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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 507, de 20/10/2021
cve: DSCD-14-CO-507 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 507

TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GOMÉZ-REINO VARELA

Sesión núm. 19

celebrada el miércoles,

20 de octubre de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes en la Mesa de la Comisión:


- Elección de la Vicepresidencia Primera. (Número de expediente 041/000021) ... (Página2)


Proposiciones no de ley:


- Por la que se insta al Gobierno a suprimir el coeficiente de parcialidad en el cálculo de las prestaciones por desempleo y en los subsidios y, en consecuencia, que solo se atienda al tiempo trabajado y a la cantidad cotizada, así como a
los hijos a cargo, tal y como se está haciendo para el cálculo de las pensiones desde 2019, al objeto de evitar una doble discriminación sobre los trabajadores a tiempo parcial. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/001898) ... (Página2)


- Relativa a la modificación del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ampliándola a hijos a cargo más allá de la mayoría de edad.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002323) ... (Página7)


- Sobre el desarrollo de un plan específico para pymes y microempresas en relación con la implementación efectiva del trabajo a distancia. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/002401) ... href='#(Página13)'>(Página13)


- Relativa a recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002685) ... (Página16)



Página 2





- Sobre la inclusión social de los y las menores no acompañados a través del deporte. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002796) ... (Página21)


- Relativa a la implementación en el SEPE de un programa informático para agilizar la tramitación de las prestaciones por desempleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003138) ... href='#(Página24)'>(Página24)


Votaciones ... (Página27)


Se abre la sesión a las dos de la tarde.


ELECCIÓN DE VACANTES EN LA MESA DE LA COMISIÓN:


- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA. (Número de expediente 041/000021).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Boas tardes, señorías. Abrimos la sesión.


Como saben, la Vicepresidencia Primera de esta Comisión está vacante por haber renunciado a dicho cargo la diputada del Grupo Parlamentario Socialista doña Rafaela Crespín Rubio, que ha dejado además de formar parte de esta Comisión. Como
saben, ha pasado a otras tareas en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista. Seguro que recojo el sentir de la Comisión si agradezco la labor que ha hecho la señora Crespín durante estos meses en que nos ha acompañado. En todo caso,
procede, por lo tanto, llevar a cabo la votación para cubrir esta vacante en la Vicepresidencia Primera. Entiendo que no hay acuerdo entre los grupos parlamentarios. Por lo tanto, a continuación procederemos a la votación secreta por papeletas en
función del artículo 41, en relación con los artículos 37 y 38 del Reglamento del Congreso. Entiendo que todos los diputados y las diputadas o sus sustitutos tienen papeletas, con lo cual procedemos a la votación.


Por el señor letrado se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes van depositando su papeleta en la urna.


Realizado el escrutinio dijo


El señor PRESIDENTE: Finalizado el recuento, el resultado de la votación ha sido el siguiente: a favor de doña María Dolores Narváez Bandera, 17 votos; a favor de doña María Teresa López Álvarez, 6 votos, y 9 votos en blanco. Por tanto,
queda proclamada, como vicepresidenta primera de la Comisión de Trabajo, María Dolores Narvéz Bandera. Puede incorporarse a la Mesa cuando quiera. (Así lo hace la nueva miembro de la Mesa.-Aplausos).


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SUPRIMIR EL COEFICIENTE DE PARCIALIDAD EN EL CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y EN LOS SUBSIDIOS Y, EN CONSECUENCIA, QUE SOLO SE ATIENDA AL TIEMPO TRABAJADO Y A LA CANTIDAD COTIZADA, ASÍ COMO A
LOS HIJOS A CARGO, TAL Y COMO SE ESTÁ HACIENDO PARA EL CÁLCULO DE LAS PENSIONES DESDE 2019, AL OBJETO DE EVITAR UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/001898).


El señor PRESIDENTE: Constituida la Mesa en su conjunto, si les parece, procederemos a debatir el siguiente punto del orden del día que son las proposiciones no de ley. Recuerdo a todos los miembros de la Comisión y a los portavoces que
los tiempos serán de siete minutos para el grupo proponente, cinco minutos para los grupos que hayan presentado enmiendas y tres minutos para fijación de posición.


Pasamos entonces a debatir la primera proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a suprimir el coeficiente de parcialidad en el cálculo de las prestaciones por desempleo y los subsidios y, en consecuencia, que solo se atienda al
tiempo trabajado y a la cantidad cotizada, así como a los hijos a cargo, tal y como se está estableciendo para el cálculo de las pensiones desde 2019, al objeto de evitar



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una doble discriminación sobre los trabajadores a tiempo parcial. Es una PNL, como saben, del Grupo Parlamentario Mixto y para su defensa tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señoras y señores diputados. Planteo ante esta Comisión una iniciativa parlamentaria con la que insto al Gobierno a poner fin al coeficiente de parcialidad que vulnera el principio de igualdad y constituye una discriminación
indirecta por razón de sexo. Si lo tuviera que resumir en un titular diría que 'a igual base de cotización, igual prestación e igual subsidio'. Señorías, en la actualidad para determinar la prestación por desempleo o un ERTE se calcula con la base
de cotización de los últimos seis meses previos al despido o al ERTE. Durante el primer semestre posterior el trabajador cobra el 70 % de dicha base y el resto del tiempo -hasta veinticuatro meses-, el 50 %. Como todos ustedes saben, la duración
del desempleo la marca el tiempo cotizado en los últimos seis años y la cantidad resultante a percibir -que no puede ser superior a un máximo ni inferior a un mínimo- varía en función de los hijos a cargo: cero, uno o dos. Pero además, si durante
los últimos seis meses la jornada trabajada no ha sido el cien por cien, la cantidad a percibir se reduce proporcionalmente a la jornada trabajada; es decir, si al perceptor le corresponde por cotización una cantidad y ha trabajado a media jornada,
su prestación se reduce al 50 % de dicha cantidad inicial. Este es el quid del asunto, porque a la precariedad de trabajar menos -circunstancia que en muchos casos no es voluntaria- se le añade que el trabajador afectado recibirá una prestación
inferior e incluso en ciertos casos, a igual salario y cotización se recibe una menor prestación por desempleo por dicha reducción.


Lo trataré de precisar con un primer ejemplo: dos trabajadores que perciben el mismo salario, pagan los mismos impuestos, realizan idénticas aportaciones a la Seguridad Social y en el ámbito familiar tienen las mismas circunstancias no
siempre reciben iguales prestaciones por efecto del coeficiente de parcialidad. Pero es que además, una vez agotada la prestación por desempleo si la persona no se ha reincorporado al mercado laboral y por una situación de carencia de rentas accede
a un subsidio, tal coeficiente de parcialidad se mantiene o se arrastra para los diferentes subsidios que pueda percibir. Es decir, una persona que trabajó media jornada, independientemente de su base de cotización y de los años cotizados, recibirá
solamente el 50 % del subsidio, que será de 226 euros. Otro ejemplo: una persona cuyo contrato sea al 50 %, gane 1500 euros y tenga dos hijos obtendrá la mitad de prestación por desempleo y la mitad de subsidio que una persona con dos hijos que
ganando lo mismo tuviera un contrato al cien por cien, a pesar de haber contribuido igual. Es más, en muchos casos ganando menos y cotizando por menos cantidad, pero siendo mayor la jornada laboral, se obtiene mayor prestación y mayor subsidio, lo
cual, mírese por donde se mire, resulta palmariamente injusto.


Como precedente, cabe recordar que similar situación también se producía en el cálculo de las pensiones y que estas se reducían por el coeficiente de parcialidad, de la misma forma que impacta en la prestación por desempleo y los subsidios.
Varias sentencias, una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otra del Tribunal Constitucional, han suprimido este coeficiente de parcialidad para el cálculo de las pensiones desde 2019 y, de hecho, actualmente ya no se aplica. De ahí que
con las sentencias en la mano instemos al Gobierno a que se aplique el mismo criterio para el cálculo de la prestación por desempleo y para los subsidios por desempleo y que no se tenga en cuenta el coeficiente de parcialidad, ya que tal y como
determinó el Tribunal Constitucional vulnera el principio de igualdad y constituye una discriminación indirecta por razón de sexo. Para ello, sería necesario modificar los artículos 270.3, que hace referencia a la cuantía de la prestación por
desempleo, y 278.1, que hace referencia a la cuantía del subsidio, ambos del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.


El texto de mi proposición no de ley insta, en definitiva, a la supresión del coeficiente de parcialidad en el cálculo de las prestaciones por desempleo y en los subsidios y, en consecuencia, que solo se atienda el tiempo trabajado y la
cantidad cotizada, así como los hijos a cargo, tal y como se está haciendo para el cálculo de las pensiones desde hace dos años, al objeto de evitar una doble discriminación sobre los trabajadores a tiempo parcial.


A esta proposición no de ley, señor presidente, se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista. He tratado de negociar con el grupo mayoritario que apoya al Gobierno una transaccional que incorporarse la
enmienda del Grupo Popular y del Grupo Socialista, renunciando completamente a mi propio texto y eludiendo el plazo para elaborar un estudio sobre la posible existencia de discriminación derivada del coeficiente de parcialidad en el cálculo de las
prestaciones por desempleo



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y en los subsidios de los trabajadores a tiempo parcial. En aras de sacar algo en favor de los parados y avanzar en posibles mejoras al sistema de protección del desempleo, he elaborado un texto transaccional, que pasaré a continuación a la
Mesa, y agradezco a la señora Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista, y al señor Cabezón Casas, del Grupo Parlamentario Popular, su colaboración para llegar a este texto, aunque siendo de mínimos en relación con lo que yo aspiraba,
menos es nada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Oblanca.


A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, del Grupo Popular y del Grupo Socialista, como acaba decir el señor Martínez Oblanca.


Para defender su enmienda tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Cabezón.


El señor CABEZÓN CASAS: Muchas gracias, presidente.


Señorías, comparezco en nombre del Partido Popular para manifestar hoy nuevamente nuestra voluntad de trabajar para mejorar las condiciones sociales, laborales y económicas de todos los españoles, especialmente de quienes peor lo están
pasando. Defender y trabajar por esto es uno de los mayores honores que se pueden tener en el servicio público. Y es una pena que esta no sea también la voluntad de quienes hoy nos gobiernan. Digo que es una pena que las ideas con las que
llegaron al Gobierno la ministra Calviño y el ministro Escrivá pierdan siempre frente a los postulados de la facción más radical del Gobierno. Por eso, los partidos que estamos decididos a trabajar por España y por los españoles debemos sumar y la
enmienda que hemos presentado a esta PNL es una muestra de ello: sumar para mejorar y avanzar.


Esta enmienda es más que una declaración de intenciones; es un paso adelante en la defensa de quienes pueden tener peores condiciones laborales, económicas y sociales. Queremos que el Gobierno se comprometa a analizar si existe una
situación de desventaja derivada de la aplicación del coeficiente reductor del desempleo y otros subsidios de los trabajadores parciales. Es cierto que a la vista de la jurisprudencia más reciente, tanto de los tribunales españoles como del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entendemos que el coeficiente de parcialidad se adapta a la necesaria proporcionalidad de cotizaciones que rigen nuestro sistema social y que no vulnera los principios de igualdad y no discriminación, pero
queremos analizarlo en profundidad. Queremos buscar las fórmulas que garanticen que nuestra normativa se adapta siempre al mayor beneficio de los cotizantes y del sistema y por eso hemos planteado esta enmienda en esa línea, una enmienda que quiere
ayudar. Con la información que solicitamos en la enmienda, seríamos capaces de diseñar políticas sociales y de empleo que miren en favor de todos. Si me permiten, es una enmienda que busca conocer para mejorar.


Es cierto que todo indica que los pasos del Gobierno van en otra dirección y los datos no nos mienten. Hoy salimos de la crisis derivada de la pandemia creando más empleo temporal y más empleo a tiempo parcial y esto se traduce, en
definitiva, en empleos de peor calidad que implicarían peores pensiones en el futuro y esta, como ustedes bien saben, no es la receta del Partido Popular; de hecho, es la contraria y los datos una vez más no mienten. El Gobierno del Partido
Popular, gracias al esfuerzo de toda la sociedad y a medidas adecuadas, como la reforma laboral de 2012, logró que la salida de la crisis pasada se hiciera creando empleo indefinido -de hecho, permitió el mayor periodo ininterrumpido de crecimiento
en la contratación indefinida, sesenta meses de crecimiento de contratación indefinida- y más empleo a tiempo completo, el 95,6 % del empleo que se recuperó frente a los contratos parciales, que eran solo del 3,5 %. Es decir, empleo de más calidad,
que se traducía en mejores pensiones y menos empleo a tiempo parcial, que permitía menos aplicación de coeficientes de parcialidad. El Gobierno, sabiendo esto, tiene que tragar con las derogaciones que le impone Podemos y su política no es mejorar
para avanzar, sino destruir para retroceder, aguantar como sea en el poder, aunque sea a costa del empleo de los españoles. Por eso, el Grupo Popular ha presentado esta enmienda, porque queremos más y mejores empleos, más y mejor economía y, en
definitiva, más y mejores pensiones. Para ello necesitamos un análisis profundo de los datos, porque creemos que cada paso que damos en materia de pensiones y subsidios debe ir de la mano de políticas de empleo eficientes. El conocimiento de lo
solicitado en la enmienda de mi grupo nos permitiría diseñar políticas públicas de empleo y sociales más justas y más sostenibles.


