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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 101, de 13/05/2021
cve: DSCD-14-PL-101 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 101

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SEÑORA D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 97

celebrada el jueves,

13 de mayo de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Dictámenes de comisiones de investigación:


- Dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. (Número de expediente 152/000001) ... (Página8)


- Votación ... (Página19)


Palabras de la Presidencia ... (Página19)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


- Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. ('BOE' núm. 95, de 21 de abril de 2021). (Número de expediente 130/000046) ...
(Página19)


- Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y
reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales, y defensa de los consumidores. ('BOE' núm. 101, de 28 de abril de 2021). (Número de expediente 130/000047) ... href='#(Página33)'>(Página33)


Enmiendas del Senado.


- Proyecto de ley de cambio climático y transición energética. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 19-1, de 29 de mayo de 2020. (Número de expediente 121/000019) ... (Página48)



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Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:


- Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra, hecho 'ad referendum' en Bruselas el 19 de octubre de 2018. 'BOCG. Cortes Generales', serie A,
número 115, de 5 de marzo de 2021. (Número de expediente 110/000052) ... (Página63)


- Acuerdo de Asociación económica preliminar entre Ghana, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 28 de julio de 2016. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 116, de 5 de marzo de
2021. (Número de expediente 110/000053) ... (Página63)


- Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad, hecho 'ad referendum' en Madrid el 2 de septiembre de 2015. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número
120, de 18 de marzo de 2021. (Número de expediente 110/000054) ... (Página63)


- Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 5 de mayo de 2020. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 122, de 26 de marzo de 2021. (Número
de expediente 110/000055) ... (Página63)


- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Níger sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares, hecho en Niamey el 29 de octubre de 2018. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 123, de 26 de marzo de 2021. (Número de expediente 110/000056) ... (Página63)


- Modificación de las reservas a formular por España en relación con el Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.
'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 127, de 9 de abril de 2021. (Número de expediente 110/000057) ... (Página63)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


- Proposición de ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 143-1, de 15
de enero de 2021. (Número de expediente 122/000117) ... (Página65)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página78)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página78)


Dictámenes de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página79)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página79)


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página80)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página81)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página82)



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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Dictámenes de Comisiones de Investigación ... (Página8)


Dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair ... (Página8)


La Presidencia informa de que al finalizar el debate de este punto se votará el voto particular al dictamen.


La señora Pita Cárdenes, presidenta de la Comisión de Investigación, presenta el dictamen.


En defensa del voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Ramos Esteban.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Muñoz Vidal, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Rodríguez Almeida, del Grupo
Parlamentario VOX, y Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Votación ... (Página19)


Sometido a votación el voto particular al dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 58 votos a favor más 96 votos telemáticos, 154; 40
en contra más 142 votos telemáticos, 182; y 2 abstenciones con voto telemático.


Palabras de la Presidencia ... (Página19)


La Presidencia informa de que desde las 10:30 horas hasta las 13 horas se podrán votar telemáticamente los asuntos pendientes incluidos en el orden del día y que la votación presencial se producirá al finalizar los debates de la sesión.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página19)


Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19 ... (Página19)


La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Calviño Santamaría) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno y Sayas López, y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
y Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los



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señores Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; y Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Muñoz Dalda, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y
los señores Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX; Castellón Rubio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista.


Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y
reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales, y defensa de los consumidores ... (Página33)


La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Calviño Santamaría) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos;
los señores Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Manso
Olivar, del Grupo Parlamentario VOX, y Cortés Carballo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.


Enmiendas del Senado ... (Página48)


Proyecto de ley de cambio climático y transición energética ... (Página48)


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto, y Ruiz de Pinedo Undiano, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil y las señoras Sabanés Nadal y Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Plural; los señores Rufián Romero, del Grupo Parlamentario
Republicano, y López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; la señora Borrás Pabón, del Grupo Parlamentario VOX; el señor Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y la señora Caballero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Hace uso de la palabra la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Ribera Rodríguez).


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página63)


Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra, hecho 'ad referendum' en Bruselas el 19 de octubre de 2018 ... (Página63)


Acuerdo de Asociación económica preliminar entre Ghana, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, hecho en Bruselas el 28 de julio de 2016.


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Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad, hecho 'ad referendum' en Madrid el 2 de septiembre de 2015 ... (Página63)


Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 5 de mayo de 2020 ... (Página63)


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Níger sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares, hecho en Niamey el 29 de octubre de 2018 ... (Página63)


Modificación de las reservas a formular por España en relación con el Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios ... href='#(Página63)'>(Página63)


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pisarello Prados, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Gómez
Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página65)


Proposición de ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo ... (Página65)


En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene la señora De Luna Tobarra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno en contra interviene el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural.


Replica la señora De Luna Tobarra y duplica el señor Miquel i Valentí.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Ramírez del Río, del Grupo Parlamentario VOX, y Lamuà Estañol, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página78)


Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre enfermedades raras, se aprueba por 102 votos a favor más 244 votos telemáticos, 346.



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Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a evitar medidas de control de precios del alquiler y de penalización y/o expropiación de la vivienda desocupada, se rechaza por 42 votos a favor más 110
votos telemáticos, 152; y 60 en contra más 134 votos telemáticos, 194.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página78)


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre el desmantelamiento y cierre del Polígono de Tiro de Las Bardenas Reales, se rechaza por 33 votos telemáticos a favor;
102 en contra más 170 votos telemáticos, 272; y 41 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique las subidas de impuestos que piensa llevar a cabo y su posición respecto a la autonomía
financiera de las comunidades autónomas, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 42 votos a favor más 112 votos telemáticos, 154; 60 en contra más 130 votos telemáticos, 190;
y 1 abstención con voto telemático.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para aliviar el esfuerzo fiscal de los españoles, se rechaza por 42 votos a favor más 110 votos
telemáticos, 152; 60 en contra más 132 votos telemáticos, 92; y 2 abstenciones con voto telemático.


Dictámenes de Comisiones de Investigación. (Votación) ... (Página79)


Sometido a votación dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair, se aprueba por 41 votos a favor más 178 votos telemáticos, 219; 61 en contra más 60 votos telemáticos, 121; y 6 abstenciones
con voto telemático.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página79)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19, se aprueba por 102 votos a favor más 192
votos telemáticos, 294; y 52 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 102 votos a favor más 234 votos telemáticos, 336; 6 votos telemáticos en contra y 3 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito,
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales, y defensa de los consumidores, se aprueba por 102 votos a favor más 218 votos
telemáticos, 320; 13 votos telemáticos en contra y 12 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 102 votos a favor más 240 votos telemáticos, 342; y 4 abstenciones con voto telemático.



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Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página80)


Sometidas a votación separada las enmiendas presentadas al proyecto de ley de cambio climático y transición energética, son aprobadas todas.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación) ... (Página81)


Sometido a votación el Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra, hecho 'ad referendum' en Bruselas el 19 de octubre de 2018, se aprueba por 101
votos a favor más 182 votos telemáticos, 283; 1 voto telemático en contra; y 1 abstención más 59 votos telemáticos, 60.


Sometido a votación el Acuerdo de Asociación económica preliminar entre Ghana, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, hecho en Bruselas el 28 de julio de 2016, se aprueba por 102 votos a favor más 180 votos
telemáticos, 282; 38 votos telemáticos en contra y 24 abstenciones con voto telemático.


Sometido a votación el Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 5 de mayo de 2020, se aprueba por 102 votos a favor más 165 votos telemáticos,
267; y 76 abstenciones con voto telemático.


A continuación se someten a votación conjunta los siguientes puntos del orden del día:


Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad, hecho 'ad referendum' en Madrid el 2 de septiembre de 2015.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Níger sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares, hecho en Niamey el 29 de octubre de 2018.


Modificación de las reservas a formular por España en relación con el Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.


Quedan aprobados por 102 votos a favor más 222 votos telemáticos, 342; y 20 abstenciones con voto telemático.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página82)


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, se rechaza por 42 votos a favor más 52 votos telemáticos, 94; 60 en contra más 129 votos telemáticos, 189; y 63 abstenciones con voto telemático.


Se levanta la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.



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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DICTA´MENES DE COMISIONES DE INVESTIGACIO´N:


- DICTAMEN DE LA COMISIO´N DE INVESTIGACIO´N RELATIVA AL ACCIDENTE DEL VUELO JK 5022 DE SPANAIR. (Número de expediente 152/000001).


La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


Buenos días, señorías. Comenzamos con el debate del dictamen de la Comisión de investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Les recuerdo que al finalizar el debate de este punto se procederá a votar el voto particular
al dictamen.


Para la presentación del dictamen tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.


La señora PITA CÁRDENES: Presidenta, señorías, buenos días a todas.


Después de más de doce años desde el accidente JK 5022 en el aeropuerto de Adolfo Suárez MadridBarajas; después de dos legislaturas en las que hemos estado trabajando en esta Comisión con el objetivo de investigar y determinar causas y
responsabilidades; después de cuarenta y siete comparecencias, de treinta reuniones y de llevar adelante una ruta por el antes, durante y después del accidente que nos permitiera -como así fue- abrir el angular, ir comprobando las incidencias y los
fallos habidos; después del estudio de la extensa documentación recibida y reclamada, de visitar las instalaciones del aeropuerto y el lugar del accidente, hoy por fin traemos a este Pleno para su aprobación -esperamos de verdad y confiamos que sea
por unanimidad- el dictamen de la Comisión de Spanair que recoge en relación con esta tremenda tragedia once conclusiones y trece recomendaciones que sus señorías seguro han tenido la oportunidad de leer.


La actuación de la Comisión se ha llevado a cabo con la voluntad de asumir el máximo rigor y compromiso, evaluando con sinceridad y, por tanto, exponiendo nuestra propia vulnerabilidad como poderes públicos en un ejercicio de honestidad que
sin duda la ciudadanía exige y espera de todas nosotras. Porque, señorías, el accidente ocurrido el 20 de agosto de 2008 en el vuelo JK 5022 de la compañía Spanair se produjo como consecuencia de una concatenación de fallos que sumados uno tras
otro propiciaron que las barreras de seguridad que conforman el sistema fracasaran como un todo. Y claro que resultaría cómodo y simplificador atribuir a la fatalidad o a la casualidad la coincidencia temporal de todos estos fallos, pero no solo
sería una irresponsabilidad imperdonable por nuestra parte que rayaría el delito, sino que nos abocaría a su más que posible repetición.


La conclusión clara tras la investigación es que el sistema falló no solo el aciago día del accidente sino de forma previa y posterior al mismo. Por tanto, los encargados de establecer, de evaluar, de comprobar, de corregir las debilidades
del sistema, con los medios que el Estado ha puesto a su disposición, deben asumir las responsabilidades que les corresponden y en este caso hablamos claramente de responsabilidades políticas, responsabilidades públicas. Porque con la seguridad en
general y en el transporte aéreo en particular en el diseño de los elementos sistemáticos de esta seguridad, los gobernantes tenemos que desplegar un cuidado formal y material como garantes de la ciudadanía de los protocolos de seguridad y desde
luego proveer su cumplimiento efectivo. Las responsabilidades de los gobernantes en una democracia no son meramente formales. Esta Comisión, señorías, señala responsabilidades, no imputa delitos porque no tiene competencias para hacerlo, eso le
corresponde a otro ámbito que desde luego no es el legislativo.


No podemos dejar de subrayar también con la misma intensidad el nefasto papel del fabricante del avión, la entidad Boeing, porque el modelo de avión siniestrado, el MD82, ya había tenido en otros aparatos, vuelos y compañías fallos en la
alarma TOWS y no han querido acreditar las causas ni tampoco colaborar con esta Comisión de investigación ni en general con todo el proceso previo judicial. Sin duda, un silencio elocuente, pero, en cualquier caso, sería necesario insistir a través
del ámbito judicial para aclarar qué originó ese fallo en la alarma TOWS y su conexión con el relé R2-5. Porque, señorías, de haber funcionado esa alarma, habría saltado el 'no go', es decir, no habría despegado el avión y por tanto se habría
evitado la catástrofe.


Me gustaría señalar también respecto a la compañía aseguradora Mapfre el tratamiento dado a las víctimas. Según los directivos que comparecieron ante esta Comisión de investigación, dedicaron un porcentaje de un 3 % de la póliza de 1500
millones de dólares destinados a reparar el daño causado a las víctimas, repito, el 3 % de 1500 millones de dólares. No parece razonable, proporcional ni por tanto



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aceptable que a un accidente aéreo en España se le aplique el baremo de accidentes de tráfico. Baste ver las comparativas de las primas que se abonan en uno y en otro medio de transporte. Hablamos de esto en la décima recomendación de este
dictamen. Hemos recomendado también remitir a la fiscalía los contenidos y resultados de esta Comisión a los efectos de que la propia fiscalía estime oportuno a la vista de lo actuado.


Ahora quisiera de verdad agradecer a todas las señorías que han trabajado en esta Comisión su labor y su buen hacer: mi apreciado Joan Olòriz, Sebastián Franquis, Saúl Ramírez, Carmen Valido, Miguel Vila, Mari Carmen Hernández Bento, Tomás
Fole, Ana Oramas, Irene Rivera, Pedro Quevedo, Alberto Rodríguez, Juan Fuentes, Ariagona González, Andres Lorite, Manuel Mestre, César Ramos, Ferran Bel, Fernando Navarro, Íñigo Barandiaran, José Ignacio Echániz, Guillermo Mariscal, Tamara Raya,
Rafael Mayoral, Cristina Esteban, María Muñoz, Joan Nuet e Inés Granollers. Gracias, compañeros y compañeras por el trabajo y por la labor. Quiero agradecer también a nuestro letrado, Pedro Peña, su cercanía, su cariño, sus consensos y sus
disensos. Pero, sobre todo, hoy toca, hoy quiero agradecer el trabajo impagable de la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022. Llevan ustedes, con la paciencia inconcebible del desencanto, más de doce años de lucha pidiendo y exigiendo verdad,
justicia y reparación, sin rencor pero con memoria y sin perder la esperanza. Permítanme trasladarles mi admiración y mi orgullo como canaria a todas ustedes.


Esta Comisión y todos sus miembros han tratado de estar a la altura de nuestra obligación como representantes de nuestro pueblo, esto es, representar el dolor, la incomprensión, la indignación y la búsqueda de la verdad por todas las
personas que sufrieron y siguen sufriendo las consecuencias de esta tremenda tragedia. Ha sido unánime el deseo de tratar de estar a la altura de esa obligación en la medida que podamos servir para que recuperen ustedes la paz y el alma, que de
tantas maneras quedó dañada ese fatídico 20 de agosto de 2008.


Y termino, presidenta. Desde esta tribuna quisiera en nombre de todas pedirles perdón, perdón por todo. Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pita. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias, señora Cepeda.


Al dictamen se ha presentado un voto particular por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra en representación de dicho grupo el señor Ramos Esteban.


El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, presidenta.


Son muchas las veces que he intervenido desde este atril en este tiempo, pero voy a reconocer que esta puede ser de las más especiales por la responsabilidad que tenemos de hacerlo bien. Hoy el objetivo no es mostrar las discrepancias con
el resto de partidos, no es conseguir el aplauso fácil de los nuestros; hoy en nuestra mente tiene que estar con las víctimas de aquel accidente y sus familias, que llevan muchos años esperando respuestas. Este debate estarán siguiéndolo con
atención y esperamos poder estar a la altura. Hoy, como digo, tiene que ser un debate distinto, un debate que no sea bronco, como los que habitualmente se dan en esta Cámara. Hoy me lo decía un taxista al venir para acá: tienen convertido el
Congreso en un espectáculo permanente. Y hoy no podemos hacer eso, en honor a las víctimas. Por eso no cargaré contra el resto de partidos porque creo que sería faltar el respeto a las víctimas.


Quiero hacer un reconocimiento al PSOE de Canarias y a su presidente Ángel Víctor Torres, porque ellos fueron los que impulsaron y los que permitieron que hoy estemos hablando aquí de un dictamen de una Comisión, que se impulsó y se creó
gracias al Partido Socialista. Fue el PSOE el que permitió con su voto que saliera adelante y por eso hoy estamos aquí. Asimismo, quiero hacer un reconocimiento a las víctimas y a sus familias, porque ellos son los que durante doce años han
esperado respuestas que no obtuvieron en el proceso habitual. Las víctimas y su asociación han conseguido el reconocimiento internacional y tenemos que agradecerles el trabajo hecho y pedirles que continúen con ello.


Cuando se produce un accidente de este tipo hay dos cosas que hay que sacar en claro: primero, obtener las conclusiones de qué pasó y poner las medidas para que no vuelva a ocurrir, y segundo, resolver las responsabilidades del accidente.
Por ello, se activan automáticamente dos mecanismos: primero, la Comisión de investigación de accidentes aéreos, una comisión técnica que propone las medidas y detecta cuáles fueron las causas, y segundo, el proceso judicial para resolver las
responsabilidades. Cuando eso no se hace de forma adecuada pueden existir dudas de lo que pasó y entonces se activa una comisión de investigación parlamentaria, que es lo que hoy queremos cerrar aquí. Y yo me pregunto: ¿hemos conseguido sacar
alguna conclusión más de las que sacó la Comisión de



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investigación de accidentes técnicos? Si no lo hemos conseguido, en parte creo que habremos fracasado. Pero hoy, como decía antes, tenemos que poner el foco en las familias y en las víctimas para que nunca se nos olvide y para que siempre
estén en la memoria.


Como digo, la comisión de investigación se creó con el apoyo del PSOE para el apoyo y reparación de las víctimas, para esclarecer los hechos que se produjeron y para determinar las mejores enseñanzas para que este drama no vuelva a ocurrir
nunca. Por eso tenemos una tarea importante y como decía el Tribunal Constitucional en la sentencia -y el letrado lo señala en su informe que tienen todos los miembros de la Comisión- una comisión parlamentaria de investigación no puede declarar
responsabilidades. El letrado es claro en su informe.


¿Y por qué el PSOE no puede votar a favor del dictamen tal y como viene aquí? Por dos motivos: porque no tiene las garantías jurídicas, como señaló el letrado, y porque, sin garantías jurídicas, podemos aprobar aquí un dictamen que siga
abierto y que las víctimas sigan teniendo en su cabeza que este tema no se cerró. El letrado insiste en la certeza de que hay dos puntos del dictamen, que hoy viene aquí tal cual, que pueden atentar contra los derechos fundamentales y nosotros,
como PSOE, siempre hemos sido muy respetuosos con las normas jurídicas porque eso garantiza los derechos de todos. El informe del letrado señala claramente que contiene dos disposiciones que resultan jurídicamente cuestionables y aconseja su
supresión y alternativa. Hoy defiendo el voto particular del PSOE en esta Cámara, un voto particular que intenta corregir y dar fortaleza al dictamen que salga aquí. No es una enmienda a la totalidad, es un texto que busca corregir las dudas
legales que puede tener el dictamen si no aprobamos el voto particular. Porque, además, el letrado señala claramente que tal cual está el dictamen puede incurrir en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas y que el problema de
ignorarlo es ignorar una sentencia del Tribunal Constitucional. Por eso defiende hoy el PSOE un voto particular.


Además, hay uno de los puntos del dictamen que va mucho más allá y que extiende una sospecha indiscriminada sobre todos los comparecientes, es decir, sobre las cuarenta y siete personas que aquí comparecieron. Por eso creemos que, si no lo
corregimos, tenemos el problema de que el Tribunal Constitucional nos corrija algo que los diputados no tenemos la capacidad de corregir aquí o que no queremos corregir aquí. Que nadie se equivoque: el voto particular del PSOE no quiere decir que
no se apoye el resto del dictamen o a las víctimas. Nosotros tenemos muy claro que la responsabilidad de los que estamos aquí es sacar un dictamen con los máximos votos posibles, que represente a todos y que permita a las víctimas seguir
trabajando, seguir con sus vidas y olvidar definitivamente este drama que han vivido durante muchos años. El Grupo Socialista ha trabajado durante este tiempo para conseguir el consenso y la unanimidad y lo hemos hecho presentando enmiendas a cada
uno de los puntos que creíamos que se podían mejorar. Algunas de las enmiendas se han aprobado y se han corregido, pero hay algunos temas que creemos que todavía hay que corregir para darle fortaleza.


Quiero agradecer el trabajo de todos los miembros de la Comisión que día y noche han trabajado para intentar resolverlo esto lo mejor posible y lo antes posible. Por eso, además, queremos resaltar varios aspectos que aparecen en el dictamen
y que el Grupo Socialista comparte plenamente. Creemos imprescindible crear un organismo multimodal de investigación de accidentes, como proponía la Asociación de Víctimas y que el Gobierno de España, el Gobierno socialista actual, ya ha impulsado
para que sea una realidad lo antes posible. Un organismo que tiene que cumplir con todas las garantías de independencia y con todas las garantías de autonomía, creemos que es imprescindible. Cada vez que hay un accidente no nos podemos permitir
que existan dudas de que los resultados y las conclusiones que se saquen no cumplen con todo lo que tienen que cumplir.


Termino como empecé, agradeciendo el trabajo de las víctimas, recordando a todos los que estamos aquí que siempre tienen que estar en nuestra memoria y pidiendo a los partidos políticos que no hagamos uso partidista de su situación, porque
estaríamos haciendo un flaco favor. Las víctimas no son de ningún partido, las víctimas son de su familia y de su memoria.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Quevedo Iturbe.



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El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días a todas y a todos. Este es un día especial, casi trece años después, 154 personas fallecidas y 18 personas que aún permanecen con lesiones graves tienen la necesidad de verse reflejados hoy en esta Cámara. Y esta Cámara creo
que tiene la responsabilidad, que ha asumido la Comisión, de dar una respuesta seria y clara al dolor de tanta gente.


El trabajo de la Comisión -lo ha señalado muy bien la presidenta- ha sido intenso. Recomiendo muchísimo la lectura de los trabajos, no solo del dictamen, porque creo que permiten dejar bien claro cuál ha sido el comportamiento de cada cual.
Ahí hemos tenido intervenciones respetuosas y colaboradoras y también hemos tenido intervenciones distantes, sobradas, incluso chulescas, que realmente no ayudan ni han beneficiado a la imagen de esas personas que lo han hecho y de lo que
representan. Es necesario reconocer el trabajo de toda la gente que ha estado en esta Comisión y también el trabajo de los de fuera, en especial, de la Asociación de Víctimas, a las que hay que reconocerles una tenacidad fuera de lo común.


Por tanto, nosotros tenemos ahora la responsabilidad de no defraudar a tanta gente y no defraudarnos a nosotros mismos. No se trata aquí de una venganza contra nadie, se trata de que quede claro que esto no se resuelve echándole la culpa a
los muertos, responsabilizando a los que murieron, en concreto a los pilotos. Esto no se puede resolver de esta manera, porque no es justo, no sirve para nada y porque, además, deforma gravemente la realidad. Y no es verdad, nadie está diciendo
aquí que la seguridad aérea en España sea una seguridad aérea insuficiente, nadie está alarmando a nadie, y afortunadamente no ha vuelto a ocurrir un accidente como ese en todos estos años, pero sí que es verdad que en ese fatídico día se acumularon
un conjunto de circunstancias que no deberían haber ocurrido nunca.


Por ese motivo, se hacen recomendaciones en relación con los instrumentos de prevención y de análisis y control de la siniestralidad aérea, pero también se hace un llamamiento a la Fiscalía porque hay determinados comportamientos que
nosotros creemos que deben ser estudiados. No es razonable el fallo del famoso TOWS -ya todo el mundo conoce ese aparato-, porque ya había tenido dificultades anteriores modelos como ese, ya que si ese aparato hubiese funcionado hubiese puesto un
'no go' así de grande que hubiese impedido el despegue. Que la compañía responsable de esto se haya permitido el lujo de no contestar a esta Comisión es algo que nosotros no podemos permitir y, por lo tanto, es una de las cuestiones pendientes. Es
evidente que las víctimas no pueden ser tratadas -ya se ha dicho aquí también- como si esto se tratase de un mero accidente de tráfico. No es posible que la póliza con la que estaba asegurada esta compañía haya gastado solo el 3 % del total en
reparar los derechos de las personas afectadas.


Yo creo que en esta situación debemos aprobar el dictamen, que es perfectible, como todo, pero lo deseable sería que todos apoyásemos este dictamen, porque no se trata de vengarse de nadie ni de vengar a nadie, se trata de reconocer, de
hacer justicia, de tratar de pasar página, por toda la gente que no va a poder nunca vivir con tranquilidad después de saber que este accidente hubiese sido evitable en otras circunstancias.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Quevedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el 28 de agosto de 2008 el vuelo JK 5022 se estrelló en el aeropuerto de Madrid. La gestión de la crisis fue un desastre, el trato y la información a los familiares infame, la asistencia a las víctimas durante y después
humillante, y la investigación, por usar un término suave, irresponsable. Un año después, en noviembre de 2009, las víctimas entraron por primera vez en este Congreso para reunirse conmigo. Hoy quiero rendirles homenaje a ellos, que durante estos
años han luchado no solo por esclarecer la verdad, sino para que no volviera a suceder y, sobre todo, para que las víctimas del futuro no pasen por lo que ellos sufrieron. Hubo un total de 154 fallecidos y 18 supervivientes, de ellos 80 eran
canarios. Por ellos y por sus familias hoy se repara conociendo la verdad y, sobre todo, en honor a su memoria. Hoy quiero nombrar a madres como Ángeles, Estrella, Pepi, Julia, Isabel, Paqui, Mapi o Soledad; a padres como Vicente, Luis, Carlos,
Santiago, Manolo o Marcos; a hijos como Máximo, Marta, Laura o Juan; a los pilotos, Antonio García Luna y a Javier Mulet Pujol, a los que les acusaron de ser los responsables en esa investigación del accidente; al padre del piloto, Víctor García
García, al que conocí y que pidió perdón a



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las víctimas porque creyó que su hijo era culpable; al superviviente Rafael Vidal Rodríguez, que gracias a la asociación pudo recuperarse, porque la compañía de seguros no actuó; a los primeros profesionales que llegaron al lugar del
accidente y en nombre de todos ellos quiero nombrar al médico del Summa, Nicolás Riera López y al bombero de AENA, Francisco Martínez Alvarado, así como al guardia civil Luis Rodríguez Caso -ninguno de ellos fue entrevistado en la investigación de
la Ciaiac y a ninguno de los que estuvieron allí se le dio asistencia psicológica, que la necesitaron- y, desde luego a Luis Lacasa Heydt, decano del Copac, que fue el que ordenó la revisión del informe de la Ciaiac y del que tanto aprendí.


Por fin, hoy aprobaremos el dictamen que determina las responsabilidades y sobre todo deja claro quiénes no fueron responsables. Eso es fundamental para la seguridad de la aviación, y se lo dice una canaria. Pero esto no hubiera sido
posible sin la presidenta de la asociación Pilar Vera Palmés, cuya lucha incansable, dejando su vida y su ánimo durante estos más de trece años, ha sido decisiva. Consiguió en el año 2010 que se modificara el Reglamento europeo, pero sobre todo que
en 2013 este país contara con un Plan de asistencia de víctimas de accidentes aéreos, gracias a la ministra Ana Pastor. Hoy estoy emocionada porque, por primera vez, voy a poder ir al aniversario, al que siempre me han van invitado, el día 20 de
agosto, y podré mirarles a los ojos. Fue una cadena de errores y hoy, gracias a este dictamen, esperemos que no se vuelva a producir, por los que no están, por los que están y por los que estarán en el futuro.


Gracias a la asociación y a las fuerzas políticas que van aprobar este dictamen y, sobre todo, me quiero dirigir -y termino- a Meri Pita, la presidenta: has sido muy valiente, agradezco a Podemos que a pesar de las presiones haya podido
salir este dictamen. Te lo digo como canaria, como compañera diputada y quería que quedara reflejado también en el Diario de Sesiones. Gracias, Meri, fuiste muy valiente.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Oramas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.


El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días.


Señora presidenta, señorías, estamos no solo ante el dictamen de una Comisión investigación -porque una Comisión investigación tiene un objeto determinado que ya ha sido prefijado por el Tribunal Constitucional en su doctrina, como la
averiguación de unos hechos y el análisis de responsabilidades y en su caso la evitación de consecuencias-, que además no solo por su particularidad, su especialidad y su singularidad, y por desgracia como otras, tiene víctimas a quienes también
debe de atender este tipo de dictámenes, sino que el problema es que la atención a las víctimas en este tipo de dictámenes se produce como se hace con las víctimas en otro tipo de sucesos, y los inocentes sufren como consecuencia de eventos que no
tenían por qué sufrir. La verdad, la justicia y la reparación se señalan como elementos troncales de esa posibilidad de actuación allí donde existen víctimas, y aquí también nos encontramos como en esos casos en los que la verdad y la justicia son
patrimonio de la jurisdicción del Poder Judicial porque solo existe como verdad, solo es justicia aquello que señala el Poder Judicial, aquello que señalan los tribunales. Pero en este caso de lo que se trata es de reparar también en parte la
situación derivada de aquel accidente del JK 5022.


Sucede, a mi modo de ver, que la reparación que podemos alcanzar a dar quienes nos encontramos el ejercicio de esta actividad es precisamente emitir un dictamen con carácter unánime, estar de acuerdo, lanzarles a esas víctimas un abrazo que
intente ser reparador. Tenemos el problema de que ese abrazo reparador no se les da de forma completa cuando, como ocurre en este caso, no existe unanimidad. Será por diferentes motivos, comparto las visiones que se han señalado desde la
presidenta al representante del Partido Socialista en cuanto a las intenciones y manifestaciones de cómo se debe actuar en este tipo de Comisiones, pero lo cierto es que tengo la impresión de que no hemos sido suficientemente diligentes a la hora de
llegar a las conclusiones en esta Comisión y en este dictamen. Por ello, en primer lugar, quiero hacer dos cosas, primero, darles un abrazo enorme a todas las víctimas y, segundo, pedirles perdón porque no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo.
Pero también hay una cuestión que es importante que creo que también es reparadora, y es nuestra verdad, cada una de ellas. Se lo dije a la presidenta de la asociación, a Pilar Vera, y se lo vuelvo a repetir desde esta tribuna: yo creo que lo
mejor



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que puedo hacer es decirte mi verdad, lo que yo creo de verdad que ha pasado y lo que el dictamen debería haber dicho.


Hay muchas cosas, comparto casi todas las valoraciones que se han hecho en torno al dictamen y también las discrepancias que voy a mantener. Por eso también quiero decirles unas cuantas cosas. Voy a destacar algunos aspectos del dictamen,
tanto en los que coincido como en los que no, precisamente porque creo que debo decirles la verdad no tanto a ustedes sino a las víctimas. Así, en primer lugar, hay que destacar -creo que es positivo- la propuesta de creación de un órgano
multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples, porque no solo es oportuno sino adecuado con el objeto de su mayor especialización, si bien no participo de la insinuación relativa a la falta de capacitación e
independencia de los componentes de organismos vigentes dedicados a esa función de investigación que ya lo han hecho también en este caso. Asimismo, entiendo necesario, sobre todo, empoderar a los mecanismos de investigación no solo con los
caracteres de independencia y objetividad que ya se han predicado, sino también en los recursos, porque nos ha pasado con este caso que a quien casi todos consideramos principal responsable, que es a la empresa Boeing, ha salido indemne, y no solo
eso, sino que ha salido indemnes de su negativa formal a facilitar información requerida por esta Comisión. Por ello entiendo que se debe instrumentar algún medio para que los operadores involucrados en este tipo de sucesos no puedan eludir la
obligación de comparecer ante estos u otros tipos de órganos, ni omitir información que pudiera ser relevante para evitar la repetición de cualquier siniestro.


También creo que es positiva la propuesta de revisión de protocolos tanto en materia de seguridad, mantenimiento y acciones preventivas de seguridad aérea como de otras que se han mencionado, que menciona el dictamen y que han destacado
algunos otros. Al margen del debate sobre su eficacia, lo que se ha revelado como imprescindible es que haya una constante actualización, revisión y comprobación de su efectividad.


Se ha hecho referencia también a otra cuestión, la de los seguros, inaceptable desde cualquier punto de vista. Esta sí que es una cuestión urgente en la que fácilmente puede y debe intervenir esta Cámara, el legislador. No comparto la idea
de independencia de esa autoridad de investigación en prevención de accidentes, que no se sostiene dentro de la doctrina administrativa, y considero errónea incluso en derecho la pretensión de situarla bajo el paraguas del Congreso, a quien no
corresponde ninguna labor de supervisión en tal sentido, porque entiendo que la independencia que se predica, que debe existir, no tiene nada que ver con la dependencia orgánica y funcional, sino con la caracterización de su funcionamiento y las
garantías en la actuación de sus miembros.


Igualmente -y aquí ya entro en otra materia-, discrepo de la recomendación octava, por los mismos motivos de independencia o no, y también voy a coincidir con la intervención del señor Ramos -y, por ello, no me quiero extender- al señalar
que discrepo abiertamente de las recomendaciones novena y décima por los mismos motivos de garantías de derechos fundamentales que señala el voto particular del PSOE.


Solo me queda volver a trasladar a las víctimas mi abrazo y mi solidaridad -me gustaría que hubiera sido unánime-, y al Parlamento, una reflexión: debemos saber gestionar este tipo de actuaciones no solo con las tradicionales comisiones de
investigación. La existencia de víctimas caracteriza esta cuestión de una forma suficiente como para entender que se debe producir a través de otros mecanismos formales. Pero, sobre todo, quiero volver a señalar un hecho fundamental, y es que el
abrazo reparador que puede ofrecer este Parlamento se da cuando se ofrece la unanimidad. Deberemos a futuro volver a intentar que estas situaciones se produzcan de esa forma unánime que requería una actuación como esta.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.


Verdad, justicia, reparación y memoria. Con estas palabras concluye el dictamen elaborado por la Comisión de investigación del accidente de Spanair. Desde aquí mi recuerdo y el de todos los diputados de mi grupo parlamentario a todas las
víctimas. También un caluroso abrazo a sus familiares, que aún sufren por lo acaecido aquel fatídico día de agosto de 2008. Verdad, justicia, reparación y memoria. De mejor o peor manera, confiamos en haber contribuido a esas cuatro palabras y a
que se vieran reflejadas en nuestros trabajos y en este dictamen del que hoy hablamos.



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Permítanme, también, como ya se ha hecho en esta tribuna, recordar a todos aquellos compañeros que han trabajado a lo largo de estos años en la Comisión de investigación, por su esfuerzo durante estos tres largos años. Votaremos sí a este
dictamen precisamente por esto, porque cumple con esas labores fundamentales en una democracia, porque contribuye a entender lo que falló y lo que pudo hacerse mejor y porque supone un ejercicio de memoria para que el recuerdo de las víctimas nunca
se desvanezca en el olvido. Sin embargo, he de decir que nuestro voto favorable a este dictamen es un sí crítico con varios puntos de este trabajo, y entendámonos bien. Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de entender lo sucedido desde
una perspectiva amplia. Si queremos evitar que puedan repetirse sucesos como este en el futuro, es necesario extraer lecciones de esta memoria, tal y como ya he dicho.


En nuestra opinión y desde el más profundo respeto, este dictamen incurre en dos errores fundamentales. El primero de ellos es precisamente hacer de las recomendaciones una parte muy secundaria del documento. Hay ideas valiosas en el
dictamen que merece la pena que sean discutidas y que puedan contribuir a mejorar la seguridad aérea de nuestro país. Sin embargo, estas recomendaciones parecen ser una adenda a un objetivo diferente, que no debería ser el principal de esta
Comisión: la emisión de un juicio paralelo, que además contraviene elementos básicos de nuestro ordenamiento jurídico. Este, señorías, es el segundo problema o error, desde mi punto de vista, en el que incurre el dictamen. Se arguye que
determinadas personas que ostentaban puestos de responsabilidad en el momento del accidente tienen responsabilidades políticas que deben depurarse.


Quiero detenerme aquí un momento, porque, por supuesto, es necesario ampliar el foco y ver qué más podemos y debemos exigir a los representantes de la soberanía popular. Uno de los principios básicos de nuestras democracias liberales es la
rendición de cuentas, que se articula fundamentalmente a través del voto, pero también lo es el de la información clara y transparente de la acción de gobierno. Sin embargo, en el momento en el que esas responsabilidades políticas de las que habla
el dictamen se extienden para ir más allá de esto, podemos socavar irremediablemente los mecanismos de control del poder de nuestro Estado de derecho, entre los cuales, fundamentalmente, está el Poder Judicial, con sentencias firmes ya dictadas.
Por ello, desde que comenzaran los trabajos de esta Comisión hemos trabajado de forma incansable para que este fuera un sano ejercicio en el que aprendiéramos para mejorar.


Además, el dictamen choca de lleno con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es legítimo que pensemos que se pudo hacer más por parte de las autoridades a cargo de las administraciones aquel 20 de agosto de 2008. Sin embargo, tal
y como reconoce el Tribunal Constitucional, la presunción de inocencia no ha de darse solamente en el ámbito procesal, sino que también incluye el derecho a no ser considerado partícipe de un acto ilícito o de una infracción administrativa. Por
tanto, señorías, el señalamiento de los responsables políticos del accidente ha de conducir invariablemente a demoler la presunción de inocencia y a contribuir a la lesión de su derecho al honor. Preservar la democracia liberal requiere señalar los
problemas que existen incluso en las causas más justas. Sí a la memoria, a la verdad y a la reparación, pilares esenciales de una sociedad sana que recuerda a sus víctimas y trabaja para evitar que tales eventos vuelvan a repetirse, pero también sí
a respetar la justicia, mantener nuestra fe en la separación de poderes y preservar el derecho al honor, requisito sine qua non de nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas de esta democracia. Recordémoslo siempre. Recordémosles siempre.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.


La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gràcies, presidenta. Bon día, diputats y diputades.


Antes de empezar, desde nuestro grupo damos nuestro más sentido pésame a las familias de las 154 personas fallecidas en este trágico accidente y todo nuestro apoyo a los 18 supervivientes.


Entramos en esta Comisión recogiendo el testigo del compañero, exdiputado de esta Cámara, Joan Olòriz; una Comisión que ha visto pasar dos legislaturas sin poder realizar el dictamen. Hemos formado parte activa de esta Comisión de
investigación, asistiendo a las más de cuarenta comparecencias celebradas desde febrero de 2018, reuniéndonos con técnicos y estudiando la abundante documentación, los informes y los trabajos aportados. Teníamos el objetivo de investigar qué
ocurrió, pero sobre todo el porqué ocurrió. El dictamen inicial nos parecía muy correcto, pero, a nuestro entender, no estaba todo incluido, faltaba parte de la información, y por este motivo presentamos enmiendas con la pretensión de contribuir a
hacerlo más claro y más veraz.



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Nos esforzamos en ser la voz de las familias de este trágico accidente, que en un momento les rompió sus vidas. Para nuestro grupo es de vital importancia clarificar la cadena de errores que provocaron este grave accidente el 20 de agosto
de 2008, hace ya casi trece años; una cadena de errores tanto técnicos como humanos que, con este dictamen, debíamos evitar que volvieran a repetirse, al mismo tiempo que reparar el recuerdo de estas 154 víctimas, para que su muerte no fuera en
vano. Pero, mientras ha pasado todo esto, hemos observado estupefactos cómo a diputados de esta Cámara solo les preocupaba salvar el dictamen. ¿Acaso desconocen que el dictamen está pensado justo para lo contrario? El dictamen está pensado para
salvar vidas, señorías. Ustedes no entienden nada. Son los mejores herederos del régimen del 78, puesto que solo les preocupa tapar sus errores. No les importa la vida de las personas, solo les preocupan los cimientos podridos donde han edificado
su Estado y que no se derrumben. Ustedes están intentando eludir y tapar los hechos ocurridos ese fatídico día; da igual si la vida de las personas está en juego, porque ustedes no han pensado ni siquiera en reparar el recuerdo de estas víctimas;
ustedes han cogido una escoba y han querido tapar todos sus errores debajo de una alfombra.


