CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 11

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 10

celebrada el jueves,

20 de febrero de 2020

ORDEN DEL DÍA:


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


- Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros
privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. ('BOE' núm. 31, de 5 de febrero de 2020). (Número de expediente 130/000004) ... (Página2)

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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página2)


Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros
privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales ... (Página2)


La señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Calviño Santamaría) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno en contra de la convalidación interviene el señor Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores De Quinto Romero, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural, y Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Muñoz Dalda, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común; y los señores Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista.


Sometida a votación la convalidación del real decreto-ley de referencia, se aprueba por 182 votos a favor más 3 votos telemáticos, 185; 136 en contra y 18 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 332 votos a favor más 3 votos telemáticos, 335, y 4 abstenciones.


Se levanta la sesión a las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


- REAL DECRETO-LEY 3/2020, DE 4 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES POR EL QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL DIVERSAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN DETERMINADOS SECTORES; DE SEGUROS
PRIVADOS; DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES; DEL ÁMBITO TRIBUTARIO Y DE LITIGIOS FISCALES. (Número de expediente 130/000004).


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.


Comenzamos con el punto relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito
de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales. (Rumores).


Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (Continúan los rumores). Señorías, por favor, tomen
asiento y guarden un poco de silencio. Hemos reanudado la sesión plenaria. Muchas gracias.

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La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.


Señorías, comparezco hoy por primera vez en esta legislatura ante el Pleno para defender en nombre del Gobierno la convalidación del Real Decreto-ley 3/2020 de medidas urgentes, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública, en el ámbito tributario y de litigios fiscales, además de distribución de seguros, planes y fondos de pensiones. Es una norma que, como ha sucedido ya en anteriores
ocasiones desde que llegamos al Gobierno, responde a la urgente y extraordinaria necesidad de trasponer a nuestra normativa directivas europeas cuyo plazo se halla vencido desde hace más de un año. Con este real decreto-ley se da un paso más en la
labor de adaptación de nuestro marco normativo a la regulación comunitaria, un tema que hemos impulsado desde que llegamos al Gobierno, lo que redunda en esa mayor protección de los derechos de los ciudadanos y también en una mejora de las
posibilidades de nuestras empresas para competir en el mercado único, al beneficiarse de las mismas reglas del juego que el resto de compañías europeas. Creo que es importante que no nos relajemos en este trabajo constante de trasposición de
directivas porque el retraso mina la credibilidad y responsabilidad, la buena imagen de la que goza nuestro país y además acarrea la posibilidad de imposición de cuantiosas multas, y tenemos que evitar que el dinero de los contribuyentes españoles
se dedique a pagar multas por no haber actuado diligentemente en nuestras responsabilidades respectivas, de Gobierno y de Parlamento. Creo... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Vicepresidenta, espere un segundo, por favor. Les ruego silencio, por favor, hay un rumor constante y es imposible seguir a la oradora. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Como estaba diciendo, creo que es muy difícil explicar a la ciudadanía, de hecho creo que la ciudadanía no lo
comprendería, que como responsables públicos no hagamos todo lo posible por culminar estos trámites lo antes posible, sobre todo después del largo periodo que hemos estado en funciones, porque tenemos que seguir avanzando en estos asuntos y evitar,
como decía, que el dinero de los contribuyentes se dedique a pagar multas porque no hemos actuado con suficiente diligencia. Así que, por nuestra parte, estamos poniendo todo lo posible para desatascar cuanto antes estas cuestiones y que podamos
seguir centrando nuestros esfuerzos en resolver los problemas diarios de los ciudadanos.


En este real decreto-ley se trasponen hasta nueve directivas comunitarias del ámbito del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y también del ámbito del Ministerio de Hacienda. En primer lugar, se trasponen de manera
parcial tanto la Directiva de contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales como la Directiva de adjudicación de contratos de concesión. Ambas trasposiciones están vencidas
desde abril de 2016 y a punto de ser sentenciadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la posibilidad de una condena para España de casi 186 000 euros diarios, con efecto a partir de la fecha del pronunciamiento judicial. Esta parte
del real decreto-ley les sonará a muchos de ustedes ya que fue sometido a un amplio debate en el seno de la Comisión de Hacienda en la pasada legislatura. De hecho, el grueso de las modificaciones responden al informe que aprobó la ponencia en 2019
y que no pudo culminar su tramitación debido a la convocatoria de elecciones generales y la consecuente disolución de las Cortes. Con esta modificación se completa la normativa en relación con la contratación en los sectores estratégicos que he
mencionado anteriormente y los servicios postales por parte de las entidades del sector público que no son Administración pública y por parte de las empresas privadas con derechos especiales o exclusivos, así como los contratos de esos mismos
sectores para la concesión de obras y servicios. De este modo, España completa la trasposición del paquete de directivas comunitarias que en materia de contratación pública aprobó la Unión Europea en 2014 dentro de la denominada Estrategia Europa
2020, que persigue dar a la contratación pública un papel clave para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador garantizando un uso racional de los fondos públicos, mejorando la eficiencia del gasto de las administraciones y
facilitando la participación de las pymes.


Asimismo, este paquete de directivas parte de la premisa de que los poderes públicos pueden y deben utilizar la contratación para apoyar objetivos sociales, laborales y medioambientales compartidos dentro de la Unión, respetando los
principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad, libre competencia, integridad y respeto a esa unidad de mercado. Entre otras novedades, se introduce la contratación electrónica obligatoria para todas las fases
de los procedimientos con el

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objetivo de aumentar la eficiencia y la transparencia -a nadie se le escapa la importancia de esta medida-. Se da un mandato legal inequívoco a las entidades contratantes para que incorporen de manera transversal, tanto en la configuración
como en la sustanciación del procedimiento, consideraciones de naturaleza social, laboral, medioambiental y de apoyo a las pymes, obligándoles además a tomar medidas para garantizar que se respetan durante la ejecución de los contratos y pudiendo
incluso llegar a imponer penalidades por el incumplimiento. Se regulan por primera vez los conflictos de interés en este ámbito. Se regulan las consultas al mercado que las entidades contratantes pueden hacer tanto para planificar sus licitaciones
como para informar sobre sus planes de contratación. Se fija claramente cómo debe calcularse el presupuesto base de licitación. En la fase de adjudicación se sustituye el principio de la oferta económicamente más ventajosa por el principio de la
mejor oferta, determinada preferentemente con arreglo a criterios de relación calidad precio. Se exige que al valorar las ofertas en las licitaciones en las que se considera que debería primar la calidad, como los contratos de servicio de carácter
intelectual, los criterios cualitativos representen el 51 % o más de la puntuación. Se permite rechazar ofertas anormalmente bajas cuando se detecte que no se cumplen las obligaciones medioambientales, sociales o laborales. Se introduce la
obligación de la entidad contratante de trasladar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, o a la autoridad autonómica competente en la materia cualquier indicio fundado de conductas colusorias. Se fijan unos formularios
normalizados y simplificados para los anuncios de contratación pública. Se introduce un nuevo procedimiento de contratación de asociación para la innovación que pretende fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras sin cerrar el mercado. Se
amplía el ámbito de los contratos reservados a las empresas de inserción y la posibilidad de reservar el derecho a participar en licitaciones de contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones que ya vengan
prestando esos servicios y que reviertan sus beneficios en el logro de sus propios objetivos sociales. Se da la posibilidad de que las entidades contratantes recurran a centrales de compras, a sistemas dinámicos de adquisición o a subastas
electrónicas. Se regula la contratación conjunta esporádica de dos o más entidades y la contratación con entidades contratantes de otros Estados de la Unión Europea. En la fase de ejecución se impulsa también la introducción de consideraciones
sociales, laborales, medioambientales y de I+D, incluyendo las que fomentan la igualdad de género o favorecen la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación. Se elimina el límite del 60 % del importe de adjudicación en
las subcontrataciones y se regulan los pagos a subcontratistas y suministradores, así como la posibilidad de pagos directos a los subcontratistas. Se limitan los casos en los que se pueden modificar los contratos y se introduce una autorización
preceptiva del ministerio de tutela para modificaciones superiores al 20 % del precio inicial. Además, se permite la solución extrajudicial de conflictos y se incluye entre las causas de nulidad el incumplimiento grave del derecho comunitario y se
obliga a fijar claramente el objeto de los contratos para evitar fraccionamientos fraudulentos. De hecho, he visto que este tema ha generado una cierta polémica, quizá porque algunas de sus señorías no han comprendido bien el objeto de esta
modificación, así que permítanme detenerme un momento a explicarlo con mayor detalle.


Señorías, el objeto de la modificación del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público responde a las advertencias que desde la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y también desde otros ámbitos, en particular desde
numerosas entidades locales, vienen haciendo al Gobierno desde marzo de 2018 sobre el carácter desproporcionado de su actual redacción, particularmente en pequeños ayuntamientos donde hay un número limitado de potenciales licitadores, lo que puede
conllevar una restricción injustificada de la concurrencia. Porque prohibir a los posibles contratistas del sector público que suscriban más contratos menores que individual o conjuntamente superen los 40 000 euros en el caso de contratos de obra y
15 000 euros en el caso de contratos de servicios o suministros puede provocar en la práctica que no se puedan cubrir todas las necesidades de contratación en determinados lugares por falta de empresas suficientes. Es decir, algo que se hizo
pensando en evitar prácticas ilegales de fraccionamiento de los objetos de un contrato para disminuir las cuantías y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación, está en la práctica causando problemas
técnicos, porque puede darse el caso de que un mismo órgano de contratación celebre varios contratos menores, incluso con el mismo objeto, pero que no constituyan una unidad de ejecución ni en lo económico ni en lo jurídico y que, por tanto, no sea
un fraccionamiento ilícito. Este Gobierno es consciente de este problema desde hace tiempo y, de hecho, ya habíamos introducido esta modificación legal en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Como este proyecto de ley no
salió adelante, es urgente aprovechar la ocasión de este real decreto-ley para resolver esta situación cuanto antes y, por eso, el real decreto-ley que traemos a convalidación hoy propone una modificación del mencionado

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artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público para, manteniendo la prohibición de fragmentación del objeto del contrato con fines fraudulentos, evitar que dicha disposición tenga como efecto restringir la concurrencia o perjudicar a
la necesaria agilidad en este tipo de contratación menor. En concreto, lo que se propone es sustituir la limitación de la posibilidad de contratar por encima de una determinada cuantía por la obligación de que el órgano de contratación emita un
informe justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto para evitar la aplicación de los requisitos de publicidad y control previstos en la ley. Señorías, que quede claro, tanto la nueva redacción del
artículo 118 como el artículo 99 de la Ley de contratos mantienen de manera explícita e inequívoca la prohibición del fraccionamiento fraudulento del objeto del contrato.


