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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 418, de 01/06/2021
cve: DSCD-14-CO-418
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 418
HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 17
celebrada el martes,
1 de junio de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Acuerdo sobre la celebración de las siguientes comparecencias:
- De la señora ministra de Hacienda, para que explique las consecuencias presupuestarias de la revisión a la baja del crecimiento económico en 3,3 puntos porcentuales, así como las medidas que piensa adoptar para reconducir la situación
presupuestaria y no volver a poner en riesgo el estado de bienestar. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001014) ... (Página2)
- De la señora presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para que informe acerca de cuáles han sido los criterios por los que la SEPI ha considerado estratégica a la aerolínea Plus Ultra para concederle 53
millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, aun siendo una empresa que arrojaba pérdidas. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001198) ...
- Del señor vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para informar sobre las financiaciones otorgadas a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, regulado en el artículo 2 del
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 212/001016) ... (Página6)
- Del señor presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., para explicar el grave fallo en seguridad que habría provocado que el señor ministro del Interior, la señora directora general de la Guardia Civil y el señor
ex vicepresidente segundo del Gobierno, don Pablo Iglesias Turrión, hayan recibido una carta con balas en su interior, según han denunciado ellos mismos. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 212/001209) ...
Proposiciones no de ley:
- Sobre la modificación del Real Decreto-ley 35/2020 para excluir los arrendamientos suscritos por la sociedad mercantil estatal AENA. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/002115) ...
- Sobre medidas en relación con la tributación de las pensiones procedentes del extranjero. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002550) ... (Página14)
- Relativa a la mejora del funcionamiento del mercado de operadores de productos petrolíferos al por mayor de cara a reducir el fraude y permitir la libre competencia. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente
161/002583) ... (Página18)
- Por la que se insta al Gobierno a abonar de inmediato a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales el IVA adeudado de la liquidación definitiva del ejercicio 2017, practicada en 2019, tras la reciente sentencia del Tribunal
Supremo condenando al Estado a pagar a Castilla y León el importe adeudado por este concepto. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. (Número de expediente 161/002480) ... (Página22)
- Sobre la devolución del IVA pendiente del año 2017 a las ciudades españolas con tributos cedidos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002610) ... (Página22)
- Relativa a no subir impuestos a las familias de rentas medias y bajas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002611) ... (Página29)
- Sobre la adopción de medidas para mejorar el acceso a la información estadística de los tributos que componen nuestro sistema fiscal. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
(Número de expediente 161/002615) ... (Página33)
- Sobre los incentivos fiscales a las producciones cinematográficas en Canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002624) ... (Página37)
- Sobre los requisitos que resultan de aplicación a la deducción por gastos de guardería contenida en el artículo 81.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y su correspondiente desarrollo reglamentario. Presentada
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000265) ... (Página42)
Votaciones ... (Página46)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
ACUERDO SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
- DE LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA, PARA QUE EXPLIQUE LAS CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS DE LA REVISIÓN A LA BAJA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 3,3 PUNTOS PORCENTUALES, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA RECONDUCIR LA SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA Y NO VOLVER A PONER EN RIESGO EL ESTADO DE BIENESTAR. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 13/001014).
- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI), PARA QUE INFORME ACERCA DE CUÁLES HAN SIDO LOS CRITERIOS POR LOS QUE LA SEPI HA CONSIDERADO ESTRATÉGICA A LA AEROLÍNEA PLUS ULTRA PARA CONCEDERLE 53
MILLONES DE EUROS DEL FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS, AUN SIENDO UNA EMPRESA QUE ARROJABA PÉRDIDAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001198).
El señor PRESIDENTE: Muy buenos días, señorías. Vamos a comenzar esta sesión de la Comisión.
Les quiero anunciar varias cuestiones. La primera es que en cuanto al acuerdo sobre celebración de comparecencias, se van a celebrar de forma conjunta el primer punto, la comparecencia de la ministra de Hacienda para que explique las
consecuencias presupuestarias de la revisión a la baja del crecimiento económico, y el tercero, la comparecencia de la presidenta de la SEPI, ambas instadas por el Grupo Parlamentario Popular. De la misma manera, se agruparán en el punto dos las
comparecencias solicitadas por el Grupo Parlamentario VOX: la del vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y la del presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, para explicar el grave fallo en seguridad que
habría provocado que el ministro del Interior, la directora general de la Guardia Civil y el ex vicepresidente segundo del Gobierno, don Pablo Iglesias, hayan recibido una carta con balas.
También les quiero anunciar un cambio en el orden del día, solicitado por la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el punto número cinco, sobre los requisitos que resulten de aplicación a la deducción por gastos de guardería contenida
en el artículo 81.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y su correspondiente desarrollo reglamentario, pasa a debatirse como último punto del orden del día, por acuerdo de todos los portavoces. Y la iniciativa número 7.º,
que es una de PNL del Grupo Parlamentario Plural, del señor Bel, se debatirá acumuladamente con el punto número 10.º del Grupo Parlamentario Popular sobre la devolución del IVA pendiente del año 2017 a las ciudades españolas con tributos cedidos;
se hace así porque así lo ha solicitado el propio señor Bel.
Con este nuevo orden del día, pasamos al primer asunto, que es el acuerdo sobre la celebración de las siguientes comparecencias: de la ministra de Hacienda, para que explique las consecuencias presupuestarias de la revisión a la baja del
crecimiento económico en 3,3 puntos porcentuales, así como las medidas que piensan adoptar para reconducir la situación presupuestaria y no volver a poner en riesgo el estado del bienestar, junto a la del vicepresidente de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, SEPI, para informar sobre las financiaciones otorgadas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas regulado en el artículo 2 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para
apoyar la reactivación económica y el empleo.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Bas.
El señor BAS CORUGEIRA: Muchas gracias, presidente.
Efectivamente, hemos solicitado la comparecencia de la ministra de Hacienda y la de la presidenta de la SEPI, pero como viene ocurriendo de forma sistemática, los grupos que sostienen al Gobierno y que son mayoría en la Mesa, PSOE y Podemos,
vuelven a vetar las solicitudes de comparecencia que proponemos. Esta actitud, sin embargo, choca con lo expresado por la ministra Montero en su primera intervención ante esta Comisión, en donde ofrecía su disposición a colaborar con las fuerzas
políticas representadas con propuestas, capacidad de diálogo, confrontando ideas y con disposición al entendimiento. Lamentablemente, se trataba de un queda bien. Señorías, es necesario que comparezca la ministra Montero para que explique cuáles
son las consecuencias presupuestarias que conlleva la revisión a la baja del crecimiento económico en 3,3 puntos porcentuales. Debe informarnos acerca de las medidas que piensa adoptar el ministerio para reconducir la situación presupuestaria y
evitar que se vuelva a poner en riesgo el estado del bienestar.
La subsecretaria de Hacienda, la señora Herrera, afirmó que el rigor presupuestario es el garante de unos servicios públicos de calidad y, además, añadió que si no somos capaces de llevar con rigurosidad todo lo que estamos trabajando, nunca
vamos a ofrecer unos buenos servicios porque vamos a despilfarrar en ello. Esto tiene que hacernos reflexionar, ya que, precisamente en este momento, asistimos a una preocupante falta de rigor en el Ministerio de Hacienda que claramente va a
devaluar los servicios públicos y, consecuentemente, va a poner en riesgo el estado del bienestar. Con ocasión de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, ya advertimos que el cuadro macroeconómico en el que se basaban era demasiado optimista
y que la previsión de ingresos debería ajustarse a la baja. El Gobierno no nos hizo caso, no fueron rigurosos en los presupuestos y ahora se ven obligados a revisar sus estimaciones de crecimiento no en unas décimas, no, la rebajan nada más y nada
menos que en 3,3 puntos, 36 000 millones de euros menos de PIB. Desde 2009, con Zapatero, no se había visto un ajuste del crecimiento a la baja semejante. Pero esta falta de rigor es constante y también es advertida por la AIReF, quien denuncia
que la actualización del Plan de Estabilidad contiene información incompleta y una insuficiente atención a los legados de la crisis. Entre otras observaciones, la AIReF afirma que no se incluyen los objetivos fiscales, no se cuantifican medidas ya
previstas y definidas con impacto cierto en el horizonte de
la APE y no incorpora los efectos de las posibles reformas estructurales pendientes de concreción. En definitiva, una ausencia de rigor por parte del ministerio que lleva a la AIReF a estimar un aumento del desequilibrio subyacente de las
cuentas públicas y a advertir de la vulnerabilidad que supone tener una deuda pública en niveles tan elevados. Señorías, esta fuerte corrección a la baja de nuestro crecimiento económico obliga al ministerio a tomar decisiones y esas decisiones
tienen que ser conocidas por esta Comisión. Hay que evitar el riesgo de que una vez superada la pandemia, el foco vuelva a ponerse en la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, se endurezcan las condiciones de financiación y se produzca una
nueva crisis financiera y de deuda pública similar a la que sufrimos en 2008. Por tanto, la situación exige la comparecencia urgente de la ministra antes de que acabe este periodo de sesiones.
Y si la comparecencia de la ministra es imprescindible, también lo es la comparecencia de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Solicitamos su comparecencia en relación con la ayuda de los 53 millones de
euros que la SEPI y el Gobierno otorgaron a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Las consecuencias de este rescate no se limitan a la fuerte polémica generada, sino que se
ha paralizado el resto de ayudas por temor a que si se repite la arbitrariedad que se aplicó a Plus Ultra, acaben imputados todos los que participan en cada decisión. Por eso se hace necesario que la presidenta del organismo que tramitó la ayuda
comparezca ante esta Comisión para dar las oportunas explicaciones de cómo es posible que se considere estratégica una aerolínea que contaba con un único avión operativo; cómo es posible que se considerara estratégica una empresa cuya facturación
representa apenas el 0,03 % del tráfico aéreo de nuestro país; cómo es posible que nuestras pymes no puedan acceder a ayudas directas si declararon pérdidas en 2019 y que, en cambio, se le hayan concedido 53 millones de euros a una empresa que ha
dado pérdidas en todos los ejercicios desde que se creó. La presidenta deberá aclarar, además, si alguna de las dimisiones de los altos cargos del Gobierno se debió a irregularidades cometidas en la concesión del rescate a Plus Ultra, y deberá
informar también acerca de la situación de las diligencias abiertas en un juzgado por presuntos delitos de malversación y prevaricación contra todos los miembros del consejo de administración de la SEPI. Por supuesto, si tras la comparecencia se
advirtiera que el rescate incumple algunos de los criterios establecidos por ley, se debería revocar de forma inmediata la concesión de esta ayuda, recuperar los 53 millones de euros de dinero público y depurar responsabilidades tanto en la SEPI
como en el propio Gobierno.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular apelamos a su responsabilidad para que apoyen estas solicitudes de comparecencia, al entender que es obligación de todos nosotros conocer qué medidas piensa adoptar el ministerio para reconducir
la situación presupuestaria tras la monumental bajada en la previsión de crecimiento económico y conocer también qué ha ocurrido con este...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Bas.
El señor BAS CORUGEIRA: Estoy acabando, presidente.
... y conocer también qué ha ocurrido con este controvertido rescate de 53 millones de euros que concedió el Gobierno a Plus Ultra.
Por tanto -y acabo, presidente-, les pido su apoyo a la solicitudes de comparecencia de la ministra de Hacienda y de la presidenta de la SEPI, puntos uno y tres del orden del día.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bas.
¿El Grupo Parlamentario Mixto quiere intervenir? (Denegación).
Grupo Parlamentario Vasco, ¿quiere intervenir? (Denegación).
El Grupo Parlamentario Ciudadanos no está.
Grupo Parlamentario Plural, señor Bel, ¿quiere intervenir?
El señor BEL ACCENSI: Brevemente.
Simplemente, nosotros somos partidarios de que los ministros comparezcan con frecuencia en las diferentes Comisiones; de hecho, la ministra de Hacienda lo ha ido haciendo.
El tema que plantea el Grupo Popular seguramente puede resultar interesante, pero desde nuestra perspectiva todavía es demasiado pronto, en tanto en cuanto las previsiones económicas entendemos que serán certeras a partir de que tengamos los
datos del primer semestre y que, por otro lado, la ministra de Hacienda ha comparecido recientemente. Por lo tanto, no lo vamos a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Capdevila tiene la palabra.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Por idénticas razones, señor presidente; no me voy a extender más.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, señor Guijarro, tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
Solo para indicar que estamos de acuerdo con los anteriores portavoces en el sentido de que la ministra ya venía compareciendo regularmente y no vemos ningún motivo para acelerar ese ritmo.
Por lo demás, respecto a la solicitud de comparecencia de la presidenta de la SEPI, insistimos en que, en fin, si el Grupo Popular tiene una teoría creativa sobre supuestos vínculos con Cubazuela del norte, para eso están los tribunales, les
invito a que hagan uso de ese derecho que les es preceptivo, y que podamos seguir en esta Comisión haciendo un trabajo serio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Manso tiene la palabra.
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Nosotros sí que somos partidarios de las comparecencias de la ministra de Hacienda y del vicepresidente de la SEPI. Nos parece que hay mucho que explicar cuando, como ha indicado bien el portavoz del Grupo Popular, se estimaba un
crecimiento del 9,7 %, que fue denunciado incluso por el gobernador del Banco de España como excesivo y sobre el que se construyeron las cifras de recaudación que al final arrojaban un déficit de 94 000 millones, que ya va a ser más, lógicamente,
puesto que el crecimiento va a ser un tercio menos del esperado. Y hay mucho que explicar cuando se ha alcanzado un porcentaje de deuda sobre el PIB, al cierre del primer trimestre de este año, del 125,2 %, escenario que para el Banco de España era
el que se produciría al cierre del cuarto trimestre de 2023 en el peor de los casos. Es decir, hemos alcanzado el peor escenario pronosticado por el gobernador la semana pasada o la anterior, ahora no lo recuerdo, y lo hemos alcanzado nada más y
nada menos que siete trimestres antes. Es decir, las situación es cuando menos muy preocupante. Y es muy preocupante porque también se ha hablado de subida de tipos. Miren ustedes, desde el cierre de diciembre hasta ahora, las subastas de deuda
pública en el bono a diez años, que es el que nos sirve de referencia, han subido 60 puntos básicos, es decir, una auténtica barbaridad. Además, nos tememos mucho el uso que se va a hacer del fuerte rebote que se espera; necesitamos dos
crecimientos continuados del 6 %; es decir, crecer dos años al 6 % para poder alcanzar las mismas cifras que en 2019. Lo que no queremos es que ahora nos digan: es que este año vamos a crecer mucho; claro que vamos a crecer mucho, porque nos
hemos dado una gran bofetada... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Manso.
Señorías, se oye un ruido de fondo que imposibilita prácticamente escuchar al interviniente. Yo les rogaría que quien tenga que hablar lo haga fuera y respetemos a quien tiene el uso de la palabra.
Puede seguir, señor Manso.
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, señor presidente.
Les insistía en que necesitamos crecer este año y el próximo al 6 % -ese 6 % es bastante alto, como ustedes saben, aunque es posible que se dé- para poder alcanzar los niveles de 2019. Estamos un poquito hartos del triunfalismo de la
ministra de Hacienda y del Gobierno y, por lo tanto, queremos que nos expliquen estas cifras.
Lo de Plus Ultra nos parece un auténtico escándalo. Dar 53 millones de euros por un procedimiento vamos a llamar de urgencia -porque aquí es urgente lo que es urgente; por ejemplo, insisto una vez más en la eutanasia- a una compañía que no
cumplía las condiciones, pues, al final, deberíamos investigar si, como dicen las noticias de prensa, el dinero ha ido a financiar los bonos que el Gobierno venezolano era incapaz de colocar en los mercados. Creemos que la ministra de Hacienda o el
vicepresidente de la SEPI en este caso comparezcan con regularidad -no es el caso de este último- no es óbice cuando los
temas son de extraordinaria urgencia y rozan el escándalo y, por lo tanto, nos adherimos a la propuesta del Grupo Popular de solicitar estas dos comparecencias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Manso.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Blanquer tiene la palabra.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, señor presidente.
Desde nuestro grupo entendemos, y queremos dejar constancia de ello, que en la Mesa y portavoces se acordó que la Comisión tratara solo proposiciones no de ley y que dejáramos para otro momento las comparecencias, pero lo que está claro es
que tanto el Grupo Popular como VOX han querido forzar la votación tanto en la Mesa como aquí en la Comisión, porque están empeñados en tensionar por tensionar. Una vez más, el Grupo Popular y VOX, lejos de realizar una oposición constructiva,
basan toda su estrategia en hacer una batalla frontal contra el Gobierno y utilizan cualquier instrumento a su alcance para ello.
Como bien se ha dicho por alguno de los portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra, la ministra Montero nunca ha tenido ningún problema para comparecer en esta Comisión; de hecho, ha comparecido más veces en un año que el
ministro Montero en una legislatura completa, en cuatro años. La ministra de Hacienda ha comparecido en esta Comisión cuatro veces, la última, el 22 de abril, muy recientemente, y ha dado siempre cumplida respuesta a las peticiones que se le han
hecho por la Cámara. También cabe destacar cómo todas las veces que ustedes la han requerido han contado con su presencia; así, en el Pleno ustedes le han planteado tres interpelaciones urgentes, en lo que llevamos de año, siete veces, y le han
realizado treinta y cuatro preguntas orales en Pleno. Por tanto, el control al Gobierno está garantizado y, desde luego, no tiene ningún sentido lo que ustedes están planteando y como están forzando este tipo de votaciones. Con respecto al
contenido de lo que proponen, está muy claro, la ministra de Hacienda ya vino en su momento para dar cobertura a las cuestiones que ustedes planteaban. Es más, hablan de rigor, rigor que desde luego el Grupo Popular no tiene, porque ustedes deben
saber que las previsiones económicas las hace el Ministerio de Economía, no las hace el Ministerio de Hacienda. Además olvidan datos interesantes que también han manifestado otros compañeros, como que la previsión de España en 2021 por parte del
Fondo Monetario Internacional asciende a un 6,4 %, cinco décimas por encima de la previsión de enero y, desde luego, la recuperación está siendo más rápida de lo esperado. Como decía, según el Fondo Monetario Internacional la economía española
crecerá este año más que ninguna otra; solo será igualada por los Estados Unidos, el país que lidera junto a China la recuperación de esta crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
Con todo esto, evidentemente, nuestro grupo votará en contra de estas comparecencias que solicitan. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
- DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI), PARA INFORMAR SOBRE LAS FINANCIACIONES OTORGADAS A TRAVÉS DEL FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS, REGULADO EN EL ARTÍCULO 2 DEL
REAL DECRETO-LEY 25/2020, DE 3 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 212/001016).
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E., PARA EXPLICAR EL GRAVE FALLO EN SEGURIDAD QUE HABRÍA PROVOCADO QUE EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL Y EL SEÑOR
EX VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO, DON PABLO IGLESIAS TURRIÓN, HAYAN RECIBIDO UNA CARTA CON BALAS EN SU INTERIOR, SEGÚN HAN DENUNCIADO ELLOS MISMOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 212/001209).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a lo que sería el punto número dos, en el que se van a debatir las siguientes comparecencias: del vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para informar sobre las
financiaciones otorgadas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia
de Empresas Estratégicas regulado en el artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y de empleo y, a su vez, la del presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A., para explicar el grave fallo en seguridad que habría provocado que el ministro del Interior, la directora general de la Guardia Civil y el ex vicepresidente segundo del Gobierno, don Pablo Iglesias Turrión, hayan recibido una carta con balas
en su interior, según han denunciado ellos mismos.
Para este debate, por el grupo proponente, el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor González Coello.
El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros pedimos la comparecencia del vicepresidente de la SEPI, presidente en funciones cuando se adjudicaron las ayudas a la sociedad Ávoris, consecuencia de la fusión entre el Grupo Barceló y el Grupo Globalia. Una de ellas, la
mayoritaria, Barceló, en meses previos al 31 de diciembre del año 2020, presumía de estar en una situación de caja extraordinaria; literalmente dijo que tenía más de 1000 millones de euros. Uno de los requisitos del real decreto del Gobierno del
Fondo estratégico decía que esto era la última instancia; a una sociedad fusionada que presume de tener una situación de caja envidiable no entendemos por qué se le dio esta ayuda y si no había algún otro mecanismo. Tampoco entendemos muy bien la
operación realizada en el caso Duro Felguera, sociedad con una situación de patrimonio negativa, por lo tanto, incumpliendo otra vez más el articulado del mismo real decreto, y desconocemos si esta sociedad ha puesto un aval a disposición, como dice
el real decreto del Estado, por la ayuda que ha recibido. Y no voy a hablar más de Plus Ultra, esta operación de la infamia que es inexplicable; yo, como analista financiero con muchos años de experiencia, digo que no hay por dónde agarrarla. Por
eso pedimos que venga el vicepresidente de la SEPI. El artículo 110 de la Constitución nos da ese derecho, que ha sido conculcado sistemáticamente por el Gobierno. Y, además, pedimos que venga el vicepresidente de la SEPI y no la señora ministra,
porque la señora ministra con su desparpajo tiene siempre la habilidad de decir mucho y no decir absolutamente nada y no responder nunca a una sola de las preguntas que este grupo por lo menos le ha hecho; no ha respondido nunca; y otra habilidad
que tiene es la de la mentira constante en este Gobierno de la mentira. Es un ultraje, estamos cansados del Gobierno que gobierna por decreto, más de cuarenta y ocho; han batido todos los récords de la democracia en menos de un año; no se había
dado nunca. Y los grupos que gobiernan deberían ser algo más caritativos con el resto de las formaciones, que tienen la obligación de hacer una labor de fiscalización al Gobierno.
Asimismo, hemos pedido la comparecencia del presidente de la Sociedad Estatal de Correos, el amigo del presidente Sánchez colocado en Correos, para que nos venga a explicar los gravísimos fallos de seguridad con esas balas que parece ser que
no fueron detectadas, que tanta alarma despertaron durante el proceso electoral y que ahora parece ser que han dormido el sueño del olvido. Pero a nosotros no se nos olvida, queremos depurar las responsabilidades y vemos muy pertinente que el amigo
del presidente Sánchez colocado como presidente de Correos venga a esta sala a rendir cuentas. Entiendo que especialmente el Grupo Podemos debería tener por lo menos el mismo interés en depurar responsabilidades, y que se nos explique a qué se
deben esos graves fallos de seguridad en Correos.
