CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 752

CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GERARDO PISARELLO PRADOS

Sesión núm. 34

celebrada el miércoles,

28 de septiembre de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Modificación del orden del día ... (Página2)


Comparecencias en relación con el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Por acuerdo de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. (Número de expediente 121/000111):


- De la señora Fernández Fernández (exvicerrectora de la Universidad del País Vasco, doctora en Ciencia de la Educación (1993) y profesora titular del departamento de Teoría e Historia de la Educación). (Número de expediente 219/000893) ...
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- Conjunta del señor rector de la Universitat de Barcelona (Guàrdia Olmos) y de la señora secretaria ejecutiva del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, CEUCAT (Guinó Comas). (Número de expediente 219/000894) ... href='#(Página8)'>(Página8)


- Del señor vicepresidente del Sector Nacional de Educación CSIF y responsable del área de Universidad (Caballero Klink). (Número de expediente 219/000896) ... (Página16)


- Del señor Rendueles y Menéndez de Llano (investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC). (Número de expediente 219/000897) ... (Página23)


- De la señora presidenta del Observatorio del Sistema Universitario (Sacristán Adinolfi). (Número de expediente 219/000898) ... (Página31)


- Del señor presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (Abril Abadín). (Número de expediente 219/000895) ... (Página38)

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Se abre la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Buenos días a todos y a todas, diputados y diputadas. Comenzamos esta sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.


Antes de sustanciar el orden del día, quería someter a la consideración de los grupos una alteración en el orden del día, por la que la comparecencia de don Antonio Abril Abadín, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las
Universidades Españolas, que figura en el punto número 3.º del orden del día, pasaría a tramitarse como último punto. ¿Les parece bien ese cambio a los grupos parlamentarios? (Asentimiento).


COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. (Número de expediente 121/000111):


- DE LA SEÑORA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (EXVICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, DOCTORA EN CIENCIA DE LA EDUCACIÓN (1993) Y PROFESORA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN). (Número de expediente 219/000893).


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Comenzamos la sesión con la primera compareciente, dándole la bienvenida. Señora Fernández, tiene usted la palabra.


La señora FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (exvicerrectora de la Universidad del País Vasco, doctora en Ciencia de la Educación, 1993, y profesora titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación): Buenos días, señorías.


En primer lugar, quería agradecer a quienes me han invitado a estar hoy en esta Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades la oportunidad de poder intercambiar algunas reflexiones en torno al anteproyecto de ley de universidades. Me
parece que ustedes tienen una tarea muy compleja por delante: van a tener que legislar para casi cien universidades, cincuenta de ellas públicas, más de cien mil profesores y varias decenas de miles de estudiantes que, de alguna manera, van a ver
afectada su vida estudiantil a través de esta ley. Me parece que acertar legislativamente es estratégico y es su responsabilidad.


Antes de continuar, me gustaría ubicar desde dónde les voy a hablar. Yo soy profesora titular del Departamento de Ciencias de la Educación y mi ámbito de investigación ha sido fundamentalmente el cambio educativo en la universidad. Yo he
trabajado a nivel de investigación temas como la identidad docente, el desarrollo profesional del profesorado en la universidad, la innovación educativa, la calidad, etcétera; en fin, ese tipo de temas. Junto a este trabajo de investigación, he
desarrollado también roles o funciones dentro de mi universidad relacionados con eso. Durante ocho años he sido directora del Servicio de Asesoramiento Educativo, que es el servicio que se responsabiliza en la Universidad del País Vasco de la
calidad docente. En los últimos años he sido vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural, que vuelve a ser el mismo ramo, pero con una responsabilidad más alta. Entonces, yo voy a hablar de las cosas que conozco. Hay muchos
temas que, dentro de mi expertise, aparecen en esta ley, y en ellos voy a poner la atención.


Para empezar, me gustaría poner en valor la ley en sí. Creo que, como siempre, habrá cosas que se puedan mejorar y a ustedes les corresponde esta tarea, pero a mí me gustaría poner en principio dos ideas encima de la mesa. Me parece -y
creo que es el sentir de la comunidad universitaria- que la ley es necesaria, es oportuna. Llevamos mucho tiempo con una ley a la que se le van haciendo modificaciones, pero que se concibió antes de la construcción del Espacio Europeo de Educación
Superior, y claro, en este tiempo ha cambiado mucho la universidad, nuestra cultura universitaria, etcétera; entonces, necesitamos una ley. El segundo elemento que me parece que es una fortaleza de esta ley es su preocupación por concebir la
universidad como un servicio público. Que tengamos esa perspectiva clara, entendiendo que la igualdad de oportunidades se garantiza a través de estos criterios públicos y que la transferencia, el conocimiento, la investigación se rijan a través de
criterios inclusivos y sometidos al interés común me parece que es una cosa importante. Lo público es lo de todos y lo de todas, y no lo de algunos o algunas.

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Entonces, creo que esta ley lo que pretende es, en definitiva, poner condiciones para tener una universidad mejor, la mejor posible. Necesitamos la mejor universidad posible porque estamos en una situación histórica bastante compleja. Creo
que hay un momento de tensión entre fuerzas del cambio que ven realmente que, tal y como está el planeta y tal y como están las sociedades, necesitamos nuevas formas de vida social, económica, cultural, política; y fuerzas que son más inmovilistas
y que no quieren este cambio. Entonces, yo creo que la universidad y la comunidad científica hacen aportaciones a esto, y me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. No obstante, las situaciones que estamos viviendo están muy abiertas;
esto es una cosa que se repite constantemente, las situaciones están muy abiertas y necesitamos flexibilidad. La ley habla de autonomía, pero necesitamos, junto a esa autonomía, poner atención en los contextos y, junto a la autonomía, necesitamos
la capacidad de gestionar desde la diversidad. Entonces, tirando de este hilo, voy a poner la atención en tres aspectos que me parece que hay que analizar con más profundidad.


Voy a empezar con el primero, que es un territorio muy conocido: el famoso efecto tijera. Estoy segura de que lo habrán nombrado personas antes de esta comparecencia de hoy. En la universidad española, y en otras también, ocurre este
fenómeno. (Apoya su intervención en una presentación digital). En los puntos iniciales de los itinerarios académicos hay más mujeres que hombres, pero se produce este efecto de tijera porque, a medida que vamos avanzando en la carrera académica,
van despuntando las carreras de los varones y, sin embargo, las mujeres caemos. Esto se produce, si se dan cuenta, después de la tesis doctoral. Parece que en la época de la tesis van a la par los hombres y las mujeres, pero ya los ayudantes no
doctores, ayudantes doctores y, sobre todo, los titulares y los catedráticos se separan mucho. Ahí está la tijera. Ahí tenemos un problema y lo que quiero subrayar es que estos datos se sostienen en el tiempo. Este gráfico es de 2018 o 2019, pero
yo he mirado los datos de 2005 y se mantiene este efecto con pequeñas variaciones. Si vamos a la distribución por categorías, vemos que se mantienen a la par en las fases predoctorales, pero empieza a haber diferencias ya entre la fase que va
después del hacer la tesis, ayudantes doctores, y se va agudizando en titulares, etcétera. ¿Esto por qué ocurre? Hay una edad crítica que es la de los treinta y cinco años. Ahí hay un intervalo en el que las mujeres tienen que tomar una serie de
decisiones en su vida personal y las carreras académicas se ralentizan, mientras que las de los hombres siguen creciendo homogéneamente, vamos a decir. Esto es lo que está ocurriendo en la universidad.


Paradójicamente, hay un elemento que no tiene nada que ver con el género en esta ley, pero que puede estar influyendo en este tema. Es el requisito obligatorio para el acceso a la consolidación de plazas, que consiste en estancias de nueve
meses en universidades que no son en las que están las personas de manera originaria. Entiendo que cuando se ha escrito la ley se ha pensado en que es importante la internacionalización, y no voy a poner en duda esto; creo que la ciencia tiene que
estar conectada y que los investigadores y las investigadoras tenemos que movernos. Lo que me pregunto es si la etapa de preentrada a la estabilidad es el momento de pedir este tipo de requisitos, que es justo cuando las mujeres están en cuanto a
edad en esta etapa de ralentización. O sea, es como poner una dificultad más a un espacio temporal que es de por sí dificultoso para las mujeres, y vemos los efectos, que es la tijera. Entonces, no sé si es adecuado, pero yo me atrevería a hacer
una propuesta. La idea que podríamos manejar es, en lugar de cargar esto a los profesores ayudantes doctores, que están iniciando su carrera y que necesitan acceder a la permanencia, poner este tipo de requisitos a los que están ya consolidados.
Una persona que ya es titular tiene por delante un montón de años de vida en los que tiene que hacer movilidad. Entonces, en vez de cargarlo en este eslabón tan hiperexigente, ponerlo más tarde. Ponerlo, por ejemplo, como requisito para ser
catedrático o catedrática. ¿Por qué? Porque en ese momento las personas están estabilizadas, tienen más capacidad económica, sus familias también están más estabilizadas, etcétera. Yo creo que ahí hay un elemento de oportunidad que hay que
considerar. Este es el primer elemento que me ha venido a la cabeza, pero esto lo he compartido con muchas compañeras y todas tienen preocupación por la obligatoriedad de este requisito por el efecto negativo que puede tener en el tema del género.


Un segundo elemento tiene que ver con la estabilización. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos, de alguna manera, estabilizar a la gente en las plantillas de las universidades públicas. Las universidades necesitamos
mayor porcentaje de profesorado estable y también necesitamos que se estabilicen a una edad anterior y no tan tarde como está pasando ahora. Es decir, que haya titulares de treinta y cinco años o catedráticos de cuarenta, porque luego van a tirar
de la universidad y esto es importante que ocurra. Ahora bien, parece que la ley esto lo trata de garantizar a través de un elemento

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que aparece de manera recurrente y es el aumento del porcentaje mínimo de profesorado funcionario. Aquí me pregunto por qué se asimila estabilidad con funcionariado, parece que eso es lo que destila la ley. Les voy a presentar los datos
que tenemos en la actualidad del curso 2020-2021. Este es el porcentaje de PDI permanente, sea funcionario o contratado, que tienen las universidades. El naranja es el contratado, el azul es funcionario. Muchas universidades ya tienen un tanto
por ciento bastante alto de profesor permanente con las dos figuras, y poner ahora en la ley que tienes que subir hasta un 55 % de funcionarios lo que puede hacer es hacer estallar la plantilla, porque tú ya tienes mucha gente permanente que te está
funcionando bien, y las universidades siempre necesitan gente que o está haciendo sustituciones, luego son temporales, o sencillamente están preparándose para ser permanentes; siempre hay una horquilla. Por tanto, esta idea que en principio parece
que no tiene efecto, resulta que tiene un efecto muy importante. Yo quiero plantear por qué en lugar de hablar de al menos el 55 % de funcionarios no hablamos de personal permanente, sea por la vía funcionarial o por la vía laboral. En este
sentido, les puedo decir que, por ejemplo, en el País Vasco la vía laboral se regula a través de la ley vasca de universidades y nosotros tenemos figuras equivalentes; lo mismo que hay catedráticos hay también profesores y profesoras plenas, el
full professor de toda la vida. La diferencia está en su relación contractual. Además les diría que la aportación de un mecanismo de contratación laboral permite responder mejor a las demandas inmediatas y del entorno de la universidad. Mi
universidad, por ejemplo, es bilingüe y tiene unas características diferentes a las universidades monolingües. Nosotros tenemos que tener capacidad de gestionar nuestra plantilla con cosas más flexibles que una norma que afecta a todo un Estado y
que es más rígida para esto.


Les voy a dar un dato más en esta dirección. Tampoco se puede hacer la equivalencia entre calidad y funcionariado. De hecho, en el caso de las universidades españolas públicas, las que están mejor situadas en el ranking de Shanghái tienen
un PDI contratado permanente que es un 33 % superior al de las que no están bien situadas. No hay una relación entre funcionariado y mejor calidad. Considero que lo que tenemos que tener claro es que necesitamos gente permanente, pero las vías
pueden ser diferentes, porque, de hecho, la vía laboral nos puede ayudar a trabajar más cercanamente a las necesidades que tiene cada universidad. Dejemos a las universidades gestionar sus plantillas.


Voy terminando, porque ya veo que me queda poco tiempo. Un tercer elemento -esto ya lo he explicado-, que es un pequeño detalle, pero que tiene muchísima influencia: la relación entre docencia e investigación en la propia valoración que
hacen de ti a lo largo de tu carrera. El anteproyecto de ley subraya que se tiene que hacer una consideración de la docencia, y cuando se habla de las comisiones de contratación se dice que ambas cosas se tienen que tener en cuenta. Pero hay una
cosa muy curiosa, y es que en el título III, artículo 6, se dice: La evaluación permanente de la calidad de la actividad docente del profesorado constituye una obligación de las universidades. Muy bien; todas las universidades tienen que evaluar
la actividad docente de su profesorado. Pero si nos vamos al título IX, artículo 47, sobre investigación y transferencia, el anteproyecto dice: La actividad de investigación y de transferencia del conocimiento realizadas por el personal docente e
investigador se considerarán conceptos evaluables a efectos retributivos y de promoción. Esto no se dice de la evaluación de la docencia. Y yo me pregunto: si nosotros queremos realmente que se nos valore por nuestra actividad docente, por ser
buenas profesoras, buenas investigadoras y buenas transferidoras de conocimiento, ¿no tendría que tener esto una repercusión retributiva y de promoción? Como aparece para ser rector: tienes que tener tantos sexenios de investigación y quinquenios
de docencia, que es tiempo, tener quince años de docencia, pero no se sabe si la docencia es buena, mala o regular. Creo que esta frasecita, que pasa muy desapercibida, permitiría realmente crear condiciones de igualdad entre las actividades del
profesorado, que es lo que creo que todas y todos perseguimos. Lo dejo aquí.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Muchas gracias, señora Fernández, por esta primera intervención.


Pasamos al turno de los portavoces. Por parte del Grupo Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta por tiempo de tres minutos.


Tiene la palabra.


La señora POZUETA FERÁNDEZ: Muchas gracias.

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(Comienza su intervención en euskera). Y, en segundo lugar, sí quería comentar lo que plantea con respecto al efecto tijera. En nuestro caso, ahora que estamos valorando las enmiendas que vamos a presentar a la LOSU, también hemos recogido
esa demanda por parte del profesorado, sobre todo las mujeres que se están preparando o que están desarrollando la carrera en la universidad y que se ven paradas justamente por esta exigencia. Entonces, recogemos el planteamiento de que ese
requisito se pueda plantear más adelante, incluso a catedráticos o personas que ya están estabilizadas. Me parece un buen planteamiento.


Con respecto a la estabilización, en nuestro grupo también hemos recogido con preocupación lo que se plantea en la LOSU, la exigencia de que más del 50 % del personal sea funcionario. Claramente no está teniendo en cuenta la realidad de la
Universidad del País Vasco ni tampoco de la catalana, y es algo que vamos a trabajar porque nos parece que es necesario plantear un cambio, pero además importante. No podemos permitir que un tanto por ciento muy grande del profesorado contratado no
sea tenido en cuenta en el caso de la Universidad del País Vasco.


Por último, no me ha quedado muy claro el tema de la valoración sobre la carrera de docencia. Ha planteado que otros aspectos sí se reconocen a efectos retributivos y de promoción, pero ¿cómo valoraría usted, qué líneas plantearía a la hora
de valorar la carrera docente? Esta es mi pregunta. Muchas gracias por adelantado.


Mila esker.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señora Pozueta.


Por parte del Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique.


La señora ROSIQUE I SALTOR: Muchas gracias.


La verdad es que nos ha parecido una intervención muy clara y muy concreta, que es lo que necesitamos para abordar esta ley; de hecho, compartimos gran parte de lo que usted ha estado comentando. Yo simplemente quería preguntarle sobre la
figura del contratado laboral. Compartimos la visión que usted ha comentado, pero sí quería preguntarle concretamente cómo cree que podemos avanzar todavía más en la equiparación de derechos entre la figura del contratado laboral y del funcionario
en esa ley. ¿Cómo podemos conseguir que haya un reconocimiento claro por parte de la ANECA también de los contratados laborales de territorios como Euskadi o Cataluña? También quiero preguntarle qué le parece el hecho de que la ley, actualmente,
entre incluso a detallar el método de selección de este contratado laboral, cuando ya existen legislaciones autonómicas, como la catalana, que así lo definen. Por tanto, la autonomía hoy en día pertenecía a las comunidades autónomas, pero de alguna
forma aquí se entra en detalle al precisar cuál debe ser incluso el método de selección.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señora Rosique.


Por parte del Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora Borrás Pabón.


La señora BORRÁS PABÓN: Muchísimas gracias por su intervención.


Quería aprovechar para preguntarle, sobre la base de la mención que ha hecho respecto a los rectores, qué le parece la limitación que se establece en el proyecto de ley acerca del mandato para los órganos unipersonales, especialmente para
los no rectores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y sobre la base de su experiencia profesional -que he estado investigando un poco-, si no me equivoco, usted tiene experiencia profesional y ha sido profesora visitante en universidades en Estados
Unidos y en Australia -esto es algo a valorar por todo lo que puede ofrecer usted a este proyecto de ley-, y según esta reputada trayectoria no puedo evitar preguntarle cuáles son las principales medidas o modelos que usted copiaría y pegaría o en
los que se inspiraría para implantar en el sistema universitario español para que fuera, por ejemplo, tan reputado como el estadounidense. ¿Qué tienen que cambiar exactamente las universidades españolas en su modelo y qué podemos hacer los
políticos para ayudarlas a conseguirlo? Y en este sentido, también le pregunto qué medidas específicas considera que se deben implementar para mejorar la internalización de nuestro sistema universitario.


Por último, ha hablado usted al inicio de su intervención del modelo de excelencia y me gustaría preguntarle si, honestamente, considera que este proyecto de ley aúna las medidas para conseguir el mejor modelo posible de excelencia en el
sistema universitario español.


Muchísimas gracias.

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El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señora Borrás.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Castillo.


La señora CASTILLO LÓPEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.


En primer lugar, me gustaría agradecer a doña Idoia Fernández su presencia hoy aquí, por supuesto, sobre todo porque representa a una de las universidades del G-9, una importante universidad para este país, y porque desde su experiencia ha
hecho usted varias referencias a dos temas que son muy importantes: por una parte, la calidad de nuestro sistema educativo universitario y, por otra parte, ese techo de cristal o ese efecto tijera, que es una realidad que hay en la universidad
española, y se lo dice una profesora e investigadora desde hace veintidós años en su universidad vecina, en la Universidad de Cantabria.


En el Partido Popular creemos -al igual que usted- que esta es una ley necesaria -no lo ponemos en duda y que nadie lo ponga en duda-, pero a la vez es desilusionante. Lo es porque los términos en los que ha sido redactada desvirtúan el
objeto principal que debía tener esta ley, que no era otro que acabar con la precariedad laboral en el empleo universitario estableciendo una carrera académica estable y predecible. Pero nos encontramos con un documento que no acaba con la
precariedad laboral, que no avala o que no valora la calidad docente y que fomenta la desigualdad territorial. Y estoy totalmente de acuerdo con usted en que no se valora suficientemente la docencia, a la vista están las acreditaciones de la ANECA,
que entre sus criterios no da el peso suficiente a esa docencia, y los que hemos pasado por esa acreditación en varias ocasiones sabemos que pesa mucho más la investigación que la docencia que tenemos que impartir y que se nos exige en nuestro día a
día. Y, dicho esto, paso a preguntarle: ¿cree usted que esta ley materializa el modelo de futuro que necesita la universidad española, los retos a los que tenemos que enfrentarnos y, lo que es más importante, que recoge el sentir de todos los
colectivos que la integran? Sabemos que el G-9 ya ha dejado claro que no están de acuerdo con el último documento que se ha aprobado en Consejo de Ministros porque, entre otras cosas, no se había consultado con las universidades que lo integran
antes de su aprobación.


Por otra parte, hace poquito, el 14 de septiembre, en la inauguración del curso académico, en la que participaban la rectora de su universidad y el lehendakari Íñigo Urkullu, se hablaba de un modelo humboldtiano de universidad en el que se
incluían muchos factores, entre otras cosas prepararnos para los empleos del futuro. Por eso, le pregunto: ¿cree usted que esta ley contempla la necesaria conexión que tiene que existir entre la universidad española y la empresa privada,
fundamental para adaptar las necesidades del mundo laboral al entorno docente y, a la vez, para favorecer esa financiación de nuestro sistema? Se habla muchas veces de esa colaboración público-privada, pero nadie quiere hablar de ella realmente.
¿No cree que sería necesario impulsar esa colaboración público-privada y el mecenazgo con una regulación oportuna en este sentido? Y otra de sus reivindicaciones es la necesaria internacionalización. Hoy usted ha hablado muy poquito sobre ello,
pero yo quiero preguntarle. Necesitamos una ley que nos proyecte a Europa, ¿cree usted que esta ley facilita la competitividad y que contribuye a esa escalera social que necesitamos? Y esta pregunta es un poco complicada -y ya voy acabando,
presidente-, pero me veo obligada a hacerla. ¿Qué opinión le merece que no exista una unificación de criterios entre las distintas agencias en aras de esa calidad, esa promoción y esa estabilización de las plantillas de las que les hablaba en un
primer momento?


Se ha hablado también en esta sala -aunque usted no ha tenido tiempo de hacer referencia a ello- de la maquinaria pesada de estructuras, procesos rigurosos a los que nos vemos sometidos los investigadores que estamos trabajando en la
universidad. ¿La ley resuelve estas cuestiones, todo el tema burocrático? ¿Qué esperaba y qué cree que esperan las universidades de la ley en esta materia?


Y acabo con dos preguntas. ¿Considera que existe una suficiente coordinación entre esta ley, la Ley de Universidades, y la reciente ley que se ha aprobado de la ciencia? Porque usted es investigadora, tiene que sufrir ese sobrecoste que
ahora mismo tienen los investigadores y los grupos de investigación como consecuencia de esa ley de ciencia. Y la última pregunta: ¿considera adecuado que se recurra a la denominación de contratado permanente -yo creo que usted, más o menos, nos
lo ha apuntado- con la clara referencia al tipo de contrato y no al tipo de plaza y funciones propias de cada una? Es decir, vamos más al epígrafe en el que lo metemos que a las funciones que tiene que desarrollar.


Muchísimas gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señora Castillo.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Pérez.

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La señora GONZÁLEZ PÉREZ: Muchas gracias, presidente.


Buenos días, señora Fernández, y bienvenida a esta Comisión. Me gustaría compartir con usted unas reflexiones y plantearle algunas preguntas; seguro que su parecer nos será de gran ayuda. Para el Grupo Parlamentario Socialista este
proyecto de ley incentiva la reducción de la brecha de género en la investigación, en las estructuras de gobernanza universitaria y en los planes de estudio universitarios. En este aspecto, aunque ya nos ha adelantado reflexiones muy interesantes,
¿considera usted que esta ley apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito universitario?


La ley también apuesta por la internalización y la movilidad del profesorado, por el papel central de los y las estudiantes, por la formación a lo largo de la vida y por la ciencia abierta entre otros muchos aspectos. ¿Cuál es su opinión
sobre la internacionalización en el sistema universitario? ¿Cómo cree que puede potenciarse? ¿Cuál es su experiencia desde la perspectiva vasca? ¿Considera usted que esta ley mejora la autonomía universitaria?


En relación con lo que usted nos ha comentado sobre el profesorado permanente, el último borrador ya no habla del 55 % sino de una mayoría. En el Grupo Socialista apostamos claramente por la vía funcionarial, por las figuras como la que
usted ocupa, la de profesora titular. En esa parte del análisis disentimos de usted. La vía laboral existe, pero consideramos que la funcionarial debe ser la prioritaria. Y, por último, ¿qué le parece que las comisiones de selección para todas
las plazas, laborales y de funcionariado, se formen por personal externo de forma mayoritaria?


Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Muchas gracias, señora González.


En un ejercicio de síntesis, damos la palabra a la señora Fernández, que tiene para responder cinco minutos. Suya es la palabra.


La señora FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (exvicerrectora de la Universidad del País Vasco, doctora en Ciencia de la Educación, 1993, y profesora titular del departamento de Teoría e Historia de la Educación): ¡Y el milagro! (Risas). Muchas gracias
por las preguntas, pero ustedes se harán cargo de que esto no se puede responder en cinco minutos, ¿no?


Me han hecho preguntas para que valore la ley en términos generales. Es un poco atrevido dar opiniones generales de una cosa tan diversa, pero yo concibo esto de la siguiente manera: en este momento hay una propuesta y ustedes tienen la
responsabilidad de debatirla y de sacar un producto de ahí. Creo que tenemos que intentar que el producto sea el mejor posible, sabiendo que nunca va a solucionar todos los problemas que tenemos; ojalá. Luego necesita desarrollos concretos, que
las autonomías se alineen con ello; en fin, necesita muchas cosas. La ley, de manera declarativa, claro que apuesta por la igualdad y la internacionalización. ¿Y quién no? Creo que nadie va a negar esto, la cuestión es cómo podemos hacerlo
posible, ahí es donde puede crearse más debate. Yo no soy política, pero creo que lo importante es que todo el mundo piense que aquí nos estamos jugando el futuro y que tenemos que llegar a algún consenso para poder avanzar. Esta es mi opinión
sobre la ley: la veo más como una posibilidad que como una determinación, y hay que aprovechar la posibilidad porque tenemos la responsabilidad de hacerlo.


En cuanto al contratado laboral y equiparar derechos, me han hecho diferentes preguntas. Sé que cuando hablo de esto se traduce de manera distinta según los contextos, porque los contextos han desarrollado las figuras de manera diferente.
Por ejemplo, en la Universidad del País Vasco existen el profesor ayudante doctor, que sería el adjunto; el profesor agregado, que sería el titular, y el profesor pleno, que es esto. Hay una equiparación de tareas, no hacen tareas diferentes,
tienen el mismo encargo, un sueldo parecido y unos procesos de acreditación que no corresponden a ANECA, sino que corresponden a un UNIBASQ, pero UNIBASQ hace su trabajo como agencia europea perteneciente a ENQA; son una y otra maneras de trabajar.
En mi universidad nadie dice: tú eres titular y no haces esto y haces lo otro. Hacemos exactamente lo mismo, la diferencia está en quién es rector o rectora, porque para ser rector hay que ser catedrático y no vale un profesor pleno o una
profesora plena, pero el resto de funciones más o menos se dan, incluso las personas también pueden optar por una o por otra; es un criterio flexible que además se alinea mucho con lo que me habían preguntado de cómo se puede dar respuesta a la
empresa. Cuando tienes una herramienta de contratación flexible que puedes ir atemperando con tu contexto es cuando puedes responder mejor al contexto, y sin embargo hay otras que tienen otras características y no responden de esta misma manera.
Yo no digo que una u otra sea mejor,

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propongo que las universidades tengan la posibilidad de gestionarlo según lo que tienen a su alrededor y las necesidades que van surgiendo a su alrededor.


Respecto de la elección del rector, que también me preguntaban, se hace una propuesta para cambiar el sistema de elección del rector. A mí, en principio, me parece bien, pero no me parece bien que sea solo dentro de los funcionarios. En mi
universidad, ¿por qué no podría ser rector o rectora una persona que está en el mismo escalafón que un catedrático o una catedrática, pero está en la vía laboral? Tienen méritos académicos de sobra, demostrados, evaluados externamente, juzgados
internamente. ¿Por qué no puede ser rector si igual es una persona supercompetente para ser rector o rectora? Veo que no se desarrolla, pero no desarrollarlo nos quita posibilidades y lo que necesitamos las universidades son posibilidades para
poder desarrollarnos.


Me preguntaban también cómo facilitar la internacionalización. Yo puedo hablar de lo que conozco. Nosotros, por ejemplo, y muchas universidades españolas estamos metidos en proyectos de universidades europeas. Todavía no hemos andado
mucho rato en esto, llevamos dos, tres o cuatro años a lo sumo, pero vamos a esperar un poco a ver qué da de sí. La Universidad del País Vasco tiene una alianza estratégica con la Universidad de Burdeos dentro del tema de la eurorregión, y
trabajamos muchísimo con Burdeos, y eso es internacionalización; tenemos tesis en cotutela, etcétera. Se trabaja mucho. Creo que cada universidad tiene que buscar sus oportunidades ahí; a nosotros el hecho de estar al lado de una frontera nos da
muchas posibilidades; otros igual tienen otra frontera en otro lado y lo pueden aprovechar; otros igual no tienen frontera y tienen que coger el avión y marcharse. Creo que hay que ir viéndolo y, también, según qué quieres intensificar, pero,
repito, creo que la internacionalización se refuerza más invirtiendo más dinero en la investigación y dando posibilidades a los equipos de investigación para que muevan a su personal que tratando este tipo de normas que no sabes, al final, cuál va a
ser el tercer efecto, si va a ser el que tú buscas o no.


Creo que se me ha terminado el tiempo. Lo siento mucho, ya sé que no he respondido ni a la mitad de las preguntas que me han hecho. No tendría ningún problema en hablar con ustedes, pero nos tenemos que limitar al tiempo, creo que eso es
lo que merece la sala.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Muchas gracias, señora Fernández.


No obstante, si ha quedado algo o hay algún documento que quiera compartir con nosotros, estaremos encantados de atenderlo y recibirlo cuando usted lo considere.


Terminamos la primera comparecencia haciendo un breve receso antes de dar la bienvenida a los nuevos comparecientes.


Muchas gracias. (Pausa).


- CONJUNTA DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (GUÀRDIA OLMOS) Y DE LA SEÑORA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSELL DE L'ESTUDIANTAT DE LES UNIVERSITATS CATALANES, CEUCAT (GUINÓ COMAS). (Número de expediente 219/000894).


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Continuamos con la segunda comparecencia, dando la bienvenida a don Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, y a doña Berta Guinó Comas, secretaria ejecutiva del Consell de
l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. Sed bienvenidos a esta casa.


Tiene el turno de palabra, por tiempo de siete minutos, don Joan Guàrdia.


El señor RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Guàrdia Olmos): Bon dia. Buenos días a todas y a todos.


En primer lugar, muchas gracias por concederme el espacio y la oportunidad de dirigirme a ustedes con ocasión de un acontecimiento tan importante como es la generación de la Ley Orgánica de Universidades. Fundamentalmente, como rector de
una de las principales universidades del Estado, nos sentimos absolutamente implicados y concernidos por lo que aquí se debate. Voy a intentar ser muy breve. En primer lugar, porque el doctor Romo compareció hace unos días y, por tanto, ya
estableció desde el punto de vista de los rectores del Estado algunas valoraciones sobre la ley. Y también porque puedo asumir con muy pocos matices buena parte del discurso de mi anterior colega, ya que, efectivamente, refleja una realidad que
puedo contarles con detalle.


Comenzaré por la afirmación fundamental desde el punto de vista de lo que aquí se trata, que son dos matices. Primero, la absoluta necesidad de una nueva ley orgánica que regule las universidades en el

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Estado y que nos permita dar un salto cuantitativo y cualitativo en el desarrollo de un conjunto de universidades muy potentes y muy desconocidas en el Estado español. Algunos de ustedes no vivieron la Ley de Reforma Universitaria de los
años ochenta. Yo sí, y sé perfectamente lo que supuso de cambio radical en la perspectiva de lo que se entiende por la universidad moderna en este Estado desde principios de los años noventa. Ese modelo está finalizado. Ha dado frutos de una
forma enorme, contundentes, pero ha finalizado.


Los argumentos fundamentales para ello son los siguientes. Primero, mi colega ha hecho una referencia perfecta: las universidades en España han desarrollado mecanismos y arquitectura de internacionalización muy potente que dan sus frutos
en las alianzas europeas en este momento, que es el último de los eslabones de esa cadena, en la que la presencia de universidades importantes españolas es frecuente. Segundo, en el ámbito de la investigación hay grupos de universidades en el
Estado que han mostrado una suficiencia y una capacidad de generar conocimiento enorme, perfectamente comparable con otros sistemas europeos e internacionales. Tercero, ese modelo que ha dado sus frutos necesita actualizarse y modificarse. ¿En qué
sentido? Voy a intentar darles dos o tres ejemplos para -insisto- no repetirme con la anterior compareciente. El sistema -si es que se puede hablar del sistema español de universidades- es absolutamente diverso, y en esa diversidad consiste
fundamentalmente parte de su fortaleza. Ni todas las universidades son iguales ni todos los centros de investigación son iguales. La derivada en primer orden que tiene ese planteamiento es que cualquier propuesta legislativa debería respetar
contundentemente esa variabilidad, esa -digamos- diversidad que nos ha hecho especialmente robustos. Yo tengo el honor de dirigir una universidad de las que en Europa se les llama intensivas en investigación. Eso quiere decir que mi vida
cotidiana, señorías, discurre entre las contrataciones que la ley de la ciencia me propone y las que me propone la Ley Orgánica de Universidades. Por tanto -permítanme la expresión coloquial-, es un sinvivir, porque nosotros hacemos de la
investigación de la transferencia el motor que desencadena la docencia. Sin investigación y sin transparencia no es factible una docencia de calidad.


El segundo argumento es que, evidentemente, en el ámbito del Estado hay sistemas articulados en el territorio que funcionan y, por tanto, a esas articulaciones territoriales que funcionan -hay diversos ejemplos- deberíamos intentar ayudarlas
y acompañarlas para que ese desarrollo fuera aún más contundente y más potente. Pongo un ejemplo. La ley, en su propuesta actual, establece algunas limitaciones en la relación público-privada que pueden ser difíciles de interpretar desde el punto
de vista del desarrollo estratégico, de la transferencia o de la innovación. Eso no quiere decir que las universidades públicas nos planteemos estar al margen de la sensibilidad pública. Nada de eso, en absoluto, todo lo contrario. Simplemente,
los modelos europeos en los que se basa la gestión de la universidad moderna están basados en sistemas más flexibles.


En tercer lugar, la articulación que se hace en la propuesta respecto a estructuras de gestión o de gobernanza -llámenlo ustedes como quieran-, incluso de contratación, son excesivamente rígidas para lo que en mi contexto y en mi entorno la
Universidad de Barcelona requiere y necesita para seguir creciendo. Y hablo de mi universidad por no hablar de otras universidades con las que mantenemos relaciones estrechas y compartimos ese sentir que -insisto- mi colega anteriormente ha
dibujado de una forma espectacular.


Por tanto, existe un mecanismo de diversidad en el sistema universitario del Estado español que debe reconocerse como una bondad. Eso nos lleva a un planteamiento en el cual la ley, que es necesaria, debe recoger esa singularidad y esa
diversidad para intentar establecer autopistas muy anchas en las que esas peculiaridades se identifiquen como fortalezas desde la dimensión internacional, desde la dimensión histórica, desde la dimensión de nuestra presencia en foros
internacionales. Mi universidad pertenece al lobby más importante que existe en Europa ante la Comisión Europea, que es LERU -es la única universidad del Estado español que está presente en ese foro-, y les puedo asegurar que cuando al rector de
Oxford, al rector de Cambridge o al rector de Leuven le explicamos que una ley orgánica quiere regular hasta cuántas horas de clase va a dar un profesor, le resulta difícil de comprender.


¿Qué le pedimos a una ley que nos ayude, a una ley necesaria? Que sea flexible, que dibuje territorios cómodos, que dibuje espacios en los que la potencia universitaria se pueda desarrollar, que no busque modelos homogeneizadores que no
existen, que respete la diversidad, la capacidad de producir ciencia y conocimiento, y que no vea en la diversidad un problema, sino una oportunidad. La ley establece propuestas que son interesantes desde el punto de vista de mejoras, es cierto.
Hace una referencia, por ejemplo, a un compromiso presupuestario. Eso es fundamental, evidentemente siempre y cuando venga

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acompañada del correspondiente desarrollo y no quede solamente en una declaración. O establece claramente aspectos que intentan representar o respetar esa variabilidad, esa dispersión que nos hace más robustos. Por ejemplo, habla
claramente de los mecanismos de inversión interna en investigación cuando establece el 5 % del presupuesto interior como una obligación en la gestión presupuestaria. En algunas universidades esa medida hace años que existe y se queda corta. O
cuando intenta proteger sensatamente las peculiaridades territoriales que pueden devenir de la propia historia de la universidad o de la utilización de lenguas propias. Esos aspectos pueden ser muy interesantes, pero el problema fundamental es la
necesidad de que el marco jurídico que acompaña a una reforma universitaria sea flexible y permita establecer desarrollos estratégicos en cada universidad, que no impida, que no regule, sino que abra espacios amplios en los que podamos establecer
nuevas maneras de entender la gestión universitaria. No les digo nada que ustedes no conozcan si afirmo que en el Estado español no todas las universidades tienen los mismos objetivos ni vivimos en el mismo rellano de la escalera. Eso no se debe
contemplar -insisto- como un problema, se debe contemplar como una oportunidad.


Intento acabar para ceñirme al tiempo, presidente. La experiencia muestra que los modelos de éxito que nos rodean en Europa y en Estados Unidos son modelos basados en esa idea de flexibilidad. Por tanto, el reto que ustedes tienen es
enorme. Les pido la absoluta responsabilidad de asumir el reto de definir una ley que haga el mismo papel que hizo la LRU cuando yo empezaba en la universidad, y esa responsabilidad debe traducirse en un ámbito que nos permita avanzar en los
próximos veinte o veinticinco años de la forma en que lo hicimos a principios de los ochenta. Obtener marcos flexibles -insisto- no supone un mecanismo de interrupción. Para nosotros es incomprensible que un profesor contratado no pueda esperar
ser rector de universidad, porque en mi contexto nadie diferencia a un funcionario de un profesor contratado. Cuando la ley dice que tiene que haber un 51 % de mayoría de funcionarios, a mi universidad la condena a un problema enormemente grave de
cómo solventamos eso. Lo digo porque compartimos esa dificultad con la rectora del País Vasco.


Como el tiempo se me agota, simplemente quería plantearles una idea simple: es una ley necesaria, pero debe ser absolutamente flexible para que podamos discurrir con facilidad en una amplia autopista que ustedes tienen la responsabilidad de
dibujar.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias.


Tiene la palabra la señora Guinó.


La señora SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSELL DE L'ESTUDIANTAT DE LES UNIVERSITATS CATALANES, CEUCAT (Guinó Comas): Bon dia, diputats i diputades, presidente.


Antes que nada, quería dar las gracias al Grupo Republicano por invitarnos y por dar la oportunidad al estudiantado catalán de dar su punto de vista y opinión sobre el proyecto de la LOSU.


Podría estar hablando mucho tiempo sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que no es suficiente, lo que se tiene que mejorar de la LOSU, pero mi compañero de CREUP la semana pasada hizo un análisis muy exhaustivo que en parte
compartimos. Por lo tanto, yo me voy a centrar en una de las problemáticas de la representación estudiantil catalana y que compartimos con la representación estudiantil vasca y gallega, que son las lenguas propias en la universidad, nuestra lengua,
el catalán.


Hace mucho tiempo que en el CEUCAT -que hoy estoy aquí representando- estamos poniendo de manifiesto la emergencia lingüística que vive el catalán en nuestras aulas, en la investigación, en nuestro sistema universitario y en nuestro país.
Es sabido que hacen falta políticas universitarias reales y efectivas que defiendan y blinden el catalán, el euskera el galego o la lengua oficial de cualquier comunidad autónoma en el sistema universitario. El proyecto de la LOSU tiene que dar un
salto cualitativo en cuanto a la protección de las lenguas oficiales. Estos últimos años en Cataluña las denuncias presentadas por discriminación lingüística han aumentado y la mayoría corresponden al incumplimiento sistemático del profesorado de
mantener la lengua que se fija al inicio del curso o cuando te matrículas en la guía docente, es decir, al matricularse el estudiantado firma un contrato con la universidad sobre que dicha asignatura se va a desarrollar en catalán, castellano,
inglés, etcétera, y que los criterios de evaluación van a ser unos u otros. El problema llega cuando estos criterios -el catalán, la lengua que queda fijada al inicio de curso en el momento de la matrícula- no se cumplen. Por lo tanto, la LOSU
debe garantizar el derecho al estudiantado a conocer la lengua en la que se va a impartir y evaluar una asignatura, así como establecer unos mecanismos de protección en caso de vulneración o incumplimiento de los derechos de que

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gozamos los estudiantes. En Cataluña, además, también se ha detectado una reducción considerable de la oferta de asignaturas en catalán.


La discriminación no es solo notoria desde la oposición del castellano al catalán, sino que también lo es desde el inglés. Los estudiantes nos encontramos con muy pocas asignaturas en catalán y de estas, como ya he mencionado anteriormente,
muchas se acaban impartiendo en otra lengua porque no se cumple lo pactado al inicio del curso. La discriminación lingüística no solo existe en la docencia, sino que también la encontramos en la investigación y en la realización de los trabajos
finales de grado o de máster y en los programas de doctorado. Los papers tienen que ser en inglés si se pretende que tengan relevancia y obtener mayor puntuación en los tramos de investigación, hecho inevitable si hablamos de una sociedad cada vez
más globalizada que debería proteger y tener en cuenta la diversidad y riqueza cultural del país antes de coger lo que viene de fuera.


La internacionalización de la que se habla -se ha referido a ello antes el rector de la Universidad de Barcelona- no podemos evitarla, pues vivimos en un mundo globalizado y la mercantilización de las universidades cada día va a más, pero,
ya que no podemos evitarla, debe darse sin perjuicio de las lenguas oficiales de los territorios. ¿Que hay internacionalización? Bien, os lo podemos comprar, pero mercantilización no. El catalán, el euskera, el galego deben estar en las
universidades, deben encontrarse en las aulas; yo tengo derecho a estudiar en catalán, en vasco, en aranés, en galego, en mi idioma, en mi lengua. Además, el Gobierno debe velar y promover la presencia de las lenguas oficiales en los programas de
movilidad financiados por la Unión Europea, lo que viene siendo el Erasmus+, que actualmente no cuenta con el catalán como idioma oficial.


Las universidades tienen el deber de garantizar los derechos lingüísticos del estudiantado, deben aplicar las medidas oportunas para asegurar la diversidad lingüística de los territorios donde se encuentran. Sigue siendo un objeto de
especial respeto y protección. Es responsabilidad de todos -no solo de las universidades, también de las administraciones, también de las agencias de calidad, de los estudiantes- velar y trabajar para la supervivencia de las lenguas propias, de las
lenguas oficiales. Por eso, desde el CEUCAT consideramos que es necesario que haya un financiamiento específico para la promoción y, sobre todo, la protección de las lenguas oficiales. Debemos reconocer la pluralidad lingüística de los territorios
como un hecho diferenciador que debemos potenciar y no dejar morir en pro de la internacionalización o la imposición de una lengua extranjera.


Moltes gràcies.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señor Guàrdia. Gracias, señora Guinó.


Pasamos al turno de portavoces. Por parte del Grupo Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Inicialmente, quiero agradecer a los dos comparecientes su exposición.


En la primera exposición se ha hablado repetidamente de las autopistas más anchas, de la flexibilidad, de que la diversidad no es un problema sino una oportunidad, aspecto que comparto totalmente. Viendo un poco la actual ley que se nos
presenta, teniendo en cuenta el proyecto, ¿en qué aspecto incidiría preferentemente?


Por otro lado, teniendo en cuenta la realidad nacional del Estado español y teniendo en cuenta preferentemente a Euskal Herria y a Cataluña, ¿una mayor autonomía favorecería a nuestras naciones en el ámbito de la universidad?


Con respecto a las lenguas, es una realidad que estamos viendo también en Euskal Herria. En la Universidad del País Vasco hay una carencia en algunos aspectos con respecto a la demanda del euskera; y si nos ponemos en la realidad de la
universidad navarra, ya es el desierto. No se responde para nada a la realidad y al derecho que tenemos las personas euskaldunes de recibir la educación en euskera. Comparto totalmente la demanda que se plantea y esto estará también recogido en
las enmiendas que presentaremos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señora Pozueta.


Por parte del Grupo Parlamentario Plural, la señora Illamola Dausà tiene la palabra.

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La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Moltes gràcies, senyor president. Bon dia i benvinguts als dos compareixents.


Les doy la bienvenida, pero también les quiero agradecer el esfuerzo de comparecer con unas comparecencias tan limitadas en el tiempo, pues están más tiempo viajando que el que puedan estar aquí, no solo en Madrid, sino incluso en esta
Comisión.


Dos cuestiones muy breves. Una para la señora Guinó, del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. Nosotras, en Junts, compartimos todo lo que usted ha dicho y todas las reivindicaciones que ha planteado, y le agradezco
muchísimo que haya hecho estas reivindicaciones, pues es necesario, lamentablemente en esta Cámara, que estas se vayan haciendo. Espero que llegue un día en que no sea preciso.


Al rector le quiero decir que compartimos, evidentemente, todas las valoraciones que ha hecho. Solo una cuestión muy concreta en relación con la financiación, que es un tema clave y esencial. No sé si usted cree que es suficiente el
compromiso que recoge la LOSU o si tendría que pedirse un compromiso más concreto.


En cuanto a la afectación que va a tener la implementación de la LOSU -sé que usted no me lo puede decir para todas las universidades-, nos consta que, si se aprueba tal como está, va a ser muy grave para las universidades catalanas al
menos. A ver si nos puede valorar un poco de qué estamos hablando.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señora Illamola.


Por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Rosique.


La señora ROSIQUE I SALTOR: Bon dia. Moltes gràcies també per les seves compareixences a tots els compareixents.


A nosotros también nos parece de especial interés que se sitúen dos temas clave, como son el tema de la autonomía universitaria y la necesidad de que esta ley se acerque más a una ley de bases, es decir, a una ley que permita desarrollar el
modelo catalán con absoluta tranquilidad y normalidad, aceptando que la diversidad es una riqueza y que no es un obstáculo en ningún caso para el modelo universitario. Y a la vez situar la importancia de que haya una diversidad lingüística donde se
preserven y se promuevan las lenguas oficiales distintas al castellano, que son lenguas propias de las universidades catalanas y que deberían gozar de un mayor reconocimiento también incluso en esa ley. Y también teniendo en cuenta que hay leyes
autonómicas que deberían poder desarrollarlo aún más y, por tanto, se deberían preservar también las competencias autonómicas en este sentido.


En cuanto a las preguntas, para entrar en cuestiones más concretas, nos surgen las siguientes. En primer lugar, por lo que se refiere a la parte de la autonomía, qué avances se han visto desde el primer borrador al proyecto de ley que
tenemos ahora encima de la mesa. Y, sobre todo, cuáles son los grandes riesgos y, por lo tanto, cuáles son las grandes prioridades que se deberían tocar en esta ley para poder promover aún más la autonomía universitaria y poder garantizar que
modelos que han funcionado de una forma distinta en lo que se referiría a los contratados laborales, como pueden ser el catalán o el vasco, como se ha comentado antes, puedan seguir existiendo y, aún más, puedan también seguir fomentando este modelo
y desarrollándolo de la forma que así lo deseen.


Por lo que se refiere a la lengua, también queremos preguntar qué opinión tienen de que se haya incorporado el derecho a poder conocer en qué lengua se ejerce la guía docente y, por tanto, si creen que debería desarrollarse aún más este
punto o qué planteamiento tienen al respecto.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señora Rosique.


Por parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Bueno Pinto.


El señor BUENO PINTO: Muchas gracias, señor presidente.