Pasando el ámbito de la distribución de seguros, este real decreto-ley traspone totalmente la Directiva de Distribución de Seguros, cuyo plazo venció el 1 de julio de 2018, que persigue la armonización de las disposiciones nacionales
relativas al acceso y ejercicio de esta actividad de distribución de servicios con la finalidad de garantizar el máximo nivel de protección a los clientes de seguros, que esta protección sea igual con independencia del canal comercial a través del
que se adquiera el producto y que haya la máxima transparencia en la actividad. Las principales novedades que se incorporan a nuestra legislación son, en primer lugar, que a partir de ahora se considerará distribuidor de seguros no solo a los
mediadores tradicionales como agentes o corredores, sino también a las propias entidades aseguradoras y reaseguradoras cuando vendan directamente a través de sus empleados, así como a otros participantes en el mercado que distribuyan productos con
carácter auxiliar, como las agencias de viaje o las empresas de alquiler de vehículos, que tendrán la consideración de mediadores de seguros complementarios, o a los operadores de banca seguros que venden este producto a través de las redes
bancarias. Con ello se pretende establecer condiciones de competencia equitativas y también garantizar a los ciudadanos un nivel adecuado de protección, sea cual sea el canal de distribución.


En segundo lugar, se prevé que los agentes y corredores de seguros puedan utilizar sitios web y otras técnicas de comercialización a distancia para proporcionar a sus clientes información comparando precios o coberturas de un número
determinado de productos de diversas compañías al regularse la actividad de los llamados comparadores de seguros.


En tercer lugar, se armonizan y refuerzan los requisitos de formación y competencia profesional de todas las personas que participen en la distribución de seguros; esto es esencial para garantizar que los agentes, corredores y empleados de
entidades que comercializan seguros tengan conocimientos profesionales acordes con el nivel de complejidad y naturaleza de esta actividad.


En cuarto lugar, se obliga a los mediadores a acreditar que los fondos pertenecientes a clientes son transferidos a través de cuentas completamente separadas del resto de recursos económicos del mediador. Es una garantía adicional para que
los mediadores tengan cuentas separadas para sus clientes en la gestión de las cantidades recibidas o abonadas y el resto de su actividad profesional. Se refuerza el deber de información al cliente para mejorar su protección, estableciéndose
requisitos adicionales en particular en relación con la distribución de productos de inversión basados en seguros, como los unit linked, buscando prevenir y evitar potenciales conflictos de interés. Para ello se deberá informar de todos los costes,
gastos y riesgos que el cliente asume en los productos de inversión.


En quinto lugar, será obligatorio también recabar información sobre los conocimientos financieros del cliente en su experiencia y proporcionarle una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión, advirtiéndole si se
considera que ese producto no es adecuado a su perfil. Yo creo que es fundamental que los ciudadanos estén bien informados sobre los productos que están adquiriendo, garantizar que se evitan conflictos de interés; por ejemplo cuando se están
vendiendo productos que pueden ser poco adecuados para el cliente pero que sin embargo son los que más comisión pueden dar al mediador y, por eso, también los corredores de seguros y los intermediarios en general deberán informar al cliente sobre
las comisiones que reciban de las empresas aseguradoras.


En sexto lugar, se introduce en este ámbito el concepto de ventas combinadas y vinculadas con la obligación para el distribuidor de seguros de informar al cliente cuando el contrato de seguro se ofrece conjuntamente con servicios o productos
auxiliares. También hay que informarle de si los distintos componentes pueden adquirirse separadamente y los correspondientes justificantes de costes y gastos de cada componente individual. De esta manera, el cliente antes de contratar cada
producto tendrá que recibir información expresa y comprensible sobre los efectos que la no contratación o la cancelación anticipada de cada uno de estos productos puede tener sobre el coste total.

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Otra novedad importante es que se establecen requisitos respecto a la gobernanza de los productos, es decir que los distribuidores que diseñen sus productos de seguros tienen que hacer un proceso interno y ser responsables de saber para qué
tipo de clientes se están diseñando esos productos, tienen que hacer un proceso de aprobación y control incluyendo la identificación del público objetivo. Se refuerza el régimen de infracciones y sanciones, se establecen procedimientos para
canalizar las denuncias y, finalmente, se refuerzan los poderes de supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, estableciéndose un mecanismo de comunicación entre los supervisores europeos para mejorar la protección de los
usuarios de los servicios de seguros privados ante el ejercicio de la distribución internacional de los mismos. Todas estas modificaciones, señorías, responden a lo dispuesto en la directiva comunitaria y, como les decía antes y como han podido ver
en mi exposición, es una mejora sustancial de la protección de los clientes de seguros.


Junto a la trasposición de esta directiva, este real decreto-ley también transpone parte de la Directiva de los fondos de pensiones de empleo, que necesita incorporarse con rango de ley. El plazo de esta trasposición venció el 13 de enero
de 2019 y requerirá de un desarrollo complementario para darse por traspuesta completamente. Los fondos de pensiones de empleo son aquellos en los que los promotores son empresas y los partícipes sus trabajadores, y sirven para articular
compromisos por pensiones para la jubilación que las empresas adquieren en virtud de los acuerdos con sus trabajadores. Así, esta directiva introduce novedades y modificaciones en diferentes aspectos de la regulación de los fondos de pensiones de
empleo en su actividad transfronteriza, en las normas de inversión aplicables, en el sistema de gobierno, en la información, etcétera. El objetivo último, al igual que el anterior, es impulsar la competitividad de este sector y crear un mercado
único de ámbito europeo, protegiendo el interés de los clientes. Para adaptar nuestro marco jurídico a esta nueva realidad es necesario modificar el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones aprobado en 2002 en el
siguiente sentido.


En primer lugar, se establecen requisitos generales de gobierno, aptitud, honorabilidad, política de remuneración, funciones clave, políticas escritas y externalización para fortalecer el sistema de gobierno de los fondos de pensiones y en
última instancia mejorar la protección de los partícipes y beneficiarios. En definitiva, se trata de que los fondos de pensiones se gestionen de una manera adecuada para garantizar la buena gestión del ahorro acumulado por los trabajadores. En
segundo lugar, se mejora la información que se debe facilitar a los partícipes de este tipo de productos, así como a sus beneficiarios, tanto antes como después de suscribir el plan de pensiones, para aumentar su grado de protección. El real
decreto-ley regula los principios que han de regir estas obligaciones de información: información general, información específica a los partícipes potenciales, información a los partícipes durante la fase previa a la jubilación e información a los
beneficiarios durante el periodo de percepción de la pensión. En tercer lugar, el real decreto-ley introduce normas relativas a la supervisión prudencial de los fondos de pensiones, especialmente en lo relativo a la transparencia, los
procedimientos de inspección, el deber de secreto profesional y el intercambio de información, y también establece mejoras en la regulación de la actividad transfronteriza de estos fondos de pensiones de empleo dentro del mercado único europeo. Se
perfecciona la actual ordenación, de modo que un fondo de pensiones de empleo situado en un Estado miembro pueda integrar planes de pensiones de empleo de otros Estados miembros, una medida que está pensada principalmente para los trabajadores de
empresas multinacionales, de modo que puedan tener un único fondo de pensiones con planes en los diferentes países donde tienen trabajadores. Por otra parte, se regula por primera vez la movilización de planes de pensiones entre fondos de distintos
países, estableciendo un procedimiento de autorización previa por parte de las autoridades competentes del Estado miembro del fondo transferente y del Estado miembro del fondo receptor, con el fin de reforzar los derechos de los trabajadores y
favorecer la competencia entre entidades gestoras. La no convalidación de este real decreto-ley, al igual que ocurría con la parte que se refiere al Ministerio de Hacienda, supondría seguir acumulando retrasos, supondría la imposición de una multa
a nuestro país. En este caso, de hecho, dado que se aplica un nuevo procedimiento de cálculo de las multas, estamos hablando de una sanción a tanto alzado ya acumulada superior a los 32 millones de euros, que se seguiría incrementando a razón de
más de 193 000 euros diarios a partir de ahora.


Finalmente, este real decreto-ley también incorpora parcialmente la normativa de fomento de implicación a largo plazo de los accionistas en lo que se refiere al sector asegurador y de fondos de pensiones. En breve traeremos a esta Cámara
otros proyectos normativos relativos a esta participación o implicación a largo plazo de los accionistas. Para ello se modifica la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradores de 2015 para introducir dos
nuevos artículos

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que mejoran el gobierno corporativo y las políticas de inversión de las aseguradoras y reaseguradores. A nadie se le escapa el papel importante que estos operadores tienen dentro de la inversión a largo plazo en nuestro país. También se
incorporan las necesarias adaptaciones en el texto refundido de la Ley de planes y fondos de pensiones. Concretamente, se hace referencia al desarrollo y publicación de una política de implicación como inversoras institucionales en la que se
describa cómo se implica la entidad como accionista en su estrategia de inversión en sociedades cotizadas y, en segundo lugar, se modifican las exigencias de difusión de información sobre los elementos principales de la estrategia de inversión y
coherencia con el perfil y duración de los pasivos, especialmente los de largo plazo. Así podremos conocer mejor las estrategias y las inversiones de las entidades aseguradoras y de los fondos de pensiones de empleo en sociedades cotizadas, ver
cómo se alinean con sus políticas generales, cómo se encuadran dentro de sus políticas de gobierno corporativo y el alineamiento también con el pasivo de las entidades. Por último, también se recogen en la Ley de ordenación, supervisión y solvencia
de entidades aseguradoras y reaseguradores las previsiones del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros que entró en vigor el pasado mes de septiembre para eliminar la exigencia de
presencia local en la actividad reaseguradora.