Hace unos días mi compañero, Gabriel Rufián, les comparó su democracia con un edificio y lo tildó de chabola; hoy queda más demostrado que nunca. Ahora mismo, aquí, debería estar el compañero Joan Josep Nuet, al que desde aquí mando un
abrazo de todo nuestro grupo parlamentario (aplausos), pero, ya ven, hoy no puede estar. ¿Saben por qué? Porque lo inhabilitaron, lo inhabilitaron por hacer política y permitir un debate. No quieran salvar el dictamen, al menos no lo quieran
salvar a su antojo para ir tapando su ineptitud. Salven las paredes de su chabola, construyan cimientos fuertes y perdurables y, sobre todo, que los dictámenes de esta magnitud sean concisos, claros, transparentes, técnicos y veraces, porque su
resultado debe contribuir a salvar vidas. Claramente, no vamos a aceptar el voto particular del PSOE. Si tenemos que elegir entre salvar futuras vidas o el honor de políticos responsables, no les quepa ninguna duda: para nuestro grupo siempre
será la vida.


Desde esta tribuna, termino mandando un fuerte abrazo a todos los familiares, y les felicito, sí, les felicito por la persistencia en la investigación de los hechos ocurridos ese trágico día en el accidente del vuelo JK 5022 de Spanair.
Gracias a esta persistencia, hoy se aprueba este dictamen, que, tal y como hemos expresado, debe salvar vidas. Por este motivo, desde Esquerra Republicana les estamos profundamente agradecidos por toda su contribución a esclarecer esta cadena de
errores.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mayoral Perales. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de
oradores).


El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, me gustaría hacer un reconocimiento al trabajo que ha hecho la Asociación de afectados del JK 5022. Creo que ha sido un ejemplo de compromiso y un ejemplo fundamental de trabajo por el bien común; un trabajo que ha ido a
todos los lugares donde era posible remover todos los obstáculos para que un accidente como este no se volviera a repetir, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Creo que es merecido el reconocimiento en una sociedad en la que muchas
veces se ponen en valor simplemente los intereses individuales. Que haya personas que pongan su tiempo, su esfuerzo y su compromiso por el bien común es algo que los representantes de la soberanía popular debemos reconocer, porque nos hace una
sociedad democrática mejor. Creo, modestamente, que llegar a este momento y que salga este dictamen es también un reconocimiento a todo el trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo, un trabajo para la mejora de las normativas, un trabajo
para la mejora de los protocolos, un trabajo de protección a las personas afectadas, un trabajo de acompañamiento en batallas con empresas que son incalificables.


Durante la Comisión hemos podido ver, entre otras cosas, la comparecencia del representante de la aseguradora Mapfre, y creo que todas las personas que asistimos a esa comparecencia pasamos muy mal rato. Y pasamos muy mal rato porque
entendemos que las aseguradoras tengan intereses económicos, pero tienen unas obligaciones sociales, tienen que cumplir con unas obligaciones sociales. Quizás el momento más duro fue cuando se le preguntó cuál era el mecanismo de mejora para poder
proteger a las víctimas y a las personas afectadas por este tipo de accidentes, y nos dijo que lo mejor para agilizar las indemnizaciones y la protección a las personas afectadas era que se encargase el fondo de compensación público. Creo que fue
un insulto no solamente a las personas afectadas, sino fundamentalmente a nuestro



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pueblo. Las aseguradoras, en el momento en el que se producen los siniestros, tienen obligación de proteger a las personas afectadas por esa situación, es su responsabilidad.


Esto, además, nos trae a colación la necesidad de hacer una reflexión en torno a la doctrina del Tribunal Supremo en referencia a este tipo de accidentes. No podemos ser un país que no aplica la doctrina de la Unión Europea en esta materia.
No puede ser que el Tribunal Supremo, una vez más, se sitúe fuera la doctrina de la Unión Europea. Vimos que lo hicieron una y otra vez con el tema de las hipotecas y hemos vuelto a ver cómo se sigue haciendo en este tipo de materias. Cuando
hablamos de ser un país europeo, significa que, cuando existen normativas que permiten una mejor protección de las personas, es obligación de todos y de todas y de todos los poderes del Estado aplicarlas. Esa creo que no es una cuestión menor para
poder afrontar muchas de las responsabilidades que aún tiene el Estado con respecto a muchas personas. Están pendientes de resolución todavía procedimientos en el Tribunal Supremo de compensación y protección a las personas afectadas. Nuestro país
se tiene que poner a la altura de Europa y ser capaz de aplicar esa doctrina europea que no permite que las aseguradoras limiten las compensaciones a las personas que están afectadas por este tipo de accidentes.


Quizás, para mí, lo más sorprendente en una democracia es que haya una multinacional que se crea que se encuentra por encima de la ley, que no tiene que rendir cuentas de su actividad aunque tenga graves repercusiones para la población. Y
me estoy refiriendo a la empresa Boeing. Creo que la actitud que ha tomado la empresa Boeing con respecto a la justicia española y con respecto a la cooperación con esta Comisión es absolutamente inaceptable y nos tiene que hacer reflexionar sobre
cuáles son los mecanismos de control frente a las trasnacionales para que no puedan burlar a la justicia y burlar a la soberanía popular, como hemos visto que Boeing ha hecho en este caso, eludiendo todas sus responsabilidades con respecto a este
asunto y, además, sembrando indicios de que existían fallos en ese modelo de aviones conocidos de forma pretérita al hecho luctuoso, algo que agrava aún más la responsabilidad de esta compañía.


Para nosotros es importante haber podido llegar a este final, porque era un compromiso. Han hecho falta tres legislaturas para que finalmente salga este dictamen, pero, en honor a la verdad, hay que decir que, llegados a este punto, era
necesario también algo muy importante: la mejora de los mecanismos de seguridad aérea. Creemos que este dictamen recoge cuestiones importantes, como la creación del organismo multimodal, y algo imprescindible: la creación de ese cuerpo de
inspectores, que sea capaz de tener autonomía y recursos suficientes para poder realizar las labores de inspección que garanticen la seguridad aérea en nuestro país, sin interferencia de las compañías aéreas a la hora de emitir sus propias
conclusiones. Nuestro grupo ha intentado contribuir en todo lo posible para poder articular los mecanismos de mejora que permitan que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.


Quiero concluir como comenzaba al principio. Cuando existen situaciones difíciles, duras, las personas que son capaces de sobreponerse al dolor no para responder frente a sus intereses individuales, sino para intentar buscar el bien común,
para mejorar las normativas, para mejorar los protocolos, para mejorar los medios y buscar la fórmula para que estas cosas no se repitan necesitan un reconocimiento. Como representantes de la soberanía popular es lo menos que debemos hacer. En una
sociedad democrática, que las personas se organicen, se asocien y defiendan el bien común es un patrimonio del conjunto de la democracia, de todos y de todas.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida. (Aplausos).


El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señora presidente.


Señorías, hoy es un día muy importante, no solo para los familiares de las víctimas del accidente del vuelo de Spanair con destino a Gran Canaria. Somos muchos los que de una manera más o menos cercana conocíamos a las 154 víctimas mortales
y a los 18 heridos del accidente. Por esta razón, tal y como manifesté en mi intervención en la última comparecencia de la Comisión, directa o indirectamente todos los grancanarios volábamos en ese avión. El Pleno de esta Cámara aprobó la creación
de la Comisión de investigación el 6 de febrero de 2018, con el voto a favor de la mayoría de la Cámara y la inexplicable abstención del Grupo Parlamentario Popular; en esta XIV Legislatura, se aprobó, por asentimiento, el 15 de abril del pasado
año 2020. Personalmente, me habría gustado saber cuál habría sido el sentido del voto de los grupos parlamentarios. Los tres miembros del Grupo Parlamentario VOX



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nos hemos esforzado en que el dictamen que hoy se presenta cumpliese con el objeto de la Comisión de investigación, que era, y leo literalmente: 'investigar y, en su caso, determinar las causas y las responsabilidades del accidente del
vuelo JK 5022 de Spanair el 20 de agosto de 2008, extraer conocimientos y recomendaciones para prevenir futuras tragedias'.


Hemos tenido importantes motivos para trabajar con especial esfuerzo. Mi compañera, Esteban Calonje, portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Comisión de investigación, es hermana del capitán del Ejército del Aire, Miguel Alejandro
Esteban Calonje, fallecido el 4 de mayo de 2004 al estrellarse el Mirage F1 que pilotaba, y el teniente general del Ejército del Aire, Manuel Mestre Barea, era en el momento del accidente el jefe del Mando Aéreo de Canarias, y gracias a su discreta
pero valiosísima labor, el Ejército del Aire puso a disposición los medios necesarios para acompañar a los familiares y a las víctimas en el traslado al aeropuerto de Gran Canaria con la mayor dignidad posible, dignidad que solo nuestros soldados
saben brindar (aplausos); dignidad de la que, desgraciadamente, también fui testigo al recibir en el mismo aeropuerto de Gran Canaria los restos de mi primo, Eduardo Castillo Rodríguez, alférez alumno de la Academia General del Aire, fallecido el
26 de abril de 2012 junto a su instructor, el capitán Julio Castellón Bueno.


Como decía al principio de mi intervención, hoy es un día muy importante, especialmente para los familiares de todas las víctimas de accidentes aéreos. A las víctimas dedicamos en el día de hoy nuestro respetuoso recuerdo, y a sus familias,
el reconocimiento de su dolor y nuestro esfuerzo para que nunca vuelva a producirse otra catástrofe similar. (Aplausos).


Lamentablemente, también en esta Comisión de investigación han establecido un cordón sanitario contra VOX, para que nuestras enmiendas al dictamen no prosperasen. Aprovecharé esta intervención para dar a conocer varios aspectos que
queríamos incluir en el dictamen y que fueron excluidos. En primer lugar, queríamos manifestar que no se tiene constancia de la existencia de registros, actas o certificaciones que acrediten el cumplimiento de los simulacros generales de emergencia
aeronáutica previstos, supuestamente, en el Plan de emergencias del aeropuerto para entrenamiento, entre otros, de los equipos de rescate. En segundo lugar, expusimos que no ha quedado acreditada la justificación para que se tardara más de quince
minutos desde el momento en el que se produjo el siniestro y la activación de la alerta por el controlador responsable del control del tráfico aéreo. Por último, tampoco hay constancia de la existencia y del estado de uso de los accesos de
emergencia del vallado perimetral del aeropuerto.


No quiero terminar mi intervención sin dar las gracias a los miembros de otros grupos parlamentarios que también han contribuido al esclarecimiento de la verdad. Lamentablemente, no puedo incluir -y me veo en la obligación de señalarlo y
reprocharlo- a los miembros del Grupo Parlamentario Socialista, que han dedicado sus esfuerzos a ocultar a los responsables de la seguridad de la navegación aérea en España en el momento del accidente. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista,
son los únicos que se han apartado del dictamen aprobado por la Comisión, emitiendo un voto particular carente de sentido y legitimidad, ya que se basa en los mismos argumentos que ustedes rechazaron en la votación de las enmiendas al dictamen. El
Grupo Parlamentario VOX votó en contra de los argumentos de su voto particular porque la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se basa es una sentencia hecha a medida para proteger al Poder Ejecutivo y dictada por el Tribunal
Constitucional, que no es un órgano imparcial, sino un órgano político al servicio del Partido Popular y del PSOE, que llevan décadas repartiéndose la elección de sus miembros. (Aplausos). Han querido ocultar a los responsables de la seguridad
aérea en el momento del accidente, con Magdalena Álvarez a la cabeza, como ministra de Fomento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, todos los responsables, incluida la exministra, han pedido que se elimine su nombre del elenco
de responsables, basándose en una hipotética vulneración de su derecho al honor. En esto estamos de acuerdo; es un deshonor haber participado en el Gobierno que más daño ha infligido a España hasta que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Entre los
solicitantes merece una mención especial Isabel Maestre Moreno, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea; antes del accidente establecía desde Senasa los procedimientos para aviación civil y después del accidente, como responsable de
AESA, impuso en esta agencia la misma línea de actuación que había traído de Senasa. Para complicar más las relaciones, la agencia dirige era arrendataria de Mapfre, esa falta de independencia entre el órgano supervisor y las aseguradoras de las
compañías aéreas es perjudicial para las víctimas de accidentes aéreos.


El Gobierno debe asumir las once conclusiones y ejecutar las nueve recomendaciones del dictamen. Dejen de repartir responsabilidades en el sector aéreo entre amigos y militantes del PSOE, la tragedia que vivimos debe tener consecuencias...



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La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez, ha finalizado su tiempo.


El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Deben adoptarse cuanto antes las recomendaciones del dictamen. Se lo debemos a las víctimas...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: ... y a sus familias.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señores y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Echániz Salgado.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, las primeras palabras que mi grupo quiere pronunciar en este Pleno, al igual que ha hecho durante cada sesión de la Comisión creada hace más de tres años en esta Cámara, son de respeto y de consideración a las víctimas y a sus
familias; de reconocimiento, recuerdo sincero y profundo a quienes dan sentido a todo el trabajo realizado durante todo este tiempo. Ojalá pueda ser un bálsamo de reparación moral y de memoria ante una tragedia que ocurrió hace ya casi trece años,
el 13 de agosto de 2008. Este es pues esencialmente un tributo a las 154 víctimas mortales, a los heridos, a los supervivientes y a sus familias -que seguro nos están escuchando-, y también una oportunidad para mejorar siempre el transporte aéreo,
su seguridad y la gestión de incidentes y de accidentes. Es también, para ser justos, un tributo a la asociación de víctimas, hoy integrada en la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos, por su trabajo, por su tesón, por su
coraje.


Señorías, el Pleno del 6 de febrero de 2018 aprobó, con los votos del Partido Socialista, una Comisión de investigación relativa al siniestro del vuelo JK 5022 de Spanair para, a través de múltiples comparecencias y a la luz del examen de
abundante documentación, mejorar los conocimientos sobre la materia y establecer unas conclusiones y unas recomendaciones útiles para evitar en el futuro situaciones similares y prevenir futuros accidentes. Señorías, durante todo este tiempo se ha
desarrollado un intenso plan de trabajo, se han celebrado casi cincuenta comparecencias y se han recibido y analizado múltiples documentos relacionados con los hechos antes del accidente, durante el accidente y después del accidente. Los elementos
de seguridad, los planes de emergencia y de forma muy relevante la asistencia a las víctimas han sido objeto de esos trabajos.


Señorías, si en todo accidente, si en todo desastre la asistencia a las víctimas es un elemento esencial, aquí mucho más. Y si un accidente y un desastre es fruto de desgraciados contratiempos y coincidencias, el que nos ocupa fue sin duda
fruto de la alineación de diferentes problemas encadenados. Especialmente dolorosos fueron los testimonios de algunos supervivientes y las imágenes de decenas de ambulancias en fila que no podían entrar al aeropuerto a socorrer a las víctimas. Y
si todas las comparecencias también fueron de interés y algunas especialmente reveladoras, también las hubo lamentables. En este sentido, quiero señalar la inoportuna, la desafortunada e improcedente comparecencia de la ministra socialista
responsable durante el accidente, doña Magdalena Álvarez, que en una alarde increíble de falta de respeto utilizó -como recordarán todas sus señorías en la Comisión- su intervención, en lugar de para dar explicaciones sobre su trabajo, para dar
lecciones de falta de pudor con una -creo yo- insólita y extemporánea impertinencia, insolencia, incluso arrogancia.


Señorías, los trabajos desarrollados han permitido poner en valor las contribuciones de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos en la OACI, en cuestiones tan relevantes como la obligación de conocer desde el primer
momento por parte de las familias la lista de las víctimas o el conocimiento de las causas así como otros extremos del accidente antes que la población general, para evitar así enterarse de circunstancias tan dolorosas a través de los medios de
comunicación. Estos trabajos también han permitido la revisión de los protocolos de atención a las víctimas, que en este caso fueron manifiestamente mejorables. Igualmente tienen la bondad de potenciar la cultura preventiva y en este sentido es
interesante la aproximación a la creación de nuevas estructuras que promuevan desde la sociedad civil los valores de la seguridad y las aproximaciones tecnológicas, formativas, legislativas, para la búsqueda de la excelencia en estas materias. O la
modernización de los modelos y la organización de los sistemas de investigación de accidentes, modificando lo necesario, dotándolo de mayores competencias,



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de mayores medios, de mayores recursos, reforzando la capacitación y los peritajes, las inspecciones, la supervisión, la profesionalización de las funciones y dotando a su funcionamiento de mayor independencia de las incompatibilidades
necesarias y de la ausencia absoluta de conflictos de intereses.


En este sentido el Gobierno sometió a consulta pública durante quince días un anteproyecto de ley de creación de una autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes en los medios nodos de transporte hasta
el 13 de febrero del año pasado, de 2020. Ha pasado por lo tanto un año tres meses y es una pena haber perdido la oportunidad de que el grupo socialista informase a esta Cámara de dónde está un año y tres meses después ese proyecto de ley. ¿Por
qué esa falta de voluntad política cuando en esta Cámara hemos visto cómo se sometía, forzadamente, la puesta en marcha y la aprobación de determinadas leyes? Y, si no tenían tanta prisa, como parece, ¿por qué no esperaron a las conclusiones de
esta Comisión?


Señorías, también estamos de acuerdo en declarar el 20 de agosto como día nacional de las víctimas de desastres aéreos y sus familias. Y en esta fase final quisiera aprovechar para dar las gracias a todos los compañeros que han participado
activamente durante todo este tiempo en la Comisión, a doña Carmen Hernández Bento, a don Tomás Fole, a don Guillermo Mariscal y a don Andrés Lorite. Y quiero subrayar también que una sociedad avanzada es aquella que aprende de las tragedias, que
reconoce y que recuerda a sus víctimas, que cuida a sus familiares y que trabaja para que nunca vuelva a ocurrir. Esa es nuestra obligación y ahí es donde el Partido Popular siempre va a estar.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Echániz. (Aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señorías, votamos en cinco minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla, y asimismo les recuerdo que aquellas señorías que hayan solicitado el voto
telemático no pueden votar desde su escaño. (Pausa).


- VOTACIÓN.


La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños, por favor. A continuación, procedemos a votar el voto particular al dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair, presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 98 más 240 votos telemáticos, 338; a favor, 58 más 96 votos telemáticos, 154; en contra, 40 más 142 votos telemáticos, 182; abstenciones, 2 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazado el voto particular.


PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.


La señora PRESIDENTA: Les informo de que desde las 10:30 horas hasta las 13:00 horas de hoy se podrán votar telemáticamente las proposiciones no de ley y las mociones, el dictamen de la Comisión de investigación, la convalidación o
derogación de los reales decretos-leyes, así como su tramitación como proyectos de ley, las enmiendas del Senado, los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales y la enmienda a la totalidad. Todos estos asuntos
serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de la sesión.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


- REAL DECRETO-LEY 6/2021, DE 20 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE APOYO A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. (Número de expediente 130/000046).


La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2021, de
20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia del COVID-19.



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Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (Rumores).


Les pido, por favor, silencio y que ocupen sus escaños lo más rápidamente posible.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.


Señorías, comparezco hoy ante el Pleno de la Cámara para presentar a convalidación el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia del
COVID-19. Como todos ustedes saben, esta norma modifica el Real Decreto-ley 5/2021, con el que se aprobó un nuevo paquete de ayudas de 11 000 millones de euros para proteger y apoyar a todas aquellas empresas y sectores más afectados por la
pandemia, empresas fundamentalmente viables que pudiesen estar pasando por una situación de vulnerabilidad o de desequilibrio patrimonial, como consecuencia de la duración de la pandemia, un apoyo directo a las empresas que hemos venido desplegando
desde hace más de un año, desde que nos golpeó la pandemia. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Perdón, vicepresidenta del Gobierno.


Pido silencio, por favor. No mantengan conversaciones dentro del hemiciclo, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): En concreto, el Real Decreto-ley 5/2021 se articula en torno a tres nuevos fondos, siendo el de mayor cuantía la
línea de 7000 millones de euros de ayudas directas a empresas y autónomos para el pago de gastos fijos y deudas con proveedores y otros operadores, financieros o no financieros, suscritas desde marzo de 2020. Es decir, para pagar facturas, gastos
fijos, suministros, deudas financieras, etcétera. Pueden acceder a estas ayudas las empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído, como mínimo, un 30 % con respecto a 2019, dentro de casi un centenar de sectores y actividades que hemos
identificado como los más afectados por las restricciones, utilizando para ello dos criterios objetivos de carácter nacional. Aquellos sectores en los que más de un 10 % de los trabajadores todavía sigue cubierto por un expediente de regulación
temporal de empleo, en el momento de aprobación del citado real decreto-ley, y aquellos sectores que no hayan conseguido reincorporar al menos al 75 % de los trabajadores que llegaron a estar en ERTE en el pico de la primera ola, en abril de 2020.
Es decir, que el real decreto-ley incluía actividades del ámbito del comercio, del textil, del transporte de pasajeros, de la hostelería, de la restauración, del turismo, de los cines, de las artes escénicas, de los museos y de los gimnasios, entre
ese casi centenar de sectores que habíamos identificado, utilizando criterios objetivos para todo el territorio nacional.


Como ya les dije cuando se debatió ese real decreto-ley, el pasado 25 de marzo, el Gobierno es plenamente consciente de que hay otros sectores y empresas que lo están pasando mal, y somos muy sensibles a sus necesidades, y por eso desde el
primer momento nos mostramos abiertos a considerar una ampliación de los sectores que pudiesen cumplir con los requisitos establecidos, también en línea con los planteamientos que hicieron sus señorías, de modo que se pudiera atender a las
particularidades de cada territorio. Fruto de esa voluntad de cubrir de la mejor forma posible las necesidades de nuestras empresas y trabajadores, el pasado 20 de abril el Consejo de Ministro aprobó el real decreto-ley que hoy se somete a
convalidación, que, en suma, lo que hace es permitir a las comunidades y ciudades autónomas ampliar los sectores y empresas beneficiarios de las ayudas. Dentro de la asignación concedida o establecida para cada una de las comunidades autónomas, las
mismas pueden incluir como beneficiarios sectores adicionales a los 95 ya previstos, atendiendo a las especificidades de cada territorio, en definitiva, al impacto que sobre las empresas y los autónomos hayan tenido las medidas de restricción de la
movilidad o de la actividad económica adoptadas por las propias comunidades autónomas dentro de sus competencias. Además, en este real decreto-ley se incluye la posibilidad de que se otorguen ayudas de forma excepcional a empresas viables que
obtuvieron un resultado negativo en 2019 por causas, como decía, extraordinarias o excepcionales. Un ejemplo claro son las empresas que se pudieron ver afectadas por la que quiebra de Thomas Cook, sobre toda en la Comunidad Autónoma de Canarias, en
el año 2019.


Como todos ustedes saben, las ayudas previstas en estos reales decretos-leyes serán gestionadas por las comunidades autónomas mediante la firma de un convenio con el Gobierno de España. El pasado 15 de abril el Ministerio de Hacienda
remitió a las comunidades autónomas el correspondiente convenio y, a día de hoy, salvo País Vasco, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, todas las



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comunidades autónomas ya han firmado los convenios con el Ministerio de Hacienda y están, por tanto, en condiciones de sacar sus convocatorias de ayudas; de hecho, espero que todas lo hagan en las próximas semanas. Además, el Gobierno ya
ha transferido la parte correspondiente de esta línea de ayudas a Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla y León, y en los próximos días se realizara el desembolso también para
Cataluña, Murcia, Andalucía, La Rioja y Cantabria.


Por otra parte, y con esto termino, el real decreto-ley sometido hoy a convalidación también habilita a las delegaciones de Economía y Hacienda a conceder a las empresas durante los ejercicios 2021 y 2022 un periodo de carencia de dos años
desde la fecha de vencimiento de las obligaciones de carácter no tributario, y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años. Como decía, este fraccionamiento y esta mora se aplicarán a las deudas de naturaleza pública no tributarias
ni aduaneras, por ejemplo, para el reintegro o reembolso de ayudas o de préstamos concedidos por la Administración General del Estado, sin tener en consideración el periodo al que se refieren las correspondientes deudas. También, si la deuda
contaba con alguna garantía en origen, esta se mantendrá. Esta es una posibilidad, por supuesto, de carácter voluntario para las empresas y se trata de proporcionarles liquidez, minorar la carga del cumplimiento de estas obligaciones no tributarias
para las empresas y los ciudadanos. Los potenciales destinatarios de estas medidas son las pymes, en particular en los sectores de actividad más golpeados por la pandemia, empresas que se dedican también a la ciencia y a la innovación, el turismo o
las empresas de carácter estratégico. Para solicitar acogerse a esta medida estas empresas deberán presentar una memoria justificativa de los motivos relacionados con la pandemia que suponen dificultades transitorias de tesorería para devolver las
ayudas, y un plan de viabilidad o de negocio con un informe de un auditor si la solicitud supera los 150 000 euros o los 250 000 euros conjuntamente con solicitudes anteriores. Por tanto, estamos poniendo en marcha procedimientos excepcionales y
transitorios, pero que apoyan decididamente a las empresas de nuestro país. Se trata de seguir dando oxígeno al tejido productivo en esta fase final de la pandemia, para que puedan tener el músculo necesario para aprovechar la recuperación
incipiente que nos muestran todos los indicadores económicos.


Espero contar con el apoyo de sus señorías, espero el respaldo con su voto para la convalidación de este real decreto-ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, vicepresidenta segunda del Gobierno. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Guitarte Jimeno.


El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, presidenta.


Señora ministra, señorías, esta crisis ha provocado que muchas empresas hayan paralizado su actividad durante meses sin obtener ingresos, y están arrancando ahora con condiciones que no les han permitido funcionar adecuadamente, con muchas
limitaciones porque, en general, la demanda sigue siendo mínima. A muchas de ellas les va a costar salir adelante y necesitan ayudas ajustadas a sus peculiaridades. Es indudable, y hay que reconocerlo, que el Estado ha apoyado decididamente a
muchas empresas y sectores, aunque para algunos todavía no sea suficiente. Por ello creemos que este real decreto es imprescindible para ayudar en su recuperación, y por ello votaremos a favor de su aprobación, aunque también lo haremos solicitando
la tramitación como proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia, con objeto de que puedan mejorarse algunos aspectos detectados como el que voy a comentar ahora.


Queremos evidenciar, por ejemplo, que a veces las condiciones que se imponen para restringir a especuladores o a empresas no viables provocan que no se apoye a los que más lo necesitan. Es el caso de muchas pequeñas empresas que en el año
2019 y años anteriores habían comenzado recientemente su actividad o se enfrentaron a un proceso de inversión o ampliación creciendo, diversificando, o que estaban incluso liquidando el final de su cuenta de pérdidas de la anterior crisis, lo que ha
provocado que sus cuentas no sean positivas en 2019 y por ello no hayan podido acceder a los créditos ICO. Y aunque usted ha mencionado algunas exenciones, creo que no están contempladas todas las posibilidades, por lo que nos traslada a nosotros
el sector afectado. En muchas de ellas esos datos económicos de 2019 no son positivos y, sin embargo, tienen capacidad para poder afrontar inversiones, aunque ahora con más dificultades, porque en general se han visto abocadas a volver a
financiarse con créditos ICO. Estas



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empresas han seguido luchando y trabajando para salir adelante, son las que más necesitan estas ayudas, y con esas condiciones no les van a llegar. Creemos que deben crearse baremos para juzgar a las empresas por su situación real, sus
expectativas y su potencial de recuperación, ayudando realmente a quien más lo necesita, siempre que tenga capacidad para salir adelante. Conocemos muchas pequeñas empresas en esta situación. Es el caso, por ejemplo, del sector del turismo rural y
de naturaleza, afectado por los cierres perimetrales.


Creemos que el Gobierno debe hacer un esfuerzo para adaptar estas ayudas u otras a la realidad de las pequeñas empresas que están sufriendo, pero son viables, sobre todo en territorios como el nuestro...


La señora PRESIDENTA: Señor Guitarte, ha finalizado su tiempo.


El señor GUITARTE GIMENO: ... donde es más difícil salir adelante.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Sayas López.


El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidenta.


Buenos días, señorías. Señora vicepresidenta, este sí es el camino. Nosotros, en la intervención del decreto anterior, pedimos que se permitiera a las comunidades autónomas adaptar los sectores económicos que podían ser beneficiarios de
las ayudas, y el Gobierno lo ha tenido en cuenta, lo ha escuchado. El camino del diálogo y de escuchar sí es el camino en el que nos podemos poner de acuerdo. Creo que estas ayudas son importantes para las empresas en cuanto que son una ayuda a la
liquidez. Es verdad que vamos a tener que estar muy pendientes para que esos problemas de liquidez no se acaben convirtiendo en un problema de solvencia, como está ya advirtiendo la Unión Europea. La Unión Europea está diciendo que el riesgo de
que esa falta de liquidez de las empresas acabe siendo un problema de solvencia en España, que afecte a la capacidad productiva y que por tanto tenga consecuencias para el empleo, es un riesgo evidente, por cierto, en un posicionamiento de la Unión
Europea respecto al cuadro macroeconómico que rebaja las previsiones del propio Gobierno de España. Una vez más parece que las previsiones, a pesar de haber sido corregidas, son unas previsiones optimistas.


Y me gustaría acabar diciéndole una cosa: que las ayudas a las empresas están muy bien, las compartimos todos, creemos que son necesarias -ya veremos si son suficientes-, pero que eso no puede venir de la mano de que nos desayunemos con
noticias como el sablazo a las cotizaciones de los autónomos o de las empresas y de subidas fiscales, porque, si lo que estamos dando por un lado, lo estamos cogiendo por el otro, evidentemente estamos haciendo un flaco favor a las empresas.
Estamos llegando ya a un momento en el que, con las tributaciones y con las cotizaciones, estamos entrando en un escenario ya casi confiscatorio, y eso es muy preocupante para el tejido productivo y para un país que tiene un problema estructural de
empleo, que tiene unas tasas por encima del 15 % y que no se puede permitir tener un tejido empresarial que no facilite la creación de empleo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sayas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Finalmente, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta, señorías, señora ministra.


Nosotros fuimos muy críticos en el anterior decreto con el tema de que se excluyera, con los epígrafes que ustedes habían puesto, a todo el sector productivo canario; prácticamente todo el sector industrial, comercial, el prototipo de
empresa que hay en Canarias. Con este nuevo decreto se corrige la materia de los epígrafes y se corrige también el tope de los 200 000 euros, sin embargo hay muchísimas más cosas que son importantísimas para que puedan llegar y ejecutarse esos 1400
millones, y habíamos quedado con su partido en que, mediante enmiendas al anterior decreto o a este que van a sacar, se iban a solventar; pero siguen sin resolverse. Por ejemplo, la caída del 30 % de facturación es un requisito absurdo, sobre todo
para empresas del sector agrario canario, porque, como le dije la otra vez, las vacas se tienen que ordeñar, los quesos se tienen que producir, etcétera. Se trata de empresas cuyos márgenes están al límite y, para no tener pérdidas o,
sencillamente, seguir funcionando, esa bajada del 20, del 15 o del 26 %



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no es suficiente, porque dejarían de ser viables y tendrían que cerrar. Y lo mismo ocurre con otra serie de cuestiones que nosotros habíamos planteado.


A nosotros no nos parece serio que el Partido Socialista siga prorrogando el plazo de presentación de enmiendas del primer decreto y que ahora transfiera el dinero a las comunidades autónomas, cuando todas aquellas cosas que permitirían que
pequeñas empresas y autónomos accedieran a estas ayudas directas van a quedar fuera. Cuando a ustedes les dé la gana cerrar el plazo de presentación de enmiendas para que puedan entrar todos esos casos ya se habrá distribuido el dinero. Nosotros
vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley, pero el Partido Socialista tiene que cumplir su compromiso de tramitar como proyecto de ley el primer decreto que regulaba las ayudas, y para eso es necesario que se cierre ya el plazo de
presentación de enmiendas.


Estas ayudas directas llegan tarde y llegan mal. El resto de los países europeos lo hicieron desde el primer momento, en julio; ustedes lo han hecho ahora, y llegarán dentro de tres meses. En el camino se han quedado muchas pequeñas y
medianas empresas y muchos autónomos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on, señorías, vicepresidenta.


Nosotros vamos a apoyar este decreto, porque las cuestiones que en él se tramitan hoy ya las habíamos demandado, pero también vamos a ser críticos. Hoy se trae aquí un decreto para poner un parche, modificar el Real Decreto 5/2021, de
Ayudas Directas, porque se empecinaron en traer un decreto sin haber hablado ni haberlo consensuado antes con el resto de grupos políticos y las comunidades autónomas, que son las que verdaderamente conocen la realidad económica de su territorio y
las que, además, en algunos casos, ya habían adelantado un dinero y las que, junto con los ayuntamientos, habían concedido y pagado ayudas directas a sectores recogidos en este anexo del decreto. En su día les comenté que las prisas no suelen ser
buenas consejeras. Cuánto mejor hubiera sido esperar una semana más y llegar con un decreto negociado y consensuado. Si así se hubiera hecho, hoy no estaríamos debatiendo este decreto y habríamos evitado un parche, cuyo objetivo es que las
comunidades autónomas tengan margen de maniobra para ampliar, con flexibilidad, esos sectores y para incluir la posibilidad de ayudas a empresas que son viables pero que, por circunstancias extraordinarias, han tenido pérdidas en el año 2019, pero,
eso sí, con el mismo envolvente, con la misma cuantía de dinero que ya se había establecido. Si no llega con ese envolvente a todos estos sectores, difícilmente las comunidades autónomas podrán ampliar esos sectores, a no ser que lo hagan con
recursos propios. En Euskadi, desde luego, se asegurará dar cobertura adecuada a estos sectores con la cantidad que llegue y, luego, se decidirá si se amplía o no a otros sectores con cargo a recursos propios.


Sí, han realizado una modificación, pero más por las críticas y la presión realizada por determinados sectores y por comunidades autónomas que por convicción. Por eso, nosotros seguimos recelando de ese concepto tan peculiar que tienen
ustedes de cogobernanza. Esta crisis -lo hemos dicho siempre- está afectando de forma diferente a los distintos sectores en cada una de las comunidades autónomas, y por eso entendemos que hay que responder atendiendo a la especificidad, al peso y
al impacto que tiene cada una de las actividades económicas en los distintos territorios, así como a las propias capacidades que tienen esas comunidades y los sectores económicos para reflotar. Es lo mismo que vamos a pedir y estamos pidiendo
respecto a los fondos europeos. Usted ha dicho, y es cierto, que Euskadi y Navarra todavía no han firmado el convenio. En nuestro caso, saben que ha sido porque, por las propias peculiares que tenemos en el sistema de tributación, ha habido que
homologar los criterios de tributación establecidos a los nuestros, pero también por ese intercambio de información que ha de haber. Pero se hará.


Como hemos dicho, vamos apoyar estas modificaciones, pero también me gustaría recordarles que el Real Decreto-ley 5/2021 tenía que ser tramitado como proyecto de ley para que los grupos pudiéramos presentar enmiendas. Semana tras semana
hemos visto cómo esos trámites se han ido posponiendo, y no solo los de este decreto sino también los de otros, y cómo se amplían los plazos. Por tanto, no acabamos de entender para qué se vota que se tramite como proyecto de ley si luego no
tenemos esa posibilidad de



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enmendar, y eso que en el caso del Real Decreto-ley 6/2021 nosotros no estamos de acuerdo con que se tramite como proyecto de ley, porque el propio decreto exigía que los fondos estuviesen consignados para fin de año, y era bastante
complicado. Pero sí creo que otros decretos siguen paralizados y que esto se tiene que regular de alguna manera.


Un país, una región que no es capaz de aprovechar el potencial que conlleva una buena gestión pública pierde oportunidades. Por eso les seguimos tendiendo la mano, pero llamen, escuchen, hablen con los grupos políticos y con las comunidades
autónomas y consensuen las medidas para no perder más oportunidades y poder avanzar en este y en otros campos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta. Señorías, hola de nuevo. Vicepresidenta, bienvenida.


Este debate para convalidar el sexto real decreto aprobado por el Gobierno este año podríamos titularlo como la crónica de una muerte anunciada, porque, señora vicepresidenta, visto lo visto, cualquiera diría que ustedes están deseando que
estas ayudas directas no lleguen a empresas y autónomos. Parece que desean que nunca se lleguen a desembolsar.


Cometieron un primer error en el decreto anterior, por el que se aprobaron estas ayudas directas. Ese error fue dejar la gestión de los fondos a las comunidades autónomas y otorgarles la capacidad de fijar los niveles de ayudas en función
del montante que habían recibido. Desde nuestro punto de vista, es un error, porque algunas comunidades podrían optar o bien por dar el máximo de las ayudas permitidas a un número reducido de empresas o bien por otorgar un mínimo para llegar a
favorecer a más empresas y a más autónomos afectados. Es decir, por un camino o por otro, por una opción o por otra, los mecanismos de reparto que ustedes diseñaron solo aseguran una cosa, y es que, de llegar los fondos en algún momento a las
comunidades autónomas, la desigualdad para empresas que se encuentran en territorios diferentes va a ser absoluta. Pero esto no se subsana en este real decreto-ley que convalidamos hoy. Ustedes siguen ahondando en el error, y en este Real
Decreto-ley 6/2021 vuelven a dejar en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de ampliar la lista de sectores afectados en función de la situación económica de la región específica. Por tanto, en vez de conseguir acallar las críticas
surgidas al anterior real decreto-ley, lo que hacen es ahondar aún más en el error en este decreto, es decir, producir aún más desigualdad entre empresas y autónomos de distintos territorios.


En relación con los sectores afectados, la mejor solución, desde mi humilde punto de vista, es la que les proponíamos desde Ciudadanos, la que les hicimos llegar hace unas semanas a la que fue su secretaria de Estado de Economía. Esa
solución hubiera sido incluir a nivel nacional a sectores especialmente afectados en algunas comunidades autónomas; es decir, marcar desde la Administración Central qué sectores deberían ser los beneficiarios de esas ayudas. Es más, este real
decreto contiene criterios objetivos en materia de facturación, y esto se podría utilizar como un filtro para excluir a aquellas empresas que, aun perteneciendo a sectores afectados, no cumplen criterios de especial afectación con motivo de la
pandemia. Por tanto, el requisito de facturación por sí solo ya era un mecanismo suficiente para filtrar a aquellos sectores más afectados por la pandemia y las características regionales que se presentan en las distintas comunidades autónomas. En
resumen, señorías, las ayudas de solvencia de las empresas deberían haberse articulado desde el ámbito estatal, como decía hace un momento, con criterios homogéneos y equiparables para asegurar que empresas en las mismas condiciones económicas
reciben un tratamiento exactamente igual, independientemente de su domicilio fiscal.


El segundo error en el que nos encontramos es que ustedes han diseñado un mecanismo de desembolso que supone una carga administrativa ingente para las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales no cuentan con medios personales para
acometer tales tareas. Da la impresión de que esto a ustedes no les importa, porque si les importase habrían aceptado la recomendación de nuestro grupo parlamentario y ahora tendríamos un mecanismo rápido y eficiente, articulado a través de las
entidades financieras, que evaluara las pérdidas en la facturación de las empresas potencialmente beneficiarias y que desembolsara de forma ágil estas ayudas. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio.



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La señora MUÑOZ VIDAL: Siento decirle, vicepresidenta, que este real decreto es una huida hacia adelante para aplacar ánimos en las comunidades autónomas y en algunos sectores afectados por la crisis y no soluciona ninguna de las
deficiencias advertidas en el real decreto o en el texto original. De hecho, creemos que la aplicación de esta modificación introducirá aún más diferencias entre las diferentes comunidades autónomas.


