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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 581, de 21/12/2021
cve: DSCD-14-CO-581
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 581
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 23
celebrada el martes,
21 de diciembre de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias (procedente del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre). (Número de expediente 121/000042) ...
- Proyecto de ley por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5
de marzo, en relación con las asimetrías híbridas (procedente del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo). (Número de expediente 121/000051) ... (Página2)
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias (procedente del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre). (Número de expediente 121/000042) ...
- Proyecto de ley por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5
de marzo, en relación con las asimetrías híbridas (procedente del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo). (Número de expediente 121/000051) ... (Página9)
- Proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias (procedente del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre). (Número de expediente 121/000042). (Votación) ...
- Proyecto de ley por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5
de marzo, en relación con las asimetrías híbridas (procedente del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo). (Número de expediente 121/000051). (Votación) ... (Página15)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FINANCIERAS DE APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 39/2020, DE 29 DE DICIEMBRE). (Número de expediente 121/000042).
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5
DE MARZO, EN RELACIÓN CON LAS ASIMETRÍAS HÍBRIDAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2021, DE 9 DE MARZO). (Número de expediente 121/000051).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Comenzamos ratificando la ponencia designada para informar sobre las siguientes iniciativas legislativas. La primera ponencia es sobre el proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución
de sentencias, que procede del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre.
En primer lugar, someto a la Comisión la ratificación de la ponencia designada para informar el referido proyecto de ley. ¿Se ratifica? (Asentimiento). Queda ratificada por asentimiento.
Pasamos a la segunda cuestión, ratificación de la ponencia designada para informar sobre el proyecto de ley por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas, que procede del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo.
Someto a la Comisión la ratificación de la ponencia designada. ¿Queda ratificada por asentimiento? (Asentimiento). Queda ratificada.
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FINANCIERAS DE APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 39/2020, DE 29 DE DICIEMBRE). (Número de expediente 121/000042).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente cuestión, que es la aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia. Son dos cuestiones, la votación de los dos proyectos de ley la haremos al
final.
Iniciamos el debate sobre la aprobación con competencia legislativa plena del proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. El orden del debate es de menor a mayor y, por
lo tanto, comienzo por el Grupo Parlamentario Mixto. El señor Mazón tiene la palabra, por diez minutos. Cuando quiera.
El señor MAZÓN RAMOS: No voy a intervenir.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Nosotros no hemos presentado ninguna enmienda porque tenemos competencia en materia de sociedades y tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, Álava y Navarra ya se ha traspuesto esta directiva, en un caso en enero de 2021 y, en el caso de Navarra,
creo que en febrero.
Es una norma técnica que trata de buscar medidas de neutralización fiscal de las llamadas asimetrías híbridas, que son aquellas situaciones entre un contribuyente del impuesto de sociedades situado... (Rumores). Ah, que en esto no estamos.
Pues entonces no intervengo. Perdón.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal. No pasa absolutamente nada.
Por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Bel tiene la palabra.
El señor BEL ACCENSI: Entiendo que Ciudadanos no interviene.
El señor PRESIDENTE: Lo ha adivinado correctamente.
El señor BEL ACCENSI: Estamos de un sagaz que no vea. (Risas).
Muchas gracias, presidente.
Nosotros hemos presentado dos enmiendas muy sencillas. Evidentemente, aquí hay que proceder al cumplimiento de la sentencia de un caso desgraciado desde el primer momento, que inició un Gobierno del Partido Socialista, culminó un Gobierno
del Partido Popular y que ahora le toca rematarlo al Gobierno del Partido Socialista. Por tanto, es un cúmulo de disparates en un proyecto que fue contestado fuertemente a nivel territorial, ya que no contó en ningún caso con el apoyo de las
diferentes administraciones locales ni de las comunidades autónomas. Desgraciadamente, se cumplieron las advertencias que les hacíamos -yo en aquel momento era alcalde de Tortosa- respecto a este proyecto. Las consecuencias fueron claras, primero
se generó un perjuicio a muchos de los ciudadanos del entorno de este proyecto porque hubo movimientos sísmicos que provocaron perjuicios a estos conciudadanos y, segundo, el gran perjuicio, el que estamos pagando ahora, es que se tiene que
restituir la inversión que hizo una empresa privada para obtener beneficios, como es normal en cualquier empresa; lo que no es normal es que, si el proyecto sale mal, quien deba restituir estos costes a la empresa privada sea la Administración
pública. Por tanto, es evidente que se tiene que cumplir la sentencia, por eso no hemos presentado enmiendas respecto a ese cumplimiento, es responsabilidad del Gobierno. A nosotros no nos gusta, no estamos de acuerdo con ello, pero entendemos que
se debe hacer así, pero si hubiera que restituir algo, se debería buscar otro procedimiento.
No obstante, con las dos enmiendas pedimos dos cosas muy sencillas. Primera, en una disposición adicional pedimos la obligación por parte del Gobierno de que en un año como mucho desde la entrada en vigor de esta ley se proceda al
desmantelamiento definitivo de las instalaciones de la explotación Castor y que el coste de este desmantelamiento lo asuma la empresa que hizo la inversión, no que deba asumirlo la misma Administración General del Estado. Y la segunda, quizá tanto
o más relevante que la primera, es en relación con las reclamaciones realizadas por los perjuicios y daños a terceros. Pedimos que se proceda a indemnizar a todos los vecinos que denunciaron daños en sus patrimonios personales y materiales,
mayoritariamente inmobiliarios. Porque fíjense qué paradoja, la Administración General del Estado indemniza a la empresa que hizo las inversiones, pero indemnizamos a los particulares, a los ciudadanos que sufrieron daños y perjuicios por esas
inversiones, es decir, que con el dinero de todos pagamos al que hacía la inversión y se salió de rositas y a la ciudadanía que sufrió los perjuicios que esta inversión causó no se la indemniza. Por tanto, con esta enmienda pretendemos que antes de
seis meses se cuantifiquen todas las reclamaciones realizadas por los perjuicios y daños a terceros producidas por la concesión de la explotación del almacenamiento subterráneo denominado Castor y que, en el plazo de un año, se proceda al pago de
estas cantidades. Lo más importante es que, una vez la Administración General del Estado haya procedido al pago de estas cantidades, se deberá forzar a que estas indemnizaciones sean asumidas por la empresa concesionaria. Lo urgente es que, igual
que se anticipan los recursos para indemnizar a la empresa por parte del Estado, los daños causados a terceros sean indemnizados por el Estado y, posteriormente, se reclamen a la empresa, que es realmente la que, con su actuación poco diligente,
causó estos daños.
