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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 420, de 03/06/2021
cve: DSCD-14-CO-420
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 420
JUSTICIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISAURA LEAL FERNÁNDEZ
Sesión núm. 22
celebrada el jueves,
3 de junio de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proyecto de ley orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. (Número de expediente 121/000053) ...
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Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Proyecto de ley orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. (Número de expediente 121/000053) ...
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Se abre la sesión a las once y treinta y cinco de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSEJO, DE 12 DE OCTUBRE DE 2017, POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COOPERACIÓN REFORZADA PARA LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA. (Número de expediente 121/000053).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Justicia, conforme al orden del día que les ha sido comunicado. Ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa: proyecto de
ley orgánica de aplicación del Reglamento del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre
dicho proyecto de ley.
¿Se ratifica la ponencia por asentimiento? (Asentimiento).
EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSEJO, DE 12 DE OCTUBRE DE 2017, POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COOPERACIÓN REFORZADA PARA LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA. (Número de expediente 121/000053).
La señora PRESIDENTA: Ratificada la ponencia por asentimiento, el desarrollo de la sesión se realizará, conforme a la costumbre de esta Comisión, con un turno de portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo de siete minutos. El
orden de intervención se realizará de menor a mayor representación parlamentaria.
Se encuentra disponible en la sala el informe de la ponencia, que tiene algunas correcciones formales respecto al distribuido con la convocatoria, aparte de la transcripción correcta de la enmienda transaccional al artículo 78.2.
Asimismo, en relación con el plazo de presentación de votos particulares, les informo de que, al estar en tramitación este proyecto de ley orgánica por el procedimiento de urgencia, dicho plazo será de veinticuatro horas, computándose dicho
plazo desde el final de la presente sesión y finalizando cuando transcurran veinticuatro horas, debiendo presentarse los escritos en el Registro de Comisiones.
Sin más, comenzamos el turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios. Lo hará, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Intervendré muy brevemente porque considero que lo más sustancial del trabajo, más allá de las palabras, ya está realizado con el dictamen de la ponencia que vamos a aprobar hoy con todas las transacciones que se han ido realizando.
Queremos congratularnos por la buena gestión que, desde nuestro punto de vista, al menos con nuestras enmiendas, se ha hecho por el Grupo Parlamentario Socialista y también por el resto de grupos que hemos entrado en las transacciones. También
queremos congratularnos porque este es un proyecto que, cuando entre en vigor, va a suponer en cierta medida una cabeza de puente para posteriores reformas -en su caso- del enjuiciamiento criminal en el Estado; sobre todo, en ese aspecto demandado
que permita una mayor convergencia del procedimiento penal del Estado con la mayoría de los enjuiciamientos penales de los países miembros, con la atribución de la fase de instrucción a la Fiscalía y la creación de una figura de nuevo cuño, el juez
de garantías, con unas funciones reforzadas en cuanto a la capacidad de revisión de los decretos de la Fiscalía y, a su vez, de los recursos que se articulan respecto a las resoluciones judiciales, con la generación de una fase intermedia que
también va a preparar el juicio oral. En fin, es una serie de reformas que en cierta medida anticipan el modelo que se prefigura en el anteproyecto de enjuiciamiento criminal, sin perjuicio de que llegue a la Cámara el resultado de la tramitación.
En definitiva -voy finalizando, presidenta-, mostramos nuestro apoyo a esta iniciativa. Mantendremos tres enmiendas para Pleno que entendemos que mejorarían o facilitarían la labor jurídica de los operadores. Una iría dirigida a
especificar de una manera no tan desperdigada como está en el proyecto los actos o los decretos que son recurribles y también las resoluciones judiciales del juez de garantía que
a su vez sean recurribles. También nos queda pendiente una revisión más sosegada de las incrustaciones orgánicas en el proyecto, porque es un proyecto orgánico en el que en realidad la mayoría de los artículos son ordinarios y, en vez de
haber incrustaciones ordinarias en un proyecto orgánico, hay incrustaciones orgánicas en un proyecto ordinario de hecho, aunque de derecho es orgánico.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra su portavoz, el señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Buenos días. Muchas gracias, presidenta.
Intervendré también con brevedad. Como hice el otro día en la ponencia, queremos congratularnos por el esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Justicia y los grupos parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos por aceptar algunas de las
enmiendas que nosotros hemos planteado y por tratar de transaccionar otras. No obstante, con algunas de ellas la verdad es que han tenido un carácter un poquito rácano, porque podían haber dado un pasito más adelante; y lo digo con todo cariño.
