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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 564, de 14/12/2021
cve: DSCD-14-CO-564
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 564
ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CELSO LUIS DELGADO ARCE
Sesión núm. 26
celebrada el martes,
14 de diciembre de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la exclusión financiera. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002488) ... (Página2)
- Sobre la utilización de Blockchain. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002636) ... (Página6)
- Relativa a la relocalización de la industria manufacturera en territorio español. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/001941) ... (Página11)
- Sobre la elaboración de un programa nacional de algoritmos verde. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002268) ... (Página15)
- Sobre incentivar el uso de los vales de comida como medida para la reactivación económica. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/002412) ... (Página20)
- Sobre la mejora de la financiación y fiscalidad de las pymes españolas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002638) ... (Página24)
- Relativa a excluir de las ayudas financiadas con fondos Next Generation EU a aquellas empresas que incumplan los plazos legales de pago con sus proveedores. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente 161/003243)
... (Página28)
- Relativa a desarrollar el derecho de cogestión en las grandes empresas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/003405) ...
- Sobre el apoyo a las empresas que deben realizar estados de información no financiera. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/003442) ... (Página36)
Votaciones ... (Página40)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos, señorías.
Como quiera que hay una Comisión del Tribunal de Cuentas, con compañeros y compañeras diputados y diputadas que no pueden estar al mismo tiempo en dos sitios y algunos no tienen sustitución, la primera PNL, de VOX, relativa a la
relocalización de la industria manufacturera, la posponemos hasta que llegue el diputado del grupo enmendante, del Grupo Popular, que está en esa otra Comisión. En cuanto a la del algoritmo verde, el problema es con la portavoz, Ángeles Marra, que
está en la otra Comisión. La de los vales de comida es del Grupo Republicano, pero hasta las once no llega el proponente. La de exclusión financiera sería, por lo tanto, la primera con la que empezaríamos. Os agradecemos que nos indiquéis los
nombres de los ponentes de cada iniciativa de cada grupo para que los tenga la letrada y podamos ir diligenciando la Comisión lo más rápido posible. Como os consta, las preguntas han sido retiradas por parte del grupo que tenía derecho, el Grupo
Plural, Néstor Rego.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA EXCLUSIÓN FINANCIERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002488).
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos entonces la sesión. Con el conocimiento de estas alteraciones del orden del día, empezamos con la defensa de la proposición no de ley sobre exclusión financiera, del Grupo Parlamentario Socialista,
que defiende el diputado don Antonio Hurtado Zurera.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Quiero agradecer la colaboración por las dificultades que tenemos por las comparecencias y por el trabajo de otras Comisiones a la par.
La proposición que trae el Grupo Parlamentario Socialista es una proposición en cuyo fondo creo que todos coincidimos. Existe un problema real de exclusión financiera en gran parte del territorio español. El último informe del Banco de
España lo cifra en 1 300 000 personas vulnerables y en riesgo de exclusión financiera. Y esto va a más, porque el propio Banco de España dice que en el año 2008 el porcentaje de población en este riesgo era de un 2 % y en la actualidad se ha
incrementado en un 50 %, porque estamos en el 3 % de la población española en riesgo de exclusión.
Las razones de esta evolución las conocemos también todos. Todos sabemos que, desde el año 2008, la crisis financiera trajo consigo la concentración de las entidades bancarias y un efecto en paralelo, que fue la drástica reducción de las
sucursales u oficinas bancarias, que prácticamente se han reducido a la mitad: de 43 000 oficinas bancarias que existían en España en el año 2008, estamos en estos momentos en 21 000. Por otra parte, trajo una expulsión de empleo, pues
prácticamente el 35 % del empleo en el sector bancario ha dejado de tener actividad en el sistema financiero; en concreto, de 278 000 empleados se ha quedado en prácticamente 179 000. Otro dato muy significativo es que, a la par, los cajeros
automáticos se han reducido prácticamente en un 20 %; actualmente no se llega a los 50 000 cajeros
automáticos en todo el territorio español. Y el problema va a más, porque seguimos conociendo ajustes. Sabemos que sigue habiendo reestructuración y concentración de entidades bancarias y, excepto en las cajas rurales, desde luego, las
perspectivas van a peor.
¿Cuál es el efecto de la exclusión financiera? Es un efecto sobre todo para la población mayor de sesenta años, que tiene limitaciones de movilidad, que no se puede desplazar a más de 10 kilómetros -que es lo que marca la exclusión
financiera- y que tampoco tiene formación suficiente para lo que la banca considera que es la alternativa, que es la banca online; no tienen formación y siguen dependiendo del dinero en metálico, del efectivo, para hacer sus transacciones.
Evidentemente, ese el efecto de la exclusión financiera, un efecto que llega a muchísimos municipios. En concreto, el propio informe del Banco de España cifra los municipios sin oficinas bancarias en 4115, más de la mitad de los municipios
españoles. Los municipios que sí cuentan con ellas son 4015, es decir, hay casi cien municipios más que no tienen oficinas bancarias que los que sí las tienen, lo que demuestra el alcance del problema y su evolución, a la que hay que poner freno.
Creo que coincidimos en que existe el problema y en que hay que ponerle freno. El propio informe del Banco de España citado habla de unas posibilidades, que son las que nosotros incorporamos en esta iniciativa. El propio informe del Banco
de España dice que si se pusieran en funcionamiento para servicios bancarios básicos las oficinas de la empresa pública de Correos, que son 4600, prácticamente el 99 % de la población tendría acceso a dinero en efectivo a través de las oficinas
bancarias y a través de las oficinas de Correos, con lo cual se reduciría a un 1 % la población en exclusión financiera. Pero tenemos que llegar al 100 %, que es el objetivo: plantar batalla a la exclusión significa llegar al 100 %. Por eso,
incorporamos la otra alternativa que está experimentada en países como Irlanda, Reino Unido o Australia, que es el denominado cashback. Hay una enmienda de VOX que habla de las farmacias; las farmacias se pueden incorporar al cashback. ¿Por qué?
Porque cuando yo efectúo una compra no solamente me cargan dinero de la compra, sino que también me cargan un añadido que me dan en metálico, con lo cual puedo acceder a dinero en efectivo. Son soluciones alternativas a las bancarias, pero hay que
exigir a los bancos que se impliquen en la exclusión financiera. Por eso somos partidarios de que pongan freno a la eliminación de oficinas, que sigan apostando por las oficinas móviles y por los agentes financieros como alternativa, pero, desde
luego, que se haga realidad. El Banco de España cifra los agentes financieros registrados en esta entidad en 5030 a fecha actual, pero esa cifra tendría que ir en aumento para que estos agentes financieros sustituyesen la carencia de entidades o de
oficinas bancarias. Por otra parte, tienen que abundar en eso que ellos consideran que es el futuro, que es la banca online -que no lo dudamos- y en formación a personas mayores de sesenta años, que tienen enorme dificultad para el acceso a la vía
digital y, por tanto, para efectuar transacciones sin necesidad de efectivo.
Creo que es interesante que aunemos esfuerzos todos. Coincidimos en el objetivo, coincidimos en las causas que lo han producido y creo que coincidimos también en las medidas a adoptar. Tenemos el aval del Banco de España y de su informe
respectivo, y ahora nos toca tomar medidas -en este caso es una medida no legislativa, pero avanzaremos hacia una medida legislativa- para hacer frente y plantar batalla a un problema que afecta a personas muy vulnerables, como son personas mayores,
personas sin ningún conocimiento financiero y, por otra parte, personas que tienen enormes dificultades de movilidad. Por tanto, hago un llamamiento al consenso en torno a ella.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Tiene la palabra, para defender la enmienda, por el Grupo Parlamentario VOX, don Rubén Manso.
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos.
Imagino que nadie está en contra de la propuesta que hace el Grupo Socialista, a la que nos adherimos, porque, efectivamente, todos nos damos cuenta de la situación en la que se ha quedado todo el medio rural, lo que ahora llamamos la España
vaciada, en cuanto a acceso a servicios financieros.
La enmienda que presentamos -luego hablaré del conjunto- es simplemente para que no solo aprovechemos las oficinas bancarias, sino también -dándole vueltas y pensando qué otra red de establecimientos tenemos en el mundo rural que estén
prestando buenos servicios- las oficinas de farmacia, para lo cual proponemos llegar a acuerdos con los colegios oficiales de farmacéuticos. Creemos que entre las dos, las oficinas de farmacia y los colegios oficiales de farmacéuticos -además sería
una manera de revitalizar esas farmacias en el mundo rural, ya que se abandonan muchas por su escasa rentabilidad-, podríamos conseguir arreglar el problema.
En cualquier caso, hago algunas reflexiones sobre lo que ha dicho el señor Hurtado. Aquí ponemos cadalsos a las consecuencias y tronos a las causas, y las políticas de tipos bajos es a lo que nos han llevado. Las políticas de tipos bajos
se han hecho para financiar a los Estados y, a cambio, han generado una banca que es de escasa rentabilidad y, además, hemos favorecido la concentración bancaria. Claro, si queremos tipos bajos, favorecemos la concentración bancaria -todo esto por
parte de las autoridades- y, además, faltamos a la neutralidad tecnológica y favorecemos la digitalización a un ritmo superior al que pide la sociedad, luego nos encontramos con estos problemas que tenemos que solucionar. Esto lo digo porque,
efectivamente, coincidimos con el Grupo Socialista, vamos a apoyar esta iniciativa y esperamos que acepten nuestra enmienda, pero también tenemos que pensar en qué hemos hecho en el pasado para llegar a esta situación y si lo que hemos hecho podría
haber sido evitado, y muchas cosas podrían haberse evitado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Manso.
¿Grupos parlamentarios que quieran posicionarse? Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, ¿quiere intervenir? Doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
El objetivo de esta iniciativa del Grupo Socialista es claro. Dado el cierre de las sucursales en el mundo rural, se pide que Correos firme convenios de colaboración con entidades financieras en aquellos municipios sin sucursal, así como,
como ya ha comentado el señor Hurtado, fomentar esas compras cashback, donde pagas con tarjeta más de la cuenta y te devuelven el efectivo. Es claro que el proceso de concentración de las entidades bancarias tiene difícil reversión, dado, entre
otras cosas, el entorno de bajos tipos de interés para la obtención de beneficios por parte de las entidades financieras. Esta dinámica, que lleva a la supresión de sucursales solapadas, así como a la disminución de las funciones de las sucursales
debido a un sistema financiero cada vez más digitalizado, supone, desde luego, un enorme reto para el mundo rural y para los pequeños municipios. Si la ausencia de todo tipo de sucursales ya debería ser un motivo de preocupación en sí, en los
entornos rurales es particularmente grave por dos razones: por un lado, porque los pagos en efectivo están mucho más extendidos en el mundo rural que en las grandes urbes y, por otro lado, porque las zonas rurales cuentan con una población más
envejecida a la que le puede costar más la realización de trámites a través de Internet. Desaparecen sucursales presenciales justo en aquellas zonas donde quizá más necesarias son.
Medidas de colaboración como la propuesta por el Grupo Socialista en esta iniciativa con Correos son positivas, aunque consideramos que pudieran ser insuficientes, dado que el problema no se reduce solo al acceso al efectivo, sino también a
la realización de trámites diversos. Sería necesario quizás aumentar la formación financiera y digital de determinados colectivos a los que ahora mismo les cuesta mucho manejarse en las plataformas de los bancos.
Dicho esto, por supuesto, votaremos a favor de la iniciativa presentada.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Vasco, ¿la señora Sagastizabal desea intervenir en este punto? Estamos en el punto sobre exclusión financiera.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias y perdonad el retraso.
El señor PRESIDENTE: Nos hacemos cargo.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nosotros, desde luego, vamos a apoyar esta PNL, porque -creo que también lo ha dicho la señora Muñoz- es verdad que ahora todo y todos somos mucho más digitales, y las entidades bancarias también.
Todas las transferencias y las solicitudes de crédito se hacen a base de un click, y es una tendencia que se viene anunciando ya desde hace mucho tiempo y que la pandemia, desde luego, ha acelerado. Es verdad que el número de personas que acude a
las oficinas ha descendido y eso también ha hecho que se hayan reducido muchas sucursales, pero también hay que decir que hay que seguir ofreciendo los mismos servicios, con menos sucursales, a esa población rural, porque es cierto -creo que se ha
dicho aquí- que la España rural está envejecida y eso influye en el acceso a las operaciones bancarias por Internet. Es verdad que los bancos han adoptado
algunas medidas, por ejemplo, hay oficinas móviles, los ofibuses, las sucursales itinerantes... Para el caso de efectivo también ha habido convenios con Correos para poder sacar e ingresar dinero. Creemos que esas medidas hay que seguir
impulsándolas y reforzándolas, si cabe, aún más para que no exista esa exclusión financiera. Por lo tanto, apoyamos la PNL.
Nada más y gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos.
En principio, mi grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa del Grupo Socialista. Nos parece una exposición de motivos razonada y razonable y la parte resolutiva no deja de apuntar en la dirección en la que tenemos, más o menos, un
consenso apriorístico, como decía el señor Hurtado.
Desde luego, el proceso que se ha descrito hoy aquí es cierto; es cierto que el mismo, además, favorece esa despoblación que está viviendo nuestro territorio y que, por lo tanto, las administraciones públicas tienen que tener la iniciativa,
de alguna forma, para evitar que se dé este proceso.
Como digo, ni siquiera me parece mal, sin que sirva de precedente, la propuesta de enmienda que hace Ciudadanos de incorporar a las farmacias en esa lógica del cashback. Sin que sirva de precedente, insisto... (El señor Manso Olivar: Es
de VOX). Perdón, he dicho Ciudadanos; es VOX. Es el acto fallido, para que vea usted, señor Manso; el acto fallido, que diría Freud, me hace que diga Ciudadanos en lugar de VOX. En todo caso, sin que sirva de precedente, me parece una buena
propuesta o en la línea incluso en la que el proponente nos apunta.
Ahora sí, señor Manso, dice usted que la política de bajos tipos que ha favorecido a los Estados ha perjudicado al sector bancario. Claro, yo le escuchaba y se me ocurría pensar: pobre sector bancario, pobrecitos, pobrecitos. Claro,
pobrecitos si no fuera porque aún recordamos la crisis financiera de 2008, los pingües beneficios que obtuvo el sector bancario durante la crisis de deuda de la Eurozona, el negocio de las preferentes y cómo fue todo aquello, las cláusulas suelo y
las tarjetas revolving, el rescate del sector financiero, que el Tribunal de Cuentas fijó en 66 500 millones, pero que, si sumamos a la Sareb y demás, nos plantamos en los 95 0000 millones que nos costó a los contribuyentes españoles aquella broma;
si no fuera por las irregularidades ejercidas por entidades financieras a la hora de ofrecer cuentas de pago básicas -algo que mi grupo parlamentario ha venido también denunciando desde hace tiempo-, cuentas de pago básicas fundamentales para
personas solicitantes de asilo, personas vulnerables, etcétera; si no fuera por las presuntas irregularidades llevadas a cabo por cuatro de las cinco grandes entidades financieras de nuestro país en la concesión de préstamos ICO a raíz del COVID,
en fin, si no fuera por tantas y tantas cosas. Entonces, decir que la banca es poco más o menos que una perjudicada después de la historia reciente de España me parece casi casi un insulto a la ciudadanía española.
Por lo demás, como digo, me parece que introducir a Correos, una empresa pública, como uno de los elementos sustanciales para que desde lo público se revierta el proceso de despoblación que vive nuestro territorio, no nos puede producir más
que un sentimiento positivo. Nos parece que, en realidad, la empresa pública Correos ha adquirido en estos últimos tiempos un vigor importante a raíz de estos cambios tecnológicos que se están dando, y confiamos en que el Estado sepa cuidar una
joya tan importante para los derechos de los ciudadanos como es Correos.
Por lo demás, muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene palabra doña Alicia García.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Sin duda, lo que plantea esta PNL es una preocupación compartida por muchos españoles, también por el Partido Popular, pero hoy el Grupo Socialista vuelve a presentar una iniciativa que se debatió en otra comisión hace un año y tres meses.
La verdad es que el Gobierno no ha hecho los deberes y nos encontramos otra vez en el día de la marmota.
Quería precisar algunas cuestiones sobre el fondo de esta PNL, porque su intervención podría inducir a una cierta confusión. Sí que es verdad que el Banco Mundial dice que España es uno de los países de Europa con mayor acceso a servicios
financieros y que registra la mayor densidad de oficinas por habitante entre los grandes países europeos, pero es innegable que existen dificultades de acceso a
determinados servicios que deben ser razonablemente atendidos por las administraciones públicas. Esta situación deja literalmente atrás a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las zonas rurales, pero también al pequeño
comercio.
Esta proposición no de ley fracasa rotundamente tanto en el planteamiento como en la falta de ambición en las propuestas, porque es inocua, porque no asume compromisos firmes y porque deriva responsabilidades a las entidades locales. Otra
precisión también es el riesgo de la paulatina desaparición del efectivo. Hemos visto como las situaciones de emergencia -jaqueos, Filomena- han puesto de manifiesto la necesidad de un plan B analógico con el efectivo para garantizar el
funcionamiento de la economía.
En su propuesta también se imponen nuevos gastos impropios a las corporaciones locales. Proponen que sean las entidades locales las que asuman una responsabilidad. Esto ya lo están haciendo en algunos lugares de España, por ejemplo, en la
Diputación de Valladolid, que está asumiendo unos costes. La propuesta pretende encarecer los gastos de los ayuntamientos para prestar un servicio que no tienen legalmente atribuido, como es la garantía de la prestación de servicios financieros en
su territorio. Lo que debería hacer el Gobierno es ofrecer apoyo financiero a las corporaciones locales para que estas pueden asumir estos costes derivados de la necesidad de garantizar estas prestaciones de servicios financieros en su municipio, y
no trasladar las responsabilidades a otros; colaborar con las iniciativas que ya impulsa el sector financiero para facilitar la formación en el uso de nuevas tecnologías a las personas de más edad, especialmente a aquellas que viven en áreas
rurales, y garantizar el acceso a Internet de alta velocidad en las zonas con menor densidad de población, porque esa es la forma de que se puede acceder a los servicios financieros en todo el territorio. La accesibilidad a los servicios
financieros la garantizan no solo poder sacar dinero, sino también un conjunto de oferta financiera y, en consecuencia, es a todos los agentes a los que se debería dirigir el Gobierno para garantizar un mejor servicio en el mundo rural.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.
Señor Hurtado, a los efectos de la enmienda del Grupo Parlamentario VOX.
El señor HURTADO ZURERA: Lo sentimos, pero está incluido en el cash-back. Lo he dicho y lo he aclarado con anterioridad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE LA UTILIZACIÓN DE BLOCKCHAIN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002636).
El señor PRESIDENTE: Vamos a seguir con la proposición no de ley sobre la utilización del blockchain. La va a defender en nombre del Grupo Parlamentario Popular el diputado don Juan Luis Pedreño, a quien doy la palabra.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos.
Hoy, desde el Grupo Parlamentario Popular, vamos a presentar una proposición sobre una tecnología de estas que llamamos ahora disruptivas, que tienen múltiples aplicaciones, tanto en la empresa como en la Administración y también en la
relación con los ciudadanos, que es el blockchain. Se trata, por resumirlo de una forma muy sencillita, de una tecnología que es descentralizada y encriptada y que es un soporte de muchas aplicaciones. Ahora mismo en Europa se está ya elaborando
una estrategia para el impulso del blockchain y, sin embargo, en España todavía no hemos dado ningún paso, y por eso el Grupo Parlamentario Popular va a presentar esta iniciativa, que esperemos que sea apoyada por todos los grupos.
