Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 123, de 21/09/2021
cve: DSCD-14-PL-123
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 123
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 117
celebrada el martes,
21 de septiembre de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión del orden del día ... (Página5)
- Interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio del Interior para proteger a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña. (Número de expediente 172/000134) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 167-1, de 21 de mayo de 2021. (Número de expediente 122/000143) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforzamiento de la independencia del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre,
por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la imparcialidad de su actuación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 122-1, de 30 de octubre de 2020. (Número de expediente 122/000092) ...
Proposiciones no de ley.
- Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación y destitución de las ministras de Justicia y de Defensa y del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 311, de 26 de julio de 2021. (Número de expediente 162/000773) ... (Página35)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre medidas laborales a impulsar en el marco de los planes de recuperación, transformación y resiliencia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 326, de 17 de septiembre de 2021. (Número de expediente 162/000814) ... (Página43)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre la política ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Principado de Asturias. (Número de expediente 173/000091) ...
Declaración institucional.
- Declaración institucional en relación con la erupción volcánica en la isla de La Palma. (Número de expediente 140/000014) ... (Página62)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página62)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente a la interpelación urgente
del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio del Interior para proteger a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo ...
(Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Berja Vega, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno en contra interviene la señora Ruiz Solás, del Grupo Parlamentario VOX.
Replica la señora Berja Vega.
Hace uso de la palabra el señor Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX.
Termina su réplica la señora Berja Vega.
Se suspende la sesión y se reanuda tras unos minutos.
Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Sánchez García.
Duplica la señora Ruiz Solás.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Errejón Galván y la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; y las señoras Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforzamiento de la independencia del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por
la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la imparcialidad de su actuación ... (Página21)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Gamarra Ruiz-Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Baldoví Roda, Boadella Esteve y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Asens Llodrà, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX, y Ramos Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página35)
Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación y destitución de las Ministras de Justicia y de Defensa y del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ... (Página35)
Defiende la proposición no de ley el señor Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Álvarez i García, del Grupo Parlamentario Republicano, y Santiago
Romero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y las señoras Borrego Cortés, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Fernández Benéitez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre medidas laborales a impulsar en el marco de los Planes de recuperación, transformación y resiliencia ... (Página43)
Defiende la proposición no de ley el señor Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano, y la señora Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Rego Candamil y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y Movellán Lombilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página55)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre la política ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Principado de Asturias ... (Página55)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores López-Bas Valero, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y García Morís, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora
Gázquez Collado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Martínez Oblanca.
Declaración institucional ... (Página62)
La señora secretaria, Hernanz Costa, da lectura a la declaración institucional en relación con la erupción volcánica en la isla de La Palma.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página62)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres
que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, se aprueba por 64 votos a favor más 135 votos telemáticos, 199; 37 en contra más 107 votos telemáticos, 144; y 1 abstención más 1 voto telemático, 2.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforzamiento de la independencia del
Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la imparcialidad de su actuación, se rechaza por 38 votos a favor más 116 votos telemáticos, 154; y
64 en contra más 126 votos telemáticos, 190.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA PROTEGER A NUESTRAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN CATALUÑA. (Número de expediente 172/000134).
La señora PRESIDENTA: Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por los portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 25, correspondiente a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PENALIZAR EL ACOSO EN LAS MUJERES QUE ACUDEN A CLÍNICAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.
(Número de expediente 122/000143).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para
penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Berja Vega.
La señora BERJA VEGA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
He llegado a la clínica muy nerviosa, porque abortar no es fácil, pero para mí lo peor ha sido el acoso que he sufrido por parte de unos hombres -no sé quiénes son- que me han sermoneado, me han enseñado fotos y me han dicho que aquí dentro
mueren mujeres. He querido llorar y marcharme a casa. Entré en la clínica con un ataque de histeria que no se me pasó hasta que no hablé con el personal de la clínica. Señorías, este es el testimonio de una mujer que acude a un centro sanitario a
ejercer una prestación sanitaria, una interrupción voluntaria del embarazo. Este es solo uno de los más de trescientos ejemplos del estudio realizado en 2018 por ACAI. Para quien no lo sepa, ACAI es la Asociación de clínicas acreditadas para la
interrupción del embarazo. Este testimonio es uno de los tantos recogidos por este estudio que ha hecho ACAI de mujeres de distintas ciudades como Málaga, Madrid Albacete y otras. Señorías, según este estudio, el 89 % de las mujeres se sintieron
acosadas. De un total de 267, doscientas dijeron sentirse, también, amenazadas; acosadas y amenazadas al ejercer un derecho y al recibir una prestación sanitaria de la cartera de servicios de la salud pública.
Según el último dato -estén atentos, señorías, porque este va dirigido a nosotros-, más del 90 % de las mujeres creen que deberían recibir protección pública frente al acoso. Es decir, señorías, las mujeres nos están pidiendo ayuda y
tenemos que ayudarlas. Tenemos que ayudarlas apoyando la toma en consideración de esta iniciativa. Hoy mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta una proposición de ley para reformar el Código Penal y poner fin a una situación de
impunidad intolerable.
Cuando una mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo en los términos que prevé la Ley de 2010, está ejerciendo un derecho regulado en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho al aborto es un derecho de la salud sexual y
reproductiva en España. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos; así lo dicen las Naciones Unidas. Según el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo de 1994, los derechos
sexuales y reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios
para ello. También reconoce -y esto es lo más importante para este debate, presten
atención- el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. Por lo tanto, señorías, intentar coaccionar a
una mujer en la puerta de una clínica sanitaria es vulnerar su derecho a adoptar decisiones relativas a su reproducción; es decir, se están vulnerando los derechos humanos de las mujeres. (Aplausos). El acoso, el hostigamiento y las amenazas son
sistemáticas, organizadas y publicadas con antelación. Incluso, señorías, se utilizan elementos macabros, como ataúdes de niños en las puertas de las clínicas y fotografías de embriones que entregan a las mujeres.
Señorías, es nuestro deber, como Legislativo, velar por el ejercicio con garantías de los derechos. Hoy mismo, en este momento, en varias ciudades de España se está intentando coaccionar a las mujeres amenazando su libertad, su intimidad y
su bienestar. ¿Se imaginan que esto pasara con cualquier otra prestación sanitaria? ¿Han visto ustedes concentraciones en las puertas de los hospitales, por ejemplo, en contra de las vasectomías de los hombres o en contra de la rehabilitación por
la rotura de un ligamento cruzado? ¿A que no pasa? Esto solo pasa porque el aborto es un derecho de las mujeres, solo pasa por eso. (Aplausos).
Miren, hablemos con claridad, esto no es un debate sobre el aborto sí o el aborto no -ese debate ya se dio aquí en el año 2010 y el derecho ya está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico-, el debate de hoy es sobre qué hacemos con las
amenazas y el acoso que sufren las mujeres en las puertas de las clínicas o de un centro sanitario porque, señorías, sufren acoso en las puertas de un centro sanitario. Por cierto, permítanme un inciso. Sí, el debate sobre el aborto se ganó; se
ganó, con la mayoría de los votos de esta Cámara, una ley de un Gobierno socialista y con la fuerza del movimiento feminista en la calle. Así se ganó el debate, señorías. (Aplausos). Seguro que quien puede dar buena cuenta de ello es el Partido
Popular, sobre todo el señor Gallardón, al que intentar derogar el derecho al aborto le costó un ministerio y una carrera política. Seguro que se acuerdan, señorías del Partido Popular.
Miren, esta iniciativa que presentamos nos equipara a otros países en la iniciativa de regular legislativamente el acoso y el hostigamiento que sufren las mujeres que deciden abortar. Países como Francia, Alemania o Reino Unido ya lo han
regulado a través de las zonas de seguridad o tipificando este delito, entendiendo el legislador que estas acciones son un delito contra la libertad de las mujeres y de coacción frente al derecho regulado en sus propias legislaciones. Por ejemplo,
en Francia, desde el año 1993 -hace veintiocho años-, está recogido el delito de obstaculización al aborto e incluso en el año 2017 se amplió para aquellas acciones que pretendan, con información falsa o acientífica -seguro que esto les suena a sus
señorías de VOX-, coaccionar la voluntad de las mujeres para que no aborten.
Para mi grupo, para el Grupo Socialista, el reto de esta proposición de ley es proteger a las mujeres del hostigamiento o las coacciones que se producen en las proximidades de los lugares habilitados para abortar, y proponemos hacerlo de
forma diferenciada a otros tipos de acoso porque la situación que sufren muchas mujeres que acuden a interrumpir voluntariamente su embarazo es muy difícil. A veces van solas y tienen miedo porque van a someterse a una intervención quirúrgica, y a
veces van solas porque no quieren que nadie sepa que están allí. ¿Y saben qué? Que tienen derecho a que nadie lo sepa, tienen derecho a que nadie sepa que están allí.
Esta proposición de ley está en línea con las peticiones que nos hacen llegar el movimiento feminista y las clínicas a través de ACAI. Las mujeres no son, además, las únicas que sufren el acoso y la violencia, también lo sufren las propias
clínicas y las profesionales y los profesionales que trabajan en ellas. Muchos días han amanecido las fachadas y las inmediaciones de las clínicas con pintadas con mensajes antiabortistas, y demasiados días las profesionales y los profesionales se
ven sometidos a insultos y acoso al salir de trabajar.
Miren, poner fin a esta situación no es solo una cuestión importante para el movimiento feminista, para las mujeres, para el Grupo Socialista o para las clínicas, también lo es para el Defensor del Pueblo, que nos ha mandatado tomar
iniciativas para proteger a las mujeres. El acoso, el hostigamiento y las coacciones son atentados contra la libertad de las mujeres. Elegir nuestra maternidad y elegir el presente y el futuro de nuestras vidas es una decisión solo nuestra, solo
de las mujeres. (Aplausos). Pero también es un atentado contra nuestra intimidad. De nuevo, la intención de estos grupos organizados es someter a escarnio público la sexualidad y la vida íntima de las mujeres. Yo sé que esto, señorías de la
derecha y de la ultraderecha, les pone un poquito nerviosos, sobre todo por dos motivos. El primero, porque ustedes conocen muy bien las concentraciones en las puertas de las clínicas. Los grupos que las promueven tienen una proximidad
programática a sus posicionamientos muy cercana, señorías del PP y de VOX. Y, en segundo lugar, porque su modelo de sociedad, tanto el del Partido Popular como el de VOX, mantiene
a los varones como centro de todo, y eso de los derechos de las mujeres les parece un gasto. ¿Verdad, señorías de VOX? Por eso, han perdido ustedes que se suprima la Comisión de Igualdad del Congreso, porque que nos asesinen y que tengamos
menos oportunidades les parece a ustedes un capricho caro. Es indigno, indigno para el proceder de esta Cámara tener que recibir propuestas tan obscenas como la de suprimir la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados; es indigno,
señorías de VOX. (Aplausos).
Señorías del Partido Popular, déjennos claro de una vez por todas cuál es su posición con respecto a la violencia contra las mujeres. ¿Condenan la violencia de género, sí o no? Lo que hicieron en la Eurocámara esta semana pasada no
apoyando que la violencia contra las mujeres sea considerada eurodelito es impropio de un partido que aspira a gobernar este país, es impropio. No engañen más a la gente, con la violencia de género no hay abstención que valga; no vale la
abstención.
Señorías, el acoso a veces se produce en grupos organizados que tienen una especie de adoración perpetua en torno a las clínicas, una vigilancia constante para que, durante cierto tiempo, de nueve de la mañana a nueve de la noche, no se les
escape ninguna mujer. Incluso, invitan públicamente a que cualquiera se inscriba en sus páginas web y cubran presencialmente una hora de vigilancia. Esto que les digo lo pueden comprobar ahora mismo metiéndose en sus páginas web desde sus móviles.
Incluso, rezan en las puertas de las clínicas. No me digan ustedes que no es cuando menos pintoresco ver rezar a la gente delante de un centro médico. Pero, señorías, más allá de eso, para las mujeres es muy duro verles allí, porque la misión de
estos indeseables es hacerlas sentir culpables, y ya bastante tienen como para tener que soportar esto. Miren, señorías de VOX, recen ustedes cuanto quieran, pero dejen a las mujeres en paz; déjenlas en paz. (Aplausos).
Voy terminando. Es el momento de parar esto y llamar a las cosas por su nombre; llamar acoso y hostigamiento a la vulneración del ejercicio de un derecho, y llamar a la persecución contra las mujeres machismo y sometimiento. Señorías, las
cosas que les pasan a las mujeres no son un problema de las mujeres, son acciones contra nuestra democracia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora BERJA VEGA: Gracias, presidente.
Termino. Mi grupo confía en que la toma en consideración de esta iniciativa salga con el máximo apoyo posible. No se entendería de otra forma que el Legislativo negase la oportunidad a las mujeres de este país de proteger un derecho que
las mujeres se han ganado a pulso.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Ruiz Solás. (Aplausos).
La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias, presidente.
Solo me hicieron una pregunta: ¿Qué necesitas para no abortar? Entonces, me paré, porque, en el fondo, necesitaba que alguien me dijera que había más opciones. Ellos fueron los únicos que me dieron la opción de tener a mi hija.
(Aplausos). Este es solo un humilde testimonio -uno entre miles-, el testimonio de una mujer que finalmente decidió no abortar y que hoy vive feliz junto a su hija.
Señorías, más de 5200 vidas en solo cinco años; más de 5200 niños salvados cuando ya estaban desahuciados; más de 5200 madres que nunca tendrán que arrepentirse por la terrible decisión que un día tomaron. Ese es el grave delito, el grave
delito que han cometido los grupos provida que trabajan a las puertas de las clínicas abortistas.
Señorías, hoy van a tener que escuchar la verdad; una verdad que sabemos que no quieren escuchar; una verdad tremendamente dolorosa, pero absoluta e incuestionable; una verdad a la que muchos no quieren enfrentarse, pero que a todo el
mundo, en el fondo de su corazón y por mucho que quiera ocultarla, conoce bien; una verdad que ustedes quieren que callemos, a riesgo de ir a la cárcel si no lo hacemos. No sé si son ustedes conscientes del nivel de locura al que están llegando,
porque eso es lo que pretenden con este proyecto de ley, impedir que digamos la verdad. Y la verdad es que lo que hay en el seno de una mujer cuando se queda embarazada es una persona, un ser humano, el ser humano más débil, más indefenso y más
vulnerable que existe. (Aplausos). Es un ser humano siempre,
siempre, no solo cuando lo queremos y decimos con alegría: estoy esperando un bebé, o con tristeza: he perdido al bebé que esperaba. Es un ser humano también cuando no lo deseamos por la circunstancia que sea y nos engañamos o nos dejamos
engañar para no enfrentarnos a una realidad que nos hace sufrir.
Yo sé que esta es una verdad muy dura de encajar, pero, aunque no la quieran escuchar, es nuestra obligación proclamarla aquí con toda la humildad del mundo en el uso de nuestra libertad de expresión y de pensamiento, igual que la proclaman
con la valentía y con la misma libertad, una libertad que nadie debería arrebatarles, quienes acuden a las puertas de las clínicas abortistas para manifestarse de forma pacífica en contra del aborto. Es nuestra obligación proclamarla porque
representamos a millones de españoles que no se resignan a aceptar que una sociedad justa considere que es un derecho quitarle la vida a un no nacido. Es nuestra obligación intentar, al menos intentar, que abran ustedes los ojos y vean por fin el
terrible error que, como sociedad, estamos cometiendo justificando, fomentando y normalizando el aborto. Aunque, en realidad, ustedes eso ya lo saben y por eso no quieren que digamos palabras como aborto o abortorio, prefieren que digamos IVE o
centros IVE, porque es mucho menos doloroso; y por eso quieren impedir que digamos que cuando alguien aborta está acabando con la vida de su hijo, porque no soportan escuchar la verdad, y porque es mucho más fácil y menos angustioso girar
convenientemente la pantalla del ordenador y silenciar el sonido del latido del corazón durante las ecografías. (Aplausos). Es mucho más fácil explicar, a sabiendas de que no es cierto, que un feto es tan solo un amasijo de células y ocultar
información a las madres. ¡Qué difícil es soportar la verdad cuando nos pone contra el espejo! Pero, señorías, para ser libres de verdad, libres para decidir lo que hacemos con nuestras vidas y con las de los nuestros, debemos conocer y aceptar la
verdad, y la verdad es que es un crimen matar a uno para salvar a otro, que no es justo quitar una vida para resolver un problema, que no es progresista eliminar las dificultades eliminando vidas humanas.
Pero ustedes no solo no quieren ver la verdad, aceptar la verdad, sino que quieren penalizar a quienes digan la verdad. Quieren convertir en delincuentes a quienes rezan pacíficamente en la calle convencidos de que su oración puede salvar
vidas, a quienes ofrecen ecografías gratuitas para que las madres que lo deseen puedan ver y escuchar lo que otros les niegan: la vida que hay en su interior. Quieren convertir en delincuentes a quienes ofrezcan información sobre los riesgos de un
aborto, sobre sus consecuencias, sus secuelas, pretendiendo incluso negar que existen; y también a quienes ofrecen ayuda a aquellas madres que seguramente no abortarían de tener a alguien que las ayudara. Quieren convertir en delincuentes a
quienes el único daño que pueden hacer con su trabajo a las puertas de estas clínicas es hacer sentir mal a quien en el fondo cree que está obrando mal y ningún daño al que está convencido de que lo que hace es lo correcto. Quieren convertir en
delincuentes a quienes lo único que pretenden es lograr que una mujer sepa que tiene la opción de elegir otra cosa solo si es eso lo que ella desea, y lo más terrible de todo es que quieren hacerlo porque se lo piden los verdaderos interesados en
que cada día se produzcan más abortos, plegándose así, sin ningún escrúpulo, a los intereses económicos de uno de los negocios más rentables del mundo; un negocio que supone muchos millones de euros cada año para los hospitales y las clínicas
privadas que se dedican a realizar abortos, especialmente desde que entró en vigor la Ley Aído, esa ley que el Partido Popular pudo derogar y nunca derogó. (Aplausos).
Señorías, todos ustedes saben que el aborto continúa siendo una importantísima fuente de ingresos para estas empresas -¡allá ellos!-, pero es muy grave que tengan el poder de exigir al Gobierno que se invente un nuevo delito, el de
obstaculización al aborto, para proteger su negocio y que ustedes obedezcan raudos y veloces, a sabiendas de que están vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos. Señorías, asumen ustedes como ciertas las acusaciones de la patronal del
negocio abortista sin una sola denuncia que haya prosperado, compran sin dudarlo que hay un acoso constante a las mujeres que van a abortar y que son coartadas, coaccionadas, intimidadas y hostigadas, cuando saben que si fuera cierto habría condenas
y que estas clínicas tan solo están exagerando para proteger sus negocios. Nuestro Código Penal considera de forma general que hay acoso cuando una persona acecha a otra de manera reiterada e insistente, alterando gravemente el desarrollo de su
vida diaria, modificando sus hábitos cotidianos, limitando su libertad de obrar. ¿Dónde está el acoso, señorías?
Pero es que, además, el acoso ya está penado en nuestro ordenamiento. El delito de acoso es un delito creado a través de la reforma el Código Penal de 2015 y está clasificado dentro de los delitos contra la libertad, dentro del delito de
coacciones. Señorías, coartar es limitar algo. ¿Acaso están estas concentraciones impidiendo que las mujeres puedan entrar libremente en estas clínicas a abortar? El delito
de coacciones supone el empleo de la fuerza, de la violencia o la intimidación para obligar o impedir a una persona hacer algo en contra de su voluntad. Intimidar es causar miedo. Hostigar es molestar a alguien o burlarse de él
insistentemente. Y si algo de esto estuviera sucediendo realmente, estamos seguro de que habría condenas. Y si las hubiera, no les quepa la menor duda de que estaríamos siempre al lado de cualquier mujer que fuera agredida, amenazada, intimidada o
acosada, fuera por el motivo que fuera. (Aplausos). Pero no las hay. No las hay porque pensar distinto no es odiar, porque defender las posiciones de forma pacífica no es coaccionar y porque la libertad de expresión, de pensamiento y de
manifestación es igual para todos.
Señorías, es vergonzoso, además de absolutamente innecesario y redundante, inventar un nuevo delito hecho a la medida de los intereses económicos de quienes hacen negocio con la muerte y a costa del sufrimiento de tantas mujeres, pero es
mucho peor hacerlo con la oscura intención de vulnerar el derecho de una parte de la sociedad a expresar su voluntad contra el aborto. Que ustedes apuestan por la muerte y no por la vida ya lo sabemos. Lo comprobamos tristemente cuando prefirieron
aprobar su Ley de eutanasia en lugar de la nuestra, de cuidados paliativos, y lo vemos cada vez que prefieren financiar los abortos por miles antes que invertir un solo euro en ayudar a las mujeres embarazadas, a las madres que quisieran serlo y no
pueden por motivos económicos o de cualquier otro tipo. (Aplausos). Ahora también sabemos que son ustedes el Gobierno de la prohibición y del autoritarismo, el que nos quiere someter por la fuerza, doblegarnos y criminalizarnos por expresar
nuestras opiniones, por luchar por aquello en lo que creemos, pero nos cuesta más aceptar lo que realmente pretenden con esta proposición de ley, porque hay que ser muy ruin, señorías, hay que ser muy ruin para ni siquiera permitir a quien lo desee
luchar por darles a tantos niños desahuciados una última oportunidad para vivir. (Aplausos).
Señorías, nosotros sí creemos en la vida, creemos furiosamente en la vida y por eso siempre vamos a luchar por defenderla desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, pero lo vamos a hacer ofreciendo alternativas a las mujeres,
ayudando a las madres y a sus familias, y acompañándolas y protegiéndolas en el camino, porque nosotros ni inventamos ni cercenamos derechos, nosotros los respetamos, empezando por el derecho a la vida, que es el primero, el más sagrado y el más
precioso de todos los derechos.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra la señora Berja Vega.
La señora BERJA VEGA: Señorías de VOX, ustedes no han traído aquí un posicionamiento en contra de la tipificación del delito de acoso, ustedes han traído un posicionamiento en contra del aborto propio del año 1975, como poco. Escucharla,
de verdad, es irnos a otro tiempo. (Aplausos).
Mire, les voy a pedir a ustedes, a VOX, pero también al Partido Popular, dos cosas; les voy a pedir que, por un momento, se olviden de las cuestiones que ideológicamente a ustedes les incomodan mucho. Olvídense del aborto y céntrense en
que hablamos del ejercicio de un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. ¿No son ustedes los constitucionalistas, los de la libertad? Pues se están oponiendo al ejercicio de un derecho reconocido en un país como el nuestro, de
garantías; se están oponiendo al ejercicio de la propia libertad. Y la segunda cosa que les voy a pedir: como es imposible que se olviden del aborto, porque están ustedes muy obsesionados con él y porque someter a las mujeres a las reglas de su
doctrina es un pilar fundacional de sus ideas, defiendan sus ideas cuanto quieran, pero dejen a las mujeres ejercer sus derechos sobre su vida y su maternidad en paz y en libertad. ¡Déjenlas en paz, de verdad! (Aplausos.-Rumores).
No les voy a consentir, señorías de VOX -no se lo voy a consentir- que pongan en duda la defensa de la libertad de expresión del Partido Socialista Obrero Español. ¡No se lo voy a consentir! (Aplausos.-Rumores). Si soportamos las
barbaridades que ustedes dicen aquí es porque somos un partido demócrata y defensor a ultranza de la libertad de expresión. Ustedes puedes pensar lo que quieran sobre el aborto, lo que quieran; defender que están en contra aquí, presentar una
iniciativa, decirlo en sus manifestaciones. Pero lo que no pueden hacer es ponerse delante de una mujer a obstaculizar su paso a una clínica, ofenderla, insultarla y llamarla asesina. Eso es lo que no pueden hacer. Eso no es libertad de
expresión; eso es delito, eso es coacción. (Aplausos).
También se lo he dicho antes: recen ustedes cuanto quieran, pero dejen a las mujeres ejercer sus derechos. (Protestas.-El señor Sánchez García: [¡Bruja!] 1).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, señoría.
Señor Sánchez García, le llamo al orden y le pido que retire lo que acaba de decir. (Un señor diputado: ¡La libertad de expresión! ¡Esa es la libertad de expresión!).
Un segundo, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Esta señora, desde que ha tomado la palabra, no ha dicho... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, le llamo al orden por segunda vez. Le reitero que retire lo que acaba de decir; dígame simplemente sí o no. Por segunda vez, le llamo al orden.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿Qué quiere significar cuando dice que me llama al orden y que retire lo que he dicho?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Que diga usted si lo retira o no lo retira, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿Pero qué significa que lo retire?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Que lo retire para que no conste en el Diario de Sesiones lo que acaba de decir públicamente y que ha escuchado prácticamente todo el hemiciclo. Retírelo, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: No retiro que ha dicho mentir.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por tercera vez le llamo al orden. Desaloje usted el hemiciclo, por favor. (Aplausos.-Pausa).
Desaloje el hemiciclo, por favor. (Pausa.-El señor vicepresidente, Gil Lázaro: No está alterando el orden. Está diciendo simplemente que no lo retira.-El señor Sánchez García abandona su escaño, el señor Espinosa de los Monteros de Simón
sale a su encuentro y el señor Sánchez García vuelve a su escaño).
Señoría, le pido, por favor, que se retire del hemiciclo por haberle llamado, como dice el Reglamento del Congreso, tres veces al orden. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro: Pero no ha alterado el orden. No se le puede llamar al orden
porque no ha alterado el orden, ha sido solo que no lo retira, luego es una actuación arbitraria.-La señora Olona Choclán: ¡No es reglamentario! Pedimos la palabra, presidente).
Señoría, por favor, retírese del hemiciclo. (La señora Olona Choclán: ¡No es reglamentario! Se tienen que explicar las consecuencias.-El señor Anguita Pérez: ¡Que se estudie el Reglamento!-La señora Olona Choclán: ¡Cállate la
boca!-Protestas).
Señoría, le pido y le reitero, sobre la base del Reglamento, que se retire del hemiciclo y le pido a los... (El señor Sánchez García abandona su escaño.-La señora Olona Choclán: ¡Presidente, pedimos la palabra!-Protestas). Muchas gracias,
señoría. Continúe, señora Berja. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro: ¡Ha pedido la palabra!-El señor Sánchez García se dirige al escaño del señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis.-El señor Sánchez García vuelve a su escaño).
Tiene la palabra la señora Berja. Continúe, por favor. (Aplausos).
La señora BERJA VEGA: Muchas gracias, presidente. Ustedes, mucho rezar, pero también mucho insultar y poco respetar, que es lo que hacen. (Aplausos). Les decía que recen cuanto quieran. Tienen suficientes lugares de culto para hacerlo.
(Rumores).
Voy a ir terminando. El Código Penal va adaptándose a las conductas y hoy somos conscientes de que, igual que las mujeres sufren una violencia específica por ser mujeres y el Código Penal lo incorporó y lo asumió como violencia de género,
hay delitos contra la libertad de las mujeres que también hay que incorporar al Código Penal. Que el legislador detecte la impunidad y la tipifique creo que es nuestra labor.
1 Palabra retirada por el señor Sánchez García a instancias de la Presidencia. Ver página 11.
De verdad, señorías -y después de esto lo digo más convencida-, no hay nada más digno que hacer en esta Cámara que proteger la libertad de todas y de todos, pero sobre todo la libertad de las mujeres.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie.-Una trabajadora del servicio de
limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Sánchez García, le he pedido y le he rogado en tres ocasiones, como marca el Reglamento, que retirara el insulto grave que le ha inferido usted a la señora que estaba interviniendo
en ese momento. (El señor Sánchez García pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Anguita Pérez: ¡Ponte la mascarilla!). Como marca el Reglamento, señoría, le he advertido tres veces para que lo pudiera hacer. No lo ha hecho usted.
Entonces, yo le pido, le ruego, para que su compañera puede iniciar la intervención, que se retire. (El señor Sánchez García pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Anguita Pérez: ¡Ponte la mascarilla!-La señora Olona Choclán: ¡Es ilegal!
¡Pedimos la palabra, presidente!).
Señor Sánchez García, le ruego que se retire para que podamos continuar el debate. Está usted obstruyendo el debate. (El señor Sánchez García pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Anguita Pérez: ¡La mascarilla, ponte la
mascarilla!-Pausa).
Señor Sánchez García, por favor, le ruego que se retire para que podamos continuar el debate. Está usted interfiriendo en el debate para que su compañera pueda hablar, por favor. (Por indicaciones de la Presidencia, un ujier se dirige al
escaño del señor Sánchez García.-La señora Olona Choclán: ¡La letrada! ¡Pedimos amparo! ¡La letrada! ¡Haga el favor de recordarle al presidente el Reglamento! ¡No miren para otro lado, han secuestrado este Congreso!).
Señor Sánchez García, por favor, le ruego que se retire para que podamos continuar el debate. Está usted interfiriendo en el debate para que su compañera pueda hablar. (La señora Olona Choclán: ¡Pedimos la palabra, presidente! Cuestión de
orden: artículo 172 en relación con el artículo 104.-El señor vicepresidente, Gil Lázaro: Están pidiendo la palabra. ¡Es que ya ni la palabra!).
Señor Sánchez García, le ruego, por favor, que se retire del hemiciclo, como marca el Reglamento, para que podamos continuar con el debate. (El señor Sánchez García pronuncia palabras que no se perciben). La interpretación del mismo, señor
Sánchez García, la realiza quien preside y, por tanto, le digo que se retire. Después podrá usted presentar todos los recursos que quiera, pero en este momento tiene que retirarse. (El señor Sánchez García pronuncia palabras que no se perciben.-El
señor Anguita Pérez: ¡Que te pongas la mascarilla!).
Señor Sánchez García... (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: No es causa de expulsión, usted lo sabe. Rectifique.-El señor Anguita Pérez: ¡Que te pongas la mascarilla; que te pongas la mascarilla!). Señoría, retírese, por
favor, del hemiciclo. Señoría, no tengo ningún problema en dar la palabra a todos los que la pidan cuando se marche el señor Sánchez García. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-El señor Sánchez García baja las escaleras, habla con varios miembros de
su grupo parlamentario y se sienta al lado de la señora Olona Choclán.-Aplausos de varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX).
Suspendemos la sesión por diez minutos, señorías. (Pausa).
Señorías, tomen asiento, por favor.
Señor Sánchez García, le reitero por última vez -si no, abandone el hemiciclo- que retire el calificativo de [bruja] 2 a la señora interviniente. ¿Sí o no, por favor?
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Retiro que la he llamado [bruja]2.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Continuamos.
La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias.
Me llama mucho la atención que no entienda su señoría que nos preocupe tanto el aborto y que hablemos de aborto. Es que esto es una moción que trata sobre el aborto, es que nos va a preocupar ahora y siempre que mueran niños asesinados en
el vientre de su madre. No lo vamos a olvidar nunca y
2 Palabra retirada por el señor Sánchez García a instancias de la Presidencia. Ver página 10.
siempre vamos a luchar contra ello. Usted habla de las mujeres. Efectivamente, las mujeres, las vivas y las no nacidas también. (Aplausos).