Yo me sumo también a los agradecimientos por la comparecencia y, por no repetir a lo mejor intervenciones de portavoces anteriores, me sumo igualmente a las preguntas en cuanto a la sostenibilidad presupuestaria que fija la ley, que marca el
1 % del PIB nacional, y a las cuestiones de la autonomía, porque también la LOSU intenta equilibrar las cuestiones de competencias estatales con la autonomía

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cedida a las comunidades y a las universidades. Entonces, me sumo también a esa cuestión, a cómo valoran ustedes los avances que se puedan dar en esta ley.


Planteo dos temas nuevos, que tienen que ver también con la presencia de representantes del estudiantado en esta Comisión. En la anterior sesión ya dijimos que nos parecía muy positivo porque, siendo la parte mayoritaria del sistema
universitario, muchas veces no son escuchados teniendo en cuenta que son una comunidad que está de paso en la universidad, por así decirlo, entre comillas. Entonces, me gustaría preguntar qué valoración hacen, en cuanto a la gobernanza, del peso
porcentual que establece la LOSU en la toma de decisiones en los órganos de gobierno de la universidad, por un lado. Por otro, hay otra cuestión de la que también tuvimos oportunidad de hablar en la sesión anterior, que tiene que ver con el paro
universitario. ¿Cómo valoran los pasos que se han dado en esta cuestión, que también es un derecho y una reivindicación histórica de los estudiantes y de las estudiantes?


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señor Bueno.


Por parte del Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Fernández Hernández.


El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


Una pregunta al señor Guàrdia. El proyecto de ley refuerza diecisiete modelos universitarios, uno por cada comunidad. A mí siempre me han enseñado que la unión hace la fuerza, pero, por lo que yo le he escuchado a usted, parece ser que en
este caso la desunión, la diversidad, hace la fuerza. Yo quería que me planteara un ejemplo de cómo esa desunión o esa diversidad hace la fuerza para todas las universidades españolas.


Señora Guinó, con todo el respeto y toda la educación, usted está en el Congreso de los Diputados, en Madrid, en España, y he observado que tiene ciertas dificultades para hablar el español. Con todo el respeto se lo digo. Dicho esto,
según su intervención, mejorar el conocimiento del catalán es el gran reto de la universidad española. ¿Cómo van a mejorar la excelencia y la calidad de la universidad española mejorando el conocimiento del catalán, como usted está propugnando? Y
una segunda pregunta: ¿En qué mejora la internacionalización de la universidad española con esa mejora del catalán que usted está también planteando?


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señor Fernández.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.


La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias a los comparecientes, rector y señora Guinó. Ustedes han dicho muchas cosas, pero voy a comenzar con el señor rector. Comparto algunas de las cuestiones que ha dicho, quizá somos herederos de una misma época. Yo conocí lo
que supuso -primero, como estudiante e inmediatamente como profesora- la Ley de 1983. Creo que las leyes, mientras determinen avances, especialmente en el ámbito universitario y de la ciencia, serán positivas; no serán las mejores, pero serán
positivas. Y creo también, por tanto, que las leyes, en cuanto generan problemas y no determinan avances, son un problema y son algo que a la universidad no le va a venir bien.


Yo comparto el tema de la diversidad, aunque lo interpreto de manera distinta. Comparto dos cuestiones: la universidad necesita flexibilidad y la universidad necesita ser reconocida en su fortaleza con la diversidad y la especialización.
Esto no está reñido en absoluto con mantener una fortaleza de un sistema en un Estado. El problema es cuando se interpreta la diversidad para fortalecer solo a algunos de los microsistemas frente al resto del Estado o importando muy poco lo que
ocurra con el Estado. Es decir, si hay algo en el ámbito de la Universidad del País Vasco que es bueno, yo lo quiero para todo el Estado; si hay algo en la Universidad de Barcelona que es buenísimo, que lo hay, yo lo quiero para todas las
universidades del Estado. Eso sí, sin homogeneización. Me ha encantado que usted diga que la Universidad de Barcelona es intensiva en investigación. Esas son las cosas que yo creo que teníamos que tener muy claras en un cambio de ley y que,
lamentablemente, por cómo funciona el trámite parlamentario y por la rapidez en el mismo de una tramitación de urgencia nos es muy complicado, aunque algunos desde los grupos parlamentarios lo tengamos muy claro. Esto como una reflexión general,
porque no tenemos tiempo para más y son dos comparecientes en una misma comparecencia.

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Sí me gustaría que incidiera un poco más en algo que usted ha dejado caer. La ley de universidades que tenemos encima de la mesa, ¿está demasiado descoordinada con la modificación de la ley de la ciencia que acabamos de ver? ¿Ayuda este
poco conocimiento de cómo funcionan las cosas en la ciencia y en las universidades en el plano europeo y en el plano internacional con el contrato indefinido por el contrato indefinido, sin saber qué son los proyectos, qué se incorpora en proyectos,
qué es tener una buena plantilla estructural? ¿Cuál es su opinión sobre ese punto? Me gustaría preguntarle muchas más cosas, pero públicamente no es posible.


Respecto a la representante de los estudiantes, si ustedes leen críticamente lo que cuentan, verán que es absolutamente incoherente. Estamos en un momento en el que, les guste o no les guste, el mundo va por los derroteros de una mayor
interconexión, lo llamemos de la manera que lo llamemos. Y la universidad tiene que ser motor de transformación, de riqueza, de intercambio intelectual...


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Señora Moro, tiene que concluir.


La señora MORO ALMARAZ: Voy a terminar enseguida, presidente.


Si todo el problema que tenemos es eso que ustedes consideran que es una emergencia por el ataque a las lenguas propias... ¿Y qué ocurre con la lengua oficial del Estado? Usted, ¿a qué ha llamado antes lengua extranjera? ¿Al castellano,
al español? Es muy lamentable el juego que tienen que llevar con el inglés y el catalán. ¡Si nosotros creemos que el catalán, el gallego, el euskera es riqueza! Claro que sí.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Termino.


Pero respeto también al castellano. Y, sobre todo, ¿qué le parece a usted? A usted le gusta que respeten sus ideas. Claro que sí. ¡Es que esto es lo que nos hemos ganado, poco a poco, con deficiencias, en este Estado! ¿Por qué no
respetan a los profesores que pueden hablar en castellano? ¿Por qué establecer listas negras respecto a los profesores? ¿Por qué no respetar a los otros estudiantes...?


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Señora Moro, le llamo por tercera vez. El tiempo es oro.


La señora MORO ALMARAZ: Termino.


¿Qué les parece a ustedes el no respetar la libertad de expresión constitucional del resto? (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señora Moro.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramírez Carner.


El señor RAMÍREZ CARNER: Moltes gràcies, president. (Comienza su intervención en catalán).


Voy a ir al grano, porque el tiempo es el que es y yo sí voy a intentar cumplirlo. Hablaba el señor rector de la UB, y en el Grupo Socialista estamos plenamente de acuerdo, de la diversidad del sistema universitario, de la necesidad de
defender, de proteger, de blindar también legalmente esa diversidad. Sobre ello tengo un par de preguntas, pero antes quiero hacer una reflexión previa. He oído desde la bancada de la ultraderecha que ha contrapuesto con la frase 'la unión hace la
fuerza' la expresión 'unión' como si fuera lo contrario de diversidad. Posiblemente -no sé si el señor rector opinará lo mismo o no en cuanto a esa idea-, el problema en esto está en aquellos que creen que el respeto a la diversidad, que el orgullo
por la riqueza, por la diferencia, no es compatible con estar unidos y unidas; hay otros y otras, la inmensa mayoría, que seguramente creemos que la unión es más útil cuando se respeta la diversidad, y que la unión es imposible cuando se ataca a la
diversidad. Cuando entiendan eso, igual entenderán también España.


Preguntas concretas al señor rector sobre esta cuestión. Creemos que la propuesta de ley profundiza precisamente en ese respeto a la diversidad en la autonomía universitaria. No sé si usted tendría alguna otra medida, alguna otra propuesta
que pudiera ir un poco más allá. También hacía una reflexión sobre las horas mínimas o máximas respecto a las horas del profesorado. Entonces yo pienso: si no hubiera esos mínimos, ¿podríamos permitirnos el lujo de que hubiera profes sin clase o
profes con un alto perfil investigador -ustedes los tienen de una talla espectacular- que no dieran clase? ¿No perdería el alumnado un enorme talento? También tenemos -especialmente en Cataluña, aunque no solo- un

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problema con los mal llamados falsos asociados. ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Tiene alguna propuesta para seguir avanzando en ese sentido? La precariedad en el mundo universitario es algo que también hay que combatir.


En cuanto a la representante del CEUCAT, la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante que la única idea que ha movido toda la intervención sea la lengua. Yo estudié en la Universitat Autònoma de Barcelona, tenía profesores que hablaban
en catalán, en castellano, que lo mezclaban; nunca tuve ningún problema. Estudiaremos si ese problema se ha incrementado tanto como usted dice como para que la opinión del CEUCAT en el Congreso de los Diputados sea única y exclusivamente esa
cuestión. Pero incluso en ese sentido, me gustaría preguntarle si sería suficiente o no ese derecho que recoge la propuesta de ley para que los estudiantes puedan conocer antes de empezar una asignatura en qué lengua se va a impartir, para el caso
de que hubiera algún estudiante en Cataluña que le pareciera horrible tener que hacer una asignatura en castellano.


Para acabar sobre la cuestión de la lengua, que, insisto, nunca debe ser un problema sino una riqueza para nuestro país -ojalá tuviéramos muchísimas más de las que tenemos-, quiero preguntar si usted ha hablado en nombre del CEUCAT y
representa al CEUCAT cuando se ha referido al español como una lengua extranjera; si eso lo ha dicho representando a su entidad o es una opinión personal que se le ha escapado. Eso me interesa muchísimo.


Me hubiera gustado también saber la opinión del CEUCAT respecto a las becas como derecho subjetivo y en función de las condiciones socioeconómicas. Cuando yo estaba al frente de las Juventudes Socialistas en Cataluña, al menos en ese
momento, habíamos trabajado mucho en ese sentido con el CEUCAT; habíamos solicitado mayores becas, menores tasas, más igualdad, que la universidad estuviera al alcance de todos y de todas los que quisieran acceder a ella al margen de lo que sus
padres tuvieran en las cuentas corrientes. No es un ataque, es una enorme tristeza ver que en una comparecencia del CEUCAT eso no ha salido. ¿Qué opina sobre...?


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Debe concluir, señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ CARNER: Acabo con una última frase.


¿Qué opina sobre los avances en la autonomía universitaria y respeto a la diversidad que plantea la ley? Y también, como decía el compañero de Unidas Podemos, y, por último, ¿qué opina sobre la gobernanza y la representación del
estudiantado en la elaboración de todo el proyecto?


Muchísimas gracias a los dos. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Muchas gracias.


Por tiempo de dos minutos y medio -se lo reparten como ustedes consideren-, el señor Guàrdia tiene la primera intervención.


El señor RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Guàrdia Olmos): Moltes gràcies per les preguntas. Muchas gracias por las preguntas.


Es imposible que conteste a todo esto, excepto que tengan ustedes unas diez horas libres, aunque me comprometo a responder puntualmente no solamente una a una, sino a darles argumentos. El mayor riesgo que tenemos es el de no entender que
la universidad es una institución autónoma; que en la autonomía de la universidad reside fundamentalmente su fortaleza, porque la protege de los vaivenes de la cotidianidad. Y esos vaivenes casan poco -en la sala hay ilustres colegas académicos y,
por tanto, saben de qué hablo- con lo que es la ciencia, que tiene un tramo largo y corto y lento, o el conocimiento que se cuece a fuego lento. Por tanto, insisto, no saben la rabia que me da no contestarles uno a uno a sus planteamientos, porque
puedo hacerlo y tengo ganas de hacerlo. Por tanto, lo que les pido es, en el escaso tiempo que tengo: hagan una ley ancha en la que todo el mundo pueda circular, en la que nadie quede fuera del sistema universitario, en el que los salarios puedan
crecer en la dirección y en el sentido que deseen y que puedan ejercer la autonomía en calidad y en cantidad.


Siento decepcionarle, señoría, yo no digo -el representante del Partido Socialista ha respondido por mí- que estemos planteando diecisiete sistemas universitarios. De hecho, la ley es incongruente tal como lo plantea, y me van a permitir
que me refiera al texto. No quería hacerlo por no parecer un jurista, que no lo soy, pero si usted me permite tres segundos, presidente, voy a argumentarlo con un simple ejemplo del texto que se nos ha planteado, si soy capaz de encontrarlo en
estos momentos. Aquí lo tengo. Entenderán cuál es la incongruencia del sistema y qué es lo que los rectores les proponemos.

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Título I, artículo 2, Funciones del sistema universitario. 1: 'El sistema universitario presta y garantiza el servicio público de la educación superior'. No es cierto; quien presta ese servicio son las universidades; el sistema no tiene
una entidad como tal. Además, el punto 2 dice: 'Son funciones de las universidades', y desarrolla esas competencias que tenemos en el marco de la autonomía. Dennos la autonomía ¿Por qué definen una sola manera de escoger rector o rectora?
Además, ese no es el problema fundamental. El problema de la gobernanza es dotarnos de mecanismos ágiles, fáciles y precisos.


Acabo. Esta comparecencia de hoy, señoría, con doce rectores más de las universidades españolas, todas ellas intensivas en investigación, todas ellas diversas, todas ellas distintas; algunas intensivas en investigación tecnológica, otras
lo que anteriormente se llamaba literaria. Mi universidad, como otras en el Estado español, desde 1903 comparte redes de conexión internas, pero somos distintas, y en esa diferencia reside nuestra fortaleza, porque tenemos la capacidad, porque
somos entidades autónomas, de decidir cómo, cuándo y dónde. Eso tiene un coste; y el coste es que estamos obligados a rendir cuentas constantemente, con la voluntad de hacerlo, con la transparencia necesaria; y a ese juego estamos dispuestos a
jugar, pero dennos un instrumento amplio, fácil y sencillo.


Gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señor Guàrdia.


Tiene la palabra, por tiempo de dos minutos y medio, la señora Guinó.


La señora SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSELL DE L'ESTUDIANTAT DE LES UNIVERSITATS CATALANES, CEUCAT (Guinó Comas): Muchas gracias por las intervenciones, pero hay algunas a las que, por motivos obvios, no voy a responder.


Respecto al derecho de conocer la lengua de impartición de la asignatura es un primer paso, obviamente, pero no es suficiente. Es necesario blindar y proteger el catalán con unas buenas políticas lingüísticas, y añadir este derecho a la
LOSU es el requisito mínimo indispensable para eso. Obviamente, son necesarios más recursos, más medios, para que las universidades o los servicios lingüísticos de estas controlen si la asignatura se está desarrollando con la lengua que está fijada
al inicio del curso.


Respecto a la pregunta de Podemos sobre el porcentaje de la representación estudiantil en los órganos de gobernanza, he empezado mi intervención diciendo que nos sumábamos a lo expuesto por CREUP la semana pasada y desde el CEUCAT creemos
que la representación en los órganos de gobernanza del estudiantado debe ser de un 30 % como mínimo. De igual forma, sobre las becas, la semana pasada el compañero ya lo explicó, desde CEUCAT creemos que las becas deben ser un derecho objetivo y,
por lo tanto, solo deben otorgarse mediante criterios económicos y no evaluativos. No debería haber ningún requisito de nota para poder acceder o no a una beca.


De igual forma, debe haber un aumento en las partidas presupuestarias, tanto del ministerio como de las comunidades autónomas, para aumentar las becas, así como una rebaja en las tasas universitarias y en los precios públicos, para que toda
la sociedad pueda ir a la universidad y la universidad no tenga una barrera de acceso.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias a los dos, al señor Guàrdia y a la señora Guinó.


Damos por finalizada esta segunda comparecencia y hacemos un breve receso.


Muchas gracias. (Pausa).


- DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL SECTOR NACIONAL DE EDUCACIÓN CSIF Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE UNIVERSIDAD (CABALLERO KLINK). (Número de expediente 219/000896).


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Vamos a dar comienzo a esta tercera comparecencia del día dando la bienvenida al señor Caballero Klink, vicepresidente del Sector Nacional de Educación, CSIF, y responsable del Área de
Universidad. Sea bienvenido a esta casa y suya es la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE DEL SECTOR NACIONAL DE EDUCACIÓN CSIF Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE UNIVERSIDAD (Caballero Klink): Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados.

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Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, queremos manifestar nuestra preocupación por la actual redacción del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Por este motivo y coincidiendo con el inicio de la
tramitación parlamentaria del proyecto de LOSU en la Cámara Baja, desde CSIF hemos presentado propuestas de enmienda y solicitado reuniones a partidos y grupos parlamentarios para intercambiar información, ideas y propuestas sobre un documento que
puede y debe renovarse y enriquecerse pensando siempre en el servicio que las universidades prestan a la sociedad y en los colectivos que la conforman, como profesores, investigadores y personal de administración y servicios.


Ya en las numerosas propuestas presentadas a los últimos borradores desde CSIF alertábamos de que la LOSU desregula aspectos importantes, limita el alcance de los cambios que requería Europa y se convierte, a nuestro juicio, en una ley de
mínimos. Este hecho tendrá, al menos y con carácter general, dos consecuencias negativas para el sistema universitario español. Por un lado, el Ministerio de Universidades, pero también las comunidades autónomas y las propias universidades,
tendrán que habilitar un muy largo periodo de adaptabilidad a través de decretos y reglamentos, lo que ralentizará y demorará medidas necesarias y urgentes que no admiten más dilación, como, por ejemplo, la renovación y el rejuvenecimiento de las
plantillas. Por otra parte, creemos que con la excusa de la diversidad existe el riesgo de romper la igualdad y el marco común básico, fragmentando el sistema universitario español. Cada universidad y cada comunidad autónoma decidirán en temas
claves como la gobernanza, las acreditaciones o el desarrollo de ciertas figuras de profesorado laboral. Sinceramente, consideramos necesario un mayor nivel de concreción y armonización, y no fiarlo todo, por ejemplo, a los futuros estatutos de
cada universidad.


Entrando en temas más específicos de nuestra actividad como representantes de los trabajadores universitarios, CSIF pide modificar la redacción porque el texto tiende al desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios, mientras
fomenta la laboralización de las plantillas; desaparecen los porcentajes de PDI funcionario; se excluyen figuras como ayudantes doctores del cómputo de PDI laboral; crea figuras laborales análogas a titular de universidad y catedrático de
universidad, etcétera. Este planteamiento laboralizador reducirá derechos y expectativas entre el personal docente e investigador. Además, el proyecto de LOSU mantiene y potencia la perniciosa doble vía paralela funcionarial y laboral que fomenta
duplicidades y frena la movilidad, generando -seguro- problemas de homologación e incrementando la precariedad, la discriminación y las desigualdades entre colectivos.


A continuación, vamos a ofrecer algunos datos objetivos y consideraciones obvias sobre esta laboralización de las plantillas, sin parangón en otras administraciones públicas españolas. Los primeros datos vienen del informe 'Datos y cifras
del sistema universitario español', y los rasgos más alarmantes del último informe son la enorme temporalidad, el envejecimiento de las plantillas y el crecimiento exponencial de contratados laborales frente a los funcionarios de los cuerpos
docentes universitarios.


Con los últimos datos oficiales, tenemos 100 545 profesores en las universidades públicas, de los cuales 58 204 son profesores con contrato laboral, es decir, el 58 %; por otro lado, el número de funcionarios ha disminuido en los últimos
diez años en un 14 %. En la LOSU no apreciamos una carrera académica clara, ágil y predecible, con lo cual se tardarán muchos años antes de llegar a conseguir una plaza de funcionario o de laboral indefinido, lo que dificultará la urgente
renovación de las plantillas. Según este mismo informe oficial anteriormente citado, los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios superan, a día de hoy, los 55,4 años de media y, por ejemplo, el 48,8 % de los catedráticos tiene más de 60
años; resumiendo, en los próximos ocho años se jubila el 53 % de la plantilla.


El último dato que vamos a dar procede del estudio comparativo realizado el curso pasado por profesoras de Derecho de la Universidad de Barcelona y confirma con rotundidad la discriminación, las diferencias y los agravios entre personal
docente e investigador funcionario y laboral a todos los niveles; a nivel de derechos, de estabilidad, de acceso y pago de sexenios de investigación y de transferencia, a la posibilidad de dar docencia de posgrado, duración de la carrera laboral,
opciones de jubilación, acceso a proyectos de investigación, movilidad, acceso a complementos autonómicos o a otras instancias, como la magistratura, etcétera. Esta es la relación de diferencias significativas en este estudio realizado entre
profesores laborales de universidades catalanas, profesores laborales del resto de España y profesores de los cuerpos docentes funcionarios.


En CSIF creemos que la aparición de los cuerpos docentes universitarios respondió a una demanda de la sociedad española que buscaba, para las universidades públicas, figuras docentes e investigadoras estables y de calidad contrastada. La
consideración de profesorado funcionario confiere, sin lugar a dudas

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al PDI, seguridad jurídica y laboral y evita que puedan quedar al albur de vaivenes políticos y de gobiernos de turno.


En relación con este tema y en lo referente a la acreditación estatal, el sindicato considera que se debe suprimir el punto que permite que la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios la puedan hacer mediante
convenio con ANECA las agencias de calidad autonómica. Esto no es un planteamiento exclusivamente nuestro. Queremos indicar que en un informe de la propia ANECA se señalaba que la ausencia de un marco común en las acreditaciones, frente a una
yuxtaposición de sus sistemas heterogéneos, está generando ya en las acreditaciones del PDI laboral evidentes problemas de equidad, movilidad, homologación, falta de criterios homogéneos y desiguales tasas de éxito, aparte de un gasto superfluo y
desmesurado para la Administración y para los afectados.


Nos resulta a todas luces insuficiente lo que la LOSU dice en relación con la acreditación del PDI laboral sobre que las agencias de calidad podrán establecer acuerdos de reconocimiento de este tipo de acreditaciones. A día de hoy, después
de muchos años, no han establecido estos acuerdos. Otro problema añadido es que solo 10 de las 17 comunidades autónomas tienen agencias de calidad autonómica.


Otros importantes colectivos universitarios que, a nuestro juicio, deben ver mejorado su tratamiento en la LOSU son el personal de administración y servicios, los posdoctorales, y los profesores asociados. CSIF quiere que se modifique la
provisión de puestos del personal técnico de gestión y de administración y servicio en las universidades, y que se realice como dice el Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, mediante sistema de oposición o concurso-oposición; pero la
fórmula recogida actualmente en el texto, el concurso, no se adapta para nada a la normativa vigente y no respetaría los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.


En la otra propuesta de enmienda, pedimos que se incluya un capítulo dedicado a las figuras posdoctorales. Creemos que también debería haber más referencia a las predoctorales. CSIF considera que el proyecto de LOSU olvida cualquier
referencia sustancial al colectivo de los investigadores posdoctorales, torpedeando la línea de flotación de la calidad presente y futura de nuestro modelo universitario. Recordamos que los investigadores posdoctorales tienen un historial dilatado
y brillante en investigación, que han cumplido con las obligaciones docentes similares a otras figuras y, por lo tanto, necesitan también mecanismos de estabilización y promoción que igualen en oportunidades a otros colectivos.


Si esto no ocurriera, las consecuencias podrían ser lamentables, incrementando la penosa situación a día de hoy, donde se presenta inestabilidad, empobrecimiento e incertidumbre. Inestabilidad hasta pasados los 45 años, recordamos que en
universidades los contratados doctor son los primeros contratos indefinidos y que tienen una media de 48 años, mientras que los profesores titulares de universidad tienen una media de 54 años. Empobrecimiento, con pérdida importante del poder
adquisitivo; por ejemplo, los Juan de la Cierva y Ramón y Cajal han perdido un 16 % desde 2008. Incertidumbre y no continuidad más allá de los primeros años, como está ocurriendo a los receptores de los programas María Zambrano o Margarita Salas,
que, además, también están sufriendo el cobro de las cuotas patronales.