La realidad es que aquí no viene absolutamente nadie, no se nos ha concedido ni una de las solicitudes de comparecencia que hemos pedido, ni una. Por lo tanto, que digan que el Gobierno está siendo transparente, el Gobierno que gobierna por
decreto, vuelvo a repetir, batiendo récords en la historia de la democracia, nunca ha habido un gobierno que haya gobernado con tantos decretos y que haya publicado tantos decretos como este, es, objetivamente hablando, una mentira. Presentamos
estas solicitudes y, como estamos acostumbrados, estoy convencido de que nos las tumbarán, pero no por eso dejamos de cumplir con nuestra obligación, que es exigir que por distintas responsabilidades, altos cargos del Gobierno vengan a rendir
cuentas a esta Cámara.
Nada más que decir. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
¿El Grupo Parlamentario Mixto quiere intervenir? (Denegación). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegación).
Grupo Parlamentario Plural, señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Respecto a la solicitud de comparecencia de la presidenta de la SEPI y la anterior del vicepresidente -como no me he posicionado aprovecho para hacerlo ahora-, quiero comentar una cuestión de fondo y hacer una reflexión para los grupos que
apoyan al Gobierno. De entrada, no somos partidarios de que se pidan solicitudes para situaciones específicas que afectan a empresas concretas, porque aquí se debe ser transparente, pero también respetuoso con las situaciones patrimoniales de cada
una de las empresas y de los accionistas. Por tanto, esta solicitud genérica de comparecencia para pedir explicaciones de determinadas ayudas a empresas concretas no nos parece la más adecuada.
Respecto al tema de la aerolínea Plus Ultra, hemos solicitado información al Gobierno y se nos está facilitando parcialmente, seguramente de manera insuficiente. Si llega el momento y este extremo no se clarifica por los cauces que
entendemos que se debe clarificar en este momento procesal, no descartamos apoyar o incluso solicitar comparecencias, no sé si de la SEPI o de algún otro cargo. Pero en estos momentos entendemos que no procede.
En relación con Correos, sinceramente por muy amigo que sea el presidente del Gobierno del presidente de Correos, este tema se debe tratar también con la discreción necesaria, sin amplificar unas acciones que son absolutamente reprobables.
Como diputados tenemos los mecanismos necesarios para poder saber qué ha pasado sin darle un altavoz a este tipo de acciones.
Por tanto, no vamos a votar a favor de ninguna de las solicitudes de comparecencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos el señor Guijarro tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
Intervengo solo para hacer algún comentario. Respecto a la solicitud de comparecencia del vicepresidente de la SEPI me voy a remitir a lo dicho anteriormente, no hay mucho más que añadir.
Respecto a la solicitud de comparecencia del presidente de Correos, quisiera decirle simplemente al señor González que nuestro grupo parlamentario está interesado en aclarar los posibles fallos de seguridad que se hayan dado. Sencillamente,
no creo que esta comisión sea el espacio para hacerlo. El señor Hernández¿?¿? ha dicho ser un experto granjeado en análisis financiero -seguro que es cierto-, pero seguramente esto le limita para ser un experto en términos de seguridad, como
también lo soy yo. Con esto quiero decir que este no es ni el espacio ni el lugar ni el momento de depurar responsabilidades si se hubieran producido en este sentido.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Preparando estas dos peticiones de comparecencia se me ocurrió hacerlo con el sufijo griego -ismo, porque solo se me ocurren palabras acabadas en -ismo como, por ejemplo, amiguismo. Hablo de los 200 000 euros de
sueldo que tiene una persona que en su currículum lo único relevante que tiene es que es amigo del presidente y ex jefe de gabinete del presidente. Una persona que desde su puesto se dedica a financiar cursos de verano o de invierno de la mujer del
presidente, mientras su empresa, por la que cobra 200 000 euros por gestionarla, navega entre la precariedad de sus empleados y el desmantelamiento del servicio público universal. Por ejemplo, se gasta 250 000 euros en un nuevo logo para la
empresa, mientras no hay dinero para sustituir a los carteros rurales y les hablo de primera mano. En los pueblos de Extremadura, que son los que conozco, no hay carteros rurales sustitutos para los que se ponen enfermos o se ausentan de su puesto
trabajo por cualquier causa. No hay dinero para eso, pero ahí 200 000 euros para un nuevo logo, igual que hubo 2 millones de euros para una consultora en Panamá y no para que los escáneres funcionen correctamente. La empresa que gestiona este
señor perdió el año pasado 338 millones de euros, que pueden dispararse a 400 millones en 2021 si no se toman las medidas oportunas, mientras uno de cada tres empleados de Correos navega en la precariedad, y cuando hablo de precariedad hablo de
contratos de días, no de contratos de semanas, hablo de contratos de días.
Se me ocurría otro -ismo y que para este Gobierno es muy apropiado, que es el oscurantismo, porque cuando dan una ayuda de 53 millones de euros a una empresa con un avión en funcionamiento,
que opera el 0,03 % de los vuelos que operan en nuestro país, que tiene vínculos con alguna dictadura latinoamericana y que, como he dicho, tiene únicamente un avión en funcionamiento, lo hace con dinero de todos, por lo que esto creo que se
merece una explicación, esto merece que vengan a esta casa, a la casa común de todos a explicar en qué condiciones y cómo dieron esa ayuda. Exigimos transparencia para esos 10 000 millones de euros de ayudas del fondo de la SEPI y exigimos
transparencia específicamente en cuanto a la participación en la concesión de esta ayuda de la ministra de Hacienda, qué hizo, qué no hice, qué se le puede imputar y qué no y del ministro de Fomento exactamente igual, el que nos da lecciones a
diario. Queremos poder saber por qué mientras aún no se ha entregado ni un euro de los 11 000 millones de euros a nuestros autónomos y empresarios, hay empresas como esta que cobran 53 millones de euros de un fondo y no seamos en qué condiciones.
Se me ocurrió otro -ismo que define también a este Gobierno, que es el surrealismo. No estoy hablando de Dalí, sino del Gobierno de Sánchez. Todo lo que pasa en esta casa es surrealista, aplazan sine die los proyectos de ley, se vetan
comparecencias sin explicaciones, incluso se miente abiertamente aquí, en el Congreso. El ministro Montoro acudió hasta en dos ocasiones a la Comisión de Presupuestos en la legislatura pasada -esa estadística la portavoz socialista la obvia-,
mientras la actual ministra se niega a comparecer y la presidenta de la Comisión se niega a convocar la Comisión. Los que estuvimos en esta casa durante el Gobierno del Partido Popular y vimos la actitud del Partido Socialista entonces, nos parece
absolutamente surrealista que estén comportándose así. Únicamente exijo un poco de coherencia con aquello que decían cuando estaban en la oposición, coherencia y respeto a las normas de esta casa.
El último -ismo que se me ocurrió lo ha acuñado esta mañana mi compañero siempre brillante y preclaro Mario Garcés, y es barranquismo, que es el deporte que practica este Gobierno desde la pasada semana. El barranquismo, uno va delante y el
resto va detrás. Yo solo quiero hacer una reflexión final -si me la permite, señor presidente-, mientras caen todos por ese barranco piensen en España, piensen a dónde están llevando a España, piensen las vías de descrédito de todas y cada una de
las instituciones de este país que están abriendo en canal, piensen en que no van a seguir ahí toda la vida, piensen que algún día no estarán y que ese día querrán hacer -como queremos hacer el resto de grupos de la oposición- su trabajo de control,
para el que nos pagan los españoles cada mes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
Para finalizar, tiene la palabra la señora Blanquer, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Señor Píriz, si algún -ismo se le conoce al Partido Popular es el de transfuguismo; acaben con el transfuguismo ya de una vez. (Aplausos). Si quiere hablar de sufijos, yo le voy a hablar del sufijo -ista.
Ustedes son unos partidistas y lo hacen en cualquier sitio que ocupan, son totalmente partidistas, anteponen su interés partidario y partidista al interés general. Lo hemos visto durante todo este proceso, con una pandemia tan fuerte como la que
hemos vivido y una crisis tan elevada, su única estrategia ha sido presentar batalla contra el Gobierno. Y esto lo estamos viendo. Nos parece muy bien que soliciten cuantas explicaciones requieran, ya les he explicado que este Gobierno está siendo
transparente y respetuoso. Ustedes solicitan las peticiones de comparecencia y nosotros valoramos la idoneidad de ellas. Nosotros somos muy respetuosos. Solo le pido al portavoz de VOX que también lo sea y deje de insultar. Porque los insultos
solo descalifican a aquellos que los dicen y usted en toda su intervención lo único que ha hecho es descalificar, descalifica a la ministra, descalifica al Gobierno. Además, tanto el Partido Popular como VOX juegan al descrédito, al descrédito de
las empresas, al descrédito de las instituciones, al descrédito de todos, porque juegan a aquello de 'difama que algo queda'. Oigan, ya está bien.
El Grupo Parlamentario Socialista por todas estas razones y justificaciones que hemos dado en las dos intervenciones votará en contra de las peticiones de comparecencia que han hecho estos dos grupos. Si tienen algo que denunciar,
denúncienlo donde tienen que denunciarlo y dejen ya de difamar. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 35/2020 PARA EXCLUIR LOS ARRENDAMIENTOS SUSCRITOS POR LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AENA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/002115).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al siguiente punto del orden del día, proposiciones no de ley.
Tal y como les había anunciado, el punto número 5 se debatirá al final. Por tanto, pasamos al punto número 6, proposición no de ley sobre la modificación del Real Decreto 35/2020, para excluir los arrendamientos suscritos por la Sociedad
Mercantil Estatal AENA.
Tiene la palabra para su defensa el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero señalar, señor presidente, que, como sabrá, esta proposición no de ley ha sido ampliamente autoenmendada y, de ser fructuoso el resultado, las enmiendas incluso afectarían al propio título, por
una cuestión de coherencia.
No se le oculta a nadie que el sector del transporte aéreo ha sido uno de los más afectados por la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Ha sufrido una pérdida de 160 millones de pasajeros en 2020, que suponen un descenso del 72,4 % en el
total del año anterior, incluyendo los meses de enero y febrero que fueron de total normalidad, muy por encima en pérdidas de los principales países de nuestro entorno. En paralelo, los sectores más afectados por esta brusca caída del tráfico aéreo
han sido los comercios y restaurantes sitos en la red de aeropuertos de AENA, que cuentan con la singularidad de la ubicación cuando las cosas van bien, pero cuando no hay tráfico sufren un auténtico aislamiento.
En este contexto, se entiende que una reducción del 50 % de la renta o la moratoria de su pago durante el estado de alarma, prorrogable hasta un máximo de cuatro meses -derivado todo ello del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre-, es
claramente insuficiente para evitar quiebras y despidos en los comercios y restaurantes sitos en los aeropuertos. Actualmente estamos en un dilema jurídico. De un lado, AENA, en legítima defensa de sus accionistas, se ampara en el citado Real
Decreto 35/2020, respecto a los arrendamientos de las entidades públicas empresariales del sector aeroportuario, sin perjuicio de la legislación aplicable en base al derecho civil propio de Cataluña, que esa sería otra discusión. Por otro lado, en
los últimos meses -de ahí en parte la necesidad de actualizar y autoenmendar nuestra proposición no de ley- ha habido muchas resoluciones judiciales emitidas por diversos tribunales acordando medidas cautelares favorables a los arrendatarios de los
locales para actividades comerciales y de hostelería en la red aeroportuaria de AENA. Singularmente, en las últimas semanas el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia -que entendemos que puede sentar jurisprudencia- que descarta que la actividad
de restauración y resto de actividades comerciales que se desarrollan en esos lugares se puedan regir por la modalidad de contratos privados. La consecuencia de esta sentencia es que AENA no puede aplicar la Ley de Arrendamientos ni el real decreto
antes mencionado para imponer el cobro de rentas mínimas garantizadas porque el Alto Tribunal supone que se tratan de concesiones.
La verdad es que es apasionante el debate jurídico y seguramente daría mucho de sí, pero nuestra proposición no de ley intenta soslayarlo e ir al debate político. En cuanto a que todos nosotros representamos de la voluntad popular y, a
través de tan alta representación, representamos la voluntad por elevación de la propiedad a través del Ejecutivo y de la SEPI del 51 % de las acciones de AENA, hemos autoenmendado nuestra proposición no de ley actualizándola y centrándola en el
debate político. Ya que somos propietarios de una parte decisiva del accionariado de esa compañía preferimos que se comporte como un casero sensato a que se comporte como un fondo buitre, siendo razonable y que llegue a un acuerdo con el
arrendatario de esos espacios aeroportuarios para estar bien preparados para cuando -esperemos que pronto- llegue la recuperación del tráfico aéreo.
Le agradezco su comprensión, señor presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Por tanto, tiene la palabra su portavoz, el señor Manso.
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, señor presidente.
Me ha extrañado que el Partido Republicano -que, además, va de anticapitalista- se preocupe por este tipo de empresariado, porque el empresariado que arrienda locales en los aeropuertos no es un empresariado normalmente pequeño, suele ser un
grande. Pero, dicho esto, le reconozco al señor Capdevila lo que dice el Levítico, capítulo 19, versículo 15, es usted un hombre justo porque no hace afección del rico.
De todo lo que han expuesto ustedes solamente nos disgusta que en la exposición de motivos incidan en el derecho civil catalán. Está muy bien, pero es que existen más derechos civiles. Si ustedes son representantes -les guste o no- de
todos y cada uno de los españoles, aunque hayan salido por una provincia catalana, eso mismo que han puesto en la exposición de motivos no estaría de más que lo pusieran respecto de todos los derechos civiles.
Dicho esto, en el punto primero se han autoenmendado en el mismo sentido que nosotros proponemos en nuestra enmienda. La segunda enmienda que se hacen al segundo punto es la que nosotros proponíamos, pero un poco ampliada y, en su caso,
mejorada, por lo tanto, la apoyaremos. Pero nosotros les proponemos algo más. Primero, cuatro meses de plazo después de la declaración del último estado de alarma nos parece poco, alarguemos la posibilidad de moratoria hasta el 31 de diciembre de
este año. Segundo, el artículo 1 del real decreto que regula las ayudas que estamos proponiendo al Gobierno que enmiende propone o moratoria o rebaja de los arrendamientos y nosotros proponemos que dé las dos alternativas, no una u otra, rebaja de
renta y moratoria. Tercero, ese mismo real decreto da hasta veinticuatro meses para regularizar los recibos que no hayan podido ser atendidos. Nosotros les pedimos que se alargue ese periodo hasta treinta y seis meses.
Por todo lo demás, mis felicitaciones al Grupo Republicano por acordarse en esta ocasión de los empresarios sin hacer afección de si son grandes o pequeños porque tanto los grandes como los pequeños crean empleo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Manso.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Mazón.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
Buenos días. Efectivamente, comparto que es una PNL muy interesante, mucho más después de los cambios tan notorios que han realizado con su enmienda porque realmente la modifican totalmente.
Quiero decir algo con carácter general. Esta iniciativa es muy adecuada para el tema de AENA, pero es cierto que el equilibrio en los contratos es algo que siempre debe existir y ha existido. Incluso en el derecho civil, en los casos de
arrendamientos de fincas rústicas, cuando había alguna circunstancia especial se obligaba a un tipo de acuerdo que estaba incluido. Por tanto, mucho más en las concesiones ya que vienen reguladas por ley y según esta sentencia las concesiones deben
tener un equilibrio y existe el derecho a conseguir el equilibrio en las concesiones.
Esto viene al caso porque en algunas otras ocasiones he dicho que en toda esta pandemia y en las medidas tomadas hay una responsabilidad de la administración, una responsabilidad patrimonial. No es lógico que el sector privado tenga que
sufrir una serie de consecuencias que el sector público no las tiene que soportar. Los empleados públicos siguen manteniendo su estatus a pesar de todas las restricciones y decretos, sin embargo, los empleados del sector privado no, y no digo nada
respecto a los empresarios y autónomos. Siempre va a estar la espada de Damocles de la responsabilidad patrimonial.
En este caso, tal y como se ha redactado, me parece que está muy bien planteada esta iniciativa, se está buscando el equilibrio en los contratos, se está buscando que haya un acuerdo entre ambas partes y, además, están los tribunales detrás
exigiendo que haya un equilibrio. Por lo tanto, vamos a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco la señora Sagastizabal tiene la palabra.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Nosotros también vamos a apoyar esta proposición. Como bien se ha dicho, se ha autoenmendado y ahora la vemos más adecuada. Como ha dicho el señor Mazón, se busca el acuerdo y el equilibrio. Además, es cierto que el Tribunal Supremo ha
tumbado el modelo comercial de AENA porque dice que los contratos son concesiones porque pagan una renta mínima garantizada anual, independientemente de los
resultados de la actividad. Por lo tanto, acerca todos esos contratos al ámbito de la contratación pública. También es cierto que AENA ha tratado de llegar a acuerdos con las partes, ajustando algunos contratos; muchos han aceptado sus
propuestas mientras que otros han judicializado el proceso. Además, parece ser que AENA entiende que la sentencia del Tribunal Supremo no modifica su actual modelo comercial. Nosotros discrepamos de eso y creemos que tiene que hacer caso a lo que
dice la resolución del Tribunal Supremo.
Por todo ello y viendo que es una PNL acorde a lo que decimos y que busca el acuerdo y el equilibrio, votaremos a favor, como he dicho al principio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
A continuación, la señora Martínez por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias a los portavoces de los distintos grupos por haber aceptado el cambio de mi proposición no de ley ya que los horarios de los trenes son un poco complicados. Por tanto, gracias a todos y a la
Presidencia de esta Comisión también.
Respecto a la proposición no de ley que trae hoy aquí Esquerra Republicana, creemos que es acertada. Los comercios que se sitúan en los aeropuertos tienen un tipo de cliente y de actividad muy específica. Como bien dicen al inicio de la
exposición de motivos y que también veo correcto, no pueden diversificarse para poder mejorar sus ingresos y ventas. Por tanto, por la crisis del coronavirus, las restricciones de los vuelos y la consecuente falta de clientela los alquileres tienen
que equilibrarse de alguna manera.
Hemos leído la autoenmienda realizada y hemos visto que hay otras enmiendas. Si finalmente hacen una transaccional, la revisaremos, pero a priori sí que votaremos a favor de la iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos el señor Guijarro tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Creo que cuando hablamos de AENA siempre es bueno recordar cómo hemos llegado hasta aquí. Como ustedes bien saben, se trata de una sociedad mercantil estatal que fue privatizada en el año 2015 por el Gobierno del señor Rajoy. Una
privatización que se produjo en condiciones -vamos a decirlo así, para ser suaves- sospechosas. El precio de salida a bolsa fue muy inferior al que se había calculado inicialmente, hubo grandes emolumentos y miles de millones de euros que se
repartieron de una mano a otra sin saber muy bien por qué ni a dónde. En ese sentido, volvemos a denunciar desde aquí el proceso de privatizaciones que se ha dado en España en los últimos años y las penurias que ha traído y que va a seguir
trayendo. En el caso que nos ocupa, una vez que ha sido privatizada AENA es verdad que el margen de maniobra del Gobierno queda mucho más limitado. Por eso, no hay que privatizar servicios tan estratégicos como los que presta esta entidad.
Dicho esto, es verdad que AENA ha venido negociando con distintos concesionarios hasta el punto de que, según rezan las informaciones a las que he tenido acceso, tiene ya acuerdos con aproximadamente dos tercios de los operadores, es decir,
AENA ya se ha movido para buscar una negociación que sea óptima para las partes. En el fondo, señorías, aquí las partes o actores no están obligados necesariamente a sentarse a alcanzar un acuerdo. Esto ya no va tanto de un debate sobre
capitalismo o socialismo -que parece que se ha iniciado hace unos minutos-, sino sobre el sentido común de los distintos actores económicos a la hora de actuar en un escenario complejo como en el que estamos. Está claro que a AENA no le conviene
que esos concesionarios quiebren, al igual que a esos concesionarios no les conviene que AENA termine por tener una cuenta de resultados fallida. Por tanto, entendiendo que hay intereses cruzados, lo obvio y lo más razonable es que lleguen a un
acuerdo que satisfaga a ambas partes.
La autoenmienda que ha introducido Esquerra Republicana de Catalunya va claramente en este sentido. En la primera redacción es verdad que había un primer punto resolutivo que sí nos podría generar alguna distorsión -por decirlo de alguna
manera; sin embargo, la redacción nueva que presenta Esquerra
parece que está libre de toda polémica en este sentido, ya que lo único que hace es instar a una acción razonable, que es que los actores se sienten, negocien y acuerden.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Castellón.
El señor CASTELLÓN RUBIO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero referirme a la intervención del representante de Podemos, porque cada vez que habla lo que dice no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Me refiero a cómo aborda sus intervenciones. Hoy ha hecho una serie
de afirmaciones que están totalmente fuera de lugar. Hace unos minutos se negaba a que el Gobierno compareciera en sede parlamentaria para explicar el bochorno de Plus Ultra y ahora viene a sembrar sospechas y dudas sobre cómo se produjo la
privatización de AENA hace ya unos años. Sin embargo, de Plus Ultra no podemos hablar en sede parlamentaria, sino que tiene que circunscribirse a los juzgados. (Aplausos). Es la doble vara de medir de los representantes de Podemos, que sobre las
ayudas públicas que ellos gestionan están poco a favor de la transparencia.
Creemos que esta PNL es muy acertada, viene en la línea de las iniciativas que el Grupo Popular ha presentado en esta Cámara y, además, es un claro ejemplo de la insensibilidad de este Gobierno con las empresas. No podemos extrañarnos de
que las previsiones de la OCDE digan que vamos a ser los últimos en salir de la crisis. Con un Gobierno que cada vez que puede pone la mano en el cuello de las empresas que dependen de él -es decir, no solamente no las ayuda, sino que las asfixia-,
lógicamente estos datos son muy consecuentes.
Quería hacer referencia a lo que ha instado el Gobierno con el sector retail. Resulta que hemos instado a que el retail sea un gran ejemplo de asunción de manera solidaria de los costes de la crisis. De hecho, los operadores y los grandes
tenedores de centros comerciales han llegado a acuerdos en el 90 % de los casos; son un gran ejemplo de cómo se han asumido, como decía, de manera solidaria, los costes de esta crisis y, sin embargo, el sector público estatal no ha movido un solo
dedo para despejar esa sombra de duda sobre el despido y sobre la incertidumbre, con esas 12 000 personas que dependen del sector, en este caso retail, ligado a AENA. Este sector ha visto caer sus ingresos en un 84 % y, sin embargo, ¿qué se
encuentran los operadores? Se encuentran con el chantaje y la extorsión, con cómo las propuestas de AENA desde el mes de febrero se basan en cobrar el 100 % de la renta del alquiler y, además, con la amenaza a las empresas con la ejecución de los
avales, algo que está fuera de todo lugar.