Señorías, una mujer no es libre si toma decisiones cuando sufre, si toma decisiones cuando tiene problemas, cuando se siente sola. Si a una mujer no le queda más remedio que abortar es porque no es libre, porque ningún derecho puede
ejercerse sin libertad; ningún derecho puede ejercerse sin libertad. Ustedes mismos lo reconocen, las propias clínicas abortistas lo reconocen: hacemos hincapié en apoyar y acompañar porque puede ser un procedimiento doloroso tanto psíquicamente
como emocionalmente, dice ACAI. Entonces, ¿por qué no hacemos nada para evitarlo? ¿Por qué dejamos solas a las mujeres ante situaciones tan duras, sin otra alternativa que una solución rápida? ¿Por qué las obligamos a decidir entre salvarse ellas
o salvar a sus hijos, cuando podríamos salvarlos a los dos?
Señorías, nosotros no somos quienes para juzgar a quién lo hizo y por qué lo hizo, porque nadie está en el corazón de las mujeres que se han visto en la necesidad de abortar, pero sí podemos luchar contra el aborto. ¡Claro que podemos
luchar contra el aborto! Haciendo todo lo posible para que ninguna mujer se vea en la necesidad de hacerlo, porque esa es la forma más pacífica y preciosa de luchar contra el crimen más terrible de la humanidad. (Aplausos). Un crimen que no solo
siega una vida en el seno materno, sino que la despoja de toda dignidad.
Señorías, ustedes son libres de hacer el mal. Desgraciadamente, todos somos libres de hacer el mal, pero al menos no impidan que otros hagan el bien. Déjennos al menos intentarlo; dejen a los grupos provida intentarlo. No hagan caso de
quienes se lucran con el sufrimiento de las mujeres en su momento de mayor vulnerabilidad y luchen de verdad por las mujeres y por sus verdaderos derechos; también, señorías, por los derechos de las mujeres del futuro; también por los derechos de
las mujeres no nacidas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, la señora Pozueta Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede
a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Señor presidente, arratsalde on guztioi.
Nuestro grupo comparte los planteamientos que el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara en esta proposición de ley y, por ello, votaremos a favor de la toma en consideración. Denunciamos el acoso, señalamiento y criminalización
que se están produciendo a las puertas de las clínicas donde se realizan las interrupciones de embarazo. En concreto, en Navarra y en Guipúzcoa, desde el inicio de este año, volvieron a repetirse, suponiendo un ataque a la libertad y la intimidad
de las mujeres que se deciden a interrumpir su embarazo. Pero esta reforma del artículo 172 la enmarcamos en una más integral, global y necesaria reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo que se
aprobó hace once años. Consideramos urgente y necesario evaluarla para adaptarla a las necesidades existentes en la sociedad de 2021. Es necesario recoger aspectos tales como la deshumanización y medicalización injustificada de los procesos
reproductivos y poner los medios necesarios para que vayan desapareciendo. También urge eliminar los tres días de reflexión exigidos a toda mujer que decide realizar una interrupción del embarazo. Esta exigencia supone dudar de la capacidad de
decisión de las mujeres. Nosotras tomamos decisiones y no necesitamos permisos ni que se nos capacite desde instancias externas para concretar lo que decidimos. Nosotras decidimos. Después de estos once años, lo que se debería hacer, ni más ni
menos, es cumplir la mayoría de los preceptos de la ley y reformar, al menos, lo anteriormente mencionado. Que no quede su articulado en el papel sin ser desarrollado.
Por otra parte, la garantía de accesibilidad y equidad es uno de los puntos negros a la hora de la aplicación de esta ley, puesto que no todas las mujeres la tienen garantizada. Unido a ello, es necesario dar una respuesta contundente al
hecho de la objeción de conciencia de las y los profesionales que interactúan a la hora de realizar una interrupción de embarazo legal. Claramente confrontan los derechos de las y de los profesionales con los derechos de las mujeres. Así, se
dificulta a muchas de ellas la concreción de sus derechos dentro de la red pública. Es más, este hecho está favoreciendo a un sector de la sanidad privada, que se beneficia de que profesionales, para evitar supuestas complicaciones, tiendan a
derivar muchos de los actos que se tendrían que ofrecer desde la red pública, como son las interrupciones por medios farmacológicos para los embarazos de menos de siete semanas, las ecografías para concretar el tiempo de gestación y las
interrupciones del embarazo de menos de catorce semanas. Existe un gran negocio del que se habla muy poco.
Para finalizar, una vez más toca hablar de la educación sexual. Llevamos demasiados años hablando de la educación sexual. Es un tema muy manido, genera muchas discusiones y debates y no se le da una respuesta real. Sabemos que con la
educación sexual integral muchos de los embarazos no deseados que se dan en la actualidad no existirían y, en consecuencia, bajarían las tasas de interrupciones del embarazo. Es hora de abordar la sexualidad como posibilitadora de relaciones
basadas en el buen trato, en la ética de la relación, en la diversidad de identidades y de sexualidades, en las relaciones sexuales críticas con el coitocentrismo; es hora de hablar más de la aconcepción y quizá menos de la anticoncepción. Es hora
de abordar con seriedad el tema y que en el currículum de los grados relacionados con la educación, con la sanidad, con lo social e, incluso, con lo jurídico, la sexualidad humana tenga un rango; cada vez es más necesario. La universidad tiene que
formar a los profesionales que van a trabajar con personas sexuadas y que, en función de su momento evolutivo, van a mostrar unas necesidades concretas y necesitarán respuestas, pero respuestas que no sean ideológicas ni morales, ni siquiera el
silencio, sino respuestas profesionales. Como ven, queda camino por recorrer y, para transitarlo, es necesario, además de tener marcada la meta, tener voluntad de hacerlo.
Milesker.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Muchos asuntos, como la interrupción voluntaria del embarazo o la misma eutanasia, generan en nuestras sociedades y en las de nuestro entorno debates con posiciones encontradas en las que son muy difíciles las soluciones consensuadas, porque
son debates que polarizan a la sociedad. Ahora bien, una vez que la sociedad, a través del legislador, por los procedimientos democráticos preestablecidos, adopta una posición generando un derecho y regulando su ejercicio, tiene que ser también muy
garantista con las personas que quieren ejercerlo, porque, si no es así, aquella otra parte de la sociedad que se oponía utilizará todas las grietas legales a su alcance para dificultar o impedir su ejercicio aduciendo el ejercicio de otros
derechos.
La proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista viene precisamente a abordar esta grave situación que viene produciéndose en nuestra sociedad de manera reiterada desde la aprobación en el año 85 de la despenalización del
aborto en tres supuestos. Y, de manera agravada, viene produciéndose desde 2010, cuando la Ley 2/2010, de interrupción voluntaria del embarazo, introdujo el llamado modelo de sistema de plazos. Los hechos son de sobra conocidos y no son exclusivos
de España. En todos los países se reproduce el mismo patrón, con los mismos argumentos y en todos van articulándose respuestas normativas similares. Así, personas, grupos u organizaciones antiabortistas, aduciendo derechos como la libertad
ideológica, expresión, información, reunión, se concentran con regularidad ante las puertas de los centros de salud que facilitan la interrupción del embarazo o informan de la misma para tratar de que las mujeres que acuden a los mismos desistan de
interrumpir su embarazo, recabar información sobre ello o que el personal de esos centros acreditados cese en su actividad profesional. El caso es que, tanto los profesionales, como las mujeres, vienen denunciando sistemáticamente acoso,
intimidación, hostigamiento para dificultar emocionalmente el ejercicio de sus derechos y que se manifiesta, según los casos, en huevos en las fachadas, pintadas, cartelería y entrega de folletos, informaciones falsas, reproches, insultos de
asesinas, gritos e intemperancias, tomas de fotografías, pasillos por los que tienen que transitar, señalamientos públicos y un largo etcétera. Esto hace especialmente a las mujeres que se sientan vulnerables al verse expuestas de ese modo a las
puertas de centros sanitarios autorizados y precisamente en momentos emocionales muy difíciles para ellas, en las que demandan todo lo contrario: intimidad, protección de la integridad moral y no hostigamientos, en definitiva, unas condiciones
adecuadas que no entorpezcan ni dificulten el ejercicio de su derecho, ya de por sí difícil por el fuerte componente emocional que comporta.
Señorías, esta situación ha provocado una persistente demanda de protección institucional hasta la fecha no atendida, pero que ha llegado el momento de abordar con un mensaje claro: no se puede permitir que se intimide o estigmatice a
aquellos profesionales o a aquellas mujeres que respectivamente estén trabajando o accediendo a un servicio legal y público en ejercicio de sus derechos. El derecho a protestar, a la libertad de expresión, el derecho de reunión de las personas y
grupos que se oponen al aborto puede articularse contra la legislación y los derechos que reconoce, pero no intimidando, coaccionando,
hostigando, dificultando y con señalamiento público de aquellas otras personas concretas que quieren ejercer sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, limitando su libertad de obrar con conductas dirigidas a afectar el proceso
de formación de su voluntad, llenándolas de una sensación de temor, intranquilidad o angustia para que cambien su conducta y sin que el sujeto activo de estos comportamientos esté legitimado para ello.
Señorías, países de nuestro entorno, ante situaciones idénticas, están reaccionando de manera similar a como ahora se propone en la iniciativa que debatimos; hostigar y coartar el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo o el que
ayude a interrumpir voluntariamente es un delito con penas de prisión y multa. Y, señorías, aquí también debe serlo. Francia, Austria, Reino Unido, Irlanda, Alemania y otros más así lo están considerando, a la par que establecen distancias de
seguridad en torno a los centros de salud donde se ejerce ese derecho, lo mismo que se sanciona la publicación o emisión por cualquier medio de informaciones que no son ciertas en torno al aborto y sus consecuencias y que pueden inducir a error
intencionadamente como elemento disuasorio.
Voy finalizando, presidente. También consideramos que la persecución penal debe ser de oficio, no como delitos privados. En esto también las mujeres precisan acompañamiento institucional; si no, muchos delitos quedarán impunes, porque
ante todo las mujeres quieren preservar su intimidad y eso se quebraría si la persecución penal requiriese denuncia y sostenimiento de la acción.
Muchas gracias, señorías. Votaremos a favor de la iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, iniciaré mi intervención haciendo referencia a que las mujeres tenemos una serie de derechos reconocidos en nuestro país y nadie debe señalarnos por ello. Ya basta de señalar a las mujeres, y creo que toda la Cámara debe estar de
acuerdo con esto.
Desde un punto de vista de técnica jurídica, quería referirme al partido proponente, al Partido Socialista. La técnica legislativa a lo mejor no es la más adecuada para el abordaje de la propuesta que nos hacen, porque nos ha generado
alguna duda, y es que en nuestro Código Penal ya se tipifican las coacciones. El derecho penal sirve para proteger el ejercicio de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, pero el aborto no es un derecho reconocido en nuestra
Constitución. Entonces, esto a lo mejor nos hace ver que el encaje del propio derecho penal no es tanto para hacer política con ello, sino para utilizar la técnica legislativa adecuada que ofrezca seguridad jurídica. En alguna de las otras
intervenciones ya se ha hecho referencia a que quizá es más conveniente una introducción y una modificación en la Ley de salud sexual y reproductiva que aborde la protección de las mujeres y el ejercicio de su derecho. Por tanto, queremos dejar
claro que consideramos que a lo mejor el encaje debería ser otro.
Ahora bien, tenemos que hacer referencia a cuál es el fondo del asunto, y entrando en él, las mujeres tenemos una serie de derechos reconocidos, como la interrupción voluntaria del embarazo cumpliendo con las pautas que establece la ley. Y
tenemos ese derecho pese a que la bancada de la derecha, el Partido Popular, en su momento, se opuso al reconocimiento de este derecho. Me parece importante, además, porque estamos en un momento donde hablamos de avances en derechos, sí; de uso de
la palabra libertad, sí, pero no la utilicen, señorías del PP, únicamente como un eslogan. Se lo quiero recordar porque la semana pasada en la Eurocámara hemos tenido una serie de avances en el reconocimiento de derechos donde ustedes se han
posicionado votando en rojo. No se han posicionado a favor ni del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en toda la Unión Europa ni tampoco de que la violencia de género sea un delito transfronterizo. Háganselo mirar cuando hablan de
libertad. (Aplausos). Háganselo mirar. Igualmente, cuando hablan de garantía en el ejercicio de los derechos, porque está situación actual merece el apoyo de las grandes fuerzas que quieren la mejora de la defensa de los derechos fundamentales de
todas las personas.
Volviendo a nuestro asunto, si una mujer decide abortar dentro de los casos legalmente reconocidos, me parece totalmente indignante que se vea coaccionada, hostigada o cuestionada. ¡Ya está bien de que ocurra eso en nuestra sociedad! ¿Por
qué? Porque tenemos derechos reconocidos y lo que tenemos que hacer es garantizar su ejercicio, y hoy hablamos de garantizar el ejercicio de estos derechos. Claramente, la gente puede manifestar su opinión, pero lo que no puede es hostigar a una
mujer. Cualquiera que haya
tenido cerca a una persona que, lamentablemente, se ve ante una decisión de ese tipo, sabe que no es un proceso sencillo, que no es un proceso fácil. Que tengas que ir a la clínica y que te estén acusando de que matas, me parece que no es
únicamente una cuestión de libertad de expresión, sino que es una cuestión que roza la coacción, el hostigamiento y la intimidación de esa persona cuando quiere ejercer su derecho de una manera libre. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con
esta toma en consideración, al igual que vamos a trabajar en el propio texto para que realmente se genere la seguridad jurídica que se necesita. Pero, además, de esta cuestión ya informó el defensor del Pueblo en su informe de 2020, cuando pedía al
Ministerio del Interior que garantizara la intimidad de las mujeres que acuden a estas clínicas y que protegiera su integridad física y moral. La propia asociación de clínicas habilitadas para ello hizo una encuesta a trescientas mujeres, que dio
como resultado que el 89 % se sintieron acosadas y el 66 % amenazadas. Además, hay que respetar a los profesionales que están ejerciendo su trabajo, y lo que no pueden hacer es coaccionarles cuando van a ejercer su actividad.
De nada serviría la actividad de este Parlamento si, cuando legislamos, no permitimos el libre ejercicio de los derechos que reconocemos; o si, cuando legislamos, permitimos que a las personas se las amenace por hacer uso de las leyes que
hemos aprobado. Creo que tenemos que ir un paso más allá, señoría. Queremos trabajar para conquistar nuevos derechos, pero también para garantizar el libre desarrollo de los mismos. Por ello, nosotros vamos a votar a favor. Porque, además,
tenemos que ser conscientes de lo dura que es la decisión que toman muchas mujeres que se encuentran ante esta situación y no debemos permitir que sean cuestionadas, amenazadas o agredidas simplemente por ejercitar sus derechos. Creo que las
mujeres ya hemos sido -y todavía lo estamos siendo en muchos campos- señaladas, cuestionadas, discriminadas y tratadas de una manera diferente simplemente por el hecho de que somos mujeres. Por lo tanto, en el ejercicio de nuestros derechos
queremos libertad, pero libertad con mayúsculas, y es lo que desde mi partido vamos a defender.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, a elegir si quieren o no ser madres y cuándo quieren serlo, ha sido una conquista de la lucha feminista y democrática. Compartimos la necesidad de poner todos los mecanismos para
garantizar ese derecho y votaremos a favor de la propuesta, pues ninguna mujer debiera ser coartada, amenazada o coaccionada en el ejercicio libre de su derecho. Sin embargo, también queremos hacer notar que la mayoría de las mujeres acuden a
clínicas privadas en muchos casos que se dedican exclusivamente a esta práctica por las dificultades que se encuentran cuando quieren hacerlo a través de la sanidad pública, y esto no es lógico, particularmente porque muchos profesionales sanitarios
que ejercen en el ámbito público alegan ser objetores de conciencia. Así, las interrupciones de embarazos se realizan en muchas ocasiones a través de conciertos en entidades privadas donde, sorprendentemente, no existe la objeción de conciencia, y
esto facilita también la labor de los intransigentes que están especializados en coartar derechos y en vulnerarlos. Por lo tanto, creemos que hay que modificar la norma. Desde el punto de vista del BNG es claro: cuando se trata de derechos no
puede haber ni insumisión ni objeción de conciencia, deben garantizarse de forma efectiva los derechos legalmente reconocidos, como en este caso el aborto libre, seguro y gratuito.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Errejón Galván.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor presidente. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Yo tenía preparada otra cosa, porque había visto que una parte de las asociaciones ultras, e incluso de los diputados ultras, habían movido el hashtag 'Rezar no es acosar' y creían que estaban defendiendo que esto era una legislación que iba
a impedir a la gente rezar. Tenía una argumentación un poco más preparada e incluso les citaba una cosa de Mateo pero, en realidad, resulta que la intervención de un
diputado de VOX ha demostrado perfectamente de qué estamos hablando. Si hay un diputado de la ultraderecha que con ira y con soberbia se atreve a comportarse así en esta Cámara con un diputado, ¡qué no les dirán a las puertas de las
clínicas a las mujeres que van solas a intentar abortar! (Aplausos). Que un inquisidor te llame bruja es un orgullo, compañera. Este no es un debate sobre rezar o no rezar. Quien quiera rezar puede hacerlo donde le dé la gana: puede rezar en su
casa, puede rezar en una iglesia e incluso puede rezar en un espacio público. Los ultras no van a las clínicas a rezar, porque no van a salvar almas, van a hacerle más dolorosa y más difícil la decisión a personas adultas que han tomado una
decisión nada fácil, nada sencilla, en un día en el que tienen que estar tranquilas, en el que no tienen que tener miedo ni tienen que tener ninguna amenaza, y van a aumentar un poquito más el dolor en un momento particularmente doloroso para una
persona que ha tomado una decisión ya de por sí difícil.
Algunos testimonios salidos de mujeres que han sido acosadas a las puertas de las clínicas: 'Me han puesto muy nerviosa y no me dejaban en paz por mucho que se lo pedía'. Otra: 'Me han hecho sentir como una asesina. Me han dicho que voy
a ir al infierno, que estaba matando a mi hijo'. Otra: 'He llegado a una clínica muy nerviosa porque abortar no es fácil, pero para mí lo peor ha sido el acoso. He querido llorar y marcharme a casa'. ¿Qué tiene que ver esto con rezar? Cuando se
insulta o se agrede a un trabajador de una clínica a la entrada de su trabajo, ¿qué tiene que ver con rezar? Cuando se hace un pasillo para gritarle asesina y tirarle muñecos de fetos a una mujer que va a entrar a una clínica, ¿qué tiene eso que
ver con rezar? No tiene absolutamente nada que ver. Los ultras no van a las clínicas a rezar; van a las clínicas a hostigar y a poner más dolor en el cuerpo de las mujeres y ustedes lo saben perfectamente.
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, por favor.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Las mujeres tienen pleno derecho a interrumpir su embarazo y el Estado tiene la obligación de garantizar su libertad para hacerlo si así lo deciden sin amenazas y sin más dolor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Errejón.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Hay en marcha una ola reaccionaria -lo hemos visto ya en Chueca- y no se va a parar poniéndose timoratos o mirando para otro lado; hay que ser contundentes... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Si decidiste interrumpir tu embarazo, la cita con el cirujano cae en un último viernes de mes y vives en Madrid, tienes muchos números de que en ese momento en el que necesitas apoyo emocional te encuentres acosada por grupos de cañeros, que
van a acompañar tus últimos metros hasta la puerta del centro médico con insultos, coacciones, amenazas, gritos y proclamas con las que -agárrense, señorías- pretenden apoyar a la mujer embarazada. Son los mismos que se van de cañas contra la
eutanasia. Claro que contra los pacientes que están viviendo sus últimas horas por decisión propia no pueden hacer agenda semanal ni tirar de mapa para hacer convocatoria a través de las redes sociales por razones obvias. La actividad de grupos
como el de Cañas por España se extiende por muchas comunidades autónomas. Son los mismos que se envuelven en la bandera española para cargar contra los MENA, porque ya sabemos que para la extrema derecha hay vidas que importan y vidas de patera que
no importan tanto. Son también los de la caña fría, que piden devoluciones en caliente en las playas-frontera; son los mismos.
El aborto no es un capricho feminista, sino una opción personal difícil de tomar -como se ha dicho-, dolorosa física y emocionalmente hablando. Pero, además, es un derecho reconocido en la Ley 9/1985, que despenalizaba la interrupción del
embarazo en tres supuestos, y en la Ley Orgánica 2/2010, que defiende el aborto en cualquier caso cuando es voluntad de la mujer gestante y se lleva a cabo en las catorce primeras semanas. Por eso, a esos cañeros hostigadores y acosadores hay que
pararles penalmente los pies, como han hecho en Alemania, Austria, Reino Unido y Francia, por ejemplo. Sus acciones no pueden quedar impunes, porque una cosa es la libertad de expresión y otra muy distinta el acoso al que someten a las mujeres que
deciden abortar y a los sanitarios que les dan apoyo profesional
y que, superando su afectación por la presión a la que son sometidos por parte de estos grupos, también ayudan emocionalmente a esas mujeres.
Aunque la defensa es un derecho, no debiera necesitar justificación. El informe Key Facts on Abortion de Amnistía Internacional ofrece un dato que debieran tener en cuenta los presentes. La ratio de abortos en países que permiten el aborto
es del 34 ; en los países que no lo permiten o solo en casos de riesgo de vida para la mujer es de 37 . Hay muy poca diferencia en cuanto al porcentaje y, por el contrario, una gran diferencia en las condiciones en las que se puede practicar el
aborto. Un buen acompañamiento médico, en buenas instalaciones, pero también un buen acompañamiento emocional por parte de la sociedad que formamos todos son un derecho a preservar. Obligar a una persona gestante a llevar un embarazo no deseado es
una violación de sus derechos humanos y de su privacidad y autonomía corporales. Más de cincuenta países han cambiado sus leyes en los últimos veinticinco años para hacer más accesible el aborto a aquellas mujeres que quieren poner fin a un
embarazo no deseado. Criminalizarlas, así como a los profesionales que las ayudan, es una forma de discriminación que condena el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y que también debe
aplicar a los hombres transgénero. Transmitir mediante el acoso la falsa idea de que se está haciendo algo contra la ley genera estigmatización en las personas acosadas y debe ser castigado penalmente. Por eso, vamos a votar a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Calvo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidenta.
Diputadas, diputados, buenas tardes. Para que quede claro ya de entrada, nosotras somos las hijas y las nietas de las brujas que no pudieron quemar en las hogueras. (Aplausos). Y no, no consentiremos nunca más, nunca más, que su
intolerancia vuelva a matarnos. (Aplausos). Cuando esto ha quedado claro, también les digo que a mí pueden decirme lo que quieran, porque yo soy diputada, pero a esas mujeres, ¿se creen ustedes con derecho de imponerles sus convicciones? ¿Y nos
llaman ruines? Y lo hago en este tono porque parece ser que al fascismo le gusta hablar en este tono, así, suavito, y entonces parece que no pase nada. Pero hoy lo hemos visto en esta Cámara, porque lo que hemos visto hace un rato -y unos cuantos
parece que no se han dado cuenta o no quieren hablar de ello- es que insultan, niegan que insultan, se niegan a cumplir las órdenes de la Presidencia de la Cámara, no se van, dicen que no han dicho y encima nos aguantamos y hacemos ver que no ha
pasado nada. ¡Por el amor de Dios, nos van a pasar por encima y no nos vamos a dar cuenta! (Aplausos). Y es exactamente lo que están haciendo.
Vamos a ver, el aborto desde hace muchos años es un tema bastante pacífico. Yo hoy traía unas cuantas consideraciones técnicas: que debe hacerse en la pública, efectivamente, sea ambulatoria o sea en hospital, por tanto no tendrían la
capacidad de detectar dónde se están haciendo y, en consecuencia, no tendríamos la panda de energúmenos en la entrada de las clínicas bien identificadas. Traía consideraciones respecto a cómo debía financiarse, traía unas consideraciones diciendo
que sí, que estamos de acuerdo -por cierto, que les vamos a votar a favor-, pero claro, llevas tú tu trabajo pero te vienen, te montan este circo, este espectáculo, y ya tienen portada. ¿De qué se va a hablar? De que fíjese usted, pobrecitos los
de VOX, los han sacado del recinto. ¿Del recinto? No, no, del arco parlamentario los tendríamos que sacar, a través de votaciones -sí, señor-, pero es que si no, exactamente igual que con el aborto, su única opción es: o piensas como nosotros y
actúas como nosotros, o te vamos a decir cómo tienes que actuar; lo que tú pienses, tus derechos, tu libertad, tu cuerpo no te pertenece, les pertenece a ellos porque tienen la razón, la fe y la verdad. Fíjense ustedes, recuerden que no hace mucho
un diputado suyo dijo aquí: Nosotros somos la verdad, la belleza y el bien. Aquel día me quedé anonadada porque es la base para imponer al resto sus convicciones en todos los ámbitos de la vida, y no podemos dejar de hacer frente a esa ola
autoritaria que nos va -y lo vuelvo a decir- a arrasar. Oigan, ustedes creen -me parece estupendo, no necesitan saber si yo también creo o no-, pues crean, hagan reuniones, manifiéstense en contra del aborto, pero no en contra de las mujeres,
porque eso es violencia, violencia machista y es ruin, despreciable y mezquina. (Aplausos).
¿Ustedes han abortado? ¿Ustedes saben lo que se pasa? Hay tres aspectos que no deben olvidar y que estaría bien que escucharan. Primero, ninguna mujer debe decir por qué, qué motivos tiene para
abortar, es un derecho; segundo, nadie en esta Cámara, y yo creo que nadie en el mundo, tiene derecho a poner en duda su decisión, porque es su cuerpo, su vida y su libertad. (Aplausos). Se me seca la boca de la rabia que me produce esa
impunidad con la que creen que pueden ir marcando lo que los demás tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Demasiados años impunes; ese es su problema. Igual que el otro gran problema es que cuando su gente, sus mujeres -porque no todas son
tan santas-, querían abortar se iban a Londres y las pobres de aquí no podían abortar o lo hacían en unas condiciones absolutamente precarias, porque el problema es que ustedes han detentado el poder y la riqueza y el resto que se arreglaran como
buenamente pudieran. Pero ¿saben que pasa? Que aparte de ser de izquierdas yo soy independentista. Con estos espectáculos espero que estén haciendo el gran favor de que haya cada vez más independentistas porque este Congreso es insoportable.
¿Ustedes se dan cuenta de lo que plantean?: Nosotros tenemos la verdad y todos ustedes son una panda de asesinos, son una panda de malignos, son una panda de mentirosos. ¿Esto es manera de hacer política? Esto es un populismo y una demagogia que
una sociedad que había avanzado lentamente no se merece. No se merece unos políticos como estos que los hechos realmente vitales de las mujeres los convierten en casus belli, en populismo y en demagogia. Se lo van a encontrar más tarde o más
temprano, pero también les digo una cosa: estamos organizadas y las feministas no daremos un paso atrás, les dones parim, les dones decidim.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Republicano, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallugera. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Antes de nada, querida Laura, querida Pilar y queridas compañeras feministas que estáis en este hemiciclo, sí, somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar y como además dice Silvia Federici, que es
evidente que hay quien no la ha leído, la caza de brujas contribuyó a destruir el poder social de la mujer, a devaluarla como sujeto, a desvalorizarla como sujeto. Esto, compañeras feministas que estáis en esta Cámara, no podemos volver a
permitirlo jamás. (Aplausos). Gracias.
El 26 de octubre de 1979, diez mujeres y un hombre acuden a la Audiencia Provincial de Bilbao para ser juzgadas por abortar o practicar abortos. Fuera, tres mil feministas están mostrando su apoyo y reivindicando el derecho a decidir sobre
su propio cuerpo. Aunque no llegó a producirse porque una de las once no se presentó y no se retomó nunca por la movilización social, el juicio de las once de Basauri es paradigmático y se considera el precursor de la Ley de 1985 que despenalizaba
parcialmente el aborto. Y hoy quería hablar de ellas, de las once de Basauri y también de las tres mil feministas que estaban fuera, porque hicieron historia y porque nuestra memoria debe tenerlas presentes cuando hablamos del avance en nuestros
derechos sexuales y reproductivos. Igual que quiero hablar de una clínica pionera en Madrid, Dator, que ha sufrido el acoso sistemático, junto con otras muchísimas clínicas a lo largo del Estado, de grupos ultras que se dedican a vulnerar los
derechos tanto de quienes acuden a las clínicas a interrumpir voluntariamente su embarazo como de quienes trabajan legalmente en ellas. Es un acoso atroz y es antidemocrático. La propia defensoría del Pueblo ya se pronunció diciendo que si se dan
actuaciones de obstrucción a través de la intimidación, a través de la coacción o a través de la violencia cabe una actuación policial gradual y proporcionada. Y sí, cuando has tomado la decisión de interrumpir tu embarazo, cuando has tomado esa
decisión, que es difícil porque siempre lo es, y vas a pasar por una intervención médica, ya sea instrumental, ya sea farmacológica, que te acosen con planteamientos fundamentalistas y ultraconservadores es vulneración de derechos, es indecente y es
violencia porque no es ayuda, porque ninguna de esas mujeres va a dejar de abortar porque le estén metiendo miedo, le estén haciendo daño y la estén criminalizando, que es la única función que tiene el acoso delante de esas clínicas. (Aplausos).
Por eso, compartimos el objetivo de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y, evidentemente, votaremos a favor de la toma en consideración.
Una vez dicho esto, vemos necesario ir mucho más allá. Sabemos que por el Ministerio de Igualdad se está trabajando en la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, una ley que -quiero decirlo aquí- hace once años marcó un antes y un después. Pero
han pasado once años, once años de reivindicación feminista, once años con un 8 de marzo, el de 2018, que ha generado un punto de inflexión en el avance
de los derechos feministas y en el avance de los derechos humanos, y es necesario que nos amoldemos también al tiempo que nos ha tocado y que hagamos lo que nos corresponde en nuestra parte del legado. Nuestro país necesita una reforma
mucho más profunda -estructural e integral- que algo que únicamente afecte al Código Penal. Los problemas de las mujeres para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos van más allá de lo que tiene que ver con el acceso a las clínicas. En
España, hay comunidades autónomas en las que no se realizan las IVE. La mayor parte de las IVE se realizan en clínicas privadas por el profundo problema -ya se ha mencionado- que existe con la objeción de conciencia, en lo que muchas veces no
entran tanto cuestiones de moralidad como de pura precariedad, de entorno de trabajo o de desinterés en una práctica que en los propios estudios de medicina se infravalora. Tenemos la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada en
2011, que necesita ser renovada y la Estrategia de Atención al Parto Normal, de 2007, que también necesita ser renovada. Estas son solo algunas de las pequeñas e importantes cuestiones que es necesario que reformemos.
La repuesta fundamental tiene que ser la sanidad pública, porque la mejor forma de proteger a las mujeres es fortaleciendo los servicios públicos, y es desde lo público que el ejercicio de los derechos puede ser garantizado para todas las
mujeres, las que se lo pueden permitir y las que no. Y esta es la única forma en la que una puede explicarse que a veces la derecha sea tan reticente a este reconocimiento: que no quieren que sea para todas. Porque, señorías de la derecha, ¿de
verdad pretenden que pensemos que las mujeres que les votan no se han visto en la situación de tener que interrumpir voluntariamente su embarazo? La realidad y los datos nos dicen justo lo contrario: que abortar no es una cuestión de ser de
derechas o de izquierdas. Y lo que nosotras decimos es que, además, no tiene que ser una cuestión de vivir en un territorio o en otro, de tener poder adquisitivo o no, de ser valiente frente a acosadores o no. Por eso, porque esto va de garantizar
los derechos de las mujeres, el Ministerio de Igualdad está preparando una medida legislativa que avanzará en el derecho a una maternidad libre, porque es su responsabilidad con la sociedad, con la Constitución y con todos aquellos acuerdos
internacionales que estamos obligadas a implementar en todas las instituciones.
