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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 110, de 10/06/2021
cve: DSCD-14-PL-110 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 110

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 106

celebrada el jueves,

10 de junio de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.


- Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie A, número 53-1, de 6 de mayo de 2021. (Número de expediente 121/000053) ... (Página6)


- Votación... (Página18)


Palabras de la Presidencia ... (Página19)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.


- Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las
personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. (BOE núm. 113, de 12 de mayo de 2021). (Número de expediente 130/000049) ... (Página19)


- Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. (BOE núm. 127, de 28 de mayo de 2021). (Número de expediente
130/000051) ... (Página41)


- Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca 'Filomena'. (BOE núm. 119, de 19 de mayo de 2021). (Número de expediente 130/000050) ... href='#(Página54)'>(Página54)



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Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados.


- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados. (Número de expediente 042/000021) ... (Página66)


Propuestas de creación de subcomisiones.


- Propuesta de la Comisión de Sanidad y Consumo, de creación de una subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 282, de 31 de mayo de
2021. (Número de expediente 158/000016) ... (Página66)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página67)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página67)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página68)


Votación de conjunto ... (Página68)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página68)


Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página70)


Propuestas de creación de subcomisiones. (Votación) ... (Página70)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)


El señor don Miguel Ángel Bustamante Martín adquiere la condición plena de diputado al prestar acatamiento a la Constitución.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página6)


Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea ... (Página6)


En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en el Pleno intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Sánchez García, del Grupo
Parlamentario VOX, y Jerez Juan, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Boadella Esteve y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Santiago Romero, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y la señora Fernández Benéitez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Hace uso de la palabra el señor ministro de Justicia (Campo Moreno).



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Votación ... (Página18)


Sometidas las enmiendas a votación separada por bloques, son rechazadas todas.


Palabras de la Presidencia ... (Página19)


La Presidencia, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, anuncia que las votaciones no se realizarán antes de las 14:00 horas.


Asimismo informa de que desde las 10:30 hasta las 13:00 horas de hoy se podrán votar telemáticamente los asuntos pendientes incluidos en el orden del día y de que la votación presencial se realizará al final de la sesión.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página19)


Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las
personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales ... (Página19)


La señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno en contra de la convalidación interviene el señor Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX.


En turno a favor de la convalidación interviene la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.


Replica el señor Aizcorbe Torra y duplica la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.


Hace uso de la palabra el señor Aizcorbe Torra.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Mazón Ramos y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Barandiaran Benito, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Hace uso de la palabra el señor Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX.


Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Boadella Esteve y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Rosique i Saltor, del Grupo
Parlamentario Republicano; los señores Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Movellán Lombilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Perea i Conillas, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos ... (Página41)


La señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.



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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sayas López y Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Martínez Granados, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; el señor Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; los señores Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo
Parlamentario VOX, y Cabezón Casas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.


Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca 'Filomena' ... (Página54)


El señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno y Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Pujol i Farré del Grupo Parlamentario Republicano, y Pérez Merino, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el
señor Fernández Hernández, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Vicente Viondi, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página66)


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados ... (Página66)


La Presidencia informa de que ningún grupo parlamentario va a intervenir en este punto.


Propuestas de creación de subcomisiones ... (Página66)


Propuesta de la Comisión de Sanidad y Consumo, de creación de una Subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal ... (Página66)


La Presidencia informa de que este punto se someterá a votación sin debate previo.


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página67)


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el Estatuto del Artista, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, se aprueba por 99 votos a favor más 197 votos telemáticos, 296; y 52 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a crear un verdadero plan de ayudas directas que se distribuya de forma equitativa en todo el territorio nacional y esté dirigido a todos los autónomos y
empresarios afectados por la pandemia causada por la COVID-19, se



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rechaza por 39 votos a favor más 112 votos telemáticos, 151; 60 en contra más 136 votos telemáticos, 196; y 1 abstención con voto telemático.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página67)


Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las
medidas que piensa impulsar el Gobierno de España para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, se rechaza por 39 votos a favor más 61 votos telemáticos, 100; 60 en contra más 133 votos telemáticos, 193; y 55 abstenciones con voto
telemático.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estado de nuestra política exterior, se rechaza por 39 votos a favor más 104 votos telemáticos, 143; y 60 en contra
más 144 votos telemáticos, 204.


Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en relación con las cotizaciones de los autónomos, se rechaza por 39 votos a favor más 113 votos telemáticos, 152; 60 en contra más 135 votos telemáticos, 195; y 1 abstención con
voto telemático.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página68)


Sometido a votación el dictamen del proyecto de ley orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, se
aprueba por 60 votos a favor más 137 votos telemáticos, 197; 39 en contra más 104 votos telemáticos, 143; y 7 abstenciones con voto telemático.


Votación de conjunto ... (Página68)


Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico, se aprueba por 61 votos a favor más 137 votos telemáticos, 198; 37 en contra más 104 votos telemáticos, 141; y 8 abstenciones con voto telemático.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votaciones) ... (Página68)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para
garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, se aprueba por 60 votos a favor más 135 votos telemáticos, 195; 39 en contra más 112 votos telemáticos, 151; y 2 abstenciones con voto
telemático.


Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 99 votos a favor más 221 votos telemáticos, 320; 26 votos telemáticos en contra y 1 abstención con voto telemático.


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos, se aprueba por 99 votos a favor más
195 votos telemáticos, 294; 1 voto telemático en contra y 52 abstenciones con voto telemático.



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Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 39 votos a favor más 127 votos telemáticos, 166; 60 en contra más 118 votos telemáticos, 178; y 3 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca 'Filomena', se aprueba por 98 votos a favor más 241 votos telemáticos,
339; 1 en contra más 1 voto telemático, 2; y 6 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 39 votos a favor más 112 votos telemáticos, 151; 60 en contra más 126 votos telemáticos, 186; y 10 abstenciones con voto telemático.


Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página70)


Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados, se aprueba por 98 votos a favor más 246 votos telemáticos, 344; 1 voto telemático en contra;
y 1 abstención más 1 voto telemático, 2.


Propuestas de creación de subcomisiones. (Votación) ... (Página70)


Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Sanidad y Consumo, de creación de una subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal, se aprueba por 60 votos a favor más 146 votos telemáticos,
206; y 39 en contra más 102 votos telemáticos, 141.


Se levanta la sesión a las tres y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.


Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.


En sustitución de doña María Márquez Guerrero, pregunto a don Miguel Ángel Bustamante Martín si jura o promete acatar la Constitución.


El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Buenos días.


En defensa de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo, sí, prometo.


La señora PRESIDENTA: Don Miguel Ángel Bustamante Martín ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSEJO, DE 12 DE OCTUBRE DE 2017, POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COOPERACIÓN REFORZADA PARA LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA. (Número de expediente 121/000053).


La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas y, en concreto, al relativo al proyecto de ley orgánica de aplicación del



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Reglamento 2000/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.


Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Debatimos la aprobación del proyecto de ley orgánica para la adaptación del ordenamiento jurídico estatal al Reglamento de la Unión 2017/1939, que establece la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea a fin de
perseguir... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor LEGARDA URIARTE: ... los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, tal y como se encuentran definidos en la Directiva 2017/1371, ya traspuesta por la Ley Orgánica 1/2019, de modificación del Código Penal.


Con este proyecto de ley orgánica se trata de asegurar el efecto útil del Reglamento de la Fiscalía Europea en su aplicación en el Estado español, que, aunque goza de efecto directo, requiere operaciones de depuración del ordenamiento
jurídico estatal para evitar redundancias entre ordenamientos y, en algunos casos, facilitar la aplicación de la normativa de la Unión, y ello sin perjuicio de la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues, como señala el
considerando 15 del Reglamento, no afecta a los sistemas nacionales de los Estados parte en la organización de sus investigaciones penales.


No obstante, este proyecto adopta una decisión de política legislativa, que compartimos, al avanzar un paso, no obligado por el Reglamento pero sí conveniente, en la transición hacia un nuevo modelo de proceso penal que cuente con un mayor
grado de convergencia con buena parte del resto de los Estados miembros, siendo su mayor exponente la atribución a la Fiscalía de todas las actuaciones de investigación e instrucción, alineado, además, con el camino ya transitado por la Ley Orgánica
5/2000, de Responsabilidad Penal de Menores; la atribución al ministerio fiscal, que se complementa, esto sí, por mandato del Reglamento, con su inamovilidad y su plena independencia orgánica y funcional, y la atribución al ministerio fiscal, que
se contrapesa, por otro lado, como en los distintos modelos nacionales del sistema penal en los que la investigación e instrucción se atribuyen a la Fiscalía, por un juez de garantías para el control de las decisiones de la Fiscalía, lo que
constituye una cuestión clave en este nuevo modelo de proceso penal, haciendo así efectivo el principio de tutela judicial efectiva inherente a todo Estado de derecho.


Señorías, este cambio de paradigma del sistema procesal penal para la lucha en el Estado español contra las infracciones que perjudiquen los intereses financieros de la Unión arrastra también otros importantes cambios procesales, tales como,
y sin ánimo de ser exhaustivo, la exclusión del jurado, optando por un enjuiciamiento profesional; la ampliación de la legitimación de la acusación particular, para así dar cabida a buena parte de la misma, salvando el posible perjuicio al
principio de equivalencia, por el cual las normas procesales nacionales que rigen las acciones destinadas a la protección de los derechos individuales otorgados por el derecho de la Unión no deben ser menos favorables que las que rigen en acciones
similares en el derecho nacional; también la atribución a la Audiencia Nacional, salvo en el caso de aforados, tanto de la fase de enjuiciamiento como de la tutela de los derechos ejercida por el juez de garantías a través de magistrados de los
juzgados centrales instrucción; también la novedosa y garantista regulación del procedimiento simplificado, de conformidad con la exigencia de la enmienda transaccional entre los Grupos Parlamentarios Vasco y Socialista de que se requerirá en todos
los casos una justificación de la existencia de indicios racionales de criminalidad distinta al mero reconocimiento de los hechos por la persona investigada, o la regulación de la fase intermedia para agilizar los trámites de la preparación del
juicio oral.


Ciertamente, todas estas cuestiones, como se ha puesto de manifiesto en la tramitación de esta ley orgánica, han de implicar una cierta dualidad procedimental respecto de los delitos análogos que no sean competencia de la Fiscalía Europea y
para los que sean de su competencia que tampoco sea exigida por el reglamento pero que, dado el contenido que anticipan de una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ahora en tramitación por el prelegislador, consideramos que proceden
como cabeza de puente para cambios venideros.


En definitiva, señorías voy finalizando, presidenta, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente el dictamen de la Comisión de Justicia, por los motivos ya expuestos, junto a que buena parte de las



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enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario han sido admitidas o transaccionadas, sin perjuicio de que mantengamos tres enmiendas para este Pleno. Mantenemos las números 27 y 28, a los artículos 90 y 93, referidas,
respectivamente, a la impugnación tanto de los decretos del fiscal europeo delegado como del recurso de apelación contra autos del juez de garantías, que consideramos que resultaría adecuado hacer referencia expresa a todos los supuestos
impugnables, con independencia de que se haya hecho referencia particular a cada uno de ellos en otras partes del articulado, y ello a fin de facilitar la labor de los operadores jurídicos. También mantenemos la enmienda número 34 a la disposición
final sexta, tanto por exceso como por defecto en la determinación de los preceptos orgánicos de la ley, circunstancia que se produce porque, a pesar de estar configurando el proyecto como una ley orgánica, en la misma se incluyen, con carácter
mayoritario, preceptos ordinarios, lo que obliga a una clasificación de los preceptos atendiendo a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, que destaca la necesidad de aplicar un criterio restrictivo para determinar el alcance de
la reserva de ley orgánica, para no petrificar el ordenamiento y preservar también la regla de las mayorías parlamentarias no cualificadas, limitándolo al desarrollo de los elementos esenciales para la definición y delimitación del derecho
fundamental afectado.


Señorías, como ya les señalé con anterioridad, votaremos favorablemente el proyecto que debatimos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Bal Francés. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.


El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta.


Buenos días a todos. Buenos días, señor ministro. Siempre es un placer verle aquí defendiendo sus leyes. La verdad es que es extraño tener que darle las gracias a un ministro por venir al Congreso de los Diputados. Es usted un caso raro,
porque viene aquí a interesarse por las leyes que tramita su ministerio.


En el trámite de toma en consideración de este proyecto de ley orgánica ya dije que este es un proyecto de ley que tiene tres cosas que agradan a Ciudadanos, y a mí personalmente: en primer lugar, la lucha contra la corrupción; en segundo
lugar la independencia del ministerio fiscal, y, en tercer lugar, la protección del erario público europeo, de los fondos europeos, de las subvenciones europeas.


En primer lugar, la lucha contra corrupción. Como ya dije entonces y repito ahora, nos encontramos con un método eficaz para perseguir determinados delitos, delitos graves, como el delito fiscal, el fraude de subvenciones, el cohecho,
también el blanqueo de capitales, también utilizado por las organizaciones criminales precisamente para cometer estos delitos. Señor ministro, llevan ustedes tres años ya en el Gobierno y esta es la única iniciativa que ponen en marcha para luchar
contra la corrupción. Parece que ustedes solamente legislan contra la corrupción cuando les obliga Europa. Mire, ayer en el Parlamento andaluz, por iniciativa de Ciudadanos, que ostenta la competencia de Justicia, se aprobó la Ley de Lucha
Integral contra la Corrupción. Sin embargo, ustedes y los señores de Podemos votan en contra cuando nosotros traemos aquí nuestra ley integral de lucha contra la corrupción. Espero, de verdad, que su ministerio se tome en serio esta cuestión para
cuando la corrupción se comete no respeto al erario público europeo sino respecto al tesoro público español.


En segundo lugar nos encontramos con el principio de independencia del ministerio fiscal, independencia de cualquier criterio político e independencia también de la Fiscalía española por lo que se refiere al fiscal europeo delegado.
Mantenemos viva nuestra enmienda número 46, porque creemos que le estamos dando la oportunidad de poder establecer, precisamente, esa independencia del Ministerio Público también para España. Pero ustedes nos han rechazado esta enmienda. Le quiero
decir aquí, en el Pleno -lo dije el otro en la Comisión-, que si usted no nos trae una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establezca la independencia del Ministerio Público del poder político y del Poder Ejecutivo no cuente con
Ciudadanos para aprobar una ley de enjuiciamiento criminal que atribuye la instrucción a la Fiscalía, que sería un peligro enorme para la seguridad jurídica de los españoles hacer depender el mantenimiento o no de la acción penal del criterio de una
Fiscalía que no es independiente... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Discúlpeme un momento, señor Bal, porque estoy obligada a pedir silencio por segunda vez. Por favor, hay un rumor constante y es difícil seguir al orador.



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El señor BAL FRANCÉS: Respecto a este punto, señores del Partido Popular, no digan que ahora Ciudadanos se pone del lado del Partido Popular con este criterio de pedir la independencia del ministerio fiscal, cuando ustedes (señala los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y ustedes (señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) han gobernado este país, por turnos, durante cuarenta años, incluso con mayorías absolutas, y nunca han hecho nada por
garantizar la independencia del ministerio fiscal. Lo único que han querido ustedes ha sido nombrar siempre a alguien de su confianza en este puesto.


En tercer lugar, nos encontramos con la protección del erario público europeo. Los señores de VOX son coherentes votando que no a este dictamen, a esta ley. Ellos, con su abstención, consiguieron que el Real Decreto-ley 36/2020 saliera
adelante y, de esta forma, el señor Sánchez y el señor Redondo podrán repartir los fondos europeos como les venga en gana. Lógicamente, ahora votan que no también a lo que es un sistema de control de la aplicación de estos fondos europeos. Los
señores de VOX apoyan que se pueden utilizar los fondos europeos en un reparto arbitrario y sin control. Este es el mensaje que están lanzando.


Llama un poco más la atención lo del Partido Popular, porque ellos sí que han planteado aquí una agencia independiente de distribución de estos fondos y porque son un partido europeísta, que vota con los socialdemócratas y los liberales en
el Parlamento Europeo. ¿Por qué votan que no a un sistema que va a controlar de una manera eficaz el reparto de los fondos europeos por importe de 140 000 millones y que estos señores del Partido Socialista van a poder utilizar, gracias al apoyo de
VOX, como les venga en gana? No lo entendemos. No se entiende si no es porque a lo mejor se trata de una ley que lucha contra la corrupción y ustedes no están por la labor de luchar contra esta corrupción. No lo entendemos si no es así, porque se
han buscado una excusa peregrina para votar que no diciendo que la instrucción debe estar en manos del juez de instrucción y no del fiscal, cuando el Reglamento europeo del año 2017 es diáfano, es claro: la instrucción tiene que estar en manos de
la Fiscalía.


Finalmente, esta norma es debida, es obligatoria, hay un reglamento europeo. Ustedes, que votan que no, ¿lo que quieren es que la Comisión Europea sancione a España con importantes multas por no aplicar la normativa europea? Esto es
absolutamente incomprensible. Mi grupo votará afirmativamente a este texto.


Mantenemos vivas, además de la enmienda relativa a la independencia del ministerio fiscal, otras dos enmiendas. Una es relativa al lugar donde se deben practicar las actuaciones, a que no sea el justiciable el que se tenga que desplazar a
Madrid a la lectura de derechos y a ser informado de la acusación. Es cierto que el ministerio ha hecho un esfuerzo en la labor transaccional y que nos ha permitido introducir una mejora con respecto a la declaración de los testigos y de los
peritos, que no van a tener que pagarse estos traslados a Madrid. Pero entendemos que, como el fiscal europeo delegado se encuentra en Madrid, el sistema general de comunicación con el justiciable debería ser el de la videoconferencia o el traslado
del fiscal al lugar del domicilio donde se encuentra el justiciable. La otra enmienda que también mantenemos es la relativa a la existencia de la acusación popular. El ministerio nos dice que la acusación popular en otros países no existe. Ya,
pero es que en España es la Constitución, en el artículo 125, la que establece la acusación popular. Si se instruye aquí una causa que después tenga que ser juzgada en Francia o en otro país donde no haya acusación popular, pues la ley del foro, la
ley procesal imperativa francesa, holandesa, la que sea, impedirá que exista la acusación popular, yo creo que sin mayores problemas.


Se han admitido, como ha dicho ya el señor Legarda, dos enmiendas importantes planteadas por mi grupo. Una, de común acuerdo con el Grupo Vasco, en relación con las sentencias de conformidad, también respecto a las sentencias en ausencia.
Y las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que aportan seguridad jurídica al régimen de recursos respecto a los decretos del fiscal delegado y, por ello, también las apoyaremos.


Termino. Señor ministro, menos mal que tenemos Europa. Menos mal que tenemos Europa, que le obliga a usted a legislar contra la corrupción. Menos mal que tenemos Europa para controlar los fondos europeos. Menos mal que tenemos Europa
para controlar las ayudas a Plus Ultra como ayudas de Estado ilegales.


La señora PRESIDENTA: Señor Bal, tiene usted que terminar, por favor.


El señor BAL FRANCÉS: Termino. Perdone que me haya pasado unos segundos, pero es que no me han dejado hablar.


Finalmente, menos mal que tenemos Europa, que vela por la división de poderes en España, a la que este Gobierno está todo el día amenazando. Gracias. (Aplausos).



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García. (Aplausos).


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, señora presidente.


Mantenemos nuestras razones, ya expuestas con ocasión del debate de totalidad sobre la enmienda con texto alternativo del Grupo Popular, así como las expuestas en la tramitación en Comisión y con ocasión de la votación del dictamen de esta y
la aprobación previa del informe de la ponencia. Es decir, mantenemos nuestra posición contraria a este proyecto de ley orgánica, señor ministro.


La competencia instructora de la Fiscalía Europea establecida por el reglamento europeo que esta ley aplica, competencia instructora para delitos contra intereses financieros de la Unión Europea y criminalidad organizada, como sabemos,
obedece a una iniciativa de recuperación reforzada, como nos lo ha recordado el señor Legarda. Por cierto, he visto en su faz una cierta cara de ministro, porque al inicio de su intervención me recordaba un poco a estas ministras -y digo ministras,
con a, porque suelen ser señoras- que vienen aquí y leen la exposición de motivos, la primera parte. No sé si es que, con la crisis de Gobierno que se anuncia, el Partido Nacionalista Vasco va a formar parte de la coalición gubernamental. No lo
sé, pero creo que no, nunca lo han hecho, porque a ustedes no les gusta gobernar en Madrid. Pero, en fin, nunca se sabe. Las circunstancias de España Sánchez las gobierna con designios inescrutables.


Esta iniciativa de cooperación reforzada fue promovida por el Partido Popular, con error, porque luego ya sabemos que al PP no le gusta, hasta el punto de que enmienda a la totalidad este proyecto, con deficiente técnica legislativa, como
dijimos el otro día; pero, en fin, lo hace. Pero en 2017 sí le gustaba y, gobernando Rajoy, fue de los Estados miembros que promovió esta reforma. Más allá de esta cuestión o de este recordatorio de los vaivenes populares o populistas o lo que
ustedes quieran -me da igual, porque lo que son es vaivenes y no saben ustedes bien lo que quieren-, nosotros tenemos razones de fondo para oponernos a este proyecto de ley orgánica. Mencionaré las siguientes. Más allá de la introducción en el
texto de meras especialidades procesales, como, por ejemplo, hace la Ley francesa de 24 de diciembre de 2020, de aplicación de este reglamento véase la reforma al artículo 696, parágrafo 116 del Código de Procedimiento Penal francés, ustedes regulan
un verdadero procedimiento especial, y lo hacen porque, de este modo, quieren anticipar el nuevo procedimiento tipo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la que solamente conocemos un anteproyecto, un procedimiento tipo, en el que la instrucción
queda a cargo del Ministerio Público y no de los jueces de instrucción, como hasta ahora ha sido en España.


Señor ministro, creo que ya he dicho en alguna ocasión en su presencia que la instrucción por los fiscales y no por los jueces es un principio disconforme con el artículo 124.2 de la Constitución, porque este precepto establece los
principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica en el Ministerio Público. De modo que no entendemos cómo puede haber independencia en la instrucción si quien instruye está sujeto a un criterio de unidad de actuación que indica, señala y
establece su superior jerárquico. Al menos que usted me diga que esto, en todo caso, quedaría modulado por el principio de imparcialidad, que también establece dicho precepto, lo cierto es que esa independencia del fiscal, dependiente
jerárquicamente y que debe actuar con arreglo a la unidad de decisión que incumbe al jefe de la fiscalía, que es el fiscal general del Estado, será una independencia en todo caso menor a aquella de la que disfrutan en este momento, con arreglo al
procedimiento vigente, los jueces de instrucción, que son independientes por mandato del artículo 117.1. Me parece que esto es difícilmente refutable, y si usted lo refuta no tendré oportunidad de replicar sus refutaciones. Creo que no será
posible que usted impugne eficazmente lo que acabo de decir. Por tanto, hay una dificultad constitucional.


En segundo lugar, la supresión de la acusación popular. No estamos conformes. La acusación popular garantiza mejor la legalidad en materia penal frente a criterios de oportunidad. Este es un debate viejísimo, legalidad versus oportunidad,
en el procedimiento penal. Es evidente que las leyes españolas, en particular las penales, se basan en el principio de legalidad, y a nosotros nos parece bien. Por tanto, cuanto más se amplíe la legitimación de los posibles promotores del
procedimiento penal de los actores, más ocasión hay de que se verifique y se observe la legalidad penal. Si se reduce, evidentemente estaríamos yéndonos al terreno de la oportunidad, como sucede, por ejemplo, en el mundo anglosajón, que no es
modélico, desde nuestro punto de vista, para lo que debe ser un procedimiento criminal. En definitiva, se está reduciendo la efectividad del ius puniendi y la efectividad también de la represión de los delitos. Que no es necesaria la supresión de
la acusación popular lo han dicho en sus dictámenes el Consejo de Estado, el Consejo



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General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Tampoco somos partidarios de la introducción de una fase intermedia, que obedece igualmente a esa voluntad de anticipar un procedimiento tipo que todavía no está vigente en nuestras leyes.


Señor ministro, usted mismo ha dicho en esta tribuna que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, caso de ser aprobada, tendrá una vocación legal de seis años, pero ¿quién le dice usted que esa ley se va a aprobar? Que se va a aprobar, sí, pero
¿quién le dice a usted que va a ser eficaz, que va a entrar en vigor después de seis años? Porque puede haber un Gobierno distinto que promueva su derogación. Desde luego, si gobierna VOX, lo hará. Con lo cual aquí usted introduce un elemento
discordante, un procedimiento especial con estos elementos, que no encajan, que no se conectan fácilmente con el procedimiento penal tipo. Por tanto, está introduciendo, en definitiva, una disfunción, con escaso criterio, desde el momento que usted
quiere aprobar a toda costa una ley de enjuiciamiento criminal. No sé si quiere unir su nombre a esta ley. Le recuerdo que de la señora Mariscal de Gante, que fue la que consiguió que se aprobase la Ley de Enjuiciamiento Civil en vigor, la Ley
1/2000, nadie se acuerda en este momento y jamás se cita esa ley como Ley Mariscal de Gante.


La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene usted que terminar, por favor.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Concluyo, señora presidente, con una referencia a que vamos a abstenernos en las enmiendas de Ciudadanos. El señor Bal ha practicado esta mañana una demagogia impropia de un jurista. Usted aquí ha mezclado todo.
¿Qué tiene que ver esto con la lucha contra la corrupción?


La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, lo siento, pero tiene que terminar.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Termino.


No se puede introducir una disposición adicional en un estatuto totalmente nuevo del ministerio fiscal. Es extravagante en términos de técnica legislativa.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Jerez Juan.


El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días, señor ministro. Afrontamos hoy el último tramo del debate para la aplicación del Reglamento de la Fiscalía Europea. Desde que entró el texto en esta Cámara ha sido conocido nuestro reproche y nuestra posición crítica, no con
el reglamento en sí mismo o con lo que persigue, sino con una forma de gobernar, señor ministro, que resulta incompatible con la defensa de la independencia de la justicia española.


En primer lugar, hemos echado en falta un debate, que debería haberse sustanciado con carácter previo, sobre el proyecto de ley de reforma de la Lecrim y que todavía no ha llegado a las Cortes. Por tanto, nos parece imprudente esa
precipitación y anticipación en la introducción de figuras tan novedosas para nuestra tradición jurídica sin antes tener acompasado y acomodado nuestro derecho interno en esta materia. Tanto es así, señor ministro, que el propio anteproyecto
reconoce que es una ley transitoria hasta que se produzca a nivel nacional el necesario cambio de paradigma; también reconoce que se van a generar contradicciones al tener que ajustar en nuestro antiguo sistema de instrucción judicial un
procedimiento dirigido por fiscales independientes integrados en un colegio de ámbito europeo.


En segundo lugar, consideramos que esta reforma sitúa a las Cortes ante una situación irreversible que no tiene vuelta atrás, ante un escenario que va a condicionar cualquier decisión futura al instaurar un sistema de investigación inspirado
en principios distintos al del modelo actual. Por esa razón, propusimos mantener la instrucción del juez mientras no hubiera un consenso sobre el futuro proceso penal y la asunción de la instrucción por parte del ministerio fiscal. Ni caso nos
hicieron ustedes.


Por último, hemos sido críticos, sí, muy críticos con su forma de legislar: a destiempo, tarde, a empujones y sin un debate previo, sosegado y reflexivo que permita afrontar la aprobación de la ley con más seguridad. Le aseguro, señor
ministro, que si con la aprobación de esta ley se hubiesen dado ustedes



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la misma prisa que tienen por quitarles las esposas y abrirles la celda a los presos independentistas todo nos hubiera ido mejor. (Aplausos).


No obstante, y a pesar de saber que nuestra posición no sería atendida, que no nos harían caso, hemos continuado en el debate parlamentario entrando a analizar lo menudo y singular de la ley, y lo hemos hecho porque es nuestra obligación,
señor ministro, porque la inseguridad jurídica del proyecto amenazaba la coherencia de nuestro ordenamiento, porque nos sentimos parte también de ese proyecto europeo y porque en el fondo empatizamos con los fines que persigue la propuesta. En ese
trabajo más quirúrgico propusimos enmiendas que ambicionaban una ley más reforzada en la persecución de aquellos que causen un perjuicio a los intereses financieros de la Unión. Solicitamos la participación del Consejo General del Poder Judicial en
la elección de los fiscales delegados y quisimos incorporar los delitos de tráfico de influencias en la gestión de los fondos europeos y el delito de fraude cuando el concierto de un funcionario se produjera para defraudar. Sin embargo, no
aceptaron nada. Aun así, no se preocupen, no seré yo quienes les llame corruptos por no aceptar unas enmiendas que pretenden incrementar el reproche penal sobre los delincuentes. En cambio sí lo hicieron ustedes cuando mi grupo defendía una
legítima enmienda a la totalidad con texto alternativo, nos llamaron de todo, de todo. Permítanme que mande un saludo a todos los que decían que nos oponíamos a la reforma por temor a ser investigados; un saludo a todos esos que han votado en
contra de una enmienda que ampliaba la tipología de delitos que la Fiscalía Europea podía perseguir; un saludo a todos los que han votado en contra de una enmienda que consistía en estrechar el cerco a la corrupción transfronteriza, y un saludo a
todos los grupos que prefieren dejar la ley incompleta antes que aprobar una enmienda del Partido Popular. (Aplausos).


Ni siquiera en esto han querido ustedes llegar a un acuerdo, lo que nos conduce a pensar, señor ministro, que pesa más el rechazo a una enmienda del Partido Popular por ser quienes somos, que la calidad de la enmienda en sí misma, y esa es
una forma de gobernar y de legislar sectaria. (Aplausos). Aun así, no se han cansado ustedes de invitarnos constantemente a esa fiesta del consenso: ¡vengan ustedes al consenso! Pero a la vez no se han cansado ustedes de criticarnos duramente
cuando no hemos aceptado el único consenso que nos ofrecían, el suyo, su consenso, y no nuestro consenso. Al consenso llamando y con el mazo dando, eso es lo que han hecho ustedes. El consenso no consiste siempre en estar de acuerdo con lo que
ustedes proponen, el consenso también consiste en que ustedes estén de acuerdo con lo que proponemos nosotros. El consenso no va de salirse siempre con la suya, el consenso no va de que aceptemos siempre la misma zanahoria. El consenso debe tener
siempre dos direcciones y ya se lo dije, señor ministro. Pues bien, se da la circunstancia de que los consensos solo suceden cuando es la oposición la que cede a las propuestas del Gobierno, pero nunca suceden cuando es la oposición la que formula
propuestas al Gobierno. Esto es lo que ha sucedido hoy, lo que no es más que una muestra de su intransigencia y de su terquedad. Propusieron a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado sin escuchar a nadie; limitaron por su cuenta las
funciones del Consejo General del Poder Judicial y, con ello, su independencia; presentaron unilateralmente una iniciativa sobre la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial; propusimos evitar el caos jurídico que se generó
cuando terminó el estado de alarma y ni nos escucharon; le propusimos una ley de pandemias, ni caso; les propusimos un plan B jurídico y como el que oye llover. ¿Dónde están esos consensos a los que nos invitan hoy? No existen, son falsos, son
fantasmas. (Aplausos).


Señores diputados y señor ministro, creemos, por convicción, en el proyecto de la Fiscalía Europea con los fines que persigue, pero no podemos compartir su forma de hacer las cosas, su forma de gobernar. No podemos compartir la política
legislativa de un Gobierno que enturbia la coherencia de nuestro ordenamiento jurídico, no acepta más consensos que los suyos y que anda -y se lo digo sinceramente- más preocupado por que este verano los presos independentistas pasen más tiempo al
sol de la Costa Brava que a la sombra de las cárceles. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Señor Jerez, tiene usted que terminar, por favor.


El señor JEREZ JUAN: Muchísimas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Boadella Esteve.



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El señor BOADELLA ESTEVE: Buenos días, señorías.


Parece que el primer punto del orden del día sirve para hablar de la Fiscalía Europea y para hablar de todo, porque en la última intervención han apelado al sol de la Costa Brava. Yo ya sé que a ustedes les gusta mucho estar cara al sol,
por eso no se tienen que preocupar de nada. (Risas y aplausos). Parece -como decíamos- que aquí sirve todo para aprovechar el punto y colar todos los argumentos que uno tenía en cartera. Ha perdido literalmente los papeles cuando subía por la
escalera, quizá los había perdido antes ya en la tribuna, sinceramente.


Entrando en materia, sobre el proyecto relativo a la cooperación reforzada para la creación de la fiscalía, nosotros vamos a votar a favor, ya que es la adaptación de una directiva al ordenamiento jurídico. Es una directiva que impone una
nueva realidad y, por tanto, que permite luchar contra el fraude en los presupuestos de la Unión Europea y en todas aquellas actividades delictivas que pueden salir a raíz de nuestra convergencia con la Unión Europea. Esta necesidad de armonización
es útil, es válida y apoyaremos las enmiendas planteadas por el Partido Nacionalista Vasco porque creemos que técnicamente son muy buenas.


Finalmente, queríamos hacer una reflexión al ministro, agradeciendo que hoy está aquí. Esta normativa debe ser fuente inspiradora de la futura legislación en materia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Apostamos por una fiscalía como
órgano independiente, una fiscalía descentralizada, un cambio de modelo procesal de acuerdo con el modelo de derecho comparado, que sea la fiscalía quien dirija la investigación penal. Aunque hay varias noticias y el anteproyecto ya lo conocemos,
hay necesidad de ponerse en marcha también para mejorar, señor ministro, la calidad de la justicia de este país.


El señor Bal daba las gracias al final de su intervención a la Unión Europea. Efectivamente, gracias a la Unión Europea hoy podemos celebrar que se han aprobado unas medidas cautelares que mantienen la inmunidad a los europarlamentarios,
porque si fuera por la justicia española, seguramente no existirían.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Buenos días, presidenta.