Señorías, los trabajadores a tiempo parcial y todos los empleados que de algún modo se han visto afectados por esta pandemia merecen que sumemos esfuerzos y por eso el Partido Popular siempre estará dispuesto a ello.


Muchas gracias. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cabezón.


Para defender la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Perea por un tiempo de cinco minutos.


La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.


Buenas tardes. En relación con la proposición no de ley que ahora debatimos del Grupo Mixto, presentada por el diputado de Foro, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda que ya hemos cerrado y ahora haremos llegar una transaccional
a la Presidencia.


Señorías, la primera tarea que consideramos urgente -así lo recogimos en nuestro programa de Gobierno- es evitar que no se produzcan lagunas en nuestro sistema de protección por desempleo. La pandemia ha puesto de manifiesto su eficacia y
también, como digo, la necesidad de su mejora. Ha sido necesario proceder a su adaptación para garantizar su eficiencia. También ha sido necesario articular una nueva prestación no contributiva -el ingreso mínimo vital- para evitar pobreza y
exclusión social. Esta es la tarea que estimamos más urgente: que nadie se quede atrás. Pero, evidentemente, nuestra enmienda también recoge que en esa mejora de la protección se tenga en cuenta la forma de prestación de la realización laboral,
por ejemplo, a tiempo parcial. Los Gobiernos socialistas hemos ido mejorando este coeficiente de parcialidad para evitar discriminación, vertical u horizontal, y no negamos que pudiera continuar mejorándose su aplicación, previo estudio, pero no su
supresión. Por tanto, la voluntad de este grupo y del Gobierno de coalición es clara y diáfana, pero hay que hacerlo bien, no de cualquier manera. La enmienda que le proponemos es para hacerlo bien y teniendo en cuenta un orden de prioridades.


Y le tengo que hacer una apreciación, señor Martínez Oblanca, y es que en la redacción de su iniciativa no queda muy claro el petitum, pues pudiera dar a entender que no se distingue entre el cálculo de una prestación por desempleo de la
cuantía. Para el acceso a la prestación, ustedes saben que día en alta es día cotizado, día trabajado es día cotizado. Y estará conmigo en que la base de cotización es en proporción a la diferente jornada laboral -parcial o completa-. Por lo
tanto, la prestación no puede obviar esa circunstancia. De hecho, la supresión que usted propone podría llevarnos a la paradoja de que se pudiera cobrar más con la prestación por desempleo que con la atribución de un salario, pues, evidentemente, a
este salario sí que se le aplica un porcentaje de reducción de jornada teniendo en cuenta el tiempo de prestación laboral a tiempo parcial.


Por otra parte, señor Martínez Oblanca, como usted dice en su propio escrito, el artículo 270 establece mínimos para la prestación. A mayor abundamiento, en el sistema de Seguridad Social -precisamente por tratarse de una estructura muy
similar a la maquinaria de relojería suiza- no procede plantearse suprimir coeficientes y punto. Si se produce una disfunción -y es lo que le plantea nuestra enmienda-, se le tiene que dar un tratamiento teniendo en cuenta todas las variables. Si
se tiene que suprimir el coeficiente de parcialidad o actuar con otro mecanismo, merece un análisis como le venimos planteando.


Estamos pasando, señorías, por un momento complicado con esta pandemia, un momento que ha afectado a los servicios públicos de forma importante y también a la actividad económica. De no haberse levantado un muro, como ha sido el escudo
social y económico, hoy estaríamos ante situaciones muy diferentes a las que ahora les diré. Por ejemplo, en datos de afiliación, hoy existen 80 000 personas más que antes de la pandemia. He escuchado al portavoz del Partido Popular y aunque
parece que él no lo recuerda para empezar a salir de la crisis financiera tuvieron que pasar diez años. En este momento estamos con mejores datos que los prepandémicos: solo quedan 250 000 trabajadores en ERTE; la reducción baja a ritmos del 30
%, y los datos macroeconómicos que avalan organismos internacionales, marcan un camino de previsiones de crecimiento económico de más de seis puntos porcentuales del producto interior bruto para el próximo 2022. Insisto, escuchando al portavoz del
Partido Popular, parece que no reconozca ni sus propios datos cuando gobernaron: la mayor desigualdad salarial, cayeron seis puntos porcentuales en salarios. El Partido Popular pretende reescribir la historia, pero los datos no se pueden
reescribir.


Ciertamente, aquí no se acaba nada, aquí no está todo hecho. La actividad económica necesitará apoyo para relanzarse con fortaleza, de ahí que los Presupuestos Generales del Estado se dirijan a mejorar la vertebración y la cohesión, a
impulsar pymes y a ganar en competitividad mediante la inversión en I+D+i. Voy acabando. Ahí está -les digo tanto al portavoz del Partido Popular como al de Foro- la ejecución de los fondos Next Generation, que traerán a este país una estructura
económica más sólida. Yo le diría, señor Martínez Oblanca: súmese a apoyar los Presupuestos Generales del Estado, que gracias a ellos los fondos de la Unión Europea empezarán a ejecutarse para ayudar a empresas, pymes y autónomos. Si nos acepta
esta transacción, evidentemente votaremos a favor.



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Por último, estará conmigo, señor Martínez Oblanca, en que hay que analizar la cuestión en profundidad y en que no cabe plantear una mera supresión para evitar precisamente que el sistema continúe manteniendo disfunciones.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Perea.


Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Empezamos por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, señor presidente.


Buenos días, o buenos medios días, señorías. Lo cierto es que leía la PNL propuesta por el Grupo Mixto, y presentada por el señor Isidro Martínez Oblanca, y me extrañaba que pudieran darse ese tipo de disfunciones. Una vez escuchadas las
intervenciones, parece que hay elementos que no están demasiado claros, pero lo único que realmente cabe advertir de esta situación es que si son ciertos los parámetros, las premisas de las que ha partido el señor Martínez Oblanca, situaciones como
las expuestas no son de recibo, no son aceptables. No puede ser que con un nivel de cotización parecido se den prestaciones diferenciadas, ni que quien como consecuencia de diferentes situaciones en la vida, tanto por el COVID o fuera de él, tenga
que acudir a contratos de trabajo de forma parcial y no tenga otro remedio que tener una prestación en cuantías no solo indebidas, sino menores posiblemente a los que corresponderían sus parámetros de cotización.


Dicho esto, he leído cómo se han propuesto diversas propuestas de enmiendas y de transacción a las que ha hecho referencia al señor Martínez Oblanca. Me gustaría que esa fuera la vía, más allá de intervenciones como las que me han
precedido, en el sentido de que uno es más y el otro es menos, uno ha hecho un tipo de cosas y el otro ha hecho menos, utilizando este tipo de materias, que son excesivamente sensibles como para jugar con ellas, para hacer un tipo de ataque al otro
adversario político. Al margen del contenido de la propia propuesta, lo cierto es que esta es una propuesta que hay que apoyar y si es en el régimen de transacción y de acuerdo, mucho más. La apoyaré, y espero que sea con transacción. Me parece
correcto añadir algo, en los términos de lo que ha señalado la señora Perea, y es que esta es una cuestión que hay que estudiarla bien, hay que saber cuáles son sus parámetros, sus contenidos y sus perfiles. Por lo tanto, esa línea de acuerdo me
parece bien y la apoyaré.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Barandiaran.


Pasamos al Grupo Parlamentario Confederal. Para defender su posición, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias también al señor Martínez Oblanca, porque creo que esto es un debate de calado, en el que hay que profundizar y está bien hacerlo aquí. Desde nuestro punto de vista, y obviamente a la espera de cuál será el texto que anuncie el
proponente de la transaccional, aquí hay dos cosas: por un lado, estaría todo lo que afecta a pensiones que entra de forma tangencial en el debate, y seguramente sí que podríamos estar de acuerdo en los efectos si profundizáramos en el debate,
pero, por otro lado, la iniciativa se centra en la cobertura por desempleo. Entendiendo lo que expone y presuponiendo la buena intención del diputado y compañero, Martínez Oblanca, en la exposición y en las diferentes situaciones que se pueden dar,
nosotros ponemos sobre la mesa también que existen determinados riesgos que para nosotros son importantísimos porque al final, aunque la intención sea buena, se puede acabar beneficiando a las bases de cotización más altas y generar un coladero muy
grande para el fraude.


Me explico. Si elimináramos por completo el coeficiente de parcialidad, se podría llegar a la situación en la que a las rentas muy altas, por ejemplo, un directivo, altos ejecutivos y demás, se les ofreciera un contrato en el que se pusiera
sobre la mesa una hora de jornada nada más, sabiendo que la cotización, la prestación y protección que va a tener va a ser de ocho horas se le puede pagar un salario gigantesco y ahorrarse la empresa la cotización del resto de las horas, pues solo
cotizaría por una hora. Esto solo lo podrían hacer, evidentemente, con salarios y sueldos muy altos. Además, se daría otra paradoja en el lado contrario, que serían los salarios más bajos -y con esta explicación de los coladeros del fraude
termino-. Por ejemplo, en el sector servicios, a una persona que vaya a trabajar de camarera se le puede decir que se le da de alta nada más que una hora, porque como no le va a bajar el paro, ya que el paro al que va a tener derecho va a ser el
mismo que si trabajara ocho, lo demás se lo dan en B, se lo pagan en un



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sobrecito y ya está. Por eso, a falta de conocer el texto, nosotros creemos que es mejor afrontar las causas y no intentar minimizar las consecuencias y acabar con la parcialidad no deseada en el país, que afecta principalmente a mujeres,
con medidas estructurales como las que se están negociando ahora mismo en las mesas del diálogo social, como puede ser la eliminación de las horas complementarias, etcétera. Quedamos a la espera de la transaccional.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


Es curiosa siempre la presunción de culpabilidad de Podemos hacia algunas personas mayores cotizantes, pero estamos acostumbrados a ello.


Quisiera felicitar al señor Martínez Oblanca por esta proposición no de ley para suprimir el coeficiente de parcialidad. Incluso entendemos que llega tarde, pues hemos podido comprobar que ha sido y está siendo uno de los grandes problemas
consecuencia de los ERTE, y el gran problema para personas que cotizan cantidades importantes porque trabajan horas importantes y hacen trabajos importantes, pero que no se les tiene en cuenta a la hora de cobrar el desempleo, tal y como se ha
comentado.


Yo quisiera centrarme en estos dos minutos en la repercusión que tiene en la pensión de jubilación de un trabajador a tiempo parcial, que se obtiene multiplicando la base reguladora determinada, en función de los salarios efectivamente
percibidos y de las cotizaciones efectivamente satisfechas, por un porcentaje que depende de la duración de un período de cotización y al que se le aplica un coeficiente de parcialidad equivalente a la relación existente entre la jornada a tiempo
parcial efectivamente trabajada y la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo, comparable con un incremento de un coeficiente del 1,5 %. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de julio de 2019 declaró
inconstitucional y nulo el párrafo primero de la regla tercera, letra c), de la disposición adicional séptima de la Ley General de Seguridad Social, artículo 247, que contenía dicho cálculo, entendiendo que este vulneraba el derecho a la igualdad y
el principio de no discriminación, dado que la mayoría de personas trabajadoras a tiempo parcial, entre otras cosas, son mujeres. La sentencia del Tribunal Constitucional recoge el supuesto de un jubilado que había trabajado durante casi toda su
vida a tiempo parcial y que había visto cómo su periodo de cotización era inferior al efectivamente realizado, tras la aplicación de dicho cálculo. El Tribunal Constitucional se pronuncia en la misma línea que la sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea de 8 de mayo de 2019, que ya había advertido de que la fórmula de calcular la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial discriminaba a los trabajadores en tal calidad y, predominantemente, a las mujeres.


Esperemos que la transaccional no diluya esta PNL en el sentido estricto en el que se ha planteado. Y vuelvo a felicitar al señor Martínez Oblanca por tal iniciativa.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.


Señor Martínez Oblanca, respecto a si acepta o no las enmiendas.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Haré llegar a la Mesa un texto transaccional para someterlo a votación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Perfecto. Muy amable, muchas gracias.


- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1148/2011, DE 29 DE JULIO, PARA LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE, AMPLIÁNDOLA A HIJOS A CARGO MÁS ALLÁ DE LA MAYORÍA DE EDAD.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002323).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley que tenemos para debatir hoy, del Grupo Popular, relativa a la modificación del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la prestación económica por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ampliándola a hijos a cargo más allá de la mayoría de edad.



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Para defender esta PNL, por parte del grupo proponente, tiene la palabra por siete minutos el señor Movellán.


El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, el Real Decreto 1148/2011 incorpora a nuestro ordenamiento jurídico una prestación económica destinada a los progenitores adoptantes o acogedores que necesitaban reducir su jornada laboral para poder dedicarse al cuidado de los
menores afectados por cáncer o enfermedades graves, con la finalidad de ampliar la acción protectora de la Seguridad Social. Esta prestación, que tiene carácter de subsidio, tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que sufren al tener que
reducir su jornada con la consiguiente disminución de salarios, ocasionada por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente de los hijos o menores a su cargo durante el tiempo que están hospitalizados y el tiempo de tratamiento
continuado de la enfermedad.


