CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 666

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA

Sesión núm. 26

celebrada el martes,

10 de mayo de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Retirada del orden del día:


Proposiciones no de ley:


- Sobre bienes corporales. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000202) ... (Página2)


Proposiciones no de ley:


- Sobre la descentralización del régimen jurídico y de la gestión de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional en Cataluña. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente
161/003730) ... (Página2)


- Sobre la adopción de medidas para acabar con el denominado 'efecto céntimo' en las fórmulas de valoración de las ofertas económicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
(Número de expediente 161/003325) ... (Página8)


- Relativa a la concesión de subvenciones a organizaciones que tengan por objeto la promoción y salvaguarda de la dignidad y la vida humana, la maternidad y la familia. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente
161/003568) ... (Página11)


- Relativa a ajustar el IRPF a la inflación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003869) ... (Página15)

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- Por la que se insta al Gobierno a garantizar la transparencia en la reforma del sistema de acceso a la función pública, con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso. (Número de expediente 161/004063) ... (Página18)


- Para la reforma del apartado 3 del artículo 36 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
(Número de expediente 161/003533) ... (Página22)


Votaciones ... (Página28)


Se abre la sesión a las diez de la mañana.


RETIRADA DEL ORDEN DEL DÍA:


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE BIENES CORPORALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000202).


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.


Antes de comenzar la sesión y después de haber hablado con los distintos portavoces, les comunico los siguientes cambios en el orden del día. El punto número 1 queda retirado del orden del día por haberlo solicitado así el autor de la
iniciativa y se aplaza para otra Comisión. Se ha solicitado también -y han manifestado todos los portavoces su acuerdo- que el punto número 5 del orden del día sea debatido el primero. Se trata de una iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Plural sobre descentralización del régimen jurídico y la gestión de funcionarios de Administración local que pasa al primer lugar. La número 3, que es del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se ha solicitado que se debata en último lugar.
Todos los portavoces han manifestado también su conformidad.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y DE LA GESTIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL EN CATALUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL. (Número de expediente
161/003730).


El señor PRESIDENTE: Sin más dilación, y si les parece, damos trámite a las iniciativas, siendo, como les acabo de manifestar, la primera en el orden del día una proposición no de ley sobre descentralización del régimen jurídico y de la
gestión de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional en Cataluña.


Para su defensa, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Plural.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la proposición no de ley que hoy presentamos no es ni una gran novedad ni propone un cambio revolucionario, sino que es lo mínimo, entendemos, que se puede esperar de un Estado mínimamente descentralizado. Simplemente consiste en
permitir un régimen y una gestión de los funcionarios locales con habilitación estatal para Cataluña semejante a la anterior a la LRSAL. Con la aprobación del EBEP en 2007 y su disposición adicional segunda no solo se renovó sino que se
descentralizó sustancialmente el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación estatal. Esto, una ley bandera del Gobierno Zapatero, promovida por el ministro Jordi Sevilla, se hizo con un amplio apoyo político y con la participación de los
representantes estatales de los funcionarios. Se facultó a las comunidades autónomas para desarrollar el régimen jurídico y la gestión. Esto significaba creación, clasificación y supresión de puestos, oferta pública de empleo, procesos de
selección y provisión y situaciones administrativas. Con este sistema, todas las comunidades autónomas pasaron a disponer de un mecanismo efectivo para adecuar las ofertas públicas a las necesidades reales del territorio. La

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experiencia no fue la misma en todo el Estado, pero en cualquier caso en Cataluña, con los Gobiernos de José Montilla y Artur Mas, fue totalmente exitosa. Durante los cuatro años de vigencia fue donde más plazas se convocaron, 423, y se
demostró que la descentralización permitía resolver con responsabilidad y solvencia las necesidades reales del territorio y dar solución al problema de la interinidad en los puestos de secretaría e intervención. No obstante, la LRSAL, la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local acabó en 2013 con un sistema que estaba funcionando; se recentralizó todo el régimen por razones estrictamente ideológicas. Esto supuso un grave perjuicio para los ciudadanos de Cataluña,
para todos, votaran lo que votaran. Proporcionalmente Cataluña resultó especialmente perjudicada cualitativamente, ya que la descentralización facilitaba una mayor estabilización y enraizamiento de los funcionarios, especialmente teniendo en cuenta
el hecho diferencial de la lengua propia y de un sistema legal autonómico muy desarrollado en materias como el urbanismo o medio ambiente, que tiene mucha importancia en el ámbito local, y también numéricamente, porque se ha creado un grave déficit
de 700 secretarios, interventores y tesoreros que afecta especialmente a las zonas rurales.


Ante esta situación, que no solo afecta a Cataluña, y dado que las mayorías han cambiado, se debería derogar la LRSAL y volver al régimen de 2007, reimplantar la descentralización generalizada en todo el Estado en materia de funcionarios con
habilitación estatal. Esto es exactamente lo que centenares de alcaldes y concejales socialistas catalanes clamaban en Barcelona en 2015 en un acto municipalista de la campaña de las generales con la tristemente desaparecida candidata Carme Chacón.
Miren también lo que decía la diputada socialista Elisenda Malaret en 2013 en la aprobación de la LRSAL, su posición era muy significativa del cambio que ahora los socialistas pueden volver a hacer.


Ahora ni tan solo planteamos volver al estadio anterior a la LRSAL, sino únicamente un régimen para Cataluña que, como en Euskadi, nos dé algún respiro, una vía para recuperar algunas competencias, no todas, porque la LRSAL mantiene vigentes
algunas competencias que ya ejercimos durante cuatro años con éxito. Esto pasa por añadir a la Ley de Bases de Régimen Local una disposición adicional que prevea que las facultades en materia de régimen jurídico y gestión de los funcionarios
habilitados se ejercerán en Cataluña, de acuerdo con su régimen específico sobre oferta pública de empleo, selección, nombramiento, provisión de puestos de trabajo, coordinadamente con el Estado, asignación de primer destino y situaciones
administrativas.


Quiero hacer algunas precisiones. El cambio de marco legal que planteamos en esta iniciativa no es transigible; queremos derecho. Esto no pasa por la enésima declaración de buenas intenciones, que se incrementará la oferta o se fomentarán
medidas, queremos un cambio legal que permita un régimen propio. Es una reivindicación estructural y no vamos a renunciar a ella. Nos acompaña la totalidad del municipalismo del país, también entidades del sector como la Associació y Federació de
Municipis y el Collectiu Maspons i Anglasell, autor, de hecho, de la propuesta que presentamos. Esperamos de un Gobierno que se proclama progresista que no acepte acríticamente lo que fue impuesto en solitario por la mayoría absoluta del Partido
Popular. Sabemos que todo el municipalismo catalán, también los Socialistas y los Comuns, comparte esta reivindicación porque es justa y necesaria.


Finalmente, no hay impedimento alguno de constitucionalidad, tampoco es una cuestión de foralidad. De hecho, Cataluña tiene un régimen de función pública totalmente desarrollado dentro del sistema institucional propio de la Generalitat que
prevé el Estatut, y que, por cierto, incluye en este sistema institucional los entes locales. Tampoco es cierto, como ha informado una asociación de profesionales del sector, que con nuestra propuesta se esté eliminando la habilitación estatal
-esto ya lo decían los detractores del EBEP-, nos movemos dentro de las competencias básicas estatales en un nivel claramente inferior al vigente hasta la LRSAL. Tampoco es cierto que la centralización sea garantía de imparcialidad, se ha
demostrado lo contrario. La centralización no es garantía de imparcialidad, y, de hecho, una selección autonómica podría mejorar la técnica en el sentido de adecuar los perfiles a puestos de adscripción donde es necesario conocer la ley y la lengua
de los ciudadanos.


Apelo directamente a los diputados y diputadas del Partido Socialista y de Els Comuns. No hay excusa para no volver a la centralidad municipalista, no hay excusa para no salir del marco mental de la derecha españolista en materia de
funcionarios habilitados estatales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. La señora Vilches tiene la palabra.

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La señora VILCHES RUIZ: Gracias, señor presidente.


Con esta PNL el grupo proponente aboga por la descentralización del régimen jurídico y la gestión de funcionarios de la Administración local con carácter estatal para la Comunidad Autónoma de Cataluña. Efectivamente, la regulación de la
valoración de los méritos generales, así como la gestión del personal funcionario de la Administración local, con habilitación de carácter nacional, se lleva a cabo desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública con la finalidad de que este se
gestione de forma vertebrada, común y homogénea. Esto es así también para asegurar la independencia y profesionalidad de secretarios e interventores, por lo que la aprobación de la oferta de empleo público y las convocatorias de los procesos
selectivos se realizan por una única administración. De esta forma, mediante la estrecha cooperación y colaboración entre Estado y comunidades autónomas, basada en el respeto al ejercicio de su competencia, permite evitar duplicidades. Al mismo
tiempo, esta gestión común y homogénea no impide la movilidad en todo el territorio nacional a través de la participación en los diferentes en concursos de provisión de puestos, porque contempla la previa acreditación de cuestiones específicas de
los territorios como el conocimiento de la lengua propia.


Verdaderamente, y como se ha expuesto, el déficit de este colectivo de personal funcionario en puestos reservados es un problema estructural, y el Gobierno, sensible a esta realidad, está abordando la situación desde dos perspectivas:
aumentando la oferta de empleo público de personal de nuevo ingreso, y en el marco del plan de captación del talento, dando a conocer en los centros universitarios las oportunidades del empleo público, particularmente en la escala de funcionarios de
la Administración local, con habilitación de carácter nacional, y en municipios de menor población y en riesgo de despoblamiento, por ejemplo, promoviendo la agrupación de municipios o la provisión de servicios de asistencia técnica por parte de
diputaciones provinciales. Para pueblos como el mío, de poco más de trescientos habitantes, esta opción supone un auténtico balón de oxígeno al dar garantía de provisión de un servicio tan importante y sin suponer un elevado peso para las modestas
arcas del pequeño municipio.


Por otro lado, en el País Vasco, por ejemplo, el régimen jurídico, al ser normativa estatal, es competencia de la Administración General del Estado, por lo que esta comunidad autónoma solo tiene competencias de gestión. Además, y
principalmente, este modelo ya tiene su fundamento en la foralidad reconocida en la Constitución española, por lo que siempre ha tenido esas competencias propias. Pero es que si atendemos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, deja bien
clara la competencia exclusiva del Estado en la selección y pérdida de condición de funcionarios para garantizar a los administrados un tratamiento común y el desempeño correcto de sus funciones, con la única excepcionalidad marcada por esa
foralidad.


Por ello, nosotros presentamos una enmienda en la línea de seguir trabajando conjuntamente Estado y comunidades autónomas para evitar duplicidades y gestionar el colectivo de forma armónica y homogénea, abordar el déficit de personal con ese
incremento de oferta de empleo público y con el plan de captación de talento antes mencionado, y estudiar la descentralización de los procesos selectivos de acceso libre o promoción interna para facilitar los procesos selectivos, así como replantear
los tipos y contenido de las pruebas.


En definitiva, esto es lo que presenta mi grupo parlamentario. Es todo presidente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vilches.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón.


El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días.


El pasado 26 de abril, en esta misma Comisión se debatió una proposición no de ley a instancias de mi partido, del Partido Regionalista de Cantabria, sobre esta materia, proposición no de ley que se aprobó. En ella instábamos a que el
Gobierno central, cuanto antes, sacara los concursos necesarios para los funcionarios de habilitación local. Expuse con detalle cuál era el problema que teníamos y no lo voy a repetir ahora. Creo que esta proposición no de ley viene a descafeinar
un poco la anterior y me parece que tenemos que centrarnos en exigir al Gobierno central que de verdad se ponga las pilas y que intente solucionar el problema que hay en toda España y no ir a sitios particulares como Cataluña, que probablemente
tenga necesidades y sus peculiaridades, no lo vamos a discutir, pero en estos momentos lo prioritario es que el Gobierno central, con la mayor urgencia posible, convoque las oposiciones para funcionarios de habilitación nacional.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Simplemente intervengo para matizar que en Euskadi la enmienda que se aprobó a la Ley General Presupuestaria solamente ha venido a aclarar la disposición adicional segunda del Estatuto del Empleado
Público. La nueva redacción viene a ejemplificar la redacción anterior de esa disposición adicional segunda. En ningún momento se está trabajando sobre un régimen jurídico del personal funcionario de la Administración local con habilitación de
carácter nacional en la Comunidad de Euskadi, solo en clarificar las facultades de las instituciones de la comunidad en el régimen jurídico del personal funcionario en el sentido de distribuir entre las instituciones comunes de la comunidad autónoma
las instituciones forales de los territorios históricos y las entidades locales, las funciones relativas a las facultades que le corresponden en este ámbito a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esa nueva redacción no suponía ni romper con nada
ni crear un cuerpo diferenciado, porque nos encontramos, como bien ha dicho la portavoz del PSOE, ante una normativa básica. Lo que la normativa permite es que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi las facultades previstas en la
normativa básica sean ejercidas por las instituciones competentes en los términos que se establezcan en la normativa autonómica.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


A continuación, por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera.


La señora VALLUGERA BALAÑÁ: Me disculpo por haber entrado un poco un poco tarde, pero no tenía presente el cambio del orden del día. De todos modos, he bajado corriendo porque este es un tema fundamental, principal, es un tema que nos
ocupa y que nos preocupa desde hace muchísimo tiempo. Se trata de una modificación para la cual ya presentamos en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de este año y del año anterior. Hemos presentado una moción en el Senado
justamente en esta misma línea, y es evidente que vamos a votar afirmativamente a esta proposición.