El tercer colectivo son los profesores asociados. Aquí, por supuesto, valoramos las medidas de última hora recogidas en la LOSU -reducción al 8 %, contratos indefinidos y pasarelas- que palían la inestabilidad, aunque no terminan con la
escandalosa precariedad de parte de este colectivo. Sin embargo, estamos ante una redacción confusa: se deja en manos de cada universidad la articulación de los procesos, por lo que puede haber diferencias significativas que afecten al PDI de las
diferentes universidades. No compartimos que a los asociados de ciencias de la salud se les excluya de los contratos indefinidos y se les mantenga en un régimen de contratos temporales. Lamentamos que el profesorado asociado no vaya a poder dar
más de 120 horas, lo que reducirá sensiblemente unas retribuciones ya de por sí muy bajas; estamos seguros de que si no se incrementan las horas, se van a reproducir por doquier las demandas judiciales de este colectivo.


Algunos datos que refuerzan la necesidad de tomar medidas más contundentes para mejorar la situación económica y laboral de los profesores asociados son: el 43,8 % de los profesores con contrato laboral son profesores asociados; de los 25
000 que existen en las universidades públicas, algo más de 9000 son doctores, es decir, el 36 %. Por último, un dato sobre el porcentaje de profesorado asociado sobre el total de PDI en algunas universidades, en las más altas: el porcentaje en la
Rovira i Virgili es del 58,7 %; en la Pompeu Fabra, el 49,5 %; en Lleida, el 44,8 %; en Barcelona, el 43,9 %; en la Politécnica de Cataluña, el 43,4 %. Son porcentajes que contrastan muchísimo con otras universidades, como la de Jaén, con un
5,5, la del País Vasco, con un 8,5, la UNED con un 8,4, etcétera.

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Ante este escenario, en CSIF consideramos que habrá un problema de recursos, porque no hay una financiación específica para los procesos de estabilización ni para los presumibles costes por indemnizaciones. En esta situación cabe
preguntarse qué harán las universidades para pasar en tan poco tiempo, con recursos muy limitados, del 40 o 50 % que acabamos de ver al 8 % de contratos laborales temporales. ¿Existe el riesgo de que se despida a muchos profesores no doctores o no
acreditados tras muchos años de ejercicio? Además, para profesores asociados no hay mejora económica. Tampoco hay medidas para estabilizar y dar continuidad a los actuales profesores sustitutos de las universidades andaluzas, profesores visitantes
en las universidades madrileñas, contratados doctores interinos, titulares de universidad interinos, profesores sustitutos interinos. Hay miles de profesores en las universidades públicas españolas en una situación precaria e inestable.


Sobre financiación, en el CSIF consideramos que la LOSU debería tener un objetivo más ambicioso y acorde con la Unión Europea, llegando hasta el 1,5 % del PIB, puesto que en la actualidad estamos en el 0,8 y muchas universidades públicas
españolas cuya financiación bajó un 20 %en los últimos diez años sufren una infrafinanciación recurrente e imposible de mantener durante más tiempo. Ya tenemos noticias e informaciones de universidades que dicen que solamente llega para el 85 % del
capítulo I. Empieza a haber noticias alarmantes al respecto. Además, no existe un plazo concreto de cumplimiento del objetivo de PIB marcado ni un procedimiento claro y directo para que los fondos lleguen a las universidades. Para CSIF debería
haber asignaciones presupuestarias concretas para regeneración de las plantillas y para la disminución de la precariedad y la temporalidad. Recordemos que el proyecto LOSU tampoco tiene memoria económica ni detalle de financiación y, por tanto, al
no haber aportación estatal, podrían cargar las comunidades autónomas con los gastos, que son las que tienen que sufragarlos.


Otras enmiendas y propuestas presentadas por CSIF piden eliminar la tasa de reposición para personal de administración y servicio y para el docente e investigador, ya que dificultará enormemente la renovación y el rejuvenecimiento de las
plantillas, así como mejorar el desfasado e injusto sistema retributivo del personal docente e investigador, que data del año 1989, en el que prima un sistema de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales de evaluación permanente;
prácticamente no existe en ninguna otra Administración pública. Por último, en relación con la gobernanza, creemos necesario, entre otras cosas, suprimir el déficit democrático inaceptable que supondría el hecho de que un tercio del máximo órgano
de representatividad y gobernanza en la universidad, el consejo de gobierno, esté controlado directamente por el rector.


Para finalizar, quería agradecerles su atención, en la confianza de que estas propuestas y planteamientos puedan contribuir a mejorar el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Muchas gracias, señor Caballero Klink.


Vamos a dar comienzo al turno de los portavoces. Por parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Bueno Pinto.


El señor BUENO PINTO: Gracias, señor presidente.


Señor Caballero, gracias por su comparecencia y por sus aportaciones a este debate. Ha sido bastante concreto en determinadas cuestiones, como las relativas al PDI, al PAS, etcétera, por lo que me voy a centrar en un tema que estamos
planteando al resto de ponentes y que tiene que ver con las cuestiones de gobernanza, los votos ponderados en la representación en los órganos de gobierno de la universidad, porque nos interesa bastante recoger las máximas opiniones en este sentido.
Quería trasladarle el peso de voto que tendrán los diferentes colectivos, tanto en el claustro como en el consejo de gobierno. Usted sabrá, por ejemplo, que para el PDI permanente va a ser el mayoritario en ambos caso, y que la ponderación del
estudiantado será de entre el 25 % en el claustro y el 10 % en el consejo de gobierno y que para el PAS y el PDI no permanente se deberán de conformar con los porcentajes, y con la voluntad que expresa la ley en estos casos. Nosotros consideramos
que para estudiantado, PAS y PDI el peso es insuficiente y que el PDI permanente está sobredimensionado. Querríamos saber qué opina usted respecto a estos porcentajes en las cuestiones de representatividad en los órganos de gobierno de la
universidad.


Hemos hablado también de la cuestión de cómo hacer una carrera docente en condiciones dignas y estables. Nuestro grupo siempre ha apostado por un modelo funcionarial para el colectivo PDI permanente. Usted ha expuesto bastantes datos, pero
simplemente me voy a remitir a la pregunta de la gobernanza.


Muchas gracias por su opinión y por participar en esta Comisión.

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Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señor Bueno.


Por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Contreras Peláez.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, señor presidente, y gracias, señor Caballero, por su interesante exposición.


El pensador francés Auguste Comte, padre del positivismo, dijo que la demografía es el destino. Mi impresión es que parte de los problemas que usted ha estado exponiendo de manera muy sugestiva tiene una interpretación demográfica o está
relacionada con la evolución demográfica de la sociedad española del último medio siglo. Por ejemplo, es cierto que hay una masa enorme de profesores sexagenarios o cincuentones que nos aproximamos a la edad de jubilación, pero los que ahora
estamos en la cincuentena o la sesentena ingresamos en los cuerpos docentes en los años ochenta o noventa. Los cuerpos docentes crecieron en número muy rápidamente para hacer frente a la avalancha de estudiantes nacidos en los años sesenta y
setenta, cuando en España, en los años sesenta, nacían anualmente unos setecientos mil niños. Ahora están naciendo poco más de trescientos mil niños cada año, es decir, nacen menos de la mitad de los niños que nacían en los años sesenta. Pero es
que esto lleva ocurriendo desde los años ochenta o noventa, es decir, tocamos fondo en nuestra tasa de natalidad en los años noventa. Las promociones que están llegando a la universidad son mucho más reducidas en número, y esta puede ser la base de
gran parte de los problemas que estamos discutiendo. Por eso quería preguntarle si tiene datos sobre cómo ha ido declinando el número total de estudiantes en la universidad española. Me consta que en el Instituto Universitario de Sevilla, que es
el que conozco, ha habido una reducción importante. Se llegó a los 35 000 estudiantes en los ochenta y los noventa y ahora estamos en unos 20 000.


La cuestión de la inminente jubilación de esa gran masa de profesores que ingresaron en los ochenta y los noventa tendría fácil solución a través de la eliminación de la tasa de reposición. Creo que actualmente está en el 110 %, es decir,
que por cada diez jubilados pueden entrar once nuevos. Pero si eliminamos la tasa de reposición, la cuestión es que, si el número de alumnos es declinante por razones demográficas, porque no tuvimos suficientes niños en su momento, ¿qué sentido
tendría incrementar el número de profesores para tan pocos alumnos? Parece que la universidad, tanto por el profesorado como por el alumnado, está condenada a un declive progresivo, que, ya digo, tiene una explicación demográfica, pues está
relacionado con el hundimiento de nuestra tasa de natalidad.


No sé si comparte este enfoque sobre el asunto.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señor Contreras.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo Díez.


La señora MONEO DÍEZ: Muchísimas gracias, presidente.


Quiero que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida a esta Comisión en nombre del Grupo Parlamentario Popular a don Ramón Caballero. Le agradecemos su amplia exposición. Ha contestado a buena parte de las cuestiones que plantea mi
grupo, aunque queríamos dejar dos reflexiones encima de la mesa y plantearle dos cuestiones.


A medida que transcurren las comparecencias que vamos manteniendo en diferentes reuniones de representantes de la universidad española, nos reafirmamos más en una doble idea. En primer lugar, aun siendo necesaria una reforma de la
universidad -evidentemente, la universidad española tiene que plantearse nuevos retos y dar respuesta a nuevos desafíos-, esta no es la ley que da respuesta a estos retos y a estos desafíos que requiere la modernización de la universidad española.
En segundo lugar, más que dar respuestas a la modernización, viene a dar una solución a una realidad laboral dentro de la universidad, que es la situación de los asociados o de los falsos asociados. Sobre esto conocemos su opinión, pero a nosotros
nos preocupa, en la medida en que, a nuestro juicio, la forma en que se va a articular esa respuesta puede suponer un tapón de consecuencias incalculables para la carrera profesional de jóvenes profesores e investigadores. Seguimos pensando que el
profesor es el elemento crítico donde se asienta toda la calidad del sistema universitario. Por lo tanto, si una ley tiene que tener como objetivo no solo la modernización, sino unos nuevos retos y, desde luego, la calidad del sistema, esta ley
tendría que recoger el Estatuto del PDI, y sabemos, porque ha aparecido en diferentes medios, que el estatuto está en proceso de negociación dentro de la mesa sectorial. Se lo digo porque así se lo hemos trasladado

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al ministro Subirats. Esta ley sin el estatuto del PDI es una ley absolutamente coja, y me gustaría conocer su opinión.


Usted ha hablado de la precariedad del profesorado. Nos gustaría saber si entre todas esas figuras de precariedad hay que incluir también a los profesores tutores de la UNED, que han hecho públicas sus reivindicaciones.


Termino. Hace escasas fechas se aprobó en esta Cámara la Ley de Ciencia, que contó con el apoyo de este grupo, un voto de confianza, con ciertos interrogantes, al ministerio de la señora Morant. Me gustaría saber si, a su juicio, esta ley
y la Ley de Ciencia encajan perfectamente en relación con el desarrollo profesional de docentes e investigadores.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Muchas gracias, señora Moneo.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Morís.


El señor GARCÍA MORÍS: Muchísimas gracias, señor presidente.


Queríamos agradecerle, señor ponente, todas sus aportaciones. Tendremos ocasión en este trámite parlamentario de recoger alguna de ellas, seguramente, más en profundidad. Voy a hacer algunas reflexiones a modo de pregunta. Nosotros
creemos que la ley establece un cambio importante en la figura de acceso. Es decir, en estos momentos y por distintas causas que ya se han enumerado aquí, la vía de entrada, cuando hay necesidades docentes estructurales en la universidad española,
se hace a través de diversas figuras, en muchos casos inestables y que, además, se prolongan en el tiempo. Usted nos hablaba ahora, por ejemplo, de los profesores sustitutos interinos de Andalucía, que los hay también en alguna otra comunidad, y
podríamos ir a los asociados y figuras que se utilizan durante un periodo largo de tiempo para cubrir esas necesidades estructurales. Lo que plantea la ley es que, en el momento en que haya una necesidad estructural de docencia, se contrate un
profesor ayudante doctor. No es lo mismo tener un profesor sustituto interino durante diez o quince años esperando a ver cuándo le sacan la plaza para empezar a promocionar -la primera es ayudante doctor- que, como ahora, sacar directamente la
plaza de ayudante doctor. Precisamente, con esto se pretende luchar contra el envejecimiento de las plantillas, sobre todo si tenemos en cuenta que actualmente la media de edad de acceso a la plaza de profesor ayudante doctor es superior a los
cuarenta años. Decía ahora el profesor Contreras que, según el padre del positivismo, hay una razón probablemente cuantitativa. Pero la explicación quizás no sea esa. Yo tengo compañeros en la universidad que hace unas cuantas décadas accedieron
a la figura de profesor titular con 28, 29 o 30 años, si no antes. Eso es impensable hoy en la mayoría de las áreas de conocimiento. Aunque la edad media de acceso a la plaza de profesor titular no tiene nada que ver con que haya más o menos, sino
con que ahora la vía de acceso a estas figuras es la de ayudante doctor, y lo que estamos observando es que la media de acceso a esa figura de ayudante doctor actualmente está por encima de los cuarenta años. ¿Cómo la rebajamos? Una forma de
rebajarla es estableciendo que la vía de entrada sea la figura de ayudante doctor, que ya es una plaza estructural. Tampoco comparto el hecho de que, cuando se habla del conjunto de profesores laborales, comparemos el porcentaje de profesores
titulares incluyendo también a los profesores ayudantes doctores, porque es una vía la de profesor ayudante doctor, en la que se va a estar seis años, según esta ley, pero ahí queda luego todo el cursus honorum, por decirlo de alguna manera. Es
decir, que el profesor ayudante doctor va a llegar a profesor titular, y se espera que sea antes. A esta ley hay que acompañarla luego del real decreto de acreditaciones y toda esa serie de cuestiones.


Creemos que la ley no hace una apuesta laboralizadora. Se deja claro que la mayoría de plazas tiene que ser cubierta por el profesorado funcionario, por lo menos desde mi grupo así lo defendemos, pero insistimos en que esa vía laboral, que
ya existe y que se inicia con profesor ayudante doctor, se adelanta, tal y como estamos proponiendo nosotros, y que sea sin acreditación, pero con comisiones mayoritariamente externas a la universidad convocante. Creemos que es un aperturismo
importante para favorecer la movilidad y reducir también la endogamia en la universidad. No sé qué piensa usted al respecto de esa medida.


Las reformas que plantea esta ley hay que aplicarlas en el momento en que se apruebe: hay que convocar esas plazas de ayudante doctor y hay que hacer todos esos caminos de transición que usted nos decía de las plazas de asociado. Pero no
solo de las plazas de asociado, porque se habla de plazas que hayan estado cinco años en el contrato con unas características de inestabilidad concretas; no es exclusivo para las plazas de asociados.

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Quiero preguntarle a usted si puede profundizar en alguna medida más. Tendremos ocasión de hablar también sobre sus enmiendas.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Gracias, señor García Morís.


Para concluir este debate, tiene nuevamente la palabra el señor Caballero.


El señor VICEPRESIDENTE DEL SECTOR NACIONAL DE EDUCACIÓN CSIF Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE UNIVERSIDAD (Caballero Klink): Voy a intentar contestar de manera rápida y sucinta.


Con respecto al tema de la ponderación de los votos en los distintos órganos de gobernanza de la universidad, nosotros creemos, y así lo hemos defendido, que hay una infravaloración del voto, fundamentalmente con respecto al personal docente
e investigador no permanente y al personal de administración y servicios. Creemos que son colectivos muy numerosos -ya hemos dicho los porcentajes que puede haber de personal laboral no permanente y personal de administración y servicios-, suelen
representar un tercio de la plantilla, cada vez con una labor más importante, pues gestionan el tema económico, los proyectos de investigación, etcétera. Por tanto, considerarlo como un colectivo menor y con un voto significativamente más bajo no
es razonable.


Sobre el modelo funcionarial, y relacionado también con el tema laboral, nosotros creemos que es una reivindicación o un deseo del colectivo pasar directamente de las figuras laborales, por supuesto de las no permanentes, pero también de las
indefinidas o de las permanentes, a las figuras de los cuerpos docentes funcionarios. Pero es que, además, ese estudio que les he señalado anteriormente tiene un montón de hojas, donde van haciendo comparaciones capítulo por capítulo. Les voy a
poner el ejemplo en Cataluña, donde hay más figuras de asociados, muchísimas figuras laborales y figuras específicas diferentes al resto. Eran ellos los que decían que perdían muchos derechos. Es que no vale decir que un laboral similar a titular
de universidad o un laboral similar a catedrático de universidad es una figura indefinida, porque tiene muchos menos derechos, muchas menos ventajas, como he citado antes rápidamente. Entonces, es un deseo unánime. Hoy en día todo el mundo dice
cuando llega a tener la acreditación: por fin paso a funcionario. Es una historia que pesa muchísimo, y es una realidad evidente. Algunas universidades se empecinan en crear figuras laborales, incluso indefinidas, como la que existe actualmente
de contratado doctor, que es la primera indefinida laboral, y las justificaciones que dan no se sustentan, como la económica, porque a día de hoy en cualquier universidad -lo podéis comprobar- sale más caro un contratado doctor laboral que un
titular de universidad funcionario. En cuanto a que hay menor tiempo para realizar la selección en el concurso, tampoco es cierto. Hemos hecho una comparativa y se tarda prácticamente lo mismo. Por tanto, no sé dónde están las ventajas y por qué
se empeñan en esas figuras cuando creemos que no son las más adecuadas.


Respecto al tema de la reducción de alumnos, es un dato objetivo y evidente. Seguramente hay fórmulas para intentar contrarrestarlo, pero es una cosa en la que no podemos intervenir. Los alumnos o los chavales son los que hay, pero sí
tenemos un par de viveros que la universidad española no está aprovechando estos años. Uno de ellos tiene que ver con el mercado iberoamericano, clarísimamente. Hay una disputa por pillar, sobre todo a nivel online, este mercado, y se nos están
adelantando las universidades privadas. La universidad pública no está dando el paso para poder pillar ese vivero de alumnos, que contribuirían a compensar un poco el tema que comentaba. Otro, evidentemente, es la internacionalización. No lo
estamos haciendo demasiado bien al no conseguir ser atractivos para que estudiantes, profesores o investigadores vengan a las universidades españolas. Creo que todos tenemos claro cuáles son los motivos, pero no estamos tomando medidas contundentes
para solucionar este asunto.


En cuanto al Estatuto del Personal Docente e Investigador, tengo que decir que pasado mañana estamos convocados a una reunión. Ahora mismo estamos con la forma de proceder en la mesa sectorial de universidades, que por fin se ha creado,
después de muchos años de ninguneo por parte de unos gobiernos y otros, y ha empezado a funcionar con el Estatuto del Personal Docente e Investigador. Nosotros planteamos desde el principio a Castells y, ahora, a Subirats que esto debería haber
sido, por lo menos, a la inversa, si no a la par, porque el Estatuto del Personal Docente e Investigador va a estar ahora totalmente encorsetado y limitado por la arquitectura que defina la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Creíamos que o
íbamos a la par con estas dos normas o debería haber sido la primera la del estatuto. No obstante, ahora tendremos que negociar, pendientes de lo que ocurra aquí, en el Congreso, cómo va a

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terminar de salir la Ley Orgánica del Sistema Universitario, qué novedades van ustedes a introducir, cómo se va a modificar y qué repercusión va a tener esto.


Con respecto a la ley de la ciencia, aprovecho para decir que nos gustaría que la financiación de esta Ley Orgánica del Sistema Universitario tuviera el mismo porcentaje de subida que se recoge en la ley de la ciencia. Si estamos más bajos
y llegamos menos, nos gusta más lo de la ley de ciencia, donde estamos más altos y llegamos más.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Señor Caballero, debe ir concluyendo.


El señor VICEPRESIDENTE DEL SECTOR NACIONAL DE EDUCACIÓN CSIF Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE UNIVERSIDAD (Caballero Klink): Concluyo.


Respecto a las figuras, probablemente va a haber un problema, porque en la LOSU se cita al profesorado funcionario, al profesorado laboral de estas categorías, más las categorías de la ley de la ciencia, que prácticamente no aparecen citadas
en la ley de ciencia, los predoctorales, los contratos de acceso del personal investigador doctor, los contratos de investigador distinguido o los de actividades científico-técnicas. Va a haber una entrada de muchas figuras, unas de la LOSU y otras
de la ley de la ciencia. Esperemos que se haga una manera razonable y fluida y que unas no taponen a otras y generen problemas para colectivos que están todos en la etapa de inicio y de acceso a la carrera académica universitaria.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero Klink.


Vamos a hacer un breve receso para recibir al cuarto compareciente. (Pausa).


- DEL SEÑOR RENDUELES Y MENÉNDEZ DE LLANO (INVESTIGADOR EN EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CSIC). (Número de expediente 219/000897).


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Vamos a comenzar la cuarta comparecencia dando la bienvenida al Congreso de los Diputados a don César Rendueles, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Suya es la
palabra.


El señor RENDUELES Y MENÉNDEZ DE LLANO (investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC): Muchas gracias, presidente.


Quería abordar algunos problemas que me parece que tiene la universidad española y que me preocupan personalmente como docente y también como ciudadano. Antes de eso, para evitar cierto tono catastrofista que yo creo que muchas veces tienen
este tipo de discusiones, quería recordar que, a pesar de esos problemas que pueden llegar a ser cotidianamente desesperantes para quienes estudian o trabajamos en la universidad, creo que es de justicia reconocer que la universidad española es un
proyecto esencialmente exitoso, históricamente exitoso. Es una empresa colectiva que ha sido y es capaz de producir ciencia de calidad, formar a buenos profesionales, generar pensamiento crítico y transferir conocimiento al conjunto de la sociedad.
Yo creo que es bueno que retengamos eso siempre que discutimos sobre los abundantes problemas y las abundantes disfunciones de la universidad para no incurrir en diagnósticos colapsistas.


Quería centrar mi intervención en señalar, por un lado, tres problemas recientes coyunturales y sobrevenidos de la universidad española. Son problemas importantes, graves, pero digo que son coyunturales porque creo que son fáciles de
solucionar en la medida en que tienen motivación ideológica. También quería hablar de dos problemas a mi juicio estructurales, compartidos con otros sistemas europeos más importantes, pero también más difíciles de afrontar. Creo que esta ley
aborda en distinto grado o con distinto nivel de profundidad esos cinco problemas. Me gustaría hablar brevemente de ello, por si puede ser de utilidad para su deliberación.


Los problemas coyunturales que me gustaría mencionar son tres. En primer lugar -veo que está saliendo el tema de forma recurrente en estas sesiones-, la precariedad de parte del profesorado. Los datos sobre profesorado asociado que se han
mencionado en la comparecencia inmediatamente anterior son francamente escandalosos. En Cataluña el profesorado asociado ha llegado a suponer -como se decía antes- el 44 % del total del personal docente e investigador. Son cifras espectaculares,
pero creo que a veces no somos conscientes de lo que eso significa o que la gente que no trabaja en la universidad no siempre es consciente de lo que significa.

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La figura del profesor asociado se creó para que personas cuyo trabajo principal estaba fuera de la universidad tuvieran la oportunidad de compartir esa experiencia profesional en las aulas, pero eso es una ficción. A día de hoy, la inmensa
mayoría de los asociados son mano de obra barata, por la sencilla razón de que las universidades no pagan la Seguridad Social de esos docentes -lo hace la empresa donde desempeñan su actividad laboral principal-, por lo que, por ponerlo en cifras
-vamos a hablar claro-, por unos 600 euros limpios al mes las universidades disponen de alguien que imparte dos tercios de las clases de un profesor contratado. Pero eso no es lo más grave, lo más grave es que muchos de esos profesores asociados
son falsos asociados, porque no tienen realmente otro trabajo, sino que se pagan ellos mismos su Seguridad Social para poder dar clase. Eso significa que hay gente trabajando en la universidad pública cobrando 400 euros al mes. Tengo compañeros
que viven por debajo del umbral de la pobreza. Es real, es real. Y, extrañamente, creo que este es un problema coyuntural. Creo que es coyuntural y de naturaleza ideológica, porque el ahorro que suponen esas nóminas jibarizadas es completamente
ridículo comparado con el impacto que tiene ese modelo laboral inempeorable en la calidad de la docencia y, sobre todo, de la investigación.