Dentro del conjunto de las enfermedades graves se encuentran todos aquellos menores que son diagnosticados con una enfermedad rara. Señorías, podríamos pensar que este tipo de enfermedades afectan, en principio, a muy pocas personas, ya que
se caracterizan por su baja prevalencia -solo una de cada dos mil personas- y heterogeneidad -hasta siete mil enfermedades raras de origen genético distintas-. No obstante, los datos certifican que en nuestro país tres millones de personas sufren
algún tipo de enfermedad rara, apareciendo fundamentalmente en edad temprana, antes de los dos años de vida, con muy difícil diagnóstico y, en la mayoría de los casos, sin existir apenas tratamiento. Señorías, si bien es verdad que la Orden
Ministerial 103/2019 modifica el anexo del real decreto, amplía el catálogo de dolencias graves que pueden dar lugar al reconocimiento de la prestación e incluye la posibilidad de dar cobertura a otras enfermedades graves con trastornos de base
genética, también es verdad que queda mucho margen de mejora y mucho camino por andar. Y dentro de ese margen de mejora, señorías, ya se han comenzado a dar esos pasos, como la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que
fue aprobada por unanimidad en noviembre del año pasado, para la reforma del artículo 42.1.c) de la Ley General de la Seguridad Social. Con esta iniciativa lo que se pretende es ampliar la acción protectora para las enfermedades raras, ampliando su
cobertura para las fases de ensayos clínicos y tratamientos en investigación y no limitándolo, como en la actualidad, solo a las hospitalizaciones y los tratamientos continuados, tal y como se recoge en la actual legislación.


Esta iniciativa, que actualmente está en tramitación parlamentaria en el Congreso, dará una respuesta a una realidad de muchas familias que, buscando una cura o una mejor salud para sus hijos, se ven obligadas a trasladarse a otra comunidad
autónoma o incluso al extranjero para acceder al diagnóstico o tratamiento en hospitales donde reside la experiencia. Además del coste económico que ello supone, los padres han de solicitar un permiso laboral no retribuido en la actualidad, por lo
que dejan de percibir ingresos durante el tiempo que dura este desplazamiento, ya que esta contingencia, como digo, no la recoge la Seguridad Social.


Señorías, esta es la realidad estadística y jurídica, pero detrás de estas cifras y detrás de la legislación se encuentra la realidad que están viviendo en nuestro país miles de familias, miles de madres y padres coraje que han tenido que
reducir sus jornadas laborales para dedicarse al cuidado continuo y permanente de sus hijos. Señorías, cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad es habitual que las familias celebren esta fecha de una forma especial. Sin embargo, en las
familias con hijos afectados por enfermedades graves ese día se convierte en un motivo de preocupación y de desamparo y marca un antes y un después en la estabilidad económica y laboral del hogar. Y es que, con la actual legislación, al cumplir el
menor la mayoría de edad se pierde el derecho a la percepción de la prestación y esta pérdida del subsidio se produce cuando los hijos no solo no están curados, sino que en la mayoría de los casos, al ser patologías degenerativas, tienen mayores
limitaciones, son mucho más dependientes y necesitan más que nunca el cuidado y la atención de sus padres y madres.


Esta iniciativa que hoy traemos pone voz a la más que justa reivindicación de miles de madres, padres y asociaciones en nuestro país. Lo han reclamado la Federación Española de Enfermedades Raras, Cermi, ASEM, Duchenne Parent Project
España, ASPACE y miles de padres y madres en toda la geografía de nuestro país. Algunas instituciones ya se han pronunciado sobre esta justa reivindicación. El Parlamento de Canarias, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, aprobó en marzo de
este año por unanimidad esta iniciativa. Allí, nuestros compañeros en el Parlamento pudieron escuchar las voces de varias de esas madres coraje -de Cristina, Martina, Natalia, Sandra- que expusieron en primera persona la realidad que viven día a
día en el cuidado de sus hijos y de sus hijas. Ellas pusieron en Canarias la voz a miles de



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familias españolas que piden ayuda para poder seguir cuidando y dando la mejor calidad de vida a sus hijos más allá de la mayoría legal.


Y hay que decir que, si no actuamos, muchas familias con menores afectados por cáncer o enfermedades graves sufrirán una desprotección social con un gravísimo impacto económico en la unidad familiar. Si no actuamos, no estaríamos trabajando
en favor de la conciliación laboral y familiar, estaríamos exponiéndonos a que esas madres o esos padres pudieran perder sus puestos de trabajo por no poder reducir las jornadas laborales, o tendrían que renunciar, porque siempre, como han hecho
durante estos años, anteponen la calidad de vida de sus hijos. Podrían perder derechos de pensión y otros derechos sociales.


En cuanto a las prestaciones, hay que tener en cuenta en la próxima tramitación parlamentaria la diversidad de las familias, las familias monoparentales. Igualmente, hay que analizar los casos de separaciones o divorcios con la guardia y
custodia y, también, cómo quedarían los derechos de la prestación en la jubilación.


Otras instituciones, como el Gobierno de Canarias, ya han avanzado en la regulación de permisos para el personal laboral y funcionario, pero lo que pedimos ahora es para que el Congreso de los Diputados se ponga del lado de todos los
trabajadores y trabajadoras españolas y dé respuesta a esta demanda y a esta justa reivindicación. Por eso, esta PNL pone voz y trabaja para dar respuesta a esta justa reivindicación, y queremos ampliar esta acción protectora no solo a los menores,
sino también a aquellos pacientes con enfermedades graves, una vez alcanzan la mayoría de edad. Debemos ayudar especialmente a todas aquellas familias con hijos con enfermedades minoritarias, enfermedades crónicas y progresivas que acaban generando
un alto grado de discapacidad y dependencia que, más que solucionarse en su mayoría de edad, se ven agravadas porque en muchos casos no existen tratamientos efectivos. Las singularidades de cada uno de estos hijos e hijas requiere de un gran
esfuerzo por parte de todos los que la padecen y de sus entornos, y esta propuesta ayudaría a facilitarles la vida. Por eso pedimos que se realicen las modificaciones para que esta prestación continúe cuando esos hijos cumplen la mayoría de edad y
que se regulen los permisos. Y por eso estamos trabajando en una enmienda transaccional con el PNV, porque compartimos al cien por cien la enmienda que ha presentado, que es ampliarlo y dejar clara esa dependencia severa, esa gran dependencia a la
que se ven expuestos estos menores.


Nos sorprende que el Partido Socialista se haya puesto de perfil y presente una enmienda que es una declaración de intenciones. Creo que tenemos que comprometernos y responder de manera firme a esta justa reivindicación. El Grupo
Parlamentario Popular cree que es de justicia y es un reconocimiento a esas madres y padres coraje, que están dedicando los mejores años de su vida para que sus hijos tengan la mejor calidad de vida y no les falte nada. Por eso, pido el apoyo por
unanimidad, como así lo han tenido en otras instituciones.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Movellán.


Se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley. Para defender la del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.


Decía el señor Movellán -y es cierto- que con la enmienda que hemos presentado pretendíamos mejorar la cobertura en la atención por parte del sistema público, con carácter general, de unas situaciones derivadas de cáncer o enfermedad grave
de menores, pero también hacía alusión en su relato a una doble situación. De una parte, atendiendo al Real Decreto 1148/2011, pero también a la propia legislación en materia de Seguridad Social, de lo que estamos hablando es de una prestación
determinada con ocasión de una enfermedad grave de menores y también de la concreción o la ampliación del abanico de situaciones por las que se puede entender esa situación de enfermedad, respecto de la que sí hace falta una visión más amplia de la
que actualmente tiene la normativa existente.


Por otra parte, también estamos haciendo referencia, sobre todo, a la prestación para los padres o cuidadores a la que se está refiriendo el citado real decreto. Pero, ojo, también la legislación, la normativa de aplicación, que se extiende
tanto a la Ley General de Seguridad Social, al Estatuto de los Trabajadores o, incluso, aunque expresamente lo excluye el Real Decreto 1148, también a los funcionarios públicos. Es decir, de lo que estamos hablando es de la posibilidad de que los
padres, progenitores, cuidadores o adoptantes de menores con algún tipo de enfermedad puedan atender esa situación de necesidad en



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cualquier momento y con independencia -y esa es la enmienda que hemos querido introducir- de la edad en la que se encuentren.


Además, nuestra enmienda va encaminada a otro tipo de reflexión, y es la aparente distinción entre las situaciones de discapacidad -por decirlo de alguna manera- y la necesidad de atención o de dependencia. Es decir, no por tener algún
grado de discapacidad declarado en todos los casos se es dependiente ni al revés; no todos los dependientes tienen reconocido algún grado de discapacidad elevado. Por lo cual, se está produciendo una especie de distorsión según la cual los padres
de determinados menores -y no solo menores, sino de personas que están en las listas de atención por estar en esa situación de enfermedad- no pueden acceder a ese tipo de prestación, que es no contributiva, respecto de la cual entendemos que se debe
de ampliar su abanico, ampliar su espectro y se le debe de dar cobertura. Además, con ello se hace partícipe de esa declaración de dependencia a los organismos competentes para ello, que en estos casos son las comunidades autónomas, que son los que
van a declarar la situación de una dependencia severa o de una dependencia de otro tipo, para que puedan ser atendidos.


En todo caso, entendemos que la pretensión de la proposición no de ley del Grupo Popular, a la que nos adherimos y que pretendemos mejorar con nuestras reflexiones y con las enmiendas que hemos planteado, es la de poder dar cobertura a unas
situaciones que actualmente tienen un límite determinado atendiendo a la edad de los menores, que creemos que no está justificado, ya que la situación de necesidad continúa al margen de la edad de esas personas que deben de ser atendidas.


Por lo tanto, no solo la apoyaremos, sino que también pediremos al Grupo Popular que atienda nuestras enmiendas, que esperamos y sabemos que va a atender.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Barandiaran.


La otra enmienda presentada a esta PNL es del Grupo Socialista. Para defenderla, tiene la palabra la señora Pedraja.


La señora PEDRAJA SÁINZ: Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, desde este Grupo Parlamentario Socialista queremos mandar nuestro ánimo, nuestro apoyo y nuestra comprensión a todas las personas que padecen un cáncer o a todas las personas que padecen una enfermedad grave. Al final, esto
supone una carga psicológica para estas personas y no solo eso, sino que supone muchas veces muchísimo dolor para todas estas personas y sobre todo para estas familias. Por ello, consideramos que no se puede hacer política con esto, no se puede
intentar conseguir un rédito político con esto, y por ello nosotros venimos aquí a defender verdaderamente a las personas que sufren estas enfermedades y no a intentar rascar votos.


Este real decreto lo que propone es que todos aquellos menores que sufren un cáncer, una enfermedad grave y sus progenitores, ambos, están trabajando, si este menor queda ingresado o tiene un tratamiento de larga duración, uno de sus
progenitores podrán optar a una reducción de jornada mínimo del 50 %, y gracias a esta reducción de jornada recibirán una prestación y podrán dedicarse al cuidado única y exclusivamente de este menor. Hasta ahora deben ser menores de edad. Y
ustedes lo que proponen con esta proposición no de ley es que no solo sean los menores de edad, sino que se amplía a todo rango de edades, siempre y cuando este hijo a cargo siga teniendo esta enfermedad. La verdad es que ustedes presentan una
proposición no de ley sin una base jurídica y, sobre todo, presentan una proposición no de ley que es muy difícil de analizar, porque tampoco hablan del total de la duración de esa prestación. Es la razón por la que desde este grupo parlamentario
hemos presentado esa enmienda. Ustedes dicen que el Partido Socialista se está poniendo de perfil. No, el Partido Socialista no se está poniendo de perfil, como tampoco se puso el Gobierno canario en su momento y también estaba el Partido
Socialista allí. Aquí el Partido Socialista simplemente dice que esta proposición no de ley no tiene una base jurídica, que ustedes no dicen si esta prestación va a durar muchos años o es desde que el menor nace hasta que acaba la enfermedad;
ustedes no concretan exactamente cuánto tiempo tiene que durar esta prestación, y además tampoco ponen una solución para todos aquellos empresarios que van a sufrir la falta de su trabajador. No dicen: a este empresario deberemos darle unas
prestaciones porque este trabajador desaparece de la empresa. Y tampoco comentan si son todas las enfermedades o son solo algunas enfermedades. Ustedes hacen una proposición muy generalizada, y es por ello por lo que desde este grupo hemos
presentado una enmienda a la proposición no de ley, porque además consideramos que se debe calcular el impacto que esta proposición puede tener sobre el Sistema de Seguridad Social. Esta enmienda dice que el Congreso



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de los Diputados insta al Gobierno a realizar un estudio sobre el impacto que tendría sobre el Sistema de Seguridad Social la extensión de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave más allá
de los dieciocho años de edad, con determinación del incremento del gasto que ello supondría, atendiendo a los supuestos en que procedería dicha extensión y el tiempo de su duración, teniendo en cuenta que nos encontramos ante una prestación de
naturaleza temporal con consecuencias, a su vez, para las personas empleadoras.


