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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 661, de 26/04/2022
cve: DSCD-14-CO-661 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 661

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA

Sesión núm. 25

celebrada el martes,

26 de abril de 2022



ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre las incompatibilidades en materia de subvenciones de los cargos electos. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/002994) ... (Página2)


- Relativa a la equiparación de la indemnización por residencia en las Illes Balears con respecto a la de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/003371) ... href='#(Página5)'>(Página5)


- Sobre el derecho a ser atendido por las administraciones públicas y empresas de servicios básicos de manera efectiva. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de
expediente 161/003657) ... (Página8)


- Relativa a deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/003721) ... (Página12)


Decaída del orden del día:


- Sobre la descentralización del régimen jurídico y de la gestión de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional en Cataluña. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente
161/003730) ... (Página16)



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Proposiciones no de ley. (Continuación):


- Relativa a convocatoria de plazas y realización de procesos selectivos de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/003856) ... href='#(Página16)'>(Página16)


- Sobre medidas fiscales para ayudar a las familias y autónomos que tienen que utilizar sus vehículos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003967) ... href='#(Página20)'>(Página20)


- Sobre medidas urgentes para la racionalización del gasto público. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003968) ... (Página23)


Acuerdo sobre la celebración de las siguientes comparecencias:


- De la señora ministra de Hacienda y Función Pública, para que explique la baja ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignados a su ministerio, incidiendo especialmente en la nula ejecución de los fondos
destinados a autónomos y empresas privadas, así como los criterios de reparto utilizados para la asignación de fondos y los informes que avalen la discrecionalidad observada en la asignación de algunos fondos específicos. A petición del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001819) ... (Página27)


- De la señora secretaria general de Fondos Europeos, para informar sobre el grado de movilización, durante el año 2021, de los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su impacto en la estimación
del crecimiento del PIB para los años 2021 y 2022. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 212/002072) ... (Página27)


- De la señora presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para informar de los cambios en la estructura organizativa de la dicha sociedad estatal en los últimos meses, y concretamente de los puestos directivos y
dependientes de estos. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 212/001386) ... (Página30)


Votaciones ... (Página32)


Se abre la sesión a las diez de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY.


- SOBRE LAS INCOMPATIBILIDADES EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE LOS CARGOS ELECTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/002994).


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Damos comienzo a la sesión.


Antes de entrar en el orden del día, les hago las siguientes precisiones o comentarios. Los puntos 1.º, 2.º y 3.º se debatirán al final del orden del día y la votación se producirá, toda, al final. Establecida esta condición, pasamos al
debate de las proposiciones no de ley. La número 4.º sería la primera, sobre incompatibilidades en materia de subvenciones de los cargos electos. Para su defensa, tiene la palabra el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, señor Margall.


El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas.


Presentamos una proposición no de ley en esta Comisión para instar al Gobierno a modificar la Ley General de Subvenciones en lo que se refiere a la legislación sobre incompatibilidades. Como ustedes ya saben, la legislación marca que
cualquier cargo electo no puede ser beneficiario de una subvención de la Administración pública donde lo es; tampoco puede serlo una persona jurídica, como por ejemplo una asociación o entidad cuya representación legal ostente dicho cargo electo.
Esta incompatibilidad, si bien



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en su origen puede estar justificada para preservar a la Función pública de una influencia desviada del interés público evitando la adjudicación de una subvención en base a intereses privados o particulares, está generando consecuencias
perversas, sobre todo en municipios pequeños cuyos cargos electos no reciben más retribución que las dietas por asistencia a plenos y comisiones. Una sociedad dinámica y moderna no puede dejar fuera a muchos concejales que son el máximo ejemplo de
activismo y voluntariado separándolos de las entidades donde participan o bien castigando a las entidades locales; una persona que en muchos casos combina el hecho de ser concejal con su trabajo, que le da de comer, destinando muchas veces su
tiempo personal y familiar a trabajar para el bien común. Una sociedad transparente y justa tiene que adaptar su legalidad para evitar que se produzcan agravios comparativos y se creen incertidumbres por el mero hecho de presumir que las malas
praxis de algunos son patrimonio de todos. Trabajemos para una legalidad moderna y justa con el objetivo de que los concejales puedan estar al frente de las entidades con la vocación de servicio, voluntariado y dinamismo que les caracteriza. Por
eso, instamos a que en un plazo de tres meses el Gobierno impulse las reformas legales oportunas para solucionar esta situación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Margall.


Esta iniciativa no tiene enmiendas. El Grupo Vasco no desea hacer uso de la palabra. Por los grupos parlamentarios Ciudadanos, Plural y Confederal de Unidas Podemos no hay nadie. Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra su
representante.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Buenos días, presidente.


Presenta Esquerra una proposición no de ley para exceptuar algunos casos de la incompatibilidad prevista para los cargos electos o de las asociaciones de las que ostenta la representación legal como beneficiarios de subvenciones de la
Administración pública. Volvemos a ver cómo se sigue sin afrontar la verdadera realidad que hay detrás de las subvenciones públicas, una realidad que puso de manifiesto la AIReF en su informe sobre la planificación estratégica de subvenciones,
presentado en el mes de julio del año 2019, realidad que se resume, primero, en falta de control; segundo, falta de transparencia, y, tercero, falta de rendición de cuentas, que impide saber cuánto se gastan las administraciones públicas en
subvenciones. Hablamos de un informe que menciona aspectos tan graves como que la base de datos nacional de subvenciones recogía tan solo un 50 % aproximadamente de las convocatorias; que no siempre figuraban los importes en las convocatorias;
que en un 8 % de las convocatorias el campo de dotación financiera estaba incompleto; que hasta el 10 % de las subvenciones son para costear la propia gestión, lo que la AIRef calificaba como problemas de eficiencia; que no se sancionaba a
aquellos que reciben subvenciones sin cumplir las condiciones para ello; que existían subvenciones sin actualizar desde el año 1992; que constataban una inexistente trazabilidad de las subvenciones y una nula planificación estratégica a la hora de
elaborarlas; que confirmaban que la falta de registros y control impide y dificulta contrastar cuándo subvenciones de diferentes administraciones se están superponiendo y cuándo hay vacíos de subvención; que reafirmaban que las conferencias
sectoriales habrían fracasado como mecanismo de coordinación entre el Estado y las autonomías en el caso de las subvenciones públicas, y que recomendaban la necesidad de simplificar las cargas administrativas. Frente a ello, el sentido común pide,
primero, reforzar la justificación del interés público y general en el establecimiento y concesión de subvenciones de ayudas públicas; segundo, fortalecer el entorno de coordinación interadministrativa debido a la distribución de competencias entre
los tres niveles de Administración territorial y garantizar que no existe duplicidad en la concesión; tercero, desarrollar los principios de eficiencia y eficacia mediante la exigencia de evaluación y rendición de cuentas de la actividad
subvencional; cuarto, reforzar la complementariedad y la exigencia de cofinanciación de las actividades subvencionadas, y, quinto, favorecer la rendición de cuentas a través de la transparencia. Debe existir un modelo que asigne y exija
responsabilidades sobre los resultados y el impacto de las políticas públicas. El problema es que en Esquerra Republicana de Cataluña confunden el interés público con su propio interés y por ello no entienden que no se pueden utilizar los fondos
públicos para realizar actividades ilegales como llevar a cabo un golpe de Estado y que no se debe pretender que, además, sea un fondo público quien avale sus responsabilidades y evite el embargo de sus bienes.


Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Castellón.


El señor CASTELLÓN RUBIO: Buenos días a todos, señorías.


Presenta Esquerra Republicana una proposición no de ley instando a la modificación del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones amparándose en supuestos motivos por los cuales los cargos electos no pueden ser beneficiarios de
subvenciones ni de manera directa ni en el ejercicio de la función de representación de una asociación o entidad, y esto respecto a la Administración pública donde ostenten un cargo de representación.


En la exposición de motivos, argumentada en tres grandes bloques, se dice que esto en la actualidad constituye una medida desproporcionada. Yo creo que esto no es así; de hecho, no es una consecuencia excepcional del COVID, cualquier cargo
público no puede acceder a subvenciones de carácter general otorgadas por la Administración donde presta servicio. Se me ocurren muchas excepciones en las cuales los cargos públicos, como se dice en la proposición no de ley, que no tienen sueldo,
no tienen retribución, quedan exentos de esa posibilidad: ayudas de rehabilitación en los pequeños municipios, esos pequeños municipios en los cuales esos concejales, miembros de la corporación, no tienen retribución.


Se dice que se restringe el derecho de las personas a participar en el asociacionismo local, algo con lo cual tampoco estamos de acuerdo. No hay mayor participación en un movimiento social que formar parte de los órganos electivos
municipales, desde nuestro punto de vista, pero es que, además, la ley lo único que prohíbe es la representación legal de la asociación objeto de subvención, no la participación activa en la misma. Uno puede participar en la asociación e incluso
formar parte de los órganos decisorios, lo único que no puede es ostentar la representación legal de esa asociación y formar parte de los órganos electivos del ayuntamiento.


En tercer lugar, se pone de manifiesto que es incluso más grave esta restricción que en la Ley de Contratos del Sector Público. En todas las legislaciones se producen disfunciones; hoy la legislación que incompatibiliza determinadas
funciones de los cargos electivos puede incluso llegar a ser desmotivadora para el ejercicio de la Función pública en determinados municipios; centrémonos en los municipios pequeños, con muy pocos habitantes. Pongamos ese ejemplo en el cual un
cargo electo de un pequeño municipio no puede contratar con la Administración Pública de la que es cargo electo y es el único proveedor de ese pequeño municipio, esa pequeña panadería del pueblo que sirve el pan al ayuntamiento, y no puede
contratar. O sea, que no es más restrictiva. En un momento en el que los principios de publicidad, y sobre todo de transparencia, se están ampliando cada vez más, no parece lógica una medida como la que plantea Esquerra Republicana, creyendo
incluso que estos principios de transparencia en algunos casos pueden ser hasta desmotivadores para el acceso a la Función pública, sobre todo en esos municipios pequeñitos del ámbito rural en los cuales los concejales tienen muchos inconvenientes
en el ejercicio de esa Función pública, es cierto. En esta casa, por ejemplo, los diputados tienen que hacer declaraciones de bienes, de patrimonios adquiridos o de actividades desarrolladas antes de ser cargo público. Creo que medidas de este
tipo no pueden ser coyunturales, tienen que ser más sosegadas, teniendo en cuenta que hay, por supuesto, preceptos en la legislación que pueden hacer que la actividad pública en esos pequeños municipios pueda ser poco incentivadora. Creo que, como
decía, deben ser producto de un análisis sosegado, amplio y no de legislación en caliente. Por tanto, el Grupo Popular va a votar en contra de esta proposición no de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellón.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fuentes.


El señor FUENTES CURBELO: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos.


El Grupo Republicano nos presenta una iniciativa para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno en un plazo no superior a tres meses a introducir las reformas legales oportunas para modificar el artículo 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, al objeto de posibilitar que los cargos electos y entidades en las que éstos figuran como representantes legales puedan adquirir la condición de beneficiarios de subvenciones públicas.


En su exposición de motivos, señalan que cualquier cargo electo no puede ser beneficiario de una subvención de la Administración pública donde lo es y que tampoco puede serlo una persona jurídica, como una asociación o entidad cuya
representación legal la ostente dicho cargo electo. Esto, en la



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realidad no es así, el propio artículo 13 de la Ley General de Subvenciones establece la salvedad de que por la naturaleza de las subvenciones se exceptúe en su normativa reguladora. El apartado d) del mencionado precepto legislativo
establece que están incursos la persona física, los administradores de sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personalidades jurídicas en algunos de los supuestos de la Ley 3/2015, Reguladora del Ejercicio de
Alto Cargo de la Administración General del Estado. Esta norma, en su artículo 7, establece la incompatibilidad de retribuciones con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas de los entes, organismos y empresas de ellos
dependientes. En la proposición no de ley se reconoce la utilidad del citado precepto, pero se considera que su aplicación puede generar consecuencias negativas, especialmente en el ámbito municipal, para los cargos electos que se encuentran en
determinadas situaciones o para las empresas o entidades de las que son administradores o representantes. En relación con la citada justificación que fundamenta la iniciativa, debe señalarse que el apartado 2, letra d), del artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones cumple una finalidad esencial que está constituida con el objetivo de impedir que puedan resultar beneficiarios directa o indirectamente de subvenciones aquellos cargos electos correspondientes a las instituciones o
corporaciones que las otorgan. Se trata, en definitiva, de evitar en lo posible un uso en beneficio propio del cargo electo de aquellas potestades que se le otorgan como consecuencia de su elección y que pudieran conculcar el más escrupuloso
respecto a los principios de publicidad, concurrencia e igualdad que deben regir los procesos subvencionales. Estos principios deben ser respetados dada la importancia de los intereses públicos a proteger, lo que exige restringir cualquier
excepción a su aplicación que pueda facilitar actuaciones irregulares en la concesión de subvenciones. Estas prevenciones deben respetarse y vigilarse no solo respecto a las subvenciones que pudieran tener como destinatarios directos a los altos
cargos, sino también y de forma muy particular en lo que se refiere a aquellas ayudas y subvenciones en las que el cargo electo no aparecería designado de forma directa y transparente como beneficiario por ser ayudas destinadas a entidades o
sociedades intermediarias en las que tales cargos sí manifiestan intereses indirectos. Mi grupo votará en contra de esta iniciativa.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fuentes.


- RELATIVA A LA EQUIPARACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EN LAS ILLES BALEARS CON RESPECTO A LA DE LAS ISLAS CANARIAS, CEUTA Y MELILLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/003371).


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la siguiente proposición no de ley relativa a la equiparación de la indemnización por residencia en las Illes Balears con respecto a la de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, presentada por el
Grupo Parlamentario VOX.


Tiene la palabra la señora Cañizares.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente. Buenos días.


Hoy, desde el Grupo Parlamentario VOX traemos una iniciativa de justicia, la equiparación de la indemnización por residencia de los empleados públicos estatales destinados en Baleares respecto de los de Canarias, Ceuta y Melilla. De todos
es conocido que la carestía de la vida en Baleares por el hecho de la insularidad, así como el precio de la vivienda, hacen que los funcionarios del Estado aquí destinados no puedan aceptar este destino o se marchen en cuanto tengan oportunidad, y
si a ello sumamos la política lingüística catalanista, implantada, por cierto, por el Partido Socialista, que impide que puedan escolarizar a sus hijos en castellano o al menos con libertad de elección de lengua vehicular, la falta de cobertura de
plazas es una consecuencia que a día de hoy supone casi la mitad de las existentes, a lo que además se suman las jubilaciones que tampoco encuentran reemplazo. Canarias, Ceuta y Melilla tienen unas indemnizaciones por residencia muy superiores a
las de Baleares; sin embargo, si comparamos los datos estadísticos de carestía, delincuencia o lingüística, Baleares, es, sin duda, la que peor parada sale, lo que redunda en ulterior instancia en la seguridad y atención al ciudadano. Es decir,
tanto por el principio de solidaridad territorial como por el de igualdad real y efectiva entre posiciones o situaciones iguales, por la necesaria cobertura de las plazas y por el superior interés común de los ciudadanos residentes en dicho
territorio es, como decía al inicio de mi intervención, una cuestión de justicia que se equipare la indemnización por residencia de los funcionarios del Estado destinados a Baleares respecto de los de



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Canarias, Ceuta y Melilla, y como quiera que en dichos territorios la indemnización tampoco es la misma, debe, al menos, equipararse con la menor de aquellas.


