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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 117, de 21/07/2021
cve: DSCD-14-PL-117
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 117
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 113 (extraordinaria)
celebrada el miércoles,
21 de julio de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del
agua. (BOE núm. 151, de 25 de junio de 2021). (Corrección de errores en BOE núm. 158, de 3 de julio de 2021). (Número de expediente 130/000052) ... (Página6)
- Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real
Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. (BOE núm. 151, de 25 de junio de 2021). (Corrección de errores en BOE núm. 155, de 30 de
junio de 2021). (Número de expediente 130/000053) ... (Página25)
- Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (BOE núm. 161, de 7 de julio de 2021). (Número de expediente 130/000054) ... (Página40)
- Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español por determinadas entidades del sector público y se adoptan otras medidas urgentes
en el ámbito cultural y deportivo. (BOE núm. 167, de 14 de julio de 2021). (Número de expediente 130/000055) ... (Página60)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Acuerdo sobre supresión de los requisitos de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid y Doha el 26 de octubre de 2020. 'BOCG. Cortes
Generales', serie A, número 133, de 7 de mayo de 2021. (Número de expediente 110/000059) ... (Página73)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile para el intercambio y protección recíproca de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid el 3 de diciembre de 2020. 'BOCG. Cortes Generales', serie A,
número 135, de 14 de mayo de 2021. (Número de expediente 110/000060) ... (Página73)
- Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, hecho en Bonn el 13 de septiembre de 1983, enmendado y la Decisión de las Partes Contratantes
relativa a la adhesión del Reino de España. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 140, de 21 de mayo de 2021. (Número de expediente 110/000061) ... (Página73)
- Convenio de Minamata sobre el Mercurio, hecho en Kumamoto el 10 de octubre de 2013. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 144, de 4 de junio de 2021. (Número de expediente 110/000062) ... (Página73)
- Acuerdo por el que se modifica el Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la
República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República
Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 27 de enero y el 8 de febrero de 2021. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 147, de 11 de junio de 2021. (Número de expediente
110/000064) ... (Página73)
- Acuerdo sobre la transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo Único de Resolución entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República
de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República de Croacia, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría,
la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumania, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 27 de enero y
el 8 de febrero de 2021.'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 148, de 11 de junio de 2021. (Número de expediente 110/000065) ... (Página74)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página76)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página79)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página6)
Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua
... (Página6)
Hace uso de la palabra la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica (Ribera Rodríguez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno, García Adanero y Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro y el señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Matute García de Jalón, del Grupo
Parlamentario Euskal Herria Bildu; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario
Plural; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano, y López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; la señora Olona Choclán, del Grupo Parlamentario VOX; y los señores
Requena Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Renau Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real
Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda ... (Página25)
La señora ministra de Sanidad (Darias San Sebastián) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene la señora Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Gorospe Elezcano, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Cañadell Salvia, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Medel Pérez, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX, y Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público ... (Página40)
La señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene el señor Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro y el señor Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario
Euskal Herria Bildu; los señores Legarda Uriarte, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Espejo-Saavedra Conesa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y Rego Candamil, Bel Accensi y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario
Republicano; el señor Honrubia Hurtado, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; la señora De Luna Tobarra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Aceves Galindo, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español por determinadas entidades del sector público y se adoptan otras medidas urgentes
en el ámbito cultural y deportivo ... (Página60)
El señor ministro de Cultura y Deporte (Iceta i Llorens) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Miquel i
Valentí y la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; la señora García Puig, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX; Merino
Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Lamuà Estañol, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página73)
Acuerdo sobre supresión de los requisitos de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid y Doha el 26 de octubre de 2020 ...
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile para el intercambio y protección recíproca de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid el 3 de diciembre de 2020 ... (Página73)
Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, hecho en Bonn el 13 de septiembre de 1983, enmendado y la Decisión de las Partes Contratantes
relativa a la adhesión del Reino de España ... (Página73)
Convenio de Minamata sobre el Mercurio, hecho en Kumamoto el 10 de octubre de 2013 ... (Página73)
Acuerdo por el que se modifica el Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la
República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República
Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 27 de enero y el 8 de febrero de 2021 ... (Página73)
Acuerdo sobre la transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo Único de Resolución entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de
Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República de Croacia, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, la
República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumania, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en Bruselas el 27 de enero y el
8 de febrero de 2021 ... (Página74)
Para fijar su posición sobre los dictámenes de referencia intervienen la señora Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX; Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y Gómez Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página76)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación
y de la tarifa de utilización del agua, se aprueba por 67 votos a favor más 126 votos telemáticos, 193; 3 votos telemáticos en contra; y 41 abstenciones más 111 votos telemáticos, 152.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 39 votos a favor más 131 votos telemáticos, 170; 67 en contra más 106, 173; y 1 abstención más 3 votos telemáticos, 4.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, se aprueba por 69 votos a favor más 111 votos
telemáticos, 180; 39 en contra más 51 votos telemáticos, 90; y 78 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 40 votos a favor más 105 votos telemáticos, 145; 68 en contra más 126 votos telemáticos, 194; y 9 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se produce un empate con 67 votos a favor más 103 votos telemáticos, 170; 41 en
contra más 129 votos telemáticos, 170; y 8 abstenciones con voto telemático.
Sometida de nuevo a votación, de acuerdo con el artículo 88 del Reglamento, se aprueba por 67 votos a favor más 103 votos telemáticos, 170; 40 en contra más 129 votos telemáticos, 169; y 8 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 108 votos a favor más 238, 346; 1 voto telemático en contra y 1 abstención con voto telemático.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español por determinadas entidades del sector
público y se adoptan otras medidas urgentes en el ámbito cultural y deportivo, se aprueba por 108 votos a favor más 161 votos telemáticos, 269; y 77 abstenciones con voto telemático.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 40 votos a favor más 118 votos telemáticos, 158; 68 en contra más 99 votos telemáticos, 167; y 22 abstenciones con voto telemático.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página79)
Sometidos a votación separada y en bloques los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, son aprobados todos.
Se levanta la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 12/2021, DE 24 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD ENERGÉTICA Y EN MATERIA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, Y SOBRE GESTIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL
AGUA. (Número de expediente 130/000052).
La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Rumores).
Les pido, por favor, que ocupen sus escaños y que guarden silencio.
En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y
sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. (La señora Oramas González-Moro pide la palabra.-Rumores). Silencio, por favor.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señora presidenta, artículo 72.2 del Reglamento.
Dado que el real decreto-ley que se va a someter a votación en su disposición final tercera modifica la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias de 1994, solicito que se lea la disposición adicional tercera de la Constitución antes de
la votación y del debate.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas.
Esta Presidencia considera que la lectura del precepto que usted señalaba de la Constitución española no procede en estos momentos. Creo que es un texto sobradamente conocido y, en todo caso, de fácil acceso para todas sus señorías.
Empezamos, pues, con el debate sobre el decreto-ley y, en primer lugar, tiene la palabra la señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.
Me dirijo a ustedes para defender y solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, así como
sobre la gestión del canon de regulación de la tarifa de utilización del agua.
El decreto-ley que hoy presentamos responde a un periodo de precios de la energía extraordinariamente altos, imputables a un contexto complejo al que hay que prestar especial atención. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora vicepresidenta.
Hay un rumor constante en el hemiciclo. Por favor, les pido silencio.
Continúe, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Decía que es un asunto sensible en un momento especial en el que aspiramos a trabajar para conseguir lo antes posible la
recuperación económica de las familias y de la economía, alineada con la necesidad de impulsar la transición energética. Por ello, por el impacto del precio de la electricidad en esta recuperación, por las economías domésticas y por la industria,
nos preocupa enormemente la evolución del precio de la electricidad, una evolución sostenida en el tiempo que vemos que desde el mes de marzo en los mercados mayoristas se ha venido incrementando hasta límites nunca vistos, como el precio que marca
hoy el mercado mayorista de 106 euros el megavatio hora.
Las proyecciones nos muestran cómo esta tendencia no parece despejarse en los próximos meses. Por ello todas las medidas que estén a nuestro alcance para mitigar el impacto regresivo de estos precios deben ser impulsadas -impacto en
industria, impacto en consumidores, impacto en el conjunto de la economía y de la sociedad-, sabiendo que estas perspectivas de la evolución a futuro del precio del gas natural y del CO2, aunque no responden a las decisiones regulatorias del
Gobierno o del Parlamento español, son importantes a la hora de marcar precio.
No se trata de una situación exclusiva de España, no se trata de una situación que pueda resolver tampoco exclusivamente el Gobierno de España. Vemos cómo los precios de la electricidad en la Unión Europea están bastante alineados con los
que hemos estado viviendo en España y Portugal. De hecho, los días 2, 8, 12 y 13 de julio España y Portugal han estado por debajo de los precios de otros mercados mayoristas en la Unión Europea. Prácticamente todos los días los precios en Italia y
Reino Unido han estado por encima de los precios de España y Portugal y, sin embargo, todos ellos han estado muy altos y muchos días España y Portugal han estado por encima de los demás, a excepción, digo, de Italia y Reino Unido.
Se trata de un asunto que se debe fundamentalmente al aumento de los precios del gas, que ha subido un 10 % en los últimos siete días, o al precio de los derechos de emisión de CO2 en los mercados internacionales. Sabemos que está
íntimamente asociado al diseño del mercado mayorista con arreglo a las reglas de la Unión Europea, que buscaban un diseño eficiente y sencillo, un diseño que es adecuado cuando todas las formas de generar electricidad se mueven en horquillas de
coste similares. Evidentemente, no es adecuado cuando se produce una brecha muy grande entre formas de producir electricidad baratas, que van ganando peso en el mercado, y un pequeño margen de formas de producir electricidad con precios altos
imputables al uso de combustibles fósiles y a la necesidad de pagar gases de efecto invernadero. Esta distonía, esta disfunción en el régimen, en el diseño del mercado europeo de la electricidad, se la hemos hecho saber ya al vicepresidente
Timmermans y a la comisaria europea de Energía. Creemos que es importante facilitar mecanismos de diseño de mercado que no hagan caer sobre los consumidores esta gran diferencia en la que energía barata sigue siendo pagada a partir de precios altos
del tramo más elevado de costes en la generación eléctrica.
Esta escalada de precios, asociada a la evolución del precio de gas natural, decía antes, parece mantenerse en los mercados de futuro para los próximos meses. Vemos cómo estos días se han producido cortes de electricidad importantes en
China, cómo la demanda de los mercados asiáticos crece enormemente, cómo esta alta demanda asociada a la recuperación económica y a la limitación de exportaciones de gas natural en países productores como Rusia están detrás de una demanda de gas al
alza y con precios al alza.
Vimos que algo parecido ocurre con la evolución de precios de CO2, una evolución de precios de CO2 que no estaba considerada como probable en ninguno de los análisis de impacto manejados por la Comisión Europea para esta década. De hecho,
el análisis de impacto hecho por la Comisión calculaba que la tonelada de CO2 se movería en torno a los 25 euros en 2025 y a los 50 euros en 2030, cuando en estas últimas semanas hemos visto precios de la tonelada de CO2 entre 50 y 58 euros. Por
esto también, el debate sobre la liquidez en el mercado de CO2 o sobre los operadores autorizados para tomar posiciones en este mercado debe formar parte también del debate. La señal de precio de CO2 debe ser lo que quiso ser desde el primer día:
un instrumento facilitador del cambio de decisiones de inversión, no puede ser una guillotina para los consumidores domésticos ni para los consumidores industriales. Por eso también, este es un asunto pertinente en este momento en el debate
europeo.
Junto a estas cuestiones que exceden, obviamente, del ámbito del Gobierno y del Parlamento español, creemos que tenemos que apurar todo el margen de regulación doméstica para evitar este impacto en los ciudadanos. Sabemos que para esto es
importante trabajar en todos los trechos, en todos los márgenes, de los que disponemos: funcionamiento del mercado, cargos y peajes, y fiscalidad. Estamos convencidos de que la transición debe poner el foco en el beneficio y bienestar social de
los ciudadanos y por eso queremos hacer un reparto equitativo de los costes del sistema sin perjudicar a aquellos que son más vulnerables. Creemos que el esfuerzo que se requiere lo tienen que soportar más quienes más pueden aportar o quienes más
se van a beneficiar de la transición durante los próximos años. Sabemos que contamos con algunos cuellos de botella como puede ser la limitación de las interconexiones con Francia, que nos dificulta diluir los momentos de precios altos de nuestro
mercado cuando los mercados centroeuropeos estén más baratos, o un mercado en el que todavía, a pesar del enorme trabajo desempeñado durante estos años para facilitar que haya otros sistemas de tasación de precios al margen del mercado mayorista
aproximándonos a lo que es la realidad ya en otros países que nos circundan, donde acaba siendo un mercado de ajuste, requieren de un apoyo sostenido al cambio estructural de nuestro sistema energético. Sabemos que la minoración del beneficio de
tecnologías inframarginales no emisoras y más antiguas por los elevados precios del CO2 -que esperamos podérselo remitir en las próximas semanas en forma de proyecto de ley- es una cuestión importante y fundamental. Sabemos que es clave también
eliminar paulatinamente los cargos de la factura, y pretendemos hacerlo gracias al fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, cuya aprobación definitiva depende de las Cortes.
Ahora bien, el funcionamiento del mercado o la señal de CO2, como digo, dependen de otros actores, no solamente del regulador europeo. Por ello, en el marco de la propuesta de la Comisión Fit for 55, como ya hemos trasladado por carta,
debemos iniciar una reflexión y un debate profundo sobre el funcionamiento del mercado actual con el objetivo de facilitar las mejoras que permitan a los consumidores percibir los beneficios, tanto económicos como ambientales, del proceso de
transición en el que estamos inmersos. Sin embargo, todas las circunstancias apuntan a que esto puede tardar algún tiempo; por tanto, debemos trabajar para poder beneficiarnos plenamente de estas medidas y, mientras tanto, buscar las fórmulas que
alivien el peso que recae sobre los consumidores.
Ese es el objetivo de este Real Decreto-ley 12/2021, para el que les pido su apoyo. Establecemos en su primer artículo la bajada del 21 % al 10 % del IVA en la factura eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2021 para consumidores con un
máximo de 10 kilovatios de potencia contratada, es decir, el 97 % de los consumidores domésticos, una medida que estará activa siempre y cuando el precio en el mercado mayorista se sitúe por encima de los 45 euros por megavatio hora, lo cual,
lamentablemente, según las proyecciones de las que disponemos, es más que probable que sea el escenario en el que vivamos en los próximos meses.
Para este Gobierno es capital proteger a las familias, en especial a las más vulnerables, por eso hemos querido que la reducción del IVA hasta el 10 % se aplique a todos los preceptores del bono social con independencia de la evolución del
precio, siempre hasta final de año, adoptada por tanto como medida provisional mientras seguimos trabajando en las medidas de fondo. Esta medida beneficiará aproximadamente a 612 000 hogares con esta condición, aproximadamente el 50 % de todos los
hogares beneficiarios de algún tipo de bono social. La reducción del IVA -insisto- incluirá al 97 % de los consumidores domésticos y a 2,8 millones de empresas y autónomos en nuestro país. Es decir, supone un beneficio directo para consumidores
domésticos, industriales y autónomos, un alivio clave en un momento de recuperación en el que el precio de la electricidad nos hace pasar momentos difíciles. Esta es la razón que justifica la convalidación de este real decreto-ley, puesto que el
incremento en la factura es un problema para la economía de miles de familias, especialmente para las familias con menor renta, donde la electricidad tiene un peso muy elevado en el conjunto de su economía doméstica.
La norma también establece la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, lo que repercutirá positivamente de manera indirecta en la factura y, de manera
muy especial, en la industria. Esta suspensión, de acuerdo con las mejores estimaciones de ingresos y costes, es compatible con un cierre del ejercicio 2021 del sistema eléctrico en equilibrio, respetándose el principio de sostenibilidad económica
y financiera consagrado en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sistema Eléctrico. El impacto conjunto de estas dos medidas puede ocasionar una reducción en torno a más del 12 % en la factura de los hogares y de hasta un 6 % de la factura en la
gran industria, que ya contaba con un régimen beneficioso en el sistema de cargos.
Señorías, el camino de la transición nos lleva también a pensar en los territorios a la hora de desarrollar la penetración renovable que necesitamos como país para afrontar el desafío del cambio climático. Es evidente que el mayor riesgo
para nuestra biodiversidad, para nuestro entorno, es la inacción ante la crisis climática, pero también debemos tener muy presente que la transición que estamos llevando a cabo necesita ser justa, social y, sobre todo, necesita redistribuir los
beneficios entre todos los ciudadanos y por todos los territorios haciéndolos partícipes, sin descuidar un elemento fundamental: la protección del entorno y la protección del paisaje. Cometeríamos un grave error si los beneficios quedaran solo en
pocas manos mientras se repercuten los costes en la mayoría social. Esta transición debe servir para paliar los efectos del cambio climático, hacer más resiliente nuestra economía e impulsar nuestro Estado del bienestar a la vez que se protege
nuestro capital natural.
En esta línea, este real decreto-ley modifica en un punto importante el Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución. Queremos establecer en los concursos de acceso y conexión la posibilidad de
introducir nuevos criterios socioeconómicos y ambientales que garanticen el reparto y la reinversión de los beneficios, las propuestas más garantistas con la protección medioambiental en aquellos territorios donde vayan a instalarse y a
desarrollarse estas inversiones renovables; criterios como el impacto socioeconómico en el área y sus habitantes, creación de empleos directos e indirectos en la zona, impacto económico en la cadena de valor industrial, participación por parte de
inversores, empresas y administraciones de la región, prestación de mecanismos de reinversión a los ingresos obtenidos en la zona donde se ubique la instalación o compatibilidad con la protección de la biodiversidad y el paisaje son algunos de los
elementos que quedan recogidos en el nuevo decreto ley. Queremos reforzar los requerimientos ambientales estableciendo una puntuación en función del grado de afección ambiental de los proyectos y, por ello, el mapa de zonificación diseñado por el
ministerio para evaluar el impacto del proyectos eólicos y fotovoltaicos en el territorio ganará relevancia a la hora de ubicar las instalaciones.
Les pido su apoyo para reforzar la protección de nuestra biodiversidad, que es patrimonio de todos, para impulsar las economías locales de los territorios donde se sitúan los proyectos renovables, porque se lo merecen nuestros convecinos.
Sabemos que se trata de una apuesta ganadora si cuenta con todos. No queremos que genere tensiones injustificadas e injustas en el territorio.
Por otro lado, el Gobierno quiere seguir abordando la transición energética también con el impulso de la diversidad tecnológica y el fomento de aquellas tecnologías más novedosas, como puede ser la energía eólica marina. Hace apenas dos
semanas sacamos a información pública la hoja de ruta de la eólica marina y las energías del mar. Junto con la nueva planificación del ordenamiento del espacio marítimo, nos da una posibilidad de integrar con todas las garantías el desarrollo de
esta tecnología. Por ello, a través de este real decreto ley se propone hacer una parada temporal en la recepción de solicitudes de acceso para proyectos de eólica marina y no admitir nuevas solicitudes en tanto no hayamos desarrollado el marco
completo. Lograr con éxito el objetivo de alcanzar los 3 gigavatios de eólica flotante para 2030 requiere un marco riguroso que dé certidumbre a inversores, desarrolladores y a la sociedad, requiere una ordenación del espacio que, para más señas,
es, además, dominio público marítimo.
Este Decreto-ley 12/2021 también incluye medidas que afectan a la gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, elementos que han sido objeto de numerosas impugnaciones en cuanto al momento del devengo. Lo que hizo
que el Tribunal Supremo llegara a anular las liquidaciones recurridas al entender que las modificaciones de la ley de aguas aprobadas estos últimos años contenían una retroactividad no permitida. En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se
modificó la redacción para eliminar esta retroactividad señalada por el Tribunal Supremo estableciendo la obligación de aprobar los cánones y tarifas antes del comienzo del año en que se aplican. Esta coyuntura, señorías, podría implicar que los
cánones y tarifas no pudieran ser liquidados por completo en el año en curso, suponiendo para las confederaciones hidrográficas un grave perjuicio ya que tendrían que esperar para cobrar dicha
liquidación al primer semestre del año siguiente. Este hecho podría suponer que los organismos de cuenca dejaran de percibir una parte muy importante de sus ingresos durante el año en curso, más de 216 millones de euros; situación que
podría ocasionar no solamente un desequilibrio presupuestario muy acusado, sino que, además, conllevaría la paralización de una parte importante de sus actividades impidiendo que la administración del agua, los organismos de cuenca, pueda prestar el
servicio público que le atribuye la Ley de Aguas.
Por ello, para corregir esta situación, modificamos la redacción del artículo 114.7, ampliando el periodo liquidable desde el inicio del año natural en el que resulte de aplicación hasta el último día del primer semestre del año siguiente.
Esta modificación permitirá a las confederaciones recuperar los costes de las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas, en el caso del canon de regulación, y de las obras hidráulicas, en el caso de la tarifa de utilización del
agua. De esta manera, la recuperación de los mencionados costes incentivará el uso eficiente del agua y facilitará el correspondiente pago en gestión por parte de la confederación, tal y como establece la directiva marco.
Por otro lado, la disposición final segunda de este decreto-ley establece una modificación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia
tributaria. Por motivos de seguridad, orden y/o salud pública se suspende de forma transitoria hasta el 30 de junio de 2021 determinadas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la
Asociación Europea de Libre Comercio siempre que concurran una serie de circunstancias: que la inversión se produzca en empresas cotizadas en España o sobre no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros, que sean
inversiones en el ámbito de las infraestructuras críticas, tecnologías críticas y productos de doble uso, sectores con acceso a información sensible, insumos fundamentales o medios de comunicación. En este caso, será necesario solicitar
autorización previa para realizar la inversión, que será resuelta por el Consejo de Ministros previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores.
El impacto de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia del COVID-19 introdujo una incertidumbre que llevó a la necesidad de introducir un nuevo régimen de autorización para determinadas inversiones con el objetivo de proteger
nuestra seguridad, el orden y la salud pública. En el caso de las inversiones intracomunitarias, este marco temporal estaría en vigor hasta el 30 de junio de 2021. Estando próximo el vencimiento de esa fecha, se consideró necesario introducir un
nuevo plazo extendiéndolo hasta el 31 de diciembre de 2021, dado que se mantienen circunstancias parecidas a las que motivaron su adopción. Se prorroga así la vigencia de esta medida transitoria, dado que todavía nos encontramos inmersos en las
consecuencias de la crisis sanitaria.
Por último, señorías, este decreto-ley establece una modificación sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, al que aludía la diputada Oramas. El Gobierno actualiza el límite absoluto de la deducción por inversiones en producciones
cinematográficas de 5,4 millones de euros a 12,4 millones de euros. De igual forma, se adapta a la regulación dada la deducción a nivel estatal en conformidad con la comunicación de la Comisión Europea sobre ayudas estatales a las obras
cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual.
Somos conscientes de que ha existido un posicionamiento desfavorable por parte de algunos actores clave en Canarias, argumentando que la modificación de este límite de deducción en Canarias no cumple con lo recogido en el régimen especial
fiscal de la comunidad autónoma. Creemos que no se ha producido ningún incumplimiento de la normativa y que Canarias sigue contando con ventajas competitivas respecto al resto de la Península para atraer inversiones en este ámbito. De hecho, la
modificación supone que se mantiene el diferencial de 2,4 millones que tenía con respecto a las producciones que puedan realizarse en el resto del territorio español.
Somos conocedores de las dificultades a las que se enfrentan los territorios insulares y somos sensibles con ello. Déjenme que trate de presentar los datos de nuestro compromiso directo con Canarias. Solo con este análisis objetivo
podremos ver que nuestra preocupación como Gobierno se traduce en absorber el golpe de la crisis y generar un espacio de inversiones para la recuperación, y esto es posible por las medidas extraordinarias aprobadas por este Gobierno. En 2020, pese
a la caída histórica del PIB, el Gobierno central garantizó recursos suficientes para blindar la sanidad, la educación y el Estado del bienestar. Incluyendo todos los conceptos del sistema de financiación, Canarias contó en 2020 con 5590 millones
de euros, 421 millones de euros más que en 2019, lo que representa un incremento del 8,1 %. Del fondo COVID, de 16 000 millones de euros, obtuvo 551 millones de euros, y a través de las distintas
conferencias sectoriales Canarias dispuso de 213,7 millones de euros. Los recursos adicionales aportados por el Estado han permitido financiar el cien por cien del incremento del gasto público y de la caída de ingresos derivada de la COVID
en Canarias, que alcanzó los 917 millones de euros. Equilibrar las cuentas es, a nuestro juicio, el primer paso para poder gobernar sin dejar a nadie atrás. Este esfuerzo del Gobierno central demuestra el inexcusable apoyo financiero a la
Comunidad Autónoma de Canarias, la más alta en toda la serie histórica.
Señorías, por todo lo expuesto convendrán conmigo en que es fundamental la pronta puesta en marcha de las medidas que les acabo de detallar, que el Gobierno considera necesarias, proporcionadas y adecuadas considerando el contexto actual,
así como imprescindibles para mantener la preservación del interés general de nuestro país y seguir protegiendo a las personas más vulnerables. Por ello, finalizo solicitando a sus señorías la convalidación de este Real Decreto-ley 12/2021.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.
El señor GUITARTE GIMENO: Presidenta, señora ministra, señorías, vamos a apoyar la convalidación de este real decreto porque es un auténtico escándalo la situación del precio de la electricidad para los consumidores en España. La rebaja
del IVA podría haber sido mucho más eficaz -o algo más eficaz al menos- si, como pedimos en meses anteriores, este decreto hubiese eximido del IVA a la parte del recibo que ya se debe al impuesto de la electricidad. Es decir, hay una parte del
recibo en la que estamos gravando un impuesto con otro.
Queríamos trasladar varias preguntas al Gobierno, o a alguna de las entidades de regulación, para que intentasen ser respondidas. ¿Por qué, por ejemplo, se disparan en España los precios, pero no en otros países que también deben acudir a
mercados internacionales para comprar gas y derechos de emisión de CO2? ¿Nos hemos planteado si hay competencia real entre tecnologías productoras de electricidad o esta es solo aparente? Todos los productores acostumbran a tener producción en
todas las tecnologías y juegan con el mercado marginalista en función de sus intereses. El precio final queda determinado para todas las tecnologías por la aportación que realizan las centrales de gas natural, cuando su aportación real es en torno
a un 8 %.
La señora PRESIDENTA: Señor Guitarte, tiene usted que finalizar, por favor.
El señor GUITARTE GIMENO: Finalmente, respecto a las condiciones que introducen para los concursos de renovables, creemos que pueden ser un avance, pero va a depender de la forma en que se apliquen esos párrafos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte.
El señor GUITARTE GIMENO: Para nosotros, mantener la central de Andorra y desarrollar un proyecto estratégico es imprescindible.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ¡pues ya están al otro lado de la mesa! Están al otro lado de la mesa y ¿qué ha pasado? Ni están las empresas temblando ni los ricos muy preocupados. Los que sí están preocupados son todos los ciudadanos, que están pagando la luz
más cara que se ha pagado nunca en España. Y eso estando al otro lado de la mesa. Pero, eso sí, si preguntas, si pides cuentas al Gobierno de por qué se está pagando la luz más cara y de por qué no hay quien entienda esa factura -que tienes dos
cosas y vienen setenta y siete mil conceptos-, entonces te dicen: Es la 'matria', amigo, ¡es la 'matria'! Y eso es lo que está pasando en España hoy. (Aplausos). Sí, no me miren así. ¡Es lo que está pasando! Pero les da igual,
porque todo lo solucionan con postureo. Y, al final, el jefe del postureo es el jefe del Gobierno, que cambia el Gobierno y, en vez de aprovechar para echar a la mitad que no está haciendo nada, lo que hace es cambiar unas caras para acabar
diciendo lo mismo y para cuestionar el conjunto institucional de España. ¿La hoja de ruta? ¡La misma! ¿Cambios en el Gobierno? Para lavar la cara al jefe del Gobierno. ¿Y qué estamos teniendo aquí? Una subida desproporcionada de la luz. No se
da ninguna solución, se dicen muchas cosas, se esconde lo que se decía para el futuro y, al final, los ciudadanos tienen la factura más cara que han pagado nunca. Sin embargo, cambiamos de tema. Entonces, con salir aquí y decir que Cuba no es una
dictadura y que van a hacer otro tipo de cosas parece que todo el mundo ya tiene que estar contento. Desde luego, a día de hoy, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, lo normal es que los españoles estuviéramos ya en jornadas de
reflexión para otro proceso electoral.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.
Buenos días a todas y a todos. Señora ministra, en un minuto: disposición final tercera que usted ha relatado en relación con Canarias. Yo le tengo que hacer una primera afirmación: los canarios no vamos a cambiar recursos económicos por
derechos. Nosotros creemos que Canarias tiene el derecho a que se le reconozca el REF de una forma integral y consideramos que hay una modificación unilateral que no podemos aceptar tal como está en esta disposición final tercera.
También le tengo que decir que hemos llegado a un acuerdo con la ministra de Hacienda antes de ayer por el que este asunto se corregirá con carácter inmediato a través de la norma correspondiente en la cual se reconozca que el diferencial
canario tiene que ser del 80 % y el límite máximo para deducciones audiovisuales tiene que ser de 18 millones de euros. En consecuencia, tenemos que votar en contra de este real decreto-ley. Este es un asunto que debe resolverse, porque en
Canarias no solo son los sectores clave, sino que es la totalidad del Parlamento de Canarias la que está en contra.
La señora PRESIDENTA: Señor Quevedo, tiene usted que finalizar, por favor.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, vuelve a despreciar a Canarias. Primero. Ha dicho usted que algunos actores de Canarias están en contra de esta modificación del REF. Le recuerdo que algunos actores son el cien por cien del Parlamento de Canarias, porque
su partido unido a Podemos y a todas las fuerzas políticas votaron en contra de esta modificación del REF.
Segundo. No han querido leer la disposición adicional tercera de la Constitución, que dice lo siguiente: 'La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la comunidad autónoma o, en su
caso, del órgano provisional autonómico'. Se está sometiendo a votación un expediente que va en contra de la disposición adicional tercera de la Constitución española. Está vulnerándose también el nuevo estatuto de autonomía. Se está vulnerando
el Régimen Económico y Fiscal. Se están vulnerando los derechos de los canarios una vez más por un Gobierno socialista y por sus socios que apoyan esto. En unos casos se vulnera la Constitución para machacar los derechos reconocidos...
La señora PRESIDENTA: Señora Oramas, tiene usted que acabar, por favor.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: ... y en otros se retuerce la Constitución para dar derechos a comunidades que no los tienen.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Finalmente, también por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.
Nosotros estamos de acuerdo en que hay que bajar la factura de la luz e, incluso, en que está bien que se le aplique un IVA reducido tratándose de un suministro básico. Pero de todas las medidas que podía tomar un Gobierno de izquierdas,
esta es sin duda la menos de izquierdas, porque con esta medida se calcula que el Estado dejará de ingresar entre 1000 y 1300 millones de euros y, sin embargo, las poderosas empresas oligopólicas del sector energético continúan amasando enormes
beneficios, mayores incluso que esta cantidad que dejará de ingresar el Estado. En el ejercicio 2020, por ejemplo, Iberdrola tuvo 3610 millones de euros de beneficios y Endesa, 1394 millones de euros de beneficios. Entonces, el problema central es
que con un suministro básico ninguna empresa debería estar lucrándose, ni con el agua ni con la electricidad ni con el gas.
Usted ha citado muchos motivos por los cuales se encarece la factura de la luz e incluso ha llegado a hablar de Rusia, de China y de los movimientos que está habiendo en los mercados. No hace falta ir hasta Rusia o hasta China para saber
quién tiene responsabilidad por el alto precio de la luz. Es mejor ir a las sedes de estas empresas del IBEX, Endesa, Iberdrola o Naturgy, porque no se puede desviar la responsabilidad que tienen en esto. Su única prioridad es repartir dividendos
entre sus accionistas y, por tanto, si el precio de la luz va subiendo, para ellos mucho mejor. El problema es, pues, que la energía no es pública, que pertenece a estos oligopolios y que el objetivo de estas empresas no es proveer un servicio
público. Cualquier Gobierno de izquierdas debería empezar por atacar este oligopolio y por convertir la energía y los suministros básicos en un bien público.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Egun on guztioi.
Quizá el azar ha querido que este debate se produzca justo hoy, cuando alcanzamos el pico histórico máximo del precio de la energía. Pero el azar también se podía haber dado hace una semana o hace dos, porque la desgraciada realidad es que
la energía sigue subiendo de manera inexorable y yo diría que cruel para los bolsillos de los más desfavorecidos, mientras vemos que las eléctricas siguen manteniendo sus márgenes de beneficio. Baste un dato: en los quince primeros días de este
mes de julio, antes de este pico histórico máximo de la energía, los ciudadanos ya iban a pagar del orden de 21,68 euros más que en 2020. La rebaja que hoy se plantea a debate aquí -la del IVA más la de los costes de generación, que nadie se
olvide- implica 8 o 10 euros de rebaja en el precio de la luz. Luego, los ciudadanos y ciudadanas van a pagar del orden de 12 o 13 euros más que el año pasado por el precio de la electricidad.
Las medidas que ustedes plantean, como se lo han señalado ya, son medidas insuficientes, son parches, son cuidados paliativos para una realidad mucho más dolorosa y mucho más dura. Al final, plantear bajar el IVA del 21 al 10 % supone que
el Estado recaude 1000 millones de euros menos al año que tendremos que compensar de alguna manera y que tendremos que conseguir que no afecten a todos los servicios sociales y servicios públicos que el Estado oferta. Pero hay más, la rebaja del 7
al 0 % sobre los costes de generación -más generosidad no se le puede pedir a este Gobierno pretendidamente de izquierdas- supone que el Estado deje de ingresar 970 millones de euros al año; dinero que se ahorran las eléctricas, no los ciudadanos
ni las ciudadanas, y que pierde el Estado y, en definitiva, el conjunto de la ciudadanía para políticas públicas.
Se habla mucho del precio de la energía y de ese galimatías incomprensible en que se convierte la factura eléctrica. Igual hay que decir que del total del precio de la factura, solo el 24 % corresponde al precio de la energía. Habría que
decir también que del orden del 50 al 55 % corresponde a algo que se llama costes de redes de transporte y distribución y anualidades del déficit de tarifa. ¿Saben quiénes salen beneficiadas de más de la mitad del precio de la factura de cada
ciudadano y ciudadana? Las eléctricas. Solo un 10 o un 15 % corresponde a los impuestos y es ahí donde este Gobierno ha decidido actuar en lugar de hacerlo sobre el porcentaje mayor, sobre la parte mayor del precio de la factura relacionada con
los costes de las redes de transporte, distribución y anualidades del déficit de tarifa. Siempre se nos dice que todo esto se hace porque hay un pool, el pool de la energía, que determina los precios. Se lo han dicho ya: si todos o
muchos países se ven obligados a acudir al mercado internacional y no todos deciden incrementar las tarifas del modo en que se hace en el Estado español, habrá que mirar por qué aquí, en el Estado español, sí se incrementan. ¿Y ahí con qué
nos encontramos? Con el famoso pool de la energía. ¿Y qué es el pool de la energía? Para que se me entienda mejor, son los generadores y comercializadores de energía. ¿Y quiénes son estos generadores y comercializadores de energía? El
oligopolio eléctrico: Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP; sobre todo, Endesa e Iberdrola, que controlan más del 70 % del mercado eléctrico. ¿Ha decidido este Gobierno poner coto a esa posición de predominio y de determinación de los precios a los
ciudadanos y ciudadanas por parte las eléctricas? No. ¿Decide exigirles más? Tampoco.
Llevamos más de un año pidiendo desde esta tribuna que el Gobierno pusiera algún tipo de impuesto o de fiscalidad que permitiera que aquellas empresas que se han beneficiado más, incluso durante los tiempos de pandemia que estamos viviendo,
pudieran pagar más. ¿Cuál ha sido la respuesta de este Gobierno? No hacer nada hasta que gente que no se supone más de izquierdas que este Gobierno les pasa por la izquierda planteando cosas como estas. Habrá que volver a recordar los beneficios
que estas grandes empresas del oligopolio eléctrico español han tenido en el 2020: Iberdrola, 3610,7 millones de euros; Endesa, 1394 millones de euros; Naturgy, 490 millones de euros, y EDP, 556 millones de euros. Alguien se preguntará por qué
cargamos siempre contra los oligopolios y por qué sembramos la duda sobre los oligopolios. Pues, porque tenemos razones y la justicia nos da la razón. Porque Iberdrola ha sido condenada por algo que hizo para alterar los precios del mercado y para
manipular el precio la energía entre noviembre y diciembre de 2012; cierto es que fue condenada a 25 millones de euros, pero el impacto de lo que hizo le supuso del orden de 105 millones de euros, luego, incluso le salió rentable hacerlo y que la
sentencien. Porque Naturgy también fue condenada con 19,5 millones de euros porque presentó precios elevados entre octubre de 2016 y enero de 2017. Y porque Endesa también fue condenada a 5,8 millones de euros por hacer lo propio también entre
octubre y enero de 2017. Todas estas empresas con beneficios escandalosos alteran a veces los precios del mercado y lo único que encuentran son sanciones que están muy por debajo del beneficio que han obtenido con esa alteración. Así es difícil
poder atajar esta realidad.
Nosotros les hemos pedido de manera reiterada que sancionen más y que recauden más; que recauden más a quien más tiene y, en este caso, a las eléctricas, porque se han beneficiado de una situación de privilegio y yo diría que de predominio
en el propio mercado. No entendemos por qué siguen sin intervenirlas y sin siquiera plantearse la creación de un ente público. Ya se están planteando entes públicos en diferentes autonomías, incluso en la de Asturias. Quizás el señor Martínez
Oblanca pueda tener algo que decir ahí o tiene algo que pintar en esa posible energética asturiana. (El señor Martínez Oblanca desde el escaño hace signos negativos con el dedo). En cualquier caso, si ustedes no hacen nada, seguirán alimentando la
idea del mito de la caverna de Platón: nos tienen mirando de espaldas a la realidad para que veamos sombras que nos proyectan una realidad que no es y que nos dice que el precio de la electricidad indubitablemente tiene que seguir subiendo porque
no hay nada que hacer y porque todos son factores externos. Pero, además, así se seguirá sembrando en la ciudadanía una lógica desconfianza hacia el poder político, porque verán que las puertas giratorias -esas que me llevaría toda una intervención
relatar aquí con nombres y apellidos de gente ilustre de la política española que ahora se encuentran viviendo a cuerpo de rey o a papo de rey en los consejos de administración de las eléctricas- siguen teniendo mucho que ver en la posición de
cualquier Gobierno. Si la energía es un sector estratégico y la electricidad un bien común la intervención del poder público se convierte no solo en una posibilidad, sino en una obligación, sobre todo cuando hay pobreza energética.
Termino con una cuestión. Estos días de efemérides, también del alzamiento fascista de 1936, hemos oído a algún historiador de tres al cuarto, a un tal Camuñas, decir lo que ha dicho. Yo quiero traer a Paul Preston.
