CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 404

PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÍÑIGO ERREJÓN GALVÁN

Sesión núm. 11

celebrada el miércoles,

19 de mayo de 2021

ORDEN DEL DIA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales:


- De la señora presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Araújo Chamorro), en relación con el análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades
independientes y organismos reguladores. (Número de expediente 212/001247) ... (Página2)


- Del señor presidente de la Federación Española de Asociaciones de los cuerpos superiores de la Administración Civil del Estado (Solé Estalella), en relación con el análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e
independencia de autoridades independientes y organismos reguladores. (Número de expediente 219/000515) ... (Página11)


- Del señor García Berrio (abogado experto en la defensa de los Derechos Humanos y criminólogo, codirector de Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, experto en mecanismos independientes de derechos humanos), en relación con
el análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos reguladores. (Número de expediente 219/000516) ... (Página23)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES:


- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN (ARAÚJO CHAMORRO), EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DE AUTORIDADES
INDEPENDIENTES Y ORGANISMOS REGULADORES. (Número de expediente 212/001247).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.


Continuamos con las comparecencias que estamos llevando a cabo en esta Comisión en relación con las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de las autoridades independientes y organismos de regulación. Hoy, como
saben, tenemos las tres últimas comparecencias relativas a este tema. Nos acompaña doña María Luisa Araújo Chamorro, presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, a quien agradecemos la amabilidad de
acompañarnos y de contribuir a los trabajos de esta Comisión.


Tiene usted la palabra.


La señora PRESIDENTA DE LA OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN (Araújo Chamorro): Buenas tardes. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señoras y señores diputados, en primer lugar, por
invitarnos a comparecer e intentar contribuir a los trabajos tan interesantes que está desarrollando esta Comisión, pero también muchas gracias porque es la primera vez que la oficina a la que tengo el honor de representar, la Oficina Independiente
de Regulación y Supervisión de la Contratación, comparece ante el Parlamento nacional, por distintas circunstancias: primero, es un organismo muy joven, y luego, con el difícil año 2020 que nos ha tocado pasar a todos, hoy es el primer día, y eso
nos hace estar doblemente agradecidos.


Quiero detenerme un momentito en presentar lo que es la oficina independiente, para que así se sitúen mejor en relación con el régimen destinado a favorecer la independencia del que nos hemos dotado. Como seguro que saben ustedes, la
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación -para simplificar Oirescon- nace de la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que transpone al ordenamiento jurídico español un par de directivas
comunitarias. En una de ellas, precisamente la 2014/24, el artículo 83 había incorporado ya la obligación de que los Estados miembros creasen una o varias autoridades, organismos o estructuras que se encargasen de supervisar la aplicación de las
normas de contratación y, en su caso, de detectar los incumplimientos específicos o los problemas sistémicos que el sistema pudiera padecer. En el caso de España ese mandato se materializó en uno de los artículos de la Ley de Contratos del Sector
Público, el 332, que creó nuestra oficina como un órgano colegiado de los previstos en el artículo 19 de la Ley 40. En este sentido, Oirescon pasó a integrarse en el esquema de gobernanza que está recogido en el Libro IV de la Ley de Contratos del
Estado, y que está integrado por tres órganos colegiados: la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de Cooperación en Materia de Contratación Pública y nosotros mismos. Este esquema de gobernanza nace con el doble objetivo
de dar cumplimiento a las directivas comunitarias, como les decía, pero también con la intención de procurar combatir las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública.


Para que se hagan ustedes una idea, y de manera muy sintética, las competencias de la oficina son las de coordinar la supervisión en materia de contratación pública de los poderes adjudicadores del conjunto del sector público, con la
finalidad de velar por una correcta aplicación de la legislación en la materia. Adicionalmente, somos el órgano responsable de aprobar la estrategia nacional de contratación, en cuya ejecución se van a ver involucrados los tres órganos del esquema
de gobernanza a los que me acabo de referir, así como sus equivalentes a nivel autonómico. También para que se sitúen sobre el universo sobre el que ejercemos nuestra actividad, me voy a permitir dar un par de datos que se recogen en nuestro último
informe anual de supervisión 2020, que se refiere a la contratación pública del año 2019. En ese ejercicio en España, excluyendo contratos menores, se efectuaron 129 594 licitaciones, por un importe total que superó los 72 500 millones de euros.
Sobre este universo es sobre el que la Oirescon

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desarrolla su actividad, una misión que está muy acotada y que es muy respetuosa con el trabajo de control, tanto interno como externo, que realizan los órganos tradicionales, y que forman parte de una estructura consolidada y prestigiosa en
materia de supervisión y control de la contratación en España. El valor que añadimos nosotros es el de ser la única entidad que accede a la información de todos los órganos, tanto de control interno como de control externo, y de todos los niveles
de la Administración, agregando e integrando las conclusiones a las que llegan en el ejercicio de su actividad. A ello añadimos la información que obtenemos de agencias y oficinas antifraude, unidades de transparencia, órganos consultivos y
agencias de defensa de la competencia.


El artículo 332, en su apartado 6, señala que nuestras funciones son, por tanto, las de coordinar la supervisión en materia de contratación, velar por la correcta aplicación de la legislación a fin de detectar incumplimientos específicos o
problemas sistémicos, velar por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia, y verificar que se apliquen, tanto las buenas prácticas en materia de transparencia como, en particular, las relativas a los conflictos de interés, y trabajar
para detectar las irregularidades que se produzcan en materia de contratación. Para ello, la propia ley nos impone una serie de actuaciones obligatorias. La primera de ellas sería la recogida en el apartado 8 de este mismo artículo 332, y que
guarda relación con lo que llamamos el informe trienal. Se trata de un informe de supervisión que debemos remitir a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y que se va a integrar en el informe nacional que se remite a la Comisión
Europea cada tres años. Es un informe que comprende, respecto a la licitación pública y ejecución de contratos sujetos a regulación armonizada, una relación de los principales incumplimientos, un análisis de las fuentes más frecuentes de aplicación
incorrecta de la legislación o de inseguridad jurídica, así como información sobre prevención, detección y notificación de casos de fraude, corrupción, conflictos de intereses y otras irregularidades en materia de contratación.


Este año hemos realizado nuestra primera contribución a este informe trienal porque, como les he comentado antes, llevamos operativos solo dos años, y este ejercicio ha sido el primero en el que España ha tenido que mandar este documento a
la Comisión Europea. Pero también el propio artículo 332, en este caso en el apartado 9, nos impone la obligación de elaborar un informe anual que recoge todas las conclusiones derivadas de la actividad de supervisión que realizan las
administraciones competentes. El informe incluye todas las cuestiones a las que me acabo de referir en relación con el informe trienal y, en particular, una relación expresiva de los principales incumplimientos. Lo remitimos a la Comisión Europea
por conducto de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado todos los años y, una vez remitido, se publica además en la plataforma de contratación del sector público. Como elemento de publicidad adicional y de transparencia, desde la
oficina lo subimos a nuestra página web, y lo difundimos a través de ella.


Se han realizado ya dos informes, uno en relación con la actividad de contratación del ejercicio 2018, que fue el informe anual de supervisión del 2019, y el del último ejercicio, el informe anual de supervisión de 2020, referido a la
actividad de contratación del ejercicio 2019. El tercer informe que nos obliga la ley a elaborar es el informe anual de actividades que la oficina debe remitir a las Cortes y al Tribunal de Cuentas. Este informe, además, debe ser también objeto de
publicación. El 9 de marzo de 2021 el órgano colegiado que aprobó el informe de actividad correspondiente al ejercicio 2020 lo remitió a sus destinatarios, a las Cortes y al Tribunal de Cuentas y, además, ha sido difundido también a través de
nuestra página web.


Pero junto a estas actuaciones obligatorias, la ley también nos faculta a que realicemos informes especiales, estudios, investigaciones, guías, recomendaciones. En este terreno actuamos muy motivados por aquellas cuestiones que detectamos
en nuestras tareas de supervisión y, además, también condicionados e influidos por las circunstancias concretas que nos toca vivir. En concreto, en el año 2020 la actividad de la oficina estuvo muy marcada por la pandemia provocada por la COVID-19,
y por eso algunas de estas actuaciones adicionales fueron la elaboración de un informe especial dedicado a la supervisión y análisis de contratos de emergencia ocasionados por la COVID. Fue una guía de reactivación de la contratación pública tras
el levantamiento de la suspensión de plazos o la realización de un compendio de normativa aprobada en materia de contratación pública durante el período de declaración del estado de alarma. También, motivados por las circunstancias, este año uno de
nuestros primeros trabajos ha sido la elaboración de una guía básica sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es un documento vivo que está en permanente actualización. Esta es nuestra actividad.


Aterrizando ya en lo que somos, les recuerdo que la propia Ley de Contratos del Sector Público, como les he señalado, nos configura como un órgano colegiado, nos da la facultad de actuar con plena

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independencia orgánica y funcional, y en este sentido sí que quiero señalarles que la oficina no es una de las autoridades administrativas que se regulan en los artículos 109 y 110 de la Ley 40. Nosotros no tenemos personalidad jurídica
propia, pero sí se contiene en la Ley de Contratos una regulación que entendemos que garantiza adecuadamente el ejercicio con independencia de nuestra actividad. Una independencia que no es un fin en sí mismo, sino que es el resultado de una manera
de trabajar, y que se ha traducido en una independencia efectiva y real. Analizamos esta independencia efectiva y real desde dos perspectivas. En primer lugar, como independencia de los propios miembros que componemos la oficina. La oficina es un
órgano colegiado formado por un presidente y cuatro vocales, que deben cumplir una serie de requisitos que, a nuestro juicio, garantizan su independencia. El primero es la profesionalidad. Nosotros somos funcionarios de carrera en situación de
servicio activo. Para nuestra selección se ha seguido un procedimiento regulado en la normativa de cobertura de puestos de trabajo, que garantiza el respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad, que es el de la libre designación. La
convocatoria de las plazas se publica en el Boletín Oficial del Estado, y pueden presentarse a ellas todos aquellos empleados funcionarios públicos que entiendan que cumplen los requisitos exigidos. El segundo aspecto, cualificación. Además de ser
funcionarios del subgrupo A-1, se debe acreditar una experiencia de al menos diez años en materias relacionadas con la contratación pública. Tercer aspecto importante: la inamovilidad. Somos inamovibles durante el período de mandato. Podemos
dejar el cargo por expiración del mismo, por renuncia aceptada por el Gobierno o por otras circunstancias, como pérdida de la nacionalidad, incumplimiento grave de obligaciones, condena mediante sentencia firme o incapacidad sobrevenida. Todo lo
que sea cesar por causas distintas a la renuncia o expiración de mandato requiere que se instruya un expediente. Además, el mandato no coincide con el ciclo político, con una legislatura; el mandato es de seis años y, además, es un mandato
improrrogable. Entendemos que esto también favorece la independencia, así que: profesionalidad, cualificación, inamovilidad, mandato que no coincide con una legislatura y mandato improrrogable.


Pero también -y lo que es más importante- la regulación de la que estamos dotados hoy en día entendemos que garantiza la independencia en el ejercicio de nuestra actividad. Les he comentado ya que no podemos ni solicitar ni aceptar
instrucciones, que la ley, en el apartado 1 del artículo 332 nos configura como un órgano con plena independencia orgánica y funcional. Estamos adscritos al Ministerio de Hacienda a través de la subsecretaría solo a efectos organizativos y
presupuestarios. En tercer lugar, funcionamos como un órgano colegiado, y me van a permitir que subraye esto de manera especial. La actividad de la oficina, la opinión que expresa la oficina no es nunca ni la opinión del presidente -la presidenta
en este caso- ni la de ninguno de sus vocales, es la que resulta del órgano colegiado. En los meses en los que me cabe el honor de ser presidenta de Oirescon, todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad. Además, ejercemos nuestras
funciones sin tener que pasar ningún filtro; el resultado de nuestra actividad va directamente a los órganos a los que tiene que ir. El informe anual de actividades se remite directamente a las Cortes y se remite directamente al Tribunal de
Cuentas. Los informes de supervisión, tanto el anual como el trienal, se remiten a la Comisión Europea a través de la Junta Consultiva, pero solo a efectos de remisión. Nosotros somos los que aprobamos la estrategia nacional de contratación, y
somos los que nos dirigimos a los órganos que estimamos competentes si detectamos delitos o algún tipo de infracción. Además, organizamos autónomamente nuestro trabajo. Podemos realizar encuestas, investigaciones, remitir informes con conclusiones
de estas actuaciones a los órganos que estimemos competentes, aprobar instrucciones o realizar estudios. Este sería el marco de independencia en el ejercicio de la actividad y como miembros de la oficina.


Como la otra cara necesaria de la moneda, estamos sometidos a un régimen de incompatibilidades muy estricto. Sufrimos el mismo régimen de incompatibilidades que los altos cargos, a pesar de ser funcionarios. Tenemos que rendir cuentas de
nuestra actividad y damos publicidad a todas las actuaciones que desarrollamos. De momento no tenemos todavía una normativa de desarrollo que regule el funcionamiento de la oficina, pero entendemos que la regulación que se contiene en la propia Ley
de Contratos del Sector Público es, en este sentido, bastante sólida y amplia como para garantizar el funcionamiento de la oficina. Aún somos un órgano muy joven, apenas dos años de vida. De momento este sistema está funcionando. Estamos
acreditando con los resultados de nuestro trabajo que somos un órgano independiente que funciona de manera independiente. Probablemente, cuando adquiramos más experiencia podamos tener más opiniones y aportar más a trabajos como el que está
desarrollando esta Comisión.


Muchas gracias. Discúlpenme, que me he pasado cinco minutos.

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El señor PRESIDENTE: No se preocupe. Al contrario, muchísimas gracias por su exposición.


Tienen la palabra a continuación los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, señora Araújo, por su comparecencia, por asistir a esta Comisión que, efectivamente, creemos todos los que formamos parte de ella que tiene un objetivo muy importante, que es intentar mejorar, en la medida de lo posible, las
normas que sean capaces de acreditar la independencia de los organismos de control como el que usted en estos momentos preside.


Yo quisiera hacer una cosa previamente, porque sé que usted no lleva mucho tiempo, pero me extraña que hable de la independencia absoluta con la que usted está trabajando, cuando su antecesora, la señora María José Santiago, precisamente
renunció y expuso en su renuncia o declaró después de ella que tenía una falta de medios tremenda para poder hacer su trabajo. No me extraña; quiero decir que para controlar 122 000 millones de dinero público hace falta un organismo... Usted no
ha contado cuántos funcionarios tiene en estos momentos. Estoy seguro de que siempre serán insuficientes para el control de 122 000 millones de euros de contratación, sobre todo cuando estamos hablando de toda la Administración. Por lo tanto, ella
denunció falta de medios, denunció falta de independencia del organismo que presidía. Además, hizo un informe, que fue bastante severo, sobre las contrataciones que se realizaron de emergencia durante el período de la crisis, durante todo el estado
de alarma, y me gustaría saber qué piensa usted, si esto era verdad, si las contrataciones se hicieron todas bien, si esta señora que fue su antecesora se fue y todos estos motivos no existen, o usted no los ha visto. Pero me gustaría saber qué
piensa sobre eso, porque, claro, choca enormemente que ella se vaya denunciando estas cosas y usted venga y diga que esto ha sido todo maravilloso y que la contratación pública en el momento de la pandemia fue excelente, fantástica y maravillosa.
Simplemente me gustaría que nos aclarara eso porque, desde luego, yo, que lo desconozco, por supuesto, me gustaría tenerlo un poco más claro.


Respecto a la independencia, usted nos dice que para el proceso de selección se tenía que ser funcionario público, pues está claro que sí. No sé si habría algún otro funcionario público que fuera antes vicepresidenta de una comunidad
autónoma del mismo partido que está en el Gobierno, que fuera, además, consejera de Hacienda también. No sé, yo simplemente le pregunto qué piensa usted sobre esa independencia porque a mí, en principio, me choca que no haya ningún otro funcionario
en toda España que pueda cubrir esas capacidades sin la necesidad de haber estado en un Gobierno del Partido Socialista. Pero, en fin.


Luego, sobre lo que usted nos ha contado, me gustaría también saber si nos puede decir si ha encontrado usted alguna irregularidad en ese informe que ha presentado el año 2020 sobre la contratación durante el estado de emergencia. Usted
dice que la independencia no debe ser un fin. Nosotros creemos que sí, por lo menos este portavoz y este grupo parlamentario sí creen que la independencia del organismo que usted preside debe ser un fin y no una conclusión de los trabajos y del
buen hacer y del buen trabajo. Yo creo que debe ser un fin esa independencia, pero usted parece que no piensa lo mismo.


También me gustaría saber qué piensa sobre que, al no tener personalidad jurídica propia y, por tanto, su presupuesto estar adscrito al Ministerio de Hacienda, si tampoco tiene financiación independiente ni ninguna forma de presupuesto
asignado, más que el que tengan que negociar en los Presupuestos Generales del Estado cada año con el Ministerio de Hacienda, si eso cree usted, no solo en su caso, sino en el de todos los organismos o instituciones similares a la suya, que sería
bueno, que no sería bueno, que sería deseable o que usted se encuentra cómoda según está en estos momentos.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.


Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, el señor Honrubia Hurtado.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.