Señorías, la Fiscalía Europea viene a reforzar uno de los objetivos más importantes de la Unión Europea: el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Nosotros creemos en este espacio de libertad y de seguridad, también para la circulación
de las personas, más incluso que los jueces y que el Gobierno español. Ayer mismo lo constatamos en este hemiciclo, ya que ante la pregunta de cómo garantizará el Gobierno español la inmunidad de los eurodiputados, después de que estos la hayan
recuperado por resolución del TJUE, el ministro señor Campo -aquí presente- se limitó a hablar de respeto a la justicia española. ¿Y la europea? Bueno, dijo que también, pero eso no es así. Los eurodiputados pueden circular libremente por toda
Europa, pero su libertad se acaba en los Pirineos. Ustedes deben decidir si jurídicamente quieren estar dentro o fuera de la Unión Europea, no pueden alardear de europeísmo si no son capaces de poner en su sitio a unas cúpulas judiciales en
rebelión contra Europa.


La Fiscalía Europea es la institución competente para investigar y ejercer la acción penal ante los delitos que perjudican intereses financieros de la Unión Europea. Se propone afrontar la corrupción y el fraude en subvenciones, fondos y
recursos europeos, luchar contra el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada que se lucra aprovechándose de la descoordinación jurídica entre Estados de la Unión y que crea inseguridad en las empresas, reduce niveles de inversiones e
impide que el mercado único funcione correctamente.


Ante este estado de cosas, la adaptación al ordenamiento estatal del Reglamento que establece la Fiscalía Europea es perentoria y vamos a votar favorablemente, no sin antes señalar algunas cuestiones. En primer lugar, se da un paso para que
la Fiscalía asuma la instrucción penal, pero según el reglamento la Fiscalía es un organismo orgánico y funcionalmente independiente, no sujeto a órdenes o instrucciones ni de la Unión ni de los Estados. Pues bueno, el Gobierno ha perdido la
oportunidad de establecer la independencia política de la Fiscalía del Poder Ejecutivo. Aquí vamos mal e iremos peor si con la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Los
fiscales no pueden instruir si antes las estructuras de la Fiscalía -la primera, el Fiscalía General del Estado- no dejan de depender del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia y no existen criterios objetivos para su actuación.



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En segundo lugar, cuestionamos la atribución de la competencia judicial a la Audiencia Nacional, un tribunal creado a golpe de decreto-ley, heredero directo del Tribunal de Orden Público franquista, impropio de un sistema judicial
democrático, que establece de facto una jurisdicción especial con el consiguiente incumplimiento del principio del juez ordinario predeterminado por la ley, que de por sí lleva la pena de la centralización en Madrid y de los desplazamientos de las
personas juzgadas. Nosotros abogamos por su desaparición y por el traspaso de sus competencias a la jurisdicción ordinaria.


Finalmente, debemos denunciar la gestión que se ha hecho de la adaptación normativa. Se ha hecho tarde y mal. Se ha hecho mal porque se ha perdido la oportunidad de incluir las modificaciones que sobre el Reglamento de la Fiscalía Europea
operó la Directiva 2019/1937, que amplía las competencias de la Fiscalía Europea, con lo que lo adaptación a la normativa europea nace obsoleta. Se ha hecho tarde también. La cuestión que trata este proyecto legislativo es lo suficientemente
importante y delicada como para que todos los partidos políticos tengamos tiempo suficiente para analizarlo con detalle y poder preparar enmiendas. Pero aquí lo que ha pasado es que la tramitación ha sido muy acelerada y todos sabemos por qué. El
1 de junio pasado la Fiscalía Europea ya entró en vigor. ¿No podían haber hecho antes la adaptación? El Reglamento de la Unión Europea es de octubre de 2017, han tenido más de tres años de margen. Haciendo estos posicionamientos, aun así
consideramos que el reglamento europeo ya es de aplicación en el Estado español, y también lo debe de ser su adaptación normativa y, por tanto, vamos a votar favorablemente el proyecto legislativo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, presidenta.


Bon dia, diputats i diputades. Bon dia, senyor ministre. Nos encontramos ante la traslación de un reglamento comunitario para la creación de la Fiscalía Europea. Ante los múltiples fracasos a la hora de reformar la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, de nuevo tiene que ser Europa quien nos ponga ante el espejo. En primer lugar, y sirviendo como previa, para que no quede ninguna duda, Esquerra Republicana siempre apoyará cualquier iniciativa tendente a desenmascarar la corrupción
contra lo público, contra lo que es de todas. Porque dotar a los poderes públicos de las herramientas necesarias para combatir los delitos de fraude, el blanqueo de capitales o la participación en organización criminal en el ámbito europeo
significa nada menos que defender los derechos civiles y económicos de la ciudadanía.


Ante los ilegítimos intereses de aquellas élites que quieren convertir el fraude en su modus vivendi, hay que ser implacables. Mi partido, que se enorgullece de actuar como azote de la corrupción y ser más escrupuloso que nadie en la
tolerancia cero con este tipo de delitos, no puede hacer más que celebrar que se den pasos adelante en la persecución de las corruptelas. Muchos de esos delitos quedaban impunes, entre otras cosas, porque las autoridades nacionales no pueden
acometer investigaciones más allá de sus fronteras, y organismos europeos como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude o la Europol carecen de competencias para esas investigaciones penales. Las propias instituciones comunitarias cifran en 500
millones de euros anuales las pérdidas económicas derivadas de delitos de corrupción. Se trata de una cifra escandalosa, y resulta urgente e imperativo dar pasos decididos hacia adelante. Queda por ver si la apuesta por la Fiscalía Europea resulta
suficiente, pero, de entrada, debe ser valorada como aquello de más vale tarde que nunca. En un contexto de crisis económica no se entiende tanta impunidad.


Sin embargo, nosotras nos consideramos independentistas y europeístas, pero, también, eurocríticas, y tenemos constancia de las carencias al sistema. Por eso, ya era hora de que en un mundo globalizado se empiece a dotar de capacidad de
fiscalizar jurídicamente los delitos cometidos a instancias supraestatales, es de puro sentido común.


Urge la existencia de un órgano ajeno a las inclinaciones partidistas de los Estados miembros, y que actúe en la tutela de los intereses de la Unión en su conjunto. No obstante, y a pesar de lo argüido, que justifica evidentemente nuestro
apoyo a la medida, vemos el presente proyecto de ley orgánica como un reto, pero, a la vez, como una oportunidad perdida. Como un reto, para reformar el papel de la judicatura y de la Fiscalía en el proceso penal, especialmente en la fase de
instrucción, que va más allá de una simple reforma procesal, sobre todo, en estos tiempos de bloqueo permanente del Poder Judicial, de luchas políticas alrededor de la Fiscalía General del Estado y de la ausencia de consensos mínimos entre las
distintas fuerzas políticas mayoritarias. De ahí que la pregunta que debemos hacernos es si seremos



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capaces de articular mecanismos eficaces para coordinar nuestro sistema de planta judicial basado en juzgados territoriales poco especializados y saturados.


Y como una oportunidad perdida, para ser ambiciosas en una legislación avanzada y garantista. Por ejemplo, estableciendo por ley el plazo máximo de puesta a disposición judicial de las personas detenidas, según la jurisprudencia consolidada
del Tribunal Constitucional, o en lo relativo al acceso al expediente judicial. A nuestro juicio, el proyecto de ley permitirá, como hasta la fecha, que en la práctica no se entregue copia de las actuaciones a la defensa, clara manifestación de la
desigualdad de armas y del desequilibrio entre la parte acusadora y la defensa. O una oportunidad perdida en la mejora de la técnica legislativa, incluyendo estos cambios en el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de
modo que todos estos procesos penales estuvieran recogidos bajo una misma ley y no en dos, como hasta ahora. Vemos que este proyecto de ley orgánica se aleja del modelo de justicia cercana al ciudadano. En cualquier caso, no cesaremos en nuestra
actitud propositiva para la defensa de los derechos de la mayoría.


Con todas sus carencias, hoy se nos trae a votación la adaptación de un reglamento europeo que mejora los instrumentos democráticos de lucha contra la corrupción a escala europea. Esquerra Republicana va a votar de forma consecuente con
nuestra historia y nuestra identidad como partido.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Santiago Romero.


El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, presidenta.


Tras la aprobación, hace once meses ahora, de la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, continúa el trabajo del Gobierno de España contra la corrupción. Este proyecto de ley contiene las normas que ahora van a
incorporar a nuestro ordenamiento el Reglamento del Consejo de Europa por el que se establece la cooperación reforzada entre veinte países para la creación de una Fiscalía Europea, y se regula un procedimiento especial para la investigación por los
fiscales europeos delegados de determinados delitos cuyo conocimiento les corresponde. Además es urgente, como sabemos, llevar a cabo su trasposición porque la Fiscalía Europea ha comenzado a funcionar el 1 de junio.


Esta Fiscalía es un órgano independiente en la Unión Europea encargado de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los recursos fiscales y económicos de la Unión, como delitos contra la Hacienda de la Unión,
fraudes transfronterizos de IVA, defraudación de subvenciones y ayudas, blanqueo de capitales, contrabando... Es decir, esta ley va a ser fundamental para salvaguardar el erario público europeo de la corrupción y la defraudación. Hoy en día los
intereses financieros de la Unión no están suficientemente protegidos y el fraude transfronterizo de IVA acarrea pérdidas ingentes a los presupuestos nacionales. Hasta ahora, solo las autoridades nacionales podían realizar investigaciones penales y
perseguir estos casos de fraude, pero siempre limitado a su territorio nacional. Por eso los delitos contra los presupuestos de la Unión suelen ser de naturaleza compleja e implican diversos agentes y organizaciones criminales, complejas tramas
fraudulentas y afectan a varios países y jurisdicciones nacionales. Es correcto, como se ha indicado aquí, que distintos organismos de la Unión Europea -como la Oficina contra el Fraude, la Agencia para la Cooperación Judicial Penal y Europol-
carecen de competencias para efectuar investigaciones penales o perseguir estos casos de fraude. Es decir, la actividad policial y judicial está fragmentada en los Estados miembros.


En la actualidad, solo un 50 % de las recomendaciones judiciales remitidas por la OLAF a las autoridades nacionales dan lugar a una sentencia condenatoria. Es decir, bajo número de casos enjuiciados y, por tanto, bajas tasas de recuperación
de los importes saqueados. Los defraudadores del presupuesto de la Unión organizan complejas tramas, como por ejemplo con el IVA: en 2018 supuso al menos 50 000 millones de euros de pérdida de ingresos en la Unión Europea. En el año 2020 Europa
situaba a España como líder en las irregularidades en la gestión de los fondos agrícolas y estructurales de la Unión Europea, con 11 000 irregularidades. La OLAF recomendó a España que recuperara casi 500 millones desviados del presupuesto europeo,
500 millones solo desviados en España. Es decir, hemos sido el país con más irregularidades en el manejo de estos fondos entre el año 2015 y el año 2019, los años de los grandes escándalos de corrupción durante los Gobiernos del Partido Popular.


Bruselas ha investigado, por ejemplo, si la Púnica desvió fondos europeos a campañas del Partido Popular y la Oficina Antifraude de la Unión Europea pidió que se investigaran contratos, por ejemplo, del



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Instituto Madrileño de Desarrollo vinculados a Over Marketing, la sociedad investigada por la supuesta caja B del Partido Popular de Esperanza Aguirre. Es correcto, está en la Audiencia Nacional. Hoy todavía la causa Púnica no ha llegado a
juicio.


En el año 2021 solamente, en otras operaciones, la Guardia Civil o la Policía o la Agencia Tributaria consiguieron desarticular operaciones de blanqueo de más de 70 millones de euros o fraudes por 33 millones de euros de impagos de IVA, y
esto es solo la punta del iceberg. A partir de ahora, el fiscal europeo realizará funciones compatibles con la Fiscalía Nacional, respetando el artículo 124 de la Constitución, porque tendrá dependencia jerárquica de la Fiscalía Europea y actuará
con independencia de la Fiscalía española. Es decir, esta Fiscalía no depende de ninguna institución europea, sino que es independiente y, además, incorpora el impulso reformador del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Efectivamente,
la Fiscalía lleva a cabo la instrucción de los procesos penales bajo el control del juez de garantías y así se comienza a modernizar el proceso final, incorporando el procedimiento acusatorio, es decir, España sale de ese atraso ya histórico
respecto al sistema penal en otros países.


Además, las personas investigadas van a gozar de todos los derechos garantizados por la legislación de la Unión y en la Carta de los Derechos Fundamentales, en especial, por supuesto, el derecho al debido proceso. Por eso, nuestro grupo
está a favor de la regulación, porque además es un primer paso para la implementación de un sistema de garantía e investigación contra el fraude a nivel europeo, para la lucha contra los paraísos fiscales, para la persecución del fraude fiscal y
subvenciones cometidas por los operadores económicos, por los denominados cazasubvenciones europeas, que no son precisamente estos defraudadores las organizaciones que reciben ayudas públicas para atender los problemas sociales, sino grandes grupos
económicos. Por lo tanto, estamos ante un paso muy importante en la lucha y persecución de los fenómenos de corrupción, del blanqueo de capitales. Y tiene una gran importancia en el momento político pospandémico ante la llegada de abundantes
fondos de recuperación y reconstrucción europea, lo que debe llevar una especial tarea de fiscalización. Es decir, España debe abandonar ese vergonzante primer puesto en saqueo de fondos europeos que ocupamos entre 2015 y 2019. Por eso, pido
especialmente al Partido Popular, que gobernó durante este periodo, que vote a favor de este proyecto de ley, porque lo contrario evidenciaría que continúa retrasando las investigaciones por corrupción.


Finalmente, y acabo, nuestro grupo parlamentario ha trabajado con especial esfuerzo para que la figura de la acusación popular se mantenga, porque a pesar de no tener plasmación en los países de la Unión Europea, hemos conseguido preservar
la figura contemplada en el artículo 125 de la Constitución y en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La acción penal va a ser ejecutada por asociaciones y entidades a las que la ley reconoce legitimación para la defensa de los
intereses afectados por la comisión del delito. Simplemente quiero decir...


La señora PRESIDENTA: Señor Santiago, tiene usted que terminar, por favor.


El señor SANTIAGO ROMERO: ... que la acusación popular ha sido el motor de la lucha contra la corrupción en España y este grupo parlamentario no iba a permitir que desapareciera en este proyecto de ley. Agradecemos al Ministerio de
Justicia la tarea realizada para que así sea. Votaremos a favor de este dictamen. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santiago. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Benéitez.


La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Muchas gracias, presidenta.


Buenos días, señor ministro. Hoy llega al Pleno el debate definitivo para aprobar este proyecto de ley que incorpora a nuestro ordenamiento el Reglamento para la creación de la Fiscalía Europea. Un proyecto que fue acordado hace tres años
por veintidós países, entre ellos España, y que está totalmente vigente desde el pasado 1 de junio.


Señorías, quiero empezar esta intervención diciéndoles que podemos estar orgullosas, porque nuestro país ha ido haciendo todos los deberes en relación con este tema. Sin ir más lejos, ya se ha realizado la selección de los fiscales
nacionales delegados que deben llevar a cabo las labores de investigación dentro de la Fiscalía Europea. Para algún portavoz que nos ha indicado que llegamos tarde o que hemos trabajado poco, solo quiero recordar una obviedad; desde marzo de 2020
hasta hace bien poco la actividad en esta Cámara se vio, primero paralizada, y más tarde ralentizada por los motivos que todos conocemos. Por



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eso, me gustaría pedirles más ética a la hora de construir argumentos. Además, les recuerdo que en este periodo hemos sido capaces de sacar adelante treinta y dos leyes, nueve de las cuales han sido tramitadas en la Comisión de Justicia;
nueve leyes en quince meses, gran parte de ellas aprobadas en la etapa en la que ni siquiera se había normalizado la actividad parlamentaria. Honestamente, no sé si podríamos haberlo hecho mejor; lo que sí sé es que mi grupo parlamentario no ha
parado ni un solo segundo de trabajar. (Aplausos).


Miren, dice Adela Cortina que la herramienta por excelencia que ha usado el ser humano para sobrevivir no es la competitividad, sino la cooperación. Por desgracia, la pandemia ha servido para confirmarlo y para recordárnoslo. Hablando de
Europa, he de decirles que no hay ningún proyecto político común sin justicia fiscal; proteger la solidaridad y seguir trabajando por la armonización en clave internacional deben ser pilares básicos de esta legislatura.


Miren, yo tengo veintiocho años y, por eso, soy una europeísta convencida, porque he crecido en un país integrado en un proyecto con vocación de ser moderno, justo, amable y abierto; una Europa respetuosa y llamada a abrazar a sus pueblos
mucho más allá de un proyecto económico. Quiero destacar en este punto la importancia del reciente anuncio sobre el G-7 y su acuerdo para reformar la fiscalidad global. Lo uso como ejemplo porque creo que solo abandonando la hipercompetitividad
fiscal entre territorios lograremos una vida más justa para todas las personas. (Aplausos). Solo apelando a la solidaridad común acabaremos con los paraísos fiscales de unos pocos; solo abordando grandes problemas europeos, como la opacidad en la
riqueza, combatiremos la desigualdad que cada vez es mayor. En definitiva, solo protegiendo el dinero público cohesionaremos Europa. Por eso, la Fiscalía Europea es una gran noticia.


Evidentemente, hoy es un día feliz para el parlamentarismo, pero sobre todo para el europeísmo, aunque me pregunto, ¿para todos? Pues parece ser que no para todos. Hoy, en esta Cámara, hay dos grupos siameses que, por motivos que escapan a
cualquier entendimiento, dan la espalda a Europa y a algo tan evidente como incorporar instituciones que, además, están centradas en la lucha contra la corrupción. Señorías del PP, menos golpes en el pecho y más hechos consumados; menos plaza de
Colón y más plaza de las Cortes (aplausos), que cuando se trata de azuzarnos unos contra otras se apuntan los primeros, pero cuando se trata de arrimar el hombro, hay que ir a buscarlos y ni con suerte se les encuentra. Como decía, hay dos grupos
en esta Cámara que han decidido tapar sus vergüenzas con discursos que van desde la moralina del portavoz de VOX hasta las excusas de mal pagador de su señoría del PP. El debate es mucho más sencillo de lo que aquí hemos escuchado. Señorías,
¿están o no están ustedes en la primera línea de combate contra la corrupción? La respuesta es no; no hay más que recordar el lamentable espectáculo que dieron ustedes el pasado jueves, ocupando las dependencias de esta Cámara junto a la
investigada doña Dolores de Cospedal.


En fin, como iba diciendo, el pasado 1 de junio se puso en marcha el funcionamiento de la Fiscalía Europea. Y quiero hacer un apunte, y es que, dado que en España aún conservamos la figura del juez instructor como único responsable de la
investigación, la implantación de la Fiscalía Europea requiere, en nuestro caso, de la creación de un nuevo procedimiento capaz de dar respuesta a todas aquellas cuestiones que la incorporación del fiscal europeo investigador plantea, y que hoy no
encuentran respuesta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo esto no ha sido un trabajo fácil para encajar en el anteproyecto, porque exigía afinar mucho la práctica legislativa y la técnica jurídica. Por ello quiero agradecer, tanto la labor
del ministerio como de los grupos parlamentarios, que sí han trabajado en las transaccionales y que, en consecuencia, sí han mejorado sin duda el texto presentado en esta Cámara. Por ello, muchas gracias.


Señorías, materias como el blanqueo de capitales o el fraude transfronterizo del IVA se perseguirán a través de este mecanismo que el jueves pasado avaló, con amplia mayoría, la Comisión de Justicia del Congreso. Como les decía desde el
principio esta institución representa un cambio de paradigma, porque abre la persecución de delitos económicos a un marco común europeo de cooperación. Señorías, esta es la vía, el intercambio de información, la transparencia y el trabajo en clave
internacional. Si la riqueza circula libremente por todo el planeta, es necesario que su control y su vigilancia se lleven a cabo también en esta lógica. Recuerden que la economía desregulada, el flujo de capitales incontrolado y la visión
privativa e individual de la riqueza son incompatibles con la viabilidad del planeta en el futuro. Trabajar en común y con luces largas es una obligación inaplazable que tenemos. Señorías, la primera política verde es el reparto justo y
transparente de la riqueza. (Aplausos).


Dicho todo lo anterior, y antes de finalizar mi intervención, me gustaría hacerles una pequeña reflexión. Sin duda nos podemos congratular por la incorporación de este mecanismo a nuestro ordenamiento



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jurídico, porque con él vamos a perseguir de forma armonizada y conjunta delitos de gran calado que tienen un impacto muy negativo para la justicia fiscal en la Unión Europea. Ahora bien, este esfuerzo colectivo en Europa demuestra que no
hay excusas para ponerse a trabajar cuanto antes en una estrategia legal común que persiga acabar con la lacra internacional de nuestro tiempo: las redes de prostitución organizadas que infectan Europa. (Aplausos). La Fiscalía Europea es un claro
ejemplo de que es posible dar respuestas conjuntas a problemas complejos, es simplemente una cuestión de prioridad, trabajo y compromiso.


Señorías, como les decía, este es un paso que damos a nivel colectivo en la lucha contra la corrupción y en pos de mecanismos de cooperación reforzada. Por eso finalizo con un verso de un poeta de mi tierra, de León, Antonio Gamoneda: Una
patria es un país con justicia. Por eso hoy construimos patria europea.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra, en nombre el Gobierno, el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Gracias, señora presidenta.


Señorías, diré unas brevísimas palabras con un objetivo exclusivo: dar las gracias. Doy las gracias a todos, a aquellos que se han pronunciado a favor de la aprobación de la Ley de Fiscalía Europea y a aquellos que han entendido que no
podían aportar su voto afirmativo, pero que han enriquecido, y lo han hecho todos en un tiempo exprés. Y tengo que decir que he seguido los debates con enorme interés..Creo que con la aprobación en esta Cámara hoy, y la que queda en el Senado,
España participa de ese deseo que manifestamos los españoles hace mucho tiempo de tener una España fuerte. La lucha contra la corrupción es un hito, como lo es que Europa se ponga al frente de ella, y la protección de los intereses de la Unión es
un buen comienzo, que solo podemos hacer entre todos, como hoy se ha demostrado aquí.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señorías, votaremos en tres minutos. Les recuerdo que solo podrán hacerlo desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para emitir su
voto por el procedimiento telemático, no pueden hacerlo desde su escaño. (Pausa).


Señorías, ocupen sus escaños, por favor. Vamos a dar comienzo a las votaciones.


- VOTACIÓN.


La señora PRESIDENTA: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica de aplicación del Reglamento 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la
creación de la Fiscalía Europea.


Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 248 votos telemáticos, 347; a favor, 43 votos telemáticos; en contra, 99 más 200 votos telemáticos, 299; abstenciones, 5 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Por lo tanto quedan rechazadas las enmiendas.


Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 248 votos telemáticos, 347; a favor, 8 votos telemáticos; en contra, 99 más 167 votos telemáticos, 266; abstenciones, 73 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Por lo tanto quedan rechazadas las enmiendas.


Enmiendas presentadas por Grupo Parlamentario VOX; votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 249 votos telemáticos, 348; a favor, 52 telemáticos; en contra, 99 más 194 votos telemáticos, 293; abstenciones, 3 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Por lo tanto quedan rechazadas las enmiendas.


Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 248 votos telemáticos, 347; a favor, 39 más 105 votos telemáticos, 144; en contra, 60 más 141 votos telemáticos, 201; abstenciones, 2 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, quedan rechazadas las enmiendas.


PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.


La señora PRESIDENTA: Señorías, la presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación del dictamen del proyecto de ley orgánica de aplicación del Reglamento 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea y cuyas enmiendas acabamos de votar. Por tener carácter de ley orgánica, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final, que, de conformidad con el artículo 131.2 del
Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que las votaciones no se producirán antes de las 14:00 horas. Asimismo les informo de que, desde las 10:30 hasta las 13:00
horas de hoy, se podrán votar telemáticamente las proposiciones no de ley y las mociones; el dictamen de la Comisión de Justicia y la correspondiente votación de conjunto; los reales decretos-leyes, así como su tramitación como proyectos de ley;
el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados y la propuesta de creación de subcomisión. Todos estos asuntos, como conocen bien, serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de la sesión.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


- REAL DECRETO-LEY 9/2021, DE 11 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE, PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE LAS
PERSONAS DEDICADAS AL REPARTO EN EL ÁMBITO DE PLATAFORMAS DIGITALES. (Número de expediente 130/000049).


La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Rumores). Les pido, por favor, que ocupen sus escaños lo más rápidamente posible y con el menor ruido
posible también.


En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. (Rumores). Si quieren mantener conversaciones, les ruego, por favor, que salgan del hemiciclo.


Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social.


La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Gracias, presidenta.


Buenos días a todos ustedes. Comparezco hoy para exponer el contenido y el alcance del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas
dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. Es una norma de gran trascendencia, pionera internacionalmente, que ha sido recibida como un cambio de paradigma social, pero que mantiene, a la vez, las esencias de nuestro derecho
del trabajo, eso sí, adaptándolo al siglo XXI. Nuestro país se sitúa a la cabeza de un debate de gran relevancia, y lidera internacionalmente una respuesta que adapta el derecho del trabajo a las nuevas relaciones laborales en



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las plataformas. Abrimos el debate gracias a una norma vanguardista para que las personas sepan quién toma las decisiones y por qué las toma. Las personas tienen derecho a saber quién toma las decisiones que les afectan, aunque el jefe se
esconda tras un algoritmo. España es, por tanto, el primer país del mundo en asentar el marco de una conversación global que tiene que ver con nuestros modos de vida en el futuro y con el tránsito hacia la sociedad digital. No avanzar, como
estamos haciendo con el Real Decreto-ley 9/2021, sería una involución. Pero esa conversación debe darse en un marco de relaciones laborales que garantice derechos, y eso es lo que plantea esta norma: dotar de derechos a las relaciones laborales en
las plataformas digitales. No vamos a retroceder en el camino, vamos a asegurar garantías y oportunidades.


Como ha señalado Francesca Bria, presidenta del Fondo Italiano de Innovación, lo que necesitamos es un nuevo contrato para la sociedad digital. Este new deal digital, afirma Bria, se centrará en restaurar nuestra soberanía digital. La
soberanía digital significa que, como sociedad, deberíamos ser capaces de marcar la dirección del progreso tecnológico, y poner la tecnología y los datos al servicio de la gente; también implica dirigir el desarrollo tecnológico a solucionar las
cuestiones sociales y medioambientales más acuciantes de nuestra época, empezando con la emergencia climática, la transición energética y la sanidad pública. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Este cambio
tecnológico -y ese es el camino que plantea esta norma- no puede ser la expresión de un privilegio. Ese camino, ese cambio basado en la innovación y en la tecnología deben estar al servicio de las personas, deben incluirnos a todas y a todos, y en
ningún caso parcelar el futuro, avanzar de espaldas a las personas. Para ello, ha sido decisiva la implicación de esta norma que, como saben, es fruto y resultado del diálogo social. En este sentido se ha pronunciado el profesor José María
Lassalle, que nos ha hablado del humanismo tecnológico y de la gobernanza democrática de la tecnología digital. Todas y todos debemos participar en este debate, sin excluir a nadie, impulsando modelos regulatorios en diálogo con la sociedad civil.
Esta gobernanza compartida de la tecnología alimenta el espíritu de esta ley, que realiza para ello dos cambios de gran relevancia en el Estatuto de los Trabajadores. De un lado, el real decreto-ley se significa acerca del carácter laboral del
trabajo en las plataformas de distribución. Para ello introducimos una nueva disposición adicional vigesimotercera en nuestro estatuto, en la que se hace expresa referencia al trabajo desempeñado por las personas trabajadoras en plataformas de
distribución, para establecer que también a ellas se les aplican las garantías laborales configuradas para el resto de las personas trabajadoras. De otro lado, se establece un nuevo derecho de información para la representación legal de las
personas trabajadoras. Así, se configura un derecho de representación universal que se refiere a todo tipo de empresas, sean o no plataformas digitales, permitiendo a las personas representantes acceder a las reglas que informan los algoritmos que
tengan incidencia en el desarrollo del trabajo.


Comienzo haciendo referencia a la nueva disposición adicional vigesimotercera del Estatuto de los Trabajadores, eje de esta denominada Ley Riders. El espíritu de este precepto es fiel a la sentencia que dictó el Tribunal Supremo el 25 de
septiembre del año 2020. Como saben, esta sentencia unifica doctrina, haciendo entrar este tipo de actividad en el concepto de trabajo por cuenta ajena, establecido exactamente en nuestro ya clásico artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. La
libertad organizativa hace ya mucho tiempo que dejó de ser un elemento determinante, como saben, de la laboralidad porque el trabajo industrial de ocho a cinco dejó también hace mucho tiempo de ser el trabajo típico de nuestra sociedad, en nuestro
país y también en el mundo. Lo vemos claramente en el trabajo a distancia, una forma de trabajo que se caracteriza precisamente por la flexibilidad organizativa y de horarios, sin dejar de ser trabajo por cuenta ajena. La sentencia de nuestro
Tribunal Supremo estableció que en estas plataformas puede existir un castigo algorítmico, como se le conoce comúnmente, que exige disponibilidad y aplica consecuencias si la persona trabajadora no cumple con las expectativas o no se adapta a lo
exigido. La nueva disposición adicional vigesimotercera normativiza lo establecido en esta sentencia, dotándolo de dimensión general para referirlo a todas las plataformas de distribución. Es, por tanto, una norma declarativa cuyas finalidades son
la certeza y la seguridad jurídica. Lo que dice la nueva disposición adicional vigesimotercera es que nos encontramos ante una relación laboral cuando el trabajo realizado en las plataformas de distribución se realice en el marco -y leo
literalmente el precepto- de las facultades empresariales de organización, dirección y control, de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo. Esta formulación nos recuerda que
la prestación de servicios siempre será laboral si existe dependencia, cualquiera que sea la forma -como hemos leído- en la que se manifieste esa dependencia. Es, por cierto, lo que han establecido no solo el



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Tribunal Supremo español, sino también otros tribunales y cortes superiores internacionales, sentencias todas ellas en cuyo fondo late el mismo concepto: que la aplicación del derecho del trabajo no es optativa. A nadie se le ocurriría
sugerir siquiera la posibilidad de poder escoger entre ser laboral o autónomo cuando se trabaja en una fábrica o en un comercio. Ello supondría -lo sabemos de sobra- la desaparición de la norma laboral, con todas sus consecuencias.


La redacción de la nueva disposición adicional vigesimotercera muestra además el compromiso de los poderes públicos con la calidad de nuestras empresas, y con la voluntad de fomentar reglas de competencia que no se sustenten en la
devaluación de los costes salariales. Queremos que los avances tecnológicos y las formas de relacionarnos en sociedad se reflejen en las empresas y sean pilares de innovación y de desarrollo, y para sustentar esta confianza en pilares firmes es
necesario también que la norma laboral española se aplique siempre que exista una relación laboral. Como hemos dicho y ha dicho muchas veces nuestro Tribunal Supremo, el derecho del trabajo no es optativo ni se reduce a costes laborales ni de
Seguridad Social. El derecho del trabajo significa algo maravilloso, significa salarios dignos, igualdad real entre las personas, prevención de riesgos laborales y establecimiento de horarios y jornadas que no penalicen a las personas, por ejemplo,
que cuidamos. Es por ello por lo que la regulación que hoy traemos a esta Cámara no trata solo de paliar una situación concreta, sino que se integra en la filosofía y los compromisos plasmados en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, relativos a la modernización de nuestro mercado laboral, en consonancia con el paisaje normativo desarrollado por la Comisión Europea y también por la OIT. Es un compromiso que desde el Gobierno español hemos asumido con celeridad, y
que nos sitúa de nuevo entre los países que de una manera más eficaz e inmediata han respondido ante los retos que plantean las nuevas formas de producir y de trabajar. Lo hemos hecho por primera vez en el ordenamiento jurídico español con una
inclusión declarativa -fíjense-, y no, como ha pasado desde el siglo XX hasta ahora, excluyendo a importantes colectivos de nuestro texto rector del Estatuto de los Trabajadores.


Quisiera referirme ahora al segundo contenido del Real Decreto-ley 9/2021, que consiste en la introducción de un nuevo apartado al artículo 64.4 del estatuto. El nuevo precepto configura el derecho de la representación de las personas
trabajadoras a ser informadas de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos que puedan tener incidencia en el empleo y en las condiciones de trabajo. El Real Decreto-ley 9/2021 actualiza este genérico derecho de
información a las condiciones en que se desarrolla el trabajo actualmente. El derecho de información algorítmica que configura el presente real decreto-ley no se limita a las plataformas de distribución, ni siquiera a las empresas cuyo
funcionamiento se sustente prioritariamente sobre las plataformas. Se trata de un derecho de información que alcanza a todo tipo de empresas que utilicen algoritmos, porque los algoritmos están determinando nuestras relaciones humanas y también
nuestras relaciones laborales cada día, y hoy mucho más que en ningún momento. Estamos inmersas en la transformación de nuestros modelos productivos, y en ese proceso la inteligencia artificial y los algoritmos tienen que estar al servicio de las
personas trabajadoras y no al revés.


Decía el científico Alan Turing hace ya muchos años que una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. Hoy estamos rodeadas de computadoras que nos ofrecen ese espejismo de
humanidad, pero a las que no les podemos entregar el monopolio de las decisiones, y mucho menos el monopolio de la ética y de los derechos. Los algoritmos pueden determinar la forma en que se organiza el trabajo de la empresa, actuando como un
mecanismo de incentivación y penalización, que no es ni más ni menos que otra forma de dirección. Por eso, si no queremos jefes que nos griten, tampoco querremos dispositivos móviles que nos penalicen. Los algoritmos no son entes incuestionables y
absolutos, sino que tienen personas detrás que los han diseñado e implantado, y, por ello, sus criterios deben ser transparentes, como deben ser todos los mecanismos de organización empresarial que afecten a las condiciones de trabajo.
Lamentablemente, los algoritmos pueden reproducir estereotipos, pueden ser discriminatorios e, implícitamente, pueden ir en contra de los objetivos pretendidos por la propia legislación laboral. Así lo ha entendido hace escasamente unos meses la
sentencia del Tribunal Ordinario de Bolonia de 31 de diciembre de 2020. Se trata de aquel algoritmo denominado Frank que, como saben ustedes, casualmente penalizaba a los trabajadores que enfermaban o emprendían algún tipo de labor reivindicativa.