La señora PRESIDENTA: Señor Matute, tiene usted que terminar.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Paul Preston decía que en ese momento se cometió el error de pensar que si se pausaban los ritmos de cambio la reacción se calmaría, pero eso no pasó y la realidad la sufrimos durante cuarenta años.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Egun on, buenos días. Hoy se trae aquí un decreto para su convalidación cuyo objetivo principal, como bien se ha dicho, es minimizar el impacto de la subida del precio la electricidad; es un decreto que recoge otra serie de medidas, pero
yo solo me voy a referir a esta. Ayer el pool, como bien se ha dicho también, ha marcado otro récord -si es que se le puede llamar así-: el precio más caro de la historia. Y hoy se va a volver a repetir. Lo cierto es que el precio de la
electricidad, en lugar de abaratarse, se está encareciendo en el último año, sobre todo por una combinación de factores: aumento del precio del gas, aumento de la cotización de los derechos de emisión, mayor demanda de Asia, escasez de suministro,
unos niveles de almacenamiento de gas muy bajos y una menor contribución de las renovables al mix. Pero también hay que aclarar que solamente el 20 % de la producción está afectada por el precio del CO2 y el gas y, sin embargo, estos han seguido
fijando el coste de oportunidad para todas las tecnologías. Así, los precios que se fijan en el mercado, como bien se ha dicho, solo afectan a una parte de la factura, porque esta incluye otra serie de conceptos que a lo mejor también habría que
atacar. Si a esto unimos el cambio de la estructura de la tarifa por la que es necesario reajustar el consumo para consumir en los horarios de precios más bajos, tenemos la tormenta perfecta. También hay que decir que esta nueva estructura de
tarifa ideada por la CNMC nada tiene que ver ni con el CO2 ni con el gas, pero sí ha podido contribuir de alguna manera a esa subida si no se realiza un consumo responsable, aunque a veces también hay empresas que no lo pueden hacer por su horario
de actividad.
Lo cierto es que hay que reconocer que la transición tiene un coste y que mientras las renovables no estén plenamente desarrolladas y sean intermitentes se van a necesitar otras tecnologías, y esto habrá que pagarlo. Y es que eólica y
fotovoltaica hoy por hoy deberían crecer en torno a un 35 % más para neutralizar ese impacto del gas en el precio de la luz. Lo cierto es que no hay una fiscalidad verde ni una reforma del mercado de trabajo ni mucho menos una política energética
estratégica con luces largas que a lo mejor nos podría permitir tener un precio de la electricidad mucho más ajustado. Lo único que ha habido hasta ahora ha sido regulación: que hay un problema, le pongo un parche; que hay otro problema, le pongo
otro parche, y así desde el año 1998.
Hoy volvemos a lo mismo, volvemos a un nuevo parche. ¿Y saben por qué? Por la presión social, porque se prometió una bajada de la luz y resulta que esta se ha encarecido y mucho. Esta ha sido la principal noticia en los medios de
comunicación y, además, motivo de bromas y memes en todas las redes sociales. Hay que recordar que el Gobierno en un principio se estuvo negando a la aplicación de las medidas que hoy se recogen en este real decreto con un sinfín de
justificaciones. Entendemos, además, que hoy por hoy todavía hay margen, porque ese precio al alza de la electricidad también supone para el Estado una recaudación tanto en impuestos como en la subasta de emisiones de CO2 y, por lo tanto, por
encima de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado.
Entendemos que la situación de precios altos está generando tensión en la ciudadanía y que es necesaria la adopción de medidas temporales que tengan efecto en la factura para contener los precios. Esto hoy por hoy y de forma inmediata solo
se consigue a través de los impuestos que se pagan en la factura eléctrica; como bien se ha dicho aquí, el impuesto sobre la producción y la reducción del IVA. Se trata de una supresión temporal en el impuesto sobre la producción que tienen las
eléctricas y que luego repercuten a los consumidores, pero que no aparece en la factura. Por tanto, habrá que cerciorarse de que las compañías eléctricas a las que se les aplica esta suspensión no la repercutan después a sus clientes. La bajada
del IVA es verdad que ha aliviado la factura, pero también estamos viendo que el mercado ya está absorbiendo estas bajadas fiscales por los precios tan altos. A pesar de que estas reducciones de impuestos aliviarán la factura, lo cierto es -también
hay que decirlo- que, en el caso del IVA, el problema está en la base imponible a la que aplicamos los impuestos, que no es otra que el precio de la electricidad. Por lo tanto, lo que habrá que atacar definitivamente es esa base, el precio de la
electricidad. ¿Qué va a pasar en septiembre, cuando finalice la suspensión del impuesto sobre la generación, o en diciembre, cuando ya no se aplique la reducción del IVA? La realidad es que el futuro del mercado de energía a largo plazo augura
unos precios megavatio/hora que en agosto rondarán los 93 euros; en septiembre, los 96 euros; en octubre, los 100 euros, y así hasta febrero de 2022, en que se habla de un precio de 86 euros. ¿Qué va a pasar, entonces, cuando decaigan esas
medidas, esas bajadas fiscales? Porque lo cierto es que parece que hay electricidad cara para rato.
Es verdad que también hemos oído a algunos que hay otra serie de medidas: el fondo de sostenibilidad o la detracción de la retribución. Sí, pero son medidas que todavía no están en vigor y, como he dicho antes, son parte de la regulación.
Creemos que hay que ir más allá con luces largas. Como he dicho, en
algún caso estas medidas podrán bajar el precio de la luz de los consumidores, pero a lo mejor a su vez se verán encarecidas otras facturas, como puede ser la del gas, o el precio de la bombona de butano.
También hemos escuchado aquí hablar sobre el tema del mercado marginalista, pero este mercado es igual en los veinte países de Europa. En Europa este sistema existe y funciona. Es verdad que realmente los precios serían parecidos a los de
aquí, pero lo que pasa es que, salvo en España e Italia, en el resto de países europeos este mercado se utiliza para los restos. Es decir, la mayor parte de la energía se vende a largo plazo y solo una parte muy pequeña entra en este pool, en este
mercado marginalista. Aquí es al revés, el cien por cien pasa por este mercado. Por lo tanto, a lo mejor hay que cambiar la aplicación de este sistema en nuestras facturas o desarrollar este mercado de contratación bilateral de manera mucho más
ambiciosa para que de verdad se ponga en el centro a la demanda.
Básicamente, las medidas de este decreto son para consumidores domésticos y personas en situación de vulnerabilidad y no tanto para pymes y autónomos. Muchas pymes y autónomos, cuyo consumo se realiza en horas de mayor precio según la nueva
estructura de tarifa, prácticamente solo se van a beneficiar de la eliminación del impuesto sobre la generación hasta septiembre, ya que en muchos casos la bajada del IVA nos les va a ser aplicable porque en un principio su consumo es mayor a 10
kilovatios/hora; y, en caso de serlo, su efecto sería neutro, porque no hay que olvidar que primero pagarán y luego se lo deducirán en el IRPF y eso no les solventa la subida del precio de la luz. Europa coloca la demanda en el centro de la
regulación energética y eso implica distinguir, dentro de la demanda de la electricidad, aquella cuyo destino es un proceso productivo y aquella que se usa para un consumo personal.
Hoy votaremos a favor de estas medidas a pesar de ser coyunturales, porque, como he dicho al principio de mi intervención, algo aliviarán la factura. Pero, de verdad, pongamos las luces largas, porque esto va para largo. Las medidas del
decreto son temporales y no podemos confiar en una posible caída de la demanda ni en la climatología para detener esta espiral de precios altos.
Muchas gracias. Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.
Señorías, el titular con el que hemos amanecido esta mañana es que el consumidor español pagará hoy el precio de la luz más caro de Europa, y queremos saber por qué somos los que más pagamos por la luz en Europa. Hoy la luz vuelve a
alcanzar un máximo histórico. Cuando la crisis económica provocada por la pandemia sigue mostrando todavía su lado más duro a miles de españoles y cuando las olas de calor azotan nuestro país, la electricidad está más cara que nunca. Eso no lo
pueden tapar ni los cambios de cartera del Gobierno ni el debate sobre si España es 'matria' o patria. En lugar de abordar los grandes retos de este país -a las pruebas me remito-, el Ejecutivo se dedica a abrir debates pasados, superados o
directamente inexistentes en la sociedad, para ver si así en las noticias se habla de otra cosa. Siento decirles, señorías del Gobierno, que su máquina de propaganda no llega a la factura de la luz. La realidad es tozuda y siempre se impone.
Quizá podrían enviar una copia del Manual de resistencia a las familias, porque ellas sí necesitan resistir, porque ya no pueden pagar más por la factura de la luz.
Naturalmente, en Ciudadanos apoyamos la reducción temporal del IVA en la electricidad, y no porque se nos plantee ahora, sino porque llevamos proponiéndola desde hace meses, cuando pudo tener un mejor efecto para los ciudadanos españoles.
Esta medida tenía que haberse aprobado desde que comenzó la pandemia o, por lo menos, desde enero, tras Filomena, desde que la llevamos pidiendo. Entonces el Gobierno nos dijo que era imposible, incluso que era una mala idea, que Europa no nos
dejaba: mentiras y más mentiras. Hasta que llegaron los indultos y, para tapar la infamia, valía cualquier cosa. Del mismo modo, apoyamos también la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica. Su supresión
total, como ha pedido algún otro partido, es insostenible, pero en una coyuntura de crisis económica debemos usar todo el margen fiscal que podamos para aliviar a familias, autónomos y empresas. Ciudadanos ha dicho en esta misma tribuna que estas
reformas cuando llegan tarde se convierten en un mal parche; un parche que no va en la línea de lo que necesitan las familias españolas, porque lo que necesitan son medidas reales que rebajen la factura. Cuando vengan aquí, tráigannos medidas
reales que rebajen la factura, pero que la rebajen de verdad.
Necesitamos elaborar una reforma integral de la fiscalidad energética que aborde no solo el impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica, sino también el IVA, el impuesto sobre la electricidad
y esa gran variedad de tasas existentes en nuestra factura. En este sentido, la propia presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha afirmado -como hace Ciudadanos- que hay que abordar de manera prioritaria y con
ambición una reforma fiscal en el sector eléctrico. También es necesaria una auditoría de los costes del sistema para asegurar que nadie se está aprovechando de la importancia de la energía para quitar más dinero del necesario a los consumidores.
Este Gobierno y los anteriores han cometido un error garrafal: tratar a los ciudadanos como a niños. El Partido Socialista, Podemos o Más Madrid buscan una transición energética a toda costa, cueste lo que cueste, permitiendo que la paguen
los más vulnerables e incluso abocándolos a la pobreza. Otros, como VOX y en ocasiones el Partido Popular, niegan la necesidad de luchar contra el cambio climático y cambiar nuestro modelo, abocando a las generaciones futuras a un mundo peor.
Nosotros en Ciudadanos nos situamos como el único partido verdaderamente comprometido con la lucha contra el cambio climático, pero sin dejar a nadie atrás, con un modelo de crecimiento y no de empobrecimiento, de sostenibilidad y no de egoísmo.
Permítanme, señorías, aunque no sea el tema principal de este real decreto-ley, que haga mención a la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Siempre nos encontramos alguna sorpresa en los reales decretos-leyes de este Gobierno
y esta es la sorpresa del Real Decreto-ley 12/2021. Voy a ser clara: es una vergüenza. El REF es meridiano en este asunto. El límite del descuento debería ser de 18 millones de euros y no los meros 12,4 millones que impone el Gobierno ahora.
Partido Socialista y Podemos están vaciando de contenido el régimen económico y fiscal por la puerta de atrás, como están acostumbrados, sin respetar ni las previsiones legales de este ni la más mínima lealtad institucional. El Gobierno no se quita
la palabra gobernanza de la boca, pero, a la hora de la verdad, las instituciones de autogobierno no les importan lo más mínimo.
Les hago una pregunta, ministra: ¿es necesario, para respetar a las comunidades autónomas y sus leyes, que estas amenacen con la independencia? Porque parece que solo así responden a las comunidades autónomas. En definitiva, señorías, hay
que abordar -y les animamos a hacerlo con seriedad y rigor- los retos que tiene nuestra sociedad, porque necesitan un Gobierno serio y, hasta ahora, no lo hemos visto. Se centraban en arreglarles la vida solo a nueve delincuentes, pero es que hay
47 millones de españoles que veían cómo crecían sus facturas y hoy marcan máximos históricos. Hoy, de nuevo, batimos otro récord, el de la electricidad, pero también otro récord, el récord de su dejadez.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.
Hoy debatimos un infausto récord, la luz más cara de la historia, la luz más cara de Europa. Ahora mismo, hoy, la luz vale el triple de lo que costaba el año pasado a la misma hora. Yo me hago algunas preguntas. ¿Es más cara el agua de
los pantanos? ¿Es más caro el sol que el año pasado? ¿Es más caro el viento que el año pasado? Incluso, ¿es más caro el uranio que el año pasado? No. Y, sin embargo, estamos pagando la luz más cara solo porque ha subido uno de los componentes
que producen la energía eléctrica, el gas. ¿Y por qué -y esto es una pregunta- pagamos toda la luz a precio de gas? Es una pregunta que se están haciendo hoy todos los ciudadanos y hay que dar una respuesta. Los ciudadanos tienen la sensación de
que pagan un bocata de calamares a precio de caviar iraní. La respuesta es clara: beneficios de las eléctricas este primer trimestre, 1900 millones; 1900 millones en plena escalada de la luz. Y la gente dice: ¿por qué no pagamos por el bocata
de calamares lo que cuesta el bocata de calamares y por el bocata de ibérico lo que cuesta el bocata de ibérico? ¿Por qué no pagamos la luz al coste de lo que cuesta la energía hidroeléctrica? ¿Por qué no pagamos la luz a lo que cuesta la energía
nuclear, la fotovoltaica o la eólica? ¿Por qué estamos pagando esto? Yo creo, sinceramente -no lo digo a gusto-, que el Gobierno está haciendo poco. Yo creo que son parches y creo que hay que acabar de una vez por todas con este timo, con esta
estafa. Hay que hacer una auditoría de qué cuesta producir la luz y pagar por lo que cuesta producir la luz. Lo que pasa, en definitiva, en la economía normal. Paguemos por lo que vale realmente.
Acabo. Hoy, en Gredos, se reúne el Partido Popular. Espero que el frío le refresque las ideas al señor Casado. La semana pasada toda la derecha nos estaba diciendo que Cuba es una dictadura. ¿Cuba es una dictadura? (Varias señoras y
señores diputados: ¡Sí!).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor BALDOVÍ RODA: ¿La España franquista era una dictadura? ¿Hubo un golpe de Estado el 18 de julio de 1936? ¿Sí o no? (Varias señoras y señores diputados: ¡Sí!). Aclárense, a ver si el frío de Gredos les refresca las ideas.
Gràcies. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Silencio, por favor.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.
Señora vicepresidenta, señora ministra, señorías, yo no tengo que dar lecciones a nadie, pero uno, cuando ya lleva unos cuantos años en esta Cámara, se da cuenta de que el precio de la factura eléctrica acaba siendo el arma arrojadiza para
el Gobierno de turno. Ya lo ha visto, señora vicepresidenta, hasta los indultos tienen que ver con las medidas que se toman; se lo va a escuchar al portavoz del Partido Popular y lo hemos escuchado estos días, y así no se solucionan las cosas. Yo
entiendo que desde el Partido Popular nos digan: ¿no se acuerdan de lo que hacían el señor Pedro Sánchez o su compañero el señor Garzón, que ahora en el Gobierno dice que está muy preocupado pero tampoco toma medidas adicionales? Este es el
problema, que para solucionar una cuestión que es crucial y estructural se debe hacer con cierta tranquilidad política y con cierto consenso político, que en estos momentos es muy difícil de percibir.
En todo caso, nosotros vamos a votar favorablemente este real decreto-ley. De hecho, no es la solución definitiva. Nosotros coincidimos con su diagnóstico esencialmente en la situación coyuntural. Es verdad que de la factura eléctrica el
coste de la energía es aproximadamente una tercera parte. Sus explicaciones respecto a esta tercera parte son absolutamente ciertas, nosotros coincidimos. Incluso coincidimos en que eran poco previsibles. Nosotros ya propusimos en enero una
actuación muy similar a la que hoy se plantea, con alguna diferencia. Nosotros no planteábamos una rebaja del IVA coyuntural y en función del precio o de la potencia instalada, sino que lo hacíamos para todas las viviendas que sean viviendas
habituales, en las que reside cada uno de los ciudadanos, y a las segundas residencias u otras no planteábamos una rebaja del IVA, y lo hacíamos con carácter estructural.
En todo caso, no siendo la solución definitiva esta rebaja del IVA hasta el 31 de diciembre y la exoneración del impuesto de generación de energía eléctrica, el famoso 7 %, durante el tercer trimestre, nos parece que ahora se deben aplicar
y, por tanto, vamos a votar favorablemente.
También vamos a votar favorablemente la tramitación como proyecto de ley, porque intuimos que algunas de estas medidas, en el escenario temporal que se plantean, van a ser insuficientes con la evolución del mercado. Por ello, vamos a pedir
que se tramite como proyecto de ley y también pediremos después a la Mesa que esta tramitación no se dilate durante mucho tiempo, porque entonces no tendría ningún sentido presentar algunas de estas enmiendas.
Sí es verdad que lo que hace falta -lo decía yo hace un momento- es un debate sereno y apartado de los momentos de máxima presión en el mercado eléctrico respecto a cómo se debe regular y cómo se debe financiar la factura eléctrica. Digo
esto porque algunos de los elementos que en estos momentos configuran la factura eléctrica quizá deberán financiarse de forma diferente y, seguramente, como alguien ha dicho, las empresas tendrán una parte de responsabilidad, pero no toda. Por
tanto, se debería afrontar este debate de forma tranquila, de forma serena; si es así, van a contar siempre con nuestro apoyo.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenos días, presidenta.
Señorías, señora ministra, la electricidad es un bien común, básico e imprescindible. Hasta aquí, todos de acuerdo. La electricidad es un bien común, básico e imprescindible y, como tal, era un escándalo que hasta hace escasos días
estuviese gravada, como si de un servicio de lujo se tratase, con un tipo del 21 %. En esto no están todos de acuerdo si este tipo lo han mantenido tantos Gobiernos durante tantos años.
Sea como fuere, celebramos que por fin se finalice con este abuso y mediante este real decreto-ley la electricidad quede gravada como un bien básico fundamental, que es lo que es, al 10 %.
No obstante, debemos destacar que no es oro todo lo que reluce. Esta rebaja del IVA está condicionada por varios factores, como ya se ha dicho: es una medida temporal, solo hasta el 31 de diciembre, para potencias contratadas por debajo de
los 10 kilovatios, salvo perceptores del bono social, y es una medida que se aplicará siempre que el precio supere los 45 euros por megavatio hora. Mal día para venir aquí a proponerlo, cuando asumimos un récord de 20 años: 102 euros.
Creemos que se acumulan demasiados peros para una medida tan lógica. Reivindicaremos que sea una medida permanente para todos aquellos consumidores con potencias contratadas por debajo de los 10 kilovatios, y lo reivindicaremos también para
las pymes con potencias inferiores a 15 kilovatios. Una vez más se olvida este Gobierno de las pymes. A muchas pymes se las excluye limitando a 10 kilovatios y, como se ha indicado, sin considerar sus horarios de consumo.
En estos términos, enmendaremos los proyectos legislativos que ya se encuentran en fase de enmiendas al articulado, por economía legislativa y por si a la Mesa se le ocurriese mantener plazos de enmiendas durante 12 o 14 meses. Por tanto,
no votaremos que se tramite como proyecto de ley. Para Esquerra el IVA del 10 % debe mantenerse hasta no antes de que, de una vez por todas, se aprueben la leyes que eliminen las sobrerretribuciones que reciben las grandes eléctricas. A ello les
urgimos, señora ministra. Rock'n'roll, señora ministra, o iremos de parche en parche de cabeza al gilets jaunes ibérico, con la derecha aullando como mariachis. (Aplausos).
A aquellos que gustan de afilar el lápiz en sus consideraciones sobre los Presupuestos Generales del Estado les recuerdo que el Gobierno recauda de la factura eléctrica entre ocho mil y diez mil millones de euros. Debemos considerar que el
precio al alza de la electricidad, que también viene motivado por el elevado precio del CO2, también supone una recaudación extra para el Estado, tanto en impuestos como en la subasta de los derechos de emisiones de CO2, situándose los ingresos muy
por encima de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, entendemos que esta medida es muy lógica, presupuestariamente sostenible, necesaria y ahora debemos empezar a trabajar para garantizar su permanencia.
Sin embargo, Esquerra quiere dejar muy claro que las medidas en materia de reducción fiscal, como la rebaja del IVA o el 7 % de generación, son medidas necesarias pero que no atacan ni por asomo el origen del problema, ya que no reducen las
elevadas sobrerretribuciones que reciben plantas nucleares y grandes hidroeléctricas. Estas medidas, por sí solas, son parches y parches sobre parches. La transición energética no puede ni debe hacerse con base en una reducción de los impuestos;
la verdadera transición energética pasa por poner fin a las sobrerretribuciones millonarias de las eléctricas y haciendo que los distribuidores de productos energéticos fósiles también contribuyan financieramente a la descarbonización de la
economía, dando señales claras y sostenidas al mercado. Esa senda pasa -y usted lo sabe, señora ministra- por el impulso decidido del kilovatio hora de kilómetro cero de las comunidades energéticas efectivas a la manera europea y por legislar dando
apoyo y marco a la generación distribuida. Solo podrá conseguirse con una reforma profunda del mercado eléctrico, a la que viene usted obligada por la disposición final decimoprimera de la Ley de cambio climático -de cuya paternidad Esquerra se
honra- y para la que ya solo le quedan diez meses escasos. Delendum est monopolio, señora ministra. Y feliz verano.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capdevila. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Como usted ha dicho reiteradamente, celebramos este debate el día en que el precio de la luz alcanza sus máximos históricos, lo que nos urge a actuar con celeridad. Además, los indicadores advierten de que los precios altos van a continuar
en los próximos meses. En la situación actual de subida del precio de la luz hay un factor que tiene gran influencia, que es la subida del gas debido al aumento de la demanda consecuencia de la reactivación económica global tras la crisis del
COVID-19. La mala noticia es que salimos de la crisis igual que entramos, con una alta dependencia de los combustibles fósiles.
Pero, señorías, el precio de la electricidad generada y sus aumentos no son consecuencia fundamentalmente de la descarbonización, como algunos quieren hacer creer, sino de la estructura y del diseño del mercado que, hasta
la fecha, no ha alcanzado aquel objetivo prometido de liberalización que se nos prometía al no ser un mercado competitivo, ya que estamos ante un oligopolio. Vamos a analizar esto porque creemos que es importante.
En primer lugar, hay que destacar que vivimos las consecuencias de la liberalización del sector. Fue en Ley del Sector Eléctrico del año 1997 -en tiempos del Gobierno Aznar y del Partido Popular- en la que se adaptó a la española la
directiva europea, la que puso en marcha el proceso de liberalización para que fuera el mercado -señores liberales, el mercado, en teoría, más eficiente en asignar recursos escasos- el que mandara señales de precio y no el Gobierno el que, como
hasta entonces, los fijara, según el Real Decreto 1538/1987, por el que se determinaba entonces la tarifa eléctrica. Pero no estamos ante un mercado competitivo, y ese es el error, sino ante un oligopolio. La nuclear, en más del 90 %, la
hidráulica, casi el 90 %, y los ciclos combinados de gas, en más del 75 %, están en manos de tres únicas empresas. Esta elevada concentración da a dichos operadores poder de mercado, capacidad de influir en los precios, al menos en determinadas
horas del día, y ciertas condiciones meteorológicas, y es ahí donde estriba el fracaso del sistema. Hay quien dice: no podemos hacer nada. Nosotros, en Unidas Podemos, pensamos que sí, creemos que el Estado puede actuar y debe hacerlo de forma
urgente. De hecho, algunas medidas se están poniendo en marcha y le instamos, señora ministra, a que se aceleren: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que sin duda es imprescindible para reducir hasta en más de un 15 %
el precio de la luz; creemos que hay que acelerar de forma urgente la propuesta de anteproyecto de ley para que se ponga fin a los beneficios caídos del cielo del oligopolio, y poner topes máximos en el mercado a tecnologías amortizadas, como la
nuclear y la hidráulica.
Pero nosotros, en Unidas Podemos, pensamos que se debe ir más allá, creando un nuevo actor que intervenga en el mercado de producción eléctrica; en este sentido, cabe recordar que han vencido o están próximas a hacerlo al alcanzar los
setenta y cinco años numerosas concesiones de explotación de centrales hidráulicas que representan un porcentaje importante de la potencia hidroeléctrica total instalada. La nueva adjudicación es ocasión idónea para replantear el uso de la energía
generada en términos más favorables para el sistema y los consumidores. Esta empresa pública sería la encargada de la gestión del dominio público hidráulico en lo que a producción eléctrica se refiere, asumiendo las concesiones una vez se produzca
su extinción, independientemente de la causa que concurra, además de posibles iniciativas que la misma empresa emprenda para la creación de nuevas plantas de generación eléctrica basadas en energías renovables y de su actuación como empresa
comercializadora de energía. Teniendo en cuenta que, según datos de Red Eléctrica, en torno al 12 % de la electricidad de 2020 fue generada por energía hidráulica, la posibilidad de gestión directa del parque hidroeléctrico a través de una empresa
pública podría permitir incidir en la disminución efectiva de la factura de la luz para hogares y empresas.
Como digo, actualmente el mercado está dominado por un oligopolio privado, lo que dificulta que se puedan alcanzar los objetivos planteados en el horizonte verde. Para conseguirlo es necesario configurar un nuevo marco institucional y
productivo respaldado por un control democrático. En el caso de la empresa pública eléctrica cuya creación se propone, esta será un agente esencial a la hora de emprender esta transformación; así, esta empresa desempeñará un rol activo en la
producción eléctrica del dominio público hidráulico, en la instalación de energías renovables y en las labores de distribución y comercialización. Dada la importancia de estos fines, también se ocupará de implementar una rebaja en la factura de la
luz y de garantizar que nadie sufra pobreza energética; al mismo tiempo, trabajará de forma coordinada con las empresas públicas municipales que se hayan creado o que se puedan crear para la comercialización y la gestión de la propia energía.
Señorías, hay alternativas. Señorías, hay posibilidades. Debemos tomar otra vez el control de la energía. Debemos tomar el control del mercado de la energía. No es una cuestión que nos haya mandado el destino. Podemos hacerlo, podemos
hacerlo y tenemos herramientas para hacerlo. Se trata simplemente de perfeccionar ese mercado oligopólico que ustedes nos han dejado, ese mercado oligopólico que ahora decide cuánto sube y cuánto baja y cuáles son los beneficios de las empresas
privadas.
Creemos una empresa pública; creemos una empresa pública que participe y que perfeccione eso que ustedes pretenden, que controle el mercado energético, porque ahora mismo, ¿quieren que les diga una cosa? En la mayor parte de los países de
nuestro entorno las empresas públicas o con participación pública tienen una participación esencial en el mercado de la energía. Por eso, la situación de España es diferente a la de otros países y por eso aquí el precio está más alto y más
descontrolado que en otros países, porque no hay la más mínima intervención pública. Señorías, no podemos ni debemos renunciar a ese mercado esencial, al control de ese elemento, de ese bien tan importante que es para todos la energía.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Uralde. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Olona Choclán. (Aplausos).
La señora OLONA CHOCLÁN: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, buenos días. Ministra, buenos días. Con su Gobierno millones de hogares españoles viven hoy en día con miedo. Tienen miedo de encender el interruptor de la luz, tienen miedo de poner una lavadora, tienen miedo de planchar.
Viven con miedo porque no pueden aliviar las asfixiantes tardes y noches de julio poniendo un ventilador, ni siquiera le voy a mencionar el aire acondicionado. Y tienen miedo, ministra, porque con su Gobierno esos actos cotidianos en los hogares
españoles se han convertido en un acto de auténtico lujo. El mismo Gobierno que obligó a miles de familias en España a elegir entre comprar leche o mascarillas es el que hoy ha impuesto en España el terror energético, pero siguen con su propaganda
y con sus mentiras, ustedes, que ahora se hacen llamar a sí mismos el Gobierno de la recuperación -le estoy hablando, ministra-; ustedes, que ahora se hacen llamar a sí mismos el Gobierno de la recuperación.
Pero vamos con la realidad, ministra de la ruina energética. Hoy, 21 de julio, resulta que la luz alcanza su hito histórico, el mayor precio en la historia de España: 106 euros por megavatio/hora. ¿Y qué hace nuestra ministra, que
comparece hoy ante esta Cámara, que representa la soberanía nacional, que representa a los españoles? Vuelve a repetir que este Gobierno, su Gobierno, no va a dejar a nadie atrás. (Aplausos). Este precio histórico supone que un consumidor medio
va a pagar la factura de la luz un 35 % más cara que en el mismo mes de julio del año pasado. Este precio histórico supone que un consumidor medio en España va a pagar un promedio de 85 euros por la factura de la luz en el mes de julio.
Señora ministra, yo sé que esto para ustedes, para la izquierda caviar, no representa ningún problema. Pero, dígame, ministra, ¿sabe cuántos pensionistas hay hoy en España? Casi diez millones, con una edad media de 72 años; de ellos, el
grupo más numeroso es el que vive con una pensión que no llega a los 700 euros al mes. Nuestros mayores podrán renunciar a poner la televisión, podrán renunciar a poner el ventilador, podrán, incluso, con su Gobierno de la recuperación, volver a
lavar la ropa a mano, ¿pero qué hacemos con los enfermos en España que necesitan estar conectados 24 horas a un aparato eléctrico para vivir, ministra de la ruina energética? (Aplausos). Pues es muy sencillo, porque, con el Gobierno de la
recuperación, tienen una salida: la eutanasia.
Con su Gobierno, la factura de la luz ha ido alcanzando picos históricos a lo largo de estos meses en momentos muy complicados, como fue la borrasca Filomena o como lo es la actual ola de calor, hasta el punto de que, en la actualidad, casi
un 25 % de los hogares españoles se encuentra en riesgo de pobreza energética con el Gobierno de la recuperación. Resulta que entre abril de 2018 y de 2020 se han triplicado los hogares españoles que se han tenido que acoger al bono térmico. En la
actualidad, 1 311 662 hogares españoles se encuentran en esa situación, por cierto, más de 300 000 son familias numerosas. Ministra, ministra de la ruina energética, ¿recuerda qué decían cuando ustedes estaban en la oposición? Y damos las gracias
a los diputados de Unidas Podemos, porque, al menos, cinco de ellos nos acompañan hoy en la presente sesión; el resto debe de estar ya de vacaciones.
Vamos con ello. Ministro de Consumo, Alberto Garzón, diciembre de 2017: Miles de familias no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas, lo que repercutirá gravemente en la salud de los que menos tienen. Ningún Gobierno decente
debería tolerarlo.
Ministra de Igualdad, Irene Montero, febrero de 2017: Podemos jamás va a permitir una subida de la luz. Subir la luz es vivir a espaldas de la clase obrera. Nosotros nunca lo haremos. ¡Rajoy, dimisión!
Pedro Sánchez, diciembre de 2017: La política energética del Gobierno de Rajoy empobrece el país. El recibo de la luz se encarece un 4,6 % en lo que va de diciembre.
Ahora tenemos un 35 %. ¿Y qué hace el Gobierno de la recuperación, los que prometieron nacionalizar las eléctricas, derogar la reforma del mercado eléctrico de Rajoy, los que prometieron crear una gran empresa pública de energía? Hoy lo
vuelven a mencionar como si no fueran los que gobiernan, y, en el caso del PSOE, desde el año 2018. (Aplausos). Nos traen un bodrio de real decreto-ley que antes de ser convalidado ya ha demostrado su ineficacia, porque resulta que está en vigor
desde el pasado mes de junio y que de la subida histórica del precio de la luz ya se ha comido por completo las reducciones fiscales que en el mismo se incorporan, una reducción ineficiente, temporal y limitada del IVA, que, por fin y después de
sucesivas mentiras, decidieron aplicar a la factura eléctrica.
Desde luego, ministra, VOX no va a apoyarles con nuestro voto favorable, pero tampoco vamos a oponernos, porque nosotros estamos al lado de los españoles, especialmente de las miles de familias españolas para quienes una reducción de la
factura eléctrica de 4 euros puede suponer la diferencia entre comer o no comer un día. VOX reclama una reducción definitiva -que no temporal- del IVA, aplicando un 4 % y, desde luego, no vinculado a ninguna potencia porque supone una
discriminación entre los españoles. VOX reclama la supresión definitiva del impuesto sobre la generación, sobre la producción. VOX reclama la supresión del impuesto especial sobre la electricidad por la doble imposición que comporta. Pero, por
encima de todo y a diferencia de cualquier grupo parlamentario en esta Cámara, VOX reclama cambiar por completo el sistema para lograr la soberanía energética de nuestra nación (aplausos) y el acceso universal de los españoles a un suministro de
primera necesidad como es la luz.
Se demuestra con su real decreto-ley que, por más que cambien ministros o tiren por el barranco al señor Iván Redondo, continúan siendo el mismo Gobierno, ¡el mismo Gobierno de la ruina y la mentira! Ministra de la ruina energética, dígame
cómo se siente formando parte de un Gobierno que ha cercenado, ha secuestrado inconstitucionalmente a 47 millones de españoles -¡no en solitario!, porque tuvieron la complicidad de todos y cada uno de los diputados que en esta Cámara apoyaron, bien
con su voto favorable bien con su abstención, un estado de excepción encubierto-, tal como denunció VOX tan pronto se constató, tres días después de prorrogarse por primera vez el estado de alarma, ¡que el Gobierno de la ruina nos había mentido a
los representantes de la soberanía nacional y nos encerraba inconstitucionalmente!, haciendo, ministra de la ruina energética, de su voluntad la ley suprema.
La señora PRESIDENTA: Señora Olona, tiene usted que terminar, por favor.
La señora OLONA CHOCLÁN: Solo VOX lo recurrió ante el Tribunal Constitucional porque en VOX estamos al lado de los españoles.
Muchas gracias, señora presidenta. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Olona. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Requena Ruiz.
El señor REQUENA RUIZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Votamos hoy la convalidación de un real decreto-ley que responde a un clamor social y político. El Gobierno ha sido el último en enterarse de que tenemos un precio de la luz que es prohibitivo, que hoy ha marcado un nuevo récord histórico y
que, como le veníamos anunciando, supone un gran quebranto económico para las familias. Quizá para algunas rentas -dicho con sus propias palabras- sea una cuestión de eurillos, pero para España y los españoles, esa España que ustedes nos están
dejando, la del hundimiento del PIB, la España de 4 700 000 personas que quieren trabajar y no pueden, la España de la mayoría social que ustedes engañan y arruinan, o la España donde cuatro de cada diez parados -es decir, más de un millón de
personas- no cobra ningún tipo de prestación, para ellos el precio de la luz es una de sus grandes preocupaciones.
Usted, señora vicepresidenta, tiene una agenda ideológica y no quiere saber nada del problema de los españoles. Usted se aísla y en materia de energía es una calamidad. Jamás, en los últimos años, el precio de la luz estuvo tan alto
durante tanto tiempo. Usted ha batido el récord y va a seguir batiéndolo, a pesar de que nos prometió que el precio de la luz iba a bajar. Desde que usted es ministra, ha demostrado que no conoce el mercado eléctrico. Cuando hace meses el Partido
Popular trajo una medida de choque urgente y necesaria para abaratar el precio de la luz, para bajar la factura eléctrica, ustedes se negaron, y eso les ha salido caro a los españoles. Sabíamos que nos estaba engañando. Usted dijo en enero que la
subida del precio de la luz era coyuntural y con un impacto limitado, pero sabíamos que era mentira. Hoy, sin ir más lejos, tenemos el precio de la luz más caro de la historia y no como algo coyuntural, sino permanente en el corto y medio plazo.
Ha demostrado que no sabe de política energética, porque sin resolver los problemas de volatilidad del mercado, entre otros, la CNMC, bajo sus directrices, ha resuelto de forma abrupta la trasposición de una directiva europea para eliminar
los importes máximos del mercado mayorista. ¿Qué explicación nos va a dar si la luz algún día llega a 300, 400 o 500 euros? Y ha demostrado que sus decisiones regulatorias les cuesta dinero a los españoles. Su tarifazo eléctrico está volviendo
locos a los españoles, los está
empobreciendo y supone un sobrecoste demoledor para los consumidores. Por eso, yo espero que dé marcha atrás, revise y revierta esa situación a su estado inicial.
Señora ministra, es su responsabilidad tener una transición energética ordenada, responsable, competitiva, sin generar estrés en la estructura de costes de las empresas, con certidumbre para los autónomos, para las pymes, para la industria y
para los consumidores, y sin dejar a nadie atrás. Si hoy tenemos los precios que tenemos, esos precios de electricidad tan prohibitivos, evidencia dos cosas: que usted no sabe implementar una adecuada transición energética y que su transición
energética, la suya, es errática, es aciaga y es cara para los españoles.
Señora Martínez, ya le digo yo que el Partido Popular está fuertemente comprometido en la lucha contra el cambio climático, pero la transición energética que plantea el Gobierno es una calamidad y es un desastre (aplausos), y las medidas que
hoy trae tienen un efecto limitado, no atajan el problema y tienen un componente de engaño.
Por eso, yo les voy a dar los motivos por los que sé que usted no quiere bajar el precio de la luz. Primero, usted no hace nada para limitar la volatilidad del mercado mayorista y sus señales de gestionar el mercado exclusivamente con la
demanda son un error. No entendemos por qué usted ha traído antes el tarifazo de la factura eléctrica que la subasta de la cogeneración, por ejemplo; porque con su tarifazo usted pretendía que los españoles pusieran la lavadora por la noche, que
las cafeterías que sirven desayunos trabajaran de madrugada, que el autónomo que trabaja en horas punta dejase de trabajar, pero es que eso no puede ser. Y hoy los españoles tienen que sufrir, además del caprichoso tarifazo suyo, un precio de la
luz desorbitado. Señora Ribera, si usted cree que solo con la gestión de la demanda va a solucionar los problemas de volatilidad del mercado y de precios, es porque no entiende el mercado eléctrico en España. Pero cuando tiene la oportunidad de
tomar medidas adecuadas, no las toma. No da soluciones a la industria electrointensiva. Cuando existen mecanismos de capacidad de generación estables, que generan empleo, que son necesarios para la industria, que aportan riqueza a nuestro país,
como es la cogeneración, retrasa, retrasa y retrasa la subasta. Yo se lo pido desde aquí, señora ministra: traiga, de una vez por todas, la subasta a la cogeneración antes de que se lleve a la industria a una situación límite, con el cierre y
miles de despidos. ¿O es que es lo que usted pretende?
