarios. La gravedad de la situación ha hecho que se
produzca una inseguridad jurídica tremenda, pues los que no alcanzaron tales acuerdos han acudido a los juzgados, cuyos titulares están resolviendo la controversia según su mejor criterio y sin que se haya establecido un criterio unánime, incluso
entrando a modificar de manera diferenciada cada uno de los contratos de los arrendatarios, estableciendo unas condiciones no pactadas por las partes, en aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, por la apariencia de buen derecho, fumus boni
iuris. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Demandas, demandas y modificaciones de contratos con distintos criterios, según el juzgador que conozca la causa en la que se analice cada uno de manera individualizada. En resumen, inseguridad jurídica.
La modificación con criterio uniforme para todos y cada uno de los contratos de arrendamiento que recoge la enmienda del Senado no solo supone seguridad jurídica, sino que hace innecesario acudir a los juzgados y evita las elevadísimas costas
procesales que ello implica para cualquiera de las partes.
No podría concluir sin hablar de otra gran consecuencia económica que va a afectar en los próximos cinco años a los aeropuertos y que está en manos del Gobierno: la aprobación del DORA -Documento de Regulación Aeroportuaria- que se llevará
a cabo en el Consejo de Ministros de finales de mes. Este documento incluye cada cinco años los incrementos o decrementos que habrán de aplicarse sobre las tarifas que las aerolíneas han de pagar a AENA por hacer uso de sus servicios básicos. Tras
la propuesta de AENA, que intenta justificar una sobrestimación de determinadas cifras para conseguir un incremento de las tarifas aeroportuarias, concretamente un aumento del 3,29 % anual hasta 2026, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia considera que deben reducirse un 0,44 % anual durante todo el periodo. VOX ha presentado una proposición no de ley solicitando al Gobierno que recoja la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que rebaje al
menos un 0,44 % las tarifas aeroportuarias para el periodo 2022-2026. Espero no acertar, pero viendo la defensa acérrima de los intereses de las empresas públicas, el abandono de los españoles trabajadores y la calificación del turismo como
precario y de poco valor añadido, casi podemos adelantar cuál será el resultado del Consejo de Ministros. Bajen las tarifas aeroportuarias.
En conclusión, por los trabajadores abandonados por este Gobierno, por las pymes, por los comercios, por los puestos de trabajo en juego, por la seguridad jurídica, por razones de equidad, de justicia y en aplicación de la cláusula rebus sic
stantibus, el Grupo Parlamentario VOX votará a favor de la enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De las Heras. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Castillo López.
La señora CASTILLO LÓPEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Me gustaría comenzar mi intervención mostrando nuestro apoyo al pueblo canario. Nuestro corazón y nuestra cabeza están en La Palma. (Aplausos).
El proyecto de ley que hoy alcanza su último trámite en este Parlamento, con la enmienda que nos llega del Senado, lo hace como un proyecto batiburrillo, un proyecto a la carta para socialistas y comunistas. Señorías, este Gobierno comete
muchas faltas graves, a nuestro modo de ver muy graves. En primer lugar, demoniza a las empresas de nuestro país, y la enmienda que hoy debatimos es un ejemplo de ello. Los negocios para actividades de restauración o comercio minorista notan que
este Gobierno no les apoya y, lejos de promover leyes que les ayuden, se dedica a entorpecer su labor con el aumento de todo tipo de impuestos o poniéndoles piedras en el camino, al estilo del ministro Garzón con el turismo, la carne, el aceite y,
recientemente, con el sector de la energía y de los VTC. Ahora les toca a los comercios y servicios de restauración presentes en las instalaciones de AENA. Señorías, AENA cobra el alquiler completo de 2020 a las tiendas del aeropuerto (muestra un
recorte de prensa), en una situación en la que el aeropuerto está completamente vacío. (Muestra una fotografía).
El señor Ábalos no cumplió con su palabra, pero además ustedes demonizan y demuestran a diario una gran incompetencia a la hora de gestionar. Gestionan a la carta, señorías. A ustedes, que odian los cambios estructurales, tampoco parece
que les gusten los cambios coyunturales, como el que les pide la enmienda número 3 que hoy debatimos, porque es más fácil traer una ley repleta de parches cortoplacistas, oportunistas y a la vez inoportunos que realizar un profundo análisis de lo
que necesita el sector de las infraestructuras en nuestro país. Es una ley tan inoportuna como las declaraciones de la ministra Reyes Maroto en relación con el volcán como un reclamo turístico. Llevan ustedes el error en la sangre, señorías.
Con esta ley pretendían dar solución a aspectos importantes y necesarios, como, por ejemplo, la morosidad en el transporte por carretera o la adecuación del régimen sancionador aplicable a las actividades de las VTC, pero lo han hecho de
manera improvisada, sin reflexión, sin diagnóstico claro, de una manera desproporcionada y, como siempre, en el último minuto y por la vía de las enmiendas. Es una proyecto de ley que ya llega tarde y, además, llega rodeado de mentira y de presión,
la misma presión que sufrimos todos los miembros de la sociedad con la subida de la luz, de la cesta de la compra o de los peajes.
Lo que sí tengo que reconocerles, señorías del Partido Socialista, es que son ustedes impecables siguiendo su máxima favorita. Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los errores. Señorías, España se merece un Gobierno que vaya
más allá de culpar a la oposición cuando sus políticas no funcionan, pero, como decía el gran Antonio Machado, 'la verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés'. La carretera es el principal modo de transporte interior de
las personas y representa el 94 % del transporte de mercancías. Ya se lo hemos dicho durante la ponencia y en el posterior debate que tuvo lugar. El Partido Popular siempre apoyará al transporte y la puesta en marcha de medidas eficaces y
disuasorias contra la morosidad, pero algo que en origen era bueno, señorías de Podemos, ha acabado convirtiéndose en un parche más. No cumplen con las necesidades del sector del transporte de mercancías por carretera y no afrontan el del tráfico
de viajeros. Señorías de la bancada socialista, estar de acuerdo en el fondo no nos impide denunciar el absoluto desgobierno y la falta de responsabilidad de este Ejecutivo, y eso es precisamente lo que ustedes están haciendo con la enmienda que
hoy debatimos. Faltan ustedes al respeto a esta Cámara constantemente. Nos han traído modificaciones de reales decretos que no han tramitado como proyectos de ley y no quieren escuchar al principal partido de la oposición ni al resto de los
partidos.
Respecto de las infracciones relacionadas con los arrendamientos de vehículos con conductor, señorías de Podemos, el Partido Popular siempre va a tender la mano para poner en marcha medidas eficaces y disuasorias para luchar contra lo que se
hace mal, pero la ampliación de las infracciones sobre la precontratación y calificar como muy grave, por ejemplo, no tener una hoja de rutas, nos parece desproporcionado. Ustedes, señorías socialistas, contagiadas de la fiebre populista de sus
socios de Gobierno, creen erróneamente que hacer un guiño de complicidad a los taxistas les va a dejar más contentos, pero no se dan cuenta de que estas medidas no van a generar más beneficios para ellos. Hoy probablemente salga adelante esta
medida, pero está más basada en la ideología que en una regulación seria, proporcionada y bien definida.
Voy a la enmienda que nos ocupa. Ajustar la renta mínima anual garantizada al flujo de pasajeros es algo justo, razonable, equilibrado, legal y, además, de interés general; no lo dice el Partido Popular, lo dice la jurisprudencia. Ustedes
lo saben, señorías, este problema se podía haber resuelto hace un año y
medio, cuando el exministro Ábalos les prometió que les ayudaría y no lo hizo, y, posteriormente, en las numerosas peticiones que ha hecho la Asociación de Comerciantes para que se produjese una reunión para que el ministerio -el ministro
anterior y la ministra actual- intercediera por ellos. No llegamos a entender por qué se ha negado AENA a tener un grupo de trabajo que definiera una medida coyuntural de las que les gustan a ustedes, de las de pan para hoy, pero hambre para
mañana, que pudiera paliar esta situación hasta que se alcanzase ese flujo de viajeros del año 2019.
Ya termino, presidenta. El Partido Popular está preocupado por los trabajadores, por los más de doce mil trabajadores del sector que se ven afectados por expedientes de regulación de empleo; trabajadores que viven con incertidumbre y que
ya no tienen centro donde volver...
La señora PRESIDENTA: Señora Castillo, tiene usted que terminar, por favor.
La señora CASTILLO LÓPEZ: ... porque los contratos vencían mayoritariamente en el año 2020.
Termino, presidenta. Dejen de hacernos daño con medidas torpes. España será un país mejor sin ustedes al mando.
Gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Castillo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arribas Maroto. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor ARRIBAS MAROTO: Gracias, presidenta.
Durante estos días y hasta el último momento el Grupo Parlamentario Socialista ha tratado de llegar, con diálogo, con predisposición y con propuestas razonables, a un acuerdo con garantías jurídicas, pero esta enmienda, señorías, ustedes
saben que no las tiene. Por ello, quiero poner en valor la capacidad de diálogo del Grupo Parlamentario Socialista, un grupo parlamentario que no fija su posición desde el inicio por una mera estrategia política.
Señorías, no podemos votar favorablemente esta enmienda que viene del Senado porque no tiene nada que ver con el objeto de esta ley, una ley que, entre otros temas, trata de la morosidad en el transporte por carretera, un problema que afecta
especialmente a las pymes del sector, un problema que altera negativamente el equilibrio económico de sus negocios. Señorías, estamos hablando de pymes, pequeñas y medianas empresas que no cobran por sus servicios ni en tiempo ni en forma. Los
retrasos en los pagos que soportan estos pequeños empresarios generan auténticos agujeros en sus cuentas. Por favor, pensemos: ¿es justo que un empresario que se levanta cada mañana para llevar su mercancía a tiempo tarde en cobrar sus servicios
hasta tres meses? Los socialistas pensamos claramente que es injusto.
Este proyecto de ley promueve también progresivamente las regulaciones del sector del taxi y de los vehículos de alquiler con conductor, para que vayan aproximándose, buscando una convivencia justa e igualitaria. Señorías, cuando llegamos
en el año 2018 al Gobierno, nos encontramos un conflicto entre el taxi y la VTC, un conflicto no resuelto por la falta de actitud y de capacidad del Partido Popular para abordar estos conflictos, conflictos que ustedes siguen alimentando en aquellas
comunidades en las que gobiernan, como en Madrid y Andalucía.
Pero, señorías, este proyecto tampoco deja indiferente al transporte escolar, y por eso prevé aprobar un incremento temporal de la antigüedad máxima de los vehículos que realizan transportes escolares y de menores con plenas garantías de
seguridad. Este Gobierno escucha y da respuesta al sector del transporte discrecional. Nosotros hemos tratado de agilizar este proceso, pero ha habido otros grupos que lo han obstaculizado mientras autónomos y pequeñas empresas van a la quiebra.
Este sector ha sufrido ni más ni menos que un 85 % del descenso de sus viajeros. Es un sector que necesita alargar la vida útil de sus vehículos; son unos pequeños empresarios que están esperando nuestras decisiones para llevar sus vehículos a las
ITV y poder ponerse a trabajar. Señora Castillo, ¿usted cree que esta medida es oportunista? Dígaselo a esos trabajadores, dígaselo a esos empresarios que están esperando a que nosotros votemos esta medida.
Señora Castillo, hoy nos vemos debatiendo este proyecto de ley por otra razón: el Gobierno del Partido Popular privatizó el 49 % de AENA, malvendiendo el patrimonio de todos los españoles a unos pocos fondos extranjeros que en muy poquitos
días ganaron 800 millones de euros. Hoy nos quieren colocar esta enmienda que nada tiene que ver con el proyecto de ley, una enmienda que viene del Senado
y que pretende obligar a un acuerdo entre dos partes: AENA y las empresas concesionarias de los locales de negocio ubicados en las instalaciones dependientes de AENA. ¿Qué lógica tiene que un tercero obligue a modificar un contrato entre
dos partes?
Señorías, ¿son conscientes de que con este retraso estamos perjudicando a miles de empresas que están esperando a este proyecto? Claro que son conscientes, porque esas mismas peticiones y llamadas de auxilio de las pequeñas y medianas
empresas les han llegado a ustedes igual que a nosotros. Señorías, podrían haber utilizado otra herramienta parlamentaria sin necesidad de perjudicar a estas empresas. Además de perjudicar a las empresas, esta enmienda resulta un claro menoscabo
para una empresa estratégica que tiene mayoritariamente capital público y para las pequeñas y medianas empresas que ya han llegado a acuerdos equilibrados y justos con AENA, pero es que modificar unilateralmente a través de esta ley las condiciones
de los contratos va en contra de la legislación vigente y de la reciente sentencia del Tribunal superior. Resulta contradictorio que quienes se dicen liberales propongan medidas de carácter ultraintervencionista, además de que estas medidas
generarán inseguridad jurídica en el mercado español. Señorías del Partido Popular, ¿a quiénes están defendiendo? El 51 % de los beneficios de AENA es de todos los españoles y, si AENA pierde, también perdemos todos los españoles.
Termino, presidenta. Creo que los parlamentarios debemos escuchar a los ciudadanos y a la sociedad civil. Debemos reunirnos con colectivos, con empresas, con sindicatos, con asociaciones, pero hacer esta labor de escucha, utilizar los
mecanismos parlamentarios para servir los intereses de terceros, como parlamentario, me parece inaceptable. Los ciudadanos esperan de nosotros empatía, los ciudadanos esperan que entendamos su sufrimiento, los ciudadanos esperan que demos respuesta
a sus problemas. Los diputados y diputadas debemos ser conscientes de ello, de lo contrario, mejorar la vida de los ciudadanos quedará como una simple aspiración, pero no conseguiremos hacerlo una realidad.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Arribas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. (Número de expediente 154/000004).
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos al punto del orden del día relativo al informe de la subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo.
Para la defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos.
La verdad es que el debate del informe y la defensa de las enmiendas que fueron aprobadas y las que dejamos vivas lo realizamos en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo que se celebró el 29 de junio. Por lo tanto,
remito a quien quiera conocer la posición del Partido Nacionalista Vasco a la lectura del Diario de Sesiones de ese día. Mantenemos dos vivas -de todas formas, lo resumo-: una, en relación con la petición de que las transferencias de cooperación
estén exentas de los gastos, cada vez crecientes, que la banca cobra, y otra, la de incorporar en la ley distintos espacios informales de relación, de trabajo colaborativo, de contraste de opiniones, porque consideramos que en el ámbito de la
cooperación es determinante reforzar las alianzas y la colaboración entre distintos agentes y distintas instituciones. Estamos hablando de un ámbito en el que no apoyaremos en ningún caso que se establezcan políticas verticales que se impongan al
resto de agentes, porque lo que pretendemos es reforzar ese planteamiento de un trabajo colaborativo u horizontal con distintos niveles de Gobierno. Por eso, consideramos -y por eso manteníamos la enmienda viva- que sería realmente importante que
se avanzara en la configuración y el reconocimiento de ese tipo de espacios informales.
Presentamos varias enmiendas que han sido aceptadas e incorporadas en el informe, entre ellas se han recogido la posibilidad de los agentes de cooperación descentralizada de intervenir en el ámbito de la cooperación delegada y el
reconocimiento de que los agentes de la cooperación descentralizada puedan participar en foros internacionales donde se discutan cuestiones que sean de su ámbito competencial con
voz y con voto. Hemos presentado también propuestas para mejorar en el ámbito de la coordinación de los distintos agentes y para que se reconozcan específicamente los fondos de cooperación y solidaridad que realmente están siendo agentes
determinantes. Este tipo de fondos, las ONGD que están trabajando, los cooperantes y las cooperantes son realmente el alma y el motor de la cooperación. Desburocratización, avanzar y reconocer las minorías y pueblos indígenas, la transparencia y
rendición de cuentas han sido algunos de los ámbitos que el Partido Nacionalista Vasco ha propuesto para mejorar el informe. ¿Y cuáles son los obstáculos? Nuestro enfoque ha estado en todo momento en la defensa de lo que consideramos determinante,
que es la cooperación descentralizada, no solo por el aporte cuantitativo que hacen estos agentes a la cooperación internacional del Estado, sino básicamente por el aporte cualitativo. Y no tienen que tener un rol secundario en el que se les pida
que ejecuten políticas decididas por otros, sino que son agentes determinantes, con capacidad normativa, que promueven distintos modelos de cooperación, todos ellos con éxito, y que deben trabajar, insisto, de forma colaborativa.
El Estado tiene dos obstáculos grandes que resolver para avanzar en esta cuestión. El primero de ellos es reconocer ese Estado plurinacional también en políticas de cooperación, que hará que realmente se sea respetuosa con la cooperación
que desde distintos ámbitos se está haciendo, así como tener en cuenta a aquellas regiones con competencias legislativas que puedan participar en todos los ámbitos, y el segundo, superar las trabas burocráticas y hacer los necesarios cambios
legislativos para que pueda gestionarse la política de cooperación con más agilidad, con más eficacia y con más eficiencia.
