CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 743

IGUALDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN CALVO POYATO

Sesión núm. 23

celebrada el miércoles,

21 de septiembre de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia, a petición propia, de la señora ministra de Igualdad (Montero Gil), para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. (Número de expediente 214/000175) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cinco y cuarenta minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Damos inicio a la sesión de la Comisión de Igualdad que teníamos oportunamente convocada. Como sus señorías saben, porque les he advertido de manera informal como miembros de esta Comisión, la iniciamos con cuarenta y
cinco minutos de retraso, puesto que el Pleno ha terminado más tarde de lo previsto y no podemos reunirnos mientras se está desarrollando.


Sus señorías conocen la mecánica de este orden del día que tenemos que desarrollar y que consiste en la comparecencia de la ministra. Como bien saben, el Gobierno, en este caso la ministra de Igualdad, tiene disposición libre del tiempo que
considere oportuno para informar de las líneas generales de la política de su departamento y sus señorías contarán con dos turnos, uno de réplica y otro de dúplica, el primero con siete minutos de tiempo para cada una de las portavoces y el segundo
de tres, como bien saben y está establecido, interviniendo los grupos de menor a mayor, como también conocen. Les indico también a sus señorías que a la finalización de la comparecencia de la ministra y cuando la hayamos despedido tenemos convocada
Mesa y portavoces para proceder a la convocatoria de la siguiente Comisión y fijar el orden del día que desarrollaremos en ella.


Sin más, le damos la bienvenida a la ministra a esta Comisión, que es naturalmente suya. Le damos la palabra por el tiempo que considere oportuno, y a partir de ahí haremos el trabajo de réplica y dúplica tal cual les acabo de indicar a
ustedes. Ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados.


Para mí, como saben, es un placer, como siempre, comparecer ante esta Comisión de Igualdad para rendir cuentas de la acción feminista de este Gobierno. La garantía de todos los derechos de más de la mitad de la población, que somos las
mujeres, la lucha contra todas las desigualdades y también el desarrollo de políticas públicas que amplíen las oportunidades de felicidad de todas las personas, como decía el presidente Zapatero, son pilares de la acción de este Gobierno y son más
necesarios, si cabe, en este momento de incertidumbre y de dificultades para nuestro país.


Desde el año 2020, al inicio de esta legislatura, las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia y ahora también de la guerra criminal en Ucrania han profundizado las enormes brechas y problemas sin resolver de una forma
de organizar la economía y la vida, el neoliberalismo, que es incompatible con la vida y con la garantía de los derechos de las grandes mayorías sociales. En todo el mundo, no solamente en nuestro país, nos enfrentamos a una profunda crisis
climática y energética, a una salvaje crisis de cuidados y también a un injusto reparto de la riqueza y del tiempo que permite a los ricos cada vez ser más ricos y que condena a la mayoría social a no poder desarrollar sus proyectos de vida en
plenitud. El elevado precio de los alimentos y otros productos básicos, la elevada inflación, el aumento de las hipotecas o la imposibilidad de conciliar son los principales problemas a los que se enfrentan en este momento la mayoría de las
familias de nuestro país.


Somos muy conscientes de que nuestra tarea como Gobierno es dar certezas ante la incertidumbre en forma de políticas públicas que den respuesta a las urgencias y que a la vez impulsen las transformaciones estructurales, soluciones y no
solamente parches para que todo el mundo pueda vivir con dignidad y con seguridad en nuestro país. Y no nos olvidamos de que en las crisis y en los momentos difíciles no todo el mundo se la juega por igual, quienes más se la juegan son las familias
y particularmente las mujeres. Por eso este país necesita ahora más que nunca políticas feministas.


Efectivamente, en los momentos de crisis y dificultad las peores consecuencias siempre son para las mujeres, son las mujeres quienes ya de partida se encuentran en situaciones más vulnerables, con empleos más precarios, con salarios más
bajos, con más tareas de cuidados a sus espaldas y con menos tiempo para vivir y en demasiados casos sufriendo diferentes formas de violencias machistas. La crisis hace que esta desigualdad y, por tanto, las dificultades para las mujeres aumenten
todavía más. Así, como sabrán, el riesgo de pobreza persistente es mayor para las mujeres que para los hombres, 15,6 % para las mujeres y 14,7 % para los hombres. Según la encuesta de condiciones de vida del INE, en el año 2020 el 13,2 % de las
mujeres sufrían retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos. Esto supone un 57 % más que antes de la pandemia y un 67 % más que en el año 2008. Además, el 36,6 % de las mujeres no tienen capacidad para afrontar
gastos imprevistos, un 3,7 % más que antes de la pandemia, y quiero que piensen también en las familias monoparentales, el 83 % de ellas encabezadas por una mujer con uno o más hijos. Hablamos, por tanto, de un millón y medio de hogares en los que
todas las tareas de cuidados y la responsabilidad de llenar la nevera recaen sobre una mujer que afronta sola estas tareas,

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muchas veces sin red familiar o red vecinal de apoyo, mujeres que no tienen tiempo ni para descansar ni para ir al médico ni, por supuesto, para tomar un café con unas amigas o para ir al cine o al teatro.


Esta estructura machista de nuestra sociedad, que hace que las mujeres tengan peores condiciones de partida para vivir sus vidas y que sufran las peores consecuencias de la crisis, es la misma que provoca que precisamente en los momentos de
crisis los primeros derechos que se ponen en cuestión son los nuestros, los de las mujeres, también los de la comunidad LGTBI o las personas racializadas. Precisamente, cuando más evidente se hace que luchar contra la crisis es hacer políticas
feministas, es decir, políticas de reducción de las desigualdades, de fortalecimiento de los servicios públicos, de conciliación, de lucha contra las violencias machistas, más se empeña la reacción machista en señalar al feminismo como su enemigo y
en frenar los avances de derechos de más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Cada vez que oigan a los reaccionarios hablar de chiringuitos, de contratos para mantener relaciones sexuales, de ridiculizar a las mujeres feministas,
piensen en la última vez que vieron a su madre sentarse en el sofá a leer un libro o a ver la tele, en cuántas veces ha retrasado su hermana la cita en el médico porque no le daba tiempo a ir si quería trabajar y cuidar a su familia, en quién limpia
los baños en su casa, quién cobra la pensión más baja o quién tendió la mano a su compañera de trabajo cuando denunció que sufría violencia machista y nadie la creía.


Este Gobierno no se va a equivocar. Responder a las urgencias y las dificultades de hoy y transformar nuestra sociedad para que todo el mundo pueda vivir bien es hoy más que nunca hacer políticas feministas, políticas que son para todas las
mujeres y para el conjunto de la sociedad, porque las políticas para la igualdad implican redistribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados, con servicios públicos fuertes, con políticas públicas de conciliación que nos permitan tener
tiempo para vivir, con salarios dignos y estabilidad laboral, con una reforma fiscal justa y también con intervención de los sectores estratégicos de la economía, como defiende la Unión Europea en el ámbito energético, cuando hay quien quiere
convertir los derechos de todos, la vivienda, la energía o la salud, en el negocio de unos pocos buitres o especuladores.


En consecuencia, somos muy conscientes de que hacer políticas públicas feministas implica también un compromiso presupuestario. Menos lacitos y más dineritos, le decía el movimiento feminista al Gobierno de M. Rajoy -o, disculpen, Mariano
Rajoy, que quizá no sean la misma persona-, porque en el año 2017 ninguna de las partidas presupuestarias dedicadas a la prevención de las violencias machistas y a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres había alcanzado los niveles
previos al año 2008. Vamos a seguir avanzando en la inversión en políticas feministas que salvan vidas y que nos hacen un país mejor. Cada año de esta legislatura hemos ampliado las partidas presupuestarias dedicadas a las políticas feministas y
así lo vamos a seguir haciendo. Los próximos presupuestos generales del Estado tienen que reflejar esa inversión que necesitan las vidas de las mujeres de nuestro país para que sean vidas libres de violencias machistas, para que podamos tener una
mejor conciliación de la vida personal, familiar y laboral y, por supuesto, para seguir luchando contra la LGTBI-fobia y el racismo. Necesitamos por tanto, un año más, unos presupuestos feministas. Esos presupuestos nos permitirán avanzar con paso
firme en la agenda feminista de este Gobierno. Y no pienso solo en las políticas que implementa y propone de forma directa este departamento, como la ley del solo sí es sí, el Plan Corresponsables, la institucionalización del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, la nueva ley del aborto o la ley trans y de derechos LGTBI, sino también la subida del SMI, la intervención del precio de los alquileres para parar los pies a los buitres y especuladores y para garantizar la vivienda como un
derecho, la reversión de los recortes del Partido Popular en dependencia o la ratificación del Convenio 189 de la OIT para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. La inversión histórica en educación de 0 a 3 años o el
reconocimiento de coeficientes reductores para mujeres con profesiones tan feminizadas como poco valoradas, como son las mariscadoras, son también políticas feministas, en la medida en que consiguen acortar las brechas de desigualdad y, por tanto,
son especialmente ventajosas para las mujeres de nuestro país. Sin duda pienso que todo ello hace tanto de este Gobierno como de estas Cortes Generales y, particularmente, de este Parlamento los más comprometidos con los derechos de las mujeres de
toda la historia de nuestra democracia.


Me van a permitir que haga aquí una reflexión. Resulta muy hipócrita estar defendiendo en las comunidades autónomas en las que se gobierna, como hace el Partido Popular, en los medios de comunicación, una bajada de impuestos a los más
ricos, cuando a puerta cerrada se pide el aumento de la financiación a las comunidades autónomas para la lucha contra la violencia machista. (Aplausos). No sé de dónde se piensa el señor Moreno Bonilla, de dónde se piensa la señora Ayuso, de dónde
se piensan sus señorías del Partido Popular que salen los presupuestos que permiten hacer políticas de lucha contra

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las violencias machistas. No sé si creen que caen del cielo o que nos los encontramos en unos sobres que están encima de la mesa en nuestros despachos, pero ya les digo yo que no, que el dinero para luchar contra las violencias machistas
sale de los impuestos, de una política fiscal que se corresponda con nuestra Constitución, de una política fiscal justa, porque la fiscalidad justa, que los ricos paguen lo que les corresponde, es la base que permite construir unos servicios
públicos fuertes y unas políticas de lucha contra las violencias machistas, de conciliación y para la igualdad fuertes, que es lo que necesita nuestro país, especialmente en estos momentos de crisis.


Y para quienes no les convenzan los argumentos de reducción de las desigualdades y de garantía de los derechos humanos, quiero advertirles que los datos económicos también acompañan a las feministas. Necesitamos políticas públicas
feministas, no solo porque este país ya no quiere permitirse más desigualdad, sino porque además tienen un impacto muy significativo en la economía y en su capacidad de crecimiento. Utilizando la información que muestran informes y estudios
realizados, se puede calcular el coste de oportunidad que tiene para la sociedad y la economía española la desigualdad que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Por ejemplo, la OIT señalaba en su último informe que los cuidados informales en
nuestro país suponen un 15 % del producto interior bruto. Es por ello que la economía de los cuidados, las políticas feministas de redistribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados no solo son una necesidad para las feministas, sino que
son también una oportunidad para mejorar la economía de nuestro país, y es por ello que estamos trabajando para reconocer el cuidado como un derecho humano universal, tal y como nos recuerda el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Basándonos en este artículo, debemos definir los cuidados como un derecho universal de todas las personas, cuyas condiciones de realización tienen que garantizarse en condiciones de igualdad, tanto respecto a quien los presta como a quien
los recibe. Este reconocimiento debemos hacerlo a la vez desde el enfoque de los derechos humanos, que establece tres vértices: las personas como titulares de derechos, los Estados como titulares de obligaciones y las empresas como titulares de
responsabilidad. Estos tres vértices deben guiar nuestras políticas públicas para que podamos cumplir con nuestras obligaciones como Estado. No pensemos solo en el cuidado de los hijos y las hijas, pensemos también en el cuidado de personas
dependientes, de personas mayores, de convivientes que necesitan apoyo de forma puntual o permanente, o pensemos también en las tareas del hogar. Los últimos datos de la encuesta de presupuestos familiares del INE nos dicen que el 14 % de los
hogares de nuestro país cuentan con una trabajadora del hogar que asume total o parcialmente las tareas de cuidado, trabajadoras que, por cierto, hasta este mismo año no han visto reconocido uno de sus derechos más básicos, como es el derecho al
desempleo. Señorías, estos datos nos muestran que en una inmensa mayoría de los hogares de nuestro país el trabajo de cuidados en esas familias recae sobre las mujeres que viven en esos hogares. No podemos seguir consintiendo que las mujeres de
nuestro país tengan una doble o triple jornada. Todas estas tareas deben repartirse, por supuesto, de forma más equitativa entre hombres y mujeres, pero también debemos asumir que el Estado debe corresponsabilizarse de estas tareas de cuidados a
través de las políticas públicas. En definitiva, señorías, pensamos que ahora más que nunca necesitamos políticas feministas para que los cuidados no recaigan solo sobre los cuerpos de las mujeres y, particularmente, de las más precarias, para que
esta crisis no la paguen las de siempre y, sobre todo, para ser un país mejor y más justo, porque el feminismo y las políticas de igualdad mejoran vidas, las de todas, las de todos, las de 'todes', también las de las familias, las de todas las
familias. El feminismo nos hace avanzar como país y lo hace sin que nadie tenga que quedarse atrás en un momento de dificultad.


En este sentido, el Plan Corresponsables es la primera política pública de conciliación que se desarrolla a nivel estatal en nuestro país. Señorías, esta política pública busca algo tan necesario y a la vez tan imposible para la mayoría de
mujeres de nuestro país como es tener tiempo para vivir. Les doy algunos datos. El barómetro del CIS de mayo de 2017 preguntaba por tareas del hogar y por el cuidado de hijos e hijas, en cifras previas a la emergencia sanitaria. Ante la pregunta:
Durante los primeros tres años de vida de su primer hijo o hija, ¿quién se ocupaba fundamentalmente de su cuidado y atención? El 87,7 % de las mujeres respondía que la madre del niño, en primer lugar, y las abuelas, en segundo lugar, mientras que
los padres cuidaban, en primer lugar, a sus hijos solo en el 5,6 % de los casos y los abuelos de manera muy residual. Ese mismo barómetro aseguraba que solo el 14 % de los hombres y de las mujeres se repartían las tareas por igual. El 14 %.


¿Qué consecuencias tiene esto? Que los cuerpos de las mujeres son los que sostienen las tareas de cuidados, y esas mismas mujeres -que muchas veces están también incorporadas al mercado laboral- se quedan sin tiempo para ellas mismas, sin
tiempo para vivir. El cuarto estudio de ClosinGap, Coste de

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oportunidad de la brecha de género en ocio, señala que las mujeres tenemos de media una hora y treinta y siete minutos menos de ocio al día. Por tanto, once horas menos de ocio a la semana, cuarenta y cuatro horas menos al mes. Esto quiere
decir que al año tenemos alrededor de veinticuatro días de ocio menos que los hombres. Es casi un mes. El objetivo de las políticas de conciliación, como el Plan Corresponsables, consisten precisamente en intentar cerrar esa brecha y que todas y
todos dispongamos de las mismas oportunidades para disfrutar del tiempo en las condiciones que elijamos libremente. Quiero dejar claro que somos muy conscientes de que cerrar la crisis de cuidados existente en nuestro país no es una tarea sencilla.
Son necesarias transformaciones estructurales y profundas en nuestra forma de organizar la economía y la vida que afectan también al mercado laboral; necesitamos trabajar menos horas para trabajar todos y todas y para poder vivir mejor;
necesitamos salarios dignos para todos y todas, y esto también depende de la calidad de los servicios públicos, especialmente de la sanidad o de la dependencia. El Plan Corresponsables y la corresponsabilidad del Estado en las tareas de
conciliación es por tanto un pilar de un conjunto de políticas públicas más amplias para transformar nuestra sociedad y, como les decía, que todo el mundo pueda tener tiempo para vivir.


Quiero ponerles algunos ejemplos del desarrollo de esta política pública. En Ibi, en el País Valencià, a través del Plan Corresponsables, se han desarrollado bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos menores de catorce
años para ampliar los horarios de los centros educativos, entre otras cosas. En Ribadavia, en Galicia, los y las jóvenes han podido acudir a un campamento cultural para participar de actividades que facilitarán la conciliación de sus familias. En
Calzada de Calatrava, en Castilla-La Mancha, a través del Plan Corresponsables, se ayuda a las familias para que puedan atender a los hijos e hijas, especialmente en el caso de familias monomarentales, de víctimas de violencia de género en todas sus
manifestaciones o de mujeres en situación de desempleo. Esta iniciativa, cumpliendo con uno de los objetivos del Plan Corresponsables, busca también crear empleo de calidad entre personas jóvenes, como técnicas superiores de Educación Infantil,
técnicas superiores en Animación Sociocultural y Turística, técnicas superiores en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, técnicas superiores en Integración Social, monitoras y monitores de Ocio y Tiempo Libre o auxiliares de Educación Infantil y
Jardín de Infancia, para lo cual crearán una bolsa de trabajo para contratar personal cuidador para el desarrollo de actuaciones orientadas a facilitar la corresponsabilidad en las familias mediante un servicio, como les decía, de cuidado
profesional. Otro ejemplo del Plan Corresponsables lo pueden encontrar en Las Vegas, Asturias, donde el precio del servicio de comedor escolar se redujo a la mitad tanto para las familias que lo usan regularmente como para las que lo hacen de forma
más esporádica. O también en Lleida, en Cataluña, donde se ofrece un servicio público de canguro para todas las familias con menores de catorce años a través del Proyecto Temps per tu, ampliando la oferta actual del servicio público de cuidado y
atención puntual de niños y niñas y universalizando el acceso a todas las familias de la ciudad con hijos e hijas menores de catorce años. Por tanto, el Plan Corresponsables ha venido para quedarse, para seguir creciendo, y pensamos que no podemos
permitirnos que precisamente en los peores momentos, cuando todo se vuelve más difícil, el Estado abandone a su suerte a muchas familias y sean las mujeres quienes tengan que ver empeoradas sus condiciones de vida, abandonar sus trabajos o afrontar
solas las tareas de cuidados de sus familiares. Precisamente por ello, en los Presupuestos Generales de este año necesitamos más inversión en políticas de conciliación para llegar a más familias hasta que seamos capaces de llegar a todas las
familias.


Señorías, paso ahora a hablar de otra de las brechas más profundas de violencia y desigualdad que existen en el mundo y en nuestro país, base del sostenimiento de la estructura patriarcal de nuestras sociedades, como es la violencia que se
ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Para este Gobierno, la lucha contra las violencias machistas es un compromiso innegociable que pretende estar a la altura de las luchas del movimiento feminista de nuestro país y también responder a
nuestras obligaciones internacionales para garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas y también de los hijos e hijas de las víctimas. Saben que nuestro trabajo -estrechamente ligado al trabajo de esta Cámara para alcanzar este objetivo- se
ha desplegado sin descanso, extendiendo derechos y abriendo puertas seguras de entrada a las instituciones, pensando en todas las mujeres, especialmente en aquellas que más dificultades o más desconfianza tienen en las instituciones, atendiendo
además a la especial situación de vulnerabilidad de muchas mujeres derivada de la emergencia sanitaria, primero, y de la guerra criminal de Ucrania, después. Este país es ya inconcebible sin unas instituciones feministas y sin una generación de
derechos que garantizan un marco estable y robusto de políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres y para que nunca más se queden fuera las voces de las víctimas y de las supervivientes.