Segundo, las medidas que trae en el real decreto-ley son un parche, y son más una medida desesperada que las medidas que toma alguien que se supone que sabe lo que tiene que hacer. Porque la rebaja del IVA no la aplica a la mayoría de los
autónomos ni de las pymes ni de la industria, por dos motivos: porque los responsables del 47 % del consumo eléctrico en España -es decir, 880 000 pymes y 25 000 industrias- tienen contratados más de 10 kilovatios; pero, sobre todo, porque el IVA
es deducible. ¿Y sabe a quiénes tampoco les aplican la rebaja del IVA? A 810 350 familias que tienen más de 10 kilovatios contratados, que son, precisamente, los que le han hecho caso a usted, los que tienen un coche eléctrico y aquellos que
tienen todos sus consumos eléctricos. A ellos tampoco les aplica la rebaja del IVA.
Tercero, con respecto al artículo 2, usted no suprime el impuesto a la generación eléctrica, que es lo que viene reclamando el Partido Popular, sino que lo suspende tres meses, y esto lo hace porque, según el avance de liquidación de los
presupuestos a mayo de 2021 -el último publicado-, ya estaba recaudado el doble de lo que se recaudó el año pasado en las mismas fechas. Van a hacer caja y al consumidor a lo largo del año no le va a suponer ahorrarse ni un solo céntimo de euro en
la factura de la luz. ¿Sabe cómo se le llama a esto? Engañar a la gente, engañar a la mayoría social porque aprueba la suspensión de un impuesto cuando ya lo tienen recaudado. Engaño puro y duro.
Y cuarto, señora ministra, usted está llevando una reforma encubierta de nuestro sistema energético, una reforma que es ineficiente, unilateral, poco transparente y con muy poco consenso; está dañando los intereses de la industria; ha
impulsado el Fondo Nacional de Sostenibilidad para el Sistema Eléctrico, y ha impulsado el impuesto al viento. Esas decisiones suyas van a suponer que aumenten los precios de la calefacción, de la gasolina, del transporte, que se encarezca la cesta
de la compra y que los españoles se empobrezcan, y van a acabar con la industria eólica en España.
Como usted es especialista en culpar de todos sus problemas -los que genera o los que no soluciona- a los demás, cuando esto ocurra -porque ocurrirá-, asuma la responsabilidad y no culpe al CO2 -que usted especialmente quiere que esté alto-,
no culpe a los mercados internacionales o no culpe a las temperaturas en Oregón, como ya le escuchamos hace poco; asuma la responsabilidad de su propio caos y no prepare el terreno para justificar el próximo encarecimiento de todos los vectores
energéticos.
Como viene siendo habitual, entre los reales decretos traen distintos asuntos muy variopintos y por eso no quiero que pase desapercibida la disposición final tercera -aunque ya se ha recordado- de este real decreto-ley, relativa al Régimen
Económico y Fiscal de Canarias. Señora ministra, utilizan el patrimonio de todos los canarios para su propia supervivencia cuando los incentivos del Régimen Económico y Fiscal y del Estatuto de Autonomía son intocables, y un Gobierno decente
convocaría la comisión bilateral y dejaría zanjado este asunto en vez de utilizar los derechos consolidados...
La señora PRESIDENTA: Señor Requena, tiene usted que terminar, por favor.
El señor REQUENA RUIZ: ... del pueblo canario.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Requena.
Por Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Renau Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
El señor RENAU MARTÍNEZ. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, señora vicepresidenta tercera del Gobierno.
Durante este último año y medio hemos vivido situaciones muy complejas, muy difíciles en nuestro país. Estamos viviendo una pandemia que está siendo devastadora a escala global y el Gobierno ha puesto todo su esfuerzo en la lucha para
sacarnos de ella. Incluso ahora, en esta nueva oleada que está azotando a la mayoría de los países y que nos obliga a seguir siendo muy prudentes en nuestro día a día, España es uno de los países que más rápido está avanzando hacia la solución a
través de la vacunación. Y mientras luchamos para poner fin a esta enorme crisis, el Gobierno ha desplegado durante este tiempo un escudo social sin precedentes con medidas que han servido para paliar la situación de forma rápida y no dejando a
nadie atrás, señora Olona, protegiendo a los más vulnerables.
Señora Olona, durante sus intervenciones parece usted un anuncio de radio de instaladores de alarmas, intentando que cunda el pánico entre la población. Hasta ahora habían conseguido llegar de la factura de la luz a los indultos fácilmente,
sin despeinarse, pero creo que hace falta ser muy muy retorcida y tener muy muy poca vergüenza para llegar de la factura de la luz a la eutanasia. No se preocupe, hablando de records, usted ha batido un nuevo en eso también hoy. (Aplausos).
Decía que se han tomado medidas para paliar esta situación. Hemos visto cómo se ponía en marcha el mecanismo de los ERTE, cómo se daba liquidez a las empresas a través de los ICO o a través de ayudas directas, las prohibiciones de cortes de
suministro básico, la facilidad para cambios de contrato y una larga lista de medidas que contrastan profundamente con las propuestas del Partido Popular para su gestión de la crisis anterior. Este real decreto que hoy nos presenta el Gobierno
funciona exactamente igual, este real decreto viaja en esa misma dirección: la de aplicar medidas inmediatas que sirvan para paliar una situación muy difícil, mientras se sigue trabajando y se pueden poner en marcha las reformas estructurales
necesarias. Desde principios de este año, y más especialmente en estas últimas semanas, hemos vivido una subida muy preocupante de los precios de la electricidad. Nos han recordado todos los que me han precedido que hoy hemos batido el récord de
precio. Es un fenómeno que se ha dado en toda Europa. Los precios mayoristas de la electricidad están siendo los más altos de la historia y están batiendo récords en todos los mercados europeos, en todos los países europeos. La forma en la que se
traslada a la factura de los consumidores está diseñada dentro del marco europeo de energía, pero no se adapta a la realidad actual del sector energético. Por ello, estamos trabajando en una reforma en profundidad que permita rebajar de forma
estable y duradera la factura eléctrica de los consumidores. Tenemos ya en el Congreso el proyecto de ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y pronto tendremos también el proyecto de ley para la
minoración de la retribuciones del CO2 a las centrales no emisoras. Esto nos permitirá rebajar la factura eléctrica, la factura final a los consumidores en torno al 15 %. Pero no solo eso, hemos visto cómo en la subasta de renovables que se llevó
a cabo hace unos meses los precios que se obtuvieron fueron la cuarta parte de los que vemos hoy en el pool. El camino a seguir parece así bastante claro, pero las situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias y el Gobierno ha
decidido rebajar el IVA de la electricidad de forma inmediata, del 21 al 10 %, para la práctica totalidad de los consumidores particulares y para la enorme mayoría de las empresas, especialmente para pymes y autónomos. Por cierto, y que no se nos
olvide a nadie, no pasó ni un año
desde que el señor Rajoy dijo que subir el IVA era aquel sablazo del mal gobernante hasta que lo subió del 18 al 21 %, también para las chuches que tanto le preocupaban; sí, para eso también.
Además de esta bajada del IVA, se suspende también, durante el tercer trimestre, el impuesto del valor a la producción eléctrica, lo que debería reducir aún más la factura de los consumidores. Pero sabemos que esto no es suficiente, no es
la solución definitiva al problema que estamos viviendo. Se trata de una medida excepcional destinada a aliviar los gastos de los consumidores; una medida que sirve para amortiguar los efectos de las extraordinarias subidas de precios que estamos
viviendo. Sabemos que la solución a este problema pasa por una transición energética que nos permita liberarnos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, porque si hay que buscar un origen al problema que estamos viviendo, señorías, es el
precio de los combustibles fósiles, especialmente el del gas natural, que es el que se usa en las centrales de ciclo combinado. Sabemos que la solución pasa por la subasta de renovables, por el autoconsumo, por la generación distribuida, por el
almacenamiento, por apuestas de futuro como el hidrógeno verde, por la gestión inteligente de la demanda, por reformas estructurales como el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, por una reforma de la fiscalidad energética. Y
sabemos también que esta transición debe ser justa, que debe ser respetuosa y, por ello, se incorporan modificaciones, también en este real decreto, para el acceso y conexión con criterios sociales y ambientales específicos.
Miren, el debate está abierto. El señor Requena, como no podía ser de otra manera, nos lo ha recordado hoy. El PP nos ha traído seis veces una misma iniciativa a este Congreso para, según ellos, según sus palabras, bajar el coste de la
factura eléctrica. A pesar de que su propuesta era equivocada, por motivos que hemos tenido tiempo de discutir hasta en seis ocasiones, como ya he dicho, al menos el título de la iniciativa no estaba mal: rebajar la factura eléctrica. Bueno, pues
hoy es diferente, hoy tienen la oportunidad de demostrar que de verdad quieren rebajar la factura eléctrica. El Grupo Parlamentario Socialista solicita el apoyo mayoritario de esta Cámara para convalidar el real decreto. También el suyo, señorías
del PP. Ustedes pueden votar favorablemente la convalidación de este real decreto y demostrar de verdad que realmente quieren rebajar la factura eléctrica, o pueden ponerse de perfil y abstenerse, como acostumbran a hacer. Tendrían también una
tercera opción, que es votar en contra. Yo quiero creer que no se la plantean, porque una cosa es que no les importe nada la gente de este país y otra cosa es que se lo demuestren y se lo dejen claro con su voto, anteponiendo sus necesidades
políticas a las necesidades de la gente, que es lo que suelen ustedes hacer.
El Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, seguiremos trabajando para solucionar este problema; una solución que requiere reformas de calado, como he dicho y como ha explicado muy bien la
vicepresidenta del Gobierno. Estas reformas de calado llevan su tiempo y mientras, seguimos con el objetivo de avanzar en una transición energética que nos prepare para el futuro que viene, ponemos en marcha estas medidas excepcionales que sirvan
para amortiguar los efectos de las subidas de la luz y proteger con ellas a todos los consumidores.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Renau. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- REAL DECRETO-LEY 13/2021, DE 24 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICAN LA LEY 2/2021, DE 29 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, Y EL REAL
DECRETO-LEY 26/2020, DE 7 DE JULIO, DE MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS ÁMBITOS DE TRANSPORTES Y VIVIENDA. (Número de expediente 130/000053).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes
y vivienda. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD (Darias San Sebastián): Señora presidenta, señorías, muy buenos días a todos y a todas.
Comparezco ante ustedes para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifica la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y también el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID en los ámbitos de transportes y de vivienda. Señorías, modificar la Ley
2/2021 es un paso más en el camino emprendido hacia la recuperación de esa vida normal que disfrutábamos antes de que esta maldita pandemia nos impactara a todos de lleno. Señorías, es cierto que el camino emprendido ha sido largo, ha sido sinuoso,
pero también es cierto que, gracias al esfuerzo de la ciudadanía, al compromiso de nuestros profesionales sanitarios, al trabajo conjunto y coordinado de todo el Sistema Nacional de Salud y a las medidas adoptadas, entre otras, en esta ley, ahora
modificada, hemos podido, como reza el propio título que les acabo de leer, hacer frente y seguir haciendo frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Sin duda alguna, muchas son las medidas que hemos adoptado, pero también es cierto que una de las más importantes para el control de la transmisión ha sido la obligatoriedad del uso de las mascarillas que estableció -recordarán, señorías-,
el artículo 6 del Real Decreto-ley 21/2020, que tras la tramitación parlamentaria derivó en la Ley 2/2021, de 29 de marzo; una medida no farmacológica que los españoles hemos asumido con la máxima responsabilidad. En este tiempo las mascarillas se
han convertido en un elemento indispensable para todos nosotros, hasta el punto de que forman parte de nuestro día a día; no hay nada más que mirar a sus señorías en esta Cámara. Sin duda alguna, ha sido y está siendo uno de nuestros mejores
recursos para hacer frente a los contagios; lo ha sido hasta ahora, en ausencia de las vacunas. Pero es verdad que ahora mismo la amplia cobertura vacunal que está alcanzando nuestro país nos ha permitido plantear el inicio de una reducción
progresiva, de una reducción limitada de algunas de las medidas de control de la transmisión. Señorías, es una decisión prudente, como el resto de las decisiones que ha ido tomando el Gobierno desde que se inició la pandemia, porque se adopta de
manera limitada y progresiva. Quiero insistir en esta idea, me gustaría subrayarla ante todos ustedes, porque este real decreto-ley sigue manteniendo la obligatoriedad de las mascarillas, pero es verdad que minoramos su uso solo en determinadas
circunstancias y solo en determinados supuestos concretos. Además, esta decisión cuenta, como no podía ser de otra manera, con el apoyo de la evidencia científica, que nos ha ido enseñando cuáles son las condiciones más favorables o desfavorables
para la transmisión del virus.
La situación de la COVID-19 en nuestro país, señorías, a pesar del incremento de la incidencia acumulada que se está produciendo y que se ha producido en las últimas semanas, es hoy muy diferente a la de otras ocasiones. La diferencia está
en el elevado nivel de cobertura vacunal en la ciudadanía en nuestro país, porque las vacunas están siendo nuestra mejor y mayor barrera para la protección y nos están permitiendo alcanzar un nivel de protección nunca antes visto en nuestro país.
Según los últimos datos de ayer, señorías, en España hemos administrado ya 51,7 millones de dosis, y eso se traduce en que el 51,3 % de la población ya tiene la pauta completa, esto es, 24,3 millones de personas. Además, el 62,6 % de la población
tiene al menos una dosis, lo que significa 29,6 millones de personas. Son cifras realmente importantes, señorías, y lo son aún más si las ponemos en contexto.
En primer lugar, si desagregamos los datos por edades, observamos cómo el 91,3 % de las personas mayores de cuarenta años tienen ya una dosis -repito, el 91,3 %- y el 82,2 % de los mayores de cuarenta años tiene la pauta completa, lo que
supone que están bien protegidos frente al SARS-CoV-2. ¿Y por qué menciono esta edad, señorías? Porque, como expliqué la semana pasada en la Comisión de Sanidad de esta Cámara, por primera vez en España estamos asistiendo en la pandemia a la
existencia de dos curvas de incidencia acumulada: una, la curva de incidencia acumulada de personas mayores de cuarenta, que no solamente se mantiene estable, sino incluso en algunos tramos de edad en descenso, y otra, la que está por debajo de
cuarenta, con una evolución totalmente diferente a la anterior. La incidencia acumulada en personas mayores de cuarenta años difiere, como acabo de comentarles, con respecto a los menores de cuarenta.
Señorías, tenemos una parte muy importante de nuestra población protegida. Los datos que ayer ofrecí en la rueda de prensa tras el consejo interterritorial también lo acreditan así. De los casos notificados con contagio en las últimas
cinco semanas, el 5,5 % de esos contagios notificados al SiViES tenían pauta completa, el 11 % una pauta de vacunación y el 83 % no habían sido vacunados. Esa es la gran diferencia que tenemos en este momento, gracias al inmenso trabajo que estamos
llevando a cabo todos los que conformamos el Sistema Nacional de Salud y en el que incide, primero, la estrategia de compra anticipada
que ha hecho la Unión Europea y que nos ha permitido acceder a cuatro plataformas de vacunas; también el trabajo y el liderazgo del Gobierno de España, el trabajo ímprobo de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas y, por
supuesto, el trabajo excepcional de los profesionales sanitarios y, en especial, el personal de enfermería.
Por tanto, señorías, teniendo en cuenta el buen avance de la vacunación, especialmente con un 91 % -como les acabo de decir- de los mayores de cuarenta, y ya vacunando a las franjas etarias de menos edad, la Ponencia de Alertas y Planes de
Preparación y Respuesta, un órgano colegiado del consejo interterritorial, planteó la decisión técnica de relajar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios abiertos, siempre y cuando se cumplieran las condiciones de distancia de
seguridad que, como saben, dificulta -y así lo ha acreditado la evidencia científica- la transmisión del virus. Dicha ponencia, señorías, se celebra con una periodicidad semanal y en ella se abordan aspectos técnicos relacionados con la vigilancia
y el control de las enfermedades infecciosas. La ponencia -creo que es importante compartirlo con ustedes- está formada por las personas responsables de los servicios de vigilancia y de alerta de las comunidades autónomas y de las ciudades
autónomas, personal de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, de la Subdirección General de Sanidad Exterior, de la Subdirección General de Promoción,
Prevención y Calidad, del Ingesa, así como también por representantes del Ministerio de Defensa y del Instituto de Salud Carlos III. Por tanto, señorías, es una decisión basada en la posición de la Ponencia de alertas, formada por personas expertas
de las comunidades autónomas, como les acabo de relatar, del ministerio y de otros organismos importantes de nuestro país.
Por tanto, señorías, el objetivo de este real decreto no es discutir si mascarillas sí o mascarillas no; no, señorías. Las mascarillas siguen siendo obligatorias en nuestro país, salvo en supuestos muy concretos, donde deja claro la
evidencia científica que la posibilidad de transmisión es mínima o inexistente. En consecuencia, se trata de una mínima regulación, y está siendo, desde luego, tremendamente aplicada por la inmensa mayoría de la ciudadanía de este país. Quiero
subrayar esto, señorías, porque este real decreto solo plantea la flexibilización -insisto en esos supuestos concretos, mientras que la regla general es que las mascarillas siguen siendo obligatorias. Además, señorías, es una medida ya vigente en
muchos países de nuestro entorno, medida que también había sido demandada por muchas comunidades autónomas. Saben bien que nuestra vida cotidiana se ha visto seriamente afectada por esta pandemia. Nuestra ciudadanía se ha comportado -como he dicho
y vuelvo a reiterar-, en su inmensa mayoría, de manera ejemplar. Era hora de ir dando pequeños y prudentes pasos. Con prudencia, señorías. Sí, con prudencia, pero pequeños pasos.
Este real decreto, señorías, solo modifica el artículo 6 de la Ley 6/2021. El resto de la ley, que fue aprobada por esta Cámara, sigue estando vigente. Lo digo porque las imágenes que hemos visto de aglomeraciones de personas sin
mascarillas no tienen ni amparo legal ni justificación alguna. Reitero, señorías, que no tienen ni amparo legal ni justificación alguna. (Aplausos). Por tanto, estas imágenes lo que ponen de manifiesto es el incumplimiento de la ley, y a esta
ministra -como imagino que al resto de sus señorías- le parece que son inaceptables y, por tanto, hacemos una llamada al cumplimiento de la norma. Debemos insistir en la importancia de seguir avanzando y de seguir cumpliendo las normas que las
autoridades sanitarias están dando en cada una de las comunidades autónomas y también el Ministerio de Sanidad, en desarrollo de la competencia de coordinación de la política sanitaria. Es verdad que hay motivos para la fatiga pandémica y que
llevamos mucho tiempo luchando contra este virus, pero es importante perseverar y mantenerlo a raya. Este real decreto-ley va a permitir -si así la Cámara lo considera- continuar caminando en nuestra batalla contra la COVID-19, continuar
aprendiendo las lecciones que hemos ido viviendo cada día y continuar haciendo un poco más llevaderas nuestras vidas allí donde se den las distancias y al aire libre donde allí se permita. Pero, señorías, donde no se den las condiciones
establecidas en este real decreto-ley que sometemos a su consideración, las mascarillas siguen siendo obligatorias; están ahí para protegernos y cuidarnos. Concentremos nuestros esfuerzos en transmitirlo también y en hacer que se cumpla la norma.
Quiero hacer también una breve alusión al artículo segundo de este real decreto-ley que nos ocupa, y que, como sus señorías habrán observado, pretende establecer una modulación por el Gobierno de la regulación del acceso a las terminales
aeroportuarias de interés general. De este modo seguimos también avanzando, cuando así se estime, tanto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como el Ministerio de Sanidad, dentro de los parámetros de vigilancia constante y de
modulación de las restricciones, si ello fuera preciso. También deja sin efecto, señorías, el régimen establecido para el aforo en la Liga de
Fútbol Profesional y también en la Liga ACB, una vez reanudadas las competiciones profesionales, con la incorporación progresiva y paulatina del público a las mismas.
Concluyo, señorías. Recuperar una parte de nuestras vidas es importante, pero también lo es hacerlo de manera prudente y cuidadosa. Esta norma va a permitir, como ya lo ha hecho, señorías, que los ancianos que vivan en residencias, tan
duramente golpeadas, en las que más del 80 % de las personas mayores que allí vivan estén vacunadas podrán estar sin mascarilla, pero no así el personal que trabaja allí y mucho menos las visitas. También, señorías, se va a permitir que lo puedan
hacer nuestros bomberos y nuestros policías cuando en sus centros de trabajo esté vacunado el 80 %. Estamos hablando de gente que lo ha dado todo durante esta pandemia y que lo merece.
Señorías, concluyo. Gracias a todos los grupos parlamentarios que van a considerar apoyar este real decreto-ley. Quedo a su disposición para seguir colaborando hasta que todos podamos superar esta maldita pandemia.
Gracias señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Velasco Morillo.
La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidenta.
Muy buenos días, señorías. Hoy debatimos un real decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros el 24 de junio y que, con criterio muy científico -perdón por la ironía- y con ocho días de antelación, anunció el presidente del Gobierno para
que una optimista noticia desviara la atención de concesión de los indultos a los condenados por sedición y malversación. El señor Sánchez dijo -abro comillas-: 'Nuestras calles, nuestros rostros, recuperarán en los próximos días su aspecto
normal. Volveremos con ello a disfrutar de una vida en la calle sin mascarilla'. Es algo muy diferente a lo que usted acaba de decir en esta tribuna, señora ministra. Trasladar este mensaje de falsa seguridad ha contribuido, sin ninguna duda, a
la situación en la que nos encontramos hoy en plena quinta ola, con una IA de 622 casos, mientras el Gobierno nos pide convalidar hoy el decreto de las sonrisas. Lógicamente, los españoles están desconcertados. Llueve sobre mojado, señorías.
Lo que está ocurriendo hoy es a lo que nos tiene acostumbrados el Gobierno. Llegaron tarde en la adopción de medidas frente al virus, obviando la alerta internacional ya declarada por la OMS el 30 de enero de 2020. Declararon un estado de
alarma en marzo que el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional, porque el Gobierno se extralimitó al no utilizar el instrumento del estado de excepción. En junio de 2020 se aprobó un real decreto-ley de nueva normalidad, el
decreto del metro y medio, porque, según dijo el presidente del Gobierno, habíamos derrotado al virus y controlado la pandemia. El Gobierno se fue de vacaciones y trasladó toda la carga de la responsabilidad a las comunidades autónomas. Eso lo
dijo en el mes de julio, y fue premonitorio, como lo es ahora: después de aquel mensaje tan estupendo a los españoles llegó la segunda ola. Y al ver que la pandemia estaba más viva que nunca, nos trajeron un decreto y un estado de alarma de seis
meses de duración, que mucho me temo que podría llevar el mismo camino que el anterior, según dicen los expertos juristas. Durante la vigencia de este estado de alarma sufrimos la tercera y cuarta olas, y del estado de alarma de los seis meses
pasamos al decreto de las sonrisas. Señora ministra, ustedes o no vieron o no quisieron ver que se estaba introduciendo la variante delta y con una alta contagiosidad, algo que no yo sino todos los científicos y expertos veían venir. Mientras, el
Gobierno relajaba las medidas de protección individual y de control de entrada de los ciudadanos procedentes de otros países. Esa irresponsabilidad del Gobierno la hemos observado en cada una de sus actuaciones. Por ejemplo, este real decreto-ley
que hoy debatimos entró en vigor después de que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, en su informe del 23 de junio, dijera que existía una mayor incidencia y transmisibilidad de la variante delta y pidiera a los países de
la Unión Europea que no relajaran las medidas de protección, como guardar la distancia de seguridad y el uso de mascarillas, especialmente entre los jóvenes. Este Gobierno, señorías, no se dio por aludido.
Señora ministra, esa irresponsabilidad nos ha conducido, en este camino largo del que usted ha hablado, a la España de las familias en cuarentena, eso sí, con criterios distintos según dónde vivas. Nos ha conducido a la España con más de
396 521 personas contagiadas desde que entró en vigor el decreto-ley del Gobierno y con una IA a catorce días que se ha multiplicado por seis en menos de un mes. Nos ha conducido a la España en la que han aumentado las hospitalizaciones y la
ocupación de las camas UCI.
El 21 de junio los centros sanitarios atendían a 2495 enfermos COVID, hoy son 6856, lo que supone un incremento de 4361. En lo referido a las unidades de cuidados intensivos, el número de enfermos ha pasado de 644 a 1116, lo que supone un
incremento de 472 personas. Nos ha llevado a la España en la que se están contagiando también los vacunados: el 5,5 % de los vacunados con pauta completa y el 11,4 % de los vacunados con una sola dosis. Nos ha llevado a la España en la que la
atención primaria está desbordada, en la que los centros sanitarios y sus profesionales están agotados y en la que pacientes no COVID están pendientes de ser atendidos. Nos ha llevado a la España en la que se han contagiado 135 646 sanitarios,
señora ministra, 1426 en la última semana. Nos ha llevado a la España con tres comunidades que han decretado toques de queda y se han autorizado, como es el caso de Valencia, Cataluña y Cantabria, y con tres comunidades autónomas, con datos
similares e incluso con mayor incidencia, a las que se les ha denegado, como son Canarias, Extremadura y Navarra. Nos ha llevado a la España en la que peligra la campaña para el turismo, según ha lamentado el sector. Alemania, Francia, Reino
Unido, Holanda y Bélgica ya recomiendan no viajar a nuestro país. Nos ha conducido a la España a la que se ha referido un secretario de Estado francés como uno de los países que ha abierto demasiado rápido y quizás de forma imprudente y al que hay
que evitar ir, porque es más sensato quedarse en Francia o visitar otros países. Es la España de los viajeros a los que Francia ha impuesto un test COVID negativo realizado con un periodo de validez de veinticuatro horas, y no de setenta y dos
horas como hasta ahora. Y es la España a la que el estudio internacional realizado por el Consorcio de Mortalidad COVID-19 sitúa entre los países con mayor exceso de mortalidad asociado a la COVID en 2020. Hoy también es la España de la variante
delta.
Señora ministra, la situación real de la pandemia en nuestro país es de un absoluto desgobierno y descoordinación. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? ¿Quién los escuchaba y quién los escucha ahora? ¿Recuerda, ministra, cuando el señor
Sánchez el 4 de octubre de 2020 decretó un estado de alarma exclusivamente para Madrid, con una IA de 540 casos? Hoy, señora ministra, la IA es de 622, como le hemos comentado, y con una IA a siete días de más del doble. Y aquí no pasa nada;
bueno, claro que pasa: retiramos las mascarillas. ¿Recuerda, ministra, que en abril de 2021, cuando la IA en Madrid era de 272 casos por 100 000 habitantes, el presidente del Gobierno acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid de cruzarse de
brazos y de lograr un récord, según él, de descontrol y desmadre? ¿Calificaría hoy de descontrol y desmadre a nuestro país con una IA de más de 622? No quiero imaginarme qué habría ocurrido si los macrobrotes se hubieran originado en la Comunidad
de Madrid. Los españoles lo recordarán siempre, ministra, como seña de identidad de un Gobierno que gestionó una pandemia siempre con criterios políticos y sin criterios técnicos, por mucho que hoy nos diga que se avalan con criterios técnicos.
Señora ministra, le voy hablar de las variantes. Le recuerdo unas declaraciones del presidente del Gobierno en Fitur el pasado 21 de mayo -fíjese qué curioso, por no decir esperpéntico-: A partir del próximo lunes España estará encargada
de acoger a los turistas británicos son bienvenidos, sin restricciones ni requisitos sanitarios. El siguiente hecho está constatado. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en su página web, en fecha 6 de junio de 2021, señalaba que para viajar del
Reino Unido a España -abro comillas- 'si reside habitualmente en el Reino Unido y no ha viajado en los catorce días anteriores a su viaje a España tiene autorizada la entrada sin restricciones sanitarias'. Estas instrucciones e indicaciones han
estado vigentes hasta el 1 de julio. Como ve, toda una ventana de oportunidades para la nueva variante. Si hay un signo inequívoco de que ustedes van siempre por detrás del virus es que hoy la variante delta es la dominante en nuestro país. Le
recuerdo que ustedes la llamaban variante de interés cuando no hacían control de esta variante ni al 1 % de los casos.
Señora ministra, todos los españoles estamos esperando con ansia que toda la población esté por fin vacunada y observamos de forma permanente que ustedes atribuyen al Gobierno como un gran éxito que un gran número de personas estén
vacunadas. Son capaces de enviar a un técnico del ministerio a dar una rueda de prensa para contarnos los datos de incidencia y mortalidad y de salir usted a la media hora para contarnos la situación de las vacunas. ¿Sabe a qué se debe el alto
porcentaje de españoles vacunados? A que tenemos un excelente sistema sanitario y unos magníficos profesionales. La pregunta que se plantean los españoles es si las personas vacunadas se siguen infectando y cuándo España podrá tener la inmunidad
de rebaño y vivir tranquilamente.
Señora ministra, todo esto que le he dicho es preocupante, pero más preocupante aún es que sigamos sin un instrumento legislativo para hacer frente a una pandemia. Unas comunidades autónomas decretan toques de queda y otras cierres
perimetrales. Al final, lo que estamos viendo es que su cogobernanza no es una maravilla. Hemos descubierto que, para ustedes, la cogobernanza son diecisiete modelos para
gestionar la pandemia y que este desbarajuste es debido a que ustedes se hayan negado a que España tenga una ley de pandemias. Los tribunales de justicia y el Consejo de Estado, en varias resoluciones e informes, les han recomendado aprobar
una ley de pandemias, al igual que les reclama el Partido Popular desde hace más de un año. Pero ustedes no han hecho caso a nadie y prefieren que sea el Tribunal Supremo el que tenga que pronunciarse sobre las distintas resoluciones, muchas veces
dispares, de los tribunales de justicia de las respectivas comunidades autónomas. Es inadmisible que el Gobierno rechace una ley de pandemias que facilitaría la labor de la autoridad sanitaria en la lucha contra la COVID y que, al tiempo, elabore
un anteproyecto de seguridad nacional con el que pretende atribuirse poderes omnímodos, un anteproyecto que se justifica por la experiencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19.
Señorías, tal día como hoy hace un año aprobamos las conclusiones del dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social en materia sanitaria. Ese día le dimos un voto de confianza y apoyamos el dictamen, pero un año después
el Gobierno no ha cumplido, lamentablemente, con esta Cámara y, en lugar de traer al Parlamento las medidas contempladas en el plan y destinadas a fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud, nos trae un decreto de metro y medio, el decreto de las
mascarillas.
Por todo ello, no podemos votar a favor de este decreto-ley ni aprobamos la gestión que está llevando a cabo el Gobierno frente a la pandemia.
La señora PRESIDENTA: Señora Velasco, tiene usted que terminar, por favor.
La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto interviene, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra de Sanidad. Nos ha presentado usted un real decreto-ley en nombre de un Consejo de Ministros que lleva grabado para siempre el marchamo de la inconstitucionalidad a cuenta del decreto sobre el estado de alarma,
con el que se quebrantaron nada más y nada menos que los derechos fundamentales de todos los españoles. Con semejante tarjeta de presentación se solicita la convalidación de medidas relativas a la evolución de la pandemia de la COVID-19, que
continúa siendo muy inquietante, ya que estamos inmersos de lleno en la quinta ola de un contagio que, irresponsablemente y publirreportaje mediante, el infalible presidente del Ejecutivo dio por vencido hace trece meses, tal vez como uno de esos
falsos profetas sobre los que advirtió el señor Oliver Fernández, recientemente cesado como secretario de Estado de Comunicación: 'Huye, Adso, de los profetas y de los que están dispuestos a morir por la verdad, porque suelen provocar también la
muerte de muchos otros, a menudo antes que la propia'. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
Señorías, la contumaz y embaucadora propaganda del Gobierno en este largo período de emergencia sanitaria unida a su consabida falta de respeto y su menosprecio a las Cortes Generales es directamente responsable de la terrible magnitud de un
contagio, cuyo altísimo riesgo se minusvaloró totalmente en sus comienzos y se utilizó políticamente contra la oposición y frente a Gobiernos de diferente signo, que, como ha recordado acertadamente la diputada Velasco Morillo, ha llevado a España a
liderar la incidencia de contagios y mortalidad de la Unión Europea y que, en correspondencia con su desprecio al Estado de derecho, mantiene a nuestro país en un colosal galimatías jurídico dependiendo de la comunidad autónoma donde se apliquen las
normativas, con la correspondiente zozobra socioeconómica.
Señora Darias, una parte sustancial de estas medidas hace referencia a la utilización de las mascarillas, lo cual nos hace recordar que en los comienzos de la pandemia el Ministerio de Sanidad divulgó, a través de sus canales informativos
oficiales, el siguiente mensaje: la población general sana no necesita usar mascarillas. Y es que si por algo se ha distinguido el Gobierno a lo largo de la emergencia sanitaria es por sus mensajes contradictorios y desconcertantes, cuando no
temerarios. Ahora, sin que nadie del ministerio haya pedido perdón por aquella recomendación letal sobre las mascarillas, plantean ustedes que España se adapte a la realidad de una pandemia que mantiene signos de enorme incertidumbre, con cifras de
contagios que vuelven a dispararse, un paulatino incremento de la ocupación de las UCI, el personal
sanitario de primera línea sin relevo y, si hablamos de algunos aspectos económicos, grandes y confusas limitaciones para el turismo, tanto del que viene de otros países como del interno.
En definitiva, votaré, señora presidenta, en contra de la convalidación de este real decreto ley. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Señora ministra, calificaba este decreto de prudente y yo creo que la palabra es irresponsable, y no tanto por el contenido del decreto como por la forma en la que se transmitió, con una absurda utilización política de un grave asunto como
es la pandemia y con un cinismo totalmente negligente. Primero, tuvimos el anuncio a bombo y platillo de que se iba a quitar el uso de las mascarillas en los espacios públicos, y se hizo a bombo y platillo para tapar las vergüenzas de una cesión al
independentismo que se sabía que estaba teniendo un enorme coste para el Gobierno en la sociedad española. Se anunció así, dando una imagen de victoria. Esa imagen de victoria fue una enorme irresponsabilidad. Otra enorme irresponsabilidad fue
convocar un consejo extraordinario específico para abordar un decreto que podía haber sido perfectamente abordado en el Consejo de Ministros ordinario de esa misma semana. ¿Qué es lo que consiguieron con esto? Trasladar la imagen de que el virus
estaba vencido, de que podíamos salir a las calles alegremente, porque, además, lo primero que dijo el Gobierno era que nos podíamos quitar las mascarillas en los exteriores. Luego matizaron y dijeron que nos las podíamos quitar en los exteriores
si éramos capaces de guardar una distancia de un metro y medio. Vayan ustedes a las plazas de España y díganme quién entendió la segunda parte del mensaje. Está claro que mucha gente entendió solamente la primera, porque el Gobierno comunicó
solamente la primera.
Cuando se pide a los españoles un esfuerzo de responsabilidad -que comparto-, cuando se critican muchas imágenes irresponsables -y me sumo a esa crítica porque es absolutamente injustificable que hayamos visto imágenes como las que hemos
visto en muchos sitios de España-, el primero que tiene que ser responsable es el Gobierno. Evidentemente, si el Gobierno actúa con negligencia, hace una utilización política y traslada una imagen irreal, está muy lejos de poder pedir a la sociedad
española todavía más responsabilidad de la que hemos visto durante todo este tiempo. ¿Cuál es el resultado de esta negligencia del Gobierno de España? El resultado es que el día del Consejo de Ministros extraordinario la incidencia acumulada en
nuestro país era de 93 y hoy supera los 600 y que hay una quinta ola: otra vez una sociedad española sufriendo; otra vez una sanidad colapsada, en este caso con una atención primaria que no puede más; un golpe mortal al turismo, en el peor
momento en el que se lo pueden asestar, y, por tanto, un golpe mortal a la economía española, en un momento en el que tendría que estar ya repuntando. Estas son las consecuencias del mercado populista que quiere lanzar el Gobierno con la imagen de
la victoria injustificada e irreal con la que se anunció este decreto. Esas son las consecuencias. Hemos oído muchas veces hablar de que el virus está vencido, pero aquí tenemos una quinta ola. Hemos visto demasiadas veces que este país es el
peor en gestionar la pandemia -de cinco, cinco-. Una vez más volvemos a ver un Gobierno que no existe. El Gobierno ha trasladado todas las responsabilidades a las comunidades autónomas; todas las competencias están en las comunidades autónomas y
tenemos diecisiete normas distintas. Encima, los Tribunales Superiores de Justicia tienen que tomar las decisiones, como en el caso de Navarra, donde ha tenido que tumbar lo que el Gobierno de Navarra propuso. Esa no es la forma de gestionar una
pandemia. Desde luego, no puede ser la unilateralidad...
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Tiene que terminar, señor Sayas.
El señor SAYAS LÓPEZ: ..., pero tampoco puede ser la dejadez con la que está actuando el Gobierno de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Egun on. Buenos días.
Es una cuestión muy concreta la del decreto sobre el uso obligatorio de las mascarillas en los exteriores y realmente no debería dar lugar a demasiados discursos vacíos si nos ciñéramos a la misma, obviamente. Yo lo voy a hacer, me voy a
ceñir al tema. Dicho esto, también diré que hay razones para que, desde la sensatez y dejando a un lado motivaciones interesadas, se pudiera votar sí, se pudiera votar no, incluso nos pudiéramos abstener en este tema, porque puede haber argumentos
para validar cada una de las tres opciones posibles. Ocurre que cuando hablamos de salud pública, cuando hablamos de una pandemia como la que estamos viviendo, que escapa a todos los esquemas que hasta ahora nos han resultado válidos, las
respuestas categóricas también desaparecen. El debate es simple y es complejo a la vez, sí, pero la evidencia científica es clara. Existe una coincidencia general en la comunidad científica al reconocer que el riesgo de transmisión del virus es
prácticamente nulo en exteriores siempre que se respete la distancia del metro y medio. Esa es la evidencia científica.
Hoy hablamos de la utilización de las mascarillas en el exterior y, dado el bajo riesgo de transmisión en el exterior, en este momento la obligación de llevar mascarilla en espacios abiertos puede ser, por decirlo de alguna forma,
excesivamente arbitraria. Hay quien sostiene, incluso, que un requisito de este tipo, el de llevar obligatoriamente la mascarilla en exteriores, podría desincentivar estar al aire libre, lo cual podría empeorar también el aislamiento social, que es
una de las derivadas sociales que tiene esta pandemia. Tampoco nos sirve de mucho mirar las normativas europeas, la de otros países europeos, porque cada Estado en esto también tiene su propia normativa, diferente a la que pueda existir en el país
vecino. Pasa en Europa y pasa en Estados Unidos. Así que lo que nos queda es llamar a la prudencia y al sentido común, y creo que en esto tenemos una ventaja, la de que la ciudadanía es mayoritariamente consciente de todo esto, es consciente del
riesgo que supone la aparición de nuevas variantes y es consciente también de que este virus nos ha demostrado que se adelanta siempre y que siempre vamos por detrás. Este decreto es una buena muestra de ello también. La prohibición que se decretó
en su día ha quedado superada y la ciudadanía también se ha superado a sí misma en esta prohibición. Lo estamos viendo en las calles estos días, donde mayoritariamente la gente lleva mascarilla aunque no sea obligatoria en los espacios abiertos.