Señorías del PP, ustedes ya presentaron una proposición no de ley ante la Comisión de Política Territorial que se debatió el día 23 del pasado mes, la cual, en primer lugar, no resulta competente por razón de materia, pero además solicitaban
un incremento en la indemnización por residencia de 18 millones de euros para 2022, siendo que mi grupo parlamentario les presentó una enmienda a fin de que ese incremento fuese al menos, al objeto de igualarlo, como el de las Islas Canarias,
enmienda que ustedes rechazaron. Pues bien, nuestra enmienda habría supuesto un incremento en la indemnización de residencia de unos 43 millones más al año, su iniciativa 18, y aun así rechazaron nuestra enmienda. Dicha indemnización hoy supone
unos 74 euros mensuales y ustedes pedían una actualización hasta los 246 y rechazaron aquella que pedíamos desde VOX de 430 aproximadamente; hoy vuelven a caer en el mismo error con la enmienda que presentan a nuestra PNL, enmienda que les adelanto
que no vamos a aceptar. ¿Ustedes no creen que es de justicia que los funcionarios destinados en Baleares se equiparen con los de Canarias? ¿Cómo les van a explicar a quienes están aquí pendientes de lo que estamos acordando que quieren que cobren
menos? Hoy tienen la oportunidad de enmendar su error y votar a favor de esta PNL, en la que, en idéntico sentido al objeto de nuestra enmienda, solicitamos al Gobierno que se incremente la indemnización por residencia de los empleados públicos
destinados en Baleares al objeto de equipararla a las comunidades de Ceuta, Melilla o Canarias, tal y como solicitan los propios empleados públicos afectados. Tiene usted la oportunidad de votar a favor de que a nuestros funcionarios se les
reconozca un mayor incremento retributivo en relación al complemento de residencia al que usted solicitaba al rechazar nuestra enmienda. Sabemos de sobra que el PSOE votará en contra, pues así lo hizo ya en la Comisión de Política Territorial. Por
eso, les pido que apoyen esta iniciativa a favor de nuestros empleados públicos; fuera de toda diferencia política ellos nos necesitan, hoy más que nunca, y por eso nosotros solicitamos su apoyo para que esta iniciativa salga adelante. Y se lo
pedimos también por coherencia, porque el Partido Popular lleva comprometiéndose públicamente con la equiparación de Baleares con Canarias desde 2003, aunque a pesar de haber gobernado con mayoría absoluta desde 2011 hasta 2015 no hicieron nada, y
ustedes se lo deben.


Al Grupo Parlamentario Socialista le diré que la equiparación de la indemnización por residencia estaba contemplada en el programa socialista de 2011, según declaraciones de Sofía Hernanz, su diputada por Baleares y hoy miembro de la propia
Mesa de la Cámara, por lo que también, por coherencia, pediré, igual que pido al resto de los grupos parlamentarios, su voto favorable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañizares.


Se ha presentado una enmienda al texto por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Jerez para su defensa por un tiempo de tres minutos.


El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señor presidente.


Tomamos la palabra para defender una enmienda a esta proposición no de ley, una enmienda de sustitución, pero también para denunciar una vez más la situación de desventaja, de desigualdad, de injusticia y de precariedad salarial que sufren
los funcionarios dependientes de la Administración de Justicia en las Islas Baleares. Nada nuevo en este Congreso, nada nuevo que ustedes no sepan. El mes pasado, como se ha dicho, mi grupo parlamentario presentó una proposición no de ley para que
se incrementasen y se reconociesen precisamente esos complementos salariales tan necesarios para nuestros funcionarios en las Islas Baleares, proposición no de ley que tuvo la aprobación de este Congreso y de la Comisión de Política Territorial en
la que se sustanciaba, con los votos favorables del Grupo Parlamentario VOX que hoy nos pide precisamente lo contrario, que no la apoya y que la retiremos en cualquier caso, cosa que, obviamente, no pretendemos hacer.


Créanme si les digo que Baleares se está vaciando de funcionarios, créanme si les digo que en Baleares no se cubren las plantillas, créanme si les digo que en Baleares los funcionarios doblan los turnos más que nunca y créanme si les digo
que en Baleares la respuesta de la Administración General del Estado cada vez es menor en relación a su calidad. Por lo tanto, creemos que la enmienda que nosotros presentamos daría repuesta efectivamente a todas estas precisas cuestiones. En
Baleares tenemos un problema, y tenemos un problema serio. La razón es bien sencilla, no es un destino atractivo, no es un destino que seduzca al funcionario para venir a trabajar: poca vivienda en el mercado libre y la que hay a precios
absolutamente impagables o inalcanzables, y el funcionario tiene que compartir piso con compañeros; la cesta de la compra



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más cara que nunca; la inflación disparada, y a todo esto hay que sumarle los costes que de por sí ya genera la condición insular. Por tanto, los salarios de los funcionarios de hoy están absolutamente descompensados en relación a la
calidad de vida en las Islas Baleares.


Nosotros necesitamos que los funcionarios se queden en Baleares, no necesitamos que los funcionarios se vayan de Baleares, y eso es precisamente lo que está sucediendo, no se fidelizan las plantillas y además los funcionarios no acaban
precisamente de empatizar con el territorio al que están destinados para trabajar. A mayor abundamiento, hay que decir que los funcionarios que en este momento quedan en las Islas Baleares están cada vez más cerca de la edad de jubilación, por lo
que está produciendo una merma en las plantillas que dentro de poco vamos a sufrir, y de qué manera. A todo esto hay que añadirle el hecho de que Baleares es una comunidad autónoma o un destino turístico de primer orden nacional y también de primer
orden internacional, donde la seguridad es una de las cuestiones más importantes a la hora de elegir precisamente un destino, y la seguridad también está en precario toda vez que las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil no se
cubren. Por tanto, nosotros vamos a insistir en lo mismo que insistimos cuando presentamos y se aprobó la proposición no de ley, en incrementar el triple de lo que en estos momentos están cobrando los funcionarios por ese plus de residencia en las
Islas Baleares, por razón de la insularidad, que ese plus precisamente se incremente con razón a ese triple que nosotros pedimos. Y no vamos a caer en fórmulas absolutamente alambicadas; existen una serie de territorios en los que primero
tendríamos que comparar el coste de la vida antes de pronunciarnos en relación precisamente a lo que tienen que cobrar los funcionarios de un sitio y los funcionarios de otro. Confío en la coherencia de los grupos parlamentarios que en su día
apoyaron esta iniciativa en el sentido de que la vuelvan a aceptar, porque no se entendería que aquellos grupos que en su día la aceptaron como propia no lo hicieran esta vez en esta Comisión.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jerez.


¿El Grupo Parlamentario Vasco quiere intervenir? (Denegación). ¿El señor Margall quiere intervenir? (Denegación). Pues por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos.


La verdad es que la iniciativa que ahora discutimos es una iniciativa que ya se discutió en la Comisión de Política Territorial y en ese sentido no entendemos muy bien qué aporta repetir este debate en una Comisión distinta. Creo que el
Grupo Parlamentario VOX ya dejó clara su posición en aquella Comisión y supongo que insiste por varias razones, la primera de todas es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y hacer nuevamente una soflama en contra del Estado autonómico; en
fin, una defensa a ultranza de una España central y centralizada que solo existe, como decimos tantas otras veces, en sus cabezas. En todo caso, está claro que el problema que se describe en esta iniciativa es cierto y es grave; ciertamente en las
Islas Baleares ha habido un problema, yo diría que ya arrastrado desde hace muchos años, donde efectivamente el funcionariado público ha tenido serios problemas para enraizarse, para quedarse en las Islas Baleares. También esto tiene que ver con un
modelo de desarrollo de las islas, un modelo que ha venido predominando a lo largo de los últimos cuarenta o cincuenta años, cuando efectivamente ha estado sujeto o sometido a unas tensiones propias de las desigualdades nacientes o desigualdades
derivadas, digamos, de ese modelo. Desde luego sí creemos que el Estado está llamado a actuar para que no se genere este agravio, que sin duda existe, con respecto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y al archipiélago canario. En todo
caso, como digo, lo que nos parece absolutamente inentendible es que sea el Grupo Parlamentario VOX el que haga una defensa de esta iniciativa, donde promueve nuevamente unos niveles de inversión mayores, porque en el fondo se trataría de esto, en
las Islas Baleares, inversiones con las que estamos absolutamente de acuerdo, es más, seguramente nosotros seríamos mucho más ambiciosos, pero nos resulta, como digo, muy poco coherente que a la vez que se defienda esta medida se defienda un modelo
fiscal completamente tendente a adelgazar el tamaño del Estado y por lo tanto hacer imposible este tipo de políticas de equiparaciones salariales, a no ser que lo que nos quiera decir VOX es que quiere equipararlo todo por abajo, en cuyo caso en esa
política de eliminación del Estado avanzaríamos en la dirección que el Grupo Parlamentario VOX ha indicado. Por tanto, pese, como digo, a estar concienciados y preocupados por el problema que afecta a las Islas Baleares, por todas estas razones de
contexto que acabo de dar mi grupo parlamentario votará en contra.


Gracias.



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.


Para finalizar esta iniciativa, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Losada.


El señor LOSADA FERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Buenos días.


Durante estos años, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de España han venido demostrando su apuesta por la Función pública y por los empleados públicos, promoviendo e incrementando medidas que contribuyen a garantizar unos
servicios públicos de calidad en todo el conjunto del Estado. En los dos últimos presupuestos generales del Estado se han incrementado las retribuciones de los empleados públicos un 3,7 %; en el actual presupuesto 2022 el aumento es del 2 % para
los trabajadores del sector público. Entre otras medidas, además, durante estos últimos años se ha aumentado la tasa de reposición en todos los sectores, sobre todo en los sectores más necesarios y prioritarios en estos momentos. En estos tres
últimos años ha aumentado un 73 % la oferta de empleo público y se ha aprobado la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.


Durante varios años, la indemnización por residencia de los empleados del sector público de zonas insulares o extrapeninsulares era un porcentaje del sueldo y del trienio; posteriormente se establecieron unas cuantías fijas para cada
territorio, cuantías a las que les ha sido de aplicación el incremento que para las retribuciones de los empleados públicos se establecía en las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado para cada año, además de estos incrementos
puntuales que para zonas concretas se podían complementar asimismo en algunas de dichas leyes. El Real Decreto Ley 11/2006 autorizó al Gobierno para que revisara las cuantías de la indemnización por residencia del personal en el sector público
estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Este incremento se materializó para las ciudades de Ceuta y Melilla, pero no se llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales respecto a
su aplicación en las Islas Baleares. Desde entonces, la cuantía de los importes de la indemnización por residencia en las Islas Baleares, al igual que en el resto de los territorios que la devengan, ha sido objeto de modificación anual en el mismo
porcentaje que el incremento general establecido para las retribuciones en las distintas leyes anuales de presupuestos.


Estamos -ya lo dije también en la Comisión de Política Territorial- ante un tema complejo, un asunto que no solo depende de la consignación pertinente en los presupuestos generales del Estado, sino también en las adaptaciones y
modificaciones de normativas pertinentes que hagan posible su solución. Además de la proposición y autoenmienda de VOX se presenta también una enmienda del Partido Popular que viene a ahondar en su propia incoherencia, esa coherencia de la que
habla y que debería conocer muy bien la complejidad de este asunto. Le recuerdo al Partido Popular que gobernó durante ocho años con una mayoría absoluta que le permitía llevar a cabo todas las modificaciones normativas necesarias para dar
respuesta a esta problemática y, sin embargo, no lo hicieron, no tomaron ni siquiera una medida encaminada a dar solución a este problema.


Durante estos últimos años, las medidas puestas en marcha por el Gobierno han mejorado y siguen mejorando las condiciones salariales y laborales de todos los trabajadores del sector público. Residir en un determinado territorio puede
suponer un coste adicional y creemos necesario tener en cuenta esta circunstancia, pero para ello debemos modificar y adaptar la normativa que nos permita hacerlo con rigor, hace falta rigor y también es obligada la negociación y el acuerdo con los
representantes de los trabajadores, diálogo y negociación, a lo que nos obliguen las leyes y acuerdo, a ser posible, con los representantes de los empleados públicos. Por todo ello, votaremos en contra de su proposición y también de las distintas
enmiendas presentadas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Losada.


El Grupo Parlamentario VOX ha dicho que no acepta la enmienda.


- SOBRE EL DERECHO A SER ATENDIDO POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS BÁSICOS DE MANERA EFECTIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de
expediente 161/003657).


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley sobre el derecho a ser atendido por las administraciones públicas y empresas de servicios básicos de manera efectiva, presentada por el Grupo
Confederal de Unidas Podemos.


Tiene la palabra el señor Guijarro.



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El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Mi grupo parlamentario ha presentado esta iniciativa en virtud del hecho de que pudimos tener acceso a los contenidos del Plan Nacional de Competencias Digitales, enmarcados dentro de la España digital 2025 y atender a una serie de
estadísticas que resultaban muy preocupantes. Decía este plan nacional que casi 20 millones de españoles y españolas no poseen competencias digitales básicas, a la vez que hay un 8 % de la población que nunca se ha conectado a Internet, y de manera
más concreta casi un 35 % de los españoles no sabe cómo comunicarse con las administraciones públicas. Está claro que en estos dos últimos años que hemos vivido de pandemia estos problemas no han hecho más que acrecentarse y seguramente la brecha
digital de la que mi grupo parlamentario quería hablar a través de esta iniciativa se ha ahondado, se ha profundizado precisamente por efecto de este fenómeno. Esta brecha hemos dicho que conlleva la sucesión de desigualdades que afectan
directamente a los derechos básicos de los españoles y españolas y particularmente hablamos del artículo 103 de la Constitución que recoge que la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley.


Como se sabe, este principio fue desarrollado en el año 2015, en el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este texto legal del año 2015 se decía textualmente que la materialización de estos principios, es
decir los del artículo 103, se produce en el procedimiento constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de
los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la administración con la que se relacionen sus titulares. Aquí, señorías, subrayo igualdad, que es
precisamente lo que se trata defender a través de esta iniciativa.


Ciertamente, les comento también que mi grupo parlamentario venía trabajando en esta iniciativa cuando apareció la campaña protagonizada por un ciudadano de la sociedad civil de 'Soy mayor, no idiota', donde se instaba precisamente a que se
dieran mayores atenciones y, sobre todo, no se les exigiera un grado de aprendizaje digital para el que no estaban capacitados determinadas personas mayores. Por esta razón, el propio texto resolutivo de la iniciativa se ha visto modificado de
algún modo, por lo cual presentamos en ese sentido tres resolutivos. En el primero de ellos instamos a que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que la Administración General del Estado garantice la atención presencial y efectiva de la
ciudadanía en sus dependencias; la cuestión presencial, como ustedes saben, es clave y ciertamente hay una tendencia a eliminar esos espacios presenciales de interacción para sustituirlos por elementos digitales. Está claro que hay un porcentaje
importante de la población, no necesariamente o no solo la población mayor, sino también otros muchos segmentos que no quieren sencillamente verse sometidos a esa ventanilla digital y creemos que tienen derecho a que se les atienda presencialmente.


En un segundo punto resolutivo instamos al Gobierno a que estudie, en coordinación con las comunidades autónomas, obviamente, aquellas reformas de la legislación básica en todos los niveles de las administraciones para que las mismas
garanticen que todos los ciudadanos que lo deseen pueden ser atendidos de manera presencial, insisto nuevamente, en condiciones de igualdad.


Y, finalmente, un tercer resolutivo donde pretendíamos establecer, dentro del ámbito competencial que corresponde, lógicamente, a la Administración General del Estado, una serie de exigencias mínimas que deben cumplir aquellas empresas que
presten servicios esenciales como los prestados por las entidades bancarias, señorías, puesto que, como ustedes saben, este es un sector que en los últimos diez años ha visto reducido drásticamente el número de empleados del mismo; esto ha
redundado, entre otros muchos efectos colaterales, en una baja de la calidad en el servicio que se está prestando en los mismos y en una cierta desorientación que se produce en los clientes, muchos de ellos, como digo, clientes vulnerables o con
determinadas dificultades para interactuar con plataformas digitales.


Por todo ello, les solicito a sus señorías el apoyo a esta iniciativa que, como ven, no pretende sino materializar y dar curso al artículo 103 de la Constitución y de los derechos básicos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.


Se había presentado una enmienda que, como no está el grupo parlamentario que la ha presentado, se entiende decaída.


Proseguimos en la tramitación. Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra.