En este sentido, el otro día dije por error en la ponencia que renunciábamos únicamente a nuestra enmienda 45, cuando ahora, repasando la documentación, me doy cuenta de que también ha sido aceptada totalmente la enmienda número 44 que, por
lo tanto, no mantendremos en el Pleno. Una de ellas se refiere a los juicios en ausencia, que es un tema jurídico que en Europa plantea problemas -sobre todo en alguna legislación como la italiana-, y la otra se refiere a la cuestión de la
sentencia de conformidad. El Grupo Parlamentario Vasco también planteaba la necesidad de que por lo menos exista una relación de indicios incriminatorios; no se puede simplemente tratar de evitar un mal mayor con una sentencia que suponga el
ingreso en prisión y al final se tenga que comulgar con ruedas de molino y aceptar cualquier relación de hechos probados sin ninguna investigación.
Sin embargo, mantendremos vivas las otras enmiendas distintas a estas dos que planteábamos. En particular, me quiero referir al lugar donde se deben practicar las actuaciones; hoy pensaba plantearle al Grupo Parlamentario Socialista otra
transaccional sobre el artículo 6, pero ya me dicen que no me la van a aceptar. No obstante, no encuentro ninguna justificación a la razón que me dan. El hecho de que la Fiscalía Europea tenga su sede en Madrid resulta que lleva consigo que sea el
investigado el que tenga que viajar pagándose sus gastos de traslado a Madrid. Esto se justifica porque ya tenemos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo donde esto pasa. Bueno, en el Tribunal Supremo no, porque solamente son recursos y pocos
juicios conoce en instancia, pero en la Audiencia Nacional, efectivamente, es así, aunque la mayor parte de las declaraciones se practican por videoconferencia; los que hemos estado allí trabajando lo sabemos bien. Tampoco me vale decir que, como
ya tenemos una cosa mala, ahora repetimos la cosa mala. No, vamos a corregir una cosa mala y a convertirla en buena, porque luego a todos los juristas y a todos los que nos dedicamos a este negocio se nos llena la boca hablando del acercamiento de
la justicia al justiciable. Es una frase preciosa que decimos en las conferencias que impartimos y, ya que estamos aquí legislando, la verdad es que podríamos hacerla efectiva. Simplemente quería plantear la posibilidad de una transaccional
diciendo que la declaración de derechos y de la acusación del investigado se realizará preferentemente en Madrid, pero que no causaremos esos gastos y esos costes de desplazamiento al justiciable cuando el Estado tiene los medios para poder hacer
que sea la Fiscalía la que se desplace.
Quizá menos importancia tiene la enmienda que planteamos al artículo 18, porque la transaccional realiza una fundamentación por remisión. Desde luego, a pesar del esfuerzo que se ha hecho en la transacción para ampliar el concepto de
acusación particular a asociaciones y entidades que puedan ser representativas de intereses que se encuentran afectados por el procedimiento criminal en cuestión, entendemos que supone de hecho restringir, limitar o, mejor dicho, suprimir la
acusación particular, lo cual es una falta de respeto extrañamente imputable al Grupo Parlamentario Socialista a lo que dice el artículo 125 de nuestra Constitución, que se refiere a la acusación popular, y sin perjuicio de las legislaciones que
otros países de la Unión Europea, en el uso de su soberanía, puedan plantear.
Por último -y ya termino-, aparte de las enmiendas 44 y 45 que han sido aceptadas, el Partido Socialista tenía ahora una oportunidad de oro para ir allanando el camino para la tramitación de su proyecto estrella, la Lecrim, por la cual
quiere otorgar la instrucción a los fiscales. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque nuestra enmienda número 46 -que, desde luego, desde el primer momento sabíamos que no iba a ser aceptada- plantea nuestra propuesta para la independencia política de la
Fiscalía del Poder Ejecutivo. Se plantea no solamente en materia del nombramiento del fiscal o de la fiscal general del
Estado, sino también en cuanto al funcionamiento de la propia Fiscalía y propone además la potenciación de esa independencia. Yo voy a decir muy claro -lo voy a decir aquí y lo voy a decir en el Pleno el jueves que viene- que mi grupo no va
a apoyar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si previamente no se reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Quiero que lo sepa todo el mundo, no voy a ir de escondidillas. No puede ser que en el proyecto de ley de
enjuiciamiento criminal se vaya a atribuir la instrucción de las causas penales a los fiscales -solución con la que estoy absolutamente de acuerdo, ya que deben ser los fiscales los que tienen que instruir-, mientras la Fiscalía General del Estado y
todo el aparato y estructura de la Fiscalía -sobre todo, la central- siga dependiendo del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Justicia y no existan criterios objetivos para excluir la política de las decisiones de la Fiscalía. Esa va a ser una
línea roja por la que, desde luego, nosotros no vamos a pasar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.
A continuación, tomará la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Plural, el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Gracias, presidenta, buenos días.
En primer lugar, quiero sumarme a las consideraciones de los diputados que me han precedido. Voy a ser muy breve, señorías. El trabajo ya se ha realizado en buena parte en la ponencia y vamos a votar favorablemente al dictamen de la
ponencia. Básicamente, como se ha comentado, se trata de un trabajo de transacción, sobre todo de carácter técnico, pero es evidente que hay otras cuestiones que van apareciendo y que, por tanto, entiendo yo que se deben también tratar en el Pleno.