Nosotros creemos que la única salida que se ha dado a los operadores ha sido la de acudir a los tribunales, precisamente lo contrario que han hecho en el sector retail no ligado al sector público empresarial, y que los operadores tienen dos
posibilidades: por un lado, que esos contratos de arrendamiento sean objeto de derecho privado y que el Estado, por tanto, tenga que autoimponerse, a AENA en este caso, las mimas exigencias de los operadores de sector retail o, por otro lado, lo
que venía en línea -y termino, señor presidente- con la autoenmienda de Esquerra Republicana, que efectivamente sean contratos con una forma jurídica de concesión administrativa. Por tanto, aquí va a primar en un futuro el reequilibrio económico de
las concesiones, va a haber que evitar el enriquecimiento injusto de la Administración y los tribunales nos van a condenar casi con toda seguridad a reequilibrar esas concesiones. Por tanto, nosotros estamos a favor de que, previo a esa
judicialización, se llegue a acuerdos de manera extrajudicial antes de llegar a los juzgados y que se satisfaga gran parte de las propuestas del sector de los comerciantes y del sector en su conjunto.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellón.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ CABALLERO: Gracias, señor presidente.
En los momentos difíciles tanto en la política como en la vida hay dos formas de posicionarse: ser parte del problema o ser parte de la solución y el Grupo Parlamentario Socialista, como este Gobierno, se posiciona de parte de la solución,
de un acuerdo razonable y a largo plazo para AENA y las empresas vinculadas con contratos de cesión de locales.
Pensamos en soluciones equilibradas que sean sensibles con la situación que atraviesan las empresas arrendatarias, como también la compañía que gestiona los aeropuertos estratégicos de nuestro país como
es el caso de AENA. Es una compañía mercantil con participación pública que se autofinancia, tenemos que recordarlo, que no recibe financiación de los Presupuestos Generales del Estado y que también, como las empresas arrendatarias, se ha
visto afectada económicamente por la restricción de la movilidad por una situación de pandemia, pero afortunadamente estamos viendo la luz al final del túnel conforme los ritmos de vacunación se van incrementando, así como también la llegada de
viajeros a nuestro país.
Quizá ahora, que ha pasado lo peor de la pandemia, sea el momento de poner en valor las políticas de protección social puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez como este Real Decreto 35/2020 al que se hacía mención inicialmente en
la iniciativa de Esquerra Republicana y que ha supuesto una importante protección y un importante escudo, estableciendo mínimos de pagos y moratorias en los alquileres para los sectores económicos afectados. Estos mínimos sociales son una
referencia y son susceptibles de verse mejorados en sus condiciones por parte de AENA y estas empresas, dado el principio de autonomía de voluntad de las partes como, por cierto, así ha ocurrido con el acuerdo alcanzado entre AENA y más de noventa y
cinco empresas arrendatarias.
Son importantes estos mínimos sociales, pues hubo Gobiernos que no pusieron medidas de apoyo como la que conlleva este Real Decreto 35/2020. Hubo Gobiernos, como el del Partido Popular, que no pusieron estos mínimos de protección social en
quitas o moratorias de los alquileres, más bien todo lo contrario, y lo que hicieron fue privatizar AENA en un 49 %, malvendiendo sus primeras acciones por valor de 800 millones de euros -parece que esto molesta al Partido Popular-, mientras se
producían recortes en plantillas con años como el 2013 en el que fueron despedidos más de 875 trabajadores.
En definitiva, en debates como este, señorías, se vislumbran bien dos modelos de hacer políticas en tiempos difíciles, los que ponemos medidas de protección social y de apoyo económico a los sectores con soluciones equilibradas, como hacemos
los socialistas, y los que malvenden y recortan, como hizo el Partido Popular con AENA; los que formamos parte de la solución y los que son parte del problema.
Como he dicho al principio de mi intervención, apoyaremos la parte dispositiva y la parte vinculante de esta iniciativa del Grupo Esquerra Republicana con una puntualización, pues hay que reconocer que este es un tema todavía no resuelto
definitivamente por la jurisprudencia y que no corresponde al legislador ni al poder político entrar a valorar su naturaleza jurídica. Lo que sí apoyamos, y trabajaremos en ello, ese es nuestro empeño, es una solución y un acuerdo equilibrado en
las condiciones de uso de los locales entre estas empresas y AENA.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Finalmente, señor Capdevila, a los efectos de clarificar ante tanta enmienda, puede usted pronunciarse.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias y con mis disculpas, señor presidente.
No puedo evitar agradecer a usted y a la Mesa su comprensión y a todos los grupos su carácter dialogante y constructivo, singularmente el del señor Miguel Ángel González en esta ocasión, porque creo que llegamos a un punto de acuerdo en pos
de que se evite la judicialización y en pos también de que se revisen los acuerdos con noventa y cinco empresas que se han mencionado, muchas de ellas pymes y pequeños franquiciados, señor Manso, absolutamente draconianos bajo amenaza de ejecución.
Por todo ello, mantenemos nuestra autoenmienda que entiendo que, aunque es laberíntica, una vez se haya pulido, quedará del agrado de todas sus señorías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA TRIBUTACIÓN DE LAS PENSIONES PROCEDENTES DEL EXTRANJERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002550).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate del punto número 8.º -como saben todos ustedes, el número 7.º pasa al 10.º- sobre medidas en relación con la tributación de las pensiones procedentes del extranjero.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Meijón Couselo por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MEIJÓN COUSELO: Grazas, presidente.
Señorías, la presente proposición no de ley que hoy desde el Grupo Parlamentario Socialista traemos a debate busca una doble finalidad. En primer lugar, la del reconocimiento del colectivo de emigrantes retornados con quienes nos hemos
reunido en numerosas ocasiones, singularmente el señor Hurtado, la señora Blanquer y yo mismo, un colectivo próximo a las 850 000 personas que en los años cincuenta, sesenta y setenta se vieron en la necesidad de emigrar de España y buscarse la vida
en el extranjero, una situación que benefició a este país en forma de retorno de divisas y una función que ahora como pensionistas siguen ejerciendo. Sin embargo, este colectivo contemplaba cómo en el año 2013 se vieron en la triste condición de
ser considerados como defraudadores en su propio país, siendo sometidos a duras sanciones, pago de atrasos, recargos e intereses de demora, una situación que contemplaban desde la incredulidad unas personas cuya intención ante el fisco nunca fue la
de defraudar y cuya práctica ni siquiera podía ser calificada como negligente. Debemos recordar que hasta ese año la Administración nunca les había reclamado por la tributación de esas pensiones y que incluso había asesores de la propia AEAT que
señalaban que no tenían obligación de tributar, un trato que desconcertaba aún más al colectivo y así lo manifestaban ellos cuando comparaban el trato recibido con la amnistía fiscal que, al mismo tiempo, articulaba el señor Montero, ministro de
Hacienda, para los grandes defraudadores y una amnistía que el propio Tribunal Constitucional declararía más tarde como anticonstitucional. Por tanto, estamos hablando de un colectivo de personas ejemplares que se vieron sometidas a un proceso
kafkiano de una situación de total indefensión en un entorno en el que ni las propias agencias provinciales de la AEAT se ponían de acuerdo en cuáles debían ser los criterios a seguir y a las que injustamente se les colocó la deshonrosa etiqueta de
defraudadores. Por tanto, también queremos que esta PNL contribuya al resarcimiento moral de un colectivo al que desde la Administración se le aplicaron unas injustas e injustificadas políticas fiscales de acoso y derribo.
Es cierto que hubo un proceso de regularización abierto en el año 2015 y que fue un paso adelante, pero no consiguió acabar con la problemática de un colectivo al que hay tratar con la consideración que se merece, un proceso que contó con
iniciativas presentadas por nuestro grupo para que las condiciones establecidas fueran más favorables al colectivo.
En segundo lugar, la parte dispositiva de esta iniciativa persigue implementar medidas que permitan soslayar aquellas situaciones ante las que aún se encuentra el colectivo a día de hoy y a las que habría que poner fin, situaciones de las
que hemos dado cuenta en iniciativas presentadas en anteriores legislaturas, pero que continúan, repito, en el tiempo. Así acontece con las cantidades que determinados países que abonan las pensiones descuentan con carácter obligatorio en concepto
de seguro de enfermedad y seguro de dependencia y como caso paradigmático Alemania. El debate acerca de la consideración de gasto deducible de esas aportaciones provocaba la inseguridad jurídica de un colectivo que veía cómo la conclusión no era
homogénea, si bien varios pronunciamientos judiciales avalaban dicha consideración de deducible.
A partir del pasado 23 de marzo por fin contamos para estos casos con unificación de doctrina realizada por el Tribunal Económico Administrativo Central y por la cual se consideran como gastos deducibles aquellas cantidades detraídas por los
países de origen de la pensión para sufragar las contingencias del seguro de enfermedad obligatorio y del seguro de asistencia social o dependencia.
En tercer lugar, existen dificultades para el correcto cumplimiento del IRPF para personas que cobran su pensión procedente del extranjero. Es cierto que existen problemas en cuanto a los distintos plazos de comunicación de datos entre
países para evitar, entre otras cuestiones, la doble imposición, como se recoge en los distintos convenios firmados por España, pero es preciso que los contribuyentes dispongan de forma transparente de toda la información y asistencia necesaria que
les permita cumplir de forma correcta con sus obligaciones fiscales.
Finalmente, consideramos necesario agilizar el procedimiento y acabar con las disfunciones que presenta el reconocimiento de la exención correspondiente a las pensiones procedentes del extranjero en los supuestos de incapacidad absoluta o
gran invalidez, una cuestión que, por cierto, no afecta únicamente al Ministerio de Hacienda, sino que también implica al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Nacional de Servicios Sociales, al Imserso, a los órganos equivalentes
de las comunidades autónomas y, en el caso de trabajadores del mar, al Instituto Social de la Marina.
Esperamos y confiamos en el voto favorable de los distintos grupos parlamentarios a esta iniciativa.
Grazas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meijón.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Mazón.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
Intervengo muy brevemente. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice esta proposición no de ley, como no podía ser de otra manera. Lo único que querría hacer es un comentario y es que esperamos que el Gobierno lo cumpla. Supongo que
ya lo está cumpliendo porque cuando uno lee el segundo punto que dice que se insta a prestar asistencia necesaria a los contribuyentes que perciben pensiones procedentes del extranjero, poniendo todos los medios a su disposición y la información que
ostenta en este momento, lo lógico es que ya lo esté haciendo. Por lo tanto, creo que es un poco excesivo que el propio grupo inste al Gobierno a que haga algo que tiene que estar haciendo ya y, si no lo está haciendo, sería tremendo.
Me parece muy oportuna y también en otro sentido porque respecto a las pensiones provenientes del extranjero, independientemente de estas disfunciones que ha habido, con el paso del tiempo cada vez va a ser un tema mayor. Ya hemos visto que
en los últimos años muchísimos jóvenes se han ido fuera y están todos cotizando de alguna manera; esperamos que vuelvan. Aquí la Administración tiene que hacer un esfuerzo muy importante de transparencia, de información y, como dice el tercer
punto, de adoptar todas las medidas necesarias para los reconocimientos, etcétera.
Votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Nosotros también vamos a votar favorablemente. Es una problemática que ya se dio, como bien dice la PNL, hace mucho tiempo y además hubo bastantes enmiendas a los presupuestos en este sentido.
Es cierto que en 2013 muchos emigrantes retornados recibieron un requerimiento por la Agencia Tributaria para la liquidación del IRPF por las pensiones devengadas en el extranjero no declaradas. Sí entendemos que esta PNL trata de dar
solución a esta problemática.
Es muy importante reconocer a ese colectivo de emigrantes retornados, pero también quiero decir que es una PNL con principios rectores y que hay una declaración de intenciones con medidas instando al Gobierno y que, como bien ha dicho el
señor Mazón, esperemos que se vaya cumpliendo con la mayor celeridad posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez.
La Señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.
Mi grupo parlamentario va a apoyar esta proposición no de ley. No es de recibo el trato que recibieron los emigrantes a la hora de declarar estos ingresos y creemos que se podía haber solucionado por parte del Gobierno en algún momento
porque era de recibo y tendría que haber sido así.
También nos llama la atención que el Grupo Socialista ahora, después de esta sentencia, quiera traer una proposición no de ley para ratificar o para que esto se lleve a cabo cuando también podrían ponerlo en marcha inmediatamente, dado que
ya se han establecido criterios para homogeneizar y unificar. Así que, lo suyo hubiera sido que, inmediatamente después de esta sentencia, se tomaran medidas y se empezaran a hacer esos cambios, pero si han decidido que quieren traerla aquí para
que tenga el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, mi grupo parlamentario la apoyará.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Por parte de nuestro grupo parlamentario nos parece que la propuesta puesta a discusión por el Grupo Socialista es perfectamente razonable. Como ya se ha dicho anteriormente, hay una reciente sentencia del Tribunal Económico Administrativo
Central que invita a actuar en un sentido.
La señora Martínez decía que el Gobierno no había actuado con la suficiente celeridad o eso me ha parecido entenderla, sin embargo, el Ministerio de Hacienda ya ha trasladado la debida información a las distintas oficinas de la Agencia
Tributaria para que tengan en cuenta precisamente esta resolución. Es decir, el ministerio hasta donde podía y tenía que hacer ha hecho.
Efectivamente, creo que el contenido de la PNL es correcto y pertinente en la medida en que anima a que el Gobierno actúe de cara a facilitar la vida como contribuyentes de este sector del que estamos hablando, personas, como decía antes el
portavoz del Grupo Socialista, que han rendido un importante servicio no ya solo a sus familias, sino al propio país en tiempos pasados y el trato fiscal que han recibido históricamente no ha sido el mejor. Creo que las cosas están cambiando para
mejor, afortunadamente, pero, en todo caso, las líneas que se marcan en esta iniciativa, como decía, nos parecen absolutamente razonables y todo lo que el ministerio haga para facilitar la tarea de los contribuyentes y hacer de ella una labor algo
más transparente y clara para todos redundará en beneficio de todas y de todos. Por lo tanto, votaremos a favor.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora Cañizares.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
Como ha dicho el portavoz del grupo proponente, hace ya unos años la Agencia Tributaria, cuando conoce la existencia de que algunos contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas habían recibido pensiones procedentes del
extranjero y que no habían declarado correctamente, procede a llevar a cabo actuaciones para regularizar esas situaciones y aquella comunicación de la Agencia Tributaria, que para algunos contribuyentes no fue fácil de comprender, provocó también
situaciones poco deseadas en algunos hogares españoles, ya que hablaba de rentas no declaradas y de plazos improrrogables para regularizarlas. Según nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito tributario, como sabemos, las personas físicas
residentes en España tienen que pagar el impuesto sobre la renta por su renta mundial, por lo que en principio deberían declarar cualquier renta procedente del extranjero. Por tanto, nos parece razonable que la Agencia Tributaria de forma pacífica,
tal y como ustedes plantean en su proposición no de ley, proporcione la información y apoyo al contribuyente e invite a que se regularice su situación sin cometer abusos con un régimen sancionador hiperbólico y que la Agencia Tributaria sea
considerada con los obligados tributarios, que así se les denomina actualmente, porque tampoco muchos políticos ni la Administración en su rendición de cuentas son del todo diligentes, y algunos de los que están aquí lo saben bien porque asisten al
igual que yo a la Comisión del Tribunal de Cuentas donde estamos cansados de escuchar recomendaciones del tribunal sobre el incumplimiento sistemático de las administraciones sin que ello conlleve en el 99 % de los casos penalizaciones ni sanciones.
Y al hilo de esta cuestión, me gustaría también poner de relieve que ser residente fiscal en España implica algo más que tener que tributar sobre las pensiones extranjeras, puesto que también se debe tributar en el impuesto sobre la renta sobre todo
tipo de rentas obtenidas en el extranjero: inmobiliarias, intereses dividendos y ganancias. Además, también deben tributar en España por su patrimonio mundial lógicamente en el impuesto sobre el patrimonio. Y a estos efectos de controlar tanto
rentas como patrimonio en el extranjero, España obliga a sus residentes desde 2012, cuando era ministro el señor Montoro, creo que un poco para expiar ciertos pecados, a presentar una declaración informativa, es el modelo 720, sobre tres grupos de
bienes y derechos en el extranjero, cuentas, valores e inmuebles, si se supera una cierta cantidad. Sin embargo, la sanciones por incumplir esta obligación informativa en muchos casos, ya que no se generan rentas o por hacerlo fuera de plazo o por
hacerlo de forma incorrecta, son extremadamente graves. Es en muchos casos una declaración meramente informativa. El legislador entonces, en 2012, pretendió amedrentar a los contribuyentes desarrollando un terrorífico régimen sancionador.
La semana pasada en esta Comisión, cuando se tramitó el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, sus señorías tuvieron la oportunidad de modificar la disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria, pero no lo
hicieron, a pesar de que saben que la Comisión Europea llamó la atención a España sobre la posible incompatibilidad con el derecho de la Unión Europea de las consecuencias tributarias del incumplimiento de esta obligación de información. La
Comisión Europea emitió un dictamen motivado en el que afirmó tajantemente que el régimen sancionador establecido era desproporcionado y discriminatorio y, por consiguiente, esas disposiciones entraban en conflicto con libertades fundamentales de la
Unión Europea, principalmente la libre circulación de capitales. Nuestro grupo parlamentario llamó
la atención sobre el particular y presentó enmienda al respecto, pero los partidos que sostienen al Gobierno, que de nuevo han podido modificar el régimen y aceptar el criterio del dictamen europeo, esperarán a que se resuelva el
procedimiento contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que la norma española es contraria al derecho comunitario. Los términos en los que la Unión Europea se dirigió a España eran muy duros y claros: resulta
inaudito que a fecha de 2021 nada haya cambiado, pese al clamor generalizado de los profesionales, asociaciones del gremio y, por supuesto, los obligados tributarios.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañizares.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Olano.
El señor OLANO VELA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Hoy debatimos una PNL muy oportuna y que mi grupo va a apoyar, pues es de justicia hacerlo.
La injusta situación de la que trae causa esta PNL es consecuencia del fortalecimiento y la eficacia de los mecanismos internacionales de intercambio de información y así la Administración Tributaria detectó en el año 2012 la existencia de
contribuyentes residentes en España que percibían pensiones procedentes del exterior que no habían sido correctamente declaradas en el IRPF. No fue ningún capricho de una administración pública.
Como bien se dice también en la exposición de motivos de esta PNL, no existía culpa alguna por parte de los pensionistas afectados y el Gobierno del Partido Popular reaccionó y lo hizo modificando la Ley del IRPF y la Ley del impuesto sobre
la renta de las personas no residentes, estableciendo un procedimiento extraordinario de regularización por el que se condonaban las sanciones, los posibles recargos y los intereses liquidados. No parece que esta actitud del Gobierno del Partido
Popular pueda calificarse, como ha hecho el proponente, el señor Meijón, de abandono o maltrato porque, si no, qué podrían pensar aquellas personas acogidas a ERTE ahora mismo en España a las que se les va a obligar también a presentar declaración
del IRPF cuando antes con menos ingresos no tenían que hacerlo. No creo que se pueda hablar de abandono y de maltrato, salvo que el señor Meijón me corrija.
Asimismo, el devenir del tiempo demostró que existían otros problemas al respecto de la deducibilidad de determinados gastos, lo que provocó decisiones judiciales contradictorias a las que finalmente ha puesto fin el Tribunal Económico
Administrativo Central con su resolución de marzo de este año unificando doctrina en la que se establece el carácter deducible y, además, carácter retroactivo, de estos gastos, lo que permitirá la reclamación del exceso cobrado por la Agencia
Tributaria en los últimos cuatro años.
Así las cosas, repito, el Grupo Parlamentario Popular apoyará esta PNL y lo hará porque bien está, y me congratulo que el Partido Socialista en este caso lo haga así, que se respeten las decisiones del Tribunal Económico Administrativo
Central, como bien estaría que se respetaran las decisiones del resto de organismos judiciales y no caer en la tentación de reescribir sentencias de los tribunales de justicia como parece que ahora pretenden hacer con la sentencia 459/2019 del
Tribunal Supremo, concediendo un indulto a quienes sí son culpables y, aun siendo culpables, continúan negando su culpabilidad. Se va a conceder un indulto a quienes no solo no se arrepienten, sino que afirman que volverán a cometer los mismos
delitos en cuanto tengan la oportunidad y, además, pretenden conceder el indulto a quienes por sus actos y sus declaraciones demuestran que el cumplimiento de las penas en su integridad son más necesarias que nunca en este caso, pues no han cumplido
la función de resocialización a la que toda pena se orienta.
Señorías, apelar a la convivencia en este caso es un insulto a la inteligencia, pues no hay cosa más contraria a la convivencia que la impunidad que preconiza este Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olano.
- RELATIVA A LA MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE OPERADORES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS AL POR MAYOR DE CARA A REDUCIR EL FRAUDE Y PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente
161/002583).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir el punto número 9.º del orden del día: proposición no de ley relativa a la mejora del funcionamiento del mercado de operadores de productos petrolíferos al por mayor de cara a reducir
el fraude y permitir la libre competencia.
Para su defensa tiene la palabra el señor González Coello por el Grupo Parlamentario VOX.
El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Muchas gracias, señor presidente.
Creo que la proposición no de ley relativa a la mejora del funcionamiento de mercados de operadores de productos petrolíferos al por mayor de cara a reducir el fraude y permitir la libre competencia debe ser de interés para todos los grupos
parlamentarios. El fraude que existe en ese sector es declarado y notorio. Son decenas de millones, cuando no cientos de millones los que se defraudan sistemáticamente año por año.
El refino y la distribución de productos derivados del petróleo es un sector industrial fundamental para España que proporciona energía para uso directo, combustible y calefacción e indirecto, producción de energía eléctrica, y es la materia
prima base para los diferentes procesos productivos, teniendo un claro efecto tractor sobre la inversión y que emplea a más de 200 000 personas en empleos estables y de calidad y que a niveles fiscales aportan a las arcas casi 20 000 millones de
euros.
La actividad, suministro y distribución de productos petrolíferos desarrollados por los operadores al por mayor y los distribuidores de productos petrolíferos está afecta por diferentes legislaciones industriales y fiscales que gravan el
coste del producto desde la salida de los depósitos fiscales, como son aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el impuesto especial sobre hidrocarburos, el impuesto sobre el valor añadido, mantenimiento del número de días y
existencias mínimas de seguridad etcétera.
