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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 531, de 26/10/2021
cve: DSCD-14-CO-531 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 531

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROBERTO URIARTE TORREALDAY

VICEPRESIDENTE PRIMERO

Sesión núm. 26

celebrada el martes

26 de octubre de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. (Número de expediente 121/000070):


- Del señor secretario de Estado de Justicia (Zapatero Miguel). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001910); Plural (número de expedientes 212/001935 y 212/001475); VOX (número de expediente
212/001588); Popular en el Congreso (número de expediente 212/001653), y Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/001740) ... (Página2)


- De la señora subsecretaria de Justicia (Sánchez Hernández). A solicitud de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/001903); VOX (número de expediente 212/001590); Popular en el Congreso (número de expediente
212/001654), y Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/001741) ... (Página18)



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Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022. (Número de expediente 121/000070):


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (ZAPATERO MIGUEL). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/001910); PLURAL (números de expedientes 212/001935 y 212/001475); VOX (Número de expediente
212/001588); POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001653), Y SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEMGALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/001740).


El señor VICEPRESIDENTE (Uriarte Torrealday): Buenos días.


Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión -les recuerdo que al final de la misma tendremos Mesa y Junta de Portavoces para tratar temas organizativos-, en la que está prevista la comparecencia de los señores secretario de Estado de
Justicia y subsecretaria de Justicia. Ya lo conocen, pero les recuerdo que las intervenciones serán de quince minutos para la representación del Gobierno, de cinco minutos para cada uno de los turnos de réplica y de otros cinco minutos, en su caso,
para turno de dúplica. Estas van a ser las intervenciones. Sin otro particular, simplemente les transmito que me ha pedido la presidenta que disculpe su falta de asistencia, porque por motivos personales no ha podido asistir a esta sesión.


Sin más, procedemos a dar comienzo. Tiene el turno de palabra don Pablo Zapatero Miguel, secretario de Estado de Justicia, para que exponga la cuestión para la que ha sido reclamado.


Muchas gracias.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Zapatero Miguel): Buenos días, señor presidente, señorías.


Comparezco ante esta Comisión para exponerles las previsiones presupuestarias del Ministerio de Justicia contenidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Comenzaré mi intervención con lo referido a los
créditos asignados a la política justicia en el proyecto de presupuestos para este año entrante, destacando la relevancia de los fondos asignados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, expresados en el programa 11.KB, servicio 50, así como
Justicia 2030. Seguidamente, presentaré las líneas generales de la sección 13 de estos presupuestos, repasando posteriormente las partidas más destacadas dentro de cada uno de los capítulos del gasto, así como el presupuesto de los organismos
autónomos Centro de Estudios Jurídicos y la Mutualidad General Judicial. Por su parte, la subsecretaria Ana Sánchez les dará información sobre el programa 111.N relativo a la dirección y servicios generales de Justicia; el programa 112.A en lo que
se refiere a obras, infraestructuras, arrendamientos, equipamientos y mobiliario; el programa 921 relativo a asesoramiento y defensa del interés del Estado; así como, por último, sobre el programa 135, referente a la protección de datos.


Con carácter previo, quiero recordar que estos son los presupuestos de la recuperación, una recuperación social centrada en la ciudadanía, la transformación económica y la responsabilidad fiscal. Los tres ejes sustentan el proyecto de
presupuestos de 2022, que se traducen, en el ámbito de la Administración de Justicia, en un servicio público de justicia accesible, eficiente y de calidad, impulsado por las tecnologías de la información, que actúe como palanca de la transformación
social y económica del país. La Administración de Justicia debe transformarse en uno de esos grandes servicios públicos del Estado social y democrático de derecho, sin duda. En estos momentos en los que la sociedad se está recuperando del impacto
de una crisis sanitaria que ha hecho temblar las seguridades y los derechos que ya estaban consolidados, con un impacto en la economía, en la vida social y en la vida empresarial de gran magnitud, y en pleno desarrollo de la sociedad tecnológica,
resulta imprescindible adaptar las estructuras de la justicia.


Para ello, los Presupuestos Generales del Estado para 2022 articulan la generación de las sinergias entre los fondos nacionales y los fondos europeos del Plan de Recuperación de una forma consistente y coherente entre sí, con el fin de
activar las transformaciones necesarias. En este contexto, los recursos presupuestarios que se van a destinar a la política justicia en el ejercicio 2022 ascienden a 2284 millones



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de euros, 235,4 millones de euros más, lo que representa un incremento del 11,5 %. De este importe, la participación del Ministerio de Justicia para el desarrollo de esta política, incluido el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza una
dotación de 2208 millones de euros, lo que supone un incremento de 232 millones de euros, es decir un 11,8 %. Por su parte, la participación del Consejo General del Poder Judicial en la política es de 76 millones de euros, lo que implica un
incremento del 4,2 %. Dentro del importe global dotado para la política se recogen 210 millones como anualidades previstas para 2022 en el marco del Plan de Recuperación, lo que supone un incremento de 182 millones y una variación de nada más y
nada menos que de un 652 % del total.


Los fondos del PRTR están permitiendo mejorar las capacidades de la justicia española gracias a la existencia de un ambicioso plan de trabajo Justicia 2030 -en defecto de pacto de Estado-, con un horizonte temporal a diez años, desarrollado
en cogobernanza, que impulsa el Estado de derecho y al acceso a la justicia como palancas de transformación del país; Justicia 2030, en esencia. La programación y ejecución del Plan Justicia 2030 se encuentran plenamente alineadas con la
consecución de los hitos y objetivos de las reformas e inversiones de carácter plurianual del Plan de Recuperación. Justicia 2030, como bien saben, se articula en tres grandes ejes estratégicos: acceso al ejercicio de derechos y libertades,
eficiencia del servicio público y contribución a la sostenibilidad y la cohesión. De estos tres ejes mencionados, me gustaría detenerme brevemente, en atención a su impacto y potencial transformador del servicio público de la justicia, en las tres
leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital, las tres leyes del servicio público de justicia que conforman el núcleo -como bien saben- de las reformas en materia de justicia del componente 11 de los fondos.


Mediante el anteproyecto de Ley de eficiencia procesal del servicio público de justicia, se introducen en nuestro ordenamiento jurídico, junto a la propia jurisdicción, otros medios adecuados de solución de controversias, partiendo de la
base de que estos medios reducen el conflicto social, evitan la sobrecarga de los tribunales y son igualmente adecuados para la solución de la inmensa mayoría de las controversias en materia civil y mercantil, al tiempo que se introducen reformas
procesales tendentes a una mayor agilización en la tramitación de los procedimientos judiciales, entre otras medidas.


Por su parte, el anteproyecto de Ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de justicia aborda, como saben, la reforma organizativa de la Administración de Justicia en todos sus ámbitos mediante la creación y constitución
de los tribunales de instancia y la evolución de los juzgados de paz a modernas oficinas de justicia en los municipios. Esta ley regulará de manera complementaria la conclusión de los trabajos de desarrollo e implantación de una Oficina Judicial
adaptada a esta nueva organización judicial y a las oficinas de justicia en los municipios que se constituyan.


Por último, está el anteproyecto de Ley de eficiencia digital del servicio público de Justicia, que permitirá que la transformación digital de nuestra sociedad reciba traslado correlativo en la Administración de Justicia. La democratización
del uso de la tecnología en la población española y europea, la aparición de nuevas y potentes herramientas digitales, los nuevos sistemas de identificación digital personal, así como la introducción de los mecanismos para el trabajo en remoto
presentan oportunidades claras para una Administración de Justicia de mayor calidad. La ley consolidará los avances de la administración electrónica e incorporará elementos transformadores para mantener a España a la cabeza de la transformación
digital de la justicia.


Tras la experiencia de un año de implantación de Justicia 2030, que se fundamenta en el diálogo y en la cogobernanza con las administraciones territoriales, instituciones, asociaciones y agentes sociales, se puede decir ya que está
permitiendo acelerar el proceso de transformación del servicio público de justicia sin alterar el funcionamiento habitual y sin tener que reorientar los recursos propios. Se trata de un proyecto compartido de país, una hoja de ruta para la
transformación del modelo de justicia en España, y para impulsar algo tan simple pero tan amplio como es el Estado de derecho y el acceso a la justicia como palanca de transformación.


Entrando ya, por tanto, en el ámbito del Ministerio de Justicia, el proyecto de presupuestos del Ministerio de Justicia para el ejercicio 2022 asciende a 2247,5 millones de euros, lo que representa un incremento de un 11,6 %, 233,27 millones
de euros adicionales respecto al presupuesto del año pasado. En términos de presupuesto agregado, el presupuesto del Ministerio de Justicia y sus organismos y entidades adscritas será de 2405,68 millones de euros, un incremento del 11,7 %. Si
eliminamos las transferencias internas, el presupuesto consolidado ascendería a 2391 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,6 %.



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Seguidamente, procedo a presentar las principales partidas presupuestarias de cada capítulo de gasto correspondiente a la sección 13 del Ministerio de Justicia. El capítulo 1, gastos de personal, se cifra en 1646,74 millones de euros,
cuantía necesaria para dar cobertura a los gastos de todo el personal que percibe sus retribuciones con cargo a los presupuestos del Ministerio de Justicia. La relevancia de este capítulo refleja su peso en el conjunto del presupuesto de este
ministerio, ya que las retribuciones del personal de la Administración de Justicia representan el 73,3 % del presupuesto del ministerio, nada más y nada menos. La tendencia de este capítulo es ascendente e incorpora el incremento retributivo del 2
%; incrementa sus dotaciones en 42,30 millones de euros, pasando de 1604,44 a 1646,46 millones de euros, por tanto, un 2,6 % de subida.


Destaco las nuevas medidas de mejora del servicio público de justicia, entre las que se encuentran la creación de setenta nuevos órganos judiciales, la ampliación de la plantilla fiscal en setenta plazas, continuando con las ampliaciones
producidas en los últimos años, así como la transformación de doscientas diecinueve plazas de tercera en segunda categoría en la plantilla del ministerio fiscal. Con el fin de asignar los nuevos recursos de forma más eficiente, se prevé una oferta
de empleo de hasta doscientas plazas para nuevo ingreso en la carrera judicial y fiscal, en orden a lograr varios objetivos: la estabilización numérica de la oferta del empleo público para jueces y fiscales; la reducción de la interinidad; la
ejecución de la programación de desarrollo de la planta judicial, reduciendo la sobrecarga y los tiempos de espera; así como la respuesta a las nuevas necesidades organizativas procesales y estructurales de la justicia a medio y largo plazo. Para
este año 2022, los presupuestos prevén una tasa de reposición de un 120 % para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y el resto de funcionarios al servicio de dicha administración, lo que supone un incremento de 10 puntos
porcentuales con respecto al año anterior y de 20 puntos con respecto a 2020.


Las medidas que acabo de exponer forman parte del proceso de implantación que acompaña las leyes de eficiencia, que van a permitir una optimización de las dotaciones del personal al servicio de un nuevo modelo organizativo, que esperemos que
vea la luz si tienen a bien sus señorías apoyarlo en las Cámaras.


El capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, experimenta un aumento de 2,66 millones de euros, lo que supone un incremento del 4 %, aumentando de 141,16 millones de euros a 146 millones. La tendencia de este capítulo es
igualmente ascendente. El incremento obedece, entre otros factores, a la mejora de la capacidad del servicio multicanal de Atención al ciudadano del Ministerio de Justicia, a la implantación de protocolos COVID en el desarrollo de los procesos
selectivos, a la mayor dotación destinada a la custodia, depósito y almacenaje, y a los mayores gastos en material de oficina como consecuencia de la creación de nuevas oficinas.


El capítulo 3, gastos financieros, se incrementa en 305 000 euros, aumentando de 25 770 a 330 770 euros. En términos netos del presupuesto, no se corresponde con un aumento de gastos financieros en sí, sino de un cambio referido a la
imputación presupuestaria de determinadas partidas.


El capítulo 4, transferencias corrientes, aumenta en 18,05 millones de euros. Se trata de un incremento de un 27,8 %, pasando de 65,8 millones de euros a 83,8 millones de euros. De los proyectos incluidos en este capítulo destaco, en
primer término, un aumento de las dotaciones destinadas a asistencia jurídica gratuita en 4,11 millones de euros, lo que supone un incremento de un 8,4 %, pasando de 49,18 millones de euros a 53,29 millones de euros. Como novedad y con la finalidad
de atender a los colectivos más vulnerables se incluye la asistencia especializada en previsión de la aplicación de la Ley Orgánica 8/2021. En la asistencia jurídica especializada se contemplan, asimismo, los compromisos derivados del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, con un incremento del 40 % en las dotaciones del ejercicio de 2021. Igualmente, quisiera destacar que se presupuestan 15 millones de euros con cargo al PRTR para la asistencia jurídica gratuita en materia de
mediación, abarcando tanto una partida correspondiente a comunidades autónomas, que son 10,2 millones de euros, como otra correspondiente al ámbito ministerial, que son 4,8 millones de euros. Se mantiene la dotación destinada a financiar la
asistencia psicológica a las víctimas, prestada por los psicólogos que se integran en las oficinas de asistencia a las víctimas. Este abono se materializará a través del convenio en vigor con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos,
con una partida de 1,5 millones de euros.


El capítulo 6, inversiones reales, aumenta inicialmente sus dotaciones en 46,25 millones de euros respecto al presupuesto de 2021. Se trata de un incremento del 23,7 %: aumenta de 194,95 millones de euros a 241,20 millones de euros. Su
evolución es ascendente, tanto en presupuesto nacional como en lo que se refiere al Plan de Recuperación. De esta cuantía de 2022, un 14,5 %, 34,94 millones de euros, se destina a las infraestructuras, equipamientos y edificios, mientras que el
85,5 % restante se dedicará a la



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transformación de la justicia. En total, 206,26 millones de euros. De la primera parte se ocupará la subsecretaria de Justicia en su intervención.


En este contexto, durante los ejercicios presupuestarios anteriores, el Ministerio de Justicia ha alcanzado hitos importantes en el proceso de impulso de la transformación de la justicia, que hacen que España pueda ser a medio o largo plazo
un referente en justicia digital, porque ya en este momento, algunas de las políticas que se están impulsando tienen algo de eco en nuestros homólogos europeos. La transformación digital de la justicia constituye una de las principales prioridades
del Ministerio de Justicia en esta legislatura, como bien saben, y constituye, como ya hemos apuntado en anteriores sesiones, una de las políticas emblemáticas europeas que obtiene financiación en el marco de los fondos europeos. A través del
trabajo de la Comisión Sectorial de la Administración de Justicia se han definido una serie de proyectos país para cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión Europea, centrados en servicios homogéneos, para que el aprovechamiento de los
recursos inyectados sea el máximo para el conjunto del territorio nacional.


Con el espíritu de cogobernanza que rige todos los trabajos que se están desarrollando, los diez proyectos prioritarios pactados con las comunidades autónomas que se ha acordado ejecutar para 2022 y que se van a financiar con cargo a las
dotaciones de digitalización de la justicia son los siguientes. Por un lado, el despliegue de las infraestructuras digitales básicas necesarias para el desarrollo de proyectos de transformación, financiadas con fondos europeos. Como recordarán,
está el Proyecto 0, centrado en la adquisición de hardware y software para hacer posible que toda la maquinaria esté alineada con las necesidades de la prestación de servicios digitales. Otro de los grandes bloques es la interoperabilidad de los
sistemas de gestión procesal, no solo entre ellos dentro del ámbito judicial, sino también con el resto del ecosistema digital de justicia, léase Registro Civil, Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia,
Fiscalía, Institutos de Medicina Legal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como Instituciones Penitenciarias, consejos profesionales del sector y administraciones públicas, lo cual quiero destacar muy en particular, así como demás
colectivos que se relacionan con la Administración de Justicia.