Gracias, señora Araújo, por la comparecencia y por las explicaciones. Le queríamos preguntar sobre diferentes cuestiones de aspectos que han ido saliendo de forma recurrente en esta Comisión, para que nos conteste desde su experiencia como
representante de uno de los organismos reguladores. Por ejemplo, sobre el sistema de elección, sabemos que, por ejemplo, en el organismo que usted preside se designa mediante el Consejo de Ministros, pero, por ejemplo, en el caso de la Oficina de
Buenas Prácticas

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y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra se elige por una mayoría absoluta del Parlamento. Nos gustaría saber cuál de los dos sistemas a usted le parece más adecuado y, si puede, que justifique el porqué.


Desde el punto de vista competencial, nos gustaría preguntarle, desde su experiencia, si usted cree adecuado que los organismos independientes, como la oficina que usted preside, tengan competencias sobre todas las administraciones, o si no
cree que sería más adecuado que cada nivel competencial tuviera un organismo independiente especializado que trabajara específicamente sobre ello.


Por otro lado, sobre la rendición de cuentas parlamentaria, usted tiene el deber de remitir a las Cortes y al Tribunal de Cuentas un informe anual, y debe, además, comparecer ante el Parlamento anualmente y cuando se le solicite. Le
queríamos preguntar si entiende que es suficiente como método de rendición de cuentas, o si cree que se podría establecer algún otro criterio, en caso de que entienda que no es suficiente, para reforzar esta rendición de cuentas.


Sobre el Plan Estratégico 2020-2024 y la dotación de medios personales y de recursos que ya se ha mencionado antes, ustedes dicen que es importante que se logre una dotación de medios personales y materiales conforme a las tareas que se le
encomiendan, y le querríamos preguntar que nos diagnostique, en la medida de lo posible, cuál sería la situación del personal de su oficina, y que explique por qué cree que habría que modificar la dotación de medios personales, cómo lo justificaría.


Finalmente, dos preguntas más. Una que tiene que ver con la relación entre contratación pública y corrupción. Le queríamos preguntar si usted entiende que con el organismo que usted preside es suficiente para evitar los riesgos de
corrupción en la contratación pública y, en su caso, qué medida organizativa y administrativa usted recomendaría adoptar para mejorarlo, si entiende que no lo fuera.


Una última pregunta, que es sobre la exclusión de la casa real de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Si usted entiende que esto es conveniente y por qué ocurre de esta manera, cuando en dicha ley hay organismos
constitucionales que sí están contemplados, por qué en su caso la casa real no lo está, y si no cree que sería conveniente que lo estuviera.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Honrubia.


Tiene a continuación la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Calvo Liste.


El señor CALVO LISTE: Muchas gracias, presidente.


Buenas tardes, señora Araújo Chamorro, bienvenida. El 23 de junio del 2020 dimitía su predecesora, la señora Santiago Fernández, por motivos personales. Buscaba -decía- un cambio de aires y volver a la asesoría jurídica, acogiéndose a una
de las causas de cese previstas en la Ley 9/2017, en su artículo 332.3.b), es decir, por renuncia aceptada por el Gobierno. Ese mismo día firmaba su último informe, cuyo contenido hacía referencia a la contratación realizada por procedimientos de
emergencia motivados por la COVID-19. No le preguntaré por las causas reales de su renuncia, pues no tiene por qué conocerlas, lógicamente, aunque mucho nos tememos que más tiene que ver con las deficiencias detectadas y las conclusiones a las que
llega en ese informe, según el cual insiste sobre la necesidad de mayor transparencia, y pone de relieve las dificultades que encuentra para la obtención de datos económicos, pide especial cuidado en la información que se ofrece al publicarse los
contratos, pues de ello depende la eficacia de su verificación, justificación y adecuación posterior, así como los derechos que frente a estas adjudicaciones pudieran tener los ciudadanos. En el mismo también advierte de que existe una pluralidad
asimétrica de informes y de anuncios, y que hay errores e incoherencias en las publicaciones, y llama la atención sobre la falta de medios del organismo, a la que luego me voy a referir. Como vemos, toca de lleno en los pilares básicos de
independencia funcional de Oirescon como organismo de supervisión.


Con fecha 3 de noviembre del año 2020, el Consejo de Ministros hacía público su nombramiento como presidenta de Oirescon, dentro de la facultad prevista en el artículo antes citado. Usted ha sido consejera de Economía y Hacienda durante los
Gobiernos socialistas de los señores Bono y Barreda en Castilla-La Mancha. Con este último llegó además a ser vicepresidenta. También ha ocupado varios cargos en la Administración General del Estado, como la Secretaría General de Turespaña, por lo
que su vinculación al partido del Gobierno es clara y notoria. Por ello le pregunto si esa vinculación no le resta credibilidad e independencia en el ejercicio de su función, toda vez que uno de los requisitos que la doctrina unánimemente exige
para la independencia y autonomía de los organismos reguladores y supervisores es precisamente que su nombramiento esté lo más alejado de vinculaciones políticas, y que en su elección sería recomendable la intervención del Parlamento como un
mecanismo de mayorías, por ejemplo, de tres

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quintos. ¿Considera recomendable y oportuno reformar este mecanismo para evitar, cuando menos, suspicacias y dar una imagen de mucha más independencia, impidiendo el acceso a los organismos de todos aquellos que hubieran ostentado un cargo
político público anterior?


Nada que objetar respecto a la sincronía de su mandato por período improrrogable de seis años, pero sí respecto a su forma de financiación, pues creemos que le resta funcionalidad e independencia. Entre las dificultades del organismo,
menciona en sus informes la falta de medios informáticos, de una herramienta de explotación de datos adecuada. Tanto la Comisión como el Consejo Europeo, vienen llamando la atención a España ante la falta de recursos para una realización efectiva
de los objetivos, y se advirtió que la oficina está lejos de tener una posición prominente, lo que podría menoscabar su papel como autoridad de supervisión en relación con otras instituciones y organismos. La propia Oficina Nacional de Evaluación
se mantiene inactiva por falta de medios. ¿Considera oportuno que exclusivamente se financie con fondos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, o reformaría esta fuente de financiación? ¿Vería viable, oportuno y recomendable nutrirse de
fondos a través de la tasa vinculada a los concursos de contratación?


Nada más. Muchas gracias. Muy amable.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calvo.


Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Postigo Quintana.


El señor POSTIGO QUINTANA: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señora presidenta de Oirescon, encantado de saludarle. No he tenido oportunidad de saludarle personalmente, lo haré luego. Bienvenida sea a esta casa.


La primera presidenta del Oirescon dimitió el mismo día en que el organismo presentó un informe crítico sobre la publicidad de los contratos públicos firmados para la adquisición de material sanitario con el que combatir el COVID y tras la
avalancha de contrataciones de emergencia. Esta misma mañana la vicepresidenta primera ha reconocido que la justificación de los más de cincuenta reales decretos fue la de hacer compras rápidas -y lo entrecomillo, hacer compras rápidas-; parece
una broma, pero no, son sus mismas palabras. Por ello, le hago la primera pregunta, señora presidenta: ¿Tiene controladas todas las compras rápidas del Gobierno, según la terminología de la vicepresidenta primera?


En el informe del Oirescon sobre el procedimiento de emergencia por el COVID-19 de 30 de abril del 2020, con una última actualización de 23 de junio, se insistía sobre la necesidad de transparencia. De hecho, recomendaba especial cuidado y
detalle en la información de los contratos en su publicación, y decía, entre comillas: 'De dicha información depende la verificación posterior de la justificación y adecuación a las normas de estos contratos, así como los derechos que frente a
estas adjudicaciones puedan tener los ciudadanos'. Segunda pregunta, señora presidenta: ¿Han solicitado al Gobierno la información pertinente para la verificación y justificación de todos estos contratos o compras rápidas, como los llama la
vicepresidenta primera?


El papel de Oirescon ha distado mucho de la demanda de Bruselas, tanto es así que la Comisión y el Consejo Europeo llamaron la atención a España el año pasado ante la falta de recursos para una realización efectiva de sus objetivos, y se
advirtió de que la oficina, como ya se ha comentado aquí, está lejos de tener una posición prominente, lo que podría menoscabar su papel como autoridad de supervisión en relación con otras instituciones y organismos. De no haber recibido la
información indicada en mi segunda pregunta, ¿ha denunciado la Oirescon privada o públicamente esta circunstancia?


La Oirescon cuenta con un plan estratégico 2020-2024, y entre sus objetivos figura identificar problemas sistémicos, como usted muy bien ha dicho, y coordinar a las distintas administraciones en el control de la contratación. ¿A qué
problemas sistémicos se refiere el plan 2020-2024, por favor?


Desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que la Oirescon está cumpliendo con su labor y presentando informes. Le pregunto, señora Araújo: ¿Tiene que salir el propio Ministerio de Hacienda para decir que la Oirescon está cumpliendo con
su labor y presentando informes? ¿Se siente usted presidenta independiente? ¿Tiene los recursos económicos y materiales suficientes para desempeñar las funciones que le son propias? ¿Cree que la autoridad de la Oirescon puede estar siendo
socavada, como señalaba el Consejo Europeo, como autoridad de supervisión?


En el informe de la Oirescon antes mencionado, entre el 14 de marzo y el 21 de junio sobre los contratos públicos firmados para la adquisición de material sanitario con el que combatir el coronavirus, se advierte que del estudio que se ha
realizado cabe destacar que existe una publicidad asimétrica, y, asimismo, habida cuenta de la inseguridad e incertidumbre que ha despertado la publicidad de los

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contratos por vía de emergencia, debe de insistirse en que no puede asegurarse que se hayan publicado todos aquellos contratos realizados en la gestión de la crisis ocasionada por la COVID-19, bien porque aún no ha transcurrido el plazo
legal -estamos hablando de junio- para publicarlo, bien porque se ha incumplido dicha obligación legal. Señora Araújo, ¿se han publicado todos aquellos contratos realizados en la gestión de la crisis del COVID?


Por último, la sociedad civil se ha movilizado contra la opacidad del señor Sánchez con los fondos europeos. Ha nacido una nueva plataforma, formada por actores de la sociedad civil y diferentes asociaciones, que denuncia la falta de
transparencia del Gobierno respecto a las ayudas europeas. La ciudadanía quiere saber en qué se gastarán los 142 000 millones de euros que recibirá España de los fondos europeos. Nuestro grupo parlamentario y nuestro presidente Pablo Casado han
venido solicitando desde hace un año la creación de una autoridad independiente para control y gestión de los fondos. El texto legislativo aprobado en el Congreso por el Grupo Socialista y sus socios apenas menciona ni tiene garantías mínimas de
transparencia. La última pregunta es: ¿Tiene pensado la Oirescon algún mecanismo para el control y la supervisión de estos fondos?


Muchísimas gracias, presidenta.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Postigo.


Tiene la palabra en último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sahuquillo García.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señora Araújo Chamorro, y bienvenida a esta comparecencia.


Quería reflexionar un poco, porque, señorías, el objeto de estas comparecencias no es otro que reflexionar sobre los posibles cambios que puedan ayudar a un mejor funcionamiento de la arquitectura institucional de la que nos hemos dotado y
que al final todo ello contribuya a evacuar un informe cuyas conclusiones lo hagan posible, analizando las medidas necesarias para reforzar -reitero, reforzar- la imparcialidad e independencia de las autoridades y organismos reguladores, asegurando
el buen funcionamiento. Hoy hablamos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, Oirescon, como órgano independiente de supervisión de la Administración General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda,
creada por ley el 8 de noviembre de 2017, cuyo objetivo es velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades en relación con la contratación pública, con plena independencia,
reitero, tanto orgánica como funcional. Para garantizar su independencia, la ley hoy prohíbe expresamente tanto que la presidenta como los cuatro vocales de la oficina puedan solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública ni privada,
estando protegidos por su independencia y la inamovilidad en su cargo, con mandato de seis años y sin posibilidad de reelección como órgano colegiado, como ha expresado la compareciente expresamente.


En estos tres años de funcionamiento de la oficina se ha trabajado en la regulación de la contratación aprobando instrucciones vinculadas al sector público y se han elaborado recomendaciones orientativas para la supervisión de la
contratación pública e informes anuales sobre las actuaciones, así como informes especiales derivados de la COVID-19, investigaciones e incluso un plan estratégico sobre regulación de supervisión y contratación 2020-2024, por lo que nos gustaría
hacerle algunas preguntas. En relación con el mapa de riesgos de la contratación pública, nos gustaría saber: ¿Cuáles son las patologías que se identifican en materia de contratación pública? ¿Qué diagnóstico hacen desde la oficina sobre la
actual situación? ¿Cuáles son los incumplimientos más habituales derivados de la actividad de la supervisión realizada? ¿Qué orientaciones en materia jurídica y procedimental plantea la oficina a los agentes implicados en la contratación como
elemento de buenas prácticas, o sea, de actuación ejemplar? ¿Ha recogido la oficina sugerencias de los licitadores sobre algún procedimiento de licitación del sector público que hayan provocado mal funcionamiento? De ser así, ¿qué posibles
soluciones plantea la oficina? ¿La falta de recursos humanos -todos los comparecientes han planteado lo mismo, con esa idea- podría hacer posible que, en el marco de la ordenación del mercado de la contratación pública o la supervisión de la
contratación pública, no se desarrollen con la cualificación y cuantificación idónea las actuaciones desarrolladas? ¿La oficina ha detectado malas prácticas con respecto al principio de publicidad en los contratos de emergencia formalizados durante
el estado de alarma derivados de la COVID-19 que hoy han mencionado los grupos de la oposición hablando de la Administración del Estado? Desde luego, obviando comunidades como Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid, porque todas ellas tienen
buenas prácticas. En el ámbito del Gobierno abierto, ¿qué tipo de sugerencias han llegado al buzón de Oirescon?

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Quería terminar con una reflexión al hilo de lo que se plantea por parte de algunos comparecientes. Creo que los representantes del pueblo español que estamos en el Parlamento deberíamos dar ejemplo y no estigmatizar la política. No puede
ser que a alguien que lleva treinta años como profesional se le etiquete porque ha tenido una época en que se ha dedicado a la política. Entiendo que nosotros somos los primeros que debemos garantizar lo importante que es la política para la
ciudadanía, y me estoy refiriendo a alguien que ha estado durante más de diez años en la Intervención General de un Gobierno regional, de una Administración regional, donde ha ocupado diferentes destinos, hasta ser interventora general en esa
comunidad autónoma, aunque, por cierto, con qué Gobierno, y podrían sido algunos años más, aunque la verdad es que solo fueron cuatro, pero ¡qué cuatro, Dios mío! Por lo tanto, les pediría que no fuéramos -perdón por la expresión- miserables en este
aspecto deslegitimando la política. Creo que es algo muy importante para que la ciudadanía nos vea de forma distinta a como nos está viendo por las situaciones que todos estamos viviendo. Como les decía, en esas preguntas que hacen sería
importante que no solo se hablase de las compras rápidas del Gobierno de España, sino que también analizásemos las compras rápidas de otros Gobiernos autonómicos. En una situación como la que hemos vivido -termino, presidente-, lo urgente era
salvar vidas, no hacer la crítica continua que siempre muestran la derecha y la ultraderecha en este país desde que apareció la pandemia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sahuquillo.


A continuación, para finalizar y responder a estas cuestiones u otras que hayan quedado pendientes, tiene la palabra la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.


La señora PRESIDENTA DE LA OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN (Araújo Chamorro): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos ustedes.


Dedicando apenas un minuto a algunas de las cuestiones consideradas, aunque en la intervención del diputado en representación del Partido Socialista ya se ha comentados alguna, diré que el puesto que ocupo es de funcionario en situación de
servicio activo. Efectivamente, en política estuve como funcionaria, fui funcionaria y sigo siendo funcionaria. Hace más de treinta años que aprobé unas oposiciones. Una parte de mi carrera de servicio público la he desarrollado en el ámbito de
la política, pero la mayor parte de mi actividad en el servicio público la he desarrollado como funcionario público, y respetando el principio que nos inspira a la inmensísima mayoría de los funcionarios públicos, que es el de profesionalidad. He
tenido la suerte de ocupar puestos de responsabilidad en diferentes administraciones, y en administraciones gobernadas por Gobiernos de diferente signo político, siempre con muchísima satisfacción por intentar cumplir con mi deber, como estoy
segura, como ya he comentado, que sienten la inmensa mayoría de los funcionarios públicos. Y en cuanto al sistema de elección, está condicionado por esto que acabo de decir. Los puestos de los miembros del órgano colegiado que es la oficina son
puestos de funcionario en situación de servicio activo y, por tanto, tienen su propia normativa a la hora de ser ocupados. La forma de proveer estos puestos está regulada en el Estatuto Básico del Empleado Público y en toda la normativa de
desarrollo. Son procedimientos en los que se respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad y cuentan con toda la publicidad del mundo, de manera que pueden aplicar a ellos todos aquellos empleados que entiendan que cumplen con las
condiciones que se demandan para ese puesto.


Respecto a la independencia del propio órgano, les decía que la principal fortaleza que me parece que garantiza la independencia de un órgano como el que presido es el hecho de que sea colegiado, por lo que las opiniones nunca van a ser las
de uno de los cinco miembros que lo componemos, sino las del conjunto, y eso da mucho valor al resultado del trabajo y de las opiniones que vertemos.


Respecto a la situación referente a medios personales y materiales y en qué medida nos dificulta, todos los que estamos en la res pública sabemos que se administran recursos siempre limitados y casi siempre escasos, y, desde luego, esta
oficina, siendo tan joven, no va a ser una excepción, ni muchísimo menos. Cuando llegué a la oficina eran once las personas que la conformaban; hoy, seis meses después, somos catorce, y en apenas unas semanas vamos a pasar a ser diecinueve, porque
se van a incorporar tres personas como consecuencia de un concurso de méritos que ya está próximo a resolverse y dos personas de nuevo ingreso. ¿Son suficiente diecinueve? Probablemente no, porque nuestra ambición es mucha y queremos y debemos
hacer muchas cosas, aunque creo que vamos en buen camino.