Me quedan solo treinta y seis segundos. Quisiera terminar agradeciendo a todos los cooperantes y las cooperantes, ONG, instituciones y fondos de cooperación el trabajo que realizan, así como a todas las personas que han trabajado y han
pasado por la subcomisión a hacernos sus aportaciones porque realmente son quienes han hecho el trabajo y este informe, y también a todos ustedes, compañeras y compañeros de todas las formaciones y grupos parlamentarios que han participado en la
subcomisión, ya que para mí ha sido un placer trabajar con todos ustedes.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes de nuevo, señorías. De la misma manera que ha indicado la señora Gorospe, nuestro grupo, el Grupo Ciudadanos, también ha mantenido vivas un total de cinco propuestas de resolución de las que en su día se presentaron en los
trabajos de la subcomisión para la reforma del marco normativo de la cooperación. Nosotros presentamos treinta y ocho propuestas en total, de ellas diecisiete fueron aceptadas o transaccionadas. Aun así, hemos querido mantener vivas estas cinco
porque creemos que con ellas podemos enriquecer todavía más el propio informe para que sirva de base a un nuevo texto normativo mucho más rico, mucho mejor y mucho más eficaz para la cooperación española.
En ese sentido, tenemos que mostrar nuestra satisfacción por el trabajo que hemos realizado, no tanto por la satisfacción propia sino por el hecho de haber contribuido, precisamente, a que se hayan recogido propuestas tales como que se haya
puesto en valor la educación como un valor añadido a la cooperación internacional; que se haya reconocido también el valor propio adquirido por la cooperación española en ámbitos donde ya actuaba en otras prioridades derivadas de nuevas tendencias
globales; que se haya asumido la necesidad de poner en marcha evaluaciones, tanto ex ante como ex post, de las políticas de cooperación sobre la base de indicadores de una manera objetivamente medible; que se haya incluido la competitividad en
valor añadido, y no tanto la competición en bajos costes, como un criterio a observar en la ayuda internacional; impulsar la participación de España en iniciativas como la Nansen, buscando asistencia a personas y grupos humanos desplazados de forma
forzosa por razones climáticas o medioambientales; introducir en la mecánica de la cooperación internacional el criterio de la prevención, y no solo la asistencia y la solución de las emergencias; promover a España como un país seguro en términos
de recepción y asilo de personas LGTBI perseguidas por esta condición en sus países de origen; reforzar el propio papel de la Aecid; recuperar y reforzar el papel de la Conferencia Sectorial de Desarrollo, a fin de fomentar la cooperación entre
administraciones territoriales, logrando una mejor coordinación; apostar también por una cooperación descentralizada, pero plenamente coordinada en todos los niveles, tanto territoriales como sectoriales; reconocer el papel de la investigación
científica en el marco de la cooperación internacional; o establecer un sistema de prácticas remuneradas que fomenten la captación de talento joven para las políticas de cooperación. Quizá, la que más nos ha gustado ha sido conseguir
que se haya marcado el objetivo de destinar el 15 % de la ayuda oficial al desarrollo de la Aecid en esta legislatura, hasta el final de la misma, en la acción humanitaria en una de las propuestas que transigimos con otros grupos.
Pero no nos conformamos con lo anterior y, como digo, queríamos mejorar todavía ese informe. Por eso, hemos mantenido nuestras cinco propuestas que les resumo muy brevemente. En primer lugar, trabajar en eliminar duplicidades y trámites
burocráticos innecesarios, porque creemos que la eficacia debe ser más que nunca, en términos de cooperación, un objetivo a perseguir; hablamos de dinero público y no podemos permitirnos ni pagar más ni no llegar a gastar todo aquello que se deba
por obstáculos administrativos. En segundo lugar, optimizar las oficinas técnicas de cooperación para evitar desviaciones presupuestarias por un mal uso o un uso deficiente de recursos personales o materiales, porque creemos que es necesario
vigilar y sancionar, en su caso, cualquier tipo de prácticas inadecuadas. En tercer lugar, fomentar y mejorar el marco de la colaboración público-privada tanto con empresas como con personas e instituciones sin ánimo de lucro, o entre estos actores
privados entre ellos; estamos convencidos de que la mejor manera de hacer cooperación es con la participación de todos los actores que intervienen en la misma, sean públicos o privados, aprovechando su experiencia y su capacidad. En cuarto lugar,
la propuesta que mantenemos viva es ayudar a la entrada de inversión privada en el marco de la cooperación en países donde es más difícil hacerlo por cauces ordinarios, pero donde su experiencia puede ser más útil y necesaria, porque la entrada del
sector privado en esos ámbitos, reduciendo sus riesgos, animará a su mayor participación y a obtener resultados mejores, no solo para esas empresas, sino también para los destinatarios de la cooperación que tienen que desarrollar. Y en último
lugar, que el propio sistema de ciencia y de I+D+i sea también receptor de ayudas en materia de cooperación tanto en el sector público con el privado; creemos que ayudando e incentivando al sector privado lograremos que se involucre plenamente en
actividades y políticas de cooperación allí donde no haya llegado el sector público.
Creemos, en suma, que se trata de cinco propuestas, que son vías de actuación para la cooperación española, que deben incluirse en el informe de la subcomisión, precisamente, para que no quede coja su perspectiva. No dejamos de forzar así
la entrada en las políticas de cooperación también de un sector privado y empresarial, que creemos que debe estar ahí. En ese sentido, pedimos desde este grupo el voto favorable a la inclusión de estas propuestas en el informe definitivo de la
subcomisión para la reforma del marco normativo de la cooperación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Bas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Illamola Dausà.
La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Buenos días. Como ya pusimos de manifiesto el pasado 29 de junio en la sesión de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la que se aprobó el informe elaborado por la subcomisión, valoramos positivamente el informe, a
pesar evidentemente de que no coincide al cien por cien con lo que a nosotros nos hubiese gustado o con el que nosotros hubiésemos redactado si lo hubiéramos hecho solos.
A lo largo del debate de la subcomisión se escucharon muchas voces distintas, aportando todas ellas muchas ideas y muchas sugerencias para mejorar el actual marco normativo; aportaciones que tomamos en consideración, al tiempo que
agradecemos muchísimo -lo han dicho otros portavoces- la implicación de los distintos comparecientes. Han sido unas comparecencias que fueron la base sobre la que el Grupo Parlamentario Socialista, sobre todo, elaboró la primera versión del
informe, que ha sido modificado a través de las propuestas de resolución presentadas y negociadas por los distintos grupos parlamentarias, reflejando, desde nuestro punto de vista, de forma más pertinente las distintas opciones políticas que
conformábamos la subcomisión, y es aquí donde es importante -consideramos- poner de relieve la predisposición a llegar a acuerdos por parte de muchos de nosotros, de muchos de los portavoces.
Aunque es cierto que no todas las propuestas de resolución han sido incorporadas -aquí los distintos portavoces han ido diciendo las que han quedado vivas, y nosotros también vamos a decir las nuestras-, sí creemos que el elevado número de
propuestas de modificación que se presentaron y todas las que fueron transaccionadas demuestran el interés de los miembros de la subcomisión en que se avance en la cooperación al desarrollo. Por esto, también quiero agradecer públicamente el
trabajo de todas las entidades que nos hicieron llegar sus propuestas de resolución.
Las propuestas de resolución que nosotros, Junts per Catalunya, presentamos tenían como objetivo que la nueva ley respetase las competencias de Cataluña y el modelo propio de cooperación al desarrollo que tenemos, incidiendo lógica y
especialmente en el respeto y en el desarrollo de la cooperación descentralizada. No obstante, como ya les decía, quedan vivas tres de nuestras propuestas de resolución, que consideramos importantes y para las que solicitamos su voto favorable.
Aquí tengo una duda porque no sé si realmente podemos solicitar su voto, porque muchos ya hemos votado telemáticamente, y por tanto el voto ya está emitido, pero al menos lo solicito para los que van a votar ahora presencialmente.
Las tres propuestas de resolución son las siguientes: la número 119, que pretende mejorar la exposición de motivos añadiendo una mención a la Agenda de Desarrollo Sostenible, que hace una referencia a la Agenda Urbana de la Unión Europea
para el plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 en España y que ha definido como una política palanca para impulsar el vigente paradigma de la cooperación internacional al desarrollo; la número 126, que afecta al punto 12, en la que
proponemos la eliminación de la expresión 'cuando guarden relación con el objeto del contrato', porque consideramos que los criterios transversales como el respeto de los derechos humanos, sensibilidad al género y sostenibilidad energética deberían
estar siempre presentes, y por último, la número 135, que afecta al adjetivo calificativo de la Aecid.
En Junts per Catalunya esperamos, deseamos, que la filosofía constructiva que imperó siempre en la elaboración del informe y el espíritu generalizado que había de colaboración en la subcomisión se mantenga, que continúe en el proceso
legislativo que se iniciará -esperemos que se inicie más pronto que tarde- y que haga posible la adopción de la ley en esta legislatura. Sí, deseamos la adopción de la futura ley de cooperación, pero también, porque en caso contrario sería dejar la
tarea a medias, la revisión de otras normas complementarias o vinculadas a esta, como la Ley General de Subvenciones, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local o la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Para concluir, quisiera decir que la votación separada de las propuestas de resolución nos ha permitido variar ligeramente el sentido del voto. Lógicamente, reiteramos nuestro voto favorable al informe final y deseamos ponernos a trabajar
cuanto antes mejor.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Illamola. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.
La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, presidenta.
Empiezo diciendo que hace exactamente un año votamos -y desgraciadamente se rechazó en esta casa- la propuesta de la Plataforma Regularización Ya y de la Coordinadora Obrim Fronteres para regularizar más de 600 000 personas en condición
administrativa irregular en el Estado español. (Muestra su camiseta, que lleva impreso: '#RegularizaciónYa. Permanente y sin condiciones').
Debemos tener en cuenta tres cosas cuando hablamos de cooperación: que los recursos varían, que las herramientas cambian y que el modelo se tiene que ir adaptando. Cuando explicamos que Cataluña es un país solidario con los países y
pueblos que se han visto empobrecidos por el norte global debemos acordarnos de la sociedad movilizada en diversas campañas, por ejemplo, en los años ochenta, pasando por el nacimiento de la cooperación municipalista del 86, cuando muchos
ayuntamientos y ONG, como por ejemplo Justícia i Pau y el Ciemen, decidieron crear el Font Català de Cooperació al Desenvolupament en el 86; las campañas de ayuda humanitaria en Bosnia en los años noventa; la puesta en marcha de un Distrito 11 del
Ajuntament de Barcelona con el gran Pasqual Maragall, pero también por las enormes acampadas ciudadanas por el 0,7 de hace veintiséis años en toda Cataluña, hasta conseguir que en el año 2001 se aprobara la primera ley catalana. Hace mucho tiempo.
En todos estos años el mundo ha cambiado bastante, obviamente. Del famoso compromiso de 0,7 que se aprobó en la ONU hace muchísimos años -y casi nadie se acuerda de que tampoco se cumple- hemos pasado a agendas menos concretas
presupuestariamente, pero mucho más ambiciosas políticamente, como son los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la famosa Agenda 2030. Sin embargo, en todos estos años, señorías, la pobreza, la desigualdad, no han parado de crecer y han pasado de
una dicotomía de norte-sur global a un incremento enorme de las desigualdades en cada una de las latitudes, por lo que hoy podemos hablar de desigualdades en todas partes. No hablamos solo de cooperación al desarrollo, debemos hablar de justicia
global. ¿Y por qué servidora hace ese resumen histórico catalán?
Básicamente porque estoy aquí hoy para defender las enmiendas, todas las propuestas del Grupo Republicano a este informe.
Me gustaría resaltar cinco puntos -tengo poquísimo tiempo- que a mí me parecen muy importantes. En primer lugar, la reforma de la Ley española de cooperación debe reforzar el papel y la representación de la diversidad de actores en los
órganos de planificación, de ejecución de la política de cooperación y de la Administración General del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Descentralización, ya lo ha comentado antes la diputada del PNV. En segundo lugar, la reforma de la Ley de
Bases de Régimen Local, para fijar la competencia municipal de cooperación de manera explícita, clara, inequívoca y evitar su cuestionamiento. En tercer lugar, reformar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -es
fundamental- porque da todo el poder a los interventores y secretarios de decidir a su criterio si los entes locales pueden hacer o no cooperación. En cuarto lugar, la Ley General de Subvenciones para facilitar una gestión administrativa adaptada a
las necesidades específicas, obviamente en la cooperación, de las administraciones públicas locales. Y en quinto lugar, la cooperación debe promover derechos, justicia social e inclusión; soluciones ecológicas a la paz; coherencias políticas:
los ODS, la Agenda 2030; protección de minorías étnicas y raciales; las lenguas, señorías -hay una enmienda del Grupo Republicano que no ha sido aceptada, no es que ustedes no acepten las lenguas del Estado español, es que ustedes no están
aceptando las lenguas del mundo mundial (aplausos)-; culturas; defensoras de los derechos humanos; derechos básicos en la salud y educación; promoción del espacio cívico, la ciudadanía; educación global; sensibilización; justicia climática;
impulso de modelos económicos inclusivos y sostenibles.
Señorías, desde el Grupo Republicano pedimos -obviamente muchas de ustedes ya han votado- que consideren nuestras enmiendas vivas. Finalmente, debemos tener un compromiso real y verificable para la ayuda humanitaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carvalho. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez del Real. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ DEL REAL: Cinco minutos para hablar de cooperación, poco tiempo me parece. De hecho, los grupos han maniobrado para que hubiera menos debate.
Este proyecto sobre cooperación es un proyecto extraño, porque nace huérfano, nace equivocado y nace mentiroso. Nace huérfano porque la ministra embelesada -que ha sido la gran adalid en su hégira bajo la que ha nacido este proyecto-
pretendía, como recordarán, una diplomacia feminista, una diplomacia ecologista, una diplomacia con mucho 'ista', pero ahora está imputada, está muy muy imputada, como va a estar imputado este Gobierno. Así que nace huérfana esta proposición.
Recordarán que el último contacto que tuvimos en esta Comisión fue con la propia ministra, que nos invitó muy amablemente a comer en vísperas de que fuera defenestrada en medio de su embelesamiento con este señor presidente ausente. La cooperación
es 'co' y es 'de', es decir, es cooperación y es desarrollo. Por eso nosotros entendemos que el desarrollo es lo que tiene que hacer que el fin último de la cooperación sea precisamente la desaparición de la ayuda. El objetivo final de cualquier
ayuda tiene que ser que seamos tan efectivos, tan eficientes y tan eficaces que jamás vuelvan a necesitar ayuda. Ahí habremos alcanzado el objetivo, y no retroalimentarse a sí mismo como hacemos con estos discursitos llenos, uno tras otro, de
lugares comunes y de ficciones; esos pequeños unicornios que ustedes tienen. (Aplausos).
El mundo ha cambiado. ¿Van a ir ustedes a hablarles de diplomacia feminista, ecologista o a preguntarle cómo se siente de género hoy un talibán? (Aplausos.-El señor Sánchez del Real muestra una boina pakol). España ha dejado 4000 millones
de euros -que debo decir que estaban bien invertidos, en seguridad y en cooperación- en manos de estos señores. Esto es lo que ha cambiado en el mundo en estos meses. Por cierto, nosotros venimos hablándoles de que el mundo estaba cambiando y era
así desde hace ya bastante tiempo. Esta es la cruda realidad a la que se enfrentan aquellas personas a las que queremos ayudar. No solo se enfrentan a los talibanes sino a todos los dictadores, a todos aquellos que tratan de oprimir a las
personas, a los pueblos y a las naciones, en manos muchas veces de muchos de los mismos lemas que algunos han utilizado precisamente hoy aquí. (Aplausos).
¿Qué ha sido de la diplomacia feminista? ¿Qué ha sido de la diplomacia ecologista? Cuando vayan ustedes -si van- a Kabul, les van a contestar con esto (muestra un burka). Lo conocen ustedes en la Comisión, pero esta es la contestación a
la diplomacia feminista y ecologista, 'ista', 'ista', 'ista'. (Aplausos
de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, algunos de ellos puestos en pie). Esto es lo que les van a contestar. Mientras no tengan claro que esta es la cruda realidad del mundo, cualquier objetivo o cualquier
dinero invertido en cooperación se lo van a estar entregando a estos (vuelve a mostrar una boina pakol), que es lo que ha pasado, exactamente, este último mes.
Volviendo a nuestra España y a nuestro ministerio, nace huérfano porque el señor ministro en sus primeras comparecencias ni siquiera ha mencionado la cooperación, es que no se publicó hasta ayer la estructura del ministerio que nos tiene que
dar cobertura en este trabajo esencial. Y nace huérfano porque este ministerio nace de un proyecto que viene embelesado, porque el ministro actual viene embelesado del Falcon. Me temo que, pese al trabajo que han hecho las diputadas y diputados
del Grupo Socialista promoviendo todo esto, han quedado ustedes huérfanos. Si es que hasta han hecho secretaria de Estado a una persona que ni siquiera estaba en la Comisión. Así de huérfano nace este proyecto, porque estoy hablando de política.