Por tanto, les pido el voto favorable a estas dos enmiendas. Cuando emitan su voto a la enmienda 11 tengan presente, sobre todo, a toda la gente que se opuso al proyecto porque, a pesar de que se opusieron, el proyecto tiró adelante y los
seísmos y microsismos que se provocaron por el establecimiento de este proyecto dañaron sus casas y su patrimonio y todavía hoy nadie les ha indemnizado.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra su portavoz.
La señora PUJOL I FARRÉ: Gracias, señor presidente. Intervengo yo, señora Pujol, en sustitución de Joan Margall.
Buenos días, señores diputados y diputadas. El proyecto Castor pudo salir adelante gracias a la financiación de una emisión de bonos patrocinada por el Banco Europeo de Inversiones -institución financiera pública comunitaria- y fue
clausurado después de generar una oleada sísmica de centenares de terremotos antes de que se llegara a poner en marcha. La concesionaria y el grupo promotor no asumieron riesgos ni aportaciones económicas y la deuda y las pérdidas recaerán durante
años en la factura del gas de los usuarios de un sistema gasista deficitario, caro y con infraestructuras de elevado coste e infrautilizadas. Socializar las pérdidas de una inversión privada fallida que, además, va en contra de los objetivos del
Pacto Verde Europeo es un auténtico disparate, un disparate que se ha convertido en uno de los mayores escándalos políticos y económicos protagonizados por los Gobiernos del PP y del PSOE.
El almacén de gas submarino Castor era un proyecto mal diseñado, cuyo coste superaba los 2000 millones de euros y que, según algunas estimaciones, puede llegar hasta los 4000 millones de euros. Una obra faraónica que ya estamos pagando y
seguiremos pagando los contribuyentes, que se adjudicó sin concurrencia competitiva ni publicidad y al cobijo del glamur del palco del Bernabéu. ¿Y quién fue el gran beneficiario de este fiasco monumental? Pues ha sido Florentino Pérez, el gran
amigo del PP, con sus negocios a golpe de BOE desde el palco del Bernabéu. Pero no satisfecho con tanta ganancia de sus empresas, Florentino anunció hace unas semanas que estudiará presentar una reclamación de posible lucro cesante ante el Estado
después de que una sentencia -polémica y sorprendente- de la Audiencia de Castellón absolviera a dos de sus exdirectivos por causar centenares de terremotos durante el periodo de pruebas del Castor. Recordemos que, ante el fracaso y sin que nunca
llegara a funcionar, Escal UGS retornó la instalación al Estado y este, con el PP en el Gobierno y en un tiempo récord, indemnizó muy gustosamente a la empresa de Florentino con 1350 millones de euros.
Ante el fiasco y el escándalo que representa el Castor nadie, ni política ni técnicamente, ha asumido ninguna responsabilidad, nadie; es más, PP y PSOE llevan varias legislaturas bloqueando cualquier intento de constituir una comisión de
investigación sobre el Castor en las Cortes, comisión que hemos pedido reiteradamente. Esquerra Republicana de Catalunya y Compromís hemos vuelto a pedir la constitución de dicha comisión de investigación durante esta legislatura, pero seguimos
esperando su tramitación. Pedimos transparencia, la transparencia que ha brillado por su ausencia durante todas las legislaturas precedentes, ante un problema, el Castor, que lo convirtieron en otro tema de Estado, y ya sabemos qué pasa con los
temas de Estado.
Con un considerable retraso y dos años después de que el Consejo de ministros anunciara el sellado definitivo de los pozos del Castor, el pasado viernes el Gobierno autorizaba a Enagás el inicio de los trabajos de sellado y abandono
definitivo de los trece pozos. La actuación, que costará otros 70 millones de euros y que, evidentemente, no pagará Florentino Pérez, pero sí pagaremos todos los contribuyentes, tendrá que estar acabada antes de diciembre de 2023. Es pertinente
recordar que los tapones que sellan provisionalmente los pozos submarinos del Castor están caducados desde hace unos cuantos años, de hecho, se instalaron en 2016 y tenían una vida útil de entre dos y cuatro años.
Por todo lo expuesto, una vez más Esquerra Republicana denuncia la opacidad con la que han actuado y siguen actuando los Gobiernos, tanto del PP como del PSOE, en todo lo que atañe al proyecto Castor. Reclamamos que se asuman
responsabilidades políticas, técnicas y administrativas, de manera que durante la presente legislatura podamos constituir, como ya he dicho, la comisión de investigación sobre el Castor. Y, por último, pedimos al Gobierno que presente un calendario
de desmantelamiento permanente y definitivo de todas las instalaciones del Castor y que dé a conocer cómo se llevará a cabo y cuándo se realizará dicho desmontaje.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pujol.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos el señor Guijarro tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos.
En realidad, como ustedes bien saben, se trata de un texto legal que viene de un real decreto-ley que incorporaba otros elementos que todavía no se han comentado. Yo voy a hablar de algunos porque creo que son elementos buenos, necesarios y
pertinentes para las necesidades que tiene ahora mismo la economía española. Por un lado, modifica la normativa tributaria para considerar exentas las rentas procedentes del ingreso mínimo vital, algo que nuestro grupo llevaba reclamando desde hace
tiempo. Se adapta la normativa para poder cumplir los compromisos adquiridos con las instituciones financieras multilaterales. Llevábamos retrasos como país en algunos pagos a estas organizaciones y el texto legal que estamos discutiendo -y el
real decreto del que procede- habilita también una mayor flexibilidad en las aportaciones. Se amplían, además, en un año los plazos para efectuar la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias, algo que va a ayudar al archipiélago en
un momento especialmente duro para todos, pero, desde luego, también para las islas Canarias.
El cuarto punto, sin duda el más conflictivo, tiene que ver efectivamente con el famoso caso Castor, un caso que para nuestro grupo parlamentario ha sido un ejemplo de opacidad y de mala praxis desde sus primeras fases, desde su concepción,
planificación, ejecución hasta la filosofía con la que se llevó a cabo. Posteriormente, se dieron una serie de circunstancias que recomendaron el abandono del proyecto por causas que ya se han mencionado, como alta sismicidad, etcétera. Que varios
Gobiernos españoles erraran profundamente en la gestión de un asunto tan importante como es una bolsa de reserva de gas en medio del mar sin las garantías medioambientales pertinentes, a la vista de lo que luego ocurrió, ya nos parece bastante
grave. Ahora bien, que después de que se considerara un proyecto fallido, haya sido el Estado en su totalidad el que asuma los costes de este gran fiasco, esto ya sí que me parece de risa si no tuviera el elemento dramático que tiene para la caja
fiscal de todas y todos los españoles. Porque, según nos contaban en la escuela, el empresario es aquel agente económico que tiene derecho a una recompensa por sus inversiones de capital en vista del riesgo que asume este agente económico o este
empresario para lograr esos beneficios. Pero en España hemos llegado a este capitalismo de amiguetes en el que determinados empresarios -hay que tener apellido, como en todo- ganan siempre. Si la moneda da cruz, perdemos nosotros y si da cara,
ganan ellos; es decir, siempre ganan y esto es lo que hemos visto en los últimos tiempos respecto a este caso.