Un segundo problema coyuntural muy ideologizado es el crecimiento descontrolado de centros educativos privados que nominalmente son universidades. Los llamamos universidades, pero no tienen prácticamente ninguno de los rasgos
característicos de un centro universitario. No me refiero a todas las universidades privadas. No todas las universidades privadas son así, por supuesto. Hay centros privados con una larga tradición académica, que cumplen los estándares
universitarios, pero la realidad -y creo que nadie puede negarlo- es que esas universidades privadas tradicionales conviven con una cantidad absolutamente alarmante de centros de nueva creación que recuerdan muchísimo más a academias profesionales
que a lo que se entiende por universidad en cualquier país desarrollado. Esa es una espita que deberíamos cerrar cuanto antes. No es anecdótico, es importante, y puede tener un efecto arrastre estructural sobre el conjunto de la universidad
española. La experiencia de otros países nos dice que ese puede ser el inicio de un proceso de degradación de los estudios superiores, cuyo efecto más negativo es que conlleva una enorme inseguridad para los estudiantes, por supuesto, pero también
para los empleadores, porque de repente títulos universitarios nominalmente idénticos empiezan a significar cosas diametralmente distintas dependiendo de qué centro los haya emitido.


El tercer problema reciente, coyuntural, y que me temo que la ley no aborda o aborda muy marginalmente es el problema de la irracionalidad burocrática creciente. Estoy seguro de que todas y todos los que están aquí están acostumbrados al
papeleo caprichoso, pero la investigación juega en otra liga. Cada vez es más habitual -esta es una experiencia personal que quería compartir- encontrarse con investigadores de muchísimo prestigio internacional que, sencillamente, renuncian a
concurrir a las convocatorias de proyectos de investigación porque consideran que el proceso de solicitud y justificación es incompatible, por su complejidad e irracionalidad, con la práctica investigadora. Les quería traer un ejemplo real. Esto
es real; se expuso en una reunión reciente de directores de grupos de investigación de una universidad española, una de las más grandes. Leo directamente: Un investigador necesita un viaje de ida y vuelta Madrid-León. Es un viaje en autobús que
cuesta 70,77 euros y se tarda aproximadamente tres minutos en sacarlo en la web de la única compañía de autobuses que realiza el servicio. Sin embargo, para obtener ese billete, el investigador principal tuvo que intercambiar 26 correos
electrónicos, realizar tres llamadas de teléfono a las agencias universitarias, dos llamadas a la fundación universitaria y rellenar tres formularios diferentes. Eso supuso un total aproximado de seis horas de trabajo a lo largo de más de una
semana solo del IP -el investigador principal-, sin contar, por supuesto, a todo el personal administrativo. Evidentemente, el coste de esas seis horas de trabajo solo de ese catedrático de universidad supera con creces el precio del billete de
autobús. Es evidente. Creo que, paradójicamente, el origen de esa irracionalidad administrativa es un déficit de burocracia. O sea, los recortes presupuestarios han generado una especie de vaciamiento administrativo que las universidades han
intentado paliar trasladando el peso de los procesos de justificación, supervisión y rendición de cuentas a los propios investigadores, mediante dispositivos -y esto es lo importante- marcados por una desconfianza extrema y completamente irracional.
Esos serían los tres problemas coyunturales que yo creo que son relativamente fáciles de solucionar.


Respecto a los problemas estructurales, mucho más complejos, quería señalar muy sucintamente dos. El primero es la desigualdad. La desigualdad es un problema creciente de la universidad española, y no tiene absolutamente nada de
sorprendente porque lo es en el conjunto de la sociedad española. Existe, en primer lugar, una fuerte desigualdad entre nuestros estudiantes, en buena medida heredada de la

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educación preuniversitaria, donde, como saben ustedes, la segregación educativa es brutal. Los estudiantes de clase alta siguen estando muy sobrerrepresentados en la universidad. Son nada menos que el 55 % de los estudiantes. La clase
media supone el 34 % y la baja apenas el 10,6 %. Una de las razones es que los estudiantes de clase alta se pueden permitir muchísimos más tropiezos en el camino. El 56 % de los hijos de profesionales de clase media alta, con notas malas o
regulares en enseñanzas obligatorias, pasan a la educación universitaria. En el caso, en cambio, de los hijos de trabajadores manuales sin cualificación, ese porcentaje es de apenas el 20 %. Los malos estudiantes de clase alta se pueden permitir
muchos errores, pero los de clase de baja tienen que acertar siempre. Pero la desigualdad se manifiesta en algo mucho más invisible, que es la segregación horizontal. Los hijos de padres sin estudios universitarios tienen quince veces menos
probabilidades de titularse en ingenierías que los hijos con padres universitarios. Pero la universidad, además, no solo hereda desigualdad, también la reproduce, por encima de todo, como ya se ha dicho, debido a un sistema de becas tacaño y, de
nuevo, muy suspicaz, que está instalado en la permanente desconfianza, debido también al precio de las tasas, muy especialmente en los posgrados, y también a otras dinámicas institucionales -que me temo que de nuevo no se abordan en esta
ley-transversales y menos visibles, como, por ejemplo, la escasa sensibilidad hacia los estudiantes que compatibilizan los estudios con el trabajo asalariado.


La desigualdad, en segundo lugar, como ya se ha comentado en intervenciones anteriores, no afecta solo a los estudiantes, afecta mucho también a investigadores y docentes. A menudo oigo decir -es casi un lugar común- eso de que la
universidad debería imitar a la empresa privada. Es una idea que yo no comparto, evidentemente. Yo he trabajado muchos años en la empresa privada. Imagínense una empresa en la que a los cuatro o cinco años de trabajar en ella alguien te dijera:
Tu rendimiento es excelente, estamos contentísimos con tu trabajo, seguimos necesitando a alguien que ocupe tu puesto de trabajo, pero te vamos a despedir. Si quieres volver a trabajar con nosotros, espera a que publiquemos una oferta de empleo y
vuelve a enviarnos tu currículum. O sea, las empresas privadas normalmente presumen de ofrecer una carrera laboral si haces bien tu trabajo. En ese sentido, la inestabilidad docente en la universidad no solo es una política de recursos humanos
irracional, no es solo eso, sino que tiene una dimensión clasista, porque muchas personas -esa es la realidad que todos conocemos, y un secreto muy desagradable del que a nadie le gusta hablar- pasan años como profesores precarios con la esperanza
de acceder en algún momento -ya hemos visto que normalmente a los cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco años- a un puesto estable. Claro, para jugar a esa lotería universitaria -y es vivido así, como una lotería universitaria- es casi imprescindible
contar con un buen colchón económico familiar, porque, si no, es imposible. Si no somos proclives a solucionar esa situación de clasismo docente por generosidad, hagámoslo por egoísmo, porque esa desigualdad supone de nuevo un despilfarro de
talento descomunal, no solo por la gente que se queda en el camino sin tener la oportunidad de demostrar su valía docente y científica, sino también porque muchos investigadores dedican los mejores años de su vida investigadora, los mejores años de
su vida académica -esos inmediatamente posteriores al doctorado, ese momento en el que los investigadores tienen más energía, más tiempo, más imaginación- a hacer malabarismos académicos para abrirse un hueco laboral en la universidad. O sea,
sometemos a los jóvenes que quieran ser investigadores o docentes a una especie de selección despiadada, una especie de juegos del hambre académicos, que son las becas de investigación, y a los que sobreviven a ese proceso darwiniano les obligamos a
convertirse, cuando leen la tesis doctoral, en buscavidas académicos. Esa es la realidad. La precarización académica no solo implica sufrimiento personal, también implica un desperdicio, un despilfarro de talento brutal, un despilfarro de esfuerzo
colectivo. Por supuesto la desigualdad universitaria tiene otras muchas dimensiones en las que no tengo tiempo de entrar. Solo querría mencionar la relación entre la universidad y el resto de la sociedad, de nuevo un grave despilfarro de recursos,
una incapacidad para aprovechar todo lo que ofrece la universidad.


En el tiempo que me queda, quería abordar sucintamente un segundo problema estructural que tiene que ver con la docencia universitaria, que de nuevo es abordado por esta esta ley, pero no sé si con la suficiente profundidad. Como saben
ustedes, la universidad moderna tiene un carácter dual, es una institución simultáneamente de investigación y de docencia. Socialmente la docencia es al menos tan importante como la investigación, seguramente más, sin embargo la propia universidad,
en sus procesos de reclutamiento, en sus procesos de evaluación, privilegia sistemáticamente la investigación. Es algo que ocurre también con la propia identidad profesional del profesorado universitario. En la forma en la que nos vemos a nosotros
mismos siempre tiene mucho más peso la investigación que la docencia. Claro, el resultado es que la docencia universitaria es una especie de caja negra de la que solo se habla cuando

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se produce alguna catástrofe, como en los aviones, alguna clase de escándalo o algo así. Eso no significa necesariamente que la docencia universitaria en España sea mala -no lo creo, no tengo para nada esa impresión, los informes de calidad
no dicen eso-, pero sí que tenemos limitaciones para intervenir colectivamente sobre los procesos de mejora de la docencia. El equilibrio entre docencia e investigación es inevitablemente complejo, pero creo que en las últimas décadas la situación
ha empeorado por dos motivos.


En primer lugar, las crecientes exigencias curriculares que han introducido las agencias de evaluación privilegian radicalmente la excelencia investigadora, entendida además en unos términos muy restrictivos. Voy a decirlo con claridad: A
día de hoy, en la universidad española, dedicar tiempo y esfuerzo a mejorar la docencia está fortísimamente desincentivado, está fortísimamente penalizado. La innovación y la mejora docente es una opción personal, es una opción personal costosa,
muy solitaria y casi nunca una dinámica colectiva e institucional, y creo que es urgente remediarlo.


En segundo lugar, las medidas legislativas que se han implementado para mejorar la docencia -alguna, sobre el papel, positiva, especialmente a partir del Plan Bolonia- contrastan con la realidad laboral que experimenta el profesorado. Por
poner un ejemplo, la obligatoriedad de ofrecer clases prácticas en cada asignatura se enfrenta a la realidad de la masificación. Es verdad que tenemos menos estudiantes en términos absolutos, pero la masificación continúa en muchísimas
universidades y grados. En un grupo con noventa estudiantes, como los que tengo yo a veces, los estudiantes se dividen efectivamente entre subgrupos de treinta personas, pero el profesor lamentablemente no tiene la oportunidad de dividirse por
mitosis y es solo uno. Pretender que un profesor acompañe de forma personalizada a tal vez trescientos estudiantes a lo largo de un curso es una broma de mal gusto, y esa realidad laboral tan antipática lo que produce finalmente es un
atrincheramiento del profesorado respecto a cualquier propuesta de innovación docente. Yo creo que es muy difícil que esa realidad cambie si no cambian las condiciones laborales y materiales de la universidad.


Por último, y termino ya, los problemas de la docencia universitaria -no quería dejar de decirlo- no afectan solo a la forma en la que se imparten las materias, eso es muy importante, afectan también a qué se imparte, al contenido de lo que
se imparte, y yo creo que muy especialmente en estos momentos la universidad española tiene un déficit clamoroso en un aspecto -seguramente en muchos otros, pero uno es particularmente clamoroso-, y es la educación ambiental. Medio siglo después
del informe del Club de Roma, la presencia de contenidos curriculares relacionados con la crisis ecológica global sigue siendo absolutamente marginal en nuestra educación superior. Lo más habitual a día de hoy es que un estudiante de Ingeniería de
Caminos, de Derecho, de Periodismo, de Economía, de Psicología se gradúe sin haber recibido la más mínima formación reglada en materia medioambiental. Este no es un déficit educativo entre otros. O sea, hay muchos déficits educativos, tenemos
cierto corporativismo, todos barremos para casa: yo quiero más filosofía...


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Señor Rendueles, debe concluir.


El señor RENDUELES Y MENÉNDEZ DE LLANO (investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC): Termino en diez segundos.


Este no es uno entre otros. La transición ecológica es un desafío que va a vertebrar, nos guste o no, los esfuerzos colectivos de todas las sociedades durante las próximas décadas. Necesitamos titulados en ingeniería que diseñen
infraestructuras teniendo en cuenta los impactos del cambio climático; necesitamos que los grados de Derecho, Economía, Administración de Empresas, preparen a sus estudiantes para los cambios normativos que vendrán; necesitamos ciencias sociales
capaces de introducir el factor ecológico en la comprensión de los conflictos sociales emergentes. Yo creo que este es un desafío particularmente importante para la docencia.


Nada más. Muchas gracias y disculpen por haberme pasado en el tiempo.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Muchas gracias, señor Rendueles.


Por parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Bueno.


El señor BUENO PINTO: Muchas gracias.


Muchas gracias, señor Rendueles, porque ha sido una intervención muy interesante. Mi grupo la comparte ampliamente, sobre todo dos cuestiones que ha planteado, la que tiene que ver con la precariedad y todo lo que gira en torno al concepto
de igualdad o desigualdad, en este caso, en el sistema

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universitario. Nosotros coincidimos en ese criterio, coincidimos en la necesidad de avanzar hacia sociedades que sean más democráticas y más igualitarias, entre otras cosas porque creemos que cuanto mayor desigualdad, más conflicto y peor
situación al final para el conjunto de la sociedad.


Quería hacerle una reflexión y una pregunta que tienen que ver con ese desarrollo de la desigualdad en la sociedad y cómo la perpetuamos en el sistema universitario. Digamos que con el inicio del capitalismo industrial -me voy muy atrás- se
generan una serie de desigualdades que llegan a su fin con la Segunda Guerra Mundial, y llegamos a ese periodo en el que empezamos a implantar políticas keynesianas que llevan a una serie de décadas en las que la desigualdad empieza a reducirse,
hasta que fundamentalmente en los años setenta, con la crisis del petróleo y, sobre todo, con la hegemonía de las políticas neoliberales, volvemos a unas décadas en las que estamos inmersos en una creciente desigualdad en todos los planes. Hay un
economista en concreto -y no me quiero extender mucho- llamado Branko Milanovic, que cifró que en las últimas décadas el 60 % de la riqueza se la ha apropiado el 10 % de las rentas más altas. Es decir, hay una tendencia a la desigualdad que, lejos
de reducirse, sigue avanzando y que todavía ha avanzado más en nuestras sociedades desde la crisis financiera e incluso con la crisis del COVID.


¿Por qué planteo esta introducción que me ha quedado demasiado larga? Porque creo que estamos en un momento de cambio, de retos importantes, y las políticas públicas tienen que dar un paso al frente en esta cuestión, en tomarse en serio la
reducción de las desigualdades, porque, como usted ha planteado en la intervención varias veces, afecta de lleno a la vida del profesorado, del estudiantado y de la propia universidad. Aterrizando, la pregunta va sobre algo que ya hemos tratado en
esta Comisión, que es el modelo de la LOSU sobre las becas como derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque -usted lo ha planteado también y no me extiendo- todos los alumnos no son iguales. Los alumnos de rentas más altas tienen muchas más ventajas en
cuestiones tan básicas, como hemos podido ver en esta pandemia, como el acceso a un ordenador con conexión a Internet. Había muchos universitarios que o bien no tenían esa posibilidad, o bien no tenían un espacio de estudio propio, y su rendimiento
académico se veía afectado por esas condiciones materiales. Además, los alumnos de clase trabajadora en muchas ocasiones tienen que compaginar los estudios con su trabajo, mientras los alumnos de clases más acomodadas -lo ha planteado usted
también- no tienen que preocuparse de las cuestiones económicas y pueden dedicar su tiempo a estudiar. En este contexto, me gustaría saber qué opinión le merece la implantación de estas becas como derecho subjetivo no ligado a criterios de
meritocracia, sino a criterios sociales, y si tomaría alguna otra medida para encarrilar políticas públicas en la reducción de esa desigualdad en el ámbito de los estudios superiores.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Muchas gracias, señor Bueno.


Por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Contreras Peláez.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, presidente.


Gracias, señor Rendueles, por su exposición, con la que puedo estar de acuerdo en algunos aspectos, como la precariedad del profesorado, la desnaturalización de la figura del profesor asociado y, sobre todo, la aplastante burocracia que ya
no nos permite a los profesores hacer casi ninguna otra cosa que rellenar papeles.


Ha suscitado usted una cuestión muy enjundiosa en la que no me resisto a entrar, y es la cuestión de la desigualdad social y de qué forma la enseñanza media universitaria o bien la acentúa o bien la puede atenuar. Mi convicción, después de
haber estudiado un poco esto, es que puede ser cierto que la clase baja esté infrarrepresentada en la enseñanza superior y que esa infrarrepresentación se haya acentuado en los últimos tiempos, pero la causa de esto es el fracaso y la degradación de
la enseñanza media, y esta degradación en buena parte se debe a leyes educativas socialistas, especialmente la LOGSE, aprobada en 1990.


La universalización de la enseñanza estaba funcionando como un eficaz ascensor social a mediados del siglo XX, hasta la década de los ochenta. Si ha dejado de hacerlo después es porque métodos pedagógicos progresistas, la llamada child
centered education, la educación centrada en el alumno, donde el alumno debe aprender de manera autónoma y el objetivo de la educación no es ya transmitir conocimiento, sino aprender a aprender, enseñar al alumno técnicas para que pueda aprender e
investigar por sí mismo, y todo este tipo de novedades pedagógicas, yo creo que desastrosas, han degradado la calidad de la enseñanza media, y esto tiene después una repercusión en el nivel de la educación superior y tiene una repercusión en la
justicia social, en el sentido de que los más afectados por esto son, por

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supuesto, los alumnos de clase baja, que no tienen otra opción que la educación pública. Los padres de clase alta siempre tienen la opción de mandar al niño a estudiar al extranjero o bien a una costosa escuela privada que haya quedado
exenta de este proceso de degradación suscitado por leyes educativas progresistas -entre comillas-, pero que en realidad han tenido un impacto social exactamente contrario al que se suponía que buscaban.


Lo que usted ha dicho sobre la representación de las diversas clases en la universidad a mí me recuerda a la crítica de Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron a la escuela pública francesa en los años sesenta y setenta. JeanFrançois Revel
dijo, con acierto, que esta crítica de Bourdieu era injusta, porque lo que venía a decir Bourdieu es que la aparente igualdad de derechos educativos de todos y la aparente democratización de la enseñanza en realidad era una tapadera ideológica que
encubría la perpetuación o reproducción de la dominación de clase de la burguesía, porque el sistema estaba como trucado para que fueran los hijos de los burgueses los que sacaran mejores notas en los exámenes y los que después aprobasen las
oposiciones, etcétera. Por ejemplo, el lenguaje considerado correcto era el lenguaje de la burguesía, etcétera. Tomar en serio esa crítica de Bourdieu, que era absurda en los años sesenta y setenta, porque entonces sí funcionaba el ascensor social
de una educación pública de calidad, terminó precisamente, a través de leyes educativas progresistas, destruyendo la calidad de la enseñanza pública y destruyendo ese ascensor social. Entonces, sí empezó ya a ser verdad lo que decía Bourdieu, que
no era verdad cuando él lo dijo.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Debe concluir, señor Contreras Peláez.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Termino, pero la cuestión es jugosa y quería explicarla bien.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Muchas gracias, señor Contreras.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Navarro.


El señor NAVARRO LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rendueles, bienvenido y muchas gracias por su intervención. Es un honor tener a un investigador del CSIC, además en ciencias sociales, en esta Comisión en la que estamos hablando de cómo mejorar la Ley de Universidades.


A mí me gustaría empezar preguntándole por la ley de ciencia. Acabamos de aprobar la ley de ciencia, como se ha dicho ya en el día de hoy, con un amplio consenso, con ningún voto en contra y con el apoyo de mi grupo, el Grupo Popular. Me
gustaría saber, siguiendo su esquema, pues usted es especialista en desigualdad y también en la teoría clásica marxista -si quiere, empiezo por su primera parte, por la precariedad del profesorado-, si cree que la puerta que parece que iba a abrir
el Gobierno de mejora de la calidad de la carrera investigadora ha servido para algo. ¿Cree usted, como investigador del CSIC, que a partir de ahora la carrera investigadora va a tener más posibilidades gracias a la reforma de la ley de la ciencia?


Esta mañana hemos escuchado al rector de la Universidad de Barcelona criticar -lo voy a decir de manera implícita, pero lo ha dicho explícitamente- la desconexión entre el Ministerio de Universidades y el de Ciencia. Me gustaría saber si
cree usted que esta ley se va a conseguir incardinar en el sistema científico español y si aquellos que investigan, que son ustedes, los profesores universitarios en más del 70 % de los casos, ven si estos instrumentos son útiles o no, porque
estamos todos de acuerdo, todos, incluyendo los propios ministros, en que la separación del Ministerio de Universidades y el de Ciencia no tiene absolutamente ningún sentido se mire desde el punto de vista que se mire.


Desde luego, no estamos de acuerdo respecto al incremento de centros privados. Usted mismo dice que no es bueno que haya tantos centros privados, pero reconoce que hay una masificación en algunos estudios. Yo le diré que según la
experiencia de mi comunidad autónoma, Aragón, una de las mejores cosas que le han pasado a una universidad pública como la de Zaragoza, con más de cuatrocientos años de historia, ha sido que el Gobierno del Partido Socialista aprobara por ley la
implantación de una universidad privada. Evidentemente, no solamente defiendo que la competencia es buena, sino que además creo que ha servido para regenerar, en el más estricto sentido de la palabra, la oferta que daba una universidad pública en
mi comunidad autónoma. ¿Cree que la ley va a contribuir a que la burocracia a la que usted hacía alusión se reduzca? Desde luego, en la ley de ciencia, al menos mi grupo, el Grupo Popular, lo ha intentado con enmiendas. Me gustaría conocer
también su opinión.

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En cuanto a los problemas estructurales a los que hacía referencia, me gustaría detenerme en la desigualdad del estudiantado y de los investigadores, porque lo que está reconociendo es que, adanismos aparte -por parte de aquellos grupos que
sustentan al Gobierno, no de usted, por supuesto-, el sistema de becas no funciona. Viene a reconocer usted que después de cuatro años de gobiernos teóricamente progresistas el sistema de becas no funciona, porque entiendo yo que en cuatro años
habrán tenido ya la oportunidad de ayudar a que esta desigualdad del estudiantado se solventara.


Y me ha sorprendido mucho, y con esto termino, su alusión a la desigualdad del personal investigador y al clasismo. Me gustaría que incidiera un poco más en a qué se refiere y si cree que el sistema de carrera investigadora que propone la
ley de ciencia puede contribuir o no a la eliminación de esta desigualdad entre los investigadores.


Termino agradeciéndole de nuevo su intervención y esperando sus respuestas a las preguntas que le hemos planteado.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Muchas gracias, señor Navarro.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Morís.


El señor GARCÍA MORÍS: Muchísimas gracias.


Quiero agradecer al señor César Rendueles su exposición y la transmisión a lo largo de la sesión de todas las cuestiones que tienen que ver con la igualdad dentro del sistema en los distintos frentes.


