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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 388, de 06/05/2021
cve: DSCD-14-CO-388
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 388
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SEÑOR D. JUAN ANTONIO LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA
Sesión núm. 18
celebrada el jueves,
6 de mayo de 2021
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Medio Ambiente (Morán Fernández), para informar de las líneas de actuación previstas, así como de las actuaciones ya realizadas en el ámbito de las competencias de la dicha Secretaría de
Estado. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001147) ... (Página4)
Preguntas:
- Previsiones acerca de transferir a la Generalitat Valenciana la competencia en la ordenación y gestión del litoral de la Comunitat (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/025519) ...
Autor: Gamazo Micó, Óscar (GP). Hoyo Juliá, Belén (GP).
BOCG, serie D, número 188, de 2 de diciembre de 2020 PDF. (Número de expediente 181/000621).
- Situación del proyecto de la presa de Oliva en la provincia de Valencia, así como solución definida para la misma (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/028078) ... (Página53)
Autor: Gamazo Micó, Óscar (GP). Hoyo Juliá, Belén (GP).
BOCG, serie D, número 236, de 9 de marzo de 2021 PDF. (Número de expediente 181/000784).
- Toneladas de arena depositadas en la playa de Guardamar de la Safor en los últimos seis años, así como coste económico de la inversión de las actuaciones para reparar y regenerar dicha playa (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita 184/034221) ... (Página56)
Autor: Gamazo Micó, Óscar (GP).
BOCG, serie D, número 245, de 24 de marzo de 2021 PDF. (Número de expediente 181/000852).
- Toneladas de arena depositadas en la playa de Miramar en los últimos seis años, así como coste económico de la inversión de las actuaciones para reparar y regenerar dicha playa (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
184/034223) ... (Página56)
Autor: Gamazo Micó, Óscar (GP).
BOCG, serie D, número 245, de 24 de marzo de 2021 PDF. (Número de expediente 181/000853).
- Toneladas de arena depositadas en la playa de Piles en los últimos seis años, así como coste económico de la inversión de las actuaciones para reparar y regenerar dicha playa (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
184/034224) ... (Página56)
Autor: Gamazo Micó, Óscar (GP).
BOCG, serie D, número 245, de 24 de marzo de 2021 PDF. (Número de expediente 181/000854)
- Toneladas de arena depositadas en la playa de Bellreguard en los últimos seis años, así como coste económico de la inversión de las actuaciones para reparar y regenerar dicha playa (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita 184/034225) ... (Página56)
Autor: Gamazo Micó, Óscar (GP).
BOCG, serie D, número 245, de 24 de marzo de 2021 PDF. (Número de expediente 181/000855).
- Reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad celebrada el 04/02/2021 en la que se votó la inclusión del lobo en el catálogo de especies silvestres (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
184/034586) ... (Página60)
Autor: Requena Ruiz, Juan Diego (GP). Pastor Julián, Ana María (GP). Navarro Lacoba, Carmen (GP). González Vázquez, Marta (GP). Mariscal Anaya, Guillermo (GP). Sánchez Pérez, César (GP). Gago Bugarín, Diego (GP). Alonso Pérez, José
Ángel (GP). Cabezón Casas, Tomás (GP). Gázquez Collado, Paloma (GP). Herrero Bono, José Alberto (GP).
BOCG, serie D, número 245, de 24 de marzo de 2021 PDF. (Número de expediente 181/000889)
- Mejora del medioambiente en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama tras la decisión de no renovación de las concesiones que afectan a las pistas de esquí alpino Escaparate, Telégrafo y Bosque en Navacerrada (procedente
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039356) ... (Página64)
Autor: Borrás Pabón, Mireia (GVOX). Gestoso de Miguel, Luis (GVOX). López Maraver, Ángel (GVOX). Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX). Contreras Peláez, Francisco José (GVOX). Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX). Nevado del Campo, María
Magdalena (GVOX).
(Número de expediente 181/001018).
- Número de puestos de trabajo directos e indirectos que se verán afectados por la decisión de no renovación de las concesiones que afectan a las pistas de esquí alpino Escaparate, Telégrafo y Bosque en Navacerrada, ubicadas en el entorno
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039357) ... (Página66)
Autor: Borrás Pabón, Mireia (GVOX). Gestoso de Miguel, Luis (GVOX). López Maraver, Ángel (GVOX). Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX). Contreras Peláez, Francisco José (GVOX). Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX). Nevado del Campo, María
Magdalena (GVOX).
(Número de expediente 181/001019)
- Valoración del impacto económico de la decisión de no renovación de las concesiones que afectan a las pistas de esquí alpino Escaparate, Telégrafo y Bosque en Navacerrada, ubicadas en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039359) ... (Página66)
Autor: Gestoso de Miguel, Luis (GVOX). López Maraver, Ángel (GVOX). Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX). Contreras Peláez, Francisco José (GVOX). Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX). Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX).
(Número de expediente 181/001021)
- Explicación del Gobierno para valorar que el medioambiente en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama estaba deteriorándose a causa de la vigencia de las concesiones que afectan a las pistas de esquí alpino Escaparate,
Telégrafo y Bosque en Navacerrada (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/039358) ... (Página70)
Autor: Borrás Pabón, Mireia (GVOX). Gestoso de Miguel, Luis (GVOX). López Maraver, Ángel (GVOX). Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX). Contreras Peláez, Francisco José (GVOX). Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX). Nevado del Campo, María
Magdalena (GVOX).
(Número de expediente 181/001020).
- Viabilidad de la inclusión, dentro de la política definida como 'Infraestructuras y ecosistemas resilientes', de actuaciones de las obras hidráulicas en Canarias reflejadas en el Plan DESEAR que han quedado fuera de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/032681) ... (Página72)
Autor: Zurita Expósito, Ana María (GP). Mariscal Anaya, Guillermo (GP). Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP). Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP).
(Número de expediente 181/001024).
- Viabilidad de la inclusión, dentro de la política definida como 'Infraestructuras y ecosistemas resilientes', de adecuación o implantación de redes de saneamiento y depuración de vertidos en municipios de menos de 10 000 habitantes de la
Comunidad Autónoma de Canarias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/032682) ... (Página75)
Autor: Zurita Expósito, Ana María (GP). Mariscal Anaya, Guillermo (GP). Pérez Díaz, María Auxiliadora (GP). Ledesma Martín, Sebastián Jesús (GP).
(Número de expediente 181/001025).
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (MORÁN FERNÁNDEZ), PARA INFORMAR DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PREVISTAS, ASÍ COMO DE LAS ACTUACIONES YA REALIZADAS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DICHA SECRETARÍA DE
ESTADO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001147).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Empezamos la sesión con la comparecencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, don Hugo Morán, para informar de las líneas de actuación previstas, así como de las actuaciones ya realizadas en el ámbito de las competencias de dicha
Secretaría de Estado. La ordenación del debate será que intervendrá en primer lugar el secretario de Estado por tiempo ilimitado y posteriormente las intervenciones de cada grupo, de menor a mayor, serán de siete minutos. Después, el secretario de
Estado tendrá un turno de réplica, de contestación, y finalmente los grupos podrán intervenir por tiempo de tres minutos. Después de la comparecencia, procederemos a sustanciar las preguntas que quedan pendientes y que tienen ustedes en el orden
del día.
Hugo, bienvenido a esta casa, que es la suya. Tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchísimas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco para dar cuenta de las actuaciones de política general que dentro del ámbito de las competencias de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se prevén llevar a término a lo largo de la presente legislatura,
condicionada, como bien saben ustedes, por una situación excepcional que limita tanto las capacidades ordinarias de la actividad parlamentaria como de la actividad de Gobierno. No obstante, para intentar facilitar una mejor comprensión de la
estructura de los contenidos de mi informe, vamos a llamarlo así, teniendo en cuenta que la secretaría de Estado la componen ocho centros directivos con competencias distintas, intentaré, en una media de información de cada uno de los centros en
torno a unos diez minutos, hacerlas ordenadas, sin solución de continuidad, con independencia de que lógicamente, a la finalización de la misma, quedo a su entera disposición para aclarar las cuestiones que ustedes consideren oportunas o ampliar la
información que requieran. Quisiera iniciar la intervención con una explicación de contexto, que es la que va a determinar los objetivos de actuación de esta secretaría de Estado en el ámbito de una política transversal que afecta al conjunto de
las políticas, tanto del Gobierno de la nación como del conjunto de las Administraciones.
Los impactos del cambio climático son ya evidentes en todas las regiones del planeta. España se enfrenta a grandes desafíos, amenazas al patrimonio natural y la biodiversidad, disminución de los recursos hídricos disponibles, aumento de la
desertificación y cambios en los usos del suelo, afecciones al medio marino y la costa, y todo ello afecta a nuestra seguridad, a nuestra salud y a nuestra economía. Los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología indican que en España
las zonas de clima semiárido se están ampliando, los veranos son más largos y el número de días de olas de calor o noches tropicales también han aumentado. Nuestros mares son más cálidos, y en el caso del Mediterráneo la temperatura superficial del
mismo está aumentando a un ritmo de 0,34 grados centígrados por década. La región mediterránea se calienta un 20 % más rápido que el resto del mundo y las proyecciones indican que en el futuro los periodos de sequía serán más frecuentes, más largos
y más intensos, y el aumento de la sequedad y la temperatura incrementarán, a su vez, el riesgo de grandes incendios. España, señorías, se encuentra en un punto caliente de cambio climático. España declaró la emergencia climática y ambiental el
pasado mes de enero de 2020, queriendo mostrar con ello el compromiso firme del Gobierno y la prioridad que da al desarrollo de políticas transversales para abordarla. La declaración contiene treinta líneas de actuación distintas e introduce, en
prácticamente todos los sectores de actividad, líneas transversales para el conjunto de la legislatura, convirtiendo la necesaria transformación en una oportunidad para la innovación, la modernización, la generación de empleo, la mejora de la
competitividad de la economía española y la reducción de brechas de las disparidades territoriales o entre los distintos colectivos de personas. En consecuencia, el cambio climático es la referencia de todas las políticas de la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente, como no puede ser de otra forma, y el eje de la adaptación, su punto de partida.
Son necesarias medidas de previsión y preparación que nos permitan la anticipación a los impactos y la creación de resiliencia y de adaptación, porque muchos de estos impactos son ya inevitables. En todo caso, debe tenerse en cuenta que sin
una reducción ambiciosa de las emisiones de gases de efecto invernadero nuestra capacidad adaptativa se verá inevitablemente desbordada. El Plan Nacional de Adaptación 2021-2030 es nuestra hoja de ruta frente a los riesgos derivados del cambio del
clima. Siguiendo el compromiso establecido en la Declaración de Emergencia Climática, el Consejo de Ministros aprobó en septiembre el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 que marca la hoja de ruta para actuar frente a los
impactos y los riesgos derivados del cambio climático en esta década. El plan define dieciocho ámbitos de trabajo en los que se encuadran las líneas de acción sectoriales establecidas que facilitan la integración de las actuaciones de adaptación en
los distintos campos de la gestión pública y privada. El foco se ha puesto en una serie de temas de carácter transversal, entre ellos, la consideración de las diferencias de vulnerabilidad entre territorios y entre grupos sociales o la atención a
los efectos transfronterizos derivados del cambio climático. Resalta el énfasis puesto en las denominadas soluciones basadas en la naturaleza. Estas soluciones adaptativas se inspirarán y apoyarán en la naturaleza y en su funcionamiento, buscando
los beneficios ambientales, sociales y económicos y la creación de resiliencia asociada a las soluciones que guardan coherencia con los procesos naturales.
La ambición nacional frente a la emergencia climática se refleja, bien lo saben ustedes, en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a punto de culminar su andadura en esta Cámara, que se basa en la ciencia y en la participación y
que recoge las demandas del conjunto de la sociedad española. Quiero agradecer a sus señorías el trabajo llevado a cabo en el proceso de tramitación de este proyecto de ley, a punto de ser ley ya. Se plantea cómo prevenir los impactos del cambio
climático, cómo reducir sus causas, cómo proteger y dar valor a nuestro patrimonio natural, cómo modernizar nuestra industria y hacerla competitiva en los nuevos mercados, nuestro tejido social, cómo facilitar una distribución equitativa de la
riqueza en el proceso de descarbonización con justicia social y una transición justa, cómo atraer inversiones en las tecnologías del futuro, cómo evitar riesgos financieros al país, etcétera. La ley se erige como paraguas de la acción que se quiere
impulsar y es una señal política clara de dónde se quiere posicionar España en el ámbito europeo e internacional.
Tras su aprobación, los siguientes pasos incluyen dar respuesta a los mandatos que ofrece la ley mediante el impulso de nuevos desarrollos normativos que derivan de ella y el despliegue de las palancas necesarias para generalizar la acción
de lucha contra el cambio climático. Se pretende colocar al ciudadano en el centro actuando sobre la base del diálogo, la participación, la escucha y la transparencia. La creación de una asamblea ciudadana sobre cambio climático permitirá acercar
la voz de nuestros ciudadanos, como ejercicio democrático sin precedentes en nuestro país, tanto al servicio de las Administraciones como al servicio del Legislativo.
Avanzar en la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, en cumplimiento de los compromisos derivados de la declaración de emergencia climática. Se remitió a la Comisión Europea el 31 de marzo de 2020 el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima, que fija una reducción de un 23 % de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Un plan que ha sido reconocido por la propia Comisión Europea como un texto sólido y ambicioso que responde a los nuevos
objetivos asumidos por la Unión de elevar al menos un 55 % la reducción de emisiones en 2030 respecto a 1990. Es importante entender la remisión al año 1990 como un punto de referencia y no como un elemento que permita medir los esfuerzos reales de
reducción. Que España reduzca un 23 % sus emisiones en 2030 respecto a 1990, implica reducir una de cada tres toneladas de CO2 que emitimos en la actualidad; reducir aproximadamente un 34 % de las emisiones actuales. Es tal la ambición de los
objetivos marcados por España que en la evaluación de la Comisión a todos los planes de los Estados miembros presentada en octubre de 2020 por parte de la institución europea se confirma que España sobrepasan sistemáticamente los objetivos marcados
por la Unión Europea, desde reducción de emisiones hasta eficiencia energética, pasando por la penetración de energías renovables. Un 23 % de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 implica que España sobrepasa en 13
puntos porcentuales el objetivo vinculante que nos exige la Unión Europea para los sectores difusos en 2030; un 42 % de renovables sobre el consumo total de energía final en el escenario actual de la Unión Europea, de un aumento de ambición de la
reducción de emisiones a un 55 % en 2030; la penetración de renovables en energía final para 2030 tendría que incrementarse hasta alcanzar entre el 38 y el 40 %, la tenemos ubicada en un 42, y un 39,5 % de mejora de la eficiencia energética;
también en el nuevo escenario de ambición del 55 % de la Unión Europea, la mejora de la eficiencia energética para 2030 debería alcanzar entre un 36 % y un 37 %, superada, por tanto, en el peor de los casos, en 2,5 puntos en el caso español.
A finales del pasado año aprobamos la estrategia a largo plazo para una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra. El objetivo de la estrategia a largo plazo es articular una respuesta coherente integrada a la crisis
climática que aproveche las oportunidades de modernización y competitividad de la economía española y que sea socialmente justa e inclusiva. A lo largo de los últimos años, el Gobierno ha trabajado intensamente para desplegar las herramientas a su
alcance en las que hay que trabajar ahora en su profundización, generalización y en sumar el esfuerzo de todos en aras de una mayor claridad ambición y presteza. Gestión del Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión. Se ha traspuesto la
Directiva 2018/410 de la Unión Europea, que introduce reformas en el régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo 2021-2030. En esta línea, trabajaremos en los próximos meses para reforzar este sistema, elemento principal en la
regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región europea. Se ha ampliado el ámbito de actuación del Fondo de Carbono para una economía sostenible, dando respuesta a la necesidad de abordar de forma integral la lucha contra el
cambio climático, la innovación, la adaptación el impulso a la reducción de emisiones en todas sus facetas, que podrán aprovecharse en breve de esta herramienta de financiación climática. En el marco del registro de la huella de carbono,
compensación y proyectos de absorción, se ha avanzado en su mejora técnica y hemos comenzado a trabajar con las comunidades autónomas que tienen la intención de poner en marcha iniciativas similares, y continuaremos con los planes de impulso al
medio ambiente. En concreto, este año se ha lanzado el PIMA Ecosistemas con vistas a fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático en los ecosistemas forestales y agrarios, potenciando las sinergias con las estrategias de mitigación para
afrontar la lucha contra el cambio climático y obteniendo beneficios adicionales en materia de biodiversidad, lucha contra la desertificación o conservación y mejora de hábitats de la Red Natura 2000 y los espacios naturales protegidos.
Haciendo gala, como país, de una coherencia internacional, vamos a seguir impulsando la lucha contra el cambio climático en el contexto europeo e internacional como se viene haciendo desde el inicio de la legislatura. España ha liderado
dentro de la Unión las distintas líneas de trabajo que se han centrado en incrementar la ambición europea en materia de clima como eje fundamental para la implementación del Pacto Verde Europeo. En concreto, se ha impulsado una discusión ambiciosa
en Europa que ha concluido con el aumento del objetivo de reducción de emisiones de la Unión Europea a 2030 hasta al menos un 55 % respecto a 1990. Este nuevo objetivo, junto a la nueva estrategia de adaptación de la Unión Europea van a ser motores
fundamentales para continuar avanzando en la transición ecológica en Europa. Los próximos pasos se van a dar con la presentación del conocido como paquete Fit For 55 de la Comisión Europea en el que se revisará todo el marco actual de energía y
clima para ajustarlo al nuevo objetivo del 55 %.
La Agencia Estatal de Meteorología desempeña un papel en la gestión de los riesgos en un escenario de cambio climático, atendiendo al quinto informe de evaluación del IPCC, que recoge el concepto de riesgo como la resultante de la
interacción de los peligros derivados del cambio del clima con la vulnerabilidad y la exposición de los sistemas humanos y naturales a estos peligros, teniendo en cuenta que en 2015, durante la III Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre
Reducción del Riesgo de Desastres, fue adoptado el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030, implica que este acuerdo configura el cambio climático como uno de los factores que impulsan el riesgo de desastres y compromete
a las partes firmantes a reducir el riesgo de desastres y a construir resiliencia. Las actuaciones realizadas en materia de gestión del riesgo persiguen objetivos alineados con este acuerdo y representan una oportunidad de reducir el riesgo de
desastres de manera significativa y coherente en todos los procesos intergubernamentales interrelacionados. Estas actuaciones están incardinadas en el mencionado Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 que recoge un eje de gestión
de riesgo. En él se encuentran medidas englobadas en las siguientes dimensiones. La dimensión 1, impulso y fortalecimiento de la evaluación prospectiva de riesgos de desastres, considerando las proyecciones y escenarios de cambio climático. La 2,
la promoción de la integración de criterios y medidas adaptativas en el Sistema Nacional de Protección Civil. En la 3, el apoyo y el fortalecimiento de las medidas preventivas, especialmente soluciones basadas en la naturaleza, así como los
sistemas de observación, alerta temprana, comunicación y educación ante el riesgo de desastres. En la dimensión 4, el fomento en la toma en consideración de los análisis de riesgos asociados al cambio climático, en el estudio, el análisis y la
definición de medidas de autoprotección, el fomento de la autoprotección para los diferentes riesgos de desastres relacionados con el cambio del clima, y en las siguientes líneas de actuación relacionadas con la gestión de riesgos en un escenario de
cambio climático.
En la línea 1.1 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, aparte de que afecta a la observación sistemática del clima, se establece que afrontar el cambio climático requiere de un conocimiento exhaustivo del sistema climático y de
las tendencias apreciables a lo largo del tiempo, especialmente de las variables climáticas esenciales. Es fundamental asegurar redes amplias y eficaces para la observación sistemática del clima en sus tres ámbitos: atmosférico, oceánico y
terrestre, así como contar con técnicas adecuadas de análisis y modelización de los datos obtenidos. Entre las medidas de esta línea de acción destacaré el incremento progresivo del número de estaciones de observación con series superiores a
cuarenta años homogeneizadas, el mantenimiento de las principales redes de observación del ámbito terrestre, la red de observación del agua, la red de seguimiento del cambio global en parques nacionales y la red de estaciones agroclimáticas del
sistema de información agroclimática para el regadío, entre otras, la promoción de iniciativas de ciencia ciudadana en el campo de la observación de fenómenos asociados al cambio climático, avanzar en un sistema nacional de observación del clima,
incluyendo la creación de una unidad responsable de la coordinación de la contribución de España al Sistema Mundial de Observación del Clima y de la recopilación y divulgación de los datos, la implementación del sistema concentrador Raíces, esto es,
el registro abierto de información climática de España que asegure el acceso a datos abiertos meteorológicos y climáticos y la difusión de resúmenes de información climatológica y del estado del clima en España, la implantación de una página web
para la consulta y descarga de indicadores climáticos, en la que se ofrecerán variables que monitoricen adecuadamente la evolución del clima en España y la elaboración de informes sobre el estado de la investigación del clima en España que recoja
los últimos conocimientos científicos relevantes en ciencia del clima.
En la línea 1.2 del Plan nacional, aparte de que atiende a la observación meteorológica para la alerta temprana y el servicio de avisos de fenómenos meteorológicos y climáticos adversos, se pretende, con los sistemas de alerta temprana
frente a los fenómenos meteorológicos y climáticos adversos, que se conviertan en una medida fundamental de adaptación en el contexto de cambio climático. Entre las medidas de esta línea de acción destacaría la renovación y mejora de la red de
radares meteorológicos, de tal forma que permitan la predicción y vigilancia de precipitaciones intensas asociadas a inundaciones repentinas con la resolución espacial y temporal necesaria para la toma de decisiones, la redefinición de la Red
Mesoescalar de observación en superficie para permitir una calibración en tiempo real de la red de radares de superficie, la incorporación de nuevas variables para la alerta temprana y la definición de nuevos umbrales de alerta en una modificación
del Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos, el Plan Meteoalerta.
En la línea 1.3, que atiende a las proyecciones de cambio climático regionalizadas para España, el seguimiento de las variables climáticas esenciales definidas por el Sistema Mundial de Observación del Clima permite obtener los datos
necesarios tanto para la vigilancia y el estudio del sistema climático como para generar las proyecciones climáticas. Estas proyecciones nos permiten aproximarnos a cuál podría ser la evolución del clima en el futuro, partiendo de diferentes
escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero definidos a nivel internacional por el IPCC. De esta forma es posible detectar tendencias de cambio en el clima y anticiparse a sus posibles efectos. Entre las medidas de esta línea de acción
merece la pena destacar la generación y puesta a disposición de todas las personas interesadas de proyecciones regionalizadas basadas en los nuevos modelos de la R6 del IPCC, la operatividad y la mejora de las funcionalidades del visor de escenarios
y el mantenimiento del grupo de trabajo sobre escenarios PNACC para facilitar la coordinación y mejora continua.
La línea 1.4 del plan nacional, que atiende a los servicios climáticos, la generación de servicios climáticos, en colaboración con los agentes implicados en la planificación e implementación de las iniciativas de mitigación y adaptación,
permite que los datos e información climática básica se transformen en productos y aplicaciones específicas útiles para usuarios de los distintos ámbitos de trabajo. Es esencial el impulso del desarrollo de servicios climáticos orientados a la toma
de decisiones mediante la elaboración y entrega de información meteorológica y climática que sea útil para la planificación y la gestión sostenible de los recursos en sectores institucionales y económicos sensibles a las condiciones meteorológicas y
climáticas. Entre las medidas que merecen la pena ser destacadas en esta línea está la implantación de servicios climáticos en los ámbitos de agricultura, ganadería, pesca y alimentación, agua y recursos hídricos, entre otros, a partir de la
predicción estacional interanual, decadal o secular, así como servicios orientados a la atribución de eventos al cambio climático a escala nacional, facilitar el acceso a servicios climáticos nacionales e internacionales, con especial atención a los
servicios de clima de la iniciativa Copernicus, y la puesta en operación y mantenimiento del catálogo de servicios climáticos de la Aemet.
En la línea 3.4, gestión coordinada y contingente de los riesgos por inundaciones, teniendo en cuenta que las inundaciones constituyen el riesgo natural que producen mayores daños, tanto materiales como en pérdida de vidas humanas en nuestro
país, su gestión se lleva a cabo a través de los planes de gestión del riesgo de inundaciones, cuyo proceso de elaboración incluye una evaluación preliminar de riesgos, la identificación de las zonas con mayor riesgo de inundación y la preparación
de mapas de peligrosidad con el cálculo de zonas inundables y mapas de riesgo en los que se consideran los usos del suelo y los principales daños previsibles. Destacaría aquí la necesidad de lograr la plena automatización de la distribución de los
avisos, suministrar información sobre lluvias persistentes en periodos de veinticuatro, cuarenta y ocho y setenta y dos horas, tener en cuenta para la evaluación del nivel de alerta de los avisos por fenómenos costeros la coincidencia con mareas
vivas, la actualización y mejora de la red de radares, la mejora de la red de estaciones automáticas meteorológicas para calibración de los radares en tiempo real y la implementación de un nuevo centro de operación radar.
En la línea 11.1 del PNACC, sistemas de observación, seguimiento y vigilancia de la operatividad de las infraestructuras, se centra el refuerzo del conocimiento de las variables climáticas que afectan a las infraestructuras, así como el
seguimiento y evaluación de los impactos que provocan. Entre las medidas más destacables están la revisión de las variables climáticas que inciden en el diseño de las infraestructuras y los umbrales a partir de los cuales se producen interferencias
con su operatividad y la evaluación de la idoneidad, capacidad y limitaciones y posible modificación del Plan Meteoalerta y sus umbrales para las necesidades de los gestores de las infraestructuras.
En la línea 15.1 del PNACC, que atiende a la evaluación prospectiva de riesgos de desastres considerando las proyecciones y escenarios de cambio climático, se trata de identificar hasta dónde la adaptación al cambio climático comparte muchos
vínculos con la reducción y prevención del riesgo de desastres. Mejorar el conocimiento de los principales riesgos de desastres naturales a través de la realización de evaluaciones contribuye a abordar la exposición y la vulnerabilidad a los
riesgos relacionados con el clima y contribuye a promover la resiliencia en España y la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en su conjunto. De acuerdo con el Marco de Sendai, las evaluaciones nacionales de riesgo
deben reforzar su atención a los impactos del cambio climático en los riesgos de desastres para abordar mejor los factores de riesgo subyacentes para reducir, en última instancia, la exposición y la vulnerabilidad a los riesgos. Entre las medidas
de esta línea de acción destacan la elaboración de la directiva básica de fenómenos meteorológicos adversos del Sistema
Nacional de Predicción y la modificación del Plan Meteoalerta para la incorporación de nuevas variables para la alerta temprana y la definición de nuevos umbrales de alerta.
En la línea 15.3 del PNACC, de apoyo y refuerzo a la preparación ante el riesgo de desastres, observación, alerta temprana, comunicación y educación con criterios de adaptación al cambio climático, en la parte que toca la preparación ante el
riesgo de desastres, entendemos que comprende el conocimiento y las capacidades de los Gobiernos, las organizaciones profesionales de respuesta y recuperación, las comunidades y las personas para anticipar, responder de manera efectiva y recuperarse
de los impactos de eventos o condiciones de peligro probables, inminentes o actuales. Mejorar la resiliencia es un objetivo común de las medidas de preparación, en tanto que los sistemas de observación y alerta temprana pueden proporcionar una
integración entre las políticas de riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático si se usan para crear conciencia y desarrollar capacidades. La implementación de la orientación e impactos en los avisos de fenómenos meteorológicos adversos
mediante la modificación del Plan Meteoalerta en particular, analizando metodologías para la adquisición y organización de información basada en el impacto, prácticas recomendadas de comunicación de riesgos para garantizar que las advertencias se
entiendan y se actúe correctamente, cubrirán aspectos de formación, habilidades y conocimientos, incluida la integración de los conocimientos comunitarios y tradicionales. Además, se establecerán coaliciones para involucrar plenamente a
coproductores, usuarios y otros expertos, incluidos los científicos sociales, y la adecuada integración de expertos, asesores y diálogo con los usuarios.
Paso a continuación a determinar las líneas generales en el ámbito de la política de agua. Una política de agua que, como he definido en el inicio de la intervención, viene también condicionada por los escenarios climáticos hacia los que
nos aproximamos. El agua es, saben ustedes, un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de las actividades económicas, al tiempo que es irreemplazable, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio,
fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos. Es un recurso unitario que se renueva a través del ciclo hidrológico y que conserva una magnitud casi constante dentro de cada una de las cuencas hidrográficas del país. Del buen estado de los
ecosistemas acuáticos de agua dulce depende la supervivencia de muchas especies animales y de la flora, así como el correcto funcionamiento de la tierra como un ecosistema global. España, no descubrimos nada, es un país con una gran diversidad
climática y geográfica, lo que tiene como consecuencia la existencia de ambientes hidrológicos diferenciados: el húmedo norte y noroeste y el seco sur y este, siendo uno de los países más secos de Europa. Esto condiciona la disponibilidad y
distribución de los recursos hídricos y ha originado una riquísima historia en el uso y aprovechamiento de las aguas.
La creciente demanda de agua ha llevado a un equilibrio muy frágil respecto a los recursos disponibles, sometiendo a ríos y a acuíferos a presiones que provocan afecciones a la calidad del agua, importantes alteraciones hidromorfológicas e
impactos significativos en los ecosistemas asociados. El clima mediterráneo de la mayor parte de España se caracteriza, además, por la importante irregularidad pluviométrica, con periodos de sequía habituales y también con episodios de inundaciones
de gran importancia. España es el Estado miembro de la Unión Europea con la mayor desproporción entre los caudales extraordinarios de crecida y los caudales ordinarios. Según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, las principales
tendencias identificadas son: el aumento de la evapotranspiración, la disminución de los caudales medios de los ríos y de la recarga de los acuíferos, así como el incremento de las sequías, lluvias torrenciales e inundaciones. De acuerdo con los
trabajos desarrollados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y la Oficina Española de Cambio Climático, la disminución prevista de las aportaciones a finales de siglo, considerando escenarios medios, se situará entre el 19 %
y el 42 %, según las demarcaciones hidrográficas, con los valores más altos precisamente en las cuencas más vulnerables, las del sur, sureste y levante, así como en los territorios insulares.
Estos cambios en el ciclo natural del agua, entre otros muchos impactos, tendrán como consecuencia una disminución en la disponibilidad de recursos hídricos, con implicaciones para el abastecimiento urbano, para el sector agropecuario, para
la producción hidroeléctrica y para los ecosistemas, afectando especialmente a los procesos ecológicos, las especies y hábitats ligados a ecosistemas acuáticos. En 2019, un 42 % de las masas de agua definidas en España no alcanzaban aún el buen
estado requerido por la directiva marco del agua. Es esencial impulsar una gestión integrada de los recursos hídricos en la que los recursos habitualmente entendidos como no convencionales, como la reutilización y la desalinización, deben de
convertirse en recursos ordinarios, convencionales, adquiriendo una importancia
creciente, siempre dentro de un marco en el que resulta prioritaria la consecución de los objetivos ambientales basados en el buen estado de nuestras aguas y los ecosistemas asociados.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se configura con dos ejes fundamentales: la transición verde y la transición digital. Este plan dará la oportunidad de impulsar la digitalización, que permitirá un gran avance en la
mejora de la administración del agua. El Gobierno está propiciando un cambio de paradigma en la gestión de los recursos hídricos, dando prioridad a alcanzar un buen estado ecológico de las aguas y a la seguridad hídrica, asumiendo de manera
definitiva los principios que rigen la política europea. En este escenario, se establece la agenda del agua con los siguientes objetivos y compromisos: impulsar la agenda internacional para la gestión sostenible del agua, con el propósito de
contribuir a alcanzar la seguridad hídrica y el acceso al agua y al saneamiento para la población mundial. A alcanzar este propósito se promoverá la acción exterior con los siguientes objetivos estratégicos: promover el uso eficiente del agua con
el fin de reducir el riesgo de estrés hídrico; mejorar la conservación de los ecosistemas acuáticos mediante la fijación de objetivos ambientales ambiciosos y asequibles; impulsar la sostenibilidad y la resiliencia de las infraestructuras
hidráulicas y promover el uso de las soluciones basadas en la naturaleza; promover la gestión integrada de los recursos hídricos como marco básico de gobernanza para alcanzar la seguridad hídrica; trabajar coordinadamente para avanzar en el
impulso a la adaptación al cambio climático en materia de agua, de tal manera que la consecución de estos objetivos llevará al cumplimiento de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, el intento de promover la paz y la seguridad y
ofreciendo un marco estratégico para la cooperación internacional. Se promoverá la participación activa en los organismos multilaterales en los que España tiene representación, en particular en el Convenio del Agua o en el Programa Hidrológico
Intergubernamental. Se colaborará con ONU Agua en el desarrollo de las acciones relativas al marco acelerador del ODS 6, en particular en su componente de desarrollo de capacidades, en coordinación estrecha con Unesco y Undesa. Se promoverá y
reforzará la participación española en los hitos del Decenio Internacional para la Acción Agua para el Desarrollo Sostenible 2018-2028; se reforzará de manera coordinada el papel del agua en la adaptación al cambio climático dentro de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en el Convenio para la Diversidad Biológica. Se promoverá la cooperación bilateral con los países con los que ya se hayan firmado acuerdos, en particular con nuestro entorno: Marruecos, Argelia,
Francia e Italia, y asimismo se trabajará por dar continuidad a los programas de trabajo regionales desarrollados por las secretarías técnicas permanentes, tanto en Iberoamérica como en el Mediterráneo, y se continuará el programa de trabajo de la
Comisión para la Aplicación y el Desarrollo, en el marco del Convenio de Albufeira.
Para avanzar en el cumplimiento y la implementación de la legislación y políticas europeas relativas a la gestión del agua, principalmente en la Directiva 2060 Marco del Agua y sus directivas conexas, así como la estrategia para acelerar la
transición ecológica en la Unión Europea, Pacto Verde Europeo, se pondrán en marcha, junto con el Ministerio de Sanidad, medidas para garantizar el acceso a un suministro mínimo de agua de consumo humano a todos los ciudadanos, y las medidas
ambientales necesarias de gestión del riesgo en las áreas de captación, de acuerdo con la Directiva 2020/2184, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, enmarcada en la iniciativa ciudadana europea.