Otro de los proyectos es la justicia orientada al dato, que se crea como una arquitectura de información basada en datos para la generación de información y conocimiento a los efectos de la elaboración de políticas públicas, no solo en el
ámbito de justicia, sino en ámbitos asociados, porque, como todos ustedes saben, los conflictos que entran en el sistema dan una medida y un diagnóstico de los problemas que van a terminar estando sobre la mesa de los decisores públicos. En este
marco, la mejora de las capacidades de prevención, detección y respuesta ante los incidentes de ciberseguridad, buscando sinergias con otros mecanismos nacionales y europeos en esta materia, forma parte del proyecto de la justicia orientada a datos,
así como la prestación de servicios personalizados a la ciudadanía, empresas y profesionales mediante la Carpeta Justicia, totalmente conectada con la Carpeta Ciudadana actualmente existente en la Administración General del Estado. También forma
parte, por supuesto, la inmediación digital, para hacer posible la celebración telemática del mayor número posible de actuaciones con las máximas garantías procesales y de seguridad a través de la integración de las tres líneas diferenciadas que
conocemos: cita previa, escritorio virtual para la interacción digital y, obviamente, esa infraestructura tecnológica tan relevante que es Cl@ve, prestada por la Administración tributaria, que nosotros estamos empleando como Cl@ve Justicia a los
efectos de facilitar la firma electrónica y la identificación electrónica con todas las garantías en el marco de las actuaciones telemáticas procesales de diversa índole.


Destaca, asimismo, el proyecto de textualización, que permite localizar rápidamente cualquier información relativa a las declaraciones y manifestaciones producidas durante la celebración de actuaciones documentadas mediante la grabación
audiovisual. En términos de usabilidad va a ser una herramienta particularmente relevante para los profesionales del sistema. Y, por supuesto, también destaca la implantación de herramientas tecnológicas que favorezcan el desarrollo de mecanismos
alternativos de solución de conflictos, MASC, así como el despliegue de dichos servicios MASC previstos en la Ley de eficiencia procesal.


Quiero resaltar también la implantación de un nuevo modelo de Registro Civil según la Ley de 2021, mediante un sistema informático de gestión integral de los servicios que prestará el Registro Civil digital. Se está desarrollando la
ejecución coordinada de numerosas actuaciones en los ámbitos normativo, organizativo y tecnológico, así como la colaboración con los múltiples organismos, administraciones locales y administraciones autonómicas, que deben coadyuvar al adecuado
funcionamiento de esta institución capital en la vida en sociedad. La oficina general de Madrid ha sido ya puesta en marcha el 27



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de septiembre, y actualmente se están desarrollando las tareas de estabilización de su entrada en producción; mientras que la oficina general de Barcelona ha comenzado el 23 de septiembre con la fase de formación de su personal y la
previsión es desplegarla en los próximos meses. El objetivo es que, en el primer semestre de 2022, se comience el despliegue de las otras catorce oficinas generales derivadas de registros civiles exclusivos y sus oficinas colaboradoras, y a partir
del segundo semestre de 2022, se comience con oficinas generales derivadas de registros civiles municipales principales que, como bien saben ustedes, compatibilizan las funciones jurisdiccionales con las funciones de oficinas colaboradoras. El
objetivo total de este proyecto, que estaba parado sobre la mesa y que ahora entre todos estamos tratando de impulsar, en particular con aquellos compañeros de comunidades autónomas que han activado los pilotos, muy en particular la Comunidad
Autónoma de Madrid, a quien debo dar las gracias en nombre de todo el equipo por su contribución a la conformación, el impulso y la estabilización de este proyecto, que ha sido absolutamente clave, es tratar de culminar este proyecto al que estamos
dando forma a principios de 2024.


En este marco, así mismo, creo que es destacable, asociado a estos presupuestos, que son motor o inyección para hacer realidad estos cambios, la implantación en todo el territorio del Estado de los tribunales de instancia y de la Oficina
Judicial, que, como ustedes saben, solo está implantada en el 10 % del territorio del Estado después de diez años, y de las oficinas de justicia en los municipios previstos en la Ley de eficiencia organizativa. La transformación de los más de 7500
juzgados de paz en oficinas municipales de justicia que faciliten a la ciudadanía su relación con la Administración de Justicia es una prioridad en la que el Ministerio de Justicia, junto con las comunidades autónomas y el resto de instituciones y
muy en particular la FEMP, pretende avanzar en 2022 de manera significativa. Estas oficinas de justicia en los municipios proporcionarán a la ciudadanía servicios judiciales al ahorrar desplazamientos y reforzar los servicios en todo el territorio
del Estado, también dando presencia, por vía de convenios, a los servicios que puedan prestar otras administraciones en las entidades locales.


La justicia para la recuperación económica, por último, es probablemente uno de los últimos proyectos significativos que yo creo que podría destacar en este elenco de proyectos que estamos impulsando. Mediante este proyecto aspiramos a
crear una administración concursal orientada al dato, a crear un registro de titularidades reales y una plataforma digital de servicios notariales y registrales que adapten a estos dos colectivos, que son claves en la seguridad jurídica, al mundo
digital.


Junto a estos proyectos financiados en el PRTR, el Ministerio de Justicia va a seguir desarrollando diferentes inversiones en transformación digital con cargo al presupuesto ordinario, con 139 millones de euros adicionales. Destaco,
seguidamente, algunas de las más relevantes que se desarrollarán en 2022, tales como la digitalización de los órganos judiciales, que incluye completar la implantación de la justicia digital en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional; así como
la puesta en marcha de las salas de vistas avanzadas, mediante una renovación del equipamiento audiovisual para incorporar nuevas prestaciones, y la consolidación de comunicaciones electrónicas. Así mismo, debo destacar la mejora de las
infraestructuras tecnológicas en los Institutos de Medicina Legal y el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses o la Fiscalía digital, que se plantea como una solución tecnológica diseñada para impulsar el intercambio de información con los
órganos judiciales y la tramitación electrónica. En el ámbito del Registro Civil, se continuará con la digitalización de los libros de dicho registro en los términos previstos en la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2011, tras su reforma
efectuada por la Ley 6/2021.


El capítulo 7, transferencias de capital, se incrementa en 120,71 millones de euros, aumentando de 8,1 a 128,72 millones de euros. Se trata del mayor incremento de todas las partidas presupuestarias de estos presupuestos, que se explica por
la dotación de 125,83 millones destinados a transferencias de capital a las comunidades autónomas a través de los fondos europeos para los proyectos de cogobernanza que acabo de mencionar brevemente.


El capítulo 8, activos financieros, mantiene las mismas dotaciones que en 2021: un total de 619,91 millones de euros.


Por último, me referiré a los organismos públicos adscritos al ministerio, Mugeju y CEJ. El presupuesto de gasto destinado al Centro de Estudios Jurídicos para el ejercicio 2022 asciende a un total de 16,25 millones de euros, lo que supone
un incremento de 35 millones de euros, un 27,4 % respecto al presupuesto aprobado para 2021. En este punto, merece la pena destacar por su importancia y novedad que para este año 2022 se va a destinar un crédito por importe de 1,62 millones de
euros para atender el programa de becas para la preparación de opositores a la carrera judicial y fiscal, el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia y el Cuerpo de Abogados del Estado, con el fin de favorecer la



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igualdad real y efectiva en el acceso mediante la eliminación de barreras de carácter socioeconómico. La selección de personas constituye para cualquier organización un proceso crítico y de alto valor estratégico. En el caso de la
justicia, como eje vertebrador de la sociedad, se necesitan profesionales seleccionados con arreglo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con vocación de servicio público, y que sean reflejo de la sociedad diversa a la
que sirven. La dotación del programa permitirá corregir una de las principales debilidades del actual sistema de acceso a dichos cuerpos, mediante la eliminación de obstáculos de carácter socioeconómico para el acceso en igualdad de oportunidades
al empleo público.


En cuanto al presupuesto para el Centro de Estudios Jurídicos proveniente del PRTR, este asciende a un importe de 1,6 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al año anterior del 182 %, destinándose la mayor parte del
importe a la creación de la oficina de transformación pedagógica, con el objeto de definir y ejecutar una estrategia de aprendizaje, refuerzo, capacitación de colaboradores y creación de contenidos de aprendizaje, así como un sistema de gestión de
aprendizaje online.


Y en lo que respecta a la Mutualidad General Judicial, su presupuesto para 2022 se concreta en 125,4 millones de euros, lo que supone un incremento de 13,36 millones de euros, un 12 % más, que financian principalmente los programas de
prestaciones económicas del mutualismo administrativo y de asistencia sanitaria del mutualismo.


En el gasto de asistencia sanitaria se produce un incremento de 10,4 millones de euros, que es un incremento del 11,9 % respecto al presupuesto previo, a fin de afrontar tanto el incremento de prima del colectivo realizada para el año 2022 y
posteriores como la incorporación de los nuevos mutualistas como consecuencia de la resolución de los procesos selectivos en curso. Actualmente, se está tramitando un nuevo concierto para la asistencia sanitaria en territorio nacional, que
permitirá que, una vez finalizada la vigencia del concierto actual el 31 de diciembre de 2021, los mutualistas y beneficiarios que opten por la sanidad privada tengan cubiertas las eventualidades relacionadas con su salud durante los años 2022, 2023
y 2024, a través de las compañías aseguradoras que resulten adjudicatarias del concierto.


Concluyo mi intervención ya señalando que esta misma semana -el viernes- se celebrará el pleno de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, que afianza un modelo de cogobernanza en la articulación de las reformas e
inversiones que estamos impulsando entre todos. Sin duda, constituye una oportunidad única para lograr la transformación del servicio público de justicia, porque todos estos planes y proyectos no pueden ser posibles si no dialogamos, los trabajamos
y consensuamos entre todos. Obviamente, es un gran reto que debemos afrontar con corresponsabilidad y compromiso dada la envergadura de los desafíos a los que nos enfrentamos.


Estoy a su disposición. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Señor Zapatero, muchísimas gracias por una exposición que ha sido clara y, además, acompañada de gráficos para facilitar la comprensión.


A partir de aquí comenzamos los turnos de los distintos grupos parlamentarios que, como es costumbre en esta casa, será de menor a mayor. No sé si está presente alguien del Grupo Parlamentario Mixto, parece que no, tampoco del Grupo
Parlamentario Euskal Herria Bildu ni del Grupo Parlamentario Nacionalista, con lo cual pasamos, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al señor Bal.


Señor Bal, tiene la palabra.


El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, don Pablo, secretario de Estado. En primer lugar, después de las comparecencias que tuvimos ayer del gobernador del Banco de España y de la presidenta de la AIReF, le doy la enhorabuena por unos presupuestos que no se cree
nadie porque va a ser absolutamente imposible financiar los gastos con los ingresos que se encuentran previstos porque no va a crecer la economía como ustedes tienen previsto.


En segundo lugar, también le doy la enhorabuena, desde luego, por los acuerdos a los que han llegado con el Partido Popular para repartirse los puestos del Tribunal Constitucional -que también son puestos que dependen de su propio
ministerio-, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo. Sobre todo, me interesa referirme, aunque no sea una materia estrictamente presupuestaria, a ese organismo que depende del Ministerio de Justicia, que es la Agencia Española de
Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos, con su correspondiente partida presupuestaria, se regula por un estatuto de 1 de junio de 2021, muy reciente, y usted es el presidente de la comisión de selección de la Agencia
Española de Protección de Datos. Resulta que, sin poner en marcha ninguna comisión de



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selección ni ningún procedimiento, ya sabemos que la presidenta va a ser Belén Cardona Rubert, cuyo currículum es el de catedrática de Derecho del Trabajo y ser subsecretaria de Ximo Puig, es decir, una política del Partido Socialista, y el
adjunto va a ser Borja Adsuara Varela, cuyo currículum es ser del Partido Popular en determinados puestos en los que ha estado y parece ser que un experto en tecnologías. Es decir, que ya se lo han repartido ustedes. Le advierto que hay que dictar
unas bases y que hay que valorar unos méritos; no sé si las bases las van a hacer a medida para que salgan estas dos personas o si van a valorar esos méritos para que salgan esas dos personas o si, finalmente, nos presentarán a cualquier candidato
aquí, en la Comisión de Justicia, para que con el conchabe con el Partido Popular apliquen el rodillo de los tres quintos y salgan las dos personas que previamente ya sabemos que son las que tienen que salir y que no son expertos en protección de
datos. Por eso, en mi primera intervención quiero llamar a la ciudadanía, a esos expertos que sí que existen en España en materia de protección de datos, para que, por favor, se presenten a ese concurso a ver si no salen estas dos personas que ya
se han repartido ustedes en este conchabe. Entiendo que usted, como presidente de la comisión de selección, querrá respetar la ley y no doblarla para que salgan estas dos personas previamente elegidas.


Entrando ya directamente en el tema presupuestario, parece que los presupuestos de Justicia se incrementan un 11,7 %, pero no es así, porque la mayor parte son fondos europeos y si restamos los 27 millones que estaban en los presupuestos del
año pasado y los 209 millones que están en estos presupuestos resulta que, en realidad, con respecto a fondos propios, españoles -que demostrarían el interés real que este ministerio tiene por el servicio público de la justicia-, nos encontramos con
que los presupuestos suben tan solo un 2,56 % y, esencialmente, en servicios generales, es decir, en burocracia y en pagar sueldos. O sea, que este Ministerio de Justicia sigue entendiendo que la justicia es la hermana pobre de los presupuestos,
como venimos denunciando sucesivamente en las distintas comparecencias de los responsables del Ministerio de Justicia.


Respecto a construcción de edificios e infraestructuras, ya he dicho aquí mil y una veces lo cochambrosos que son muchos edificios de la justicia y lo anticuadas que están las instalaciones de muchos edificios. Podrá usted decir que sube el
presupuesto este año un 14 %, pero es que, en total, el número bruto, absoluto, es de 17 millones de euros, cuando en los presupuestos prorrogados del año 2020 había 32 millones de euros. Pero, todavía peor, en mejora, adecuación, rehabilitación y
conservación de inmuebles -ya sabe, quitar las goteras, que funcione el aire acondicionado, que no se pelen de frío los funcionarios como en muchos sitios de España estamos acostumbrados a ver- les baja usted el presupuesto un 44 %, de 12 millones a
poco menos de 7.


Equiparación salarial de los funcionarios del territorio ministerio con las comunidades autónomas transferidas, ¿dónde está eso en los presupuestos? Hay un acuerdo de la sala de Gobierno de la Audiencia Nacional que dice, precisamente, que
debe existir esta equiparación. ¿Sabe usted que si yo salgo de la calle García Gutiérrez, de la plaza de la Villa de París, de la Audiencia Nacional, cruzo la calle y me voy a la calle General Castaños, donde está el TSJ, puedo cobrar 300 euros
más? ¿Sabe usted que para un funcionario del Cuerpo de Gestión la diferencia entre el territorio Estado y el territorio de la Comunidad vasca...


El señor VICEPRESIDENTE: Señor Bal, vaya terminando, por favor.