Es evidente que, pese a todo, hay un sistema de justicia en España que obliga al pago de una serie de indemnizaciones, pagos que debemos acometer todas y todos, y necesariamente lo debemos hacer a través de una herramienta legislativa como
la que estamos discutiendo hoy. Sin duda, se trata de un hueso muy duro que mi grupo parlamentario se va a tener que comer, y lo hacemos con terrible disgusto porque entendemos que hay que cumplir esa sentencia, no cabe otra, por mucho que no nos
guste el Gobierno no tiene más margen que cumplir la ley y yo creo que esto todas y todos lo tenemos claro. Lo que está claro es que este caso es el ejemplo de cómo ha funcionado este país a lo largo de estos últimos años; es decir, como siempre,
determinados políticos toman decisiones oscuras, con muy poca claridad sobre el interés general que persiguen, luego se dan resultados nefastos -como los que se han producido- y tenemos que pagar el pato nuevamente todas y todos nosotros.
Nuestro grupo parlamentario va a seguir las recomendaciones del Gobierno en las votaciones que vamos a tener a continuación en este trámite parlamentario, pero lo vamos a hacer, como he dicho, con gran disgusto, porque no queda otra. Lo que
sí que nos parece importante es reclamar al Gobierno un compromiso en el sentido que decían antes el señor Bel y también creo que la señora Pujol, es decir, tiene que haber acciones de compensación por parte del Gobierno que todavía no están
culminadas. Estoy de acuerdo con el ministerio en el sentido de que esta no es la herramienta precisa para tomar estas acciones. Se trata de un real decreto-ley que nuestro grupo parlamentario no consideraba necesario que tuviese una tramitación
como proyecto de ley puesto que cierra el episodio traumático, pero necesario, de pagar la sentencia correspondiente. Sin embargo, como decían el señor Bel y la señora Pujol, el Gobierno sí debe asumir esos compromisos. Se ha comenzado ya con el
sellado definitivo de la famosa tubería, después de que el sellado anterior lleve caducado más de un año, pero todavía queda un importante segmento de la población local que no ha visto compensaciones de ningún tipo y que todavía no tiene garantías
de cuándo todo aquello pasará a ser solo un terrible sueño del pasado porque, lamentablemente, todavía hoy sigue siendo una realidad tenebrosa.
Por lo demás, como he dicho y ya para resumir, votaremos obedientemente con el Gobierno, pero lo haremos a disgusto de tener que cumplir con una sentencia que no nos gusta y esperando, por otro lado, un compromiso del Gobierno para arreglar
definitivamente un problema que nunca se tenía que haber producido.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX su portavoz, la señora Cañizares, tiene la palabra.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
Respecto a este proyecto de ley, me gustaría decir que, a pesar de que en la legislatura pasada se aprobó el ingreso mínimo vital, todavía, gracias al olvido del Gobierno, sigue coleando el asunto y hoy con este proyecto de ley aprobaremos
que, efectivamente, aquellos que más lo necesitan no paguen IRPF por la percepción del ingreso mínimo vital, con lo que estamos totalmente de acuerdo.
Por otro lado, efectivamente, con este proyecto de ley vamos a tratar de corregir o enmendar esos errores del pasado de los dos partidos políticos que han gobernado este país durante los últimos años, indemnizando con montantes millonarios a
los denominados, por miembros de este Gobierno, poderosos banqueros. Hoy tenemos que pagar errores de antaño. El Gobierno de Zapatero fue negligente o poco diligente en la adjudicación del Castor, un proyecto faraónico, como ya se ha dicho, de
almacenamiento de gas, y los señores del PP vinieron a rematar la faena con su Real Decreto-ley 13/2014 -hoy declarado inconstitucional- que, efectivamente, condena a los españoles a pagar esa cantidad millonaria ratificada por una sentencia -y
nosotros, como siempre, respetamos a los tribunales-, por lo que habrá que pagar. Es decir, la improvisación del bipartidismo en España vuelve a ser la causa de los males de los españoles. Porque, ¿va a responder acaso algún cargo del Gobierno de
Zapatero o del señor Rajoy por su incompetencia y pagará esos más de 1350 millones en total a los que condena el Tribunal Supremo a pagar al Estado? Pues no. Para quien nos esté viendo desde su casa, la responsabilidad del Estado significa que
serán los de siempre, los españoles, a base de su esfuerzo y sus impuestos, los que paguen la factura. Por tanto, consideramos que es inadmisible que la responsabilidad política del que toma decisiones erróneas quede diluida y reducida a una
disculpa o una dimisión. Hasta que no cambie esto, el caso Castor será uno de tantos que continuarán desacreditando a la política, al igual que sucedió, por ejemplo, con las renovables y la seguridad jurídica en España, y, lo que es peor aún,
esquilmando a los trabajadores y a las familias españolas.
Como he dicho, votaremos a favor porque, efectivamente, las sentencias hay que cumplirlas -nosotros respetamos a los tribunales, por supuesto- y el Gobierno en este sentido no tiene margen para hacer otra cosa. Lo que sí que está claro es
que, con la herramienta jurídica que corresponda, habrá que pedir las responsabilidades a quien realmente las tenga.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañizares.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Constenla.
El señor CONSTENLA CARBÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy debatimos un proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley 39/2020 en el cual se mezclan temas tan diversos como es el ingreso mínimo vital, la indemnización por el proyecto Castor, la modificación de medidas fiscales o el
régimen económico de Canarias; es decir, un totum revolutum, en resumidas cuentas, una chapuza. Pero lo peor es que este Gobierno está gobernando a base de reales decretos-leyes, más de 110 en tres años y medio. ¿Dónde están aquellos que
recriminaban al señor Rajoy porque en su época se aprobaron 64 reales decretos-leyes en tres años y ahora llevamos ya más de 110? Esto es, resumiendo, el rodillo parlamentario de la izquierda progresista. Pero es que, además, este real decreto-ley
es de 29 de diciembre de 2020, es decir, ha pasado un año desde el real decreto, un año para empezar su tramitación como proyecto de ley. Señores de la izquierda, dejen de reírse ya de los españoles y dejen de ningunear al Congreso de los
Diputados, que están socavando los pilares de la democracia con este permanente ninguneo del Poder Legislativo.