Por ponerles algunos ejemplos de lo que posibilita esta tecnología, les diré que puede dar seguridad añadida a las redes actuales y, de hecho, estamos viviendo que en los últimos cuatro meses ha caído tres veces la red del Servicio Estatal
de Empleo, porque está soportada sobre unas tecnologías mucho más inseguras. Por ejemplo, para los conocidos smart contracts, la automatización de activos, todo lo que tiene que ver con la criptomoneda -y alguna de estas cosas hay en el petitum de
esta proposición-; por ejemplo, la gestión de historiales clínicos, seguros, hipotecas o incluso certificados académicos. Todo esto se puede hacer con la tecnología blockchain; con este tipo de redes, igual que, por ejemplo, algo que está
ahora muy de moda, que es la identidad digital distribuida, porque parece que esto del COVID nos ha cambiado la perspectiva de muchas cosas y ha incrementado la necesidad de otras tantas como, por ejemplo, la trazabilidad en el caso de los
medicamentos y de los suministros médicos. De hecho, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ya está trabajando en una iniciativa para el desarrollo de una plataforma, además lo está haciendo conjuntamente con la Unión Europea, que está basada en el
blockchain y que integra diferentes certificados de la firma de la propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para los servicios electrónicos con las administraciones públicas.
En definitiva, el objetivo de nuestra propuesta es impulsar el blockchain, el desarrollo de esta red en España y todas las aplicaciones asociadas a ella; procurar incentivos fiscales para el desarrollo y algo importante, que está muy
asociado a este tipo de tecnologías disruptivas o a muchas de ellas, que es la generación de startups, que es tan importante ahora mismo y tan necesario en nuestro país. También la presentamos para potenciar sus ámbitos de aplicación en otros
sectores y para fomentar algo que también tenemos que atraer mucho en España, que es la inversión, los grupos inversores, los inversores privados y los fondos de inversión, y darle una cierta seguridad jurídica cuando inviertan en tecnologías
apoyadas en blockchain.
En Europa -por resumir-, en 2016 ya comienzan acciones de financiación europea en investigación e innovación en blockchain; y, de hecho, en febrero de 2018 la Comisión Europea crea el observatorio de la Unión Europea para blockchain con el
fin de monitorizar su desarrollo. En abril de 2018, veintinueve países, es decir, todos los de la eurozona más Noruega y Lichtenstein y la Comisión Europea, crean la Asociación Europea de Blockchain, con el objetivo de construir una infraestructura
común a nivel europeo que transforme la identificación de credenciales y la prestación de servicios públicos transfronterizos; de hecho, en España ya hay un nodo de esta red europea de blockchain. Recientemente, en enero de este año 2021, la
Comisión Europea publica un resumen de su estrategia hacia el blockchain, y un poquito más tarde, en mayo 2021, la Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones publican también un informe completo sobre el futuro de Europa basado en estas
tecnologías.
En definitiva, la estrategia que se está realizando en Europa con el tema del blochchain la queremos trasladar, y queremos empezar ya en España con esta proposición que hace el Grupo Parlamentario Popular, que además queremos que se guíe por
los siguientes principios: sostenibilidad ambiental; protección de datos; lo que he comentado de la identidad digital, que está muy relacionado con el eIDAS, que es el reglamento que traspusimos aquí en esta legislatura en esta propia Comisión,
sobre identificación electrónica y servicios de confianza; la ciberseguridad, y que las cadenas de bloque de esta red sean interoperables en toda la red.
Voy ya directamente al petitum de la proposición no de ley, pero quiero indicar antes que ya hay mucho dinero en Europa que se está destinando para el desarrollo de esta tecnología. En concreto, hay un programa se llama Europa Digital, que
va a destinar 1400 millones de euros a promover el desarrollo de competencias en áreas estratégicas como el blockchain, y hay unos fondos de 2016 a 2019 de la Comisión de 180 millones de euros para programas de investigación dentro del marco
Horizonte 2020, relacionado también con esta tecnología.
En definitiva, lo que traemos a esta Comisión y lo que vamos a someter a votación y esperamos que lo apoye el resto de los grupos es incluir elementos de blockchain y del sector creciente de los criptoactivos, aquello que relaciona las
criptomonedas con las con los tockens y básicamente lo que proponemos es crear un consejo nacional de criptoactivos, dedicado a estudiar las implicaciones del uso de los criptoactivos sobre blockchain, pero que esté amparado y esté sometido a la
CNMV -que es el regulador para este tipo de criptoactivos-, el Banco de España y la Dirección General del Tesoro. Eso de entrada, y luego, por supuesto, incorporar el sector privado y los expertos en este ámbito dentro de este consejo nacional de
criptoactivos. También proponemos elaborar un libro de criptoderecho. Esto, de hecho, ya lo recoge el reglamento de 2019 de la Unión Europea sobre el mercado de criptoactivos, en forma de libro blanco, al cual se le van a ir añadiendo adendas de
la CNMV para que se conozca y se tenga el criterio y la formación adecuada sobre lo que tienen que ver los criptoactivos y lo que tiene que ver el desarrollo de este mercado, de este sector, sobre la red de blockchain. También proponemos incentivar
el blockchain en el sector público y en otros sectores, como por ejemplo en la contratación de hipotecas, de seguros, en los centros sanitarios o lo que he comentado de la identidad digital. Queremos también establecer determinados regímenes
jurídicos para el uso de los smart contracts, siempre que estén fuera de los acuerdos privados, y los incentivos fiscales de empresas que implementen blockchain para mejoras en sus procesos.
Finalizo, presidente. Esperamos que apoyen esta propuesta. Europa ya empezó a hacerlo y en España aún no hemos hecho nada. Vamos a ver si hoy empezamos a sentar las bases para el desarrollo de esta tecnología tan necesaria en España.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedreño.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que va a defender la nueva portavoz del grupo en materia de transformación digital, a quien damos la bienvenida, doña Begoña Nasarre.
La señora NASARRE OLIVA: Muchas gracias.
Debatimos la proposición de ley acerca de la tecnología blockchain, que presenta el Partido Popular. Coincidimos todos en que nos encontramos en un momento de pura transformación en todos los aspectos, en múltiples sectores, y si hay un
aspecto que destaca en dicha transformación es el digital, es la tecnología. Por ello, son pertinentes estos debates desde el punto de vista parlamentario acerca de este tipo de tecnología que representa un futuro muy presente.
La tecnología blockchain -en fase todavía temprana en algunas cuestiones- es una gran base de datos, la cual se distribuye entre los participantes interconectados usando el mismo protocolo, el mismo lenguaje, el mensaje o dato, que puede ser
un bien o un servicio que se transmite mediante información encriptada, gracias a la cual se puede distribuir sin temor a revelar ninguno de sus contenidos. Nos suena a todos: datos, tecnología. Pues bien, la tecnología blockchain, añade además
seguridad.
Desde el Grupo Socialista y desde el Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez, tenemos muy presente la necesidad de regulación y del establecimiento de un camino correcto para avanzar en el crecimiento tecnológico con seguridad. Así
pues, presentamos una enmienda con el ánimo de enriquecer y aportar. Si me permiten un símil, en esta tecnología que estamos tratando, una tecnología de muchísimo consenso, el Gobierno de España está trabajando y participando en los debates
comunitarios sobre criptoactivos, así como en la negociación de la propuesta del reglamento de la Comisión Europea conocido como el reglamento MiCA para asegurar un marco regulatorio armónico europeo necesario e imprescindible. Somos muy
conscientes desde el Grupo Parlamentario Socialista de los esfuerzos legislativos y las reformas necesarias que se están avanzando y recientemente adoptadas y relacionadas directa o indirectamente con los criptoactivos, como la Ley 7/2020, la Ley de
sandbox financiero.
Por parte de la Administración pública, en nuestra enmienda lo añadimos, hay que establecer un compromiso para explorar la iniciativa GobTechLab, laboratorio ciudadano de innovación tecnológica en la Administración. Tengo que decirle al
portavoz del Partido Popular que quiero resaltar que mi comunidad autónoma, Aragón, es pionera en la aplicación tecnológica en España de blockchain. Ya ha empezado a establecerse la tecnología blockchain a nivel nacional, pero mi comunidad ya lo
tiene.
Finalizo. Desde nuestro grupo presentamos esta enmienda con el ánimo de transaccionarla. El potencial de la tecnología blockchain va más allá de los medios de pagos de alimentos, de las transacciones o desde el punto de vista fiscal.
Blockchain va más allá de la sostenibilidad ambiental o de la protección de datos, también puede llegar a ser importante en la igualdad y, sobre todo, desde el punto de vista social. Es una tecnología que debemos regular desde un modo consensuado
para implantarlo de la mejor manera posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nasarre.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Blockchain es una realidad, es una tecnología que, como se ha dicho aquí, permite transferir datos y capitales de forma segura gracias a la codificación y a la encriptación, que es ya muy sofisticada. Es una tecnología que va mucho más allá
de las criptodivisas o monedas digitales y creemos que sus aplicaciones van a otorgar una mayor expectativa de crecimiento económico. Por eso entendemos que es necesaria una regulación acerca de esa tecnología del blockchain y que se analicen y se
modifiquen las implicaciones del uso de esta tecnología y velar, por supuesto, por los posibles fraudes y evasión de capitales.
Ahora, es cierto que en esta PNL se incluyen muchísimas medidas y nosotros nos vamos a tener que abstener porque la parte final habla de una serie de incentivos fiscales, sobre todo en el impuesto de sociedades, sobre los que en Euskadi
tenemos competencias y, por tanto, son las propias diputaciones
forales quienes tienen que entrar a decir qué regulación quieren en el impuesto de sociedades, si quieren una serie de beneficios fiscales o si quieren unas deducciones en gastos. Por tanto, desde ese punto de vista nos vamos a abstener.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Me resulta paradójico que el Partido Popular, que los conservadores, quieran impulsar el blockchain, que es por sí una tecnología revolucionaria e innovadora, de hecho, no pueden evitar este espíritu conservador y proponen la creación de un
consejo nacional de criptoactivos en el que estén representados únicamente organismos públicos como el Tesoro, la CNMV o el Banco de España. Además, piden en esta iniciativa que el consejo esté adscrito al Ministerio de Hacienda. Una vez más, nos
demuestran que sus soluciones también pasan por poner coto a cualquier tecnología rompedora e intentan someterla a impuestos.
La propuesta, en mi opinión, es una carta del Grupo Popular a los Reyes Magos con numerosas propuestas poco concretas y que, además, destilan un dirigismo que no podemos compartir. Nuestra labor como representantes públicos es crear un
marco normativo lo suficientemente flexible para el desarrollo de nuevas tecnologías que elimine barreras existentes en este desarrollo, no crear más barreras. Sin embargo, parece que esta iniciativa del Grupo Popular está más preocupada en decirle
al sector inmobiliario, al sector financiero, a las aseguradoras o al sector sanitario lo que pueden hacer o cómo utilizar el blockchain en sus modelos de negocio.
Para los liberales esto es impensable porque nosotros apostamos por ofrecer la mayor libertad y flexibilidad posible al sector privado para que desarrolle aplicaciones de blockchain según se ajusten mejor a sus necesidades. Para nosotros es
fundamental que el sector privado pueda sentarse también a la mesa y ofrecer una perspectiva de primera mano sobre cuáles son sus necesidades y demandas en lo relativo al desarrollo de esta tecnología blockchain. También queremos que a esa mesa se
sienten expertos de la sociedad civil, académicos y asociaciones de usuarios para garantizar precisamente que todas esas perspectivas, que van mucho más allá de las instituciones públicas, se tengan en cuenta. En definitiva, compartimos el objetivo
de esta proposición, pero no compartimos la forma en la que la ideología conservadora quiere abordar un asunto tan relevante como el desarrollo del blockchain en nuestro país. Nosotros queremos apostar por más participación del sector privado, por
menos barreras, más flexibilidad y menos dirigismo. Así pues, nos abstendremos en esta iniciativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Confederal, señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
Respecto de la iniciativa que nos presenta hoy el Partido Popular sobre blockchain, lo primero que me cabe hacer es agradecerla porque es verdad que es un tema de rabiosa actualidad, como dicen los locutores de radio, y tiene una importancia
que va a seguir creciendo seguramente a lo largo de los próximos años. Muy probablemente, las potencialidades de la tecnología o del fenómeno, por llamarlo de algún modo, nos son ahora mismo desconocidas. Recuerdo hace unos años, cuando salía
aquello del bitcoin y demás casi como una frikada -permítanme el término-, ya entonces nadie podía advertir que esos principios que inspiraron la creación de un activo más o menos especulativo, etcétera, pudieran tener los alcances sobre los cuales
se está especulando hoy en día y que los distintos ponentes que me han precedido acaban de hacer.
Yo diría en general que la iniciativa, como digo, tiene una descripción de hechos interesantes, incluso en algunos puntos hasta coincidente, pero luego el problema está en todo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Decía la señora Muñoz
que ella considera que es una iniciativa supongo que excesivamente estatista, cosa que, como se pueden imaginar, desde mi perspectiva ideológica no me parece tan malo, ni siquiera me parece malo. En todo caso, es verdad que las potencialidades,
digamos democratizadoras que tiene una herramienta de estas características en cuanto a que suponen un reto a todo el proceso de centralización, creo que nos deben llamar a todos a celebrarlo puesto que, como digo, siempre y cuando
haya una regulación adecuada de esas potencialidades, pueden dar mucho de sí y ofrecer un beneficio neto importante a la ciudadanía.
Ahora bien, yo supongo que cuando el Grupo Socialista presenta esa lista de enmiendas tan larga, tan exhaustiva, en el fondo en la medida en que actúa, entiendo yo, como vicario del ministerio, básicamente lo que le está diciendo al Partido
Popular es que el responsable de diseñar y llevar a cabo las políticas ejecutivas en España es el Gobierno de la nación. El Partido Popular ha hecho una exposición de motivos muy al detalle y la señora Muñoz decía que era demasiado vaga, pero a mí
me parece que es más bien al contrario, tiene demasiado detalle y, por tanto, quizá va más allá de lo que una iniciativa de estas características, de lo que una proposición no de ley debe o puede llegar a alcanzar.
Por lo demás, vamos a ver cómo da de sí esta nueva tecnología. Decía el señor Pedreño que España está retrasada, supongo que retrasados aquí estamos todos, pero por la información que tengo yo, España no dispone de un solo nodo conectado a
la Red Europea de Blockchain, sino que son tres. No sé, Pedreño, si su fuente está anticuada o la mía tiene demasiadas prisas, pero, en todo caso, por lo que tengo entendido, digamos que ahí sí hay una cierta evolución de las políticas públicas en
España. Yo confío en que este Gobierno ponga en marcha los planes que ya ha anunciado y se pueda desarrollar una iniciativa que, como digo, tiene una potencialidad democratizadora creo que muy muy relevante.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Rodrigo Jiménez.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente.
La proposición no de ley que nos trae el Partido Popular a nosotros nos parece bastante completa -al contrario que a otros grupos- y nos gustaría dar la enhorabuena por su elaboración. Ahora bien, toda tecnología también tiene sus
inconvenientes y sus incidentes. Aquí solamente se han comentado bondades y, si me lo permiten, me gustaría poner algunos ejemplos negativos.
En agosto de 2010 un hacker generó 184 467 millones de bitcoins en una transacción utilizando una vulnerabilidad del código conocida como incidente por desbordamiento de valor, que se solucionó al cabo de horas. En enero del 2018,
Coincheck, uno de los operadores de cambio más populares de Japón, perdió 532 millones de dólares en monedas NEM, lo que afectó a 260 000 inversores; un ciberdelincuente había accedido al ordenador de un empleado e instalado un malware para obtener
claves de los monederos digitales utilizados entre las acciones online inmediatas, hot wallet, y vaciar las cuentas. En marzo de 2018, Schneier on Security se hizo eco de las vulnerabilidades de los small contracts de plataformas blockchain como
Ethereum 9. En mayo de 2019, la plataforma Binance sufrió el robo de 41 millones de dólares en bitcoins; los hackers utilizaron varias técnicas, desde virus hasta phishing, para introducirse en el sistema y acceder a una cartera de bitcoins de la
compañía, desde las que sus clientes realizaban transacciones. Y el último ejemplo, en 2019, el fallecimiento del CEO de un fondo de gestión de criptoactivos provocó la desaparición de las credenciales para acceder a las criptomonedas que
administraba, por valor superior a 150 millones de dólares, que se volvieron irrecuperables.
Llegados a este punto, es importante reiterar la importancia de cuidar los aspectos no tecnológicos derivados de incorporar una plataforma blockchain a los procesos de negocio u operaciones; en particular, los relativos a los impactos
organizativos y de procesos de negocio. Por ejemplo, un departamento de seguridad de la información de la compañía deberá participar en el diseño de solución desde su inicio, así como en la implantación, al igual que con cualquier otra plataforma
tecnológica.
En un ámbito distinto, la creciente aceptación y el anonimato que caracterizan las transacciones de las nuevas criptodivisas han propiciado el cryptojacking o uso ilegítimo por cibercriminales de la capacidad del procesamiento de equipos
informáticos ajenos a blockchain para la obtención fraudulenta de criptomonedas. El cryptojacking detrae recursos computacionales, de memoria, energéticos del equipo del usuario afectado para apropiarse de activos de una plataforma blockchain. Se
estima que en enero de 2018 el número de muestras de ese tipo de código dañino rondaba los 94 000, mientras que solo tres meses más tarde esta cifra llegó a incrementarse un 74 %. A medida que el blockchain tenga más adopción, el mercado de las
soluciones a terceros experimentará un enorme crecimiento, sobre todo dentro de las áreas como plataformas de integración, procesadores de pago, fintech, carteras o contratos inteligentes.
Los proveedores o administraciones que quieran implementar aplicaciones y plataformas blockchain a ellos mismos o a terceros deben ser conscientes de que la seguridad en esta tecnología no debe ser
mayor que la confianza personal hacia ellos. Es decir, que tener sistemas poco fiables, códigos defectuosos o vulnerabilidades en el aspecto personal pueden exponer las credenciales y los datos de sus clientes a personas no autorizadas.
Evitar estas vulnerabilidades requiere de una investigación exhaustiva de todos los proveedores que estén en este ecosistema. La experiencia y la reputación son los factores claves que un cliente debe utilizar para distinguir entre aquellos que
puedan ayudarnos a construir sus negocios de aquellos que podrían arruinarlo.
En conclusión, el blockchain es una tecnología llamada a revolucionar la industria de todo el mundo, pero no se puede decir que a día de hoy esté consolidada, ya que se enfrenta aún a numerosos retos que implican riesgos, pero que los
avances de la tecnología ayudarán a superar.
Nada más. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Pedreño, en relación con la enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PEDREÑO MOLINA: No la aceptamos porque es absolutamente de modificación completa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- RELATIVA A LA RELOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN TERRITORIO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/001941).
El señor PRESIDENTE: Volviendo un poco más a la normalidad, por los diputados que estaban ausentes, vamos a la primera de las PNL, que es la relativa a la relocalización de la industria manufacturera en territorio español, del Grupo
Parlamentario VOX, y que va a defender su diputado don Rodrigo Jiménez Revuelta.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, buenos días. El virus chino de Wuhan ha destapado las debilidades de aquellos países donde su producto interior bruto depende en gran porcentaje del sector servicios. Al contrario de los países más industrializados, que
sobrellevaron mejor el impacto de la crisis provocada por un virus que ha puesto en jaque a la economía mundial, España ha visto cómo su peso en el sector industrial ha decrecido en los últimos treinta años, especialmente en los últimos trece años
después de la crisis financiera de 2008, de la cual no se ha recuperado ni se ha apostado por ello durante los distintos gobiernos hasta la fecha. El proceso de deslocalizalización industrial en España ha sido muy intenso, produciéndose un notable
descenso desde el 20 % de mediados de la década de los noventa hasta el 14 % antes del origen del virus chino.
