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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 437, de 21/06/2021
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 437
POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA LUISA CARCEDO ROCES
Sesión núm. 12
celebrada el lunes,
21 de junio de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la movilidad de los empleados públicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001274) ... (Página2)
- Sobre las medidas económicas de apoyo a los municipios y entidades locales para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/001423) ... (Página6)
- Relativa a la exclusión del uso del denominado lenguaje inclusivo en todos los documentos oficiales emanados de la Administración General del Estado y de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de
la misma. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/002352) ... (Página10)
- Por la que se insta al Gobierno a cubrir los puestos vacantes en la Administración General del Estado en Cataluña y a crear un incentivo económico que favorezca su cobertura. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/002521) ... (Página14)
- Por la que se insta al Gobierno a reducir la temporalidad del empleo público. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002523) ... (Página19)
- Relativa a revertir el proceso de despoblación a través de la deslocalización de organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado de nueva creación. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
(Número de expediente 161/002683) ... (Página25)
- Relativa a las garantías del nuevo sistema de acceso al empleo público de acuerdo con el plan de captación de talento. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de
expediente 161/002813) ... (Página30)
Votaciones ... (Página34)
Se abre la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA MOVILIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001274).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos la sesión de la Comisión de hoy que, como saben, corresponde al debate y votación de proposiciones no de ley, según lo acordado en la última Mesa y portavoces.
Para sustanciar estos asuntos comenzaremos por la proposición no de ley número 1.º, sobre movilidad de empleados públicos, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Aceves Galindo.
El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Comenzamos esta semana hoy lunes con una proposición no de ley en esta Comisión que al Grupo Parlamentario Socialista nos parece importante, y es que en este Parlamento se sustancie, se comente, de alguna manera se acuerde -espero que con la
unanimidad de todos ustedes, señorías- un tema que creemos que es de importancia para el funcionamiento de las administraciones públicas y también, de alguna manera, para el propio día a día de los empleados públicos. Nuestra proposición no de ley
viene marcada por el asunto de la movilidad, en el que entendemos que se tienen que poner encima de la mesa todos los parámetros, todas las ideas necesarias para mejorar en nuestro país. Es verdad que se han dado pasos y también que desde el año
2018 hay un acuerdo con los sindicatos, pero creemos que se puede ir un poquito más allá. Creemos, además, que en la provisión de puestos de trabajo en una Administración pública es necesario garantizar la prestación eficaz de los servicios,
promover al mismo tiempo entre los empleados públicos la posibilidad de la movilidad y también -por qué no- buscar la promoción profesional. En el Grupo Parlamentario Socialista entendemos además -y la pandemia tenemos que reconocer que nos ha
cambiado todo y seguramente todos reconoceremos algunas cuestiones- que es fundamental impulsar a través del Parlamento, en este caso de esta Comisión, que se instaure de una vez por todas esa convocatoria mínima anual de un concurso de provisión,
tanto general como específico, en la Administración General del Estado, en las administraciones de nuestro país. Tanto en servicios centrales como en periféricos es necesario, y aunque es verdad que el Gobierno progresista de España en este sentido
ha hecho los deberes, creemos que es algo que se tiene que consolidar para siempre. Es necesario, además, continuar con la valoración del trabajo desarrollado, con una formación adecuada y continua para los empleados públicos, para su promoción
tanto profesional como para que sirvan a la ciudadanía en general en la prestación de un buen servicio público y también -por qué no- para algo fundamental en los tiempos que corren como es la conciliación de la vida familiar y laboral. El I
Acuerdo de la Movilidad del Personal Funcionario, publicado en el BOE de 20 de noviembre de 2018, supuso una apuesta del Gobierno socialista, del Gobierno de nuestro país, para impulsar esta movilidad que creemos que tiene que dar todavía muchos
frutos.
Entendemos también fundamental una cuestión cara al presente y al futuro. Como saben, señorías, hay un acuerdo marco desde el año 2003 que regula la movilidad interadministrativa y nos parece fundamental poner el foco en que tanto el EBEP,
en el año 2007, como después a través de la Comisión
de Coordinación del Empleo Público, se tiene que llegar -con diálogo de todas las administraciones públicas- a nuevos acuerdos, a nuevos mecanismos que promuevan la movilidad entre empleados públicos. Porque, evidentemente, en un país como
el nuestro, señorías, a cualquier empleado público le puede suceder que le cambien sus condiciones familiares y necesite, siendo ya empleado público, poderse mover a otro lugar, a otra Administración para poder seguir desarrollando sus tareas
cotidianas. Por eso, señorías, planteamos un acuerdo en esta Comisión para que sea de todos y para impulsar -por qué no- ese diálogo en el marco de colaboración entre todas las administraciones, en un grupo que como saben está establecido ya de
movilidad interadministrativa, y se avance definitivamente para mejorar las condiciones del acuerdo marco, sin olvidar cuestiones como los traslados por motivos de salud, los traslados relacionados con la violencia de género y tantas otras
cuestiones que deben de servir para que haya una movilidad efectiva entre las administraciones públicas, porque creo que redundaría fundamentalmente en el servicio público y también, por qué no, en los trabajadores.
Por último, como tercera pata de esta propuesta, señorías, la formación -que es fundamental- no solo a través del INAP -es verdad que la proposición no de ley lo dice- sino también a través de los planes específicos de formación que tienen
otras administraciones, las comunidades autónomas, los propios ministerios. Nos parece fundamental. Como saben, también en el ámbito local se ha hecho un esfuerzo por la teleformación en estos tiempos de pandemia que ha venido para quedarse y,
además, con una evaluación bastante positiva. Creemos que estos itinerarios formativos que se han puesto en marcha entre la Administración General del Estado y las corporaciones locales para los funcionarios, fundamentalmente de habilitación
nacional, deben de seguir el mismo ritmo para que sean lo más efectivos posibles y un compromiso de todos con esta realidad, que es un buen servicio público a través de unos trabajadores que puedan promocionar y que, al mismo tiempo, puedan prestar
sus servicios donde sea necesario. Les invito y, en este caso, les propongo, señorías, la aprobación de esta proposición no de ley con estos objetivos que les he marcado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, para la defensa de la enmienda que se ha registrado a esta proposición no de ley, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Elorriaga Pisarik.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, presidenta.
Vaya por delante nuestra posición favorable y la de nuestro grupo a cuantas acciones y medidas se puedan desarrollar para favorecer la movilidad de los funcionarios públicos, tanto dentro de cada una de las administraciones como entre todas
ellas. Las razones de nuestro respaldo a esta movilidad son sobradamente conocidas: es un instrumento imprescindible para permitir la promoción profesional y también para atender circunstancias personales de muy distinta naturaleza, de
conciliación de la vida personal o de otras muchas que requieren la movilidad de los funcionarios entre localidades o entre departamentos ministeriales. Cuando hablamos de movilidad interadministrativa es además un factor enriquecedor de todas las
administraciones. La movilidad de los empleados públicos entre el Estado, las comunidades autónomas y la Administración local es, sin duda, un instrumento de cohesión que favorece la colaboración leal entre todas las administraciones y enriquece el
conocimiento mutuo que tiene cada una de ellas de las demás. Por lo tanto, favorecer la movilidad, sin duda, es un elemento de cohesión también del país. Hablar de movilidad no es nada nuevo. Desde el Estatuto Básico del Empleado Público de 2015,
e incluso todos los antecedentes anteriores, siempre se ha intentado promover la movilidad y no siempre con todo el éxito deseable. Pero en este momento -y ese es quizá nuestro punto de vista discrepante con el planteamiento que trae el Grupo
Parlamentario Socialista- lo que hay ya, fruto de la negociación colectiva, es un marco bastante claro y lo que está ocurriendo es que se está dilatando en su aplicación. El I Acuerdo de Movilidad del Personal Funcionario al servicio de la
Administración General del Estado fue firmado en octubre de 2018, se firmó un acuerdo de criterios comunes para resolver los concursos en mayo de 2020, es decir, hace ya más de un año, y la orden de convocatoria es de noviembre de este año, o sea,
que han pasado dos años desde la firma del acuerdo y lo cierto es que no ha sido resuelto el primer acuerdo de movilidad interadministrativa.
Por lo tanto, nuestra enmienda lo que trata de poner de manifiesto es que al texto de la proposición no de ley lo que le falta es ambición y al menos le falta en tres sentidos, y ese es el contenido de nuestra enmienda. En primer lugar,
para garantizar que al menos a partir de este momento exista una convocatoria anual de un concurso general y específico, tanto en ministerios como organismos, y tanto
en servicios centrales como periféricos y que sea esta ya una pauta de comportamiento habitual a partir de este momento.
En segundo lugar, que se precise con mayor claridad cuáles son las plazas que deben ser ofertadas, porque también es verdad que estos concursos, en algunas ocasiones, pecan de insuficiencia de oferta por las restricciones que muchos
ministerios ponen a la oferta de puestos de trabajo.
En tercer lugar, que se abunde más en la movilidad interadministrativa. El acuerdo marco de 2003 ha quedado realmente superado por el paso del tiempo y sería conveniente que en este momento la Administración pública reforzarse ese acuerdo
buscando nuevos instrumentos que permitan una movilidad más fluida entre los tres niveles de Administración pública.
Y, por último, recordábamos, hablando de los procesos de formación, que no solo el INAP -que, por supuesto, es la institución central de formación de las administraciones públicas- tiene que tener encomendada esta misión, también los centros
de formación dependientes de otros ministerios, como pueda ser el Instituto de Estudios Fiscales en el Ministerio de Hacienda o la Escuela Diplomática y tantos otros; los propios planes de formación de los ministerios también deben contemplar una
oferta educativa suficiente para hacer posible esta movilidad de los funcionarios públicos.
En consecuencia, y con esto concluyo ya, nuestra enmienda va orientada a pedir algo más de ambición, es decir, a que esta PNL no se quede, simplemente, como tantas veces ocurre, en instar al Gobierno a hacer algo que realmente ya está
haciendo el Gobierno desde hace algunos años y que si algo se puede criticar es que lo está haciendo con excesiva lentitud.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Elorriaga.
A continuación, para la fijación de posición de los grupos parlamentarios, de menor a mayor comenzará, por el Grupo Mixto, don José María Mazón Ramos, por un tiempo de tres minutos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, presidenta.
Intervendré brevemente. En el Partido Regionalista siempre hemos estado de acuerdo con cualquier impulso que vaya dirigido a la mejora de la carrera profesional, en general a todo lo que es la mejora de la Administración. Hemos dicho que
en los últimos años hay un deterioro importante, precisamente motivado por la carencia de concursos y la cantidad de personas que se van jubilando, ya que no hay una renovación continua. Por lo tanto, cualquier impulso es bienvenido.
En relación con la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Popular, también nos parece muy adecuada. Compartimos lo que dice el portavoz. Se puede discutir sobre el mínimo o el máximo del 30 %, el 20 %, el 25 % o el 40 %, pero en
definitiva y con carácter general estamos de acuerdo con lo que plantean ambos y, por supuesto, con la enmienda.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Intervendré muy brevemente. Nosotros nos posicionamos a favor de lo que propone la PNL del Grupo Parlamentario Socialista, pero porque básicamente es una transcripción del acuerdo de movilidad del personal funcionario de la Administración
General del Estado, que se suscribió ya en noviembre de 2018 por el propio secretario de Estado de Función Pública, y en el anexo de ese acuerdo se contemplaban ya, entre otros apartados, la provisión de puestos de trabajo, movilidad administrativa
y formación de los trabajadores públicos. Compartimos el sentido de la enmienda y la argumentación que hacía el Grupo Parlamentario Popular, en la línea de que la PNL -más allá de que se pueda estar de acuerdo porque, como digo, es la transcripción
del acuerdo de movilidad ya suscrito- no aporta ninguna innovación respecto al mismo. Por tanto, sí que nos parecería oportuna la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular por las argumentaciones que ya se han expuesto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
¿Qué quieren que les comente, sinceramente? ¿Vamos a votar a favor? Sí, porque vamos a ver si somos capaces de sacar una resolución por unanimidad de la Comisión y eso espolea de verdad al Gobierno que necesita ánimos para moverse en este
sentido. Porque, claro, esta PNL, que mantiene en la actualidad porque, si no, no la hubiesen presentado, ustedes la registraron hace prácticamente un año. Esto quiere decir que el Gobierno no se habrá movido mucho. Vamos a ver si se mueve -me
van a permitir que lo dude- con más intensidad a raíz de esta PNL, si consigue el reconocimiento de todos los grupos parlamentarios. Estaría bien que se pudiera llegar a una transaccional y, en caso de no llegar, que el Grupo Parlamentario Popular
también la votase a favor para ver si este es el impulso definitivo que está esperando el Gobierno. Claro, hay que incrementar la oferta formativa a través del INAP. Estamos de acuerdo, pero ustedes ya llevan tres años gobernando, ahora tienen un
presupuesto propio, no hay excusas de que eran presupuestos del otro Gobierno. Obviamente, todos estos acuerdos de movilidad interadministrativa siempre deben ser materializados, ponernos de acuerdo y llevarlos a cabo con el acuerdo de todas las
entidades administrativas afectadas. Por tanto, no solo dentro de la Administración General del Estado sino con las comunidades autónomas y con las propias entidades locales. Por tanto, van a contar con nuestro voto favorable y vamos a ver a los
largo de estos meses si realmente esta PNL y el voto que todos vamos a emitir hoy aquí han sido determinantes o no en la acción del Gobierno.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Jover Díaz.
La señora JOVER DÍAZ: Buenas tardes. Gracias, presidenta.
Intervendré muy brevemente. El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta esta PNL sobre la movilidad de los empleados públicos y nosotras vamos a apoyarla y también las iniciativas que promuevan las convocatorias y la cobertura de plazas
públicas. Aunque el ministerio nos transmite que esta previsión se encuentra ya contemplada, esperamos que pueda gestionarse a la mayor brevedad posible.
Por otra parte, sería deseable que el grupo de trabajo de movilidad interadministrativa, en el que también están representadas las entidades locales, avanzara también a mayor ritmo en las aportaciones a la Comisión de Coordinación del Empleo
Público, a fin de que se puedan agilizar los concursos que permitan la movilidad a los trabajadores públicos.
Y, cómo no, apoyamos el incremento de la oferta formativa. Sin duda, cuanta más formación tenga un funcionario, en mejores condiciones se encontrará para realizar un trabajo efectivo en beneficio de toda la ciudadanía. Por ello, vamos a
votar que sí a la PNL. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jover.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia, señora presidenta.
En VOX estamos a favor de facilitar la movilidad de todos los empleados públicos. Lo que no entendemos o no terminamos de ver es el fin último de esta PNL, por qué la ha presentado el Grupo Socialista. Decía el portavoz que el Acuerdo de
Movilidad del Personal Funcionario del año 2018 supuso una apuesta del Gobierno socialista, y yo le digo que supuso una apuesta que ha perdido, porque no ha hecho nada en tres años. Por eso traen la PNL que, por cierto, como ya se ha dicho, está
fechada hace un año, y durante este último año tampoco se ha hecho nada.
La PNL tiene tres apartados. El primero es copia prácticamente literal de lo recogido en el tercer párrafo del punto primero del apartado uno del Acuerdo de Movilidad del Personal Funcionario de noviembre 2018. Por tanto, están
reconociendo que el Gobierno no ha hecho los deberes, que no ha cumplido sus compromisos y que esto es humo, y lo curioso es que los sindicatos mayoritarios en la Administración pública, que son los firmantes, no dicen nada. Es curioso que en tres
años no han abierto la boca.
El segundo apartado habla de la movilidad interadministrativa, pero ya hay un grupo de trabajo que está con ello. Aquí falta valentía, porque para que haya movilidad interadministrativa real se tienen que abrir las RPT, todos los puestos
que sean necesarios, a otras administraciones públicas, y, en concreto, en la Administración General del Estado son muy reacios, pero ya no solo los que sean para cubrir por
concurso de méritos, es que los de libre designación, a nuestro juicio, deberían ser todos abiertos a otras administraciones. Yo sé que esto choca con los funcionarios de determinados cuerpos de ciertos colectivos que pretenden siempre que
estén cerrados a su Administración para que ellos sean los únicos que puedan ocupar esos puestos, como pueden ser los de secretario general de las delegaciones del Gobierno, por ejemplo, o muchos de los que están en Exteriores de agregados o
adjuntos a agregadurías y demás, en los sitios más golosos, porque, curiosamente, se abren de libre designación a otras administraciones en los sitios a los que no quiere ir nadie. Pero, para que la movilidad interadministrativa sea real, hay que
ser valientes y hay que tomar una decisión y decir eso: todos los LD, abiertos a todas las administraciones; un porcentaje elevado de concurso, abierto a todas las administraciones.