Esto en cuanto a la forma, pero vamos a entrar en el fondo. Así, en el artículo 1 del real decreto-ley se establece la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los perceptores del ingreso mínimo vital en los
términos de las prestaciones establecidas por las comunidades autónomas en
el concepto de rentas mínimas de inserción. Ustedes aprobaron el ingreso mínimo vital y se olvidaron de que dicha prestación quedara exenta del IRPF. En diciembre aprobaron el Real Decreto-ley 39/2020; es decir, el ingreso mínimo vital ha
sido modificado a través de varios reales decretos-leyes como, por ejemplo, el 25, el 28, el 35 y el que hoy debatimos. Esto en cuanto a la forma del ingreso mínimo vital. En cuanto al fondo, señorías, según Cáritas, el 92 % de las personas en
pobreza severa no han recibido el ingreso mínimo vital y lo achacan precisamente a que, en lugar de una tramitación accesible y ágil, como hemos propuesto siempre, el Gobierno ha creado un procedimiento engorroso. De los 2,3 millones de
beneficiarios prometidos, apenas lo está recibiendo un tercio. Este Gobierno socialcomunista deniega tres de cada cuatro solicitudes. Quienes lo reciben, después de meses esperando, se encuentran con 10 o 20 euros. De los 3000 millones
presupuestados, solo han ejecutado la mitad. ¡Es una verdadera vergüenza! Esta nefasta gestión no solo no está reduciendo la pobreza, sino que la está incrementando hasta en 6 millones de personas.
Ustedes vendieron a bombo y platillo el ingreso mínimo vital y lo que hemos podido comprobar es que el Gobierno ha convertido el ingreso mínimo vital en un fracaso, ya que no cumple con los objetivos para los que se creó: atender y ofrecer
a las personas en situación de pobreza las herramientas para su inclusión social y laboral. Este Gobierno de izquierdas dijo que no iba a dejar a nadie atrás y lo que no va a dejar es a nadie en pie. Están dejando atrás a millones de españoles.
El ingreso mínimo vital ha sido la gran decepción porque no solo no está funcionando, sino que las familias están comprobando que se están enfrentando a las navidades más caras de la historia precisamente con un Gobierno de izquierdas. Según la
OCU, la cesta de la compra se ha encarecido un 42 % desde 2015. Las doce campanadas que nos ofrece el señor Sánchez son que se dispara la luz, el gas, la bombona de butano, la cesta de la compra, la cuota de autónomos, los combustibles y que el
aceite de oliva sube un 25 % y todo esto con un Gobierno de izquierdas. A mí me daría vergüenza porque esto no es luchar contra la pobreza, sino crear más pobreza y mandar más ciudadanos a las colas del hambre. Y, por cierto, han eliminado el
fondo para los ayuntamientos que suscribían convenios para colaborar con el ingreso mínimo vital, un fondo que el Partido Popular consiguió incorporar en el Congreso y que era una reclamación unánime de la FEMP y un fondo que ustedes, los
socialistas, han eliminado en el Senado, como siempre, machacando a los pequeños, a los ayuntamientos.
Continuamos con el artículo 2, la indemnización del proyecto Castor, otra gran chapuza socialista. El Gobierno de Zapatero aprobó el proyecto Castor como un proyecto tipo A, es decir, sin ningún tipo de condicionante y por una vía de
urgencia. Tampoco se entendió la firma de una cláusula abusiva que obligaba a indemnizar a la empresa adjudicataria, Escal UGS, si había una caducidad o extinción de las instalaciones, incluso si se producía por una negligencia de la empresa. Una
verdadera barbaridad -indemnización aunque hubiera negligencia de la empresa, así regalan los socialistas el dinero de todos nosotros, el dinero de todos los españoles- y una chapuza que generaba una total indefensión en el caso de que, como luego
se confirmó, hubiese algún tipo de problema. Al Gobierno de Rajoy le tocó asumir una vez más la nefasta gestión del Ejecutivo anterior con un tema que no solo tuvo graves perjuicios económicos, sino que pudo poner en riesgo la seguridad de las
personas. Por lo tanto, señorías, la indefensión jurídica del Estado por los contratos firmados por el Gobierno socialista de Zapatero ha derivado en una indemnización de 1350 millones de euros, repito, 1350 millones de euros, indemnización que
estamos pagando todos los españoles y contratos con los que la empresa siempre ganaba. Creemos que esto no es defender a los ciudadanos. Como conclusión, la actual ministra de Transición Ecológica firma la Declaración Medioambiental y hoy varios
altos cargos que estaban a sus órdenes están imputados por prevaricación y fraude contra la administración. De aquellos polvos, estos lodos.
Y termino con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias para ampliar el periodo de materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias que vencía en 2020, para extender la excepcionalidad a 2021. Sin embargo, les recuerdo que
ustedes, señores socialistas, votaron en contra de las enmiendas del Grupo Popular a los Presupuestos Generales del Estado del año 2020 que solicitaban ampliar el plazo hasta 2022, pero ya sabemos cómo se comporta la izquierda.
Para terminar, nosotros votaremos a favor de la ponencia por responsabilidad y para enmendar la responsabilidad del Gobierno y votaremos en contra de todas las enmiendas presentadas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Constenla.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Mínguez.
La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Buenos días a todos. Hoy solicitamos la aprobación del proyecto de ley, que procede del Real Decreto-ley 39/2020, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias y nuestro grupo, igual que
se ha dicho por algún interviniente anterior, considera que no hacía falta que se tramitase como proyecto de ley porque algunas de las enmiendas que se están proponiendo se podían haber trabajado aparte. Creemos que es importante destacar que no
solo se habla del cumplimiento de la ejecución de sentencias, sino de otras medidas que persiguen el objetivo que ya hace tiempo el Gobierno persiguió que no es otro que atender a las especiales necesidades económicas y sociales que esta pandemia
está ocasionando. Por lo tanto, se necesita la protección de los colectivos más vulnerables, así como dinamizar la economía, atendiendo también a nuestros compromisos internacionales, que parece que nos los hemos pasado por alto. Esta norma va a
permitir dar respuesta en tiempo y forma a un asunto que seguramente a nadie de los que estamos aquí nos hubiera gustado tener que afrontar, que es el cumplimiento de esta sentencia pendiente de ejecución.