Por otro lado, quiero referirme a los famosos convenios que debían suscribir el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas, según esa nota de prensa de 16 de abril. El ministerio habría tardado más de un mes, exactamente treinta y
cinco días, en enviar a las autoridades regionales estos convenios para su firma. En la nota de prensa de 16 de abril se insta a las comunidades autónomas a proceder a la firma con carácter urgente, urgencia pero ustedes no se autoimpusieron esa
urgencia, porque incumplieron el plazo de un mes, que ustedes mismos se habían dado. Esto urge, señores del Gobierno. Las empresas no tienen más tiempo. España ya va con un retraso considerable respecto a otros países europeos en lo que ayudas
directas se refiere, y ustedes no han hecho más que alargarlo en el tiempo. Lamentablemente, al no haberse solventado las deficiencias que hemos mencionado, nos vamos a encontrar con unos fondos que suponen un esfuerzo administrativo extraordinario
y, probablemente, imposible de acometer por las comunidades autónomas; con un retraso importante en el desembolso de ayudas; con una asimetría significativa en la aplicación de los fondos, y con un aumento del riesgo político asociado a la
concesión de ayudas, por la imposibilidad de analizar con suficiente profundidad la conveniencia o no de realizar esas transferencias a determinadas empresas. No obstante, vicepresidenta, somos conscientes de que las empresas y los autónomos no
pueden esperar ni un minuto más, así que seguiremos trabajando por mejorar las cuestiones que he expuesto y votaremos a favor de este real decreto, porque por nosotros no se retrasará este proceso, que ya llega tarde.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, no estamos en contra de las medidas propuestas, pero somos realmente críticos con muchos de sus aspectos. Por ejemplo, en este nuevo real decreto se abordan, en primer lugar, los aplazamientos y los fraccionamientos
del pago de deuda de naturaleza pública. El Gobierno ha basado su política de ayudas a pequeños empresarios y a autónomos en créditos, moratorias, aplazamientos y fraccionamientos, en vez de hacerlo en ayudas directas suficientes desde el
principio. Como era previsible, aunque esto sea un balón de oxígeno en una situación dramática, no ha servido antes ni sirve ahora para solucionar el problema; solo lo retrasa. Este decreto obedece a esa evidencia. Para muchos ha llegado el
momento de hacer efectivo el pago de deudas, hasta ahora en suspenso, pero se encuentran con que no pueden, pues llevan meses cerrados o con su actividad reducida. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Más aplazamientos y moratorias, encomendándose
a la buenaventura y esperando a que la actividad económica, ahora sí, pueda retomarse. Además, la medida tiene un alcance muy limitado. Por un lado, deja fuera a todas y todos aquellos que no han aguantado y que no podrán renegociar las
condiciones porque sus deudas ya están en período ejecutivo, a los que sería justo ofrecer una salida si su situación se debe también a la pandemia y si existe viabilidad en el negocio con la recuperación de la actividad. Tampoco se aplicará para
deudas tributarias o aduaneras, solo para el reintegro de ayudas a préstamo de la Administración General del Estado.


En segundo lugar, reforman el Real Decreto-ley 5/2021 en un punto que el BNG ya había criticado, como la mayor parte de los grupos parlamentarios. Hacía una relación cerrada, atendiendo al CNAE, de actividades que podían recibir las ayudas,
lo que impedía a las comunidades autónomas adaptarla a sus propias necesidades. Ahora rectifican y se podrá ampliar a juicio de los Ejecutivos autonómicos a otras que sufran especialmente por la pandemia. Aun así, el resto del articulado -las
cuantías, el procedimiento- siguen bloqueados. ¿Por qué no se permite a las Comunidades Autónomas una verdadera gestión de los fondos según las necesidades de cada territorio? Mantienen, además, unos criterios de reparto que, como ya denunciamos
con anterioridad, son lesivos para los intereses de Galiza, pues priorizan cuestiones como la caída del PIB o el desempleo juvenil en este último año de pandemia. Pero en Galiza la situación era ya de profunda crisis industrial y económica antes de
la pandemia y, por lo tanto, nuestra variación es menos acusada, y esto, curiosamente, nos penaliza.



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La señora PRESIDENTA: Señor Rego, ha finalizado su tiempo.


El señor REGO CANDAMIL: Entendemos que no es justo.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Bel Accensi. (Pausa. -Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, presidenta.


Señora vicepresidenta, nosotros vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, y lo vamos hacer porque, en su día y también con anterioridad, reclamamos desde esta tribuna algunas de las medidas que ahora implementa.
Nosotros manifestamos que era absolutamente absurdo. Y discrepo de mi compañera María Muñoz, porque aquí no se trata de tratar de forma desigual a los iguales, sino de tratar de forma desigual a los desiguales. Las medidas que tomaron las
comunidades autónomas fueron desiguales, en algunas se cerraban algunas actividades, en otras se restringían, y, por tanto, afectaron de manera distinta a los sectores de cada una de las comunidades autónomas. En consecuencia, era razonable.
Nosotros se lo trasladamos así a su ministerio, a su secretaria de Estado, la señora Ana de la Cueva, a la que quiero dar las gracias por su trabajo, con discrepancia en muchas ocasiones, y su colaboración con este grupo parlamentario.


Se subsana una cuestión que podría haberse subsanado hace un mes. Otra vez lo hacemos con retraso, lo que hace que cada vez se acentúen más las necesidades de las empresas afectadas. Pero hay dos cuestiones que no se resuelven. Una es que
se les permite a las comunidades autónomas añadir más sectores -obviamente, no se elimina ningún sector- pero no se les asignan más recursos. Por tanto, si hay comunidades autónomas que añaden más sectores, habrá que aumentar los recursos o los
sectores previamente fijados recibirán menos ayudas. En consecuencia, nosotros entendemos que esta corrección debería ir acompañada de una modificación presupuestaria que incremente los recursos, estos 5000 millones de euros que llegan a las
comunidades autónomas para esta finalidad.


Segunda cuestión. Efectivamente, nosotros también les pedíamos que se subsanara la prohibición de que las personas físicas que hubieran declarado rendimiento neto negativo en 2019 o de las sociedades con una base imponible negativa en ese
mismo año accedieran a estas ayudas. No se trata de que las ayudas se destinen a actividades que no sean viables, pero generar pérdidas en 2019 no supone que la actividad no sea viable. En todo caso, se tendría que haber extendido este periodo de
2019 a tres periodos consecutivos, a dos periodos impositivos consecutivos, porque, si no, se les da la posibilidad a las comunidades autónomas de que en la convocatoria establezcan aquellas exenciones concretas por haber generado pérdidas. Usted
ponía como ejemplo a los afectados por Thomas Cook. La cuenta de resultados de los afectados por Thomas Cook es evidente que se verá afectada. ¿Y la de los afectados por el cierre de 'comercial Paco S.A'? Me explico. Si una empresa o un autónomo
ha sufrido el impago de uno de sus proveedores que no sea Thomas Cook y que no haya afectado a muchas otras empresas, de forma general, en aquella comunidad autónoma, tiene unas pérdidas que no son imputables a su gestión económica y que, a través
de este mecanismo, no se solventan.


Por todo ello, señora vicepresidenta, nosotros vamos a presentar enmiendas, pero como se cierra el plazo de presentación de enmiendas -usted me va a decir que eso es cosa de la Mesa de esta Cámara- de uno de los reales decretos de marzo del
año pasado un año y dos semanas después desde su aprobación no van solucionar nada. En todo caso, antes de la tramitación parlamentaria, la prioridad es que esos recursos lleguen a los afectados.


La señora PRESIDENTA: Ha terminado su tiempo.


Muchas gracias, señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).



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El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bon dia, senyora presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Buenos días, señora vicepresidenta.


Un año más tarde -más de un año- del inicio de la pandemia el Gobierno español aprobó, por fin, la primera línea de compensaciones directas para empresas y trabajadores autónomos afectados por la situación de pandemia. (El señor
vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Durante ese año, la Administración del Estado ha incumplido con el principio de corresponsabilidad. Señorías, es muy fácil de entender que la decisión de aplicar medidas restrictivas
que afectan a la actividad, con el fin de frenar los contagios por la COVID, no puede ir sino acompañada de recursos para compensar a los sectores afectados. Nótese que hasta el momento yo no he hablado de ayudas, porque, señora ministra, señora
vicepresidenta, no son ayudas, son compensaciones, que llegaron tarde y que convirtieron a las pymes y los autónomos de España en europeos de segunda.


No olvidemos que, mientras tanto, han sido las diversas administraciones territoriales las que -esas sí- han tenido que asumir esta responsabilidad. Cataluña ha sido el territorio que más compensaciones directas ha aportado, tanto en valor
absoluto como en relación con la población, casi doblando la cifra de las comunidades autónomas que se sitúan en segunda y en tercera posición. Pero sabemos que esto no es suficiente y, por ello, se las hemos reclamado por activa y por pasiva a su
secretaria de Estado saliente, y aprovecho la ocasión para felicitarla por su entrega y su competencia, desde la disensión, y desearle lo mejor en sus futuros cometidos.


Estas compensaciones llegaron con el Real Decreto 5/2021, el mes pasado, pero nuestro asombro fue que, más allá de constatar que la dotación presupuestaria distaba mucho de la desembolsada por las principales economías europeas, dejaban a
muchos de los sectores afectados en la estacada -peluquerías; productores de vino; editores de revistas; artesanía; educación en el ocio; enseñanza no reglada; tiendas de souvenirs; comercios de juguetes; salones de belleza y peluquerías-.
Un sinfín de profesionales constataron con estupor que, aunque su facturación se había desplomado más allá del 40 %, eran tratados de forma distinta, por el mero y absurdo hecho de pertenecer a sectores diferentes, y que uno de ellos resultaba
excluido. Fruto de esta flagrante discriminación y de las múltiples críticas recibidas, hoy se debate en esta Cámara convalidar el parche con el cual pretenden enmendar su error.


El Real Decreto-ley 6/2021 deja a las comunidades autónomas la discrecionalidad de poder ampliar la lista de sectores receptores de estas compensaciones, y lo celebramos. Celebramos que dejen de lado esa decisión jacobina, uniformizadora
del Estado, y asuman ya que cada territorio tiene una estructura social y económica distinta o, como ustedes lo llaman en su texto, una idiosincrasia regional. No he podido evitar la sonrisa, y veo que usted tampoco. La consecuencia de esta
realidad dispar le sorprenderá. No sirve la misma receta para todo -señora Muñoz Vidal, la igualdad por defecto es por sí misma perniciosa-. En el caso que hoy nos ocupa, no vale la misma lista de CNAE para todos. Sin embargo, vicepresidenta,
aunque estamos de acuerdo con esta modificación, así como con la posibilidad que abre este real decreto de ampliar la lista de receptores a todos aquellos sectores que incurrieron en pérdidas durante el año 2019, a pesar de todo eso, no es
suficiente. La semana pasada en Comisión expusimos, y hoy lo reiteramos, que ampliar la lista de receptores de las compensaciones sin dotar al fondo de mayores recursos es un despropósito. Hagan ustedes la simple operación matemática de aumentar
el denominador quedando fijo el numerador. ¿Qué ocurre? Que tocamos a menos, y eso lo entiende hasta un veterinario de pueblo. El tejido productivo lo está demandando a gritos. La situación es muy crítica. Les emplazamos de nuevo a cumplir con
el principio de corresponsabilidad para con los sectores más afectados por la pandemia y aumentar -por favor- la dotación de estos fondos. Fíjense en el numerador también. Votaremos favorablemente la convalidación y esperamos que se tramite como
proyecto de ley sin el filibusterismo habitual que impediría que cualquier enmienda convertida en ley dentro de un año fuera de nula utilidad. Pero como diría Baloo a Mowgli, señora vicepresidenta, eso ya es otra historia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda.


La señora MUÑOZ DALDA: Señorías, la actual crisis generada por la pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba la viabilidad económica de muchas empresas españolas. Las medidas de contención de propagación del virus basadas en las limitaciones
en la movilidad, el distanciamiento físico, la suspensión



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temporal determinadas ramas de actividad no esenciales se han mostrado efectivas en la contención del virus, pero también han tenido un impacto severo sobre un gran número de empresas que desempeñan un papel determinante en la creación de
empleo y generación de valor añadido. Las micropymes y los autónomos son los que han sufrido un impacto de la crisis mayor como consecuencia del incremento de las necesidades de liquidez por la fuerte caída de la facturación y por los insuficientes
recursos disponibles para cubrir las necesidades. En el ámbito laboral, la pandemia se ha cebado con los puestos de trabajo de condiciones más precarias, como ya ocurrió en la crisis anterior. Además, el impacto ha sido mayor en sectores con un
gran peso en nuestra economía -la hostelería, el comercio, el turismo- y en los que la presencia de jóvenes y mujeres es muy alta.


El lunes 10 de mayo la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, presentó las políticas públicas relacionadas con el mercado laboral que tienen como objetivo abordar el paro y la precariedad. Y dijo que no se trata de tener vidas
para trabajar, sino de construir trabajos que nos permitan vivir mejor. No podemos estar más de acuerdo desde Unidas Podemos. Asimismo, existe un claro compromiso por parte del Gobierno en ofrecer una oportunidad a los jóvenes. Las políticas
dirigidas a los jóvenes tienen un alto peso en el plan de reformas. Son 765 millones de inversión en empleo joven que incluyen en el Programa Tándem al que se suma el Plan de Garantía Juvenil. Desde el primer momento, el Gobierno ha realizado un
importante despliegue de medidas económicas con el objetivo de reforzar el sistema sanitario y amortiguar el impacto sobre el tejido productivo y las rentas de las familias. Durante 2020 las medidas de apoyo al tejido productivo fueron
fundamentales y eficaces para facilitar la liquidez empresarial y evitar un importante volumen de quiebras. Así lo demuestran los datos del Banco de España y del propio Ministerio de Asuntos Económicos. A fecha de 30 de abril de 2021 se han
avalado un total de 997 013 operaciones, el 98 % de autónomos y pymes. El Banco de España afirma que la línea ICO tuvo una contribución decisiva, especialmente en el caso de las empresas con un peor acceso al crédito, como pymes y autónomos.
Respecto al mercado de trabajo, pese a que los datos son preocupantes, las medidas adoptadas por el Gobierno han conseguido contener la destrucción de empleo y la tasa de paro está muy por debajo de lo proyectado por las principales entidades
especializadas. Sin embargo, los rebrotes han hecho que las consecuencias de la pandemia se prolonguen más de la cuenta y se corre peligro de que los problemas de liquidez deriven en problemas de solvencia, repercutiendo al sistema financiero y el
sector público en última instancia.


Por ese motivo y tras un intenso debate en el seno del Gobierno, el pasado mes de marzo el Gobierno aprobó ayudas directas que no conllevan endeudamiento para empresas y autónomos con una dotación de 7000 millones, 2000 de ellos para
Canarias y Baleares lo que revela tanto la fragilidad de las islas -en este caso por la dependencia del turismo- como la imperiosa necesidad de transformar el modelo productivo.


Las ayudas directas son una medida que nuestro grupo parlamentario ha venido solicitando desde principios de este año junto con otras medidas con impacto directo en el tejido productivo, por ejemplo el establecimiento de un régimen
sancionador que multe a las empresas morosas para evitar que se rompa la cadena de pagos, garantizar liquidez y reducir las necesidades de endeudamiento. En el Pleno de convalidación del Real Decreto-ley 5/2021, que regula las ayudas directas,
anunciamos que trabajaríamos en la revisión y mejora de la medida aprobada, pues considerábamos que se debía ampliar su cobertura y suavizar el criterio demasiado estricto de que no hayan tenido pérdidas en el año 2019. Unas semanas después este
real decreto-ley que debatimos hoy aquí otorga a las comunidades autónomas la capacidad de ampliar los códigos CNAE, los beneficiarios de las ayudas directas, y la posibilidad de conceder ayudas a empresas viables que en el año 2019 tuvieron un
resultado negativo. Este tipo de medidas evidencian que es posible responder a una crisis económica y social a través de políticas de apoyo a nuestro tejido productivo y a las familias, y no por medio de políticas de recortes que conducen al
aumento de las desigualdades.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-Pausa).


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. (Aplausos).


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, España acumula hoy cientos de miles de pymes, de comerciantes, de autónomos, de hosteleros, de agencias de viajes, de peluquerías y de centros de trabajo muy diversos que están parados



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por decreto, que han sido obligados a cerrar. Llevan meses reclamando y esperando ayudas directas para sobrevivir, y muchas empresas, demasiadas, no han logrado precisamente sobrevivir. Somos el país de Europa donde más se ha deteriorado
el tejido productivo, el que más empresas ha destruido durante esta epidemia. Otras empresas, tras más de un año de limitación de actividad, siguen luchando por aguantar, por mantenerse hasta que llegue la recuperación, pero esta lamentablemente se
retrasa. Las insolvencias empresariales han subido un 71 % hasta abril y sabemos que sin empresas no hay recuperación que valga. Lo importante era garantizar la liquidez y salvaguardar el empleo para asegurarnos de que salíamos de esta crisis sin
un parado de más y sin una empresa de menos. Y sin embargo, catorce meses después, hemos destruido más de 100 000 empresas y 625 000 empleos privados. Es más, en términos desestacionalizados, a día de hoy seguimos destruyendo empleo.


Desde el inicio de la pandemia hemos reclamado un apoyo total al tejido productivo, con ayudas directas semejantes a las que se han aprobado en otros países y, lamentablemente, a pesar del clamor en el Banco de España, de Fedea, de
organizaciones empresariales y de múltiples sectores necesitados de liquidez, no nos escucharon. Durante mucho tiempo España se convirtió en una excepción en Europa, la única en la que una gran economía no aprobaba ayudas directas para salvar su
tejido productivo, y finalmente Pedro Sánchez improvisó y rectificó. Ya sabemos que el señor Sánchez solo acierta cuando rectifica, pero la rectificación de palabra llegó siete meses después de la adopción de medidas por el resto de países europeos
y tras la destrucción de 35 000 empresas. Llegó muy tarde y encima, tras el anuncio de las ayudas, no llegaron las ayudas en sí, sino que vino un periodo de indefinición, de caos y de incertidumbre en el que nadie sabía ni cómo ni cuándo ni dónde
solicitarlas. De hecho, a fecha de hoy - casi un año después de la puesta en marcha de estas ayudas por parte de los países europeos- no ha llegado ni un euro de esas ayudas a las empresas españolas, y no solo no han llegado las ayudas, sino que
además es bochornoso que el Gobierno hasta ahora no haya articulado un mecanismo para el aplazamiento y fraccionamiento del pago a las Administraciones; al contrario, somos el único país que, lejos de demostrar algo de empatía con la economía real,
ha decidido elevar la presión fiscal y se ha mantenido inflexible en la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a los demás, mientras el Gobierno no era capaz de ofrecer soluciones sanitarias ni sociales ni económicas a sus administrados.
Todo el planeta ajustándose a una nueva realidad para intentar sobrevivir, y mientras la Administración pública con las mismas exigencias con el sector privado, como si no hubiera pasado nada. Realmente su desconexión de la realidad y de los
españoles es muy impactante.


Señora ministra, las ayudas de este real decreto son insuficientes. Ya hemos señalado que se anunciaron siete meses tarde, pero es que además, su importe, de unos 7000 millones, es siete veces menos de lo que reclamaba nuestro tejido
productivo. Siete veces menos, siete meses tarde. Y, como ha ocurrido sistemáticamente con las respuestas que ha ido articulando el Gobierno durante la pandemia, una vez más se utiliza un procedimiento que va a dificultar enormemente su llegada a
las empresas. Las comunidades autónomas ya se han quejado de las dificultades que van a encontrar para intentar gestionar esas ayudas. La norma diseñada por el Gobierno de España condena a las empresas, de nuevo, a un infierno burocrático.
Vuelven a caer en el mismo error derivado de su burbuja administrativa. Tras la lentitud que siguió la puesta en marcha de los créditos ICO, el retraso en las ayudas vinculadas a los ERTE, el desastre en la implantación del ingreso mínimo vital, no
hemos mejorado nada. Vuelven a diseñar un proceso lento y farragoso en el que la selección, la valoración y el seguimiento de los proyectos se hace depender de la agilidad de cada Administración, y anticipan una nueva decepción. Y ya son muchas,
señora ministra.


Con este real decreto el Gobierno quiere escudarse en las comunidades autónomas para evadir su responsabilidad, pero es que ya nadie les cree. Porque la respuesta económica del Gobierno de Pedro Sánchez en estos meses ha ido encadenando
error tras error, fracaso tras fracaso y decepción tras decepción, y explican en gran medida por qué España ha caído más y destruido más empresas y más empleo que todos los países de nuestro entorno. (Aplausos). Lo prioritario era sostener el
tejido productivo, garantizar la liquidez y el empleo para sostener las empresas y acelerar la recuperación para evitar que esta crisis dejara cicatrices duraderas. Y cuando se han interesado, sí que han sabido hacerlo. No tardaron ni dos semanas
en aprobar ayudas destinadas a las televisiones privadas.


Hace dos meses el Gobierno aprobó con agilidad la concesión de 53 millones de euros a una aerolínea con estrechos vínculos con el chavismo. Con ese dinero y esa celeridad podríamos haber salvado a miles de pymes y quién sabe cuántos puestos
de trabajo en el conjunto de España.



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Señora ministra, la última vez que pudimos debatir en esta Cámara le pedimos que no enviara el Plan de recuperación sin acordarlo brevemente en esta Cámara, pero ustedes enviaron a Bruselas un pan inacabado, sin ningún apoyo y repleto de
subidas impositivas que para, más inri, nos ocultaron. Enviaron un plan que no quisieron pasar por el Congreso porque sabían que no iba recibir muchos apoyos. Y es que, tras meses de oscurantismo, se ha revelado el proyecto de su Gobierno, que es
que no va a dejar ningún impuesto atrás. Nuestras empresas necesitan urgentemente menos impuestos y más ayudas, ayudas suficientes, y no cortinas de humo que no solucionan los problemas reales de los españoles.


Señora ministra, ustedes podían haber ayudado a evitar el desastre económico en España, pero no han sabido cómo; así que, tristemente, quedará para la posteridad que ustedes tuvieron años de poder, pero de no saber. Por desgracia, el coste
de su dejadez lo pagarán los españoles. España se merece mucho más de lo que ustedes han sido capaces de ofrecerle. No le quepa duda que los españoles se lo recordarán.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-Pausa).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Castellón Rubio.


El señor CASTELLÓN RUBIO: Muchas gracias, presidente.


Buenos días, señorías. El Gobierno presenta hoy este decreto de artículo único cuyo contenido fundamental se encuentra en la disposición final primera, que viene a modificar el Decreto 5/2021, como ya se ha dicho por sus señorías. En este
Decreto 5/2021 se establecían determinadas compensaciones a empresas en crisis, y que fue aprobado por el Gobierno hace ayer exactamente dos meses En realidad, lo que traen ustedes señora vicepresidenta, es una nueva rectificación. Otra más. Una
muestra más de esa caótica gestión económica que tiene este Gobierno para afrontar la crisis.


Además, señora Calviño, ustedes rectifican hoy, de manera insuficiente, por otro lado, un decreto que en su departamento tuvieron que improvisar de manera urgente, a contrarreloj, para materializar ese anuncio del presidente Sánchez en esta
tribuna, con motivo del debate sobre el estado de alarma. La verdad es que resulta muy descriptivo que, un año después del inicio de la crisis, la primera medida llegue en forma de ayuda directa, venga como consecuencia de un anuncio del presidente
y no como consecuencia de una respuesta planificada de su departamento, señora vicepresidenta. Y, claro, después de las prisas que ustedes se dieron para que no pareciese lo que en realidad era, que era un conejo en la chistera del señor Sánchez, a
los pocos días llega la rectificación. Pero nada nuevo, señora vicepresidenta, porque viven ustedes inmersos en la permanente rectificación, así lo hicieron en su respuesta a la crisis sanitaria, entonces nos costó vidas, y así lo vuelven a hacer
en su respuesta a la crisis económica, cuyas rectificaciones nos están costando la credibilidad del país, millones de euros en pérdidas, miles de empresas en liquidación, 100 000 mil ya, y miles de empleos, ejemplo todo del caos del Gobierno de
Pedro Sánchez.


Lo cierto es que después de las fuertes críticas que ustedes recibieron de los sectores de actividad a los que dejaron fuera de esos 7000 millones de ayudas, hoy cambian de opinión y establecen la posibilidad de que las comunidades autónomas
puedan ampliar los sectores beneficiarios. Y la verdad permítame que le diga que ustedes hasta para rectificar tienen un punto de soberbia, señora vicepresidenta. Podrían haber eliminado directamente el anexo I y no delegar esa facultad en las
comunidades autónomas, pero nosotros vamos a apoyar este cambio de criterio, que ya habíamos rechazado por injusto y, por tanto, votaremos favorablemente al decreto, a pesar de que el Decreto 5/2021 creemos que sigue adoleciendo de numerosas
deficiencias, y que, además, esas deficiencias, señora Calviño, lo hacen ineficaz como respuesta a las necesidades de las empresas.


Podían ustedes haber aprovechado para corregir algunas de esas deficiencias, que ya les señalamos, podían ustedes haber mejorado el procedimiento de gestión, que es imposible de digerir; podían, y era una buena ocasión hoy, establecer que
esos 7000 millones de compensaciones directas era un crédito ampliable, porque resulta que es una cantidad absolutamente ridícula para hacer frente a los cálculos de 72 000 millones de euros de pérdidas. Recordemos que hemos invertido tan solo el
1,3 % del PIB en estos recursos, frente al 4,1 % de la Unión Europea; somos el país que menos ha ayudado a las empresas.



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Deberían ustedes haber aprovechado también, señora Calviño, para haber modificado la distribución territorial de los fondos, que es arbitraria y que es discriminatoria con las empresas que tienen su sede en comunidades autónomas no
gobernadas por el Partido Socialista, y ya ha pasado la campaña del 4 de mayo. Deberían ustedes también haber ampliado los conceptos elegibles para que las empresas puedan recibir fondos y acogerse y hacer frente a costes fijo de todo tipo, a los
que han tenido que hacer frente a pulmón. Podrían ustedes haber corregido el hecho de que se deje fuera de las ayudas a las empresas con patrimonio neto negativo en 2019, o a las que cuentan con alguna deuda puntual con la Agencia Tributaria, con
la Administración pública, pero que son empresas viables, a las que tenemos que ayudar. Por último, deberían ustedes haber establecido la obligatoriedad de remitir al Congreso los expedientes relativos al fondo de 1000 millones de euros para
recapitalización de empresas, ese fondo que va a gestionar Cofides, y de esa manera nos evitaríamos episodios como los que estamos sufriendo estos días. Si se siguen ustedes negando a hacer pública el acta de la comisión de la SEPI, en un acto de
absoluto oscurantismo, de falta de transparencia -yo espero, señora vicepresidenta, que usted esté conmigo- que supone el hecho de que esta Cámara no pueda conocer el acta por la cual se otorgan 53 millones de fondos públicos de todos los ciudadanos
a una empresa, y que está siendo investigado judicialmente, hoy espero que no califique de ejemplar la gestión del Gobierno o cómo ustedes pretenden administrar los fondos europeos que están por llegar.


Estas son algunas de nuestras propuestas para mejorar esta línea de ayuda, las vamos a articular en forma de enmienda, que ustedes hoy vuelven a desoír una vez más. Eso a pesar de que en los últimos días han deslizado tímidamente, en
algunos foros, su aparente deseo de contar con el apoyo de la oposición para sacar determinadas iniciativas legislativas. Luego venimos al Parlamento y vemos cómo la realidad es que ustedes nunca quieren pactar nada. No han querido pactar una
salida ordenada del estado de alarma, no han querido pactar un marco institucional de gobernanza para distribuir los fondos europeos, no han querido pactar el propio Plan de recuperación y configurarlo como un verdadero plan país de reformas
estructurales, que sirva para comprometer la política económica de varias legislaturas. Ustedes primero lo aprueban, luego el presidente Sánchez lo vende a bombo y platillo, después lo envían a Bruselas y más tarde lo hacen público por fascículos,
eso sí. Todo eso para después tener usted que decir, señora Calviño, que esas subidas de impuestos contienen erratas, porque son erratas, o cómo los peajes que introdujo el señor ministro de Fomento ayer nos dijo que eran reflexiones y que solo se
van a poner en marcha de acuerdo con la oposición. Pues bien, puede usted ya transmitir a la Comisión Europea que, como no es una reflexión meditada, este grupo no la va a apoyar y, por tanto, se debe de tratar de otra errata, porque el PP no va a
apoyar ni esa ni otras medidas confiscatorias que el Plan de recuperación impone a los autónomos, a las familias y a las pymes.


En definitiva, vamos a apoyar este decreto, apoyaremos cuantas medidas traigan esta Cámara para ayudar a las empresas y a los autónomos. Me temo que van a ser pocas -hasta ahora esta es la única-, ya que están ustedes centrados en esa
agenda económica radicalmente ideológica que pretende con una mano metérsela en el bolsillo de los ciudadanos para robarles la cartera y con la otra ofrecerles subsidios en forma de inversiones verdes, digitales y resilientes, esas que en ningún
caso van a llegar ni a las pymes ni a los autónomos. No son ayudas, ustedes no son ayuda, señora Calviño, ustedes son una losa para la recuperación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Casares Hontañón.


El señor CASARES HONTAÑÓN: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, vicepresidenta, por la explicación del real decreto-ley, un real decreto que mejora las políticas del Gobierno de España y ese paquete de ayudas directas a nuestro tejido empresarial.


Señorías, el apoyo mayoritario que hoy vamos a ver en esta Cámara es una buena noticia para España, para este país, pero, sobre todo, señorías, es una buena noticia para las pymes, para los autónomos, para nuestro tejido productivo y para
los españoles. Ese es el camino que deberíamos emprender y recorrer continuamente para dar mandato a la voluntad de los españoles y las españolas, y ese es el camino en el que ha estado siempre y seguirá estando el Gobierno de España, con acuerdo y
diálogo social y también escuchando a esta Cámara. Sí, señorías, escuchando a esta Cámara porque, si



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cambiamos porque escuchamos, dicen que rectificamos y, cuando no había estas ayudas, criticaban que no las hubiera, pero cuando las hemos aprobado, dicen que no llegan a todos los sectores y, cuando ampliamos a todos los sectores, dicen que
son insuficientes y, además, piden más gestión para las comunidades autónomas y, cuando damos gestión a las comunidades autónomas, dicen que no porque la gestión de estas ayudas es complicada. Y lo mismo hicieron con los fondos europeos, que son
más complejos, pero dicen que sí deben gestionarlos las comunidades autónomas; por cierto, unos fondos que si los gestiona el Gobierno de España dicen que tienen que ser decididos por una agencia independiente, pero que si son las comunidades
autónomas, lo pueden decidir ellas mismas. En definitiva, señorías, les traigo esto a colación porque están siempre con lo uno y lo contrario, y todo en el mismo día, en la misma frase, en los mismos discursos, señorías, (Aplausos).


Además, es que han estado así toda la pandemia. ¿Recuerdan? En mayo de 2020 decían que teníamos que acabar con el estado de alarma. En el peor momento de la pandemia, hace un año, decían que estado de alarma no, y hoy, un año después, en
mayo de 2021 dicen que es una irresponsabilidad del Gobierno de España acabar con el estado de alarma.


Señorías, nos van a volver locos, pero no a nosotros, a todos los españoles y a todas las españolas. (Aplausos). Señorías, pónganse de acuerdo porque si no los conociésemos... Esa es la realidad, pero, además, insisten -y hoy lo han
vuelto a hacer- en que las ayudas llegan tarde. No es verdad, señorías. ¿Cómo van a llegar tarde las ayudas si en el mismo mes de marzo de 2020 empezamos a desplegar las ayudas por parte del Gobierno de España? Sí, señorías, ¿o es que acaso los
ERTE o la prestación por cese de actividad para los autónomos no son ayudas directas, señorías? ¿O es que le van a decir a esos más de 3,5 millones de españoles y españolas que se han beneficiado de un ERTE o a esos 1,5 millones de autónomos que
han recibido una prestación y no han pagado cuotas que no han recibido ayudas del Gobierno de España? Han sido 30 000 millones de euros en ayudas directas para financiar esas políticas de mantenimiento de rentas, señorías, todo mientras que además
desplegábamos una amplia red de protección con moratorias, aplazamientos de impuestos o las políticas de avales públicos a través de los créditos ICO. Vuelven a insistir hoy en que también todas estas ayudas son insuficientes y piden más. ¿Les
suena, verdad, señorías? A la vez que piden más ayudas piden bajar todos los impuestos, pero no contentos con más ayudas y bajar todos los impuestos, dicen que hay que reducir la deuda pública y el déficit público. ¡Un imposible!, y lo saben,
saben que es un imposible. Fíjense si saben que es un imposible que cuando ustedes llegaron al Gobierno en la anterior crisis, con Mariano Rajoy, por si no lo recuerdan, llevaron ustedes a cabo el mayor recorte de nuestra historia democrática.
(Aplausos). Recortaron la dependencia, la educación, las políticas, incluso las prestaciones para los parados, señorías. ¡El partido del despido libre, esos son ustedes, señorías del Partido Popular! A la vez que recortaban, subían todos los
impuestos de este país, subieron todos los tramos del IRPF, subieron el IVA del 18 al 21 % e incluso metieron copagos farmacéuticos, señorías del Partido Popular. (Aplausos). Además de todo esto, de reducir recortes y de aumentar impuestos,
aumentaron la deuda pública de este país un 60 %, señorías del Partido Popular. Y por si quedaba poco en la ecuación, llevaron a cabo una amnistía fiscal para los defraudadores y se dedicaron a rescatar bancos. ¡Ese es su milagro económico,
señorías del Partido Popular! (Aplausos).


Termino, señorías. Ayer conocíamos una buena noticia, la Comisión Europea dijo que para 2021 y 2022 España será el país de toda la Unión Europea que más va a crecer, que más va a incrementar el producto interior bruto, y todavía hoy dicen
que el Gobierno de España es un lastre para la economía española. ¡Pues menos mal, señorías!, porque seremos el país de la Unión Europea que más va a crecer los dos próximos años.


Termino con esta reflexión final. Este es el camino, señorías, el de la recuperación, el de la vacunación en la que está el Gobierno de España, pero mientras que la recuperación llega, mientras que la vacunación se consolida, tenemos que
seguir trabajando en políticas como estas, en políticas, en definitiva, para no dejar a nadie atrás. Les adelanto que no serán las últimas medidas que lleve a cabo el Gobierno de España con o sin su ayuda. De verdad les digo que es mejor con la
ayuda de esta Cámara porque es bueno para el conjunto de los hombres y mujeres de España.


Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).



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- REAL DECRETO-LEY 7/2021, DE 27 DE ABRIL, DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS MATERIAS DE COMPETENCIA, PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, ENTIDADES DE CRÉDITO, TELECOMUNICACIONES, MEDIDAS TRIBUTARIAS, PREVENCIÓN Y
REPARACIÓN DE DAÑOS MEDIOAMBIENTALES, DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSNACIONALES, Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES. (Número de expediente 130/000047).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de trasposición de directivas de la Unión Europea en materias de competencia, prevención de blanqueo de
capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamientos de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.


Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Tiene la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidente.


Señorías, vuelvo a subir hoy a la tribuna para defender en este caso la convalidación del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de trasposición de directivas de la Unión Europea en las materias que ya ha mencionado el presidente. Se
trata de una norma ómnibus que nos permite incorporar a nuestra legislación total o parcialmente hasta diez directivas cuyo plazo de trasposición está ya pasado o muy próximo a su vencimiento. Todos ustedes saben bien que desde que llegamos al
Gobierno en junio de 2018 hemos venido haciendo un gran esfuerzo en materia de adaptación de nuestra normativa a la legislación europea, sacando adelante, gracias al apoyo de esta Cámara, la trasposición de numerosas directivas que nos encontramos
pendientes y en muchos casos con riesgo de importantes sanciones. En esta misma línea, para dar también seguridad jurídica y extender los beneficios de estas nuevas regulaciones a todos los operadores económicos y los ciudadanos españoles y también
para evitar procesos que pudieran desembocar en la imposición de sanciones por parte de la Unión Europea, presentamos a convalidación hoy este real decreto-ley ómnibus. Es un mecanismo este de los reales decretos ómnibus en momentos regulares a lo
largo del año que se utiliza en otros países para la trasposición de la normativa comunitaria y que se puede incorporar a nuestro país para que por fin dejemos de ser el farolillo rojo de la unión en términos de trasposición de normas.


Paso a explicar de manera somera pero también con algo de detalle los diferentes preceptos que se incorporan en esta norma. En primer lugar, completamos la trasposición de la directiva relativa al desplazamiento de trabajadores entre
Estados miembros en el marco de la prestación de servicios. El plazo de trasposición termina el 30 de julio de 2020. Es una directiva que modifica otra aprobada hace veinte años para garantizar que se sigue logrando el adecuado equilibrio entre la
necesidad de fomentar la libre prestación de servicios a través de las fronteras y, al mismo tiempo, garantizar condiciones equitativas para los trabajadores y también condiciones equitativas de competencia para las empresas. Así, lo que hacemos
con esta norma es avanzar en la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores desplazados a nuestro país, que tras un periodo determinado de tiempo en España pueden considerarse, efectivamente, integrados dentro del mercado
laboral español. Aunque ya habíamos abordado la trasposición parcial, hacía falta modificar determinadas normas con rango de ley en el ámbito laboral y de la Seguridad Social para culminar la trasposición. Entre ellas, cabe destacar que la
legislación laboral del Estado de acogida pasa a cubrir los desplazamientos superiores a los doce meses o los dieciocho meses en caso de prórroga motivada. También se garantiza la aplicación del principio de igualdad de remuneración y de trato
entre los trabajadores desplazados cedidos por empresas de trabajo temporal y los de la empresa usuaria del Estado de acogida. Se regulan las consecuencias del desplazamiento en cadena de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal a
empresas usuarias del mismo u otro Estado miembro para realizar un trabajo temporal en otro Estado miembro. Se amplían las materias sobre las que ha de garantizarse la aplicación de la legislación del Estado de acogida, incluyendo las condiciones
de alojamiento y los complementos o reembolsos de viaje, alojamiento o manutención. La garantía de igualdad de remuneración incluye todos los elementos constitutivos de la misma que sean obligatorios, de acuerdo con la legislación laboral y los
convenios colectivos sectoriales del país de acogida. Los convenios sectoriales se aplicarán a todos los trabajadores desplazados, y no únicamente a los del sector de la construcción, como venía sucediendo hasta ahora. Finalmente, se



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refuerza la labor de la inspección de trabajo al permitir la posibilidad de que estas inspecciones puedan realizarse no solo por el personal de nuestra Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sino también por expertos de otros Estados
miembros de la Unión Europea o del espacio económico europeo. Se trata, por tanto, de una trasposición muy importante desde el punto de vista del mercado interior y también de la protección de los derechos de todas las personas trabajadoras.