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Es evidente que no podemos descansar hasta que no haya ni una menos, hasta que erradiquemos todas las violencias, pero es igualmente evidente que las políticas públicas contra las violencias machistas y los compromisos presupuestarios que
las hacen posibles salvan vidas.


Por tanto, les hago un breve resumen del trabajo realizado estos años. En primer lugar y a consecuencia de la emergencia sanitaria y de las medidas necesarias para hacerle frente, convertimos en esenciales, adaptamos y ampliamos los
recursos de atención a las víctimas de violencia de género, como el 016. Son medidas que, como saben, se han convertido ya en estructurales y han facilitado el acceso de miles de víctimas a sus derechos. Tras más de dos años de tramitación, por
fin la ley del solo sí es sí, una demanda central del movimiento feminista, es una realidad en nuestro país. Hemos ampliado el servicio 016 y Atenpro a todas las formas de violencia contra las mujeres. Hemos sido el primer país de Europa que pone
los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia también al servicio de la lucha contra las violencias machistas, invirtiendo esos presupuestos y esos fondos en la creación de los centros de crisis para supervivientes de violencias sexuales
que estarán operativos en 2023 en todas las comunidades autónomas. Somos también el primer país del mundo en incluir en las estadísticas oficiales todos los feminicidios y no solo aquellos que se dan en el ámbito de la pareja o de la expareja y
que, como saben, son contabilizados de forma oficial desde el año 2003.


Hemos prohibido la aplicación del falso síndrome de alienación parental y también hemos prohibido el régimen de visitas de los niños y niñas a sus padres ante el más mínimo indicio de violencia de género a través de la Ley de Protección de
la Infancia. Quiero ser clara e insistir en esto: no podemos permitir que los niños y niñas convivan con un maltratador. Y fíjense que ni siquiera este es un derecho de las madres, sino sobre todo es un derecho de los niños y de las niñas, que
merecen vidas libres de violencias. (Aplausos). Un maltratador nunca es un buen padre. Nunca es un buen padre un maltratador. Negar esta realidad, además de poner en riesgo a muchas mujeres, implica blanquear la violencia que sufren esos niños y
esas niñas. Así que les pido que se pongan de parte de los derechos de la infancia. Les pido que reconozcan que existe la violencia vicaria y que lo que hacen las madres protectoras no es otra cosa que ser un escudo, proteger a sus hijas e hijos y
protegerse a sí mismas de la violencia machista, de la violencia que ejercen sus maltratadores.


Señorías, este viernes es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, y este Gobierno está también impulsando avances decisivos para combatir esta forma de violencia machista extrema. Esta misma
semana aprobamos en el Consejo de Ministros el Plan Camino, un plan operativo que permite por primera vez en nuestro país crear un camino para las víctimas de trata y explotación sexual y para las mujeres en contextos de prostitución, para que
puedan tener alternativas dignas y viables, garantía de derechos habitacionales, económicos o de salud para poder desarrollar sus proyectos de vida. Este plan es la primera caja de herramientas que hemos podido consensuar para garantizar que
cualquiera de las 90 000 mujeres que el INE dice que pueden estar en contextos de prostitución y en riesgo de ser explotadas puedan tener acceso a papeles, a casa, a trabajo digno, a salud y a un lugar en el que recuperarse con toda la asistencia
psicológica o jurídica que puedan necesitar. Fíjense que estamos pidiendo lo mínimo: un suelo básico para equiparar a estas víctimas al resto de las titulares de derechos que ya hemos reconocido en el resto del ordenamiento jurídico de nuestro
país.


Quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. No habrá abolición de la prostitución, no habrá abolición de la explotación sexual y de la trata sin condiciones materiales para que todas esas mujeres tengan vidas alternativas. No
basta con perseguir de forma eficaz a los proxenetas y a los tratantes, objetivo también prioritario para este Gobierno. Pensamos que lo determinante es romper el círculo de la precariedad y de la exclusión, que hace que muchas veces esas mujeres
vuelvan, incluso tras haber salido, a una situación de explotación sexual. El abolicionismo puede convertirse en una política de Estado si pone en el centro la garantía de los derechos de las mujeres en contextos de prostitución, y ello pasará
también por una fuerte inversión presupuestaria para alcanzar este objetivo. ¿Saben por qué las derechas insisten siempre en las políticas punitivas y no en aquellas de justicia social y de reparación para acabar con las violencias? Entre otras
cuestiones, porque sale más barato. Apelo, por tanto, a la mayoría feminista de esta Cámara. Hay consensos en esta materia: proxenetas y tratantes a la cárcel y víctimas con papeles, con techo, con empleo, con salud y con atención psicológica
especializada a recuperarse y a desarrollar sus proyectos de vida. Sentemos, por tanto, las bases para que por fin España se tome en serio acabar con la trata y con la explotación sexual.


Quiero señalar también que estos avances son una muestra más de cómo han cambiado las políticas contra la violencia machista desde que ustedes aprobaron en esta Cámara el Pacto de Estado contra la

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Violencia de Género, un pacto de Estado que también con su protagonismo logramos renovar, ampliar y hacer permanente a través de un acuerdo de todos los grupos políticos del Congreso y del Senado -a excepción de VOX- el 25 de noviembre del
año pasado. Poco a poco hemos hecho realidad ese estándar mínimo que nos obliga como Estado a atender a todas las víctimas de todas las violencias.


Pero, señorías, este mandato no solo exige más leyes, sino también más y mejores políticas públicas y más presupuesto. Es por ello que en julio alcanzamos un acuerdo, junto a las comunidades autónomas, el acuerdo de Tenerife, para
estabilizar e institucionalizar el pacto de Estado y sus compromisos presupuestarios. Este acuerdo, que también instaba a sus señorías a formalizar la actualización del dictamen que acordamos el 25 de noviembre de 2021, derivará también en la
construcción conjunta entre el Gobierno estatal y las comunidades autónomas de un catálogo de políticas y servicios públicos de referencia para lograr que el sistema de financiación y las políticas públicas desplegadas se orienten con mayor eficacia
a la mejora de la prevención y la respuesta de las Administraciones públicas a todas las formas de violencia contra las mujeres.


Por último, en noviembre de este mismo año, este país tendrá la primera política rectora estatal de lucha contra las violencias machistas, ampliando el marco de obligaciones y responsabilidades de los tres niveles de la Administración a
todas las violencias a través de la estrategia estatal de lucha contra las violencias machistas, que abarcará desde el año 2022 al año 2025.


No somos complacientes y quiero también insistir en ello. Sabemos que no existen recetas mágicas contra la violencia, más que la persistencia incansable de nuestro trabajo, pero, desde luego, también hay elementos en los que debemos incidir
porque nunca han sido una prioridad. No podemos seguir obviando lo evidente. Claro que los violentos no son los hombres en general, sino los machistas y los maltratadores, pero es que, efectivamente, todos los agresores son hombres. Es hora ya,
por tanto, de que también les hablemos a ellos. El feminismo y las demócratas ya hemos dejado claro cómo queremos que sea nuestra sociedad. Queremos otro orden social de las cosas en el cual la igualdad sea la norma y en el que la estructura
económica, cultural y social más justa que construyamos sustituya al patriarcado. Y la pregunta es sencilla: ¿qué están dispuestos a hacer los hombres, particularmente los machistas, por la igualdad? ¿Qué están dispuestos a hacer para construir
esa sociedad feminista? Esta pregunta no puede seguir sin responder en nuestro país, pues somos mayoría los que tenemos la firme convicción de que no erradicaremos la violencia machista hasta que los hombres también se impliquen. Es por ello que
queremos dar un paso más y este ministerio habla también directamente a los hombres. La igualdad no es un asunto solo de las mujeres, aunque las mujeres seamos las protagonistas indiscutibles de esta lucha, es un asunto de país.


Me gustaría, señorías, introducir también un tema que creo que no debería ser ajeno a los debates de esta Cámara. Hemos visto estos meses cómo la primera ministra finesa era cuestionada y acosada por bailar con unas amigas y el intento de
asesinato de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y no hay que irse tan lejos, con demasiada frecuencia en nuestro país se desacredita a todas aquellas mujeres que toman el espacio público para reivindicar sus derechos. Por
ejemplo, a las madres que protegen a sus hijos e hijas de la violencia que sufren por parte de sus agresores; la protección de estas mujeres cuesta, a su vez, querellas a quienes lo intentan.


Los avances feministas son imparables, pero cuentan con una reacción cada vez más agresiva. La propaganda machista que busca dar miedo a las mujeres, generar dudas y ridiculizar el ejercicio de sus derechos está cada vez más presente en la
vida pública. Del mismo modo, la violencia política contra las mujeres, que deciden hacer feminismo desde la sociedad civil o desde las instituciones, desde la cultura, desde el deporte y desde la judicatura para transformar este país y acabar con
las desigualdades y el machismo, no para de crecer. La ridiculización, la mentira, la difamación, el acoso judicial y mediático, el escrutinio, la persecución de la vida privada de esas mujeres, el hostigamiento y el intento de aislamiento social y
político son algunas de las estrategias en las que se concreta esa violencia política, por no hablar de otras formas más graves en las que se han concretado esas violencias en todo el mundo, incluyendo los feminicidios políticos.


La propaganda machista, la desinformación y las mentiras, así como la violencia política, no solo buscan dañar a las mujeres a las que se dirigen de forma directa esos ataques, sino también el disciplinamiento de todas las mujeres y
alimentar los discursos de terror sexual, de normalización de las desigualdades y de culpabilización de las mujeres por las violencias que ellas mismas sufren para que vivamos con miedo, con miedo a ser ciudadanas de pleno derecho, con miedo a
organizarnos para conquistar nuestros derechos, con miedo a divertirnos, con miedo a trabajar, con miedo a expresarnos libremente y, en definitiva, con miedo a vivir vidas que merezcan la pena ser vividas.

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Quiero ser clara: a ninguna mujer feminista de este país se le ataca por defender un país mejor; se nos ataca para evitar que avancemos en derechos y que tomemos el espacio público y político que históricamente se nos ha negado. La
violencia política contra las mujeres es una herramienta de control, silenciamiento y dominación que despliegan quienes no quieren que este país avance de manera igualitaria. La violencia política contra las mujeres es, por tanto, uno de los
problemas de nuestro tiempo.


Déjenme que les mencione algunos datos del estudio Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres en los parlamentos de Europa, que elaboró en 2018 la Unión Interparlamentaria y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En ese informe
se habla de que el 85 % de las parlamentarias que participaron en el estudio afirman que han sufrido violencia psicológica durante su mandato. Casi el 60 % de ellas había sido objeto de ataques sexistas en las redes sociales, la mitad de ellas
había recibido amenazas de muerte, violación o palizas y el 25 % fueron víctimas de violencias sexuales. Este estudio nos muestra, además, cómo las mujeres menores de cuarenta años, y que promueven políticas feministas, son el objeto principal de
esta violencia política. Esta violencia política, señorías, no es más que un aviso a navegantes: mujer, no te metas en política -como también relata la magnífica serie Intimidad- y, mujer, no puedes tener placer, quédate en casa y no molestes, no
te salgas del rol que el machismo quiere para ti, no tengas protagonismo, no ocupes el espacio público, no alces la voz, no defiendas tus derechos y quédate callada, que estás mejor. Y no son casos aislados, la violencia política en todas sus
formas es una dura expresión del machismo en nuestras sociedades, y creemos que ninguna de las instituciones de este país puede ser ajena a ello por más tiempo.


Ante ello, quiero, por tanto, poner en valor el feminismo, señorías, y no solo la utilidad de las políticas de igualdad para que nuestra sociedad avance, sino también, y muy concretamente, el movimiento feminista y el feminismo popular de
esas madres solas que consiguen sacar adelante a una familia en las situaciones y circunstancias más precarias y de las activistas en las asambleas, en las entidades feministas y en las asociaciones de barrio, que sacan un hueco -no se sabe de dónde
ni cómo- para ir a la asamblea o para acompañar a una mujer que está viviendo una situación de violencia. También quiero poner en valor los feminismos, a quienes quieren que el feminismo se haga grande para que quepamos todas, a las tiktokers,
gamers, instagramers, streamers, youtubers y tuiteras que hacen de cada espacio digital una resistencia frente al odio. Quiero dar las gracias a las abuelas, que no siempre han llamado a lo que hacían feminismo, y a las que se han atrevido a
nombrarlo desde tantos lugares, también desde esta Cámara, cuando no era tan fácil hacerlo como ahora. Quiero dar las gracias a todas las mujeres que hacen feminismo desde todos los lugares, porque vosotras sois quienes hacéis posible que avancemos
en derechos, que la esperanza siga intacta, que seamos más, a pesar de los machistas y reaccionarios, y que podamos seguir diciendo con rotundidad que este país puede ser mejor, que se puede acabar con la violencia contra las mujeres, que podemos
ser más felices, que podemos redistribuir la riqueza, el tiempo y los cuidados, y que eso lo va a lograr el feminismo. Este Gobierno es -se lo puedo asegurar- muy consciente de que no estaríamos aquí sin lo mejor de este país, que es el movimiento
feminista.


Y, por último, señorías, querría referirme brevemente -porque ya hemos tenido ocasión de hablar de ello y podremos seguir hablando de ello si a ustedes les interesa en sus intervenciones- al trabajo intenso que ustedes afrontan en este
periodo de sesiones y a nuestro compromiso como Gobierno de acompañarlo, y también de facilitarlo, con el objetivo de que antes de que acabe el año tanto la nueva ley del aborto como la ley trans y de derechos LGTBI estén definitivamente aprobadas y
entren en vigor en nuestro país.


La reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI son
dos piezas clave para el desarrollo de los derechos y las libertades de la mayoría de la población y, por tanto, este es el momento y no cualquier otro de avanzar de forma decidida tanto en los derechos de las mujeres como también de la comunidad
LGTBI. Les agradezco por ello el compromiso personal y colectivo para que tanto el Gobierno como las Cortes Generales en el ejercicio de nuestras funciones, afianzando también una dinámica de trabajo compartido, lo hagamos posible cuanto antes.


Muchísimas gracias por su atención. Estoy a disposición del debate. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


Iniciamos ahora la primera vuelta del turno de intervenciones en la réplica. No veo a nadie del primer grupo que tendría que intervenir, el Grupo Mixto. A continuación, señor Agirretxea, tiene usted la palabra por siete minutos.

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El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


No pensaba intervenir el primero, pero, ya que me ha tocado, pues lo hago. Muchas gracias, señora ministra, por sus palabras y por sus explicaciones. Intentaré ser breve y centrarme en la cuestión. Ya me hubiera gustado que lo que usted
ha anunciado hoy y lo que se ha anunciado en el Consejo de Ministros también nos lo hubiera dicho la semana pasada cuando nos reunimos, hubiera estado bien. De todas formas, sí veo que hay un planteamiento claro por parte de su Gobierno en una
serie de cuestiones. Sigo pensando que ustedes están teniendo que tomar ciertos caminos en algunas materias porque otros no están tomándolos. Voy a ser más claro y explícito. El Plan Camino, que ustedes han planteado, esboza ciertos caminos,
nunca mejor dicho, para las víctimas de trata, etcétera, pero aquí se están haciendo estas cosas porque no tenemos una ley de trata. Le pido a usted, porque es la ministra que está ahí sentada, aunque todos sabemos que no está en su cajón, que nos
diga por qué no tenemos la ley de trata, y le pido al partido mayoritario de este Gobierno que nos conteste por qué no tenemos la ley de trata. Por tanto, ustedes tienen que buscarse estos vericuetos, perdónenme la expresión, para afrontar esta
situación de alguna manera.


También veo que denuncian una situación de la que todos somos conscientes, de que la mayoría de las personas que sufren la trata y la mayoría de las personas que, forzadamente o sin forzar, se dedican, por ejemplo, a la prostitución bajo
amenazas, etcétera, lo hacen porque -es muy fácil decir que hay que ser no sé qué- somos incapaces de mover la ley de extranjería, cuando esas personas están en situación de ilegalidad. Ustedes saben perfectamente que alguien que está en situación
de ilegalidad solo puede hacer ilegalidades, porque no se le permite hacer nada legal. Entonces, yo apelo a la responsabilidad de este Gobierno, y lo digo en plural, para que estas dos cuestiones se desatasquen ya de una vez por todas. Porque es
muy fácil decir cosas bonitas y hablar de la explotación, etcétera, pero hay que mover las cosas concretas, las verdaderas y las que están atascando un montón de situaciones de las mujeres. Entiendo que ustedes hayan tenido que buscar este camino.


De todas formas, usted no solo ha esbozado un camino, sino que ha planteado una línea ideológica, que me parece muy bien. Por tanto, cuando ustedes plantean esta vía para sacar a las mujeres, evidentemente, del ámbito delictivo, no podemos
oponernos y nos parece fantástico.


Usted ha utilizado el concepto de víctimas y le hago la siguiente pregunta porque quiero saber cuál es su opinión: ¿para usted es víctima toda mujer que, por ejemplo, ejerce la prostitución en cualquiera de los contextos? ¿También en un
contexto voluntario es una víctima? Por lo tanto, la pregunta que le hago es: ¿el mero hecho de ejercer la prostitución es una categoría moral, en cuanto a si es o no víctima o si está bien o mal, más allá del ámbito delictivo? ¿O también? Por
lo tanto, si ya en el Gobierno se está utilizando el concepto de víctima para toda mujer que se dedica a la prostitución, es que hay un planteamiento claramente ideológico en torno a lo que se refiere a lo mismo.


Tengo más cosas que decirle. Centrándome tanto en el tema de la trata como en el de las mujeres en ámbitos de prostitución, necesitamos estadísticas, señora ministra, porque estamos hablando al aire. Estamos hablando de que uno dice que si
son veinte, que si son cien, que si son 200 000 o que si son 25. ¿Cuántas son? ¿Cuántas están en ámbitos de explotación? ¿Cuántas han sido forzadas? ¿Cuántas están voluntariamente? ¿Cuántas están voluntariamente, pero bajo el régimen
empresarial de otros? ¿Cuántas son autónomos? Es decir, necesitamos saber todo eso para poder abordar la problemática de la prostitución en toda su globalidad. Eso es lo que llevamos reclamando desde hace tiempo, pero parece que para algunos se
soluciona con dos artículos del Código Penal y creen que ya estamos salvados. Por lo tanto, creo que eso es básico y fundamental.


Por último, no sé si podemos hablar de la violencia de género o si lo dejamos para el pacto de Estado, pero creo que en el planteamiento que ustedes están haciendo en cuanto a las comunidades autónomas en esta materia hay ciertas quejas, y
yo se lo dije además. En el caso de mi Gobierno las hay, porque da la sensación de que el Gobierno vasco en este caso -no sé si en otros Gobiernos también, allá ellos lo que decidan- no puede estar trabajando para ustedes porque tiene políticas
propias, estrategias propias y sus bases de datos, que están abiertas, y no tiene por qué estar quincenalmente haciendo trabajos extras, porque eso no es coordinación, es una especie de subordinación. Es decir, yo decido las políticas y tú las
ejecutas con base en mis criterios o para que yo las pueda llevar a cabo. Vamos a respetar lo que le corresponde a cada uno y vamos a trabajar en colaboración, nunca mejor dicho. El concepto de coordinación muchas veces se confunde con el de
cooperación y coordinación y cooperación no son lo mismo. En la coordinación siempre hay alguien que verticalmente coordina y los demás ejecutan.