A mí me gustaría llamar la atención -lo tocó en la primera parte- sobre el crecimiento de las universidades privadas. En los años noventa teníamos cuatro universidades privadas y ahora son más de cuarenta. En algunas comunidades autónomas
-ponemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid- ya doblan a las universidades públicas, pero tenemos otros ejemplos en Andalucía de proliferación de universidades privadas, y el reciente de Galicia, sobre la Universidad Intercontinental de la
Empresa, que, a pesar de la oposición de las universidades públicas, prosperó por la voluntad de la Xunta, del Gobierno de Feijóo. Hemos elaborado algunas medidas esta legislatura en relación con la creación de centros, pero siguen proliferando
muchas universidades privadas, y no siempre de calidad, aunque también las hay de calidad. ¿Qué mecanismos podríamos desplegar para evitar esto? Quizás uno podría ser que hubiese un consenso político en torno a esto, un compromiso de las
principales fuerzas que gobiernan en las distintas comunidades autónomas para no permitir que esas universidades, que tienen informes negativos, aunque no sean preceptivos, proliferen, porque van en detrimento, como usted bien decía, de la
universidad pública. Por ejemplo, el crecimiento del alumnado en los distintos másteres, sobre todo en el de profesorado, es bastante preocupante también porque acentúa esas desigualdades. Es decir, si no puedo acceder a un máster -que es un
requisito para el desarrollo luego de una profesión en la universidad pública- y me tengo que ir a la privada, desembolsando el doble o triple del precio que hay en una universidad pública, eso acentúa las desigualdades.


También me parece importante lo que nos ha dicho en relación con los falsos asociados, como se llaman popularmente, que depende también de qué universidades y de qué comunidades hablemos, muchas de ellas además dentro del espectro
conservador pero con posiciones muy diferentes. En distintas comunidades claramente hay un abuso de esta figura del profesor asociado y la ley establece una serie de mecanismos. Por una parte, la vía del contrato indefinido, que sería para
aquellos asociados reales, es decir, la figura del asociado real profesional, con un trabajo fuera, que se potencia y, por otra, se dan vías de estabilización para que todas aquellas personas que han estado trabajando con esos contratos tan
precarios tengan vías de estabilización. ¿Cómo considera esas medidas?


Otra cuestión interesante a la que se ha referido también -viniendo además del campo de las ciencias sociales- son las medidas que se puedan acometer en materia de acreditaciones, aunque dependan mucho lógicamente de las de las agencias.
¿Qué cambios se pueden introducir -la ley ya apunta algunos de ellos- para que no siempre esa acreditación sea -y antes salía el positivismo aquí, por volver a ello- el cuantitativismo excesivo y cómo la investigación cualitativa y los aportes
cualitativos puedan también ser tenidos en cuenta?


Le reitero las felicitaciones por su intervención. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Muchas gracias, señor García Morís.


Ahora viene lo más difícil, sintetizar todas estas cuestiones en cinco minutos. Tiene la palabra, señor Rendueles.

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El señor RENDUELES Y MENÉNDEZ DE LLANO (investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC): Muchas gracias por sus intervenciones. Han sido realmente interesantes y sugerentes, y con un nivel académico, dicho sea de
paso, que no me esperaba cuando vine aquí.


Por sintetizar en muy pocos minutos algunos puntos -disculpen, no voy a poder responder a todo, evidentemente-, empiezo por el asunto de las universidades privadas. Yo, evidentemente, soy contrario al modelo de universidades privadas, creo
que la universidad debería ser exclusivamente pública, pero muy especialmente creo que en estos momentos las universidades privadas están impulsando un fenómeno similar al del endeudamiento hipotecario en los años noventa. Es decir, muchas familias
se endeudan con una falsa esperanza -falsa, porque muchas veces no llega a buen puerto- de expectativas de movilidad social ascendente; algo muy parecido a lo que pasó con las hipotecas en este país, la gente se endeudaba con la esperanza de poder
legar prosperidad material a sus hijos. Sabemos, porque los ejemplos de otros países son manifiestos, que una privatización extrema del sistema universitario va en esa dirección. Los créditos universitarios son un drama en muchos países y,
desgraciadamente, avanzamos en esa dirección. Pero ni siquiera he planteado eso, estoy planteando algo mucho más sencillo, que es que a día de hoy en muchísimos lugares de España las universidades privadas, incluso si se acepta ese modelo híbrido
público-privado, no cumplen los estándares mínimos de la educación universitaria. De eso de nuevo tenemos ejemplos en otros países, de los enormes problemas de degradación de todo el sistema, de la pérdida de confianza que genera. He planteado
algo todavía más básico. En ese sentido me parece razonable lo que comentaba el representante del Grupo Socialista, que es llegar a un consenso al menos sobre la calidad, sobre los criterios de calidad que deben cumplir obligatoriamente las
universidades. Creo que en ese sentido la ley da pasos importantes, pero a mí me parece que se quedan cortos. Yo creo que estamos ante una situación muy complicada por la proliferación de centros.


Respecto a las becas, me pasa algo parecido, creo que la idea de las becas como derecho subjetivo es un avance, pero es un avance tímido para los niveles de desigualdad que observamos ahora mismo en la universidad. Yo de nuevo les
transmitiré un poco la idea del coste de la desconfianza, del coste de la suspicacia, del coste de la falta de generosidad. Entender las becas como una inversión y estar permanentemente pensando que esos estudiantes van a tumbarse a la bartola para
gastarse el dinero público sin dar palos al agua en realidad es muy costoso. Creo que muchas empresas privadas conocen el enorme coste que tiene la supervisión extrema. Por ejemplo, la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial de los sistemas
universitarios muy generosos que se instauraron es de nuevo una historia de éxito, de modernización muy rápida de los países, de innovación, de democratización, no solo de la universidad, sino de toda la sociedad. Es una historia de éxito, como lo
es, por cierto, en ese sentido también, con todas sus limitaciones, la universidad española.


Por último, ya que ha surgido el tema de la acreditación -sobre el que he pasado muy rápidamente, le agradezco de nuevo que me permita decir dos frases antes de concluir-, efectivamente, yo creo que los sistemas de acreditación han tenido
efectos positivos en general. Yo creo que el profesorado que hemos pasado por ellos -yo he sido de la primera generación que tuvo que pasar por la ANECA y los sistemas de acreditación- tenemos una experiencia un poco amarga porque vivimos un cierto
agravio comparativo, pero yo creo que ha tenido efectos positivos, por ejemplo, en términos de igualdad de género que yo creo que se ha incrementado en algunas áreas. Pero también ha tenido efectos muy negativos, aunque yo creo que son remediables,
y algunos de ellos tienen que ver efectivamente con una especie de 'cuantofrenia' que premia exclusivamente cierto tipo de investigación, cierto tipo de índice de impacto fácilmente analizable y deja de lado otro tipo de investigaciones, no solo
cualitativas sino, por ejemplo, investigaciones más a largo plazo, que son muy difíciles de poner de manifiesto en los plazos que requieren las agencias de evaluación. Pero, sobre todo, la docencia. Yo quiero insistir en esto, hay una
desincentivación brutal de dedicar tiempo y esfuerzo, tanto individual como colectivo, al desarrollo de la excelencia docente. A día de hoy eso es una elección personal, un hobby caro, si lo quieren ver ustedes así. Yo creo que eso es una de las
principales lacras dentro de la cultura institucional de la universidad española.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (González Caballero): Muchas gracias, señor Rendueles.


Hacemos un breve receso. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia).

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- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (SACRISTÁN ADINOLFI). (Número de expediente 219/000898).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.


Tras solventar una pequeña dificultad informática pasamos a la quinta comparecencia y le damos la bienvenida a doña Vera Sacristán Adinolfi, presidenta del Observatorio del Sistema Universitario, a quien agradecemos mucho su presencia en
esta Comisión y, sin más, le damos la palabra para que en quince minutos nos haga su presentación y las consideraciones que considere adecuadas.


La señora PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (Sacristán Adinolfi): Muchas gracias. Buenas tardes.


Pido disculpas porque hemos tenido un problema con la configuración. Espero que todo se vea bien. De todas formas, me han dicho que todos han recibido la presentación por si la quieren consultar.


Yo comparezco como presidenta del observatorio, que es un ente independiente y que desde su creación ha generado un montón de informes. Todos ellos consisten, esencialmente, en lo mismo: analizar los datos oficiales y públicos y ofrecerlos
de la forma más comprensible posible para que ayuden a cosas como la que estamos haciendo hoy aquí, que es la toma de decisiones a partir de documentación fehaciente.


He estructurado mi comparecencia en tres grandes bloques y en todos ellos lo que haré será mostrarles datos, todos datos oficiales y públicos de fuentes oficiales. Estos tres temas que he elegido, esencialmente, los he elegido por ser los
más significativos que hemos ido recogiendo al ir haciendo nuestros informes y nos ha parecido que esta era la mejor aportación que podíamos hacer. El primero tiene que ver con la equidad y el acceso a la universidad, a lo que se ha hecho
referencia también en la presentación de la comparecencia anterior. (Apoya su intervención en una presentación digital). Esto que están viendo ustedes aquí es el índice de presencia en la universidad de estudiantes con progenitores que han
alcanzado diversos niveles de estudios, sean estos primarios, secundarios o terciarios. Este índice se calcula como el cociente entre el número de población estudiantil que tiene progenitores con ese nivel de estudios y el número de la población
potencialmente progenitora, esto es, adultos de entre 45 y 65 años de edad que tienen esos estudios. Por lo tanto, si ese índice fuera uno estaría indicándonos la presencia en la universidad de una proporción de hijos de ese tipo de adultos igual a
la proporción que tiene la población adulta. Como ven ustedes, aquí hay índices muy inferiores y muy superiores. Por lo tanto, los inferiores nos están indicando infrarrepresentación en la universidad de los hijos e hijas de adultos con estudios
primarios como máximo y sobrerrepresentación del resto. La otra cosa que este gráfico nos indica también es una evolución a la baja. Así pues, nos está indicando una inequidad en el periodo que va del curso 20152016 al 20192020.


Ahora bien, la cuestión -pienso- no es solo quién accede a la universidad y el sesgo social que pueda tener el acceso a la universidad, sino también el sesgo social que tiene el comportamiento del estudiante universitario. Sabemos que
cuando existían carreras cortas y largas el estudiantado de origen social más desfavorecido tendía a escoger las cortas por minimizar el riesgo, esencialmente, por amarrar lo antes posible la cuestión. Sabemos que hacían -y aún ahora hacen-
elección de carreras mucho más profesionalizantes y por motivos de la profesión futura que podrán ejercer que carreras por motivos vocacionales. Esto que están viendo ustedes aquí es un análisis solo del caso de Cataluña de cómo hacen la elección
en función de la dificultad de los estudios en los que se quieren inscribir, dificultad percibida, claro está, pero que se corresponde a indicadores del tipo del número de repeticiones, número de abandonos, etcétera. Lo que se ve aquí es que en los
últimos veinte años han cambiado mucho las cosas. Cuando originariamente en las titulaciones de dificultad alta se matriculaban porcentajes muy semejantes de estos tres grupos, esto ha ido divergiendo con los años.


Entonces, ¿qué se puede hacer en cuanto a la equidad en el ámbito universitario? Pues lo primero saber -ya se ha dicho aquí antes- que la equidad se construye a lo largo de todo el proceso educativo, no solo en la universidad, pero la
universidad puede hacer algunas cosas. Una de ellas tiene que ver con los precios. Esto que están viendo aquí son los intervalos de precios de los estudios de grado en todos los países y regiones del Espacio Europeo de Educación Superior, España
está aquí, y hay doce países en los que la enseñanza universitaria de grado es gratuita; dieciocho en los que no se paga precio, se pagan solo tasas y es una tasa fija de menos de 100 euros, y en el 65 % de los países se puede llegar a pagar, ya
sea en forma de tasa o en forma de precio, hasta un máximo inferior a los 1000 euros. Esta es la situación. Esto que están viendo aquí viene a ser en azul lo mismo que han visto hace un momento, el

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precio máximo de los grados, y en naranja está la diferencia hasta el precio máximo de máster. Como pueden ver, columnas naranjas positivas hay muy pocas, lo cual significa que en el conjunto del Espacio Europeo de Educación Superior
mayoritariamente los másteres tienen el mismo precio que los grados, cosa que no ocurre en nuestro país. Esto que ven aquí son los intervalos de precio de un curso de máster no habilitante ni vinculado al ejercicio de una profesión regulada en
España. Como ven, son bastante más altos de los 1000 euros de los que hablaba hace un momento y, sobre todo, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que se trata de más del 90 % de los másteres universitarios en España.


No hablaré mucho del castigo económico a la repetición de asignaturas, pues se habló en comparecencias anteriores de esto. Déjenme solo decir que esto también es una anomalía española. En el resto de Europa el intento de conseguir más
eficacia en el sistema no se hace por la vía del castigo económico de la matrícula repetida, se hace por otros métodos, que si quieren podemos discutir luego.


La otra cosa que hay en el ámbito europeo y de la que nosotros carecemos, más allá de las becas que aquí tenemos y que existen en la inmensa mayoría de países europeos, es que hay países europeos con becas salario, y no son todos nórdicos;
hay una gran mayoría de países con préstamos a bajo interés avalados por el Estado, aunque, todo sea dicho, en la inmensa mayoría de países el porcentaje de estudiantes que se acogen a ellos es muy muy bajo, estamos hablando del 1 o 2 %; hay una
mayoría de países en los que hay reducciones fiscales a las familias que tienen hijos e hijas estudiando en la universidad y hay subsidios a las familias en las mismas condiciones. Y luego hay ayudas indirectas que en la Unión Europea son
básicamente alojamiento, el equivalente a nuestros colegios mayores -aquí el modelo parece irse moviendo hacia las residencias universitarias con ánimo de lucro-; hay comedores universitarios -cualquier profesor universitario que haya viajado
suficientemente ha comido por entre 1 y 3 euros en toda Europa, más que dignamente- y hay subvención al transporte público para los estudiantes universitarios o incluso gratuidad.


Quisiera hacer hincapié en una cosa que tiene mucho que ver también con la equidad en el acceso, que es la forma en que legalmente se accede a la universidad pública española. Esto que ven aquí es la distribución de las notas de la fase
general de las pruebas de acceso a la universidad, y las tres curvas, que tienen la apariencia de campanas de Gauss esencialmente, corresponden a si el estudiante proviene de un centro público, concertado o privado. No son iguales, pero son muy
parecidas. En cambio, fíjense cómo son las curvas de las notas de bachillerato. Estas sí que son muy distintas y muestran una inflación de las notas de bachillerato en los centros concertados o privados. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que tenemos
que ser muy cuidadosos sobre cuál es el peso, a la hora de entrar en la universidad, de la nota de bachillerato y de la nota del examen. En resumen, pienso que se pueden hacer cosas, que la inequidad empieza mucho antes, pero se pueden hacer cosas
a favor de la equidad y que el proyecto de ley podría abordar algunas de estas y, a mi entender, no lo hace suficientemente.


El segundo tema que les quería plantear es, sobre todo, el futuro de las plantillas de personal docente e investigador, porque más allá de que finalmente, al cabo de unos años, se haya producido un ligero incremento de los efectivos y que en
la práctica, en cambio, lo que haya en equivalentes a tiempo completo, es decir, en jornadas laborales, sea un clarísimo decremento, muy superior al decremento del número de estudiantes, más allá de esto, creo que lo que es interesante es pensar en
el futuro y comenzar mirando las pirámides de edad. Esta es la pirámide de edad del profesorado universitario de las universidades públicas españolas el año más antiguo del cual el ministerio publica datos, y a su lado está la pirámide de edad del
último año del que tenemos datos. Como ven, se ha desplazado muchísimo a la derecha y, lo que es peor, si la pirámide de edad de este último año del que tenemos datos la miramos, en vez de en efectivos -personas-, en equivalentes a tiempo completo,
es mayor el drama de la zona más juvenil del profesorado, realmente los porcentajes son muy bajos, la pirámide se escora hacia la derecha todavía más. Esto tiene que ver -no hace falta que haga énfasis en ello porque ya he visto que en todas las
comparecencias ha ido saliendo el tema de los asociados- con la cuestión de cómo se ha ido resolviendo la contratación en las universidades. Lo único que quisiera recordar en cuanto al profesorado asociado, para no reiterar cosas que ya se han
dicho, es que la LRU, cuando creó la figura del profesorado asociado y del profesorado visitante la limitó al 20 % de catedráticos y titulares, y ese tope solo era un poquito mayor en las politécnicas, donde podía ser hasta el 30 %. Hoy, si lo
contáramos así, el porcentaje es el 62,2 %, sin computar profesorado asociado de Ciencias de la Salud.


Pero déjenme que sigue hablando del futuro. Me parece que eso es una hipoteca al futuro, pero me preocupa todavía más cómo vamos alimentando las plantillas del futuro y la investigación del futuro. Esto que se ve aquí es la evolución de la
plantilla de los ayudantes. El ayudante era la figura predoctoral

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prevista en la LOU. Creo que el gráfico habla por sí solo de lo que ha ido pasando, a pesar de que ahora parece estar remontando. Ustedes me dirán que hay contratos predoctorales distintos, que son los de la ley de la ciencia. Sí, claro.
Esta es la evolución de los contratos FPI y en rojo tienen ustedes los asignados a universidades. Más allá del hueco de alguna convocatoria que no se llegó a resolver en plazo, la cifra del último año sigue siendo inferior a la mejor que teníamos,
que era la de 2010. En el caso de las FPU pasa una cosa muy parecida. Esto me preocupa en la medida en que estamos hablando de contratos predoctorales que van a alimentar dos cosas, van a alimentar el futuro de la universidad española, pero van a
alimentar también el futuro del sistema económico y productivo de este país, o al menos eso querríamos que hicieran.


En cambio, los contratos posdoctorales me preocupan mucho menos. Como ven, el prototípico de la LOU, que es el de ayudante doctor, tuvo un periodo de estancamiento, pero sigue creciendo, como se han recuperado los presupuestos y las
convocatorias de Ramón y Cajal y de Juan de la Cierva, equivalentes. Por tanto, esto no me preocupa tanto, pero cuando lo voy a mirar en términos de lo que ocurre en cada comunidad autónoma la cosa se complica, porque hay determinadas comunidades
autónomas en las que el porcentaje de PDI y ayudante doctor es tan bajo como para que dé un poco de miedo cuál va ser el futuro y cómo va a ser la renovación, y no así en otras, eso es muy dispar.


En resumen, ¿qué pienso que se puede hacer? De las varias cosas que he intentado reflejar aquí: efectivos, pirámide de edad, dedicación, contratos predoc y posdoc, la inmensa mayoría se resuelve a base de especificidades en la tasa de
reposición o levantamiento absoluto de la tasa de reposición y financiación, no así la parte de dedicación. Pienso que la LOSU que finalmente se apruebe debería recoger un límite al porcentaje de PDI asociado o al porcentaje de PDI a tiempo parcial
-llámenlo como quieran-, pero debería conseguir acotar la parte del profesorado que no se dedica también a la investigación.


Por último, quisiera hablar un poco de la calidad de la universidad. Dadas las limitaciones de tiempo, voy a omitir la parte sobre calidad de la formación. Les remito a un informe que publicamos analizando la oferta de grado. Déjenme que
hable un poquito de la calidad del PDI, porque hasta ahora estábamos hablando de cantidades. En el caso de las universidades públicas, el proyecto de ley hace desaparecer el requisito de acreditación del profesorado ayudante doctor, hace que la
evaluación intermedia de este profesorado no pueda ser causa de extinción del contrato y no prevé que todos los concursos de PDI tengan un acto público de presentación, de debate. En concreto, los concursos de profesorado asociado no tienen tal
cosa, lo que quiere decir que no está garantizado que podamos escuchar a las personas que las universidades van a contratar para realizar exclusivamente tareas docentes, ver cómo exponen cuestiones y contestan a preguntas. A mí eso me parece
inquietante desde el punto de vista de la calidad y pienso que se debería repensar. En el caso de las universidades privadas, desaparece el requisito actual de acreditación del 60 % de su profesorado. Pienso que eso también debería revisarse;
quiero creer que es un descuido. Y en el caso de las universidades no presenciales, se mantiene la figura del profesorado colaborador, y perdonen que lo diga de esta forma, pero son una especie de falsos autónomos, que ponen sus propios medios,
etcétera. Pienso que todo eso debería repensarse para intentar ayudar a mejorar la calidad del PDI de las universidades españolas.


Cuando se estaba aprobando el decreto sobre requisitos mínimos para el reconocimiento y creación de universidades, presentamos un informe analizando qué universidades los cumplían y qué universidades no los cumplían, y fue muy impactante
para nosotros mismos descubrir que había un incumplimiento generalizado de los requisitos preexistentes que existían desde hacía décadas. Dado que el nuevo decreto ha añadido requisitos de investigación, eso hace que en este momento el
incumplimiento sea masivo. Es muy distinto en qué incumplen unas universidades y otras, pero es muy masivo, y eso también nos parece inquietante, porque estamos hablando de requisitos mínimos. ¿Qué pienso que se podría hacer? El proyecto de ley
podría establecer mayores requisitos para la calidad del PDI, podría garantizar un sistema de seguimiento del cumplimiento de los requisitos mínimos, y probablemente también podría establecer incentivos al cumplimiento de indicadores superiores a
los mínimos, porque entiendo que no nos tenemos que quedar en los mínimos.


He intentado ser tan breve como he podido. Estos son los tres temas que he priorizado. Sin embargo, les he dejado una presentación que tiene otros temas más por si pudieran ser de su interés. Todos ellos salen de los informes que hemos
ido realizando y de las cuestiones que han ido aflorando.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, profesora Sacristán, por la intervención.


Por parte de los grupos, en primer lugar, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el diputado José Luis Bueno Pinto.


El señor BUENO PINTO: Voy a ser muy muy breve, porque cuando leí la presentación consideré que estaba bastante completa. Basándose en criterios objetivos, creo que la situación de nuestro sistema universitario queda muy bien reflejada.
Hay cosas que me habían llamado la atención que han quedado resueltas o más explicadas ahora en la presentación. Hay algunas de las que siempre hemos hablado en espacios informales, por ejemplo, cuando hablamos de la procedencia del alumnado y del
nivel de preparación o de conocimiento, y me refiero al nivel de notas -lo refleja muy bien la gráfica- de aquellos alumnos que vienen de la enseñanza pública y de aquellos que vienen de la enseñanza privada, que, si me permiten la broma, nos
suscitan alguna sospecha. Es muy importante que esto se vea de manera tan científica, porque deja poco margen a poder elucubrar sobre ciertas cuestiones. Esto va ligado a una idea que he comentado en la comparecencia anterior y que tiene que ver
con las desigualdades de origen de los estudiantes, pero más aún con el criterio socioeconómico. Aunque usted ya lo ha expuesto, me gustaría que nos trasladara qué se podría hacer.


En cuanto a las cuestiones de la tasa de reposición, me gustaría que nos contara cómo limitar el PDI asociado. Si pudiera poner algún ejemplo concreto, sería estupendo.


Le traslado la enhorabuena tanto por su presentación como por las explicaciones que nos ha dado ahora en esta comparecencia, y quiero agradecerle que se haya prestado a estar aquí con nosotros y con nosotras.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, diputado, por la intervención.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el diputado Francisco José Contreras Peláez.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, presidente.


Gracias, señora Sacristán, por su presentación, que ha sido muy interesante. Hay varias cuestiones, pero no tengo tiempo para desarrollarlas.


Me alegra que afirme que la calidad de la universidad no depende solo de la financiación, sino que depende también de otros factores, por ejemplo, la selección del profesorado. En relación con esto, quería preguntarle si le parece un
problema la aparición de agencias autonómicas de acreditación que funcionan mediante convenio con la Aneca, si esto no supone un peligro de heterogeneidad en los criterios de acreditación o de evaluación, y si puede terminar repercutiendo en la
calidad del profesorado a nivel nacional.