La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos culminó el proceso de liberación del sector que se inició en el año 1992. Esta ley creó la posibilidad de que se diesen de alta con 3000 mil euros sociedades limitadas y
sociedades... (El señor Hurtado Zurera: 3 millones). No, 3000. Sociedades limitadas y sociedades limitadas unipersonales como distribuidores y con una simple autorización administrativa. Es aquí donde bajo el paraguas del distribuidor al por
mayor, estos operadores pequeños aparecen y desaparecen como flores de primavera y creemos que hay que actuar porque dañan la libre competencia, dañan a los competidores honrosos, ponen en riesgo puestos de trabajo, por supuesto, afectan la libre
competencia en el mercado y significan un fraude generalizado como les he estado comentando. Por eso, hemos propuesto esta proposición no de ley que está trabajada con distintas asociaciones del sector que nos han trasladado, como entiendo habrán
hecho a ustedes, su preocupación y les animamos a que la apoyen.
Los diferentes cambios normativos han facilitado esta práctica fraudulenta y la realidad es que yo he estado mirando, como habrán hecho ustedes en la detallada PNL que les hemos entregado, la complejidad normativa y administrativa que hay.
También hay una directiva europea que obliga a que este fraude que se produce de aquellas personas que debían cobrar el IVA y hacen de cobradores por la Agencia Tributaria, tengan una trazabilidad mayor y pueda impedirse que ese fraude fiscal,
especialmente en el caso del IVA, se produzca. Por ello solicitamos una serie de medidas, especialmente en el pago de IVA, a las adicionales ya previstas por el proyecto de ley de fraude fiscal que detallamos en la PNL, como la incorporación de
biocarburantes y el pago de aportaciones a diferentes fondos y asegurar la libre competencia para que todos los operadores accedan al mercado en igualdad de condiciones.
Creo que es una iniciativa muy necesaria. Agradecemos al Grupo Popular las enmiendas que ha presentado. Estamos trabajando con ellos en una transaccional. Nos hubiese gustado haber tenido un feed back con el resto de grupos que no nos han
dicho nada; desconocemos si es porque no les interesa acabar con este fraude fiscal, porque no les ha gustado la PNL o porque somos VOX.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra, por un tiempo de tres minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Castellón.
El señor CASTELLÓN RUBIO: Gracias, señor presidente.
La verdad es que el Grupo VOX ha presentado una PNL muy interesante y muy trabajada. En ese ánimo de ir un poco más allá, hemos presentado una enmienda que creemos que mejora y complementa el trabajo que se ha hecho por parte de dicho
grupo. Estamos intentando consensuar un texto definitivo.
En línea con lo que se ha comentado, creemos que la mayor y mejor protección de los mediamos y pequeños operadores hay que promocionarla y dotarles de un mercado de competencia leal, algo que actualmente no ocurre, ya que hay que tener en
cuenta que hay muchos operadores que trabajan con precios temerarios, vendiendo incluso a pérdidas, con el objetivo de incrementar ventas, de incrementar el volumen del IVA, además de reducir las bases imponibles con prácticas fraudulentas.
Creemos que esta PNL se puede mejorar en cuatro aspectos fundamentalmente. Teniendo en cuenta que hay un alto grado de concentración, tanto horizontal como vertical, hay que intentar procurar la libre competencia y por ello creemos que hay
que profundizar en las medidas que avancen en la aparición de nuevos operadores y distribuidores. Por otro lado, en cuanto al tema del fraude que se avanza en la PNL, que pensamos que es el nudo gordiano de la misma, el principal problema en este
caso es el IVA, teniendo en cuenta que este se devenga en la mayoría de los casos por las distribuidoras en la venta al cliente final, por lo que imponer avales y garantías solo al operador va a permitir que se continúe con la misma práctica a
través de distribuidoras afines al operador fraudulento. Proponemos que se traslade o bien el sujeto pasivo del IVA al operador o que se establezca un requerimiento de aval o garantía al distribuidor.
Adicionalmente hay que señalar que el importe de la garantía no debería tenerse como base en las ventas, sino el saldo deudor vivo ante la Agencia Tributaria, teniendo en cuenta que hay pequeños operadores, pequeñas distribuidoras que no
tienen acceso a los mercados financieros, pero que desarrollan una labor correcta con pleno cumplimiento de sus obligaciones legales y fiscales y que, por tanto, ellos podrían adelantar los abonos del IVA según fuesen recibiendo los pagos y de esta
manera aminorar los importes de los avales requeridos.
Por último, en el caso de las operaciones con control corporativo de depósitos fiscales, se llega a cometer el impago desde el depósito fiscal. Por tanto, creemos que esa garantía mínima de 450 000 que se establece a veces es inferior a los
propios fraudes, por lo que se podría proponer que el requerimiento de los avales o garantías en base al saldo vivo se extienda de manera igual a los depósitos fiscales.
Vamos a trabajar con VOX para llegar a esa transaccional. De todas formas, si no llegamos a un acuerdo apoyaremos la PNL porque va en el sentido de lo que nosotros hemos apoyado y de las preocupaciones del sector, máxime si trabajamos en
ampliar las bases de recaudación, no por subidas impositivas, sino por luchar contra el fraude fiscal, que es lo que viene defendiendo el Grupo Popular desde hace bastante tiempo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellón.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, señor presidente.
Sin duda hay que decir que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX es muy seria y muy completa. Es cierto que en la revisión de la proposición hemos visto algunos puntos que nos creaban una cierta incertidumbre por esa parte
técnica que tiene cierta complejidad, pero como también hemos visto que ha presentado una enmienda el Grupo Popular estamos esperando a ver la transaccional para tomar una decisión final.
Me gustaría decir que me da pena que recientemente se haya aprobado una Ley de fraude fiscal y no se hayan podido incluir temas como este, cuya finalidad es luchar contra el fraude fiscal. Hubiera sido interesante que esa ley, que nosotros
apoyamos, se hubiera completado con iniciativas como la planteada por este grupo parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
Lo que nos sorprendió fue precisamente lo que apuntaba ahora la portavoz de Ciudadanos. Acabamos de aprobar una Ley de lucha contra el fraude fiscal, en el que una parte, si no todas, de las aportaciones que se hacen a través de una PNL que
no tiene ninguna consecuencia legislativa se hubiesen podido incorporar como enmienda legislativa a dicha ley, porque, de hecho, todas las situaciones que describe en la exposición de motivos se producían en mayo de 2021 y en mayo de 2020. No
entiendo cuál es la posición de VOX, si quedar bien con determinados ámbitos o luchar realmente contra el fraude fiscal. Deberían haber introducido en un texto legislativo que acabamos de aprobar en esta misma Comisión algunas enmiendas.
En cuanto al contenido, hay algunos elementos que podemos compartir y otros con los que discrepamos absolutamente. Es verdad que parece que algunas de las aportaciones de la enmienda del Grupo Popular podrían mejorar este planteamiento,
pero nosotros no la vamos a apoyar porque no
entendemos, repito, cómo se trae esto a la Comisión inmediatamente posterior a la que dictaminó la Ley de lucha contra el fraude fiscal. Si hubieran alegado que al debatir el dictamen presentaron las enmiendas que ahora intentan introducir
en esta PNL y que fueron rechazadas podría tener un sentido, pero es que no he visto ninguna enmienda a la Ley recientemente dictaminada.
No vamos a apoyar la proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, vaya por delante que a mi grupo parlamentario le parece que los problemas que se detectan en la iniciativa que estamos debatiendo, al menos tal y como están
descritos, son reales. Estos riesgos de fraude tributario que afectan al sector hidrocarburífero no dejan de ser ciertos y, consecuentemente, deben ser atendidos. Ahora bien, como ya han dicho otros portavoces anteriormente, tiene cierta guasa,
por decirlo de algún modo, que se presente esta PNL cuando acabamos de mandar al Senado el dictamen de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, en la que hemos trabajado en esta Comisión largos meses, iniciativa que, por
cierto, incluye entre otras medidas, una serie de modificaciones con el fin de evitar interpretaciones erróneas que pudieran dar lugar a situaciones de abuso o de fraude. No me voy a detener en esas modificaciones que se incluyen en la nueva ley,
pero entre otras cosas se actualiza y se extiende el supuesto de responsabilidad subsidiaria que creo que en gran medida está llamado a resolver los problemas que, como digo, existen y que, por tanto, deben ser atendidos. Confío en la que
implementación de este nuevo texto legal minimice hasta la marginación este tipo de actividades.
Finalmente, haré una última reflexión. Creo que es bueno que el Grupo VOX presente iniciativas de estas características, atendiendo al sector hidrocarburífero, pero quizá también va siendo hora -esta es una amable recomendación al Grupo
Parlamentario VOX- de que empiecen a pensar en la transición ecológica, en que vienen otros sectores, en que la energía del futuro no estará basada en energías fósiles y que en la medida en la que vayan cambiando la estructura mental respecto a cómo
se suministra de energía nuestro país se harán un favor a ellos mismos y nos lo harán a todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.
Esta PNL trata de un tema que conocemos como el fraude de las gasolineras. ¿Cuál es el origen? A partir del año 2013 cuando se liberaliza el sector con la trasposición de una directiva europea del año 2009, como consecuencia de que entran
más operadores. Por cierto, señor González, lea usted bien lo que le pasa a la asociación, porque no son 3000 euros, son 3 millones de euros los recursos propios que requieren los nuevos operadores. Hay una diferencia abismal de 3000 euros a 3
millones. Tengan un poquito de rigor. Como consecuencia de que entran más operadores surge un fraude. Cuando no hay muchos operadores lo que hay es corrupción y fraude, cuando hay muchos operadores, la Ley de libre mercado posibilita que haya
fraudes que tenemos que perseguir. ¿Cuáles son los resultados? Decenas de empresas que han sido suspendidas de actividad por este fraude y levantamiento de más de 500 millones de euros.
El objetivo de esta PNL es luchar contra el fraude. Pero lo que ustedes han hecho ha sido coger literalmente los papeles que les ha dado la asociación de las grandes operadoras. Ustedes no han hecho nada más que registrar lo que les han
dado por intereses propios, porque ellos se ven afectados como consecuencia del libre mercado y de la libre competencia. Ustedes hacen una exposición de motivos, bueno, mejor dicho, la asociación hace una exposición de motivos diciendo que son
muchos los gravámenes tanto tributarios como sectoriales, y en la parte propositiva de su iniciativa lo que hay son más gravámenes al sector, evidentemente para evitar que haya más operadores. Ustedes plantean la solución a la lucha contra el
fraude de la siguiente manera: menos operadores, menos fraude. Eso no es cierto, porque a más libre mercado menos fraude y más beneficios para los consumidores. Es totalmente contradictorio.
Otra cuestión de la que se ha hablado. ¿Para qué una PNL si hace una semana que hemos tramitado la Ley de lucha contra el fraude fiscal? Si lo tenían tan claro hubieran tratado de introducirlo, pero no lo hicieron. Ahora traen una PNL que
les ha trasladado la asociación.
Hay otro tipo de fraude que también hay que perseguir, porque se trata no solo del fraude de quedarse con el IVA, sino también del de la libre competencia que tiene que vigilar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Haga una
lectura de los expedientes sancionadores abiertos en el presente año, evidentemente a grandes empresas que tratan de evitar la libre competencia. Ese también es un fraude que tiene que ser perseguido.
En la parte propositiva ustedes dicen: un sistema de avales y garantías para esta actividad. Sería la única actividad que tiene un sistema de avales y garantías. ¿Quién se puede permitir un sistema de avales y garantías? Evidentemente
los grandes, porque los chicos no se lo van a poder permitir. Lo que ustedes quieren con esta proposición es que no haya chicos, sino que solo existan los tres grandes operadores, que se repartan el mercado y los correspondientes márgenes de
beneficios.
Hablan ustedes de otra cuestión: que se cumpla con el artículo 10 del Real Decreto 197. Es una obviedad. Tiene que cumplirse porque es ley. Además, modifican ustedes el real decreto y dicen que las aportaciones dinerarias tienen que
estar desembolsadas, cuando el artículo dice que pueden ser dinerarias o no dinerarias. Por una parte dicen que se cumpla con la ley y por la otra cambian la ley, porque eso no es así. Hay que exigir el desembolso, pero no tiene que ser dinerario.
Hablan de que se presente diariamente...
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene que ir acabando ya.
El señor HURTADO ZURERA: ... la información sobre la existencia de seguridad, algo imposible para los pequeños. En definitiva, presentan una retahíla de condicionantes y de reducción de competencias para que cada día haya menos operadores.
Concluyo, señor presidente. La Ley de lucha contra el fraude sí ha modificado la Ley del IVA, y fue a propuesta nuestra. La ha modificado en el sentido de crear responsabilidad subsidiaria en los intermediarios aduaneros, así como
responsabilidad subsidiaria para aquellas empresas que de alguna forma están interviniendo sin tener garantías y que están defraudando. Los resultados desde el año 2017 son muy evidentes: sesenta inhabilitaciones practicadas y doce suspensiones de
actividad de empresas que no estaban cumpliendo con la norma.
Hay que seguir abundando en la lucha contra el fraude fiscal, y tenemos herramientas para ello. Están luchando la Guardia Civil, a través de la UCO, la Agencia Tributaria y la Audiencia Provincial practicando sentencias anulatorias y ceses
de actividad de empresas fraudulentas. Ahí nos van a encontrar, pero no para tratar de solucionar el problema del fraude eliminando operadores que intervengan en este mercado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
A efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Estamos trabajando en una transaccional que hemos firmado con el Grupo Popular y que vamos a ofrecer al resto de los grupos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ABONAR DE INMEDIATO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y A LAS CORPORACIONES LOCALES EL IVA ADEUDADO DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL EJERCICIO 2017, PRACTICADA EN 2019, TRAS LA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO CONDENANDO AL ESTADO A PAGAR A CASTILLA Y LEÓN EL IMPORTE ADEUDADO POR ESTE CONCEPTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL. (Número de expediente 161/002480).
- SOBRE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA PENDIENTE DEL AÑO 2017 A LAS CIUDADES ESPAÑOLAS CON TRIBUTOS CEDIDOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002610).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos el debate de la proposición no de ley que figura con el número 7 en el orden del día, por la que se insta al Gobierno a abonar de inmediato a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales el IVA
adeudado de la liquidación definitiva del ejercicio 2017, practicada en 2019, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo condenando a España a pagar a Castilla y León el importe adeudado por este concepto. Se debatirá conjuntamente con la
proposición no de ley que figura con el número 10, sobre la devolución del IVA pendiente del año 2017 a las ciudades españolas con tributos cedidos.
Para la defensa de la PNL número 7, presentada por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, señor presidente.
No voy a hacer mucha historia porque la conocemos todos. En el año 2017 el entonces ministro señor Montoro modificó el sistema de llevanza de libros electrónicos e implanta el suministro inmediato de información en tiempo real para el IVA.
Eso implicó que la recaudación de diciembre de 2017 se acabase produciendo en enero de 2018. Esto afectaba directamente a la participación en tributos del Estado y al sistema de financiación de las comunidades autónomas. Hubo cambio de Gobierno,
el señor Montoro se fue y la señora Montero llegó. Cuando llegó la señora Montero dijo: Esto es problema del señor Montoro. El señor Montoro dijo: Esto es problema de la señora Montero porque yo ya no soy ministro. Unos por otros y otros por
unos, los ayuntamientos no recibieron los 750 millones de euros que les correspondían por este motivo, de acuerdo con la estimación que hizo la FEMP en su momento, y las comunidades autónomas no recibieron los 2500 millones.
Más allá de reproches mutuos, el Grupo Socialista nos va a decir: Esto la ministra Montero ya lo previó en el presupuesto de 2019 y ustedes, los malvados independentistas, lo boicotearon. Yo les voy a decir: En el presupuesto de 2019
ustedes preveían otras muchas cosas que no se aprobaron y que hicieron inmediatamente después por real decreto-ley, que también lo hubiesen podido hacer con esto si hubiera habido voluntad. La situación no se resolvió de ninguna manera y se
judicializó. Ha habido una primera sentencia que afectaba a Castilla y León, una segunda que afecta a Galicia, y hemos escuchado declaraciones políticas de la ministra Montero diciendo que no solo se va a acatar sino que se va a pagar.
¿Qué queremos con esta iniciativa? Queremos que esta Comisión, el Congreso de los diputados dé solemnidad a la voluntad que se le debe otorgar al Gobierno al respecto. Primero, no afecta solo a las comunidades autónomas. No hemos
escuchado un pronunciamiento claro respecto a las corporaciones locales. Nosotros valoramos de forma importante que hoy se diga, por primera vez, que también se va a corresponder con la deuda con las corporaciones locales. Segundo, que más allá de
que se deba cumplir, como es obvio, con todos los procedimientos administrativos, que esto no se demore en el tiempo.
Habíamos presentado una proposición no de ley muy concreta mediante la que el Congreso insta al Gobierno a abonar de inmediato a las comunidades autónomas y las corporaciones locales el IVA adeudado de la liquidación definitiva del ejercicio
2017. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda, que valoramos positivamente, con la voluntad de llegar a un acuerdo, pero nos parecía insuficiente en tanto en cuanto establecía que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar.
Estamos transaccionando con el Grupo Socialista que no sea estudiar sino determinar la forma más adecuada de dar cumplimiento a las sentencias, pero además de forma inmediata. Incluir aquí resoluciones de procedimientos judiciales de la Audiencia
Nacional o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuando ha habido una resolución del Tribunal Supremo no nos parece lo más adecuado, pero entendemos que si tenemos que llegar a un acuerdo, más allá de estas formalidades lo importante es que
hoy salgamos de aquí con un pronunciamiento para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a regularizar la situación del IVA del año 2017 con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. Que lo haga siguiendo el
procedimiento legal y administrativo establecido, pero que lo haga de forma inmediata. Tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales necesitan estos recursos, y nadie puede establecer que ahora las comunidades autónomas se deberían
plantear reducir su endeudamiento o devolver el porcentaje de déficit que se les permitió en aquel momento, porque es obvio que estos recursos se adeudan, pero que las necesidades hoy son las que son.
Les avanzo que les pasaré una transaccional que hemos acordado con el Grupo Socialista, y si el Grupo Popular se suma estaremos encantados de la vida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, para defender la iniciativa presentada, tiene la palabra la señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, traemos hoy una proposición no de ley para que el Gobierno devuelva el IVA pendiente del año 2017, a los ayuntamientos, a las ciudades españolas con tributos cedidos.
Se ha dicho aquí que la implantación del sistema de suministro inmediato de información del IVA produjo beneficios en el año 2017 para los contribuyentes y la Administración Tributaria. De hecho, se puede decir que el balance fue positivo porque
aumentaron los ingresos por IVA de las grandes empresas al año siguiente hasta un 4,8 %, y los ingresos en la lucha contra el fraude fiscal alcanzaron los 15 000 millones de euros. Pero la implantación de este nuevo sistema de gestión también
produjo un efecto negativo que no solo afecta a las comunidades autónomas, sino también a las entidades locales. La consecuencia la conocen todos ustedes: en el año 2017 se contabilizaron solo once meses de ingresos del IVA, por lo que estamos
hablando de unos 2500 millones del IVA para las comunidades autónomas y de 752 millones que corresponden a las entidades locales.
Cuando se comprobó este efecto, en octubre de 2018 el Grupo Popular registró una proposición de ley precisamente para corregir este efecto indeseado, proposición que fue debatida y aprobada para su toma en consideración por una amplia
mayoría, pero también es cierto que la legislatura terminó de forma abrupta y no se pudo poner en marcha. Han sido muchas las voces que han solicitado la devolución del IVA, desde las comunidades autónomas hasta los ayuntamientos de todo color
político, también los del Partido Socialista, los del Partido Popular y los de otros partidos políticos. Pero lo más sorprendente es la respuesta que ha dado la ministra de Hacienda: No se va a devolver el IVA porque ese dinero no existe, se ha
perdido. Nos parece bochornoso que una ministra del Reino de España haga estas declaraciones. Incluso hemos presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que se adopten medidas para devolver este importe, enmiendas que el
Gobierno vetó y que no pudieron ser debatidas ni votadas. Recientemente hemos conocido el fallo de la Sala tercera del Tribunal Supremo en el que daba la razón al recurso interpuesto por la Junta de Castilla y León, y posteriormente a Galicia, y
condena a la Administración General del Estado a hacer la compensación correspondiente.
El Grupo Popular ha registrado diversas proposiciones no de ley solicitando la devolución del IVA para las comunidades autónomas, para cada comunidad autónoma. Por ello, obviamente votaremos a favor de la PNL que nos presenta el señor Bel.
Pero hoy nos queríamos centrar en la presentación de esta proposición no de ley para los municipios, para las entidades locales. Los ayuntamientos han sido auténticas UCI sociales, han sido diques de contención en esta crisis del COVID-19. Están
gastando lo que no tienen, están gastando en competencias que nos les corresponden, y todos ustedes lo saben. Yo he sido concejala del Ayuntamiento de Málaga y sé que cuando los vecinos no tienen para comer van al ayuntamiento, cuando no tienen
para pagar la luz van al ayuntamiento -por cierto, vaya subida de la luz, un 43 % más en el último año, está en máximos históricos, y eso que el Gobierno de izquierdas iba a proteger a los más vulnerables-, cuando no tienen para pagar medicinas o
pañales siempre acaban en el ayuntamiento. Por tanto, entendemos que el Gobierno tiene que devolver el IVA a los ayuntamientos, porque es dinero de los vecinos. El Gobierno ya intentó quedarse con los 14 000 millones de euros de los remanentes y
sufrió la gran derrota del municipalismo. Acuérdense de que pasamos del no se pueden utilizar los remanentes al sí se pueden utilizar los remanentes.
La verdad es que pensamos que este Gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos es el menos municipalista de toda la historia de la democracia. Han declarado la guerra a los ayuntamientos, pero no solo por la tentativa de incautarse de los
remanentes, sino porque la Federación Española de Municipios y Provincias tiene aprobado un fondo COVID de 4000 millones de euros para los ayuntamientos, un fondo para compensar el déficit del transporte de mil millones de euros y que los
ayuntamientos puedan participar en los fondos europeos en la proporción que les corresponde, en el 14,7 %, y la realidad es que del Gobierno de Pedro Sánchez han llegado cero euros a los ayuntamientos. Esta es la realidad, no solo no se envían
recursos a los ayuntamientos, sino que pretenden quedarse con dichos recursos con el dinero del IVA que es de los vecinos. El Gobierno de Pedro Sánchez debe al Ayuntamiento de Málaga 10,4 millones de euros del IVA de 2017. Al final estamos
hablando de cuántos malagueños podrían ser atendidos con ese dinero.