Con todo, desde este grupo -ya ha comentado que no se acepta la enmienda- consideramos que es algo muy bueno para las familias y que este grupo siempre debe posicionarse a favor de esas familias y a favor de esos menores. Somos un partido
que siempre ha defendido los derechos sociales, este real decreto, además, se aplicó gracias al Partido Socialista, y es por ello por lo que sí votaremos a favor, aun considerando que no cumple una base jurídica y que no está bien determinada la
temporalidad de esta ayuda.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Me resulta muy interesante y me parece muy buena esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular, en la que se promueve una mejora para prestar atención a las familias que desgraciadamente tienen que modificar sus condiciones
laborales para acomodar el tiempo a la atención de hijos que tienen que combatir enfermedades que requieren, tanto por su incidencia como por su tratamiento y por sus peculiaridades, un cuidado directo, continuo y permanente. La acción protectora
que aquí se promueve responde al ejercicio de solidaridad que está en la base de la Seguridad Social y, por lo tanto, supondría un avance en las prestaciones en beneficio de las familias a las que la quiebra de la salud de hijos menores pone en una
situación de precisar de mecanismos de ayudas públicas.


Otro de los apartados de esta iniciativa parlamentaria promueve la regulación del permiso para que aquellos familiares y tutores que necesiten una reducción de la jornada laboral para cuidar, en este caso, a hijos mayores de edad afectados
por patologías graves o discapacidades iguales o superiores al 33 %, tal y como ha explicado el señor Movellán, puedan acceder a ello.


La enmienda del Grupo Socialista reconvierte el buen fin de esta proposición no de ley en la realización de un estudio de impacto en la economía de la Seguridad Social, lo que claramente dilata el objetivo de la iniciativa, lo cual
revaloriza las precisiones que sí se realizan en la enmienda del Grupo Vasco, y de ahí que me parezca oportuna la apertura del abanico de medidas que ha señalado el señor Barandiaran, por lo que daré mi voto favorable a la transaccional que se va a
redactar, no sin antes considerar un muy buen gesto del Grupo Socialista que, pese al rechazo a la incorporación de su enmienda al texto definitivo que se va a votar, vaya a votar favorablemente el conjunto de esta iniciativa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Oblanca.


Pasamos al Grupo Parlamentario Confederal. Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.


Esta es una de esas iniciativas que es casi imposible que no genere un consenso total y absoluto en la Cámara. Mucho sectarismo tendría que haber detrás de no apoyar iniciativas como esta, que no surge de ningún grupo parlamentario, sino
que surge del empuje de la sociedad civil, de madres organizadas, y para mí como canario es un orgullo saber que muchas de esas madres son madres canarias y han empujado y conseguido los posicionamientos en las instituciones canarias y ahora han
conseguido de manera directa o indirecta que llegue al Congreso de los Diputados. Como bien decía el grupo proponente, esto es algo transversal y que afecta a familias a lo largo y ancho de todo el Estado, y no es otra cosa -ya lo han dicho y no me
voy a reiterar- que un derecho social que da, por lo menos, una pequeña ayuda dentro de los infiernos personales y familiares que se viven cuando ocurren situaciones como estas de enfermedades muy graves, que generan una alta dependencia de esas
personas a su entorno familiar. Los que hemos tenido la oportunidad, el honor y el orgullo de compartir espacios, debates y reuniones lo hemos oído de una forma muy clara, que voy a reproducir aquí, y creo que es la mejor forma de hacerlo, dejando
tecnicismos a un lado. Ellas dicen: ¿sabe cuál es el problema? Que cuando cumplen dieciocho



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años no ocurre un milagro y estas personas se curan. Son reuniones que suelen ser duras emocionalmente por los relatos que ponen sobre la mesa, y dicen que realmente es al contrario, que lo que suele ocurrir es que muchas de estas
enfermedades son degenerativas y la situación de dependencia, la situación de cuidados va en aumento en vez de disminuir. Yo creo que marcar la finalización de este derecho social en los dieciocho años obliga a renunciar a la carrera principalmente
a las mujeres, porque son las que se encargan del cuidado en la realidad actual -decir lo contrario sería mentir- y obligan a renunciar a la carrera profesional o, en muchos casos, obligan directamente a renunciar al empleo, con lo que se agrava aún
más la situación ya de por sí complicada que tienen muchas familias. Y otra de las peticiones -entiendo que el segundo punto va por ahí, pero no lo concreta el texto de la PNL- tiene relación con el uso de unidad familiar mucho mejor que de
progenitor o progenitora, porque se da el caso de que muchas veces no están en la misma unidad de convivencia, la otra persona pierde el trabajo por el motivo que sea, deja de cotizar a la Seguridad Social y la persona que está al cuidado pierde la
posibilidad de acceder a este derecho. Por lo tanto, una de las reclamaciones de las madres es que se use la unidad familiar en lugar de los términos progenitor o progenitora.


Sin nada más que añadir, muchísimas gracias y espero que salga adelante la iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Buenas tardes. Gracias, presidente.


Quiero adelantar que desde el Grupo Parlamentario VOX vamos a votar positivamente esta proposición no de ley. No es necesario explicar el sufrimiento de una enfermedad grave con largos periodos de hospitalización, más aún cuando son
menores. Junto al sufrimiento padecido por la enfermedad, se añaden los desplazamientos hospitalarios, a veces lejos del domicilio, y la imposibilidad de conciliar el cuidado con la actividad laboral, por lo que los progenitores tienen que pedir
permisos o excedencias. Todo esto se traduce, además del sufrimiento del menor y de los familiares ante el padecimiento de una enfermedad, en un gran desembolso económico que muchas familias no son capaces de asumir, junto con la pérdida de
ingresos. La enfermedad de un menor es una circunstancia traumática que afecta a toda la familia en todos sus ámbitos: económico, social y psicológico, y ante esta problemática que sufren los progenitores cuyos hijos padecen una enfermedad de
larga hospitalización, ha tenido que ser la sociedad civil la que ha tenido que responder, bien sea con campañas de donaciones para hacer frente a esos gastos derivados de la hospitalización, como viajes o alquiler de una vivienda cerca del
hospital, bien sea con la caridad, por ejemplo, a través de la labor de algunas organizaciones.


En VOX estamos totalmente concienciados con la defensa de los menores y los enfermos y con la defensa de su dignidad, por lo que analizando la PNL y su solicitud, planteamos varios matices. En cuanto al primer punto, para modificar el Real
Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para que sea ampliada la prestación más allá de la mayoría de edad, siempre y cuando se acredite la necesidad de cuidar a los hijos a cargo de manera directa, continua y permanente, desde este grupo entendemos que
debería proyectarse la prestación hasta el fin de la enfermedad, aunque el convaleciente o enfermo haya dejado de ser menor de edad, ya que el vínculo y la unidad familiar continúa pese a que haya dejado de ser menor de edad.


Y en relación con el segundo punto de la proposición: regular el permiso para que la unidad familiar, guardadores con fines de adopción, acogentes o tutores legales que necesiten reducir su jornada laboral para cuidar de hijos o hijas
menores de edad afectados por cáncer o enfermedad grave y con discapacidad reconocida igual o superior al 33 % que requiera el cuidado directo, continuo y permanente de los mismos puedan obtenerlo con todas las garantías, leyendo este punto,
entendemos que supondría una ampliación de la prestación, incluso la creación de una nueva, por lo que entendemos que este punto será el más complejo para su configuración, puesto que deberá incluirse en la normativa la discapacidad. Por tanto, se
ha de aclarar y reglar con el objeto de evitar la inseguridad en el acceso al permiso que necesitan para reducir su jornada laboral ante esta situación. En cualquier caso, como he anunciado al principio, nuestro voto va ser a favor de esta
proposición.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.



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- SOBRE EL DESARROLLO DE UN PLAN ESPECÍFICO PARA PYMES Y MICROEMPRESAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL TRABAJO A DISTANCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/002401).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, en este caso del Grupo Parlamentario VOX, sobre el desarrollo de un plan específico para pymes y microempresas en relación con la implementación efectiva del trabajo a
distancia.


Para defenderla, por parte del grupo parlamentario proponente, el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a ser breve, pero voy a insistir en lo que ya dijimos en su momento con el debate del Real Decreto-ley 28/2020 del Trabajo a Distancia, que era necesario tener en cuenta a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas, que son
mayoritarias en nuestro país, en nuestra nación. Ya en la Ley 10/2021, de 9 de julio, donde se trasluce y se modifica a través del proyecto ese real decreto, se aborda una regulación minuciosa del trabajo a distancia que obviamente está obsoleto,
que no era suficiente, y posteriormente el Congreso acordó su convalidación y tramitación como proyecto de ley, como hemos dicho antes, que acabó con la aprobación de dicha Ley 10/2021, de 9 de julio. Es preciso destacar que las disposiciones
normativas que recoge dicha norma se aplican a todas las empresas sin distinción: a la microempresa, a las pymes y a las grandes empresas, insisto, lo advertimos ya en su momento, lo cual carece de sentido teniendo en cuenta que no tienen las
mismas necesidades ni tampoco los mismos recursos ni los medios personales ni materiales para implementar efectivamente el trabajo a distancia.


Ese aspecto es especialmente relevante -como decimos- en España, donde más del 94 % de las empresas tienen menos de diez trabajadores. Por ello es preciso que en la actual regulación el Gobierno de España promueva, junto con los agentes
sociales y las organizaciones empresariales, un plan específico, no una norma genérica, destinado a pymes y microempresas que tenga por objeto adoptar medidas para desarrollar de manera efectiva el trabajo a distancia en este tipo de empresas y que
efectivamente las ayude a poder hacerlo y no las entorpezca en dicha labor. Y, asimismo, para que puedan adoptar los medios necesarios para la implementación del trabajo distancia, según se dice en los artículos 11 y 12, que establecen una serie de
medidas para cubrir los costes de estas pequeñas y medianas empresas. La transición hacia el trabajo a distancia supone para las empresas el desarrollo de una estructura organizacional, así como una gran inversión destinada a la adquisición de
equipos que, en muchos casos, excede la capacidad de empresas de pequeño tamaño y las condena a problemas que pueden ser importantes. No todas las empresas tienen beneficios, no todas las empresas pueden salir adelante con su actividad normal y
mucho menos en la situación en la que estamos y de la que venimos.


Por lo tanto, instamos la necesidad de estudiar cuáles son las inversiones que puede asumir cada tipo de empresa, tomando como referencia a modo de ejemplo el gasto medio de cada trabajador en uno o varios ejercicios sociales previos. En
definitiva, es preciso desarrollar y establecer en breve plazo un plan específico destinado a pymes y microempresas cuyo objetivo sea articular medidas para la efectiva implementación del trabajo a distancia sin que el mismo pueda acarrear un coste
que les lleve a la desaparición o a problemas importantes. Y es que, como se ha indicado anteriormente, la regulación no articula medidas para dichas empresas, que suponen el 94 % y son más de 2 millones de empresas que forman el tejido empresarial
español. Por todo ello es necesario que el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes económicos y sociales más representativos impulsen y desarrollen ese plan específicamente destinado a dichas empresas.


He de informar de que se ha presentado una enmienda de adición por parte del Grupo Popular que concreta de alguna forma el tiempo y simplifica lo que nosotros decíamos, que aceptamos por supuesto.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.


Hay una enmienda presentada a esta PNL por el Grupo Popular. Para defenderla, tiene la palabra el señor Bas.



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El señor BAS CORUGEIRA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos.


Tal y como ha referido ya nuestro portavoz, Diego Movellán en varias de sus intervenciones, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos de forma decidida en el valor del teletrabajo, y por ello cuando hemos tenido la responsabilidad de
Gobierno lo hemos impulsado y desarrollado. Fue con un Gobierno del Partido Popular cuando se reguló por primera vez el trabajo a distancia en España y se hizo precisamente en la reforma laboral de 2012, donde se garantizaron también por primera
vez los mismos derechos a todos los trabajadores, ya fueran a distancia o de forma presencial. Por tanto, esa reforma laboral que el Gobierno dice que va a derogar se ha demostrado una vez más muy efectiva durante la pandemia, ya que a la agilidad
de la tramitación de los ERTE, se le unió que más de 3 millones de españoles pudieron estar teletrabajando gracias a la regulación recogida en su articulado, que ha permitido salvar la actividad y el empleo en miles de empresas de nuestro país.


Por cierto, es tremendo el triunfalismo con el que los ministros José Luis Escrivá y Yolanda Díaz tratan los datos del empleo. Les recuerdo que a día de hoy somos el país con la tasa de paro más alta de la Unión Europea junto con Grecia,
que hay más de 4 millones de personas que quieren trabajar y no pueden, que tenemos más de 1 350 000 parados que no cobran ningún tipo de prestación, y que es una realidad que los colectivos que dice defender la izquierda son los que más sufren este
Gobierno de coalición. Porque si hablamos de mujeres, España tiene una tasa de paro del 17,5 %, el segundo país de la Unión Europea con más paro femenino. Si hablamos de jóvenes, España presenta una tasa de paro que supone más del doble de la
registrada en la eurozona: tasa de paro juvenil en España, 35,1 %; tasa de paro juvenil en la eurozona, 16,2 %; un 35,1 % en España frente al 16,2 % en la eurozona. Y si hablamos de otros empleos, por ejemplo, el del trabajo en el hogar, desde
el inicio de la pandemia se han destruido más de 14 000 empleos; y en el empleo agrario se han destruido más de 36 000 puestos de trabajo. Ante todo esto, y unido además a que los autónomos siguen suspendiendo las medidas del Gobierno y continúan
esperando las ayudas que no llegan, yo me pregunto: ¿qué celebra este Gobierno? ¿De qué se jactan PSOE y Podemos?, ¿de haber empobrecido a nuestra sociedad con el cierre de más de 100 000 empresas?, ¿de tener el precio de la luz más caro de
Europa?, ¿de arruinar a España por tercera vez? El escudo social de este Gobierno es un fiasco, tenemos 11 millones de personas que se encuentran en exclusión social en España; sí, señorías, han escuchado bien: 11 millones de personas que se
encuentran en exclusión social en España. Por eso, este Gobierno tiene que dejar mentir y tiene que decir a los españoles de forma honesta que sus medidas populistas les han dejado en la estacada, les han empobrecido y han perjudicado el bienestar
de las familias.