De hecho, este proyecto miente, miente en su redacción. Ustedes van a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de las Cortes un texto que miente, porque dice que ha habido consenso. Falso. El texto dice que ha
habido consenso, pero el consenso requiere el acuerdo de todas las partes. No ha habido consenso. ¿Hemos acordado que vinieran participantes de todas las ideologías, todas las simpatías y todos los orígenes? Por supuesto. ¿Hemos consensuado esas
presencias? Sí. Pero ¿se ha consensuado el documento final? No, eso es falso. Ni siquiera hemos tenido una reunión de trabajo entre los miembros del grupo para hablar después de las comparecencias y hacer la redacción -que ya había hecho el
Grupo Socialista y a quienes vuelvo a agradecer el trabajo-. Vaya consenso es ese, donde uno no se sienta ni siquiera a consensuar. Ese es el respeto que tienen ustedes a la verdad y a la palabra consenso. Así que este proceso extraño requiere de
nosotros que digamos la verdad de lo que tiene que ser la cooperación. La cooperación tiene que estar basada en una sola ideología, la Constitución española, y en una sola cuestión, que son los derechos humanos. Tiene que ser ordenada y segura y
tiene que tener control, tiene que tener evaluación, antes y después. Estamos hablando de que todavía no han dado explicaciones a los millones de la Aecid que han desaparecido en Panamá y en otros países. Hablaremos en comisión de eso.
Así que, señoras y señores, cuando vayan hablar de cooperación con uno de estos (vuelve a mostrar una boina pakol), no olviden que les van a contestar con la cruda realidad (vuelve a mostrar un burka). Habrá que trabajar mucho para que haya
cooperación que de verdad ayude a las personas.
Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez del Real. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Elorriaga Pisarik.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, presidenta.
Subo a esta tribuna para exponer la valoración que mi grupo parlamentario hace de las conclusiones votadas en la Comisión de Cooperación Internacional de los trabajos que ustedes conocen. Como ya tuve ocasión de expresar en el debate que
mantuvimos en comisión el pasado mes de julio, nuestra valoración es desfavorable, y trataré de explicar muy brevemente por qué. Desde que Pedro Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno, hace ahora poco más de tres años, se han sucedido en el
cargo tres ministros de Asuntos Exteriores, tres secretarios de Estado de Cooperación y tres directores de la Agencia Española de Cooperación, es decir, nueve responsables para una misma materia en apenas tres años. Este baile de cargos, seguido
del consecuente vaivén en la política exterior y de cooperación -y me atrevo a decir que en toda la política exterior-, ha traído como consecuencia una gestión muy ineficiente, y bastan dos datos para constatarlo. El plan anual normativo del
Gobierno para el año 2020, el primero que aprobó este Gobierno, anunciaba una reforma limitada de la Ley de cooperación internacional, exclusivamente para ampliar los plazos de los convenios administrativos y de los proyectos de cooperación y
también prometía una reforma integral del Fronprode. Un año más tarde, en el plan normativo para el año vigente, se señala la necesidad de reformar integralmente la Ley de cooperación, y no se hace ninguna referencia a la necesidad de modificar el
Fronprode. Es decir, las prioridades de este Gobierno han cambiado significativamente en doce meses, derivadas simplemente de un cambio en la titularidad de la cartera.
Por otro lado, si nos fijamos en los recursos económicos destinados a esta política, podemos ver fácilmente que, habiendo crecido los recursos asignados en el presupuesto a la Aecid el 21 % en este
ejercicio, en el 2021, las obligaciones reconocidas a 31 de julio de este año han disminuido un 8,6 %. Actualmente, se ha empleado exactamente el 23 % de los recursos aprobados para la Aecid. Si nos fijamos en las transferencias
corrientes, que son el núcleo de la actividad de Aecid, se ha empleado el 14 % o de los créditos aprobados por esta Cámara para cooperación hasta el día de hoy. Es decir, se aparenta mejorar los presupuestos, pero realmente se disminuye el dinero
empleado en cooperación. Con este panorama, se aprueba un documento en el que se dice que se va a blindar legalmente la asignación de un 0,7 % de la renta nacional bruta para los próximos ejercicios. Evidentemente, un esfuerzo completamente inútil
a la vista de la capacidad de ejecución presupuestaria.
Como consecuencia, además, todos los mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación del gasto están fallando estrepitosamente. La primera conclusión es evidente: no se sabía qué hacer con la cooperación internacional y el Gobierno optó
por pedirle un dictamen a esta comisión. El resultado que refleja este informe es exactamente consecuencia de este punto de partida, porque es incapaz de ofrecer orientaciones claras sobre el sentido de la reforma, y diré por qué muy brevemente.
Primero, porque carece de un diagnóstico claro sobre el que fundamentar las reformas propuestas. Es un documento prolijo, reiterativo e ideológicamente muy sesgado que no aborda el contenido de la reforma necesaria. Expone una maraña de objetivos
y de prioridades, prácticamente todas las que nos han sido mencionadas en cualquier momento a lo largo de seis meses de comparecencias, pero apenas se detiene a determinar cuáles son los nuevos instrumentos o cuáles deben ser las nuevas herramientas
que mejorarían la eficacia en la utilización de los recursos destinados a cooperación.
Es un documento cortoplacista: la ley vigente lleva en vigor más de dos décadas y, sin embargo, esta se fija como horizonte 2030. Contiene una visión parcial del sistema de cooperación. Olvida absolutamente la cooperación financiera y
margina notablemente la cooperación bilateral. Está alejado de las líneas de reforma de los países de nuestro entorno y alejado también de los cambios institucionales que ha habido en la Unión Europea. En definitiva, nosotros compartimos
absolutamente la necesidad de proceder a una profunda reforma de la legislación de cooperación, pero creemos que hay que hacerlo con mucho más rigor.
En el curso de las enmiendas se ha introducido, además, un problema adicional que habrá que mirar con atención durante el trámite legislativo. Si queremos vincular la cooperación a la política exterior y ese es el sentir mayoritario, hay
que tener muy en cuenta cuáles son las distribuciones competenciales aprobadas. No se puede alterar la asignación de competencias a las comunidades autónomas mediante leyes ordinarias en este Parlamento.
Y por último -se ha dicho ya-, se olvida en este dictamen a la empresa española; cuando se habla de internacionalización casi siempre es con desconfianza y tratando de limitar su acción. Es también enormemente impreciso lo que se dice
sobre el Estatuto del cooperante.
Por lo tanto y como conclusión, han trabajado ustedes, señores del Partido Socialista y del Gobierno, de la mayoría de sus socios parlamentarios, pero con ellos difícilmente podrán configurar una nueva política de Estado en torno a la
cooperación. Si de verdad quieren hacerlo, siéntense con el Grupo Parlamentario Popular y trabajemos juntos a partir de ahora.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Elorriaga. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Maestro Moliner.
La señora MAESTRO MOLINER: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías.
Permítame que primero de todo traslade un agradecimiento a nuestros cooperantes por todo el mundo, unas personas que nos demuestran día a día que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Precisamente por ellos y ellas tiene sentido que
demos todo nuestro apoyo a este proyecto y a la cooperación internacional.
La subcomisión tuvo el encargo de realizar un informe que sirviera de base al Gobierno para la elaboración del texto de la nueva Ley de Cooperación Internacional. Entendemos que este encargo se ha concretado en un documento crítico y
valiente, que da en buena parte una respuesta eficaz a los problemas reales que la cooperación española viene evidenciando desde hace ya demasiados años. Debo decir, con tanta rotundidad como satisfacción, que el proceso de la subcomisión ha sido
exitoso, principalmente porque hemos conseguido escuchar reclamaciones y opiniones de todo tipo de expertos y expertas en la materia -en ese caso, del listado sí consensuado- y hemos podido constatar el estado comatoso en el
que se encontraba nuestra política de cooperación internacional tras años de desidia, abandono e instrumentalización por parte de los sucesivos Gobiernos de la derecha. Nuestro grupo, Unidas Podemos, va a apoyar este informe, por supuesto
que sí. Nos hubiera gustado que fuera aún más ambicioso, pero espero que aún podamos enriquecer el texto en las distintas fases de tramitación que quedan por delante.
Quisiera destacar algunos logros incuestionables que, a mi juicio, recoge este informe. En primer lugar -se ha comentado ya-, la descentralización del sistema y la puesta en valor de toda la descentralización. La cooperación realizada por
las comunidades autónomas y por las entidades locales es uno de los activos más importantes de nuestro sistema de cooperación, y lo es por su importancia cuantitativa, ya que, por mucho que nos queramos engañar, son los ayuntamientos y las
comunidades autónomas quienes realizan y sostienen la mayor parte de la cooperación solidaria. También lo es la orientación sobre la satisfacción de las necesidades sociales básicas y ejercicio de derechos, y todo ello con una política participada
con las ONG. No obstante, también debemos decir que asistimos con preocupación a una situación peligrosa, porque en muchos casos hemos visto cómo la ultraderecha chantajeaba a los Gobiernos del Partido Popular en distintas negociaciones para
reducir o hacer desaparecer los fondos que estaban destinados a la cooperación al desarrollo o a la ayuda al desarrollo. Por favor, señorías del Partido Popular, no se dejen chantajear, porque después no valdrán de nada las buenas palabras.
Desaprovechar estos valores de cooperación descentralizada y tejido social organizado es un error que no debemos cometer. Por supuesto, hay también un consenso casi unánime, o casi consenso, en cuanto a que el feminismo es una de las señas de
identidad de la cooperación, y es más que evidente, no hace falta ni señalarlo.
Finalmente, se ha hablado de presupuesto, que ya tocaba. El informe afirma con total rotundidad que sin presupuesto no hay política y sin avances hacia el 0,7 % la reforma perderá credibilidad. También existirán controversias que debemos
seguir debatiendo: sobre la dirección política de la cooperación, donde nosotras apostaremos por seguir preservando cierta independencia; sobre aumentar la ayuda a la cooperación bilateral, porque en este sentido un 25 % nos parece insuficiente y
aspiraríamos a ese 50-50 en relación con la multilateralidad, y, por supuesto, sobre profundizar en el aspecto de las migraciones. Es la primera vez que este último aspecto se especifica en el informe, y nuestro grupo tiene a honra haber insistido
mucho a tal efecto. No debemos olvidar que emigrar es un derecho y que, además, la liberalización de las economías está acabando con los medios de vida que obligan a esa emigración. Todo esto formará parte de la coherencia de políticas y creo que
es algo en lo que debemos profundizar. Por supuesto, desde nuestro grupo asumimos el reto de cambiar el sentido de la globalización, el reto de pasar de una globalización neoliberal a la solidaridad, a la equidad, a la justicia social y a la
sostenibilidad, con un nuevo modelo de gobernanza multipolar, sin vetos.
Concluyo, señorías. El Legislativo ha hecho su trabajo. Hemos permitido que todos los participantes, agentes sociales, expertos, docentes, sindicatos y sociedad civil en general, pudieran plantear la ley que necesitan. Desde esta tribuna,
como responsable de la Comisión de Cooperación Internacional que me honro en presidir, quiero dar las gracias a todos los participantes por su predisposición y esfuerzo. Gracias a sus señorías por todo el trabajo realizado y gracias muy
especialmente a la Coordinadora de ONGD por su incansable trabajo y a la letrada de la Comisión por el mismo motivo. Tenemos una oportunidad de oro, no la desperdiciemos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
La señora MAESTRO MOLINER: Seamos la solidaridad que necesita el momento.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Maestro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guijarro Ceballos.
La señora GUIJARRO CEBALLOS: Eskerrik asko, presidenta. Eguerdi on, señorías.
La cooperación al desarrollo no puede ser un asunto partidista. Yo les pido, señorías, luces largas para la solidaridad y para la justicia global, porque la cooperación al desarrollo española sí es marca de país, y de la de verdad. Nuestra
cooperación tiene valor añadido, tiene gran experiencia y tiene presencia en el terreno. La pandemia o la reciente crisis en Afganistán nos demuestran que somos una comunidad global, que el sufrimiento es universal y que el miedo es compartido.
Somos un pueblo solidario dentro y fuera de nuestras
fronteras, con más de 2800 profesionales que trabajan a lo largo y ancho del planeta en circunstancias realmente complicadas y que se han dejado hasta la vida, con más de 2 millones de personas que colaboran con ONGD y con una gran
diversidad de actores. Así que, señorías, no minusvaloren ni manipulen este asunto, porque esta sí que es una bandera que nos representa como pueblo.
Solo un segundo para dirigirme a sus señorías de VOX. Quedan ustedes descalificados desde el principio. Han propuesto directamente que la Comisión de Cooperación desaparezca del Congreso. Esa es su aportación a la cooperación;
patriotismo del bueno. Y otra cuestión. Cuidado con los discursos en contra de la Agenda 2030 que han realizado durante la elaboración de este informe, que algunos se los compran y miren lo que acaban gritando en Chueca.
Al Partido Popular le invito a estar a la altura y a construir política de Estado, que están ustedes caminando en esta materia con los de las brujas y demás lindezas. Les invito a sentarse a dialogar de verdad, con honestidad, aunque viendo
sus últimos posicionamientos en Europa sobre violencia de género o sobre LGTBI es evidente su pérdida de valores.
Este grupo parlamentario y el Gobierno de España estamos empeñados desde el comienzo de la legislatura en volver a ser referente y en recuperar la década perdida en cooperación con los Gobiernos del Partido Popular. El informe se ha
realizado con el impulso del Grupo Socialista y con el consenso, sí, el consenso, de la mayoría de los grupos, después de muchos meses de trabajo, más de treinta comparecencias y muchas reuniones con todo el sector de la cooperación. Así que lo
primero es dar las gracias al sector. Han sido muy generosos por ofrecernos sus saberes y sus tiempos para actualizar y para reformar nuestra cooperación, que le hace mucha falta. Damos las gracias también a las señorías que han tenido ánimo de
consenso. Más de cincuenta enmiendas han sido aprobadas y más de veinte transaccionadas. Agradecemos también a la letrada, a nuestro asesor y a mis compañeras y compañeros de grupo que hayan apostado sin dudar por la solidaridad internacional
desde esa visión nuestra que tenemos socialdemócrata de la vida. (Aplausos).
Como se dice en el informe, queremos una cooperación realmente transformadora, con una ayuda humanitaria renovada, que establezca la Aecid, la Agencia Española de Cooperación, como pilar central, que incorpore esa carrera profesional mixta
tan demandada por el sector, que avale legalmente la cooperación autonómica, foral y local y reconozca ese valor añadido y su singularidad. Queremos que nuestra cooperación multilateral, como decía el presidente del Gobierno estos días en Naciones
Unidas, dé soluciones reales a los desafíos que afronta este mundo. Queremos promover alianzas multiactor y multinivel y, sí, una cooperación financiera al servicio del desarrollo sostenible. Y por supuesto que empujaremos para que haya
compromisos financieros. Creo, sinceramente, señorías, que es un buen informe, que está consensuado y dialogado con quien quería consensuar y dialogar. Es una buena base para una cooperación feminista, verde, sostenible y basada en los derechos
humanos. (Aplausos).
Un último apunte, para mí el más importante. Debemos impulsar una cooperación donde las protagonistas sean las personas del mal llamado sur -Afganistán, Guatemala o el Congo-, todas esas personas con nombres y apellidos y con historias de
vida que nos dicen la distribución tan desigual de la riqueza que tenemos. Es a ellas a las que tenemos que escuchar y acompañar en sus procesos y a las que va dirigido nuestro trabajo, nuestro esfuerzo de consenso, nuestro compromiso. La grandeza
de este trabajo es poder cambiar realidades injustas por realidades de esperanza. Decía Gioconda Belli que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Vamos a ello.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Guijarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.
Señorías, votaremos en cinco minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo a aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir
su voto por el procedimiento telemático que no pueden hacerlo desde su escaño. (Pausa).
VOTACIÓN.
La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a dar comienzo a las votaciones.
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias. Informe de la subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo. Se votan las
propuestas de resolución mantenidas por los grupos parlamentarios.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votación en bloque de las propuestas de resolución.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 101 más 246 votos telemáticos, 347; a favor, 41 votos telemáticos; en contra, 101 más 199 votos telemáticos, 300; abstenciones, 6 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Propuestas de resolución 73 y 76.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 101 más 246 votos telemáticos, 347; a favor, 37 más 90 votos telemáticos, 127; en contra, 64 más 145 votos telemáticos, 209; abstenciones, 11 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas de resolución.
Resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 101 más 246 votos telemáticos, 347; a favor, 37 más 66 votos telemáticos, 103; en contra, 64 más 171 votos telemáticos, 235; abstenciones, 9 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Plural, señora Illamola Dausà. Propuesta de resolución 135.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 101 más 247 votos telemáticos, 348; a favor, 20 votos telemáticos; en contra, 101 más 217 votos telemáticos, 318; abstenciones, 10 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la propuesta de resolución.
Resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Plural, señora Illamola Dausà.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 101 más 247 votos telemáticos, 348; a favor, 22 votos telemáticos; en contra, 101 más 207 votos telemáticos, 308; abstenciones, 18 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Republicano. Votación en bloque de las propuestas de resolución.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 101 más 246 votos telemáticos, 347; a favor, 27 votos telemáticos; en contra, 101 más 202 votos telemáticos, 303; abstenciones, 17 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX. Votación en bloque de las propuestas de resolución.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 101 más 246 votos telemáticos, 347; a favor, 53 votos telemáticos; en contra, 64 más 128 votos telemáticos, 192; abstenciones, 37 más 65 votos telemáticos, 102.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Propuestas de resolución 173, 215 a 218 y 254.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 101 más 245 votos telemáticos, 346; a favor, 37 más 78 votos telemáticos, 115; en contra, 64 más 105 votos telemáticos, 169; abstenciones, 62 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución 212, 213 y 252.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 101 más 245 votos telemáticos, 346; a favor, 37 más 66 votos telemáticos, 103; en contra, 64 más 103 votos telemáticos, 167; abstenciones, 76 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas de resolución.
Resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 101 más 245 votos telemáticos, 346; a favor, 37 más 57 votos telemáticos, 94; en contra, 64 más 134 votos telemáticos, 198; abstenciones, 54 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas de resolución.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Les informo de que desde las 14:30 horas hasta las 15:30, es decir, por tiempo de una hora, se podrán votar telemáticamente las proposiciones no de ley y las mociones, las enmiendas del Senado, el informe de la
subcomisión, la solicitud de creación de la Comisión de investigación, la enmienda a la totalidad y la solicitud de avocación del proyecto de ley. Todos estos asuntos serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de la sesión.
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PLURAL, REPUBLICANO Y EUSKAL HERRIA BILDU, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA ESTABLECER LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE FERROVIARIO DEL ALVIA OCURRIDO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EL 24 DE JULIO
DE 2013. (Número de expediente 156/000036).
La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con el punto relativo a la solicitud formulada por los grupos parlamentarios Plural, Republicano y Euskal Herria Bildu de creación de una Comisión de investigación para establecer las causas del
accidente ferroviario del Alvia, ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013.
Para la defensa de la solicitud formulada por varios grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Plural el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
Traemos aquí conjuntamente Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana y Bildu la propuesta de reabrir la Comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente del Alvia en Santiago de Compostela en el año 2013, con el objetivo de
que pueda ser posible concluir los trabajos iniciados en el año 2019, así como completarlos a la vista de nuevos datos, con el fin de sacar conclusiones ajustadas que vayan en la línea de establecer no solo la verdad, sino también la asunción de
responsabilidades políticas que, a partir de ella, se tengan que asumir, si fuese el caso. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Disculpe, señor Rego.
Les rogaría a las personas que se encuentran de pie y charlando que se dirijan a la cafetería o a sus despachos, por favor. No oímos al ponente.
El señor REGO CANDAMIL: Pero también, y quiero dejarlo claro desde el principio, queremos que esta Comisión de investigación parlamentaria sirva de impulso a una verdadera investigación técnica independiente, que lamentablemente, ocho años
después del fatídico accidente, aún no se ha producido.
Estamos con víctimas y familiares cuando reclaman verdad, justicia y reparación, que sabemos que no serán posibles mientras no se esclarezcan todas las circunstancias alrededor de accidente, y para eso estamos aquí. En el ámbito
parlamentario, la investigación arrancó en junio de 2018, después de varios intentos bloqueados. Fue una investigación condicionada en gran medida por la existencia de un informe de la FIAF cuestionable y cuestionado, por partir de un organismo no
independiente, vinculado al propio Ministerio de Fomento. Hoy sabemos, además, que ADIF gastó 15 000 euros en asesorar, o deberíamos decir adoctrinar, a los comparecientes en la Comisión de investigación, lo que, como mínimo, denota nulo interés
por que se esclarezcan la verdad y las responsabilidades detrás del accidente. Pero, además, la Comisión fue disuelta antes de poder sacar conclusiones por el final de la legislatura, lo que, de por sí, justificaría esta nueva Comisión de
investigación. También es cierto que existen elementos nuevos, alguno relevante, como la denuncia de un mecánico de Talgo, de que media hora después del siniestro varios directivos, literalmente, de la empresa dieron la orden taxativa de borrar de
la base de datos todas las averías que tenía el tren. Somos conscientes, en todo caso, de que lo ideal sería que esta Comisión parlamentaria arrancase con posterioridad a que se realizase una verdadera investigación técnica independiente, como
desde hace ocho años llevan reclamando las víctimas y familiares. Pero mucho nos tememos que si no existe impulso político suficiente esa investigación no se llegue a producir.
Como saben, el informe de la CIAF no se sujetó al criterio básico de imparcialidad e independencia. No lo digo yo, no lo dice el BNG, lo dice la Agencia Europea Ferroviaria, que señala que la composición del equipo de investigación de la
CIAF no garantizó la independencia de la investigación y no cumplió con los requisitos de independencia establecidos en la Directiva de Seguridad Ferroviaria. Lo dice la Comisión Europea que, a instancias de la eurodiputada del BNG, Ana Miranda,
abrió un procedimiento de infracción al Estado español aún sin cerrar.
En la primera comparecencia en esta legislatura del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Comisión le solicité, en nombre del BNG, reiniciar la investigación técnica en una Comisión independiente. Su respuesta, más allá de defender,
de justificar una independencia en la que nadie cree, fue que el ministerio tenía en proyecto promover una comisión técnica independiente de accidentes de movilidad, no solo ferroviarios, sino del conjunto de la movilidad, y que si tal comisión lo
creía oportuno se podría reabrir la investigación. El compromiso era vago, pero ni siquiera se cumplió. Que nosotros sepamos, esa comisión aún no está constituida. En todo caso, como respuesta a una pregunta formulada por el BNG en enero de 2020,
el ministerio reconocía que sería necesario -cito textualmente- realizar alguna actuación o análisis adicional al informe que, sin poner en cuestión lo realizado, profundice y/o aclare las dudas que se suscitaran. Sin embargo, nada de nada.
Sinceramente, señoras y señores diputados del Partido Popular y del Partido Socialista, que tuvieron o tienen responsabilidades ministeriales en relación con este caso y que también tienen en sus manos que esta Comisión salga adelante, no es
de recibo tanto oscurantismo y ocultación en un accidente gravísimo que dejó ochenta personas fallecidas y más de ciento cuarenta heridas. Oscurantismo y ocultación, y no solo por parte de los organismos directamente implicados. Hoy mismo el
presidente de la plataforma de víctimas me recordaba que el magnífico y premiado documental Frankenstein 04155 fue vetado en el Congreso y aún no emitido en la televisión pública. ¿Por qué? Como decía, no es de recibo.
En pocos meses arrancará el proceso judicial en el que no queremos interferir, aunque nos parezca sorprendente que solo existan dos personas imputadas y una de ellas sea el maquinista. Seguimos reclamando, como llevan haciendo las víctimas
y familiares desde hace ocho años, que se ponga en marcha una verdadera investigación técnica independiente. Hoy lo que debemos decidir en este Congreso es si se reabre una Comisión de investigación parlamentaria que determine las causas del
accidente, las responsabilidades políticas a que hubiere lugar, y las recomendaciones para conseguir que un accidente de estas características no se vuelva a producir nunca más.
Continúan existiendo muchas incógnitas sobre aspectos absolutamente relevantes: sobre el trazado de la curva de A Grandeira; sobre por qué no estaba operativo el sistema RTMS en ese tramo, lo que
habría evitado el accidente; sobre si este tramo fue abierto por razones políticas precipitadamente, antes de que se hubiesen realizado todas las comprobaciones y pruebas de seguridad; quién ordenó borrar los datos y, por lo tanto, ocultar
pruebas fundamentales para la investigación, etcétera.
Finalizo. Esperamos, señoras y señores diputados, que hoy sea aprobada aquí esta Comisión de investigación y que este sea un paso decisivo en ese objetivo de esclarecer lo sucedido. Verdad, justicia y reparación; se lo debemos a las
víctimas y a los familiares, se lo demos al conjunto de la sociedad.
Muito obrigado. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Simplemente, quiero manifestar la voluntad inequívoca del Grupo Parlamentario Ciudadanos de que esta Cámara pueda reiniciar y culminar el trabajo de esta Comisión, que ya se propuso, cuando en abril de 2018 se
constituyó por primera vez. Creemos procedente permitir que se cumpla el compromiso adquirido con las víctimas y sus familiares para que este Congreso, dentro de su marco de actuación y de sus competencias, intente esclarecer las circunstancias del
terrible accidente del tren Alvia entre Madrid y Ferrol, que se produjo el 24 de julio de 2013. Las ochenta víctimas mortales y los más de ciento cincuenta heridos requieren que acabemos este trabajo que se interrumpió por la conclusión de las
anteriores legislaturas.
Desde luego, Ciudadanos lo va a hacer en este mismo sentido, como ya se expresó con ocasión de la constitución de la Comisión. Estamos aquí para no hacer de esto una lucha partidista, sino una labor que desentrañe qué pasó realmente y qué
debe hacerse para que algo así no vuelva a suceder. Como representes de la sociedad, le debemos a esta un esfuerzo para mitigar en lo posible el impacto de lo sucedido con la búsqueda, como se ha dicho, de la verdad, de los posibles errores y de
cómo evitarlos. Somos conscientes de que hay un procedimiento judicial en marcha en el que no se ha de interferir, porque nuestra labor es otra.
Por todo ello, apoyaremos la iniciativa para poner en marcha esta Comisión.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señor López-Bas.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Boas tardes, señorías. Gracias, presidenta.
Hace ya más de ocho años, el 24 de julio del año 2013, ochenta personas fallecieron y alrededor de ciento cuarenta resultaron heridas de diversa consideración por el descarrilamiento del tren Alvia 04155 que realizaba la conexión, como
saben, entre Madrid y Galicia. Los hechos tuvieron lugar en la curva de Angrois, a unos tres kilómetros de la estación de tren de Santiago de Compostela; un punto negro de la infraestructura ferroviaria donde los trenes se veían, y se ven todavía,
obligados a reducir considerablemente su velocidad para evitar sucesos como el trágicamente acontecido; un punto negro en el cual, según diferentes versiones, no se daban en aquellas fechas las mínimas condiciones de seguridad adecuadas para evitar
la calamidad que allí aconteció. Han pasado ocho años; ocho años -seguro- muy difíciles para todos los que sobrevivieron; ocho años muy difíciles para las familias de las personas fallecidas, heridas, afectadas; ocho años en los que creo que
todos ellos y todas ellas, el conjunto de la sociedad y nosotros y nosotras como legisladores, nos merecemos, y sobre todo debemos acabar con una investigación que dirima de una vez por todas las conclusiones y, en su caso, las responsabilidades,
también políticas, de aquel suceso tan doloroso.
Hay que recordar que en aquel momento desde el Ministerio de Fomento -gobernaba el Partido Popular- se salió al paso con una teoría: que los únicos responsables de este accidente fueron el maquinista y la excesiva velocidad. Los resultados
de la investigación desarrollada por la CIAF, órgano adscrito también al ministerio, arrojaron similares conclusiones. Sin embargo, como se ha dicho hoy aquí, en verano de 2016 la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea daba a conocer un informe
sobre el accidente que había sido encargado por la Comisión Europea. En este informe se señala que la investigación efectuada por la CIAF carecía de criterios de independencia y generaba una situación de conflicto de intereses de enorme magnitud.
¿Quién realizó el informe de la CIAF? Pues personal de Renfe, de Adif y de Ineco, empresas responsables de la construcción y la gestión de la línea. Pero no solo eso, el informe de la Agencia Ferroviaria Europea alertaba de que la
investigación realizada por la CIAF obviaba elementos clave, como el análisis de la línea, de los sistemas de seguridad o el análisis de sus riesgos.
Como todos ustedes saben, la directiva comunitaria obliga a realizar una evaluación de riesgos y a aplicar medidas de control cuando se produzcan cambios en las condiciones de funcionamiento o un nuevo material suponga nuevos riesgos en una
infraestructura de este tipo. En este caso, no se evaluó ni se controló el riesgo cuando se hizo una modificación del proyecto original, no se instaló el sistema de seguridad RTMS en el punto más peligroso del trazado ni tampoco se evaluó ni
controló el riesgo cuando el jefe de maquinistas advirtió, por escrito, del riesgo en diciembre del año 2011. Tampoco se hizo una evaluación adecuada cuando se desconectó el sistema de seguridad porque generaba retrasos en esta línea. Y aquí de lo
que se está hablando es de incumplimientos de la Directiva europea de Seguridad Ferroviaria, así como de cambios operacionales en los sistemas de seguridad que no solo eran contrarios a la normativa vigente, sino que suponían de forma evidente un
riesgo para la seguridad y para la vida de las personas. La Agencia Ferroviaria Europea concluyó que, teniendo en cuenta la relevancia del accidente, debería abrirse una investigación que siga los requisitos de independencia adecuados. Poco
después, en el año 2017, tras este informe, tras escuchar a la plataforma de víctimas, también el Parlamento Europeo le pidió a la Comisión y al Estado español impulsar y supervisar una investigación realmente independiente.
En la XII Legislatura nuestro grupo parlamentario, y atendiendo a las demandas de la Plataforma de Víctimas del Alvia, impulsó la constitución de una Comisión de investigación parlamentaria para el esclarecimiento de los hechos; Comisión
que, hay que recordarlo, se intentó impedir en todo momento por parte del Gobierno del Partido Popular en esta Cámara, pero finalmente pudo salir adelante. Las comparecencias realizadas y el análisis de las informaciones vertidas en el marco de
esta investigación aportaron elementos que reforzaban las tesis, tanto de la Agencia.
Ferroviaria Europea como de la propia Plataforma de Víctimas. Lamentablemente, como saben, la finalización de la legislatura no permitió acabar estos trabajos con las debidas conclusiones. En este impasse los esfuerzos de muchos y de
muchas han ido precisamente dirigidos a impulsar la investigación técnica independiente reclamada por autoridades europeas y por víctimas.
Por nuestra parte, consideramos que el paso del tiempo no ha hecho más que reforzar la necesidad de llevar adelante esta Comisión de investigación parlamentaria por lo que, evidentemente, vamos a apoyar su puesta en marcha. La constitución
de esta Comisión es fundamental para no cercenar el legítimo anhelo de verdad, de reparación y de justicia por parte de las familias de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.
Un miembro de la Plataforma de Víctimas dijo hace un tiempo: los que aquí quedaron serán recordados siempre, lo que aquí ocurrió no lo olvidaremos nunca. Así que les pedimos, señorías, que trabajemos para dar justicia, verdad y reparación
y, sobre todo, para que en esta Comisión, que si hoy aprobamos se va a poner en marcha, ninguna sombra pueda tapar la verdad.
Muchas gracias y boas tardes. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Romero Vilches. (Aplausos).
La señora ROMERO VILCHES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme, en primer lugar, manifestar nuestra solidaridad con las víctimas de aquel trágico accidente ocurrido en Angrois, en las cercanías de Santiago de Compostela, en julio de 2013. Este accidente, que se llevó por delante
ochenta vidas y que dejó múltiples heridas, tanto físicas como morales, en centenares de personas así como a sus familiares y amigos, sigue sin resolverse más de ocho años después. Desde VOX expresamos nuestras condolencias y nuestra cercanía a
todas esas personas afectadas por este desastre. Es evidente que la sociedad española tiene derecho a saber qué fue lo que pasó entonces y qué fue lo que falló, para dirimir responsabilidades y comprobar si ha habido algún tipo de culpa o
negligencia. Es un deber de justicia que le debemos a las víctimas y una necesidad para toda la sociedad, a fin de poder prevenir en el futuro otros posibles accidentes.
El objeto de esta iniciativa que nos presentan es la posible creación de una Comisión de investigación sobre el hecho referido. Según consta en la exposición de motivos presentada por los grupos proponentes, se da por hecho que se está
incumpliendo una normativa europea que señala la necesidad de celebrar
una investigación independiente. Les recuerdo, señorías, que España es un Estado de derecho y cuando se producen siniestros en los que se sospecha que puede haber algún tipo de responsabilidad humana, existen mecanismos legales para
investigar. Tenemos la vía administrativa y también la vía judicial, y en ambas se presume objetividad e imparcialidad. En vía administrativa contamos con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Esta entidad es dependiente del
Ministerio de Transporte y, si es verdad que esta Comisión por el hecho de estar englobada en el Ministerio de Transportes no es independiente, como afirman en su exposición de motivos, no sabemos cuál es entonces su utilidad y si merece la pena que
siga existiendo.