En segundo lugar, con este real decreto-ley se transponen dos directivas europeas en el ámbito del IVA para que estas normas cubran el terreno del comercio electrónico. El cumplimiento de estas directivas es obligatorio a partir del 1 de
julio de 2021 y, por tanto, lo que hacemos con esta norma es culminar la regulación europea del IVA del comercio electrónico para reducir las cargas administrativas y los costes de gestión para los profesionales y los empresarios que hagan ventas
transfronterizas y, al mismo tiempo, limitar las posibilidades de fraude justamente en el IVA transfronterizo. Lo que se hace también es afianzar el pago del IVA a medida que el comercio digital va aumentando y garantizar la imparcialidad en las
decisiones de compra de los consumidores, ampliando así el mercado interior y restaurando, reequilibrando la competencia entre los proveedores comunitarios y los de fuera de la Unión Europea. Ambas transposiciones iniciaron su tramitación como
proyecto de ley en el pasado verano, pero, como está prevista la entrada en vigor de las nuevas normas de comercio electrónico a partir de julio en toda la Unión, es urgente proceder a su incorporación en nuestra legislación. En concreto, esta
nueva norma introduce las de tributación en las ventas de bienes y prestaciones de servicios contratadas online o por consumidores comunitarios. En un principio, todo el sistema del IVA, como sus señorías saben, estaba pensado como un sistema de
tributación en origen, pero justamente el empuje de la economía digital, que permite a los consumidores adquirir bienes y servicios de proveedores de todo el mundo, ha llevado a modificar el sistema para tener un régimen de IVA de tributación en
destino, es decir, que se sujeta al IVA del país miembro del destinatario y al tipo de gravamen de ese país, que es lo que se estipula con este real decreto-ley que sometemos hoy a convalidación. Se extiende también el sistema de ventanilla única,
como decía, para reducir los costes de los empresarios o los profesionales, que ya no tienen que darse de alta en cada Estado miembro, sino que se identifican sólo en la Administración tributaria del país en el que están establecidos, ingresando el
IVA devengado por todas las operaciones efectuadas en la Unión Europea con una única declaración-liquidación; las empresas titulares de interfaces digitales se convierten en colaboradoras para la recaudación y el control del impuesto, y,
finalmente, se suprime la exención en el pago del IVA a las importaciones de bienes inferiores a veintidós euros. Es un tema importante para armonizar la imposición indirecta de las importaciones de bienes de escaso valor, de manera que se eliminen
las distorsiones a la competencia a favor de empresas de terceros países que estaban vigentes hasta el momento porque vendían sus bienes, estos bienes de pequeño valor sin pagar el IVA. Esto hace que todas las importaciones, independientemente de
su valor, tengan que pagar este impuesto. A nadie se le escapa la importancia que puede tener para la competencia de las plataformas digitales con las empresas establecidas en nuestro país. Y aunque no es objeto de la trasposición de directiva, el
real decreto-ley incluye otro aspecto relacionado con la tributación, que se deriva de la reciente decisión de la Comisión Europea vinculada con la urgente necesidad de facilitar la importación de productos sanitarios básicos para luchar contra la
pandemia. Se trata de la prórroga durante ocho meses más, hasta el 31 de diciembre de 2021, del tipo 0 % del IVA para las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de material de protección sanitaria de las administraciones
públicas, los centros sanitarios públicos y privados o las entidades sociales para responder a la pandemia de la COVID. España activó esta medida en abril de 2020, la hemos venido prorrogando en diversas ocasiones y ahora se vuelve a ampliar la
medida hasta finales de año. Este IVA al 0 % incluye las mascarillas, los guantes, las gafas, los gorros, las batas impermeables, los termómetros, los respiradores y otros elementos de protección individual.


Un tercer ámbito que se incluye en este extenso real decreto-ley es la trasposición de la directiva conocida como blanqueo cinco, vencida desde el 10 de enero de 2020 y que incorpora nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención y
lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Una de las principales novedades que se incorpora es la inclusión de nuevos sujetos obligados, que deberán cumplir con las medidas de prevención, deberán estar registrados y serán
supervisados por las autoridades competentes. Entre estos nuevos sujetos me gustaría señalar a los proveedores de servicios de monedas virtuales, incluidos los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, los proveedores de
servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguarda de claves. Son todas cuestiones que hace unos años nos parecerían casi esotéricas pero que, sin embargo, tienen un papel cada vez más importante y tienen que estar cubiertas por todas
estas normas de prevención de



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blanqueo de capitales. También se refuerza el sistema de identificación de los titulares reales de las personas jurídicas con la creación de un sistema registral único, se establece el deber para los sujetos obligados de solicitar esa
información registral en sus relaciones de negocio con personas jurídicas y el deber para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica de obtener, conservar y actualizar la información de su titularidad real y proveerla a las
autoridades y sujetos obligados cuando así se requiera. Es un tema muy importante de transparencia y, por supuesto, necesario para evitar este tipo de sociedades pantallas, que pueden tener un papel importante justamente en las actividades
delictivas que tratamos de perseguir. Asimismo, se da cumplimiento a las exigencias de la directiva en cuanto a la información a declarar en el fichero de titularidades financieras, existente en nuestro país desde 2016.


Por otra parte, con este real decreto-ley se transpone también la Quinta Directiva de Requisitos de Capital, que se conoce en los foros expertos con sus siglas en inglés como CRD V, y la Segunda Directiva de restructuración y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, que de nuevo se conoce por sus siglas en inglés BRRD II. El plazo de trasposición de ambas directivas venció el pasado 28 de diciembre de 2020 y están incluidas en lo que se conoce como
paquete bancario, aprobado por la Unión Europea en 2019 para trasponer a la normativa comunitaria los requisitos de capital acordados en el Comité de Basilea y la capacidad de absorción de pérdidas por parte de los bancos y otras entidades
financieras en la Junta de Estabilidad Financiera del G20. Estas normas tratan de aumentar la fortaleza y la resistencia del sector bancario y continuar desplegando el proyecto de la unión bancaria.


Este real decreto-ley incluye, por otra parte, una trasposición parcial de la Directiva conocida como ECN+ en el ámbito de la defensa de la competencia, una directiva cuya trasposición venció el pasado 4 de febrero y cuyo objetivo es
proporcionar a los Estados miembros los medios necesarios para reforzar la aplicación efectiva de las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. Aunque la legislación española ya contempla la mayor parte
de las previsiones de esta directiva, es necesario incorporar algunos elementos adicionales para la plena trasposición. Por ejemplo, se establecen nuevos instrumentos para impulsar la asistencia entre la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y las autoridades de los Estados miembros, se concretan los deberes de información y colaboración y las facultades de inspección de las autoridades de competencia, también se incrementan determinadas sanciones, se da la posibilidad a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de rechazar denuncias sobre la base de criterios de priorización y se crean mayores incentivos para la utilización del Programa de Clemencia.


En otro orden de cosas, con este real decreto-ley se modifica un aspecto puntual de la Ley General de Telecomunicaciones para adaptarlo parcialmente a lo que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Es una directiva
que tenía que haber sido transpuesta antes del 21 de diciembre pasado, y, como saben sus señorías, estamos trabajando en su trasposición. Se trata de un código que trata de promover la inversión sostenible del desarrollo de redes de comunicaciones
electrónicas de alta capacidad. Para favorecer el despliegue de estas nuevas redes, en particular el despliegue de 5G en nuestro país, lo que hacemos con este real decreto-ley que hoy viene a convalidación es extender la duración de las concesiones
de uso privativo del dominio público radioeléctrico para las futuras licitaciones, de manera que estas concesiones tengan una duración mínima de veinte años, pudiendo llegar hasta los cuarenta. De esta manera se duplican los plazos actuales,
haciendo, por tanto, más viable la ingente inversión que va a ser necesaria para el despliegue de las redes de última generación. Esta medida forma parte de la hoja de ruta del 5G, un proyecto que, como saben, va a recibir una inversión de dos mil
millones de euros en los próximos años dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado recientemente a las autoridades europeas.


En el ámbito del Ministerio de Consumo, el real decreto-ley que hoy traemos a trasposición transpone dos directivas vinculadas con los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y los contratos de compraventa de bienes, cuyo
plazo expira el próximo 1 de julio. Aunque el proceso de trasposición comenzó con una consulta pública lanzada en enero de 2020, se trata de un trabajo que se vio interrumpido como consecuencia de la pandemia y conviene culminar este proceso de
manera urgente, porque estamos hablando de temas que cada vez tienen un peso más importante en nuestra sociedad. Se trata de que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios se aplique a los contratos de suministro de contenidos o
servicios digitales, así como a aquellos por los que el empresario se compromete a suministrar contenidos o servicios digitales a cambio de datos personales del consumidor o usuario. Esta normativa no se aplicará a los programas libres y de código
abierto -lo aclaro antes de las preguntas que podrían plantear sus señorías-, puesto que en este caso el código fuente se comparte abiertamente y los usuarios



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pueden acceder libremente al software. Se establece también mediante este real decreto-ley que la conformidad del contrato se determinará mediante el cumplimiento de una serie de requisitos, tales como la instalación, y que, en caso de no
estar conforme, el consumidor podrá solicitar la reparación, la sustitución o, en su defecto, la reducción del precio o la resolución de contrato. También se incrementan determinados plazos en beneficio de los consumidores: el plazo para que pueda
manifestar su disconformidad con contenidos o servicios digitales, que se amplía de dos a tres años; el plazo de inversión de la carga de la prueba para acreditar la falta de conformidad, que pasa de seis meses a uno o dos años, según el caso; el
plazo de prescripción para ejercer los derechos derivados de la falta de conformidad, que se amplía de tres a cinco años, y, en relación con las garantías comerciales, en aras de luchar contra la obsolescencia programada y reducir el impacto en el
medio ambiente, con este real decreto-ley se amplía de dos a tres años el plazo de garantía legal de los bienes y se duplica hasta los diez años el tiempo mínimo durante el cual el productor está obligado a garantizar un servicio técnico o la
existencia de piezas de recambio a partir del momento en el que deja de fabricarse el producto. Son cuestiones tremendamente importantes para todos los ciudadanos de nuestro país, como sus señorías conocen perfectamente, en particular en un momento
de aceleración de la transformación digital.


El último asunto que se incluye en real decreto-ley tiene que ver con la trasposición de la normativa europea sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. Se trata de una norma
que ya se transpuso a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley de Responsabilidad Medioambiental, aprobada en octubre de 2007, pero en la que la Comisión Europea ha advertido un error con respecto a cómo se trasladó este precepto jurídico. El
error, en particular, afecta a quién puede solicitar una acción de responsabilidad, basándose en el principio de que quien contamina paga, que funciona como principio rector de la directiva. Con la corrección que se incluye hoy en el real
decreto-ley se subsana esa imprecisión advertida por la Comisión Europea con respecto a esta norma y, por tanto, se culmina adecuadamente la trasposición de la misma a nuestro ordenamiento.


Señorías, como ven, el real decreto-ley que sometemos hoy a convalidación es extenso y aborda un importante número de materias que son muy relevantes para la seguridad jurídica, pero también para la adecuada protección de las empresas y de
los ciudadanos de nuestro país. También son normas que sirven para potenciar una recuperación económica sana y equilibrada. Además, con este procedimiento urgente y extraordinario reducimos el riesgo para nuestro país de multas por retrasos en la
trasposición y, por tanto, se trata de un real decreto-ley que responde plenamente al interés general. Por todo ello, confío en que contaremos con el respaldo de los grupos parlamentarios para la convalidación. De verdad, de corazón, espero que
antes o después todos ustedes se sumen también al plan de recuperación presentado a las autoridades europeas hace poco más de una semana, porque se trata, como ha dicho hoy el propio comisario Gentiloni, de una misión de país. Y me tomo las
palabras que han expresado algunas de sus señorías, en particular el señor Castellón, como un signo de que empieza a haber una cierta apertura, una cierta disposición a hablar para que, entre todos, remando en la misma dirección, hagamos realidad e
impulsemos esa recuperación económica que todos los indicadores económicos empiezan a mostrar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto interviene el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gracias por su esfuerzo para tratar de explicar el extenso contenido de este variopinto real decreto-ley con el que se
procede a la trasposición de directivas de la Unión Europea en una decena de diferentes materias, lo que en el argot parlamentario se conoce, y usted lo ha recordado, como ómnibus, mecanismo que, en cualquier caso, relega a las Cortes Generales a un
papel de comparsa en no pocas ocasiones y suplanta su principal función, la legislativa.


La pertenencia de España como país miembro nos obliga a adaptar en plazo nuestra propia legislación a las regulaciones aprobadas por el Consejo de ministros comunitario, pero, al menos en mi caso, no lo voy a aceptar mientras haya españoles
para los que algunas de estas medidas supongan un sarcasmo, cuando no un motivo justificado para desconfiar de una gestión política que desatiende los problemas cotidianos de la gente o los agudiza.



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Comenzaré diciendo que continúa flotando en el ambiente la sensación de abuso de este coladero normativo. En esta XIV Legislatura, de la que llevamos casi año y medio, el Consejo de Ministros ha recurrido casi medio centenar de veces al
artículo 86 de la Constitución, invocando que estas medidas responden a una extraordinaria y urgente necesidad. De ahí que venga al caso señalar que, según diferentes informaciones, el Alto Tribunal está a punto de declarar, a expensas de un
recurso del Grupo Parlamentario VOX, la inconstitucionalidad de la burda artimaña con la que el Gobierno de Pedro Sánchez nombró al anterior vicepresidente segundo, el señor Iglesias Turrión, como integrante de la Comisión delegada que controla el
Centro Nacional de Inteligencia. Si se confirmase, estaríamos ante un escándalo de primera magnitud tanto por el abuso fraudulento del instrumento del real decreto-ley como por la antidemocrática finalidad de utilizar tamaña puerta falsa.
(Aplausos). Aguardo expectante, porque no parece que algo así forme parte de lo que se conoce y usted señalaba como seguridad jurídica.


Señoras y señores diputados, lo normal sería respaldar la convalidación de estas medidas, aunque solo sea para evitar las sanciones comunitarias derivadas de los procedimientos ya abiertos por aprobarlas fuera del plazo establecido, como es
el caso de las normas sobre competencia para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, que supondrá un mecanismo protector para los consumidores y para las empresas activas del mercado interior. Otro tanto sucede con otras
trasposiciones. Es el caso de la prevención y actualización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que van encaminadas a mejorar los mecanismos de transparencia y combatir las estratagemas jurídicas
tras las que se apantallan operaciones ilegales. Simplemente quiero decir que en este caso la convalidación llega unos meses tarde, puesto que el procedimiento de infracción comenzó a contar a finales del pasado año. Asimismo, tampoco aprecio nada
significativo respecto a la directiva relativa al IVA del comercio electrónico, cuyas nuevas reglas entrarán en vigor dentro de mes y medio, concretamente el 1 de julio.


Señorías, sin embargo, quisiera detenerme algo más en relación con la amplia porción dedicada en este real decreto-ley al complejísimo mundillo financiero, porque no quiero dejar pasar la oportunidad de referirme a la deriva de las entidades
que en España están cerrando oficinas y destruyendo puestos de trabajo, mientras que, paradójicamente, sus cuentas de resultados presentan balances favorables, que se reflejan en las elevadísimas retribuciones, primas y bonus que reciben quienes
ocupan cargos de responsabilidad. Resulta cáustico que la trasposición de las Directivas Europeas 2019/878 y 2019/879 hagan referencia a la absorción de pérdidas del sector financiero, cuando en España se han cerrado en casi año y medio del
autodenominado Gobierno de progreso miles de oficinas bancarias y se ha enviado al paro a muchos empleados. En este contexto de cierre de oficinas, la sociedad española asiste estupefacta al generoso reparto de dividendos de los consejos de
administración, algunos de ellos, como se recordó ayer en la sesión de control, representados por el mismísimo Gobierno. Señora vicepresidenta, aquí, en el Congreso, hace poco más de dos años se aprobó un dictamen de la Comisión de investigación
sobre la crisis financiera de España, que trabajó intensamente convocando a importantísimas y relevantes personalidades para que explicasen los motivos del desastre de 2008 y, sobre todo, para conocer las recetas para no volver a caer. A la vista
de estas medidas que usted ha presentado, queda una sensación de la inutilidad del trabajo parlamentario, porque resulta inaceptable que el Gobierno asista impertérrito e incluso tire por la borda el esfuerzo económico realizado por los españoles en
2012 para rescatar a las entidades bancarias, que hoy, solo nueve años después, se vuelve en contra de sus trabajadores. De ahí que pregunte: ¿Cuál es la utilidad de trasponer este ingente volumen de medidas y colchones de capital en España,
cuando tenemos hoy ocho mil familias angustiadas por su inmediato futuro? No me extraña que haya altos responsables de su departamento ministerial, señora Calviño, que estén poniendo pies en polvorosa.


En definitiva, con mi abstención en la convalidación de este real decreto-ley quiero realizar una llamada de atención sobre la manifiesta contradicción que supone el esfuerzo de elaborar directivas y trasponerlas en beneficio del sistema
financiero y los acontecimientos que al amparo de muchas de estas medidas derivan, en perjuicio de los trabajadores, a los que se despide sin contemplaciones, y de los propios usuarios de los servicios bancarios, a los que se margina e incluso
abandona. Pienso en las personas mayores, abocadas al uso de nuevas tecnologías y aplicaciones que son incapaces de manejar y a las que no se les ofrece la alternativa de la atención presencial. Algunos de estos aspectos que se convalidan en este
real decreto-ley ponen de manifiesto que...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.



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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... los grandes problemas de la gente no son cosa de este Gobierno.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastiszabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Egun on, vicepresidenta.


La valoración de este real decreto resulta ciertamente compleja si atendemos a su contenido, dedicado a múltiples cuestiones de la más diversa índole, como hoy bien se ha explicado aquí, compartiendo, no obstante, todos sus diferentes
apartados una idéntica motivación, que es la adaptación de las distintas leyes para llevar a cabo la trasposición de distintas directivas de la Unión Europea que aún permanecían en una anómala situación, pendiente de integración en el ordenamiento
interno.


Por otra parte, la causa que motiva la extraordinaria y urgente necesidad para su aprobación, mediante esta fórmula de norma gubernamental con rango de ley, no es otra que la demora y consiguiente superación del plazo establecido para la
incorporación al ordenamiento jurídico interno de diversas directivas, como ya hemos dicho aquí, pretendiendo así, además, solventar los procedimientos de incumplimientos abiertos contra el Reino de España; un decreto -como bien ha dicho la
vicepresidenta- ómnibus de trasposición de directivas de la Unión Europea en materias de competencia, prevención de blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños
medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicio transnacionales y defensa de los consumidores; un decreto que tengo que decir que no ha sido consultado con los grupos políticos y tampoco consensuado. Es verdad que la
justificación es que es un decreto de trasposición estricto y muy técnico de las directivas. Bueno, esto es cierto en la mayoría de las partes, pero en alguna otra cuestión, como en el caso de la defensa de los consumidores, sí se ha ido un poco
más allá de lo que se establece en la directiva y tampoco creemos que se haya contrastado con los sectores implicados.


No voy a hablar de cada una de las materias de la trasposición que se recoge, porque ya lo ha explicado magníficamente bien la vicepresidenta, pero sí me gustaría por lo menos que constase en el Diario de Sesiones la postura de este grupo
con respecto a la parte relativa de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, conmúnmente lo que se llama ventanilla única o lo que se llamaba comúnmente IVA OSS. Es una trasposición que ha de realizarse teniendo en cuenta que en el Estado no
solo hay una Hacienda sino que hay cinco haciendas. Me consta que se está trabajando en este sentido con el Gobierno vasco. Son muy importantes en este caso los intercambios de información así como los flujos financieros. No es sencillo, pero
desde aquí quiero solicitarles que agilicen y que se concluyan los trabajos para que se pueda modificar en el caso de Euskadi el concierto económico y las haciendas forales puedan adaptarse también a este régimen.


Como hemos dicho, desconocemos ese tipo de decretos con antelación normalmente y nos enteramos cuando ya van al Consejo de Ministros, aunque es cierto también que después se nos solicita muchas veces que apoyemos los decretos para que luego
puedan ser tramitados como proyectos de ley y podamos enmendarlos. Lo cierto -como he dicho anteriormente en el anterior decreto- es que están parados, no se acaba de completar su tramitación parlamentaria. Semana a semana asistimos a prórrogas y
creo que tenemos que dejar de lado este procedimiento. ¿Qué dirían ustedes acerca de este procedimiento tan excepcional si estuviesen en la oposición? Pues eso, lo criticarían. Hasta ahora las cosas han salido medianamente bien, pero siguen
actuando en muchos casos como si tuviesen mayoría para sacar adelante los proyectos, pero no la tienen. Por eso, entendemos que deben volver a contar con los grupos para que podamos consensuar las medidas.


Por último, en relación con la valoración del ajuste competencial del decreto-ley al sistema constitucional y estatutario de la distribución de las competencias, parece que se ajusta de forma correcta a las competencias del Estado, aunque
resulta cuando menos curioso que la disposición final sexta del decreto-ley con idéntica redacción, el apartado correspondiente a la memoria abreviada del análisis de impacto normativo, únicamente hace mención a sus artículos 9, 11 y 12, señalando
que el artículo 9 se dicta al amparo de la competencia estatal en materia de Hacienda general y de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, sin perjuicio de la ejecución de los órganos de las comunidades autónomas. Del
resto del articulado, sin embargo, no se hace siquiera mención sobre la precisa competencia del Estado para su aprobación y esto nos ha resultado un poco curioso simplemente.



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Votaremos a favor de la convalidación, también a favor de su tramitación como proyecto de ley para poder enmendar ciertas partes de este decreto, sobre todo la relativa a la Directiva ECN+ o incluso al consumo de telecomunicaciones. Para
finalizar, desde aquí me gustaría agradecer el trabajo realizado hasta ahora por la secretaria de Estado Ana de la Cueva, muchas veces desde la discrepancia, pero también sabiendo que ha hecho un gran trabajo en una situación extraordinaria en la
que nadie -ninguno ni ninguna de nosotros- tenemos las soluciones mágicas. Habrá veces que se haya acertado y otras veces habrá algunos errores, pero desde aquí quiero agradecerle el trabajo que ha realizado.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.


Vicepresidenta, señorías, el Consejo General de Economistas publicó un informe en el año 2019 en el que recogía que durante ese mismo año y el año anterior -2018 y 2019- se incrementaron significativamente el número de reales decretos-leyes
aprobados por el Gobierno de España para trasponer de forma urgente directivas europeas pendientes, una urgencia que se debía entre otras razones a que España tarda de media doce meses más que el resto de los Estados miembros en trasladar las normas
europeas al ordenamiento jurídico nacional, sumando por ello el 70 % de las sanciones a nivel europeo. En esto voy a estar de acuerdo con la vicepresidenta, que ha dicho que España es, junto a Grecia, el farolillo rojo de la Unión Europea.


La minoría parlamentaria en la que se ha encontrado constantemente el Gobierno de España desde la moción de censura del año 2018 ha provocado que se recurra a los reales decretos-leyes como instrumento para intentar trasponer dichas
directivas. En total, señorías, dieciocho procedimientos de infracción por no cumplir con el plazo de trasposición y especialmente con cincuenta y tres casos de trasposición errónea o aplicación incorrecta de las provisiones de las diferentes
directivas. Sin ir más lejos, en febrero de este año, de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España pagar una multa de 15 millones de euros por no haber adoptado a tiempo la Directiva de protección de datos personales
para facilitar su intercambio entre autoridades policiales y judiciales para investigar y castigar delitos.


Hoy nos encontramos con este real decreto-ley ómnibus en el que el Gobierno de España recurre de nuevo a esta figura para legislar la trasposición de un gran número de directivas sobre diferentes asuntos que no tienen nada que ver entre sí.
Ustedes, señorías del Gobierno, vicepresidenta, recurren a la amenaza de las multas como excusa para justificar la urgencia y así utilizar el real decreto-ley. Y así realizan la trasposición de una decena de directivas en un mismo decreto que tiene
casi doscientas páginas. Esto en mi casa y también en la empresa privada se llama irresponsabilidad, con todas las letras; irresponsabilidad de todos los Gobiernos que ha tenido España porque apuran ustedes los plazos de trasposición y al final
todo se vuelve urgente para evitar multas y sanciones que muchas veces, lamentablemente, acaban llegando.


Les tengo que decir que hacer la trasposición mediante real decreto-ley no tiene ningún sentido. Lo siento, vicepresidenta. Ni siquiera la gravedad de las sanciones económicas, que pueden derivar de la falta de incorporación a nuestra
normativa de esta directiva, justifica el real decreto-ley por parte del Gobierno. Ustedes, señorías del PSOE -las señorías de Podemos llegaron al Gobierno de coalición hace un año-, llegaron al Gobierno en junio de 2018, hace casi tres años. Así
que déjense de excusas y déjense de abusar de la figura del decreto-ley, porque lo normal hubiera sido abordar en tiempo y forma está trasposición y el cauce normal hubiera sido traer una ley a esta Cámara, señorías. Si España se enfrenta a
posibles sanciones, por el retraso a la hora de aprobar estas normas, se debe en su caso a la dejadez y a la irresponsabilidad del Gobierno.


Por si lo han olvidado, el real decreto-ley se contempla solo para casos de extraordinaria y urgente necesidad, pero ustedes lo están usando para aprobar todo tipo de leyes, saltándose la acción, el debate y las sugerencias del Parlamento.
Les digo más -y ha salido aquí esta mañana en esta tribuna-, su abuso llega hasta el momento de los plazos de las enmiendas de los reales decretos-leyes que ustedes se comprometen a tramitar después como proyectos de ley. Les pongo como ejemplo el
real decreto-ley del ingreso mínimo vital, convalidado en esta Cámara el 29 de mayo del año pasado, un año después y siguen prorrogándose los plazos. Pero es que tenemos otro ejemplo, el tan urgente y ansiado Real



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Decreto-ley 36/2020, de gestión de los fondos europeos, lleva más de diez prórrogas. Su abuso está cercenando el derecho de la oposición a participar en el proceso legislativo, están vetando nuestra posibilidad como Parlamento de introducir
cambios y mejoras en los textos aprobados unilateralmente por un Gobierno que no tiene la mayoría, como ya se les ha dicho aquí también. Nos han convertido en esta Cámara, a la oposición, en meros convalidadores -si es que esa palabra existe- o
meros ratificadores de reales decretos-leyes. Llevan un año bloqueando el Poder Legislativo y ya es hora de que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo conozca lo que está pasando: que están bloqueando esta Cámara. (Aplausos).


Ustedes se mueven en la delgada línea de la separación de poderes y una vez más juegan de forma peligrosa a confundir el Ejecutivo con el Legislativo. Desde aquí, desde esta tribuna, les pido que dejen de bloquearnos y de impedir nuestro
trabajo, que no pongan en riesgo el Estado de derecho. Dejen, señorías, de abusar de la figura del real decreto-ley y dejen, como en este caso, de utilizar como argumento y como excusa las sanciones de la Unión Europea, que solo se aplican a los
distintos Estados y a sus Gobiernos cuando no cumplen con sus obligaciones.


Dicho esto, apoyaremos la convalidación de este real decreto-ley, pero les tenemos que advertir una vez más del flaco favor que le hacen ustedes a los españoles y a esta Cámara con esta figura legal que reduce los debates parlamentarios a la
mínima expresión. Les pido, por favor, que no sigan por este camino.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, debatimos aquí una trasposición de directivas en materia de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños
medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores. En fin, acumulan muchas materias muy distintas en un único texto y el principal argumento para apoyarlo es que debe
hacerse rápido para evitar las sanciones, sin cuestionarse en ningún momento el contenido, casi como si por proceder de la Unión Europea no pudiera tener un contenido lesivo para los derechos de los ciudadanos. Pero el BNG, se lo advierto, no va
apoyar la trasposición de normas que supongan una regresión. No compartimos, en general, la visión que se traslada a lo largo de las distintas reformas destinadas a defender la competencia y proteger el mercado único, la creación y disolución de
entidades financieras o la libre circulación del capital, pero destacaremos dos de ellas especialmente preocupantes.


La primera es la movilidad territorial de las personas trabajadoras, medida también al servicio del mercado único y de las empresas trasnacionales y por la que ahora podrá contratarse a personas en una ETT en el Estado español y enviarlas a
trabajar fuera del Estado. Es bien conocida la situación de precariedad laboral que supone trabajar a través de estas empresas, pero ahora, además, las empresas usuarias podrán llevar a los trabajadores contratados a otros países y se les aplicará
la norma del lugar de desplazamiento, norma que no conocen y que puede suponer una reducción de derechos, es decir, no fomenta la estabilidad laboral y dificulta que se puedan negociar las condiciones laborales. En definitiva, supone tratar a los
trabajadores y trabajadoras como una mercancía más.


La segunda es la referida a la reforma para dar una mayor seguridad jurídica a las relaciones de consumidores y usuarios en materia de contrato de compraventa de bienes y de suministros de contenidos servicios digitales. Aunque, a priori,
estas normas parecen correctas, trasladando los derechos de los consumidores también a estos contratos, en la práctica la digitalización favorece una mayor conflictividad con reclamaciones que deben ser realizadas online a empresas en sede física y
con llamadas a contestadores automáticos. Así, en la mayoría de los casos, los consumidores desisten de reclamar, pues la única solución es judicializar la reclamación y, en los casos de pequeños importes, disuade iniciar estas acciones. La norma
no se ocupa de esta situación, regula en abstracto sin atender a la realidad y en beneficio de las grandes compañías. Por tanto, en función de estos criterios, el BNG no puede apoyar este decreto.


Obrigado.



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Bel Accensi.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.


Señora vicepresidenta, tanto usted en sus intervenciones como la misma exposición de motivos del real decreto-ley establecen como uno de los motivos principales para utilizar el real decreto-ley y para que hoy lo convalidemos -que ya le
avanzo que nosotros lo vamos a convalidar- que el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece unas sanciones muy duras por el incumplimiento. Por tanto, estamos reconociendo, implícitamente, que si no existieran estas
sanciones duras por incumplimiento del Tratado de Funcionamiento muchos países, incluido el nuestro, no convalidarían. ¿Qué quiere decir? Que cualquier legislación para que se cumpla debe tener un régimen sancionador. Si no hay régimen
sancionador, la ley se incumple. ¿Por qué le digo esto? Ya sabe por qué le digo esto, porque las medidas de lucha contra la morosidad si no hay un régimen sancionador, no se cumplen y esto es una absoluta evidencia, pero no solo en el Estado
español sino también en la Unión Europea. Usted conoce, seguro, la Resolución del Parlamento Europeo de finales de 2018 que hacía una evaluación sobre la Directiva de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en la
actividad empresarial en las operaciones comerciales, en cuyo informe la recomendación 8 establecía la necesidad de un régimen sancionador. Por tanto, yo les pido, no tanto a la señora vicepresidenta, sino a los grupos parlamentarios, que
desencallemos la iniciativa -no porque sea del Partit Demòcrata, porque también lo hubiese podido presentar cualquier otro grupo político- del régimen sancionador a la morosidad empresarial.


Dicho esto, haré algunas consideraciones. Evidentemente, este real decreto no hace una trasposición literal de las diez directivas, sino que las traspone y va añadiendo algunas cosas adicionales, en algunos aspectos va incluso mucho más
allá de lo que establecía la trasposición estrictamente de la directiva y con alguna de estas nosotros no estamos de acuerdo. Por este motivo, aunque nosotros vamos a apoyar por responsabilidad este real decreto-ley, les hemos pedido, obviamente -y
ya nos han avanzado que también van a votar a favor-, la tramitación como proyecto de ley.


Finalmente, no vamos a comentar todo su contenido, pero sí hay otro tema que también le va a sonar, señora vicepresidenta, por mi insistencia. Me refiero a las medidas tributarias porque cuando hacen la prórroga hasta el 31 de diciembre del
tipo 0 para determinadas adquisiciones de productos sanitarios, debo insistir en que ustedes no tienen en cuenta, una vez más, aquellos elementos que no son objeto de la entrega, sino de la prestación de servicios. Me explico. Cuando se compra una
bata de quirófano desechable, tributa al 0 %, pero cuando se utiliza una bata de quirófano que es reciclable y se reutiliza en varias ocasiones, tributa al 21 %. Por ello, no estamos fomentando la economía circular. Lo hemos pedido de forma
reiterada, no conseguimos que nos hagan caso, pero vamos a hacerlo otra vez. Vamos a presentar enmiendas, el problema es que la enmienda primera que hemos presentado todavía no ha entrado en ponencia, aunque hace prácticamente ocho meses de ello.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.


El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Hola, vicepresidenta, somos los de antes. Terminaba citando a Rudyard Kipling, porque pensaba que aprovecharíamos la mecánica de hoy para intentar debatir un poco, pero continuamos con el sistema del frontón.
Le hablaba a ustedes de Baloo y Mowgly, pienso que hoy Baloo le diría Mowgly que son ustedes muy poco serios y que eso, tristemente, repercute en la economía y en el bienestar de las personas, particularmente, en las personas más débiles sobre la
base de unos -perdóneme- 'fistros' legislativos que pervierten la urgencia y la necesidad. Hoy, entre estas nobles paredes, urgencia y necesidad se traducen en: corre, corre que nos multan por no haber hecho los deberes. (La señora
vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia).


Pretenden convalidar hoy un real decreto-ley de nada más y nada menos que 176 páginas (muestra un documento), y pretenden ustedes que en siete minutos yo argumente; esto es brutal. No será la



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primera vez que vemos esta práctica del Ejecutivo, es histórico su uso por parte del PP, y la afeaba y la cifraba don Isidro Martínez Oblanca en medio centenar de ocasiones, es decir, hay reincidencia. Podríamos describirlo como mínimo de
muy poco leal con el Legislativo, al que ustedes ni siquiera llaman antes de la publicación. Deben pensar que ya nos lo encontraremos en los periódicos o en el diario oficial.


Con la excusa de que vienen las multas de Europa, por no haber hecho los deberes a tiempo, pretenden que aprobemos sin rechistar y sin tocar una coma cada una de las normas que ustedes han traspuesto a su manera en un real decreto. Nos
dirán: tranquilos, si hay algunos aspectos que os gustan, lo tramitamos como proyecto de ley y lo arreglamos. Pero es que esto ya ha ocurrido, y ustedes no son de fiar, ustedes no han cumplido. Volvemos a denunciar hoy que el Real Decreto 3/2020
-un poquito más gordo que el de hoy- sigue paralizado en la Mesa. Un real decreto que fue convalidado el día 20 de febrero de 2020 y tramitado como proyecto de ley, pero quince meses más tarde ahí sigue. No se han abierto a negociar nada, a
cambiar nada, ni a poner fin al vaciado de competencias de la Generalitat de Catalunya, que ostentaba en materia de seguros en su momento. De nuevo, el sesgo político, alimentado por una visión jacobina y uniformizadora del Estado, eso es lo que
detectamos en la trasposición de las directivas europeas. Para ser francos, no nos gustan. El colmo es el título VII, que caducará en enero de 2022. No han escuchado ustedes a nadie, y nadie es nadie.


Tenemos tantos temas de los que hablar en dos minutos, que es difícil. Sobre blanqueo de capitales, se olvidan de la prevención de blanqueo de capitales de las cuentas ubicadas en el extranjero, de las monedas virtuales que no se incluyan
en la obligación de declarar. Este diputado, como ponente que ha sido, creo que va por la tercera vez que lo ve, si esto finalmente se tramita. El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital lo vuelven a manosear ustedes con un 'salvo
disposición contraria en los estatutos'. El señor Paniagua y yo seguramente, si nos dan la oportunidad, les hablaremos del espíritu del legislador. Respecto a las telecomunicaciones, modifican la Ley General de Telecomunicaciones ampliando la
duración de las concesiones de veinte a cuarenta años para hacer frente a demandas telefónicas. Este título es particularmente prooligopólico. Nada nuevo. Ya están preparando a Telefónica y a los grandes un traje a medida con la subasta del 5G.
En cuanto a cuestiones medioambientales, que tema más urgente y de extraordinaria necesidad para poner fin al agravio que sufren empresas como Falset por el temporal Filomena, ya vamos por tres meses.


Hablando de urgencia y necesidad, por urgente necesidad entiendo atajar los impagos del IBEX, 850 millones que no han cobrado en tiempo y forma las pymes. Ya supera el año el tiempo de espera -se lo ha dicho el señor Bel- para su trámite en
esta Cámara. Más de un año en que el PSOE y compañeros, Podemos también, mantienen y sostienen esta lacra de la economía en la Mesa. Este abuso inaudito en toda Europa de los grandes sobre los pequeños, del palco del Bernabéu sobre los que
realmente sí madrugan y levantan las persianas, a quienes solo tienen ustedes presentes en sus discursos.


Por todas estas razones, señores del Gobierno, porque no nos parece justo que nos impongan aquí más de ocho temas totalmente diversos sin oportunidad de mover una coma, porque no nos gusta que se vulneren las competencias de las comunidades
autónomas y porque -perdónenme- ya no les creemos, hoy no a vamos a apoyar este real decreto-ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Capdevila. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.


El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Buenos días, señora presidenta.


Buenos días, señora vicepresidenta. En esta Cámara tenemos que hablar de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos y yo creo que tanto a mí como probablemente a la mayoría de la ciudadanía -me van a permitir que empiece con esto- nos
están preocupando mucho las imágenes que están llegando de Oriente Medio, de Jerusalén, de Palestina y de Gaza, ya que son humanamente desgarradoras. Sé que no es de lo que tenemos que hablar, pero quiero decir que las imágenes de familias
desplazadas, las imágenes de civiles bombardeados nos tienen que interpelar a todos y a todas. Así que, si como decía Isaac Rabin o también Vittorio Arrigoni, seguimos siendo humanos, trabajemos para el cese la violencia, trabajemos para que se
dejen de vulnerar los derechos humanos en Gaza y en Palestina. (Aplausos).


Dicho esto, debatimos hoy la convalidación del Real Decreto-ley 7/2021, que traspone a la normativa estatal un conjunto de directivas de la Unión Europea de obligado cumplimiento para todos los Estados



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miembros. Con ello, más allá de las evidentes premuras, el Gobierno hace un esfuerzo para cumplir de manera consistente con los objetivos de trasposición de directivas europeas en los plazos comprometidos, algo -y hay que recordarlo- que no
hicieron anteriores Gobiernos conservadores y que ha supuesto la apertura de numerosos expedientes por parte de la Comisión Europea y el pago de cuantiosas deudas. La buena gestión que nos precede dejó sin trasponer un total de treinta y una
normativas europeas, catorce de ellas en materia económica, que deberían haber ayudado, por cierto, a salir de la crisis que asoló este país los anteriores diez años. Y no hablamos de cuestiones cualesquiera, hablamos de la Ley de crédito
inmobiliario, de la ley de mercados e instrumentos financieros, de la lucha contra el fraude, de elusión fiscal, de operatividad del sistema ferroviario, de planes de pensiones, seguros, mercados financieros, servicios de pago, etcétera.


En primer lugar, la trasposición de la normativa para el refuerzo de la protección de las personas desplazadas por motivos laborales, que busca mayor equilibrio entre la libre prestación de servicios y la garantía de derechos de las personas
trabajadoras, evidentemente es una buena noticia. Se amplía la cobertura legal de estas personas tanto en el ámbito normativo como en la aplicación de los convenios sectoriales y se establece el principio de igualdad de remuneración y de trato
entre los trabajadores propios de una empresa y los subcontratados de otros países a través de ETT. Igualmente, se refuerza la labor de la Inspección de trabajo y se facilita la coordinación con los órganos inspectores de otros países. Con todo
ello se evitan políticas y prácticas de explotación laboral y trato discriminatorio a las personas trabajadoras por motivo de su procedencia y, al tratarse de una directiva europea, esto sirve tanto para los nacionales de otros países que vienen a
trabajar aquí como para los españoles y españolas que se ven obligados a emigrar a otros países europeos por motivos laborales.


En materia tributaria, se alivia la carga burocrática y económica para las empresas y profesionales que realizan ventas transfronterizas, pero quizás lo más destacable de este ámbito son las medidas para el control del fraude en el IVA
transfronterizo y la determinación de que el IVA se tributa en el país de destino. Esta es una medida que importa y que es positiva, porque evita que los grandes operadores mundiales del comercio electrónico evadan impuestos radicando sus sedes en
paraísos fiscales. A partir de ahora, tendrán que tributar en este país los servicios y las ventas que hacen en este país.