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En cuanto a los medios materiales, efectivamente, los primeros años probablemente han debido ser de gran dificultad, fundamentalmente también porque, una vez que un organismo echa a andar, es difícil que pueda prever cuáles van a ser todas
sus necesidades; nadie llega a un sitio con la lista de todas las cosas que necesita para echar a andar, el camino se hace andando. En ese sentido, creo que se han aprovechado muy bien estos años para definir qué es lo que básicamente necesitamos
en materia de medios materiales, que fundamentalmente son medios informáticos habiendo llegado a la conclusión de que el corazón de esta oficina es la gestión de la información, la gestión de datos. Por eso nos hacían falta ordenadores de altas
capacidades, y ya está lanzado el proceso de compra; nos hacían falta unas licencias para una aplicación informática que nos permitiese gestionar un gran volumen de datos, y han sido adjudicadas precisamente hoy, y también nos hacía falta el
desarrollo de una aplicación que nos permita tratar con esa información de manera adecuada a las necesidades concretas de la oficina y ya está lanzado el proceso de licitación; de hecho, la propuesta de adjudicación está pendiente de fiscalización
en Intervención. ¿Es eso suficiente? No, necesitamos más, y ahora estamos trabajando en la próxima herramienta que entendemos que nos es imprescindible, un gestor documental, y ya hemos empezado a recorrer ese camino. Entonces, entiendo y
comparto que hay que quejarse, pero yo soy más de intentar ir resolviendo las cosas y poniendo en marcha los proyectos.


Sobre si esta situación nos ha permitido o no ser independientes, ahí está nuestro trabajo. Estoy muy orgullosa del trabajo de la oficina, y lo puedo decir muy alto, porque en su inmensa mayoría se ha hecho cuando yo todavía no estaba,
cuando todavía no era presidenta; y eso habla también del buen hacer de mi predecesora en el cargo y de toda la gente de la oficina, que son magníficos profesionales, del primero al último. Como consecuencia de esa gran profesionalidad, se ha
hecho un trabajo que ha permitido realizar informes como los que ustedes comentan, en los que se ponen de manifiesto situaciones que a lo mejor incomodan a alguien. Eso quiere decir que, efectivamente, la independencia no era un fin en sí misma,
sino un medio para poder cumplir con nuestra obligación.


Asimismo, en cuanto al trabajo que hace la oficina -probablemente por falta mía, por no haberme explicado bien y la premura del tiempo, a lo mejor no ha quedado claro-, nosotros no revisamos ningún expediente concreto, no revisamos la
actividad de ninguna Administración. Hay un informe de emergencias, posterior al que ustedes han citado, que se cierra a 31 de diciembre de 2020, y está disponible en nuestra página web, y, si no me equivoco, se han analizado más de 22 000
expedientes de emergencia de todas las administraciones: del Gobierno de España, Gobiernos de comunidades autónomas, entidades locales, de todas las administraciones. Las conclusiones son el resultado de agregar el trabajo de control concreto que
los órganos de control interno y externo desarrollan, es decir, las intervenciones generales del Estado, de las comunidades autónomas, de los interventores municipales, pero también de los órganos de control externo, del Tribunal de Cuentas, las
OCE, las oficinas antifraude y tribunales de defensa de la competencia. El trabajo de todos ellos es lo que nosotros agregamos para detectar problemas sistémicos, en este caso en las contrataciones de emergencia, en las que hemos detectado un
primer problema sobre la propia definición de procedimiento excepcional, que parece que no casa bien con una norma que ha nacido motivada por la orientación europea. En la legislación europea el procedimiento de emergencia no se contempla, pero en
nuestro país hay una larga tradición, que viene de Bravo Murillo, de utilizar este procedimiento para resolver cuestiones de imperiosa urgencia, como señalaba el diputado del Grupo Parlamentario Socialista. La ley todavía lo recoge, si bien hay
mucha confusión sobre cómo se arbitra el procedimiento, y por eso las plataformas de contratación en las que se da publicidad a este tipo de expedientes no contienen todo el detalle que sería deseable y la información plantea aspectos cuando menos
confusos. Un procedimiento abierto, que lleva una larga tramitación evidentemente no puede ser un procedimiento de emergencia, y hay administraciones que han publicado sus procedimientos de emergencia como procedimiento abierto - lo digo por poner
un ejemplo- o expedientes que van a durar en ejecución un año. Eso no es un procedimiento de emergencia, pero probablemente resulta así por el difícil encaje que tiene esta figura en la normativa actual.


En cuanto al mapa de riesgos de la contratación -nuestro trabajo es ese, definir qué problemas se detectan en el ámbito de la contratación pública española, en general, para intentar prevenir incumplimientos-, coincidiendo con el trabajo que
hacen otros órganos de control, detectamos que la fase de preparación del contrato es mejorable en lo que se refiere a publicidad. Son muchas las administraciones que hacen una labor de programación de la contratación pero luego no son capaces de
publicitarla a través de las plataformas que gestionan y, por tanto, los licitadores no tienen acceso previo a esa actividad de programación. Es un campo en el que hay que trabajar.

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En cuanto a la licitación y adjudicación del contrato, ahí está mucho más consolidada la cultura de la transparencia y de la publicidad, y además la regulación es mucho más completa. Aun así, un riesgo que queremos prevenir es la no
utilización de la contratación con una finalidad estratégica, como quiere la propia Unión Europea. Me refiero a facilitar el acceso a pymes y a la utilización de criterios de carácter medioambiental, social y de innovación.


El tercer punto en ese mapa de riesgos tendría que ver con la ejecución del contrato, que es precisamente la parte que señalan con más insistencia los órganos de control interno, las intervenciones generales, como punto crítico. En este
aspecto falta favorecer o introducir mecanismos que favorezcan la publicidad.


En apenas dos años de trabajo, esto es lo que hemos decantado como puntos en los que la contratación pública en nuestro país debería ir mejorando. Este es el camino que queremos seguir, agregando el trabajo que hacen otros órganos de
control externo. Hay mucho control en materia de contratación pública realizado por órganos que tienen una larga historia y muchísimo prestigio, y creo que el valor de la oficina es que ya se ha consolidado como un actor en ese escenario, a lo
mejor modesto, sí, pero el caso es que, cuando elaboramos nuestro informe anual de supervisión, nos dirigimos a todas las intervenciones, a todos los órganos de control, a todas las agencias antifraude, a todos los organismos de defensa de la
competencia, y ellos nos reportan el resultado de su trabajo y sus datos porque creen que somos capaces de hacer algo diferente, algo que añada, algo mejor para el panorama de la contratación pública en nuestro país. En esa dirección vamos a seguir
caminando en los próximos años, y espero que tengamos cada vez mejores resultados.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Le agradezco en nombre de toda la Comisión sus aportaciones en el día de hoy a nuestro estudio para reforzar la independencia y la imparcialidad de los organismos independientes y las autoridades de
regulación.


Suspendemos la sesión un minuto para despedir a la compareciente y recibir al siguiente compareciente. (Pausa).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO (SOLÉ ESTALELLA), EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA IMPARCIALIDAD E
INDEPENDENCIA DE AUTORIDADES INDEPENDIENTES Y ORGANISMOS REGULADORES. (Número de expediente 219/000515).


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.


A continuación, pasamos a la comparecencia de don Jordi Solé Estalella, presidente de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado. Le damos la bienvenida y le agradecemos que tenga
la gentileza de acompañarnos en esta Comisión y de ayudarnos en sus trabajos. Sin más, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO (Solé Estalella): Buenas tardes.


Muchas gracias al presidente y a todos ustedes por la invitación a participar en esta Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática. Lógicamente, hemos seguido a nuestros antecesores en el uso de la palabra y creo que todos han
expresado el honor que sentían por ser invitados a esta Comisión. Para nosotros también es un honor, pero especialmente como ciudadanos, por el hecho de que nos haya llamado la que pensamos que es la principal institución de este país para
colaborar en la mejora de la calidad democrática de España. Además de un honor, para nosotros es también una obligación. Como luego expondré y como saben, la organización que presido, Fedeca, es una federación que agrupa a funcionarios y
funcionarias de cuerpos superiores de la Administración Civil del Estado y, como tales, entendemos que el principal sentido de nuestra función, nuestra principal misión, es el servicio al interés general, el cual en un sistema democrático se
materializa y concreta a través de ustedes, sus representantes, reunidos en esta casa, en las Cortes. Por tanto, para nosotros atender su llamada y colaborar con ustedes es una forma también de servicio público. Muchas gracias por llamarnos.


Queríamos también expresar nuestro agradecimiento a quienes nos han invitado, pero queremos destacar -y esto es importante para nosotros- que Fedeca es una entidad apolítica y que, por tanto, estaremos encantados de responder a cualquier
grupo político que tenga a bien llamarnos. Es verdad que

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desde Fedeca reclamamos constantemente -lo hemos hecho y lo voy a volver a hacer aquí- que la política no invada espacios que deben ser reservados a la Administración, pero creemos que esto debe correr en los dos sentidos, porque la
Administración tampoco debe invadir espacios de la política. Entendemos que la Administración debe ser fundamentalmente dirigida por el Poder Ejecutivo -luego hablaremos de esto- y, por tanto, debemos aceptar, acatar y aplicar cualquier norma
política u orden que se adopte por quien tenga competencia para ello. Dicho de otra manera y como recordamos permanentemente a los ciudadanos y también a nuestro personal, nuestro deber como funcionarios públicos es el de trabajar con todos los
Gobiernos legítimos, sea cual sea la posición en el arco parlamentario del grupo que los sustenta.


Entrando ya en materia, cuando estábamos preparando esta sesión nos hemos dado cuenta de que es su sexta sesión dedicada a escuchar a personas expertas -ya han pasado por aquí alrededor de una veintena- y creo que todos los aspectos
relevantes en cuanto a la configuración y a los detalles de las autoridades administrativas independientes, incluso el catálogo de las mismas, han sido ya analizados y desmenuzados desde muchos puntos de vista. No vamos a eludir pronunciarnos sobre
todos estos puntos de vista y todas estas cuestiones, desde el nombramiento hasta el cese, si ustedes lo estiman oportuno, pero creemos que podríamos centrar la exposición en algunas cuestiones que, o bien no han sido suficientemente tratadas a
nuestro juicio en esta Comisión -o lo han sido de una forma un tanto tangencial-, o bien son cuestiones en las que creemos que Fedeca puede aportar un punto de vista especialmente técnico y profesional.


La primera de ellas es la del propio concepto de independencia administrativa. Queremos llamar su atención sobre que en realidad hay dos conceptos de independencia administrativa. Hay una independencia administrativa en sentido más
estricto según la cual las administraciones que gozan de esta independencia no deberían ser controladas ni dirigidas por el poder político, que es de alguna manera a la que nos referimos cuando hablamos de autoridades administrativas independientes,
pero hay otro concepto de independencia más amplio del que hablaré después. Empezando por este concepto de independencia estricta, nosotros entendemos que la existencia de autoridades administrativas independientes debiera ser algo excepcional, ya
que, como se ha dicho aquí por todos los profesores de Derecho Constitucional, pugna con el principio de representatividad, que es la clave de bóveda del sistema democrático. No vamos a cuestionar la existencia y la justificación de las entidades
que actualmente existen porque aquí se han expresado ya suficientes razones jurídicas, políticas, económicas y de pertenencia a la Unión Europea para mantener su existencia, pero sí queremos recordar -aunque a ustedes no hace falta recordárselo- e
insistir en que la soberanía reside en el pueblo español, que ustedes son sus representantes y, por tanto, de alguna manera son los depositarios de esta soberanía y -lo que es muy importante para nosotros- ustedes son el órgano que establece las
grandes políticas en este país y el Gobierno de la nación dirige la política interior y exterior y también la Administración del Estado. En esta primera idea nosotros creemos que en un sentido estricto el número de autoridades administrativas
independientes debería ser el menor posible y solamente aquellas que pasaran un riguroso examen de necesidad de su función deberían ser aprobadas.


Sin embargo, y esto es quizá lo más importante que quería decir, hay un concepto más amplio de independencia administrativa según el cual es verdad que el Gobierno dirige la Administración, pero también lo es que la Administración tiene como
función principal la de servir a los intereses generales, no a los intereses de partido, y además no debemos hacerlo de cualquier manera. Lo tenemos que hacer con objetividad, con sometimiento pleno a la ley y al derecho y de acuerdo con una serie
de principios, entre los cuales uno muy importante es el principio de eficacia. En esta expresión amplia de independencia, nosotros pensamos que toda la Administración pública en su conjunto debería ser independiente y profesional y deberíamos
dejarla al margen de la lucha política en sentido pequeño de la palabra. Deberíamos estructurar una Administración pública que contara con la confianza de los ciudadanos y, por tanto, también de los Gobiernos por haber sido seleccionado su personal
con criterios de mérito, capacidad e igualdad -y solamente con este tipo de criterios- en todos sus eslabones, no con criterios de confianza personal o política. Del mismo modo, debería ser una Administración servida por funcionarios que seamos
evaluados permanentemente con criterios objetivos y cuya carrera profesional dependa exclusivamente de estas evaluaciones y no de la mayor o menor sintonía con el alto cargo de turno -sobre todo, en nuestros escalones superiores, que son los que
interesan a Fedeca-; y todo ello, este mundo político y este mundo administrativo, engarzado en este cuerpo de directivos públicos como ordena el Estatuto Básico del Empleado Público, que, por cierto, les recuerdo que lleva catorce años sin
desarrollar.

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Nosotros entendemos que si en el poder político se entendiera que la Administración está verdaderamente a su servicio -a vuestro servicio- como representantes de los ciudadanos y al servicio de las políticas que aquí se decidan y, como
contrapartida, existiera la obligación de configurar una Administración pública despolitizada al máximo, por un lado, crecería la eficacia administrativa, puesto que su dirección sería más profesional y más experta, y, por otro lado, crecería la
confianza de los ciudadanos en las instituciones, que es la base del contrato democrático. Y, en lo concierne en concreto a los trabajos de esta Comisión, seguramente perdería fuerza esa propensión actual a la creación de autoridades
administrativas independientes e incluso podría ser que algunas de las ahora existen dejaran de tener sentido. Por tanto, si me lo permiten, el primer mensaje que les quiero lanzar y que entiendo que les puede ser útil es de felicitación por el
clima constructivo y de consenso que han conseguido tener en esta Comisión -salvo en algún momento puntual- y recomendarles que intenten trasladar este espíritu a sus grupos políticos y les convenzan de que es necesario alcanzar un verdadero pacto
de Estado en relación con la Administración pública española para que podamos llevar a cabo las reformas que necesitamos de manera cada vez más perentoria ante los tiempos difíciles y cambiantes que estamos viviendo y para que podamos enfrentarnos
con este talante a tantos temas pendientes y acuciantes que tenemos. Podemos citar, como ya he dicho, el desarrollo del EBEP en temas como el estatuto del directivo público; la evaluación del desempeño; la carrera profesional; el problema de la
falta o la pérdida de efectivos en sectores cruciales de la Administración como, por ejemplo, la Seguridad Social, como han denunciado los compañeros de los cuerpos superiores que trabajan en la Seguridad Social; el problema del inminente relevo
generacional; el problema del diseño y la selección que sean adecuados para este relevo, etcétera. En cualquier caso, este clima creemos que es el que este país necesita y el que los ciudadanos están deseando ver para recuperar su mermada
confianza en las instituciones, como también han puesto de manifiesto los informes internacionales que alguna persona que me ha precedido ya ha citado en esta Comisión.


Enlazada con esta idea de que sin una verdadera renovación cultural que deje a las administraciones públicas fuera del combate político poco se puede hacer en el terreno normativo, y ya en el ámbito estricto de las autoridades
administrativas independientes y de cómo se las puede configurar, les quiero lanzar una segunda idea que es la obviedad que también se ha dicho de que la independencia absoluta no existe. No puede existir porque, sea cual sea el mecanismo que
ustedes propongan y que las Cortes adopten, siempre habrá un engarce más tenue o más fuerte con la autoridad que ha configurado el organismo y con la autoridad que ha seleccionado a su personal directivo. Por lo tanto, es un poco estéril debatir
sobre cuál es el régimen jurídico que mejor garantiza la independencia de estas administraciones y va a ser poco útil el trabajo de esta Comisión si luego los grupos políticos se dedican a explorar las grietas y rendijas del sistema para eludir la
solución que se ha adoptado y el espíritu de la misma. Esto pasa, y pongo un ejemplo que seguramente ustedes han seguido y que es especialmente importante para Fedeca. La ley exige que para ser director general asimilado se tiene que tener la
condición de funcionario del subgrupo A1 y establece unas causas muy tasadas para hacer una excepción, pero lo cierto es que desde cuando yo tengo memoria histórica -que en este punto alcanza hasta el año 1996- no solo este Gobierno, sino todos los
Gobiernos han hecho un uso profuso de esta excepción. El mensaje es el mismo que el anterior: dediquen todos los esfuerzos que quieran al régimen jurídico de las autoridades administrativas independientes porque es importante, pero, por favor,
hagan también algún esfuerzo para intentar llegar a una especie de pacto o de código ético -yo también soy de los piensan que esto es difícil llevarlo a alguna norma- para dejar la selección de los directivos de toda la Administración o, por lo
menos, de las autoridades administrativas independientes fuera del combate político y empiecen a encontrar la manera de consensuar la forma para elegir a los mejores en cada puesto de la Administración.