Por último, nos hablan de incrementar la oferta formativa del INAP, pero es que este Gobierno progresista, que dicen ustedes, en los presupuestos de 2021 al INAP, en el capítulo 2, en suministros, material y otros, le ha quitado 9 millones
de los que estaban destinados a formación. Se los ha quitado para dárselo a los sindicatos, por cierto, 8 500 000 para formación propia de sindicatos y 1 200 000 para dietas para la negociación de lo previsto en el Estatuto Básico de los Empleados
Públicos. Por tanto, como no vemos la finalidad y como esto lo tenía que estar haciendo el Gobierno hace ya más de dos años, nos vamos a abstener.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Valle.
Para comunicar si acepta la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aceves.
El señor ACEVES GALINDO: La votación en sus términos, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
- SOBRE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE APOYO A LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES Y OTRAS SITUACIONES CATASTRÓFICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/001423).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la proposición no de ley con el número 2.º del orden del día, sobre medidas económicas de apoyo a los municipios y entidades locales para paliar los daños causados por temporales y
otras situaciones catastróficas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Tizón Vázquez.
La señora TIZÓN VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.
En los últimos años, señorías, en nuestro país se han dado fenómenos naturales con consecuencias negativas para las personas o para su entorno, que han provocado muertes o graves pérdidas económicas. El riesgo más extendido y que produce
mayor número de sucesos es el de inundación. Según el Consorcio de Compensación de Seguros, los daños por inundaciones se estiman, en total, en una media de 800 millones de euros anuales. Hablamos también de borrascas, nieve, granizo y viento,
desbordamiento de ríos, torrentes, pedrisco, fenómenos costeros, tornados o los incendios forestales, otro de los problemas que afectan gravemente al territorio español. Cada año aumentan y, además de pérdidas económicas y el peligro que conlleva
para las personas y sus bienes, los incendios causan importantes impactos ambientales con una grave degradación del medio. Yo soy de Ourense, una de las provincias que más arde, no sólo de España, sino también de Europa. Solo en 2020, mi provincia
se sitúa a la cabeza de los 144 incendios que se produjeron en Galicia. Es verdaderamente desolador ver, año tras año, tanta destrucción y su compleja restauración. Señorías, tanto la magnitud de las emergencias como las medidas para mitigar la
grave perturbación, el restablecimiento de servicios públicos esenciales y, en definitiva, la recuperación de la normalidad de las zonas afectadas, justifican la intervención de la Administración General del Estado, una intervención que refuerza los
mecanismos de protección a los ciudadanos, de acuerdo con la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Ante las emergencias que ya tuvieron lugar en el año 2018 y comienzos de 2019, el Gobierno aprobó un paquete de ayudas para paliar los daños sufridos, ayudas que se reiterarían en el último año. Claro ejemplo es la aprobación del Real
Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019. Este amplía las ayudas por temporales y catástrofes con un presupuesto total de 226 millones de euros.
Sin duda, la respuesta del Gobierno frente a
las catástrofes está siendo rápida y eficaz. Mientras que en legislaturas anteriores las ayudas tardaban en llegar entre tres y cuatro años, en la actual legislatura se abonan en un año. Sin embargo, en ocasiones, su gestión resulta
compleja, con trámites que provocan dilación en su concesión, así como posibles errores en la comunicación entre la Administración General del Estado y las entidades locales, especialmente los pequeños ayuntamientos, bien a causa de medios
telemáticos insuficientes o por desconocimiento del proceso a seguir para su concesión. Por ello presentamos esta iniciativa, señorías, porque creemos necesario continuar fomentando la modernización de medios telemáticos y la celebración de
sesiones informativas a través de la Subdirección General de Cooperación Local, con el fin de que el personal de las entidades solicitantes tenga pleno conocimiento de los pasos a seguir para que nadie se quede atrás. Tenemos tarea por delante en
la coordinación de las administraciones públicas para contribuir a que las inversiones reparen los daños causados, una tarea en la reconstrucción económica de este país contando, asimismo, con el apoyo de las instituciones europeas y valorando la
posibilidad de solicitar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea cuando las catástrofes naturales sean especialmente graves.
Señorías, los riesgos naturales tienen consecuencias muy distintas en cada región según la mayor o menor incidencia de las situaciones de peligro y de la población expuesta a ellas. Por eso, las pérdidas difieren de unas áreas geográficas a
otras. Partimos de la premisa de que los fenómenos meteorológicos adversos se producen cada vez con más frecuencia y las ayudas son laboriosas y complejas, motivo por el que nuestro objetivo es simplificar y facilitar los trámites para acortar los
tiempos, con una especial cooperación en municipios de menor capacidad económica y de gestión. Una cooperación, sin duda, que habrá de funcionar en ambas direcciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Tizón.
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas, una que presentó el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para cuya defensa tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra, y otra del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
En septiembre de 2019, nuestro país se enfrentó a una de las peores tragedias climatológicas de nuestra historia reciente, que dio como resultado varias personas fallecidas, cuantiosísimos daños materiales y pérdidas en sectores clave de
nuestra economía. Cuando se promulgó el Real Decreto-ley 11/2019, de medidas extraordinarias para paliar los efectos de la DANA, la entonces ministra portavoz, Isabel Celaá, anunció medidas por importe de 774 millones, entre ayudas directas y
exenciones y bonificaciones en materia laboral, de Seguridad Social y fiscal. Ciudadanos ya denunció en su momento que estás ayudas podían ser insuficientes y, entre otros aspectos, que la exigencia de que los damnificados de producciones agrícolas
acreditaran tener en vigor una póliza de seguro agrario dejaba fuera a más del 90 % de los productores afectados. A pesar del anuncio de la lluvia de millones que se pondría a disposición de los afectados, a fecha de hoy apenas se han ejecutado 225
millones de euros, al menos de las ayudas directas presupuestadas en 557 millones. Así, en ejecución de estas medidas se convocaron ayudas por la Secretaría de Estado de Función Pública mediante una resolución de mayo de 2020 por importe de 152
millones y otra resolución en diciembre del pasado año por importe de 76 millones, y nada más se ha ejecutado hasta ahora.
Por otro lado, el real decreto que aprobó estas medidas establecía la creación de una comisión interministerial que elaboraría un informe antes del 1 de octubre de 2020 sobre las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de este real decreto.
Pues bien, mi grupo parlamentario se ha visto en la necesidad de solicitar formalmente a la Mesa del Congreso una copia de ese informe, ya que desconocemos si se ha realizado; al menos nosotros no lo hemos encontrado ni, que sepamos, se ha hecho
público. Es por eso por lo que hemos presentado una enmienda en la línea de hacer público ese informe. Creo que es una buena ocasión para que el Grupo Parlamentario Socialista nos aclare por qué se ha ejecutado hasta la fecha un importe tan
pequeño, si existe ese informe que tiene que aclarar las actuaciones que se han llevado a cabo en cumplimiento del real decreto, qué dice, dónde puede consultarse o, en caso de que no exista, que nos aclare también los motivos por los que no se ha
elaborado.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa -nos parecen adecuadas las medidas que se proponen-, pero creemos que la PNL se queda corta y que es necesario aclarar las medidas adoptadas para la ejecución de las ayudas y, por eso, hemos presentado
esta enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Constenla Carbón.
El señor CONSTENLA CARBÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista nos trae hoy a esta Comisión una PNL un poco inconexa en su planteamiento. Partimos de una proposición de no de ley en la que no hay nada que tenga que ver con su título. Su título es claro y fácilmente
entendible -sobre las medidas económicas de apoyo a los municipios y entidades locales- y con el que creo que todos estamos de acuerdo, ya que son estas las entidades más perjudicadas y las que dan una respuesta más ágil y rápida en estas
situaciones con los pocos medios de que disponen, pero aquí no se concreta ninguna medida económica para paliar los daños ocasionados en estas dramáticas situaciones. Al meternos en la exposición de motivos nos venden lo bien que lo hace el
Gobierno cumpliendo con su cometido y hacen alusión en algún momento a legislación desfasada debido a la tardanza en tratar esta PNL, ya que recientemente se aprobó el Real Decreto-ley 10/2021 por el que se adoptan las medidas urgentes para paliar
los daños causados por la borrasca Filomena. Por cierto, durante su tramitación ya se podían haber recogido las sugerencias que nos traen hoy aquí.
Pero llegamos al fondo de la proposición no de ley, que son las propuestas que nos acercan al petitum de esta, y, señorías, como bien saben -o deberían saber-, las leyes 39/2015 y 40/2015 ya recogen la obligatoriedad de que las
administraciones se relacionen entre sí a través de medios electrónicos. En la actualidad, después de varias prórrogas, ya está en vigor esta circunstancia por lo que, más que fomentar, lo que debería hacer el Gobierno es facilitar a las entidades
locales los medios para cumplir con la norma y potenciar una cobertura de Internet suficiente que llegue a todos los municipios, sobre todo a aquellos de menor tamaño o situados en zonas más despobladas que en muchos casos no son capaces de cumplir
con los requisitos tecnológicos de acceso a estas u otras subvenciones para poder beneficiarse de ellas. La formación del personal de las entidades locales es algo totalmente necesario, ya que la mayoría de los procedimientos para pedir
subvenciones son muy farragosos, difíciles de entender y con mucha dificultad para subirlos a las plataformas creadas para tal fin. Por tanto, aparte de asesoramiento, lo que sería necesario es tratar de crear procedimientos sencillos de
cumplimentar y fáciles de hacer un seguimiento para no dilatar su aprobación.
Lo que parece más insólito es instar al Gobierno a solicitar la contribución del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Esto nos preocupa especialmente porque da la impresión de que no se fían de la gestión de su presidente, ya que este
fondo es una herramienta que ya fue utilizada en graves situaciones catastróficas sufridas en nuestro país, como fue en el caso del Prestige, los terremotos de Lorca y, como bien han dicho ahora, los grandes incendios forestales que sufre nuestro
territorio. Por cierto, la mayoría de las veces estaba gobernando el Partido Popular y sabía lo que tenía que hacer; no hizo falta recordarle que utilizara estos fondos.
Como municipalista que soy y conocedor del calvario que sufren las entidades locales, sobre todo las de menor tamaño, no puedo dejar de apoyar esta PNL, pidiendo que se recojan además nuestras enmiendas de adición, creando un fondo económico
estatal suficiente para poder atender todas sus necesidades y dando cuenta a esta Comisión de los trámites seguidos para dar cumplimiento de las propuestas de esta proposición no de ley en el plazo de tres meses.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pasamos al turno de fijación de posición, comenzando por el Grupo Mixto. Señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
Esta PNL es parecida a la anterior, todo son buenas intenciones, porque, claro, con fomentar, promover y potenciar la coordinación todos vamos a estar de acuerdo. Lo que tampoco entiendo muy bien es por qué se centra tanto en los temporales
y las situaciones catastróficas, porque la promoción de la utilización de medios telemáticos, la celebración de sesiones informativas o la coordinación entre administraciones vale para las inundaciones y vale para todo. Realmente, en este caso no
podemos dejar de estar de acuerdo, pero también aprovecho para decir que lo importante de todo no es solo cómo se rellenan los papeles, sino cuándo se hacen las convocatorias para conceder las ayudas y cuándo las resuelve el ministerio, porque yo he
venido recordando, tanto aquí como en el Pleno, que todavía siguen sin resolverse las convocatorias de las inundaciones de diciembre de 2019. Por lo tanto, está bien que instemos al
Gobierno a que impulse a las entidades locales, pero creo que también tenemos que impulsar al Gobierno a que pague cuanto antes.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Es similar a la anterior, como también les acaban de especificar. Fomentar, promover, potenciar o solicitar cuando se estime conveniente son generalidades que podemos y debemos compartir, pero que no generan un alto nivel de concreción.
Nosotros vamos a votar a favor, no tengan ninguna duda, pero haré algunas consideraciones. Si uno se lee esta PNL tiene la impresión de que cuando no funciona la tramitación de todas las medidas económicas de apoyo a municipios en casos de daños
por situaciones catastróficas, temporales, etcétera, es culpa de la Administración local que no sabe tramitarlas y, por tanto, se debe ayudar a tramitarlas. Yo también les pediría una cierta autocrítica. Se ha mejorado en los tempos -no siempre,
pero es verdad que en algunas convocatorias se ha mejorado en los tempos-, pero, si hay algunos municipios que tienen una especial dificultad en la tramitación de estas ayudas, quizás es culpa de los municipios, pero también se pueden mejorar en el
procedimiento de tramitación los requisitos y hacer una fiscalización más ex post que ex ante de estas ayudas, dado que la mayoría son administraciones locales. Por tanto, lo importante en una situación así -y les hablo por experiencia como alcalde
de una población de estas características- es tener los recursos para reponer el daño sufrido y, posteriormente, ya se hará la fiscalización y el control a las propias administraciones locales. Por tanto, estamos absolutamente de acuerdo con que
tengan medios telemáticos y con que se forme al personal, pero también pedimos un poco de autocrítica y propósito de enmienda respecto a las convocatorias. ¿Cuándo llegan los recursos? Los recursos deben llegar y esta es la prioridad, y todos los
requisitos formales se deben pedir, no estoy diciendo que no se pidan, pero se deben pedir posteriormente. En todo caso, van a contar con nuestro voto favorable.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.
La señora PITA CÁRDENES: Gracias, presidenta.
Buenas tardes. Mi grupo está de acuerdo en esencia con la PNL que insta al Gobierno a la formación, digitalización y cooperación entre las distintas administraciones en la tramitación de las ayudas económicas a entidades locales por daños
por temporales y situaciones catastróficas. Pero, solo por matizar, y estando de acuerdo -insisto- con el espíritu y el contenido esta PNL -formación, cooperación y demás-, quizás habría que repensar los procedimientos para la tramitación y gestión
de estas ayudas. Está bien formar y está bien cooperar con todas esas entidades, pero el marco legal, el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, da amplias competencias al Ministerio de Política Territorial y Función Pública a este respecto.
En este sentido, igual habría que invertir la lógica, es decir, que el ministerio adopte una actitud más proactiva, contactando con las entidades locales que sufren temporales, catástrofes, etcétera, e informando no solo de la existencia de las
ayudas, sino del trámite, porque la celeridad en estos casos es imprescindible, en lugar de asumir un rol, digamos, más pasivo. En fin, formar y cooperar está muy bien, pero una actitud más proactiva por parte del ministerio sería mucho mejor para
todos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Pita.
Finalmente, en este turno tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor del Valle.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia.
El Grupo Parlamentario Socialista pide al Gobierno socialista que emplee las tecnologías informáticas disponibles para la tramitación y gestión de las ayudas que se concedan a las entidades locales. Este tirón de orejas que el Grupo
Parlamentario Socialista da al Gobierno es procedente y necesario. Sin embargo, observamos que no se prevé que la misma informatización que se daría a la concesión de estas ayudas vaya a darse también al examen del cumplimiento de sus objetivos y
al efectivo uso de estas para el objeto al que van destinadas. El Tribunal de Cuentas del reino emitió en enero de 2020 un informe, el 1363, sobre la fiscalización las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras, con especial referencia
a la gestión de la construcción de la residencia de mayores La Minería, de los ejercicios 2006 a 2017. Este informe deja claro que los sistemas de seguimiento de las ayudas y subvenciones que el Estado da a la reconstrucción de áreas
deprimidas son, como mínimo, mejorables. En aquel caso, las ayudas iban destinadas a la reconversión de la economía de las cuencas mineras. En el caso que ahora estamos debatiendo, las ayudas irían destinadas a la reconstrucción de zonas que hayan
sufrido los estragos de catástrofes naturales. El informe de referencia es tajante. Gran parte de los fondos mal utilizados de estas ayudas fue a parar al bolsillo de corruptos, varios ligados a los sindicatos más activos en la minería. En
concreto, el estudio se inició a raíz del escándalo del socialista y sindicalista asturiano José Ángel Fernández Villa.