La trasposición de la Directiva sobre prevención de blanqueo de capitales sirve al desarrollo de los sistemas de información, transparencia y control con una mejor identificación de los titulares reales de las personas jurídicas y entramados
empresariales y bancarios susceptibles de realizar estas prácticas ilegales. Quiero señalar una cuestión, un matiz en esta directiva. Cierto es que es muy particular, pero nos preocupa la situación de las galerías de arte, que son pequeñas y
medianas empresas que nos han trasladado que no entienden cómo esta directiva puede cargarlas de burocracia y creemos que hay que trabajar para solucionar esta cuestión.


En materia de competencias, se incrementan las atribuciones de la CNMC y la coordinación con sus homólogas en otros países, lo que garantiza un mejor funcionamiento del mercado interior y ayuda a limitar el desarrollo de posiciones
oligopolísticas en determinados sectores.


Por último, nos gustaría también detenernos en la actualización de la normativa sobre solvencia y resolución de entidades de crédito. Se incrementan los requisitos de capitalización tanto de las entidades sistémicas como del resto de
entidades bancarias, delimitando la ratio de apalancamiento obligatorio y el requisito de capacidad de absorción de pérdidas. Todo ello ofrece una mayor estabilidad al sistema financiero, avanza en la configuración de una unión bancaria y la
mutualización de riesgos a nivel comunitario y protege tanto las arcas públicas como las de los contribuyentes ante futuras crisis bancarias. Se avanza así en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, por cierto, en sede parlamentaria tras la
Comisión de investigación sobre la pasada crisis financiera.


En conjunto, se trata, a nuestro juicio, de desarrollos normativos que sirven a un mayor control de los mercados para garantizar la estabilidad económica y la sana competencia, que protegen a las personas trabajadoras de los abusos y la
explotación laboral y que ponen coto a las prácticas empresariales más corruptas y fraudulentas. El mercado no puede ni debe ser una selva. La actividad económica debe servir a la prosperidad de las sociedades. La historia reciente demuestra que
ese ultraliberalismo que algunos partidos aquí todavía profesan solo produce desigual e inestabilidad económica. Afortunadamente, también en el marco europeo, cada vez más instituciones y organismos empiezan a tomar un nuevo camino, que es el del
interés general y la salvaguarda del mismo.


Muchas gracias. (Aplausos).



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La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Gómez-Reino. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Manso Olivar. (Aplausos).


El señor MANSO OLIVAR: Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.


Como me ha antecedido tanta gente en el uso de la palabra, creo que ya se han enterado de que hoy venimos a convalidar nada menos que diez directivas, diez, en un solo real decreto, de las cuales sabemos que cinco ya tienen los plazos
vencidos y procedimientos de incoación de expedientes contra el Reino de España abiertos; otra más tiene un expediente, pero en este caso por un motivo distinto, porque se traspuso mal, se nos apercibió, se nos dio un plazo y también hemos
sobrepasado ese plazo, y tenemos otras cuatro directivas, a una le vence el plazo el próximo 23 de junio, ¿de acuerdo?, y a las otras el 31 de julio. Es decir, que no hemos venido aquí a aprobar un decreto ómnibus, como dice el Gobierno, venimos a
aprobar un decreto escoba. Perdóneme, señora ministra, es un decreto escoba. La Unión Europea se ha encontrado la habitación del Gobierno muy revuelta, básicamente parecía la habitación de un adolescente, y están ustedes metiendo todo el desorden
debajo de la mesa.


Fíjense ustedes en las ocho materias - se las voy a repetir-: competencia, prevención y blanqueo de capitales, solvencia y liquidez bancaria, derecho de uso del espacio público radioeléctrico, trabajadores trasnacionales, IVA de las ventas
a distancia, suministros de contenidos y servicios digitales y responsabilidad medioambiental, casi nada. Hombre, lo menos que podían haber hecho -y cojo el guante del señor Capdevila- era darnos la posibilidad de discutir algo aprobando ocho
reales decretos, qué mínimo. Con ocho reales decretos podríamos haber dedicado a cada materia por lo menos siete minutos, no siete minutos para las ocho materias, ¿de acuerdo?


Aquí ha habido un abuso de la figura del real decreto, lo han dicho muchos de ustedes. Es un abuso, porque ustedes dicen que es de urgente y extraordinaria necesidad, claro, pero la urgente y extraordinaria necesidad la han creado usted
ustedes, ¡la han creado ustedes! Y no me vale, como ha dicho el señor de Izquierda Unida, que el PP también hacía estas cosas. Al final, casi parecía que en este caso la culpa era del PP; no, la culpa en este caso es toda del Partido Socialista.
Todos los plazos de estas directivas se aprobaron gobernando el Partido Socialista, que era el que estaba obligado. (Aplausos). ¿Que el PP también ha hecho de las suyas? Muy bien, perfecto. Hasta el error de la directiva que están ustedes
corrigiendo es un error del señor Zapatero, hasta ese, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no me cuenten cosas. Ustedes han mezclado las materias y han hurtado a la Cámara, repito, han hurtado a la Cámara el debate. Tenían una posibilidad: al menos ocho
reales decretos-leyes; ni eso.


Pero vamos a más cuestiones. Dicen ustedes: no tenemos plazo. Pero ustedes han sido capaces de sacar una Ley de eutanasia en un ratito, para eso se había plazo. Para sacar una Ley de eutanasia en un ratito ha habido plazo. (Aplausos).


Hurtan ustedes el debate a la Cámara, lo hurtan ustedes y lo hurta la tecnocracia europea. El procedimiento de aprobación de directivas, que son del Parlamento y del Consejo, adolece de los principios más elementales de un Estado de
derecho. ¿Qué hacen los Gobiernos en Europa participando en la legislación, no en la iniciativa legisladora, como tienen ustedes aquí, que es otra cosa, sino legislando? Solamente por eso las Cámaras debiéramos ser muy muy exigentes con todo lo
que viene, y no hay derecho a que ustedes nos cuelen esto por la puerta de atrás. ¿De acuerdo? Tanta alerta antifascista. De verdad, si hay una alerta antifascista es la de la tecnocracia europea. (Aplausos). Me parece muy bien la tecnocracia
europea, pero no se les olvide que la soberanía nacional reside en los parlamentos nacionales; nos la han hurtado allí y ahora ustedes participan de ese hurto colocándonos diez reales decretos por la vía de urgencia. Aun así, se lo vamos a aprobar
-tal vez porque he subido yo y no el profesor Sánchez García, que es un profesor más severo que yo- para que no nos pase lo que nos pasó hace días, que nos han colocado una multa de 15 millones -ya saben ustedes que ahora las multas van a tanto
alzado y esos 15 millones ya no nos los quita nadie, otra cosa son los 89 000 diarios, por lo que cuánto más prisa nos demos, mejor-, pero les vamos a exigir que, por favor, se tramite como proyecto de ley por vía urgente y le pedimos al Gobierno
que lo apoye.


Dicho esto, no podemos permitir que la Cámara siga descansando en la iniciativa del Gobierno cada vez que se apruebe una directiva. Yo, señores del Congreso, les animo a que cada vez que se apruebe una directiva no estemos todos esperando a
ver si el Gobierno de turno, por aquello de que la responsabilidad es de Estado, inicia el proyecto de ley correspondiente. Por eso mismo, les animo a que cada vez que se apruebe una directiva, por nuestra dignidad como legisladores, iniciemos el
procedimiento por proposición



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de ley, pues de esta manera nos evitaremos que los Gobiernos nos jueguen la mala pasada que hoy nos ha jugado el Gobierno de la nación en la persona de la señora Calviño.


Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias señor Manso. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Cortés Carballo.


El señor CORTÉS CARBALLO: Gracias, presidenta.


Señora vicepresidenta, señorías, ¿podrían decirme cuál es la conexión entre el sistema bancario, el espectro radioeléctrico, el IVA del comercio electrónico, los daños medioambientales, los trabajadores desplazados o la defensa de los
consumidores? Difícil, ¿verdad? Yo se lo voy a decir: la conexión de todos estos temas es la incompetencia y la cobardía parlamentaria de este Gobierno. (Aplausos).


Hoy nos traen para su convalidación un real decreto batiburrillo de diez trasposiciones de directivas, todas ellas, por cierto, ya con expediente de infracción o a punto de iniciarse por parte de la Comisión Europea; una auténtica chapuza
legislativa. Somos el primer país en el ranking de incumplidores, con más de cien expedientes de infracción abiertos por la Comisión Europea; el Gobierno más vago, el que más tarda en adaptar las leyes a las directivas de Europa; el Gobierno más
caro de la historia en ministerios y cargos y, a la par, el más inútil de toda la Unión Europea. ¿Cuántos de estos expedientes de infracción acabarán en sanción económica? De momento, ya hemos tenido que pagar 20 millones de euros por el retraso
de la trasposición de protección de datos; con ese dinero más de 43 000 familias podrían haber cobrado el ingreso mínimo vital. Pero entro rápidamente en el fondo del real decreto.


Uno: normas de competencia. Es una oportunidad perdida para avanzar en la unidad de mercado dentro de nuestro propio país. Aún existe una maraña de normativas distintas en las diecisiete comunidades autónomas, 2700 trabas administrativas
para que empresas, pymes y autónomos puedan ejercer su actividad con normalidad en cualquier región de España. La propia CEOE estima que el PIB español podría aumentar en 55 000 millones de euros si se unificase la normativa en todo el país.
Ustedes la armonización regulatoria ni se la plantean, pero la armonización fiscal y el infierno fiscal les encantan. Si quieren recaudar 80 000 millones de euros, no hace falta que se sableen a impuestos los bolsillos de todos españoles; empiecen
por la unidad de mercado, que ya han visto que esa medida, por sí sola, supondría 55 000 millones.


Dos: prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo. Al señor Marlaska se le ha pasado impulsar una de las herramientas principales para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, pero, claro, el Ministerio del Interior
está tan ocupado acercando etarras sanguinarios, cesando y persiguiendo guardias civiles y policías nacionales (aplausos) y mandando tuits electorales que no le queda tiempo para lo realmente importante.


Tres: sociedades financieras, entidades de crédito, etcétera. Ya puestos, echamos en falta que protejan el empleo del sector bancario. La señora ministra de Trabajo ha abandonado a los más de 30 000 empleados afectados por ERE en los
procesos de fusión que ustedes mismos han autorizado. El escudo social ha vuelto a fallar con estas 30 000 familias que irán al paro y, por si fuera poco, han condenado aun más a la España rural con el cierre masivo de oficinas bancarias.
(Aplausos). Otro ministerio específico, el de Reto Demográfico, que está a cualquier cosa menos a combatir la despoblación.


Cuatro: el dominio público radioeléctrico. Ese es un ejemplo de dejadez e improvisación. Llevan ustedes dos años para sacar la subasta de frecuencia 5G y resulta que justo cuando van a publicarla, alguien cae en que la norma actual limita
la concesión a un máximo de veinte años, plazo insuficiente para amortizar las inversiones multimillonarias que tienen que hacer las operadoras. ¿No les parece un poco incongruente saquear con 3000 millones de euros a las operadoras y luego
pedirles que corran con los despliegues? ¿Con qué dinero van a pagar estas empresas el despliegue si las van a dejar sin blanca?


Cinco: sobre el IVA del comercio electrónico. El retraso de esta medida ha impedido a las empresas españolas un ahorro en los costes de cumplimiento, que para toda Europa se estima en unos 2300 millones, para poder gestionar así, a través
de un único registro del IVA, todas sus ventas en la Unión, en vez de en cada uno de los países. Eso sí, había tiempo para pensar en cómo freír a impuestos a los españoles, llegando incluso a proponer la supresión de los tipos reducidos de IVA. El
IVA lo pagamos todos, señora Calviño, con independencia de los ingresos y patrimonio que tenga cada uno. No mientan más.



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Seis: los trabajadores desplazados. Una vez más, con la improvisación y la desidia, olvidan nada menos que al sector del transporte por carretera, dejando sin control a los transportistas extranjeros que operan en España, manteniendo la
competencia desleal por parte de algunas empresas localizadas en países con bajos niveles de protección laboral y social, las llamadas empresas buzón. Desde luego, no sé lo que le habrán hecho los transportistas al señor Pedro Sánchez, pero entre
esto, el abandono durante la pandemia, la subida del diésel y los nuevos peajes en las carreteras, la verdad es que ustedes los tienen achicharrados. (Aplausos).


Siete: la relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. Esta es una de las medidas clave para poder personarse como afectado en posibles litigios; por poner un ejemplo, el sector pesquero ante un daño medioambiental
en el mar. Señora ministra de Transición Ecológica -la tenemos aquí-, ¿no ha tenido tiempo en dos años para hacer esto? Estaba ocupada en modificar las tarifas eléctricas, pero no en bajar el coste de la luz, la más cara ya en los últimos ocho
años. La nueva tarifa que entra vigor el 1 de junio será más cara, dejando el tramo valle entre las doce de la noche y las ocho de la mañana. ¿Esperan que los españoles cocinemos, pongamos la lavadora o planchemos a las tres de la mañana? ¿Se
puede hacer un mayor ejercicio de cinismo?


Punto ocho y último: la defensa de los consumidores y usuarios, el máximo exponente de la inutilidad y la cobardía parlamentaria. No preguntan al sector, no permiten alegaciones, no hay debate parlamentario: comunismo en estado puro.
(Aplausos). Los españoles se preguntan para qué sirve el Ministerio de Consumo. No se le conoce ninguna medida relevante, y para un proyecto de ley que tienen que sacar, lo hacen por decreto, a pesar de que esta trasposición no está caducada.
Señor Garzón, allá donde esté, déjese de tuitear y de decir tonterías y póngase a trabajar.


En conclusión, este decreto es una chapuza legislativa que hurta el debate parlamentario e impide la participación ciudadana, improvisado, hecho a desgana y presentado en el último minuto de descuento. Para evitar otra sanción y porque se
vota en bloque, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor, pero pediremos que se tramite como proyecto de ley para incluir todas las cuestiones que se han dejado fuera.


Para terminar, señor Casares, quiero decirle que le veo un poco agresivo. Relájese y disfrute de estos meses que le quedan como diputado, porque con su trayectoria de resultados menguantes, primero en la Alcaldía de Santander y luego en el
Congreso por Cantabria, me temo que no le voy a volver a ver en la próxima legislatura.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Cortés. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidenta.


Señorías, ya en 1950, Schumann, uno de los padres de la construcción de Europa, decía en su famosa declaración: 'Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas'. Pues bien, hoy aprobamos
realizaciones concretas en forma de trasposición de varias directivas. Lo hacemos con la urgencia de cumplir fielmente con la normativa europea, pero también con el empeño de este Gobierno por agilizar normas que son importantes para nuestro país.
Contiene temas heterogéneos en lo sectorial, sí, pero con un nexo común: son reflejo del compromiso europeísta de nuestro Gobierno por dar una respuesta conjunta europea a los ciudadanos, a las empresas ante las complejidades derivadas de la
globalización y de los grandes retos del siglo XXI; respuestas en forma de medidas que incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico interno a través de un real decreto-ley que, con su tramitación como proyecto de ley, nos permitirá garantizar el
debate y hacer aportaciones constructivas. Por tanto, no hurtamos el debate, no hay abuso, no hay desprecio, y si tan malo es, ¿por qué van a votar a favor? Está claro que este real decreto-ley ni es improvisado ni, desde luego, está hurtando
ningún tipo de debate. Les hemos escuchado muy bien.


La aparición constante de nuevas necesidades justifica la revisión de la normativa común europea en nuestro país. Por tanto, con la trasposición cumplimos, pero, además, aprobamos soluciones actualizadas. Según estudios de la OCU, en 2020
el 63 % de los españoles ha recurrido a la compra online, que se ha disparado con la pandemia y con las restricciones a la movilidad. De ahí que sea importante actualizar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios a los nuevos
retos de las relaciones de consumo, en términos de garantías. El auge de la compra online nos ha obligado también a hacer un mayor esfuerzo en nuestro país de adaptación tecnológica para implantar



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procedimientos armonizados, para que todos los países europeos podamos contar con reglas de tributación comunes en el comercio electrónico; un esfuerzo destacable que, señorías, vale la pena, pues nos permitirá en las operaciones
transfronterizas que se facilite la declaración del IVA en la Unión Europea a través de un portal de ventanilla única y que se asegure su pago donde se consumen los bienes o donde se prestan los servicios por los que se paga. Todo un avance, como
muy bien ha explicado la vicepresidenta económica. Son medidas que mejorarán los ingresos públicos y eliminarán las distorsiones de la competencia, estableciendo un terreno de juego equilibrado entre las empresas de la Unión Europea y las de los
terceros países. Por cierto, no lo iba a mencionar, pero el IVA cero para productos sanitarios se prorroga hasta finales de diciembre, también de forma armonizada, como estamos haciendo con el resto de los países europeos.


Por otro lado, me gustaría destacar también que Naciones Unidas publicaba recientemente que el blanqueo de dinero a nivel internacional ya se extendía al 2,7 % de la riqueza mundial, una gran lacra para la sociedad insolidaria y generadora
de desigualdad e inequidad. De ahí la relevancia de la trasposición de la denominada quinta directiva de blanqueo de capitales que hoy convalidamos y que hace realidad soluciones preventivas compartidas, coordenadas e interconectadas. Asimismo,
quiero destacar las medidas incorporadas para avanzar en el correcto y mejor funcionamiento del mercado interior, en términos de transparencia, de libre y equitativa competencia, sin olvidar, como no, la protección de los derechos laborales de los
trabajadores desplazados; mejor trasposición ante responsabilidades por daños medioambientales; garantías para asegurar la solvencia del sistema financiero, tan importante en un momento como el actual, y para dar mayor estabilidad a las
inversiones en la nueva generación de tecnologías. Por tanto, son todas, precisamente, para dar respuestas a los ciudadanos y para dar respuestas las empresas. (Aplausos).


Señorías, la adaptación normativa a la realidad, en permanente cambio, siempre es más lenta de lo deseable, y si además le añadimos las circunstancias sobrevenidas de la pandemia, la urgencia se impone. ¿No les llama la atención, señorías,
que nadie de los grupos de la oposición haya hablado precisamente de la pandemia que nos obliga todavía a llevar las mascarillas? (Aplausos). ¡Nadie ha hablado de pandemia! Estos meses la prioridad del Gobierno de España ha sido precisamente dar
respuestas a las personas ante el impacto sanitario, social y económico provocado por la pandemia.


¿Dejadez? ¿De qué dejadez me están hablando? Algunas de las críticas escuchadas, de verdad, me parecen muy desproporcionadas atendiendo al contexto en el que nos movemos, especialmente por parte del Partido Popular. Me parece un
atrevimiento y una irresponsabilidad venir aquí, en un debate de estas características, a nivel europeo, y hablarnos de la forma en la que nos está hablando. Miren, solo un dato: con el Gobierno de Mariano Rajoy -por cierto, que muchos de ustedes
apoyaron- España lideraba las sanciones por incumplimientos europeos. Hoy, por el contrario, lo que estamos haciendo son planes, planes para impulsar las soluciones, planes para mejorar. (Aplausos). La diferencia en términos de credibilidad y en
términos de responsabilidad es clara.


Miren, el Gobierno está centrado en salir de la crisis, y lo que me da muchísima pena es ver a esta derecha centrada en utilizar la crisis como arma arrojadiza que les permita recoger réditos electorales. Dejen de pensar ya en votos y
piensen en las personas, como está haciendo, precisamente, este Gobierno. De hecho, deberían reconocer ya que si no se hubieran adoptado las medidas de apoyo a los trabajadores, a los autónomos y a las familias impulsadas por el Gobierno, la caída
del producto interior bruto de 2020 hubiera sido mayor, más del 25 %, y se hubieran destruido muchos más puestos de trabajo. Hagan el favor, por lo menos, de reconocer lo que es una verdad. Es más, las previsiones indican el mayor crecimiento de
España entre los países europeos para este año; un escenario muy alejado del panorama apocalíptico que siempre nos da la derecha en este Parlamento. Así que, mal que les pese, este Gobierno ha demostrado tener peso en Europa; solo así se explica
haber conseguido 140 000 millones de euros de los fondos europeos. España está haciendo los deberes; hay trasparencia y diálogo social. Es una oportunidad, señorías, que no podemos desaprovechar y, por tanto, les animo a que cambien el tono y
empiecen a sumar.


Por ello, termino como empecé, invocando el espíritu europeo. Como decía Jean Monet, Europa siempre se construye a golpe de crisis, y esta crisis ha evidenciado que necesitamos más Europa para conseguir afrontar unidos los grandes retos y
riesgos que nos acechan. Hagámosla más fuerte también con la convalidación de este real decreto-ley, por compromiso, por responsabilidad y por beneficio común. Los socialistas lo aprobaremos convencidos de ello.


Muchísimas gracias. (Aplausos).



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La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Blanquer. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


ENMIENDAS DEL SENADO:


- PROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA. (Número de expediente 121/000019).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Señorías, continuamos con el debate de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de cambio climático y transición energética.


En turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Guitarte Gimeno.


El señor GUITARTE GIMENO: Presidenta, señorías, vicepresidenta, la ley del cambio climático y transición energética representa un avance radical en la economía del país, aunque en muchos aspectos llega tarde para su propia finalidad; llega
tarde y, por ejemplo, descuida una mínima ordenación territorial del despliegue de las renovables que impulsa. Hemos trabajado en el Congreso y en el Senado para adaptar la ley a la realidad de los territorios que producirán la mayor parte de la
electricidad; solo parcialmente lo hemos conseguido, pero apoyaremos la ley. La ley impulsa la electrificación del sector energético y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija en 157 gigavatios la potencia instalada para 2030; es decir
60 gigavatios de nueva instalación. Para ese despliegue, el ahora artículo 25, después de que la ponencia asumiera nuestra enmienda, dice lo siguiente. Desarrollo rural: política agraria, política forestal y energías renovables; precisando en su
segundo párrafo que el despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en
el territorio donde se realiza el referido despliegue para activar su economía y combatir el declive demográfico, y eso es todo. No hay más regulación. Sin embargo, los hechos reales son: primero, las propuestas con autorización para instalar
nuevas plantas fotovoltaicas y centrales eólicas duplican las necesidades de potencia instalada que fija el Plan Nacional de Clima y Energía; segundo, se está produciendo una instalación acelerada a un ritmo anual de más de 6 gigavatios; tercero,
la promoción se realiza exclusivamente mediante proyectos de grandes compañías eléctricas o de nuevos actores que son grupos de inversión; cuarto, no se impulsa la generación distribuida; quinto, no se regula la equidistribución de beneficios y
cargas con la comunidad local; sexto, no hay suficiente control ambiental de manera que la realidad es que las plantas se pueden instalar en las zonas protegidas o en zonas de valor paisajístico y sin atención a la ordenación territorial ni al
turismo sostenible; séptimo, unas instalaciones que deben combatir un problema global y unas plantas cuyas efectos y dimensiones desbordan claramente los límites territoriales municipales ven regulada su instalación por competencias autonómicas o
locales en pequeños municipios.


Señorías, el despliegue de renovables es una transformación radical que afecta a más de 160 000 hectáreas, que convierte el uso de suelo agrario, de pastos o de montes en un espacio industrial o semi-industrial, sin regulación específica o
con una normativa de ordenación territorial que no lo contemplaba cuando se redactó. La legislación española para los cambios de usos de suelo cuyos efectos no solo afecten al propietario del suelo, sino que representen un aprovechamiento lucrativo
del medio ambiente -es decir, de un bien común-, fijan procedimientos como los que regula la gestión urbanística. Es decir, en urbanismo el promotor debe ajustarse de manera completa a los planes ambientales -ZEPA, Red Natura, etcétera-; debe
minimizar su impacto.


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Señoría, tiene que terminar.


El señor GUITARTE GIMENO: Debe pagar al propietario del suelo en función del aprovechamiento lucrativo, entregando el 15 % del aprovechamiento a la Administración y compensar el impacto del medio natural. Para subsanar esta deficiencia y
para conseguir esos objetivos hemos registrado una PNL que propone regular el despliegue de planificación con una hoja de ruta de las energías renovables. Países como Dinamarca, Alemania y Reino Unido lo regulan, compatibilizan la generación
distribuida de pequeños promotores con los grandes proyectos, respetan la normativa ambiental y compensan a la comunidad local. Tenemos de donde aprender.


Muchas gracias.



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La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Gracias, presidenta.


No me pronunciaré sobre las enmiendas, sino sobre la votación final de la ley de cambio climático. Nosotros nos vamos a abstener para poder expresar una crítica a una ley que ya nace obsoleta, y que queda muy por detrás de la realidad de la
emergencia climática. El ejemplo más clamoroso es el de la reducción de emisiones. Se propone, tomando como índice el año 1990, reducir un 23 % las emisiones antes de 2030. Esto queda muy por debajo, por ejemplo, de lo que se ha propuesto la
nueva Administración en Estados Unidos, un 43 %, de lo que votó el Parlamento Europeo -incluidos también los europarlamentarios del PSOE-, que votó un 60 % y finalmente quedó en un 55 %, y queda por debajo en definitiva de la propia realidad. El
Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, ha devuelto la ley al Parlamento, no la ha considerado suficiente precisamente porque consideraba que las tasas de emisiones no estaban atendiendo al derecho de las futuras generaciones. Qué diferencia
con el Tribunal Constitucional español, que suspendió la ley catalana de cambio climático, que por ejemplo fijaba el deber de reducir las emisiones en un 40 %. A Cataluña se le suspende su ley, que es más avanzada, y luego se hace una ley española
que queda muy por debajo ya no de lo que se aprobó en Cataluña, sino de lo que es necesario reducir las emisiones.


Las razones de esta obsolescencia se centran en que no se puede hacer la transición ecológica de la mano del IBEX. Sin el IBEX o contra el IBEX es muy difícil hacer la transición ecológica, pero con el IBEX es directamente imposible. ¿A
qué me refiero con esto? Me refiero a que estas empresas, que viven más de los combustibles fósiles, han estado presionando para reducir los porcentajes de emisiones, pero luego también los sectores del IBEX, que sí se han pintado ya de verde
-especialmente las generadoras de electricidad-, tampoco pueden estar condicionando los pasos hacia esa transición ecológica, decidiendo dónde se instalan esos parques eólicos en función de sus beneficios, ahí donde el suelo sea más barato, aunque
luego todo indique que transportar la energía es una forma poco eficiente de consumir energía, debería acercarse el lugar de producción al lugar de consumo. Es un error pensar que la solución para el cambio climático es la sustitución tecnológica,
cambiar la forma en la que producimos electricidad, porque este no es el problema. El problema fundamental es que no se puede sustituir todo lo que hacemos con combustibles fósiles por electricidad. El mejor ejemplo de ello es el coche, no se
puede sustituir todo el parque de vehículos, entre otras muchas razones porque hay otros bienes escasos que intervienen en la fabricación del coche eléctrico, como el cobalto o el litio.


Cualquier estrategia honesta contra la emergencia climática implica decrecer, implica relocalizar la actividad económica y disminuir las redes logísticas y, en cambio, estamos viviendo ejemplos de todo lo contrario como, por citar uno, el de
la ampliación del puerto de Valencia. Implica también una racionalización del transporte, algo de lo que se habla muy poco en esta ley; se deja para una ley del futuro el fomento del transporte por ferrocarril. Implica también una política mucho
más decidida -con esto es con lo que empezaba- de reducción de emisiones. Pero eso exige poner límites al gran capital, exige un decrecimiento material de la economía de forma progresiva, que decrezca más quien más ha estado consumiendo. Esto lo
digo desde el punto de vista...


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Señoría, tiene que terminar.


El señor BOTRAN PAHISSA: ... de los países y también de las clases sociales. Pero esto, en definitiva, no se puede hacer de la mano del IBEX.


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo.


El señor RUIZ DE PINEDO UNDIANO: Buenos días, egun on.


Ya finaliza el trámite de aprobación de esta ley de cambio climático y de transición ecológica, y hoy nosotros y nosotras, en coherencia con la postura que ha estado manteniendo Euskal Herria Bildu y que hemos expresado siempre de nuestro
voto positivo, reafirmamos este voto, a la par que en esta intervención quiero hacer una serie de consideraciones. La primera es que tener esta ley de cambio climático no solo es necesario, sino que es imprescindible. (La señora presidenta ocupa
la Presidencia). Consideramos que vivimos en una encrucijada histórica para el medio ambiente, para el planeta, y no podemos seguir



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produciendo al ritmo y forma a la que lo estamos haciendo hasta este momento. Producir en la forma en la que lo estamos haciendo, por encima de los ritmos de regeneración del propio planeta, es sencillamente inviable, insostenible. Hoy,
prácticamente nadie, salvo las y los negacionistas del cambio climático, se atreve a negar lo evidente: el planeta está al borde del colapso y hay que actuar y hacerlo ya. Por eso avalaremos esta ley.


La segunda consideración es recordar que está ley nace con límites importantes en su eficacia, como bien nos están señalando desde el movimiento ecologista. Se podría y se debe ir más allá. Haber ido más allá, por ejemplo, en los
objetivos, en los porcentajes de reducción de gases contaminantes. Los que se recogen en esta ley, señorías, se van a quedar muy raquíticos ante el reto que afrontamos. Y es que estamos afrontando una gran expoliación del planeta, de nuestra
tierra, de gure Ama Lurra; son siglos de explotación, de esquilmación, que necesitan respuestas rápidas. Hace falta más ambición y así lo exigimos y seguiremos haciéndolo. No compartimos algunas limitaciones de las que parte esta ley. No son
conciliables la necesidad urgente de dar un cambio de rumbo a nuestro modelo industrial y energético con la dejación que se hace en los límites de capacidad de imposición de tasas o impuestos, en aquellas prácticas que más daño están haciendo, como
puede ser, por ejemplo, el tema de la supresión del impuesto del diésel, buen ejemplo de estas limitaciones.


La tercera consideración es que, no obstante estas limitaciones, para tratar de ser justos y justas, sí podemos decir que la ley contempla avances en lo que es la justicia medioambiental, la vigilancia y el respeto de las costas y el medio
natural, que son asignaturas pendientes en esta sociedad. Hay otros avances que no podemos negar. Para nosotras y nosotros, para la gente de izquierda, soberanista, independentista vasca -y para Álava especialmente-, el mayor avance práctico que
observamos y celebramos es la posibilidad que se nos abre de impedir, desde ya, en estos momentos, de poner un stop a las graves agresiones ambientales en nuestro territorio, algunas de carácter irreversible. Un ejemplo es la prohibición de la
explotación del fracking. Con esta ley damos respuesta a una demanda social importante en Araba en los últimos años. El proyecto de fracking más adelantado en el País Vasco se está desarrollando en nuestro territorio, y se está intentando hacer
sobre y bajo un acuífero importantísimo y estratégico en nuestro territorio. Hoy las gentes que defienden y defendemos en Álava una Euskal Herria libre de fracking estamos de enhorabuena. Por eso, felicitamos a los movimientos sociales que han
estado defendiendo esta lucha y que podemos decir que han ganado. Zorionak al movimiento social Fracking es Araba. Zorionak, ciudadanas y ciudadanos de Araba. Por fin se pone fin a esta pesadilla.


Otra cuestión práctica importante que se debería poder impedir con esta ley es que montes alaveses, importantísimos desde el punto de vista medioambiental, como Iturrieta o la sierra de Arkamo, se conviertan en emplazamiento predilecto para
los parques eólicos vascos. Desde nuestro punto de vista, desarrollo de alternativas energéticas renovables, sí, pero no a cualquier precio. El despliegue de los proyectos de energías renovables debe llevarse a cabo en emplazamientos que tengan el
menor impacto. Esta ley obliga al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a las comunidades autónomas a velar por ello.


Termino. Esta ley no soluciona todo. No arregla ni da respuestas a todos los retos que, como sociedad y especie, vamos a tener que resolver para que este planeta tenga futuro, pero con esta ley y con la exigente actitud de respeto al medio
ambiente, en clara perspectiva ecologista y ecosocialista, estamos más y mejor pertrechados que antes para tener un futuro mejor para todas y todos.


Por todo ello, mila esker, vamos a dar nuestro voto positivo a está ley.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Eguerdi on, vicepresidenta.


Votaremos a favor de esta ley, lo hemos hecho, hemos votado ya las enmiendas que vienen del Senado también afirmativamente, porque creemos que mejoraban el texto. Es una ley necesaria, urgente, porque va a dotar de cobertura legal al
proceso de transformación profunda que implica la descarbonización de la economía, una ley que va a orientar la actuación y las decisiones de inversión de los distintos actores de la economía; una ley, desde luego, que debería servir para
aprovechar las oportunidades derivadas de esa descarbonización. Una ley que recoge algunas enmiendas presentadas por este grupo,



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que trataban no solo de que se tuvieran en cuenta aspectos medioambientales, energéticos, sino también el modelo en materia económica de reestructuración industrial, empleo, cohesión territorial y competitividad de las empresas. Porque para
mi grupo la transición energética, desde luego, debe realizarse de la mano de una política tecnológica industrial innovadora, sostenible, pero que también sea capaz de generar empleo de calidad y, desde luego, construyendo consensos. Si algo además
nos ha enseñado la pandemia es la necesidad de contar con una industria fuerte, y esto no está reñido con la sostenibilidad ambiental ni la transición energética ni la política industrial ni la I+D+I, estableciendo mecanismos de apoyo para que la
industria gane en competitividad y posicionamiento. Se trata de acompasar los tiempos, los ritmos, y con soluciones para descarbonizar acordes a la realidad específica de cada región.


No podemos olvidar que esta es una ley de transición, y transitar es ir de un punto a otro por determinadas vías. En las transiciones no son posibles cambios de determinado calado a lo mejor tan radicales de la noche a la mañana. En este
caso el proceso cuenta. Una transición justa sí, pero creemos que teniendo en cuenta la realidad de la que partimos y no de la realidad de la que quisiéramos partir. Pero las mayorías hoy aquí son las que son. Seguimos opinando que la transición
energética debería hacerse teniendo en cuenta la neutralidad tecnológica, porque las soluciones tecnológicas más adecuadas irán cambiando debido a los avances tecnológicos, y por eso entendemos que no se deberían predefinir tecnologías sin apostar a
lo mejor por la multitecnología. Ello no impide, desde luego, que se puedan y deban apoyar ciertas tecnologías, pero lo que no podemos es desincentivar la investigación de otras para hacerlas más limpias. Ahí tenemos un ejemplo claro ahora en
Alemania con la gasolina azul, combustible de bajo carbono, neutro en carbono, que no reemplazará la electromovilidad, sino que la complementará, y el uso de estos combustibles tiene sentido desde luego en algunos modos de transporte, pero
especialmente en aquellos para los que todavía no existe un camino claro y económico hacia la electrificación. A esto nos solemos referir cuando hablamos en este sentido. Una ley de cambio climático que va a implicar muchos desafíos y que va a
seguir necesitando de mucha escucha, diálogo y consenso para llevar a cabo, sobre todo, determinadas disposiciones que se han regulado como, por ejemplo, la reforma del sector eléctrico. Será necesaria, por tanto, una regulación inteligente por
parte de los Gobiernos para lograr certidumbres y seguridad en las inversiones, por lo tanto, diálogo y consenso también a posteriori.


Asimismo, hoy me gustaría decirles que nosotros estaremos muy atentos a que se cumpla una enmienda relativa a que se dedique hasta el 25 % de los ingresos en las subastas de derechos de emisión a las compensaciones por CO2 indirecto,
conforme permite la Comisión Europea, y cuyo objetivo es mejorar la competitividad de los sectores productivos. Por cierto, una enmienda que fue consensuada y aprobada con 29 votos por todos los grupos políticos, menos por VOX, que sin embargo,
señor Uralde, la señora portavoz Miren Gorrotxategi en Euskadi ha hablado, a cuenta de esta enmienda, de regalo millonario a estas empresas emisoras de CO2. Creo que hay que decir que no está en lo cierto, que aquí todos hemos aprobado esa
enmienda. Y es una enmienda, además, que está aprobada por Europa para que las empresas puedan competir en condiciones más iguales con respecto a sus homólogos europeos. Dígale también que no solamente se ha aprobado una enmienda de este grupo,
sino que se han aprobada bastantes enmiendas más y, además, muchas han sido transaccionadas también con su grupo. Más que nada para que lo tenga en cuenta.


Por otro lado, les digo que también queremos hacer un llamamiento a la coherencia, porque si se realiza una apuesta clara por las renovables, ante la necesidad de dar prioridad al desarrollo de estas renovables, desde luego, creemos que
luego no se puede no apoyar un desarrollo ordenado y respetuoso con la biodiversidad de los parques eólicos o plantas fotovoltaicas. En ese sentido, hay que decir que creo que todos los Gobiernos van a ser respetuosos con la biodiversidad, con la
construcción de estos parques eólicos y, por lo tanto, con la conservación del patrimonio natural allí donde se establezcan; me gustaría que esto no se pusiese en duda.


Somos conscientes de la importancia de esta ley. Hemos intentado aportar con voluntad participativa y constructiva. ¿La ley es necesaria? Sí. ¿La ley es completa? ¿La ley aborda la cuestión en su conjunto y globalidad? ¿La ley es
suficientemente ambiciosa? Está claro que no es la ley que a lo mejor nosotros hubiéramos propuesto, pero, como he dicho, se han tenido en cuenta muchas de nuestras aportaciones, que han suscitado cierto consenso y, desde luego, entendemos que será
mejorable y revisable en los desarrollos a los que ella misma se refiere. Legislar sobre este tema es perentorio. Consideramos que es mejor tener esta ley que no tener ninguna. Estas son las razones por las que este grupo va a votar a favor de
esta ley y de las enmiendas que hoy vienen aquí desde el Senado. Desde aquí quiero dar las gracias



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a todos los grupos parlamentarios por sus aportaciones y a los grupos del Gobierno, tanto al Grupo Socialista como a Podemos, por atender a las demandas de este grupo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, ministra. Señorías, hoy vuelve al Congreso, después de su tramitación en el Senado, la ley de cambio climático, sin duda una ley necesaria. Es una evidencia innegable que los efectos del cambio climático tienen desde hace
muchos años, y cada vez más, un impacto mayor y más evidente en la climatología y en la salud de las personas: borrascas como Filomena, lluvias torrenciales, olas de calor, sequía; parece mentira que todavía haya personas que no vean una evidencia
en sus efectos y en los numerosos estudios científicos que así lo manifiestan. Es curioso que todavía haya partidos políticos que nieguen esta evidencia, hablen con tan poco rigor de un problema tan grave y, además, voten no a esta ley. Son muchas
las personas, asociaciones, organizaciones que llevan años trabajando por el medio ambiente y por la lucha contra el cambio climático. Con muchísimas de ellas nos hemos podido reunir, hablar y trabajar sobre esta ley. A todas ellas les doy las
gracias por su trabajo, por su implicación y por todo lo que nos han aportado a lo largo del recorrido de esta ley.