Se lo digo muy clarito, señorías de la ultraderecha, estamos hablando de derechos humanos, les guste a ustedes o no, lo reconozcan ustedes o no. Y mientras ustedes miran a Hungría, nosotras nos alegramos con la revolución de las pibas
argentinas; mientras ustedes miran a Polonia, nosotras saludamos a las irlandesas; mientras ustedes miran al pasado, nosotras avanzamos con determinación por un presente más justo, que nos haga a todas, a todos, a 'todes', incluso a ustedes -si me
lo permiten-, más felices. Por 'las once de Basauri', por las tres mil feministas que esperaban en la audiencia de la Audiencia de Bilbao, por las mujeres que hoy no están, por las mujeres que sufren acoso por hacer su trabajo y por garantizar un
derecho, por el tren de la libertad, por las que salimos a decirle a un ministro que en nuestros cuerpos mandamos nosotras: (levantando el puño) ¡educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir! (Aplausos de
las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Angulo Romero.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidenta.
Presenta el Grupo Socialista hoy una proposición de ley que evidencia, de nuevo, su hipocresía y la utilización sectaria de las instituciones y de nuestro ordenamiento jurídico para ponerlo al servicio de sus intereses políticos, aunque con
ello restrinjan derechos fundamentales, como últimamente les viene diciendo el Tribunal Constitucional.
Con el pretexto de garantizar el acceso a las clínicas privadas de mujeres que quieren abortar, que ustedes dicen se coarta por determinadas personas por reunirse frente a estas, proponen incluir en el Código Penal un tipo específico para
considerar así, sin más, delito de coacción promover o participar pacíficamente en reuniones en las proximidades de estas clínicas u ofrecer información, penalizando el ejercicio de derechos fundamentales como el de la libertad de expresión o de
reunión, obviando que de producirse cualquier incidente existen otras vías de solución. Porque lo que en realidad subyace en esta proposición es un nuevo intento de limitación sectaria de los derechos en función de la ideología de quien lo ejerce.
Ustedes no quieren castigar unas supuestas coacciones, de ser así, de existir, y lo saben, su propuesta sería innecesaria porque el Código Penal ya tipifica la coacción, castigando de
manera suficiente a quien resulte probado que, actuando con violencia o intimidación, impide que alguien pueda ejercer un derecho. Ustedes lo que quieren es prohibir el derecho de reunión o de expresión donde y de quien no les guste, porque
solo les falta poner nombres y apellidos. Si ustedes creen que el tipo básico del Código Penal no protege frente a conductas específicas, ¿por qué no proponen un tipo específico para garantizar la libre opinión política de esas mujeres que padecen
hostigamiento o violencia por su filiación política? ¿O para esas mujeres que quieren usar en sus trabajos o en sus negocios el idioma oficial de nuestro país sin que por ello tengan que ser acosadas con pintadas amenazantes? (Aplausos). ¿O por
qué no considerar también hostigamiento o coerción de libertades las concentraciones frente a los lugares de culto religioso o de celebración de ciertos espectáculos culturales que tratan de impedir el acceso a estos? Porque su objetivo no es
garantizar libertades ni proteger a las mujeres, a quienes en el Partido Popular no juzgamos por su pensamiento cosa que ustedes sí hacen, su objetivo en todos los ámbitos es desarrollar un nuevo ordenamiento jurídico no objetivo, sino ideológico al
servicio de sus intereses políticos.
Con esta proposición, de dudosa constitucionalidad, criminalizan el derecho de reunión pacífica o la libertad de expresión de personas solo porque no piensan como ustedes mientras apoyan otra proposición de ley para despenalizar y conceder
impunidad a quienes, eso sí, de manera violenta, atacan nuestras instituciones, nuestros símbolos constitucionales, los sentimientos religiosos de millones de españoles o realizan actos de enaltecimiento del terrorismo. Es decir, ustedes a quienes
cometen esos actos les otorgan el beneficio de una interpretación ilimitada, laxa, del derecho a la libertad de expresión, porque este solo es si le gusta a la izquierda; les conceden el derecho ilimitado a hostigar, a atacar sentimientos o a
situar en una victimización permanente y dolorosa, mediante la humillación y el desprecio, a determinados ciudadanos o colectivos, como es el caso especialmente sangrante de las víctimas del terrorismo. (Aplausos). Porque resulta incoherente e
indignante, señora Berja, que propongan criminalizar el derecho de expresión, información o reunión pacífica de un concreto colectivo, insisto, casi con nombres y apellidos, solo por no compartir su ideología o sus valores, cuando ustedes no han
hecho absolutamente nada para impedir concentraciones y manifestaciones que se han celebrado en apoyo a quienes asesinaron, secuestraron, amenazaron y causaron un terrible dolor a las víctimas de esos actos y al conjunto de la sociedad española.
(Aplausos). Las soflamas de odio y justificación de la violencia que se escuchan y se gritan en esas concentraciones eso sí que son actos de hostigamiento, de intimidación y de coacción a la libertad de miles de ciudadanos y, además, suponen una
doble victimización para las víctimas. Y ante ello, ustedes, silencio cómplice.
Desde el Partido Popular vamos a garantizar siempre el respeto a la dignidad y al honor de las víctimas. En el Partido Popular no vamos a caer en sus trampas ideológicas, esas de las que los españoles están cada vez más hartos porque son
ideadas solo para tapar sus políticas sectarias, esas que abandonan a las familias llevándolas a la pobreza y al paro, especialmente a las mujeres, que son quienes más terreno pierden cada vez que gobierna el Partido Socialista. No van a
amedrentarnos ni a acomplejarnos con lo que algunos juristas han llamado populismo punitivo, para perseguir a todo aquel que no sirva a sus intereses o no sostenga su versión de las cosas (aplausos), señalando siempre a los españoles en función de
su ideología, dedicados como están solo a generar enfrentamiento y crispación.
Señora Berja, por supuesto que ni el Partido Socialista, y mucho menos Podemos, nos van a dar al Partido Popular ninguna lección de defensa de los derechos de las mujeres con sus mentiras y sus manipulaciones porque fue el Partido Popular
quién promovió y aprobó el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género (aplausos), que ustedes y sus socias de Gobierno no apoyaron, un pacto que ahora cumple cuatro años y sobre el que desde ese inútil Ministerio de Igualdad no han hecho
absolutamente nada. ¿Quiere, señora Berja, que hablemos de vulneración de derechos? ¿Creen que no hacer nada en el caso de la explotación de las menores tuteladas por su Gobierno en Baleares no es intimidar a los menores? (Aplausos.-Varios
señores diputados: ¡Muy bien!). ¿Creen que las maniobras de la vicepresidenta de la Generalitat de Valencia para minorar la responsabilidad de su exmarido, condenado por el abuso de una menor tutelada, no es un menoscabo para la libertad de esa
menor? ¿No es vulnerar sus derechos? Miren, si de verdad quieren defender los derechos de las mujeres, empiecen por proteger y defender precisamente a esas niñas, a las más débiles, y dejen ya de utilizarnos al resto de las mujeres para sus fines
políticos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Angulo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, DE REFORZAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y DE REFORMA DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE,
POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL, PARA GARANTIZAR LA IMPARCIALIDAD DE SU ACTUACIÓN. (Número de expediente 122/000092).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, de reforzamiento de la independencia del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la imparcialidad de su actuación.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz-Clavijo. (Aplausos).
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias, presidenta.
Señorías, al socaire del auge populista, una corriente iliberal recorre en nuestros días la espina dorsal de las grandes democracias. Pocos países han sido inmunes a este azote al Estado de derecho; ha alcanzado incluso a naciones de larga
tradición democrática. Hubiéramos preferido que España hubiera sido una honrosa excepción a esta ola de seducción autoritaria, en palabras de Anne Applebaum, pero no ha sido así. Bajo los cantos de sirena de la democracia directa, gobiernos y
fuerzas parlamentarias de tendencias políticas extremas manipulan sin escrúpulos los sentimientos de incertidumbre de unas sociedades golpeadas por una década de crisis económica y sanitaria para poner en práctica programas políticos que persiguen
con métodos divisivos y maniqueos la colonización de los órganos constitucionales y la concentración del poder en una única mano. Las instituciones que sirven de contrapeso al Poder Ejecutivo en el Estado democrático de derecho se sitúan en primera
línea de playa, frente a una galerna autoritaria, y entre ellas, a pie de costa, en el ojo del huracán que amenaza con arrasar los equilibrios institucionales hasta sus mismos cimientos, se levantan los muros de la independencia del Poder Judicial,
guardianes de nuestros derechos y libertades frente al abuso, la injusticia y la arbitrariedad de los poderes públicos. Así, señorías, el artículo 117 de nuestra Constitución lo expresa de forma inequívoca: 'La justicia emana del pueblo y se
administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.' Efectivamente, sometidos únicamente al imperio de la ley. Señorías, no en
vano sabemos desde la República de la antigua Roma que somos esclavos de la ley para poder ser libres. La necesidad de preservar la independencia de los jueces y magistrados que con tanto énfasis consagró el constituyente en el capítulo VI de
nuestra carta magna tuvo su reflejo directo en la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial, que optó por la elección directa de los jueces como sistema de designación de los doce vocales de turno judicial. Fue un
Gobierno socialista en 1985 el que introdujo posteriormente la elección parlamentaria de todos los vocales del consejo, impidiendo que los jueces pudieran seguir eligiendo a sus pares en calidad de vocales de procedencia judicial. Si bien el
Tribunal Constitucional declaró en 1986 la conformidad constitucional de este método de elección, ya alertó entonces de que el fin perseguido en el artículo 122.3 de la Constitución podría verse frustrado si las Cámaras, a la hora de efectuar sus
propuestas, atendían única y exclusivamente a la división de fuerzas existentes en su propio seno para distribuirse los puestos a cubrir entre los distintos partidos.
Han pasado treinta y cinco años desde aquella sentencia y, lamentablemente, su advertencia sobre los posibles riesgos se ha visto confirmada. Basta con recordar el intento por parte de los dos partidos que conforman el Gobierno de
coalición, PSOE y Podemos, el pasado 13 de octubre de 2020, de, mediante una proposición de ley orgánica, modificar el sistema de elección de los jueces miembros del consejo cambiando el requisito de mayoría cualificada de tres quintos por el de
mayoría absoluta, fundamentándolo en la necesidad de adaptarlo en lo que los entonces portavoces de ambas formaciones denominaron como mayoría posible, que no era otra que la del Gobierno, en un claro intento de control del Poder Judicial por parte
del Poder Ejecutivo, reforma que -leo literalmente-, de haberse llevado a cabo, habría incrementado la percepción del consejo como una institución vulnerable a la politización, como recoge el informe de la Comisión Europea sobre la situación del
Estado de derecho en 2021 en España del pasado 20 de julio, que también insiste en que las normas europeas establecen que al menos la mitad de los miembros del consejo han de ser jueces nombrados por sus homólogos de todos
los niveles del Poder Judicial. Es importante que se tengan en cuenta estas normas europeas y se consulte a todas las partes interesadas pertinentes.
Señorías, señorías del Grupo Socialista, ¿no vamos a tener en cuenta estas normas europeas? ¿Nos vamos a situar al margen de las mismas? ¿Vamos a situarnos en la insumisión constitucional y de los estándares que nos marca Europa? No es
posible y no tienen excusa. Se hace necesario avanzar y afrontar esta reforma en el sentido que indicaba el Tribunal Constitucional ya en 1986 y que hoy planteamos para su toma en consideración a la Cámara porque los fines perseguidos en la
Constitución se han visto puestos en riesgo cuando ha habido que renovar el órgano de gobierno de los jueces recientemente. Señorías, esta iniciativa legislativa es fiel reflejo del compromiso del Partido Popular impulsado por su presidente Casado
desde su paso al frente en el proceso de primarias en el que fue elegido por los afiliados, incorporado, como no puede ser de otra manera, en nuestro programa electoral, con el que concurrimos a las pasadas elecciones generales, y lo hicimos en
favor de la independencia judicial y cuenta con el respaldo sin reservas y el aval explícito de todas las asociaciones judiciales españolas, de la Comisión Europea, del Consejo de Europa y de la Comisión de Venecia, que reclaman de una forma unánime
que los vocales judiciales del consejo sean elegidos por sus pares, que los jueces elijan a los jueces, y la última vez, ayer. (Aplausos).
Señorías, el Gobierno se ha quedado solo, sin apoyos ni argumentos que legitimen su negativa a acometer una reforma real del Consejo General del Poder Judicial, tal y como reclama el comisario de Justicia europeo, el señor Reynders. Incluso
en la hipótesis de que Sánchez se transmutara en un referente modélico e inspirador de calidad democrática y de respeto escrupuloso a la independencia de las instituciones, seguiría siendo de urgente necesidad que el Poder Legislativo, es decir,
esta Cámara, respaldara la proposición de Ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de reforma de la Ley de Regulación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que tengo el honor de defender, en nombre mi grupo, hoy en esta
tribuna. Pero el hecho indiscutible es que en el Gobierno de España se sitúa hoy un Partido Socialista históricamente alérgico a la separación de poderes, víctima del síndrome de Estocolmo hacia los nacionalpopulismos reaccionarios y populismos
radicales de extrema izquierda, y acaudillado por un presidente del Gobierno que está obsesionado hasta la enfermedad por el sometimiento de los órganos constitucionales al vasallaje de sus designios autocráticos. Por tanto, si cumplir con el
espíritu constitucional es inexcusable en toda época y lugar, hacerlo hoy en día representa un imperativo democrático para todos los grupos parlamentarios que defendemos el marco constitucional, máxime después de que los partidos del Gobierno y sus
socios de investidura hayan ya laminado las competencias del Consejo General del Poder Judicial, una vez superado su plazo de renovación. Lo que el propio presidente del Gobierno llama insumisión inconstitucional del Partido Popular ha de
entenderse, por tanto, como disidencia democrática frente al despotismo y sus campañas de erosión institucional. (Aplausos).
¿Qué proponemos en esta proposición de Ley orgánica, señorías? En relación al Poder Judicial, volver a la elección directa por parte de los jueces, entendiendo que la renovación actual debe regirse por el sistema vigente, tal y como recoge
la disposición transitoria primera. Nuestro compromiso claro como proponentes, desde la solemnidad de esta tribuna, con la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial. Prohibición de que los miembros de la carrera judicial
incapaces de recabar la confianza de sus pares puedan ser designados por la vía de turno de juristas. Prohibición, también, de acceso al Consejo General del Poder Judicial de quienes han ejercido cargos políticos en los últimos diez años.
Asimismo, extender la exigencia de mayorías cualificadas en los nombramientos competencia del consejo en los que no lo tienen previsto en estos momentos. La supresión de la figura del llamado magistrado autonómico, designado por los consejos a
propuesta interna de los parlamentos autonómicos. Pero, además, esta proposición de ley orgánica aborda de lleno una reforma del Ministerio Fiscal dirigida a fortalecer el cumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad y deber de velar
por la independencia de los tribunales, consagrado en el artículo 124 la Constitución.
Señorías, '¿la Fiscalía de quién depende? Pues ya está'. Estas palabras, pronunciadas ufanamente por el señor Sánchez hace apenas dos años, figuran ya en el Olimpo del absolutismo y es lo que tenemos que frenar. Quiero invitarles a que en
un momento de asueto escriban en el buscador de Internet de sus móviles las siguientes palabras: mítines electorales de Dolores Delgado. Les aparecerá en la pantalla una panoplia de intervenciones de la hoy fiscal general del Estado en la campaña
electoral de las elecciones generales de noviembre de 2019, apenas dos meses antes de ser nombrada para el cargo por sus acrisolados méritos de comisaria política. Ya no solo es que fuera ministra minutos antes de ocupar la cúpula del Ministerio
Fiscal, es que bramaba consignas vociferantes contra el Partido Popular desde la
dialéctica de bandos y el atril de la confrontación. Señorías, si alguien se sitúa en las antípodas geográficas de la imparcialidad, esa es sin duda la señora Delgado, la actual fiscal general del Estado. De ahí la propuesta, incluida en
esta proposición de ley orgánica, de modificar el artículo 29.1, por el que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para que el nombramiento al cargo de fiscal general del Estado no pueda ser ocupado por quien haya ocupado un cargo
representativo de confianza política en los diez años anteriores.
Señorías, por desgracia no podemos aprobar hoy la restitución retroactiva de las cacicadas del presidente del Gobierno. Por eso, en defensa de la dignidad de esta Cámara como legítima depositaria de la soberanía nacional, como brazo de la
potestad legislativa, como órgano de control y contrapeso al Poder Ejecutivo, les pedimos el apoyo a una proposición de ley que redundará en beneficio de las instituciones democráticas, hoy que en tan grave riesgo están y sufren por el brazo del
Gobierno.
La nuestra es una democracia plena, pero amenazada en su plenitud. Son leyes como estas -las que hoy les proponemos- las que previenen y evitan el deslizamiento del Estado de derecho por la resbaladiza pendiente del antiliberalismo en boga.
Señorías, este deber transversal de todo este arco parlamentario no puede ser obviado. Esperemos que ustedes no tengan mayor inconveniente en apoyar la quiebra de la separación de poderes si en el Ejecutivo se instala un Gobierno de izquierdas...
La señora PRESIDENTA: Señora Gamarra, tiene usted que terminar, por favor.
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: ... porque tal vez algún día se lamenten muy mucho de no haberlo hecho si llegara eventualmente al poder un Gobierno iliberal de signo contrario. Señorías, no se dejen llevar por sus inclinaciones políticas;
trasciendan el corto plazo. En cualquier coyuntura histórica, el Gobierno limitado es uno de los fundamentos de la libertad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gamarra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular acierta de pleno cuando plantea esta proposición de ley para reforzar la independencia del Poder Judicial y para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al objeto de garantizar la imparcialidad de
sus actuaciones. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis ocupa la Presidencia). Frente a este Gobierno de acusada querencia a incumplir la Constitución, tal y como viene certificando con sus sentencias el Tribunal Constitucional a lo
largo de esta XIV Legislatura, resulta muy oportuna la toma en consideración de un texto para que las Cortes Generales pongan término a la actual situación de bloqueo a perpetuidad. El empecinamiento del Ejecutivo PSOE-Podemos, en su indisimulado
afán por ejercer el control sobre el órgano de gobierno de los jueces, impide que estos puedan oxigenar el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación rechacé con una intervención en solitario en el Senado hace casi ocho años, oponiéndome a
un sistema de elección parlamentaria que encubre cuotas de partido y humilla la independencia de uno de los grandes poderes del Estado. De ahí que resulte certero el retorno a una fórmula que avanza en la elección del Consejo General del Poder
Judicial por jueces y magistrados, que es por otra parte lo que defendió ante las Cortes el entonces ministro de Justicia, el señor Ruiz-Gallardón, para posteriormente desentenderse y mantener un sistema arbitrario, que es lo que ha empantanado hoy
la renovación de la cabecera de uno de los tres poderes del Estado, que, encima, está sufriendo las presiones y acometidas del actual Gobierno y ve zarandeada gravemente su independencia.
Señorías, ¡y qué decir del ministerio fiscal! Fue un atropello a la democracia y a la ley el nombramiento por Pedro Sánchez de la que fuera su primera ministra de Justicia, la señora Delgado, que tiene en su haber el negativo récord de haber
sido triplemente reprobada por las Cortes Generales y cuyo inmediato futuro está pendiente de varios recursos al Supremo ante la palmaria evidencia de que incumple un principio básico como es el de la imparcialidad. Desde la aprobación de 1978 no
es la primera vez que un Gobierno socialista incumple la ley para nombrar fiscal. Recuérdese aquel lamentable episodio del nombramiento -a principios de los años noventa- del señor Eligio Hernández, que incumplía alguno de los requisitos para su
designación. Hoy también estamos a expensas de que el Tribunal Supremo corrija
la puerta giratoria que colocó a la exministra Delgado como responsable de la Fiscalía General del Estado para hacer depender la institución del Gobierno, aspiración convicta y confesa de Sánchez en una celebérrima entrevista radiofónica que
indignó a todo el mundo judicial. Lo acaba de recordar la señora Gamarra. De ahí que sea imprescindible el refuerzo al imperio de la ley que se deriva de esta iniciativa parlamentaria que apoyaré con mi voto.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Simple y llanamente, no aprobar esta proposición de ley es estar en contra de que a los jueces los dejemos de elegir los políticos para que los elijan los jueces, que es lo que la inmensa mayoría de los españoles nos están pidiendo. Nos
están pidiendo que dejemos de mirarnos el ombligo ya y que dejemos de decir: ustedes no hicieron o ustedes dejaron de hacer. Es el momento de mirar hacia delante. Ahora tenemos una proposición de ley. Efectivamente, en el pasado algunas cosas se
hicieron mal, efectivamente, y por parte de muchos que se sientan en esta Cámara, pero es el momento de dar ya salida a una demanda social imparable, como es que a los jueces los elijan los jueces. Ese era un compromiso del señor Sánchez que,
evidentemente, una vez más no va a cumplir. No creo tampoco que esto le perjudique en absoluto, porque no creo que haya ni un solo español que considere que Sánchez siga siendo una persona de fiar.
Ustedes hablan de dos cosas. En primer lugar, hablan de pacto. Pero ¿qué es pactar para ustedes? Porque, claro, pactar es acercarse, y el Partido Socialista entiende por pacto hacer lo que él quiere, cuando él quiere y como él quiere, y
eso no se llama pacto, se llama sometimiento. Eso es lo que a ustedes les hacen sus socios, pero no nos pidan a los demás que caigamos en lo que ustedes caen con sus socios.
Por otro lado, hablan de pactos de Estado. Hay que tener poca vergüenza para pedir pactos de Estado cuando se ha sido investido presidente de la mano de quienes jalean, apoyan y aplauden a los asesinos como Parot (aplausos); hace falta
tener poca vergüenza para venir a esta Cámara a hablar de pactos de Estado cuando en Navarra se ha hecho un pacto de investidura en contra de la fuerza que ganó mayoritariamente las elecciones y se han echado en manos de los batasunos; hace falta
tener poca vergüenza para venir aquí y hablar de pactos de Estado cuando han pasado apenas días desde que se sentaron en la mesa del sometimiento de Cataluña con el independentismo que quiere destrozar España; hace falta tener poca vergüenza y
venir a hablar de pactos de Estado cuando se ha arrinconado el español en la educación, y hace falta tener poca vergüenza y venir a hablar de pactos de Estado cuando el otro día se quedaron con las manos aplaudiendo prácticamente cuando se retiraba
la bandera de España en una rueda de prensa institucional en la Generalitat. (Aplausos). ¿Qué Estado están defendiendo ustedes? No se puede venir aquí y pedir pactos de Estado cuando se están sentando en una mesa con los que quieren destrozar,
arrasar, pervertir y degradar al Estado, es que, simplemente, es incompatible. El día que el Partido Socialista vuelva a la institucionalidad, ese día podremos hablar de pactos de Estado; mientras tanto, hagan ustedes lo que quieran con sus
socios, pero no nos pidan a los demás que participemos de eso.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Arratsalde on, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.
Señora Gamarra, buena puesta en escena. Casi cuela, si no llega a ser porque ustedes llevan bloqueando tres años la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que hemos visto esta tarde se llama un golpe de efecto
propagandístico. Ustedes ya saben que no va a salir aprobada su propuesta, pero así blanquean su imagen y quedan como los garantes de la independencia judicial y de la división de poderes. Hace falta tener arrojos para venir hoy a presentar esta
propuesta aquí. Claro, el Consejo General del Poder Judicial depende del Partido Socialista y de Unidas Podemos, ¿verdad?, al igual que el Tribunal
Constitucional o el Tribunal de Cuentas. Escuchándola, parecería que se refería a eso, pero no, la realidad es que depende de ustedes, y no lo desbloquean porque así torpedean, crean inestabilidad y, al mismo tiempo, gobiernan, sí,
gobiernan desde los tribunales, ya sean los de justicia, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas.
Pedía que buscásemos declaraciones de la fiscal general del Estado en mítines en Internet y recordaba la frase del señor Sánchez: ¿De quién depende la Fiscalía? Podemos también recordar frases que decían ustedes, como que la Fiscalía te lo
afina, que controlan el Tribunal Supremo por la puerta de atrás o, recientemente, la semana pasada, cuando su portavoz de Justicia, el señor López, dijo que la mayoría de jueces y magistrados están de acuerdo con el Partido Popular. Pues bien, si
es cierto, ese es el peligro a evitar.
Miren, yo estoy de acuerdo con que España tiene un problema con la independencia judicial, pero este problema no es nuevo, no; procede de ese momento histórico que tanto ensalzan ustedes, la llamada Transición, donde varios poderes e
instituciones del Estado siguieron dirigidas y controladas por los prohombres de la Dictadura. Es cierto que han pasado cuarenta años y que esas personas ya no están o se han jubilado, pero sus discípulos, sus pupilos, sagas familiares e incluso
asociaciones siguen estando ahí. Esa impronta permanece. Por eso es importante acabar con ese control o esa politización de esos sectores ultras, incluso de origen franquista, que permanecen incrustados en poderes del Estado, como es en este caso
el Poder Judicial. Hay que ir a la raíz del problema. Nosotros, desde nuestro punto de vista independentista, estamos de acuerdo con que se hable y se reforme el modo de elección de los jueces, por qué no, somos favorables a ello, pero también
para hablar de las funciones, porque ahí hacen trampa. Se olvidan y no quieren hablar de las funciones que debe tener el Consejo General del Poder Judicial; lo equiparan con otros Estados europeos, sin entrar en las funciones. Es más, ustedes
repiten continuamente que España es uno de los Estados más descentralizados del mundo. Vamos a ver ejemplos del entorno europeo, porque hay länders en Alemania que tienen el control total sobre el Poder Judicial en su territorio, o en el Reino
Unido tenemos el caso de Escocia. Si España es uno de los Estados más descentralizados del mundo, por qué no abordar también el papel de las naciones y regiones en el Poder Judicial.
Miren -ya se ha mencionado-, el señor Felipe González y su Gobierno, en el año 1985, se dieron cuenta de lo que mencionaba, de que había magistrados procedentes del régimen anterior que estaban intentando hacerles la cama y gobernar desde el
Poder Judicial. Es cierto que con la modificación del año 1985 no se solucionó el problema. Hay un libro interesante, El fracaso del autogobierno judicial, del jurista Diego Íñiguez, que muestra cómo no se ha solucionado. Es cierto que a día de
hoy sigue existiendo esa impronta que mencionaba. ¿Y cómo se aborda el debate? En su integridad, no poniendo parches y no apuntando al informe Greco. Claro, este informe lo mencionan cuando no gobiernan, porque cuando gobiernan no les interesa lo
que dice; es más, tampoco lo que dice el Consejo de Europa, como pasó este mismo mes de junio, sobre Cataluña, la libertad de los presos políticos catalanes, la represión o la necesidad de diálogo. Eso no lo mencionan; para eso no les gusta el
Consejo de Europa. Es más, la señora Gamarra mencionaba las declaraciones del comisario Reynders, pero olvidaba que decía que hay que desbloquear la elección del Consejo. Esto es, utilizan a su interés las declaraciones que pueda hacer una
institución europea, y no en su totalidad. Hoy traen este chantaje, porque si no se aprueba esta proposición, no pactarán desbloquear el Consejo. Por ello, creo que hay que tomar medidas drásticas.
Hablando claro, señores del Partido Socialista, es cierto que hoy votaremos en contra, como no podía ser de otra manera, a esta proposición, pero también es cierto que esto ha dejado en evidencia que durante estos años ha existido un
pasteleo continuo, una alternancia o un bipartidismo judicial con los señores de la derecha para repartirse el pastel. Es más, ha quedado en evidencia que una labor que le tocaba a esta Cámara se negocia entre el Gobierno y la oposición para ese
reparto, y cuando hay bloqueo, sale el debate sobre la estrada. Miren, lo decíamos alto y claro. Como no van a dimitir y estos señores van a seguir bloqueando -porque les va bien para la inestabilidad y para el torpedeo-, les decimos que con un
único artículo que se incluya en esa Ley Orgánica del Poder Judicial se puede cesar a todas esas personas del Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato ha caducado. Fuera coches, fuera sueldos, fuera despachos y verán qué pronto se soluciona
este asunto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Señorías, vamos camino de tres años de un injustificado bloqueo que el Partido Popular lleva practicando en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otros órganos constitucionales, instrumentalizando en beneficio propio un
proceso garantista de mayorías reforzadas y generando una anomalía constitucional. Por otra parte, estos bloqueos no son novedad. Singularmente, recordamos el que se sufrió, de dos años, también a manos del Partido Popular, en 2014, tras las
elecciones, después del atentado del 11-M, que contra todo pronóstico dieron la mayoría absoluta al PSOE. Son bloqueos que siempre tienen una motivación de parte, ajena al interés general definido constitucionalmente para estos órganos de garantía.
Son bloqueos basados en intereses sectarios y partidistas entre los grandes partidos estatales, bien a través de la lotización de los puestos a renovar o bien a través de vetos sesgados, que es lo que está sucediendo en estos tres años de bloqueo
del Partido Popular, encubierto formalmente en el eslogan 'Que los jueces elijan a los jueces', como si ahora eso no sucediera en absoluto. Lo que subyace es no dar ninguna baza al Gobierno del presidente Sánchez, adobado con el 'raca raca' de la
ilegitimidad del Gobierno de coalición, mediada la que se predica de los fines de sus socios de Gobierno, compuesto, según se dice, por comunistas, filoetarras y separatistas.
Señorías, de esta forma, como alguien ha dicho, la no renovación del Consejo General y otros órganos se ha convertido, a nuestro juicio, también para el Partido Popular en un trofeo político que no está dispuesto a perder. Así, en los
momentos en los que parecía inminente la comunicación pública de acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios para la renovación, sus posiciones más intransigentes lo han impedido, tal y como al parecer sucedió con la filtración del wasap del
señor Cosidó, o como las causas que desembocaron, entre otras, en la sustitución de la portavocía de esta Cámara, o el mismo clima político irrespirable generado por la oposición a la gestión de los distintos estados de alarma por el Gobierno. El
caso es que siempre han prevalecido por una circunstancia o por otra los intereses de parte a los generales e institucionales.
Y si, como decía, estas situaciones de bloqueo no son novedad, tampoco lo son las reformas del régimen jurídico del Consejo como instrumentos de respuesta, bien como la de 2013, que descansaba en el cálculo que presumiblemente realizó su
promotor, el Partido Popular, de que las mayorías seguirían siendo distintas en el Congreso y en el Senado, o bien la reciente producida desde los grupos parlamentarios coaligados en el Gobierno para, a través de la limitación de las facultades del
Consejo cuando sobrepase su tiempo de mandato, forzar de manera indirecta, aunque no asegurada, su renovación. Pero, señorías, como es de todos conocido, ni aquella ni esta han logrado su objetivo, porque la solución a estas situaciones de bloqueo
debe venir de abordar el problema en su raíz, sin trasladar la responsabilidad por quienes mantienen criterios sectarios partidistas -como en el caso que nos ocupa- a aquellos otros partidos políticos que no las mantienen, y sin que quepa tampoco
trasladar esta controversia de naturaleza política a quien no la ha creado, el Consejo general, a través de discursos que, atribuyéndole una naturaleza política de la que constitucionalmente carece, califican el ejercicio de sus funciones, una vez
expirado su mandato, como una anomalía democrática, al no ser renovado aquel por unas nuevas Cortes elegidas y los Gobiernos investidos, olvidando que la naturaleza constitucional del Consejo general no es la de órgano político, sino la de órgano de
garantía, según toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por eso no precisa una suerte de investidura para el ejercicio de su mandato constitucional, consistente en velar por la independencia del Poder Judicial a través de la
administración del Estatuto Personal de Jueces y Magistrados y, en particular, de sus ascensos, inspección, régimen disciplinario, selección y nombramientos.