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Espero, señora ministra, que me pueda contestar a estas cuestiones. Sabe que nosotros podemos tener a veces unas formas un poco bruscas, pero estamos para colaborar en todas estas cuestiones y, además, lo hemos demostrado. Creo que es
positivo que haya diferencias en algunas cuestiones para poder contribuir y avanzar.


Supongo que después en la réplica nosotros tendremos más tiempo y podremos referirnos a alguna cuestión que se haya quedado en el tintero.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Tiene ahora la palabra la señora Giménez en nombre de su grupo.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


Señora ministra, gracias por su exposición. Iniciaré mi intervención con una reflexión en relación con el trabajo legislativo que tenemos por delante en esta Cámara en cuanto a utilizar ese trámite de urgencia para el anteproyecto de ley de
interrupción voluntaria del embarazo, así como para la ley de igualdad efectiva de las personas trans. No es un enfoque profundo ni adecuado que se den períodos tan escasos para trabajar cuestiones de igualdad que merecen una reflexión, unas
comparecencias, un debate y un buen trabajo legislativo. Se lo digo porque, claramente, no se tienen determinados informes como el del Consejo General del Poder Judicial, y vamos a ver cómo nos organizamos a nivel de comparecencias de expertos para
poder analizar un conjunto legislativo que sí que aborda de una manera troncal la vida de las personas. Son avances legislativos, porque en algunas ocasiones en esta Cámara trabajamos avances que suponen un mero trámite, pero en este caso no es
así. Entonces, lo primero que quiero hacer es manifestar esa disconformidad porque creo que los tiempos no son los adecuados y porque el propio rigor y la profundidad de estos dos marcos legales merecerían un trámite más exigente.


En cuanto a la ley para la interrupción voluntaria del embarazo, nos preocupa la externalización de los abortos a las clínicas privadas. Hemos preguntado por ello en otras ocasiones y, hasta ahora, los abortos practicados en centros
privados y concertados no son la excepción, sino la regla. Como bien saben, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el 84,5 % de las interrupciones voluntarias se realizan en centros que no son públicos. Por tanto, en cuanto a resolver
desigualdades territoriales y a la puesta en práctica de la futura legislación, ¿están pensando cómo van a mejorar la red de servicios y la reestructuración del propio sistema sanitario para que esto sea viable con unas mayores garantías?


En relación con la prostitución y la trata, siempre he dicho en todas mis intervenciones que estamos haciendo un proceso que parece algo publicista, porque lo primero que deberíamos haber trabajado es una ley de trata. Es decir, si
realmente tenemos un compromiso, no solo político, sino feminista con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, el rigor jurídico era abordar esta realidad desde el punto de vista de una ley de trata o un plan integral contra la trata, y, con
ello, creo que una gran parte de las discusiones de esta Cámara nos las habríamos ahorrado, porque el foco relevante, cuando hablamos de vulneración de derechos en materia de explotación sexual, son las víctimas de trata, y hemos empezado al revés.


También hemos empezado al revés al no abordar la realidad de las mujeres en el ámbito de la migración, porque cada vez que se habla de modificar la ley de extranjería tenemos un grave problema. Entonces, no me parece que sea adecuado
quedarnos en la superficie; lo adecuado, según mi grupo parlamentario, es abordarla desde un punto de vista de la ley de trata, tener focalizado el ámbito de la migración en esta materia y, luego, ahondar en el ejercicio y derecho de las libertades
de las mujeres; y también de aquellas mujeres que quieren ejercer la prostitución de una manera libre y voluntaria, sin sectarismos y sin tener que imponer. En una sociedad democrática avanzada nadie tiene por qué imponer un modelo a seguir a
ninguna mujer. Realmente, estaremos hablando de un avance de las mujeres cuando aquellas que no quieran ejercerla tengan alternativas, como anuncian en el plan que me parece genial, de inserción laboral y tengan salidas; porque, claro, si solo
prohibimos y no damos alternativas, me parece lo más utópico del mundo. Si se habla de abolición, pero no se ofrecen alternativas ¡en menuda estacada estamos dejando a las mujeres! ¡Tienen que llegar a final de mes, señorías! Ahora bien, aquellas
que la quieran ejercer, aunque sea un mínimo, que también puedan hacerlo. Lo digo porque en las comparecencias que llevamos sobre la ley de libertad sexual, determinadas comparecientes nos expusieron cuál es su realidad, y creo que debemos ser
conscientes de que tenemos que tener en cuenta una parte, que tenemos que regular y que no tenemos que criminalizar, porque criminalizando lo único que vamos a conseguir es poner en situación de desprotección y de vulnerabilidad a aquellas mujeres
que la puedan ejercer de una manera libre y voluntaria.

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En relación con la igualdad étnico-racial, que también llevan dentro de su Ministerio de Igualdad, quiero compartir con usted las problemáticas de las que usted es consciente y que hemos tenido este verano. Ha sido un verano agitado en el
sur de nuestro país. Hemos tenido en Peal de Becerro un lamentable hecho, un asesinato cometido por una persona gitana de una persona no gitana y hemos observado comportamientos racistas exagerados en una sociedad como la actual. Se hicieron
manifestaciones, quema de casas de personas gitanas y se colectivizó la responsabilidad. Además, quiero compartir con ustedes que estos sucesos no son puntuales; cada vez que una persona gitana comete un hecho delictivo -y solo nos pasa con los
gitanos-, la respuesta de quemar casas, de expulsar y de desterrar -fíjense en lo que les estoy diciendo- de sus localidades, solo la vivimos los gitanos y las gitanas. Por lo tanto, creo que debemos tomarnos esta materia con seriedad. Acabamos de
aprobar una magnífica Ley de igualdad de trato y no discriminación, pero tenemos que activarnos en la ejecución y en establecer un protocolo específico, porque, igual que les digo que no es puntual, que en Vallecas pasó en el año 2018 y que les
podría relatar determinados casos en la misma línea, lo que me gustaría es que fuésemos capaces de instar un protocolo por parte del propio Ministerio del Interior para que cuando haya sucesos donde sabemos que va a haber una intervención...


La señora PRESIDENTA: Señora Giménez, tiene que ir finalizando.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Ahora mismo termino. Podamos establecer acciones preventivas y coordinarnos con las subdelegaciones de Gobierno y todos los actores implicados para evitar este tipo de comportamientos racistas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


No veo a nadie del Grupo Parlamentario Plural, así que doy la palabra a la señora Vallugera, del Grupo Parlamentario Republicano.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Muchas gracias, señora ministra, por comparecer.


Entiendo de la reunión del otro día que habrá también una comparecencia en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y, por tanto, todos esos asuntos referidos al pacto de
Estado los reenviaré a esa futura Comisión y a la posible Subcomisión de la que se habló y que no ha quedado claro qué va a pasar.


Enlazo con lo que usted ha planteado respecto del programa corresponsable y de los cuidados y también respecto del porcentaje del PIB que puede llegar a representar los cuidados no formales, los que se producen en el seno de la familia que
no son remunerados y que no son contabilizados en ninguna parte. Hay un par de cosas que me han llamado la atención y, por tanto, le voy a preguntar directamente. Usted ha incorporado, entre las políticas que necesariamente deben asumirse por
parte del Estado para garantizar la igualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, la dependencia y eso está bien, porque, normalmente, cuando hablamos de corresponsabilidad o de
conciliación, todo el mundo piensa en los descendientes y nadie piensa en los ascendientes y en las personas con dificultades. Querría recordarle, ya que ha dicho que esto tendría un impacto en el presupuesto que, en materia de dependencia, a mi
comunidad autónoma se le deben 11 millones de euros. Por tanto, deduzco que probablemente estarán consignados en el presupuesto de este año para regularizarlo, pero me temo que no será así.


También, desde la perspectiva de unos presupuestos feministas, hemos oído campana de que no se va a incorporar la reducción del IVA a los artículos de higiene femenina. Esto lo hemos hablado ya tres millones de veces y lo llevamos pidiendo
desde hace, como mínimo, tres años, porque he firmado yo las enmiendas. Es decir, el grupo mayoritario en el Gobierno muestra su total convicción de que esto debe ser así, pero lo va dilatando en el tiempo. Si quieren añadir otros tipos de
artículos, yo no me voy a poner en contra, pero lo que es evidente es que debemos combatir la pobreza menstrual, que ya demostramos que existe a través de las campañas. Además, deben estar presentes, y eso es objeto también de otra campaña, en
todas las instituciones públicas a las que habitualmente acuden adolescentes o mujeres jóvenes, cosa que me parece evidente, como los institutos, las facultades, etcétera.


Hechas estas dos precisiones, quiero entrar también en un tema que ciertamente no ha sido plato de mi gusto cuando lo he oído, sobre todo, porque si tenemos reuniones más o menos sistemáticas para, de algún modo, ver dónde está el impulso
legislativo y cuáles son los proyectos importantes que se van a abrir en este

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periodo de sesiones, no estaría mal que no nos enteremos del Plan Camino por Instagram o por una reunioncita porque te llaman diciendo: ¡oye, que están presentando una cosa sobre esto! ¡Anda, debe ser sobre alguna anécdota! Y la anécdota es
la situación de trata y el contexto de prostitución, que es cualquier cosa menos una anécdota; es cualquier cosa menos una línea a pie de página. Por tanto, creo que se hubiera podido trasladar que se iba a hacer una actuación en este sentido,
sobre todo porque están ustedes descubriendo una cosa que me parece fantástica, aparte de que programas de este tipo no se los han inventado ustedes. Se pusieron en marcha en Barcelona y no sirvieron de nada, también se lo digo.


Usted ha dicho -cito literalmente- para que estas mujeres, 90 000 mujeres que ha cifrado en todo el Estado, puedan tener acceso a papeles, casa, etcétera. ¿Van ustedes a derogar la ley de extranjería? Oiga, se lo voy a agradecer, porque
también saben ustedes que lo estamos pidiendo desde el inicio de la legislatura y, por tanto, ahí nos van a encontrar. Pero si el grupo mayoritario del Gobierno no está por esa labor y, por tanto, no la derogan, este anuncio no sirve para nada.


Cuando haces cursos de inserción, cuando intentas que esas mujeres puedan ir a denunciar a los tribunales, se echan para atrás porque no tienen los papeles y, por tanto, son deportadas y son victimizadas doblemente. Como eso ya lo he vivido
en propia carne, les estamos avisando continuamente de que no podemos jugar con las esperanzas de esas mujeres. Le ruego que sea usted muy rigurosa porque sin la garantía de que se vaya a poder ofrecer la ciudadanía a las mujeres en contextos de
irregularidad, no hace falta que pongan nada en marcha porque no va a poder culminar realmente en la libertad de elección.


Dicho esto, veo que han descubierto también el abolicionismo mágico, que es un concepto que me encanta. Es aquel abolicionismo en que las mujeres que están en procesos... Dejo aquí la trata porque la trata es un delito, lo hemos hablado
cincuenta veces. Efectivamente, estoy de acuerdo en que ha de haber una ley de trata y aquí tienen unanimidad. Igual que dejo aparte también que los contextos y los convenios internacionales firmados por este Estado ya permitirían perseguir la
trata.


Por cierto, cuando hablas con las mujeres que se dedican a la prostitución -dicen que libremente-, todas ellas saben dónde están las mujeres que son traficadas, y es curiosísimo que en todos los pueblos se sepa dónde hay grandes
concentraciones de mujeres que son tratadas, pero la Policía, no, y los cuerpos de seguridad del Estado, tampoco. Entonces, es algo que tendrían que resolver porque hay instrumentos, pero vamos a reforzarnos en la línea del punitivismo. Luego
hablaré de ello.


A lo que iba. Es mágico porque les van a dar la opción a todas ellas de tener esta posibilidad de acceder a una decisión libre, pero a las que relatan que lo han hecho libremente, las vamos a tratar como menores que no saben lo que dicen.
Por tanto -si no es así, le ruego que me corrija-, quiero oír su voz diciendo que las personas, las mujeres que se dedican a la prostitución o al trabajo sexual libremente lo van a poder seguir haciendo sin ser perseguidas, sin ser multadas, sin ser
presionadas a través del cierre de lugares de alterne o ¿cómo piensan hacerlo? Saben ustedes que mi grupo comparte que a quien no quiere ejercerla y es producto de una decisión económica porque no hay otra salida, se le den todos los medios e
instrumentos necesarios.


La señora PRESIDENTA: Señora Vallugera, tiene que ir concluyendo.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: También debemos garantizar la libertad de las mujeres que se dedican a la prostitución o al trabajo sexual porque quieren, porque lo contrario es imponer nuestra concepción moral del sexo, y eso es lo más alejado
que existe de la libertad desde una posición de izquierda. Así que muchas gracias por su atención y espero las respuestas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vallugera.


Pasamos ahora la palabra a la señora Fernández Castañón, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.


Muchas gracias, ministra. Bienllegada a la Comisión y gracias por su comparecencia. Yo quisiera que mis primeras palabras fuesen para las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en Asturies, porque son palabras para reconocer su
lucha, sus treinta y cinco días de huelga, y también es un agradecimiento de carácter democrático, porque han colocado en el centro los cuidados. Lo han hecho las trabajadoras con su huelga, lo han hecho las personas pensionistas que han estado
respaldando también esas movilizaciones, las vecinas y vecinos, la gente que ha colaborado, que hemos colaborado en la caja de solidaridad. Ahora falta que también se pongan los cuidados en el centro por parte de las instituciones

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autonómicas y municipales que tienen las competencias para hacerlo. Si hablamos de cuidar a quienes cuidan, tenemos que hacerlo tanto si se trata de estar apagando incendios como de estar cuidando a aquellas personas en situación más
vulnerable y que más lo necesitan. De la misma manera, se trata también de reconocer la dignidad de ese trabajo como se ha hecho recientemente -por fin- con la ratificación del Convenio 189 de la OIT. Desde 2016, que entró nuestro grupo en esta
Cámara, lo hemos dicho. Tuvo que ser este Gobierno de coalición quien reconociera por fin esos derechos, derechos laborales que el feminismo pelea, como también el de la acción sindical.


Por eso, la otra mención que quiero hacer es para expresar aquí mi solidaridad con las seis represaliadas, cinco mujeres, además del caso de la pastelería La Suiza, en Xixón. Son cinco mujeres que puede que acaben entrando en la cárcel con
una condena absolutamente injustificada por hacer sindicalismo, por asumir que el hecho de pedir que se retire una denuncia se considere obstrucción a la justicia y, además, por defender los derechos de una trabajadora que estaba denunciando acoso
sexual y discriminación laboral. Creo que esas luchas también debemos reconocerlas y reconocer su carácter democrático y, además, cómo atraviesa e intersecciona el feminismo en ellas.


Decía la ministra: Certezas ante la incertidumbre. Creo que esta última época es uno de los tiempos que vivimos en los que la incertidumbre campa más a sus anchas, generando también monstruos, como los mismos de El sueño de la razón. Por
eso me parece tan importante que este Gobierno haya llevado a cabo el impulso de la generación de derechos feministas. Sí, ya no se concibe el conjunto del Estado, ya no se concibe el país sin estos derechos feministas, pero, además, debemos
cuidarlos porque también sabemos por la historia de este país que los derechos conquistados se pueden perder, y creo que nada mejor que mirar el ejemplo y la vivencia de las mujeres de la Segunda República.


Eso también me lleva a una reflexión. La campaña que veíamos entre ayer y hoy de la Comunidad de Madrid diciendo 'Se llama sumisión química y es delito', pero dirigiéndose únicamente a las mujeres. Creo que Nerea Barjola ha explicado
bastante bien en la microfísica del terror eso que nos atravesó a distintas generaciones -en la mía, los nombres propios fueron los de las niñas de Alcàsser-, y que mandaba una clara advertencia: No te vayas de fiesta, no te diviertas, no tengas
autonomía, no viajes sola ni de noche ni de día, no camines sola de noche; en general, no hagas nada porque todo va a tener consecuencias y, por lo tanto, tú tienes una responsabilidad sobre eso. Les parecerá terrible, pero es exactamente lo que
dice la campaña que ha sacado la Comunidad de Madrid.


Entendemos que los feminismos llevan mucho tiempo señalando un camino muy distinto, el de la libertad; el de la libertad que aborda la recientemente aprobada -por fin- ley de libertad sexual, la ley del 'solo sí es sí'. Pero se ve que la
libertad es para tomar cañas, siempre y cuando sea una libertad vigilada, que estemos vigilando nuestra caña porque, si no, seremos responsables de aquello que nos suceda, que es un delito contra nuestra libertad sexual, que es un delito contra
nuestra salud y, sin embargo, las campañas publicitarias -algunas- nos hacen ver que es una responsabilidad propia. Por lo tanto, ministra, teniendo en cuenta que el camino comunicativo que ha desarrollado en todo este tiempo el Ministerio de
Igualdad va en sentido contrario, quería saber qué opinión tiene al respecto.


Sobre el Plan Camino, a mí me parece muy importante el sintagma condiciones materiales. Creo que mientras no estemos asentando eso, y queda en nuestra propuesta como un suelo mínimo, como ha dicho la ministra, no estaremos haciendo otra
cosa que trampas al solitario. El concepto de voluntariedad viene dado por esas condiciones materiales, viene atravesado desde ahí, pero, además, eso no nos puede llevar a hurtar la capacidad de agencia de las mujeres. Por eso veo un acierto que
esto se plantee en términos de caja de herramientas a las que acceder, que sea verdaderamente accesible para quien así lo quiera y así lo necesite. Al menos, esto es como yo lo he entendido, porque también he escuchado intervenciones anteriores que
quizás estaban planteando esa pregunta.


Estoy totalmente de acuerdo en una cosa que decía Sara, la portavoz de Ciudadanos. Solo prohibir y no dar alternativas -dice- es utópico. Esto, en realidad, yo creo que es cruel. Por ejemplo, cuando se acaba con un poblado de personas que
no tienen otra solución habitacional, como ha hecho esta misma semana la concejala Villacís en Madrid, y les ha llamado okupas. No les ha dado una alternativa en un Madrid infestado de fondos buitre en materia de vivienda. Esto me parece que es
aporofobia. No podemos estar prohibiendo nada si no estamos dando alternativas, no podemos estar obviando las condiciones materiales y seguir llamándolo libertad mientras tanto.


Se mencionaba, además, la ley de extranjería, lo han hecho varios portavoces. Nuestro grupo, obviamente, coincide en que es necesario modificar la ley de extranjería, en que es necesario derogar determinados aspectos absolutamente
contrarios a los derechos humanos que están ahora mismo en la

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ley de extranjería y, además, así lo ha dicho en todas las ocasiones nuestro grupo parlamentario, igual que también así nos lo ha estado indicando el movimiento feminista.