Por otro lado, está la vía jurisdiccional, que tenemos que reconocer que resulta lamentablemente lenta en nuestro país debido a la escasa relevancia que se le da al Poder Judicial, tanto en el respeto a la separación de poderes como en sus
medios materiales y humanos. Ocho años llevamos ya transcurridos desde aquel trágico día sin que ni siquiera podamos vislumbrar cuál será la sentencia. Pero lo cierto es que en el texto de la PNL que nos presentan reconocen que todavía se está
trabajando, tanto en vía penal como en la contencioso-administrativa, para conocer las razones de lo ocurrido y para dirimir responsabilidades. En cualquier caso, la justicia en España se presume independiente, y la verdad, les tengo que decir,
señorías, que nos resulta bastante tendencioso el que los proponentes de los grupos parlamentarios Plural, Republicano y Bildu den por hecho que las vías ordinarias de investigación no van a funcionar, y soliciten una Comisión de investigación en el
Parlamento. Nos resulta tendencioso porque en VOX no se nos cae de la memoria la inmensa capacidad que tiene la izquierda de nuestro país de utilizar las desgracias de las personas en beneficio partidista; son expertos en utilizar accidentes, tal
vez mal gestionados o torpemente comunicados, para convertirlos en verdaderas cacerías contra el enemigo político, mientras que otros hechos -que también tenemos en mente y que seguro que tienen en mente todos los españoles- que fueron verdaderos
atentados criminales, llenos de puntos oscuros, se saldan de manera sumaria y se considera inadecuado plantearse en profundidad qué fue lo que ocurrió.
Les recuerdo también, señorías, que en Baleares no son ustedes muy partidarios de crear una Comisión de investigación, a pesar de que VOX lo ha propuesto en diferentes ocasiones, para esclarecer los hechos ocurridos con las niñas tuteladas
de Baleares. (Aplausos). Les aseguro también que por más que se desempeñen ustedes VOX no va a olvidar nunca las más de trescientas víctimas de los atentados de ETA que a día de hoy aún siguen sin esclarecerse (aplausos), aunque para eso la
izquierda, la extrema izquierda, junto con todos sus cómplices separatistas, no se planteen siquiera crear una Comisión de investigación. Como ven, denunciamos una vez más esa doble vara de medir que demuestra el sectarismo que se ha instalado en
España con la alianza entre la izquierda y los separatistas; esa alianza que es la verdadera enemiga de España.
Ahora bien, también tenemos que dejar claro que no nos parece adecuado el hecho de que ya se aprobara esta Comisión de investigación en la pasada legislatura, y debido a la convocatoria electoral fuera interrumpida, porque en VOX tenemos
empatía, señorías, tenemos empatía y nos ponemos en el lugar de las personas. En VOX nos ponemos en la situación de las víctimas y comprendemos la frustración que produce el lamentable retraso judicial al que hemos aludido. Por esas razones,
nuestro partido no quiere ser un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos, pero tampoco quiere ser cómplice de las intenciones políticas de partidos sectarios como los que vienen a proponernos esta Comisión de investigación. Porque señorías,
en VOX queremos dar respuesta a las inquietudes de las víctimas y evitar otras catástrofes en el futuro, si esto fuera posible, porque en VOX nos importan las víctimas, pero todas, todas las víctimas.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Delgado Arce. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor DELGADO ARCE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, queremos manifestar nuestro recuerdo a las personas que ya hace ocho años, en la víspera del Día de Galicia, perdieron la vida en el terrible accidente de Angrois, en
Santiago, al igual que a los heridos, a sus familias, amigos y a toda la sociedad que quedó conmocionada como consecuencia de esta tragedia.
Debatimos la solicitud de creación de una Comisión de investigación, según se dice, para establecer las causas del accidente ferroviario del Alvia ocurrido donde acabo de decir, una iniciativa que viene apoyada por el Grupo Parlamentario
Plural, el Grupo Republicano y el Grupo de EH-Bildu. Nuestro grupo quiere hacer en este Pleno las siguientes consideraciones. La primera es referirnos a la anterior Comisión de investigación. La XII Legislatura, que comenzó en julio de 2016, tuvo
entre sus objetos de debate parlamentario uno que aconteció el 28 de setiembre de 2017, cuando el Pleno de esta Cámara acordó la creación de la Comisión de investigación sobre estos mismos hechos. El 18 de abril de 2018 quedó constituida la
Comisión. En ella trabajamos algunas de las personas que hoy se sientan en este hemiciclo y celebramos un total de dieciséis sesiones de comparecencias. Allí estuvieron, a iniciativa de los grupos parlamentarios que tuvieron libertad para proponer
comparecientes, las víctimas, sus asociaciones, la Oficina de Atención a las Víctimas, el conductor del tren, el interventor, expertos ferroviarios de Renfe, de Adif, de las empresas constructoras, estuvieron fabricantes de trenes, responsables
europeos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, de la Comisión técnico-científica y personas que tuvieron responsabilidades políticas en diferentes momentos desde el inicio del proyecto de esta línea hasta su puesta en servicio
y hasta la fecha del siniestro. Esta Comisión estaba trabajando ya en la elaboración el borrador de lo que iba ser el dictamen y las conclusiones, cuando el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, en uso de sus facultades, disolvió las Cortes
Generales y, por lo tanto, no pudimos ni elaborar el dictamen ni, por supuesto, elevarlo al Pleno para su votación.
Segunda consideración. Señorías, este accidente está siendo investigado -como no podía ser menos- desde el primer momento por el Poder Judicial. Circulan las diligencias por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela y,
desde aquella fecha, se inició un proceso de instrucción absolutamente complejo -así se declaró en varias ocasiones la causa- y se practicaron innumerables diligencias de investigación, en las que las partes personadas, con sus letrados y con la
garantía y la contradicción y el trámite procesal exigido, pudieron solicitar un enorme número de pruebas.
Por fin, señorías, el 21 de julio de 2021, es decir hace muy poquito tiempo, el Tribunal Superior de Justicia nos informó de que el Juzgado de Instrucción número 3 había acordado la apertura de juicio oral en este procedimiento. El
instructor dio por formuladas las acusaciones contra dos personas por si los hechos que se les imputasen pudieran ser constitutivos de determinados delitos y, en estos momentos, estamos en los preparativos del juicio oral. A finales de julio, el
responsable de Justicia de la Xunta de Galicia informaba de que se están habilitando espacios amplios y diferentes a los habituales de las sedes judiciales para acoger este juicio, en el que se calcula que habrá del orden de ciento veinte abogados y
procuradores, que tendrá una duración lógicamente amplia, y en el que habrá muchos peritos y testigos. Este juicio, se indica, tendrá lugar previsiblemente en el primer trimestre de 2022.
Pues bien, en este contexto, en esta situación de proximidad se va a dar la celebración de un juicio que va a ser celebrado por representantes del Poder Judicial, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley, a los que se les
presume independencia, que tendrán todas las capacidades -y las tienen- para examinar documentos, para examinar testigos, para ver las contradicciones o las coincidencias que existan en los peritos. Es decir, un procedimiento que fijará en una
sentencia hechos declarados probados que, sin duda, constituirían para los parlamentarios que hoy nos sentamos aquí elementos de base muy importantes para poder trabajar en un dictamen final de conclusiones.
Sus señorías no han querido esperar a que esto suceda y plantean esta Comisión de investigación. En otros parlamentos, como el europeo, esto no sería posible, porque la norma reglamentaria prescribe que no puede existir una Comisión de
investigación cuando hay actuaciones judiciales en curso. En todo caso, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no se va a oponer a que esta Comisión se pueda constituir. Lo que sí deseamos es que no sea un juicio paralelo, un juicio al margen
del que se practica en los tribunales de justicia. Se trata, como plantean en su solicitud, de concluir el plan de trabajo aprobado en la anterior legislatura. En definitiva, aprovechar el trabajo realizado, que fue ingente, concienzudo, complejo,
difícil y extremadamente técnico, para elaborar un dictamen, para elaborar unas conclusiones y, por supuesto, unas recomendaciones, que son cometidos que se asignarían a esta Comisión.
Hay aspectos, señor Rego Candamil, promotor de esta iniciativa, en cuanto a la composición y a los plazos que, como usted bien conoce, son susceptibles claramente de mejora para acomodarlos al arco parlamentario y, también, al propio tiempo
en el que se constituirá la Comisión, porque claramente, con los plazos que se estipulan, no sería viable hacerlo en los términos que se han planteado. En todo caso, señorías, el Grupo Parlamentario Popular trabajará en esa Comisión, si se crea,
con el mayor respeto, la
mayor seriedad y el convencimiento de que los trabajos parlamentarios han de ser serios y no interferir en las actuaciones judiciales.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, presidenta.
Quiero empezar mi intervención con una reflexión general sobre la actitud que solemos tener, que se suele tener, que algunos tienen en esta Cámara. Lo voy a hacer porque creo que tenemos que poner el foco en lo que tenemos que intentar
evitar durante la constitución y el desarrollo de la Comisión de investigación. Vemos cómo el Parlamento, en muchas ocasiones, se ha convertido en algo distinto a lo que estábamos acostumbrados, y algunos se pensarán o se preguntarán, si
estuviéramos en la época en la que no existían las redes sociales, si veríamos aquí cada día tantos gestos no llenos de contenido para llamar la atención. Creo que se exageran las sobreactuaciones, que se pone mucho foco en los gestos para llamar
la atención. Sé que para algunas personas es muy atractivo llamar la atención para poder subir un video que el día de mañana sus seguidores puedan apoyar, jalear y retuitear en las redes, pero no tengo ninguna duda de que en ocasiones en este
Parlamento da la sensación de que hay más influencers que diputados. Lo digo porque creo que en temas como este no nos podemos permitir poner el foco en esos gestos y tenemos que intentar pasar desapercibidos. En un tema tan delicado, tan
sensible, tan emocional, en el que hay muchas familias que han perdido a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, a sus padres, que perdieron a mucha gente que querían y que saben que no van a volver a recuperar, tenemos la obligación de ser
exquisitos, de ser rigurosos, de sacar las conclusiones de por qué ocurrió y de qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir. Tenemos que evitar los gestos que pongan el foco sobre nosotros, tenemos que evitar desviarnos y no sacar las
conclusiones adecuadas y también evitar algunos espectáculos que se dan aquí, al igual que tenemos que evitar que vengan diputados con souvenirs, como hemos visto hoy con el diputado de VOX, o que haya una diputada, también de VOX -que suelen ser
los que más aprovechan esta dinámica-, que venga a hablar de ETA en un tema que nada tiene que ver.
Creo que tenemos la obligación con esta comisión -que nosotros vamos a apoyar- de ser rigurosos, exquisitos y sacar las conclusiones. Cada vez que hay un accidente ferroviario, marítimo o aéreo se abren automáticamente dos procesos, dos
herramientas que existen legalmente. Una es la herramienta judicial, que es la que saca las conclusiones de las responsabilidades sobre lo que ocurrió y toma las resoluciones que crea adecuadas. Hoy se ha citado otra herramienta que existe, y que
creo que tenemos que mejorar, como han dicho Néstor y otros diputados que han intervenido con anterioridad: la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. No sé por qué en los últimos años, cada vez que habido un accidente de este tipo,
sea ferroviario o sea aéreo, se ha sembrado la duda sobre si este tipo de comisiones son independientes o no lo son, o sobre si son autónomas y si sacan las conclusiones más adecuadas. Creo que lo tenemos que revisar y, por eso, una de las cosas
que ha hecho el Gobierno, tras escuchar a los sectores y a las víctimas de distintos accidentes, es proponer -ya está en marcha- la creación de un órgano multimodal que garantice la independencia y autonomía para que cualquier accidente que se
produzca en el ámbito ferroviario, marítimo o aéreo cumpla con todas las características, con todas las garantías y que a las víctimas nunca les quede duda alguna sobre si hay algún elemento que no sea analizado de forma adecuada. Creo que los que
estamos aquí, los que formen parte de esa comisión, tendremos por delante una gran responsabilidad. Tendremos que tener la capacidad de empatía para saber, para sentir, para pensar todo lo que sienten las personas que saben, como he dicho antes,
que sus familiares nunca van a volver, que nunca les van a volver a tener al lado. Tengo claro que respecto de las conclusiones que saquemos, por muy rigurosas que sean, siempre les quedarán dudas, pero tenemos que darles la certeza de que los que
estamos aquí, con el trabajo que hemos hecho en la comisión, les hemos dado todas las garantías, como he dicho antes, de solvencia y de rigurosidad y que hemos sacado las mejores conclusiones.
Como ya he dicho, el Partido Socialista va a apoyar esta comisión, cuya creación impulsó y apoyó en 2018, y que con motivo de unas elecciones que se convocaron antes de tiempo, decayó y no se terminaron los trabajos que se habían empezado.
Como han dicho otros portavoces aquí, creo que lo que tiene que hacer esta comisión es cerrar esas conclusiones, como hizo con la Comisión de Investigación de Spanair.
Fueron dos comisiones que empezaron sus trabajos de forma paralela: una ya ha finalizado sus conclusiones y se ha aprobado el dictamen por esta Cámara, y es lo que tenemos que hacer con la Comisión de Angrois. Solo espero una cosa pensando
en las víctimas: que, de una vez por todas, tengan la oportunidad de pasar página, no de olvidar a sus familiares sino de pasar página, sobre un hecho que no se tenía que haber producido y que esperamos que no se vuelva a producir. Cuando hay un
accidente del tipo que sea, nadie puede poner en duda que hay causas que lo han provocado. No podemos resignarnos a pensar que era inevitable que ese accidente se produjera. Creo que los que estamos aquí debemos tener la capacidad de analizar lo
que pasó, cómo pasó y cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir. Pero también quiero añadir una cosa, y con ello termino: cada vez que hay un accidente del tipo que sea, puede crearse la percepción de que, por ejemplo, no tenemos un sistema
ferroviario seguro, pero nuestro país cuenta con un sistema ferroviario seguro, cada día se hacen miles de viajes en ferrocarril, tenemos una extensa red de ferrocarril de alta velocidad y somos referentes en alta velocidad. Pienso que accidentes
como este pueden crear incertidumbre a la gente que utiliza determinados medios de transporte, y es lógico, pero aun así creo que tenemos un sistema seguro y que la tecnología y su avance permiten que cada día lo sea más. Nosotros tenemos que dar
la certidumbre, la seguridad y la garantía de que en la constitución de la comisión y en el desarrollo de sus trabajos hemos analizado todo convenientemente para que un drama de ese tipo no vuelva a ocurrir.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 14/2021, DE 6 DE JULIO). (Número de expediente 121/000063).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, procedente del
Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio.
Les informo de que el Grupo Parlamentario Republicano ha solicitado la advocación de este proyecto de ley. Dicha solicitud se someterá a votación a continuación de la votación correspondiente a la enmienda a la totalidad.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad presentada, corresponde la palabra a la señora Vehí Cantenys.
La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta, y gracias a los pocos y pocas diputadas que quedan un jueves a esta hora.
Como tengo tiempo y seguro que no lo agoto todo, voy a empezar con dos previas, con el permiso de la Presidencia. La primera es que hoy hace dos años de la detención de los integrantes de los CDR, del 23-S -que se llama el caso-, y desde
aquí les queremos mandar un abrazo fraternal y les queremos dar las gracias. Gràcies i visca la terra! Estem amb vosaltres! (Aplausos).
La segunda cosa es, tal y como ha expresado el diputado del Partido Socialista hace nada, la preocupación por el espectáculo racista e islamófobo que ha habido en esta tribuna hace no mucho. Nosotros solemos levantar la mano, parar el Pleno
y pedir a la Mesa del Congreso que censure las palabras y las referencias racistas. No lo hemos hecho porque normalmente no coincidimos con el criterio de la Mesa, pero queríamos hacer referencia al gesto que ha hecho hoy el diputado de VOX, porque
este gesto no está tan lejano de la acusación de bruja que le hicieron a otra diputada del PSOE no hace mucho o de todos los insultos que, normalmente con perspectiva de género, como hoy ha hecho también el diputado de VOX, se profieren desde esta
tribuna. El racismo y el machismo forman parte de la misma dinámica del poder que nos quiere muertas, que nos quiere fuera y que solo quiere gente homogénea, gris y ¡oh, sorpresa! blancos, de clase alta, heterosexuales y, obviamente, señores.
(Aplausos).
Voy con el tema que nos ocupa, que son las interinas, los trabajadores temporales del sector público. El COVID-19 nos ha dado una lección muy clara: los servicios públicos son imprescindibles para la supervivencia. Además, cada día a las
ocho la ciudadanía salía a aplaudir a las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad pública. De hecho, en esta Cámara hemos aplaudido muchísimas veces a
las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad pública, incluso hemos hablado de otro tipo de trabajadores esenciales. Pues bien, permítanme tunear el refrán popular y decir que muchos aplausos, pero pocas nueces; muchos aplausos, pero
pocos derechos a los trabajadores y las trabajadoras públicas, porque la enmienda a la totalidad de hoy va en contra de lo que se llama el 'icetazo', el decreto sobre las trabajadoras públicas temporales que el Gobierno más progresista de la
historia pretende solucionar despidiendo a miles de personas. El interinaje, la temporalidad, es uno de los elementos principales de precariedad de los trabajadores y las trabajadoras públicas. Déjenme decirles que más del 80 % de las trabajadoras
temporales e interinas son mujeres, ¡oh sorpresa otra vez!, cuando los diputados y las diputadas de la derecha y la extrema derecha niegan el género, niegan la violencia machista y niegan la división sexual del trabajo, y dicen que hablamos de la
ideología de género. Pues miren, más del 80 % de las trabajadoras y los trabajadores interinos son mujeres. En Cataluña, según el Idescat, en el año 2019 había 68 499 figuras interinas, 80 733 laborales indefinidos y 28 361 figuras laborales; en
2018, de las 54 364 personas interinas, 40 552 eran mujeres y 13 812 eran hombres. Según datos de 2020 aparecidos en la prensa, el resto de los països catalans siguen la misma tendencia; el País Valencià, 84 700 interinas, y las Illes, 24 500.