Curiosamente, el pasado año, durante el mes de octubre, participaba en un encuentro de parlamentarios de la OCDE con el lema 'Abordando el impacto del coronavirus en la economía mundial', y me gustaría destacar algo que para mí fue bastante
relevante, y es que de todos los países de la OCDE, en las previsiones y proyecciones que se habían realizado, el único país del mundo que crecía en 2020, ¿saben sus señorías cuál era? China. Sí, China, con un crecimiento estimado del 1,8 %,
mientras que países como Estados Unidos cae en un 3,8, Alemania un 5,4 y la India hasta un 10,2. ¿Casualidad? ¿Gestionaron mejor la crisis que otros países? De lo que no cabe duda es que fueron los que mejor salieron de ella y los grandes
beneficiados.
Un dato: las exportaciones chinas supusieron el 20 % del total global entre abril y junio de 2020, 7 puntos más que en el mismo periodo de 2019. Por el contrario, España fue el país que más se contrajo durante 2020, con una caída del 10,8
del producto interior bruto, la mayor caída desde la Guerra Civil. Y los motivos que ocasionaron esa caída fue, sin lugar a dudas, la gestión negligente de un Gobierno que mintió y antepuso su agenda ideológica con la celebración del 8-M a la
seguridad sanitaria. ¿Recuerdan? La vida les iba en ello. Y no solo lo demuestra un informe de Fedea, que verifica que si el 8-M no se hubiera celebrado y se hubiera confinado a la población el día 7 de marzo se habrían reducido hasta un 62,5 %
los contagios y, por tanto, su efecto en las muertes y en la economía, sino también las manifestaciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que sabía lo que iba a pasar el día 15 de febrero de 2020.
Resultado: un impacto mundial sanitario y económico
mayor en España con unas consecuencias devastadoras para muchísimos sectores y el cierre de la persiana de muchísimos autónomos, negocios y empresas.
Y ahora tenemos el problema del desabastecimiento mundial por causa de los apagones en China, un país que se ha convertido en la fábrica de un mundo globalizado e interconectado, pero que su escasez energética, a falta del uso del carbón,
del que, por cierto, ha mandado comprar todo el que sea a cualquier precio, está poniendo en evidencia la dependencia del resto del mundo con respecto a China. Sirva un pequeño ejemplo: el equipo de fútbol de mi hijo de ocho años, que ha comprado
a un distribuidor unas camisetas en octubre, dice que hasta enero no se las traerán porque están retenidas en China. ¿Cómo es posible? ¿No existen empresas en España que puedan dar ese servicio y sean competitivas? Este pequeño ejemplo demuestra
lo importante de la propuesta que VOX trae hoy aquí para relocalización de empresas e incentivar la llegada de capital extranjero para no tener excesiva dependencia a determinados sectores y mercados internacionales.
Ya nos está sucediendo en el ámbito energético con una deficiencia de soberanía energética cuya dependencia del exterior está provocando que la inflación en España se haya situado por encima del 5 %. Además, la pandemia del COVID-19 ha
acelerado este proceso, produciéndose en la relocalización en varios países del mundo, entre otros motivos por la subida de costes salariales en los países donde la mano de obra era más barata, el aumento de los costes de producción y el incremento
de los costes logísticos. Solamente entre 2014 y 2018 en Europa se han producido 253 relocalizaciones, en su mayoría: Reino Unido, Francia e Italia; en España, tan solo doce casos.
Sectores más críticos, como el sanitario, también han comenzado a dar paso para relocalizar el 20 % de su producción en Estados Unidos y la Unión Europea en los próximos años. Europa es consciente de la necesidad de relocalizar ciertas
producciones estratégicas. El Parlamento Europeo defiende el regreso de ciertas cadenas muy internacionalizadas al territorio comunitario, especialmente de algunos productos estratégicos y de aquellos en los que se han registrado cuellos de botella
para suministro. Las ventajas de esta contraglobalización son muchas: desde asegurar el suministro, pasando por la revitalización del tejido industrial, que en el caso español ha pasado de representar el valor añadido bruto nacional del 16,2 % en
el año 2000 a tan solo el 11,2 % en 2020, según datos de CaixaBank Research.
Pero la relocalización en España ahora mismo podría ser limitada, dado que este sector está bajo mínimos. Marruecos o Turquía son las alternativas que está manejando esta industria para producir en proximidad. Incluso desde el Gobierno se
está apostando por algunos países de África que gozan de mayor estabilidad política, como son Senegal, Ghana o Costa de Marfil, como alternativas para producir a costes ajustados y más cerca. Por eso se hace necesaria esta proposición no de ley en
la que VOX insta al Gobierno a que desarrolle un marco normativo incentivador en los ámbitos tributarios, administrativo, ambiental y laboral que permita la vuelta a España de plantas productivas nacionales que en su día se instalaron en países de
bajo coste, así como a la incentivación de inversiones extranjeras en España mediante un marco regulatorio atractivo. Por eso, el apoyo estatal será clave según los expertos para que este proceso tome mayor impulso. Países como Francia, Portugal o
Estados Unidos ya se están moviendo en esa dirección.
Un ejemplo de la apuesta de VOX por el producto nacional y la relocalización de empresas nacionales es la proposición no de ley que VOX ha presentado en los parlamentos autonómicos para proteger nuestro producto nacional esta Navidad.
Ahora, señorías, les toca a ustedes saber si apuestan por lo nuestro o, por el contrario, siguen marginando a nuestros productores españoles que llevan años viendo cómo se fomenta la mercancía de terceros países, unos países que en muchas ocasiones
no cumplen los requisitos que se exigen en la Unión Europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jiménez.
Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Miguel Ángel Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. No podemos estar en contra de esta proposición no de ley, aunque haremos algunas puntualizaciones. También hemos presentado una enmienda que añade una mejora de estos incentivos para los municipios de menos de cinco
mil habitantes de las provincias con problemas de despoblación. Creo que debemos aportar siempre una visión legislativa de estos territorios. Algo que echamos de menos en la PNL es la justificación de por qué es tan importante la industria, y
especialmente
la manufacturera. Porque, claro, pedimos que se instalen en España por alguna razón, no solo porque se hayan ido. ¿Qué aportan? Suelen ser empresas de tamaño medio o grande, por lo que nosotros creemos que aporta estabilidad en el empleo
y en el territorio, también industria auxiliar y lógicamente servicios. Además, las empresas del sector pueden valorar instalarse en las mismas zonas, es decir, aportan un desarrollo económico importante en el territorio donde se instalan, y por
eso es importante nuestra enmienda. ¿Por qué otros países desarrollados no han sufrido esta deslocalización? Porque yo creo que más allá de los costes laborales, la productividad puede ser la razón fundamental. Por eso yo creo que antes de pedir
a las empresas que vuelvan o que vengan, quizás deberíamos resolver este problema. Quizás el coste de la energía, los costes laborales, los impuestos, la inseguridad jurídica, la falta de unidad de mercado, etcétera, no ayudan nada a mejorar la
productividad. Nos hablaban de la tercerización como causa, pero más bien es la consecuencia. Nosotros no vemos negativo el sector terciario para el desarrollo industrial.
También debemos plantearnos qué sectores queremos que vuelvan, de alto valor añadido o no, tenemos talento para ello. Esto no se trata solo de deseos, tenemos que crear entornos propicios y seguros a todos los niveles regulatorios,
fiscales, etcétera, y ahora no los tenemos, salvo en algunos sectores. Algunas empresas aguantan aquí por varias razones, ya sea por origen, por historia o por materia prima, pero, desde luego, no porque estemos creando un hábitat favorable. Los
grandes sectores nacionales como el siderúrgico, el automóvil y sus componentes o el agroalimentario no solo no están siendo cuidados por este Gobierno, sino que están siendo atacados por parte de algunos ministerios de forma sistemática como
Consumo, Transición Ecológica, Industria, Agricultura y Hacienda, y el Ministerio de Asuntos Económicos no hace nada.
Hay algún error o concepto equívoco en la PNL como que las importaciones sirven para compensar el incremento de las exportaciones. Sin embargo, las exportaciones no son consecuencia de la ausencia de demanda interna; las exportaciones las
permite este mundo globalizado que abre todos los mercados a los productos españoles. Quizás antiguamente fuera así, pero ahora las exportaciones para muchas empresas son la forma de vida o de crecimiento.
Lo dicen en varias ocasiones en la proposición, es un tema complejo, y quizás por eso no lo abordan. Pero más allá de situarnos en las causas, nos falta ese impulso de la proposición que nos traslade cómo hacerlo. Así como está lo deja en
manos del Gobierno, de este Gobierno. ¿Quieren ustedes que fracase o quieren ustedes que triunfe? A este Gobierno se lo debemos dar elaborado porque no confiamos en su gestión, nos lo han demostrado durante estos dos últimos años. Votaremos a
favor.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Esta iniciativa del Grupo Parlamentario VOX pide al Gobierno desarrollar un marco normativo incentivador en los ámbitos tributario, administrativo, ambiental y laboral que genere la vuelta a España de plantas productivas nacionales que en su
momento se instalaron en países de bajo coste, así como de aquellas empresas de capital extranjero no establecidas anteriormente en nuestro país para que puedan ver en España una oportunidad para el desarrollo de inversiones productivas. Lo he
citado textualmente, pero sus señorías de VOX no proponen nada para que esto se lleve a cabo.
En nuestro grupo parlamentario, como no puede ser de otra manera, apoyamos, por supuesto, el desarrollo de un marco normativo que sirva para atraer inversiones, que fomente el crecimiento y que genere creación de empleo. La argumentación
del proponente, no obstante, es discutible y hasta cierto punto a mí me ha parecido contradictoria. Por ejemplo, mientras aducen una pérdida de capacidad industrial en España, reconocen en la misma exposición de motivos que el tamaño de la
industria española no es menor que hace décadas, sino que sencillamente hay otros sectores que han crecido aún más. También ponen como ejemplo, hablando de la propia relocalización, que es posible seguir el ejemplo y solo tenemos que ver a Estados
Unidos frente a China. Sin embargo, de nuevo, según su propia exposición de motivos, un pulso comercial costosísimo para los ciudadanos de a pie en Estados Unidos se ha saldado solo -solo- con un 6 % de empresas que se relocalizarían de vuelta a
Estados Unidos desde China. También me ha resultado llamativo que apelan tanto al retorno de industrias a España como a la atracción de industrias de otros países para que se relocalicen en España, es decir, que la deslocalización que pretende VOX
es buena si solo va en una dirección.
Creo que esta iniciativa, que puede tener una buena intención, nos da el ejemplo perfecto de la visión casi decimonónica -diría yo- de la economía que tiene VOX, planteada como un juego de suma cero que, de avanzar en el camino que sugieren,
acabaría con todos más pobres y con las empresas deslocalizadas también más pobres. Lo que sí se debe combatir es la deslocalización por competencia desleal, el libre comercio no es libre si no se juega en igualdad de condiciones. La política
comercial debe ir encaminada a eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias, a la vez que se lucha contra la elusión de los estándares laborales sanitarios y medioambientales que sí satisfacen nuestros productores y que son los mínimos de
calidad imprescindibles para nuestros consumidores. Votaremos abstención.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
Mi grupo parlamentario va a votar en contra de esta iniciativa por las razones que voy a tratar de esgrimir a continuación. Básicamente son tres argumentos, tres falacias, que voy a tratar de denunciar hoy aquí y, finalmente, hay un
desvarío -déjeme que lo llame así-, que no está escrito pero que lo hemos escuchado esta mañana en boca del portavoz Jiménez de VOX, sobre el supuesto papel de la República Popular China en una conspiración judeomasónica total mundial para no sé
dónde meter ya a Bill Gates o al señor Soros, para no sé qué tipo de cosa rara que pueda ocurrir a nivel mundial. En fin, yo siempre pienso, cuando uno escucha estas cosas, que dice más quien lo dice que sobre lo que dice. Porque realmente pensar
que hay una conspiración a estas alturas de la realidad me parece que es estar muy lejos de la tierra; no sé en qué planeta, pero desde luego en el planeta tierra me parece que no.
En todo caso, en relación con las tres falacias, voy a intentar denunciarlas sobre lo que se expone en el texto, que dentro de lo que cabe tiene su cierta coherencia, No estoy de acuerdo con él, pero por lo menos no es un viaje lisérgico
como el que acabamos de escuchar.
Primera falacia. Como bien decía la señora Muñoz, el hecho de que se haya reducido el peso de la industria no quiere decir que se haya perdido industria, quiere decir que otros sectores han crecido más; primera falacia, digamos, de primero
de carrera.
Segunda falacia. Claro, esto una liberal no lo iba a subrayar tanto, tengo que llegar yo por aquí detrás a subrayarlo, con todo el respeto sea dicho: un incremento de los costes laborales por encima de los incrementos de la productividad
-dice el texto- como responsable de las deslocalizaciones. Mire, señor Jiménez, no solo el salario medio ha crecido a un ritmo inferior al de la productividad del trabajo desde la década de los años ochenta, sino que a partir del año 2008 la brecha
entre el incremento de la productividad y el incremento de los salarios se ha disparado. ¿Cómo puede usted decir que hay un problema de presión salarial y que es lo que provoca la deslocalización? Realmente esto sí que me parece -por supuesto,
tiene su tamiz ideológico, como todo-, sencillamente, no responder a la realidad y a las estadísticas. De verdad, le recomiendo que se eche de vez en cuando una mirada a los datos del Instituto Nacional de Estadística, que alguna pista interesante
da al respecto.
Tercera falacia, tercera premisa falsa. Mayores trabas administrativas a la hora de emprender o de mantener la actividad empresarial, otro de los motivos que esgrime VOX para las deslocalizaciones. Para ello le citaría al secretario de la
Federación de Industria de Comisiones Obreras, que precisamente hace unos meses aquí, en la Comisión de Industria, hablaba precisamente de que la laxitud de la regulación en España supone una desventaja con respecto a otras economías como la
francesa -citaba él- que disponen de marcos regulatorios más garantistas que evitan que se produzcan estas deslocalizaciones exprés como las que venimos padeciendo.
Por lo demás, es verdad que el resolutivo es bastante vago, no llega a concretar demasiado, pero ciertamente después del diagnóstico que acabo de describir nos podríamos imaginar lo que viene detrás. Así que por precaución votaremos en
contra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Javier Alfonso Cendón.
El señor ALFONSO CENDÓN: Muchas gracias, presidente.
Señorías, señor Jiménez Revuelta, su grupo parlamentario trae a esta Comisión una proposición no de ley relativa a la relocalización de la industria manufacturera en territorio español. Fíjese, en lo único que coincidimos, claro que sí, es
en que se trata de un tema de especial relevancia y de interés para nuestro país, ya que especialmente desde la primavera de 2020, con la COVID-19, ha ocupado y preocupa al Gobierno por la oportunidad económica y empresarial que supone, aunque a
ustedes parece que les guían intereses mucho más espurios y torticeros, como ha dejado entrever su explicación hoy aquí. Lo que ustedes avalan no es más que un artefacto arrojadizo -otro más- contra el Gobierno. He leído su propuesta con
detenimiento y me ha sorprendido que algo tan importante sea despachado con tan poco rigor. Su PNL está compuesta básicamente de negacionismo, generalidades y definiciones sin ningún tipo de concreción. Eso sí, aquí siguen con sus mantras;
evolucionen, señorías.
Ustedes hablan de desarrollar un marco normativo en los ámbitos tributario, administrativo, ambiental y laboral, pero no detallan qué tributos cambiarían, ni qué líneas regulatorias, ni qué modificaciones pondrían en macha, impidiendo por
tanto que se pueda hacer una valoración o una comparativa entre su propuesta y las políticas que está implementando eficientemente el Gobierno de España y que además están dando sus frutos con evidencias contrastables en las estadísticas de
competitividad económica. Le recuerdo que la política económica, industrial, laboral, y en definitiva, toda la acción del Gobierno de España está alineada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con 140 000 millones de
euros en nuestro país, gracias a la negociación del presidente Sánchez en Europa. Un plan de reformas estructurales e inversiones del que ustedes tanto reniegan, como lo hicieron de los Presupuestos Generales del Estado a los que votaron en contra
hace pocos días diciendo no a la mayor inversión de la historia de nuestro país, que nos servirá para abordar las grandes transformaciones que necesitamos para hacer de España un lugar más productivo, competitivo y sostenible, lo que nos permitirá
incentivar las relocalizaciones, crear y mantener empleo de calidad, hacer que nuestras empresas -pero eso sí, todas ellas-, además de las de la industria manufacturera tan importante para nosotros, sean más competitivas, atraigan inversiones y, en
definitiva, ayuden a mejorar nuestro Estado del bienestar. Los más de 13 000 millones de euros dedicados en los Presupuestos Generales del Estado a ciencia, innovación y digitalización servirán para conseguir un salto cualitativo en nuestro modelo
productivo y es una buena prueba -junto a la agenda de políticas públicas del Gobierno para conseguir un mercado laboral más dinámico, resiliente e inclusivo- de que se están haciendo bien las cosas.
Señorías de VOX, por los argumentos que les he detallado, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de su PNL. Les invito a que reflexionen en positivo y trabajen por el futuro de su país, rectifiquen su estrategia y arrimen el
hombro y reconozcan que, gracias a la acción del Gobierno, nuestro país se está recuperando. Crecemos, y lo haremos más intensamente en 2022, lo que, junto a los nuevos resultados del mercado de trabajo y su sólida y favorable evolución, serán
garantía de una recuperación sostenible e inclusiva.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Jiménez, ¿acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Popular?
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Sí, la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, la acepta.
- SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA NACIONAL DE ALGORITMOS VERDE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002268).
El señor PRESIDENTE: A continuación debatiremos la siguiente iniciativa, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un Programa Nacional de Algoritmos Verde que va a defender la diputada doña Ángeles Marra.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, presidente.
Señorías, la presente proposición no de ley que hoy trae el Grupo Parlamentario Socialista a debate en esta Comisión busca impulsar la inteligencia artificial verde por diseño, lo que significa que desde la misma concepción y desarrollo del
algoritmo se incorporen variables de sostenibilidad ambiental, esto es,
de eficiencia energética con una doble finalidad, en primer lugar, la de desarrollar soluciones para la resolución de desafíos medioambientales, y en segundo lugar, contribuir con ello a la lucha contra el cambio climático y la necesaria
transición verde del modelo económico y social de España.
Señorías, es conocido que la inteligencia artificial es una de las tecnologías disruptivas con mayor proyección e impacto en todas las áreas de actividad. Su ámbito de aplicación no deja de crecer, en parte gracias a la gran proliferación
de datos, en la sanidad, la agricultura, la protección del medioambiente, la mejora de sistemas de producción, diseño, ciberseguridad y un largo etcétera. De hecho, la inteligencia artificial y las tecnologías de análisis de datos tienen el enorme
potencial de acelerar el análisis de un gran volumen de datos, permitiendo así entender mejor los múltiples desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad. La mayor parte de su potencial, de hecho, está todavía por explotar, tanto en Europa como
en España, pero, sin lugar a dudas, uno de los retos mayores que en este momento afrontamos es el de reforzar la acción contra el cambio climático. Esto es lo que se está poniendo de relieve en esta iniciativa al impulsar el desarrollo de
soluciones para mejorar la planificación medioambiental, la toma de decisiones, la monitorización de amenazas medioambientales que sirvan no solo para analizar el grado de utilización de diferentes tecnologías de inteligencia artificial para la
resolución de desafíos medioambientales, sino sobre todo que propongan soluciones que contribuyan a frenar las graves consecuencias del calentamiento global y avanzar en la transición ecológica verde de nuestro modelo económico y social.