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La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Nosotros estamos de acuerdo con esta PNL porque es cierto que mucho se ha hablado de la exclusión financiera, pero nada o poco se ha hablado de la exclusión que sufren determinados colectivos con respecto a la Administración, a los que se
les obliga muchas veces a relacionarse con ella de forma telemática. La brecha digital, como bien dice la PNL es un hecho y esto produce desigualdades y la Administración tiene que proporcionar los medios necesarios para atender no solo de forma
telemática a las personas, sino también de forma presencial, y no solo de manera digital, como he dicho. Les diré que en Euskadi, hace más de diez años, yo venía de una empresa donde se empezó ya con el procedimiento digital y lo que hacíamos como
Administración es que la gente pudiese escoger una fecha y hora y les realizábamos nosotros la solicitud telemática, simplemente tenían que venir con la documentación necesaria. Incluso también en el ámbito de la presentación de la declaración del
IRPF la gente lo puede hacer de forma presencial, de forma telefónica y también de forma telemática.


En este sentido, vamos apoyar la PNL, y en lo que no estamos tanto de acuerdo es en que haya que impulsar, estudiar o coordinar algunas reformas para la legislación básica, porque lo cierto es que cada Administración en sus ámbitos
competenciales lo puede hacer, y de hecho ya hay algunas que lo están haciendo.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Manso Olivar.


El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente, buenos días señorías.


Vamos a apoyar esta propuesta de Unidas Podemos-En Comú Podem, izquierda en común -bueno, ya saben el lío que tengo con el nombre que ustedes gastan-, y sobre todo les agradecemos que se hayan dado cuenta de algo que venimos denunciando, por
lo menos este portavoz en la Comisión de Economía no tanto aquí en la de Hacienda, de digitalismo excluyente que ha sido favorecido por la Administración; aquí hemos querido imponer al conjunto de los ciudadanos un uso de los servicios informáticos
más allá de las capacidades que esa ciudadanía tenía y podía en muchos casos. Por tanto, bienvenidos a un digitalismo incluyente; además este digitalismo excluyente se ha visto muy agravado durante el COVID y de manera muy especial en la
Administración pública, porque parece que durante la pandemia lo importante no era tanto servir a los ciudadanos como -perdónenme la expresión y lo digo yo que he sido servidor público- que los funcionarios no se contagiaran. Es decir, en algunos
momentos ha sido más importante la salud de los funcionarios que el servicio público que muchos ciudadanos necesitamos.


Efectivamente, la iniciativa 'Soy mayor, no idiota' ha demostrado que hay un grupo importante de la población, por edad y otros simplemente por formación básica, que será difícil que se puedan adherir con facilidad o en el corto plazo al
menos a los servicios telemáticos. Parece, además, adecuado que se intente impulsar que se vuelva a servicios personalizados en compañías, pero recordemos que, por ejemplo, las administraciones públicas españolas, en el caso bancario han facilitado
muchísimo la concentración y luego se quejan lógicamente de que hay exclusión financiera. Nos pasa con otro tipo de compañías, como son las de servicios de suministros, que están dando grandes problemas a la población de elevada edad para poder
ponerse en contacto con su proveedor de servicios. Por tanto, bienvenidos de nuevo a lo que siempre venimos anticipando en VOX y que poco a poco ustedes se van dando cuenta. Bien está el digitalismo, pero todas las modificaciones tecnológicas
tienen que ir a su ritmo, y ustedes no pueden imponer los ritmos, porque entonces se generan los problemas que se generan; lo hemos visto claramente, por ejemplo, en el tema eléctrico, todo el problema eléctrico es un problema de falta de
neutralidad tecnológica. Entonces, bienvenidos a la neutralidad tecnológica y al digitalismo incluyente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Manso.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Píriz tiene la palabra.


El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente.


Es complicado después de esta intervención armar los argumentos, pero, bueno, la brecha digital existe, quiero empezar por ahí, la brecha digital existe y cualquier informe lo pone de manifiesto, negarla me parece que es un poco difícil en
esta época, cualquier informe de seguimiento de la Agenda digital



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para España, que se editó en 2014, cualquier informe de seguimiento va planteando que la brecha digital existe. Por eso nos parece apropiado traer hoy a debate esta propuesta.


Esta brecha digital se incrementa aún más en las zonas rurales y en las regiones menos desarrolladas. Yo, que vengo de Extremadura, les puedo decir que el 90 % de los extremeños que viven en ciudades tienen acceso a Internet, en cambio, en
las zonas rurales solo es el 75 %. La brecha digital, por tanto, no es solo de edad, sino que también influye dónde vives y en qué entorno vives. Y esta brecha digital se convierte en insalvable para muchas personas cuando quieren intentar acceder
a muchos tipos de servicios, servicios de entidades públicas y servicios de entidades privadas y les genera aislamiento. Creo que en el fondo de toda la propuesta está el aislamiento que este tipo de situaciones genera a nuestros ciudadanos, a los
españoles que no tienen acceso a estos servicios digitales. Es un problema que estaba sobre la mesa, que existía, pero que se ha visto recrudecido durante la pandemia, la pandemia ha sido un punto de no retorno para el aislamiento tecnológico de
millones de españoles. Y eso tenemos que revertirlo.


Nosotros creemos que tienen que coexistir perfectamente la atención presencial y la atención virtual; creemos que es necesario y que además es justo, porque mientras el cien por cien de los españoles no tengan acceso y no tengan las
condiciones para acceder a esa atención virtual, hay que garantizarles que puedan acceder de forma presencial, porque además, como dice la propuesta, es un derecho constitucional que tenemos que garantizar nosotros aquí en sede parlamentaria. Por
eso creemos que se debe potenciar la atención presencial para todas esas personas que no pueden acceder o que no se atreven a acceder a la vía virtual a la que, además, se le suman cuestiones y problemas de confianza por la propia brecha digital;
no creen en el sistema, no creen en la privacidad de sus datos navegando por el sistema, no lo creen las personas que tienen menos cualificación y tampoco lo creemos los que quizá tenemos un poco más.


La pandemia no puede valer como excusa para que esto suceda más tiempo; creo que tenemos que garantizar a las personas que están en esta brecha digital el acceso a estos servicios; creo que tenemos que legislar y ayudarles desde aquí,
tenemos que retomar derechos, tenemos que conseguir que los españoles vuelvan a tener la atención que tenían hace dos años antes de esta pandemia. Y lo que no podemos es diferenciar, hacer buenos y malos, porque los bancos han hecho exactamente
igual que han hecho las empresas de electricidad o la Administración pública, que es derivar la mayor parte de su asistencia a la vía telemática o con citas previas telefónicas, dificultando el acceso a personas con menos conocimientos técnicos. Lo
que pedimos es que se garantice el acceso a todas las personas y que lo que plantea esta propuesta se desarrolle a la máxima celeridad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Mínguez tiene la palabra.


La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Seré muy breve, pero sí dejando clara la posición de nuestro grupo, votaremos a favor de esta proposición no de ley sobre el derecho a ser atendido de manera efectiva. Quiero decirle al señor de VOX que hay algo que no me ha quedado
demasiado claro. Usted a lo mejor prefería que durante la pandemia se hubiera puesto en riesgo la salud de los funcionarios o es que lo ha querido decir de otra manera, pero se ha interpretado de esta. Durante la pandemia lo que se hizo
precisamente fue intentar no frenar el ritmo de la Administración pública y a la vez proteger a los trabajadores públicos. Eso es lo que hizo este Gobierno y creo que eso es lo que queda demostrado. Y a partir de aquí, cuando ustedes hablan de
imponer, creo que nada más lejos de la realidad, sino que lo que se intentó fue, dadas las nuevas circunstancias, circunstancias excepcionales, no frenar la Administración pública, ofrecer los servicios públicos protegiendo la salud de los
trabajadores.


Dicho esto, el avance tecnológico genera múltiples beneficios para todas las personas y las empresas, pero también es verdad, y tenemos que reconocerlo, no tenemos que permitir que el avance tecnológico deje a personas atrás, lo decían ahora
muy bien las personas que han intervenido con anterioridad. Hay muchísima gente en brecha digital, personas mayores, zonas más rurales, concretamente el 35 % de las personas mayores de 75 años no se han conectado nunca a Internet, eso es mucha
gente, y por tanto no han hecho nunca gestiones online; hablamos de servicios con la Administración pública pero también de servicios esenciales, y la ciudadanía tiene derecho a poderlos realizar. Creo que el Gobierno ha demostrado que es
consciente de esta situación, que se está trabajando en esta línea. Conocimos



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recientemente el protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, medidas que garantizan que todos los ciudadanos reciban un trato personal, humano y de calidad; conocemos también que se está trabajando en
el proyecto de ley de servicios de atención al cliente, en el anteproyecto de ley de creación de la autoridad de defensa de los clientes financieros, y dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han previsto acciones dirigidas
a la formación y a la inclusión digital de la población mayor, es decir, de avanzada edad, y especialmente también de las zonas rurales. Concretamente en el año 2021 se han transferido 140 millones de euros a las comunidades autónomas con el
objetivo de expandir las competencias digitales a la población, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Como decía el señor Guijarro, por justicia y por igualdad, nuestro grupo votará a favor de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mínguez.


- RELATIVA A DEFLACTAR LA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/003721).


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a la cuarta de las proposiciones no de ley, relativa a deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas, iniciativa que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos. Para su defensa, tiene la palabra la señora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.


La inflación actualmente se encuentra en un 9,8 %. Eso significa que los españoles cada vez tienen menos poder adquisitivo; todos los bienes que tienen que consumir en su día a día, bienes de primera necesidad, la gasolina, la factura de
la luz, todos esos bienes que hacen que su vida se haga más difícil, cada día son más caros y desde Ciudadanos ya llevamos tiempo llamando la atención sobre este hecho porque creemos que el Gobierno debiera haber reaccionado a tiempo, pero ya
sabemos que siempre va arrastrando los pies y que no son capaces de ver la realidad de lo que significa deflactar las tarifas del IRPF. Deflactar esas tarifas significa que los españoles en su renta, en el IRPF van a pagar por lo que ganan
realmente y no por lo que ingresan, significa que se adecuen y se ajusten al IPC actual.


¿Por qué pedimos eso? Porque los contribuyentes que presentan esta declaración están pagando no por los ingresos reales según el IPC, sino por los ingresos que tienen en nómina. Es una manera no de bajar impuestos, hay que dejar claro que
deflactar las tarifas del IRPF en ningún caso es bajar impuestos, es ajustarlos a la realidad económica del país. Ese mecanismo que existe que es que los ciudadanos puedan pagar por lo que realmente les cuesta la vida es algo de justicia social, y
es de justicia porque realmente, si lo pensamos bien, a los que más afecta es a los que tienen las rentas más bajas, y es una medida que es justa y que además es necesaria. Hace muchísimos años que no se realiza, fue en 2015 la última vez que se
llevó a cabo esa deflación de las bases, y creemos que ya vamos tarde. Lo presentamos en el Pleno del Congreso de los Diputados, no encontramos apoyo suficiente de la Cámara y ahora, en esta Comisión, queremos volver a pedir el apoyo de los
diferentes grupos parlamentarios para que todos los ciudadanos paguen conforme al coste de la vida, paguen en la realidad económica que están tributando, y creemos que es el momento de realizarlo. Lo suyo hubiera sido que ya estuviera aprobado, lo
suyo hubiera sido que ya el Gobierno hubiera tomado esta opción que propone Ciudadanos desde hace muchísimos meses como algo bueno para todos, porque el Gobierno también se beneficia de esta subida de la inflación y lo hace a costa de los ciudadanos
que son los que tienen que pagar más cara la gasolina, los que tienen que pagar más cara la factura de la luz, los que tienen que pagar más cara la cesta de la compra.


Creemos que es de justicia, y quien quiera intoxicar diciendo que es bajar impuestos, miente. Es una manera de ajustar, como digo, lo que pagamos todos los españoles en concepto de IRPF. Y también creemos que sería una medida no solo justa
fuera de una crisis económica como la que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo, sino justa también sin ella, pero con esta crisis, con la guerra de Ucrania, con la subida del gas, con la subida del gasóleo, con todas estas subidas de precios,
ahora se hace más urgente y más justa.


Por eso solicitamos a los grupos parlamentarios que revisen esta proposición no de ley, que va a beneficiar a todos por igual en su tramo de renta y que creemos que es lo más justo. No deben pagar los españoles por una mala gestión, no
deben pagar los españoles por crisis que se suceden por malas



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negociaciones o incluso por malas decisiones del Gobierno, como pueden ser romper relaciones con Argelia y que eso haga que nuestro gas peligre y podamos seguir soportando esa subida del gas; no deben pagar los ciudadanos por eso, debe
soportarlo quien debe soportarlo, que es el Gobierno con sus decisiones. Por lo tanto, insistimos en que lo mejor que podemos hacer es que se ajuste lo que vayan a pagar los ciudadanos, incluso ya en la renta de 2021, es cierto que ya hay muchos
contribuyentes que han realizado la renta, pero creemos que la Administración tiene mecanismos suficientes para que estos contribuyentes puedan acceder a esa deflación si finalmente se aprobara y se pusiera en marcha. Creemos que es positivo que se
haga cuanto antes, porque sería una medida más para aliviar a todos los ciudadanos que en estos momentos, de manera contenida, y que creemos que todavía seguirá mucho tiempo, la inflación sigue azotando su bolsillo, y debe hacerse con total
urgencia.


El Partido Popular nos ha presentado una enmienda que hemos valorado y que estamos hablando con él por si podemos hacer una transaccional, muy similar a la autoenmienda que nos presentamos; nos presentamos una autoenmienda porque en el
Pleno del Congreso vimos que había partidos políticos que querían sumarse también a nuestra proposición no de ley, nos parecía bien, por eso nuestra autoenmienda iba dirigida a introducir esas mejoras que ya nos propusieron en el Pleno del Congreso.
Agradecemos la enmienda, agradecemos las conversaciones y en principio seguimos trabajando a ver si podemos sacar una transaccional que ajuste un poco el pensamiento de los enmendantes.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.


Como anunciaba la portavoz de Ciudadanos hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Olano.


El señor DE OLANO VELA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.


Le agradezco también a la señora Martínez la presentación de esta iniciativa, que no es otra cosa más que una parte del plan que el Partido Popular ha enviado al señor Sánchez para aliviar en parte la asfixia económica que viven familias,
autónomos y pymes en nuestro país como consecuencia de la subida de precios que venimos padeciendo desde hace un año ininterrumpidamente y que en los últimos meses ha alcanzado cifras no vistas en los últimos treinta y siete años.


El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que todos ustedes conocen, que creemos que complementa y mejora la PNL del grupo proponente y que, por tanto, damos por defendida.


Señorías, deflactar ahora el IRPF es una medida adecuada, sensata, de efecto inmediato en las nóminas y en las pensiones, equilibrada y, lo que es más importante, se trata de una medida justa. Lo que pedimos desde el Grupo Parlamentario
Popular es devolver a las familias un sobreimpuesto, no pedimos que se reduzcan los ingresos previstos por el Gobierno en los presupuestos generales del Estado, no, pedimos que el exceso de recaudación, el exceso provocado por la subida de precios
no provoque el empobrecimiento de familias, especialmente aquellas con rentas bajas o medias; pedimos que lo que pierden las familias por la inflación no lo gane el Gobierno haciendo caja con la recaudación tributaria; pedimos que mientras las
familias se empobrecen un 10 % el Gobierno no incremente la recaudación un 15 %. Pedimos algo tan simple, aunque parece que es difícil, que es que el señor Sánchez cumpla su compromiso firmado en La Palma hace un mes. El señor Sánchez se niega, lo
hace con argumentos, permítanme que se lo diga, francamente sonrojantes. Dicen ustedes que bajar impuestos es una medida de ultraderecha y ante tan sesuda reflexión permitirán que no pierda el tiempo con ella. Dicen también que bajar impuestos y
reducir el gasto público afectaría a la sanidad y a la educación, y yo me pregunto, y se lo preguntaba a la vicepresidenta primera hace un par de semanas, en qué afectaría a los servicios públicos la supresión del Ministerio de Consumo o de
Universidades, y así, con todo ese gasto ineficiente, que algunos expertos cifran en varias decenas de millones de euros. Dicen que deflactar los tres primeros tramos del IRPF no es posible porque se beneficiarían también las rentas más altas, como
si en los 20 céntimos de descuento en la gasolina no ocurriera exactamente lo mismo.