Señorías, presidente, voy finalizando. Insisto, como lo he hecho en otras ocasiones, en que no creo que tengamos un problema de leyes, sino de comportamiento de los partidos políticos mayoritarios. Por nuestra parte, por parte del Grupo
Parlamentario Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, consideramos que mantener el nombramiento parlamentario de entre la lista de electos que presenta el Consejo a las Cámaras ni menoscaba la mejor garantía de la independencia del Poder Judicial, ni
tampoco es una exigencia constitucional que los vocales de procedencia judicial del Consejo sean elegidos exclusivamente por jueces y magistrados, afirmaciones ambas del Tribunal Constitucional. Además, entendemos que el modelo vigente es el que,
como contrapeso, más se adecúa en un Estado social y democrático de derecho al poder que constitucionalmente se entrega a los jueces.
Señorías, pueden plantearse cambios en el proceso actual, como el que estuvo vigente un tiempo para reducir la lista de candidatos que presentaba el Consejo para su elección en esta Cámara -un tercio; tres por cada uno que había que
elegir-, e incluso pueden plantearse otros modelos desde las
distintas opciones constitucionales. Sin embargo, no daremos nuestro apoyo a la tramitación de esta proposición a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, porque eso sería tanto como validar su labor obstruccionista y el chantaje que
está practicando.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente. Buenas tardes a todos.
Miren, hace un año, hace 365 días, la mayoría de Podemos y PSOE que sostiene al Gobierno echó abajo la toma en consideración de la proposición de ley que presentó Ciudadanos para que doce vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran
elegidos por sus iguales, por sus pares, por los jueces y por los magistrados. Es decir, si no hubieran ustedes aplicado su rodillo, hace un año podríamos haber tenido ya una ley y podríamos tener ya hoy un Consejo General del Poder Judicial que no
estuviera en una situación de interinidad. Además, lo hacen en contra del parecer general de toda Europa y de todas las asociaciones de España. Luego, ustedes se permiten el lujo de darnos lecciones, quieren darnos lecciones. Nos dicen que somos
antidemócratas, que tenemos que cumplir con la Constitución; nos dicen que llevamos mil días de bloqueo. Bueno, pues podríamos llevar ya un año con un Consejo General del Poder Judicial correctamente constituido de acuerdo con las directrices
europeas. (Aplausos). ¿Qué lecciones quieren ustedes, señores del Partido Socialista y de Podemos, darnos a nosotros cuando resulta que Europa compara a España con Polonia en este tema; cuando ustedes dicen que somos unos fachas vengativos porque
recurrimos los indultos; cuando ustedes ofenden al Tribunal Supremo y a la Fiscalía, hasta el punto de que Carlos Lesmes tiene que salir en la apertura del año judicial diciendo que la justicia nunca puede estar en contra de la convivencia, porque
es el fundamento del orden jurídico, porque la convivencia solo puede darse dentro del Estado de derecho?
Lo que sí les reconozco, desde luego, es su descaro. Su descaro es directamente proporcional a su debilidad política. Cuando el señor Bolaños dice que los jueces no pueden elegir a los jueces, contra lo que dice la Comisión Europea, contra
lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contra lo que dice el Grupo Greco, contra lo que dice la Comisión de Venecia, contra lo que dice la Asociación europea de jueces y magistrados, contra lo que dice el Tribunal Constitucional
español y contra lo que dicen todas las asociaciones de jueces y magistrados en España. Son ustedes conductores kamikazes contra la Constitución y contra Europa, circulan en sentido contrario. (Aplausos). Además, han traído aquí la amenaza de que
van a cambiar las mayorías para elegir a esos vocales que, gracias al grupo europeo de Ciudadanos, han tenido ustedes que paralizar porque les ha llamado la atención el comisario Reynders. Quieren ustedes crear el caos de tal manera que no se
cubran los puestos que están vacantes en el Poder Judicial para luego echarle la culpa a la oposición, esta oposición antidemocrática que no quiere elegir a dedo la dirección del Consejo General del Poder Judicial.
Pero hoy tenemos aquí una noticia maravillosa: el Partido Popular cree en la despolitización del Poder Judicial. (Aplausos). Bienvenidos, bienvenidos. Nosotros ya desde hace años creemos en esto. A ver si les dura cuando lleguen ustedes
al poder, porque, luego, cuando llegan al poder, se les olvida. Y como la tarde de hoy parece que va de tono religioso, me atrevería a preguntarles cuándo vieron la luz, cuándo se abrieron las nubes y vieron la luz de la despolitización, cuándo se
cayeron del caballo, cuándo decidieron no controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo mediante el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, cuándo hicieron un acto de contrición y cumplieron con su penitencia. En el año 2011 tenían
ustedes mayoría absoluta y no cambiaron el sistema de selección del Consejo General del Poder Judicial, sino que siguieron aprovechándose de él, como llevan haciendo durante treinta y cinco años, en un mercado persa de cambio de cromos: estos
jueces para ti, estos jueces para mí. Ustedes ahora dirán que ese era otro PP; eso es lo que dice el señor Casado con la corrupción. También lo dice el señor Sánchez; parece ser que había un señor Sánchez de antes y un señor Sánchez de ahora.
Pero, mire, esto de controlar desde atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que conoce de sus propios asuntos de corrupción, es la época del señor Casado, ¿saben? Es que en enero del año 2021 el señor Casado tenía cerrado un acuerdo con el
Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial y lo único que discutía era que ahí no podía entrar Podemos. (Aplausos). No discutía si se seleccionaban políticamente o no los vocales del Consejo; decía: Yo lo que no quiero
es que los seleccionen los señores de Podemos. Claro, solamente eso.
En Ciudadanos somos gente de buena fe y nos creemos de verdad que ustedes han llegado a este camino, a esta senda de la despolitización. Llegan tarde, llegan arrastrando los pies y, entonces, hacen un proyecto de ley bastante chapucero
-sinceramente, tengo que decírselo-. ¿Por qué? Porque pretenden que la lucha entre partidos de esta Cámara se sustituya por la lucha entre asociaciones judiciales, unas conservadoras y otras progresistas. No permiten ustedes que se presenten
candidatos independientes. ¿Quieren que les diga cuál es la asociación mayoritaria de la magistratura? La de los no asociados. La mayor parte de los jueces y magistrados no están asociados. Miren el proyecto de ley que presentó Ciudadanos, que
pretendía precisamente dar voz a los jueces independientes, con reconocida autoridad y sin afinidad ideológica para que los votasen sus compañeros solo con veinticinco avales. A esto se le llama libertad, a esto se le llama democracia. Pero estas
son las cosas en las que creemos los liberales. Los conservadores están un paso atrás. Ustedes quieren la libertad, pero un poquito solo, no sea que se nos desmanden los candidatos que se presenten a vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Lo mismo ocurre con la selección de los magistrados del Tribunal Supremo. Nosotros proponemos un sistema de mérito y capacidad. Lo mismo sucede con la elección de los órganos gubernativos de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de
Justicia, de las audiencias provinciales, que nosotros reclamamos que se elijan también por elección. Libertad y democracia. También llama la atención que ustedes no prevean ninguna medida, como nosotros sí, para evitar las puertas giratorias de
los jueces que se dedican a la política. Bueno, claro, tienen ustedes jueces que se dedican a la política; claro, ya lo entiendo. Lo único que nos gusta de este proyecto suyo es, efectivamente, la elección del fiscal general del Estado, pero lo
que sucede es que nos encontramos en un momento en que, efectivamente, hay que hacer caso al comisario Reynders, hay que evitar que España se compare con Polonia, hay que evitar esos análisis negativos del informe del Estado de derecho, y por eso
vamos a ayudarles a sacar adelante esta proposición de ley.
Y ustedes, señores del Grupo Socialista, léanse los tuits de Pedro Sánchez del año 2014, cuando también defendía que los jueces fueran elegidos por los jueces. Pero seguro que era otro Sánchez.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.
Permítanme que comience mi intervención con unas palabras que dijo un exministro del Partido Popular de infausta memoria en esta sala: ¡Manda huevos que el Partido Popular hable de independencia judicial! Lo ha dicho brillantemente el señor
Bal.
Votaremos que no a su propuesta, y votaremos que no por dos razones. En primer lugar, porque estamos absolutamente de acuerdo con el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, cuando hice: El PP tiene el apoyo mayoritario de la
carrera judicial. Lo dice él y lo pensamos la gran mayoría de ciudadanos. Por eso no creemos en esa reforma que ustedes están planteando. Y en segundo lugar, porque las dos asociaciones de jueces que representan un tercio de los jueces copan el
60 % de los nombramientos y el 44 % de los jueces que no están asociados solo tienen el 30 % de la representación. Por tanto, poca independencia judicial me parece que va a haber con su reforma. Además, ustedes vienen a hablarnos de independencia
judicial, con lo que ha dicho este consejero que fue del Tribunal Constitucional saltándose el paso por el Tribunal Supremo -de la Audiencia al Tribunal Constitucional gracias al Partido Popular- y las declaraciones del ministro de Interior, del
señor Cosidó. En definitiva: ¡Manda huevos que el PP nos hable de independencia judicial!
Moltes gràcies.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes.
La verdad, señora Gamarra, nosotros creemos que esto es más una jugada a corto que han hecho usted y su grupo y que más que el interés público acaba buscando el interés popular, el del Partido Popular básicamente, porque lo cierto es que,
con la posición que han tenido ustedes en todo este tema a lo largo del tiempo, el bloqueo yo creo que es atribuible tanto el PSOE como al PP. Tres años en
funciones. Yo creo que es bueno también que esto quede en el Diario de Sesiones: 1022 días en funciones lleva, a fecha de hoy, el Consejo General del Poder Judicial. Esto es, sin duda, un síntoma más de la debilidad de esta democracia, de
la debilidad de este Estado, porque no es un tema de modelo, no es un tema de procedimiento, seguro que podría haber modelos mejores, seguro que podría haber procedimientos mejores, es un Estado en el que la política ha fracasado, en el que la
política ha quebrado. No hay manera de renovar el Consejo General del Poder Judicial, como tampoco hay manera de abordar los conflictos políticos que este Estado padece.
La solución que tienes ustedes, los partidos grandes de este hemiciclo, es tirarse los platos a la cabeza, pero la nuestra, sin duda alguna, es hacer política y buscar soluciones a los problemas de la gente. Se lo piden las asociaciones, se
lo piden los organismos internacionales. Lo cierto es que esto no hace más que contribuir a un espectáculo dantesco en relación con la renovación del Poder Judicial, la imparcialidad y la independencia judicial y, en definitiva, con lo que padecen
y sufren tantos y tantos ciudadanos cuando acuden a los juzgados y tribunales.
Muchas gracias
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenas tardes.
Señor presidente, señorías, la semana pasada VOX presentó una iniciativa que recogía los tópicos ultraderechistas sobre los delitos de sedición y rebelión y sobre el indulto. Hoy nos llega otro recado de la derecha judicial. Ahora es el PP
quien nos trae aquí una reforma del sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que nunca ha querido cambiar cuando podían y que venden como que es lo que exige Europa y la carrera judicial. Antes que nada, no nos
engañemos, el problema no es que el Partido Popular esté bloqueando la renovación del consejo, el problema es que el Partido Socialista se niega a encarar el fondo de la cuestión, que consiste en la falta de contrapesos a una cúpula judicial
escorada a la derecha que interfiere en la actividad de los otros órganos constitucionales, desde el propio Gobierno hasta los parlamentos autonómicos.
Lo que toca -ya lo ha dicho el diputado señor Iñarritu- es poner coto al expansionismo judicial mediante una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impida que los miembros del consejo se atrincheren cuando han acabado su mandato.
No es suficiente con limitar sus competencias; si no se van voluntariamente, se les debe poder cesar y privarles de sus sueldos y prerrogativas, porque, si no, se está permitiendo que se eternice una situación incompatible con el principio
constitucional según el cual la justicia no emana de Lesmes y sus amigos, sino del pueblo. Esta es la forma de acabar con el bloqueo: echar a los vocales renuentes a cumplir la Constitución, y para hacerlo solo se requiere mayoría absoluta.
Nuestro sentido de Estado -ya lo saben- no es para con el Estado español, pero, para acabar con la dictadura de las togas y con su inquina contra los derechos y las libertades, aquí nos tienen. Ya sabemos que, pese a la mucha retórica sobre el
bloqueo y sobre la deslealtad constitucional del PP, en realidad ustedes, señores del PSOE, están muy cómodos siendo cómplices de esta situación de bloqueo, porque al fin y al cabo refuerza el esquema político del bipartidismo.
Para ir acabando, dos cuestiones. Primera, eso de que los jueces eligen a los jueces es falso. En derecho comparado lo habitual es que instancias ajenas a la magistratura nombren a los jueces para evitar precisamente el aislacionismo
judicial. En cambio, lo que quiere la cúpula judicial española y lo que pretende la iniciativa legislativa que nos ocupa no es garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones, sino que el Poder Judicial puede imponer su
criterio a los otros sin límite alguno y escapar de cualquier tipo de control democrático.
Acabo. Nos parece una broma de mal gusto que el señor Lesmes denuncie la politización de la justicia y que el Partido Popular se arrogue la defensa de esta causa. El señor Lesmes ostenta el cargo de jefe vitalicio de la derecha judicial, y
por tanto del Poder Judicial, por los ocho años que pasó como director general de Justicia en los Gobiernos de Aznar, bajo las órdenes de ministros como Mariscal de Gante, Acebes o Michavila. Para el señor Lesmes, para el señor Enrique López, para
el señor Cosidó, para la señora Espejel, para el señor Catalá, la derecha judicial y el Partido Popular son un continuum en el que no se sabe dónde acaba una cosa y dónde empieza la otra.
Por todo esto, votaremos en contra de una iniciativa que no busca un Poder Judicial independiente, sino fijar por ley una autarquía judicial para mandar a todos y no responder ante nadie.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats.
Tengo la sensación de que esto es como el día de la marmota, no sé cuántas veces hemos tenido este debate aquí y sigue sin solucionarse el problema, y la imagen que se está dando en Europa es patética. Como cuestión previa, les diré que es
irónico que el Partido Popular dé tanto crédito a los informes y los dictámenes de la Comisión Europea, pero luego, cuando esos dictámenes van en favor de la causa independentista, ¡oh, curiosamente, no existen o son falsos!
Dicho esto, me parece una hipocresía extrema que el PP traiga aquí esta iniciativa. Aparte de parecer, en una primera apreciación, una ley franquista con un redactado antiguo y casposo, propone reformar la ley para garantizar la
independencia de los jueces y fiscales. Y, claro, viniendo de ustedes, a quienes se lo afina todo la Fiscalía y que iban a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás, es un poco hipócrita. No sean ridículos
aleccionándonos cuando son el oprobio de Europa, también por sus flagrantes casos de corrupción. Porque ¿saben qué? Ustedes recuerdan mucho a su querido monarca Juan Carlos I, el fugado por corrupción, quien quiso corregir sus corruptelas y sus
máculas con previo aviso de sus amiguitos del Tribunal Supremo y con la connivencia de su abogado. Eso tiene un nombre, búsquenlo en el Código Penal. Y como son incapaces, junto con el Partido Socialista, de ponerse de acuerdo para la renovación
de los órganos constitucionales, quieren modificar la ley. ¡Y qué modificación! Una modificación para seguir garantizando la hegemonía conservadora y a todos sus amiguitos en la cúpula judicial, para seguir campando a sus anchas haciendo y
deshaciendo a su antojo. ¿Les recuerdo los escándalos que preceden a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente, el señor Lesmes? A quien hemos pedido infinidad de veces que comparezca ante esta Cámara y hace oídos
sordos porque seguro que se le cae la cara de vergüenza.
Pero, señorías del PSOE, no se piensen ustedes que son mejores aleccionando. El actual Gobierno del PSOE y Unidas Podemos son cómplices de ello, porque llevamos más de dos años permitiendo esta situación sin conseguir tampoco ningún
acuerdo, y la responsabilidad es de ustedes porque ustedes son los que están gobernando.
La iniciativa de hoy, además de ser una falsía, es de una gran demagogia. En su exposición de motivos utiliza los informes y los dictámenes del Consejo de Europa, así como los de la Comisión Europea, de una manera partidista y a su
conveniencia, manipulando el sentido de los informes. Ustedes están generando confusión entre la ciudadanía. Europa no critica el sistema de elección de la judicatura; no se equivoquen, Europa critica el órgano de gobierno de la justicia, es
decir, el Consejo General del Poder Judicial, que no es lo mismo que el órgano de gobierno de la judicatura. En Europa eso sí que lo diferencian. El órgano de gobierno de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, debe ser representativo
de la democracia, y esto el PP no lo va a entender nunca -tenemos que asimilarlo-, porque los jueces no son la justicia, los jueces no son los salvadores de la patria, sino que la justicia es del pueblo y es el pueblo quien debe organizar el sistema
y escoger quién y cómo lo va a dirigir, como en cualquier otro poder de un Estado.
Esta proposición de ley es absolutamente absurda porque no soluciona el verdadero problema, que no es otro que el de cómo hacer entrar la democracia en un órgano mal diseñado, mal conformado e indebidamente representativo de la pluralidad
democrática. Ese es el principal problema. A ese gran problema le tenemos que añadir otro gran drama que existe en España, que es el sistema de acceso a la judicatura, un sistema vergonzoso al que solo pueden acceder determinadas clases sociales o
determinados grupos. (Rumores).
Tenemos una imagen de la judicatura y de la justicia que es la vergüenza de Europa. Por todo ello, son sobrados los motivos que tenemos para irnos de un Estado opresor y corrupto. (Aplausos.-Rumores). Es que la verdad ofende. Para
nosotras, para Esquerra Republicana, Europa será siempre nuestra aliada y es donde esperamos que nos den la razón. La independencia de nuestro país será con el apoyo de las democracias occidentales y europeas, y tengo que añadir aquí que no
buscaremos ni conspiraremos con aquellos países que no son aliados de Europa.
En definitiva, como son ustedes incapaces de llegar a acuerdos para la renovación de los órganos tanto del Consejo General del Poder Judicial, como del Tribunal Constitucional, como del Tribunal de Cuentas, como del Defensor del Pueblo,
utilizan la vía legislativa para seguir manteniendo a los suyos en esas tribunas preferentes de poder. Así pues, nuestro voto será rotundamente un no.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.
El señor ASENS LLODRÀ: Presidente, señorías, una cuestión previa: en la calle gritan: Fuera maricones de nuestros barrios, y, hoy, aquí, en el Congreso: Fuera brujas. Nuestra solidaridad vaya por delante para quienes sufren ese acoso
como, por ejemplo, el que ha sufrido también la periodista Cristina Pérez. Hoy son ellas y mañana podemos ser cualquiera de nosotros. (Aplausos).
Señorías del Partido Popular, que vengan ustedes hoy a esta Cámara presentándose como los defensores de la Constitución, de la separación de poderes y de la independencia de jueces y fiscales es una tomadura de pelo, es un gran acto de
cinismo, y cinismo porque ustedes son los de 'la Fiscalía te lo afina', como dijo su ministro Fernández Díaz, el ministro de las cloacas, ahora imputado; cinismo porque ustedes llevan años intentando maniobrar para apartar a jueces, policías y
fiscales incómodos cuando a ustedes les han reprobado a un fiscal jefe del Estado y a un fiscal anticorrupción por obstruir la justicia; cinismo porque ustedes utilizan la cúpula judicial para lograr colonizar y controlar los puestos clave en el
Supremo y en el Tribunal Constitucional y, desde ahí, golpear y perseguir a sus adversarios políticos, pero sobre todo intentar garantizar la impunidad de sus crímenes de corrupción.
A pesar de eso, tienen más de trescientos imputados o condenados por corrupción, seis ministros y ocho presidentes autonómicos. Imagínense qué pasaría con ustedes si no tuvieran todo ese ejército de jueces afines, igual no existirían como
partido, igual tendríamos que haber construido una cárcel solo para el Partido Popular, porque para ustedes es una cuestión de pura supervivencia. Cuando están en el poder, utilizan las estructuras del Estado, las cloacas, para intentar tapar sus
casos de corrupción, para financiarse ilegalmente. A ustedes les han calificado los tribunales y la policía como organización criminal (rumores) y, cuando pierden el poder, intentan recuperarlo por las vías que sean, también las ilegítimas, como
fake news, con mentiras, agitando el odio, agitando la confrontación y secuestrado los órganos constitucionales, entre ellos, el gobierno de los jueces.
Por eso, señorías del Partido Popular, ¿saben cuál es la auténtica amenaza a la independencia judicial? Ustedes, el Partido Popular. (Aplausos). ¿Saben qué pasa? Que, cuando ustedes hablan de independencia judicial o de despolitizar la
justicia, a nosotros nos viene rápidamente a la cabeza el SMS del señor Cosidó, el senador del Partido Popular, cuando confesó su modus operandi mafioso cuando decía que controlaba por detrás la Sala Segunda del Supremo, que es la que tiene que
resolver los veintisiete casos que aún tienen pendientes de corrupción; y nos viene a la cabeza el nombre del señor Lesmes, presidente ilegítimo de ese gobierno, un hombre de Aznar que estuvo ocho años en ese Gobierno; y nos vienen a la cabeza
nombres como el juez Hurtado, que ustedes pusieron hace unos meses en esa sala precisamente. ¿Quién es el juez Hurtado? Pues el juez Hurtado es el único juez que se opuso a la condena de la Gürtel, el único juez que se opuso a la cárcel de la
mujer de Bárcenas, condenada por catorce años. ¿Alguien conoce a una persona condenada a catorce años que esté en libertad? Eso tiene que ver con el SMS de M. Rajoy a Bárcenas: Luis, hacemos lo que podemos. Eso tiene que ver con la visita del
abogado del Partido Popular a la cárcel para que Bárcenas no tirara de la manta. ¡Y vienen aquí a hablarnos de despolitización de la justicia y de independencia judicial! Y a nosotros nos vienen a la cabeza nombres como Concepción Espejel -querida
Concha, la llamaba su amiga Cospedal-, que la han puesto en la cumbre de la Audiencia Nacional para intentar garantizar la impunidad de su corrupción. Nos viene a la cabeza el nombre de Francisco Pérez de los Cobos. ¿Quién es Francisco Pérez de
los Cobos, aparte del hermano del teniente coronel que actuó ilícitamente contra este Gobierno? Pue es un militante de su partido que ustedes pusieron como presidente del Tribunal Constitucional. ¡Vaya despolitización de la justicia!
Ustedes hablan hoy de puertas giratorias, y a mí me viene a la cabeza Enrique López, un juez que se dedica a la política, que ustedes cuando era juez auparon a lo máximo, incluso en el Tribunal Constitucional, tuvo que dimitir cuando fue
cazado por conducir borracho y ahora lo han rescatado como portavoz de justicia y la semana pasada nos dio un mensaje clarísimo cuando decía que el control de los jueces era del Partido Popular. El mensaje era clarísimo a todos los jueces: quien
se mueve de la foto ya sabe a qué atenerse. Y si no, que se lo digan a Pablo Ruz, que después de ordenar la entrada y registro de la sede del Partido Popular en Génova fue apartado por Lesmes y ahora está en un juzgado del extrarradio de Madrid. O
que se lo digan a Ricardo de Prada, vetado por ustedes porque fue ponente de la condena de la Gürtel.
Por eso, cuando ustedes hablan de la independencia judicial y de la despolitización de la justicia, no son creíbles. ¿Saben cuál es realmente el problema de la independencia judicial en este país? Ustedes, el Partido Popular.
Señorías, ¿se imaginan un Gobierno en funciones que siguiera gobernando oponiéndose a disolverse tras tres años con el mandato caducado y en contra del veredicto de las urnas? ¿Qué diríamos? Diríamos que es un Gobierno ilegítimo, que eso
es un golpe contra la democracia o que es una rebelión contra el orden constitucional. Pues eso no pasa en un país lejano de África, eso pasa hoy aquí con su chantaje que hoy intentan traer aquí a votación. Nos traen siempre condiciones
cambiantes. Antes el problema era Unidas Podemos, ahora el problema es la modificación del modelo de elección judicial. ¿Entonces qué tiene que ver la renovación del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo? Eso
no es Poder Judicial y ahí también se niegan a renovar democráticamente esos órganos constitucionales.
Ustedes ya llevaban en el programa electoral de 2011 esa propuesta que traen hoy. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ustedes dicen una cosa cuando están en la oposición y hacen la contraria cuando están en el Gobierno. Pero es peor de lo que
decía el portavoz de Ciudadanos cuando ha dicho antes eso. No es que no hagan lo que dicen, es que hacen lo contrario. Ustedes llevaron una reforma para politizar todavía más el gobierno de los jueces, para dar todo el control a los vocales del
Partido Popular y al señor Lesmes y hoy nos vienen aquí a hablar de Europa, ustedes, a los que les importa un comino Europa y que siempre que salen pronunciamientos que vienen de Europa se oponen enérgicamente, incluso algunos plantean irse de la
Unión Europea, y hoy aquí es increíble oírles hablar de Europa. Además, no es verdad. Lo que dice el comisario de Justicia es que, antes de plantear cualquier reforma del modelo, hay que aplicar el modelo actual. Eso es lo que dice el comisario
de Justicia. Por tanto, señorías del Partido Popular, ¿saben cuál es el auténtico problema de la independencia judicial en España? Ustedes, el Partido Popular. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señor presidente.
No sabía yo que la condición de bruja mereciera a la izquierda...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, señor Sánchez García, le ruego que se atenga al punto y que continúe la intervención sobre la base de lo que estamos debatiendo. (Rumores). Le ruego, por favor, a usted y a
todos los presentes, que no reabramos más debates, que no tengamos más tensión. (Rumores). Continúe usted, por favor, se lo ruego, señor Sánchez García. Tiene la palabra, continúe, por favor, sobre la base del asunto que estamos tratando. No me
haga quitarle la palabra de nuevo, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Señor presidente, el señor Asens se ha referido a esta cuestión y no le ha dicho usted nada ni le ha llamado al orden. (Aplausos.-Protestas). En relación con este punto del orden del día, el señor Asens ha dicho
también cosas bastante más graves que llamar bruja o brujo a un parlamentario, sobre todo para esos diputados alzados en Inquisición en el siglo XXI. Ha dicho que el Partido Popular merece una cárcel para él. Ha dicho también que reputa parcial
políticamente al señor Pérez de los Cobos y no sé cuántas otras cosas, todas ellas lesivas de la reputación de los destinatarios de los comentarios, sin haber sido objeto de admonición u observación por su parte, señor presidente. (Aplausos).
La proposición de ley que se debate hoy es para reforzar la independencia del Poder Judicial y garantizar la imparcialidad del ministerio fiscal, y es promovida por el Partido Popular. Sobre lo primero, sobre el Poder Judicial, el Consejo
General del Poder Judicial y su modo de elección parte de que se introdujo ese modelo de gobierno de la judicatura en la Constitución, probablemente con error, porque en el año 1978 esa experiencia -que es muy limitada en el derecho comparado, tanto
en el plano de la legislación como de su aplicación práctica- era ya una experiencia fracasada esencialmente en los dos países a los que se tuvo por modelo, Italia y Francia, porque en ellos se observaba -sobre todo, en Italia- esto que se ha
llamado también hoy la lotización, es decir, el reparto de vocales con arreglo a su ideología, por intervención de los partidos políticos directa o indirectamente. Además, el Constituyente, en
el artículo 127.1, estableció las asociaciones profesionales de la magistratura como compensación -según consta, por los debates parlamentarios en la discusión del proceso constitucional- por la prohibición de afiliación a partidos políticos
de jueces y magistrados. Estas asociaciones, al final -es triste decirlo- se han convertido en la mayor parte de sus actuaciones en una correa de trasmisión de los partidos políticos. Hay una de derechas, que ordinariamente obedece al Partido
Popular; otra de centro, que ordinariamente obedece a no sé quién, a quien se sitúe en el centro, y otra de izquierdas, que obedece a socialistas, comunistas y otros. Además -y también es triste decirlo-, sirve como modo para situar en altos
cargos de la magistratura a sus propios miembros. A este efecto, recuerdo -también se ha dicho en esta discusión hoy- que no llega al 55 % el número de jueces y magistrados afiliados a estas asociaciones, por lo que este dato indica el escaso
entusiasmo que ha suscitado en la judicatura española esta figura, que pudo ser bienintencionada, pero cuya aplicación a mí no me parece que haya resultado satisfactoria, y lo lamento.
Esta proposición de ley puede ser bienintencionada, no decimos que no, pero es insuficiente siquiera sea por lo que acabo de decir. Aquí no hay una discusión seria acerca de la conveniencia del mantenimiento de un Consejo General del Poder
Judicial. Cierto es que requiere una reforma constitucional, pero digo que esto es escasísimo en las naciones occidentales, y que no se me diga lo que se dice siempre sobre esta cuestión: y, entonces, ¿cómo se nombra a los jueces si no hay
consejo? Se nombra como se les nombra en Alemania, como se les nombra en Francia y en otras tantas naciones de Europa. Se les nombra ordinariamente por el ministro de Justicia, pero con arreglo a criterios reglados, no discrecionales. Este es el
problema. El Consejo General del Poder Judicial, además de su politización propia por su composición a través de los designios de los partidos políticos, nombra a las altas magistraturas de la judicatura española, empezando por el Tribunal Supremo
y siguiendo por muchos presidentes de sala, con arreglo a criterios discrecionales. Cierto es que hay una comisión de calificación, pero los méritos se evalúan como se evalúan.
Lo que estoy diciendo no es en modo alguno exagerado por mi parte. Hay un escándalo en España sobre esa cuestión que no conoce ningún país de Europa, y es que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado nulos en varias ocasiones esos
nombramientos. (Aplausos). ¿Cómo es posible que en una situación como esta nadie se plantee una reforma de los nombramientos para desterrar la discrecionalidad de acceso a altos cargos de la magistratura española? ¿Cómo es posible? Pues el
Partido Popular no se lo plantea. ¿Y qué se plantea el Partido Popular? Que el nombramiento sea en razón de una mayoría de tres quintos del consejo. Doña Cuca, y qué más nos da esto, si al final el consejo está nombrado no por tres quintos, sino
por cinco quintos, por vocales designados por los partidos políticos o por la magistratura en el turno de procedencia judicial, como usted pretende, para reformar la Ley Orgánica de 1985, al final esa politización se traslada a los órganos que
imparten justicia, no al consejo. Es aún más grave, se traslada a los órganos que imparten justicia. No hace falta decir cuál es la relevancia en la composición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que conoce el enjuiciamiento criminal ya
imaginan ustedes de quiénes: del presidente del Gobierno, de los ministros, de los diputados aforados, etcétera. (Aplausos). Luego no son los partidos ajenos a cuál sea la composición de esa sala. Por no hablar también de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo. Por lo tanto, nos parece francamente insuficiente. Aquí solamente VOX plantea las cosas en su raíz; lamentablemente, el Partido Popular persevera en estos parches insuficientes.