Nos corresponde a los poderes públicos asegurar que la ley se cumple en las empresas tanto cuando las decisiones las toma una persona como cuando surgen de un algoritmo. Este compromiso con la legalidad de los algoritmos es imprescindible
para asegurar que cumplen su importante función como



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instrumento estratégico y organizativo de las empresas. Es por ello que la transparencia de los algoritmos es fundamental para que las empresas no solo actúen dentro del marco de la legalidad, sino también para que puedan contribuir a la
igualdad real y efectiva, porque el diseño de los algoritmos no puede ser un espejo de las preferencias y estereotipos que lastran el presente de las personas. Esos prejuicios y estereotipos acaban incrementando la vulnerabilidad laboral de quienes
tienen dependientes a cargo, de quienes sufren alguna enfermedad o de quienes son particularmente sensibles a ciertos riesgos, y esa transparencia ante la representación legal de las personas trabajadoras contribuye a una economía más sana, que
garantiza la igualdad real y efectiva de los individuos y de los grupos en que se integra.


Quiero ahora hacer referencia, ya para finalizar, a la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86.1 del texto constitucional para la aprobación por parte del Gobierno de este real decreto-ley. La
respuesta el Tribunal Supremo tuvo, como saben, un efecto clarificador, pero no dejaba de ser un pronunciamiento judicial, que, como tal, carecía de la eficacia general que corresponde a las normas. Hemos escuchado el debate social durante la fase
más aguda de la pandemia, cuando las personas dedicadas al reparto han estado en primera línea de exposición al virus, y también después. Esa incertidumbre solo podía ser resuelta por la acción normativa, una clarificación con rango de ley como
esta, que establece un plazo máximo de tres meses para que las empresas adapten su forma de gestión a los nuevos preceptos y regulaciones.


Concluyo ya. Señorías, la norma que el Gobierno de España presenta a la consideración de esta Cámara no solo es oportuna, sino imprescindible en un momento como el actual, tan necesitado de certezas. Es una norma que inscribe a nuestro
país en un cambio de paradigma en torno a las relaciones laborales, una transformación que alimenta los planes nacionales de recuperación y transformación europeos. Es nuestra responsabilidad, y para ello solicito su apoyo: gobernar colectivamente
esta transición tecnológica, que ya está integrada en nuestras vidas; una transición que debe ser, como no podía suceder de otra manera, con todos y con cada uno de los derechos que nos asisten, los derechos laborales, los derechos digitales y los
derechos fundamentales, para que la tecnología sea una herramienta en manos de las personas, y no el pasaporte a otra dimensión en la que los derechos de las personas trabajadoras no se cumplen o desaparecen, y, sobre todo, para que juntas y juntos
dotemos de humanidad y reflexión este inminente proceso de la transición tecnológica.


Quiero darles las gracias a todos ustedes, pero, si me permiten, como he empezado, quiero dar las gracias a los agentes sociales, que una vez más nos han demostrado que están a la altura de las circunstancias de nuestro país. Ha sido una
norma compleja y los representantes de las empresas españolas y los representantes de los trabajadores y trabajadoras españolas han sabido resolverlo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, ministra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Aizcorbe Torra.


El señor AIZCORBE TORRA: Señor presidente, damas y caballeros, señorías, señora ministra, buenos días.


Nos oponemos a la aprobación del presente Real Decreto-ley 9/2021, de modificación del Estatuto de los Trabajadores, por tres motivos: por la forma, por las formas y por el fondo.


Por la forma. En el último párrafo de la exposición de motivos se le atribuye a usted, señora ministra, la autorización contenida en el artículo 86.1 de la Constitución española, al que ha hecho referencia hace un momento, para la puesta en
marcha mediante el mecanismo del real decreto-ley de la norma que estamos deliberando. La ausencia de extraordinaria urgencia y necesidad en la recreación de reales decretos-leyes en esta legislatura no es algo nuevo y VOX ya se ha encargado de
denunciarlo, como bien sabe la señora ministra, y el Tribunal Constitucional se ha encargado de dar la razón a VOX, como también sabe muy bien la señora ministra (aplausos), en la reciente sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de apenas
hace unas semanas, el 13 de mayo pasado, y, concretamente, en lo relativo al anómalo nombramiento como miembro del CNI del señor Iglesias.


Señora ministra, usted aseguró tras la aprobación en el Consejo de Ministros, y ahora lo acaba de repetir, que era una ley con gran trascendencia a nivel internacional, que incluso el presidente Biden estaba pendiente de ello, que marcaba el
inicio de la legislatura -algún día nos lo explicará- y de la reforma laboral, según ha manifestado en diversas ocasiones. Con esa trascendencia, comprenderá que



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no tiene sentido que se haya utilizado la figura del real decreto-ley sobre una materia tan sensible, sin un debate entre todos los grupos representados en las Cortes y todos los afectados. Aun es más, siguiendo el mismo razonamiento que se
enmarca en la citada sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de mayo, la pobre justificación de la aplicación excepcional del real decreto-ley, que usted ha reiterado hoy aquí, viene a ser una argumentación tautológica mediante la que viene a
decirse que la reforma legal operada no hubiera sido posible a partir de la tramitación del proyecto de ley, pues tal procedimiento ordinario para legislar hubiera demorado en exceso la adopción de la norma, vista la oportunidad de cambio
legislativo apreciada por el Gobierno. En relación con ello cabe recordar que el mero deseo o interés del Gobierno por la inmediata entrada en vigor de la norma no constituye una justificación de su extraordinaria y urgente necesidad, con cita a la
sentencia del Tribunal Constitucional 68/2007, y usted lo sabe, señora ministra, a pesar del móvil.


Pero lo que ya sobrepasa el descaro en la utilización de la figura que nos ocupa es que la misma goza de una vacatio legis de tres meses desde su aprobación -así es, tres meses-, lo que hace irreconciliable la urgencia que justificaría el
real decreto-ley con dicho plazo, salvo que se quiera hurtar a la Cámara legislativa de sus funciones inherentes, que es lo que parece ser. Así pues, en primer lugar la forma.


En segundo lugar, votaremos en contra por las formas, y usted ha hecho mención aquí también a ello, señora ministra. Se dice en la exposición de motivos que la ley es fruto del acuerdo adoptado por la mesa de diálogo constituida a tal
efecto el 28 de octubre de 2020; por los agentes sociales, que han sido los portavoces de una sola empresa y una sola asociación de riders (aplausos), orillando al resto de empresas y a la mayoría de las asociaciones. En fin, en dicha mesa no ha
estado representado el sector en los distintos estratos que se ven implicados, y usted, señora ministra, lo sabe. De ahí que denunciemos la nula eficacia y legitimación de la referida mesa de diálogo y queramos evidenciar un mal paso más -no es el
primero- que se da tras el mantra de las mesas del diálogo social y los acuerdos de los agentes sociales, que esconden en ocasiones, como la que nos ocupa, prácticas nada recomendables en una democracia sana y alejan su función esencial de acuerdos
entre los implicados, para conformar cambalaches donde se obvian a sus hipotéticos representados. (Aplausos). Se trata de una ley cuya opacidad en la tramitación ha creado gran agitación social. Se han sucedido las quejas por parte del sector de
la hostelería y de los repartidores por no haber sido tenidos en cuenta. Asimismo, las empresas y asociaciones afectadas no han sido recibidas por el ministerio responsable, el suyo, señora ministra. Así pues, tenemos, en primer lugar, la forma;
en segundo lugar, nuestro voto en contra por las formas.


Y en tercer lugar, el fondo. Vaya por delante que para los riders o repartidores, igual que para cualquier trabajador, todos los derechos siempre; insisto, todos los derechos siempre. (Aplausos). Todos los derechos que en justicia
correspondan, no simples derechos formales, como los que se declaran en esta norma inocua; derechos reales, como debería de haberse legislado. Poner barreras a trabajos que en la actualidad mantienen a cientos de familias mediante trabas, y no
soluciones, no solo crea desesperanza, sino también incertidumbre entre personas que habían encontrado una actividad temporal, provisional, complementaria, supletoria. En fin, puertas al campo y ahora, en vez de buscar salidas acertadas, se ponen
muros para el desarrollo de una actividad que hay que regular para asegurar derechos pero que no impida el principal de todos ellos, que es el derecho al trabajo en sí mismo. Y todo ello en el país con mayor tasa de desempleo juvenil y un sector
como el de la hostelería agonizante. (Aplausos).


Como indica la propia Comisión Europea, el gran desafío que tiene la Unión Europea y los Estados miembros se debe centrar en salir de la división binaria entre trabajador y autónomo que plantea el trabajo a través de plataformas,
clarificándose -subrayo, clarificándose- un estatuto del trabajador de las plataformas con un catálogo propio de derechos y protección social. La digitalización trae nuevos retos y oportunidades, implica también nuevas respuestas, pero el Gobierno
ante nuevos modelos de negocio debido al avance de las tecnologías se ha aferrado a seguir únicamente criterios jurisprudenciales. Lo ha dicho usted esta mañana aquí: legislar en caliente e insistir en la ambigüedad normativa. La gran pregunta,
señora ministra, es si, a la vista de la actual jurisprudencia, tenemos la mejor legislación para asegurar derechos y no perder ninguna oportunidad de trabajo, ambas cosas. A tal efecto, conviene centrar cuál es nuestra tarea y la de los jueces.
Como bien sabe, señora ministra, en virtud del artículo 6 del Código Civil, la jurisprudencia complementará las fuentes del ordenamiento jurídico, y, con ello, por analogía, como dijera Kelsen en su famosa dicotomía, al legislador corresponde fijar
la política laboral, con la descripción de los tipos penales y las relaciones laborales, mientras que al juez corresponde aplicar esas normas en la subsunción de los tipos e individualización dogmática de la responsabilidad. La política del derecho
corresponde al legislador; la ciencia del derecho, al juez. Esas son las reglas del juego, pero parece que



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en el tiempo de la confusión asistimos a la inversión de los roles. La respuesta judicial no puede ser invadir el espacio del legislador.


A esta tarea legislativa sí se están empleando numerosos países desarrollados en nuestro entorno, como Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Australia, Dinamarca, Reino Unido, etcétera, con mayor o menor éxito, pero afrontando de cara
la búsqueda de regulación flexible para nuevas oportunidades de trabajo. ¿Y qué se ha hecho aquí mediante este real decreto-ley? Usted y yo somos letrados, señora ministra: nada, absolutamente nada. Solo incertidumbre, un titular, y además un
titular falso. Lo saben, y lo sabe cualquier estudiante de primero de Derecho. No se introduce una laboralidad, sino una presunción de laboralidad, absolutamente gratuita, que, por mor de la sentencia que usted ha citado, que sirve de magma de la
norma, ya está vigente en nuestro ordenamiento a día de hoy, y es la inversión de la carga de la prueba, señoría, única y exclusivamente. La presunción de laboralidad a favor de los repartidores debe considerarse una presunción iuris tantum, como
bien sabe, por lo que permite que se pueda acreditar en determinados casos que no concurren las notas de una relación por cuenta ajena, sino de una verdadera relación entre trabajador y autónomo. Todo ello, el politiquismo e la ineficacia de este
Gobierno empeñándose en regular figuras tan novedosas con parámetros y patrones obsoletos, como los actuales, llevará a una gran incertidumbre laboral, porque, señora ministra, usted sabe, como yo, que la contratación directa no es una opción para
ninguna de las grandes plataformas y que los contratos que están preparando se dividen en tres modelos: la subcontratación del reparto través de empresas de mensajería, la subcontratación del servicio a través de empresas de trabajo temporal y la
subcontratación del reparto a través de cooperativas de mensajeros autónomos, y eso con la duda referente a qué convenio acogerse, si al de repartidores o al de distribuidores.


Es necesario que nuestro ordenamiento tenga normas relacionadas con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas que ya se vaticinan para otros sectores de actividad, en las que cada vez más se utilizan aplicaciones móviles o informáticas,
como ha dicho, y en las que predomina la figura del trabajador autónomo, como traductores, cuidadores de personas, profesionales a domicilio, profesores particulares, tasadores, es decir, un largo etcétera de nuevas profesiones, o en las que se
prevén importantes cambios en el modo de prestar servicios gracias a las nuevas tecnologías, pero no un brindis al sol, una pérdida de tiempo, como este lamentable, pobre, demagógico y propagandista real decreto-ley. Se necesita legislar, señora
ministra, pero legislar bien, sobre la figura del autónomo digital, y no atacar a los más débiles, que es lo que más les gusta, como se está haciendo. Hay que dotarlos de derechos con una legislación especial para que nadie pierda el trabajo;
insisto, para que nadie pierda el trabajo. (Aplausos). Que ese trabajo sea digno y que ese trabajo esté protegido con derechos acordados, porque todos esos trabajadores así lo merecen, nuestra sociedad así lo reclama. Y este es el propósito de
nuestro grupo: trabajo, dignidad y derechos, algo que no resuelve la norma que se pretende aprobar.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa. -Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social.


La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Señoría, gracias por su franqueza y la de su grupo. Efectivamente, son los del no, los del no a todo, y son además los que acaban de
explicitar en nuestro país, como cuando han recurrido el artículo 52.d), que permite despedir a los trabajadores y a las trabajadoras estando enfermos, quienes están diciendo hoy a las trabajadoras y trabajadores españoles que ustedes están contra
ellos. Por tanto, gracias por la franqueza con la que han hablado ustedes hoy. (Aplausos).


Pero, fíjese, voy a hacer solo una pequeña reflexión. Ustedes lo que quieren hoy es seguir con un modelo laboral basado en la explotación que trae causa de siglos pasados. Usted lo que propone aquí hoy es que, con la excusa de las fórmulas
tecnológicas, las empresas puedan hacer lo que quieran, a cambio, como ha dicho, de las razones de desempleo que tenemos. Esto es lo que usted acaba de decir aquí. Es decir, su modelo laboral hoy es el de que, con la excusa del desempleo, valga
todo con las trabajadoras y los trabajadores españoles. Les voy a dar un nombre para que pensemos en él y lo tengamos con nosotras. Se llamaba Néstor, era un repartidor que en el pasado febrero falleció en las calles de Madrid; un falso autónomo,
señoría. ¿Me quiere decir cuál es su respuesta para ese trabajador que falleció en las calles



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de Madrid? Su respuesta es que sigan pasando estas cosas, sin protección laboral. Afortunadamente, el Gobierno de España y los agentes sociales no quieren modelos laborales basados en el siglo XIX. Están trabajando, y muy bien, en modelos
laborales con protección de derechos en el siglo XXI. (Aplausos).


Fíjese, usted sí que se ha enarbolado en nombre de una única empresa, que practica mal las relaciones laborales, porque los agentes sociales durante seis meses han estado trabajando, igual que el Gobierno de España y los grupos de esta
Cámara, por la mayoría social y el bien común. El problema que tienen las empresas españolas es que prácticamente todas, señoría, cumplen con la legalidad laboral, es decir, usan algoritmos, usan plataformas de distribución, pero, efectivamente,
aplican las condiciones de laboralidad; también muchas de las que usted no ha hablado, la gran mayoría de las empresas españolas. Singularmente, usted ha hablado de una exclusivamente, que además se ha rebelado frente a este sistema porque quiere
que los trabajadores y las trabajadoras sigan desempeñando sus funciones, insisto, como en el pasado siglo XIX. Señoría, desde Espartaco esto está escrito, tiene nombres y apellidos. Convendría que una fuerza política que está en esta Cámara
defienda, cuando menos, la legislación vigente.


Me preocupa mucho lo que ha afirmado usted aquí. ¿Qué quiere usted decir, que no hay que cumplir las sentencias del máximo tribunal de nuestro país? ¿Quiere usted decir esto, señoría? Acaba de decir que lo hacemos poco menos que siguiendo
las instrucciones de un pequeño tribunal. ¿Quiere usted decir que no hay que cumplir las disposiciones y resoluciones del Tribunal Supremo, señoría? Efectivamente, usted ha puesto ejemplos, ha hablado de los traductores, de los repartidores. Sí,
nuestros tribunales desde el siglo XX vienen resolviendo esta cuestión, y lo vienen haciendo en la misma dirección. Le estoy diciendo que la sentencia dictada el 25 de septiembre del año pasado unifica doctrina, tras diez sentencias de diez
tribunales superiores de justicia de nuestro país, y le estoy diciendo que el Reino Unido, Holanda, Italia y muchos países más están resolviendo de la misma manera. ¿Han enloquecido todos los tribunales de toda Europa, señoría, o es que es tan
aberrante lo que está pasando con las plataformas de distribución y las condiciones de trabajo de esa gente que realmente los tribunales tienen que intervenir y decir algo que usted no ha mencionado y que viene afirmando el Supremo de nuestro país
desde el origen de nuestra democracia, y es que no es elegible la condición o naturaleza jurídica acerca de la laboralidad? Uno no elige si es laboral o autónomo, se dispone sobre lo que hay en las relaciones laborales, y convendría que un jurista
como usted supiera esto. No es elegible la condición de laboralidad o autónomo en la prestación de servicios. (Aplausos).


Claro, sé que ustedes están fuera del sistema, lo sé perfectamente. Cuestionar al Tribunal Supremo es cuestionar a los clásicos, a Montesquieu, es tan sencillo como eso. (Rumores.-La señora Olona Choclán pronuncia palabras que no se
perciben). Si quiere le cedo la palabra, no tendría inconveniente, y la escucharía con muchísima atención. (Aplausos.-Protestas.-La señora Olona Choclán hace gestos afirmativos.-Un señor diputado: ¿Y los indultos, qué?).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continúe, vicepresidenta, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Como le decía, tienen ustedes un problema con el Estado de derecho, y sería conveniente que una fuerza que está en esta Cámara, insisto,
cumpla con las resoluciones que dicta el Tribunal Supremo, le gusten o no.


Habla usted de poner muros. ¿Conoce usted cómo trabaja alguna de esas personas que transitan nuestras calles? ¿Lo conoce? (Rumores.-Un señor diputado: ¡No!). ¿Me quiere usted decir en su formulación, entrando en las razones del presunto
fondo del asunto, que esos chicos y chicas que transitan nuestras calles son emprendedores? ¿Me quiere decir eso? Yo le digo contundentemente que no. Mi opinión no tiene importancia, pero la de los tribunales españoles seguramente que sí.
Créame, no hay ningún emprendimiento en un joven que reparte cualquier tipo de producto en nuestras calles acompañado de una herramienta digital, por muy moderna que sea esa herramienta digital. (Aplausos).


Efectivamente, sé que los diputados y las diputadas hacen un gran trabajo y sé que es imprescindible leer la prensa, pero que un jurista venga casi a reproducir lo de un medio de comunicación como unas presuntas alternativas a la búsqueda de
la huida sobre la norma que hoy se está discutiendo aquí es, cuanto menos, preocupante. Está muy bien y hay que leer todos los medios de comunicación, por supuesto, pero, desde luego, es preocupante.


En todo caso, lo que usted no ha dicho -sin citar el medio de comunicación y el artículo de ese profesional- es que todas esas modalidades para intentar buscar subterfugios tienen una característica



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común, y es que a todas ellas se aplica un convenio colectivo, como ha dicho de pasada, y todas mantienen la laboralidad de las condiciones de esos trabajadores y trabajadoras, que no es pequeña cosa con la que está cayendo. Y usted parece
desconocerlo absolutamente.


Lo que me preocupa todavía más, y ya voy a terminar, es que un representante de esta Cámara y un jurista no sepa cómo funciona en nuestro país el diálogo social, me quedo absolutamente perpleja. (Un señor diputado: ¡No tiene ni
idea!-Risas.-Protestas). Usted ha dicho aquí que esa empresa a la que usted defiende no estaba en la mesa de negociación. Fíjese -lo saben todos los representantes de esta Cámara-, la Mesa del diálogo social -se lo digo para que lo conozca,
señoría- está compuesta por los representantes de la CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT. No se sienta nadie en esa Mesa más que esos equipos técnicos, para que usted lo sepa.


Pero además es que usted, supongo que por desconocimiento, está faltando a la verdad. Durante seis largos meses -me consta y quiero dar las gracias a todos los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios y, por supuesto, a los
que soportan al Gobierno- hemos mantenido desde el propio Gobierno de España, en su conjunto, y los propios agentes sociales multiplicidad de encuentros con todas las empresas españolas; no con una, con todas, también con las que cumplen la ley y
no practican la competencia desleal a través de fórmulas o excusas algorítmicas. (Aplausos). Y le he dicho que hemos mantenido una conversación global. Y me parece que hoy es muy saludable que nuestro país se sitúe a la vanguardia, porque todos
nosotros, colectivamente -no ustedes (señalando a los escaños del Grupo Parlamentario VOX), que son los de la destrucción y los del no-, hemos hecho algo muy importante en el conjunto del mundo. Sí, por mucho que les moleste, nos están mirando, y
hay una consulta pública en Europa sobre esta materia y somos el primer país que se ha tomado en serio esta cuestión. (Rumores.-Protestas). Por cierto...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, vicepresidenta. (Fuertes protestas).


Cálmense, por favor, conténganse. No debatan entre ustedes, por favor. Dejemos que debata la vicepresidenta con el representante de VOX. (Fuertes protestas.-Rumores). Ruego, por favor, tranquilidad y contención.


Continúe, vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Veo que causa mucho nerviosismo este debate. Con todo, les doy las gracias y quiero decir que el Gobierno de España se siente muy
orgulloso. Pero en la protección laboral y en la defensa de una sociedad democrática y robusta a través del diálogo social, que, por cierto, no es un capricho del Gobierno de España -está en el título preliminar de nuestro texto constitucional,
artículo 7-, es una obligación legal, que además este Gobierno despliega con máximo entusiasmo, tenemos claro que el muro para las sociedades modernas en la protección laboral son ustedes. Ya les conocíamos. Su modelo laboral consiste en permitir
que despidan a trabajadores estando enfermos y ahora ya sabemos que su posición política pretende que esas personas, que trabajan con enormes debilidades en nuestras calles, sigan sufriendo la máxima explotación laboral.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y de los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, voy a intentar mantener la cortesía parlamentaria y la galanura que siempre tengo con una dama y con cualquier persona, por supuesto. (Risas.-Rumores). Hablo de cortesía parlamentaria con sus señorías y con una dama, cosa
que usted no ha tenido ni conmigo ni con nuestro grupo. (Aplausos).


Señoría, yo no tengo que acreditar nada de mi vida profesional; lo he acreditado a lo largo de casi cuarenta años de trabajo profesional y no me ha ido mal del todo. Y le puedo decir que no ha entendido nada -absolutamente nada- de lo que
yo le estaba diciendo, pero absolutamente nada. Usted ha dicho



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ahora aquí, en sede parlamentaria, que nosotros estamos en contra del cumplimiento de las sentencias de los tribunales. ¿Me puede explicar, señora ministra, por qué no han cumplido ustedes la sentencia del Tribunal Constitucional y hemos
tenido que acudir al Tribunal Supremo para que se cumpla esa sentencia, la de 13 de mayo? ¿Nos lo puede explicar? (Aplausos).


¿Nos puede explicar, señora ministra, que pasó en California en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos? ¿Lo recuerda? Sabe lo que sucedió, ¿no? Sabe que hubo un referéndum sobre la laboralización o no de los riders, en
virtud de una legislación por la que se laboralizaban. Salió en contra, salió que no se laboralizaran. No estamos diciendo que sean emprendedores. Además, son trabajos muy precarios y es posible que algunos de nuestros familiares estén trabajando
en ellos en horas sueltas. ¿Usted qué habla de nosotros? ¿Usted qué está diciendo de todos nosotros? ¿Usted por qué se atribuye cuestiones personales de las que no tiene ni idea, señora ministra?


¡Claro que las sentencias se han de cumplir! ¡Todas las sentencias! Por eso, no se pueden dar indultos si no se cumplen todos los requisitos, claro que sí. (Aplausos). Se han de cumplir las sentencias, pero lo que hemos dicho aquí -y le
invito a que ahora me acompañe fuera a saludar a los riders- ha sido que se ha de crear un estatuto especial para los agentes digitales, simplemente eso, y que tengan sus derechos y tengan sus protecciones. Obviamente, le he dicho y le he advertido
de las alternativas que se están buscando y, en definitiva, de los fraudes de ley. El primer fraude es que ha dicho usted, también aquí, que se están laboralizando. No se están laboralizando; se está dando una presunción. Usted ha leído -y ha
leído mal- el artículo de la modificación, señoría, la disposición adicional; lo ha leído mal. Ha dicho que están laboralizando y ustedes están dando una presunción, que es un canto de sirena.


Le digo aún más, señoría, vamos a recurrir este real decreto-ley. (Aplausos). Lo vamos a recurrir porque no se cumplen los requisitos que exige el artículo 86 de la Constitución, porque vulneran absolutamente el debate en la Cámara.


Recordará que yo le dije el 21 de abril en Comisión que usted tenía mucho futuro, que era muy joven. Desde luego su futuro ha sido fulgurante. Me sonrío aquel día; ahora quizá no le hace gracia, pero se lo dije. Ya es vicepresidenta, no
me negará que su futuro está siendo fulgurante. Lecciones de derecho, yo las aceptó todas, pero las cosas que sé las sé. Lo que he criticado ha sido esta mesa de diálogo, cómo se ha constituido y cómo ha sido, porque han dejado al 80 % de esos
trabajadores fuera de ese diálogo. (Aplausos). Eso es lo que han hecho. Se van a la norma genérica y nosotros lo que pedimos es una protección especialísima para estos trabajadores. ¿O no recuerda qué sucedió en el año 2007 cuando se empezaron a
laboralizar ciertos sectores con el nacimiento de la figura del trade, del trabajador autónomo económicamente dependiente? ¡Ah!, eso sí, pero esto no. Así, señora ministra, se equivocan completamente con todo y, por supuesto, con nosotros.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Turno de fijación de posiciones. (La señora vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez, pide la palabra). Puede intervenir si quiere, pero no es lo habitual. ¿Quiere? (Asentimiento.-La señora Olona
Choclán: ¡Cómo no va a querer!-Rumores). Tiene la palabra, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Con ustedes a veces tengo la sensación de estar en el Siglo de Oro y no en el siglo XXI, por la forma de expresarse que usted tiene.
(Rumores). Fíjese, le voy a hablar yo... (Rumores.-El señor Guijarro García: ¡No tenéis ni idea! ¡No tenéis ni idea de lo que estáis hablando!-Varios señores diputados: ¡Que se calle!-Protestas).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Guijarro, por favor. (El señor Guijarro García: ¡No tenéis ni idea!-El señor Espinosa de los Monteros de Simón: Nos está provocando el señor Guijarro.-Protestas).


Por favor, de nuevo les pido contención, tranquilidad y que escuchen a la vicepresidenta como se merece, por favor. Les pido a todos los diputados, fundamentalmente a los de la parte de arriba del Grupo Parlamentario VOX, que se contengan
(protestas) y que escuchemos a la vicepresidenta como se ha escuchado a su portavoz con respeto. (Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX



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señalan hacia el señor Guijarrro García). He empezado hablándole a él y ahora les hablo a ustedes, así que, por favor, les digo a todos: conténganse, respiren con profundidad y con tranquilidad y escuchemos a la vicepresidenta como se
merece. Por favor. (El señor Gómez-Reino Varela: Es que es constante, señor presidente.-Rumores).


Continúe cuando quiera, señora vicepresidenta. (Rumores). Continúe cuando quiera.


La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Señor vicepresidente, muchas gracias.


Está claro que en esta Cámara no todos somos iguales; hay personas educadas que cuando hablan otros escuchamos y hay otras que no lo son. Les pido que sigamos con educación. Nosotros somos gente seria y, sobre todo, somos demócratas y nos
gusta escuchar aunque no pensemos de la misma manera. (Aplausos).


Vuelvo a decirle que usted tiene un problema con el derecho. Si el Tribunal Supremo ha dicho que los repartidores en plataformas digitales son laborales, ¿por qué nos dice usted aquí hoy que van hacer un estatuto especial para una nueva
formulación jurídica? ¿Qué nos quiere decir? ¿Que el Tribunal Supremo se ha equivocado? ¿Que no son laborales? ¿Que son autónomos? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Se lo vuelvo a decir: el Tribunal Supremo, al igual que otros tribunales
superiores de nuestro país y del mundo, ha dicho que son laborales. No entiendo su contumacia en querer formular otro tipo de relación laboral. Bueno, sí la entiendo, porque tiene una causa: seguir manteniendo un modelo de explotación que
recuerda al pasado siglo XIX.


Dos. Le vuelvo a hablar de Néstor. Dígale algo a la familia de Néstor. ¿Sabe qué le ha pasado a ese trabajador? Que tenía subarrendada una cuenta a través de una de esas empresas, a través de una app. Este es el modus operandi de las
plataformas digitales. Me gustaría que ustedes se dirigieran a la familia de ese trabajador que ha fallecido, que no era laboral y que no va a tener protección salvo que los tribunales se la den; espero y deseo, por esa familia y por todos los
trabajadores de nuestro país, que ganen ese pleito y, a pesar de no ser una relación laboral, digan que estamos ante un tradicional accidente de trabajo.


Tres, y con esta cuestión voy a terminar. Se ve que usted no conoce bien la formulación del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, ni siquiera ha estudiado bien las exclusiones e inclusiones que, a modo de presunciones laborales todas
ellas, hemos tenido a lo largo de los siglos XX y XXI en el iuslaboralismo español. Se ve que no lo conoce bien. Con todo, técnicamente es irreprochable lo que hemos hecho en esta norma.


Termino. Me alegra mucho que me hable de California. Conozco muy bien la norma californiana. Es una norma no avanzada, sino avanzadísima, como muchas de las normas que proceden de California. Pero, fíjese, fue una norma que, aunque se
aplicó con muchísima inteligencia y con un carácter dominante durante mucho tiempo, las presiones de las grandes compañías han conseguido tumbar cuando democráticamente se ha sometido a un referéndum popular. Fíjese las cosas que tiene la
democracia. Con lo único que me quedo, a diferencia de lo que ustedes a veces proponen, es con que allí se les dejó votar y que ellos y nosotros respetamos -aunque no lo compartamos- el contenido de esa norma. A lo mejor ustedes también pueden
aprender del referéndum de California. (Aplausos.-El señor Aizcorbe Torra pide la palabra).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ya sabe usted que no es habitual que se dé un tercer turno. El Gobierno sí tiene la potestad de intervenir en cualquier momento. A pesar de ello, tiene usted dos minutos.
(Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor AIZCORBE TORRA: Muy amable, señor presidente, por la cortesía.


Señora ministra, le reitero de nuevo que me acompañe fuera a saludar a los riders. Número uno. (Aplausos). Le reitero, le reitero y le reitero que me acompañe, por favor, a saludar a los riders.


Número dos. Pongo a disposición de la familia de Néstor el despacho jurídico del que formo parte para defender sus derechos. (Aplausos). Lo pongo públicamente a su disposición para defender sus derechos.


Número tres. Señoría, claro que entendemos lo que ha sucedido. Claro que entendemos que técnicamente ustedes lo que han hecho ha sido aplicar una presunción que existía. Tenemos absolutamente claro que ha sucedido eso. Cuando usted nos
ha dicho que no entendemos la mesa de diálogo social, le he dicho que nos preocupa cómo se están formando esas mesas de diálogo social; y les he dicho que nos



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preocupa cómo se están redactando las leyes y aprobándose con el mantra del diálogo social, un diálogo social que en muchas ocasiones no se produce. (Aplausos). Así nos lo han dicho cuando nos hemos entrevistado con la mayoría de las
asociaciones de riders. Si quiere le presento también a Jordi, de Barcelona, que es rider y le explicará su historia. ¿Usted se cree que nosotros estamos con el trabajo precario? ¿Usted se cree que estamos contra los derechos de los trabajadores?
¿Ustedes se creen que con la bandera roja mantienen los derechos de los trabajadores? Se han equivocado (aplausos); se equivocaron desde que lo inventaron. No tiene ni idea. Y la solución de siempre: California. Una ley se deroga
democráticamente y han sido las grandes multinacionales. ¡Qué falta de respeto a la democracia, señora ministra! (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señora vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social. A riesgo de ser etiquetado por el Gobierno en el club de los explotadores, también voy a rechazar la convalidación de este Real Decreto-ley 9/2021 con el
que el Gobierno, en lugar de garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, va a atropellarlos, comenzando por que se pone en peligro la continuidad de miles de empleos. Hablamos,
señorías, de un sector en crecimiento, que proporciona trabajo a casi 30 000 personas en España y que ya contribuye al PIB nacional con unos 700 millones de euros anuales. Nos están advirtiendo ahí fuera -cerca de los leones- y en otros muchos
lugares de España que esta normativa impide que los repartidores, los riders, puedan ser autónomos, como es el deseo de muchos, y que los cambios a los que obliga la convalidación de esta normativa van a suponer un vuelco en el actual modelo
organizativo que va a impactar en su bolsa de empleo.


¿A qué vienen estas injustificadas urgencias legislativas cuando el Estado de derecho, señora Díaz, les acaba de pegar un buen palo en el Constitucional a cuenta de las tretas ilegales de la Moncloa? Llama la atención además que el Gobierno
de 'Espartaco' Sánchez -para los desinformados, lleva ya tres años escribiendo el Boletín Oficial del Estado- precise del empujón de las sentencias que han reconocido la relación laboral entre los trabajadores dedicados al reparto y las empresas.
Pero es que el Ejecutivo lo ha hecho mal, porque esta ley va a repercutir en la precariedad de este tipo de actividad laboral y encima va a consolidar el simpapelismo para no pocas de las personas inmigrantes que se dedican a repartir.


Finalmente, los efectos negativos de esta ley riders también los notarán los consumidores con un más que previsible encarecimiento del servicio de reparto de comida y, en consecuencia, una merma en los pedidos a los restaurantes y
establecimientos de hostelería que también atienden la demanda a domicilio. En definitiva, como el Gobierno persiste en esta convalidación, votaré en contra, señor presidente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.


El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.


Ministra, está claro que en España tenemos un problema con los falsos autónomos. Son trabajadores que no son nada autónomos, son auténticos empleados y se ven obligados por sus empleadores a darse de alta como autónomos. Ocurre no solo en
esta materia, sino en muchos sectores y, a partir de ahí, viene la explotación de los trabajadores. Corregir este abuso es una necesidad y en esta línea va este decreto-ley. Pero el decreto-ley es muy sencillo, dos artículos, y uno de ellos para
solucionar el problema de los riders con una modificación del Estatuto de los Trabajadores, añadiendo una nueva disposición adicional. Sin embargo, la realidad no es tan sencilla, es variada, y por eso esta norma ha provocado mucho rechazo. No lo
oculte, señora ministra.