Instamos a que se apruebe esta proposición no de ley para que se devuelva el IVA del mes de diciembre del año 2017 a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, como ha dicho la sentencia
del Tribunal Supremo. A Andalucía se le deben 534,3 millones de euros. Al final resulta que los vecinos siguen sufriendo, las colas del hambre siguen existiendo y los ayuntamientos están solucionando problemas a pulmón, no han recibido ni
un solo euro de los fondos COVID ni de los fondos para el transporte y necesitan esos recursos del IVA ya, de forma urgente.
Vamos a aceptar la enmienda que ha planteado el Grupo Socialista, porque lo que queremos es que esta proposición salga aprobada por unanimidad de todos los grupos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
Había una enmienda presentada tanto a la iniciativa número 7 como a la 10. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mínguez.
La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Decía el señor Bel que no hacía falta hacer historia porque la conocemos todos, pero al oír a la señora España, creo que sí que hace falta hacer un poco de historia, porque el Gobierno de Pedro Sánchez, señora España, no le debe nada al
Ayuntamiento de Málaga, sino que más bien serán las decisiones del Gobierno del Partido Popular las que le deben ese dinero al Ayuntamiento de Málaga. Ustedes, con sus intervenciones y con sus propuestas, nos recuerdan mucho la frase de Groucho
Marx que dice: si no le gustan mis principios, tengo otros. Porque aquí tenemos que recordar quién generó el problema, el problema -se ha dicho muy bien- se generó con la decisión del señor Montoro de implantar el suministro inmediato de
información, por el cual las autoliquidaciones pasaron de hacerse el día 20 al día 30, provocando ese efecto en el año 2017. En aquel entonces, no se dieron cuenta parece ser, tampoco se dieron cuenta durante 2018; cayeron del caballo justo
después de la moción de censura; esta proposición de ley fue de noviembre, ¿no se pudieron dar cuenta antes de toda esta torpeza? Ustedes solo se dan cuenta cuando están en la oposición. Y me refiero a las palabras del señor Piriz, que esta
mañana nos hacía todo un decálogo de palabras acabadas en ismo; su comportamiento es un gran abismo cuando están en el Gobierno y cuando están en la oposición. Yo siempre me lo he preguntado, el Gobierno del Partido Popular y su grupo o bien
fueron torpes en aquel momento o bien les daba igual lo que les ocurriera a las comunidades autónomas. Siempre es lo mismo: encienden el fuego y luego, cuando están en la oposición, quieren erigirse como los salvadores y los bomberos. Nos pasa
con el IVA de las peluquerías, con los peajes, con los remanentes a los cuales usted ha hecho referencia; han votado en contra de todas las propuestas que han traído al Congreso de los Diputados; incluso fueron ustedes quienes provocaron la gran
asfixia económica y financiera a nuestros ayuntamientos y a nuestras comunidades autónomas. Con lo cual, como les decía, ustedes tienen unos principios cuando gobiernan y parece que los cambian sin ningún pudor cuando están en la oposición.
Además, en el año 2019, se intentó corregir ese problema que ustedes generaron con esa decisión y en los presupuestos de ese año se propuso poder autoliquidar trece meses a las comunidades autónomas y a las entidades locales en lugar de doce.
Ustedes llegaron a decir que eso desafiaba al sentido común; es decir, que el año 2019 tuviera trece meses desafiaba el sentido común y, en cambio, sobre que 2017 tuviera once meses no les oímos poner el grito en el cielo. Así que, como les decía
y por recapitular, el Gobierno del Partido Popular ocasionó en el año 2017 un perjuicio, sustrajo ese mes de IVA a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y, en 2019, el Partido Popular se opuso a una solución propuesta por el Gobierno
socialista que era satisfactoria para las comunidades autónomas; en definitiva, la derecha no solo generó un problema, sino que ha vetado todas las posibles soluciones.
¿Ahora qué tenemos encima de la mesa? Tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que, obviamente, el Gobierno acatará y a la que dará cumplimiento. Me alegro, y les agradezco que acepten el texto propuesto como enmienda para que, como no
puede ser de otra forma, se acate la sentencia y además se amplíe, no solo que se cumpla la sentencia para aquellas comunidades autónomas o ayuntamientos que interpongan un recurso, sino que se haga de manera homogénea para todas las
administraciones. Por cierto, hablando de la sentencia del Supremo, es un recurso interpuesto por las Comunidades de Castilla y León y de Galicia, es decir, de ustedes ¿contra qué? Contra ustedes, contra sus propias decisiones. Así que, señora
España, es bueno tener memoria, sí que hace falta recurrir a la historia de este problema. Lo que pretendemos algunos es buscar el entendimiento y el acuerdo y llegar a soluciones, aunque estas sean difíciles, y olvidarnos de la confrontación. De
ahí nuestra enmienda, que agradecemos que haya sido considerada por parte de los grupos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mínguez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mazón tiene la palabra.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
El Partido Regionalista de Cantabria en este asunto siempre ha tenido una postura sin matices, hemos intervenido numerosas veces en este sentido; incluso en esta Comisión presentamos una proposición no de ley hace un año, en junio de 2020,
con este objeto. ¿Qué ha ocurrido? Que ha pasado casi un año de tiempo perdido, porque ya hemos visto cómo estamos ahora y que ha llegado la primera sentencia de los tribunales. Se podía haber llegado a acuerdos, se podían haber pactado plazos,
pero no se ha hecho. De hecho, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su momento, el Gobierno hizo una propuesta, rechazada por todas las comunidades autónomas, en la que proponía incluso hacer un préstamo sin intereses, todo desde un
punto de vista que era inaceptable. Porque hay que reconocer que, por ejemplo, en Cantabria el importe es prácticamente el 2 % del presupuesto regional, que es una cantidad muy importante que le creó un agujero en sus cuentas. Se argumentó que era
deuda, también dijimos de Europa que no lo permitiría; lo único que proponíamos era cambiarla de mano, que se endeudara el Estado y que quitara la deuda a las propias comunidades autónomas.
En estos momentos, Cantabria tiene recurrida la sentencia y está pendiente en la Audiencia Nacional. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que pacten ya una solución para todos, sin
esperar a las sucesivas sentencias que puedan venir de la Audiencia o del TSJ de Madrid; no vaya ser que nos ocurra como en la pandemia, que empezamos a atender otro conflicto judicial de unos tribunales en un sentido y otros en otro. Creo que es
el momento de que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se pacte con las comunidades autónomas que retiren los recursos y hacer ya lo que hay que hacer sin esperar, de una manera homogénea para todos. Yo le diría al Gobierno
que esta es una historia o un caso típico de empecinamiento y de desgaste del Gobierno, que al final se le acaba volviendo en contra, como ocurre con todas las cosas que van contra la lógica y el sentido común. Este es un ejemplo que nadie
comprende, por muchas explicaciones técnicas que se quieran dar; yo creo que sería el momento de ponerle una solución sin más pleitos en los tribunales. Y con respecto a las entidades locales, por supuesto también hay que nombrarlas. Santander es
el único caso que tenemos en Cantabria, porque no hay poblaciones de más de 75 000 habitantes, es la única. Y es una cantidad que tampoco es muy grande pero le viene muy bien porque, como todos sabemos, los ayuntamientos han venido asumiendo
numerosas cargas. Ha habido ocasiones este año de pandemia para hacerlo, puesto que se ha dado dinero a las comunidades autónomas, y ahora vamos a tener que seguir, como en otros casos, pleiteando e insistiendo para que, al final, lleguemos al
mismo sitio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mazón.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa, una reivindicación que ha sido hecha en numerosas ocasiones por los distintos grupos parlamentarios. No vamos a explicar de dónde viene el problema, pero entendemos que hay una serie de
sentencias y es el momento de no esperar más y darle una solución a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que están en una situación, además, en la que todos los recursos son necesarios para hacer frente a esta pandemia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Esta es de las proposiciones no de ley que, utilizando palabras de una compañera de mi grupo parlamentario, yo votaría con las dos manos, porque es algo solicitado por todos los grupos parlamentarios, porque es de justicia que se hagan estos
pagos y, además, todas las comunidades autónomas, sean del signo político que sean, incluidas las del PSOE, han mostrado con duras críticas que la actitud del Gobierno ante este impago es algo que había que llevar a los tribunales y, como estamos
viendo, ya hay una sentencia que además es bastante clara. El tribunal entiende que se ha vulnerado el principio de
lealtad institucional, así como la autonomía financiera de las comunidades autónomas y que se ha generado un enriquecimiento injusto en el Estado por el impago de dicho importe a las autonomías y, como también han dicho los portavoces que me
han precedido, a los ayuntamientos. Es esperable que el resto de comunidades autónomas que también han acudido a las tribunales, como ha comentado el señor Bel en el caso de Galicia, tengan respuesta judicial en el mismo sentido, con lo cual, creo
que el Gobierno debe dar ya un paso adelante, realizar este pago y cumplir con las comunidades autónomas, que es lo que debería haber hecho desde el principio.
Todavía recuerdo el día en que compareció aquí la ministra Montero, que hubo un debate bastante interesante en el que casi llegó a decir que eso ya estaba solucionado, que lo había pagado con no sé qué partida, que era una compensación de
algo que se había sacado de la manga. Pero aquí los tribunales vienen a decir que eso tienen que cumplirlo y deben cumplirlo de verdad, no haciendo una especie de magia o de contorsionismo gubernamental y escurriendo un poco la obligación -un poco
no, mucho- de cumplir con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Desde Ciudadanos, como parte del Gobierno de la Comunidad de Castilla y León, hemos liderado todo este tiempo las demandas al Ejecutivo nacional para que abone estas
cantidades que corresponden por ley a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que ahora a través de esta sentencia se reafirman; y hemos apoyado también todas las iniciativas que han llegado relacionadas con esto. Esta situación era
intolerable y generaba tensiones de tesorería en las comunidades autónomas y, además, en momentos de crisis como los que se han vivido, era de recibo que el Gobierno hubiera respondido a la primera de cambio.
Obviamente, como he dicho al inicio, como han sido dos proposiciones no de ley, votaremos con las dos manos, porque es de justicia y deberían haberse llevado a cabo ya estos pagos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Capdevila tiene la palabra.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Bien explicado el problema y los antecedentes, simplemente queremos mostrarnos totalmente a favor de esta proposición no de ley que presenta el PDeCAT. Entendemos que la retención de unos recursos que pertenecen por ley a las comunidades
autónomas y a las entidades locales por parte de la Administración Central del Estado es una situación totalmente injusta y ahora la justicia nos ha dado la razón, no solo al señor Bel, sino modestamente a nosotros, que también nos reclamamos
malvados separatistas, y a diversas comunidades autónomas y corporaciones locales nada sospechosas de ello. Unos recursos que volvemos a recordar que en el caso de Cataluña ascienden a un total de 443 millones. Lo que pudiésemos haber hecho con
este dinero para ayudar a la gente durante la pandemia. Lo que haremos con ese dinero si ustedes resuelven por fin cómo reintegrarlo. Hemos denunciado esta situación en reiteradas ocasiones mediante proposiciones no de ley y preguntas al Gobierno,
por tanto, nuestra identificación es total. Situaciones como esta de evidente deslealtad institucional no pueden seguir sucediendo. Además, reclamamos que el Gobierno central compense a las comunidades autónomas por la demora en el pago de estos
recursos, recordemos, básicos para las comunidades autónomas, responsables de proveer y financiar los servicios básicos del Estado del bienestar como la sanidad o como la educación. Estaremos pendientes a lo que esperamos que sea un allanamiento
del PSOE a la transacción que el señor Bel ha anunciado y, en particular, esperamos que ello sea señal precursora del allanamiento de la Administración General del Estado al sentido común.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
La iniciativa que nos traen tanto el Grupo Popular como el Grupo Plural hace una descripción de los hechos acaecidos en 2017 y de cómo entonces se dieron esos problemas en la liquidación del IVA de aquel ejercicio. Pero escuchando a la
señora España, cualquiera diría que entonces en el año 2017 debían estar gobernando, no sé, los marcianos, porque no sé si lo han percibido ustedes, pero ni un atisbo, ni una micra de autocrítica. Pareciera que el problema generado aquí lo hubiera
generado el señor Sánchez, le ha faltado decirlo así, con estas palabras. La deuda que tiene el Gobierno del señor Sánchez
con el municipio de Málaga, creo que ha dicho, como si fuera del señor Sánchez; como si esto no hubiera ocurrido en el año 2017. (La señora España Reina: En el 19). En fin, son esas cosas que uno no logra entender. Uno entiende cierto
pensamiento maniqueo y uno tiende a pensar que los suyos son los buenos y los demás son los malos, créanme que a mí también me pasa, no son ustedes los únicos; pero, claro, cuando llegan ustedes a este nivel de descaro, en fin, se lo tienen que
hacer ver, porque o es falta de memoria o es falta de ética, una de las dos.
En todo caso, me parece que tampoco es justo que se señale al Gobierno actual como causante de todos los desmadres fiscales que vive el país. En fin, me gustaría recordar que llevamos ya año y pico bajo una pandemia severa, uno de los
episodios más dramáticos que ha vivido nuestra historia reciente. Quiero poner en valor también las ayudas que desde el Gobierno se han dado tanto para las corporaciones locales como para las comunidades autónomas; es decir, recursos que jamás en
su historia habían conocido. Estamos hablando de los 115 000 millones de euros del sistema de financiación autonómica, por ejemplo, o los famosos 16 000 millones que se dieron en su momento; es decir, una cantidad ingente de recursos, una cantidad
extraordinaria para responder a un momento extraordinario. Por lo tanto, yo no digo que haya que aplaudir a rabiar al Gobierno, pero, en fin, me parece que el Gobierno está actuando razonablemente frente a la situación que se está viviendo.
Por lo demás, y ya para terminar, señor presidente, me parece que el contenido de la transaccional que se ha podido alcanzar responde a la unanimidad y contiene el sentir de esta Comisión; es decir, la posición razonable de que el Gobierno
actuará atendiendo, evidentemente, a las resoluciones judiciales, pero estableciendo un criterio común para todas las comunidades autónomas y corporaciones locales. Esto, como digo, es un éxito del sentido común y, en ese sentido, no solo lo
aplaudo sino que anuncio nuestro voto a favor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Sáez tiene la palabra.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Muchas gracias, señor presidente.
Tratamos dos proposiciones no de ley relativas a la devolución del IVA pendiente del año 2017. Nos llaman la atención dos puntos: respecto a la exposición de motivos del Partido Popular, una tercera parte se centra en relacionar las
bondades del suministro inmediato de información; tiene ventajas pero también inconvenientes. Yo, que sí lo he implantado en mi anterior trabajo, me encontré con un aumento de la carga administrativa, reducidos plazos para la comunicación de datos
y elevadas sanciones. Hablan de los efectos positivos de este sistema y mencionan que los ingresos en la lucha contra el fraude fiscal alcanzaron los 14 792 millones de euros en 2017; no es muy exacto, ya que los ingresos por este concepto en los
años 2016 y 2015 ascendieron a 14 883 y 15 664 millones de euros respectivamente, luego no tiene nada que ver. Respecto a la del Grupo Plural, señor Bel, creo que la negativa del Ministerio de Hacienda la debemos enmarcar en dos ámbitos: el
primero, falta de competencia y el segundo, falta de respeto a la ley y a las sentencias del Tribunal Supremo, y no en el argumento de la recentralización de recursos y en la asfixia económica a la que se ven sometidas las comunidades autónomas.
Hablemos de asfixia económica. Año 2020, deuda de las comunidades autónomas: 303 622 millones de euros, de los que 178 865 millones de euros son con el Estado. Recordemos que la comunidad autónoma con mayor deuda es Cataluña y que el 80 %
de la misma es con el Estado. Recordemos que la deuda pública de las comunidades autónomas era de 145 900 millones de euros en el año 2010, lo que supone que se ha más que duplicado en diez años. Hablemos de recentralización, presupuesto de gasto
de las comunidades autónomas, año 2002: 90 418 millones de euros; año 2019: 191 673 millones de euros, más que duplicado. ¿Año 2020? 209 438 millones de euros. A modo de ejemplo unas cifras, basado en un informe comparativo entre los años 2000
y 2018 en los capítulos I, II y IV de los presupuestos autonómicos: Madrid, crecimientos: 217 %, 507 % y 238 % respectivamente. Cataluña, crecimientos: 115 %, 187 % y 136 % respectivamente.
Votaremos a favor de esta proposición no de ley, pero también nos gustaría que las corporaciones locales se comprometieran con urgencia a cumplir todas las recomendaciones mencionadas en los diversos informes del Tribunal de Cuentas. Entre
ellas, destacamos tres: la primera, las entidades locales deberían establecer los procedimientos necesarios para que se haga efectiva la exigencia de las posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos de la Ley de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o de
la normativa presupuestaria de aplicación. Segunda, regularización de los pagos pendientes de aplicación presupuestaria, aplicándolos inmediatamente al presupuesto, incluso a través de una modificación presupuestaria previa y, en todo caso,
teniéndolos en cuenta en el momento de elaborarse los presupuestos siguientes. Tercera, debería potenciarse la información que es objeto de publicidad activa por parte de las entidades locales. En VOX consideramos imprescindible el cumplimiento de
las normas de transparencia, el cumplimiento de los requerimientos de los contratos del Estado y la pulcritud en la gestión de recursos públicos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez.
A efectos de clarificar, en la proposición no de ley número 7, señor Bel, entiendo que la transaccional que han presentado es la que resuelve. ¿Y de la número 10 es la misma transacción, señora España, es así?
La señora ESPAÑA REINA: Sí, porque la enmienda era la misma.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias.
- RELATIVA A NO SUBIR IMPUESTOS A LAS FAMILIAS DE RENTAS MEDIAS Y BAJAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002611).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la proposición de ley número 11 relativa a no subir impuestos a las familias de rentas medias y bajas, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora España
para su defensa.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.
Traemos una proposición no de ley para que el Gobierno retire la propuesta de eliminar la reducción por tributación conjunta, que en España beneficia a 3,7 millones de familias fundamentalmente de rentas medias y bajas, a jubilados y a
familias monoparentales. El Gobierno dijo que no iban a subir los impuestos ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras, solo a los ricos, y eso es falso. El Gobierno dijo que no iba a subir los impuestos durante la pandemia y es más falso
todavía. En este año 2021, el Gobierno ha subido el IRPF, Patrimonio, Sociedades, las primas de seguros, bebidas azucaradas, los plásticos, la tasa Google, la tasa Tobin, ha bajado las deducciones de los planes de pensiones; es decir, un auténtico
infierno fiscal. Somos el único país que ha subido los impuestos en plena pandemia. Y si analizamos el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el objetivo del componente 28 es acercar la tributación a la media de los países de nuestro
entorno, y según la ministra, hay margen para subir 7 u 8 puntos del PIB, es decir 80 000 millones de euros de subida de impuestos. Quieren subir Sucesiones y Donaciones, el diésel, los peajes, los billetes de avión, las tasas aeroportuarias;
eliminar del IVA reducido y superreducido, eliminar la reducción por tributación conjunta; es decir, ya no es un infierno fiscal, es un atraco fiscal. Este Gobierno quiere subir 80 000 millones de euros con la excusa de que la presión fiscal está
por debajo de la media. Oigan, hablen de esfuerzo fiscal, que tiene en cuenta la renta per cápita, porque en esfuerzo fiscal los españoles somos los cuartos que más impuestos pagamos en Europa. Ustedes tratan de engañar a los españoles diciendo
que van a subir los impuestos a los ricos, pero oigan, ¿quiénes son los ricos, los que tienen un vehículo diésel? ¿Los que tienen un seguro de hogar o de vehículo? ¿Los que van por una autovía? ¿Los que se toman un refresco? ¿Los que hacen la
tributación conjunta? ¿O los que consumen productos con IVA reducido, el pan la leche, los huevos, la fruta y la verdura? Miren, no les echen la culpa a Europa, que ya nos mintieron con el tema del IVA de las mascarillas, resulta que en Europa no
solo han bajado el IVA de las mascarillas, sino que también han bajado el IVA al turismo.
Presupuestos 2021. Lo que van a recaudar con las primas de seguros es el triple de lo que van a recaudar con la subida en los tramos altos del IRPF, los ricos según ustedes. Y lo más sangrante de todo: eliminar la reducción por
tributación conjunta, desde luego, es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de pensionistas, de familias cercanas a la edad de jubilación, de familias donde un solo cónyuge puede trabajar, padres o madres separados con hijos a cargo, familias
con rentas bajas y medias. Es decir, ustedes van a sacar del bolsillo de los pensionistas, de las familias monoparentales y de las familias de rentas bajas y medias casi 2400 millones de euros; 2400 millones de euros si eliminan la reducción en la
tributación conjunta. Entendemos que es una auténtica injusticia social este atraco
socialista. Les voy a poner un ejemplo muy claro: un matrimonio jubilado que vive con una pensión de 18 000 euros al año, es decir 1285 euros brutos al mes, tendría que pagar más de 1000 euros si se elimina la reducción por tributación
conjunta. Esto sería rebajar un 7 % la pensión. Es una auténtica barbaridad, esto es mucho peor que la congelación socialista. (Aplausos).
En cuanto a la forma, señorías, es un insulto para las mujeres decir que la tributación conjunta desincentiva la participación laboral. Pero ¿qué piensa la izquierda, que las mujeres no van a trabajar para ahorrarse 1000 o 1100 euros en la
declaración de la renta al hacerlo de forma conjunta? Es ofensivo habiendo seis millones de personas que quieren trabajar y que no pueden. En lugar de eliminar la reducción por la tributación conjunta, hagan un plan de reducción de gasto público
improductivo; reduzcan vicepresidencias, ministerios, asesores, que tenemos el Gobierno más caro y numeroso de la historia. ¿O no les da vergüenza asaltar de esta forma a los pensionistas y a las familias monoparentales sin antes reducir gasto
público ineficiente? Según la AIReF, hay miles de millones de euros todos los años en subvenciones sin rendición de cuentas, revísenlas antes de cometer esta barbaridad. Por cierto, la ministra Calviño también se incorpora al Gobierno de la
mentira, ahora dice que es una errata la eliminación de la reducción por tributación conjunta. ¿Una errata? Pero si está probado en el Consejo de Ministros, está enviado a Bruselas en el Plan de Recuperación, figura en el anexo. Dejen de reírse
de los españoles.