Así las cosas, el Grupo Parlamentario VOX considera que sería nocivo para los españoles y positivo para los corruptos que se incrementase el flujo, la cuantía y la velocidad de concesión de ayudas sin que se produjese un incremento de los
controles igual de ágil y veloz. Es decir, para VOX, al mismo ritmo que se incremente la velocidad de concesión de las ayudas debe incrementarse la capacidad de los correspondientes órganos de control. En definitiva -termino ya, señora
presidenta-, el Grupo Parlamentario VOX no puede apoyar esta iniciativa en la medida en que carece de una cuestión nuclear para combatir la corrupción que frecuentemente ha afectado a este tipo de ayudas. Por ello, nos abstendremos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señora Tizón, tiene la palabra para anunciar a la Comisión si acepta las dos enmiendas.
La señora TIZÓN VÁZQUEZ: Se votará en sus términos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- RELATIVA A LA EXCLUSIÓN DEL USO DEL DENOMINADO LENGUAJE INCLUSIVO EN TODOS LOS DOCUMENTOS OFICIALES EMANADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO VINCULADOS O DEPENDIENTES DE
LA MISMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/002352).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el punto número 3, proposición no de ley relativa a la exclusión del uso del denominado lenguaje inclusivo en todos los documentos oficiales emanados de la Administración General del Estado y de los
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario VOX y, para su defensa, tiene la palabra el señor Ruiz Navarro.
El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias, señora presidente. ¿O debería decir presidenta?
La Real Academia Española, en una discutible resolución, aceptó como válida la fórmula de presidenta aplicable a la mujer que preside, a pesar de que presidente no es la versión masculina de presidenta, sino el participio activo del verbo
presidir, que significa quien preside. Pero, claro, si hacemos uso del vocablo presidenta, siendo consecuentes, deberíamos también utilizar la fórmula de 'presidento' para que la palabra tuviera una versión masculina, pues, de lo contrario,
pondríamos en riesgo alcanzar el cenit de la resiliencia de género, la cogobernanza paritaria, el empoderamiento igualitario y, por supuesto, la inclusividad de todos, de todas y de 'todes'. El maravilloso futuro que las élites globalistas han
diseñado para nuestros hijos, hijas e 'hijes' es incompatible y también 'incompatibla' con dejar a nadie atrás y el lenguaje inclusivo e 'inclusiva' es el gran ejemplo de la lucha contra la pervivencia de lo reaccionario y también de la
'reaccionaria', aunque en este último caso nadie conozca a la pobre mujer que será objeto de todas las iras y los 'iros' de los, 'les' y las empoderadas lingüísticas.
A mayor abundamiento, atribuir a una neolengua el carácter de inclusiva es tanto como pretender que nuestra lengua, la que todos los españoles tenemos el deber de conocer y el derecho a usar, es excluyente. ¿Pero puede ser un idioma
excluyente? Es evidente que no, sobre todo si la acusación se pretende construir sobre la base de que se excluye al 50 % de la población que lo habla, lo cual es imposible. El llamado lenguaje inclusivo no es más que un artificio creado por
motivaciones políticas e ideológicas, cuyo uso solo provoca la obstrucción de la fluidez de la comunicación entre emisor y receptor mediante desdoblamientos innecesarios que estorban, molestan y dificultan la comprensión e incomodan
cualquier tipo de interlocución. La RAE recientemente tuvo ocasión de explicar a la señora vicepresidente, Carmen Calvo, que nuestra lengua española está bien como está y que en el uso del masculino genérico no se esconde ninguna suerte de
androcentrismo cultural.
Y si hablamos de la Administración, es evidente que el uso del llamado lenguaje inclusivo no casa con los principios constitucionales de actuación que le son exigibles, como la eficacia y la coordinación, el sometimiento pleno a la ley y al
derecho o la eficiencia, economía y celeridad, todo ello sirviendo con objetividad a los intereses generales. No se sirve con objetividad a los intereses generales obligando a la Administración a hacer uso de un neolenguaje que solo utiliza en
actos públicos una pretendida élite caviar que está muy marcada ideológicamente. Nadie en la calle habla de esta manera. Por todas estas razones, en Francia, cuya lengua está siendo atacada de la misma forma, el Gobierno nacional ha prohibido el
uso de este neolenguaje en la enseñanza y en la Administración, alegando, entre otras cosas, que estamos ante una forma de terrorismo cultural. Por ello, la Administración, con el fin de hacerse entender, debe utilizar solo el lenguaje normativo y
académico y nunca artificios que solo servirían para entorpecer la comunicación con el administrado.
Lo que no sirve para el interés general, porque no es nada inclusivo, sino excluyente, es la felonía que mañana cometerá Pedro Sánchez concediendo los indultos a los golpistas, traicionando a España y a los españoles. La historia no tendrá
piedad con él y esperemos que la justicia tampoco.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Marcos Ortega.
La señora MARCOS ORTEGA: Gracias, presidenta.
Señores de VOX y señores del Gobierno, les voy a dar una mala noticia: ni unos ni otros pueden ni deben decidir sobre el lenguaje de nuestras normas; y menos mal. Nuestra lengua es mucho más que un juguete que se puede utilizar política o
ideológicamente. La lengua española es algo vivo, por supuesto, y por eso se va adaptando en cada momento al devenir de los tiempos. Nuevos vocablos y nuevos estudios para incorporarlos o no, pero estudios realizados por la RAE, por quienes
realmente son expertos, no por progres obsesionados por manosearla para sacar un supuesto rédito político y que lo único que hacen es ponerla en entredicho y dividir a los españoles; estudios como los que se están abordando en estos momentos sobre
el uso del español normativo en las plataformas digitales, el estudio anunciado por la Fundación pro-RAE sobre el estado de salud de la lengua en los países donde es idioma oficial o el proyecto para conectar el Diccionario panhispánico del español
jurídico con la legislación de cada Estado en los que se habla nuestro idioma. ¿Creen que todo esto es una broma? Rigor, señorías.
El español es la lengua utilizada por 559 millones de personas según el Instituto Cervantes. ¿Se creen de verdad capacitados todos para suplir a los expertos de la RAE? ¿No creen que bastante bochorno hemos sufrido ya con la petición de un
informe nada más y nada menos que por parte de la vicepresidenta primera de la parte socialista del Gobierno, que pone en duda la corrección del lenguaje de nuestra Constitución y con el consiguiente varapalo de la RAE, por supuesto, por pretender
incorporar en nuestra Carta Magna dislates como los que ya constan en constituciones como la de Bolivia o la de Venezuela? Bastante ridículo hemos hecho ya también en todo el mundo con eso del ellos, ellas y 'elles' de la parte comunista del
Gobierno, en esa especie de competencia infinita entre las dos facciones por adueñarse de lo que es de todos. Sí, de todos los españoles. Y digo de todos, y yo me incluyo como española y como mujer en ese todos.
Señorías, las decisiones sobre la lengua española solo se pueden adoptar por hombres y mujeres con formación acreditada para decidir y en nuestro país estos son los hombres y mujeres de la Real Academia Española de la Lengua. Crean en
nuestras instituciones y dejen que sean ellas quienes decidan el lenguaje que deben utilizar nuestras administraciones públicas en sus documentos. Apoyen, señores de la izquierda, la enmienda de sustitución que les propone el Grupo Parlamentario
Popular. No decidan por ellos, no usurpen la función que le corresponde a la RAE. Abandonen la radicalidad dialéctica y política, que lo único que hace es dividir a los españoles. Es nada más y nada menos que nuestra forma de relacionarnos, es
uno de los valores fundamentales de nuestro país y la lengua más hablada en el mundo, no un juguete con el que hacer propaganda política ni demagogia fácil. Agradecemos a VOX que lo haya entendido, que haya aceptado nuestra propuesta y que dejen
que sea la RAE la que en cada momento decida el lenguaje que deben utilizar nuestras administraciones. Es cuestión de sentido común.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
A continuación, para turno de fijación de posición, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Está claro que el lenguaje inclusivo puede ser un arma política y reivindicativa. En ese sentido, ahí está y se puede admitir, pero el uso del lenguaje debe ser de utilidad, porque tiene una finalidad que es la comunicación, y es verdad que
estamos asistiendo a una proliferación de usos del lenguaje que son verdaderamente ineficientes y en algunos casos han llegado a caer en el ridículo.
Yo creo que la precisión en el lenguaje administrativo es muy necesaria, pero es cierto que la claridad y las dudas las resuelve la Real Academia Española, que también recomienda modificaciones de género, porque tampoco hay que pensar que
los de la academia son unos señores que no saben lo que dicen. Hay que leer bien lo que dicen, porque dicen cosas muy, muy necesarias.
En general, los excesos son banderas de partidos o de movimientos, pero nunca pueden ser obligatorios para el uso de la Administración. Yo entiendo que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene sentido, pero siempre que se
interprete no como que la academia es la competente. Somos competentes los que legislamos. La academia está bien para resolver dudas y para aclarar situaciones, no para definir exactamente el lenguaje que queremos utilizar. En mi opinión, creo
que el llamado lenguaje inclusivo debe tener un límite, que es la eficacia y la eficiencia, y no debemos caer en simples reivindicaciones políticas o banderas de un determinado partido. La Administración tiene que ser neutra.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
Señorías, si hay ideología en pretender extender el uso del lenguaje inclusivo o de un tipo concreto de lenguaje inclusivo, no la hay menos en pretender preservar como única forma correcta el masculino genérico como el único válido para
referirse a colectividades. Hay diversas formas correctas para referirse a colectividades que no pasan necesariamente todas por el masculino genérico y no es necesario tampoco caer en absurdos o en ridículos gramaticales, como los que están
motivados por la ideología que creo que es la que pretende criticar VOX.
En la propia Francia que ustedes mencionan en su proposición, el ministro de Educación pidió también que se feminizaran determinados términos, así como que se extendiera más su uso. Esto es algo que ustedes ridiculizan como innecesario,
pero es evidente que la lengua también construye y enmarca realidades que experimentamos y, de hecho, ustedes -VOX- también utilizan el lenguaje y una forma concreta de lenguaje para enmarcar su discurso ideológico, lo cual es legítimo. Pero
creemos que también es legítimo que se sigan dando pasos hacia la igualdad real con la utilización de formas gramaticales correctas para referirse a realidades que están ahí. Es cierto que creemos que hay muchos otros problemas más importantes en
este ámbito, como la brecha de maternidad, las dificultades para la conciliación o la violencia contra las mujeres, pero alegar que por la existencia de estos problemas no deben darse soluciones a otros creemos que es una disyuntiva falaz.
Desde Ciudadanos abogamos por un lenguaje inclusivo que permita que visibilicemos todos los ángulos de la realidad. No queremos desdoblamientos innecesarios de palabras que podrían ir en contra de su misión y de la propia gramática, como es
evidente que a veces pasa, pero sí fomentar el uso de términos neutros en la medida de lo posible -por ejemplo, el profesorado- y garantizar que el material curricular no omita a las mujeres de hechos de los que son partícipes. Visibilizar la
historia y el trabajo de las mujeres no es dar pasos hacia atrás, sino hacia adelante. Por eso, consideramos que lo que se debe hacer es implementar un lenguaje inclusivo racional -no un neolenguaje contrario a las normas gramaticales- para seguir
también construyendo poco a poco una España mejor para toda su ciudadanía.
Presidenta, si se acepta -como parece que he entendido- la enmienda del Grupo Parlamentario Popular votaremos a favor, porque nos parece una buena guía el seguimiento de las normas de la Real Academia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo-Saavedra.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora presidenta.
Yo no pensaba intervenir en este punto del orden del día, pero ya me extrañaba que lleváramos cuarenta y cinco minutos de Comisión y no hubieran salido a colación los perversos indultos y la perversidad del señor Sánchez y del Gobierno del
señor Sánchez en relación con estos indultos. Tampoco voy a entrar en el juego de VOX, pero sí que quiero dejar constancia de cuál es la posición del Partit Demòcrata respecto a los indultos. Los indultos no son la solución para el problema
político de Cataluña, aunque son un gesto y un paso en una dirección que nosotros valoramos. Por tanto, ponemos políticamente en el sitio que le corresponde este gesto político. Obviamente, para nosotros la solución -no quiero saber lo que piensan
ustedes- sería la amnistía y la tramitación de una ley de amnistía en este Congreso de los Diputados.
Dicho esto, en cuanto a la iniciativa, nosotros no la vamos a apoyar, porque ustedes utilizan todo aquello que critican en su PNL en relación con el lenguaje y lo utilizan también políticamente. Por tanto, no la compartimos y no la vamos a
apoyar.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Jover.
La señora JOVER DÍAZ: Gracias, presidenta. Yo sí tengo claro que usted es la señora presidenta y que el señor Sánchez es el presidente del Gobierno.
VOX presenta hoy una PNL para que se excluya el lenguaje inclusivo, porque para VOX el problema más urgente a tratar en esta Comisión es su empeño en eliminar o no incluir verbalmente a más del 50 % de la población. Girando su exposición de
motivos, le voy a decir que el lenguaje genérico masculino obedece a fines de tipo ideológico y responde a los usos y costumbres que el patriarcado ha impuesto de forma forzosa desde hace más de dos mil años y que han puesto la semilla para la
violencia de género.
Basan la PNL en partes de un informe de la Real Academia Española -treinta y ocho académicos y ocho académicas- con una visión, percepción y educación aparentemente masculinizada. Vemos a la ultraderecha un poco acomplejada y sin ideas, por
lo que van a buscarlas al país vecino. Si nos tenemos que comparar, sería conveniente que fuera en todo aquello que da bienestar a la ciudadanía. Echamos en falta que presenten una PNL para igualar el salario mínimo interprofesional español, 950
euros, con el salario mínimo interprofesional francés, 1539,42 euros, o que reflexionen sobre las recomendaciones europeas -tengan un poco de educación y callen-, que indican que para prevenir y combatir el sexismo se recomiendan distintas medidas,
entre las cuales están el lenguaje y las comunicaciones, porque se consideran componentes esenciales de la igualdad de género, y que no deben consagrar la hegemonía del modelo masculino. El informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento
Europeo establece que la finalidad del lenguaje no sexista o lenguaje neutral en cuanto a género es evitar opciones léxicas que puedan interpretarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar que uno de los sexos es la norma. El
lenguaje no sexista es algo más que un asunto de corrección política, ustedes lo saben, por ello insisten y por ello lo emplean. El lenguaje influye poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las percepciones. Este es el motivo por el
cual ustedes están tan empeñados en la no igualdad y en la prevalencia del género masculino.
Vamos a votar que no a la PNL. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jover.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Andrés.
La señora ANDRÉS BAREA: Muchas gracias, presidenta.
Una vez más VOX se ha extralimitado, como siempre. Leo el diccionario, felón o felona, adjetivo masculino o femenino -tiene género; los adjetivos tienen género. Si conocen la gramática, deberían saberlo- sobre persona que comete una
traición. Y ustedes acaban de cometer una vez más, dentro de su línea política, una traición hacia las mujeres no reconociéndolas. No se piensen que tenemos un desconocimiento ortográfico, no es un problema ortográfico, y se lo digo también al PP,
es una voluntad política de que las mujeres estemos en el mundo social, que salgamos de las casas, de los hogares y estemos reconocidas en el mundo social, y ustedes deberían luchar con nosotros. La RAE no es un organismo indocumentado, la RAE es
un organismo que recoge las reglas ortográficas, pero aun así -y cierto grado de inmovilismo tiene- la RAE está reconociendo en los anexos -anexos que ustedes no se
han mirado- regular el lenguaje no sexista y discriminatorio. Existen dos anexos, pero eso ustedes no se lo han mirado para nada. No rechazamos el tema de que estén los hombres, como plantea VOX, porque ese es un elemento de confrontación
que nos lleva a lo que nos está llevando. La Real Academia Española reconoce conciliar los argumentos jurídicos, lingüísticos y políticos para utilizar el femenino junto al masculino en la Constitución, pero en el resto de cosas podremos decir lo
que se considere y ellos irán recogiendo, como organismo que es, todas las reivindicaciones sociales y públicas que se vayan haciendo. Además, en la RAE existen esos dos informes que lo reconocen.