Hay un libro de hace cuarenta y cuatro años de un gran jurista, Manuel García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo -no sé si usted lo conoce, pero, si no, se lo recomiendo-,



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y, para simplificar en unos segundos, en una de sus tesis dice que el mundo y las relaciones sociales y políticas son cada vez más complejas y que las instituciones tienen que adaptarse a esa complejidad o serán devoradas por ellas. Las
soluciones para problemas complejos no pueden ser tan sencillas, porque entonces no van a solucionar mucho y probablemente generen otros problemas. Hoy, casi medio siglo después, ha habido tantos cambios que estas consideraciones son todavía más
oportunas. Este es un caso típico. No discuto los efectos positivos, pero tienen que flexibilizar. Hay una casuística muy variada y es necesario contemplar todos los intereses en juego -los de los propios riders, porque muchos de ellos son
autónomos y quieren seguir siéndolo-, ya que además este es un fenómeno creciente hoy en día. La Administración tiene que ponerse con la digitalización de los servicios porque es imparable, pero hay que buscar fórmulas intermedias y no del siglo
XX, como es una solución tan sencilla. Señora ministra, al margen de la dudosa aplicación de un decreto-ley...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, tiene que terminar, por favor.


El señor MAZÓN RAMOS: Termino.


... esto necesita un retoque. Tienen ustedes que ponerse a trabajar en ello y espero que usted valore lo que le he dicho.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidente.


Vicepresidenta, nosotros votaremos a favor del decreto-ley y en contra de su tramitación como proyecto de ley. Esta situación me recuerda a una de las cuestiones de las que me siento más orgulloso de mi paso por el Parlament de Catalunya
-por supuesto, del referéndum del 1 de octubre, pero de esto también-, ya que pude participar en la modificación de la Ley de Cooperativas para combatir, por ejemplo, la situación de los falsos autónomos en el sector de las cárnicas, en el de los
mataderos. Con el tiempo se puede ver que fue un éxito, porque al final las empresas terminaron dando de alta a miles de trabajadores, si bien en el momento en que se planteó ese debate también levantó mucha polvareda entre los sectores implicados:
sindicatos, el movimiento cooperativista y, por supuesto, la patronal, que presionó diciendo que se llevaría los mataderos a Aragón y buscó sus artimañas para tratar de no aplicar ese cambio legislativo. Pero, con el tiempo, finalmente hemos visto
que emergieron como trabajadores asalariados -que es lo que eran- y se dieron de alta en la Seguridad Social miles de trabajadores explotados como falsos autónomos en este sector de los mataderos. Pongo este ejemplo porque creo que es la única
forma de saber si esta ley tendrá éxito con el paso del tiempo, es decir, si se conseguirá terminar con el fenómeno de los falsos autónomos en este campo concreto de los riders.


La ley ha tenido sus críticas, y no me refiero a las críticas de la patronal o las que ha hecho el portavoz de VOX, que hace pasar como innovadora una práctica patronal muy vieja, como es el trabajo a destajo o ir a la plaza del pueblo con
el camión y subir a los jornaleros que ese día se precisen. Eso no es innovación, eso no es siglo XXI, eso es muy, muy viejo. No me refiero a esas críticas, sino a las críticas que han hecho sectores implicados, como Riders X Derechos o el
sindicato CGT, en el sentido de que esta ley no será suficiente para combatir el fenómeno de los falsos autónomos en el campo de los riders. El tiempo lo dirá, pero es cierto que hecha la ley, hecha la trampa, y en el tiempo que va desde este
momento hasta el 12 de agosto -que es cuando tiene que entrar en vigor- las empresas buscarán la forma de eludirla. Ya se ha dado, por ejemplo, una situación concreta, que es la subcontratación a través de las ETT para eludir esta obligación de
laboralizar la relación con sus trabajadores.


Por tanto, no hay que dar descanso a estas empresas y la mejor defensa es un buen ataque. En definitiva, este nuevo marco debe ir acompañado de más inspecciones de trabajo, de una ofensiva contra otros fraudes que se dan en otros sectores
de la economía uberizada y también -esto es muy importante- de la regularización de las personas migrantes. Se ha citado el caso de Néstor, pero también Pujan, que murió en Barcelona el año pasado, era una persona migrante. Son precarios dentro de
los precarios y su no regularización como trabajadores facilita precisamente esta doble explotación.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, tiene que terminar.



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El señor BOTRAN PAHISSA: Por Néstor, por Pujan, y por todos y todas las riders que se han organizado y que continuarán luchando, votaremos que sí.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra del señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias, señor presidente.


Hoy hace un buen día para empezar a poner freno a un desmán que dura ya cinco años, a una injusticia contra los y las trabajadoras, a un mecanismo de explotación contra la clase trabajadora. Es un buen día para que, tras cinco años de
injusticia, empecemos a arreglar las cosas. Aquí se habla mucho de innovación y de tecnología y se nos habla de la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Se nos dice esto cuando se está hablando de una actividad, la de
transportar cosas del sitio A al sitio B, que se lleva haciendo siglos, desde antes de que existieran estas realidades tecnológicas llamadas plataformas. Esto incluso debería recordar a sus señorías -algunos se las dan de conocer muy bien la
historia del Estado español- algo que ya ocurrió en 1987, que es el caso de los 'mensaca', de los mensajeros. En ese caso lo hacían con albaranes porque todavía no habían llegado las plataformas digitales, pero intentaban funcionar del mismo modo o
bajo el mismo mecanismo de explotación. Esto se lleva haciendo desde hace siglos y hoy se empieza a acabar con la figura del falso autónomo, porque eso es lo que hay que decir, que aquí se está actuando bajo la premisa del falso autónomo.


Pero es un paso que no puede quedarse en único, que tiene que ser un primer paso de muchos, porque esta realidad que afecta hoy a los riders también afecta a 400 000 personas que tienen ocupaciones diferentes a la de transportista, que son
montadores de muebles, que son profesores particulares, que son traductores, que son trabajadores en el sector de cuidados o trabajadores en el ámbito doméstico. Toda esa gente también sufre la realidad del falso autónomo. Esto no va contra los
autónomos, porque quien más daño hace a los autónomos es probablemente quien utiliza la figura del falso autónomo para depreciar una condición laboral, como es la de autónomo, tan digna como cualquier otra.


Lo que aquí se está planteando realmente, como se ha dicho ya, es retroceder en condiciones laborales a las de hace uno o dos siglos; que todo lo que ha luchado la clase trabajadora y todas las conquistas que ha llevado a efecto, y que se
vieron plasmadas en textos como el Estatuto de los Trabajadores u otros, sean demediadas por el paso del tiempo, por la modernidad, como dicen ustedes. Para eso se utiliza una neolengua. Se han inventado las plataformas una nueva terminología, una
neolengua para no tener que decir que es explotación y que es precariedad. Por ejemplo, a los riders prefieren llamarles colaboradores o free lance, porque queda mucho más moderno y soft que llamarles transportistas o repartidores; a despedir lo
llaman desconectarse; a la jornada laboral la llaman misión; al salario lo llaman pago por servicio, y al horario laboral lo llaman disponibilidad semanal. Esa es la triste realidad de una función laboral que se viene haciendo, como decía, desde
hace siglos, porque nadie podrá negar que repartir o transportar un elemento de un punto A a un punto B es algo que hemos conocido todos a lo largo y ancho de nuestras vidas.


Hay cuarenta y ocho sentencias judiciales -ya se han referido aquí- que avalan la posición de los riders. Hay una posición del Tribunal Supremo que dice que ya no quiere que lleguen más recursos porque la posición es clara, y así lo señala
en su propio auto. Pero nada de esto parece suficiente. Se lo diré todavía más claro. Si hay una empresa que organiza el trabajo, que decide las tarifas a cobrar por el trabajo y que emite las facturas, ahí no hay un autónomo, hay una empresa que
hace esas funciones. Si eres autónomo o no en el mercado laboral no viene determinado por lo que uno pretenda ser, sino por lo que la función laboral que desempeña determina que es. Eso lo dice con absoluta claridad el artículo 1 del Estatuto de
los Trabajadores.


También, dentro de esta modernidad con la que encubren una reacción inesperada -o muy esperada por parte de la derecha- para llevarnos al siglo XIX, nos hablan de algoritmos, pero olvidan decir que los algoritmos los realizan personas con
intereses concretos y particulares y que esos algoritmos no los realizan los repartidores que se parten el lomo para llegar a las horas que les piden y para cumplir con los servicios que les exigen para cobrar la miseria que cobran. Por tanto, no
son algoritmos inocuos, no son una realidad objetiva. Ojalá emplearan toda la inteligencia que emplean para realizar esos algoritmos que precarizan y explotan todavía más, por ejemplo, para conseguir una más rápida y efectiva vacunación de todos
los habitantes del planeta. Pero, en definitiva, hay quien quiere mantener este modelo y mantener este modelo es malo para todos y para todas, incluso para aquellos que quieren mantener este modelo;



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es malo para los riders, muchos de ellos sin papeles. Alguien nos ha hablado de la gente sin papeles. Ya hoy, en la actualidad, más del 50 % de los riders son inmigrantes irregulares, inmigrantes sin papeles. ¿Se ha preocupado alguna de
las plataformas por regularizarles o ha hecho la vista gorda cuando tenían que alquilar cuentas para trabajar y tener que dormir en un descampado o en la calle? No lo han hecho y no lo van hacer, porque no es su interés, porque ¿cómo le pueden
explicar a la ciudadanía que una empresa que se dedica al reparto de comida a domicilio tiene cero empleados para repartir comida a domicilio? ¿En qué cabeza lógica cabe eso? Cabe en la lógica de la explotación, cabe en la lógica de mirar para
otro lado cuando el beneficio empresarial, algoritmo mediante, se enriquece, se engrandece, pero no en la lógica de la dignidad humana.


Este real decreto-ley es bueno también para todos, porque cada falso autónomo es un fraude que se está cometiendo a la Seguridad Social. Cada falso autónomo que no cotiza a la Seguridad Social es un dinero que no tenemos todos y todas para
mantener un sistema de protección social y de pensiones que sea digno para todos y para todas. Está claro que, probablemente, a las empresas que están detrás de las plataformas esto les importe poco, tendrán fondos privados de pensiones que les
hagan no tener que esperar a las pensiones de la Seguridad Social, pero para quien su futuro depende de una pensión digna esto es realmente importante. Esto es, en definitiva, poner fin a la precariedad sobre la precariedad.


Se ha dicho también: fueron trabajadores esenciales durante la pandemia. Trabajadores esenciales a los que estas plataformas no les dieron ni EPI ni gel ni guantes ni mascarillas, y esta gente que hizo que la vida siguiera funcionando hoy
necesita que se repare lo que se viene haciendo. Es un debate, el de siempre, entre el modelo del turbocapitalismo neoliberal, el del modelo libertariano, que no libertario, frente a un modelo de protección social que defienda los derechos de la
clase trabajadora. Nosotros tenemos muy claro que estamos en este último modelo y también sabemos que en esta Cámara hay quienes quieren que se acelere todavía más la velocidad del turbocapitalismo neoliberal. Pero no basta solo con hacer esto
hoy, porque sabemos que detrás de esta resolución hay que atacar otros fraudes que se están cometiendo como el de la subcontratación, el de las ETT, el de las falsas cooperativas y el de las empresas pantalla.


Nos hablaban de la gente que está protestando fuera, la que está insultando, incluso, a la ministra con calificativos muy gruesos. Esa gente está haciendo hoy un paro promovido y propiciado por un cierre patronal. Curiosa manera de hacer
paro. Y diré más: aquí se habla de los puestos de trabajo que se van a perder y mí me recuerda a lo que seguramente decían los esclavistas cuando se abolió la esclavitud. Para toda la gente que hoy está diciendo vivan las cadenas, como en 1823
dijeron los absolutistas con Fernando VII, nosotros les recordemos a Rosa Luxemburgo que decía que quien no se mueve no siente las cadenas y los riders se mueven y mucho. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.


El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señor presidente, señorías, señora ministra.


Permítanme empezar con una referencia al artículo 71.2 del Reglamento para hacer una aclaración, ahora que está ya presente el diputado del Grupo VOX, el señor Sánchez, simplemente para aclarar o permitirle aclarar una alusión que ha hecho,
en su primer turno de intervención, que creo que ha tenido que ser un lapsus impropio de su actividad parlamentaria habitual cuando ha señalado que mi compañero, el señor Legarda, parecía más ministra que ministro, que preferiría ser ministra antes
que ministro. Creo que ha sido, simplemente, una frase desafortunada, pero por el tono peyorativo que parecía darle, porque le advierto que sí, que es verdad, que mi compañero Mikel Legarda es tan brillante que merecería ser ministra. ¡Ya me
gustaría a mí ser tan brillante como para ser ministra! (Aplausos). Dicho esto, y estoy seguro de que el señor Sánchez también participa de mis palabras, entraré en materia.


Creo que deberíamos felicitarnos por tener una iniciativa como esta, porque es un debate que tenemos presente hace mucho tiempo. La incidencia de las nuevas tecnologías en el ámbito de las relaciones laborales no es un hecho aislado ni es
un hecho que suceda solo en el Estado ni en Europa; es global y curiosamente a nivel europeo tenemos por primera vez una respuesta normativa que, con todos los respetos, se podrá criticar, se podrá estar de acuerdo o no, pero es paradigmática. No
ha existido hasta hoy una manifestación legislativa en la que de una manera tan clara se deslinde cuál es el efecto de la utilización de las plataformas digitales en el ámbito de las relaciones laborales y cuáles son además las características que
ha de reunir -al revés, cuál es la presunción que se aplica a esa relación- como



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consecuencia de la utilización de esas tecnologías. Esa es la cuestión en la que deberíamos de centrar de alguna manera este debate.


En segundo lugar, debo señalar que me ha sorprendido -no precisamente agradablemente- el tono que sea empleado que, con todo respeto, creo que debiera ser menos dogmático. Entiendo que cada uno tiene sus propios principios, sus propios
criterios y sus propias opiniones, pero este es un problema real que tiene muchas aristas, muchos puntos de vista. Muchas asociaciones han expresado puntos de vista diferentes, pero hay dos elementos que, a mí juicio, sí centran de una manera muy
acertada la ley. Uno, la existencia de una presunción de laboralidad cuando se trata de una relación entre quienes ejercen esa relación de reparto y aquellas empresas que se dedican al reparto utilizando esas plataformas digitales, utilizando esos
medios tecnológicos y usando esos recursos tecnológicos para hacer esa actividad mercantil concreta. El segundo elemento es la derivada de ella, la primera era la disposición adicional vigesimotercera del Estatuto de los Trabajadores, que se
modifica, y la segunda es la modificación del artículo 64. Es un elemento trascendente del que no se ha hablado demasiado, porque la necesidad de facilitar aquella parte de los algoritmos que tienen incidencia en el ámbito de las relaciones
laborales -es decir, aquellas que van a condicionar la existencia, la forma, las condiciones y la prestación de la propia actividad laboral- es lo que caracteriza que exista una relación que no vaya a ser caracterizada de 'autónomo', es decir, que
no vaya a poder ser utilizada en fraude para convertir a quienes lo prestan en falsos autónomos, precisamente porque ese es el elemento que deben reconocer. ¿Quiénes? Los trabajadores. ¿Cómo? A través de sus representantes. Ese es un elemento
que entiendo que es no solo positivo, sino también necesario, pero es verdad que levanta otros elementos de duda en torno a él, señora ministra, se lo tengo que decir. La utilización de esos algoritmos supone desvelar de alguna manera -lo decía el
señor Matute, pero yo no estoy de acuerdo en lo que decía- una forma de organización empresarial, unos mecanismos de organización y una inteligencia propias de la empresa a la hora de prestar este servicio que merece ser sometida a una reserva, a un
ámbito de protección determinado.


Dicho esto, es verdad que tenemos una realidad aquí fuera, pero no es que estén fuera, estén dentro, griten más o griten menos, es que es una realidad; en este tema estamos empezando todos, estamos empezando a aprender, a desarrollar..., no
solo en el ámbito del reparto a domicilio en materia alimentaria, sino que esta ley es pionera además en el ámbito de la utilización de esos recursos tecnológicos en el ámbito de la relación laboral. Quiero llamar la atención sobre eso
precisamente, que ha sido capaz de introducir en este ámbito de debate que no estaba sometido a regulación determinados rasgos de certeza, de seguridad jurídica, que son necesarios para poder afrontarlos a futuro.


Por ello, nosotros nos pronunciamos por la afirmación legislativa de la presunción de laboralidad de esta relación. Lo hacemos además en los términos de la sentencia, de 25 de septiembre de 2020, y creemos que esa sentencia dota de un marco
determinado que, garantizado o avalado por el acuerdo social, se traslada al ordenamiento. Pero sí es cierto que además creemos que hay determinadas incógnitas que merecen ser aclaradas, colectivos que merecen ser escuchados, cuestiones que merecen
-en su caso, si es que existen porque también dudamos de la existencia de un colectivo tan amplio como algunos pretenden- que tengan que tener alguna respuesta diferenciada en el ámbito legislativo.


En definitiva, señorías, creemos que se da un paso no pequeño, sino de gigante en la concreción de las relaciones laborales en la utilización de plataformas digitales y frente a eso nosotros nos mostramos a favor. Votaremos a favor y además
votaremos a favor de su tramitación como proyecto de ley porque creemos que ese debate no ha hecho más que empezar.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal. (El señor Sánchez García pide la palabra).


Perdón, no le oigo bien. ¿Qué desea?


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia, pido la palabra con arreglo al artículo 71.1 del Reglamento.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene un minuto.


El señor SÁNCHEZ GARCÍA: El portavoz, señor Barandiaran, me ha mencionado en relación con la referencia que he hecho esta mañana sobre el señor Legarda. Del señor Legarda he dicho que se le



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estaba poniendo cara de ministro, creo. Si he dicho de ministra, ha sido un lapsus. Pero en todo caso, con arreglo esta gramática que se extiende por esta Cámara...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Creo que ha quedado claro. Muchas gracias por su rectificación y aclaración. Ha pasado el minuto. Muchas gracias.


Continuamos.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.


Buenos días. Vicepresidenta, me alegro de verla de nuevo por aquí. Se ha dicho ya en esta tribuna que la materia de la que versa este real decreto necesita arreglarse. Se ha dicho literalmente: arreglemos las cosas. Pues sí,
arreglémoslas, pero no por decreto. Porque el Gobierno nos trae aquí otro decreto-ley y ya van 91 desde que el señor Sánchez duerme en Moncloa. Salimos a una media de 2,5 decretos al mes y esta media es más del doble -y en algunos casos hasta 4
veces más- que la de cualquier otro Ejecutivo en la democracia. Es cierto que hemos pasado por una pandemia sanitaria sin precedentes, y desde mi grupo parlamentario lo sabemos bien porque hemos apoyado no pocas iniciativas de urgencia cuando hemos
creído que suponían un beneficio para los españoles; pero por ese mismo motivo, vicepresidenta, hoy el caso que nos ocupa no nos resulta particularmente necesitado de los mecanismos legislativos excepcionales porque no hablamos de una materia
vinculada a la excepcionalidad de la pandemia. Además, nos encontramos con el real decreto-ley que viene a transformar la regulación laboral con esa vocación de permanencia para esta nueva economía digital y las relaciones laborales para el siglo
XXI de lo que ya se ha hablado aquí. Seamos claros, tampoco se cumplen esos criterios de extraordinaria y urgente necesidad porque el Gobierno lleva gestando esta norma más de un año y además -también se ha dicho aquí- existe una vacatio legis de
tres meses, circunstancia que en principio sería incompatible con la figura del real decreto-ley.


Hablaba usted, vicepresidenta, de un mundo tecnológico, del futuro digital, de un cambio de paradigma, del nuevo contrato laboral, ese new deal. ¿Y quiere usted hacerlo por real decreto? Será la primera vez en la historia que una norma
laboral se tramita o se regula por decreto-ley. Siento mostrarme tan dura, pero en democracia la forma y el fondo son la misma cuestión. Son importantes los informes preceptivos, los trámites parlamentarios, el debate público, la posibilidad de
incorporar enmiendas para mejorar la norma... Todo eso es tan importante como el propio texto.


Vicepresidenta, parece mentira que tengamos que hablar de esto en el año 2021, pero el fin no justifica los medios, de la misma forma que unos objetivos loables no justifican las políticas públicas. Deben hacerlo los resultados y no todo es
válido solo porque las intenciones sean buenas. Los ciudadanos nos pagan el sueldo para que seamos responsables y las decisiones que aquí se debaten y adoptan tienen consecuencias reales sobre la vida de las personas más allá de los buenismos o de
la ideología. Por tanto, debemos preguntarnos si este real decreto-ley va a ser positivo para todos los trabajadores de este sector, porque ya sabemos que la forma que ustedes tienen de defender a los trabajadores es atacando a las empresas.


Comprendo, porque a todo se acostumbra una, que a ustedes no les interese ni la opinión ni las mejoras que la oposición pueda presentar a este texto durante su tramitación como proyecto de ley, pero es que ni siquiera, ni siquiera, han
tenido en cuenta ustedes a los trabajadores de las plataformas, ni los repartidores ni a las propias plataformas. Tanto plataformas como riders han manifestado públicamente su rechazo a este real decreto-ley, al no haberse tenido en cuenta ni sus
posiciones ni sus intereses ni su condición de máximos afectados y conocedores de los instrumentos y las cuestiones reguladas. Tampoco han valorado ustedes el impacto económico y laboral de la medida en un momento especialmente delicado para
nuestra economía, pese a afectar a un sector en pleno auge, cuyo impacto ha sido particularmente relevante para mantener la actividad de miles de restaurantes, por ejemplo, durante las fuertes restricciones a la hostelería del último año.


No acompañan a este real decreto-ley de una memoria de impacto económico que acredite el efecto que la normativa va a generar en el sector; tampoco, de sus implicaciones en un contexto de crisis y altos índices de desempleo en colectivos
vulnerables con elevadas dificultades de inserción laboral como inmigrantes, jóvenes pluriempleados o parados de larga duración. Creemos que se trata, en definitiva, de una medida lo suficientemente importante como para trabajarla con seriedad y
rigor, midiendo también el impacto económico y el impacto que tiene esta norma sobre la vida de miles de personas. Esto, vicepresidenta, no es una carrera de a ver quién se cuelga antes las medallas en el Gobierno o quién regula antes esta
situación que, de verdad, creo que necesita regulación.



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Ustedes compiten sin esperar a lo que decida la Comisión Europea, que está trabajando en ello y va a resolver más pronto que tarde. Compiten entre ustedes sin importarles el conflicto de leyes que puede generar esta norma entre el Estatuto
de los Trabajadores y la Ley de Secretos Empresariales. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). No le dan importancia a las quiebras de facto del mercado único digital europeo; sin tener en cuenta los precedentes adversos de otros países;
sin pensar que, como ha pasado con el impuestazo digital, están convirtiendo a España en una isla impositiva que pretende poner puertas al campo y que puede acabar en un desierto para la actividad económica.


Vicepresidenta, aun a riesgo de que nos llamen explotadores, usted nos ha pedido responsabilidad; y estoy de acuerdo. Por eso mismo no podemos apoyar este despropósito de real decreto-ley solo porque nos digan que las intenciones son
buenas. No sería responsable, y Ciudadanos, mi grupo parlamentario lo es. Sin embargo, votaremos a favor de su tramitación como proyecto de ley para aportar todas las voces, todas las quejas y todas las enmiendas que hagan falta para que esto sea,
de verdad, una ley laboral con permanencia para regular el contrato laboral y la economía digital del siglo XXI.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Boadella Esteve.


El señor BOADELLA ESTEVE: Buenos días de nuevo, señora vicepresidenta. Contento de volver a verla recuperada.


En relación con el real decreto-ley que nos ocupa, que salió en el BOE el 11 de mayo, nosotros tenemos que apuntar inicialmente que no aporta un cambio sustancial en la regulación de las relaciones laborales en la medida en que el 25 de
septiembre de 2020 el Tribunal Supremo ya unificaba doctrina con las reglas actuales del ordenamiento jurídico laboral, y el 26 de mayo de 2021 confirmaba una sentencia anterior, de enero de 2020, cuando no admitía un recurso en mayo de 2021 y, por
tanto, confirmaba la de enero de 2020. Por ello, respecto a la nueva normativa laboral que entra en mayo de 2021, ya estaban los tribunales -el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia- dictando de acuerdo con esta regulación por la que
estos falsos autónomos se consideraban relación laboral.


Nosotros vamos a poner en valor el acuerdo en el diálogo social; este acuerdo que se produce en marzo de 2021, pero que no sale en el BOE hasta mayo de 2021. También nos tendrán que contar por qué han pasado estos dos meses entre el
acuerdo y el BOE. Alguna cosa habrá pasado aquí en medio. Lo que tenemos es un real decreto con cinco páginas en la exposición de motivos para dos párrafos de lo que es la parte normativa, dos párrafos que alguna controversia jurídica generan
también y añaden más requisitos a la presunción de laboralidad. Si uno conjuga el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores con lo que ahora se añade al mismo, resulta que hay que añadir algunos elementos más para acreditar la relación laboral,
con lo cual técnicamente creemos que puede ser mejorable.


Por tanto, poniendo en valor el diálogo social y poniendo en valor que sobre esto ya se estaba sentenciando en este sentido, votaremos a favor del real decreto-ley, pero por un motivo más, porque queremos que se tramite como proyecto de ley
y porque creemos sinceramente que quizá habría aquí una oportunidad perdida que hay que recuperar. Tramitar esta materia como proyecto de ley nos permite actualizar la normativa laboral, no en base a contrarreformas y derogaciones, sino en base a
una modernización y a un debate de futuro más que necesario. Cuestiones como las realidades del siglo XXI -intentar buscar soluciones a las realidades del siglo XXI no con instrumentos del siglo XX, sino con la nueva manera de enfocar los asuntos
laborales del siglo XXI-, poner en juego los intereses de los diferentes sectores -empresas y trabajadores-, poner de relieve toda esta cuestión relativa a los datos, la inteligencia artificial a la nueva economía y generar un marco de relaciones
laborales que sea esperanza de futuro, pero esto solo se puede hacer trabajándolo, dando voz a los grupos parlamentarios y afrontando este tema, no con una simple modificación de dos líneas en el Estatuto de los Trabajadores, sino con un auténtico
debate parlamentario -como apuntaba el Partido Nacionalista Vasco- sobre una materia en la que todos estamos empezando y en la que seguramente hay mucho más que hacer que aprobar un real decreto ley de dos líneas. Podemos afrontar y aportar todos
mucho más para regular esta nueva economía desde otra perspectiva y para buscar soluciones del siglo XXI para realidades del siglo XXI, y no tirando de las soluciones del siglo XX.


En resumen, pondremos en valor la realidad del diálogo social y pondremos en valor que ya tenemos pronunciamientos del Tribunal Supremo en esta línea, pero vamos a poner en valor toda la tramitación que



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se pueda hacer como proyecto de ley para que como grupos parlamentarios podamos aportar mucho más material, mucho más enfoque, a esta nueva realidad de las relaciones laborales del siglo XXI.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Señorías, presidenta, señora ministra.


El trabajo ya no es lo que era. Este es título del libro de Albert Cañigueral precisamente sobre la economía de las plataformas digitales. El ecosistema laboral está en transformación y las causas son muchas: la globalización económica,
los avances tecnológicos o la digitación, incluso de las relaciones personales, muchas veces con grandes y graves consecuencias sociales. Tenemos que asumir que la noción tradicional de trabajo está viviendo una auténtica transformación que es
difícil de entender si no la contextualizamos debidamente.


En este sentido, la economista Mariana Mazzucato distingue entre el modelo capitalista extractivo, centrado en la captura de rentas, que aprovecha los resquicios legales que proporcionan las nuevas tecnologías para librarse de cualquier tipo
de retorno a sociedad, generando bajos salarios y precariedad laboral, y una economía regulada que sí que crea valor, riqueza y bienestar, con retorno a la sociedad en forma de trabajo de calidad, con derechos laborales, cotizaciones a la Seguridad
Social o ingresos públicos mediante los impuestos.


Un ejemplo de economía que no crea valor social son las actuales plataformas digitales de reparto, especialmente de paquetería, mensajería y comida, un sector que se calcula que emplea ya alrededor de unas 15 000 personas. Las prácticas en
este sector se pueden resumir en un uso indebido del contrato de autónomo; una relación laboral que gira en torno a la plataforma digital; los medios que puede aportar el supuesto autónomo -la bicicleta- no son relevantes ante la app -la
aplicación-. Esto permite a las plataformas digitales ahorrarse hasta 92 millones de euros al año en salarios, una pérdida del 25 % o 4200 euros anuales por trabajador y hasta 76 millones en cotizaciones a la Seguridad Social. Otra característica
de esta economía es la captación de trabajadores entre colectivos en situación de necesidad, muchos de ellos inmigrantes. Otra característica es que se desdibuja la relación laboral bajo una apariencia de libertad, flexibilidad, sin requisitos
legales o competenciales, promoviendo la falsa idea de que ser autónomo es barato y sencillo. Son unas relaciones con la plataforma en las que manda la discrecionalidad, la unilateralidad bajo pena de desconexión y, en definitiva, unos bajos
ingresos y unas condiciones de trabajo impredecibles, innegociables y que llevan a los repartidores a conductas perjudiciales, por ejemplo, con una gestión del servicio automatizada mediante logaritmos que, si no se atienden, conllevan penas
gravosas con la consiguiente obligación de los trabajadores de constante disponibilidad, descanso insuficiente y conductas de riesgo, por ejemplo, la conducción. En definitiva, es un modelo donde el algoritmo ha acabado con los derechos laborales,
donde ha acabado con el descanso, tener vacaciones, la cobertura cuando se está enfermo o en situación de incapacidad por accidente laboral.


Finalizo. Los riders, los repartidores, no son autónomos en una economía colaborativa o emprendedores en bicicleta que disfrutan de una actividad de ocio remunerado, sino falsos autónomos exprimidos por unas empresas que utilizan a
colectivos desfavorecidos para lucrarse. No se trata solo de trasladar al Estatuto de los Trabajadores las recientes sentencias que inciden en la laboralidad de la relación, sino que se trata de solucionar un problema laboral, una solución avalada
por el diálogo social.


Por estas razones, vamos a votar favorablemente la convalidación del decreto-ley y la tramitación como proyecto de ley, para que se pueda abrir un debate sosegado sobre un tema que pensamos que se lo merece.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pagès. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor.


La señora ROSIQUE I SALTOR: Gràcies, presidenta.


La digitalización es una oportunidad, sin duda. La aplicación a gran escala de las tecnologías de organización del trabajo por medio de algoritmos es una oportunidad. Sin embargo, debemos recordar



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que es responsabilidad de los poderes públicos que esa oportunidad no sea solo para el mercado, para los grandes tenedores de capital, sino que suponga, sobre todo, una oportunidad de mejora para las condiciones de vida de los trabajadores.
Por eso, hoy celebramos que se regule una mejora de las condiciones de los repartidores, los riders, poniendo fin a la era de los falsos autónomos.


Estos meses hemos visto que personas con gran capacidad de influencia mediática y política y que veían amenazados sus privilegios con este real decreto-ley han ido contando muchas mentiras sobre este decreto-ley. Me refiero a aquellos que
han pagado a gente para que hoy se movilicen aquí, en las puertas del Congreso, insultando a aquellos que defendemos una vida mejor para las clases trabajadoras. (Aplausos). Qué casualidad que VOX se esté rodeando una vez más de la patronal.


Hoy no ponemos fin a la flexibilidad horaria, porque es mentira que si eres un trabajador asalariado debas tener necesariamente un horario fijo. Hoy exigimos que los derechos laborales conquistados se respeten, que se respete la jornada
máxima del Estatuto de los Trabajadores y que si un empresario quiere que el trabajador tenga un horario flexible lo negocie en el momento de contratar y lo compense adecuadamente en el salario. Hoy no ponemos fin a la posibilidad de trabajar para
distintas empresas, porque es mentira que si eres un trabajador asalariado no puedas trabajar para más de una empresa a la vez. Hoy exigimos que los trabajadores que trabajen por una o más empresas tengan sus derechos laborales garantizados, que
tengan vacaciones pagadas, cobertura ante riesgos laborales y derecho a la negociación colectiva para organizarse en defensa de sus intereses. Hoy no ponemos en duda el uso de los algoritmos, sino que garantizamos que se hagan públicos para que los
trabajadores puedan conocer a quién se llama a trabajar y a quién no. Porque, aunque las decisiones se tomen a través de un sistema informático, un empresario puede dejar de contratar a alguien por haber hecho huelga, por estar embarazada o por
decidir descansar un fin de semana y, por tanto, nos encontramos ante una discriminación y una vulneración de derechos fundamentales.


Hoy aprobamos este real decreto-ley para todos aquellos repartidores que llevan tiempo luchando por mejorar sus condiciones y, sobre todo, por mejorar las condiciones de sus compañeros y de los que vendrán. Pero también cabe decir que este
real decreto-ley no lo resuelve todo. Lo primero que hay que evitar es que, una vez que se haya contratado a todos los repartidores, no se juegue con sus condiciones laborales recurriendo a la vía típica de las subcontrataciones. Una vez aprobado
este real decreto-ley habrá que evitar que las empresas de reparto -y cualesquiera otras, de hecho- se dediquen a subcontratar masivamente con terceras empresas para incumplir los convenios colectivos y poder pagar por debajo del salario pactado.
Para que quede claro, las empresas de reparto tienen que repartir con sus propios trabajadores, los cuales tienen que cobrar, como mínimo, lo acordado en negociación colectiva. Como preveíamos esto, Esquerra Republicana acordó por escrito con el
Ministerio de Trabajo que, antes del 30 de junio, se reformaría el artículo sobre subcontrataciones. Quedan tres semanas y sabemos que ha pasado a ser uno de los proyectos a impulsar con los fondos europeos, pero exigimos también que se cumpla lo
acordado.