La sexta directiva que se traspone con el presente real decreto se refiere a la armonización y simplificación de determinadas normas del régimen del IVA en la imposición de los intercambios entre los Estados miembros, con el objetivo de
seguir avanzando en la prevención del fraude fiscal. En este sentido, la Comisión Europea ya ha presentado su propuesta destinada a establecer los elementos de un régimen definitivo del IVA en el comercio intercomunitario para superar el régimen
transitorio de tributación en destino, que nos rige desde el principio, pero como previsiblemente todavía se tardará varios años en acordar este diseño definitivo, se ha considerado oportuno lograr un tratamiento armonizado en todos los distintos
Estados miembros de determinadas operaciones, para conseguir una tributación simplificada y uniforme, ya que hasta ahora había interpretaciones divergentes de la normativa. Así, se simplifica en todos los Estados miembros la tributación de las
operaciones intracomunitarias de los denominados acuerdos de venta de bienes en consigna, que son acuerdos celebrados entre empresarios o profesionales para la venta transfronteriza de mercancías, en los que un empresario envía bienes desde un
Estado miembro a otro de la Unión Europea para que queden almacenados a disposición de otro empresario o profesional que puede adquirirlos posteriormente. El mismo procedimiento simplificado se aplica también a las entregas en cadena. Para mejorar
el control de todos estos procedimientos y luchar contra el fraude en las operaciones intracomunitarias, se refuerzan los requisitos para la aplicación de la exención en las entregas intracomunitarias. Por ejemplo, será necesario disponer de un
NIF-IVA atribuido por un Estado miembro para poder beneficiarse de este régimen simplificado, y además habrá que llevar libros registros específicos para estas operaciones que deberán subirse -por decirlo coloquialmente- a la sede electrónica a
partir del 1 de enero del año próximo.


Una séptima directiva que se traspone es la que incluye el municipio italiano de Campione d'Italia y las aguas italianas del lago de Lugano en el territorio aduanero de la Unión a efectos de los impuestos especiales. Y por último, se
modifica la regulación del impuesto sobre la renta de los no residentes para trasponer la Directiva sobre mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, armonizando así el marco de resolución de procedimientos amistosos y
reforzando la seguridad jurídica. En concreto, se prevé la posibilidad de denegar el acceso al procedimiento de resolución regulado en la directiva cuando concurra la imposición de sanciones por fraude fiscal, impago deliberado o negligencia grave,
y se elimina también la excepción relativa al devengo de intereses de demora, que se seguirán acumulando durante la tramitación de los procedimientos amistosos que se inicien a partir de ahora.


Señorías, como ven, se trata de un real decreto-ley muy técnico, que traspone de manera fiel y directa las nuevas exigencias que emanan de la normativa comunitaria. Se trata de normas que acumulan grandes retrasos, por los que nuestro país
puede sufrir cuantiosas multas en caso de no cumplir con nuestras obligaciones de trasposición. Por eso, lo hemos traído con carácter urgente a este Parlamento, para garantizar cuanto antes también la adecuada protección de los derechos de los
ciudadanos y operadores económicos y evitar la imposición de las posibles sanciones. En cualquier caso, en aras de mejorar cualquier aspecto en el que los grupos parlamentarios tengan todavía dudas, este real decreto-ley se tramitará como proyecto
de ley, dando así continuidad a la profunda negociación de la pasada legislatura.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, vicepresidenta del Gobierno.


Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. En representación de dicho grupo, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.


El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, buenos días. Señora Calviño, buenos días.


Subo a esta tribuna para defender la posición del Grupo Parlamentario Popular, que ya ha anunciado su voto en contra, y voy a explicar los motivos.


Señora Calviño, aún resuenan en esta sala las palabras del presidente del Gobierno, el señor Sánchez, cuando en la moción de censura dijo que iba a hacer de este Parlamento el centro del debate político. Le recuerdo que este Parlamento hace
leyes, es una de las cuestiones fundamentales, y hoy una vez más el Gobierno invade las competencias del Parlamento y nos trae un macro real decreto-ley que, nada más y nada menos, traspone seis directivas, casi 260 páginas. Ustedes han tenido que
coordinarse y al final comparece usted cuando hay una parte que corresponde a Hacienda. Eso da igual, pero lo que ya nos cuesta entender es la excusa que usted ha argumentado. Decía que urge porque alguien no hizo los deberes. Evidentemente, el
Gobierno anterior fue del Partido Popular y yo me doy por aludido. También dice que nadie entendería que se votara en contra. ¡Qué argumentos, señoría, qué argumentos! ¿Sabe que ustedes llevan gobernando dieciocho meses y no han traído esto para
evitar las sanciones? ¿Sabe usted -porque lo ha dicho- que la ponencia estaba acabada? Ustedes estuvieron nueve meses en el Gobierno; podrían haber convocado la Comisión de Hacienda y no lo hicieron y estaría traspuesta la directiva sobre
contratos excluidos. ¿De quién es responsabilidad esto, señora Calviño? De ustedes; ahora le explicaré por qué.


Además, han abusado del real decreto-ley: veintiocho en nueve meses. ¿Por qué no trajeron uno más? ¿Qué más daba? Su obsesión por los decretos leyes está contrastada; los utilizaron hasta para el dopaje electoral. ¿Se acuerda de los
famosos viernes sociales? No paraban, uno tras otro, con recursos públicos haciendo campaña electoral; usando y abusando de los recursos públicos hasta el extremo de que el señor Sánchez es el primer presidente condenado por uso indebido de
recursos públicos en campaña electoral. Mire, las razones verdaderas de este real decreto-ley es su incapacidad de forjar acuerdos con todos los grupos que sostienen al Gobierno. Tienen ustedes una situación económica, a pesar de que ayer el señor
Sánchez -no sorprende ya a nadie- saliera riéndose y diciendo que volvemos a ser los campeones de la economía, en la que se han encendido todas las alarmas, y son incapaces de traer un presupuesto a esta Cámara. Llevan ustedes viviendo del
presupuesto del señor Montoro casi tres años. Eso sí que es urgente, y ustedes son incapaces de hacerlo. Esa es la verdadera razón. ¿Y sabe cuál es la otra razón? Le decía que una de las funciones fundamentales de esta Cámara es la legislativa,
producir leyes, eso tiene un trámite, y el trámite fundamentalmente pasa por la emisión de informes. Y ustedes con este real decreto-ley sencillamente se saltan esos informes porque con la modificación del artículo 118 los habrían puesto de vuelta
y media, porque es inexplicable, señorías, el retroceso que supone la modificación de ese artículo 118. Cuando el señor Sánchez dice aquello de que la ley no basta, mi grupo parlamentario realmente se preocupa. La ley, señorías, es la pieza clave
de cualquier democracia y de todo el procedimiento legislativo y, por lo tanto, es difícil entender esa invasión que permanente y constantemente se está produciendo por parte del Ejecutivo en el Legislativo.


Y ahora vamos al real decreto-ley, porque usted ha hecho un juego de medias verdades que es lo peor que se puede hacer en la vida, fundamentalmente porque se miente. Ustedes faltaron a la verdad en el texto del real decreto-ley, y hoy usted
por segunda vez -como decía Machado, al final decir medias verdades supone mentir dos veces- ha vuelto a faltar a la verdad. Le voy a hacer un recordatorio que es básico para entender esto y que realmente a ustedes les deja muy mal. Usted ha
dicho: nadie entendería que, ante la amenaza de una sanción, se votara en contra. Pues mire, esta iniciativa que se traspone hoy vino en noviembre de 2016 junto con el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Las dos ponencias se abrieron
a la vez y fue a instancia suya y de otro grupo parlamentario el solicitar que la regulación de contratos de sectores excluidos, agua, energía, lo que hoy se traspone, no se habilitara o empezara a funcionar hasta que no acabara la tramitación de la
Ley de Contratos del Sector Público fundamentalmente porque le afectaba tanto que no tenía ningún sentido caminar para luego deshacer el camino. Se estuvo doce meses negociando de forma muy dura, señoría. Se aprobó la Ley de Contratos del Sector
Público, pues bien, pocos días después, el 15 de febrero, se convocó a la ponencia del proyecto de ley que hoy se transpone. Se aprobaron el 80 % de las enmiendas en la primera ponencia; en la segunda solo quedaban

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dos cuestiones por resolver: AENA Puertos y algo, señoría, por lo que usted ha pasado hoy aquí de rositas como si no pasara nada, que era la devolución del IVA de las televisiones públicas, algo que no tenía nada que ver con esta ley,
absolutamente nada. Cerramos el texto de la ponencia, solo quedaba convocar la Comisión y, créame, fueron muchos los intentos que hice por convencerles -y bien lo saben todos aquellos que estaban en la ponencia- para convocar la Comisión y poder
aprobar este proyecto de ley, precisamente por la amenaza de sanciones que se cernían de la Unión Europea. ¿Sabe cuál fue la contestación de su grupo parlamentario y del otro grupo que hoy no está aquí, de Podemos? Que o había 1300 millones,
señorías, para devolver el IVA de las televisiones o no había ley. Tres meses, señoría, en ese debate, cuando se cernían las sanciones. Por cierto, le voy a decir algo: pedir responsabilidad aquí porque nos amenazan con sanciones cuando resulta
que por el decreto de la estiba -no sé si usted lo recuerda- ya nos estaba sancionando Europa y ustedes se opusieron a la aprobación del real decreto-ley, junto con toda la izquierda de esta Cámara, pues la verdad, señoría, créame que es difícil
entender cómo ustedes son capaces de decir una cosa y la contraria en el mismo minuto. Sorprendernos no nos sorprende porque el señor Sánchez es en esto un maestro, pero la verdad es que es bastante complicado.