El señor BAL FRANCÉS: ... puede ser de 8100 euros anuales? Termino, presidente. O sea, no saque pecho, tampoco dé la planta, porque ha rebajado usted la oferta de empleo público en un 33 %, de trescientas a doscientas plazas. No ha
ejecutado usted la actualización del salario de los letrados de la Administración de Justicia, a pesar de que tienen nuevas funciones y de que, efectivamente, ha puesto ya en marcha los registros civiles y tampoco ha ajustado la equivalencia entre
el Iprem y el salario mínimo interprofesional, denegando el derecho a la justicia gratuita a muchos ciudadanos españoles.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Bal.


A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor secretario de Estado. Yo voy a centrarme en dos cuestiones muy concretas referentes a problemas que se plantean en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.



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En primer lugar, debemos reclamar, una vez más, el importe de las tasas judiciales del Estado recaptadas 1 en Catalunya, vinculadas por ley a la justicia gratuita, que están calculadas en unos 60 millones de euros. Le recuerdo que la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, prevé en su artículo 11, relativo a la vinculación de la tasa, que la
tasa judicial se considerará vinculada -en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita- al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada
ejercicio. La reclamación tiene que ser escuchada, señor secretario. En Cataluña la asistencia jurídica gratuita la gestiona el Departamento de Justicia, pero su coste va a cargo, exclusivamente, del presupuesto del Departamento de Justicia de la
Generalitat, dado que el Estado, aun habiendo esta disposición legal, no transfiere a la Generalitat de Catalunya el importe recaptado 2 por estas tasas en Cataluña que, repito, son de unos 60 millones de euros. Este es el primer comentario que le
hacemos y le pedimos al respecto.


El segundo es en relación con la revisión de los módulos de pago para la creación de nuevos juzgados. Estos módulos datan de 1996, hace veinticinco años, momento en el que se pactó el traspaso de las competencias de justicia a la
Generalitat de Catalunya. La puesta en marcha de un nuevo juzgado, de entrada, se financia íntegramente por el Departamento de Justicia de la Generalitat. Solo posteriormente el Estado liquida este coste y hace una transferencia que, teóricamente,
cubre todo el gasto referente al gasto material del nuevo juzgado realizado por el departamento autonómico. Pero dado que los módulos para calcular esta transferencia son obsoletos -recuerdo, datan de hace veinticinco años- y no prevén, entre otras
cuestiones, toda la modernización a través de las TIC que es necesaria implantar hoy, obviamente, en la práctica solo se paga por parte del Estado el 80 % del coste real y el 20 % restante es a cargo exclusivo de los presupuestos del Departamento de
Justicia de la Generalitat de Catalunya. Por otra parte, a partir de aquí y sin ninguna nueva transferencia de recursos por parte del Estado, todo el gasto de recursos humanos y materiales para el funcionamiento del nuevo juzgado es a cargo
exclusivo del presupuesto del Departamento de Justicia, que así debe incrementarse anualmente. Por tanto, en segundo lugar, le planteamos la necesidad de la revisión de los módulos de pago para la creación de nuevos juzgados.


Son estas dos cuestiones las que quería poner encima de la mesa.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Pagès.


A continuación, creo que no hay nadie en representación del Grupo Parlamentario Republicano, así que pasamos al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y en su nombre la señora Velarde.


La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente, y gracias por su exposición.


Es la primera Comisión de Justicia tras la injusticia que se ha cometido con mi compañero Alberto Rodríguez. Para hablar de justicia habría que hablar también de la no vulneración de derechos, del suyo y del de esos 65 000 canarios y
canarias que le han votado, y para hablar de justicia también habría que hablar de lo que me parece un atentado contra el Estado de derecho y la separación de poderes. Para mí hoy la justicia es mucho peor que ayer, porque esto no va de Alberto,
esto va de democracia.


El titular que podríamos sacar del resumen que hemos oído ahora mismo es que los recursos presupuestarios que se destinan a la política de justicia en este ejercicio 2022 ascienden a 2284 millones de euros, que supone un incremento del 11,5
%, y lo realmente importante es ver qué hay detrás de esa cifra. Lo cierto es que los amplios consensos que se han conseguido en esta Comisión en la aprobación de las últimas proposiciones de ley deberían también generarse para la aprobación de
estos presupuestos. Aumentar el presupuesto en justicia en más de un 10 % respecto al presupuesto anterior -que, a su vez, ya venía también incrementado en un 8 % más respecto a los anteriores presupuestos- tendría que servir para mejorar la
independencia judicial y para la efectiva prestación de un servicio público esencial como es la justicia.


Entrando en los pormenores de los presupuestos, obviamente consideramos que ese aumento de crédito para la justicia gratuita en 4 millones de euros es un buen primer paso. Vivimos cada día más demandas de los abogados y abogadas del turno
de oficio para que se dignifiquen sus condiciones


1 Ver página 17, intervención del señor vicepresidente, Uriarte Torrealday.


2 Idem.



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laborales y también de las familias que se quedan fuera de los estrictos baremos económicos para el acceso a la justicia gratuita. Les recuerdo que hace pocas semanas los abogados y abogadas del turno de oficio de mi tierra, Andalucía -de
Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla-, protestaron justamente en demanda de un salario digno ante la Audiencia de Sevilla. La tutela judicial efectiva implica, entre otras cuestiones, que el costo de los procesos no puede ser un obstáculo para el acceso
a la justicia. Y los compromisos pasan también por avanzar en ese modelo digital y de papel cero en la justicia, pero nos parece que esos objetivos están todavía lejos. Es necesario también que la Administración de Justicia asegure a los y las
profesionales el acceso al expediente judicial de forma telemática de un modo que sea fácilmente tratable para el desarrollo de su trabajo y, en especial, para la garantía del derecho de defensa.


En el mismo sentido destaco los 15 millones de euros para la asistencia jurídica gratuita en el área de mediación, pues creemos que los métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación o el arbitraje,
podrían colaborar para acabar con la alta litigiosidad que tenemos en España. Eso sí, articulados de una forma que garanticen el acceso en igualdad de condiciones y oportunidades con el fin de reducir la duración de los largos procesos judiciales y
sus costes asociados, tanto económicos como personales. Para alcanzar estos objetivos entendemos que es necesario invertir en formación de calidad para todos los profesionales que están implicados e implicadas en la Administración de Justicia, pero
también en otras administraciones públicas.


Es importante también resaltar la oferta de empleo de hasta doscientas plazas para el ingreso en la carrera judicial y fiscal. La sobrecarga de los juzgados es realmente preocupante, produciéndose dilaciones en los procesos judiciales y,
por tanto, una justicia de baja calidad. Esta política presupuestaria nos permitirá acercarnos cada año más a esa media europea en número de jueces y juezas por habitante.


Nos parece también un avance muy importante la implantación de las becas, esos 1,62 millones de euros para ayudar a los aspirantes a jueces, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia. Creemos que es muy
necesario empezar a proveer de recursos para que todo el mundo pueda acceder a las instancias judiciales en igualdad de condiciones. Es un paso, es un avance, no nos parece suficiente, pero a nuestro juicio es el camino. Nos parece muy urgente
democratizar el acceso a la carrera judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional, igual que al resto de cargos y funciones públicas, y asegurar también la igualdad de condiciones en ese acceso a la carrera judicial mediante los Presupuestos
Generales del Estado a través de las becas públicas.


Por último, es necesario impulsar modificaciones en el sistema de formación y evaluación de los aspirantes a la carrera judicial, de forma que se garanticen los más elevados conocimientos en materias sociales, derecho internacional, derechos
humanos e igualdad. Nos parece fundamental. Y nos gustaría también que hubiese un crédito para la recuperación de la justicia universal en España; eso sería un indicador de que el ministerio va a impulsar esta reforma tan necesaria en materia de
derechos humanos. Asimismo, nos gustaría seguir avanzando en la reforma del delito de sedición. En materia de derechos queda mucho por hacer, pero esperemos que lleguemos a un consenso entre todos y entre todas.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Valverde por su exposición.


Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario VOX, y en su nombre el señor Ruiz.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.


Señor secretario de Estado, le hemos oído contar las excelencias del proyecto de presupuestos con resiliencias, cogobernanzas, con palancas, pero nada sobre cómo garantizar la independencia económica del Poder Judicial tal y como se deduce
de los artículos 117 y 127 de la Constitución española. Claro que, con ustedes, ni siquiera existe la independencia política. Nos hubiera gustado oírle decir cuándo su Gobierno, el PSOE, con sus socios los comunistas y también -curiosamente- con
el Partido Popular van a sacar las manos de los nombramientos de los altos cargos judiciales, porque el reparto de sillones es la puerta giratoria para colocar a los amiguetes ideológicos. Esto no puede ser y menos en justicia.


Pero, hablemos de independencia económica. Hace falta una política presupuestaria que, por un lado, asegure el correcto funcionamiento del tercer poder del Estado y, por otro, retribuya adecuadamente tanto a los miembros de este poder como
a quienes sirven desde la Administración de Justicia, tal y como señala el artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y sobre esto vamos a hablarle ahora. Señor secretario de Estado, usted y su ministra están utilizando la dilación y el
trile para jugar con los derechos retributivos del Cuerpo de Letrados de Justicia y de los demás funcionarios judiciales que dependen de su ministerio. Sí, usted lo sabe, no me mire así porque lo sabe. En virtud de lo que establece la ley de



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presupuestos actualmente vigente, la Ley 11/2020, este personal tiene derecho a que su Gobierno actualice sus retribuciones de acuerdo con la disposición adicional centésima quincuagésima séptima, que dispone, por una parte, adecuar el
salario del Cuerpo de Letrados a sus nuevas responsabilidades derivadas, nada menos, que de la Ley 13/2009 -fíjese usted si ha llovido desde entonces- y, por otra, aproximar los complementos específicos de los funcionarios del libro VI de la ley
orgánica que dependen de su ministerio a los que perciben los de territorios autonómicos. Ya lo ha dicho aquí otro portavoz, pero creo que repitiéndoles estas cosas vamos a intentar entre todos que les cale y les entre en la cabeza la necesidad de
hacer justicia con los que están más cerca de ustedes, con el personal de justicia. Porque es una absoluta barbaridad que siendo funcionarios de justicia de un mismo cuerpo nacional y haciendo el mismo trabajo cobren diferencias salariales tan
importantes, como se ha señalado aquí, que pueden llegar a 8000 euros anuales. ¿Qué van a hacer ustedes en el proyecto de ley de presupuestos para 2022 para solucionar este problema? Pues, aparentemente nada, porque nos ha hablado de que sube la
partida de recursos humanos, pero, en realidad, lo que nos ha dicho usted no se corresponde con lo que prevén pagar al personal de justicia. Si comprueba usted el programa 112.A, que hace referencia a tribunales de justicia y ministerio fiscal, la
partida para funcionarios no solo no aumenta, es que decrece con respecto a la de la anualidad actualmente vigente en más de medio millón de euros. Por tanto, nos preguntamos cómo pretenden ustedes cumplir con esta obligación que les marca la Ley
11/2020 y, es más, de dónde van a sacar ustedes el incremento del 2 % en retribuciones para este personal -no digo para todo el de su ministerio- o, si en su caso, están pensando en amortizar plazas de funcionarios judiciales. Parece que en este
caso sí que van a dejar ustedes a gente atrás. Porque esto no es cumplir la ley, ustedes están tomándole el pelo al personal de justicia que depende de su ministerio con ofertas ridículas.


El presupuesto global del Ministerio de Justicia sube, aparentemente, un 11,6 %, aunque las inversiones reales en tribunales y ministerio fiscal solo lo hacen en un 5,7 %, teóricamente. Pero es que el buen funcionamiento de la justicia no
se basa solo en insuflar recursos económicos, sino en realizar una buena planificación estructural y de recursos. En este caso, insistimos, como hicimos el año pasado, en que la media europea de jueces por habitante es muy superior a la española y
no parece que la tasa de reposición que ustedes van a introducir solucione en gran medida este problema. Por otra parte, la planificación estructural también incluye las herramientas de trabajo, lo que usted llama transformación digital. ¿Cómo
afecta a la funcionalidad y a la eficiencia la coexistencia de diferentes programas de gestión procesal por autonomías? Para afrontar esta torre de Babel gastamos dinero y esfuerzos absurdamente en plataformas de interconexión para que los
programas puedan entenderse entre sí. ¿Cuánto nos cuesta esto? Por favor, mire el presupuesto y dígame cuánto nos cuesta esta falta de uniformidad. ¿Por qué no impulsar un único sistema de gestión procesal para toda España? Si el Poder Judicial
es único, parece que única debería ser la base de datos utilizada para prestarle servicio.


Acabo con dos preguntas muy concretas que me gustaría que me respondiera. ¿Comparte usted la pretensión de sus socios comunistas de eliminar la Mugeju? Y segunda, ya lo ha oído por parte de la anterior portavoz, ¿comparte usted la opinión
de compañeros de su Gobierno de que el Tribunal Supremo es un órgano prevaricador por haber condenado a un sujeto que patea policías?


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Ruiz Navarro.


El siguiente turno es para el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y, en su nombre, tiene la palabra el señor Santamaría. Adelante, por favor.


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor secretario, señorías, buenos días o buenas tardes ya. Señor Zapatero, lamento tener que decirle que mi grupo no puede olvidar que es usted el secretario de Estado de los indultos. No podemos olvidar que, gracias a su complicidad, su
silencio y su participación, este fin de semana personas en cuyo indulto fue usted clave se manifestaban al lado de Otegi para pedir la libertad de los presos de ETA, sobre todo de aquellos que están condenados a cumplir más de cuarenta años de
cárcel. Por eso, mi primera pregunta va a ser muy clara, ¿nos traerán ustedes alguna propuesta de reforma del Código Penal que permita sacar a esos presos a la calle? Y si ustedes no la traen, pero la proponen otras fuerzas, ¿cuál será la postura
de su ministerio? Y una tercera pregunta, también muy sencilla, en relación con el delito de sedición, ¿van a traernos un proyecto que rebaje las penas, como le reclama el independentismo?


Señor Zapatero, mi grupo tampoco puede olvidar sus silencios cuando el Gobierno se empeñaba en quebrar el Estado de derecho, atacar la separación de poderes y minar la independencia de jueces y



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magistrados. Nos preguntamos detrás de qué mullida cortina del ministerio se escondían ustedes cuando jueces y magistrados eran objeto de ataques furibundos por parte del señor Iglesias -tres veces reprendido por el Consejo General del
Poder Judicial-, cuando García-Castellón tenía que pedir protección a la Policía Nacional, cuando el juez Escalonilla era vilipendiado por los seguidores de Podemos o cuando, sin ir más lejos, hace apenas unos días las ministras Belarra y Montero,
defendiendo a pateadores de policías, acusaban al Tribunal Supremo de prevaricar. Señor secretario de Estado, ¿condena usted -y creo que es una pregunta muy sencilla- estas declaraciones?