Planificar y gestionar, teniendo en cuenta presiones que se derivan del cambio climático; para ello, se pondrá en marcha el nuevo ciclo de planificación hidrológica de forma congruente con la importancia del agua. En la primavera de 2022
está previsto que se aprueben los planes hidrológicos de tercer ciclo de planificación 2022-2027 de las 25 demarcaciones hidrográficas españolas, de acuerdo con los criterios establecidos por la directiva marco. El objetivo de los planes es la
consecución de los objetivos ambientales para las masas de agua y ecosistemas asociados, así como la atención de las demandas para los diferentes usos que resulten compatibles con ese buen estado de las aguas. Entre los aspectos más relevantes de
estos planes de tercer ciclo pueden mencionarse la mejor caracterización de las masas de agua y zonas protegidas asociadas y de sus objetivos; los avances en la definición e implementación de los regímenes de caudales ecológicos; la definición de
unos programas de medidas racionales, coherentes y enfocados a la consecución de los objetivos ambientales; la especial relevancia de medidas enfocadas a problemas fundamentales, como son los relacionados con la depuración, la contaminación difusa,
la restauración de ríos y la recuperación de acuíferos o el enfoque y consideración de los efectos del cambio climático y la necesidad de adaptación al mismo, con repercusión en aspectos como la asignación y reserva de recursos, buscando una mayor
convergencia entre las disponibilidades de agua y los derechos para su uso.
Planificar y gestionar los recursos hídricos, teniendo en cuenta las presiones que se derivan del cambio climático. Se ampliará y actualizará el conocimiento sobre los impactos potenciales del cambio climático en la gestión del agua y los
recursos hídricos. Se realizarán o actualizarán, en su caso, estudios de evaluación de los efectos del cambio climático sobre recursos hídricos, eventos extremos, usos del agua y estado de las masas y de los ecosistemas acuáticos asociados,
conforme a los últimos modelos climáticos y escenarios disponibles. Los estudios sobre los efectos del cambio climático y la determinación de las medidas necesarias de adaptación se basarán en una identificación y análisis del nivel de exposición y
la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las actividades socioeconómicas para los distintos escenarios climáticos, dentro de un marco de evaluación de riesgos.
Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación hidrológica y la gestión del ciclo integral del agua. Los planes hidrológicos de tercer ciclo realizarán una evaluación de los efectos y riesgos del cambio climático sobre los
recursos hídricos y los ecosistemas de cada demarcación, ampliando lo establecido por el reglamento de la planificación hidrológica e incorporarán entre sus medidas la realización de planes de adaptación al cambio climático en los organismos de
cuenca, basado en los criterios establecidos en el punto anterior.
Gestionar los riesgos por sequías dentro del marco establecido por la planificación hidrológica. En el marco de los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía se promoverán medidas de adaptación contingentes,
tanto medidas de ahorro como de eficiencia en el uso, que se ajusten a los indicadores de estado de las unidades territoriales en cada demarcación, ofreciendo los márgenes y la capacidad de respuesta necesaria frente a los episodios de sequía.
Regular, en nuestro caso, reglamentariamente aspectos relacionados con el contenido, elaboración, aprobación, seguimiento y revisión de los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, a través de la modificación del
reglamento de la planificación hidrológica, cuya aprobación se prevé hacia septiembre de este mismo año.
La puesta en marcha del plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización tiene como objetivo revisar las estrategias de intervención para la ejecución de las medidas que materializan la política del agua en
materias como depuración, saneamiento y reutilización. Se proponen herramientas diseñadas para aumentar la eficacia de la acción pública, el mejor cumplimiento de nuestras obligaciones comunitarias e incorporar los principios de la transición
ecológica y el reto demográfico a la selección de las actuaciones a desarrollar. El plan DSEAR, que está previsto aprobar este mismo mes de mayo, establece criterios de priorización de las medidas de depuración, saneamiento y reutilización para su
aplicación a los programas de medidas de los planes hidrológicos de tercer ciclo, los que van del 2022 al 2027.
Aumentar la protección de las aguas, el control de su uso y la gestión de los riesgos, recuperar y proteger ríos, acuíferos y zonas húmedas; para ello, se impulsará la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, estrategia ya existente en
nuestro país, pero que necesitamos potenciar. Incluirá actuaciones dirigidas a conservar y recuperar el buen estado de los ríos, minimizar los riesgos de inundación a través de una correcta gestión del espacio fluvial a través de la
compatibilización de los usos del suelo con las zonas inundables, la reordenación de territorios inundables, la recuperación de riberas y meandros y la ampliación de espacios fluviales e infraestructuras verdes, mediante la implantación de diversos
proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Se potenciará su patrimonio cultural y el uso racional del espacio fluvial y el desarrollo rural, poniendo en valor los ecosistemas fluviales como herramienta para el impulso de actuaciones que
colaboren en los objetivos del reto demográfico. Se establecerán medidas de conservación y seguimiento de los impactos del cambio climático en los ecosistemas fluviales, en especial en las reservas hidrológicas, que sirvan además de laboratorios de
ciencia ciudadana y fomenten el voluntariado y la participación pública en la gestión del medio fluvial. Se pondrán en marcha medidas para la recuperación de acuíferos a través de la reducción en la extracción de aguas subterráneas para diferentes
usos por la aplicación de recursos alternativos, especialmente los procedentes de la reutilización y de la desalación.
Es también necesario impulsar un programa de control del uso del dominio público hidráulico que dote de medios humanos y materiales a los organismos de cuenca, para avanzar en el control y vigilancia del dominio público, cada vez más
afectado por el cambio climático y por la acción humana. Además, garantizar la seguridad jurídica de los aprovechamientos de agua y desplegar con eficacia el régimen sancionador previsto en la Ley de Aguas, y potenciar las redes de control, así
como la debida gestión y explotación de datos obtenidos para conocer y difundir con transparencia el uso real del agua y mejorar
los programas de seguimiento y control para facilitar la evaluación del estado de las aguas, con una especial atención, en este caso, a las aguas subterráneas. Para ello vamos a impulsar un plan de acción de las aguas subterráneas que
permita una gestión adecuada que incluya la mejora del conocimiento, con estudios de base para mejorar la información, el desarrollo de modelos matemáticos de funcionamiento de las aguas subterráneas y también la mejora de las redes de medida de la
piezometría y la calidad del agua. Se mejorará la gobernanza de las mismas y la gestión conjunta con todos los recursos hídricos.
Para impulsar el saneamiento, la depuración y la reutilización para la mejora de la calidad de nuestras aguas, teniendo en cuenta que podemos considerar, evaluar en unas 970 aglomeraciones urbanas del total de 2059 aglomeraciones que están
actualmente en algún procedimiento de infracción abierto o que es previsible que se abra, la competencia de saneamiento y depuración sabemos que recae originariamente en la Administración local, con el auxilio de las comunidades autónomas, pero la
Administración General del Estado acomete las actuaciones de saneamiento y depuración declaradas de interés general. Creemos que hay que dar un paso más en el compromiso de cooperar fundamentalmente con las administraciones locales. Ejecutar el
Plan de Saneamiento y Depuración para Pequeñas Aglomeraciones Urbanas, ya aprobado por el Gobierno y acordado con las comunidades autónomas, dirigido a que aglomeraciones urbanas comprendidas entre los 2000 y los 5000 habitantes cuyas instalaciones
no sean competencia estatal, y que no cumplan con los requisitos establecidos en la directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, con el fin de que avancen hacia la economía circular en la gestión del ciclo del agua. En esta misma línea,
prevemos aprobar un plan para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios y un plan de actuaciones de protección y adaptación al riesgo de inundación e integración ambiental en núcleos urbanos, así
como a aprobar medidas de reutilización de aguas para corregir desequilibrios hídricos. Establecer un mecanismo de solidaridad en el cual debemos entender que las prioridades del interés general del Estado deben reconducirse hacia los territorios y
las colectividades que menos capacidad de respuesta tienen, en base a sus recursos propios.
Luchar frente a la contaminación difusa. Actualizar los instrumentos generales normativos como la norma de trasposición de la Directiva 91/676, es decir, el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas frente a la
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, cuyo objetivo es prevenir y reducir este tipo de contaminación en las masas de agua. Actualmente este proyecto de real decreto se encuentra en fase de participación pública y
se prevé su aprobación hacia el mes de septiembre de 2021, de tal manera que pueda integrarse en las medidas de los planes de cuenca.
Una mención especial a la recuperación de espacios emblemáticos de alto valor natural en nuestro país, con la intención de potenciar el conocimiento, la mejora de la gestión y la transparencia en la información hidrológica asociada en las
zonas húmedas de especial relevancia ligadas a la gestión del agua, como en este caso, el mar Menor, el delta del Ebro, las tablas de Daimiel, Doñana o la albufera de Valencia. En ese sentido, se desarrollará el Programa Verde Integrado de
Actuaciones para la Recuperación del Mar Menor. En el marco del Plan para la Protección del delta del Ebro, de la Dirección General de la Costa y el Mar, se llevarán a cabo actuaciones de mejora del conocimiento y gestión de sedimentos en el tramo
final del río, con el apoyo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Desarrollar medidas de policía del dominio público hidráulico en el espacio natural de Doñana, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
controlando y limitando las extracciones de agua subterránea e imponiendo sanciones a quienes realicen prácticas indebidas, clausurando pozos, incrementando la frecuencia y cobertura de las redes de seguimiento y planteando nuevas restricciones a la
extracción mediante declaraciones de masas de agua en riesgo, entre otras medidas. Ejecutar, en el marco del Plan Especial de la Albufera de Valencia, las actuaciones de saneamiento y depuración y las de retención de alivios de tormentas para la
mejora de la calidad de las aguas, así como las actuaciones para incrementar los aportes de agua a la albufera o continuar con el Plan Especial de Control y Uso de Agua en la zona de influencia del parque nacional de las tablas de Daimiel para el
control de las extracciones de agua en las masas de agua que componen el acuífero 23.
En relación con el avance en la gestión del riesgo de inundaciones a través de los planes de gestión de riesgo de inundación, que constituyen uno de los principales hitos de la política del agua de España en los últimos años, se aprobarán
los planes de gestión de riesgo de inundación que permitirán gestionar de forma coordinada y contingente los riesgos por inundaciones. Actualmente en revisión, integrarán los efectos del cambio climático en la gestión del riesgo, y propondrán
medidas de adaptación para cada cuenca hidrológica que minimice los riesgos de inundación, como medidas de retención natural y
soluciones basadas en la naturaleza, como son las infraestructuras verdes. Se apostará por el desarrollo tecnológico, modernizando todos los sistemas de información hidrológica existentes, conectando la información disponible de previsiones
meteorológicas de la Aemet, con modelos numéricos, información en tiempo real y mapas de peligrosidad, transmitiendo información a los distintos agentes implicados, fomentando la adaptación y preparación ante el riesgo de inundación, siendo una
herramienta clave del Sistema Nacional de Protección Civil. La aprobación de los planes de gestión de riesgo de inundación de segundo ciclo está prevista para el primer trimestre del próximo año.
Incrementar la seguridad hídrica a través de la mejora en la garantía de suministro, especialmente en el abastecimiento en zonas urbanas y en el avance en la seguridad de las infraestructuras, colaborando para ello con el Ministerio de
Agricultura y las comunidades autónomas. Para ello se promoverán proyectos en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos que contribuyan al ahorro del agua mediante uso eficiente y racional de los recursos, y a la protección de las
masas de agua y los ecosistemas asociados. Desarrollaremos coordinadamente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las actuaciones en materia de regadío que contribuyan a un uso eficiente del agua para alcanzar los objetivos
ambientales de las masas de agua. Impulsaremos la ampliación de la capacidad de las desaladoras existentes en el desarrollo de las interconexiones necesarias. Se desarrollarán proyectos de energía renovable para disminuir los costes para los
usuarios de estas infraestructuras, y también la utilización conjunta de distintas fuentes de recursos, sistemas integrados del agua, siendo necesario las conexiones de las plantas. Incorporaremos medidas de circularidad del ciclo del agua. En un
país que tiene unos territorios con unos equilibrios tan frágiles entre recursos, demandas y requerimientos ambientales, es necesario dar un decidido impulso a la reutilización. Las aguas residuales depuradas deben contemplarse como un recurso y no
como un residuo, de forma que pueda contribuir a alcanzar un adecuado equilibrio entre recursos y demandas de agua con carácter estratégico en los territorios. Se requieren modificaciones legislativas y reglamentarias que se harán aprovechando la
adaptación de nuestra regulación al reglamento europeo de reutilización. El uso del agua consume gran cantidad de energía y la energía requiere de agua para su producción y almacenamiento. Se fomentará el uso de energías renovables siempre que
estas no produzcan alteraciones inasumibles en los regímenes de caudales de ríos.
En relación con la seguridad de las infraestructuras, en España se encuentran en operación más de mil grandes presas, en su mayoría proyectadas y construidas hace más de cincuenta años para hacer frente al régimen de precipitaciones tan
irregular en el tiempo y en el espacio, algo peculiar en el contexto de la Unión Europea. Estas deben seguir prestando servicio en las debidas condiciones de seguridad y funcionalidad. Para atender esta necesidad se han aprobado, mediante real
decreto, el pasado mes de abril, unas normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses. Ello va a requerir importantes inversiones. Para ello, se va a elaborar una estrategia de priorización de inversiones en función del riesgo
potencial que permita optimizar la aplicación de los fondos, consiguiendo el mayor grado de seguridad de todo el conjunto de instalaciones.
Impulsar la innovación, la investigación y las nuevas tecnologías para aumentar el conocimiento en el uso del agua a través de la digitalización de la administración del agua. Se trabajará en la mejora de la movilización del ciclo
hidrológico con el fin de optimizar el seguimiento de los recursos hídricos disponibles y anticiparse a escenarios futuros. Esto permitirá la toma de decisiones correctas a los actores públicos responsables, Se incorporarán en los sistemas
automáticos de información hidrológica el control de los caudales suministrados a los principales usuarios del agua y se conectará con los registros de agua. Se mejorará el conocimiento sobre los efectos observables del cambio climático en las
masas de agua y sus usos, y para ello se mejorarán los sistemas de información hidrológica existentes, seleccionándose, además, unas masas de agua donde se analizarán de forma sistemática los efectos del cambio climático y los regímenes de caudales
escogidos. Se actualizarán los sistemas de seguimiento del estado y la calidad de las aguas, desarrollándose sistemas de vigilancia, previsión y alerta temprana de inundaciones y sequías, mejorando la información disponible en los servicios web del
ministerio, de forma que se incremente la transparencia en la gestión de la información. Se avanzará en la digitalización de la gestión y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas. Se incorporarán nuevas herramientas de gestión como los
drones o análisis de big data, que se unirán a la teledetección y al empleo masivo de sistemas de información geográfica.
Avanzar en la construcción de un modelo de gobernanza del agua transparente, equitativo y participativo. Se actualizarán los mecanismos de gobernanza del agua para dar diálogo y respuesta coordinada a los retos entre los responsables de la
gestión del agua y de políticas sectoriales. Se pondrá
en marcha un plan estratégico en las confederaciones hidrográficas para dotar de más personal para el desarrollo de sus competencias, teniendo en cuenta que la gestión del agua en el territorio es un servicio estratégico a la par que
esencial. Se reforzarán y establecerán nuevos mecanismos de coordinación entre la planificación y gestión de cuencas y el ciclo urbano del agua, en el ámbito del abastecimiento, del saneamiento y la depuración. Se mejorará la coordinación entre
los diferentes niveles de la Administración y agentes socioeconómicos para el buen funcionamiento del ciclo urbano del agua. En este marco se impulsará la mesa del ciclo urbano del agua para avanzar hacia la sostenibilidad de los servicios urbanos
del agua, profundizar en el conocimiento e incrementar la transparencia del sector. Se integrará a todos los agentes sociales, tanto usuarios como empresas y administraciones, en la toma de decisiones. Para ello se incidirá en los procesos de
participación en la planificación. Se potenciará la divulgación a la ciudadanía de los problemas y retos de la gestión del agua, poniendo en marcha actuaciones para la participación ciudadana en la conservación de los recursos hídricos.
¿En qué estructura normativa debemos trabajar para mejorar la gestión? Se están impulsando las siguientes reformas: comentaba antes, el real decreto de normas técnicas para la seguridad de presas y sus embalses, recientemente aprobado por
el Consejo de Ministros; en marcha la revisión del tercer ciclo de los planes hidrológicos de cuenca; a punto de aprobarse el plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización; la revisión del segundo ciclo de los
planes de gestión de riesgos de inundación; la actualización y desarrollo de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos; la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica; la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas; la
modificación del reglamento del dominio público hidráulico y el reglamento de planificación hidrológica; la modificación del real decreto de evaluación del estado de las aguas; la mejora del marco normativo y financiero de la reutilización de las
aguas residuales o el proyecto de real decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Impulsar actividades económicas sostenibles relacionadas con la gestión del agua. Se impulsará la reactivación económica y el empleo a través de las inversiones en la gestión del agua y sus infraestructuras, dentro del ámbito del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2027. Se apoyarán y desarrollarán proyectos empresariales que fomenten la circularidad del agua, el ahorro y la eficiencia en su uso. Se prestará atención a soluciones basadas en la naturaleza e
infraestructuras verdes como herramientas para la gestión sostenible del agua y del dominio público hidráulico.
Reforzar la financiación para gestionar el agua y el dominio público hidráulico de una forma eficaz. La Administración General del Estado movilizará 7000 millones de euros en seis años en gestión del agua y sus infraestructuras. De ellos
1700 millones procederán del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsando proyectos dirigidos, entre otros, a la recuperación de ríos y acuíferos, a la restauración del espacio fluvial, a la minimización de los riesgos de
inundación, al saneamiento, la depuración y la reutilización, así como a la digitalización. La inversión a ejecutar con cargo al Plan de Recuperación se centra fundamentalmente en el periodo 2021-2023 para favorecer lo máximo posible la
recuperación del país, aunque el plan permite extender las inversiones hasta el 2026. Además y hasta 2023 se están ejecutando inversiones de saneamiento y depuración con cargo al Programa Plurirregional de España, POPE, del Feder, del periodo
2014-2020, con una inversión próxima en el periodo de mil millones de euros, que tendrá continuación no únicamente en saneamiento, sino en el conjunto de la gestión del agua con el marco financiero plurianual 2021-2027, base del futuro Feder 21-27
que se aprobará en los próximos meses y que supondrá una nueva fuente de ingresos para los próximos seis años al contar el agua con una concentración temática del 30 % de los fondos. Aspectos transversales. Consideraciones de género. En el
Informe sobre género y cambio climático del Instituto de la Mujer, publicado en 2020, se incluyen las siguientes recomendaciones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos. Introducir el enfoque de género en las líneas de acción
relacionadas con los ecosistemas del agua, así como en la protección de la biodiversidad, los modelos de consumo o la agricultura sostenible; tener en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a capacidad, poder, resiliencia social,
vulnerabilidad y recursos disponibles, y propiciar la participación de las mujeres como agentes de cambio y en foros y eventos.
Quisiera ahora hacer ahora una referencia especial a lo acontecido en el mundo de la gestión del agua a lo largo del último año, ya sobrepasado, de crisis sanitaria. En primer lugar, lo he hecho en alguna otra ocasión, quiero hacerlo aquí
también, deseo agradecer al conjunto de trabajadores de las administraciones públicas, de las empresas privadas, a las propias empresas el esfuerzo llevado a cabo a lo largo de todo este periodo para garantizar la seguridad del suministro del agua,
tanto para usos urbanos como para el
ejercicio de las actividades económicas. Quiero hacer mención de un plan que se ha puesto en marcha a lo largo de este periodo y que anticipa cuál va a ser el papel del agua a la hora de jugar un protagonismo especial en la capacidad de
anticipación en la evaluación de riesgos vinculados a las crisis sanitarias. Se trata de la vigilancia microbiológica en aguas residuales y aguas de baño como indicador epidemiológico para un sistema de alerta temprana para la detección precoz de
la COVID en España. La vigilancia microbiológica en aguas residuales puede utilizarse como indicador epidemiológico para la detección de la circulación del virus en la población. Las experiencias previas en la utilización de esta herramienta han
demostrado su sensibilidad, incluso cuando la prevalencia de la COVID-19 presenta niveles bajos en la población. El proyecto VATar COVID-19, proyecto de vigilancia microbiológica en aguas residuales y aguas de baño como indicador epidemiológico
para un sistema de alerta temprana para la detección del SARS CoV-2 en España, se inicia a mediados de julio de 2020, de modo que desde entonces se han podido monitorizar las olas de contagios sufridos en España. Además, semanalmente se informa de
la evolución de la concentración del virus en cada depuradora. El proyecto consiste en medir la concentración de estos restos en las aguas residuales de 38 depuradoras urbanas de 35 municipios, EDAR que se han seleccionado conjuntamente con las
administraciones autonómicas de sanidad y de gestión del agua y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Sanidad. En la selección de los municipios se buscó una adecuada representación de toda España,
atendiendo a la distribución geográfica, actividad de la población, movilidad de las personas y la existencia de proyectos similares ejecutados por las comunidades autónomas. Existen otros proyectos autonómicos y locales que complementan esta
información y se coordinan en un grupo de trabajo técnico que tiene reuniones con los científicos y Administraciones de forma periódica.
Las aguas residuales que llegan a las depuradoras urbanas contienen restos del virus denominados copias del genoma del ARN vírico. Estas copias proceden de personas infectadas o que han estado infectadas, que están excretando virus en las
heces, tanto si son sintomáticas como si son asintomáticas. La presencia y ausencia de estos restos de virus es un indicador de que existen personas infectadas en la población, tanto si son asintomáticas, presintomáticas, sintomáticas o mal
diagnosticadas, por ello permite anticiparse al inicio de una posible epidemia. Asimismo, en una fase más avanzada de la epidemia, la tendencia de la concentración de las copias del genoma es un indicador de la evolución del número de contagiados,
ya que aumenta o disminuye según sea el número de infectados. Aunque la técnica es robusta, es necesario interpretar los resultados con cierta precaución, especialmente si se pretende relacionar los niveles detectados en las aguas residuales con
los casos clínicos de COVID-19 diagnosticados, ya que, por el momento, no se conoce bien la cantidad de virus que cada persona excreta en las heces y es muy variable de una persona a otra. En principio contamos con una nueva herramienta que
previsiblemente ha venido para quedarse. El papel de la capacidad de gestión del ciclo del agua para acompañar procesos de anticipación en materia de respuesta a crisis sanitarias de esta envergadura va a ir consolidándose como una herramienta
incorporada a la gestión ordinaria en nuestro país.
Paso, a continuación, a comentar algunos de los aspectos más destacados en relación con la gestión en el ámbito de la biodiversidad: la preservación del capital natural, la salud ambiental y, en consecuencia, la salud pública. El riesgo de
aparición y propagación de enfermedades infecciosas aumenta a medida que se destruye la naturaleza. Esto ha quedado reflejado en las conclusiones de la evaluación global de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas realizada en 2019, que
destacó, además, el papel fundamental que desempeña la naturaleza en la provisión de bienes y servicios básicos para la humanidad. La evaluación global también ha constatado que actualmente estamos experimentando una crisis de pérdida de
biodiversidad sin precedentes. De acuerdo con esta evaluación cien millones de hectáreas de bosques tropicales fueron eliminados entre los años 1980 y 2000, y más del 85 % de los humedales del mundo han desaparecido desde el comienzo de la era
industrial, provocando todo ello un aumento de las zoonosis. Además, las prácticas y costumbres que favorecen la proximidad entre los animales silvestres y los seres humanos incrementan los riesgos al facilitar la transmisión a los humanos de
microorganismos infecciosos propios de especies de fauna silvestre. El comercio de fauna silvestre puede acercar estas especies a los seres humanos, como también la entrada de especies exóticas invasoras, contribuyendo a su propagación. Existen
también otros factores, como el cambio climático, que deteriora los ecosistemas y los hacen menos resilientes y, por tanto, agravan el riesgo de zoonosis.
La pérdida y degradación de los ecosistemas acentúa considerablemente el riesgo de exposición y la vulnerabilidad de los seres humanos a los virus y las enfermedades zoonóticas, mientras que la existencia
de ecosistemas saludables, complejos y en buen estado de conservación, juegan un papel importante de amortiguamiento y dilución de las mismas, contribuyendo a reducir el riesgo de transmisión al ser humano.
Proteger y restaurar la biodiversidad y el buen funcionamiento de los ecosistemas es esencial para aumentar nuestra capacidad de recuperación y prevenir la aparición y propagación de enfermedades futuras. Entre otras medidas, es preciso
promover acciones para regular y controlar estrictamente el comercio de vida silvestre y luchar contra el comercio ilícito, reducir la pérdida y degradación de ecosistemas, reforzar la protección y la gestión efectiva de áreas protegidas e invertir
en restaurar la biodiversidad. Revertir la pérdida de biodiversidad constituye una de las prioridades fundamentales actuales para este ministerio y un elemento clave de la recuperación verde en respuesta a la actual crisis de salud ambiental.
El Gobierno español está seriamente comprometido con la adopción de un marco global ambicioso y eficaz para dar respuesta a la grave crisis de la biodiversidad a nivel global. Estos objetivos son compartidos en el ámbito de la Unión Europea
que, en mayo de 2020, adoptó la estrategia de la Unión Europea de Biodiversidad a 2030, que se reconoce como un elemento central del Plan de Recuperación de la Unión. En línea con las prioridades y objetivos planteados en la Estrategia de la Unión
Europea de Biodiversidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja actualmente en la elaboración del próximo Plan Estratégico para el Patrimonio Natural y Biodiversidad. La elaboración de este plan estratégico está
alineada con el proceso actualmente en marcha a nivel internacional para la preparación y adopción del próximo marco global de biodiversidad para el periodo posterior a 2020 del Convenio sobre Diversidad Biológica. Su adopción está prevista durante
la próxima Conferencia de las Partes del Convenio, en noviembre de este año.
Nuestra respuesta a la actual crisis ambiental y sanitaria debe basarse en una transición ecológica hacia nuevos modelos de desarrollo que garanticen la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y priorice la inversión en
protección y restauración de la naturaleza como impulsor de la economía. Todo ello es fundamental si queremos garantizar la supervivencia y el bienestar de nuestra sociedad, pero también impulsar el desarrollo económico, puesto que más de la mitad
del PIB mundial depende directamente de la naturaleza y que, según estudios recientes, invertir en biodiversidad genera un beneficio económico asociado de más de 100 euros por cada euro invertido.
El Gobierno está trabajando actualmente en la elaboración, como comentaba, del próximo Plan Estratégico para el Patrimonio Natural y Biodiversidad, en el que quedarán reflejados los objetivos fundamentales y las principales líneas de
actuación en materia de biodiversidad en España para situar a nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad en la senda de la recuperación a alcanzar en el año 2030. Su elaboración corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, en colaboración con el resto de los ministerios y con la participación de las comunidades autónomas a través de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que lo elevará para su aprobación a la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente. El plan será aprobado mediante real decreto, previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Aunque aún se encuentra en elaboración y habrán de estudiarse y valorarse las aportaciones
que se planteen durante su tramitación, las principales líneas de actuación que se pretende queden reflejadas se centran en los siguientes aspectos y prioridades. Se prevé poner en marcha medidas estratégicas para mejorar el conocimiento del
patrimonio natural y la biodiversidad y para la gestión y difusión de este conocimiento al servicio de la toma de decisiones y políticas. Entre las líneas principales a desarrollar en este ámbito está la implantación de un sistema nacional de
seguimiento y gestión del conocimiento del patrimonio natural y la biodiversidad en España, que incluirá un programa específico del medio marino, dado que este medio es mucho menos conocido que el terrestre; la integración del patrimonio natural y
la biodiversidad en las cuentas nacionales mediante el desarrollo de un sistema de contabilidad nacional del capital natural, y la elaboración y adopción de una estrategia de biodiversidad y ciencia.
Se promoverán acciones para mejorar el estado de conservación de aquellos hábitats y especies que se encuentran en peor situación y revertir el estado de las especies en situación crítica, así como acciones para impulsar la reintroducción de
las especies identificadas en el listado de especies extinguidas en todo el medio natural español. Asimismo, se prevé impulsar la coordinación de programas de conservación ex situ, incluyendo la creación del banco nacional de germoplasma forestal y
de flora silvestre. Se trabajará con la aprobación e implementación de las estrategias de conservación y planes de recuperación y conservación para las especies amenazadas marinas, así como la aprobación y actualización de estrategias de
conservación de especies amenazadas terrestres.
Se avanzará asimismo en la implementación de la Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores, adoptada en septiembre de 2020 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y otras líneas de actuación previstas en este
ámbito, que incluirán la adopción de una estrategia de adaptación, conservación y restauración de especies y ecosistemas especialmente sensibles a los efectos del cambio climático, en línea con lo previsto en la Ley de Cambio Climático.
Se promoverán, asimismo, actuaciones orientadas a la conservación del patrimonio geológico y la geodiversidad, mediante la actualización del inventario español de lugares de interés geológico y la elaboración de un plan nacional para la
conservación del patrimonio geológico y la geodiversidad.
En materia de espacios protegidos se plantearán, entre otras, la designación de nuevos espacios protegidos marinos hasta alcanzar la protección del 30 % de la superficie marina en 2030; la identificación y posible designación, en su caso,
de nuevas áreas de protección estricta, tanto en medio marino como terrestre; el fomento de medidas de conservación de corredores ecológicos y la implementación de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Restauración y Conectividad
Ecológicas. Asimismo, se avanzará en la revisión de las directrices de gestión para los espacios de la Red Natura 2000 y se promoverá la adopción de planes de gestión para todos los espacios de la Red Natura 2000, competencia del ministerio.
En relación con el medio marino se prevé la adopción del plan director de la red de áreas marinas protegidas de España y la aprobación de unas directrices de coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas
para la mejora de la gestión de la biodiversidad marina. La eficaz aplicación de las disposiciones de protección y mejora de la biodiversidad marina requieren el desarrollo de un nuevo dispositivo de gestión marina con capacidad para actuar en el
mar, en colaboración con otras entidades y administraciones.
En relación con la biodiversidad en terrenos agrícolas y ganaderos se plantean medidas para garantizar que el Plan Estratégico para la PAC en España garantice una contribución significativa a la biodiversidad y en particular a los objetivos
fijados en la estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad respecto a la reducción significativa de pesticidas, el fomento de prácticas agroecológicas o la reducción de emisiones de productos fertilizantes.
En materia de bosques está previsto actualizar la Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal Español y desarrollar medidas para la protección de los bosques maduros y la restauración ecológica de ecosistemas forestales.
Respecto a los ecosistemas acuáticos, se ha identificado la prioridad de mejorar la integración de las necesidades de conservación de la biodiversidad en los nuevos planes hidrológicos de cuenca, aspecto en el que se está trabajando en la
actualidad, como comentaba anteriormente. Asimismo, se promoverán medidas de restauración ecológica para la eliminación de barreras transversales y laterales para la restauración de cauces y corredores fluviales y para la restauración de humedales,
así como la designación de nuevas reservas naturales fluviales.
En cuanto a los ecosistemas marinos, se priorizará la adopción de un plan para la reducción de capturas accesorias en la actividad pesquera y la adopción de medidas para evitar colisiones de los cetáceos con embarcaciones. También se
potenciarán las metodologías para la restauración de ecosistemas, con especial atención a las praderas de fanerógamas.
En materia de suelos, se plantea la elaboración de una ley de protección de suelos que contribuya a mejorar la protección de la biodiversidad edáfica y de la fertilidad de los suelos de alta capacidad, así como la restauración de suelos
degradados.
En el marco de la planificación territorial, se centrarán esfuerzos en el desarrollo normativo para la integración efectiva de la infraestructura verde y se promoverán actuaciones para la desfragmentación de vías y eliminación de puntos
negros de atropellos. Se plantea asimismo el fomento de métodos para minimizar los impactos de las energías renovables sobre la biodiversidad y el desarrollo de buenas prácticas para la reducción de estos impactos en instalaciones fotovoltaicas y
termosolares. Asimismo, se trabaja en una modificación del real decreto por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Se fomentará la restauración ecológica de espacios afectados por actividades extractivas, especialmente los emplazamientos con mayor impacto ambiental, así como el fomento de la restauración de suelos contaminados y degradados y antiguas
instalaciones industriales. En el contexto urbano, se plantea el fomento de infraestructuras verdes y azules y el impulso de planes para promover la biodiversidad en todos los núcleos urbanos con más de 50 000 habitantes y capitales de provincia.
En el
marco de este nuevo plan estratégico, se promoverán las soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo la restauración de ecosistemas ricos en carbono.
En materia de especies exóticas invasoras, en los últimos meses se han desarrollado acciones muy significativas como es la adopción del Real Decreto 570/2020, de 16 de junio, por el que se regula el procedimiento administrativo para la
autorización previa de importación en el territorio nacional de especies alóctonas con el fin de preservar la biodiversidad autóctona en España. La adopción de esta normativa ha supuesto un paso decisivo en la instrumentación de medidas preventivas
para evitar la primera importación o introducción de especies alóctonas que pudieran convertirse en invasoras, requiriendo una autorización específica antes de dicha importación, que únicamente se concederá en caso de que un análisis de riesgo
favorable determine que la especie en cuestión no es susceptible de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos.
Además de lo anterior, está previsto avanzar en el desarrollo de nuevas medidas para la lucha contra las especies exóticas invasoras, como son la aprobación de un plan de acción para abordar las vías de introducción prioritarias de especies
exóticas invasoras, la aprobación de estrategias de gestión, control y posible erradicación para todas las especies del catálogo español de especies exóticas invasoras y el desarrollo de normativa de control de criadores de especies de fauna
silvestre.
En relación con otras amenazas, se trabajan en la revisión y actualización de la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados. Se desarrollarán, asimismo, líneas de actuación dirigidas a reducir y a abordar los impactos de
la contaminación lumínica sobre la biodiversidad y se plantean medidas normativas para mitigar la contaminación acústica en el medio marino. Se reforzará la implantación de las líneas de trabajo de las orientaciones estratégicas para la gestión de
incendios forestales en España.
Con el objetivo de reforzar la implementación del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico asumirá las competencias como
autoridad administrativa de dicho convenio.
Otra de las líneas de actuación previstas, con especial relevancia para contribuir a la protección de la biodiversidad en el ámbito internacional consiste en la actualización del Plan de acción español contra el tráfico ilegal y el
furtivismo internacional de especies silvestres. Se trabaja, asimismo, en la adopción de medidas para evitar la llegada de productos forestales y agrícolas que causan pérdida y degradación de bosques naturales, y para el refuerzo de la colaboración
con terceros países se reforzará la red iberoamericana de directores generales de biodiversidad y la promoción de acuerdos bilaterales específicos con países limítrofes, al mismo tiempo que se procurará reforzar la consideración de la biodiversidad
en el Plan Director de la Cooperación Española.