Ahora vamos a la otra cuestión nuclear. Al final ustedes se autoenmiendan permanentemente, pero el problema es que no lo explican. Hoy, por qué no está el IVA, que era una cuestión nuclear tanto para Podemos como para el Partido
Socialista. Yo entiendo lo de Podemos, al final los coches oficiales y poder utilizar un ministerio para celebrar un cumpleaños apacigua mucho en ese ímpetu reivindicativo. Les recuerdo que en aquellos días había un concurso a ver quién era más
radical, a ver quién planteaba una oposición más dura al Partido Popular. Ahora la moqueta, el sillón, la piel, insisto, hace olvidar muchas cosas; ya no se asalta el cielo, con asaltar despachos ya vale.


Ahora vamos a la otra rectificación que, créame, nos preocupa, es la disposición final primera que modifica el artículo 118, que ha sido su obsesión desde que está en el Gobierno, ya es la tercera modificación que plantea. Pero ampararse en
la urgencia del real decreto-ley para colar esto es impresentable, permítame que se lo diga, porque ustedes han evitado todos los informes que los hubieran puesto de vuelta y media. El artículo 118 fue una imposición de Podemos y del Partido
Socialista, no sé si usted lo sabía. La propuesta de Podemos hacía inviable el contrato menor y la propuesta del Partido Socialista, ¿sabe cuál era? Que un contratista que realizara un contrato menor con la Administración ya no podía realizar dos
en el mismo año. Y por si fuera poco, querían que cada mes se publicaran todos los contratos menores. Ustedes hicieron bandera, junto con Podemos, del contrato menor para la lucha contra la corrupción, eso de lo que ustedes hablan aquí permanente
y constantemente. Era el centro nuclear de la ley, no les importaba otra cosa; el contrato menor como medida para combatir la corrupción. Y hoy plantean con este real decreto-ley que se abran las puertas a la corrupción, porque usted dice: hay
ayuntamientos que no pueden contratar, los pequeños. El Grupo Parlamentario Popular ya se lo advirtió en aquella ponencia y les propuso hacer una doble regulación para los municipios pequeños. Ustedes no quisieron ni oír hablar de aquello. Puede
que mi opinión no sea relevante, pero cuando resulta que el Tribunal de Cuentas, en un informe que acaba de hacer, pone de vuelta y media a todos los ayuntamientos grandes de España, fundamentalmente los gobernados por Podemos, por el uso y abuso
que han hecho del contrato menor; cuando se han disparado exponencialmente; cuando usted tiene a la OIReSCON, la oficina de responsabilidad en la contratación, que dice que el 90 % de los contratos en las comunidades autónomas son menores; cuando
tiene a la Junta Consultiva de Contratación que también hace informes y dice igualmente que se han disparado los contratos menores; señoría, cuando todo el mundo lo está advirtiendo; incluso el Observatorio de Contratación Pública le advierte de
que es un retroceso clarísimo en la lucha contra la corrupción; el hecho de derogar el artículo 118 en la manera que ustedes lo plantean y abrir la posibilidad de que el contratista pueda seguir haciendo contratos sin límites, es un planteamiento
realmente difícil de entender y saber por qué lo hacen. En mi grupo estábamos tentados de pensar que la señora Colau es la especialista en el 14 999, es decir, cómo afina los contratos la señora Colau por 39 999 para sortear la ley; se han
disparado los contratos en el Ayuntamiento de Barcelona. No sé, señoría, si es una imposición, pero, en cualquier caso, como se me acaba el tiempo, le voy a decir varias cosas más. Usted hacía mención a la posibilidad de que los subcontratistas
puedan acudir directamente a las empresas. ¿Es usted consciente de que con esta modificación y, si se incluye en los pliegos de condiciones, condenan a los contratistas a irse a 200 días? Es que Podemos y el PSOE, que impusieron el pago directo de
la Administración a los contratistas y subcontratistas, se cargan el artículo 1597 del Código Civil; son cosas inexplicables. Y confundir, señoría, el contrato menor con lo que son los anticipos de caja ya es de nota.

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La señora PRESIDENTA: Señor Suárez, tendría que terminar, por favor.


El señor SUÁREZ LAMATA: Sí, señora presidenta.


Nosotros vamos a votar que no a este real decreto-ley, y lo vamos a hacer fundamentalmente por tres cosas: porque es un fraude de ley, señorías, haber colado el artículo 118, porque abre las puertas a la corrupción y porque no estamos
dispuestos a permitir más que el Ejecutivo invada al Legislativo, como viene haciendo.


Nada más y muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta. (Denegaciones de la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Calviño Santamaría, hace signos negativos).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar interviene el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días, señoras y señores diputados. Perdonen que me haya retrasado un poco al subir a la tribuna, pero me resulta insólito que el Gobierno no haya replicado al turno en contra en un real decreto-ley. (Aplausos).


Señora vicepresidenta tercera, hablaba su señoría al comienzo de la intervención de la merma de credibilidad que supone que no se haga una trasposición a tiempo de las directivas europeas y que eso deriva en retrasos y sanciones. Señora
Calviño, por favor, no nos endose a las Cámaras la tarea que le corresponde al Gobierno, no nos lo endose. El peor reproche que se le puede hacer a un Gobierno democrático es que no crea en el Parlamento, y su Gobierno no cree en las Cortes, no
cree en la principal función de este Parlamento, no cree en el trabajo principal del Congreso y del Senado, que no es otro que legislar. No sé si usted es aficionada al fútbol, pero los aficionados al fútbol sabrán lo que es el catenaccio. El
catenaccio es el antifútbol, las trabas, el antijuego, destruir el partido. Ustedes practican el catenaccio legislativo, señora vicepresidenta tercera. Si las cuentas no me fallan, esta es la quinta vez que usted sube a la tribuna a defender la
convalidación de un real decreto-ley; las cuatro anteriores fueron durante la XII Legislatura y fueron convalidados con mi voto. Yo -permítame la expresión- la tenía a usted como una rara avis en el Gobierno, una persona rigurosa, a la que
acompañaba una trayectoria en el ámbito comunitario y que, además, se distinguía de otros miembros del Gobierno, que utilizaban el mecanismo del real decreto-ley para colar de todo. Recuerdo que la entonces ministra de Transición Ecológica, hoy
vicepresidenta, y la ministra de Industria colaron a finales de 2018 dos deleznables reales decretos-leyes que han hecho estragos en mi tierra. Dicho esto, señora Calviño, usted que practicó la liturgia comunitaria, que domina el 'bruselés', el
idioma comunitario, no debería haberse prestado jamás a este real decreto-ley que es un coladero. Ha sucumbido a las prácticas y a las triquiñuelas del Gobierno sanchista, basta ver el copioso índice de libros, títulos, artículos, capítulos y
disposiciones que jalonan este complejísimo real decreto-ley que nos trae esta mañana. Usted emula las malas prácticas de sus compañeros, trata de burlar a la oposición.


Y no quiero, señora presidenta, desaprovechar mi paso por la tribuna para denunciar el bloqueo a la oposición realizado ayer en esta casa con la comparecencia simultánea en dos Comisiones diferentes de dos ministras que se interrelacionan en
su trabajo. No es la primera vez que ocurre y eso significa bloquear la oposición. Eso significa...


La señora PRESIDENTA: Señor Martínez, el debate no es con la Presidencia del Congreso de los Diputados (aplausos) y, además, se le ha acabado el tiempo.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Efectivamente, no es con usted, pero quiero dejar constancia de que lo que aquí se está produciendo esta mañana no deja de ser una burla al control de la oposición, la misma que se hizo ayer por la tarde en esta
casa.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Mazón Ramos.

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El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.


Buenos días, señorías. Este real decreto-ley está totalmente justificado, la urgencia es ineludible. No se trata de ver las causas del retraso, sino de mirar hacia delante porque desde luego la trasposición de las directivas en la línea
que se nos presentan es urgentísima, especialmente por lo que se refiere al sector de seguros, una institución muy social -yo diría que muy socialista- porque das cuando no lo necesitas y recibes cuando lo necesitas, pasa lo mismo con los planes de
pensiones. Luego, bienvenida esta regulación que, además, intenta evitar los abusos que se están produciendo.


En cuanto al resto de normas, ha sido usted muy convincente y no hay mucho más que decir. Y respecto a lo que ya no es de urgencia y de trasposición de directivas, la modificación de contratos, los contratos menores, yo soy beligerante con
este artículo. Puedo decir que en mis tiempos de consejero tuve algo que ver y, además, hay una cosa que ha pasado desapercibida y no solo en los contratos menores porque también afecta al anticipo de caja fija, que es algo que está en el día a día
no solo en los pequeños ayuntamientos, también en los grandes. Afecta al billete de avión, a la gasolina, al tique. Esta regulación es bienvenida y nosotros la propusimos a la Junta Consultiva de Contratación.


Respecto a los contratos menores, se pretende ir contra la corrupción y realmente es peor. En primer lugar, la norma no se cumple, hay un incumplimiento total y una ley que no se cumple origina corrupción. Otro aspecto es empezar a exigir
controles y papeles. ¿Qué ocurre? Que el que la quiere hacer la hace y el corrupto está más blindado todavía porque cuando le acusan, dice que tiene todos los papeles porque ya se ha encargado él de hacerlos bien. Es incomprensible que los
empresarios se queden tan tranquilos cuando no se puede contratar más que una vez al año con su primer cliente. Eso da origen a otro tipo de corrupción, que son los acuerdos entre empresas, ir al ayuntamiento de al lado o a la otra comunidad, crear
empresas con distintos nombres. Otra cosa es la desconfianza con los gestores públicos. La mayoría de los gestores públicos son honrados y gestionan bien, y este día a día causa una serie de inconvenientes que habría que eliminar. Por eso,
bienvenida sea esta nueva regulación, es urgente y necesaria. No solo debería tener el apoyo de toda esta Cámara, sino que tienen el apoyo de todas las instituciones, ayuntamientos, juntas vecinales, comunidades autónomas y organismos autónomos.
En todos los sitios hay un clamor contra este artículo. Hay que mejorar la gestión, hay que confiar en los gestores y la burocracia tiene que ser la necesaria. Por tanto, yo soy el primero que da su apoyo total a que lo hayan incluido en este real
decreto-ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señora presidenta.