Tampoco podemos olvidar que este real decreto-ley que hoy aprobamos queda lejos de lo esperado. Podrían habernos presentado una reforma de las plataformas digitales del trabajo, pero se han quedado únicamente con los riders. La urgencia
estaba y está en la regulación laboral de un nuevo mercado, en el que los algoritmos ponen en contacto a los trabajadores con los clientes y los usuarios, creando así nuevas relaciones de trabajo. La pregunta aquí es si van a ir regulando sector
por sector, en cadena, o si van a crear una de aquellas comisiones de estudio que sirven para tener el titular y luego no hacer nada al respecto. Urge asegurar también los derechos laborales en la economía de plataformas de los servicios de
transportes de mercancías, de trabajos domésticos o de cuidados, así como asegurar las conocidas como microtareas, que se realizan en línea a cambio de unos pocos céntimos de euro cada entrega.


Acabo con una cuestión que a menudo nos vemos obligados a recordar. Incluso si conseguimos regular la economía de las plataformas, la lucha de los trabajadores va a continuar, sigue siendo urgente la derogación de las reformas laborales y
la Ley de Extranjería. No podemos permitir que siempre haya ciudadanía dispuesta a asumir peores condiciones laborales porque su condición sea la de necesidad. Debemos garantizar siempre un trabajo digno para todos y para todas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Rosique. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.



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El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Empezamos la semana con nuevos términos en inglés, de esos que hacen parecer modernas cosas que han ocurrido toda la vida y que tienen relación directa con no poder llegar a fin de mes. Esta semana tocó el
stooping no sé muy bien cómo se pronuncia, porque es una palabra inventada, que no es otra cosa que recoger muebles de la basura y llevártelos a casa. Reciclar y reutilizar está muy bien, por supuesto, pero el problema es cuando no lo haces por el
planeta sino porque no tienes un duro ni dónde caerte muerto. El coliving, que es compartir piso porque no puedes pagar el alquiler tú solo o tú sola. El workation, que significa trabajar durante tus vacaciones, porque eso de que se cumpla la
Constitución y el Estatuto de los Trabajadores es cosa de viejos anticuados. El nesting, que consiste en quedarte en casa los fines de semana, porque el ocio es solo cosa de gente rica y los currelas se las apañan viendo series en Internet, siempre
que puedan pagarlas.


Ya no es solo que condenen a millones a una vida precaria, sobre todo a la gente joven, sino que, además, nos tomen por imbéciles. Hay que reconocer que uno de los primeros inventos en este sentido les funcionó bastante bien. Aprovecharon
que todo el mundo tenía un teléfono con Internet en el bolsillo, que la reforma laboral había devaluado las condiciones de trabajo muchísimo y que la gente tenía que agarrarse a cualquier clavo para inventarse los riders. ¿Qué es un rider? Una
persona, normalmente joven, con un medio de transporte de su propiedad, bicicleta o moto, aunque tristemente los podemos ver incluso en guaguas, en tranvía o en el metro, que trabaja repartiendo pedidos sin contrato, sin derecho a baja, sin derecho
a vacaciones pagadas, sin salarios fijos, sin protección ante accidentes y, por supuesto, sin convenio colectivo ni sindicato. Todo esto está regulado por un algoritmo que controla cuánto cobras, cuánto trabajas y dónde lo haces. Y hasta ahora han
tenido la cara dura de decir que era trabajo autónomo. Pues chiquita autonomía.


Hoy estamos aquí debatiendo una ley con la que daremos un paso histórico. Estamos debatiendo una ley que garantiza, principalmente, dos cosas. Primera. Que no haya ninguna duda de que existe relación laboral y que, por lo tanto, deben
tener todos los derechos asegurados: contrato, derecho a bajas, derecho a paro, a vacaciones pagadas, a pensión, a la libertad sindical y a un largo etcétera. Esto es lo mínimo en cualquier puesto de trabajo en este país. Con esta legislación se
consolida la doctrina ya avanzada de los tribunales, gracias a la lucha de gente organizada frente a la precariedad lucha de verdad, no como la de los que están ahí fuera, gracias a muchas denuncias, gracias a muchas asambleas y gracias a muchas
desconexiones, que es el eufemismo que usan cuando te echan a la calle, para conseguir llegar hasta aquí. Aprovecho para darles la enhorabuena desde esta tribuna y las gracias por tanta lucha y por los objetivos conseguidos. (Aplausos). Segunda.
Que se conozcan las entrañas del algoritmo. Este es el segundo de los objetivos de esta histórica ley. Resulta que un algoritmo no es un ser inanimado que nos visita desde el futuro y que tiene autonomía propia, sino que es un mecanismo controlado
por la empresa para decidir quién trabaja, quién no, cuándo lo hace, en dónde lo hace y a qué precio, todo acompañado, por supuesto, de un sistema de castigo para cualquiera que no obedezca a rajatabla los dictados de la sacrosanta modernidad. Si
protestas, el algoritmo, misteriosamente, no te asigna repartos y te quedas sin cobrar -¡qué casualidad!-. Con esta ley la gente trabajadora tendrá derecho a conocer y, por lo tanto, a negociar en qué condiciones trabaja el algoritmo. Quizá yo sea
un antiguo, pero prefiero tener un convenio colectivo con los derechos y las obligaciones bien claritas a que una aplicación de móvil decida si este mes pago el alquiler o no lo pago.


¿Esta ley es la panacea? No. ¿Soluciona toda la precariedad asociada a la nueva economía? Tampoco. Pero es que esta ley no es la meta, sino que es un primer paso, y de los importantes. Es la primera ley en toda Europa -¡en toda Europa!-
en estos términos y también la primera que parte del diálogo social. Ahora que la Unión Europea tiene este importante debate sobre la mesa, podemos decir con orgullo que, gracias a la lucha de mucha gente en la calle y al empuje del equipo del
Ministerio de Trabajo, dirigido por la ministra Yolanda Díaz, aquí presente, nuestra legislación laboral es y será un referente de derechos laborales en todo el continente, y quién sabe si más allá. Eso es algo que, desgraciadamente, no podemos
decir todos los días. Para qué después digan que luchar y organizarse no sirve para nada.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Movellán Lombilla.


El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, señora ministra, en el Grupo Parlamentario Popular creemos que se debe buscar la fórmula para ajustar y adaptar la legislación laboral existente a un modelo de negocio que, desde luego, no existía



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hace cuarenta años, cuando se redactó el Estatuto de los Trabajadores. Debemos seguir apostando por ofrecer facilidades, por mejorar nuestra competitividad y por hacer posible el crecimiento, pero para eso hace falta consenso, y para el
consenso hace falta voluntad, y hoy en esta tribuna estamos viendo poco de una y de otra, tristemente.


Voy a ser claro. En el Partido Popular compartimos que es necesario y prioritario elaborar una ley que regule de forma específica esta nueva forma de negocio con todas las garantías para el trabajador. Pero tiene que ser una ley justa, una
ley no excluyente y una ley ambiciosa que contemple todas las opciones. La labor de los tribunales es esencial y, además, admirable, pero, señora ministra, los tribunales no enloquecen, sino que interpretan la ley, y legislar, señorías, nos
corresponde a nosotros, por mucho que se quiera hacer ver lo contrario. Señora ministra, esto no es como meter un puñado de plastilina en un bote que se hace caber o como meter por la puerta de atrás a un vicepresidente en el CNI aprovechando el
estado de alarma. Seamos serios, porque, a pesar de este Gobierno, España es una democracia firme, solvente y, sobre todo, efectiva. Es la ley la que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos y a la nueva realidad social. Esos nuevos modelos de
negocio no hay que encajarlos en una ley en la que no hay cabida para ellos.


¿Qué nos traen hoy aquí a debate? Este Gobierno, una vez más ya nos tiene acostumbrados a ello, pretende regular por la vía de urgencia, vía real decreto-ley, una normativa que lleva ya fraguándose desde hace un año, y que entre en vigor el
próximo mes de agosto. ¿Dónde está la urgencia? ¿Cómo se justifica esa urgencia? ¿Qué tiene en contra de la tramitación ordinaria, señora ministra? ¿A qué tienen miedo? ¿Tienen miedo de que no les dejemos pasar el rodillo? ¿Qué es lo que le
preocupa? ¿Este es el diálogo y el acuerdo del que tanto presume? Es muy fácil llegar a acuerdos con uno mismo si no se escucha a los demás. Este real decreto-ley no encaja en este caso porque no cumple los requisitos, y usted lo sabe. No todo
vale para obtener un titular. Hay que ser responsable, señora ministra. Ustedes, su Gobierno, siguen abusando de la figura del real decreto-ley. ¿Hasta cuándo van a seguir sufriendo los varapalos de Tribunal Constitucional? Esta regulación
requiere mayor participación, mayor debate y consenso y no hurtar las funciones que corresponde a esta Cámara.


Nos ha extrañado que un tema tan controvertido y tan necesario de regular lo despachen ustedes en un artículo único. Tengo que decirle que hay más ideología que contenido en este presente real decreto ley y que es un texto absolutamente
insuficiente, incompleto y poco claro, que no aporta nada nuevo, más allá de la presunta laboralidad, ni deja claro en qué consiste el alcance o las consecuencias del incumplimiento. También deja a nuestro país al margen del mercado único digital
para Europa. Asimismo, parte de la premisa errónea y un tanto atrevida, diría yo, de que todos los riders son asalariados y tienen una relación laboral. ¿Porque hasta dónde alcanza esa presunción? Si hay un rider que es autónomo, porque así lo ha
elegido libremente, que trabaja por cuenta propia y que cotiza al RETA, que puede probar que es un autónomo de verdad, ¿se rompe esa presunción de laboralidad? No queda claro; puede que sí o puede que no. Y si hay una empresa o una plataforma
digital que no laboraliza a sus repartidores, ¿a qué sanciones se va a enfrentar? Señora ministra, esas son algunas de las muchas dudas que genera este real decreto-ley, que lejos de otorgar la seguridad jurídica que venden consigue el efecto
contrario.


Señorías, si por algo nos caracterizamos en el Grupo Parlamentario Popular es por la escucha activa y, sobre todo, productiva. Nosotros sí nos hemos reunido con todas las asociaciones de riders, sindicatos y representantes de las
plataformas digitales, a diferencia de ustedes, del Gobierno, que, por lo que podemos comprobar, pretende aprobar una ley de plataformas digitales o una ley de riders sin contar con las plataformas ni con los riders ni con nadie; vamos, al más puro
estilo Ley Celaá. Lo que hemos percibido en estas reuniones es que esto no deja contento a nadie. Los que defienden la laboralidad la ven poco ambiciosa y nos trasladan que las contrataciones que se están haciendo en estos momentos se hacen a
través de empresas de trabajo temporal, con lo que la seguridad, estabilidad y los salarios que percibirán no van a mejorar. Y yo le pregunto, señora ministra, ¿este es el modelo, esta es la calidad del empleo y estos son los salarios dignos que
usted defiende?


También tengo que decirle que hay un gran número de riders que quieren continuar siendo autónomos, pero autónomos de verdad, con todos sus derechos y sus obligaciones, y ven que, con esta regulación, eso peligra. Y no se equivoque, señora
ministra, cuenta usted con el Partido Popular para denunciar siempre y en toda situación el fraude laboral, una lacra que no solo perjudica a las trabajadoras y a los trabajadores afectados, perjudica a la economía de todo el país y es radicalmente
insolidario e inadmisible. Pero no por eso vamos a dejar de denunciar que al modelo totalitario de ustedes le sobran los autónomos,



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porque no son colectivizables, porque son muy valiosos y muy poco manejables. Por eso, han decidido ustedes, todo este Gobierno, hacer la vida imposible a los autónomos en este país.


En la redacción de este real decreto no se ha tenido en cuenta que muchos de estos riders que hoy trabajan de forma autónoma lo hacen para compaginarlo con sus estudios y costeárselos, porque lo combinan con otro proyecto laboral o porque
ganan más dinero siendo autónomos. También lo hacen por la conciliación familiar, para organizar mejor su tiempo, o simplemente para acceder al mercado laboral de la forma en que mejor se adapte a esta circunstancia. Y con esta regulación lo que
van a conseguir es truncar las oportunidades laborales de la mayoría de estos trabajadores y estas trabajadoras.


Señora ministra, debería explicar hoy aquí por qué una norma que va a afectar a este sector, que ha sido vital durante la pandemia para salvar la actividad, el empleo y la supervivencia de miles de negocios de hostelería, comercio y
restauración, llega sin una valoración de impacto económico. No han trabajado, no han recogido aquí las implicaciones que va a tener esta nueva regulación para aquellos colectivos vulnerables con dificultades de inserción laboral, como son los
migrantes, los jóvenes y los parados de larga duración. Está cargado de ideología y de demagogia y lo traen sin datos. No hablan del riesgo que hay de que se pierdan empleos, del riesgo de que las plataformas y estos servicios no lleguen a
poblaciones pequeñas.


Señora ministra, usted citaba a Turing, y yo también lo voy a citar: 'Solo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer'. Debe ser una ley seria, una ley consensuada con todas las partes
implicadas, con vocación de permanencia y tramitada por el procedimiento legislativo ordinario, no por vía real decreto-ley. Por eso, votaremos que no, porque no están justificadas las formas ni la urgencia de este real decreto, y pediremos la
tramitación como proyecto de ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Movellán. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea i Conillas.


La señora PEREA I CONILLAS: Bon dia. Buenos días, presidenta. Vicepresidenta tercera, me alegro de que se haya recuperado de sus dolencias.


El Grupo Socialista va a votar a favor del real decreto-ley. Yo creo que después del debate al que acabamos de asistir está claro que hay dos concepciones muy contrapuestas, la de la derecha neoliberal, que pretende una desregulación
salvaje, y la de aquellos que queremos, sobre todo, que el trabajador esté cubierto, precisamente porque es una herramienta vital para su vida, para su proyecto vital.


Como decían otros compañeros, estamos frente a una regulación pionera, moderna, que comienza a perfilar ya el nuevo estatuto del trabajo del siglo XXI. Decía el portavoz del PNV que nos tenemos que felicitar, y lo decía también la portavoz
de Esquerra, porque hoy empieza el fin de los falsos autónomos. Esa es la realidad, y ahí es donde está el Grupo Socialista, apoyando, evidentemente, al Gobierno de coalición. Esto no es una competición, pero si lo fuera sería una competición por
sentar las bases ciertas y seguras para que en el futuro sea un trabajo digno. Esa es la competición.


Este real decreto es importante por dos razones. La primera, porque envía un mensaje muy claro respecto a los nuevos modelos de negocio: si ustedes quieren operar, nos parece perfecto, estamos aquí, pero con respeto, con pleno respeto a un
trabajo digno, contribuyendo firmemente al desarrollo económico inclusivo y sostenible, como no puede ser otra manera. La segunda, porque este real decreto pone freno de una forma muy importante al fraude laboral, al fraude contra la Seguridad
Social, a la competencia desleal de las empresas, y desde luego va contra el dumping social. No acabamos de entender a esta derecha que tanto defiende a las empresas. Van contra ellos mismos. No sé qué estará pensando en este momento el señor
Garamendi después de haber escuchado al portavoz del Partido Popular.


Sí, es un real decreto-ley sencillo, pero a la vez contundente, porque con dos disposiciones finales deja negro sobre blanco lo que no podemos permitirnos en nuestro presente ni de cara al futuro laboral. Este real decreto se hace eco de la
trascendencia de los algoritmos, que tanto han revolucionado nuestro día a día, de las prestaciones de servicio y de la gestión empresarial de las relaciones laborales. A través de esta gestión algorítmica, las empresas ejercen un poder de
dirección -¡ojo!- que no es inocuo, que no es inofensivo y que no es neutro. Por tanto, es muy importante la redacción que se le da en el nuevo Estatuto de los Trabajadores al artículo 64 sobre el poder de decisión y el conocimiento por parte de
los representantes sindicales. Les va a permitir determinar si estamos hablando de un falso autónomo o estamos hablando de un trabajador por cuenta ajena. Les va a permitir controlar las condiciones laborales



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y la debida protección salarial, regular el tiempo de trabajo -hoy hacen jornadas realmente desproporcionadas, como sabemos-, actuar frente a los despidos y garantizar los derechos colectivos. Este real decreto reconoce el derecho que
refuerza la vía de la negociación, una cuestión nada despreciable ya que protege a las personas trabajadoras reequilibrando la situación inter partes. Este real decreto pone contra la pared a la explotación laboral. También recoge los elementos
del Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de septiembre, la que dice claramente de qué estamos hablando. Hablamos de laboralidad, porque hablamos de dependencia y homogeneidad. Punto pelota. No hay tema. No inventen, señores de la derecha. La
ministra ha dicho que la laboralidad no se escoge, que la laboralidad es, que lo otro es un fraude. A esto es a lo que este real decreto dice que no, al fraude de los derechos de los trabajadores españoles. Este real decreto-ley está siendo
observado por multitud de países que en este momento tienen que empezar a regular sobre este nuevo mercado laboral que se nos plantea.


Pongámosle cara a esta realidad. Hay una encuesta Collen, de la Unión Europea, que dice claramente que los países que tienen mayor precariedad son los que justamente tienen más trabajadores de plataformas digitales. ¿España dónde está?
España está ahí, entre los top ten. En España, entre 2017 y 2018, se han incrementado en cuatro puntos porcentuales los trabajadores de plataformas digitales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, en definitiva, del presente y del futuro.
Lo que no podemos permitir es que la desregulación salvaje de este sector nos lleve a una cronificación de la precariedad. Eso es una de depauperación endémica de las condiciones de vida de las personas. Cuando hablamos de autónomos, cuando
algunos sectores o algunos grupos les otorgan la palabra autónomos, se les otorga un pretendido espíritu emprendedor, que, como decía, enmascara jornadas interminables, de setenta horas semanales; se obliga a que los trabajadores compitan entre
ellos mismos, a través de un algoritmo, para ver quién logra un mayor número de encargos; se les somete a los trabajadores a la valoración empresarial, con un poder sancionador encubierto a través de los clientes, que incluso les puede llevar, como
diría el rider Felipe Díaz, a poder ser desconectados en cualquier momento de la plataforma y, por tanto, a quedarse sin empleo, o se esconden discriminaciones, como decía algún portavoz. Hay mujeres que reciben peor nota porque no se someten al
acoso, incluso sexual, de los clientes cuando van a entregar el reparto. Eso no lo podemos permitir. Eso no vale. No es excusa decir que no cumplen la forma. No, es una excusa que no podemos permitir.


Este real decreto se alza frente al fraude y frente a la situación de precariedad. Ya lo han dicho otros portavoces. Este real decreto en ningún caso contrapone el avance tecnológico a la garantía de condiciones laborales. Como dice el
catedrático Eduardo Rojo, la tecnología no es la causante de la precariedad o la pérdida de puestos de trabajo. Es cierto, pero tampoco puede ser contraria a los derechos de los trabajadores. Y sí, tendremos que dar flexibilidad a las empresas,
claro que sí, pero siempre y cuando respeten la función tuitiva del derecho del trabajo que hemos considerado a lo largo de nuestra historia democrática. Los trabajadores tienen que estar protegidos, y si la laboralidad existe no hay tema.


Voy acabando. Este Real Decreto 9/2021 se alinea con los compromisos internacionales de España, y aprobarlo es generar certidumbre. Digámoslo claro: votar contra él es ser cómplice de la desregulación, de la precariedad, de la pobreza y,
por tanto, del esclavismo, y eso el Grupo Socialista no lo va a permitir. Esta pandemia nos ha demostrado que solo desde la unidad de lo público, de lo colectivo, hemos sido capaces de superar una situación excepcional. Reconozcamos la valentía...


La señora PRESIDENTA: Señora Perea, tiene que terminar, por favor.


La señora PEREA I CONILLAS: ... del diálogo social y de los riders -acabo- y pongamos pie en pared ante los que que quieren mantener y preservar un fraude, que, hoy por hoy, es insostenible en España.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Perea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


- REAL DECRETO-LEY 11/2021, DE 27 DE MAYO, SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA DEFENSA DEL EMPLEO, LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Número de expediente 130/000051).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los
trabajadores autónomos.



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Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social.


La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Comparezco de nuevo ante ustedes para exponer el contenido y el alcance del Real Decreto 11/2021, de 27 de mayo, sobre las medidas urgentes
para la defensa del empleo y la reactivación económica, así como para la protección de los trabajadores autónomos. El Real Decreto 11/2021 es una norma que acompaña, que garantiza estabilidad y que sigue dotándonos de pilares firmes para el proceso
de recuperación que encara nuestro país. Con ella se prorroga el sistema de incentivación y garantía de los ERTE hasta el próximo día 30 de septiembre. Los ERTE han sido un instrumento de estabilidad y regeneración que ha marcado un punto de
inflexión a la hora de encarar las expresiones de la crisis sanitaria, en la economía y en el empleo. Les hablo, como les he dicho muchas veces, de que más de 3 600 000 personas trabajadoras y más de 550 000 empresas en nuestro país han sido
protegidas por los ERTE en el momento más crítico de la crisis sanitaria.


Nuestras sociedades se constituyen en torno a sus fracturas, pero la historia de nuestras crisis está cuajada también de atajos, de flecos sueltos que han favorecido la devaluación del trabajo y el aumento de la precariedad, de la que hoy
tanto hemos hablado. Los ERTE han sido, justamente, la respuesta contraria, han sido una respuesta de protección que ha evitado las fórmulas del pasado y que está favoreciendo una recuperación más rápida y más justa. Los datos hablan con total
rotundidad. En mayo de este mismo año hemos recuperado el 80 % del empleo que ha caído durante la primera ola y la afiliación media a la Seguridad Social es ahora mismo igual a los momentos anteriores a la pandemia y solo el 15 % de las personas
trabajadoras que estuvieron en ERTE en algún momento de la pandemia se mantienen actualmente en esta situación. La eficacia y el compromiso social de esta norma se encuentran una vez más reforzados por el hecho de que se trata de una norma fruto
del diálogo social dando cobertura al V Acuerdo Social en Defensa del Empleo, que como sus cuatro antecedentes es fiel reflejo del compromiso de los interlocutores sociales con la recuperación en nuestro país. También son la prueba fehaciente de
que las crisis se pueden saldar de manera diferente a como se ha hecho en tiempos anteriores, es decir, se pueden saldar con derechos y también con justicia, con oportunidades. Frente a las razones del tiempo anterior que fueron saldadas, como
conocen bien sus señorías del Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy, con dos huelgas generales contra el Partido Popular, hemos abordado por vez primera una crisis, como he dicho, sin recortes, sin devaluaciones y trabajando -que es muy
importante- desde el diálogo social y con grandes acuerdos para nuestro país.


El Real Decreto-ley 11/2021 tiene el objetivo central del mantenimiento y la estabilidad en el empleo, para lo cual impulsamos el sistema extraordinario de beneficios y compromisos que ha arropado, con probada eficacia, a los ERTE durante
todo este tiempo. Al mismo tiempo, asegura una prestación de desempleo adecuada a las personas afectadas en su reconocimiento -fíjense, es histórico, lo han hecho la gran mayoría de grupos de esta Cámara y el diálogo social, no las fuerzas de la
derecha y de la extrema derecha-, porque han accedido a la prestación por desempleo personas trabajadoras que no reunían los periodos de carencia. Además, hemos esquivado -lo han hecho ustedes y les doy las gracias- la legislación laboral del
Partido Popular, que supondría que a día de hoy se recortaría la prestación en su base reguladora al 50 % -gracias a ustedes la base reguladora hoy de las personas en ERTE es al 70 %- y en sus repercusiones futuras porque gracias a ustedes se
mantiene el denominado popularmente contador a cero. Lo que este Gobierno ha hecho es, justamente y en resumen, eludir el marco legislativo profundamente injusto establecido por el Gobierno del Partido Popular.


El Real Decreto-ley 11/2021 mantiene el sistema de garantía en el empleo que ha caracterizado nuestros ERTE de pandemia desde el principio, estableciendo compromisos, como he dicho, de mantenimiento del empleo y configurando un elenco de
limitaciones e incompatibilidades, por ejemplo, con la realización de horas extraordinarias, con las externalizaciones, con el reparto de dividendos o con la actuación en domicilios en paraísos fiscales. Por ello también se sigue aplicando la
interrupción en el cómputo de los contratos temporales que ha permitido mantener estables las plantillas durante la pandemia.


El Real Decreto-ley 11/2021 es una norma que atiende a la situación actual de crisis sanitaria. La principal adaptación consiste en revisar el régimen de los fijos discontinuos para incorporarlos de nuevo a la actividad. Hacia esa
incorporación también se orientan las exoneraciones en la Seguridad Social. El Real Decreto-ley 11/2021 sigue brindando una protección específica para aquellos sectores más afectados



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por la crisis sanitaria, una norma que prorroga el sistema de protección de los reales decretos anteriores e inspira, también aquí, la futura reforma del Estatuto de los Trabajadores que hemos comprometido con Europa, haciendo -como saben
ustedes- de los ERTE una solución estructural y permanente en las empresas ante futuras posibles crisis. En definitiva, vamos a actuar de manera estructural también en una modificación legislativa del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.
El sistema ERTE de la crisis sanitaria ha alcanzado ya su mayoría de edad con este Real Decreto-ley 11/2021, que ahora se somete a la consideración de esta Cámara. Como les digo, creemos que está preparado para inspirar un sistema de ERTE como
instrumento de flexibilidad interna capaz de fortalecer a las empresas desde parámetros basados en la calidad y, lo más importante, en la estabilidad.


El Real Decreto-ley 11/2021 atiende a la situación de las personas trabajadoras y a las personas profesionales autónomas, presentando un mapa extenso y detallado de situaciones particularizadas. Fíjense, esta es otra gran diferencia con la
gestión de la crisis anterior, en la que, como saben ustedes, por desgracia perdimos 551 000 afiliados al RETA, mientras que esta crisis se salda con un mayor número de afiliaciones justamente en autónomos y autónomas, lo que evidencia que cuando se
practican políticas diferentes podemos tener resultados también diferentes, sobre todo propiciando una recuperación mucho más justa.


Este Real Decreto-ley 11/2021 unifica el tratamiento disperso en diferentes normas extraordinarias de pandemia en relación con estos colectivos, mejorando y adaptando a la situación actual su sistema de cobertura. También procede el
presente real decreto-ley a incorporar nuevas situaciones de protección para dos nuevos colectivos que son muy importantes, el de los profesores y profesoras asociadas de universidad y el de las personas con capacidad intelectual límite. De un lado
adapta los requisitos para acceder a la condición de profesorado asociado universitario y establece también una bonificación especial -aquí sí que las bonificaciones tienen un gran sentido- para la contratación de personas con capacidad intelectual
límite, cuya situación en el mercado de trabajo se ha agravado durante la crisis sanitaria. Como saben, estas medidas de acción positiva completan la acción desarrollada por el Real Decreto-ley 368/2021, de medidas de acción positiva, para promover
el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite. Les pido también la convalidación de esta norma por cuanto que supone que -tras diez años que lleva el colectivo esperando el desarrollo de esta cuestión-, por fin hoy, si ustedes lo
estiman conveniente, verán la luz nada más y nada menos que unas disposiciones para un colectivo que, como saben bien, tiene enormes dificultades para acceder al mercado de trabajo.


El colectivo que en el Real Decreto-ley 11/2021 tiene un tratamiento más detallado es el de las personas trabajadoras autónomas, un colectivo clave de nuestro ecosistema empresarial y que, por primera vez en una crisis, ha resultado
intensamente protegido, y quiero que lo pongamos en valor; nunca ha habido en la historia de la democracia española una prestación por cese de actividad que haya protegido a más de un millón y medio de personas trabajadoras autónomas. He escuchado
con mucha atención hoy en la Cámara a las señorías del Partido Popular y de la derecha. Muchos de ustedes hablan de autónomos, pero lo cierto es que ha sido este Gobierno por primera vez, con la mano de los agentes sociales y con la colaboración
activa de muchos de los grupos de esta Cámara, quien nos ha protegido de verdad. Insisto, es muy importante que de esta crisis salgamos con más afiliaciones en el RETA, más aún cuando lo que parecía posible era perder afiliaciones en el mismo.


También este Real Decreto-ley 11/2021 dedica especial atención a dos colectivos, como les he dicho, las personas trabajadoras fijas discontinuas así como también las fijas periódicas e incluye -muy importante- el mundo de la cultura, todos
los artistas, todas las artistas de nuestro país y todos los técnicos y técnicas de todos y cada uno de los espectáculos públicos. El Real Decreto-ley 11/2021, además de prorrogar el sistema de acceso extraordinario por desempleo de las personas
artistas hasta el 30 de septiembre -y esto tampoco ha pasado nunca-, reduce de veinte a cinco el número de días de actividad necesarios para poder acceder a una prestación pública por desempleo. Por eso, por todas las personas que aún siguen
estando azotadas por la crisis sanitaria, solo por ello, merece que den el visto bueno a este real decreto.


Con respecto a las personas trabajadoras fijas discontinuas y fijas periódicas, el real decreto prorroga también hasta el 30 de septiembre el sistema de cobertura extraordinario establecido para la pandemia, asegurando la correspondiente
protección por desempleo. También el presente real decreto se detiene en la situación en la que se encuentran las personas trabajadoras con dependientes a cargo y por ello procede también a prorrogar hasta el 30 de septiembre el Plan Me Cuida como
mecanismo de adaptación de la jornada en el que, por primera vez en la historia del derecho laboral español, los trabajadores y las trabajadoras



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tienen un derecho preferente de elección, de adaptación de sus jornadas, del cambio de horarios, del cambio de turnos y también de la reducción de la jornada. En definitiva, el Real Decreto-ley 11/2021 prorroga y actualiza las protecciones
específicas configuradas para colectivos y necesidades concretas durante la pandemia, haciendo que formen parte de la transición hacia una normalidad -vuelvo a citar al director de la OIT, señor Guy Ryder- que esperemos sea mejor.


Con esto concluyo, el Real decreto-ley 11/2021 es todavía -si me permiten decirlo- una norma de emergencia sanitaria y con esa responsabilidad de los agentes sociales y del Gobierno ha sido diseñada. Está, por tanto, plenamente justificada
la formula normativa del artículo 86.1 de nuestro texto constitucional. El presente real decreto es sobre todo una norma que señala los principios sobre los que hemos empezado a construir el modelo empresarial y laboral pospandemia. Es una norma
con presupuestos claros, que asienta un nuevo marco de relaciones laborales más sano, más eficaz y también más humano. Es un decreto-ley sustentado en el consenso, en el diálogo y que se levanta sobre la lección de compromiso -lo vuelvo a decir-
que nos han dado los agentes sociales en nuestro país. La senda es esta, señorías, normas que participen del futuro y que dejen atrás respuestas que han sido demasiadas veces injustas, leyes que demuestren que las fracturas se pueden abordar de
distinta manera, con derechos y con oportunidades, sin recortes ni devaluaciones. Es posible y lo estamos demostrando, ustedes lo están demostrando. Por eso, les pido a sus señorías que acompañen al Gobierno en este momento crucial prestando su
apoyo a este real decreto-ley que ahora presentamos para su consideración.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Sayas López.


El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidenta.


Buenos días, señorías. Señora vicepresidenta, nosotros vamos a apoyar este decreto, exactamente igual que lo hemos hecho con todos los que han venido en materia de los ERTE, exactamente igual que lo haremos cada vez que vengan a este
Congreso acuerdos con los agentes sociales, con los sindicatos, con los empresarios porque somos absolutamente unos convencidos de la necesidad de buscar acuerdos.


Creo que hay que poner en valor el acuerdo, pues aunque ha habido momentos en los que hemos pensado que el Gobierno vivía alejado de la realidad y que entendía que parece que los empresarios estaban deseando tener a los trabajadores en ERTE,
al final, ha primado la voluntad del acuerdo, y eso hay que ponerlo en valor. Y hay que ser capaces, también, de entender y de poner sobre la mesa, en este debate, el esfuerzo que han hecho las empresas en España para sostener el empleo en un
momento en el que la economía estaba cayendo de una manera que no tenía precedentes en tiempos de paz. Creo que esto, también, pone en valor el esfuerzo que han hecho en nuestro país, que sistemáticamente son criminalizados por algunos grupos que
sustentan a este Gobierno.


Pero más allá de este real decreto-ley, es absolutamente ineludible que tenemos un drama con el desempleo en nuestro país. Tenemos un drama que no se arregla con sectarismo; que no se arregla con codazos entre distintos ministerios, como
hemos visto cuando usted afirmó que había que derogar la reforma laboral y la vicepresidenta económica suspiraba y miraba al cielo; que no se puede arreglar, de ninguna manera, despegados de la realidad.


Creo que tenemos que ser capaces de entender que el empleo en nuestro país necesita un pacto de Estado, que es la hora de demostrar que la política puede ser útil para los ciudadanos, y que somos capaces de entendernos. Es el momento de
entender que hay cuatro millones de personas en España que no tienen trabajo; que nuestro país no se puede conformar con tener el desempleo diez puntos por encima de la media europea; que no podemos hacer que la generación de jóvenes de España
siga siendo la generación con más riesgo de pobreza, con casi el doble de la media de la tasa de desempleo de la Unión Europea. Por no hablar de la precariedad, por no hablar de la temporalidad, por no hablar de toda esa gente que ha perdido la
esperanza y ya no se apunta a la oficina de empleo.


Necesitamos un pacto de Estado, pero eso no se hace con sectarismo, eso no se hace con una maximización ideológica, eso no se hace sin entender las consecuencias que tienen las decisiones que se toman y, desde luego, no se hace corriendo a
gorrazos al gobernador del Banco de España, cuando ha hecho un informe riguroso. (Aplausos). Ya me gustaría a mí que el Gobierno de España tuviese la mitad de rigor del que tiene el Banco de España en sus análisis; ya me gustaría, porque otro
gallo nos iba a



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cantar. No se hace así, se hace entendiendo que tomar decisiones tiene consecuencias, aunque haya que tomarlas, porque a lo mejor es justo tomar esas decisiones. Pero no se puede uno poner una venda y cegarse, entendiendo que tomar algunas
medidas no lleva aparejadas otras consecuencias. Por eso, yo le animo a que en materia laboral huya del sectarismo, huya de las posiciones maximalistas de una izquierda radical y trasnochada, que lo único que ha demostrado es su incapacidad para
crear empleo. Busque el consenso, busque un acuerdo y busque un pacto de Estado en esta materia, porque si se hace con rigor, desde la realidad y el acuerdo, ahí vamos a estar.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sayas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.