Y me llama muchísimo la atención esta mirada a Francia. Supongo que estarán un poquito decepcionados después de las elecciones de ayer; un ministro francés al que se le reconoce por ser un ministro inmovilístico y memorístico, muy lejos de
la escuela de pensamiento libre francés. ¿Y sabe a lo que conduce todo esto? Ustedes incluso introducen en la Administración pública el concepto de economía del lenguaje; economía del lenguaje y economía de la Administración pública no tiene nada
que ver, amplíen un poco sus conocimientos. Y desde luego, a lo que están llevando es a la confrontación; llevamos veinte mujeres muertas este año -veinte, y cuarenta y dos el año pasado- y cuatro niños- ¿Les parece bien esa situación? A eso es a
lo que está llevando su lenguaje de confrontación.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Andrés.
Señor Ruiz Navarro, ¿acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Popular?
El señor RUIZ NAVARRO: Hemos llegado a una transaccional entre los dos grupos.
La señora PRESIDENTA: Vale, perfecto, se someterá a votación como transaccional.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CUBRIR LOS PUESTOS VACANTES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN CATALUÑA Y A CREAR UN INCENTIVO ECONÓMICO QUE FAVOREZCA SU COBERTURA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/002521).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el punto número 4: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por la que se insta al Gobierno a cubrir puestos vacantes en la Administración General del Estado en Cataluña y
a crear un incentivo económico que favorezca su cobertura. Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra la señora De Luna Tobarra.
La señora DE LUNA TOBARRA: Muchas gracias, señora presidenta.
A lo largo de los años la presencia institucional del Estado en Cataluña ha ido disminuyendo paulatinamente, disminución que ha ido en paralelo al aumento competencial y representativo de la Generalitat. Poco a poco se está dejando morir a
la Administración del Estado por falta de personal. A la escasez de funcionarios se suma también el envejecimiento de la plantilla, que, al igual que en el resto de España, más del 50 % está en una horquilla entre 50 y 59 años, siendo la edad media
en la Seguridad Social de 58 años.
Cataluña se ha convertido en una comunidad autónoma de difícil cobertura de las vacantes debido a varias circunstancias, como son la carestía de la vida, el idioma y el hostigamiento producido por el entorno separatista hacia todo lo que sea
representativo del Estado. Todo ello provoca que casi nadie quiera pedir un traslado a Cataluña y que los que llegan de nuevo ingreso en cuanto pueden concursan para irse a otras zonas de España. La carestía de la vida se traduce en que tengan que
juntarse siempre varios funcionarios para poder compartir un piso, con las incomodidades y la falta de intimidad que ello produce. Por otra parte, los empleados que tienen hijos en edad escolar no piden el traslado a Cataluña por la dificultad que
supone estudiar exclusivamente en catalán, ya que no se respeta el bilingüismo por parte de las autoridades educativas. El entorno separatista hostil, amparado y fomentado por la Generalitat, tampoco favorece que se cubran estas vacantes. En
Cataluña, además, no ha habido nunca tradición de opositar a la Administración General del Estado porque es más rentable hacerlo a la Generalitat. Establezco en la PNL las diferencias de sueldos, tanto en función de los distintos subgrupos -A1, A2,
etcétera- como también de los niveles según los puestos, entre la Administración autonómica y la estatal. Es habitual que las convocatorias de los concursos queden desiertas por los motivos que he aducido, y la falta de funcionarios tiene como
consecuencia inmediata una acumulación excesiva de trabajo, que hace que no se puedan prestar los servicios públicos con la rapidez y eficacia que ello requiere. Esto tiene unas
repercusiones negativas tanto para el ciudadano como para el propio funcionario; primero, por el estrés que supone una sobrecarga de trabajo -el ver que no se llega nunca- y, segundo, porque son los que sufren las quejas de los ciudadanos
al estar el funcionario siempre en primera línea. Existen organismos que solo cuentan con un funcionario. Esto ha pasado en Girona en el Fogasa, que cuando se iba el abogado a celebrar un juicio tenía que cerrar la oficina porque no había nadie
más, pero también pasa en casi todos los organismos dependientes del Estado, tanto en las áreas funcionales dependientes de la Delegación del Gobierno, como puede ser la Alta Inspección de Educación, las oficinas de registro, extranjería, etcétera,
como también los organismos de la Seguridad Social, la Tesorería, el INSS o el propio SEPE. Todos ellos son organismos que prestan y gestionan servicios de primer orden y que se encuentran absolutamente colapsados tanto por el incremento de trabajo
como por la escasez y el envejecimiento de la plantilla que acabo de referir.
Ante estos graves problemas, se ponen parches a través de contrataciones de interinos, lo cual favorece la precariedad laboral y además falta continuidad en la prestación de esos servicios. Y cada vez que existe una deficiencia en un
servicio público del Estado debido a la tardanza en resolver una prestación es casi inmediato el ofrecimiento de la Generalitat en asumir esta competencia. Por tanto, es del todo necesario potenciar la AGE, ya que de esta forma se potenciaría la
presencia institucional del Estado en Cataluña. En Cataluña está desapareciendo de forma paulatina en una parte de la población la idea de la pertenencia a España dado que el Estado tiene un carácter cada vez más residual. Incluso se ha instalado
en el imaginario que la Administración del Estado es algo cuya ubicación natural está en Madrid, cuando la Administración estatal en Cataluña es una Administración tan catalana como puede ser la autonómica o la local. Por eso, en nuestro Grupo
parlamentario creemos que es necesario que haya un incentivo para los puestos de la AGE en Cataluña, como ya existe para otras zonas de España, como las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, y que esto haga que los funcionarios vayan a Cataluña y se
mantenga un mayor grado de ocupación y una mejor prestación de los servicios públicos. De ahí que al final de la proposición no de ley propongamos e instemos al Gobierno a cubrir estas plazas vacantes en la Administración del Estado para poder dar
un servicio eficaz y eficiente a los ciudadanos y que se establezca un incentivo económico en la AGE en Cataluña para conseguir tener un mayor grado de ocupación y favorecer la permanencia en esta comunidad autónoma por parte de los empleados
públicos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora De Luna.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ramírez Carner.
El señor RAMÍREZ CARNER: Moltes gràcies, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados.
La verdad es que esta es mi primera intervención en esta Comisión de Política Territorial y Función Pública, y antes he tenido que mirar si estaba en la sala correcta porque he oído muchas cosas sobre indultos, lenguaje inclusivo,
intersexualidad, hostigamientos separatistas, pero no mucho sobre Función pública. Yo sí quiero decir algo sobre los temas que aquí nos ocupan y defender un poco las dos enmiendas o las dos ideas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Ciertamente, la Administración General del Estado en Cataluña tiene varios puestos vacantes, fruto seguramente de dos cuestiones que no son exactamente las que indica la PNL del Partido Popular en su exposición de motivos. Durante los
tiempos de crisis recientes, hubo quien, efectivamente, para optimizar recursos, diciéndolo de forma sutil, decidió que ello fuera así. Y, luego, hay un elemento evidente para el análisis y para encontrar soluciones al respecto que tiene que ver
con el envejecimiento de los empleados públicos. Miquel Iceta, el ministro, lo ha comentado y ha reflexionado sobre ello en varias ocasiones. Además, hay que contextualizar un poco, de ahí la línea de nuestras enmiendas. La Administración General
del Estado, evidentemente, va cambiando y se va actualizando en función de cómo cambian las sociedades y entonces se puede liberar, y así se hace, de funciones tradicionales. A la vez, tenemos el dilema de que una parte de la estructura aún es
parecida a la de antes de esos cambios que decimos de la sociedad. El Grupo Parlamentario Socialista propone al Grupo Parlamentario Popular que si realmente lo que les preocupa y ocupa es que la Administración General del Estado no se vea, con el
tiempo, debilitada en Cataluña, apoyen nuestras propuestas y de una manera racional todas y todos a una nos pongamos a trabajar para ver cómo podemos mejorar esta situación.
Nosotros proponemos identificar los puestos esenciales que hay que cubrir, como decía el ministro Iceta, y, sobre todo, diseñar otros procedimientos de gestión con mecanismos de colaboración con otros
ámbitos de las administraciones que tienen menos carga de trabajo. Esta colaboración entre administraciones podría seguramente ayudarnos de una forma racional y desde la cogobernanza a encontrar soluciones a esta situación.
Para acabar, solo quiero pedirle al Grupo Popular, como decía antes, que si realmente lo que le preocupa es la fortaleza de la Administración General del Estado en Cataluña, apoyen nuestras enmiendas. Si realmente lo que querían era un
vídeo hablando del hostigamiento y del lío en Cataluña, al que ustedes contribuyen evidentemente, pues entonces da igual lo que voten porque su vídeo ya lo tienen.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramírez.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
Está claro que los problemas de dotación de personal y de falta de medios no ocurren solo en Cataluña, sino también en toda España. En este sentido, estaríamos acuerdo con el espíritu y, en concreto, con la enmienda que plantea el Grupo
Socialista. Pero tampoco hay que engañarse; aquí hay un fondo político porque es obvio que el Estado está desapareciendo de Cataluña, queda la Justicia y poco más. Cualquiera que conozca la situación se estará dando cuenta de que lo que allí
ocurre es que, poco a poco, cualquier medida tiende a expulsar al Estado de Cataluña, porque ese es el objetivo de los independentistas.
Esta proposición de ley, si se cumpliera, si de verdad el Estado se reforzara y no fuera desapareciendo, creo que sería muy bienvenida por los catalanes no independentistas, que en estos momentos necesitan a alguien que les defienda; yo
creo que están bastante carentes de eso. Por lo tanto, nos parece bien la enmienda del Grupo Socialista, pero no tenemos que ocultar que detrás de todo hay una progresiva desaparición del Estado en Cataluña.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mazón.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
En enero de 2020, tan solo unas semanas antes de la irrupción de la pandemia, veíamos que la prensa se hacía eco de una noticia sobre la extinción del Estado en Girona. Según La Razón, los funcionarios del Estado no quieren desplazarse a
Cataluña. Como se ha dicho aquí, en la oficina del Fondo de Garantía Salarial, el ente que gestiona el pago de los salarios pendientes e indemnizaciones, solo queda el abogado. Otro ejemplo que se recoge en la noticia refleja también la delicada
situación de la Dirección General de Tráfico de Girona, en la que se convocaron siete plazas y no se ha cubierto ninguna. La Jefatura está hoy pendiente de un hilo, con trece vacantes que es imposible reemplazar. Hace cuatro años, la DGT tenía
casi cuarenta empleados públicos; ahora son una docena.
En España hay un funcionario de la Administración General del Estado por cada 238 personas; en Girona hay un funcionario de la Administración General del Estado por cada 724 personas. Esta situación no es exclusiva de Girona ni de la
Administración General del Estado, también ocurre, y lo sabemos bien, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que apenas hay agentes que quieran ir a trabajar a esa comunidad y una décima parte de los destinados en ella han pedido y
logrado el traslado, pese a que se trata de una plantilla mermada desde hace años. En el cuerpo apuntan al rechazo social -lo cual es muy cierto- hacia la policía como el detonante de la estampida, rechazo social promovido por las autoridades de la
Generalitat. A pesar de tener un catálogo de casi cuatro mil puestos, solo hay 2859 agentes y, además, de los 1256 puestos que han quedado desiertos en España en las tres escalas del Cuerpo Nacional de Policía, 471 lo fueron en Cataluña. Esa
comunidad, pese a tener solo el 4,5 % de los policías del cuerpo, acumula el 37 % de las vacantes.
Esta situación generalizada, que impide al Estado prestar los servicios con las garantías que debería, en igualdad de condiciones con el resto de españoles, no es un asunto de falta de voluntad, sino de falta de medios. La propuesta del
Partido Popular, evidentemente, no va a solucionar el problema estructural generado por el clima crispado en Cataluña, el rechazo que sienten nuestras fuerzas y cuerpos de
seguridad o los problemas a los que se enfrentan los funcionarios que se desplazan allí con sus familias para encontrar una escuela que responda a sus necesidades, pero, ante la imposibilidad de devolver la normalidad social a una Cataluña
en la que todos se sientan bienvenidos, estamos de acuerdo en que tendremos que poner en marcha soluciones que, aunque sean provisionales, incentiven el traslado a esa comunidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Espejo-Saavedra.
Por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Gracias presidenta.
He estado a punto de pedirle que me acumule todo el tiempo que me queda en la Comisión para poder responder a esta PNL (risas), pero no la voy a poner ese compromiso. En todo caso, como esto me parece gravísimo, quiero hacer algunos apuntes
al Partido Popular y al señor Mazón, con todo el cariño. Oigan, es que ustedes nos echan. Nos echan cuando dicen: el Estado desaparece en Cataluña. Desde su concepción constitucional, ¿las comunidades autónomas son Estado o no son Estado? Si
las comunidades autónomas son Estado, les traiciona el subconsciente. Ustedes no quieren un Estado descentralizado, ustedes quieren que el Estado, su Estado, sea solo la Administración General del Estado, si no, no se entienden los discursos que
hacen. Sí, sí, los más sinceros son los de VOX, que me dicen que sí, efectivamente. (Risas). Y el PP piensa lo mismo, pero no se atreve a decirlo porque, si no, va a salir el señor Núñez Feijóo y les va a meter un cachete de dimensiones
considerables.
Dicen que Cataluña se ha convertido en una comunidad autónoma de difícil cobertura de las vacantes por el idioma y el hostigamiento producido por el entorno separatista a todo lo que sea representativo del Estado... ¡De su Estado! Las
comunidades autónomas son Estado. Oigan, ¿se han parado a pensar que quizá usted, que fue delegado del Gobierno en Cataluña, y el Gobierno del señor Rajoy también tienen alguna responsabilidad? ¿Cómo fue aquello de las tasas de reposición? Cuando
hablan del envejecimiento de los funcionarios, ¿no tendrá que ver que se suspendió la reposición del personal durante no sé cuántos años por parte del Gobierno del Partido Popular? Pues seguramente que sí. Cuando se dice por Ciudadanos que la
Dirección General de Tráfico tiene problemas en Girona... Los tiene en Girona, en Lleida, en Barcelona y en Tarragona; pero también los tiene en Murcia, también los tiene en Cádiz, también los tiene en... Por tanto, no utilicen este especial, ya
no quiero decir odio sino lo que sea en relación con Cataluña, porque eso no les ayuda, pero es que no les ayuda ni a su concepto de la España que ustedes deberían querer, porque quiero pensar que ustedes quieren una España con Cataluña y los
catalanes dentro -cosa que yo no comparto pero lo respeto-, pero no, es que hacen exactamente lo contrario y con estas proposiciones o, más allá del contenido o de las disposiciones, con esta exposición de motivos, no es que no pretendan que les
votemos desde el Partit Demòcrata nada, es que no pueden pretender que tengamos ningún tipo de acuerdo ni relación política con el Partido Popular. Se están situando en las antípodas y, aunque ustedes piensen que les pueden dar algunos votos,
actitudes como esta les alejan completamente de poder gobernar el conjunto del Estado español.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia Hurtado.
El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.
Esto me preocupa porque yo, que soy andaluz -nacido en Linares y representante por la provincia de Granada-, iba a hacer una intervención que es prácticamente la intervención, punto por punto, del portavoz que me ha precedido. Por tanto, se
entiende que debo ser también un pérfido independentista catalán, con todas estas cosas que supone, pero creo que lo que ha dicho es totalmente así. En primer lugar, como idea general, aquellos grupos que se autopresentan a sí mismos como
constitucionalistas de forma reiterada resulta que luego aquello del Estado descentralizado, del Estado autonómico, el hecho de que las competencias se trasladen desde el Estado hacia las comunidades autónomas en el marco de la ley, siempre con una
revisión de si son constitucionales o no constitucionales, el tipo de medidas que se van tomando a lo largo de los años, etcétera, pues de repente parece que no les gusta y cuando hablan de Estado, efectivamente, se olvidan de que las comunidades
autónomas también son Estado y lo que en
el fondo están planteando es una especie de visión conquistadora, de visión imperial de lo que representa España para ellos, donde el Estado es de alguna forma la presencia de la bandera de España, de los escudos de España, de todo aquello
que recuerde continuamente que España existe en Cataluña y que los catalanes son españoles, aunque, muy a su pesar, algunos de ellos no se sientan como tal, lo cual me parece peligroso.