Egun on, buenos días. La verdad es que me sorprenden algunas afirmaciones que ha hecho usted hoy aquí, señor Suárez, y luego se las comentaré. Hoy debatimos el Real Decreto-ley 3/2020, por el que se trasponen al ordenamiento jurídico
diversas directivas de la Unión Europea. Como bien ha dicho la ministra, viene motivado por el cumplimiento de la obligación de trasponer las directivas y por la consiguiente sanción por parte del Tribunal de Justicia Europeo. Es una trasposición
que permitirá cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión. Como bien ha dicho la vicepresidenta, son unas directivas acerca de la contratación pública, seguros privados, planes y fondos de pensiones, ámbito tributario y
litigios fiscales. Este grupo -lo tengo que decir- en los últimos años ha criticado tanto el retraso en las trasposiciones como el uso del real decreto-ley, porque entendíamos que no se podía afirmar la concurrencia de extraordinaria urgencia, ya
que las directivas conllevan una situación muy previsible porque tienen unas fechas de trasposición. En este sentido, se debería dejar de utilizar a Bruselas como una amenaza. La no trasposición, también lo ha dicho la ministra, demuestra una
falta de agilidad, incluso yo diría desidia, y es que según un informe elaborado por el Consejo General de Economistas, España tarda una media de doce meses más que el resto de los países miembros en trasponer las directivas europeas. Por otro
lado, también hay que decir que la vicepresidenta, Nadia Calviño, heredó una mochila con numerosas directivas que estaban sin trasponer y, desde luego, celebramos su disposición para finiquitar estos retrasos, así como para trasponer en plazo las
que se adopten en Europa, aunque en algunos casos haya sido o vaya a ser a través del real decreto-ley. En cuanto al coste, como usted ha dicho, no es de recibo ni es responsable pagar multas por algo que no hace el Gobierno.


Lo que no entendemos hoy aquí es el uso de un solo real decreto-ley para convalidar directivas tan distintas, lo que obliga a cada grupo a posicionarse en materias diferentes y les puede llevar en algunos

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casos a votar en contra, incluso, a una abstención. No nos parece una buena práctica legislativa. Siempre hemos entendido que las trasposiciones de las directivas deben realizarse otorgando a los grupos la capacidad de debatir y opinar
acerca de las materias de las que traen causa, con el fin de lograr una mejor adaptación a las mismas. Aquí parece que hoy se va tramitar esa trasposición también como proyecto de ley y avanzo que nosotros votaremos a favor, pero nos parece extraña
la forma en que lo han traído la Cámara, sobre todo porque hay una trasposición que ha recogido prácticamente el trabajo que se hizo en la ponencia de los sectores excluidos y, por otro lado, se han incorporado enmiendas que ni tan siquiera se han
debatido en la parte de seguros. En materia tributaria entendemos que ni siquiera haría falta un proyecto de ley porque al final es una norma muy técnica y no tiene mayores problemas. Decía que es extraño porque es verdad que la contratación
pública fue un proyecto elaborado por el PP, que fue trabajado en ponencia donde se incorporaron la mayoría de las enmiendas con un amplio consenso. Y es verdad que quedó en el aire porque quedaban dos enmiendas pendientes de transaccionar; una
relativa a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a los expedientes de los contratos menores, y otra -como usted también ha dicho, señor Suárez- relativa a las deducciones del IVA de las televisiones. Pero es que
además, usted también estaba a favor de cambiar ese artículo 118 sobre contratos menores. Y es verdad que recibimos un correo electrónico en el que usted nos decía que, dado que la Comisión de Hacienda estaba a la vuelta de la esquina y con el
ánimo de cerrar posibles problemas que estaba generando la ley sobre contratos menores, nos adjuntaba una serie de mejoras técnicas en este sentido. Por lo tanto, todos los grupos estábamos de acuerdo en que había que cambiar ese artículo 118, la
única discrepancia que hubo fue en cuanto al IVA de las televisiones autonómicas, tema en el que ustedes estaban en contra. Es verdad que venía de una enmienda del Partido Socialista que también defendía Podemos en aquel momento, y los demás grupos
políticos queríamos que la Ley de Contratos Públicos se modificara en este sentido, no con efecto retroactivo, sino de cara al futuro. Eso fue así, pero ustedes estaban a favor de la modificación de esa ley de contratos menores. En la parte
relativa a materia tributaria o fiscal, se trata de una norma técnica y nosotros ya hemos dicho que no plantea mayor problema y no hacía falta tramitarla como proyecto de ley.


En cuanto a la directiva sobre seguros, es una trasposición que trata de garantizar la protección de los derechos de los tomadores asegurados y beneficiarios por contratos de seguros y promover la libertad de contratación. Tenemos que decir
que también este proyecto de ley se publicó el 21 de mayo de 2018, el plazo de enmiendas termino en septiembre de 2018, enmiendas que no se tramitaron por la convocatoria de elecciones. Sin embargo, tengo que decir que sí se han recogido algunas de
ellas en este proyecto o en esta trasposición, a pesar de que no hayan sido debatidas por los partidos políticos; enmiendas que además son más de cuestión técnica y no tanto de fondo. Nosotros vamos a votar favorablemente su tramitación como
proyecto de ley si es que se da el caso, pero también entendemos que lo que subyace aquí es que si se tramita como proyecto de ley, a lo mejor es porque no tienen el apoyo suficiente de la Cámara. Están en un Gobierno de coalición y no en todos los
casos tienen los apoyos garantizados para los proyectos normativos. Por tanto, les vamos a pedir que por lo menos dialoguen, negocien y acuerden antes de traerlos a la Cámara. Tengo que decir que es verdad que con nosotros sí se habló de esta
macrotransposición, pero también es cierto que hemos tenido un escaso margen para estudiarla. Por ello le voy a solicitar un añadido, que cuando hablen con los grupos pequeños nos den un margen mayor.


En cuanto a la parte de seguros, quiero decir que el PSOE solo presentó una enmienda que está incorporada en el texto, el PP no presentó enmiendas, Podemos incluyó dos párrafos de una sola enmienda, de Ciudadanos, siete -unas cuantas son de
Unespa-, de Esquerra y del Grupo Parlamentario Mixto alguna parte y del Partido Nacionalista Vasco ninguna, así que ahora tendremos una oportunidad mejor para poder convencernos y desde luego introducir alguna enmienda.


Como le he dicho, nosotros votaremos a favor de la convalidación, así como de la tramitación como proyecto de ley.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De Quinto Romero.


El señor DE QUINTO ROMERO: Señora presidente, señorías, nos encontramos ante la urgencia de convalidar un real decreto-ley con varias directivas que debieran haber sido traspuestas hace ya demasiado tiempo. Este imperdonable retraso no nos
sale gratis, porque conlleva serias consecuencias económicas para nuestro país. Por si no lo saben, España tiene el bochornoso mérito de representar el 70 % de las

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sanciones que Europa impone por retrasos en las transposiciones; y digo bochornoso porque la desidia de su Gobierno, sumada al continuado cierre al que esta Cámara ha sido sometida, hace que salgamos demasiado caros a la ciudadanía a la que
servimos y a la que nos debemos. Déjenme ponerlo en perspectiva: una sola multa de la Unión Europea de 125 000 euros, por ejemplo, como una que la Comisión nos propuso en 2017, sale al mes por unos 3 750 000 euros, lo que supone tres veces la suma
de los sueldos mensuales de todos los diputados juntos. Pero esto no se soluciona chapuceramente, recurriendo al truco de mezclar distintas cosas en el mismo decreto-ley coctelera, en la esperanza de que una vez agitado todo alguna modificación
infumable pase desapercibida a la oposición.


Como solo dispongo de siete minutos, voy a centrarme en la directiva que pretende introducir una serie de propuestas encaminadas a garantizar la transparencia y evitar la corrupción en la contratación pública y con la que Ciudadanos, por
supuesto, no podría estar más de acuerdo, puesto que somos el partido que ha abanderado la lucha por la regeneración política en nuestro país. (Rumores). Lo que hoy nos ocupa y escandaliza es que este Gobierno de los ERE, que habla tanto de las
Gürteles, haya aprovechado la transposición de esta directiva precisamente para eliminar de nuestro ordenamiento algunos mecanismos de control sobre los llamados contratos menores de la Administración. Efectivamente, el regalito que nos preparaban
se ocultaba en la disposición final primera de lo que hoy nos presentan. Esa disposición final elimina alevosamente el artículo 118.3 de la Ley de contratos, el cual prohibía la adjudicación de contratos menores a un mismo proveedor que, sumados
todos ellos, ya fuera por haberlos troceado o por ser repetitivos, superaran los umbrales de 15 000 euros en servicios y suministros o 40 000 en obras. O sea, ustedes, señores del PSOE y Unidas Podemos, lo que pretenden con este decreto es allanar
el camino a los contratos a dedo, lo que pretenden es facilitar a algunas administraciones el poder camuflar grandes contratos a través de múltiples contratos menores y así escapar de controles que hasta hoy establecía la ley, permitiéndoles
adjudicar a dedo a los amiguetes lo que les venga en gana, supongo que, como dijo el señor Errejón, con el fin de poder resguardarse cuando llegue el frío a la cleptoizquierda; bueno, lo de la cleptoizquierda -perdón-, creo que eso no lo dijo él.


Y no me cuenten, como ha contado aquí la ministra, que eliminan esta normativa porque así se lo han pedido las entidades locales, porque, siguiendo esa misma lógica, mañana la banca también podría pedir que se eliminaran los tests de estrés
porque son tediosos y les complican la vida, o el mismísimo superministro de Fomento podría solicitar que se quitaran las cámaras de videovigilancia de todos los aeropuertos porque le complican el salvar a España de importantes conflictos
internacionales, conflictos que, por cierto, no puede explicar porque somos tontos y no lo entenderíamos.