Por tanto, les pido que aprueben esta PNL para retirar esta propuesta de suprimir la reducción por tributación conjunta, que envíen a Bruselas un comunicado oficial rectificando esta medida y que disminuyan el gasto público improductivo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Es cierto que el plan presentado a Bruselas indicaba la eliminación de la reducción de la tributación conjunta, pero es verdad también que el Gobierno ha rectificado. Es una medida que era una recomendación de la AIReF sobre los beneficios
fiscales cuando hablaba del spending review y proponía además un régimen transitorio, pero también el Gobierno ha dicho que esperará a conocer la opinión del comité de expertos para la reforma fiscal. De todas formas, ustedes ya están proponiendo
una compensación, una serie de medidas como si esta medida del Gobierno ya estuviera tomada o en vigor y que yo sepa, desde luego, todavía no se ha modificado el IRPF en este sentido. Entonces, creemos que es una cuestión partidista en estos
momentos, porque no hay una decisión adoptada y, como he dicho, porque todavía no se ha modificado el IRPF ni hay ninguna reforma en ciernes en estos momentos. En Euskadi nosotros tenemos competencia propia y tenemos la reducción por la tributación
conjunta; con carácter general está la tributación individual, sin embargo, las personas contribuyentes integradas en una unidad familiar pueden ir a la tributación conjunta. Pero, como he dicho, vamos a votar en contra porque en estos momentos
esta medida aún no ha sido adoptada. (La señora España Reina: Que retire la propuesta).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la señora Martínez tiene la palabra.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidente.
Señora España, yo creo que hoy tenemos que estar tranquilos porque si por una vez confiamos en la ministra y de verdad era una errata, apoyarán esta PNL sin ningún problema. Hoy tienen la oportunidad, si de verdad era una errata, de
demostrarlo y votar a favor al menos de los primeros puntos de esta proposición no de ley; no por nada, sino porque yo sé que reducir gasto superfluo es una guerra por la que tenemos que seguir luchando el resto de partidos. Entendemos que no se
puede pedir a las familias con menos poder adquisitivo que no tributen de manera conjunta y que tampoco se deben seguir subiendo impuestos antes de reducir el gasto ineficiente, no el gasto necesario, del Gobierno. Por lo tanto, hoy poco nos queda
por debatir; si era una errata, demuéstrenlo. Sí que es cierto que, a veces, ya no sé qué pensar, porque pasa de ser una errata a algo que van a valorar después en el comité de expertos para la reforma fiscal, con lo cual como aquí nunca sabemos
qué es cierto y qué no lo es, hoy tendrán la oportunidad de demostrarlo.
Por supuesto, nuestro grupo parlamentario votará a favor de esta proposición no de ley. Esperemos que al final de esta Comisión podamos celebrar que este Gobierno no mintió, que es una errata y que lo van a solucionar y enviar un informe
nuevo a Bruselas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Plural el señor Bel tiene la palabra.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Nosotros no estamos de acuerdo con esta medida y no vamos a apoyar su PNL. Por tanto, diferimos del planteamiento que ha hecho mi compañera de Ciudadanos y voy a intentar explicarlo.
Nosotros no estamos de acuerdo con suprimir los beneficios fiscales de la tributación conjunta más allá de los informes de la AIReF y, si se debe plantear, se tendría que hacer de una forma muy selectiva y progresiva. Por tanto, no estamos
de acuerdo con el planteamiento que parece que en algún momento una parte del Gobierno hizo e incorporó al documento que se envió a Bruselas. Estos beneficios fiscales, de acuerdo con la memoria de beneficios fiscales de los últimos Presupuestos
Generales del Estado, ascienden a 1070 millones de euros. En cambio, la estimación que hace la AIReF es muy superior, son 2300 millones. En todo caso, sean 2400 o 1000 millones, lo que no admitimos es la demagogia en el planteamiento de unas PNL
porque, aunque sea una PNL, no queremos entrar en demagogia. Sinceramente, señores del Grupo Popular, cuando dicen: No lo hagan y compénsenlo con la reducción del gasto improductivo y reduzcan vicepresidencias, ministerios y asesores del Gobierno,
sean un poco rigurosos y serios. ¿Todo esto comprende 1000 millones de euros, sinceramente? ¿Las vicepresidencias, ministerios y asesores son 1000 millones de euros? Dirán: No, hombre, esto solo es una parte, hay muchos más gastos improductivos
en el presupuesto. Pues hasta la aprobación de este presupuesto, el presupuesto que estuvo gestionando el actual Gobierno es el último presupuesto aprobado por el Partido Popular. A mí me gustaría que identificaran partidas en los presupuestos por
valor -ya no le digo 2400 millones- de 1000 millones de euros que ustedes entiendan que son improductivas. No usen la demagogia general de que hay muchos ministerios, que yo también comparto que seguramente hay demasiados. En todo caso, esta es la
capacidad de autorganizarse de cualquier Gobierno y 1000 millones no se encuentran así como quien no quiere la cosa. A mí lo que me gustaría es que trajeran aquí una PNL identificando 1000 millones de gasto improductivo en los Presupuestos
Generales del Estado, entonces podríamos evaluar la bondad o no de la propuesta y quizá la apoyaríamos, pero estas declaraciones así absolutamente genéricas y, en nuestra opinión, un tanto demagógicas no las podemos apoyar.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Confederal Unidas Podemos el señor Guijarro tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
Hablaba el señor Bel de demagogia. Señor Bel, con todos mis respetos, creo que se queda usted corto porque la verdad es que leer lo que tenemos hoy por delante, conociendo cuál ha sido la política fiscal y económica del anterior Gobierno
del señor Rajoy, clama al cielo. Efectivamente, donde dije digo, digo Diego por parte de los señores del Partido Popular.
Yo aquí niego la mayor no, niego las dos mayores. La primera es que la medida de la que estamos hablando afecte necesariamente a las personas de menos ingresos. Esto no tiene por qué ser así. Hay varios estudios que, básicamente, ponen en
duda esta afirmación. Mi grupo parlamentario sí entiende que la tributación directa tiene que atender a la realidad, en términos de renta y de riqueza, de cada una de las personas. Luego, evidentemente, a través de las políticas fiscales se pueden
fomentar determinadas políticas de familia, etcétera. Todo ello nos parece excelente, pero poner en discusión este elemento no necesariamente quiere decir que se vaya a afectar a las personas con menos ingresos. Es más, podría ocurrir
perfectamente que se diera lo contrario. Confío en que ese comité de expertos que está estudiando este tipo de medidas a implementar a medio plazo tenga esto en consideración. Niego también la mayor porque, efectivamente, esto no es el anuncio de
una política que se va a ejecutar. El Gobierno remitió a Bruselas una serie de informaciones en las que, aparentemente, se habría colado una errata, según se cita literalmente. Bienvenida la rectificación que tenga que hacer el Gobierno.
El Gobierno remitió este informe y básicamente lo que hizo fue copiar algunas de las recomendaciones que había hecho la AIReF a través de la sección que le corresponde del spending review. El Grupo Popular es acérrimo defensor de todo
aquello que propone la AIReF, sin embargo, sorprende que en esto, que es una propuesta directa de la AIReF, parece que con la Iglesia hemos topado. Todo lo que dice la AIReF está bien hasta que les quita la razón a ellos. Entonces ahí ya les hace
menos gracia. Por cierto, no solo no les hace gracia, sino que, además, por arte de birlibirloque deja de ser independiente.
Por lo demás y para terminar ya, presidente, creo que el texto rezuma cinismo y, por lo tanto, no cabe otra que votar 'sostenidamente' en contra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Por el Grupo Parlamentario VOX el señor Jiménez Revuelta tiene la palabra.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Yo me voy a basar en datos empíricos y la realidad es que la eliminación de la reducción por tributación conjunta viene reflejada en el plan enviado a Bruselas y no entiendo que haya demagogia en que se presente una
proposición no de ley que pide que se retire precisamente de esa propuesta enviada a Bruselas que se vaya a eliminar la reducción por la tributación conjunta. Aquí han hablado los distintos portavoces de los grupos parlamentarios de demagogia y yo,
con sinceridad, estoy absorto porque no lo comprendo.
La verdad es que la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular me parece acertadísima. Es un atraco a nuestros pensionistas, fundamentalmente. Me voy a basar en mi experiencia, yo he estado veintidós años en varios despachos
como fiscalista y ayer me tomé la libertad -basándome un poco en los ejemplos que vienen en la proposición no de ley del Grupo Popular- de ver exactamente qué ocurriría en el caso de eliminar las reducciones por la tributación conjunta. Cogí una
declaración de renta de un matrimonio en el cual los ingresos son 16 322 euros que, menos los 114 euros de retenciones, les queda un bruto anual de 16 200 euros. Este resultado dividido en doce mensualidades les sale una cantidad neta total al mes
de 1350 euros. Pero, si cuando llega la declaración al año siguiente, eliminan las deducciones por tributación conjunta -que, en el caso de este matrimonio, son 1230 euros-, les quedaría un bruto anual neto de 14 978. Esto dividido en doce
mensualidades serían 1248 euros al mes. Les estaríamos quitando a estos pensionistas 102,50 euros mensuales. Esto me parece una auténtica barbaridad y, en mi experiencia -insisto, veintidós años-, la mayoría de las declaraciones que se presentan
si existe reducción por tributación conjunta son precisamente de pensionistas, es decir, de nuestros mayores. Esos mayores a los que, por cierto, quieren asfixiar y que dejaron morir en las residencias. Esta es la verdadera realidad. Señores
portavoces de los distintos grupos parlamentarios, tengan la vergüenza de apoyar esta proposición no de ley para que se retire -si es simplemente eso- del plan enviado a Bruselas la eliminación de la reducción por tributación conjunta. Por cierto,
la AIReF hizo aquella recomendación en 2019 y no en plena crisis como estamos ahora.
Para acabar, quiero romper una lanza en favor de nuestros mayores porque son un ejemplo de valentía, son un ejemplo de integridad y honestidad, son un ejemplo de perdón y compasión, son un ejemplo de amor en todas sus formas, son un ejemplo
de sentido del humor, son un ejemplo de perspectiva porque acumulan más años de vida y más experiencia, son un ejemplo de gratitud porque son tremendamente agradecidos por todas las pequeñas cosas de la vida, son un ejemplo de perseverancia por su
insistencia en conseguir lo que se proponen y son un ejemplo de sabiduría como herramienta para saber salir adelante ante cualquier situación. Por eso, nosotros apoyaremos esta proposición no de ley porque nos parece un atraco que se llegue a
consumar la eliminación de la reducción por tributación conjunta.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Vilches tiene la palabra. (Aplausos).
La señora VILCHES RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías del Grupo Popular, con esta PNL nos traen una vez más un muestrario de mentiras y bulos que difunden como el que siembra a voleo con la única finalidad de atacar al Gobierno y sin el más mínimo pudor de que ese temor sin fundamento
alguno germine entre las familias y trabajadores de rentas medias
y bajas, que dicen defender, pero cuando gobiernan ahogan sin miramientos. Esas familias y trabajadores que tienen memoria los llevaron a donde están, a la oposición, y recuerdan perfectamente el año 2012 como el año de la mayor subida
impositiva de nuestra historia, en plena crisis económica y financiera, aderezada con una vergonzosa amnistía fiscal. Y recuerdan los famosos viernes de recortes -también conocidos como de Dolores- y recordarán el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia como aquel que el Partido Popular trató de boicotear, de cuya gestión votó en contra y sobre el que no aportaron más que ruido y mentiras. Si me permiten el símil, ustedes han hecho con el plan lo que mis hijas hacen
con la bolsa de los frutos secos: escarban para encontrar aquello que les gusta y a mí me dejan las pipas y los garbanzos duros. (Risas). Pues eso, han sacado del plan fuera de contexto aquello que les ha resultado útil para atacar a este
Gobierno, sin molestarse siquiera en leerlo. Por eso, les aclaró que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el componente 28 desarrolla la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI y plantea el análisis de
beneficios fiscales mediante un grupo de trabajo entre IEF, Agencia Tributaria y DGT. También plantea la creación de un comité de expertos para abordar la reforma de medidas fiscales que contribuya a la transición ecológica y contempla medidas
tributarias de adopción a corto plazo ya introducidas en los Presupuestos Generales del Estado. Pero ustedes fundamentan esta PNL en el anexo sobre el impacto de género del plan, que describe una propuesta de la AIReF y no una reforma ya decidida
por el Gobierno. Así que esta medida no figura en el componente 28 sobre la reforma fiscal, sino que se trata de una opinión de la AIReF sobre la que el Gobierno aún no se ha pronunciado. Será en el momento en el que se encuentre con los informes
de la AIReF y con la opinión de los expertos cuando se abordarán posibles cambios en los incentivos fiscales y se harán buscando el máximo consenso político, en el que todos ustedes podrán participar.
Por todo ello, obviamente el Grupo Socialista votará en contra de su PNL porque el Gobierno no puede retirar la propuesta de suprimir la reducción por tributación conjunta en el IRPF porque no existe tal propuesta y, por lo tanto, no hay que
enviar ninguna modificación al respecto a Bruselas. Sobre la estructura orgánica de este Gobierno -para acabar-, quiero recordar a sus señorías que este se rige por principios de racionalidad y eficacia de la Administración pública en el desempeño
de su tarea. Igual ustedes deberían plantearse ampliar sus plantillas para que les ayuden a leer de forma completa informes y documentos y no nos hagan perder el tiempo con iniciativas vacías y carentes de sentido.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vilches.
- SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS TRIBUTOS QUE COMPONEN NUESTRO SISTEMA FISCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMUN.
(Número de expediente 161/002615).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la proposición no de ley número 12, sobre la adopción de medidas para mejorar el acceso a la información estadística de los tributos que componen nuestro sistema fiscal, presentada por
el Grupo Confederal de Unidas Podemos. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Efectivamente, nuestro grupo parlamentario ha presentado esta iniciativa que, como bien reza su título, básicamente lo que pretende es mejorar el acceso a la información estadística. Como ustedes recuerdan, a raíz de las últimas elecciones
autonómicas celebradas en Madrid se dio un debate a nivel nacional -con todo lo nacional que han sido esas elecciones autonómicas- sobre las distintas políticas impositivas que se venían aplicando en las comunidades autónomas. En su momento el
debate se centró en las figuras tributarias del impuesto sobre patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Lo cierto es que, a raíz de ese debate, nuestro grupo parlamentario consideró que, efectivamente, existían deficiencias informativas respecto a determinadas figuras tributarias. Mi grupo hizo este diagnóstico con el objetivo básicamente de
tratar de mejorar la cultura tributaria de nuestro país. Consideramos que sería muy bueno para el conjunto de la ciudadanía y para el conjunto del funcionamiento de nuestro Estado, de nuestro país, que esa cultura tributaria aumentara en todos los
segmentos sociales, para hacer así partícipes a los ciudadanos y ciudadanas de los esfuerzos y rigores que acometemos entre todas y todos para atender las necesidades del Estado del bienestar que pretendemos sostener. Solo
quiero apuntar aquí, por ejemplo, que el año pasado, en julio, el Centro de Investigaciones Sociológicas publicó una encuesta sobre opinión pública y política fiscal en la que ya advertía que el 67,9 % de la población española consideraba
que los temas fiscales son difíciles de entender debido a su complejidad. Esto obliga al Estado, según entendemos nosotros, a implementar políticas públicas que permitan, como digo, aumentar este nivel de conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas
para que sepan a dónde va su dinero, cómo se utiliza y, sobre todo, para que sepan también que un Estado del bienestar cuesta mucho dinero y que, por lo tanto, requiere del sacrificio de todos, de un sacrificio equiparado, es decir, los que más
tienen tendrán que aportar más que los que menos tienen.
Por lo tanto, en los resolutivos de la proposición no de ley que les presentamos para su consideración hemos incorporado dos puntos. El primero lo hemos autoenmendado para que precisamente quede claro que las incorporaciones y ampliaciones
de información que querríamos que aparecieran en el portal estadístico del Ministerio de Hacienda se hagan siempre con arreglo a las limitaciones normativas vigentes. Con el segundo punto solicitamos que el portal estadístico del ministerio incluya
enlaces directos a los distintos indicadores relacionados con el sistema fiscal incluidos en la base de datos de la Oficina Europea de Estadística.
Yo creo que son peticiones muy razonables, lo único que estamos solicitando es que se transparente la información y que, a resultas de ello, mejore la conciencia cívica de los ciudadanos sobre la necesidad de sostener el Estado del
bienestar. Confío en que tendrá el apoyo de esta Comisión para su futura implementación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Se ha presentado una enmienda parte del Grupo Parlamentario VOX y el señor Manso tiene la palabra para su defensa.
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente.
La verdad es que nos ha gustado mucho la propuesta que hace el grupo parlamentario de Izquierda Unida, Podemos -y todos los adjetivos que lleva detrás- y, además, nos ha gustado -se lo tengo que reconocer, señor Guijarro- porque ha sido
neutralmente ideológica. Usted lo advierte en la exposición de motivos y, efectivamente, es neutralmente ideológica, lo cual le agradezco.
Estoy de acuerdo con usted en que la gente desconoce mucho su sistema tributario. Por eso nosotros siempre hemos sido muy partidarios de que haya mucha información pública sobre el sistema tributario. Lo que no sé es si compartirá conmigo
que, a lo mejor, los que nos han gobernado hasta ahora han querido que sea así. Tampoco entendemos por qué a veces su grupo político se ha negado a la formación en temas económicos y financieros en las escuelas. Estoy de acuerdo también con usted
en que tenemos que ser conscientes de lo que cuesta el Estado del bienestar, pero también nos tenemos que plantear si vale lo que cuesta, porque a lo mejor los servicios públicos que nos demandan los ciudadanos se podrían dar por otros sistemas, que
no conllevan necesariamente la provisión por parte del Estado, y así podrían ser mucho más baratos.
En cualquier caso, vamos a apoyar su PNL. Le proponemos una enmienda de adición que consiste simplemente en que para toda esa mejora en los sistemas de información estadística no se incurra en gastos, es decir, que el Ministerio de Hacienda
sea capaz de publicar toda esa información utilizando los medios propios que tiene, porque no nos gustaría que tuviéramos que encargar esto a un tercero con cargo al presupuesto de la administración. Creemos que el Ministerio de Hacienda tiene
funcionarios suficientes en las categorías que se necesitan para esto y, por lo tanto, debería llevarlo a cabo con sus propios medios.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Manso.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Mazón tiene la palabra.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
Yo también quiero felicitar al señor Guijarro por la iniciativa. Me parece muy oportuna, está muy bien, incluso me sorprende que hasta el Grupo VOX le haya felicitado, cosa casi inédita. Pero yo tenía previsto aquí decírselo, no es porque
le quiera copiar.
Siempre hemos sido partidarios de que haya transparencia y, por supuesto, aquí es muy necesaria y, además de transparencia, también son necesarios más datos, más información, que se fabriquen más datos y más estadísticas de las que hay
actualmente. Yo ya he tenido ocasión en otras iniciativas de decir que tanto en el ministerio como en la Agencia Tributaria hacen falta más matemáticos. Son sugerencias que me imagino que pasan totalmente desapercibidas, pero el tratamiento
informático y estadístico es la base para poder tomar decisiones correctas, por lo que creo que hay que insistir en este sentido. Además de por lo que se propone en esta proposición no de ley, para eliminar incoherencias que se producen y agravios
comparativos que hay es muy importante y necesario poder cruzar datos no solamente de los impuestos de la recaudación, sino incluso también de las subvenciones, o sea, lo que da el Estado y lo que recibe para poder eliminar algunas incoherencias
que, al final, cuando se ven en conjunto llaman la atención.
Creo que este es un buen paso y, por supuesto, lo vamos a apoyar. Sobre todo, lo que quiero es que el ministerio tome nota y, de verdad, cumpla la proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.
Por el Grupo Parlamentario Vasco la señora Sagastizabal tiene la palabra.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Simplemente intervengo para decir que vamos a apoyar la proposición no de ley porque, como bien se ha dicho aquí, cuantos más datos estadísticos tengamos mejor será para poder tomar luego decisiones correctas. Desde luego, nos parece
adecuada.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Martínez tiene la palabra.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Mi grupo parlamentario no tiene muy clara la finalidad de esta proposición no de ley; repito, no nos queda suficientemente clara. No sabemos exactamente si lo que quieren es más transparencia, que se publiquen los datos y que toda la parte
fiscal sea más didáctica y positiva para que la gente la conozca o lo que buscan es empezar a rascar en ese compromiso que tiene el Gobierno con los independentistas de empezar a tocar esa parte fiscal que tienen las comunidades autónomas para poder
reducir los impuestos en su parte autonómica. No nos queda muy claro, por eso no vamos a poder apoyarla. Al no saber qué quieren realmente, no podremos apoyarla.
Debo decirle que, si lo que piden es transparencia, me llama la atención que el Gobierno, que quizás es muy poco transparente en muchísimos aspectos, quiera pedir transparencia a las comunidades autónomas y él no se aplique esa norma de ser
más transparente. Por cierto, la AIReF cuando hace sus informes accede a todos los datos que necesita. La propia AIReF ha dicho aquí en esta Comisión que a veces le cuesta recabar datos del Gobierno para realizar sus informes. Todo indica que se
pueden recabar por otros procedimientos, por lo que, en nuestra opinión, esta proposición no de ley no deja exactamente claro cuál es el objetivo final.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Plural el señor Bel tiene la palabra.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Una matización a mi compañera portavoz de Ciudadanos, porque en alguna otra ocasión lo ha dicho. Cuando hablan de homogeneización tributaria, pérdida de competencias en el ámbito tributario o lo que yo llamo la Loapa fiscal y dicen que los
independentistas están de acuerdo, debo decirle que nosotros no estamos de acuerdo; estamos absolutamente en contra de una Loapa fiscal. Sinceramente, no creo que el señor Txema Guijarro tenga esa intención con esta iniciativa.
Vamos a apoyarla con algunas matizaciones y algunas sugerencias. Vaya por delante que nosotros consideramos imprescindible que cuanta más información exista, en el ámbito tributario o en cualquier otro ámbito, a disposición no solo de los
ciudadanos, sino de todas las personas que se dedican a la investigación y al estudio de diferentes materias, la situación no solo será óptima, sino deseable. Y
cualquier acción que se haga desde los poderes públicos para incentivar este acceso a la información va a contar con nuestro apoyo. Dicho esto, alguna información que usted aquí solicita que se ponga a disposición en la página web del
ministerio debemos forzar a quienes tengan la competencia de la gestión de esta información a que también la pongan a disposición en su página web. Es decir, que cada una de las comunidades autónomas sea absolutamente transparente con los datos
fiscales que gestiona desde su ámbito, aunque sea con impuestos cedidos. Nosotros incluso estaríamos más cómodos con que, si en vez de que el ministerio los recoja en su portal, en la web del ministerio exista un enlace directo a las webs de las
comunidades autónomas donde se ofrezca esta información, como establecen en el segundo punto. Por tanto, nos parece bien que el ministerio pueda centralizarlo o, de alguna forma, facilitar el enlace a los datos de cada una de las comunidades
autónomas, pero donde se debe exigir también esta transparencia es en cada una de las comunidades autónomas, que son las que tienen la obligación, la responsabilidad y el deber moral y político de facilitar esta información. Así, algunos de estos
debates en los que, por una parte y por otra, se utilizan datos de forma interesada quedarían en evidencia no solo en cuanto a la recaudación tributaria, sino también, por ejemplo, en cuanto al impacto de los sistemas de financiación autonómica en
cada una de las comunidades autónomas.