Específicamente, la inteligencia artificial podría ayudar a reducir el consumo de energía y recursos, a promover la descarbonización e impulsar la economía circular. Asimismo, está tecnología puede emplearse para analizar los resultados de
experimentos científicos pasados y conseguir con ello experimentos futuros que sean exitosos. El objetivo es contribuir así a la necesaria transformación de nuestro modelo de crecimiento, de progreso, de prosperidad e incluso de nuestra propia
forma de vida y preparar el terreno para promover un desarrollo sostenido, sostenible e inclusivo compatible con el cuidado del medioambiente frente a un crecimiento insostenible que nos abocaría al desastre y al colapso, tal como viene proponiendo
la extrema derecha.
En segundo lugar, la parte dispositiva de esta iniciativa persigue mitigar el impacto ambiental que se deriva del uso de soluciones de la inteligencia artificial. Señorías, por todos es conocido que el impacto de la IA tiene un componente
negativo: la huella de carbono que genera. Según indica la ley de Moore, de 1959 a 2012 se ha duplicado cada dos años la potencia de cálculo necesaria y la cantidad de datos para entrenar la inteligencia artificial. Esto supone que entre el 5 % y
el 9 % del consumo de electricidad en todo el mundo se dirige a realizar cálculos o procesos, pudiendo llegar incluso, de acuerdo con muchas estimaciones, al 20 % en el 2030, mientras que el resto se destina a su refrigeración o bien mantenimiento.
Por tanto, la evidencia es clarificadora. Existen datos contrastados de que el uso de soluciones de tecnologías de la información y comunicación -las que conocemos como TIC- se tradujo en emisiones de gases de efecto invernadero de entre un 1,1 % y
el 1,3 %, miles de millones de toneladas de CO2 mundiales en 2020. De hecho, son numerosos los artículos científicos que tratan del impacto ambiental, diferenciando entre lo que denominan como la inteligencia artificial roja, de alto consumo
energético, y la inteligencia artificial verde, diseñada con criterios de eficiencia energética.
Por todo ello, señorías, el Gobierno de España viene trabajando y abanderando ese proceso de avanzar hacia una inteligencia artificial verde, en el marco de la Agenda España Digital 2025 que despliega la Estrategia Nacional de Inteligencia
Artificial, en el impulso del desarrollo de una inteligencia artificial inclusiva y sostenible, la cual prevé desarrollar el Programa Nacional de Algoritmos Verdes, con el objetivo de desarrollar una inteligencia artificial verde por diseño, con
criterios de eficiencia energética, así como la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental. De hecho, esta iniciativa persigue el impulso a una transformación hacia una inteligencia medioambientalmente
sostenible, desarrollando soluciones que mitiguen el impacto ambiental que se deriva del uso de la inteligencia artificial, con el desarrollo de procedimientos de buenas prácticas y conocimientos necesarios para afrontar dicho reto, al tiempo que se
desarrollan soluciones a los desafíos medioambientales más acuciantes en España, contribuyendo así a la transición ecológica de nuestro modelo económico y social.
Somos conscientes de que tenemos que liderar desde España el uso de soluciones eficientes de inteligencia artificial verde, investigar nuevas estrategias de elaboración y ejecución de modelos y algoritmos que disminuyan el coste energético y
acelerar nuestras acciones en materia de clima, trabajar juntos desde la acción colectiva de todas las administraciones, organizaciones e instituciones sobre la base de la colaboración público-privada, que es la orientación que está siguiendo el
Gobierno de España para abordar los problemas medioambientales, apoyando con ello el proceso de transición ecológica
fundamental en nuestro país. El objetivo es diseñar desde el inicio algoritmos energéticamente eficientes que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y la transición energética, así como impulsar aplicaciones de inteligencia
artificial sostenibles. La transición verde y la transición digital van de la mano, y son dos de las grandes palancas que harán posible la recuperación económica. Por todo ello, esperamos y confiamos en el voto favorable a esta iniciativa por los
diferentes grupos parlamentarios, porque entendemos que con la aprobación de esta iniciativa se incardina el proceso a seguir para avanzar en dar una respuesta eficiente, sostenida y sostenible, coordinada y de futuro, que contribuya a situar a
nuestro país en la línea de los países líderes en investigación y uso de una inteligencia artificial confiable, inclusiva, sostenible y verde, al servicio del desarrollo económico y social, al servicio de nuestra modernización económica, para un
crecimiento sostenido, sostenible e inclusivo para mejorar la vida de nuestros ciudadanos.
Finalizo. De VOX no vamos a poder esperar nada; del Partido Popular, arrastrado por la ultraderecha hasta mimetizarse, esperamos que abandone su deriva y confiamos en que apoyen esta iniciativa y apuesten por una inteligencia artificial
verde, por el cambio climático en nuestro país. Al resto de grupos les pediría el voto favorable a esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marra.
Para defender la enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado Mario Cortés.
El señor CORTÉS CARBALLO: Buenos días. Para ver el posicionamiento del Partido Popular en este tema solo había que haberse leído la enmienda que hemos presentado. Entiendo que no ha podido hacerlo, a ver si luego le da tiempo a leérsela y
así por lo menos puede posicionarse de una forma coherente.
Estamos, como decía el otro día, ante una nueva PNL vacía, insustancial, pero eso sí, llena de buenas intenciones. Este es el paradigma de cómo hacer una PNL con un único titular de prensa. Sinceramente, creo que es algo bastante poco
serio para un partido de Gobierno. Estamos hablando de potenciar algoritmos verdes, que entendemos que tienen menos capacidad de computación a la hora de obtener resultados y, por tanto, se reduce la huella de carbono en cada iteración. Hasta ahí
todo estupendo, todo correcto, sin embargo, cuando nos vamos ya al petitum y queremos ver ansiosamente cuáles son las medidas que propone el partido de Gobierno, nos encontramos que lo único que proponen es un programa de algoritmos verdes. Punto,
se acabó, no hay más. No sabemos en qué consiste ese programa, no sabemos si habrá ayudas o incentivos fiscales a estas empresas que hacen algoritmos verdes o por el contrario se sancionará duramente a aquellas empresas que no los desarrollen.
Sinceramente, no tenemos ni idea y usted nos pide que apoyemos esta iniciativa a ciegas. ¿Cuál es el consumo aceptable que tiene un algoritmo? ¿Dónde se define? ¿Quién lo mide? ¿Cómo se mide? Pero sobre todo -y creo que es lo más importante, de
ahí nuestra enmienda-, ¿dónde se van a ejecutar esos algoritmos? Porque, evidentemente, si se van a ejecutar en centros de computación alimentados con energía libre de carbono, que muchos centros de procesamiento y de almacenamiento ya están
trabajando en esa línea, la capacidad de computación tendrá un impacto menor que si se hace en centros donde no tengan ese tipo de respaldo de energía renovable.
Dicho esto, estos centros de respaldo se están desarrollando desde hace varios años en los centros de computación y almacenamiento de datos. No olvidemos que usted ha dicho categóricamente que la digitalización está provocando un incremento
del CO2, pero se le olvida un detalle: gracias a la digitalización ha habido una migración de los servicios de software fundamentalmente a la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que antes cada empresa tenía un CPD, un centro de procesamiento de datos
pequeñito -o más o menos grande-, que eran centros muy costosos y muy ineficientes en materia energética, que generaban grandes residuos también en su propia construcción. Todo esto ha desaparecido o está desapareciendo paulatinamente y se están
yendo hacia soluciones cloud, que están en CPD mucho mejor dimensionados, más eficientes y, como le digo, con estos centros de respaldo de renovables. Hay un estudio reciente que dice que precisamente los servicios cloud suponen 60 000 millones de
toneladas de dióxido de carbono al año de reducción. Esto quiere decir que hemos eliminado todos los CPD que había en las pequeñas empresas, organismos públicos, etcétera, los hemos pasado la nube y con eso hemos eliminado el equivalente a
veintidós millones de coches en circulación al año. Entiendo que también eso habrá que
tenerlo en cuenta, y de ahí un poco nuestra iniciativa. Se les olvida todo lo que tiene que ver con los centros de procesamiento y gestión de datos.
¿Qué proponemos? Que no se les olvide. Precisamente, ya que están haciendo un servicio y están provocando que haya menos consumo energético en las empresas y, por tanto, menos emisiones a la atmósfera, entendemos que deben considerarse
como centros electrointensivos. Es muy simple, que en el catálogo de actividades del protocolo, que ustedes aprobaron, del Estatuto del consumidor electrointensivo consideren también la actividad de centro de datos y de computación de datos como
una actividad válida, para que puedan presentarse y optar a esos beneficios fiscales y a esos beneficios que contempla el Estatuto del consumidor electrointensivo.
Y el nuevo punto 3 propone establecer un programa de apoyo para la erradicación en territorio español de este tipo de infraestructuras que tengan el hardware en el territorio español, aquellas que vengan con su centro de respaldo en energías
renovables, para conseguir eso que hemos dicho de que sean energías libres de carbono. Creo que son iniciativas bastante contundentes para eliminar o atenuar en su máxima posibilidad el efecto que provoca la computación -ya sea inteligencia
artificial o cualquier otra computación en este tipo de centros-, que sumado a la iniciativa que ustedes proponen de estos algoritmos verdes, que ya veremos estos días en qué materias concretas se materializan, complementa bastante bien su
iniciativa y el objetivo final, que es reducir las emisiones de carbono, y que queda reflejado en la suya y en los dos nuevos apartados que proponemos en nuestra enmienda de adición.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortés.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿desea intervenir, señora Sagastizabal?
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Sí, gracias. Intervendré de forma muy breve.
Vamos a apoyar esta PNL, pero es verdad -ya se lo he comentado a la diputada Ángeles Marra- que nos ha sorprendido un poco, porque creemos que está un tanto obsoleta. Es verdad que a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial ya se lanzó una manifestación de interés para impulsar el sistema o el Programa Nacional de Algoritmos Verdes, para definir áreas y los retos más importantes para fomentar una inteligencia artificial verde y sostenible, así
como para intentar recabar las necesidades del tejido empresarial y productivo para llevar a cabo esa transformación. Los resultados que de ahí se obtengan permitirán impulsar ese Programa Nacional de Algoritmos Verdes, por tanto, está ya en el
Gobierno. Además, las manifestaciones de interés se podían enviar hasta el 15 de noviembre, por tanto entendemos que las conclusiones saldrán de ahí para elaborar esa Estrategia Nacional de Algoritmos Verdes. Entendíamos que a lo mejor no hacía
falta una PNL para impulsar este programa, porque de facto el Gobierno está en ello. Aun así, la entendemos necesaria y la apoyaremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Ciudadanos, la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
El objetivo de esta iniciativa, tal como ha desarrollado la portavoz del Grupo Socialista, es solicitar la puesta en marcha del Programa Nacional de Algoritmos Verdes contemplado en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para
diseñar algoritmos energéticamente eficientes. Efectivamente, el desarrollo de este Programa Nacional de Algoritmos Verdes es la medida 20 de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial -ENIA- y, aunque no se dan muchos más detalles sobre qué
significa concretamente, es sabido que mi grupo parlamentario tiene un claro compromiso con la sostenibilidad y también con hacer de nuestro país un referente en el desarrollo de soluciones innovadoras que faciliten la transición ecológica a
familias y también a empresas. Así lo hemos demostrado, por ejemplo, planteando la necesidad de que se aumente la inversión en I+D incluso más allá del horizonte temporal de los fondos europeos. Por ello, compartimos con el grupo proponente la
creencia de que impulsar la innovación en inteligencia artificial ayudará a dar con esas soluciones. Además, también somos conscientes del impacto que pueden tener los centros de datos en el consumo energético, como señalaba también la portavoz
Marra, y de que precisamente los centros tecnológicos pueden ser a su vez beneficiarios de estas nuevas tecnologías más eficientes y menos intensivas en su consumo energético. Nuestro voto será favorable a la iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Esta iniciativa también nos parece relevante e interesante y desde mi grupo parlamentario la apoyaremos, desde luego. Creo que también tiene mucho que ver con uno de los puntos que hemos discutido anteriormente, el Blockchain, como creo que
también la propia diputada Marra ha mencionado. Solo quiero decir que es normal que estemos ante el despliegue incipiente de un Programa Nacional de Algoritmos Verdes, apenas se están definiendo los términos en estos momentos. Como bien apuntaba
también anteriormente la portavoz del Grupo Vasco, la Secretaría de Estado de Digitalización se ha ocupado estos últimos meses de lanzar esa manifestación de interés; vamos a ver qué resultados tiene. Desde luego, las dos líneas de trabajo que se
ha marcado el ministerio nos parecen acertadas en el sentido de que, por un lado, se trata de desarrollar soluciones para mitigar el impacto ambiental que se deriva del uso de soluciones de inteligencia artificial, pero también hay una segunda línea
muy relevante, que tiene que ver además con algo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular, precisamente con el hecho de aprovechar el fenómeno de la digitalización para mejorar procesos, mejorar productividades e incluso utilizarlas para afrontar
con más garantías los desafíos medioambientales y la transición ecológica que tenemos delante. Por lo tanto, como digo, mi grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa. Confiamos en que la misma dé pasos muy relevantes en los próximos años por
cuanto que se sitúa en la intersección, por un lado, de la digitalización y, por otro lado, de la transición ecológica. Esta intersección, como digo, lo hace un campo de especial interés para los próximos años y particularmente para los fondos
europeos que se van a recibir. Confiamos en que el desarrollo de esta estrategia nos coloque al fin ante un futuro un poquito más esperanzador que el que tenemos ahora.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Rodrigo Jiménez.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, con sinceridad, la proposición no de ley que nos trae el Partido Socialista nos parece una broma. Mientras la luz de los hogares y de las empresas sigue disparada y su plan de choque no acaba de mitigar el efecto que está
suponiendo ese incremento, pretenden crear un Programa Nacional de Algoritmos Verdes, dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que consiste en un consumo más eficiente por el impacto de la huella de carbono y la emisión de CO2.
Señorías, esto me recuerda a la modificación que el Gobierno hizo de la factura de la luz y de cómo planchar de madrugada podía ahorrar hasta 38 euros al año. Ahora pretende rebajar ese consumo de las emisiones de las computadoras y los centros de
datos, cuando además solo entre 6 % y el 12 % de ese consumo está dirigido a realizar cálculos o procesos mientras que el resto va destinado a su refrigeración y mantenimiento. Eso, según la exposición de la proposición no de ley del Partido
Socialista. Y pretende hacerlo teniendo en cuenta el modelo utilizado para crear algoritmos, de tal forma que cada modelo que se cree piense en verde.
Señorías del Partido Socialista, las empresas son soberanas y lo suficientemente independientes como para gestionar la forma de generar los modelos matemáticos y el consumo que eso les llega a provocar sin que el Estado les diga cómo
hacerlo. La finalidad es que el algoritmo funcione y que el timing de esos algoritmos lo haga con la suficiente libertad. Países como Japón, punteros tecnológicamente hablando, están invirtiendo en centrales termoeléctricas para la captura y
reciclaje de CO2, algo que desde nuestro punto de vista sí nos parece más interesante. Mientras, China -señor Guijarro, escuche, que esto no es ninguna conspiración judeomasónica- ha dejado muy claro cuáles son sus prioridades a la hora de elegir
entre medioambiente y crecimiento. El Partido Comunista ha ordenado hace unas semanas incrementar la producción de carbón -una fuente, como saben todos ustedes, muy contaminante- para generar electricidad y aliviar la crisis energética, que estaba
poniendo en serio peligro el crecimiento económico del país. Los deseos de Pekín se han hecho realidad; todo hace indicar que al menos en el corto plazo China seguirá priorizando el crecimiento económico sobre la agenda climática para evitar una
mayor ralentización de la economía.
Señorías del Partido Socialista, yo les pregunto: ¿por qué eso no lo reflejan en su proposición no de ley? ¿Qué porcentaje de las emisiones de CO2 en España corresponde al mercado de las tecnologías de la información y comunicación? Y de
ese porcentaje, ¿cuánto al consumo y autorización de algoritmos?
De verdad, su obsesión por una religión verde esconde una instrumentalización del clima para matar la sociedad de crecimiento. No apoyaremos esta iniciativa.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Marra, a efectos de posicionarse sobre la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MARRA DOMÍNGUEZ: No la aceptamos, presidente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marra.
- SOBRE INCENTIVAR EL USO DE LOS VALES DE COMIDA COMO MEDIDA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/002412).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente iniciativa, del Grupo Parlamentario Republicano, que tiene como contenido incentivar el uso de los vales de comida como medida para la reactivación económica.
La defiende don Joan Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Presenta hoy nuestro grupo una proposición no de ley que pretende crear una deducción para las empresas que entreguen vales de comida a sus empleados y cambiar el tratamiento fiscal de los gastos de manutención -de gasto deducible a
exención- para evitar toda litigiosidad sobre esta cuestión. Los mayores del lugar recordarán que en ese sentido se legisló en esta casa en 2017 una Ley de medidas urgentes sobre el trabajo autónomo, que recogía precisamente esto. Y desoyendo la
letra y el espíritu del legislador -al cual encarno- se ha hecho patente aquel famoso dicho del primer ministro italiano: cualquier Gobierno es de coalición, cualquiera, entre todos sus ministros y el ministro de Hacienda; ministra en este caso.
La situación social y económica a consecuencia de la pandemia sanitaria del COVID-19 y las medidas de contención necesarias para combatirla han comportado una situación preocupante para muchos sectores, que se han visto gravemente afectados.
Hoy venimos a hablar de uno de estos, el sector de la restauración y la hostelería, que es uno de los más castigados por esta crisis; los datos que hay son apabullantes y los conocen todas sus señorías. Las medidas que se han establecido para
prevenir el avance de la pandemia -limitaciones de aforos, confinamientos selectivos, limitaciones de reuniones, mayores medidas de seguridad, etcétera-, unidas a la contracción de la demanda y del consumo, han supuesto en muchos casos la
insostenibilidad de muchos negocios que con anterioridad a la aparición del COVID-19 eran perfectamente viables desde el punto de vista empresarial. En este sentido, creemos que es imprescindible que las administraciones públicas tengan alma y
adopten medidas para paliar los efectos de la pandemia. Una de estas propuestas sería la adopción de la normativa necesaria para incentivar el uso de los vales de comida que hoy proponemos. Así, esta propuesta parte de la necesaria e
imprescindible actuación política de apoyo, de fomento de la reactivación económica que se debe adoptar de inmediato y, si se hace, contribuirá al mantenimiento de actividades económicas y, en consecuencia, de puestos de trabajo. En el marco
descrito, resulta primordial dirigir una parte de los esfuerzos al impulso del sector de la restauración, que, como es sabido, dada la estructura de la economía, tiene un peso muy relevante en la formación del PIB, que se caracteriza por su
composición mayoritariamente de trabajadores autónomos y de pequeñas empresas. A ese sector, el de la restauración del día a día, la del menú diario, la más perjudicada sin duda, es a la que proponemos ayudar. En este sentido, el auge del
teletrabajo también ha supuesto el cierre de numerosos bares y restaurantes cuya fuente principal de ingresos son los menús diarios que ofrecen cerca de oficinas o de zonas industriales. Por ello, se proponen las bonificaciones necesarias para
permitir -como he dicho- la deducción para las empresas que entreguen vales de comida a sus empleados, deducción que se antoja imprescindible teniendo en cuenta el impacto en el sector de la restauración de las fórmulas indirectas de pago, fórmulas
indirectas de pago que además son perfectamente trazables y diametralmente alejadas del dinero negro. Así, la modificación normativa descrita pretende además incrementar el poder adquisitivo de los autónomos, que verán reducida su carga fiscal, la
reactivación del sector de la restauración mediante el
incremento de la demanda de consumo vinculado al ocio. Para que se impulsen políticas efectivas y rápidas en este sentido solicito el voto de sus señorías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario VOX y para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el diputado don Víctor González Coello de Portugal.