Tampoco ponga de excusa la escasez de medios de los pequeños ayuntamientos, señora ministra, porque el problema principal no viene de ellos. Déjenme leerles algunos titulares. (Muestra un recorte de prensa). Tenemos aquí uno de La razón
que dice: 'Colau esquiva la ley y adjudica a dedo decenas de contratos públicos'. Pero, como supongo que ustedes prefieren El país, aquí tengo otro (muestra un recorte de prensa): 'Carmena adjudicó a dedo 11 000 contratos por valor de 60 millones
en dos años'.


Luego, señores del PSOE y Unidas Podemos, permítanme decirles que aprobar directivas está muy bien, pero no si ello se hace por mero imperativo legal, que dirían algunos, o si no se cree en ellas y por eso no se implementan seriamente. Les
voy a poner un ejemplo que viene muy bien al caso. La OIReScon -supongo que han oído hablar de ella- es la oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación pública. Nace en 2017, fruto también de la transposición de una
directiva. Pues bien, dicha oficina no ha sido dotada de recursos suficientes para desarrollar la labor que tiene encomendada. Pese a ello, su esforzado equipo ha sido capaz de publicar el pasado diciembre un demoledor informe sobre la
contratación pública que debería hacer sonrojar a muchos. Yo recomiendo a aquellos de ustedes que estén interesados en el buen uso de los fondos públicos, incluso a alguno de los de la bancada de los ERE, que le echen un vistazo.


Señorías del Gobierno, mi partido es un partido liberal, de progreso, de verdadero progreso, no de ese de los discursos, sino el de miga y cáscara, que diría Benedetti, del que genera crecimiento, empleo y prosperidad reales. Por ello,
apostamos por un mercado libre y transparente, donde haya una competencia real y leal, donde se juegue limpio y donde el mérito, el esfuerzo y la excelencia sean recompensados; y ello necesariamente implica a las distintas administraciones, porque
han de ser ellas las primeras en dar ejemplo demostrando transparencia y limpieza en sus contrataciones. Nosotros no creemos en el capitalismo de amiguetes ni, por supuesto, tampoco en el socialismo de amiguetes, los cuales siempre florecen a la
sombra de lo público. Porque si aceptáramos que las administraciones públicas pudieran favorecer no al más competitivo o al más profesional, no al que tuviera el mejor producto o servicio al mejor precio, sino al

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mejor conectado, al amigo de fulanito o menganito o al que tuviera el carné de determinados partidos, nos estaríamos cargando a nuestras buenas empresas, a nuestros buenos emprendedores y, en definitiva, nuestro futuro como país.


Luego -señora presidente, termino-, nos ha costado mucho decidir nuestro sentido de voto. Por un lado, queremos ser responsables y no demorar más algunas trasposiciones de directivas, pero, por otro, no queremos ser cómplices en el
desmantelamiento de ciertas medidas de control de la contratación pública, lo cual nos parece absolutamente impresentable. Es por ello que nuestro grupo, pequeño pero íntegro, se ve obligado a abstenerse y esperar a que el asunto al que me he
referido sea tramitado como proyecto de ley, porque ello nos permitirá introducir modificaciones antigolfería, que es lo que de verdad demandan los ciudadanos, aunque no coincida con lo que ustedes nos proponen hoy aquí, claro.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Quinto.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene, en primer lugar, la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.


Como en la convalidación de decretos anteriores, tampoco en este caso vamos a votar a favor. Cuando se nos presenta un plato ya cocinado, es normal que pueda no gustarnos cuándo o cómo se elabora o, incluso, que algunos ingredientes pueden
provocar un sabor indeseado. En este caso, estamos delante de un potaje que mezcla la modificación de normas de contratación del sector público, seguros privados, planes de pensiones, ámbito tributario y procedimiento amistoso para la resolución de
litigios fiscales, todo ello en consecuencia de transposición de directivas europeas al derecho interno del Estado español. Cierto es que llegamos con retraso, tanto retraso que, al hablar de una extraordinaria y urgente necesidad que justifique
nuevamente acudir a regular estas materias por la vía de decreto-ley, resulta, cuando menos, chocante. Tal y como la señora ministra señaló, algunas de estas directivas deberían haber sido traspuestas en 2016; la de contratación del sector público
en 2018; la referida a seguros en 2019, así como la de pensiones y la de litigios fiscales y procedimiento amistoso. Hubo tiempo, por lo tanto, para hacerlo de otra manera.


Cabe recordar que la capacidad del Gobierno de legislar mediante decreto-ley debe reservarse para casos excepcionales, pues, de lo contrario, se está sustrayendo la capacidad legislativa de la Cámara. Desafortunadamente, se está abusando de
este procedimiento y se está usando para situaciones que no son propias del decreto-ley, cuestión que ustedes mismos, señoras y señores del Gobierno, han repetido en esta tribuna frente a Gobiernos anteriores que utilizaban esta misma técnica. Si
finalmente deciden tramitarlo como proyecto de ley, nos parecerá bien.


En cuanto al contenido de estas directivas, si bien algunas las entendemos correctas, otras consideramos que deberían ser tratadas con más cuidado y atención, pensando en los ciudadanos como consumidores de productos financieros y en evitar
abusos en este ámbito que, desgraciadamente, se han producido con mucha frecuencia en ocasiones anteriores. Como ejemplo -pongo solo uno por una cuestión de tiempo-, la que afecta a seguros y planes de pensiones, especialmente porque normaliza el
concepto de operador de banca-seguros y también la distribución de productos de inversión basados en seguros de alto riesgo y con garantías insuficientes y, por lo tanto, también con riesgo de abusos, con un cierto tufillo a situaciones como la
estafa que generó en su día la venta de preferentes por entidades financieras.


En definitiva, nos vamos a abstener.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Bel Accensi.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.


Señora vicepresidenta, señoras y señores ministros, señorías -muy brevemente-, vamos a votar a favor, y ya se lo dijimos la semana anterior al Grupo Parlamentario Socialista, que nosotros ejerceríamos la responsabilidad si ello no servía
para eludir el debate parlamentario y se debía tramitar como real decreto-ley. Por tanto, a diferencia de otros grupos, nosotros haremos posible que esta iniciativa se tramite en esta Cámara. A pesar de ello, efectivamente, como le he dicho de
forma reiterada, creo que han abusado de los reales decretos-leyes. Esta fue una prerrogativa del Gobierno socialista, pero veo que el

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nuevo Gobierno, con Unidas Podemos, continúa utilizándola. No obstante, en una doble perspectiva, si sirve que todos los reales decretos leyes que no han sido consensuados se tramiten como proyecto de ley en esta Cámara, nos van a
encontrar.


Nosotros no hemos sido de los grupos consultados previamente, y eso hace que haya algunos aspectos con los que no estemos de acuerdo, y nos preocupan especialmente. Pero no voy a eludir el comentario en relación con la disposición final
primera de este real decreto-ley, que es la que modifica, no suprime, el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. Señora ministra, bienvenidos: no está pasando nada que nosotros no pronosticáramos en ponencia. Personalmente, se lo
advertí a la ponente del Grupo Socialista y a la ponente del Grupo de Unidas Podemos, que esto creaba una dificultad enorme en los pequeños ayuntamientos. Se nos dijo que no, que todo se arreglaría. ¿Y sabe cómo se ha arreglado? Pues con una
solución que tampoco es exactamente la nuestra. Quizá nosotros la matizaríamos, y lo vamos a hacer, pero pasó lo que se había dicho que pasaría; por lo tanto, estamos donde no deberíamos estar.


En todo caso -y, seguramente, nosotros vamos a presentar alguna enmienda a este artículo-, no comparto algunas de las afirmaciones expresadas desde esta tribuna, como si ahora los contratos menores no tuviesen ningún tipo de limitación,
porque eso no es cierto y no responde a la realidad.


Más allá, señora ministra, vemos con alguna incertidumbre -ya se lo dijimos en el anterior mandato- la trasposición de la directiva en relación con la distribución de los seguros. Entendemos que de alguna forma se pueden limitar las
competencias de la Generalitat en el ámbito de la supervisión.


No entendemos algunas de las modificaciones, como las que se incorporan en la disposición adicional décima, que limita de forma incomprensible, desde nuestra óptica, la autonomía de las autoridades portuarias, y se las somete para
determinados contratos al criterio del Consejo de Ministros. Nosotros eso lo vamos a enmendar y esperemos que encontremos alguna solución. Asimismo, hay otras cuestiones, pero el tiempo no me da en estos momentos para explicitarlas desde esta
tribuna.


Como ha salido a colación y teníamos una enmienda, quiero reclamar alguna solución sobre la cuestión referida al IVA en relación con las televisiones autonómicas, aunque no solo afecta a las televisiones autonómicas, ya que podría afectar a
otros subsectores. No está incorporada en este real decreto-ley, aunque vimos con cierta alegría que en la agenda el reencuentro el Gobierno establecía que era uno de los temas que se querían tratar. Más allá de que lo puedan hablar con el
Gobierno de la Generalitat, ya les avanzo que nuestro grupo en este real decreto-ley va a presentar la enmienda que ya propuso en la anterior tramitación como proyecto de ley.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bon dia, señora presidenta. Buenos días, señorías.


Con el debido respeto, señora presidenta, y aunque no comparto, en absoluto, los adjetivos empleados por el señor Martínez Oblanca ni sus presunciones, sí quiero manifestarle mi queja por los mismos hechos que él denuncia. Un diputado
multitarea tiene que decidir a qué...


La señora PRESIDENTA: Señor Capdevila, por favor. Aténgase a la cuestión del orden del día.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Me atengo a la cuestión. Muchas gracias, presidenta.