Permítanme hacerles tres reflexiones. La primera es que cada vez que ustedes tocan una normativa la recentralizan, y eso equivale a la ineficacia y a la inutilidad en el territorio donde se aplica cuando se trata de Cataluña. Por tanto, si
la LRSAL es una cosa que ya funciona mal, ahora funciona peor, muchísimo peor. Desde la perspectiva ya no solo de nuestras competencias propias y del destino que queremos para nuestro país, sino para la atención a los ciudadanos, lo que está
pasando en Cataluña es una auténtica vergüenza. Un Estado que se permite tener 858 plazas vacantes de 947 ayuntamientos en Cataluña no provee las necesidades de su ciudadanía, es un Estado que no atiende a las demandas de sus gentes, es un Estado
que está fracasando sistemáticamente, y es igual que lo dirija el PP o que lo dirija el PSOE. Su capacidad y su sensibilidad respecto a lo que pasa en lo que ustedes llaman la periferia son lamentables. Por ello, no solo es de justicia sino que es
una urgentísima necesidad.


Saben ustedes cómo están las entidades locales, que están desesperadas porque no pueden llevar a cabo correctamente su trabajo de cada día. Lo que les compete en cuanto a competencias, no está siendo ejecutado con normalidad. Nos estamos
acostumbrando a un Estado que está en quiebra de capacidad de intervención en sus administraciones básicas, pero desde la Generalitat de Catalunya somos capaces de resolver esa dejadez. Cuando lo que se pide es simplemente la capacidad para hacer
sus funciones, al final es un poco todo ridículo. A la ciudadanía no se le puede decir si es una competencia básica, exclusiva, derivada o de cualquier otro modo, lo que se debe decir es que estás haciendo lo que te compete como Administración
pública, y para lo que te pagan y depositan sus impuestos, o no lo estás haciendo, y en este momento no se está haciendo. Es de justicia, competencialmente es correcto y, además, es que es necesario, que es una palabra que estamos olvidando
continuamente, es necesario.


Por tanto, votaremos a favor en consecuencia y en coherencia con todo lo que hemos presentado muchísimas veces. Les pedimos que lo solventen rápidamente porque lo vamos a seguir pidiendo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vallugera.


A continuación, por el Grupo Confederal Unidas Podemos, el señor Honrubia tiene la palabra.

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El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.


Lo primero que quiero decir es que entendemos la demanda. Creemos que, efectivamente, es un problema que existe en Cataluña con unas particularidades muy concretas, aunque también es cierto que existen otros en otros territorios. También
vemos que la propuesta que se hace, digamos, viene muy definida desde el punto de vista de la relación legal que se plantea, con lo cual creemos que probablemente más que una PNL el grupo proponente podría haber intentado impulsarla a través de una
proposición de ley. Nos hubiera parecido más coherente dado que, como decimos, la propuesta viene totalmente definida desde el punto de vista de su redacción legal. Las referencias que se realizan en el texto a la comparativa con el País Vasco,
como ya se ha explicado tanto por la portavoz del Grupo Socialista como por la portavoz del Grupo Vasco en su intervención, creemos que no corresponde por las especialidades del régimen foral que tienen el País Vasco y Navarra, que entendemos que no
se dan de la misma forma en el caso de Cataluña. Por otro lado, como hemos dicho, creemos que este tema afecta a otros territorios del Estado. Es un problema que hay que reconocer que existe y, por tanto, se debe buscar algún tipo de solución que
ofrezca salidas para todos los territorios que se están viendo afectados por ello.


Como ha planteado también la portavoz del Grupo Socialista, desde el Gobierno actual ya se está intentando llevar a cabo alguna medida para acabar con este problema, por ejemplo, incrementando la oferta de empleo público de personal de nuevo
ingreso, con medidas de promoción en el marco del plan de captación de talento o, por ejemplo, a través de las previsiones de la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local y el Estatuto Básico de Municipios de Menor Población y de Municipios en
Riesgo de Despoblación, que fomenta medidas en este sentido a través de la agrupación de municipios o con el papel derivado de la asistencia que prestan las diputaciones. Por tanto, creemos que el Gobierno ya está haciendo un trabajo para dar una
solución global a este problema. En cualquier caso, creemos que lo que hay que hacer es profundizar en esta vía, en la capacidad de dar respuesta a esta situación.


Nos abstendremos en la votación, porque es verdad que reconocemos que no existe un problema competencial con la propuesta que se está planteando, que efectivamente en otro momento funcionó, tal y como se estaba planteando, incluso, digamos,
con mayor capacidad de gestión de lo que se está expresando en esta proposición, y no hubo un problema ni desde el punto de vista competencial ni desde el punto de vista constitucional. Por tanto, entendemos que cuando menos esta vía debe quedar
abierta al debate y quizá en el futuro haya capacidad de acuerdo entre los diferentes grupos para que se convierta en una reforma legal propiamente dicha. Preferimos abstenernos para que queda abierta esa posibilidad.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Honrubia.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Cañizares tiene la palabra.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, señor presidente.


Buenos días. El asunto de fondo que trae esta PNL, que trae el separatismo catalán, podríamos decir que tiene ciertos visos de inconstitucionalidad. Yo creo que podrían haberse ahorrado la exposición de motivos mediante la que tratan de
justificar lo injustificable, porque nosotros entendemos que lo único que les mueve a traer esta iniciativa es el yo también quiero, como sus homólogos del Partido Nacionalista Vasco, con más cesiones para su cortijo. Su proposición no trae causa
ni justificación en una aparente mejora de la gestión de los puestos de funcionarios con habilitación nacional, porque han sido ellos mismos los que han salido en tromba a protestar y quejarse públicamente del chanchullo que el Gobierno hizo de
tapadillo con la disposición final primera de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, cediendo a las presiones del PNV a cambio de su apoyo a los presupuestos de la ruina II. Son los propios funcionarios los que están avergonzados de cómo
el Gobierno ha mercadeando con ellos y los ha vendido ignorándolos, vulnerando así el artículo 149.18 de la Constitución. Y no lo digo yo, les doy titulares: Los secretarios, interventores y tesoreros de las entidades locales rechazan el traspaso
a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las competencias sobre su selección, formación acordado en los Presupuestos Generales del Estado. Otro: Cinco mil secretarios locales se revuelven contra de la cesión de Sánchez para que el PNV forme a los
altos funcionarios. Para garantizar el ejercicio de sus funciones en términos de igualdad en todo el territorio nacional su selección y formación se atribuye al Estado, y ellos mismos señalan que esta cesión supone un evidente retroceso en su
régimen jurídico diseñado para garantizar su independencia y profesionalidad, porque los habilitados nacionales no son un cuerpo del agrado de los políticos precisamente, ya que a fin de cuentas su labor es controlarles y eso no les gusta.

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Por eso es preciso que quienes velan por la legalidad, controlan y fiscalizan la labor de los representantes públicos locales sean independientes de quienes son controlados por ellos y no al revés.


Para finalizar, quiero decirles que ya saben que el equipo jurídico de VOX es eficaz, muy eficaz diría yo: Treinta y seis recursos de inconstitucionalidad presentados, dos estados de alarma declarados inconstitucionales gracias a VOX, un
cordón fascista a nuestra diputada Amaya Martínez en el Parlamento vasco reventado por un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por VOX, y suma y sigue. Ahora el recurso número treinta y seis, presentado hace tres semanas referido a esta ley
de presupuestos de la que hablamos que, como he dicho, introdujo mediante esa disposición final primera y de forma sorpresiva la reclamación que el PNV había elevado vía enmienda como contrapartida para lograr su apoyo a los presupuestos. Un nuevo
peaje al nacionalismo que desde VOX denunciamos como inconstitucional al suponer una manifiesta vulneración de los artículos 149, apartados 14 y 18 de la Constitución.


Por tanto, señores de Junts, no insistan, yo creo que no lo van a conseguir, de modo que guarden en un cajón bajo llave su PNL porque de ahí no va a salir mientras VOX siga aquí, y hemos venido para quedarnos y continuar en la defensa de la
unidad de España, de la libertad y de la igualdad de todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañizares.


Para finalizar este punto del orden del día, la señora De Luna, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.


La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, lo que se pretende con la PNL en la que se solicita la transferencia a Cataluña de las competencias de los funcionarios de la Administración local con habilitación nacional, es acabar precisamente con la habilitación nacional y
crear una especie de habilitación catalana mediante la que se convocarían los procesos selectivos de ingreso en esta comunidad autónoma, y también tendrían propios procesos de promoción interna. En la exposición de motivos de la PNL, además de
rebautizar a este cuerpo funcionarial como de habilitación estatal en vez de habilitación nacional, que es como se llama, dicen que la finalidad es dar cobertura a la cantidad de plazas vacantes que hay en Cataluña. El que no se soliciten vacantes
en Cataluña se debe a varias circunstancias, y una de ellas es la gran presión a la que está sometido este cuerpo de funcionarios por muchos ayuntamientos separatistas que forman parte de la llamada AMI, de la Asociación de Municipios por la
Independencia, desde la que se dan consignas para que se adopten acuerdos absolutamente ilegales por parte de estos ayuntamientos, acuerdos que en la etapa de Gobierno del Partido Popular fueron todos impugnados ante la jurisdicción correspondiente.
Otra grave circunstancia es la inseguridad jurídica que existe en Cataluña, donde se violentan las leyes, se incumplen las sentencias, se llama a la desobediencia y los delitos de malversación de dinero público y de sedición, por el que fueron
condenados los líderes anteriores, los actuales dicen que lo volverán a hacer.


El Gobierno del Partido Popular, a través de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, introdujo importantes reformas para solucionar, entre otros, el problema de las vacantes que se producían en toda España, y
también para dotar a esta escala de las herramientas necesarias para garantizar los principios de transparencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económico-financiera. La transferencia que se ha comentado que se hizo al País Vasco por la
puerta de atrás, a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado respecto a estos funcionarios, ha sido recurrida por nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, ante el Tribunal Constitucional, recurso que ha sido
admitido a trámite recientemente. Por tanto, les adelantamos que nos vamos a votar en contra de esta PNL.


Por último, quiero señalar que COSITAL, que es el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de España, está absolutamente en contra de cualquier transferencia que atente contra
su carácter nacional, por inconstitucional y, además, porque supondría la pérdida de la calidad y de la profesionalización que caracteriza a esta escala de funcionarios.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Luna.


A los solos efectos de fijar posición, señor Pagès, ¿acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista? (Negación). No la acepta. Muchas gracias.

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- SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA ACABAR CON EL DENOMINADO 'EFECTO CÉNTIMO' EN LAS FÓRMULAS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN.
(Número de expediente 161/003325).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición número 2 en el orden del día, sobre la adopción de medidas para acabar con el denominado efecto céntimo en las fórmulas de valoración de las ofertas económicas. Para su defensa, por
el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Buenos días a todas y a todos. Como es sabido, el efecto de la contratación pública... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Guijarro.


Señorías, por favor, guarden un poco de silencio, porque es imposible escuchar al portavoz.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Decía que, como es bien sabido, el efecto de la contratación pública en la economía española es de un importante efecto y en los últimos años se ha calculado aproximadamente entre un 10 y un 20 % del PIB. Si nos remitimos a un rango europeo
estaríamos hablando de un 14 % del producto interior bruto europeo, por lo que queda claro que con estas cifras hablamos de un instrumento o de un motor de intervención económica por parte del Estado muy importante. Mucho más en un contexto donde
se ha aprobado, como también saben ustedes, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que dota con 140 000 millones de euros al Estado español y dado que tenemos ahora esa ingente cantidad de recursos para iniciar una transformación
productiva como la que requiere nuestro país, creemos que es importante centrarnos en los mecanismos de asignación de este tipo de recursos para asegurar que los mismos funcionan con toda la eficacia que merecen y que deben. Para ello, como ustedes
saben, ya en el año 2017 se aprobó la Ley de Contratos del Sector Público, que básicamente se trataba de la trasposición de varias directivas europeas aprobadas en el año 2014 sobre la materia. Básicamente en aquellas directivas se apremiaba a los
legisladores europeos a operar en dos sentidos. En primer lugar, en el sentido de lograr una mayor transparencia a la hora de asignar este tipo de recursos y, en segundo lugar, el de conseguir una mejor relación calidad-precio, es decir, se trataba
de algún modo de huir de esas visiones quizás algo antiguas marcadas por un criterio excesivamente economicista en las cuales la oferta económica se constituía casi en el principio y fin de todo el planteamiento, es decir, el precio final que se
estaba ofreciendo. Lo que es sabido es que este fenómeno, el llamado efecto céntimo, se ha venido dando en estos años y ello implica -y así viene definido el efecto céntimo en la literatura económica reciente- que se estaría dando excesivo peso a
cuestiones de costes y de precios sin valorar efectivamente otras cuestiones que tienen que ver con la calidad de la oferta que se está presentando. Es decir, no siempre -y eso lo sabemos- lo que tiene un mejor precio o un precio más barato es
necesariamente lo más económico y cualquiera que tenga que gestionar una economía doméstica sabe a lo que me refiero. En todo caso, dado que el fenómeno del efecto céntimo existe y se produce, creemos que es pertinente que el Gobierno lo atienda.
Ciertamente, como pueden ver ustedes en la propuesta que presentamos, mi grupo parlamentario se ha cuidado muy mucho de hacer una propuesta concreta de soluciones a estos problemas, puesto que entendemos que la misma tiene soluciones complejas y
desde luego deben ser debatidas en el ámbito técnico. Ahora mismo, en el debate económico a nivel técnico ni siquiera está del todo bien resuelto. Se sabe que el problema existe, pero las soluciones al mismo están todavía lejos de plantearse de
una manera satisfactoria. Entendemos que no podemos presentar una batería de propuestas cerrada y exigente al Gobierno, pero sí creemos que esta Comisión debe y puede instar al Gobierno para que, al menos, se empodere -como se dice ahora-, asuma el
problema que tenemos encima de la mesa y, a través de los desarrollos normativos que estime oportunos, avance al menos en propuestas que nos permitan eliminar el llamado efecto céntimo, que en alguna medida distorsiona una herramienta tan importante
de asignación de recursos como es la Ley de Contratos Públicos. Por ello, solicito también al resto de los grupos parlamentarios un voto a favor, con el ánimo de suscitar un debate en esta Comisión en la que podamos poner sobre la mesa posibles
soluciones a este problema, que entiendo es un problema objetivo y no cabe una lectura ideológica del mismo. El efecto existe, es objetivamente un problema,

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una minimización o una reducción en la eficacia de la asignación de recursos y, por tanto, nos corresponde a todos confrontarlo. Por lo demás, se lo agradezco, presidente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.