Haré una mención concreta a la política forestal. En el contexto del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad se debe impulsar una política forestal sostenible, así como la revisión del Plan Forestal Español, que son dos
de los compromisos que la vicepresidenta cuarta del Gobierno expresó al inicio de esta legislatura. La vigente Ley 43/2003, de Montes, en su artículo 29, referido a la Estrategia Forestal Española, en su apartado 3 dispone que cuando las
circunstancias lo aconsejen, y en cualquier caso con ocasión de cada revisión del Plan Forestal Español, la Estrategia Forestal Española será revisada. Por otro lado, el artículo 30 dispone que el Plan Forestal Español será revisado cada diez años
o en un plazo inferior cuando las circunstancias así lo aconsejen. Actualmente está en vigor la Estrategia Forestal Española de 1999 y el Plan Forestal Español 2002-2012. Transcurrido el plazo legal establecido, además del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la ley, existen otros motivos y argumentos que justifican la revisión y actualización de la Estrategia Forestal Española, principalmente para la adecuación de la política forestal española a los compromisos, demandas y
tendencias internacionales emergentes, así como su adaptación a sus propias necesidades, retos y oportunidades desde la perspectiva de la competencia estatal al respecto y del conjunto de las comunidades autónomas.
En 2021 está prevista la adopción del nuevo marco estratégico del Convenio de Diversidad Biológica, como antes comentaba, en el que se espera que se alcancen compromisos relevantes para frenar la pérdida de biodiversidad a nivel global y en
el que la Unión Europea quiere impulsar un mayor nivel de ambición que tendrá seguramente repercusiones en los bosques de la Unión Europea y su gestión. El siglo XXI ha presentado situaciones críticas a escala global, tanto la crisis socioeconómica
y financiera como la crisis medioambiental y climática, manifestadas con más fuerza desde la primera década este siglo, así como la reciente crisis sanitaria a nivel mundial provocada por la pandemia, que han originado a su vez otra crisis
socioeconómica. En este escenario de incertidumbre, los bosques han de desempeñar
un papel esencial por sus reconocidas funciones de carácter medioambiental, social y económico, cuya importancia se ve acrecentada ahora por su papel en la recuperación de la salud física y psicológica de la sociedad afectada por la
pandemia. En este contexto, es imprescindible actualizar la política forestal española, los compromisos adoptados por la Unión Europea y el Estado español. Con ello se quiere establecer un escenario propicio para facilitar que la Administración y
el sector forestal proporcionen respuestas adecuadas a estas demandas y tendencias relativas al medio ambiente, al desarrollo rural y a la salud.
Los objetivos generales de la política forestal española deben ser concordantes con la Estrategia Forestal Europea, con las directrices del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y con las tendencias de otras políticas en
las que los bosques y demás montes y tierras forestales son esenciales y en las que el propio sector forestal puede y debe desempeñar un papel importante. La política forestal española persigue los siguientes diez objetivos generales. Garantizar
la conservación, mejora y uso sostenible de los bosques y los espacios forestales, compatibilizando su valor ambiental y socioeconómico de modo que se puedan armonizar y equilibrar las múltiples funciones, servicios ambientales, económicos y
sociales que proporcionan a la sociedad; mejorar el estado de conservación de bosques y otros terrenos forestales españoles y, en especial, aquellos que presentan mayor valor ecológico y contribuir a la mejora del patrimonio natural y de la
biodiversidad y a la conectividad de los ecosistemas naturales; impulsar especialmente la identificación y protección de los bosques nativos maduros que atesoran gran parte de la biodiversidad forestal y constituyen una referencia imprescindible y
una representación muy valiosa de nuestros sistemas naturales no alterados; proteger los bosques frente al cambio climático y los incendios forestales; mitigar los efectos del cambio climático y luchar contra la desertificación mediante la gestión
forestal sostenible, la reforestación y la restauración forestal, reforzando el papel de los bosques como sumideros naturales de carbono, incrementando su capacidad de absorción de carbono y aprovechando su eficacia para luchar contra la
desertificación; revalorización de los montes, fomentando su papel como proveedores de materias primas naturales y renovables cuya producción sea compatible y sinérgica con la prestación de otros servicios ambientales y sociales; impulsar la
incorporación del sector forestal a la bioeconomía emergente basada en el empleo de materias primas de origen biológico. En el tránsito a una economía verde debe estar presente el sector forestal como un sector estratégico que proporciona productos
ecológicos y renovables como la madera que se puede emplear en la construcción sostenible y en la sustitución de plásticos y otros materiales. Igualmente, los montes proporcionan otros productos ecológicos y renovables de alto valor económico y
tecnológico. También participar en las políticas de transición energética y descarbonización, proporcionando el uso y aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal como fuente de energía renovable en sustitución de materiales fósiles, sobre
todo, en zonas rurales próximas a áreas forestales de montaña; formar parte del desarrollo de la bioeconomía circular promoviendo la compra pública y el consumo responsable de productos forestales reutilizables o reciclables procedentes de recursos
naturales renovables; contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del medio rural, favoreciendo la producción de materias primas y bienes primarios y la prestación de servicios ecosistémicos proporcionando rentas y empleo a la población
rural o favorecer el asentamiento de población en el medio rural ante el reto demográfico que supone su despoblamiento y envejecimiento, aprovechando el alto potencial generador de empleo de las inversiones en los montes y las actividades forestales
y su industria asociada, y por último, y no menos importante, visibilizar el papel esencial de los bosques en la sociedad y mejorar el conocimiento, la educación y la cultura forestal, dando a conocer la importancia de la gestión forestal sostenible
como una actividad regulada, ordenada y acreditada, ambientalmente responsable, que es compatible e imprescindible para garantizar la conservación y uso sostenible de los espacios y recursos forestales.
Me detendré ahora brevemente en la gestión del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, en colaboración con las comunidades autónomas, continúa trabajando para avanzar en la incorporación a la
red de parques nacionales de los sistemas naturales definidos en la Ley de Parques Nacionales que aún no se encuentran representados. Para ello, se encuentra actualmente en trámite, como ustedes conocen, la aprobación de la ley de declaración del
parque nacional de la Sierra de las Nieves, que incorporará, entre otros sistemas, una de las mejores representaciones de pinsapares de la península ibérica. Confiamos en que su aprobación sea efectiva a lo largo de este mismo año. En sus manos
encomiendo esta ley.
Otra de las actuaciones en desarrollo, en el seguimiento y aplicación del Plan Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado mediante el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, es el Programa de
actuaciones comunes de la Red de Parques Nacionales. El organismo desarrolla una importante labor de coordinación y cohesión de la red a través del programa de actuaciones comunes, entre las que destacan: programa de seguimiento ecológico,
representatividad de la Red de Parques Nacionales, sistemas naturales y Red Natura 2000, la evaluación del estado de conservación de los sistemas naturales, el seguimiento del cambio global en la red, un programa de seguimiento socioeconómico con
impacto socioeconómico de la red de parques nacionales, la evaluación de visitantes de los parques, su estructura, distribución y actividades, el conocimiento y la percepción de los parques y de la red y la propia proyección de la red tanto en los
medios como a nivel internacional; un programa de seguimiento funcional en el cual los aspectos básicos de funcionamiento en la red, recursos humanos, instrumentos de planificación y órganos de colaboración tienen presencia; un programa de
investigación de la Red de Parques Nacionales; un programa de participación social, a través de un programa de voluntariado; la formación y el intercambio de experiencias y sensibilización social, y la información, divulgación de publicaciones.
El organismo está desarrollando un sistema de relaciones de la red para fortalecer la coherencia y la cohesión de la misma. En el sistema se identifican, de acuerdo con la normativa vigente y en particular con el plan director, todas las
funciones y actividades necesarias para la mejor gestión de la misma, junto con los responsables, las herramientas necesarias y los productos a obtener, estableciendo los flujos de información necesarios. El organismo se encuentra recabando la
información necesaria que culminará en el proceso de transferencia de los parques nacionales de Cabañeros y las Tablas de Daimiel a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
En cuanto a la Red de Reservas de la Biosfera, el organismo autónomo es el encargado de la coordinación de la Red Española de las Reservas de la Biosfera, espacios designados por la Unesco bajo el programa Hombre y Biosfera, aunque debería
ser un hombre, mujer y biosfera. El organismo autónomo es la entidad independiente de todas ellas que da soporte a las acciones comunes y asegura su funcionamiento en red. El soporte que brinda el organismo se materializa de varias formas: la
secretaría del Programa MAB en España, el Comité Español del MAB que da apoyo a la red, entre otras funciones, el Consejo de Gestores, constituido por un representante técnico de cada reserva de la biosfera y que es un órgano asesor del Comité MAB y
el Consejo Científico, órgano asesor del Comité MAB que hace una labor de seguimiento, evaluación y apoyo técnico a las reservas de la biosfera.
El pasado 22 de febrero, el Comité Español del MAB aprobó la estrategia de fortalecimiento del cumplimiento del programa y la gobernanza en la Red Española de Reservas de la Biosfera, que tiene ocho objetivos generales entre los que se
encuentran: gobernanza eficaz, marco de financiación adecuado, evaluación y seguimiento, comunicación o investigación. Esta estrategia es un hito importante en la medida en que pretende ser un instrumento que mejore la gestión y los resultados del
programa en las Reservas de la Biosfera.
Este año 2021 se cumple el 50 aniversario de la creación del programa Persona y Biosfera de la Unesco. Su creación tuvo lugar en 1971, con el propósito de promover el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo
socioeconómico sostenible de las personas. La idea original del programa evolucionó y se materializó en la creación de la figura de las reservas de la biosfera, que son laboratorios en los que impulsan soluciones basadas en la naturaleza para el
desarrollo sostenible. Todas ellas constituyen la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que actualmente comprende 714 sitios en 129 países, incluidos 21 sitios transfronterizos. España es uno de los países más activos del programa MAB, pues
cuenta con cincuenta y dos reservas de la biosfera, que suponen más del 12 % del territorio nacional, en las que viven casi dos millones de personas; somos el primer país del mundo en número de reservas de la biosfera. Para conmemorar el 50
aniversario del programa, la Unesco ha puesto en marcha una serie de iniciativas bajo el lema 'Celebrar la vida'. El objetivo de todas ellas, además de movilizar y dar visibilidad a toda la red, es rendir homenaje a los verdaderos protagonistas del
programa, que son, cómo no, los propios habitantes de estos territorios. En este contexto, desde el organismo autónomo se ha puesto en marcha una serie de iniciativas con el fin de conmemorar el 50 aniversario y poner en valor estos espacios. Las
iniciativas previstas son las siguientes: difusión, con la edición de un calendario en colaboración de National Geographic, sobre las reservas de la biósfera; sensibilización mediante la organización de la Semana de la Reserva de la Biósfera, con
actividades comunes en el mes de noviembre de este año, y un conjunto de actos institucionales, con la declaración del Día Internacional de las Reservas de la Biósfera por parte de Naciones Unidas.
En relación con los espacios naturales y centros adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales, el organismo cuenta con diversos espacios naturales, en los que desarrolla funciones de
conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad a través de la gestión sostenible, con diferentes usos según la tipología y condicionamientos de cada uno de los espacios. Como ejemplos cabe mencionar en
materia de conservación de biodiversidad la gestión de las islas Chafarinas en el mar de Alborán, la isla de La Graciosa, los montes de Granadilla en Cáceres o los centros de cría de lince ibérico de El Acebuche y el ubicado en Zarza de Granadilla.
En materia de uso público cuenta con varios espacios naturales y centros, en los cuales se presta este servicio a la sociedad. Como ejemplos, el espacio natural en Rivabellosa en La Rioja, el pueblo de Granadilla, la isla de Sálvora en A Coruña y
los montes de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero en Jaén. En materia de desarrollo sostenible y conciliación de intereses, los montes y el aserradero de Valsaín gestionados por el organismo son un ejemplo, junto a otros espacios naturales, como la
dehesa de San Juan en el Parque Nacional de Sierra Nevada o la dehesa de Cotillas en Ciudad Real. El organismo, en desarrollo de las funciones que tiene encomendadas por norma, tiene adscritos un total de veinte espacios naturales, nueve de ellos
en el interior de diferentes parques nacionales y once fuera del ámbito de estos, que suman un total de más de 112 000 hectáreas. De igual forma, tiene adscritos un total de 242 edificaciones, en su mayoría en régimen patrimonial. Se está
elaborando un plan director de estos centros y espacios naturales, atendiendo a las funciones otorgadas al organismo por norma y con el ánimo de ser un ejemplo de excelencia de conservación de los recursos naturales y del desarrollo sostenible de
diversos ecosistemas de nuestro país.
En materia de educación ambiental, el Centro Nacional de Educación Ambiental, el CENEAM, lleva desde 1987 trabajando para promover la responsabilidad de los ciudadanos en relación con el medio ambiente. Se constituye como un centro de
recursos al servicio y en apoyo de todos aquellos colectivos públicos y privados que desarrollan programas y actividades de educación ambiental. El CENEAM ha venido trabajando los siguientes servicios y programas, y les doy datos de 2019: el
Centro de Documentación Ambiental, incluido en el catálogo colectivo de la Red de Parques Nacionales, con consulta en línea de los catálogos de la biblioteca y de la fototeca digital, con 64 000 referencias, 5000 consultas y 3000 préstamos; la
actualización y el mantenimiento de las páginas web del Organismo Autónomo Red de Parques Nacionales, con un millón de páginas vistas, y el CENEAM, con 750 000 páginas vistas; la carpeta informativa del CENEAM, boletín electrónico mensual y
gratuito de recursos para la educación ambiental, con una media de envíos mensuales de 12 000; el apoyo al sistema educativo en el ámbito de la educación ambiental, orientación al profesorado y actividades con alumnos, con 50 grupos y 1500
participantes; las actividades de sensibilización y uso público, con 35 grupos y 1000 participantes; el programa de formación ambiental del organismo y otros cursos organizados a través de convenios interinstitucionales, con 25 cursos y 750
alumnos; el programa de seminarios, grupos de trabajo y foros de debate de los profesionales de parques nacionales y del sector del medio ambiente y la educación ambiental, con 25 grupos y 1000 participantes; el Programa de recuperación y
utilización educativa de pueblos abandonados, programa educativo en colaboración con otras unidades del ministerio y administraciones públicas, fundamentalmente en aspectos que tienen relación con información, difusión, formación y participación
social en diferentes temáticas ambientales.
Sobre el Plan de acción de educación ambiental para la sostenibilidad, PAEAS, después del esfuerzo realizado por más de 300 personas para la elaboración del documento resultado de la fase experta en 2020, se ha venido trabajando en el mismo
de manera que en estos momentos estamos ya culminando su elaboración. Para dar cumplimiento al compromiso 19 de la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental, estamos en proceso de redacción de su contenido final, que será sometido
próximamente a participación pública. El objetivo es elevarlo a informe del Consejo de Ministros durante el mes de junio de 2021, publicarlo en la web del ministerio y poder comenzar su aplicación en el segundo semestre de este año. En relación
con el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales está planificando actuaciones de conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, así como de gestión sostenible con
los fondos que prevé el plan, en principio para la anualidad del 2021 y unos 30 millones de euros. Asimismo, se prevén llevar a cabo subvenciones territorializadas a través de las comunidades autónomas para actuaciones en los parques nacionales y
en sus áreas de influencia socioeconómica y actuaciones en las reservas de la biósfera. Los importes planificados, en principio, son los siguientes: para actuaciones directas por las comunidades autónomas en los parques nacionales 74 millones de
euros, y para las actuaciones en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales 50 millones de euros, que irían dirigidos a subvenciones a las entidades locales a través de concurrencia competitiva, al igual que las actuaciones en
las reservas de la biósfera, con otros 50 millones de euros. Por último, está en proceso de elaboración,
con previsión de su aprobación, tanto el estatuto como el plan estratégico del Organismo Autónomo de Parques Nacionales; con ambos documentos se dará forma a la actualización de la naturaleza, el funcionamiento y los objetivos de la actual
normativa vigente y prevemos que sean aprobados al final de esta anualidad 2021.
Una referencia ahora al ámbito de actuación desde la Dirección General de la Costa y el Mar. España cuenta con más de 10 000 kilómetros de costa y la franja costera acoge a un tercio de la población española, a pesar de que solo constituye
un 6,7 % del territorio. Durante los primeros años del siglo XXI la población residente en municipios costeros ha crecido a un ritmo superior a la media nacional, en un 1,9 %, frente al 1,6 % global. Las costas constituyen además un espacio de
atracción clave para una de las principales actividades económicas del país, el turismo. A los peligros que representa la erosión en el litoral se suman los derivados del cambio climático, que incluyen el aumento en la frecuencia e intensidad de
temporales costeros, la inundación permanente por la subida del nivel del mar y la pérdida de ecosistemas costeros, todo ello agravado por el rápido crecimiento de la población y la urbanización en el litoral. La estrategia de adaptación de la
costa a los efectos del cambio climático permite establecer una metodología común de análisis y evaluación de los impactos sobre la vulnerabilidad de la costa española frente al cambio climático, identificando las zonas más vulnerables y
distinguiendo las unidades de gestión para identificar los riesgos asociados. Se trata de mejorar la planificación y promover una toma de decisiones coordinada, homogénea e integrada, y contribuye a que los sectores públicos y privados cuenten con
conocimiento, herramientas, formación y capacidades necesarias para gestionar los riesgos derivados del cambio climático. Entre sus objetivos, para incrementar la resiliencia de los ecosistemas costeros y marinos ante los efectos del cambio
climático, englobando las medidas necesarias para su adaptación, se identifican, planifican e implementan opciones de adaptación del dominio público marítimo-terrestre con criterios de eficiencia y sostenibilidad, introduciéndose un marco de
planificación territorial en el litoral para minimizar su exposición y vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático; también busca fomentar la investigación en materia de cambio climático, especialmente en aquellas líneas que faciliten
conocimiento sobre los factores climáticos que afectan a la costa y sobre la evaluación de impactos tanto en los sistemas costeros naturales como en los marcos socioeconómicos observados y proyectados.
En el marco de la Estrategia de adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, para poder hacer frente y ante la necesidad de abordar adecuadamente esta problemática la Secretaría de Estado de Medio Ambiente está trabajando en
las siguientes iniciativas para garantizar el bienestar de las generaciones actuales y futuras. El Plan estratégico nacional para la protección de la costa, financiado por el Programa de apoyo a las reformas estructurales de la Comisión Europea,
tiene como objetivo proporcionar un enfoque coherente a nivel nacional que garantice la armonización regional en relación con la gestión de la costa, dentro de las competencias de la Dirección General de la Costa y el Mar. Concretamente, el
proyecto busca conocer y caracterizar los problemas actuales sobre protección costera bajo la perspectiva de los principios de gestión costera integrada de la Unión Europea para toda la costa española y a nivel de 25 unidades de análisis, aprender
de las buenas prácticas y experiencias existentes sobre protección costera y elaborar un instrumento de gestión, en este caso, el plan estratégico, para la protección de la costa. Así, el plan proporcionará medidas a medio y largo plazo para la
reducción de los problemas de la costa, considerando los siguientes puntos: proteger y preservar el litoral mediante una gestión sostenible, adecuada y eficaz; tomar en consideración los impactos del cambio climático, la contribución de los
sedimentos de los ríos al litoral y otras interacciones tierra-mar y actividades económicas que concurren para el uso de la zona costera, de tal manera que el plan se encuentra en estos momentos en redacción. Los trabajos comenzaron en septiembre
de 2020 y tienen un plazo de ejecución de veinticuatro meses, estando, por tanto, prevista su finalización en septiembre de 2022. En estos momentos se está realizando una primera consulta pública a los actores con intereses en el litoral con la
finalidad de elaborar el análisis percibido por los mismos sobre los problemas existentes en la costa y la valoración de las medidas de gestión de la costa previamente implementadas.
En relación con las estrategias y planes para la protección de tramos litorales, se ha redactado en aquellas partes de la costa que presentaban inicialmente mayores problemas de erosión y unas características físicas que obligan a que las
actuaciones a desarrollar deban tener en cuenta la totalidad del tramo por efectos que la actuación pueda tener en su entorno. Disponer de las estrategias para la protección de la costa posibilita que las inversiones se lleven a cabo basándose en
una planificación previa, mejorando su efectividad y la eficacia de la inversión. Se encuentran finalizadas e implementándose
mediante la redacción de los correspondientes proyectos y estudios de impacto ambiental -algunos, contratos de ejecución ya- las siguientes: la estrategia para la protección de la costa de El Maresme, desde el puerto de Barcelona al límite
con la provincia de Girona; la estrategia para la protección de la costa de Castellón Sur, desde el puerto de Castellón al puerto de Sagunto; la estrategia para la protección de la costa de Valencia Sur, desde el puerto de Valencia al puerto de
Denia; la estrategia para la protección de la costa de Granada, y la estrategia para la protección de la costa de Huelva. El Programa de apoyo a las reformas estructurales de la Comisión Europea financia en estos momentos las estrategias para la
protección de la costa de Almería, Málaga y Cádiz cuyos trabajos dieron comienzo en marzo de 2019 y para los que contamos con una previsión de finalización en septiembre de este mismo año; se encuentran en fase de consulta pública y, una vez
definidas las medidas propuestas y los criterios de selección y priorización de las mismas, se dará conclusión a las mismas. Este mismo Programa de apoyo a las reformas estructurales de la Comisión financia igualmente la redacción de la estrategia
para la protección de la costa de Baleares, cuyos trabajos comenzaron en noviembre de 2019 y está prevista su finalización en enero de 2022.
En relación con los planes para la protección de determinados ecosistemas litorales, se encuentran redactados los planes para la protección del litoral del Mar Menor, de inminente presentación, y del delta del Ebro. El segundo de ellos
acaba de finalizar su trámite de consulta pública y en la actualidad se están analizando la totalidad de las alegaciones y sugerencias recibidas, con vistas, en su caso, a su incorporación al documento. En cuanto al primero, está a punto de
cerrarse, una vez incorporadas las alegaciones y sugerencias recibidas y aceptadas durante el periodo de consulta pública. Los objetivos generales del plan que corresponde a la protección del Mar Menor pasan por identificar las actuaciones
necesarias a realizar por la Dirección General de la Costa y el Mar para contribuir a la progresiva mejora de las condiciones del entorno del Mar Menor y contempla mejoras en su gestión, teniendo en cuenta todos los condicionantes físicos, humanos y
medioambientales que puedan afectar en mayor o menor medida al devenir de dicha franja litoral y la mejora de sus condiciones de uso. Y en lo que toca al delta del Ebro, los objetivos básicos son la protección costera frente a la erosión y la
invasión marina, la recuperación ambiental del delta, las previsiones para hacer frente a la subida del nivel del mar y la permanencia y sostenibilidad del delta en el tiempo.
Paso ahora a una breve exposición en lo que toca al ámbito de la gestión de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, muy especialmente en la gestión de la economía circular. Desde la Revolución Industrial el modelo que ha
sustentado nuestro crecimiento y el sistema de bienestar es el que se ha venido a denominar economía lineal, basado en extraer, producir, consumir y tirar, y este patrón de actividad económica subyace a numerosos problemas medioambientales por todos
conocidos. En las próximas décadas se prevé un importante aumento de las clases medias en los países menos desarrollados y en vías de desarrollo, con el consecuente impacto en los niveles de consumo y, por ende, en la demanda de materias primas y
fuentes de energía, y su encarecimiento puede provocar una grave inestabilidad del sistema socioeconómico. Se hace imprescindible contar con las herramientas y mecanismos para garantizar las provisiones de suministros, corregir los patrones de
consumo y facilitar la transición hacia un nuevo modelo productivo, sostenible y solidario con las generaciones futuras. La preocupación por los impactos de la actividad humana sobre el medio ambiente ha dado lugar a que la comunidad internacional
se movilice y haya impulsado la firma de tres acuerdos históricos, por ustedes conocidos: el Acuerdo de París, sobre cambio climático; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Declaración Ministerial de la Asamblea de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente.
En este marco, advertida la insostenibilidad del actual modelo lineal, que se ha impuesto como el patrón de desarrollo económico dominante, es necesario avanzar en la implementación de un nuevo modelo de desarrollo. Con este objetivo se
acuña el término de economía circular, concebido a partir de un ciclo de desarrollo y transformación que avanza optimizando el uso de los recursos, fomentando la eficiencia de los sistemas productivos, promoviendo que productos, materiales y
recursos permanezcan activos el mayor tiempo posible y, paralelamente, disminuyendo la cuantía de los residuos generados. El Gobierno de España adoptó en junio de 2020 la estrategia española de economía circular, España Circular 2030, con el firme
convencimiento de la importancia que tiene la incorporación de la economía circular como elemento clave de la transición ecológica hacia un modelo de desarrollo y crecimiento económico desacoplado del consumo de materias y de emisiones, más
innovador, competitivo, más sostenible, que permita maximizar los recursos disponibles para que estos permanezcan el mayor tiempo
posible en el ciclo y reducir la generación de residuos, aprovechando al máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar.
La Estrategia Española de Economía Circular se alinea con los objetivos de los dos planes de acción de economía circular de la Unión Europea. El primero de ellos fue Cerrar el círculo: un plan de acción de la Unión Europea para la economía
circular, de 2015, y el segundo, Nuevo Plan de acción de economía circular para una Europa más limpia y competitiva, de 2020, además del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La estrategia tiene una visión a largo
plazo, 2030, y será alcanzada a través de sucesivos planes de acción trienales. Establece unas orientaciones estratégicas a modo de decálogo y se marca una serie de objetivos cuantitativos a alcanzar para el año 2030, a saber: reducir en un 30 %
el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como referencia el año 2010; reducir la generación de residuos en un 15 % respecto de lo generado en 2010; reducir la generación de residuos de alimentos en toda la cadena
alimentaria, un 50 % de reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20 % en las cadenas de producción y suministro a partir del año 2020; incrementar la reutilización y preparación para la reutilización, hasta llegar al 10 % de
los residuos municipales generados; mejorar un 10 % la eficiencia en el uso del agua; reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los diez millones de toneladas de CO2 equivalente. Además, identifica seis sectores prioritarios
de actividad en los que incorporar este reto para una España circular: el sector de la construcción, el sector agroalimentario, pesquero y forestal, el industrial, el de bienes de consumo, el de turismo y el de textil y confección. Y menciona como
políticas clave para avanzar en economía circular las siguientes: la política económica, de fiscalidad, de empleo, de I+D+i, de consumo, de política industrial, política del agua, la política agraria y de desarrollo de áreas rurales. Las líneas
principales de actuación sobre las que se focalizarán las políticas e instrumentos de la Estrategia de economía circular y sus correspondientes planes de actuación son ocho: cinco relacionadas con el cierre del círculo, en este caso producción,
consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua, y tres con carácter transversal: sensibilización y participación, investigación, innovación y competitividad y empleo y formación. Los indicadores de la Estrategia
Española de Economía Circular se corresponden con los propios seleccionados a instancias europeas, dado que va a ser el marco con el que se puede comparar nuestro avance con respecto al resto de Estados miembros, y además se añade un último de
participación del sector residuos en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero.
En relación con el primer Plan de Acción de Economía Circular, 2021-2023, estrategia que se desarrolla, como comentaba antes, mediante sucesivos planes de acción trienales, este primer plan de acción trienal se sometió a consulta pública en
el pasado mes de febrero. Se recibieron un total de 2335 aportaciones, procedentes de 163 entidades diferentes, y el nuevo texto tenemos la previsión de que sea aprobado a mediados de este mes de mayo por el Consejo de Ministros. Contiene 113
medidas, lideradas por los distintos centros directivos de la Administración General del Estado, que se articulan en torno a los ocho ejes nombrados anteriormente. El primer eje de actuación: producción, diseño y fabricación incluye dieciséis
medidas destinadas a la inclusión de la economía circular en diversas áreas, desde la industria alimentaria al sector forestal, pasando por el impulso al ecodiseño o la inclusión de requisitos puntuables relacionados con economía circular en los
pliegos y programas de ayudas públicas, préstamos y líneas de crédito públicas. Destaca especialmente la iniciativa Pyme Circular, que, entre otros, tiene como objetivo la adaptación al cambio desde el modelo lineal al modelo circular, basado en la
eficiencia en el uso de los recursos. Por último, se incluyen medidas en el ámbito del turismo, como la creación de nuevos productos turísticos sostenibles o circulares o el fomento del uso de la herramienta Método Destino Turístico Sostenible en
los municipios para ayudarlos a diseñar planes de acción de turismo sostenible.
En el segundo eje, el de actuación y consumo, con trece medidas, destacan medidas relacionadas con la información al consumidor, como el fomento de la etiqueta ecológica europea, ecolabel, y el desarrollo de una etiqueta informando sobre la
vida útil del producto, especialmente mediante el índice de reparabilidad; medidas para la reducción de los residuos alimentarios tanto de carácter normativo como de colaboración público-privada con el sector de la distribución y Horeca; medidas
para fomentar un consumo sostenible, como la promoción de mercados de segunda mano o la reutilización de infraestructuras públicas; medidas para fomentar un consumo sostenible, como la promoción de mercados de segunda mano o la reutilización de
infraestructuras públicas, y, por último, medidas relativas a la inclusión de la economía circular en la contratación pública tanto centralizada como individualizada.
En el eje destinado a la gestión de residuos, con veintinueve medidas, se incluyen, sobre todo, medidas destinadas a la adecuación a los criterios de economía circular en la normativa y planes de residuos: la ley de residuos y suelos
contaminados, la nueva normativa de envases y normativa sobre pilas y baterías. También se prevé el desarrollo de nuevas exigencias para textiles y plásticos agrarios y la elaboración de nuevos programas de prevención y de planificación de
residuos. Con carácter más concreto, se incluyen medidas destinadas a analizar la viabilidad del sistema de depósito, devolución y retorno para teléfonos móviles antiguos, mejorar la gestión de los residuos vinculados a instalaciones de energías
renovables como consecuencia del desmantelamiento y repotenciación de instalaciones de generación de energía eólica, la preparación para la reutilización de módulos fotovoltaicos, dar una segunda vida a baterías de litio de automoción en
aplicaciones de autoconsumo doméstico la mejora en los ámbitos del cine y artes audiovisuales y creación de un esquema nacional de pesca de basura. Por último, se incluyen medidas destinadas a la inspección y el control de la correcta gestión de
los residuos.
En el eje destinado a materias primas secundarias se incorporan doce medidas. Se incluyen actuaciones para aplicar y fomentar el uso de los subproductos y para desarrollar criterios de fin de condición de residuo, así como para analizar sus
implicaciones en el mercado de las materias primas secundarias. Se incluyen también medidas de índole más específico destinadas a impulsar el uso de determinados residuos, como los plásticos en contacto con alimentos, o los residuos de construcción
y demolición en obras portuarias o en carreteras. Asimismo, se prevén medidas en relación con las materias primas críticas, como la aprobación de una hoja de ruta sobre materias primas minerales o la identificación de instalaciones cerradas o
abandonadas de residuos de industrias extractivas que contengan materias primas críticas. También se contemplan medidas relacionadas con el uso de materias primas secundarias seguras para la salud humana y el medio ambiente.
El eje dedicado a la reutilización del agua, con cuatro medidas, contiene actuaciones destinadas al apoyo a regadíos que usen aguas regeneradas, mejorar la información sobre los usos del agua para una mejor planificación, incluyendo la
reutilización de agua entre los volúmenes disponibles, y revisar el marco normativo de la reutilización del agua.
El eje dedicado a la sensibilización y participación contiene diecinueve medidas destinadas a la sensibilización en el ámbito de la empresa mediante la elaboración, por ejemplo, de buenas prácticas de economía circular y boletines
periódicos, y en el ámbito del consumo mediante diferentes campañas de sensibilización dirigidas a promocionar determinados aspectos y a diferente público objetivo. En la línea destinada a investigación, innovación y competitividad se incluyen
nueve medidas destinadas a promover la innovación en el ámbito de la bioeconomía, la investigación y la difusión de resultados sobre economía circular, en general, y, en particular, en algunos ámbitos, como es la I+D+i, incentivadores de soluciones
de economía circular, para las palas de los aerogeneradores eólicos por ejemplo. En la línea de empleo y formación se incluyen once medidas destinadas a programas de formación e inserción para determinados colectivos, como el minero, los jóvenes,
el desarrollo de programas de escuelas taller y casas de oficios y la revisión de las especialidades del catálogo de especialidades formativas del SEPE. También se incluyen medidas para impulsar el empleo en el ámbito de la economía circular, como
el Programa Emprende Verde, el impulso de las entidades de economía social dedicadas a estas actividades, entre otros.
El presupuesto total para el periodo 2021-2023 asciende a 17 406 226 euros, y que a esta cifra se deberán sumar las consignaciones presupuestarias que no se pueden determinar; hablamos de un presupuesto de partida aproximado.
En relación con el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, este incluye en su componente 12, Política Industrial de España 2030, un subcomponente para impulsar la Estrategia de economía circular y el cumplimiento de la normativa
de residuos. Se configura como uno de los instrumentos fundamentales de planificación del ministerio para el despliegue de la economía circular en España, y las inversiones asociadas a este componente para el periodo 2021-2023 ascienden a 850
millones de euros. En 2021 el presupuesto asignado asciende a 500 millones de euros, la mayor parte, el 85 %, destinada a la implementación de la normativa sobre residuos, ya que se pretende acelerar las inversiones necesarias para mejorar la
gestión de los residuos en España y garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos, de conformidad con las necesidades identificadas por la Comisión Europea para España en el horizonte 2021-2035.
Esta parte ya fue territorializada el pasado 14 de abril y en breve las comunidades autónomas lanzarán sus correspondientes convocatorias. El 17 % se destinará al fomento de la economía circular en el ámbito de la empresa para facilitar la
introducción del nuevo modelo económico, y para ello se ha lanzado una manifestación de
interés con el objeto de conocer el estado de apetito de las empresas por la economía circular, en concreto para realizar inversiones para incentivar modelos de negocio más limpios y circulares, modelos de consumo de servicios, en lugar de
productos, y modelos de retorno para la reutilización y reacondicionado en cadenas de valor clave, en actividades de remanufactura en los sectores del automóvil aeroespacial, de equipamiento médico, muebles y otros, de apoyo a proyectos de pymes y
entidades de economía social para incrementar el contenido en reciclado de productos o desarrollar diseño de productos circulares seguros que incrementen la durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad, luchen contra la obsolescencia prematura,
sustituyan sustancias peligrosas, permitan el recambio de piezas y mejoren su comportamiento ambiental a lo largo del ciclo de vida, así como proyectos entre empresas relacionados con la simbiosis industrial para favorecer la circularidad de las
materias primas secundarias y el desarrollo de redes comerciales que permiten fomentar la simbiosis industrial de materiales. Se han recibido en esta consulta de manifestaciones de interés en torno a unas 1300 propuestas, lo que permitirá definir
más claramente las posibles subvenciones a empresas para avanzar en economía circular.