Buenos días, señora vicepresidenta. Gracias por su esfuerzo. Esta mañana debatimos el cuarto real decreto-ley de esta legislatura que nos trae su Gobierno, un real decreto-ley ómnibus -ya ha oído la queja sobre su volumen- que incorpora,
principalmente, la trasposición de -calculo- unas seis directivas europeas. Así, en bloque, nos presentan, entre otras, dos proyectos de ley que ya se encontraban en tramitación parlamentaria en la antepasada legislatura. Es una pena ser de los
últimos, porque las quejas se acumulan, pero quería decirle que la presentación de leyes ómnibus es -y supongo que lo comparte- una mala praxis legislativa, que solo induce a la confusión y al intrusismo. Ustedes mismos, que, sin duda, habrán
ojeado cualquiera manual de técnica legislativa, habrán leído que una de las reglas principales recomendada es la simplicidad, y nada más lejos de la simplicidad, la sencillez, la claridad y la ausencia de dispersión normativa que lo que hoy nos
traen aquí. Es otro claro ejemplo de Estado ineficiente y caduco el que nos demuestra el hecho de que la trasposición de estas directivas tenga que hacerse mediante real decreto-ley. No es el primer caso, pero esperemos que sea de los últimos.
Llama mucho la atención que no se hayan hecho los deberes en cuatro años, o sea, que la responsabilidad -seamos

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honestos- es repartida y debiera ser compartida. Pero aquí estamos, y ya les anunciamos que solicitaremos la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley, y que sin ello no podemos dar apoyo a esta trasposición. Por decoro y
por respeto a la separación de poderes, esperaremos a que lo anuncien los portavoces de los grupos suficientes para garantizarlo. Encontramos imprescindible su tramitación como proyecto de ley para poder presentar enmiendas que impidan la invasión
de competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de seguros, aparte de otras enmiendas de carácter técnico, puesto que, de mantenerse el redactado actual, aumentaría la rigurosidad entre distribuidoras y aseguradoras; y muy relevantes son
también algunas enmiendas orientadas a garantizar los derechos del consumidor, además de otras relativas a garantizar la independencia de las autoridades portuarias, así como referidas a clarificar -no abundaré en los argumentos del señor De Quinto
y de otros portavoces- cómo impedir la corrupción alrededor de los contratos menores.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Capdevila.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.


La señora MUÑOZ DALDA: Bon dia, presidenta. Buenos días, señorías.


Es un buen día para dar una alegría a la ciudadanía, a los ayuntamientos, a las pequeñas y medianas empresas con la convalidación de este real decreto-ley, que incluye mejoras, cambios en muchos ámbitos, como el de la contratación pública.
Por ejemplo, la exigencia de criterios medioambientales y sociales en los criterios de ejecución de los contratos tendría, sin duda, un impacto positivo en el bienestar social, pues va en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030. Pero este real decreto-ley no sólo toca el ámbito de la contratación pública, también toca ámbitos de seguros, de planes de pensiones y el ámbito tributario. Es un real decreto-ley heterogéneo, es un real decreto-ley diverso, casi tan
diverso como nuestro país, aunque algunos se empeñen en no reconocerlo. Este real decreto, si me permiten, es como un variat. Un variat en Mallorca es un plato que combina diferentes raciones, como ensaladilla rusa, frito mallorquín, pilotes;
todo en el mismo plato. Pues bien, este real decreto ley es como un variat, y se ha hecho así, se ha hecho de esta forma, ha sido mediante real decreto porque ya vamos tarde y no tenemos tiempo que perder en la trasposición de directivas de la
Unión Europea. La ministra ha explicado estupendamente el contenido del real decreto-ley y no tiene sentido que yo profundice más, así que muchas gracias, señora ministra, por las explicaciones y gracias también por pisar el acelerador en la
trasposición de directivas de la Unión Europea haciendo uso de una herramienta que tiene el Gobierno para este tipo de casos de urgente necesidad como es el real decreto-ley.


Señorías de la oposición, la cuestión que habría tenido sentido que pusieran ustedes encima de la mesa para que se debatiera hoy aquí es el problema que tiene España de retraso en la trasposición de directivas de la Unión Europea. Si
ejercieran ustedes de oposición, invitarían a la reflexión sobre esta cuestión y propondrían alguna alternativa o alguna solución, y espero que algún día podamos tener un debate constructivo, aunque, lamentablemente, creo que eso es mucho pedir. No
me dejan de sorprender las cosas que se pueden llegar a oír aquí. Me gustaría preguntar al Grupo VOX si el comentario jocoso que el otro día hicieron desde esta tribuna, ese 'ja, ja, los de Podemos no tienen dinero para pagarse un crucero' es un
zasca en el mundo de los pijos en el que viven ustedes, o qué es. (Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Desde luego, lo que nos parece a nosotras, y seguramente pensarán así muchas de sus votantes que tampoco
se pueden pagar un crucero, es que ese comentario es profundamente clasista y está totalmente fuera de lugar. (Rumores). Les ruego, por favor, que guarden un mínimo respeto a la gente humilde, a la clase trabajadora, a la clase media empobrecida
(varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben), a toda la gente que no se puede pagar un crucero porque no tiene dinero para ello. Hoy tienen la oportunidad de demostrar ese respeto. (Protestas.-Aplausos).


Dicen ustedes defender a España, pero nos tienen aburridos con el tema de Venezuela. Les oímos más hablar de Venezuela que de sus propuestas para resolver los problemas que preocupan al pueblo. La semana pasada, en la sesión de control de
Pleno, con todas esas preguntas (un señor diputado: ¡A la cuestión!), comprobamos que si dices Venezuela tres veces desde esta tribuna aparece Cayetana Álvarez de Toledano, la portavoz del Grupo Popular. (Risas y aplausos). Por favor, dejen de
hacernos perder el tiempo, e, insisto, si quieren hacer algo por el pueblo, hoy tienen una oportunidad. Desde luego, lo que no tiene sentido es que voten ustedes en contra. Ustedes saben que las directivas de la Unión

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Europea son de obligado cumplimiento y que, si no se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico en el plazo correspondiente, España queda expuesta gravemente a sanción. En pocas palabras, hay que convalidar este real decreto-ley para que la
Unión Europea no nos multe. Votando en contra están votando en contra de los intereses de España, están votando en contra de los bolsillos de las españolas y los españoles. Ya pueden explicar ustedes muy bien aquí los motivos de por qué harían
eso, porque, señores del Partido Popular, no creo que sus votantes vayan a entender que ustedes voten en contra. Y de celebrar cumpleaños quienes saben son ustedes, que se gastaban 4000 euros en confeti. (Aplausos). La alegría de darnos un abrazo
y de soplar las velas la queremos para cualquier persona trabajadora. Supongo que cuando ustedes piensan en fiestas piensan en otras cosas. A mí me viene a la cabeza su compañero Rodrigo de Santos. (Una señora diputada: ¡Qué vergüenza!).


Señorías, existe la posibilidad real de que se apruebe la tramitación como proyecto de ley de este real decreto-ley, con todo lo que ello supone. El Grupo Confederal quiere expresarles nuestra disposición a implicarnos en el proceso, pueden
contar con este grupo para dialogar, para debatir, para negociar y llegar a acuerdos para legislar en beneficio del pueblo, que para eso estamos aquí.


Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz.


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.


Permítanme, vuestras señorías, que mis primeras palabras desde esta tribuna sean en recuerdo de una persona con la que, más allá de los estrechos lazos familiares, compartíamos la inquietud por lo que sucedía en esta Cámara. Me refiero a la
periodista que durante más de veinte años hizo crónicas del Congreso de los Diputados, Montse Oliva, que hoy especialmente tengo en el recuerdo. (Aplausos).


Dicho esto, señorías de Podemos, ustedes lo que han de hacer es respetar a la España que madruga, a la verdadera España que trabaja y a la verdadera España que contribuye a la riqueza de esta gran nación. (Aplausos). Efectivamente, hoy nos
encontramos hablando de un cóctel de directivas que se aprobaron hace casi cinco años y, como consecuencia de una inédita inacción, en este momento España tiene la espada de Damocles de unas sanciones importantes, que, efectivamente, son difíciles
de explicar. Señora ministra, esto sí es lo que no entiende la ciudadanía; lo que no entiende la ciudadanía es por qué se ha tardado todo este tiempo en esta inacción e indolente actitud, paralizando la vida parlamentaria.


Me dirán los socialistas que es culpa del Partido Popular, y, efectivamente, el Partido Popular del señor Rajoy tuvo muchos momentos de inacción. No me quiero referir a todos los sucesos de Cataluña, pero sí a uno de los momentos más
trágicos de los últimos años, cuando en ese sillón azul en vez de aparecer un presidente del Gobierno que quizá tendría que haber dimitido apareció un bolso, y de esos polvos estos lodos. (Aplausos). Así, nuestra primera gran y severa crítica lo
debe ser a la actuación de esta Cámara, a los grupos mayoritarios, pues es evidente que algo ha fallado, como se ha dicho aquí. Pudiese suceder que esta anomalía acarrease -repetimos- severas sanciones al Reino de España. Así pues, nuestro primer
reproche.


El segundo se dirige y apunta a lo que será, al parecer, la nueva forma de gobernar del Ejecutivo, y ello porque hacerlo así usurpa a las Cámaras el proceso normal en la configuración del cuerpo normativo mediante procedimientos democráticos
desconocidos posiblemente por algunas de las formaciones que acompañan al Ejecutivo en sus sueños intervencionistas, denostando con ello el debate parlamentario y convirtiendo lo extraordinario en habitual. Qué lejos quedan las heroicas
pretensiones de aquellos asamblearios, de canes y flautas del 15-M, soberanos de la democracia popular, esfumándose mediante esa política de hechos consumados -su postura-, solicitando el debate en Plenario en esta Cámara en la Ley de Contratos del
Sector Público recordarán, señores de Podemos, qué lejos señorías quedan aquellos parias de la tierra.


En tercer lugar, nuestra crítica, que tomamos del dictamen del Centro Económico y Social y centrándonos en la contratación pública, dictamen de ese anteproyecto de ley fallido, en el cual el CES manifestaba su desacuerdo con la inclusión
dentro del ámbito subjetivo de esa ley como poder adjudicador de las organizaciones sindicales y empresariales y de las fundaciones vinculadas a estas, tal y como se señala en el artículo 5.2,b) del real decreto que se remite a la Ley de Contratos
del Sector Público y, que por otra parte, vincula dichas entidades con posibles prácticas de corrupción. Ya sabemos que en los tiempos que vienen parece ser que esto no importa. Nos hubiese gustado quizás tomar el ejemplo del derecho comparado
realizado tal como se traspuso la normativa europea en el Senado francés, mediante el gran título de la

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Contratación pública al servicio de la economía, mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas o el nuevo procedimiento de asociación para la innovación con más margen de negociación.