A continuación, señor Mazón, ¿quiere intervenir? (Pausa).


Señor Mazón, tiene la palabra.


El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.


Efectivamente, esta proposición no de ley está bien desarrollada, tiene un texto final con el que no se puede dejar de estar de acuerdo, pero hay que decir que es muy optimista, por no decir ingenua, porque personalmente puedo contar que me
he pasado media vida peleándome con las fórmulas de contratación, he hecho fórmulas lineales con proporciones cambiantes, fórmulas con parábolas, con hipérbolas y de todo tipo. Me he peleado con los letrados del Tribunal Central de Recursos -y
hasta con bajas temerarias- y la verdad es que hemos visto en España de todo, porque hemos visto cómo en algunas administraciones pasaban unas fórmulas que en otras las rechazaban, que en organismos autónomos aplicaban unas, lo que realmente era un
galimatías. También creo que hay que dejar cierta libertad al órgano de contratación que conoce un poco lo que quiere buscar y no tener tanta desconfianza, pero, en todo caso, me parece muy bien y yo me ofrezco a colaborar, porque tengo un dosier
considerable de todo esto. Lo del efecto céntimo despista un poco, porque no es una cuestión del efecto céntimo. A veces puede ocurrir que en un caso de empate en todas las condiciones decida un céntimo, pero en algún momento hay que poner el
umbral y en qué parte debe caer el contrato. Si es verdad que se puede distorsionar entre las partes lo que son los criterios objetivos y los subjetivos, pero, en cualquier caso, a mí me parece bien. Vamos a decírselo al Gobierno, señor Guijarro,
aunque creo que esta es una batalla perdida.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra. No quiere intervenir. Por el Grupo Republicano (Pausa). Tampoco. Por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Manso tiene la palabra.


El señor MANSO OLIVAR: Buenos días, presidente.


Buenos días, señorías. Hoy el señor Guijarro nos ha puesto la venda antes que la herida, porque, efectivamente, como bien ha dicho el señor Mazón, hace una buena exposición y el señor Guijarro nos dice que no hay propuesta concreta. Yo
diría, en términos escolares, de verdad, que usted ha hecho un buen trabajo de exposición, pero la conclusión es floja. Vamos a empezar por criticar el lenguaje. Dice usted: para que se empodere, que es lo que se utiliza ahora. No, mire, tenemos
palabra para lo que usted quería decir: para que se habilite; para que se habilite al Gobierno. Lo que nos está contando el señor Guijarro es el problema de la adecuada valoración del binomio calidad-precio, que es conocido por cualquier
consumidor. Lo conoce usted, señor Guijarro, cuando va a comprar. Es lo que le ha comentado el señor Mazón sobre que hay que dar una cierta libertad al órgano de contratación, que sabe por experiencia qué es lo que necesita, pero, en cualquier
caso, yo creo que ustedes desconocen que este problema viene siendo abordado por la Administración desde hace mucho tiempo. En mi experiencia al menos los intendentes militares y el Ministerio de Defensa vienen preocupándose de este problema desde
el año 2015, como mínimo, de acuerdo. Nosotros no le vamos a apoyar y no le vamos a apoyar, porque, como bien dice el señor Mazón, nadie puede estar en contra de esto, pero es que no queremos que se nos convoque a unas PNL que no son más que un
brindis al sol, porque si la propuesta no es concreta, lo único que nos ha hecho usted, señor Guijarro, es hacernos perder el tiempo este rato. Es decir, la intención es muy buena, no se la podemos negar, pero por favor traiga propuestas concretas
y no con que se solucione este problema. En este problema lleva la Administración española -sus interventores y sus intendentes- intentando solucionarlo desde hace tiempo con más o menos acierto. Yo creo que con bastante acierto, aunque todavía
puedan quedar cosas por mejorar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Manso.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Bas.

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El señor BAS CORUGEIRA: Muchas gracias, presidente.


Buenos días. Debatimos una iniciativa que busca que el Gobierno desarrolle la normativa necesaria con la que garantizar que las ofertas valoradas por los distintos órganos de contratación pública tengan como resultado que la oferta ganadora
sea la mejor en términos de calidad-precio, y no podemos estar más de acuerdo, ya que es un tema importante en el que se ha progresado mucho, pero en el que debemos continuar avanzando y vemos que Podemos va avanzando también, porque cuando se
tramitó la Ley de Contratos se exigía que primara la oferta económica. Hay que seguir mejorando el sistema de contratación público, yo creo que estamos todos de acuerdo. El propio Gobierno está fracasando con la gestión de los fondos europeos que
no llegan al tejido productivo, porque no son capaces de definir bien las convocatorias. Durante mi etapa de alcalde en el Ayuntamiento de Redondela afrontar la contratación de un bien, una obra o un servicio era un verdadero quebradero de cabeza,
y lo era porque teníamos la obligación de acertar en la adjudicación. No queríamos problemas ni con la adjudicataria ni con retrasos en los plazos de ejecución ni con los pagos. Nuestro único objetivo era satisfacer las expectativas y necesidades
de los vecinos en tiempo y forma y sin poner en riesgo ni la financiación ni las subvenciones que pudieran estar aparejadas a la contratación.


Señorías, todos coincidimos en que el sistema de contratación público debe garantizar el buen uso de los recursos públicos y considero que las fórmulas de valoración de ofertas son muy importantes, pero no lo son todo y por eso debemos ir
más allá de lo que propone esta iniciativa. Las administraciones públicas deben protegerse de situaciones y comportamientos que impiden el buen funcionamiento del sistema de contratación. No es de recibo que, una vez adjudicado el contrato, la
adjudicataria se escude en una mala ejecución de éste porque, por ejemplo, no le dan los números o porque el proyecto estaba mal redactado. Aunque esta situación en la Administración tiene su defensa, suele llevar aparejada la judicialización y
muchísimos retrasos. Retrasos que en muchos casos ponen en peligro la recepción de subvenciones por no cumplirse los plazos. Por tanto, además de mejorar la objetividad de los mecanismos de valoración de ofertas, se deben mejorar los
procedimientos que permitan identificar y evitar aquellos aspectos que perjudican de forma recurrente un buen resultado de la contratación y para ello hay que depurarlos durante el proceso de adjudicación y evitar así problemas futuros. En
definitiva, señorías, para mejorar el sistema de contratación pública es necesario avanzar en su agilidad, su transparencia, su objetividad y su eficacia, y en esto debemos estar todos comprometidos. Votaremos a favor.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bas.


Para finalizar este punto, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor García tiene la palabra.


El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, presidente.


Efectivamente, esta proposición no de ley recoge que la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 145, regula los requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato, estableciendo en su apartado 1 que esa adjudicación se
realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación sobre la base de la mejor relación calidad-precio y en el artículo siguiente, en el 146, regula la aplicación de esos criterios de adjudicación. Esta regulación, dadas las grandes
diferencias que puedan existir entre los distintos tipos de contrato, bien de suministro, bien de servicio o bien de obras, tiene, como es lógico, un carácter general, correspondiendo a los órganos de contratación la determinación concreta de los
criterios más adecuados en cada expediente de contratación de acuerdo con el tipo de contrato de que se trate y la finalidad que persigue el mismo. Por tanto, hasta lo que conocemos no existe un gran problema con los órganos de contratación con
respecto a los contratos que se licitan, es decir, que la normativa de contratación pública tiene en principio una vocación de generalidad, de forma que la misma resulta aplicable a todos los contratos. Es muy difícil aplicar, desde una ley
estatal, una fórmula que sirva para todo tipo de contratos y para todo tipo de servicios. En este sentido, una aprobación de desarrollo reglamentario en cada una de estas materias con criterios de valoración y adjudicación no deja de ser bastante
complicado. Adicionalmente, también cabe señalar que cualquier desarrollo reglamentario en esta materia habrá que tener en cuenta la competencia del Estado, pero sobre todo con la lectura que hizo el Tribunal Constitucional en la sentencia de 18 de
marzo de 2021 y, sobre todo, también hay que tener en cuenta que, no siendo un grave problema ahora, el principal problema que tienen los órganos de contratación en este momento es el elevado volumen de contratos desistidos o paralizados por el
aumento del precio de las materias primas, que está requiriendo un esfuerzo adicional por parte de los órganos contratantes respecto a los contratos ya adjudicados. Esto, desgraciadamente, no se puede prever

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tampoco en las leyes que estamos manteniendo. No obstante, siempre estamos abiertos a poder mejorar toda la regulación necesaria para que los órganos contratantes hagan siempre la mejor contratación en el servicio de los ciudadanos y de las
ciudadanas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García.


- RELATIVA A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES QUE TENGAN POR OBJETO LA PROMOCIÓN Y SALVAGUARDA DE LA DIGNIDAD Y LA VIDA HUMANA, LA MATERNIDAD Y LA FAMILIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente
161/003568).


El señor PRESIDENTE: Como les he anunciado, el punto 3 pasará al final, así que debatimos la proposición de ley número 4, relativa a la concesión de subvenciones a organizaciones que tengan por objeto la promoción y salvaguarda de la
dignidad y la vida humana, la maternidad y la familia, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Jiménez tiene cinco minutos para su defensa.


El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, buenos días. Hoy es uno de esos días en los que me alegro de estar en política, porque tengo la oportunidad de defender una proposición no de ley que coincide con aquellos valores y principios que deben regir todo Estado
democrático y que me llevaron a afiliarme a VOX, como son: la defensa de la familia, la vida y la ayuda a los más débiles. Esta mañana, señorías, les pido que reflexionen sobre aquello que les llevó a estar hoy en política y si la proposición no
de ley que defiendo hoy recoge algunos de esos motivos. Esta proposición no de ley pone de manifiesto la labor incansable de una fundación, la Fundación Madrina, cuyo objeto fundacional es la asistencia y ayuda de colectivos en riesgo de exclusión
o marginalidad en el ámbito de la infancia, mujer y maternidad, como son la lucha contra la pobreza infantil, así como la ayuda a madres víctimas de violencia y abuso. Una fundación que antes de la pandemia, derivados por los servicios sociales del
Ayuntamiento de Madrid, atendía al 60 % de todos los casos de infancia y maternidad más vulnerables, y que durante la pandemia se ha llegado a alcanzar una atención del 90 % de todos los casos de Madrid. De hecho, el ayuntamiento de la capital
solicitó ayuda a la Fundación Madrina durante la pandemia para dar de comer en los comedores sociales a todo Madrid, gracias a los más de 2000 voluntarios de la fundación. Ni Cáritas ni Cruz Roja estaban allí, pero dicha labor social por parte de
la fundación no ha sido tenida en cuenta, al contrario, ha sido ninguneada por parte del Ayuntamiento de Madrid y, en este caso, de su alcalde, el señor Almeida, que, en un ejercicio de cinismo y sectarismo político, ha preferido pactar con la
ultraizquierda de los tránsfugas de Más Hachís para retirar las subvenciones municipales de la Fundación Madrina y dedicar ese dinero a los chiringuitos LGTBI, patrocinar la Fiesta del Orgullo de Madrid 2022 y nombrar hija predilecta de Madrid a
Almudena Grandes. Sí, la sectaria novelista de extrema izquierda que decía que cada mañana fusilaría a dos o tres voces de la derecha, porque le sacaban de quicio, y que hacía gracietas con las monjas violadas por milicianos comunistas durante la
Guerra Civil. Con este pacto, el señor Almeida convierte a Madrid en la ciudad sectaria que dejó su sucesora Manuela Carmena. Esta actitud de alguien que se dice católico practicante deja mucho que desear, porque, la verdad, desconozco qué tipo de
fe practica el señor Almeida, pero, desde luego, se aleja mucho de la de los evangelios. Más bien es una fe tibia y relativista cuyo fin es servir a sus propios intereses (el señor Garcés Sanagustín pronuncia palabras que no se perciben), y es que
no parece que el fin último de las subvenciones sea el bien común, el interés general, sino más bien dejan de ser el requisito fundamental para la concesión de subvenciones.


El señor PRESIDENTE: Señor Garcés, por favor.


El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Sin embargo, sí lo son las de la afinidad política o ideológica dentro de los objetivos marcados por la sectaria Agenda 2030 y por los que sostienen el poder político.