Creo que esa conciencia cívica debe ser tomada también en cuenta porque la conciencia educa más y mejor que cualquier decreto de prohibición. Es responsabilidad lo que se debe pedir a la ciudadanía y es responsabilidad también lo que se
debe pedir a los dirigentes políticos, sean estos del lugar que sean, sean del color que sean. Por eso, creemos que la medida más eficaz es hacer permanentemente ese llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia de la ciudadanía, pero también
apelamos a la responsabilidad política, que hoy se debe traducir en el reforzamiento de la atención primaria, que es la que está soportando una brutal tensión en estos momentos.
Por todo esto, votaremos que sí a este decreto que elimina el uso obligatorio de las mascarillas en el exterior, siendo plenamente conscientes de que nos movemos en terrenos movedizos, inseguros y que lo que hoy se decide puede ser que
mañana no sirva. Así que, lo repito: responsabilidad ciudadana -en la que hay que confiar-, sin aplicar más medidas restrictivas que las necesarias y de la que ya estamos observando un buen nivel de compromiso en las calles de pueblos y ciudades,
y también responsabilidad en la clase política, poniendo la mirada en lo que necesita esfuerzos urgentes, que es la atención primaria. Este es el foco inmediato y próximo. Hay otro más general, el del cambio climático, del que se habló mucho al
inicio de la pandemia y al que parece que nos cuesta volver, aun sabiendo que el destino del planeta, el futuro de las nuevas pandemias que pueden asolar una y otra vez el mundo, está ligado a la interacción humana con la tierra, el mar y el aire
que nos rodea. No lo olvidemos, lo tuvimos en cuenta al inicio de la pandemia. Ahora, andamos a vueltas estos días con el alfabeto griego para poder denominar a las sucesivas variantes que van surgiendo. El alfabeto es limitado y puede quedarse
sin letras para identificar las variantes de este virus. Tampoco hay ni tanto planeta ni tantos alfabetos a los que recurrir.
Y concluyo volviendo a recordar que este decreto no elimina el uso de las mascarillas sino que lo sigue indicando para espacios cerrados, así como cuando la distancia de metro y medio no se puede mantener. No lo olvidemos y actuemos con
responsabilidad por todas las partes.
Eskerrik asko.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta.
Buenos días, compañeras, compañeros. Buenos días, ministra. En nuestra intervención -intervengo en el nombre del Grupo Vasco, como usted bien sabe- vamos a procurar utilizar el tono más empático que podemos por la responsabilidad que le
corresponde. Al mismo tiempo, aplicando el principio de reciprocidad, le vamos a pedir que también usted, en sus decisiones y en sus análisis, haga un ejercicio de empatía con todas las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, que están
tomando decisiones en primera línea y están afrontando una situación enormemente complicada en plena quinta ola.
Dicho esto, le diré que en la situación actual nuestro grupo no puede apoyar la convalidación del real decreto-ley que es objeto de debate en este momento y las razones, los argumentos de nuestra posición están en la exposición de motivos
del propio real decreto-ley. Usted en su intervención ha dicho que sigue manteniéndose la obligación pero minoramos su uso, y esa es la cuestión. En este momento, a nuestro juicio, no hay razones para minorar el uso. Usted argumentaba también
esta cuestión en decisiones científicas y en una decisión de marcado carácter científico adoptada por la ponencia hace ya varias semanas. En la exposición de motivos del real decreto-ley se dice en uno de los apartados exactamente: '... al
delimitarse en este texto normativo de forma clara los supuestos en los que es obligatorio el uso de mascarillas, así como sus excepciones y ajustarlo todo ello a los indicadores más recientes...'. Por tanto, hoy deberíamos estar analizando y
tomando decisiones sobre la base de los indicadores más recientes. Y también en otro apartado dicen: 'Todos estos datos y en particular, la evidencia científica sobre el menor grado de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2...'. Se lo repito:
sobre el menor grado de transmisión del coronavirus. Usted sabe que en este momento la mutación que campa a sus anchas es la delta, un 70 % del caso en Euskadi. Usted sabe perfectamente que el grado de transmisión de esa variante es mucho más
importante que los indicadores que usted tenía cuando se redactó la exposición de motivos de este real decreto-ley, un 60 % más que la británica, que a su vez era un 50 % más transmisible que la original de Wuhan. Por tanto, solo por esas razones
no estamos en el mismo lugar. Si usted obedece a lo que pone en la exposición de motivos, tenemos que tomar decisiones sobre la base de los indicadores actuales por lo que debería replantearse la decisión entonces adoptada. Sabemos que la pandemia
es muy dinámica y exige agilidad política para aquello que en un momento dado pudo ser un acierto y hoy es un error, y tal vez dentro de quince días sea un acierto. Pero hay que tener agilidad política, cintura política y buen juicio político para
cambiar las decisiones adoptadas y responder a lo que es más importante en estos momentos, que es el control de la propagación del virus.
Usted también en la intervención que tuvo la semana pasada en la Comisión de Sanidad decía: '... tras seis semanas de descensos de incidencia acumulada [...] se ha producido un importante cambio de tendencia, incrementándose de manera
importante, singularmente en aquellos colectivos no vacunados'. Y eso es así. Por tanto, esta minoración del uso no es justificable hoy. El mensaje que lanzamos desde esta Cámara al exterior con la quinta ola despegando -no despegando sino
disparada ya-, no puede ser que pueda limitarse y minorarse el uso de la mascarilla. A nuestro juicio es un ejercicio de irresponsabilidad política porque usted misma en su intervención decía que si seguimos así habrá que actuar con prudencia
porque tensionaremos las camas hospitalarias y las camas que tenemos en UCI. Asimismo, usted decía en su comparecencia que lo más importante en estos momentos era controlar la propagación del virus. Por tanto, no relajemos ninguna medida. Y
añadía: 'Sabemos que esto requerirá de la adopción de medidas por parte de las comunidades autónomas'.
Le voy a poner dos ejemplos de comunidades autónomas que han tomado medidas y qué es lo que ha pasado. Euskadi, 24 de junio: se aprobó una ley vasca antipandemia con una panoplia de medidas para responder en todo momento a la situación que
se iba generando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, por ejemplo, en el tema de mascarillas choca lo que se plantea aquí con lo que se ha aprobado allí. Por tanto, si usted reivindica con carácter general que son -y tiene que ser así- las comunidades
autónomas quienes están tomando decisiones no podemos entrar en este tipo de conflictos. Le voy a poner otro ejemplo. Navarra -se lo acaban de decir- solicitó el control de la movilidad nocturna, un toque de queda que fue tumbado por el Tribunal
Superior de Justicia navarro y no puede seguir en ese sentido. Fue tumbado, aunque puede ser recurrido. Pero estas decisiones, ministra, usted sabe más que nadie que no pueden estar sometidas a judicialización, sino a buen juicio político. Buen
juicio político, no política judicializada porque eso es alargar la toma de decisiones. Lo que se necesita -insisto- es agilidad e inmediatez, y responder con acierto en cada momento a las necesidades que hay. En Navarra se tumbó y se tumbó
también en otras comunidades como Extremadura y Canarias, pero se aprobó en Cantabria y Cataluña. No puede ser que las garantías jurídicas con las que cuentan las
distintas comunidades autónomas a la hora de tomar las medidas no sean iguales. Lo que tendrían que hacer desde el ministerio y el Gobierno es dar amparo y base jurídica suficiente y garantías jurídicas a todas las comunidades autónomas, y
no estar sometidas a esta arbitrariedad para que las medidas que adopten puedan seguir adelante a fin de controlar realmente el virus. Voluntad, buen juicio político y agilidad política. Ojalá todas las autoridades sanitarias acierten en los
pronósticos de escenarios más optimistas, ¡qué más quisiéramos! Pero mientras tanto, prudencia y salud pública, y con esos principios vamos a regir y decidir esta votación.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Señora ministra, buenos días. Este real decreto contiene las modificaciones necesarias para que se haga una excepción en la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores cuando se puede guardar una distancia de seguridad de un
metro y medio. Es muy importante señalar que la mascarilla sigue siendo obligatoria en todas las demás circunstancias distintas a esta que les acabo de describir, circunstancias que vivimos cuando nos relacionamos socialmente. Además, el real
decreto acomete el hecho de permitir ya partidos con público, tanto de la ACB como de la Liga de Fútbol Profesional, y propone también la posibilidad de que en los aeropuertos quien vaya a viajar pueda ir acompañado hasta la terminal. En
definitiva, se cambia o se relaja alguna restricción que se adoptó en un momento determinado de la pandemia que no es el momento actual.
Votaremos favorablemente y además no consideramos que estas reformas deban tramitarse como proyecto de ley porque, de hecho, la tramitación como proyecto de ley de medidas como esta hace que cuando nos enfrentamos a la tramitación ya estamos
ante una norma que no sirve para nada, como hemos sufrido en el decreto anterior. Vamos a trabajar en lo que tenemos que trabajar y centremos nuestros esfuerzos en esta Cámara en aquello en lo que nos tenemos que centrar. Por tanto, se trata de
adaptar las restricciones a las estrictamente necesarias. ¿Por qué? Porque hace más valiosas las que hay. Si tú restringes exactamente donde tienes que restringir, hay mayor respeto a la norma que sigue vigente. Sabemos que se puede prescindir
de la mascarilla al aire libre cuando hay distancia de seguridad y, por tanto, se puede ir sin mascarilla únicamente en esta circunstancia. Si no se dan estos condicionantes, la mascarilla sigue siendo obligatoria. En el planteamiento que están
haciendo de esta situación algunos partidos -que yo ya no sé qué piensan de la mascarilla, si lo que dice el señor Feijóo o lo que dice la señora Ayuso o lo que nos han dicho ahora en el turno en contra- parece dar la sensación -y pueden estar
jugando con fuego- de que ya no es obligatoria la mascarilla. Sin embargo, la mascarilla sigue siendo obligatoria con la excepción de cuando uno va por la calle y no tiene a nadie en un metro y medio. No confundan a la población. Es importante
señalar que cuando uno está en un núcleo familiar, en la burbuja familiar, evidentemente, sus acompañantes no cuentan en este metro y medio.
Por cierto, quiero condenar la agresión que se produjo en el metro el otro día a un sanitario por pedir el uso de la mascarilla. Mi grupo parlamentario, Ciudadanos, quiere felicitar a la Policía por la rápida detención del infame agresor.
Espero que lo pague y que el agredido, enfermero del Hospital 12 de Octubre, que seguía velando, también en el metro, por la seguridad y la salud de todos los españoles, recupere plenamente la visión en ese ojo en el que ha sido herido. (Aplausos).
La ciudadanía española está siendo diligente, de las más cumplidoras con las restricciones, por no hablar del magnífico ejemplo que está dando en la vacunación, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores por sembrar dudas y conspiraciones
con la pandemia. La verdad es que la inmensa mayoría de los españoles sabe de la eficacia de las vacunas y por eso han acudido en masa a vacunarse en cuando se les ha ido citando, incluso cuando se sembró la confusión con la segunda dosis los
españoles bien informados acudieron a ponerse la vacuna que la ciencia recomendaba como más eficaz. Tenemos una sociedad que confía en la evidencia científica y esto es algo que tenemos que cuidar y promover. No son pocos los nuevos movimientos
anticientíficos que se han reavivado durante la pandemia: el terraplanismo, el creacionismo o su primo más aseado, el diseño inteligente, que niegan la evolución. Pero también tenemos quienes consideran a la homosexualidad una enfermedad y que
pueden someterse a algún tipo de terapia. Todos estos movimientos anticientíficos tienen que ser combatidos desde las instituciones públicas. Yo pediría a los generadores de este tipo de basura tóxica que vuelvan a hablar de la chica de la curva o
del cadáver
congelado de Walt Disney, pero que dejen a la sociedad y a la ciencia en paz y que si a alguien se le queda pegado un tenedor en el brazo después de ponerse la vacuna el truco es ducharse. (Aplausos).
Pues bien, si tenemos uno de los países que mejor responde, hay que confiar y adaptar las restricciones a lo que se puede admitir sin riesgo. Y este es el caso, este real decreto es el caso. Se está promoviendo una norma que recoge una
excepción, que es lo que sabemos que se puede hacer, ni más ni menos. No hay que ir más allá en las restricciones de lo que es necesario porque entonces dejarán de cumplirse las leyes. Hay que corresponder a la responsabilidad de la gran mayoría
de los españoles.
Por cierto -y con esto voy terminando-, quiero llamar la atención sobre las consecuencias que en determinados sectores de la población han tenido las restricciones que no hemos tenido más remedio que adoptar. En Ciudadanos nos preocupa
mucho el impacto sobre la salud mental de la población, especialmente de los más jóvenes. Todavía no conocemos la dimensión del daño y todas sus consecuencias, pero los datos que vamos conociendo no son alentadores. Desde que comenzaron las
restricciones hemos querido que se vigilase este aspecto. Se lo pedí al ministro anterior, se lo pido a usted, señora ministra -aquí pueden contar con nosotros en todo lo que ayude en esta materia-, y también lo propusimos en los acuerdos de la
Mesa para la Reconstrucción. Queremos que haya una inversión especial en salud mental, un plan de salud mental y también que preste atención al suicidio, que tampoco hay datos alentadores. Pónganse a trabajar también con este asunto de la salud
mental y no en otras cuestiones.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Cañadell Salvia. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. La mascarilla sanitaria ha sido y es uno de los símbolos de esta pandemia que nos ha tocado vivir. Es más que evidente que las mascarillas, hasta la llegada de las vacunas, han sido una de las herramientas más
eficaces para evitar contagios entre la población. Nosotros siempre hemos apoyado por responsabilidad, y porque el momento extraordinario y crítico lo requería, las medidas sanitarias para contener la pandemia tanto en Cataluña como en el Congreso.
Quiero poner en valor la valentía que muchas veces ha tenido la Generalitat de Catalunya proponiendo medidas muy estrictas, pero que finalmente han acabado adoptando las demás comunidades.
Con el proceso de vacunación en una fase avanzada, creemos que hay que poner negro sobre blanco el uso de la mascarilla. Las principales autoridades sanitarias mundiales recalcan que lo esencial es protegerse en interiores. Por poner un
ejemplo, a mediados de abril un equipo científico de la Universidad de Oxford publicaba en la revista médica The Lancet un estudio que, además de explicar cómo la COVID-19 se transmite principalmente a través de aerosoles, hacía hincapié en cuáles
eran las medidas para evitar contagiarse: evitar los interiores compartidos con personas no convivientes, aumentar la ventilación, utilizar mascarillas bien ajustadas dentro de los locales y reducir aforos. Creemos que a estas alturas, con la
población de mayor riesgo ya vacunada, no podemos volver a hacer obligatoria la mascarilla en todo tipo de espacios abiertos simplemente como recordatorio de que el virus sigue entre nosotros, porque la ciudadanía lo sabe y gran parte de ella es
responsable, solo basta ver la gran cantidad de gente que lleva aún la mascarilla por la calle pese a no ser obligatoria.
Votaremos a favor del presente real decreto. Dicho esto, advertimos al Gobierno que no puede trasladar toda la responsabilidad a las comunidades autónomas en esta quinta ola; una quinta ola que quizás no se habría desbocado tanto si se
hubiera incrementado la capacidad diagnóstica mucho antes. En Cataluña la atenció primària hace ya días que está alertando de la saturación que sufre a raíz del incremento de contagios, que es donde se realiza la detección y el seguimiento de
positivos y sus contactos. Señorías del Gobierno, nos preguntamos por qué no han autorizado hasta ahora la venta de test de antígenos en las farmacias, por qué no han aprovechado más la red de farmacias cuando se ha ofrecido para ayudar a contener
la pandemia en multitud de ocasiones, y por qué no refuerzan más la colaboración públicoprivada para dar un empujón a la vacunación y para realizar test y cribajes masivos.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta.
Señora ministra, buenos días. Voy a ser muy breve en mi intervención, básicamente, intervendré para marcar un poco los elementos que configuran nuestra valoración de este decreto-ley. De hecho, nuestra comunidad autónoma lideró en su
momento incluso la petición de flexibilizar el uso de mascarillas en espacios abiertos. Recuerdo que hace unas semanas, o un mes o mes y medio, varias comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, pedían flexibilizar el uso de la mascarilla ante una
situación que realmente daba anuncios de que empezaba a cambiar. Es verdad que actualmente Procicat, que es el Plan territorial de protección civil de Cataluña, recomendaba y recomienda precisamente las mismas medidas de flexibilización en el uso
de las mascarillas que se están planteando en este real decreto. De hecho, todo ello respondía a una mejora de la situación epidemiológica en las semanas anteriores -eso es innegable-, pero la situación crítica vivida estas semanas en Cataluña, con
un incremento exponencial de los índices de contagio, ha cambiado radicalmente respecto al escenario anterior de hace un mes. Precisamente, eso nos ha obligado a retomar medidas de contención que creíamos superadas. En ese sentido, mantener o no
el uso de la mascarilla en espacios abiertos forma parte de las medidas de precaución que puede decidir o no incorporar las comunidades autónomas sobre la base de su situación epidemiológica. Debemos reconocer que la mascarilla -en ese sentido es
importante reconocerlo- ha sido una de las herramientas más efectivas de contención de la transmisión de contagios. Por ese motivo, y sin alargarme más, nos vamos a abstener en este real decreto, teniendo en cuenta que responde a una medida
concreta y a un contexto concreto, y que en Cataluña las condiciones han variado en pocas semanas de manera radical y no responden, precisamente, al contexto del real decreto. En todo caso, vamos a votar en contra de una tramitación como proyecto
de ley, dado que esta medida es una medida temporal que puede variar precisamente en pocas semanas y si la vacunación sigue avanzando hacia la inmunidad de rebaño, probablemente esta medida deberá ser modificada o incluso extinguida finalmente. Por
lo tanto, nos vamos a abstener, pero en todo caso hay que tener en cuenta que la situación excepcional que vivimos en Cataluña supedita y condiciona la votación de este real decreto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora MEDEL PÉREZ: Muchas gracias.
Buenos días. La base argumental del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, es que la evolución de la pandemia por la COVID-19 y las coberturas de vacunación que se están alcanzando en España permiten la reducción progresiva de algunas
medidas de control de la transmisión. El uso de la mascarilla ha demostrado ser la medida estrella -aparte de las vacunas, claro- para contener el virus y permitir las relaciones sociales. No solo ha evitado contagios por coronavirus, sino -todos
lo sabemos- otros contagios. Efectivamente, la estrategia de vacunación ha funcionado, creo que muy bien, quizá en algunas comunidades mejor que en otras. En estos momentos, los epidemiólogos y el Gobierno nos proponen que cualquier persona pueda
quitarse la mascarilla, si así lo desea, en lugares al aire libre que permitan una distancia de 1,5 metros y sin aglomeraciones. La evidencia científica así lo avala y el real decreto contempla implícitamente los casos concretos que deben ser una
excepción a esta normativa. Estamos de acuerdo con esta medida, votaremos que sí, pero al mismo tiempo consideramos que se debe hacer un llamamiento a la prudencia, que también creo que va implícito en el real decreto.
La disminución de las restricciones siempre va acompañada de aumento de la incidencia acumulada, es decir, de los contagios, pero la evidencia científica parece indicarnos que la causa no es eliminar la mascarilla al aire libre. De todas
formas, creo que la ciudadanía no puede perder de vista el conjunto. Nos alegramos de librarnos de la mascarilla al aire libre si así nos parece, nos alegramos mucho, pero miremos la realidad. La situación epidemiológica actual consiste en un
importante aumento de la incidencia acumulada, aunque tenemos que tener claro que este aumento de la incidencia acumulada va acompañado, afortunadamente, de una importantísima disminución de la mortalidad, por lo menos hasta este momento.
En este momento, resisten las camas hospitalarias, las camas de UCI. Esto puede verse en algún momento en peligro, pero para eso estamos aquí, para que en el momento en el que surja la alerta todas las medidas se puedan cambiar, que es lo
que se ha venido haciendo hasta ahora, hemos ido modificando las medidas según la evidencia científica.
Pero pasan otras cosas. Al mismo tiempo que ocurre todo esto sabemos que, por ejemplo, los profesionales sanitarios de atención primaria están muy sobrepasados y no se merecen -creo yo- la situación que provoca esta quinta ola. El trabajo
se duplica, las jornadas se alargan, no se cubren las bajas laborales, y esto es algo que tenemos que tener muy muy presente, porque la atención primaria sigue siendo el primer frente de detención de la propagación del virus.
Tenemos una Ley de seguridad del paciente, conocida como Ley de ratios de enfermería, que procede de una iniciativa legislativa popular que cobra un sentido mayor en esta pandemia, muchísimo más que estando sin pandemia, y este proceso va
muy lento. Mientras nosotros nos salvamos gracias a que disponemos de vacunas y a que tenemos un sistema sanitario público que resiste, pese a los intentos de la derecha de destrozarlo -y eso lo saben bien los profesionales sanitarios-, y nos
podemos permitir el lujo de plantearnos quitarnos la mascarilla en ciertas circunstancias, los países con gran pobreza, que parecen equivocadamente muy lejos, van muriéndose gratuitamente, y digo gratuitamente porque podría no ser así. La gente se
muere y no pasa nada, porque mantener las patentes -ya sé que soy muy pesada con esto- y los grandes beneficios de las farmacéuticas privadas es la prioridad número uno de este mundo tan capitalista y tan democrático que considera que los pobres se
pueden morir porque no pasa nada. Si nos quitamos la mascarilla al aire libre, por favor, quitémonos la mascarilla voluntaria que llevamos delante de los ojos y miremos a nuestro alrededor.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. (Aplausos).
El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, créame que la compadezco. Menudo papelón le ha tocado a usted. Lleva meses tratando de convencer a los españoles de que usted, al contrario que su antecesor, el señor Illa, a la hora de tomar decisiones acerca de cómo
enfrentar la pandemia se guía por criterios científicos, ajenos a cualquier tipo de arbitrariedad. Pero resulta que en medio de esta inalcanzable tarea llega Pedro Sánchez y le encarga a usted subir a esta tribuna para convencernos de algo que,
sinceramente, no puede creerse absolutamente nadie, ni siquiera usted.
Ministra, es verdad que usted no es la primera en tratar de justificar lo injustificable. Hubo otros -hoy ya excompañeros del Consejo de Ministros- que llegaron a hacer cosas incluso mucho más comprometidas que usted por Pedro Sánchez. Una
llegó a diferenciar lo que decía Pedro Sánchez de lo que decía el presidente del Gobierno; por cierto, clínicamente eso se llamaría trastorno de identidad disociativo. (Aplausos). Otro se reunió en secreto en la sala de autoridades del aeropuerto
de Madrid con la vicepresidenta de una narcodictadura que tenía prohibida la entrada en Europa y que, según él, nunca pisó suelo español. Otro pilotó la ejecución de unos indultos inaceptables incluso para el Tribunal Supremo, y muchos arruinaron
su prestigio y su buen nombre en el intento de presentar como bueno lo que solo era admisible para el propio Pedro Sánchez. Pero siempre sale mal. Yo creo que usted ya es consciente, como todos los miembros del Consejo de Ministros, de que ninguno
de sus esfuerzos fueron apreciados por el presidente; es más, los más fieles fueron precisamente los más castigados, y eso, señorías, sí que es una evidencia científica. (Aplausos).
Señora ministra, todo el mundo sabe que ni usted ni por supuesto ningún científico, y no digamos ningún inexistente comité de expertos, tuvieron nada que ver con la elección de la fecha para decretar el fin de las mascarillas. Una vez más
el único criterio relevante fue el interés caprichoso de ese Narciso en el que se ha convertido Pedro Sánchez, y eso, que es grave siempre, lo es más cuando hablamos de medidas de protección frente al virus. Que los españoles tengamos que usar
mascarillas o no debería decidirse con criterios estrictamente científicos, no debe estar vinculado a la urgencia que tenga la Moncloa para dar buenas noticias o a los caprichos de propaganda gubernamental.
Esta arbitrariedad marca un despropósito más, y no son pocos, en relación con el uso de las mascarillas. Primero, cuando peor estábamos, desde el Gobierno sostuvieron que no eran necesarias las mascarillas;
luego dieron un paso más y llegaron a defender no solo que no eran necesarias, sino que eran contraproducentes; más tarde las hicieron obligatorias, eso sí, gravando la mascarilla con el IVA más caro de la Unión Europea, que ustedes decían
que no se podía bajar, y ahora vienen y deciden el fin de la obligatoriedad en espacios abiertos en función de las necesidades políticas marcadas por la Moncloa. Todo el mundo sabe que dos días antes de este Consejo de Ministros extraordinario en
el que tomaron esta decisión se celebró otro, un Consejo de Ministros ordinario en el que se aprobaban los indultos a los golpistas, y todo el mundo sabe que esta decisión en ese momento solo puede enmarcarse dentro de esa gran cortina de humo
creada para distraer la atención sobre una discusión que provoca el rechazo de la gran mayoría de los españoles. Pedro Sánchez sabe que indultar a quien ha indultado es inaceptable y ha reiterado que lo haría otra vez pese a que ellos también han
dicho que lo harían otra vez. Ha debilitado el Estado de derecho, ha dejado en la estacada al Tribunal Supremo, ha traicionado a todos los españoles, también a sus votantes, a quienes mintió, y ha dejado solos a miles de catalanes quitándoles el
amparo de la ley. (Aplausos). Y ahora, en esa huida hacia delante, solo le cabe disimular, esconder los indultos, y para hacerlo no le importa cometer una nueva tropelía: tomar decisiones sanitarias por motivos políticos. Señorías, es triste,
pero es así. En medio de una pandemia letal que ha provocado la muerte y la ruina de millones de españoles, Pedro Sánchez ha sido capaz de poner un aspecto esencial de la política sanitaria del Gobierno, como es el uso de las mascarillas, al
servicio de su único interés: mantenerse en el poder. Eso es sectarismo.
Señora ministra, Pedro Sánchez no está por encima de los españoles ni de su salud ni de sus derechos, pero él ya ha dejado claro que todo lo supedita a su adherencia al bastón de mando. Por eso conforman ustedes el peor Gobierno posible en
el peor momento posible. Los españoles se merecen que en medio de esta pandemia las decisiones de salud pública respondan al objetivo de salvar vidas y salvar empleos; se merecen que sus derechos y libertades se respeten siempre sin que el
Gobierno de turno los pueda pisotear suspendiéndolos a su arbitrio en un estado de alarma que ahora sabemos que era inconstitucional. (Aplausos).
Señora ministra, lo que está haciendo este Gobierno es muy grave. No se lo digo yo, se lo ha dicho el Tribunal Constitucional en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad, por cierto, interpuesto por VOX -que a algunas de sus señorías
se les olvida ese pequeño detalle- en defensa de los derechos de todos los españoles. (Aplausos). Este atropello a los derechos de los españoles no tiene precedentes y cualquier Gobierno decente ya hubiera dimitido y hubiera convocado elecciones
de haber recibido semejante varapalo del Tribunal Constitucional, pero ustedes no; ustedes han hecho exactamente lo contrario, lanzando una campaña de acoso a los jueces que marca una deriva tremendamente peligrosa y una absoluta falta de respeto
por la separación de poderes. En lugar de rectificar, se ratifican ustedes en su deriva autoritaria: durante estos días se han conocido las presiones ejercidas por la entonces vicepresidenta primera del Gobierno sobre la magistrada del Tribunal
Constitucional para avalar el estado de alarma.
Por todo ello, señora ministra, aunque obviamente no vamos a negarnos a eliminar la obligatoriedad de mascarillas en espacios abiertos, no cuenten con nosotros para blanquear su indignidad, porque a nosotros nos preocupa que los derechos y
libertades de los españoles hayan formado parte de lo que Ábalos llamaba piedras en el camino que debemos desempedrar. Nos preocupa que en su primera comparecencia la ministra de Justicia de una democracia consolidada, como es la democracia
española, ataque al Tribunal Constitucional y hable de la sentencia como de la opinión de seis magistrados del tribunal, y nos preocupa que una ministra de Defensa se refiera a argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional como elucubraciones
doctrinales. Señora ministra, ustedes están poniendo en riesgo nuestro sistema de derechos y libertades y lo que está en juego es la libertad de todos los españoles, no cuenten para ello con VOX.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meijón Couselo.
El señor MEIJÓN COUSELO: Grazas, presidenta.
El premio Nobel de Física y gran divulgador científico, Richard Feynman, decía que un modo de intentar comprender la naturaleza es imaginar que los dioses están jugando a algún juego como el ajedrez; usted no sabe las reglas de ese juego,
pero se le permite mirar el tablero de cuando en cuando desde la
esquina o algo así y tal vez con esas observaciones usted pueda averiguar las reglas. Poco a poco, comentaba el físico, los observadores irían deduciendo las reglas del juego, paso a paso, empezando por las más fáciles, pero también cómo se
complica deducir el cómo y el porqué de los enroques o de un peón que se reencarna en una reina que hacía tiempo que había abandonado la partida. Así es como -decía Feynman- se producen las revoluciones en la ciencia: una sucesión de leyes que
inicialmente parece que funcionan, pero que de repente muestran una vulnerabilidad que es necesario corregir formulando una nueva ley, esto es, aprendizaje continuo y sucesión de correcciones. Llevamos más de un año sufriendo la desgarradora
pandemia provocada por el SARS-CoV-2, y el modo de enfrentarse de la ciencia es totalmente comparable con la analogía propuesta por Feynman. La ciencia está aprendiendo, y conforme va obteniendo datos y extrayendo conclusiones trata de ofrecernos
cada día sus mejores respuestas, que luego, desde la política, toca traducir al Boletín Oficial del Estado, tratando siempre de que sean las medidas adecuadas a cada momento y conforme a esa sucesión de correcciones de las que nos hablaba el premio
Nobel.
Las medidas relativas al uso de la mascarilla son una buena muestra de lo que estamos diciendo. El real decreto-ley que hoy traemos a convalidación debe entenderse conforme al momento de su publicación y a las circunstancias del momento.
Para ponernos en situación, permítanme una pequeña miscelánea de lo que decían miembros notables de distintas comunidades autónomas en días previos a ese real decreto. En Andalucía, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, afirmaba que si una
persona está tomando el sol en una sombrilla con su familia o amigos hasta un grupo máximo de seis no tenía por qué llevar la mascarilla puesta; si entraba en interacción con otros grupos, sí, como señala el real decreto. En Galicia, el presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aboga por avanzar en los cambios normativos necesarios para eliminar la obligación del uso de las mascarillas en espacios exteriores en comunidades que tengan buena situación epidemiológica y porcentaje de
vacunación alto, como señala el real decreto. En Castilla y León, su vicepresidente, Francisco Igea, aseguraba que esperaban poder eliminar el uso de la mascarilla en exteriores, salvo en concentraciones masivas, como señala el real decreto. En
Cantabria, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera una buena idea que la mascarilla deje de ser obligatoria en los espacios al aire libre. En Cataluña, -lo decía ya el señor Eritja- la secretaria de Salud Pública recordaba que
era una demanda en la que había insistido Cataluña en las últimas reuniones de la Comisión de Salud y del consejo interterritorial. ¿Y qué decir de Madrid? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, celebraba la toma de esta decisión
porque consideraba que era innecesario llevar mascarillas en espacios abiertos con el porcentaje actual de población vacunada. Esa medida hace falta, es necesaria ya, afirmaba rotundamente. No hablaremos hoy del millón de vacunas sin administrar.
Como se puede ver, son unas manifestaciones -podríamos citar más responsables y más comunidades autónomas- que casan perfectamente con los argumentos del real decreto-ley que hoy nos ocupa, real decreto-ley que no suprime el uso de las mascarillas,
sino que se limita a introducir cambios que afectan a la eliminación de su uso obligatorio en vía pública y en espacios al aire libre, pero permaneciendo la obligatoriedad de su uso en aglomeraciones en las que no pueda mantenerse la distancia de
metro y medio, en los medios de transporte público, andenes, estaciones de viajeros, teleféricos, además de otras especificaciones que relataba la ministra y que afectan a ámbitos de residencia -como las de las personas mayores-, penitenciario,
deportivo, aeroportuario... Y no olvidemos que sigue vigente el artículo 22, que dicta las sanciones para aquellos que no las cumplan.
Traer a colación el Pisuerga, señorías del PP, es un recurrido recurso parlamentario, pero lo que traemos aquí a debate no es ni la sentencia del Constitucional ni los indultos, no es el estado de alarma ni una ley de pandemias; hoy votamos
lo que votamos: el real decreto-ley de eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas al aire libre en determinadas condiciones. Estamos hablando de unas medidas prudentes, con la prudencia que siempre se ha exigido y se ha aplicado para
afrontar la pandemia, con la misma prudencia con la que hay que insistir en que la norma general es la obligatoriedad de la mascarilla, salvo en las excepciones previstas en la norma. Este es un real decreto-ley cuyo soporte no ha sido otro que la
evolución de los indicadores epidemiológicos, así como la evolución de la vacunación. Esta medida es prudente y coherente con la evolución de ambos escenarios. Por cierto, señora ministra, el grado de vacunación va por muy buen camino. Las cifras
que usted ha dado -y que no voy a repetir- constituyen una excelente noticia, salvo para el Partido Popular, parece ser, que no ha hecho ni mención a ello, quizás para que no se desmonte el relato que hoy nos han querido transmitir o quizás, como
decía el señor Illa, por querer que una batalla epidemiológica se convierta en batalla ideológica. Señora ministra, la vacunación es un gran logro que reafirma el modelo de cogobernanza, que funciona bien, que el Gobierno y las
distintas comunidades autónomas están vigilantes y adoptando medidas para acomodarlas continuamente -sucesión de correcciones decíamos- a las circunstancias de la pandemia.
Señorías, fundamentalmente señorías del Partido Popular, se lo vuelvo a decir: en política, y más en crisis, la gente espera de nosotros que sumemos y multipliquemos esfuerzos, y no lo que están haciendo ustedes: restar y dividir.
Afortunadamente, la vacunación -vacunar, vacunar y vacunar, que tanto repite el presidente del Gobierno, que tanto repite usted, señora ministra, y que tanto repite nuestra portavoz de Sanidad, la señora Ana Prieto- es nuestra ventana de esperanza y
nuestra salida de la crisis. Es un proceso de éxito de nuestro sistema sanitario de salud por lo que cabe felicitarla y felicitarnos.
Mais nada. Moitas grazas. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- REAL DECRETO-LEY 14/2021, DE 6 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. (Número de expediente 130/000054).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Pasamos al siguiente punto del orden del día, la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público.
Para presentar el Real Decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda y Función Pública.
La señora MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montero Cuadrado): Señora presidenta, señorías, buenos días a todos y a todas.
Como saben, es la primera vez que subo a esta tribuna para abordar un debate en el marco de las competencias relativas a Función Pública, que como consecuencia de la remodelación del Gobierno se han unido a las responsabilidades que ya tenía
y que, por otra parte, no me resultan ajenas ni desconocidas, porque en el Ministerio de Hacienda trabajamos mano a mano con Función Pública y porque, además, he desarrollado parte de mi trayectoria profesional en el marco autonómico justamente en
el departamento de Función Pública. Tendré la oportunidad de trasladarles próximamente cuáles serán las prioridades y las líneas de trabajo que nos vamos a marcar para esta nueva etapa y, por tanto, hoy no voy a hacer referencia a ello. Compadezco
-comparezco- para pedirles el apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley 14/2021 con el que, recordarán, el Gobierno adoptó el pasado 24 de julio medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Quiero agradecer al
ministro Iceta y a las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo -UGT, Comisiones Obreras y CSIF- la actitud proactiva para resolver uno de los problemas más importantes que tiene el conjunto de las administraciones públicas, derivado de toda
la gestión previa como consecuencia de la crisis financiera de la etapa anterior.
Me consta que -porque ha sido objeto de discusión en las últimas horas- que algunos grupos parlamentarios no comparten del todo el planteamiento o algunas de las cuestiones que estaban previstas en esta norma. Por eso, desde ahora mismo les
adelanto la voluntad del Grupo Socialista de tramitar como proyecto de ley este texto para poder incorporar cuantas mejoras sean posibles, siempre, como no puede ser de otra manera, en el marco de la legalidad. Como saben, este Gobierno es firme
defensor del diálogo y del acuerdo. Creemos que esta es la mejor fórmula para alcanzar soluciones que sean duraderas y viables en el tiempo, máxime en un tema tan complejo como este, que afecta a muchas personas y al conjunto de las
administraciones públicas, pero con una especial incidencia en las administraciones territoriales, concretamente en comunidades autónomas y en entidades locales.
A lo largo de estos próximos minutos voy a intentar desgranar cómo hemos llegado a esta situación y qué plantea el Gobierno para solucionarla, pero antes, como cuestión previa, quiero compartir con sus señorías dos reflexiones. En primer
lugar, mi principal objetivo como ministra de Hacienda y Función Pública seguirá siendo poner en el centro de todas las políticas a los ciudadanos y a las ciudadanas, mejorando para ello la calidad, la sensibilidad y la eficiencia de los servicios
públicos, la base del Estado del bienestar, y más ahora, cuando empieza la recuperación económica tras la crisis y tenemos que abordar el enorme reto de la modernización del país, un reto en el que las administraciones públicas y los empleados
públicos van a tener un papel muy destacado: tienen que ser tractores de los importantes cambios que tenemos que impulsar. Si realmente queremos ensanchar, como así queremos, la clase media en este país, este segmento de la población que queremos
que recupere posiciones que perdió en
la anterior crisis financiera, necesitamos unos servicios públicos fuertes, robustos, que estén a la altura de sus demandas, de sus nuevas necesidades y aspiraciones, de manera que al final la ciudadanía pueda sentir cada día más orgullo de
estos servicios públicos por su calidad y también por sus resultados.
En segundo lugar, quiero decirles que este es un Gobierno comprometido con el empleo estable, con el empleo de calidad. Saben sus señorías que hemos alcanzado, de la mano del diálogo social, una amplia batería de medidas que se dirigen
justamente a la aplicación de este precepto en el sector privado, a combatir la precariedad y la temporalidad de muchos trabajadores, que impiden a las familias y especialmente a los jóvenes tener un horizonte previsible de futuro estable. Esa
misma intención es la que buscamos con este texto, alcanzar un acuerdo en el marco del sector público que busque el máximo consenso posible en beneficio de los empleados y de la sociedad española. Por ello, la norma que hoy abordamos es un ejemplo
de la búsqueda de este consenso. Antes de la aprobación por el Consejo de Ministros, se celebraron dos conferencias sectoriales de Administración Pública y la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, alcanzándose
un acuerdo con los sindicatos Comisiones, UGT y CSIF. Es un acuerdo, como decía antes, que hay que poner en valor por cuanto es un primer paso realmente importante para resolver un problema que viene de lejos y que hasta la fecha no ha sido posible
abordar. De hecho, el anterior ministro de Política Territorial y Función Pública, el señor Iceta, y su equipo trabajaron en esta solución que ahora me corresponde a mí defender en esta tribuna, y lo haré con los siguientes argumentos.