En relación con el catálogo de buenas prácticas en economía circular y teniendo en cuenta la búsqueda de soluciones a los futuros desafíos -será tanto más sencilla cuanto más se compartan los conocimientos y resultados de experiencias que
los diferentes actores están poniendo en práctica-, se ha creado un espacio de colaboración que impulse el avance conjunto integral de las cadenas de valor. El ministerio comenzó a trabajar en 2020 en un catálogo de buenas prácticas realizadas en
España que puedan ser transmisibles y escalables a otros agentes. Para ello se lanzó una primera convocatoria, en la que se recibieron más de 270 prácticas de economía circular, y, de entre ellas y sobre la base de los criterios previamente
establecidos, se han seleccionado un total de cuarenta y dos, que han pasado a formar parte del catálogo, el cual tienen ustedes disponible en la web del ministerio. Dado el éxito de esta primera convocatoria, se prevé abrir un nuevo plazo hasta el
1 de junio para enriquecer el mismo.
Para concluir con la parte que toca de economía circular, quiero anticiparles las líneas generales de lo que en estos momentos es el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Este anteproyecto, cuya aprobación está prevista
para este mes de mayo, con lo cual será remitido a esta Cámara a finales de mes, es la pieza principal de la estrategia en materia de economía circular y tiene como objetivo cambiar radicalmente la gestión de los residuos en España, en línea con los
objetivos de la Unión Europea, abordando además uno de los principales retos ambientales de la actualidad, los plásticos de un solo uso. El primer objetivo de cualquier política en materia de residuos debe ser reducir al mínimo los efectos
negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente, así como, en consonancia con los principios que rigen la economía circular, hacer un uso eficiente de los recursos. Si bien en los últimos años España
viene mejorando paulatinamente en la gestión de los residuos, esta mejora es lenta y quedan todavía importantes retos que afrontar de cara a los ambiciosos objetivos de gestión de residuos. Por ello, son necesarios importantes cambios en los
modelos de gestión actual, que pasan, en primer lugar, por el establecimiento de un calendario de recogidas separadas obligatorias para nuevos flujos de residuos -residuos textiles, domésticos peligrosos, aceites de cocina usados y voluminosos- que
deberá ponerse en marcha de forma que se logre un reciclado de calidad de los materiales afectados. Estos cambios requerirán inversiones que han sido cuantificadas por la Comisión Europea, en el caso de España, en cerca de 2500 millones de euros de
aquí a 2035. Como novedad, la futura ley reforzará la prevención de residuos, mediante la inclusión de nuevos objetivos concretos y cuantificables, así como medidas específicas, poniendo especial énfasis en algunos flujos concretos, como son los
residuos alimentarios, contribuyendo con ello a cumplir uno de los Objetivos del Milenio establecidos en la Agenda 2030. Se ha revisado la regulación de la responsabilidad ampliada del productor, en coherencia con la normativa comunitaria, para
garantizar que los productores asuman la responsabilidad financiera o financiera y organizativa de la gestión de la fase de residuo del ciclo de vida de un producto, introduciendo más elementos para mejorar el funcionamiento e incrementar la
transparencia. Adicionalmente, se ha previsto la aplicación de esta responsabilidad ampliada para nuevos productos: artes de pesca, varios productos de plástico de un solo uso, en este caso por mandato comunitario, así como textiles, muebles,
enseres y plásticos agrarios no envases. La ley aborda de modo decidido la problemática de los residuos plásticos, en particular los plásticos de un solo uso. Se estima que el 80 % de las basuras marinas proceden de fuentes terrestres, por lo que
gran parte de las medidas para su erradicación se deberán asentar en las políticas de gestión de residuos.
La ley hace una apuesta decidida por una serie de medidas en función de las posibilidades de sustitución y alternativas existentes: reducción en unas fechas concretas, sensibilización, marcado y
ecodiseño, uso de instrumentos económicos, como la responsabilidad ampliada del productor, o restricción para determinados productos de plástico. Se refuerzan las medidas relacionadas con la obtención de la información sobre generación y
gestión de los residuos, de manera que se garantice la trazabilidad, y por último, se introducen nuevos instrumentos económicos, en forma de medidas fiscales, que mejoren la aplicación de la jerarquía de residuos; en concreto, se establece un
impuesto a la incineración, la coincineración y el depósito de residuos en vertedero, al objeto de lograr mayores avances en la consecución de los objetivos de reciclado establecidos, y se introduce también un impuesto a envases de plástico no
reutilizables, con el fin de avanzar en la prevención y en la reducción de su utilización en el territorio español. Tanto la revisión de la Ley de residuos como la adopción de la Estrategia Española de Economía Circular estaban previstas en la
Declaración de emergencia climática ambiental. Junto con esta actividad normativa, se aprobaron en 2020 el Real Decreto de traslado de residuos, el Real Decreto de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, el Real Decreto sobre la
gestión de neumáticos fuera de uso y, en 2021, el relativo a pilas y acumuladores de aparatos eléctricos y electrónicos, el de vehículos al final de su vida útil y, en tramitación, previstos para este 2021, están uno en relación con las garantías
financieras y otro sobre envases y residuos de envases.
Concluyo ya en este caso, señor presidente, con una información general sobre el ámbito de acción de la Fundación Biodiversidad. La transición ecológica requiere cambios estructurales, pero también culturales y de mentalidad. Los
ecosistemas están sometidos a una presión que sobrepasa su capacidad de regeneración natural. Esto ha provocado la pérdida de servicios ecosistémicos, con importantes efectos económicos y sociales. Es necesario contribuir a revertir este proceso
urgentemente y construir un nuevo modelo de prosperidad, respetuoso con la naturaleza, descarbonizado, adaptado al cambio climático, inclusivo y que, además, tenga en cuenta las generaciones futuras.
Se requiere por tanto un cambio estructural de nuestro modelo energético y de producción, pero también un cambio cultural y de mentalidad de la sociedad. La transformación a una economía verde circular exige nuevas habilidades y formación
que permitan aprovechar las oportunidades emergentes y, adicionalmente, hay que realizar cambios en las oportunidades de empleo existentes para que sean más verdes. España es el país con mayor riqueza biológica dentro del continente europeo. Es
importante conocer este rico patrimonio natural para valorarlo y disponer de la formación adecuada para gestionarlo de manera eficaz. España es uno de los veinticinco puntos calientes de la biodiversidad del planeta. Alberga el 51 % de tipos de
hábitats naturales de interés comunitario, casi el 30 % de especies de interés comunitario y el 64 % de especies o subespecies recogidas en la Directiva Aves. Es el país de la Unión Europea que más superficie aporta a la Red Natura 2000. En lo que
se refiere a bosques, España tiene la tercera mayor extensión de superficie arbolada de la Unión Europea y es el tercer país del mundo en número de humedales incluidos en la lista Ramsar. Para mantener esta riqueza es necesario modificar la
interacción con ella. Para su gestión eficaz se requiere fortalecer capacidades y la implicación activa de la sociedad en general, a través de la divulgación, poniendo el énfasis en procesos participativos. Así, necesitamos fortalecer las
capacidades para una gestión eficaz.
En el medio marino se están implementando las siguientes actuaciones en el marco del proyecto LIFE Intemares: un programa de comunicación, sensibilización y educación ambiental del proyecto LIFE Intemares, para trasladar la importancia de
la conservación de la biodiversidad marina y sus valores al menos al 15 % de la población española y la formación de al menos 5000 técnicos y funcionarios en la gestión de espacios, especies y hábitats marinos protegidos hasta 2023. En el marco de
la estrategia de capacitación elaborada en el proyecto LIFE Intemares para gestores y usuarios del medio marino, a través de un proceso participativo, se va a formar técnicos y gestores de administraciones públicas relacionados con la gestión del
medio marino.
En materia de adaptación al cambio climático, se están implementando las siguientes actuaciones de formación en el marco del proyecto LIFE Shara: formación a trescientos gestores y técnicos de empresas y ONG sobre herramientas para la
adaptación al cambio climático, con un enfoque regional; formación de cuarenta técnicos de municipios de menos de 20 000 habitantes sobre análisis de riesgos, vulnerabilidad y medidas de adaptación al cambio climático, y formación a ochenta
docentes universitarios sobre la adaptación al cambio climático, con la elaboración de quince narrativas, basadas en casos reales, sobre la adaptación al cambio climático en formato audiovisual.
En el ámbito de la educación y la divulgación, aunque se ha avanzado mucho en términos de concienciación, sigue siendo necesario apostar por la educación y la divulgación, tanto en el ámbito de la educación ambiental, de forma integrada en
los planes de estudios, como a través de un trabajo menos
reglado, de comunicación y concienciación, que transmita la ciudadanía la necesidad de ese cambio y la existencia de soluciones. Desde la Fundación Biodiversidad se han puesto en marcha diversas iniciativas dirigidas principalmente a niños
y jóvenes, pero no solo. Estas actuaciones tratan de llegar a un público poco informado o poco convencido de la oportunidad que representa este cambio. Destacan la organización de biodirectos, que son eventos online sobre temáticas vinculadas a
las oportunidades que ofrece la reconstrucción verde -hasta la fecha, más de 60 000 personas han visto las diez ediciones emitidas-; la difusión del material educativo biodiversidad y zoonosis, consistente en un dossier y siete vídeos para alumnos
y alumnas de Primaria y Secundaria elaborados por la Fundación Biodiversidad, en colaboración con Teachers for Future Spain; la puesta a disposición de nuevas funcionalidades de la plataforma AdapteCCa, para el intercambio de información en materia
de adaptación al cambio climático, y del visor de escenarios de cambio climático, en el marco del LIFE Shara, y la puesta en marcha de una línea de trabajo en estilos de vida para recuperar la naturaleza, para impulsar cambios en los hábitos de
consumo de la sociedad.
En los procesos participativos, en el marco del proyecto LIFE Intemares, se ha puesto en marcha un conjunto de herramientas para la gobernanza de los espacios marinos protegidos; en el marco de este mismo proyecto, se han puesto en marcha
procesos participativos para la elaboración de ochenta y un planes de gestión de los espacios marinos de la Red Natura 2000; en el marco del proyecto CetAMBICion, en el que participa como socio la Fundación Biodiversidad, el impulso a la
participación y a la capacitación al sector pesquero sobre la problemática de la captura accidental de cetáceos en el Golfo de Vizcaya y, en el marco del LIFE Shara y del PNACC, coordinado por la Fundación Biodiversidad, la celebración de un
seminario sectorial sobre evaluaciones de impacto, vulnerabilidad y adaptación.
Entendiendo que los puestos de trabajo del futuro requieren capacidades para la doble transición ecológica y digital, la promoción del empleo verde va a ser un aspecto fundamental para la transición ecológica, y esta, a su vez, favorecerá la
aparición de nuevos nichos de empleos relacionados con el medio ambiente. A los nichos tradicionales de empleo verde se sumarán nuevas oportunidades, como las que brindan las tecnologías de la información y la comunicación, el turismo sostenible,
las actividades específicas relacionadas con la mitigación o adaptación al cambio climático o la inversión en protección y restauración de la naturaleza. Según un informe reciente del programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, escrito por
jóvenes, la transformación a una economía verde y circular podría generar de 15 a 60 millones de puestos de trabajo adicionales a nivel mundial en las próximas dos décadas. Se precisa capacitación para contar con profesionales que construyan y
dominen las tecnologías verdes, que desarrollen negocios verdes, que creen soluciones innovadoras, incorporando soluciones basadas en la naturaleza y que ayuden a minimizar la huella ambiental de las actividades.
El programa Empleaverde es un programa para el impulso del empleo y el emprendimiento verde, con especial énfasis en la mejora de competencias y cualificaciones de personas trabajadoras y desempleadas. A través de este programa se apoyan
proyectos dirigidos a fomentar la creación y mejora del empleo y empresas en actividades económicas vinculadas al medio ambiente y que tengan entre sus objetivos crear empleo verde, mejorar las competencias y cualificaciones de las personas
trabajadoras en sostenibilidad, impulsar la innovación social con impacto ambiental positivo, promover la creación y crecimiento de empresas verdes y azules y conectar los ecosistemas europeos de apoyo al emprendimiento y empleo verde. En el ámbito
de la formación, cabe destacar, entre 2019 y 2020, la adjudicación de más de 3,3 millones de euros para la puesta en marcha de 37 proyectos de mejora de competencias y cualificaciones. En 2020 se publicó una nueva convocatoria para la mejora de
competencias y cualificación, por importe de casi 5 800 000 euros, que se resolverá el próximo mes de junio; se publicarán a lo largo de este año nuevas convocatorias, como la dotación de 10 millones de euros para la puesta en marcha de proyectos
de formación e inserción laboral, y en cuanto al eje Mejora, especialmente dirigido a mejorar la empleabilidad y cualificación de las personas trabajadoras, se espera a la finalización del programa, en 2023, haber apoyado a más de 3000 personas para
la creación y/o mejora de su empresa, que 24 000 personas logren una cualificación y que más de 6000 personas hayan mejorado su situación en el mercado laboral.
La Red Empredeverde es una plataforma del programa Empleaverde, que apoya a personas emprendedoras y fomenta la creación de nuevas empresas que mejoren el empleo e impulsen la innovación ambiental en las mismas. Durante el año 2021 se
pondrá en marcha un estudio de yacimientos de empleo verde, nuevas competencias profesionales y creación de capacidades técnicas y profesionales necesarias para el proceso de transición ecológica. Se lanzarán también durante este año nuevos
itinerarios de formación y acompañamiento dirigidos a personas trabajadoras de entidades locales, de empresas y organizaciones no lucrativas para iniciarse o mejorar sus conocimientos en el diseño y preparación de propuestas para la búsqueda
de financiación europea y la gestión de proyectos de conservación y desarrollo sostenible. Por último, el nuevo Fondo Social Europeo 2021-2027 prevé para los próximos siete años una inversión en proyectos en toda la Unión Europea para fomentar el
empleo y la inclusión social de más de 88 000 millones de euros, algo que ayudará a crear nuevos empleos verdes, apoyará la educación y contribuirá a la formación de personas en nuevas competencias, lo que muestra cómo la Unión Europea cree que la
transición a un mercado laboral más ecológico es clave para relanzar la economía.
He intentado, de la forma más resumida posible, exponer todo el contenido de la acción de los centros directivos dependientes de esta secretaría de Estado. No obstante, señorías, quedo su disposición para aclarar dudas o para ampliar toda
la información que consideren precisa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Vamos directamente a las intervenciones de los grupos, por siete minutos. Empezamos con el Grupo Plural. Doña Pilar Calvo.
La señora CALVO GÓMEZ: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Creo que hablo en nombre de todo el mundo si le reconozco el mérito de haber estado dos horas y cuarto hablando sin haber tocado siquiera el agua, a pesar de haber abordado
muchísimas problemáticas del agua. Podríamos decir que, si su discurso fuera una presa, estaría llena de buenas intenciones, incluso que rebosa buenas intenciones, pero necesitamos concretarlas porque la situación es crítica. Por tanto, le
propongo que nos dé respuesta respecto a la problemática del Delta del Llobregat y del Delta del Ebro.
En el caso del Delta del Llobregat, sabe usted que es un espacio natural imprescindible y que hay que proteger y preservar su biodiversidad, una biodiversidad relacionada con la salud, según sus recientes palabras. Actualmente, la
Generalitat trabaja en la ampliación de las reservas rurales y de las zonas de especial protección para las aves y tramita el plan de protección del medio natural y del paisaje y los espacios naturales protegidos del Llobregat, pero se sigue
haciendo frente a un problema que es responsabilidad del Estado y que tiene como origen la ampliación de dos infraestructuras, el puerto y el aeropuerto, que impactan en el espacio del Delta del Llobregat. Las medidas correctoras y compensatorias
previstas por el Estado no han sido suficientes para evitar el deterioro, la contaminación y la alteración de los hábitats y, en consecuencia, la disminución de las especies protegidas. ¿Cómo piensa el ministerio corregir esta situación y
establecer las medidas necesarias para que las ampliaciones de puerto y aeropuerto no pongan en riesgo la biodiversidad del Delta del Llobregat? ¿Se contará con la implicación directa de la Generalitat y de los entes locales afectados para
consensuar las acciones a llevar a cabo? ¿Está prevista una partida de los Next Generation para la protección del delta? Si es así, ¿de qué importe estaríamos hablando y para qué acciones concretas?
Vamos a por el otro delta. Nos encontramos, 150 kilómetros litoral abajo, otra situación de clara alarma, el Delta del Ebro, un espacio también singular, fundamental, que necesita especial protección. Es cierto, ya lo ha señalado usted,
que el cambio climático pone en riesgo su existencia de manera directa. Temporales como el Gloria, subida del nivel del mar por aumento de la temperatura, menos lluvias, disminución del caudal del río, que dificulta el arrastre de sedimentos, todos
son factores que van en contra, razón de más para acabar con la inacción respecto a la gestión de sedimentos en la desembocadura. Sin estos sedimentos el terreno se hunde y, en otras palabras, el mar se come la costa. Como no puede ser de otra
manera, la Generalitat, los entes locales y los actores implicados están firmemente comprometidos en esta protección, y prueba de ello es la Mesa del Consenso del Delta. Ahora queremos respuestas del ministerio. Desde la Generalitat se ha pedido
en varias ocasiones la creación de un órgano específico de cooperación para colaborar con recursos económicos y materiales y hacer frente conjuntamente a la problemática del delta. No nos sirven las propuestas unilaterales del ministerio, que no
cuentan con el territorio. ¿Aceptará por tanto el ministerio la petición reiterada que le ha hecho la Generalitat de Catalunya de crear un órgano específico de cooperación constituido por la Administración General del Estado, incluyendo a la
Confederación Hidrográfica del Ebro, a la propia Generalitat y a los ayuntamientos afectados? ¿Por qué el ministerio ha desestimado las alegaciones sustanciales presentadas por la Generalitat en el esquema del Plan hidrológico? Asimismo,
entendemos que el plan de protección del delta deberá contar con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Ya para acabar, todos somos conocedores, como ciudadanos, de la posibilidad que tenemos de destinar el 0,7 del IRPF a la Iglesia católica o a otros fines de interés social de carácter ambiental. Por este motivo, siguiendo el precedente del
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, habría que negociar con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que las comunidades autónomas gestionarán al menos el 80 % de la recaudación que este ministerio se quedaría del 0,7 del IRPF,
para destinarlo a programas de defensa del medio natural y la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la prevención de la contaminación y del cambio climático. Más aun cuando las sentencias del Constitucional, del Supremo y de
la Audiencia Nacional marcan que tocaría gestionar el cien por cien. A pesar de las sentencias favorables, el Estado sigue sin modificar su línea de actuación, y la pregunta por tanto será: ¿Se implicará el ministerio para que se puedan
territorializar estos recursos y que sean gestionados desde las comunidades autónomas?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el mismo grupo, entiendo que va a hablar Sergi Miquel.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente.
Señor secretario de Estado, en primer lugar, muchas gracias por su comparecencia.
Usted comentaba que una de las primeras grandes piedras que puso el Gobierno para luchar contra el cambio climático fue la declaración del estado de emergencia climática. Eso, para mí y para muchos ciudadanos, representó enterrar una no
política de lucha contra el cambio climático del anterior Gobierno del Partido Popular, que, inspirado por las ideas del primo del expresidente Mariano Rajoy, no hacía nada, o sí que hacía, pero cosas que no se deberían hacer, con lo cual era una
antipolítica de lucha contra el cambio climático.
A pesar de eso y a pesar incluso de la reciente ley aprobada, son muchos los retos que el Gobierno tiene por delante. Usted ha apuntado algunos y permítame que yo le comente dos temas. En realidad, el primero de ellos ya lo hemos hablado
en distintas ocasiones con la ministra, cuando ha comparecido en la Cámara -lo hemos hecho también a través de preguntas parlamentarias al Gobierno para conocer cuál era la postura del ministerio-, y tiene que ver con algo que usted ha apuntado y
que también ha apuntado la compañera Pilar Calvo, que es el Delta del Ebro y el futuro que tiene. La suya es la primera comparecencia de un representante del ministerio después de que se haya cerrado este periodo de presentación de alegaciones. Yo
quería saber cuál va a ser la postura ante las propuestas de sobra conocidas que la Taula de Consens pel Delta ha hecho a su plan para proteger el Delta del Ebro. La plataforma y la Taula de consens vienen defendiendo medidas muy concretas durante
mucho tiempo, y el ministerio ha hecho oídos sordos. Es por eso por lo que queríamos saber cuál es su postura y si nos podía avanzar como van a tratar esas propuestas que les hacen llegar desde la Taula de Consens pel Delta.
La segunda cuestión -la ley aprobada en esta Cámara hace unos días lo recoge así y creo que es de sobra conocido por todos- es que tenemos el reto de hacer compatible la implantación de las energías renovables en el territorio con el respeto
a la idiosincrasia y a la realidad territorial que existe en él. El otro día hablaba con un alcalde de Navata y me decía: Es que, si se aprueban todos los proyectos solares que tengo en mi municipio, los agricultores se van a quedar sin más de la
mitad del terreno que hoy destinan a trabajar la tierra. ¿Cómo vamos a alimentar entonces nuestras granjas? ¿Cómo van a trabajar los agricultores si eso se aprueba? Por eso quería saber cómo va a enfocar el Gobierno la propuesta del macroparque
que se prevé en el Cap de Creus, el parque eólico marino que se prevé allí y cuyo proyecto ha sido ya expuesto y presentado. Queríamos saber el impacto que va a tener no solo sobre la biodiversidad del entorno del Cap de Creus, sino también sobre
la economía de esa región. Queremos saber la opinión del ministerio y de su secretaría sobre este tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra Joan Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor secretario.
Los ámbitos de actuación de su secretaría son diversos, como hoy ha quedado demostrado, y voy a intentar irlos siguiendo. No llevaba mi discurso el mismo orden, pero intentaré adaptarme. (El señor vicepresidente, Vicente Viondi, ocupa la
Presidencia).
En torno a la Dirección General del Agua y las hidroeléctricas, no se le ocultará a usted el interés de mi grupo en la negociación de la inminente ley de cambio climático, donde no conseguimos que aceptasen ustedes que, en el artículo 6,
hubiese un añadido, en orden a una más rápida y óptima aplicación de los objetivos de generación eléctrica en dominio público hidráulico, para que no se prorrogarán las concesiones actuales y, en ningún caso, las nuevas concesiones excedieran de los
veinte años prorrogables. Sí tuvieron ustedes la amabilidad de atender a un nuevo punto en el artículo 17, que esperamos sea ley la semana que viene, sobre incluir la planificación de los impactos derivados de la retención de sedimentos en los
embalses y las soluciones para su movilización. Atienden ustedes a estos principios, pero no a revisar las concesiones. Al mismo tiempo, me habla usted de crear un marco propicio. ¿Cómo se compadecen las dos cosas? Me gustaría que detallase qué
acciones promoverán para dar cumplimiento a los mencionados objetivos marco que han señalado. ¿Cómo impulsarán estas acciones contra las inercias de las entidades de gestión de las cuencas, que son ampliamente conocidas?
En cuanto a la Oficina española de cambio climático, quizás no conozca usted que recientemente esta Comisión, con una insólita mayoría de todos los grupos, excepto no recuerdo si la abstención o el voto en contra de VOX, votó a favor de una
proposición no de ley sobre información de emisiones CO2 en productos de alimentación y textiles. Si no la conoce usted, se la traigo. Nos gustaría conocer su opinión al respecto y cómo piensa el Gobierno dar cumplimiento a esta instrucción de la
democracia soberana.
En cuanto a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, solo una pregunta: ¿Me podría delimitar precisamente cuáles son sus competencias y cuáles son transferidas? Y en ese caso, ¿cómo se van a coordinar con las autoridades
autonómicas?
Quisiera venir con el ánimo que he recibido de autoridades locales. Usted sabe que lo mejor de Esquerra no viene a Madrid, está en los ayuntamientos, en el gobierno o en la oposición. (El señor secretario de Estado de Medio Ambiente, Morán
Fernández: Mejorando lo presente). No, no, literalmente. Yo soy el máximo ejemplo. (Risas). Los alcaldes están desesperados con la inacción, con los largos silencios, muchas veces negativos, con la ausencia de empatía con problemas concretos de
su competencia, lejanos a sus discursos globales y bonitos de pronunciar en grandes foros o en sitios tan dignos como este, pero que son precisamente la concreción local de esos discursos globales, aquello que siempre hemos dicho. Le voy a
facilitar ahora un escrito de mi amigo, el alcalde de San Pol de Mar, a título de ejemplo: Tres instalaciones fijas, situadas en la playa del término municipal de dicho municipio, de las cuales existen firmadas oportunas actas de revisión, sin que
hasta la fecha se haya llevado a cabo el consiguiente derribo. Estado de abandono, restos de material, peligro para la salubridad y la seguridad públicas, porque se trata de porches y coberturas de fibrocemento. Problemas de vandalismo. Todo esto
desde el Gloria; digo bien, el Gloria, no el Filomena. Quedó todo esparcido por la playa. Hubo un incendio que provocó no solo el derrumbe de las instalaciones, sino también la afectación de 800 metros cuadrados de playa. La alcaldía se vio en
la necesidad, ante los oídos sordos de la dirección general, creo que a sus órdenes, de dictar orden de ejecución inmediata de retirada de escombros, etcétera. Al tratarse de instalaciones situadas en el DPMT, la competencia para la retirada, el
saneamiento y la limpieza corresponde a la Administración del Estado. Le han pedido a usted encarecidamente que dé las órdenes oportunas, porque no han pasado ustedes de lo del dicho: prometer no es dar, pero es alegrar.
Le han hablado ya del Ebro. Con el debido respeto que sabe que le profeso, señor Morán, tememos que, a partir del enunciado de Lo riu és vida, que en eso sí que estamos de acuerdo, ya vamos disintiendo. Respecto a su gestión en la
propuesta del Plan de protección del Delta del Ebro, también conocido como estrategia Delta, lo podríamos resumir en una frase: Deja mucho que desear. Aunque tenemos que reconocerle a usted una virtud, y es que, irónicamente, ha conseguido una
cosa que parecía imposible: poner de acuerdo a todas las administraciones -regantes, entidades, agentes sociales del Delta del Ebro- en rechazar de forma unánime su propuesta, una propuesta que, además de no incorporar las propuestas consensuadas
del Delta del Ebro, carece de -y esa sería mi pregunta- concreción, calendario y presupuesto. Voy terminando. Aprovecharé, si puedo, el siguiente turno, que creo que es de tres minutos, si no me equivoco. Como ya le han preguntado, ¿piensan
abandonar la imposición seguida hasta la fecha para incorporar las propuestas de protección presentadas del Delta del Ebro? ¿Prevén destinar fondos europeos a la protección del delta, igual que harán, o han anunciado que harán con la protección de
la Manga del Mar Menor? ¿Permitirán la participación de la Generalitat en la gestión del plan, tal y como se ha solicitado? Por último, ¿cuándo prevén dar a conocer el plan de protección definitivo, concretando calendario, actuaciones y
presupuesto?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vicente Viondi): Gracias.
A continuación por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente, y buenos días.
Compartimos con el secretario de Estado, que realmente estamos inmersos en una crisis ecológica grave y que España es un país especialmente víctima de esa crisis, puesto que estamos en una situación geográfica que nos hace especialmente
vulnerables al cambio climático, como se ha dicho. Estamos, más allá de los límites que la comunidad científica establece para evitar el aumento de temperaturas y, por lo tanto, compartimos que estamos en una emergencia que tiene impactos en todos
y cada uno de los sectores que usted ha hablado, y todavía más. En ese sentido, expresamos nuestro apoyo a las políticas que se vienen desarrollando desde el Ministerio de Transición Ecológica, porque es imprescindible avanzar en todos estos
frentes de los que hemos hablado, y revertir la contrarreforma legal que se desarrolló durante los años de Gobierno del Partido Popular, y que redujeron o rebajaron la ambición de la legislación ambiental.
Tenemos ahora mismo nuevos problemas, nuevas emergencias con respecto a los años anteriores, y es imprescindible avanzar en todos los aspectos, en aspectos de políticas y en aspectos legislativos. En ese sentido, la aprobación de la ley de
cambio climático, o la futura aprobación de la ley de cambio climático es, sin lugar a dudas, un paso muy relevante. Es un paso que merece una legislatura. Es una ley de legislatura que tiene una importancia vital para nuestro país, porque marca
la hoja de ruta de hacia dónde debemos ir en los procesos de descarbonización, y más allá de los flecos o de las cuestiones que queden pendientes, no cabe duda de que hemos dado un paso en la dirección correcta y en la dirección necesaria. En ese
sentido, creo que es motivo para felicitarles y para felicitarnos a todos por ese paso que estamos dando. Hay otras leyes que vendrán, que también son relevantes. Seguramente, la primera, como usted ha anunciado, es la ley de residuos y,
probablemente, habrá otras iniciativas por venir que, sin duda, son necesarias y son imprescindibles.
Yo quería detenerme en algunos puntos que han sido, y que son de especial interés en esta Comisión, y que algunos de ellos han sido discutidos reiteradamente. Por ejemplo, en lo referido a la biodiversidad, a la protección de la
biodiversidad y a la protección de las especies, hay algunas cuestiones que nos preocupan. Voy a empezar con el lobo, que cinco veces ha sido discutido en este Congreso, tanto en comisiones como en el Pleno, y cinco veces el Pleno del Congreso ha
pedido su protección, ha ratificado esa voluntad de protección. En ese sentido, me gustaría instarles a que sigan avanzando en la protección del lobo, que sigan con la catalogación, y que, cuanto antes, esa catalogación como especie protegida se
publique en el Boletín Oficial del Estado, porque creemos que ya ha quedado suficientemente ratificado, como digo, en cinco ocasiones, el apoyo de este Congreso de los Diputados a esa voluntad de protección del lobo. Menos suerte ha tenido,
desgraciadamente, la tórtola, que es una especie quizás menos conocida, más modesta, pero precisamente aquí, hace unas semanas, en esta misma Comisión aprobamos una proposición no de ley, en la cual, también se insta al Gobierno a la protección de
la tórtola. Porque entendemos que los datos que se manejan en este momento, fundamentalmente los datos aportados por la Sociedad Española de Ornitología, muestran una reducción sustancial y significativa de las poblaciones de esta especie. En ese
sentido, nos gustaría solicitarles, invitarles, pedirles que vayan adelante también con la inclusión de la tórtola en el Catálogo de Especies Protegidas, y significativamente con cualquier otra especie que los informes científicos muestren que
necesita de ese nivel de protección.
Quiero detenerme brevemente en la situación de las poblaciones de cetáceos en España, singularmente a raíz de un informe de la ONG Ocean Care, en la cual se advierte de la sensibilidad de ciertas poblaciones, significativamente, por ejemplo,
las poblaciones de orca en el Estrecho, y otras. En ese sentido, desgraciadamente, y a pesar de la sensibilidad que los cetáceos despiertan en la opinión pública, sin embargo, siguen siendo vulnerables por diversos motivos: la caza, las capturas
accidentales, el ruido, la contaminación, los plásticos, etcétera. Entonces, quiero recordar esa necesidad de protección que tienen los cetáceos, especialmente, esas poblaciones más vulnerables de nuestras costas.
En el asunto de las aguas, quería hacer especial hincapié en una cuestión que nos preocupa mucho, que usted ha mencionado, que es el tema de las especies exóticas invasoras. Es alarmante ver, por ejemplo, la noticia de las últimas semanas,
la aparición del siluro en el curso bajo del Guadalquivir. La introducción de especies exóticas invasoras en los cauces de los ríos es un problema grave. En esta misma Comisión, debido a la modificación de la Ley de Biodiversidad, en su momento ya
advertimos, de
la mano de la comunidad científica, del impacto que la introducción de estas especies tenía sobre nuestros ríos y de la aparición del siluro en el entorno de Doñana, en el Parque Nacional de Doñana, pues es un peligro grave que, desde luego,
consideramos que hay que acometer.
Nos gustaría reiterar nuestro apoyo a los proyectos de recuperación de los ríos en las ciudades. Entendemos que una de las estrategias de lucha contra el cambio climático es la renaturalización de las ciudades. Esto está establecido en
toda la bibliografía global que existe sobre ciudades y cambio climático. Uno de los elementos más interesantes para esa renaturalización es la renaturalización de los tramos urbanos de los ríos. En muchos casos, en nuestro país esos tramos se han
degradado, se han abandonado, y nos parece que es muy interesante que esa idea o ese concepto de la renaturalización de los ríos esté contemplada por el ministerio. En ese sentido, quiero reiterar nuestro apoyo y que se impulse esa
renaturalización.
Sobre la calidad de las aguas residuales, compartimos la preocupación, porque hay una alerta constante por parte de la Unión Europea, sobre esta cuestión, y creemos que hay que continuar incidiendo en ella, porque es muy importante esa
recuperación.
Veo que el tiempo se me acaba y me quedan muchos temas pendientes. Sí que quería terminar con una cuestión que nos preocupa, que es la relativa a la ampliación del puerto de Valencia. En ese sentido, solicitamos que se haga una nueva
declaración de impacto ambiental, puesto que la actual ya está obsoleta, está caducada.
En fin, termino aquí, solicitando esa aceleración de medidas para corregir el negativo impacto que nuestro desarrollo ha tenido sobre el medio ambiente. Luego, si puedo, continuaré.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vicente Viondi): Gracias a usted, señor López Uralde.
A continuación, en representación del Grupo Parlamentario VOX, la señora Borrás. Tiene la palabra.
La señora BORRÁS PABÓN: Gracias, presidente.
Buenos días, señor secretario, y muchísimas gracias por su extensa comparecencia hoy aquí. Ha hablado usted de muchos temas. Entre ellos, ha hablado en numerosas ocasiones de emergencia climática. Nosotros creemos que aquí la única
emergencia climática es la de sacar del poder a un Gobierno capaz de llevarnos a la ruina, con tal de decir que ha luchado contra el cambio climático, en vez de gestionar inversiones inteligentes para obtener resultados, sin que generemos paro y
miseria. Nosotros pensamos que la mal llamada emergencia climática es la nueva excusa que ha encontrado la izquierda para el intervencionismo masivo del Estado en la economía. En la sociedad ya está en la vida cotidiana de los ciudadanos. Lo
hemos visto de forma clara, recientemente, con el cierre de Navacerrada, donde pretenden cargarse de un plumazo el proyecto de vida de sus habitantes con la excusa del cambio climático.
Ha hablado también, entre otras muchas cuestiones, de los sumideros de carbono y del agua. Señor Morán, para nosotros estos dos conceptos están muy ligados y creemos que deben ser utilizados conjuntamente de manera inteligente. Tal y como
dijo nuestro presidente, Santiago Abascal, en el Congreso, tenemos el deber de llevar el agua a donde se necesita, de llevar el agua a todos los españoles que la necesitan, y debemos recuperar una España que se ha ido vaciando y que se ha ido
olvidando. El agua es un recurso natural al servicio de la nación, que debe ser utilizada con arreglo al principio de racionalidad, garantizando la solidaridad colectiva entre todos los españoles.