Señor Zapatero, comparece usted aquí hoy para hablarnos de unos presupuestos que son una oportunidad perdida. No podemos aceptar el optimismo de sus palabras, porque lo que España y el servicio público de justicia necesitan es rigor y unos
presupuestos realistas. Ustedes nos traen unos presupuestos basados en un cuadro macroeconómico desfasado, cuyas previsiones de crecimiento han sido revisadas a la baja hasta por siete instituciones, entre ellas el propio Gobierno que en abril bajó
las previsiones del 9,8 % inicial al 6,5 % y en los últimos días las ha bajado hasta situarlas en el 5,7 %. El déficit estructural se eleva al 5 %, la deuda al 125,3 % del PIB y, además, son unos presupuestos mentirosos que dan a los hijos 200
millones de euros para gastar mientras se quita a los padres 13 240 millones de euros en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y son unos presupuestos también, señor Zapatero, que nacen alejados de la realidad. Estos presupuestos que
ustedes nos presentan son los de los récords históricos que día tras día marca el recibo de la luz, que hoy estará por encima de los 270 euros el kilovatio/hora. Los presupuestos que nos presentan son los de la gasolina y el diésel un 28 % más
caros que hace apenas doce meses, los que nos presentan terminarán el año con una inflación del 5 %, lo que está disparando el precio de la cesta de la compra. Y todo esto hace que sean unos presupuestos contra las clases medias, contra los
trabajadores, contra los autónomos y contra las pymes. ¿Se da usted cuenta, señor secretario de Estado, que nos prometieron que no iban a dejar a nadie atrás y hoy 11 millones de españoles están en riesgo de exclusión y 6 millones de personas viven
en riesgo de pobreza severa?


Señor secretario de Estado, sus presupuestos son socialismo en estado puro. Además, también son unos presupuestos fraudulentos, porque se habla de una insuficiente ejecución presupuestaria que denota la apatía del Gobierno que le ha llevado
a no ser capaz de gestionar más allá del 20 % del primer libramiento de los fondos de reconstrucción. Aunque aquí, la apatía del Ministerio de Justicia el año pasado, al aceptar gestionar unos miserables 27 millones de euros, les ha servido a
ustedes para salvar la cara, ya que parece ser que han gestionado el 73 % de esos raquíticos 27 millones de euros puestos a su disposición. Señor Zapatero, el presupuesto de Estado para el 2021 fue muy poco ambicioso, se conformaron con recibir 27
millones de euros de los 27 000 que llegaron a España provenientes de Europa, optando por sacrificar las políticas tradicionales del ministerio. No dudaron en tensionar la inversión en infraestructuras judiciales ni tampoco en encasillar al turno
de oficio, que sigue esperando un compromiso de mejora. Este año vendrán a España 27 633 millones, que si lo mira no es más que lo que se ha dejado de ejecutar presupuestariamente en 2021.


Pero, en definitiva, quisiéramos hacerle algunas preguntas. ¿Cuál será el grado de ejecución presupuestaria del presupuesto de 2021? ¿Asume usted el compromiso de ejecutar el cien por cien de los fondos con los que cuenta el presupuesto
para 2022? ¿Cumplirá con los LAJ y lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional 157 de la Ley de presupuestos ya que este año no lo han hecho? Cuando habla de implantar las oficinas municipales y de que los LAJ asuman nuevas
funciones, ¿están dispuestos a cumplir con la obligatoriedad que salió de esta Cámara de compensarlos económicamente? ¿Están ustedes satisfechos con los 210 millones de euros provenientes de los fondos europeos? Porque yo creo recordar que habían
hablado de que este año iban a recibir 400.


El señor VICEPRESIDENTE: ¿Puede ir terminando, por favor, señor Santamaría?


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Termino en un segundo.


¿Aceptarán la enmienda que ha presentado el Partido Popular para que las plazas de jueces y fiscales alcancen las trescientas y no las doscientas previstas? Entiendo que se ha renunciado a ampliar la nueva Lecrim, pero de ahí a renunciar a
incrementar la plantilla de jueces y magistrados hay un largo trecho. ¿Puede explicarnos por qué las infraestructuras judiciales siguen siendo las grandes olvidadas? ¿Por qué no existe la equiparación salarial? ¿Se ha comenzado a hablar de la
reasignación de funciones en las oficinas judiciales y se ha hablado de la elaboración de la nueva RPT y negociado con las organizaciones



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sindicales? ¿Se está dispuesto a atender las peticiones de la Fiscalía en materia de prevención de riesgos laborales que, por otro lado, no ha funcionado a lo largo de toda la pandemia?


En definitiva, para concluir, nos preocupa enormemente la Ley Concursal para que se pueda salvar el mayor número de empresas. Sabemos que usted está empeñado o que está participando directamente en la elaboración de la ley y le pedimos que
afronte su proceso de elaboración escuchando a la oposición, que no tenemos más interés que el de evitar que se pierdan empleos y que se garanticen y se salven empresas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: ¿Puede ir terminando, por favor, señor Santamaría?


El señor SANTAMARÍA RUIZ: Termino en un segundo, presidente.


¿Aceptarán la enmienda que ha presentado el Grupo Popular para que las plazas de jueces y fiscales alcancen las trescientas y no las doscientas previstas? Entiendo que se ha renunciado a ampliar la nueva LECrim, pero de ahí a renunciar a
incrementar la plantilla de jueces y magistrados hay un largo trecho.


¿Puede explicarnos por qué las infraestructuras judiciales siguen siendo las grandes olvidadas? ¿Por qué no existe la equiparación salarial? ¿Se ha comenzado a hablar de la reasignación de funciones en las oficinas judiciales y se ha
hablado de la elaboración de la nueva RPT y se ha negociado con las organizaciones sindicales? ¿Se está dispuesto a atender las peticiones de la Fiscalía en materia de prevención de riesgos laborales, que, por otro lado, no ha funcionado a lo largo
de toda la pandemia?


En definitiva, para concluir, nos preocupa enormemente la Ley Concursal para que se puedan salvar el mayor número de empresas. Sabemos que usted está empeñado, o que está participando directamente, en la elaboración de la ley y le pedimos
que afronte su proceso de elaboración escuchando a la oposición, que no tenemos más interés que el de evitar que se pierdan empleos, que se garanticen, y que se salven empresas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Santamaría.


A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señor presidente.


A veces uno piensa que algunos se estudian el tema 3 y sale el tema 1, y esto es lo que pasa cuando oyes a ciertos portavoces. Y, por cierto, entre que dicen lo mismo y van con la misma mascarilla, se hace complicado distinguir quién es
cada uno.


Pero a lo que vamos, señor secretario de Estado. Gracias por su comparecencia. Gracias, sobre todo, por cumplir su palabra y demostrar con datos y con hechos en esta Comisión que lo que nos ha ido diciendo en los últimos tiempos, cuando
usted ha comparecido aquí, no solo se cumple, sino que además traza una línea de trabajo con la que es complicado no estar de acuerdo a no ser que retuerzas los datos, aunque haya quien se obstine en negar la Ley de la gravedad.


Señorías, en momentos en los que hay la tentación de hacer política de corto vuelo, de instantaneidad, de tuit, de vacío, de descalificación, reconforta encontrarse con alguien que prestigia el servicio público y que muestra un trabajo y un
respeto absoluto, tanto por sus compromisos adquiridos como por la propia rendición de cuentas, como hace usted y hace su ministerio. El año pasado por estas fechas, cuando hablábamos del presupuesto y oíamos las críticas sobre los fondos de
resiliencia, usted ya nos decía -con toda razón- que estaba planificado todo y que primero veríamos los andamiajes del proyecto 2030, la política de concertación y de cogobernanza, la preparación de la actual Ley de eficiencia, y, posteriormente,
veríamos la asignación de fondos, y así ha sido, como vemos. Nos encontramos hoy, pues, un año después, la certificación de sus palabras y de su planificación. Mi grupo, evidentemente, quiere destacar ese incremento que usted ha citado del 11,5 %,
más de 230 millones de euros superior al año pasado; superior eh; suma eh, no resta, que hay quien ha inventado la suma que resta. Y quiero hacer hincapié en esos 210 millones de euros de anualidad prevista para el año que viene en el marco del
Plan de Resiliencia, que supone un aumento que ha multiplicado por más de 6 la cantidad del año pasado. Por eso, me gustaría detenerme en este punto de que el Gobierno cumple. Por cierto, digo el Gobierno en su conjunto, aunque hablamos del
Ministerio de Justicia en concreto, porque el Gobierno es un órgano colegiado, los éxitos que tiene el Ministerio de Justicia son los del Gobierno y viceversa.



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Decía que el Gobierno cumple, porque ha desarrollado junto a este Parlamento una actividad legislativa sin precedentes, que aquí, en esta Comisión al menos, ha permitido aprobar ya catorce leyes. El Gobierno cumple, porque trazó un Plan
COVID para la justicia y este se ha desarrollado de manera excepcional. El Gobierno cumple, porque se comprometió con el desarrollo del Plan 2030 y de las tres leyes de eficiencia y hoy nos ha puesto al día de su grado de avance. El Gobierno
cumple, porque se comprometió a tener cien nuevos juzgados en tres años y ya vamos por setenta en dos. El Gobierno cumple, porque se comprometió a hacer una política de concertación y cogobernanza y ha demostrado estar por encima de los colores y
llegar a acuerdos en justicia con todas las comunidades autónomas de todos los colores. El Gobierno cumple con la tasa de reposición al 120 % y cumple con la oferta de empleo de doscientas nuevas plazas de ingreso en la carrera judicial y fiscal.
El Gobierno cumple, además, con el acceso a la carrera y al sistema de becas. El Gobierno cumple, porque se comprometió a multiplicar los fondos de justicia y hoy vemos una variación del 656 % respecto al año pasado. Señorías, para que me
entiendan en tres palabras: el Gobierno cumple, cumple y cumple. Cumple con los funcionarios y trabajadores de la justicia, cumple con este Parlamento y todas las instituciones incluidas y cumple con los ciudadanos. Entiendo que a algunas
señorías les cueste seguir el ritmo, pero esto es lo que hay.


Por eso, y aunque someramente, me gustaría que nos pudiera dar alguna pincelada sobre algunos temas sin que ello obste a que usted pueda comparecer en el futuro para darnos una idea de en qué punto estamos y hacia dónde vamos. Me gustaría
preguntarle cuatro breves cosas que interesan a este grupo: primera, ¿cómo se concreta el aumento de dotaciones destinadas al Pacto de Estado contra la Violencia de Género? Segunda, ¿qué impacto tendrá la Lopivi, recientemente aprobada? Tercera,
¿cómo está yendo la implantación del Registro Civil? Y cuarta, si nos puede especificar el nuevo sistema de becas de acceso a la carrera judicial y fiscal.


Lo dicho, señor secretario de Estado, muchas gracias por su intervención. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Aranda.


Con esto damos fin a las intervenciones. Tiene derecho a un turno de réplica, que es un turno corto, que habíamos fijado en cinco minutos. Lo que sí le quiero advertir, para que quizá le sea más fácil, es que hay algunas cuestiones que se
han planteado por los parlamentarios con gran habilidad por su parte, pero que no son relativas al orden del día de hoy, que es sobre cuestiones presupuestarias. Siéntase libre de abordar otras cuestiones al margen del orden del día o de centrarse
en el tema que nos ocupa. Gracias.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Zapatero Miguel): Muchas gracias, presidente.


Con esa salvedad, por tanto, procedo a reconfigurar las contestaciones. Al diputado Bal, empezaré contestándole en relación con la disposición adicional 157. Estamos trabajando en ello desde mayo, en la Mesa sectorial de negociación,
obviamente centrada en el incremento mensual del complemento específico. Nuestro criterio de referencia para los funcionarios son las medias ponderadas, y estamos bastante avanzados en este proceso de trabajo. En el caso de que terminemos cerrando
la aprobación de un eventual acuerdo con los sindicatos en este sentido, evidentemente habría partidas asignadas al respecto, porque, en su defecto, no habría tal acuerdo. Pero le puedo asegurar que estamos asignando todos los recursos posibles
para poder llegar a un buen puerto en ese aspecto, así como en relación con la adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en cuanto a las nuevas funciones asumidas por el cuerpo en las últimas reformas procesales y
organizativas. En este punto, he de destacar que para el Registro Civil, los LAJ asumen funciones de encargados, como sabe usted, y en este proceso de adecuación salarial -esperamos que se pueda cerrar la negociación en este mismo año- incluiríamos
una nueva retribución para esos encargados, que sería adecuada a la nueva función que ya están desempeñando actualmente en Madrid.


En relación con los edificios sostenibles, nosotros solo atendemos los edificios del territorio del Ministerio de Justicia, el resto corresponde a las comunidades autónomas. Estamos trabajando seriamente en relación con los edificios en
sedes sostenibles. Si quieren les contamos más adelante -yo creo que ahora no es el momento, porque esta es una sesión de presupuestos- en qué consiste nuestro proyecto de sedes sostenibles. En mi opinión, es una oportunidad única, porque está
basada en la creación de un estándar de sostenibilidad en el que uno de los módulos es un módulo centrado en la sostenibilidad ya no tanto medioambiental como en la propia operativa de trabajo de las sedes judiciales. Queremos que se convierta en
un referente para todas las administraciones con competencias a este respecto, para que podamos crear servicios homogéneos con mayor facilidad en todo lo que se refiere a arquitectura de



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edificios. Este es un planteamiento que estamos trabajando con las comunidades autónomas y, de hecho, probablemente activemos el proyecto para el tramo de trabajo con comunidades el próximo trimestre.


Respecto al Iprem y el salario mínimo interprofesional, hay que indicar que la última subida no ha tenido consecuencias a la hora de que alguien quede excluido de la asistencia jurídica gratuita, ya que al multiplicarse el Iprem fijado en la
actual Ley de Presupuestos por las cuantías requeridas para calcular quién tiene acceso a asistencia jurídica gratuita, serían superiores a sus equivalentes del salario mínimo interprofesional.


En lo que se refiere al presupuesto ordinario, la subida neta del Ministerio de Justicia es de 52,27 millones de euros. Las inversiones aumentan en 6 millones de euros, las transferencias corrientes en 3,7 millones, derivadas del incremento
en asistencia jurídica gratuita y de las becas para oposiciones. Con este incremento en el presupuesto, como bien sabe, se aumenta el número de unidades judiciales en setenta y hay una ampliación de setenta plazas en el ministerio fiscal.


En relación con la intervención del diputado Pagès sobre las tasas judiciales, este es un tema que se ha planteado en la Comisión sectorial, que se seguirá trabajando en la Conferencia Sectorial y que nos hemos comprometido a trabajar en
cogobernanza con las comunidades autónomas.


Respecto a los módulos de pago en materia de tecnología que me plantea, este es un tema que, obviamente, afecta estrictamente a Cataluña, dado que según su modelo de transferencias del Real decreto 966/1999, corresponde, como todos ustedes
saben, al Ministerio de Justicia la instalación y puesta en funcionamiento de los nuevos órganos judiciales con sede en Cataluña. La duda y la discusión en relación con la valoración -que saben que depende del número de juzgados, el tipo de
órganos, la localidad y otros factores- es hasta qué punto la tecnología forma parte de este esquema de valoración. Es un tema que tenemos que trabajar bilateralmente y tenga la certeza de que lo haremos lealmente, como lo estamos haciendo en todos
los casos.


En relación con la intervención de la diputada Velarde respecto a la importancia del acceso a la justicia y de que trabajemos de manera más efectiva y más seria a este respecto, quiero destacarle que estamos a punto de ultimar un
anteproyecto de ley sobre derecho de defensa. Hay una comisión institucional trabajando a este respecto a marchas forzadas, con el planteamiento de construir una nueva norma centrada en derechos de ciudadanía conectados con el ejercicio del derecho
de defensa que, obviamente, es el anverso del reverso, que es la tutela judicial efectiva. Y en ese marco, hay un conjunto importantísimo de garantías que debe prestar el profesional de la abogacía, así como las instituciones colegiales en su
garantía institucional, para la prestación de un servicio de calidad a este respecto. Obviamente, esos servicios tienen que prestarse en condiciones adecuadas, ahí yo le destacaría los avances que estamos haciendo en conciliación, que son muy
importantes para los profesionales y que desde hace décadas no se han trabajado. Estamos en un punto de inflexión, en la Ley de eficiencia procesal ya incorporamos algunos planteamientos que vamos a tratar de ajustar y desarrollar a corto plazo en
toda la fase de tramitación, así como en la Ley de eficiencia digital. Son básicamente, como quizá hayan tenido ocasión de escuchar recientemente, la regulación de las bajas, los periodos de descanso en Navidad y, muy importante, la desconexión
digital.