Con esto -y esta es la tercera idea- no queremos censurar las selecciones de directivos que hasta ahora se han hecho. La verdad es que, viendo los currículums de la mayoría de las personas que se han elegido -currículums impresionantes-,
nuestra opinión es que ustedes han elegido bastante bien y, en general, han elegido a personas verdaderamente expertas en la materia. He seguido las comparecencias de todos los presidentes o directores de autoridades administrativas independientes
y la verdad es que me ha impresionado su nivel de profesionalidad e independencia. Lo que queremos decir que es muchas veces no es un problema de régimen, de selección o de elección; muchas veces es un problema de transparencia y de legitimidad.
Ustedes son conscientes de que la política -toda la política, también la que se ejerce cuando se nombra a estos directivos- está sometida a un escrutinio ciudadano muy estricto y el hecho de que un profesional, por bueno que sea, tenga o haya tenido
relaciones intensas -por decirlo de alguna manera- con quien le nombra puede empañar su imagen de profesionalidad y de independencia.

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Ya me paso del tiempo. Voy a ir resumiendo. Tengo un montón de ideas más, pero las voy a dejar para el turno de preguntas y enlazo con las ideas principales. La primera es que, mientras no consigamos este consenso, les vamos a proponer la
creación de dos nuevas autoridades independientes. Creo que es obvio que una es la autoridad independiente de seguros. Se ha hablado mucho aquí de esta autoridad y nosotros creemos que es la que tiene que venir inmediatamente después. También les
anuncio, por si me lo preguntan, que no nos vamos a decantar por si preferimos un modelo de autoridad administrativa independiente o un modelo twin peaks, porque los dos nos parecen defendibles técnicamente. Por tanto, como no hay uno bueno y otro
malo, creemos que es una elección política que les corresponde a ustedes. Lo que sí les vamos a pedir es que cuenten con nuestra opinión y con la opinión de los inspectores de seguros cuando la configuren.


También creemos que hay que hacer una reflexión sobre la Agencia Tributaria. Sobre esto nos extenderemos después, pero creo que es una institución lo suficientemente importante como para que establezcamos un régimen que deje fuera de toda
duda que es una entidad que actúa con independencia. Yo creo que lo hace y que lo hace con imparcialidad, pero creo que deberíamos reforzar todavía más esta imagen. No puede ser que en treinta años de la Agencia Tributaria hayamos tenido trece
directores generales con todo el cambio de equipos que esto supone. También en este caso les animo a que lean los escritos de la Asociación de Inspectores de Hacienda.


También es importante -y perdonen la rapidez- que piensen en las personas que trabajan. Aquí les anuncio que nos vamos a decantar por un modelo de funcionarios de carrera y no por un modelo de personal laboral. Cuando algún experto ha
elegido el modelo de personal laboral es porque se fija en los defectos del modelo funcionarial. Nosotros creemos que este debate excede a esta Comisión, es un debate de Administración pública en general, pero mientras tengamos un modelo de
funcionarios lo que hay que hacer es eliminar o reducir los defectos o las rigideces de este sistema.


Finalmente, pidiendo al presidente disculpas por pasarme tantos minutos, es muy importante también que este personal esté absolutamente motivado y bien retribuido y que sea un poco inmune a posibles capturas por parte del sector privado.
Esto requiere muchas cosas, pero, entre otras, una carrera profesional atractiva y suficiente. Les podemos poner ejemplos de que esta carrera no existe en el Consejo General del Poder Judicial, como ha denunciado el Cuerpo Superior de Inspectores,
o en el Banco de España, como desde el año 2019 vienen reclamando los inspectores del Banco de España.


Les agradezco muchísimo su tiempo. Presidente, perdone que me haya pasado tantísimo, pero eran tantas las cosas que les queríamos contar que no he sido capaz de resumir. Ahora, por supuesto, nos sometemos a sus preguntas.


El señor PRESIDENTE: No se preocupe, señor Solé. Muchísimas gracias por sus contribuciones.


A continuación, tienen la palabra los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.


Señor Solé, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a comparecer en esta Comisión. Creo que su voz, la voz de Fedeca con todo lo que significa en cuanto a la representatividad que tiene y a quién representa Fedeca, era muy
importante que se escuchara en esta Comisión, porque, efectivamente, buena parte de la independencia depende del modelo funcionarial -como hemos visto también con la compareciente anterior, María Luisa Araújo, también funcionaria de carrera- y al
final es el modelo efectivo al que se tiene que ir. Lo que es difícil muchas veces es suponer la independencia del funcionario que ha estado ligado a puestos en los que ha estado dirigiendo organismos que son de carácter político y cuya vuelta
tiene complicaciones. Me gustaría que aclarara un poco si ve cómo se podría solucionar esto de alguna manera, porque estamos hablando de gente competente, que es absolutamente lícito que quiera desarrollar parte de su carrera profesional vinculada
a otro tipo de servicio a la comunidad o al Estado, como puede ser el servicio desde el espacio político, y que cuando vuelve a desarrollar su carrera como funcionario arrastra ciertas cosas. Me gustaría saber qué piensa usted sobre esto que a
nosotros nos parece muy importante, porque también condiciona mucho el modelo por lo que usted está diciendo y con lo que estamos bastante de acuerdo como ya le digo.


Evidentemente, no existe la independencia absoluta, porque a la gente no la podemos lobotomizar, tiene pensamiento y queremos que piense y que discurra. El tema es cómo poner los controles necesarios para que eso que todos tenemos, que es
una idea, una opinión o una voluntad que pertenece a nuestra esfera personal y privada, no contamine las decisiones que debe tomar por el conjunto de la sociedad y

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el conjunto de los españoles, que es a quienes al final sirve; incluso desde la propia Administración, no hablo ya solamente desde la parte política.


Quiero terminar porque quiero ser rápido. Prefiero dejarle tiempo para que usted hable a hablar yo, porque usted sabe más que yo. ¿Cuál cree usted que sería precisamente el papel del Poder Legislativo en todas estas cosas? Se ha hablado
mucho sobre esto. ¿Cree usted que se debe intensificar, que el Legislativo no solo debe ser un órgano de control de todos estos organismos independientes, por decirlo así, e incluso de organismos no independientes, sino de la propia Administración
del Estado? ¿Cree que el Poder Legislativo juega un papel en todo esto?


Muchísimas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el señor Honrubia Hurtado.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.


Gracias, señor Solé, por su comparecencia. Nos sumamos a las palabras del portavoz de Ciudadanos sobre que era importante conocer su opinión. Creo que uno de los debates de fondo que se han ido produciendo en esta Comisión y en el estudio
de esta subcomisión tiene que ver con la relación entre los organismos independientes y los organismos reguladores con la Administración y es importante conocer la perspectiva desde el punto de vista que usted ha expresado. Le queríamos preguntar
en concreto por lo que nosotros entendemos que es a veces una discriminación positiva -por decirlo de alguna forma- a favor de los organismos independientes, en este caso, a nivel retributivo. La semana pasada el diario infoLibre daba una noticia
por la que conocíamos que los directivos del Banco de España habían cobrado unos finiquitos que eran muy superiores a los asignados por la categoría que tienen. Queríamos preguntarle si usted no cree que se produce en muchas ocasiones esa
discriminación entre lo que se les paga a los altos representantes de estos organismos independientes y lo que cobran los altos representantes del funcionariado en la Administración pública normal, si entiende que existe esa discriminación, si cree
que eso es positivo y si cree que habría que regularlo de alguna forma para que no se diera.


Por otro lado, queríamos preguntarle su opinión sobre los procesos de reforma para el personal directivo de las administraciones públicas y sobre cómo se gestiona la selección de los empleados públicos en los organismos independientes.
¿Cree que se está haciendo de forma correcta? Sobre todo, nos gustaría preguntarle en particular si usted entiende que los métodos que se están utilizando son los más eficaces. Sabemos que ahora existe un debate sobre el tema de las oposiciones,
si se tiene que repensar el modelo de las oposiciones. Nos gustaría saber si usted cree que los métodos que se están utilizando ahora mismo para la selección de empleados públicos en los organismos independientes es el más correcto o cree que se
debería pensar algún otro modelo específico para la selección de este personal.


Por otro lado, queríamos preguntarle también sobre algo que ya ha comentado usted y que es la tendencia creciente a laboralizar la Administración. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que esto afecta a la independencia de los trabajadores de la
Administración? De alguna forma usted ha insinuado que habría que fortalecer el sistema funcionarial y resolver los defectos que pueda tener. ¿Puede explicar cómo cree que los defectos que se pueden estar dando se podrían corregir?


Finalmente, me gustaría preguntarle por esta relación que hay entre los organismos independientes y la Administración -usted también se ha referido a ella- y entre el principio democrático y el carácter tecnocrático que muchas veces tienen
estos organismos independientes y reguladores. Usted ha dado ejemplos de espacios donde cree que podría haber autoridades independientes -los seguros y la Agencia Tributaria- que ahora no existen y tal vez se podría pensar su existencia. Me
gustaría que también se mojara y nos dijera lo contrario, es decir, si usted cree que entre los organismos independientes o reguladores que existen ahora mismo alguno de ellos no es necesario y se podría asumir perfectamente por la Administración
pública normal. Si usted lo estima conveniente, me gustaría que nos dijera cuál sería.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Honrubia.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Ruiz Navarro.

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El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias.


Don Jordi Solé, bienvenido. Me ha parecido muy interesante su exposición y quisiera destacar dos ideas fundamentales con las que estoy absolutamente de acuerdo y que son despolitizar las administraciones públicas y también que la política
no invada espacios de la Administración, y viceversa. Me parece muy importante porque sé que Fedeca está muy claramente posicionada a favor de defender la profesionalización de los directivos públicos en la Administración General del Estado y, por
supuesto, entiendo yo que con más razón en los organismos reguladores y autoridades independientes que deban existir según su criterio. Aquí enlazo con la idea que usted ha expuesto de la independencia administrativa en dos sentidos, en sentido
estricto y en sentido amplio. Desde mi punto de vista, el sentido estricto enlazaría concretamente con el objeto de esta Comisión, que son los organismos reguladores y autoridades independientes, donde efectivamente entendemos que el control
político debería ser apartado y debería existir una exquisita independencia y profesionalidad en quienes dirijan esos organismos. Le comento esto porque en esta Comisión hay grupos parlamentarios que defienden una postura diferente, con lo cual el
consenso del que usted hablaba en su exposición va a ser un poco complicado, porque no creen en la profesionalización de los directivos públicos y, en este caso, de los que dirigen los organismos reguladores. Es decir, entienden que la política
siempre tiene que estar controlando y, de alguna forma, mediatizando la actividad de quienes dirijan los organismos reguladores. Respecto a los organismos reguladores, la pregunta que se puede hacer es si usted cree que aquellas personas que tengan
un pasado político muy evidente y manifiesto podrían ocupar esos cargos siempre bajo la sospecha de su ideología y, por tanto, de su parcialidad. En cuanto a la Administración, la pregunta que yo le hago es si usted entiende que el modelo de
selección objetivo de los directivos públicos, desde el puesto de subsecretario hasta el director general o subdirector general, se podría realizar, por ejemplo, siguiendo el modelo portugués. Creo que usted lo conoce y me gustaría que nos diera su
opinión y que también comentara si hay algún modelo que podría mejorar el sistema portugués, porque parece ser que también tiene sus problemas, ya que, como se ha dicho ya en alguna comparecencia, podría dar lugar a la pescadilla que se muerde la
cola, es decir, quién nombra a quien nombra y a quién nombra y quién controla la objetividad de quien designa.


Otro punto importante a reseñar es la necesidad de transparencia. Usted ha comentado que, si tuviéramos una Administración profesionalizada -entiendo que fundamentalmente en los puestos directivos públicos-, podría no ser necesaria la
existencia de algunos organismos reguladores y autoridades independientes. Yo le pregunto en ese sentido. Probablemente, tenga usted razón. Si tuviéramos en la Administración también puestos directivos profesionalizados y con clara tendencia a la
objetividad y a la imparcialidad, probablemente no sería necesario tanto organismo regulador, pero ¿cómo podría incidir, por ejemplo, lo que se ha llamado aquí en otras comparecencias la transparencia activa? Es decir, el hecho de que las
Administraciones públicas contribuyan al conocimiento público de todo lo que realizan y todas las decisiones que toman, por ejemplo, contratación pública, presupuestos, decisiones de naturaleza discrecional; el hecho de que sea transparente y
accesible al ciudadano, es decir, que el ciudadano pueda, en todo momento -por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías- conocer cómo funciona la Administración, saber qué decisiones se toman y por qué se toman esas decisiones. Creo que esta
idea, que se expuso aquí por una compareciente anterior, podría ser muy interesante para acabar con sospechas de fraude.


También estoy de acuerdo con usted en la idea de que los directores generales sean funcionarios públicos, como establece la Ley 40/2015 del régimen general. Efectivamente, con este Gobierno -con otros también; yo no digo que otros no lo
hayan hecho, pero estamos con el Gobierno que tenemos- hay decenas de directores generales que se han excluido, es decir, que se ha aplicado la regla excepcional para designarlos. ¿Usted consideraría que podríamos también establecer un sistema
objetivo para evitar que esto ocurriera?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Ruiz.


Tiene la palabra, a continuación, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Navarro López.


El señor NAVARRO LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenido, señor Solé. En primer lugar, me gustaría, en nombre del grupo al que represento, el Grupo Parlamentario Popular, reconocer el excelente servicio que la función pública ha desarrollado,

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especialmente en el último año, en todas y cada una de nuestras administraciones públicas. Todos los que hemos tenido el honor de formar parte de algún Gobierno sabemos la importancia que tiene en la Administración pública el alto
funcionario de nuestro país para el correcto funcionamiento de todas y cada una de nuestras instituciones. Por eso, me gustaría que les trasladara este agradecimiento.


No crea que es oro todo lo que reluce. Evidentemente, nos esforzamos mucho por el consenso, pero el Grupo Parlamentario Popular ha pretendido que aquí compareciera una alta funcionaria -en concreto, la más alta funcionaria del Ministerio
Fiscal- y los grupos que sustentan al Gobierno lo han impedido con su veto. Por tanto, consenso hay, pero... (La señora González Pérez: Presidente, perdón. Invocando el artículo 102 del Reglamento quisiera intervenir).


Estoy en el uso de la palabra yo, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Perdón, le paro el tiempo y le compenso con estos segundos perdidos.


El señor NAVARRO LÓPEZ: Se lo agradezco, presidente.


El señor PRESIDENTE: Un segundo.


Acaba el representante del Grupo Parlamentario Popular... (La señora González Pérez: Es que, si acaba el representante del Grupo Parlamentario Popular, no tiene sentido la petición que quiero hacerle a la Mesa y al presidente). Pero está
él en el uso de la palabra. Acaba el turno y después, si quiere, podrá tener un turno de un minuto para matizar alguna cosa que haya dicho o alguna cosa sobre su posición, pero está en el uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Popular. (Rumores).


El señor NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista, que parece que tiene la piel muy fina, debería ser consciente de que luego tiene un turno de palabra y que nadie les va a interrumpir. Por lo tanto, podrá utilizar su turno de palabra para decir, dentro de
un orden, lo que considere oportuno. En cualquier caso, yo entiendo que a alguno le duela que le recuerden en la Comisión de Calidad Democrática que tiene poca calidad democrática vetando comparecientes. (Aplausos). Pero lo vamos a seguir
haciendo, porque es nuestra obligación y es nuestro derecho. Si tienen algún problema cuando intervengamos en este sentido, les recomiendo que no veten a nadie, y así nadie les tendrá que recordar que ustedes tienen poquita calidad democrática,
como es evidente.


Me gustaría agradecerle que haya puesto sobre la mesa su concepto de soberanía nacional, sobre todo porque escuchamos mucho la falsa dicotomía entre democracia representativa y democracia participativa, cuando la democracia no debería tener
calificativos. Por eso, le agradezco especialmente lo que ha dicho sobre el concepto de soberanía nacional. En ese sentido, usted ha escrito mucho sobre las cesantías de funcionarios, sobre esos cambios de altos funcionarios cuando, valga la
redundancia, hay un cambio de Gobierno. También ha escrito mucho sobre el acceso a la Función pública. Me gustaría preguntarle sobre estos dos asuntos.


Ha comparecido en esta misma subcomisión la directora de la AIReF. Me gustaría preguntarle, ya que ha hablado de independencia administrativa, qué opina de la independencia económica o qué soluciones puede proponer para la independencia
económica. La directora de la AIReF se quejó amargamente de que el Ministerio de Hacienda intente controlar, desde el punto de vista económico, a esta institución. Me gustaría conocer su opinión al respecto, si es que la tiene. También me
gustaría saber su opinión en relación con la antigua presidencia de la AIReF. Se habla mucho de la puerta giratoria pero poco de la puerta giratoria inversa. A nosotros nos preocupa el hecho de que haya altos cargos de organismos independientes
que pasen a ser, sin solución de continuidad, ministros y que eso pueda poner en entredicho la independencia de la institución que presidían. ¿Consideraría necesario algún tipo de nevera -permítame la expresión- para que un alto cargo de un
Gobierno que deje de serlo no desempeñe un cargo privado y, al revés, para que un representante que ostente, valga la redundancia, una representación de una institución independiente tenga un periodo de nevera antes de hacerse cargo de una labor,
por ejemplo, ministerial?