El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Muchas gracias, señor presidente.
Nos gusta mucho la propuesta, creemos que es una política fiscal expansiva, de reducción de impuestos y que beneficia a un sector que ha sido duramente castigado por la pandemia y, por lo tanto, la queremos apoyar. Metemos una pequeña
mejora, que está mencionada pero que nos parecía que no estaba clara, que tiene dos puntos. Uno, que no suponga en ningún caso una reducción del salario de aquellos beneficiarios de esos cheques de restauración. Y, dos, que haya una limitación a
este tipo de iniciativas, porque nosotros abogamos más por una reforma en profundidad de la arquitectura fiscal, dados los costes -el coste marginal- de los fondos públicos que tienen este tipo de medidas. Pero creemos que es muy buena. Quiero
recordar que fue Montoro quien consideró esto pago en especie y obligó a tributar por ello, algo que estaba ampliamente implantado en la economía española. Brevemente, nos alegramos, nos sorprende y celebro -no puedo decirlo de otra manera- que
Esquerra traiga esta medida. Ojalá el Gobierno de España, al que ellos sustentan, la escuche y la apoye.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
El Grupo Parlamentario Vasco no desea intervenir. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, señor presidente.
Vaya por delante que apoyaremos esta iniciativa, que pide al Gobierno que las empresas puedan deducirse los vales de comida que entreguen a sus empleados así como tratar los gastos de manutención como exentos en lugar de deducibles. Nuestro
grupo parlamentario, Ciudadanos, ha estado desde el comienzo de la crisis causada por la COVID dando apoyo al sector hostelero, sin duda alguna -como ya se ha dicho- el más castigado desde marzo de 2020 y que a día de hoy no acaba de remontar. Así,
en 2020 propusimos ya un plan de rescate para el sector turístico y la hostelería. Las ayudas directas a empresas que se prometieron y que muchísimos negocios necesitan se quedan estancadas por la excesiva burocracia dejando a miles de negocios en
toda España en la estacada en el momento en el que más apoyo necesitan. Así, de ese plan de ayudas de 7000 millones que se anunció para bares, restaurantes y autónomos, las comunidades autónomas van a devolver 2500 millones de euros que no han
repartido, uno de cada tres euros se queda sin llegar a su destino final dada la complejidad burocrática que acompaña este plan de ayudas, que ni siquiera la prórroga de los plazos ha servido para que sean concedidas. Ya varias comunidades
autónomas dicen que el diseño de los trámites fue tan desastroso que parece que las ayudas estaban diseñadas para que más de un titular no pudiera pedirlas.
El compromiso de Ciudadanos con el sector hostelero y con el papel que juega no solo en nuestra economía, sino también en nuestra forma de vivir, no ha decaído. Hace tan solo dos semanas registramos una propuesta para un plan de blindaje
para la hostelería evitando restricciones arbitrarias de cara a la Navidad y permitiendo a ese sector esencial de la economía española poder recuperarse tras casi dos años de crisis. Frente a quienes apuestan por las restricciones como la única
forma de contener la pandemia, nosotros apostamos por acelerar administración de dosis de refuerzo. La extraordinaria responsabilidad de los ciudadanos españoles y la elevadísima cobertura de las familias hacen posible por fin que la hostelería
retorne a la normalidad y desde aquí tenemos que apoyarles. Como he dicho al principio, votaremos a favor de la iniciativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal tiene la palabra señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
La verdad es que lo primero que querría decir es que vaya por delante que la intención de la iniciativa nos parece acertada. Ciertamente, como ya se ha dicho, el sector de la hostelería en estos últimos meses -año y pico ya- ha sido
duramente golpeado y es normal y lógico pedir a las administraciones públicas que actúen en la medida de lo posible para tratar de rescatar un sector tan importante y que emplea a cientos de miles de españoles y españolas. En todo caso, nos da la
sensación de que a veces esta Comisión se constituye en una especie de cajón de sastre, sobre todo con respecto a la Comisión de Hacienda, puesto que esta iniciativa en sus resolutivos toca sobre todo una cuestión tan sensible como la de los
beneficios fiscales, que, como digo, correspondería quizá antes a la Comisión de Hacienda, pero lo digo también en un contexto donde -como ya se sabe- el equipo de expertos que convocó el Gobierno para una reforma fiscal se supone que en febrero
presentará sus conclusiones. Hasta entonces, de alguna forma, aquellos grupos que sustentamos al Gobierno estamos a la espera de conocer esas conclusiones antes de posicionarnos con respecto a otras políticas u otras iniciativas que proponen los
grupos parlamentarios.
Este es claramente un caso paradigmático en el sentido de que, como digo, nos suena bien la música, nos parece que tiene una intención correcta, incluso que son medidas interesantes y que pudieran implementarse, aunque no estoy seguro, por
ejemplo, si -tal y como dice la proposición- pasar ese tratamiento fiscal de los gastos de manutención de gasto deducible a exención iba a tener un beneficio real sobre los agentes. Por lo que he podido estudiar y consultar, algunos expertos en el
tema me decían que eso no estaba tan claro. En realidad, lo que está claro es que hay una buena intención en tanto que se persigue que dicho gasto minore el importe total de los rendimientos por actividades económicas, pero no sabemos o no estamos
seguros de que ese sea el mecanismo específico. En todo caso y por prudencia, no vamos a apoyar esta iniciativa -como digo- a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre esa reforma fiscal. Confiamos y esperamos que en esa propuesta estén
incluidos desde luego el sector de la hostelería y también el de los vales de comida, que han rendido un servicio importante a muchos autónomos y a muchos empleados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Alicia García.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Quiero recordar, en primer lugar, que fue el anterior Gobierno, del Partido Popular, quien operó una exención de tributación en el IRPF mediante la aprobación de un real decreto que modificó el Reglamento de la Ley del IRPF, motivo por el
cual a partir del 1 de enero de 2018 se vieron beneficiadas las empresas y trabajadores que disfrutan de los beneficios de los denominados vales de comida al pasar la exención del IRPF de 9 euros diarios a 11. De este modo, el Partido Popular
acercó la normativa a la coyuntura de ese momento, dando respuesta a varias situaciones que aconsejaban este ajuste legal.
Igualmente, el Grupo Popular presentó enmiendas al Real Decreto-ley 11/2020 para incentivar el uso de estos vales de comida para la recuperación económica, pero no podemos ni debemos abstraernos del impacto de la COVID-19. El 'no dejaremos
a nadie atrás' supuso una caída del PIB del 11 %, un déficit del 11 % y 107 000 empresas cerradas. Y el 'salimos más fuertes' ha supuesto que salimos con menos renta per cápita, menos poder adquisitivo, más impuestos, más paro, más desigualdad y
más pobreza. Nos dijeron que en 2021 lideraríamos un crecimiento robusto, del 9,8 %, y la realidad es que solo creceremos en torno al 4,6 %. El sector de la hostelería -se ha dicho aquí- dedicado al servicio de comidas y bebidas ha tenido fuertes
pérdidas, sobre todo en 2020. Las ventas de restauración cayeron un 42 %, hasta los 21 800 millones de euros. En total, son 15 500 millones de euros menos que en 2019. En solo diez meses de 2020 el mercado perdió cinco veces todo lo ganado en los
últimos cinco años. Y otro sector de la restauración muy perjudicado por la pandemia y por el teletrabajo es precisamente el de los vales de comida, que representan mayoritariamente a los restaurantes de menú del día de lunes a viernes, con
establecimientos en polígonos industriales y restaurantes de carreteras en los extrarradios de las principales ciudades. Por tanto, se puede afirmar también que las ayudas directas del Gobierno para paliar los efectos de la COVID han brillado por
su ausencia; ayudas que no llegaron o llegaron muy tarde.
Hay que preguntarse también si a todos estos sectores no les ha afectado que el precio de la electricidad esté disparado. Hoy alcanzaremos el segundo precio más caro de la historia y al presidente le quedan diecisiete días para cumplir su
promesa de que a finales de año se pague lo mismo que se
pagaba en 2019. ¿Acaso no les ha afectado la subida del IPC al 5,4 %? Por tanto -concluyo-, el Grupo Popular es sensible a medidas que favorezcan la recuperación económica de pymes y autónomos, que dinamicen el sector de la restauración y
hotelero, y que generen empleo y se ahorre a su vez en prestaciones por desempleo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada doña Patricia Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, cierto es que uno de los sectores más afectados por la crisis COVID ha sido el sector de la restauración y hostelería, y esa precisamente ha sido la razón por la que el Gobierno de España, comunidades autónomas como la valenciana y
ayuntamientos nos hemos volcado aprobando medidas de apoyo de diversa índole para el sector. El apoyo nunca parece suficiente, pero es justo reconocerlo: la respuesta ha sido muy distinta ahora a la que se produjo en otras crisis, y llama la
atención lo que dice el Grupo Popular, porque en 2012 ellos no adoptaron ninguna medida para ayudar absolutamente a nadie, sino que dejaron a todos atrás. En este caso, el Gobierno de España ha conseguido con las medidas adoptadas que muchos hayan
podido resistir, y nosotros queremos ponerlo en valor. El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, aprobó la exoneración de cotizaciones, los ERTE, bonificaciones de cuota y reducción de costes fijos de arrendamiento de locales de negocios,
ayudas directas que se han gestionado a través de las comunidades autónomas, reducción para aquellos que tributan por módulos -en general, una reducción del 20 % y a los de la hostelería, turismo y comercio una reducción de hasta el 35 %-, entre
muchas otras medidas. Creo que es justo reconocerlo y ponerlo en valor. Incluso ayuntamientos socialistas han ampliado espacio para terrazas, eliminado tasas de ocupación, bonos comerciales, entre otras cosas. Por tanto, medidas para la
hostelería desde luego ha habido, pero también es cierto que la crisis COVID ha incrementado el teletrabajo y ha generado un cambio de hábitos en el consumidor que está provocando la reducción de ingresos diarios por menús en muchos bares y
restaurantes, como dice la iniciativa, una de sus principales fuentes de ingresos, especialmente para aquellos que están ubicados cerca de oficinas y en zonas industriales. Y a esto, señorías, también ha intentado dar respuesta el Gobierno de
España incorporando una importante modificación legislativa, el artículo 42.3 de la Ley de IRPF, para especificar que la exención tributaria en la entrega a los trabajadores de vales de comida resulta también de aplicación en caso del trabajo a
distancia o no presencial, es decir, que para el trabajador este ingreso está exento. Aunque no lo tome físicamente en el restaurante, puede recogerlo en el propio establecimiento o mediante entrega en el domicilio u oficina. Por tanto, el vale de
comida continúa siendo un incentivo y una medida de reactivación de los restaurantes al poder ampliar su posibilidad de negocio a través de otras alternativas sin que les puedan afectar las restricciones por pandemia. Pero lo más importante en
estos momentos para la reactivación es conseguir acabar con el virus. La vacunación se ha demostrado imprescindible para acabar con él y debemos continuar por este camino.
Esquerra propone una deducción para las empresas que entreguen vales de comida a sus empleados. Ya se trata de un gasto deducible siempre que cumpla con el requisito de ser considerado como gasto de manutención relacionado con la actividad.
Si es un gasto de manutención del trabajador dentro de los límites legales, es deducible para el empresario y está exento para el trabajador en renta. Los gastos no relacionados con la actividad entran en el ámbito personal y no profesional y no
pueden ser deducibles para un empresario, al igual que no lo son para los trabajadores. Por otro lado, propone que el gasto de manutención se considere exento para el empresario, cuestión que no es posible desde un punto de vista técnico. Los
gastos deducibles, solo los ingresos o rentas se consideran como exentos. Por tanto, aunque la iniciativa tiene muy buena intención, nosotros no podemos apoyar sus términos y continuaremos estudiando alternativas para seguir apoyando a este sector,
que, dadas las circunstancias, todavía lo necesita.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
Señor Capdevila, tiene la palabra en relación con la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario VOX.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Señor presidente, conteniendo el alborozo por haber coincidido en el diagnóstico por lo menos con todos los portavoces, pediré que se vote en sus términos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
- SOBRE LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN Y FISCALIDAD DE LAS PYMES ESPAÑOLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002638).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente iniciativa, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la mejora de la financiación y fiscalidad de las pymes españolas. La defiende el diputado don Víctor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
El Grupo Popular trae hoy a esta Comisión una propuesta para la mejora de la financiación y la fiscalidad de las pymes españolas, pymes que, como todos sabemos, ocupan el 99,8 % del tejido empresarial en nuestro país y en relación con las
cuales la pandemia ha puesto de manifiesto un retraso bastante evidente en su digitalización. Esta propuesta trabaja en el impulso a esa digitalización y a esa modernización de las empresas, de las pymes de nuestro país. Nos centramos
específicamente en aquellas que generan servicios o productos innovadores y disruptivos, las conocidas como startups. Nuestra propuesta entiende que nuestro país, España, tiene que protegerlas e impulsarlas, además de conservarlas en el mercado.
Este es un reto para toda la economía española, para nosotros como país, que tenemos que asumir.
Con esta PNL nuestro grupo hace multitud de propuestas, una alternativa necesaria para nuestro país, la alternativa que representa el Partido Popular y que en este caso también tenemos. Por ejemplo, pedimos -creemos que es fundamental-
adaptar el marco normativo al entorno para ser más competitivos y ampliar el entorno de la sandbox, esos espacios de pruebas de nuevos productos y servicios, cuyo alcance a otros sectores es importantísimo, necesario y perentorio ampliar.
Proponemos crear el certificado cien por cien digital sobre la calidad de la pyme, pero que no sea un simple certificado, sino que tenga beneficios fiscales para la pyme que lo tenga y que se sepa que tiene ese certificado cien por cien digital en
su interoperabilidad con otras empresas. Y proponemos crear un fondo capital semilla destinado a las empresas tecnológicas, con ayudas financieras, con ayudas no financieras, con subvenciones, y facilitar el acceso a la financiación de todo tipo
para la transformación digital de estas pymes.
Principalmente, proponemos medidas en cuatro ámbitos: fiscal, educativo, laboral y profesional. En el ámbito de la fiscalidad hay muchas propuestas. Me quiero centrar específicamente en aquellas que tienen que ver con impedir cargas,
tasas o impuestos que no existen en otros países de nuestro entorno, porque, aunque nos parezca mentira, aunque nos parezca increíble, esto pasa en España. En España hay figuras impositivas para este tipo de empresas que no existen en nuestro
entorno y que hacen que pierdan competitividad y atractivo para la inversión exterior en las mismas.
En el ámbito educativo, proponemos desarrollar la estrategia nacional de educación digital y potenciar las STEM, potenciar todas aquellas herramientas, todas aquellas habilidades educativas que estén desarrolladas con la ciencia, con la
tecnología, con la ingeniería, con las matemáticas y, me atrevería a decir, también con las artes, STEAM. Las artes también son fundamentales para todo el mundo digital que nos viene por delante y que ya está aquí en esta cuarta revolución
industrial.
Hablaba también de las medidas en el ámbito laboral para fomentar todas esas competencias digitales en nuestros jóvenes, en nuestros trabajadores, en todo el entorno laboral de nuestro país, utilizando para eso las nuevas tecnologías, como
pueden ser los MOOC y generando incentivos fiscales para la formación digital.
Por último, también hablaba de medidas en el ámbito profesional, como una acreditación profesional homogénea que certifique competencias digitales en todo el país. Nos parece fundamental que no esté dividida en 200 competencias diferentes,
sino que haya un certificado único a nivel nacional que acredite que esa persona, ese profesional, tiene las competencias necesarias y tiene las competencias que ese certificado requiere.
Sobre las startups, más en concreto, pedimos la simplificación de todos esos trámites que les hacen absolutamente imposible en muchas ocasiones ampliar, desarrollar, crecer. Hay que facilitar la atracción
de talento del exterior, como hacen las startups en todo el mundo. Aquí supone muchas veces un problema y creemos que hay que eliminar trámites, hay que eliminar burocracia para que esa atracción de talento sea más sencilla. Hay que
apostar por la financiación directa incluso con herramientas como el crowdfunding. Planteamos muchas medidas fiscales en nuestra propuesta para hacer atractivo el ecosistema innovador, el ecosistema de las startups en España y que los emprendedores
de nuestro país apuesten por este mundo, por esta herramienta. Proponemos un sandbox multisectorial, como decía, no solo centrado en lo que ahora mismo hay aprobado en la legislación española, sino abierto a otro tipo de sectores que planteamos en
nuestra propuesta como el de la farmacia. Tampoco dejamos atrás la inteligencia artificial. Nos parece que, como tecnología disruptiva, hay que trabajar sobre ella, hay que potenciarla no solo en términos legales, sino también en términos
fiscales.
Como decía, esta es nuestra propuesta. Es una propuesta amplia, es una propuesta muy seria, es una propuesta de un partido que demuestra un día más que es la alternativa al desgobierno socialcomunista.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista y para defender su enmienda, tiene la palabra don Pedro Casares Hontañón.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Muchas gracias, presidente. Buenos días.
Para el Grupo Socialista las pymes son clave en nuestra economía, en el conjunto de la economía española. Lo son porque representan la mayor parte de nuestro tejido productivo, contribuyen como nadie al crecimiento y a la actividad
económica y también son el mayor porcentaje de empleo de este país. Por eso, durante este año y medio de pandemia, la mayor parte de las acciones tomadas por el Gobierno de España han ido a proteger a las pymes. Ha sido así con el despliegue de la
financiación a través de los ICO, la prestación para los trabajadores de estas empresas a través de los ERTE, las moratorias o los aplazamientos de impuestos o el paquete de ayudas directas al tejido productivo, especialmente a las pymes. Y en ese
camino de seguir apoyando a las pymes hemos hecho el esfuerzo también de presentar una enmienda para corregir algunas de las propuestas que hacía el Grupo Popular, teniendo en cuenta que muchas de esas iniciativas, a lo largo de estos meses desde
que se presentó la PNL en mayo de este año, el Gobierno de España ya las está desarrollando. En este sentido, por ejemplo, en este tiempo se ha aprobado el plan de recuperación, el mayor impulso a la reactivación económica en este país, muy
centrado en la digitalización, el 30 % de los fondos van para la digitalización y también para las pymes. Los fondos europeos, por tanto, van a ser una oportunidad extraordinaria en este sentido y, por ejemplo, el componente 13 del plan está
dedicado al impulso a las pymes, con una aportación económica de 1600 millones de euros.
En la misma línea, el plan de digitalización de las pymes o el plan nacional de competencias digitales, con más de 11 000 millones de euros en inversión pública. Solo el plan de digitalización de las pymes contempla en los próximos dos años
5000 millones de euros con el fin de acelerar la digitalización de 1,5 millones de pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Los Presupuestos Generales del Estado que esta Cámara ha aprobado hace unos días para 2022 contemplan también las
mayores inversiones en nuestro tejido productivo y también en las pymes, con una inversión superior en un 80 % a la de hace solo dos años. También hay muchas medidas que ya se están desarrollando, por ejemplo, el impulso a la formación profesional,
con el despliegue del primer plan nacional de formación profesional o la ley de formación profesional que esta Cámara también está tramitando.