En primer lugar, como decimos, el proyecto de ley se refiere a la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los perceptores del ingreso mínimo vital. Acabo de oír a la señora Cañizares decir que está de acuerdo y
parece que la Navidad le ha aflojado el corazoncito porque ahora están de acuerdo con el ingreso mínimo vital, cuando antes lo llamaban paguita. La aprobación de esta nueva prestación histórica, se pongan como se pongan la derecha y la
ultraderecha, significa que estamos dando un paso de gigante importante en la protección y la cobertura en materia de derechos sociales. En este punto quiero recordar también que los Presupuestos Generales del Estado para 2022, igual que lo
hicieron los de 2021, aumentan el IPREM -en 2021 la subida fue del 5 % y en 2022 habrá una nueva subida del 2,5 %- y esto significa que más gente va a poder acogerse a ayudas y a subsidios en función de sus ingresos por unidad familiar. Así se
vuelve a corroborar el firme compromiso que el Gobierno tiene con la reducción de la pobreza y la lucha contra la exclusión social.
En segundo lugar, como decíamos, y se ha hablado mucho de ello, se establece la ampliación de un crédito para hacer frente a esa indemnización por la sentencia del llamado caso Castor. El Tribunal Supremo ha reconocido que las tres
entidades bancarias tienen derecho a cobrar ese dinero que se adelantó más los correspondientes intereses de demora. Como les decía, nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, subrayando el menos, pero hay que dar cumplimiento a las sentencias.
Y, en tercer lugar, otro de los aspectos que se recoge es la modificación de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. Ahora, que estamos en España en la sexta ola y que se están
produciendo también estas nuevas variantes del COVID-19, se trata de habilitar un mecanismo para que España pueda integrarse en tiempo y forma en todos los instrumentos que las instituciones financieras multilaterales están poniendo en marcha para
dar respuesta global a esta crisis del COVID-19. Las aportaciones que nuestro país realiza a estas instituciones se destinan a apoyar el buen funcionamiento del gobierno económico internacional y, sobre todo, a reducir la pobreza, promoviendo el
desarrollo de países pobres y contribuyendo a la provisión de bienes públicos mundiales. Y en este apartado también quiero recordar que nos podemos sentir orgullosos de ser un país solidario también en cuanto a la dotación, a la entrega y a la
donación de vacunas al resto del mundo donde no las hay.
Finalmente, este proyecto de ley introduce un ajuste de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias con el objetivo de ampliar en un año los plazos para que se pueda materializar la Reserva para
Inversiones en Canarias, conocida por todos como RIC. Esta reserva para inversiones es uno de los incentivos fiscales más atractivos que tiene esta comunidad autónoma porque permite una reducción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades,
concretamente sobre la parte de los beneficios que se destinan a la reserva para la inversión. Por lo tanto, este plazo se va a ampliar a cuatro años y de esta forma el Gobierno vuelve a demostrar su sensibilidad con la comunidad autónoma, que está
pasándolo especialmente mal y no hace falta que recordemos el impacto de la pandemia y, evidentemente, la situación vivida en estos últimos días. Además, esta medida va a permitir que muchas empresas tengan un alivio en su tesorería. Con lo cual,
por parte de nuestro grupo, tras la incorporación en la ponencia de las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, también les informamos de que vamos a votar en contra del resto de
las enmiendas y, por supuesto, les pedimos el voto a favor de este proyecto de ley, que, como decíamos, pensamos que no se tenía que haber tramitado como proyecto de ley porque con el real decreto-ley ya era suficiente.
Antes de acabar, quiero decirle al portavoz del Grupo Popular que no se trata de un ninguneo del Poder Legislativo, sino, al contrario, que se tramitan como proyectos reales decretos-leyes por la necesidad urgente que existe en este año.
Para muchos de ustedes parece que no estamos en una pandemia y que la pandemia no ha sido global, pero se necesitan medidas urgentes y necesarias que den prioridad a las necesidades y apoyo a las familias y a las empresas. Ese es un procedimiento
que está establecido y la gran mayoría de los reales decretos que se han aprobado, creo que del orden de unos 80, se están tramitando como proyectos de ley. Eso significa que todos los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas, trabajarlas e
incorporarlas, y, por lo tanto, es contrario al ninguneo del Poder Legislativo que usted nos ha querido trasladar.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mínguez.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5
DE MARZO, EN RELACIÓN CON LAS ASIMETRÍAS HÍBRIDAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2021, DE 9 DE MARZO). (Número de expediente 121/000051).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al segundo punto del orden del día: aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley por la que se modifican la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas.
Para el debate tiene la palabra de nuevo el señor Mazón.
El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Intervengo muy brevemente.
En cuanto a la trasposición de esta directiva, que tiene un contenido muy técnico, al margen de las enmiendas, especialmente voy a hacer una ligera mención a la enmienda que se refiere al 5 % del beneficio que se debe tributar y a la famosa
discusión sobre el efecto cascada. Aquí realmente nos encontramos ante un conflicto entre dos necesidades contradictorias, por un lado, la necesidad de recaudar, que en estos momentos yo creo que es muy importante, sobre todo viendo cómo se
presenta el ejercicio 2022, y, por otro lado, la necesidad de incentivar la actividad empresarial, que es importantísima también en estos momentos.
En nuestra opinión, el beneficio que genera una actividad debería tributar una vez en la empresa que lo genera y luego, finalmente, otra vez, lógicamente, en el último accionista, que al final es el que lo disfruta y no debería haber
intermediarios. Pero independientemente de que el 5 % de gastos para compensar suene a una disculpa, es verdad que la trasposición de una directiva europea no debe dejar ninguna duda de que no genera una distorsión a la hora de que haya un
tratamiento diferente entre el funcionamiento interno de las empresas en España y el de las que vienen con relación a la recuperación de los fondos de fuera.
Me gustaría oír al resto de los portavoces porque también hay que dejar claro que la importancia recaudatoria es fundamental. Si realmente la importancia es pequeña, no tendría mucho valor, pero si realmente es grande, la Hacienda Pública
se podría ver en un conflicto una vez aprobados los Presupuestos Generales de 2022, si es que se aprueban, que supongo que sí se van a aprobar. Por lo tanto, yo voy a escuchar al resto de los portavoces antes de tomar la decisión final, ya que
entiendo que hay opiniones bastante contradictorias y equilibradas en este momento.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.
A continuación, ahora sí, señora Sagastizabal, tiene usted la palabra. El señor Mazón está pendiente de escucharla.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Muchas gracias, presidente.
No voy a decir nada nuevo porque ya he dicho que tenemos competencia en materia de sociedades y en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava ya se traspuso esta directiva. Como bien se ha dicho aquí, es una norma
técnica que trata de buscar medidas de neutralización fiscal de las llamadas asimetrías híbridas. Se trata de evitar la elusión fiscal mediante operaciones entre partes vinculadas.