Me gustaría preguntarle, ya que, como decía, ha escrito u opinado mucho sobre el acceso lógico la Función pública, cuál es opinión sobre la reforma que pretende el Gobierno poner en marcha sobre el acceso al reparto de plazas MIR, si es que
tiene opinión al respecto, Es una cuestión que nos preocupa

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mucho en esos momentos, porque nosotros somos de los que consideramos que, tal y como está planteado, el sistema funciona. Nos gustaría saber cuál es su opinión.


Creemos que el procedimiento de elección de la presencia de los distintos órganos, objeto de esta subcomisión, puede ser efectivo, pero nos preocupa, como le decía, la transición que hay desde la presidencia de algunos de estos órganos hacia
a algunos puestos en el Gobierno. Somos de los que pensamos que el sistema funciona y que algunas de las instituciones que usted ha considerado -entiendo que se refería al Banco de España o a la AIReF, por poner dos ejemplos- son, objetivamente
hablando, independientes. Pero estamos interesados en conocer su opinión sobre cómo se pueden mejorar los mecanismos de control, que fundamentalmente son económicos, como ha observado la anterior compareciente -usted también estaba presente-. Una
cosa es la autonomía estrictamente legal y otra la autonomía estrictamente económica, no solamente con asignación directa de fondos, sino también de personal. En ese sentido, los colectivos a los que usted representa también se han quejado
públicamente de que carecen de los necesarios medios humanos. Nos gustaría saber si han valorado la posibilidad de establecer algún tipo de mecanismo para solventar este tipo de problemas. Ellos han denunciado públicamente que han sufrido
presiones por parte de miembros del Gobierno. Por tanto, nos gustaría saber si el colectivo al que representa tiene algún tipo de sistema que recoja las denuncias de que todos aquellos que sufran presiones por parte de cualquier institución
pública. En esta misma línea, nos gustaría también saber si cree que existen instrumentos jurídicos suficientes y adecuados para evitar estas eventuales presiones por parte de altos funcionarios del Estado.


Termino con esto, presidente, y no se preocupe, porque aunque haya sido interrumpido no voy a utilizar más tiempo. Nos gustaría saber, en último lugar, si cree que los mecanismos de control de la Administración Periférica del Estado, no
solamente de las administraciones públicas autonómicas sino también del ecosistema, por decirlo de alguna forma, público-empresarial, que en España es muy grande, son suficientes para garantizar la independencia de los mismos.


Le agradezco todas sus respuestas y, en nombre del Grupo Popular, le doy las gracias por su presencia en el día de hoy. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarro.


Señora portavoz socialista.


La señora GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quisiera pedirle disculpas, señor Solé Estalella por tener que escuchar lo que voy a decir a continuación. El buen clima con el que tratamos que se desarrolle esta Comisión desgraciadamente no es tan bueno a veces.


He interrumpido para invocar el artículo 102 del Reglamento, en el que se dice que los oradores serán llamados a la cuestión siempre que estuvieren fuera de ella. Este es el caso que hemos visto tanto en esta comparecencia como en las que
se celebraron la semana pasada. El debate de la semana pasada sobre la comparecencia o no en esta Comisión de la fiscal general del Estado ya se sustentó; ese debate ya se dio. No es cuestión de que se traiga a colación este tema y se debata una
y otra vez, porque, además, no estamos cumpliendo nuestra función. Por eso hablo del artículo 102 del Reglamento, que dice que los oradores serán llamados a la cuestión siempre que estuvieren fuera de ella. Entonces creo que eso habría...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora portavoz. Sabe usted que la Presidencia ordena los debates. En ese sentido, no considero que estén fuera del objeto de la Comisión las afirmaciones que han hecho los portavoces de otros grupos
parlamentarios en el uso de la palabra. Las decisiones sobre quién comparece las toma la Mesa. Si, en el uso de la palabra y sobre las cuestiones de transparencia y de rendición de cuentas, el Grupo Popular, como viene haciendo, hace reflexiones
no aceptando o criticando la decisión de la Mesa, eso no va a modificar la decisión de la Mesa, pero están en su derecho de hacerlas cuando están en el uso de la palabra. Ha sido así y así va a seguir siendo, siempre que hagan referencia, aunque
sea de manera tangencial, a las cuestiones de rendición de cuentas y de transparencia. Si no tiene nada más que añadir sobre esto, le doy la palabra a la portavoz de su grupo en este punto.


La señora GONZÁLEZ PÉREZ: Querría añadir que en estos casos ponemos al compareciente en una situación complicada, porque muchas veces se le pide que se pronuncie sobre temas que no conoce en su totalidad. Por el respeto que le debemos y
por respeto a su comparecencia y en agradecimiento a que

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acuda a esta Cámara para tratar el tema que le pedimos, ninguno de los grupos deberíamos hacerle pasar por esto ni hacer que se posicione respecto a un tema que unos defienden y otros no.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora portavoz.


Tiene la palabra a continuación y para cerrar...


El señor NAVARRO LÓPEZ: Señor presidente, doy por sentado que abre turno.


El señor PRESIDENTE: No, no abro un turno de palabra.


El señor NAVARRO LÓPEZ: Lo dice el Reglamento.


El señor PRESIDENTE: No abro un turno de palabra.


El señor NAVARRO LÓPEZ: Solo era para agradecerle, en cualquier caso, que nos permita opinar tranquilamente...


El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra, señor Navarro.


El señor NAVARRO LÓPEZ: No solamente nos lo impiden con un veto, sino que no nos quieren dejar hablar...


El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra, señor Navarro.


El señor NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Hernanz Costa.


La señora HERNANZ COSTA: Gracias, señor presidente. A ver si conseguimos volver a poner el foco en el tema que nos ocupa en esta Comisión, que es absolutamente fundamental para la arquitectura institucional de nuestro país.


Señor Solé, le transmito nuestro agradecimiento, porque es un placer poder escuchar su exposición, y le doy las gracias por haber respondido a la invitación de la Mesa de la Comisión. Usted ha sido convocado por la Mesa, por todos los
grupos políticos de esta Comisión, y le quiero agradecer sinceramente su presencia y las ideas y las aportaciones que nos ha transmitido. Quisiera recordarle y recordar a todos que el objeto de esta Comisión no es otro que el de estudiar los
mecanismos que permitan reforzar las garantías para la independencia y la neutralidad de las autoridades independientes y de los organismos reguladores. Es lo suficientemente importante como para que nos centremos y le dediquemos nuestro tiempo.
Hemos tenido la fortuna de poder contrastar a lo largo de las diferentes comparecencias puntos de vista y opiniones, tanto de miembros de alguna de estas autoridades independientes como de diferentes estudiosos o expertos, cuyas aportaciones son muy
valiosas. Por lo tanto, estoy deseosa de seguir escuchando su segunda intervención y todas aquellas aportaciones del presidente de Fedeca acerca del tema que ocupa a esta Comisión.


Usted ha considerado en su intervención que uno de los objetivos o de los éxitos sería que existiera el menor número posible de estos organismos independientes, pero luego ha sugerido la creación de dos más. Me gustaría que me aclarara esta
cuestión, porque igual ha sido una confusión mía. También quiero hacer una reflexión sobre una frase que ha mencionado y que ha sido secundada por algunos de los oradores, la de que la política no invada espacios de la Administración. Quiero hacer
esta reflexión porque creo que es importante para mí y para mi grupo. La Administración es una organización con sustantividad propia, pero está subordinada al órgano titular del Poder Ejecutivo, que es un órgano legitimado democráticamente. Con la
dirección del conjunto de la organización administrativa por parte del Gobierno y la consiguiente responsabilidad política de este ante las Cortes y la de los miembros de las Cortes ante los ciudadanos es como se garantiza la primacía del principio
democrático en el marco constitucional. Es evidente que es necesario buscar equilibrios y avanzar siempre en los principios de transparencia y de calidad democrática, pero creo que hay que ser muy prudente cuando se utilizan ideas o se deslizan
conceptos como el que hemos oído aquí, y no en este caso por parte del compareciente, pero en la misma línea de excesiva politización de la Administración pública, porque llevada a un extremo puede llevar a negar la premisa básica de la democracia o
a impregnar la idea de que hay ámbitos que deben sustraerse

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de la voluntad popular, con la consiguiente erosión del principio de responsabilidad, que forma parte del núcleo duro de nuestra organización constitucional. Nuestro grupo parlamentario no dejará de perseguir una Administración que funcione
de forma cada vez más transparente y eficaz, con el objetivo último de ahondar en más y mejor democracia, pero sin que esa voluntad nos lleve a abrazar, consciente o inconscientemente, legitimidades alternativas, porque en democracia la legitimidad
emana de los ciudadanos. Por esa búsqueda permanente de nuestra calidad democrática se introdujeron en nuestra arquitectura institucional las entidades independientes, con la voluntad de que aportaran un plus, ya sea en su faceta de control
consultiva o regulatoria. Creemos que hay varios pilares que garantizan la independencia de estos organismos: desde luego, el del personal y su selección, del que hemos oído algún comentario y estaremos encantados de escuchar su opinión; el
organizativo, evidentemente; el financiero, y uno fundamental sobre el cual el compareciente puede hacer grandes aportaciones, que es el funcional. Por las comparecencias de diversos miembros de estos organismos, he podido identificar que uno de
los elementos más débil o más flojo en su garantía de independencia y poco margen de autonomía es el funcional. Como presidente de Fedeca, quisiera que nos diera su opinión sobre si estos organismos deberían tener un funcionamiento más autónomo o
si deberían regirse por el mismo ordenamiento que el resto de las administraciones a la hora de esa contratación o de su funcionamiento interno.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernanz.


A continuación, para finalizar y responder a estas cuestiones o a cuestiones que le hubieran quedado pendientes de la exposición inicial, tiene la palabra el señor Solé Estalella.


El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO (Solé Estalella): Muchas gracias por sus preguntas, porque me van a permitir perfilar algunas cuestiones sobre las
que quizá no me haya expresado con suficiente claridad. Voy a intentar responderlas, pero como son muchas preguntas voy a agruparlas.


En primer lugar, voy a dar algunas ideas generales. La primera es respecto al consenso. Yo ya sabía que ustedes discrepaban en este punto, pero para mí es un punto accesorio. Lógicamente, no me voy a pronunciar, y no porque no tenga
opinión sino por respetar su labor y por hacer evidente lo que defendemos, y es que los funcionarios no incidan en cuestiones políticas. Ustedes aquí están haciendo política. Cuando salgamos de aquí, si alguien quiere saber mi opinión, por
supuesto que se la daré, pero como presidente de Fedeca no se la puedo dar. La segunda cuestión es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía la representante del Grupo Socialista. Quizá no he expresado con suficiente precisión que
nosotros reconocemos la dirección del Poder Ejecutivo sobre la Administración; no nos cabe ninguna duda. Lo que entendemos es que, por alguna serie de razones históricas o las que sean, esta dirección ha sido excesiva o se ha desvirtuado en
algunos momentos. Creemos que, efectivamente, dentro de esta dirección del Poder Ejecutivo están los altos cargos, que están para eso y, además, no tienen que tener ninguna otra legitimidad para nosotros que la democrática. Nunca preguntamos al
ministro, ni tenemos por qué hacerlo, ni a la secretaria de Estado cuáles son sus credenciales, porque su mayor credencial es haber sido elegido por los ciudadanos. Lo que sí pedimos es que, cuando realizamos nuestra función, se nos permita
realizarla, como he dicho, con otros principios que también están en la Constitución, en el artículo 103, que son los de objetividad, sometimiento pleno a la ley y al derecho y principio de eficacia. Por las razones que sean -nos llevaría mucho
tiempo debatirlas-, en la Función pública española, no ahora sino en los últimos cuarenta años, se ha ido laminando, debilitando la posición de su dirección pública. Los altos funcionarios cada vez encuentran o hemos encontrado más dificultades
para poder tener una posición independiente y profesional, y una de ellas, la más hiriente, es la proliferación de esta herramienta perversa que es la libre designación. No digo que la libre designación no deba existir, pero no entendemos por qué
en un cuerpo eminentemente técnico como el de inspectores de Hacienda el 50 % de las plazas sean de libre designación o por qué lo es el 30 % de las plazas en el cuerpo de Seguridad Nuclear, que son compañeros nuestros. No lo entendemos. Todo el
mundo sabe que libre designación significa fundamentalmente libre cese, con lo cual aquellas personas que están en esta situación tienen que tener un carácter especialmente sólido y fuerte como para resistir cualquier tipo ya no digo de presión pero
sí de influencia; pero en general sabemos que esto no ocurre. Nos referíamos a eso, a que no nos cabe duda de que la Administración es dirigida por el poder político, pero que quisiéramos que esta dirección se hiciera respetando también estos
principios.

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Voy a intentar responder la multitud de preguntas concretas que han hecho respecto a cómo entendemos que se deben configurar estas administraciones independientes, pero quizá va a ser útil darles el esquema general de lo que nosotros
pensamos. Voy a empezar respondiendo al representante socialista sobre esta incongruencia de decir que debería haber menos administraciones independientes y de pedir dos más. He explicado que ojalá no hubiera ninguna, que ojalá no hicieran falta y
que todo el mundo de la Administración, el director de la agencia, el director de cualquier organismo importante o el director de la Policía, solamente hubiera sido elegido con criterios profesionales, con esos criterios políticos independientes.
No digo que no sea así, pero en este mundo real no está ocurriendo así y tenemos esa necesidad, y no en España, porque sabemos que muchos de estas entidades vienen de Estados Unidos o de la Unión Europea; no es un problema español. Una cosa es que
siempre digamos que la Administración pública española funciona razonablemente bien y otra cosa es que nos esforcemos en identificar defectos para mejorarla. Creemos que funciona razonablemente bien y que se ha demostrado en muchas ocasiones, como
indicaba el representante del Partido Popular, especialmente en las situaciones de crisis. Como les decía, el mundo no es perfecto y, por lo tanto, creemos que toda la Administración que debería someterse esta independencia ampliada, pero como no
ha llegado todavía y estamos en este mundo imperfecto creemos que hacen falta, por lo menos, estas dos nuevas entidades administrativas independientes. Por lo que se refiere a la entidad supervisora de seguros, no tenemos duda de que debería serlo,
y en cuanto a la Agencia Tributaria, creemos que quizá no debería llegar a rango de entidad administrativa independiente, pero sí habría que reforzar la profesionalidad o el sistema de elección de su cúpula directiva, para evitar estos vaivenes que
les comentaba de haber tenido trece directores generales en treinta años.


Entro ya en el tema concreto por el que ustedes me preguntaban. Yo les avanzo que nuestra posición en este mundo imperfecto, por decirlo así, es la de estar a favor de todas aquellas medidas que incrementen el consenso, por su parte, y el
control, también por su parte, tema del que se ha hablado mucho en esta Comisión. En la medida en que cedemos control previo a estas entidades, hace falta reforzar muchísimo el control posterior, con lo cual nosotros defenderemos todas aquellas
reglas que eleven al máximo el órgano que toma decisiones; luego hay que analizar entidad por entidad, pero como regla nos gusta más que participe el Congreso o las Cortes y que, cuanto más participe, mejor, como regla general. También
defenderemos todas aquellas reglas o todas aquellas soluciones que aquí se han aportado que aporten como regla general mayor transparencia y no aquellas que resten transparencia. Es decir, se ha hablado sobre si las rendiciones de cuentas tienen
que ser trimestrales o anuales. Pues, como regla general, nos gustan más las trimestrales, nos gusta que se publiquen los planes estratégicos, nos gusta que se publiquen las agendas de los miembros del consejo de dirección, nos gustaría que los
elementos de dirección de estas entidades administrativas fueran también lo más diversos posible, esto es, que en la manera en que se pueda sean lo menos presidencialistas y lo más colegiados posible para evitar la concentración de poder en una
persona, etcétera. El único límite con el que nos podríamos encontrar -han preguntado también acerca de esto- es con que tendría que haber no un control pero sí una cierta cohonestación con el Ministerio de Hacienda, porque al fin y al cabo la
política presupuestaria o la política económica no deja de ser una de las principales políticas, de las más importantes de este país. Yo no sé exactamente cómo resolveríamos esto, pero posiblemente el modelo del Banco de España sea el modelo
adecuado, es decir, el de establecer techos de gasto o límites máximos de crecimiento del presupuesto. Pero, una vez dentro de este presupuesto, que las autoridades tengan una cierta capacidad de autoorganización.


También me han preguntado por el personal. Ya he dicho que nosotros entendemos que el modelo español actual lo podemos someter a revisión, pero que mientras no lo sometamos a esa revisión es un modelo de Función pública. Y no es un modelo
de Función pública porque sí, es el modelo que se ha elegido históricamente para garantizar una cierta independencia y profesionalidad de los servidores públicos; para evitar que aquellas personas que ejercen potestades públicas puedan hacerlo de
una forma espuria. No sé si es el mejor sistema, pero es el que tenemos. Con lo cual, nosotros como regla general también entendemos que las autoridades administrativas independientes deberían utilizar el sistema funcionarial. Por lo tanto,
aquellas entidades en las que exista un cuerpo de funcionarios que pueda prestar su función, el cuerpo de inspectores de seguros o el de inspectores del Banco de España, tienen que tirar de él, pero allí donde no exista nos tendremos que plantear su
creación. Creo que era la directora de la Agencia Española de Protección de Datos la que decía que es muy difícil encontrar funcionarios preparados en este tema. Hombre, es muy difícil, porque seguramente no haya un cuerpo de expertos en
protección de datos-no sé si se llama así-, pero a lo mejor merece la pena plantearse su creación.