Y la ley de trata, claro. Lo sabe esta Cámara, pero lo sabemos desde la X Legislatura, porque aunque una no estaba, tiene ese librito morado, que supongo que todas sus señorías tendrán, con las conclusiones de la Subcomisión que se
constituyó a tal efecto. Además, sabrán sus señorías -tanto la ministra como el equipo en su conjunto del Ministerio de Igualdad lo han dicho en repetidas ocasiones-, que el ministerio entregó el borrador en el mes de enero de este año. Así que
para esta diputada, al menos, está nítido el compromiso del ministerio en esta materia.


Voy con el pacto de Estado. Creo que, aunque haya una comisión de seguimiento del propio pacto a tal efecto, debería atravesar a todas las comisiones, pero sin duda a la Comisión de Igualdad. Es muy importante la reedición que se hizo el
pasado mes de noviembre de este pacto y es muy importante que se materialice.


La señora PRESIDENTA: Señora Fernández Castañón, tiene que ir concluyendo.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Voy acabando. Muchas gracias, presidenta.


Es muy importante que vaya a la pervivencia de los fondos y, además, hay que recordar que no solo salen del Ministerio de Igualdad, sino que también salen de otros ministerios, como Interior, Educación o Justicia.


Además, tenemos una responsabilidad -y con esto cierro, presidenta-, que es la de actualizarlo. Creo que es una responsabilidad de esta Cámara y que es una responsabilidad que trasciende a la propia Comisión de seguimiento del pacto, que
tiene que atravesar al conjunto de todos los grupos parlamentarios, porque quien se sitúa fuera de la actualización del dictamen del pacto de Estado se sitúa fuera de los consensos de los derechos humanos, fuera de los consensos democráticos y, por
lo tanto, también fuera de aquellas instituciones como esta que son democráticas. Así que espero también que esto nos sirva para una reflexión conjunta en esta Comisión.


Muchas gracias, ministra, por su comparecencia. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández Castañón.


Pasamos ahora la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario VOX, entiendo que a la señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora ministra.


La verdad es que a mí me sigue sorprendiendo cómo tiene usted la osadía y el valor de venir aquí a hacer afirmaciones que distorsionan la realidad y, además, sobreactúa, como es su costumbre; pero, hoy especialmente, ha hecho afirmaciones
más esperpénticas todavía y yo solamente voy a referirme a una de ellas, cuando ha dicho que existe violencia política contra las mujeres y que a la mujer le recomienda que no se meta en política. Señora ministra, si eso fuera así, usted no hubiera
podido ser ministra; con su edad, siendo mujer y con el currículum que tiene, no hubiera podido ser, en ningún caso, ministra. Y yo, que llevo treinta años en política, le puedo asegurar que esa afirmación es falsa, absolutamente falsa, como todas
las demás afirmaciones que usted ha realizado con datos sesgados, falsos. Usted está realizando políticas falsas, con datos falsos y apoyándose en realidades distorsionadas y falsas.


Afirmaba su secretaria de Igualdad que es una anomalía estar en el Gobierno, que usted esté en el Gobierno. Por eso, en Podemos tenemos la urgencia de legislar mucho y rápido, en lo que ella describe como una diarrea legislativa. ¿Está
usted de acuerdo con esas afirmaciones? Pues sí, nosotros estamos de acuerdo, mire usted por dónde vamos a estar de acuerdo en algo con ustedes, con esa vulgar definición; una diarrea, desde luego, incontenible, que puede ser síntoma de una mala
digestión, de una importante descomposición o de una enfermedad. ¿Ustedes reconocen que están enfermos o que algo les pasa? Porque a nosotros sí nos lo parece. ¿Y qué es si no la evacuación de todas estas leyes y políticas que atentan, sobre
todo, contra la libertad, sobre todo, también, contra la igualdad y contra los derechos más básicos, sin apenas respaldo social y con una nula participación de los ciudadanos? Leyes que sin el más mínimo rigor científico, en contra de la realidad
de la naturaleza humana, socavan los cimientos de una sociedad a la que llevan a su destrucción e impiden su progreso. Un sencillo repaso de la del aborto y de la ley trans. Me parecía a mí que usted debía de haber hablado hoy de la ley trans, que
está en tramitación, y no lo ha hecho. Por algo será.


En su nueva ley del aborto amplían el atentado contra el primer y más básico de los derechos, que es el derecho a la vida. No puede considerarse derecho matar a un ser humano; y no me diga que defiende el derecho a la salud sexual y
reproductiva cuando es mucho más saludable llevar a término un embarazo que quebrarlo y, además, lo que anula es su reproducción; cuando impide que se informe y ofrezca

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cualquier alternativa o ayuda a una mujer embarazada que tenga alguna dificultad y que pueda optar por que nazca su hijo, incluso metiendo en la cárcel a quien quiere ayudarla, ya que la Administración no lo hace. Es realmente inhumano y es
cruel. Pero, además, esta ley elimina el periodo de reflexión, que a los únicos que beneficia es a los que se lucran con la muerte. Deja a las mujeres en situación de vulnerabilidad en manos de empresarios sin escrúpulos, ahora condenados por el
Tribunal Supremo, porque engañaban a las mujeres ocultando las secuelas del aborto. ¿Es esto compatible con quitar los tres días de reflexión? ¿Qué opina, señora ministra, de esta sentencia? Me gustaría que usted me contestara a esto. ¿Con quién
está usted, con los que engañan a las mujeres y se lucran con la muerte de sus hijos o con las mujeres? Usted trata a las mujeres como si fueran animales que lleva a un matadero y que, efectivamente, es allí donde matan a sus hijos. Hablando de
animales, ustedes los tratan mejor, los tratan absolutamente mejor, incluso, que a las mujeres, porque prevén una pena mayor para aquel que lesiona a un animal que para el que lo hace a una persona y, además, es absolutamente inadmisible que
protejan más a un animal que a un ser humano en el seno de una mujer.


Sí, leyes que atentan contra los derechos más básicos, la vida, la libertad y el derecho y deber de la patria potestad de los padres y tutores, que tienen que consentir que una hija o un hijo vaya a una excursión y, sin embargo, no tienen
nada que decir si esa hija decide abortar. Dicen barbaridades como esta: que las políticas destinadas a proteger la maternidad suponen una perpetuación de los estereotipos de género. Escúchenlo bien, porque es que es muy interesante lo que dicen
a todas y cada una de las preguntas que nosotros le hemos hecho a su ministerio. Dicen que ello sería reconocer un estereotipo y que por eso eliminan cualquier protección de la maternidad. Es decir, que la maternidad para ustedes es un
estereotipo. Legislan en contra de la ciencia, de la sociedad, de los derechos fundamentales y a las mujeres las contemplan con su naturaleza absolutamente amputada. Legislan sobre la objeción de conciencia de los sanitarios y los farmacéuticos,
sin tener en cuenta que es un derecho fundamental, que la profesión sanitaria tiene como fin curar y salvar vidas, por lo que, si hay que hacer un registro, será de aquellos profesionales que, abandonando el código deontológico, quieran dedicarse a
practicar eutanasias o abortos.


Usted ha afirmado recientemente que los derechos contenidos en la nueva ley del aborto son un medidor fundamental de la calidad democrática de nuestro país. Absolutamente de acuerdo con usted, vuelvo a estar de acuerdo. Estas leyes, la del
'solo sí es sí', la trans o la del aborto, demuestran el grado de democracia de este país. Muchos españoles ya cuestionan muy seriamente nuestro sistema democrático, precisamente porque los principales medidores de la calidad democrática son el
reconocimiento de las libertades y derechos más básicos y el nivel de participación ciudadana, y en ambos su ministerio suspende indubitadamente.


Estoy absolutamente de acuerdo con su secretaria de Estado en que, efectivamente, es una anomalía que una ministra neomarxista esté gobernando en un país democrático. Se tramitan por el procedimiento de urgencia evitando informes
preceptivos, no haciendo caso a los emitidos. En la ley del aborto no se ha oído ni tan siquiera al Consejo de Estado, y en la ley trans ni tan siquiera se ha emitido dictamen por el Consejo Fiscal, que es la institución que debe proteger a los
menores de tamaña barbaridad, evitando también la audiencia pública, un procedimiento de urgencia inadecuado cuando se trata de materia propia de una ley orgánica. Dígame usted, ¿estas leyes soportarían una consulta pública? ¿Más del 25, del 30 o
del 40 % de la población estarían de acuerdo? ¿Usted cree que estarían de acuerdo? Me gustaría que me contestara a esto, porque si usted lo cree, se engaña y, si no lo cree, reconoce su carácter totalitario.


En la ley trans no se justifica ni su necesidad ni, por supuesto, los motivos de urgencia. ¿Cuáles son los fines perseguidos? Porque la discriminación a las personas LGTBI es también absolutamente falsa. Un informe de la OCDE sitúa a
España como el quinto país del mundo en donde mejor están garantizados los derechos de las personas LGTBI. ¿Ha escuchado usted a los profesionales, a las asociaciones que se preocupan por los menores que tienen una disforia de género? ¿A sus
padres? ¿Sabía usted que, cuando pasa el período de la pubertad, en el 80 % desaparece esa disforia? Se ha privado a la sociedad de un debate riguroso y científico. En esta ley se niega la binaridad sexual, se considera el sexo como un constructo
cultural; la identidad sexual se determina por el simple deseo y se obliga a educar en este sentido, bajo el pretexto de la diversidad. (La señora presidenta hace signos a la oradora indicando que tiene que terminar su intervención). Termino en
un minuto, señora presidenta. Muchas gracias.


Y, lo que es más grave, se incita a los menores a que transiten al otro sexo. Se producirán unos daños irreparables. Ya, en la actualidad, se está negando a los padres intervenir en los procesos de bloqueadores de la pubertad. Una
barbaridad.

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La señora PRESIDENTA: Señora Méndez, tiene que ir concluyendo.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino, señora presidenta.


Nosotros acusamos del daño que esta ley provocará sobre todo en los menores. ¿Y quién será responsable? Una bomba de relojería para conseguir el desequilibrio en los más pequeños.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Pérez Díaz.


La señora PÉREZ DÍAZ: Gracias, presidenta.


Señora ministra, por voluntad propia acostumbra a obsequiarnos con su presencia por estas fechas, tras el verano, en el inicio del curso político y parlamentario, y por voluntad propia igualmente en este último año se ha negado a comparecer
en las nueve ocasiones que lo ha solicitado mi grupo parlamentario. En consecuencia, atendiendo a su intolerancia natural al Parlamento y al deterioro irreversible del Gobierno y de las fuerzas políticas que lo conforman, existe una gran
posibilidad de que la comparecencia de hoy sea en realidad una despedida, su despedida como ministra ante la Comisión donde debiera haber rendido cuentas durante estos años -no lo ha hecho- y en la que debería haber escuchado y atendido a todos los
grupos aquí representados en lugar de haber hurtado nuestra labor legislativa. Un ejemplo lo tenemos precisamente hoy, que termina el plazo de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley que más contestación ha tenido en años en el seno del
movimiento feminista del que ustedes son el enemigo a batir. Me refiero al proyecto de ley de igualdad LGTBI, que ha provocado una riada de manifiestos, cartas, documentos y envíos en contra de su contenido por pretender discriminar a las mujeres a
través de su aprobación, y al que mi grupo parlamentario se opone al entender que no es un texto que favorezca los legítimos deseos de igualdad de este colectivo y del colectivo trans, dos grupos de personas que deberían ser atendidos en dos leyes
diferentes y no en una que mezcla todo tipo de artículos sin ton ni son.


Señora ministra, usted se ha encerrado literalmente en el ministerio; se ha agarrado como un náufrago a una tabla a una agenda legislativa disparatada, y siempre gracias a una configuración parlamentaria que la blinda como responsable
público; es decir, sin que la mujer o la igualdad tuvieran nada que ver con ello. Es más, yo diría que la mujer y la igualdad han sido el precio a pagar en términos de conflictividad y división por su estancia al frente del ministerio, en el que
usted se ha equivocado mucho y muchas veces. A nuestro juicio, el error más grave de su singular paso por el ministerio ha sido no escuchar, no atender, con frecuencia ni siquiera respetar al resto de actores de la convivencia pública y civil en
democracia. Desde esa atalaya en la que se ha encumbrado ha querido ser autoridad y solo ha ejercido el autoritarismo. Eso sí, usted no es la única responsable. Su ministerio, y especialmente cómo lo ha ejercido, nunca hubiera sido posible sin el
apoyo formal de sus socios del Partido Socialista.


Señoría, durante su mandato han aumentado la desigualdad y las brechas de género, salarial, de pensiones, etcétera, entre hombres y mujeres. Este es el verdadero drama, que la igualdad entre mujeres y hombres no avanza, está estancada en
una parálisis que no cesará hasta que ustedes no abandonen el Gobierno. Después de estos años perdidos en polémicas arbitrarias y conflictos gratuitos, necesitamos restablecer el espacio abierto de diálogo y debate sobre igualdad que teníamos
antes, no hace tanto, en este Parlamento y en el seno de la sociedad. Se lo debemos a las mujeres. Recuerde, señora ministra, que fue el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy el que obtuvo el acuerdo decidido de todos los grupos
parlamentarios en torno al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Todos menos ustedes, a quienes les tocó el triste papel de Pedro en el Evangelio, que negó a Jesús tres veces antes de que cantase el gallo. Ustedes en tres días pasaron de
votar sí a abstenerse sin ninguna razón que no fuera meramente electoralista, para después tener que encargarse, a regañadientes, de que el pacto de Estado se cumpla. Seguro que ya usted sabe que se ha registrado una PNL para retomar los trabajos
de actualización del pacto de Estado en la Comisión correspondiente.


Señora ministra, somos una sociedad que comparte un consenso amplísimo sobre la necesidad de igualdad entre hombres y mujeres y, en consecuencia, el Gobierno y el Parlamento han de ser solo eso, el reflejo de una pulsión social
abrumadoramente mayoritaria. Ante esto, ¿cómo explicar que usted, desde la más alta responsabilidad, haya sido en estos años, y aún lo pretenda, la principal instigadora de la crispación en materia de igualdad, de defensa de los intereses de la
mujer, cuando debería haber trabajado justo en el sentido contrario? Por fortuna, hay esperanza. Tras su mandato, en el Grupo Popular tenemos la esperanza de un nuevo tiempo, porque hay que rescatar la igualdad de la trinchera del absurdo

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y hacerlo cuanto antes por el bien de nuestra sociedad. Hay que devolver la esperanza a las mujeres que siguen discriminadas hoy, que siguen padeciendo la desigualdad en cualquiera de sus manifestaciones y hay que volver a activar el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género. Se lo hemos dicho desde el primer minuto que llegaron al poder: activemos el pacto de Estado y si quieren mejorarlo, trabajemos para mejorarlo, para poder contar con un marco de actuación compartido y
cierto que nos sume a todos, un pacto construido por los representantes del pueblo español en esta casa, en el Congreso. Ese valor máximo no pueden recrearlo ustedes por su cuenta por mucha reunión bilateral que realicen con los gobiernos de las
comunidades autónomas, intentando, además, que no presenten un frente común a sus propuestas, demandas e intereses. Algún día, quizás, usted nos explique por qué el Gobierno renunció a semejante caudal de entendimiento y acuerdo a favor de la
mujer.


Señorías socialistas, señora ministra, sigue siendo inexplicable ver cómo han instrumentalizado a la mujer y las políticas de igualdad y cómo lo siguen haciendo. En todos los órdenes que analicemos, la igualdad en España no ha avanzado; o
está estancada o directamente retrocede. De hecho, es muy probable, señora Montero, que sea usted la excepción y sea la española que más ha progresado en estos tres años, a diferencia de las más de 24 millones de españolas cuya principal
preocupación, de forma creciente y generalizada, es el empleo. Porque el empleo, usted lo sabe bien, empodera, ofrece autonomía a las mujeres y es una condición imprescindible en el camino personal de cada mujer hacia la igualdad. En un contexto
de crisis presente como el actual, somos las mujeres quienes antes perdemos el puesto de trabajo y quienes más dificultades afrontamos a la hora de encontrar una nueva oportunidad. ¿Y qué vamos a hacer ahora que los precios suben de manera
desbocada, que la electricidad mensualmente cuesta tres veces lo que costaba el año pasado, que la compra en el supermercado cuesta el doble, que llenar el depósito del coche ya es imposible y que las hipotecas subirán, por término medio, durante
estos meses unos 1200 euros anuales? ¿Es que nada de esto la conmueve, señora ministra? Sinceramente, en estos casi tres años no lo ha parecido, tampoco hoy. Al contrario, aparece feliz y risueña en los medios y en las redes sociales, siempre
como celebrando algo en España y fuera de España. Lástima que las españolas no podamos decir lo mismo.


La señora PRESIDENTA: Señora Pérez Díaz, debe concluir.


La señora PÉREZ DÍAZ: Sea como fuere, en esta comparecencia, posiblemente la última, dadas sus costumbres parlamentarias, le quiero manifestar, en nombre de mi grupo, nuestro respeto en lo personal (la señora Berja Vega: Pues menos mal) y
nuestra esperanza en que el día ya próximo en que usted abandone el ministerio las españolas sí que tendremos algo que celebrar.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Para finalizar este primer turno de réplica, tiene la palabra la señora Berja, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora BERJA VEGA: Gracias, presidenta. Gracias, ministra, por su comparecencia.


Señora ministra, ha relatado usted aquí el histórico de líneas generales del ministerio y agradecemos que así sea, pero sí que quería compartir con usted algunas reflexiones sobre algunos temas.


El primero es con respecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Usted es conocedora de cuál es el posicionamiento de este grupo parlamentario. Para nosotras el gran valor que tiene el pacto de Estado es el acuerdo político, y
al final lo que nosotras entendemos es que el pacto no es de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o de un Gobierno, el pacto es del Estado y, por lo tanto, creemos que el acuerdo político que surgió de las Cortes Generales tiene que seguir
siendo supervisado en sede parlamentaria, y creemos que cualquier actualización de las medidas, cualquier reflexión que se haga en torno al pacto de Estado tiene que darse en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado. (Varias
señoras diputadas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Muy bien!-Aplausos). Por eso también consideramos, señora ministra -y lo han dicho algunas de las portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra-, que es necesario que
comparezca, porque nosotras sí somos conocedoras del trabajo que ha hecho con las comunidades autónomas y creemos que también tiene que conocerlo de primera mano la Comisión de Seguimiento del Congreso y del Senado para que ambas comisiones se
posicionen también sobre ese trabajo que ha hecho el ministerio con respecto al pacto de Estado. Nosotras creemos además, señora ministra, que no sirve de nada la

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institucionalización si no somos capaces de mantener el acuerdo político. Usted lo ha dicho, es necesario ese acuerdo político. No sirve de nada la institucionalización si no somos capaces de mantener el acuerdo político.


Con respecto a las iniciativas parlamentarias que tienen que ver con el debate que esta Comisión lleva arrastrando durante toda la legislatura, quiero poner en valor el consenso que alcanzó la toma en consideración de la proposición de ley
sobre proxenetismo y abolición de la prostitución que presentó el Grupo Socialista. Tuvo 232 votos a favor. Creo que es un dato importante que poner en valor. Sí creemos que es necesario llenar un vacío que dejamos con la ley del 'solo sí es sí'
no incorporando la redacción del proxenetismo -mi grupo parlamentario defendía una-, ya que al menos era importante hablar de proxenetismo en la ley. Tenemos que llenar ese vacío. Y también el de la tercería locativa. Nosotros tenemos un
posicionamiento que va en esa ley, porque creemos que es una deuda pendiente que no nos podemos permitir mantener. Este grupo va a defender y va a dar la batalla para conseguirlo.