La normativa sobre trabajo público, a pesar de esta realidad, apuesta por la reducción de las figuras temporales, pero como la práctica no es esta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en varias ocasiones condenando
la práctica abusiva y en fraude de ley del Gobierno español. Queríamos referirnos a dos, a la Directiva 1999/70/CE y a la sentencia de 19 de marzo de 2020, porque condenan claramente las prácticas abusivas de la Administración española y, además,
especifican qué es el trabajo temporal y, por lo tanto, trabajo en fraude de ley. Ante esta situación, ¿cuál es la solución del Gobierno español? El 'icetazo', que se llama, y es peor el remedio que la enfermedad. A falta de derechos, el Gobierno
más progresista de la historia pone los despidos encima de la mesa; el 'icetazo' apuesta, en vez de por reconocer derechos o por indemnizar, por despedir. ¿Cuál es el problema? Que se van a la calle miles y miles de personas, gente que igual
lleva diez o veinte años trabajando para la Administración pública.
Hoy, la CUP, la izquierda independentista, en contra de lo que suelen decir muchos diputados y diputadas -que somos egoístas, que el independentismo solo mira para su gente, que solo hacemos política para nuestro país-, trae una enmienda a
la totalidad, con el mismo texto que se está tramitando en el Parlamento catalán, para solucionar la situación de los trabajadores y las trabajadoras interinas y temporales de forma que se les equiparen derechos. ¿Qué dice ese texto de la enmienda
a la totalidad? Que todas aquellas personas que lleven más de tres años en temporalidad y que estén desarrollando un trabajo considerado estructural, pasen a ser fijos y fijas: la campaña que las plataformas de trabajadores y trabajadores han
llamado 'Fijeza Ya'. Despedir a miles de personas no puede ser la solución a una demanda que hace la Administración europea, con todo el criterio; no se puede tener a la gente en condiciones de precariedad de este tipo. Así que, por solidaridad
internacionalista, porque trabajamos por las clases populares y porque estamos al lado de los servicios públicos y de sus trabajadoras hoy, aquí, presentamos esta enmienda a la totalidad.
Quiero ir acabando con tres cuestiones. La primera, es que Esquerra, Els Comuns, Ciutadans y Junts per Catalunya han apoyado en Cataluña la tramitación de la proposición de ley que presentó la CUP, que es el mismo texto que presentamos hoy.
La primera pregunta es: ¿Qué van a votar estos partidos hoy aquí con esta enmienda a la totalidad? Y la segunda pregunta es: ¿Qué va a pasar cuando haya un choque de legitimidades entre el Gobierno español, el 'icetazo', y la proposición de ley
que se tramitará en el Parlamento catalán a favor de los trabajadores y trabajadoras?
La segunda cuestión es una aclaración. Alguna gente, algunos medios de comunicación han difundido el bulo de que la CUP, presentando esta enmienda a la totalidad, iba en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras
interinas porque hacía más lento el proceso. Pues miren, no es cierto. La única institución que tiene la potestad de hacer más lenta o más rápida la tramitación de este real decreto como ley es la Mesa del Congreso de los Diputados, que ha vuelto
a alargar el periodo para las enmiendas a la totalidad; la CUP lo que está haciendo es poner un texto alternativo que defienda los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Y la tercera cuestión: ¿qué hacen los sindicatos de concertación? ¿Dónde están? ¿A quién defienden? ¿A la patronal y al Gobierno? Efectivamente, los sindicatos de concertación están defendiendo a la patronal y al Gobierno, porque no los
hemos visto al lado de las plataformas de trabajadoras y trabajadores interinos. Y esto es un problema, porque si los sindicatos trabajan para los intereses del Gobierno y de la patronal es que dejan de ser sindicatos, con razón de ser sindical;
es que empiezan a ser otra cosa.
Acabo, ahora sí, con una demanda de las plataformas y de las trabajadoras y trabajadores organizados. Es imprescindible la paralización de los procesos de oposición de las plazas en abuso. Es imprescindible parar los procesos de oposición
de las plazas en abuso. La única solución es la fijeza inmediata. Salgan a la calle el día 25 de este mes en Madrid, el día 2 de octubre en Barcelona. ¡Fijeza Ya!
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo Saavedra-Conesa.
El señor ESPEJO SAAVEDRA-CONESA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, dije el otro día, y lo mantengo, que el Gobierno, con el real decreto-ley que se va a tramitar, afortunadamente, como proyecto de ley, quiso dar por zanjado por la vía rápida y con chapuzas un asunto gravísimo del personal
interino. La moción que presentó la señora Oramas en el pasado Pleno no era extemporánea políticamente, ni mucho menos, porque este asunto, como vemos, sigue encima de la mesa y sigue siendo un asunto clave. Tanto es así, que llevamos
prácticamente los tres últimos plenos del Congreso tratando esta cuestión, ya sea porque el Gobierno trajo ese real decreto-ley, por las interpelaciones y mociones presentadas y, ahora, por este proyecto de ley y por la enmienda a la totalidad que
ha presentado la CUP.
Si decía que el real decreto-ley fue y es una chapuza, no puedo decir nada distinto de la enmienda presentada por la CUP que se vota hoy. Esta enmienda simplemente dice que el trabajador que esté más de tres años en situación de interinidad
pasa automáticamente a ser fijo. Bien. Encima lo llaman sanción, pero ¿sanción para quiénes, señores de la CUP? Como es lógico, para el trabajador no es una sanción y, evidentemente, no puede serlo, porque es él el que está en situación de abuso
y son las situaciones de abuso que tenemos sobre la mesa las que tenemos que resolver. En eso estamos de acuerdo. Pero ¿sanción para el responsable de su situación? Tampoco ponen ustedes una sanción al responsable de su situación. Es decir,
ustedes proponen una sanción para la Administración porque, dentro de su concepción, la Administración es simplemente un ente, una especie de patrimonio mágico que está ahí. Ustedes piensan que el dinero público no es de nadie y, para nosotros, el
dinero público es de todos los ciudadanos.
Lo que ustedes proponen es que la sanción sea para todos los ciudadanos, que verán cómo su dinero se dedica a pagar un salario en concepto de sanción por un abuso provocado por uno o unos responsables concretos de una Administración que no
van a sufrir ni van a tener ninguna sanción. Además, proponen un sistema que, permítanme que les diga, fomenta aún más el abuso de la interinidad por parte de quienes lo quieren utilizar para cometer otro fraude adicional que sucede a veces, y que
es incorporar a determinadas personas a la Función pública sin oposición. Todos sabemos que en determinadas administraciones los nombramientos interinos no tienen que ver con las necesidades del servicio, sino con las necesidades del que nombra
-esto pasa también-, incorporando como interinos a personas en casos en los que el nombramiento de interinos no responde a necesidades del servicio público. La solución para el abuso de la interinidad debe hacerse de una vez por todas solucionando
el problema actual y evitando que se produzca en el futuro. Su propuesta no lo evita en absoluto; es más, puede que hasta lo fomente. Ustedes lo que proponen es que el abuso pueda seguir produciéndose y, además, favorecen que se pueda cometer
otro fraude mayor. Nosotros tenemos muy claro que hay que solucionar el problema que tienen ahora los trabajadores públicos en situación de abuso, pero también que hay que evitar que el abuso continúe. Y por eso usted preguntaba: ¿Qué van a
hacer? Pues vamos a votar que no, vamos a votar que no a su propuesta. ¿Por qué? Porque vamos a presentar enmiendas en el proyecto de ley para intentar que esta situación no se vuelva a producir. Reitero las que ya tuve oportunidad de explicar y
que contaron, al menos, con el apoyo, podríamos decir gestual, de algunos de los diputados que también están en esta Cámara.
Se tiene que establecer un sistema en el que todos los empleados públicos que están en situación de abuso a día de hoy vean garantizados sus puestos de trabajo, sin discriminaciones por razón del tiempo que están en abuso, y no deben verse
en la calle por un funcionamiento anormal de la Administración -que es responsabilidad de esta, de la Administración y de sus responsables-, y eso afecta a los que lleven más de tres años. Es cierto que la situación de transitoriedad entre la
aprobación del real decreto-ley y la tramitación y posterior aprobación puede provocar que muchos trabajadores en abuso pierdan su trabajo. Por eso, mi grupo exige al Gobierno que paralice los efectos de este decreto, en cuanto a lo que se refiere
a las ofertas públicas afectadas, hasta que este Congreso apruebe esta ley en su forma definitiva, que parece que va a cambiar. Para las personas que están en situación de
abuso, propusimos y propondremos en la tramitación soluciones basadas en el artículo 61.6 del EBEP, como el concurso restringido, como la regulación de su situación jurídica con personal equiparable al que estén.
También hay que hacer un sistema por el que esto no se vuelva a producir y que no volvamos a tener gente más de tres años en una situación de abuso. ¿Y eso cómo se hace? Regulándolo. Esta enmienda de la CUP no lo hace, simplemente dice
que quien pase de tres años se convierta en fijo. Esto no arregla el problema, esto genera una sanción, como lo llaman ellos, pero no a alguien, sino a los ciudadanos que van a tener que pagar las indemnizaciones de esos funcionarios. Por lo
tanto, no estamos de acuerdo. Tienen derecho o deberán tener derecho, de acuerdo con nuestra enmienda, si es aprobada, a una indemnización los que pasen de tres años. Será obligatorio que nadie pueda estar más de tres años, pero si por la
complicidad de la Administración alguno lo está, tendrá derecho a una indemnización de treinta y tres días como el resto de trabajadores laborales, y a los cuatro años cesará, sí o sí. Y se le tendrá que pagar además de esa indemnización, otra de
cese, pero de esas indemnizaciones responderá una o unas personas, que son los responsables de la Administración y que tienen la obligación de hacer que esas plazas no se perpetúen en el tiempo. No la Administración, porque la Administración es
usted y usted no tiene responsabilidad, y soy yo y no tengo responsabilidad, y son todos los ciudadanos. Por lo tanto, vamos a proponer que tienen que hacerse cargo los responsables de ese abuso.
También, como dije en su momento, propondremos, tratándose de una ley de la Función pública -y aquí veremos lo que vota cada uno-, la supresión de los privilegios de los políticos cuando retornen de sus puestos en la política a la
Administración pública. A ver si aquí lo que se dice es de boquilla, pero luego, a la hora de la verdad, defendemos nuestros propios privilegios.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
El BNG lo tiene claro, hay que dar una solución real y urgente al problema del abuso de temporalidad en la Administración pública. Sabemos que no es fácil, pero es absolutamente necesario. Por eso, votamos en su día en contra de convalidar
el Real Decreto-ley 14/2021, porque entendíamos, como los colectivos afectados, que no suponía una solución real y avanzábamos algunas cuestiones que nos siguen pareciendo fundamentales. La primera, la necesidad de eliminar las tasas de reposición
de efectivos, que son una de las causas detrás del abuso de fórmulas de contratación temporal y que continúa impidiendo que muchas plazas que realmente son estructurales sean tratadas como tales. Segundo, deben ser respetadas las competencias de
negociación para la resolución del conflicto de abuso de temporalidad en el ámbito de las comunidades autónomas que cuentan con sus propias leyes de Función pública; en el caso de Galicia, la Ley 2/2015, do Emprego Público. Es en las comunidades
autónomas, precisamente, donde está la principal bolsa de temporalidad por las competencias, entre otras cosas, en educación y salud. Tercero, se debe atender a la situación específica de los distintos sectores de la Administración pública -la
Administración central, autonómica, local, de justicia, de enseñanza, de sanidad- para poder negociar y aplicar procedimientos de consolidación más oportunos, ya que, de hecho, partimos de realidades muy diferentes. Tanto es así que el propio real
decreto-ley daba el plazo de un año para datar sus contenidos al ámbito educativo y sanitario. Sin embargo, el margen de maniobra que dejaba es casi nulo y eso es un error.
Además, entre otras cosas, es preciso que haya una definición clara de lo que se considera fraude y abuso de temporalidad. Es necesario establecer un régimen sancionador mínimo contundente como medida disuasoria; poner en el centro del
debate la eliminación de la tasa de reposición; que las administraciones tengan capacidad para poder pactar acuerdos de estabilidad sin que ello implique que se vean perjudicadas las expectativas de quienes, desde fuera, quieren acceder al empleo
público; eliminar el despido forzado de todas las personas que trabajasen tres años, y que las indemnizaciones tengan carácter general.
En definitiva, sin estar totalmente de acuerdo con el texto de la enmienda a la totalidad, creemos que es más adecuado que el del real decreto-ley como texto base a partir del cual se puedan incorporar propuestas como la que haremos para
buscar una solución definitiva, por lo que votaremos a favor.
Obrigado.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Comunicamos a los grupos parlamentarios que el plazo de votación se amplía hasta las quince cuarenta y cinco de hoy.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.
Brevemente, unos antecedentes. El tema de los interinos ha estado mal resuelto en el conjunto del Estado a lo largo de los últimos años y aquí todo el mundo, con mayor o menor grado, deberíamos entonar nuestra responsabilidad. No obstante,
cuando diferentes sentencias, ya también desde el ámbito europeo, marcan la necesidad de que se regule, el Gobierno decide regularlo mediante un real decreto-ley. De entrada, ya no nos parecía muy acertada la forma de regularlo. Lo hace con un
real decreto-ley que viene a esta Cámara sin haber pactado absolutamente con nadie y que acaba aprobando en el último momento, rozando el larguero, con acuerdos con algún grupo parlamentario, más basados en la buena voluntad que en la realidad. Y
aquí estamos. Ahora se presenta un texto alternativo y ¿qué se nos está pidiendo? A la hora de legislar, vamos a hacerlo con un texto base, que es el real decreto-ley, o lo vamos hacer con un texto base que es la enmienda a la totalidad.
Sin estar absolutamente de acuerdo con la enmienda a la totalidad que presenta en el texto específico y entendiendo que caben muchas mejoras, mejoras que se podrían hacer en el momento de las enmiendas parciales, nosotros vamos a votar
favorablemente la propuesta. Y lo vamos hacer por dos motivos: primero, para que el Gobierno se dé cuenta y sea otro toque de atención de que las cosas no se pueden hacer por el artículo 33; muchas veces el artículo 33 te da la solución, pero en
muchas ocasiones te crea muchos problemas, y, segundo, por lo que ya he dicho, si tenemos un texto y tenemos otro texto, a la hora de enmendar casi preferimos empezar por el texto alternativo que presenta hoy la CUP, que además tuvo un apoyo
mayoritario en Cataluña, que hacerlo a través del proyecto del Gobierno. Ahora, tanto si es el proyecto del Gobierno como si es el alternativo que presenta la CUP, ya les advertimos que nosotros vamos a presentar a uno o a otro enmiendas parciales
para corregir, subsanar y encontrar una solución ya definitiva y razonable para todos estos miles y miles de interinos que están sufriendo la incapacidad y, si me permiten, la incompetencia de las diferentes administraciones a lo largo de muchos
años.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Muchas gracias, presidenta.
Solo para responder a las preguntas que legítimamente nos ha hecho la compañera diputada de la CUP, quiero decirle que vamos a votar afirmativamente, igual que hicimos en el Parlamento de Cataluña, a quien ella sabe que doy una auténtica y
total legitimidad. Mi vocación política responde al Parlamento de Cataluña y, por tanto, en consonancia con lo que votamos allí, votaremos exactamente lo mismo al mismo texto aquí, es decir, en positivo.
En segundo lugar, comparto como fundamental la paralización del elemento de la OPE para poder negociar con una cierta paz, y también comparto que debe hacerse todo muy rápidamente. Por eso espero que el día 31 de octubre, como fue nuestro
compromiso, tengamos un texto que enviar al Senado; si ya estuviera enviado al Senado, mejor. Por tanto, de algún modo emplazo a todos los diputados de esta Cámara a que, si la Comisión debe reunirse de lunes a viernes cada semana, lo hagamos; es
más, emplazo y solicito que todos estemos acuerdo.
En último lugar -perdón, último todavía no-, en Cataluña me han solicitado que me refiera hoy al colectivo de las TEI, que hicieron sus pruebas el 18 de septiembre. Les mando un gran abrazo y creo que sí, que su situación no es justa.
Y para finalizar, quiero decir que hemos solicitado la avocación al Pleno porque creemos que es una discusión de tal calado y de tal importancia que queremos que se debata en este Pleno, no solo en Comisión, y que cada uno de nuestros grupos
pueda explicar su posición al resto del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias, señora Vallugera.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Honrubia Hurtado.