Dicho lo anterior y porque el tiempo apremia, obviamente tenemos que pasar a la disposición final del real decreto, al tema mágico de este real decreto. Y aquí no hay urgencia en esta modificación porque no es trasposición de normativa
europea sino que ya es dictado nuevo. Efectivamente, la modificación del artículo 118.3 de la Ley de Contratos del Sector Público es de tal importancia que sustraerlo al debate de la Cámara es una mala costumbre. Desaparece -fíjense- lo que se
llamó con cierta altanería, lo que vino a conocerse, por la cláusula anticorrupción, que limitaba las adjudicaciones a dedo. Recordaremos la Instrucción 1/2019 del Ministerio de Hacienda, de 28 de febrero, donde se decía que efectivamente se creaba
una gran confusión por los distintos estamentos y órganos consultivos que tenían disparidad de ideas. Efectivamente había una gran disparidad de ideas, no tan solo esa instrucción no era aplicable a las comunidades autónomas -volvemos de nuevo con
el tema de las comunidades autónomas- sino que incluso en los pequeños o en los grandes municipios suponía una gran dificultad. Pero es evidente que lo que han sustraído al debate político lo enmiendan vía -como hemos dicho- el real decreto ley que
ahora se va a aprobar, con el voto en contra por supuesto de nuestra formación.


Agradezco al señor Suárez, del Partido Popular que nos haya aclarado cuestiones -no estábamos en esta Cámara nosotros- sobre el porqué del retraso en esa farragosa ley, efectivamente la más farragosa de todo el ordenamiento diría yo
nacional, de técnica legislativa mejorable, a pesar del ponente, que suponemos que hizo equilibrios y que ahora nos ha aclarado qué equilibrios tuvo que hacer con relación al IVA. Hablo de la ley porque es el artículo 118 lo que se modifica de esa
ley. Hablo de esta ley porque efectivamente tiene la importancia de que tenemos que agilizar, modernizar y poner en valor toda la contratación administrativa. Por eso ponía los ojos en la aprobación que se hizo en el Senado francés.


Acabo, señora presidenta. En resumen, esperemos que la abolición de lo que llamaban cláusula anticorrupción no signifique que se sigue la estela de esa mujer de Estado protectora de su aventajado alumno al estilo profesor que cobra pero no
da clases, que también les acompaña con la cabeza gacha en su proyecto, el mal falsificador de los nidos de Codreanu, a la sazón y para rubor de todas sus señorías presidente de la Comisión de anticorrupción de esta Cámara. Me refiero a la señora
Carmena, que solo, como se ha dicho antes de mi intervención, en Madrid y solo en dos años adjudicó once mil contratos a dedo por valor de 60 millones de euros. (Muestra un recorte de prensa). Esperemos que este no sea el modelo a seguir.


La señora PRESIDENTA: Señor Aizcorbe, tiene que terminar, por favor.


El señor AIZCORBE TORRA: En definitiva, votaremos en contra de dicha convalidación del real decreto-ley, esperando que siga como proyecto de ley.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aizcorbe.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Casares Hontañón.


El señor CASARES HONTAÑÓN: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días, señorías. Permítanme que empiece hoy mi intervención sobre la trasposición de directivas europeas con un recuerdo sentido y un cariñoso homenaje a Fernando Morán, que tanto hizo por que hoy España estuviese plenamente integrada
en la Unión Europea. (Aplausos).


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora vicepresidenta, que tan bien ha explicado hoy esta real decreto-ley por el que se trasponen hasta nueve directivas comunitarias para que España siga avanzando en nuestro cumplimiento con los
compromisos que hemos adquirido como Estado miembro con la Unión Europea, y todo ello para hacer un país mejor que protege más a sus ciudadanos, a sus consumidores y a sus empresas. De eso se trata hoy en la convalidación de este real decreto-ley,
y entre tanto y entre tantas cuestiones hoy hemos escuchado a muchos partidos políticos en esta Cámara, especialmente al Partido Popular, Ciudadanos y VOX, muy preocupados por un tema muy puntual de este real decreto-ley, que es la contratación con
el sector público, los contratos menores, diciendo que están muy preocupados por la corrupción. Señorías, viniendo de ustedes es muy poco creíble que hoy muestren en esta Cámara ese compromiso frente a la corrupción cuando son ustedes (aplausos) el
ejemplo y el exponente máximo de la corrupción en este país. (Protestas).

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Señores de Ciudadanos, ustedes, siempre tan preocupados, decían, por la regeneración democrática, yo no sé de qué forma tan extraña entienden ustedes la regeneración democrática cuando han permitido mantener en los Gobiernos de Madrid,
Murcia y Castilla y León a partidos que son lo contrario de todo eso. (Aplausos). Además permítanme que les diga, señorías de Ciudadanos, que es una extraña forma de entender el liberalismo económico cuando hoy su principal motivo para abstenerse
en este real decreto es que el mismo quita esa limitación a los contratos menores con la Administración. Señores de Ciudadanos, es una extraña forma de entender ese liberalismo que tienen y, probablemente por eso, están ustedes hoy en la
irrelevancia política -ya se lo dije la semana pasada- también en esta Cámara. (Aplausos).


Dejo la mayor parte de mi intervención para contestar a algunas cuestiones del Partido Popular. Señorías del Partido Popular, ¿qué pensarán hoy sus socios europeos votando ustedes en contra de la convalidación de este real decreto, que lo
único que hace es trasponer directivas comunitarias? ¿Qué pensarán, señorías? Probablemente lo mismo que pensaron cuando ustedes han pactado con la ultraderecha de VOX cuando en Europa lo que hacen es arrinconarlas para que no tengan espacio en
las instituciones, señorías. (Aplausos). Eso es lo que están pensando hoy sus socios europeos. Y les digo una cosa más. Hay muchas formas de llegar a la irrelevancia -miren lo que le ha pasado a Ciudadanos- y, por el camino de los hechos,
ustedes van hoy a la irrelevancia política en este país, señorías. (Aplausos). Fíjense en la tamaña irresponsabilidad de lo que están haciendo ustedes hoy en esta Cámara, que es múltiple. Primero, durante mucho tiempo, desde el año 2014, no
trasponen directivas comunitarias -era su responsabilidad, la de los Gobiernos de Mariano Rajoy-, y después vienen a esta Cámara a decir que van a votar en contra de eso que tenían que haber hecho ustedes y además, no contentos con ello, en la
intervención anuncian su voto en contra para convencer al conjunto de la Cámara de que también vote que no. Señores del Partido Popular, eso se llama una irresponsabilidad manifiesta, que es lo que están haciendo ustedes hoy en esta sesión del
Congreso de los Diputados. (Aplausos). Segundo, niegan cosas que son evidentes, cuando el conjunto de la Cámara, y ustedes mismos, saben que hoy era urgente aprobar este real decreto-ley. Además, se han basado en un argumento que ha decaído con
la propuesta que ha hecho hoy la vicepresidenta, y que yo, como portavoz económico del Grupo Socialista, también les digo: vamos a someter este real decreto-ley a votación para su tramitación como proyecto de ley. Por tanto, sí, señorías, esta
Cámara va a poder discutir sobre cualquier cuestión que los grupos parlamentarios quieran.


Finalmente, un tema especialmente importante, al que ustedes le han dedicado bastante tiempo: los contratos menores. Don Eloy, vaya papelón que le ha tocado dentro de su grupo al tener que defender hoy esto en esta Cámara porque, como bien
reconocía, precisamente usted estaba en contra de cómo finalmente quedó en la ley la regulación de los contratos menores. Y no solamente eso, señoría, sino que a lo largo de todos estos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer ese
modificado, no porque lo diga el Gobierno, no porque lo diga el Grupo Parlamentario Socialista, sino porque hoy lo dicen muchísimas empresas y, lo más importante, cientos de ayuntamientos de toda España, muchos de ellos también gobernados por el
Partido Popular. Ustedes tienen un problema, que ni siquiera escuchan a alcaldes y alcaldesas, que han reclamado en reiteradas ocasiones modificar esta ley para que se pueda hacer más susceptible la contratación menor, señorías. Y no como ustedes
quieren hacer ver hoy aquí, poniendo en tela de juicio el compromiso de este Gobierno con la lucha frente al fraude, porque eso queda expresamente recogido en esta modificación del real decreto, queda expresamente prohibida la fragmentación de
contratos con el sector público. Incluso la propia Junta Consultiva de Contratos del Estado ya recogía en numerosas advertencias que era desproporcionado cómo estaba actualmente recogido en la ley.


Señorías, de lo que se trata hoy aquí es de convalidar este real decreto-ley para que España siga avanzando, para que cumplamos con nuestros socios comunitarios, para que seamos un país fiable, para que Europa mire a España como un país de
referencia y para quitarnos ese dudoso honor de ser en algunos casos el único país de la Unión Europea que todavía no ha traspuesto estas directivas comunitarias, y para algo más importante, que seguro que a ustedes también les preocupa, evitar esas
cuantiosas multas, que son un hecho si hoy no convalidamos este real decreto-ley. Por tanto, un poco de responsabilidad, señorías del Partido Popular, Ciudadanos y VOX.


La señora PRESIDENTA: Señor Casares, tiene que terminar.

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El señor CASARES HONTAÑÓN: Termino.


Tienen ustedes un compromiso no con este Gobierno, no con esta Cámara, sino con los hombres y mujeres de este país. Por tanto, les pedimos que recapaciten y que voten a favor de la convalidación de este real decreto-ley.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Casares.


Votamos en cinco minutos. (Pausa).


Señorías, procedemos a votar la convalidación o derogación del Real decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 3 votos telemáticos, 339; a favor, 182 más 3 votos telemáticos, 185; en contra, 136; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).


Se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 3 votos telemáticos, 339; a favor, 332 más 3 votos telemáticos, 335; abstenciones, 4.


La señora PRESIDENTA: El real decreto-ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


Se levanta la sesión.


Eran las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.