Esta ley será para nuestro país un punto de partida en un largo camino para luchar contra el cambio climático y la descarbonización, una ley que jugará un papel muy importante para conseguir la adaptación de todos los sectores productivos
para realizar de la mejor manera posible dicha transición. Es una ley totalmente transversal, afecta a todos los sectores productivos de nuestro país, y nos afectará a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, pero, sin duda, es necesaria porque
debemos trabajar firmemente por el futuro de las nuevas y próximas generaciones. Pero, ¿es la mejor ley que podíamos tener, la mejor ley posible? Claramente, no. Llega tarde -en eso todos estamos de acuerdo-, le falta ambición y rigor. El
Gobierno solo ha querido ser ambicioso a la hora de establecer los objetivos de emisiones y les ha faltado valentía para introducir ciertos elementos importantes que nosotros con nuestras enmiendas hemos intentado introducir. No se puede ser
ambicioso sin poner los medios necesarios para lograr esos objetivos, aún menos se puede ser ambicioso si, además de no ayudar, se ponen abiertamente obstáculos a los ciudadanos y a las empresas que quieren arrimar el hombro en la consecución de
estos objetivos, que nos consta que ya han estado trabajando previamente a esta ley para conseguir llegar a ellos. La ausencia de neutralidad tecnológica en la ley es probablemente uno de los mejores ejemplos. Un enfoque riguroso en esta ley
habría supuesto que se incentivara cualquier tecnología que contribuyese a la consecución de los objetivos, principalmente la reducción de emisiones. El legislador no es omnisciente, por lo que no debería predeterminar qué tecnologías van a ser la
solución a cinco, diez o treinta años, ni puede saber cómo se desarrollará cada una de ellas. Pero ejemplos de rigor hay más. Por citar alguno, mencionaré la inseguridad jurídica en varias de las previsiones, como el comité de expertos, por
ejemplo, cuyo nombramiento se deja al arbitrio del Gobierno, a un reglamento posterior, que puede ser modificado -ojo- cuando lleguen otros Gobiernos, con lo cual creará inseguridad y habrá modificaciones de este comité de expertos, que debería ser
técnico y científico, porque serán los que nos guiarán en el futuro en los posibles cambios que puedan producirse.


Si hay algo importantísimo que le falta a esta ley, sin duda, es el consenso. Cuando una ley va a afectar a tantísimos aspectos de la vida económica y social de un país -generación eléctrica, industria, transporte, construcción,
administraciones públicas y un largo etcétera- el consenso no es deseable, es imprescindible. La falta de consenso pone en peligro la estabilidad de esta ley en el futuro, porque siempre estará ahí la posibilidad de que exista un cambio de Gobierno
que aluda a esta falta de consenso y quiera modificarlo dentro de unos años. Este Gobierno, en concreto la ministra Ribera, será la responsable de que esta ley -que conlleva además de implicaciones globales, implicaciones para conseguir objetivos
medioambientales y también importantes implicaciones económicas- se convierta en un juego partidista de futuros Gobiernos, como ha sucedido con la Ley de Educación en este país, que se ha cambiado en innumerables ocasiones teniendo unas
consecuencias muy importantes para nuestra sociedad.


Mi grupo parlamentario ha presentado cincuenta y tres enmiendas, y entre todos los grupos más de setecientas. Fíjense, señorías, si había ganas de todos los partidos de sumar y de buscar consenso que había numerosas y diferentes enmiendas
para una ley como esta. Ya en la Comisión defendimos todas ellas. Hoy, por no tener tiempo, no voy a poder exponerlas todas, pero sí quiero destacar la última enmienda



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que desde Ciudadanos estuve negociando hasta el último minuto para su aprobación en el Senado, dada su importancia. Me refiero a la enmienda al artículo 20 -en la enumeración que llegó al Senado-, que buscaba modificar la Ley de Costas, y
creaba una inseguridad jurídica grave en lo que a plazos de concesiones para la ocupación de dominio marítimo-terrestre se refiere. Durante toda la ponencia hemos buscado la manera de cambiar este artículo, intentando negociar con todas las fuerzas
políticas, y no fue hasta casi el último minuto cuando conseguimos que saliera adelante, con la mayoría de los apoyos de los grupos de esta Cámara y del Senado. Pero sorprendentemente se nos quedó fuera de esa votación el Partido Popular. Señor
Gago, señor Requena, señor Mariscal, recapaciten, voten a favor de esa enmienda porque soluciona muchísimos problemas de muchas personas que tienen actividad en esos lugares, y también por supuesto a muchísimos gallegos. Qué pena que al Gobierno le
haya podido más la ideología que la responsabilidad. Para la aprobación de esta ley el consenso era el broche de oro.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


El BNG lamenta que en una ley de esta trascendencia, por lo menos en el caso de Galicia, por el empecinamiento del PSOE de mantener intacto un artículo lesivo para nuestros intereses socioeconómicos, todo el debate girase alrededor de ese
artículo y no de cómo conseguir una norma que fuese a la vez ambientalmente ambiciosa y socialmente justa, como pretendió el BNG con más de treinta enmiendas. Entre ellas el BNG defendió una transaccional que excluía de la previsión del artículo 18
-ahora 20- al conjunto de las actividades del complejo mar-industria, que aglutina a centenares de pequeñas empresas y millares de puestos de trabajo que se pueden ver en riesgo con esta nueva reglamentación. PSOE y Podemos votaron en contra y
ahora aceptan una enmienda de Ciudadanos en el Senado que no resuelve el problema de fondo. Pero denunciamos también la actitud hipócrita del Partido Popular que, pudiendo salvar con su voto el sector mar-industria de nuestro país, prefirió votar
en contra, evidenciando que lo único que le interesaba era defender los intereses de Ence, en su pretensión de continuar irregularmente en la ría de Pontevedra. El PP dejó claro que las puertas giratorias funcionan tanto y tan bien que antepuso los
intereses de una gran empresa con la que tienen vinculación a los de cientos de pequeñas empresas que generan actividad y puestos de trabajo en toda la costa de Galiza.


La nueva redacción del artículo 20, como decimos nosotros, mal non fai, pero nos vamos a abstener para evidenciar nuestro desacuerdo con la falta de interés del Gobierno en defender nuestro sector mar-industria. En relación con las otras,
en unos casos votaremos a favor y, en otros, nos abstendremos, porque hoy se trata exclusivamente de votar las enmiendas del Senado.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.


Ministra, señorías, termina hoy la tramitación de la ley de cambio climático y transición energética, que es de gran trascendencia para el futuro de nuestro país, que es, evidentemente, indispensable y que llega con diez años de retraso. A
pesar de todo esto, no se ha incorporado la principal reivindicación y mejora que la ley necesitaba, que es aumentar la ambición, aumentar la ambición, aumentar la ambición para luchar de forma decidida y valiente contra la emergencia climática.
Hace diez años esta ley habría sido una ley muy avanzada, pero hoy estamos en emergencia declarada y la ciencia, la sociedad, las organizaciones ecologistas, la juventud y la pandemia nos alertan de que hace falta pisar el acelerador de los cambios
legislativos, porque el tiempo se agota. Esta es una ley que nace sobrepasada, cansada y que va demasiado despacio.


El Gobierno conservador de Alemania anuncia que va a adelantar su neutralidad climática y a reducir sus emisiones en un 65 %. La ciencia y las organizaciones nos piden el 55 %, España marca el 23 % y los partidos del Gobierno se aplauden a
sí mismos como si fuera una gran victoria. No lo es. ¿De verdad piensan que, con el acelerón de los países de nuestro entorno, no nos vamos a situar de nuevo atrás, en



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la cola de Europa? En cualquier caso, yo lo que les quiero decir es que, desde nuestra abstención crítica, reivindicativa, activa y activista, seguiremos empujando, vigilando y evaluando para que la implantación de la ley sea rigurosa y al
alza. Sobre todo, como alternativa verde, como Más País-Verdes Equo, seguiremos exigiendo políticas decididas y valientes que cuiden la salud de las personas y el futuro del planeta.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sabanés.


En último lugar, por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Calvo Gómez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora CALVO GÓMEZ: Moltes gràcies, presidenta.


Hoy votaremos sí a la ley estatal de cambio climático, después de once meses de debate en Comisión y de tramitar, en cambio, por procedimiento de urgencia la fase de enmiendas -casi seiscientas- en el Senado. O sea, hemos aparcado un año,
en total, la emergencia climática, a pesar de la importancia del paso del tiempo, que es nuestro tiempo, nuestro futuro, en territorios como el Delta de l'Ebre, donde estamos perdiendo el paisaje ante la inacción del Gobierno respecto a la gestión
de los sedimentos en la desembocadura. El Delta de l'Ebre, que constituye el ámbito acuático más grande de Catalunya y es uno de los más importantes de Europa, está a un metro, ¡a un metro!, respecto al nivel del agua, de desaparecer. Nos seguimos
preguntando por qué el ministerio ha desestimado las alegaciones sustanciales presentadas por el Gobierno de la Generalitat en el esquema del Plan Hidrológico. También urge resolver la pérdida de biodiversidad del Delta de l'Llobregat, como
consecuencia de las obras de ampliación del puerto y del aeropuerto de Barcelona.


Actualmente, la Generalitat de Catalunya trabaja en la ampliación de las reservas naturales y de las Zonas de Especial Protección para las Aves, las ZEPA, y tramita el plan de protección del medio natural y del paisaje, pero el Estado tiene
que actuar con celeridad, ya que sus medidas correctoras y compensatorias no han sido suficientes para evitar el deterioro, la contaminación y la alteración de los hábitats, y, en consecuencia, la disminución de especies protegidas. Así que
esperamos que la aprobación hoy de la ley de cambio climático acelere los trabajos de adaptación de los territorios en riesgo.


Como ven, el nuestro es un sí en muchos sentidos atrapado en la frustración. Hubiéramos querido una ley más ambiciosa, como ya han dicho algunos compañeros. España solo se compromete, por ejemplo, a la reducción del 23 % de los gases de
efecto invernadero de cara a 2030, cuando -recordemos- el objetivo colectivo de la Unión Europea es un 55 %. Hubiéramos preferido un texto más cercano a la Ley de Cambio Climático catalana que el Parlament de Catalunya aprobó en 2017, recortada en
quince artículos por el Tribunal Constitucional en 2019. Por ejemplo, no nos dejaron establecer una ratio de reducción de emisiones ni prohibir el fracking, y ahora se hace con la ley de cambio climático estatal. Pero también hay cosas que
celebrar. Hemos conseguido impedir que se transfiera al ministerio la competencia para la aprobación final de licencias de obra de centrales nucleares y de equipamientos asociados, y es que, por mucho que se trate de obras de interés general, tal y
como recoge la ley -es cierto-, el ministerio deberá pedir a los municipios afectados el informe preceptivo.


Para terminar, quiero decir que compartimos la preocupación de los territorios de les Terres de l'Ebre y del Baix Camp. Dudan que sean escuchadas sus necesidades de dinamizar la economía y de buscar alternativas de apoyo en las áreas
cercanas a las centrales nucleares de cara al futuro, porque sospechan que tal vez serán víctimas de la sordera que suele acompañar en los temas de interés general a Moncloa, al menos cuando se trata de hablar de Catalunya. (Termina su intervención
en catalán).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Calvo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.


El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta. Puede sorprender que esté hoy interviniendo en este punto, pero estoy aquí por dos motivos. El primero, porque me lo ha pedido Joan Capdevila, que es quien se ha currado esta ley, y lo
que diga Capi va a misa, nunca mejor dicho, y el segundo porque es un tema importantísimo para Esquerra Republicana, para este grupo parlamentario, para este partido, y creemos que conviene fijar una posición clara.



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Señorías, en este planeta hay unas ocho mil especies animales conocidas, de las cuales, unas cinco mil están en peligro, y de esas cinco mil, unas 2200 están en peligro extremo de extinción. De cuantas especies animales están en peligro
extremo de extinción, ¿saben cuál es la que está más en peligro? ¿Saben cuál es la que está comprando, hace décadas, más papeletas en esta rifa de la extinción? Nosotros, nosotras, el ser humano. El ser humano es la principal especie animal en
peligro de extinción, y algún día, en esta rifa de la extinción, nos tocará. De hecho, según la historia, según el planeta y según la estadística, somos unánimemente favoritos. Yo sé que mucha gente piensa que el debate sobre el clima, que el
debate sobre el cambio climático es una especie de Pepito Grillo, una especie de molestia; que todo esto de lo que estamos hablando es la película de catástrofes que vemos recurrentemente los domingos por la tarde. Pues bien, señorías, lo que
conviene y hay que decirle a esa gente es que esa película de catástrofes ha llegado, que ya está aquí, que la tenemos, la tienen frente a la ventana, y quien dude de todo esto que recuerde que en enero había más nieve en Madrid que en Berlín. No
es normal que en Madrid se saquen metros y metros de nieve a paladas en enero, al igual que no es normal que en este mismo momento en la Antártida o en Groenlandia se esté fundiendo más hielo ahora mismo que en décadas. No es normal. Señorías, los
responsables tienen nombres y apellidos: las multinacionales y Gobiernos que durante décadas han considerado que el dinero estaba por encima del planeta, como si se pudiera respirar, como si se pudiera comer o como si se pudiera dormir en billetes
de dólar.


¿Es esta ley de cambio climático la ley que nosotros haríamos? No. ¿Es esta ley de cambio climático suficiente? Tampoco. Nosotros hemos tenido ciento veinte reuniones con plataformas del sector, a las cuales estamos, evidentemente,
enormemente agradecidos, y hemos presentado ciento cincuenta enmiendas. Pero esta ley sí que supone algo muy importante, es el inicio de algo, el inicio de que muchos Gobiernos, concretamente este Gobierno, son plenamente conscientes de que algo
está pasando en el planeta y de que o lo paramos o se nos va la vida. Y no se trata solo de que la gente no compre botellas de plástico, no se trata solo de que la gente se compre coches eléctricos, la decisión va mucho más allá y afecta tanto a la
industria como al poder de este planeta. Señorías, hay que cobrar y multar desde ya por emisiones de carbono, hay que dejar de proteger desde ya con dinero público a petroleras y a gasísticas y, en definitiva, hay que dejar de jugar a la ruleta
rusa con el planeta en nombre del mercado libre, porque sin vida no hay nada, ni siquiera, se lo puedo asegurar, mercado.


Señorías, acabo. Este debate no es entre partidos, este debate no es entre instituciones, este no es un debate entre Gobiernos, este es un debate entre seres humanos. La lucha por el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático ni
es retórica ni es histeria, es un hecho. Nos enfrentamos a la lucha del futuro, a la lucha por el futuro. Señorías, podemos hacer historia o simplemente la historia nos puede destruir. Hay que convencerse, hay que convencer de que un aire limpio
y de que un clima habitable no son debates, no son quimeras, son derechos inherentes al ser humano, derechos fundamentales del ser humano.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rufián. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, presidenta. Bienvenida, señora vicepresidenta.


Hoy es un día importante para España. Aprobamos una de esas leyes que cambian el devenir de un país, y lo haremos, además, con un amplio apoyo. Para mí, como activista del clima que he sido durante mucho tiempo, es un honor poder subir hoy
a este estrado, el día en que vamos a aprobar la primera ley de cambio climático de este país.


Quiero empezar agradeciendo profundamente y de corazón a las personas que en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico hemos trabajado, han trabajado y habéis trabajado en esta ley. Se habla mucho de las diferencias entre los
partidos de la coalición y se habla muy poco de cuando trabajamos codo con codo para sacar adelante leyes tan importantes como esta. En ese sentido, quiero reconocer el trabajo de Elena Caballero, de Eva Bueno y de Germán Renau, con quienes hemos
formado un grupo de trabajo para sacar adelante esta ley, trabajo que creo que ha sido de gran calidad. (Aplausos).


Quiero agradecer también el trabajo de personas como Oscar Matute, de EH Bildu, como Joan Capdevila, de Esquerra Republicana, o como Tomás Guitarte, de Teruel Existe, que desde comienzo han trabajado positivamente para que la ley avanzara.
También quiero resaltar la flexibilidad y el buen hacer



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de Idoia Sagastizabal y de Mari Carmen Martínez, de Ciudadanos, que han sabido entender la importancia de la ley y que, finalmente, después de mucho diálogo, han apoyado y han aprobado la ley. También quiero resaltar -pocas veces se hace,
pero creo que en esta ocasión es de recibo- el trabajo de las letradas, porque no ha sido fácil gestionar 750 enmiendas. Por lo tanto, se merecen nuestro reconocimiento (aplausos), así como el buen hacer y el trabajo de todos los técnicos y
personas del Ministerio de Transición Ecológica, encabezado por la vicepresidenta Teresa Ribera, que también han estado trabajando muy duramente con las enmiendas, con las transaccionales, y todo el esfuerzo realizado durante estos meses.


Me gustaría corregir a la portavoz del Grupo Plural. No ha sido un año, porque hay que recordar que cuando la ley llegó al Congreso llegó, al mismo tiempo, la pandemia, desgraciadamente, y nos pusimos a trabajar con esta ley ya en el otoño.
Por lo tanto, han sido seis meses, que es un tiempo récord para sacar adelante una ley tan relevante. Quiero destacar algo que también ha sido objeto de un intenso diálogo. Esta ley no es la misma que llegó del ministerio, porque en estos meses
hemos dialogado con todos los grupos y se han aprobado muchísimas enmiendas. Por lo tanto, creo que también es importante destacar que es una ley producto de un amplio diálogo. En ese sentido, creo que debemos congratularnos.


La ley, evidentemente, establece un marco para la descarbonización de nuestro país y el horizonte 2050 para conseguir este objetivo, aunque estableciendo objetivos intermedios alineados con la estrategia europea. Al mismo tiempo, se va a
generar actividad económica, inversión y empleo, y quiero destacarlo. Es una ley que va movilizar miles de millones de euros y va a generar decenas de miles de empleos. Es muy importante destacar esto, porque muchas veces se pone la lupa en
aquella pequeña parte que se destruye y no se mira todo lo que esta ley va a crear y los incentivos que va fomentar.


Quisiera detenerme brevemente en dos críticas que se han hecho. Una de ellas es sobre el hecho de que llega tarde. Yo estoy de acuerdo. Evidentemente, la ley llega tarde. Era necesaria hace mucho tiempo, pero llega cuando ha habido un
Gobierno con voluntad política para sacarla adelante, este Gobierno de coalición. De hecho, la primera ley europea del clima se aprobó en el Reino Unido el año 2008, pero es que entonces aquí estábamos todavía con el primo de Rajoy y sus cositas.
En este sentido, también quiero destacar el impulso que en mi grupo, Unidas Podemos, hemos dado en estos años a la lucha contra el cambio climático; llegar hasta aquí ha sido producto de muchos años de trabajo. El ecologismo es parte del ADN de
nuestro grupo, y es de justicia reconocerlo. De hecho, en 2016, cuando todavía gobernaba Rajoy, instamos al Congreso a ratificar el Acuerdo de París; en 2017 presentamos la primera propuesta de ley contra el cambio climático; en 2019, presentamos
la propuesta de declaración de emergencia climática, que este Congreso aprobó por unanimidad, y ahora, en 2021, es un honor para nosotros formar parte de este Gobierno que aprueba la primera ley de cambio climático. Otra de las críticas es en
cuanto al tema de la ambición. No creo que debamos decir si es o no ambiciosa, porque cada uno tendrá su punto de vista al respecto, pero se han hecho algunas comparaciones que son incorrectas. Si nosotros miramos al resto de países de la Unión
Europea, vemos que España aumentó sus emisiones desde el año 1990, hasta alcanzar el pico en el año 2007, mientras que el conjunto de la Unión Europea las redujo en un 25 %. Eso supone que, día de hoy, el esfuerzo que establece esta ley es similar
al del resto de países europeos y que si tomamos como indicativo el año 2005, que es el que, por cierto, toma Estados Unidos, Joe Biden, el esfuerzo de reducción que tenemos que hacer es del 50,5 % de las emisiones. Por lo tanto, se ha hecho
realmente un esfuerzo como país en esa reducción de emisiones, y tenemos que valorarlo y reconocerlo. (Aplausos).


Además, la ley adopta medidas valientes, como dejar bajo tierra los combustibles fósiles o eliminar la mayoría del uranio. De hecho, está teniendo ya efectos positivos. Sin ir más lejos -se refería a ello el representante de EH Bildu-, el
Gobierno vasco se ha visto obligado a terminar con el proyecto de despoblación y explotación de gas a las puertas de Vitoria-Gasteiz que tanto rechazo había generado en la opinión pública vitoriana.


El tiempo se me acaba, aunque tenía muchas cosas que decir. Ahora lo importante es que iniciamos un camino, en el que es fundamental que se impliquen también la sociedad y el resto de administraciones, las comunidades autónomas y los
ayuntamientos. Paradójicamente, por ejemplo, esta ley viene a salvar Madrid Central, porque obliga a que los ayuntamientos establezcan zonas de bajas emisiones, pero hace falta que también haya voluntad política. Por eso insto a los
representantes, especialmente del Partido Popular, a que en sus comunidades autónomas y en sus ayuntamientos se comprometan en esta lucha contra el cambio climático.



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La señora PRESIDENTA: Señor López de Uralde, tiene usted que terminar, por favor.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Termino.


Señorías, hoy es un buen día para este país. Gracias a quienes lo habéis hecho posible. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Uralde. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Borrás Pabón. (Aplausos).


La señora BORRÁS PABÓN: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.


Señora ministra, en los últimos días han dimitido la secretaria de Estado de Economía, el jefe de Análisis Económico del gabinete del presidente y el director de Información Económica del Gobierno. El desmembramiento y la huida del equipo
económico de este Gobierno es tan solo el preludio del abismo al que van a llevar a los españoles y que pretenden agudizar todavía más con esta ley sectaria de cambio climático.


La situación económica es 'tan buena' que imagino que es cuestión de tiempo que empiecen ustedes a hablar de brotes verdes, a lo Zapatero. Pero, tal y como advirtió VOX, son muchos los españoles que están sufriendo las consecuencias de esta
ley que se manifiestan hoy frente al Congreso. Pero este Gobierno mirará hacia otro lado, como siempre, y seguirá hablando de su agenda ideológica, esa que ustedes llaman Agenda 2030, mientras ahí fuera cientos de españoles están perdiendo sus
empleos y tan solo reclaman, señorías, que se les permita trabajar y que se les permita continuar con su modo de vida. (Aplausos). Desde VOX ya se les advertimos que sus políticas de transición energética solo transitan hacia la miseria y que es
cuestión de tiempo que empecemos a ver situaciones en toda España como la que vemos hoy a las puertas de este Congreso. Señor Rufián, esto sí que es una auténtica tragedia hoy, no dentro de cien años, y de lo que nos deberíamos de ocupar, porque
nosotros estamos aquí para servir a los españoles, no para hundirles en la miseria, en el paro y en el desempleo. (Aplausos).


Comarcas enteras, como la de Puertollano, en Ciudad Real, con un ERTE de Repsol de casi seiscientas personas, van a sufrir las consecuencias de la ofensiva de este Gobierno contra los combustibles fósiles, producida de manera impositiva y
acelerada, una desindustrialización a la que solo se opone VOX para salvar a todas estas comarcas del sueño socialista de la miseria y el subsidio. Si nadie lucha por ellos, que no se preocupen, porque en VOX estamos aquí para luchar por ellos, por
todos y cada uno de ellos; por los trabajadores de Muskiz, en Vizcaya; por los de Tarragona; por las 590 familias del ERTE de Repsol, en Puertollano; por las 112 familias de la refinería de La Coruña; por los 400 trabajadores de Ence, en la ría
de Pontevedra y sus 5000 empleos indirectos; por los cientos de trabajadores de Navacerrada, señora ministra; por las 7000 familias que vivían del aluminio en Alcoa, y por los millones de españoles víctimas de una forma de hacer política que les
aboca al paro y a la miseria. (Aplausos). Todas estas familias tienen hoy aquí voz gracias a este grupo parlamentario, gracias a VOX.


Señorías, volveremos a escuchar de ustedes la palabra negacionistas, su palabra fetiche contra VOX. Porque digamos lo que digamos desde este grupo parlamentario a ustedes realmente les da igual, porque se van a limitar a decir su sarta de
prejuicios sectarios, que primero mastican los medios de desinformación, luego nos los escupen ustedes aquí y, después, los recogen en forma de titulares esos mismos medios de comunicación, en un círculo vicioso sin fin de esa política que VOX
pretende cambiar. ¿Pero saben qué pasa? Que nosotros, a diferencia del Partido Popular, no tenemos la imperiosa necesidad de gustarles a ustedes ni de tener que pedir perdón por existir (aplausos) ni de complacer al decadentismo progre en sus cada
vez más sectarias obsesiones ideológicas. Y sí, les llamo decadentes, porque nunca he entendido que los que siempre traen la decadencia económica, política y social a este país se hagan llamar progresistas. (Aplausos).


Sobre el nuevo texto de esta ley, lo que tengo que decir es que la única modificación que votaremos a favor es la del artículo 20.4, sobre la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, que era una absoluta barbaridad, que atentaba
contra la seguridad jurídica pero que, al menos, en esta nueva versión se parchea eliminando su retroactividad. Era un pequeño detalle que se les había pasado por alto y que habría costado el empleo a miles de familias españolas que viven del mar.
Esta ley es tan sumamente ideológica que pretende la descarbonización desterrando una energía como la nuclear, una energía limpia y segura defendida por innumerables ecologistas, como el mismísimo Stewart Brand, fundador del ecologismo en Estados
Unidos. (Aplausos). Señorías, la realidad es que no se puede cerrar una planta nuclear en este país sin aumentar las emisiones de carbono. ¿Por qué mienten a los españoles? Si



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cierran las nucleares, España no va a poder cumplir con sus compromisos medioambientales, va a incrementar sus emisiones y, además, va a subir más el precio de la factura de la luz a todos los españoles.


Señorías, la alternativa que plantean a esto pasa por inundar España de macroparques solares y eólicos de una extensión exagerada, en contra, por cierto, de lo que hace Europa, que lo prohíbe explícitamente. Solo en los próximos diez años
han programado implantar parques fotovoltaicos a lo largo de 65 000 hectáreas, lo que equivale -para que se hagan una idea- a más de 65 000 campos de fútbol de terreno fértil arrasado. ¿Dónde están la izquierda y los ecologistas ante este alicatado
masivo de pastos y suelo productivo agrícola en España? ¿O es que están ustedes asegurándose sus puertas giratorias para las grandes eléctricas y fondos de inversión globales, señora ministra? (Aplausos). Ya tenemos, además, el preaviso de lo que
ha ocurrido en Alemania. En 2019 los precios de la electricidad fueron un 45 % superior a la media europea, y ningún país del planeta ha invertido más en renovables que Alemania. Mientras cierran sus centrales nucleares para 2025 Alemania habrá
gastado 580 000 millones de dólares en renovables, para acabar aumentando un 50 % los precios de la electricidad y tener un suministro con diez veces más emisiones que el de Francia. ¿Le ven ustedes a esto algún sentido, señorías? Y aun con este
panorama ustedes siguen ignorando la propuesta de VOX para la creación de enormes sumideros de CO2 a través de regadíos que es de lejos muchísimo mejor que esta desastrosa ley.


Voy terminando, señora presidenta. No entendemos muy bien qué es lo que les ofende tanto de esta propuesta de VOX acerca de los sumideros de CO2, no sabemos si es que les molesta que una sola hectárea de tierra genere más empleo del que han
generado ustedes en toda la legislatura, pero señorías hay alternativas para gestionar la descarbonización. Y esas medidas, que pasan por la protección de nuestro sector primario y la gente del campo, ...


La señora PRESIDENTA: Señora Borrás, tiene usted que terminar, por favor.


La señora BORRÁS PABÓN: Ya termino.


... por la solidaridad entre los españoles con un Plan Hidrológico Nacional, por la apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico, son medidas que abrazamos, que les presentamos y en cuya defensa ya votamos en contra de esta sectaria
ley.


Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Borrás. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya. (Aplausos).


El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señora presidenta.


El compromiso del Partido Popular en la lucha contra el cambio climático es firme y es irrenunciable nuestra lucha por la descarbonización de la economía, como venimos demostrando con el trabajo que han desarrollado mis compañeros en la
Comisión, principalmente Diego Gago y Juan Diego Requena, a los que agradezco el trabajo en la Comisión y en la ponencia. Muchas gracias. (Aplausos).


A lo largo de la última década el Partido Popular ha desarrollado una actividad muy importante en la lucha contra el cambio climático. Cumplimos Kioto I y II. Kioto I se cumplió a pesar de que la que era secretaria de Estado de Cambio
Climático no lo cumpliera, la señora Ribera. Nosotros lo hicimos. El Acuerdo de París también lo firmamos nosotros y el comisario Miguel Arias Cañete introdujo términos como la neutralidad climática para 2050 o la transición justa. Hablemos de
este proyecto, es un proyecto pequeño, es un proyecto limitativo que llega tarde. Porque en septiembre de 2018 presentamos la primera proposición de ley de cambio climático y ustedes la rechazaron. La rechazaron porque ponía el marchamo del
Partido Popular y ustedes lo que quieren es ideologizar la batalla del clima. Ustedes esta ley la han empezado a escribir sin escuchar, no como hicimos nosotros. Motivo por el cual esa soberbia ha llevado incluso al secretario de Estado de Medio
Ambiente a decir que ahora van a abrir una asamblea ciudadana. Después de haber aprobado la ley, ahora deciden escuchar. Por eso, recibió usted, señora vicepresidenta, 750 enmiendas, de las cuales 100 son nuestras. (Aplausos). Han querido
ideologizar la ciencia, toda aportación siempre debe ser tenida en cuenta; nada, ningún plan que se quede en el papel y no se pueda realizar vale la pena. Por eso, nosotros apostamos por algo que ya incluye la Unión



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Europea y que ustedes desprecian, la neutralidad tecnológica, el uso de la mejor tecnología -la más económica y la más segura- y apostar por la innovación. Ustedes renuncian a ello. Por eso, ustedes han votado en contra de nuestra apuesta
por las emisiones netas; es decir, por darle valor a toda la cadena industrial y también a la industria del automóvil en España, que ustedes destruyen con la iniciativa parlamentaria que traen a esta casa. (Aplausos).


Hay procesos industriales, procesos sociales en los que las emisiones de CO2 son inevitables: el transporte por carretera de mercancías, la agricultura, la navegación aérea. Todo ello ustedes se lo cepillan, incluyendo un modelo -a
diferencia de lo que decía el señor Rufián- claramente lesivo porque este es un proyecto político claramente ideológico. Esto es ideología. Ustedes quieren el camino corto, el fácil, para alcanzar esa neutralidad, sin escuchar y sin creerse en
absoluto que la industria puede reformarse a sí misma y que los ciudadanos pueden elegir aquel proceso industrial que es más eficiente.


Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros y por eso es un proyecto fundamentalmente ideológico. Le voy a poner dos ejemplos de por qué hablo del camino más corto. Lo más rápido es machacar a impuestos a los españoles, por ejemplo, el
impuesto al transporte aéreo. Van a castigar los billetes de la comunidad autónoma Canaria o de Baleares, que no tienen otra forma que desplazarse a la Península que no sea viajando en avión. Van a machacar a la industria turística, que representa
el 10 % de nuestro producto interior bruto. Ese el camino que ustedes han elegido. Por cierto, le voy hacer una pregunta, señora vicepresidenta, una industria conservera que abrió sus puertas en 1960 en la costa gallega, ¿cuándo tendría que cerrar
con este articulado? Se lo digo yo: dentro de catorce años. Eso es lo que la señora Martínez, de Ciudadanos, y el señor Rego, del Bloque Nacionalista Gallego, han conseguido, que se cierre la industria costera de nuestro país. (Aplausos).


Nosotros promovimos una asociación climática con la industria, una asociación que entendía que sin industria básica, sin cemento, sin acero, sin industria química, es imposible la transición. Si nosotros bloqueamos y cerramos esa industria,
como ustedes pretenden, tendremos que importar todos esos bienes, causando dos males: encareciendo la transición, por un lado, y expulsando del mercado laboral, por otro, a muchos trabajadores, en nuestro país concretamente a 2,5 millones de
personas. Eso es lo que ustedes hacen también con esta ley. Apuestan por la movilidad eléctrica, y nosotros, los primeros. Pero, ¿quién va a pagar los costes de la recarga? ¿Quién está incentivando la compra de vehículos eléctricos? ¿Quién lo
está haciendo? ¿Qué va a ocurrir con las zonas aisladas y los puntos de recarga? ¿Van a tener puntos de recarga? ¿Quién lo asegura? Ustedes, en absoluto y en ninguna forma. Hemos presentado enmiendas también para reducir la factura eléctrica en
un 12 %, 100 euros al año para la familia media. Dijeron que no a reducir la factura de los españoles. Y no solamente eso, le hago la siguiente pregunta: usted sabe perfectamente que estamos en los peores precios desde hace diez años. Esto es
debido a las fluctuaciones de precios, debido a que la energía renovable no es gestionable aún del todo y por tanto, cuando no hay sol ni viento, tenemos que tirar de otras tecnologías, de tecnologías de respaldo, en este caso del gas. ¿Qué
propuesta tiene usted para evitar el encarecimiento de la factura derivado de este problema? Ninguna, ninguna. Y han votado en contra de una bajada del 12 % de la factura eléctrica. Eso también lo han hecho ustedes con esta ley. (Aplausos). No
han apostado por el hidrógeno. Tenemos un plan nacional del hidrógeno mucho más ambicioso que el suyo. Ni caso. No se habla de economía circular, no se habla de las interconexiones con Francia, que permiten evacuar energía renovable sobrante y
converger en precios con nuestros competidores.


Señorías, creemos sinceramente que el principal problema que tiene esta ley es que no tiene ningún tipo de análisis de impacto. ¿Cuál es el coste de reducir esas emisiones? ¿Qué va a ocurrir con la economía, con el empleo, con la lucha
contra el reto demográfico? No hay establecido ningún plan ni una evaluación mínima que pueda implicar a más sectores en una lucha que nos concierne a todos, no solamente ustedes, señora vicepresidenta. El impacto de esta ley sobre la prosperidad
de los ciudadanos y sobre la competitividad de la economía es clave, y se lo digo de nuevo, señora vicepresidenta, no hay ningún tipo de evaluación, es un salto al vacío y usted será la responsable del cierre de empresas y del retraimiento de la
economía española.


Término diciéndole lo siguiente: usted dispone del 23 % de los fondos europeos asignados a nuestro país. La forma en la que se ha trabajado con esta ley, la tardanza al presentarla, el desconocimiento de los proyectos y la forma sectaria y
sesgada en que está trabajando con ellos nos invita a volver a exigirle una autoridad independiente para la gestión de esos fondos, señora vicepresidenta. (Aplausos). Creemos sinceramente que esta ley empequeñece un reto que traspasa a esta
generación y que va más allá de esta legislatura, porque es una visión muy estrecha, que resta oportunidades a todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mariscal.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Caballero Gutiérrez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


La señora CABALLERO GUTIÉRREZ: Gracias, presidenta.


Señorías, quisiera empezar mi intervención agradeciendo en primer lugar a la juventud que se movilizaba todos los viernes para pedirnos que actuáramos para parar el cambio climático. (Aplausos). Hoy les decimos a esos jóvenes y a los
ciudadanos que nos pedían ambición climática que hemos escuchado sus demandas. También quiero agradecer el apoyo y las aportaciones de todas las asociaciones y colectivos, grupos ecologistas, centrales sindicales y empresas que han participado.
Esta es una ley participada y consensuada con muchos actores, y así se nos ha reconocido por los principales grupos ecologistas del país. Quiero agradecer especialmente el trabajo de todos aquellos grupos políticos, la gran mayoría, que han
contribuido durante el trámite parlamentario con valiosas aportaciones, siempre con el espíritu de sumar. En primer lugar, a mi colega Juancho. Hemos hecho un buen tándem y se ha notado en el resultado. Pero también, desde luego, el trabajo y el
esfuerzo de los demás parlamentarios portavoces que han apoyado la ley. Oscar, Idoia, Tomás, Joan, Carmen, gracias. (Aplausos).


Sin embargo, tengo que reprochar al principal partido de la oposición que nuevamente se haya quedado al margen, absteniéndose de apoyarla. Señorías, como dijo Víctor Hugo, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras
los hombres no escuchan. Vuelven ustedes a dar la espalda a la ciudadanía, que exigió una respuesta clara y contundente a la emergencia climática. Serán recordados porque hoy se abstienen en esta ley, pero también porque ustedes nunca sacaron una
ley de cambio climático en todos los años que gobernaron. (Aplausos). Serán recordados por el hachazo a las renovables, por el impuesto al sol, porque modificaron la Ley de costas regularizando las zonas inundables, porque modificaron la Ley de
Montes para construir tras los incendios, y porque llenaron los planes hidrológicos de embalses como si el recurso fuera ilimitado. Esta, y no otra, es su herencia en cambio climática, señorías del Partido Popular. (Aplausos).


El Partido Socialista comenzó este trabajo ya en 2004, con la presidenta de nuestro partido, Cristina Narbona, entonces al frente del Ministerio del Medio Ambiente y la actual vicepresidenta y Ministra de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, Teresa Ribera, al frente de la Oficina de Cambio Climático, y tuve el honor de contribuir reorientando la política del agua a la escasez e implantando soluciones basadas en la naturaleza desde la cuenca del Duero. Desde luego, tengo
que agradecer expresamente al presidente, Pedro Sánchez, su implicación global y decidida en esta causa, porque ya en la COP25 declaró que había que ir más lejos y hacer las cosas más rápido en materia de cambio climático, que o marcábamos un punto
de inflexión o dejaríamos atrás el punto de no retorno.


La primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética del país es la oportunidad histórica de alcanzar y superar ese punto de inflexión que nos pide la ciudadanía para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050,
en coherencia con el criterio científico y sin dejar a nadie atrás. La ley articula una respuesta transversal del país al desafío del cambio climático al que España es especialmente vulnerable, una respuesta basada en los principios de desarrollo
sostenible, justicia social, resiliencia, precaución, no regresión ante los avances logrados, protección de la salud, mejora de la competitividad de los sectores productivos y cooperación entre las administraciones. Incorpora a todos los sectores
económicos en la acción climática, desde la generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria o las administraciones públicas. Reorienta la reactivación de la economía, posicionando al país para
que aproveche las oportunidades que ofrece la transición ecológica. La ley de cambio climático y transición energética que aprobaremos hoy es una ley valiente, ya que es la única ley en toda Europa que prohíbe la exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos y el cracking, establece el cese de la minería del carbón y del mineral radiactivo e impulsa la movilidad y el transporte sostenibles para reducir las emisiones radicalmente y promover la transición energética. Es una
ley novedosa porque integra la adaptación al cambio climático en un país muy expuesto a las consecuencias, sobre las costas, por la elevación del nivel del mar, pero también la desertificación, los incendios, las inundaciones, priorizando el
desarrollo de infraestructuras verdes y las soluciones basadas en la naturaleza para construir una economía más sólida y una sociedad más inclusiva.


Es una ley que protege la biodiversidad del país más biodiverso y con más hectáreas protegidas de Europa, que fomenta la capacidad de absorción de los sumideros de carbono verde y azul y los servicios de los ecosistemas, e incorpora la
consideración de nuestros valores ambientales en la contabilidad



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nacional. Es una ley que ordena más recursos públicos para luchar contra el cambio climático a través, entre otros, de un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado. Una ley que no se olvida tampoco de la formación para las nuevas
profesiones que surgirán en este nuevo país. Y es una ley que pone al ciudadano en la base de la acción climática, creando una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático y un comité de expertos independiente que orientará la acción del Gobierno y
evaluará constantemente las políticas. Es una ley también solidaria, porque es la primera vez que se incluye en una ley la transición justa, es decir, potenciar la actividad económica y el empleo para los trabajadores y territorios que tendrán que
transitar hacia esa economía baja en carbono. Es una ley ambiciosa, porque marca objetivos mínimos a revisar ya al alza en 2023, pero también porque impulsa la economía circular, la fiscalidad verde, el transporte ferroviario, la movilidad
sostenible, las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, entre otras muchas cuestiones. La ley de cambio climático y transición energética es un proyecto de país para cambiar el futuro y la calidad de vida de nuestra ciudadanía, que se concreta
en el Plan de Recuperación y Resiliencia, uno de los de mayor y mejor inversión verde de todos los planes europeos.


Señorías, el clima está cambiando y no tenemos un país B. Hoy estamos ante un gran momento como legisladores y legisladoras del presente para el futuro, hoy estamos hablando sobre el mundo que dejaremos a las generaciones futuras, hoy
empezamos a construir aquí un país más moderno, más verde y más seguro, aprobando la primera ley de cambio climático y transición energética del país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Caballero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Presidenta, señorías, para mí es un gran honor, un inmenso privilegio estar esta mañana con todos ustedes.