El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, ya le adelanto que Nueva Canarias va a apoyar la convalidación de este real decreto-ley, casi le diría que con entusiasmo, por dos razones. En primer lugar, porque la herramienta elegida para formular este real decreto-ley
e informarlo de su espíritu es la correcta, la derivada del consenso del V Acuerdo Social en Defensa del Empleo, y en segundo lugar, porque los objetivos son los precisos para hacer políticas contracíclicas en momentos duros de pandemia, como los
que estamos viviendo, en defensa de las personas trabajadoras, de los autónomos, de los colectivos vulnerables y del tejido empresarial. Por tanto, le quiero decir que no tenemos ninguna duda de que esta es la política de hay que desarrollar. En
consecuencia, la felicitamos por su trabajo.


También tengo que hablarle -tengo que venir aquí a hablar de mi libro, en defensa de los intereses de Canarias- de una cuestión que a usted le afecta marginalmente, por tanto, no se dé mucho por aludida. En la disposición final segunda se
habla del sector cultural y esta es una cuestión que nosotros no hemos debatido con usted ni se la hemos trasladado, ya que lo hemos hecho con otros ministerios. Hemos insistido en que es necesario corregir un agravio con Canarias absolutamente
escandaloso, que dura ya un año y un mes exactamente y que provoca un malestar extraordinario en Canarias. Digo Canarias, no apropiándome del todo desde Nueva Canarias, porque el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias y los diputados
canarios en este Congreso hemos insistido por tierra, mar y aire en que hay que respetar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Es lamentable que lo tengamos que hacer cuando aquí, en su momento, entre todos se apoyó el nuevo Régimen Económico
y Fiscal de Canarias. Tengo que recordar que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias no habla ni de privilegios, ni de graciosas concesiones; habla de una herramienta necesaria para colocar a Canarias en condiciones de competitividad debido a su
condición archipielágica, etcétera. Esto es algo que entiende mucho mejor la Unión Europea que algunos departamentos de este Gobierno, y vuelvo a decir que no me estoy refiriendo a usted.


De lo que estoy hablando es del límite de la deducción por las producciones cinematográficas. Esto puede parecer un asunto menor pero resulta de una gravedad extraordinaria, porque hablando de diversificación de la economía canaria -que
está sufriendo como ninguna comunidad las consecuencias de la pandemia, debido a un modelo productivo esencialmente desarrollado en torno al turismo- este es un elemento de diversificación económica y un elemento de internacionalización de la
economía canaria. Resulta que a través del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, se produce una modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en la que se dice que en el Estado español los límites a las deducciones cinematográficas podrán
ser de 10 millones de euros. Dice el REF, artículo 94.1, que en Canarias ese tipo de deducciones tienen que ser un 80 % superiores a la media del Estado español. Vuelvo a repetir que de concesión graciosa no tiene nada, pues en este momento el
tope máximo es de 5,4 millones de euros. El mundo al revés, el diferencial fiscal no es positivo para Canarias sino negativo; un año y un mes para que se rectifique esta cuestión.


Tengo que decirle -y vuelvo a decir que no se lo estoy diciendo a usted, se lo estoy diciendo a su Gobierno- que nosotros no vamos a aceptar tranquilamente este atropello durante más tiempo. Confío en que la próxima semana este asunto se
plantee en Canarias con la crudeza oportuna...


La señora PRESIDENTA: Señor Quevedo, ha finalizado su tiempo.


El señor QUEVEDO ITURBE: ... y confío también en una rectificación del Gobierno.


Muchas gracias, señora presidenta, por su benevolencia.



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quevedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.


El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días nuevamente, señorías.


Señora ministra, el Real Decreto-ley 11/2001 -en similar sentido a anteriores acuerdos- lo que hace es trasladar al ámbito normativo el V Acuerdo Social en Defensa del Empleo, el cual se ha producido en el seno de la Comisión Tripartita
Laboral, para hacer frente fundamentalmente a la prórroga de otras medidas extraordinarias que ya estaban en vigor y algunas otras accesorias respecto a las que se incide también en el ámbito laboral. Su tenor lo que hace fundamentalmente es
prorrogar hasta el 30 de septiembre aquellas medidas que iban a vencer próximamente y que suponen la posibilidad de que se puedan reeditar las ayudas que han existido respecto a los ERTE, bien por fuerza mayor, bien por cese de actividad, bien por
limitación o algunas otras diferentes. Tiene otras medidas, ya las han explicado el resto, que son las de relaciones con el sector de la cultura -necesaria, sin lugar a dudas-, el Plan Me Cuida y el de la renovación de los profesores asociados, que
nos parece, también, extremadamente importante, de cara sobre todo a su contratación para el curso que viene. Y, por último, recoge una medida relativa a coadyuvar el estímulo de la contratación laboral de un sector tan desfavorecido como el de
personas con alto nivel de vulnerabilidad, respecto de los cuales, además, se está empezando a cumplir con un compromiso internacional y una obligación derivada de una ley, si no recuerdo mal era la Ley 11/2013.


Evidentemente, como ya han venido comentando también anteriores intervinientes, nuestra posición va a ser favorable a este real decreto-ley. Creemos que es necesaria su reedición, que la prórroga hasta cuando sea necesaria también va ser
una dinámica que vamos a tener que imponer, pero también pensamos -se lo he comentado a usted, señora ministra, en más de una ocasión- que los ERTE han venido para quedarse, que hay que dibujar en el ordenamiento algún tipo de mecanismo que permita
reeditar -y no con carácter coyuntural ni excepcional- este tipo de situaciones o este tipo de ayudas, este tipo de vinculaciones del mundo laboral a la situación de inefectividad, a unas ayudas públicas necesarias para mantener el empleo, sino que
tiene que venir ya para quedarse en el ámbito jurídico de una forma estructural.


Pues bien, por ello, permítame señoría, señora ministra y vicepresidenta -siempre se me olvida-, que al margen de nuestra valoración positiva sí le haga una pequeña crítica. Se la pensaba hacer no tanto a usted, sino al señor Escrivá, y no
tanto ni a usted ni al señor Escrivá, sino al Gobierno como tal. Y voy a hacerlo con el mismo mecanismo que ayer empleé en relación con otras iniciativas que hubo en esta Cámara de otros grupos parlamentarios. Les dije que les iba a leer un texto,
y ahora se lo voy a leer a usted: 'Uno. Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero. No es un asunto menor -se dice en el texto-, el hecho de que las cuotas de empresas y trabajadores sean utilizadas
para financiar políticas estatales con entidad propia, más allá de la Seguridad Social, explicaría en buena medida el déficit actualmente existente. Por eso, esta nueva fase del proceso de separación de las fuentes de financiación de la Seguridad
Social ha de constituir un paso decisivo para recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo y una contribución relevante a efectos de garantizar la sostenibilidad del modelo en el largo plazo. En esta línea, la Comisión -la del Pacto de
Toledo- sostiene que las siguientes prestaciones, políticas o partidas, hoy financiadas con cargo a las cotizaciones de Seguridad Social, deben contar con una financiación tributaria. Cabe comenzar por las reducciones en las cotizaciones, las
cuales pueden constituir un valioso instrumento para incentivar el acceso al mantenimiento en el empleo de determinados colectivos, pero cuya financiación no debe hacerse con cargo a recursos propios de la Seguridad Social. Por su parte, la otra
cara de las políticas de empleo también debe ser objeto de ajuste, de forma que el Estado sufrague las prestaciones asistenciales, no contributivas, dentro del sistema de protección por desempleo'.


Señora ministra, señora vicepresidenta, no voy a negar la legitimidad del Estado, del Gobierno, para proponer y coadyuvar las exoneraciones y reducciones o bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y también de los
autónomos, sobre todo en las situaciones excepcionales y para los propósitos legítimos que lo justifican, pero permítame que le reclamé algo, permítame que le reclame lo siguiente. En primer lugar, le quiero pedir que se cuantifique el coste que
para las arcas de la Seguridad Social suponen los ingresos dejados de percibir como consecuencias de las exenciones, bonificaciones y reducciones de las medidas adoptadas como consecuencia de la COVID-19. Y, en segundo lugar, que sin



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perjuicio de su posterior compensación, dichas cantidades se computen como créditos a favor del sistema de Seguridad Social. En caso contrario, no vuelvan a hablar déficit, claro, porque el día que todos los trabajadores accedan a una de
las prestaciones contributivas o a la jubilación, no vuelvan a mencionar al Pacto de Toledo y sus recomendaciones si no es para señalar que algunos han cumplido con sus obligaciones y otros no. No es un tema menor, de verdad, señora ministra.
Tampoco es un tema que en estos momentos tenga mayor relevancia que la del mero debate doctrinal, pero visto desde el punto de vista de quienes como usted y como yo hemos pertenecido al Pacto de Toledo, creo que el Gobierno debiera de haber mostrado
mayor sensibilidad con esta cuestión y haber señalado, en algún momento, que habría que adoptar medidas conducentes al equilibrio financiero del sistema, también en esta materia tan sensible para todos.


Muchas gracias, señora ministra.


La señor PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.


Señorías, señora ministra, el decreto sobre el que estamos debatiendo prorroga, casi sin modificaciones, medidas como los ERTE, las ayudas para los autónomos o las ayudas al sector cultural. Y así, estas medidas que finalizaban el 31 de
mayo, estarán vigentes hasta el próximo 30 de septiembre. En paralelo, también prorroga hasta el 30 de septiembre el Plan Mecuida, que permite que quienes no puedan trabajar, porque estén al cuidado de menores -porque se cancelen las clases, por
ejemplo-, de mayores o de personas dependientes, tengan derecho a que la empresa adapte o reduzca su jornada, incluso hasta el cien por cien, con una reducción, por supuesto, del sueldo en esa misma proporción. El real decreto-ley también prorroga
hasta el 30 de septiembre las ayudas para autónomos, que se han aprobado durante esta crisis sanitaria sin apenas cambios, más allá de algunos ajustes temporales. En definitiva, señorías, este real decreto es una repetición de lo que ya hemos visto
en otros estados de alarma, una prórroga de lo que conocemos que ha funcionado, mejor o peor, sin ningún tipo de modificación y mejora por el miedo a lo desconocido, nos tememos desde Ciudadanos, y, por supuesto, siempre en el tiempo de descuento.
La incertidumbre a la que someten a las familias, a los autónomos, a las empresas, en los últimos días de cada período de vigencia, es completamente innecesaria, ministra. No pueden estar orgullosos de eso. Ni los trabajadores en ERTE ni los
empresarios merecen la incertidumbre y la desidia que demuestra este Gobierno en muchas ocasiones; un Gobierno que se sienta a la mesa de negociación dos días antes prácticamente de que termine el plazo para forzar un acuerdo, para insistir en la
estrategia de 'esto es lo que hay', 'no tenemos tiempo', 'tienen que aprobarlo'. Eso no es de recibo, sobre todo para las personas que tienen este problema, porque para ellos sí que es un problema no poder estar ejerciendo su trabajo.


Echamos de menos, señorías del Gobierno, señora ministra, un análisis en profundidad de lo que nos espera en los próximos meses, cuando veamos que la recuperación económica no va a ser suficiente para absorber a todos los trabajadores que
aún se encuentra en ERTE, cuando veamos que las empresas, por mucho que quieran, van a tener que prescindir de trabajadores porque la recuperación va a tardar, señora ministra, y no cuentan con eso. La recuperación tardará en ser completa en muchos
sectores, y en muchos desgraciadamente no lo será nunca, porque hemos sufrido un tsunami económico que ha cambiado nuestra forma de consumir y, en algunos casos, también de producir. Sabemos que el Gobierno es consciente de ello, pero es mucho
mejor para ellos ganar tiempo y no afrontar la realidad de que, cuando se acaben los ERTE coyunturales que se han puesto en marcha por la pandemia, todavía muchos trabajadores necesitarán respuestas y programas que permitan que se incorporen de
nuevo a la vida laboral, aunque sea en otra empresa o en otro sector, evitando así engordar los datos del desempleo.


Lo que no contiene este real decreto-ley es un salvavidas de verdad para los trabajadores, una especie de ERTE de reconversión en el que ya deberían de estar trabajando, porque los trabajadores pueden encontrarse con la situación de no poder
volver a su trabajo, bien porque las empresas lo soliciten, porque no pueden seguir asumiendo esos costes, o bien porque ellos ven en esto una oportunidad de reconvertirse. Este tipo de mecanismos, que ya se están implementando en países como
Alemania, permitirían a muchos sectores que van a tener que prescindir de trabajadores ofrecerles una oportunidad. Esta propuesta, para nuestra sorpresa, también está incluida en el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia. Sin
embargo, aunque el pasado enero el ministro Escrivá y la vicepresidenta Calviño anunciaron a bombo y



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platillo que convertirían los ERTE en un mecanismo perpetuo, no han dicho nada para hacer esta medida efectiva; porque el ERTE es coyuntural, es para un tiempo limitado. Y, ¿qué pasará después?


Los ERTE, con las mejoras necesarias, pueden convertirse en un mecanismo estructural del mercado de trabajo, en una herramienta para aumentar la flexibilidad y la estabilidad laboral, y reducir la temporalidad y la precariedad salarial. La
propuesta se fundamenta en la experiencia de la aplicación de los ERTE en las recientes crisis para contener la destrucción de empleo. Pero, ¿es suficiente contener el aumento del desempleo? ¿No podemos aspirar a algo más, señora ministra, a algo
más útil para todos, como aumentar la empleabilidad de los trabajadores, ayudar a las empresas a reconvertirse, a mejorar su productividad en nuestra economía? Ya hemos perdido mucho tiempo. Mi compañera, María Muñoz, se lo ha dicho a usted,
señora ministra, se lo ha dicho a la ministra Calviño. Han tenido mucho tiempo, más de un año para establecer mecanismos para cuando los ERTE ya no estén funcionando. Sin embargo, el Gobierno lo único que hace es sentarse a contemplar una cómoda
utopía de los ERTE, tal y como están, diseñados para ser perpetuos, cuando son temporales. Que estas medidas sean un éxito ahora y estén a la altura de lo que nos demanda la sociedad depende de si las combinamos o no con un mecanismo más útil y si
lo hacemos con políticas activas de empleo. Es nuestra obligación hacerlas, señorías. Busquemos nuevas fórmulas adaptadas a los tiempos que corren y ofrezcamos a los españoles las mejores soluciones a sus problemas.


Muchas gracias, ministra. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Boadella Esteve. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidenta.


Señora vicepresidenta, estamos aquí otra vez con la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre de 2021. No le voy a sacar el calendario porque ya sabe que siempre le digo lo mismo: apuran el plazo hasta el final. Lo cierto es que en
este real decreto-ley hay toda una serie de medidas que, por supuesto, creemos necesario que mantengan su vigencia. Medidas como la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre de 2021, los ERTE por impedimento, las nuevas exoneraciones de
cotización, las prestaciones por cese de actividad para el caso de los autónomos o la prórroga del Plan Mecuida. Estamos de acuerdo y hemos votado a favor de los reales decretos-leyes anteriores que establecían o prorrogaban estas medidas y, por
supuesto, también vamos a votar a favor para que se mantengan. Vamos a votar como las otras veces a favor de que se tramiten como proyecto de ley. Siempre les decimos lo mismo: que está muy bien el acuerdo social, y nosotros lo ponemos en valor,
entendemos que es una forma de paz social llegar a estos acuerdos, pero también los grupos parlamentarios tienen mucho que aportar en estas medidas, y la única manera en que ustedes nos condenan a hacerlo es a través de los proyectos de ley y las
enmiendas, porque el diálogo previo a los reales decretos-leyes no se produce. Por tanto, lo haremos por esta vía.


En todo caso, sí le queríamos recordar que seguimos con medidas extraordinarias, las seguimos prorrogando y prorrogando cuando la pandemia empezó en marzo 2020. Vamos de prórroga en prórroga y de real decreto-ley en real decreto-ley. Quizá
la extraordinaria urgencia y necesidad del real decreto-ley se da porque no se aborda una realidad que, según creo, va a ser palmaria. Es decir, va a haber una salida de la pospandemia que tendremos que abordar de algún modo, y quizá no sea a base
de parches en un real decreto-ley cada no sé cuántos meses, cuando vencen los ERTE, sino planteando medidas de fondo, medidas que nos enseñen cuál es el horizonte, proponiendo temas y no ir prorrogando de plazo en plazo los diferentes ERTE.


Nosotros, ya en la época de los Presupuestos Generales del Estado, les planteamos que los ERTE tenían que llegar hasta el 31 de diciembre de 2021. Estamos ya en la última prórroga y creo que no me voy a equivocar cuando digo que del 30 de
septiembre de 2021 van a pasar también al 31 de diciembre de 2021. El tiempo lo dirá, pero quizá plantear unos ERTE con una duración más larga y no con tantas prórrogas hubiera dado más certeza a muchos agentes económicos y a muchos trabajadores en
esta situación de ERTE.


El Plan Mecuida consideramos que es un buen instrumento, pero también ha quedado en el tintero una medida que planteamos en la época del estado de alarma. Esto es, que hubiera una prestación de baja por la Seguridad Social, supliendo la
reducción de jornada con la reducción de retribución que suponía el Plan Mecuida.



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Por otro lado, una cosa que nos tiene obsesionados es la reconfiguración de la salvaguarda del empleo. Algún tipo de reconfiguración tenemos que hacer para aquellos negocios, aquellas empresas que no puedan recuperar todos los trabajadores
a causa de las medidas sanitarias. Vamos a poner un ejemplo: actualmente un restaurante no puede tener el mismo aforo que tenía antes de la pandemia. En aquellas situaciones en que no se puede recuperar a los trabajadores tendríamos que plantear
alguna reconfiguración menos gravosa para la salvaguarda del empleo, porque no es justo que se acaben teniendo que devolver todas las exoneraciones de cotización de toda la plantilla por no poder cumplir con un trabajador. En otras medidas de apoyo
al empleo cuando no cumples no te penalizan por toda la plantilla que tiene la pyme o el pequeño autónomo, te penalizan por aquella persona que incumple. Por tanto, la configuración que hay ahora para la salvaguarda del empleo es extremadamente
gravosa y puede perjudicar todavía más la débil situación que muchas pymes puedan tener al salir de esta crisis y de la pandemia. Por tanto nosotros en estas cuestiones, en cómo reconfigurar mejor la salvaguarda del empleo, por ejemplo, sobre la
base de los niveles de facturación, en cómo reconfigurar mejor el Plan Mecuida o en cuál sería la duración idónea, hasta el 31 de diciembre, de los ERTE, seguiremos planteando enmiendas en la tramitación como proyecto de ley. En todo caso apelamos
al Gobierno para que intente reconfigurar medidas que no sean ya tanto un parche, que no sean ir posponiendo la solución, sino que en el marco del diálogo social igualmente puedan plantear cómo es esta salida de los ERTE, cómo es la salida de la
pandemia, con mucho más horizonte y no de tres meses en tres meses.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchos gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Vidal Sáez


La señora VIDAL SÁEZ: Hay 550 000 empresas salvadas, 3,6 millones de trabajadores protegidos por ERTE y 7 millones de ciudadanos, el 30 % de la población activa, cubiertos por el escudo social; estas son las cifras del impacto de la
política de los ERTE y hoy votamos el V Acuerdo Social en Defensa del Empleo, un decreto que da continuidad a los cuatro anteriores y que se adapta al momento actual. El Real Decreto-ley 11/2021 prorroga las medidas del IV Acuerdo Social en Materia
de Flexibilidad Interna, para evitar básicamente despidos y cierres, para proteger a la clase trabajadora, a las empresas y además para dar tranquilidad a toda la sociedad.


Estamos a junio; la vacunación va muy bien; sale el sol; la normalidad empieza a abrirse paso: más de 3 millones de trabajadores se han reincorporado ya a su puesto de trabajo, el 85 % del total. Además los datos desmienten la
existencia en este caso de una bolsa de empresas zombi, y el paro registrado baja en el mes de mayo en 129 378 personas, la mayor reducción mensual de la serie histórica. Estamos haciendo las cosas bien. Todas tenemos muchas ganas, y prisa diría
yo también, para dejar atrás este año tan horrible, pero no podemos cometer los errores del pasado. España no saldrá ni sana ni mejor de esta crisis si no logramos avanzar juntas, y no vamos a dejar atrás a las 542 142 personas que hoy siguen en
ERTE. Cierto, es la cifra más baja desde que se empezaron a utilizar, pero 542 142 es el número de personas que necesitan que se apruebe este decreto para tener básicamente red. Por eso proponemos que la continuidad de los ERTE llegue hasta el 30
de septiembre. Por eso introducimos más protección a las personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos. Por eso mantenemos el cien por cien de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social a las empresas de menos de cincuenta
trabajadores y el 90 % a las más grandes. Por eso se introducen otras medidas que afectan básicamente a profesores universitarios, a las personas con discapacidad intelectual límite, al sector cultural, a los trabajadores autónomos o a la prórroga
del Plan Mecuida.


Esta norma es la consagración de un esfuerzo colectivo. Se trata básicamente de la medida más importante en términos de protección, de tranquilidad e incluso de futuro. Representa esencialmente la capacidad de construir consensos de forma
colectiva y de asumir responsabilidades, tanto del Gobierno como de los agentes sociales como de la propia sociedad. Los ERTE significan democracia y Estado del bienestar, pero también contrato social; demuestran que sí es posible blindarse ante
la destrucción de empleo, incluso en medio de una pandemia mundial que obligó a parar y a cerrar prácticamente todo. Creo que es un buen momento además para reivindicar en este caso el papel del trabajo. Muchos habían teorizado sobre el fin del
trabajo, y ha tenido que venir una pandemia mundial para recordar que



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absolutamente nada se mueve si no están detrás los trabajadores y las trabajadoras de este país al igual que el Estado social.


Estamos viendo políticas expansivas avaladas por entidades políticas inimaginables: la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, hasta Biden hoy en día plantea doblar el salario mínimo y subir los impuestos a las grandes empresas.
Y no, no hay una confabulación marxista; lo que hay, señores y señoras, es un cambio claro, porque las respuestas de la anterior crisis de devaluación salarial y de destrucción de lo público se han demostrado fallidas, absolutamente fallidas. Diez
años y once meses es lo que nos costó como país recuperar los datos anteriores a la crisis de 2008. Diez años y once meses, con una caída de 4 puntos del producto interior bruto. Este Gobierno ha tardado un año, uno, en recuperar los datos previos
a la pandemia y se enfrentaba a una caída de 11 puntos del producto interior bruto. Por primera vez en la historia, frente a una caída brutal del PIB, la ocupación no se ha desplomado, y ha sido, señorías, gracias a los ERTO; gracias a los ERTO.
(Aplausos).


Pero hay más, en 2019, con la mayor subida del salario mínimo interprofesional en una década, se crearon 400 000 puestos de trabajo. Lo estamos haciendo bien, van cayendo los dogmas. Y permítanme decirlo así, van cayendo los dogmas y las
chorradas en general, porque, sí, era una chorrada pensar que si se facilitaba básicamente el despido y el cierre, la ocupación y la economía iban a mejorar. ¡Pues claro que era una chorrada! No podemos flaquear ahora, debemos seguir defendiendo
nuestra economía, a nuestra clase trabajadora y a nuestras empresas. Debemos hacer todo lo posible para que una crisis que es coyuntural no se convierta en estructural. Y para ello mantener el empleo es fundamental, también cuidar nuestro tejido
productivo y garantizar, sobre todo, los ingresos a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país.


Termino dando las gracias a dos colectivos sin los que, sin duda, este último año y esta crisis no hubieran sido los mismos. En primer lugar, a los agentes sociales, a los sindicatos y a las patronales por sus propuestas y por su voluntad
honesta de llegar a acuerdos para proteger no solo a la ciudadanía, sino también a la economía. En segundo lugar, a las más olvidadas, a las trabajadoras y a los trabajadores del SEPE, que han tenido una presión brutal para sacar adelante un
trabajo que sabían que tenía el rostro de sus vecinos y de sus vecinas, que necesitaban una respuesta rápida. (Aplausos). Y lo han hecho muy por encima de su profesionalidad. Nos pueden gustar más o menos, podemos criticar su gestión, pero,
señorías, hay una verdad: este año no hubiera sido el mismo sin los ERTE. Han sido la clave para que en esta crisis no hayan cerrado miles de empresas y para que millones de personas hayan tenido ingresos. Así que, aprobemos este decreto y
sigamos trabajando, que tenemos muchísimo trabajo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vidal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. (Aplausos).


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, esta es la sexta ocasión en la que el Gobierno trae a convalidar los ERTE al Congreso de los Diputados. En la primera, le recuerdo que nos sorprendieron con una disposición adicional que metía a Pablo Iglesias, por la
puerta de atrás, en la Comisión Delegada del CNI. Ya saben que el Tribunal Constitucional, en respuesta a un recurso presentado por el Grupo Parlamentario VOX, se lo tumbó. Desde entonces tenemos que revisar bien cada nueva extensión, pues no es
descartable encontrarnos con alguna sorpresa o tropelía de cualquier tipo. Porque este Gobierno se ha hecho experto en ocultar la verdad y ha demostrado que, entre las prioridades de su agenda, nunca ha estado salvar empresas y empleos, excepto,
claro, los empleos de cada uno de los miembros de este Gobierno 'sanchocomunista' que tanto daño ha hecho a España y a los españoles.


En esta ocasión llegan ustedes de nuevo al límite, arrastrando los pies y a rebufo del clamor de unos autónomos y de unas pymes ya asfixiadas que han vuelto a verse sometidas a una incertidumbre injustificada. Tuvieron ustedes que convocar
un Consejo de Ministros extraordinario porque caducaba la prórroga anterior sin que quedaran más martes en los que aprobar las ayudas. Una quietud que contrasta, en cambio, con la diligencia que han demostrado ustedes, el Gobierno de los veintidós
ministerios, para anunciar nuevas subidas de impuestos, disparar la factura de la luz, subirse los sueldos, derrochar cien millones de euros en coches oficiales, todo ello a cargo de los sufridos contribuyentes españoles, y todo ello en un contexto
en el que España, al contrario que en otros lugares, sigue sin derrotar al virus, y eso a pesar de que ustedes dieron al virus por vencido hace casi un año.



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Los españoles están sufriendo las consecuencias del desempeño de quien ha hecho mal todo lo que se podía hacer mal, desde la torpe detección del virus, al tardío cierre de las fronteras, la defectuosa compra de material de protección para el
personal sanitario, la falta de criterio en la utilización de las mascarillas, los cierres indiscriminados, el abuso de los instrumentos legales, el traslado de las responsabilidades a las comunidades autónomas, la tardanza en poner en marcha la
vacunación, el despropósito en la vacunación de AstraZeneca. Podría seguir, señora ministra, pero me llevaría a la misma conclusión: la negligencia de este Gobierno tiene responsabilidad, y mucha, en el impacto devastador que está teniendo en
España esta crisis, en que muchas empresas continúen cerradas y en que muchos españoles sigan sin poder trabajar. (Aplausos).


Muchas empresas están haciendo lo posible y hasta lo imposible por mantener los puestos de trabajo, pero siguen sin poder desarrollar su actividad. Mantener los ERE es lo mínimo que podemos hacer por ellos. El Estado, a quien tanto han
ayudado y durante tanto tiempo las empresas, los trabajadores, las pymes, debe seguir respondiendo, pero no es un favor lo que les estamos haciendo, desde luego, no es un favor que les esté haciendo el Gobierno, al revés, es más barato para el
Estado mantener un trabajador en ERTE que en el paro y, además, le permite a usted seguir engañando con las cifras de paro asumiendo que las personas que están en ERTE no están en paro. (Aplausos). Las personas en ERTE están paradas y su
reincorporación a su puesto de trabajo dependerá de la intensidad de la recuperación que, a su vez, será en función de cómo haya sido capaz de resistir el tejido productivo y para eso, mantener los ERTE es condición necesaria, pero no suficiente.
Era necesario acompañar los ERTE de medidas que permitieran aliviar la carga de quienes crean empleo y de una política económica con reformas integrales que apuntalen nuestra recuperación. Habría que reformar la Administración, pero cuando toca
elegir entre el Estado del bienestar o el bienestar de los políticos, ustedes no dudan: disparan el gasto de asesores a dedo en un 52 %. Era necesario hacer nuestro sistema impositivo más competitivo para favorecer la creación de riqueza y la
atracción de inversión, pero ustedes han subido todos los impuestos, no han dejado ni uno atrás. Había que mejorar la calidad de las exigencias del sistema educativo, pero ustedes aprueban la Ley Celaá dando un paso más hacia la mediocridad, con el
impacto que eso tendrá en el empleo de esos pobres alumnos. Finalmente, había que preparar nuestro marco de relaciones laborales para el futuro y para convertir todo el crecimiento en creación de empleo, y ustedes nos devuelven al siglo XIX y
amenazan con hacer exactamente lo contrario.


Lamentablemente, en lugar de tomar todas estas medidas tan necesarias, España ha sido el país de Europa que menos ha invertido en apoyar a las empresas durante esta pandemia; de hecho, durante mucho tiempo hemos sido el único país de Europa
en no ofrecer ayudas directas. Las consecuencias de la acción y omisión de su Gobierno ya las conocemos: salimos más débiles porque salimos más endeudados, con nuestro tejido productivo diezmado y con los deberes sin hacer. Quizá por eso España
fue el país que más empresas destruyó en Europa, más de 207 000, o sea, el 17 % del total en Europa. España ha sido también el país que ha destruido más empleo. No sé cómo podemos estar orgullosos si llegamos a concentrar el 40 %, señora ministra,
el 40 % de los nuevos parados de Europa. Sin tener en cuenta su trampa de excluir a las 542 000 personas que todavía están en ERTE, todavía hay 700 000 parados más que el mes de mayo previo a la crisis. Según Eurostat, España es el país de Europa
que más empleo tiene que recuperar para alcanzar los niveles pre-COVID.


Créame, señora ministra, que entiendo las caras que pone la ministra de Economía cuando le escucha a usted insistir en amenazar con regresar a las políticas del paro, porque son ustedes unos auténticos depredadores del bienestar de los
trabajadores, son la mayor amenaza para su futuro, y se están dando cuenta y están empezando a reflejarlo en la manera en la que votan, señora ministra. Todo lo que le han enseñado sus maestros comunistas, señora ministra, es erróneo; caigan del
guindo de una vez, aterricen en el siglo XXI. Los políticos no crean empleo. El empleo no se crea por decreto, el empleo tampoco brota de los árboles espontáneamente. Los que crean empleos son esos que usted ha crecido pensando que eran malvados,
malvados explotadores -usted ha utilizado la expresión explotadores en el día de hoy-: los comerciantes, los autónomos, los hosteleros, las pymes, gente que cree en lo que hace y que hace el bien. Respételos, porque a ellos los necesitamos; a
ustedes, no. (Aplausos).


Concluyo. Señora ministra, necesitamos que los creadores de empleo sigan vivos cuando todo esto pase, cuando todos ustedes pasen, y esperamos que eso sea muy pronto por el bien de España y de todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Cabezón Casas.


El señor CABEZÓN CASAS: Gracias, presidenta.


Señorías, señora Díaz, una vez más llegan ustedes tarde y mal, y han conseguido de nuevo fallar a los españoles. Nos presentan hoy un real decreto-ley negociado in extremis, en el límite, que solo gracias a la buena voluntad del diálogo
social ha incorporado las medidas que los trabajadores y los empresarios españoles necesitan para poder salir adelante, pero estas medidas llegan tarde, y si no pregúntenselo a los 542 000 españoles que siguen en ERTE, a los 3 700 000 españoles en
paro, a los más de 450 000 autónomos que siguen en cese de actividad o al 1 200 000 hogares con todos sus miembros en paro.


Hay una cosa que nos ha quedado clara a todos los españoles: el paro y la ruina económica tienen nombre y apellidos, se llama Partido Socialista y se apellida Sánchez. (Aplausos). Y el señor Sánchez nos prometió ser líderes, y por
desgracia lo ha conseguido. Hoy somos líderes del paro en Europa doblando la media de la Unión, somos líderes en desempleo juvenil con casi el 40 % de los jóvenes que quieren trabajar y no pueden, y líderes en desempleo femenino doblando también la
media de Europa. Señora Díaz, si este es su feminismo, miedo me da. Tienen ustedes el triste récord de ser líderes en brecha de género, superando en seis veces la media europea. Ha oído bien, seis veces la media europea. Y desde el Partido
Popular llevamos mucho tiempo diciéndoles que hay que fijar un rumbo, que necesitamos un plan para salvar a España de esta realidad, incluso les hemos ofrecido nuestro plan para sacar a este país de la crisis, y es fundamental marcar un camino que
dé a los trabajadores españoles la seguridad que necesitan, porque la seguridad es la mejor receta para mejorar la economía y el empleo.


Señorías, lo hemos defendido siempre, no hay mejor política social que la política del empleo, y así lo demostramos no hace mucho cuando, gracias a las medidas del Partido Popular, España lideraba la creación de empleo en Europa creando 500
000 empleos al año. Escuche bien, señora vicepresidenta, con el PP España creaba empleo en todo el territorio nacional, en todos los sectores y en todos los colectivos. Éramos líderes en creación de empleo joven, había más mujeres trabajando que
nunca en nuestra historia, y la brecha de género se había reducido a mínimos históricos. Señora Díaz, esta es la realidad por mucho que usted intente, miércoles tras miércoles, negarla. Estos son los datos reales, aunque a usted no le gusten, y
ahí están, como usted dice también, en la hemeroteca y en las estadísticas nacionales, y también gracias al esfuerzo de todos y a las medidas oportunas.