El origen de este decreto-ley radica en la necesidad de contar con una solución eficaz y también corta en el tiempo para resolver de manera por lo menos mayoritaria el principal problema de temporalidad en el empleo público de las
administraciones. Es una situación que se ha engordado a lo largo de los últimos años con motivo básicamente de la no autorización de las tasas de reposición, que conllevó que no se pudieran sacar de forma reglada ofertas de empleo público que
incorporaran las plazas que en esos momentos se estuvieran ocupando por interinidad. Pero, señorías, los que tenemos responsabilidad y también experiencia en la Función pública sabemos que este no es el único elemento, que otro de los problemas con
el que cuentan las Administraciones es el proceso burocrático farragoso que ha conllevado la propia Oferta Pública de Empleo, de manera que tenemos pendientes de resolver un volumen muy importante de convocatorias que ya han sido reflejadas en los
correspondientes boletines oficiales y que todavía están en fase de tramitación o de resolución con la adjudicación de las plazas que se habían convocado. Creo que también habrá que ir trabajando en paralelo esta circunstancia y por tanto todavía,
a pesar de este decreto, queda un largo camino que recorrer en los próximos dos años para conseguir el objetivo planteado, un objetivo que pasa por que el empleo público esté por encima del 92 % de las plazas que estén ocupadas o, dicho de otra
forma, que la temporalidad se reduzca al entorno del 8 % como cifra orientativa.
A modo de ejemplo, les recuerdo que en la propia Ley de presupuestos de este año se contempló una tasa de reposición del 110 % para sectores prioritarios, entre ellos el educativo, el sanitario, el conjunto de personal que presta
asesoramiento jurídico o gestión de recursos públicos o en el control y la lucha contra el fraude. También durante esta pandemia, como sus señorías saben, hemos liberado un volumen muy importante de recursos incondicionados para que se pudiera
contratar al personal que fuera necesario en la sanidad, en la educación o en los servicios sociales. Les voy a dar un dato indicativo de este extremo. Sepan ustedes que hasta aproximadamente el mes de mayo, en el interanual -dos años de
pandemia-, el crecimiento del capítulo 1, correspondiente a las administraciones territoriales, supera el 8 %, una cifra realmente importante teniendo en cuenta que solo es achacable a la subida salarial el 0,9 %.
Todas ellas son cuestiones que derivan de la propia normativa que ha ido impulsando el Gobierno, y creo que se puede afirmar sin ningún tipo de problema que, efectivamente, las comunidades autónomas han tenido capacidad para contratar todo
el personal necesario, sobre todo en materia sanitaria -la que más presionaba-, también educativa, de los servicios sociales o de aquellos departamentos que tenían que gestionar los correspondientes recursos, todo ello para que no hubiera ningún
tipo de traba o de inconveniente al objeto de prestar la atención que exige el momento de la pandemia.
Entrando de lleno en esta cuestión que nos ocupa, quiero que sepan que tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Justicia de la propia Unión han venido señalando de forma reiterada la importancia de activar medidas que combatieran esta
temporalidad en el sector público. Por eso vamos a intentar resolver un problema que está enquistado y también vamos a intentar impedir que se pueda volver a producir en el futuro, al menos en el futuro más próximo. Por tanto, aportamos con la
norma seguridad jurídica, con una solución práctica que cumple de forma escrupulosa con la legalidad para dar respuesta a las personas que en estos momentos ocupan puestos de carácter estructural tras años de encadenar periodos de
interinidad o de trabajos temporales. Este marco para situar la temporalidad en el 8 % es el que nos mueve y lo haremos actuando en tres niveles: en primer lugar, adoptando medidas inmediatas para remediar esta elevada temporalidad; en
segundo lugar, articulando otro tipo de iniciativas para prevenir y sancionar el abuso o el fraude en la temporalidad para el futuro -fraude por parte de las propias administraciones- y, en tercer lugar, adoptando una cultura de planificación para
una mejor gestión de los recursos humanos. Por ello, en esta norma se completan los procesos de estabilización de empleo temporal que se han recogido en las anteriores leyes de presupuestos -concretamente en las de los años 2017 y 2018, con el
último proceso de estabilización-, de modo que esta norma autoriza una tasa de reposición adicional a la ya permitida para que todas, insisto, todas las plazas puedan ser convocadas a la mayor brevedad posible. Es un proceso que va a afectar a
todas las plazas de carácter estructural, esto es, las que están dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto, por supuesto,
incluidas en los procesos de estabilización de aquellas entidades que hayan convocado las del año 2017 y 2018.
Se trata de una suerte de borrón y cuenta nueva, de manera que seamos capaces de dar respuesta a las 300 000 plazas que en este momento calculamos que están ocupadas cumpliendo con estos criterios y que no fueron ofertadas en las
correspondientes convocatorias de empleo público. Por ello, el decreto ley habilita esa convocatoria de 300 000 plazas, que en la conferencia sectorial habrá que distribuir entre las correspondientes comunidades autónomas y, también, entidades
locales. Se trata de la mayor oferta pública -al menos, que yo recuerdo- de nuestra historia reciente.
También, la norma establece que la resolución de estos procesos selectivos tendrá que finalizar antes del 31 de diciembre del año 2024. Pero no solo hay que convocar las plazas, sino estudiar cuáles son los cuellos de botella que impiden
que la resolución de las convocatorias se hagan en un tiempo prudencial, de forma que no se solapen -obligando a los opositores a presentarse de forma simultánea a diferentes ofertas públicas de empleo-, que seamos más ágiles y, en definitiva, que
arreglemos aquellos problemas que puedan estar de forma burocrática entorpeciendo el proceso de resolución de estas convocatorias.
Además, se recoge en el texto que el sistema de selección podrá alcanzar la fase de concurso en un 40 % de la puntuación total, para lo que se tendrá en cuenta el tiempo trabajado, la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o
equivalente. Ello no es óbice, señorías, para que en la tramitación del proyecto de ley se incorpore al texto de forma explícita que la fase de oposición podrá no ser eliminatoria, según el criterio que marquen las correspondientes comunidades
autónomas. Ese hecho le corresponderá en exclusiva a las administraciones autonómicas y locales, y, por tanto -a petición de algunos grupos- diremos en el proceso de tramitación de forma explícita que esa fase de oposición podrá no ser
eliminatoria.
Les adelanto también que en la convalidación de este texto y a lo largo de la tramitación parlamentaria se podrán también articular procesos selectivos, objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la AGE, comunidades
autónomas y entidades locales. En definitiva, articular medidas que posibiliten esa coordinación entre todas las administraciones para que podamos desarrollarlo de forma ordenada, sin que haya, a ser posible, movimientos entre comunidades
autónomas, una situación no deseada por parte de nadie y, por tanto, en la medida de nuestras posibilidades y en la voluntad que reflejen las administraciones, poder hacer procesos concomitantes que hagan, en la medida de lo posible, que las
personas que ocupan las plazas concursen en su comunidad autónoma de referencia.
En todo caso, los procesos tendrán que garantizar los principios y el cumplimiento de la libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, como no puede ser de otra manera. Sin perjuicio de ello y, en su caso, de la normativa
propia, el sistema de selección será el de concurso-oposición, como les decía, con una valoración en esa fase de concurso de un 40 % de la puntuación total, con la experiencia en el cuerpo y pudiendo, como digo, no ser eliminatorios los ejercicios
de la fase de oposición.
En el supuesto de que en la normativa específica sectorial se hubiera previsto, se contempla que los mecanismos de movilidad o de promoción interna serán previos a la cobertura de plazas y compatibles con los procesos de estabilización.
Todo ello, señorías, en el marco de las competencias exclusivas que ostentan las comunidades autónomas.
Otro dato importante que quiero señalarles y que refleja el real decreto-ley es que se atienden las necesidades específicas de la Administración local y, en especial, de los pequeños municipios, ya que se podrán articular mecanismos de
colaboración con otras administraciones, diputaciones o cabildos que permitan que la realización de los procesos selectivos se puedan hacer de forma agrupada y ágil.
Evidentemente, la solución a este problema complejo, como es lógico, no satisface a la totalidad de los afectados, que aspiran a disponer de una plaza en propiedad tras años de encadenamiento de
contratos temporales; pero nuestra voluntad es dar respuesta a todas estas situaciones. Por ello, en este texto normativo se contemplan dos medidas que se dirigen, específicamente, al personal que pueda estar afectado por el proceso de
estabilización en el supuesto de que no superen los correspondientes procesos selectivos. En primer lugar, las personas que sí hayan obtenido una puntuación suficiente, a considerar por las comunidades autónomas, podrán ser incluidas en las bolsas
de interinos que sean específicas o que ya estén en vigor. Por otro lado, quienes no superen el proceso selectivo accederán a una compensación económica de veinte días de sus retribuciones fijas por año trabajado, hasta un máximo de doce
mensualidades; es decir, una indemnización por todo el periodo que habían venido trabajando en esas condiciones.
Igualmente, hemos llegado a un acuerdo con las formaciones políticas para la tramitación como proyecto de ley de este texto, para operativizar la aplicación del artículo 61.6 del EBEP en los casos en los que los interinos hayan permanecido
en su puesto de trabajo durante diez años y esa plaza no se haya convocado en las correspondientes ofertas de empleo. Lo explico de otra manera, para que sus señorías me comprendan. De lo que se trata es de aplicar la excepcionalidad que establece
el EBEP para aquellas personas con contratos estructurales, o interinos, que estén ocupando una plaza por un periodo de diez años, y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna de las ofertas públicas de empleo; de manera que este colectivo no
tendrá que realizar la fase de oposición.
Incluso, la norma modifica el artículo 10 del texto refundido del EBEP, especificando la causa y los términos del nombramiento del personal interino, y lo hace solo para cuatro modalidades. En primer lugar, por vacante, cuando no sea
posible cubrirla por personal funcionario de carrera con duración establecida. En segundo lugar, para sustitución transitoria, durante el tiempo que se ausente el titular, por un tiempo necesario. En tercer lugar, para ejecutar programas de
carácter temporal como, por ejemplo, aliviar las listas de espera o atender situaciones de acúmulo de tareas durante un periodo concreto. Y, por último, para este mismo ejercicio de acúmulo de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un
periodo de dieciocho meses.
Como ven, son medidas preventivas para que sea una situación proactiva la ocupación de las plazas por personal fijo, por personal de carrera, y para que no nos veamos en el futuro abocados -como muchos de nosotros nos hemos visto a lo largo
de los últimos periodos de nuestra historia- a tener que hacer convocatorias extraordinarias una vez que se constata que el volumen de personal temporal excede de una situación óptima.
Es evidente -también nos lo han advertido algunos grupos parlamentarios- que hay determinados servicios que requieren de cierta temporalidad, y yo lo comparto. Es el caso, por ejemplo, de la sanidad, que es un servicio que tiene que estar
disponible veinticuatro horas, los siete días de la semana, los 365 días del año. Por tanto, en ese ámbito pueden aparecer situaciones a las que hay que dar respuesta de forma urgente para no dejar desabastecidos los servicios. Se nos da en el
decreto-ley un periodo de un año, justamente para el personal estatutario y el personal educativo, de manera que podamos acomodar mejor una norma que sea capaz de resolver este problema, sin interferir con la necesaria intervención que a veces
tenemos que hacer en la contratación para garantizar que los servicios están disponibles.
Por ello, señorías, creo que con la norma mejoramos la definición de la figura del personal interino, lo dotamos de mayores derechos, reforzamos el carácter de temporalidad en un tiempo establecido y determinamos las causas de finalización y
de duración de estos contratos, estableciendo, además, la no discriminación entre el régimen jurídico del personal funcionario de carrera y el personal interino; una norma que se viene aplicando por las sentencias judiciales, donde saben que hemos
ido incorporando el reconocimiento de los trienios, carreras profesionales y todos los elementos de los que gozaba el personal funcionario y que, en un primer momento, en algunas de las iniciativas dejaba fuera a este personal. A partir de ahora,
lo que se aplique tendrá que ser coetáneo, simultáneo independientemente de que sea personal de carrera o sea personal interino.
La totalidad de estas medidas establecen como única finalidad consolidar este modelo de empleo público de calidad, una reforma que urge a nuestro país y que está también en el sentido que nos expresan las administraciones públicas. Por eso
reitero la voluntad de que la tramitación como proyecto de ley permita enriquecer, mejorar y buscar soluciones dentro del marco de la legalidad, brindando así desde esta Cámara un servicio útil para el conjunto de los trabajadores públicos, para las
administraciones y, por tanto, para los ciudadanos que reciben estos servicios. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Señorías, creo que la política nos tiene que permitir resolver problemas y hacerlo desde el rigor, desde la legalidad; por tanto, no podemos mirar para otro lado ni tampoco sería deseable que algunos no se plantearan esta actitud frente a
estos problemas. Por ello, les pido que voten teniendo en mente todo lo
que en este momento tenemos en juego y, sobre todo, la estabilidad de un volumen muy importante de personas que durante la pandemia -creo que sobra decirlo- han mostrado un comportamiento ejemplar en el desarrollo sus funciones.
Por último, y ante el posicionamiento crítico de algunos grupos parlamentarios en cuanto a que esta materia quede regulada en un real decreto-ley, les digo que el uso de la figura quedaba plenamente justificado con independencia de que, como
ya les he comentado, vamos a aceptar la tramitación como proyecto de ley. En primer lugar, porque era la única opción para adoptar reformas normativas y medidas de planificación con las que abordar nuestro futuro, y, en segundo lugar, porque
tenemos urgencia para llevar a cabo estas medidas a la vista de los pronunciamientos judiciales que existen, pendientes todavía de resolución con consecuencias económicas y sociales vinculados a los mismos. En tercer lugar y no menos importante,
por los compromisos que hemos asumido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia donde la reforma de la Administración pública es una línea claramente prioritaria.
Señorías, esta norma que hoy les presento para su convalidación con todos los compromisos que hemos asumido a lo largo del diálogo con los grupos en las últimas horas se acomete por razones de justicia social, por seguridad jurídica y para
cumplir los compromisos de España con la Comisión Europea. Esta norma regula soluciones frente a la situación actual de incertidumbre que afecta tanto a empleados temporales como a las propias administraciones y, por tanto, es una apuesta
consciente, decidida, que este Gobierno impulsa para establecer medidas en pos de un empleo estable y de calidad en este sector público. La apuesta por lo público, la profesionalización del modelo de empleo público o la exigencia de responsabilidad
a las administraciones a la hora de hacer uso de la figura del personal interino han sido los principios inspiradores de este real decreto ley.
Por todo eso, no quiero terminar sin volver a agradecer a las organizaciones sindicales CSIF, Comisiones Obreras y UGT el trabajo realizado durante todo este periodo previo justamente para poder llegar a acuerdos razonables, lógicos, que
defiendan los derechos de los trabajadores, que permitan también que aquellos que están opositando puedan acceder a un empleo si así es su vocación y, por otra parte -quizá lo primordial-, preservar realmente la garantía de la calidad de los
servicios públicos que prestamos a los ciudadanos. Yo creo que todos coincidimos en que esto es lo que nos mueve: tener servicios sólidos, seguros, eficientes que un país como España merece.
Señorías, espero y deseo que todos los compromisos adquiridos previamente a la convalidación de este decreto ley y que se recogerán en su tramitación como proyecto de ley -tramitación que nos comprometemos que esté lista, si la Cámara así lo
permite, antes de finalizar octubre de este mismo año 2021- permitan dar certidumbre a las personas y permitan dar, sobre todo, garantía a los ciudadanos. Con ese afán hacemos esta intervención y con ese afán tendemos nuestra mano para el consenso
y en la búsqueda de soluciones que entre todos y entre todas podamos acordar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Buenas tardes.
España, todo Occidente en realidad, padece una pandemia, una pandemia que se llama el estado de bienestar de los políticos. Los políticos en general viven muy bien, dictan sus normas desde sus castillos sin conocer la realidad del terreno,
dictan sus normas de forma irresponsable, producen desaguisados, producen pequeños desastres, producen dificultades para muchas personas y son totalmente irresponsables. Ningún ministro ha respondido nunca por los desvaríos o por los perjuicios
causados en su ejercicio de la actividad política. Ningún consejero, ningún consejero de Andalucía, por ejemplo, ha pagado por sus desmanes. (Aplausos). Y esto es una cuestión que es la tónica general en España en la medida en que este
bipartidismo se entiende entre sí, son parte de este mismo problema y, en general, los desaguisados del uno el otro no los corrige, hace un pequeño maquillaje y más o menos se quedan como están. Pensemos en esas situaciones y en los casos de
corrupción del PSOE que cuando llega el PP al Gobierno -pensemos en Andalucía- se quedan como estaban, nadie los averigua, nadie sabe nada, nadie paga los platos rotos. Lo mismo sucede al revés: esos casos de corrupción del PP que el PSOE, cuando
llega, hace labores de marketing, pero realmente no se soluciona nada, no se pone fin a las cuestiones.
VOX, a diferencia del Partido Popular, no advierte, VOX actúa porque está fuera de esta dinámica del bipartidismo. Por eso VOX, cuando ve un problema, trata de atajarlo de la mejor manera posible. Por eso, cuando hay un golpe de Estado,
VOX recurre a los tribunales, sienta a los culpables en el banquillo y los mete entre rejas (aplausos), aunque llega luego el bipartidismo para ponerlos de patitas en la calle. Pensemos también en ese estado de alarma ilegal. Cuando VOX lo ve, lo
lleva a los tribunales para que se declare inconstitucional, se anule y tenga las consecuencias oportunas. VOX no advierte, VOX actúa. (Aplausos). Y les advertimos, ahora sí, que VOX actuará, porque, si ustedes llegan a aprobar este real decreto
-que por las razones que les expondré a continuación tiene todos los visos de ser inconstitucional-, VOX actuará. Y solemos hacerlo con bastante éxito, por cierto.
Nos trae el Partido Socialista un real decreto que pretende atajar la temporalidad en el trabajo en la Administración. Quienes nos escuchen desde casa se sorprenderán y pensarán: Administración, si son funcionarios. No, no todos, muchos
trabajan en absoluta situación de precariedad desde hace muchísimos años. Bipartidismo: los unos y los otros. Esa precariedad en el trabajo en la Administración no para de crecer. Hoy en día se estima que están unas ochocientas mil personas
afectadas por esta situación precaria dentro de la Administración. Son personas que tienen una edad de entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años, una edad complicada. Son en un 70 % mujeres. Ustedes que son tan feministas, señores de
Podemos, ¿dónde está hoy la ministra comunista de Podemos?
Piensen ustedes que en la enseñanza universitaria la ratio de precariedad laboral es de un 44,68 %, según dice, por cierto, su propio real decreto; en las instituciones sanitarias, esos sanitarios que tanto nos han ayudado, a los que tanto
se ha aplaudido durante la pandemia y con los que al PSOE y al PP se les llena la boca, hay un 47,31 % de precariedad laboral y en la docencia no universitaria, esos profesores que enseñan a nuestros hijos, hay un 51,2 % de precariedad laboral,
según las respuestas escritas de este Gobierno. Entonces, vemos que hay esa precariedad laboral en la Administración y vemos a unos ministros de Podemos, como Yolanda Díaz, muy combativos contra la precariedad laboral en el sector privado, que
ronda el 23 %; sin embargo, se callan cuando hablan de la precariedad laboral en el sector público, que ustedes controlan. (Aplausos). Esto es el estado del bienestar de los políticos, mandan para los terceros, pero la casa propia se mantiene
hecha un desastre.
¿Qué pretende este real decreto? Este real decreto tiene una serie de medidas que, más o menos, se pueden resumir en lo siguiente: señores trabajadores precarios de la Administración, se irán ustedes a un concurso y van ustedes a jugarse
sus plazas en ese concurso, van a estudiar una oposición, van a sacar la oposición y van a ganar su plaza; más o menos suena lógico. Pero, señora ministra, qué sucede con esos trabajadores que están a falta de tres años para la jubilación, qué
sucede con esos trabajadores que tienen cincuenta y cinco o cincuenta y seis años, tres hijos y cargas familiares y tienen que prepararse la oposición y salir a ganar esa plaza; básicamente, están ustedes echándoles a los leones, nunca mejor dicho.
Viene usted y nos dice además que va a haber un concurso oposición, que quizás la experiencia valga un 40 %, que las comunidades autónomas tendrán que decidirlo, que quienes no saquen la oposición se irán a nuevas bolsas de interinos; señora
ministra, la inseguridad jurídica que está usted creando es absoluta, y tiene muchísimo sentido. Tiene muchísimo sentido porque usted misma califica la oferta pública de empleo de farragosa; acaba de decir aquí que los procesos de oferta pública
de empleo son farragosos y que esa dificultad justificaría el elevado porcentaje de interinos que mantienen ustedes en la Administración.
La segunda cuestión es que hablan ustedes de una indemnización de veinte días por año trabajado con un máximo de un año, justo lo que prevé la reforma laboral que tanto cacarean que van a derogar. (Aplausos). Señora ministra, se aferran
ustedes a una reforma laboral que luego se quedan afónicos de criticar; es absolutamente surrealista. Es una reforma laboral que, por cierto, también acogieron Comisiones Obreras y UGT cuando llevaron a cabo sus últimos ERE hace pocos meses.
Entonces, esto que huele a hipócrita, no huele a hipócrita, apesta a hipócrita, es sencillamente surrealista y es otro de los motivos que justifican el voto en contra de este real decreto-ley.
Ustedes introducen una limitación temporal a los contratos interinos. Esto está bien -y aquí viene la siguiente justificación por la cual nos oponemos a este decreto-ley-, pero lo cierto es que no era necesaria, señora ministra, porque la
actual redacción de la ley ya establece una serie de limitaciones objetivas -¡objetivas! ¿Me está escuchando?, porque veo que no me mira. Espero que esté tomando nota de lo que digo-, una serie de limitaciones objetivas, para la contratación
temporal en la Administración y los sucesivos Gobiernos se la han saltado a la torera. Lo que nos preguntamos nosotros es por qué iban a cumplir esta limitación de tres años si han incumplido las limitaciones que ya existen -aquí viene otra de las
respuestas-, porque, señora ministra, ustedes no establecen ningún tipo de sanción al incumplimiento
de la ley. Las administraciones están incumpliendo la ley sistemáticamente, tanto es así que las sentencias han declarado que los trabajadores están en fraude de ley en la Administración y aquí no hay consecuencias. El estado del bienestar
de los políticos, ustedes cometen ilegalidades que luego no pagan. (Aplausos). Si esta situación se estuviese produciendo en una empresa privada cualquiera, esta empresa estaría cerrada ya, la inspección laboral le habría impedido continuar
ejerciendo su actividad, y sin embargo, como es la Administración, aquí no pasa nada. Lo peor de todo es que usted misma reconoce ese fraude de ley. Usted misma ha dicho: Para que no se siga produciendo fraude de ley. Usted reconoce que la
Administración está actuando en fraude de ley y que aquí no va a haber consecuencias de ningún tipo.
Por último y casi más importante, este real decreto-ley hace reposar la solución sobre los hombros de los damnificados. Ustedes pretenden que la solución la carguen sobre sus hombros los interinos y los trabajadores precarios de la
Administración. Ustedes pretenden que ellos se ganen ahora, en un concurso, una oposición; concursos que, en muchas ocasiones, ya pasaron hace treinta años cuando ganaron su plaza de funcionarios interinos. Ustedes pretenden que aquellos que no
superen las pruebas se vayan a su casa con una indemnización de un año. Señora ministra, ¿qué hace una persona de cincuenta y cinco años con tres hijos, pendiente de tres años para jubilarse, con una indemnización del salario de un año?
Absolutamente nada. Están mandando ustedes a su casa en la más absoluta ruina a estas personas y no se les pone la cara ni colorada. ¿Por qué? Porque el estado del bienestar de los políticos les ampara. Sí, siga mirando hacia abajo, siga mirando
hacia abajo, que se ve que está interiorizando estos reproches. (Aplausos).
La realidad, para que todo el mundo lo entienda y todo el mundo lo sepa, es que el Ministerio de Hacienda y Función Pública del Partido Socialista de España está planteando el mayor ERE de España. Están planteando un ERE acogiéndose a un
régimen privilegiado con respecto al que facilita la reforma laboral del PP -que supuestamente quieren derogar- y están mandando a jugarse su suerte a 800 000 personas, señora ministra, 800 000 personas. Espero que a ellas sí las mire a la cara,
cosa que no está haciendo conmigo.
En definitiva, el principal motivo por el que vamos a votar en contra y por el que pedimos a todos los representantes públicos que voten en contra, es porque nos encontramos en una situación en la que los políticos son los culpables. Los
políticos han ido ofreciendo trabajos temporales a personas durante muchísimos años y, en fraude de ley, les han mantenido en esos puestos durante más tiempo del legalmente previsto. (Aplausos). Deberían ustedes, señora ministra, mandar también un
mensaje de agradecimiento y tranquilidad a los señores funcionarios, porque es evidente que la conversión automática del personal precario en funcionario no sería la solución. Tengamos en cuenta que el personal funcionario de España permanece en su
puesto porque lo ha ganado, permanece en un puesto por encima del cual los políticos vienen y van, comenten sus desmanes, pero los que permanecen y los que arreglan todas esas... 'cagadas'... -¿dijo usted, señora ministra?- son los funcionarios.
En definitiva, señora ministra, señores del PSOE, asuman ustedes su responsabilidad. Por favor, no manden a la calle a los servidores públicos que han trabajado tantísimo por España. Miren a los ojos a esas personas de cincuenta, cincuenta y cinco
o sesenta años, a punto de jubilarse, y atrévanse a decirles a los ojos que les mandan ustedes a jugarse su suerte en un concurso en la más absoluta inseguridad jurídica, porque recuerde, como usted misma dice...
La señora PRESIDENTA: Señor Figaredo, tiene usted que finalizar, por favor.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Recuerde, señora ministra, que usted misma dice que toda esta regulación la llevarán a cabo las comunidades autónomas, es decir, que no sabemos cómo va a funcionar. Así que, por favor, recapaciten.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Figaredo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.
En turno de fijación de posiciones intervienen, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra de Hacienda y Función Pública. Quizás porque esta norma fue gestada por otro colega, permítame que le diga que no me he creído ni una sola palabra de su argumentario, pero
lo peor es que me temo que usted tampoco se lo ha creído. En todo caso, votaré en contra de la convalidación de este real decreto-ley que atropella los derechos laborales de casi 800 000 empleados públicos interinos, que incumple
flagrantemente normativas comunitarias y jurisprudencia europea, que perjudica a los trabajadores afectados y desestabiliza a sus familias, condenándoles y reconvirtiéndoles en víctimas de las administraciones. En definitiva, para ser un Gobierno
que se define como comprometido con los trabajadores, lo disimulan ustedes bastante, señora Montero.
Con las medidas contenidas en un texto legislativo que tiene muchos visos de inconstitucionalidad -lo cual es una preocupante distinción para un Gobierno que ya acumula sentencias demoledoras- se condena a esta nueva norma a un costoso
periplo judicial, de incierta deriva y muy largo en el tiempo. Se lo ha dicho el señor Figaredo, diputado de VOX, y el que avisa no es traidor.
Señorías, estamos ante otro fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez que, tres años después de alcanzar la presidencia, arrastra a los españoles a una situación en la que se hacen tambalear la calidad y la eficiencia en la prestación de los
servicios a los ciudadanos y que deja una herencia envenenada para el futuro de la función pública y de las administraciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.
Buenos días de nuevo, señorías, señora ministra. Nueva Canarias ya ha dicho cada vez que ha podido que el abuso de temporalidad es una perversión de los sistemas democráticos que en España ha sido la norma durante muchísimos años, y eso lo
hemos sufrido todos los que hemos tenido que ver algo con el mundo de la función pública. Así pues, estamos de acuerdo en que era necesario normar para, por un lado, evitar que esta lacra se siga reproduciendo en el tiempo y, por otro, atender a
las situaciones enormemente complejas que se han producido precisamente por esa perversión. Si el real decreto-ley viniese para su convalidación en exclusiva tal y como está, nosotros no habríamos podido apoyarlo en su totalidad. Lo podemos apoyar
porque estamos de acuerdo en que debe ser tramitado como proyecto de ley. ¿Por qué? Porque hay porciones que se pueden perfeccionar.
Hay una primera situación esencial, que es la de las numerosísimas personas que han sufrido un abuso de temporalidad a lo largo de todos estos años. Esas personas necesitan un proceso singular, un proceso extraordinario de consolidación,
con las garantías suficientes para que no venga alguien y lo tumbe a la semana siguiente en el Constitucional. Esa es una situación. La otra es la situación de vaciamiento de las administraciones públicas, producto de las políticas ultraliberales
que se han seguido en los años anteriores empeñadas en machacar a las administraciones públicas. Esto implica unas tasas de temporalidad brutales y -una cuestión muy importante- la imposibilidad para un montón de gente de presentarse a una oferta
pública de empleo para poder acceder a la función pública que beneficia a esas personas y a las administraciones públicas. Por ese motivo, creemos que, si se cumple ese doble objetivo, esta es la manera de abordar la cuestión, siempre que quede
claro que nunca más debe perpetuarse la situación de estar abusando de los trabajadores públicos a través del exceso de temporalidad.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quevedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿no le da vergüenza a un Gobierno que se dice de izquierdas y progresista decir que esta es la solución para 800 000 trabajadores en fraude de ley por abuso de temporalidad? ¿No les da vergüenza decir que van a hacer la
mayor oferta pública de empleo y con eso van a acabar con la temporalidad, cuando ustedes lo que van hacer es el mayor ERE de la historia y que las condiciones de despido y de indemnización para funcionarios públicos que llevan treinta, veinte o
diez años trabajando ni siquiera se las consentirían a una empresa privada?
Ustedes mienten cuando interpretan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ustedes mienten cuando dicen que no hay una solución constitucional, porque ahí está la solución que dio
doña Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, que era crear una figura convirtiendo a estos empleados en personal fijo a extinguir, una vía constitucional, de justicia y excepcional. Y no solo eso, sino que siguen faltando
200 000 funcionarios y hay una convocatoria libre. Ustedes están diciendo en este momento a cocineras, maestros, enfermeras, sanitarios, gente del SEPE y de Justicia con cincuenta o con sesenta años, con veinte o con quince años de servicio, que se
vayan a la calle y al paro, a pesar de los fondos europeos -porque van a ser miles de millones- y necesitando las administraciones personal para gestionar los fondos europeos. Reconsideren la situación como lo han hecho en Valencia y como ustedes
lo hicieron en los últimos presupuestos para el personal en estas condiciones en empresas públicas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En último lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.
El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.
Nosotros votaremos en contra del llamado 'icetazo' porque apoyamos a los trabajadores y trabajadoras interinos que defienden su puesto de trabajo y que se han organizado en los últimos meses. Comprometidos con estos colectivos, votaremos
que no. Entendemos que es lo más consecuente, porque el relato de los hechos no es menor. Se comete un abuso de la temporalidad por parte de la Administración, se mantiene a muchísima gente en fraude de ley y, sin embargo, cuando se plantea
arreglar esto, quienes pagan los platos rotos son estos trabajadores con unas indemnizaciones miserables de veinte días por año trabajado. Serán, por tanto, estas 90 000 personas en Cataluña, estas 25 000 en el País Valencià o estas 8000 en las
Illes Balears, mayoritariamente mujeres, las que paguen los platos rotos en muchos casos y muy probablemente con despidos. Esta no era la única solución que había, no es la única solución. El propio EBEP, el propio estatuto, permitía soluciones
extraordinarias para estabilizar al conjunto de personas interinas, y precisamente hoy mismo en el Parlament de Catalunya se admitirá a trámite una ley mucho más garantista y mucho más comprometida con el derecho de los interinos e interinas a su
pues
No era la única vía y, por supuesto, no era la única solución ni la solución que tomaría un Gobierno de izquierdas, fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque ante un posible conflicto entre dos sectores de la clase trabajadora
-llamémoslo así-, es decir, entre los funcionarios y los interinos, se opta por quedar bien con los primeros -por eso suscriben el acuerdo Comisiones, UGT y el sindicato de funcionarios CSIF- y prescindir de los segundos, dar la espalda a los
segundos, mucho más precarios y mucho menos organizados. Dividir a la clase trabajadora y dividir a sectores de trabajadores nunca es una política de izquierdas. Segundo, tampoco es la opción que tomaría un Gobierno de izquierdas porque supone un
debilitamiento del sector público en línea con los recortes que ya empezó Zapatero en su momento y que continuó el Partido Popular con leyes como la LRSAL. Prescindir de trabajadores públicos nunca es una política de izquierdas. Esta noticia
(muestra una copia de una noticia) es de la semana pasada. Supongo que se lee mal. La leo: 'El SEPE externaliza la gestión del paro mientras 'despide' a 1500 trabajadores'. Esta es la dinámica que hay de fondo: debilitar al sector público y
cada vez consolidar más externalizaciones. Por tanto, no sobran trabajadores públicos de ningún tipo y por eso votaremos que no.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Botran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Eskerrik asko, presidenta.
Señora ministra, sin tener en cuenta la realidad y las necesidades de las administraciones vascas, sin acordarlo con la mayoría sindical vasca, sin tener en cuenta las propuestas de los propios afectados -de los propios interinos e
interinas-, sin dialogar con las fuerzas progresistas de esta Cámara, sin tener en cuenta las propuestas que hemos hecho llegar al Gobierno y, en consecuencia, sin una mayoría clara de momento que apruebe este decreto, así han actuado ustedes con
este decreto, más bien decretazo. En consecuencia, al no aceptarse las cuestiones que hemos planteado, hoy votaremos en contra.
Ustedes redactaron un decreto sin ninguna conversación previa, lo aprobaron sin contar con nadie y lo traen aquí esperando que las fuerzas progresistas traguemos y lo aprobemos porque sí, porque ustedes lo dictan. Pues no, así no se hacen
las cosas. Así no se trabajan consensos, así no se logran buenos
acuerdos para la ciudadanía y los trabajadores, que debería ser el objetivo compartido por todas las fuerzas progresistas y de izquierdas de esta Cámara; trabajadores y trabajadoras que hoy otra vez serán los grandes damnificados de esta
situación.
Me dirá que el decreto cuenta con el visto bueno del diálogo social; el madrileño, porque le recuerdo que lo que ustedes llaman diálogo social no representa ni a nuestra mayoría social ni a nuestra mayoría sindical y, en consecuencia, no
responde a nuestra propia realidad. Porque este Estado, que sí será plurinacional y es plurilingüe, es también plurisindical, y esto es algo que se les olvida muy a menudo. La mayoría sindical vasca señaló desde el primer momento las carencias de
este decreto y también expuso sus propuestas para corregirlo. Ustedes las ignoraron y ni siquiera se sentaron a negociar. Si lo hubieran hecho sabrían que en la Comunidad autónoma vasca y en Navarra hay más de 70 000 trabajadoras y trabajadores
del sector público que sufren la precariedad de la contratación temporal, sobre todo en sectores tan importantes como la sanidad y la educación, y que la temporalidad supera el 40 %. Son cifras inasumibles que este decreto no ataja, sino que abre
la puerta a posibles despidos y subcontrataciones, impide mediante las tasas de reposición contar con el personal necesario para el correcto funcionamiento de la Administración y perpetúa la precarización. Lejos de atajar la temporalidad, este
decreto añade más incertidumbre a las miles de personas que se encuentran en esta situación.
Aun así, aun sabiendo que era un mal decreto, que no respondía a las necesidades ni a las demandas del colectivo afectado, hemos intentado actuar con responsabilidad y les hemos trasladado una propuesta que mejoraba sustancialmente el
decreto. Hemos esperado hasta el último momento un compromiso claro por su parte para incluir estas demandas, pero no ha llegado. Les hemos propuesto cuatro compromisos claros para incluir en este decreto: que la primera fase de los procesos de
estabilización no fuera eliminatoria, pudiendo así acceder a la fase de méritos; que todo el personal de la Administración que lleve más de tres años en situación de temporalidad, que hubiera superado anteriormente un proceso selectivo y que,
debido a la no convocatoria de procesos, no hubiera podido consolidar sus puestos pudiera acceder directamente a la fase de concurso de méritos; que se suspendiera la tasa de reposición mediante los Presupuestos Generales del Estado de 2022 hasta
alcanzar al menos el 8 % de temporalidad, y también que se recogiera de manera clara que las comunidades autónomas y sus administraciones públicas cuentan con la capacidad para definir sus procesos de consolidación acordes a su situación y que se
introdujera expresamente una salvaguarda para que Navarra pudiera ejercer sus plenas competencias en materia de función pública. Todas ellas son propuestas básicas, lógicas y razonables. Pero, señora ministra, tal y como está actualmente este
decreto no soluciona el grave problema de la interinidad que miles y miles de trabajadores y trabajadoras llevan soportando tantos, tantos y tantos años, y ustedes lo saben. Han intentado poner un parche, un parche que no modificará la situación,
que no acabará con el problema y que, además, ignorará las directrices de Europa en esta cuestión.
Señora ministra, le puedo parecer un poco dura, pero, créame que lo sería aún más si estuviese aquí el señor Iceta, artífice de este decretazo. He sido dura porque nos gustaría que entendiesen que son ustedes los que deben ganarse el apoyo
de los grupos, y no al revés. Son ustedes los que deben compartir la agenda legislativa y ser permeables a las demandas que les hacemos las fuerzas de izquierda y a las que les hacen los colectivos afectados por sus leyes, y no esperar que les
apoyemos porque sí. Así ni se gobierna ni se avanza ni se afianza la mayoría progresista que existe en esta Cámara. Espero que reflexionen, escuchen y atiendan a los afectados y a los sindicatos vascos mayoritarios. Esperamos que dialoguen
también con los grupos de esta Cámara no en el último minuto, no a última hora, y que valoren y acepten las propuestas que les hacemos. Esperamos que, tanto si este decreto finalmente pasa este trámite como si no, desde mañana mismo comencemos a
hablar para hacer un buen decreto que responda a las demandas de los trabajadores y de las trabajadoras y acabe de una vez por todas con la precariedad que llevan soportando tantos y tantos años. Si su compromiso es claro, le muestro nuestra
disposición a empezar mañana mismo, porque nuestro único objetivo sigue siendo y es una vez más mejorar las condiciones de los vascos y de las vascas y también de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública. Señora ministra,
comencemos a trabajar desde ya para hacer un buen decreto. No pierdan esta oportunidad.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aizpurua. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos la convalidación del Real Decreto-ley 14/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y, asimismo, para evitar que en el futuro se generen nuevas bolsas de temporalidad. Ambos bloques de
medidas responden también a la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico español a la Directiva 1999/70, que acoge el acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión relativa a
las cláusulas cuarta y quinta de ese acuerdo marco, así como a dar respuesta positiva a las reiteradas recomendaciones de las instituciones europeas sobre la necesidad de que España ponga fin a sus elevadas tasas de temporalidad; recomendaciones
que se han acogido, como ya se nos ha señalado, a través de la reforma 1 del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas a finales de abril pasado.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco comparte la necesidad de reducir la elevadísima tasa estructural de temporalidad en el sector público, así como de prevenir que vuelva a producirse. Sin embargo, consideramos que el decreto-ley que
debatimos no aborda esta problemática adecuadamente, al menos en todos sus puntos, sin perjuicio de que algunas de sus cuestiones podrían solventarse si se tramitara como proyecto de ley.