Como me quedan algunos segundos, vuelvo a la cuestión que ya debatimos con el ponente anterior, la cuestión de la extracción de clase o la justicia social del alumnado universitario. Cómo en la primera gráfica que usted mostraba se
observaba una reducción del porcentaje de estudiantes universitarios que eran hijos de padres con estudios primarios, es decir, se habría producido un deterioro de la igualdad de oportunidades en el periodo contemplado. Insisto en mi convicción de
que esto está relacionado fundamentalmente con la degradación de la enseñanza media, y creo que el factor principal de esa degradación han sido leyes educativas incorrectas, especialmente la LOGSE de 1990 que, por ejemplo, suprimió las notas
numéricas, al menos durante una etapa, sustituyéndolas por aquello de 'progresa adecuadamente' o 'no progresa adecuadamente'. La LOGSE, que hacía suyos enfoques pedagógicos progresistas -entre comillas-, pero nocivos, como que el aprendizaje tiene
que ser lúdico, que la clase magistral es una cosa muy anticuada, etcétera. Esto ha producido una degradación en el nivel de la enseñanza media que ha afectado sobre todo a la clase trabajadora, que es la que no puede permitirse pagar caros
colegios privados para sus hijos, colegios privados en los que con más frecuencia se consigue eludir el daño que leyes educativas como la LOGSE han infligido a la enseñanza media. La campana de Gauss de otra de sus gráficas mostraba que,
ciertamente, los alumnos procedentes de colegios privados o de colegios concertados tienen mejor nota en selectividad, aunque la diferencia no es abismal.


La señora PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (Sacristán Adinolfi): La de la selectividad es esta. (Señala una de las diapositivas).


El señor CONTRERAS PELÁEZ: ¿Y los que vienen de colegios privados?

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La señora PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (Sacristán Adinolfi): Esta es la nota de bachillerato de los colegios, y esta es la del examen. Este es el examen de las pruebas de selectividad, la fase general del examen.
(Muestra otra de las diapositivas). Esta es la nota que traen del bachillerato.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: De acuerdo, es decir, que puede haber un problema de inflación de las notas en los colegios privados.


La señora PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (Sacristán Adinolfi): Exactamente.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Pero también hay un rendimiento objetivo más alto en los alumnos de colegios privados.


La señora PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (Sacristán Adinolfi): Claramente.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: A nosotros nos parece que la enseñanza media pública ha perdido calidad en los últimos tiempos a causa de leyes educativas incorrectas, y las víctimas de esto son los hijos de la clase trabajadora.


Ya termino. Tengo los datos del informe PISA, que es un informe internacional bastante objetivo. Los datos españoles han ido declinando, y se comprueba sobre todo que el problema no es la falta de financiación, porque por ejemplo en
matemáticas, en PISA 2018, que es el último del que tengo noticia, España tuvo 481 puntos. Pues bien, Estonia, que tiene un gasto por alumno que es casi la mitad del nuestro, tuvo 523; y Polonia, también con un gasto educativo muy inferior al
nuestro por habitante, tuvo 516; nos sacan 40 o 50 puntos en matemáticas y aún más puntos en ciencia. En ciencia, nosotros tenemos 483; Estonia, 530; Polonia...


El señor PRESIDENTE: Intente redondear el concepto, diputado, por favor.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Y ya digo que nuestra inversión es casi el doble que la estonia o la polaca. El problema parece estar en las leyes educativas más que en el gasto educativo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, diputado Contreras, por la intervención.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la diputada María Jesús Moro Almaraz.


La señora MORO ALMARAZ: Gracias, presidente.


Muchísimas gracias por su intervención y por su presentación, ha sido muy interesante. Podríamos hablar de muchos temas, pero como tengo tres minutos, me voy a ceñir a decirle que me ha gustado mucho lo que plantea respecto al ámbito del
PDI, porque es un análisis de datos y pone de manifiesto que, habiendo tenido distintas leyes, las leyes dicen una cosa -el papel lo aguanta todo, decimos a veces- y la realidad es otra, la realidad ha sido otra. El miedo que tenemos en nuestro
grupo -y usted ha puesto de manifiesto algunas propuestas que son interesantes a tener en cuenta en el análisis- es que sigamos con una visión que no es de conjunto y que plasme en la ley una buena intención, pero que realmente va a alejarla porque
no está teniendo en cuenta la realidad de las cosas. Por ejemplo, usted habla de los colaboradores falsos autónomos. Yo vengo insistiendo en que no solo los colaboradores falsos autónomos de algunas universidades, sino la universidad por
excelencia del Ministerio de Universidades o del Gobierno de España, que es la UNED. Es decir, la situación dramática de los profesores tutores en su consideración laboral es incomprensible, es una de las grandísimas precariedades que tenemos en
este momento y que la nueva ley no afronta.


En segundo lugar, el tema de los asociados. Estoy de acuerdo con usted, creo que hace pocos días lo decía. Corremos el riesgo con esta ley de que, queriendo resolver un problema que está además en algunas universidades de una manera
masiva, contaminemos todas las universidades y desaparezca una figura que si se hace bien, si se hace un buen seguimiento y se utiliza bien, es imprescindible para las universidades, que es el profesor asociado. O convertimos a las universidades
que ya van por ese camino, tal y como usted ha señalado en los porcentajes, en universidades de asociados y, por tanto, de mano precaria, sin control de calidad, etcétera, y les dejamos un poco de futuro a los que han seguido una

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carrera con esfuerzo universitario y de excelencia, o, por el contrario, desaparecerá la figura del profesor asociado si las universidades no tienen dinero, porque seguimos diciendo que es bueno el contrato indefinido para profesores
asociados que son profesionales. Es decir, no acabamos de diferenciar -y esta es la distorsión entre la realidad de las cosas y lo que queremos poner en la ley- que un contrato indefinido puede ser bueno -y lo es- para mejorar las condiciones
laborales y hacer una carrera predecible, estable, sin renunciar a la calidad, pero si hacemos contratados indefinidos a quienes ya son profesionales en la empresa privada, en la Función pública, cuya función como profesor asociado en la universidad
debe ser otra, estamos distorsionando toda la carrera.


Estoy muy de acuerdo con usted en el tema de la acreditación por eso de que hay que ver en conjunto. Tenemos contratos predoc, contratos FPU y contratos FPI que dejamos por ahí perdidos, y hay que tenerlos en cuenta. No resuelve la
situación que digamos que los ayudantes doctores entran sin acreditación, porque tenemos una bolsa de doctores sin calidad controlada -permítame, tengo que decirlo muy rápidamente-. Por tanto, ¿añadiría usted ahí a los colaboradores precarios a los
profesores tutores de la UNED?


Y recogemos su propuesta, no digo que la vayamos a incorporar, pero parece interesante lo que usted dice. Si vamos a tener profesores asociados, que ya los tenemos, que imparten clase, ¿por qué vamos a tener menos controles de calidad sobre
su formación y su capacidad para cumplir con las funciones que tienen en la universidad?


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría, por la intervención.


Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el diputado Roberto García Morís.


El señor GARCÍA MORÍS: Gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señora Vera, ha sido una exposición muy interesante que complementa los materiales que ya nos había trasladado.


Yo quería insistir en que nos hiciese una consideración de qué puntos más fuertes cree que tiene la LOSU en relación con reducir las desigualdades en el conjunto del sistema universitario. Y aunque no todo lógicamente se resuelve con
financiación, la financiación es muy importante. En los últimos Presupuestos Generales del Estado se destinaron más de 2200 millones de euros a becas para todo el sistema educativo, también para el sistema universitario. Se ha iniciado la
disminución de las tasas y de los precios públicos, que se habían desorbitado con todo este sistema que se estableció en torno a 2012, y se blinda también la concepción subjetiva de la beca en la ley. Las medidas de carácter presupuestario son
también medidas importantes de acompañamiento al marco normativo. Quiero preguntarle, por tanto, cómo considera que la LOSU aborda estas cuestiones que tienen que ver con la reducción de desigualdades.


También nos parece interesante la reflexión que ha hecho sobre el profesorado asociado y sobre cómo se puede topar ese porcentaje de profesores asociados en el conjunto de la universidad, ver sus profesores permanentes. Y quiero destacar la
importancia de los contratos predoctorales. Hubo un aumento en los últimos Presupuestos Generales del Estado de la partida para contratos FPU, que se va a incrementar en el siguiente ejercicio 2023. Después lo que tiene que ver con unos gráficos
que nos proyectaba sobre la disminución del número de profesores ayudantes, me refiero a los ayudantes doctores. Ya lo dije en algunas comparecencias anteriores, aparte de la vía del ayudante que está en los FPU y demás contratos predoctorales, se
abre también la vía para que las propias universidades puedan utilizar esos contratos predoctorales para nutrir luego esos concursos de profesores ayudantes doctores. El hecho de que la figura de profesor ayudante doctor -lo dije antes- sea esa vía
de entrada va a garantizar un rejuvenecimiento de las plantillas y va a cambiar esa gráfica -no sé si era exactamente esta- en la que se dio una disminución respecto a años anteriores, aunque ahora es incremento.


Asimismo, las medidas que se han tomado en relación con la tasa de reposición en los últimos Presupuestos Generales del Estado, que creo que está ahora en 120, son medidas que van acompañando a todo este sistema. No comparto lo que decía la
señora Moro en relación con una bolsa importante de doctores que puedan obtener la suficiente calidad y que se puedan presentar a esos concursos. Se van a poder presentar, pero esos concursos van a ser concursos lógicamente públicos, con comisiones
con mayoría externa de la universidad; y podemos encontrarnos casos como, por ejemplo, en alguna reunión que nosotros hemos tenido con los profesores tutores de la UNED con los que compartimos diagnóstico, que a veces nos dicen que tienen problemas
para poder concursar en el resto de universidades públicas, porque tienen dificultades para acceder a las acreditaciones de ayudante doctor, ya que no se les

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considera la docencia como profesores tutores o las horas de profesores tutores como méritos docentes para poder alcanzar una acreditación. Es decir, por ejemplo, que se abriría la puerta a que un profesor tutor con una trayectoria
investigadora, pero no con docencia propia estructural dentro de las universidades, vamos a decir, más tradicionales, podría optar también a esas plazas, por eso quiero decir que disiento en parte de ese argumento.


Muchísimas gracias, señora Vera, por su exposición.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría, por la intervención.


Profesora Sacristán, tiene ahora cinco minutos para hacer una respuesta de conjunto a lo que se le ha planteado.


La señora PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (Sacristán Adinolfi): Ha salido varias veces la cuestión del profesorado asociado, la dedicación, la temporalidad. Yo separaría las dos cosas. Es decir, una cosa es si el
profesorado asociado debe tener o no contratos indefinidos. En general, los contratos indefinidos dan más garantías a las personas, y esa es una cuestión -entiendo yo- estrictamente laboral. Y otra cosa es qué proporción del personal universitario
está dedicado a tiempo completo y qué proporción está dedicado a tiempo parcial a la universidad, y esa es la que me parece que debería subsanarse respecto del texto presentado, en el sentido de que eliminar la temporalidad como hace el texto no
elimina las bolsas de demasiada dedicación a tiempo parcial, que generan muchas dificultades, y siempre las pensamos solo en términos de que si la persona está dedicada a tiempo parcial no hace investigación, pero no es solo eso. Coordinar una
asignatura que tenga mucho profesorado a tiempo parcial, como ese profesorado no sea falso asociado y sea auténtico, es un martirio, porque las personas que trabajan tienen un horario laboral en su trabajo inicial. Entonces limitar eso pienso que
sería una buena cosa que la ley debería hacer, con absoluta independencia de la discusión de si el contrato debe ser indefinido o no. Yo he sido vicerrectora de personal en mi universidad. El profesorado asociado en mi universidad, que es una
politécnica -no era falso en mis tiempos-, tiene una gran rotación, acaba siendo temporal de forma natural, porque quien tiene una profesión y la está ejerciendo, en general, no puede estar muchos años haciendo de profesor asociado. Por lo tanto,
tenga el contrato que tenga, va a haber mucha rotación de ese personal.


Me han preguntado sobre las agencias, y ello enlaza con el énfasis en las tres personas externas en los concursos. La experiencia nos dice que las agencias de acreditación han permitido mejorar la calidad del profesorado universitario, sin
discusión. Por consiguiente, si se coordinan y realmente ponen unos criterios homogéneos, bienvenidas sean. En cambio, que las comisiones que juzgan los concursos del PDI tengan tres personas externas lo sabemos desde 1983, es lo que hacía la LRU,
y acabamos inventando unas agencias porque con eso no bastaba. Por lo tanto, tiendo a preferir que alguien que no esté metido en el cotarro al menos dé un mínimo de nivel y diga: esta persona está acreditada. Entiendo que el problema de la
acreditación de los ayudantes doctores pueda ser el intento de captación de profesorado desde otros lugares de Europa o del mundo y que la acreditación resulte una traba, porque a la persona que está trabajando en Francia, en Alemania o en Estados
Unidos ni se le ocurre que tiene que pedir una acreditación para conseguir ser profesor en España, y que esa sea la causa por la cual en el proyecto de ley no aparece la acreditación de los ayudantes doctores. Pero pienso que eso se podría
solventar, se podría hacer que ese contrato de seis años tuviera un primer año de prueba durante el cual la persona tiene que conseguir esa acreditación, y conseguiríamos las dos cosas: atraer personas de fuera sin ponerles una traba previa, y, a
la vez, asegurarnos de que quien va a estar enfilado hacia la plaza permanente haya pasado una acreditación externa. Pienso que se pueden inventar cosas.


Ya no debo tener más minutos, ¿no?


El señor PRESIDENTE: Un minuto.


La señora PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (Sacristán Adinolfi): ¿Uno? Vale.


Efectivamente, el proyecto intenta combatir la desigualdad en algunas cosas tipo mujeres, tipo discapacidad. Pienso que el ministerio ha hecho cosas, pero queda mucho camino por hacer para combatir la desigualdad, y el proyecto de ley
podría ser un poco imaginativo. Por ejemplo, es muy importante la tutoría, la mentoría, acercar la universidad a los barrios, a las poblaciones más lejanas a ella, montar actividades para niños. Usted monta un taller en una universidad a la que
los niños pueden ir al salir del

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colegio a aprender a programar, como hace la Universidad de Valladolid, y de golpe, niños de barriadas que nunca habían pensado en la universidad, para ellos existe la universidad, es real y es tangible, y a lo mejor si son buenos
estudiantes pensarán en ir, o a lo mejor no, pero al menos se les aproxima. Hay muchas cosas que se podrían hacer sin grandes costos, y pienso que el proyecto podría, como mínimo, estimular a las universidades a hacer cosas.


El señor PRESIDENTE: Profesora Sacristán, muchísimas gracias por su comparecencia, por sus explicaciones y por el tiempo.


La señora PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (Sacristán Adinolfi): Muchas gracias a ustedes.


Si me lo permiten, les mandaremos unas propuestas de enmienda. Si les son útiles bien y, si no, también. (La señora Moro Almaraz: Que sea pronto, por favor).


El señor PRESIDENTE: Fantástico. Bienvenidas serán. Muchas gracias.


Paramos dos minutos y pasamos a la última comparecencia. (Pausa).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (ABRIL ABADÍN). (Número de expediente 219/000895).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última comparecencia, dando la bienvenida a don Antonio Abril Abadín, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, a quien agradecemos mucho su presencia ante esta
Comisión y damos inmediatamente la palabra por tiempo de unos quince minutos.


El señor PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (Abril Abadín): Buenas tardes. Gracias, presidente; gracias, señorías, por su asistencia y por su interés, y por la oportunidad que se le da a la
Conferencia de Consejos Sociales de comparecer ante esta Comisión.


Como ustedes saben, la conferencia es la asociación que engloba a los consejos sociales de todas las universidades públicas y a un número considerable de órganos de gobierno de las universidades privadas, y tenemos asignada por ley la
responsabilidad de la representación y la participación de la sociedad en la universidad pública española. Me van a permitir empezar leyendo un párrafo del preámbulo de la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Dice: 'Esta ley está vertebrada por
la idea de que la Universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas
Comunidades Autónomas. A ello responde la creación de un Consejo Social, que, inserto en la estructura universitaria, garantice una participación en su gobierno de las diversas fuerzas sociales'. Ojalá hubiéramos actuado en consecuencia de este
párrafo que acabo de leer, pero no es así; la realidad es que los consejos sociales no somos órganos de gobierno universitario, aunque se nos llame así, sino que nos limitamos a ser órganos de control económico y presupuestario, y aun ello sin las
capacidades reales para el ejercicio de las competencias teóricas que la ley nos reconoce. Sin embargo, representamos a la sociedad española, que financia muy mayoritariamente la universidad pública española.


La comunidad universitaria viene actuando en buena manera como si la universidad fuera de algún modo patrimonio suyo, y lo grave es que la sociedad lo hemos consentido. Sabemos que la comunidad universitaria se autogestiona, eligiendo a sus
representantes -incluido el rector- por sufragio corporativo interno de quienes trabajan y estudian en ella. Eso, señorías, no es un sufragio universal, aunque en las leyes reguladoras de las universidades españolas lo llamamos así. Esta situación
da lugar a un inevitable y a la vez indeseable conflicto de intereses entre los corporativos de quienes votan y los del servicio público de educación superior al que se debe la institución. Esto no es una crítica a la universidad, esto es propio
del ser humano. Todos, salvo nobles excepciones, tendemos a la consecución de nuestros propios intereses en una organización, que -lo voy a decir de una manera suave- en ocasiones no estarán en línea con el interés general de la institución, y en
este caso el interés general es nada menos que el servicio público de educación superior.


Tenemos un problema de falta de buen gobierno universitario en España, porque no tenemos algunas de las características que configuran necesariamente el buen Gobierno: ética -la presuponemos, evidentemente, y agradecemos que en la nueva
relación de competencias de los consejos sociales se

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hable de la ética y de la integridad académica-; equilibrio de poderes, otro de los elementos del buen gobierno corporativo y que no tenemos, y tampoco tenemos verdadera transparencia y rendición de cuentas. En conjunto, lo que hemos
configurado desde el año 1983, tenemos hoy y se va a mantener en este proyecto de ley orgánica -a ser que se modifique- es un sistema de gobernanza universitaria que hace que España sea hoy, en el mundo, el país donde menos protagonismo, menos
participación, menos responsabilidad y menos compromiso tiene la sociedad en la gobernanza de su universidad. Eso ha traído una serie de consecuencias que no son favorables, primero, para la propia universidad y, desde luego, para la sociedad
española.


Tenemos una universidad, evidentemente, más que meritoria, porque a pesar de las limitaciones que tiene ha conseguido un sistema homogéneo, compacto y ha permitido el acceso a la titulación superior de un porcentaje importantísimo de la
población española en edad universitaria, pero tenemos una universidad con un exceso de corporativismo, lo que genera una endogamia que no es aceptable y que es la antítesis de la meritocracia. Tenemos una excesiva distancia entre universidad y
tejido productivo, que se han comportado como dos vías de tren en paralelo cuando tienen un objetivo concurrente, que es el interés general, el desarrollo económico y social, la creación de puestos de trabajo y nuestro bienestar social. Eso ha
impedido que la tercera misión universitaria sea un verdadero motor de desarrollo económico y social en España. Ya se ha dicho en esta Comisión: undécimo país en publicaciones científicas y siempre por detrás de la posición trigésima en ránquines
de innovación y competitividad porque no hemos sido capaces de dirigir la mucha y buena investigación que hacen las universidades al tejido productivo y a su conversión en riqueza real. Las OTRI no funcionan como deben, son órganos de gestión
burocrática de expedientes, sin vocación ni formación comercial cualesquiera que sean los índices de transferencia que miremos: generación de patentes, spin-off universitarias, cualquier tipo de contratos de cesión o transferencia de resultados de
la investigación; estamos bajo mínimos, y esto es especialmente grave en un país como España, que tiene un tejido productivo constituido muy mayoritariamente por microempresas, con muy escasa vocación de innovación y no digamos ya capacidad de
transformación tecnológica. Y, claro, una sociedad a la que se le ha echado de la gestión de su universidad no se siente vinculada para priorizarla, por eso tenemos un déficit grave de financiación. Y lo más grave es que esto no se compensa con
una autonomía operativa real, una flexibilidad real de las universidades para regular y sacar partido del inmenso talento que atesoran sus personas.


Vamos con el tema de la ausencia de verdadera transparencia y rendición de cuentas. Señorías, excepto en las universidades de Asturias y de Canarias, en las que la ley atribuye al consejo social la dependencia orgánica y funcional de las
unidades de control interno universitario, en todas las demás universidades públicas la ordenación de los ingresos y de los gastos depende del rector, sin que exista segregación de funciones. Es decir, el rector ordena el gasto, firma la factura y
fiscaliza la orden de gasto y la factura; no puede ser. Esta situación ha sido reiteradamente denunciada por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas, que han llegado a decir que no se corresponde con lo
previsto en la ley, que atribuye a los consejos sociales la supervisión de los ingresos y de los gastos. Si además los consejos sociales solo actuamos sobre los documentos económicos y presupuestarios en el momento final y no en su elaboración, nos
convertimos, lamentablemente, en lo que tan a menudo somos y se nos ha criticado: órganos meramente ratificantes. No hemos sido capaces de hacer la contabilidad analítica en las universidades, no tenemos fuerza suficiente; es obligatoria desde
hace diez años y no la hay en las universidades públicas.


¿Esto es lo que pasa en Europa? No, evidentemente no. Se les ha repartido a ustedes -espero que hayan tenido oportunidad de leerlo- un trabajo conjunto de la Cámara de Comercio de España, la Fundación CYD, la Conferencia de Consejos
Sociales, sobre la reforma de la gobernanza en países europeos que, a diferencia de España, sí han hecho sus deberes y sus universidades se han adaptado a los retos de una enseñanza pública superior en el mundo actual. ¿Qué es lo que hay en Europa?
Un solo órgano de administración de dirección universitaria -no dos como en España, aunque uno sea teórico-, con una participación relevante de la sociedad civil en porcentaje variable, que elige un rector por concurso de méritos que puede venir de
cualquier país del mundo, al que se le dan competencias de gestión académica, evidentemente, y con un presupuesto que tiene en cuenta criterios de cumplimiento de objetivos, de calidad y de cumplimiento de objetivos al servicio de la sociedad, y una
rendición de cuentas, evidentemente, en consecuencia.


Pero no hace falta salir de España para encontrar ejemplos de gestión competitiva y meritocrática del talento. Supongo que aquí han comparecido representantes de la ciencia. Nosotros hicimos la labor de

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traer, por ejemplo, a los institutos SOMMA agrupados, es decir, los centros de excelencia SOMMA, al Centro de Regulación Genómica de Luis Serrano, al Centro Nacional de Investigación Cardiovascular de Valentín Fuster, al CNIO de María
Blasco, a ICREA, al Ikerbasque. Miren ustedes las características que aplican a la gestión de la ciencia: independencia orgánica y autonomía funcional para captar y evaluar a los investigadores; dotación de recursos y entorno de trabajo
competitivo; remuneración en términos de mercado, según experiencia y méritos; ausencia de burocracia; evaluaciones externas independientes que condicionan la continuidad del contrato y conexión constante con el sector productivo. Es decir,
sabemos lo que funciona y sabemos lo que no funciona y lo tenemos aquí en España. ¿Por qué no somos capaces de aplicar esto en la universidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen los informes? Yo no sé si sus señorías conocen algún informe que
defienda el actual sistema de gobernanza de la universidad pública española. Yo, desde luego, no. ¿Hay informes que piden, en mayor o menor medida, la reforma del sistema actual? Todos los que han tocado este tema. Lo inicia el informe Bricall,
en el año 2000; el de los expertos presididos por María Teresa Miras Portugal, en el año 2013; el de expertos internacionales de Rolf Tarrach, que no por casualidad se llama Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España del
mañana, y, más recientemente, el que ha publicado Redfue esta misma semana y el que publicó el año pasado COSCE, la Confederación de Sociedades Científicas de España, sobre sus alegaciones a la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación
2021-2027. Fíjense en lo que dice la ciencia española. Nada se dice en la estrategia de los modelos de organización y gestión de la universidad y centros de investigación, instituciones tan importantes para lograr una investigación de frontera y,
en especial, las universidades. A medio plazo es imprescindible abordar la reforma de la gobernanza de los organismos públicos de investigación. Tanto en las universidades como en los otros centros públicos de investigación, sería aconsejable
establecer medidas diferenciadoras que mantuvieran vinculados al sistema a aquellos investigadores más activos y, a la vez, propiciaran la salida de los más ineficaces. Estas medidas diferenciadoras solamente serían posibles si se llevasen a cabo
cambios que mejoraran su actual modelo de gobernanza. Esto lo dice la ciencia española y, más recientemente, la hoja de ruta elaborada por la OCDE para la mejora de transferencia de conocimiento y la colaboración entre ciencia y empresa en España.