Volviendo al tema que nos ocupa, he de decir que en estos momentos, más allá de la pandemia, el teletrabajo también se ha revelado como la medida de conciliación que más y mejor valoran los trabajadores. Por ello es necesario que desde el
Gobierno se dé el apoyo decidido a la implementación del teletrabajo en las pequeñas y medianas empresas, ya que representan el 99 % de nuestro tejido productivo. El Gobierno debe aprobar un plan específico para las pymes que facilite el desarrollo
del teletrabajo y que tenga en cuenta las características singulares de este tipo de empresas. Por eso, en el proyecto de ley de trabajo a distancia el Grupo Popular ya había presentado una enmienda, que desgraciadamente no fue aprobada, en la que
se pedía que el Gobierno diseñase, en el plazo de seis meses, un plan específico de aplicación del trabajo a distancia en pequeñas y medianas empresas donde se reconocieran los mayores retos a los que están sometidas, se propusieran mecanismos para
hacerles frente y se favoreciese la adopción del trabajo a distancia. Sobre esa base -acabo, presidente- proponemos hoy la enmienda a esta proposición no de ley con el fin de que las empresas puedan contar con el apoyo financiero necesario para
facilitar la implementación del teletrabajo sea cual sea su dimensión. Así, proponemos incluir un segundo punto por el que se inste al Gobierno a aprobar en el plazo de seis meses, en el seno del diálogo social, un fondo de apoyo financiero para
ayudar a las empresas en su transición y adaptación hacia una implementación efectiva del trabajo a distancia. Enmienda que agradezco que haya sido aceptada por el Grupo proponente, VOX.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bas.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca tiene la palabra.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Valoro muy positivamente la proposición no de ley que ha defendido el diputado señor Aizcorbe, que tiene -y me gusta además constatarlo, porque es casi un seña de identidad de las iniciativas que presenta



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el Grupo Parlamentario VOX- una excelente y amplia exposición de motivos, que en este caso se remata con un punto único que, por concreto, creo que facilita muchísimo el instar al Gobierno a la promoción de ese plan específico para pequeñas
y medianas empresas y microempresas con el que se favorezca la implantación efectiva del trabajo a distancia.


La enmienda presentada por el Grupo Popular, que ya ha anunciado el portavoz proponente que va a aceptar, promueve un segundo punto que hace referencia al apoyo financiero para desarrollar ese plan específico, con lo que habiendo gasto de
por medio, mucho me temo que los grupos que apoyan al Gobierno no van a estar muy por la labor de aprobar esta medida, si es que existía alguna posibilidad de apoyar la iniciativa original, porque a la vista de que no hay enmiendas por parte del
Grupo Socialista ni de Unidas Podemos, mucho me temo que no apuntaba buenas maneras.


Yo repito mucho en el Congreso, se repite mucho por parte de todos los portavoces y singularmente en esta Comisión, que el empleo es la gran prioridad de los españoles, y el Gobierno debería hacer un esfuerzo para corregir las cifras
preocupantes como las que se acaban de referir, que afectan al conjunto de los españoles, pero también, si me permiten decirlo, y haciendo referencia a mi tierra de origen, con especial virulencia a quienes como Asturias ocupan el farolillo rojo en
la tasa de población activa y sus jóvenes el récord europeo de desempleo. Por lo que, a la espera de que el Gobierno reaccione de una vez ante la calamidad laboral que está sufriendo España, que es la que nos está arrastrando a un contumaz y
peligroso empobrecimiento social, a la espera de esa reacción, votaré favorablemente esta iniciativa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


Pasamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos. Para defender su posición, tiene la palabra la señora Saavedra.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.


El Real Decreto 28/2020 entró en vigor en septiembre de 2020 y luego fue tramitado como proyecto de ley y concluido con la aprobación de la Ley 10/2021 de Trabajo a Distancia. Esta ley regula el trabajo a distancia en el marco de derechos
que satisfagan los principios de voluntariedad, reversibilidad y el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales. La regulación del trabajo a distancia fue una pieza más de las medidas que el Gobierno de coalición adoptó para
paliar los efectos de la terrible pandemia que hemos sufrido, y a las que ustedes se han opuesto de forma sistemática. Ustedes se han opuesto a las prórrogas de los ERTE, que han salvado miles de empresas y de empleos o a las ayudas de las personas
trabajadoras autónomas; a ustedes no les importan realmente las pymes y las microempresas. Pero este Gobierno ha demostrado saber hacer las cosas, voy a dar unos datos.


Desde abril de 2021, cuando ustedes presentaron esta PNL, hemos pasado de más de 750 000 personas en ERTE a menos de 240 000. Ustedes votaron en contra de la prórroga de los beneficios de los ERTE hasta febrero del 2022. De 4 millones de
personas de paro registrado hemos pasado a 3,2 millones; ha habido siete meses consecutivos de descenso del paro registrado y eso no había ocurrido desde el año 2000. Gracias a la actuación responsable de este Gobierno de coalición estamos en la
senda de superar los efectos negativos laborales de la crisis y también de superar los efectos de una reforma laboral nefasta del Partido Popular en la anterior crisis. Hoy se supera el número de ocupados de febrero de 2020, del mes previo a la
crisis que hemos padecido; y supone también el nivel de afiliación más alto registrado históricamente. Queda mucho por hacer, seguiremos acordando con los agentes sociales las políticas laborales de este Gobierno, seguiremos teniendo muy presentes
las necesidades de las pymes y de las microempresas y continuaremos proporcionando aquellas ayudas que les permitan sostenerse y generar trabajo y riqueza.


Votaremos en contra de esta PNL.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Saavedra.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Oria.


La señora ORIA LÓPEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.


El Grupo Parlamentario VOX nos presenta una proposición no de ley que reproduce en su totalidad una enmienda que presentaron con ocasión de la tramitación de la Ley del Trabajo a Distancia aprobada el pasado mes de julio. Conocen
perfectamente que sobre este tema ya se ha legislado mediante la Ley 10/2021, de 9 de julio, ley que se inserta dentro del acuerdomarco europeo sobre el teletrabajo, que



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define este como un medio para modernizar la organización del trabajo y que pivota sobre dos pilares fundamentales: la voluntariedad y reversibilidad del mismo y la igualdad de derechos tanto individuales como colectivos, con independencia
de la modalidad del trabajo. Es esta, señorías, una ley de mínimos cuyo objetivo es proporcionar una regulación suficiente, transversal e integradora en una norma sustantiva que dé respuesta a nuevas necesidades, equilibrando el uso de esta nueva
forma de prestación de trabajo y sus ventajas con un marco de derechos que satisfaga, entre otros, los principios de su carácter de voluntariedad y reversibilidad y el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales. Es una norma,
como conocen, fruto de la concertación social en un diálogo reflexivo, compartido, que culminó con el acuerdo sobre el trabajo a distancia.


En su exposición de motivos nos plantean que la regulación española del trabajo a distancia se aplica a todas las empresas independientemente de su tamaño, del tipo de contrato y de la antigüedad del trabajador, sin distinguir en función del
tipo de empresa. Con esto no descubren nada nuevo, efectivamente así es, ya que esta ley se concibe como una regulación básica y necesaria, con un alcance general cualquiera que sea el sector profesional, porque se circunscribe al artículo 1.1 del
Estatuto de los Trabajadores, que viene a cubrir un vacío normativo -por mucho que las señorías del PP también se quieran arrogar el éxito del teletrabajo- sobre esta materia en nuestro ordenamiento jurídico. Es una norma que otorga además un papel
protagonista a la negociación que debe producirse necesariamente en el teletrabajo entre el empleador y el empleado, negociación que a ustedes les gusta bastante poco y que el Partido Popular se encargó de cargarse con su reforma laboral del año
2012. Sorprende sobremanera tras la larga y prolija exposición de motivos de su PNL la falta de rigor y precisión en la petición que realizan, porque circunscriben su petición a un plan específico destinado a pymes y microempresas, vamos, la carta
a los Reyes Magos, utilizando como criterio el número de trabajadores y no realizando una discriminación, por ejemplo, en función de la actividad, porque no es lo mismo ser panadero que ser albañil que tener una gestoría que realiza seguros. Creo
que en ese sentido tendrían que haber sido bastante más rigurosos.


En cuanto a la enmienda que presenta el Grupo Popular en ese afán que tiene de distinguirse del Grupo VOX, VOX pedía que esto se hiciera en un año y ellos piden que en seis meses, vamos, en esa necesidad de distinguirse. Me imagino, señor
Bas, que cuando usted se refiere a que las ayudas de los autónomos no han llegado se refiere a las que Juanma Moreno en la comunidad autónoma no ha conseguido que lleguen a los andaluces o andaluzas, porque este Gobierno ha puesto 11 000 millones de
euros para autónomos entre prestaciones y exenciones a la Seguridad Social. Me imagino que también se referirá usted a la magnífica gestión en materia de política de empleo que realiza el señor Juanma Moreno, en donde más del 20 % los contratos que
se firman expiran en menos de una semana, la duración media de las altas laborales es de 39 días, cerca de 450 000 parados acumulan más de un año sin empleo, el veintitantos por ciento no recibe información ni tienen empleo, y un largo etcétera; me
imagino que se referirá a eso.


Por tanto, para concluir, esta es una materia sobre la que ya se ha legislado, siendo conscientes de la necesidad y de las dificultades que pueden tener algunas microempresas y pymes para implantar el teletrabajo y por eso el Gobierno de
España ya ha puesto 200 millones de euros a través del programa Acelera Pyme, impulsado por la empresa pública Red.es, con el que aquellas pymes que lo necesiten pueden acceder a todo tipo de herramientas tecnológicas que les permitan facilitar la
continuidad de su actividad a distancia. Por eso creo que huelga decir que nuestro voto va ser en contra de esta PNL.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


- RELATIVA A RECUPERAR LA ULTRAACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002685).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta proposición no de ley, del Grupo Socialista, relativa a recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos. Para defenderla, tiene la palabra la señora Narváez.


La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.


Los convenios colectivos son una pieza clave de nuestro sistema laboral, tan importante que la Constitución se hace eco de la negociación colectiva en su artículo 37: 'La ley garantizará -dice-



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el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios'. Este precepto tiene su reflejo, como saben ustedes, en el artículo 82 del Estatuto de
los Trabajadores: 'Los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía
colectiva'.


Nos encontramos ante la segunda fuente del derecho laboral, a través del convenio colectivo podemos ver la voluntad negociadora y normadora del núcleo social de la relación laboral; es el reflejo de la voluntad de los grupos sociales al
poder normativo, que desde tiempos anteriores solo estaba en poder del empresario. El convenio colectivo viene a equilibrar la desigual posición que a lo largo de los años han sufrido trabajador y empresario, basando su relación en el contrato
individual, que solía quedar constreñido al poder absoluto del empresario. El convenio colectivo es además un acuerdo entre los representantes de la empresa y los representantes de los trabajadores como resultado de una negociación colectiva en
materia laboral. Estos acuerdos son importantes, ya que regulan las relaciones laborales de los trabajadores y constituyen la expresión de un acuerdo libremente adoptado y en virtud de la autonomía colectiva que tienen regulada por el Estatuto de
los Trabajadores. Los convenios colectivos recogen distintos aspectos de las relaciones laborales como la jornada laboral, el salario, las excedencias, las vacaciones, el pago de las horas extraordinarias o los permisos retribuidos. Por todo esto,
tenemos que ser conscientes de la importancia de los convenios colectivos que se aplicaban en cada momento.


Cuando el Partido Popular aprobó su reforma laboral en el año 2012 lo primero que hizo fue eliminar la efectividad de los convenios. Aquella reforma laboral tenía como objetivo más evidente romper el equilibrio de las relaciones de poder de
la empresa a favor del empresario y contra los trabajadores. Se trataba de favorecer la devaluación salarial, de fijar una clave de flexibilidad en la jornada laboral en función de los intereses unilaterales del empresario. Este objetivo se
libraba poniendo límite a la vigencia del convenio colectivo, quitando al convenio colectivo la fuerza vinculante de que había dispuesto hasta entonces, dejando las manos libres al empresario, que denuncia el convenio colectivo para fijar
unilateralmente las condiciones de trabajo. Fue una ley adoptada sin consenso social, el diálogo social cuando gobierna el Partido Popular brilla por su ausencia. En esa reforma se modificó el régimen de ultraactividad de los convenios, se
sustituyó la duración indefinida mientras se negociaba el convenio por el máximo de un año desde la denuncia. Decaído el convenio, se aplicaba el convenio colectivo de ámbito superior. Esta reforma lo único que generó fue confusión sobre qué norma
legal o convencional había que aplicar tras la pérdida de vigencia del convenio en temas tan importantes para los trabajadores como la jornada, el salario, los permisos o las horas extra. ¿La consecuencia de esta reforma? El incremento de la
conflictividad laboral.