Y lo que es capital, sobre todo, son dos proyectos clave en los que el Gobierno está trabajando, que ya ha aprobado el Consejo de Ministros y que están en tramitación en esta Cámara. Me estoy refiriendo a la ley crea y crece para facilitar
la creación de empresas, luchar también con el impulso decidido para el crecimiento de las pymes reduciendo obstáculos regulatorios y financieros; así, por ejemplo, señorías, esta ley es una de las reformas más importantes del plan de recuperación.
La norma incluye la posibilidad de crear una empresa con responsabilidad limitada con solo un euro y facilita, además, su constitución de forma ágil y telemática. Se fomenta también la expansión y el crecimiento de las empresas a través de la
eliminación de muchos obstáculos; la mejora de la regulación; la agilización de los procedimientos e incluso se amplía el catálogo de actividades exentas.
También está la ley de startups, que sitúa a España a la vanguardia europea en la atracción de inversión, talento y emprendimiento innovador. Esta ley, por ejemplo, crea importantes incentivos fiscales para las empresas, para los inversores
y para los trabajadores de startups, incluyendo el tratamiento más
favorable de la Unión Europea a la remuneración mediante opciones sobre acciones. Se agilizan también los trámites para constituir empresas con un solo paso y por medios telemáticos, sin costes notariales ni registrales. Se introducen
medidas fiscales destacadas como la reducción del impuesto sobre sociedades, que pasa del 20 al 15 %, o también del impuesto sobre la renta de los no residentes. Se facilita el uso de las opciones sobre acciones, ampliando la exención fiscal de 12
000 a 50 000 euros.
En definitiva, señorías, tenemos dos importantes proyectos legislativos que vamos a tramitar en esta Cámara, que son el mayor impulso nunca antes dado en España a la creación de empresas y a la mejora del entorno empresarial. Creo que ese
es el camino y vamos a tener la oportunidad en este Congreso de debatir -en esta Comisión, específicamente- sobre estos dos importantes proyectos legislativos del Gobierno de España. Espero que en esta línea puedan aceptar nuestra enmienda
presentada para contribuir a la mejora del sector productivo y empresarial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Casares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nosotros no vamos a apoyar la PNL porque hablan en su exposición de motivos de las startups con deducciones fiscales, etcétera. Es cierto, como bien ha dicho el señor Casares, que ya hay varias
leyes en tramitación en este sentido para incentivar todo el ecosistema de pymes. Nosotros con alguna ya tenemos reticencias, también se lo digo. De todas formas, habla mucho de temas fiscales y nosotros, desde luego, tenemos competencia en
Euskadi en ese sentido y serán las diputaciones forales las que tendrán que decidir sobre este tema. Además, hablan en su grupo de desarrollar una estrategia nacional de innovación educativa digital. Otra vez volvemos a entrar en un ámbito en el
que las comunidades autónomas tenemos competencias y, desde luego, esto supone una recentralización que nosotros no vamos a poder apoyar ni por la parte de la fiscalidad ni por la parte educativa.
Nada más y muchas gracias.
El señor SECRETARIO (Taibo Monelos): Gracias, Idoia.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Muchas gracias, presidente.
Votaremos a favor de la iniciativa presentada por el Grupo Popular. Se trata de una iniciativa con una infinidad de medidas, treinta en total, de distinta naturaleza, que tienen como objetivo teórico mejorar las condiciones para las
pequeñas y medianas empresas. El título de la iniciativa es mejorar la financiación y la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas. Pero luego la iniciativa incluye entre esas treinta medidas en total cuestiones que nada tienen que ver con
esa financiación y fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas. Habla de sellos de digitalización, inteligencia artificial, formación de trabajadores o educación, y sinceramente nos da la impresión de que el proponente, el Partido Popular, no
tenía muy claro cuál era el objetivo de su proposición no de ley y mezcla aquí un totum revolutum y casi ha metido el programa electoral en esta iniciativa. Hay que saber que uno no es mejor por decir más cosas, sino por acertar en las que dice.
(El señor presidente ocupa la Presidencia).
Hay medidas en materia de financiación y fiscalidad que a Ciudadanos nos suenan bien y apoyamos, por ejemplo, la mayor facilidad para financiarse en el mercado en lugar de tener que depender tanto de la banca o ciertas bonificaciones que se
incluyen para startups, pero hay otras en las que creemos que el Partido Popular no ha reflexionado lo suficiente. Nos cuesta entender, por ejemplo, la utilidad del certificado cien por cien digital que proponen, que, tal y como lo plantean, será
otro de esos tediosos procesos burocráticos con requisitos probablemente arbitrarios y en los que se podrán manejar bien empresas grandes y también medianas, acostumbradas a lidiar con estos trámites digitales, pero no aquellas pequeñas empresas y
startups que no estén acostumbradas. Al final, una medida para favorecer a quienes ya están asentados en lugar de innovar para los que no lo están. Dicho lo cual, pese a estos pequeños apuntes, como decía al principio, votaremos a favor de la
iniciativa presentada.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra la señora Lucía Muñoz.
La señora MUÑOZ DALDA: Muchas gracias, presidente.
Esta iniciativa tiene una parte dispositiva con numerosas medidas que es difícil, por no decir imposible, analizar una por una en este turno de fijación de posiciones. Por tanto, anunciamos que nuestro voto será desfavorable, principalmente
por dos motivos. Lo primero es que el Gobierno ya está trabajando en el fomento de la digitalización de las pymes y en el impulso de startups de alto valor añadido. Además, muchas de las medidas propuestas por el Grupo Parlamentario Popular son
innecesarias y su implementación supondría la duplicación de esfuerzos y costes de la Administración, algo de lo que no creo que estén a favor. Un primer ejemplo de lo que acabamos de señalar es el proyecto de ley de startups aprobado por el
consejo de ministres del pasado viernes 10 de diciembre y que recoge numerosas medidas que, una vez tramitadas en esta Cámara, sitúan a España en la vanguardia en la atracción de inversión, talento y emprendimiento innovador. Un segundo ejemplo, el
Plan de Digitalización de Pymes, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas y el Plan Nacional de Competencias Digitales. Los tres planes contarán con una inversión pública prevista de más de 11 000 millones de euros para los
próximos tres años con el objetivo de impulsar las reformas y transformaciones necesarias para avanzar en el proceso de digitalización de España y hacia una economía más resiliente e inclusiva. Veo que al Partido Popular no le importa demasiado
esto. Un tercer ejemplo es la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para investigación, desarrollo e innovación y digitalización, que asciende a 13 300 millones de euros, un 7 % más que en 2021 y un 88 % más que en
2020, lo que viene a demostrar el compromiso del Gobierno con el impulso de la digitalización en I+D+i y en la mejora de las infraestructuras digitales en nuestro país. Un cuarto ejemplo lo encontramos en el ámbito de la educación, a la que la
iniciativa también hace mención. El Ministerio de Universidades ya viene trabajando de forma decidida en materia de innovación educativa digital. Muestra de ello es el proyecto UniDigital que se ha presentado recientemente, que está dotado con más
de 142 millones y que se concreta en un ambicioso plan de digitalización para el sistema universitario español.
Por otro lado, en materia tributaria, además de la cautela con la que hay que tratar los incentivos fiscales, en fase de revisión por el Comité de expertos para la reforma fiscal, destaco que el proyecto de ley de startups contempla un
conjunto de medidas tributarias, entre las que se encuentran la reducción de 10 puntos porcentuales del impuesto de sociedades y de la renta de no residentes durante cuatro años y el aplazamiento de pago de la deuda tributaria sin intereses ni
garantías. Por todo ello, votaremos en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Rubén Manso.
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente.
Nosotros vamos a votar en contra -ya se lo anunciamos al Partido Popular-, y lo vamos a hacer por muchos motivos. Primero, porque a eso que han hecho ustedes hoy yo lo llamaría un perdigonazo legislativo. Ustedes han venido aquí con una
escopeta de postas, se han puesto a bastante distancia y han disparado. Ya saben ustedes que para la escopeta de postas uno se pone a mucha distancia, se abre mucho el tiro y toca todo. Han tocado ustedes -o lo pretenden- normas fiscales,
educativas, laborales, del mercado de valores y profesionales. Una proposición no de ley -yo soy muy poco partidario de ellas y critico mucho que los grupos, incluido el mío, teniendo la capacidad legislativa, no trabajemos más la proposición de
ley-, o de ley incluso, debería ser una cosa con el tiro un poco más cerrado, más acotado. Ustedes no dicen ni cuántas normas se tocan -como mínimo yo he encontrado en cinco ámbitos distintos- ni qué coste tiene.
Tienen ustedes normas que entran en contradicción, en unas cosas son intervencionistas y en otras cosas son, vamos a decirlo, liberales, y casi todo lo que proponen es francamente inconcreto. Las pymes parece que son claves para todos, pero
el maltrato es de todos, y se lo digo al señor Casares, porque el señor Casares ha venido aquí a exponernos el programa del Partido Socialista y todas las bondades que ha hecho el Partido Socialista, pero lo cierto es que la economía española fue la
que más cayó y la que menos se recupera. Por tanto, la prueba del algodón de sus medidas es que no están funcionando. Las pymes probablemente necesitan menos ayudas siempre que ustedes les metan menos burocracia y menos impuestos, básicamente es
lo que deberían haber pensado, menos burocracia y menos impuestos, y esta norma, por ejemplo, señores del Partido Popular, mete mucha burocracia. Con independencia de eso, hay puntos con los que no estaríamos en desacuerdo en apoyarlos. Lo que no
nos gusta es esta
técnica legislativa de tiro de postas donde se toca la mitad de la regulación que pueda afectar a una empresa en un escrito de tres folios. No nos parece serio.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Manso.
Señor Píriz, en relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PÍRIZ MAYA: Se votará en sus términos la PNL.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
- RELATIVA A EXCLUIR DE LAS AYUDAS FINANCIADAS CON FONDOS NEXT GENERATION EU A AQUELLAS EMPRESAS QUE INCUMPLAN LOS PLAZOS LEGALES DE PAGO CON SUS PROVEEDORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL. (Número de expediente 161/003243).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la siguiente proposición no de ley, que es del Grupo Parlamentario Plural, relativa a excluir de las ayudas financiadas con fondos Next Generation a aquellas empresas que incumplan los plazos
legales de pago con sus proveedores, que defiende la diputada doña Miriam Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias, presidente.
Voy a resumir lo que hoy presentamos. Es algo que llevamos mucho tiempo denunciando y que afortunadamente tiene solución. Hoy venimos aquí a intentar encontrar una solución a una falta de liquidez que es ficticia, porque las pymes, sobre
todo las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, necesitan de manera urgente una inyección. Esta inyección además puede ser una inyección sin coste, que es lo que nosotros hoy proponemos. Medio millón de empresas están en riesgo de quiebra,
principalmente por el retraso en los pagos, tanto del sector público como del sector privado. Muchas pequeñas y medianas empresas tuvieron que pedir, sobre todo ahora después de la pandemia y durante esta pandemia que aún persiste, préstamos ICO y
se han ido endeudando, poniendo también en peligro su continuidad. En cambio, hay algunas empresas, muchas empresas cotizadas, que continúan incumpliendo la ley de pagos, porque hay una ley que muchísimas empresas se están saltando, y no solo se
saltan la ley, sino que además optan a subvenciones. Por tanto, creemos que lo más sensato y que además no supone ningún desembolso extra es conseguir que cobren en plazo, es decir, que las empresas morosas, sobre todo las grandes empresas morosos
españolas, paguen las facturas que deben.
Asimismo, planteamos aquí que estas empresas morosas, las empresas que no pagan sus facturas a los proveedores, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas, no puedan optar a los fondos europeos. Voy a dar alguna dada que nos
facilita la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Voy a ir al grano: en el año 2020, por ejemplo, el plazo medio de pago de las sociedades cotizadas no financieras fue de 200 días y la ley marca 60; es un incremento del 8 % sobre el año
2019, que fue de 186 días. El sector que más aumentó este tiempo de liquidación fue un sector que ahora también está en prácticamente todos los titulares cada día, que es el sector de la energía, con un aumento del 26 %. Y lo que revelan también
los datos analizados es que el sector del comercio y de los servicios es el que registra una mayor demora; sus plazos medios de pago llegaron en el año 2020 a 294 días, y obviamente hay muchas empresas que no pueden sostener esta demora. En 2020,
las empresas del selectivo tenían en cartera unos 58 427 millones de euros, sobrepasando estos 60 días legales, y si tenemos también en cuenta los datos que están agregados del resto del mercado continuo, el importe de las facturas en cartera por
encima de los plazos que marca la ley es de más de 80 000 millones de euros. Por lo tanto, fíjense cómo podría aparecer esta liquidez que tanto necesitan sobre todo ahora las pequeñas y medianas empresas y autónomos.
Para terminar, quería citar lo que decía el presidente de esta Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete: No es tolerable que acumulen el líquido en vez de destinarlo a pagar en plazo a sus proveedores; es algo muy
sencillo: que cumplan la ley. Y termino con una descripción que hace él mismo sobre este comportamiento de algunas empresas, que más que morosidad, él llama 'morrosidad', porque se tiene que tener mucho morro para enriquecerse a través de las
deudas que tienes con las pequeñas y medianas empresas.
Hemos intercambiado algunas propuestas de transaccional con el Grupo Socialista. Esperemos que prospere este acuerdo y podamos aprobar esta proposición no de ley.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nogueras.
Hay dos grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Comenzamos por el Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra el diputado don Pablo Sáez Alonso-Muñumer.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Estamos tratando una PNL que habla de fondos europeos y que nos recuerda la incompetencia en la gestión de las sucesivas administraciones públicas en la gestión de los fondos europeos. La realidad es que del total de las ayudas europeas que
llegan a España solo se aprovechan del Marco Financiero Plurianual el 34 %. Según el informe del último Plan Financiero 2014-2020, España apenas ejecutó un 26 % de las ayudas de los fondos Feder, un 32 % de las ayudas del Fondo Social Europeo, un
57 % de la iniciativa de empleo juvenil -con más de un 30 % de desempleo juvenil esto debería ser motivo de dimisiones en cadena-, y un 51 % del Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural; el resto se acaban devolviendo por no acreditarse
justificaciones sólidas.
Esta falta de ejecución se debe a varios motivos, entre ellos la elevada y compleja burocracia, la ausencia de manos expertas para gestionarlos y el déficit de financiación nacional en programas que deben ser cofinanciados. Es triste, pero
tenemos burocracia donde necesitamos agilidad, necesitamos una simplificación de procedimientos, reducción de costes y plazos y ayudas a la argumentación de proyectos. La realidad y el sentido común nos indican que no debemos seguir desaprovechando
fondos europeos, que la mejor manera de que los mismos lleguen a las pequeñas y medianas empresas es favorecer proyectos que engloben numerosas compañías para así ganar solidez y aumentar las posibilidades de aprobación de estos proyectos. Con
independencia de lo anteriormente comentado, creo que es importante señalar que también debemos exigir a las administraciones públicas agilizar los plazos. Hablamos de 42,59 días de periodo medio de pago en la Administración General del Estado, muy
por encima del requisito de los 30 días. Si nos detenemos en el desglose por comunidades autónomas, vemos que incumplen en el mes de octubre de 2021 el periodo de pago de 30 días comunidades autónomas como Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Madrid
Asturias y Canarias -datos del Ministerio de Hacienda-. En un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad se pone de manifiesto que las empresas en un 70 % no han observado cambios en sus plazos de cobro con la Administración, un 23
% dicen que se han alargado y tan solo un 7 % que se han acortado en el último año. Que los organismos autónomos y las empresas públicas tengan un periodo de pago menor a 30 días también debería ser un requisito para recibir subvenciones.
En VOX creemos que es el momento de potenciar la competitividad de las empresas, grandes y pequeñas, para configurar un verdadero ecosistema de innovación que se convierta en el gran motor de crecimiento de la economía en los próximos años.
Hemos presentado a esta PNL enmiendas de modificación por varios motivos: primero, excluir a aquellas grandes empresas que tengan obligaciones tributarias pendientes de pago, dado que sería incongruente que quienes no pagan sus obligaciones
tributarias encima reciban públicos; y segundo, para aclarar la metodología para estimar el periodo medio de pago con el objeto de no excluir a empresas solventes que tengan problemas temporales de liquidez.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez.
A continuación, para defender su enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra diputada doña Montse Mínguez García.
La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días. Tal y como ha dicho la portavoz del Grupo Plural, hemos presentado una enmienda, porque creo que en nuestro grupo todos compartimos el fondo de la cuestión, el problema de la morosidad en la pequeña y mediana empresa, y la
intención o el objetivo que pretende esta enmienda no es otro que impulsar esta lucha contra la morosidad; espero que antes de llegar a la votación hayamos conseguido este acuerdo.
Me gustaría recordar varias cosas que se han dicho. Ahora mismo el portavoz de VOX ha hablado de incompetencia del Gobierno. Yo le quiero recordar que España ha sido el primer país en recibir la segunda
inyección de dinero en los fondos europeos, autorizada por la Comisión Europea, y la vicepresidenta económica ha sido propuesta de forma unánime para presidir el principal órgano asesor del Fondo Monetario Internacional; cuando usted pide
una cadena de dimisiones yo no sé si la que tendría que dimitir sería la oposición, en este caso ustedes, o al Gobierno, que está siendo reconocido a nivel internacional y europeo en su gestión de los fondos públicos y de los fondos europeos.
Dicho esto, y volviendo a la enmienda que lucha contra la morosidad en la pequeña y mediana empresa, acabamos de aprobar en el Consejo de Ministros la ley crea y crece, que, como se ha dicho en anteriores intervenciones, facilita la creación
de las empresas, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, reduce los obstáculos regulatorios y se fija sobre todo en esa lucha contra la morosidad, para que las empresas que no cumplan con los plazos establecidos legalmente en el pago no
puedan tener acceso a subvenciones públicas, incluidas las que están en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, en la ley también se prevé la creación de un observatorio estatal de la morosidad privada, que hará un
seguimiento y un análisis de los datos de los plazos de los pagos y promoverá las buenas prácticas. Asimismo -hablando de liquidez-, el jueves en el Pleno llevamos el Real Decreto-ley 27/2021, que precisamente lo que hace es alargar los plazos para
que las empresas puedan acceder a la liquidez a través de las diferentes medidas que ha ido tomando el Gobierno a lo largo de este año. Con lo cual, creo que compartimos el fondo de la cuestión, hemos de encontrar la manera de encajarlo en la
forma, y estoy convencida de que seremos capaces de llegar a un acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mínguez.
A continuación, para fijar posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.
Nosotros vamos a ver qué pasa con esa transaccional; creo que es interesante que se pueda alcanzar, porque creo que están hablando en los mismos términos.
En cuanto al tema de la morosidad, es evidente que la reducción de la morosidad comercial es necesaria, porque además es un lastre para la competitividad, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Es verdad que con esta PNL lo único
que se va a conseguir es un posicionamiento de los grupos políticos, porque todos conocen que ha habido un retraso en la propuesta que había para luchar contra la morosidad, que está en plazo de enmiendas y que sigue en la mesa. Se podría haber
debatido ya y se podría haber hecho algo en este sentido. Por otro lado, también es cierto que, como bien ha dicho la portavoz socialista, la ley crea y crece ya habla del tema de la morosidad para excluir a estas empresas de las subvenciones
públicas, licitaciones y fondos europeos.