Por otro lado, es que volvemos a lo de siempre. Efectivamente, hay un problema con la presencia de funcionarios para cubrir aquellos puestos que todavía existen de la Administración General del Estado en Cataluña por las competencias que
sigue asumiendo el Estado. Un problema que no es solo de Cataluña pero que en Cataluña es especialmente significativo. Y en lugar de venir con una propuesta seria, rigurosa y aportar soluciones lo convierten en parte de un show, de una campaña de
ataque a Cataluña, de conflicto permanente contra Cataluña, donde traen dos temas que son habituales en sus retóricas contra Cataluña: el tema de la lengua, de la persecución del castellano en Cataluña, etcétera, y, por supuesto, el hecho de que la
Generalitat es una especie de ente maléfico contra la gente que se siente española, que persigue y castiga a quien no se siente catalán y, mucho peor, a quien se siente español. Por tanto, creo que no tiene nada que ver con lo que se está
planteando realmente, que la intención de su PNL es seguir profundizando en la línea de conflicto contra Cataluña que ustedes vienen desarrollando en la última semana en relación con el ya mencionado tema de los indultos -donde, por cierto, han
fracasado en la campaña de captación de firmas- y todo lo demás que siempre entienden que les da réditos pero que tensiona la convivencia y no genera ningún tipo de solución. Para colmo de cinismo, además ustedes se acuerdan de la situación en la
que están los funcionarios, que tienen que pagar altos alquileres. ¿Solo los funcionarios? ¿La juventud precaria, la gente con bajos salarios no tienen ese problema en el resto de España? Bueno, veremos si cuando venga la ley de vivienda ustedes
están tan interesados o si solo les interesa cuando son los funcionarios en Cataluña los que no pueden pagar el alquiler y tienen que compartir piso con otras personas.
Para terminar -se lo han dicho también-, realmente este problema tiene que ver con el tratamiento que ustedes han dado a la Administración General del Estado y a los servicios públicos cuando han sido Gobierno, con las tasas de reposición,
con los recortes, etcétera. Y en lugar de reconocer que ustedes mismos generaron un problema, que ahora habrá que solucionar con más presupuesto, con más oferta de empleo público, etcétera, para Cataluña pero también para el resto de los
territorios, pues traen el tema para que sigamos con el enfrentamiento y con el conflicto entre pueblos. Por supuesto, nuestro grupo no está ahí y yo, como andaluz -ya termino-, doy todo mi apoyo a los ataques que constantemente sufre el pueblo
catalán por parte de la derecha.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Honrubia.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Segura Just.
El señor SEGURA JUST: Sí, señoría.
El Grupo Popular en el Congreso nos presenta una PNL en la cual se solicita un incremento de personal de la Administración General del Estado en Cataluña. Evidentemente, el Grupo Parlamentario VOX va a votar a favor porque nosotros, en todo
lo que sea fortalecer el Estado en Cataluña o en cualquier comunidad e incrementar el número de personal en cualquier comunidad, siempre vamos a estar de acuerdo en eso. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención una frase que presenta el
Partido Popular en esta PNL, que dice textualmente 'dejando morir a la Administración General del Estado'. Vamos a ver, lo tengo que decir y me sabe mal decirlo, pero el Partido Popular no tiene vergüenza; no tiene vergüenza al decir esto porque
yo he sido secretario jurídico del Partido Popular durante veintitrés años -desde el año 1996 hasta el año 2019- y esto que ha dicho la compañera del Partido Popular lo he dicho yo textualmente en comités ejecutivos y en juntas directivas del
Partido Popular -lo mismo, exactamente el mismo discurso- y se me decía: Juan Carlos, lo que estás diciendo es una provocación; nosotros no podemos hacer eso porque si hacemos eso estamos provocando a los independentistas y los tenemos
tranquilitos, están que no se mueven, con lo cual no nos interesa provocarlos. (Rumores). Esto en Cataluña se llama política del apaciguamiento -que está muy de moda hoy en día con esto de los indultos- y también se llama política del cuerpo a
tierra: cuerpo a tierra, que vienen los independentistas y aquí no se mueve nadie. Pondré un ejemplo. Cuando empezó el procés con el señor Mas, la señora Alicia Sánchez-Camacho -entonces presidenta del Partido Popular-, cuando en el Parlament de
Catalunya nadie aprobaba los presupuestos de la Generalitat -incluida Esquerra, que no los quería
aprobar-, en pleno inicio del procés, el Partido Popular aprobó esos presupuestos a cambio de nada. Yo a esto le llamo el colmo del cinismo político. Y le diré una cosa: ha hecho más por la independencia de Cataluña el señor Aznar que el
señor Puigdemont, y lo digo con todas las garantías. (Rumores). El señor Aznar ha sido el máximo colaborador del independentismo. (Risas.-Continúan los rumores). No tengo que recordar los Pactos del Majestic, en los cuales el señor Aznar regaló
competencias que ni siquiera los independentistas le pedían, y las regaló a cambio de nada, simplemente para hacerse el simpático.
El Partido Popular de Cataluña ha sido la muleta de Convergència y del señor Pujol durante veinticinco años, como Convergència en el Congreso de los Diputados ha sido la muleta del PSOE y del Partido Popular. ¿Por qué? Porque a cambio de
unas votaciones de unos presupuestos exiguos estaba vendiendo a trozos la soberanía del Estado español en mi tierra, que es Cataluña. A ver, lo que ha hecho el Partido Popular ha sido alimentar al lobo; alimentar al lobo durante estos años. Y el
PSOE también lo ha hecho. El problema es que cuando alimentas a un lobo, al final el lobo te come el brazo y es lo que ha pasado ahora, cuando les ha explotado este cóctel diabólico que han construido durante este año pensando que tenían dominado
al separatismo. Este cóctel explosivo les está explotando en las manos y ahora vienen con esta historia de que quieren fortalecer el Estado. Pues lo siento, señores del Partido Popular, llegan tarde. Los ciudadanos de Cataluña han entendido
perfectamente lo que digo y saben que en Cataluña solo queda VOX porque VOX es el único partido que defiende a todos los catalanes.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Para comunicar si acepta las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora De Luna.
La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidenta. No, no las acepto.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REDUCIR LA TEMPORALIDAD DEL EMPLEO PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002523).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la proposición no de ley número 5, iniciativa del Grupo Popular que se refiere a la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Vicente Betoret.
El señor BETORET COLL: Muchas gracias, señora presidenta.
En la comparecencia del pasado mes de noviembre, con motivo de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, el ya ex secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública afirmó que existía una gran temporalidad en el
empleo público, con mayor incidencia en las comunidades autónomas y en las entidades locales. Por lo que respecta a las comunidades autónomas, los niveles alcanzan el 36 %, siendo los sectores más afectados la educación con un 36 %, la sanidad con
un 45 % y la justicia con un 22 %. En cuanto a las entidades locales, la temporalidad se sitúa en el entorno del 13 %. En el ámbito de las universidades nos encontramos cifras absolutamente escandalosas, con cerca del 41 %.
En el II Acuerdo de Estabilización y Consolidación del Empleo Público, alcanzado en marzo de 2018 por el Gobierno del Partido Popular con los sindicatos mayoritarios en la Función pública, se estableció que la tasa de temporalidad no debía
sobrepasar el límite del 8 % del total de las plazas públicas y que durante los tres años siguientes se llevaría a cabo el proceso para dotar de estabilidad los puestos ocupados de forma interina o temporal. De la misma manera, se acordó llevarlo a
cabo mediante convocatorias con el procedimiento de concurso-oposición. Con este proceso selectivo se garantiza el cumplimiento de los principios constitucionales de la libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, al tiempo que se
permite que en cada una de las administraciones públicas convocantes pueda ser objeto de negociación colectiva la valoración en la fase de concurso de los méritos que se establezcan, entre ellos, el poder puntuar el tiempo de servicio prestado a la
Administración, para de esta forma llegar a consolidar el empleo que se ocupa de forma temporal y precaria. Establecer en las administraciones procesos selectivos conforme a los principios constitucionales que eviten la temporalidad, establecer
criterios que cumplan los citados principios en los procesos de estabilización del empleo temporal existente permitirán un mayor control de las corruptelas en materia de personal. Este proceso no supone un
aumento del gasto público dado que los puestos ocupados de forma temporal o interina están ya dotados presupuestariamente.
Entendemos que este proceso, destinado a conseguir que miles de empleados públicos obtengan finalmente un empleo estable y evitar que su ejecución se siga demorando, debe ser promovido y controlado por una única autoridad, el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública, al que debe atribuírsele toda la responsabilidad de impulsarlo. Por ello, de una vez por todas, después de haber transcurrido más de tres años y dos ministros en la cartera, el ministerio debe abordar un
problema que es inaplazable y que debe resolverse, más allá de los anuncios grandilocuentes del ministro, poniendo una fecha y tomándose el interés que el asunto merece. Es hora de que el ministro deje de actuar de agente comercial de los
independentistas promoviendo indultos a delincuentes condenados en sentencia firme por el Tribunal Supremo, que deje de desguazar el Estado transfiriendo competencias a algunas comunidades autónomas y se dedique de una vez por todas a resolver los
problemas que afectan a muchos españoles y no solo los que preocupan a Pedro Sánchez y sus socios. Por ello, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública debe impulsar activamente el proceso para garantizar la consolidación del empleo
público, debiendo requerir a las distintas administraciones la remisión de información sobre plazas que ya han sido estabilizadas y las que quedan por estabilizar, así como solicitarles un cronograma de realización de los procesos selectivos para
que se lleven a cabo, como máximo, antes del 31 de diciembre de 2022.
Anticipamos ya que no vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialista dado que, estando de acuerdo con lo que se propone, no pasa de ser un mero desiderátum, sin que haya ni una fecha ni una propuesta concreta. Lo mismo podemos decir de
la de Ciudadanos, que dibuja una hoja de ruta que compartimos, pero lo que realmente estamos pidiendo es un impulso decidido que se materialice en un periodo máximo de tiempo.
Por todo ello, les proponemos que se promueva y se impulse el proceso de estabilización y consolidación del empleo público, requiriendo al resto de administraciones públicas -autonómica y local- la convocatoria de los puestos ocupados de
forma temporal o interina y que se haga a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, garantizando que las convocatorias de los correspondientes procesos selectivos en la modalidad de concurso-oposición se realicen y estén
ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2022.
Nada más. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
No obstante su pronunciamiento, tienen derecho a defender la enmienda, en primer lugar, el Grupo Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra por un tiempo de cinco minutos.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
El Partido Popular menciona en su PNL que el desempeño del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no ha conseguido reducir las tasas de temporalidad contenidas en el II Acuerdo de estabilización y consolidación del empleo, acuerdo que fue firmado
por Cristóbal Montoro tan solo un par de meses antes de la moción de censura a Mariano Rajoy. Lo que no menciona es que el PP, estando en el Gobierno, firmó un acuerdo para la mejora de empleo público que se comprometía a reducir un 90 % la
temporalidad en el sector público. Cuando el señor Montoro salió del Gobierno la temporalidad era casi del 27 %, similar a la que teníamos cuando entraron en el Gobierno. La evolución de esta cifra desde que gobierna el PSOE tampoco ha tenido un
progreso lo suficientemente positivo, aunque sí ha experimentado una reducción. Si nos encontrábamos cercanos al 27 % en junio de 2018, ahora mismo estamos en torno al 24, lo que representa una leve reducción. Estas cifras dejan claro que ninguno
de los dos partidos ha hecho nada por reducir de forma significativa la temporalidad.
Sin embargo, el primer borrador intercambiado con los sindicatos sobre la propuesta de reforma del artículo 10 del Estatuto del Empleado Público establece que los interinos no podrían continuar en su puesto de trabajo más de tres años,
quedando la Administración exenta de responsabilidad por la política de planificación de recursos humanos. También se fija que, transcurridos tres años desde el nombramiento del interino, se producirá su cese sin que pueda cubrirse la vacante en el
plazo de un año. Y a ello se suma que el personal interino no obtendrá el reconocimiento de la carrera profesional hasta que adquiera la condición de funcionario de carrera, cerrando en falso el problema creado por el abuso que las administraciones
públicas han hecho de este tipo de contratos y que ahora quieren solventar a futuro. El problema es qué hacemos con todos los trabajadores temporales de la Administración que llevan años en
fraude de ley, según las tendencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este abuso sistemático de la temporalidad en la contratación pública ha llevado a una fraudulenta y constante renovación de contratos consecutivos bajo una
falsa premisa de necesidades temporales que no son tales; un fraude de ley en toda regla que afecta a más de 800 000 familias españolas.
Desde mi grupo proponemos que para solucionar este asunto lo primero que tenemos que hacer es conocer la dimensión del problema, haciendo un ejercicio de identificación y definición de las situaciones de abuso de la temporalidad en todos los
niveles, en línea con los criterios que se desprenden de las sentencias del Tribunal de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, negociar una solución con todas las fuerzas políticas y los trabajadores afectados que cumpla con esos pronunciamientos
que ha hecho la justicia europea en favor de este colectivo y que no incluiría la cobertura en ofertas de empleo público o concursos de traslado de todas las plazas que ocupan ahora mismo estos trabajadores sufriendo ese fraude de ley. Por último,
ejecutar, en el marco del actual EBEP, las soluciones legales que la regulación vigente proporciona para una resolución rápida de este problema, realizando hacia el futuro las reformas legales oportunas y adoptando las medidas necesarias para que no
se vuelvan a repetir situaciones de fraude como las que sufre o está sufriendo este colectivo. Nuestra enmienda plantea llevar a cabo un ejercicio de identificación de estas situaciones, así como exigir una negociación de la solución con todas las
fuerzas políticas y los trabajadores afectados, de acuerdo con los pronunciamientos que ha hecho el tribunal de Justicia. Por eso pedimos al Partido Popular que acepte esta enmienda.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Losada Fernández para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LOSADA FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes.
La proposición del Partido Popular, y también la enmienda que presenta hoy Ciudadanos, viene a incidir sobre cuestiones ya en marcha. La Comisión de Coordinación del Empleo Público, donde participan todas las comunidades autónomas y también
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la FEIMP, como órgano técnico de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, está culminando sus propuestas sobre la temporalidad de las distintas administraciones. En estos dos foros se realiza
por parte del ministerio el seguimiento e impulso de los procesos de estabilización, se solicita y recaba información y documentación necesaria y se acuerda la obligación de ejecutarlo en los plazos y condiciones marcados y acordados. Hemos
presentado una enmienda a la proposición del Partido Popular -ya hemos oído que no la admite-, entendiendo -como hemos tratado y explicado ya varias veces en esta Comisión- que el Gobierno está trabajando intensamente en dar solución al grave
problema de la temporalidad en las administraciones públicas, pero sobre todo -y hay que remarcarlo de nuevo- en las comunidades autónomas y en las entidades locales.
Nuestra enmienda insta al Gobierno a que culmine en el menor tiempo posible, dentro de la Comisión de Coordinación del Empleo Público como marco adecuado de consenso entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, las
comunidades autónomas y la FEIMP, la elaboración de una propuesta normativa de reforma del texto refundido del EBEP que aborde la problemática de la temporalidad en las administraciones públicas. También que se culmine en el menor tiempo posible la
propuesta de modificación de la normativa básica estatal en materia de personal funcionario interino -el artículo 10 del EBEP-, para determinar los criterios y principios que han de regir el uso de la necesaria existencia de esta figura e incorporar
las medidas efectivas y adecuadas para prevenir y sancionar posibles abusos así como su mala utilización, y que dichas propuestas sean tratadas también en las mesas de negociación oportunas con las centrales sindicales, en la búsqueda del acuerdo
necesario ante el problema de temporalidad en las administraciones públicas.
Como saben, este grupo parlamentario y el Gobierno de España somos conscientes del problema de la temporalidad en la Administración pública, fundamentalmente, vuelvo a repetir, en la Administración autonómica y en la local, ya que la
Administración General del Estado, como saben, tiene una tasa inferior al 8 %. El problema es estructural y de mucha complejidad. Lo hemos repetido aquí varias veces. La solución solo vendrá con diálogo y voluntad de acuerdo y sería deseable el
consenso, al menos entre las administraciones implicadas. Este grupo parlamentario y el Gobierno de España no han dejado de preocuparse y de trabajar para buscar solución al problema. Es una de las prioridades del ministro Iceta, expresada en esta
sede parlamentaria en diversas ocasiones. Así se ha expresado también en sede
parlamentaria el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública y así se ha venido expresando también el Grupo Parlamentario Socialista en sus intervenciones y decisiones en esta Cámara.