En el anteproyecto de ley, tal y como estaba redactado, para nosotros se hacía imposible la implementación de estructuras de Tax Lease con establecimiento permanente no solo para las nuevas operaciones, sino también para las ya firmadas, y
esto constituía un grave perjuicio para la industria naval y en particular para la de Euskadi. Conseguimos salvaguardar o exceptuar esta problemática antes de que fuese ya tramitado como proyecto de ley, ya está recogida esta excepción y, por lo
tanto, arreglado y hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista en cuanto a este proyecto de ley.
Hablando de la enmienda referida, como bien he dicho, nosotros tenemos un régimen de sociedades con competencia y, por lo tanto, creemos que no hay que generar dudas en torno a esta enmienda. Nosotros no lo tenemos regulado en el impuesto
de sociedades y, por lo tanto, tenemos que ser un poco consecuentes porque si hoy votásemos a favor de la misma, en coherencia deberíamos modificar también nuestro Impuesto sobre Sociedades. Desde luego, nosotros queremos aclarar esta situación y
que, si tenemos dudas o vemos que esto puede ser positivo, se regule o se haga esa transformación en otra ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.
No lo he dicho en la anterior intervención, pero también doy por defendidas el resto de enmiendas del Grupo Plural, que a este proyecto no se habían presentado, pero al anterior sí.
Va a ser la última intervención en esta Comisión antes de irnos de vacaciones, y, por tanto, quiero desear al presidente, a toda la Mesa y a todos los miembros de la Comisión una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Esperemos que los
efectos de la maldita pandemia vayan remitiendo.
Quiero hacer una matización porque he escuchado antes a la portavoz del Grupo Socialista decir, de forma paradójica, que ellos entendían que no se debía haber tramitado este real decreto-ley como proyecto de ley. Vamos a ver cómo van las
votaciones, pero igual se da la paradoja de que, aunque ellos no querían, el único que consiga introducir alguna enmienda sea el Grupo Socialista. Por tanto, de algo habrá servido que se hayan tramitado como proyecto de ley estos dos reales
decretos porque al menos en ponencia el Gobierno ha introducido, tanto en uno como en otro, en este caso para subsanar un error en la redacción del real decreto-ley, enmiendas. Me parece extraño que digan que no se debería haber tramitado como
proyecto de ley y, por tanto, si ustedes son consecuentes con esta afirmación, no entiendo por qué presentan enmiendas.
Dejando esta matización a un lado, nosotros presentamos cuatro enmiendas porque, de hecho, en este real decreto-ley se procede a modificar dos impuestos, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y el Impuesto sobre Sociedades, dos
enmiendas en relación con el efecto cascada y dos enmiendas en relación con un mejor trato fiscal para fomentar la repatriación o la incorporación del talento del Estado español que está en estos momentos fuera para que tenga el incentivo fiscal
equivalente al que tiene en otros países.
Respecto al efecto cascada, el señor Mazón planteaba un interesante dilema: eficiencia trato fiscal versus mayor recaudación. Si al final llegamos a la conclusión de que se necesita más recaudación, quizá lo justo es subir medio punto, una
décima de punto o cinco décimas de punto el tipo general para todas las sociedades. Porque con esta enmienda, a raíz de una modificación que se produjo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, que tramitamos prácticamente hace un
año, se había reducido una exención aplicable al Impuesto sobre Sociedades, dividendos y participaciones en beneficios, pero, desde nuestra óptica, esta reducción se hizo curiosamente -curiosamente por el título que lleva este proyecto de ley- de
forma asimétrica, es decir, no asimetría híbrida, pero sí asimetría societaria. ¿Me explico? Un mismo beneficio generado en un grupo empresarial que está compuesto por tres sociedades, de acuerdo con la legislación ahora aprobada va a tributar
menos que el mismo beneficio generado en un grupo de sociedades con cinco sociedades en cascada. Esencialmente es esto. El beneficio es el mismo y la forma de organización empresarial es diferente. ¿Qué estamos diciendo si no corregimos esta
situación? Que desde la óptica fiscal hay incentivos a organizarse empresarialmente de forma diferente y a aquellas organizaciones empresariales, que han decidido hacer un determinado grupo o un determinado holding sobre la base de una legislación,
ahora les cambiamos la legislación y por el mismo beneficio y la distribución del mismo beneficio van a tener que
pagar más. Aparte de que seguramente en algunos casos estamos impidiendo la repatriación de capital y beneficios generados en ejercicios anteriores donde no existía esta norma, y se debería dar la posibilidad de que se pudiesen repatriar
pagando los mismos impuestos que había cuando se generaron, también estamos generando esta distorsión en la que quiero hacer énfasis. ¿Qué les estamos diciendo a los grupos empresariales o holdings entonces? Si no cambiamos esto y seguimos por
esta línea, les estamos obligando a reorganizarse por diferentes motivos. Esta reorganización cuando hay un único socio puede ser relativamente fácil, pero en los holdings no exclusivamente hay un único socio o no todo depende de un único socio,
sino que hay unos socios mayoritarios en determinadas sociedades, pero socios diferentes. Por tanto, esta ineficiencia en la legislación fiscal puede conllevar incentivos o desincentivos a organizar los grupos empresariales de forma diferente y se
trataría de subsanar esta situación. Si quieren me explico más, pero yo creo que es un tema sobradamente conocido. Nuestro grupo lo ha traído -algún otro grupo también- en diferentes proyectos legislativos y lo enmendamos el año pasado en los
Presupuestos Generales del Estado. Y ya no es que quiera que me den la razón o no, no es un tema de razón o de pundonor político o técnico, sino que las cosas son como son, y estoy seguro de que en algún momento el Gobierno va a tener que
rectificar este planteamiento, porque las distorsiones se están produciendo. Si se rectifica este planteamiento con uno o dos años de retraso, evidentemente, ya habremos generado un perjuicio, pero, también habremos congelado las decisiones
empresariales por estos criterios.
En todo caso, es por este motivo que les pido el voto favorable a la enmienda número 2 y a la número 3. Y en las enmiendas 4 y 5 que hemos introducido aquí, una parte de lo que nosotros planteamos ya vendrá a ser corregido, entiendo, si no
hay cambios sustanciales, en la ley crea y crece y especialmente en la Ley de Startups. En todo caso, entendemos que cuanto antes entre en vigor, mucho mejor.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, el Grupo Parlamentario Republicano, ¿quiere intervenir? (Denegación).
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Guijarro tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
En nuestro grupo parlamentario entendemos que este trámite no debería ser fruto de mayores polémicas, puesto que se trata efectivamente, como ya se ha dicho, de la trasposición de una directiva de la cual ya hemos hablado aquí profusamente.