Quiero destacar, en relación con la asistencia jurídica gratuita, que no son salarios, son indemnizaciones de una institución muy peculiar, una pequeñita joya de la corona de lo que es el acceso universal a la justicia, que es la asistencia
jurídica gratuita, que por unas cantidades bastante reducidas...


El señor VICEPRESIDENTE: Señor Zapatero, si puede ir concluyendo..., le queda un minuto, pero hay un poco de flexibilidad.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Zapatero Miguel): La verdad es que no sé por dónde continuar. (Risas).


Salto, si le parece, a los planteamientos de becas que me planteaba el portavoz del Grupo Socialista. Incorporamos un programa público de preparación de oposiciones, creo que este es un tema importante en lo que se refiere al acceso a estas
profesiones que son clave para el Estado de derecho, con criterios igualitarios de justicia material, de igualdad material e igualdad de oportunidades también. Serán 245 becas, 173 para jueces y fiscales, 60 para LAJ y 12 para abogados del Estado,
complementadas con subvenciones de entrega directa para sufragar necesidades vitales y gastos asociados a la preparación, que son adquisición de materiales y, obviamente, los desplazamientos para las pruebas. Este programa está dotado con 1,6
millones de euros. Es un avance muy significativo en esta Ley de Presupuestos. El planteamiento de punto de partida -ya les digo que estamos trabajando sobre ello- es que son becas



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para dos años, renovables en función del aprovechamiento de los aspirantes, incluyendo entre los criterios de valoración la propia valoración de la preparación y el grado de desempeño en la presentación a pruebas y los resultados. La
previsión es que serían en torno a unos 500 euros de base anual en principio, asociados a circunstancias personales a los efectos, obviamente, de favorecer la igualdad material y de oportunidades. El criterio de renta familiar sería en principio un
70 % y otro 30 % el expediente académico. Estos son conceptos en los que estamos trabajando, que, evidentemente, pueden ir cambiando y modificándose.


Al diputado Ruiz le contesto sobre el Consejo General del Poder Judicial, sube un 3,5, es decir, más 4,18 % y asciende a 76,7 millones. Es decir, la autonomía presupuestaria del Consejo es indiscutible.


En relación con la disposición adicional 157, me preguntaba cómo pretendemos cumplir, pues trabajando duro con los sindicatos, así como con Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo en el tiempo que nos queda. Estamos en ello, trabajando
con lealtad, tanto con los sindicatos y las asociaciones como con el propio Ministerio de Hacienda. Le aseguro que la subida del 2 % está confirmada y, sin duda, asegurada.


Respecto a la existencia de un único sistema de gestión procesal, he de decirle que esto responde al Estado de las autonomías, es un Estado plural en el que cada comunidad autónoma ha ido construyendo las herramientas tecnológicas para dar
servicio al funcionamiento de los tribunales. Ahora nos encontramos en el punto de que tenemos que optar, discutimos entre todos respecto a movernos a un único sistema y, finalmente, hemos acordado buscar una geometría variable para facilitarles a
las comunidades autónomas que se quieran ir integrando en unos u otros sistemas, y en paralelo, generar modos de interoperabilidad. En mi opinión, no es una mala solución contando con el punto de partida. Ceteris paribus, si las competencias
fueran estatales, evidentemente, podría haber un sistema de gestión procesal único, pero como las competencias en algunos territorios están transferidas, tiene sentido que cada comunidad autónoma haga lo que considere oportuno, y nosotros nos
coordinamos con ellas para prestar un servicio de calidad, que es de lo que se trata. Los fondos nos permiten, en una estructura de cogobernanza, aspirar a hacer realidad una fórmula de interoperabilidad definitivamente con las comunidades. Tengo
la certeza de que esto va a suceder; los fondos de que disponemos, y sobre todo la voluntad política de los actores implicados, le pueden dar la seguridad de que esta vez el proceso de interoperabilidad va a ser realidad.


Al diputado Santamaría, en relación con la disposición adicional 157, me remito a lo que he estado planteando con anterioridad.


En cuanto al esquema de seguridad laboral, he de decirle que es una prioridad para este ministerio y para este Gobierno, como lo es para las comunidades autónomas y las instituciones implicadas, Consejo y Fiscalía. Porque hemos salido
achicando agua del COVID, porque no había un esquema de seguridad laboral, por eso el esquema de seguridad laboral está en el orden del día de esta misma semana, del viernes, para que sea un acuerdo pactado a finales de este año, en diciembre.
Probablemente será en la Conferencia Sectorial de Avilés, donde aspiramos a tener un marco común de coordinación en materia de riesgos laborales asociado a los convenios bilaterales que estamos negociando en estos momentos con Fiscalía General del
Estado, que no existía, usted lo sabe, y estamos trabajando a marchas forzadas para tener esta norma común, así como con el Consejo General del Poder Judicial.


Respecto al grado de ejecución del presupuesto de 2021, será aproximadamente del 98 %, eso se lo puedo asegurar, similar al del ejercicio de 2020.


Tendría muchas más cosas que plantear en relación con los fondos. Simplemente destacar, porque creo que lo merece, que hemos construido Justicia 2030 como un proyecto colectivo, está totalmente alineado con los fondos, es un planteamiento
abecé del sector para hacer un sector eficiente. Son 470 millones de euros; para 2022 ejecutaremos 219 y para 2023 ejecutaremos, creo recordar, 213 o 203; no le puedo dar exactamente ahora mismo la cifra. Va a ser en cogobernanza y vamos a
utilizar la misma metodología.


En 2021 nos hemos centrado en el Proyecto 0, se lo explicamos en anteriores sesiones. No hay estructuras de cogobernanza para poder gestionar una cosa tan compleja como los fondos en un escenario de competencias tan fragmentadas, con lo
cual, en lugar de tirarnos a la piscina, lo primero que hemos dicho es: vamos a ser conservadores y responsables a este respecto y vamos a trabajar con algo que se pueda gestionar fácilmente. ¿De qué estamos hablando? Adquisición de hardware y
software, que, en el fondo, son las infraestructuras básicas para hacer posible toda esa arquitectura del servicio público de justicia digital. Por eso nos hemos centrado en 27 millones de euros. Quiero destacar



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que, dado que ha habido posibilidades de aumentar nuestros compromisos en esta materia, esos 27,64 millones de euros han ido evolucionando, ha habido una adecuada evolución de nuestras incipientes estructuras de cogobernanza, y han aumentado
en 20,70 millones de euros por una transferencia del Ministerio de Política Territorial y Función Pública al Ministerio de Justicia y la subsiguiente a las comunidades autónomas, porque trabajando todos conjuntamente hemos visto que podíamos. Con
lo cual, esas infraestructuras de trabajo después pueden ser el soporte en el que introduzcamos partidas más significativas, y al tiempo hemos dejado el despliegue del Proyecto 0. Quiero destacar -en un segundo- que este Proyecto 0 era un proyecto
capital para la recuperación y para salir del COVID, porque suponía el empleo intensivo de tecnologías de la información para evitar la presencialidad; eso es lo que hemos hecho, y ha sido el motor de arranque de la cogobernanza estructurada en la
salida de la crisis.


Y quiero decirle brevemente que en el segundo semestre, para adelantar la ejecución de los proyectos prioritarios de Justicia 2030, hemos solicitado, en este caso al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, 60 millones de euros
adicionales con el objeto de transferir dicho importe a las comunidades autónomas en el mes de diciembre, para que puedan iniciar sus correspondientes expedientes. ¿Por qué? Porque queremos acelerar este proceso de trabajo. De esta manera, hemos
pasado de un presupuesto inicial de 27,74 millones para 2021 a uno de 108,44 millones de euros, más del 290 %, ejecutándose la totalidad de los fondos asignados en este ejercicio 2021. ¿Por qué es importante esto? Básicamente porque crecemos, y
desarrollamos nuestros proyectos con corresponsabilidad, y por eso le digo, ahí tiene la partida, 108 millones respecto a la anterior presentación en la sesión de presupuestos, para acelerar y adelantar el trabajo de todos.


Respecto a la intervención del diputado Aranda, brevemente, porque me va a regañar el presidente, y con razón, quiero decirle simplemente que, sin duda, estamos centrados en trabajar en equipo. Estamos muy centrados, no solo en los
resultados y en las funcionalidades de aquello que desarrollemos, sino en desarrollar otra forma de hacer las cosas, y a eso lo llamamos la institucionalización de la cogobernanza -ya termino, presidente-. A finales de este mes, en el protocolo de
cogobernanza que firmamos en Lerma con las comunidades autónomas a la salida del COVID, en la primera Conferencia Sectorial que se produce en esa ciudad, acordamos revisar nuestras metodologías de cogobernanza a finales de este año; esto se va a
producir en el próximo trimestre. Allí veremos las reformas legales, institucionales y organizativas que sean necesarias para hacer todo esto. Porque, sin una forma de trabajar entre todos diferente, sin el Hable con ella es bastante complicado
que salgamos adelante en un sector tan fragmentado competencialmente y con instituciones con unas características funcionales de autonomía e independencia como las que tenemos. Vamos por el buen camino, vamos apretados de tiempo, pero vamos
trabajando con lealtad entre unos y otros. Quiero pensar que seremos capaces de dejar implantada una cultura un poco diferente en la forma de hacer las cosas entre todos, de manera horizontal, porque eso irá en beneficio de la ciudadanía, de la
creación, del desarrollo y del impulso de un servicio público de justicia de calidad para toda la ciudadanía.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Zapatero, por haber casi conseguido la cuadratura del círculo que es, en un minutaje tan limitado, responder a cada uno de los grupos y a cada una de las intervenciones. Muchas gracias por
el esfuerzo, casi no ha podido tomar respiración.


El señor Pagès, del Grupo Plural, me pide disculpas porque se le ha escapado un catalanicismo, ha utilizado el verbo 'recaptar' 3 en vez de 'recaudar'. Creo que hablo en nombre de todos cuando le transmito que no solo disculpas concedidas,
sino, además, nuestro profundo agradecimiento por el mérito que tiene el que una persona que normalmente se expresa de forma plurilingüe intente ser extremadamente correcto en cada una de las lenguas. Muchísimas gracias.


Sin más, con esto damos por terminada esta comparecencia. Si les parece bien a todos, vamos a hacer un pequeño receso antes de continuar. Me dicen por aquí que un minuto nada más, un pequeñísimo receso para continuar con la subsecretaria.


Muchas gracias. (Pausa).


3 Ver página 9, intervención del señor Pagès i Massó.



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- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (SÁNCHEZ HERNÁNDEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/001903); VOX (Número de expediente 212/001590); POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
212/001654), Y SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEMGALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/001741).


El señor VICEPRESIDENTE: Procedemos a reanudar la sesión en los términos que habíamos comentado. Es decir, en primer lugar, se producirá la intervención de la subsecretaria, doña Ana María Sánchez Hernández, para explicar los presupuestos
desde la perspectiva de su Subsecretaría, y posteriormente tendrán el turno de intervención los grupos; quince minutos de exposición por parte del Gobierno y cinco minutos por parte de cada uno de los grupos. Les pediría que, en la medida de lo
posible, nos centráramos en cuestiones presupuestarias y dejáramos al margen cuestiones que no corresponden al orden del día para el que hemos sido convocados.


Sin más, le doy el turno de palabra a la subsecretaria, señora Sánchez.


La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Sánchez Hernández): Muchas gracias, presidente.


Señoras y señores miembros de la Mesa, señorías. Me complace comparecer en esta sesión de la Comisión de Justicia para informarles del proyecto de presupuestos de 2022, concretamente la sección 13, correspondiente al Ministerio de Justicia.
El secretario de Estado de Justicia ya ha mencionado que estos presupuestos suponen un incremento respecto de los presupuestos vigentes de un 11,6 %; es, sin duda, una buena noticia.


Nos encontramos en un momento determinante para trabajar por el éxito de la transformación del actual modelo de la Administración de Justicia en un verdadero servicio público de justicia. Por ello, los Presupuestos Generales del Estado para
2022 serán esenciales para construir un servicio accesible y de calidad, apoyado en la transformación digital, que actúe como palanca de la recuperación económica del país y que asigne eficientemente los recursos necesarios. Estos presupuestos
servirán como instrumento catalizador de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para poder llevar a cabo las transformaciones que nuestro país necesita. El plan supone una oportunidad única para dejar atrás una
fuerte crisis económica motivada por la pandemia, así como para abordar un proceso de fortalecimiento de los servicios públicos y de la modernización de la economía española. Como ustedes ya saben, son cuatro los ejes transversales en los que se
organiza el plan: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Y estos cuatro ejes son los que inspiran el Plan Justicia 2030, del que ya les ha hablado el secretario de Estado en su
intervención.


A continuación, me dispongo a ofrecerles información relevante sobre los programas y proyectos más destacados en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia. En concreto, me voy a referir fundamentalmente a los programas presupuestarios
siguientes: el programa 111.N, dirección y servicios generales de la Administración de Justicia; 112.A, en lo que se refiere a obras, infraestructuras, arrendamientos, equipamientos y mobiliario de la Administración de Justicia y ministerio
fiscal; el 921.S, asesoramiento y defensa de los intereses del Estado correspondiente a la Abogacía General del Estado, y, por último, al programa 135.M, protección de datos de carácter personal correspondiente a la Agencia Española de Protección
de Datos.


Siguiendo el orden de exposición indicado, por lo que se refiere al programa 111.N, dirección y servicios generales de la Administración de Justicia, cabe decir que se trata del programa nuclear de los medios y servicios comunes del
ministerio. Este programa cuenta con 108,7 millones de euros de dotación, lo cual supone un incremento notable respecto de la cifra de la que hasta ahora se disponía, un 43,54 % más que en 2021. Veamos su distribución por capítulos. En relación
con el capítulo 1, los gastos en materia de gestión de los recursos humanos de la Administración General del Estado cuentan con una dotación de 85,14 millones de euros. Esta dotación incluye el incremento previsto del 2 % en las retribuciones de
los empleados públicos contemplados en el proyecto de presupuestos que han recibido y el incremento para las nuevas incorporaciones previstas en 2022. Como saben todos ustedes, la oferta de empleo público para 2021, aprobada por Real Decreto
636/2021, de 27 de julio, ha sido una de las más ambiciosas de los últimos años. La oferta de empleo público es, sin duda, un instrumento clave para la planificación de efectivos de nuevo ingreso y cumple una finalidad básica como garantía de
transparencia y publicidad a la ciudadanía en relación con las posibilidades de acceso a la función pública. Al Ministerio de Justicia se han incorporado, recientemente, ciento cincuenta empleados y empleadas públicas de diferentes cuerpos y se han
solicitado para su incorporación en los próximos años unos setecientos



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efectivos. Este incremento de personal es, sin duda, imprescindible para cumplir con los objetivos de este ministerio.