En todo caso, más allá de estas matizaciones, no tenga ninguna duda de que vamos a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Paniagua tiene la palabra.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Una iniciativa penosa, señor Guijarro, hacía tiempo que no veía una igual. Hasta el punto de que llegan a decir -abro comillas- 'un posible factor que influye en la falta de conocimiento', cierro comillas. ¿Cómo que
un posible factor? ¿Influye o no influye? Si es la base de su PNL. Si no lo saben, por qué no se dedican a solucionar las cosas de las que saben.
Empiezan la exposición de motivos diciendo que, a raíz de las elecciones autonómicas de Madrid, se ha reavivado el debate sobre las distintas políticas impositivas implementadas en las comunidades autónomas. Ni siquiera en esto, que quieren
plantearlo como un hecho cierto, dicen la verdad. No han sido las elecciones en Madrid, ha sido la necesidad del Gobierno de venderse a los independentistas y, por tanto, han tenido que asumir su nuevo mensaje. Después del 'España nos roba', ahora
es 'Madrid nos roba'. A muchas comunidades autónomas gobernadas por la izquierda les ha venido como anillo al dedo para justificar su negligente gestión en materia presupuestaria y de impuestos. Siguen con una encuesta que revela que el 67,9 % de
la población considera que los temas fiscales son difíciles de entender debido a su complejidad. ¿Y? ¿Qué tiene que ver esto con la propuesta? Al contrario, ¿no será que si les facilitamos más datos terminarán por perderse con toda la información
fiscal? Acaban hablando de grupos de presión para intentar influir en un determinado sentido, en muchos casos con argumentos falaces. Es realmente demencial, señor Guijarro. Si quieren decir algo, díganlo, no sean cobardes y, si no, no lancen
estos mensajes conspiranoicos sobre nuestro mundo empresarial. Termina, para rematar, hablando de una sociedad justa y empoderada. Señor Guijarro, la sociedad no se puede empoderar, es un grupo social desfavorecido el que puede empoderarse. Da
igual, ¿verdad? El caso es que había que utilizar la palabrita.
La verdad es que los 5,5 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden hacerlo deben estar muy preocupados porque, según Unidas Podemos, el Ministerio de Hacienda no desglosa suficientemente algunos de los impuestos autonómicos. Si
quieren que les den el trabajo hecho, léanse el informe del Instituto de Estudios Económicos titulado 'La competitividad fiscal de las comunidades autónomas. Condición necesaria para el desarrollo económico', en el que en 129 páginas tienen
resumida toda la información que dice que les interesa y, además, tiene una comparativa con otros países de la OCDE. Lo único que se le caerá el mantra de que en España se pagan pocos impuestos. Léanlo.
Por si cabe alguna duda, votaremos en contra de esta iniciativa, ya que no está suficientemente justificada la petición y el gasto y le recomendamos que su autoenmienda, todo ello se realizará teniendo en cuenta las limitaciones de las
normativas vigentes, la plasmen en todas sus iniciativas, dado que el cumplimiento de la ley no es algo que ustedes valoren en muchos temas.
Muchísimas gracias. (Aplausos.-El señor Guijarro García pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Guijarro García, tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Señor presidente, en el anterior punto no he mencionado la enmienda de VOX y es solo para anunciar que no la vamos a aceptar no porque nos parezca que el contenido está mal, sino porque la consideramos innecesaria.
El ministerio no recurre a la contratación de servicios externos para estos servicios, con lo cual, no sería necesaria.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor García, tiene la palabra.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, presidente.
Vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley porque es importante que la información fiscal sea transparente, pero, sobre todo, comprensiva y que esté al alcance de todos los ciudadanos.
De esta manera será más fácil que la política fiscal sea comprendida por la inmensa mayoría de la ciudadanía que, según recoge el CIS en julio de 2020 en el estudio sobre opinión pública y política fiscal, era considerada difícil de entender
por siete de cada diez entrevistados.
Sería recomendable que la información de los impuestos recaudados por la Agencia Tributaria, los recaudados por las comunidades autónomas y también aquellos recaudados por las entidades forales se faciliten en formato accesible, código
abierto y reutilizable para el mejor aprovechamiento por la ciudadanía. Además, para que la política fiscal sea mejor entendida, porque es uno de los pilares en los que se asienta la arquitectura de la sociedad moderna, es necesario que desde los
poderes públicos se practique la pedagogía fiscal que haga comprensivo el sistema impositivo y, sobre todo, el destino de los impuestos a través de los servicios públicos.
La pandemia de la COVID-19 se descubre como el paradigma que mejor explica el uso de los recursos que proceden de la política fiscal. La estancia en una UCI cuesta 1500 euros al día y la media de los infectados por la COVID ha sido de
dieciséis días. ¿Quién hubiera podido pagar 24 000 euros de estancia media en una UCI? ¿Quién podría afrontar los 100 000 euros de una operación coronaria de las que practican miles de ellas cada día nuestros hospitales? ¿Quién podría afrontar
los tratamientos médicos de última generación que pueden suponer 40 000 euros al año? ¿O quién podría afrontar una matrícula de 12 000 euros al año en alguna universidad privada? Los servicios públicos nos igualan a los españoles y, sobre todo,
borran las diferencias de cuna. Por eso, estos ejemplos a los que hacía referencia antes, son ejemplos de un sistema en el que se contribuye en función de lo que se posee y se recibe en función de lo que se necesita. En definitiva, solidaridad en
estado puro.
Por estos motivos, por la pedagogía fiscal que hay que hacer siempre y por la transparencia de los datos fiscales vamos a votar a favor su iniciativa, señor Guijarro.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García.
- SOBRE LOS INCENTIVOS FISCALES A LAS PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS EN CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002624).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate de la proposición no de ley número 13.º sobre los incentivos fiscales a las producciones cinematográficas en Canarias. Su autor es el Grupo Parlamentario Mixto y para su defensa tiene
palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
El 7 de mayo de 2020 entró en vigor el Real Decreto 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprobaron medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID. Con esta medida el
Gobierno de España pretendía mejorar la capacidad y la competitividad del sector cultural en una situación muy compleja como ha sido el impacto de la pandemia. Sin embargo, el Gobierno de España se volvía a olvidar de nuestras islas.
Canarias desde hace años ha tenido un diferencial fiscal para las producciones que se realizan en el archipiélago, un diferencial reconocido y recogido en nuestro Régimen Económico y Fiscal, y que ha permitido no solo atraer a grandes
producciones audiovisuales a nuestras islas, sino crear todo un tejido empresarial, una industria audiovisual que da empleo directo a más de 2000 profesionales y que permite la diversificación de la economía canaria. Sin embargo, este real decreto
dejó a Canarias atrás, subió el
límite de las deducciones en el impuesto sobre sociedades para las producciones realizadas en península y Baleares hasta 10 millones y se olvidó de que Canarias tenía reconocido y anclado en su REF un 80 %. Si para la península y Baleares
se subía 10 millones, para Canarias este máximo de deducción tenía que haber subido a 18 millones.
Tanto el Gobierno de Canarias como los parlamentarios hablamos con la ministra para que el Ministerio de Hacienda corrigiera lo que pensábamos en Coalición que había sido un despiste. Lo cierto, señorías, es que aquí estoy un año más tarde.
Hoy en día con ese, vamos a decir, olvido del Gobierno, tenemos un límite de deducción que está por debajo del resto de España; es decir, ha logrado que se penalice a las producciones que vienen a Canarias. Esto supone un lastre para seguir
atrayendo las producciones, ya que los estudios valoran a qué territorio ir en atención a este incentivo.
El REF contempla deducciones que no existen en la península ni en Baleares como también que estas sean de mayor importe y de mayor límite. Es el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, el que lo permite. Sin embargo, la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 19/1994 establece un importe fijo en Canarias de 5 400 000 euros y en estos momentos existe un debate jurídico sobre si esta disposición adicional prevalece sobre el artículo 94. Al margen de la decisión jurídica,
lo cierto es que el solo hecho de que exista duda y que pueda plantearse la discusión a los estudios les supone un coste que no asumen, razón por la que se pone en riesgo que continúen creciendo en nuestras islas este tipo de rodajes que tantos
beneficios hasta ahora nos han dado. En Canarias se rodaron en 2020 con el COVID más de 120 producciones, dando empleo directo a más de 2000 profesionales organizados en productoras.
Parte del empleo en el sector turístico se ha podido mantener porque estas producciones han mantenido sus rodajes en islas como Fuerteventura o El Hierro. Algunos hoteles en Tenerife volvieron a abrir gracias a que había un rodaje y todo
esto saltará si no se corrige. En este momento, y esto es muy importante, hay toda una ciudad montada en Fuerteventura por una de las grandes productoras mundiales para grabar una segunda temporada pendiente de que esto se resuelva y, de lo
contrario, ya ha anunciado que le será más rentable llevárselo a otro lado.
El pasado miércoles todas las fuerzas políticas de Canarias votaron a favor de una PNL en el Parlamento para que se modifique con otro real decreto de forma inmediata. Llevamos esperando un año la ley que no se ha tramitado en este Congreso
que permita tramitar las enmiendas que habíamos presentado los nacionalistas canarios y el impuesto sobre sociedades, y esto es lo más importante, se liquida en julio. Apenas quedan ocho semanas para arreglar esto y la ponencia de la ley no ha
arrancado, una ley que lleva treinta prórrogas y un año sin tramitarse y que no se va a debatir en menos de seis semanas para ir al Senado y volver al Congreso para su aprobación definitiva.
Señorías, el Gobierno debe corregirlo mediante un real decreto que vuelva a situar a Canarias con su diferencial fiscal que recoge el REF y no podemos penalizar a un sector en Canarias que tanto esfuerzo ha costado atraer durante tantos
años. He presentado una enmienda para que sea lo que se ha aprobado literalmente por todos los grupos políticos en Canarias, para que vean que en la defensa de nuestra tierra no me aparto ni un milímetro de los acuerdos a los que se llegan y con
esto espero recabar el apoyo de ustedes.
Quiero agradecer fundamentalmente al Grupo Socialista el esfuerzo que ha hecho para llegar a una transaccional que recoge al cien por cien el espíritu del Parlamento de Canarias, así como al Grupo Popular y al resto de las fuerzas políticas
que estamos intentando un acuerdo unánime.
Les quiero decir que Fuerteventura tiene un 70 % de paro en este momento y que es cuestión de semanas que Universal y el resto de las productoras desmonten la infraestructura de Fuerteventura.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
A continuación, y para defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario VOX la señora Cañizares.
La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidente.
Sabemos que el necesario régimen económico especial de Canarias concilia los principios de su diferencialidad con el diseño de un sistema que impulse la actividad económica y la creación de empleo, así como la regulación de un foco de
atracción a la iniciativa empresarial y a la presencia del inversor foráneo. Por tanto, resulta imprescindible mantener una menor presión fiscal que la media del resto de España y de la Unión Europea para que Canarias disponga de una fiscalidad
territorial capaz de compensar aspectos negativos y efectos desfavorables de la insularidad desde el punto de vista
económico. Por ello, siempre se ha incorporado un coherente bloque de incentivos fiscales y económicos, de tal modo que verdaderamente genere decisiones inversoras y dinamice su economía.
En noviembre de 2014 se aprueba la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades y en su redacción original del artículo 36 se establece una deducción fiscal para las producciones cinematográficas en porcentajes y con límite cuantitativo de 3
millones de euros y simultáneamente se modifica la Ley 19/1994 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en todo aquello que pueda guardar relación con las novedades que introduce esa nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades. En concreto, para las
producciones cinematográficas queda regulada la misma deducción que para el resto de España con la especialidad aplicable a Canarias, acorde con lo que establece ese artículo 94 de la Ley 20/1991 con su porcentaje incrementado sobre el general del
80 % y esto dio como resultado que ese incentivo tuviese un límite cuantitativo de 5 400 000 euros.
En aquel momento la normativa se modifica siguiendo el espíritu de mantener ese régimen especial de estímulo a la inversión en Canarias sin que entrasen en colisión la norma general con la especial. Por tanto, señora Oramas, hoy yo no
centraría el debate, como decía en su PNL, en la interpretación de esa disposición adicional, que creo que está clara, sino más bien en que el Gobierno, no sabemos si intencionadamente, por despiste, por las prisas, por desconocimiento u olvido,
cuando trajo ese Real Decreto 17, que modifica el artículo 36 elevando los límites porcentuales, simplemente se olvidó de Canarias. Porque, claro, en ese mismo Real decreto 17 deberían haber modificado esa disposición adicional decimocuarta. Por
tanto, nuestro grupo parlamentario está totalmente de acuerdo con su PNL y entendemos que el Gobierno en aras de que la normativa mantenga la coherencia y no haya colisión entre normas debería proceder a modificar esa disposición adicional.
Creemos que oportunidades ha tenido, hasta treinta y nueve el año pasado y este año ya vamos por once, incluso en la Ley de Presupuestos. Es más, es que en el Real Decreto 39/2020, de 30 de diciembre, se modifica precisamente la Ley 19/1994
introduciendo una disposición transitoria relativa a la ampliación de plazos vinculados a la reserva para inversiones en Canarias; igual ahí también podían haber tocado esa disposición adicional. No obstante, hemos presentado una enmienda a los
solos efectos de mejorar y clarificar lo que usted solicitaba en el petitum, ya hemos conocido la transaccional y se ajusta al espíritu de lo solicitado, y, por tanto, apoyaremos su proposición.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cañizares.
A continuación, se ha presentado otra enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra su portavoz la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.
Señorías, quiero, en primer lugar, agradecer la voluntad de acuerdo del grupo proponente de esta PNL, pero también especialmente la capacidad y la voluntad de acuerdo que han tenido el Gobierno de España y el Gobierno canario.
También quisiera agradecer, cómo no, el empeño, el seguimiento y la insistencia de mis compañeros para llegar a un acuerdo en ese tema: Héctor Gómez, Tamara Raya, Juan Bernardo Fuentes, Ariagona González, Luc André Diouf y también los
ponentes del real decreto-ley que se está tramitando en otra Comisión.
La cuestión que ahora se nos propone a consideración en esta Comisión de Hacienda y que ahora estamos debatiendo, como decía, está siendo objeto de discusión en la ponencia relativa al proyecto de ley derivado del Real Decreto-ley 17/2021
constituida en una comisión distinta a la nuestra. Entendíamos que es allí donde se debía concretar este tema y además hacerlo con celeridad, pero, si se encuentra una fórmula más rápida, desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista está de
acuerdo en que así se haga y por eso hemos llegado a una transaccional. Entendemos y compartimos la urgencia de esta materia. De hecho, les puedo asegurar que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han llegado a un principio de acuerdo
sobre la solución de la situación generada ante un hecho que era imprevisto; fue, y es una buena noticia para el sector audiovisual, el aumento de deducciones que se otorgó en el real decreto-ley de 2021 y debe ser una noticia positiva en toda
España.
Este efecto indeseado por todos hay que corregirlo, la limitación de este incremento de deducción para Canarias al no haberse modificado en ese mismo real decreto-ley la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Impuesto sobre
Sociedades que en principio no se entendía necesaria y donde, al mantener un tope de deducción para Canarias, es evidente que es necesario incrementarlo. Es una
corrección que debe realizarse, pero quiero decir que, en cualquier caso, no nos corresponde a nosotros fijar en qué porcentaje ni en qué cantidad. Evidentemente, como mínimo, la deducción debiera ser equivalente al resto de la península y
además debiera tener en cuenta el efecto diferencial a favor de Canarias que persigue y recoge los principios del Régimen Económico y Fiscal. Debe ser justo para Canarias contar con un diferencial fiscal que les haga ser más competitivos frente a
otros territorios, pero también debe ser justo para todos.
Como decía, no nos corresponde a nosotros fijar los términos y, en ese sentido, hemos transaccionado esta enmienda transaccional que hemos aprobado. Por tanto, me congratula saber que este es un tema que se va a solucionar en breve porque,
como he dicho, genera incertidumbre, hay inversiones realizadas en el territorio que requieren contar ya con una aclaración que les aporte seguridad jurídica, y también me congratulo de la enmienda transaccional a la que hemos llegado los grupos.
Espero que tengamos la oportunidad de votar todos conjuntamente esta enmienda transaccional.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
Mi grupo parlamentario apoyará esta proposición no de ley porque siempre ha apoyado la cultura y específicamente la cultura audiovisual. Esperamos que estas modificaciones que se recogen en esta transaccional lleguen a tiempo para que
Canarias no pierda ni un solo euro de ese dinero y de esa actividad que permite también la diversificación en un territorio donde la mayor parte de los ingresos llegan a través del turismo. Como en este año ha pasado muy malos momentos, creemos que
es importante que no se pierda la oportunidad de seguir manteniendo una actividad que da otra manera de obtener ingresos para los ciudadanos canarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
La verdad es que, después de haber leído la propuesta de Coalición Canaria, entendíamos que efectivamente el problema que describe debe ser resuelto. No están las Islas Canarias como para andar jugando porque la situación económica es
bastante delicada, con unas tasas de desempleo absolutamente desorbitadas, y es cierto que en ese sentido esta comunidad autónoma requiere de un tratamiento especial y específico por parte del Estado por su insularidad y por otras razones que
también se han comentado.
También es cierto que la disfunción que la señora Oramas ha descrito se debe, efectivamente, al hecho de que el Gobierno reaccionó y reaccionó efectivamente a raíz de la crisis pandémica del año pasado ofreciendo una serie de ventajas a
determinadas empresas que, como bien describe la iniciativa, generan unas descompensaciones ulteriores que producen este tipo de debates y de comparativas.
Está claro que el Gobierno ha tenido la voluntad de arreglar este problema en medio de una maraña tremenda de problemas y de agentes económicos que pedían ayudas y recursos al Estado. Por tanto, celebramos el acuerdo al que se ha llegado y
que se nos presenta hoy a modo de transaccional en el cual se reconoce el derecho que tiene la Comunidad Autónoma Canaria a disfrutar de ese diferencial fiscal y el Gobierno asume la tarea, tal y como se refleja en esa enmienda, de atender este
problema y mantener el diferencial correspondiente.
Solo querría terminar manifestando, como han hecho antes la señora Martínez y la propia señora Oramas, que esta solución llegue cuanto antes y que la misma permita que ese sector audiovisual incipiente que se estaba generando en
Fuerteventura, si no he entendido mal, se pueda mantener y hasta consolidar para crecer en un futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
A continuación, y le pido disculpas de antemano porque le he saltado, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Ningún problema. Algunos de mis compañeros y algunas de mis compañeras me decían que yo no tenía derecho a hablar de Canarias y tengo por seguro que no era la voluntad de la Presidencia. Lo digo porque, mientras continuemos formando parte
del mismo Estado, entiendo que tengo mi derecho de intervenir y cuando no, también podré decir lo que piense sobre Canarias y sobre el resto del mundo.
En todo caso, nosotros vamos a votar favorablemente, ya se lo he transmitido a la señora Oramas, esta propuesta de Coalición Canaria que pide la modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias por convicción, por respeto y porque
entendemos que es parte también de un ejercicio de su autogobierno.
Dicho esto, ya podría finalizar aquí mi intervención, pero, en todo caso, voy a introducir algunas consideraciones en un tono de cierta ironía para que ustedes lo entiendan. Nosotros votamos a favor de esta iniciativa porque entendemos que
los canarios cuando lo plantean no son insolidarios, los perversos nacionalistas canarios no pretenden desde esta perspectiva perjudicar al resto del Estado español cuando hacen este planteamiento y no pretenden hacer dumping fiscal al resto de
comunidades autónomas. Por esto, con la mayor naturalidad, y sin que pase absolutamente nada, nosotros lo apoyamos, lo defendemos y lo votamos favorablemente.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
A continuación, y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidente.
Es bueno volver a reiterar y recordar que la adaptación de la legislación, también la fiscal y la económica, a la especial situación de Canarias de lejanía, de insularidad y de ultraperificidad viene recogida en los tratados de la Unión, en
la propia Constitución y en nuestro estatuto de autonomía. Por tanto, hay una diferencia clara con lo que ocurre en el resto del territorio nacional y es el motivo por el cual hay que adoptar medidas que hagan más ventajosa la inversión y la
competitividad de Canarias y con ello el crecimiento económico tan deseado.
No me canso de decir que nos encontramos ante una situación dramática: 282 000 personas en Canarias quieren trabajar y no pueden, más de 27 500 personas en lo que va de año. Ante esa situación, hemos creído siempre que el desarrollo de la
industria cinematográfica potencia la economía y potencia una industria que es un tejido industrial y económico alternativo, el del turismo, y lo hicimos teniendo mayoría absoluta por dos veces. Con un Gobierno con mayoría absoluta del Partido
Popular se incrementaron los incentivos económicos y las inversiones cinematográficas por dos veces. Por tanto, estamos reiterando ese compromiso. Hay un riesgo, como la diputada Ana Oramas anticipaba, de redirección de esas inversiones hacia la
península en la medida en que las ayudas son mayores en la península que en Canarias y esto sucede por un error legislativo que esta proposición no de ley pretende rectificar y se refiere al límite de las ayudas que puede devolver Hacienda a la
inversión realizada en esa producción cinematográfica que debe ser un 80 % superior a la regular que establece la Ley de Sociedades. Hasta ahí parece que estamos todos de acuerdo. Lo que parece extraño es que nos encontramos ante la primera
proposición no de ley, o las primeras que yo veo, en la que el deseo se plasma en la modificación de un texto que está todavía en la Casa y que todavía se puede enmendar. Se puede enmendar y lleva en la Casa más de un año porque el Gobierno del
Partido Socialista se ha negado a afinar el plazo de enmiendas y se ha negado a tramitar esta legislación que ya tenía entre las enmiendas presentadas por diversos grupos, también por el nuestro, una enmienda que contemplaba acabar con este
diferencial y con esta situación realmente lamentable que puede poner en riesgo el desarrollo de la industria cinematográfica en Canarias que, insisto, tiene un efecto tractor clarísimo, como se ha podido demostrar en esta pandemia tanto en el
sector hotelero, como en la industria auxiliar a la hostelería. Por tanto, nosotros apoyamos esta iniciativa y hemos firmado una enmienda transaccional que no nos ha cogido naturalmente de sorpresa, puesto que ese mismo texto lo tenemos incorporado
ya como enmienda a ese Real Decreto 17/2020 de apoyo al sector cultural y de carácter tributario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal.