Sobre la composición del consejo mismo, ya sabemos lo que ha dicho la Comisión Europea, pero ¿por qué nos vamos a sorprender? Estamos ante un Gobierno totalitario que pretende arrasar con la independencia de la judicatura a través de la
composición del consejo. Y porque no puede hacer algo que vaya más allá.
Por lo tanto, el Partido Popular se muestra escaso también en esta proposición, como se muestra escaso en la modificación que propone del ministerio fiscal; lo de la cuarentena de diez años que también lo aplica para los vocales del
consejo, que quienes hayan ejercido un cargo político de confianza en los años anteriores no podrán ser vocales del consejo, no podrán ser fiscal general del Estado, etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señoría, ha terminado su tiempo. (El señor Sánchez García pronuncia palabras que no se perciben.-Protestas.-Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del
Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Rodríguez.
El señor RAMOS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.
Quiero que mis primeras palabras esta tarde sean de cariño, fuerza y ánimo para toda la isla de La Palma y para todos sus habitantes. (Aplausos).
Señora Gamarra, la verdad es que escuchándola me he tenido que frotar los ojos. Le he preguntado a mi compañera de escaño si lo que usted estaba diciendo era así o yo estaba equivocado, porque ustedes han pasado en una tarde de ser
insumisos constitucionales a disidentes democráticos. ¡Para nota! Han dicho: nos apuntamos a la disidencia democrática, nos apartamos de la democracia por no estar de acuerdo con el sistema. Es importante, señora Gamarra: en una tarde, de la
insumisión constitucional a la disidencia democrática.
Señores del PP, llevan 36 meses en la oposición y llevan 36 meses de bloqueo, porque así entienden ustedes la oposición y así entienden ustedes el Estado de derecho. Cuando estoy en la oposición, depende de la bancada en la que me siente,
cumplo o no cumplo la ley, y ahora no cumplen la ley. Y como no cumplen la ley, la cambiamos. Esto es algo muy clásico en la derecha de este país: no me gusta la ley, la cambio porque no la voy a cumplir. Llevan 36 meses de veto. Primero, veto
a los partidos políticos, por algo ustedes seleccionan quién tiene que sentarse a dialogar; después, veto a los jueces, y, por último, veto al propio sistema. ¿De verdad, señora Gamarra, esa es la responsabilidad de un partido de Estado como el
suyo? ¿Esa es la posición que tiene que tomar el primer partido de la oposición en este país? ¿Así entienden ustedes que es como se configuran los órganos constitucionales de un Estado de derecho, señora Gamarra? Bueno, debe usted decir,
comparándolo con la República en Roma: incumplamos la ley para no ser esclavos de su cumplimiento. Miren ustedes, señora Gamarra, precisamente cumplir la ley en un Estado de derecho es lo que nos hace libres; eso es lo que nos hace libres en un
Estado de derecho: cumplir la ley, señora Gamarra. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Estado de alarma!).
¿Qué piden los jueces? ¿Y qué pide Europa? Normalidad democrática, que se configuren los órganos constitucionales, tal y como dice la Constitución y como dice la ley. Eso pide Europa, señora Gamarra. Fíjense qué cosa más extraña, que
haya normalidad democrática en un Estado de derecho de una democracia -usted lo ha calificado y coincido con usted- plena, de las más consolidadas del mundo. ¡Claro que eso es lo que pide Europa, señora Gamarra! Y van más allá, acusan al gobierno
de los jueces de politizados, de partidistas. Y me paro en esto de politizar, porque me llama mucho la atención, señor Bal, señores de la derecha, que hablen ustedes de despolitizar. ¿Qué es despolitizar, señora Gamarra, señor Bal y señores de
VOX? ¿Qué es despolitizar? ¿Despolitizar es deslegitimar a esta Cámara, que tiene la soberanía popular? ¿Despolitizar es quitarle la voz a esta Cámara y quitarle la voz al pueblo? ¿Eso es despolitizar? ¿Por qué cuando ustedes no gobiernan
siempre hablan de despolitizar? Ustedes representan al pueblo español, ese es el equilibrio de poderes. Miren ustedes, esto no es una guerra entre políticos y jueces. ¡Que no les engañen! Esto no es una guerra entre políticos y jueces. Esta
Cámara elige entre los jueces que proponen los jueces, esta Cámara designa a los jueces que proponen los jueces. No hagan más trampas, señora Gamarra; no hagan más trampas. Además, lo hacen con una falta tremenda de rigor, porque incumplen un
blindaje constitucional. Pero ¿qué dice el artículo 1.2 de la Constitución, el 9.3 del principio de legalidad o el 117? ¡Pues claro que la justicia emana del pueblo! Señor Bal, ¿qué significa que la justicia emana del pueblo? ¿Qué significa que
los poderes del Estado emanan del pueblo? ¿Que al pueblo no hay que escucharlo? ¿Significa que hagamos un órgano concentrado, vertical, controlado, sin que el pueblo intervenga? Pues díganselo a los ciudadanos, díganles eso, señora Gamarra y
señor Bal, a los ciudadanos, díganles que no quieren contar con el pueblo en un Estado de derecho y en una democracia plena, díganselo a los ciudadanos. Y, claro, vamos más allá, porque al final ustedes tienen una visión -yo si fuese juez o
magistrado estaría preocupado después de lo que he escuchado aquí esta tarde- de la independencia y de la imparcialidad limitada, estrecha y muy pobre. ¿De verdad ustedes creen, si les preguntamos a cada uno de los jueces y magistrados de este país
cuando ejercen su función jurisdiccional en cada juzgado de Instancia, en cada audiencia provincial, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, que no se sienten imparciales? ¿De verdad ustedes creen que, teniendo en cuenta que el alma de la
independencia de la justicia es la imparcialidad, si le preguntamos a cada juez, no se sienten imparciales y libres de tutela? ¿De verdad que no, señora Gamarra? ¿Eso creen ustedes? ¿Así piensan ustedes que son los jueces y magistrados de este
país? ¿Esa es la visión de la justicia? Esa no es la visión de la justicia que tenemos que tener, señora Gamarra, y menos un partido de Estado como el suyo.
Miren, en España hacen falta muchas cosas en el sistema judicial, porque los ciudadanos se acercan a la justicia día a día. La justicia es un poder del Estado, pero también es un servicio público esencial que
utilizamos todos los días. Nos acercamos para que nos escuchen, para que respeten nuestros derechos y libertades, y lo hacemos creyendo en esos jueces y en esos magistrados. Y ustedes, como representantes de esos ciudadanos, tienen que dar
ejemplo de creer en esa independencia e imparcialidad. ¡Qué pena de algunas de las intervenciones que he escuchado desde este estrado! ¡Qué pena para los ciudadanos que confían día a día en un servicio público de justicia esencial en nuestro país!
¡Claro que nos hacen falta medios, cercanía, eficiencia y eficacia en el sistema de justicia! Trabajemos en eso. En eso nos encontrarán, señora Gamarra. En los vetos, en los incumplimientos y en la disidencia democrática, desde luego, nos van a
tener enfrente.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señor Ramos. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A LA REPROBACIÓN Y DESTITUCIÓN DE LAS MINISTRAS DE JUSTICIA Y DE DEFENSA Y DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. (Número de expediente 162/000773).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación y destitución de las
ministras de Justicia y de Defensa y del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. (Aplausos).
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a mediados de julio, y sin previo aviso, Pedro Sánchez anunciaba una profunda crisis de Gobierno. La propaganda monclovita intentó hacer creer que se trataba de una reestructuración sustancial, de un viraje concluyente respecto al
radicalismo que había definido la acción de Gobierno hasta entonces. Pero, por un lado, Pedro Sánchez liquidaba y dejaba atrás a siete de sus más leales ministros y mantenía perfiles que la prensa afín definía como moderados, y, por otro,
incorporaba nuevos ministros menos conocidos y, por eso, incapaces de generar rechazo. Algunos llegaron, incluso, a hablar de una nueva era, de un gobierno enmendando el camino, de un Sánchez dispuesto a corregir sus desvaríos. Sin embargo, no
tardamos ni una semana en comprobar que se trataba del enésimo fraude de un presidente que cabalga a lomos del engaño.
Cuatro días después de esa crisis de Gobierno, el Tribunal Constitucional se pronunciaba para dar la razón a VOX sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que declaraba el primer estado de alarma -no confundir con el
segundo, que también llegará-. Habíamos tenido que esperar un año, un año y muchas injustas acusaciones, pero, una vez más, solo quedaba VOX. El Constitucional, finalmente, se pronunció y, al hacerlo, corroboró lo que denunciaba desde un principio
este grupo parlamentario. El confinamiento más severo de todos los países de la Unión Europea -que no evitó, por cierto, que nuestro país fuera también el más golpeado por el virus chino- había supuesto un atropello a nuestro Estado de derecho. El
Tribunal Constitucional, en defensa de nuestra Constitución, declaraba que Pedro Sánchez nos había confinado ilegalmente. (Aplausos). Prevenía, también, contra el abuso que suponía la utilización de la figura del estado de alarma para suspender
derechos y libertades fundamentales de los españoles. Y, además, alertaba de la utilización de esta vía legal para eludir el control de esta Cámara. Los magistrados denunciaron presiones intolerables por parte de la entonces vicepresidenta del
Gobierno, pero finalmente el derecho prevaleció y el Constitucional publicó una sentencia clara que constataba que el Gobierno de Pedro Sánchez había llevado a cabo la mayor vulneración de derechos y libertades de los españoles en democracia. Solo
quedaba un camino digno: la dimisión inmediata del Gobierno y la convocatoria de elecciones. Como ya sabemos, Pedro Sánchez no lo hizo. Una vez más, escogió la vía de la indignidad. Su respuesta no fue pedir perdón a los españoles y marcharse,
que es lo que tenía que haber hecho. Se empecinó en su error y decidió doblar su envite a la democracia. Nada les iba a parar. Muchos ministros, en lugar de rectificar -incluso antes de conocer el texto último de la sentencia-, se lanzaron a una
ofensiva sin precedentes contra el órgano donde reside la garantía última de los derechos de los españoles, porque no olvidemos que el Tribunal Constitucional es el intérprete
supremo de la Constitución. Solo está y debe estar sometido a la Constitución y a la ley, y en tanto que garantiza la adecuación de todas las normas jurídicas a la Constitución constituye la garantía del funcionamiento del Estado de
derecho. Con sus declaraciones, el Gobierno dejó bien claro que no iba a abandonar el sectarismo, que continuaba su camino a ninguna parte y que iba a seguir saltándose todas y cada una de las líneas rojas cuyo respeto es salvaguardia de la
democracia.
La lista de ministros que se lanzaron a atacar al Tribunal Constitucional es una lista amplia. Alguno, como Ione Belarra, llegó a decir barbaridades tales como: En España la oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces. Dicho por
una ministra del Gobierno de España. Lo podemos atribuir a su enciclopédica ignorancia. (Aplausos). Pero entre algunos de ellos concurría un agravante más, entre algunos ministros concurría el agravante de su condición de juristas. No pueden
alegar desconocimiento y eso hace que sus declaraciones revistan una especial gravedad.
Por eso, señorías, para ellos solicitamos hoy su reprobación o/y su destitución inmediata. Margarita Robles, ministra de Defensa -que es también magistrada del Tribunal Supremo-, calificó los argumentos de la sentencia que declaraba ilegal
la actuación del Gobierno como elucubraciones doctrinales. A Pilar Llop -ministra de Justicia, licenciada en Derecho y magistrada- su condición no le impidió cargar contra el Tribunal Constitucional y tratar de deslegitimar la sentencia; un hecho
muy grave teniendo en cuenta que como titular del Ministerio de Justicia tiene como misión precisamente la defensa de la independencia judicial, preservándola de toda injerencia externa y, en particular, de toda injerencia política. (Aplausos). Y
el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños -abogado, planificador de las grandes tropelías jurídicas de este Gobierno-, dio un paso más. En lugar de pedir perdón, se negó a aceptar la sentencia y siguió afirmando que había hecho lo correcto. Él
fue el principal responsable de este inconstitucional estado de alarma y de las posteriores prórrogas, como lo fue también de la inclusión ilegal de Pablo Iglesias en el CNI y de los indultos, también ilegales, y no puede seguir un minuto más en
este Gobierno.
Señorías, en un Estado de derecho hay límites, hay líneas rojas, fronteras que no pueden traspasarse jamás. El respeto a la independencia del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones es una de las principales, porque hacerlo, provoca
un daño extremo a los pilares de nuestra democracia. Hasta el mismo Rubalcaba se lo advirtió a Pedro Sánchez y dijo: El argumento lo conozco, vamos a sentarnos con ellos y acabarán siendo buenos. Pero, oiga, cabe la posibilidad de sentarse con
ellos y acabar siendo malos. Y así está ocurriendo. Al principio los ataques los dirigía el entonces vicepresidente Pablo Iglesias y la turba de Podemos; después vendrían más, cada vez más y más feroces. Hemos llegado a tal punto que 2500 jueces
han tenido que acudir a las instituciones europeas en defensa de la separación de poderes, una auténtica vergüenza para una nación seria como España, y hoy tenemos un Gobierno que ha hecho del enfrentamiento con el Poder Judicial una seña de
identidad.
Tenemos a tres ministros juristas atentando contra la independencia judicial y, por tanto, hoy, señorías, ponemos ante ustedes una grave decisión y en sus manos una enorme responsabilidad. Con su apoyo al estado de alarma se hicieron
ustedes cómplices de la instauración de un estado de excepción encubierto que pisoteó los derechos y libertades de los españoles. Ahora pueden rectificar. Ante los ataques sistemáticos al Tribunal Constitucional no permanezcan impasibles, respeten
el juramento que hicieron cumplir, apoyen esta iniciativa, ejerzan el control al Gobierno al que están obligados en plena deriva antidemocrática, porque para eso nos eligieron los españoles y nosotros no vamos a dejar de hacerlo, hagan lo que hagan
ustedes, porque, una vez más, solo queda VOX. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente. Buenas tardes otra vez.
Debatimos hoy la proposición que plantea VOX para la reprobación de tres ministros del Gobierno como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el estado de alarma por una pandemia en la que han
fallecido más de cien mil compatriotas. España, como el resto de los países de nuestro entorno -o casi todos los países de nuestro entorno razonables; Brasil, por ejemplo, no-, tuvo que confinar a la población porque era la única manera, la única
medicina contra el virus. ¿Y saben ustedes quiénes fueron los dos primeros partidos políticos que le pidieron al Gobierno que había que declarar el estado de alarma y que había que confinar para evitar la pandemia? Fueron Ciudadanos y VOX.
El 10 de marzo del año 2020, el señor Abascal pedía el estado de alarma, pedía el confinamiento y pedía dimisiones en el Gobierno de la señora Carmen Calvo ¿por decretar el estado de alarma? No, por no decretar el estado de alarma. Esto,
en fin, es el máximo del populismo y de la demagogia. Nosotros tratábamos de salvar vidas, tratamos de salvar vidas, y ahora de salvar empleos; otros tratan solo de hacer marketing y performance política.
En aquellos días de confusión, toda la Cámara -no hubo ningún voto en contra para la aprobación del estado alarma-, toda la Cámara apoyó el estado de alarma. Pero a los señores de VOX les interesa más tener un arma arrojadiza en forma de
sentencia del Tribunal Constitucional contra el Gobierno que tener para el futuro la seguridad jurídica de qué es lo que hay que hacer cuando se produce una situación tan inédita como sufrir una pandemia. Y después de aprobar con sus votos el
estado de alarma, el primer estado de alarma, lo recurrieron; y después, votaron en contra; y después, promovieron caceroladas; y después, hicieron manifestaciones en las calles; y después, decían que esto era una filfa y que el confinamiento ya
no hacía falta, que se podía salir a la calle, contaminar a todo el mundo y que la gente se muriera porque esto del virus lo negaban radicalmente, y después, en la segunda y tercera ola, se quejaban de que el Gobierno no daba amparo jurídico para
que las comunidades autónomas pudieran establecer restricciones. Me parece que demagogia y populismo son unas palabras que les quedan grandes. Yo hablaría más bien de surrealismo político, porque no hay quién les entienda.
Podemos, a través del señor Echenique, con esta sentencia del Tribunal Constitucional, salió para decir que el Tribunal Constitucional parece ser que lo que quería era matar gente con esto de declarar inconstitucional el estado alarma. Pues
no, no quería matar gente; dijo que el confinamiento era la medida correcta, pero que la percha jurídica no era la correcta, y si hubiera dictado la sentencia a tiempo, hubiéramos decretado el estado de excepción y ya está. La sensación que da es
que en esta Cámara la sentencia no se la ha leído nadie. Todo el mundo habla de oídas y haciendo declaraciones de cualquier manera.
Nosotros, como partido liberal, tenemos una sola declaración que hacer: nos alegramos por la sentencia del Tribunal Constitucional, la acatamos. ¿Por qué? Porque nos da seguridad, porque ya sabemos en el futuro lo que hay que hacer en una
situación tan problemática como esta que vivimos, en una situación tan difícil, en donde la sentencia sale por seis a cinco votos, en donde la Ley 4/1981 dice que el estado de alarma está pensado para la epidemia, pero el Tribunal Constitucional
dice que hay que optar por el sistema que ofrece mayores garantías, que es el estado de excepción.
El Partido Popular -recuerdo al señor Casado aquí subido- decía que hacía falta una ley de pandemias, que los derechos fundamentales se podían limitar por ley ordinaria y que el Ejecutivo podía limitar derechos fundamentales sin necesidad de
control constitucional. Yo le dije aquí a la señora Gamarra que, desde luego, su ley de pandemias duraría cinco segundos en el Tribunal Constitucional. Y, efectivamente, tenía razón, el Tribunal Constitucional ha optado por un sistema de mayores
garantías. Si a los señores de VOX en aquel momento les hubiera dicho el Gobierno: Vamos a optar por el estado de excepción, ¿qué hubieran dicho? ¡Hubieran dicho también que no, que no porque no, que no a todo, que al Gobierno social-comunista,
ilegítimo, bolivariano, todo no, todo no!
La señora Llop, desde luego, estuvo muy desafortunada en la crítica; la señora Robles estuvo muy desafortunada en la crítica; el señor Bolaños era secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia y difícilmente pudo él declarar
el estado de alarma. El problema es que el Gobierno sigue sin hacer los deberes, seguimos sin adaptar la Ley 4/1981 a la situación de epidemia, a pesar de que Ciudadanos, el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se lo
hemos pedido varias veces. Siguen sin hacer los deberes.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Nunca hubiera pensado que el señor Espinosa de los Monteros o VOX fueran marxistas, pero marxistas de Groucho, no de Carlos, porque dicen una cosa y hacen la contraria. En fin, reprobar, destituir... Si pudieran, nos reprobarían y nos
destituirían a todos y, efectivamente, como ha dicho el señor Espinosa de los Monteros, con ese apellido tan rimbombante que tiene, solo quedaría VOX en esta sala, solo quedaría VOX, si pudieran. Mire, si tuvieran que reprobar a alguien hoy en esta
sala es a aquel diputado
que está en la salida, al señor José María Sánchez, por maleducado, por grosero, por [chabacano], 3 por su actitud irrespetuosa e insolente con el presidente. (Rumores.-Aplausos.-El señor Espinosa de los Monteros de Simón: Es intolerable
el cambio de criterio. Aplique usted el Reglamento con igualdad para todos). Un juez en excedencia, es un juez en excedencia. Si me tiene que juzgar este juez, ¡apañados estamos! (Continúan los rumores.-El señor Sánchez García abandona su
escaño).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor. Debe terminar.
El señor BALDOVÍ RODA: Hombre, ahora sí que se va. Ahora sí que se va. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Finalice, que su tiempo está terminando. (Rumores.-El señor Sánchez García habla con el señor vicepresidente).
El señor BALDOVÍ RODA: Si un diputado que llama bruja a otra diputada no es un maleducado, ¿qué es? (Rumores). Un diputado que llama bruja a otro diputado, ¿qué es? Maleducado, grosero...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Ha terminado su tiempo, señor Baldoví.
Señor Baldoví, le pido por favor que retire los insultos al señor Sánchez, por favor. (Varios señores diputados: ¿Ahora? ¿Ahora?-El señor Baldoví Roda: Yo no he insultado. ¿Yo he insultado?). Retire los insultos proferidos al señor
Sánchez, por favor. (El señor Baldoví Roda: Ha insultado él a esta Cámara. Yo no los retiro). Sí, sí, señor Baldoví, retire los insultos. Retire los insultos que ha proferido al señor Sánchez. (El señor Baldoví Roda: Y si quiere echarme, me
voy sin problema.-Varios señores diputados: ¿Le echa o no, señor presidente?- El señor Espinosa de los Monteros de Simón: Es una vergüenza, una vergüenza cómo preside usted la sesión, señor presidente). Quedan retirados del Diario de Sesiones.
Continuamos con la sesión. (Rumores). Tiene la palabra el señor Bel Accensi. (Continúan los rumores). Tiene la palabra el señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hacer una intervención absolutamente calmado, sin ánimo de provocar a nadie, sin necesidad de hacer un vídeo para colgar en Twitter, como harán algunos de ustedes que tienen una cierta afición, y, en todo caso, subo a esta tribuna para
poner de manifiesto una situación un tanto peculiar. Yo no les voy a afear lo que les ha dicho el señor Bal de que primero pedían el estado de alarma y después decían que no querían el estado de alarma, de que primero pedían la dimisión por no
poner el estado de alarma y después pedían la dimisión por poner el estado de alarma. Pero sí que les voy a poner de manifiesto que ustedes piden el respeto de los ministros al Tribunal Constitucional porque es una institución constitucional y lo
que han demostrado a lo largo de toda la tarde -yo me atrevería a decir que a lo largo de toda la legislatura- es que ustedes no tienen absolutamente ningún respecto por ningún órgano constitucional, empezando por esta Cámara y continuando por la
Presidencia de esta Cámara y la Mesa de esta Cámara. (Aplausos). No miren a quien aplaude. Parece que van a tomar represalias respecto a los que han estado aplaudiendo. Eso también es una falta de respeto constitucional. (El señor Espinosa de
los Monteros de Simón hace signos negativos). Sí, no se ponga nervioso. Yo se lo estoy diciendo de forma educada, tranquila, no insultando a nadie, pero poniéndoles delante de un espejo; un espejo en el que ustedes no se quieren ver porque su
espejo es que estos 350 diputados fueran de VOX. Y eso en otro tiempo ya pasaba, pero en los tiempos actuales ustedes deben respetar la democracia. Igual que cualquiera de nosotros respetamos los 52 diputados de VOX... (Rumores). Señor
presidente, yo sé que usted tiene tema con estos señores, pero es que, ¿no pueden escuchar?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Silencio, por favor.
El señor BEL ACCENSI: Estoy intentando seguir.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Sí, sí, le he parado el tiempo, no se preocupe.
El señor BEL ACCENSI: Me quedan 46 segundos, ¿no?
3 Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, que no le he dado al tiempo. Le queda un poquito más de 46 segundos. Continúe.
El señor BEL ACCENSI: 46 segundos, no los voy a agotar.
Si después no están de acuerdo, suben a esta tribuna y dicen que no están de acuerdo o hacen declaraciones a la prensa, pero escuchen porque esta es la casa de hablar, pero también la de escuchar y ustedes esto de escuchar no lo tienen nada
claro, ni aquí ni en ninguna otra institución. Por tanto, nosotros no vamos a caer en la dinámica de reprobar a un ministro porque cuando no era ministro fue autor intelectual y material de un real decreto-ley que aprueba el Gobierno y que
convalida esta Cámara también con su voto.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Álvarez i García.
El señor ÁLVAREZ I GARCÍA: Gracias, presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX relativa a la reprobación y destitución de las ministras de Justicia, de Defensa y del ministro de la Presidencia. Reprobación y destitución, dos palabras, dos mecanismos, dos términos muy
legítimos, pero, una vez más, utilizados por el grupo de la extrema derecha de la Cámara para destruir. Luego ya entraremos en el tema de destruir. Me sorprende que su grupo presente esta PNL porque varios diputados y diputadas de la extrema
derecha alardean muchas veces de que son juristas, abogados, abogadas, que tienen una formación de alto nivel. No se demuestra en esta PNL. No se demuestra. Yo no lo veo por ningún lado. ¿Por qué? Pues porque no hay una base política en toda
esta PNL. De hecho, me cuesta valorarla políticamente porque no la tiene. El resumen sería que la extrema derecha de la Cámara ha tenido una rabieta, una pataleta porque este ha dicho aquello y el otro dicho lo otro, en referencia a declaraciones
de los y las ministras mencionadas. Repito, es una pataleta y una rabieta sin base política que lo único que quiere y pretende es desestabilizar, una vez más, los cimientos de la política. Yo les pongo un ejemplo. La ministra de Defensa y yo -me
refiero a ella, por supuesto, porque como soy portavoz de la Comisión de Defensa es quien me atañe- seguramente tenemos muchas diferencias, muchísimas. De hecho, seguramente tenemos más diferencias de las que la propia ministra debe tener con el
grupo propulsor de la PNL. Pero también somos conscientes de que antes de reprobar o pedir una destitución hay que buscar una base sólida y política para pedir tal medida. Nosotros, Esquerra Republicana de Catalunya, hemos pedido varias veces la
reprobación de la ministra de Defensa, pero siempre que haya un peso y una base política sólida; por ejemplo, les voy a decir tres puntos: uno, por las prácticas comerciales de armamento con países no democráticos; dos, por la cantidad de
recursos que se destinan a Defensa a través de diferentes programas de los otros ministerios, y, tres, por seguir defendiendo a un rey emérito fugado de la justicia. Eso sí son motivos para reprobar y destituir a alguien (aplausos), se lo digo por
si se los quieren apuntar, básicamente.
La palabra destrucción, que es como he empezado mi discurso, es el claro ejemplo del objetivo que tiene el grupo de la extrema derecha de la Cámara: la destrucción de todo lo que tenga que ver con cualquier democracia, ya sea por todo lo
que proponen y presentan, ya sea por todo lo que torpedean de los demás grupos; es decir, VOX intenta destruir una ya cuestionada democracia, pero, ¡ojo!, luego los golpistas somos nosotros. ¡Cuidado! (Aplausos).
La semana pasada se habló en este hemiciclo del delito de odio, que es justamente lo que promueve el grupo de la extrema derecha fascista de la Cámara. Promover el racismo, el machismo y la xenofobia sí es anticonstitucional -¡eso sí lo
es!-, como lo son los principios del fascismo que representa VOX. Sí, señorías. Ellos promueven el odio en este Estado y, si no los paramos, van a seguir haciéndolo, llevándonos a la época del medievo. (Protestas). Y cuando digo que hay que
pararlos, me refiero a que hay que pararlos de verdad, porque no sirve de nada que algunos que dicen no compartir muchas cosas que defiende la extrema derecha de la Cámara luego pacten con ellos sin ningún tipo de reparo ni vergüenza, como, por
ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
Señorías, VOX no es democracia, VOX no es libertad, VOX no es igualdad. La extrema derecha de la Cámara son la personificación del mal (protestas), y eso hay que dejarlo aquí muy claro; muy muy claro. (Aplausos). Y lo demuestran con
actos como los de hoy, pues es una auténtica vergüenza no solo lo que ha hecho su compañero Sánchez, sino lo que ha hecho la diputada Olona aquí en el pasillo. Eso también
es una vergüenza. Y les digo una cosa: no van a pasar. ¡No van a pasar! ¿Saben por qué? Porque por donde ha pasado lo único que han dejado es una peste a rancio y a azufre que se huele desde aquí. (Protestas). Les digo una última cosa:
al final, seremos los independentistas (Un señor diputado: ¡Golpistas!), la gente republicana y la gente de izquierdas los que les devolveremos al lugar de donde jamás deberían haber salido, que es a la irrelevancia política y social de este
Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Santiago Romero.
El señor SANTIAGO ROMERO: Gracias, señor presidente.
No existe norma en España que impida valorar o criticar las sentencias. Castigar la crítica y la discrepancia es retrotraernos a los tiempos de la Dictadura. De hecho, VOX crítica y ataca la acción judicial asiduamente, y además utilizan
la justicia cada vez que les interesa.
Miren, en diciembre del año 2020 la señora Olona acusó al Tribunal Constitucional de ser cómplice de un supuesto golpe de Estado del Gobierno. Acusó al tribunal de abandonar al pueblo español y a los magistrados, de deber las sillas a los
partidos. En diciembre de ese año, VOX había interpuesto once recursos ante el Tribunal Constitucional para intentar ganar en un tribunal, que dicen politizado, lo que no ganan en el Parlamento. Si el Tribunal Constitucional estaba politizado en
diciembre de 2020 y no ha variado su composición, hoy seguirá estándolo. Porque, ¿ahora al dictado de quién actúa? ¿Al dictado de VOX, precisamente?
Abascal calificó la sentencia del Supremo sobre el procés de vergüenza para España y como muy desacertada. Atacaba al Supremo por ser incapaz -decía- este tribunal de defender el orden constitucional y la soberanía nacional. Y Ortega Smith
tachó esa sentencia de gravísimo error judicial. Son críticas mucho más duras que las que han hecho las ministras que ustedes hoy reprochan. Es la doble vara de medir la democracia habitual de los señoritos de VOX.
Con ocasión de las resoluciones sobre el procés del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el señor Espinosa de los Monteros también se despachó a gusto. Decía que es un palo para España, un ataque a la soberanía nacional y una falta de
lealtad de las instituciones europeas. También, el señor Abascal dijo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da oxígeno a los golpistas, y lo acusó de cuestionar la soberanía nacional.
Pero es que ustedes también incumplen la obligación constitucional de prestar colaboración para la ejecución de lo resuelto por los tribunales cada vez que una sentencia no les gusta. En mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
les prohíbe un mitin en Ceuta. Ustedes desobedecen la sentencia y convocan el mitin. Como son muy inteligentes dicen que era una rueda de prensa en la calle a la que podían acudir sus seguidores. Ahora exigen a otros que no hagan lo que ustedes
reivindican hacer para sí mismos. El diputado Pedro Fernández afirmó el 14 de julio pasado que es compatible el respeto a las decisiones judiciales con que los partidos puedan hacer su interpretación estrictamente política de las mismas. Dos días
después, VOX registra esta PNL, en la que defienden exactamente lo contrario. La utilización y manipulación de la justicia por ustedes es parte de su política de ataque a una democracia que desprecian.
En marzo del año 2020, cuatro días antes de la declaración del estado de alarma, solicitan ustedes la paralización de todas -todas- las actividades de esta Cámara, pero cuando nueve días después la Mesa del Parlamento aprueba suspender solo
los plazos para la tramitación de las iniciativas recurren al Constitucional y lo califican como secuestro. Si eso era un secuestro, ¿entonces lo de ustedes qué era? Una medida que suspendía menos actividad parlamentaria que la que ustedes habían
exigido suspender previamente. Y ustedes impugnan ante el Constitucional el estado de alarma que habían votado a favor, lo que ahora llama el señor Espinosa de los Monteros la mayor vulneración de derechos de la democracia. Ustedes lo votaron a
favor. (Denegaciones por parte del señor Espinosa de los Monteros de Simón).