Afortunadamente, para corregir esta grave inseguridad jurídica generada por la desregularización, el Tribunal Supremo en su sentencia del 22 de diciembre de 2014 vino a decir que es claro que cualquiera de los derechos y obligaciones de las
partes existentes en el momento en que termina la ultraactividad de un convenio colectivo no desaparecen, no desaparecen en ese momento en que dicho convenio pierde su vigencia. Y ello es así no porque, como se ha dicho alguna vez, las normas del
convenio colectivo extinto pasen a contractualizarse en ese momento, sino porque esas condiciones estaban ya contractualizadas desde el momento mismo, desde el primer minuto podríamos decir, en que se creó la relación jurídico-laboral a partir de la
cual habrán experimentado la evolución correspondiente. Desde luego que el convenio colectivo pierde su vigencia y, por ende, dejará de cumplir su función. Por consiguiente, estas condiciones contractuales, carentes ya de este sostén normativo de
mínimo convencional, podrían ser modificadas sin más limitaciones que las del origen legal, pues son limitaciones dimanantes del convenio colectivo si no hay otro superior al que ha desaparecido.


Señores del Grupo Popular, afortunadamente esta sentencia quebraba la piedra angular sobre la que se construyó su reforma. La sentencia quebraba la política laboral del Gobierno del Partido Popular, cuyo fin era romper el equilibrio de las
relaciones entre empresa y trabajador, como ya he dicho, en favor de los empresarios y en contra de los trabajadores, porque siempre que el Partido Popular plantea una reforma actúa contra la parte más débil de la relación laboral, que son los
trabajadores y las trabajadoras. Y por esa misma razón, los trabajadores que ingresaban en la empresa sin convenio colectivo vigente carecían de la protección que les brindaba este, lo decía el Tribunal Supremo. Como ven, señorías, conocer el
convenio colectivo que se aplica en una relación laboral es un elemento clave para que tanto trabajadores como empresa tengan claras las pautas básicas que regulan la relación entre ellos.



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Por todo ello, en esta PNL planteamos y vemos absolutamente necesario que el Gobierno inste, previo diálogo social -siempre teniendo en cuenta el diálogo social-, las medidas para regular la ultraactividad de los convenios, porque los
sindicatos no pueden tener la espada de Damocles encima preocupados porque el tiempo va corriendo mientras negocian y sienten que los trabajadores quedarían desprotegidos si no negocian rápido. Rechazamos las enmiendas que ha presentado el Grupo
Popular, entre otros motivos, porque nada tienen que ver con la ultraactividad de los convenios, si no que me digan qué tiene que ver adoptar medidas inmediatas para agilizar el colapso del SEPE con la ultraactividad de los convenios.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra la señora España.


La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidente.


Desde el Grupo Popular hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley sobre la ultraactividad de los convenios precisamente para profundizar en la flexibilidad de la reforma laboral, para establecer nuevos mecanismos que
penalicen la contratación temporal indefinida, limitar el encadenamiento de contratos, medidas para agilizar el colapso del SEPE potenciando el derecho a la formación, previniendo prácticas abusivas; es decir, señorías, en el seno del diálogo
social y con consenso estudiar mejoras en la reforma laboral para dar estabilidad al mercado laboral. Saben ustedes, como bien ha dicho la proponente, que la reforma laboral limitó la ultraactividad a un año y que si no había acuerdo, se aplicaría
el convenio colectivo de ámbito superior. Es decir, que se evitó la petrificación de los convenios durante años y se obligaba así a empresarios y a trabajadores a buscar soluciones.


Sobre la contrarreforma laboral, señorías, ¿a quién creemos? Porque Nadia Calviño dice que no se va a derogar la reforma laboral, la ministra Yolanda Díaz dice que va a derogar la reforma laboral, el presidente Sánchez en el congreso del
pasado fin de semana también habló de derogar la reforma laboral y, realmente, lo que han enviado a Bruselas no es derogar, es modernizar y mejorar. Señorías, derogar la reforma laboral es derogar la creación de empleo. El Partido Socialista mandó
al paro a tres millones y medio de personas y con la reforma laboral se crearon más de tres millones de empleos. Actualmente, seguimos con 239 000 trabajadores en ERTE y 226 000 autónomos en cese de actividad -ojo, que no figuran en las listas del
paro-; desde que gobierna Sánchez se han cerrado casi 100 000 empresas; hay 95 640 parados más, a pesar de crearse 351 000 empleos públicos desde que gobierna Sánchez; ha subido el paro femenino, 65 429 paradas más; ha subido el paro juvenil, un
4,6 % más desde que gobierna Sánchez; nueve de cada diez contratos suscritos en septiembre son temporales y, según el FMI, la tasa de paro de 2022 será todavía mayor que la de 2019.


Los autónomos están al límite con la subida de cotizaciones entre 96 y 225 euros al año para 2022, sin diálogo social. Por cierto, señorías, a los autónomos no les llegan las ayudas del Gobierno de España (la señora Oria López: Falso,
falso) y no les llegan ni en Andalucía ni en ninguna otra comunidad autónoma de este país por una sencilla razón, porque los requisitos establecidos en el Real Decreto 5/2021 son prácticamente imposibles de cumplir. Por lo tanto, señorías, mucho
humo, mucha dificultad en los requisitos y pocas ayudas.


Señorías, la tasa de paro juvenil, del 35,1 %, duplica la registrada en la eurozona. Si quieren trabajar en modificar la reforma laboral, profundizar en la flexibilidad, limitar el encadenamiento de los contratos, mejorar el SEPE y el
derecho a la formación, aquí está el Partido Popular para trabajar con consenso y con diálogo en el diálogo social. Pero si lo que quieren es derogar la reforma laboral del Partido Popular, que creó más de tres millones de puestos de trabajo desde
que se aprobó en el año 2012 hasta el año 2018, no cuenten con el Partido Popular. Como ya les he dicho, derogar la reforma laboral es derogar las políticas que funcionan y es derogar la creación de empleo. Ustedes llevan ya tres años y medio de
Gobierno socialista y no han hecho nada para derogarla ni para modificar aspectos clave porque saben perfectamente que la derogación perjudicará considerablemente la creación de empleo. Por cierto, ya que estamos en la tramitación de los
presupuestos para el año 2022, sorprende la disminución de gasto por desempleo en el año 2022, que baja un 10 % con respecto a este año, una reducción que se debe no a la mejoría del mercado laboral -ya que, como hemos visto antes, según el FMI la
tasa de paro en 2022 va a ser todavía superior a la del año 2019-, sino que se debe a que cada vez hay más parados que no cobran prestación en la actualidad, ya que cuatro de cada diez parados no reciben prestación. Esto también es importante,
señorías -y ya termino, presidente-, desde que gobierna Sánchez hay más



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paro, más desempleo juvenil, más mujeres en las listas del paro, más pobreza, menos transparencia y menos empresas. Y la inminente contrarreforma laboral anunciada -contraria al crecimiento, la flexibilidad empresarial y la creación de
empleo-, augura un futuro aún más negro a nuestro mercado de trabajo.


Por eso, esperamos que acepten nuestra enmienda. En caso contrario, tendremos que votar en contra de esta PNL.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.


Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a acometer modificaciones sobre la reforma del mercado laboral, letanía parlamentaria que venimos escuchando desde que se aprobó en 2012 la Ley 3/2012, de 6 de julio, impulsada por el
Gobierno que entonces presidía el señor Rajoy con la señora Báñez como ministra de Trabajo. Señorías, Foro votó aquí en el Congreso y también en el Senado -en donde yo ocupaba escaño en aquellas fechas- la reforma laboral y -lo recalco- a mucha
honra, porque el entonces recién llegado Gobierno del Partido Popular había heredado una calamidad laboral por la que España sufría, como resultado de la gestión del Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero que en 2008 prometió en campaña
electoral nada más y nada menos que el pleno empleo, lo que acabó siendo una situación trágica y desastrosa para millones de familias españolas. Tres años de gestión del señor Rodríguez Zapatero, tras prometer el pleno empleo, y dejó el mercado
laboral nacional como un erial. Esa fue la herencia socialista que se legó a finales de 2011, precedida de una reforma constitucional del artículo 135 por la vía de urgencia en los minutos basura de aquella X Legislatura y con una severa amenaza de
rescate europeo sobre España.


Como afirmaba la señora España, tan malas no debían ser las medidas contenidas en la reforma laboral cuando tres años y medio después de llegar Pedro Sánchez al Gobierno y año y medio después de iniciarse la gestión del Gobierno de coalición
entre los socialistas y los comunistas de Podemos prácticamente no se ha tocado la reforma laboral, que siguen ustedes sacando a pasear, incluido el acuerdo con el que hace año y pico sorprendieron a los españoles -yo creo que desagradablemente-
firmado con EH Bildu.


La señora España ha hecho un pequeño repaso de los beneficios de la reforma laboral, que resultan demoledores en comparación con la situación del trabajo en la España de 2021 en la que, efectivamente, ha tenido mucho que ver la pandemia,
pero es que cuando Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018 se estaba creando empleo a muy buen ritmo y, desde entonces, la creación de empleo ha bajado. Mucho me temo que, como en la época del señor Rodríguez Zapatero, España retornará al
agujero negro laboral.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


Entiendo que el Grupo Vasco no va a intervenir, por lo que pasamos al Grupo Confederal. Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.


Con esta medida lo que buscaba el Partido Popular cuando la aprobó dentro del marco de la reforma era acabar con la negociación colectiva, acabar con el poder de los trabajadores y las trabajadoras en la negociación. Hay que admitir que, si
bien acabar con ella no acabaron, sí que la dificultaron muchísimo y sí que generaron muchísimos quebraderos de cabeza a millones de personas que estaban protegidas por un convenio colectivo en el país.


Aparte de la inseguridad jurídica laboral de la que se habla en el texto de la iniciativa, ¿cómo actuó para acabar con la ultraactividad? Pues con un chantaje, con una espada de Damocles sobre los trabajadores y las trabajadoras y sobre la
negociación colectiva. Además, incidía particularmente en los sectores con más derechos, los sectores más organizados -industrias y grandes empresas-, que tenían un convenio propio y en los que se afrontaba la negociación colectiva y la parte
patronal decía: Bueno, da igual lo que tú propongas que no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo porque usted sabe igual que yo que cuando pase un año va a perder muchos de los derechos que tiene conquistados y que han sido acordados en convenios
colectivos anteriores y va a tener que someterse a un convenio fuera



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del sector o del tipo que sea, pero siempre con peores condiciones que las que disfrutaba en los anteriores convenios; condiciones arrancadas a base de lucha y de organización sindical de la gente trabajadora.


Por lo tanto, como no puede ser otra manera, vamos apoyar la iniciativa y, desde aquí, animamos al diálogo social a alcanzar un acuerdo en esto y en muchísimas cosas más y así acabar con una medida que, como ya he explicado, ha hecho
muchísimo daño a la gente trabajadora de nuestro país, muchísimo daño a la negociación colectiva y, por lo tanto, muchísimo daño a la democracia porque ataca a uno de sus pilares básicos que es el equilibrio entre los intereses de la gente
trabajadora y los intereses de la parte empresarial, porque la reforma laboral hizo que la balanza se fuera directamente al suelo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


Los derechos se pierden cuando no hay trabajo, ese es el peor derecho que se pierde. Es falso que se genere inseguridad jurídica. De hecho, desde la aprobación de la Ley 3/2012 se ha continuado negociando convenios colectivos entre todas
las partes. La ultraactividad, situándola en un año, busca que, si en ese plazo las partes no alcanzan un acuerdo, decaiga la vigencia del convenio y las condiciones de trabajo aplicables a las relaciones laborales serán, en su caso, las
establecidas en el convenio de ámbito superior. Se trata, en todo caso de un régimen dispositivo de aplicación en defecto de pacto en contrario de los negociadores, es decir, deja a las partes social y empresarial la negociación.


En la voluntad legislativa se encuentra presente la necesidad de evitar la rutina en los procesos de negociación o revisión de convenios colectivos con tendencia a una mera repetición de contenidos, estableciendo una regulación que permite
salvar las dificultades de adaptación a las cambiantes situaciones de las empresas -y lo estamos viendo ahora- y, al mismo tiempo, evitar los bloqueos de la negociación para potenciar su renovación, muy queridos por muchos sindicatos o algunos de
ellos. Para estos fines, limita la ultraactividad de los convenios a un año, disponiendo al efecto una regla de aplicación subsidiaria a lo pactado expresamente por los negociadores del convenio colectivo. Pero, es más, el Tribunal Supremo
descarta que se produzca la contractualización de las condiciones del convenio decaído. Quiero recordarles que la jurisprudencia uniforme del Tribunal Supremo niega que las condiciones laborales establecidas en un convenio colectivo de aplicación a
una relación laboral queden incorporadas al contrato de trabajo, atendiendo a su propia fuerza normativa vinculante. Ahí está el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Por eso, concluye que la comunicación empresarial sobre el convenio
superior aplicable, tras haber decaído el que regía las relaciones laborales en la empresa, no constituye una modificación sustancial que exija acudir al procedimiento que regula el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. La regla de la
ultraactividad está concebida para conservar provisionalmente las cláusulas del convenio anterior mientras continúe la negociación del convenio siguiente durante un determinado tiempo que la ley considera razonable, pero no para cubrir vacíos
normativos surgidos como consecuencia de la conclusión del convenio cuya vigencia ha terminado ni para perpetuarse eternamente.