Señalábamos en su momento la importancia del Proyecto BEPS que estuvo dirigiendo la OCDE sobre la erosión de bases imponibles y traslado de beneficios. En realidad, este texto no hace sino trasponer la directiva correspondiente en virtud de ese
proyecto y de esas conclusiones. Está claro que todo lo que sea caminar en pos de una mayor claridad, de una mayor transparencia en las tributaciones y sobre todo de una política que, como digo, evite esa erosión de las bases imponibles de los
distintos Estados es un camino que todos los Estados perseguimos; es más, yo creo que todos los Estados somos conscientes de lo mucho que queda todavía por recorrer. Ciertamente, en un mundo cada vez más globalizado, da la sensación de que los
esfuerzos que hacen los Estados por coordinar sus políticas fiscales van claramente por detrás de lo que demanda, digamos, la velocidad con la que cambian los acontecimientos.
Quiero decir, por otro lado, que se trata de un paso más en los muchos que quedan por dar. Creo que este Gobierno va poco a poco dando esos pasos y confiamos en que todo ello sirva y coadyuve para que la caja fiscal del Estado no se
resienta y para que las políticas públicas, las políticas sociales que dependen de esos ingresos se puedan llevar a cabo con las garantías correspondientes.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, su portavoz, la señora Cañizares tiene la palabra.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
Efectivamente, como ya han dicho los portavoces que me han precedido, se trata de la trasposición de una directiva comunitaria cuyo propósito es impedir que en las operaciones realizadas entre una entidad de un Estado miembro, en este caso
España, y otra de otro Estado miembro o de terceros países un mismo gasto sea deducible dos veces, impedir esa doble deducción. La Ley del Impuesto sobre Sociedades ya impedía la deducción del gasto generado en caso de una asimetría híbrida, en
concreto se refería a operaciones que daban lugar a un gasto en España y que por una diferente calificación fiscal se generaba un ingreso en otra entidad vinculada que no se gravaba o lo hacía a un tipo inferior al 10 %.
Lo que está claro es que esta directiva antiabuso es una norma de derecho positivo de directa aplicación para todos los Estados miembros. Aunque la idea era trasponer la directiva a más tardar en 2018, existen dos excepciones, una de ellas
hasta el 31 de diciembre de 2019. La primera directiva ATAD tenía algunas lagunas importantes en materia de híbridos, lo que llevó a la Comisión a elaborar una segunda directiva. La planificación fiscal ha sido tratada, como saben ustedes, por
numerosos autores, como una actividad encaminada a minimizar o diferir en el tiempo la carga fiscal de una operación concreta o de un conjunto de operaciones. Esta planificación fiscal es una actividad que puede ser perfectamente lícita, pero el
problema surge cuando las empresas se ven tentadas a utilizar estructuras ilícitas para mejorar su ineficiencia y evitar las cargas impositivas que están obligadas a soportar; por tanto, aprovechan la ausencia de reglas fiscales internacionales
para atraer rentas, inversiones y transacciones de residentes en otros Estados.
En el caso que nos ocupa, votaremos por supuesto que sí, pero dentro de las enmiendas que han presentado los distintos grupos, estamos de acuerdo con el señor Bel en eliminar efectivamente este efecto cascada en grupos fiscales, y apoyaremos
alguna enmienda en ese sentido. También el Grupo Popular ha presentado una enmienda para eliminar el impuesto sobre transacciones digitales, la tasa Google, para que entre en vigor cuando lo haga en el resto de países de la OCDE, lo cual nos parece
que está dentro de lo que venimos denominando armonización fiscal con otros países.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañizares.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, el señor Constenla tiene la palabra.
El señor CONSTENLA CARBÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, quiero transmitir que mantenemos vivas todas las enmiendas presentadas a esta ley de asimetrías híbridas, como bien se dijo aquí, para eliminar la cascada de grupos fiscales o también para posponer un poco la entrada en vigor
de la tasa Google cuando se regule a nivel comunitario.
Votaremos a favor de las enmiendas presentadas por el señor Bel, para poner a España en el punto de mira y evitar la elevación de impuestos para nuestros inversores y también por hacerlo atractivo para que otros inversores se vengan para
nuestro país. Así que votaremos a favor de todas las enmiendas presentadas, así como del informe de la ponencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Constenla.
Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, la señora Blanquer tiene la palabra.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, como bien han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, el objetivo de la normativa que aprobamos es la trasposición de la Directiva 2016/1164 en la redacción dada por la Directiva 2017/952, que lucha
contra la planificación fiscal que realizan algunas empresas multinacionales, que operan en más de dos jurisdicciones para intentar beneficiarse de la distinta legislación fiscal, en detrimento de los derechos de la Hacienda del Estado. Se trata de
una norma que se enmarca dentro del paquete de medidas de la Comisión Europea destinadas a la lucha contra la elusión fiscal, que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior y que tienen su origen en los informes finales del
Proyecto BEPS de la OCDE contra la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios. Su objetivo es crear un nivel mínimo de protección contra la evasión del impuesto sobre sociedades en toda la Unión Europea, al tiempo que garantiza un
entorno más justo y más estable para las empresas. No podemos obviar que el rendimiento del impuesto sobre sociedades está siendo cada vez menor, lo que ha motivado el consenso internacional para buscar soluciones, de ahí el paquete de medidas para
evitar esa planificación fiscal agresiva, para aumentar la transparencia fiscal y crear condiciones equitativas para todas las empresas de la Unión Europea.
Muchas de las normas ya estaban incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico con la Ley de Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que contemplaba medidas contra las prácticas de elusión fiscal, tramitada hace unos meses en la
Comisión de Hacienda. Una parte de asimetrías híbridas se contempló en el Real Decreto-ley de marzo, cuyas medidas ya están en vigor desde su convalidación, pero que, como ustedes bien saben, se tramitó como proyecto de ley, y es por lo que hoy en
esta Comisión lo estamos tratando, fueron unas medidas que contaron con un apoyo muy mayoritario. Como se decía, lo que se pretendía era evitar que un contribuyente convirtiera en gasto deducible un pago a una entidad vinculada sin que la recepción
de dicho pago generara un ingreso en la sede del receptor del pago, también evitar la doble deducción del mismo gasto en transacciones realizadas dentro de un grupo societario o de una estructura empresarial con compañías ubicadas en Estados
diferentes. Es decir, las medidas implantadas de armonización fiscal pretenden poner fin a los desajustes y distorsiones fiscales que se utilizan como mecanismo de erosión de la base imponible y de traslado artificioso de beneficios, e incorporar
las medidas sin que ello tenga un impacto negativo en la inversión y en el comercio transfronterizo.