Por esta razón, nosotros mantendremos vivas las cinco enmiendas que Junts presentó para el Pleno. Son cinco enmiendas todas relacionadas y que tienen que ver con que entendemos que no se puede utilizar la tramitación de esta ley para
centralizar las competencias en la Audiencia Nacional, cuando hay otras vías para determinar la atribución de las competencias de los órganos judiciales.
No añadiré nada más, señorías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pagès.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
Nuestro grupo no pudo formular enmiendas por cuestiones materiales y de recursos. En cualquier caso, queríamos hacer alguna consideración. Votaremos a favor del dictamen, pero queríamos poner de manifiesto un par de cosas que hemos visto,
porque, a pesar de no haber presentado enmiendas, sí hemos estudiado el tema.
Vemos que el Reglamento de la Fiscalía Europea -como todos sabrán- fue modificado por la Directiva 2019/1937. Curiosamente, a esta directiva no se hace referencia en la exposición de motivos, cuando creemos que es sumamente importante,
porque es la última directiva que modifica el Reglamento y amplía los intereses de la Unión, eliminando los topes iniciales que estaban recogidos en la directiva anterior, a la que sí se hace referencia en la exposición de motivos. Con la nueva
modificación de la Directiva 2019/1937 se amplían las materias para las cuales es competente la Fiscalía Europea, quitando la limitación de la cuantía, como se establece en el artículo 2 de la directiva. En este sentido, entendemos que el proyecto
de ley queda obsoleto, porque tiene en la cabeza la idea de la directiva anterior de 2017, cuando debería recoger la de 2019.
Otra pequeña consideración es que creemos que ha habido una oportunidad perdida a la hora de trasponer el Reglamento, porque hay una doctrina del Tribunal Constitucional que hace referencia a los plazos de detención en cuanto a medidas
cautelares personales. Se recoge en el artículo 86 el plazo de setenta y dos horas en las que se tiene que poner a disposición y resolver las medidas cautelares. El Tribunal Constitucional ya estableció doctrina al respecto y estableció que el
cómputo de los plazos de la detención debe comenzar cuando se verifica la ejecución material del arresto por las fuerzas policiales y no cuando se hace efectiva la entrega del detenido a la autoridad judicial. No es la primera vez que la doctrina
del alto tribunal se convierte en ley y, por lo tanto, creemos que era una oportunidad para haberlo recogido.
El resto de las cosas las dejaremos para la intervención en el Pleno de la semana que viene.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Telechea.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, intervendrá su portavoz, el señor Santiago Romero.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, nosotras y nosotros nos felicitamos por la aprobación de esta ponencia, porque ya vamos tarde, muy justos para la adaptación de la normativa a lo que ordena el Reglamento del año 2017, que establece la cooperación reforzada
para la creación de la Fiscalía Europea. Este Reglamento, que incluso ya es de aplicación directa, requiere de una serie de cambios y modificaciones que deben llevarse adelante lo más pronto posible.
Además, tiene una gran trascendencia, porque es un esfuerzo para ir creando o consolidando ese espacio común de justicia en Europa, en este caso, para combatir delitos que afectan a los intereses generales de la Unión Europea; mejor dicho,
a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. No solamente refuerza ese espacio de justicia, sino que da un paso muy importante en la lucha contra fenómenos de corrupción, con respecto a delitos contra la hacienda pública
europea, como fraudes o delitos que tienen que ver con la mala utilización de subvenciones, fondos y recursos europeos, que ha sido un grave problema en muchos países de la Unión Europea durante años. Aborda un combate eficaz contra un fenómeno tan
deleznable y que tanto daño causa a las haciendas, no solamente europeas, sino de cada país, como es el blanqueo de capitales, y especialmente, contempla medidas de combate contra las organizaciones criminales que vienen lucrándose y
especializándose en este tipo de delitos y actividades fraudulentas en detrimento de los intereses colectivos, aprovechándose precisamente de la falta de construcción de un sólido espacio de justicia europea. Es decir, el esfuerzo que realiza el
Ministerio de Justicia y los grupos parlamentarios que apoyan la acción del Gobierno es en este momento fundamental y es muy de agradecer que también haya habido un amplio apoyo de otros grupos parlamentarios porque realmente el reto es muy
importante.
Nuestro país tiene ante sí la necesidad de modernizar el procedimiento penal para entrar, como el resto de los países de nuestro entorno, en un procedimiento claramente acusatorio con todas las garantías necesarias y que se separe de ese
modelo -no se sabe muy bien si inquisitorio o, más bien, mixto- que hemos venido arrastrando en nuestro país, que en ese sentido estaba en una situación un tanto anómala. Así, damos el primer paso para que sea ya la Fiscalía la que lleve el peso de
la investigación penal ante un juez de garantías que va verificar que todos los ciudadanos y todas las partes afectadas disfruten de las correspondientes garantías en el proceso penal. Creemos que este es un paso fundamental.