En relación con las intervenciones que he escuchado en esta comparecencia, quiero contestar a algunas cuestiones. Decía el señor Agirretxea -ya sabía, señor Agirretxea, que le iba a contestar- que no queremos abordar la problemática
completa de la prostitución. ¡Claro que queremos abordar la problemática completa de la prostitución! Como también las alternativas y la respuesta institucional que se le tiene que dar a las mujeres en situación de prostitución. Por eso la ley que
nosotros hemos presentado recoge una iniciativa para dar respuesta a las mujeres. No sé usted, pero yo confío muchísimo en la ley del 'solo sí es sí', por ejemplo. Nosotras lo que decimos es que las víctimas de prostitución puedan ser
beneficiarias de todos los recursos que establece o que pone a disposición de las mujeres la ley del 'solo sí es sí'. Lo que creo, señor Agirretxea, es que ustedes están evitando ese debate. (El señor Agirretxea Urresti hace gestos negativos).
Usted se ha referido a mí y yo puedo referirme a usted. Lo que no vamos a hacer, señor Agirretxea, es evitarles a usted y a su grupo el debate sobre la prostitución, y también sobre el proxenetismo y los puteros, porque parece que todos los grupos,
cuando al final hacen referencia a la ley de trata, lo que están haciendo es intentar evitar el debate sobre la prostitución, algo de lo que nosotros no vamos a ser cómplices.


Señora ministra, yo creo que el Plan Camino es muy bienvenido, pero también creemos que es compatible con la posición que tiene el Grupo Parlamentario Socialista en materia de persecución del proxenetismo. He escuchado en esta comparecencia
el calificativo de cruel para la posición que mantenemos sobre la persecución del proxenetismo. Yo creo, señorías, que lo que es cruel es lo que supone la prostitución, que es la violación sistemática de mujeres, y no hablar de ello también es
cruel.


Voy terminando. En relación con el proyecto de ley del aborto, nosotros creemos que es una ley que requiere una tramitación de urgencia, tal y como ha solicitado el Gobierno. Van a tener a este grupo en disposición plena de trabajar para
aprobar esta ley, porque desde el año 2015, señora ministra, como usted bien sabe, las chicas de dieciséis y diecisiete años tienen una grieta en sus derechos; una grieta que les hizo el Partido Popular arrebatándoles su derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo. Mire, yo era senadora en el año 2015 y llevé la reforma que planteó el Partido Popular de la ley del aborto en el Senado. La reforma que hizo el PP no tenía ninguna demanda social. No había demanda social para que se
planteara esa reforma. Lo que hizo la reforma del PP fue arrebatar las libertades a las mujeres y empeorar la situación legal de una ley que era modélica (aplausos), la ley de 2010 que llamamos ley Aído, que ha sido todo un referente internacional.
Esa reforma del PP a lo único que ha llevado es a que las mujeres jóvenes se jueguen la vida en abortos clandestinos e inseguros. Durante los años de gobierno del Partido Popular, desde el año 2012 al año 2018, se podían haber dedicado a hacer
muchas cuestiones en materia, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva. Por cierto, además había un suspenso entonces de la comunidad internacional a España en prevención de embarazos no deseados, pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue
recurrir en el Tribunal Constitucional una ley que defendía los derechos de las mujeres como la ley del aborto, y además lo hicieron en conciencia, porque, como ustedes bien saben, las leyes de los derechos sexuales y reproductivos son muy simbólica
para las mujeres porque lanzan un mensaje claro, que es que nadie nos imponga una maternidad que nosotras no queremos, porque las únicas que tienen que decidir sobre su maternidad somos las mujeres, ni el Partido Popular ni la ultraderecha ni los
movimientos ultracatólicos. (Aplausos.-La señora Romero Sánchez: Ni el PSOE ni la izquierda).


Esto es lo que quería decirle en esta intervención, señora ministra.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Berja.


Con esto concluimos el primer turno de preguntas. Para su contestación, volvemos a dar la palabra a la señora ministra.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Muchas gracias, presidenta.


Voy a ir contestando, o voy a intentarlo al menos, por bloques de temas en lugar de por intervenciones, pero puede que vuelva a sobre algunos asuntos, porque las anotaciones las he tomado según han ido interviniendo.


En primer lugar, en lo referente al pacto de Estado y a las primeras cuestiones que se han planteado -las planteaba el señor Agirretxea- sobre las competencias, yo creo que hemos hablado en otros contextos sobre esto. Es evidente que el
respeto al marco competencial va a existir y que lo importante es dejar trabajar a esa conferencia sectorial, al Gobierno estatal y también a las comunidades autónomas. Entiendo que el reparto competencial en nuestro país a veces genera esas
tensiones o dudas, pero creo que la mejor forma de clarificarlo es ese compromiso, y además sabe perfectamente que es un compromiso compartido no solamente de respeto al marco competencial, sino de reconocimiento mutuo. Muchas veces ese
reconocimiento es tan explícito en el caso concreto de Euskadi que reconocemos que ustedes están a la vanguardia en algunas políticas públicas muy importantes para las mujeres. Sabe que el compromiso existe y que, por tanto, el camino se demuestra
andando. Creo que hay que dejar trabajar. Se lo dije el otro día y se lo vuelvo a repetir: igual que va a haber un exquisito respeto al ámbito competencial de cada Administración, también le digo que por parte de este ministerio y del Gobierno
vamos a ejercer todas y cada una de nuestras competencias para favorecer que institucionalicemos y blindemos al máximo nivel normativo y de política pública posible todo lo que tiene que ver con la lucha contra las violencias contra las mujeres. Se
lo digo: no vamos a renunciar ni a un milímetro del ejercicio de nuestras competencias, respetando escrupulosamente, por supuesto, el marco competencial establecido. Además, creo que nos vamos a encontrar en ese camino. Por cierto, esas
reuniones, ese calendario de trabajo es también pactado; también es pactado. Entiendo que sea difícil reunirse cada quince días. Es mucho trabajo. Nosotras somos un ministerio modesto y trabajamos muchas horas al día y, para conseguir acuerdos
entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno estatal, hacen falta muchas horas de trabajo, pero creo que el acuerdo merece la pena.


La diputada Vallugera, que no está, decía que lo dejaba para otro momento, para la comparecencia específica en la Comisión. El Grupo Parlamentario Popular se refería también al pacto de Estado y, claro, de hecho es lo que estamos haciendo:
trabajar para desplegar todas las medidas del pacto de Estado, trabajar para institucionalizar el pacto de Estado, para blindarlo, para convertirlo en permanente. Y, por supuesto, el Parlamento tiene todo su protagonismo, como cuando el 25 de
noviembre del año 2021 todos los grupos parlamentarios, a excepción de VOX, en el Congreso y en el Senado decidieron hacer permanente el pacto de Estado, renovar los compromisos presupuestarios y alcanzar, por tanto, ese acuerdo político. Ese
acuerdo político está alcanzado. La tarea que tienen las Cortes Generales en este momento es operativizar ese dictamen, y eso es lo que también se dice en el Acuerdo de Tenerife, que insta a las Cámaras a hacer ese trabajo, pero hay un acuerdo
político actualizado por todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, firmado el 25 de noviembre del año 2021. Eso es lo que estamos haciendo, señorías del Partido Popular, desplegar todas las medidas del pacto de Estado en estrecha
coordinación con las comunidades autónomas, y ustedes aquí vienen a hacer duras críticas que no se corresponden con el trabajo de reconocimiento a la labor que está realizando el Gobierno de España, y particularmente el Ministerio de Igualdad, en la
coordinación de ese despliegue, un reconocimiento que sí hacen a puerta cerrada en las conferencias sectoriales, con diferencias políticas, por supuesto. Tenemos muchas diferencias políticas, pero ustedes saben que este ministerio es riguroso en el
despliegue de las políticas públicas que permiten luchar contra las violencias machistas. La ley del 'solo sí es sí', que ustedes han votado en contra, es un compromiso derivado del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, y ustedes han
votado en contra. Por cierto, les voy a leer uno de los puntos del dictamen del pacto de Estado; dice en su punto 23: Campañas. Desarrollar campañas de prevención y sensibilización con mensajes positivos, unitarios y adaptados a las exigencias
de cada momento, implicando a la sociedad en su conjunto y eligiendo los momentos más favorables para su difusión, como, por ejemplo, los veranos. Estas campañas deben focalizarse en el rechazo al maltratador y presentar ejemplos de mujeres fuertes
y valientes, sin recurrir al cliché de las víctimas. Yo creo que en la Comunidad de Madrid no se han leído el punto 23 del pacto de Estado cuando han hecho esa campaña que les dice a las mujeres: Tape su copa, tenga usted cuidado con lo que bebe,
tenga usted cuidado por dónde sale.

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No, las mujeres no tienen que tener cuidado, lo que la sociedad tiene que hacer es decir a los maltratadores que no agredan, no a las mujeres que tengan cuidado y que vigilen su copa. (Aplausos). Medida 23 del pacto de Estado, se la
recuerdan a la señora Ayuso, que creo que no se la ha leído. (La señora Romero Sánchez: ¡Qué demagogia!).


Efectivamente, el pacto de Estado implica al Estado, por tanto, a todas las administraciones, y yo creo que es perfectamente compatible reconocer el protagonismo del Parlamento. Insisto en que la renovación del acuerdo político en 2021 la
hacéis los grupos políticos democráticos del Congreso y del Senado, pero evidentemente, igual que señala el propio pacto, eso implica una labor decidida de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, que además tienen competencias específicas
en la implementación del pacto, y también de las responsabilidades del Gobierno estatal. Por tanto, insisto en lo mismo, vamos a desplegar hasta el último milímetro de todas nuestras competencias y también de la coordinación de todas las
administraciones, que forma parte de las competencias que tenemos, para sacar adelante todas las medidas y todas las políticas que tienen que ver con la lucha contra las violencias machistas.


Uno de los compromisos fundamentales del pacto de Estado era desplegar todas las medidas de prevención, de detección precoz, de atención integral y de reparación para todas las víctimas de todas las violencias. Eso es un trabajo que se ha
hecho en esta legislatura con muchísimo esfuerzo y muchísimas horas de trabajo de miles de personas en este país para conseguir que el 016 no solamente atienda a las mujeres víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja o la expareja,
sino también a las víctimas de violencias sexuales, también a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y a las víctimas de explotación sexual; ampliar Atenpro y generar todo tipo de medidas y acuerdos que nos han posibilitado seguir
implementando cada vez con más eficacia. En eso consiste el catálogo del que antes hablábamos y del que hemos hablado también en otras reuniones, en ser capaces de identificar cuáles son las políticas que están permitiendo luchar de forma más
efectiva contra las violencias machistas, prevenir mejor, hacer mejores campañas, ser capaces de detectar precozmente.


Hemos hecho acuerdos no solamente impulsados por el Ministerio de Igualdad, también en la Conferencia Sectorial de Sanidad, para favorecer el cribado universal y que el personal sanitario, especialmente en atención primaria y en urgencias,
pueda tener algunas claves para detectar las situaciones de violencia y para saber cómo tender la mano a las víctimas. Hemos creado con las comunidades autónomas y después elevado a rango de real decreto, a propósito de afrontar las consecuencias
económicas y sociales de la guerra de Ucrania, un sistema de acreditación de las mujeres víctimas de trata y de explotación sexual y de mujeres en contextos de prostitución que les permita el acceso a derechos sociales y económicos fundamentales
para salir de esas situaciones y que no dependan de la denuncia ni de la identificación formal como víctimas. Sí creo que hay un compromiso no solamente de este ministerio, sino, insisto, del conjunto de las instituciones para desarrollar, para
estabilizar el pacto de Estado, y se tiene que notar también en los presupuestos de este Gobierno. Cada uno de los presupuestos generales del Estado que este Gobierno ha traído a esta Cámara ha tenido inversiones históricas en políticas contra las
violencias machistas y, en general, en políticas feministas, también en políticas de conciliación. Ese compromiso tenemos que renovarlo este año y tenemos que empujar todas para que sea posible renovarlo. Creo que el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género y los principales compromisos que de él se derivan son probablemente el único pacto de Estado que está vigente en nuestro país a lo largo de toda esta legislatura, y vamos a ser las primeras que trabajemos por preservarlo y por
hacerlo lo más grande posible para que quepan todas las mujeres víctimas de todas las violencias y que las puertas de entrada a las instituciones sean cada vez más seguras.


Ustedes hablaban en varias intervenciones, por ejemplo -voy a dejar para el final las cuestiones relacionadas con prostitución, explotación sexual y trata-, del trámite de urgencia en las leyes trans y del aborto. Les pediría simplemente
que se lean la Ley de Gobierno y el Reglamento de esta Cámara. Hemos cumplido escrupulosamente con la Ley de Gobierno y con el Reglamento de esta Cámara. Entiendo que el Reglamento de esta Cámara contempla que todas las opciones de tramitación
parlamentaria permiten una buena tramitación parlamentaria. Se pueden hacer observaciones, proponer un método mejor, decir que les hubiese gustado otra cosa... Yo entiendo las dificultades que tienen especialmente los grupos pequeños para atender
a tiempos más cortos, porque están las mismas diputadas en muchas comisiones. He sido portavoz parlamentaria y entiendo las dificultades, pero estamos cumpliendo escrupulosamente con la Ley de Gobierno y con el Reglamento de esta Cámara, cosa que
no pueden decir todos los gobiernos, pero nosotras estamos cumpliendo escrupulosamente con ambas cuestiones, tanto con el Reglamento de la Cámara como con la Ley de Gobierno.

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Luego hay una cuestión política de fondo que yo no comparto con quienes cuestionan que estas leyes deban ser tramitadas por vía de urgencia, y es que los derechos de las mujeres, su garantía y su ampliación son ahora más urgentes y más
importantes que nunca, que hasta ahora en cada crisis se nos ha dicho que los derechos de las mujeres son los primeros que podían ser cuestionados, que están sus señorías reaccionarias diciendo: déjense de hablar de tonterías de los derechos de las
mujeres, pongámonos a lo importante, que vengan los señores encorbatados a hablar de economía. Pues no. Es que si las mujeres somos las que sostenemos el sistema económico, las que sostenemos la vida sobre nuestras espaldas, sobre nuestros
cuerpos, llevando las tareas de cuidados, en su mayoría las mujeres más precarias, las racializadas, las que están en situación administrativa irregular; si somos nosotras las que sostenemos la vida, si somos las que ya de partida tenemos los
trabajos más precarios, más riesgo de ser pobres, más riesgo de sufrir violencias, y en las crisis todas esas desigualdades se agudizan, pues en un momento como este es urgente garantizar los derechos de las mujeres, y eso es una posición política,
sí, política, de este Gobierno, que se tramita con estricto arreglo a la Ley del Gobierno y al Reglamento de esta Cámara. Pero efectivamente, sí, tenemos una posición política. Ahora más que nunca es urgente garantizar los derechos de las mujeres,
y hay una amplia mayoría feminista en esta Cámara que creo que lo piensa exactamente igual.


Han hablado también del Consejo General del Poder Judicial. Señorías, nosotras tenemos en cuenta todos los informes que tenemos la obligación de pedir, y por tanto los pedimos cumpliendo escrupulosamente con la Ley de Gobierno, de todas las
instituciones y organismos correspondientes. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido saltarse la ley; ha decidido saltarse la ley. Tenía un plazo establecido por ley de quince días para emitir el informe y han decidido que no
trabajaban, que no hacían su trabajo, que se saltaban la ley. Pues me da pena, ojalá hubiesen hecho su trabajo, ojalá se hubiesen sentado, hubiesen emitido ese informe en el plazo que les marca la ley, no el Ministerio de Igualdad ni el Gobierno de
España, la ley; ojalá hubiesen cumplido con la ley y nos hubiesen entregado el informe. ¿Que nos lo entregan ahora, en el proceso de tramitación parlamentaria? Lo incorporaremos al expediente y sus señorías podrán debatirlo y, si existe alguna
aportación interesante que vaya en la línea de la ampliación de derechos de las mujeres y no de su recorte -también les digo que el Consejo General del Poder Judicial tiene un gusto especial por el cuestionamiento de los derechos de las mujeres-, si
esta vez dice algo que va en línea de su ampliación, estoy segura de que sus señorías lo podrán tener en cuenta. Pero si no hemos tenido el informe del Consejo General del Poder Judicial no es porque el ministerio o el Gobierno hayan querido -nada
más lejos de nuestra intención- saltarse ese trámite ni no contar con su informe. Es que no han querido trabajar y no han querido cumplir con la ley. Así que a lo mejor tienen que dirigirse ustedes al Consejo General del Poder Judicial a saber por
qué se han saltado la ley, porque a mí no me lo han explicado.


Hablaba usted también de la ley del aborto y de cómo harán las comunidades autónomas para cumplir con la ley. Pues como es competencia de las comunidades autónomas, tendrán ellas que tomar las decisiones. Nosotras, por supuesto, como
ministerio y como Gobierno estaremos ahí para acompañar a las comunidades autónomas para que cumplan la ley. Lo que hace el Gobierno, junto a las Cortes Generales, es hacer una propuesta de ley -que, si ustedes lo desean, se convertirá en ley en
nuestro país- para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, contando ya con unas bases sólidas de esa ley del aborto del año 2010 de Bibiana Aído. Si sus señorías lo desean, eso se convertirá en ley y después el Gobierno
acompañará a las comunidades autónomas y a todos los organismos competentes para garantizar que se cumple la ley. La diputada Vallugera hablaba del IVA de los productos de higiene femenina. Efectivamente, es un compromiso que ya establecimos en la
negociación de esta propia ley del aborto. Por tanto, doy por hecho que ese compromiso va a satisfacerse en los presupuestos generales del Estado, porque somos un Gobierno que cumple con lo que dice. (Risas).


Más cuestiones. Esto sí me parece importante. Ya me he referido a la campaña de la Comunidad de Madrid. A nosotras sí nos preocupa -lo decía la diputada Castañón-, no solamente es un problema de que no se hayan leído el propio pacto de
Estado y que, por tanto, hagan campañas que no cumplen ni siquiera con los propios requisitos que hemos acordado entre todas que tienen que tener las campañas de prevención y de lucha contra las violencias contra las mujeres, sino sobre todo a mí me
preocupa que es una campaña que responsabiliza a las mujeres de la violencia que sufren y, por tanto, alimenta el relato y la cultura del terror sexual y la cultura de la violación, en un momento en el que el movimiento feminista, y por suerte
también la legislación que la mayoría feminista de esta Cámara ha aprobado, lo que está diciendo es justo lo contrario, que tenemos que hacer un tránsito en todas las políticas públicas que

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despleguemos, también en las campañas de sensibilización, que nos permita favorecer la cultura del consentimiento y, por tanto, poner el foco en los agresores y en cómo el conjunto de la sociedad puede acompañar a las víctimas y puede
prevenir. Por eso, también les hablaba en mi intervención inicial de que, aunque las protagonistas de la lucha feminista somos las mujeres, tenemos también cosas que plantear a los hombres y tiene que abrirse ese debate social. Los hombres tienen
que preguntarse qué pueden hacer en esta nueva sociedad que ya se está construyendo, en esta sociedad feminista, qué pueden hacer si ven a otro chico en las fiestas -que ahora está habiendo en muchos municipios, en muchos pueblos, en muchos barrios
de nuestro país- si ven que hay un agresor que puede ir a agredir a una mujer que está pasándoselo bien en una fiesta. Es que no tenemos que decirles a nuestras amigas: oye, tapa bien la copa. Lo que tenemos que decirle al agresor es: ¡Ni se te
ocurra! Te paro los pies. Que los hombres tienen que ser capaces también de romper el pacto entre caballeros, que tienen que ser capaces de decirse: ¡Hasta aquí!