Por lo que se refiere al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, la propuesta para el próximo ejercicio es de 14,94 millones de euros, lo que representa una subida de un 6,94 % respecto del presupuesto vigente. El Ministerio de
Justicia pretende con este incremento lograr los cuatro grandes objetivos recogidos en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Estos
objetivos son: mejorar la eficiencia administrativa, incrementar la transparencia y la participación, garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y mejorar la seguridad jurídica. En esta línea, el incremento en el capítulo 2 se explica,
en su mayor parte, por el fortalecimiento del servicio de tareas auxiliares de registro y, fundamentalmente, por el incremento del servicio multicanal de atención al ciudadano del Ministerio de Justicia, que casi duplica la capacidad anterior con un
incremento de 1,2 millones de euros. Es reseñable, así mismo, la partida destinada a material y suministros, con 11,13 millones de euros, entre los que cabe destacar los 3,5 millones destinados a financiar el expediente de soporte técnico al
usuario y el desarrollo de las aplicaciones informáticas en el ámbito de los servicios centrales. Como no podía ser de otra manera, el Ministerio de Justicia sigue apostando por la salud y la protección de sus empleadas y empleados frente a la
COVID-19, garantizando su seguridad mediante el suministro de mascarillas y geles hidroalcohólicos entre otros elementos.


Por lo que se refiere al capítulo 6, inversiones reales, su dotación es de 8,3 millones de euros. Uno de los ejes esenciales de este capítulo es la mejora y consolidación de los medios tecnológicos, dedicándose 7,1 millones de euros a
inversiones en nuevos equipos informáticos y licencias de programa. Hay que destacar el incremento del uso por parte del ciudadano de la sede electrónica del Ministerio de Justicia. A través de ella se realizan cada vez más trámites, por ejemplo,
las solicitudes electrónicas de nacionalidad por residencia se han incrementado en los últimos cinco años cerca de un 500 % y a estas alturas del año ya se ha superado la cifra de expedición de certificados electrónicos de todo el año 2020,
habiéndose recibido más de 2 700 000 solicitudes telemáticas de certificados. Por ello y continuando en la línea de mejoras realizadas a lo largo de este año, entre las actuaciones a acometer en los próximos ejercicios destacan las siguientes. En
primer lugar, de cara a la ciudadanía, la potenciación y mejora de la calidad de los servicios públicos digitales. En esta línea se enmarcan, entre otros, el rediseño del portal institucional y el incremento de la usabilidad de la sede electrónica,
a través de su adaptación a la nueva pasarela de pagos, o la simplificación de servicios a través de nuevos mecanismos de identificación admitidos en Cl@ve que permitan ampliar el número de potenciales usuarios de la sede electrónica. Y todo ello
con fortalecimiento de los servicios de mantenimiento y soporte de aplicaciones. En segundo lugar, de cara a la gestión interna del departamento, estamos potenciando la transformación digital en el ámbito de la gestión documental y archivo
electrónico, el incremento de datos y expedientes electrónicos en el marco de las administraciones públicas y la introducción de tecnologías emergentes de analítica avanzada de datos, así como el uso de tecnologías de robotización y de procesos para
la ejecución de tareas administrativas rutinarias, en línea con lo previsto en el Real Decreto 203/2021 antes mencionado.


Paso ya al programa 112.A, tribunales de justicia y ministerio fiscal, que es el programa de la política de justicia. Tiene como finalidad dotar a los órganos que integran la Administración de Justicia de los medios materiales, personales,
tecnológicos y financieros para cumplir con lo establecido en los artículos 117.3 y 124.1 de la Constitución española. Este programa estará dotado en el año 2022 con 1839 millones de euros, un 0,78 % más respecto de los anteriores Presupuestos
Generales del Estado, con el objetivo fundamental de modernizar la Administración de Justicia y acercarla a la ciudadanía como elemento clave para lograr un verdadero servicio público de justicia. El secretario de Estado ha tenido ocasión de
profundizar en las medidas que se llevarán a cabo en los próximos años basadas en Justicia 2030 y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así que permítanme que yo me centre en la parte referente a la subsecretaría. En relación
con infraestructuras, equipamientos y alquileres de la Administración de Justicia y del ministerio fiscal, contaremos con un total de 38,99 millones de euros. En arrendamientos el impacto presupuestario será de 11 156 000 euros y en reparaciones y
conservación la dotación será de 1 418 690 euros. En cuanto a las obras, este gasto del capítulo 6 es de vital importancia no solo para la mejor prestación del servicio público de justicia antes mencionado, sino para la cohesión y la vertebración
del país a través de las infraestructuras de justicia. Hay que destacar que el presupuesto destinado a inversiones en inmuebles se refiere a aquellos destinados a la Administración de Justicia en el territorio de competencia del departamento y a
órganos centrales. Contamos con 26,42 millones para



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el año 2022, de los cuales un 72,37 % -es decir, 19,12 millones- corresponden a obra nueva y un 27,63 % -7,30 millones- se destinan a obra de reposición. Cabe aquí destacar las siguientes: la finalización de obras de nueva planta en
Casas-Ibáñez en Albacete, Vitigudino en Salamanca, en Badajoz y en Segovia, cuya finalización está prevista para el 2022; el inicio o continuación de actuaciones en Talavera de la Reina, en Torrijos, en Illescas, el Instituto de Medicina Legal en
Toledo, en Lorca y en Molina de Segura en Murcia, en Tomelloso Ciudad Real, Manacor y la segunda fase de Ibiza en Illes Balears, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Dos Hermanas en Sevilla, Navalmoral de la Mata en Cáceres y,
por último, la rehabilitación de la Audiencia Provincial de Salamanca y del edificio de juzgados de Ocaña en Toledo.


Además de los créditos ya referidos del capítulo 6 para obras es relevante hacer mención al proyecto 23 de Justicia 2030, que se refiere a la justicia medioambiental y sedes sostenibles. El secretario de Estado, en su exposición anterior,
ha hecho una breve referencia a este proyecto de sedes sostenibles en el que yo voy a profundizar algo más. Justicia 2030 contempla la transición ecológica como uno de sus principios vertebradores y la rehabilitación como una de sus grandes líneas
de trabajo. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destina una parte relevante de sus fondos a la rehabilitación de edificios. En este sentido, se va a trabajar junto a las comunidades autónomas en la definición de un estándar de
rehabilitación común que permita que el parque de edificios de la Administración de Justicia esté rehabilitado con las mismas características y al completo en 2050. Para ello, en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia que se celebrará en el
Senado el próximo 29 de octubre se va a constituir un grupo de trabajo técnico que elabore un estándar basado en el marco europeo Level(s) y un modelo de certificación de edificios. El Ministerio de Justicia participa en el componente 11 inversión
4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con una dotación de 9 500 000 euros para el año 2022 y de 49 708 000 euros para el año 2023. Estos créditos no están dotados inicialmente en la sección 13 del Ministerio de Justicia, sino que
se dotan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el cual transferirá dicha cantidad a nuestro departamento. Con estos casi 60 millones de euros en los próximos dos años se prevén inversiones para incrementar la eficiencia
energética en 37 inmuebles destinados a la Administración de Justicia en el territorio de la competencia del departamento y en órganos centrales, con el objetivo de reducir la demanda energética y la producción de CO2. Pretendemos incorporar,
transversal y estructuralmente, la transición ecológica en el servicio público de justicia y, para ello -como ya he señalado-, se desarrollará un sistema de estandarización y monitorización de medidas de sostenibilidad en edificios.


Queremos lograr la certificación dinámica y completa de los inmuebles a través de un proceso en tres fases: la fase A, diseño y rehabilitación; fase B, uso, monitorización y certificación, y, por último, la fase C, fin de vida y
ciclabilidad. El proceso contemplará diferentes ámbitos que incluirán el diseño bioclimático de la envolvente del edificio, sistemas de producción de climatización sostenibles y energías renovables, análisis del ciclo de vida de los materiales de
los edificios desde su extracción a su fin de vida o su capacidad de ciclabilidad, la gestión del agua, la calidad del aire, ruido o contaminación electromagnética. Los edificios serán, por supuesto, accesibles, se adecuarán las entradas y accesos,
los baños y vestuarios, así como la usabilidad, la adaptabilidad y la facilidad en la orientación. En este proceso es imprescindible analizar la usabilidad de los edificios por parte del personal de los órganos judiciales, los usuarios del servicio
público y las necesidades relacionadas con el propio proceso judicial, donde deberemos tener en cuenta los órdenes jurisdiccionales y el impacto de las novedades introducidas por las leyes de eficiencia a las que se ha referido el secretario de
Estado. Todo ello se hará en completa sintonía con la Agenda Urbana; así, se tendrán en cuenta los planes de movilidad locales, el fomento del uso de los vehículos eléctricos, los puntos de recarga, los aparcamientos de vehículos de movilidad
personal y las infraestructuras verdes; en definitiva, la relación con el entorno y la comunidad. El estándar de rehabilitación sostenible para la Administración de Justicia en el que estamos trabajando será desarrollado, como ya he comentado, en
cogobernanza con las comunidades autónomas y en coordinación con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


Pasamos ahora a comentar el programa 921.S, asesoramiento y defensa de los intereses del Estado. El presupuesto de la Abogacía del Estado para el ejercicio 2022 asciende a 42,80 millones de euros, lo que supone un incremento de un 1,76 %
respecto al presupuesto actual. A continuación, les destaco las dotaciones principales. La dotación del capítulo 1 asciende a 36,94 millones de euros, el incremento es de un 0,15 %. En el año 2021 se realizó un gran esfuerzo en materia de
personal, ampliándose la relación de



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puestos de trabajo con la creación de plazas de abogados del Estado-Jefe y sus correspondientes secretarías en los ministerios de nueva creación. Por lo que se refiere al capítulo 2, la dotación proyectada asciende a 3,75 millones de euros,
lo que representa un incremento del 13,13 % respecto al presupuesto actual. En este ámbito, se prevé la tramitación de expedientes para la digitalización de documentación en varias sedes de la Abogacía, la implantación de centros de atención y
soporte al usuario de los sistemas informáticos de la Abogacía en distintas sedes, como Cataluña y Canarias, y la adquisición de licencias Workspace destinadas a la realización de operaciones de despliegue y actualización de los ordenadores en
remoto de manera ágil y eficaz. Por último, en el capítulo 6 se prevé una inversión de 2,09 millones de euros, lo que implica un incremento del 13,61 %. Este capítulo se dedicará a la ejecución de expedientes de obras, a compras para la renovación
del parque de equipos informáticos y al desarrollo de aplicaciones informáticas y otras herramientas necesarias para mejorar la gestión y asegurar el cumplimiento de los fines que tiene asignada la Abogacía.


En cuanto al programa 135.M, protección de datos de carácter personal, la entrada en vigor del reglamento de la Unión Europea y la Ley Orgánica de Protección de Datos han implicado para la Agencia Española de Protección de Datos nuevas
funciones y nuevos modos de funcionamiento, en general más complejos. La normativa de la Unión Europea estableció la obligación de dotar a las autoridades de control de los medios personales, materiales, técnicos y financieros necesarios para el
cumplimiento efectivo de sus funciones garantizando su autonomía. Esto explica que su capítulo 1 se viera incrementado para 2021 en 765 000 euros, hasta los más de 8,7 millones de euros, y que este esfuerzo deba continuar en 2022 con un presupuesto
de 9,9 millones de euros en este capítulo, lo que representa un incremento de un 12,93 % respecto al presupuesto actual. El capítulo 2 prevé un gasto de 5,4 millones de euros, un 2,38 % más que en este ejercicio, debido a la descentralización del
contrato de servicios postales. En relación con el capítulo 6, inversiones reales, se mantiene invariable el mismo presupuesto previsto para el ejercicio actual, que asciende a 0,93 millones de euros. Se prevé continuar con la transformación
digital del organismo garantizando que su plataforma tecnológica se adecúe a las necesidades de la organización y a la prestación de los servicios y procedimientos que surgen del Reglamento General de Protección de Datos de forma eficaz y cercana a
los ciudadanos.


Señorías, nos encontramos -como decía al comienzo de mi comparecencia- con los presupuestos de la recuperación pos-COVID. El Ministerio de Justicia está inmerso en un programa de cambios con el objetivo final de consolidar la transformación
eficiente y sostenible del servicio público de justicia, tanto procesal como digital y organizativamente. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan Justicia 2030 serán las herramientas esenciales para alcanzar el reto que nos
hemos propuesto y los presupuestos para el año 2022 que hoy les presentamos serán, sin duda, fundamentales para lograr estos objetivos.


Muchas gracias. Quedo a su disposición. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, subsecretaria, por haber intentado comprimir lo más posible su intervención.


Vamos a pasar a los turnos de los distintos grupos parlamentarios en orden de menor a mayor, como habíamos dicho, y, de nuevo, por un tiempo de cinco minutos. En primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos,
intervendría el señor Asens. Adelante.


El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidente.


Gracias, subsecretaria, por un informe exhaustivo. En primer lugar, quería darle la enhorabuena por el trabajo. La verdad es que, como ha dicho antes mi compañera, estos presupuestos sirven para consolidar el rumbo de los anteriores, pero
son mucho más ambiciosos y la prueba más evidente es el incremento del 11,5 %. Esto tiene que ver con un plan ambicioso para modernizar el sistema de justicia, para dar un salto de gigante que nos acerque a Europa, para conseguir el objetivo de
papel cero y así evitar aglomeraciones en los juzgados y un exceso de burocratización. Eso tiene que ver también con lo que se ha dicho en otras intervenciones sobre la independencia judicial. Evidentemente, estos presupuestos sirven para ganar
autonomía fiscal, que es una de las claves para consolidar esa independencia judicial. La independencia judicial también tiene que ver con otros elementos como una mayor democratización del acceso a la carrera judicial y, en ese sentido, nos parece
un avance importante las becas de 2 millones de euros que van a servir para ayudar a los aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado y letrado de la Administración de Justicia. Creemos que es necesario proveer de recursos para que todo el mundo
pueda acceder a las instancias judiciales en igualdad de condiciones. Evidentemente, eso también significa



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modificar el sistema de oposición de jueces y fiscales, que ahora mismo es un sistema de selección exclusivamente memorístico, totalmente anacrónico. En definitiva, estos presupuestos dejan atrás los presupuestos de la austeridad del
Partido Popular y son un claro avance.


Permítame antes de terminar que comente una cuestión. Se ha hecho referencia en anteriores intervenciones, muy especialmente por parte del portavoz del Grupo Popular, a la independencia judicial y se ha hecho alusión a la ministra Belarra.
Por eso quiero hacer alguna puntualización a las palabras del portavoz del Grupo Popular. La primera es que la derecha muchas veces exige respeto a la justicia cuando le interesa porque no afecta a sus intereses, pero cuando la justicia actúa
contra sus intereses hemos visto que incluso, a veces, han acabado insultando a los jueces. Yo me acuerdo del juez Pedraz al cual le llamaron pijo ácrata. Por tanto, al portavoz del Grupo Popular le quiero decir que no nos dé ninguna lección sobre
independencia judicial y menos mientras mantengan secuestrado el Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, esas palabras están amparadas por la libertad de expresión, no afectan en nada al principio de independencia judicial porque no hay
ninguna atribución de responsabilidades de hechos presuntamente delictivos hacia ningún juez y por eso ningún juez ha pedido amparo. Por eso, resulta extraño el comunicado del Gobierno de los jueces, porque nosotros pensamos que no hay comunicado
más legítimo del Gobierno de los jueces que el que sea sobre su disolución.