Por lo tanto, creemos que es necesario y estamos de acuerdo en el fondo de la PNL, pero vamos a esperar a ver si se llega a una transaccional, porque creo que se puede mejorar e incluso tener más apoyos en esta Comisión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Nosotros votaremos en contra de esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Plural. Ahora explicaré lo motivos, pero, cuando menos, me resulta curioso que el Grupo Parlamentario VOX, sabiendo todo lo que sabe sobre la ineficiencia
y la incapacidad para el reparto de los fondos europeos, permitiera sacar adelante el Real Decreto-ley 36/2020 sobre la gestión de fondos europeos, apoyando con su abstención al Gobierno de España del que ahora pide su dimisión.
El objetivo de esta iniciativa es excluir a las grandes empresas cuyo plazo de pago a pymes y autónomos supere los sesenta días de las ayudas europeas financiadas con los fondos Next Generation de Europa. En nuestro grupo parlamentario
desde el inicio venimos denunciando -y creemos que es una denuncia unánime- la situación a la que se exponen miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos, completamente vulnerables cuando no se cumplen los plazos de pago. El caso de los
autónomos es particularmente grave y sangrante; no es difícil encontrar casos en los que los falsos
autónomos al final se ven trabajando meses gratis porque el pago no llegará hasta que pase mucho tiempo, llegando incluso a tener que endeudarse para poder sobrellevar los meses iniciales.
Sin embargo, no creemos que lo propuesto por Junts sea la vía adecuada para solucionarlo. Los fondos Next Generation no pueden ser usados como excusa o coartada para todo; tienen su función concreta y lo que se plantea en esta proposición
podría tener efectos indeseados. El Estado tiene ya medios suficientes para hacer cumplir las obligaciones de pago o, al menos, debería tenerlos. El hecho de que no sean capaces de hacerlo no puede poner en riesgo inversiones fundamentales a largo
plazo que, en muchos casos, solo pueden ser asumidas por empresas muy concretas, dada su elevada especialización. Imaginemos que una empresa puntera en inteligencia artificial tiene un plazo de pago coyuntural de sesenta y dos días. ¿Qué hacemos?
¿La excluimos de los fondos? ¿Hay muchas empresas de inteligencia artificial que puedan recibir fondos en su lugar? Yo creo que no. Hay que reducir plazos de pago, por supuesto, y hay que buscar las vías adecuadas para que esta empresa
hipotética, por muy puntera que sea, también pueda cumplir con estos requisitos de pago, pero excluirla de los fondos no es la vía. Votaremos en contra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene la palabra la diputada doña Lucía Muñoz Dalda.
La señora MUÑOZ DALDA: Muchas gracias, presidente.
En Unidas Podemos hemos venido defendiendo la puesta en marcha de medidas normativas que, de manera eficiente y efectiva, acaben con el grave problema de la morosidad comercial que están sufriendo las personas trabajadoras autónomas y las
pymes, que representan el 99,8 % del total de empresas de nuestro país y que generan más del 60 % del valor añadido bruto y del 65 % del empleo empresarial total.
Según los resultados de la última encuesta realizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, las grandes empresas de más de 50 millones de facturación son las que más tardan en pagar a sus proveedores. Ello permite a muchas de
las grandes empresas financiarse a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos. Una de las medidas que siempre hemos defendido públicamente para acabar con este tipo de comportamientos abusivos es el establecimiento de un
régimen sancionador que acorte los plazos de pago entre las empresas, erradique los motivos por los que la morosidad puede resultar ventajosa económicamente para los deudores y permita el sostenimiento de nuestro modelo productivo; medida con la
que están de acuerdo el 92 % de los empresarios encuestados por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
Otra medida que nuestro grupo parlamentario también ha propuesto al Gobierno y ha defendido públicamente es la implantación de incentivos para que las empresas cumplan con la ley. En concreto, se ha propuesto el establecimiento de cláusulas
que impidan a las empresas que incumplen con los plazos de pago a proveedores previstos en la ley acceder a contratos y subvenciones de las administraciones públicas, fondos europeos incluidos. Cabe señalar que el Gobierno de coalición ha
reconocido el grave problema que existe en nuestro país con este asunto y muestra de ello son las medidas de control y los incentivos que ha incluido en el anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, aprobado por el Consejo de
Ministros el pasado mes de noviembre. Además, durante la pandemia se han puesto en marcha medidas extraordinarias para garantizar la liquidez de las empresas, entre las que destaca la línea de avales del ICO, las ayudas directas y la prórroga de
los plazos para el pago de impuestos.
Sin embargo, creemos que se puede ir más allá. Vemos esta PNL con buenos ojos y quedamos a la espera de esa enmienda transaccional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz Dalda.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado don Víctor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias presidente.
Buenas tardes de nuevo, señorías. La verdad es que la propuesta nos da para un debate interesante. Señora Nogueras, nos ha parecido bien la reflexión que hace en la propuesta y ese interés hacia la empresa privada, pero también nos
queremos centrar en qué hace el Gobierno con respecto a la morosidad, porque el periodo medio de pago a proveedores de los ayuntamientos en este país está en setenta días, cuarenta días más de lo permitido. ¿Y qué hace el Gobierno? Pues,
absolutamente nada. Le
voy a hablar de un caso excepcional: 902 días es el periodo medio de pago de un ayuntamiento de mi provincia, el Ayuntamiento de Alburquerque, 902 días. ¿Qué hace el Gobierno nacional o regional? Nada, es una Administración socialista y
no hace nada. Eso sí que es 'morrosidad'.
A nosotros lo que nos importa es la transparencia. Desde el principio lo que nos ha importado con el tema de los fondos europeos es la transparencia y el Real Decreto-ley 36/2020 que el Gobierno tiene que agradecerle a VOX. Señor Manso,
ese sí que es un perdigonazo, pero no en la cara de los españoles, sino en su bolsillo; con esas 52 abstenciones -le recuerdo que fueron 170 votos a favor, 126 en contra y 52 abstenciones- le dieron un perdigonazo en la cara no a los españoles,
sino a las oportunidades de que estos fondos se tramitaran con transparencia. Eso no se está haciendo por esta abstención que algún día tendrán que explicar de verdad a los españoles. Desde aquí les insto a que expliquen por qué se abstuvieron -si
quieren, les dejo treinta segundos de mi intervención, porque tampoco tengo mucho más que decir- y qué causas y consecuencias hay detrás.
Dice la portavoz socialista que son el número uno de la clase. Yo me tengo que reír cuando escucho este tipo de declaraciones. Hoy mismo el diario ABC saca una noticia en portada haciendo una llamada a la página 33 en la que dice:
'Bruselas exige a España una lista detallada de todas las empresas que han recibido fondos de la Unión Europea'. Detectan debilidades en el control -pues, para ser el número uno de la clase...- y fuerza cambios para saber dónde acaba el dinero;
dónde acaba el dinero, señora portavoz. Eso le dice la Comisión Europea al número uno de la clase. ¡Cómo será el número veinticinco, señor presidente! (Risas).
Para nosotros lo principal con estos fondos es la transparencia, es por lo que estamos apostando y es nuestro principal caballo de batalla. ¿Qué oculta el Gobierno para no aportar luz y taquígrafos y transparencia a estos fondos? Como
anunció ayer nuestro partido, estaremos vigilantes. Hemos anunciado y exigimos el mecanismo 'lupa', un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas mensual de la ministra de Hacienda en esta casa, en este Congreso de los Diputados, sobre la
ejecución de los fondos, porque la falta de transparencia solo ayuda a que estos recursos se gasten mal, se financien chiringuitos o se destinen a otro PlanE; no al Plan E de Zapatero, sino al PlanE de Sánchez.
Su incompetencia -la del Gobierno- y el clientelismo hacen que el país sea el peor en recuperación, en empleo, en subidas de impuestos y en inflación de la Unión Europea. Esta ayuda europea no es del Gobierno, sino de todos los españoles,
así que protejámosla, controlémosla y hagamos realmente en esta Cámara el control al Gobierno que estos fondos requieren.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
Señora Noguera, ¿quiere intervenir en relación con las enmiendas exclusivamente?
La señora NOGUERAS I CAMERO: Estamos en ello, presidente.
El señor PRESIDENTE: Están hablando, vale, muchas gracias.
- RELATIVA A DESARROLLAR EL DERECHO DE COGESTIÓN EN LAS GRANDES EMPRESAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/003405).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común relativa desarrollar el derecho de cogestión en las grandes empresas y que defiende el diputado, don
Roberto Uriarte.
El señor URIARTE TORREALDAY: Como saben todos ustedes, la Constitución española de 1978 es una constitución de acuerdos, de consensos y de transacciones. Es una constitución económica en la cual personas procedentes del mundo socialista y
otras con criterios más liberales llegaron a acuerdos intermedios, creándose el concepto de Estado social y democrático de derecho, que no es el concepto de un Estado liberal de derecho como a algunos les gustaría o como el que España pudo tener en
el siglo XIX -en cierta medida y con limitaciones-, sino que tiene elementos importantísimos de intervención pública. Si esos elementos importantes de intervención pública recogidos en los artículos 1, 9.2, 128, 129, etcétera, quedan inactivados,
lo que estamos haciendo es un mecanismo que se conoce en derecho constitucional como mutación constitucional; es decir, reformar la Constitución sin reformar su texto, haciendo que solo se desarrollen los aspectos liberales y manteniendo en
barbecho o en desacato los mandatos de
intervención pública. Concretamente, el artículo 129.2 de la Constitución contiene un mandato explícito, nítido y claro de actuación al legislador y el legislador ordinario lleva cuarenta y tres años en desacato de ese mandato, cuarenta y
tres años exactos de desacato y de negativa a desarrollar un aspecto de la Constitución. Si no lo quieren, si no les gusta el artículo 129, por favor, reformen la Constitución y quítenlo del articulado constitucional, pero lo que no se puede hacer
es pretender convertir en potestativo un artículo como el 129, que contiene un mandato de los padres de la Constitución, que ya estudiaron esto y que decidieron que fuera algo imperativo y no potestativo, dejándolo a la voluntad de las empresas, a
la voluntad de los interlocutores sociales o a razones de conveniencia del legislador ordinario para que actúe en el mínimo que le permita la Unión Europea, cumpliendo a regañadientes los mínimos que en esta materia le imponga la Unión Europea, e
ignorando absolutamente el mandato del constituyente. Esto es una ruptura del pacto constituyente -así tal cual- y una mutación constitucional en sentido de Estado liberal y en sentido de retroceso respecto de lo que supone el pacto constituyente
que subyace al Estado social y democrático de derecho definido en el artículo 1 de la Constitución. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en este momento es simplemente un recordatorio al legislador ordinario diciéndole: Usted no tiene la potestad
de decidir la conveniencia de regular la participación de los trabajadores en la gestión y en el acceso al capital de las empresas, sino que los padres de la Constitución le obligaron, le impusieron y le plantearon como mandato imperativo que usted
lo regulara, y usted lleva cuarenta y tres años en desacato. Así que es un recordatorio nítido por parte de nuestro grupo al legislador ordinario para que no olvide ni eluda el mandato constitucional y lo cumpla a rajatabla. Y, si no quiere
cumplirlo, que plantee la reforma constitucional y que saque el artículo 129 de la Constitución si va de seguir en desacato durante cuarenta y tres años más.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Uriarte.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para defender la enmienda presentada, tiene la palabra el diputado don Valentín García Gómez.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias presidente.
Ciertamente, hemos presentado una enmienda porque el fondo de la cuestión que plantea Unidas Podemos podemos compartirlo, pero creemos que es mucho más ajustado hacerlo de una manera más adecuada en un contexto como el que tenemos en la
actualidad. Por eso, en primer lugar, hemos presentado una enmienda para estudiar las propuestas de la Comisión Europea sobre gobierno cooperativo sostenible en relación con la incorporación de los intereses de los trabajadores en la toma de
decisiones de las empresas y, en segundo lugar, para hacer un seguimiento de la información que en 2022 y en 2023 presenten las empresas en relación con lo dispuesto en el Código de Comercio, obligación que será efectiva desde abril de 2022.
Compartimos, efectivamente, que en la actualidad la empresa es mucho más que el capital económico o que la suma de sus acciones. Es el capital tecnológico y, sobre todo, el capital humano lo que más vale en las empresas en el mundo actual. Por
tanto, es innegable que tienen que participar los trabajadores en el gobierno corporativo de las empresas si de verdad queremos que la empresa tenga vida a lo largo del tiempo; sobre todo, siendo capaces de conseguir el alineamiento a largo plazo
de estos tres capitales -los trabajadores, el empresario y el capital tecnológico- para darle una larga vida a las empresas. Por eso, el ámbito europeo, dentro del contexto de la directiva que comentaba al principio, es un buen ámbito para que haya
una legislación que nos permita a todos los países tener una posición parecida en cuanto a la participación de los trabajadores en algunas instancias de las empresas. También en los ámbitos empresariales hay un debate importante sobre esta
cuestión, especialmente después de determinados avances en la responsabilidad social empresarial. Por tanto, el diálogo social tiene que formar parte también del interior de las empresas, pero consideramos necesario hacerlo en este contexto de
nuestra enmienda. Dicho sea de paso que no ha sido necesario que estuviera desarrollado este artículo de la Constitución para que haya ejemplos en España muy positivos. Los trabajadores, a través de los sindicatos y participando en distintas
instancias de determinados grupos multinacionales españoles, han conseguido mejoras sustantivas, por ejemplo, en trabajo infantil o en medidas medioambientales, lo cual viene a poner de manifiesto que en el fondo es una iniciativa positiva, pero en
el momento actual es preferible hacerlo de la manera que plantea la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Por otro lado, respecto al momento, en nuestro programa de Gobierno se contempla un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI y entendemos que es el contexto adecuado para que las nuevas
formas de participación de los trabajadores en distintas instancias de las empresas, más allá de la legislación laboral que hoy conocemos, puedan ser acordadas en ese marco de diálogo social del nuevo Estatuto de los Trabajadores para el
siglo XXI.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Valentín.
A continuación, para fijar posición, ¿el Grupo Parlamentario Vasco desea intervenir?
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Simplemente intervendré para decir que nosotros entendemos que ustedes avalen la Constitución y que quieran imponer la cogestión, pero creo que es un tema más bien cultural. Usted sabe, señor
Uriarte, que en Euskadi hay una tradición de que los trabajadores participen en las empresas. En este sentido, ahí tenemos los ejemplos de las cooperativas y las empresas de economía social. Creemos que es importante la participación de los
trabajadores en la empresa y hay diferentes programas tanto a nivel de las diputaciones forales como del Gobierno vasco.
Creo que hay que impulsar esa cultura y vamos a esperar un poco a ver si se llega a una transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista en este sentido.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra doña María Muñoz Vidal.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
El objetivo de esta iniciativa es desarrollar el derecho de cogestión de los trabajadores en los órganos de administración de las grandes empresas y, como la propia exposición de motivos señala, no es algo nuevo este derecho de cogestión.
El caso alemán sea probablemente el más conocido, pero no es el único. Si el portavoz de Unidas Podemos me permite esta maldad, tiene su gracia que el principal precedente legislativo en España del derecho de cogestión que defiende Unidas Podemos
con esta iniciativa viniera de la mano de Franco. Así, la última disposición que establecía la cogestión como norma en España era la Ley 41/1962 por la que se establecía la participación del personal en la administración de las empresas que
adoptaran la forma jurídica de sociedades, hoy derogada. Es curioso lo circular que a veces se vuelve la política.
Sobre el fondo de la cuestión, no nos oponemos a la cogestión en mi Grupo Parlamentario, porque puede ser una herramienta útil tanto para la mejora de las condiciones laborales como para que las pequeñas empresas españolas sean más
productivas. De hecho, no es infrecuente que grandes empresas hayan instaurado una cogestión por la puerta de atrás, incluyendo entre las retribuciones a sus trabajadores la participación en el accionariado. De lo que no nos fiamos es de la visión
de Unidas Podemos sobre la misma. La cogestión funciona en países como Alemania porque ese mayor peso de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas viene siempre acompañado de una mayor flexibilidad en el marco laboral y en las
negociaciones colectivas. Voy a ser más clara aún. La cogestión debe ir de la mano de la primacía del convenio colectivo de empresa. ¿De qué vale un mayor peso de las voces de los trabajadores en las empresas si luego Unidas Podemos quiere atar a
esas empresas de pies y manos e impedir que decidan su rumbo? Frente a la visión paternalista de Unidas Podemos, nosotros sí creemos que los trabajadores de cada empresa saben mejor que los Gobiernos qué es lo más adecuado para ellos. La
cogobernanza sí, pero de verdad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el diputado don Víctor González Coello de Portugal.
El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, nos ha sorprendido esta iniciativa por parte de Podemos, partido de ideología principalmente comunista, al recuperar una ley franquista. Franco vuelve al Congreso, una vez más, de la mano de Podemos. Por no repetir lo que se
ha dicho, el modelo económico del capitalismo gerencial cooperativo, el capitalismo renano, la economía social de mercado, el capitalismo social, nos gusta y nos gusta mucho. En definitiva, con su iniciativa, Podemos celebra la obra del gran
economista, ministro y posteriormente canciller Ludwig Erhard, padre del milagro económico alemán, a quien tanto hemos recurrido nosotros y mencionado en distintas intervenciones de VOX.
Pero ¿por qué funcionó esto en Alemania? No quiero hablar de otros países, que podríamos hablar, incluso no europeos que han aplicado estos modelos. ¿Por qué funcionó esto en Alemania? En primer lugar, porque hay sindicatos
independientes. En segundo lugar, porque hay líderes sindicales comprometidos y honrados. Fíjense, hay que analizarlo históricamente. En el año 1952, se prohibió en Alemania el Partido Socialista del Reich, eran los herederos del nazismo.
Socialista, quiero repetirlo. El Partido Comunista de Alemania se prohibió en 1956. Ustedes recordarán muy bien un programa que lanzó este señor que se llamaba Bienestar para todos. Fíjese qué casualidad que es el mismo título del programa que
nosotros lanzamos en el año 2019 en el programa económico de VOX.
Mientras no haya una ley de huelga que evite que piquetes como el señor Bódalo, condenado a tres años por agresión, pueda dar una paliza a una embarazada de seis meses mientras le dice: vete a casa a lavar platos, a la vez que sus
compañeros destrozan su heladería, tal y como ocurrió en el año 2010, es imposible que esto funcione.
Una muestra de la anomalía sindical que tenemos en España son los innumerables casos de corrupción sindical, muy especialmente por parte de UGT y Comisiones Obreras. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Además, creemos que es bueno que
cuanta más información tengan los empleados más alineados estarán con los objetivos de la empresa y producirán, pero tenemos un problema enorme de representación sindical en este país. La larga lista de condenas y, curiosamente, de indultos a
líderes sindicales y a sindicatos, también de fondos y de deudas condonadas a estos sindicatos es imposible de reproducir en una hora. A modo de ejemplo estarían las cajas de ahorros, donde estaban los sindicatos representados en sus máximos
órganos de representación. Podríamos recuperar el caso de Bankia, donde había grandes líderes de UGT y Comisiones Obreras. El titular de El Confidencial decía: Sindicalistas de día, beautiful people de noche. La vida sin freno de UGT y
Comisiones Obreras. La lista de gastos de estas personas demuestra que el discurso combativo que sostienen en público no se correspondía con la vida de ostentación y lujo que mantenían en su vida privada. Comprenda que a cualquier empresario que
ha puesto su patrimonio y que está jugándose sus ahorros le dé un miedo enorme tener a personajes como tal en su consejo. Nos gustaría recordar al portavoz que ha presentado esta iniciativa que la Ley de Sociedades de Capital, la regulación
bancaria, la ley de regulación sobre sociedades laborales y específicamente la Ley 44/2015, de 14 de octubre, ya recogen estas posibilidades. Lo que hay que dar son incentivos para que haya mayor representación en los órganos de decisión de los
empleados. Pero, por favor, hagamos autoconciencia de los representantes sindicales que tenemos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Coello de Portugal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, fija posición don Víctor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo, señorías.