Para el Partido Popular los autónomos siempre han sido el centro. Hoy me sorprende que usted haga aquí un alegato a favor de los autónomos, esos autónomos a los que ustedes les suben la luz, les suben el diésel, les quitan la tributación
conjunta, les quieren pegar un sablazo en las cotizaciones sociales y quieren que tributen por ingresos reales sin tener acuerdo en la Mesa de Diálogo Social. (Aplausos). Eso es lo que ustedes están proponiendo, frente a lo que propone el Partido
Popular, que es a ingresos cero, impuestos cero. Esa es la gran diferencia entre nosotros y ustedes, señora Díaz. Y está claro cuáles son las prioridades del Gobierno, está claro que la economía y el empleo no son sus prioridades. Prefieren
sentarse a negociar los indultos de quienes quieren destruir España, antes que ponerse a trabajar por los que madrugan cada día para crear riqueza y empleo. Prefieren criticar cada día a Isabel Díaz Ayuso, antes que imitar las medidas que adopta
para lograr ser líder en creación de empleo y crecimiento, y ser la primera región de España en dar las ayudas directas a pymes y autónomos.


Señores del Gobierno, la improvisación nos sale muy cara y nos cuesta muchos empleos. Puede que para ustedes las cifras del paro sean solo números, pero en el Partido Popular sabemos que detrás de esas cifras hay personas, gente que por
culpa de su nefasta gestión no llega a fin de mes o no podrá volver a levantar la persiana de su negocio, y todos ellos necesitan que se apruebe esta prórroga de los ERTE y las ayudas a los autónomos, y menos mal que los agentes sociales han logrado
pulir su proyecto, para que sea más efectivo. Pero ¿ahora que, señora vicepresidenta? España necesita un Gobierno que se preocupe de las necesidades reales de los españoles, necesitamos un Gobierno ocupado en el desarrollo social y económico de
nuestro país. Por eso ustedes no pueden estar al frente de este Gobierno. Cada vez hay más encuestas que ya les está señalando la puerta de salida y que este Gobierno tiene los días contados. No obstante, de momento, en el poco tiempo que les
queda, les doy un consejo: imiten y rectifiquen, porque es cuando ustedes aciertan. (Aplausos). Fíjense en qué hacen los Gobiernos del Partido Popular y ahí encontrarán la solución. La solución es más vacunas y menos sanchismo, porque solo
impulsando más la campaña de vacunación podremos salvar la economía y el empleo. La



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solución es más libertad y menos sanchismo, porque los empresarios y los trabajadores saben mejor que ustedes lo que hay que hacer para salir de esta crisis de forma firme y segura. La solución es un mercado de trabajo más seguro y flexible
y menos sanchismo, porque la política más social es aquella que defiende el empleo, porque sin empleo no hay pensiones ni crecimiento económico. Y esto es lo opuesto a lo que hacen ustedes.


Señora Díaz, usted cada dos días viene aquí a decir que va a derogar la reforma laboral, una reforma laboral que ha ayudado a la economía española a crear puestos de trabajo, a reducir el paro juvenil y las desigualdades y a mejorar nuestra
competitividad en el mercado laboral. Y esto no lo digo yo, no lo dice el Partido Popular, no lo dice la señora Fátima Báñez, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y, señora ministra, lo que funciona no se deroga, se mejora, y en eso es en lo
que encontrará al Partido Popular. Por cierto, le recuerdo que la reforma laboral del Partido Popular reformó los ERTE que hoy prorrogamos.


Señorías, el Partido Popular votará sí a un real decreto con medidas necesarias que salen del diálogo social, pero votamos no a toda su gestión, a un Gobierno que está más centrado en su crisis de Gobierno que en los trabajadores, en la
economía, en la salud y en los problemas de los españoles. Y créame, señora ministra, los españoles no pueden esperar a ver cuántos del banco azul se tiran por el barranco con su jefe.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cabezón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Peña Camarero.


La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, presidenta. Muy buenos días.


Señorías del PP, ¡un día más! ¡Ya les vale! Mienten más que hablan. Señor Cabezón, he contado la cantidad de veces que han sido capaces de atribuirse la autoría de los ERTE, y es la decimosexta vez que faltan a la verdad en este estrado,
así que se lo volveré a explicar: los ERTE se crean en la Ley 35/2010, y ustedes votaron en contra. (Aplausos). La firmó el 17 de septiembre de 2010 el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, si quieren apropiarse de
algo, háganlo de lo que de verdad es suyo, y además solo suyo, la reforma laboral, del mercado laboral, Ley 3/2012, Madrid 10 de febrero de 2012, presidente de Gobierno Mariano Rajoy. La reforma del 27 % de empleo, según Eurostat, la normativa del
recorte de prestaciones y del despido libre, la regulación de la devaluación salarial hasta en cinco puntos, como afirma el Banco de España. Esta sí que es su criatura, su herramienta de destrozo vital de las condiciones laborales de miles de
trabajadores españoles. (Aplausos).


Y un dato más les quiero dar. Será de nuevo un socialista, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quien en el Boletín Oficial del Estado firme antes de este fin de año los ERTE de nueva generación como mecanismo permanente de
flexibilidad interna, estabilidad en el empleo y recualificación de trabajadores en transición. Y es que la experiencia de los últimos meses nos ha demostrado la importancia y la eficacia del recurso de los ERTE. ¿Los resultados? Positivos a
todas luces: en términos de desacoplamiento de la evolución del PIB con la del empleo, en saldo fiscal, en estabilidad de las relaciones laborales, en mantenimiento del tejido productivo y del capital humano, y con tasas de desempleo sin parangón
con crisis anteriores. Aprovechemos, por tanto, esta buena práctica para un doble objetivo, para proteger el empleo ante las dificultades del mercado y para acompañar los procesos de cambio estructural a fin de evitar un impacto macroeconómico
negativo que resulte en pérdida de capital humano, del crecimiento potencial y del bienestar del conjunto de la sociedad. Este es el momento de proteger el empleo, el momento de impulsar la estabilidad de las relaciones laborales, de la inversión y
del capital humano. En román paladino, este es el momento de dejar atrás la reforma laboral del Partido Popular. (Aplausos).


Así que mientras ustedes, si quieren, perseveren en su fábula, que nosotros perseveraremos en desplegar con la máxima eficacia el diálogo social para garantizar protección a los trabajadores y empresas que más lo necesiten, porque de eso va
precisamente el real decreto que debatimos aquí hoy, de dar certidumbre y protección para al menos los cuatro próximos meses a las empresas que todavía afrontan dificultades y a los 550 000 trabajadores que no se han podido reincorporar a sus
puestos de trabajo; un planteamiento adaptado para estimular e incentivar la reincorporación de estos trabajadores y acompañar en el actual proceso de reactivación económica derivada de la mejor situación sanitaria y del avance de la campaña de
vacunación con acuerdo, voluntad y financiación, con dos mil millones de euros más que se suman a las ayudas para los trabajadores autónomos, que también se prorrogan, prestaciones compatibles con la actividad, con la suspensión de actividad y de
temporada, prórroga de los ERTE,



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mantenimiento del contador a cero de cara al desempleo, cobertura de la base reguladora extendiéndola al 70 %, prórroga del Plan MeCuida, exoneración de cuotas de Seguridad Social, un plan completo de protección para empresas y ciudadanos.
Y es que en eso estamos, estamos también en valorar con responsabilidad que han sido 130 000 las personas que, según los últimos datos del mes de mayo, han salido del paro, la mayor caída del desempleo en la serie histórica; estamos en valorar con
responsabilidad que el paro juvenil ha caído también en un 10 %, el triple que en el resto, y estamos también en valorar positivamente que se estén reduciendo los trabajadores en ERTE en una media no solamente de tres mil diarios, como en el mes
pasado, sino en diez mil diarios, como está sucediendo en este mes de junio.


Por tanto, señorías de la derecha, menos fotos de Colón y más explicar que en un momento como el que vivimos, sin su apoyo y su voto en contra a los ERTE y las ayudas de los autónomos, este país, con el respaldo del Gobierno, tiene hoy más
afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia, más afiliados en el régimen de autónomos que antes de la pandemia, y además se ha recuperado el 85 % de los trabajadores en ERTE. La foto de la España real es la que dice que este Gobierno
ha hecho que cientos de miles de empresas, principalmente pequeñas y medianas empresas, se hayan ahorrado 30 000 millones de euros en cotizaciones y salarios. Esta es la foto que les interesa a los españoles, la que habla de 6,5 millones de
trabajadores que se han podido acoger a un ERTE, y no estar despedidos a causa de la pandemia; la foto de los autónomos que por primera vez han tenido acceso a ayudas públicas, y son 440 000 los que en mayo han recibido prestación. Una foto con
orgullo de patria, claro que sí, esa que dice que el Gobierno de España ha protegido a los trabajadores por encima de la Unión Europea. Hasta un 30 % de la población activa española ha sido protegida por este Gobierno, frente al 25 % de protección
en la media europea. Esta es la foto en la que estamos los españoles y las españolas, la de las vidas reales, los problemas cotidianos, las inquietudes con nombres y apellidos, la de aquellos que lo que esperan es que el Gobierno no les deje
tirados, no les recorte la prestación, sino todo lo contrario, y los dé certeza y confianza sobre el día de mañana para poder seguir planificando sus vidas. Este es el camino, señorías, un camino que desearíamos desde el Partido Socialista y desde
este grupo parlamentario que sea compartido por el resto de fuerzas políticas y mejorado, porque, evidentemente, frente a los intentos vanos de envenenar a la opinión pública, este Gobierno está al lado de la ciudadanía, de las personas trabajadoras
y de los empresarios para salir de esta cuanto antes y con garantías, empeñados en que, esta vez sí, la salida de la crisis sea justa.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Peña. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


- REAL DECRETO-LEY 10/2021, DE 18 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA BORRASCA 'FILOMENA'. (Número de expediente 130/000050).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca Filomena.


Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Señora presidenta, muchas gracias.


Señoras y señores diputados, quiero que mis primeras palabras sean para trasladar la solidaridad de todo el Gobierno, y estoy seguro de que toda la Cámara así lo comparte, a todas y cada una de las personas que se vieron afectadas por el
temporal Filomena, especialmente a las familias de los fallecidos, a quienes quiero expresar todo nuestro apoyo. También para agradecer y destacar el trabajo conjunto de quienes durante esos días lograron garantizar los servicios públicos
esenciales: transportistas, empleados de establecimientos comerciales, de alimentación, docentes, sanitarios y, por supuesto, empleados públicos de las diferentes administraciones, muy especialmente del Sistema Nacional de Protección Civil, ejemplo
-lo dije ya en esta Cámara y lo reitero de nuevo- de los mejores valores democráticos de nuestro Estado de la las comunidades autónomas: solidaridad, cohesión y coordinación.


Señorías, la borrasca Filomena tuvo lugar entre los días 7 y 22 de enero de este año. Se trató de un extraordinario evento meteorológico que conllevó, como todo el mundo recuerda, vientos intensos en



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Canarias, lluvias en Andalucía, nevadas en el interior peninsular y una ola de frío que afectó a más de la mitad de nuestro territorio peninsular, agravando las consecuencias de la nevada. Me atrevería a decir que durante esos quince días
estuvimos ante el fenómeno meteorológico más adverso del último siglo en lo que a nevadas se refiere, y puso en riesgo el normal desarrollo de nuestra vida cotidiana nada más y nada menos que en uno de los peores momentos de la pandemia. Como ya he
expresado en la Comisión de Interior de esta Cámara, me gustaría destacar que ante esta situación activamos una gestión asentada en tres pilares: anticipación, respuesta y resiliencia. Gracias al trabajo conjunto del Gobierno de España, las
comunidades autónomas y los Gobiernos locales, podemos coincidir en que la gestión fue razonablemente positiva, porque creo que hicimos lo mejor que el sector público de este país sabe hacer: coordinar los recursos existentes, ponerlos al servicio
de la seguridad y el bienestar de las personas, minimizar los daños y, sobre todo, recuperar la normalidad en el menor tiempo posible.


Señoras y señores diputados, sin duda, en esta gestión influyó la anticipación, y les recuerdo algunas medidas: trabajo de despliegue de las previsiones según la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, con la aprobación del
Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, el conocido Plegem, así como medidas específicas ante los primeros avisos de lo que se avecinaba sobre coordinación interministerial, activación de capacidades de la UME, Dirección General de
Tráfico y los Ministerios de Transición Ecológica y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al tiempo que la cooperación intergubernamental, con la activación de mecanismos como el Cecot, que se reunió en diez ocasiones, cuatro de ellas dirigidas
por el propio presidente del Gobierno, que se puso al frente del principal organismo de cooperación en materia de protección civil. Fue una gestión que no se explica sin la activación del conjunto de instrumentos que integran la malla de respuesta,
siendo buenos ejemplos de ello el despliegue de decenas de miles de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que realizaron más de veinte mil servicios de carácter humanitario de ayuda a los colectivos más vulnerables y que no
bajaron la guardia, como bien saben las más de dos mil víctimas de violencia de género que en esos días requirieron la atención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, al igual que el despliegue de los seiscientos operarios de la Dirección
General de Tráfico, los tres mil del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o los seiscientos efectivos de las brigadas de prevención de la Vicepresidencia Cuarta, que se sumaron a treinta y una activaciones de más de mil quinientos
efectivos de las Fuerzas Armadas. Se trata de una malla de respuesta, señoras y señores diputados, que tuvo también su reflejo en ese primer sistema de ayuda previsto en el Real Decreto 307/2005, que contempla ayudas tan importantes como las
siguientes: primeras ayudas para paliar daños personales y compensación por daños materiales en viviendas, en sedes o establecimientos industriales, marítimos, agrarios o turísticos, así como la posibilidad de resarcir gastos a Gobiernos locales
por actuaciones en materia de protección a colectivos vulnerables y subvenciones para restituir infraestructuras municipales esenciales, en el marco del artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.


Señora presidenta, corresponde en este momento político culminar la gestión de la borrasca Filomena completando la fase de recuperación y resiliencia, fase que comenzamos cuando aún no había remitido el temporal, el propio 19 de enero, con
un acuerdo del Consejo de Ministros en el que hicimos una primera declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, y lo hicimos con la firme convicción de que era imprescindible adoptar un primer conjunto de medidas para
impulsar una inmediata vuelta a la normalidad. Señorías, ante una emergencia que como el temporal Filomena tuvo lugar dentro de otra emergencia sanitaria que lleva golpeando a nuestro país desde marzo del año pasado, era urgente comenzar la
recuperación sabiendo que posteriormente tendríamos que ajustar aspectos como la valoración de los daños e incluso la afectación a las comunidades autónomas. De eso trata este real decreto-ley, de culminar la labor iniciada por ese primer Consejo
de Ministros, un Consejo en el que nos comprometimos fundamentalmente, en primer lugar, a ampliar las zonas afectadas y también, en segundo lugar, a adoptar las medidas necesarias para la recuperación, y eso es lo que hacemos en este real
decreto-ley. En primer lugar, señorías, ampliamos el ámbito territorial, puesto que la declaración de zona gravemente afectada alcanza a Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, que activaron sus planes autonómicos en
una situación inferior a la tenida en cuenta en el acuerdo inicial. Asimismo, el Gobierno amplía el ámbito temporal, fijándolo, de acuerdo con la activación del Plegem, en situación operativa 2 desde las 10:50 horas del día 7 de enero hasta las
13:00 horas del 18 del mismo mes de enero.


Además, conscientes como somos de la posible existencia de daños similares a los sucedidos en otros episodios, este real decreto-ley prevé la ampliación de sus medidas a casos de lluvias torrenciales,



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nieve, granizo, pedrisco, viento o inundaciones, así como a desbordamiento de ríos, fenómenos costeros e incendios forestales, y, en general, a cualquier hecho catastrófico comprendido desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de este
año 2021. Estas medidas comprenden, en primer lugar, la evaluación de los daños realizada por la Administración periférica del Estado, que, tras revisar 6643 expedientes de siniestros provocados, se traducirá en el despliegue de 509,5 millones de
euros para resarcir esos daños constatados. En segundo lugar, se establecen políticas para la reactivación económica, como exención de las cuotas del IBI, reducción del Impuesto de Actividades Económicas correspondiente a viviendas,
establecimientos industriales, mercantiles, turísticos, marítimos, pesqueros o profesionales y a explotaciones agrícolas y forestales, así como la exención del IRPF para personas que perciban ayudas excepcionales por daños personales o exenciones de
la tasa de la Dirección General de Tráfico, al tiempo que protección de trabajadores, como, por ejemplo, autónomos que perciban prestaciones por cese de la actividad, y apoyo a los Gobiernos locales a través de un sistema de ayudas para la
recuperación de zonas afectadas, así como la restauración del dominio público hidráulico, marítimo-terrestre o de espacios forestales.


Señoras y señores diputados, este conjunto de ayudas y medidas, como no puede ser de otra forma, establece también un mecanismo de seguimiento mediante una comisión, que coordinará este Ministerio del Interior, que elaborará el primer
informe en noviembre de este año. El conjunto de las medidas habilitadas para reparar los daños causados por el temporal Filomena constituye un extraordinario esfuerzo presupuestario para el Gobierno, un esfuerzo que se verá completado por los
sistemas de ayuda activados por el conjunto de administraciones públicas, especialmente las comunidades autónomas, pero, sobre todo, constituye la culminación de la activación de esa malla de protección de la que hablaba de nuestros derechos y
libertades, así como del bienestar que constituye el Sistema Nacional de Protección Civil y el conjunto de capacidades que tienen los diferentes departamentos del Gobierno.


Señora presidenta, voy terminando, y lo hago refiriéndome a la justificación jurídica de este real decreto-ley. Como bien saben sus señorías, constituye un instrumento legislativo de urgencia lícito cuando se trata de actuar ante
situaciones de urgencia y necesidad y acredita plenamente la relación entre el sentido habilitante de la norma y las medidas adoptadas en la misma.


Señora presidenta, termino reiterando, como decía al principio, el compromiso del Gobierno con el valor de los servicios públicos, gracias a los cuales pudimos resolver una situación extremadamente compleja; recordando la solidaridad y el
apoyo a todos los afectados, muy especialmente a las familias de las víctimas mortales por este temporal; reconociendo la labor de los empleados públicos del conjunto de las administraciones públicas. Permítanme que como ministro del Interior
tenga un recuerdo especial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para los empleados de la Dirección General de Tráfico, las policías locales y empleados y voluntarios -sí, voluntarios- del Sistema Nacional de Protección Civil.


Finalmente, quiero expresar el deseo de la convalidación de este real decreto-ley por parte de sus señorías con el mayor respaldo posible.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Guitarte Gimeno.


El señor GUITARTE GIMENO: Presidenta, señorías, antes de hablar de las ayudas del temporal Filomena, permítanme que valoremos cómo se ha actuado respecto a los daños catastróficos de la DANA anterior, la borrasca Gloria, que, como saben, en
enero de 2020 causó daños importantísimos en muchas zonas, y en algunas, como en la provincia de Teruel, fueron especialmente graves. Allí dejó espesores generalizados de más de un metro de nieve, a los que sucedió lluvia torrencial y fuertes
rachas de viento. Los daños de Gloria se valoraron oficialmente en Aragón en treinta y dos millones de euros. Destruyó granjas, almacenes de edificaciones agrícolas, muchos pabellones en pueblos y quince mil hectáreas de olivar quedaron afectadas.
En comarcas de Teruel como el Maestrazgo o el Matarraña los daños fueron descomunales, pero, inexplicablemente, no se declaró zona catastrófica. En junio de 2020 se aprobó un decreto para conceder ayudas del 50 % ante los daños de la borrasca
Gloria, y, sin embargo, un año y medio después de la borrasca no ha llegado ni un solo euro de ayudas para sufragar los gastos, ni un solo euro. Por su parte, el Gobierno de Aragón anunció diez millones en créditos blandos para los agricultores
afectados por la borrasca, pero la realidad ha supuesto que esos préstamos solo bonifican un punto de



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interés, un apoyo ridículo para el que se exigen unos requisitos complicados y un papeleo inmenso, lo que ha provocado que prácticamente nadie los haya pedido. Los ayuntamientos han tenido que reconstruir sus instalaciones con fondos
propios y usando otras ayudas que están destinadas a proyectos que debe desarrollar la provincia, y los empresarios y agricultores han tenido que salir adelante como han podido, una vez más solos y abandonados. Esta forma de actuar, excesivamente
tarde, no es cubrir las catástrofes climáticas apoyando a los territorios.


Un año después, en enero de 2021, sufrimos los efectos de la borrasca Filomena y vimos una vez más el contraste en este país y cómo cuando los problemas afectan a las grandes ciudades se actúa de otra forma. Entonces sí hubo declaración
inmediata de zona catastrófica, facilitando así las gestiones con los seguros. No es justo ese trato diferente, señorías. No obstante, sobre este decreto de ayudas, que es ampliación del anterior para el temporal Filomena, solo podemos decir que
adelante y que se agilice todo lo posible, para que no vuelva a ocurrir que año y medio después no hayan llegado todavía las ayudas. Y, por favor, ejecuten de forma inmediata las de la borrasca Gloria, porque el Estado debe ser más ágil. La vida
real no espera y los pequeños ayuntamientos, los empresarios y los agricultores están afrontando solos y sin ayudas estas catástrofes, sumándose ello a todas las dificultades que está provocando ahora la pandemia.


Es evidente que es necesario pensar, diseñar un sistema más eficaz para gestionar los fondos ante emergencias climatológicas de las dimensiones que nos acontecieron con Gloria y Filomena. No podemos trasladar a la ciudadanía la sensación de
indefensión, soledad y abandono frente al Estado, yendo más allá siempre de los informativos de televisión en la semana del fenómeno meteorológico. Es necesario un seguimiento real y específico y actuar de la forma más rápida posible. Una
curiosidad, por ejemplo, que evidencia la falta seguimiento: una búsqueda en Google sobre ayudas por daños de Filomena proporciona únicamente treinta y seis resultados, el más reciente de mayo de 2021, cuando se aprobó este real decreto, aunque una
búsqueda por daños de Filomena ofrecía antes 1850 resultados. Una vez que pasaron los daños, es evidente que las ayudas no han interesado.


Por todo ello, creemos que el Gobierno debería realizar una evaluación de las políticas públicas implementadas para hacer frente a las incidencias y daños causados por la situación meteorológica. Es evidente que es necesario crear un
sistema más eficaz para gestionar los fondos ante emergencias climatológicas, porque, si no cambia la forma de actuar del Estado ante estas catástrofes, se están dejando abandonados e indefensos a los territorios que las sufren. Por ello,
proponemos crear una oficina específica para estas incidencias, sin incremento del gasto público por la gestión, que mejore el seguimiento y la rapidez en la atención a las necesidades de los ciudadanos, los empresarios y ayuntamientos en la gestión
de los fondos. Tan importante como llegar, señor ministro, es hacerlo a tiempo.


Apoyaremos, no obstante, la convalidación de este real decreto.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.


El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, estamos de acuerdo con la aprobación de este decreto ley. En este caso, como ya ha explicado, no afecta a la comunidad autónoma de Cantabria, porque, si bien se activaron fases distintas en la primera parte y en los
anuncios, finalmente, por suerte, no ha hubo que lamentar desgracias ni ningún gran destrozo. No obstante, aunque no afecten a uno directamente, todos sabemos que estos destrozos de la naturaleza requieren solidaridad, y, si somos solidarios
normalmente con países de todo el mundo, como todos los años tenemos ocasión de demostrar con la cantidad de catástrofes que hay, especialmente en Sudamérica y países lejanos, ¿cómo no vamos a serlo y a aprobarlo también en España? Para eso está el
Gobierno y, además, el Partido Regionalista de Cantabria siempre se ha mostrado especialmente solidario con todas las regiones de España.


Pero yo también quiero recordar que este no es el primer decreto-ley de esta naturaleza. Cantabria sí fue afectada por las inundaciones de octubre de 2019 y, especialmente, las inundaciones causadas por el Ebro en Reinosa en diciembre de
2019 fueron objeto de decreto-ley. Bueno, pues estamos en junio del 2021 y siguen sin resolverse las convocatorias de 2020. La ministra anterior de Política Territorial y Función Pública me dijo personalmente que ya estaban a punto. Sin embargo,
estamos ya, como digo, en el mes de junio y no se ha resuelto la convocatoria. ¡Imagínese cuándo puede llegar el pago! Para esa



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extraordinaria urgencia no hace falta aplicar decretos-leyes; habría bastado con incluirlo en los Presupuestos del Estado y probablemente hubiera sido más rápido. Si se aprueba un decreto-ley, que se supone que es prioritario, el pago, si
no es inmediato, al menos debería estar en la primera línea del Gobierno; pero parece que esto no está en los planes del Gobierno. No me diga lo de la Ley de presupuestos, porque, en el caso de que no se aprobara, siempre tenemos este mecanismo.


Aprovecho también para decir que las inundaciones, los huracanes, temporales, etcétera, no son algo nuevo, pero cada vez son más frecuentes y no solo hay que paliar sus efectos negativos. Además de trabajar para evitar los daños, también
hay que trabajar para aprovechar los excesos, porque agua, viento y temporales son una fuente de energía que se desperdicia constantemente, y son las fuentes renovables por excelencia.


En algunos ámbitos se ve a la ingeniería y a las obras como el gran enemigo de la naturaleza, pero yo creo que tienen la batalla perdida, porque sin el desarrollo de la técnica la humanidad no va a tener futuro. En esto ya no hay vuelta
atrás y, especialmente en materia de aguas, hace falta aumentar la dosis de sentido común. Hay que investigar más. Yo le sugiero que en ese centro de alarmas que tienen en la Moncloa se coordinen con el Cedex para situaciones catastróficas y para
trabajar en esta línea que les estoy diciendo. Mientras tanto, les recuerdo que lo primero es cumplir lo que se aprueba en esta Cámara, lo que se aprueba en el Congreso. En cuanto al asunto de hoy, deben ustedes ir preparando los fondos
necesarios, pero antes tienen que pagar lo que está pendiente desde las inundaciones de 2019.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Eguerdi on.


Lo primero que quiero decir es que también nos sumamos a la solidaridad expresada por el ministro con las personas afectadas y al agradecimiento a todas las personas que ayudaron en estas circunstancias tan adversas.


Uno de los efectos del cambio climático es la intensificación de los fenómenos meteorológicos adversos. Que el cambio climático alimenta los fenómenos meteorológicos extremos, tanto fríos como cálidos, es una realidad, pese a que algunos
sigan negando la mayor y la existencia del cambio climático. Como ha dicho el ministro, en enero de 2021 se vivió una de las peores borrascas en prácticamente cien años. Estuvo nevando durante treinta horas seguidas, según datos oficiales. Era la
borrasca Filomena, que dejó numerosas comunidades autónomas paralizadas y, por tanto, provocó graves daños económicos y materiales; daños que hay que paliar para facilitar la vuelta a la normalidad en las zonas afectadas. Como bien se ha dicho
aquí, este decreto contempla medidas necesarias; medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social, así como medidas para paliar en parte los daños ocasionados en viviendas, establecimientos y explotaciones de distinta naturaleza, infraestructuras
y equipamientos. Las ayudas también se amplían para paliar los daños producidos por las inundaciones, tormentas y otros fenómenos meteorológicos adversos en otros lugares de España. Son unas ayudas que, desde luego, son necesarias para estas
situaciones y que requieren una evaluación ágil por parte de las administraciones involucradas y también con los sectores afectados para poder paliar los daños a la mayor brevedad posible y de forma eficaz. Lo que no es eficaz ni eficiente es que
se declare una zona catastrófica o una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y que, hasta que se hacen efectivas esas ayudas y se cobran, puedan pasar meses e incluso algunos años. Esto ni es eficaz ni es eficiente, pero
eso es lo que está ocurriendo con la regulación actual. Ante este problema, a lo mejor lo que tendríamos que hacer para otorgar una ayuda en tiempo y en forma es buscar entre todos soluciones para que, como he dicho, esa gestión por parte de las
administraciones sea mucho más ágil y mucho más rápida. Incluso se podría pensar en algún sistema de autoevaluación de daños para otorgar y, en su caso, percibir determinadas ayudas o cuantías a modo de anticipo para su justificación posterior. Lo
cierto es que los fenómenos extremos son cada vez más habituales y, por tanto, como he dicho, deberíamos buscar entre todos los grupos políticos una alternativa clara para agilizar las ayudas a particulares, a establecimientos y a distintas
producciones agrícolas, ganaderas, forestales, etcétera, e incluso a las administraciones. Es decir, eliminar burocracias y buscar algún procedimiento para facilitar que las administraciones estén



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preparadas para dar una respuesta mucho más inmediata a las personas y también a las administraciones perjudicadas. Por ello, nosotros vamos apoyar este real decreto; de hecho, ya hemos votado a favor.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez Granados.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


Señor ministro, todos recordamos lo sucedido en enero de este año en muchos territorios de nuestro país. La borrasca Filomena azotó todo el territorio peninsular. Tras haber provocado un fuerte temporal de viento en las islas Canarias,
pasó por nuestra península causando unos destrozos numerosos y muy graves. Filomena dejó importantes precipitaciones que, combinadas con las masas de aire frío procedentes del norte, se manifestaron en forma de nieve. Pese a que las previsiones
alertaron de que sería una gran nevada, todo el centro peninsular, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid, experimentó precipitaciones que han batido récords, con casi 50 centímetros de nieve en la capital, algo que no ocurría desde hacía
más de setenta años.


Los daños producidos por el temporal de nieve fueron muy numerosos y muy cuantiosos. A día de hoy, meses después, los territorios ya tienen determinados los importes de dichos daños, que han sido, como digo, muy elevados. Confiamos que esa
cuantificación de los daños sea rigurosa y se puedan cubrir con el importe que aparece en este real decreto para que las familias puedan seguir trabajando. Se registraron numerosas incidencias en muchas ciudades y pueblos españoles por el desplome
de cubiertas debido al peso de la nieve y se hundieron estructuras en diversas edificaciones tanto privadas como en inmuebles patrimoniales y de administraciones públicas. La gran acumulación de nieve sobre las cubiertas, azoteas, marquesinas,
salientes y demás vuelos de las edificaciones provocó que las estructuras que los soportaban se vinieran abajo por sobrecarga de peso. Otras muchas se encuentran afectadas todavía por daños estructurales, por lo que será necesario adoptar medidas
de seguridad, llegando incluso a la demolición controlada. Zonas enteras quedaron bloqueadas durante días y, sobre todo, tuvo un impacto muy importante en zonas rurales, en explotaciones agrarias y ganaderas que tuvieron pérdidas muy elevadas.


Con este real decreto, que contiene ayudas por 509,5 millones de euros, se pretende resarcir aquellos daños provocados por esta borrasca. También incluye una serie de bonificaciones de tipo fiscal y laboral para todo el territorio amparado
por la declaración de zona afectada por emergencia y extiende su vigencia a cualquier emergencia de protección civil en el periodo de abril a junio. Creemos que es importante que se hayan introducido no solo las medidas económicas, sino también
estas deducciones de tipo fiscal y laboral. Nos parece positivo este real decreto-ley y nos parece positivo también que los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Agricultura, Pesca y Alimentación detectaran y documentaran daños
en sus áreas de competencia, porque creemos que era importante que también se abriera a esos territorios. Esto ha podido hacer que este real decreto-ley cubra con ayudas también a regiones como Canarias, Cantabria, Cataluña, la Región de Murcia o
la Comunidad Valenciana.


¿Pero qué nos preocupa? Nos preocupa el tiempo que puedan tardar en hacerlas efectivas. No puede ser que todavía haya ayudas que se aprobaron aquí, en este Congreso, y en el Consejo de Ministros y que todavía no se han dado. Podemos
recordar la borrasca Gloria u otras DANA; ha habido otros portavoces que han subido a esta tribuna para recordar también algunas DANA sucedidas en otras regiones y creemos que eso es importante. Han pasado muchos meses y muchos de los afectados
han tenido que realizar mejoras para seguir con su actividad y con su vida diaria. Este real decreto-ley ha tardado, pero el problema no es lo que ha tardado este real decreto-ley, el problema es lo que tardan las ayudas en llegar a las manos de
las personas afectadas. De eso en el ministerio tienen que tomar nota y deben acelerar el pago de esas ayudas porque es importante; para muchos suponen la supervivencia de su actividad o incluso de su hogar. Así que, por favor, les pedimos que lo
hagan con urgencia, porque hay muchas ayudas que están atrasadas todavía y los ciudadanos las merecen.


También hay algo más que nos preocupa. Ha comentado el ministro que este real decreto-ley recoge la creación de una comisión interministerial que debe servir para hacer el seguimiento de las ayudas y que debe elaborar un informe antes de
noviembre de 2021. Cuando se aprobaron las ayudas de otras DANA también se contempló la creación de esta comisión interministerial -realmente ocurre siempre y evalúa qué ha pasado con las ayudas- que debería haber realizado un informe antes de
octubre 2020. Nosotros a día de hoy todavía no tenemos conocimiento de ese informe, no sabemos si se ha elaborado. De hecho,



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hemos tenido que solicitarlo formalmente mediante un escrito dirigido a la Mesa del Congreso para saber qué ha pasado con el informe. ¿Cuándo llegará el informe de la DANA que contemplaba el real decreto que se aprobó? Y de este que se
aprueba aquí hoy, ¿el informe de esta comisión llegará en 2020? Tendremos suerte si las ayudas llegan antes de final de año. Por favor, no nos olvidemos de que hay muchísimas personas afectadas, muchísimas personas que todavía siguen esperando
esas ayudas y creo que deben ser el centro de este real decreto-ley. Sobre todo, no nos olvidemos de que este problema de la borrasca se ve acrecentado con el COVID-19 y con la crisis económica y al final es una soga que hace muy difícil seguir con
su vida a muchos ciudadanos de nuestro país. En mi grupo parlamentario estaremos muy pendientes de cómo se desarrolle y seremos los primeros que volveremos a reclamar al ministerio si no cumple con la gestión de las ayudas en un plazo bastante
riguroso.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Bel Accensi.


El señor BEL ACCENSI: Gràcies, presidenta.


Señor ministro, ya hemos votado a favor -es lo que tiene la votación electrónica- y entendemos que este real decreto-ley se debe tramitar lo más rápidamente posible.


Yo quisiera también hacer algunas consideraciones y señalar cómo se ha actuado con este real decreto-ley, porque creo que se ha hecho bien. Salió en mayo -alguien podría pensar que podía haber salido un poco antes-, pero, en comparación con
otras ocasiones, ha sido lo suficientemente rápido. Esperemos que también sea rápida la tramitación.