Señorías, conozco la Fundación Madrina y a su fundador, Conrado Giménez, cuyo testimonio de vida es un ejemplo para muchos, porque pasó de tenerlo todo a nada, para entregar su vida a ayudar a los más necesitados y fundamentalmente a los más
débiles. Pues bien, dentro de los más débiles se encuentran los no nacidos, aquellos que la tiranía globalista quiere matar promoviendo el aborto y subvencionando instituciones como Planned Parenthood. La Fundación Madrina, al contrario de lo que
fomenta la Agenda 2030 y las elites globalistas, así como también la mayoría de la izquierda de este país, ayuda a

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aquellas mujeres en exclusión social para que tengan a sus hijos y puedan ser madres. Sí, puedan ser madres sin que se los quiten o arranquen de sus vientres. De hecho, reciben 70 derivaciones diarias de los servicios sociales del
ayuntamiento de madres que llegan a dicha fundación en busca del sueño de ser madres. Tristemente, los servicios sociales les dicen que les van a quitar a los niños si nacen o que les van a quitar las ayudas si tienen ese bebé. Para que se den
cuenta sus señorías de la verdadera realidad. Es conocido el caso de la denuncia que Fundación Madrina realizó en la Navidad de 2018 al Samur Social por presionar a una madre sin techo a abortar sin que ella quisiera hacerlo; madre que se escapó
del Samur y fue acogida en la Fundación Madrina dentro del plan de acogida. Este hecho causó estupor en las redes, porque se publicó la grabación de esa denuncia y la que entonces era teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, hoy
socia preferente de Almeida, juró y perjuró que su único objetivo sería hundir a la Fundación Madrina. Parece que parte de ese objetivo, con la retirada de la subvención, se ha cumplido. Pero, frente al odio y sectarismo, está el amor. Sí,
señorías, porque en cada gesto, en cada ayuda, en cada bebé salvado, está el inmenso amor de Dios que se manifiesta diariamente frente al odio, al rencor, a la envidia y a la ira de los poderes ocultos. Ahora, para más inri, el Ayuntamiento de
Madrid se molesta con Conrado porque envía notas de prensa -dicen- en contra del ayuntamiento, pero lo que hace es defender la verdad, la verdad con mayúsculas, sin dejarse manipular -no como otros- por subvenciones o dotaciones. Porque llegados a
este punto, yo les pregunto: ¿Señorías, defienden ustedes la verdad?


El señor PRESIDENTE: Llegados a este punto, señor Revuelta, tiene que acabar. Ha finalizado su tiempo.


El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Voy a terminar.


Pues hoy es un día para que apuesten por ello, por la verdad en la defensa de los más débiles, por la verdad en la salvaguarda de la dignidad y la vida humana, por la verdad en la maternidad y en la familia. Hoy aparquen toda ideología y
busquen en su interior la verdadera respuesta a la verdad, porque rescatando las palabras del Evangelio de Juan 8:31, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues, en honor a la verdad, demuestren que son verdaderamente libres y apoyen
esta proposición no de ley para ayudar a la maternidad y a la familia.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Revuelta.


Ya es la segunda vez que recuerdo durante toda la legislatura y lo voy a volver a hacer, sabe usted que este presidente respeta profundamente la libertad de expresión, pero le invito a que reflexione sobre la intervención que usted ha tenido
si es la que procede en una Comisión de Hacienda, y ya le digo que no habrá una tercera vez.


El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Dígame, no sé a qué ha venido eso.


El señor PRESIDENTE: A continuación, señorías, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón, ¿quiere intervenir? (Pausa).


El señor MAZÓN RAMOS: Intervengo muy brevemente.


Yo no voy a hacer referencia a la homilía del diputado de VOX. Solo me voy a centrar en un minuto en la Ley de Subvenciones que, naturalmente, como dice, debe de defender el interés público, pero parece que lo que quiere aquí es defender el
interés de VOX, por un lado, y eliminar lo que no es del interés de VOX en materia de subvenciones. (La señora Cañizares Pacheco: No). No tiene mucho sentido instar al Gobierno a que gobierne como VOX. Por tanto, yo creo que esta proposición no
de ley tampoco tiene mucho sentido ni tiene mucho recorrido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Estoy muy de acuerdo con el señor Mazón. Desde luego, si lo que pretendía hoy es que apoyásemos su PNL, con su discurso, lejos de intentar, por lo menos, convencer a los demás de su PNL para el
tema de las subvenciones, lo que ha dejado clara es su posición respecto a su ideología con respecto a VOX y, desde luego, nosotros votaremos en contra.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Guijarro tiene la palabra.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.


Efectivamente, a lo que asistimos es al encubrimiento de un panfleto antiabortista en una Comisión de Hacienda y no deja de ser sorprendente que, en una Comisión donde en principio se suelen abordar otro tipo de materias, estemos hablando de
una cuestión de este tipo de calado. Yo, más bien, lamento que no haya una comisión de asuntos espirituales, porque sin duda sería el lugar donde tratar este tipo de panfletos. Pero, ya que me lo permite, señor presidente, yo creo que esta
iniciativa de VOX al menos me da pie a puntualizar algunas cuestiones que se han dicho aquí y que he leído en esta iniciativa. La primera, una de las que se ha dicho, el portavoz de VOX ha hablado de Cruz Roja y de Cáritas. Mire, yo no sé qué ha
hecho la Fundación Madrina durante la pandemia y tampoco tengo mucha noticia de lo que hizo la Cruz Roja, porque no soy un experto en esto, ahora sí le puedo decir que Cáritas estaba y estaba en los barrios humildes y en los barrios obreros de
Madrid donde yo me muevo, ahí estaba Cáritas dando de comer a la gente, dando de comer a los niños, a las madres, a los padres y a todo el mundo. Que usted nos haga aquí un sermón pseudocatólico para, a la vez, criticar lo mejor que tiene la
Iglesia católica -lo mejor- que es su labor pastoral, la labor pastoral que hace Cáritas, está claro que ustedes y nosotros no nos podemos poner de acuerdo en nada, en nada, absolutamente en nada. Si ni siquiera son capaces de valorar el buen
trabajo que hace gente como Cáritas. Alguna otra puntualización, ideológico, ideológico e ideológico es abrumador, es un poco cansino escuchar que según VOX ideológicos son los demás. Ellos no, ellos según parece hablan, no sé, Ex Máchina, hablan
directamente tomando la posición de la divinidad. Ellos son poco más o menos que los que verifican, los notarios de la verdad, vamos a decir. Porque ellos no tienen ideología, ideología es la de los demás. Son esas cosas que hay que hacérselo
mirar y hay que hacérselo mirar, sobre todo, no digo yo en las facultades, sino en las escuelas y en los institutos. En último lugar -y última puntualización-, una palabra que también repiten profusamente en su iniciativa y que me deja
completamente desconcertado es que hacen una crítica de la agenda globalista -de la agenda globalista-, pero, vamos a ver, vamos a ver si nos entendemos, señores de VOX, teóricos de la economía, como el austriaco Von Mises, como el británico Alfred
Marshall, franceses como el señor Leon Walras, todos grandes teóricos del neoliberalismo que ustedes profesan, vendieron siempre las virtudes de la globalización. Entonces, yo entiendo que con otras posiciones políticas como la que nosotros
mantenemos haya ciertas críticas sobre esos procesos de globalización y sobre la gobernanza de esos procesos de globalización, pero de ahí a hacer una crítica antihistórica quejándose de la agenda globalista, pero realmente pretenden ustedes
regresarnos previamente al siglo XV o cómo es esto. O sea, ¿la ultraderecha criticando la agenda globalista? Esto es algo que realmente no me cuadra. No logro entender cómo defienden ustedes los preceptos más neoliberales del mundo para luego,
acto seguido, decir que hay una agenda globalista. Señores de VOX, si se levantaran sus padrinos políticos o económicos, como los que acabo de citar, les daba un patatús escuchándoles. (La señora Cañizares Pacheco: No). Menuda defensa que hacen
ustedes...


El señor PRESIDENTE: Señor Guijarro, tiene que ir acabando, por favor.


El señor GUIJARRO GARCÍA: ... de ese tipo de teorizaciones que iban exactamente en el sentido contrario al que ustedes expresan. Entonces, aclárenme, porque francamente me cuesta debatir con ustedes, no sé por dónde me vienen ya.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Píriz tiene la palabra.


El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente.


Yo creo que lo que hemos vivido aquí es una falta de respeto a esta Comisión. Creo que, tanto por la temática que se ha traído aquí, porque la PNL podía tener su argumentación para estar aquí, pero la explicación que se ha hecho de la misma
no, tanto como por el organismo que se ha seleccionado para presentar esta propuesta, que no es el Ayuntamiento de Madrid, que es en el que se debe de sustentar el debate, sino el Congreso de los Diputados. Yo creo que VOX es especialista en crear
un problema y luego aparecer ante la sociedad como el que soluciona ese problema. Esto es muy antiguo, esto no lo ha inventado VOX, pero ellos son especialistas en hacerlo y este es un ejemplo. Yo creo que se lo tienen que

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mirar. Hoy aquí hemos escuchado palabras como: cinismo, hablando del alcalde de Madrid; como ciudad sectaria, hablando de Madrid; y yo creo que se lo tienen que mirar. Creo que estamos en una Comisión de Hacienda, estamos debatiendo
temas serios para los españoles y creo que esto se lo tienen que mirar, porque además estamos hablando de hechos irrefutables, y si vamos a los hechos, estamos hablando de los presupuestos de la ciudad de Madrid a los que VOX se niega a negociar, no
es que los negocie, se sienta en una mesa y se levanta porque no hay acuerdo, no. VOX se niega a negociar los presupuestos del Ayuntamiento de la ciudad de Madrid como negoció los dos anteriores. Otro hecho irrefutable: No negocia, pero critica a
los que negocian; crítica a los que se sientan y critica lo que sale de esa mesa cuando es él el que no se ha querido sentar en esa mesa, trasladando esa falta de lealtad que transfiere en muchas ocasiones y que seguro que los andaluces que nos
estarán viendo, están tomando nota, porque demuestran, en este caso y en otros muchos, que ponen por delante sus intereses antes de los de los madrileños y antes de los de los españoles. No voy a entrar en el fondo del tema, porque además es falso,
ya que estoy de acuerdo absolutamente en que la asociación hace un trabajo excelente, muy meritorio, y no es misión de esta Comisión enjuiciarlo o hablar de este trabajo, pero sí vamos a hablar de la ley de subvenciones, y con la ley de subvenciones
en la mano, esa que proponen modificar en el petitum de la propuesta, esta asociación tiene tres oportunidades de conseguir subvenciones del Ayuntamiento de Madrid, hasta tres líneas abiertas coincidentes con su ideario y con su descripción en los
estatutos de la asociación, y objeto y alcance de la misma. Habiendo esta posibilidad de subvenciones, me parece que esta PNL carece de fundamento en la forma y en el fondo.


Es curioso que VOX intente dar al Partido Popular lecciones de apoyo a la familia; es curioso y es hasta indignante. Yo le puedo contar lo que ha hecho el Partido Popular por las familias de este país. Le puedo contar lo que hizo durante
el Gobierno Aznar o el Plan familias durante el Gobierno Rajoy o como incluso aquí más cerca, en la Comunidad de Madrid, el Plan de natalidad de la presidenta Ayuso. Le puedo hablar de lo que hacemos nosotros; VOX tardaría 0,5 segundos en
contarnos lo que han hecho a favor de las familias.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ SOMOZA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el objeto de esta PNL es la de otorgar a dedo subvenciones, es decir, dar dinero público a una fundación antiabortista. Hablan de interés general, de utilidad pública o de interés social, del bien común, cuando en realidad lo que
están promoviendo es el más burdo de los sectarismos. Cuestionan el uso del dinero público asegurando que se hace con criterios estrictamente políticos, lo cual demuestra desconocimiento del derecho administrativo en el mejor de los casos, porque
en el peor estamos, una vez más, ante una tremenda irresponsabilidad con consecuencias negativas para las entidades públicas o privadas que puedan ser beneficiarias de una subvención pública. Se refieren en el texto de la PNL a las subvenciones de
concesión nominativas, que son esas que VOX persiguió cuando los beneficiarios eran asociaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, la FRAVM, o aquellas relacionadas con el orgullo por considerarlas chiringuitos de la izquierda,
lobbies para la organización del chiringuito del Día del Orgullo. Cuestionan las subvenciones públicas al mismo tiempo que su organización recibe más del 65 % de sus ingresos precisamente de estas subvenciones públicas. Señorías, ustedes no tienen
ningún problema con estas subvenciones, a ustedes lo que no les gusta es que el beneficiario no sea una fundación antiabortista, o aquellas que fomentan la LGTBIfobia, que es lo que ustedes promueven a diario. Las organizaciones LGTBI representan a
miles de ciudadanos de este país en defensa de sus derechos y para trabajar principalmente contra los discursos de odio, como han hecho hoy, que provocan ustedes cada día con sus soflamas. Una vez más, otro día más, otro ataque más de la
ultraderecha a las políticas de apoyo a las mujeres, a los colectivos LGTBI, atacan y menosprecian todo aquello que no está en lo que ustedes llaman unidad de pensamiento, en un claro ejercicio de hipocresía política; critican las subvenciones a
toda entidad que está fuera de su ideario político y fomentan aquellas que si encajan en él. Se trata de una ofensa a las asociaciones que hacen una labor de colaboración con las instituciones públicas en fines de interés social y a los colectivos
que los representan. Pero es que, además, con estos discursos que hacen, atacan y cuestionan a las administraciones públicas y, por tanto, a todos los empleados públicos. Hacen un grave daño a la democracia española y a sus instituciones. Niegan
con sus discursos también la violencia de género -van 1139 mujeres asesinadas por violencia de género desde

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el año 2003-; niegan ayudas a las asociaciones que promueven políticas de apoyo a huérfanos víctimas de violencia de género; niegan el machismo, se oponen a que se eduque contra esta lacra.