Me ha pasado como a mis compañeros de VOX y de Ciudadanos. Tengo que reconocer que hice dos búsquedas ayer para preparar la propuesta. La primera, el artículo 129.2 de la Constitución. He leído la interpretación jurídica que se hace sobre
él y, hasta donde yo he llegado, no concuerda con la propuesta presentada por Podemos. Como todos nosotros, he puesto en Google ley de cogestión, y lo primero que me salía es un BOE de 1962. Yo alucino, ya no saben cómo sacar a Franco. Lo
pasearon en helicóptero y ahora lo traen al Congreso de los Diputados en una PNL sobre cogestión. Al final, lo que quieren es traer aquí un debate ideológico en el que si quieren entramos, yo no tengo ningún problema de entrar en ese debate, pero
esa manía de decirle al empresario qué tiene que hacer con su empresa, esa manía de intentar controlar todo, al final es comunista.
Nosotros estamos absolutamente en otro ámbito ideológico, creemos en los empresarios y en su libertad de elegir la forma en la que se organizan, la forma en la que tienen de relacionarse con sus empleados y la forma en que esos empleados se
relacionan con sus empresarios. En este siglo XXI, los empleados saben ya lo que tienen que hacer. Tienen las herramientas, tienen los medios. En el desarrollo de este artículo existen las cooperativas, y le habla un extremeño que cree firmemente
en las cooperativas porque han sido parte fundamental del desarrollo de su tierra. Las principales empresas de mi tierra son cooperativas, las crean los propios agricultores, los propios autónomos de nuestra región para, unidos, ser capaces de ser
competitivos en mercados nacionales e internacionales. La forma de cooperativa ya existe y está desarrollada por nuestro ordenamiento jurídico y podemos hablar de ideología aquí toda la mañana, si quieren, mientras a los españoles les subimos los
precios un 5,6 %, mientras la situación económica está como está, pero no vamos a ocultarlo.
Antes escuchaba preguntar por qué no reaccionan las empresas. Las empresas no reaccionan porque temen al Gobierno. Este Gobierno acosa a las empresas en lugar de ayudarlas, no se pueden fiar de él. Es más, temen las reacciones que pueda
tener el Gobierno cada vez que saca un real decreto. En este ámbito, la burbuja del Gobierno es vergonzosa. ¿De verdad cree que con los problemas económicos que tenemos encima de la mesa este es un problema serio, real, de la España de a pie?
¿Salimos a la calle y la gente está pendiente hoy de la cogestión y de la regulación del artículo 129.2? Yo creo que podremos tener debates ideológicos, yo estoy encantado de tenerlos, pero también tenemos que tener en esta casa debates que mejoren
la vida de nuestros paisanos, de nuestros compatriotas.
En eso estamos, al menos en el Grupo Popular ese es el tipo de propuestas que traemos a esta Comisión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
Señor Uriarte, ¿en relación con la enmienda del Grupo Socialista?
El señor URIARTE TORREALDAY: La enmienda claramente es inaceptable porque, como bien he explicado, el mandato del artículo 129.2 es claro. Dice que los poderes públicos promoverán, no que estudiarán si quieren promoverlo o no, o si lo
promueven a los niveles. Es decir, dice claramente promoverán, y los poderes públicos tenemos un mandato, lo tiene el Gobierno y lo tiene el Parlamento.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Uriarte.
- SOBRE EL APOYO A LAS EMPRESAS QUE DEBEN REALIZAR ESTADOS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/003442).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al debate de la última proposición no de ley, lo cual pongo en su conocimiento a los efectos que tengan sus efectivos preparados para, a continuación, realizar las votaciones.
Es del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre el apoyo a las empresas que deban realizar estados de información no financiera y que defiende la diputada doña María Muñoz.
La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.
Mi turno es el último, pero no por ello es menos importante. Un poquito de broma. Yo he participado en todas las PNL, aquí que no se vaya nadie. (Risas).
Gastada la broma, esta iniciativa que presentamos sobre apoyo a las empresas para realizar sus estados de información no financiera tiene como objetivo facilitar a las empresas de entre 500 y 250 empleados el cumplimiento de las
disposiciones que van a tener que aplicar a partir del 1 de enero de 2022 sobre estados de información no financiera. Como liberales, somos claramente conscientes del papel tan relevante que las empresas privadas juegan en nuestra sociedad y en
nuestra economía. Por ello, una de nuestras prioridades en materia económica es eliminar todas aquellas barreras que las empresas se encuentran a la hora de llevar a cabo sus modelos de negocio y a la hora de crear empleo, algo que nos diferencia
tradicionalmente de las posturas ideológicas de la izquierda.
Por otro lado, también rechazamos el capitalismo de amiguetes y aspiramos a fomentar un entorno de mercado con competencia justa entre empresas para desarrollar nuevas iniciativas cada vez más innovadoras y más asequibles para los
ciudadanos, cosa que nos diferencia de la ideología más conservadora de la derecha.
En definitiva, los liberales somos los que mejor podríamos responder a las necesidades empresariales y también a los impactos que estas puedan tener en el mercado y en la sociedad. Por ello, Ciudadanos apoya ya la Ley 11/2018 sobre
realización de estados de información no financiera que requiere a las empresas más grandes que sean transparentes en lo relativo a sus impactos sobre la sociedad y el medio ambiente y sobre sus sistemas de transparencia y buen gobierno.
Consideramos que la responsabilidad social de las empresas es positiva, es rentable y, además, permite a las empresas poder diferenciarse de sus competidores precisamente en la aportación de ese valor añadido a su entorno. Incorporamos las
nociones de la responsabilidad social a la ley, que elimina algunos de los elementos característicos de esta responsabilidad, como su carácter voluntario, pero
introduce otros nuevos, como el establecimiento de un nuevo marco de referencia para todas las empresas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en esta ley se introdujeron nuevas obligaciones que, aunque respondan a una demanda clara,
tanto por parte de los consumidores y usuarios como por el propio sector empresarial, deben venir acompañadas de fórmulas para facilitar su adopción. Por ello, en su momento vimos con buenos ojos que se contemplara en la Ley 11/2018 una entrada en
vigor escalonada -que lo hicieran primero las empresas más grandes y, progresivamente, el resto-, aunque no estábamos de acuerdo del todo con el poco margen temporal que se dio a las primeras empresas para adaptarse a la ley.
Mi grupo parlamentario quiere corregir aquella problemática y evitar volver a caer en el error de no ofrecer a las empresas el apoyo adecuado para adaptarse a sus nuevas obligaciones bajo el mandato de esta Ley 11/2018. Queremos que esta
ley sea un instrumento útil para las propias empresas para poder conocer de forma más transversal cuáles son sus impactos, tanto positivos como negativos, y potenciales líneas de acción para abordarlos. Por ello hemos planteado esta proposición no
de ley, de la que espero el apoyo mayoritario de sus señorías, en la que planteamos cuatro medidas principales: facilitar el acceso a marcos de referencia o benchmarking para empresas de entre 500 y 250 empleados, para que puedan tomar como
referencia el ejemplo de empresas más grandes y cómo estas han abordado su obligación en sostenibilidad; por ejemplo, consideramos importante que hubiera un repositorio abierto o programas de colaboración entre grandes empresas y empresas medianas.
También pedimos que se impulse el apoyo técnico a estas empresas medianas para que formen a su personal en la importancia de cumplir con las obligaciones de la Ley 11/2018 y en formas y procedimientos lo menos costosos posibles para dar cumplimiento
a dichas obligaciones, por ejemplo mediante la colaboración con verificadores que luego revisen la veracidad de los estados de información no financiera. La tercera herramienta que proponemos es que el Gobierno proporcione parte de la información
actualizada del contexto socioeconómico, facilitando así que las empresas no tengan que gastar recursos o perder tiempo en busca de esta información y puedan acceder a esa información de manera precisa para poder realizar estos informes que ya
incluyan la materialidad de la situación económica en la que se encuentra la economía española en ese momento o el entorno de esa empresa. No olvidemos que un buen estado de información no financiera requiere tener muy en cuenta el contexto en el
que la empresa está realizando su actividad. Y por último, solicitábamos informar y concienciar sobre la necesidad de que se desarrollen unos buenos estados de información no financiera por la información que otorgan a la propia empresa sobre sus
procesos y mecanismos de funcionamiento, pero también por la que proporcionan a la ciudadanía en general.
Se trata, en definitiva, de completar la Ley 11/2018, aquella que hablaba de los estados no financieros, de la elaboración e información y de dotar a las empresas más pequeñas, que son las que tendrán que realizar estos informes a partir del
1 de enero, de herramientas. Que este cumplimiento legislativo no les suponga una carga adicional, sino que les facilite el trabajo por el bien de la empresa, por el bien del sector económico y por el interés general. Esto es todo y el motivo de
nuestra iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado don Miguel Ángel Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes ya, señorías. Lo dice muy bien la proposición, la entrada en vigor de la mencionada norma supuso un paso adelante en materia de información no financiera de empresas en España, que nos ha situado a la vanguardia de los
esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas del sector privado. España ha conseguido situarse entre los cinco primeros países en número de informes de sostenibilidad y estados de información no financiera publicados por sus empresas. Un
objetivo claro para nuestro grupo es el impulso de la trasparencia empresarial; las empresas deben abrirse a la sociedad. Creemos que eso ayudará a su comprensión y su apoyo y, a la vez, las empresas deben cumplir con las obligaciones que nuestra
sociedad les impone. Aunque, sin duda, esto también ha supuesto una oportunidad para que estas empresas puedan competir en materia de valor añadido y para reducir sus externalidades negativas, no es menos cierto que también muchas de estas empresas
van a necesitar un mayor apoyo por parte de las instituciones para poder aprovechar esta oportunidad y no quedarse atrás. La proposición también nos habla de varios elementos que lo pueden facilitar y también identifica varios elementos con los que
las
empresas deben contar. Sin embargo, no todas ellas cuentan con los recursos, la formación y conocimientos suficientes, y por eso nos parece totalmente pertinente esta iniciativa y les felicitamos por ella. Poco más he de decir, lo ha
detallado perfectamente la señora Muñoz.
Nosotros hemos planteado una enmienda para que, en el punto dos, además del equipo técnico que apoya a estas empresas de entre 250 y 500 empleados se cuente también con la CEOE, porque pensamos que la CEOE habrá ayudado a las empresas de
mayor tamaño a realizar esta información financiera durante estos años y tendrá un know how suficiente que puede ayudar a las más reducidas, que son las que entran ahora en esta obligación.
Por último, quería hablar un poco de la importancia del crecimiento del tamaño de las empresas. Hay muchos informes y datos que corroboran lo importante que sería para nuestra economía. El Gobierno ha sacado un anteproyecto de ley que está
en fase de información pública, pero no aporta prácticamente nada, solo alguna medida para mejorar la financiación empresarial, pero de las barreras reales, ni una mención. Siguen acumulándose los requisitos en franjas estrechas de tamaño y las
empresas lo que hacen es situarse en el borde. Hay que cambiar los límites o un apoyo claro a las empresas para que cruzar esa línea no sea un problema. No creo que nos dejen aportar. Como siempre, el Gobierno, en vez de intentar mejorar la
legislación pactando, prefiere hacer oposición a la oposición, por lo que no le auguramos una vida brillante -a la ley, me refiero-. Al Gobierno no hay que augurarle nada, ya sabemos todos los españoles el resultado de su gestión.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿desea fijar posición, señora Sagastizabal?
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nosotros, desde luego, tenemos muchas dudas con esta PNL. No por el contenido, porque sí entendemos que los estados no financieros son muy importantes para adoptar cualquier decisión a futuro, y es
cierto, como se ha dicho, que la ley de 2018 ya lo establecía, pero es verdad que todavía para ellas este es un trámite burocrático, o lo perciben así. Es cierto que en torno al 45 % de las pymes desconoce que esta elaboración incluso es un informe
obligatorio; es cierto, también, que las demandas sociales han favorecido que haya más empresas que actúan todavía con acciones a favor de la responsabilidad social corporativa. Es necesario, y es verdad, como bien dice la PNL, que se necesita más
información y mecanismos de apoyo para hacer frente a esta información no financiera, pero nosotros creemos que a lo mejor este debate habría que dejarlo para más adelante, porque en estos momentos creemos que las pymes o las empresas más pequeñas
tienen todavía retos mayores a los que deben enfrentarse, como es la recuperación y la salida de la crisis, y esto añadiría todavía más problemas administrativos, de información, aunque haya mecanismos de apoyo.
Por eso, entendemos que a lo mejor hay que esperar el momento más adecuado para que se pueda implantar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Confederal, tiene palabra don Roberto Uriarte.
El señor URIARTE TORREALDAY: Gracias, presidente.
Por razones parecidas a las que ha expuesto la compañera Sagastizabal -es decir, no precisamente por lo que dice la PNL, sino por lo que puede incentivar o para lo que puede servir- es por lo que no vemos clara esta PNL. Creemos que los
poderes públicos tienen que hacer una política de bonus-malus y, de alguna forma, de apoyar no indiscriminadamente a todas las empresas, sino de fomentar aquellas que tienen una mayor responsabilidad social y que son más cumplidoras y, por lo tanto,
nos parece que estas medidas, aunque no lo dice explícitamente, sí puede ser que sirvan para promover indirectamente a los incumplidores, en la medida en que no estimula y no favorece a quienes son más cumplidores en esta materia. En sí, por lo
tanto, no por la propia redacción, sino, más bien, por los efectos secundarios de este medicamento, creemos que no es oportuno en este momento apoyar esta PNL.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Uriarte.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Rubén Manso.
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente.
La verdad es que nos cuesta entender que partidos que se declaran promercado estén a favor de los deberes de información no financiera, así directamente. Miren ustedes, esto no es más que elevar las cargas de las compañías. Si los socios
de las compañías necesitan información, tienen toda la Ley de Sociedades de Capital para pedir información financiera, a la que están obligadas las compañías hacer pública. Si, además, quieren hacer pública esa información de carácter no
financiero, que la hagan. Lo que no podemos entender es que haya una obligación dictada desde el Estado -no desde la sociedad, como se ha dicho; desde el Estado, no desde la sociedad- de elaborar determinados conceptos informativos, que
normalmente están muy sesgados ideológicamente. No tiene ningún sentido informar sobre temas de perspectiva de género y cambio climático, que lo único que hacen es elevar el coste de las compañías, de cargarlas -valga la expresión- de cargas y
luego decir que vamos a aprobar que les den ayudas o colaboración desde el Estado. No, no, mire usted, quítenle ustedes estas obligaciones.
El marco de la Ley de Sociedades de Capital ya permite a los socios pedir a las sociedades la información que quieran y decidir cuál de ella quieren publicar y cuál no quieren publicar. A nosotros nos parece que, sobre todo en los partidos
que se declaran promercado, como puede ser el Partido Popular o Ciudadanos, que incluso se declaran liberales, en vez de ir contra la raíz del mal, que es la sobrecarga de deberes de información no financiera a las compañías por exigencias del
Estado para propagar ideología, en vez de ir contra eso, se diga que no, que se mantengan esas obligaciones, pero que se les ayude. Es un absurdo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Manso.
Finalmente, fija posición por el Grupo Parlamentario Socialista, don Diego Taibo.
El señor TAIBO MONELOS: Gracias, presidente. Señorías, buenos días.
Como bien reconoce la proposición no de ley del Grupo Ciudadanos, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, supuso un paso adelante en lo que se refiere a la información no financiera de empresas en nuestro país, situándonos a la vanguardia de los
esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas del sector privado, situando a España entre los cinco primeros países en número de informes de sostenibilidad y estados de información no financiera publicados por nuestras empresas, y en cuanto a su
contribución, además, a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, permitiendo al sector privado una mejor competencia en valor añadido y reducción de sus externalidades negativas.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que ya el propio capítulo IV de la Ley de Sociedades de Capital regula el depósito y publicidad de las cuentas anuales. Así, según establece el artículo 279, las empresas tienen que depositar en el
Registro Mercantil el informe de gestión que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera. Asimismo, el artículo 281 de la Ley de Sociedades de Capital establece, en materia de publicidad, que cualquier persona puede obtener
información del Registro Mercantil de todos los documentos depositados. En consecuencia, entendemos que bajo el marco normativo actual ya se dan las garantías suficientes de publicidad y disponibilidad para llevar a cabo procesos de benchmarking
sin necesidad de imponer mayores cargas a las empresas españolas, tal y como pretende Ciudadanos con esta PNL.
Por otro lado, y en relación con el cumplimiento de las obligaciones que afectan a las empresas, incluido el cumplimiento de las obligaciones sobre información no financiera, considera este grupo parlamentario que no debe estar vinculado al
apoyo técnico del sector público; las empresas deben cumplir de forma autónoma con el marco legislativo que les sea de aplicación.
Por último, en cuanto a la información general para la elaboración de los análisis de situación que requieren los estados de información no financiera, consideramos que esta información ya se encuentra actualizada y disponible en los
diferentes portales electrónicos de las entidades y organismos encargados de su elaboración y publicación. Por tanto, entendemos que no es necesario que se cree un portal de contexto socioeconómico específico, tal y como se recoge en el punto
tercero de la PNL presentada por el Grupo Ciudadanos.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Taibo.
Señora Muñoz, ¿en relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular?
La señora MUÑOZ VIDAL: Sí, gracias, presidente. Se ha transaccionado y la hemos pasado a todos los grupos.
Gracias.
VOTACIONES.
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de las proposiciones no de ley.
Voy hacer un recuento de los diputados que están presentes a efectos de que ustedes conozcan el quorum. Hay trece diputados del Grupo Parlamentario Socialista; del Grupo Parlamentario Popular somos nueve; del Grupo Parlamentario VOX están
cinco diputados; del Grupo Parlamentario Confederal, cuatro diputados; del Grupo Plural, un diputado; del Grupo Vasco, otro. No hay nadie de EH Bildu ni tampoco del Grupo Mixto. Estamos treinta y cinco diputados.
Comenzamos. En primer lugar, votamos la proposición no de ley relativa a la relocalización de la industria manufacturera en territorio español. Es del Grupo Parlamentario VOX y se somete a votación con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, que ha sido aceptada por el autor de la iniciativa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la proposición no de ley sobre la elaboración de un programa nacional de algoritmos verde. Es del Grupo Parlamentario Socialista y se somete a votación en los propios términos en los que fue defendida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 5; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos la proposición no de ley sobre incentivar el uso de los vales de comida como medida para la reactivación económica. Es del Grupo Parlamentario Republicano y se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la proposición no de ley sobre la exclusión financiera. Es del Grupo Parlamentario Socialista y se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación la proposición no de ley sobre la utilización de blockchain, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 18; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la proposición no de ley sobre la mejora de la financiación y fiscalidad de las pymes españolas, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley relativa a excluir de las ayudas financiadas con fondos Next Generation a aquellas empresas que incumplan los plazos legales de pago con sus proveedores, del Grupo Parlamentario Plural. Se vota en los
términos de la enmienda transaccional con el Grupo Socialista, porque la de VOX no se ha aceptado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 1; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley relativa a desarrollar el derecho de cogestión en las grandes empresas, del Grupo Parlamentario Confederal. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 14; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votamos la proposición no de ley sobre el apoyo a las empresas que deben realizar estados de información no financiera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, muchas gracias por su amabilidad y sus intervenciones.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.