El legislador, al objeto de evitar el vacío normativo que se produciría con la pérdida de vigencia del convenio, establece claramente la aplicación del convenio de ámbito superior que resulte de aplicación. En este caso, de concurrir un
convenio superior no estamos ante una sucesión natural del convenio de ámbito inferior por otro de ámbito superior, sino ante una sustituto in integrum del convenio inferior por el convenio de ámbito superior, que pasa a ordenar de manera
independiente las relaciones laborales de la empresa. No existe contractualización del convenio cuya vigencia ha terminado, sino su total desaparición del ordenamiento jurídico por decaimiento de su vigencia y completa sustitución por el superior.
Por último, el Tribunal Supremo reniega de la contractualización cuando existe un convenio colectivo de ámbito superior que lo sustituya.


Da la sensación de que estamos hablando de galgos y podencos y lo importante, señorías, es el trabajo y los salarios dignos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.



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- SOBRE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS Y LAS MENORES NO ACOMPAÑADOS A TRAVÉS DEL DEPORTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002796).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la quinta proposición no de ley del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la inclusión social de los y las menores no acompañados a través del deporte.


Para defender esta PNL tiene la palabra el señor Diouf.


El señor DIOUF DIOH: Buenas tardes, señor presidente.


Me corresponde defender esta iniciativa sobre la inclusión social de las y los menores no acompañados a través del deporte, siguiendo la convicción que tiene este Gobierno de ir eliminando las trabas y los obstáculos que tienen los grupos
más vulnerables de esta sociedad.


Una vez más es el Partido Socialista el que sigue avanzando en derechos y en paz social para este país porque, como todos saben, hoy se ha aprobado la reforma del Reglamento de Extranjería, apoyada por decenas de organizaciones no
gubernamentales que trabajan con la infancia migrante, por empresarios y, sobre todo, por las comunidades autónomas que invierten en la formación de las niñas, niños y adolescentes no acompañados tutelados para favorecer su integración. Convendrán
conmigo en que su acceso al mercado laboral es la mejor forma de inclusión en condiciones equiparables a las de cualquier otra u otro joven de su edad. Ya ningún joven extutelado en este país se va a encontrar en una situación de irregularidad
sobrevenida si cumple con los requisitos establecidos y con mayoría de edad. Desde este espacio felicito al ministro y agradezco el trabajo que se está realizando en el ministerio. Señorías, no seremos una democracia plena si no favorecemos desde
las instituciones que la igualdad real sea para toda la ciudadanía y, especialmente, para los niños, las niñas y los jóvenes, como así lo demuestra la Ley orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia
aprobada en el mes de junio en esta sede parlamentaria y también la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.


Desde esta Comisión quiero trasladar un mensaje de compromiso a estos niños, niñas y jóvenes para decirles que muchos de nosotros y nosotras en esta Comisión, en esta Cámara y en esta sociedad no les vamos a dejar solos y que, ante los
cobardes que confunden a la población con mensajes de odio, me pregunto dónde se han dejado los valores democráticos y dónde se dejan sus valores cristianos de los que tanto alardean en las redes sociales e incluso en esta sede. Los patriotas somos
mucho más, porque ser patriota es garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución, como así lo dice expresamente el preámbulo de nuestra carta magna. Ser leal a nuestra Constitución es promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos, aunque sean menores. Esta iniciativa persigue
justamente eso, que la Constitución siga vigente porque este Gobierno considera que la igualdad debe ser real y efectiva para construir una sociedad mejor, una sociedad avanzada, en la que todos y todas tengamos las mismas oportunidades, una
sociedad que haga todo lo posible para que nuestros menores sepan que el Estado de derecho es el paraguas bajo el que refugiarse ante discriminaciones, odio y mentiras. Por eso, señorías, no queremos quitarles la sonrisa ni influir negativamente en
su infancia y, especialmente, en su tránsito hacia la vida adulta con conductas racistas o mensajes perniciosos; queremos brindarles todas las oportunidades para un futuro prometedor en esta sociedad por ser ellos y ellas la esperanza y el futuro
del país.


Rousseau decía que lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre. Por eso solicito el voto favorable a esta iniciativa que pretende conseguir que, a través del deporte como herramienta de inclusión y participación
ciudadana, la infancia de los más vulnerables tenga una dosis de ilusión y que amen el deporte porque el deporte contribuye a hacer realidad el desarrollo y la paz, promoviendo la tolerancia y el respeto, tan necesarios para construir sociedades
avanzadas, plenas y democráticas.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Diouf.


Tiene la palabra, por el Grupo Confederal, la señora Saavedra.



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La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.


Los menores no acompañados, hoy víctimas de inhumanas campañas de odio de la ultraderecha, constituyen uno de los sectores más vulnerables y necesitados de protección social. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996
establece que los menores extranjeros que se encuentren en España -leo literalmente- tienen derecho a educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicos en las mismas condiciones que los menores españoles. Las
administraciones públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables, como los menores extranjeros no acompañados. La Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece que los poderes
públicos trabajarán por la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española. El 5 de junio pasado se publicó en el BOE la Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Esta ley
representa un compromiso con el buen trato a nuestra infancia y adolescencia, porque nuestra es toda, la nacida aquí y la que llega de fuera de nuestro país. En el marco de esta ley, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 está trabajando
en dos compromisos: la estrategia española de derechos de la infancia y adolescencia y la estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y adolescencia. Además, el Instituto de la Juventud está terminando de elaborar la estrategia
nacional de juventud, donde también tendrá un papel central el deporte en los jóvenes.


El deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier individuo o sociedad y un elemento de inclusión social indiscutible. La práctica deportiva debe ser garantizada y asegurada a todas las personas en condiciones de
igualdad, sin que exista diferencia de trato o acceso a menores extranjeros respecto a menores nacidos aquí. Por tanto votaremos a favor de esta PNL.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Saavedra.


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ ÁLVAREZ: Gracias, presidente.


Nos trae hoy el Grupo Socialista otra proposición buenista con respecto a los menores extranjeros no acompañados, otra proposición que vamos a desmontar. Nos dice el Grupo Socialista lo bueno que es el deporte en todas las etapas de la vida
y que hay que facilitar el acceso al mismo a los menores extranjeros. Eso lo hace cuando su Gobierno aprueba una ayuda a los jóvenes para cuando cumplan dieciocho años para la cultura del videojuego o la cultura que su Gobierno considere que lo es.
Como siempre digo, una más de las numerosas paradojas progresistas. Dice también el Grupo Socialista que el deporte es un factor corrector de desequilibrios sociales. Señores, una vez más se preocupan ustedes más por los extranjeros que por los
nacionales y siguen trayendo iniciativas solo para algunos, que siempre son los mismos, los MENA, cuando en España el 26,4 % de la población está en riesgo de pobreza severa y el 9,5 % sufre ya el grado más intenso de la misma.


Sigo desmontando los argumentos que ofrecen en su exposición de motivos. Dicen que uno de los sectores de la población que se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad son los niños adolescentes no acompañados. Claro que sí,
señorías, se encuentran vulnerables ante un Gobierno que no vela porque estén con sus padres, con sus familias, porque repatriarlos a sus países -donde tienen arraigo, cultura y familia- es lo que les haría menos vulnerables. También dicen que hay
que darles todas las herramientas para que puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades que el resto de los niños, algo que les niegan desde el momento en que no se apuesta decididamente, repito, por la repatriación para que estén con sus
familias. Esa es la verdadera igualdad para cualquier niño, que pueda crecer en su ambiente familiar. Pero como ustedes tardan meses en elaborar los expedientes de repatriación -ahora que se han visto obligados a cumplir el acuerdo con Marruecos
de 2007 como está pasando en Ceuta, después del chanchullo que hicieron en agosto-, ahora el argumento es que ha pasado tanto tiempo que el arraigo lo tienen en España. Señores, esos menores extranjeros entraron en la invasión de mayo y, aunque
hubieran entrado antes, a quién pretenden engañar ya, son ustedes cómplices del desarraigo de miles de menores con respecto a sus países y a sus familias.


Les insto a que traigan proposiciones más serias, con más contenido real reflejo de la sociedad española, que insten al Gobierno -a su Gobierno- con proposiciones sobre los problemas que realmente preocupan a los españoles, muy lejos de que
los menores extranjeros socialicen o no a través del deporte



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que, por cierto, ya lo hacen en los centros en los que son acogidos por toda la geografía española. Quizás deberían ustedes anteponer el hecho de que muchos padres no pueden pagar clases de cualquier deporte a sus hijos porque no tienen ni
siquiera para darles de comer o que tengan en su barriada una cancha para hacer algún deporte.


En definitiva, 400 euros en cultura del videojuego, la modificación del Reglamento de Extranjería para dar papeles a 15 000 MENA y esta proposición solo dejan en evidencia qué es lo que inquieta a este Gobierno: políticas de inmigración de
efecto llamada, muy alejadas de las preocupaciones y carencias de una España con un nivel de pobreza superior, como he dicho, al 26 %, siendo uno de los países de la Unión Europea con mayor pobreza infantil y con una tasa de paro juvenil del 40 % de
jóvenes españoles menores de veinticinco años. Frente a esas cifras, su proposición es absurda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ortiz.


El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidente.


Debatimos una PNL del Grupo Socialista para integrar a los menores extranjeros no acompañados en la práctica del deporte y confieso que tuvimos que leerla dos veces para comprender realmente lo que solicitan. Sin titubeos decimos que está
PNL es un brindis al sol, es una PNL vacía de contenido, impropia de un partido que está gobernando este país, demostrando, además, el desconocimiento más absoluto de la realidad de los MENA. Ahora va a resultar que el problema que existe en España
con los MENA es que no están integrados en el deporte. Señorías, cuando un menor extranjero no acompañado pasa a la tutela de las comunidades y ciudades autónomas ingresa en el correspondiente centro y allí se le ofrecen programas
multidisciplinares en todas las áreas: sanitarias, clases educativas, actividades extraescolares, culturales, de ocio y, por supuesto, deportivas. Todas las comunidades y ciudades autónomas, sean del color político que sean -y nosotros en el
Partido Popular tenemos experiencia en los años de Gobierno en Melilla y ahora en Ceuta y Andalucía, por ejemplo-, ofrecen a los MENA toda la cobertura asistencial legalmente establecida. Se puede comprobar visitando los centros de menores y, sobre
todo, hablando con los magníficos profesionales que trabajan con estos niños y niñas. Yo mismo lo he comprobado en las visitas que he realizado a los centros de Melilla y Canarias. A ningún menor se le discrimina para la práctica del deporte por
el hecho de ser un MENA, participan en los distintos campeonatos de fútbol y de baloncesto que se desarrollan en las ciudades. Por ejemplo, hablando con mis compañeros de Ceuta me comentaron que algunos menores habían demostrado importantes
cualidades para el atletismo, haciendo uso de las instalaciones con total regularidad. El único inconveniente que puede surgir son determinadas burocracias a las que saben darles solución sin la ayuda del Gobierno. Volvemos a manifestarlo en
nombre del Grupo Popular, los MENA son migrantes precoces, es decir, es un problema migratorio cuya competencia es del Estado y no de las comunidades autónomas, que son las que tienen que sufragar los programas sanitarios y educativos.


Señorías socialistas, un humilde consejo, hablen más con las comunidades y ciudades autónomas que más presión migratoria tienen -en algunas su partido, como por ejemplo en Melilla, tiene responsabilidades de Gobierno- y comprobarán que no
hay discriminación, sino necesidad de que el Gobierno se implique más y mejore la financiación. Hablen con las comunidades autónomas y no solamente con Podemos que, una vez más, ha ganado la batalla con la modificación del Reglamento de Extranjería
con papeles para todos los MENA y el efecto llamada que esto va a provocar.


Ustedes instan en esta PNL -y con esto acabo, señor presidente- a que las comunidades y ciudades autónomas ofrezcan programas deportivos a los MENA, cuando ya los ofrecen y, en cambio, imponen a las comunidades autónomas una nueva regulación
en el Reglamento de Extranjería sin dialogar con ellas. Abordemos realmente los problemas que existen para atender a los MENA, trabajemos unidos por una ley específica para los MENA en este país, clarificación de competencias y de financiación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.



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- RELATIVA A LA IMPLEMENTACIÓN EN EL SEPE DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO PARA AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003138).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la sexta proposición no de ley que tenemos hoy en el orden del día, proposición del Grupo Popular relativa a la implementación en el SEPE de un programa informático para agilizar la tramitación de las
prestaciones por desempleo.


Para defenderla tiene la palabra la señora De Luna.


La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidente.


Actualmente el reconocimiento de las prestaciones que lleva a cabo el SEPE se hace, como saben, de manera casi absolutamente manual, siendo muy residuales y casi anecdóticas aquellas que se están haciendo vía online. Durante la pandemia se
puso en marcha un modelo de solicitud informático de prestación que ha sido mal llamado formulario de presolicitud, cuya autorización cada vez ha aumentado más dado que hay grandes dificultades o bien para la cita previa o bien para acudir
presencialmente a las oficinas del SEPE. Este formulario solamente sirve para iniciar el trámite, ya que es un mero formulario de presentación de solicitud. Tiene que haber siempre un funcionario que reconozca la prestación.