Ahí entraba también la señora Ayuso a confrontar. (Una señora diputada: ¡Otra vez!). Decía: esa campaña del Ministerio de Igualdad del hombre blandengue. ¿Saben por qué entro en esto? Porque implica una reflexión ideológica muy
profunda del tipo de sociedad que están proponiendo sus señorías del Partido Popular, de la mano de sus señorías de VOX. Lo que estaba queriendo decir la señora Ayuso -aparte de querer ridiculizar al presidente del Gobierno llamándole hombre
blandengue- es una cosa ideológicamente muy profunda, estaba diciendo: mandar es incompatible con cuidar; quien manda, no cuida. Lo que estaba diciendo la señora Ayuso es: necesitamos hombres o mujeres ejerciendo el poder desde la masculinidad
hegemónica, desde la masculinidad patriarcal, que es incompatible con los cuidados, que es incompatible con el respeto, con el reconocimiento, con la interdependencia. Eso es lo que estaba diciendo la señora Ayuso. No, nosotros somos lo contrario
al hombre blandengue, precisamente cuando la reflexión que cada vez más gente, incluidos más hombres, en nuestra sociedad se está haciendo es que es absurdo que todos los hombres tengan que encorsetarse en esa masculinidad y en esos mandatos de
masculinidad hegemónica, que también les dicen cómo tienen que ser de una forma muy estricta que no responde a cómo quieren ser la mayoría de los hombres. Por tanto, creo que hay una reflexión profunda ideológica detrás. Lo que nos están
proponiendo sus señorías de la derecha es un modelo de sociedad donde el ejercicio del poder es incompatible con la base de la vida, que son los cuidados; un ejercicio del poder absolutamente autoritario; un modelo masculino hegemónico de
ejercicio del poder, que no se corresponde con las reglas fundamentales de la democracia, porque, de hecho, la democracia ha avanzado siempre en contra de quienes han querido sostener el privilegio de seguir ejerciendo el poder de esa manera.
Precisamente, por eso lo nombro.


Señora Méndez, creo que no ha dicho usted nada que aporte, pero sí le quiero preguntar qué les dice usted a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, ¿qué les está diciendo? ¿Que arriesguen su vida? ¿Que vayan a una clínica
clandestina? ¿Que se jueguen la vida las mujeres que practican interrupciones voluntarias del embarazo, profesionales de la medicina, de la enfermería, auxiliares? ¿Que se jueguen la vida? ¿Qué les está diciendo a las mujeres que no desean ser
madres en ese momento de sus vidas? ¿Que el Estado no tiene que reconocerles la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos? ¿Le está diciendo a una joven de dieciséis o diecisiete años que puede someterse a una operación de vida o muerte sin
informar a nadie, pero que si se trata de una interrupción voluntaria del embarazo le tienen que dar permiso su padre y su madre? Son unos hipócritas, señoría, unos hipócritas, que juegan con la vida de las mujeres. (Aplausos.-La señora Méndez
Monasterio: Yo no la he insultado a usted. Es usted la que tiene que contestar a lo que le he preguntado).


La señora PRESIDENTA: Señora Méndez, no establecemos diálogos cruzados. (La señora Méndez Monasterio: Tiene que contestar a lo que yo le he preguntado). Tiene usted luego una segunda intervención. (La señora Méndez Monasterio: Que
conteste). Señora Méndez.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): No se ponga nerviosa, que tiene usted...


La señora PRESIDENTA: Señora ministra, no cruce diálogo. La señora diputada tiene una opción y usted, naturalmente, está en el uso de la palabra y luego cierra el debate.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Y sí, señoría, tienen un problema con la democracia. Los derechos sexuales y reproductivos, garantizar a las mujeres la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos es un medidor
fundamental de la democracia, precisamente porque cuando las

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sociedades quieren reducir la democracia, cuando las sociedades quieren limitar los derechos de más de la mitad de la población, que somos las mujeres, lo primero que hacen es reducir o prohibir el ejercicio de nuestros derechos sexuales y
reproductivos, porque si una mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo, no decide sobre su propio proyecto de vida, lo deciden por ella, y eso limita el ejercicio de otros muchos derechos, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
no solo la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, en su versión original de 2010 y también esta nueva ley del aborto es una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la
interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñes de este
país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana,
basadas, eso sí, en el consentimiento, y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. No pasa nada, reconózcanlo abiertamente si es que no les gustan los derechos. A ustedes les gustan otros modelos de sociedades que no
se basan en los derechos, se basan en el autoritarismo. Pues muy bien, nos lo explican a todas y todos, y a ver si les votan, pero sean claras en lo que están proponiendo. Porque yo en su intervención no he entendido nada más que a usted le parece
muy mal que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Las jóvenes de dieciséis o diecisiete años, la mayoría de ellas hablan con sus familias, hablan con sus amigas y con sus amigos, hablan con toda la gente que les da la gana, a veces con
sus profesores y profesoras, con gente de confianza, adultos de confianza para ellos y para ellas, y lo hacen antes de tomar una decisión que para algunas será difícil y para otras no. La mayoría de las jóvenes de dieciséis y diecisiete años que
afrontan una interrupción voluntaria del embarazo deciden hablar con sus padres, con sus madres, con sus familiares, con sus amigas, amigos, con sus profesoras y profesores, pero ¿sabe qué? Hay mujeres de dieciséis y diecisiete años que son
agredidas sexualmente, incluso en el ámbito de sus familias, que luego son las que les obligan a continuar con ese embarazo no deseado. Y el Estado -yo sí lo creo, señoría- tiene que decir a todas las mujeres, también a las de dieciséis y
diecisiete años, que cree en su decisión, que respeta su decisión, y que pone todos los mecanismos a disposición de que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en la red pública como referencia. ¿Cuál es su propuesta? (La señora
Méndez Monasterio muestra un documento). Insisto, ¿cuál es su propuesta? ¿Que vayan a clínicas clandestinas a jugarse la vida? ¿Esa es su propuesta, señoría? Pero, dígalo. Si ustedes quieren prohibir el derecho al aborto, dígame qué hacemos.
Las de su clase las mandaban a Londres. (Aplausos). Y las que no pueden permitírselo, ¿qué? Que se arriesguen ellas y las que practican las interrupciones voluntarias del embarazo. ¡Menuda forma de defender la vida, señoría!


Respecto a la ley trans, ¡qué decirles! Que incluso en las encuestas en las que han preguntado intentando que saliese lo contrario se ha comprobado que es una de las leyes que más consenso social genera. Por tanto, entiendo que ustedes
tienen que tener el debate parlamentario. ¡Y qué sorpresa que ustedes hayan presentado enmienda a la totalidad, ustedes y las señorías del Partido Popular! Pero negar el derecho más material que existe a una persona, que es el derecho a ser quien
es, sin que por eso sea discriminada, sin que reciba discriminación, sin que le cueste más alquilar un piso, sin que tenga miedo de ir de la mano con su pareja, a mí me parece una cosa bastante razonable en democracia, garantizar el derecho más
material de todos, que es el derecho a ser, para todas las personas. Creo que es el derecho más material y lo más razonable que podemos hacer. Por cierto, señorías del Partido Popular, es que ustedes hace tres años firmaron a favor un dictamen
para reformar la ley vigente de cambio registral de la mención de sexo que reconocía la libre determinación de la identidad de género. Lo firmaron ustedes, señoría, el canto de un duro le faltó para convertirse en ley en nuestro país, pero se acabó
la legislatura. Pero ustedes lo firmaron. Justo esa redacción, fíjese, la que ustedes también apoyaron, fue la redacción inicial que defendió el Ministerio de Igualdad en la tramitación de la ley trans y derechos LGTBI en el Gobierno. Fíjese, la
misma que ustedes apoyaron en el año 2019, exactamente la misma. Luego, sufrió modificaciones en el debate, y ahora ustedes tienen la oportunidad de volver a pensar en reformarlo. Pero el derecho a la libre determinación de la identidad de género,
uno de los pilares de la ley trans y de derechos LGTBI, junto a otras cosas tan poco sensatas como que no te puedan no alquilar un piso porque eres lesbiana y duermes en la misma cama con otra mujer, o porque vives sola, pero te gusta acostarte con
otras mujeres, o que no te puedan discriminar en el trabajo por ser una persona LGTBI. Qué cosas más poco razonables propone este Gobierno, ¿eh? Bolivarianas, comunistas. Que la gente pueda vivir y

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acceder a sus derechos sin ser discriminado, aunque sea una persona del colectivo LGTBI. Mal, ¿eh? Vamos a tener que presentar una enmienda de devolución (risas), una enmienda a la totalidad, porque no podemos reconocer que este Gobierno
algunas cosas las está planteando de manera que ampliamos las oportunidades de felicidad de las personas y garantizamos derechos. A lo mejor tienen que reflexionar un poco, señoría. A lo mejor tienen que reflexionar un poco, se lo digo
honestamente. Sé que van a mantener esa enmienda, lo debatiremos otra vez en el Pleno y todo lo que usted quiera, pero en el año 2019 ustedes estaban de acuerdo con la libre determinación de la identidad de género y con el reconocimiento de ese
derecho. Entonces, a lo mejor nos tienen que explicar por qué han cambiado tan radicalmente de posición al respecto. (La señora Romero Sánchez: Eso no es verdad. Fue una toma en consideración.-Rumores). Señoría, yo creo que ustedes tienen que
revisarlo bien. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Fue un dictamen. Después se lo paso, no se preocupen. Eso y la medida 23 del pacto de Estado. Las dos cosas, se las imprimo y se las paso.


Por último, prostitución y proxenetismo. En este debate, lo importante creo que son dos cosas. Una, en esta Cámara, partiendo de posiciones muy dispares, hemos estado muy cerca de alcanzar un consenso que obtuviese mayoría parlamentaria
para acabar con la impunidad de la industria proxeneta. Asimismo, el compromiso de este ministerio -lo sabéis muy bien quienes habéis planteado cuestiones relativas a la lucha contra el proxenetismo y a la garantía de los derechos de las mujeres-
es seguir trabajando para conseguir que ese consenso se produzca en esta legislatura, a propósito de los debates que ya están ustedes dando en esta Cámara, así como acompañar a un debate que es suyo. Pero hemos estado muy cerca de llegar a un
consenso. Por tanto, creo que lo importante no es tanto la posición política o ideológica -no me voy a referir a este tema en términos de moralidad porque no es una cuestión de moralidad, aunque la moralidad forma parte también de las posiciones
ideológicas y políticas- que cada una defendamos, que la defendemos, y creo que es bueno que la explicitemos. Saben, porque yo lo he dicho muchas veces, que yo soy abolicionista. Además, tengo un compromiso en un Gobierno que es abolicionista y el
presidente ha sido muy concreto en los objetivos que ha propuesto intentar alcanzar con este Gobierno. Pero creo que este no es un debate sobre cuál es la posición ideológica o política que tengamos cada una de nosotras; este es un debate sobre
cuáles son las políticas públicas que podemos desplegar y que tienen consenso suficiente para conseguir dos objetivos que yo sí creo que son de consenso. Uno tiene que ver con acabar con la impunidad de la industria proxeneta, porque es una
industria que se está lucrando del ejercicio de una forma extrema de violencia contra las mujeres, como es la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual. Y dos, por supuesto, garantizar los derechos de las mujeres en contextos de
prostitución. Yo hablo de víctimas al referirme a las mujeres que son víctimas de dos formas extremas de violencia contra las mujeres, como son la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual. Esto no es una propuesta política del
Ministerio de Igualdad o del Gobierno de España. Esto es lo que nos dicen el Convenio de Estambul, el Convenio de Varsovia, CEDAW o todos los organismos internacionales. Estoy hablando de mujeres en contextos de prostitución.


Efectivamente, señora Agirretxea, tenemos un problema con los datos, pero no solo con los datos cuantitativos, sino también con los cualitativos, con el conocimiento de las realidades de los contextos de prostitución. Por tanto, el punto
número 1 de ese Plan Camino precisamente consiste en reforzar la capacidad del Estado de tener un conocimiento cuantitativo y cualitativo, y para eso desplegaremos una de las mayores macroencuestas de toda la Unión Europea para conocer la realidad.
O sea, que estamos de acuerdo, y precisamente vamos a trabajar para ello.


Como les decía, hay una línea de acuerdo que tiene que ver con la persecución de la industria proxeneta, y creo que hay otra línea grande de acuerdo que tiene que ver con la garantía de los derechos de las mujeres en contextos de
prostitución, independientemente de cuál sea su experiencia de violencia o violencias vividas y sufridas, porque son mujeres que tienen riesgo de sufrir una o más violencias contra las mujeres por el hecho de serlo. Por tanto, el Estado tiene la
obligación de garantizarles la posibilidad de salir de esos contextos, de ofrecer esas alternativas y, por supuesto, creo que también hay un consenso en que no hace falta resolver el debate sobre si se puede ejercer la prostitución de forma libre o
no en el plano teórico para asegurar que no se puede criminalizar a las mujeres.


La prostitución no es una actividad ilegal en este país, y para abolir la prostitución -yo soy abolicionista-, creo que abolir no significa ni prohibir ni criminalizar. Abolir significa dar papeles, dar techo, dar trabajo, dar alternativas,
asistencia y apoyo psicológico especializado y asistencia jurídica. Y,

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todo ello, sin necesidad de presentar denuncia, aunque obviamente en ese camino de reparación haya muchas mujeres que decidan denunciar a sus proxenetas, a sus tratantes. Se trata de que lo hagan con las condiciones de seguridad económica,
vital, material y también judicial para que no asesinen a sus hijos o a sus hijas o a ellas mismas por el camino y que, efectivamente, consigamos que lleguemos al final del camino. Una de las cosas de las que hablábamos en la presentación del Plan
Camino es cómo del total de mujeres que se supone -con los datos disponibles que existen y que necesitan mejorar- que son víctimas de trata o de explotación sexual hay un número ínfimo -es un cuello con un final muy estrecho- de mujeres que
denuncian las situaciones de violencia. De todas las que inician el procedimiento, las sentencias condenatorias se cuentan con los dedos de una mano en según qué años. Entonces, si el INE dice que puede haber 90 000 mujeres en contextos de
prostitución en riesgo de sufrir violencia y contamos con los dedos de la mano las sentencias condenatorias, claro que creo que también hay que desplegar acciones que nos permitan perseguir eficazmente a la industria proxeneta, pero creo que puede
haber consenso en ambas cosas. Lo importante no es la posición política de cada una de nosotras, sino cómo somos capaces de desplegar políticas públicas que nos permitan cumplir con las obligaciones que tiene este Estado con esas mujeres.


Efectivamente, ustedes hablaban de una cuestión muy importante, la tramitación de la ley integral contra la trata, contra todas las formas de trata, aunque saben que la principal es la trata con fines de explotación sexual, y que las
principales personas tratadas con fines de explotación sexual son mujeres y niñas, por tanto, con un marcado carácter de género. Nosotras creemos que esa ley tiene que salir cuanto antes, y eso es lo que estamos negociando en el seno del Gobierno.
Cuando tengamos noticias al respecto, pues se lo haremos saber. Pero entendemos y compartimos varias intervenciones en esta Cámara en el sentido de que la ley integral contra la trata es urgente. Efectivamente, nos podrá permitir tener un mapa
global o un paraguas que permita englobar cosas que ya se están haciendo, como los planes estratégicos, el PENTRA, los nuevos planes, el Plan Camino y otras políticas públicas que tengamos que desplegar.


Por otra parte, la posición que siempre hemos defendido en el Ministerio de Igualdad es que esa ley integral contra la trata tiene que abordar las políticas de extranjería. ¡Cómo no! Si todo lo que nos están diciendo las entidades que
trabajan en el terreno es que la inmensa mayoría de las mujeres que están en situación de trata, explotación sexual o en contextos de prostitución son mujeres que no tienen papeles, que están en situación administrativa irregular. Esa es la primera
barrera de acceso a sus derechos. Les leo lo que hemos acordado en el Plan Camino para que sepan que tenemos diferencias, pero también llegamos a acuerdos en el seno del Gobierno, que no somos complacientes. No lo resuelven todo, pero vamos dando
pasos. Este plan tiene como una de sus líneas vectores y de sus ámbitos fundamentales impulsar el acceso a la regularidad documental para las mujeres extranjeras víctimas de trata, explotación sexual o mujeres en contextos de prostitución con
indicadores de vulnerabilidad extrema como vía fundamental para iniciar y consolidar el proceso de salida y emancipación de la situación de explotación. Y concreta esta línea de trabajo, en varias medidas, entre las cuales se encuentran explorar la
aplicación de las vías de normalización administrativas que ofrece el Reglamento de Extranjería tras su reciente modificación, promover su aplicación a víctimas de trata y explotación sexual e impulsar el análisis de la cobertura jurídica de las
necesidades de protección de estas víctimas con el fin de orientar futuras mejoras normativas en este ámbito, así como la creación de un mecanismo permanente entre el Ministerio de Inclusión y el Ministerio de Igualdad para agilizar los procesos de
normalización administrativa de mujeres detectadas por las entidades sociales.


Este es uno de los temas más difíciles de resolver. No se ha resuelto nunca en este país. Vamos dando pasos, compartimos esa necesidad. Sería muy hipócrita abordar una ley integral contra la trata que no hable de las políticas de
extranjería; además, sería poco eficaz, pero eso forma parte todavía de una negociación que está en el seno del Gobierno, y lo que nosotras esperamos es que se pueda hacer con la mayor urgencia posible. También les digo que esto es un compromiso
directo del presidente, es decir, que podemos tener diferencias en cómo lo vemos, pero ese compromiso existe y vamos a cumplir con ello. Después, ustedes también tendrán que decidir, hacer aportaciones y cambiar lo que crean necesario de esa ley.
Respecto al pacto de Estado, creo que ya he hablado de ello.


Hay una cuestión que no he mencionado sobre el aborto. Solamente quiero destacar que creo que tiene razón la portavoz socialista. Efectivamente, en lo que tiene que ver con las mujeres de dieciséis y diecisiete años que deciden interrumpir
voluntariamente su embarazo no es un nuevo derecho que reconocemos, es restituir un derecho que ya tenían las mujeres desde el año 2010 con la ley del aborto

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de Bibiana Aído y que el Partido Popular quitó. Quitó eso porque solo pudo quitar eso, porque lo que querían quitar era mucho más, lo que pasa es que se encontró el ministro Gallardón con un movimiento feminista y un tren de la libertad...
Vamos, que lo tumbó, y es una de las movilizaciones de más orgullo del movimiento feminista de este país. Por tanto, tiene toda la razón en plantearlo así. Es un derecho que restituimos a las mujeres de dieciséis y diecisiete años y que nunca les
debió ser negado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, ministra.