Unidas Podemos también discrepa de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma. Opinamos que es una solución incorrecta jurídicamente; crea un problema nuevo sin solucionar el problema preexistente. Imposibilita la
aplicación de medidas sanitarias adecuadas para acabar con una pandemia. Enfrentar catástrofes sanitarias con el estado de excepción es un error jurídico. La Constitución limita este estado de excepción a sesenta días; insuficiente para combatir
una pandemia. Y, además, es
una vía que daña la democracia porque permite suspender innumerables derechos fundamentales. Decía un magistrado del Constitucional en su voto particular: Es difícil no sentir cierta fatiga intelectual frente a la deriva del tribunal.
Son ya mil días con las derechas atrincheradas en actitud de desacato constitucional. Si continúan bloqueando la renovación de los órganos constitucionales, el Constitucional seguirá con su mandato expirado parcialmente y dañado por una
inevitable falta de legitimidad. Están haciendo un daño irreparable a los órganos constitucionales y a nuestra democracia. Y ahora no pueden decir que los jueces elijan a los jueces, porque el bloqueo del Constitucional nada tiene que ver con eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar.
El señor SANTIAGO ROMERO: Votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Borrego Cortés.
La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidente.
Señorías, nada justifica la arrogancia del Gobierno frente al resto de poderes del Estado. La democracia tiene como pilar fundamental la división de poderes y la independencia formal y real para su ejercicio. Las críticas del Gobierno a la
sentencia que hemos escuchado -porque no fueron a título individual sino como Gobierno y desde la sede del Gobierno- constituyeron una irresponsable intromisión en la independencia del Tribunal Constitucional, un claro intento de intimidar a los
jueces y una insumisión a la sentencia.
En el punto anterior del orden del día de este Pleno se ha debatido una iniciativa del Partido Popular con el objetivo de blindar más la independencia del Poder Judicial y avanzar hacia una democracia más madura, sin interferencias de los
poderes Ejecutivo y Legislativo en el Judicial. Creemos firmemente que para la vida en libertad de los ciudadanos es necesario contar con una justicia independiente, con medios y con celeridad en las actuaciones judiciales. Por supuesto que en
España hemos vivido, como en el resto del mundo, una situación extraordinaria, enormemente dura y con consecuencias muy dolorosas, pero el Parlamento no se podía cerrar, el presidente debía rendir cuentas, las libertades y derechos de los españoles
son sagrados y había que aprobar una ley nacional para hacer frente a la pandemia y otorgar instrumentos a las autoridades de manera unitaria, coordinada y con cobertura legal, y se lo repetimos constantemente al Gobierno. Sin embargo, desde el
Gobierno se intentó sacar rédito político y electoral de la pandemia. El presidente asumió todos los poderes cuando le interesaba, suspendió la actividad parlamentaria, interrumpía las emisiones en televisión para lanzar sus soflamas llenas de
marketing, atacaba a los que no pensaban como él, a la oposición, a las comunidades autónomas, a la prensa. Se situó tras un plasma que anteriormente detestaba y, mientras, España iba al furgón de cola sanitario, económico y social. Y cuando la
situación se complicaba, la culpa era de la oposición, de Bruselas, del maestro armero. Y las competencias eran, por supuesto, de las comunidades autónomas.
Se ha vulnerado el marco legal; se ha evitado el control parlamentario y los controles internos en la toma de decisiones y en el control económico, y ahora, cuando el Tribunal Constitucional les dice que vulneran la Constitución, ¿qué
actitud toma el Gobierno? ¿Rectificar y pedir perdón? No; criticar y desautorizar. Estos ataques del Gobierno al Poder Judicial no son nuevos. No podemos olvidar los ataques al Tribunal Supremo por oponerse a los indultos a los condenados por
sedición y malversación; según el Gobierno, los magistrados buscaban venganza y no justicia. Y dice la ministra de Justicia que respeta y no comparte la sentencia, y hasta ahí lo puedo entender, pero luego continua manifestando que el Gobierno lo
hizo bien, que no piensan rectificar ni disculparse, que la votación era ilegítima porque no fue por unanimidad y ella se alinea con la minoría, y que el Gobierno, si es el de Sánchez, está por encima del Constitucional.
El Gobierno no acepta la libertad ni la separación de poderes; no respeta ni al Poder Judicial ni al Parlamento, se tiene que hacer lo que quiere o los descalifican. Tiene unos enormes tics autoritarios que llegan a intimidar. ¿Algún
cambio de los ministros recientes no se ha producido por cuestionar tímidamente alguna actuación? No quieren diálogo y acuerdos, sino sumisión del resto de partidos y de la sociedad, con excepción del separatismo, que les tiene totalmente
enganchados. La ministra de Defensa, que
siempre está buscando una cierta equidistancia, comparó la sentencia con un artículo académico y de ese modo pretendía descalificar el contenido de la misma. ¿Es el precio por seguir en el banco azul? Al nuevo ministro de la Presidencia,
señor Bolaños, se le atribuye la autoría jurídica de los decretos-leyes y del marco jurídico de la pandemia. No parece que debiera ser una buena carta de presentación para ser ahora ministro, salvo que estuviera plasmando negro sobre blanco los
deseos autoritarios, con busca de réditos electorales, que le pedía el presidente del Gobierno, que es el único responsable del desaguisado jurídico y el que debe asumir responsabilidades políticas, al menos pidiendo perdón por haberse saltado el
marco constitucional y haber lanzado esa campaña contra la sentencia, una campaña contra el Poder Judicial. ¿Y qué va a hacer el Gobierno ante las próximas sentencias? Dejo aquí la pregunta.
Señorías, finalizo. El Gobierno debe revertir sus modos autoritarios respetando la separación de poderes y también dejar de obstruir el ejercicio de los derechos y deberes de los parlamentarios, cesando sus continuas injerencias en el Poder
Legislativo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Benéitez.
La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Me gustaría empezar mi intervención recordando aquellas palabras del expresidente Zapatero que decían que a cada insulto una propuesta, a cada descalificación una idea y a cada exageración una sonrisa, compañeros y compañeras. (Aplausos).
Hoy, el Grupo Parlamentario VOX nos trae una iniciativa para reprobar a tres ministros. El motivo responde a que nuestros ministros contestaron a preguntas periodísticas sobre el fallo del Tribunal Constitucional, en el caso de las
ministras; en el caso del ministro, hablamos de la colaboración en la elaboración del decreto del estado de alarma. En fin, señorías, a veces una tiene la sensación de que en esta Cámara hay quienes no son conscientes de cuáles son las prioridades
políticas para España ni de qué esperan los españoles de sus representantes públicos. No imagino la comodidad de la que deben disfrutar los que creen que en este momento es oportuno dedicar una hora en la sede de la soberanía nacional a este
debate. Dicho lo cual, debo decirles que me encuentro muy sorprendida. Resulta que la polémica de hoy, como les decía, consiste en señalar a dos ministras por responder expresando una prudentísima valoración sobre la estimación parcial de un
recurso de inconstitucionalidad. Insisto, hablamos de unas declaraciones especialmente pulcras y cabales. Sin embargo, a VOX le irrita la legítima libertad de expresión de nada menos que dos ministras del Gobierno de España, por no hablar de la
parte relativa al ministro Bolaños, que es directamente impúdica.
Señorías, roza el delirio afirmar que la opinión de cualquier representante sobre una sentencia pone en riesgo la separación de poderes, no solo porque sea un ataque a un derecho como la libertad de expresión, que por cierto es de especial
relevancia y protección para quienes intervenimos en el espacio público, sino porque forma parte del corpus inflamatorio que usa la extrema derecha para desestabilizar la democracia, como hemos podido ver hoy muy bien. Me refiero a esa colección de
frases altisonantes, gruesas y ofensivas con las que ustedes pretenden colocar marcos de debate cuyo objetivo es solo crispar. Así empiedran ustedes el camino del autoritarismo. Por cierto, les diré más, en democracia la ciudadanía tiene derecho a
conocer cuanto puedan decir sus representantes sobre cualquier cuestión relacionada con el devenir del país, como es el caso. Las palabras de las ministras no son solo correctas, sino que también son sanas y deseables.
Pero aún hay sorpresas que superan a la del propio texto de esta iniciativa, y es que hace falta un rastreo muy pequeñito para descubrir que VOX, en contra de lo que hoy nos plantea, opina abiertamente y con mucha ligereza sobre nuestros
tribunales cuando le parece oportuno. Como ya les ha recordado el señor Santiago, VOX ha llegado a decir que el Tribunal Constitucional es cómplice del golpe de Estado de este Gobierno con el estado de alarma, ha afirmado en esta Cámara que el
Tribunal Constitucional está sometido a la corrupción de los partidos políticos e incluso una diputada ultra de la Asamblea de Madrid lo ha llegado a calificar como 'tribunal prostitucional'. Y les digo más, la señora Olona, primera firmante de
esta proposición, ha espetado en sede parlamentaria -les voy a citar textualmente- que el Tribunal Constitucional elude sus responsabilidades porque el actual marco legislativo le permite actuar con absoluta discrecionalidad y la discrecionalidad es
la antesala de la arbitrariedad y con ello se da entrada a la corrupción política. ¿En qué quedamos, señora Olona? ¿Sus exabruptos no comprometen la
separación de poderes? Si las ministras deben dimitir por valorar jurídicamente una sentencia, usted, que también pertenece a un poder del Estado, ¿qué debería hacer ahora que le hemos refrescado la memoria? Pues se lo digo yo. Yo creo
que por respeto a España, por coherencia y por honor, dimitir de esta Cámara como diputada. (Aplausos).
En otro orden de cosas, señorías del Partido Popular, si a ustedes de verdad les preocupa tanto la justicia en España, lo que deberían hacer es dejar de utilizar los órganos constitucionales como arma de desgaste contra el Gobierno.
Finalizo ya. Me gustaría recordarles que la propia sentencia a la que aluden reconoce que el estado de alarma salvó miles de vidas. Supongo que por eso todos ustedes votaron a favor del mismo varias veces.
También quiero preguntar a los que apoyan este despropósito de hoy si creen que el PSOE llevaba en su programa electoral decretar un estado de alarma. Miren, todos y cada uno de los integrantes de este Gobierno y de mi grupo parlamentario
han puesto alma y corazón en gestionar una pandemia sin precedentes, y lo han hecho de la mejor manera posible, estoy segura de que igual que lo hubieran hecho cualquiera de ustedes. Además, gracias a la extraordinaria cooperación de todos los
españoles y españolas, estamos logrando superar este horrible trance. No les voy a pedir a ustedes lealtad para este Gobierno, nos conformamos con que dejen de frivolizar con el sufrimiento de todo un país porque eso es profundamente miserable.
Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, SOBRE MEDIDAS LABORALES A IMPULSAR EN EL MARCO DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN TRASFORMACIÓN Y RESILIENCIA. (Número de expediente 162/000814).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre medidas laborales a impulsar en el marco de los planes
de recuperación trasformación y resiliencia.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Lo primero, antes de nada, quiero mandar desde aquí un abrazo enorme y todos los ánimos del mundo y toda la fuerza del mundo a los palmeros y las palmeras, que están viviendo una situación terrorífica. (Aplausos). Iba a decir que me
resulta sorprendente lo poco que se ha nombrado hoy aquí, pero lo triste es que a lo mejor no me resulta sorprendente. Ahora mismo la lava está entrando en el barrio de Todoque y no sabemos cuándo va a parar ni cuánto va a durar esta desgracia, que
creo que no es ningún reclamo turístico ni tampoco una oportunidad para que los de siempre derramen su basura racista en las redes sociales y sobre la gente. Y esto no quiero que sean solo unas palabras de apoyo desde la tribuna, aunque lo
simbólico también es muy importante, no lo voy a negar, pero me gustaría -y creo que a la población palmera también le gustaría- que el trabajo coordinado que están haciendo las diferentes administraciones, de diferente color político -no olvidemos,
por poner un ejemplo, que el Cabildo de La Palma lo gobierna el Partido Popular en coalición con el Partido Socialista-, o lo que está haciendo el Gobierno de Canarias, los diferentes ayuntamientos o el Gobierno del Estado no acabe aquí, que no sea
flor de un día y que nos aseguremos de que todas las personas, todos los palmeros y las palmeras que están perdiendo sus viviendas, sus tierras, sus huertitas, que para mucha gente son su forma de vida y el único ingreso que tienen, la única vía que
tienen de poder llegar a fin de mes, todo eso les sea repuesto en las mejores condiciones. Perdón por esta introducción, pero creo que es clave y quería, como diputado canario, poner la importancia que tiene el drama terrorífico que están viviendo
los palmeros las palmeras y que nos tiene a todos con el corazón en un puño.
Con respecto a la iniciativa, simplemente quiero decir que el objetivo de esta iniciativa parlamentaria, de esta PNL, no es otro que empujar a las mesas de diálogo social, que están reuniéndose y debatiendo ahora mismo, y demostrar que hay
una mayoría parlamentaria suficiente en esta Cámara para conseguir, como mínimo mínimo, unos primeros pasos para cambiar la normativa laboral, el entramado jurídico
laboral en nuestro país. Paso a relatarlo muy rápido, no quiero cansarles ni irme por las ramas. Y díganme si hay alguien, alguna persona trabajadora, que pueda estar en contra de lo que ponemos sobre la mesa con esta iniciativa.
Primero -y leo textualmente la iniciativa-, la recuperación de la ultraactividad de los convenios. Cualquiera que haya estado en un trabajo o negociando un convenio colectivo sabe que esto es una espada de Damocles sobre la gente
trabajadora. Muchas veces, las empresas lo usan y para decir: sí, sí, negocia el convenio, lo que tú quieras, pero nosotros dejamos pasar el tiempo y, cuando lleva un año, el convenio decae y pasas a tener muchas peores condiciones. Esto hace que
la gente trabajadora se vea obligada a firmar convenios a la baja y en peores condiciones que los que tenía anteriormente.
Segundo, revisión de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Esto también lo conocemos muchísimo; desgraciadamente, es un clásico ya: se coacciona a una persona para que se presente a la
representación sindical y se le dice que, si no lo hace, se va a la calle. O se coge al típico pelota o a la típica pelota de turno y le dices: tú te tienes que presentar a las elecciones sindicales porque lo digo yo. Y, después, con esos
perfiles es con los que se negocian unos convenios que están muy a la baja con respecto a los convenios que se han negociado por miles de trabajadores y afectan a toda la plantilla. Esto es una absoluta barbaridad, y lo han criticado laboralistas
en muchas ocasiones y en muchos ámbitos.
Tercero, la modificación del régimen de su contratación laboral para evitar que sea un mecanismo de precariedad y discriminación. Lo sabemos, externalizar la actividad principal de las empresas es una absoluta barbaridad. Que, por ejemplo,
el corazón de los hoteles, que son las camareras de piso, en muchos sitios estén externalizadas, esto no responde a ninguna lógica más allá de imponer la precariedad y los bajos salarios a la gente trabajadora.
Cuarto, la limitación de facultades para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo por parte de la empresa. Otro clásico, por desgracia. Te cogen, te sientan un día con los compañeros o compañeras y os dicen: a partir de ahora
vas a tener turno partido, a partir de ahora vas a venir el sábado y resulta que las vacaciones las vas a poder coger en este periodo, y además vas a tener que hacer una horita demás los domingos. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que me lo permite la
reforma laboral. Esto, si se cambia, es algo que mejoraría mucho la vida de la gente trabajadora.
Después, la introducción de mecanismos de sostenibilidad en el empleo, que proporcionarán flexibilidad interna a las empresas y la estabilidad a los trabajadores. Esto no es otra cosa que, digamos, meter en el cuerpo jurídico laboral de
nuestro país herramientas como los ERTE, que han demostrado -no lo digo yo, lo dicen los datos- que funcionan sobradamente. Cuando la cosa se pone fea, en vez de convertirse en un despido masivo y en sufrimiento de las familias trabajadoras, ha
conseguido que se mantengan los empleos, la actividad empresarial y que se pueda salir adelante de un bache. El ejemplo más claro lo tenemos en la COVID-19.
Por último, para que no se me acabe el tiempo, algo que también es de urgente necesidad y que están impulsando las mesas de diálogo social, que es simplificar las modalidades temporales de contratación laboral, garantizando que el contrato
indefinido sea una regla general. Ahora mismo se produce un auténtico disparate, y es que en actividades empresariales que son continuas, que son indefinidas, se dan contratos temporales. Podría poner cualquier ejemplo, pero uno son los centros
comerciales, en los que hay muchísima precariedad, muchísimos contratos temporales, cuando realmente esa actividad empresarial no es temporal. La prueba está en que muchos de ellos abren incluso en Navidad, en festivos, etcétera. Esto es una
barbaridad en nuestro país y provoca una bolsa de fraude gigantesco, de millones y millones de contratos. Como digo, acabar con ello y aplicar el resto de las medidas mejoraría muchísimo la vida de la gente trabajadora en nuestro país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Siento que lo que yo vaya a debatir aquí no sea tan divertido como la tarde tan animada que desgraciadamente estamos teniendo, pero realmente esto es lo que debería importar a los españoles. Debatimos ahora una
proposición de Unidas Podemos que ha defendido el señor Rodríguez,
al que me uno en su solidaridad por los palmeros y las palmeras, que en estos momentos están sufriendo la erupción del volcán en Cumbre Vieja.
Unidas Podemos propone una iniciativa sobre medidas laborales y dice el señor Rodríguez que solo para empujar que se cambie el paradigma laboral. El primer punto de su iniciativa pide continuar -y leo textualmente- la consolidación del
crecimiento y la creación de empleo estable y de calidad, con especial atención a jóvenes y mujeres, situando este objetivo en el centro de las medidas de los planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Señor Rodríguez, le tengo que decir
que ojalá su iniciativa se hubiera quedado solo ahí, porque continuar con la lectura es transitar hacia el delirio. Se trata de su enésima propuesta de derogar, básicamente, la reforma laboral existente, a la que achacan el principio y el fin de
todos los males de este país. Qué sería del programa electoral en materia laboral de Podemos sin esta reforma laboral; quizás, y solo quizás, tendrían que empezar a elaborar propuestas realistas, propuestas que no tienen, porque espero que, si las
tuvieran, las aplicaran, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana -en mi comunidad, en mi provincia-, donde ustedes gobiernan en un tripartito, el del Botànic, junto con el PSOE y con Compromís, donde hoy se ha conocido que un informe del Consejo de
la Juventud de España dice que más del 50 % de la población joven de la Comunidad Valenciana que está en paro roza el riesgo de pobreza extrema o exclusión social por la temporalidad de los contratos, por la imposibilidad de emancipación y por la
imposibilidad de acceder a una vivienda. No obstante, para mí lo que resulta especialmente llamativo de su propuesta es pedir la modernización de la normativa laboral y que esta se haga en el marco del diálogo social; por supuesto, una aspiración
en abstracto con la que en mi grupo parlamentario estamos totalmente de acuerdo, pero resulta ridículo -incluso diría que en algunos momentos hasta hipócrita- que se erija Unidas Podemos como defensor del diálogo social cuando la ministra de
Trabajo, que entiendo que es la destinataria de esta iniciativa, ha decidido subir el salario mínimo interprofesional sin contar con los empresarios, por ejemplo, la semana pasada, o el mismo diálogo social que está pidiendo ahora y que no han
practicado en la modificación del Estatuto de los Trabajadores, hecha por real decreto-ley, la de los riders, en la que ni siquiera contaron con la voluntad ni la opinión de los propios trabajadores. No sé, señor Rodríguez, a quién quieren engañar,
pero ustedes no quieren diálogo social, no buscan alcanzar consenso alguno con los agentes sociales, y muchísimo menos tienen interés en consensuar una reforma laboral con el resto de partidos de esta Cámara, de manera que tengamos un marco laboral
de calidad real y estable. Por no querer llegar a un acuerdo, ni siquiera se ponen de acuerdo las dos vicepresidentas, la señora Díaz y la señora Calviño.
Esta proposición no de ley no busca suscitar un debate sobre nuestro modelo de trabajo ni mejorar la vida de millones de personas que hoy se encuentran en una situación laboral precaria, busca única y exclusivamente tratar de dar un rejonazo
a sus socios de Gobierno, al Partido Socialista, y usar el Congreso de amplificador de sus batallitas internas. Mientras se dedican a esta performance, en España en lo que va de año se han firmado diez contratos temporales por cada contrato
indefinido suscrito y seguimos con una tasa de temporalidad que excede del 25 %. Hay una situación crítica en el caso de los jóvenes, como ya he dicho anteriormente, cuya tasa de temporalidad excede del 50 % y que se ven atrapados en un círculo
vicioso de inestabilidad laboral e incapacidad de acceder a una vivienda o desarrollar sus proyectos de vida. Por eso, en Ciudadanos defendemos que todos los contratos sean indefinidos desde el primer día, para evitar la desigualdad entre
trabajadores de primera y de segunda y mejorar así también las cotizaciones sociales. Ya que no tienen ustedes propuestas que aplicar, nosotros les prestamos las nuestras encantados, porque ustedes están en los Gobiernos y las pueden poner en
práctica.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda a tothom.
Alberto, primero de todo, toda nuestra solidaridad con el pueblo canario, particularmente con los palmeros y palmeras. Un enorme abrazo. Estamos aquí para disponer de todo lo que podamos hacer, desde el punto de vista legislativo y más.
Aunque sea una cosa simbólica, los detalles son importantes y ahí están.
Dicho esto, hoy el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos nos trae a debate una proposición no de ley para instar al Gobierno a adoptar unas medidas laborales que podemos calificar de razonables y necesarias. No nos extraña que este sea el
sentido de la proposición de Unidas Podemos, pues es
conocido su compromiso público con una legislación protectora de los derechos sociales y laborales. Ahí coincidimos, como hemos coincidido apoyando la subida del salario mínimo interprofesional, la creación del ingreso mínimo vital, la
modificación del artículo 315.3 del Código Penal o, como hemos ido coincidiendo prácticamente en todas las comisiones de Trabajo ya en tiempos de la ahora ministra, la señora Yolanda Díaz. Pero, honestamente, compañeras de Unidos Podemos, hay una
cosa que nos preocupa de su iniciativa y es el hecho de que año a año, mes a mes y PNL a PNL vayan trabajando un poco su discurso en cuanto a medidas a tomar en materia legislativa laboral. Hemos pasado de derogar las dos reformas laborales
-recuerdo, las del PP y las del PSOE- a derogar solo la del PP; luego, a derogar solo los aspectos más nocivos o lesivos de la reforma laboral, y la proposición no de ley que nos traen hoy ya es de mínimos mínimos, como usted muy bien ha dicho. El
listón de exigencia está bajando de manera muy preocupante para los intereses de las clases trabajadoras. Y lo digo con todo el respeto que tengo a su grupo y a su ministra. Si alguien se propone derogar, como ustedes dicen en su PNL -cito
textualmente-, 'las reformas del Partido Popular, para recuperar los derechos arrebatados por ellas' a la clase trabajadora, pero, en cambio, deja fuera, por ejemplo, el recorte en las indemnizaciones por despido, pienso que es un olvido importante,
si es que es un olvido. Esta no es una cuestión menor y deben explicar qué está pasando para que vayan bajando un poco este listón. Somos perfectamente conscientes de que en un Gobierno de coalición se tienen que realizar equilibrios complejos -y
creo que está aquí la explicación-, solo hay que ver las enmiendas que les han traído a votación a su proposición no de ley por parte del PSOE para ver por dónde van -por donde siempre han ido, si no se les obliga a rectificar, como siempre-. Pero
ustedes no pueden esperar que Esquerra Republicana compre el relato del PSOE cuando dice, por ejemplo, que el precio de los despidos, los salarios de tramitación y la autorización administrativa para los ERE y los ERTE -ahora más importantes que
nunca- no forman parte de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. No, eso no va a pasar. Esquerra Republicana -quiero que quede claro en este aviso que les hacemos en la proposición no de ley- no asume ni una coma que no sea la de derogar
la reforma laboral que ha empobrecido a la clase trabajadora, como estamos de acuerdo, durante la última década. No podemos admitir que este Gobierno se vaya sin haber derogado la reforma laboral completa, porque, si esto pasa -si no se deroga-,
significa que estaremos aplicando las mismas recetas que aplicó Rajoy. Es decir, el dispositivo que hay en estos momentos, un par de años después, sigue siendo el mismo: las dos reformas laborales del PSOE y del PP, la reforma de pensiones y el
artículo 135 de la Constitución que permite el pago primero de la deuda antes de los servicios. Es decir, vayamos por Trabajo y empecemos a acelerar ya la maquinaria, porque, si no, vamos a decir que estamos haciendo lo mismo que hacíamos con
Rajoy; porque, de hecho, no hace falta hacer reformas porque ya están hechas, las hizo ese Gobierno en su momento. Ustedes mismos se han calificado como el Gobierno más progresista de la historia y, desgraciadamente, quizá lo sean, porque si
echamos un poco la vista atrás y miramos los consejos de ministros que les han precedido vemos que no tienen mucha competencia por la izquierda. Pues imagínense, si ustedes renuncian a devolver las indemnizaciones, dónde estaban cuando gobernaba
Zapatero. Tampoco pedimos nada excéntrico. Quién lo iba a hacer, a quiénes van a votar los trabajadores y trabajadoras de los diferentes pueblos del Estado donde solo ustedes llevan la bandera de la izquierda, allí donde no hay alternativas
electorales.
Señorías de Unidas Podemos, confiamos mucho en ustedes porque son necesarios también para nuestra política. Y creo que si les pregunto si es justo que un despido improcedente se salde con treinta y tres días de salario por año trabajado y
sin salarios de tramitación, ustedes me van a decir que no es justo y que hay que recuperar esos salarios de tramitación, salvo que me digan lo contrario. Pero estoy convencido de que no y, por lo tanto, la pregunta definitiva, señorías de Unidas
Podemos, es si van a ser consecuentes con su discurso para que la clase trabajadora no siga sufriendo el dispositivo laboral del Partido Popular y del Partido Socialista creado entre 2010 y 2013. Es decir, reforma laboral, reforma de pensiones, la
derogación del artículo 135 de la Constitución o la derogación de la Ley mordaza que se hizo para combatir la disidencia política y sindical por la cual tenemos más de 3500 imputados por otras causas. Entramos en los meses de hechos y no de
palabras y deseamos seriamente...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor SALVADOR I DUCH: ... que unidos y unidas podamos, de verdad, hacerlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peña Camarero.
La señora PEÑA CAMARERO: Muy buenas tardes, señorías.
Lo decía antes, este es el momento y es muy conveniente, además, la presentación de esta proposición, porque es el momento de acometer la modernización de la normativa laboral, de regular las modalidades contractuales, de recuperar los
derechos arrebatados por la reforma del Partido Popular y de avanzar y proponer otros nuevos. Claro que es el momento, porque los datos, todos los datos, nos siguen marcando un panorama muy complicado. Les recordaré solo tres. El 27 % del total
de los contratos que se realizan en este país desde su reforma laboral duran menos de siete días; 22 millones de contratos se firmaron el año pasado, 6 millones duraron menos de una semana. El 48 % de la población activa sufre precariedad, 7
puntos por encima de nuestros vecinos europeos. Los trabajadores pobres han aumentado un 16 % desde su reforma laboral hasta 2019. Y si estos datos y estos números les parecen baladíes para argumentar que necesitamos dejar atrás la reforma laboral
del Partido Popular, les hablaré de sentencias que señalan que su reforma está obsoleta, que su reforma está demodé, porque trabajamos con normas de 1980 que no dan respuesta a las necesidades actuales del mercado laboral. El Supremo ha reconocido
la laboralidad de los riders. El Supremo ha modificado la jurisprudencia para acabar con la precariedad existente en las subcontratas y con los fijos discontinuos. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por la
falta de control de parcialidad o ha pedido que acabemos con la discriminación entre trabajadores temporales e indefinidos. En definitiva, ¡qué lejos está esta normativa del mundo de hoy! Porque, además de estos datos y de estas sentencias,
deberíamos haber aprendido de esta pandemia también en lo laboral. Es cierto que, pese a que se han puesto en marcha mecanismos eficaces de flexibilidad interna que han beneficiado a tres millones y medio de trabajadores, se ha perdido empleo en el
agujero de la temporalidad. Necesitamos actuar ya sobre esta característica tan española y atajarla. Y eso que los temporales han encontrado un Gobierno con cierta sensibilidad que ha puesto a su disposición un nuevo subsidio, igual que para los
autónomos o para los que perdieron su empleo; cuestión esta que nos plantea también que el sistema de protección no aguanta más parches. Hay que darle ya una vuelta y lo pedimos también en nuestra enmienda: la atención a esa reforma normativa
para la simplificación y mejora del nivel asistencial.
Así que con este desaguisado que nos dejó el Partido Popular, ¿qué pretendemos dar? Seguridad, estabilidad y, de una manera romántica también, garantizar los preceptos de nuestra Constitución: derecho al trabajo, a la libertad sindical, a
la participación y a la democracia de empresa. ¿Por dónde queremos empezar? Evidentemente, recuperando los derechos arrebatados que tienen que ver con el desequilibrio de las relaciones laborales y la quiebra de la negociación colectiva. Queremos
continuar con todo lo relacionado con los preceptos que invaden elementos centrales de la precariedad en la contratación. Pero para ello entendemos que hay que añadir algún punto más a la propuesta que hoy se debate aquí. Queremos la creación de
un nuevo código del trabajo, de un estatuto del trabajo moderno que avance con España y no contra las personas trabajadoras y las empresas de este país. Queremos modernizar también las políticas activas de empleo y, evidentemente, recuperar la
dignidad en los salarios. Mejorar los salarios porque lo dice el artículo 35 de nuestra Constitución pero, sobre todo, porque el Partido Socialista se lo cree, y así lo ha hecho siempre que gobierna. En los últimos tres años Pedro Sánchez ha
aumentado un 31 % el salario mínimo interprofesional, pero es que también lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero, con hasta el 40 %, e incluso Felipe González en los primeros años de su Gobierno, que lo aumentó un 41 %. Por eso, para nosotros es
imprescindible esta parte en la enmienda: trabajar por ese umbral de decencia y continuar con la senda de mejora salarial para llegar al final de la legislatura alcanzando el 60 % del salario medio. Este es el camino, trabajar para la
modernización del mundo del trabajo en beneficio de la vida de las personas trabajadoras y también de las empresas. En ellas piensa este Gobierno cuando está planteando fórmulas de contratación claras, simples y que establezcan su carácter
indefinido como norma, donde se recupere la causalidad, donde se regule el artículo 11 también con los contratos formativos y donde la negociación colectiva sea equilibrada, porque las empresas modernas han de tener relaciones laborales modernas.