VOX no va a renunciar por ningún interés sectario, partidista o territorial a decir lo mismo en toda España, y es que el agua llegue a todos los rincones de España, en igualdad de condiciones. Nosotros queremos poner fin a la guerra del
agua entre los distintos territorios y ciudadanos españoles. Es un conflicto artificial promovido por las oligarquías regionales y los activistas climáticos, que son contrarios a la agricultura y al turismo.
El rescate de las concesiones hidroeléctricas es una medida imprescindible para asegurar el aprovechamiento del agua, que excede del caudal ecológico y de los convenios suscritos por España y que debe ser puesta al servicio de la nación. La
interconexión de cuencas mediante trasvases para convertir España en un gran sumidero de CO2, poniendo en regadío 2,5 millones de hectáreas, crearía, estimando a la baja además, millones de empleos, y permitiría el renacer de núcleos urbanos,
facilitando el asentamiento de población en áreas rurales. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Señor Morán, ¿van a acabar ustedes con el trasvase Tajo-Segura, arruinando la eficiente agricultura de Murcia, parte de Andalucía y el Levante español? Si ustedes restringen el regadío a la agricultura y el
sector primario, basándose en el catastrofismo climático, ¿qué alternativa de vida le dan al mundo rural? Se muestran incompetentes en el reto demográfico provocando explotaciones agrarias no rentables, restringiendo el regadío, no ayudando
a la natalidad, no promoviendo infraestructuras o desgravaciones fiscales para el mundo rural. ¿Qué pretenden entonces para el mundo rural? ¿Un mar de placas fotovoltaicas sin agricultores, sin ganaderos, sin familias, sin niños y sin población?
¿Cómo pretenden vencer a la despoblación? ¿Secando y matando a esos municipios para que ya nadie viva allí?
Respecto a los parques nacionales, que usted también ha comentado, nos gustaría saber si van a indemnizar a los propietarios de fincas afectadas por la prohibición de la actividad cinegética en parques nacionales, tal y como recoge la ley.
¿Qué alternativa van a dar a las zonas rurales que van a perder importantes ingresos por la prohibición de la actividad cinegética en parques como Cabañeros, que afecta a la comarca de los Montes?
En sus dos horas y cuarto, prácticamente, de intervención, no ha tenido tiempo para hablar ni siquiera unos minutos de Navacerrada, motivo por el cual le hemos solicitado la comparecencia en nuestro grupo parlamentario. Voy a ser muy clara.
A estas alturas, todavía no han sido ustedes capaces de presentarnos un solo informe, un solo documento, ni una sola valoración técnica que demuestre que el cierre de Navacerrada no corresponde a ninguna decisión arbitraria y meramente política.
Para más inri, esta trágica decisión de no renovar la concesión se hizo sin dialogar con ninguna de las partes afectadas, y se tuvo el poco decoro de no informar ni siquiera a las consejerías de Madrid y Castilla y León, que se enteraron mediante
una nota de prensa de esta decisión, sin ningún tipo de explicación ni informe económico ni estudio, en definitiva, sin ningún motivo que justifique esta decisión. ¿A usted esto le parece una forma seria de abordar el problema?
Con todo el respeto, señor Morán, también ha hablado usted de que este Gobierno trabaja desde el consenso. Mire, ensayar su discurso frente al espejo en su casa, eso no es diálogo ni es consenso. Todos los vecinos, todas las federaciones y
la propia empresa concesionaria ha denunciado en reiteradas ocasiones la situación de indefensión provocada por la unilateralidad de esta totalitaria decisión, que ni se han dignado ustedes a dialogar con los distintos agentes. ¿De qué consenso
está hablando? Decir que es necesario cerrar la estación como consecuencia de un aumento de la temperatura es tan absurdo como falso. No es ninguna sorpresa que el clima sea cambiante. Si eso hace que la estación no sea rentable, será problema de
la empresa que lo gestiona y este Gobierno no tiene por qué inmiscuirse en sus planes de negocio.
Si tenemos en cuenta que los argumentos esgrimidos para su cierre son tan ficticios como los pronósticos de Simón, el Comité de Expertos del Gobierno o la tesis del señor Sánchez, podríamos aplicar las mismas razones para el cierre de la
mayoría de las estaciones aquí en España. Si el esquí es el culpable, ¿qué medidas va a tomar con Valdesquí, que tiene muchos, muchísimos más clientes que Navacerrada? ¿Y en Sierra Nevada, donde confluyen un parque nacional y otro natural?
¿Pretenden cerrar las treinta y ocho estaciones de esquí restantes de España? Después del sabotaje, por puro sectarismo ideológico, contra la nuclear, contra los hidrocarburos, contra la industria del automóvil, ¿pretenden también destruir ahora el
esquí en nuestro país, con la excusa del cambio climático?
En segundo lugar, las pistas afectadas suponen tan solo 7,6 hectáreas, de un total de 30 000 hectáreas del Parque Nacional de Guadarrama. Atribuir un posible impacto ambiental, teniendo en cuenta que la concesión recae sobre el 0,025 % del
parque nacional, es reírse de los españoles. Además, culpan ustedes a los esquiadores de las aglomeraciones y saturación que sufre Navacerrada. Imagino que sabrá que la estación abre, como mucho, noventa días al año. Si el parque de Navacerrada
alberga espacio para unos 10 000 visitantes, ¿cómo pueden decir que la estación provoca per se una masificación de visitantes, si solamente se venden una media de 500 forfaits al día? Los esquiadores representan tan solo un 5 % de la multitud. ¿Me
está diciendo que esto le parece una enorme masificación? Además, el Gobierno central no ha tenido en cuenta ni el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales ni el Plan Rector de Uso y Gestión, que en ningún momento declaraban el esquí
incompatible con los valores naturales del parque, ni incluían a las pistas en las zonas de reserva o uso restringido. ¿Por qué, señor secretario, no se han tenido en cuenta estos informes? ¿Es que acaso toman primero ustedes sus decisiones
sectarias, ideológicas y luego buscan los informes que mejor se adaptan o que apoyan esas decisiones?
Finalmente, la última incongruencia de este Gobierno, que legisla sin ningún criterio, es que la empresa el Puerto de Navacerrada deberá desmontar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas de agua
en un plazo que finaliza el 30 de octubre del 2021. Dado
que ustedes han provocado que la empresa concesionaria se vaya a la quiebra, ¿quién va a asumir los costes de este desmontaje? ¿El Gobierno central? O sea, todos los españoles. Un desmontaje que implicaría la entrada de maquinaria pesada,
lo que dañará el parque aún más que ninguna otra actividad económica.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Borrás.
La señora BORRÁS PABÓN: Gracias.
Termino. Me gustaría saber si han realizado algún tipo de estudio al respecto y cómo se entiende entonces que puedan argumentar motivos medioambientales, cuando, precisamente, la entrada de maquinaria pesada va a provocar un daño
medioambiental mucho mayor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Popular, César Sánchez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Muchas gracias, presidente.
Señor Morán, usted viene aquí, esta mañana, nos hace un discurso lleno de generalidades, de vaguedades, de grandes ideas, más propio de una charla universitaria que de una dación de cuentas en Comisión, y ahora tenemos siete minutos para
replicarle. Le voy a hacer hoy muchas preguntas. Las que no pueda contestarme oralmente, espero que las pueda contestar por escrito. Lo primero que le anuncio es que acabamos de registrar una solicitud de comparecencia urgente de la
vicepresidenta cuarta del Gobierno, para que explique en el Congreso el hachazo fiscal a la transición del modelo económico en nuestro país, que hemos conocido hoy con este plan de adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. -No
sé si el día 4 escucharon lo que dijeron los madrileños en materia de impuestos en las urnas-. Señor Morán, debe explicar por qué este plan aparece dos días, exactamente dos días después de las elecciones y no antes, cuando llevaba el Gobierno
trabajando en él bastante tiempo.
La señora Rivera, además, tiene que explicar muchas cosas, y algunas son anecdóticas, por ejemplo, qué tiene contra los bares en nuestro país, si es que tiene el socialismo algún problema con los bares en nuestro país. Mire, ya conocemos la
cara del Gobierno. Hachazo fiscal, que nada tiene que ver con fiscalidad verde, con la que podemos estar de acuerdo en algún punto.
Son ustedes un fraude. Anunciaron en la ley de cambio climático un grupo de expertos para una propuesta de fiscalidad verde en nuestro país, mientras ustedes estaban trabajando de tapadillo en el hachazo fiscal que hoy hemos conocido. Hoy
usted nos ha agradecido nuestra contribución a la ley de cambio climático, a ese grupo de expertos que todavía no existe, y no le van a poder agradecer a ustedes nada. A decir verdad, no sabemos todavía para qué va a servir, si resulta que la
realidad de los impuestos en nuestro país ya la tenemos encima de la mesa.
Si tuviésemos que definir estos tres años de Gobierno, tendríamos que decir que han sido tres años perdidos de discursos peregrinos, como el que usted nos ha hecho esta mañana aquí, de oscurantismo y de mentiras. Todavía tenemos en nuestra
memoria a la señora Calviño, anunciar que no es el momento de subir la presión fiscal, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, pero hoy hemos conocido que lo que el Gobierno ha mandado a Bruselas es precisamente un hachazo
fiscal.
Han sido tres años de tensiones constantes con los sectores productivos, muy especialmente con el diésel. Hay que recordar aquello de: 'El diésel tiene los días contados', y hoy hemos conocido impuestos al plástico, a los gases fluorados,
en fin, al comercio y a la industria en nuestro país, que seguro que no va a estar muy contenta con este tipo de impuestos que se ven reflejados en el plan que hemos conocido. Son tres años en niveles mínimos de ejecución presupuestaria; tres años
de un déficit público similar al del año 2009; tres años que nos han traído la mayor destrucción de empleo de los países europeos, y la receta de su Gobierno: impuestos, como hoy hemos conocido.
Tenemos una vicepresidenta que, en vez de dar explicaciones aquí, en el Congreso -es una de las ministras más ausentes en las sesiones de control, también en los Plenos del Congreso-, está más preocupada de buscar trabajo en algún organismo
internacional, que en dar cuenta de qué está haciendo para solucionar los problemas que tienen los españoles. Porque la responsabilidad que tienen su ministerio y su secretaría de Estado, tiene mucho que ver con los problemas que tienen los
españoles. En los últimos meses hemos visto un auténtico caos, por parte del Gobierno, en la gestión de los fondos europeos. Transparencia, cero, gobernanza, cero. Se han dedicado a convocar a las conferencias
sectoriales, a las comunidades autónomas para darles el trabajo ya hecho, donde no han podido ni tan siquiera opinar de adónde tienen que ir los fondos europeos.
Hay muchas preguntas que suscita, ya no solamente su comparecencia, sino la gestión del Gobierno, por ejemplo, si puede decirnos cuál es la creación de empleo que son capaces de comprometer para los sectores vinculados a la transición
energética y a la economía circular, para el bienio 2021-2023, que están previstos en el Peniec. También queremos que nos conteste a cómo se van a distribuir, cuáles se van a a aprobar, de entre esos más de 4000 proyectos en materia de economía
circular, que ya se han presentado en el Gobierno, y algunas preguntas que tienen una respuesta fácil. Si restamos los 500 millones que aporta la Unión Europea en materia de economía circular al Gobierno de España, ¿cuánto invertiría el Gobierno de
España en materia de economía circular este año? O, sin ir mucho más lejos, ¿cuánto ha invertido el Gobierno en materia de economía circular desde el año 2018? Se trata de preguntas reales a problemas concretos que tiene la sociedad española. No
lo que usted nos ha contado de aquí, que podíamos haberlo leído en muchos manuales de los que publica su ministerio. Nos ha hablado incluso de 60 millones de empleos en los próximos veinte años, en las próximas décadas, en materia de economía
circular, pero ni tan siquiera la ley de cambio climático mencionaba la economía circular, señor Morán.
El ministerio del que usted forma parte ha sido noticia recientemente en cuestiones como la del lobo. Ha sido una gestión desastrosa que ha dejado abandonados a muchísimos ganaderos españoles. Sobre la tórtola y la caza en los parques
nacionales, sin dar ningún tipo de explicación. El final de la concesión de las actividades en el puerto de Navacerrada, la tramitación de la nueva regulación del trasvase Tajo-Segura, se ha realizado sin contar con los regantes, ni con los
usuarios, señor Morán.
Recientemente, parece que la ministra, cuando ve que el ambiente se caldea, les recibe, les calma, pero no les da soluciones. No se han tomado decisiones ni se están tomando decisiones contando con los regantes y con los usuarios. ¿Qué
tiene usted que decir al respecto? Existen trabas burocráticas como la prohibición del aprovechamiento de las choperas, amenazas sobre las confesiones en el dominio público marítimo terrestre. Tenemos que adaptar, por supuesto, la costa a las
consecuencias de la evolución del cambio climático, pero tenemos que hacerlo compatible, señor Morán, con las industrias que mantienen miles de empleos, y que, además, están cumpliendo con las exigencias medioambientales.
Sin alternativa no podemos cerrar esas industrias. Está muy bien que nos preocupemos de la costa, y tenemos que hacerlo, pero también tenemos que preocuparnos de las personas que viven en la costa y que tienen un puesto de trabajo en la
costa, y cuyas familias pueden subsistir gracias a esas actividades económicas.
Si hablamos de gestión, hace más de un año, desde el anuncio de la aprobación del anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, saben ustedes que deben trasponer una serie de directivas del paquete europeo de economía circular.
¿Van a cumplir? Tienen que hacerlo antes del 3 de julio. ¿Van a cumplir? Porque le he escuchado en su intervención decir que la ley de residuos la tendremos operativa en otoño y, sin embargo se tienen que transponer estas directivas, antes de
julio. ¿Cómo van a gestionar la balcanización legislativa en materia de economía circular que se está produciendo en nuestro país? Si hablamos de agua, ya le he hablado de los regantes, de los usuarios y de una parte de España importante que
necesita que esas conexiones entre cuencas sean una realidad para que puedan subsistir. También le puedo hablar de los expedientes abiertos a España, en materia de depuración de aguas. Habla usted de que son competencias locales y competencias
autonómicas, pero al mismo tiempo habla de cooperación. ¿Dónde está esa cooperación? ¿Puede explicarnos cuánto lleva pagado en estos últimos tres años en materia de sanciones el Gobierno de España?
En materia de política industrial, la política industrial de su Gobierno es inexistente. España, al ir tarde con los plazos de transposición del paquete de economía circular, lo hace de manera fragmentada y descoordinada. La economía
circular no solo es un tema de residuos, señor Morán, sino de fomentar industrias e inversiones claves en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Dos últimas preguntas, señor presidente, que son importantes, en materia de política industrial, ya que el señor Morán ha hablado poco de política industrial. ¿Nos puede contestar cómo piensa el Gobierno incentivar
primero y proteger después el sector industrial en nuestro
país? Segundo, ¿qué medidas concretas propone el Gobierno para impulsar la descarbonización de la industria de España? Con exactitud, no con discursos peregrinos, señor Morán.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra Eva Bueno.
La señora BUENO CAMPANARIO: Gracias, presidente.
Buenas tardes. A veces una se plantea que trae un discurso más o menos estructurado y escucha al compareciente e intenta establecer ciertas conexiones en el discurso, pero aparece algún diputado del Partido Popular y rompe los esquemas.
Porque decir que el secretario de Estado ha dicho vaguedades en su exposición, nada más lejos de la realidad. Solo me queda pensar que usted no estaba cuando ha hecho su exposición, porque no se entiende que haga ese comentario y que relacione con
impuestos, con sanciones. Señoría, ¿con sanciones? ¿Ustedes van a hablar de poner sanciones cuando sus incumplimientos de la normativa europea nos están costando 10 millones de euros cada año? A todos los españoles y a todas las españolas, 10
millones de euros cada año. ¿Y usted va a hablar de sanciones? Al final, se me acaba el tiempo por entrar al trapo, que no quiero, pero es que lo ponen ustedes muy fácil, porque es que no tiene sentido ni tienen propuestas, no tienen argumentos, y
se permiten esa arrogancia. De verdad, de verdad creo que deberían ser más propositivos, porque en la situación de emergencia climática en la que nos encontramos tendríamos que remar todos hacia el mismo sitio. Podríamos debatir sobre cómo
hacerlo, y estar todos unidos en este asunto, pero parece que no. Aquí al final sale el 4-M, por encima de todo, las elecciones de Madrid.
Le voy a decir una cosa, y voy a entrar al trapo. Hace más de cien días no veíamos la luz cuando mirábamos a Occidente y solo veíamos el trumpismo. Hoy parece que una nueva primavera se abre paso de la mano del nuevo presidente, Joe Biden.
Tras anunciar su vuelta a los acuerdos de París, dijo esta frase: 'hoy tengo el placer de anunciar el equipo que liderará los ambiciosos planes de esta Administración, contra la que es la amenaza existencial de nuestra época, el cambio climático'.
Hemos visto la primavera al final de un túnel que nos parecía imposible. ¿La primavera puede llegar a Madrid? En un año, en dos. Plantéeselo usted y hable de lo importante.
Quiero agradecerle al secretario de Estado la claridad y la concreción de determinadas cuestiones que, desde nuestro punto de vista, son fundamentales en su discusión. Creemos que es muy importante informar sobre las políticas que el
Gobierno está desarrollando en materia ambiental que, como nos ha expuesto, son muy amplias y rigurosas y, por supuesto, expresamos nuestro apoyo. Pensamos que es indiscutible que la situación de crisis global a la que nos enfrentamos nos obliga a
replantearnos de otra forma la manera de relacionarnos con la naturaleza.
En cuanto a la política ambiental, entendemos por su exposición, que ocupa por fin el lugar que le corresponde en un contexto de emergencia climática y de pandemia global. La política ambiental ha dejado de estar infradotada en los
presupuestos, o de estar solo en las reivindicaciones de los grupos ecologistas. La política ambiental, se nos presenta, y nos la ha presentado hoy usted aquí, como la base de la recuperación de Europa. Se nos presenta en forma de pacto verde
europeo en nuestro país, comprometido, y cumpliendo con las políticas de la Unión Europea; las que todos y todas los europeos y las europeas nos dotamos, incrementa el presupuesto para políticas verdes, de manera increíble. También impulsa la
adaptación al cambio climático como eje de todas las políticas ambientales, como no puede ser de otra manera.
Entendemos que el Gobierno de España, por tanto, ve la salida de la crisis económica, social y ambiental, pasando por una apuesta por la sostenibilidad, por la vida en el planeta, que ha de ser compatible con el aprovechamiento, por
supuesto, de los recursos y el desarrollo territorial. Ese, entendemos desde mi grupo, que es el reto. Este esfuerzo presupuestario forma parte de una estrategia política que incluye una ambiciosa agenda legislativa. Como ya se ha dicho, la Ley
de Cambio Climático y Transición Energética, la modificación de la Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, la nueva ley de residuos y suelos contaminados o la ley de declaración del Parque
Nacional de la Sierra de las Nieves con sus peridotitas y sus estupendos pinsapares.
Los y las socialistas siempre hemos escuchado a la ciencia y a la sociedad. Hoy la pandemia da la razón a ambos y, por tanto, desde el Gobierno observamos que se está materializando un marco legislativo y una dotación presupuestaria para la
recuperación del país atendiendo a dichas demandas, lo que
compartimos absolutamente. Las crisis no son neutrales, afectan más a los más vulnerables y lo hemos comprobado. La pandemia tampoco ha sido neutral. Por tanto, la lucha contra la desigualdad es la que ha de inspirarnos para implementar
un nuevo modelo de desarrollo apoyado en una nueva forma de producir y de consumir; un modelo más justo que no deje a nadie atrás; un nuevo modelo del que forma parte, como bien ha dicho el secretario de Estado, la Estrategia España Circular 2030
cuya piedra angular es la nueva ley de residuos. Nos resulta interesante, señor secretario de Estado, la herramienta presupuestaria que se pone en manos de las comunidades autónomas y las entidades locales para implementar la estrategia, así como
para que las empresas apuesten por la innovación y la mejora de sus procesos y servicios. Si conseguimos una economía más eficiente en consumo de recursos, tendrá efectos no solo en la sostenibilidad sino que también mejorará la competitividad por
la reducción de costes y otros riesgos asociados.
El Gobierno sitúa la agenda climática en el centro de las políticas y la lucha contra el cambio climático se configura como el motor que, sin duda, impulsa la recuperación de nuestro país. Queremos destacar que, por primera vez, se recogen
en una ley medidas de adaptación a los efectos del cambio climático situándose la adaptación como eje vertebrador de todas las políticas ambientales, siendo el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático el instrumento de planificación básico,
como bien ha explicado y de manera muy clara y extensa el secretario de Estado. Estamos especialmente satisfechos con las actuaciones destinadas a la restauración de ecosistemas y protección y recuperación de la biodiversidad, uno de los ocho ejes
prioritarios del Pacto Verde por la naturaleza, por la preservación de la vida en el planeta y por la salud de todos y todas. Son demasiadas especies las que ya no están y es demasiada irresponsabilidad saber que podemos actuar y no hacerlo.
Creemos también que las infraestructuras verdes son vitales, aseguran la conectividad y son una herramienta necesaria para la recuperación de la biodiversidad, que no se circunscribe a espacios naturales protegidos sino que abarca todas las formas
de vida en el planeta. La ampliación de la red de parques nacionales o la conservación y restauración de humedales, ambas cuestiones abordadas por el ministerio, así como la conservación y uso de los bosques, que usted ha mencionado, y la lucha
contra las especies exóticas invasoras dan una idea clara de la sensibilidad que desde su área demuestran con las políticas de conservación y recuperación de la biodiversidad, imprescindibles para cuidar la salud.
Nos parece fundamental en materia de política de aguas el nuevo Plan DSEAR en el que trabaja el ministerio...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señora Bueno.
La señora BUENO CAMPANARIO: ... pero especialmente el que se dedica a los municipios de menos de 5000 habitantes -termino-, por contrarrestar los incumplimientos del Partido Popular en materia de depuración de aguas, como ya he comentado
antes, y evitar nuevas sanciones. Por otro lado, es importante porque supone un acto de solidaridad y cooperación territorial el hecho de construir depuradoras en los municipios más pequeños.
También apostamos por la renaturalización de los ríos en los tramos urbanos, como ha mencionado antes el representante de Podemos, con actuaciones de recuperación paisajística, de la biodiversidad y de la cultura urbana, que nos parecen
fundamentales.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Morán, tiene la palabra para contestar, si puede ser, de una forma más resumida.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Seré breve y si alguno de los intervinientes requiriese más detalle o mayor abundamiento en alguna cuestión, no hay problema en solicitarlo y ampliarla enviando
documentación escrita.
Ha habido coincidencia en las intervenciones de los portavoces del Grupo Plural, incluso con alguna pregunta del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana en relación con el delta del Ebro. Ha sido una cuestión compartida por los tres
intervinientes. El plan no existe todavía, lo que tenemos en estos momentos es un documento técnico elaborado en su día, que ha sido sometido a información pública y ha tenido un nivel de participación altísimo. Hemos tenido oportunidad de
compartir varios encuentros con la Taula de Consens en relación con sus contenidos y alcance, puesto que han hecho una aportación de un documento inicial que se facilitó, en este caso al Cedex, que es a quien se ha encargado la redacción. En
estos momentos se está haciendo por parte del Cedex la evaluación de todas las aportaciones recibidas. Y confiamos en que en un plazo razonablemente breve nos haga llegar esa propuesta técnica sobre la que se elabore la propuesta de
intervención por parte del ministerio. Y no le quepa la menor duda a los intervinientes de que lo haremos en el mismo ámbito en el que lo hemos venido haciendo hasta ahora, que es el de la colaboración y el diálogo. Es un espacio en el cual hay un
solapamiento de competencias entre distintas administraciones y es necesario resolver adecuadamente la competencia de cada una de las administraciones y del resto de los agentes en el territorio.
Por primera vez se incorpora un elemento que ha sido durante muchos años objeto de debate y análisis: un compromiso en materia de gestión de sedimentos. No es solo un problema del delta del Ebro, nuestro país tiene un problema de gestión
litoral en relación con la capacidad de reposición de los materiales que alimentan nuestras playas, que viene condicionado por la política de regulación de cuencas que se ha seguido durante muchos años. Tiene una ventaja y es que España tiene una
capacidad de regulación de aguas continentales muy alta. Ya les comentaba antes el número de presas que tiene nuestro país, somos el quinto país a nivel mundial con grandes presas, pero eso tiene también algunas consecuencias negativas, y una de
ellas es que se deja de aportar sedimentos a las playas y, por lo tanto, hay problemas para que estas tengan una reposición natural de arenas porque, frente a quien considera que es un desperdicio el que los ríos tiren el agua al mar, esto traducido
a la realidad física que vivimos significa que lo normal de los ríos es que desemboquen en el mar, y eso no es tirar el agua sino mantener el ciclo ecológico normal del sistema. Las aguas que se retienen arriba impiden la regeneración en el litoral
y afecta al borde litoral y a los propios recursos pesqueros. Eso es lo que hay que compatibilizar. En el caso del delta del Ebro incorporamos ese modelo de gestión de sedimentos entendiendo que puede ser un elemento básico de gestión.
Se hacía una mención al delta del Llobregat donde, efectivamente, lo primero que hay que ver es hasta dónde llegan las vocaciones de intervención en relación con las dos grandes infraestructuras que de alguna manera lo condicionan, que son
el puerto y el aeropuerto. Allí estaremos atentos a cuáles son las decisiones que se adoptan en el territorio por parte de las administraciones competentes, pero, en todo caso, no les quepa la menor duda de que en este y en cualquier otro supuesto
de gestión en materia de adaptación del borde litoral, lo hacemos en colaboración con las administraciones competentes en cada tramo litoral.
En cuanto a la pregunta relativa al desarrollo de las energías renovables y su compatibilidad con los usos convencionales en materia de actividad agraria y, además, los servicios ecosistémicos que presta el territorio, en lo que se refiere a
la competencia de la secretaría de Estado, hemos elaborado dos documentos interactivos -les invito a que entren en la página web del ministerio- que definen las limitaciones o restricciones indicativas en relación con la capacidad de los suelos en
razón de su valor ambiental para acoger este tipo de instalaciones. En estos momentos es necesario avanzar en un proceso de coordinación con quienes tienen la competencia de ordenación del territorio, en este caso básicamente son las
administraciones locales y las administraciones autonómicas, y ver cómo se definen las prioridades en relación con el aprovechamiento de los suelos de valor agronómico. Y en ese sentido, en la parte que le toca al ministerio y a esta secretaría de
Estado, estamos en un proceso de cooperación con los distintos órganos competenciales en las comunidades autónomas, ámbito de biodiversidad, ámbito de agricultura, ámbito de energía, y hay que incorporar la ordenación del territorio para intentar
encontrar una hoja de ruta que responda razonablemente al equilibrio entre el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en relación con la penetración de energías renovables y la preservación de
determinados suelos de alto valor, sea ambiental, sea agronómico, sea cultural o de otros usos. En ese sentido, el portavoz de Esquerra Republicana lo ampliaba al ámbito de la gestión de otra tecnología vinculada a las energías renovables, como es
el caso de las hidroeléctricas. En esa línea, teniendo en cuenta que en estos momentos ya está asentado un criterio de gestión, que es el del binomio agua-energía, es necesario también abordar una hoja de ruta, sin modificar cuál es la realidad en
estos momentos, porque la explotación de los recursos hidráulicos para la generación de energía está regulada en nuestro país desde hace muchas décadas. Se establece mediante un procedimiento de aprovechamientos concesionales, que tienen una
vigencia en el tiempo. Lo que nos encontramos es que, a la culminación de los periodos concesionales, hay que tomar decisiones en relación con qué es lo que se hace con esas instalaciones, y caben distintas posibilidades. Si no es viable por
razones ambientales o económicas la continuidad de la actividad y procede su rescate, inicialmente lo más razonable es recuperar las condiciones naturales previas a la construcción de esa infraestructura. Si es viable, necesaria
y aconsejable su continuidad, hay que determinar cómo se hace ese proceso posterior: si pueden ser incorporadas a las necesidades que tenemos como país en materia de almacenamiento energético y, por lo tanto, si se le atribuyen nuevos usos
a esas instalaciones; si se hacen nuevas convocatorias concesionales abiertas. En ese trabajo estamos ahora mismo avanzando la Secretaría de Estado de Energía y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Había una pregunta muy concreta en relación con el parque eólico de Cap de Creus. Yo quisiera decirles que hay distintos filtros para determinar cómo concluye un procedimiento de solicitud de una concesión, en este caso para los
aprovechamientos en materia de energías renovables. Toda solicitud que llega cumpliendo con los procedimientos que se marcan por la norma, es admitida a trámite, sin más. Claro, tiene que pasar un primer filtro, y el primer filtro es el del órgano
sustantivo, que en este caso es el órgano competente en materia de energía. No todas las solicitudes de instalación de parques eólicos o fotovoltaicos, sean eólicos terrestres o eólicos offshore, pasan ese primer filtro, que es el que atiende a la
estrategia de planificación energética. Es verdad que en estos momentos hay centenares de peticiones, porque los interesados quieren ver si tienen posibilidad de acceder a una concesión de estas características. Aquellos que superan ese trámite
inicial tienen luego que someterse al trámite del procedimiento ambiental. Si son menos de 50 megavatios, corresponde a las comunidades autónomas resolverlo, si excede de este umbral, corresponde a la Administración General del Estado. Hasta donde
yo conozco, y en razón de los datos que nos trasladan las comunidades autónomas -en una reunión recientemente mantenida con ellos-, son bastante más los proyectos denegados que los proyectos admitidos. En estos momentos yo creo que hay una cierta
alarma porque se establece la conclusión de que todos los proyectos que en estos momentos están solicitados se van a desarrollar. No se van a desarrollar ni de lejos. Hay un volumen de capacidad de generación agregada de todos esos proyectos
solicitados que multiplica por mucho las perspectivas que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En todo caso, siempre la tramitación ambiental obedece a un procedimiento riguroso, y aquellos que no son compatibles con la preservación
de los valores ambientales y del entorno, lógicamente no pasan esa evaluación.
Preguntaba el portavoz de Esquerra Republicana sobre el marco competencial que afecta a la gestión de la economía circular. Es muy claro, la Administración General del Estado únicamente tiene la competencia en materia legislativa de
ordenación general. El resto de las competencias corresponden a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Lógicamente, en el procedimiento de generación de normas siempre hay un diálogo abierto, en este caso no solo con el resto de las
administraciones, sino con el conjunto de los actores. Pero es que lo tiene el Gobierno y lo tienen ustedes. Saben ustedes que en el procedimiento de elaboración de una norma habilitan comparecencias, enmiendas y, en último término, son ustedes
los que dan forma a la norma que tiene rango de ley, con lo cual, ahí hay una doble capacidad de participación, una en el diálogo previo con el Gobierno, y otra en la tramitación parlamentaria posterior. Por otro lado, el portavoz de Esquerra hacía
mención a una carta que me ha entregado, no está ahora mismo pero le enviaré la información correspondiente.
El portavoz de Unidas Podemos yo creo que identifica con claridad el momento crítico en el que está en estos momentos la comunidad internacional en el proceso de toma de decisiones. Si somos capaces de entender cuál es el modelo por el cual
la inmensa mayoría de la comunidad internacional opta, iremos en la buena dirección. Si nos dedicamos a conducir en dirección contraria al resto de los vehículos que vienen por la autopista, probablemente no nos vaya tan bien. Con lo cual,
coincido al cien por cien con esa apreciación.
Por otro lado, ha hecho alusión a dos especies cuya catalogación está en estos momentos en proceso de revisión, que es el lobo y la tórtola. En ambos casos se ha seguido el procedimiento reglado que está establecido. Ninguna de las dos ha
tenido absolutamente ninguna diferencia y ni en un sentido ni en otro las podemos modificar. En último término, quien tiene la competencia encomendada para elevarlo a la consideración del responsable del ministerio es la Comisión estatal, la cual
evalúa sobre el informe científico, la oportunidad o no de esa modificación de catalogación. Es bastante rigurosa en el sentido de que incluso para poder modificar el estatus de una especie tiene que haber siempre más votos a favor que en contra.
En este caso, en el caso del lobo, se han obtenido más votos a favor que en contra. En el caso de la tórtola no ha sido así. Se ha producido en dos votaciones sucesivas dos empates, con lo cual no ha sido posible modificarlo. Ahora, sabemos que
en el caso de quien tiene las competencias en materia cinegética, que es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se está abordando el proceso de gestión, atendiendo, entre otras razones, a un dictamen motivado de la Comisión Europea, que
ha
advertido a España en relación con la necesidad de tomar decisiones al respecto, si no queremos incurrir en un expediente de infracción. En el caso de cetáceos, España también ha recibido comunicaciones de la Comisión Europea, en este caso
junto con Francia; en determinadas zonas hay un problema de gestión, seguimiento, compatibilidad de actividades con la protección de los cetáceos. Lo hemos incorporado en el plan de acción del ministerio. Hacía referencia antes a ello, España ha
sido y es -ha sido históricamente y lo es en estos momentos- un país volcado al mar, sin embargo tenemos un enorme déficit de recursos vinculados con la gestión del espacio marino. Es sorprendente, pero es así. Hemos decidido poner fin a esta
carencia que no nos podemos permitir. En este caso, hay un elemento inicial sobre el cual tenemos que trabajar, atendiendo a ese requerimiento, que es la protección de los cetáceos. En el caso de las especies exóticas, tenemos dos problemas
distintos, uno gestionable y otro no tanto. Tenemos un problema que, a medida que se acentúa el impacto de cambio climático, la subida de las temperaturas, las especies marinas van cambiando nuestras costas -no se puede poner puertas al mar-, las
aves modifican sustancialmente sus comportamientos -no se puede poner puertas al aire- y hay un espacio donde sí podemos intervenir, que es en el de la introducción de especies en el ámbito terrestre o en los sistemas acuáticos terrestres. Si no
somos capaces de entender lo que nos va en ello -y es verdad que en muchos casos son introducciones voluntarias, forzadas-, esto tiene que llevarnos a la reflexión de que podemos encontrarnos con un país totalmente distinto del que hemos vivido
hasta ahora. También he mencionado una especial intención de abordar la regulación de exóticas. Asimismo, en cuanto a la recuperación del río en tramos urbanos, también está perfectamente integrada.
La portavoz de VOX prácticamente ha hecho un monográfico sobre Navacerrada. Yo no sé si por evitar duplicar, como luego hay trámite de preguntas y tienen ustedes varias preguntas en relación con Navacerrada, si les parece, derivamos la
parte de Navacerrada a las preguntas. (La señora Borrás Pabón: No son las mismas preguntas). No hay ningún problema.