Iniciamos ahora el turno de dúplica, que está, como bien saben sus señorías, para utilizar en tres minutos. Lo iniciamos con el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora ministra.


Muy brevemente. Desgraciadamente, tengo más cosas para contestarle a la portavoz del Partido Socialista que a la ministra, pero, bueno, en cualquier caso, gracias por su contestación. Hay cosas en las que no estoy totalmente de acuerdo,
pero en líneas generales me parece que en todo esto, en vez de concluir todos los demás -todos- en luchar contra aquello que verdaderamente todos consideramos que es delictivo, estamos buscando elementos que, por ahora, en la legislación, no son
delictivos, pero queremos que lo sean. Entonces, eso es lo que nos está llevando al debate.


Yo no me he metido con usted, señora Berja, me he metido con el Gobierno. Evidentemente, el Gobierno está sentado ahí, y, por tanto, yo me he dirigido al Gobierno. Si hay una parte del Gobierno que se ha sentido citado, no tengo ninguna
duda, evidentemente será la parte socialista. Solamente le voy a contestar dos cosas, porque me parecía descortés por mi parte hacer el debate con usted y no con la señora ministra. Usted ha dicho que gracias a la ley del sí es sí. Efectivamente,
pero ustedes consideran la ley del sí es sí menos cuando ustedes son los tuteladores morales que deciden quién puede decir sí y quién no puede decirlo. En ese sentido, parece que ustedes pueden decir quién está precisamente en condiciones de poder
decir sí o decir no, porque dicen que, en ciertos momentos, ciertas personas no tienen la libertad ni están en condiciones de poder decidir. Parece que ustedes tienen el barómetro: usted sí puede decidir y usted no puede decidir, usted en esto sí
y usted en esto no. La ley del sí es sí es que cualquier mujer puede decidir libremente con quién se acuesta, cómo se acuesta y qué es lo que hace. Por lo tanto, existe una categoría moral, y no se engañen, porque ya no es una categoría política
la que decide que usted sí está en un contexto en el que puede decidir y usted no. Y yo puedo compartir eso, pero yo no soy capaz de decidir, que yo pueda decir y decidir por otras personas. Por lo tanto, por favor, evite decir lo de los 153
votos, por su bien. (Risas.-Una señora diputada: 132). O cientos, los que fueren, porque si no, para todo búsquenles a ellos; búsquenles a ellos para todo, búsquenles a ellos.


En cualquier caso, señora ministra, no voy a entrar más, porque tendremos tiempo para debatir. Yo no he huido nunca del debate de la prostitución sino todo lo contrario, estoy deseando que se haga un verdadero debate sobre este tema, no
sobre dos puntos del Código Penal. Por lo tanto, señora ministra, espero que los planes que ustedes han planteado...


La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, concluya.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Tengo que acabar. Perdone, ministra, pero es que es lo que hay.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Tiene ahora la palabra la señora Giménez.


La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


Únicamente, intervendré por insistir en algo que he explicado antes. Me gustaría saber si se va a impulsar o si han valorado el establecer un protocolo con el propio Ministerio de Interior para actuaciones ante situaciones antigitanas, como
las que hemos tenido en Peal de Becerro, por saber cuál es su opinión al respecto, dado que se lo había comentado.


Vuelvo a insistir en que creemos que son debates diferentes pero compatibles: el trabajar, por un lado, como bien usted ha dicho, la explotación sexual y la trata, pero, por otro lado, el ámbito de la prostitución sin obviar la mirada del
ejercicio de la prostitución libre y, además, desde ese punto de vista de la lucha feminista, porque también creo que desde el feminismo tenemos que ser capaces de ser abiertos a todas las miradas y proteger los derechos de las personas que
libremente puedan ejercer la prostitución.


Gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez.


Es ahora el turno de la señora Vallugera.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Seré muy breve.


Ministra, creo que no me ha respondido respecto a la inclusión en los presupuestos del tema pendiente de la dependencia, que también forma parte del ámbito de los cuidados. Es que sería una buena noticia para darle a mi Gobierno. Esto, por
una parte.


Por otra parte, respecto al aborto, creo que es muy importante intentar explicar por qué lo de los dieciséis y los diecisiete años es tan, tan, tan vital. Es que precisamente las que pueden hablar con sus familias no necesitan que los
tutores les den permiso. Las que necesitan poderlo hacer por su propia voluntad y que estén habilitadas para hacerlo son las que no pueden hablar con sus familias, porque no todas las familias son precisamente familias de rosas y de buen rollo. Lo
puse un día como ejemplo: adolescentes de dieciséis y diecisiete años que mataron al niño para que nadie se enterara, porque no pudieron acceder a la prestación pública del aborto. Es tercermundista hacer el planteamiento contrario.


Tema prostitución. Yo me he ido en la intervención de la portavoz socialista, tenía que hacer unas llamadas. He oído solo la primera parte. Yo creo que el portavoz del PNV ya ha contestado suficientemente, pero también les digo que yo
estaría muy preocupada si coincidieran en según qué votaciones con según qué partidos. Creo que acerca de esto deben hacer una reflexión muy muy intensa. No nos vamos a poner de acuerdo y soy muy partidaria de actuar en política feminista de
manera feminista. Por tanto, iré a buscar los puntos de acuerdo que indicaba la ministra.


Las líneas de intervención han estado fijadas desde hace mucho tiempo. Papeles, casas, salud, trabajo, educación para los niños y servicios también de salud para los niños, eso es lo que mayoritariamente necesitan las mujeres. Sin papeles
no se pueden dar. Yo no acabo de ver que los caminos que usted nos estaba explicando ahora acaben resultando en regularizaciones para las mujeres que estén en ese contexto, pero es que ahí nos van a encontrar, porque lo hemos dicho siempre: contra
la trata, las primeras; contra el proxenetismo, las primeras. Pero es que cuando planteas eso -y tienes claro también que las mujeres mayores de edad pueden decidir a qué dedican su cuerpo- estás en el ámbito de los proderechos, que es donde nos
van a encontrar: proderechos de las mujeres, siempre. Y eso para mí es contrario a la abolición, que persigue la desaparición de la prostitución...


La señora PRESIDENTA: Señora Vallugera, concluya.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: A mí siempre me lo dice en naranja y a los otros en rojo, pero bueno.


La señora PRESIDENTA: A todos en rojo.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: A lo que íbamos -termino rápidamente-, estaba intentando explicar que el abolicionismo se traduce siempre en prohibicionismo y que ahí sí que no nos van a encontrar. Porque, al final, cuando prohíbes bares,
prohíbes estar en la calle, al final lo que prohíbes es directamente ese ejercicio del trabajo sexual, y de paso victimizas y vulnerabilizas a las mujeres y las invisibilizas, y nos da miedo, porque se conculcan todos sus derechos.


La señora PRESIDENTA: Es ahora el turno de la señora Fernández Castañón.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.


Voy con tres apuntes rápidos, que sé que el tiempo va muy rápido también. El primero es una precisión, hipocresía o que alguien, por lo tanto, que ejerce la hipocresía sea hipócrita no es un insulto, es una descripción. De la misma manera
que quien roba es un ladrón, quien dice cosas distintas a las que luego hace es una persona hipócrita. ¿Sabemos diferenciar las descripciones de los insultos? Porque oímos muchos insultos desde una determinada bancada todas las semanas en el
Pleno. (Aplausos.-La señora Méndez Monasterio: Explíquemelo, porque no lo entiendo. Explíqueme qué es lo que he dicho.-Rumores).


Cuando la ministra les dice que son hipócritas -y voy a ver si además de no escuchar insultos puedo intervenir-, lo dice porque su postura con el aborto no es que estén en contra del aborto, porque nadie puede estar en contra de una realidad
que sucede -podemos ponernos como nos dé la gana, pero eso va a seguir pasando-, en contra de lo que se está es que ese acceso al aborto sea algo garantizado para todas las personas, porque quienes tienen dinero lo van a practicar igual. De lo que
están ustedes en

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contra es de que quienes no tienen recursos puedan practicarlo en condiciones sanitarias decentes y legales y, por lo tanto, la hipocresía la tienen ahí. Era una descripción.


Otra cuestión. Dice la portavoz del Partido Popular que el ministerio se ha encerrado -no sé si encerrado sería el verbo más adecuado- con una agenda legislativa potente y amplia, y con una nueva generación de derechos feministas que son
absolutamente para todas y son buenos para el conjunto de la ciudadanía, porque nos permite ser un país mejor; un país mejor es aquel que avanza en justicia social, es aquel que avanza en igualdad y es aquel que avanza en democracia. Pero, claro,
yo entiendo que, si el referente que se tiene es el de la reprobada ministra Dolors Montserrat, que hizo menos incluso de lo que hizo Mariano Rajoy, que al menos se hizo una foto con el pacto de Estado -después, eso sí, de declarar en la Audiencia
Nacional-, entiendo que les resulte como si estuvieran encerradas trabajando, señoría. Creo que eso es lo que está dejando muy claro el ministerio.


Un último apunte, que me parece importantísimo, tiene que ver con la violencia política. Creo que la ministra lo explicó de una manera excelente, pero además creo que no está mal reincidir en ese mismo concepto. La violencia política la
sufren aquellas mujeres que ocupan el espacio público, sean las instituciones, sea el Ministerio de Igualdad -y creo que todas las compañeras que están en el Ministerio de Igualdad saben perfectamente lo que es sufrir violencia política-, pero
también aquellas que ocupan el espacio público dentro del ámbito de la cultura, del deporte y de otros muchos ámbitos, porque es verdad que históricamente se nos ha negado, y también es cierto que ahora se está ejerciendo de una manera diferenciada
por género, mucha más violencia contra quienes están defendiendo los derechos del conjunto de la ciudadanía de un país y de una sociedad mejor para todas desde el espacio público. Me temo que tendremos que seguir hablando de esto, pero que sea
también con medidas que impidan que se pueda seguir ejerciendo. No estamos para silenciar ninguna voz que quiera defender la justicia social.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Es ahora el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario VOX, la señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, presidenta.


Evidentemente, la ministra no me ha contestado a lo que le he preguntado y, por eso, lo único que ha hecho ha sido insultarme. Pero yo se lo voy a repetir. Obviamente, nosotros no nos vamos a poner de acuerdo en el tema del aborto, porque
nuestra mirada está en la defensa de la vida y su mirada está en decir que es un derecho matar a un ser humano. (La señora Franco Carmona: ¡Madre del amor hermoso!-Rumores). Por lo tanto, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo.


Ahora bien, usted no me contesta a mi pregunta y me requiere que le conteste que qué les diría yo a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Pues mire, señora ministra, les haría reflexionar sobre lo que es un embarazo y qué es lo
que llevan dentro de su vientre. Les haría reflexionar, cosa que usted está impidiendo que hagan, reflexionar. Ha interrumpido y anulado los tres días de reflexión y a los únicos que está apoyando y que está ayudando es a los centros y a los
abortorios. Es a los únicos que está apoyando. (El señor Steegmann Olmedillas: ¡Muy bien!). Por lo tanto, yo le he preguntado a usted que con quién está, si está con los centros que realizan abortos y con los empresarios de abortos que se lucran
con el sufrimiento de las mujeres y con la muerte de esos niños, o si está usted con las mujeres. Acaba de dictarse una sentencia (muestra un documento) en la que se dice que estos centros abortistas, ACAI en concreto, han engañado a las mujeres
diciendo que no existen secuelas cuando se produce un aborto, cosa que usted también quiere realizar. Quiere lanzar mensajes a las niñas de quince, dieciséis y diecisiete años como si fuera irse a tomar una copa el ir a realizarse un aborto. Por
lo tanto, también las está engañando, porque existen secuelas, señora ministra. Existen secuelas cuando uno se desprende de su hijo. No me da tiempo a muchísimo más, pero me gustaría que me contestara con quién está usted.


Señora ministra, en VOX, desde luego, no somos hipócritas. Señora representante del Grupo Parlamentario Podemos, hacemos lo que decimos y ese mensaje que usted habla de que si iban a Londres a abortar y todas esas historias de quien tiene
dinero es algo muy antiguo. Eso es muy muy antiguo, no se puede usted imaginar hasta qué punto es antiguo; tan antiguo como cuando se decía que existían 300 000 abortos para decir que se aprobara una ley del aborto; tan antiguo, como hace 50
años, cuando se produjo una sentencia en Estados Unidos con datos falsos, con personalidades falsas y con hechos falsos. Así es como ustedes hacen las cosas para que se siga matando a seres humanos.


Nosotros somos muchísimo más sensibles con las mujeres que tienen dificultades, porque nosotros tenemos la mirada distinta. Nosotros no le preguntamos si quiere interrumpir su embarazo, nosotros lo que

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le preguntamos a esa mujer que tiene dificultades es qué quiere hacer para tener a su hijo. Nuestra mirada es distinta. ¿Qué es lo que hace usted, señora ministra, con esa mujer que tiene dificultades y que quiere tener a su hijo?
Absolutamente nada, la manda a los abortorios, sin ninguna alternativa, sin ningún apoyo. (Rumores.-Aplausos.-El señor Steegmann Olmedillas: ¡Bien, bien, bien!). Mete en la cárcel a las personas que las ayudan. Esa es su política de ayuda a la
mujer embarazada. No hace absolutamente nada, las mete en los abortorios.


Y le voy a decir otra cosa, las mujeres que abortan...


La señora PRESIDENTA: Señora Méndez, tiene que ir terminando.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señora presidenta, es que el insulto que se ha proferido me parece que requiere, por lo menos, que pueda contestar. (Risas.-Rumores). Acabo en cincuenta segundos. Las mujeres que abortan, muchas veces se
arrepienten de haberlo hecho, y las mujeres que tienen a su hijo, no se han arrepentido nunca.


Termino, señora ministra. En VOX urgimos a este Gobierno a que se respeten los derechos fundamentales, a que se respete el derecho de igualdad, a que se respeten los derechos de los padres, a que se respeten las instituciones, a que se
respeten los procedimientos formales, a que no se dilapide el dinero de quien realmente lo necesita para financiar sus campañas ridículas, grotescas y esperpénticas, y a que se reduzcan los impuestos de los españoles en el importe que origina su
ministerio.


La señora PRESIDENTA: Señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: No, ha terminado ya porque está claramente fuera del tiempo en relación con sus compañeros.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino, señora presidenta...


La señora PRESIDENTA: No, ha terminado ya, señora Méndez.


Señora Pérez Díaz, tiene la palabra.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Efectivamente, señorías, les damos la razón. Que usted sea ministra es una gran...


La señora PRESIDENTA: Señora Méndez, lo que no podemos es tener tiempos distintos. Se puede opinar lo que se opine, pero debemos tener los mismos tiempos. (Aplausos.-Rumores).


Señora Pérez Díaz, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


La señora PÉREZ DÍAZ: Gracias, presidenta.


Señora ministra, la verdad es que le agradecería que dejara sus mítines y su propaganda para los actos de Podemos. Se lo dije en mi primera intervención y se lo repito ahora: ustedes no escuchan; oyen, pero no escuchan. Por eso no es
extraño que haya tantos miembros en el Gobierno que estos días estén intentando aprender a escuchar. El presidente Sánchez es un buen ejemplo y la vicepresidenta Díaz también. Y no es que ustedes no sepan escuchar, es que no quieren escuchar, ni
aquí en la Cámara ni fuera en la calle.


Desde el principio de su mandato han creído saber lo que quiere y necesita la gente. Con su superioridad autoproclamada han pretendido decir a los españoles lo que deben o no deben pensar, aquello que nos debe preocupar y aquello que no,
siempre con independencia de lo que dictan los hechos, de la realidad cotidiana y de las consecuencias a menudo negativas de esas políticas atrabiliarias que usted ha ido urdiendo desde el confortable despacho del ministerio. Han querido imponer su
verdad y, la verdad, no lo han logrado, y en materia de igualdad, señora ministra, especialmente.


Algunas noticias que se publican desde su ministerio son desalentadoras para las mujeres, y leo literalmente algunas de ellas: Irene Montero paga 180 000 euros para tener una cátedra en la Complutense, como Begoña Gómez; Irene Montero
gasta 45 844 euros en acondicionar los despachos de su sede de lujo de 100 000 euros al mes; Irene Montero gasta casi 70 000 euros en mover muebles y papeles de su ministerio; Montero despilfarra 108 000 euros en demostrar que las mujeres son más
sostenibles al contaminar menos; Montero gasta 12 000 euros en estudiar las diferencias entre hombres y mujeres ante

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incendios y huracanes. Les ahorro la lectura de docenas de titulares similares a estos, porque creo que ha quedado claro por qué les irrita tanto que el Partido Popular baje los impuestos a los ciudadanos: evidentemente, les dificulta
mucho seguir despilfarrando a su costa.


Mire, señora ministra, ya es tarde, demasiado tarde para rectificar -si quisiera ser humilde- una línea política que ha hecho dejación de su principal responsabilidad: ayudar de forma seria y rigurosa al avance de la mujer en igualdad. Es
tarde para rectificar tantos errores y desaguisados, pero, señora Montero, nunca es tarde para pedir perdón a las mujeres de nuestro país, a las que un día usted prometió solemnemente defender.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Para terminar este segundo turno, tiene la palabra la señora Berja, en nombre de su grupo.


La señora BERJA VEGA: Gracias, presidenta.


Señora ministra, con el pacto de Estado lo que se firmó el 25 de noviembre -le agradecemos el trabajo que hizo desde el ministerio con los distintos grupos parlamentario- fue el compromiso de la renovación, que era imprescindible y yo creo
que muy importante, pero no en sí la renovación. Por eso, desde mi grupo le pedimos que, en la renovación en sí del pacto, las Cortes Generales y esta Cámara tengan algo más de protagonismo. De verdad que le reconocemos todo el trabajo que se ha
hecho desde el ministerio para intentar acordar con los distintos grupos políticos aquella renovación, pero no es lo mismo el compromiso de renovación que el contenido de la renovación. Por eso, hacíamos alusión a la necesidad de darle más
protagonismo a las Cortes Generales.


Quiero que usted sepa que para nosotras, y se lo hemos trasladado muchas veces, el compromiso del Ministerio de Igualdad y del Gobierno en su conjunto en materia de cumplimiento del pacto de Estado es innegable, completamente innegable,
señora ministra, pero el de este Gobierno y el del Gobierno de 2018 en solitario. De hecho, el primer Gobierno que financió el pacto de Estado fue el Gobierno en solitario del PSOE en el año 2018, con la presidenta de esta Comisión como
vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad. Es decir, ya hay un recorrido del Gobierno progresista y Gobierno socialista en solitario con un compromiso innegable en materia de cumplimiento del pacto de Estado.


Y le tomo la palabra, señora ministra, cuando usted dice que tenemos que dirigirnos también a los hombres, a los varones. Estoy totalmente de acuerdo, pero también a aquellos que recurren a la prostitución. Nos hemos tirado casi toda la
Comisión hablando de las mujeres prostituidas. Por su puesto -¡faltaría más!- que es imprescindible hablar de las mujeres prostituidas, pero también de los varones, porque sin varones que pagan por prostitución no habría mujeres prostituidas. Yo
creo que hay que hablar de ellos, porque, además, sin hombres que creen que pueden comprar el consentimiento no habría mujeres prostituidas, porque ¿qué valor le estamos dando al consentimiento si se puede comprar?