En todo caso y para terminar, lo grave de este episodio a nosotros nos parece que no son palabras de la ministra Belarra -eso es fijarse en el dedo que señala la luna-, lo grave es lo que ha sucedido con el Tribunal Supremo y el Congreso, ya
que eso ha afectado gravemente a la separación de poderes. Porque cuando se publica en el BOE una ley del Congreso de los Diputados, esa ley sale de la órbita del Congreso de los Diputados y son los jueces quienes deben interpretarla y aplicarla y
los jueces no pueden preguntar al Congreso cómo deben aplicarla. Igualmente eso pasa en el caso de las sentencias, cuando una sentencia es pública, cuando se ha dictado, sale de la órbita del Poder Judicial y los efectos que esa sentencia pueda
tener en el reglamento de esta Cámara deben decidirlo los miembros de la Mesa de esta Cámara recabando la opinión de los letrados de la Cámara. Me pregunto qué imagen estamos dando cuando la opinión de los letrados de la Cámara no vale igual cuando
afecta a alguien como Juan Carlos I -el rey emérito- que cuando afecta a un diputado de esta cámara como Alberto Rodríguez. Por eso nos parece que es muy grave lo que ha sucedido -y termino, presidente- porque se ha vuelto a condenar a quien ya
había sido condenado y, además, a una pena diferente a la inicial. Esto es grave porque no solo supone una vulneración de sus derechos, sino también una vulneración de los derechos de los ciudadanos que lo eligieron. En definitiva, es un
precedente peligroso contra la autonomía parlamentaria, contra el principio democrático, pero también contra la separación de poderes.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Asens.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario VOX y en su representación el señor Zambrano. Adelante, por favor.


El señor ZAMBRANO GARCÍA-RAEZ: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes. Ha empezado usted su exposición diciendo que se aumenta el gasto en las partidas que a usted le corresponden y alegrándose por tal razón. No cabe duda de que todos los que tenemos contacto con el mundo judicial cuando nos
dicen que se va a aumentar la inversión en justicia nos alegramos, a primera vista, pero le pido a usted y al Gobierno en general que no se queden en esa simpleza, hay que gastar, pero hay que gastar bien y con eficacia. Somos todavía un país con
unas tasas de respuesta judicial a los problemas de los ciudadanos absolutamente inadmisibles y no hay más que ver las estadísticas que publica el Consejo General del Poder Judicial. Tienen que entender que desconfiemos de que con este presupuesto
se vaya a mejorar la eficacia de la Administración de Justicia, una Administración de Justicia que está atosigada por el poder político y que carece de medios para funcionar.


Cuando uno se acerca a este presupuesto y, concretamente, a estos programas y parte de los defectos que trae el presupuesto en general en sí -incluso hace muy poco tiempo que tanto el Banco de España como la AIReF han puesto en evidencia una
serie de defectos muy graves-, se pregunta, de todas estas promesas, ¿cuáles se van a quedar sin cumplir? Porque no cabe duda de que hay partidas fijas que hay que cumplirlas, como pueden ser los capítulos 1 y 2, pero, de las inversiones reales,
¿cuáles se van a realizar y cuáles no? Ahora me referiré a algunas concretas, pero -como le digo- no cabe duda de que lo que se debe perseguir es una Administración de Justicia eficaz e independiente. Eso no tiene precio -ya que estamos hablando
de presupuestos-, pero creemos que ese no es el camino por el que se va, sobre todo, cuando anteriormente se nos ha hablado de muchas cosas sin decir nada. Se nos habla de



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sinergias entre fondos nacionales y europeos, cogobernanzas, sostenibilidad y cohesión, acceso, pero debemos hablar también de cómo, de soluciones concretas y prácticas. Al escarbar un poco nos encontramos con algunas situaciones -que yo le
voy a destacar algunas- que seguro que tienen una explicación muy razonable, pero que me gustaría que usted me aclarase.


Anteriormente se estaba explicando -lo que pasa es que se interrumpió- una cosa que a mí me interesaba mucho y es el concepto de justicia gratuita y remuneración de la justicia gratuita. Se ha dicho antes que se consideraba por parte del
Gobierno como una indemnización. Le aseguro que los profesionales lo consideran como una remuneración. Me gustaría que me concretase el concepto que tiene el Gobierno de esta cuestión, porque es importante.


Creo haber entendido que las becas van a ser de 500 euros al año, no lo sé. Concréteme, por favor, si las becas para democratizar el acceso van a ser de 500 euros al año o que esa es la base de la que se parte.


Dentro del programa 111.N hay un punto que me ha llamado mucho la atención, que son necesidades adicionales, con un incremento importante. Le he querido entender -pero, por favor, confírmemelo- que este incremento, que es de más de 55
millones de euros, se refiere a nuevas incorporaciones. No estoy muy seguro, pero es una partida que sube muchísimo respecto al presupuesto anterior. Le estoy hablando, concretamente, de la numerada en la económica como 12 181.


El año pasado se produjo un milagro y es que el Gobierno estuvo de acuerdo con VOX en una cuestión, la necesidad de rebajar el gasto en alquileres de inmuebles, incluso se nos aseguró que se iban a poner en contacto con la Dirección General
de Patrimonio para intentar solucionar este asunto. Sin embargo, vemos que en este presupuesto aumenta el gasto en alquileres de inmuebles. ¿Se ha hecho algo en este último año? ¿Tienen previsto hacer algo para poder aprovechar el patrimonio
público y evitar este tipo de costes?


Me ha llamado mucho la atención, cuando hablamos de inversiones reales -y ya termino-, una cuestión. Cuando nos vamos al presupuesto del año 2022 y lo comparamos con el previsto para el ejercicio presupuestario 2021, vemos una serie de
partidas en las que -usted ha mencionado algunos de los nuevos edificios judiciales, institutos de medicina legal, etcétera- lo que se ha hecho es que se ha bajado de forma generalizada la cantidad presupuestada para 2022 en comparación a la
proyectada en el presupuesto anterior. Había unas cantidades proyectadas en el presupuesto anterior para 2022 y ahora, cuando se presupuestan, se bajan; sin embargo, se aumentan las cantidades proyectadas para 2023 y 2024. ¿Eso significa que
ustedes han retrasado la ejecución de las cantidades previstas para una serie de partidas como, por ejemplo, Toledo nuevo Instituto de Medicina Legal, Torrijos nuevo edificio judicial, edificio para sede de órganos judiciales en Murcia, etcétera?
¿Eso ha sido un retraso, una patada hacia delante, para esa ejecución o hay alguna explicación razonable para que podamos entender por qué se trasladan las cantidades previstas?


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Zambrano, muy especialmente por el tono utilizado.


Tocaría en este momento el turno de palabra al representante del Partido Popular, pero, si son tan amables, les pediría que pudiera intervenir el señor Bal, porque ha tenido que ausentarse un momento. Si no hay oposición, proceda, señor
Bal.


El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por permitirme intervenir fuera de mi turno, porque he tenido que asistir a la Junta de Portavoces.


Muchas gracias, señora subsecretaria, por comparecer en esta Comisión. Quiero decirle que, en resumidas cuentas, en el presupuesto de nuestro querido Ministerio de Justicia nos encontramos con el impacto en transformación digital de los
fondos europeos, los 209 millones de euros, y, obviamente, no queda más que felicitar que exista de una vez por todas esa inversión para la necesaria transformación digital de la justicia. Pero me permitirá, como yo mismo estuve en la primera
reunión que se montó en el ministerio en el año 2004 para implementar LexNET, y fíjese cuándo se puso en marcha LexNET, que sea escéptico respecto a las capacidades de ejecución de esta enorme cantidad de dinero que tiene el Ministerio de Justicia
para modernizar y digitalizar el servicio público de la justicia. Desde luego, me gustaría que el Ministerio de Justicia tuviera un aparato potente, un aparato fuerte para poder invertir decisivamente en esa reforma tan necesaria de la justicia.



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Fuera de esos 209 millones de euros, nos encontramos que verdaderamente la partida que más se incrementa, en un importe de un 2,5 % aproximadamente, es dirección y servicios generales de justicia, y, en particular, el concepto de gastos de
personal, pero nos encontramos con graves carencias en este presupuesto. Una de ellas -he llegado justo cuando hablaba el portavoz de VOX, que precisamente incidía en este aspecto, y que también el año pasado planteamos a título de enmienda en mi
grupo parlamentario- se refiere a infraestructuras. El año pasado no nos admitieron prácticamente ninguna enmienda en relación con los edificios judiciales, sedes de justicia, que objetivamente teníamos noticia y constancia -imagino que el
ministerio también, pues se encontraban en territorio Estado y no en territorio comunidad autónoma- de que eran sedes, vamos a decirlo en el concepto antiguo, manifiestamente mejorables; es decir, eran sedes cochambrosas que tenían enormes déficits
de todo tipo. El secretario de Estado ya nos ha contado su plan de edificios sostenibles, lo cual es magnífico, pero claro, cuando en este presupuesto nos encontramos con que existe una partida para la construcción de edificios de 17 millones,
cuando resulta que los presupuestos prorrogados de 2020 contenían una partida de 32 millones, pues parece que desde el año 2020 hasta ahora ha bajado bastante esta inversión. Y mucho más en rehabilitación y conservación, donde el presupuesto con
respecto al año pasado disminuye un 44 %.


Ya he hecho referencia antes también a la necesidad de la equiparación del personal del territorio del Estado con el de las comunidades autónomas -todo el personal depende de usted como subsecretaria y de la Dirección General para el
Servicio Público de Justicia-, porque existen diferencias que son verdaderamente abrumadoras. Ponía el ejemplo antes de que un funcionario del Cuerpo de Gestión en el territorio del Estado y un funcionario del Cuerpo de Gestión en la Comunidad
Autónoma del País Vasco pueden tener una diferencia de 8100 euros anuales, y la diferencia entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede ser de hasta 300.


La oferta de empleo público se reduce un 33 %. Estamos muy por debajo de las tasas de jueces y fiscales por habitante que tiene la Unión Europea, pero que muy muy lejos de la media europea, y ustedes tienen una oferta de empleo público de
doscientas plazas. El año pasado, diversos grupos parlamentarios, entre los que se encontraba el nuestro, propusimos una enmienda para que se elevara a trescientas el número de plazas de jueces y fiscales. Asimismo, hay que implementar esa
retribución de los Letrados de la Administración de Justicia que ya estaba prevista en la disposición adicional de los presupuestos del año pasado, que ustedes están negociando, pero no parece que lleguen a buen término, porque están haciendo unas
ofertas, qué quiere que le diga, me permito calificar de humillantes a los Letrados de la Administración de Justicia, con las nuevas responsabilidades que han adquirido, y en una situación mucho más agravada cuando se implemente el Registro Civil, y
ya se ha implementado el de Madrid.


Igualmente, con respecto a la justicia gratuita nos parece muy poco el incremento que se produce y no entendemos -le pido que nos lo explique- cómo es posible que haya una variación en cuanto al Colegio de Abogados, al Consejo General de la
Abogacía, del 6,2 % y, sin embargo, esta variación en el Colegio de Procuradores sea del 37 %. ¿Es que estaba mal previsto el tema de procuradores en el ejercicio anterior?


El señor VICEPRESIDENTE: Señor Bal, si puede ir resumiendo ya...


El señor BAL FRANCÉS: Termino. Y, por último, el tema que me preocupa mucho, que es ese desbalance, esa desproporción durante todos los años, porque el secretario de Estado me ha contestado que este año no tiene mucho problema, pero no es
este año, es el arrastre que se produce de todos los años entre el Iprem y el salario mínimo interprofesional, que está dejando sin justicia gratuita a muchos colectivos desfavorecidos, en una situación como la que nos encontramos de salida de la
pandemia.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Bal.


Ahora sí, con mis disculpas, señor Jerez, adelante.


El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora subsecretaria de Estado. Bienvenida y enhorabuena por su reciente nombramiento.


En primer lugar, quiero hacer una previa en nombre de mi grupo parlamentario para defender al Cuerpo de Letrados de este Congreso de los Diputados que, en esta Comisión, en este momento, se han visto, bajo mi punto de vista, seriamente
atacados, sobre todo su profesionalidad, su integridad y también su independencia al decir que emiten resoluciones e informes para unos de una manera y para otros de



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otra. Por lo tanto, vaya desde aquí mi más sincera solidaridad con un Cuerpo de Letrados que lo que hace efectivamente es dar garantía jurídica a este Congreso de los Diputados, y, sobre todo, he de despreciar las declaraciones o
manifestaciones que se han producido por parte del portavoz del grupo parlamentario en sentido contrario.


Hecha esta previa, le quería plantear dos cuestiones en relación con los funcionarios de la Administración de Justicia, cuestiones que posiblemente ya se han sustanciado en la comparecencia previa, pero no quiero dejar de escuchar su opinión
al respecto. En primer lugar, me gustaría saber cuál es su opinión en relación con la posición de indiferencia -así lo digo: indiferencia- que está adoptando el Gobierno respecto a determinadas iniciativas que lo que pretenden es desmantelar el
régimen de coberturas al que están sujetos muchos funcionarios en España, en concreto 92 000 en el ámbito de la Administración de Justicia. Hay un grupo parlamentario que es parte del Gobierno, Unidas Podemos, que ha introducido una iniciativa en
este Congreso precisamente para eso, para desmantelar las mutualidades de los funcionarios, y es precisamente un grupo parlamentario que es parte del Gobierno. Usted, que es Gobierno, me gustaría saber qué es lo que piensa del Gobierno cuando un
grupo parlamentario miembro del Gobierno decide hacer lo contrario posiblemente de lo que piensa el Gobierno. Por tanto, la pregunta es si tienen previsto desmantelar el sistema de mutualidad administrativa, en qué condiciones tienen previsto
hacerlo si es que tienen previsto hacerlo, y si se van a respetar en este caso los derechos de todas esas personas o, por el contrario, se los van a llevar por delante.


En segundo lugar, en el ámbito funcionarial hay otra cuestión que nos preocupa -también se ha comentado-, que es esa falta de adecuación salarial que vienen reclamando con insistencia los letrados de la Administración de Justicia con arreglo
al masivo incremento de competencias que les han atribuido incesantemente desde el año 2009. No quiero recordar las leyes, pero usted sabe perfectamente cuáles son las que les atribuyen competencias que desbordan sus funciones. Entendemos que
incrementar 10 euros el complemento específico no es suficiente. Me gustaría saber por qué razón esto todavía no tiene reflejo presupuestario y si tienen ustedes intención de que lo tenga en breve.


En cuanto a otras cuestiones ya directamente vinculadas a los programas que ha mencionado, en relación con el programa 112.A, infraestructuras y servicios, no sé si es conveniente sacar pecho en cuanto a este programa. Yo le voy a recordar
que en 2018 este programa tenía 156 millones de dotación presupuestaria y cuatro años después se prevén 146, estamos hablando de 10 millones a la baja y han pasado cuatro años; no sé si esto le dice algo. En cualquier caso, le tengo que decir que
celebramos todas esas nuevas infraestructuras, tanto de nueva creación como aquellas que se van a ver mejoradas, y que en ese sentido lo sean con arreglo a esa partida presupuestaria. Es cierto que ha vuelto usted a mencionar -un portavoz de un
grupo parlamentario se lo ha recordado- sedes judiciales que ya habían sido anunciadas en la comparecencia del año anterior, podríamos hablar del Instituto de Medicina Legal de Toledo, de Murcia, Lorca, Manacor... Yo le reitero la pregunta: ¿usted
las vuelve a poner de manifiesto porque no se han hecho o las vuelve a poner de manifiesto porque se están haciendo? Me gustaría que me resolviese esta cuestión.