Ahora se agarran al último informe del Fondo Monetario Internacional, pero en esto tampoco dicen la verdad. Lo que dice el documento del Fondo Monetario Internacional -y estoy seguro que todos ustedes lo conocen y se lo han leído- es no a
la rebaja de impuestos general, pero sí a la rebaja de impuestos focalizada en los más afectados y, desde luego, con carácter temporal; exactamente lo que propone el Partido Popular en su plan. El Fondo Monetario Internacional pide mejor gestión
de los fondos europeos, exactamente igual que el Partido Popular; el Fondo Monetario Internacional pide mayor eficiencia en el



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gasto público y una senda de consolidación fiscal -la venimos reclamando desde hace años-, y pide también reformas, al igual que hace el Partido Popular.


En fin, señorías, abandonen esas disculpas absurdas y escuchen a los expertos, a las familias, a los autónomos y a las pymes, escuchen el clamor de los españoles pidiendo esa rebaja de impuestos. Tienen ustedes en su mesa una propuesta
sensata, sólida, fruto de la experiencia en la gestión, en la buena gestión económica; abandonen ese 'no es no' que les caracteriza, dejen de lado la demagogia y el dogmatismo y háganle caso al Partido Popular. Créanme -estoy seguro de que ustedes
también lo saben-, porque a los españoles les irá mucho mejor si le hacen más caso al señor Feijóo y al Partido Popular que a Echenique o Yolanda Díez, cuyas propuestas comunistas no han funcionado jamás en ningún lugar del mundo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olano.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.


Nuevamente nos encontramos con una PNL repetitiva que ya presentó Ciudadanos, en la que nosotros también nos abstuvimos en el Pleno. Entendemos que es una propuesta que se circunscribe en el debate que se va a abrir a cuenta de la reforma
fiscal y que ya se ha presentado un estudio elaborado para el comité de expertos creado al efecto. Pueden hablar ahora de la modificación de estos tramos del IRPF, pero además no entrarían en vigor en estos momentos, sino que entrarían en vigor en
el año 2023. Es verdad que se autoenmiendan, y ahora ya hablan de mínimos exentos de las deducciones del impuesto, que era lo que nosotros solicitábamos también en aquel Pleno.


Por otro lado, hay que añadir que el Gobierno no es ajeno a la inflación y a la subida de precios, a la que también tiene que hacer frente a la hora de ejecutar sus gastos, gastos para garantizar el bienestar de la ciudadanía y también para
proteger a los más vulnerables. Nosotros sí estamos de acuerdo con que los sistemas fiscales deberían diseñarse con cláusulas de ajuste que consideraran la inflación, y por ello entendemos que se debería contemplar este hecho en esa reforma
tributaria que hay en ciernes. En Euskadi, en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, de hecho se ha deflactado la tarifa, es verdad que con la inflación subyacente, y eso sí que va a tener consecuencias en este ejercicio.


Por todo ello, entendiendo que hay una reforma fiscal en ciernes, siendo coherentes con lo que hicimos en el Pleno, que nos abstuvimos, y conociendo además que esta deflactación no va a tener lugar hasta 2023, nos volveremos a abstener.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.


Como han dicho otros intervinientes, esta es una propuesta que ya se había discutido en Pleno. En su momento mi grupo parlamentario votó en contra por las mismas razones que voy a exponer aquí y ahora.


En sí la iniciativa no nos parece que esté mal enfocada, evidentemente en un contexto inflacionario como el que estamos viviendo este es un asunto no menor y es uno de los efectos, digamos, provocados por esa espiral inflacionaria, uno de
tantos efectos desequilibradores del sistema que se generan. Lo que echamos de menos en realidad es poder introducir este tipo de argumentos en el debate fiscal que se tiene que dar en este país a lo largo de este año y que a nosotros nos parece
fundamental. Habíamos dicho que una de las reformas claves que tiene que afrontar este Gobierno a lo largo de esta legislatura no era solo la reforma laboral, no eran solo las cuestiones que tienen que ver con servicios públicos y sociales, sino
que hay una necesidad histórica en este país para afrontar una reforma fiscal en profundidad, y solo en el contexto de ese debate y de esa reforma tendría sentido discutir medidas como las que aquí se proponen. Digo todo esto porque así, sin más, y
tal y como está la situación, implementar una medida de estas características sin que venga acompañada de otras que compensen los efectos adversos que podrían acompañarla, evidentemente, nos parece que está fuera de lugar. Digamos que no está el
horno para estos bollos y creemos que hay que introducir reformas y cambios con bastante más tino y, como digo, en el contexto de un debate mucho más amplio, que es lo que se está proponiendo. Por tanto, mi grupo parlamentario votará en contra, en
coherencia con lo que ya hizo en el Pleno.


Gracias.



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Muchas gracias, señor presidente.


Con la venia. El informe de la Fundación Disenso, cuánto pagarán más los contribuyentes españoles en el IRPF por la inflación durante 2021, y la adenda posterior, por la inflación acumulada entre 2008 y 2020; cuánto pagarán de más por el
IRPF en 2021, es lo que ha suscitado todas estas iniciativas, todos estos artículos de prensa. Podemos decir que estamos absolutamente de acuerdo con la PNL que ha presentado Ciudadanos, aunque nos hubiese gustado que fuese más ambiciosa.


Dicho eso, quiero puntualizar dos cosas. Realmente las últimas ocasiones en las cuales se deflactó la escala del IRPF se aprobó en las respectivas leyes de presupuestos para el año 2007 y 2008, cuando no existían aún las escalas
autonómicas, como recordarán sus señorías, las cuales aparecen a partir de 2011. Sí es verdad, no obstante, que en los años 2015 y 2016 se redujeron las escalas estatales con la reforma fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy, pero no es lo mismo.


Me ha sorprendido mucho lo que hemos oído aquí por parte de la portavoz del PNV, que dice que no lo ve, que si el coste de la Administración, etcétera, pero luego ha mencionado que en Álava efectivamente se aprobó deflactar la tarifa de la
base liquidable general y actualizar la reducción por tributación conjunta y las reducciones personales y familiares, con efectos de 1 de enero de 2022, y que previamente se había deflactado la inflación con efectos 2018, 2019 y 2020. En Vizcaya y
Guipúzcoa también se deflactó la tarifa en la base liquidable general en 2018, en 2019 y en 2022. Entiendo que lo que es bueno para los señores del País Vasco será bueno para el común de los mortales o para los españoles, ¿o aquí hay un hecho
diferencial que yo todavía no he entendido?


La realidad es que los españoles vamos a pagar más de 4000 millones de euros por la subida de la inflación. Si tenemos en cuenta el IVA, eso en términos del IRPF serían otros dos mil y pico millones más, y esto, como bien ha explicado y no
me voy a detener, a quienes más afecta es a aquellas personas que viven en una situación precaria. Yo creo que es bueno, puesto que tenemos un Gobierno que no hace más que decir que es muy social, que demuestre que lo es y que se aplique el cuento.
Estamos totalmente de acuerdo y votaremos a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente, buenos días.


Esta PNL, que es una orientación política, ya ha sido debatida, se ha dicho en el Pleno, y hemos tomado posición todos los partidos políticos, no solamente los grupos parlamentarios aquí representados, y se le ha dicho al Gobierno que no
deflacte, eso lo ha dicho el Pleno. Se reincide en un debate en Comisión donde no están todos los partidos políticos con representación, están todos los grupos parlamentarios representados, pero no todos los partidos políticos, y quería que esta
fuese mi primera reflexión; la orientación política del Congreso de los Diputados y el Gobierno es que no se deflacte el IRPF.


En segundo lugar, yo les hacía una petición: que seamos serios, que seamos rigurosos y que seamos responsables, eso es lo contrario de hacer populismo fiscal. Y les voy a decir por qué. Ustedes se cogen cualquier manual de economía y
todos coincidimos en algo, en que el problema actual, el primer problema, el principal problema económico en este país es la inflación, la inflación es el impuesto a los pobres, y cualquier manual económico te dice cómo abordar la inflación. La
inflación se aborda -todos lo sabemos-, a través de la política monetaria, en la que es competente el Banco Central Europeo, y ya iremos viendo medidas, como serán subidas de los tipos de interés, y el Gobierno puede adoptar otras políticas
complementarias a la política monetaria, que es la que lucha contra la inflación. Puede adoptar medidas de oferta y de demanda. Manuales de economía. ¿Cuáles son las políticas de demanda? En concreto, las fiscales, y me voy a detener en ellas.
¿Qué dicen los manuales? Primero, si acaso, subir el IRPF, evidentemente para quitar financiación y flujo financiero en las relaciones comerciales. Manuales de economía: subir el IRPF. Y, en segundo lugar, bajar, si acaso, los impuestos sobre el
consumo de aquellos productos que están provocando la subida de la inflación, en este caso los energéticos. ¿Qué ha hecho justamente el Gobierno? Bajar los impuestos que afectan al consumo y a los productos que están provocando la inflación, en
concreto el IVA de la electricidad, también el de la generación eléctrica y, por otra parte, subvencionar con 20 céntimos todos los combustibles en este país. También dicen los



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manuales: mejorar la competitividad, mejorar las cadenas de distribución. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno? El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia justamente para digitalizar, para convertir el sistema energético de
las empresas en sistemas sostenibles y mucho más económicos con energías renovables. En definitiva, el Gobierno está cumpliendo con los manuales de economía, y ustedes no lo quieren aceptar, ustedes optan por el populismo fiscal.


La segunda reflexión que quiero hacer al respecto: cuáles son los efectos que esta deflactación tiene. Evidentemente, ahorrar dinero a los más ricos, es muy evidente y muy fácil de entender. Si yo tengo una renta de 12 000 euros la
deflactación no me afecta, yo no me ahorro ni un céntimo; si cobro 12 000 euros, y muchísimos ciudadanos de este país son mileuristas, no se ahorran con la deflactación ni un céntimo. ¿Qué se ahorran los que ganen más de 25 000 euros? El aumento
del primer tramo. ¿Qué se ahorran los que ganen más de 35 000 euros? El aumento del primer y del segundo tramo. ¿Qué se ahorran los que ganen más de 60 000 euros? El aumento del primer, del segundo y del tercer tramo. ¿Qué se ahorran los que
ganen más de 300 000 euros? El aumento del primer, del segundo, del tercer y del cuarto tramo.


El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene que ir acabando, por favor.


El señor HURTADO ZURERA: Es la cuenta de la vieja. Concluyo, presidente.


Ustedes no lo hicieron gobernando, desde 2008 no se ha deflactado. ¿Saben ustedes cuándo se deflactó? Cuando la inflación era del 1,4 %. ¿Saben ustedes lo que dijo el señor Montoro y el comité de expertos? Que eso era una medida
inflacionista, que tenía efectos de segunda ronda. Además, justamente el Partido Popular aprobó la ley de desindexación, que excluía esta posibilidad y que se incluía en las reformas que se enviaron a Europa y en los compromisos en los años 2013 y
2014. Por tanto, sean rigurosos, sean serios, dejen de hacer populismo fiscal y arrimen el hombro.


El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, ¿está en condiciones de decir si acepta o no la enmienda? (Pausa). Entiendo que queda para el final.


DECAÍDA DEL ORDEN DEL DÍA:


- SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y DE LA GESTIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL EN CATALUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL. (Número de expediente
161/003730).


El señor PRESIDENTE: La siguiente iniciativa es la PNL sobre la descentralización del régimen jurídico y de la gestión de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Como no veo a ningún miembro del
grupo proponente, decae.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (CONTINUACIÓN):


- RELATIVA A CONVOCATORIA DE PLAZAS Y REALIZACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/003856).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la sexta proposición no de ley, relativa a la convocatoria de plazas y realización de procesos selectivos de funcionarios de Administración local, con habilitación de carácter nacional. Para su defensa, tiene
la palabra el señor Mazón.


El señor MAZÓN RAMOS: Esta proposición no de ley, como todos habrán podido observar, es bastante sencilla, es un tema recurrente. El asunto de los puestos de secretario, interventor y tesorero en los ayuntamientos es un problema que
ninguno de los gobiernos centrales han acometido en las últimas legislaturas. Son realmente ellos los responsables de convocar estos procesos electivos y en estos momentos lo que sí podemos decir es que tenemos una situación muy mala, por no
utilizar otros adjetivos, en toda España. En concreto, en Cantabria hay decenas de ayuntamientos que ven cómo su gestión se ve ralentizada, cómo se acumulan las facturas, cómo los contratos administrativos cada vez tienen menos seguridad jurídica.
Esta falta de interventores se acentúa sobre todo en los ayuntamientos pequeños, en los ayuntamientos de menos de 5000 habitantes, muchos de los cuales acumulan la figura, como la mayoría de ustedes sabrán, de secretario e interventor, y están
ocupados o por interinos o



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sencillamente están vacantes, y en algunos casos se puede llegar a una acumulación de funciones, pero sigue siendo absolutamente insuficiente. En concreto, en la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de
Cantabria sí que se está haciendo algo; hay una bolsa de trabajo para interventores, secretarios y tesoreros interinos que lo hacen subsidiariamente, ya que el Estado no lo está practicando. Esto está agravado desde el propio colectivo, que además
es un colectivo que tiene cierta antigüedad, y esa antigüedad del colectivo también va acompañada por la antigüedad de los propios funcionarios, que se incorporaron sobre todo en los años ochenta y noventa y actualmente se están acercando a la edad
de jubilación y además su interés es cada vez menor y, en algunos casos, se asemejan a los antiguos funcionarios que recordamos con el manguito. Ya tienen mucha experiencia, y hay muchos alcaldes nuevos que realmente no saben exactamente cómo
gestionar la complejidad de la Administración, que cada día es más difícil.


Esto que relato para Cantabria es un problema que ocurre en toda España, en mayor o menor medida, y creo que el Estado debería hacer un esfuerzo, para eso tiene una institución como es el INAP, institución de la que se habla poco y que creo
que tiene muchísimas posibilidades y que tendría que hacer un esfuerzo en la convocatoria de las oposiciones con la mayor urgencia posible de este tipo de funcionarios.


Hay que decir que el Decreto 128, de 2018, que modificó el reglamento para limitar la acumulación de funciones en distintos ayuntamientos, lo ha puesto todavía peor, con lo cual creo que habría que flexibilizar este tipo de acumulaciones y
facilitar que se puedan compaginar pequeños ayuntamientos distintos de una manera más fácil.


En resumen, la proposición no de ley consta de dos puntos, el primero es que se proceda a la convocatoria inmediata de las plazas de Administración local con procesos selectivos que sean ágiles para toda España y eliminar esta restricción.
Además, hay que decir algo que es general para la Administración, y que vendría muy bien desde el punto de vista de la calidad de la Función pública, y es que estas oposiciones de carácter nacional tienen una selección mucho más rigurosa que las que
están descentralizadas. Aquí el nepotismo local es mucho más difícil de plasmar, los funcionarios compiten con todos los funcionarios de toda España, se preparan muy bien las oposiciones y en general todos aquellos que las sacan tienen ya un plus
de calidad, por decirlo de alguna manera. Este aspecto es fundamental para la Administración pública española. Por tanto, espero que sus señorías puedan votar todos a favor de esta proposición no de ley.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón. Si me permite la broma, le diré que comparto la última parte de su discurso, pero para nada la primera; me ha llamado usted antiguo y casi me ha dicho que tengo pocas ganas de trabajar si
tuviera que volver a mi profesión, cosa que ya le digo que no es así. (Risas).


El señor MAZÓN RAMOS: No hay que generalizar. (Risas).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ SOMOZA: Gracias, presidente, buenos días, señorías.