Eso sí, queremos hacer una puntualización, porque a nuestro grupo le ha preocupado mucho la posible pérdida de la acción popular. Quiero decir contundentemente que eso no ocurre. Este es un problema exclusivamente de denominaciones, que
tiene que ver con las denominaciones y la homologación de los conceptos de definición del proceso penal que existen en otros países europeos. El artículo 36, tal y como ha quedado en el informe de la ponencia, reconoce claramente la condición de
víctimas a asociaciones y entidades a las que se les reconoce legitimación para la defensa de intereses que se han visto afectados por la comisión del delito investigado; defensa de intereses, es decir, los mismos conceptos que se utilizan en la
legislación española y en nuestra norma constitucional para justificar la existencia de la acusación popular. Más allá de eso, el mismo artículo, en su apartado quinto, a la vez que excluye la expresión 'acusación popular', incorpora la posibilidad
de que la acción penal sea ejercitada también por asociaciones y entidades a las que la ley reconozca -incluso, en este caso, la ley nacional- la legitimación para la defensa de los intereses que se hayan visto afectados por la comisión del delito
investigado. Es decir, aunque no se vea afectada esa entidad por el fraude a la Hacienda pública o en las subvenciones, el mero hecho de que en su actividad o en su objeto social esté la defensa de intereses generales va a posibilitar que ejerza
con carácter de acusación particular lo que en nuestro modelo constitucional es una acusación popular. Lo digo porque, para este grupo, esto ha sido algo esencial y creemos que se ha solventado de una forma muy constructiva, lo cual es de agradecer
también a los servicios técnicos del Ministerio de Justicia, que nos consta que han estado buscando una solución a algo que tenía que tener solución, porque en nuestro caso es un mandato constitucional. Por tanto, el resultado respeta ese mandato
constitucional.
Por eso, nosotros simplemente anunciamos que vamos a retirar todas las enmiendas que aún están vivas por nuestra parte. También saludamos el esfuerzo realizado y, por supuesto, votaremos a favor.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santiago.
Por Grupo Parlamentario VOX tomará la palabra su portavoz, el señor Sánchez García.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿Cuánto tiempo tengo, señora presidente, por favor?
La señora PRESIDENTA: Siete minutos.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Muchas gracias. Con la venia, señora presidente.
Son muchas las dificultades que presenta este texto resultante del informe de la ponencia al que ya nos opusimos con nuestro voto negativo el lunes pasado. Son muchas dificultades las que subsisten, empezando por la propia iniciativa de
cooperación reforzada, en la que participó España -entonces gobernada por el Partido Popular- en 2017, porque no necesariamente la cooperación reforzada en materia de una Fiscalía Europea exigía la atribución de la instrucción para los delitos
contra los intereses financieros de la Unión Europea y de crimen organizado, no necesariamente exigía la atribución de esa competencia instructora a la Fiscalía Europea. Esa iniciativa de cooperación reforzada bien podría haber dispuesto que la
instrucción quedase a resultas de la aplicación o desarrollo del Reglamento por el derecho nacional de cada Estado y, por lo tanto, no hubiera sido necesario en España o en Francia o en los países en los que la instrucción sigue estando encomendada
a los jueces de Instrucción; hubiese sido imposible que la Fiscalía hubiera contraído con carácter uniforme su actuación a lo que es el ejercicio de la acusación para tales delitos. Esto no hubiera tenido nada de particular ni hubiera sido
disconforme con el ordenamiento europeo en su conjunto y hubiera sido más respetuoso, en definitiva, con las peculiaridades nacionales de los Estados. Pero en fin, se hizo así y, además, en una iniciativa en la que participó España. Ahora vemos
que el Partido Popular no está satisfecho con aquello y vuelve sobre sus pasos, sobre sus decisiones.
En segundo lugar, este proyecto está transido todo él de una voluntad de anticipar la atribución de la competencia instructora con carácter general al ministerio fiscal, digo de anticiparlo con arreglo a lo que ya está previsto en el
anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal. Nosotros encontramos graves dificultades sobre la atribución de la competencia instructora al ministerio fiscal; siquiera sea porque nos parece de muy difícil encaje en el artículo 124.2 de la
Constitución, toda vez que este precepto dispone que el ministerio fiscal se rige por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. No acabamos de entender cómo es posible encajar la independencia del fiscal instructor -la
independencia que hoy lo es del juez instructor- en un ministerio público regido por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Nos parece imposible, nos parece vana esta pretensión, más allá de lo que ha dicho el portavoz de
Ciudadanos, que dice, con razón pero insuficiente a este efecto, que lo razonable, lo lógico es que se reforme el Estatuto del Ministerio Fiscal y luego se proceda a reformar las leyes procesales penales al efecto de atribuir la instrucción a la
Fiscalía. Nosotros tenemos aquí una limitación severa que es ese artículo 124.2 y, por lo tanto, me parece que para subvertirla se precisaría de una reforma del texto constitucional, so pena de que un anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal
que finalmente sea ley fuera inconstitucional de no procederse así.