En el caso de Navacerrada hemos seguido un procedimiento similar al que en su momento se adoptó por parte de la Comunidad de Madrid en relación con Valcotos, que es rescatar un espacio que estaba destinado a unos usos para recuperarlo para
los usos naturales. En todo caso, esto está sujeto a un procedimiento reglado, un procedimiento que tiene una concesión que caduca. En las condiciones actuales de regulación -habría que remontarnos, la concesión es previa a la declaración del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama- nos encontramos con un escenario totalmente distinto. Si lo que se propone es saltarse la ley, llevar a cabo una prórroga que no permite el propio procedimiento concesional -y el concesionario lo sabía
desde el minuto uno, y sabía que estaba obligado a restituir los terrenos a la finalización de la misma-, como sugerencia puede servir. En todo caso, el ministerio no tiene la intención de vulnerar el procedimiento. En el procedimiento se ha
seguido rigurosamente el proceso de información. Sabe que hay un órgano de participación del parque, donde están presentes todas las administraciones y la sociedad civil del entorno, en el cual se ha hecho la aportación de toda la documentación
que, lógicamente, acompaña al procedimiento de la declaración. Por otra parte, como saben ustedes, el expediente, como cualquier otro expediente en el ámbito de la Administración, es público y accesible a cualquier interesado que lo requiera, más
allá de que desde el Organismo Autónomo Parques Nacionales, se ha hecho una información pública abierta de los contenidos, los alcances y el porqué de las razones. ¿Que ustedes no lo comparten? Es evidente. No voy a discutirlo en ese sentido. Es
legítimo que ustedes tengan una posición que entienden que es la que responde mejor a los intereses de aquel territorio. No coincide con la del Gobierno. En todo caso, como la decisión le corresponde adoptarla al Gobierno, tenemos que adoptar esa
decisión, en cumplimiento estricto, como le digo, de la norma.
Esto puede coincidir de alguna manera también con esa introducción que hacía usted en relación con que esta política de declaración de emergencia climática corresponde a una ideología de izquierdas. Debe ser en España, porque fuera de
España todos los países que han ido adoptando las decisiones en materia de declaración de emergencia climática, con Gobiernos de todo signo, no sé si estarían muy de acuerdo con que los tachasen de radicales de izquierdas. En todo caso, en relación
con el impacto climático, se puede estar de acuerdo o no. Podemos debatir usted y yo, y no hay ningún problema. ¿Pero sabe el problema que tiene usted, que yo no tengo? Que el cambio climático no debate y no negocia, sencillamente está ahí.
Entonces, se puede optar por la decisión de adaptarnos, intentar poner en marcha medidas para corregir sus impactos o ignorarlo y no hacer nada. Pero el hecho de que usted lo ignore no significa que desaparezca. Ese es el problema que creo que no
tienen interiorizado en estos momentos. Claro, en esa vía aparecen algunas propuestas que no dejan de ser sorprendentes. Le he hecho un apunte de cuáles
son las previsiones en relación con la evolución de la disponibilidad de recursos hídricos en nuestro país, pensar que eso puede resolverse mediante una especie de mapa de interconexiones, donde cuencas que no van a tener agua las conectamos
con otras cuencas que tampoco la van a tener, y que eso parece ser que se convierte en la multiplicación de los panes y los peces, pues yo lo siento mucho, pero no puedo coincidir con su valoración. En esta como en otras decisiones, iremos de la
mano de la ciencia. Entonces, se puede ir de la mano de la ciencia o tomar las decisiones en contra del criterio científico. Tan legítimo es lo uno como lo otro. Ahora, yo creo que lo segundo es radicalmente equivocado.
En cuanto al portavoz del Grupo Popular, que avanzaba que me iba a hacer un gran listado de preguntas, me ha costado trabajo encontrar alguna que fuese dirigida a mi ámbito de competencias. Me ha hablado de industria, de fiscalidad, me ha
hablado de un montón de cosas que yo, la verdad, me parece razonable que tenga usted dudas de no sé cuántas comparecencias de la vicepresidenta Calviño, pero lo siento, algunas de las dudas que plantea usted no se las voy a poder resolver. En todo
caso, le haré algún apunte sobre alguna de las que he conseguido traducir a mi ámbito de competencias.
Las previsiones en relación con creación de empleo, que aparecen recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, apuntan a una franja entre 250 000, 350 000 empleos netos, generados con la implementación del plan. Por cierto,
quiero recordarle que está chequeado por la Comisión Europea. Yo admito, comparto y saludo ese principio de declaración de su acuerdo, por lo menos en principio, con la necesidad de avanzar en materia de fiscalidad verde. Yo creo que ahí podemos
tener un recorrido a explorar, en un país que tiene uno de los niveles de fiscalidad verde más bajos de nuestro entorno, respecto al cual nos ha venido llamando la atención reiteradamente tanto la Comisión Europea como la OCDE.
Otra pregunta, ¿cuánto ha invertido el Gobierno en estos tres años en materia de economía circular? El cien por cien más de lo que se ha invertido antes. Quiero recordarle que la primera estrategia de economía circular de la Unión Europea
es del 2015.
En relación con la trasposición de directivas, que cuándo se van a hacer. No sé si ha salido usted de la sala en algún momento de mi intervención, pero se ha traspuesto con el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, la Directiva 2018/850, que
modificaba a su vez la Directiva 1999/31, sobre vertederos. Se ha traspuesto mediante Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, el relativo a pilas y acumuladores y aparatos eléctricos y electrónicos, parcialmente la Directiva 2018/849. Se ha
traspuesto mediante Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, que a su vez modifica el Reglamento General de Vehículos, completamente la Directiva 2018/849. Por tanto, en el procedimiento de trasposición de directivas que se ha seguido a lo largo de
estos tres últimos años, con España a la cabeza de los países incumplidores en materia de trasposición de directivas, en la fecha de referencia que yo puedo darle a usted, que es junio de 2018, puedo decirle que prácticamente en estos momentos
estamos a punto de cumplir con los objetivos que la Comisión Europea exige a los países miembros para la trasposición de directivas.
En relación con el disgusto que manifiesta usted respecto al incumplimiento de objetivos en materia de saneamiento y depuración, no quiero decirle lo que significó encontrarme, nada más aterrizar en la secretaría de Estado, con una sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenaba a España a pagar 40 millones de euros por incumplimiento de objetivos en materia de incumplimiento de saneamiento y depuración que, por cierto, seguiremos pagando progresivamente, en
reducción, a medida que vayamos poniendo en funcionamiento algunas de las infraestructuras que afectan a aglomeraciones en incumplimiento. Por cierto, ya hemos conseguido activar bastantes de las que en aquel momento se encontraban en esa
situación. Nuestra vocación es lo que hemos venido trasladando a la Comisión sucesivamente en el seguimiento de los cumplimientos de España, que todos esos casos que le comentaba antes de aglomeraciones en riesgos de incumplimiento vayan siendo
resueltos antes de que la Comisión las traduzca en expedientes sancionadores.
En el caso del Grupo Socialista se hacía una referencia a lo que puede significar en estos momentos el giro de política internacional en materia de cambio climático y compromisos ambientales con carácter general, una vez que Estados Unidos
vuelve al espacio del consenso internacional y que, en definitiva, confirma que ese es el camino a seguir, no solo por eso, sino porque en nuestro caso de región europea estábamos perfectamente alineados con ese mismo objetivo y, evidentemente, a
estas alturas ya es imposible dudar de que la salud ambiental y la salud pública están íntimamente relacionadas y que no es posible garantizar la salud pública si no conseguimos garantizar como punto de partida la salud ambiental.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Vamos a ir directamente a la contrarréplica, por un tiempo de tres minutos por grupo. Empieza el Grupo Plural, doña Pilar Calvo.
La señora CALVO GÓMEZ: En cuanto a las respuestas sobre el delta del Ebro y el delta del Llobregat, una de las peticiones que se habían hecho era la constitución de una comisión, y no recuerdo que haya contestado si están de acuerdo o no en
la creación de esta comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Republicano, Joan Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Vicente Viondi, ocupa la Presidencia).
Muchas gracias, señor secretario. Me habían quedado algunas preguntas por hacerle y voy a intentar recuperarlas volviendo a las playas. Ayer mismo conocimos la noticia de que el Gobierno ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad
contra dos artículos de la Ley catalana 8/2020, de protección y ordenación del litoral, que otorga mayores competencias a los ayuntamientos, y quizás nos ahorraríamos la parte de mi intervención sobre Sant Pol de Mar. ¿Recuerda? El caso es que
tengo que recordar a sus señorías que esta fue una ley aprobada por el Parlament de Cataluña el pasado mes de julio, con ningún voto en contra y que contaba con el entusiasta apoyo del PSC, que es el partido de los socialistas de Cataluña, que
mostró una amplia, amplísima, como es habitual, sensibilidad municipalista, en todo el trámite de la ley. Pues bien, ahora cuesta entender que se cuestione justamente el alcance de las competencias municipales en otorgar autorizaciones a las
playas, en el marco de unos planes aprobados previamente por la Generalitat y con mayores garantías que las actuales. Así las cosas. ¿Podría explicarnos, señor secretario, por qué el Gobierno recurre estos dos artículos en una ley cuyo objetivo es
impulsar la protección del litoral?
En cuanto a gestión forestal y fondos europeos, quisiera preguntarle hasta qué punto se tendrá en cuenta la biomasa en los fondos europeos. Ahora que vamos a aprobar la ley de cambio climático, transición energética, es clave que apuesten
por la gestión activa de nuestros bosques como la estrategia más eficiente, capaz de combinar los objetivos climáticos con la lucha contra la despoblación, la generación de empleo, la lucha contra los incendios forestales. Les invitamos a
promocionar por todas las vías posibles el uso de biomasa térmica de proximidad a través de redes de calor municipales y el cambio de calderas de consumidores de energías fósiles, así como apostar por la construcción y la rehabilitación en madera.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vicente Viondi): Gracias, señor Capdevila.
Señor López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, presidente.
En primer lugar, una reflexión sobre Navacerrada. Me llama la atención que aquellos que niegan sistemáticamente el cambio climático se opongan a que se tomen medidas con las consecuencias de sus efectos. Es decir, el cambio climático tiene
efectos que son visibles, entre otros -ya lo hemos discutido en esta Comisión-, un aumento de las temperaturas en el puerto de Navacerrada, según AEMET, de 2,3 grados centígrados desde el año 1950 hasta la actualidad. Eso, lógicamente, tiene
consecuencias en las actividades que se pueden desarrollar en el puerto de Navacerrada. Negar el cambio climático, como ha dicho el secretario de Estado, no implica que su existencia desaparezca y tampoco las consecuencias. Por lo tanto, yo creo
que, si realmente les preocupa el futuro del esquí en nuestro país, lo que deben hacer es sumarse al esfuerzo de los que luchamos contra el cambio climático.
Quisiera apuntar dos cuestiones. Volviendo a su intervención, hay una cuestión sobre la que no me ha contestado y en la que me gustaría escuchar su punto de vista, y es la que se refiere a la declaración de impacto ambiental del puerto de
Valencia. Creo que es una cuestión que preocupa mucho en la ciudad, lógicamente, debido a los impactos medioambientales que tiene. También me gustaría plantear una preocupación. Por ejemplo, en lo relativo a la protección de la tórtola, se ha
referido usted a las competencias del Ministerio de Agricultura, y hay algunas cuestiones que tienen impactos ambientales graves y que son competencia del Ministerio de Agricultura. También, por cierto, el tema de la pesca y, por ejemplo, otra
cuestión que está ocurriendo en nuestro país y que preocupa mucho, que es la expansión de las macrogranjas. Las macrogranjas tienen impactos ambientales evidentes, debido a la alta producción
de nitratos, contaminación de acuíferos y demás. Normalmente, en muchas ocasiones son las políticas del propio Ministerio de Agricultura las que de alguna manera promueven o permiten este tipo de desarrollos. Entonces, me gustaría
preguntar si realmente va a haber una coordinación con el Ministerio de Agricultura, para que realmente las políticas ambientales que se están desarrollando desde el Ministerio de Transición Ecológica, que son tan necesarias y que realmente creo que
están en línea con lo que pensamos la mayoría, sean apoyadas, corroboradas y desarrolladas por el Ministerio de Agricultura, porque nos da la sensación o por lo menos tenemos la percepción de que a veces se rema en dirección contraria. En ese
sentido, nos gustaría ver apoyo también en el Ministerio de Agricultura.
Nada más, agradecerle su intervención, sus explicaciones y, una vez más, reiterar nuestro apoyo a las necesarias políticas ambientales que este país necesita; seguramente, más que otros de la Unión Europea que, sin embargo, las desarrollan
desde hace mucho más tiempo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vicente Viondi): Muchas gracias, señor López de Uralde.
A continuación, tiene la palabra la señora Borrás, en representación del Grupo Parlamentario VOX.
La señora BORRÁS PABÓN: Gracias, presidente. Gracias, señor Morán. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Se le ha olvidado contestar también a varias preguntas que le he formulado sobre trasvases, actividad cinegética y mundo rural. Pero bueno, se las recordaré brevemente ahora.
Dice usted que, aunque ignoremos el cambio climático, este no va a desaparecer. Si alguien ignora algo aquí, señor Morán, son ustedes, poniéndose de espaldas a las evidencias científicas no politizadas e ignorando la destrucción de cientos
de miles de empleos y formas de vida de muchísimos españoles, como si el no prestarle atención a esto hiciera desaparecer el problema. Eso es lo que este grupo parlamentario trata de explicarle y de denunciar hoy aquí. Si tenemos como objetivo
reducir las emisiones netas de CO2, no nos limitemos solo a restringir las emisiones; también podemos fomentar mayores absorciones de CO2 a través de estrategias inteligentes, como la que le he descrito anteriormente, propuesta por nuestro grupo
parlamentario, y adecuadas a la realidad, en consonancia con la realidad y los recursos de nuestro país.
Esto, señorías, se llama pensar en el medio ambiente considerando los recursos naturales de los que disponemos. Basar nuestros argumentos en datos y perspectivas científicas con conclusiones diferentes a la secta socialista, no es ignorar
el cambio climático, sino evitar que utilicen su interpretación sectaria y politizada de la ciencia como instrumento intervencionista. Sabemos que España apenas representa un 0,7 % de las emisiones totales. Gracias a la excusa del cambio
climático, ustedes plantean en su ley de cambio climático y en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, a modo de planes quinquenales soviéticos, la transformación autoritaria y acelerada de nuestro modelo productivo español, para implantar a
marchas forzadas unas energías renovables que ni siquiera aún disponen de sistemas de almacenamientos realistas que garanticen el suministro energético de la nación. A no ser que a usted le parezca una solución llenar el país de baterías, como
pretende hacer la señora ministra en su estrategia de almacenamiento. Muy sostenible todo, por cierto. El propio Peniec reconoce la necesidad de 241 000 millones de euros en inversiones, que no se sabe todavía de dónde van a salir, en un contexto
de recesión económica como el actual. Usted mismo acaba de reconocer que los objetivos energéticos y de reducción de emisiones en España, sobrepasan en mucho a los señalados por la Unión Europea. Su pretensión nos va a costar la ruina. El Energy
Mobile Forum ha estimado que el cumplimiento de los objetivos energético-climático reducirá el PIB de los países de la Unión Europea en un 1,6 % para 2030. Nuestra penalización, al ser más ambiciosos que nadie, será aún mayor.
Por otra parte, en Vox rechazamos que los derechos de los españoles al uso del agua puedan ser violentados o restringidos invocando la falsaria Agenda 2030, o utilizando una vez más la excusa del cambio climático. Así que me gustaría que me
respondiera a la pregunta que le he hecho anteriormente, sobre si van a acabar ustedes con el trasvase Tajo-Segura, arruinando la eficiente agricultura de Murcia, parte de Andalucía y el Levante español. También me gustaría que me contestara a las
cuestiones sobre si van a indemnizar a los propietarios de fincas afectadas por la prohibición de la actividad cinegética en los parques nacionales, y qué alternativas van a dar a las zonas rurales, que van a perder importantes ingresos por la
prohibición de la actividad cinegética en parques como Cabañeros.
A ustedes, a este Gobierno, les encanta ser más verde que nadie.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señora Borrás.
La señora BORRÁS PABÓN: Ya termino.
Decía que les encanta ser más verdes que nadie y, por supuesto, presumen de ello mientras reivindican que hable la mayoría, ¿verdad? Yo les digo que en Navacerrada y en Cercedilla, a pesar de que permanecen ustedes impasibles con el tema de
Navacerrada, los ciudadanos no. Por eso mismo, allí Vox ha crecido y el PSOE se ha derrumbado en más de 13 puntos, y en Navacerrada, 9 puntos.
Así que, yo que usted le daría una vuelta. Son ideología pura, son miseria, y ya lo ha pagado la Comunidad de Madrid. Pero prepárense, porque ahora lo van a pagar en el Gobierno de la nación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por parte del Grupo Popular, el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Mire, señor Morán, dice usted que le he hablado de cosas que no tienen nada que ver con sus responsabilidades. Yo voy a hacer un pequeño repaso acerca de lo que usted me ha trasladado.
El hachazo fiscal que hemos conocido hoy, a los gases fluorados, el comercio, la pequeña industria, ¿no tiene nada que ver con sus responsabilidades? ¿Los impuestos al plástico no tienen nada que ver con sus responsabilidades? Sobre el
impuesto al diésel, ¿van a acabar con las bonificaciones al diésel, para agricultores, para pescadores, para ganaderos? ¿No tiene nada que ver con sus responsabilidades? Su poca sensibilidad con la costa y con las actividades económicas de la
costa en nuestro país, allí, donde hay muchos puestos de trabajo y muchas familias que viven de esas actividades económicas, ¿no tiene nada que ver con sus responsabilidades? En cuanto a la falta de inversión en materia de economía circular durante
estos tres años, me habla usted del cien por cien. No sé, a mí concréteme, porque si no me concreta con números exactos me cuesta comprenderle, señor Morán. ¿No tiene nada que ver con sus responsabilidades? ¿La política industrial no tiene nada
que ver con la economía circular? ¿La nula política industrial de su Gobierno no tiene nada que ver con sus responsabilidades en materia de economía circular?
Hombre, es fácil comprender que no tiene nada que ver la economía circular con sus responsabilidades, cuando hemos tenido encima de la mesa una ley de cambio climático en la que ni tan siquiera se mencionaba en el primer documento que entró
en esta Cámara la palabra o el concepto economía circular. Obviamente. Podemos deducir que no tiene nada que ver con sus responsabilidades, porque no se están ocupando de un asunto tan importante como es la economía circular, salvo esos 500
millones de euros que ha contemplado la Unión Europea, y vamos a ver en qué se materializan, señor Morán.
Hablando de sus responsabilidades también, aquí se ha hablado del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Por supuesto que lo vamos a aprobar, y por supuesto que vamos a votar a favor, y por supuesto que prácticamente sin ninguna enmienda,
pero porque el expediente es idéntico a como lo dejó el Partido Popular hace tres años. Con una salvedad, que han pasado tres años. ¿Qué han hecho ustedes en tres años con el expediente de declaración de Parque Nacional de Sierra de las Nieves?
Nada. ¿Qué han hecho con ENCE? ¿Tampoco tiene nada que ver eso con sus responsabilidades, señor Morán? Llevan ustedes tres años pensando qué van a hacer con el Mar Menor, y, aun así, hoy, en su intervención, se atreve a decir que están meditando
o pensando qué es lo que van a hacer con el Mar Menor. Tres años después. Tres años en los que han decidido también dejar a un lado las posibles ayudas europeas, con una actitud irresponsable por parte del Gobierno de España, con todos los
murcianos. ¿Qué piensa hacer con el pantano de Mularroya?
Le voy a plantear además dos cuestiones más, ya que antes no he tenido tiempo de plantearlas en mi primera intervención, que tienen que ver con los regadíos, y son importantes porque en su intervención hay un momento de confusión. Yo ya no
sé si debemos ver cómo acumulamos el agua para después usarla, pero realmente no hay, etcétera, pero hacen falta conexiones entre cuencas, pero al mismo tiempo no son necesarias, porque no va a haber agua en el futuro...
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, abrevie, por favor.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Voy abreviando.
Aclárese usted con dos cuestiones muy importantes. Primero, díganos exactamente cuánto va a invertir el Gobierno de España en inversiones de regadío y, en concreto, de acumulación de agua.
Le planteo una última cuestión que para nosotros es muy importante. ¿Contempla el Gobierno la recarga artificial de los acuíferos en nuestro país? Algo que está dentro de los propios documentos y propuestas del Gobierno de España, en la
información que hemos podido ver a través de la web de su ministerio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, por parte del Grupo Socialista, Helena Caballero.
La señora CABALLERO GUTIÉRREZ: Yo quiero empezar por agradecer que ha venido el secretario general siempre que se lo pedimos, pero también porque se presta a responder en profundidad los asuntos que se le plantean.
Voy a empezar contestando a la señoría de VOX sobre Navacerrada, porque luego también se va a plantear, y recordando algunas de las cosas que ya se hablaron en esta Comisión. Quiero recordar que esa ocupación se da con la Ley de Montes de
la Junta de Castilla y León, puesto que los montes son competencia exclusiva de las autonomías. Se da y caduca con esa legislación. Punto número 1. Punto número 2, en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Gredos, parte de Castilla y
León, que es el documento base de planificación, ya aparece claramente que esa zona ocupada por las pistas es una zona altamente degradada que deberá restaurarse una vez que acabe la ocupación. Es decir, que ese documento, que no se hizo en un mes
ni en un año ni en dos, con un largo proceso de información pública, prevé que se iban a acabar y prevé que hay que restaurarlas, y después de una ocupación, cuando acaba, ya dice la legislación que hay que, como ha dicho el secretario general,
retirar todo lo que se puso y dejarlo en las condiciones originales. Es la ley, señoría. Leer nunca sienta mal.
Por lo que se refiere al Partido Popular y los bares en Madrid. La pregunta en realidad sería si no tienen ustedes una excesiva querencia por ellos, porque a todos se nos han venido a la cabeza, en cuanto lo han dicho, varios altos cargos
del equipo de la señora Ayuso que fueron detenidos precisamente por conducir en estado de embriaguez. No quiero yo pensar que ustedes quieren promover ese tipo de comportamiento. (Rumores y aplausos). Respecto al lobo, ya comentamos aquí
ampliamente, en la Comisión, que esa gestión que ustedes ponen como señera, que es la de la Junta de Castilla y León, tiene los últimos seis planes de caza de los últimos seis años, anulados en el Tribunal Superior, y la razón es lo más importante:
por falta de base científica. Lo vuelvo a decir como lo dije en aquella sesión de la Comisión. Esa es la fabulosa gestión del lobo que ustedes ponen como ejemplo, que no solo no soluciona el problema de los daños, sino que lo ha incrementado. Por
otra parte, nosotros sabemos también qué política ha hecho el Partido Popular en cambio climático. Es el Partido Popular el que no hizo nunca el Plan Nacional de Energía y Clima, el que no hizo la Estrategia de Descarbonización, el que no hizo el
primer Plan de adaptación al cambio climático ni el segundo, el que no presentó nunca una ley de cambio climático mientras gobernaron, el que no adaptó nunca la planificación hidrológica a un horizonte real de escasez, llenando los planes
hidrológicos de obras que nunca jamás se han hecho, porque nunca jamás han querido ver la realidad, que es que hay un recurso que no es ilimitado. Es el que modificó la Ley de Costas, para cerrar los ojos a las ocupaciones del dominio público
marítimo terrestre y de las zonas inundables, asumiendo que se iban a destrozar una y otra vez los frentes y los paseos marítimos, y una y otra vez íbamos a restaurarlos. Es decir, siempre promoviendo el interés de unos pocos sobre el resto,
promoviendo desigualdades y desequilibrios entre territorios. Siguen apostando como modelo para salir de la crisis de las comunidades autónomas donde gobiernan, por el urbanismo descontrolado que nos llevó a la crisis del 2008 y que la agravó.
No podemos olvidar tampoco ni el hachazo a las renovables ni el impuesto al sol, y deberían empezar a pensar en las necesidades reales del país y lo que necesita la mayoría. Tienen que decidir si van a seguir primando los intereses
económicos de una minoría, de los que una parte terminaban en las cuentas del partido, como se ha demostrado en sentencia judicial o si van a tener en cuenta a todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, por favor.
La señora CABALLERO GUTIÉRREZ: Yo sí que quiero agradecer que ha planteado por una vez el secretario de Estado de Medio Ambiente, el proceso de adaptación al cambio climático de todas las políticas, porque solo anticipándonos a lo que
realmente va a ocurrir, podremos poner las bases a las
soluciones, y conseguir así una sociedad más inclusiva, si somos capaces, por fin, de anticiparnos a los efectos del cambio climático.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para terminar la comparecencia, tiene la palabra el señor Morán.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias.
Disculpen por algunas de las preguntas que se me habían quedado sin responder. Intentaré dar respuesta las que se han expresado ahora.
En relación con la que se había quedado pendiente del Grupo Plural, sobre la posible constitución de una Comisión sobre el Delta, tendremos que ver, una vez que tengamos el plan, las herramientas de gobernanza que apliquemos al plan. Hay
que establecer los mecanismos de colaboración, como le comentaba antes, entre las Administraciones y los agentes en el territorio, y habilitar aquella que sea la más operativa en el territorio y la más accesible a cada una de las Administraciones,
en el ámbito de sus competencias. Pero como le comentaba, ahí hay competencias compartidas, en algunos casos solapadas, y tiene que haber, sí o sí, un mecanismo de cooperación entre ellas. ¿Cuál puede ser el formato? Pues lo acordaremos entre las
partes.
A Esquerra Republicana -se ha ido el diputado-, en relación con el recurso de inconstitucionalidad, yo confío en que en el procedimiento que se abre ahora mismo se pueda cerrar con un acuerdo con la comunidad autónoma. En principio, se han
identificado dos posibles ámbitos de desbordamiento de los límites constitucionales atribuibles, en este caso, a las administraciones. En Cataluña, que tiene transferida la competencia en materia de gestión de costas, en el ámbito de la imposición
de sanciones, es el Estado el titular del dominio público marítimo-terrestre. En principio, la interpretación que así se hace en el conjunto del territorio, es que es el titular del dominio quien conserva la potestad sancionadora. En el caso de la
posible transferencia de segundo nivel, en este caso, de la comunidad autónoma a los ayuntamientos, de las autorizaciones para la ocupación del dominio público marítimo terrestre, esta es una competencia que, precisamente, está transferida del
Estado a la comunidad autónoma, en función de las competencias que asume en su estatuto de autonomía, pero, en ningún caso, a su vez, la comunidad autónoma puede transferir una competencia de la cual no es titular en origen. Esa es la razón por la
cual se ha interpuesto el recurso.
En todo caso, tiempo hay para, en el proceso que sigue a continuación, ir aproximando las posiciones de las Administraciones. Sucede así de forma bastante habitual. En el caso del aprovechamiento de la biomasa, tengo que decirle que sí,
que he hecho referencia a ella en el ámbito de la gestión de la política forestal. Forma parte de una de las tecnologías que aparecen recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y, por lo tanto, forma parte de la estrategia, en este
caso, a tres bandas. En el caso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es gestión de recursos naturales; es capacidad de actuación en el territorio, en la política del reto demográfico, y es política energética, en la
medida en la que incorpora recursos renovables a la capacidad de generación.
Ahora hablo de una pregunta que había quedado pendiente del portavoz del Grupo Podemos, y una nueva que incorpora. En el caso del puerto de Valencia, el puerto de Valencia tiene una declaración de impacto ambiental, creo recordar, del año
2007. Como sabe usted, cuando sobre una declaración de impacto ambiental, el proyecto inicia su ejecución, la declaración de impacto ambiental permanece indefinidamente en el tiempo. Es el caso que se ha dado en el puerto de Valencia. La cuestión
que se suscita ahora es si aquella declaración de impacto ambiental amparaba el límite que se pretende en términos de ejecución de obra por parte de la autoridad portuaria. Eso, en principio, debe definirlo la propia autoridad portuaria, quien
tiene que hacer un proyecto de impacto ambiental que, en todo caso, puede ser recurrible. De oficio, en este caso, el órgano ambiental, no puede poner en marcha un procedimiento de reevaluación de impacto ambiental de un proyecto que está en
ejecución. Si hay algún elemento que pudiese conducir a que efectivamente se llegase a una valoración de que es necesario, en razón de que ha habido modificaciones sustanciales en el proyecto de una nueva evaluación, tiene que determinarlo el
órgano sustantivo o, en su caso, cualquiera que se considere lesionado en sus intereses, y se sigue el procedimiento habitual en estos casos.
Comentaba un tema al cual yo no había hecho referencia directamente, pero sí aparece recogido, en relación con los riesgos que las masas de agua subterránea en nuestro país -y las superficiales también- están sufriendo de un tiempo a esta
parte, que trata de los problemas de acumulación de nitratos, la aportación de pesticidas y de fertilizantes y la aparición, en este último período, en las últimas
dos décadas probablemente con mayor impulso, de las llamadas macrogranjas. A nuestro entender, incorporan dos efectos negativos. Uno es el de la calidad ambiental en el entorno. No solamente es la afectación a las aguas, sino también en
materia de emisiones. Además, entendemos que no es un modelo que contribuya a fijar población en el territorio y, además, entra en competencia con el modelo de agricultura y ganadería familiar, fundamentalmente la que tiene más arraigo en el
territorio. Las competencias de la Secretaría de Estado, básicamente son las que afectan al ámbito de la planificación hidrológica, no a la planificación agraria, y en el ámbito de la planificación hidrológica hemos puesto en marcha un mecanismo de
modificación de la norma. Se ha trasladado una instrucción al conjunto de las confederaciones hidrográficas, y como primer resultado, desde la semana pasada, hace dos semanas, la Confederación Hidrográfica del Duero ha emitido informe negativo en
relación con la macrogranja de Noviercas en Soria. Vamos a ser muy escrupulosos con ese procedimiento, y sí puedo decirle que estamos, en este caso, intentando con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, establecer una hoja de ruta que
determine con claridad hasta dónde, desde las competencias de cada una de las administraciones, podemos intervenir en reconducir una situación que amenaza, si no ponemos en marcha mecanismos de planificación, con desbordar la propia capacidad del
conjunto de las administraciones. Es verdad que luego concurren análisis contrapuestos. Puede encontrarse uno con que una comunidad autónoma alienta este tipo de instalaciones, y la Administración General del Estado no, y todo esto genera ese
problema, por el cual entiendo que hay que estructurar bien la norma para que no dé lugar a confusiones en último término.
La intervención de la portavoz de VOX, ha identificado algunas cosas que me sorprenden. Ha identificado, si no entiendo mal, que el IPCC forma parte de una secta socialista. (La señora Borrás Pabón pronuncia palabras que no se perciben).
Es el concierto científico internacional al cual se acoge este Gobierno, y lo que se ha dicho es que el Gobierno actúa haciendo un seguimiento de científicos sectarios.
El señor PRESIDENTE: No entren en debate, por favor.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): En segundo lugar, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, su modelo es algo así como un plan quinquenal soviético. (La señora Borrás Pabón: Sí). O sea, el
conjunto de los planes nacionales integrados de energía y clima de los 27 países de la Unión Europea que están obligados y los han reportado a Bruselas, para usted son un modelo de planes quinquenales soviéticos. Bueno, en fin, es una manera de
entender la planificación política en el ámbito internacional. También deben formar parte de este modelo tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, quienes han venido alineando con claridad que todo el proceso de asignación de
inversiones del sistema financiero al cual se ha ido incorporando el conjunto de la banca, debe ir alineado precisamente con los objetivos en materia de cambio climático. Bueno, el IPCC, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial, todo secta socialista. Bueno, es una forma de entenderlo un poco peculiar.
En relación con la caza en parques nacionales, vamos a seguir el procedimiento que establece la ley. En todos los casos en los que se ha prohibido la caza en parques nacionales hay un procedimiento, y se ha prohibido ya en algunos otros
parques nacionales a fecha anterior a la llegada de este Gobierno. En todos los casos se estableció un mecanismo de indemnizaciones cuando ha lugar, en este caso a los a los interesados, con lo cual, no descubrimos nada nuevo. Es el procedimiento
que marca la ley y que, por otra parte, en la última modificación que hubo, que data del año 2015, se establecía que esta era la fecha en la que acababa la autorización de la caza en parques nacionales. No sé si el Partido Popular o el Gobierno del
Partido Popular formaban también parte de la secta socialista en 2015. En todo caso, es lo que dice la ley.
En relación con la propuesta, la petición de respuesta sobre si la voluntad de acabar con el Acueducto Tajo-Segura, con el sistema del Acueducto Tajo-Segura, yo le remito sencillamente al procedimiento que tenemos en marcha ahora mismo. Es
decir, se ha impulsado, por cierto, se ha votado en dos ocasiones en el Consejo Nacional del Agua la modificación puntual de la regla del trasvase, precisamente para garantizar la sostenibilidad del sistema. Usted interpreta exactamente lo
contrario, pero es que se ha votado en dos ocasiones para poner en marcha un mecanismo de regulación que permita compatibilizar las expectativas de la cuenca cedente con las expectativas de la cuenca demandante. Además, se ha votado a favor por
mayoría y a propuesta del Gobierno. No parece que eso vaya justo en la línea que usted indica, sino más bien todo lo contrario.
En relación con las preguntas del Partido Popular, en un caso concreto, en el que además ha aparecido ENCE y alguna cuestión que afecta a la actividad en la costa, y entiendo que tiene quizá cierta relación con la propia ley de cambio
climático y transición energética, en su inicial artículo 18, en último término artículo 20, en los apartados 3 y 4. En este caso ha sido en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia donde se ha identificado mayor riesgo, mayores posibles
riesgos en relación con la ley, de todas las solicitudes de ampliación de prórroga de actividades relacionadas especialmente con el sector mar-alimentario, pero no solo, porque en el dominio público marítimo-terrestre también hay ocupaciones para
estructuras de saneamiento, depuración, todas las que se han resuelto por parte del ministerio han sido a favor. Todas, absolutamente todas cuentan con las prórrogas concesionales oportunas en los distintos sectores y en los distintos ámbitos.
Solamente una ha sido denegada, por cierto, a consecuencia de un informe negativo de la Comunidad Autónoma de Galicia. No creo que en este caso el Gobierno gallego tenga interés en acabar con el sector mar-alimentario ni con la actividad en
la costa. Esa es la realidad. Y, por cierto, el mecanismo normativo que regula la ocupación en el dominio público marítimo-terrestre trae causa de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, año 2003, que establece el período máximo
concesional que afecta a las actividades que tienen concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. -Obvio decirle quién gobernaba en el año 2003 en este país-. No creo que hubiese ninguna voluntad de, con esa limitación, acabar con la
actividad económica en el litoral en nuestro país.