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A partir de aquí, vamos desmenuzando. Hago un repaso de sus preguntas, pero insisto en que les iré diciendo nuestra opinión, que es la de ampliar el control y la transparencia, suya y de los ciudadanos, sobre nosotros. Por ejemplo, se ha
planteado aquí el tema de las puertas giratorias y las puertas giratorias inversas. Volvemos a lo que he señalado muchas veces. No es tanto un tema de corrupción o de corruptela, es un tema de transparencia y de confianza ciudadana. Yo no me
atrevería a decir que se debe congelar y poner en la nevera para ejercer cargos públicos después de haber ejercido la dirección de una entidad administrativa independiente, pero no me parecía nada mal. Es posible que no sea estrictamente necesario,
pero seguro que establecerla mejoraría mucho la percepción del ciudadano sobre la independencia previa o posterior de este directivo.


Me ha planteado el señor Gutiérrez Vivas -voy recuperando sus preguntas- cuál es la participación que tiene que tener el Poder Legislativo. Como he dicho, la máxima posible, siempre y cuando no lleguen ustedes a los vetos o a situaciones de
bloqueo, como parece que se producen en alguna institución. Mejor cuantas más medidas que pueden hacer que ustedes participen y que aumenten la transparencia, como también planteaban, de estas entidades y de la Administración pública en general.
Yo no soy un experto en comunicación -la señora Sánchez, que me precedió en la sesión anterior, es la experta-, pero desde luego es importante que las administraciones públicas hagamos un mayor esfuerzo de comunicación.


Me preguntaban también qué pensamos del modelo Cresap. Sabemos que el modelo Cresap es un modelo de éxito. Como todo modelo, no es perfecto. Sabemos que el tema de la pescadilla que se muerde la cola es inevitable. ¿Quién controla al
controlador? Es inevitable. Pero cuantos más filtros establezcamos, cuantos más procesos, cuanta más gente intervenga y cuanta más luz haya en ese proceso, más difícil será que el controlador deje de estar controlado. Que el modelo en estos
procesos de selección de los altos directivos, en general de toda la Administración, no solamente las autoridades administrativas independientes, se desdoble en un primer proceso de preselección o de análisis de idoneidad y en un segundo proceso de
selección nos parece aplaudible y razonable. Luego ya discutiremos quién tiene que hacer cada una de las preselecciones. Nosotros creemos que un órgano técnico lo puede hacer perfectamente, pero, al final, la decisión les corresponde a ustedes,
sean ustedes Cámara o sean ustedes Gobierno, pero al final les corresponde a ustedes.


Miro al presidente porque me vuelvo a pasar de tiempo.


El señor PRESIDENTE: Pasa en las mejores comparecencias.


El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO (Solé Estalella): Me quedan muchísimas preguntas por responder. Voy a intentar recuperar algunas de ellas.


De la independencia económica ya he hablado. Creo que las autoridades tienen que tener independencia en todos sus aspectos, en el organizativo, en el funcional, en el presupuestario y también en el funcional, al que se refería la
representante socialista. Lo que pasa, como ya he dicho, es que quizá con este límite presupuestario máximo. Por lo tanto, toda medida que refuerce la independencia por nuestra parte será bienvenida.


¿Tenemos instrumentos suficientes? Yo creo que sí, que el arsenal de instrumentos para garantizar la independencia de estas entidades es suficiente y, además, creo que se ha demostrado que, en general, han funcionado razonablemente bien.
Cuando no han funcionado -insisto- ha sido más porque se han llevado a la arena política estas cuestiones que por el hecho de los mecanismos en sí.


El sistema MIR no lo conozco. Sí tenemos opinión, aunque no podemos opinar sobre él, del sistema de acceso a la Función pública en general, que insisto en que es el mismo que se había utilizado para las entidades administrativas
independientes. Y en esto Fedeca nunca es maximalista. Entendemos que el sistema de oposiciones, tal como sido configurado hasta ahora, ha sido un sistema que ha funcionado razonablemente bien y que, por lo tanto, si se cambia se tiene que hacerse
con mucho cuidado. Pero también es verdad que es un sistema que ha demostrado ya algunas insuficiencias, entre otras cosas porque nuestra sociedad ha cambiado de una forma muy radical y porque aspiramos, por lo menos entre los funcionarios de los
cuerpos superiores, a desempeñar no puestos meramente técnicos sino puestos directivos. Y no está claro que las oposiciones memorísticas -aquí quisiera hacer una matización importante, aunque mis compañeros siempre me riñen, y es que no hay dos
oposiciones iguales, porque cada cuerpo tiene su sistema y no hay un sistema único- hayan sido el mejor método para detectar a personas con habilidades directivas. Quiero insistir en que no es que renunciemos ni reneguemos de ellas, pero, igual que
lo decimos del sistema funcionarial, a lo mejor debería establecerse algún tipo de corrección o algún tipo de mejora.

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Creo que no me he dejado ninguna pregunta importante. No sé, presidente, si recuerda alguna. Si no, muchísimas gracias a ustedes por sus preguntas. En Fedeca estaremos encantados de atenderles, como Comisión o como grupo político, para
cualquiera de las cuestiones que nos quieran plantear.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Solé Estalella, por haber tenido a bien contribuir a los trabajos de la Comisión, por comparecer y por ilustrarnos con su exposición. Se lo agradecemos mucho.


Suspendemos la sesión un minuto para despedir a nuestro compareciente y dar la bienvenida al último compareciente que tenemos esta tarde.


Muchísimas gracias. (Pausa).


- DEL SEÑOR GARCÍA BERRIO (ABOGADO EXPERTO EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CRIMINÓLOGO, CODIRECTOR DE IRÍDIA, CENTRO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EXPERTO EN MECANISMOS INDEPENDIENTES DE DERECHOS HUMANOS), EN RELACIÓN CON
EL ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DE AUTORIDADES INDEPENDIENTES Y ORGANISMOS REGULADORES. (Número de expediente 219/000516).


El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión con la última comparecencia de esta tarde.


Nos acompaña don Andrés García Berrio, abogado experto en la defensa de los derechos humanos, criminólogo, codirector de Irídia, el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, y experto en mecanismos independientes de derechos humanos, a
quien, en nombre de la Comisión, le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe y que nos ayude en los trabajos de esta Comisión para reforzar la independencia de los organismos independientes y autoridades de regulación.


Sin más, tiene usted la palabra.


El señor GARCÍA BERRIO (abogado experto en la defensa de los derechos humanos, criminólogo, codirector de Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, experto en mecanismos independientes de derechos humanos): Buenas tardes.


Lo primero de todo, quería agradecer a sus señorías que hayan decidido que nuestra entidad, mi persona en particular, comparezca en la presente Comisión, porque consideramos que lo que venimos a aportar viene detrás de un trabajo bastante
cotidiano relacionado con la defensa de los derechos humanos y simplemente queremos plantear algunos déficits que entendemos que ocurren.


Cuando analizamos la calidad democrática y analizamos la incorporación de mecanismos y autoridades independientes, vemos que es cierto que hemos avanzado mucho en los últimos años. Probablemente la última década ha sido clave -incluso
antes- para ir mejorando y perfeccionando de qué manera se controla el uso correcto de la Administración, poniendo especial énfasis en la corrupción y en el gasto público, para rendir cuentas a la ciudadanía y, por supuesto, para reforzar nuestro
sistema democrático.


Personalmente, les vengo a hablar de qué es lo que pasa, qué mecanismos y cómo actúan cuando el fallo, la falta de respeto a los protocolos y en ocasiones a la ley la realizan funcionarios que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Creemos que es necesario -y lo estamos planteando desde hace unos años- actualizar y modernizar nuestros cuerpos policiales. Quiero remarcar que realizan una gran tarea y una tarea necesaria de manera continuada, pero en lo que se
refiere a mecanismos de control, entendemos que tiene que haber una revisión de los mismos, y la tiene que haber porque en la práctica los problemas nos lo encontramos cuando las personas intentan plantearlo a la propia Administración.


Irídia es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene 1100 socios y socias, con sede en Barcelona y también en Madrid. Tenemos un servicio de atención a víctimas de malas praxis policiales y posibles casos de violencia institucional,
entendida como aquel uso de la fuerza que va más allá de lo que ley prevé. En ese contexto, se les da apoyo psicológico y se hace un análisis jurídico. En aquellos casos en los que se considera que hay materia para poder hacerlo, se tramita la
correspondiente denuncia y se les acompaña en los juzgados. De algunos de estos casos llevamos litigios en clave representativa, porque entendemos que hacerlo de manera representativa ayuda a mejorar la sociedad. Lo que nos hemos encontrado es que
había no vamos a decir que un cierto vacío, pero sí un gran espacio donde muchas de las personas que podían entender que habían sufrido una vulneración de derechos no tenían dónde

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acudir. De hecho, desde el año 2016 a 2020 hemos atendido en el área metropolitana de Barcelona 538 casos y estamos llevando sesenta litigios actualmente. Podría no ser una cantidad absolutamente representativa, pero si estamos hablando de
una entidad especializada, pequeña, en un área metropolitana, nos puede dar una lectura de una problemática mucho más amplia en el resto del Estado.


Creemos que es importante poner de manifiesto unos datos que hemos hecho públicos en nuestro último informe anual. De los setenta litigios que estamos llevando desde el año 2020, que hemos instado directamente, solo en tres casos el propio
cuerpo policial ha llevado a cabo la identificación de los agentes responsables. Eso no quiere decir que los hechos fueran delictivos o no, pero en los casos en los que se ha decidido investigar y se ha llevado a cabo una instrucción judicial, el
propio cuerpo policial no ha podido identificar al agente responsable. Tres de sesenta. Solo en tres de sesenta litigios en curso el Ministerio Fiscal ha actuado proactivamente llegado el momento de requerir la práctica de diligencias de
investigación en favor de los hechos denunciados por la víctima. Al contrario, en treinta y uno de los litigios, el Ministerio Fiscal ha tenido un rol de oposición a la práctica de una investigación exhaustiva y eficaz y en treinta y cinco de los
sesenta casos en curso en 2020 en algún momento se ha procedido a archivar las actuaciones. No obstante, la Audiencia Provincial de Barcelona nos ha dado la razón en veinticuatro de las ocasiones, lo cual quiere decir que efectivamente había
indicios para poder investigar hasta el final. En muchas ocasiones lo que hacemos es aquello que no se hace por parte del cuerpo policial cuando se producen casos graves, como puede ser la pérdida de un ojo por una manifestante por haber sufrido un
impacto de un proyectil. Hay que recabar la prueba, buscar imágenes y toda una serie de cuestiones que se hacen en cualquier investigación y que en ocasiones no se hacen con la diligencia debida. Eso entendemos que no es una cuestión puntual.
Creemos que es una cuestión estructural y que hace falta una reforma en la materia.


Una de las reflexiones tiene que ver con una de las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que se ha condenado a España por un caso de una movilización que hubo en los alrededores del Congreso y en la que
precisamente se hace mención a la dificultad para identificar a los funcionarios públicos que hacen uso de la fuerza legal cuando es necesaria en el contexto de una manifestación en casos en los que esta fuerza no lo sea. El problema de no poderles
identificar -porque desde el año 2013-2014 van exclusivamente identificados por detrás, pero no por delante- es un gran problema que creemos que se ha de solucionar para poder garantizar la transparencia.


Respecto a los mecanismos independientes que existen, obviamente existe el Defensor del Pueblo, que parte de una tradición internacional de autoridades independientes que tienen una relación con el Parlamento y para cuya aprobación se
requiere una mayoría suficientemente amplia, como ustedes bien conocen, pero creemos que no es suficiente, porque se trataría de una magistratura de influencia o de persuasión, es decir, la incidencia, la eficacia en las resoluciones finales de esta
institución no deriva de sus inexistentes potestades vinculantes o coercitivas, sino del rigor, de la objetividad y de la independencia con la que se desarrolle su actuación. Creemos que es sano a nivel democrático tener muy en cuenta qué es lo que
plantea el Defensor del Pueblo, pero es cierto que no tiene mecanismos para poder investigar en profundidad casos que pueda detectar, como tampoco tiene mecanismos de tipo coercitivo. Es cierto que puede trasladar a la Fiscalía, a las autoridades
policiales y a la justicia cuestiones que pueda detectar. Asimismo, en aplicación del Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, esa capacidad que se otorgó a través del
protocolo facultativo de Naciones Unidas se le otorgó de nuevo al Defensor del Pueblo, entendemos que haciendo una tarea muy positiva, pero que de nuevo queda corta de cara a poder evaluar, analizar y reaccionar ante las situaciones que se pudieran
generar de mala praxis.


Dicho esto, la conclusión que les quiero trasladar y en la que podemos profundizar posteriormente es la necesidad de que nos elevemos y modernicemos los mecanismos de control policial como han hecho otros Estados. Uno de los ejemplos -y es
al que más me voy a referir- tiene que ver con el Reino Unido y la generación, ya desde el año 2013, de unas comisiones de investigación del trabajo policial. Viendo el trabajo que hacían, en el año 2017 se reformó la ley para darles aun más poder.
Se trataría de la Independence Office for Police Conduct, que es uno de los referentes a nivel internacional. Está introducida por la propia ley de policía del Reino Unido y tiene por responsabilidad investigar todas las denuncias graves que se
realicen sobre agentes policiales en el Reino Unido. Una de las características es su independencia respecto del cuerpo policial, porque se entiende a nivel internacional, y así lo ha dicho el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa,
tanto en el año 2009 como en el año 2013, que el modo más eficaz de combatir la impunidad entre miembros de fuerzas del orden es establecer un

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mecanismo independiente y eficaz de presentación de denuncias y de investigación. Efectivamente, esto puede sonar a que estamos impugnando la totalidad de los mecanismos internos de control, y no es así. Creemos que funcionan -de hecho
nuestro sistema de reforma y modernización de los mecanismos de control tiene un elemento a nivel interno-, pero creemos que hace falta más dotación de medios, más independencia dentro del cuerpo policial para las unidades de Asuntos Internos y que,
además, se les dote de mayores medios tecnológicos a la hora de analizar la trazabilidad, por ejemplo, del uso de herramientas o de armas con las que realizan su trabajo y ejercen el uso de la fuerza en manifestaciones, como pueden ser las pelotas
de goma que todos conocemos. Si existieran mejores mecanismos tecnológicos de control de esas armas y estuvieran mejor identificados los agentes policiales, más fácil sería saber qué día el agente concreto o la agente concreta ha realizado una mala
praxis. Creemos que es necesaria esa reforma a nivel interno, pero es necesario igualarnos a nivel de otros países, introduciendo un mecanismo independiente de este tipo, que tenga no solamente las funciones que tendría el Defensor del Pueblo, sino
que realice todas aquellas diligencias que hace la policía, pero desde un cuerpo externo a los propios agentes policiales. De hecho, en la última reforma se le amplían las competencias respecto a los cuerpos que supervisa y realiza análisis a
posteriori. Después de realizar esta investigación puede considerar que no se ha producido ningún tipo de situación irregular; que esta situación irregular se tiene que trasladar a nivel disciplinario, y entonces lo traslada a los cuerpos
policiales para que complementen el correspondiente procedimiento interno, aquí conocido como información reservada o expediente sancionador, si es que se acaba convirtiendo, o bien lo trasladan a una fiscalía especializada en este tipo de delitos,
que también existe en otros países como Argentina. Creemos que son canales adecuados que mejoran la calidad de la democracia y que hacen que, de alguna manera, la ciudadanía tenga mejores canales para poder denunciar aquellas situaciones en las que
considera que ha habido una mala praxis, que se tengan mejores herramientas para investigar y, asimismo, que existan canales mucho mejores para reforzar la confianza del cuerpo policial, porque se garantiza mucho más que cuando haya una situación
que no ha de darse y que excede la legalidad, se pueda responder ante ella. Creemos que es una dinámica global. Al igual que en otras ocasiones hablar de mecanismos independientes sonaba raro y sonaba a desconfianza, creemos que lo que hace es
reforzar el rol. Creemos que todo el mundo sale ganando, especialmente los cuerpos policiales. Otros lugares donde se ha ido aplicando y tiene un papel importante son la Dirección Independiente de Investigación de la Policía de Sudáfrica, la
División de Denuncias de la Policía de Mauricio y la Autoridad Independiente para la Conducta de la Policía de Nueva Zelanda y también hay ejemplos en Brasil. Por ejemplo, el Ombudsman de la Policía de Irlanda del Norte goza de amplios poderes
discrecionales para abrir investigaciones y puede iniciar una investigación en cualquier caso en el que parezca que un miembro de la policía ha cometido un delito o se ha comportado de una manera que justifique la incoación de procedimientos
disciplinarios. Creemos que generar un mecanismo de este tipo y ampliar sus competencias nos llevaría a profundizar, mejorar y complementar los que ya existen, que son los mecanismos internos de los cuerpos policiales y el Defensor del Pueblo y su
papel como mecanismo nacional de prevención de la tortura, los malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y vendría a complementar una respuesta a la ciudadanía ante una situación que cuánto mejor se aborde más se reforzará nuestro
sistema democrático.


Hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias por la invitación.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor García Berrio.


A continuación, tienen la palabra los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.


La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente. Buenas tardes.


Muchas gracias por la comparecencia. Tengo poco tiempo, así que voy a ir rápido. L'Institut de Drets Humans de Catalunya entiende los derechos humanos vinculados a la idea de las vidas dignas, de hecho los vincula también a la idea del
marco republicano, de la igualdad y de la fraternidad. Los derechos humanos tienen un componente importante de ética, de hecho están relacionados con la lucha contra la corrupción y la calidad democrática, porque tienen también bastante de ética.
Decía Montalbán que hay que recuperar la confianza democrática. El deber de protección de los derechos humanos siempre recae en los Estados y en el poder público, así que, a partir de su perfil -hace muchos años que usted trabaja pensando
mecanismos de control de derechos humanos, tanto en general como, en particular, en las actuaciones policiales-, queríamos plantearle dos situaciones y nos interesaría saber cuál es su opinión.