Volvemos a insistir, la solución tiene que alcanzarse dentro del marco constitucional y siguiendo las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del resto de organismos judiciales. Próximamente, además, entendemos que habrá
nuevos criterios de la justicia. Insistimos: en la Comisión de Coordinación del Empleado Público y la Conferencia Sectorial de la Administración Pública se hace seguimiento de los procesos de estabilización y se acuerda la obligación de
ejecutarlos en los plazos marcados. No lo olvidemos, fundamentalmente, tienen que cumplir las comunidades autónomas y las entidades locales.
Proponemos que se aceleren las gestiones para resolver el problema, pero sin entorpecer los trabajos ya iniciados y próximos -esperemos- a culminarse. Pedimos celeridad, pero también pedimos un acuerdo con todas las partes implicadas y ese
acuerdo debe ser lo más amplio posible.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Losada.
Iniciamos el turno de fijación de posición por los grupos parlamentarios. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Es un tema que no es nuevo y, efectivamente, por nuestra parte, siempre hemos apoyado cualquier medida que sirva para reducir la temporalidad y para solucionar el grave problema que hay. Efectivamente, tiene razón en
que en las comunidades autónomas es aún más grave. En Cantabria, en concreto, es bastante grave.
A mí la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista me parece que está muy bien y si el reparo que pone el Grupo Parlamentario Popular es que no concreta, ellos mismos han concretado, han modificado con acierto la fecha -porque poner el 21
no vale para nada-, han añadido el 31 de diciembre del 2022 y yo creo que podrían ofrecerle al Grupo Parlamentario Socialista concretar la fecha y, a lo mejor, se llegaba a una transaccional, porque estamos de acuerdo en el fondo y probablemente el
Grupo Socialista también estaría de acuerdo en poner algún tipo de fecha.
Por lo demás, vamos a ver en qué queda, pero nuestro criterio, como siempre, es apoyar la reducción de la temporalidad dentro de la ley. Tampoco queremos que aquello sea abrir la puerta y que todo el mundo entre directamente sin ningún
proceso de consolidación serio y estable.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
La verdad es que la temperatura se iba incrementando en la Comisión al hablar en relación con Cataluña, pero ha llegado don Juan Carlos Segura y ha hecho la traca final, llámenle el castillo de fuegos artificiales finales, y de verdad que ya
le he terminado la frase, pero no me extraña que sus excompañeros del Partido Popular pensasen aquello de 'cuerpo a tierra, que vienen los míos' (risas), porque la verdad es que los ha dejado usted bastante arregladitos. No he tomado nota de cuánto
tiempo estuvo en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, pero me parece que tardó unos cuantos años en darse cuenta de lo que estaba pasando (risas), o al menos de que encontrasen una alternativa.
Usted ha dicho que Aznar hizo más por la independencia que el president Puigdemont...
La señora PRESIDENTA: Señor Bel, estamos en otro punto.
El señor BEL ACCENSI: Sí, señora presidenta, de acuerdo. En todo caso, VOX está haciendo mucho más por la independencia de lo que ustedes mismos se creen.
Respecto al tema de la temporalidad, vuelven a poner aquí unos datos que, siendo ciertos, son parcialmente interpretables. El ministro los repitió la última vez. La temporalidad se centra esencialmente en las comunidades autónomas, en la
sanidad, en la educación, en la justicia, y ya en las universidades es el no va más. Habrá que ver por qué pasa esto. No es suficiente decirlo, quizá algunas de estas entidades, algunos de estos servicios, están muy infrafinanciados, lo que
conlleva el problema de esta temporalidad. Pregúnteles a los rectores si les gustaría tener mucho más personal fijo y les dirán que sí; y si les dicen que no lo están haciendo, ya verán que les están indicando cuáles son los problemas. Por
tanto, respecto a la temporalidad, sinceramente, ustedes, como el resto de grupos parlamentarios, nos estamos reuniendo con diferentes colectivos que son temporales en la Administración, y si una cosa nos piden a todos es que nos dejemos de
PNL y de discursos y que se actúe definitivamente. Que no los utilicemos como arma electoral o partidista, unos y otros. Por tanto, más allá de intentar aprobar PNL que sinceramente se ha demostrado -porque hemos aprobado muchísimas a lo largo de
los años anteriores, gobernando unos y gobernando otros- que no se ha solucionado, lo que nos piden estos colectivos, y nos lo están pidiendo también los diferentes tribunales que se están pronunciando al respecto, es que se pongan soluciones.
Nosotros vamos a apoyar todas las soluciones reales que se puedan plantear por parte del Gobierno, pero no estamos por ir apoyando diversas PNL que después tampoco nos sirvan de nada.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia.
El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.
Nosotros, como siempre hacemos cuando hablamos de temporalidad, intentamos enfocarlo tanto en los orígenes o las causas que han derivado en la situación que nos encontramos en la actualidad, como de cara a las soluciones que se puedan
presentar en el futuro, con las políticas que en su momento se implementaron de austeridad, de recortes, de tasa de reposición cero y, por tanto, con esas políticas que de alguna forma intentaron establecer un modelo de administraciones públicas
degradadas, con una intención de ir progresivamente derivando parte de los servicios que se estaban llevando a través de estas administraciones a la esfera privada, a través directamente de privatizaciones, de procesos de externalización, etcétera.
Por tanto, nosotros entendemos que para poder afrontar el problema de la temporalidad tenemos que tener todos y todas muy claro que no se va a poder revertir sin que haya más presupuestos, sin que se oferten más plazas, sin que las tasas de
reposición sean, o directamente eliminadas, o por lo menos suficientemente flexibles como para abordar las necesidades de cada Administración y, por supuesto, en que haya mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de estas
administraciones. Por tanto, nosotros entendemos que eso debería ser un compromiso de todos los grupos de esta Cámara, porque sin eso no va a ser posible abordar este problema.
Por otro lado, creo que es un tema que ya es recurrente en esta Comisión y que el propio ministerio ya ha dejado claro en varias ocasiones que se está trabajando en ello, tanto en las comparecencias que se han hecho del anterior equipo
ministerial, como del actual equipo ministerial, tanto de la anterior ministra como del actual ministro o sus respectivos secretarios de Estado, que han dejado claro que tienen una hoja de ruta y que la están desarrollando; una hoja de ruta que
pasaría por una modificación del artículo 10 del EBEP para limitar el máximo de años que pueden estar los interinos en sus puestos y, en su caso, para imponer algún tipo de sanción a las administraciones cuando se incumpla, una hoja de ruta que
pasaría por determinar las plazas de carácter estructural; es decir, que están ocupadas durante tres años más de forma interrumpida por interinos o temporales y, por supuesto, por el impulso de los procesos de estabilización para cubrir estas
plazas. Se está trabajando en esta hoja de ruta, de la que nos van informando progresivamente, o a través de filtraciones que se producen a los medios, o directamente de las comparecencias que se producen en esta misma Cámara.
Nosotros, en parte, estamos de acuerdo con esta hoja de ruta. También entendemos que todos tenemos que ser conscientes de que hay una serie de demandas que están planteadas por los colectivos de interinos y que no necesariamente se tienen
que estar viendo recogidas en este planteamiento. Por lo tanto, sí pedimos que algunas de las fórmulas que estos colectivos están poniendo encima de la mesa, como la posibilidad de estudiar las fórmulas del personal fijo a extinguir, no se rechacen
de partida y que, al menos, se estudien en su viabilidad real desde un punto de vista jurídico y constitucional.
Nada más. Simplemente quiero decir que, frente a las peticiones que hace el Grupo Popular, el Gobierno ya está dando respuestas desde el ministerio y ya se está trabajando en ello. Pero, además, sí que creemos que de alguna forma hay que
escuchar a los colectivos de interinos que están sufriendo y están luchando por la situación en la que se encuentran y, al menos de partida, no dejarlos fuera de la negociación ni, por supuesto, de la posibilidad de incorporar algunas de sus
demandas a las soluciones que se vayan planteando.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Honrubia.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ruiz Navarro.
El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.
Si el señor Bel cree que VOX hace una gran labor apoyando la independencia de Cataluña, es muy sencillo: díganle a sus votantes que voten a VOX y así todos contentos, ¿verdad? (Risas).
No es la primera vez que debatimos en esta Comisión una PNL que versa, de una u otra forma, sobre el abuso de la temporalidad en el empleo púbico y la necesidad de que sea corregido. Todavía recuerdo que en marzo debatimos aquí una PNL de
Ciudadanos -que fue muy bien defendida por su diputado el señor Cambronero- en términos muy similares a la que actualmente trae el Grupo Popular. Lo sorprendente es que, en aquella ocasión, el Grupo Popular decidió votar en contra de esa PNL dando
la espalda a cientos de miles de empleados públicos, porque, en efecto, la iniciativa que presentó Ciudadanos en marzo solo contó con seis votos a favor: el único de Ciudadanos y los cinco de VOX. Pero, fíjense, ni siquiera el PSOE y muchos de sus
socios se atrevieron a votar en contra, se abstuvieron. Solo los diputados del Grupo Popular votaron en contra y con ese voto impidieron la posibilidad de que se aprobase esa PNL.
Entonces, señorías del Grupo Popular, partiendo de que el Grupo VOX va a apoyar esta PNL porque entendemos que es necesaria, ¿por qué traen ustedes aquí esto hoy y no apoyaron la que presentó Ciudadanos en marzo? ¿Es una especie de
rectificación de errores cometidos, o tienen mala conciencia por haber impedido con su voto que la anterior saliera adelante? La realidad es que tanto los Gobiernos del Partido Popular -apoyados en algunos casos, cada vez menos, por Ciudadanos-
como los de Partido Socialista -apoyados por Podemos o por otros partidos separatistas- son corresponsables de la situación en la que se encuentra la Administración pública en España y, fundamentalmente, los funcionarios públicos interinos, que
están contratados en abuso de temporalidad. Porque la temporalidad más elevada, según recoge la propia PNL que presenta el Grupo Popular hoy, se produce en autonomías y en administraciones locales, donde, efectivamente, ustedes -Partido Popular y
PSOE, con socios- se reparten los Gobiernos. Podrían empezar por predicar con el ejemplo allí donde gobiernan y haber hecho ya lo que deberían haber hecho hace veinticinco años, pero seguimos esperando y solo oímos buenas palabras pero pocos
hechos. Por tanto, ustedes hicieron dejación de funciones durante veinticinco años y han dado lugar a lo que actualmente tenemos en España, que es una gran bolsa de empleados públicos contratados en abuso de temporalidad a los que ustedes -porque
son los responsables- tendrán que dar solución. Porque les ha faltado mucha empatía con esos trabajadores públicos temporales ya que no han tenido a bien en todo este tiempo convocar procesos selectivos que deberían haberse realizado de acuerdo con
la ley.
En definitiva, ustedes que gobiernan son los que tienen que dar solución a esta injusta situación que ha generado décadas de mala gestión, porque si alguien no es culpable de esta situación es el empleado público interino contratado en abuso
de temporalidad. Por un sentido de responsabilidad, vamos a apoyar esta PNL y les instamos a ustedes, a los que gobiernan, a que impulsen ya la búsqueda de soluciones.
Nada más muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Señor Betoret, damos por supuesto que lo que someteremos a votación será con la incorporación de su autoenmienda, ¿es cierto?
El señor BETORET COLL: Efectivamente.
La señora PRESIDENTA: Tras el debate, por si han modificado su posición respecto al resto de enmiendas...
El señor BETORET COLL: Exactamente, en sus justos términos.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, someteremos a votación el texto inicial más la autoenmienda. De acuerdo.
- RELATIVA A REVERTIR EL PROCESO DE DESPOBLACIÓN A TRAVÉS DE LA DESLOCALIZACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS VINCULADOS O DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE NUEVA CREACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS.
(Número de expediente 161/002683).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la sexta proposición, relativa a revertir el proceso de despoblación a través de la deslocalización de organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado de nueva
creación. Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo-Saavedra por un tiempo de cinco minutos.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Muchas gracias, señora presidenta.
Ciudadanos pretende que, desde distintos ámbitos, la Administración pueda hacer frente a un reto, que creemos compartido por la práctica totalidad de las formaciones políticas, como es el de la despoblación, y que no se haga solo desde una
perspectiva económica o fiscal o de servicios de todo tipo en el territorio, sino también con otros instrumentos que tiene la Administración para enfrentar retos como este. Las administraciones tienen la capacidad de ser una herramienta potente
para generar esos cambios en la sociedad, por ejemplo, impulsando cambios a través de la generación de ideas y propuestas, aprovechando también ese enorme capital humano que trabaja en la Administración que son los funcionarios de la Administración
General del Estado, y también por su dimensión, fijando la población en el territorio y generando riqueza alrededor de esa población.
Actualmente, la Administración General del Estado afronta un problema grave que es el éxodo de muchas personas de las zonas rurales hacia las ciudades. Los cambios económicos y sociales y la falta, también, de ambición por parte de todos
los Gobiernos que ha habido en España han provocado que muchas provincias lleven décadas vaciándose sin parar, con el consecuente impacto que supone para la economía de todas estas provincias y también para sus habitantes. Mi grupo ha defendido
siempre que la Administración General del Estado debe estar presente en todo el territorio, no solo para garantizar el cumplimiento de la ley, sino para visibilizar sus actuaciones y mostrar su presencia. Ya se ha hablado en PNL en esta misma
Comisión de cómo la falta de la presencia de administración genera graves problemas a los ciudadanos. Los cambios tecnológicos en las últimas fechas posibilitan que parte del trabajo de la Administración se encuentre informatizado, y esto abre un
abanico de posibilidades para garantizar la presencia física de la Administración del Estado en diferentes territorios donde actualmente cuenta con poca o escasa representación. Por lo tanto, creemos que eso puede aprovecharse por el Gobierno, por
el titular político de la Administración actual, como palanca de cambio para revertir esta situación, deslocalizando, como proponemos en nuestra PNL, organismos públicos en provincias que, año tras antro año, perdían población, pero, por supuesto,
con la garantía de la eficiencia de los servicios que tiene que existir, en todo caso.
Es evidente que para que esa deslocalización ayude a fijar población en el territorio es necesario acompañarla con un abanico de incentivos de diferentes tipos para el personal al servicio de la Administración que le haga atractivo
permanecer en esas localizaciones de manera permanente o trasladarse a ellas. En este sentido presentábamos nuestra PNL, proponiendo bastantes medidas concretas.
El Partido Socialista ha presentado una enmienda que, a nuestro parecer, elimina muchas de esas concreciones que nos gustaría fijar ahí, como son permisos para funcionarios, ventajas de tipo social para los servicios de dependencia de los
familiares de esos funcionarios. Pero, en todo caso, respeta el principio de intentar deslocalizar o estudiar la deslocalización de organismos públicos de la Administración General del Estado en esas provincias que están más afectadas por la
despoblación. También, aunque sin entrar en esa concreción, se abre a estudiar un sistema de incentivos que favorezcan una adecuada cobertura de puestos en zonas en declive demográfico. Tendremos que ver en qué se concreta eso, ya que no tiene la
concreción que nosotros instábamos en nuestra PNL, pero, en todo caso, como va en la línea de la estructura fundamental de nuestra PNL, vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista por esas dos ideas que, como digo, son la deslocalización de
organismos públicos de la Administración General del Estado en las provincias afectadas por la despoblación y el estudio de un sistema de incentivos para los funcionarios que se decidan a desplazarse a esas zonas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López Somoza.
La señora LÓPEZ SOMOZA: Gracias, presidenta.
Señorías, la PNL que presenta Ciudadanos es amplia, abarca distintos asuntos que deja ampliamente abiertos. Por esto y en aras de una mayor concreción y eficiencia, desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos esta enmienda de
sustitución.