Señorías, como es conocido, buena parte de las objeciones y sugerencias que muchas comunidades autónomas fueron manifestando en las distintas reuniones de la Conferencia Sectorial de Administración Pública y en la Comisión de Coordinación
del Empleo Público, no han sido atendidas. Así, siempre se ha pedido algún compromiso sobre la limitación de las tasas de reposición, que ha sido la principal causa de la alta tasa estructural de temporalidad en el empleo público y que se concentra
mayoritariamente en los servicios públicos de educación, sanidad, salud, justicia, servicios sociales y Administración pública que da soporte a todos los servicios públicos; tasas de reposición que pueden volver a convertirse en el talón de Aquiles
futuro del Estado del bienestar si, como las sufridas casi ininterrumpidamente desde 1993 y para no dejar vacantes y sin cobertura servicios públicos, vuelven a conducirnos a altas tasas de temporalidad al no poder ofertarlas en OPE. Por esto, no
compartimos las medidas de adecuación presupuestaria de la disposición adicional tercera; ni tampoco que en la misma disposición adicional se articule una autorización -que en realidad es una limitación- para cubrir las vacantes con personal
temporal cuando esto es consustancial a los principios reguladores del empleo público; ni que las únicas vacantes a cubrir transitoriamente sean solo las que traigan causa de jubilación, cuando puede haber otras causas para plazas sin titular,
regulación que, por cierto, encubre una tasa de reposición.
También nos parece manifiestamente mejorable la regulación que se realiza de la indemnización económica. Así, para los procesos de estabilización que son abiertos y no restringidos, nos preguntamos si es justa causa para su percepción la
pérdida de empleo por no superar un proceso selectivo, independientemente de que sobre la persona que lo sufre se produzca la situación de abuso en los términos de la cláusula quinta del acuerdo marco. También nos preguntamos si es razonable pagar
una compensación económica completa a quien pudiera volver a ser contratado, pese a haber suspendido y haber perdido su puesto de trabajo, al haberse incorporado a bolsas de interinos, tal y como posibilita o habilita la adicional cuarta. Y también
nos preguntamos, junto a muchas comunidades autónomas y entes locales, si estas indemnizaciones no debería pagarlas el Estado, ya que esta interinidad estructural se ha generado, en muchos casos, tras reiteradas tasas de reposición impuestas desde
1993 en la mayoría de las leyes presupuestarias estatales.
Igual valoración no positiva tenemos que realizar de la regulación de la indemnización para los procesos de contratación temporales a partir de la entrada en vigor del decreto-ley por su vinculación a unos plazos escasos y difíciles de
cumplir para cubrir con personal fijo las vacantes cuando los recursos ante los tribunales de justicia, tanto de las OPE como de las convocatorias, pueden paralizar los procesos de selección hasta las sentencias firmes.
Por otra parte, señoría, los procesos de estabilización contemplados en el decreto-ley también nos generan variadas inquietudes, más allá de las ya comentadas, respecto a los tiempos de gestión y finalización de los procesos y por los
motivos ya expuestos. Así, destacaríamos, entre otras cuestiones, la limitación de la estabilización a plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a diciembre del año pasado, es
decir, vacantes cubiertas durante tres años ininterrumpidamente por personal interino pero que han podido ir cambiando de titular temporal. Por eso, señoría, nos preguntamos qué pasa con las plazas que hayan estado menos tiempo pero cubiertas
también indefinidamente por personal temporal y que a día de hoy se encuentran en esa circunstancia. Ni
a esas plazas vacantes ni a sus ocupantes les será de aplicación el proceso de estabilización, por las limitaciones temporales que se articulan, ni la nueva regulación del EBEP sobre el tiempo máximo de permanencia de un temporal en una
vacante, porque la transitoria segunda del decreto-ley dice que estas medidas del EBEP, el artículo 1 del decreto-ley, solo se aplican a los contratos suscritos a partir de la entrada en vigor del decreto-ley.
En definitiva, nos preguntamos qué sentido tiene dejar esta bolsa de plazas anteriores al decreto-ley -o, en su caso, a la futura ley- sin incorporarlas a un proceso de estabilización y sin poder aplicarles a sus ocupantes temporales las
nuevas disposiciones del EBEP. Es decir, creemos que se dejan en un limbo y esto no nos parece razonable.
En definitiva, señorías -y voy finalizando-, el decreto-ley nos suscita inquietudes jurídicas, pone en cuestión políticas de recursos humanos de comunidades autónomas y obvia parte de sus propuestas. Todos compartimos la preocupación por la
temporalidad estructural en el empleo público tanto desde el respeto a la seguridad en el empleo de las personas -como usted ha señalado, señora ministra- como a la mejor prestación de los servicios públicos, pero el decreto-ley tiene, a nuestro
juicio, notables deficiencias que deberían poder ser subsanadas en trámites futuros si llegaran a posibilitarse, además de subsanar la falta de una cláusula de salvaguarda respecto a...
La señora PRESIDENTA: Señor Legarda, tiene usted que terminar, por favor.
El señor LEGARDA URIARTE: Sí, finalizo. Dos palabras.
... respecto a la aplicación de sus disposiciones a las autoridades forales, tal y como hoy dispone la adicional segunda del EBEP.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra Conesa.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Señora ministra, entiendo que sea usted, como nueva titular de estas competencias, la que haga esta intervención, pero no me parece de recibo que no esté aquí el autor de este real decreto, el señor Iceta. No está prohibido que ocupe el
escaño el autor de este real decreto (aplausos) para que venga por lo menos también a hacerse cargo de esta acción de su Gobierno.
Mire, uno tiene la sensación de que el Gobierno y los grupos que lo sostienen -y también algunos de la oposición- están abordando por primera vez un asunto que preocupa al personal interino desde hace al menos veinte años; y digo veinte
años porque fue en 2001 cuando Europa dictó la directiva que a día de hoy se sigue incumpliendo en España y que básicamente pide dos aspectos muy concretos: la no discriminación entre el personal fijo y el temporal y la prohibición del abuso de la
temporalidad. Han pasado veinte años, ha habido Gobiernos del Partido Socialista, ha habido Gobiernos del Partido Popular y no se ha hecho nada, nadie ha escuchado a los interinos. Lo digo porque que el Gobierno viene aquí hoy y parece que esto
fuera cosa de los últimos meses. No, señorías, este es un problema que existe desde hace muchísimo tiempo y que tiene como consecuencia algunas situaciones que son conocidas por todos.
Hablamos de personas que están encadenando hasta trescientos contratos en un año. Hablamos de personas que llevan ocho o nueve años en esta situación esperando un proceso selectivo que no se dado en doce años. Imagínense ustedes a una
persona con experiencia y compromiso demostrados y que tiene que acceder a este proceso en un momento delicado personalmente o con cincuenta y cinco o sesenta años, como ya se ha dicho aquí. ¿Qué les decimos? ¿Que se les compensa y listo? ¿Y
quién les compensa todos esos años de sucesivas inacciones de los Gobiernos del PP o del PSOE? A una persona que ha aguantado hasta treinta o cuarenta nombramientos siendo interino se le exige de nuevo demostrar su valía sin que nunca haya sido
cesado, y encima parece que se les hace un favor. España lleva mucho tiempo asistiendo a una consolidación del abuso de la temporalidad y esto es lo que nos ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que les ha dado la razón a estos
colectivos en numerosas ocasiones.
Por lo tanto, señorías, señora ministra, señor Iceta -que no está-, no tenemos un problema de la coyuntura actual, tenemos un problema de fondo, estructural, y la respuesta ofrecida por el Gobierno no
es que se quede corta, sino que nos parece inexistente. Y ya veremos si para sacar adelante este decreto además se les hace otra concesión a los separatistas en forma de vayan ustedes a saber qué. Señorías, las personas que están en una
situación de interinidad -que son hasta un 30 % de los servidores públicos en el caso de las autonomías- no solo es que tengan un contrato temporal que no se corresponde con su situación de años de servicio, sino que ven limitadas por su tipo de
contrato muchas coyunturas vitales como, por ejemplo, algo tan básico como pedir una hipoteca. Por eso es cuando menos sonrojante que el señor Iceta, ministro fugaz de esta cartera, pretenda arreglar esto con un decreto hecho en pocos meses, ¡y a
otra cosa! ¿Pretende buscar el aprobado el señor Iceta de algo que parece que ni su jefe, el señor Sánchez, le aprueba? Porque le ha dejado muy poquito tiempo en esta competencia.
Miren, señorías, son muchas las causas que hacen que la elevada tasa de temporalidad sea un problema estructural: los recortes y la contención del gasto público en los últimos años; la disparidad entre la dimensión de las necesidades y la
capacidad real de financiación de las necesidades; que no hay planificación estratégica en las convocatorias ni agilidad. ¿Alguien cree que esto puede arreglarse con un real decreto? Porque resulta que esta es la forma ya normalizada y
naturalizada por este Gobierno para cualquier cosa.
¿En qué basan esa urgencia? Nos decía la ministra que la alta tasa de temporalidad compromete y afecta la labor de profesionales, que si los compromisos europeos... ¿Pero, entonces, por qué llevan tres años permitiendo estos servicios
públicos de mala calidad -como se diría- y no están haciendo nada? Porque la calidad también la relacionan ustedes con la interinidad. ¿O por qué excluyen de este decreto al personal sanitario y al personal docente, que son precisamente los
responsables de servicios tan esenciales? Es más, si ustedes realmente quisieran haberlo hecho rápido, tenían una buenísima ocasión de haber comenzado cuando ya desde mi grupo les planteamos en los presupuestos una enmienda para encauzar esta
situación de abuso de temporalidad.
Por eso, llegados a este punto, aclaremos aquí la problemática a la que queremos dar respuesta. No es la situación puntual, sino el abuso de temporalidad y las situaciones de fraude por las que España ha sido advertida, sancionada y
condenada. Eso causa frustración vital y hastío entre cientos de miles de servidores públicos.
Por lo tanto, señorías del Gobierno, tampoco estamos satisfechos ni podemos estarlo con este decreto. Lo consideramos insuficiente porque carece de una solución real para quienes están en situación de fraude. Hemos debatido este asunto
alguna vez en Comisión y conocen la postura de Ciudadanos. Abogamos por empezar la casa por los cimientos y rehuimos de operaciones de maquillaje como esta. Créame que los interinos que hoy nos están escuchando, que son muchísimos, nos lo
agradecerán. Nosotros tenemos una solución que ya hemos expresado.
Habla el Gobierno de 300 000 personas, que no es poco, pero lo cierto es que la cifra podría estar en torno a 800 000. No está nada claro. ¿Cómo pretenden ustedes abordar un problema sin conocer exactamente su dimensión? Por eso, nosotros
pedimos la elaboración de un mapa del fraude, para ver quiénes llevan en esta situación al menos tres años y si su situación se adecúa a las condiciones que lo motivaron. Además, cuando se evidencie que la relación es sucesiva, la Administración no
podrá ofertar la plaza hasta que se resarza al empleado público contratado en fraude de ley y se aplique la sanción a la Administración. Se debe garantizar que las administraciones públicas tengan actualizadas sus relaciones de puestos de trabajo,
que aprueben en plazo las convocatorias y que haya una estrategia de recursos humanos planificada.
En conclusión, señorías, ni ustedes ni ningún Gobierno se merecen que este Parlamente dé luz verde a un parche como este cuando llevamos más de veinte años con un problema estructural, que ya ha condenado a cientos de miles de españoles a no
salir de un empleo temporal y a pasar más de media vida profesional encadenando vacantes y, lo que es peor, realizando un servicio público a este país que no se reconoce con mayúsculas ni se adecúa a sus funciones. Un decreto ley es la salida fácil
a la que están acostumbrados, pero nos parece fundamental acabar con las situaciones de fraude y ahorrarnos más bochornos y reproches de Europa.
Por último, me temo que si esta Cámara es responsable, la próxima ley, que espero que sea una ley y que nos la traiga usted, señora ministra, y no el señor Iceta...
La señora PRESIDENTA: Señor Espejo-Saavedra, tiene usted que terminar, por favor.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: ... porque no es que él carezca de autoridad para ello, sino que se la ha quitado su propio jefe, el señor Sánchez.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo-Saavedra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
El BNG va a votar en contra de la convalidación de este decreto, en defensa de una solución justa para el personal interino en abuso de temporalidad y fraude de ley y en consonancia también con el sindicalismo mayoritario en mi país, en
Galiza, que rechaza este decreto por razones similares a las que en este momento vamos a explicar.
El Gobierno, en reuniones mantenidas con los sindicatos, anunció tres líneas de actuación para la reducción de la elevada tasa de temporalidad en el empleo público, todas ellas necesarias para lograr tal objetivo ahora y en el futuro. Según
el propio Gobierno, se debería abordar en la modificación del EBEP la flexibilización de la tasa de reposición de efectivos, aunque el BNG y los sindicatos, como, por ejemplo, la Confederación Intersindical Galega, en Galiza, continuamos exigiendo
la eliminación de esta tasa de reposición de efectivos porque es una de las claves. Y, por último, se debería abordar un proceso de estabilización.
Sin embargo, ahora solo se aborda una de estas tres reformas, la modificación del EBEP, que por sí sola no puede solucionar el problema, pues, para empezar, no se contempla ninguna propuesta dirigida a que el abuso en la contratación
temporal derive en la creación de nuevas plazas fijas y en su incorporación a las ofertas de empleo público. Tampoco se incorpora al texto una solución excepcional al problema de la temporalidad acumulada, apostando por unos verdaderos procesos de
consolidación de empleo, respetando todos los ámbitos de negociación territoriales o sectoriales y atendiendo a sus especificidades. Así, en el caso de que cese el personal interino, este no tendrá derecho a indemnización. Consideramos que el
establecimiento de un periodo de prueba es innecesario, pues no debe exigirse para personas que ya superaron un proceso selectivo reglado. Tampoco podemos compartir algún otro aspecto de la propuesta, como la negación del derecho a la carrera
profesional al personal interino mientras no consiga la condición de funcionario de carrera.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. Su tiempo ha finalizado.
El señor REGO CANDAMIL: En definitiva, no podemos dar nuestro apoyo.
Obrigado.
La señora PRESIDENTA: Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gràcies, presidenta.
Señora ministra, nosotros vamos a votar no, por varias razones. De la génesis, de la gestación del real decreto-ley, no le voy a hablar a usted porque, efectivamente, no es responsable, pero quiero hacer solo un apunte: cuando ustedes
vienen aquí y traen un real decreto-ley sin haber hablado antes con los grupos parlamentarios y dicen que ya lo tienen pactado -en este caso, en el marco de la Función Pública y con algunos sindicatos-, ustedes saben que esto no es suficiente,
porque los que votamos aquí somos los diputados, y más concretamente en el caso de Cataluña, donde los sindicatos que acaban firmando este acuerdo en muchas de las administraciones públicas en Cataluña no son mayoritarios y no representan a los
trabajadores públicos en Cataluña. Pero, en todo caso, eso no es un elemento determinante.
Respecto a las dos cuestiones que plantea el real decreto-ley, estamos de acuerdo en que tenemos un problema que se debe solucionar y que la temporalidad en la Administración pública no es de recibo en los actuales parámetros. Por tanto, en
la parte primera del artículo primero podemos estar de acuerdo, más allá de matizaciones sobre cómo se solventa esto de aquí al futuro, pero no estamos de acuerdo en cómo plantean ustedes resolver el problema que tenemos creado con estos centenares
de miles de interinos -ya no me atrevo a cuantificarlos, cerca de 800 000- en la Administración pública del conjunto del Estado español.
La solución que ustedes plantean viene a ser la siguiente. El sujeto activo -es decir, la Administración pública- le plantea al sujeto pasivo -las personas interinas- lo siguiente: tenemos un problema, vamos a solucionarlo, pero el
esfuerzo para solucionar este problema no lo va hacer el sujeto activo, sino el sujeto pasivo. Nosotros entendemos que dentro del marco de la estricta constitucionalidad puede haber
soluciones que no requieran -como usted está planteando- un concurso oposición, con más o menos matizaciones, y entendemos que no es la misma situación la de aquel interino que lleva cuatro años en la Administración pública que la de aquel
interino que lleva quince o veinte años. Además, si el real decreto se aprueba como está, va a generar un problema especialmente en las corporaciones locales, en los ayuntamientos, aunque ustedes digan que hacen un esfuerzo. Por tanto, nosotros
tenemos que votar rotundamente no y, en el caso de que al final la aritmética parlamentaria les permita sacar adelante el real decreto-ley, vamos a presentar enmiendas para que se corrijan, más allá de lo que usted ha anunciado, algunos aspectos en
beneficio del conjunto de la Función Pública y en beneficio de los interinos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bell, ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
También por el Grupo Parlamentario Plural, y en último lugar, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenos días, señora presidenta, señora ministra, señorías.
La verdad es que nos sorprende que un Gobierno que se autodenomina el más progresista de la historia haya aprobado un real decreto-ley tan frontalmente contrario a los intereses de los trabajadores públicos y, por tanto, a la calidad de los
servicios públicos. Del Partido Socialista se puede esperar todo, pero estamos realmente ansiosos por ver qué nos va a decir Unidas Podemos, que ya votó en el Consejo de Ministros a favor de este real decreto-ley, y también qué nos van a decir los
demás partidos socios del Gobierno que votarán a favor. ¿Qué cara van a poner ante sus bases y sus votantes, qué cara van a poner ante los sindicatos después de apoyar esta medida?
Todos sabemos cuál es el problema de fondo: un abuso en la contratación temporal en el sector público que ha generado una enorme bolsa de empleo precario, con una afectación personal muy importante y con un sesgo de género, porque es
especialmente grave en los colectivos más feminizados: educación, sanidad, servicios sociales, etcétera. Nosotros nos vamos a oponer a la convalidación de este real decreto-ley porque no hay absolutamente ninguna razón para abstenernos, no digamos
ya para votar a favor.
La sustituta del señor Iceta en el Ministerio de Política Territorial, la señora Rodríguez, ha hablado mucho de lecciones a los independentistas en los últimos días, pero aquí la única lección la ha dado el señor Iceta, una lección
concretamente de prepotencia, arrogancia, de falta de sentido común y de lo que no se debe hacer si quieres que te aprueben una ley. En primer lugar, el señor Iceta presenta una iniciativa sin ningún tipo de diálogo con los colectivos afectados.
Nosotros hemos hablado con los sindicatos mayoritarios entre los trabajadores públicos de Cataluña y todos coinciden en una oposición frontal a la propuesta. En segundo lugar, el señor Iceta ha utilizado una tramitación de urgencia, el decreto-ley,
que anula toda posibilidad de debate para cumplir con una directiva europea de hace veintiún años. ¿Dónde está la urgencia? Por favor, seamos serios, estamos hablando de modificar una norma básica de la Función Pública como el EBEP. Finalmente,
el decretazo incumple la normativa en la jurisprudencia europea, no establece ninguna medida sancionadora que pueda disuadir al Estado de continuar con la temporalidad y el fraude de ley y, de hecho, los procesos selectivos de libre acceso y la
indemnización de 20 días por año trabajado; al contrario, lo que hacen es perpetuar la situación de abuso y ponen en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo. En definitiva, para poner fin al excepcional abuso en la temporalidad del sector
público, para dar estabilidad y fijeza a los trabajadores públicos, esta no es la vía.
Finalmente, nuestras condolencias a la ministra de Hacienda, señora Montero, por ser la víctima de la broma pesada del señor Iceta de dejarle esta herencia envenenada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gràcies, presidenta.
Diputadas, diputados, buenos días. O no. Vamos a ver. En primer lugar, yo quiero decir que probablemente con Iceta tuvieron un problema porque fue muy poquito tiempo ministro de Función Pública y Administraciones Territoriales y a lo
mejor no le contaron que no tenían mayoría absoluta y que, por tanto, todas las normas con un determinado impacto, aparte de pactarlas con quienes ustedes crean
conveniente, cosa que no quiere decir que represente lo que nosotros creemos que debe ser la negociación, deben pactarse con los diputados y con los grupos parlamentarios. Y eso es aviso para navegantes, porque, como todo el mundo sabe,
hemos modificado nuestra posición exactamente en cinco horas. Creo que hacemos bien y por eso lo vamos a hacer, y creo que debemos una explicación a todas las personas que esperaban de nosotros un voto y que se van a encontrar con otro.
En el diagnóstico, todas las fuerzas que estamos aquí coincidimos: 800 000 personas o 300 000, según los cálculos más pequeñitos, se encuentran en un momento donde pueden perder su trabajo por la inacción y por la incapacidad de las
administraciones de convocar las plazas cuando tocaban y por la gran capacidad que ha tenido el Estado para no flexibilizar las tasas de reposición. El Estado crea el problema. Las comunidades autónomas y los entes locales deben dar servicios a la
ciudadanía, pero la tasa de reposición está en manos del Estado, de forma y manera que, efectivamente, la Administración General del Estado tiene una temporalidad del 8 % y, por eso, durante tiempo han hecho como si no fuera con ellos, y hemos
acumulado en las comunidades, en los ayuntamientos, en las diputaciones y en otros entes locales toda esa altísima tasa de temporalidad. Efectivamente, alguien lo decía, en sanidad, en enseñanza, en las residencias, con las cuidadoras, con -alguien
lo decía también- un personal de avanzada edad y un personal básicamente feminizado. Todo eso es cierto. Y también es cierto que el decreto-ley que presenta ni tenía que gestionarse por la vía de la urgencia ni tenía que llegar a este Congreso sin
apoyos suficientes. Eso es así, pero aquí estamos. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Cuando tramitemos ese proyecto de ley -porque, también se lo digo, si hoy lo tumbamos, difícilmente nos van a presentar uno mejor porque lo van a pactar con las
derechas-, introducir todas las garantías que venimos manteniendo desde hace dos años para que se cumpla la jurisprudencia europea y para que se cumplan los derechos de los trabajadores. Efectivamente, hemos llegado a un acuerdo. Para nosotros es
fundamental que el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público fuera reconocido como norma aplicable en determinados casos, porque lo cierto es que si la reconoces como aplicable en un caso, la puedes extender para el resto. ¿Qué hemos
pactado? Que se aplique para los colectivos que no han tenido oposiciones en diez años, y durante la tramitación del proyecto de ley, ya que ustedes han aceptado que esto se introduzca en el proyecto de ley, vamos a intentar extenderlo.
¿Qué más hemos aceptado? Que las pruebas no sean eliminatorias. La verdad es que nosotros proponíamos que las pruebas no fuesen en ningún caso eliminatorias, pero ahí nos han dicho que entra en colisión con las competencias autonómicas;
¡fíjense! Se dan cuenta ahora de que hay competencias autonómicas, pero vamos a hacer ver que lo respetamos. En cualquier caso, en nuestras administraciones podremos hacer que esas pruebas no sean eliminatorias en las convocatorias de oposición
(aplausos), para no tener siempre la espada de Damocles en nuestra espalda, porque si no todo es inconstitucional y automáticamente recurrido.
¿Qué más conseguimos? Como mínimo, conseguimos que durante la vigencia de este real decreto, que se prevé cortísima porque el otro aspecto de la negociación ha sido que a mediados de octubre vamos a tener el proyecto de ley tramitado y
aprobado y, por tanto, va a ser de una duración mínima... Sí, señores diputados, nosotros también sabemos que dilatan los plazos de enmiendas, pero tenemos un acuerdo, y en este momento vamos a ver la sinceridad y la lealtad del Grupo Socialista.
Debemos hacerlo, porque si no -insisto- el antiguo EBEP quedaría en vigencia, y eso permite a cualquier Administración convocar las plazas. Por tanto, pregunto qué es más seguro para esas 800 000 personas a las cuales queremos dar derechos,
queremos dar estabilidad y queremos dar justicia, y en este preciso momento, aceptado el artículo 61.4, aceptado que estará en octubre y aceptado que las pruebas no van a ser eliminatorias, es dar la posibilidad de que se tramite. Pero les advierto
de que vamos a estar pendientes de introducir otras cosas, porque es cierto que nosotros creemos que la jurisprudencia europea no permite hacer competir en las mismas oposiciones abiertas a las personas que son objeto de abuso y a las que no, y eso
lo han puesto blanco sobre negro; por tanto, debe trasladarse al proyecto de ley. También creemos que la indemnización que ustedes han previsto a futuro es realmente cicatera y mezquina y que tiene que ver con una reforma laboral que ya no sabemos
cómo pedir que se derogue.
Por tanto, señores del Partido Socialista, tiene una última oportunidad de cumplir con sus acuerdos. Por favor, por una vez, estén a la altura. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vallugera. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia Hurtado.
El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora ministra, por la defensa del decreto. Es verdad que compartimos con otros grupos que la situación que le ha quedado a usted es un poquito difícil en algo en lo que su equipo y usted exactamente no han estado trabajando
previamente. Por tanto, le ha venido dado de alguna forma.
Nosotros entendemos que había tres elementos en este real decreto que estaban desde el primer momento encima de la mesa y que era necesario atender, que se han intentado atender. Por un lado, efectivamente, estaba la necesidad de adaptar la
normativa española al cumplimiento de la Directiva 1999/70 de la Unión Europea y del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada que se recoge en ella y, por otro lado, la necesidad de que se reduzcan los altísimos niveles de precariedad,
de temporalidad y de abuso de temporalidad que existen en las administraciones públicas y la situación de los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, interinos e interinas -que, posiblemente, haya sido de lo que menos se haya preocupado el
contenido del decreto-, que como consecuencia de esa falta de adaptación de la normativa española a la directiva europea han venido trabajando en situación de abuso de temporalidad durante muchos años.
Nosotros entendemos que en la primera cuestión, la de la adaptación de la normativa, está todo muy claro. De hecho, hay procedimientos de infracción abiertos contra España para ver si efectivamente cumple o no con las cláusulas de ese
acuerdo marco, el procedimiento de infracción 2014/4224 y el procedimiento de infracción 2014/4334. Por otro lado, está la sentencia -que ya se ha citado aquí- del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020 y el auto de 2 de
junio de 2021, que básicamente nos vienen a decir algo que es muy grave, que el Estado español tenía una normativa que permitía y de alguna forma incluso amparaba que se cometieran situaciones de abuso con el personal temporal que trabaja para las
administraciones públicas. Por tanto, entendemos que se ha hecho un esfuerzo considerable para cambiar esta normativa y adaptarla a la normativa europea; que se ha establecido, como nos pide la normativa europea, que se limite el número máximo de
años que las personas pueden estar ocupando estas situaciones de temporalidad; que se pidan responsabilidades a las administraciones; se da la posibilidad a la Administración de que cese de oficio a las personas cuando incumplan el tiempo máximo
de años y, además, que esa plaza ya solo pueda ser cubierta por personal funcionario de carrera, etcétera. Entendemos que esa parte era menos problemática y probablemente podría incluso tener un cierto respaldo y acuerdo en esta Cámara.
Hay una parte que se ha comentado también que tiene que ver con las indemnizaciones. Sí que es verdad que nosotros creemos que podrían ser más altas, porque se recoge una indemnización que, a nivel de lo que hemos criticado de la reforma
laboral del Partido Popular, no nos parece apropiada. Pero el problema principal lo hemos visto, sobre todo, en cómo se ha gestionado la situación del personal interino que ya se encuentra en situación de abuso. Creemos que es muy evidente que el
propio planteamiento del decreto nos está diciendo que se está cometiendo un abuso y, por tanto, si se está cometiendo un abuso, creemos que la respuesta de la Administración a ese abuso no puede ser cometer una injusticia todavía mayor con este
personal; esa injusticia sería, por supuesto, que se fueran a la calle y con una indemnización muy pequeña. Por tanto, lo analizamos y tuvimos claro desde el primer momento que el contenido del decreto había que mejorarlo y había que hacerlo más
justo para el personal que ha estado en abuso de temporalidad. Hicimos una serie de planteamientos que eran planteamientos de mínimos, porque nosotros entendíamos que todas las vías eran posibles. Entendíamos que, al final, se trataba de una
cuestión de voluntad política, que incluso la vía de la fijeza era posible que se hubiera estudiado y que se hubiera analizado, pero también entendemos que en esta Cámara hay dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, que nunca van a
aceptar esa vía. Entre los dos suman mayoría absoluta y, por tanto, intentar negociar en esa clave no tenía ningún sentido. Por eso, nosotros planteamos, como mínimo, dos soluciones, y nos alegramos de que finalmente se estén contemplando en el
anuncio que usted ha hecho aquí. Por un lado, los artículos 61.6 y 61.7 del EBEP, que se estudiara la posibilidad de que, en determinadas condiciones, se utilizara solo la figura del concurso de méritos para algunos de estos trabajadores; y lo
mínimo, mínimo, mínimo es que, para el global de los trabajadores en situación de abuso, cuando se vayan a presentar a los procesos de selección se les compute la experiencia que han acumulado como consecuencia de este abuso y no estén obligados a
aprobar una oposición para que de esa forma lleguen a la fase de méritos. (Aplausos). Entendemos que esto se está recogiendo, que hay voluntad de que se trabaje y que hay voluntad de que, con su tramitación como proyecto de ley, estas garantías
para mejorar la situación de justicia con los colectivos de interinos e interinas se van a incorporar.
Por esa parte, no es que estemos satisfechos con el contenido del decreto, pero sí creemos que se están produciendo avances importantes y que si estos se lleva efectivamente a la mesa de negociación, se acuerdan los plazos que se han marcado
y se reflejan los contenidos que se están acordando, habrá una mejora sustancial para la situación de estas personas. Seguramente, muchos de ellos y de ellas hoy sentirán más tranquilidad de la que sentía ayer cuando solo conocían el contenido
previo del decreto.
No obstante, queremos decir -creemos que es importante también, ya lo han dicho otros grupos- que debemos tomar nota de lo que ha ocurrido. Es verdad que en un tema tan importante como este, cuando además las posiciones de los diferentes
grupos se conocían de sobra porque lo hemos debatido un montón de veces en este mismo Pleno y en la Comisión, se sabía perfectamente que presentar un texto como el que se ha presentado iba a generar problemas y cuáles eran las posiciones de los
grupos. Por favor, antes de presentar un texto tan importante, cuando además se tienen que cumplir unos plazos porque así nos hemos comprometido con Europa, háganlo hablando en primer lugar con los grupos de esta Cámara, intentando negociar el
contenido y trayéndolo aquí con la garantía de que va a salir adelante y de que no vamos a tener que estar en una negociación de última hora, en la cual, al final, todo se negocia contra reloj y no se pueden hacer las cosas de la manera en la que se
debería en temas tan serios como este.
Por tanto, vamos a votar a favor. No nos gusta completamente el contenido del decreto. Creemos que se están produciendo avances y, por esa vía, nuestro compromiso va a ser que en su tramitación como proyecto de ley vamos a seguir peleando
para que se mejore todo lo posible el contenido del decreto y para evitar que ni una sola de estas personas que han estado en situación de abuso de temporalidad se vea en la calle y con una indemnización que es la escala más baja de la reforma
laboral.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Honrubia. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora De Luna Tobarra.
La señora DE LUNA TOBARRA: Buenas tardes, señora presidenta y diputados.
Señora ministra, hoy le ha correspondido a usted la defensa del Real Decreto-ley 14/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público. Han dejado patente que la Función pública para este Gobierno es un tema
menor y sin importancia, ya que en menos de dos años han cambiado tres veces de ministro.
Después de los bandazos y de la falta de continuidad en la política de Administración pública, vemos que al final han imitado al Gobierno del Partido Popular, ya que han incorporado a su ministerio, el Ministerio de Hacienda, la materia de
Función pública. Ustedes, en este real decreto-ley están cerrando en falso el grave problema de la temporalidad del empleo público. Crean más problemas que soluciones, al contener en su regulación auténticas lagunas e imprecisiones normativas, a
las que luego haré referencia. Aunque en una primera lectura parezca que han copiado los procesos de estabilización del Gobierno del Partido Popular en cuanto a que afecta a plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de
forma temporal e ininterrumpida los tres años anteriores, existen grandes diferencias en la carencia absoluta de soluciones técnicas y jurídicas para reducir la temporalidad, pero sobre todo la gran diferencia es en la forma. El Gobierno del
Partido Popular trajo a esta Cámara, para su debate y para su aprobación, los procesos de estabilización del empleo público en las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018.
Ustedes, en la línea autoritaria, lo hacen a través del abusivo real decreto-ley, figura jurídica prevista para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, circunstancia que no entendemos en qué ni en dónde la aprecian ahora, cuando
llevan gobernando desde el 2018. Ni ustedes mismos se creen la necesidad de esta regulación exprés y una prueba evidente es la rocambolesca y extensísima explicación contenida en la exposición de motivos para intentar justificar su utilización, no
solo porque recogen de forma expresa que se trata de un problema estructural sino porque le dedican una extensión nada menos que tres veces superior a la exposición de motivos que al contenido normativo, que al contenido articulado.
Tampoco está muy convencido de esta oportunidad el señor Sánchez, cuando acaba de cesar como ministro precisamente al impulsor de lo que coloquialmente se denomina 'icetazo', algo en lo que coincide también la señora ministra, ya que cuando
estaba defendiendo el decreto-ley ha tenido un lapsus y ha dicho 'compadezco' en vez de 'comparezco'. Por tanto, el subconsciente le ha fallado. Estas injustificadas prisas y nerviosismo también los estamos viendo en la convocatoria de este Pleno
extraordinario para su
convalidación. La utilización abusiva y autoritaria del decreto-ley les ha sido recriminada por el Tribunal Constitucional, al estimar los recursos interpuestos por mi grupo parlamentario, anulando algunos de los que ustedes aprobaron,
aprovechándose del, también declarado inconstitucional, estado de alarma. Este abuso supone, además, un desprecio absoluto al Poder Legislativo al sustraer a las Cámaras el debate sosegado y pertinente del trámite parlamentario habitual. Impide,
además, la participación de las asociaciones y colectivos afectados por su regulación y supone también obviar los informes y el desprecio de los informes de los órganos consultivos.
Creemos que el Gobierno debería haber traído a esta Cámara un proyecto de ley para que un tema tan importante, como es el empleo público temporal, hubiera gozado de consenso, de debate y de participación de todas las partes afectadas.
En cuanto a lo que señalaba sobre que este decreto-ley cierra en falso un problema, es porque, primero, no se contrata cómo se van a financiar estas indemnizaciones que han de pagarse a los empleados públicos temporales que no superen los
procesos selectivos de estabilización. ¿Cómo se pagan? ¿Con cargo a qué presupuesto, al de las comunidades autónomas, al del Estado, al de las entidades locales? Además, se producirá un solapamiento en el tiempo de varios procesos de
estabilización a la vez, en los que unos tendrán derecho a indemnización y otros no. Incluso hay determinadas plazas y puestos de trabajo que se van a ver afectados a la vez de un proceso de consolidación y de una oferta de empleo público, y
ustedes no determinan qué tiene preferencia, la oposición pura y dura o el proceso de consolidación. No solo no lo resuelve, sino que aumentará, seguro, la litigiosidad.
Otra grave discriminación se producirá en función de la comunidad autónoma o entidad local en la que se presenten, ya que no hay siquiera un mínimo diseño de estas pruebas de acceso a distintos subgrupos, incluso cuando además para las
entidades locales han dejado sin vigor los artículos 8 y 9 del Decreto 896/1991, por el que se establecen las reglas básicas para el acceso a las entidades locales. También establece la incorporación a una bolsa de trabajo de las personas que no
superen el proceso, pero deja a la determinación de cada convocatoria la nota que se tiene que alcanzar para pasar. Incluso tampoco aclaran ustedes si hay o no compatibilidad entre la percepción de la indemnización y la incorporación inmediata a
esa bolsa e incluso la contratación por la propia Administración. Creemos que esto tendría que estar muy delimitado para evitar un posible fraude de ley.
Tampoco han hecho en Función pública un análisis de los puestos, de las plazas; no sabemos en realidad cuántas plazas y cuántos puestos están ocupados, si es por la misma o distinta persona. No se ha hecho un análisis y, lo más importante,
no se ha determinado de forma objetiva qué se considera fraude de ley en el abuso de la contratación temporal, algo muy importante porque, una vez que tuviéramos el diagnóstico, podríamos haber establecido unas medidas adecuadas sometidas al
consenso de las comunidades autónomas, los sindicatos y la FEMP.
Por ello, por todas las razones expuestas, no podemos apoyar este real decreto-ley, y en el caso de que saliera convalidado, solicitamos que se tramite como proyecto de ley para, desde mi grupo, poder mejorar el texto -hay que mejorarlo
bastante- y, por supuesto, presentar las enmiendas pertinentes en este sentido.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Luna. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aceves Galindo.
El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidenta. Buenos días.
Señorías, quería empezar, para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en la convalidación del Real Decreto-ley 14/2021, agradeciendo el trabajo del ministro Iceta y de su equipo para traerlo aquí y también la defensa que
hace la ministra Montero en su exposición y, sobre todo, en sus anuncios. Esto demuestra -agradezco a los dos ministros su presencia en el debate- la voluntad inequívoca del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno de dar una solución cuando
aquí, en este debate, no he escuchado ni una sola de los que están en contra. Ustedes vienen aquí, a este debate, solo con la idea de ver si pueden dañar al Gobierno, de ver si pueden introducir una mínima oportunidad de hacer daño, pero sin una
sola propuesta y con mucho populismo, porque si en este país y en esta Cámara somos serios, tenemos que aceptar tres premisas: primera, que hay un grave problema en las administraciones públicas de nuestro país, y hasta Europa nos lo ha dicho;
segunda, que un Gobierno serio y un Parlamento serio no tienen más remedio que acometer un tema con múltiples aristas, con una
casuística que sería inenarrable en los siete minutos que tengo, para traer una solución. Señorías, se quejan algunos de que no se hace nada, y cuando se hace, también se quejan. Creo que eso es completamente incongruente.
Les quería decir que en este debate el Grupo Socialista tiene claro que no había una solución mágica, pero aquí traemos una solución, señorías, porque si no se pone seguridad jurídica a la posición de los trabajadores públicos, en este caso
en abuso, no tienen nada, no tienen ningún paraguas. Espero que no les moleste, pero les voy a confesar una conversación que tuve ayer con un trabajador público temporal de mi misma Administración, que yo también soy empleado público. Me dijo:
Aceves, prefiero tener un paraguas jurídico para que a mi Administración se la obligue a consolidarme antes de que vaya directamente a una oposición y me manden a casa. Yo creo que es evidente, señorías, que aquí se está haciendo mucha demagogia en
este sentido. Me dirijo aquí también a muchos trabajadores temporales a los que, como bien saben, ha habido gente que durante mucho tiempo les han intentado meter en el cabeza que iba a haber una ley de este Parlamento para hacerles funcionarios.
Señorías, si esa es su propuesta, díganlo, pero yo les digo que, constitucionalmente, no es posible; no es posible hacer funcionarios a trabajadores temporales. Por lo tanto, ¿qué hace el Gobierno, qué hace el Grupo Socialista, qué hacen los
grupos que van a apoyar esta convalidación? Algo importante -y lo ha dicho la ministra Montero-: con la oposición de algunos, no avanzaríamos; con la tramitación como proyecto de ley, avanzamos en ese consenso, señorías. Creo que es fundamental
que eso quede claro en este momento.
Me refiero a otra cuestión para centrar un poquito más el debate. Si no generamos seguridad jurídica para iniciar un proceso extraordinario de consolidación, es imposible, porque iríamos a la oferta de empleo público, a la oposición pura y
dura, sin ningún derecho para los trabajadores. Y con este real decreto-ley y con los anuncios de mejora les estamos dando seguridad jurídica, una oportunidad y en la inmensa mayoría de los casos van a ver la luz al final del túnel. Creo que es
fundamental reconocerlo.