La carencia de personal en los ayuntamientos, y en particular la relativa a las plazas de habilitados nacionales, es un problema derivado principalmente de las políticas de recortes y de desmantelamiento llevadas a cabo por el Gobierno del
Partido Popular. No olviden que aquí el único Gobierno que ha recortado y suprimido las políticas de empleo público ha sido precisamente, como les digo, el Partido Popular. Recordemos un dato: la tasa de reposición durante los años del Gobierno
del PP fue del 0 %, señorías, del 0 %. Todas las plazas que se quedaron vacantes por aquellos años las dejaron sin cubrir. Ese déficit de personal influye negativamente en el funcionamiento y en las actuaciones de los municipios de España. ¿Y qué
se hacía, cuál era el recurso que se utilizaba ante esta situación? Pues cubrir las vacantes con personal interino, generando altas tasas de temporalidad e inestabilidad en las plantillas locales. Frente a esto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha
impulsado desde el año 2018 nuevas y necesarias políticas de empleo público para nuestro país. Recuerden, señorías, que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, la que está vigente en la actualidad, fija la tasa de reposición
de efectivos en el 120 % en los sectores prioritarios y en el 110 % para el resto de sectores. Y, claro, los funcionarios habilitados de carácter nacional se encuentran entre los prioritarios. Por tanto, presentamos esta enmienda para reforzar la
proposición no de ley presentada por el señor Mazón, en aras de tener un carácter más integrador.



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Señorías, cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con un recorte en las plantillas de la Administración General del Estado de casi 40 000 personas y, como les digo, desde el año 2018 estamos publicando todas las ofertas de empleo público
que las administraciones nos demandan y que nuestro país necesita para estar a la altura de las circunstancias.


Por otro lado, en el marco del plan de captación de talento de la Administración General del Estado, se están llevando a cabo diferentes campañas informativas y de comunicación de las diversas oportunidades de trabajo que ofrece el empleo
público. También hay que poner de relieve los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021, de medidas urgentes, para reducir la temporalidad en el empleo público. Se abre un proceso de estabilización que beneficiará al personal
funcionario y al laboral. Señorías, estamos hablando de dar estabilidad a cerca de 300 000 empleados públicos.


Con respecto al segundo punto que presentamos en nuestra enmienda, el Gobierno está dispuesto a abordar este problema, además de con las modificaciones legislativas que ya están comprometidas en el plan normativo, con medidas que reduzcan el
número de puestos reservados, valorando, además, la agrupación de los municipios o estudiando el papel de los servicios de asistencia en las diputaciones provinciales.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.


¿Señora Sagastizabal, desea intervenir? (Denegaciones).


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Primero de todo quiero expresar nuestra alegría, porque aunque no se ha debatido porque no estaba en el punto anterior el portavoz que la ha presentado, ahora se ha hablado del tema. Decía que quería manifestar
nuestra alegría de que se hable de los problemas de las administraciones locales, del municipalismo en el Congreso de los Diputados, porque aunque a veces no estamos de acuerdo con la solución que le vamos a dar, creo que sí es importante que se
materialice que hay una falta de atención en este nivel de la Administración pública que presta servicios tan importantes a la ciudadanía.


Nosotros creemos que obviamente sí que se tiene que dar una solución al problema que se plantea en la proposición; es evidente que llevamos varios años con una falta de funcionarios de habilitación estatal, con los consecuentes problemas
que ello conlleva. Y dentro de estos problemas, que ya han sido detectados en distintos pueblos y también con distinta índole, nosotros queremos poner luz a dos; en uno realmente urge la respuesta, porque si no las administraciones locales tendrán
problemas para desempeñar sus funciones con la eficiencia y la eficacia que les pertoca. El otro problema que nos gustaría destacar es la calidad del empleo desempeñado por los funcionarios; si realmente hay una carencia de estos funcionarios, se
sobrecargan de trabajo y esto tiene una doble consecuencia: un trabajo en precario, el trabajo quizá no se puede hacer con la calidad que pertoca y puede darse el efecto perverso de que si es un trabajo que está sobrecargado, nadie va a querer
hacerlo y vamos a tener cada vez menos menos personal dispuesto a pedirlo.


Estamos totalmente de acuerdo con el objetivo y creemos que desde el Gobierno se tiene que tomar algún tipo de medida, como se ha venido haciendo con el plan de talentos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra su portavoz, el señor Sáez.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.


Hablamos de una proposición no de ley del Partido Regionalista de Cantabria relativa a la convocatoria de plazas y realización de procesos selectivos de funcionarios de Administración local con habilitación nacional. Creo que es importante,
primero, saber en el contexto en el que nos movemos, es importante conocer, con datos del Instituto Nacional de Estadística, que el número de asalariados en la Administración local ha pasado de 632 700 en 2006 a 672 800 en el año 2021. Que el
número de asalariados en el conjunto de las administraciones públicas ha pasado de 2 931 500 en 2006 a 3 449 100 en 2021, datos del Instituto Nacional de Estadística. Quiero destacar que este crecimiento en el número de asalariados en el conjunto
de las administraciones públicas se debe principalmente al crecimiento acaecido en la Administración autonómica, que ha pasado de 1 257 700 asalariados en 2006 a 2 042 200 asalariados en el año 2021. Parece que el digitalismo, del que han hablado
en una iniciativa anterior, y la eficiencia es algo que no ha llegado todavía a las administraciones públicas.



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Creo que es importante analizar lo que dice el informe de fiscalización del sector público local del año 2019, elaborado por el Tribunal de Cuentas, donde se detallan una lista amplia de incidencias y se proponen una serie de
recomendaciones. Es recomendable leer las ochenta y dos conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, la mayor parte de ellas incidencias, que han sido incluidas en el mismo. De las recomendaciones a los responsables de las entidades locales
podemos citar: adoptar medidas oportunas para que el presupuesto de las entidades locales constituya un instrumento efectivo de planificación, gestión y control de la actividad económico-financiera de las entidades del sector público local,
procurando su aprobación y liquidación dentro de los plazos previstos legalmente y la reducción, en la medida de lo posible, de los saldos acreedores pendientes de imputación presupuestaria. Otra recomendación: continuar en la reorganización del
sector público local empresarial, con especial referencia a las entidades instrumentales que se encuentran inactivas o en situación de disolución. Conviene leer también las recomendaciones dirigidas a los órganos competentes de la Administración
General del Estado, como la que dice que debería llevarse a cabo la práctica de la retención de la participación en los tributos del Estado, prevista con carácter potestativo en el artículo 36.1 de la Ley de Economía Sostenible, a aquellas entidades
locales que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales, de manera análoga a lo efectuado por la falta de comunicación de la liquidación del presupuesto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Constenla.


El señor CONSTENLA CARBÓN: Buenos días, presidente, muchas gracias.


Los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional tienen reservadas una serie de funciones imprescindibles en todos los ayuntamientos. A este cuerpo de funcionarios les corresponden las resoluciones más
importantes que se realizan en una entidad local, y el Gobierno del Estado es el competente para aprobar las ofertas de empleo público y realizar las convocatorias de los correspondientes procesos.


En las últimas ofertas de empleo público aprobadas por el Estado se ofertaron un número totalmente insuficiente de plazas, teniendo en cuenta las plazas vacantes y las necesidades del personal de este cuerpo detectadas en los ayuntamientos,
tanto en el acceso libre como en la promoción interna, y se dejaron sin cubrir muchas de estas plazas. Podemos poner el ejemplo de Galicia o el de Cantabria. Resulta que en el concurso de traslados del año 2020, de 206 plazas convocadas quedaron
vacantes 70, y en el concurso de 2021, pendiente aún de resolver, de las 109 plazas vacantes necesitaríamos 153 que están por cubrir y que no disponen de titular. Con estos datos encima de la mesa es inaceptable que a estas alturas el Gobierno del
Estado no haya iniciado ya los procesos selectivos derivados de las ofertas de empleo de los años 2020 y 2021.


Teniendo en cuenta las necesidades detectadas de personal en los últimos años y ante el incremento de plazas vacantes, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, algunas comunidades autónomas, como Cantabria o Galicia, regularon procesos de selección y nombramiento de personal interino para el desempeño de puestos reservados a
personal funcionario de habilitación nacional. Y en relación con el proceso de estabilización derivado de la reciente Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, un dato -y voy a
dar el de Galicia-, solo se identificaron cuatro plazas reservadas a personal funcionario de la Administración local con habilitación nacional que cumplían los requisitos para hacer funcionarios.


En base a todo lo expuesto, el Grupo Popular apoyará esta iniciativa con el objeto de evitar la temporalidad en el ejercicio de las funciones públicas y asegurar la estabilidad y la permanencia en el empleo público que redundará, sobre todo,
en la mejora del funcionamiento de los servicios públicos. Es imprescindible que desde el Gobierno del Estado se convoque de manera regular, que los procesos selectivos sean ágiles y que se cubra anualmente un mayor número de plazas de funcionarios
de la Administración local con habilitación nacional, y, ante todo, se requiere la adopción de medidas más profundas que preserven el carácter nacional y el ejercicio homogéneo de las funciones reservadas a ellos en todo el territorio.


Muchas gracias. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Constenla.


Señor Mazón, ¿acepta usted la enmienda?


El señor MAZÓN RAMOS: Sí.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- SOBRE MEDIDAS FISCALES PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS Y AUTÓNOMOS QUE TIENEN QUE UTILIZAR SUS VEHÍCULOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003967).


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la proposición no de ley sobre medidas fiscales para ayudar a las familias y autónomos que tienen que utilizar sus vehículos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su
defensa, tiene la palabra la señora España.


La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.


La verdad es que es sorprendente la persecución que este Gobierno tiene al sector del automóvil. En el año 2019, justo antes de la pandemia, España era el segundo fabricante de automóviles de Europa y noveno del mundo, con un impacto
realmente importante ya que representaba el 8,5 % del producto interior bruto, exportamos 8 de cada 10 vehículos que producimos por un valor de 36 000 millones de euros y, sobre todo, en lo que respecta a la creación de empleo, más de 66 000
personas trabajan directamente en las fábricas y hay 1,9 millones de empleos generados de forma directa e indirecta en toda la cadena de valor. A pesar precisamente de ser uno de los sectores más afectados por la crisis económica del COVID, ya que
en 2020 cayó la producción más de un 19 % y en 2021 también un 7,5 % adicional, la realidad es que el Gobierno en ningún momento ha aportado alguna medida relevante para su recuperación, más bien todo lo contrario, porque lo que hemos visto ha sido
una importante subida del impuesto de matriculación, que ha entrado en vigor este año, y precisamente en el libro blanco encargado al comité de expertos también se incluye una propuesta de subida de toda la fiscalidad que afecta a quienes poseen un
vehículo, ya sea un particular o un autónomo que lo utilice a diario en su trabajo. En ese citado libro blanco vemos una clara desconexión con las necesidades del sector del automóvil y de una sociedad que está apabullada por una escalada en el
precio de los combustibles, como estamos viendo todos los días, que ahoga a las familias y amenaza a los miles de autónomos. Este comité de expertos propone, propuesta 7, modificar el impuesto de matriculación para favorecer una flota de vehículos
sostenible; de lo que se trata es de incrementar la recaudación hasta en 2335 millones de euros por el impuesto de matriculación. Propuesta 8, configurar el IVTM para penalizar a las tecnologías más contaminantes; en realidad lo que se pretende
es aumentar la recaudación hasta un 28,94 %, 610 millones de euros. Propuesta 9, creación de un tributo municipal sobre la congestión de determinadas ciudades. Propuesta 10, consideración de mecanismos tributarios para el pago por uso de
determinadas infraestructuras viarias, para que los conductores paguen tanto por conducir en las ciudades como por conducir en las carreteras y cuyo objetivo fundamental es que la recaudación aumente 31 733 millones de euros. La propuesta 6,
aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos, con el objetivo de incrementar la recaudación por los combustibles un 47 %, esto es 8505 millones de euros. Es decir, todo lo contrario de lo que se necesita en un entorno de alta inflación que
llevamos sufriendo bastantes meses de forma consecutiva. Lo preocupante es que la ministra de Hacienda no ha descartado ninguna de estas propuestas, lo único que ha dicho es que no es el momento de llevarlas a cabo ahora, pero que son propuestas
que seguramente serán la base de una futura discusión sobre la evolución de la política fiscal.


Por lo tanto, nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, no entendemos esta persecución a los propietarios de los más de 29 millones de vehículos que tenemos en este país y que son necesarios, obviamente, para el desplazamiento de millones de
familias, pero también para millones de autónomos, como taxistas, comerciales, repartidores, agricultores y ganaderos, entre otros. No solo los ciudadanos están asfixiados por las continuas subidas de impuestos de este Gobierno, sino que, además,
ahora la inflación también está empobreciendo a los españoles y la solución del Gobierno es seguir aumentando los impuestos, aumenta el impuesto de matriculación, el IVTM, nuevo impuesto por circular en las ciudades, nuevo impuesto por circular por
las autovías, volver a subir los carburantes; es decir, guerra al vehículo privado.


Por eso nosotros presentamos esta proposición no de ley en la que instamos al Gobierno a aprobar un paquete de medidas fiscales de apoyo al sector de la automoción, en el que se incluya la supresión



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del impuesto de matriculación, que sería compensada con un impuesto medioambiental que se implantaría de forma gradual, tras un periodo transitorio, y gravando solo a los vehículos menos seguros y más contaminantes para así favorecer la
renovación del parque automovilístico. También proponemos reducir el impuesto especial de hidrocarburos a los niveles mínimos de imposición aplicables a los carburantes, de forma provisional y en tanto persista la situación excepcional de precios,
así como también instar a la Comisión Europea para la suspensión de los tipos mínimos del impuesto de hidrocarburos y bajar el IVA de los carburantes al superreducido de forma provisional y en tanto persista la excepcional situación de precios.


Nada más, muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.


Por el Grupo Ciudadanos, ¿quiere intervenir la señora Martínez? (Denegaciones).


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.


Me siento repetitiva teniendo que contestar siempre lo mismo, y es que ustedes siempre proponen lo mismo. Vienen a esta Cámara con una propuesta de reducción de impuestos incompatible con dar respuesta a las necesidades también del sector
del automóvil, de las familias y personas que trabajan en el sector del automóvil. Me parece muy engañoso porque una cosa no es posible sin la otra; bajar impuestos no es siempre una buena solución, sobre todo si se hace de manera generalizada y
sin estudiar dónde se bajan y dónde se suben.


Dicho esto, me parece que es pasarse un poco de la raya decir que este Gobierno está demonizando -esto lo pone por escrito- y me parece que usted en su exposición ha dicho solo persecución al sector de la automoción. Disculpe, se lo digo
con todo el cariño, me parece que es pasarse un poco de la raya, pero también creo que no responde ni a la actuación del Gobierno ni a los hechos, a la evidencia que hay en la sociedad. Obviamente, no tengo todas las cosas en la cabeza, pero le
puedo recordar la aprobación del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del vehículo eléctrico, que estaba dotado con 24 000 millones de euros, entre inversión pública y privada, y que suponía un impacto de 142 000
puestos. También le puedo recordar el anuncio de apertura de una fábrica de baterías eléctricas por parte de SEAT en Sagunto o la visita de nuestra ministra de Trabajo, la señora Yolanda Díaz, a la citada empresa SEAT para hablar con ellos del
futuro del trabajo en este proceso de cambio industrial en el que nos encontramos.


Comentaba también usted que para facilitar el desplazamiento de las personas lo que se debe hacer, volvemos al principio, es reducir impuestos. Yo lo que le digo, aunque no estemos en la Comisión de Transportes, es que para facilitar el
desplazamiento de las personas y no tengan dependencia de un vehículo privado que contamina y que sale muy caro lo mejor que podemos hacer es aumentar el transporte público, por tren, por autobuses, y esto se hace a través de la recaudación de
impuestos, cosa que, como le comentaba, no es posible si los bajamos.


Para acabar solo quería comentar una de sus propuestas y me gustaría que en un momento que tenga aclare usted cuál es la diferencia entre este impuesto a la contaminación -creo que lo ha llamado así- y el impuesto de matriculación, porque el
impuesto de matriculación ya incluye una parte progresiva para que paguen más los vehículos más contaminantes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Cañizares.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.


Esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Popular podríamos encuadrarla dentro de otra proposición que nosotros hemos presentado, mucho más ambiciosa e integral y que registramos el pasado 2 de febrero, en la que instábamos al
Gobierno a acometer de manera inmediata un plan de apoyo al sector de la automoción, con medidas precisamente de signo contrario a las que este Gobierno implanta, un Gobierno que parece mirar más por los intereses de otros países que por los de
España. En este sentido, podríamos destacar, como pilares básicos de nuestra propuesta, que suma y complementa la del Partido Popular, que el Gobierno debería apartarse de los postulados de esa Agenda 2030, en particular y en este contexto, en todo
aquello que supone un abandono del interés nacional, del bien de los



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españoles y de la reactivación de nuestra industria; impulsar medidas fiscales, como bien recoge esta PNL, que estimulen y favorezcan el mercado del automóvil e incentiven la compra de nuevos vehículos, todo ello siempre persiguiendo dotar
al marco legal actual de la estabilidad necesaria para permitir la planificación tanto de fabricantes y distribuidores como de las familias; un despliegue de la actividad necesaria en el seno de la Unión Europea para adaptar las imposiciones en
cuanto a CO2 a las necesidades de España y su industria, al objeto de conseguir una transición que proteja el empleo y la riqueza; elaboración de planes de ayuda a la adquisición de vehículos configurados en función de la oferta y demanda y de las
necesidades de la industria de los españoles que deberán ser gestionados directamente por el Gobierno sin establecer distinciones entre regiones y autonomías; creación de un paquete de incentivos fiscales a empresas, al objeto de relocalizar la
producción de suministros estratégicos en el sector industrial español y de facilitar y acelerar el proceso de implantación y desarrollo de una verdadera industria de fabricación de semiconductores y, por supuesto, una reducción generalizada de los
impuestos que penalizan la adquisición de los vehículos que cuando los usamos los ciudadanos contaminan, pero que cuando el Gobierno despliega su flota, Falcon incluido, entonces parece que se regenera la atmósfera.


Ya son múltiples las propuestas que en nombre del Grupo Parlamentario VOX hemos presentado con el fin de impulsar este sector ya que, como es sabido, vive actualmente una crisis debida a numerosos motivos, por un lado, los factores que han
afectado a todo el tejido empresarial español, como es la pandemia por la COVID y las prohibiciones impuestas durante los estados de alarma -declarados inconstitucionales gracias a los recursos interpuestos por el Grupo Parlamentario VOX- que
provocaron el cierre temporal de plantas de producción, y, por otro lado, el desabastecimiento de materias primas y de semiconductores que ha provocado la paralización del sector, lo que ha supuesto una caída de producción y exportación del
vehículo.


Por tanto, a la vista de los problemas y retos a los que se enfrenta la industria española en general y la automoción en particular, es imperativo replantearse las actuaciones adoptadas por el Gobierno. Es necesario crear ese plan de apoyo
a esta industria estratégica para España que procure una transición adecuada hacia esa descarbonización, una menor dependencia del exterior y que evite el despido de empleados y el cierre masivo de empresas que dependen de este sector. Este plan,
además, debe garantizar la productividad y competitividad de una industria clave para España en la que hemos presidido los primeros puestos a nivel mundial y hemos sido líderes en Europa. Es de obligado cumplimiento establecer cuantas medidas sean
necesarias para preservar el liderazgo de España en este sector, a fin de garantizar la supervivencia y proteger a las empresas, a los autónomos de toda la cadena de valor española -desde fabricantes, concesionarios, talleres, transportistas- hasta
todos los servicios especializados de este sector, sin olvidar el bolsillo de las familias, de los autónomos, de los ganaderos, de los agricultores y su estabilidad y seguridad jurídica para que puedan planificar sus economías y ser capaces de
comprar y usar sus vehículos sin miedo a ser tachados de proscritos y culpables por los fanáticos del clima y las agendas destructivas del globalismo.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañizares.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García.


El señor GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente, buenos días a todas y a todos.


Esta proposición no de ley del Grupo Popular entra dentro del marco de la demagogia, en esa estrategia populista de bajadas de impuestos del Partido Popular, en lo que llamamos el populismo fiscal del PP del señor Casado y del señor Feijóo,
en ese giro de 360 grados que les ha llevado a estar ensimismados y alejados de la realidad, tan alejados que es que desconocen ahora mismo todo lo que tiene que ver con el sector del automóvil.


Solo les recordaré alguna de las cuestiones que el Gobierno de coalición ha ido abordando en el sector del automóvil. En los años 2020-2021 el plan de impulso de la cadena de valor de la industria del automóvil y la contención de alguno de
los impuestos a través de algunos reales decretos leyes que hemos ido aprobando; en el año 2022 el PERTE del automóvil, que es la mayor apuesta que ha habido en este país por la industria automovilística, una inversión total de 24 000 millones, de
ellos 4300 millones de inversión pública, con un impacto de más de 140 000 empleos, que contribuirá al producto interior bruto de este país entre el 1 y el 1,7 % y una repercusión para las fábricas del automóvil, para la fabricación de baterías y
para la implementación de equipos de hidrógeno. Por último, recientemente se ha anunciado el PERTE de los



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semiconductores para la fabricación de otros componentes del vehículo eléctrico, con una inversión total de 11 000 millones que va a afectar a toda la cadena de valor del sector del automóvil. Por tanto, esto solo era una excusa en su
proposición no de ley para hablar de su populismo fiscal.


Podría trasladar aquí íntegramente la intervención de mi compañero Antonio Hurtado en una iniciativa anterior porque viene como anillo al dedo. Esto que ustedes plantean de la bajada fiscal no se sostiene por la teoría económica, salvo por
aquellos economistas que anteponen la ideología a la ciencia económica, tampoco se sostiene por la historia económica y se lo mostraré con algún ejemplo. Un momento reciente de la historia de este país, con un nivel de inflación muy parecido al que
tenemos ahora, incluso muy superior, fue la Transición. Y en aquella ocasión en los Pactos económicos de la Moncloa no solo no se bajaron los impuestos, sino que se pusieron las bases para el sistema fiscal que hoy tenemos, con una subida
generalizada de los impuestos. Claro en aquella ocasión era Alianza Popular, pocos diputados, y ustedes han perdido la memoria. Pero más recientemente, en el año 2012, con una profundísima crisis proveniente de la crisis de 2008, el Partido
Popular en el Gobierno -creo que esto ya sí deben tener memoria, porque no está tan alejada como los Pactos de la Moncloa- subió todos los impuestos en este país, en un momento en el que las clases populares, las familias, los trabajadores, los
pensionistas habían tenido un empobrecimiento general y, por tanto, habían perdido mucho poder adquisitivo. ¿Y qué fue lo que hizo el Partido Popular? Pues implantó impuestos a la producción de energía eléctrica de un 7 %, el impuesto especial de
electricidad con el 5,11 %, el impuesto al sol, el canon hidráulico, el aumento del IVA de la luz al 21 %, subió cinco veces el IRPF, cuatro veces el impuesto de sociedades, dos veces el IVA y el IBI. Les recuerdo esto para que tengan buena memoria
y sean coherentes. ¿Qué hizo el Partido Popular por las clases trabajadoras en ese momento? Pues tan sencillo como destinar 40 000 millones de aquella época para el rescate bancario y la creación del banco malo; 40 000 millones nos costó, señora
España.


Por contra, ahora el Partido Socialista, el Gobierno, en esta crisis derivada de la guerra de Ucrania y la crisis pandémica, ha puesto 40 000 millones -el equivalente, exactamente igual 40 000 millones- para defender a los trabajadores y a
las empresas, los ha puesto para los ERTE y para las prestaciones extraordinarias de los autónomos. Esa es la manera diferente de abordar una crisis por parte del PP y del Partido Socialista. Nosotros apoyamos a los trabajadores, a las clases más
desfavorecidas y a las familias para aumentar su poder adquisitivo y ustedes se olvidaron de ellos, como se han olvidado de las graves políticas económicas que llevaron a cabo en 2012, porque la amnesia a veces para ustedes es una melancolía.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García.


- SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003968).


El señor PRESIDENTE: A continuación, la siguiente proposición no de ley sobre medidas urgentes para la racionalización del gasto público, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, por tiempo de cinco minutos, tiene la
palabra el señor Bas.


El señor BAS CORUGEIRA: Muchas gracias, presidente, buenos días.


El pasado 2 de marzo Pedro Sánchez advirtió que las sanciones a Rusia por la guerra exigirían sacrificios a los españoles, citando, entre otros, el incremento de los precios de los productos básicos, así como del petróleo y del gas,
afectando directamente a la economía de las empresas y de las familias. Lo que hizo Sánchez fue escudarse en la invasión de Ucrania para tapar una pésima gestión que nos está llevando nuevamente hacia la quiebra económica y avisarnos de que otra
vez nos tenemos que ajustar el cinturón con un Gobierno socialista. Porque antes de que Putin invadiera Ucrania, España ya presentaba graves desequilibrios como consecuencia de las políticas económicas aplicadas por Pedro Sánchez desde que es
presidente. Los precios subían un 30 % más que la media europea; fuimos el país que más cayó en 2020, un 10,8 %, y según el FMI el que más va a tardar en recuperar los niveles previos a la pandemia. Liderábamos la tasa de paro en Europa, tanto la
tasa general como la de paro femenino y juvenil, con más del doble de la media europea. Somos el país que más incrementó la deuda pública, duplicando el aumento de la media de países europeos, y España fue el país en el que más creció la



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desigualdad y la pobreza, con más de un 26 % de la población en riesgo de exclusión social y un 7 % en situación de carencia material severa. En cualquier dato que analicemos España tiene un peor comportamiento con relación al resto de
países de nuestro entorno. Por eso, ante este panorama, nadie entiende en nuestro país que no tengamos una gestión del dinero público que sea eficiente y transparente -y no lo está siendo- y que el presidente del Gobierno exija sacrificios a todos
los españoles pero que no predique con el ejemplo.


Señorías, el pasado año se aprobó en esta Comisión una iniciativa de Unidas Podemos solicitando al Gobierno la aplicación de medidas de sensibilización y educación fiscal, pero, ¿cómo quieren que los españoles estén sensibilizados con el
pago de impuestos si luego ven que el gasto público no se realiza de forma racional y eficiente? Porque cuando gobierna la izquierda se limitan a recaudar como si no hubiera un mañana y a gastar sin control, ninguneando el esfuerzo que a nivel
impositivo realizan los contribuyentes. No se explica que a los españoles se les pida un gran sacrificio económico para superar la crisis y que Sánchez no haya revisado sus políticas de gasto ineficiente ni haya tomado alguna medida de austeridad
que empatice con lo que están pasando las familias. Les piden sacrificios a todos los españoles, excepto a sus tres vicepresidentas, a sus veintidós ministros y a los más de mil asesores contratados por este Gobierno. No se entiende que con la
crisis actual sigamos teniendo el Gobierno más numeroso y caro de la historia. Señorías, la frase de Carmen Calvo 'estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie' retrata la indolencia con la que Pedro Sánchez dilapida fondos
públicos de forma incontrolada, evitando rendir cuentas por ello.


Pero lo que demandamos en esta iniciativa va más allá de reducir ministerios y altos cargos a los mismos niveles y costes existentes en 2018. Pedimos realizar una revisión de un gasto público que ha aumentado en más de 76 000 millones de
euros anuales respecto a 2018. Por ello, entendemos que el anteproyecto de ley de evaluación de políticas públicas puede suponer una oportunidad para avanzar en la regulación de esta materia y que la recién creada División de Evaluación de Gasto
Público en la AIRef será de gran utilidad. Porque no se trata de reducir el gasto social ni aquellas partidas comprometidas, como pensiones o sueldos de funcionarios, sino de reducir el gasto improductivo, superfluo o duplicado. Y por ahí va
nuestra iniciativa y por ahí van las propuestas realizadas tanto por la AIReF como por el Instituto de Estudios Económicos, que han señalado que podrían ahorrarse hasta 60 000 millones de euros en gasto superfluo. Por eso proponemos avanzar en las
líneas que desarrolló la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas en 2012, con una nueva CORA 2.0 que contribuya a la coordinación efectiva entre las distintas administraciones públicas y a suprimir y a reducir aquellos organismos y
entidades públicas innecesarios. Y solicitamos, además, incluir también en ese proceso de evaluación y control permanente las inversiones públicas que se financien con los fondos asociados al mecanismo de recuperación y resiliencia.


Por tanto, les pedimos el apoyo a esta iniciativa que busca mejorar el nivel de nuestros servicios públicos, aumentando la eficiencia en la gestión del gasto público, elevándola hasta niveles que superen la media de la OCDE. Y, de paso,
sería bueno también que el Estado devolviera a las clases medias y trabajadoras el exceso de recaudación que están soportando como consecuencia del incremento de la inflación; por cierto, datos de inflación en los que España vuelve a presentar los
peores registros.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bas.


Para defender una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aceves.


El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidente.


Buenos días, señorías, debatimos ahora una proposición no de ley del Grupo Popular que es verdad que en su terminología podríamos entender que va en plan positivo diciendo que ofrecen una propuesta interesante a esta Comisión en el sentido
de la evaluación de políticas públicas, de intentar ser eficaces y eficientes en el gasto público, pero que, señorías, creo que si tuviéramos que hacer un resumen de lo que dice es: consejos vendo que para mí no tengo. Porque es curioso que el
Grupo Popular nos traiga una iniciativa, recién inaugurado, por ejemplo, un Gobierno en mi tierra, en Castilla y León, en el que han creado una vicepresidencia sin ningún cargo, solo con carga, pero sin ningún cargo y en el que aumentan consejerías,
como ha pasado en mi tierra, en Castilla y León. Y resulta que vienen a dar lecciones a esta Comisión con respecto a lo que hace el Gobierno de España. El Gobierno de España, desde el primer momento que Pedro Sánchez ha sido presidente del
Gobierno, lo que ha intentado siempre, como objetivo



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prioritario, como política de país, ha sido hacer políticas fiscales prudentes para compatibilizar tres aspectos: un crecimiento sostenible, creación de empleo e igualdad social y territorial, estabilidad presupuestaria y ahora, por
supuesto, la superación de los efectos negativos en los acontecimientos que están sacudiendo la economía mundial. Señorías del Grupo Popular, se les olvida siempre a sabiendas -y si fuera en materia penal sería un delito- que estamos viviendo una
crisis pospandemia y ahora los efectos de la guerra de Irak no solo en España, sino en todo el mundo y Europa. Y falsean incluso los datos, y lo digo claramente, porque no son completamente consecuentes con los datos que dan de los indicativos del
IPC en nuestro país con respecto a Europa ni tampoco son, por supuesto, exactos en otros aspectos macroeconómicos.


Señorías, podíamos compartir -y por eso hemos hecho la enmienda en este caso- que la evaluación de las políticas públicas es una propuesta interesante que, como saben, es un proyecto de ley que ya está en marcha, tramitado ya por el Consejo
de Ministros en su primera lectura. Además, si todos lo reconocemos, el Gobierno está aplicando las recomendaciones de la AIReF en los procesos de temas de decisiones presupuestarias y que en los fondos de recuperación y en el plan de nuestro país
se tienen ya en cuenta las recomendaciones de la AIReF para la eficacia y la gestión del gasto público. Componentes como el número 11, modernización de administraciones públicas, y el número 29, mejora de la eficacia del gasto público, del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, demuestran, una vez más, que existe no ya el compromiso de hablar, sino un compromiso efectivo por parte del Gobierno y, desde luego, con el apoyo de este grupo parlamentario.