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Antes que nada, quiero manifestar el total acuerdo con esta idea de un organismo independiente de control de las actuaciones policiales. La CUP presentó en la anterior legislatura, en el Parlamento catalán, una idea parecida. Esperemos que
el ciclo que se abre en Cataluña pueda contar con un organismo de este tipo.


La primera situación que queríamos exponer es el suicidio de un joven de veintitrés años, Marouane Abouobaida, en el CIE de Zapadores, en 2019. Según la nota de prensa que emite CIEs No, una de las organizaciones que trabaja por el cierre
de los centros de internamiento, la Audiencia Provincial de Valencia concluye que ha habido asistencia sanitaria incompleta y comportamiento reprobable por parte de la policía. De hecho, diez días después del suicidio, el juez de control aplica el
protocolo de prevención de suicidios. Desde nuestra perspectiva, hay una responsabilidad moral y ética del Ministerio del Interior, del Gobierno de España y, en concreto, del Cuerpo Nacional de Policía, y también de la Unión Europea, porque el
marco de CIE y de fronteras es un marco sustentando sobre la persecución, el encarcelamiento y la deportación como política pública sostenida.


La segunda situación que le queríamos exponer es lo que está pasando ahora mismo en Ceuta. De hecho, su entidad, Irídia, juntamente con Novact, emitió un informe sobre deportaciones en el que explicaba que las deportaciones tienen
consecuencias que vulneran gravemente los derechos humanos, y hacían una disertación sobre cuáles son las consecuencias de una deportación más allá de la persona deportada, que ya de por sí son muchas. De hecho, este mismo año su organización,
Irídia, sacó un informe sobre lo que estaba pasando en Canarias. Una de las conclusiones era la necesidad de que las organizaciones internacionales visitasen Melilla y Canarias para medir si España está incumpliendo los derechos humanos. Esta
mañana el ministro Iceta nos negaba las imágenes de militares tirando jóvenes al mar. Desde nuestra perspectiva, el Gobierno español, el Ministerio del Interior y, en este caso, el Ministerio de Defensa tienen una responsabilidad ética y moral con
las situaciones de humillación y maltrato que se están dando en la frontera sur. Vulneraciones concretas: podemos hablar de deportaciones en caliente, de vejaciones y de uso desproporcionado de la fuerza. No hace falta decir que nosotras nos
oponemos totalmente a este tipo de actuaciones policiales y militares, que pensamos que lo que hay que hacer es acoger, que creemos en el derecho a la migración y que creemos en el derecho a vivir donde se quiera. Acabo preguntándole cómo ve desde
una perspectiva de control de derechos humanos, desde una perspectiva democrática estas situaciones. Nosotras pensamos que una sola vulneración de derechos a una sola persona es un problema colectivo en términos democráticos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vehí.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.


Muchas gracias, señor García Berrio, por su comparecencia y por su exposición.


Yo, honestamente, no sé si usted sabía exactamente a qué Comisión venía y cuál era el objetivo de esta Comisión, porque, si lo sabía, es que ni siquiera cogido por los pelos. Aquí se trata de la imparcialidad e independencia de las
autoridades independientes y organismos reguladores. Que yo sepa, el Cuerpo Nacional de Policía no es un organismo independiente ni una autoridad reguladora y el Defensor del Pueblo tampoco lo es. En todo caso, me encantaría debatir con usted
sobre estos puntos de vista suyos. Hubo una comisión en la XII Legislatura sobre el modelo policial del siglo XXI, cuyos trabajos quedaron inconclusos. Probablemente fuera el sitio donde hablar de modelos policiales. A mí me encantaría que el
Partido Socialista y Unidas Podemos recuperaran aquella Comisión, cuyas tareas quedaron sin finalizar porque sucedió la moción de censura del señor Rajoy y se terminó la legislatura. Ese era probablemente el espacio para hablar de esto, sobre lo
que yo, sin duda, estaría encantado de hablar con usted. Pero aprovechando que está usted aquí y que es un experto, lógicamente, en derechos humanos y en la gestión de los derechos humanos, me gustaría hacerle algunas preguntas, a ver cuál es su
valoración sobre esto.


La primera sería si usted cree que la organización terrorista ETA cometió atentados contra los derechos humanos de los ciudadanos en el País Vasco y también fuera del País Vasco, y en concreto, sobre el atentado de Hipercor. ¿A usted le
parece que este fue un atentado contra los derechos humanos o usted esto no lo entiende como atentado a los derechos humanos? Me gustaría saber cuál es su opinión. Hubo ciudadanos del País Vasco que tuvieron que irse del País Vasco, que se cuentan
por decenas, si no centenares de miles, a causa de la extorsión, a causa de la amenaza permanente de la

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banda terrorista ETA. ¿Usted cree, desde su experiencia de experto en derechos humanos, que esos fueron crímenes de lesa humanidad? Esa diáspora de ciudadanos vascos por el territorio español y europeo, incluso fuera de las fronteras
europeas, ¿cree usted que podría considerarse como tal?, porque hay algunas asociaciones que esto lo han denunciado como crímenes de lesa humanidad, y desde su amplia experiencia me gustaría saber también cuál es su opinión.


Me gustaría saber un poco qué piensa usted de la independencia económica de los reguladores -de lo que hemos hablado aquí mucho- y también de aquellas fundaciones u otras entidades que no son reguladores, pero trabajan con financiación
pública. Lo digo porque, en el caso de Irídia, entidad de la que usted es directivo, según su memoria del año 2019, solo el 6 % de su presupuesto está financiado por cuotas, por las cuotas de los asociados. Tiene un 30 % de subvenciones públicas,
un 16 % de subvenciones privadas, un 23 % de donaciones y un 16 % de las contrataciones. Resulta que la gran mayoría de las subvenciones públicas que ustedes reciben en Irídia son del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat, de la Diputación
de Barcelona, oiga, que luego son los mismos que les contratan, porque resulta que ese 16 % de entidades que les contratan a ustedes servicios son el mismo Ayuntamiento de Barcelona, la misma Generalitat, la misma Diputación y la Universidad de
Barcelona. ¿Usted cree que es posible mantener una independencia en esos contratos, en esos informes que ustedes hacen para aquellos mismos que les están financiando? Porque esto sí que es el objeto del que hemos estado hablando en esta Comisión,
por ejemplo. ¿A usted le parece que eso es posible?


Respecto de las subvenciones privadas -y esto no tiene nada que ver con la subvención-, de ese 16 % de subvenciones privadas que ustedes reciben, la gran mayoría viene de Osife, que resulta que es la fundación del señor Soros, que les
financia a ustedes el 16 %. Yo no soy VOX, ¿eh? Yo no contemplo al señor Soros como una persona que está ahí, acariciando un gatito y montando fundaciones. Lo digo porque ustedes y muchos grupos -entre otros los que les han traído a ustedes aquí-
están continuamente hablando de la influencia que tienen los especuladores en la Administración pública y de la influencia que los especuladores tienen en mucha de la acción política que se está desarrollando, y nos acusan a muchos, cuando aprobamos
aquí algunas normas, de estar no digo financiados, pero sí muy presionados por estos especuladores. ¡Hombre!, si hay algún especulador financiero en el mundo es el señor Soros, que ha hecho toda su fortuna especulando financieramente en la Bolsa de
Londres. Por tanto, ¿qué le parece a usted este contrasentido de trabajar en una fundación en la que el 16 % de su financiación viene del señor Soros? ¿A usted le parece esto normal?


Gracias, presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.


Tiene la palabra, a continuación, la señora Carvalho Dantas.


Déjenme antes hacer una precisión. Durante la exposición y la discusión -y ahora quedan los turnos de los diferentes portavoces- hemos estado haciendo una interpretación, digamos, generosa del tema de la Comisión. Entiendo que el motivo de
la comparecencia es sugerir la necesidad de un organismo independiente más que todavía no existe y entiendo que eso nos lleva a los límites de la temática de la Comisión. Ustedes pueden usar la palabra como quieran, pero les voy a hacer una
petición: intenten ceñirse al objeto de esta Comisión. En todo caso, les voy a recordar que esta no es una comisión de investigación y que, por tanto, el compareciente no viene a responder preguntas sobre sus posiciones políticas ni sobre el
centro o el organismo en el que trabaje; viene a aportar, en este caso, sobre la necesidad -entiendo- de nuevos organismos de regulación, organismos independientes. Les pido a todos que hagan el esfuerzo de ceñirse al tema.


Tiene la palabra a continuación la señora Carvalho Dantas.


La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor Berrio, por su comparecencia. Le quiero decir que hay muchas estudiantes universitarias que han sabido que venía usted hoy. Me ha mandado un mensaje precisamente la Agrupación Universitaria por los Derechos Sociales.
Son varias y varios universitarios de varias universidades de Madrid y de Cataluña. Por ello, yo he cambiado mis preguntas y he añadido dos. Voy a contextualizar en tres párrafos muy pequeñitos algo de lo que ya ha hablado usted y le voy a hacer
cinco preguntas muy didácticas, que no sé si usted tendrá tiempo de contestar.


En primer lugar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de condenar al Estado español por no investigar a fondo muchas denuncias de abuso policial en la protesta de Rodea el Congreso del 2012, a la que usted se ha referido. Según la
sentencia, los hechos constituyen una violación del artículo 3 del

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Convenio de Derechos Humanos en su aspecto procesal, que contempla la prohibición de la tortura. La falta de investigación por parte de los tribunales españoles y la imposibilidad de encontrar a los policías implicados que no iban
identificados ha sido clave en la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional de España se negó a investigar la actuación policial, para considerar que no había ninguna violación de los derechos fundamentales. El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos contradijo esta decisión por unanimidad, declarando que la falta de actuación del Tribunal Constitucional supone una violación de la rama procesal del artículo 3. Este es el contexto. Asimismo, hay juristas que
explican que el hecho de que el Estado español haya sido condenado por falta de investigación sobre las irregularidades en las intervenciones policiales podría sentar -digo lo que dicen los juristas- un precedente para la resolución de casos
similares, como los que denuncian la violencia desmesurada de la Policía en la frontera sur, que acaba de explicar la señora Vehí, por ejemplo en las calles contra personas migrantes por un control de perfil étnico o racial, o incluso en la jornada
del referendo del 1 de octubre en Cataluña, que también llegará a los tribunales.


Formulo las preguntas. La doctrina habla del papel determinante que la institución policial juegue en la protección del Estado de derecho y del régimen democrático. ¿Cree usted que hubiese sido tratado el caso Rodea el Congreso, por el que
el Estado español acaba de ser condenado por el TEDH, si existieran mecanismos independientes que hubiesen evaluado y monitoreado e investigado el desempeño policial entonces?


Segunda pregunta: ¿cree usted que sería necesario diseñar mecanismos independientes que permitan evaluar, monitorear, investigar el desempeño policial y proponer un modelo explicativo de los avances y retrocesos que al respecto presentan
los cuerpos policiales?


¿Por qué es necesario, señor Berrio, que la Policía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español en democracia -importante, en democracia- estén supervisadas por mecanismos de control variados e independientes que garanticen la
transparencia de sus funciones y disminuyan los incentivos para actuar fuera de los parámetros de la ley, al tiempo que reconozcan su responsabilidad sobre la calidad de la respuesta ofrecida a los individuos y el colectivo social, que son su
prioridad operacional?


¿Cómo podrían ayudar los mecanismos independientes de evaluación y monitoreo e investigación a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado operen bajo esquemas de respeto a los derechos humanos y al orden constitucional, libres de
actuaciones como la opresión, la arbitrariedad, abuso de autoridad, violencia, impunidad, conferidas muchas veces por la inacción del Poder Judicial?


¿Cree usted que la presencia de mecanismos independientes de evaluación, monitoreo e investigación favorecería al grado de legitimidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español ante la sociedad civil?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Saavedra Muñoz.


La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gracias, president.


Gracias, señor García Berrio; gracias por su aportación en este tipo de temas, que hasta hoy no se habían abordado en profundidad en esta Comisión. Hace pocos meses se difundió un vídeo de un agente de los Mossos en Barcelona, reducía con
una pistola eléctrica, una taser, a una joven de veintiséis años que acudía a una cita médica en un centro de atención primaria. Las imágenes del vídeo apuntan a un problema grave, a un déficit democrático dentro de la organización policial. El
problema al que nos referimos no es otro que la impunidad con la que muchas veces actúan los Cuerpos de Seguridad. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que el papel democrático de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no se compadece
con actuaciones como esta, y entendemos que las lógicas de funcionamiento interno a menudo llevan a los policías al encubrimiento mutuo entre compañeros. Sin embargo, este funcionamiento es más digno de una estructura policial de un régimen
autoritario que de una democracia consolidada. Me gustaría preguntarle sobre su opinión respecto a cómo abordar esta cuestión desde una perspectiva institucional, qué mecanismos articular para que no se perpetúe esta dinámica dentro de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y trabajar sobre los casos de abusos y denuncias a la Policía. Quizás el aparato independiente que pueda llegar a ejercer cierto contrapoder para investigar los delitos que se cometen dentro de estos cuerpos sea la
Fiscalía.

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En esa línea, nos gustaría conocer su opinión sobre la efectividad de la Fiscalía en casos en los que las denuncias son sobre los mismos policías, si cree que cuenta con los medios necesarios para garantizar que no existe impunidad, y, desde
su punto de vista, cuál es el grado de colaboración entre ambas instituciones, si ve a la Fiscalía como un órgano realmente independiente, que puede resolver este tipo de cuestiones.


Por otra parte, me gustaría hacer una reflexión sobre la naturaleza de los organismos independientes. Prácticamente, todas las autoridades y organismos independientes del Estado están dedicados a temas materiales o de mercado, como el FROB
o el Banco de España. Sin embargo, hay voces que indican que también debería haber organismos independientes que trabajen sobre la protección de los derechos humanos. A este respecto, nos gustaría saber su opinión sobre cómo vería la creación de
un organismo autónomo, con independencia orgánica y funcional, dedicado a garantizar y proteger los derechos humanos. ¿Cómo vería usted un órgano independiente que pudiera realizar un trabajo de conciliación entre los Cuerpos de Seguridad y la
ciudadanía en sentido democrático? ¿Vería usted positivamente una estructura independiente que depure responsabilidades internas y trate de democratizar esas instituciones desde dentro, o bastaría con establecer mecanismos internos de control,
evaluación o sanción?


Quizás exista una contradicción entre la necesidad de mantener el orden a través de un aparato represor legítimo y la defensa de los derechos humanos, sobre todo dentro de esos mismos aparatos. Por el momento no contamos con instrumentos
suficientes para que existan garantías y terminar con la impunidad de los abusos de poder institucional. ¿Cree usted que la transparencia, al igual que ha pasado en los casos de corrupción, serviría como mecanismo interno de prevención, o cree que
la transparencia podría verse empañada por esta viciada dinámica de tapar al compañero de la que hablábamos?


Quedamos atentos a sus aportaciones. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Saavedra.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ruiz Navarro.


El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor García Berrio, voy a discrepar de lo que ha comentado el señor presidente de la Comisión. Creo que su intervención no pega aquí ni con cola. Lo que usted ha venido a contarnos no tiene nada que ver con la temática de la Comisión, en
mi opinión particular, y, desde luego, también quiero añadir que hago mías las preguntas que ha hecho el señor Gutiérrez, portavoz de Ciudadanos, respecto de los crímenes de lesa humanidad, del genocidio cometido contra miles de españoles,
especialmente españoles residentes en el territorio vasco, muchos de los cuales, cientos de miles, han tenido que huir como consecuencia del crimen terrorista de la banda ETA.


Menos mal que ha dicho usted que la mayoría de los policías realizan una gran tarea. Claro, si, efectivamente, usted piensa esto, no me explico por qué han creado ustedes una fundación. Si esta labor de la Policía es exquisita y
generalmente fantástica -según su opinión y, desde luego, según la mía-, ¿por qué hace falta crear esta fundación para perseguir supuestos hechos de abusos de autoridad, que, en todo caso, si los hubiera, serían mínimos? ¿O es para sembrar la
sombra de la sospecha de tortura sobre todos los funcionarios policiales españoles? Yo tengo esta sospecha. Y especialmente me sorprende que un grupo parlamentario que acaba de intervenir, que está en el Gobierno de España, le apoye a usted en
este tipo de sospechas, porque les recuerdo a las señorías de Unidas Podemos que forman parte del Gobierno de España, y les recuerdo a las señorías del Partido Socialista qué socios tienen; les recuerdo esto porque deberían tomar nota acerca de con
qué personas comparten Gobierno.


Ya que nos ha dado pie a hablar de su fundación, Irídia, y puesto que ustedes no son un organismo independiente, cual es el objeto de esta subcomisión, si bien dicen defender los derechos civiles y políticos y denuncian la violencia
institucional según pone en su página web explicando cómo funciona su fundación, ¿podría darnos explicación usted ahora, si no consta en la misma, acerca de si ustedes han emprendido acciones en defensa de todos aquellos ciudadanos españoles
residentes en Cataluña que ven vulnerados día tras día sus derechos constitucionales y esenciales relativos a poder estudiar en lengua materna española en el sistema público catalán educativo?