Le hablaré del contraste con otras situaciones. Yo le voy a nombrar el temporal Gloria, que también afectó a Cataluña, y otras catástrofes no solo climáticas, como el incendio de la Ribera d´Ebre y de una parte del Priorat y de Lleida, en
las que no se reaccionó lo suficientemente rápido ni con la suficiente diligencia y amplitud de las ayudas. Quisiéramos poner de relieve que seguramente no se actúa de forma homogénea con los afectados en situaciones muy parecidas. Por tanto,
debemos reflexionar sobre eso, no solo el Ejecutivo, sino también esta Cámara, por si debemos dotarnos de algún cuerpo legislativo homogéneo, rápido y diligente ante situaciones muy concretas.


La segunda consideración que le quería hacer es que este sí que es un real decreto-ley y se ajusta a lo que debe ser un real decreto-ley. Es una situación de urgencia, en la que se debe actuar y legislar mediante este procedimiento. Eso
contrasta con otros reales decretos-leyes. El año pasado el Gobierno aprobó cuarenta, algunos con motivos muy justificados y otros sin motivos justificados. Quiero poner de relieve esta situación, y lo hago ante un ministro que seguramente no es
de los que más ha abusado de este mecanismo legislativo. ¿Sabe qué pasa? Que hay una contradicción, y algunos de los grupos de esta Cámara lo hemos puesto en evidencia a lo largo de las diferentes semanas. Hay una contradicción, porque se actúa
rápido y se utiliza el real decreto-ley para legislar sobre una cuestión que se entiende que es urgente. Se aprueba el real decreto-ley, se convalida, se aprueba su tramitación como proyecto de ley y para aquello que era tan urgente legislar y que
se debía hacer tan rápido como para justificar un real decreto-ley se van alargando constantemente los plazos para presentar las enmiendas y la ponencia de aquel real decreto-ley, cuyo tema era muy urgente, la acabamos viendo nueve meses o un año
después. Eso no tiene ningún sentido.


En todo caso, hemos votado a favor y lo único que pedimos al Gobierno es que ahora sea extremamente diligente para aplicar todas las medidas que allí están contempladas. Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Pujol i Farré.


La señora PUJOL I FARRÉ: Moltes gràcies, presidenta.


Buenos días, señorías. Vaya por delante, señor ministro, que en nuestro grupo vamos a votar a favor del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por Filomena. Celebramos la incorporación de
algunas comunidades autónomas en una fase inferior, como es el caso de la nuestra, Cataluña, y también del País Valencià, después de haberlo pedido en numerosas ocasiones. Filomena en Cataluña también dejó su huella. Sufrimos algunas afectaciones
y destrozos en naves



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empresariales como, por ejemplo, en el caso de Falset, con el hundimiento del tejado de una de las empresas más importantes de la comarca. Además, también volvimos a ver y a vivir de cerca la situación de vulnerabilidad del Delta de l'Ebre,
de la que precisamente ayer hablaba en esta Cámara con la ministra Ribera. Se hizo evidente una vez más la fragilidad del delta, al sufrir una nueva rotura de la barra del Trabucador, la entrada de agua en la Illa de Buda o el retroceso de la playa
de la Marquesa. Otra de las graves consecuencias fue que afectó gravemente a miles de hectáreas de cultivos, principalmente de olivares. Hablamos de más de 46 000 hectáreas de las comarcas del sur de Lleida -Garrigues, Segrià, Urgell- y del
Priorat, la Conca de Barberà, el Baix Camp, la Ribera d'Ebre y la Terra Alta en el caso de la demarcación de Tarragona.


Como bien saben, en el caso concreto del olivar, la contratación por parte de los agricultores de Agroseguro es mínima, porque la cobertura que ofrece a este cultivo es pésima. Aprovecho también estas palabras para comentar que deberían
trabajar este aspecto con Agroseguro. Pues bien, en el artículo 3 de este real decreto vemos que es imprescindible tener o haber tenido contratado un seguro. Esta limitación se puede entender en según qué cultivos, pero en el olivar no, y es un
tema que nos preocupa debido a la afectación que tenemos en los campos de Cataluña. Les emplazo a encontrar soluciones y a dar una respuesta satisfactoria a los agricultores.


Por otra parte, como también han solicitado compañeros de otros grupos parlamentarios, les pedimos celeridad y agilidad a la hora de hacer los pagos. Recordemos que son pagos de las indemnizaciones que han tenido que adelantar propietarios,
empresarios o, en muchos casos, porque han afectado a temas municipales, los propios ayuntamientos; ayuntamientos en su mayoría pequeños, donde estos gastos afectan de manera importante a las arcas municipales y tensionan las tesorerías de las
mismas. No olvidemos que los ayuntamientos son la Administración más próxima y más cercana a la ciudadanía y, por eso, son los primeros en responder a las necesidades de sus vecinos y vecinas, más aun en un contexto como el actual. En un contexto
de emergencia social y económica debemos garantizar que estas ayudas lleguen rápido y de manera efectiva ajustándose a la realidad de nuestros municipios. Lo que quiero decir es que estas ayudas no deben estar limitadas según la tipología de gasto,
porque todas las actuaciones llevadas a cabo para paliar los efectos de la borrasca Filomena fueron absolutamente necesarias y el Estado debe procurar que se compensen de igual manera sin discriminaciones. Una de las malas experiencias que muchos
municipios nos han trasladado es cómo se articuló el convenio de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para el temporal Gloria. Creo humildemente que no debemos cometer los mismos errores y que está bien que entre todos y todas
podamos mejorar a raíz de la experiencia.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pujol. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Pérez Merino.


La señora PÉREZ MERINO: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos.


Hoy debatimos un real decreto-ley para paliar los daños de la borrasca Filomena. Me gustaría que mis primeras palabras fuesen de afecto para los familiares de las personas que perdieron la vida a causa del temporal y también para las
personas que sufrieron daños en sus viviendas, en sus comercios o en sus explotaciones agrarias.


Son muchos los expertos que apuntan cómo el cambio climático incrementa los fenómenos meteorológicos extremos. Filomena también es fruto de ese cambio climático. Hace unas semanas aprobamos la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética. Salvo algunos negacionistas, existe un consenso social sobre la necesidad de continuar trabajando con todos los medios necesarios y oportunos para frenar dicho cambio climático. Hay que hacerlo sobre todo porque no tenemos un planeta
B, porque nos estamos jugando el único lugar que hace posible la existencia de las personas. Filomena puso de manifiesto una vez más que no todas las personas sufren por igual las consecuencias de un desastre. Filomena volvió a recordarnos que la
desigualdad es sinónimo de pobreza energética. El ejemplo más dramático lo hemos vivido en Madrid en la Cañada Real, donde los vecinos y vecinas tuvieron que soportar Filomena sin electricidad y con todo lo que ello conlleva. Hace unos días la
justicia ha acordado que se siga investigando el corte de la luz en la Cañada Real gracias a la lucha de sus vecinos y de sus abogados de CAES. La Comunidad de Madrid no debería seguir mirando para otro lado ni ponerse de perfil cuando



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todos sabemos que se están vulnerando los derechos humanos. Y abundando en este tema, hay que recordar y matizar que es probable -quería hablar de ello porque está vinculado- que la nueva tarifa de la luz no se haya entendido bien o no se
haya explicado bien, es probable. Pero lo que no podemos negar de ninguna manera es que la nueva tarifa de la luz no soluciona un problema estructural, un problema muy grave que tiene que ver con los abusos sistemáticos que cometen las grandes
eléctricas en nuestro país. (Rumores). Frente al oligopolio que domina el sistema eléctrico, necesitamos un mayor control público de un servicio que es esencial. (Aplausos).


Señorías, sabemos lo que dice el acervo popular -todos lo conocemos-: las desgracias nunca vienen solas. Tuvimos la desgracia de comprobar que fueron muchas las familias que sufrieron daños con la borrasca Filomena en medio de la pandemia
más grande que ha habido en los últimos años y, además, sin precedentes. Ante situaciones como estas, mantengo la convicción de que no podemos dejar solas a las personas que sufren estas desgracias, y eso es justamente lo que hace este real
decreto, seguir reparando y ayudando a quienes sufrieron los destrozos de las nevadas y de la intemperie. El pasado 19 de enero el Consejo de Ministros ya adoptó un acuerdo mediante el que se declaraba como zonas afectadas gravemente por una
emergencia de protección civil -ya lo han comentado antes el ministro y otros diputados- las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja y Navarra. El real decreto que
hoy debatimos amplía dicha declaración a Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Hay una cosa que sí quiero dejar clara porque, a pesar del tratamiento mediático que vimos aquellos días, la situación de emergencia no
solo afectó a Madrid, sino que afectó a toda España, y en las situaciones más difíciles es cuando se comprende mejor lo que significa la solidaridad interterritorial, que es fundamental. El real decreto-ley que hoy debatimos extiende y facilita la
aplicación de una serie de medidas dirigidas a paliar los daños personales y materiales que sufrieron las personas y las empresas, llegando allí donde no llegan los sistemas aseguradores. Además, este real decreto-ley añade ventajas fiscales y
laborales y también contiene un régimen de ayudas destinadas a los ayuntamientos y diputaciones. Todas estas medidas, además de reparar los daños, van a servir para estimular la economía y reforzar la creación de empleo. Por todo ello, vamos a
votar a favor de convalidar este real decreto-ley.


Señorías, una vez más se demuestra que lo público nunca falla cuando vienen mal dadas. En los peores momentos de Filomena los trabajadores públicos se dejaron la piel para limpiar las calles, las carreteras, atendernos a todos, llegar a las
residencias, llegar a todos los sitios, reparar el arbolado y atender todo tipo de emergencias; fueron la inmensa mayoría de los trabajadores públicos los que lo hicieron. Y ahora desde lo público llegan más medidas para paliar los efectos del
temporal.


Termino, señorías, citando a la persona a la que tengo el honor de sustituir en esta Cámara: España son los servicios públicos y los trabajadores públicos. Espero que no se manche el significado de esa palabra y no lo manche ninguna clase
de sinvergüenza que en vez de depositar el dinero en lo público se lo lleva a los bancos en Suiza. Esas palabras las dijo Pablo Iglesias en un discurso antes de la pandemia y antes de Filomena. El tiempo ya le ha dado la razón; la patria es lo
público.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pérez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Fernández Hernández.


El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.


Ministro, señorías, en primer lugar, me uno a sus palabras de cariño y apoyo a los afectados por la borrasca Filomena y de agradecimiento tanto a los voluntarios como a los funcionarios y profesionales que intentaron paliar, en la medida de
sus posibilidades, los daños y los efectos de la borrasca. (Aplausos).


Señoría de Podemos, yo también le recuerdo unas palabras del señor Iglesias, dijo que iba a quedarse en Carabanchel o en Vallecas y al final ha acabado en Galapagar en una mansión. En fin, si podemos comparar palabras y comentarios, los hay
para todos los gustos. En todo caso, voy a la cuestión importante. Expresa el apartado uno de la exposición de motivos de este real decreto-ley cuya convalidación se pretende: la previsión de intensas nevadas como consecuencia de la borrasca
Filomena determinó la activación de los correspondientes planes territoriales o especiales en varias comunidades autónomas, incluida Madrid, en su fase máxima de emergencia. De hecho el 5 de enero de 2021, a la vista de los avisos emitidos por la
Aemet, se alertó por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a las comuniones autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, así como a las delegaciones de gobierno. El 7



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de enero, a las 10:50, fue activada la fase 2 del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, declaración a la que se sumaron varias comunidades autónomas, que activaron sus planes en su nivel máximo de alerta ante los efectos
meteorológicos asociados a la borrasca Filomena. Es decir, todas las Administraciones activaron sus planes a raíz de la activación del plan por parte del Gobierno a la nación. También los ayuntamientos. Pero una cosa es activar y otra cosa es
hacer, y lo explicaré con un ejemplo; un ejemplo práctico de lo que supone una mala gestión que, en este caso, hace necesaria la convalidación de este real decreto-ley. Me refiero a lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, a lo realizado por el
alcalde de Madrid. El alcalde de Madrid activó, el 5 de enero, el Plan de Emergencias Invernales, a raíz de la activación que se hizo desde el Gobierno de la nación y no hizo nada más; no hizo nada más hasta el 8 de enero. El 8 de enero a las
10:00 de la noche convocó el Comité de Coordinación de los Servicios Esenciales; es decir, cuando en Madrid estábamos ya andando por la calle con esquís, trineos y raquetas en los pies se le ocurrió al alcalde de Madrid activar este comité de
coordinación. Ya no había posibilidad de realizar labores de prevención en Madrid, y el resultado está a la vista: no hubo sal suficiente repartida por las calles; no hubo personal de emergencia suficiente que atendiera los avisos; los vehículos
de bomberos, señorías, en el Ayuntamiento de Madrid no tenían cadenas de nieve, y las unidades de Policía Municipal y los hospitales quedaron aislados por la nieve como consecuencia de la falta de sal. Este es el panorama que la inactividad y la
dejación del alcalde de Madrid nos dejó en la capital. Eso sí, realizó dos actuaciones que fueron clave: la primera, hacerse una foto empujando su coche oficial porque quedó atascado en una calle de Madrid y, la segunda, comprar colchones de
salvamento por 60 000 euros. ¿Qué tendrán que ver los colchones de salvamento con la borrasca de nieve que cayó en Madrid? Lo más grave de todo es que el director general de emergencias no está cesado, por tanto, el responsable es el alcalde de
Madrid. Él dice que era imprevisible, que no se podía prever, que nadie esperaba esto, que no estábamos preparados para esta situación porque la Aemet le había advertido de que podían caer 20 centímetros de nieve cuando en realidad cayeron 50
centímetros. Esto es una excusa absolutamente infantil e inadmisible en un gestor público, porque la obligación del gestor público ante una emergencia es ponerse en todos los escenarios que puedan ocurrir, en todas las posibilidades y, según vaya
evolucionando la situación, aplicar una alternativa u otra. ¿Al final quién paga esto como consecuencia de la emergencia, de la borrasca y de la dejación de un gestor público, en este caso el alcalde de Madrid? Lo pagan los españoles. Por eso más
que nunca, y aunque creemos que llega tarde la convalidación, vamos a apoyarla con nuestro voto, porque es necesario que se palien los daños producidos por la borrasca Filomena y porque además pensamos también que el real decreto-ley demuestra
-usted lo ha dicho, señor ministro, y estoy de acuerdo con usted- que al final solamente una acción centralizada desde el Gobierno de la nación puede afrontar mejor una emergencia a nivel nacional. Por eso, mientras exista un Sistema Nacional de
Protección Civil -que esperemos que exista por mucho tiempo- será la mejor manera de afrontar emergencias como la que nos afectó con la borrasca Filomena. Ello le pese a quien le pese, porque al final el Estado tiene que ordenar, las comunidades
autónomas tienen que acatar y los ayuntamientos tienen que hacer. Por eso, como digo, votaremos a favor de la convalidación.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Vázquez Blanco.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchísimas gracias, señora presidenta.


La verdad es que me sorprende este debate en el que VOX ataca durante los siete minutos al Partido Popular, al alcalde de Madrid y elogia al señor Marlaska. ¡Qué daño les hizo el resultado de Madrid, señores de VOX, qué daño! (Aplausos).


Señorías, me gustaría que mis primeras palabras fueran para las víctimas y para los afectados durante el temporal de Filomena, para todos los servidores públicos y por supuesto también para los voluntarios, para los miles de camioneros y de
españoles que se vieron atrapados en las carreteras. Para ellos, todo nuestro cariño.


Señor Marlasca, es una sorpresa tenerle aquí, cuando no viene por una sesión de control a la que le traemos obligado o arrastrado. Tiene usted el récord -hoy se lo recuerdo- en el Congreso de 107 comparecencias pendientes de responder,
repito, 107. Hoy viene usted aquí a limpiar su imagen con un decreto de ayudas en las que precisamente su ministerio es el que menos aporta, 11,6 millones de euros;



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pero un decreto que usted no quería, señor Marlaska. Usted fue el primero que le negó esas ayudas a Madrid tan pronto como Madrid las pedía. Es un decreto que hoy trae de un temporal, borrasca o episodio tormentoso del Gobierno de Sánchez
en el que usted no está implicado. Señorías, la diferencia entre la borrasca Filomena y el señor Marlaska es que la tormenta fue una catástrofe pasajera que dejó graves daños, pero que después remitió. El señor Marlaska es un desastre permanente,
que en vez de remitir sigue causando daños cada día que se mantiene en ese ministerio que deshonra. (Aplausos).


Señorías, les voy a poner los antecedentes de este real decreto: ausencia de gestión del Gobierno; falta de reacción; y nuevamente ataque sectario contra Madrid. Primero, se negó a declarar zona catastrófica; segundo, ordenó retirar la
UME cuando todavía no se lo habían solicitado y sabiendo que Madrid estaba en nivel dos de Platercam, desde marzo del año pasado por la pandemia; por último, se ignoró la alerta. El día 5 de enero la Agencia Estatal de Meteorología cursaba un
aviso al Ministerio del Interior avisando de la llegada que iba a tener este temporal y que iba a ser agresiva. Todas las comunidades autónomas esos días pusieron sus planes en marcha. De usted no se supo nada hasta que apareció cuatro días
después con su camarada Ábalos; es decir, no hizo nada. No hubo instrucciones a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil de lo que tenían que hacer hasta el día 10 de enero que llegaron; no hubo previsión en los centros penitenciarios, que
quedaron todos atrapados y todos vimos en España cómo los funcionarios de prisiones tenían que quitar la nieve con sus propias manos y con palas. La DGT ni tan siquiera fue reforzada desde otras comunidades para ayudar a las comunidades autónomas
en las que estaba previsto el temporal. No solo ignoró la alerta, sino que ni tan siquiera utilizó esa norma que aprobó en el mes de diciembre para declarar la emergencia nacional cuando ya sabía que ese temporal afectaba a ocho comunidades;
exigía recursos y actuaciones coordinadas a nivel supraautonómico e igual que en la pandemia no hicieron nada. Decretar la emergencia nacional pondría más medios a disposición de las comunidades afectadas y no lo hicieron. Tuvieron que ser
comunidades como Murcia, Andalucía o Extremadura las que enviaron medios a las comunidades afectadas. Hubo miles de españoles atrapados en todas las carreteras, aeropuertos y estaciones.


Fíjense ustedes, señorías, quiénes gozaron de movilidad: los del acuerdo ese del cinco por cinco; cinco votos, cinco presos, cinco asesinos de ETA, sí. Aitor Aguirrebarrena, Patxi Marqués, Jon Bienzobas, Ignacio Extebarria y Unai López.
Ellos en plena Filomena sí circularon y el 15 de enero llegaron a las prisiones del País Vasco. Para esos hubo movilidad. (Aplausos). ¿Sabe dónde hubo movilidad? En su política caótica en materia de inmigración en Canarias; en esos días
llegaban un 234 % más de inmigrantes a Canarias. A consecuencia del temporal los campamentos estaban inundados, y allí no se podían respetar los derechos humanos, y eso que le gustan tanto. A pesar del caos en Barajas, ¿quién tuvo movilidad
también? Dos aviones, uno del 14 de enero y otro del 15 que llegaban con inmigrantes a Barajas, a pesar del caos. Esos viajes que usted primero negó y que ahora oculta. ¿Quién más tuvo movilidad, señorías? El señor Sánchez, pues para el Marlaska
le puso un todoterreno para que no pisara la nieve. ¿Sabe también quién tuvo movilidad? Usted, y me di cuenta ayer cuando vi que la cinta -esa, bochornosa, que le compraron todos los españoles- se la compraron el 15 de enero, es decir, andaba
usted eligiendo en plena borrasca su cinta de correr que pagamos los españoles. (Aplausos).


Le voy a resumir su gestión de Filomena con dos ejemplos para que haga cuentas. Tardaron el mismo tiempo en limpiar -ustedes, el Gobierno- 30 km² del Aeropuerto de Barajas que el alcalde de Madrid 600 km² de la ciudad de Madrid.
(Aplausos). Tardaron ustedes en limpiar 300 kilómetros de la alta velocidad lo mismo que el presidente de Castilla-La Mancha 6000 kilómetros de carretera. Esa es la gestión de este Gobierno.


Nosotros vamos a votar a favor de este decreto, pero es un decreto que llega tarde, ya sé que usted estuvo de campaña electoral. Es insuficiente porque las comunidades autónomas están pidiendo más recursos y este real decreto, como usted
dice, comprende desde el 1 de abril del año pasado al 30 de junio de este año y, en cambio, no contempla los grandes incendios forestales que afectaron a muchas provincias -por ejemplo la mía que en cinco días tuvo 67 incendios forestales- o a
Madrid, Cáceres, Zamora o Tarragona; pero no contempla tampoco las inundaciones de Andalucía, de Murcia y de Cantabria del mes de agosto. Por eso, consideramos que hay que tramitarlo como proyecto de ley para enmendarlo y corregir sus olvidos.


Señorías, finalizo. Señor Marlaska, corre usted el riesgo de pasar a la historia como el ministro Filomeno. Llegó con la buena imagen de la nieve, pero pronto demostró su verdadera naturaleza, era la de una colosal borrasca. Es una
tempestad que ha dejado gravísimos daños a su paso de los que solo nos recuperaremos cuando usted se vaya. La nieve ya se ha derretido, señor Marlaska, es más, el alcalde



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de Madrid ya está asfaltando las calles antes de que usted le dé el dinero para que usted pueda pasar con su coche. Los destrozos son cada día más evidentes, ya solo esperamos que pase pronto la tormenta, su tormenta. No pase usted a la
historia, señor Marlaska, como el ministro Filomeno, y si se empeña en hacerlo no dude de que estaré aquí para recordarle el título de una novela de un escritor gallego, de Torrente Ballester, Filomeno, a mi pesar. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vázquez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Vicente Viondi.


El señor VICENTE VIONDI: Buenos días a todos y a todas. No digo buenas tardes porque todavía no he comido.


Las primeras palabras, como tiene que ser, lógico y normal, y lo ha mencionado el ministro, son solidaridad con los afectados y las afectadas de este temporal y, muy especialmente, un recuerdo de amor y cariño a las personas que perdieron su
vida durante el temporal Filomena. (Aplausos). Aunque hay algún grupo parlamentario que está tan obsesionado con el señor Marlaska que apenas lo ha mencionado, lo vamos a reiterar nosotros: agradecimiento eterno a los servidores públicos de este
país (aplausos), a la UME, a la BRI, a la Protección Civil, a los bomberos, al Cuerpo Nacional de Policía y, muy especialmente, a los sanitarios, porque estábamos en una pandemia, hubo una borrasca, y muchos sanitarios se quedaron a trabajar durante
días, durmiendo en sus hospitales o recorriendo kilómetros de calles en Madrid, que estaban llenas de nieve, para atender a las personas que sufrían el COVID. De eso el Partido Popular no ha dicho ni una sola palabra en esta tribuna. (Aplausos).
Es una falta de respeto a los trabajadores públicos. Lo decimos porque ¡basta ya!, somos una buena sociedad. La sociedad española funciona, pongámonos en valor de una vez por todas. Dejen ustedes de criticarnos constantemente a todos y en todo
momento a esta sociedad. Pongámonos en valor. Reivindicamos la sociedad de la solidaridad y el compromiso; la sociedad que demuestra su compromiso cívico en Filomena, con estos servidores públicos y muchos españoles y españolas que se dedicaban a
salir de sus casas a ayudar a personas mayores para que pudieran tener alimentos con los que llegar, porque no solo unían los tiempos del confinamiento y de la pandemia, también estuvieron durante muchos días sin salir de casa, porque,
principalmente, sí, en las calles de la ciudad de Madrid, estuvimos muchas personas más de ocho días sin poder salir a la calle por su negligencia. (Aplausos). Y ahora, a continuación, le hablaré de eso.


A ustedes, los señores del Partido Popular, les he visto muy solos. Iba a hablar de cambio climático, pero aquí también ha habido otro fenómeno meteorológico extraordinario, porque el resto de los grupos parlamentarios se han dedicado a
hablar y ni uno, prácticamente ninguno, ha puesto una sola pega a la labor que hicieron los servidores públicos, los distintos ministerios y el conjunto de las comunidades autónomas. Solo ha sido el Partido Popular el que se ha dedicado a hablar de
otras cuestiones muy distintas al ámbito de Filomena. De hecho, hasta sus socios de Gobierno, los señores de VOX, porque el representante de VOX es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, le han pintado la cara aquí en público. Señores de VOX, si
tan mal lo hace Almeida, tendrán ustedes que explicarnos por qué le sostienen desde el primer minuto como alcalde de la ciudad de Madrid. (Aplausos).


El Estado funciona, claro que funciona. Ha habido una gran coordinación entre todas las administraciones, ha habido un Gobierno eficaz y el conjunto de las comunidades autónomas que han estado afectadas han actuado adecuadamente porque
pusieron previsiones y actuaron antes. Sabíamos de Filomena desde el 31 de enero, cuando hubo el primer aviso de la Agencia Española de Meteorología, y todas las comunidades estaban preparadas y tenían sus planes previstos para llevarlos a cabo.
Solo se puso el foco del problema en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid por una razón muy sencilla, porque ustedes no actuaron antes. Lo hicieron mal durante la borrasca Filomena y lo que es peor, actuaron peor después.


Mire, señora Vázquez, a usted que le gusta tanto Twitter y hacer política a través de Twitter, le voy a decir cosas que he leído y no en Twitter, lo he leído porque lo he visto y lo he escuchado. Señor Almeida, 5 de enero: 'todo está
preparado en Madrid'. Y añadió una cosa muy bonita, muy romántica: 'Madrid será maravillosa y quedará muy bonita cuando esté nevada'. Además, luego disfrutamos con un baile maravilloso en la puerta de Cibeles bailando el Jerusalema con los Reyes
Magos. Era todo paz, amor y tranquilidad porque la ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid estaban preparadas para afrontar Filomena. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que llegó Filomena. ¿Qué actuaciones tuvieron ustedes? Primero
dejaron tiradas -como llevan haciendo durante meses- a las familias que viven en la



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Cañada Real, porque los Gobiernos de la señora Ayuso y del señor Almeida tienen abandonadas a esas familias. Este Gobierno y la actual delegada del Gobierno, Mercedes González, son quienes están poniendo todo su énfasis para que se
solucionen de una vez por todas las consecuencias de sus gestiones. (Aplausos). Lo que vimos durante Filomena es que prácticamente aquel sueño olímpico que vivió Madrid durante muchos años estuvo muy cerca, porque se podía hacer esquí por la Gran
Vía, se podía hacer bobsleigh por la calle O'Donnell... Era el sueño olímpico que ustedes nunca trajeron aquí.


Para ir acabando, ustedes no prepararon nada. ¿Saben por qué ustedes no prepararon nada? Porque su ultraliberalismo radical que han aplicado en Madrid durante veintiséis años les llevó a no tener preparados ni los medios ni los recursos.
Ustedes no tenían quitanieves, las calles de Madrid las limpiaron las quitanieves del Ministerio de Fomento, ustedes estuvieron diez días sin recoger los servicios de limpieza en muchas casas, y fue este Gobierno el que se implicó personalmente a
través de todos los ministerios para desatascar el problema de la ciudad de Madrid y del conjunto de la Comunidad.


Ustedes siempre hablan de caos. Para el señor Casado siempre es un caos. El proceso de vacunación es un caos, Filomena es un caos y, al final, no hay ningún caos; el caos lo tienen ustedes en su cabeza, porque ustedes constantemente están
en el alarmismo, en la crispación, en elevar el tono y tensionar la sociedad. Filomena puede ser perfectamente un buen ejemplo. Repito que como sociedad hemos funcionado, que las administraciones han aportado y que todos en su conjunto lo hemos
resuelto. Además, este real decreto viene acompañado de las ayudas que ya se dieron inmediatamente, que se aplicaron en el Consejo de Ministros del 19 de enero y que ya se pusieron en marcha. Además, complementa algo que quiero poner en valor
respecto a lo que han dicho otros grupos, y este es quizá el fenómeno meteorológico en el que más rápido se ha actuado desde la propia Administración y desde el propio Gobierno, porque en seis meses ya lo tenemos en marcha y muchas de las ayudas
llegarán pronto. Así que yo reivindico la labor del Estado, la cooperación entre administraciones y la buena gestión que se ha llevado a cabo por tantos ministerios y también con muchos municipios. Si todos nos fijamos en Madrid es porque ustedes
hicieron las cosas rematadamente mal.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000021).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo al Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados.


Ningún grupo parlamentario interviene en este punto.


PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:


- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN AL OBJETO DE ANALIZAR EXPERIENCIAS DE REGULACIÓN DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL. (Número de expediente 158/000016).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, relativo a la propuesta de la Comisión de Sanidad y Consumo de creación de una subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal.


Esta propuesta se somete al Pleno sin debate previo. La votación correspondiente a este punto tendrá lugar junto con el resto de las votaciones, que se producirán en tres minutos.


Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellos diputados que han sido autorizados para emitir su voto por el procedimiento
telemático, no pueden hacerlo desde su escaño. (Pausa).



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PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL ESTATUTO DEL ARTISTA. (Número de expediente 162/000690).


La señora PRESIDENTA: Señorías, damos comienzo a las votaciones.


Empezamos con las proposiciones no de ley.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el estatuto del artista. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 249 votos telemáticos, 348; a favor, 99 más 197 votos telemáticos, 296; abstenciones, 52 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A CREAR UN VERDADERO PLAN DE AYUDAS DIRECTAS QUE SE DISTRIBUYA DE FORMA EQUITATIVA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y ESTÉ DIRIGIDO A TODOS LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA CAUSADA
POR LA COVID-19. (Número de expediente 162/000636).


La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a crear un verdadero plan de ayudas directas que se distribuya de forma equitativa en todo el territorio nacional y esté dirigido a todos los autónomos y
empresarios afectados por la pandemia causada por la COVID-19. Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 249 votos telemáticos, 348; a favor, 39 más 112 votos telemáticos, 151; en contra, 60 más 136 votos telemáticos, 196; abstenciones, 1 voto telemático.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA IMPULSAR EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES. (Número de expediente 173/000078).


La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que piensa impulsar el Gobierno de España para facilitar el acceso
a la vivienda de los jóvenes. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 249 votos telemáticos, 348; a favor, 39 más 61 votos telemáticos, 100; en contra, 60 más 133 votos telemáticos, 193; abstenciones, 55 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL ESTADO DE NUESTRA POLÍTICA EXTERIOR. (Número de expediente 173/000079).


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el estado de nuestra política exterior. Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 248 votos telemáticos, 347; a favor, 39 más 104 votos telemáticos, 143; en contra, 60 más 144 votos telemáticos, 204.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS COTIZACIONES DE LOS AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000080).


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en relación con las cotizaciones de los autónomos. Se vota en los términos de la enmienda
transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 249 votos telemáticos, 348; a favor, 39 más 113 votos telemáticos, 152; en contra, 60 más 135 votos telemáticos, 195; abstenciones, 1 voto telemático.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción consecuencia de interpelación urgente.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSEJO, DE 12 DE OCTUBRE DE 2017, POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COOPERACIÓN REFORZADA PARA LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA. (Número de expediente 121/000053).


La señora PRESIDENTA: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica de aplicación del Reglamento 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la
creación de la Fiscalía Europea.


Votamos, en primer lugar, el dictamen.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 248 votos telemáticos, 347; a favor, 60 más 137 votos telemáticos, 197; en contra, 39 más 104 votos telemáticos, 143; abstenciones, 7 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.


- VOTACIÓN DE CONJUNTO.


La señora PRESIDENTA: A continuación, se procede a la votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 98 más 249 votos telemáticos, 347; a favor, 61 más 137 votos telemáticos, 198; en contra, 37 más 104 votos telemáticos, 141; abstenciones, 8 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley orgánica.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIONES):


- REAL DECRETO-LEY 9/2021, DE 11 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE, PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE LAS
PERSONAS DEDICADAS AL REPARTO EN EL ÁMBITO DE PLATAFORMAS DIGITALES. (Número de expediente 130/000049).


La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado



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por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales a las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 249 votos telemáticos, 348; a favor, 60 más 135 votos telemáticos, 195; en contra, 39 más 112 votos telemáticos, 151; abstenciones, 2 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.


Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 248 votos telemáticos, 347; a favor, 99 más 221 votos telemáticos, 320; en contra, 26 votos telemáticos; abstenciones, 1 voto telemático.


La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


- REAL DECRETO-LEY 11/2021, DE 27 DE MAYO, SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA DEFENSA DEL EMPLEO, LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Número de expediente 130/000051).


La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 248 votos telemáticos, 47; a favor, 99 más 195 votos telemáticos, 294; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 52 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.


Se ha solicitado también la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 248 votos telemáticos, 347; a favor, 39 más 127 votos telemáticos, 166; en contra, 60 más 118 votos telemáticos, 178; abstenciones, 3 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


- REAL DECRETO-LEY 10/2021, DE 18 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA BORRASCA 'FILOMENA'. (Número de expediente 130/000050).


La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca Filomena.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 248 votos telemáticos, 347; a favor, 98 más 241 votos telemáticos, 339; en contra, 1 más 1 voto telemático, 2; abstenciones, 6 votos telemáticos.



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La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.


Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 248 votos telemáticos, 347; a favor, 39 más 112 votos telemáticos, 151; en contra, 60 más 126 votos telemáticos, 186; abstenciones, 10 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000021).


La señora PRESIDENTA: Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los excelentísimos señores diputados.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 248 votos telemáticos, 347; a favor, 98 más 246 votos telemáticos, 344; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 1 más 1 voto telemático, 2.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.


PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):


- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN AL OBJETO DE ANALIZAR EXPERIENCIAS DE REGULACIÓN DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL. (Número de expediente 158/000016).


La señora PRESIDENTA: Propuestas de creación de subcomisiones.


Propuesta de la Comisión de Sanidad y Consumo de creación de una subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 99 más 248 votos telemáticos, 347; a favor, 60 más 146 votos telemáticos, 206; en contra, 39 más 102 votos telemáticos, 141.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la propuesta.


Muchas gracias, señorías, se levanta la sesión.


Eran las tres y quince minutos de la tarde.