Señorías, el Gobierno es muy sensible a la despoblación, es una prioridad; la despoblación es una cuestión de lucha contra la desigualdad y la injusticia en todo el territorio. Para combatirlo, el Gobierno ha presentado un plan con 130
medidas frente al reto demográfico que se alinean con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enmarcado en cuatro ejes prioritarios, para garantizar la incorporación de los pequeños municipios en una recuperación verde, digital, con
perspectiva de género e inclusiva. Pero debemos tener en cuenta que el marco constitucional de nuestro país otorga a las comunidades autónomas un alto grado de competencias muy directamente vinculadas a la ordenación y gestión del territorio, a los
servicios públicos, al impulso de la economía, del turismo y de las políticas sociales, entre otras. Por ello, resulta evidente que el proceso de recuperación y reversión de la situación actual en los territorios más afectados por la despoblación
ha de fundamentarse en un compromiso compartido de cooperación y de cogobernanza, que han de ejercerse con el máximo compromiso de la lealtad institucional. Por eso, es necesario que se estudien y evalúen de una manera holística, en coordinación
con las comunidades autónomas y en la Federación Española de Municipios y Provincias, las posibilidades de deslocalizar organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado a las provincias más afectadas por la
despoblación y el reto demográfico.
En relación con la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, señorías de Ciudadanos, les doy la bienvenida. Mi partido, el Partido Socialista, mi grupo y el Gobierno de coalición somos sensibles a las demandas de los
empleados públicos. Por eso trabajamos para mejorar sus condiciones laborales y personales. Les recuerdo que fue un Gobierno socialista el que aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público. Seguimos comprometidos con la modernización de nuestra
Administración pública y con la mejora continua de la situación de sus empleados. Ahora bien, la mejor política sobre las condiciones laborales es aquella que, aparte de los derechos básicos, se desarrolla a través de una negociación colectiva.
Señorías de Ciudadanos, hay que tener en cuenta las centrales sindicales, como lo hace la Mesa general de negociación de la Administración General del Estado. Señorías, compartimos la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores
públicos, estudiar un sistema de incentivos, pero hagámoslo bien; se debe hacer por ley, en la negociación colectiva y con el rigor presupuestario, sin ninguna demagogia.
Por otro lado, desde el año 2019 la Dirección General de la Función Pública está desarrollando unas jornadas de captación de talento. Uno de los proyectos prioritarios del Ministerio de Política Territorial y Función Pública lo constituye
el desarrollo de este plan, con el que se pretende incorporar el mejor talento al empleo público, poniendo énfasis en la importante aportación que se hace a la sociedad. En estos dos años se han desarrollado jornadas divulgativas para jóvenes
universitarios, estudiantes de Formación Profesional, profesionales de distintas áreas de todos los territorios del país, para acercar y dar a conocer las oportunidades de trabajo que ofrece la Función pública. Porque, señorías, el empleo público
es hacer país, el empleo público es también hacer España.
En relación con el último punto, les recuerdo que el pasado 26 de mayo el ministro Iceta presentó el documento 'Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado', en el que se incluye como uno de
los proyectos del cambio el impulso de la descentralización de las pruebas selectivas en todo el territorio. Además, les informo de que está previsto que se apliquen los procesos selectivos convocados en la reciente Resolución de 26 de mayo de
2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso, acceso y estabilización de empleo temporal en los cuerpos y escalas de la Administración General del Estado.
Señorías, estamos hablando de más de diez mil empleos públicos para toda España.
Es en esta línea en la que va nuestra enmienda, para la que les pido su apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López.
Para el turno de fijación de posición, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
Efectivamente, también estamos de acuerdo con el espíritu de la proposición no de ley, con todo lo que sea deslocalizar los organismos estatales, pero también hay que reconocer que es difícil y esto merece un estudio serio. No se trata de
llevar los ministerios a todas las pequeñas ciudades porque eso, en la práctica, ya sabemos que no funciona.
La proposición no de ley que presentaba el Grupo Ciudadanos era tan prolija y tan detallada que, realmente, creo que era inviable que saliera adelante en esta Comisión, o por lo menos yo no me siento capacitado para discutir ahora si hay que
dar seis días o cinco. Por eso me parece bien la que propone el Grupo Socialista, en la que, aunque se quedan en el aire muchas cosas -se habla de estudiar y de este tipo de generalidades-, supongo que valdrá para algo y servirá de impulso.
También espero que estén haciendo muchas cosas de las que no nos enteramos cuando estamos aquí y que la Administración siga trabajando. Así que, esperamos buenas noticias a corto plazo y que nos expliquen, de verdad, lo que han conseguido hacer en
este tiempo sobre captación de talento y sobre este estudio serio de deslocalización.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Nosotros estamos de acuerdo con el espíritu que emana de esta PNL, pero no lo estamos con el contenido. En algunos casos, yo creo que a Ciudadanos le traiciona el subconsciente y la concepción que tiene de la Administración. Fíjense todos
y lean conmigo el apartado 1 de la propuesta. Dice: Elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan para deslocalizar -fíjense, deslocalizar- los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del
Estado de nueva creación. Si son de nueva creación, no tiene que deslocalizar nada; en todo caso, tiene que localizar. Pero Ciudadanos ya da por supuesto que su localización es en Madrid y los tiene que deslocalizar. No, los tendrá que
localizar, porque si son de nueva creación, no están en ningún sitio.
Tampoco compartimos el punto 2, en cuanto a la modificación del EBEP, ni entendemos necesario el punto 4, que ya sabíamos que se podía aplicar. Por tanto, no vamos a apoyar la propuesta.
Se admite la enmienda de sustitución del Partido Socialista. Estamos de acuerdo en términos generales. Es poco concreta, es verdad, es de aquellas PNL que tiene tres 'estudiar', un 'aumentar' -el aumento sí, en la medida de las
posibilidades-, un 'continuar' y un 'desarrollar', pero en todo caso, entendemos que se puede aprobar.
Con respecto al portavoz de VOX -no voy a entrar en ninguna otra discusión, señora presidenta, no se preocupe-, solo voy a matizar lo que ha dicho: la iniciativa apoyada por Podemos y otros socios separatistas. Podemos separatista no es,
no se preocupe. Sí que son comprensivos y demócratas con el hecho separatista, pero separatistas ya se lo digo yo que no lo son.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.
La señora PITA CÁRDENES: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Bel. No era menester, pero sí, Podemos es profundamente democrática, eso sí que somos.
Entrando en la cuestión, nos gusta la tonada de la PNL del Grupo Ciudadanos, pero la letra nos tenía despistadas. Creo que mezclan ámbitos, competencias, hacen un totum revolutum que hace difícil posicionar nuestro voto en cuanto a su
propuesta. Entendemos que la base de la propuesta es esa despoblación rural de la que hemos hablado, a la que han hecho referencia todos los grupos. En esa línea, lo dijo la compañera del Grupo Socialista y yo se lo ratifico, los partidos del
Gobierno han elaborado un plan de medidas ante el reto demográfico, y de los ejes, hay uno central, que es la ampliación de una batería de medidas para articular sobre el territorio en materia de prestación de servicios públicos, deslocalización de
recursos, centro de Administración pública... De alguna manera, acercar o recuperar la presencia de la AGE, de la Administración General del Estado, en el territorio rural. Se propone la creación de oficinas municipales de Justicia o, por ejemplo,
el fomento de centros territoriales de la UNED.
No obstante, por aportar -siempre nos gusta aportar algo-, creemos que es necesario que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico definan una metodología y una
tipología de forma clara y oficial -no a través del Banco de España- para conocer cuáles son los territorios que sufren realmente éxodo rural. Eso nos va a servir para articular futuras iniciativas parlamentarias y políticas, porque para
desarrollar esa iniciativa es fundamental tener claro qué territorios están afectados por el éxodo rural. Y una vez que tengamos el estudio, habrá que negociar y establecer la creación del complemento específico para los trabajadores de la Función
pública con puestos de trabajo en los territorios que sufren el éxodo rural, entendiendo que estos incentivos económicos pueden hacer, efectivamente, más atractivos estos territorios para los trabajadores y trabajadoras de la Función pública, que es
el objetivo, cerrando ese círculo virtuoso no solo demográfico, sino también económico. Efectivamente, incentivos económicos, fijación de población, aumento del poder adquisitivo de la población y más consumo, que se traduce en dinamizar la
economía y en puestos de trabajo. Así pues, ese plus para los trabajadores de la Función pública en las provincias, en los territorios que sufren éxodo rural debe entenderse -así lo entendemos nosotros- no como un gasto, sino como una inversión
para conseguir un país más articulado, cohesionado y menos desigual.
Nosotros esperamos que su grupo, Ciudadanos, en aquellas comunidades en las que forma parte del Gobierno apoye igualmente la descentralización de servicios de la Administración autonómica y el mantenimiento de los servicios públicos
esenciales para revertir ese éxodo social. Con la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, nuestro grupo, finalmente, apoyará esta PNL.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pita.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Calvo Liste.
El señor CALVO LISTE: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Nos traen hoy una PNL interesante, pero poco eficaz para la finalidad que persigue. Que España se ha convertido en uno de los países europeos con una mayor concentración de población en áreas urbanas es un hecho incontestable. Y de la mano
se ha producido una tormenta perfecta poblacional y económica en gran parte del territorio nacional, motivada por una bajada de la densidad de población, de la población joven adulta, una población envejecida, con saldos vegetativos y migratorios
internos negativos, por una disminución de la población ocupada y por una reducción del peso del PIB sobre el total nacional. El 90 % de la población vive ya en el 30 % del territorio, por lo que no son solo zonas rurales. Una España sin niños,
sin adolescentes, sin futuro. En el año 2020 se alcanzó el mínimo histórico de hijos por mujer española: 1,12. Ahora bien, la cuestión es si la propuesta de deslocalización de organismos vinculados a la AGE fija población en estos territorios,
genera riqueza y aumenta la presencia de la Administración General del Estado. Si tomamos como ejemplo dos de las estructuras con mayor presencia del Estado en todo el territorio nacional y, por tanto, deslocalizadas, como pueden ser las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado o la Administración de Justicia, se revela con pesar que la tendencia es la contraria. Se eliminan cuarteles de la Guardia Civil y se piensa en reformar la planta judicial para concentrar juzgados y tribunales. Si
lo que se pretende es trasladar organismos singulares ya existentes, se hace necesario, primero, su revisión para adelgazar la grasa ineficaz, que supone una auténtica sangría para la economía del Estado por mucho que se promueva su deslocalización
y se incentive o bonifique a los funcionarios que los integran bajo la premisa de un traslado a zonas despobladas. Este intento no es nuevo. Varias autonomías han procedido a ubicar organismos públicos en otras plazas distintas a su centro
administrativo sin mucho éxito.
Con lo que no podemos estar conformes, dada la necesaria obligación que tendremos -no tardando mucho- de reducir la mastodóntica estructura del Estado, es con que la premisa de esta PNL se asiente en la creación de nuevos organismos
autónomos, agencias estatales o autoridades administrativas independientes que deslocalizar, ya que aumentaría gravemente el gasto público. En VOX somos más partidarios de emplear recursos con la misma finalidad, pero más eficaces, como políticas
de natalidad, apoyo a las familias en entornos despoblados o en proceso de ello, infraestructuras que vertebren territorios, conectividad de banda ancha, puesta en valor del sector primario y su importancia estratégica con un gran plan hidrológico
nacional o una fiscalidad diferenciada y extendida en el tiempo para zonas económicas especiales. Todo ello creará un entorno más atractivo en el medio rural y en pequeñas urbes, facilitando la instalación de nuevos clústeres de producción, el
retorno de los jóvenes, el trabajo y la ilusión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, señora presidenta.
La iniciativa de Ciudadanos nos sorprende esta tarde. O quizá no tanto y estemos ante la continuación de su política de involución. Ustedes, señorías de Ciudadanos, han pasado de defender la unidad de España y de ser el ariete del
independentismo catalán a querer ser a toda costa el socio indispensable del presidente Sánchez, que es el cómplice del independentismo y el colaborador necesario en esta hoja de ruta rupturista. El Partido Popular, que frenó las mociones de
censura de Murcia y de Castilla y León y la que se veía venir en Madrid, libró de semejante bochorno a los pocos votantes que les quedan y menos aún después de semejante situación, pero siguen engrosando la cuenta. Ahora también quieren llenar los
pueblos y están anunciándose como adalides de una España que se despobla cuando todos sabemos que sus pretensiones, fruto, por supuesto, de su ignorancia y de su política urbanita, pasaban por cerrar las diputaciones provinciales y suprimir los
municipios en una suerte de unión de pueblos sin tener presente la autonomía local, la idiosincrasia y la identidad propia de cada localidad de este país, constituido por más de 8000 municipios, todos los cuales forman la España que hoy conocemos.
Hoy tienen prisa por hacer eslogan y se suben al carro de la despoblación, que está de moda, pero ustedes están tan demodés como falta de rigor tiene su propuesta. Es inconexa, desproporcionada y poco ordenada. Aluden al Banco de España en
la misma, pero ustedes no han leído su informe, el cual dice que no está probada la eficacia de desconcentrar organismos administrativos por el territorio con el fin de paliar el éxodo rural. Lo que exige y recomienda el Banco de España es la
evaluación previa de cualquier política que vaya a implementarse en el medio rural para evitar más equivocaciones y errar en el objetivo. ¿Por qué no critican ustedes al Gobierno socialcomunista de este país? Porque aún no contamos con una
estrategia frente al reto demográfico. ¿Por qué han sido capaces de alinearse esta tarde con ellos para votar conjuntamente una proposición no de ley y además han consentido que les rebajen sus ansiadas pretensiones? Porque sí, eran inconexas y
desordenadas, pero han permitido que les rebajen sus pretensiones. Su modificación de propuesta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público no es más que una autopista de cuatro carriles para que los funcionarios con destino en
zonas escasamente pobladas corran a toda prisa a vivir en las grandes urbes mientras disfrutan de sus destinos exóticos y de las muchas prebendas que ustedes les han ofrecido si no va acompañada de la obligación de residir en los mismos. ¿Por qué
no trabajan para que el Gobierno socialcomunista aumente de forma suficiente la financiación del sistema de la dependencia, de todos los dependientes, no solo de los dependientes familiares de nuestros funcionarios?
Ustedes, que tanto han criticado la falta de una red de apoyo a los autónomos de este país, que han defendido con beligerancia el apoyo a las empresas, quieren ahora captar talento para las administraciones públicas. ¿Saben que el Consejo
de la Juventud de España reveló en un informe, fruto de una encuesta sorprendente, que el 80 % de los jóvenes españoles entre 16 y 24 años querían ser funcionarios? ¿Sabe que organismos internacionales de investigación han dicho que es un grave
problema de este país? Tenemos la oportunidad con los fondos de reconstrucción...
La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha terminado.
La señora NAVARRO LACOBA: ...de alinearnos con los objetivos de los mismos y una magnífica oportunidad para empujar a nuestros jóvenes a emprender con competitividad y formación en una economía verde y digitalizada en nuestra España rural,
llena de oportunidades.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Espejo-Saavedra, ¿acepta la enmienda del Grupo Socialista?
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Sintiéndolo muchísimo por el Grupo Popular, porque veo que le ha sentado realmente mal, por supuesto que vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: La someteremos a votación con la enmienda incorporada.
- RELATIVA A LAS GARANTÍAS DEL NUEVO SISTEMA DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE ACUERDO CON EL PLAN DE CAPTACIÓN DE TALENTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de
expediente 161/002813).
La señora PRESIDENTA: Finalmente, pasamos a debatir el punto número 7, relativo a las garantías del nuevo sistema de acceso al empleo público de acuerdo con el plan de captación de talento, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal
de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Y, para su defensa, tiene la palabra el señor Honrubia.
El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.
Desde nuestro grupo presentamos esta PNL en relación con algunos anuncios que se han realizado recientemente desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
En primer lugar, el anuncio de un plan de captación de talento, cuya finalidad sería la de promover la orientación laboral de la ciudadanía hacia la Administración. Se justifica la necesidad de este plan recordando que en diez años el 51 %
de la Administración General del Estado se habrá jubilado y que apenas el 12 % del personal tiene hoy menos de cuarenta años.