En segundo lugar, señorías, vuelven siempre a la misma cantinela, la de intentar, como digo, dar lecciones donde no existen. Les ponía el ejemplo de Castilla y León, de mi tierra, pero les voy a poner algún ejemplo más. En el Ayuntamiento
de Madrid, 101 directivos cobran más que el presidente del Gobierno de España; gastos de cargos directivos del ayuntamiento se han aumentado, desde que el señor Almeida es alcalde, casi un 18 % -el 17,4 % exactamente-, con 205 eventuales, también
con una elevada presencia en este caso de responsables del Gobierno del Partido Popular; con sueldos de concejales de casi 100 000 euros, no digamos el del señor Almeida, de 108 000, o el de la señora Ayuso, de 103 000. Por tanto, estoy esperando
que el Grupo Popular en estas instituciones, en mi tierra, en las Cortes de Castilla y León, en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid repitan esta proposición no de ley; la misma que presentan aquí, repítanla ustedes donde gobiernan
y entonces demostrarán dos cosas, que es realmente una propuesta de verdad de eficacia de gasto público y no es populismo, y que defienden en todos los sitios el mismo discurso, no donde les interesa y no lo aplican en otros momentos.


Para terminar, señoría, quiero decir que nuestra enmienda se basa claramente en apostar por eso, por una evaluación de políticas públicas real y efectiva que, desde luego, sirva para ser más eficaz y más transparente. Y que el portavoz del
Grupo Popular diga que estamos en contra de la austeridad y que diga, además, que hay que eliminar gasto superfluo y otras afirmaciones como que este Gobierno no es eficaz y transparente, creo que debería mirarlo. Los cuatro puntos de nuestra
iniciativa se basan en avanzar en este sentido, en la elaboración de políticas públicas, también en reconocer el avance en la simplificación de las cargas administrativas de las administraciones y, por supuesto, en buscar apoyo a través de los
organismos que se han creado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, porque ahí sí que realmente hay las herramientas necesarias para que todos podamos tener esa eficacia y esa transparencia, esperando que acepte el proponente la
iniciativa.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aceves.


¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? (Pausa). No. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Mazón, ¿quiere intervenir? (Pausa). No.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.


Tenemos frente a nosotros una iniciativa del Grupo Popular que no es, ni mucho menos, sorprendente. Está en la línea en la que el Grupo Popular viene martilleando los últimos meses y, por lo tanto, ninguna sorpresa que destacar.


Querría referirme a dos elementos sobre este tema. En primer lugar, el Grupo Popular presenta una exposición de motivos aparentemente adornada de ciertas cifras y datos, dando ciertos visos de rigurosidad, pero en el fondo no deja de ser un
panfleto, puesto que no hay ningún tipo de rigor en los datos que se están



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dando; todo es 'España es la que más', 'España es la que menos' y, francamente, las cosas nunca son así. Entiendo que puede haber cifras por las que nuestro país se haya visto perjudicado en algunos índices, pero esta especie de
ombliguismo que a veces padece la derecha española, pensando que España es el origen y el fin de todos los males y bienes supremos del mundo, tampoco; ni tanto ni tan calvo. En ese sentido, me gustaría destacar que cuando se presentan datos de
este tipo conviene poner fuentes, conviene poner años, en fin, referencias temporales y no la cosa genérica de que España es la que más equis, porque, claro, que España es la que más equis, en realidad, como digo, no dice demasiado.


Finalmente, un último comentario respecto a esto que viene citando el informe del Instituto de Estudios Económicos; un informe donde, efectivamente, se habla de esos 60 000 millones de euros que aparentemente se estarían desperdiciando por
la falta de buena gestión de este Gobierno y otra serie de males que no vienen al caso. Pero ya hemos discutido en alguna ocasión en el Pleno esto de sacar a colación datos y argumentos del Instituto de Estudios Económicos, porque si alguien no
conoce este instituto, viendo el nombre se puede pensar que es un afamado centro de sesudos intelectuales comprometidos con la verdad y demás, y claro luego uno se da cuenta, leyendo un poco los contenidos de este instituto, de hasta qué punto se
trata de una trinchera, vamos a decir mediática, para defender determinados intereses. Y digo esto porque les voy a leer parte del texto que se incluye en el informe citado, del Instituto de Estudios Económicos, para que vean ustedes hasta qué
punto estamos hablando de un texto partisano, por decirlo de algún modo. Se lo iba a leer, pero no lo voy a hacer porque lo acabo de perder en el móvil, así que no se lo voy a leer. (Rumores). La verdad es que ya lo cité exactamente en la tribuna
del Pleno, por lo cual les invito a que vean los vídeos correspondientes, con esta lectura graciosa que me caracteriza. Solo les voy a decir algunas notas de aquel párrafo que destacaba; básicamente venía a decir que la España improductiva, que
solo consume -decía-, se está comiendo a la España productiva. ¿A qué se refería con la España improductiva? Al Estado; es decir, los médicos, los bomberos, los maestros, los ingenieros de caminos, los letrados del Congreso, aparentemente son
improductivos, aparentemente no aportan nada a la sociedad y solo consumen. Lo digo porque este tipo de frases del informe del Instituto de Estudios Económicos...


El señor PRESIDENTE: Señor Guijarro, usted ha consumido ya su tiempo. Ha sido demasiado productivo, así que le ruego que acabe, por favor. (Risas).


El señor GUIJARRO GARCÍA: Termino, presidente, diciendo que les recomiendo que lean este informe para que se den cuenta de hasta qué punto estos señores sacan la espada y no la pluma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Manso.


El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente.


Parece que, tras el tiempo pascual, los arrepentidos se van acercando a VOX. Esta mañana ha sido Izquierda Unida, ahora es el Partido Popular, que propone la reducción del gasto público superfluo, algo que nosotros ya propusimos en nuestro
programa económico de 2019 y se nos tildó de todo. Hablan ustedes, señores del Partido Popular, del posible incremento de los tipos de interés. De verdad, el incremento de los tipos de interés ya se ha producido, lo vengo diciendo desde hace
muchos meses. Ustedes están pendientes del tipo de intervención del Banco Central Europeo. Los tipos de interés han subido en torno a 1,5 puntos en lo que va de año.


Estamos totalmente de acuerdo con la propuesta del PP, a pesar de todo -lógicamente, nosotros acogemos a los arrepentidos-: unidad de mercado, coordinación administrativa y suprimir cien organismos y entidades públicas innecesarias. Sin
embargo, me ha parecido mucho más sorprendente la actuación del señor Antonio Hurtado, que claramente hoy ha citado a Friedman y al señor Milei, cuando básicamente lo que ha venido a decir es que la inflación es, siempre y en todo lugar, un fenómeno
monetario. No, la inflación tiene mucho de fenómeno monetario; yo sé que a usted le viene muy bien, don Antonio Hurtado, para quitarle toda la responsabilidad al Gobierno, pero las políticas fiscales expansivas -y usted lo podrá ver en cualquiera
de esos textos, porque yo creo que usted no ha salido de Samuelson- de incremento de la demanda agregada son inflacionistas.


Efectivamente, otro portavoz del PSOE nos ha recordado que en los Pactos de la Moncloa se incrementaron los impuestos. Claro, se incrementaron los impuestos porque lo que se hizo fue política



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fiscal restrictiva para combatir la inflación. Otra manera de alcanzar política fiscal restrictiva para combatir la inflación es reducir el gasto, pero sobre todo es que no se puede tener cualquier gasto, el gasto tiene que ser gasto
necesario y eficaz, y lo que se le está poniendo en duda a esta Administración es que su gasto sea necesario y eficaz. Por tanto, ustedes están llamados, les guste o no, a una política fiscal restrictiva antes o después. Ya sé que entonces me va a
decir que no se podrán bajar los impuestos; se podrán bajar los impuestos, lo que no podrán es bajar los impuestos tanto como tienen que reducir el gasto, que es muy distinto. Ustedes están instalados en la política fiscal expansiva, que ha
requerido, por otro lado, esas políticas monetarias para poderles financiar en un maridaje entre los gobiernos y el Banco Central Europeo que nos ha llevado a la situación de desastre económico en que está toda Europa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Bas, ¿acepta la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Socialista?


El señor BAS CORUGEIRA: Agradezco la presentación de la enmienda, pero creemos que nuestra propuesta es mucho más ambiciosa que la que recoge la enmienda.


El señor ACEVES GALINDO: Me dicen mis compañeros que he dicho guerra de Irak en lugar de guerra de Ucrania. Si me permite, con su ayuda podría cambiar el término, porque ha sido un lapsus.


El señor PRESIDENTE: Créame que al letrado y a mí nos ha preocupado una nueva declaración de guerra. Hemos entendido que era una equivocación.


ACUERDO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:


- DE LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, PARA QUE EXPLIQUE LA BAJA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA ASIGNADOS A SU MINISTERIO, INCIDIENDO ESPECIALMENTE EN LA NULA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS
DESTINADOS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PRIVADAS, ASÍ COMO LOS CRITERIOS DE REPARTO UTILIZADOS PARA LA ASIGNACIÓN DE FONDOS Y LOS INFORMES QUE AVALEN LA DISCRECIONALIDAD OBSERVADA EN LA ASIGNACIÓN DE ALGUNOS FONDOS ESPECÍFICOS. A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/001819).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS, PARA INFORMAR SOBRE EL GRADO DE MOVILIZACIÓN, DURANTE EL AÑO 2021, DE LOS FONDOS PROVENIENTES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, ASÍ COMO SU IMPACTO EN LA ESTIMACIÓN
DEL CRECIMIENTO DEL PIB PARA LOS AÑOS 2021 Y 2022. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 212/002072).


El señor PRESIDENTE: A continuación, volvemos al orden del día, a los puntos iniciales, diciéndoles que, a la vista de que los puntos 1.º y 3.º, sobre comparecencias, hablan de dar cuenta de fondos europeos, los sustanciaremos
conjuntamente. La defensa de los siguientes puntos, comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública para que explique la baja ejecución de los fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignadas a su ministerio, incidiendo
especialmente en la nula ejecución de los fondos destinados a autónomos y empresas privadas, así como los criterios de reparto utilizados para la asignación de fondos y los informes que avalen la discrecionalidad observada en la asignación de fondos
específicos, así como la solicitud de comparecencia de la secretaria general de Fondos Europeos, para informar sobre el grado de movilización durante el año 2021 de los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así
como su impacto en la estimación del crecimiento del PIB para los años 2021 y 2022, se sustanciarán interviniendo, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular, el señor Píriz, y en segundo lugar, lo hará el Grupo Parlamentario VOX, puesto que la
segunda es del Grupo Parlamentario VOX.


Señor Píriz, tiene la palabra.


El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente.


Hay varias cosas que son irrefutables y es que este Gobierno le tiene alergia a esta Cámara, este Gobierno le tiene alergia a venir a dar cuenta a los españoles, por vía interpuesta de sus representantes



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en esta Cámara, y este es un ejemplo de ello. Su grupo parlamentario, en este caso, nos niega a todos la oportunidad de que la ministra venga aquí a dar cuenta de algo tan importante y tan fundamental para los españoles como es el destino y
la utilidad de los fondos europeos, de los 140 millones de euros de fondos europeos que supusieron aquel famoso aplauso de Sánchez entrando en Moncloa. Los fondos no llegan a las empresas, y no lo decimos nosotros, que también, sino que lo dice la
CEOE en su informe del mes de enero. Dice muchas cosas, dice que de los 5000 millones que había ejecutado a finales de verano del año pasado solo 104 habían ido a parar a empresas, el 2 %. Dice muchas cosas más, dice que no existe ninguna fuente
oficial que recoja datos integrados y detallados, que ya les vale, cuando hace catorce meses, catorce meses que prometieron y que firmaron en un decreto que íbamos a poder controlar los fondos europeos en una herramienta habilitada para ello.


Dice la CEOE en su informe que el diseño de las convocatorias está haciendo difícil el acceso a los fondos de las pymes y de los autónomos; dice que los grandes desembolsos a España no alcanzan la misma velocidad en su llegada a las
empresas por la ineficacia del sistema de gestión, o que el retraso en las ayudas a las empresas y su falta de adaptación territorial puede suponer la deslocalización de inversiones hacia otros territorios. Si no les parece suficientemente
importante analizar con la ministra del ramo esto en sede parlamentaria, no sé para qué estamos aquí, no sé para qué venimos aquí. Si no les parece suficientemente importante analizar el multiplicador de los fondos europeos, que el Banco de España
citó hasta en un 1,1 % y que actualmente estamos en el 0 %, no sé para qué venimos aquí cada semana. Si no les parece importante analizar los criterios de reparto objetivo o subjetivo del Gobierno de estos fondos europeos a las distintas
comunidades o empresas, no sé para qué venimos aquí. Les pedimos transparencia, les pedimos fiscalización, les pedimos control de los fondos y para eso queremos que venga la ministra, para eso pedimos y reiteramos hoy aquí la necesidad de que la
ministra de Hacienda comparezca en sede parlamentaria y dé cuenta a los españoles, a los que nos debemos ella y nosotros.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rubén Manso.


El señor MANSO OLIVAR: Buenas tardes.


Yo creo que lo que más se le olvida a esta Cámara, aunque ahora estamos en Comisión, es cuál es la función fundamental de la misma; la función fundamental no es tanto legislar como controlar al Gobierno. Por tanto, no sé qué espíritu
antidemocrático reside o anida en el Partido Socialista, que se niega a todo tipo de comparecencias, y máxime cuando ustedes están gastando dinero público.


El tema de los fondos europeos es muy preocupante. Primero, porque todas las encuestas que se han hecho al sector empresarial nos demuestran algo que nosotros advertimos en su momento, que el exceso de burocracia está haciendo que hasta el
83,3 % de las empresas se planteen no solicitar las ayudas, no solicitar las ayudas. Por otro lado, porque a todo el tema de los fondos europeos el Gobierno le ha dado una publicidad excesiva, ha hecho triunfalismo, porque, no nos engañemos, son
140 000 millones en un país que tiene un PIB en torno a un billón 200 000; 140 000 millones en cuatro años, de los cuales la mitad hay que devolverlos y la otra mitad va a suponer un incremento de las contribuciones a la Unión Europea, lógicamente,
porque la Unión Europea asume el pago de los 70 000 millones que nos da por transferencia, pero a cambio nos sube las contribuciones. Es verdad que en el caso de España salimos beneficiados porque la subida de contribuciones será inferior a los 70
000. Tampoco es que vayan a cambiar tantas cosas, pero dado que ustedes han hecho tanto triunfalismo de la medida, dado que en cualquier caso 140 000 millones de dinero público es una cantidad muy importante, aunque su efecto no va a ser el que nos
ha vendido el Gobierno, va a ser muy inferior, como mínimo hay que dar explicaciones. Y en ese sentido, nosotros queremos que acuda a esta Comisión la ministra de Hacienda y Función Pública, y también queríamos, como ustedes saben, que compareciera
el secretario general de Fondos Europeos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Manso.


A continuación, es el turno del resto de grupos. Señor Mazón, ¿quiere intervenir? (Pausa). Señor Guijarro, ¿quiere intervenir? (Pausa).


Tiene la palabra la señora Blanquer, del Grupo Parlamentario Socialista.



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La señora BLANQUER ALCARAZ: Parece que los grupos de la oposición no recuerdan que si estamos votando estas comparecencias es porque se votó en la Mesa y portavoces, y al no haber unanimidad, se lleva a la Comisión para su votación. En
aquel momento estas comparecencias no se aprobaron, efectivamente, porque se proponía para la Comisión la comparecencia del director de la Agencia Tributaria. Por tanto, es totalmente falso que el Grupo Parlamentario Socialista no quiera que se
celebren comparecencias de altos cargos y de funcionarios del Estado en esta Comisión. Pero es más, voy a dar algunos datos. La ministra de Hacienda ha comparecido en esta Comisión tres veces en 2020 y dos veces en 2021; ha intervenido en 15
interpelaciones urgentes que se le han hecho y en 40 preguntas orales en Pleno. El Gobierno que preside Pedro Sánchez es el Gobierno que más está siendo sometido al control parlamentario en los más de cuarenta años de andadura constitucional. La
ministra ha comparecido cuantas veces ha sido necesario en esta Comisión.