También nos oponemos a la supresión de la acusación popular. El portavoz de Podemos tergiversa por completo el texto de la ley. El portavoz de Podemos nos dice que la acusación popular subsiste en este texto porque subsiste lo que se llama
en el derecho anglosajón la class action, que en España está incorporada a las leyes civiles desde la Ley 1/2000 Me sorprende este entusiasmo norteamericano del portavoz de un partido comunista, pero que nos lo recuerde aquí en esta Europa
capitalista y decadente que ellos pretenden reformar., pero se equivoca, y además él sabe que se equivoca; luego como sabe que se equivoca, por favor, no venga aquí a contar cuentos chinos, porque no se los traga nadie, empezando por usted mismo.
El asunto de la acusación popular es muy importante y yo voy a recordar aquí una cosa que tuvo una gran repercusión política, pero más que política me atrevería a decir nacional. No es porque yo quiera ahora ponerle medallas a VOX, es que
objetivamente la tiene, les guste o no a todos los presentes, a unos les gustará y a otros no, en general no les gusta a ninguno en diverso grado. ¿Qué hubiera sido de los hechos enjuiciados en el procés sin acusación popular si VOX no hubiera
presentado querella? Me gustaría saberlo. Miro al portavoz del Partido Popular, miro a la Fiscalía -que no está aquí y, por lo tanto, la miro así elevando la mirada a las alturas, de doña Lola-, y miro al resto de los partidos políticos. Por lo
tanto, seamos serios, esta institución es decimonónica, sí, todo lo que queramos, pero en el siglo XXI acaba de dar cuenta de su altísimo rendimiento en una cuestión que supone verdaderamente una crisis nacional sin precedentes en la historia
contemporánea o con algún precedente del que son protagonistas también algunos de los partidos aquí presentes.
También nos oponemos a la fase intermedia, no es necesaria, y el Reglamento Europeo, cuya aplicación se hace mediante esta ley, no exige una fase intermedia. Pero claro, esto es de nuevo un anticipo de la reforma general consistente en la
atribución de la competencia instructora al ministerio fiscal. No es necesaria, lo han dicho en sus dictámenes el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, luego no nos gusta. Creemos que hubiera sido más
deseable, con la orientación ya expresada en mis palabras anteriores, un texto contraído a la determinación de las especialidades procesales indispensables para la aplicación del Reglamento y no la configuración de un procedimiento especial. Entre
otras cosas, porque sabemos que si la ley de Enjuiciamiento Criminal llega a entrar en vigor tendrá una vacación legal de seis años. Luego, quién nos dice a nosotros, salvo que aquí nos reunamos en una suerte de sesión espiritista o seamos Rappel,
que esa ley va a llegar a entrar en vigor y, por lo tanto, con una probabilidad alta de que este texto con este procedimiento especial sea un texto discordante con unas leyes de enjuiciamiento penal en las que no haya nada que responda a los
criterios que inspiran este texto. Pues me parece desafortunado y de poco sentido elemental de las cosas, ya no es ni siquiera una cuestión política.
Nosotros hemos presentado treinta y nueve enmiendas y hoy otras dieciocho enmiendas in voce más de las que, con arreglo a un compromiso contraído en la ponencia, solicitaremos la votación en bloque para no perturbar esta sesión plenaria de
la Comisión. Podríamos haber presentado muchas más enmiendas tratando de eliminar elementos prescindibles del texto en una línea, por ejemplo, más próxima a la ley francesa de aplicación de este Reglamento -les recuerdo que en Francia siguen
instruyendo los jueces y no el ministerio público-. A la vista del escaso éxito de nuestras treinta y nueve enmiendas iniciales, que ninguna ha prosperado, tampoco nos hemos sentido llamados a ser exhaustivos en el expurgo de este texto porque no
esperamos que tengan éxito hoy ni esas treinta y nueve ni las dieciocho adicionales, aunque en nuestro entendimiento hubiera sido deseable.
Concluyo. En esas enmiendas in voce que hemos presentado hoy advertimos errores graves en el texto del artículo 9 apartados 1 y 2 y del artículo 13 apartado 3 donde el Reglamento remite a la autoridad nacional competente. Esto se puede
interpretar de dos modos: uno -que es erróneo a mi juicio-, que es entender que la autoridad nacional competente es la que designe en la ley de aplicación el Estado miembro. A nuestro juicio, el modo acertado de interpretar esos preceptos que se
desarrollan en tales artículos del Reglamento Europeo es la autoridad nacional competente existente al tiempo de aprobación y entrada en vigor del Reglamento Europeo. Por consiguiente, tanto para la discrepancia de competencias entre Fiscalía
nacional y Fiscalía Europea como otros pronunciamientos objeto del artículo 13.3, a nuestro juicio esa autoridad no puede ser sino la judicatura, la magistratura en sentido propio, no la Fiscalía General del Estado. Creo que esto es un error grave
y no sé si, acaso en su día, pudiera dar lugar a una impugnación por vía de un recurso de inconstitucionalidad.