En la actualidad, debido a toda la informatización con la que cuentan todos los organismos públicos, no es necesario que los interesados aporten los documentos o los datos que obren en poder de la propia administración. Por ejemplo, la
situación legal de desempleo ya la tiene el SEPE desde el momento en que se graba, como saben, la vida laboral. El SEPE nunca pide el periodo cotizado para el cálculo de la prestación porque también lo tiene en la propia base de datos. También el
SEPE tiene las bases de cotización de los últimos ciento ochenta días cotizados para el cálculo de la base reguladora de la prestación. Por tanto, cuenta con todos los datos. Por ello entendemos que el SEPE tendría que implantar un programa de
cálculo y de reconocimiento de la prestación similar al que existe en la actualidad en la Agencia Tributaria, el Programa Padre, por el que, como ustedes saben, se envía un borrador de la declaración del IRPF al interesado, quien por SMS lo puede
confirmar.


Además, actualmente el SEPE cuenta con unos programas que calculan tanto la cuantía de la prestación, es decir, el cálculo de la base reguladora con los porcentajes correspondientes, como también el periodo que se va a percibir, pero en la
actualidad siempre se requiere de un funcionario que grabe los datos del DNI del interesado y dé a un intro. Por tanto, yo creo que, dado que se puede hacer todo de forma informatizada, tendría que haber un enlace o se tendría que implementar un
sistema similar al de la Agencia Tributaria, y desde el momento en que el funcionario de la Tesorería grabe la baja laboral de un interesado, una baja que dé derecho a prestación, debería ponerse en marcha todo este mecanismo para poder calcular
tanto la prestación como el periodo y debería enviarse al propio interesado para que este simplemente, previa alta como demandante de empleo, confirmara. Por tanto, no haría falta un funcionario, como digo, para darle a la tecla intro.


Nosotros entendemos que hoy día esto supondría reestructurar las setecientas once oficinas, evitar errores humanos que pueden producirse a veces al introducirse datos manualmente y evitar estar cada seis meses echando mano de la bolsa de
interinos a quienes, cuando ya aprenden un poco, se les extingue, como es lógico, el tiempo para el cual se les ha contratado. Por tanto, se podrían conseguir unas plantillas mucho más eficientes permanentes que, además, se pudieran dedicar a otros
cometidos porque el SEPE tiene muchísimos como la calidad de la prestación, el control de cobros indebidos, etcétera.


Nuestro grupo propone que el Gobierno estudie e implante este sistema informatizado de reconocimiento de la prestación por desempleo, dado que cuenta ya con todos los datos en las bases de datos de todos los organismos para poder hacerlo.


Quiero señalar que, como el Grupo VOX había presentado una enmienda transaccional, hemos añadido un segundo punto a la enmienda en el sentido de que esta efectiva implantación del sistema informático deberá conllevar una mejor
reestructuración de los medios materiales y personales sin que en ningún caso suponga una reducción o merma de los mismos. Es decir, que no suponga una reducción de las plantillas, sino que se amplíen mediante las correspondientes ofertas de empleo
público porque es necesario que siga habiendo funcionarios, ni de los medios materiales de que dispone actualmente el Servicio Público de Empleo Estatal. Haciendo esto conseguiríamos una mayor eficiencia.


Gracias.



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A esta PNL se ha presentado una enmienda y para defenderla tiene la palabra el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


El SEPE es de los pocos organismos que hay que buscar con lupa en Cataluña, en nuestra tierra, donde el Estado está presente y por eso habrá que cuidarlo. A uno le sorprende, analizando las tripas del SEPE cuando fue hackeado y los ataques
informáticos que ha tenido durante esta crisis, la mala cobertura informática que tiene este organismo. Entiendo que todos los grupos de esta Cámara deberíamos estar de acuerdo con la propuesta que el Grupo Popular plantea, complementada por
nuestra propuesta y nuestra enmienda. Efectivamente, estas carencias de medios penalizan a todos los trabajadores, absolutamente a todos, y es inconcebible. Parece mentira que en el siglo XXI, con la evolución tecnológica que hay, no se crucen,
por ejemplo, los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social con los de Hacienda, donde está todo lo necesario para tramitar la prestación por parte del SEPE. Urge poner en marcha una modernización de la tecnología dentro del SEPE, ya que
la pandemia ha demostrado que la tecnología es necesaria y mucho más en este organismo que ha sufrido, como todos sabemos, los ataques.


A nosotros nos preocupa que las oficinas del SEPE de Barcelona, y ya no digamos las de Gerona o de otros lugares, estén desbordadas de trabajo. Hasta que no se implementen todas esas cuestiones tecnológicas habrá que preservar que se puedan
dar los servicios adecuadamente. Por eso nosotros proponemos que haya una salvaguarda, esta sí, de empleo y que, efectivamente, junto a la modernización obligatoria necesaria básica que necesita el SEPE, se ponga en marcha. Obviamente votaremos a
favor de la enmienda transaccional.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.


Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Lo acaba de recordar el señor Aizcorbe y yo también lo quiero resaltar. Una de las peores incidencias derivadas de la pandemia del coronavirus en el ámbito administrativo fue la ocasionada por el mal funcionamiento del Servicio Público de
Empleo Estatal, el SEPE, que a los impactos del primer estado de alarma declarado inconstitucional a instancias de VOX y de la prórroga, que confío en que también reciba el varapalo del Tribunal Constitucional, sumó una caída informática como
secuela de varios ciberataques, megaataques se definieron, que dejó inoperativas las más de setecientas oficinas físicas del SEPE y medio centenar de oficinas telemáticas. Hablamos, como se ha dicho, de un servicio que atiende a las prestaciones
por desempleo y en la época de las incidencias complicó mucho más la atención como secuela de ese ciberataque, de ahí que me resulte de mucho interés que se proponga implantar un sistema análogo al existente en la Agencia Tributaria, tal y como ha
explicado la señora De Luna.


Acabo de escuchar que se va a elaborar un texto transaccional con la incorporación de los planteamientos del Grupo VOX para mejorar los servicios del SEPE y avanzar en su modernización y, por tanto, lo apoyaré con mi voto favorable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


Por el Grupo Confederal tiene la palabra la señora Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.


En primer lugar, hay que decir que el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, tal y como se le suele llamar, ofrece en la actualidad todos sus trámites de forma telemática a través de su sede electrónica. Es cierto que el uso de este
canal es mucho menor del que nos gustaría, pero es debido a las exigencias de seguridad que comporta el sistema de firmas a través del Cl@ve. El denominado formulario de presolicitud omite esta necesidad y, por tanto, se ve que cada vez se utilizan
más estas solicitudes online.


Hay que destacar también que entre los servicios que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal en su sede electrónica se encuentra el denominado solicita y reconozca su prestación contributiva, y así se puede encontrar a través de la
oficina virtual del SEPE, por la que el interesado, la persona que quiera acceder a una prestación por desempleo, ya puede reconocer su propia prestación sin necesidad de que intervenga ningún gestor de forma similar a la que se plantea en esta
proposición no de ley. Además, en



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el caso de las solicitudes tramitadas de forma presencial, los gestores del SEPE cuentan con una aplicación que es bastante conocida por todas sus señorías aquí presentes, la denominada Argos, que realiza de forma automatizada el cálculo de
la base reguladora y del periodo de ocupación cotizado, así como la verificación de la situación legal de desempleo.


Podría dar más datos, pero creo que por todo el mundo es conocido que el SEPE trabaja de una forma bastante ágil. Es más, el tiempo aproximado entre que se presenta una solicitud de desempleo y finalmente se aprueba o se deniega, es decir,
se responde, es de una semana o diez días como mucho. Por tanto, el cobro de la prestación se hace al mes siguiente, algo que es bastante ágil y bastante rápido.


Me sorprende que planteen el cierre de las oficinas del SEPE con lo que significa eso para las personas que no pueden acceder digitalmente a la sede electrónica o a Internet por la brecha digital o porque les cuesta más trabajo, lo que
perjudicaría profundamente a las zonas rurales.


También me sorprende el profundo desprecio que esto puede significar para los trabajadores y las trabajadoras del SEPE, a quienes hay que agradecer desde aquí hoy el gran trabajo que han hecho cada día durante la pandemia. Es necesario que
se mantengan abiertas las oficinas del SEPE porque en el SEPE no solamente se tramitan las prestaciones por desempleo, sino las solicitudes para saber si se va a cobrar un desempleo contributivo, el subsidio por desempleo o algunas otras
prestaciones.


Mostramos nuestro agradecimiento a los trabajadores y a las trabajadoras del SEPE y además seguiremos trabajando para que todas las solicitudes electrónicas, que ya se están haciendo, se hagan con más naturalidad y estén cada vez más
implicadas en nuestra sociedad.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Peña.


La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, presidente.


Buenas tardes. Me referiré brevemente a tres cuestiones. En primer lugar, a la cuestión técnica. Se acaba de decir aquí hoy que el Servicio Público de Empleo Estatal ya ofrece la posibilidad de realizar la práctica totalidad de los
trámites relacionados con las peticiones por desempleo de forma telemática a través de la sede electrónica. De hecho, existe un trámite concreto por el que el interesado puede reconocer su propia prestación sin intervención de ningún gestor,
exactamente lo que pide esta proposición no de ley. Pero es que es verdad que estamos ante una proposición no de ley bastante alejada de la realidad. Quienes han escuchado decir hoy en esta sesión de la tarde a los portavoces del PP que es mentira
que hayan llegado 7500 millones de euros a los bolsillos de un millón y medio de trabajadores autónomos por primera vez de manera inédita en forma de prestación, verán que el Grupo Popular está negando la mayor. ¿Qué van a decir entonces de esta
proposición que, como les digo, está también bastante desviada de la realidad incluso en términos de la naturaleza, señores del Grupo Popular? Porque no tiene nada ver el paralelismo que ustedes hacen entre una declaración tributaria, que el
interesado está obligado a presentar legalmente, y una solicitud de prestaciones de carácter económico a la Seguridad Social.


En segundo lugar, a la cuestión ejecutiva. Este Gobierno ya tiene muy avanzada la reforma del nivel asistencial que lleva consigo la mejora de automatización de los procesos de reconocimiento. Además, ya está en pleno proceso la renovación
tecnológica del SEPE desde los presupuestos vigentes de 2021, los que ustedes, señorías del Grupo Popular, votaron en contra.


En tercer lugar, hay una cosa que me choca y es que, tras los meses que llevamos con la labor estoica que han hecho todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del SEPE aguantando jornadas extenuantes, trabajando sin festivos y sin
descansos y reconociendo en un solo día 128 000 prestaciones, cinco veces más al día que en el mismo día del año anterior, dando la cara en una situación complicada y tras dejar en evidencia el recorte de 1500 trabajadores que trajo el Partido
Popular bajo el brazo en su mandato limitando el servicio, situación que ha evidenciado también la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales de los propios trabajadores, ustedes hoy con su propuesta, en vez de proponer recuperar
plazas y mejorar salarios, proponen literalmente reducir gran parte de las setecientas once oficinas físicas de empleo en el territorio nacional, racionalizar el gasto en medios humanos y necesitar menos personal temporal. ¿Esto es lo que el Grupo
Popular tiene que ofrecer a un servicio público tan importante como es el Servicio Público de Empleo Estatal? ¿Reducir personal? ¿Reducir implantación territorial? Además puedo adivinar dónde quieren cerrar las oficinas. Seguramente se cerrarán
en la España periférica y en las provincias de menor población. ¿Verdad? Quieren eliminar los



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servicios en provincias como la mía, Burgos, en Castilla y León, donde este cierre que ustedes proponen de oficinas del SEPE se sumaría al cierre de consultorios médicos y al cierre de aulas educativas. Por supuesto, a tenor de esta
propuesta, el Grupo Socialista va a votar en contra de este recorte.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Les voy a pedir, si les parece, cinco minutos para que los grupos llamen a los diputados y a las diputadas a votar y para ordenar finalmente la votación. (Pausa).


VOTACIONES.


El señor PRESIDENTE: Antes de las votaciones quiero comunicar previamente que se traslada desde la Mesa de la Comisión de Presupuestos que las comparecencias correspondientes a los dos ministerios que tienen que comparecer en esta Comisión
serán el lunes por la mañana y por la tarde. Esta Presidencia no conoce las razones del cambio, pero serán el lunes por la mañana y por la tarde. Les llegará la comunicación oficial y será a partir de las diez y media.


Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a suprimir el coeficiente de parcialidad en el cálculo de las prestaciones por desempleo y en los subsidios y, en consecuencia, que solo se
atienda al tiempo trabajado y a la cantidad cotizada, así como a los hijos a cargo tal y como se está haciendo para el cálculo de las pensiones desde 2019, al objeto de evitar una doble discriminación sobre los trabajadores a tiempo parcial.


Se vota en los términos de una enmienda transaccional del Grupo Mixto, del Grupo Popular y del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 4; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la modificación del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ampliándola a
hijos a cargo más allá de la mayoría de edad.


Se vota en los términos de una enmienda transaccional del Grupo Popular y del Grupo Vasco.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos).


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX sobre el desarrollo de un plan específico para pymes y microempresas en relación con la implementación efectiva del trabajo a distancia.


Se vota con la adición de una enmienda del Grupo Popular aceptada por el Grupo VOX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos.


Se vota en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la inclusión social de los y las menores no acompañados a través del deporte.


Se vota en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 5; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la implementación en el SEPE de un programa informático para agilizar la tramitación de las prestaciones por desempleo.


Se vota en los términos de una enmienda transaccional del Grupo Popular y del Grupo VOX.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sin más, buenas tardes y se levanta la sesión.


Eran las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.