Por último, señora ministra, creo que sí que es importante la posición de cada grupo parlamentario; además, Unidas Podemos también lo hace valer en otras políticas. Yo creo que en esta Comisión también es importante que cada grupo
parlamentario explique cuál es su posicionamiento político, y además está bien, no pasa nada. Si se puede naturalizar la discrepancia en otras políticas, también se puede naturalizar la discrepancia en las políticas de igualdad.


Ahora sí que termino, y lo hago con una reflexión en general. Los derechos de las mujeres son derechos de ciudadanía, es decir, derechos civiles y políticos de la mayor parte de la población, y para nosotras eso es incompatible con la
prostitución.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Berja.


Para finalizar la comparecencia de la ministra, tiene ella el turno de cierre.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Gracias, presidenta.


Voy a intentar contestar por temas. En primer lugar, es verdad, señora Giménez, que no le he respondido a la cuestión del antigitanismo. La Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad Étnico Racial, que sabe que existe,
está elaborando una serie de recomendaciones, que esperamos poder tener aprobadas este mes. No me quiero adelantar, pero, efectivamente, estamos trabajando en ello y, aunque no sea lo que ocupa más titulares de las competencias directas que tiene
este ministerio, sabe que ahí hay un compromiso también con el despliegue de la ley de igualdad de trato. Lo hablamos hace poco de una manera más

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informal, pero, efectivamente, tenemos que ser capaces de desplegarlo. Además, somos plenamente conscientes de que, igual que tampoco hemos ocupado mucho tiempo en esta Comisión a hablar de los derechos de las personas LGTBI, más allá de la
aprobación de la ley trans, en los momentos de crisis las mujeres, que somos más de la mitad de la población, vemos nuestros derechos cuestionados y en el foco y nuestras condiciones de vida empeoradas, pero también sabemos que aumenta LGTBIfobia;
de hecho, los delitos raciales y los delitos LGTBIfóbicos son, por ese orden, los primeros y los segundos que más aumentan, los delitos de odio, por esos motivos. Por tanto, está entre nuestras principales preocupaciones, además de entre nuestras
competencias directas, y nos vamos a ocupar de ello. En concreto, para esos casos está la dirección general trabajando, también con el Consejo para la no discriminación, en una serie de recomendaciones, que esperamos que puedan estar aprobadas este
mes.


Me preguntaba la diputada Vallugera por la materia de dependencia. En dos años hemos doblado la financiación, diputada, y estamos trabajando intensamente para revertir los recortes, sabiendo que, además, es una competencia de las
comunidades autónomas y que todas tenemos que hacer nuestra parte, pero ese compromiso existe. No puedo dar más detalles de los presupuestos. Creo que, además, tiene que responder y que poder contárselo en primera persona la ministra Belarra, que
es la titular de la competencia. Pero sí creo que es importante, aunque no pueda revelar nada de lo que va a venir a Cortes o de los acuerdos que están por concretarse a nivel presupuestario para este año, el compromiso que hemos tenido como
Gobierno a lo largo de esta legislatura; ha sido rotundo, y no solamente a efectos presupuestarios de incrementar la financiación, de revertir los recortes del Partido Popular en dependencia y de acortar las listas de espera, sino también en
transformar el modelo, con un trabajo compartido también con las comunidades autónomas, que nos permita la desinstitucionalización en todos los casos en los que sea posible y transitar hacia un modelo de apoyos a la autonomía de las personas que
tienen una situación de dependencia, para que, con los apoyos necesarios, puedan desarrollar sus proyectos de vida de la forma más autónoma posible en sus barrios, en sus casas. Cuando no sea posible, lógicamente, tiene que haber instituciones.
Pero yo creo que cada vez más personas tienen más claro que, cuando vamos envejeciendo, lo que queremos es estar en nuestra casa, cerca de nuestras familias, en los barrios que conocemos, cerca de las tiendas y las personas que están en esas tiendas
y que nos llevan atendiendo toda la vida, con los vecinos y las vecinas que nos conocen, que están pendientes las unas de las otras; o sea, que esa interdependencia de las personas que tienen algún tipo de dependencia o que están en situación de
dependencia también pueda ser respetada y favorecida la vida vecinal y la vida comunitaria.


Ese trabajo para la transformación del modelo no es fácil porque, además, hay una fuerte situación de privatización, de externalización y de precariedad de las trabajadoras. Hacía referencia la diputada Castañón, por ejemplo, a las
trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, a la falta de reconocimiento de enfermedades profesionales asociadas a su profesión, a la precariedad en el ejercicio de las condiciones. También a eso se ha dedicado la ministra Belarra con mucha
intensidad, a garantizar que, aunque no es una competencia de la Administración estatal, sino competencia de las comunidades autónomas, haya ciertos mínimos que cumplir para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras de servicio de ayuda
a domicilio, que, a día de hoy, no se están cumpliendo en todas las comunidades autónomas. Por tanto, tenemos cosas pendientes, pero creo que estamos trabajando en el sentido correcto.


Paso a la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos y de la ley del aborto, y contesto al discurso de VOX, que me parece un discurso que hace un daño tremendo a las mujeres de nuestro país, porque les hace dudar de la posibilidad del
ejercicio de un derecho fundamental. Claro que la ley, que es de derechos sexuales y reproductivos -lo decía en mi anterior intervención-, no solamente garantiza el acceso efectivo, y con la red pública de salud como referencia, a la interrupción
voluntaria del embarazo. Nosotras tenemos una diferencia también muy grande con la derecha reaccionaria de este país en cuanto a qué son las políticas de protección de la maternidad; son unas diferencias muy grandes. Nosotras creemos -y parte de
estas medidas van también incluidas en esta nueva ley del aborto- que si queremos apoyar a las mujeres que deciden ser madres hay que hacerlo con permisos iguales e intransferibles, con un permiso a partir de la semana 39 que no descuente el permiso
de maternidad posterior y que permita a las mujeres, si así lo desean, estar en sus casas y preparándose para un momento como el parto, que la estrategia de atención al parto normal se convierta en la normalidad que ocurre en todos los paritorios de
nuestro país. Pero también pensamos, señorías, que, si queremos hacer políticas públicas que fomenten la natalidad y que ayuden a las mujeres que quieran ser madres a serlo y a las familias que quieran tener hijos e hijas a tenerlos, tenemos que
intervenir el precio de los alquileres, tenemos que subir el salario mínimo interprofesional y tenemos que intervenir el mercado energético. ¿Y saben lo que hacen

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ustedes? Votar en contra de todas esas medidas, porque la vida les importa muy poco. Les importa hacer propaganda machista, les molestan las mujeres que deciden, les molestan las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos y, en
realidad, después también les molestan la mayoría de las mujeres que deciden tener hijos y que los quieren criar en libertad. Libertad significa condiciones materiales para ejercer la libertad, y eso es lo que está haciendo este Gobierno cuando
apuesta por la gratuidad o la rebaja del precio de los transportes públicos; cuando apuesta por la intervención del mercado del alquiler, por la suspensión de los desahucios sin garantía habitacional, por la subida del salario mínimo
interprofesional, por la estabilidad en el empleo; cuando apuesta por los permisos iguales e intransferibles; cuando apuesta por lo que ustedes llaman despilfarro, que es la inversión en políticas públicas de conciliación, que pueda haber escuelas
infantiles de 0 a 3 años para que las mujeres que quieran o que lo necesiten puedan tener un lugar seguro y donde, además, se están respetando y protegiendo los derechos de los niños y de las niñas, también que el derecho a la educación en la etapa
0 a 3 puedan tenerlo disponible, protegido por lo público. Y ustedes no creen en lo público. ¿Qué tipo de protección a la maternidad y a las familias quieren hacer ustedes si son destructores de lo público, si cada vez que gobiernan solamente
saben externalizar, privatizar, hacer débil lo público? Por eso les preguntaba antes a sus señorías del Partido Popular de dónde se creen que sale el dinero para pagar a los sanitarios y a las sanitarias, a los educadores y a las educadoras, para
las políticas de conciliación, para las de lucha contra las violencias machistas, para las psicólogas que están atendiendo a las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales o víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja. ¿Creen
que caen del cielo? ¿Llueven en otoño y en invierno? ¿Nos lo encontramos en sobres cerraditos en un despacho, en una contabilidad que pone M. Rajoy? No. (La señora Méndez Monasterio: ¡Lo dilapidan ustedes con el dinero de los
españoles!-Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señorías, señora Méndez, silencio.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Los impuestos y, en concreto, que la carga del sistema fiscal no recaiga sobre los cuerpos de las familias de las personas trabajadoras de este país, de las mujeres, sino que recaiga sobre quien
más tiene, que son los ricos, son la base de la pirámide que nos permite vivir... (La señora Méndez Monasterio: ¡Los impuestos son de los españoles, no tuyos!-Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señora Méndez, es usted libre de estar en absoluto desacuerdo con lo que esté diciendo la interviniente, que es la ministra, pero tiene que respetar el turno de palabra, porque es la mínima obligación que tenemos todos
en la Cámara. Es lo que tenemos que hacer todos en la Cámara. (La señora Franco Carmona pronuncia palabras que no se perciben). Por favor, todos. (La señora Franco Carmona: ¡Y todas!).


Señora ministra, continúe.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Los impuestos y la dotación presupuestaria de esas políticas públicas son la base que nos permite garantizar que las familias que quieran pueden desarrollar sus proyectos de maternidad y de
paternidad; y el Estado, efectivamente, tiene que garantizar todos los derechos para quienes deciden ser madres y, también, todos los derechos para quienes deciden interrumpir su embarazo. La cuestión ideológica que está en el fondo de lo que
ustedes plantean también quiero rebatírsela. Una mujer que decide no ser madre es tan buena mujer como la que decide serlo. (La señora Méndez Monasterio: A lo mejor es mejor, pero usted no). La mujer que decide no ser madre es tan buena mujer
como la que decide serlo, y esta sociedad es mejor desde que hay una mayoría social que sabe que el patriarcado, que el machismo, no nos puede encapsular a las mujeres en un rol determinado. Insisto en que una mujer que decide no ser madre es tan
buena mujer como aquella que decide serlo. (Aplausos.-Rumores).


Señoría del Partido Popular, me pide que escuche, señoría, y tiene usted la dúplica escrita, o sea, ni siquiera usted me ha escuchado a mí para, después, en función de lo que yo le diga, usted responderme. Usted no quiere debatir conmigo.
Usted viene con dos intervenciones preparadas para que, a partir de eso, le saquen a usted unos cortes en Twitter, pero usted no viene a la Comisión a entrar en un diálogo con la ministra o con el ministerio. Usted trae la dúplica escrita, señoría.
No sé si me ha escuchado o no, pero da igual, porque, independientemente de que esté más o menos de acuerdo con lo que yo le he dicho o con los temas que ya hemos tratado, ya tiene escrito lo que me va a responder. Les invitaría a que este espacio
nos permita debatir y a que, aunque luego nos digamos cosas que no nos gusten o no nos

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guste la forma de contestarnos que tenemos, podamos debatir. Yo podría haber hablado aquí del cambio climático y a usted le hubiera dado igual porque usted tenía la misma dúplica preparada. Me parece que esa no es una forma seria ni
respetuosa de trabajar en un ámbito tan serio como son las Cortes Generales.


Yo creo que hay una cuestión importante, y es que estamos de acuerdo en que las mujeres están pasando por un momento difícil. Es importante reconocer que vivimos en una sociedad machista, y no es una cuestión ideológica, es una cuestión
profundamente material. Lo que queremos decir cuando decimos que vivimos en una sociedad machista es que, por el hecho de ser mujer, tienes muchas más posibilidades de tener un trabajo precario, un menor salario, más riesgo de sufrir violencia o de
caer en pobreza, y no te cuento si eres una familia monomarental. Es muy material decir que vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista. Nosotras somos también muy conscientes de que nos ha tocado gobernar en un momento en el que,
si ya de partida las condiciones de las mujeres y su acceso al derecho son más difíciles, cuando viene una crisis, primero una emergencia sanitaria y, después, esta guerra criminal en Ucrania, las mujeres van a tener mucho más riesgo y su situación
empeora. Eso pasa en todas las crisis. Lo que no da igual es quién esté al frente del Ejecutivo cuando eso ocurre. Cuando ustedes estaban gobernando, en la crisis financiera anterior -le leo los datos para que los anote usted, si quiere- la tasa
récord de paro de mujeres, a finales del año 2013, era del 26,5 %, 2,9 millones de mujeres, señoría, casi 3 millones de mujeres en situación de desempleo. Cuando gobernamos nosotros, a finales del año 2021, esa tasa de paro de las mujeres es del 15
%, 11 puntos menos. No da igual quién gobierne, porque dependiendo de quién gobierne se podrán hacer políticas públicas que permitan afrontar las situaciones de urgencia para crear protección o se podrán hacer para desproteger, que es lo que hacen
ustedes cuando gobiernan, y, por tanto, se podrán reducir o ampliar esas brechas de desigualdad. Por eso yo soy crítica con sus políticas, con las que ejecutan cuando gobiernan, porque ustedes deciden privatizar la sanidad, y eso recae sobre los
hombros de las mujeres; porque ustedes deciden recortar la dependencia, y eso recae sobre los hombros de las mujeres; porque no fueron capaces de devolver a la normalidad anterior a la crisis financiera las partidas económicas destinadas a la
igualdad y a la lucha contra las violencias machistas. Si es que tuvieron a las feministas en la calle, que les decían 'menos lacitos y más dineritos' porque sabían que había que tener un compromiso presupuestario que se correspondiese con la
ejecución y la aplicación del pacto de Estado. En las comunidades autónomas en las que gobiernan lo saben perfectamente y, por eso, están de acuerdo con que, de acuerdo entre todas las comunidades autónomas con las Cortes Generales y con el
Gobierno, blindemos la financiación y mejoremos y ampliemos la financiación del pacto de Estado, aunque, luego, seguro seguro que van a votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado que hacen posible ese incremento de la financiación,
pero saben que hay que blindar esas políticas, porque sin presupuesto no hay posibilidad de desarrollo de esas políticas.


Usted ha dicho que me respeta en lo personal, y yo se lo agradezco, pero, como ha leído una serie de fake news y de noticias -no las voy ni a comentar-, sí quiero decirle algo que me parece serio, porque tiene que ver con la violencia
política. A mí me gustaría que ustedes, el Partido Popular, pidieran perdón por haber contribuido a difundir el bulo de la niñera, que ha sido un acoso judicial que no solamente ha ido dirigido contra mí, también contra personas que están dando lo
mejor de su vida por este país: han ido a las casas de sus padres a sacarles fotografías por un acoso judicial que se ha demostrado mentira. (Aplausos). Así que les pediría que, si tanto respeto tienen, pidan perdón, porque a lo mejor, sin
saberlo o a sabiendas, han participado en una estrategia de acoso mediático y judicial que ha hecho mucho daño a gente que no tenía por qué recibir ese daño. Nosotras somos muy conscientes del intento disciplinador que supone eso para las mujeres
feministas que hacemos política, y vamos a seguir aquí, no le quede duda a nadie, pero me gustaría que fuesen capaces de pedir perdón, porque muchas veces, muchas veces, han participado de ese acoso mediático y judicial difundiendo el bulo de la
niñera, y cuando se ha archivado no les he visto decir que lo sienten, pedir perdón o decir que era mentira. No se lo he visto decir a ningún dirigente del Partido Popular que ha contribuido a defender y difundir ese bulo.


Por último, respecto al pacto de Estado y a lo que decía la portavoz socialista, como usted ha dicho que el compromiso fundamental que había que sostener en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género era el político, yo le he
respondido que, si lo principal que había que sostener era ese compromiso político, ya lo firmamos el 25 de noviembre del año 2021. Efectivamente, ese compromiso político hay que desarrollarlo. El Gobierno tiene unas tareas y está cumpliendo con
ellas y las Cortes Generales tienen otra tarea, a la que se están poniendo ahora. Pidan lo que necesiten al Poder Ejecutivo, como que les acompañemos y todo lo que podamos hacer, pero evidentemente el protagonismo en la actualización y la
renovación del dictamen es de las Cortes Generales. Hace un año que firmamos ese acuerdo político y

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hay que desarrollarlo. Los tiempos, las formas y cómo se hace no lo podemos decidir desde el ministerio ni desde el Gobierno, les corresponde a ustedes en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, decidirlo y desarrollarlo. Como en el
acuerdo de Tenerife ese trabajo no se había producido, muchas comunidades autónomas pidieron en la conferencia sectorial que en el acuerdo de Tenerife se incluyese la petición a las Cortes Generales de ponerse con la actualización de ese dictamen, y
por eso nosotras se lo hemos trasladado. Yo creo que hay consenso en que hay que hacerlo, y se están poniendo a ello en este momento. Creo que estamos en la misma línea. Lo que hace falta es desarrollar ese compromiso que, a nivel de pactos de
Estado, es el único que sigue vigente, y cuando tengamos que concretarlo también tendremos diferencias y habrá que llegar a acuerdos.


En cuanto a las campañas de desincentivo de la demanda y de señalamiento de los puteros, decía que uno de los acuerdos del pacto era que esas campañas tenían que estar centradas en los agresores y en no reproducir los clichés de las
víctimas; es la medida 23 del pacto de Estado firmado anteriormente. Estoy de acuerdo en que tenemos que ser capaces de generar más y mejores campañas, en ambas direcciones, de desincentivo de la demanda; además, esa es una de las medidas
fundamentales que nos indican todos los organismos internacionales. De hecho, el desincentivo de la demanda no tiene tanto que ver con la persecución penal como con las campañas de sensibilización, la prevención, el acompañamiento. Aunque no son
medidas excluyentes, los organismos internacionales sí establecen prioridades y dicen cuáles son más eficaces y cuáles menos. Evidentemente, no son excluyentes, pero lo que nos dicen los organismos internacionales es que desincentivar la demanda es
fundamental; también es uno de los ejes de ese plan operativo, del Plan Camino. Pero mucho más eficaz que la persecución penal es siempre la prevención, la sensibilización, la educación, todo lo que tiene que ver con remover las bases del
patriarcado. Pero, vamos, que creo que nos vamos a encontrar igualmente en el camino y de verdad creo -lo sabe, diputada- que hay muchas más posibilidades para el consenso que para una ruptura de ese posible consenso. Creo que es importante que
intentemos explorar esas vías de consenso, porque sería histórico que la mayoría parlamentaria feminista de esta Cámara alcanzase ese consenso desde diferentes posiciones de partida, y comparto con usted que es bueno explicitarlas. Si a partir de
esas posiciones somos capaces de construir un gran consenso para perseguir a la industria proxeneta y para garantizar los derechos de las mujeres que están en contextos de prostitución creo que es una oportunidad que no debemos rechazar, aunque es
verdad que tampoco me corresponde a mí decidirlo, sino a ustedes en cada uno de sus grupos parlamentarios y sus partidos. El Gobierno hará la parte que le toca, que es intentar buscar ese consenso y, si no es posible, lo intentaremos en la
siguiente legislatura.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia.


Vamos a interrumpir un momento para despedir a la ministra y les pido a la Mesa y a los portavoces que se acerquen, porque estamos convocados.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.