Por todo lo expuesto, votaremos en contra del dictamen.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez García.
Por el Grupo Parlamentario Popular tomará la palabra su portavoz, el señor Santamaría Ruiz.
El señor SANTAMARÍA RUIZ: Muchas gracias, presidenta.
La verdad es que seré breve porque nosotros también votaremos en contra de la ponencia, y además, por las mismas razones por las que lo hicimos y expusimos cuando presentamos nuestra enmienda a la totalidad.
Antes, con carácter previo, quisiera decir que agradecemos ser el objeto de atención del Grupo Parlamentario VOX y que nos distraen, enriquecen y, además, nos ilustran significativamente las aportaciones de su portavoz. Solo echamos en
falta el que hayan estado tantos años en la estación espacial Mir de lo político y que nos hayamos perdido, durante tantos años, esa capacidad de enriquecernos que tiene, especialmente el señor portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario VOX.
(Risas).
Nosotros, como partido con vocación europeísta, a diferencia de otros grupos o partidos políticos como el caso de VOX, efectivamente, formamos parte de un acuerdo que facilitaba la cooperación en materia de la Fiscalía y como resultado del
cual se aprobó un Reglamento que tuvo como consecuencia un marco jurídico que permitía a los Estados miembros adaptar la aplicación de la Fiscalía Europea con arreglo a los sistemas judiciales que en él estuvieran en vigor. Y esa es la razón por la
que nosotros nos manifestamos y nos mantenemos en contra. Creemos que se está hurtando al Parlamento un debate
político de un enorme trasfondo, cual es el de la instrucción de los procedimientos por parte de la Fiscalía y no por parte de los jueces de Instrucción. Pensamos que lo más sensato sería, hasta que se produzca ese debate, haber establecido
un régimen de alguna manera transitorio en el que no se atribuyera a la Fiscalía, en el caso de la Fiscalía Europea, la instrucción y las investigaciones de estas cuestiones. Pero, en cualquier caso, que nadie se confunda, estamos a favor de la
Fiscalía Europea, estamos a favor de que la Unión Europea y, por tanto, los europeos y, en consecuencia, todos los españoles defendamos los intereses económicos de la Unión, porque son los nuestros. De hecho, hemos propuesto en una de nuestras
enmiendas la ampliación del tipo de delitos sobre los cuales debía tener conocimiento esta Fiscalía Europea. No es una cuestión, como se dijo, de que tenga que ver esta norma con la persecución mejor o peor de los delitos de corrupción, porque
aceptar tal afirmación sería aceptar que en España no se persiguen bien los delitos que afectan a los casos de corrupción porque son instruidos por los jueces de Instrucción, lo cual me parecería una grave falta de respeto a la magistratura y
también, por supuesto, a la Fiscalía.
También estoy totalmente de acuerdo con el señor Edmundo Bal que por fin viene a los presupuestos del Partido Popular que, desde el primer momento, hemos dicho que no aceptaremos o no entraremos ni a conocer sobre el fondo de la cuestión de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tanto no se produzca, en primer lugar, la dimisión de la fiscal general del Estado. Ansiamos una Fiscalía independiente y por eso nos gusta este Reglamento, porque crea una Fiscalía independiente del poder
político y eso es lo que esperamos también para la Fiscalía General del Estado en el caso de nuestro país. En segundo lugar, porque hace falta y es imprescindible que, con carácter previo, se apruebe una modificación total, completa y absoluta del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Por contra, tampoco nos fiamos de la palabra del ministerio y mentiría si dijera lo contrario, porque nos hemos encontrado, en otros ámbitos, declaraciones del ministro diciendo blanco hoy y pasado mañana
diciendo negro. Me refiero al tema de los indultos como publicó el diario El Mundo, a cinco columnas, este fin de semana donde el Partido Socialista mantenía una postura y un día y dos años después, la absolutamente contraria. Por tanto, lo que
pedimos es seriedad y rigor al Partido Socialista. Que donde diga digo, efectivamente luego vuelva a decir digo y no diga Diego, porque esa será la mejor forma de que podamos comenzar a dialogar sobre una cuestión que, verdaderamente, exige un
pacto entre las fuerzas políticas, y esa cuestión es la de instruir los procedimientos pero sobre la base de una negociación completa y, como digo, con un Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, como apuntaba el señor Bal, al que reitero que nos
encanta que haya aceptado nuestra propuesta de enfocar el tema.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santamaría.
Finalmente, utilizará el turno de intervención de portavoces de los grupos parlamentarios el Grupo Parlamentario Socialista y lo hará el señor Aranda Vargas.