Que me vengan a decir aquí que no se ha hecho nada, como he oído a algunos grupos... Perdónenme. Empiezo por Ciudadanos. Ustedes hablan de hace veinte años; hace veinte años no estaban, pero al ritmo que llevan, en un año tampoco van a
estar. Es lo que les va a pasar directamente. Escuchar en este debate que el Partido Popular, que es uno de los causantes fundamentales de que en los años de Gobierno de Rajoy hubiera tasa de reposición cero, viene aquí a ponerse en contra, cuando
hace muy poquitas fechas, señora De Luna, en la Comisión de Política Territorial y Función Pública, defendieron una PNL que venía a decir esto -está en el Diario de Sesiones-, hombre, es una incongruencia, es una incongruencia. Yo sé que a usted le
han dicho en su grupo: suba ahí, diga lo que tenga que decir para votar en contra, a ver si tenemos suerte de tumbar un real decreto-ley al Gobierno. Sinceramente, para un partido que se dice de Estado y para un partido que se dice de Gobierno es
una tremenda irresponsabilidad y, desde luego, les va a pasar factura. (Aplausos).
Pero les digo más, cuando lo que hace el Gobierno es tener en cuenta hasta las mínimas necesidades de los municipios más pequeños que no tienen capacidad técnica, cuando se dialoga con los directores generales de Función pública de todas las
administraciones y la FEMP en la Comisión de coordinación que proviene de la sectorial durante un año, cuando allí la mayor parte de las comunidades autónomas han debatido y han dicho lo que han querido pero ninguna ha dado una fórmula mágica, sobre
todo las del Partido Popular, es una tremenda irresponsabilidad venir ahora aquí a no sé qué. Señoría, la verdad es que lo lamento. Pero es que, además, se lo digo sinceramente, porque me viene ahora a la mente: ¿Ustedes se han convertido en un
partido antisistema? ¿Ustedes no van a tener que aplicar estas fórmulas donde gobiernan, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos? ¿Ustedes no ven que hay una oportunidad de mejorar entre todos para que sea una propuesta de todos en la
tramitación parlamentaria? ¿A ustedes no les vale? Realmente, hubiese dado igual lo que hubiésemos traído, hubiese dado igual que esto viniera con el aval de los tres grandes sindicatos de este país y bajo el diálogo con todos, porque aquí se ha
dicho algo que me parece que no es de recibo. En nuestro país, la Mesa General de Negociación tiene unas normas, y en ella están representados todos los sindicatos que tienen representación. Por lo tanto, diálogo ha habido con todos. Ahora, es
verdad que no ha habido acuerdo con todos, por supuesto. Pero conozco muy poquitos acuerdos en la historia de nuestro país que tengan el marco global de toda la Mesa General de Negociación, porque hay otros intereses en ella.
Para terminar, le digo claramente a su señoría de la ultraderecha que ha subido a este escenario que hablar de empleo público cuando ustedes han votado en contra de que la Comunidad de Madrid debata en una comisión de investigación lo que ha
pasado con las residencias no tiene más recorrido, señoría, ninguno. Porque que ustedes hablen de empleo público cuando han hecho esto, ya se califica por sí mismo.
Señorías, termino agradeciendo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el trabajo que han hecho en el Gobierno y agradeciendo también la posición de los grupos que van a votar a favor.
La señora PRESIDENTA: Señor Aceves, tiene usted que terminar, por favor.
El señor ACEVES GALINDO: Termino, presidenta.
Y aquellos que no lo han hecho, recapaciten, porque seguramente estén haciendo un flaco favor a los empleados públicos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aceves. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
- REAL DECRETO-LEY 15/2021, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA EL ARRENDAMIENTO DE COLECCIONES DE BIENES MUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL POR DETERMINADAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS URGENTES
EN EL ÁMBITO CULTURAL Y DEPORTIVO. (Número de expediente 130/000055)
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del
Patrimonio Histórico Español por determinadas entidades del sector público y se adoptan otras medidas urgentes en el ámbito cultural y deportivo.
Para presentar el Real Decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Cultura y Deporte.
El señor MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE (Iceta i Llorens): Gracias, presidenta.
No quería dejar de presentar hoy a convalidación un decreto-ley. Comparezco hoy ante el Pleno para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el arrendamiento de colecciones de bienes
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español por determinadas entidades del sector público y se adoptan otras medidas urgentes en el ámbito cultural y deportivo. Es mi primera intervención como ministro de Cultura y Deportes ante esta
Cámara y, aunque se trate de una comparecencia fuera del periodo ordinario de sesiones, quiero aprovechar esta primera ocasión para saludar a sus señorías y, en especial -y lo entenderán-, a los portavoces de Cultura y Deporte. Me pongo a
disposición de todas y todos ustedes. Tenemos muchos retos y tareas por delante y estoy convencido de que sumando esfuerzos en la búsqueda del consenso seremos capaces de situar a la cultura y al deporte en el lugar que merecen. Ya les anuncio que
compareceré ante la Comisión de Cultura y Deporte para exponer las líneas generales de actuación en el ministerio del que tengo el honor de ser titular, donde podré compartir y debatir con todos ustedes los retos que tiene por delante el Ministerio
de Cultura y Deporte, pero no quiero desaprovechar esta primera intervención para manifestar que soy consciente del importante y trascendental trabajo que tenemos por delante.
Como dije en mi toma de posesión, asumo la tarea de ministro de Cultura y Deporte con ilusión, con humildad y con un importante sentido de la responsabilidad que esta tarea comporta. Como les he dicho, hoy vengo a la Cámara para solicitar
su apoyo para la convalidación del Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio. En primer lugar, me gustaría señalar que en este real decreto-ley se añade una nueva disposición adicional décima a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, referida al arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español por determinadas entidades del sector público. El objetivo de esta nueva disposición adicional es regular el arrendamiento,
por parte de poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración pública, de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español de interés excepcional, así apreciado por la Junta de Calificación, Valoración
y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.
En segundo lugar, en este Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, se otorga a las obras de arte integrantes de la Colección Carmen Thyssen Bornemisza, arrendadas a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza, la garantía del Estado a la que
se refiere la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, antes citada, y el Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla esta disposición adicional sobre garantía del
Estado para obras de
interés cultural en los términos previstos en dicha normativa. En su configuración, se toma como referencia la Orden 664/2021, de 22 de junio, del Ministerio de Cultura y Deporte, por la que se otorga la garantía del Estado a 425 obras para
su exhibición en la Colección Permanente del Museo Nacional Thyssen Bornemisza, la cual comprende la práctica totalidad de las obras integrantes de la Colección Carmen Thyssen Bornemisza. El valor económico de las obras cubiertas por la garantía,
así como las obras concretas y el alcance, efectos, condiciones y límites de aquella, se actualizará anualmente por orden del ministro o ministra de Cultura y Deporte.
Señorías, me parece necesario remarcar la importancia de la Colección Carmen Thyssen Bornemisza a partir de la propia Colección Thyssen Bornemisza. La Colección Carmen Thyssen Bornemisza es el complemento imprescindible de la colección
permanente del Museo Nacional Thyssen Bornemisza, encontrándose en la actualidad la colección en el propio museo en virtud de un contrato de préstamo gratuito suscrito el 15 de febrero de 2002 y sucesivamente prorrogado. Ello ha permitido que las
obras que la integran permanezcan en la Fundación Colección Thyssen Bornemisza, garantizando su difusión nacional e internacional. La vigente prórroga vencía el pasado día 15 de julio de 2021, con el consiguiente riesgo de que los titulares de la
colección retirasen las obras en caso de no alcanzarse un acuerdo para su exhibición estable mediante el correspondiente contrato de arrendamiento, siendo por ello urgente articular los medios necesarios para asegurar, antes de que se produjera el
vencimiento citado, que el Patrimonio Histórico Español pueda seguir disfrutando, con las necesarias garantías, de un conjunto de obras de arte de la calidad y prestigio de la Colección Carmen Thyssen Bornemisza.
El arrendamiento a largo plazo supone dar continuidad y complementar la adquisición inicial de la Colección Thyssen Bornemisza, consolidando el valor de la Fundación Colección Thyssen Bornemisza como institución cultural de extraordinaria
relevancia en el ámbito museístico internacional, parte integrante del paisaje de la luz para el que la ciudad de Madrid reclama justamente su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.
Señorías, con este arrendamiento se refuerza el patrimonio cultural español. La mejora de la protección, conservación y conocimiento de este patrimonio va a redundar de forma muy favorable en el turismo cultural y, por tanto, en la
actividad económica. La cultura es un incuestionable motor del sector turístico. Si tenemos en cuenta los datos anteriores a la pandemia de la COVID-19, podemos observar que el turismo cultural es el que más creció en los últimos cinco años. En
términos generales, el peso del turismo alcanzó los 154 487 millones de euros en 2019, lo que supuso el 12,4 % del producto interior bruto; generaron 2,72 millones de puestos de trabajo, el 12,9 del empleo total. Los datos procedentes de la
explotación específica de las estadísticas turísticas oficiales -la encuesta de turismo de residentes del INE y la encuesta de gasto turístico, también del INE- permiten mostrar que la cultura es el principal motivo de uno de cada cinco viajes
realizados por ocio, recreo o vacaciones, tanto si se trata de viajes de residentes en España -motivando el 17 % de este tipo de viajes en 2019-, como de entradas de turistas internacionales, siendo el motivo principal del 19,8 % de estas entradas
de ese año. Más de 30 millones de viajes en 2019 fueron movilizados por la cultura, con un gasto total asociado de 24 433,4 millones de euros; de ellos, 9085,4 millones de euros para los residentes en España y 15 348 millones de euros para las
entradas de turistas internacionales.
Incluso si no se trata de viajes motivados por la cultura o por el ocio, las fuentes turísticas citadas constatan altos porcentajes de viajes en los que se realizan actividades culturales. En concreto, durante 2019 el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza recibió más de un millón de visitas -1 034 872 visitantes-, un 11,5 % más que en 2018. Para garantizar la continuidad de este crecimiento y contribuir a la recuperación del turismo cultural y de la propia economía, una vez
superados los momentos más duros de la pandemia, es imprescindible dar estabilidad a la presencia de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza reforzando su posición y capacidad de atracción de visitantes y posibilitando que la aportación del sector al
producto interior bruto, y el propio producto interior bruto, se sitúen a la mayor brevedad en niveles anteriores a la pandemia.
La oportunidad de contar con una colección de obras de arte como las incluidas en la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, evitando su salida del museo y asegurando así la posición de este y su contribución a la cultura y a la recuperación
económica, habilita la utilización del mecanismo del real decreto-ley. Por su parte, en el caso concreto del otorgamiento de la garantía del Estado a las obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, la urgencia viene dada por la necesidad de
proporcionar, con carácter inmediato y sin las dilaciones propias del procedimiento correspondiente, la debida certidumbre y seguridad jurídica al régimen de aseguramiento de las obras, evitando de igual modo que, una vez
firmado el contrato, hubiera un periodo de tiempo, desde la firma del mismo hasta el otorgamiento formal de la garantía, en el que las obras carecieran de cobertura alguna.
Señorías, el real decreto-ley que hoy sometemos a la convalidación de esta Cámara, de conformidad a lo establecido en el artículo 86.2 de la Constitución española, incorpora también una cuestión que afecta al ámbito deportivo. Me estoy
refiriendo, como bien saben ustedes, a una modificación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, para clarificar el alcance y régimen de las nuevas facultades de comercialización conjunta de derechos audiovisuales atribuidas a la Real Federación
Española de Fútbol como entidad organizadora de competiciones de ámbito estatal y no profesional. La paralización de toda actividad deportiva profesional y no profesional consecuencia de la crisis sanitaria ha supuesto, como en otras áreas de
actividad, una reducción de las vías de financiación de los organizadores de las competiciones. La normalización de la situación sanitaria ha permitido retomar la actividad deportiva, si bien con limitaciones de aforo o prohibición total de acceso
al público en el caso de los deportes profesionales, manteniéndose con estas restricciones la limitación de los recursos de financiación de competiciones y actividades deportivas.
El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, modificó el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los
derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, atribuyendo a la Federación Española de Fútbol nuevas facultades de comercialización conjunta de derechos audiovisuales. Sin embargo, la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia apreció que esta reforma había sido incompleta, ya que el ejercicio de las facultades de comercialización conjunta de derechos audiovisuales exige, con carácter previo, la cesión de tales derechos a favor de
la Federación Española de Fútbol por parte de los clubes y no contemplar la normativa de la cesión obligatoria de dichas facultades, como sí ocurre para las demás competiciones anteriormente citadas.
Por ello, no se ha podido llevar a efecto hasta ahora la gestión centralizada de los derechos de retransmisión por parte de la Real Federación Española de Fútbol, afectando gravemente tanto a la gestión de recursos de la propia federación
como al valor de la competición, siendo necesario efectuar el correspondiente ajuste de forma extraordinaria y urgente para evitar las distorsiones que la imposibilidad de aplicación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, ha generado en la
gestión de los derechos de retransmisión de las competiciones organizadas por la Real Federación Española de Fútbol.
La extraordinaria y urgente necesidad en la aprobación de esta modificación deriva, pues, de la necesidad de dotar de un marco normativo estable que dé seguridad jurídica a los operadores intervinientes en esta venta centralizada de estos
derechos y que permita a la Federación Española de Fútbol ofrecer un producto completo que incremente el valor de mercado de dichos derechos. No hay que olvidar que los importes que se obtengan de la comercialización conjunta irían destinados a
invertir en la mejora de las condiciones de la competición. En este caso, la proximidad del comienzo de las competiciones organizadas por la Real Federación Española de Fútbol, que está previsto para el próximo mes de septiembre, exige tanto la
adopción de una modificación como la propuesta en este real decreto-ley. El proceso de comercialización de esos derechos debe llevarse a cabo con un margen temporal suficiente para que los operadores y la propia federación puedan gestionarlo en los
mejores términos y para el desarrollo y explotación de la competición. De no producirse estas modificaciones a través de este real decreto-ley, las consecuencias, tanto para la federación como para los clubes participantes en las competiciones
organizadas por esta, serían nefastas desde el punto de vista de la reconstrucción del tejido económico deportivo, que fue el objetivo perseguido por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril. Si bien es cierto que el Real Decreto-ley 15/2020, de
21 de abril, tras su convalidación por el Congreso de los Diputados, se está tramitando actualmente como proyecto de ley en las Cortes Generales, es necesario tener en cuenta que el estado actual de tramitación del mismo impediría que las
modificaciones ahora pretendidas estuvieran en vigor antes del inicio de la nueva temporada.
Señorías, aunque se trata de un real decreto-ley de extensión muy limitada, ya que consta tan solo de tres artículos y tres disposiciones finales, incluye modificaciones importantes que afectan a la conservación, protección e incremento del
patrimonio cultural y a la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Se trata de medidas que pueden beneficiar a la cultura y al deporte y al proceso de recuperación
económica ya iniciado.
Por todo ello, solicito a sus señorías que apoyen la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor Iceta i Llorens. Hace cuatro meses, en su primera comparecencia en el Congreso como responsable de Política Territorial y Función Pública, le deseé éxito en su gestión y, ahora, que apenas ha aterrizado, que ha tenido
que cambiar de aires ministeriales y que es el nuevo titular de la cartera de Cultura y Deporte, le reitero ese mismo deseo, aunque hace un momento se le echó bastante de menos aquí, en el hemiciclo, a cuenta del debate de los interinos. Lo habrá
percibido usted, muy probablemente.
Nos ha presentado usted un real decreto-ley para cuya convalidación se invoca la extraordinaria y urgente necesidad de sus diferentes medidas, fórmula con tintes de coladero que ya le ha costado algún revolcón al Gobierno por su
inconstitucionalidad. En cualquier caso, constitucional o no, continúa el Ejecutivo abusando de una figura con la que se soslaya la principal función de las Cortes Generales, que es la de legislar. Baste decir que en esta XIV Legislatura se han
superado el medio centenar de reales decretos-leyes, concretamente cincuenta y cuatro, cifra sin parangón en la historia democrática.
En esta ocasión resultaba perentorio, sin lugar a dudas, que el Gobierno alcanzase un acuerdo con la propiedad de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza para dar continuidad a su exhibición pública a través de un contrato de arrendamiento
que prolongase el contrato de préstamo gratuito que se suscribió a principios del año 2002 y que se ha prorrogado anualmente, como usted ha recordado en su intervención. Una cuestión llamativa, a la par que duda razonable, es por qué el Consejo de
Ministros apuró los plazos del calendario hasta el punto de que se aprobó la víspera de su vencimiento, fechado el 15 de julio de 2021, es decir, menos de una semana. Hay que tener en cuenta, además, que a finales de enero su antecesor en el
ministerio, el señor Rodríguez Uribes, ya había anunciado un acuerdo urbi et orbi en Roma -dónde si no- entre las partes para la permanencia en España de la colección durante los próximos quince años, lo que supone el alquiler en torno a 425 obras y
el pago de 6,5 millones de euros anuales, con opción de compra, en 2036. Sin embargo, posteriormente a aquel anuncio público del Gobierno, se produjeron diferentes e inexplicados aplazamientos para la firma del contrato al que dan soporte las
medidas contenidas en la normativa que se somete a la convalidación del Congreso. Parece que la historia de la instalación en España de la colección Thyssen-Bornemisza esté vinculada a curiosidades con el calendario. De hecho, ya el primer
contrato, fechado el 20 de diciembre de 1988, fue firmado, pese a que el decreto autorizando al Gobierno para su firma se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día siguiente. De tal hecho consumado se habló en las Cortes Generales, tal y
como puede comprobarse leyendo el Diario de Sesiones de la época.
Señorías, sin lugar a dudas, el mantenimiento en España de esta extraordinaria colección privada de la baronesa Thyssen resulta una absoluta prioridad, porque, entre otros aspectos, contribuye a revalorizar el extraordinario y maravilloso
triángulo de museos nacionales que forman el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza. Sin embargo, me permitirán que señale que el gran esfuerzo económico que se realiza ahora para evitar, como recoge literalmente la exposición de motivos, el
riesgo de retirada de las obras debería haberse acompasado con una mayor agilidad en las negociaciones para que no hubiesen sido llevadas hasta una fecha in extremis. Entre otros factores, el Gobierno tenía a su favor las importantes aportaciones y
apoyos que, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se han realizado tanto para crear el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid como para su mantenimiento y ampliación, con la adquisición de edificios colindantes y su rehabilitación; para el
pago de los créditos ordinarios y extraordinarios de la adquisición por parte del Estado, en 1993, de la colección del barón Thyssen-Bornemisza, y para las sustanciales consignaciones anuales por diferentes conceptos en subvenciones nominativas y
aportaciones patrimoniales. A este respecto, parece oportuno resaltar que a finales de los años ochenta del pasado siglo, concretamente el 3 de marzo de 1989, se reconoció, clasificó e inscribió como fundación cultural privada de servicio y
promoción la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, recibiendo desde entonces un trato excepcional, que para sí quisieran otras fundaciones privadas.
En definitiva, y esto es lo sustancial, con el arrendamiento de la colección Carmen Thyssen se garantiza, al menos otros quince años, que España continúe disfrutando de un magnífico conjunto de obras de arte, que tienen su principal centro
de exhibición en Madrid, pero sin olvidar que el efectivo
compromiso con la cultura de la propietaria de la colección ha permitido, gracias a su filantropía e impulso personal e intransferible, la apertura de otros espacios expositivos en varias localidades españolas, como es el caso del Museo de
Málaga o el de Sant Feliu de Guíxols, que llevan su nombre y que, probablemente, no serán los únicos en un próximo futuro, y con mucho mayor motivo, tras este acuerdo de alquiler de las obras de su colección hasta el año 2036.
Señoras y señores diputados, el Gobierno aprovecha este real decreto-ley para desplazarse hacia el ámbito deportivo y deslizar diferentes medidas con las que se modifica la comercialización de los derechos de explotación de contenidos
audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Es una comercialización que hasta ahora se regía por una normativa convalidada hace seis años y que permitió la apertura de determinadas atenciones sociales que hasta entonces no estaban
suficiente ni convenientemente atendidas en torno al fútbol y, de forma singular, en torno a los modestos, siendo este deporte en España una enorme fuente de recursos. En síntesis, lo que se plantea mediante estas modificaciones es capacitar a la
Real Federación Española de Fútbol para que pueda ejercer con mayor efectividad las facultades de comercialización conjunta que tiene encomendadas en torno a los derechos que la habilitan en calidad de entidad organizadora de competiciones de ámbito
estatal no profesional.
Finalmente, señora presidenta, aprovechando que este debate ha tenido su epicentro en la revalorización del patrimonio artístico, quiero denunciar desde esta tribuna el reciente y lamentable despojo sufrido por los asturianos y perpetrado
con la venta a la remanguillé y a hurtadillas del cuadro de Goya Aníbal vencedor a la Asociación de Amigos del Museo del Prado por la Fundación Selgas, con la connivencia del Gobierno socialista del Principado de Asturias.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señora presidenta.
Señor ministro, bienvenido a estas sus nuevas funciones. Espero que, como le han deseado, su gestión sea afortunada y que coincidamos en muchos aspectos en esa cogestión que siempre se pide en el ámbito de la cultura de una competencia que
no es absolutamente lineal.
Vamos a comenzar primero obviando que es una cuestión que ya se ha planteado, la relativa al real decreto ley. Primero, se trata de una cuestión a la que, por su ámbito iba a decir que es un problema jurisdiccional, no sabemos dar solución
y a la que, además, por la fecha de finalización del contrato de arrendamiento de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza, es urgente dar celeridad. Por tanto, voy a mencionarla. Voy a comentar también otra particularidad de esta iniciativa
legislativa, no ya referida a la actuación de su ministerio en estos momentos, sino en general a la del Gobierno últimamente. Esta es una ley que, en principio, contiene tres preceptos, tres artículos, con tres objetos diferenciados, y creo que son
cincuenta y uno los párrafos de la exposición de motivos que los vienen a justificar. Están dirigidos, fundamentalmente, a modificar la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico, que, sin embargo, tiene setenta y nueve artículos y solamente once
párrafos. Es decir, hay una especie de impulso adoctrinador en la iniciativa legislativa del Estado. Me gustaría que tuvieran en cuenta que es una técnica legislativa deficiente y que conviene corregirla.
Entro en materia, y procuraré ser breve. Le decía que son tres artículos o tres preceptos los que aborda esta iniciativa legislativa. El primero consiste en introducir una nueva disposición adicional décima en la citada Ley de Patrimonio
Histórico Español para sacar de ella, en el ámbito de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, una concreta modalidad de arrendamiento cuando uno de los partícipes, siendo parte de las entidades del sector público, tenga la consideración de
poder adjudicador no Administración pública si se trata de colecciones de bienes muebles integrantes del patrimonio histórico español cuyo interés excepcional haya sido declarado por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del
Patrimonio Histórico u órgano equivalente de las comunidades autónomas -y este es un aspecto importante. ¿Para qué? Pues a fin de que dichos contratos y ese es el objeto tengan naturaleza de contrato privado. Esa es la primera cuestión, el
objeto, en principio, de este precepto, que ese tipo contratos, aun cuando tengan esa personalidad jurídica de afectación pública como sujeto, también puedan ser sometidos al derecho privado, y ello sin perjuicio de que su preparación y adjudicación
se deban regir por dicha Ley de Contratos del Sector Público y sin perjuicio, además, de que sus efectos y extinción se deban solventar aplicando el derecho privado. Esto permite otro elemento sustancial o central
de este ámbito, el señalado en el apartado 2 a), y es que mediante estos contratos el pliego de cláusulas administrativas particulares será sustituido por el propio clausulado del contrato. Si bien es necesario constatar que entendemos que
nace como consecuencia de la presión de un concreto caso se ha señalado el caso Carmen Thyssen-Bornemisza, lo que nos llevaría a la discusión de la conveniencia de crear normas ad hoc, es sin duda una opción interesante y adecuada no solo a este
supuesto caso concreto sino a la realidad o al panorama no solo artístico, sino museístico con carácter general.
En segundo lugar, y en consecuencia aunque no es verdad que sea como consecuencia de ello, su artículo 2 otorga la garantía a que se refiere la disposición adicional novena de dicha Ley 16/1985 no ya a la Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza, como ya recoge el apartado 2 de aquel precepto, sino a las obras de arte integrantes de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza. Vaya por delante nuestra conformidad con dicho pronunciamiento. Me confieso amante no ya de los
museos sino, en especial, del situado en nuestro vecino Palacio de Villahermosa y, sobre todo, de su colección y de sus exposiciones y, por ello, comparto la medida. Pero a través de un riguroso examen del procedimiento previsto para el
otorgamiento de dicha garantía en dicha disposición adicional novena y en el Real Decreto 1680/1991 que lo desarrolla vemos que incurre en una fórmula agravada de congelación normativa innecesaria para producir ese efecto deseado de la garantía del
Estado.
Con mayor razón, una vez constatado lo dispuesto en el artículo primero sobre los arrendamientos de bienes culturales, lo que le permitiría ser el objeto inmediato de esta garantía, pero también una vez conocido por sus antecedentes que se
ha suscrito ya ese contrato de arrendamiento o la continuación de ese contrato de arrendamiento para quince años, entendemos que el otorgamiento de la garantía señalada a través de la norma de esta ley solo se explica por la importancia de la
colección, pero supone un trato injustificado e innecesario desde el punto de vista normativo e incluso un agravio para otras entidades que han sido merecedoras del mismo grado de protección de forma natural en forma de simples órdenes
ministeriales. No vamos a insistir mucho en ello, pero espero que lo debatamos, porque solicitaremos su tratamiento como proyecto de ley, ya que, como expusimos en los antecedentes de una iniciativa legislativa que tuvo el partido nacionalista hace
varios años, entendemos que se debe apostar por permitir que dicha garantía, que es del Estado, pero del Estado en sentido tan amplio como el de la propia cultura, alcance a otras iniciativas y colecciones en cuyo gobierno participen otras entidades
públicas, también las no estatales, señor ministro.
Finalmente, en tercer lugar, este real decreto-ley contempla una medida relativa a la comercialización conjunta de derechos audiovisuales de las competiciones organizadas por la Real Federación Española de Fútbol consecuencia del llamado
Pacto de Viena. No vamos a hacer más que suscribir o adherirnos a ella, ya que entendemos que es como consecuencia de la falta de seguridad jurídica que produjo el informe de la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. Por ello,
creemos que es urgente ratificarla, habida cuenta del inminente comienzo de la temporada deportiva.
Así pues, votaremos a favor de esta norma, con cautelas y con el propósito de enmendarla en su tramitación como proyecto de ley, medida que desde esta tribuna solicitamos.
Muchas gracias, señor ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Quiero comenzar con unas palabras dirigidas, en primer lugar, al señor exministro Rodríguez Uribes, porque al margen de cuestiones políticas hemos tenido nuestras diferencias a lo largo de su periodo de gestión deja el ministerio un hombre
culto y yo creo que, además, una buena persona. Le deseo suerte en lo que le venga a continuación profesionalmente o en su vida. Y al señor Iceta le deseo mucho acierto en el Ministerio de Cultura, que yo creo que es uno de los ministerios más
bonitos que puede dirigir alguien. Así que, señor Iceta, mucho acierto y mucha suerte.
Votaremos a favor de la convalidación de este real decreto-ley. No creemos que sea necesario tramitarlo como proyecto de ley, porque la mayoría de las medidas que contiene se van a ejecutar de forma inminente y en la tramitación
parlamentaria nos vamos a encontrar con algo que ha quedado obsoleto y que, además, no podrá revertirse. Con lo cual, no consideramos que deba ser tramitado.
Es una buena noticia que se renueve el arrendamiento de la colección Thyssen-Bornemisza. Recordamos que tenía un contrato de arrendamiento de 1991 que caducó en 2001 y que venía
prorrogándose, pero generando incertidumbre cada año. Creo que son 329 obras las que están afectadas por este contrato, obras de un valor incalculable, cuyos artistas son varias decenas de genios de la historia de la pintura, como Guaguin,
Van Gogh, Juan Gris, Kandinsky, Matisse, Miró, Monet, Picasso, Renoir o Rodin, y podría seguir un buen rato. Es una extensa colección de obras de genios pintores de todo el mundo, mientras el Instituto de Nueva Historia no diga lo contrario, claro,
porque en breve sabremos que eran todos catalanes, que también puede pasar; ya sabemos que Beethoven y Puigdemont son casi parientes, aunque yo habría dicho que Puigdemont era más de Bach, por eso de Tocata y fuga. Esto con respecto a la parte más
sustancial del real decreto que toca a cultura.
También el real decreto toca aspectos deportivos que apoyamos y que nos parecen interesantes. Todos sabemos lo que ha sufrido el deporte durante la pandemia, todos sabemos que no se han visto cumplidas las expectativas que había para el año
2020 en lo deportivo, al igual que en todos los ámbitos de la sociedad, y que el deporte profesional, el federado y el amateur han sufrido mucho. Este real decreto-ley atribuye más facultades a la Real Federación Española de Fútbol para la
comercialización conjunta de derechos audiovisuales en todas las modalidades del fútbol mientras no sean consideradas profesionales, y además incrementa un 1 % la contribución que deberán hacer los clubes y entidades participantes en el campeonato
nacional de liga. Todo lo que se apoye al sufrido deporte en este periodo, al no profesional, al federado, al amateur o al aficionado, será bienvenido.
Las cifras de la bajada en la práctica de deporte durante la pandemia, son alarmantes. Yo creo que aquí, señor Iceta, tiene usted un trabajo ingente para intentar recuperar las cifras de práctica de deporte anteriores a la pandemia. Hay
que incentivarlo y apoyarlo. Se ha imposibilitado la práctica de deporte. Hay que aprender de esto y buscar fórmulas que permitan seguir practicando deporte a pesar de que haya confinamientos y situaciones sanitarias graves. Que no vuelva a
suceder, por ejemplo, lo que ha ocurrido en 2020, y es que el número de licencias caiga un 2,6 % con respecto a 2019. Concretamente, en futbol en lo que se centra especialmente este real decreto-ley hubo 21 037 licencias menos que el año anterior,
algo que es muy llamativo. El deporte es fundamental para mejorar la salud, especialmente la cardiovascular, para reducir el riesgo de enfermedades cardiacas, un accidente cardiovascular o la diabetes, pero también es un instrumento fundamental
para combatir la obesidad infantil. Es más, probablemente sea el factor externo que más influye a la hora de hacer frente a la obesidad infantil. Hay que fomentar el deporte y el fútbol, que por su popularidad es idóneo para fomentar la actividad
física. Tenemos que revertir esta tendencia fruto de la pandemia. Este es otro de los motivos por el que apoyaremos este real decreto, que creemos que incide en esa línea.
Señor Iceta, es la primera vez que me dirijo a usted desde su entrada en el Gobierno y ya le digo que esta va ser la actitud que encuentre en el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el devenir de la Comisión y de este Pleno. Mucha suerte y
mucho acierto, que serán la suerte y el acierto de todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías.
Senyor ministre, en primer lloc, enhorabona per les seves noves responsabilitats. Nos ponemos a su disposición para abordar cualquier cuestión que estime oportuna dentro de sus nuevas responsabilidades.
Déjeme que empiece, señor ministro, con algo que posiblemente no sea responsabilidad suya o no del todo suya. Tiene que ver con esta práctica habitual de este Gobierno de utilizar el real decreto para solventar cuestiones que no son de
urgencia o, mejor dicho, que no son sobrevenidas. Al final, las cuestiones, por dejadez, terminan siendo cuestiones de urgencia; no lo eran o no lo hubiesen sido si se hubiesen arreglado cuando tocaba. Creo que es nuestro deber denunciar esta
práctica habitual del Gobierno, que nos dificulta el trabajo a los diputados y que complica las tramitaciones y el debate parlamentario de la Cámara.
Vamos a apoyar tres cuestiones que hoy abordamos en el marco de este real decreto -creo que ninguna lo era o no lo era en inicio- una cuestión de urgencia, como he dicho, y vamos a apoyar este real decreto. El primer artículo añade una
disposición adicional a la Ley 16/1985 que regula el arrendamiento de las colecciones de bienes muebles, y nos parece bien, nos parece de justicia; de hecho, equiparar y actualizar esta legislación es una buena noticia. Respecto al segundo punto
que aborda esta ley, que seguramente es el que tiene hoy un poco más de interés desde un punto de vista mediático y al que usted
se ha referido como que pretende dar estabilidad -creo que le cito- a la colección ThyssenBornemisza, yo le diría que no podemos estar más de acuerdo con lo que pretende hacer el Gobierno con esta colección. Usted ha hablado de turismo
cultural, y a mí me gustaría que no tuviéramos que tener este debate en el marco de este real decreto, pero hay cuestiones que son importantes y hay que abordarlas. Si hablamos de turismo cultural y hablamos de la importancia de la cultura como
capacidad o como elemento de tracción cultural -usted hablaba de que uno de cada cinco visitantes se mueve por cuestiones culturales- hay que hablar también de cómo distribuimos los recursos para la cultura en todo el territorio del Estado. Por
ejemplo, hay que hablar de por qué el Museo Reina Sofía recibe 39 millones de euros mientras que el Consorci Macba recibe solo 1,2 millones de euros. Si lo que importa es el turismo cultural y lo que añade valor al turismo es la cultura, hay que
hablar de cómo redistribuimos esta riqueza. Pero insisto en que este no es el marco para poder hacerlo, con lo cual deseo que comparezca usted en la Comisión de Cultura para poder celebrar este debate como considere usted oportuno.
Sobre la colección Thyssen-Bornemisza, le adelanto que nosotros presentamos -vamos a volver a hacerlo otra vez en los Presupuestos Generales del Estado y en ese debate- una enmienda para facilitar la adquisición de la colección catalana del
museo que tiene en Sant Feliu de Guíxols. Los dos partidos que apoyan al Gobierno no aceptaron la enmienda, pero vamos a volver a presentarla otra vez si hay Presupuestos Generales del Estado. Así lo vamos a hacer y espero que esta vez...
La señora PRESIDENTA: Señor Miquel, tiene usted que terminar, por favor.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: ... podamos contar -termino enseguida, presidenta- con su apoyo, señor Iceta.
Muchas gracias, ministro. Le deseo mucha suerte y estamos a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Miquel.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Calvo Gómez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
La señora CALVO GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Señor ministro, como debe saber ya, Mata Mua es el nombre de uno de los cuadros más famosos de la colección privada Thyssen referida en el real decreto y significa Érase una vez. El título de una de las obras tahitianas de Gauguin viene que
ni pintado, si me permite el juego de palabras, porque Mata Mua érase una vez un acuerdo que va a permitir, a razón de 6,5 millones de euros anuales, el alquiler de parte de la colección privada Thyssen, que el real decreto -como usted refería-
define como el complemento imprescindible de la colección permanente. Imprescindible, tan imprescindible es para este Gobierno como lo fue para el anterior mantener la colección Thyssen a toda costa y a todo coste, literal. Hasta que el Tribunal
de Cuentas frenó las subvenciones a la carta, introduciendo mecanismos de control sobre la cuantía del déficit dotable para que el Estado no siguiera dando a fondo perdido la cantidad necesaria para cubrir el déficit generado por la mala gestión de
la Fundación Thyssen, por ejemplo, 5,3 millones de euros en 2015 que pagamos entre todos.
Ante este real decreto a la carta decimos que el Gobierno debe apoyar la cultura, claro que sí, pero en todo el Estado, porque Mata Mua, érase una vez un déficit y una deuda histórica con los equipamientos culturales de Cataluña en los que
la Administración General del Estado participa en consorcio. No ha cumplido con sus compromisos financieros, habiendo aportado tan solo un 5 % de la partida económica extraordinaria necesaria para su mantenimiento y gestión, el 95 % restante lo ha
tenido que poner la Generalitat. En una comparecencia de marzo en Comisión el ministro Rodríguez Uribes se comprometió a activar y, por supuesto, a cumplir -palabras textuales- los compromisos económicos pendientes en las instalaciones que forman
parte del Consorcio en Cataluña; un compromiso que ahora debe honrar como nuevo ministro de Cultura y Deporte usted, señor Iceta. Cataluña exige recuperar la financiación regular de los grandes equipamientos culturales: Liceu, Macba, MNAC,
L'Auditori, Teatre Lliure, Mercat de les Flors, la Fundació Tapias, la Fundació Miró. Hay un trato muy desigual, como se ha remarcado, entre el MNAC o el Macba respecto al Prado y al Reina Sofía, especialmente en lo que se refiere a los Next
Generations. Hay dinero para la modernización de los museos de Madrid, y no para los catalanes. ¿Cuándo cumplirá el Gobierno del Estado sus obligaciones económicas? Porque, cuando les interesa, bien que corren, aunque este real decreto ha
llegado, como se dice en fútbol, rozando el poste.
Aprovecho el símil futbolístico para pasar a comentar el otro tema que aborda el real decreto, el de los derechos audiovisuales del fútbol. Como de manera eufemística el propio real decreto reconoce, este viene a rematar el trabajo de
ordenación para la comercialización conjunta de los derechos del fútbol no profesional iniciado en el anterior Real Decreto-ley 15/2020, vía expropiación a los clubes, a los que entendemos se debe escuchar mucho más. Puesto que ahora el fútbol
femenino de primera es profesional, la gestión de sus derechos será cosa de su liga profesional -como se reconoce en el real decreto- y, por tanto, solo quiero comentar que respecto a los derechos que sí gestiona la Federación Española, solicitamos
que en el reparto de las contribuciones solidarias se tenga en cuenta a los responsables de deporte de las comunidades autónomas y se haga una discriminación positiva en favor del fútbol base femenino.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Calvo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora García Puig.
La señora GARCÍA PUIG: Gracias, presidenta.
Bon dia, senyor ministre. Lo primero de todo, por supuesto, quiero darle la bienvenida al ministerio y ofrecerle toda nuestra colaboración y todo nuestro trabajo. En nuestro grupo parlamentario damos la bienvenida a cualquier iniciativa
que suponga el enriquecimiento y la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de nuestro país y, sobre todo, a toda aquella iniciativa que permita que la ciudadanía pueda tener acceso a este patrimonio, con el objetivo de cumplir
un derecho, el derecho a la cultura, que recordemos es un derecho humano que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en la Constitución, por ejemplo. Así pues, damos la bienvenida a este tipo de medidas legislativas.
Sin embargo, en Unidas Podemos y las confluencias siempre hemos puesto hincapié en la transparencia y la gestión pública de la cultura y en la diversidad como elemento vertebrador para garantizar este acceso al derecho a la cultura del que hablaba
hace un momento. En estos aspectos concretos querría detenerme en mi intervención y realizar algunas observaciones que pensamos que hay que tener en cuenta en el futuro y en esta nueva etapa que se inicia en el Ministerio de Cultura y Deporte.
En primer lugar, tenemos que decir que echamos de menos un informe técnico que haya valorado la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza y la pertenencia al extender la garantía del Estado, así como la cuantía por la que se extiende esta
garantía. Pensamos que de cara al futuro es imprescindible que una comisión de expertos analice la conveniencia de incluir estos fondos en los museos públicos. De hecho, pediríamos al ministerio que en la actualización anual que se realizará de
esta garantía, tal y como se recoge en el real decreto, se realice este tipo de informe técnico y experto y que por tanto esa extensión de la garantía se haga de acuerdo con este tipo de criterios.