Así que venimos de un año muy duro y tras el esfuerzo de los españoles todos y todas merecen una nueva etapa mejor, con mejores salarios, con mejores empleos y con mejores posibilidades para desarrollar una vida laboral plena. Por ello, es
importante también cómo lo vamos a hacer, cómo lo queremos hacer,
con sensatez, con diálogo, con pacto social -sí, señora Muñoz, hasta siete pactos de diálogo social firmados en los últimos dos años- y también con el acuerdo político, porque en estos últimos años se han resuelto cuestiones importantes, lo
han hecho, pero todo es siempre mejorable, señorías. Hablemos, discutamos y acordemos para que perdure la nueva normativa que deje atrás la reforma laboral del Partido Popular. Así que no nos preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan
solo si marchamos por el mismo camino.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Unidas Podemos -que para los desinformados ocupa cinco plazas en el Consejo de Ministros desde hace año y medio largo- trae al Pleno una iniciativa que arremete contra las medidas que el Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy se vio en la
irrenunciable obligación de aplicar tras el colosal batacazo socioeconómico de la etapa de Rodríguez Zapatero, que culminó en 2011 con una grave amenaza de rescate; una amenaza de rescate al estilo de aquella Grecia de Tsipras y Varoufakis, que se
llevó por delante a funcionarios, pensiones y sumió a los griegos en un colosal agujero negro. ¿Se acuerdan quién hacía campaña allí en Atenas en favor de Tsipras? El líder de Unidas Podemos. ¿Se acuerdan quién venía a España a dar lecciones
magistrales sobre economía? El señor Varoufakis. De menuda nos sacó el señor Rajoy, que aquí se encontró con la prima de riesgo disparada, la destrucción de empresas colosal, el desempleo sideral y, como remate, la reforma exprés del artículo 135
de la Constitución que, por cierto, Foro votó en contra, y algunos, como el señor Sánchez, entonces diputado raso, que votó a favor, después renegaron de ello.
Señorías, el texto de esta proposición distorsiona y camufla la realidad laboral de nuestro país que, por citar el empleo juvenil, nos mantiene con la tasa de desempleo más alta de toda la Unión Europea con casi un 40 %, y Asturias
desgraciadamente en cabeza. Al hablar de las mujeres, al portavoz, al señor Rodríguez Rodríguez, se le ha olvidado decir que España fue en 2020 el país de la Unión Europea donde más creció el paro femenino, con casi 3 puntos; del 15,7 % pasó al
18,4 %, agrandándose la brecha de desigualdad respecto al desempleo masculino, 14,2 %, y multiplicando nada menos que por dos la media de los veintisiete Estados miembros, que fue de un 7,9 %. La iniciativa, la proposición no de ley de Unidas
Podemos insta a la derogación de la reforma laboral del Partido Popular que Foro respaldó en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, cuyas medidas llevan casi una década de vigencia y sirvieron para detener la pandemia y la sangría de
puestos de trabajo. Siendo tan dañinos, como sostiene Podemos, sorprende mucho que Pedro Sánchez no haya encontrado tiempo en cuarenta meses de Presidencia para modificar estas medidas tan lesivas.
Finalmente, respecto a la lucha contra la precariedad y el fraude, nada nuevo en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Unidas Podemos nos empieza a acostumbrar a traer iniciativas a mayor gloria de la señora vicepresidenta segunda del
Gobierno. Emplazo a que la señora Díaz nos explique aquí sus avances en favor del empleo estable y de calidad porque hoy, con los datos en la mano, lo que prima en su gestión es la propaganda, caso de esta iniciativa pirotécnica de sus camaradas y
correligionarios que votaré en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Señor presidente, señorías, nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley si se mantiene en los términos en los que está o se mejora con las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, no
así con las otras enmiendas. Pero, en cualquier caso, más importante que todo esto es señalar la sorpresa que nos causa en definitiva que esto sea una proposición no de ley y no un proyecto de ley. Al final, para quien no esté instruido en las
técnicas parlamentarias, esto no pasa de ser una mera declaración de intenciones, con cierto simbolismo, no se lo
niego, pero sin ningún efecto práctico para el propio Gobierno porque no le obliga a hacer nada. Yo creo que, en todo caso, lo que habría que hacer es empezar a legislar con el Boletín Oficial del Estado de manera más directa y dejarnos de
cierto simbolismo. Es verdad que si uno lee la proposición no de ley puede estar de acuerdo o bastante de acuerdo con buena parte del análisis que se hace; es cierto, la lectura general que se hace al menos la comparte mi grupo, la comparte el
soberanismo e independentismo de izquierdas, pero no es menos cierto que también hay algunas omisiones. Es decir, no todo lo malo empezó con la reforma laboral del Partido Popular, aun siendo esta la que pegó un salto hacia adelante en el
empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, de la vasca y probablemente también de la del Estado español por cuanto están sometidas al mismo marco. Pero todo esto ya llevaba larvándose desde hace décadas porque son muchas, se
pueden contar por decenas, las reformas laborales que se han hecho, algunas por el Partido Socialista y otras por el Partido Popular. Es una omisión que se hace en el texto, probablemente para no agraviar al socio de Gobierno -y lo entiendo-, pero,
en cualquier caso, no refleja la realidad tal cual es. La otra tiene que ver con la precariedad juvenil. Se refleja bien cuál es el problema de la precariedad juvenil, pero parece que diera a entender que está ya en vías de solución. Se lo han
señalado y es cierto también que la precariedad juvenil en el Estado español sigue siendo altamente preocupante en comparación con otros países de la Unión Europea: el 27 % de trabajo temporal dentro de los jóvenes, que es lo mismo que la
precariedad juvenil, no deja de ser un elemento de preocupación. También se dice que el abuso empresarial parece que fue una práctica del pasado y, por desgracia, los titulares de prensa nos señalan que ni mucho menos es así. Hoy mismo hemos visto
como la Audiencia Nacional decía que ArcelorMittal había realizado, a través del expediente de regulación de empleo que llevó a efecto, un fraude de ley, que actuó de mala fe y que además hizo un uso torticero de las medidas COVID; que es lo mismo
que dijo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para con otras empresas -léase Tubacex, Petronor o PCB-ITP Aero Castings-. Es, por tanto, una práctica que yo no calificaré de extendida o generalizada, pero, desde luego, bastante recurrente
y común por lo que vemos. Luego, la mala praxis empresarial no ha finalizado.
En definitiva, estamos de acuerdo con derogar la reforma laboral, porque estábamos de acuerdo ya el 20 de mayo cuando firmamos este papel (muestra un documento) con ustedes y con el Partido Socialista. Para nosotros la palabra se cumple y
estamos esperando que, por las contrapartes de este acuerdo -no por Euskal Herria Bildu, que no tardaría ni un minuto en que esto se hiciera realidad-, se empiece a cumplir. Porque es verdad que eso que se vendió con la reforma laboral de que había
que generar nuevos espacios en el mercado laboral para que trabajara más gente lo único que ha hecho ha sido que no se supere ni siquiera la cota del pleno empleo que entendían como accesible. Es que ni siquiera tenemos un pleno empleo precario.
Es decir, antes se hablaba de que para conseguir pleno empleo había que depauperar un poco las condiciones de los y las trabajadores, nunca los beneficios empresariales, y lo que nos hemos encontrado es que, aun haciendo eso, ni siquiera se ha
conseguido el pleno empleo precario.
Ya han señalado muchas de las cuestiones que faltan. Yo les señalaré algunas. Creemos que hay que poner fin ya a la prioridad aplicativa de los convenios estatales sobre los provinciales o propios. Creemos que hay que instaurar nuevamente
la autorización previa para los expedientes de regulación de empleo por parte de una autoridad laboral. Creemos que hay que elevar la indemnización por despido a 45 días por año, porque aunque uno pueda compartir la filosofía de la ministra de
Trabajo de que lo mejor es que no se despida a nadie, lo cierto es que se despide a gente y seguramente es mejor que se vayan con 45 días por año que con 33 o 20 o 12. Creemos también que hay que adaptar el salario mínimo interprofesional a cada
territorio, porque lo que la gente puede no llegar a entender es que, por ejemplo, una comunidad autónoma -léase Madrid y por citar alguna al azar- pueda hacer la fiscalidad a la carta que desee para primar a las elites, pero que luego una comunidad
autónoma no pueda hacer un implemento de los salarios mínimos para adecuarse a una realidad de vida que probablemente sea más cara o diferente a la de otros lugares. Eso sin demediar las posibilidades y el avance de nadie. Creemos también que hay
que avanzar en marcos de relaciones laborales propios para Nafarroa, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, en definitiva, para Euskal Herria. Y creemos que hay que hacerlo ya, porque los mismos que le dicen ahora que no se puede son
seguramente los mismos que en 1861 decían que si no podían contratar niños las empresas quebrarían, o los que en 1911 decían que si los trabajadores libraban un día las empresas quebrarían, o los que en 1931 decían que si había que pagar vacaciones
a los trabajadores las empresas quebrarían, o los que en 2021 dicen que si hay que pagar salarios dignos las empresas quebrarán o que si se eleva el salario mínimo interprofesional quince euros el sistema quebrará. Esta
gente es la gente que vienen detentando todo el poder y probablemente quieran seguir manteniéndolo así, pero en la izquierda siempre hemos dicho que el mundo tenía que cambiar de base. Pues que empiece ya.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías, señor presidente.
Señor Rodríguez, permítame -porque sabe que le tengo un tremendo aprecio- que le diga que lo mejor de esta proposición no de ley ha sido el recordatorio que ha hecho usted de las palmeras y de los palmeros y del esfuerzo y del dolor que
están sufriendo en estos momentos. A partir de ahí, permítame que le diga que ni usted ni su grupo son dignos de este tipo de iniciativas. Suelen ser bastante más colaborativos, bastante más concretos y bastante más pegados a una realidad que es,
entre otras cosas y en materia de reforma laboral, la de la mesa de diálogo social. Permítame decirle además otra cosa, señor Rodríguez, y es que -por desgracia y visto, además, que esta propuesta viene del área o del partido que sostiene, no solo
al Gobierno, sino en concreto a quien es responsable de la materia de la reforma laboral, que es nuestra común amiga la señora Yolanda Díaz- están dando una imagen un tanto distorsionada de esa cohesión interna que merecería representar al menos un
Gobierno; un Gobierno que pretende mantener la iniciativa en un aspecto tan importante como este. Además, permítame señalarle otra cosa añadida y es que estas propuestas están vinculadas a un debate ya existente y que se supone que, en parte al
menos, está solucionado en el ámbito de la mesa de diálogo social y el Gobierno donde, de alguna manera, esas propuestas debían de haber tenido no solo su reflejo, sino su concreción. Permítame también que le diga que esta proposición no de ley
tiene para mí esos caracteres de unilateralidad, inconcreción y falta de apego a la realidad que no la hacen apropiada ni digna de la de representación que usted tiene.
Descendiendo al terreno de lo concreto de esta proposición y entrando en materia, estando de acuerdo en buena parte no diré de su contenido, pero sí de su línea, le diré que, por ejemplo, coincidimos con la línea de la propuesta de la
recuperación de la ultraactividad, pero nos resulta inquietante que lo haga de esta forma tan absolutamente aislada de otros pactos o de otros acuerdos que ha habido en la materia y, sobre todo, con ese escaso contenido conceptual que le hemos
apreciado. No hablemos de la concurrencia de convenios, que quizás es el aspecto en el que mayor debate podemos tener, porque compartimos la opinión de que resulta disfuncional la prevalencia de los convenios de empresa. Pero, a partir de ahí,
vamos a divergir, porque nosotros somos partidarios no de la prevalencia del convenio estatal, sino de la de los sectoriales, los territoriales o bien los provinciales.
Desde luego, de la subcontratación tiene usted el conocimiento de que mi grupo desde hace muchísimo tiempo ha tenido una concreción determina en la materia. Ha pretendido y pretende objetivar una responsabilidad solidaria, privilegiada o
preferente para el empresario principal, y sin embargo creemos que esta PNL ni siquiera llega a ese tipo de concreción. Se lo he dicho: me parece tremendamente inconcreto. Desgraciadamente, tremendamente inconcreto.
Respeto a la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, nuestra posición también ha sido siempre inequívoca al señalar que las modificaciones deben ser de naturaleza bilateral, negociadas y, en su caso, aprobadas en un acuerdo
colectivo, como sucedía antes de la reforma de 2012. En todo caso, la proposición de ley tampoco explica qué propone para conseguir este objetivo. Esperemos que eso también se incluya en la reforma laboral.
Desde luego, la invocación al empleo estable constituye una obviedad en la que todos vamos a coincidir, pero sigue sin concretar nada. Como tampoco lo hace en lo relativo a los contratos formativos, aunque para eso le hubiese bastado con
acudir a la ponencia que trabajó en esta cuestión de la proliferación de los contratos de carácter temporal, en cuyas conclusiones ya se denunciaba el abuso de los contratos formativos cuando de facto encubrían actividades constitutivas de trabajo
ordinario. Tampoco dice nada.
Y el rizo de la obviedad lo plantea la propuesta cuando habla -leo- de regular medidas contractuales que acaben con la precariedad y el fraude de ley y que estén a favor del empleo estable y de calidad, o de que el contrato indefinido sea la
regla general, o de una adecuada regulación del contrato formativo, o de impulsar la lucha contra el fraude. Esos son lugares comunes. A partir ahí, ¿qué? Cuando ustedes están en el Gobierno, cuando su partido está en el Gobierno, cuando la
ministra que preside el ramo está en el Gobierno por su partido, resulta tremendamente chocante que traigan una propuesta tan inconcreta.
Somos partidarios -y seguramente lo haremos también en este caso- de remar a favor de la corriente cuando la corriente lleva a una necesaria reforma en el ámbito laboral, pero debe caminar por unos trazos más pactados, más dialogados y no de
carácter unilateral. Tenga en cuenta que la cohesión, también en el ámbito de la reforma laboral, va a ser importante. Hace falta caminar también en ese aspecto. No se puede impulsar o pretender impulsar este tipo de medidas a través de
proposiciones no de ley sin saber cuál es su contenido.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando.
El señor BARANDIARAN BENITO: Por lo tanto, entendemos que es una propuesta en la que coincidimos en su línea general. Esperemos que consiga la adhesión de otros grupos para poder concitar nuestro voto a favor.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Que el Gobierno está incumpliendo flagrantemente el compromiso de derogar la reforma laboral es un hecho, y que tuvieron tiempo para hacerlo, también, llevan prácticamente dos años desde la investidura. Por eso nos sorprende un poco y nos
despista esta PNL de Unidas Podemos. No sabemos muy bien si es para exigirle a Yolanda Díaz que cumpla y derogue ya, o para presionar a su socio del PSOE. En todo caso, tienen el BOE, utilícenlo, deroguen definitivamente la reforma laboral.
El BNG, que se opuso a todas las reformas laborales, también a la de 2010 del PSOE, lleva desde el inicio de la legislatura urgiendo al Gobierno a actuar. La derogación es una de las medidas que figura en el acuerdo de investidura. Además,
hace ya meses, ante la inacción del Gobierno, amparada en que resulta complejo desplegar una nueva normativa, presentamos una PNL para que las reformas fuesen directamente derogadas y se recuperase provisionalmente la normativa anterior al año 2010.
Esto supondría recuperar derechos y evitar que continúen los efectos negativos de esta norma, como la imposibilidad de ERE extintivos sin la necesidad de autorización administrativa de la autoridad laboral. Fíjense, ayer mismo conocimos que la
empresa Vestas, en pleno boom eólico, cesa la actividad y despide a 115 trabajadores en Viveiro, en la Comarca da Mariña; la norma se lo puso fácil.
Por cierto, sus propuestas olvidan aspectos relevantes, como la centralización de la negociación colectiva y la falta de respeto al marco galego de negociación...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir terminando.
El señor REGO CANDAMIL: ... la unilateralidad de las empresas o el abaratamiento del despido. Nos preocupa que sea porque ya renuncian definitivamente a ello.
Obrigado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Boadella Esteve.
El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes.
En primer lugar, por supuesto que en el Partit Demòcrata nos sumamos al abrazo a Canarias por la situación que está viviendo con toda nuestra solidaridad y, por tanto, es de recibo también hacerlo constar al inicio de esta intervención.
La cuestión que nos ocupa ahora es la famosa reforma laboral. Podemos siempre derogar la reforma laboral. Y en esta proposición no de ley que nos presentan, aunque la música general podría sonarle a uno bien, me ha sorprendido
especialmente, y tengo que manifestárselo, el enfoque. Usted preguntaba qué trabajador no estaría de acuerdo con esto. Y es cierto, hay que tener en cuenta en este ámbito qué opinan los trabajadores, pero esto rompe totalmente con un escenario en
el que hay dos actores a los que afectan estas normas laborales, los trabajadores y las empresas. Y esto rompe, sobre todo, el esquema que ustedes y la ministra Yolanda Díaz nos han venido contando desde el inicio de la pandemia de la
importancia del diálogo social. ¿Dónde queda el diálogo social en esta propuesta? En su enfoque y presentación nos decía: Esto es lo que todos los trabajadores quieren. Bueno, pues hasta ahora nos estaban contando que todo había que
hacerlo con el diálogo social. Creo que este enfoque a ustedes les perjudica en el planteamiento de la proposición, porque, es cierto, todos sabemos que ustedes nos van a hacer ese discurso de los grandes empresarios, que son malos, etcétera, pero
nosotros tenemos que pensar en y defender a aquellos pequeños autónomos, a aquellas pequeñas pymes que también tienen trabajadores. Y nosotros queremos contentar tanto a los trabajadores como a las pymes o a los pequeños autónomos que también
contratan a personas para su negocio, para su comercio, y a estas personas también hay que tenerlas muy en cuenta. En el PDeCAT por supuesto que las tenemos muy en cuenta. Por tanto, aquí hay un elemento que ustedes no han tenido en cuenta en esta
proposición y que nosotros tenemos que poner encima de la mesa como elemento a considerar.
De hecho, esta proposición tiene otro gran elemento que genera dudas, ¿qué pasa con el Gobierno en esta proposición? Porque hasta el PSOE presenta enmiendas a este planteamiento. ¿Este es el planteamiento de Podemos, es el planteamiento
del PSOE, es el planteamiento del Gobierno? Esta sería una gran incógnita a despejar. Por eso, el que más me ha sorprendido -no se lo tome a mal, porque creo que le ha quitado el protagonismo- es mi compañero de Esquerra Republicana Jordi
Salvador, al que me sale decirle con todo cariño aquella frase de tranquil, Jordi, tranquil. Porque, claro, uno oye a Esquerra Republicana haciendo el discurso que ha hecho aquí de recuperar los 45 días y se pregunta si esta es la línea de trabajo
del conseller d'Empresa de la Generalitat de Catalunya, si la Conselleria d´Empresa le plantea a los empresarios, a la gente que crea ocupación, a las pequeñas pymes, que esta es la línea por la que tiene que ir la Conselleria d´Empresa de la
Generalitat de Catalunya. Es una duda a la que el tiempo nos dará las respuestas oportunas.
Con todo, yo creo que hay temas que evidentemente se pueden mejorar; lo hemos dicho muchas veces. Por supuesto, está la primacía del convenio sectorial en relación con el de empresa, la ultraactividad, pero también hay temas mucho más
candentes, como reducir la temporalidad; el paro juvenil, que roza el 40 % desde hace tiempo y desde hace tiempo que este Gobierno está en marcha. Una gran solución para esto podría ser, sin duda, los contratos relevo y potenciarlos.
Quería terminar mi intervención recordándoles que la derogación de la reforma laboral no es la única solución. Hace falta tirar adelante las políticas activas de empleo; hace falta reformar la FP, y hay una propuesta que el PDeCAT, el
Partit Demòcrata, hacemos nuestra que es la mochila austríaca. El Banco de España apuntaba a esta línea para mejorar también las relaciones laborales: aprovechar los fondos europeos para implantar la mochila austriaca, un fondo de capitalización
en manos del trabajador para aquellos casos de despido...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe de finalizar.
El señor BOADELLA ESTEVE: Termino, presidente.
... de cambio de trabajo, de empresa o para complementar su pensión. Pues bien, todos estos elementos...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha pasado con creces. Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Señor presidente, en primer lugar, quiero mandar un cariñoso abrazo a los compatriotas de La Palma, por supuesto. (Aplausos).
¿Qué hay detrás de esta PNL? ¿Salvemos a la soldado Díaz, que anunció la reforma laboral para antes de fin de año, o sus socios de Gobierno no ven claro esto de la reforma laboral en estos tiempos, o son ustedes el estilete de la guardia
roja personal, avanzadilla de las propuestas del Gobierno? No sabemos hacia dónde evolucionará la economía en los próximos meses. Se está planteando alargar los ERTE precisamente porque la economía no ha arrancado en su totalidad, por lo que ahora
es una torpeza plantear la contrarreforma laboral. Propone una especial atención a jóvenes y mujeres, situando este objetivo en el centro de las medidas, de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, ¿y qué hacemos, por ejemplo, con
el drama de los mayores de 55 años que también están en desempleo? ¿Nos olvidamos de ellos y del resto, en un nivel de paro del 15,26 % en este momento? Pura demagogia.
Solicitan la recuperación de la ultraactividad de los convenios en relación con el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, pero más que recuperar la ultraactividad se trataría de articular mecanismos de negociación y obligado
cumplimiento. No puede ser que un convenio llegue a su fin y si las partes no acuerdan un nuevo convenio, se imponga su vigencia en unos momentos que pueden ser perjudiciales para todos y cuando se necesitan reformas. La consecuencia de este
artículo es potenciar el deber de negociar de buena fe en la negociación colectiva y durante el periodo de un año. Lo que sucede es que lo de la buena fe no va con la izquierda, con los sindicatos de clase.
Proponen la prioridad de los convenios sectoriales, el 84.2, cuando el convenio colectivo de la empresa se adecue a la realidad económica y laboral de la misma, y con ello se ayuda a las pymes porque, cuantas más pymes, más ayuda este
sistema de priorizar el convenio de empresa. El resto es un error, a mayor gloria de los sindicatos de clase. En cuanto a la subcontratación, endurecer la descentralización productiva tiene un impacto en la economía y la viabilidad de las empresas
indiscutible. La subcontratación, en según qué sectores y momentos, puede ser una medida de supervivencia de las empresas, que armonizan su estructura con la realidad económica de las mismas; a su vez, su propuesta dejaría en la cuneta a miles de
pequeñas empresas porque es que ni entienden el mercado y, por supuesto, ni les interesa.
Una vez más estamos a vueltas con el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Las facultades que se les da a los empresarios para la modificación unilateral vienen suficientemente reguladas en la vigente norma; aún es más: la
arbitrariedad empresarial está penalizada, y lo que ustedes quieren es penalizar a la libre empresa. Y, para mayor descaro, tras la solicitud de modificar el título 41, piden la introducción de mecanismos para la sostenibilidad del empleo que
proporcionarán la flexibilidad interna. Sugieren, así, una cosa y la contraria, con total desprecio al 97 % de las empresas españolas, que son pymes. (Aplausos). Sin duda, su intención es liquidar el tejido empresarial español. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia).
En cuanto a la contratación, la simplificación de las modalidades de contratación laboral puede implicar ventajas a empresas, trabajadores e incluso para la Administración pública, es cierto, pero un modelo rígido, con apenas margen para la
contratación temporal, unido a los elevados costes sociales, conduciría al descenso en la creación de empleo, a la ralentización de la puesta en marcha de proyectos empresariales y, en suma, afectaría a la recuperación económica, sin lugar a dudas.
Sobre la Inspección de Trabajo, que tanto les gusta, estamos de acuerdo, fraude no, efectivamente, pero ayuda también para las empresas. Debería contemplarse que la Inspección de Trabajo no actuase solo como órgano fiscalizador y
sancionador, sino que desarrollase también su labor pedagógica o didáctica de cara a las empresas a fin de que estas cumplieran escrupulosamente la ley. En suma, una iter flexible, pero no exenta de contundencia. Hay que verificar, explicar, dar
opción a la empresa para la corrección y sancionar si no hay corrección. En definitiva, estamos hablando de dos modelos absolutamente distintos, los de la rigidez y poca flexibilidad, que dan menos trabajo y más paro, o la flexibilidad en la
organización del trabajo, que da más trabajo y menos paro.
Por supuesto, votaremos no a esta proposición no de ley, que es exordio, avanzadilla de lo que pretenden ustedes, teóricos señoritos universitarios, y que, parece ser, el Gobierno no se atreve a afrontar en estos momentos. Es suyo el
problema y no nos lo pasen a nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aizcorbe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Movellán Lombilla.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, dicen que la vergüenza, una vez perdida, se pierde para toda la vida, y es que hay que tener poca vergüenza, señor Rodríguez, para que ustedes, los de Podemos, traigan este paripé hoy aquí, una PNL instando al Gobierno. ¿Y quién
gobierna en este país? ¿Y quién lleva la materia laboral? ¿Y quién es el ministro o la ministra de Trabajo? Se demuestra que cada día son ustedes más inútiles y más poco útiles para los españoles.
También sorprenden las palabras de la portavoz del Partido Socialista, que parece que tiene una amnesia interesada. Vamos a hacer un poco de historia, porque hubo un momento en este país en el que más de tres millones de españoles se fueron
al paro, un momento en que se recortaron las ayudas sociales, se recortaron los salarios de los empleados públicos y los derechos sociales y también se
congelaron las pensiones, y todo ello, señorías del PSOE, con el voto a favor del entonces diputado Pedro Sánchez. Con un mercado laboral rígido, un Gobierno inútil y sin alternativas al despido, la tasa de paro creció en más de 14 puntos.
Dos de cada tres desempleados europeos eran españoles y el paro de los menores de veinticinco años se triplicó. Mandaron al paro a 1 400 000 mujeres y la brecha salarial creció un 16 %, y no, no gobernaba el Partido Popular, gobernaban sus socios,
señorías de Podemos, gobernaba el Partido antes Socialista Obrero y Español, hoy contenedor de residuos políticos no recuperables, residuos algunos peligrosos, otros simplemente cómicos.
Y no mientan, no saquen aquí sus cuentos, saquen las cuentas, que los populares sí que las hemos sacado, porque, con el voto a favor del actual presidente del Gobierno, se recortaron todas y cada una de las partidas presupuestarias, se
recortó un 20 % en políticas de vivienda, un 8 % la sanidad, los servicios sociales, la educación y la cultura, o más de un 5 % el fomento del empleo. Recortaron también ustedes en su Gobierno las transferencias a las comunidades autónomas,
obligándolas a hacer recortes en sanidad, servicios sociales o dependencia, y por aquel 2008, cuando estallaba la crisis económica, en la radio podíamos escuchar una canción de Alejandro Sanz que decía: te lo agradezco, pero no. Eso es lo que el
Partido Popular les dice hoy a ustedes, señorías de Podemos: se lo agradezco, pero no. Eso quiere decir que lecciones sobre creación de empleo y bienestar social que vengan de ustedes, ninguna.
Dicen que su gestión de la crisis no deja a nadie atrás, y vuelven a mentir. Su gestión deja 268 000 parados más, 272 000 trabajadores aún en ERTE y 223 000 autónomos en cese de actividad más que en agosto de 2019. Su gestión deja también
el 26 % de personas en riesgo de pobreza y un 7 % de ellas que están sufriendo una carencia material severa, igual que en el peor momento de la anterior crisis financiera. Su gestión está dejando atrás aquellos tiempos en los que los españoles no
tenían que elegir entre pagar facturas o comer, porque ustedes les han subido los impuestos, les han encarecido la cesta de la compra, les han triplicado el precio de la luz y quieren hacerles pagar hasta por el uso de las carreteras. ¿Y quieren
ustedes acabar con una reforma laboral que lo que hizo fue flexibilizar, entre otras cosas, el modelo de los ERTE, que les han servido para salvar el culo -si me lo permiten-, para salvar los datos del empleo en estos momentos tan difíciles? Fue la
reforma del Partido Popular la que flexibilizó el procedimiento de los ERTE, que ha permitido salvar millones de empleos y de familias en España. Lo podía haber hecho el Gobierno socialista para gestionar la crisis en 2008 o incorporarlo en aquella
ineficiente reforma laboral del año 2010, pero no lo hizo, prefirió mandar al desempleo a 3,5 millones de trabajadores. Están ustedes sobreviviendo políticamente aferrados a la demagogia de atacar una reforma laboral que funciona, que permitió
crear 1400 empleos diarios y reducir en más de 600 000 los hogares con todos sus miembros en paro. Tres millones de españoles encontraron empleo con esta reforma, 1,3 millones de mujeres y más de 230 000 jóvenes; una reforma que nos convirtió en
líderes de creación de empleo y reducción del paro en toda Europa. Esto son cuentas y no cuentos que les gustan a ustedes, porque mientras ustedes se sentaban en aquellos círculos para crear leyes que ahogan hoy a las personas vulnerables en una
maraña de burocracia, mi partido, el Partido Popular, se dejaba la piel sin pensar en los votos, implantando las medidas que permitieron sacar a este país de una crisis que habían creado sus socios de Gobierno.
Nosotros ya hemos demostrado que sabemos crear empleo, ustedes no -lo dicen los datos-, y estamos, por supuesto, abiertos a actualizar la regulación del mercado laboral. Ustedes han tenido tiempo suficiente para demostrar que las propuestas
de su Gobierno crean empleo, pero el único empleo que han sido capaces de crear en todo su tiempo al frente del Gobierno ha sido el empleo público, 228 000 empleos públicos más, eso sin contar los más de trescientos asesores que ustedes nombran a
dedo. Por lo tanto, sean humildes y aprendan de quienes saben, porque, señorías de Podemos, el empleo no se crea porque lo invoquemos cogidos de las manos; se crea con medidas como la reforma del Partido Popular, que salvó la economía de miles de
familias de este país y que ustedes quieren derogar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Rodríguez, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Estamos en ello todavía, estamos trabajando en eso.
La señora PRESIDENTA: Muy bien, muchísimas gracias. Cuando tengan una transacción, si llegan a un acuerdo, nos la hacen llegar.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MARTÍNEZ OBLANCA), SOBRE LA POLÍTICA FERROVIARIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. (Número de expediente 173/000091).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), sobre la política ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana en el Principado de Asturias. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa la moción, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
En cinco puntos de esta moción se resume lo que en Foro entendemos como las grandes prioridades que el Gobierno, y concretamente el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, debería acometer para llevar a término en Asturias una
política de modernización ferroviaria que permita superar los grandes atrasos y las carencias en una comunidad autónoma en la que el tren ha ido perdiendo paulatinamente su relevancia como consecuencia de la falta de inversiones, la paralización de
proyectos y obras en marcha, así como por el agravio comparativo con otras regiones y áreas de España que refleja, en definitiva, la falta de compromiso con el desarrollo de un medio de transporte que, además de medioambientalmente limpio y
respetuoso, es clave en la economía y en la sociedad del siglo XXI.
Ayer estuvo en Asturias la nueva ministra de Transportes, a la que interpelé aquí la pasada semana, y protagonizó allí un reality show en los túneles de Pajares, episodio que, supongo, corresponde a la tournée de la compañía arrevistada de
La Moncloa dentro del serial España 2050, con el que nos amenazan.
Señoras y señores diputados, los que durante años y años aquí en el Congreso, en el Senado y también en la Junta General del Principado rechazaron, entorpecieron, lastraron y paralizaron la variante ferroviaria de Pajares y la incorporación
de la línea Madrid-Asturias a la Red Europea de Alta Velocidad se disfrazan ahora de maquinistas para rematar la faena con la que van a discriminar una vez más a los asturianos a los que, en materia de alta velocidad, se nos ofrece gato por liebre.
La colosal inversión pública de 3700 millones de euros realizada en el tramo La Robla y Pola de Lena desde principios de siglo tenía por objeto facilitar la comunicación entre la capital de Asturias, Oviedo, y la capital de España, Madrid,
en dos horas treinta minutos. Con el trueque socialista en favor del ancho ibérico RENFE en lugar del estándar europeo UIC, el trayecto entre ambas ciudades se irá a tiempos de viaje que no serán homologables al resto de las líneas españolas de
alta velocidad y en servicio y dejará, a diferencia de los demás corredores, un ave de medio pelo porque cancela -lo recalco, cancela- la categoría europea de alta velocidad otorgada por el Gobierno de José María Aznar a la línea Madrid-Asturias.