El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero hacer mención a las enmiendas transaccionales e in voce que hemos presentado y que tienen todos ustedes en su poder. En relación con el artículo 78, unas cuestiones más técnicas; respecto a la entrada en vigor de la
ley, que será al día siguiente de su publicación en el BOE, para no tener más sanciones económicas, y también quisiera hacer notar a los letrados que hay una duplicación de texto en el 36.1 y 36.5 fruto de la transaccional, quizás habría que
eliminar el texto duplicado y dejar el punto 5.
Dicho lo cual y entrando un poco en materia, me permitirán que haga una intervención un poco más genérica sobre el tema. El pasado 1 de junio se puso en funcionamiento la Fiscalía Europea, después de tres años y, en palabras de Ursula von
der Leyer, presidenta de la Comisión, está Fiscalía observará atentamente la buena gestión de los fondos de la Unión, incluido el Plan de Recuperación Next Generation, protegiendo el dinero de los contribuyentes europeos. Yo creo que en tiempos
convulsos y donde las noticias buenas llegan a cuentagotas es reseñable romper una lanza a favor de este espacio común que es Europa, que es la Unión Europea, este marco de referencia de convivencia y seguridad que ha dado, al menos, tres noticias
buenas en los últimos meses. En primer lugar, la estrategia conjunta de vacunación. En toda Europa ya van más de 250 millones de dosis administradas. En segundo lugar, los fondos de recuperación Next Generation, como decía, un auténtico Plan
Marshall para paliar los efectos económicos de la pandemia. Y ahora ese instrumento de lucha contra el fraude que, como ustedes saben, ya en 2017 se unieron dieciséis Estados y luego veintidós para colaborar en
este combate contra el fraude utilizando el procedimiento de cooperación reforzada. Así pues, el pasado martes entró en funcionamiento la Fiscalía con facultades para investigar y perseguir en territorio europeo aquellas infracciones que
atenten y perjudiquen el presupuesto europeo. Materias como el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales, el fraude transfronterizo del IVA son materias a perseguir a través de este mecanismo que hoy esta Comisión, este Congreso inicialmente
valida. Por ello me siento muy congratulado de este paso que damos a nivel colectivo en la lucha contra la corrupción y en pos de los mecanismos de cooperación reforzada. Señorías, se estima que la Unión puede estar perdiendo alrededor de un
billón de euros a través de la evasión fiscal y del fraude. Es el equivalente a que en España se perdieran 75 000 millones de euros por este motivo. Solo por el IVA en 2018 la Comisión ya anunció pérdidas por valor de 140 000 millones de euros.
Es por ello que este mecanismo va a ayudar a atajar esta sangría contra los recursos comunes con especial incidencia en la gestión de fondos europeos para la recuperación.
Señorías, en el periodo de debate que hemos tenido hasta ahora -y ser un Reglamento de aplicación directa- hemos tenido interesantes posiciones acerca de la mejor manera de adecuar la normativa europea a nuestro ordenamiento jurídico dadas
también las especialidades que tenemos, con especial relevancia a la instrucción, que ustedes ya han comentado, en manos del juez Instructor en España y, en este Reglamento, con la figura del fiscal delegado. Por eso, creo que es muy acertada la
solución encontrada para dar cabida tanto a esa dificultad procesal como a otros procedimientos como puede ser la presencia de la acusación popular. No quisiera olvidar agradecer la tarea del Gobierno a la hora de presentar un proyecto de ley que
adapta a nuestro ordenamiento un Reglamento Europeo que es de obligado cumplimiento. Quisiera hacer hincapié, otra vez, en la importancia de la lucha contra la corrupción a la que estamos todos llamados y con la que debiéramos estar comprometidos.