En cuanto al contenido, tengo que decirles respecto de lo que pretenden, que para hablar de los fondos europeos la vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, donde rinde cuentas
sobre la evolución de los fondos europeos, ha comparecido varias veces: en febrero de 2021, en junio de 2021, en diciembre de 2021 y en febrero de 2022. En la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha comparecido en enero de 2021,
en octubre de 2021 y en marzo de 2022. Pero, es más, comparecerá el próximo 28 de abril para tratar y actualizar la revisión de los fondos europeos en la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado. Pero es más, señor Píriz, a mí me parece
que muchas veces no podemos atender su ignorancia. Usted dice que no hay ningún tipo de instrumento. Pues, oiga, hay un instrumento en marcha, es una fuente oficial, es planderecuperación.gob.es, donde se ofrece toda la información sobre los
fondos europeos, las próximas convocatorias, los diferentes PERTE, la ejecución de los fondos, su asignación, el total de inversiones puestas en marcha por las comunidades autónomas. Está publicada incluso la ejecución del plan de recuperación
hasta el mes de diciembre y, como le decía, esta semana se actualizará y la propia vicepresidenta nos podrá dar más información.


Pero, además, sobre la ejecución, hace escasos días se dio a conocer la cifra de que el 27 % de los fondos europeos ya habían llegado a la economía real; son 6500 millones de euros para un solo trimestre. Les puede parecer poco para unos
fondos que apenas se aprobaron el pasado mes de septiembre, pero un 27 % en un solo trimestre supone ir a buen ritmo para cumplir con los objetivos de ejecución. Es decir, no solo sí se da cumplida información sobre la evolución y ejecución de los
fondos, tanto en publicación de datos e informes como de comparecencias en sede parlamentaria, sino que es del todo falso que haya una nula o muy escasa ejecución de estos. Además, también conviene sumar las conferencias sectoriales del Gobierno
con las comunidades autónomas, empezando por la conferencia sectorial central presidida por la ministra de Hacienda, junto con el resto de conferencias sectoriales con las comunidades autónomas, donde tratan los diferentes componentes del plan, así
como una mesa específica del diálogo social con los representantes sindicales y empresariales. El Grupo Parlamentario Socialista lo que dijo en la Mesa y portavoces es que no tenía sentido que viniera a comparecer en esta Comisión; si ustedes
quieren que comparezca, lo lógico es que en Mesa y portavoces acordemos que venga cuando corresponda, pero ahora no correspondía. Por tanto, dejen ya de utilizar los fondos europeos contra el Gobierno, porque desde luego lo que puedo afirmar
rotundamente es que el Partido Popular y VOX se han convertido en una fuente de desinformación y esto, desde luego, a España no le viene nada bien. Ustedes lo que tendrían que hacer es sumarse y enterarse de toda la información que se está dando a
través de todas las comisiones informativas, y desde luego en esta se dará información cuando pueda ser y en función del calendario de comisiones que, como saben ustedes, está establecido. La Mesa y portavoces establecen de qué manera y, en función
de las prioridades que establezca la Mesa, irán compareciendo en esta Comisión. Por tanto, ya está bien de hacer falsa demagogia; además, ya está bien de utilizar los fondos europeos contra el Gobierno, porque realmente lo que están haciendo es
utilizarlos contra España, contra las empresas, contra los trabajadores y contra todos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Píriz.


El señor PÍRIZ MAYA: Señor presidente, por alusiones, porque se me ha llamado ignorante. Ya lo decía Einstein, todos somos ignorantes, lo que pasa es que ignoramos cosas diferentes.


El señor PRESIDENTE: Señor Píriz, vamos a dejar el tema. Muchas gracias.



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- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, PARA INFORMAR DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA DICHA SOCIEDAD ESTATAL EN LOS ÚLTIMOS MESES, Y CONCRETAMENTE DE LOS PUESTOS DIRECTIVOS Y
DEPENDIENTES DE ESTOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 212/001386).


El señor PRESIDENTE: A continuación, el último punto, es el debate sobre la comparecencia de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para informar de los cambios en la estructura organizativa de dicha sociedad
estatal en los últimos meses, y concretamente de los puestos directivos y dependientes de estos.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor González Coello de Portugal.


El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Con la venia, señor presidente, muchas gracias.


Falsa demagogia; por lo tanto, si es falsa, ya no es demagogia. (Pausa). Muchas gracias a la portavoz anterior por sus amables palabras.


Dicho esto, quiero volver a recordar que distintas formaciones llevamos meses, creo que toda la legislatura, solicitando comparecencias, con mayor intensidad el Partido Popular y nosotros, para cumplir nuestra labor de control al Gobierno
dentro de esta Comisión de Hacienda, y todas y cada una de ellas han sido denegadas sistemáticamente. Para controlar al Gobierno sin que venga nadie a quien podamos controlar, ya me dirán ustedes qué hacemos aquí. Pero es que, además, si no
podemos preguntar a las personas que estimamos oportuno, como en este caso a la presidenta de la SEPI, si cuando nos informa el Gobierno nos miente... Sí, nos miente el Gobierno. Durante la pandemia hemos planteado preguntas concretas y se nos ha
respondido que esas medidas se tomaban en base a las recomendaciones de un comité de expertos que no existía.


Dijo el señor Sánchez: Se acabarán las puertas giratorias, hay que cerrarlas. Pero la realidad es que más de una veintena de políticos ocupan cargos en consejos de las sociedades participadas por la SEPI y ha habido una serie de cambios
estructurales que creemos que es muy oportuno que vengan a explicarnos a qué se deben. También que nos expliquen la reunión que se iba a agendar con el presidente de Indra y el candidato a las elecciones presidenciales de Colombia, Petro. También
por qué tenemos a una señora -que seguro que es una maravillosa persona- que es enfermera como presidenta de una de las sociedades participadas por la SEPI que se dedica a tecnología subacuática de sonar. Ya me dirán ustedes cuáles son las
habilidades que tiene esta señora para que el Gobierno la haya nombrado. Y podríamos seguir con una larguísima lista sobre las sociedades Enagás, Indra, Aena, Hispasat, Renfe, Paradores, Correos, Puertos, Navantia, Enusa, Cetarsa o Enrasa, y
centenares de cargos del actual Gobierno con asesores, etcétera, algo que nunca se había visto, que han superado todos los récords habidos y por haber. Por ello, creemos muy oportuno que venga la presidenta de la SEPI. Seguiremos pidiendo su
comparecencia, como otras más que venimos pidiendo de manera reiterada, para que los grupos del Gobierno bloqueen la labor fundamental para que la democracia funcione, de control del Gobierno. Si no hay comparecencias, poco hacemos aquí, y si
encima nos mienten cuando nos responden a las preguntas que hacemos por escrito, ya no le digo orales, ya no le digo lo del señor Ábalos en el aeropuerto, que fue, que no fue, que vio a la señora Delcy, que sí, que no la vio, que la maleta me la
llevo, que se la llevó quién sabe... Si por escrito no nos responden, qué hacemos aquí, señores. Y si esto es bueno para la democracia y transparencia.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.


Creo que en este tema tenemos la misma opinión tanto el Grupo Socialista como Unidas Podemos como el Grupo Parlamentario VOX y nosotros. Todos pensamos lo mismo, en la importancia de la comparecencia de la presidenta de la SEPI. El
problema, como casi siempre, es cómo actuamos ante un tema relevante. Los partidos del Gobierno, ocultando toda la información posible y más sabiendo que es importante; de hecho, evitando su comparecencia están declarando su importancia y no
quieren que les haga daño político. Los partidos que apoyan al Gobierno, asumiendo sus errores, en algunos casos a costa de alguna contraprestación y otras veces gratis total. Y la oposición, exigiendo transparencia; lo de siempre en esta
legislatura.



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Dice la página web de la SEPI que se ejercerá el control parlamentario sobre ella mediante comparecencias informativas en el Congreso y en el Senado, iniciativas parlamentarias y el envío periódico de información político-financiera. Pues
háganlo. Y es muy importante la comparecencia, en primer lugar, porque la SEPI es importante, sus empresas son de todos y son importantes, y no tenemos ninguna información fuera de la actividad presupuestaria. Hay que recordar que hay quince
empresas participadas de forma directa y mayoritaria por la SEPI; una plantilla de casi 80 000 personas; es accionista de Radiotelevisión Española; participaciones directas minoritarias en nueve empresas e indirectas en más de cien sociedades.
En 2020, los últimos datos publicados ofrecían una cifra de negocios de más de 4600 millones de euros, más de 200 millones de inversiones y unas pérdidas, después de impuestos, de 438 millones de euros.


En segundo lugar, es importante porque se le encargó gestionar un fondo de ayuda a la solvencia de empresas de 10 000 millones y, después de tres prórrogas, se han autorizado 17 operaciones, el 38 % de las solicitadas, y un 20 % del total de
los fondos disponibles, con empresas pasándolo realmente mal. ¿No les parece necesaria su comparecencia?


En tercer lugar, porque hay dudas razonables sobre la concesión de algunas ayudas y el Gobierno no ha informado de nada sobre estas operaciones, caso clarísimo es el de Plus Ultra. ¿No les parece necesaria su comparecencia?


Y en cuarto lugar, porque hay dudas más que razonables sobre la gestión de algunos directivos de algunas de las empresas de la corporación; el caso más sangrante es el de Correos. ¿No les parece necesaria su comparecencia?


Hemos solicitado comparecencias, hemos hecho interpelaciones, preguntas al Gobierno, mociones, incluso PNL, pero no hay manera. El Gobierno y quienes les apoyan, que son igualmente cómplices, no ofrecen transparencia. Espero que abandonen
esta senda, nada democrática, y cumplan con la obligación constitucional que tienen: rendir cuentas a los españoles a través de sus representantes. Esto va de democracia, señores socialistas, y ustedes no se están comportando como demócratas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.


Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.


Simplemente una aclaración. Como decía, estamos hablando de estas peticiones de comparecencia porque en la Mesa y portavoces entendimos que debíamos proceder a la comparecencia del director de la Agencia Tributaria, y así fue. En el caso
de esta comparecencia que solicitó VOX, es una petición de comparecencia que fue registrada el 1 de septiembre de 2021, y tengo que recordarles que el 27 de octubre de 2021 la presidenta de la SEPI pudo comparecer en la Comisión de Presupuestos y
estuvo abierta a contestar todas y cada una de las informaciones. Por tanto, recuerdo perfectamente que fue el señor Paniagua quien intervino... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, un poquito de tranquilidad porque quedan dos minutos. Dejen hablar a la señora Blanquer.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.


Yo creo que les molesta, pero, claro, si ellos hacen una petición de comparecencia el 1 de septiembre y resulta que el 27 de octubre la presidenta de la SEPI atiende las preguntas que se formulan -muchas de las cuestiones que el señor
Paniagua ha vuelto a reiterar hoy en su argumentación-, su argumentación cae del todo porque realmente la presidenta de la SEPI compareció y dio cumplida respuesta a muchas de las preguntas que ustedes hicieron allí. Por tanto, esta petición de
comparecencia ya estaba desactualizada. En cualquier caso, reitero que en aquel momento, cuando se planteó en Mesa y portavoces, no era adecuado y el Grupo Parlamentario Socialista priorizó otro tipo de comparecencias, así que déjenlo ya. Lo que
está claro, como decía antes, es que tanto el Partido Popular como VOX están empeñados en un relato que no es cierto, porque realmente el Gobierno se está sometiendo al control parlamentario. Les he datos; posiblemente, a ustedes no les interesen.


Pregunta el portavoz de VOX qué hacemos aquí. Ustedes, desde luego, lo único que hacen es insultar. (Un señor diputado: ¡Bueno, lo que faltaba!). Sí, sí. No sé si usted... (El señor Bas Corugeira: Acaba de llamar ignorante a la
persona que ha intervenido antes). He hablado de ignorancia...



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El señor PRESIDENTE: Señor Bas, por favor.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Si el señor se ha sentido insultado será por algo, porque yo he hablado de ignorancia en términos de no conocer algunas cuestiones que usted estaba denunciando y de que, efectivamente, hay un instrumento.


El señor Paniagua sabe que a mucha de la información que usted ha planteado hoy se le ha contestado, y además de forma personal. Por tanto, no entiendo por qué ha planteado estas cuestiones, y más el señor de VOX, que de alguna forma está
diciendo que no están habilitadas determinadas personas para poder ejercer la actividad cuando él, precisamente, ha sido inhabilitado por quebrar una compañía. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Por tanto, ya me dirán ustedes qué estamos haciendo.
Lo que tenemos que hacer aquí es dar información a la ciudadanía y ustedes la pueden reclamar. Tienen mecanismos para hacerlo y esos mecanismos se están ejecutando. Por tanto, no intenten engañar a la ciudadanía, porque desde luego todos los datos
que yo les he planteado dejan clara constancia de que el control se está efectuando. Además -ustedes han presentado muchas preguntas-, 131 300 preguntas escritas han sido contestadas en las dos Cámaras. Si a ustedes no les gusta la contestación
del Gobierno, es otro tema, pero que se está dando cobertura y contestación a lo que ustedes dicen es así: 726 preguntas orales...


El señor PRESIDENTE: Señora Blanquer, tiene que ir acabando ya, por favor.


La señora BLANQUER ALCARAZ: ... y más de 160 comparecencias de ministros y ministras en comisiones para dar información. Estamos asistiendo al mayor control parlamentario. Por tanto, es rotundamente falso que haya un espíritu
antidemocrático por parte del Gobierno, porque no es así. Estamos siendo un Gobierno transparente, que está dando información, y en este sentido han quedado totalmente desmontados los argumentos tanto del Partido Popular como de VOX. Esperemos que
en la próxima reunión de Mesa y portavoces nos pongamos de acuerdo en el calendario de comparecencias. Será lo más razonable para no tener que hacer este tipo de debates en la Comisión, que creo que no son necesarios. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.


En un minuto procederemos a votar. (Pausa).


VOTACIONES.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación del punto número 1, relativo a la comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública para que explique la baja ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
asignados a su ministerio, incidiendo especialmente en la nula ejecución de los fondos destinados a autónomos y a empresas privadas, así como los criterios de reparto utilizados para la asignación de fondos y los informes que avalen la
discrecionalidad observada en la asignación de algunos fondos específicos, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Comparecencia de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para informar de los cambios en la estructura organizativa de dicha sociedad estatal en los últimos meses, y concretamente de los puestos directivos
dependientes de estos, propuesta por el Grupo Parlamentario VOX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Comparecencia de la secretaria general de Fondos Europeos para informar sobre el grado de movilización, durante el año 2021, de los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su impacto en la
estimación del crecimiento del PIB para los años 2021 y 2022.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley sobre las incompatibilidades en materia de subvenciones de los cargos electos, que se somete a votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 27; abstenciones, 6.



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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley relativa a la equiparación de la indemnización por residencia en las Illes Balears con respecto a la de las islas Canarias, Ceuta y Melilla, presentada por el Grupo Parlamentario VOX, que se somete a votación en sus
propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


La señora ESPAÑA REINA: Señor presidente, me dice el señor Paniagua que en la votación del punto 1, sobre la comparecencia, Esquerra ha votado a favor y no se ha tenido en cuenta.


El señor PRESIDENTE: Sí, sí se ha tenido en cuenta.


La señora ESPAÑA REINA: ¿Sí?


El señor PRESIDENTE: Sí, se ha tenido en cuenta. (Pausa). Vamos a acabar la votación, por favor.


Proposición no de ley sobre el derecho a ser atendido por las administraciones públicas y empresas de servicios básicos de manera efectiva, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Proposición no de ley relativa a deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se somete a votación, señora Martínez, en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


La proposición no de ley número 5 decae por no haber sido defendida, por lo que votamos la número 6, relativa a convocatoria de plazas y realización de procesos selectivos de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter
nacional. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y se vota con la enmienda incorporada del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 1; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Proposición no de ley número 7, sobre medidas fiscales para ayudar a las familias y autónomos que tienen que utilizar sus vehículos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley sobre medidas urgentes para la racionalización del gasto público, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, llegados a este punto, se ha votado, señora España. A mí me ha parecido que sí votaba el señor Margall, pero ha habido otro voto que no se ha producido en esa votación, quizá por error. Hablo del punto 1.


Llegados a este punto, se da por finalizado el orden del día y, tal como les anuncié, tenemos ahora reunión de Mesa y portavoces.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.