Quisiera tener más minutos para leerles a ustedes más párrafos de este informe, pero, obviamente, no puedo. Hace una durísima crítica sobre el actual sistema de gobernanza universitaria, cuestionando el poco margen que hoy tiene la sociedad
española en ella y pide que se transforme el actual sistema en dos direcciones, siguiendo los modelos de éxito europeos, para dar voz de manera efectiva a los representantes de los intereses sociales externos a la universidad en el diseño de la
estrategia universitaria y fortaleciendo de manera real el papel y las capacidades de los consejos sociales. Este informe, señoría, lo han pedido ustedes; es un informe pedido por el Gobierno español, con la firma de los Ministerios de Ciencia e
Innovación y de Universidades y con una proposición no de ley aprobada por unanimidad por este Congreso de los Diputados. ¿Cómo es posible que este informe que pide el Gobierno lo pida Europa, que mandata a la OCDE y se hace con la autoridad
comparada y contrastada de la OCDE? ¿Cómo es posible que el Ministerio de Ciencia e Innovación lo siga a rajatabla y el Ministerio de Universidades, simplemente, lo desprecie y lo ignore total y absolutamente? ¿Cómo es posible?


¿Y qué pasa con Europa? Viene Europa con los fondos Next Generation, los asigna y pone condiciones y una de las condiciones que pone -por eso estamos aquí porque, si no, no estaríamos- es una nueva ley orgánica universitaria. Una de las
condiciones que pone es lograr el good governance de la universidad y todas las demás condiciones giran en torno a la mejora de la relación universidad-empresa. Es decir, ciencia, empresa, Europa y la OCDE. Esto es un clamor de toda la sociedad
española para el cambio de la gobernanza en la universidad española.


¿Y qué hace el proyecto de nueva ley orgánica universitaria sobre este tema? Anclarse en el año 1983; no hace nada. Tenemos el riesgo de aprobar en el año 2022 una ley anclada en 1983. Por eso hemos presentado un documento de enmiendas
que se les ha repartido y que confío en que hayan tenido tiempo de leer. ¿Qué pedimos? Que se aborde el cambio de la gobernanza; que se aborde la transferencia de resultados y la cooperación entre universidad y empresa, que es una de las grandes
asignaturas pendientes, no ya de la universidad, sino de la sociedad y de la economía españolas, y que se recuperen las competencias perdidas de los consejos sociales. Perdemos en el proyecto la única competencia de aprobación única que teníamos,
la de las normas de progreso y permanencia de los estudiantes en la universidad, porque todas las demás competencias de aprobación que tenemos son de documentos previamente aprobados por el consejo de gobierno de la universidad, normas de progreso y
permanencia

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y mérito de los estudiantes que el Tribunal Constitucional ha dicho que es el adecuado equilibrio entre el esfuerzo necesariamente pedido a los estudiantes y el esfuerzo que hace la sociedad para pagar mayoritariamente un servicio público
con recursos que son necesariamente limitados.


Hemos perdido la práctica totalidad de las competencias de informe vinculante. En algunos casos es especialmente relevante; por ejemplo, la hemos perdido en el tema de la oferta y la aplicación de titulaciones y de adscripción de centros,
en un momento en que a la sociedad española le preocupa, y mucho, la brecha entre oferta y demanda; en que necesitamos mejorar la empleabilidad de nuestros egresados, que estamos en cifras de paro de dos dígitos y duplican la media de la Unión
Europea, y en que tenemos un 50 % de egresados universitarios que, a los cinco años de terminar su titulación, no están en un puesto de trabajo adecuado a su titulación. Quitamos a la sociedad la competencia de informe vinculante en el mapa de
titulaciones y el mensaje es absolutamente nefasto. Pedimos recuperar la dignidad de los consejos sociales en la participación en los consejos de gobierno de la universidad. Los estudiantes, el personal de gestión, administración y servicios
tienen reconocido un 10 %. Nosotros, lo que digan los estatutos, puede ser uno solo. No puede ser. Queremos que se mantenga la pluralidad de fuerzas sociales en la designación de los miembros de los consejos sociales y que no solo sea el
Parlamento el que los designe, sino también los empresarios, los sindicatos, los autónomos y los alumnos porque eso es lo que garantiza que realmente los consejos sociales sean una representación de la sociedad y queremos que se fortalezcan los
consejos sociales. Queremos un estatuto del presidente y de los miembros de los consejos sociales que garantice su capacidad, su formación, su idoneidad y su compromiso de dedicación. Cuando se ofrezca a una persona ser presidente de un consejo
social, y lo quiera aceptar de buena fe, que no lo haga sin tener estas condiciones porque tiene que tener una dedicación, tiene que pisar el consejo social y tiene que realizar una serie de funciones que, a lo mejor, no puede realizar. Necesitamos
consejos sociales fuertes.


¿Cuáles son las opciones de reforma de la gobernanza? Lógicamente, el objetivo sería aproximar el modelo español a los modelos de éxito europeos. Están ya contrastados, están ahí y no hay más que -en el buen sentido de la palabra-
copiarlos y adaptarlos a las características y especialidades del sistema español. Pero en el documento de enmiendas nosotros hemos presentado la famosa enmienda 9, en la que planteamos la posibilidad de que las universidades públicas actuales
puedan transformarse en universidades en régimen fundacional, con absoluto respeto de la autonomía universitaria. Se trataría de que, por acuerdo del rector, con conformidad del consejo de gobierno, aprobación por mayoría absoluta del claustro e
informe preceptivo -que no vinculante- del consejo social, la propia universidad adoptase esta decisión y se constituyese una junta rectora, con solo un 30 % de participación de la sociedad, es decir, mayoría académica, que designa un rector,
obviamente, por concurso de méritos, que puede provenir de cualquier país del mundo. Ese rector preside una comisión ejecutiva, nombra a dos tercios de la comisión ejecutiva, absoluto respeto a la autonomía universitaria, y tiene capacidad de
gestión. Asignamos a las universidades autonomía operativa real y capacidad para gestionar el talento y le procuramos una financiación adecuada, con la correspondiente rendición de cuentas.


Este es el modelo de Portugal del año 2007. ¿No vamos a ser capaces de hacer en España, en el año 2022, lo que hizo Portugal en el año 2007, señorías? Esto lo intentó el primer anteproyecto del ministro Castells, con esa posibilidad de que
un órgano externo que, por supuesto, lamentablemente, no era el consejo social, pudiera designar a un rector por concurso de méritos. Esa opción era limitada porque solo se refería a la elección del rector. La gobernanza universitaria es mucho más
que la elección del rector, es la composición de los estamentos académicos y de los órganos de Gobierno y es la transparencia y la rendición de cuentas. Pedimos a este Congreso de los Diputados que asigne a los consejos sociales el control interno
de las universidades y la fiscalización en correspondencia con nuestras competencias de control económico y presupuestario.


Con esto ya he terminado. Muchísimas gracias por la prórroga. Quedo a disposición de sus señorías para responder las preguntas que consideren convenientes.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por la intervención, don Antonio Abril Abadín.


En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la diputada Oramas González-Moro.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Gracias, don Antonio Abril. Lo que usted ha dicho ha sido un aire de futuro y de que todavía hay esperanza. Esta sociedad y este país necesitan una universidad del siglo XXI, no del siglo XX ni del siglo XIX, europea y, sobre todo, que dé
respuesta a los retos que la sociedad española tiene hoy en día.

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He leído las enmiendas que los consejos sociales han presentado a los grupos parlamentarios y, ante esto, le planteo tres preguntas.


En primer lugar, hemos oído la comparecencia que hizo en esta Comisión el señor Juan Romo, rector de la CRUE y rector de la Universidad Carlos III, en la que afirmaba que era necesario que la universidad propusiera un nombramiento del 50 %
de los miembros externos del consejo social. ¿Cree usted que esto estaría en línea con lo que plantea el informe de la OCDE u otros informes que usted ha mencionado en su exposición?


En segundo lugar, también pudimos oír al señor Villamandos, consejero de universidades del PP en Andalucía, una afirmación categórica: los consejos sociales no están cumpliendo con las funciones que tienen encomendadas de forma general y se
empeñan en ser los interventores de las universidades, cuando las universidades son auditadas externamente por las cámaras de cuentas y el Tribunal de Cuentas. En mi opinión, es necesario que se incremente la rendición de cuentas sobre los recursos
económicos que se aportan a las universidades públicas y se fiscalicen. De hecho, según expertos en esta materia de Europa y Estados Unidos, la rendición de cuentas consiste en exponer, explicar y poner a disposición de la sociedad todos los
recursos empleados, así -esto es lo importante- como los resultados alcanzados por las instituciones en materia económica, académica, de investigación y de servicio, analizar si se ajustan a lo esperado y demandado por la sociedad y, por último,
exponer qué acciones correctoras se han puesto en marcha para, en su caso, corregir las desviaciones detectadas con respecto a los resultados esperados o previstos. ¿Cree usted que las universidades actualmente llevan a cabo este tipo de rendición
de cuentas? ¿Cómo se podría potenciar esa rendición de cuentas a través de los consejos sociales, órganos propios de la universidad donde participa la sociedad?


En tercer y último lugar, el señor Villamandos también afirmó algo que yo he intentado contrastar y no he podido. En concreto, se refería a que hay muchos que abogan por un sistema de consejo social o un modelo de elección del rector a
través de un comité o consejo. Hay distintos nombres y siempre aluden al modelo europeo. Se les olvida decir que en ese modelo europeo más de la mitad de los miembros de ese consejo son académicos de la universidad. ¿Me puede aclarar usted este
asunto que yo no he podido contrastar? ¿Es cierto lo que se afirma?


Termino ya. Creo que hay tiempo para trabajar de forma conjunta, sin intereses ideológicos ni partidistas, por esta sociedad y este país. No tiene sentido que se vayan a crear 100 000 puestos de trabajo en los próximos años y que todavía
no tengamos en España a la gente preparándose para ello. Eso lo hemos sufrido en Canarias durante décadas; cada vez que se creaba empleo venían alemanes, ingleses y personas de toda Europa a cubrirlo porque los canarios no teníamos la formación.
Tenemos un gran reto y el reto es tener la formación que va a necesitar nuestra sociedad, y eso se tiene que hacer sin sesgos ideológicos y teniendo también la capacidad para que cualquier joven con talento de este país pueda soñar, estudiar y
quedarse en su país a trabajar. Ese es el reto de todas las fuerzas políticas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, diputada, por la intervención.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el diputado Bueno Pinto.


El señor BUENO PINTO: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor Abril, por su intervención. Seré muy breve. A nosotros nos parece interesante e importante tratar las relaciones de la universidad con su entorno social -lo hemos hablado también en otras comparecencias- para evitar
que la universidad sea vista como una torre de marfil y eso implica relaciones de la universidad con el entorno y del entorno con la universidad. Usted ha respondido a la primera parte, cómo se recoge en la LOSU el papel del consejo social y cuál
es su modelo, y, por tanto, no ahondo en ella y me refiero a la segunda parte. La ley también recoge dos conceptos, que son ciencia abierta y ciencia ciudadana, en parte de su articulado. Son dos conceptos que a nosotros también nos parecen
acertados y que van dirigidos a democratizar la universidad y a hacerla más accesible a la sociedad en definitiva y a que tenga peso la generación de conocimiento. ¿Qué valoración hace usted de estos dos conceptos? ¿Le parecen acertados o no? ¿Y
cómo los desarrollaría?


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la intervención, diputado.


Por el Grupo Parlamentario VOX, es el turno del diputado Pedro Fernández Hernández.

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El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


Gracias, señor Abril, por sus explicaciones. Tengo dos cuestiones muy breves. La primera cuestión, ya que ha hecho referencia a la famosa enmienda 9 sobre la coexistencia de universidades públicas del régimen general con el régimen
fundacional, es si quiere hacer algún comentario o añadir algo al respecto y la segunda se refiere a la comparecencia del señor Villamandos, que dijo que, si quedaba como estaba la actual redacción de la LOSU, sería una oportunidad perdida. ¿Piensa
usted también así?


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la diputada Marta González Vázquez.


La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Moitas grazas, señor Abril. Benvido. Gracias por su presencia.


La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas que usted preside tuvo una posición muy crítica con los anteproyectos sucesivos de la LOSU y, además, mantiene esas críticas, lo acabamos de escuchar con toda firmeza y
claridad en el proyecto de ley que ahora debatimos. Usted se ha quejado del trato dado a los consejos sociales por el ministerio en la tramitación de este proyecto de ley y, siendo como son los representantes del tejido y del entorno socioeconómico
de cada universidad, resulta una muy seria esa advertencia sobre la falta de calidad en este texto.


Usted nos ha descrito ahora los problemas que el texto presenta, en primer lugar, con relación a la falta de transparencia, que se mantiene; en segundo lugar, con relación a la gobernanza, que le parece a usted deficitaria -ha mencionado
que es del año 1983-, y, en tercer lugar, con relación a la falta de papel o al papel que se les retira a los consejos sociales en el texto.


Nos ha comentado muy por encima las enmiendas que han preparado y el compañero del grupo que ha tomado la palabra anteriormente se ha referido a la enmienda que ha llamado más la atención quizá, que es la enmienda 9. Tal vez pueda darnos
alguna otra pincelada sobre esas universidades públicas de régimen fundacional cuyo sistema se establece en esa enmienda y mencionarnos alguna otra cosa sobre el resto de las enmiendas.


Para terminar, quería hacerle una última pregunta: ¿qué modelo de universidad occidental europea es el que considera más adecuado para la universidad española en su realidad actual? Porque no se trata solo de que sea un modelo brillante,
sino de que pueda ser realmente un modelo a implantar de manera efectiva.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría, por la intervención.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado Guillermo Meijón Couselo.


El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, presidente.


Boa tarde, señor Abril, e benvido a esta Comisión. En el Grupo Socialista agradecemos mucho su presencia aquí. El interés de su comparecencia no cabe duda de que estriba en su dilatada experiencia en los consejos sociales de la universidad
-prácticamente lleva usted lo que llevamos de siglo y algo más en la Universidad de A Coruña- y en la visión desde la atalaya que le brinda a usted ser presidente de los consejos sociales del sistema universitario. Además, nos interesa mucho su
visión porque es muy plural, ya que usted une su conocimiento jurídico como abogado del Estado a su experiencia -importante- en el área económica y empresarial en distintas empresas de las que vamos a destacar una que usted y yo conocemos bien y es
Inditex, por no hablar también de su propio pasado como docente universitario.


Le adelanto ya, como no podía ser de otra manera, que, independientemente del acuerdo o no acuerdo que pudiéramos tener en aspectos concretos de su intervención, no tenga duda de que estudiaremos sus aportaciones con gran interés. Usted
sabe que el Partido Socialista siempre ha apostado desde su propia creación por los consejos sociales porque para nosotros cumplen un importantísimo papel. Incluso yo haría mías las palabras del ministro Subirats cuando en el pasado Pleno habló del
papel fundamental de los consejos sociales en la orientación estratégica de las universidades a través de los mecanismos de colaboración con sus órganos de gobierno en la interrelación con la sociedad, aunque usted critique que, efectivamente, esas
palabras no se corresponden con el texto propuesto.

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Usted hace una referencia importante al modelo de gobernanza y también a las relaciones entre universidad y empresa, y yo le quisiera preguntar por un papel que los consejos sociales sí están cumpliendo en otros países como es la
financiación de las universidades y también qué pueden hacer los consejos sociales en materia de fomento del mecenazgo, porque es verdad que hay una distancia en este país entre universidades y empresas, pero también hay una distancia importante
entre empresas y universidades. Por tanto, me gustaría conocer su visión sobre ello.


Modestamente diré que también he sido miembro del Consejo Social de la Universidad de Vigo cuando era concejal en Pontevedra y por eso me gusta la referencia que usted ha realizado al estatuto de los miembros del consejo social. Si quiere
usted, me gustaría que me la ampliara un poco porque sería necesario que existiera un sistema que fomente una elección de personas que se comprometan con la actividad del consejo y que se garantice, además, esa representatividad. Estos dos puntos
nos interesan. Le queremos agradecer que nos haya remitido toda la documentación, la hemos estudiado bastante y estudiaremos las enmiendas con todo el rigor posible por parte de nuestro grupo parlamentario.


Máis nada, presidente. Grazas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría, por la intervención.


Señor Abril, tiene cinco minutos para responder como le parezca conveniente.


El señor PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (Abril Abadín): Moitísimas grazas. Muchas gracias por las preguntas y el tono positivo de todas ellas. Ya me había advertido el presidente de que lo
más duro iba a ser los cinco minutos de respuesta conjunta a las preguntas y, efectivamente, va a ser así.


En relación con la intervención en estas comparecencias del actual presidente de la asociación de rectores españoles, he de decir que ya es lo que nos faltaba: ¡que el órgano controlado, el órgano que tiene que rendir cuentas controle de
manera absoluta la composición del órgano controlante al que hay que rendir las cuentas! Porque, claro, si la universidad propone el 50 % de la parte externa de los consejos sociales y son miembros natos el rector, el gerente y el secretario
general, controlan la mayoría absoluta; con lo cual, la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno ya no son planteables.


En relación con la intervención del anterior presidente de la asociación de rectores de las universidades españolas, lo primero que hay que decir es que no se puede confundir la auditoría interna con la auditoría externa. Eso es como si
viene un alcalde y nos dice: quiten ustedes al interventor municipal que ya tengo el Tribunal de Cuentas. La universidad pública es la única institución de la Administración pública que no tiene segregación de funciones entre las funciones de
gasto y las funciones de ingreso. Eso no puede ser y es un gravísimo problema para el buen gobierno de las universidades y la imagen que transmitimos de ellas.


En cuanto a por qué estamos hablando de los modelos de los consejos europeos y de la representación minoritaria, dije antes que el modelo español no existe en ningún país del mundo y que en los modelos europeos hay un solo órgano de gobierno
de la universidad y no dos como en España, aunque uno de ellos sea teórico, que son los consejos sociales. En ese único órgano de gobierno hay siempre una representación relevante externa a la academia en una proporción variable; en unos casos es
mayoritaria -y no se rasga nadie las vestiduras-, en otras es paritaria y en otras es minoritaria. Ya quisiéramos nosotros tener el modelo portugués y ese mismo porcentaje que propuso Castells para ese órgano en su primer anteproyecto, que es el
que proponemos nosotros en esa enmienda 9 sobre las universidades de régimen fundacional, que es el del 30 %. Pero es un 30 % de representación externa real, efectiva y relevante en el único órgano de gobierno que tiene la universidad; no es lo
que hay aquí, que es una participación que se minimiza en el proyecto hasta el límite posible porque se deja en manos de los estatutos de los consejos sociales o de la parte de representación de la sociedad en el verdadero órgano de gobierno de la
universidad, que es el consejo de gobierno. De manera que, por favor, no confundamos lo que es un consejo de gobierno en una universidad europea con lo que son los consejos sociales en España, pues en Europa no hay nada ni remotamente parecido a
los consejos sociales.


Por supuesto que ciencia abierta, cercanía e implicación de la sociedad. Siempre digo que la universidad pública española es mucho más víctima que culpable de estas limitaciones. La responsabilidad o culpabilidad es suya y mía, señorías,
es decir, de la sociedad. Nosotros tenemos la obligación de dar a la universidad pública los medios económicos y un buen sistema de gestión para hacerla excelente. Si acercamos la sociedad a la universidad y la implicamos en su compromiso de
gestión, llegaremos a la ciencia abierta.

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Otro tema muy importante que no ha citado usted es el de la formación permanente. Tenemos que convertir las universidades en centros de formación permanente porque hoy los conocimientos que se adquieren tienen fecha de caducidad, como todos
bien sabemos.


¿Oportunidad perdida? Evidentemente. Como sus señorías aprueben el proyecto de ley tal y como está, será una inmensa oportunidad perdida que nos va a poner en evidencia ante Europa. Ya lo estamos con el actual sistema de gestión y
gobierno de la universidad pública española, pero hacer en el año 2023, cuando se apruebe, una ley orgánica que confirma un modelo de gobernanza que hoy ya nadie entiende ni apoya, sería algo más que una oportunidad perdida.


La enmienda 9 es un intento de dar salida a ese tremendo problema que es la uniformización de la universidad pública española y de dejar que el talento de algunas universidades explote, salga y coloque a las universidades españolas en los
primeros puestos de los ránquines mundiales y tenemos para ello el talento de las personas. Lo que pasa es que es un sistema de gestión que no permite que ese talento realmente se ponga en valor. Es un intento respetuoso de la autonomía
universitaria. Es un intento honesto y sincero para que sus señorías puedan mejorarlo, trabajar con él, llegar a un acuerdo y llegar a ese pacto de Estado en esta parte tan importante de la educación que es la universidad; ese tendría que ser el
objetivo de todos nosotros.


Respecto a los modelos europeos, no copiaría ninguno, pero me inspiro en todos y habría que adaptarlos. Los modelos de éxito ahí están. El estudio que las tres instituciones que antes he citado han hecho es, de verdad, muy relevante. Ahí
están las claves. Hay que trabajar después para adaptar esos modelos de éxito a las peculiares características de la universidad española.


Soy un humilde protagonista y espectador privilegiado de la mayor aventura empresarial de la historia de España y a veces se me ha dicho: es que usted tiene mentalidad empresarial y confunde lo que es una empresa con la universidad. No.
Llevo treinta y cuatro años implicado con la universidad española, más que con la empresa, y sé distinguir muy bien lo que es una empresa y una universidad. Hoy una universidad tiene que tener una gestión competitiva y tiene que aplicar principios
de gestión empresarial -naturalmente que sí- respetando sus esencias y sabiendo lo que es una universidad. Tenemos que acercar las empresas a la universidad. Los alumnos me dicen muchas veces que las empresas quieren comprar la universidad. Y
respondo que ojalá, sería un mal menor. Si el problema es que las empresas pasan de la universidad y que la sociedad española no da prioridad a su universidad pública y no se implica con ella porque no se siente vinculada ni comprometida con ella.
Siempre hablo de la falta de compromiso de la sociedad con la universidad. La hoja de ruta de la OCDE habla de falta de compromiso de la universidad con la sociedad. Es lo mismo.


Mecenazgo. Cuando un mecenas da dinero, quiere un retorno en imagen. Tenemos que cambiar el sistema de gobernanza y la imagen de la universidad para que, efectivamente, acuda el mecenazgo. Además, es cierto que hay que diversificar las
fuentes de financiación de la universidad. No puede depender la economía de las universidades solo de las transferencias corrientes y de capital.


El estatuto de los miembros del consejo social -y con esto termino- es absolutamente esencial porque tenemos que llevar gente buena, implicada y trabajadora. Creo que hay presidentes que han aceptado de buena fe el cargo porque se han
creído que es un cargo meramente representativo e institucional, y eso le hace mucho daño a la institución, al consejo social y a la universidad. Si hacemos un estatuto, cuando se lo propongamos a un presidente o posible presidente, se lo leerá y,
si está dispuesto a cumplirlo, lo aceptará y será un gran presidente porque tendrá compromiso de dedicación y acudirá al consejo social y trabajará por él.


Muchísimas gracias por las preguntas y por el tono positivo. Quedo a su disposición para cualquier aclaración posterior, para cualquier documentación que quieran remitir o para cualquier cosa que necesiten de mí o de la Conferencia de
Consejos Sociales.


El señor PRESIDENTE: Moitísimas grazas. Muchísimas gracias en nombre de la Comisión por su presencia, señor Abril, por las aportaciones y por las explicaciones.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las cuatro y treinta minutos de la tarde.