El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a votar en contra de esta enmienda a la totalidad, y lo vamos a hacer por diferentes razones. La primera porque, a diferencia de lo que han planteado previamente otros grupos, nosotros entendemos que el texto que presenta
el Gobierno, como documento base, es un texto que está más avanzado en propuestas en todos los ámbitos de soluciones que se deberían abordar. La segunda, que está directamente relacionada con la anterior, tiene que ver con el hecho de que el texto
que presenta la CUP ofrece únicamente soluciones parciales; lo ha comentado el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Efectivamente, es un texto que establece una especie de mecanismo de sanción para que, cuando un trabajador temporal en
situación de abuso cumpla más de tres años, automáticamente se le pueda reconocer la situación de fijeza; sin embargo, no establece ningún tipo de mecanismo para impedir que se llegue a esa situación en la cual ese trabajador puede estar más tiempo
del que debiera por las razones que justifican su nombramiento y, por tanto, que se le tenga que convertir en trabajador fijo.
Por otro lado, también reconocemos que el texto nos genera una serie de dudas jurídicas que nos parecen bastante evidentes. Dudas jurídicas desde el punto de vista de su adecuación al artículo 23.2 de la Constitución, y es que, como
sabemos, es verdad que el Tribunal Constitucional admite que para determinados procedimientos se podrían utilizar, digamos, sistemas que no atendieran exactamente a la idea de la igualdad, el mérito, la capacidad, etcétera, pero todo esto se tiene
que vincular a una situación de excepcionalidad. Y no solo eso, sino que se tendría que hacer con carácter único e irrepetible, y en esta propuesta que nos plantea la CUP eso no se da. Básicamente lo que pretende es hacer una modificación para que
de aquí en adelante toda persona que tenga más de tres años en situación de abuso de la temporalidad automáticamente pase a ser fijo, y eso no se atiene a esa definición de la excepcionalidad que la jurisprudencia del Constitucional nos ha dicho que
debe ser así para tener validez. Pero incluso aunque se aprobara tal y como viene planteado por la CUP y el Constitucional le diera validez, por una cuestión de principios también nos parece que esto podría ser en cierta medida problemático -lo ha
dicho también el portavoz de Ciudadanos-, y es que el hecho de que hubiera una conversión automática, cuando se cumplen los tres años, a personal fijo implicaría que como mínimo se tendrían que reforzar muy mucho todos los procedimientos de
contratación del personal temporal, porque evidentemente lo que no se puede permitir tampoco es que se dé una situación en la que haya una cierta flexibilidad a la hora de hacer este tipo de contrataciones y que después las administraciones, por las
razones que sean, permitan que estas personas lleguen al plazo máximo y automáticamente se les hagan fijos. Los que venimos de territorios o de naciones donde el tema del caciquismo, de las redes clientelares, etcétera, han supuesto un grave
problema al funcionamiento cotidiano de la política, sabemos de lo que hablamos y entendemos que hay determinadas cosas que, como mínimo, podrían ser peligrosas.
No obstante, nosotros creemos que en el marco de la convalidación del real decreto y los acuerdos a los que se comprometió el Ministerio, ya tenemos una vía que puede ser bastante efectiva para dar una solución a los problemas que se están
planteando acorde a las reivindicaciones que hacen los colectivos de interinas e interinos afectados, y es la vía del 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público. Es decir, cuando el Ministerio nos dice, aunque fuera en el supuesto de un personal
que lleve diez años, que haya estado de forma ininterrumpida y que su plaza no haya sido nunca convocada, cuando se nos dice que es posible utilizar esa vía, lo que se nos está diciendo es que es posible utilizar los procesos restringidos para darle
solución a este problema. Por tanto, nosotros entendemos que, si es posible hacerlo con diez años, es posible hacerlo con otros mecanismos que estén también bien fundamentados. ¿Por qué? Porque aquí, como ya comentamos la semana pasada, habría
dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, el límite temporal. ¿Por qué diez años? Diez años parece un criterio absolutamente arbitrario. Hay otros criterios, como los tres años, porque es donde se ha reconocido el abuso por la propia
sentencia reciente de la Sala de lo Social del Supremo, o los cinco años, porque es donde habitualmente la doctrina viene diciendo que está la condición de interino de larga duración, que podrían ser igualmente válidos y probablemente tendrían mucho
más fundamento jurídico. Y, por otro lado, está la cuestión de justificar la excepcionalidad. Este artículo del EBEP nos dice que para poder llevarla a cabo se tiene que justificar la situación de excepcionalidad. Nosotros entendemos, como
dijimos también la semana pasada y he dicho antes también, que para que esto ocurriera se tiene que vincular a una situación única e irrepetible, como
podría ser el hecho de que se reconozca que se está llevando a cabo la transposición parcial de una directiva al sector público. Entendemos que esas vías podrían ser mucho más eficientes para dar solución a este problema, tendrían mayor
base jurídica e igualmente satisfarían las demandas de los colectivos de interinos e interinas, que están demandando algo tan justo como no perder sus puestos de trabajo. Estos son los planteamientos que llevaremos a la ponencia. Entendemos que se
debe aplicar la vía del 61.6 bajando el límite a los tres años, entendemos que se debe argumentar y justificar la excepcionalidad por la vía de la transposición de la directiva y entendemos, además, que hay motivos sobrados para justificar esta
excepcionalidad, no solo porque se trasponga la directiva, sino por las consecuencias que ha generado de situaciones de abuso el no haberlo hecho durante estos más de veinte años. Pero también por otras cuestiones como, por ejemplo, el hecho de que
haya habido un periodo de tiempo prolongado -se dice en la exposición de motivos del texto- en el que las razones presupuestarias impedían contratar personal. Incluso hubo una discusión que se resolvió en el Supremo de si las plazas ocupadas por
interinos debían o no salir a oferta de empleo público por encima de la tasa de reposición. El Supremo en su momento dijo que no debían, por lo tanto condicionó totalmente las políticas de contratación. Además, otras cuestiones como puede ser, por
ejemplo, la cuestión de género porque, efectivamente, más del 70 % son mujeres. En este caso hay sentencias tan importantes como la de la modificación del cómputo de las pensiones del propio Tribunal Constitucional, que en su momento dijo que el
hecho de que una cuestión afectara a las mujeres en un 70 % era motivo suficiente para justificar el cambio que se hacía. Por tanto, hay cuestiones suficientes para justificar la excepcionalidad y entendemos que esa es la vía que se debe seguir,
porque será mucho más justo para las personas que están demandando no perder su puesto de trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ruiz Navarro. (Aplausos).
El señor RUIZ NAVARRO: Buenas tardes, señorías.
Este pin que llevo en la solapa se llama 'pies preciosos' y representa fielmente cómo son los pies de un bebé de diez semanas de gestación y, por tanto, un ser humano como nosotros. (Aplausos). Todo nuestro apoyo a quienes dedican su vida
a parar ese genocidio silenciado que representa el aborto. Sois héroes, no delincuentes. (Continúan los aplausos).
Señorías de la CUP, la verdad es que todavía no me puedo creer que esto, es decir lo que ustedes traen aquí, este panfletillo de dos hojas, sea lo que ustedes llaman texto alternativo a un proyecto de ley. No es serio que ustedes presenten
esto en el Parlamento y no salgo de mi asombro. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Hablar con ustedes del contenido de esto tampoco es serio, pero vamos a destacar tres aspectos que a nosotros nos llaman la atención. Primero, la extraña redacción del texto en sí. Es por partes confuso, ininteligible y además recoge
juicios de valor como dogmas de fe. Es sencillamente increíble en un texto que pretende ser normativo. Resulta llamativo también que hablen ustedes del mantra de la brecha de género en las administraciones públicas, precisamente ahí, donde según
datos del propio Gobierno en marzo de este año más del 57 % de los funcionarios son mujeres, llegando a alcanzar por sectores incluso el 75 % del total. Y esto, como han dicho ustedes en su exposición, también se repite en el personal interino.
Por tanto, con estos datos, supongo que ustedes se referirán a la brecha de género masculina en la Administración, ¿verdad? (Aplausos). De lo que no cabe duda, señorías, es de que el texto alternativo que nos presentan no da la talla desde ningún
punto de vista. No es de recibo presentar algo tan deficiente y con una ausencia total de técnica legislativa básica. Pero, ¿ustedes creen de verdad que esto puede ser publicado en el BOE con valor normativo? Es increíble. Si malo es el texto
que ustedes pretenden reemplazar, esto que nos han traído no sirve ni como trabajo escolar de primaria. Esto es una absoluta vergüenza en este Parlamento. (Aplausos).
El segundo punto que quiero comentar con ustedes es que, además, en su página 4 se atreven a ponerse medallas. Por lo visto, en España no existía democracia hasta que apareció la CUP y los trabajadores estaban encadenados con bolas a sus
puestos de trabajo. Léase su propio texto y verá como lo pone ahí. Claro que siendo ustedes comunistas, que se crean adalides de las libertades no es ninguna novedad; llevan ustedes desde 1917 vendiendo el paraíso y solo extienden el infierno.
(Aplausos).
En tercer lugar, la guinda del pastel, es que ustedes pretender hacer fijo aquí, por lo visto, a todo el que trabaje en cualquier entidad participada directa o indirectamente en más del 50 % por una Administración. Esto realmente es muy
chocante porque a mí se me viene a la cabeza que, a lo mejor, ustedes quieren hacer personal equivalente al funcionario de carrera a los que tienen ustedes colocados en Òmnium Cultural, en la Plataforma per la Llengua o en cualquier otro chiringuito
'kultural' -con k- vinculado al golpismo catalán. (Aplausos). Quizá van ustedes por ahí, porque la participación indirecta es algo muy etéreo, incluso yo diría que muy fluido, algo así como los géneros, ¿no les parece? ¿Y creen que, por ejemplo,
podrían también hacer personal fijo, equivalente a funcionario según este texto que nos presentan, a la mujer de Juan Espadas, alcalde del PSOE de Sevilla, líder regional de este partido, que no sabe ni explicar qué funciones realiza en la Faffe?
Porque con el texto que nos presentan, igual la hacemos hasta funcionaria de carrera, ¿verdad?
Realmente ustedes, con lo que están trayendo aquí, no están respetando la labor que se hace en este Parlamento. Es realmente una pena. Si de verdad quieren ustedes ayudar a los funcionarios interinos contratados en abuso de temporalidad,
en lugar de traer estas cosas aquí, podrían empezar por hacer dos cosas que serían muy importantes. La primera, reclamar urgentemente tanto en el Parlamento regional catalán como aquí que se realice una auditoría rigurosa de qué plazas y qué
personas vinculadas a las administraciones públicas se encuentran sufriendo abuso real de temporalidad, porque urge, señorías, contar con esta auditoría. No se puede perder ni un minuto más en tener esta autoría para empezar a trabajar. Hay que
individualizar con nombres y apellidos a las víctimas, porque no todo el personal interino sufre abuso de temporalidad, pero los que sí que lo sufren no deben permanecer ni un minuto más invisibilizados. Y, en segundo lugar, lo que podrían hacer
también es denunciar la más que probable inconstitucionalidad del real decreto-ley del que trae base este proyecto de ley, como hace VOX. Es evidente que la mejor manera de enmendar a la totalidad una norma que es contraria a nuestro ordenamiento
es tumbarla. Sí, sí, tumbarla. Y resulta que en VOX ya le estamos cogiendo el gusto a hacerlo. Por cierto, es sorprendente que un Gobierno al que le han declarado inconstitucional un estado de alarma y que va camino de que le pueda ocurrir lo
mismo con el segundo, no haya presentado aún su dimisión. La vulneración ilegal y masiva de nuestros derechos fundamentales no merece un precio menor. Así pues, señorías de la CUP, traigan ustedes un trabajo serio a la Cámara, si es que pueden, y
podremos debatir también en serio sobre lo que traen a este hemiciclo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ruiz. (Pausa.- Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Constenla Carbón.
El señor CONSTENLA CARBÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes.
Quería comenzar mi intervención recordándole a la señora Vehí -que acaba de salir por la puerta- y al señor Botran que nos encontramos en el Congreso de los Diputados de España, del que ustedes forman parte. Quiero dejar esto patente en
este extremo porque en la exposición de motivos del texto alternativo al proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que nos presentan se basan única y exclusivamente en los servicios catalanes y lo
cierto es que estamos ante una situación que afecta a muchísimos españoles, no solo a los catalanes. El Partido Popular, un partido serio y preocupado por la estabilización del empleo público, ha conseguido reducir ya por debajo del 8 % la
temporalidad del empleo público de la Administración General del Estado. Lo ha conseguido gracias a la puesta en marcha durante los años 2017 y 2018 -cuando, por cierto, gobernaba el Partido Popular- de dos de los grandes acuerdos de estabilización
y consolidación del empleo público temporal, tal como se recoge en los Presupuestos Generales del Estado. También hay otro acuerdo, el mismo acuerdo, que se recoge en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, aprobados por el Partido
Socialista.
Según datos ofrecidos por el Secretario de Estado de Función Pública en esta Cámara, en la actualidad existe una temporalidad en el empleo público que alcanza el 37 % en las comunidades autónomas y un 12,45 % en las entidades locales. El
Grupo Parlamentario Popular, en la actualidad, sigue trabajando por un empleo público de calidad, escuchando a los colectivos afectados para dimensionar la problemática y presentar las enmiendas al proyecto de ley, procedente del Real Decreto-ley
14/2021, que actualmente se tramita en esta Cámara. Y los diputados de la CUP -que ya no están por aquí- traen a esta Cámara
un texto alternativo al proyecto de ley que está en trámite, un texto de muy difícil comprensión, tanto en el fondo como en la forma. En la forma puede ser que sea porque lo tradujeron de un texto en catalán y los tractores online a veces
fallan, y lo que es preocupante es que no hagan una lectura en profundidad para garantizar que la traducción recoge el contenido del texto original. Esta dejadez es una clara falta de decoro y respecto tanto a la Cámara legislativa como a todos los
diputados que formamos parte de ella. La propuesta que nos presentan es una propuesta con total falta de rigor jurídico, que podemos calificar de populista y, sobre todo, de simplista. Simplista, como recogen ellos mismos en la exposición de
motivos, o quizá sea otro error del traductor. Y nos traen un texto que denota un total desconocimiento de la Administración pública. Mezclan diferentes situaciones administrativas de los empleados públicos así como sus respectivas normativas de
aplicación; desconocen la estructura de la Función pública. Con esa falta de conocimiento, ¿cómo van a pretender ustedes dar solución a este problema? Señores de la CUP, para legislar hay que ser como los buenos médicos: hay que conocer los
síntomas para poder diagnosticar, elegir el mejor tratamiento y que no produzca efectos secundarios.
En su afán imperialista nos encontramos en esta enmienda términos intervencionistas en relación con la aspiración expansionista del independentismo catalán, realizando propuestas concretas para unos inexistentes trabajadores públicos de los
Països Catalans, el País Valencià y Les Illes. Recalco lo de inexistentes porque solamente forman parte de sus delirios, ya que en España solo existen comunidades autónomas, entre las que están la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Comunidad
Valenciana y las Islas Baleares. (Aplausos). Porque se empeñan en traer aquí un producto de su imaginario y, además, se erigen en representantes de unas comunidades autónomas en las cuales ustedes no tienen representación, ya que ustedes son
diputados por la circunscripción de Barcelona, capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Señores, les vuelvo a recordar que forman parte de las Cortes Generales del Estado y somos representantes de todos los españoles. Lo que está claro es que
el papel lo aguanta todo, pero lo que no se puede ni se debe consentir es la falta de respeto y la utilización de los empleados públicos como objeto de proclamas secesionistas y separatistas. Pero, además, también faltan al respeto a esta Cámara
legislativa por la falta de rigor en el contenido de esta enmienda a la totalidad. Y si tanto les preocupa la situación de los trabajadores públicos, podrían empezar por defender y velar por el bienestar y el interés de los empleados públicos
catalanes de la Administración General del Estado en Cataluña, que están sufriendo el hostigamiento producido por el entorno separatista, provocando así la huida de los trabajadores públicos hacia otros lugares de España.
Está claro que en un tema de tanta importancia como es la estabilidad del empleo público temporal esperamos que el Gobierno del Partido Socialista y Podemos no trate de jugar de nuevo, como hizo en el pasado mes de julio en la convalidación
del decreto-ley, con las personas afectadas, que no mercadee con ellas, que no las utilice como moneda de cambio y objeto de subasta para otros intereses en la mal llamada mesa de diálogo. Así que, señores de la CUP -que no están, pero pueden ver
después la grabación-, aún están a tiempo de proponer enmiendas al texto del proyecto de ley, enmiendas que sean reales y que den respuesta al problema de la temporalidad en el empleo público. Conozcan la Administración pública, propongan enmiendas
al texto de la ley con soluciones reales y legales, y con el trabajo de todos los grupos de esta Cámara elaboremos una buena ley que dé las mejores respuestas para todas las necesidades de los empleos públicos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Constenla. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aceves Galindo.
El señor ACEVES GALINDO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes ya.