Con este tipo de iniciativas lo único que se promueve es el odio y el retroceso en derechos como el matrimonio igualitario o el aborto. Es muy preocupante que a día de hoy, en el año 2022, por iniciativas como esta y discursos como el que
hacen a diario, a pesar de todos los avances sociales conseguidos, estemos ante una amenaza real de regresión. A los socialistas nos tendrán enfrente y no daremos ni un solo paso atrás.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.


- RELATIVA A AJUSTAR EL IRPF A LA INFLACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003869).


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la proposición de ley número 6, relativa a ajustar el IRPF a la inflación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora España.


La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidente.


Efectivamente, es una proposición no de ley para ayudar a las familias -esto sí que es de verdad apoyar a las familias- que solicita ajustar el IRPF a la inflación. Se trata de una iniciativa que registramos en el mes de febrero. Es verdad
que se han debatido en esta Comisión e incluso en el Pleno iniciativas parecidas, aunque esta del Partido Popular es más amplia y más completa. Recordarán ustedes cuando la vicepresidenta primera decía que la inflación iba a ser un fenómeno
transitorio, igual que realizó aquellas declaraciones diciendo que el impacto económico del coronavirus iba a ser transitorio y poco significativo. Pues bien, ya han visto ustedes la inflación que estamos sufriendo en nuestro país, la mayor de los
últimos treinta años, un 40 % superior a la de la media de la Unión Europea; una inflación que en diciembre ya era del 6,5 %, por tanto no imputable a la guerra de Putin, que en el mes de marzo ha sido del 9,8 % y en abril del 8,4 %.


Lo que empezó con una fuerte subida del precio de la electricidad, que negaba hasta el propio presidente del Gobierno cuando decía que íbamos a pagar lo mismo que en el año 2018, cosa que tampoco se ha cumplido, se ha trasladado a toda la
cesta de la compra: el aceite de oliva ha subido un 30 % la pasta un 20 % la fruta un 8 %, etcétera, etcétera. Realmente este incremento de precio tiene un perjuicio muy claro para las familias, que es la disminución del poder adquisitivo, el
empobrecimiento y la pérdida de competitividad para las empresas. La ministra de Hacienda repite una y otra vez que el exceso de recaudación -estamos en unas cifras de recaudación récord. Hay que recordar que en este primer trimestre se han
recaudado 1000 millones de euros más, que es lo que había previsto de incremento para todo el año- es consecuencia del crecimiento económico y de la creación de empleo. Nada más lejos de la realidad, porque en el año 2021 aumentó la recaudación un
15 % y el crecimiento económico fue del 5,1 %, es decir, que la recaudación ha triplicado la tasa de crecimiento económico, y en el primer trimestre del año 2022 la recaudación ha aumentado un 20 % el crecimiento económico tan solo ha registrado un
crecimiento del 0,3 %, es decir, un parón absoluto de nuestra economía. Por tanto, esa recaudación histórica es única y exclusivamente como consecuencia de la inflación que está empobreciendo a nuestras familias y haciendo perder competitividad a
nuestras empresas. Está claro que lo que se produce es un ensanchamiento de las bases imponibles. Es una recaudación récord, a pesar de que estamos muy lejos de recuperar los niveles del PIB previos a la pandemia.


Entendemos que hay que compensar de alguna forma a las familias por ese exceso que están pagando por la inflación, hay que devolverles una parte de los impuestos que están pagando para que tengan una mayor renta disponible. Si se deflacta
el IRPF y se aplica no solo en los tramos, sino también en las deducciones y en los mínimos personales, está claro que el efecto se vería ya mes a mes y las retenciones serían menores, por lo que la renta disponible, el saldo disponible de las
familias aumentaría mensualmente.


Saben ustedes que esta es una iniciativa que se ha incluido dentro del plan que el presidente Feijoo ha enviado al presidente del Gobierno, el Plan en defensa de la familia y de la economía de España, un conjunto de propuestas entre las que
se incluye precisamente deflactar el IRPF, pero también hay otras medidas, como adoptar una serie de iniciativas para que la aplicación de los fondos europeos resulte más

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útil, racionalizar el gasto burocrático del Gobierno o reformas estructurales para incentivar la actividad económica. Pero hoy, en particular, queríamos centrarnos en la medida más directa de apoyo a la familia, que es la deflactación del
IRPF, y por eso instamos al Gobierno a deflactar el IRPF modificando no solo los tramo, sino también los mínimos personales y el resto de deducciones, para evitar que este incremento de la recaudación tributaria, apoyado fundamentalmente en la
inflación, siga reduciendo el poder adquisitivo de los ciudadanos.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón tiene la palabra.


El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.


Creo que esta proposición no de ley, que además repite el Partido Popular, es muy engañosa desde el punto de vista económico, y voy a ser claro. Cuando habla de lo que hizo el Partido Popular, modificar tramos y modificar los tipos
correspondientes, hay que tener en cuenta una cosa: si la inflación afecta a los ingresos de las personas y estos crecen con la inflación, realmente estas personas no han perdido poder adquisitivo. Si no aumentaran, han perdido poder adquisitivo,
pero también esto afecta a la recaudación, porque la recaudación del Estado sirve para pagar los gastos públicos que también están sufriendo la inflación. Está claro que en los límites que hay en los tramos, y no hablo ya de los tipos, sí puede
haber un salto, porque al saltar de tramo aumenta el tipo correspondiente a ese tramo, y eso sí podría analizarse. Pero ocurre también lo contrario si ustedes lo que quieren es aumentar las deducciones, porque si las aumentan lo que hace es caer de
tramo. La música que suena aquí es como que ha habido un incremento de la recaudación del 6,7 o del 7 %, porque es lo de la inflación, y eso no es cierto porque la gente no ha aumentado sus ingresos en esa proporción. El incremento de la
recaudación es debido en parte a eso, algo, en el salto de escalones, y en parte a otras cuestiones. Pero hay que ver las dos caras de la moneda. La inflación afecta también a los ingresos públicos, que son los que pagan los servicios públicos,
las pensiones, a los funcionarios, etcétera; si no, tampoco podría aumentar no digo con la inflación o con una parte parecida.


Por tanto, creo que hay que tener mucho cuidado cuando se transmiten estas ideas, porque económicamente son bastante más complejas de lo que parece.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, ¿quiere intervenir alguien? (Denegación). Pues será el señor Guijarro quien tenga la palabra por el Grupo Confederal de Unidas Podemos.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.


Como ya se ha dicho, venimos discutiendo este tema profusamente en las últimas semanas, ya lo hemos discutido en esta Comisión y en el propio Pleno. Es verdad que esta iniciativa presenta alguna novedad con respecto a las anteriores, pero,
en fin, yo diría que es una novedad de matiz. El debate, por lo demás, creo que está ya bastante agotado.


Por incidir en algunas de las cuestiones que se han dicho, ciertamente estamos viviendo un contexto de alta inflación, eso es evidente; ahora bien, quiero aprovechar el día de hoy para felicitarme por el hecho de que Europa haya aprobado la
propuesta de nueva regulación energética en el mercado ibérico que, como todos los economistas y analistas han pronosticado, va a hacer reducir drásticamente las cifras de inflación que hemos venido padeciendo, dando así entender que efectivamente
la inflación subyacente ahora mismo está más o menos controlada. Digo también todo esto porque aparentemente esta medida que hoy nos aprueba Bruselas, y que va a ser definitiva o en gran medida determinante, aparentemente no le gustaba demasiado al
Partido Popular. Tendrán que explicar no ya a este Gobierno, sino al menos a la ciudadanía por qué están en contra de que se establezcan limitaciones básicas a un precio de la energía después de los meses que hemos vivido últimamente. Eso por un
lado.


También creo que el Grupo Popular al traer este debate no deja de introducir un elemento cierto que debe ser tenido en cuenta. Ciertamente, en espirales inflacionarios este tipo de baremos, o todo aquello que tiene que ver con baremos
normativos, debe ser revisado. Ahora bien, lo que opina mi grupo parlamentario es que esa revisión se debe producir en el contexto de la reforma fiscal que este país tiene que acometer. Es decir, en línea con lo que decía el señor Mazón, un tema
de tanta complejidad como es el que nos ocupa,

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sería cuando menos frívolo tratarlo en su singularidad sin entender todas las derivaciones que tiene de cara a la reestructuración, digamos, de ese sistema fiscal español que, como digo, está a las puertas o a la espera al menos, de una
reforma en profundidad. Cuando se dé ese debate y esa reforma entenderemos que el Grupo Popular introduzca este elemento, y seguramente al calor de otros que surjan en ese debate, mi grupo parlamentario incluso podría llegar a coincidir con algunos
de los planteamientos que haga el Grupo Popular. Ahora bien, en este contexto, como digo, no me parece que sea pertinente su debate y más bien me da la sensación de que hay un cierto oportunismo detrás de esta propuesta. Parece que hay una cierta
competencia en las derechas para ver quién se pone la medalla más grande de ver quién baja más impuestos. Pero, claro, no responden, como siempre, a qué hacemos con el déficit público, con la deuda, en fin, con todas esas cuestiones que
aparentemente no son problema suyo.


Por último, sencillamente -veo que se me acaba el tiempo- voy a utilizar diez segundos para decir que la opción de este grupo parlamentario para atender los estragos que la inflación causa sobre todo los estratos más bajos de nuestra
sociedad no es tanto una bajada generalizada de impuestos, sino la implementación de medidas sociales como las que ya está promoviendo el Gobierno. Es mucho más importante, por ejemplo, limitar las subidas del alquiler a un 2 %, como se ha hecho
recientemente, que andar con una cuestión de matiz sobre un deflactor particular.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.


A continuación intervendrá el Grupo Parlamentario VOX. El señor Manso tiene la palabra.


El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente.


No creo que esto se trate de que las derechas -lo ha dicho alguien por ahí- estemos colgándonos medallas. Lo que sí es cierto es que esto ya ha ido incluso a Pleno y ha sido rechazado. Nos cuesta entender qué con una inflación del 9,818,
2,4 puntos superior a la media de la Unión Europea, nos diga la ministra que este es un fenómeno, como dijo en su momento, temporal -porque la subyacente es lo que realmente nos importa y no deja de subir, y la subyacente subirá más- y no vamos a
corregir la tabla del impuesto.


También quisiera hacer reflexionar a sus señorías sobre una cosa. El problema de la inflación y el IRPF es la progresividad del impuesto. Fíjense ustedes que en el impuesto de sociedades, que es un impuesto de tarifa plana, lógicamente, no
se produce este problema. Sin embargo, aquí como bien nos explicaba el señor Mazón, por el incremento del tipo medio con los saltos de escala es por lo que se produce precisamente el efecto de que los impuestos suban más que proporcionalmente a la
inflación. No nos parece justo que los impuestos suban más que proporcionalmente a la inflación cuando todos los españoles están viendo sus rentas resentirse, a veces en términos nominales y a veces en términos de poder adquisitivo. Además,
estamos viendo otras mermas de la renta disponible de los trabajadores y del común de la ciudadanía, como la subida de los tipos de interés. El único que aquí parece que no está dispuesto, y en esto sí que compiten las izquierdas, a ajustarse a la
nueva situación, en la que todos somos más pobres, es el Estado.


Dicen los tradicionalistas que si el pueblo es pobre, el rey debe ser pobre. Esto parece que aquí no nos entra en la cabeza. Por otro lado, señor Guijarro, nosotros no estamos contra la globalización, sino contra el globalismo, que son dos
conceptos totalmente distintos. Tampoco creo que esté usted en contra de Walras, porque el teorema de la competencia perfecta tampoco va a ningún lado, y, probablemente, nosotros estemos mucho más a gusto con Röpke que con Mises que, como sabe
usted, es el creador del Estado social de derecho alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, y que son los que se merecen realmente el término neoliberal, es decir, con unos liberales mucho más moderados o con un sentido social, y no como lo
emplean ustedes, que utilizan el término neoliberal para los liberales clásicos de tipo smithiano, mucho más agresivo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Manso.


Para finalizar, y por tres minutos, tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.


Hoy hemos escuchado aquí a un evangelizador de VOX. Desde luego, quiero empezar manifestando mi repulsa, que no se vuelva a dar en una Comisión en este Congreso de los Diputados la evangelización. Eso se queda para los speakers' corner
modernos, que los podemos ver hasta la Puerta del Sol.

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Es la tercera vez que debatimos este tema, la deflación del IRPF. Las derechas se empeñan en vender un ahorro tributario a costa de un aumento de la inflación, que es el efecto que tendría justamente esta medida. Se niegan a admitir que el
ahorro tributario evidentemente es para las rentas más altas, no para las rentas de menos de 12 500 euros, que no tendrían ningún tipo de ahorro tributario. Les quiero decir que nosotros estamos luchando contra la inflación, que es el impuesto de
los pobres y lo que más nos preocupa en estos momentos. Celebramos la aprobación preliminar de ayer, que va a significar para un hogar con un consumo medio, que viene pagando 100 euros de electricidad, bajar a 50 euros, dividir por dos el coste
energético que tienen los hogares españoles. Por tanto, topar el precio del gas va a tener un efecto inmediato. Esa es la medida que celebramos, gracias al Gobierno que ha conseguido junto a Portugal la excepcionalidad ibérica, que es lo que de
forma más inmediata va a dar solución a los efectos inflacionista que vivimos en estos momentos.