Pregunta usted qué han hecho ustedes en los tres últimos años en relación con el Mar Menor. Pues casi me atrevería a decirle que en su pregunta está la respuesta. Hemos estado haciendo en el Mar Menor. Los veinticinco años anteriores han
estado deshaciendo en el Mar Menor, hasta el punto de que han deshecho el Mar Menor. Rescatar ahora el Mar Menor y devolverle sus condiciones ecológicas y ambientales va a suponer un enorme esfuerzo del conjunto de las administraciones, y no parece
que todas tengan el mismo interés. De hecho, tan es así que la Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia de Murcia ha decidido interponer una demanda contra la comunidad autónoma por abdicar de sus competencias a la hora de identificar los posibles
responsables de los daños inferidos al Mar Menor como consecuencia de un descontrol en el ámbito de la gestión de sus propias competencias. Yo creo que deberíamos de intentar dar un salto hacia adelante. Pensar que el Mar Menor, con algunas otras
infraestructuras o políticas de país, especialmente la política del agua, pueden tener su rentabilidad electoral, pero la verdad es que han servido de bien poco, en términos objetivos, para la defensa de los intereses del capital natural del país y
del patrimonio público todas estas guerras las deberíamos dar por superadas. Nosotros vamos a seguir actuando en el Mar Menor. Hay un compromiso de inversión como no ha tenido nunca antes el Mar Menor, especialmente en el ámbito de las
competencias hidrológicas que corresponden a la Confederación Hidrográfica del Segura, pero no solo eso.
Pondremos en marcha un plan de restauración de suelos mineros abandonados que vierten metales pesados al Mar Menor, estableceremos los mecanismos de recuperación de las condiciones de las ramblas, y en cuestión de días haremos pública ya, en
su fase final, después de la valoración de las aportaciones recibidas, la estrategia de intervención del Mar Menor sobre la que, entre otras cosas, hay que determinar cuál es el estado del dominio público marítimo-terrestre en su entorno, y qué
necesidad hay de intervenir.
No es nuevo, hemos puesto a lo largo de estos últimos años actuaciones de apoyo económico-financiero a los ayuntamientos en el entorno y la propia actuación de los organismos del ministerio, prevención de riesgos de inundaciones, y en esa
misma línea pretendemos seguir.
Tomo su intervención en términos estrictamente de análisis crítico. En ningún caso pretendo limitar, ni muchísimo menos, su discurso. Yo creo que, al final de todo esto, necesitamos encontrar un espacio de acuerdo el conjunto de las
administraciones y, en este caso, de los grupos parlamentarios, porque es un espacio al cual este país no puede renunciar.
En relación con Mularroya, sabe usted que ha habido una sentencia que en estos momentos está pendiente, únicamente susceptible de ser recurrida en casación. Ahí lo único que queda por determinar es si hay elementos recurribles en casación,
pero eso no es una cuestión de decisión arbitraria. Es necesario hacer un análisis jurídico de la propia sentencia, y en eso es en lo que se está. Además me preguntaba, creo -lo que pasa es que al final ya no sé- sobre la previsión de inversiones
en materia de agua y regadíos. En materia de agua, para el sexenio, la previsión de inversión desde la Dirección General del Agua es de 7000 millones de euros. Sabe usted que la competencia en materia de regadíos está en el Ministerio de
Agricultura. Sé que tiene unas previsiones de inversión, las ordinarias más las que tiene
incorporadas al Plan de recuperación. Estamos intentando acordar las competencias de regadíos en baja y la competencia de regadíos en alta es de la Dirección General del Agua, y ahí hay adquirido un compromiso de inversión por parte del
ministerio. De hecho, sobre algunos de los regadíos que históricamente llevaban ahí en espera de poder ser desarrollados, como es el caso de la presa de Rules, acabamos de poner en marcha el encargo a Acuaes de la inversión del primer desglosado de
todo el proyecto. Son 60 millones de euros, y ya está en marcha la obra. Quiero decir que en la parte que corresponde a las competencias en alta en materia de regadíos, sí hay, forma parte del plan de inversiones del ministerio y, por lo tanto,
vamos a llevarlas en coordinación con el Ministerio de Agricultura.
Quiero agradecerle al Grupo Socialista la valoración. En todo caso, he intentado trasladar una explicación lo más resumida posible de un ámbito que, lo siento, señorías, pero es lo suficientemente amplio como para que requiera bastante más
tiempo del que quizá ustedes incluso podrían disponer, porque me ha dicho algún portavoz que estaba compareciendo la vicepresidenta Calviño en paralelo, y que tenían que estar atendiendo otra comparecencia. Bueno, yo lo conozco. Uno, que ha sido
miembro de esta casa, sabe que a veces es difícil conciliar las obligaciones parlamentarias que se solapan en el tiempo. Por mi parte, nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, y damos por terminada la comparecencia.
Si les parece, antes de empezar con las preguntas, vamos a hacer un parón humanitario de cinco minutos, sobre todo si el ponente necesita hacer una llamada desde el baño o lo que sea.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Beber un poco de agua.
El señor PRESIDENTE: Paramos cinco minutos, y empezamos con las preguntas.
Muchas gracias. (Pausa).
PREGUNTAS:
- PREVISIONES ACERCA DE TRANSFERIR A LA GENERALITAT VALENCIANA LA COMPETENCIA EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL DE LA COMUNITAT (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/025519).
AUTOR: GAMAZO MICÓ, ÓSCAR (GP). HOYO JULIÁ, BELÉN (GP).
BOCG, SERIE D, NÚMERO 188, DE 02 DE DICIEMBRE DE 2020 PDF. (Número de expediente 181/000621).
El señor PRESIDENTE: Señorías, empezamos ya porque tenemos muchas preguntas. Saben el procedimiento: son siete minutos y medio para la pregunta y siete minutos y medio para la contestación del Gobierno. Hay dos intervenciones; se hace
la pregunta, después interviene el secretario de Estado, y luego puede volver a intervenir el diputado o la diputada y, a continuación, el Gobierno, hasta un límite de siete minutos y medio, que cada uno puede administrar como le parezca.
La primera pregunta según consta en el orden del día es la siguiente: Previsiones acerca de transferir a la Generalitat Valenciana la competencia en la ordenación y gestión del litoral de la comunitat. Los autores son Óscar Gamazo y Belén
Hoyo, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes ya, señor secretario de Estado, y gracias por contestar a nuestras preguntas. Vamos a hablar de un tema que no es nuevo, que ya hemos tratado y sobre el que el Gobierno sigue sin proponer una solución definitiva. El Grupo
Popular alertó hace meses: la línea de costa de la provincia de Valencia se encuentra en una situación de emergencia. Los temporales que hemos sufrido durante los últimos años han afectado gravemente a las playas de una de las costas más
turísticas de nuestro país. Las respuestas por parte del Gobierno y su inacción no nos han hecho desistir en nuestro trabajo sino al contrario; estamos en permanente contacto con la realidad; con los ayuntamientos afectados; con las personas que
ven cómo van pasando los días y los meses y las playas van desapareciendo; con los empresarios turísticos que ven peligrar sus comercios y los empleos que generan. Hay que tener en cuenta que la afección que sufre un sector económico tan
importante como el turismo, debido a la inacción del Gobierno a la hora de trabajar por regenerar la costa de Valencia y protegerla, tiene unos costes económicos y sociales sin precedentes. No se trata de una cuestión puntual en el tiempo y
localizada en una zona
concreta del territorio; se trata de un problema estructural que afecta a toda la costa de la provincia y que, tras cada temporal, se agrava más, y si a ello se añade la pasividad del Gobierno, se enquista como problema de muchos municipios
costeros.
Ante esta situación han surgido voces que con criterios completamente demenciales piden que las competencias en materia de conservación de costas sean transferidas a los Gobiernos autonómicos. Concretamente sus socios allí, en el Gobierno
de la Comunidad Valenciana, Compromís, son los que quieren tener las competencias sobre costas. ¿Va a ceder el Gobierno las competencias en esta materia? ¿El Gobierno va a hacer algo más allá de despilfarrar dinero y recursos con aportaciones de
arena que duran el tiempo que hay entre temporal y temporal? ¿Cree que transferir estas competencias conllevaría alguna solución?
Como decía, ahora la costa se encuentra en una situación de emergencia, agravada por la actitud pasiva que tienen en el Gobierno. Está claro que ustedes están más preocupados por hacer cálculos electorales y tal vez la regeneración de la
costa no les dé los votos que esperan, pero, desde luego, no podemos consentir que su desviación sobre la consecución de los intereses generales se confunda con la consecución de los intereses del Gobierno. No sé si son conscientes de que en 2019
el turismo en la Comunidad Valenciana representaba una industria de 16 000 millones, casi el 16 % del PIB valenciano; creaba un 15 % del total de puestos de trabajo y recibíamos 9,2 millones de visitantes. Precisamente en los municipios más
turísticos de la provincia de Valencia se ha visto, igual que en el resto de España, que el turismo es de los sectores económicos y de empleo más afectados por la actual crisis económica. La actividad turística valenciana es absolutamente
transversal y de calidad, que atrae a millones de personas, y los responsables públicos debemos trabajar para seguir promoviendo un turismo de valor y unos servicios públicos de calidad. El riesgo de quiebra del sistema económico y empresarial
español es directamente proporcional a lo que ocurra con la industria turística, por lo que el turismo debe ser una prioridad nacional. Y ello significa que la regeneración de las playas es una tarea imprescindible.
Señor secretario de Estado, somos conscientes de que las actuaciones de la demarcación de costas conllevan trámites farragosos y en ocasiones de compleja ejecución, pero ya le adelanto que con solo un par de temporales más durante este año,
muchas de las playas que existen desaparecerán totalmente. La provincia de Valencia tiene unas playas tranquilas, con una agradable temperatura durante todo el año, pero al mismo tiempo tiene que soportar unos gestores en la demarcación de costas y
en el Ministerio para la Transición Ecológica que desconocen los problemas reales que tiene nuestra costa, con consecuencias en nuestra economía y en el medio ambiente.
Señorías, hacen falta más medidas y menos eslóganes; más trabajo y menos anuncios vacíos; más protección del medio ambiente y mayor apoyo a nuestra economía. Con la inacción del Gobierno en esta cuestión no solo se está atacando al medio
ambiente de la provincia de Valencia; se está atacando a la seguridad de las playas, a su accesibilidad, y se está condenando a la economía, al turismo y al empleo en nuestra comunidad. La ambición política para cuestiones importantes como esta es
imprescindible y ustedes por lo visto no la tienen. Es necesario un plan, un programa, un proyecto, llámenlo como quieran, y actuar en conjunto de una forma coordinada y ordenada a lo largo de toda la costa de la Comunidad Valenciana. Si actúan en
la costa de Castellón y no lo hacen en la de Valencia, las playas del norte de la provincia como, por ejemplo, la de Sagunto, pueden desaparecer. Las actuaciones en la zona norte de la provincia perjudican a las zonas del sur si no se actúa también
en ellas. Numerosas playas llevan ya más de un año de retraso esperando las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica, entre ellas las playas más cercanas a La Albufera, lo que supone un riesgo para La Albufera si llega a desaparecer
el cordón dunar. Hasta ahora solo se han añadido parches en forma de camiones cargados de arena, pero, desde luego, nosotros creemos que esa no es la solución porque cuando vuelve a llegar otro temporal se lleva la arena. No hemos conocido ni una
sola noticia, actuación o anuncio positivo que vaya en consonancia con recuperar las playas de la provincia de Valencia. Los vecinos de la zona de la costa se sienten desprotegidos, los ayuntamientos se sienten impotentes y el Gobierno ni habla ni
decide ni actúa. No se pueden plantear soluciones provisionales a problemas estructurales. Más allá de las aportaciones de arena es imprescindible pensar en nuevas iniciativas que garanticen una mayor permanencia y efectividad, como la
construcción de arrecifes artificiales que minimicen la intensidad del oleaje y eviten que el mar se lleve la arena de la playa o el dragado de arena.
Obviamente, transferir las competencias es algo que ni siquiera plantea nuestro grupo parlamentario, pero sí nos gustaría conocer la percepción del Gobierno sobre este tema. No podemos permitir que la ausencia de iniciativa política por
parte del Gobierno acabe con las playas y como consecuencia con el
sector turístico de la Comunidad Valenciana. El Partido Popular está con el turismo y con la protección de la costa valenciana. El Partido Popular cree en el turismo como un sector de valor para nuestra economía y para la creación de
empleo. El Partido Popular cree en unas playas medioambientalmente sostenibles y adecuadas para su uso por parte de la ciudadanía, unas playas limpias y accesibles, unas playas con futuro que sigan siendo un atractivo turístico y, por tanto, un
factor de riqueza para el pueblo valenciano y el conjunto de España.
¿Qué van a hacer este año más allá de anunciar proyectos, estudios y planes que no sirven más que para ocupar el titular de un periódico durante una mañana? ¿Por qué no contemplan un plan integral ambicioso en la costa valenciana? ¿Están
esperando a que llegue otro temporal como Gloria para plantear soluciones? La playa no puede esperar, el entorno natural no puede esperar, el turismo no puede esperar; gestionen, trabajen y aporten soluciones, no problemas. Ese es el camino y,
desde luego, aquí estará el Partido Popular para apoyarles si deciden apostar por este reto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Morán, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señoría, gracias por su ofrecimiento, pongámonos manos a la obra. Coincido prácticamente con todo su análisis. La política de protección de la costa en
nuestro país se ha basado especialmente en aportaciones de arena, no existía un plan. Tenemos 10 000 kilómetros de litoral y no era razonable que nuestro país no contase con un plan de protección del borde litoral, como le comentaba al principio.
Y, en ese sentido, coincidirá conmigo en que hay que elaborar el plan. Anunciar la elaboración del plan va de suyo y desarrollarlo también. Entiendo que eso no es perder el tiempo porque si no nos ponemos a ello, no tendremos plan y seguiremos
actuando a golpe de camión de arena. Coincido con usted en que eso no es la solución, pero es lo que se ha hecho hasta ahora.
Más allá de lo que le comentaba acerca de que en estos momentos estamos elaborando con la Comisión Europea el plan del conjunto del litoral español, un trabajo que lleva ya varios meses en ejecución y señalaba en mi intervención inicial los
calendarios previstos, en el caso de la costa valenciana hay dos estrategias de borde litoral ya aprobadas. Se han empezado a licitar y adjudicar los proyectos de intervención en el ámbito de estas dos estrategias aprobadas; uno es para la
protección de la costa de Castellón sur, desde el puerto de Castellón hasta el puerto de Sagunto; y otro para la protección de la costa de Valencia sur, desde el puerto de Valencia al puerto de Denia. Vamos implementando la elaboración de los
sucesivos planes del borde litoral en la medida en la que se identifican los espacios que han venido históricamente teniendo más problemas de afectación, y esa es nuestra idea, pero en último término -y le reitero que me alegra coincidir con su
apreciación- necesitamos tener ese plan de intervención y planificación de actuaciones en nuestro litoral para poder tener una capacidad de intervención que atienda a las respuestas no de coyuntura sino de estructura.
En relación con la parte concreta por la que usted se interesaba, que es la de la posible transferencia de competencias, es sencillo de responder; las comunidades autónomas a través de sus respectivos estatutos de autonomía pueden asumir
competencias en materia de ordenación y gestión del litoral. Es sencillamente desarrollo constitucional; entonces, coincidiremos en que en la medida en que se desarrollan las herramientas que la Constitución pone al servicio de las
administraciones no debe haber problema. En ese sentido, las Comunidades Autónomas de Cataluña y Andalucía reformaron sus estatutos de autonomía para asumir, entre otras competencias, las de costas. En el 2006 lo hizo Cataluña y en el 2007
Andalucía. Como consecuencia de ello se pusieron en marcha los procedimientos que corresponden a la activación de los mecanismos de transferencia, de tal manera que se transfirieron las competencias mediante los correspondientes reales decretos de
traspasos en 2007-2008 a Cataluña y en 2011 a Andalucía. Cualquier comunidad autónoma, lógicamente costera, que pudiese tener interés en asumir estas competencias, tiene que seguir el mismo procedimiento; incorporarlo a su estatuto de autonomía y
acto seguido poner en marcha el mecanismo de transferencia. Eso es lo que le puedo decir, pero no descubro nada porque es el procedimiento que marca nuestra Constitución y, por lo tanto, lo saben las comunidades autónomas. Fuera del marco de la
asunción de competencias en los estatutos de autonomía no cabe posibilidad de transferencia de las competencias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SITUACIÓN DEL PROYECTO DE LA PRESA DE OLIVA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA, ASÍ COMO SOLUCIÓN DEFINIDA PARA LA MISMA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/028078).
AUTOR: GAMAZO MICÓ, ÓSCAR (GP). HOYO JULIÁ, BELÉN (GP).
BOCG, SERIE D, NÚMERO 236, DE 09 DE MARZO DE 2021 PDF. (Número de expediente 181/000784).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, sobre la situación del proyecto de la presa de la Oliva, en la provincia de Valencia, así como solución definida para la misma. Procedente de una pregunta al Gobierno con respuesta
escrita y presentada por Óscar Gamazo.
El señor GAMAZO MICÓ: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señor secretario de Estado de Medio Ambiente. En primer lugar, una corrección, la presa está en Oliva, no en la Oliva; en Oliva, provincia de Valencia. El 13 de noviembre, tras comprobar que en el proyecto de los
Presupuestos Generales del Estado el Gobierno no contemplaba la construcción de la presa de Oliva, incluida en el proyecto de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la rambla Gallinera, un proyecto de 2009, nos interesamos por conocer la
situación en la que se encontraba el proyecto de la presa en Oliva, en el litoral sur de la provincia de Valencia, y también por conocer la solución que el Gobierno había dado para la construcción de esta necesaria presa, cuyas obras se suspendieron
en diciembre de 2014 a la vista de la geotecnia resultante en la cimentación prevista. No respondieron en plazo y la pregunta se convirtió en pregunta oral por petición de los diputados que la formulamos. Por eso hoy se encuentra aquí, señor
secretario de Estado, por el incumplimiento de las obligaciones del Poder Ejecutivo a tenor del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, entre las que se encuentra responder al Poder Legislativo, porque el Gobierno intenta
constantemente huir del control parlamentario, pero es innecesario porque la tenacidad de los diputados, en este caso del Grupo Parlamentario Popular, ha frenado siempre esa huida.
El 23 de marzo recibimos una contestación fuera de plazo que calca respuestas facilitadas por anteriores Gobiernos del Partido Popular, seguramente con la evidente intención de abultar la escueta respuesta de tres líneas que nos facilitaron
al respecto. Señor secretario, nos puede informar de qué ha hecho el Gobierno del señor Sánchez en estos tres años por la presa de Oliva. ¿Qué solución ha dado a las peticiones formuladas por el Ayuntamiento de Oliva para la prevención del riesgo
de inundaciones en este municipio?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor secretario, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): En relación con la apreciación inicial, eso que usted llama huida del Gobierno respecto de sus obligaciones de atender a los requerimientos del Parlamento, en lo que
llevamos de esta XIV Legislatura han llegado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 5257 preguntas; 2351 a la Dirección General del Agua, 102 a la Agencia Estatal de Meteorología, 161 a la Oficina Española de Cambio Climático, 616 a la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, 1481 a la Dirección General de la Costa y el Mar y 546 a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. De estas 5257 preguntas se contestaron en plazo 5054, están pendientes
de contestar 203, que están en plazo, y se superó el plazo de respuesta en 115 de 5257. ¿Y concluye usted que el Gobierno tiene intención de eludir el control parlamentario? Obvio hacer el cálculo de la media de preguntas que se responden por vía
escrita incluidos sábados domingos y festivos. El nivel de cumplimiento en relación con los requerimientos de control parlamentario soporta cualquier comparación con periodos anteriores, señoría. Dicho esto, quiero poner en valor el ritmo de
trabajo de los grupos parlamentarios, que son capaces de mantener un ritmo de petición de información de este nivel. Lógicamente, aquí no incluyo las peticiones de información al resto del ministerio, a la Secretaría de Estado de Energía o a la
Secretaría General para el Reto Demográfico. Con ello únicamente quiero decirle que no comparto en absoluto su apreciación inicial; ¿qué podemos mejorar y que esas 115 preguntas pendientes en relación con un total de 5257 podríamos llevarlas a
cero? Pues vamos a intentarlo.
En relación con el tema concreto objeto de su pregunta, que es la presa de Oliva, decía usted que en su momento se dio una respuesta que coincidía con la que venía haciendo el Gobierno anterior del Partido Popular; no puede ser de otra
forma, no cambian los datos por más que cambie el Gobierno; al final la obligación es de la Administración en su continuidad con independencia de cuál sea el color del Gobierno y, por lo tanto, cada Gobierno tiene la obligación de continuar en el
momento procesal en el que deja los asuntos pendientes el Gobierno al cual sucede.
La sociedad estatal Acuamed tenía encomendada la actuación de laminación y mejora del drenaje de la cuenca en la rambla Gallinera, en las provincias de Valencia y Alicante, que incluía el encauzamiento parcial y acondicionamiento de la
rambla Gallinera, el desvío del río Alfadalí a la rambla Gallinera, el encauzamiento del río Alfadalí a su paso por Oliva, la mejora del drenaje transversal mediante el encauzamiento de la Manigueta de La Rabosa, el acondicionamiento de la zona
final del barranco de Benirrama y la propia presa de Oliva, que llevó a que los trabajos correspondientes se hubiesen adjudicado en el año 2009. De las seis actuaciones previstas en los cauces, de la uno a la cinco están finalizadas desde el año
2012, y Acuamed se está ocupando ahora mismo del mantenimiento y operación de estas infraestructuras a través de un contrato de servicios que fue adjudicado a la empresa Inamed con fecha 9 de julio de 2019. Los trabajos comenzaron con fecha 16 de
agosto de 2019 con un plazo de dos años, y la nueva licitación que tendrá que dar continuidad al servicio por otros dos años más de plazo ya ha salido y está prevista en breve su adjudicación. Previamente a la adjudicación del primer contrato, la
responsabilidad del mantenimiento recaía en el contratista de las obras.
Respecto a la actuación seis, como usted comentaba, las obras se suspendieron en diciembre de 2014 durante la ejecución de las excavaciones de la presa proyectada. La paralización fue motivada por las necesidades de revisar la viabilidad
del proyecto de la presa a la vista de la geotecnia resultante en la cimentación prevista. Al no resolverse el tema que había llevado a la suspensión de la obra, la UTE adjudicataria formuló solicitud de arbitraje contra Acuamed con fecha 8 de
junio de 2017, a fin de resolver el contrato y reclamar el pago de una cantidad en concepto de trabajos efectuados y no certificados y otra cantidad en concepto de indemnización de daños y perjuicios por la suspensión, así como los correspondientes
intereses de demora. Cabe señalar que el arbitraje que decretó la resolución del contrato de obras fue posteriormente anulado por el Tribunal Superior de Justicia por encontrarse la obra, junto con otras, investigada por la Audiencia Nacional en la
llamada Operación Frontino, cuestión esta que induce elementos que contaminan todo el proceso de actuaciones, en este caso por parte de Acuamed, en la medida en la que hay una parte sustancial del procedimiento judicializado. En ese sentido, lo que
se ha decidido es impulsar el lógico estudio de alternativas como consecuencia de la suspensión de la obra y, una vez seleccionada la alternativa, se redactará el proyecto correspondiente y se acometerán las obras.
Ahora mismo Acuamed está preparando el pliego técnico que debe regir la convocatoria del estudio de alternativas para la posterior licitación y contratación, como le digo, siempre sujeto al necesario control y rendición de cuentas a la
justicia al ser este un contrato que está bajo sospecha de irregularidades en el marco de esa operación llamada Frontino.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor diputado.
El señor GAMAZO MICÓ: Gracias, presidente.
Poco ha hecho el Gobierno en estos tres años que llevan gobernando desde que accedieron a la Moncloa. De hecho, voy a decir que nada o ninguna cosa porque si aún están con un pliego técnico para ese estudio, aviados vamos, como diríamos en
Valencia. El 24 de abril de 2009, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino aprobó el proyecto de construcción de las obras de laminación y mejora del drenaje, como bien ha dicho -por eso le he señalado que ha calcado todas las
respuestas del anterior Gobierno-, pero nosotros no le preguntábamos por el resto de las obras; le preguntamos en concreto por la presa de Oliva y en la pregunta ya le señalábamos que había sido suspendida en diciembre de 2014. Por tanto, no nos
tenía que responder aquello por lo que no le preguntábamos sino lo que nos ha respondido aquí y que no nos respondió en plazo; es decir, que están preparando el pliego técnico para el acuerdo de ese estudio de alternativas. Esa presa tenía un
importe de unos 17 millones en el proyecto global de 43 millones. Desde la suspensión de las obras, en diciembre de 2014, el Ayuntamiento de Oliva por unanimidad de todos los grupos políticos de todos los colores ha instado a los sucesivos
Gobiernos de la nación a que construyan la presa y den una solución.
Señor secretario, le recuerdo que el Gobierno del Partido Popular, en respuesta parlamentaria de 28 de marzo de 2018, ya informó de que se iba a licitar un estudio de alternativas y se iba a redactar un proyecto de terminación de las obras
que define ya la solución necesaria para la presa; 28 de marzo de 2018, hace más de tres años. Dos meses después, el 25 de mayo, se presenta una moción de censura y el 1 de junio el señor Sánchez accede a la Moncloa; el 18 de junio accede usted a
la secretaria de Estado y en estos casi tres años, 1050 días, todavía no tienen ese estudio realizado. Y en vez de hablar en pasado -hemos estudiado o hemos redactado y vamos a acometer la presa-, todavía me hablan en futuro, lo cual es
imperdonable para los intereses de los valencianos y de los vecinos de Oliva. Vista la respuesta que nos ha dado ahora, que lo están estudiando, me gustaría saber cuándo el Gobierno falta a la verdad; cuando en octubre de 2019 la Confederación
Hidrográfica del Júcar informa a los representantes del Grupo Socialista y a miembros del Gobierno del Ayuntamiento de Oliva que no contemplan proyecto alguno para la presa de Oliva, o ahora que nos habla de que todo dependerá de ese estudio de
alternativas. ¿A qué hacemos caso, a entonces, ahora o a ninguna de las ocasiones?
El 30 de marzo le formulamos preguntas por escrito por eso que no está realizando. Si en tres años todo depende de un estudio, queremos saber quiénes están realizando ese estudio, que parece que está en un pliego técnico, por lo que nos ha
comentado. Por tanto, no han encargado nada aún ni sabemos qué personas están realizando ese estudio que dará una solución definitiva.
Señor secretario, ¿va o no el Gobierno a finalizar de forma inmediata las obras de la presa de Oliva? ¿Todo dependerá de ese estudio? ¿Tiene voluntad del Gobierno de realizar esa presa, sí o no? Es muy fácil, porque los bienes y las
personas del municipio de Oliva pueden verse dañados por problemas de inundaciones. Recuerdo que Oliva está situada en la comarca de La Safor, al sur de la provincia de Valencia, una comarca donde el régimen meteorológico es el típico del litoral
mediterráneo, en el que son frecuentes los fenómenos de gota fría, que se ven favorecidos por la particular orografía de la zona. Miren, en un solo día de 1987 se recogieron en Oliva 817 litros por metro cuadrado, una cifra que no tiene que olvidar
ningún Gobierno ni ninguna autoridad competente. Por eso le traslado que la presa la exige toda la población de Oliva, todo el ayuntamiento, que, por cierto, no está gobernando el Partido Popular, está gobernando Compromís con el Partido
Socialista. Esto no va de colores políticos, esto va de necesidades de los vecinos y de los valencianos. La presa es necesaria para evitar inundaciones de la red viaria, en concreto de la N-332, de las zonas cultivadas y del casco urbano por el
desbordamiento del barranco de Alfadalí.
Los valencianos queremos certezas y soluciones. Nos hubiese gustado que hoy nos hubiera hablado ya en pasado, que nos hubiera dicho que ese estudio ya está realizado y, efectivamente, vamos a realizar la presa o no o vamos a ver, pero
continuamos en incertidumbres, en tres años perdidos de Gobierno para los vecinos de Oliva, que ven como no han avanzado absolutamente nada. Esperemos que la cosa cambie, señor secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene un minuto para contestar señor secretario.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias.
Yo no sé qué capacidad de seguimiento tenía usted entre los años 2014 y 2018, porque parece que aquellos cuatro años son mucho menores que los que van del 2018 hasta ahora. Ya le digo que no se trata de distinguir entre Gobiernos, cada uno
tiene sus obligaciones. Se podría haber hecho en el 2014, 2015, 2016, 2017, incluso en 2018, pero no se llegó a hacer. Coge usted la parte de la respuesta que le interesa y entiendo que obvie la sustancial, que es un proceso de judicialización por
sospechas de corrupción que condicionan buena parte de la capacidad de actuación de Acuamed con este y otros proyectos.
Señoría, vamos a culminar este proceso. Ya le he dicho que se está preparando ahora mismo el pliego técnico, pero que va siempre condicionado a las limitaciones que supone trabajar con un proyecto judicializado, en el cual no es fácil
compatibilizar los tiempos sobre la posibilidad de actuación. Esa es la parte sustancial de todo esto. ¿Por qué? Nos hemos encontrado con un proyecto que ha tenido que ser repensado por razones técnicas, pero eso no es lo fundamental, sino cómo
es posible que estas generen un tapón de gestión como consecuencia de su judicialización. Vamos a intentar salvar ese proceso.
Muchas gracias señoría.
- TONELADAS DE ARENA DEPOSITADAS EN LA PLAYA DE GUARDAMAR DE LA SAFOR EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS, ASÍ COMO COSTE ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA REPARAR Y REGENERAR DICHA PLAYA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON
RESPUESTA ESCRITA 184/034221).
AUTOR: GAMAZO MICÓ, ÓSCAR (GP).
BOCG, SERIE D, NÚMERO 245, DE 24 DE MARZO DE 2021 PDF. (Número de expediente 181/000852).
- TONELADAS DE ARENA DEPOSITADAS EN LA PLAYA DE MIRAMAR EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS, ASÍ COMO COSTE ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA REPARAR Y REGENERAR DICHA PLAYA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA
184/034223).
AUTOR: GAMAZO MICÓ, ÓSCAR (GP).
BOCG, SERIE D, NÚMERO 245, DE 24 DE MARZO DE 2021 PDF. (Número de expediente 181/000853).
- TONELADAS DE ARENA DEPOSITADAS EN LA PLAYA DE PILES EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS, ASÍ COMO COSTE ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA REPARAR Y REGENERAR DICHA PLAYA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA
184/034224).
AUTOR: GAMAZO MICÓ, ÓSCAR (GP).
BOCG, SERIE D, NÚMERO 245, DE 24 DE MARZO DE 2021 PDF. (Número de expediente 181/000854).
- TONELADAS DE ARENA DEPOSITADAS EN LA PLAYA DE BELLREGUARD EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS, ASÍ COMO COSTE ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA REPARAR Y REGENERAR DICHA PLAYA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA
ESCRITA 184/034225).
AUTOR: GAMAZO MICÓ, ÓSCAR (GP).
BOCG, SERIE D, NÚMERO 245, DE 24 DE MARZO DE 2021 PDF. (Número de expediente 181/000855).
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado y señorías, los Tiempos están bastante atrasados y son bastante amplios. Les ruego que se ajusten a ellos, porque, si no, nos vamos a tirar aquí hasta las Navidades.
Pasamos a las preguntas 4, 5, 6 y 7, que se han agrupado, sobre toneladas de arena depositadas en la playa de Guardamar de La Safor en los últimos seis años; toneladas de arena depositadas en la playa de Miramar en los últimos seis años,
así como coste económico; toneladas de arena depositadas en la playa de Piles, y toneladas de arena depositadas en la playa de Bellreguard.
El diputado que las presenta es Óscar Gamazo y tiene la palabra.
El señor GAMAZO MICÓ: Gracias, presidente.
Como bien ha señalado el presidente, vamos a acumular las preguntas cuarta, quinta, sexta y séptima del orden del día en una sola, por coincidencia de la temática y por agilidad parlamentaria, por lo que le pido al presidente generosidad,
aunque me ceñiré a los tiempos.
Preguntamos en esta ocasión por el número de toneladas de arena depositadas en los últimos seis años en las playas del sur de la provincia de Valencia, en concreto, las de Guardamar de La Safor, de Miramar, de Piles y de Bellreguard, todos
ellos municipios situados al sur del puerto de Gandía, así como el coste económico de la inversión de las actuaciones realizadas para reparar y regenerar dichas playas.
¿Por qué formulamos estas preguntas? Porque el Gobierno no nos respondió en el plazo pertinente. Tal vez en el caso de este ministerio sean tan solo 115 preguntas sin responder, pero le puedo informar que en otros ministerios tardan
bastante más y son bastantes las que no han contestado, por lo menos a este diputado, muchísimas más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señoría.
Permítame manifestar una modesta satisfacción por los objetivos de cumplimiento en las respuestas, que le agradezco, señor diputado. Si le parece, sencillamente paso a la enumeración de los datos que usted comentaba.
En el caso de la playa de Guardamar de La Safor, más allá de que esta cuenta con una estrategia de protección de la costa sur de Valencia, que está disponible en la web del ministerio, a partir de este momento será el documento director de
las actuaciones, porque, como comentaba inicialmente su compañera, no podemos seguir en esta dinámica de -tal como decía ella- tirar arena hoy que se la lleva mañana de nuevo el mar. Yo creo que debemos evolucionar. En todo caso, con los datos,
quiero decirle que en estos momentos se encuentra pendiente de licitación la contratación para la redacción del proyecto de regeneración de las playas situadas entre la desembocadura del río Serpis y el puerto de Oliva. Para mantener las playas de
Guardamar de La Safor en los últimos seis años ha sido necesario realizar un aporte de 1108 toneladas de arena procedentes de canteras, que se llevó a cabo en el año 2017, con un coste de 19 172 euros.
En el caso de la playa de Miramar, se encuentra pendiente de licitación la contratación administrativa para la redacción del proyecto de regeneración de estas playas. Según la cartografía disponible, se encuentra en una situación de
relativa estabilidad en los últimos seis años y, por ello, no se han realizado aportes de arena procedentes de otras playas o canteras. Las inversiones realizadas en aportaciones de arena en este tramo de costa en los últimos años se han centrado
principalmente en otros municipios que se han visto más afectados por los fuertes temporales acaecidos. De 2016 hacia acá no ha habido aportes de arena en esta playa.