La ley que se somete a aprobación esta mañana es una ley que el país necesitaba, una ley imprescindible. Se había postergado demasiado tiempo. Marcamos un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante y nunca más hacia
atrás. Abordamos retos complejos, es verdad, en un momento difícil para nuestra sociedad y, sin embargo, es en esta misma coyuntura donde se muestra con total evidencia, con total claridad, la urgencia de transformar nuestro modelo de desarrollo y
nuestra forma de vida, integrando en ella los criterios de sostenibilidad y de resiliencia. Hay amenazas y riesgos que no distinguen entre colores ni entre grupos políticos; sí se ceban, en mayor medida, con los más vulnerables. Lo más peligroso
es no ver, no querer ver, no querer ver la realidad, ignorarla, mirar para otro lado. Las leyes de la física y de la química no se dejan engañar. Las amenazas de no hacer caso a lo que nos dicen recaerán particularmente en los jóvenes, pero
también en los agricultores, en la seguridad alimentaria, en la industria, en la economía mundial, tal como recuerda el Foro Económico Mundial. Por ello, yo también quiero que mis primeras palabras desde esta tribuna se dirijan a los jóvenes. Cada
generación tiene la obligación de resolver o mitigar los problemas que encontró para evitar trasladarlos en herencia a la siguiente generación, a sus descendientes, y en este caso nuestra generación, sin duda, tiene la gran obligación de mirar de
frente y afrontar el gran desafío que representa el cambio climático.


Estamos ante una gran oportunidad, una obligación de transformar con un calado impresionante la generación de empleo, la prosperidad, el progreso. Sabemos que podemos crear nuevas empresas, nuevo progreso, nueva prosperidad, la posibilidad
de ofrecer una alternativa a nuestros jóvenes de hoy, pero también a las próximas generaciones. Sois conscientes de que el cambio climático pone en juego vuestro porvenir, por eso, nos reclamáis más acción y más ambición. No queremos dejar un
modelo de crecimiento insostenible abocado al desastre, abocado, por tanto, al colapso. Sois cómplices y voz de conciencia en cuanto a los avances en la lucha contra el cambio climático. Reclamáis ambición y mostráis hasta qué punto nuestra
responsabilidad es facilitar y acelerar el cambio. No hay empleo en un planeta muerto y transformar la industria, las ciudades, el sistema energético o el sistema productivo forma parte de lo más importante que podemos hacer, porque llena de
oportunidades de empleo, de riqueza, de prosperidad sostenible en el tiempo y compatible con el medio ambiente y la economía a nuestro país.


En los últimos dos años en España hemos avanzado más que nunca en asunción de compromisos climáticos, en liderazgo en un frente complicado, con el apoyo de todos. Nuestros compromisos son constantes, nuestros compromisos representan el 50 %
de reducción de las emisiones con respecto a las



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que teníamos en el año 2005, casi el 40 % con respecto a las que teníamos en el año 2015, y es, en relación con los tres objetivos cuantificados por parte de la Unión Europea, un objetivo por encima de aquello que la Unión Europea marca en
energías renovables, en eficiencia energética o en reducción de emisiones de sectores difusos, sectores no industriales para el año 2030, incluso en el horizonte de una reducción del menos 55 %. Es ambicioso, sí, pero es congruente con el objetivo
de resultado que nos hemos marcado para 2050, facilitar abonar el terreno para generar oportunidades y asegurar la corrección de un modelo que nos llevaba al desastre. Y con todo, necesitamos más. La realidad es que los cinco años que han
transcurrido desde la firma del Acuerdo de París hemos experimentado los tres años más cálidos desde que existen registros, y a nivel global las consecuencias son dramáticas, pero en España convivimos ya con los efectos de alteración del clima. Se
han referido ustedes a la borrasca Filomena, a la tormenta Gloria que ha azotado nuestro litoral; un país en el que solo con dos fenómenos meteorológicos extremos como estos hemos conocido desde el inicio de esta legislatura las graves
consecuencias que lleva aparejado para la economía y para la sociedad. Precisamente, mañana presentamos la segunda edición del informe del estado del clima en España y muestra cómo 2020 ha sido el año más cálido en España y en Europa desde que hay
registros, solamente equiparable al año 2016, también hace muy poco tiempo. En nuestro país la temperatura ha subido 1,7° desde la época preindustrial y 1,3 en los últimos sesenta años. El número de días extremadamente cálidos ha sido en los
últimos treinta años muy superiores al que cabía esperar en un clima que no se estuviese calentando. Los récords de días cálidos son once veces más frecuentes que los de días fríos, pero también es normal en esta alteración climática que se
produzcan récords de frío: aumenta la temperatura superficial de las aguas marítimas circundantes a España; 2020 fue el segundo año más cálido en nuestros mares, tan solo por detrás del año 2017 y, por ende, poniendo en peligro la capacidad de
termostato de nuestro océano, la biodiversidad, la pesca de nuestros océanos.


La aprobación de esta ley hoy en esta Cámara significa mucho. Es un paso importante en la acción de gobierno, pero también en la acción de todas las instituciones. Es una primera etapa, queda mucho por hacer. Nos queda, sin ir más lejos,
la revisión que, como muy tarde, deberá tener lugar en el año 2023. En este trámite final quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios su trabajo intenso. Las 758 enmiendas en el Congreso y 585 en el Senado dan muestra del grado de
implicación e interés que esta ley ha suscitado. El texto ha salido, sin duda, enriquecido y reforzado por la labor parlamentaria, así que gracias, muchas gracias y enhorabuena. La disposición a trabajar juntos, la identificación de puntos de
encuentro es clave. No vale la excedencia de unos o el veto de otros, se trata de sumar, de elevar el nivel colectivo, de facilitar la acción colectiva. Necesitamos a quienes hoy apoyan esta ley, necesitamos a quienes no lo han hecho, a quienes os
habéis abstenido, porque en este campo no caben las medias tintas ni mirar para otro lado. Este esfuerzo, esta participación tan intensa da esperanzas de cara a la oportunidad que tendremos en el año 2023 para revisar al alza el objetivo, solo
sobre la base de una aplicación estricta, de una aplicación comprometida por parte de todas las administraciones también por parte de la sociedad. Sabemos que el cambio climático no puede esperar. Sabemos que tenemos que acelerar y profundizar
nuestra actuación en materia de clima.


Esta es una ley de todos y para todos, y por ello quiero agradecer muy particularmente la labor y el compromiso incansable de la comunidad científica, de las organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos, empresarios, inversores,
responsables públicos, que han ido incorporando esto en su acción y reflexión cotidiana. Todos han querido aportar su experiencia y reflexión a lo largo de años, también en la gestación de este proyecto y, sin duda, en lo que queda por hacer a
partir de ahora. Desde las administraciones públicas tenemos la obligación de pavimentar el camino, pero no podemos hacerlo solos; necesitamos la complicidad, la implicación de la sociedad civil. Para atajar el camino hacia la plena
descarbonización antes de 2050, eficiencia energética al máximo, renovables al máximo, electrificación al máximo, modernizar la economía, transformar el modo en el que producimos y consumimos, adaptarnos a los impactos del cambio climático, generar
resiliencia en la naturaleza, protegerla como el gran reservorio del que todavía debemos obtener todos esos beneficios que hoy nos ofrece y para manejar todos esos cambios sin olvidar a ningún territorio ni a ninguna persona, la equidad tiene que
ser no solamente entre generaciones, sino también entre las personas y colectivos de una misma generación es capital.


Así que queremos anticiparnos y aprovechar el mundo de oportunidades que se abren de cara al futuro. Tenemos que estar alerta, tenemos que cultivar, abonar ese futuro. Necesitamos desarrollo en conocimiento y capacidades, formación en
nuevas habilidades, inversión responsable, una apuesta sostenida por la innovación; cosas que aparecen recogidas en la ley. Es una ley que nos ayuda a sentar



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las bases, a estabilizar equilibrios, a preparar el terreno de una senda con la que vamos a convivir en las próximas décadas.


Termino. Este es un Gobierno comprometido, un Gobierno que quiere ser y actuar de forma progresista, feminista, ecologista. Que nadie dude de que vamos a seguir situando el ecologismo, la prosperidad dentro de los límites ambientales en el
corazón de nuestras políticas como garantía imprescindible de que un progreso más justo, más seguro y duradero es posible. Hay camino y me gustaría que la transitáramos juntos.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie.-Aplausos de la señora
vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ribera Rodríguez, dirigidos a los mencionados grupos parlamentarios).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta cuarta del Gobierno. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:


- ACUERDO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR, POR OTRA, HECHO 'AD REFERENDUM' EN BRUSELAS EL 19 DE OCTUBRE DE 2018. (Número de expediente 110/000052).


- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR ENTRE GHANA, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 28 DE JULIO DE 2016. (Número de expediente 110/000053).


- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y SEGURIDAD, HECHO 'AD REFERENDUM' EN MADRID EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015. (Número de expediente 110/000054).


- ACUERDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 5 DE MAYO DE 2020. (Número de expediente 110/000055).


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE NÍGER SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS
CONSULARES, HECHO EN NIAMEY EL 29 DE OCTUBRE DE 2018. (Número de expediente 110/000056).


- MODIFICACIÓN DE LAS RESERVAS A FORMULAR POR ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS.
(Número de expediente 110/000057).


La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos a examinar los puntos del orden del día relativos a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/000052 a 110/000057. Algunos
grupos parlamentarios han solicitado intervenir en relación con estos dictámenes. De conformidad con lo acordado la Junta de Portavoces, se abre un turno de tres minutos desde el escaño para que los grupos parlamentarios fijen su posición.


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa). Me indican que no. ¿Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos? (Pausa). Me indican que tampoco. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común,
tiene la palabra el señor Pisarello Prados.



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El señor PISARELLO PRADOS: Muchas gracias, señora presidenta.


Yo no podría comenzar sin hacer referencia al comunicado del ministerio de Salud de Gaza, que acaba de cifrar en ochenta y tres el número de personas muertas por bombardeos, incluidos diecisiete niños y siete mujeres, y casi quinientos
heridos. Por justicia, por humanismo elemental, creemos que no podemos mirar hacia otro lado, y, por todo ello, volvemos a pedir que cese esta violencia inaceptable y, sobre todo, que se proteja a quienes, como nuestra Juana Ruiz, siguen detenidos
simplemente por defender los derechos humanos en Palestina. (Aplausos).


Dicho esto, presidenta, quería exponer algunos apuntes críticos de nuestro grupo a dos acuerdos económicos concretos, el de Ghana y el de Singapur, que, en nuestra opinión, están concebidos mirando más hacia el pasado que hacia el futuro de
lo que debería ser el comercio internacional. Todos sabemos que la pandemia ha tenido efectos devastadores en la economía mundial, pero, sobre todo, en la economía de los países empobrecidos y dependientes, y precisamente porque esto es así creemos
que el comercio internacional no puede continuar basado en reglas obsoletas, ni en las viejas recetas neoliberales ni en las recetas insolidarias de nuestra ultraderecha trumpista, a la que le sobran los derechos humanos y a la que le sobra la
solidaridad entre los pueblos. En tiempos de pandemia no puede ser que nos levantemos por la mañana haciendo anuncios con pompa sobre nuestras políticas de cooperación internacional y las neguemos por la tarde con políticas de comercio exterior
fundamentalmente extractivistas e injustas, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista ecológico. Lo que necesitamos, y ha quedado de manifiesto con la ley que acabamos de aprobar ahora, es un comercio internacional que refuerce, y
no que debilite, la soberanía alimentaria a los productores locales, a la democracia local; un comercio internacional que refuerce, y no que debilite, los derechos laborales, los derechos medioambientales o la descarbonización de la economía, pero
no solo en Europa sino más allá de sus fronteras.


Esto para nosotros vale para Ghana, vale para Singapur y vale para el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Si queremos, efectivamente, que el comercio internacional pueda ser dulce y eficaz, como decía Montesquieu, no puede limitarse
a ser la expresión de los privilegios de un puñado de multinacionales. Y si Europa no es capaz de asumir estos principios en sus propios acuerdos, mal va a poder denunciar estos desmanes cuando sean cometidos por cualquiera de las otras grandes
potencias. Por lo tanto, por eso, por salud planetaria, por una prosperidad justa y en paz, por la solidaridad entre generaciones, nosotros vamos a votar críticamente respecto a estos acuerdos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pisarello.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra del señor Suárez Lamata.


El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señora presidenta.


Ya veo que hay grupos que utilizan este turno para hablar del tema del día, y, lógicamente, desde mi grupo parlamentario también queremos trasladar la preocupación de lo que está sucediendo en Israel y en Palestina. Pero, señor Pisarello,
me conmueve su ternura según con qué problemas. Usted no es creíble. No es creíble porque, en función de donde viene la violencia, usted la condena o usted la aplaude, como su grupo parlamentario. Acerca de lo mismo que condena la violencia que
está sucediendo en Israel, a mí se me ocurren otros países respecto de los que usted está siempre mudo: China, Cuba, Venezuela o Colombia: lo que está pasando hoy promovido por fuerzas a las que usted aplaude constantemente, e incluso la violencia
y la fuerza que sufre este país promovida por su grupo parlamentario. (Aplausos). Entiendo que algunas de sus señorías se escandalicen, pero lo que sucede es que hay personas a las que no les alcanza una moral y por eso la tienen doble.


Y aprovechando los convenios y puesto que los hay que se refieren al fraude, quiero decir que estoy satisfecho de que tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Unidas Podemos apoyen esos convenios, fundamentalmente porque combatir la lucha
contra el fraude supone una fuente importante de ingresos. Lo que no es de recibo, lo que no tiene ningún sentido es el atraco fiscal, señorías, que está planteando en estos momentos el Gobierno, 80 000 millones de euros. Vamos a negociar a Europa
-una gran negociación-, nos regalan 70 000 millones y, a cambio, el señor Sánchez se compromete a atracar el bolsillo de los españoles para cobrar 80 000 millones de euros, y dice que son 80 000 millones de euros de los ricos. Les voy a poner un
modelo de rico: rico el autónomo, que se compra un coche de 20 000 euros y le han subido los impuestos, le han subido el impuesto de los seguros, le van a subir el impuesto de la autovía y, por si fuera poco, cuando vaya a hacer la declaración de
la renta, le van a subir 1000 euros más, porque no le van a dejar hacerla conjuntamente.



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La señora PRESIDENTA: Señor Suárez, le recuerdo que el punto trata de dictámenes de convenios internacionales. Le llamo a la cuestión, por favor.


El señor SUÁREZ LAMATA: Señora presidenta, entiendo lo que usted me dice. Lo que no entiendo es que en un punto de convenios internacionales...


La señora PRESIDENTA: Señor Suárez, continúe con su intervención, por favor, y no entre en polémica con la Presidencia.


El señor SUÁREZ LAMATA: Señora presidenta, ya veo que no le gusta lo que le digo. Cuando hay personas que hablan de lo que no es el asunto...


La señora PRESIDENTA: Señor Suárez, le llamo a la cuestión.


El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por su generosidad y su neutralidad, como siempre. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gómez Hernández.


El señor GÓMEZ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a apoyar sin fisuras los seis acuerdos internacionales que se consideran en el día de hoy, entre otras cosas porque consideramos que son extremadamente positivos, y nos movemos en el marco de la
Unión Europea y, desde luego, dibujan un escenario de avance y progreso para España y para el conjunto de la Unión Europea, y van mucho más allá de los aspectos estrictamente comerciales. Hablamos de acuerdos que luchan contra el terrorismo y los
delitos y también contra las armas de destrucción masiva. No debemos interpretar el debate de estos acuerdos y convenios internacionales para hacer demagogia sobre la política nacional. Nosotros no lo vamos a hacer, entre otras cosas porque lo que
se ha lanzado en el día de hoy aquí no es cierto. Parece que se alegran más por todas las medidas que debe adoptar este Gobierno que puedan repercutir en el ámbito de la Unión Europea y que España no salga beneficiada que del avance y el progreso
de este país. Por lo tanto, quiero reiterar y ratificar nuestro apoyo indiscutible a estos acuerdos internacionales, y seguimos en esa línea de avance, potenciación y fortalecimiento del proyecto europeo.


Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gómez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. (Número de expediente 122/000117).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, relativo al debate de totalidad de la proposición de ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.


A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora De Luna Tobarra.


La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidenta.


Señorías, hoy traemos a esta Cámara una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plural de modificación de la Ley 49/2012, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Presentamos nuestro texto alternativo de proposición de ley para dar un paso más en la legislación sobre el mecenazgo, basada actualmente en una perspectiva meramente económica a través de los
incentivos fiscales, para completar la normativa desde una perspectiva sustantiva que refuerce y ponga de relieve la importancia que tiene la contribución de la sociedad civil en la protección o ayuda en las actividades culturales, sociales,
deportivas



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o científicas. Entendemos que la legislación se queda corta, pues, aun estando absolutamente de acuerdo con los incentivos fiscales al mecenazgo, hemos de dar un paso más, incluyendo el aspecto social, con el objetivo de reconocer, fomentar
e incrementar el mecenazgo en España.


Como saben, desde hace varios años, diferentes grupos políticos y asociaciones culturales han desarrollado borradores y propuestas para mejorar la citada Ley 49/2002. El Partido Popular incluyó la aprobación de una nueva ley de mecenazgo
primero en el plan estratégico general 2012-2015 de la Secretaría de Estado de Cultura y más tarde en el Plan Cultura 2020. A finales de 2014 el Gobierno del Partido Popular aprobó una reforma fiscal que incluyó medidas de fomento del mecenazgo y
otros incentivos fiscales a la cultura. En 2018 el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición de ley para mejorar la legislación vigente con el fin de fomentar e incrementar el mecenazgo en nuestro país, que caducó tras la moción de
censura. A través de los años se ha ido abordando, junto con el sector público, la participación de personas, entidades e instituciones privadas en la protección, el desarrollo y el estímulo de actividades de interés general en las diversas
manifestaciones que esta pueda revestir, desde lo puramente benéfico y asistencial hasta lo cultural y artístico. Así, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés
general pretendió atender, además de a la necesidad de actualizar la legislación sobre fundaciones, a estimular la iniciativa privada en la realización de actividades de interés general. Posteriormente, fue con la Ley 49/2002 con la que el Gobierno
del Partido Popular introdujo por primera vez el mecenazgo como protagonista de la legislación española, y supuso un avance sobre la regulación anterior, a la vista del crecimiento del fenómeno, pero lo hizo nuevamente solo desde una vertiente
fiscal. Transcurridos casi veinte años desde su aprobación, se hace preciso abordar el mecenazgo poniendo de relieve su importancia y superando los meros incentivos de carácter presupuestario o fiscal.


En materia tributaria, aunque en mayo del pasado año se aumentaron algo los incentivos en el Real Decreto-ley 17/2020 al sector cultural desde el contexto de la pandemia, el Gobierno se quedó corto, cosa que no nos extraña, ya que la
política de este Gobierno es más de subir impuestos a las clases medias y trabajadoras y la de cobrarnos hasta por utilizar las carreteras y las autovías de nuestro país. El ministro de Cultura, señor Rodríguez Uribes, ha llegado a manifestar que
no es el momento de una ley de mecenazgo. Nosotros, muy al contrario, pensamos que sí, que es el momento de abordarlo. Nuestra proposición de ley trata de dinamizar y de apoyar el mecenazgo no solo en clave económica, sino también social,
abordando esta figura desde un punto de vista más amplio, como un fenómeno que actúa en diferentes campos de actividad, al objeto de crear estímulos a la participación privada en actividades de interés general, fomentando la motivación de los
benefactores a través del reconocimiento público.


A lo largo de la historia, en España hemos tenido grandes filántropos que han sido esenciales en el desarrollo de la ciencia, la sanidad o la educación. La figura de estos filántropos tiene una doble repercusión y un doble beneficio: por
un lado, por su inestimable contribución en sectores clave y, por otro, porque su ejemplo sirve de motivación a otras personas para implicarse en iniciativas que son auténticas generadoras del cambio social. Como saben, la sociedad española siempre
ha demostrado su solidaridad volcándose en todo tipo de emergencias humanitarias, ante las que ha respondido siempre de una forma abrumadora. Esta solidaridad, que forma parte de la idiosincrasia del pueblo español, también se hizo patente durante
los años de crisis con las aportaciones a instituciones que trabajan con los más desfavorecidos económicamente, como Cáritas o el Banco de Alimentos, merecidamente reconocidos con el Premio Príncipe de Asturias. Sin duda, las mayores cotas de ayuda
y respuesta se han alcanzado en la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, a la que ha seguido una grave crisis económica y social. Solo a modo de ejemplo, les diré que Cáritas ha ayudado a 500 000 nuevas personas, más de un
millón y medio en total durante el primer año de pandemia, y todo gracias al trabajo de los voluntarios y las aportaciones de 67 000 donantes particulares y más de 3500 empresas e instituciones. Por su parte, el Banco de Alimentos ha atendido a 1
600 000 personas, a 600 000 personas más que antes de la pandemia.


Nuestros ciudadanos y la sociedad, en su conjunto, tienen el derecho y el deber de ser corresponsables con la cultura, la investigación, la sostenibilidad medioambiental, la formación o la ciencia que se desarrolla nuestro país. Esta ley
quiere fomentar esa corresponsabilidad de la sociedad civil, el protagonismo directo que exige la ciudadanía del siglo XXI y, a su vez, reconocer el papel fundamental de filántropos, empresas y tantos ciudadanos que de forma altruista, desinteresada
y vocacional intervienen en el desarrollo de España, convirtiéndonos en una sociedad mejor. Apoyar el mecenazgo, por tanto, va más allá de los incentivos fiscales o de incrementarlos, los cuales consideramos necesarios y se plasman también en el



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texto de nuestra norma. Supone, señorías, crear espacios donde el mecenazgo tenga lugar y motivar al mecenas para que siga apoyando el arte, la cooperación o la ciencia. Es dar libertad a los creadores, agentes sociales y resto de
beneficiarios del mecenazgo para que puedan actuar libremente, con la confianza de que su trabajo saldrá adelante al contar con distintas posibilidades de financiación y colaboradores más allá de adonde llega la acción del Estado.


Esta ley se estructura en cuatro capítulos, catorce artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. En el Capítulo I se define el objeto, el ámbito subjetivo de los fines de mecenazgo, así
como los fines que se persiguen con esta ley. En el Capítulo II se recogen iniciativas de carácter social, siendo estas las que marcan la diferencia respecto a la Ley 49/2002, que se queda, como les decía, exclusivamente en los incentivos fiscales
al mecenazgo. Se refuerza el reconocimiento social a través de la tarjeta de reconocimiento del mecenas, el registro público y voluntario del mecenas, la celebración del día del mecenazgo o la creación del premio nacional del mecenazgo. En el
Capítulo III se define la organización administrativa, creando la comisión del mecenazgo, que, entre otras funciones, será la responsable de elaborar la estrategia nacional del mecenazgo, que tendrá que ser aprobada por Consejo de Ministros y
posteriormente ratificada por la mayoría cualificada de ambas Cámaras legislativas. Por último, el Capítulo IV refuerza los incentivos fiscales, introduciendo diferentes cambios en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Contiene una relación exhaustiva de las entidades beneficiarias del mecenazgo y de las donaciones, donativos y aportaciones que darán derecho a practicar las deducciones, al tiempo que también
recoge las deducciones de la cuota del IRPF y del impuesto de sociedades.


Es, por tanto, para finalizar, señores diputados, una buena ley, que contempla el mecenazgo de forma amplia, en todas sus vertientes y aspectos, para promocionar y fomentar el mecenazgo como un instrumento de contribución privada a los
intereses generales. Por ello, esperamos el voto a favor mayoritario de esta Cámara.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Luna. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Plural. Tiene la palabra, en representación dicho grupo, el señor Miquel i Valentí.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías.


Señora De Luna, si solo la hubiese escuchado y no hubiese leído el texto que enmienda usted y el que ha presentado como texto alternativo, igual lo votaba a favor. Lo que pasa es que usted ha hecho una defensa del texto que está enmendando.
Todo lo que ha expuesto hoy aquí es lo que recoge el texto original, al que usted ha presentado una enmienda, y todo lo que ha expuesto aquí es lo que no recoge el texto alternativo que ha propuesto hoy que se vote en esta Cámara. (La señora De
Luna Tobarra hace gestos negativos). Recomiendo una lectura antes de la réplica y luego lo discutimos. Lo digo porque alguien podría pensar, como dijo el señor Carazo el otro día aquí cuando se discutió el texto que ustedes enmiendan, que el
mecenazgo está en el ADN del Partido Popular. Lo dijo el otro día el señor Carazo y hoy usted ha apuntado a algo parecido. Y podría ser; de hecho, sería creíble porque en el año 2010, antes de ser presidente, Mariano Rajoy se comprometió a hacer
una ley de mecenazgo.


La historia la sabemos, dejó de ser presidente años después sin haber hecho dicha ley. ¿Usted sabe cuántas iniciativas legislativas presentó el Gobierno cuando Mariano Rajoy era presidente? Fueron 269. ¿Usted sabe cuántas iniciativas
presentó el Grupo Parlamentario Popular durante los años en que Mariano Rajoy fue presidente del Gobierno? ¿No lo sabe? Fueron 28. En total, son casi 300 iniciativas parlamentarias entre Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno liderado por
Mariano Rajoy, pero ni una de estas 300 iniciativas legislativas era la ley de mecenazgo que había prometido Mariano Rajoy en 2010 y que ustedes vienen aquí a defender como si fuese su gran tema de toda la vida, y sigue pendiente de ser reformada.
Alguien podría decir que a lo mejor estuvieron liados y se les pasó hablar del tema. No, porque en el año 2014 Convergència i Unió trajo a esta Cámara una reforma de la Ley de mecenazgo del 2002, ¿y qué voto el Partido Popular, señoría? Votó en
contra. Por tanto, ese gran compromiso con el mecenazgo del que ustedes sacan pecho no sé dónde quedó durante estos años. En los últimos diez años no hemos visto ni un resquicio de ese compromiso con la Ley de mecenazgo que usted viene a defender
hoy aquí. (El señor Miquel i Valentí muestra una fotografía).



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Pero es que hay más. Cuando el señor Méndez de Vigo tuvo la osadía de pensar que, como ministro de Cultura, igual podía hacer una ley de mecenazgo, el señor Montoro le dijo: 'No toques ese tema'. Claro, el compromiso de su partido con la
Ley de mecenazgo se va quedando diluido con el paso de los años. Pero hay más. Llega 2021 y, diez años después de que Mariano Rajoy llegase al Gobierno y once años después de su compromiso para hacer una ley, ustedes no habían presentado ninguna
iniciativa parecida para reformar la Ley de 2002, señora De Luna, pero solo diez días después de que esta Cámara, con un amplísimo consenso, aceptara la tramitación de la iniciativa que usted enmienda hoy, quedándose ustedes solos, como el único
partido que votó en contra de la aceptación a trámite de esta iniciativa -desde VOX hasta Podemos aceptaron tramitar esta iniciativa y su partido fue el único que dijo que no- diez días después presentan su ley, entonces sí, con su texto alternativo
y su gran compromiso olvidado durante once años. Por eso permítame que empiece diciéndole que cuesta creer todo lo que nos ha contado usted hoy y el señor Carazo el otro día. (La señora vicepresidenta, Julián Pastor, ocupa la Presidencia).


Vayamos a su texto, que es lo que discutimos hoy aquí, vayamos a la gran aportación de su texto respecto al original, que es el artículo 4, que ustedes titulan medidas de fomento del mecenazgo. Voy a leerles las cuatro medidas que proponen,
porque a ver si escuchadas desde fuera les parecen un poco más bizarras de lo que parece cuando las ha dicho antes aquí, señoría. Sus cuatro medidas para fomentar el mecenazgo son: la creación de un premio nacional de mecenazgo -no está mal, pero
podríamos ir un poco más lejos-, la celebración anual del día del mecenazgo -como segunda medida tampoco está mal, pero igual se queda poco corta-, doblan la apuesta con su tercera propuesta, que es una tarjeta de reconocimiento de mecenas -no está
nada mal como tercera propuesta- y la cuarta, que es la mejor, un registro voluntario de mecenas, para que se apunte el mecenas que quiera, y el que no quiera que no se apunte. (Risas). Señoría, esas son sus cuatro medidas para fomentar el
mecenazgo. Y viene aquí a decir que el mecenazgo es su gran tema, que llevan toda la vida esperando que llegue ese momento para presentar esta iniciativa. Y la gran aportación respecto al texto que están enmendando, solo esa, es el premio
nacional, la celebración anual del día, la tarjeta de reconocimiento y el registro voluntario de mecenas. Señoría, si es su gran tema, se lo podía haber trabajado un poquito más.


Sigo, porque el señor Carazo nos dijo el otro día: 'Su texto tiene dos cosas buenas: la primera es -cito textualmente- que se proponga incrementar los incentivos fiscales al mecenazgo para equipararnos a otros países europeos'. Genial,
nuestro texto propone que la deducción del primer bloque sea del 90 % y ahora vienen ustedes a bajarlo al 80 %. ¿No estábamos de acuerdo en que había que equipararnos a los niveles europeos, que había que mirar hacia los países de Europa que
funcionan y que tienen deducciones altas, como la que proponemos nosotros? Ah no, nosotros proponemos el 90 % en el primer bloque y ustedes van al 80 %. Yo pensaba que esta medida les gustaba. ¿Por qué hacen una ley menos ambiciosa? ¿Qué
necesidad hay de rebajar la ley en ese sentido? Es absolutamente un sinsentido. Pero, había otra cosa que el señor Carazo nos dijo que les gustaba. Nos dijo: 'Nos gusta que se recojan nuevas figuras, como el crowdfunding o el micromecenazgo'.
Señoría, en su texto alternativo ni lo citan, ni hablan de ello ni se intuye; nada que tenga que ver con el micromecenazgo o el crowdfunding. Y hacer una ley de mecenazgo en el año 2021 que no hable de crowdfunding o de micromecenazgo es estar
absolutamente desconectando de lo que es el mecenazgo en el siglo XXI y en el año 2021, y es hacer una ley del siglo pasado, señoría.


Entonces, mi pregunta es, a modo de reflexión: Si del texto que presentamos nosotros les gustaban dos cosas, si el texto que presentan ustedes obvia las dos cosas que les gustaba de nuestro texto, es un texto menos ambicioso en lo que a
deducciones se refiere y no aporta nada nuevo más allá de esas cuatro medidas de fomento del mecenazgo entre el premio anual, la tarjeta y el registro voluntario de mecenazgo, ¿qué aporta su texto? ¿Por qué presentan un texto peor del que estamos
discutiendo, en términos objetivos, puesto que es un porcentaje menor, no hablan de las cosas que dijeron que les gustaban y, encima, señoría, no aportan nada nuevo interesante? Uno se pregunta para qué han presentado ustedes este texto, si es
porque se quedaron solos votando en contra de un texto que toda la Cámara, insisto, desde VOX hasta Podemos, aceptó que se tramitara, porque todo el mundo reconoce que hay que actualizar la Ley de 2002 y que hay hacerlo en términos modernos.


Señoría, ustedes han cogido la ley vigente, han modificado los porcentajes y lo presentan como una gran novedad. Hay que hablar de los temas de los que se habla hoy en los países que lideran estas cuestiones. ¿Cómo presentan un texto que
no habla de crowdfundig? ¿Cómo presentan un texto que no habla de micromecenazgo? Me he quedado realmente impactado. Señoría, es que ustedes no se enteran



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de nada. Han utilizado al mecenazgo para hacer campaña electoral durante las elecciones de Madrid, ahora les ha venido el tema sobrevenido, no han sabido qué hacer y han presentado un texto en diez días -a saber cómo lo han redactado- que
no resuelve ningún tema. Yo les hubiese recomendado que este texto alternativo, que apenas llega a ocho páginas, lo hubiesen convertido en tres enmiendas al articulado, y lo hubiésemos podido discutir. De hecho, como espero que esta enmienda a la
totalidad que usted presenta hoy no siga adelante, usted podrá reconvertir sus cuatro propuestas sobre el premio anual, la tarjeta y el registro en enmiendas al articulado, que, con mucho gusto, le aceptaré durante la tramitación de la iniciativa.


Por otra parte, decía usted que es el momento de dar un paso más. Señoría, es el momento de que den un paso al lado, porque esto no es un paso más, esto es un pasito más. Un paso más es la ley que ustedes están enmendado, que es mucho más
ambiciosa, mucho más valiente, mucho más actual que el texto que han presentado ustedes esta mañana. Por tanto, le recomiendo, señoría, que voten en contrata también ustedes de su texto, porque, como he dicho al principio, la descripción que ha
hecho usted al iniciar su intervención define perfectamente nuestro texto pero no se acerca para nada al que ustedes han presentado esta mañana aquí.


Gracias, señoría.


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra la señora De Luna Tobarra.


La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidenta.


Diputados, tal como he expuesto en mi anterior intervención, el texto alternativo que presentamos hoy en esta Cámara da un paso más en la legislación sobre el mecenazgo, actualmente basado solo en un aspecto económico a través de los
incentivos fiscales, para abordarlo también desde una perspectiva social mucho más amplia, texto que parece que no ha leído el señor Miquel por lo expuesto en su intervención. El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con que existan estos
incentivos fiscales, pero no podemos quedarnos solo ahí. La proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural en materia fiscal invade competencias de carácter estatal, además de adolecer de todas las cuestiones a las que me he
referido de motivación y de reconocimiento social del mecenazgo. No podemos admitir que las comunidades autónomas tengan la capacidad de determinar tanto los proyectos susceptibles de beneficiarse del mecenazgo en su territorio como de valorar los
bienes donados y tampoco que sean las que puedan ampliar los supuestos de mecenazgo ni determinar los acontecimientos de interés general cuyas donaciones, aportaciones y donativos gocen de incentivos fiscales, pues serían las comunidades las que
definirían las deducciones que afectan al impuesto sobre sociedades y al IRPF de todos los españoles, máxime cuando lo propone un partido separatista que ha gobernado Cataluña durante muchos años y que, en vez de la independencia, ha conseguido la
decadencia; una Cataluña que sigue sin Gobierno desde que se celebraran las elecciones -mañana hará ya tres meses- y que está más pendiente de la ficción de Waterloo que de la realidad catalana, de un Waterloo que se ha convertido en una réplica
delirante de la ínsula de Barataria o del país de Nunca Jamás (aplausos); una Cataluña en la que se ha mercadeado con el reparto de las conselleries en Lledoners, capitaneados por quienes cumplen condena por delitos de sedición y por malversar el
dinero de todos los ciudadanos.


Ustedes han formado parte de unos Gobiernos que han sometido a la economía catalana a una doble asfixia, a la asfixia identitaria, con la constante amenaza de 'lo volveremos a hacer', y a la asfixia fiscal, con más impuestos y más elevados
que en el resto de España; unos Gobiernos que han conseguido que los grandes grupos empresariales y de inversores hayan dado la espalda a Cataluña cuando hasta no hace mucho fue el epicentro de los negocios y el motor económico de España. Hasta
separatistas confesos, como el expresidente del Barça, señor Rosell, llegó a afirmar: 'Soy independentista, pero si gobiernan los independentistas, marcharé de Cataluña'. Creo que es un ejemplo clarísimo de la desconfianza y del temor que generan
sus Gobiernos, incluso entre los suyos. Solo tienen que mirar a Madrid. Fue la autonomía que más empresas creó -18 000, 3000 más que en Cataluña- y registró una subida de inversiones extranjeras del 23,6 % mientras que Cataluña bajó un 22,7 %.
Han llevado a cabo una política identitaria nefasta, que hizo que se esfumara la posibilidad de que la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, se ubicara en Barcelona en vez de en Ámsterdam, como finalmente ocurrió, debido a la incertidumbre
política (aplausos), según fuentes del propio organismo; incertidumbre e inestabilidad política de la que ustedes, señores del PDeCAT, son corresponsables, habiendo provocado a todos los



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niveles el mayor caos nunca visto en Cataluña. Con estos mimbres comprenderán que no podamos dejar en manos de sus Gobiernos decisiones que afectan a la recaudación a nivel estatal de los impuestos de todos los españoles.


Para finalizar quiero incidir en que nosotros estamos de acuerdo en los incentivos fiscales en el mecenazgo, pero vamos más allá; pensamos que se tiene que regular -y por eso lo incluimos- un reconocimiento social, un aspecto que dé fomento
e incremento al mecenazgo en España.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora De Luna. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Señora Llanos de Luna, si tenía alguna duda de que a usted no le interesaba lo más mínimo el mecenazgo, me ha quedado clarísimo. O sea, tenía cinco minutos para contarme, por ejemplo, dónde veían ustedes el
problema en que, como dijo el señor Carazo, un cuadro de Dalí, como Dalí era de Figueras, no se pudiera exponer en el Reina Sofía. No sé dónde lo encontró el señor Carazo en la ley, igual leyendo entre líneas, pero muy entre líneas, porque la ley
no dice nada de eso. Yo esperaba que me dijera usted, no sé, por qué cree que su texto es mucho mejor que el texto que presentamos nosotros, pero usted ha venido aquí a hablar de Sandro Rossell, de Waterloo, de Lledoners, de lo mal que ha
gestionado el Gobierno de Convergència i Unió durante no sé cuántos años, a lo que entenderá que yo no pretenda responder hoy y menos aquí. Con lo cual, es que ni disimula. Que le interesa poco, lo había notado; leyendo, me quedó clarísimo; pero
después de escucharla, más, porque ¡tenía cinco minutos para responderme y ha dedicado tres a hablar de otras cosas que nada tienen que ver con el mecenazgo! Dice: como ustedes envían a Waterloo, voto en contra de este texto. Hombre, aprovechando
que el Pisuerga pasa por Valladolid, hago lo que quiera. Pero no estamos aquí para hablar de eso.


Creo que deberían escuchar a gente que tienen en el ecosistema de su partido, que la han tenido durante muchos años y que saben un poco de mecenazgo. Para mí el señor Lassalle es uno de los que más sabe en el Estado español sobre mecenazgo,
y me temo que no le han preguntado nada, me temo que nadie le ha llamado para pedirle opinión sobre qué pensaba de su texto. Porque, fíjese, he recuperado una entrevista que dio el señor Lassalle hace unos años, cuando era secretario de Estado de
Cultura y quería hacer una ley de mecenazgo. Dijo: 'Con ventajas fiscales no basta'. Y su ley son básicamente ventajas fiscales más el premio anual de mecenazgo. Yo no creo que el señor Lassalle se refiriese a un premio nacional cuando decía que
no bastaba, se referiría a hablar de donaciones de servicios, se referiría a hablar de micromecenazgo, se referiría a actualizar la ley, a hacerlo también en las deducciones, claro que sí, porque hay que mejorarlas, pero no hay que mejorarlas y dar
un premio o un día al año hacer una fiesta para dar las gracias a los mecenas; con no basta se refería a que había que ir un poco más allá. Y añadía el señor Lassalle: 'No debemos sentirnos satisfechos con incrementar la desgravación', que es
básicamente lo que hacen ustedes, incrementan la desgravación y se sienten satisfechos, orgullosos y hablan de Waterloo. Decía el señor Lassalle: 'Este país se merece para su normalidad una ley. Estoy pensando en el modelo francés' -decía el
señor Lasalle-. Compare la ley francesa con la ley que usted está enmendado hoy en su totalidad y verá que se parecen bastante, que la ley francesa se parece más a nuestro texto que a su texto, que no sé en qué ley de mecenazgo se han inspirado
ustedes, pero sin duda en ninguna que funcione.