La novedad es que viene por parte del Partido Popular. ¿Qué credibilidad tiene el Partido Popular hablando de deflactación? Siete años de Gobierno que nunca deflactaron; cuando se deflactó la última vez, en 2008, el señor Montoro decía
entonces que eso tenía efectos inflacionistas. Estamos hablando de una inflación del 1,4 en 2008. Pero luego, por otra parte, aprueban la desindexación en las reformas que vendieron en la Unión Europea 2013-2014. Qué credibilidad tiene el Partido
Popular cuando acaba de votar en contra de la bajada del IVA de la electricidad; cuando acaba de votar en contra de la supresión del impuesto de generación eléctrica; cuando acaba de votar en contra de la reducción al 0,5 del impuesto de la
electricidad; cuando acaba de votar en contra de la ayuda de 20 céntimos al combustible; cuando acaba de votar en contra de la subida del 15 % del ingreso mínimo vital; cuando acaba de votar en contra de la ampliación del bono eléctrico a 600 000
beneficiarios más; cuando acaba de votar en contra de que a la gente no se le pueda echar de aquellas empresas que tengan ayudas públicas. En definitiva, ninguna credibilidad, populismo fiscal, que es el que ustedes ejercen. La inflación, hay que
abordarla con prontitud y con medidas eficaces.


El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, ha pasado su tiempo.


El señor HURTADO ZURERA: Lo que no pueden ustedes, si quieren ser un partido serio, alternativa de Gobierno, es proponer medidas fiscales que en estos momentos tendrían un enorme efecto inflacionista.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LA REFORMA DEL SISTEMA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PLENO RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 161/004063).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la iniciativa número 7, por la que se insta al Gobierno a garantizar la transparencia en la reforma del sistema de acceso a la Función pública, con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito
y capacidad.


Para su defensa, por un tiempo de cinco minutos, la señora De Luna, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.


La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la Constitución española en su artículo 3 proclama como principios para acceder a la Función pública el de igualdad, mérito y capacidad. Estos valores o principios no solamente están en el momento en que un funcionario adquiere
dicha condición, sino que también han de darse durante toda la vida laboral en la Administración pública; principios que son el pilar básico para garantizar una Administración pública cuya finalidad es servir con objetividad y neutralidad al
interés general. En el mes de abril de 2021 el Gobierno anunció la constitución de un grupo de análisis y propuesta de reforma de la Administración que, entre otros temas, también iban a abordar la modificación del sistema de acceso a los cuerpos
superiores de la Administración. No hemos tenido desde ese momento ningún tipo de conocimiento sobre cómo van estos trabajos, y lo poco que ha trascendido no ha concitado la aprobación de nadie. De hecho, han sido las propias asociaciones
profesionales de defensa y representación de los funcionarios públicos los que han manifestado el malestar por la falta de diálogo, de claridad y de transparencia que se está produciendo en este grupo de trabajo.

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En las comparecencias que hicieron en esta Cámara los tres ministros que llevamos en dos años en Función Pública, hablaron de que había una voluntad de modificar el sistema de acceso para los grupos. Lo poco que ha trascendido, y lo sabemos
por los medios de comunicación, es que dicen que hay que reducir los ejercicios de conocimientos para potenciar los cursos selectivos. Es decir, pretenden rebajar la exigencia de las pruebas de carácter oral y teórico y reforzar los conocimientos
prácticos y subjetivos. Si bien es cierto que los procesos selectivos se tienen que ir acomodando a las distintas realidades sociales, no se tiene que romper radicalmente con un sistema que ha dado innumerables pruebas de calidad. Cualquier
modificación que se realice debe aspirar a mantener una garantía de especialización y excelencia como mejor forma de apuntalar la igualdad, el mérito y la capacidad, a la que hacía referencia, de quienes ejercen las funciones en las escalas
superiores de la Administración. No se pueden reformar, como digo, de forma radical y tampoco generalizada las pruebas de acceso, porque dentro de estos cuerpos superiores hay cuerpos especializados que necesitan de unas especificidades y pruebas
determinadas para acceder a distintos cuerpos. Por ello, es muy importante que se escuche a las distintas asociaciones profesionales de los distintos grupos A1 que son los que en realidad conocen la Administración, porque accedieron a ella y
trabajan en ella.


Tampoco puede guiarse el Gobierno por una demonización de los conocimientos teóricos y de los exámenes orales. De hecho, esta fase de la oposición es como el resto también, pero aquí es absolutamente objetiva y además permite al tribunal
examinador poder formular preguntas mientras el opositor está exponiendo los temas. Además, no solamente pone de manifiesto los conocimientos teóricos que tienen los opositores, sino que también evidencian una serie de cualidades, como son la
capacidad oratoria, la expresiva, la capacidad de resolución y análisis a cuestiones prácticas, la capacidad de comprensión, de razonamiento, también cómo gestionar momentos de tensión, la resiliencia, etcétera. En definitiva, estas pruebas son
exigentes pero han dado una gran excelencia y han asegurado que la Administración cuente con unos cuerpos especializados que están integrados por profesionales altamente cualificados. Son, además, pruebas, como decía, que siempre han garantizado la
objetividad de los procesos selectivos, que es otro de los principios que también consagra la propia Constitución.


La oscuridad del Gobierno respecto a la posible reforma es muy preocupante, pero también lo es que no se tengan en cuenta las aportaciones, que ni siquiera se haya escuchado a las distintas asociaciones profesionales, como digo,
representantes de cada uno de los grupos A1 de la Administración. Ellos incluso han solicitado participar y no han tenido ni siquiera respuesta por parte del Gobierno. La defensa de estas pruebas teóricas y orales, como digo, son absolutamente
compatibles con que se pueden ir adaptando también a estas realidades sociales, incluso a las distintas particularidades que tienen cuerpos especiales de los grupos A1. Entendemos también que en un contexto digital y de globalización, a lo mejor
hay que reforzar estas materias e incluso a lo mejor potenciar más los idiomas, que ya suelen existir como pruebas en estos exámenes, pero de ningún modo debe haber una reforma que tenga que reducir las altas actitudes que hoy se logran en estos
procesos selectivos, y tampoco, como digo, que se dé la espalda a los funcionarios.


Entendemos que tiene que haber diálogo y transparencia y, por tanto, lo que estamos haciendo es presentar esta PNL en la que, en resumen, pedimos respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; que se respeten las
pruebas teóricas y orales, sin perjuicio de introducir también modificaciones especiales de cuerpos determinados y también de las realidades sociales que van modificando, y, por último, que se tengan en cuenta todas las aportaciones que pueden hacer
los distintos cuerpos a través de las asociaciones profesionales, que son los que están trabajando, llevando a la Administración pública, y son los que además la conocen en profundidad.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora de Luna.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra el señor Aceves.


El señor ACEVES GALINDO: Muchas gracias, presidente.


Señorías, buenos días a todas y a todos. Debatimos sobre una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular referida a la transparencia en la reforma del sistema de acceso a la Función pública y además con una coletilla que no deja
de ser curiosa, que dice: con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad; como si no se estuvieran cumpliendo. La verdad es que a mí me sorprende

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cada vez que el Grupo Popular presenta iniciativas que vienen a proponer cosas que cuando gobiernan hacen todo lo contrario y se piensan que la memoria es selectiva y que la gente no se acuerda. Para rematar la situación, nos hablan de la
Constitución española. Se lo he dicho alguna vez, señorías del Partido Popular, el único partido vigente que firmó la Constitución fue el Partido Socialista, sus herederos la votaron en contra. Por tanto, hombre, lecciones de constitucionalismo,
cuando no renuevan ni siquiera el Consejo General del Poder Judicial, creo que tendrían que tenerlo muy en cuenta. Pero además nos piden cuestiones que ya están en marcha, señorías, si es que ya existe. (Muestra un documento). Fue un documento
para la orientación en materia de cambios de la selección de la Administración General del Estado. Ya existe. El Gobierno desde noviembre de 2020... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señor Aceves.


Señorías, se oye un mar de fondo que impide que se oiga al interviniente, así que les ruego silencio.


Siga, señor Aceves.


El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidente.


Desde noviembre de 2020, el actual Gobierno de España puso en marcha un programa para repensar la selección mediante un debate reflexivo que venía, de alguna manera, a prever y a intentar escuchar los problemas que teníamos en nuestro país
por algo clarísimo: por el envejecimiento de las plantillas, por la insuficiencia de efectivos o por el impacto de la revolución tecnológica y digital dentro de lo que es el empleo público. Fruto de ese debate con la sociedad, con los sindicatos,
con los colectivos, con la universidad, con los expertos, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos se puso en marcha, a través de cinco debates, seis paneles y cuatro talleres de personas expertas en los que participaron más de 75
profesionales de las tres administraciones públicas, también del ámbito de la investigación. Por tanto, señorías, este debate que se está produciendo ya está desfasado, porque ya se ha producido en los últimos años en nuestro país. Fruto de ese
debate se puso en marcha este documento. Estas orientaciones para el cambio en materia de selección en mayo de 2021. Un documento público que está al acceso de cualquiera de nosotros, señorías, en el que se da una serie de recomendaciones. De ahí
es de donde viene la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, una enmienda consensuada con todos estos expertos y con todas las administraciones y colectivos que han participado en la misma. Es una enmienda que viene a respetar, por supuesto
-¡faltaría más!-, los principios básicos de nuestro marco constitucional en el acceso a la Función pública, pero también viene a decir claramente, señorías, que, como en todas las cosas en la vida, hay que avanzar. ¿Y por qué no? Repensar un
modelo tomando en cuenta lo importante, lo positivo que ha dado el actual, para poderlo mejorar y para poder hacer un acceso a la Función pública con las mejores características. ¿Por qué? Porque también es bueno evaluar las competencias de los
opositores respetando, por supuesto, a los formadores, y respetando también, en este caso, a los opositores. Entonces, señorías, yo lo que le pido a la proponente del Grupo Popular es que acepte esta enmienda, porque creo que avanza en una línea
que podríamos compartir y al mismo tiempo refleja la realidad de un Gobierno que ya está trabajando en un sistema que, además, como ven, es compartido por otros muchos sectores.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aceves.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón tiene la palabra. (Denegación). No quiere intervenir. La señora Sagastizabal (Denegación), tampoco. Señora Martínez, tiene la palabra.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.


Existe un punto de partida que todos, con mayor o menor intensidad, compartimos y es la necesidad de adaptar el sistema de oposición a una sociedad y a una Administración que está cambiando rápidamente. Son varios los fenómenos que apuntan
a esa necesidad de mejora, pero probablemente la digitalización de la sociedad, los cambios profundos que se están produciendo en la economía y en la geopolítica y la garantía de acceso a la Función pública con igualdad de oportunidades sean los más
relevantes. Para esa adaptación el Gobierno parece confiar en un modelo mixto de oposición que combine los conocimientos adquiridos mediante memorización con pruebas que evalúen las aptitudes. Sin embargo, desde Ciudadanos, tras haber hablado con
los colectivos afectados, consideramos que esa evaluación de las aptitudes debe hacerse con cautela en aras de evitar la aplicación de criterios demasiado subjetivos.

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Respecto al actual sistema, no se basa solo en la memorización, sino que también exige otras capacidades, aunque tiene aspectos mejorables, que nadie niega, pero no olvidemos que garantiza la imparcialidad y la especialización y premia el
mérito y el esfuerzo. Actualmente, en España existe un problema de falta de personal en la Administración, utilizando datos del propio Ministerio de Hacienda y Función Pública, la plantilla de funcionarios tiene una media de edad de 52 años frente
a los 42,5 años del sector privado. Más datos preocupantes: que en menos de diez años se jubilará el 56 % de la plantilla de empleados públicos, donde solo el 12 % tiene menos de 40 años. Esta situación es especialmente crítica en departamentos
de la Administración, como la Seguridad Social, donde la media de edad es de 55 años y se jubilarán, a corto plazo, el 10 % de los efectivos. Ante este problema, debemos buscar soluciones que fomenten la vocación por el servicio público, como puede
ser, por ejemplo, medidas para garantizar la diversidad social y territorial con medidas que no menoscaben el grado de exigencia y de calidad, como lo serían, la aplicación de permisos remunerados para el estudio de las oposiciones o becas y
créditos blandos que permitan el acceso a las personas que, por su situación económica, actualmente no se pudieran permitir opositar. Es completamente necesario atraer talento joven hacia el sector público y estas medidas, junto con las que propone
el Grupo Popular en su PNL, creemos que son las más adecuadas para conseguirlo y, por tanto, apoyaremos la proposición no de ley del Grupo Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.


¿Por el grupo Republicano? (Denegación). Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Honrubia tiene la palabra.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias.