Señora Oramas, entiendo que hay una transaccional y, por tanto, eso es lo que se votará.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Sí. Quiero agradecer a VOX, al Grupo Socialista y a todas las fuerzas políticas que asuman la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE LOS REQUISITOS QUE RESULTAN DE APLICACIÓN A LA DEDUCCIÓN POR GASTOS DE GUARDERÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 81.2 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y SU CORRESPONDIENTE DESARROLLO REGLAMENTARIO. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000265).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre los requisitos que resultan de aplicación a la deducción por gastos de guardería contenida en el artículo 81.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y su correspondiente desarrollo reglamentario.
Tiene la palabra la señora Martínez por cinco minutos.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario viene a traer hoy aquí una proposición no de ley dirigida a que se cumpla con una medida fiscal para ayudar a la conciliación y para ayudar a las familias, que es lo que queremos.
En los Presupuesto Generales del Estado de 2018 se modificó la Ley reguladora del impuesto sobre la renta de personas físicas para incluir una deducción que sumaba a la deducción por maternidad, más concretamente una deducción de hasta 1000
euros adicionales si se hubiesen satisfecho gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros educativos infantiles autorizados, por supuesto. La ley definía los gastos de custodia como las cantidades satisfechas a guarderías y
centros de educación infantil por la preinscripción, la matrícula, el horario general o ampliado, alimentación y otra serie de elementos.
Cuando se aprobó el reglamento que venía ligado a esta norma, se perdió un poco el sentido porque lo que buscaba esta modificación era fomentar el estímulo de la incorporación de la mujer al mercado laboral, ayudar a la conciliación y
también, por qué no, promover el acceso de los menores para que iniciaran el ciclo de Educación Infantil lo antes posible. Nos centramos en la medida real que es ese reglamento que después enturbiaba esas deducciones que venían magníficamente
claras en esa modificación que se hizo en los Presupuesto Generales del Estado.
La Dirección General Tributaria ha hecho una interpretación muy restrictiva utilizando este reglamento que en la práctica imposibilitaba a la mayoría de las familias que tenían hijos en guarderías a poder hacer esa deducción. Esa
interpretación no ayuda a la conciliación y lo que queremos es que eso se modifique. Nosotros queremos que cualquier familia que quiera conciliar pueda llevar a cabo esa deducción y que pueda llevar a sus hijos a guarderías o escuelas infantiles, a
ambas.
Esta proposición no de ley busca que haya igualdad en esas deducciones, que se incentive la conciliación y, por supuesto, ayudar a las familias. Por eso, se firmó y se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado y entendemos que es
justo que se lleve a cabo porque ha habido ciertos problemas a la hora de implementar esa deducción.
Hemos visto que hay sentencias ya de ciertos tribunales que dan la razón a mujeres que han pedido que se pueda hacer esa deducción teniendo a sus hijos en guarderías. Por lo tanto, creemos que es una evidencia más de que se puede hacer esa
deducción para que todas las familias que quieran conciliar y para que las mujeres que quieran llevar a cabo su trabajo y no puedan acceder a escuelas infantiles bien por el cupo o bien porque sus territorios son lugares donde no hay suficiente
oferta y se quieren incorporar a trabajar y lleven a sus hijos a guarderías puedan deducirse para que la conciliación sea efectiva y sea total. Son dos puntos. Pedimos realizar las modificaciones necesarias en el Real Decreto 439/2007, que es ese
reglamento que restringía la modificación de ley aprobada en los presupuestos, y que se realicen todas las modificaciones que fueran necesarias para que esa deducción de la que estamos hablando resulte de aplicación a todos los casos en los que los
gastos de custodia sean en centros socialmente reconocidos y, por supuesto, que cumplan con la normativa vigente en cada caso.
Solicito a todos los grupos parlamentarios el apoyo a esta proposición no de ley que lo único que busca es ayudar a la conciliación familiar. En concreto pido también el apoyo de los grupos que se llaman progresistas, que se vanaglorian de
decir que son el Gobierno más progresista de la historia, para que ayuden a las mujeres a conciliar, tengan a sus hijos donde los tengan, ya sea una guardería o una escuela infantil, porque es de justicia que también puedan acceder a esta deducción
las mujeres que llevan a sus hijos a guarderías para volver al mercado laboral, a su empresa para realizar su actividad.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Al no haber enmiendas, corresponde el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón.
El señor MAZÓN RAMOS: Muchas gracias.
Estamos de acuerdo con esta proposición no de ley, pero quiero dejar clara una cosa, y es que hay que separar el aspecto fiscal del educativo. Tiene razón en que no se puede mezclar en un Reglamento de desarrollo del IRPF un
condicionamiento educativo. El control fiscal es una cosa y el control educativo, si es necesario, es otra. Si se trata de conciliación familiar de niños pequeños, quitar la subvención de mil euros a algunas familias que no han podido entrar en
una guardería que no tiene proyecto educativo por muchas razones, por ejemplo, porque pueden estar en pueblos pequeños, no parece justo. Cantabria no es que sea muy grande, pero hay treinta casos de guarderías en las que los padres no pueden
deducirse los mil euros, que tampoco es una cantidad que vaya a arruinar a Hacienda.
Creo que la exigencia que plantea de ajustar el decreto no tiene por qué ser en los mismos términos que dice en su número 1, pero desde luego sí hay que ajustarlo de alguna manera. Quizá la licencia municipal no sea suficiente, pero con el
impuesto sobre actividades económicas ya se da un paso más. Lo que está demostrado es que una de las mejores maneras de luchar contra el fraude fiscal es la desgravación. Cuando a un particular le permites desgravarse normalmente lo declara, y el
que recibe el ingreso queda retratado. Esa experiencia la hemos tenido en muchos casos, sobre todo en materia urbanística y en deducciones por obras, por reparaciones. No hay mejor incentivo para eliminar el fraude fiscal que el hecho de que el
propio pagador se pueda deducir esa cantidad, porque el que lo recibe, lógicamente, tiene que declararlo.
La proposición es muy correcta. No quiere decir que Hacienda tenga que hacerlo en los mismos términos, pero sí tiene que poner unos requisitos de control fiscal que sean estrictamente fiscales. Si luego la autoridad educativa quiere poner
un requisito, tendrá que discutirse, pero está claro que no todas las guarderías, sobre todo de niños muy pequeños, pueden disponer de un currículum y de un proyecto educativo que requieren otros medios.
Vamos a votar a favor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mazón.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Muchas gracias.
Compartimos el fondo de la proposición no de ley, pero diferimos en cuanto a las medidas que propone, porque pretende eliminar determinados requisitos de necesidades de autorización. Nosotros pensamos que es necesario acreditar las
licencias municipales y autonómicas. Es cierto que el segundo punto se abre a cualquier centro, por lo que en esa parte tenemos nuestras dudas. En Euskadi tenemos deducciones fiscales como las que están planteando, pero para el tema de guarderías
no las tenemos y se hacen bonificaciones a las matrículas moduladas en función de la renta, que podría ser otra opción.
Al final veremos cómo queda y decidiremos nuestro voto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a votar favorablemente, sin ningún tipo de dudas, porque el espíritu de la norma fiscal es uno y las normas estrictamente educativas deben ser otras. Si determinados centros educativos no deben existir porque no cumplen cierta
normativa, pues no deben existir. En todo caso, eso lo regulará la legislación educativa. Pero desde el momento en que existan, y por tanto se entiende que los padres pueden llevar a sus hijos a estos centros, deben ser tratados desde la óptica
fiscal con la misma equidad. Esto después tiene una plasmación concreta en la diversidad territorial que tenemos. Si se excluye a determinadas guarderías de esta deducción, en algunos pueblos, en algunos municipios no hay alternativa real, lo que
implica que para que los padres concilien además tendrían que desplazarse a otro pueblo o a otro municipio.
Por estas razones vamos a votar a favor. Quiero hacer una reflexión, que es otro motivo adicional para votar a favor. No es la primera vez que los legisladores aprobamos una determinada norma con un espíritu muy concreto y después, a
través del reglamento del Gobierno o la Dirección General de Tributos hacen
una interpretación muy restrictiva de la norma que imposibilita en muchos casos aplicarla y, por tanto, conseguir el objetivo del propio legislador. No quiero extenderme, pero recuerden lo que pasó en octubre de 2017, que en esta casa se
aprobó la Ley de medidas urgentes del trabajo autónomo, en la que se posibilitaba -generó unas grandes expectativas- que muchos autónomos pudieran deducirse gastos de manutención. ¿Cuál ha sido la realidad? Que la aplicación de los criterios de la
Dirección General de Tributos ha sido tan restrictiva que lo que pretendíamos los legisladores cuando lo aprobamos ha quedado sin efecto. Es un ejemplo más. Por ello, creo que debemos ser muy listos -si me permiten la expresión- a la hora de
legislar para evitar interpretaciones y que si estas se producen seamos capaces de modificarlo para recuperar el espíritu legislativo de cada una de las iniciativas.
Vamos a votar favorablemente. Felicitamos al Grupo Ciudadanos por presentar esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Vaya por delante que compartimos el espíritu de la iniciativa por cuanto que la misma pretende facilitar la incorporación de la mujer al mundo laboral, lo que de por sí tiene un valor específico y evidente. Ahora bien, a la hora de entender
qué es lo que se propone se dice aquello de que el diablo está en los detalles, y cuando bajamos a esos detalles hay cosas en las que podríamos polemizar. Por ejemplo, en el punto 1 se insta al Gobierno a realizar las modificaciones del Real
Decreto 439/2007, que es el que nos trae a este debate, con el fin de eliminar el requisito de que el centro de custodia de los menores cuente con una autorización expedida por la Administración educativa competente. Yo diría que este es un
requisito mínimo y necesario. Decían alguno de los anteriores intervinientes que una cosa es el incentivo fiscal y otra es el fin educativo. Cuando estamos hablando de niños y niñas en estas edades se supone que sus actividades de socialización
están orientadas a una educación, están orientadas pedagógicamente. Por tanto, me parece que algún tipo de restricción, siquiera mínima, como está actualmente, es absolutamente necesaria. Si nos vamos a la fórmula que propone el Grupo
Parlamentario Ciudadanos de que quede todo abierto, casi imposible de cerrar, nos genera algún problema sobre todo de aplicación, porque es verdad que también se decía qué es una guardería y que no lo es. En términos legales tampoco está bien
definido.
En todo caso, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, este problema, porque es un problema, se debería resolver en esta misma legislatura, y lo digo porque en el acuerdo de cogobierno entre mi formación política y el Partido
Socialista se recoge la universalización del acceso a la educación infantil de cero a tres años a través de la red pública en condiciones de equidad. Es decir, si el Estado es capaz de garantizar a todos los niños de cero a tres años un acceso en
condiciones de equidad a ese tipo de educación, esta polémica que nos traen hoy aquí sería redundante y quedaría de alguna forma superada por la vía de una acción decidida del Estado que nos parece fundamental, y no voy a poner ahora en valor la
importancia de que el Estado destine recursos a la financiación de sus menores, porque me parece de una evidencia total. Esta universalización de la educación infantil...(Rumores). Es que no me oigo.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Lo dejamos ahí, porque como no me oigo. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Tiene razón el señor Guijarro, porque muchas veces cuando estás hablando si hay murmullos detrás no se escucha uno a sí mismo.
La portavoz del Grupo Ciudadanos, la señora Martínez, nos trae una proposición no de ley para ampliar la deducción fiscal de mil euros al año para las madres que cotizan y que llevan a sus niños a las denominadas guarderías, que, como han
dicho, no cuentan con la preceptiva autorización comunitaria de escuela de educación infantil. Pero nos preguntamos por qué la proposición no de ley de la señora Martínez solo lo amplía a los centros denominados guarderías y no oficiales, digámoslo
de alguna manera. Este grupo parlamentario entiende que el incentivo fiscal que se pretende satisfacer para facilitar la incorporación de la mujer al trabajo puede hacerse extensible a más casos, por ejemplo, el caso de una
madre que prefiera contratar los servicios de una cuidadora mediante el sistema de empleada de hogar, que actualmente solo cuenta con deducciones autonómicas como en Madrid y Castilla y León, pero no estatales. También se podría hacer
llegar esta ayuda a aquellas madres que por iniciativa propia deciden cuidar a sus hijos en la edad más temprana, de cero a tres años, incentivando de esta manera el cuidado materno-filial, de tal forma que la ayuda se concediera en ese periodo
aunque la mujer no trabajara, incluso dar la posibilidad de que durante ese periodo la mujer pudiera seguir cotizando.
Señorías, creo que hemos abandonado a las grandes olvidadas, a las madres de toda la vida, a aquellas que por voluntad propia deciden quedarse al cuidado de sus hijos y que con su cuidado y atención en muchos casos contribuyen mucho más que
aquellos que son especialistas en recibir ayudas. Señorías, se llama libertad; libertad para que cada uno tenga la oportunidad de poder elegir libremente lo mejor para sus hijos, porque aunque estemos en la Comisión de Hacienda es necesario hablar
de esta situación. ¿Cuántas madres que decidieron cuidar de sus hijos en vez de trabajar recibieron ayudas? ¿Existe algún prejuicio moral hacia aquellas madres que deciden hacerlo? ¿Por qué no reciben ayudas? Nuestras madres y muchas mujeres que
hoy en día deciden cuidar de sus hijos, contribuyen al Estado en mayor medida que muchos chupópteros y merecen una protección y un cuidado especial. Por esa razón, señora Martínez, ¿por qué quedarse solo en la deducción fiscal de los mil euros a
las madres que llevan a sus hijos a las guarderías?
Por otro lado, sin entrar a debatir lo que ha dicho la Dirección General de Tributos y la consulta vinculante en la que manifiesta claramente que la deducción solamente es para aquellos centros autorizados, esto debe hacernos pensar en cuál
es la dinámica de muchas deducciones, que es que cumplan con determinados requisitos, sobre todo como forma de control. Por ejemplo, para que el arrendatario pueda deducirse el alquiler de su vivienda habitual, en algunas comunidades autónomas,
léase Madrid, es requisito indispensable que la fianza la deposite el arrendador en el Ivima. Sin ese requisito no es posible la deducción.
En definitiva, con estas medidas fiscales seleccionamos de forma silenciosa hacia dónde queremos dirigir una sociedad, cada día más sometida, con el objetivo del control total y la pérdida de nuestras libertades.
Este grupo parlamentario se reserva el sentido de su voto y esperaremos al final para tomar una decisión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días de nuevo, señorías. Vamos a apoyar esta PNL que nos presenta el Grupo Ciudadanos porque estamos a favor de la maternidad y de la incorporación de la mujer al mercado laboral, como ya demostramos durante nuestra última etapa de
Gobierno, donde las mujeres consiguieron su pico más alto de empleo y más bajo de paro. Ha tenido que llegar la izquierda para tirar por tierra todo este trabajo. El paro femenino vuelve a crecer de forma desaforada. Se les llena la boca de
feminismo, pero a la hora de la verdad siempre las dejan en la estacada. Seguramente lo hicieron a conciencia: introdujeron el concepto autorización expedida por la Administración educativa competente para reducir las aportaciones a miles de
familias sin que se les pueda decir que quitaron el beneficio fiscal. Lo cambió el Partido Socialista en diciembre de 2018. Son como unos depredadores fiscales, no solo hacen grandes cambios fiscales, casi siempre ideológicos, sino muchos
pequeños. Los contribuyentes les importan cero, en este caso especialmente las mujeres madres. Se lo pusieron en bandeja a la Dirección General de Tributos: unos euros más para poder dilapidar, que es lo que siempre acaban haciendo. Está claro,
como bien ha dicho la portavoz de Ciudadanos, cuál es el espíritu de la ley. Lo recuerdo, yo estaba allí en esos presupuestos, pero al PSOE le da igual, si lo puede cambiar por la puerta de atrás, lo hace, y esto lo hizo.
Es posible que el punto 2 de la PNL no haga falta, el artículo 81.2 de la Ley 35/2006 podría mantenerse y servir para los fines previstos, pero el punto 1 es claro: debe modificarse el artículo 69.9 del Real Decreto 439/2007, el Reglamento
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que fue modificado a finales de 2018, como he dicho, por el Partido Socialista.
Nosotros apoyamos esta propuesta de Ciudadanos en su día, la apoyamos ahora y, además, hemos presentado una PNL para promover en el primer ciclo de la educación infantil de cero a tres años la gratuidad en todos los centros educativos;
también solicitamos medidas que tienen que ver con la oferta
de plazas, la financiación de las comunidades autónomas y para garantizar que ningún niño sea excluido por razones socioeconómicas, así como la libertad de elección de los padres y el apoyo educativo a los alumnos con necesidades educativas
específicas. Estamos al lado de las familias, especialmente al lado de las madres trabajadoras.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
Por último, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuatrecasas.
El señor CUATRECASAS ASUA: Muchas gracias, señor presidente.
La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos considera un exceso reglamentario la exigencia establecida en el artículo 69 del Reglamento del IRPF de la existencia de una autorización de la Administración educativa competente;
es decir, considera que el incremento de la deducción no debe quedar limitado a los centros docentes, sino que debe extenderse a todo establecimiento de custodia sin finalidad educativa, siempre que cuente con autorización municipal, lo que
incluiría los establecimientos abiertos al público que requieren autorización del ayuntamiento respectivo que puedan desarrollar labores de custodia de niños menores de tres años con distintas finalidades ajenas a las educativas. Serían los casos
de gastos incurridos en empresas o establecimientos abiertos al público que acogen menores con distintos fines: locales de celebraciones de cumpleaños o fiestas infantiles, ludotecas, locales de mera custodia, etcétera.
En consecuencia, al tratarse de una medida vinculada al ámbito educativo se debe confirmar que su aplicación se refiere a centros de educación infantil, habiéndose utilizado el término guarderías, que es un concepto no definido en la
normativa como sinónimo del anterior, ya que es el término coloquial asociado a dichos centros, dada la no utilización habitual de la denominación legal centro de educación infantil fuera del ámbito estrictamente educativo, a lo que se une que, de
acuerdo con el artículo 111 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la normativa autonómica, los referidos centros pueden tener distintas denominaciones: escuelas infantiles, colegios de educación infantil y primaria, etcétera.
Con esto habría terminado, pero dada la ya tradicional y compulsiva levitación del Partido Popular por la demagogia, me gustaría acabar hablando del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que contempla,
tal como ya anunció la ministra de Educación, la reforma y modernización del sistema educativo, con una oportunidad única que incluye en su componente 21 la educación temprana de cero a tres años, con una inversión total estimada de 1648 millones de
euros. Así, entre las inversiones figura la creación de plazas del primer ciclo de educación infantil de titularidad pública, dando prioridad al tramo entre uno y dos años. El objetivo es crear y dotar de equipamiento más de 65 000 nuevas plazas
de educación infantil. Esta inversión permitirá la mejora de los resultados educativos y la reducción de las desigualdades asociadas al nivel socioeconómico de la familia. El Grupo Parlamentario Socialista, en efecto, señorías, considera que la
educación infantil juega un papel fundamental en la conciliación familiar y puede influir positivamente en el acceso de la mujer al mercado laboral. Repito, la educación infantil.
Un Gobierno progresista como el actual que, como en este y en tantos otros asuntos, cuida, vela y trabaja por el bien común de las españolas y los españoles, no es, desde luego, susceptible de no estar totalmente involucrado en ese papel
fundamental de la conciliación familiar y en el acceso de la mujer al mercado laboral.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuatrecasas.
A continuación, señorías, en dos minutos procederemos a votar. (Pausa).
VOTACIONES.
El señor PRESIDENTE: Señorías, en primer lugar procede la votación de los acuerdos sobre la celebración de las siguientes comparecencias.
Se somete a votación la comparecencia de la Ministra de Hacienda para que explique las consecuencias presupuestarias de la revisión a la baja del crecimiento económico en 3,3 puntos porcentuales, así como las medidas que piensa adoptar para
reconducir la situación presupuestaria y no volver a poner en riesgo el Estado del bienestar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la comparecencia del vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, para informar sobre las financiaciones otorgadas a través del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, regulado en el
artículo 2 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de las medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se vota la comparecencia de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, ante la Comisión de Hacienda para que informe acerca de cuáles han sido los criterios por los que la SEPI ha considerado estratégica a la
aerolínea Plus Ultra para concederle 53 millones de euros del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, aun siendo una empresa que arrojaba pérdidas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la comparecencia del presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos para explicar el grave fallo en seguridad que habría provocado que el ministro del Interior, la directora general de la Guardia Civil y el ex vicepresidente
segundo del Gobierno, don Pablo Iglesias Turrión, hayan recibido una carta con balas en su interior, según han denunciado ellos mismos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de las proposiciones no de ley. Las votaremos según figuran en el orden del día.
Votamos la proposición no de ley número 5 sobre los requisitos que resultan de aplicación a la deducción por gastos de guardería contenida en el artículo 81.2 de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y su correspondiente
desarrollo reglamentario. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 16; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley número 6, sobre la modificación del Real Decreto-ley 35/2020 para excluir los arrendamientos suscritos por la sociedad mercantil estatal Aena, presentada por el Grupo Republicano. Se vota en los términos de
la autoenmienda.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley número 7, que se vota junto con la 10, puesto que se ha alcanzado un único texto transaccional, por la que se insta al Gobierno a abonar de inmediato a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales el IVA
adeudado de la liquidación definitiva del ejercicio 2017, practicada en 2019, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo condenando al Estado a pagar a Castilla y León el importe adeudado por este concepto, y sobre la devolución del IVA
pendiente del año 2017 a las ciudades españolas con tributos cedidos. Se someten a votación en los términos de la transaccional alcanzada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la proposición no de ley número 8, sobre medidas en relación con la tributación de pensiones procedentes del extranjero, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley número 9, relativa a la mejora del funcionamiento del mercado de operadores de productos petrolíferos al por mayor, de cara a reducir el fraude y permitir la libre competencia. Se vota en virtud de la
transacción alcanzada entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición número 11, puesto que la 10 la acabamos de votar conjuntamente con la 7, relativa a no subir impuestos a las familias de rentas medias y bajas. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición número 12, sobre la adopción de medidas para mejorar el acceso a la información estadística de los tributos que componen nuestro sistema fiscal. Se somete a votación con las dos autoenmiendas del Grupo Parlamentario
Unidas Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley número 13 sobre los incentivos fiscales de producciones cinematográficas en Canarias. Se vota con la transaccional que sustituye el texto originario.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.