También nos gustaría que nos explicase, señor García Berrio, qué tipo de reforma propone usted que se realice respecto de los cuerpos policiales españoles. En realidad, este organismo independiente que usted propone que se cree ya existe:
un Poder Judicial independiente, que regula nuestra Constitución Española. ¿O es que cree usted que está en contra de los derechos humanos todo el sistema judicial, el Ministerio Fiscal, la Policía, el Defensor del Pueblo? Es decir, ¿considera
usted que todo este entramado

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constitucional de protección de derechos fundamentales está conspirando contra los derechos de los ciudadanos? ¿Es la opinión que tienen usted y su fundación? ¿Qué más mecanismo hace falta que tener un Poder Judicial independiente, una
Fiscalía profesional, que actúe con imparcialidad y objetividad, y una Policía formada por grandes profesionales, grandes funcionarios, que trabajan dando su vida por todos los españoles día a día en la calle? ¿Qué mejor sistema que el que tenemos
en España puede existir? Si hay algún supuesto abuso por parte de policías concretos, ahí está el Ministerio Fiscal, y usted ha mencionado también el Defensor del Pueblo y el Poder Judicial: acudan ustedes a ellos. Por lo visto, según nos cuenta,
no tienen ustedes demasiado éxito en las denuncias que presentan y les parece mal que se archiven los procedimientos porque no hay prueba contra los agentes denunciados; por eso quieren ustedes remover todo el sistema, ponerlo patas arriba e
instaurar un organismo, que no se sabe muy bien quién lo controlaría, para perseguir supuestos abusos policiales que no se prueban. ¡Y ya lo de hablar de los abusos policiales en la frontera de Ceuta y Melilla, en fin, eso ya es harina de otro
costal! En todo caso, señor García Berrio, me parece un despropósito lo que usted nos ha contado.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz Navarro.


Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Marcos Domínguez.


La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, presidente. Gracias, señor García Berrio.


Vaya por delante nuestra más enfática expresión de respeto, consideración y admiración por el trabajo que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su tarea democrática de garantizar nuestra seguridad. Ese trabajo de
garantizar nuestra seguridad es el primer y fundamental sostén de nuestra libertad como país democrático. Es en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en quienes nuestra democracia, la democracia española, hace descansar el monopolio del uso
de la fuerza que todo Estado tiene para garantizar su legítima pervivencia, y lo hace apoyada por la Constitución y por las leyes que de ella emanan.


Como usted sabe, esta Comisión ha pedido su comparecencia en calidad de experto para recabar su criterio sobre qué medidas serían las más necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos
reguladores. En el ejercicio de su libertad de expresión, puede usted comentarnos, tal y como ha hecho, lo que considere oportuno sobre cualquier asunto; está en su libérrimo derecho, ¡faltaría más! Sin embargo, créame, señor García Berrio, he
repasado su trayectoria y sus publicaciones, le he escuchado atentamente y, con el debido respeto, no he sido capaz de extraer de sus reflexiones y diatribas nada parecido a un criterio razonado sobre el asunto por el que esta Comisión ha estado
escuchando a muy diferentes expertos para realizar la tarea que tiene entre manos: proponer cuáles serían las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de las autoridades independientes y los organismos reguladores. Verá,
señor García Berrio, contrariamente a lo que hemos tenido que escuchar y soportar poco antes de su intervención de boca de una señoría socialista con nulo respeto a cualquier opinión que no se humille al ridículo aplauso acrítico, a cualquier
imposición que venga de la izquierda, a nosotros nos parece estupendo que usted haya podido exponer aquí una serie de opiniones que por sí mismas, en nuestra opinión, expresan lo que no hace ninguna falta hacer para mejorar la calidad democrática de
nuestras instituciones.


En todo caso y en línea con lo que usted nos ha comentado, quiero preguntarle cuál es el cuerpo policial, según usted, que tantas irregularidades comete en el área metropolitana de Barcelona; cuál es exactamente, y en cuántos casos de ellos
hay sentencia judicial firme en contra.


En esta misma línea, quiero pedirle también su valoración sobre las admirables imágenes que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están ofreciendo en estos días ante la inadmisible actuación de las autoridades
marroquíes en Ceuta.


Suscribo también las preguntas, y le pido que en el ejercicio de su libertad nos dé la más detallada respuesta, que le han formulado los portavoces de los grupos parlamentarios Ciudadanos y VOX.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marcos.


Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López Somoza.

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La señora LÓPEZ SOMOZA: Gracias, presidente.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero dar la bienvenida al señor García Berrio a esta Comisión y agradecerle su intervención, que me ha parecido bastante interesante, aunque tal vez, al tratarse de un tema
sectorial lo que usted propone, debería enmarcarse más en la Comisión de Interior, y no en esta de Calidad Democrática, donde lo que estamos haciendo es analizar la estructura de las autoridades administrativas independientes.


Antes de empezar, quisiera comentar a la señora Marcos Domínguez que la verdad es que ha empezado muy bien su intervención, pero le ha durado bastante poco, porque enseguida ha dedicado su tiempo a lo que ustedes saben hacer, a lo que nos
tienen acostumbrados, que es la confrontación política, con independencia del tema que se esté tratando, y, por supuesto, como hacen siempre, sin ninguna aportación ni propuesta al debate político.


El Grupo Parlamentario Socialista no va a hablar de nada que no sea el objeto de esta subcomisión. Por tanto, no vamos a hablar ni a debatir ni a entrar en ningún tema policial, porque no es el objeto de esta Comisión, como les decía; en
esta Comisión debemos hablar de la estructura de las autoridades independientes.


Señor García Berrio, usted propone la creación de una autoridad independiente nueva, y, como le decía, creo que esta cuestión se encuentra más próxima al marco de la Comisión de Interior. Asimismo, para poder analizar la creación de esta
nueva autoridad independiente en un caso concreto, hay que analizar muchos aspectos que también se nos escapan y que usted tampoco ha expuesto en su intervención. Según la postura del Grupo Parlamentario Socialista, las autoridades independientes
son excepciones al principio de representatividad pueblo-Cortes-Gobierno y su creación debe estar muy justificada. Por eso, dado que el objeto de esta subcomisión es la estructura de las autoridades independientes, como le decía, en relación con la
creación de esta nueva autoridad independiente que propone, le pregunto: ¿Qué tipo de autoridad independiente es la que usted propone? ¿Qué tipo de nombramiento, estructura funcionarial, autonomía económica, rendición de cuentas es la que se
llevaría a cabo en la nueva autoridad independiente que propone?


Como decía el presidente al inicio, llevamos ya varias sesiones de comparecencias de expertos en diferentes ámbitos y sectores y hoy finalizan los trabajos de la subcomisión. Con ellos hemos pretendido recabar datos, información y, por
supuesto, críticas para mejorar el funcionamiento, así como fortalecer la independencia tanto funcional como organizativa de estas autoridades independientes, para que sean mucho más transparentes, abiertas y participativas. Se puede hablar de
rendición de cuentas, de su funcionamiento, de las relaciones que puedan tener estas autoridades con los distintos organismos del Estado, también con los organismos en el ámbito autonómico y de la relación que deben tener y cómo debe llevarse a cabo
con el propio Poder Legislativo. En este sentido y respecto a la transparencia y rendición de cuentas, quisiera preguntarle: ¿Cómo considera que se deberían explorar mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades independientes ante el
Parlamento, más allá de las habituales comparecencias que se realizan por sus máximos responsables? ¿Qué tipo de medidas o acciones considera oportunos para establecer y garantizar un equilibrio adecuado entre la gestión pública y la gestión
técnica de estos organismos independientes?


Debido a su experiencia y en relación con las posibles áreas de mejora y fortalezas que puedan presentar estas autoridades independientes, ¿cuáles serían las principales medidas concretas que, a su juicio, deberían implementarse con mayor
urgencia? En relación con las fortalezas que presentan estos organismos, ¿cuáles serían las que se deberían fortalecer?


Por último, ya que usted pertenece a una asociación en defensa de los derechos humanos que forma parte del tejido asociativo de la denominada sociedad civil, ¿qué posibles mejoras hay en la participación de la sociedad civil en el
funcionamiento de las autoridades independientes? ¿Se le ocurre algún mecanismo que pueda favorecer y mejorar esta participación de la ciudadanía en la toma de decisiones para la creación y el funcionamiento de este tipo de organismos?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora López.


La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Presidente, ha habido unas alusiones que, por los artículos 71 y 72, quería responder. Han sido expresas, incluso mencionando...


El señor PRESIDENTE: Como las suyas antes al Grupo Socialista, y no me han pedido la palabra. No vamos a entrar en otro turno. Usted ha dicho lo que ha querido sobre el Grupo Socialista en su turno de palabra, y el Grupo Socialista en su
uso de la palabra ha contestado. No tiene la palabra, señora Marcos. (Protestas).

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Por último, para contestar a las preguntas que se le han formulado o para comentarios adicionales que quiera hacer, tiene la palabra el señor García Berrio.


El señor GARCÍA BERRIO (abogado experto en la defensa de los derechos humanos y criminólogo, codirector de Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, experto en mecanismos independientes de derechos humanos): Muchas gracias por
todas y cada una de sus intervenciones.


En primer lugar, efectivamente, somos conscientes de que el planteamiento de generar una nueva autoridad independiente o mecanismo independiente de alguna manera tenía carácter fronterizo con el contenido de esta Comisión. Simplemente,
esperamos que se queden con esta idea, porque creo que irá tomando forma y que en algún momento, como en otros países, se irá decidiendo, y probablemente será en el marco de la Comisión Interior, y obviamente entonces estaremos totalmente
predispuestos a establecer e indicar cuáles son nuestras aportaciones en la materia. Es cierto que no he podido profundizar respecto de la manera en qué debería ser, pero sí entendía que era necesario trasladar a esta Comisión que hacen falta
nuevos mecanismos independientes para poder salvaguardar los derechos humanos. Y no lo digo yo, lo dice el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Naciones Unidas también habla de este tipo de mecanismos independientes, lo defiende
Amnistía Internacional y lo defienden todo un conjunto de Estados y organizaciones, que consideran que es necesario, es útil y hará mejorar la calidad democrática de nuestra sociedad.


Lo que no entiendo, si se trata de una cuestión sobre normalidad democrática, que además han implementado países como Reino Unido, a nuestros ojos de una manera excelente, es por qué hay tanto miedo a hablar de aquellos casos en que las
cosas no van bien. Ustedes me pueden creer o no creer, pero son diez años de trabajo en la materia, tiempo en el que he visto los déficits, y es por ello que un grupo de abogadas y psicólogas creamos una anomalía democrática, que es una oficina de
atención a víctimas, porque entendemos que debería ser la propia Administración la que lo hiciera. Por eso también aprovechamos esta Comisión para plantearles que es necesario que alguien lo haga.


Respecto a su estructura, hay diferentes modelos, tenemos el de dependencia parlamentaria y el de independencia pero dentro de un marco más dependiente del Gobierno. Entendemos que el marco dependiente del parlamento puede tener funciones
muy positivas pero también otras que no lo son. También creemos que debería ser un proceso concursal y que sería necesario que se pudieran presentar personas con recorrido en materia de derechos humanos. Por ejemplo, para la oficina existente por
la Ley de Policía en Reino Unido, se establece que ninguno de sus miembros haya sido policía a fin de poder garantizar su independencia. Y habría otras muchas cuestiones; a nivel económico, evidentemente, tener su propio presupuesto, y,
efectivamente, queda mucho por concretar.


Respecto a las preguntas que ha realizado la diputada socialista, creo que no somos una entidad experta en plantear qué medidas, si bien tenemos nuestra propia experiencia, según la cual creemos que la participación en consejos por parte de
la sociedad civil de estas autoridades independientes ayuda, y se genera una relación sana, que hace que se mejoren las cosas. Y creemos en el diálogo, y ahí es donde nos van a encontrar hoy y en adelante, a pesar de que hayan querido criticar a
nuestra organización, que nació en 2016 y cuenta ya con más de mil socias. Entendemos que la independencia nos la da la diversidad de fuentes que tenemos, y diferentes interlocutores políticos, periodistas y de todo tipo han reconocido nuestro
trabajo. Simplemente, les animo a que conversemos sobre las diferentes cuestiones en tanto que se considere que nuestra opinión puede ser válida en materia de derechos, como les estamos comentando.


Respecto a cualquier vulneración de derechos que se haya cometido, nuestra tarea tiene que ver con trabajar sobre esos excesos que realiza el propio Estado y siempre hemos condenado y condenaremos cualquier vulneración de derechos que se
produzca contra las personas, no tengan la más mínima duda. Y respecto al papel de la fiscalía, que se ha comentado, y el papel de la justicia, no decimos que no funcione, decimos que podría funcionar mejor; decimos que, por ejemplo, sería
importante que la ciudadanía pudiera tener canales públicos adecuados desde los que poder dirigirse cuando se tiene que plantear una situación de mala praxis, una situación en la que incluso se haya podido sufrir un delito. Y es que es muy difícil
para las personas acercarse... (El señor Gutiérrez Vivas: ¡Dificilísimo!). Si quiere, le explico la realidad con la que nos encontramos. Y si quiere, le invito a visitar nuestro centro, a conocer cómo se trabaja y de qué manera, no hay ningún
problema. Estamos hablando de más de quinientas personas atendidas, de sus casos, respecto de los que hay decisiones y situaciones muy duras. Y no se trata de que nos den la razón o no los juzgados. Hay doce condenas del Tribunal Europeo de
Derechos

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Humanos a España, y de alguna manera las organizaciones de base que trabajamos al respecto queremos poner de manifiesto que hace falta mejorar diferentes cuestiones.


No obstante, entendemos que cualquier tipo de reforma puede generar en principio lo que hoy está sucediendo aquí, y es que se nos hable de cosas totalmente diferentes, que no tienen nada que ver, y que de alguna manera se nos intente
invalidar como interlocutor. Ahora bien, sepan ustedes que si no es en dos, seguramente será en cinco, en diez años, pero se impondrá el sentido común y habrá una autoridad independiente en esta materia; y en 2021 ya se habría hablado sobre ello
en el marco de esta Comisión, y nosotros agradecemos haberlo hecho.


Se han comentado situaciones concretas. Cuando suceden casos como los que en ocasiones se viven, de los que hemos tenido conocimiento, por ejemplo, en los centros de internamiento de extranjeros, y se solicita que se conserven las imágenes,
pero justamente a veces no llegan las adecuadas para poder investigar los hechos, eso genera toda una serie de situaciones que se han de poder cambiar. Por tanto, como ya hemos dicho, resulta imprescindible que la actuación ante este tipo de
vulneraciones y cualquier situación que pudiera revestir indicios de delito se lleve a cabo lo más rápidamente posible. Sin embargo, en muchas ocasiones nos encontramos con que, cuando la persona que posiblemente lo haya realizado es un agente
policial, no se actúa con la misma celeridad, y eso se debe a una cuestión estructural. Es la misma razón que ha llevado a Reino Unido a generar este mecanismo independiente. Como ya les he dicho, en ocasiones nos encontramos ante la imposibilidad
de identificar correctamente a los agentes con el tipo de declaraciones que hay, el margen de la confidencialidad en que se encuentran las víctimas o cómo se promueve la investigación por parte de la fiscalía. También en su momento, al generarse
una fiscalía especializada en materia de corrupción, hubo quien estuvo en contra y pensó que no era necesaria en absoluto, y se cuestionó cómo íbamos a desconfiar de nuestros políticos y políticas, de la propia Administración pública y demás. Se ha
visto que había gente que actuaba de manera totalmente correcta, y otras que no y se ha visto que la Fiscalía especializada en esa materia, al igual que la Fiscalía especializada en delitos de odio o en otro tipo de delitos, ha dado resultado. Por
eso los organismos de derechos humanos también plantean que es positivo generar dentro de las propias fiscalías del Estado una Fiscalía especializada en materia de derechos humanos o, por ejemplo, como existe en Argentina en materia de violencia
institucional, o también la correlativa que existe en el Reino Unido para esta materia para tener los mejores profesionales asegurando el buen funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... (El señor Gutiérrez Vivas pronuncia
palabras que no se perciben).


El señor PRESIDENTE: Esto no es un debate y usted lo sabe. No tiene la palabra, señor portavoz. No haga que le llame al orden.


El señor GARCÍA BERRIO (abogado experto en la defensa de los Derechos Humanos y criminólogo, codirector de Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, experto en mecanismos independientes de derechos humanos): En todo caso,
creemos que es importante este tipo de elemento y es central este mecanismo independiente, que no sustituye la función de control propia de la policía, pero sí que la complementa y hace que todo acabe funcionando mejor en términos generales en
aquellos casos en los que se producen situaciones que no son las adecuadas de manera puntual.


Dicho esto, quiero agradecerles su tiempo. Discúlpenme si entienden que nos hemos excedido de la materia de la Comisión, no era para nada nuestra intención, aunque sí que queríamos plantear una reflexión en este sentido. Estaremos
encantados siempre de darles a conocer de primera mano las situaciones que conocemos y que podremos conocer en el futuro, esperando siempre obviamente que sean las mínimas y que poco a poco vayamos avanzando hacia la modernización de nuestra
Administración pública también en esta materia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Andrés García Berrio, por su comparecencia en el día de hoy y por sus aportaciones al trabajo de esta Comisión para reforzar la imparcialidad e independencia de las autoridades independientes y
organismos reguladores.


Sin más asuntos que tratar y antes de finalizar la sesión, déjenme que les recuerde que el señor letrado tiene los índices de los que hablamos para el trabajo del informe de esta Comisión. Se van a repartir al menos uno por grupo, pero de
todas formas se van a mandar por email a todo aquel que lo requiera. Muchísimas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cinco minutos de la tarde.