Mire, no lo puedo evitar y no lo voy a evitar, hablamos de acceso de la ciudadanía a la Administración de Justicia, de aproximar la justicia al ciudadano, de hacerla más cercana, más accesible, y hay lugares donde todavía no hay justicia,
señora subsecretaria. Lo tengo que decir, es la isla de Formentera, a la que siempre los presupuestos tienen olvidada, donde no hay un juzgado de Primera Instrucción ni un juzgado de Primera Instancia, donde no existe un partido judicial y donde
los usuarios de la Administración de Justicia siguen teniendo que coger una barca para acercarse a la isla de Ibiza para sustanciar todos sus asuntos. ¿De qué sirve hablar de acceso a la Administración de Justicia y de aproximarla al ciudadano si
estos presupuestos se vuelven a olvidar de una isla, la única isla de España donde todavía la justicia no ha llegado? Este Congreso ha aprobado iniciativas en reiteradas ocasiones para que se dote de esa infraestructura a esta isla, ni caso; ni
caso. Y yo reitero preguntas constantemente en relación con esta cuestión, y ¿sabe lo que me dicen ustedes? Ustedes me dicen que esta petición es histórica, coincidimos en que lo es, ¡vaya si lo es! Y que debería ejecutarse mediante ley, ¡claro!,
eso ya lo sabemos, no hace falta que me lo contesten ustedes por escrito. La pregunta es: ¿Están ustedes dispuestos a presentar una ley, si es que se tiene que hacer por ley, en este Congreso para que Formentera definitivamente tenga acceso en
igualdad de condiciones que otros territorios a la justicia? La respuesta es sencilla: sí o no. Respóndanos, porque posiblemente de su respuesta...



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El señor VICEPRESIDENTE: Debe ir terminando, por favor, señor Jerez.


El señor JEREZ JUAN: ... podamos averiguar muchísimas cosas, entre otras, la intención del Gobierno en ese sentido.


Acabo con el tema de la nacionalidad. Es cierto que ha habido un tapón en materia de nacionalidad. Es cierto que se han instrumentalizado dos planes de choque para poder amortiguar todo ese efecto de solicitudes de nacionalidad, se ha
contratado a cien funcionarios para amortiguar todo ese impacto, pero yo creo que lo que no tiene el ministerio es un plan, no ya de choque, sino un plan para la nacionalidad de aquellos que la piden. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer en
España es estar constantemente a base de planes de choque, y es el segundo. Por tanto, la pregunta es: ¿tienen ustedes algún plan para resolver un problema endémico que sufren las solicitudes de nacionalidad en este país?


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Jerez.


A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Caballero. Adelante.


El señor GONZÁLEZ CABALLERO: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenida, señora subsecretaria y muchas gracias por su intervención y por la presentación de los presupuestos para el año 2022.


Aquí se habla tradicionalmente de muchas cosas que no son motivo del debate, pero me gustaría que constase en el Diario de Sesiones el apoyo de este grupo a la presidenta del Congreso en el ejercicio, siempre cabal y respetuoso con la ley,
de sus competencias.


Por respeto a ustedes, voy a pasar a analizar lo que nos trae esta mañana aquí, que es el análisis de las cuentas del Gobierno en materia de justicia. Unas cuentas que son las de la recuperación y las del impulso a la Administración de
Justicia. Una recuperación en la que se tiene presentes a las personas que han sido esenciales en el buen funcionamiento de la justicia en estos tiempos difíciles. Nosotros y nosotras, sus representantes, no nos podemos olvidar de ellos y debemos
proveerles de los mejores medios y recursos, y estos presupuestos no se olvidan, tienen en la mente el personal de justicia, tienen en la mente mejorar el servicio a la ciudadanía, hacer la justicia accesible.


Sin lugar a dudas, estas cuentas van a mejorar la Administración de Justicia, pues conllevan un aumento de su financiación en casi un 20 % con respecto a los presupuestos recortadores del Partido Popular, un 11 % este año y un 7 % el
anterior. Porque nosotros creemos en una recuperación positiva, en fortalecer la justicia, y sobre todo sin recortes, aprovechando la coyuntura para acelerar la implementación de la agenda Justicia 2030. Y es que este Gobierno tiene un horizonte
claro en esta sección y usted lo ha remarcado: pasar de la pandemia a una recuperación fuerte para la mejora de la justicia, una idea que se percibe en los cuatro programas que conforman su área de gestión.


La recuperación llega con la apuesta por las personas del mundo jurídico, mejorando la digitalización para un mejor servicio al ciudadano, impulsando infraestructuras y juzgados nuevos, reforzando la protección de datos; apostando por las
personas, por aquellas personas, por aquellos jóvenes de clases medias y trabajadoras que no tengan que mirar su bolsillo para poder opositar y acceder a la carrera judicial. Con una apuesta por la mejora de los medios y los recursos, con un
aumento del 43 % en la financiación del programa de dirección y servicios de la Administración de Justicia. También consolidando la recuperación del personal, con una tasa de reposición del 120 %, como hicimos este año, con una oferta de empleo
público histórica, como seguiremos haciendo en los próximos años mientras haya gobiernos socialistas. Asimismo, garantizando el poder adquisitivo del personal de la Administración de Justicia, con un aumento del 2 % en sus retribuciones, como ya
hicimos el año pasado. También afianzando la digitalización para dar un mejor servicio al ciudadano, 7 millones de euros de inversión en mejora de medios tecnológicos, 11 millones para la mejora del soporte técnico de la Administración.


Estamos saliendo de la crisis COVID y en el sector justicia lo haremos aumentando la inversión y modernizando las infraestructuras de la justicia, continuando con esas infraestructuras comprometidas y poniendo en marcha nuevos proyectos de
obra. Son infraestructuras necesarias para dar un mejor servicio, no solo en las grandes capitales, sino en las cabeceras de comarca que conforman la España rural, de la que muchos venimos, y de la que usted ha hablado, con importantes obras en
juzgados que están contenidas en estos presupuestos. Nuevas obras que se realizarán de forma sostenible, lo que se ha llamado sedes sostenibles, con los fondos vinculados al Plan de Reconstrucción, en los que nos



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gustaría -si así lo tiene a bien- que pudiese profundizar. Salimos de la crisis reforzando también la protección de datos de nuestra ciudadanía, uno de los principales retos que conlleva la sociedad digital, de la que esta mañana nadie ha
hablado y que este Gobierno aborda, en concreto, aumentando más de un 12 % estos presupuestos. Así pues, son unos buenos presupuestos que aumentan la financiación.


Rogaría que, aquellos que cuando gobernaron lo único que hicieron fue recortar, se sumen ahora a reconstruir. Esta Comisión es paradigmática en llegar a acuerdos. La presidenta, a la que le mando un saludo, lo sabe bien, los letrados lo
saben bien. Somos casi un parlamento dentro del Parlamento en prolijidad legislativa: dieciséis leyes en este periodo legislativo. Muchas de estas leyes fraguadas en esta Comisión han sido aprobadas por acuerdos de amplio espectro. Es por ello
que pido a los grupos más críticos que se imbuyan del espíritu constructivo que tiene esta Comisión, del espíritu constructivo que tienen estos presupuestos. La voluntad siempre está en los presupuestos, y la voluntad de este Gobierno es clara en
reforzar la justicia: con más personal, con mejores infraestructuras, con el impulso a la digitalización, con la mejora del servicio y la garantía de los derechos de la ciudadanía. Una voluntad que queda clara con el aumento de la financiación en
casi un 20 % con respecto a los últimos presupuestos recortadores del Partido Popular. En definitiva, la presentación de los presupuestos en justicia son un nuevo motivo para apoyar las cuentas de la recuperación que presenta el Gobierno de Pedro
Sánchez, a las que, imbuidos de ese espíritu que tiene esta Comisión, animamos a dar su apoyo al resto de grupos parlamentarios.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor ASENS LLODRÀ: Presidente, un comentario sobre la base del artículo 71, por alusiones.


El señor VICEPRESIDENTE: Adelante. Sea breve, por favor.


El señor ASENS LLODRÀ: Muy breve, una frase.


A raíz de la intervención del portavoz del Grupo Popular podría parecer que yo estaba atacando a los letrados del Congreso y es justo lo contrario de lo que he dicho. He salido en defensa de los letrados y he dicho que, desgraciadamente, a
veces sus informes no pesan igual. Por tanto, es tergiversado lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Ha quedado claro con su postura.


Terminado este turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, vamos a pasar al turno de réplica de la señora subsecretaria. Le rogaría brevedad. Sé que es difícil responder a tantos grupos en un periodo tan corto; seremos
flexibles, pero le ruego brevedad.


Muchas gracias.


La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Sánchez Hernández): Muchas gracias, presidente.


Intentaré ser muy muy breve, porque la mayor parte de las cuestiones que me han planteado ya las ha contestado el secretario de Estado en su anterior intervención.


Empezando por los comentarios del señor Asens sobre las becas, y como también alguna otra señoría ha hablado de ello, me gustaría decir que estamos en fase de elaboración de un plan estratégico de subvenciones para poder gestionar estas
becas y que está previsto que más o menos la cuantía sea de 500 euros al mes. (El señor Zambrano García-Raez: Perdón, ¿ha dicho al mes o al año?) Al mes, eso me han dicho. Como es un tema de Secretaría de Estado lo he tenido que preguntar y me
han dicho que eran 500 euros. Estamos todavía en fase de diseño del proyecto y esperamos poderlo gestionar de la mejor manera posible para que los ciudadanos puedan acceder en condiciones de igualdad a las oposiciones a la Administración de
Justicia.


En cuanto a los comentarios del señor Zambrano sobre cómo vamos a conseguir gastar bien estos presupuestos, me gustaría recalcar que la manera que tenemos para gastar bien estos presupuestos es algo que ya ha comentado el señor secretario de
Estado en su intervención, que son las leyes de eficiencia: la Ley de eficiencia procesal, la Ley de eficiencia organizativa y la Ley de eficiencia digital, que van a dotar de los medios organizativos, de agilización a los procesos judiciales y de
los medios digitales que la Administración de Justicia necesita para poder responder a las necesidades del servicio público de justicia.



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Si bien el secretario de Estado ya se ha referido al tema de la asistencia jurídica gratuita, sí me gustaría recordar que la asistencia jurídica gratuita remunera por servicios prestados y que no han sido abonados, por lo tanto me sumo a lo
que ha dicho el señor secretario de Estado.


En relación con las cifras relativas a las necesidades adicionales, es una cuantía que se incluye en el presupuesto del capítulo 1 para cubrir necesidades que puedan surgir a lo largo del año 2022, y, sobre todo, la cuantía de incremento del
capítulo 1 se debe al incremento en un 2 % del salario de todos los funcionarios. Estas adicionales es una bolsa que se prevé por si surgen cuestiones a lo largo del año que hagan necesario tirar de este dinero; por eso se llaman cuantías
adicionales, porque no sabemos a qué se van a destinar en concreto. Sí que puede ser necesario tirar de esta bolsa en el caso de que consigamos o no, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas, poder solventar el problema de la adecuación
salarial, que, como ya saben ustedes y como ha dicho el secretario de Estado, está en fase de negociación, por lo tanto, tenemos que esperar a ver si se puede alcanzar o no un acuerdo.


En cuanto al incremento en gastos de alquiler, que le chocaba el hecho de que nuestra política o lo que se esté predicando sea la utilización de edificios de patrimonio del Estado en lugar de alquilar inmuebles, sí es cierto que nuestro
objetivo general es el de utilizar edificios propios en lugar de edificios alquilados, pero en tanto se adquieren esos edificios propios o se consigue rehabilitarlos para adecuarlos a las necesidades de los órganos judiciales, es necesario que los
órganos judiciales tengan un sitio donde prestar servicio, y, por lo tanto, hay alquileres temporales en tanto se están culminando las obras.


Ha salido el tema de las obras por parte de más portavoces. En las obras es importante tener en cuenta que su ejecución es muy alargada en el tiempo. Por un lado, tenemos que encontrar los terrenos, tenemos que conseguir llegar a un
acuerdo con los ayuntamientos o con entidades privadas para poder empezar a licitar las obras; por otro, hacer un plan para esa obra, y luego ya, licitar el plan y ejecutar la obra. Por eso verán ustedes las mismas obras un año tras otro,
corresponde a las distintas fases del proceso de ejecución del proyecto de obras en que nos encontramos. Afortunadamente en 2022, como ya les he comentado, vamos a terminar unas cuantas obras, y afortunadamente también vamos a iniciar muchas otras,
porque de eso se trata, de prestar servicio a los órganos judiciales.


En cuanto al comentario que se ha hecho sobre LexNET, me gustaría recalcar que LexNET es un modelo de éxito a la hora de gestionar documentación. Gestiona actualmente más comunicaciones que la Agencia Tributaria, más de diez millones de
comunicaciones, y, aun así, siempre tenemos en mente mejorarlo y potenciar su uso y su conectividad con todos los órganos judiciales y todos los usuarios del servicio público de justicia.


Respecto a Mugeju, que creo que lo ha comentado el señor Pérez, quiero señalarle que el concierto que se acaba de firmar con las mutualidades supone un incremento de más de 10 millones de euros. Creo que eso está bastante alejado de una
intención de desmantelar el sistema sanitario para los funcionarios públicos.


En relación con Formentera, me gustaría destacar que Formentera es el paradigma de lo que va a ser la oficina de justicia en el municipio, que va a permitir a los ciudadanos de esta isla poder acceder en condiciones de igualdad al servicio
público de justicia. Para ello espero que, con la colaboración de sus señorías, podamos sacar adelante cuanto antes la Ley de eficiencia organizativa y que esto sea real ya para Formentera.


Me gustaría finalizar con un breve apunte sobre las sedes sostenibles. En el sistema de sedes sostenibles, que, como he comentado, vamos a utilizar el marco europeo Level(s), hemos identificado once ámbitos de intervención y cincuenta y
tres criterios a tener en cuenta. Estos ámbitos están relacionados con la reducción de la demanda de energía, la reducción del consumo o la producción de energía, el ciclo de vida de los materiales, la gestión del agua, la calidad del aire, la
contaminación electromagnética o los puntos de recarga. No se trata solo de que los edificios y la actividad que se realice en ellos tengan un bajo impacto ambiental, sino que además las personas que hacen esos edificios estén bien en esos
edificios, que puedan desarrollar su trabajo de una manera adecuada; también que las personas que acuden como peritos, testigos, abogados o procuradores se encuentren a gusto en esos edificios, que puedan orientarse de una manera satisfactoria en
ellos. Por lo tanto, es algo más extenso, más amplio que la sostenibilidad medioambiental, es una sostenibilidad que va más allá y que tiene que ver también con el bienestar de los usuarios de los servicios de las sedes judiciales.


No me extiendo más, porque creo que ya he consumido el tiempo. Gracias por su atención.



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El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, subsecretaria, por haber hecho una intervención que sin eludir ninguno de los temas, ha sido bastante concentrada.


Con esto, damos por acabada la presente sesión de la Comisión. Continuaremos como Mesa de la Comisión para tratar algunos temas que son de mero trámite: la admisión de los textos tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo
Parlamentario VOX, como la enmienda a la totalidad a la Ley 10/1995, sobre la intervención de determinados grupos en las clínicas que realizan intervención voluntaria del embarazo, y también la solicitud presentada por el Consejo General de la
Abogacía para realizar una jornada sobre el futuro de la justicia gratuita en esta sede de la soberanía popular.


Muchísimas gracias, que tengan buen día.


Se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.