La tramitación como proyecto de ley efectivamente debía cumplir el objetivo de mejorar la trasposición, no otro. La enmienda que presentamos el Grupo Socialista y Podemos, que se incorporó en la ponencia, más que nada era para evitar
cualquier problema de interpretación, y en ese sentido, una mejora técnica que se podría haber hecho en cualquier otro momento. Si se tramita como proyecto de ley es precisamente para dar la opción a los grupos parlamentarios a que puedan opinar
respecto a la normativa, ya que se había utilizado la figura del real decreto-ley en aquel momento -como todas sus señorías comprendieron- para cumplir con las obligaciones con Europa, y así lo hicimos.
Algunos grupos parlamentarios, no todos, han presentado una serie de enmiendas que a nuestro entender no mejoran la trasposición de la directiva y, por tanto, desde ese punto de vista, no deberíamos aprobarlas, porque entendemos que en este
proyecto de ley debe quedar reflejada de alguna forma la trasposición y que no haya ningún problema de interpretación a la hora de ser valorada y evaluada por Europa. De hecho, hay algunas cuestiones que ya se plantean en otros proyectos de ley,
por tanto, ya tendremos tiempo para poder valorarlas, como es el caso de posibles medidas para atracción de talento, entendemos que no ha lugar tratarlas en este proyecto de ley.
Tampoco estamos de acuerdo con la enmienda que hace referencia al impuesto de servicios digitales porque, como ustedes saben, a nivel internacional no existe todavía un consenso sobre este impuesto y, mientras tanto, consideramos que España
debe ejercer el derecho de imposición que le corresponde sobre las contribuciones que usuarios españoles realizan por el valor de una empresa con independencia de dónde se ubique.
Con respecto a las enmiendas números 2, 6, 7 y 8, no podemos considerarlas como mejoras técnicas del impuesto sobre sociedades, dado que el efecto cascada se produce porque un mismo dividendo es repartido en sucesivas ocasiones, debido a que
el grupo fiscal tiene una estructura vertical, con varios niveles, una estructura compleja; cada nivel vertical constituye una participación diferente y, por tanto, debe aplicarse la norma en cada nivel, es así como se plantea. De otra manera, lo
que podríamos estar generando precisamente son asimetrías híbridas, todo lo contrario. Tampoco entendemos que se deba aceptar la enmienda 8 porque supondría ir en contra de lo señalado por el Tribunal de Justicia al considerar este tribunal, en
sentencia de 2015, que no puede haber trato fiscal distinto a las participaciones que se tengan sobre entidades residentes en territorio español que tributen en un régimen de consolidación y a las participaciones sobre entidades no residentes en
territorio español que no se incluyen en el grupo fiscal de consolidación, pero que cumplen los mismos requisitos que las residentes incluidas en dicho régimen, es decir, no puede existir trato distinto.
Tampoco podemos aceptar las enmiendas 3 y 9, porque se presentan con la intención de evitar una retroactividad en la modificación sobre dividendos incorporada en los presupuestos de 2021, que entendemos que no se da, porque la modificación
solo se aplica a rentas percibidas por los contribuyentes con posterioridad a su entrada en vigor.
Y, por último, la enmienda número 5, en la que se plantea un diferimiento, se trata de una enmienda contraria a los intereses de la Hacienda Pública que, de aceptarse, determinaría una situación no deseable al existir problemas de control y
de posible elusión del tributo, además de implicar con ello la posibilidad de que no se cumpliese con el impuesto de salida, el exit tax, que, como ustedes saben, se incorporó en la trasposición de la directiva.
Con todo ello lo que quiero decirles es que esta trasposición es una trasposición muy técnica, y todos han coincidido en ello. Se presentan enmiendas que pensamos que no mejoran, incluso podemos decir que van en contra del interés de la
propia Hacienda Pública; hay alguna enmienda que si se aprobara podría suponer un deterioro importante para las arcas públicas, y, por tanto, vamos a votar en contra. Esta directiva realmente no persigue incrementar la recaudación, lo digo para
tenerlo claro. Con esta trasposición de la directiva no se pretende incrementar la recaudación, sino más bien prevenir conductas que pudieran dar lugar a una disminución, y efectivamente algunas de las enmiendas que se presentan lo que hacen es
contribuir a la disminución de la recaudación. Por tanto, animamos a los grupos parlamentarios a que voten a favor del proyecto de ley y a que voten en contra de las enmiendas, y de alguna manera, si ustedes consideran que hay alguna cuestión que
debe ser valorada en mayor profundidad, que la tratemos en otros proyectos de ley, que será objeto seguramente de muchas iniciativas que trataremos en otro momento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
Hacemos una pausa de dos minutos y después procederemos a votar. (Pausa).
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FINANCIERAS DE APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO Y DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 39/2020, DE 29 DE DICIEMBRE). (Número de expediente 121/000042). (Votación).
El señor PRESIDENTE: Señorías, dado que ya estamos todos, vamos a proceder a la última fase de este orden del día, que es la votación.
En primer lugar, vamos a votar el primer proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias, que procede del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre. Procedemos a votar
las enmiendas vivas. Como en este proyecto no se ha solicitado ninguna votación por separado, votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Popular a las presentadas por el señor Pagès números 4, 5 y 6.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Plural, por el señor Bel, números 10 y 11.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1, 2 y 3 del Grupo Plural, presentadas por el señor Errejón Galván.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Republicano.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del informe en su integridad, puesto que no se ha aprobado ninguna enmienda.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Este proyecto de ley aprobado con competencia legislativa plena por la Comisión se remitirá al Senado a los efectos previstos por el artículo 90.1 de la Constitución.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5
DE MARZO, EN RELACIÓN CON LAS ASIMETRÍAS HÍBRIDAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2021, DE 9 DE MARZO). (Número de expediente 121/000051). (Votación).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a votar las enmiendas vivas al segundo proyecto de ley del orden del día, proyecto que modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas, que a su vez procede del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo.
Procedemos a votar las primeras enmiendas vivas, las del Grupo Plural presentadas por el señor Bel números 2, 3, 4 y 5.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; y abstenciones: 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 6, 7, 8 y 9.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 19; abstenciones: 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 10 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; y abstenciones: 1.
El señor PRESIDENTE: No puede ser. Repetimos la votación, falta un voto.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; y abstenciones: 1.
El señor PRESIDENTE: Hay alguien que no está votando, estamos treinta y seis. (Pausa).
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; y abstenciones: 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del informe.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Queda aprobado en esta Comisión, que tiene competencia legislativa, el proyecto de ley que modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, lo que se llama asimetrías híbridas, y que se remitirá al Senado a los
efectos previstos por el artículo 90.1 de la Constitución.
Antes de finalizar, señorías, por mi parte no me queda más que desearles que pasen unas felices Navidades, que el año que viene sea mejor, y, sobre todo, mucha salud, que en estos tiempos tan complejos es de agradecer.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las once y cincuenta minutos de la mañana.