De ahí que el primero de los puntos de la iniciativa inste a la aplicación de las soluciones técnicas necesarias para homologar la línea Madrid-Asturias con el resto de las líneas de alta velocidad. Es, por encima de todo, una cuestión de igualdad
de trato entre españoles.
Señorías, en el segundo de los puntos de mi iniciativa parlamentaria reclamo la compensación de la mala comunicación ferroviaria de larga distancia y el más que previsible retraso de la llegada de la alta velocidad, igualando urgentemente
las decisiones del Gobierno adoptadas en otros territorios de España con la rebaja y supresión de los peajes que penalizan el transporte de viajeros y mercancías en el trayecto por autovía entre Asturias y Madrid. Pido para Asturias el mismo
criterio de interés general, el mismo, ni más ni menos, que el que se está aplicando para otros territorios españoles en materia de peajes.
En tercer lugar, la moción trata de poner en valor el convenio firmado en mayo de 2019, es decir, hace solo poco más de dos años, para que la estación intermodal de Gijón se ubique en el entorno del Museo del Ferrocarril, propuesta que
alcanzó un amplísimo consenso político y social y que, publicado en el Boletín Oficial del Estado, ahora se pretende triturar obstaculizando el desarrollo de un proyecto que se empezó a gestar a principios de siglo para mantener la centralidad del
ferrocarril y con la intermodalidad como seña irrenunciable, dotando a la ciudad más poblada de la región de una estación de autobuses acorde con su importancia.
Señoras y señores diputados, ni Asturias ni ninguna de las comunidades autónomas en la fachada atlántica y cantábrica pueden quedar relegadas de un corredor ferroviario que permita asegurar la mejor conectividad ferroviaria y la eficiencia
logística con unas características que permitan a las ciudades y a
los puertos de la fachada atlántica-cantábrica, caso de El Musel y Avilés, incorporarse a la Red Transeuropea de Transportes TEN-T. Es irrenunciable y urgente otorgar carácter prioritario a este corredor atlántico.
Finalmente, la moción incide en la situación calamitosa de la red de Cercanías de Asturias. En este sentido, se insta al Gobierno a adoptar medidas de emergencia para detener y corregir el grave deterioro de esta red, acometiendo las
partidas presupuestarias contempladas en el plan 2017-2025 que fue consensuado por el Gobierno de España y el del Principado, con el apoyo de los principales ayuntamientos y de una amplísima representación de la sociedad.
Por último, al pedir a la Cámara el voto a favor de estas medidas, quiero insistir en el compromiso irrenunciable para que en Asturias se lleve a término una modernización ferroviaria que es crucial para la competitividad, el crecimiento
socioeconómico y la creación de empleo, toda vez que la comunidad continúa ocupando, año tras año, el farolillo rojo en la tasa de población activa, y cuando nos referimos a los jóvenes, tenemos el récord de desempleo juvenil más alto de toda la
Unión Europea.
En Asturias, un presidente autonómico socialista acuñó hace quince años la expresión 'leyenda urbana' para negar las ya entonces elocuentes cifras de emigración juvenil. Hoy miles y miles de leyendas urbanas continúan cruzando Pajares en
busca del futuro y el porvenir que, al igual que el tren del siglo XXI, se le niega a Asturias.
Señora presidenta, de las enmiendas presentadas, aceptaré la enmienda de Ciudadanos, si bien quiero reconocer al Grupo Socialista y al diputado, señor Morís, el contenido de su enmienda, que en algunos aspectos no cierra la puerta a viejas
prioridades y reivindicaciones asturianas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor López-Bas Valero.
El señor LÓPEZ-BAS VALERO: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Señor Martínez, vaya por delante la voluntad de mi grupo de apoyar su moción. Por supuesto que nuestra enmienda solo pretende mejorar y conseguir un texto mejor, que pueda servir para los mejores acuerdos tanto para Asturias como para los
asturianos.
En Ciudadanos somos conocedores de los principales problemas del Principado, una comunidad con una población que va acentuando su decrecimiento y que en los últimos treinta años va bajando en población y ya apenas supera el millón de
habitantes; una comunidad con una orografía complicada; una comunidad con una crisis económica y social endémicas, que ha tenido en la crisis industrial su mayor incidencia y que es en parte consecuencia de esos treinta y ocho años de Gobiernos
socialistas en cuarenta y tres años de democracia; una incomprensible infrautilización de fondos europeos, siendo una de las regiones europeas que menos ha ejecutado de los fondos del periodo 2014-2020, y por último, una desproporcionada influencia
de intereses localistas, que impiden iniciativas supramunicipales como la del área metropolitana del centro de Asturias, que congrega a más del 80 % de la población, mientras los sucesivos Gobiernos, tanto estatales como autonómicos, han generado
una extraña competición local entre municipios en lugar de hacer avanzar hacia la cooperación. Conocemos esa realidad y por eso nuestro interés en mejorar su moción con nuestra enmienda.
En primer lugar, usted propone homologar el AVE Madrid-Asturias con el resto de las líneas españolas. Nosotros preferimos no hablar de homologación, porque entendemos que no existe realmente un estándar al que homologarse y, sobre todo,
para no generar ambigüedades ni dar al Gobierno, al que ya conocemos, ni media excusa a la que agarrarse para no conseguir ese propósito común que tenemos: que el AVE llegue de Madrid a Oviedo en menos de dos horas y treinta minutos. Parece lo
mismo, pero no es igual, señor Martínez, y usted sabe como yo que no le podemos dar una posibilidad a este Gobierno para manipular el lenguaje y que hoy diga algo que signifique una cosa y que mañana signifique la contraria. Por ello, lo importante
es tener el AVE a Asturias, y en nuestra enmienda proponemos que nos dejemos ya de hablar de homologaciones y hablemos del tiempo de verdad, del objetivo, que es que ganemos esas dos horas y treinta minutos como máximo para viajar entre Madrid y
Asturias.
En segundo lugar, por supuesto que apoyamos su propuesta sobre el tema de peajes. De hecho, uno de los más caros de España está en la AP-66, el peaje del Huerna, y a Asturias nunca le llegan esas liberaciones de peajes que sí llegan a otros
sitios donde hay partidos nacionalistas que consiguen con ello negociar sus votos para el Gobierno. Para nosotros la igualdad es fundamental y, por ello, entendemos
que esa igualdad debe referirse al levantamiento de los peajes, pero no que se queden, a la inversa, solo en aquellas comunidades donde no hay un partido nacionalista que presione en Madrid.
En tercer lugar, usted habla de ratificar el convenio de mayo de 2019 entre el ministerio, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón para el plan de vías de esta ciudad. Absolutamente de acuerdo, pero también queremos instar tanto a Foro
como al PSOE, que hoy gobierna en la ciudad, para que concreten la mejor solución técnica y económica. Si la alternativa de Moreda resultara ser más rápida, más barata y no generara otros problemas que la del Museo del Ferrocarril, nosotros no
vemos problema en que se pueda asumir un cambio que creemos menor, que sea una buena solución independientemente de quién la proponga.
En cuarto lugar, no solo coincidimos plenamente con el impulso al corredor atlántico. Ha sido una propuesta en los programas de Ciudadanos en las sucesivas elecciones en las que ha participado, pero además ha sido reclamada por José Ramón
Bauzá, nuestro eurodiputado en el Parlamento Europeo.
En quinto lugar, por supuesto que hay que impulsar urgentemente la renovación de la red de cercanías, pero no es solamente un problema de mantenimiento y de renovación, sino que también es un problema de gestión. Los asturianos no pueden
estar viendo su movilidad condicionada por continuos retrasos, cancelaciones, horarios caóticos y trenes y paradas que están sin pasajeros. Por supuesto, nosotros apostamos también por reorganizar la malla horaria de las cercanías en Asturias para
hacerla más lógica y eficiente.
Por último, introducimos una enmienda para que se impulse la variante de Villabona, porque ya está en fase de estudio el proyecto, efectivamente, pero somos conscientes de que estando en su día en fase de estudio también se desistió del
mismo. Por lo tanto, creemos importante recordar con nuestra enmienda que hace falta un compromiso presupuestario para que sea de verdad una voluntad expresada para su ejecución.
Reitero, señor Martínez, que nuestra voluntad es enriquecer su moción con esta enmienda. Esperamos que sepa verlo así y que la acepte para que pueda prosperar y salir adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Bas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Morís.
El señor GARCÍA MORÍS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Martínez Oblanca, voy a centrarme en varias realidades que debemos recordar y a través de las que cualquiera que nos escuche entenderá por qué no podemos apoyar su moción, a la que hemos presentado una enmienda.
La primera es que debemos hacer a esta Cámara conocedora del titular unánime con el que abren hoy la mayoría de los medios asturianos: Día histórico para Asturias. En efecto, ayer fue un día histórico para el futuro de nuestra tierra,
porque asistimos al primer viaje de pruebas por la variante de Pajares, la obra de ingeniería más importante y con más complejidad en España en los últimos cincuenta años; vital para nuestras comunicaciones, para el transporte mixto de mercancías y
viajeros por ferrocarril, algo totalmente necesario para nuestra comunidad, y además optimizando al máximo la inversión realizada. Es una realidad que estamos en la recta final de la llegada del AVE a Asturias, con servicios de alta velocidad
equiparables en prestaciones, en tiempo y en todo a los de las grandes ciudades españolas y europeas. Usted sabe que esto es así, a pesar de la imagen gris que pretende dar de nuestra tierra y de estas infraestructuras vitales para el futuro de
Asturias. No deja de sorprender que siga manteniendo su postura a pesar de las evidencias.
Hay una segunda realidad, y es que para que las obras avancen hacen falta inversiones. Si observamos los Presupuestos Generales del Estado en Asturias, vemos cómo decrecieron durante los años de los Gobiernos del Partido Popular y cómo se
incrementaron con los Gobiernos liderados por el Partido Socialista. Esto es una realidad, como también lo es que usted ha apoyado siempre esos presupuestos del Partido Popular y no lo ha hecho con los últimos presentados por este Gobierno, a pesar
de que Asturias fue la tercera comunidad que más incrementó su inversión en los Presupuestos Generales del Estado. Sin inversiones no hay infraestructuras, por eso el papel que juega usted aquí es muy contradictorio, porque a la hora de la verdad
se opone a las inversiones para Asturias.
Hay una tercera realidad, y es que deberíamos estar asistiendo al fin del peaje del Huerna si no hubiera sido porque el señor Álvarez-Cascos, fundador de su partido y miembro del Gobierno popular de
entonces, lo prorrogó hasta el año 2050. Sé que no le gusta que se lo recordemos, pero es una realidad, como lo es que el Gobierno de España, en colaboración con el Gobierno de Adrián Barbón en Asturias, está trabajando sobre la
implantación de nuevas bonificaciones a los usuarios de la AP-66, compromiso que ratificó ayer la ministra en su visita a Asturias. Estamos ante la búsqueda de fórmulas de bonificaciones específicas para la realidad asturiana, pensadas para los
tipos de uso de esta infraestructura, que no pueden ser un calco de las otras comunidades, sino que tienen que responder a las particularidades asturianas. Hay un compromiso firme con esto, pero es muy probable que usted vote en contra de los
presupuestos de 2022, que serán la herramienta fundamental para hacer posible esta reivindicación asturiana, al igual que lo hará, cómo no, el Partido Popular.
Y hay una cuarta realidad, que es que en ocho años de Gobierno de su partido en Gijón deberían haber construido una estación y no lo hicieron, una obra que deberían haber licitado en el año 2012. Fue en esa fecha cuando rompieron todos los
consensos que había y pasaron siete años sin mover un papel. Ni rastro en el ayuntamiento de esta tramitación.
En la enmienda que hemos registrado decimos claramente que hay que acordar y tramitar a la mayor brevedad posible un nuevo convenio que modifique el suscrito en el año 2019 para la integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón, de
acuerdo con la solución aprobada por el consejo de administración de la sociedad Gijón al Norte. Hay un compromiso claro del Gobierno de España, del de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón con estas inversiones, porque su puesta en marcha es muy
importante para la ciudad, y no solo para la ciudad, sino para el conjunto de Asturias, porque esto afecta a toda la movilidad sostenible en Asturias. La ciudadanía nos pide mirar al futuro, no al pasado, y si nos mantenemos en su posicionamiento,
es imposible avanzar.
Una quinta realidad, señor Oblanca, es que el eje ferroviario Valladolid-Palencia-León-Gijón ha sido incorporado al corredor ferroviario atlántico de la red transeuropea de transporte, por lo que el trabajo continuará en esa línea. Quiero
destacar también el compromiso con las inversiones en cercanías: se invertirán en los próximos meses más de 262 millones en diferentes actuaciones.
Realidades frente a una visión negativa de Asturias. Miremos al futuro, señor Oblanca, porque Asturias tiene mucho futuro, futuro con mayúsculas, y eso es lo que la ciudadanía asturiana nos demanda. No les defraudemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenas tardes.
Señor Oblanca, hay muchas formas de comenzar a responder a esta moción que usted plantea, y una tiene que confesar que tiene un poco la sensación de déjà vu, pero bueno, lo haré con las palabras de Francisco Barros, que es el presidente del
comité de empresa de Renfe Operadora. Las palabras a las que hacía referencia, hablando de que llegue el AVE a Uviéu o a Xixón, decían: Con esos 1600 o 1800 millones de euros podríamos reformar todo y tener las mejores cercanías de Europa.
¿Asturies necesita llegar en dos horas y media a Madrid -mire, eso de cojo el tren suena más a fantasmada que a fantasía- o necesita estar bien comunicada para que quienes vivimos allí podamos desarrollar proyectos vitales o empresariales y no
sintamos la incertidumbre continua que existe de si pasará FEVE por la parada de Caborana o igual hoy ya no pasa?
Y, por cierto, ¿Asturies necesita finalizar las obras de la variante de Payares o prolongarlas más por esa obsesión de no ser menos que nadie a la que usted tanto apela? Verá, Asturies no es menos que nadie, pero le daña muchísimo tener un
porcentaje tan alto de sobrecostes, porque usted habla de los 3700 millones, pero esos no fueron los que inicialmente estaban presupuestados. Señores, se han gastado el doble de lo que estaba presupuestado en unas obras con las que llevamos dos
décadas, en las que llevamos doce años de retraso y varios desastres medioambientales importantes y relevantes. ¿Y ahora lo que nos dice es que la solución no es por fin acabar esas obras de la variante de Payares, sino las mejoras técnicas, que
suena a que los técnicos hagan magia con una varita para que podamos estar en dos horas y media entre Madrid y Uviéu? De verdad, le digo que cojo el tren y dos horas es lo que tardo en el AVE en llegar a León, y veo muy difícil que esto se pudiera
llevar a cabo. Pero es que tenemos que finalizar estas obras que, por cierto, las inició, con esa altísima falta de planificación, el fundador de su
partido, Francisco Álvarez-Cascos. Entenderá que no podíamos dejar de decirlo porque con la intervención que ha hecho casi me dan ganas de sacar del archivo las fotos en las que le vemos con una palada de cemento junto al delincuente
Rodrigo Rato. Las obras de la variante nacieron siendo un despropósito. Ahora que -permítame la metáfora- parece que casi se ve la luz al final del túnel, ¿ustedes todavía quieren alargarlas más? Que Asturies no sea menos que nadie, pero ¿le ha
preguntado a Asturies? ¿Ha preguntado a las vecinas y los vecinos qué es lo que quieren? ¿Ha preguntado a las plataformas y a los colectivos? Esta pregunta se la hago a conciencia. Incluso, no pregunte, coja el cercanías de Xixón y Llaviana.
En Unidas Podemos defendemos la vertebración del territorio, la lucha contra la desigualdad territorial entre las poblaciones urbanas y las poblaciones rurales. Sabemos que ahí el ferrocarril es un aliado fundamental y que es el que tiene
que estar vertebrando el territorio, haciéndolo con la duplicación de vías adecuada, con recursos suficientes, con la garantía de que el servicio sea totalmente accesible para toda la ciudadanía. Para ello, ahí estamos de acuerdo, es preciso
ejecutar las partidas presupuestarias pendientes en la red cercanías de Asturies y cumplir con los acuerdos adquiridos entre el Gobierno de Asturies y el Gobierno central.
Sobre el peaje del Huerna, usted creo que decía que la ministra amenaza con 2050. La amenaza cumplida fue que, una vez más, Cascos prorrogara hasta 2050 un peaje que teníamos que haber dejado de pagar este año. ¿Tenemos treinta años más
por delante de estar pagando un peaje que es absolutamente injusto y que ya se ha cubierto con creces por parte de asturianas y asturianos? No, verá, nosotras pensamos que la supresión de esta cuestión es de justicia, porque nunca hubo una
justificación para su prórroga. Pero, sin perder esto de vista, nosotras trabajamos a favor de cualquier medida que ofrezca un alivio económico justo y necesario para las personas usuarias de esta vía.
Y hablando de transportes, en el tiempo que me queda le voy a hacer dos apuntes más. Señorías del Partido Popular, tienen ustedes un alcalde en Uviéu que parece sacado de un catálogo de malos de Disney, que no ve el momento de -cito-
afuracar el monte Naranco. Las vecinas de Uviéu ya han dicho que por ahí no pasan. Y ¿saben lo que respondió él? Que le gusta mucho el monte. Supongo que por eso lo agujerea cuando él quiere. Desde aquí, nuestra oposición a tamaño sinsentido,
ajeno a la voluntad de la ciudadanía, costoso hasta decir basta, y que está por ver que sea verdaderamente útil para aligerar el tráfico de la zona, sobre todo cuando hay opciones mejores sobre la mesa. Nuestra posición es absolutamente contraria.
Vamos a ponernos enfrente de que se esté agujereado el monte Naranco y que se lleve a cabo la ronda norte.
Y un segundo apunte, como asturiana y usuaria habitual, quiero trasladar mi apoyo y solidaridad a las dos personas trabajadoras despedidas por Alsa, que siguen sin empleo pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ya resolvió
que era un despido improcedente. Nuestro apoyo a las movilizaciones del comité de empresa, a las reivindicaciones y a las movilizaciones de la plantilla. Exigimos la readmisión inmediata para estas dos personas despedidas.
Acabo ya, señor Oblanca, yo pienso que tenemos compartido y en común un enorme amor hacia Asturies, ambos, pero yo a mi país, Asturies, lo quiero con su gente, y me debo a esa mayoría social que demanda servicios y mejores comunicaciones.
En eso es en lo que usted me va a ver trabajando, pero para megaproyectos faraónicos y fumu a esgaya, Asturies ya ha tenido más que suficiente. Ahí, sí que no nos vamos a encontrar.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchas gracias, señora presidente.
Debatimos hoy una moción consecuencia de interpelación urgente. En esa moción se le plantearon a la ministra de Transportes una serie de cuestiones respecto a la política ferroviaria del Gobierno en Asturias, y la ministra, en su
intervención, básicamente demostró una ignorancia absoluta de la cuestión y un desprecio superlativo no solo por esta Cámara, sino también por Asturias y los asturianos. Al final, es una prueba más de lo que es el Estado del bienestar de los
políticos; y ahora verán por dónde va la cuestión.
La señora ministra vino y confundió, para empezar, el nombre del lugar en el que está situado uno de los peajes, el peaje de acceso a Asturias. Lo llamaba el peaje 'de Huerna'. Si hubiera pasado por allí, siquiera una vez, sabría que es el
peaje 'del Huerna'. Confundió también al señor que proponía la
moción llamándole 'señor Oblea', cuando si hubiera dedicado cinco minutos a leer el papel que le habían escrito hubiera visto que era el señor Oblanca. Por cierto, le mando un saludo, porque es de lo poco decente que queda en su partido y
gran trabajador por Asturias y en general por este Congreso. (Aplausos). Y confundió no solo eso, sino también al partido proponente de la iniciativa, llamándole 'el Foro', cuando es Foro Asturias. Imagínense a cualquiera de las personas que nos
escuche desde su casa, que se dedique al sector comercial, que tenga un poco que vender, que salir al mercado, que ganarse el pan; imagínense, en definitiva, que llegan a una reunión con un potencial cliente y confunden su nombre, el nombre de su
empresa y el nombre del lugar al que se están refiriendo. (Aplausos). Esa persona no hubiera vendido una escoba, y si hubiese tenido que reportar a un jefe o lo que fuese, se hubiera ido de patitas a la calle ipso facto. Pero como la señora
ministra vive en este Estado del bienestar de los políticos, no paga las consecuencias de sus errores; es más, es absolutamente irresponsable por sus errores, tanto como lo han sido todos los políticos anteriores que han gestionado estas
infraestructuras, tanto del PP como del PSOE.
Me explico. Las obras del AVE a Asturias se inician en el año 2004, es cierto, pero acto seguido llega el año 2005, Gobierno de Zapatero, señor del PSOE. ¡Año 2005, Gobierno de Zapatero! Tenían que haberse terminado esas obras en el año
2010, Gobierno de Zapatero, y, sin embargo, nos encontramos quince años después con las obras todavía en funcionamiento. Y viene usted aquí, señor diputado del PSOE, que nos habla de los grandísimos éxitos de la gestión del PSOE, dándose golpes en
el pecho por ese viaje piloto como si fuese la llegada del AVE a Asturias. Habrá que ver cuándo llega el primer pasajero a Asturias, porque lo que ha sucedido es un viaje de pruebas que se tenía que haber realizado hace diez años. Ustedes más bien
deberían agachar la cabeza con vergüenza por el retraso que acumula esta obra; retraso no solo en tiempo, retraso en dinero. La señora Castañón da unas cifras, que por supuesto no comprende -como es evidente, porque ella sabe de poesía y no de
economía, es lógico-, pero la obra original estaba proyectada en 1080 millones de euros y ha costado 3800 millones de euros hasta hoy, hasta hoy. Vuelvo a la cuestión: a cualquier empresa privada que se dedique a la construcción, a la promoción,
sea de obras, sea de viviendas, sea de lo que sea, y llegue con un retraso del 200 % en el tiempo y de casi un 300 % en el coste, quien le hubiese contratado esa obra le hubiera puesto un pleito como un campanu, como ya dije en esta casa.
(Aplausos). Pero ¿qué sucede? Que el Estado del bienestar de los políticos les beneficia: nadie paga el pato, nadie es responsable por esto, nadie ha sido inhabilitado para ejercer cargo político o cargo público después de la nefasta gestión de
esta infraestructura. Y de esta infraestructura de la que estoy hablando, que es el AVE a Asturias, la alta velocidad, la señora Castañón dice que hay que terminarla porque somos iguales los asturianos. No, hay que terminarla porque una obra una
vez que se inicia hay que terminarla cuanto antes, porque el tiempo es dinero. De nuevo, ella no sabe de economía y no comprende estas cuestiones, es evidente. El tiempo es dinero, y la obra, una vez iniciada, hay que ponerla a rendir cuanto
antes, a llevar viajeros, que es el objetivo, a llevar mercancías, a conectar Asturias, a que el acero que sale de Asturias pueda conectarse con toda Europa por tren, incluso por barco.
En definitiva, la gestión nefasta de las infraestructuras en Asturias, el AVE y todas las demás -el Cercanías, efectivamente; la variante de Pajares, una cuestión absurda; el peaje del Huerna, también absurda la situación-, es el resultado
de la ineficacia de la gestión de todos los políticos sucesivos que han pasado. Y, señora Castañón, por cierto, mejor gastar en infraestructuras que en el absurdo bable que viene a hablar. Nadie dice Pola de Llena, señora; Pola de Lena de toda la
vida.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Figaredo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Gázquez Collado.
La señora GÁZQUEZ COLLADO: Buenas tardes.
Se recogen en esta moción de Foro algunas de las demandas de la sociedad asturiana imprescindibles para salir de la decadencia en la que nos han sumido los sucesivos Gobiernos socialistas. En realidad no les pedimos mucho a ninguno de
ustedes, solo que concluyan los proyectos elaborados y empezados por los Gobiernos del Partido Popular, tanto por el Gobierno del señor Aznar como por el Gobierno del señor Rajoy, y sobre todo que los concluyan bien. Analizaré brevemente cada uno
de los puntos.
Ayer, adornadas de una amplia propaganda, comenzaron las obras de las pruebas del AVE a Asturias. La propaganda ha seguido hoy -al señor García Morís no le fue suficiente toda la propaganda de ayer-, para, sencillamente, unas pruebas que
todavía durarán más de un año. Creo que después de diecisiete años de retraso podían haberse ahorrado tanta fanfarria y haber pedido perdón por tanto retraso; más de diecisiete años para comenzar las pruebas del AVE de tercera división o de medio
pelo, como lo ha denominado el señor Martínez Oblanca, porque sí, señor García Morís, es un AVE de tercera. La propia Unión Europea define la alta velocidad ferroviaria como un medio de transporte que une el centro de la ciudad con el centro de
otra ciudad. Señoría de Ciudadanos: sí, sí hay estándares en la Unión Europea sobre lo que es la alta velocidad ferroviaria. Sin embargo, nuestro AVE, el AVE asturiano se queda a 30 kilómetros de Oviedo y a 50 de Gijón y Avilés. Es un AVE ya
mermado por sí mismo, por decisión socialista, ya que, como siempre ponemos de manifiesto, es el único en toda España que pasa por tres plataformas diferentes: plataforma de ancho internacional, plataforma de ancho mixto ibérico-internacional y
plataforma de ancho ibérico. Y, además, ayer nos anuncian que en la variante solo se utilizará en su inicio -en su inicio, pero ya no en pruebas, sino en su utilización- el ancho ibérico. Esperemos que expliquen bien esa decisión tan negativa, que
implica ampliar mucho los tiempos de viaje. Queremos dejar claro una vez más que es imprescindible que, paralelamente a su puesta en servicio cuanto antes, se estén proyectando y ejecutando las obras para llevar el ancho internacional a las tres
ciudades y, además, se planifique una red de cercanías en alta velocidad que una esas tres ciudades, como hay en toda Europa.
Señora Castañón, no es magia, es sencillamente ingeniería, como lo es el túnel para la ronda norte de Oviedo; es ingeniería: un túnel que no impacta y que protege el Naranco y que, por supuesto, defenderemos que se haga a ultranza. (La
señora Fernández Castañón pronuncia palabras que no se perciben).
En cuanto a los puertos asturianos, es apremiante la necesidad de mejorar los accesos, tanto las conexiones por carretera como las ferroportuarias. Asimismo, se debe fomentar la actividad en los propios puertos. Ligado a esto, tenemos el
corredor atlántico, porque si la salida por túnel a la meseta de nuestras mercancías es fundamental para la exportación de nuestros productos al resto de España y por el ahorro de coste energético que implica no tener que salvar la cordillera
Cantábrica, es igualmente importante la salida de todos nuestros productos a Europa que proporciona el citado corredor atlántico, como lo son para otras regiones los corredores mediterráneo y central que vertebran nuestro país.
En lo relativo a cercanías, más de lo mismo, un servicio abandonado por el Gobierno de Sánchez. Recuerdo nuevamente que el Plan de cercanías de Mariano Rajoy 2017-2025 para Asturias presupuestaba más de 600 millones de euros -en concreto,
para el bienio 2018-2019, más de 100 millones- y que el Gobierno socialista apenas ejecutó una cuarta parte. Para este año aparecían partidas importantes en los presupuestos que tampoco se han ejecutado. Y ahora el señor García Morís nos dice que
esperemos a los del próximo año. Ya no podemos. Y seguimos con el Plan de vías, que trata de eludir el consenso sobre su ubicación, el único exitoso, que es en las inmediaciones del Museo del Ferrocarril.
Y dejo para el final el peaje del Huerna. En marzo pregunté al ministerio sobre ese tema y me contestó que no estaba en su agenda. (Muestra un documento). Asturias merece y necesita las mismas bonificaciones que otras comunidades
autónomas. Esperemos que las grandes reivindicaciones para Asturias de la señora Lastra o de la señora Castañón no se centren en que peaje se escriba con equis, peaxe, o en vigilar toponimias inverosímiles en los carteles del AVE. Las grandes
reivindicaciones son las que hemos descrito y no otras como una cooficialidad que no quieren el 90 % de los asturianos, que es una imposición y que solo puede traer división a una sociedad unida como es la asturiana. Si quisieran a Asturias algo,
no actuarían así. Pero ahí nos van a encontrar, dando la batalla para salvar a Asturias de cualquier aislamiento orográfico o lingüístico, y con seguridad acabaremos como don Pelayo, dando las gracias a Dios y a la Virgen de Covadonga por haberlo
conseguido.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gázquez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Señor Martínez Oblanca, ¿la moción se votará en los términos de la incorporación de la enmienda de Ciudadanos?
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Exactamente, señor presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Muchísimas gracias.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN LA ISLA DE LA PALMA. (Número de expediente 140/000014).
Señorías, antes de pasar a las votaciones, vamos a dar lectura a una declaración institucional por la erupción volcánica en La Palma. Le pido, por favor, a la secretaria segunda de la mesa que proceda a su lectura.
La señora SECRETARIA (Hernanz Costa): Tras la erupción volcánica sufrida por la isla de La Palma el pasado domingo 19 de septiembre, el Congreso y el Senado quieren mostrar su apoyo y solidaridad con todas aquellas personas que, de una
forma u otra, se han visto afectadas, especialmente, a quienes se han visto desplazados de sus hogares.
La erupción del volcán Cumbre Vieja es un fenómeno de la naturaleza que gracias al conocimiento científico y a los medios de protección civil se ha seguido desde sus primeros indicios y se ha conseguido evitar pérdidas humanas.
El Congreso y el Senado quieren poner en valor el trabajo coordinado que desde el primer momento han desarrollado todas las administraciones implicadas: ayuntamientos, Cabildo de La Palma, Gobierno de Canarias y Gobierno de España.
Además muestran su apoyo a los técnicos y científicos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la UME, al Ejército de Tierra, en suma, a todos los empleados y empleadas públicas que están en primera línea y a todo el voluntariado
del sistema de protección civil, así como a las diversas organizaciones que siguen trabajando por proteger a los habitantes de la isla y que se han preocupado e implicado todos estos días por salvaguardar la integridad de la población de La Palma.
El Congreso y el Senado instan al Gobierno y a todas las instituciones a continuar desplegando el máximo esfuerzo para ayudar a la ciudadanía afectada y a que, lo antes posible, reciban apoyo económico con el fin de paliar las consecuencias
de la erupción volcánica en la isla de La Palma. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.
Señorías, votaremos en tres minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que ya han emitido el voto mediante
el procedimiento telemático no pueden volver a hacerlo desde su escaño. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA PENALIZAR EL ACOSO EN LAS MUJERES QUE ACUDEN A CLÍNICAS PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.
(Número de expediente 122/000143).
La señora PRESIDENTA: Señorías, damos comienzo a las votaciones.
Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las
mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 243 votos telemáticos, 345; a favor, 64 más 135 votos telemáticos, 199; en contra, 37 más 107 votos telemáticos, 144; abstenciones, 1 más 1 voto telemático, 2.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, DE REFORZAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y DE REFORMA DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE,
POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL, PARA GARANTIZAR LA IMPARCIALIDAD DE SU ACTUACIÓN. (Número de expediente 122/000092).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforzamiento
de la independencia del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la imparcialidad de su actuación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 242 votos telemáticos, 344; a favor, 38 más 116 votos telemáticos, 154; en contra, 64 más 126 votos telemáticos, 190.
La señora PRESIDENTA. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
Buenas tardes a todos. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.