Es una cuestión que se vuelve a debatir en esta Comisión por segunda vez en lo que va de legislatura. Lo entendemos, porque, efectivamente, cuando desde un espacio de Gobierno, desde un ministerio, se hace un anuncio que genera una serie de
dudas y genera una serie de tensiones en colectivos que pueden verse afectados, tanto funcionarios que ya trabajan dentro de la Administración, como personas que están aspirando a opositar, etcétera, pues es lógico que se genere esta situación y que
esto, a su vez, provoque debates varios en esta Comisión. Consideramos que esta PNL que está presentando ahora el Grupo Popular básicamente es una versión conservadora de una PNL que ya se debatió y se aprobó en esta Comisión, a propuesta de mi
grupo, que contó con el apoyo, entre otros, del Grupo Socialista, con el cual logramos negociar algunas enmiendas que mejoraron su contenido y en la que básicamente todas las propuestas que se están haciendo ahora, al menos en su versión más lógica,
más de sentido común, que creo que compartimos todos los grupos de esta Cámara, que tienen que ver, por un lado, con la cuestión de la transparencia, de que todo el proceso tenga la correspondiente transparencia y se aporte la información de cómo se
van haciendo los trabajos y sobre qué contenidos se van desarrollando, por supuesto, con el respeto de los criterios constitucionales de igualdad, mérito, etcétera. También en la parte que tiene que ver con el diálogo con los sindicatos y con las
asociaciones profesionales. Sí es verdad que aquí siempre nos resulta curioso que la cuestión de incorporar a determinadas asociaciones profesionales o a determinadas plataformas y colectivos sociales a negociaciones de este tipo tienen que ver con
el tipo de materia que se aborde y, por ejemplo, cuando tienen que ver con la cuestión funcionarial casi siempre los grupos de la derecha están a favor de que se haga y, sin embargo, cuando tienen que ver, por ejemplo, con otra materia, como es el
diálogo sobre pensiones, pues siempre se niegan a que las plataformas y colectivos de pensionistas que luchan en la calle o que están presentes en el debate tengan esa misma capacidad. Nosotros tenemos siempre el mismo criterio, creemos que si hay
asociaciones que defienden intereses y que tienen propuestas, se les debe escuchar y, por tanto, lo compartimos también en este caso. Creemos que la parte conservadora es la de sin negar que, efectivamente, el sistema vigente ha permitido dotar de
un buen personal capacitado y que tiene una serie de ventajas, pues el negarse, de alguna manera, como hace esta propuesta, a que se estudien nuevas vías y nuevas fórmulas que permitan mejorar el sistema, adaptarlo a los tiempos y a las
problemáticas que hay y que existen dentro de la Administración que, por ejemplo, ha relatado previamente la portavoz del Grupo Ciudadanos, atraer talento joven, etcétera, pues creemos que la negativa que se deja ver de alguna manera en esta PNL no
corresponde, lo que corresponde es esperar a que el Gobierno acabe con los trabajos que está realizando, que se plantee la propuesta de reforma del sistema que se tenga que plantear, a partir de ahí hacer una valoración de si efectivamente cumple
con los criterios constitucionales y si efectivamente va a seguir garantizando un personal cualificado, preparado y solvente para ocupar las plazas que corresponda y tomar una posición política, pero de partida ya asumir,

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desde el punto de vista conservador, que el sistema actual es el único válido para lograr todos estos objetivos, no nos parece oportuno. Por tanto, por ser reiterativa y por ser una versión conservadora de lo que ya se aprobó en esta
Cámara, votaremos en contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Honrubia.


Para finalizar, señor Sáez, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑÚMER: Gracias, señor presidente.


Debatimos la PNL del Grupo Popular para garantizar la transparencia en la reforma del sistema de acceso a la Función pública con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Nos preocupa -y mucho- que se lleve a cabo un
cambio en el que la subjetividad se imponga a la objetividad; un cambio en el que la evaluación de las aptitudes se priorice sobre el conocimiento; un cambio que no garantice la imparcialidad y la especialización. Nos preocupa -y mucho- un cambio
a un sistema en el que no se premie el mérito y el esfuerzo; un cambio que menoscabe el grado de exigencia y la búsqueda de la excelencia, porque la búsqueda de la excelencia está reñida con premiar la mediocridad. Nos preocupa -y mucho- que se
lleve a cabo un cambio que pueda suponer una reducción en la calidad de los servicios públicos. Si reducimos la calidad, es decir, el nivel de especialización e independencia de los funcionarios, los efectos negativos permanecerán durante décadas.


Señorías, cualquier reforma del sistema de acceso a la Función pública debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, planes de cobertura de vacantes con visión estratégica y con sentido de Estado. Ello supone la planificación y el rediseño
continuo de las necesidades. Recordemos que, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el número de asalariados públicos en el conjunto de las administraciones ha pasado de 2 931 500 en 2006 a 3 449 100 en 2021, y que este
crecimiento se ha producido principalmente en la Administración autonómica. Segundo, planes de selección que, en primer lugar, busquen la excelencia; en segundo lugar, permitan avanzar en la necesaria digitalización de las administraciones
públicas y, en tercer lugar, permitan atraer al mejor talento joven; planes de cobertura y de selección que deben vincularse con una futura carrera profesional en la que, primero, se eliminen barreras que dificultan la movilidad entre las diversas
administraciones; barreras, como las lingüísticas, que nada tienen que ver con la capacitación para el puesto de trabajo y que tanto perjudican a los españoles y que se eliminen discriminaciones de tipo salarial entre las distintas
administraciones, de forma que se cumpla el principio de mismo sueldo para el mismo trabajo, discriminaciones que ponen de manifiesto diversos colectivos, como los funcionarios de prisiones y los cuerpos y fuerzas de seguridad.


Para terminar, nos preocupa la pérdida del valor de la excelencia en la Administración pública, como estamos viendo que se está perdiendo en la educación y en la defensa de valores y principios en la política.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez.


Señora De Luna, a efectos de la enmienda, ¿acepta la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Socialista?


La señora DE LUNA TOBARRA: No, no la acepto, presidente.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- PARA LA REFORMA DEL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 36 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS.
(Número de expediente 161/003533).


El señor PRESIDENTE: Para finalizar, pasamos a debatir la iniciativa que tiene el número 3: proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, para la reforma del apartado 3 del artículo 36 del texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.


Tiene la palabra, para su defensa, la señora Martínez.

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La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.


Quiero agradecer su labor y que nos haya permitido cambiar el orden del día y también a los otros portavoces, porque, si no, sería imposible poder llegar a algunas comisiones.


Desde Ciudadanos presentamos una proposición no de ley, como dice su enunciado, para llevar a cabo una reforma puntual del apartado 3 del artículo 36 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que deje claro en
el texto de la norma que, a la hora de tener en cuenta la representatividad de las organizaciones sindicales en la mesas comunes, se tomarán en consideración los resultados obtenidos en el conjunto de las elecciones a los órganos de representación
del conjunto de empleados públicos, funcionarios y laborales, del correspondiente ámbito de negociación. Una solución que garantizase el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos con representatividad suficiente y su legitimidad para
formar parte de la unidad de negociación que comprenda la totalidad de los empleados públicos en las mesas conjuntas pasaría por la reforma puntual del artículo 36.3 del TREBEP sobre negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo
comunes al personal funcionario, funcionario estatutario y laboral, de cada Administración pública y a cuyo tenor -añadir- además también estarán presentes en estas mesas generales las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de
Negociación de las administraciones públicas siempre que hubieran obtenido el 10 % de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la mesa de que se trate. Es una modificación sencilla que creemos que
podría solucionar algunos problemas que llevan demandando los empleados públicos durante muchísimo tiempo. Solicito el apoyo de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esta proposición no de ley.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón, ¿quiere intervenir? (Pausa).


Tiene la palabra.


El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.


Está claro que aquí hay una necesidad, porque una gran mayoría de sindicatos no estaban representados en estas mesas generales y parece que es una carencia de la normativa. Nosotros creemos que esto sí merece un estudio y, probablemente,
algún cambio claro. Lo digo, ya no solo, porque desde el punto de vista político pueda ser interesante, sino porque en casos muy particulares aquí hay una incoherencia, desde el punto de vista de representatividad, sobre todo en algunos
ayuntamientos en los que hay colectivos muy grandes que prácticamente no tienen acceso a uno de los dos colectivos: o laborales o funcionarios. En la práctica se van a quedar solo en los dos grandes sindicatos prácticamente y en algunos casos se
puede dar la paradoja de que no tenga ningún representante ningún partido, a pesar de tener una gran mayoría. Pongamos un ejemplo de un ayuntamiento, más o menos pequeño, en el que un sindicato que tiene mucha representación en el ámbito
funcionarial, saca el 95 % y otro sindicato, que tiene mucha representación en el ámbito laboral, saca otro 95 % y ninguno puede llegar, porque ninguno llega al 10 % en los dos colectivos. Creo que hay que corregirlo. Por eso, yo creo que estaría
bien que esto se debata y se llegue a una representación, que no quiere decir que tengan que estar todos, ni mucho menos, en las mesas generales, pero hay algunos casos, por ejemplo, en el tema de la sanidad, en algunos ayuntamientos o imaginemos
los sindicatos de policías que tienen un sindicato bastante característico y que son muy numerosos. Yo creo que hay que estudiar este asunto y hay que buscarle una solución.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Mi grupo siempre ha defendido la libertad sindical y siendo conscientes de que puede haber un problema como el que se nos ha planteado hoy, lo cierto es que creemos que este debate, desde luego, necesita un debate mucho más profundo que lo
que se hace en una en una PNL que, si bien es verdad que hace que los grupos políticos nos tengamos que posicionar, realmente no tiene ningún efecto práctico. Por eso creemos que necesitamos un debate mucho más sosegado y en profundidad acerca de
este problema, sobre cuáles son las consecuencias, si hay una memoria mucho mayor y, si cabe, mucho más explícito. Entendemos la dificultad existente para garantizar esa representación

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sindical real, pero creemos que el debate se ha de realizar en algún otro lugar o a través de una proposición de ley. Nosotros nos vamos a abstener.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Popular, el señor Pagès, tiene la palabra.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Gracias, señor presidente.


Nosotros también estamos a favor de esta propuesta, que pensamos que es en defensa de la libertad sindical y de la pluralidad como valor fundamental de todo Estado democrático también en el ámbito de la pluralidad de la representación
sindical y dentro de ésta en el ámbito de la representación sindical en el sector público. Acogemos la iniciativa presentada porque responde a una demanda de una gran mayoría sindical en el sector público, y especialmente en Cataluña, donde hay
sindicatos independentistas, pero no solo por el carácter ideológico de los sindicatos, donde hay sindicatos de diferente sentido ideológico, sino porque también representan a sectores concretos muy particularizados que cada vez tienen más
representación. Entendemos que la interpretación que hace el Tribunal Supremo de los artículos 7.2 y 36.3 del EBEP, sobre la representación sindical es restrictiva del derecho de participación sindical. La exigencia de una representatividad del 10
%, tanto de los empleados públicos funcionarios como de los laborales, es una interpretación restrictiva, porque restringe la pluralidad y supone una limitación injustificada del derecho de negociación colectiva, lo que puede llevar a situaciones -y
de hecho lleva a situaciones- como las que ha expuesto el señor Mazón ahora mismo, en las que habiendo representatividad e interés de que haya una representatividad sindical, ésta no pueda darse por una interpretación excesivamente restrictiva. Por
tanto, debe impedirse una interpretación cuestionable que, intencionadamente o no, viene a reforzar la posición de monopolio de la representatividad sindical para los sindicatos sistémicos, y esto pasa por una reforma puntual del apartado 3 del
artículo 36 del EBEP, como viene recogida en la propuesta presentada. Por tanto, vamos a votar favorablemente.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pagès.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Vallugera tiene la palabra.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidente.