Por otro lado, desde el ministerio se ha propuesto repensar los mecanismos de selección para el acceso a la Función pública, de modo que, según palabras del ministro, se tenga más en cuenta la capacidad y la aptitud y menos la habilidad
memorística. Para ello, se ha anunciado una estrategia para reformar el modelo de acceso al empleo público, con el objeto de lograr una entrada al sector público más ágil y equitativa, garantizando, por supuesto, los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad. Del mismo modo, se ha anunciado también que se prevé estudiar la viabilidad de un sistema de ayudas dirigidas a aspirantes que tienen grandes dificultades para dedicar varios años a preparar una prueba de acceso.
Todos estos anuncios han generado una situación de desasosiego en algunas personas que están actualmente preparándose o estudiando para presentarse a una oposición, en tanto que no saben si se va a modificar o no se va a modificar el sistema antes
de que puedan presentarse y en qué términos se haría.
Dada la trascendencia de la propuesta, nosotros entendemos que es necesario que todo este proceso se haga con la máxima transparencia y con la participación de todos los sectores afectados, con el establecimiento de objetivos claros y
evaluando la oportunidad y repercusión de las propuestas en los distintos colectivos implicados. Además, por supuesto, entendemos que es necesario que se garantice la meritocracia como forma de acceso al empleo público.
En definitiva, nosotros entendemos que reformar el proceso de acceso a la Función pública puede ser algo bueno, pues, efectivamente, de esta manera se podría permitir aumentar el interés de los jóvenes por el servicio público, así como
incorporar buenas prácticas, modernizar las exigencias requeridas y una serie de innovaciones que irían en favor de la calidad y la mejora de la prestación del servicio.
Ahora bien, también creemos que para que estas buenas intenciones no traigan consigo efectos indeseados -como pudiera ser, por ejemplo, la relajación de los requisitos de mérito y capacidad a la hora del acceso a la Función pública- y se
pueda mantener la objetividad del sistema, es necesario escuchar a todos los agentes implicados y, en especial, a los representantes de los cuerpos funcionariales afectados.
Asimismo, creemos que un objeto tan ambicioso requiere planificación, de modo que, a la hora de abordar el nuevo sistema, los implicados y, en especial, los aspirantes a acceder al empleo público se encuentren en condiciones de abordar el
nuevo proceso con tranquilidad y con garantía. Por ello, presentamos la PNL mencionada y esperamos el apoyo de todos los grupos presentes.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
No se han presentado enmiendas a esta iniciativa. Por tanto, pasamos directamente a la fijación de posición, empezando por el señor Mazón, por el Grupo Mixto.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo con los tres puntos de la proposición no de ley y poco más podemos añadir. Por lo tanto, votaremos a favor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Espejo.
El señor ESPEJO-SAAVEDRA CONESA: Gracias, presidenta.
El ministro ya ha presentado las que serán las líneas generales del nuevo sistema de acceso a la Función pública. Entre los cambios que recoge esa reforma planteada, hay medidas como la reducción del número de pruebas, la instauración de
más puntos en el territorio para que los opositores no tengan que trasladarse a Madrid para realizar las pruebas o que se pueda exigir un certificado europeo para acreditar un idioma en vez de hacer un examen.
Según ese documento, la reforma dará paso a un modelo mixto que combine los conocimientos -hasta ahora, prácticamente las oposiciones estaban muy centradas en esos conocimientos- con las habilidades, las competencias y las aptitudes. En el
documento se busca una tendencia progresiva hacia pruebas basadas en cuestionarios de respuestas alternativas, en la resolución de casos y de análisis en los que el tribunal y opositor puedan establecer un diálogo. También se potenciará la
promoción interna de forma más ágil y se prevé la publicación cada mes de enero del calendario de los procesos selectivos que la Administración convoque. Para que sean más accesibles, el ministro adelanta que se estudiará un sistema de ayudas para
que todo el mundo tenga la misma posibilidad.
Una reforma de esas características requiere un calendario preciso, un periodo de transición que no perjudique a los que llevan tiempo preparando pruebas de acceso y la seguridad de que los nuevos métodos se basan, como requiere la ley, en
el mérito, la igualdad y la capacidad. Es cierto que en España tenemos un problema que se comenzará a mostrar cuando nuestros empleados públicos, a raíz de su elevada edad, comiencen a jubilarse. Y también se tiene que comenzar un proceso
transformador de la Función pública haciendo nuestras administraciones eficientes, digitalizadas y abandonando la concepción de que los puestos no pueden aparecer y desaparecer. Debemos evaluar profundamente los puestos de trabajo que ya no
reflejan las necesidades de la Administración y empezar a promover la transversalidad de los perfiles, que sean más creativos, con habilidades de gestión, innovación y que actúen como verdaderos directivos de la Administración.
La forma y el fondo de la reforma los analizaremos cuando contemos con todos los detalles y no solo con un anuncio como el que se ha realizado, pero, desde mi grupo, creemos que cualquier paso en la transformación y modernización de nuestras
Administraciones -y el de la Función pública y su acceso es uno de ellos- debe ser decidido y firme, por lo que nos posicionamos a favor de la PNL.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. De hecho, compartimos una parte importante de las reflexiones que presentó en su momento el ministro. Entendemos que van por la buena dirección. También comprendemos y entendemos, como refleja la
iniciativa, la inquietud de determinados colectivos, ya sean los mismos funcionarios o los que están en proceso de acceso, y, por tanto, nos parecen razonables los planteamientos que se hacen en esta proposición no de ley.
Y, si me permiten, para finalizar esta entretenida Comisión, y sin que sea ninguna alusión directa a ninguno de nosotros como componentes de la misma, sería bueno -no sé si en esta Comisión o en la Comisión Constitucional- que algún día
pudiésemos ver una proposición no de ley relativa a las garantías del nuevo sistema de acceso a la actividad política institucional de acuerdo con un plan de captación de talento.
Muchísimas gracias. (Risas).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel, con consejo incluido.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Calvo Liste.
El señor CALVO LISTE: Gracias, presidenta.
Miren, repetir curso o pasar al siguiente en Primaria y ESO no dependerá del número de suspensos. Educación quiere eliminar ese criterio y, según el decreto de evaluación y promoción, los estudiantes podrán pasar de curso independientemente
del número de asignaturas que tengan suspensas; finalmente, podrán obtener el título y presentarse a la EvAU con un suspenso.
Se distancia la enseñanza del concepto de esfuerzo y mérito -los estudiantes sin motivación no buscarán la excelencia- y se crea un sistema de evaluación disociado del rendimiento académico, basado en la subjetividad de cada centro. Por
eso, cuando el ministerio de Iceta habla de repensar la forma de selección -de modo que se tenga en cuenta aquella capacidad y aptitud, y menos habilidad memorística- nos acordamos de la última ocurrencia del ministerio de Celaá. Mucho nos tememos
que esto pueda ser el nuevo espíritu que impregne la estrategia a seguir en los procesos selectivos de acceso al empleo público.
En la presentación realizada por el ministro, casi de forma paralela a la liquidación de la ENA en Francia, se vislumbra la preferencia de habilidades, competencias y prácticas frente al esfuerzo y la memoria, devaluando el conocimiento.
Hablan de diálogo, pero, según ha trascendido, el primer ejercicio en todas las oposiciones será un examen de corrección automatizada sobre conocimientos y habilidades, suprimiéndose las pruebas de carácter memorístico en los exámenes orales, y se
implementarán de forma masiva los test, los casos prácticos y las pruebas por análisis de psicólogos.
Por ello, ¿me pueden decir dónde encontramos los principios de igualdad, mérito y capacidad que se recogen en el artículo 103.3 de la Constitución, que garanticen la igualdad de oportunidades, que sirvan con objetividad a los intereses
generales bajo un estricto marco legal? La única frase de toda su PNL que compartimos es el último párrafo de la exposición de motivos, que acaba diciendo: es necesario garantizar la meritocracia en el acceso al empleo público. Las pruebas
desarrolladas hasta el momento han servido para nutrir a varias generaciones de la Función pública de forma eficaz. La modernización y adaptación de las nuevas tecnologías de los modelos de acceso no deben estar reñidos con la búsqueda de la
excelencia. La captación de talento sin mérito que lo avale se puede traducir en una captación de amigos y a la postre en una captación de votos. Vistos los derroteros por los que discurre el ámbito educativo, en VOX desde luego no creemos en sus
propuestas, no nos fiamos de ustedes. La calidad de la Administración es directamente proporcional a la capacidad y excelencia de las personas que la integran. Por ello, seleccionar a los mejores es de vital importancia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mateu Istúriz.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Con la venia, señora presidenta. Buenas tardes.
El acceso a un puesto de trabajo en la Administración pública siempre ha sido un deseo de muchos miles de españoles y su oferta pública de empleo siempre ha sido conocida por todos. De hecho, tenemos el ejemplo de que sin esos medios
extraños de publicidad de acceso a la Función pública, el pasado fin de semana para 31 000 plazas de docente se presentaron más de 250 000 personas. Por eso, el plan este de captación de talento que de manera tan animosa ha puesto en marcha el
ministro de Política Territorial y Función Pública conjuntamente con este documento de 54 páginas llamado Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado no deja para nada indiferente a nuestro grupo
político. Aprovecho para recordar el mal que va a hacer en la captación de ese talento en los futuros funcionarios de la Administración General del Estado y de las autonomías ese decreto de desarrollo de la Lomloe que, en palabras de la diputada,
señora Moneo, es decir adiós a la cultura del esfuerzo y mérito, adiós a la evaluación objetiva; el sueño del socialismo español hecho realidad, la mediocridad por norma. Insisto, tendrá influencia sobre la captación de talento de futuros
funcionarios. Estamos preocupados, insisto, porque podemos ver quizás en esta actitud del Gobierno socialcomunista un ataque a la independencia de la Administración del Estado español. Hay que recordar que ya Zapatero quiso tumbar el sistema de
selección a través de las oposiciones. Parece, en principio de una manera vislumbrada, que se quieren colocar adeptos dentro del seno de la Administración del Estado y acabar con una Administración pública neutral y apolítica, cuyo único fin es
servir con objetividad a los ciudadanos españoles. Habrá que conocer también, señorías, cuál es el coste de la campaña. Guste o no guste, señorías, el mejor sistema para acceder al empleo público es el de las oposiciones con excepción de todos los
demás.
Señorías, menos mal que mencionan en el cuerpo de la proposición no de ley la existencia de dos artículos, el 23.2 y el 103.3 de la Constitución española, principios de mérito y capacidad y de igualdad en el acceso a la Función pública.
Recordemos que el artículo 23.2 está dentro del capítulo de libertades y derechos de los españoles, ínsito en el principio de igualdad, capacidad y mérito. Por eso, en nuestro grupo, dentro del ámbito constitucional que acabo de relatar, no nos
mostramos absolutamente disconformes con el contenido de esta PNL. Estamos de acuerdo fundamentalmente en el criterio de la transparencia, la transparencia debe presidir cualquier interlocución con todos los sectores afectados, en especial con los
agentes sociales de la Función pública. Y no olvidemos nunca al colectivo de opositores en este proceso de
análisis, a los que hay que dar certidumbre y sosiego para que sigan con su esfuerzo. Pero nosotros queremos dar un paso más adelante; para garantizar más todavía esos principios constitucionales, queremos que en vez de una proposición no
de ley, como estamos debatiendo ahora, esto se materialice en un proyecto de ley acompañado de los requisitos del artículo 88 de la Constitución -que por falta de tiempo no los voy a rememorar ahora mismo- y acompañado también de lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y por último, del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre. Ellos nos darían la garantía absoluta de participación absoluta a través también, por ejemplo, de la página web del
ministerio en ese proceso de transparencia que requiere cualquier procedimiento.
Votaremos a favor, pero estaremos muy vigilantes del cumplimiento de los principios constitucionales que he relatado.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Padilla Ruiz.
La señora PADILLA RUIZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Parece que todos los grupos -bueno, casi, porque en estas comisiones hay que decir casi todo el mundo- coincidimos en la necesidad de afrontar una reforma en el acceso a la Función pública para mejorar el talento y dar una mejor respuesta en
la Administración, que eso evidentemente redunda en dar un mejor servicio a los ciudadanos, siendo más eficientes, más ágiles y mejorando los servicios públicos, pues evidentemente no se pueden mejorar los servicios públicos si no pasamos por tener
unos buenos recursos humanos en cantidad y en calidad. En cuanto a la cantidad, creo que también es bueno recordar no solo el acceso de entrada, sino evitar el acceso de salida que ha habido durante muchos años, especialmente con los Gobiernos del
Partido Popular, en el que -ya se ha dicho aquí- llegó a haber una pérdida neta de empleo del 22 % con las políticas de austeridad -de austericidio diría yo-. El ritmo ha cambiado con este Gobierno y también desde la Unión Europea se ha apostado
por una salida diferente de la crisis. Por tanto, quiero recordarles que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 se prevé una tasa de reposición del cien por cien con carácter general y del 110 % al 115 % en los sectores
prioritarios. Esto también es importante, que hablemos de la cantidad, como les decía, pero por supuesto de la calidad, que es en lo que se basa la propuesta que hace el ministro en esa reforma anunciada, cuando habla de repensar los mecanismos de
selección y centrarnos más en la capacidad y en la aptitud.
La propuesta que hace el Gobierno de coalición desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública coincide milimétricamente con esta proposición no de ley que estamos discutiendo ahora y que, por supuesto, apoyamos desde el Grupo
Socialista. Recientemente -y se ha dicho en la última intervención que me ha precedido-, se presentó un documento en mayo con las orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado, pero no ha sido un
documento solo del ministro, este documento se ha creado después de unas jornadas de reflexión en las que yo diría que ha participado la mayoría -por no decir todas- de las partes implicadas desde el 17 de noviembre de 2020 al 25 de marzo de 2021;
han participado diferentes ministerios, empresas públicas, comunidades autónomas de todos los colores, ayuntamientos, Abogacía del Estado, el CSIC, el INE, preparadores de oposiciones, opositores, la universidad, los sindicatos, y a partir de ahí
han salido unas orientaciones que creo que son bastante compartidas por todas las personas que han participado. Se ha hecho un diagnóstico serio y real de la situación que hay actualmente en la Administración. Lo que hace el Gobierno es actuar.
Lo que va a plantear el Gobierno, evidentemente, se tendrá que hacer con las reformas legislativas que se precise; no hace falta que ni el PP, ni VOX estén pendientes de que se vaya a cumplir la Constitución (rumores), los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad están recogidos también en ese documento de orientaciones que, por cierto, está colgado en la página web y pueden ustedes consultarlo. El documento analiza distintos elementos que ocurren ahora en la
Administración, como que hay que afrontar la transformación digital, el relevo generacional y, sí, las dificultades en la desigualdad en el acceso.
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar. El tiempo ha finalizado, lo lamento.
La señora PADILLA RUIZ: ¿Ya? Vale.
Evidentemente, votaremos a favor a la proposición porque coincide plenamente con los planes del ministerio.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
VOTACIONES.
La señora PRESIDENTA: Finalizado el orden del día, procedemos a la votación. Tenemos la opción de votar electrónicamente o a mano alzada. El sistema es similar al del Pleno. El primer botón es presente -en todo caso hay que pulsar el
primer botón-, el segundo es sí, el tercero es no y el cuarto es abstención. ¿Hay alguna duda? (Denegaciones). ¿Estamos todos los grupos parlamentarios y en el número en que nos corresponde? Insisto en este asunto, está activado el sistema en
todas las mesas; por tanto, para que salgan los números y cuadren bien las votaciones, tenemos que estar el número exacto de diputados de cada grupo parlamentario.
Si todos estamos ya listos, pasamos a la votación. Empezamos por la proposición no de ley número 1.º, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comenzamos la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 20; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Proposición no de ley número 2.º, también del Grupo Parlamentario Socialista.
Comenzamos la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
La proposición no de ley número 3.º no se va a someter a votación en sus términos, sino que se va a votar una transaccional, que paso a leer: El lenguaje que se utilice por parte de todas las administraciones públicas, los organismos
públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de las mismas se adaptará en cada momento a las normas, previsiones y directrices emanadas de la Real Academia de la Lengua Española.
Comenzamos la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 16; en contra, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 4.º Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 14; en contra, 18; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 5.º Se vota con la autoenmienda incorporada.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 6.º La votamos con la enmienda incorporada del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 5; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a la votación de la última proposición no de ley, la número 7.º
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 29; en contra, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las seis y veinte minutos de la tarde.