Y por ello, no quisiera dejar de agradecer la labor de aquellos portavoces que han mejorado con sus enmiendas el texto y que han expresado su apoyo a esta ley. Aquí, también con todo el cariño, al señor portavoz del Partido Popular quiero decirle
que esto de ser europeísta pero no apoyar la ley es como soplar y sorber. No puede ser todo a la vez. También quisiera agradecer la labor, siempre certera, de los letrados de esta Comisión que nos ayudan en nuestra labor legislativa; a mi grupo,
evidentemente, una vez más, por la confianza. Y no me quisiera olvidar del trabajo hecho en este proyecto por Juan Alcoceba, sin cuyos consejos y valía jurídica no tendríamos este resultado. Por eso espero que tengamos una aprobación mayoritaria
en esta Comisión y en el Pleno de la semana que viene y reitero mi agradecimiento a todos aquellos que, desde la discrepancia lógica, mantienen un compromiso leal y responsable con la tarea legislativa que los ciudadanos nos han encomendado. Aquí
también quisiera decir que a veces parece que venimos a examinarnos ante el portavoz de VOX. Y no, nos examinamos ante la ciudadanía. Es una cosa que quizá ustedes no saben pero yo creo que habría que dejar clara. El examen no es ante su portavoz
sino ante la ciudadanía. Sinceramente, desearía que esta fuera la tónica general y cundiera el ejemplo en otros campos como, por ejemplo, la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Para acabar, si me lo permite la presidenta, también tengo una noticia buena que darles, y es que a lo largo de los últimos meses se han aprobado ya nueve leyes en esta Comisión; en estos últimos quince meses salimos a una cada mes y medio:
la Ley pos-COVID, que hicimos al principio; la reforma del artículo 324 de la Lecrim para la modificación de los plazos de instrucción; el artículo 315 del Código Penal para despenalizar los piquetes; la Ley de eutanasia, que venía de Sanidad;
la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para regular la interinidad del Consejo; la Ley orgánica de modificación Código Penal para la erradicación de la esterilización forzosa de personas con discapacidad; la Ley por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad; la reforma del Registro Civil, y está ley para la Fiscalía Europea. Están al caer, como ustedes también sabrán, la ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y
procurador, la ley de protección de los animales y la ley de eficiencia. Así que quiero decirles que es para sentirse orgullosos y orgullosas de nuestra tarea legislativa, nueve leyes solo en esta Comisión en un momento muy complicado para nuestro
país. Es por ello que el verdadero cambio de ciclo que algunos preconizan ya se ha dado, pues el cambio de ciclo es el de poner a este Congreso a trabajar en beneficio de nuestros conciudadanos. Por eso, señorías, yo les invito a que no dejemos
que los problemas judiciales de algunos nos tapen el horizonte de esperanza de los demás.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aranda.
Con el fin de ordenar de la forma más adecuada y eficiente las votaciones, les propongo que hagamos un receso de diez minutos. Mientras tanto, con los letrados organizaremos las votaciones para hacerlas lo más rápido posible. En diez
minutos reiniciamos la sesión. Muchas gracias. (Pausa).
Señorías, vamos a tener todos un poquito de paciencia porque las votaciones son un poco laboriosas. No vamos a votar las enmiendas por separado, sino en bloque por grupos parlamentarios, tal y como hemos acordado. Iniciamos las votaciones.
Votación de las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Vasco números 27, 28 y 34.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 31.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Vasco.
Votación de las enmiendas vivas que mantiene el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que se corresponden con las enmiendas números 40 a 43 y 46.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo de Ciudadanos.
Votación de las enmiendas que mantiene el Grupo Plural números 35, 36, 37, 38 y 39.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 32; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Plural.
Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX. Tienen todos ustedes el listado de enmiendas, que empieza con la número 91 y finaliza con la enmienda 130.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 30.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX.
Votación de las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular. Tienen ustedes el listado, y se corresponden con las enmiendas números 81 a 90.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 21; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Popular.
A continuación, procedemos a la votación de las enmiendas transaccionales, in voce y de corrección técnica propuestas por el Grupo Socialista. La primera de ellas es la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista sobre la
enmienda número 18, del Grupo Vasco, al artículo 88... Perdón, 78. Es que soy disléxica. (Risas). He de confesarles que soy disléxica y que he llegado hasta aquí gracias al esfuerzo de mi madre. (Aplausos).
Votación de la enmienda número 18 al artículo 78.2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada esta enmienda transaccional.
Procedemos a la votación de la enmienda in voce presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al artículo 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 9; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada esta enmienda in voce presentada por el Grupo Socialista al artículo 29.
Procedemos a la votación de la enmienda de corrección técnica al artículo 28.2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda de corrección técnica al artículo 28.2.
Vamos con la votación de la enmienda de corrección técnica al artículo 51.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda de corrección técnica al artículo 51.
Vamos con la enmienda de corrección técnica a todo el proyecto de ley en el sentido de homogeneizar la referencia a 'esta ley' o 'ley orgánica' por 'esta ley orgánica'.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada esta enmienda de corrección técnica.
Les ha sido distribuida una enmienda in voce a la disposición final novena referida a la entrada en vigor. Votamos dicha enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda in voce a la disposición final novena.
También les han sido distribuidas las enmiendas transaccionales e in voce presentadas por el Grupo VOX. Vamos a votarlas en bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 30.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas presentadas por el Grupo VOX.
La votación final que vamos a hacer en esta sesión de hoy corresponde a la votación del texto del informe de la ponencia con la incorporación de las enmiendas transaccionales y de corrección técnica aprobadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del informe de la ponencia con las enmiendas transaccionales y de corrección técnica aprobadas. (Aplausos).
Señorías, les recuerdo que para que los votos particulares puedan ser defendidos en Pleno tienen un plazo de presentación que finaliza mañana a las 12:45 horas y han de presentar los escritos en el Registro de Comisiones.
Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a los letrados por el trabajo que han hecho. Gracias y hasta la próxima sesión de la Comisión de Justicia.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.