Pensamos que para estos criterios técnicos y expertos, tanto para la colección que nos ocupa hoy como para las que se valoren en el futuro, se deberían tener en cuenta elementos de diversidad como he citado antes y quiero detenerme
especialmente en el tema del género. Para ello querría citar a Peio Riaño, que ha escrito un libro, Las invisibles, donde habla de cómo el Museo del Prado ha ignorado históricamente y sigue ignorando a las mujeres. Ilustra cómo el museo es una
elaboración cultural que legitima un pensamiento de género, y añade que también de raza o de clase, y que otorga un origen natural a algo que no lo es, es decir, en el caso del género a la dominación de un sexo sobre el otro. Por eso pensamos que
es imprescindible aplicar la perspectiva de género en las políticas museísticas que se lleven a cabo desde el ministerio. De hecho, Peio Riaño habla explícitamente de revisar las políticas patriarcales por las que se rigen nuestros museos más
importantes. Eso, como decía, pasa por valorar y estudiar el aspecto del género en la adquisición y el arrendamiento del patrimonio histórico que se lleve a cabo por parte del ministerio. Le invitamos por ello, señor ministro, a trabajar a
conciencia en este tema, un tema urgente y por el que además clama una sociedad que ya se considera abiertamente feminista, como es la sociedad española. Para ello encontrará toda nuestra colaboración, como decía, y todo nuestro apoyo.
Querría hacer hincapié también en la parte de deporte. Manifestamos el apoyo a las medidas que se proponen, en especial aquellas que suponen una mejora en el apoyo al fútbol aficionado, y por supuesto a todo aquello que contribuya a la
visibilidad del deporte, en este caso del fútbol femenino. En estos días hemos vivido importantes episodios racistas en el deporte. Sin ir más lejos, en nuestro propio país se ha puesto en duda la valía del atleta Mohamed Katir por el origen de
sus apellidos, o por ejemplo en la Eurocopa se han vivido también episodios racistas que deben ponernos en guardia sobre la responsabilidad
del fútbol en la creación de una sociedad libre de racismo y libre de machismo. Por ejemplo, en Inglaterra existen varios estudios que confirman el aumento de las agresiones machistas los días de partido y supongo que habrá visto esta
imagen que se ha viralizado (muestra una fotografía), que se realizó con motivo del Mundial de hace unos años y que pone el énfasis en cómo las mujeres son víctimas de la violencia que se ejerce en el marco del deporte. Debemos pararnos a pensar
qué masculinidades fomenta nuestro fútbol, si estamos dispuestas, junto a los clubes, jugadores y jugadoras, medios de comunicación y todos los agentes deportivos, a trabajar en otros modelos de masculinidad, qué futbol promocionamos desde el
ministerio, qué visibilidad damos al deporte femenino, qué jugadores elegimos como referentes. Todo ello contribuye a construir un tipo de sociedad. Aquí de nuevo toda nuestra colaboración, señor ministro, para construir un deporte sin violencia,
sin discriminación, que empuje a una sociedad más justa.
Así pues, y para resumir, apoyaremos este real decreto, dada la urgencia que requería y la importancia de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, pero pensamos que hay que seguir garantizando la transparencia y el control público en las
contrataciones vinculadas a la cultura. Permítame añadir aquí que se ha hablado de filantropía respecto a la colección y quizá algún día deberíamos abrir el debate sobre que un inmenso patrimonio, como del que estamos hablando, recaiga en manos
privadas y en las manos de una sola persona.
Acabo mi intervención dando la bienvenida de nuevo al ministro y ofreciendo, como he dicho, toda nuestra colaboración para conseguir unas políticas públicas culturales y deportivas que contribuyan a una sociedad diversa, feminista, justa y
libre.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señora presidente.
Señor ministro, mucha ilusión dice usted tener, y yo lo que le respondo es que muy poco rendimiento. Usted en lo que se especializa y por lo que es conocido es en el cabildeo y la intriga política. No tiene usted ningún antecedente
conocido sobre conocimiento en las materias de la cartera de la que es titular, ni en cultura ni en deporte ni en ninguna otra, que sepamos, acaso en el baile, según una conocida comparecencia pública en un video difundido por su partido.
A pesar de ello, y después de oír una lectura de un refrito de fragmentos de la exposición de motivos y de la memoria -porque yo creo que usted de lo que ha hablado no sabe absolutamente nada-, le voy a felicitar por su nombramiento. Y le
voy a felicitar porque ha liberado usted la cartera de Política Territorial, cuyo desempeño provocaba en nuestro grupo pavor, sobre todo después de oírle decir en la última comparecencia en Pleno, en tal condición, que ustedes no descartaban
reformar la Constitución, claro, interpreto que para acercarse a las pretensiones secesionistas. No en vano tiene su partido, el PSC, una dilatada trayectoria de ambigüedad torturadora en materia de integridad territorial en los últimos cuarenta
años, por no hablar de la II República, ya que a ustedes que les gusta tanto esto de la memoria histórica. A esas declaraciones siguieron las de la señora Calvo, hoy también cesante, que habló del referéndum consultivo también en la misma
dirección. Y luego está el señor Zapatero, que en larga entrevista al diario La Razón dijo que él mediante soluciones creativas -un señor que no ha creado nunca nada más que el desastre (aplausos)- iba a conseguir recuperar las competencias que
habían sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre la Ley Orgánica de reforma del Estatuto catalán. Esto es para estremecerse. Por eso le felicito por que haya abandonado usted esta cartera. En fin,
creo que sufrirán su presencia -no pueda adherirme a la felicitación en los términos del resto de los grupos- la cultura y el deporte español.
Además, comparece usted después de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer decreto del estado la alarma, que fue entablada por el Grupo VOX. Una sentencia que ha declarado el abuso y el fraude a la Constitución, por una
voluntad desviada de un Gobierno enemigo del parlamentarismo y de la división de poderes, con un PP en Las Batuecas, por supuesto, que no recurrió nada -con el debido respeto a los habitantes de esa bella comarca y de la provincia de Salamanca y sus
diputados, si es que hay alguno aquí en este acto a estas horas de la tarde-. Señor ministro, todo ello es suficiente para que usted hubiera declinado la invitación de formar parte de este gabinete después del suspiro, pero estremecido, por el que
pasó en ese Ministerio de Política Territorial. Además, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el abuso del decreto-ley por tres veces: en materia del nombramiento del señor
Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, el CNI; en materia de la transferencia de las clases pasivas a la Seguridad Social, y en materia del régimen jurídico del nombramiento del Consejo de Administración
de Radiotelevisión Española y de su presidente.
En todas esas sentencias el Tribunal Constitucional se ha expresado en términos durísimos, y en algunas de ellas en términos demoledores. El designio del Gobierno no es lo que justifica la extraordinaria y urgente necesidad. No es más que
un designio político -dice- y con ello se desplaza la potestad legislativa de las Cortes al Gobierno, impidiendo la intervención de las minorías en el procedimiento legislativo parlamentario. Se lo dijimos así al ministro Marlaska en un Pleno en
una pregunta en abril de 2020, en relación con dos de las materias mencionadas. Nos dijo que estábamos hablando de cosas que no nos importaban, que nos ocupáramos de lo importante. ¿Qué quiere usted que le diga con estos antecedentes? ¿Qué quiere
que le diga de este real decreto-ley? Que la extraordinaria y urgente necesidad usted me contará cuál es.
Sobre la colección Thyssen-Bornemisza, ustedes regulan un contrato de arrendamiento de colecciones artísticas, es decir, una ley singular. Usted esto no lo debe de saber, pero supongo que el abogado de Estado de su ministerio sí. Es una
ley singular y, por lo tanto, inconstitucional. Porque dice: regulación de un nuevo contrato de arrendamiento de determinadas colecciones. Pero ¿qué determinada colección? Si la exposición de motivos solamente habla de la colección de la
baronesa Thyssen, persona por la que manifestamos nuestra simpatía y a la que admiramos por haber sido una coleccionista tan importante en un conjunto de obras pictóricas, verdaderamente notabilísimo. ¿Cuál es aquí la extraordinaria y urgente
necesidad? ¿Que la baronesa Thyssen cobre la renta? (Risas). Supongo que ustedes son un Gobierno socialista. Además, nos dicen en la exposición de motivos que es que se extingue el préstamo de uso, que fue celebrado en 2002 y prorrogado hasta el
día de hoy. Han tenido ustedes tiempo. El señor Sánchez, hoy ausente, como siempre, gobierna desde 2018. ¿Ahora se han dado cuenta? ¿Qué pasa con los ministros anteriores que le han precedido a usted? ¿No lo saben? En fin, ¿qué quiere usted
que le diga?
Todo esto entra dentro del género lírico-cómico bailable (risas), ya que se trata de usted, ministro, porque en la exposición de motivos hay alguna referencia que yo no sé de dónde la han copiado y pegado. Dice que algo importante es tener
en cuenta que hay un lienzo de Fragonard, que era una de las obras que contemplaba en los últimos años de vida el barón Thyssen. Por favor, esto lo han copiado ustedes de un texto periodístico. Esto es un texto periodístico o de opereta, esto es
impropio de una exposición de motivos. Esto no es serio en absoluto. En la memoria no hay impacto económico, no se dice nada. Falso de toda falsedad, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza es una fundación pública estatal. ¿Va a pagar el
arrendamiento la fundación con sus recursos o va a contribuir el Estado? No lo sabemos porque tampoco tiene impacto presupuestario.
Por último, la cuestión de los derechos audiovisuales. ¿Qué quiere que le diga usted? Ya se discutió en 2015, se dijo...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene usted que terminar. Una frase, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Tampoco hay escenario de urgente necesidad, entonces ya fue muy discutida esta incursión en el ámbito privado por un pretexto de derecho de la competencia, nunca suficientemente explicitado ni aclarado y en la
memoria económica tampoco se dice nada...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... de una cuestión que tiene magnitud macroeconómica. Nos abstendremos. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-Varios señores diputados: ¡Muy
bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Merino Martínez
El señor MERINO MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.
Señor ministro, este real decreto-ley trata de dos materias completamente diferentes, distintas. Permítanme que les diga, señorías, que es indignante tanto para la cultura como para el deporte la forma jurídica utilizada para regular lo que
hoy se trae, como otros grupos también han señalado.
Señores del Gobierno, si ustedes quisieran hacer bien su trabajo, hoy hubiéramos tenido dos regulaciones totalmente diferentes y separadas y no en un real decreto-ley, aprobado en el Consejo de Ministros, con nocturnidad y alevosía, tras
pocas horas de haber tomado usted ya posesión como ministro, señor Iceta. Solo a alguien como Pedro Sánchez se le hubiera ocurrido unir en el mismo real decreto-ley la garantía del Estado a la Colección Carmen Thyssen y la imposición a los clubes
de fútbol no profesionales de ceder sus derechos audiovisuales a la Federación Española de Fútbol. Son cosas del sanchismo.
Nos vemos obligados en el Grupo Parlamentario Popular a hacer dos intervenciones diferentes por razón de la materia. En primer lugar, en el Grupo Parlamentario Popular estamos satisfechos de que finalmente se haya concluido la negociación
con la baronesa Carmen Thyssen sobre la permanencia de su magnífica colección en nuestro país. Señor ministro, les ha costado mucho tiempo, les ha costado hasta cuatro ministros de Cultura y Deporte traer esta reforma. Les ha costado mucho tiempo
y cuatro ministros, pero hoy nos quieren justificar su urgencia. ¿Y saben por qué? Aquí algo ya se ha dicho y se ha deslizado. Porque el contrato con la Colección Carmen Thyssen finalizaba el pasado 15 de julio y tuvieron que correr mucho para
aprobar este real decreto, como fuera, un día antes. Usted, ministro, tuvo que correr mucho; como nunca tuvo que correr. Pero nuestro grupo tiene sentido de Estado y, como les he dicho, nos congratula que la colección ubicada en la fundación siga
contando con las obras pertenecientes a la Colección Carmen Thyssen y que son el contrapunto perfecto, por cierto, al Museo del Prado y el Centro Reina Sofía. Además, es un reconocimiento a uno de los mayores mecenas que hemos tenido la suerte de
tener en nuestro país precisamente cuando estamos celebrando el centenario del nacimiento del barón Thyssen, cuestión que reconocemos y vamos a amparar con el voto a favor a este real decreto-ley. Vamos a votar a favor, señor ministro, pero con la
finalidad y con el objetivo de que en el trámite como proyecto de ley, que espero que sea así, ustedes rectifiquen y modifiquen algunos de los puntos que paso a detallar, en concreto en la parte deportiva.
Ustedes traen hoy, como establece el real decreto, una modificación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 abril, aquel que reguló las medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos
audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Por resumir el articulado que hoy traían ustedes aquí y usted leía, estamos hablando de que la participación en una competición oficial de fútbol de ámbito estatal conllevará necesariamente
la cesión por sus titulares a la entidad organizadora de las facultades de la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales. Es decir, ustedes nos traen una reforma del Real Decreto 5/2015, por el que el fútbol profesional pactó la cesión
a la entidad organizadora, que es La Liga -y lo pactaron por acuerdo, tal es el acuerdo que sigue en vigor y eso no se modifica-, pero quieren establecer -ahí está la trampa, la triquiñuela- en el real decreto que los clubes de fútbol no
profesionales deberán ceder sus derechos audiovisuales, sin acuerdo. Deberán obligatoriamente -sin acuerdo- ceder sus derechos audiovisuales. Y ahí está la trampa de este real decreto. En nuestra opinión, el Gobierno expropia por decreto-ley al
fútbol español no profesional los derechos audiovisuales en favor de otra entidad y prohíbe la posibilidad de comercializar los derechos audiovisuales de los que son titulares. Señor Iceta, señor ministro, cuando vaya a Cataluña, ¿cómo les va a
explicar a los clubes de fútbol no profesional que sus derechos los va a gestionar la Real Federación Española de Fútbol? Me gustaría estar delante. ¿Cómo se lo va a explicar? Va a tener un problema, ya se lo adelanto. Muchos clubes y ligas
terminarán desapareciendo o no inscribiéndose en las ligas. Gana el grande frente a los pequeños gracias a un Gobierno social y comunista. Hablan del Pacto de Viana, he oído por aquí. ¿Me pueden decir en qué ha ayudado el Pacto de Viana al
deporte base -díganme algo-, al deporte federado no profesional, al deporte autonómico, a los eventos? ¿A qué ha ayudado? ¿A los gimnasios que han cerrado, a los que están perdiendo los empleos? No han ayudado absolutamente nada, es un pacto de
la mentira.
Este real decreto contiene muchos errores. El primero, como le he dicho, es que traen la modificación con nocturnidad y alevosía junto a la Colección Thyssen para que no podamos votar en contra. Son ustedes unos trileros. Se le atribuye a
la Federación Española de Fútbol una potestad sobre los derechos audiovisuales de titularidad de los clubes no profesionales, cuando es una entidad que representa al conjunto del fútbol español y no a los clubes. Por cierto, lo hace muy bien la
representación del fútbol español pero esa es su función y esa es la función delegada por ley. Este real decreto se olvida de regular la participación de los titulares de los derechos en este proceso. Señor ministro, es una expropiación. Me quedo
perplejo con la gente, con los grupos que van a votar a favor de esta expropiación de derechos. ¡Si es propio de un régimen comunista! Si es que en realidad nos estamos pareciendo a Cuba y a Venezuela también en el deporte. ¿Por qué solo se
restringe al fútbol este real decreto y no a otras modalidades
deportivas, señor ministro? Eso no nos lo ha explicado. ¿Por qué solo hablamos de fútbol hoy? ¿Por qué no ha hablado de baloncesto? ¿Por qué no hablamos de esos derechos audiovisuales? Espero que empiece a estudiarse estas materias
ahora que va a tener tiempo.
Señorías, el pueblo español está harto de que ustedes siempre nos quieran dividir, enfrentarnos, fraccionarnos, favorecer a unos frente a otros y que utilicen también el deporte para enfrentar al sector deportivo. Espero que ahora en Tokio,
señor ministro -sé que va a viajar-, se impregne de los valores del olimpismo...
La señora PRESIDENTA: Señor Merino, tiene usted que terminar.
El señor MERINO MARTÍNEZ: ... y pueda traer cordialidad y concordia en la tramitación del proyecto de ley corrigiendo los graves errores deportivos que contiene este real decreto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lamuà Estañol.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, presidenta.
Señor Merino, lo ha intentado usted pero no contaba con la presencia pretérita de Sánchez García, que no sabemos bien a qué ha salido a hablar, por lo menos usted ha hablado todo el rato del decreto que toca.
Solo quiero referir unas palabras para las señorías de VOX. Ya le gustaría, señor Sánchez García -que ha subido a esta tribuna a voz en grito, cual profesor Bacterio desatado-, tener un solo gramo de la dignidad institucional, de la
responsabilidad institucional y del servicio a España que tiene Miquel Iceta i Llorens. Ya le gustaría. (Aplausos). Es vergonzoso escuchar el nivel de las intervenciones de su grupo parlamentario en este hemiciclo.
Más allá de lo prosaico, evidentment, felicitant el nou ministre de Cultura i Esports, más allá de las apreciaciones de los distintos portavoces, hay diversos elementos más generales entorno a lo que hoy convalidamos a los que nos hemos
referido prácticamente todos y que impactan de manera más general (rumores) ya sea en el deporte o en la cultura de nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: En lo que atañe a la comercialización de los derechos de imagen del fútbol, es evidente que este deporte es y será punta de lanza en muchos aspectos para el resto del deporte de nuestro país. Esa iniciativa da más
espacio a competiciones no profesionales, también a las competiciones femeninas, y debe servir para consolidarlas y para apuntalarlas en el futuro. Es cierto que esta disposición afecta exclusivamente al fútbol, pero sabemos, como decía, que en
muchos aspectos es para otras disciplinas deportivas un desbrozador, quien abre camino, por ejemplo, en la generación de espacios de profesionalización más allá de las competiciones masculinas, siendo el primero que está permitiendo crear espacios
reales de profesionalización para las deportistas en España. Es ese empuje el que deberemos aprovechar entre todos para que no quede ese esfuerzo solo en el fútbol, para que vayamos ampliando más y más ese efecto y no sea un caso único, sino el
inicio de una tendencia para el futuro. Para ello, de la misma manera que debemos tener en cuenta el rol esencial del fútbol profesional en el ecosistema deportivo, este debe seguir con el compromiso de devolver con creces a ese ecosistema que
encabeza el esfuerzo que tantas instituciones públicas hacen y que permite mantener el nivel del fútbol en España y aumentarlo.
En lo que respecta a la colección Carmen Thyssen, al Museo Nacional, Thyssen-Bornemisza, más allá de las filias y fobias que cada cual puede gestionar libremente, podemos decir de manera objetiva que esta colección que complementa el Museo
nacional es hoy en día una de las colecciones privadas más atractivas a las que puede tener acceso el público y forma parte, por lo tanto, de un elenco muy especial de escasa o nula movilidad. No hay un intercambio de este tipo de grandes
colecciones, mucho menos en exposición pública permanente, que pueda cambiarlas de un territorio a otro. Uno no recupera lo que pueda perder en ese campo. Por ello, es especialmente necesario hacer un esfuerzo para que esta siga estando en España
y siga formando parte de nuestro ecosistema museístico, es decir, no solo que esté en España, sino expuesta públicamente y abierto permanentemente su disfrute para toda la ciudadanía. Es evidente que se trata hoy por hoy de uno de los grandes
atractivos para visitar no solo
Madrid, sino toda España. Lo acreditan, evidentemente, los 7,7 millones de visitantes que en el 2019, antes de la pandemia, pasaron por las tres pinacotecas del paseo del arte, una aglomeración única en el mundo, con arte de todas las
épocas y estilos, que en el espacio de unos pocos centenares de metros aúna más de 5000 obras; repito, única en el mundo, sin competencia a escala global. Sin duda, hoy en día no podríamos entender que perdiéramos una parte suficientemente
significativa como es la colección Thyssen.
El Museo Thyssen, la marca Thyssen, por otro lado, es una marca artística reconocible a nivel global, que produce un clarísimo efecto llamada allí donde está y que se complementa perfectamente con las colecciones del Prado y del Reina Sofía,
permitiendo que en un pequeño paseo se puedan ver obras originales de los más grandes artistas de los últimos siglos, un hecho que -no me cansaré de puntualizarlo- es único hoy en día, con tanta calidad y en tanta cantidad como podemos disfrutar en
nuestro país. En nuestro entorno no hay países que puedan competir directamente con eso y, sin duda, si algo debemos hacer, es desarrollar al máximo su potencial. Parecería incluso insensato no hacer un esfuerzo, como han hecho Gobiernos de todos
los colores en nuestro país, para asentar de la manera más definitiva posible esa colección en su actual ubicación. Ya sea -algún portavoz lo ha dicho- el Mata Mua, de Gauguin, ya sea el Barco de pesca entre dos rocas en una playa del Mar Báltico,
de Friedrich, que ha inspirado incluso novelas, o los Sunyer y Fortuny de los que podemos gozar entre sus paredes, la colección Carmen Thyssen representa algo irrenunciable. Renunciar a tal elenco sería amputar una parte de esa joya de la corona
cultural que son para Madrid y también para España las colecciones pictóricas que reposan hoy a la sombra de los árboles del Paseo del Prado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, evidentemente, votará favorablemente la convalidación de ese real decreto-ley.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lamuà. (Pausa.- Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- ACUERDO SOBRE SUPRESIÓN DE LOS REQUISITOS DE VISADO PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, ESPECIALES Y DE SERVICIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE QATAR, HECHO EN MADRID Y DOHA EL 26 DE OCTUBRE DE 2020. (Número de
expediente 110/000059).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MADRID EL 3 DE DICIEMBRE DE 2020. (Número de expediente 110/000060).
- ACUERDO SOBRE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL MAR DEL NORTE POR HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS, HECHO EN BONN EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1983, ENMENDADO Y LA DECISIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES
RELATIVA A LA ADHESIÓN DEL REINO DE ESPAÑA. (Número de expediente 110/000061).
- CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO, HECHO EN KUMAMOTO EL 10 DE OCTUBRE DE 2013. (Número de expediente 110/000062).
- ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL TRATADO CONSTITUTIVO DEL MECANISMO EUROPEO DE ESTABILIDAD ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA, IRLANDA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, EL REINO DE ESPAÑA, LA
REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, LA REPÚBLICA DE LETONIA, LA REPÚBLICA DE LITUANIA, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA
PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE ENERO Y EL 8 DE FEBRERO DE 2021. (Número de expediente 110/000064).
- ACUERDO SOBRE LA TRANSFERENCIA Y MUTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES AL FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA DE BULGARIA, LA REPÚBLICA CHECA, EL REINO DE DINAMARCA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA
DE ESTONIA, IRLANDA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA DE CROACIA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, LA REPÚBLICA DE LETONIA, LA REPÚBLICA DE LITUANIA, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, HUNGRÍA,
LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA DE POLONIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, RUMANIA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE ENERO Y
EL 8 DE FEBRERO DE 2021. (Número de expediente 110/000065).
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos a examinar los puntos del orden del día relativos a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/000059 a 110/000062, 110/000064 y
110/000065.
Varios grupos parlamentarios han solicitado intervenir en relación con dichos dictámenes. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, se abre un turno de tres minutos para que los grupos parlamentarios puedan fijar su
posición desde el escaño.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor.
La señora ROSIQUE I SALTOR: Gràcies, presidenta.
En los acuerdos que hoy nos presentan, encontramos un acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile para el intercambio y protección recíproca de información clasificada en el ámbito de defensa. Dicho de otra manera, hoy nos
piden que votemos favorablemente a que el Gobierno español pueda seguir ocultando sus negocios militares y armamentísticos con el Gobierno de Chile. Nos están pidiendo a los parlamentarios que demos apoyo a no poder acceder a información, y lo
hacen en el mes de julio y junto a cinco tratados más, a ver si así pasa desapercibido.
Hace una semana supimos que el rey emérito había participado directamente en los comercios armamentísticos con Arabia Saudí para enriquecerse; hace un mes supimos que en plena pandemia el Gobierno español había llegado al récord histórico
de aprobación de licencias de exportación de armamento; hace un mes y medio supimos que el Gobierno español había recaudado millones de euros para enviarlos a Estados Unidos para desarrollar el Plan Colombia, que mató a miles de colombianos, ¿y hoy
tienen la desvergüenza de pedirnos que votemos a favor de un acuerdo como este?
Durante los dos últimos años, precisamente, el Gobierno chileno ha destacado por reprimir a los manifestantes que se movilizaron masivamente de forma persistente para que se respetaran sus derechos, un Gobierno que ha sido denunciado por
torturas hacia el pueblo mapuche, un Gobierno con varias denuncias penales por haber cometido presuntamente crímenes de lesa humanidad. ¿De verdad el Gobierno español quiere proteger y ocultar las irregularidades del Gobierno chileno?
Por respeto a la democracia y por respeto a la transparencia, hagan el favor de impedir que salga adelante este acuerdo. Quién sabe qué nos intentan ocultar esta vez. Si algo demuestra la historia del Estado español es que por su
reputación internacional es capaz de hacer cualquier cosa.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rosique.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
Sobre el acuerdo de modificación del Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El propósito principal de la reforma es que el MEDE pueda financiar el Fondo Único de Resolución, gestionado por la Junta Única de Resolución del
Mecanismo Único de Resolución, concebido como fondo para resolver problemas críticos de entidades financieras cuando estas no pueden hacerles frente por sí mismas. Hasta ahora, ese fondo se financiaba con cargo a las aportaciones de las entidades
bancarias de los Estados miembros. Lo que se propone ahora es que pueda también hacer aportaciones el MEDE al FUR, de suerte que sería una carga para los Estados miembros, y como quiera que los recursos del MEDE son limitados, subvenir a
situaciones críticas el sector bancario supone que deje de subvenir a necesidades de otros sectores de actividad económica.
Por consiguiente, no estamos en condiciones de votar a favor, sino que nos abstendremos, porque no alcanzamos a ver la racionalidad de este propósito una consideración general de la economía.
En cuanto al segundo, el acuerdo sobre la transferencia de mutualización de las aportaciones al Fondo Único de Resolución, la reforma trata de mutualizar las obligaciones de los Estados parte de dicho acuerdo para las aportaciones ex post de
los Estados miembros, es decir, aquellas que se les pedirán con cargo a los sectores bancarios nacionales cuando los recursos disponibles del FUR por aportaciones ex ante no sean suficientes para cubrir pérdidas, costes u otros gastos por las
medidas de resolución del FUR. Esta mutualización de las aportaciones ex post presupone que una reducción del riesgo general en el sector financiero en la zona euro haya tenido lugar, y esa evaluación se debería haber hecho por las instituciones en
2020; no se ha hecho, probablemente por una decisión política, y por lo tanto no ha habido un fundamento tal y como estaba previsto para llevar a cabo la medida que ahora reviste esta forma de acuerdo de reforma del acuerdo de 2014. Nos parece muy
difícil en las circunstancias actuales, causadas esencialmente por la crisis del coronavirus, poder afirmar que ese avance sin ninguna evaluación haya tenido lugar en orden a la reducción del riesgo en general en la zona euro. No consta esa
evaluación, no consta tampoco nada en contrario, no consta nada y, por lo tanto, no podemos aprobar esta reforma sobre esa inexistencia de un conocimiento suficiente para que merezca nuestra adhesión. En todo caso, la eficacia de la reforma queda
condicionada a esa comprobación y, por lo tanto, cabe preguntarse por qué obligarse hoy y no esperar a la verificación de esa evaluación del riesgo. Desde un punto de vista nacional, tampoco creemos posible concluir que una mutualización superior
no perjudique a España y su sector bancario en el conjunto de los Estados parte. Como aproximación nos atrevemos a considerar que los beneficiarios de la mutualización creciente serían otros Estados y sus sectores bancarios con menos...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene usted que terminar, por favor.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Baste al efecto recordar el antecedente, todavía en curso de litigio ante el Tribunal de Luxemburgo, de la resolución del Banco Popular.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra en nombre de mi grupo parlamentario para anunciar que vamos a votar todos y cada uno de los convenios a favor, una vez más apoyando a este Gobierno.
Yo me atrevería a hacer dos grupos de convenios, uno de carácter menos importante, fundamentalmente con países que no tienen una relevancia de primer orden internacional -en la línea de lo que últimamente el presidente del Gobierno está
buscado a la vista del fracaso total y absoluto con las relaciones con Estados Unidos y en la línea también del bochorno que hemos sufrido con la política de Marruecos-, y otros más importantes -ya se ha dicho aquí ahora mismo-, que afectan al
Mecanismo Europeo de Estabilidad financiera y al Fondo Único de Resolución.
El MEDE, señorías, es un mecanismo que posiblemente tenga que utilizar este Gobierno. Todo el mundo sabe que España ha sido uno de los países que peor ha gestionado la crisis del coronavirus. A pesar de esconder el número de muertos,
señorías, es evidente que se ha hecho algo muy mal, como también es evidente que se ha gestionado la economía francamente mal, puesto que Italia y España están en furgón de cola. Esto hace que recibamos 70 000 millones de euros, que ya sabemos cómo
se van a distribuir después de las noticias lamentables que hemos tenido que leer en los medios de comunicación: en una mesa camilla, a favor de Cataluña y, si puede ser, con alguna comisión. Esta mañana un portavoz de VOX decía que VOX actúa, y
vaya que actuó en aquel famoso real decreto de reparto estos fondos, puesto que fue quien ayudó a este Gobierno a sacar adelante el real decreto. Al fin y al cabo, señorías, siempre queda VOX. (Rumores). Yo lo lamento, pero al PSOE también
siempre le queda VOX.
En cualquier caso, ¿por qué vamos a utilizar el MEDE? Hoy hemos tenido conocimiento de que volvemos a batir récords: récord del precio de la energía, récord de endeudamiento, récord del precio del gas, en definitiva, señorías, récord de
déficit. La economía de España no funciona, y es evidente que no funciona porque hay un Gobierno que es incapaz de hacerla funcionar y porque fundamentalmente se está dedicando a lo que no se debería dedicar.
Para finalizar, sí que quiero dejar constancia de lo siguiente: A mí me sorprende hoy el silencio de determinadas fuerzas de izquierda que fueron muy beligerantes cuando el MEDE se trajo a este Parlamento y gobernaba el Partido Popular y
hoy, sencillamente, se callan y votan a favor. Señorías, el MEDE sirve para rescates bancarios. Lo digo porque como ustedes últimamente lo de la terminología -sobre todo me refiero a Izquierda Unida y a Podemos- lo entienden mal -Cuba es una
dictadura y el MEDE es rescate bancario-, quizás hayan descubierto la exuberancia de los bancos sobre todo para financiar áticos y casoplones.
Nada más y muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gómez Hernández.
El señor GÓMEZ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor diputado del Partido Popular, ya nos tiene habituados a soltar aquí su perorata y quedarse tan contento cuando realmente el punto que nos ocupa hoy es el de convenios. No sé muy bien qué tienen que ver con esto Cuba, Estados
Unidos y todo lo que usted ha soltado aquí simplemente con el objetivo de atacar al Gobierno de España y a España, evidentemente. Como no puede ser de otra manera y afortunadamente, gobierna en España el Partido Socialista en una coalición con
formaciones progresistas, con Unidas Podemos, para atender a esta crisis de una manera totalmente diferente a cómo lo hicieron ustedes en la anterior crisis económico-financiera.
En cualquier caso y atendiendo a su máxima irresponsabilidad y a la de su formación en política exterior, a la que ya nos tienen habituados, porque no la comprenden como una política de Estado, sino como una política para vertebrar ataques
contra el Gobierno de España y contra nuestro país, tenemos que decir que, evidentemente, respaldamos los convenios que hoy se elevan a este Pleno: la modificación del Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo, que es fundamental, atendiendo a que
nadie discute el impacto positivo del MEDE en la crisis, y, evidentemente, el acuerdo de mutualización y transferencia, siempre atendiendo a la reducción de riesgos que ocupa, en este caso, la gestión de estos recursos.
En relación con el acuerdo con Chile, creo que es muy importante destacar que nada tiene que ver lo que aquí se ha trasladado hoy en relación con el acuerdo con Chile en materia de Defensa con lo que realmente se firma. Es un acuerdo de
colaboración, de intercambio de información confidencial y secreta para el buen funcionamiento en materia de defensa. Eso es lo que hoy elevamos a este Pleno y que afortunadamente aprobaremos, porque es bueno para la gestión de nuestro país y es
bueno para España.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez.
Señorías, votaremos en dos minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir
su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño.
Muchas gracias. (Pausa).
Señorías, por favor, les pido que ocupen sus escaños y que desalojen el hemiciclo aquellos que no tengan que ejercer el derecho a voto presencialmente. Vamos a empezar con las votaciones.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 12/2021, DE 24 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD ENERGÉTICA Y EN MATERIA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, Y SOBRE GESTIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LA TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL
AGUA. (Número de expediente 130/000052).
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía y
sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 108 más 240 votos telemáticos, 348; a favor, 67 más 126 votos telemáticos, 193; en contra, 3 votos telemáticos; abstenciones, 41 más 111 votos telemáticos, 152.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 107 más 240 votos telemáticos, 347; a favor, 39 más 131 votos telemáticos, 170; en contra, 67 más 106 votos telemáticos, 173; abstenciones, 1 más 3 votos telemáticos, 4.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. (La señora Lastra Fernández pide la palabra) ¿Sí, señora Lastra?
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Presidenta, solamente quiero hacer constar, si se puede solucionar, que en el escaño de María Luisa Carcedo no está funcionando el sistema de voto. En las dos votaciones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Vamos a revisarlo para continuar con el resto de votaciones. (Pausa).
Parece que se ha resuelto.
- REAL DECRETO-LEY 13/2021, DE 24 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICAN LA LEY 2/2021, DE 29 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, Y EL REAL
DECRETO-LEY 26/2020, DE 7 DE JULIO, DE MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS ÁMBITOS DE TRANSPORTES Y VIVIENDA. (Número de expediente 130/000053).
La señora PRESIDENTA: Seguimos con las votaciones.
Real decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifica la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real
Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 108 más 240 votos telemáticos, 348; a favor, 69 más 111 votos telemáticos, 180; en contra, 39 más 51 votos telemáticos, 90; abstenciones, 78 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 108 más 240 votos telemáticos, 348; a favor, 40 más 105 votos telemáticos, 145; en contra, 68 más 126 votos telemáticos, 194; abstenciones, 9 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 14/2021, DE 6 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. (Número de expediente 130/000054).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 108 más 240 votos telemáticos, 348; a favor, 67 más 103 votos telemáticos, 170; en contra, 41 más 129 votos telemáticos, 170; abstenciones, 8 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud. (Pausa).
Perdón, he contado mal y hay un empate. (Rumores.-Aplausos). En caso de empate, como todos ustedes saben, de acuerdo con el artículo 88 del Reglamento, se procede a repetir la votación.
Volvemos, por tanto, a votar el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 107 más 240 votos telemáticos, 347; a favor, 67 más 103 votos telemáticos, 170; en contra, 40 más 129 votos telemáticos, 169; abstenciones, 8 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 108 más 240 votos telemáticos, 348; a favor, 108 más 238 votos telemáticos, 346; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 1 voto telemático.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 15/2021, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA EL ARRENDAMIENTO DE COLECCIONES DE BIENES MUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL POR DETERMINADAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS URGENTES
EN EL ÁMBITO CULTURAL Y DEPORTIVO. (Número de expediente 130/000055).
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, silencio.
Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del patrimonio histórico español por determinadas entidades del sector público y se adoptan otras medidas urgentes
en el ámbito cultural y deportivo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 108 más 238 votos telemáticos, 346; a favor, 108 más 161 votos telemáticos, 269; abstenciones, 77 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.
Se ha solicitado también la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 108 más 239 votos telemáticos, 347; a favor, 40 más 118 votos telemáticos, 158; en contra, 68 más 99 votos telemáticos, 167; abstenciones, 22 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
- ACUERDO SOBRE SUPRESIÓN DE LOS REQUISITOS DE VISADO PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, ESPECIALES Y DE SERVICIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE QATAR, HECHO EN MADRID Y DOHA EL 26 DE OCTUBRE DE 2020. (Número de
expediente 110/000059).
- ACUERDO SOBRE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL MAR DEL NORTE POR HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS, HECHO EN BONN EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1983, ENMENDADO Y LA DECISIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES
RELATIVA A LA ADHESIÓN DEL REINO DE ESPAÑA. (Número de expediente 110/000061).
La señora PRESIDENTA: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Votación conjunta de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales números de expediente
110/000059 y 110/000061, puntos del orden del día 5 y 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada al votación, dio el siguiente resultado: presentes, 108 más 237 votos telemáticos, 345; a favor, 108 más 212 votos telemáticos, 320; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 24 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MADRID EL 3 DE DICIEMBRE DE 2020. (Número de expediente 110/000060).
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile para el intercambio y protección recíproca de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Madrid el 3 de diciembre de 2020.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 108 más 237 votos telemáticos, 345; a favor, 101 más 183 votos telemáticos, 284; en contra, 15 votos telemáticos; abstenciones 7 más 39 votos telemáticos, 46.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
- CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO, HECHO EN KUMAMOTO EL 10 DE OCTUBRE DE 2013. (Número de expediente 110/000062).
La señora PRESIDENTA: Convenio de Minamata sobre el mercurio, hecho en Kumamoto el 10 de octubre de 2013.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 108 más 237 votos telemáticos, 345; a favor, 108 más 161 votos telemáticos, 269; en contra, 3 votos telemáticos; abstenciones, 73 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
- ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL TRATADO CONSTITUTIVO DEL MECANISMO EUROPEO DE ESTABILIDAD ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA, IRLANDA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, EL REINO DE ESPAÑA, LA
REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, LA REPÚBLICA DE LETONIA, LA REPÚBLICA DE LITUANIA, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA
DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE ENERO Y EL 8 DE FEBRERO DE 2021. (Número de expediente 110/000064).
- ACUERDO SOBRE LA TRANSFERENCIA Y MUTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES AL FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA DE BULGARIA, LA REPÚBLICA CHECA, EL REINO DE DINAMARCA, LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA
DE ESTONIA, IRLANDA, LA REPÚLBIA HELÉNICA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA DE CROACIA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA DE CHIPRE, LA REPÚBLLICA DE LETONIA, LA REPÚBLICA DE LITUANIA, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, HUNGRÍA,
LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA DE POLONIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, RUMANÍA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, LA REPÚBLICA ESLOVACA Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE ENERO Y
EL 8 DE FEBRERO DE 2021. (Número de expediente 110/000065).
La señora PRESIDENTA: Votación conjunta de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales puntos del orden del día 9 y 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 108 más 237 votos telemáticos, 345; a favor, 108 más 163 votos telemáticos, 271; en contra, 3 votos telemáticos; abstenciones, 71 votos telemáticos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes.
Señorías, les informo de que en quince minutos empezará la Diputación Permanente.
Se levanta la sesión.
Muchísimas gracias.
Eran las cuatro y cinco minutos de la tarde.