Señoría, me ha citado solo una cosa, porque a usted lo que le interesa es el tema competencial, y me ha dicho: cómo es posible que demos más competencias a las comunidades autónomas con lo mal que gestionan ustedes y demás. Le digo una
cosa, dar competencias a las comunidades autónomas no es dárselas a Cataluña, dar más margen a las comunidades autónomas es también dárselo al señor Feijóo, al señor Moreno, a la señora Ayuso, que estará de acuerdo conmigo en que, a su parecer,
gestionan bien. Entonces, ante la posibilidad de darle margen a la señora Ayuso, al señor Moreno, al señor Feijóo, ustedes dicen: no, no, que se lo queden los socialcomunistas, que gestionan mucho mejor que las comunidades autónomas. Pues no,
señoría, pues no, porque nada tiene que ver la realidad de Madrid con la de Andalucía, con la gallega, con la catalana, con la valenciana o con la Balear. Entonces, nadie mejor que los Gobiernos autonómicos sabrán acotar sus necesidades, sus
proyectos y sus realidades a esta ley que les permitiría hacerlo.



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Frente a eso, ustedes prefieren que no: vamos a recentralizarlo todo y que se lo quede todo el Gobierno de Sánchez. Usted prefiere eso, ¡es que es increíble! Me dice: en Madrid hacemos las cosas bien, en Cataluña las hacen ustedes fatal;
por eso, que lo haga todo Madrid. Esa ha sido su reflexión. Pero Madrid, no la comunidad; Madrid, el Gobierno central. Entonces, ¡aclárese! ¿Le gusta cómo gestiona la Comunidad de Madrid o le gusta cómo gestiona el Gobierno central? Porque
parece que usted tendría ganas de que el Gobierno central gestionara toda la Comunidad de Madrid, la Comunidad Autónoma de Cataluña, el País Vasco y todas las comunidades autónomas; eso es lo que usted preferiría, pero, señoría, hay cosas raras en
su discurso.


Para terminar, señoría, ya le he confirmado antes que vamos a votar en contra de su texto alternativo por poco ambicioso, por desactualizado y, sobre todo, señoría, porque un texto que se puede convertir en tres enmiendas al articulado no
tienen ustedes por qué forzarlo y convertirlo en un texto alternativo a esta ley que se está discutiendo y que todos los grupos de la Cámara, al menos en su día, aceptaron que se discutiera.


Muchas gracias, presidenta. Gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias a los servicios de la Cámara también.


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias.


Debatimos hace un momento la convalidación de dos reales decretos-leyes y me permitirá, señora presidenta, que me haga eco de la sentencia del Tribunal Constitucional que le acaba de solmenar al Gobierno de progreso un varapalo monumental
por la utilización fraudulenta de la figura del real decreto-ley que coló al entonces vicepresidente del Gobierno, señor Iglesias, y al jefe de gabinete de Pedro Sánchez, el señor Redondo, en el Centro Nacional de Inteligencia. (Aplausos). La
democracia hoy tiene un día grande.


Señorías, como respaldo a la enmienda a la totalidad que ha defendido la señora doña Llanos de Luna, voy a reiterar, en primer lugar, alguno de los argumentos que utilicé en el Pleno del Congreso del pasado 16 de marzo con ocasión de la toma
en consideración de esta proposición de ley sobre el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La iniciativa, como ustedes conocen, fue presentada entonces por el señor Miquel i Valentí, del
PDeCAT, y aprobada mayoritariamente con mi voto en contra. El texto alternativo que acompaña a la enmienda a la totalidad de la proposición de ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, realiza una llamada al reconocimiento de las
entidades filantrópicas, y singularmente cita de forma expresa -y me parece muy acertado- a Cáritas y al Banco de Alimentos, organizaciones que si siempre se han distinguido por estar en primera línea para atender las necesidades de las personas
desfavorecidas o de las familias que tienen problemas de supervivencia, llevan año y medio realizando una colosal labor para atenuar el impacto socioeconómico de la COVID-19. Naturalmente, cabe hacerlo extensivo a cuantos están arrimando el hombro
ante esta tragedia que venimos sufriendo desde hace tanto tiempo.


El texto alternativo plantea algunas novedades interesantes en los cuatro capítulos que lo conforman, si bien creo que con mayor extensión, detalle y ambición en el dedicado a los incentivos fiscales al mecenazgo, que por la vía de los
impuestos directos, indirectos y de los peajes -de nuevo cuño socialista- van a impactar en el bolsillo de todos los españoles. De ahí que no tenga la más mínima duda al apoyar que se incorporen todas aquellas medidas que supongan la prestación de
servicios y, asimismo, refuercen el micromecenazgo, que, si bien se amplió en otra modificación legislativa realizada en 2016, tiene mucho margen para promover y mejorar las medidas incentivadoras para que especialmente las entidades englobadas en
el tercer sector puedan beneficiarse de ellas y dar mejor cobertura a una labor impagable e insustituible en beneficio de la sociedad. Todo ello, junto con otras diferentes variables que contribuirán, llegado el caso, a dar un buen tratamiento
fiscal al mecenazgo y que se contemplan en la proposición de ley, es muy razonable pero es que en el texto que ya ha sido aprobado para su tramitación por las Cortes Generales y que hoy es el que se cuestiona, se introdujo un aspecto pantanoso, el
competencial, cuando pretende otorgar a las comunidades autónomas tanto la capacidad de determinar los proyectos objeto de patrocinio o mecenazgo como la valoración de los bienes aportados para ello. La consecuencia perniciosa sería una merma para
la capacidad impositiva de los tramos estatales del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sucesiones. A juicio de Foro esta ley



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-que tiene una evidente línea reformista, y hay que reconocérselo al señor Miquel i Valentí cuando lo planteó- sucumbe de lleno cuando camufla la invasión competencial de las comunidades autónomas sobre cuestiones fiscales y recaudatorias,
que son exclusivas del Estado. Lo subrayaba con acierto en su réplica la señora Llanos de Luna.


En el caso de Asturias, estremece pensar en las secuelas que supondría la mera posibilidad de que un Gobierno socialista pueda disponer de nuevos instrumentos recaudatorios con los que continuar la política fiscal que ya estruja al máximo a
los contribuyentes, con las nefastas consecuencias que se constatan como el éxodo de empresas que huyen de la voracidad y se instalan en otros territorios donde no están sometidas a ser víctimas de la maquinaria y de las maquinaciones fiscales.
Como señalé en aquel debate el 16 de marzo, y hace un momento lo reiteré, España necesita urgentemente una buena ley específica de mecenazgo, de ahí que haya que reconocer al Grupo Popular su esfuerzo para elaborar el texto alternativo que se nos
plantea en esta sesión, porque en pleno siglo XXI estamos ante una gran asignatura pendiente para mejorar el sucedáneo legislativo que está actualmente en vigor, concretamente desde que en 2002 el Gobierno de José María Aznar promulgase una serie de
medidas para estimular la colaboración entre el sector público y el privado, medidas que se ampliaron para arropar el micromecenazgo, en las que también resulta necesario dar otro buen impulso.


Asimismo, cabe recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo pomposos anuncios y convocó comisiones interministeriales para lanzar esta materia, cuestiones de las que nunca más se supo y así continuamos, así seguimos en España, sin una
norma que fomente la financiación y el apoyo de proyectos desde los que la sociedad civil pueda trabajar en pos del mejor bienestar de los españoles en ámbitos a los que no llega la intervención pública por parte de las diferentes administraciones.
Parece oportuno recordar y señalar que en nuestro país hay del orden de 275 000 entidades no lucrativas, pero la pandemia ha agudizado su ya de por sí precaria situación, y se auguran tiempos todavía mucho más complicados para todas ellas.


Por lo tanto, ante mis discrepancias con la iniciativa del PDeCAT, me resulta valioso e imprescindible el texto alternativo que ha defendido la portavoz del Grupo Popular, que por supuesto contará con mi voto favorable.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias a los servicios de la Cámara.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Eguerdi on.


Hoy debatimos aquí una enmienda a la totalidad a la proposición de ley que presentó el Grupo Plural, defendida por el señor Miquel, que pretende cambiar una ley del año 2002. Como bien ha dicho el señor Miquel, ya tuvo un intento de
modificación en la X Legislatura por Convergència i Unió y que ustedes, señorías del PP votaron en contra. Nosotros, señor Miquel, nos abstuvimos en la proposición de ley que pretendía incrementar los incentivos fiscales en IRPF y en sociedades,
reforzar el papel de las comunidades autónomas en esa materia, ampliar el concepto de donativos y donaciones y micromecenazgo, básicamente porque en Euskadi teníamos y tenemos competencia en la materia y no queríamos influir en la toma de decisiones
que corresponden -o que entendemos nosotros que corresponden- a otras administraciones de otros territorios, en este caso las comunidades autónomas.


En los últimos tiempos, sí se ha visto la necesidad de incrementar la participación del sector privado en las actividades de interés general. En este sentido, los territorios históricos forales han reformulado el catálogo de incentivos
fiscales para facilitar una mayor colaboración público-privada en la financiación de proyectos de interés general. En el caso de Bizkaia y Gipuzkoa esta revisión tuvo lugar en el año 2019 y se amplió, además, -fíjense qué curioso- en 2020 para
aquellas donaciones, aportaciones o prestaciones de servicios gratuitos a favor del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, o de investigación científica en el contexto de la lucha contra la COVID-19. Fíjense, señoría del Partido Popular, lo que
pueden realizar las comunidades autónomas hasta en un contexto de pandemia. Creo que esto es muy importante.


Desde luego, si teníamos alguna duda para votar a favor, o por lo menos abstenernos, de su texto alternativo, desde luego, desde esta tribuna nos ha dejado claro que el voto va a ser en contra, porque es un texto alternativo que básicamente
difiere -como bien ha dicho el señor Sergi Miquel- en un artículo



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y, además, aquí, dicho en tribuna, ustedes obvian la competencia de las comunidades autónomas y lo que quieren es una centralización. Como le he dicho, creo que las comunidades autónomas tienen mucho que decir en este sentido. Es decir,
quieren evitar la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan decir algo sobre el mecenazgo. Como he dicho, nosotros tenemos competencia en esta materia, y así lo reconoce tanto la Ley del mecenazgo como el proyecto de ley al que hacía
referencia o el que había traído el Grupo Plural, porque había un artículo en esa ley, el artículo 1, que establece que esa ley se entenderá sin perjuicio de los regímenes forales de concierto y de convenio navarro; y, por tanto, la modificación de
esa ley no se nos aplicaría. Sin embargo, su texto obvia esta salvaguarda foral, obvia toda la salvaguarda para todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, como he dicho, no lo vamos a apoyar.


Entendemos la necesidad de modificar esta ley adaptada a los tiempos, pero, desde luego, respetando las competencias que ostentan determinadas comunidades autónomas como, en este caso, Euskadi y Navarra en esta materia, y que -como he dicho-
ustedes obvian en esta propuesta. Entenderán, por tanto, que desde luego preferimos que se tramite la presentada por el Grupo Plural que sí respeta el ámbito competencial y porque, además, supone un buen punto de partida para trabajar en una
reforma del sistema de bonificaciones y de aportaciones al mecenazgo; en definitiva, para implementar aquellos estímulos fiscales que sean necesarios en este sentido. Por eso, el Grupo Nacionalista Vasco va a votar en contra de la enmienda a la
totalidad con texto alternativo presentada por ustedes.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.


Esta enmienda a la totalidad a mí me ha hecho replantearme la concepción de las fuerzas que operan en el universo, y les voy a decir por qué. Porque ya la ley que presenta el Partido Demócrata Catalán nos parecía muy similar en muchos
aspectos a la ley autónoma, que no es un conjunto de enmiendas sino una ley autónoma, que presentó Ciudadanos en 2018 (muestra un documento), a la que el PP ponía mucha resistencias y que volvimos a registrar en este periodo de sesiones. Pero lo
que más nos ha llamado la atención de esta enmienda a la totalidad es que yo creo que estamos ante la enmienda a la totalidad que más se parece a la ley a la que pretende oponerse en la historia de la democracia. Yo he contado los aspectos
fundamentales y con dos enmiendas, con dos, quedaba, más o menos, solucionado lo que plantean. Claro, yo, como no creo que copien, hemos puesto a trabajar a la brigada de asuntos paranormales de Ciudadanos que, como entenderán, en esta época está
hasta aquí (se lleva la mano a la frente), porque creemos que puede ser un caso hasta de telepatía. No entendemos bien por qué se presenta una enmienda a la totalidad con este contenido. Nos vamos a abstener porque votamos a favor de la
proposición de ley del Partido Demócrata Catalán y confiamos incorporar nuestras tesis sobre esta ley en el proceso de enmiendas. Ya les digo, la enmienda a la totalidad que presentan ustedes tiene muchos aspectos que nosotros compartimos, lo que
no entendemos es que utilicen este mecanismo. Entonces, las similitudes nos parecen palmarias. En primer lugar, nuestro texto, el de Ciudadanos, el que planteamos nosotros que está registrado en la Cámara, pero como la capacidad de presentar
iniciativas que tenemos es mucho menor, no hemos podido traerla, pero intentaremos, vía enmienda, que se tenga en cuenta alguna de nuestras tesis, pero sí creemos que lo ideal sería una ley nueva, una ley de mecenazgo que no trabaje sobre la
normativa anterior. El señor Martínez Oblanca ya ha hablado de la necesidad de una ley específica de mecenazgo, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con ese planteamiento. Creemos que hay que acotar bien, algo que sigue sin hacerse, acotar
bien y definir bien los nuevos conceptos que incorpora el mecenazgo y que aporten seguridad jurídica. Uno de los grandes problemas que tiene el mecenazgo ahora mismo es que alguien puede hacer una aportación bienintencionada y a los dos años
llevarse un susto de Hacienda importante. Han sido muchos los mecenas que se han encontrado ante esta situación. Cosas que creían que se desgravaban y después llegaba Hacienda y les decía que no, y ya la aportación estaba hecha y la función ya
estaba realizada.


Pero además hay más conceptos que creemos que hay que desarrollar y que proponemos el Grupo Parlamentario Ciudadanos en nuestra ley. Por ejemplo, la donación a universidades, lo que los anglosajones llaman el endowment. Yo creo que debería
estar recogido en una ley de mecenazgo. Además, fomenta la autonomía universitaria y puede ayudar. Esto, en el mundo anglosajón, es muy habitual. Hay becas que se basan únicamente en la aportación de mecenas.



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Otro aspecto a desarrollar es el mecenazgo participativo, el llamado crowdfunding. Muy en boga y que permite que las posibilidades de ser mecenas se amplíen a más allá de lo que el imaginario colectivo puede tener sobre lo que es un
mecenas. Es decir, lo que es el micromecenazgo: gente que quiere participar en la restauración de un cuadro y puede poner 50 euros, como se ha hecho ya en museos: restauraciones mediante el mecanismo de crowdfunding. Estaría muy bien un
reconocimiento más desarrollado de lo que es esto.


La figura de los voluntarios. ¿Por qué no se recoge el voluntariado en el mecenazgo? ¿Es que solo ayuda el dinero? ¿Por qué no reconocer a las personas que hacen, por ejemplo -conocemos casos-, de guías voluntarios en los museos el coste
de la gasolina, del aparcamiento, cuando se desplaza un jubilado, que muchos lo hacen en su tiempo libre, participar de guía en un museo? ¿Por qué no pueden desgravarse? ¿O el coste del uniforme? Son pequeñas cosas, pero son gestos y
reconocimiento a quien dedica su tiempo a estas cuestiones.


La ciencia. Veo que la propuesta del Partido Popular y la del Partido Demócrata Catalán dejan la ciencia de lado. Al PP, en ese aspecto, también nos pasó en el pasado. No tengan miedo a incorporar la ciencia de manera plena al mecenazgo.
A nosotros no nos ha hecho falta una pandemia para darnos cuenta de la importancia de la ciencia. Ciudadanos es el partido de la tercera cultura, en el sentido de John Brockman, de Steven Pinker, de Kahneman, de Richard Dawkins, de Jay Gould...
Creemos firmemente en la importancia de incorporar la ciencia al debate social. Es importante que la sociedad tenga un acervo científico. Igual que se sabe que Shakespeare escribió Hamlet, que se conozca lo que es un virus o la importancia de las
vacunas y no dejar así espacio a la conspiración, que también se ha dejado. Una sociedad bien informada es más fuerte frente a las teorías conspiranoicas o la desinformación. Creemos que es bueno que se refuercen lazos entre la sociedad y la
comunidad científica.


Respecto a los beneficios fiscales, lo que buscamos en nuestra ley es acercarlos a la media europea. Creemos que se puede acercar el porcentaje de la deducción al 50 %. No tiene sentido, además, el trato desfavorable -y tampoco se acomete
en estas normas- entre la persona física y la persona jurídica. La persona física tiene más dificultades a la hora de plantearse como mecenas, por lo que planteamos elevar el límite de la deducción al 20 %. Proponemos, en definitiva, una ley
autónoma de mecenazgo e intentaremos, vía enmienda, incorporar muchas de nuestras cuestiones al texto legislativo. Creemos que las aportaciones que podemos realizar enriquecerán mucho esta ley. Por tanto, nos abstendremos ante esta enmienda a la
totalidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra señor Guijarro García.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Buenas tardes, señorías.


Apenas unas semanas después de que esta Cámara haya tomado en consideración la proposición de ley del PDeCAT sobre actividades de mecenazgo, nos vemos nuevamente convocados a este debate a propósito de la enmienda a la totalidad presentada
por el Grupo Popular. La verdad es que, después de leer el texto del proponente, no nos termina de quedar claro el porqué de una enmienda a la totalidad. Por lo que he escuchado hoy aquí, parece que no somos los únicos que tenemos estas dudas.
Pudimos constatar en el anterior debate un cierto consenso en torno a la necesidad de una ley de mecenazgo, toda vez que la normativa vigente, la Ley del régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
data del año 2002, es decir, de hace ya diecinueve años, tiempo más que suficiente para someter la norma a una actualización en profundidad y adaptarla a las nuevas circunstancias.


Hubo también una clara coincidencia en la importancia de dotar a las entidades no lucrativas o de utilidad pública con herramientas suficientes para su financiación. Para ello, el Estado no solo debe transferir recursos directos a estas
actividades, sino que debe implementarse todo un sistema de estímulos fiscales para la implicación responsable y eficiente del sector privado en su sostenimiento. Ya durante la crisis pasada, la de hace una década, la reducción drástica y repentina
de financiación pública demostró la conveniencia de abrir el espacio y fomentar la entrada de capitales privados de cara a compensar y corregir la excesiva dependencia del Estado. Hubo también un cierto entendimiento a la hora de extender el
concepto no solo a las actividades que se llevan a cabo sin ánimo de lucro, y cuya relevancia en estos meses ha resultado fundamental para satisfacer necesidades a las que, sencillamente, el Estado no llega,



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sino también las vinculadas, por ejemplo, al mundo del deporte o de la cultura, tan castigada, por cierto, y tan demandada en estos días extraños que nos han tocado. Ninguno de estos consensos es desafiado por el texto que se somete hoy a
discusión. Ciertamente, la propuesta incluye alguna diferencia significativa en el sistema de incentivos fiscales con respecto al texto que pretende enmendar. Incorpora, además, algún capítulo interesante, digno de ser discutido al menos, en lo
referente, por ejemplo, al reconocimiento social del mecenazgo, su capítulo II.


Pero, señorías, para este viaje, como ya les han dicho hoy aquí, no hacían falta estas alforjas. De hecho, su texto alternativo parece antes un compendio de enmiendas parciales que una proposición de ley, y esas enmiendas parciales tendrán
su espacio correspondiente en el trámite legislativo que ya está en marcha. Entonces, la pregunta es: ¿qué hacemos hoy aquí? Quizá el Partido Popular pretende escenificar una cierta voluntad por una posición algo más propositiva después de meses,
si no años, instalados en el no, nada, nunca. En fin, a lo mejor quieren dar relevancia a su iniciativa porque perciben una nueva oportunidad para colocarse la medalla de aquellos que bajan los impuestos. El caso es que, después de haber escuchado
a la portavoz del Partido Popular en su intervención, aún no logro salir de esta duda: por qué estamos aquí, por qué no se ha tramitado por la vía de enmiendas parciales.


Por lo demás, anunciamos nuestro voto en contra y esperamos poder continuar con el trámite legislativo que tan pertinentemente habían iniciado el señor Valentí y el PDeCAT.


Muchas gracias, señorías. Buenas tardes. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Guijarro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ramírez del Río. (Aplausos).


El señor RAMÍREZ DEL RÍO: Con la venia.


Cuando llegó en 2018 el primer Ejecutivo del PSOE, el señor José Guirao, ministro de Cultura y Deportes de aquel gabinete, anunció su apoyo a una nueva ley de mecenazgo, que además se consideraba inminente, y que se suponía que iba a ser
continuadora de los trabajos que se habían dado ya en este hemiciclo. En las primeras comparecencias de su sucesor, dos años después, el señor Rodríguez Uribes anunció más o menos lo mismo, la inminencia de un proyecto de ley que consideraba muy
adelantado ya. El pasado mes de abril -hace realmente muy poco tiempo, como han ponderado algunos de los participantes aquí- se aceptó la toma en consideración de una proposición de ley del señor Miquel i Valentí, del PDeCAT, para modificar la Ley
de mecenazgo de 2002, que era la reiteración de una propuesta de Convergència i Unió de 2014. Para mi sorpresa, fue apoyada no solo por Podemos, sino también por el PSOE, el partido del ministro Rodríguez Uribes, que reconocía de esta manera su
desconfianza en que el ministro pudiera llevar adelante, pudiera impulsar la ley de mecenazgo anunciada desde hacía ya tres años. Unido esto a la salida de personas bastante relevantes de su gabinete, como la señora Irene Lozano, que se encaminó a
un escaño en la oposición de la Comunidad de Madrid, dejando un puesto como la presidencia del Consejo Superior de Deportes, quedó claro hasta qué punto nos encontrábamos ante un ministro totalmente amortizado, que no contaba ni con el apoyo de su
grupo parlamentario, ni de su equipo, ni muchísimo menos con el apoyo de los propios sectores del mundo de la cultura. Esta fue realmente la gran lección que nos dejó esa toma en consideración. La toma en consideración de esta proposición del
PDeCAT fue una especie de certificado de defunción política de una parte de este Gobierno y el Partido Popular fue el único que votó en contra, demostrando hasta qué punto no se estaba enterando de lo que estaba sucediendo en ese momento.


El texto de la proposición del PDeCAT tiene algunos aspectos mejorables. De hecho, se lo dije ya durante el anterior debate y estoy convencido, además, de que cuando se abra la ponencia se podrá mejorar muchísimo ese texto, ya que desde la
redacción original del texto en 2014 ha habido grandes avances. Hoy, por ejemplo, han mencionado ustedes el micromecenazgo y durante mi intervención, por ejemplo, les señalé errores como el tratamiento de los fondos patrimoniales indisponibles, que
era un asunto que en Francia se había adoptado hace bastantes años y que se había demostrado erróneo. Son aspectos del texto que creo deben ir mejorándose. Otros intervinientes en aquel debate plantearon también aspectos del texto que debían
pulirse, y el propio Partido Popular centró su oposición en el intento de adquirir una competencia por parte de la comunidad catalana, que es algo que han mencionado ustedes. No viene mencionado explícitamente en el texto y sí lo han comentado en
su segunda intervención, lo cual, sinceramente, me ha extrañado. Nosotros no lo considerábamos así, aunque, evidentemente, era un aspecto que podía retocarse simplemente en la ponencia.



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El texto propuesto, como ya señalamos en abril, significa una mejora de la normativa con la que contamos en la actualidad, razón por la que, a falta del famoso proyecto que había sido anunciado miles de veces, como sucede en tantas ocasiones
con este Gobierno, una gran mayoría de esta Cámara decidió apoyar la toma en consideración. Entendemos que el Partido Popular presente un texto mucho más amplio en el que no se toque solo el aspecto fiscal. Me ha gustado la intervención del
portavoz de Ciudadanos hablando también de la inclusión de las universidades, porque durante una visita que realicé a la Universidad Hebrea de Jerusalén vi que prácticamente podías encontrarte una plaquita en cada equipo, en cada sala, que de alguna
manera realzaba la importancia de las donaciones que había recibido ese centro y que era algo importante en esa sociedad. En las fundaciones, en cuyo patronato he participado en España, apenas había incentivos honoríficos de este tipo. La
relevancia social de la que gozan los donantes de otros países debe ser un modelo para nosotros, es algo que debemos incentivar todo lo posible. Ahora bien, un Gobierno en el que participa Unidas Podemos, cuyos miembros han insultado de manera
reiterada a los mayores donantes con los que cuenta nuestro país, personas que han contribuido de manera desinteresada con cientos de millones de euros, consideramos que debería recapacitar sobre crear organismos administrativos que los hicieran
dependientes y les obligaran a establecer una relación con un Gobierno en el que, como digo, participa Unidas Podemos, que los ha insultado de manera reiterada, y debería aplazarlo para mejor ocasión, en el mejor de los casos. (Aplausos).


El establecimiento de una burocracia con sus planes no ya quinquenales, sino de seis años nos parece también que remite a lo peor del Partido Popular, a esa socialdemocracia que busca comerle el terreno al PSOE asumiendo sus postulados y que
genera una administración elefantiásica que burocratiza todos los aspectos de nuestra sociedad civil, contribuyendo a su asfixia. Si algo no necesita nuestro país es un aparato administrativo como el que proponen para velar por el mecenazgo.


A pesar de algunos aspectos positivos en su propuesta, por no considerar adecuada la creación de más Administración y por el Gobierno al que ustedes otorgarían más control sobre el mecenazgo de los españoles, nos abstendremos en la votación
de esta enmienda a la totalidad.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Ramírez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias a los servicios de la Cámara.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lamuà Estañol.


El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, presidenta.


Señora Llanos de Luna, recordaba cuando hablaba esa frase suya célebre, cuando dijo: Considero importante que haya gente pija y rica, que es la que gasta y consume. Por eso, cuando usted sube a esta tribuna a hablar de micromecenazgo y
crowdfunding tiene menos credibilidad que un ateo dando misa, porque aquí no se viene a defender lo que contradice toda su carrera política. Y creía, incluso, que la intervención más surrealista sería su réplica al señor Sergi Miquel, pero luego,
como siempre, les han venido a salvar los señores de VOX, porque se ha superado repartiendo carnés de defunción política y dibujando un caos que solo existe en sus cabezas pero no en España, y es que solo desde una visión muy estrecha del mundo se
puede confundir el pacto, la voluntad de diálogo entre diferentes, compartir iniciativas con rendirse o con desistir. Y es que yo lo entiendo, a ustedes los mecanismos de la democracia parlamentaria les resultan sorprendentes -lo entiendo-, para
ustedes son una cosa bastante ajena.


Nuestras discrepancias en materia de mecenazgo son de fondo, señorías, y quedó claro en el debate de toma en consideración en marzo, y por más que la señora Llanos de Luna se empeñe, el mecenazgo para el PP es meramente económico. Pueden
darle incluso una pátina cosmética de tipo social por aquello de que no se diga, pero cada cual es como es. Recuerdo las palabras en esta tribuna del señor Carazo en pleno fragor de la precampaña madrileña, cuando dijo que el mecenazgo era libertad
y que recaudar, tributar, era socialismo. No es de extrañar que quienes confunden libertad con ir de cañas piensen que el Estado del bienestar es un yugo que oprime a la ciudadanía. Eso sí, lo es hasta que ven peligrar sus prebendas; después,
quieren ser los primeros en la lista para sentarse en el regazo de papá Estado pisoteando incluso a los ciudadanos, que sí, siempre dependen de que el Estado del bienestar exista y funcione. Y en su discurso alrededor del mecenazgo, señorías del
PP, y en su proposición de ley subyace esa aversión a lo público. Ustedes ven en la inversión pública, particularmente en cultura, un gasto, un capricho. Tal y como ya dijeron también en alguna intervención, la solidaridad voluntaria era libertad
y la subvención o el apoyo era socialismo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).



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Se lo diré claro, la libertad de la cultura de este país, del deporte de este país, de la investigación de este país y de la cooperación de este país es saber que la cultura, que el deporte, que la investigación y que la cooperación tienen
un valor intrínseco y es siempre imprescindible a corto, a medio y a largo plazo. Por ello, todos esos proyectos deben saber que no solo dependerán de la suerte de hallar un mecenas, de la buena disposición de un patrono o de una campaña agresiva
de marketing para recaudar fondos. Deben confiar en que creemos que la cultura, que el deporte y que la investigación resultan imprescindibles. Por cierto, creer eso sí forma parte de la libertad. El Estado del bienestar supone no depender del
rico, del poderoso, del pijo; es la garantía de libertad para todos siempre.


Desde una óptica socialista, hay ciertos elementos fundamentales alrededor del debate de fondo sobre mecenazgo que deben quedar claros. Primero, la actividad de mecenazgo no puede ser un mecanismo de elusión fiscal; tiene que ser un acto
de generosidad, un acto cuyo principal reconocimiento no debe ser fiscal sino moral y cívico. Segundo, nunca debe ser una forma de sustitución de la actividad del Estado de promoción y sustentación de la cultura, de la investigación, del deporte o
de la cooperación; debe ser una forma, eso sí, de incrementar y fortalecer esa actividad, de complementar ese compromiso colectivo desde la individualidad. Y, tercero, deben entenderse siempre la cultura, el deporte, la investigación y la
cooperación no como un gasto sino como una inversión. Creo, además, que después de este año de pandemia comprender el valor de la creación de contenidos, de la creación de ideas, de la generación de riqueza intelectual para una sociedad humana como
la nuestra ha quedado completamente demostrado y debemos hacerlo pivote de nuestro discurso general. (Aplausos).


Por todo ello, que les quede claro, hoy y para siempre, al Partido Popular, a las distintas derechas -la derechita valiente, la cobarde; no sé cómo se reparten eso hoy en día-, que en este hemiciclo, mientras haya un solo socialista en esa
bancada (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), no dejaremos que el Estado se desentienda del sostenimiento, de la cultura, del deporte, de la investigación o de la cooperación, porque el mejor mecenas de todos es el Estado;
porque somos todos colectivamente, de manera participada, quienes protegemos, promocionamos y defendemos aquello que nos es común; porque la mejor aportación colectiva al mecenazgo, a pesar de lo que piense el Partido Popular, es tributar, y todo
lo la que la filantropía genere de más siempre será bienvenido y deberá ser tenido en cuenta, como hizo el Gobierno de España en plena pandemia aumentando los incentivos al mecenazgo. No dejaremos, en ningún caso, enmascarar en la colaboración
públicoprivada ningún intento de laminar ese compromiso debido por el Estado a nuestra cultura, a nuestro deporte o a nuestra investigación. Lo que hacen hoy ustedes -y también respondo a la pregunta que hacía el señor Sergi Miquel- presentando
esta enmienda a la totalidad es borrarse del futuro debate. Quien enmienda a la totalidad poco querrá aportar a los debates que vendrán después. Lo llevan haciendo desde hace tiempo en la gobernanza del país, y haciéndolo en esta Cámara de manera
reiterada. Renuncian a vertebrar España desde una óptica conservadora.


La señora PRESIDENTA: Señor Lamuà, tiene que terminar.


El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Acabo, presidenta.


Ahora también lo hacen en el mecenazgo, en el que su visión no está tan lejos de la del PDeCAT; comparten mucha óptica conservadora, y es legítimo. Aquel Partido Popular capaz de forjar pactos de Estado desde la diferencia...


La señora PRESIDENTA: Señor Lamuà, tiene que terminar, por favor


El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Acabo, presidenta.


... hace tiempo que ni está ni se le espera. Se ha borrado de todo aquello importante para España, hoy también en el mecenazgo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lamuà,


Señorías, vamos a votar en tres minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizadas para
emitir su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño. (Pausa).



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PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ENFERMEDADES RARAS. (Número de expediente 162/000540).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones.


Proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre enfermedades raras. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos telemáticos, 346; a favor, 102 más 244 votos telemáticos, 346.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A EVITAR MEDIDAS DE CONTROL DE PRECIOS DEL ALQUILER Y DE PENALIZACIÓN Y/O EXPROPIACIÓN DE LA VIVIENDA DESOCUPADA. (Número de expediente 162/000607).


La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a evitar medidas de control de precios del alquiler y de penalización y/o expropiación de la vivienda desocupada. Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos telemáticos, 346; a favor, 42 más 110 votos telemáticos, 152; en contra, 60 más 134 votos telemáticos, 194.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU, SOBRE EL DESMANTELAMIENTO Y CIERRE DEL POLÍGONO DE TIRO DE LAS BARDENAS REALES. (Número de expediente 173/000069).


La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre el desmantelamiento y cierre del polígono de tiro de las Bardenas
Reales. Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos telemáticos, 346; a favor, 33 votos telemáticos; en contra, 102 más 170 votos telemáticos, 272; abstenciones, 41 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE LAS SUBIDAS DE IMPUESTOS QUE PIENSA LLEVAR A CABO Y SU POSICIÓN RESPECTO A LA AUTONOMÍA FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente
173/000070).


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique las subidas de impuestos que piensa llevar a cabo y su posición respecto a la autonomía
financiera de las comunidades autónomas. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 243 votos telemáticos, 345; a favor, 42 más 112 votos telemáticos, 154; en contra, 60 más 130 votos telemáticos, 190; abstenciones, 1 voto telemático.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ALIVIAR EL ESFUERZO FISCAL DE LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 173/000071).


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para aliviar el esfuerzo fiscal de los españoles. Se vota en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos telemáticos, 346; a favor, 42 más 110 votos telemáticos, 152; en contra, 60 más 132 votos telemáticos, 192; abstenciones, 2 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


DICTÁMENES DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (VOTACIÓN):


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA AL ACCIDENTE DEL VUELO JK 5022 DE SPANAIR. (Número de expediente 152/000001).


La señora PRESIDENTA: Dictámenes de comisiones de investigación. Dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair.


Votación del dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos emitidos telemáticamente, 346; a favor, 41 más 178 votos emitidos telemáticamente, 219; en contra, 61 más 60 votos emitidos telemáticamente, 121;
abstenciones, 6 votos emitidos telemáticamente.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen. (Aplausos).


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):


- REAL DECRETO-LEY 6/2021, DE 20 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE APOYO A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA DE COVID-19. (Número de expediente 130/000046).


La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: emitidos, 102 más 244 votos emitidos telemáticamente, 346; a favor, 102 más 192 votos emitidos telemáticamente, 294; abstenciones, 52 votos emitidos telemáticamente.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.


Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación dio el siguiente resultado: emitidos, 102 más 243 votos emitidos telemáticamente, 345; a favor, 102 más 234 votos emitidos telemáticamente, 336; en contra, 6 votos emitidos telemáticamente; abstenciones, 3 votos
emitidos telemáticamente.


La señora PRESIDENTA: Por tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.



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- REAL DECRETO-LEY 7/2021, DE 27 DE ABRIL, DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS MATERIAS DE COMPETENCIA, PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, ENTIDADES DE CRÉDITO, TELECOMUNICACIONES, MEDIDAS TRIBUTARIAS, PREVENCIÓN Y
REPARACIÓN DE DAÑOS MEDIOAMBIENTALES, DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSNACIONALES, Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES. (Número de expediente 130/000047).


La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de trasposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas
tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación dio el siguiente resultado: emitidos, 102 más 243 votos emitidos telemáticamente, 345; a favor, 102 más 218 votos emitidos telemáticamente, 320; en contra, 13 votos emitidos telemáticamente; abstenciones, 12 votos
emitidos telemáticamente.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.


Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos emitidos telemáticamente, 346; a favor, 102 más 240 votos emitidos telemáticamente, 342; abstenciones, 4 votos emitidos telemáticamente.


La señora PRESIDENTA: Por tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):


- PROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA. (Número de expediente 121/000019).


La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de cambio climático y transición energética.


Votación separada de las enmiendas.


Enmiendas al artículo 1, al artículo 15.6 y a la disposición final novena, antes duodécima.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: emitidos, 102 más 244 votos emitidos telemáticamente, 346; a favor, 62 más 143 votos emitidos telemáticamente, 205; abstenciones, 40 más 101 votos emitidos telemáticamente, 141.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.


Enmienda al artículo 20.4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: emitidos, 102 más 244 votos emitidos telemáticamente, 346; a favor, 60 más 190 votos emitidos telemáticamente, 250; en contra, 42 más 48 votos emitidos telemáticamente, 90; abstenciones,
6 votos emitidos telemáticamente.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Enmienda al artículo 24.2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación dio el siguiente resultado: emitidos, 102 más 244 votos emitidos telemáticamente, 346; a favor, 60 más 130 votos emitidos telemáticamente, 190; en contra, 1 voto emitido telemáticamente; abstenciones, 42 más 113
votos emitidos telemáticamente, 155.



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La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Enmienda al artículo 30.4, párrafo 2.º


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: emitidos, 102 más 244 votos emitidos telemáticamente, 346; a favor, 60 más 135 votos emitidos telemáticamente, 195; en contra, 4 votos emitidos telemáticamente; abstenciones, 42 más 105
votos emitidos telemáticamente, 147.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Enmienda a la disposición final, anteriormente undécima.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: emitidos, 102 más 244 votos emitidos telemáticamente, 346; a favor, 60 más 131 votos emitidos telemáticamente, 191; en contra, 40 más 58 votos emitidos telemáticamente, 98; abstenciones,
2 más 55 votos emitidos telemáticamente, 57.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: emitidos, 102 más 244 votos emitidos telemáticamente, 346; a favor, 59 más 138 votos emitidos telemáticamente, 197; en contra, 1 voto emitido telemáticamente; abstenciones, 43 más 105
votos emitidos telemáticamente, 148.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas. (Aplausos).


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):


- ACUERDO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR, POR OTRA, HECHO 'AD REFERENDUM' EN BRUSELAS EL 19 DE OCTUBRE DE 2018. (Número de expediente 110/000052).


La señora PRESIDENTA: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales. Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por
otra, hecho 'ad referéndum' en Bruselas el 19 de octubre de 2018.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: emitidos, 102 más 242 votos emitidos telemáticamente, 344; a favor, 101 más 182 votos emitidos telemáticamente, 283; en contra, 1 voto emitido telemáticamente; abstenciones, 1 más 59
votos emitidos telemáticamente, 60.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.


- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR ENTRE GHANA, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 28 DE JULIO DE 2016. (Número de expediente 110/000053).


La señora PRESIDENTA: Acuerdo de Asociación económica preliminar entre Ghana, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 28 de julio de 2016.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 242 votos telemáticos, 344; a favor, 102 más 180 votos telemáticos, 282; en contra, 38 votos telemáticos; abstenciones, 24 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.



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- ACUERDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 5 DE MAYO DE 2020. (Número de expediente 110/000055).


La señora PRESIDENTA: Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 5 de mayo de 2020.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 241 votos telemáticos, 343; a favor, 102 más 165 votos telemáticos, 267; abstenciones, 76 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.


- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y SEGURIDAD, HECHO 'AD REFERENDUM' EN MADRID EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015. (Número de expediente 110/000054).


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE NÍGER SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS
CONSULARES, HECHO EN NIAMEY EL 29 DE OCTUBRE DE 2018. (Número de expediente 110/000056).


- MODIFICACIÓN DE LAS RESERVAS A FORMULAR POR ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS.
(Número de expediente 110/000057).


La señora PRESIDENTA: Votación conjunta del resto de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 242 votos telemáticos, 344; a favor, 102 más 222 votos telemáticos, 324; abstenciones, 20 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los dictámenes.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. (Número de expediente 122/000117).


La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.


Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos telemáticos, 346; a favor, 42 más 52 votos telemáticos, 94; en contra, 60 más 129 votos telemáticos, 189; abstenciones, 63 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo.


Buenas tardes, señorías. Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y quince minutos de la tarde.