Esta es una proposición no de ley que si no hubiera llegado de la mano de Ciudadanos hubiera llegado más tarde o más temprano de la mano de cualquier otro grupo, porque los grupos que están en el entorno de esta plataforma del EBEP 36.3
están haciendo una intensísima labor de explicar a los diputados y las diputadas por qué es tan importante que el cuerpo de esta ley, que al final es un epígrafe, es el punto 3, sea modificado para que no se puedan dar las interpretaciones que a
raíz de las diferentes sentencias de los tribunales han tenido como resultado esta interpretación restrictiva del derecho de sindicación, según nosotros creemos. Al hilo de esto ya hay algún informe emitido, en concreto, una prestigiosa catedrática
de la Universitat de València emitió un informe que explicaba de qué manera esta interpretación afecta a la capacidad de representatividad de los sindicatos, pero es que luego en la negociación esto se traduce en que los intereses de los
trabajadores, sean funcionarios o sean laborales, de los empleados públicos en general, queda altamente mermada, porque quienes les representan no tienen la legitimidad salida de los votos y los que la tienen no pueden negociar, ergo, esto debe
resolverse de alguna manera. Nosotros estamos completamente de acuerdo con la propuesta y votaremos a favor, pero además hay que poner encima de la mesa que, a nivel territorial, tiene muchísima importancia, del mismo modo que a nivel de diferentes
-y lo ha explicado muy bien el señor Mazón- colectivos profesionales. Por tanto, si al final la negociación sindical -el derecho de afiliación, el derecho de voto y la representatividad- es uno de los pilares fundamentales de la relación de los
trabajadores y trabajadoras con la empresa, aunque esta sea una empresa pública, estamos situando a estos trabajadores en un ámbito de indefensión y de incapacidad de defensa de sus derechos, cosa que es un elemento fundamental en la definición de
lo que es el trabajo. Por tanto, dicho esto, no sabemos si es necesario tanto estudio para una cuestión tan clara, que al final se situaba en un: y, o en un: o, en la interpretación de una conjuntiva o de una disyuntiva. Por tanto, si esta vez
no sale adelante esta propuesta. Sentémonos y hablemos, porque es una modificación muy fácil, que no entraña ningún problema -cosa que es casi un milagro- ni competencial ni de otro tipo y, en cambio, vamos a garantizar que los trabajadores hagan
llegar su voz en el momento de configurar sus condiciones de trabajo: más básico que esto es difícil.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vallugera.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Honrubia, de nuevo, tiene la palabra.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, como ha dicho la portavoz del Grupo Republicano, es una iniciativa que se está promoviendo a través de una plataforma que está haciendo un trabajo intenso de reuniones y de explicación de sus razones a los grupos parlamentario
aquí presentes. Nosotros también hemos tenido varias reuniones con ella. Recogimos la información que nos trasladaron entre otros, este estudio avalado por personal calificado de la Universidad de Valencia, donde reforzaban su posición y su
argumentación, y les trasladamos ya en su momento nuestra compresión con la legitimidad de su demanda al entender que efectivamente se recoge la sensación o el sentimiento que tienen cientos de sindicatos a lo largo de todo el territorio del Estado
de sentirse agraviados por la interpretación actual que se ha hecho desde los tribunales de la normativa vigente que se aprobó a través del EBEP. Es verdad, nosotros consideramos que con la regla actual del 10 % más 10 % en algunas circunstancias
se puedan estar generando situaciones de discriminación en la capacidad negociadora de algunos actores que, efectivamente, han obtenido una legítima representación en los procesos de elección de representantes sindicales y que sienten que por esta
normativa se les deja fuera de espacios clave donde se negocia y se toman decisiones sobre condiciones laborales que afectan a las personas que les han votado a ellos como representantes y no a otras organizaciones. Lo comprendemos. También
creemos que es un hecho innegable el hecho de que desde la aprobación del EBEP hasta que se consolidó la jurisprudencia por vía del Tribunal Supremo, la presencia o no presencia en las mesas negociadoras se venía determinando con unos criterios muy
similares a los que ahora se solicitan por esta plataforma, y eso nos supuso un grave problema y probablemente en muchos casos fuera una representación más democrática. No obstante, sí que creemos que de lo que estamos hablando aquí al final es de
una derivada que viene de sentencias judiciales, con lo cual no es algo que tenga que ver con la voluntad del legislador, sino que tiene que ver con la interpretación legal que se ha hecho posteriormente de la misma y, por tanto, la iniciativa que
se plantea no responde a la necesidad de clarificar el sentido de una norma, sino que implicaría una serie de cambios en los propios criterios de representatividad que actualmente la justicia está dando como válidos. Creemos que tampoco son del
todo descartables los argumentos jurídicos que se sostienen tras la interpretación que se da con estas sentencias. La consideración de que los actores sindicales deben servir para negociar sobre el conjunto de las materias que afectan al conjunto
de los trabajadores y trabajadoras públicos en el ámbito territorial o sectorial correspondiente tiene su razón de ser, porque muchas veces podríamos entrar también en determinados conflictos dentro de la propias mesas y las organizaciones
representativas que no siempre generan las mejores dinámicas de negociación con la Administración. Por ello, nosotros sí que creemos que, efectivamente, lo que es necesario es que se entienda la demanda que están planteando los que promueven la
iniciativa; se entienda también el porqué de los razonamientos jurídicos que ha hecho la interpretación vigente y a partir de todo ello se establezca un diálogo entre los partidos de esta Cámara, entre los diferentes actores sindicales, etcétera,
para ver de qué forma se pueda dar encaje a que, por un lado, las situaciones de discriminación más flagrantes que se están dando con algunos de estos sindicatos que están promoviendo esta iniciativa se eliminen en el mayor grado posible. Pero, por
otro lado, también que se atienda a la mayoría de opiniones que puedan estar respaldadas, tanto por los partidos de esta Cámara como por el conjunto de organizaciones sindicales, y creemos que es un tema que se debe debatir en profundidad.


Simplemente, para terminar, es verdad que nosotros, cuando nos hemos reunido con esta plataforma, también les dijimos previamente que si esta iniciativa venía de la mano de algún partido de la derecha no la íbamos a votar a favor, porque
entendemos que no son los partidos de la derecha quienes defienden ni los derechos sindicales, ni mucho menos los derechos de la clase trabajadora.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Honrubia.


Por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Ruiz tiene la palabra.


El señor RUIZ NAVARRO: Con la venia, señor presidente.


La verdad es que realmente son alucinantes los motivos que encuentra Podemos para votar en contra de esta iniciativa después de todo lo que ha dicho anteriormente, yo realmente estoy alucinando. Este es un problema de democracia, de
democracia representativa, que se soluciona dándoles a los

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trabajadores la capacidad de que les representen a quienes han votado. La contradicción que hay entre la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto Básico del Empleado Público no se soluciona solo con jurisprudencia. El señor portavoz
de Podemos debe desconocer que la jurisprudencia viene vinculada porque la establece la ley y a nosotros nos corresponde cambiar las leyes. Por tanto, es el momento de poder utilizar esta facultad que tenemos para iniciar el camino del cambio de la
ley. Lógicamente, en este caso, lo que está produciéndose es que los sindicatos que tienen una especial representatividad en un ámbito funcional y territorial específico, con alta representatividad, incluso llegando a porcentajes escandalosos en
cuanto a la legitimidad que tienen detrás, se quedan fuera de las mesas de negociación. Por tanto, hablamos de que cuerpos de bomberos, cuerpos de policías locales o enfermeros, por ejemplo, no tienen a sus representantes hablando en nombre de sus
funcionarios en las mesas de negociación. Lógicamente, al quedarse fuera de la mesa de negociación no pueden sentarse a hablar de las condiciones de trabajo de quienes les han votado para que les representen precisamente. ¿Quiénes sí se sientan
siempre en esas mesas? Los sindicatos protegidos por el sistema, los de las mariscadas, los del fraude masivo de dinero público en los cursos de formación destinados a desempleados. En fin, ya sabemos quiénes son, los protegidos por Podemos y por
el PSOE, que son sus sindicatos de mesa camilla, UGT, y Comisiones Obreras. Esto no puede ser porque es un ataque a la democracia y un abuso de representatividad; en definitiva, es un fraude a la voluntad de los trabajadores manifestada con sus
votos. Son esos sindicatos que he mencionado, UGT, por ejemplo, con los que se fotografía sonriente, de manera inexplicable el candidato Popular a las elecciones andaluzas, Moreno Bonilla. Lógicamente esto lo hace después de haberles regado con
dinero público, ese mismo dinero público que estos sindicatos han robado y que, por tanto a consecuencia de ello se encuentran sujetos a condenas de los tribunales.


Hay que acabar con este monopolio sindical, hay que dar la voz a los representantes verdaderos de los trabajadores y, por tanto, hay que ventilar la estancia, que entre aire democrático y permitir que todos los representados que tengan los
votos suficientes puedan sentarse a negociar las condiciones de sus trabajadores.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz.


Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Constenla tiene la palabra.


El señor CONSTENLA CARBÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, es de agradecer al portavoz de Podemos su sensibilidad a la hora de emitir el voto a esta PNL, porque lo que interesa es quién presenta las cosas y no los intereses de los trabajadores y trabajadoras, que es de lo que estamos
discutiendo en este caso. Nos encontramos ante una iniciativa que pone de manifiesto que la falta de precisión a la hora de legislar provoca una litigiosidad y que desvirtúa un poco la redacción de la ley. La Constitución, como todos sabemos,
recoge en el articulado el derecho a sindicarse libremente como un derecho fundamental de los ciudadanos, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. Las
administraciones públicas están obligadas a negociar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, y a tal efecto el Estatuto Básico del Empleado Público recoge los diferentes foros de negociación entre los que encontramos la mesa general de
negociación común para el personal funcionario y laboral para negociar materias o condiciones de trabajo con un tratamiento legal unificado. Las organizaciones que pueden participar en estas mesas son aquellas que tengan la consideración de
sindicatos más representativos, en consonancia con lo recogido en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, así como las organizaciones sindicales que hubieran obtenido el 10 % de los representados del personal funcionario o
personal laboral en el ámbito que le corresponda. Últimamente el Tribunal Supremo ha dictado sentencias interpretando que este 10 % englobaría de manera conjunta a los funcionarios y a los laborales. Esta circunstancia motiva que una
representación sindical libremente elegida sea excluida sistemáticamente de la participación de las mesas de negociación en las administraciones y entidades públicas, prescindiendo de aquellos sindicatos que no tienen la consideración de más
representativos, provocando así la exclusión de aquellos legítimos representantes elegidos directamente por los trabajadores.


Como ha dicho el señor Mazón, se puede dar el caso de que en las mesas de negociación laborales que no alcancen el 10 % no puedan estar representados, o a la inversa. Si estamos hablando de empleado público, la creación de las mesas
conjuntas de laborales y funcionarios y la cada vez mayor similitud de

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las regularizaciones de las condiciones de unos y otros aboga por una integración de ambas representaciones, sumándolas, teniendo en cuenta que el criterio de la regulación legal debe favorecer la mayor participación de los empleados
públicos y la pluralidad sindical conforme establece el artículo 7 de la Constitución.


El Grupo Popular apoyará esta iniciativa con el fin de garantizar la participación en las mesas de negociación a todos los funcionarios y laborales, recogiendo la voluntad expresada libre y democráticamente en las urnas a la hora de elegir a
los representantes sindicales con representación efectiva.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Constenla.


Para finalizar el debate, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Losada.


El señor LOSADA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


La argumentación de la proposición que presenta Ciudadanos y que hoy debatimos se basa fundamentalmente en la supuesta falta de concreción o claridad en la norma que se pretende modificar, es decir, el Estatuto Básico del Empleado Público.
Partimos entonces, según entendemos, de un supuesto erróneo, pues el apartado 3 del artículo 36 del texto refundido del EBEP específica con claridad la representatividad de las organizaciones sindicales. Como bien saben, y así lo expresan en su
exposición de motivos, la jurisprudencia al respecto ha sido también clara. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia del 14 de enero de 2016, indicaba que para estar presente en las mesas de negociación se requiere que los
sindicatos hayan obtenido el 10 % o más de los representantes en las elecciones para delegado y junta de personal en las unidades electorales correspondientes al ámbito específico de cada mesa y que el límite cuantitativo del 10 % de los
representantes, según los resultados obtenidos en las elecciones a órganos de representación del personal, debe superarse tanto en el ámbito del personal laboral como en el del personal funcionario para que determinada organización sindical resulte
legitimada para formar parte de las mesas generales de negociación. Esta sentencia fue confirmada en casación por el Tribunal Supremo en sentencia del 28 de marzo de 2017, que explica con claridad cuáles son las mesas generales de negociación y los
artículos del Estatuto básico que le dan fundamento y que la organización sindical en cuestión forma parte de la mesa final de negociación de la Administración General del Estado, artículo 34.1, mientras que no está presente en la Mesa General de
Negociación de materias y condiciones comunes al personal funcionario, estatutario y laboral, artículo 36.3, en este último caso, porque si bien posee representatividad suficiente entre los funcionarios no la tiene entre el personal laboral.


Entendemos, por tanto, que la norma es explícita, y así estarían presentes en las mesas generales de negociación en las distintas administraciones públicas, como fundamento en el apartado 3 del artículo 36 del EBEP, los sindicatos más
representativos a nivel estatal, el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, los sindicatos más representativos a nivel autonómico, el artículo 7.1 de la misma ley, los sindicatos que sin tener la consideración de más representativos
hayan obtenido el 10 % o más de los representantes en las elecciones de los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito, siendo necesaria para cumplir este requisito superar también la barrera del 10 %
tanto en el personal funcionario como en el ámbito del personal laboral.


Creemos que la regulación actual, con la aplicación de la regla del 10 % más el 10 % que se contiene en el artículo 36.3 es muy clara y tiene un sólido respaldo en la jurisprudencia. Por ello, la modificación propuesta no responde a la
necesidad de clarificar el sentido de la norma, sino a un cambio en los criterios de representatividad. Para cambiar los criterios de representatividad, es necesario e imprescindible el diálogo, la negociación y el acuerdo con todos los
representantes de los trabajadores público. En todo caso, apoyaríamos la modificación de los criterios de representatividad cuando viniera avalada tras ese proceso de negociación y acuerdo que además se debería enmarcar en la futura modificación
más profunda del EBEP en la que se está trabajando.


Me sorprende la postura del Partido Popular, porque es la contraria a la que defendía cuando gobernaba, y por ahí anda todavía la respuesta del señor Beteta. Por tanto, no apoyaremos su proposición.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Losada.

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VOTACIONES.


El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación pasamos a la votación.


Como todos ustedes saben, la proposición no de ley número 1 ha sido aplazada, así que procedemos a votar la número 2, sobre adopción de medidas para acabar con el denominado efecto céntimo en las fórmulas de valoración de las ofertas
económicas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la proposición no de ley para la reforma del apartado 3 del artículo 36 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, presentada por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la proposición no de ley relativa a la concesión de subvenciones a organizaciones que tengan por objeto la promoción y salvaguarda de la dignidad y la vida humana, la maternidad y la familia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 22; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley número 5, sobre la descentralización del régimen jurídico y de la gestión de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional en Cataluña, presentada por el Grupo
Parlamentario Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 29; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley número 6, relativa a ajustar el IRPF a la inflación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Por último, votamos la proposición no de ley que insta al Gobierno a garantizar la transparencia en la reforma del sistema de acceso a la función pública, con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, que se vota en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las doce y veinte minutos del mediodía.