En este último punto del Pleno, seguramente tan manido de muchas cuestiones, yo quería empezar diciendo que debemos centrar un poco el debate, porque la verdad es que, después de escuchar a todos los portavoces, ha llegado un momento en el
que yo creo que no sabíamos de qué estamos hablando, cada uno lo utiliza para sus cosas. Es verdad que la señora Vehí nos ha demostrado en su intervención que lo único que quería era traer este debate a este Pleno en clave catalana, en clave del
Parlament, para ver qué hacía allí el Gobierno de Cataluña, representado aquí en sus diputados; se ha demostrado que era lo que buscaba. Pero, como siempre, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, yo quiero empezar una vez más -lo hago
siempre, no cuando interesa- agradeciendo a todas y a todos los empleados públicos de este país su trabajo de siempre y el que desde luego han hecho durante la
pandemia, pero a todos los empleados públicos sin distinción, de cualquier comunidad autónoma, a todos y cada uno de los empleados públicos, los más de dos millones y medio que hay en nuestro país.
Debatimos una enmienda a la totalidad que, por hacer un símil, si la Cámara llegara a tomarla en consideración, sería infinitamente más perjudicial para los trabajadores públicos que el texto del proyecto de ley que estamos tramitando y que
todos tenemos la oportunidad de enmendar en la fase parcial, y voy a explicar por qué. Nos encontramos con un problema con múltiples aristas; la temporalidad en nuestro país no viene de ahora, señorías, viene de muchos años atrás, con más o menos
una media de más del 30 %, y en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales en algunos momentos ha llegado al 48 %. Y, claro, el Gobierno ha tenido en este caso que tomar decisiones, ha tenido que acometer decisiones que venían del
pasado y ha sido valiente; otros no lo fueron, otros se escondieron y no tomaron decisiones. Incluso la Unión Europea, como saben, también nos ha alertado de estas altas tasas de temporalidad.
Centrado el tema, ¿por qué digo que aprobando esta enmienda a la totalidad retrocederíamos en derechos y en seguridad jurídica? Miren, contiene confusiones en conceptos de régimen laboral -habla unas veces de trabajador y otras veces de
ocupador-, confunde con el régimen funcionarial, lo que provoca contradicciones técnicas y también jurídicas insalvables; no queda reflejada con claridad la fórmula jurídica planteada para llevar a cabo la transformación para esa pretendida
equiparación al no ajustarse a ninguna figura existente en derecho. Pero es que podía haberla creado; el texto podría decir qué fórmula utiliza en derecho, pero tampoco lo indica. Además, la pretendida transformación de persona interina como
funcionario de carrera genera serios problemas de constitucionalidad y, por lo tanto, genera inseguridad jurídica. Simplemente, la sentencia del Tribunal Constitucional 111/2014, en su fundamento jurídico 5.º, daría respuesta a todas y cada una de
las cuestiones que estoy planteando. Por tanto, señorías, no voy a seguir por ahí, porque creo que todos estamos en disposición de entender que -desde luego, el Grupo Socialista siempre actúa con responsabilidad y rigor- no podemos aceptar esta
situación.
Pero es que además olvidamos algo en este asunto, que, evidentemente, para mí es muy importante. Si se aprobara este texto, quedaría fuera de derecho lo que aprobamos, y creo que aquel día de julio escuché a todos estar de acuerdo en que se
modificara el Estatuto Básico del Empleado Público para que en nuestro país no vuelva a haber esa gran bolsa de interinidad. Es decir, a partir de ahora no puede haber un empleado público o empleada pública que esté más de tres años en
temporalidad, porque justo al tercer año la Administración tiene que haber buscado ya la fórmula para haber convocado la oposición o haber consolidado su puesto de trabajo. Y, sin embargo, con esa propuesta que nos hacen terminaríamos con esta
posición, y creo que eso supone una enorme responsabilidad. Y, señorías, si además los trabajadores no tendrían derecho a ninguna indemnización, si los pequeños ayuntamientos dejarían de tener la colaboración de las diputaciones provinciales para
consolidar su personal y, finalmente, si no se permitiría que siguiera en vigor la disposición adicional relativa a que en el plazo de un año los docentes y los estatutarios sanitarios también tengan la oportunidad de una regularización,
comprenderán que la enmienda a la totalidad no puede ser aceptada, porque va en contra de los intereses de los trabajadores, muy en contra.
Por último, señorías, además de estas cuestiones, también querría hacer un comentario en referencia a lo que he escuchado a otros portavoces. Señor Constenla, de verdad, yo creo que ustedes, el Partido Popular tiene tal amnesia... Bueno,
claro, han sido capaces de destruir ordenadores y de muchas cosas más. (Protestas.-El señor Mateu Istúriz pronuncia palabras que no se perciben). ¡Estén tranquilos, hombre!
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Señor Mateu Istúriz, silencio, por favor.
El señor ACEVES GALINDO: En mi pueblo dicen que el que ajos come... (Protestas.-Aplausos).
Este texto proviene de un acuerdo con los tres grandes sindicatos de este país. Señorías del Partido Popular, ¿ahora ustedes niegan el diálogo social? ¿Pasa como ahora en mi tierra, en Castilla y León, que se quieren cargar el diálogo
social? ¿También a nivel de país? Esto está firmado por los tres grandes sindicatos de este país, señorías, por los tres. (Protestas.-La señora Angulo Romero pronuncia palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Señora Angulo, por favor, silencio.
El señor ACEVES GALINDO: Además, señorías, proviene de un diálogo con las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias. Y yo les digo: ¿Cuándo va a subir a esta tribuna el Partido Popular y va a aclarar cuál es su
propuesta? Ustedes suben aquí y no dicen cómo lo hubiesen hecho. Solo se manifiestan en contra y utilizan calificativos de otro tipo, pero no expresan claramente cómo lo hubiesen aceptado. Tenemos la oportunidad ahora, y desde aquí yo tiendo la
mano en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a todos los grupos parlamentarios para que en la fase de enmiendas entre todos intentemos buscar acuerdos, buscar consenso e intentar solucionar un problema que afecta a todos, porque alcaldes los
hay de todo signo, como presidentes de diputaciones y presidentes de comunidades autónomas, sobre todo del Partido Popular y del Partido Socialista, y creo que no es muy justo por su parte echarles a ellos la responsabilidad para que toreen en esto
solos.
La señora PRESIDENTA: Señor Aceves, tiene usted que terminar.
El señor ACEVES GALINDO: Termino.
Por tanto, señorías, me gustaría que de una vez por todas manifiesten cuál es su posición, porque todavía no lo han dicho. Desde luego, nosotros, mano tendida, porque es un tema importante que debemos solucionar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aceves.
Señorías, votaremos en cinco minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir
su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A LA REPROBACIÓN Y DESTITUCIÓN DE LAS MINISTRAS DE JUSTICIA Y DE DEFENSA Y DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. (Número de expediente 162/000773).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones.
Comenzamos con las proposiciones no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación y destitución de las ministras de Justicia y Defensa y del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 249 votos telemáticos, 349; a favor, 36 más 107 votos telemáticos, 143; en contra, 64 más 141 votos telemáticos, 205; abstenciones, 1 voto telemático.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, SOBRE MEDIDAS LABORALES A IMPULSAR EN EL MARCO DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. (Número de expediente 162/000814).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre medidas laborales a impulsar en el marco de los planes de recuperación, transformación y resiliencia.
Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 64 más 101 votos telemáticos, 165; en contra, 36 más 116 votos telemáticos, 152; abstenciones, 31 votos emitidos
telemáticamente.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MARTÍNEZ OBLANCA), SOBRE LA POLÍTICA FERROVIARIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. (Número de expediente 173/000091).
La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca, sobre la política ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Principado de Asturias. Se vota en los términos
resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 247 votos telemáticos, 347; a favor, 36 más 118 votos telemáticos, 154; en contra, 64 más 108 votos telemáticos, 172; abstenciones, 21 votos emitidos
telemáticamente.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA DAR CUENTA DEL ORDEN DEL DÍA Y CONTENIDO DE LA AGENDA DE LA MAL LLAMADA MESA DEL DIÁLOGO, EN REALIDAD MESA DE LA AUTODETERMINACIÓN, ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y LA GENERALITAT DE
CATALUÑA CELEBRADA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. (Número de expediente 173/000092).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dar cuenta del orden del día y contenido de la agenda de la mal llamada mesa del diálogo, en realidad mesa de la
autodeterminación, entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña celebrada el día 15 de septiembre de 2021. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 247 votos telemáticos, 347; a favor, 36 más 115 votos telemáticos, 151; en contra, 64 más 130 votos telemáticos, 194; abstenciones, 2 votos emitidos
telemáticamente.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR LA BANALIZACIÓN DE LOS DELITOS DE ODIO. (Número de expediente 173/000093).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar la banalización de los delitos de odio. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 54 votos emitidos telemáticamente; en contra, 64 más 133 votos telemáticos, 197; abstenciones, 36 más 61 votos telemáticos,
97.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO-LEY 17/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR CULTURAL Y DE CARÁCTER TRIBUTARIO PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19. (Número de
expediente 121/000020).
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19. Votación separada de las enmiendas.
Votamos las enmiendas al artículo segundo, apartado uno; al artículo segundo ter (nuevo); al artículo segundo quater nuevo; al artículo tercero; al artículo quinto ter (nuevo), y a la disposición final primera nueva.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 243 votos telemáticos, 343; a favor, 89 votos emitidos telemáticamente; en contra, 64 más 94 votos telemáticos, 158; abstenciones, 36 más 60 votos telemáticos,
96.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos la enmienda al artículo segundo, apartado dos (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 246 votos telemáticos, 346; a favor, 36 más 119 votos telemáticos, 155; en contra, 64 más 103 votos telemáticos, 167; abstenciones, 24 votos emitidos
telemáticamente.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Votamos la enmienda al artículo segundo bis (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 246 votos telemáticos, 346; a favor, 36 más 141 votos telemáticos, 177; en contra, 64 más 96 votos telemáticos, 160; abstenciones, 9 votos emitidos
telemáticamente.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda. (Aplausos).
Enmienda 24, del senador Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, al artículo tercero bis (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 247 votos telemáticos, 347; a favor, 38 votos telemáticos; en contra, 100 más 202 votos telemáticos, 302; abstenciones, 7 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 42, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al artículo tercero bis (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 247 votos telemáticos, 347; a favor, 17 votos telemáticos; en contra, 64 más 104 votos telemáticos, 168; abstenciones, 36 más 126 votos telemáticos, 162.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda al artículo cuarto bis (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 245 votos telemáticos, 345; a favor, 35 votos telemáticos; en contra, 64 más 147 votos telemáticos, 211; abstenciones, 36 más 63 votos telemáticos, 99.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas al artículo quinto en lo relativo a la modificación del apartado cinco del artículo 12 del Real Decreto-ley 17/2020.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 246 votos telemáticos, 346; a favor, 35 más 124 votos telemáticos, 159; en contra, 65 más 102 votos telemáticos, 167; abstenciones, 20 telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Resto de enmiendas al artículo quinto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 247 votos telemáticos, 347; a favor, 100 más 234 votos telemáticos, 334; en contra, 4 votos telemáticos; abstenciones, 9 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda al artículo quinto bis (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 247 votos telemáticos, 347; a favor, 64 más 178 votos telemáticos, 242; en contra, 4 votos telemáticos; abstenciones, 36 más 65 votos telemáticos, 101.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo sexto, apartado dos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 247 votos telemáticos, 347; a favor, 100 más 221 votos telemáticos, 321; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 25 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo sexto, apartado dos bis (nuevo), en lo relativo al apartado uno de la disposición adicional décima nueva.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 246 votos telemáticos, 346; a favor, 36 más 119 votos telemáticos, 155; en contra, 64 más 97 votos telemáticos, 161; abstenciones, 30 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Resto de la enmienda al artículo sexto, apartado dos bis (nuevo).
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 247 votos telemáticos, 347; a favor, 100 más 214 votos telemáticos, 314; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 32 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas al artículo sexto, apartado tres bis (nuevo), subapartado uno.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 246 votos telemáticos, 346; a favor, 36 más 70 votos telemáticos, 106; en contra, 64 más 103 votos telemáticos, 167; abstenciones, 73 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas al artículo sexto, apartado tres bis (nuevo), subapartado dos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 246 votos telemáticos, 346; a favor, 57 más 26 votos telemáticos, 83; en contra, 7 más 92 votos telemáticos, 99; abstenciones, 36 más 128 votos telemáticos, 164.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo sexto, apartado cuatro.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 247 votos telemáticos, 346; a favor, 47 más 233 votos telemáticos, 280; en contra, 51 más 1 votos telemáticos, 52; abstenciones, 1 más 13 votos telemáticos, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas. (Aplausos).
Enmienda 27, del senador Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, al artículo sexto, apartado cinco bis (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 246 votos telemáticos, 346; a favor, 84 votos telemáticos; en contra, 100 más 150 votos telemáticos, 250; abstenciones, 12 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 60, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al artículo sexto, apartado cinco bis (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 245 votos telemáticos, 345; a favor 100 más 232 votos telemáticos, 332; en contra, 4 votos telemáticos; abstenciones, 9 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo sexto, apartado siete, subapartado uno bis (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 88 votos telemáticos; en contra, 64 más 93 votos telemáticos, 157; abstenciones, 36 más 63 votos telemáticos, 99.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas al artículo sexto, apartado siete, subapartados dos (nuevo) y seis (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 85 votos telemáticos; en contra, 64 más 92 votos telemáticos, 156; abstenciones, 36 más 67 votos telemáticos, 103.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo sexto, apartado siete, subapartado siete (antes cinco), ocho (antes seis) y nueve (antes siete).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 88 votos telemáticos; en contra, 64 más 92 votos telemáticos, 156; abstenciones, 36 más 64 votos telemáticos, 100.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo sexto, apartado ocho; al artículo sexto, apartado nueve, y al artículo sexto, apartado once.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 245 votos telemáticos, 344; a favor, 99 más 231 votos telemáticos, 330; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 13 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Resto de enmiendas al artículo sexto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 245 votos telemáticos, 345; a favor, 100 más 182 votos telemáticos, 282; en contra, 55 votos telemáticos; abstenciones, 8 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda a la disposición adicional (nueva).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 245 votos telemáticos, 345; a favor, 100 más 185 votos telemáticos, 285; abstenciones, 60 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas a la disposición derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 245 votos telemáticos, 345; a favor, 100 más 173 votos telemáticos, 273; en contra, 51 votos telemáticos; abstenciones, 21 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda a la disposición final tercera (antes única).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 100 más 222 votos telemáticos, 322; en contra, 13 votos telemáticos; abstenciones, 9 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.
Resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 245 votos telemáticos, 345; a favor, 100 más 198 votos, 298; en contra, 38 votos telemáticos; abstenciones, 9 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 16/1987, DE 30 DE JULIO, DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES EN MATERIA DE INFRACCIONES RELATIVAS AL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR Y PARA LUCHAR CONTRA LA MOROSIDAD EN EL
ÁMBITO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA, ASÍ COMO NORMAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE Y LAS INFRAESTRUCTURAS. (Número de expediente 121/000047).
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la
morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras. Votación de la enmienda.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 246 votos telemáticos, 346; a favor, 36 más 142 votos telemáticos, 178; en contra, 16 votos telemáticos; abstenciones, 64 más 88 votos telemáticos, 152.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso).
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS. (VOTACIÓN):
- INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. (Número de expediente 154/000004).
La señora PRESIDENTA: Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias. Votación del informe de la subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para
el desarrollo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 243 votos telemáticos, 343; a favor, 64 más 135 votos telemáticos, 199; en contra, 36 más 102 votos telemáticos, 138; abstenciones, 6 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el informe de la subcomisión.
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PLURAL, REPUBLICANO Y EUSKAL HERRIA BILDU, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA ESTABLECER LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE FERROVIARIO DEL ALVIA OCURRIDO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EL 24 DE JULIO
DE 2013. (Número de expediente 156/000036).
La señora PRESIDENTA: Solicitudes de creación de comisiones de investigación, a solicitud de los grupos parlamentarios Plural, Republicano y Euskal Herria Bildu, de creación de una comisión de investigación para establecer las causas del
accidente ferroviario del Alvia ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 246 votos telemáticos, 346; a favor, 64 más 138 votos telemáticos, 202; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 36 más 107 votos telemáticos, 143.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la creación de la citada comisión de investigación.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 14/2021, DE 6 DE JULIO). (Número de expediente 121/000063).
La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,
procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Vehí Cantenys y señor Botran Pahissa.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 245 votos telemáticos, 345; a favor, 33 votos telemáticos; en contra, 100 más 209 votos telemáticos, 309; abstenciones, 3 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
La señora PRESIDENTA: Se ha solicitado la avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de este proyecto de ley. Procedemos, pues, a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 244 votos telemáticos, 344; a favor, 100 más 237 votos telemáticos, 337; en contra, 6 votos telemáticos; abstenciones, 1 voto telemático.
La señora PRESIDENTA: Queda avocado por el Pleno el proyecto de ley.
Muy buenas tardes a todos.
Se levanta la sesión.
Se levanta la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.