En el caso de la playa de Piles, se aportaron, en 2015, 3795 toneladas procedentes de las playas al sur, con una inversión de 17 533 euros. En 2017 se realizaron dos aportaciones, 9725 toneladas de arena de cantera, con un coste de 182 103
euros, y posteriormente, en el mismo año, otras 6804 toneladas procedentes de la playa norte de Gandía, con un coste de 31 824 euros. En el año 2019, se aportaron 30 000 toneladas de arena, que aportó el puerto de Gandía, y que, por lo tanto, no
supusieron coste a la Dirección General de Costas; sí otras 8766 toneladas de arena procedentes de Burguera, Piles Sur, como obra de emergencia, por el temporal de septiembre del 2019. Por último, en el año 2020 se realizó un nuevo aporte de 19
575 toneladas, procedentes en este caso de las playas al sur de Xeraco, con una inversión de 126 539 euros. Por tanto, en la totalidad de los seis años sumarían 78 665 toneladas, por un importe de 409 376 euros, considerando que esas 30 000
toneladas aportadas por el puerto no supusieron coste, en este caso, a la Dirección General de Costas.
En el caso de la playa de Bellreguard, en el año 2017 se aportaron 1108 toneladas inicialmente, por un coste de 19 172 euros, y, posteriormente, otras 3033 toneladas, con un coste de 15 434 euros. En el año 2019, también en este caso el
puerto de Gandía aportó a las playas de Piles otras 30 000 toneladas de arena, también sin coste para la Dirección General de la Costa y el Mar. Lógicamente, los puertos tienen que atender a sus responsabilidades en relación con las afectaciones al
litoral. Por último, en el año 2020, hubo un nuevo aporte de 4875 toneladas de arena, en este caso procedentes de las playas al sur de Xeraco, con un importe de 32 206 euros. En total, serían en este caso 39 016 toneladas de arena en los últimos
seis años, con una inversión de 66 812 euros, también, como en el caso anterior, descontadas las 30 000 toneladas sin coste para la dirección general.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor diputado.
El señor GAMAZO MICÓ: Gracias, señor presidente.
Sin coste para la dirección general, pero con coste de dinero público de todos los españoles, porque al final son camiones, se transporta, se tiene que extraer la arena y es dinero público. Me gustaría resaltar de sus cifras esas 439 000
toneladas de arena que ha recibido la playa de Piles, que han supuesto más de 80 000 euros, por lo que nos ha contado. También hay otras cifras de otras preguntas que ustedes sí que nos respondieron en tiempo, como las 308 000 toneladas de arena
que ha recibido la playa de Tavernes de la Valldigna en los últimos años, con un importe de casi 3 millones de euros, más de 2 700 000 euros de inversión, para estar en estos momentos esa playa en esta situación. (Muestra una fotografía). Así se
encuentra la playa de Tavernes, tras casi 3 millones de euros de inversión, donde el agua llega a las viviendas. Pero no es la única fotografía. (Muestra otra fotografía). Vemos un parque que estaba separado del mar y que el mar se ha engullido.
Esta es la situación real de las playas del sur de la provincia de Valencia. Los alcaldes y los vecinos de todos los municipios afectados por los problemas de regresión de la costa quieren conocer cuándo, en qué fecha el Gobierno dará una solución
definitiva a los
problemas de la fuerte erosión que están sufriendo esas playas del sur de la provincia de Valencia, en especial por las que nos interesamos -Tavernes de la Valldigna, Daimuz, Bellreguard y Piles-, playas al sur del puerto de Gandía, porque
los municipios del litoral sur de la provincia de Valencia están en una situación límite y crítica, muy crítica. Sus playas, nuestras playas están en peligro de extinción, y con ello no solo la calidad de vida de la gente que vive allí, sino el
potencial turístico, el sector servicios del que vive fundamentalmente esa zona. Miren (muestra una fotografía), estas son la playa de Bellreguard y Guardamar; no solamente Tavernes sufre la erosión. Esta es una fotografía realizada ayer. En
esta situación se encuentra. Pero la playa de Piles, por la que también hemos preguntado (muestra otra fotografía), esta es la situación. Así no se encontraban hace años. Por tanto, requieren una solución.
Evidentemente, coincidimos, señor secretario, en que esos parches que nadie quiere de trasvases de arena no son la solución definitiva ni mucho menos, ni definitiva ni temporal, porque cuando viene un temporal la arena desaparece como la
niebla se disipa por la mañana. No queda tiempo para las playas. En muchas playas, como la de Tavernes de la Valldigna, ya no afecta solamente una playa, afecta a todo su litoral. Hay viviendas que continúan pagando sus impuestos, pero que no
tienen playa y que ven peligrar su situación. Las playas tenían un arenal, como le he dicho antes, que ha ido desapareciendo, y el Gobierno ha de planificar acciones a medio y largo plazo para dar una solución definitiva a la crítica situación en
la que se encuentran. No sé si conoce la zona. Yo le invito a que acuda y la conozca. Si la conoce perfecto, porque entonces conocerá perfectamente la situación. Pero ha de ir y reunirse con los vecinos y con sus alcaldes de todos los colores.
Ahí gobiernan diferentes ayuntamientos, gobierna el Partido Popular, gobierna Compromís, gobierna el Partido Socialista. Como le he dicho antes, no es una cuestión partidista, es una cuestión vital, de vida de la gente que vive allí y de los
negocios del sector turístico.
Hoy, lamentablemente, como hicimos en noviembre en esta Comisión, hemos de criticar la inacción del Gobierno, porque se escudan en eternos estudios que nunca llegan; inacción en la protección y recuperación de las playas de la provincia de
Valencia, especialmente en las del sur del puerto de Valencia y del puerto de Gandía. Es cierto que nos ha hablado -y anteriormente en su comparecencia lo ha sacado- de esa estrategia entre el puerto de Valencia y Denia, pero no ha dado ningún
plazo, mientras que en otras estrategias sí.
Le ruego, por tanto, una mayor celeridad y le pregunto por una fecha concreta, porque es una fecha vital. La gente lo está pasando muy mal, no solamente por esta crisis sanitaria y económica, sino encima por la situación en la que se
encuentra su litoral. El verano pasado se tuvieron que cerrar numerosas playas. No se puede vivir en esta situación ni permitirla. Como diputado valenciano, reclamo soluciones definitivas para la costa valenciana. Quiero poner en valor una
enmienda que presentó este grupo parlamentario a los Presupuestos Generales del Estado, de 10 millones de euros, cuando la partida para regenerar el litoral tan solo contemplaba 100 000 euros. La enmienda fue rechazada por los grupos que sustentan
al Gobierno. No se trataba de partidismos, se trataba de defender los intereses de los ciudadanos que lo están pasando mal en nuestro país, en este caso en el litoral valenciano.
Mire, señor secretario, nadie niega el cambio climático, pero su existencia no significa que debamos abandonar la lucha contra la regresión que sufre el litoral valenciano; todo el territorio nacional, pero en este caso me estoy refiriendo
al litoral valenciano. Mientras que en Holanda se invierte cada vez más en protección ante el aumento del nivel del mar, en España la inversión en infraestructuras para proteger nuestro litoral ha menguado. Mientras en 2009 se destinaban 268
millones de euros a infraestructuras para proteger nuestro litoral, diez años después, en 2019, la cantidad se quedaba en 6,5 millones. ¿Cómo se justifica esa reducción de las inversiones si la erosión de nuestras playas cada vez es mayor? Deben
cambiar el chip, deben recuperar los niveles de inversión de hace más de una década. Es preciso, es imperioso.
Luego, me gustaría destacar las contradicciones e incongruencias del Gobierno, que son constantes en muchas materias, en esta también. Usted, el 17 de noviembre, en esta Comisión manifestó lo mismo que ha señalado aquí, que no es partidario
de los trasvases de arena. Dijo exactamente que esto ya no iba de reponer arena y que eso había pasado a la historia. Sin embargo, el 12 de enero, en respuesta del Gobierno, nos dicen que, dentro de la estrategia para la protección del litoral
comprendido entre el puerto de Valencia y el de Denia al que usted ha hecho mención, en la playa de Tavernes se propone la realización de vertidos de arena. ¿No hemos quedado en que eso es historia, en que eso es pasado? ¿Cómo conjuga que esa
historia haya pasado en noviembre y que en enero nos digan que van a continuar con los trasvases de arena, que son parches temporales, que no sirven de nada, que no mitigan el problema? Es pura incongruencia.
El 17 de noviembre, en esta Comisión, señaló, a preguntas de Grupo Parlamentario Popular, que las soluciones no eran aportaciones de arena, pero tampoco eran espigones ni diques ni grandes infraestructuras. Entonces, ¿qué solución plantea
el Gobierno?, porque ha de haber alguna solución. ¿Qué mecanismos de adaptación y resiliencia pretende establecer el Gobierno en la costa del litoral valenciano?, porque a eso hizo mención en su intervención. ¿Nos puede detallar a qué mecanismos
se refiere? ¿Cómo va a recuperar el Gobierno el Dominio Público Marítimo Terrestre? ¿Van acaso a perder sus propiedades los vecinos de las playas del sur de la provincia de Valencia? Son dudas que surgen tras su intervención y dudas que tienen
numerosos vecinos.
Miren, esta no es una petición exclusiva del Grupo Parlamentario Popular, es una petición de los alcaldes que -lo he dicho- son de todos los colores políticos. En Tavernes de la Valldigna gobierna Compromís, en Daimuz gobierna el Partido
Popular, en Miramar gobierna el Partido Socialista, en Oliva gobierna Compromís, en Guardamar de La Safor también Compromís. En octubre del 2020 los alcaldes se reunieron con la directora general de la Costa y del Mar, la señora Oñoro, a quien le
exigieron que dejaran de parchear la situación y abordaran una solución definitiva. La señora directora general trasladó su compromiso de revisar todas las actuaciones pendientes. Llevamos ocho meses revisando esas actuaciones pendientes y los
alcaldes no tienen ni una solución ni una respuesta. Es intolerable. Los alcaldes reciben las quejas de los vecinos y los alcaldes necesitan una respuesta del Gobierno, que es la autoridad competente en este caso, y no la reciben. Como ustedes
parece que se duermen, yo le quiero formular propuestas, propuestas que realizan los alcaldes y los vecinos: espigones verticales o paralelos a la línea de la costa o geotubos. No hace falta innovar, tienen que copiar lo que están utilizando en
otras zonas del litoral español. Copien las buenas praxis y pónganlas en marcha, porque es de imperiosa necesidad.
Como les decía, no es una petición de este grupo parlamentario ni de los ayuntamientos, también lo es del Parlamento valenciano. El 22 de febrero, les Corts Valencianes volvieron a exigir al Gobierno de la Nación, al Gobierno de España la
máxima prioridad en las actuaciones para la regeneración de la costa valenciana y la reducción de la vulnerabilidad del litoral valenciano ante los efectos del cambio climático, la subida del nivel del mar y los temporales, y exigieron sobre todo
fondos económicos necesarios y la ejecución de proyectos. Pero no es una cuestión ni de ayuntamientos ni de Partido Popular ni de les Corts Valencianes, que están todos, sino también de la Autoridad Portuaria, quien el 30 de abril, recientemente,
solicitó a la Demarcación de Costas del ministerio en Valencia que priorizase las actuaciones de regeneración de las playas de Valencia, porque si no priorizan, si no espabilan y ellos van a imponer 15 millones de euros, difícilmente se podrán
realizar esas inversiones. Por tanto, por favor, cambien el chip. Abandonen esa actitud negligente, pasiva y, en algunos casos, hasta pasota, como puede llegar a pensar algún ciudadano -más de uno-, y pónganse a trabajar. Estos tres años perdidos
han de olvidarlos. Hemos de aplicar entre todos, y sobre todo ustedes que están gobernando, políticas sostenibles -y voy finalizando presidente-, para garantizar que las playas que han desaparecido vuelvan a ser lo que eran en un pasado reciente,
no hace tanto. Es prioritario y urgente que el Gobierno de España apruebe una actuación definitiva ante las insuficientes medidas provisionales. La gente ya no quiere parches, no quiere esos trasvases. Hay que solucionar el problema del litoral
sur de la provincia de Valencia, pero ya; mañana es demasiado tarde. Las playas, los vecinos de Tavernes de la Valldigna, de Daimuz, de Guardamar de La Safor, de Miramar, de Piles y de Oliva se lo agradecerán. Llevan, como le he dicho, tres años
en el Gobierno, y la paciencia de los valencianos se está agotando.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor secretario de Estado, quedan dos minutos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Me venía a la cabeza, con ocasión del debate sobre la reforma de la Ley de Costas del año 2013, la intervención del portavoz del Grupo Popular: El cambio climático no
existe, la subida del nivel del mar tampoco; eso es una profecía maya. Cinco años perdidos, desde el 2013 al 2018, sencillamente porque el Gobierno creía que el cambio climático era una profecía maya y que no existía la subida del nivel del mar.
Hay que recuperar el tiempo perdido, pero si no hubiésemos perdido esos cinco años, probablemente estuviésemos más avanzados, porque en ese periodo de tiempo podría haberse elaborado la estrategia de protección del borde litoral español, que este
Gobierno ha contratado de acuerdo con la financiación aportada por la Unión Europea y que en estos momentos está en desarrollo.
Quizás con esto también tenga algo que ver el hecho que me dice usted: ¿Cómo es posible que en 2009 hubiese 250 millones de euros, en números redondos, para las actuaciones en la costa, en el litoral, y en 2019 esto se haya reducido a 6,5
millones? Porque en 2009 gobernaba el Partido Socialista y el presupuesto de 2019 era el prorrogado que había dejado el Partido Popular. Le recuerdo que se convocaron elecciones precisamente porque no se consiguió aprobar un presupuesto por parte
del Gobierno socialista. En su pregunta tiene usted la respuesta. ¿Qué es lo que conseguimos? Inicialmente, este año, y gracias -en este caso también hay que decirlo- al, en algún caso cuestionado, Plan de recuperación, vamos a poner en marcha un
plan de inversiones en materia de recuperación de la costa del orden de unos 350 millones de euros de fondo extraordinario. En todo caso, ahí estará, y confiamos en tener ese plan de recuperación del borde litoral español para, efectivamente,
acometer -y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted- un plan de actuaciones estructurales ordenado, que dé soluciones con carácter de estabilidad a los problemas que se generan en buena parte de los 10 000 kilómetros de costa del litoral
español. Porque no era una profecía maya; el cambio climático está aquí y el nivel del mar sube, y sube especialmente en el Mediterráneo, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
- REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL PATRIMONIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD CELEBRADA EL 04/02/2021 EN LA QUE SE VOTÓ LA INCLUSIÓN DEL LOBO EN EL CATÁLOGO DE ESPECIES SILVESTRES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA
184/034586).
AUTOR: REQUENA RUIZ, JUAN DIEGO (GP). PASTOR JULIÁN, ANA MARÍA (GP). NAVARRO LACOBA, CARMEN (GP). GONZÁLEZ VÁZQUEZ, MARTA (GP). MARISCAL ANAYA, GUILLERMO (GP). SÁNCHEZ PÉREZ, CÉSAR (GP). GAGO BUGARÍN, DIEGO (GP). ALONSO PÉREZ, JOSÉ
ÁNGEL (GP). CABEZÓN CASAS, TOMÁS (GP). GÁZQUEZ COLLADO, PALOMA (GP). HERRERO BONO, JOSÉ ALBERTO (GP).
BOCG, SERIE D, NÚMERO 245, DE 24 DE MARZO DE 2021 PDF. (Número de expediente 181/000889).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto número 8: Pregunta sobre la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural de la Biodiversidad, celebrada el 4 de febrero de 2021, en la que se votó la inclusión del lobo en
el Catálogo de Especies Silvestres. Entiendo que la defiende Carmen Navarro.
La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor Morán.
El Grupo Parlamentario Popular tiene hoy una pregunta para usted, que realmente era una pregunta para el Gobierno que, en ausencia de contestación escrita, se ha convertido en oral en esta Comisión y, qué casualidad, que le ha tocado a usted
contestar, como asturiano, como exalcalde de Lena y como conocedor de primera mano de este asunto: la inclusión del lobo en la lista de especies protegidas. Esta fue una decisión tomada tras una votación tan ajustada como de dudosa formalidad, el
pasado 4 de febrero, en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad pues le recuerdo que Ceuta no pudo formalizar su voto por motivos técnicos. Por tanto, consideramos que fue ajustada, pero dudamos también de la formalidad de la
misma.
El Grupo Parlamentario Popular parte de dos premisas que para nosotros son dos axiomas. La primera es que nosotros abogamos por la conservación del lobo, como una especie con valor cultural, científico y ecológico, y mostramos nuestro
compromiso de mantener y de conservar la biodiversidad. La segunda, que también abogamos por la ganadería extensiva, que, además de su aportación al medio natural, es sostén económico y social del medio rural y especialmente de las zonas de
montaña. La convivencia de estas dos especies es uno de los problemas más trascendentales de la biodiversidad del panorama español, con alcance de ser un problema social.
El lobo se come al ganado, señor Morán. Lo sabe bien, y lo sabe como asturiano antes que como alto cargo del Gobierno. Y ahí es donde el Grupo Parlamentario Popular denuncia que la solución a un problema tan complejo no puede plantearse
desde la radicalidad, la unilateralidad y el atropello que su ministra, la señora Rivera, quiere imponernos, amparándose en un criterio científico poco formalizado y muy subjetivo del que discrepamos. Repito, discrepamos; en ningún caso
descalificamos, porque no hay descalificación alguna para el ámbito científico y académico.
Usted decía en su comparecencia hace tan solo unos minutos: ¿Se adoptan decisiones al amparo de decisiones científicas o en su contra? Lo segundo no parece coherente. Mire, yo le voy a decir otra cosa, señor Morán: se pueden tomar
decisiones con todos o contra todos. En este segundo caso parece que tampoco es muy coherente.
Señor Morán, no han elaborado censos de población del lobo, no han actualizado la estrategia del lobo, no han estudiado con carácter técnico y científico medidas preventivas y disuasorias de los daños, no han establecido un marco de diálogo
y de consenso con las comunidades autónomas afectadas por el lobo, las denominadas loberas, competentes en la gestión del lobo, que incluya criterios técnicos y científicos de los expertos que llevan años gestionando y trabajando, dentro del marco
de su competencia, para mantener el equilibrio entre la convivencia del lobo y la supervivencia de la ganadería extensiva. Por cierto, lo han hecho con acierto durante estos años.
Sin embargo, se han apresurado en tomar esta decisión de incluir al lobo como especie protegida. Una vez más, señor Morán, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico empieza la casa por el tejado. Le voy a poner dos ejemplos
más. Publicaron un plan de medidas contra la despoblación sin aprobar previamente la estrategia frente al reto demográfico. Además, ahora pretenden modificar vía real decreto las condiciones del trasvase Tajo-Segura sin aprobar antes los planes
hidrológicos de cuenca. Mire, no hay que ser arquitecto para saber que la caza se hunde, y la caza se les hunde, señor Morán, porque, al final, todo esto de la inclusión del lobo en el Lespre no es casualidad, responde a su modus operandi, al modus
operandi que tiene la señora Rivera, que parte de una radicalidad absoluta de sus personalísimos postulados, que distan mucho de la responsabilidad que tiene como Gobierno, que es de trabajar por el interés general. Desde luego, así no está
atendiendo al interés general, no cuando una decisión es capaz de generar un malestar unánime en las organizaciones agrarias y ganaderas. Lo comprobé en directo precisamente en su tierra hace tan solo unas semanas, cuando organizaron la caravana
del lobo que en breve tiempo va a tener usted aquí, en la puerta del Ministerio. Por cierto, le calificaban de traidor. Como buen conocedor del tema sabe que ha defraudado mucho a los suyos con tan lamentable decisión. Ha puesto también en contra
a todas las comunidades autónomas, a las que gobierna el PP, a las que gobierna el PSOE, a las que tienen lobo, como Galicia y Castilla y León, y a las que no tienen lobo, como Madrid, a todas las tienen en contra. También tienen en contra a
científicos, divulgadores y expertos, como Odile de la Fuente, que ha dicho a la señora ministra Rivera: Así no, señora Rivera, así no. A pesar de todo ello se han empeñado en este modus operandi de la ministra y en llevar su plan a cabo. Pero
¿quién susurra al oído de este Gobierno que tiene en sus manos el medio natural de España? ¿A qué intereses responden desde su Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico? Desde luego, al interés general, no. Les recuerdo que la
Directiva Hábitats diferencia el tratamiento del lobo al norte y al sur del Duero: al norte como especie cinegética, salvo en Asturias -por cierto, están todavía esperando sus paisanos de su comunidad autónoma el plan de gestión del lobo-, y al
sur, como especie protegida. Partiendo de esta premisa, usted sabe que el territorio que alberga el 85 % del lobo sufre el 15 % de los daños, y donde tan solo tienen un 15 % de la población del lobo, sufren el 85 % de los daños, que es bastante.
Convendrán en que España lo que necesita es una interpretación de la Directiva Hábitats, de su anexo IV, y una planificación y protección uniforme para todo el país, que se establezca para todo el país, al norte y al sur del Duero. En esto era en
lo que estaba trabajando precisamente el Gobierno del Partido Popular cuando ustedes llegaron, pero, claro, es que es necesario trabajar, que es lo que precisamente no ha hecho su Gobierno. Vuelvan a la senda del consenso y del trabajo por el
interés general del que nunca debieron apartarse. Por eso nos encontramos ante la amenaza hoy de la supervivencia del medio rural y de la ganadería extensiva, precisamente en manos de quien tiene la competencia de trabajar por el reto demográfico.
Decía la señora Ribera en su comparecencia en el Senado conjunta con el ministro de Agricultura que el medio rural estaba cubierto de un velo de invisibilidad, pues desde el Grupo Parlamentario Popular le decimos que al medio rural parece
que la señora Ribera le quiere poner un velo negro. ¿Valora -y estas son las preguntas- el Gobierno desistir de la publicación de la orden ministerial? ¿Qué informe jurídico
avala que la votación de la comisión del pasado 4 de febrero fue válida? Y por último, ¿es consciente de que este tema está en puertas de judicializarse?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor secretario.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): La verdad es que este tema lleva judicializado un montón de años. De hecho en estos momentos nos encontramos que el sector ganadero tiene quejas reiteradas respecto a la
situación de discriminación que se produce entre territorios, por eso me comentaba usted. Es necesario un plan de país para gestionar una especie que es única en el conjunto del territorio, de tal manera que no haya tratamientos diferenciados en
función de fronteras administrativas. Esa es la mayor queja de los ganaderos por la situación actual. En el otro lado, desde el punto de vista del conservacionismo, está la queja de por qué no se consigue establecer un plan también de país que
garantice que esta especie tenga continuidad en el tiempo, hasta tal punto que ha sido exterminada en algunos territorios del país.
Ponía usted un ejemplo ciertamente curioso para dejar traslucir como que el ministerio altera los procedimientos técnicos en función de sus intereses, y hacía mención a la modificación de las reglas del trasvase antes de la aprobación de los
planes de cuenca y que debería haberse esperado a los planes de cuenca. La anterior reforma de la norma de gestión del trasvase Tajo-Segura se hizo en el año 2014; los planes de cuenca actuales se aprobaron en 2015. ¿El procedimiento vale cuando
lo hace un Gobierno y no vale cuando lo hace otro Gobierno? Entiendo que en aquel momento el Gobierno lo hizo porque consideraba que se necesitaba actuar en función de cuál era la situación del sistema y es exactamente lo mismo que hace ahora el
Gobierno. Señoría, creo que todos tenemos en mente que el interés general del Estado se sobrepone sobre esas dudas que usted planteaba, también sobre la formalidad del trámite seguido en este caso. Yo niego la mayor, no existe ninguna duda, se ha
seguido escrupulosamente el procedimiento que lleva marcado en materia de catalogación de especies, desde el momento de la aprobación de la ley, con las mismas herramientas y, por cierto, con la misma composición del comité científico, que es el que
nos encontramos cuando llegamos al Gobierno: diecinueve expertos que forman parte de un comité científico que emiten su dictamen por unanimidad.
En relación con las preguntas que usted plantea, y sobre alguna de esas dudas que se manifiestan cuando se hacen afirmaciones categóricas en el sentido de que tenemos a todas las comunidades autónomas en contra, si tuviésemos a todas las
comunidades autónomas en contra, ¿cómo es posible que se haya aprobado en la comisión estatal la catalogación del lobo? Entiendo que ha de haber más comunidades a favor que en contra, porque si no, difícilmente se podría haber elevado la propuesta
al ministerio. Con lo cual, no existe esa... (La señora Navarro Lacoba hace gestos al orador). No, usted ha dicho todas las comunidades autónomas, tanto las que tienen población de lobos como las que no lo tienen.
En relación con las preguntas he de decirle que sí, que todas las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía fueron convocadas a la reunión y tuvieron oportunidad de acceder a la misma y realizar su votación en calidad de
miembros de dicho órgano colegiado. La votación en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad se realizó al objeto de recabar el informe favorable de este órgano de coordinación entre administraciones en el marco del
procedimiento administrativo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe realizar ante la recepción de una propuesta de modificación del listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Dicho
procedimiento está recogido en la normativa aplicable Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, que la desarrolla reglamentariamente en este ámbito. La propuesta de
inclusión del conjunto de poblaciones españolas del lobo en el listado viene apoyado por un dictamen del comité científico que asesora al ministerio, a las comunidades autónomas y al Comité de Flora y Fauna Silvestre -por cierto, la mayoría de los
miembros del comité a sugerencia de las comunidades autónomas- y que está regulado a través del artículo 7 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. La solicitud de dicho dictamen está contemplada en el procedimiento de tramitación de este tipo
de solicitudes, tal y como establece el artículo 6 del real decreto antes mencionado.
En la actualidad existe una estrategia para la conservación y gestión del lobo en España que resulta vigente y aplicable. Existe una iniciativa para actualizar dicha estrategia, de cara a actualizar su contenido.
La citada comisión está siendo convocada sobre la base de los asuntos que debe tratar en razón de su ámbito competencial, aunque desde luego no se plantea tratar de nuevo aspectos relativos a la inclusión del conjunto de poblaciones del lobo
en el listado al no existir defectos formales al respecto. Se protege a la especie respecto a un factor de mortalidad no natural de la misma, como es la muerte por disparo en eventos deportivos de caza. No se considera que exista relación con la
lucha contra el reto demográfico, dado que la ausencia de actividad cinegética no supone merma relevante de recursos económicos en el medio rural. La prohibición de la caza del lobo no está relacionada con la ganadería extensiva, es caza y no
ganadería.
La protección de la ganadería extensiva respecto a los posibles daños por lobo ha de ejecutarse mediante medias preventivas de los rebaños, fundamentalmente, así como con pagos compensatorios en caso de pérdidas, pagos incentivadores de la
actividad ganadera en zonas de lobo y formación y sensibilización, y en casos extremos con el control de ejemplares conflictivos. En todo caso, con la nueva situación legal del lobo dichos controles se podrán seguir realizando siempre que se
cumplan las condiciones establecidas por la normativa aplicable.
Me hablaba usted del modelo asturiano. En Asturias está prohibida la caza de lobo desde hace treinta años, y por cierto, estaba yo en la Consejería de Medio Rural en Asturias cuando se aprobó el mecanismo de gestión que sigue vigente. No
se ha adoptado una decisión que pudiera enfrentar a comunidades autónomas sino sobre la base del interés general, a las evidencias científicas y a la necesidad de resolver problemas de índole legal y práctico que mejoren la seguridad jurídica y que
incrementen las posibilidades de actuación para evitar los daños que se producen por especies silvestres en el caso de los aprovechamientos agrarios.
En este momento se está trabajando, tras el procedimiento de información pública preceptivo, en la elaboración de la orden de inclusión del lobo en el listado, salvo que usted me sugiera que alteremos el procedimiento administrativo y
pongamos en marcha un mecanismo de arbitrariedad que rompa con el procedimiento. Es la ley que se ha utilizado siempre hasta ahora y nunca ha sido ni cuestionada, ni enmendada en el Parlamento. La verdad es que en todos los casos todas las
especies catalogadas en su cambio de estatus han seguido el mismo procedimiento, exactamente igual. En este caso tenemos dos como comentábamos antes: el lobo y la tórtola. Dos aspectos con dos resultados totalmente distintos, pero por alguna
razón en uno se cuestiona la legitimidad del procedimiento seguido, y en el otro no, aunque se hicieron las dos en la misma sesión. No deja de ser curioso.
El señor PRESIDENTE: Tiene cuarenta segundos, no sé si quiere utilizarlos, señora diputada.
La señora NAVARRO LACOBA: Serán cuarenta segundos, señor presidente.
En primer lugar, usted sabe bien que los medios telemáticos fallaron ese día. Por tanto, hoy nos encontramos en una nueva modalidad de celebración de elecciones en la que también hay que garantizar el proceso y la participación y el derecho
a voto que tenían los convocados a esa reunión y a esa comisión. Por tanto, eso lo tienen que determinar los técnicos, no tienen aún informe jurídico a este respecto con criterio técnico.
En segundo lugar, le digo que la modificación del trasvase de 2014 se dio en condiciones muy distintas a las que hoy pretenden, porque las circunstancias eran bien diferentes. Hoy son distintas, hay agua, por tanto, ¿qué esconden tras esta
modificación de las condiciones del trasvase Tajo-Segura?
Por último, quiero decirle que ahora entendemos también por qué no ha querido contestar la pregunta por escrito. Para usar la tribuna y seguir ahondando en la justificación que tienen que hacer de su decisión en el debate, luce mucho más
hacerlo en presencia que por escrito.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Le quedan cinco segundos, secretario.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Señoría, le agradezco el piropo de que luce mucho más la respuesta en persona que por escrito.
Muchas gracias.
- MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA TRAS LA DECISIÓN DE NO RENOVACIÓN DE LAS CONCESIONES QUE AFECTAN A LAS PISTAS DE ESQUÍ ALPINO ESCAPARATE, TELÉGRAFO Y BOSQUE EN NAVACERRADA (PROCEDENTE
DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/039356).
AUTOR: BORRÁS PABÓN, MIREIA (GVOX). GESTOSO DE MIGUEL, LUIS (GVOX). LÓPEZ MARAVER, ÁNGEL (GVOX). REQUEJO NOVOA, PEDRO JESÚS (GVOX). CONTRERAS PELÁEZ, FRANCISCO JOSÉ (GVOX). CHAMORRO DELMO, RICARDO (GVOX). NEVADO DEL CAMPO, MARÍA
MAGDALENA (GVOX).
(Número de expediente 181/001018).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 9, que es una pregunta sobre la mejora del medio ambiente en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama tras la decisión de no renovación de las concesiones que afectan a las
pistas de esquí alpino Escaparate, Telégrafo y Bosque, en Navacerrada. Entiendo que la va a defender don Pedro Requejo.
El señor REQUEJO NOVOA: Gracias.
En primer lugar, quiero solidarizarme con don Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano que inició hace doce días una huelga de hambre y sed, y no se sabe ahora muy bien qué es de él porque fue introducido a la fuerza en el hospital
Calixto García. (Aplausos). Muchas gracias.
El día 25 de junio de 2013 se declara como parque nacional el Parque de la Sierra de Guadarrama. El de Guadarrama es el cuarto en extensión, con 33 960 hectáreas repartidas entre Madrid y Castilla y León, con un preparque de 84 000
hectáreas a la vertiente madrileña, y un Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama con 86 616.
A caballo entre las provincias de Segovia y Madrid, es el más reciente de los parques nacionales españoles -reiteró que es el más reciente- hasta que aprobemos próximamente el de la Sierra de las Nieves, en Málaga. Parece que la etimología
popular es originalmente la latina aquae dirrama, Guadarrama, divisoria de aguas, denotando ya en época tan temprana que marca la divisoria entre las cuencas del Duero y del Tajo. En la época musulmana se adaptó esta denominación al árabe
Uad-ar-rámel, que significa río del arenal.
No voy a desgranar prolijamente los valores medioambientales que justifiquen el reconocimiento del parque nacional, que supongo que todos conocen, sobre todo después de la larga exposición del señor secretario de Estado, ni tampoco su
historia de condición de área natural que dio lugar a los enclaves de Pedraza, Manzanares el Real, Buitrago, etcétera. Sin embargo, muy poco ha sido el conocimiento que de la sierra han tenido a lo largo de los siglos los habitantes de Madrid y
Segovia, a excepción de los que entraban a ganarse el sustento como leñeros o pastores. Se podría decir que vivían de espaldas a la sierra y en la Corte sólo servían de fondo para los retratos reales en los lienzos de Velázquez. La Pedriza y El
Boalo se convirtieron en uno de los principales reductos de famosos bandoleros, como Luis Candelas o Paco Sastre. Sin embargo, es en el siglo XX o finales del XIX cuando se despierta el interés por el Guadarrama de la mano de los institucionistas,
esa corriente regeneradora que tanto le hacía falta a España y que les presentó en esta cita, un poquito larga, pero que creo que ilustra a la perfección este problema para el conservacionismo: 'Jamás podré olvidar una puesta de sol, que allá, en
el último otoño, vi con mis compañeros y alumnos de la Institución Libre desde estos cerros de Las Guarramillas. Castilla la Nueva nos aparecía de color de rosa; el sol, de púrpura, detrás de Siete Picos, cuya masa, fundida por igual con la de los
cerros de Riofrío, en el más puro tono violeta, bajo una delicada veladura blanquecina, dejaba en sombra el valle de Segovia, enteramente plano, oscuro, amoratado, como si todavía le bañase el lago que lo cubriera en época lejana. No recuerdo haber
sentido nunca una impresión de recogimiento más profunda, más grande, más solemne, más verdaderamente religiosa. Y entonces, sobrecogidos de emoción, pensábamos todos en la masa enorme de nuestra gente urbana, condenada por la miseria, la cortedad
y el exclusivismo de nuestra de detestable educación nacional a carecer de esta clase de goces, que, en su desgracia, hasta quizás murmura, como murmura el salvaje de nuestros refinamientos sociales, perdiendo de esta suerte el vivo estímulo con que
favorecer la expansión de la fantasía, el ennoblecimiento
de las emociones, la dilatación del horizonte intelectual, la dignidad de nuestros gustos y el amor a las cosas morales que brota siempre al contacto purificador de la Naturaleza'. Giner de los Ríos, 1883.
Esto es, ¿cuál es el sentido de un parque nacional? Admitimos que, además de su claro valor como reservorio natural de representación de ecosistemas singulares y lugar de estudio para científicos, puede ser un camino de conocimiento de la
naturaleza para cualquier persona. ¿Necesita la naturaleza acercarse a la sociedad para seducirla con su belleza, como nos reclama Giner, o la dejamos allá arriba, en las alturas, prístina y solitaria, y nosotros bajamos la cabeza a la pantalla del
móvil? Generaciones de madrileños han recibido su primer contacto con la naturaleza en esta sierra y han despertado su amor por ella a través del frío impacto de una bola de nieve. Han descubierto que el asfalto no tiene por qué ser la regla y que
la naturaleza, si se la respeta, nos puede ofrecer el espectáculo de un águila imperial sobrevolando nuestras cabezas. ¿Qué embajada más eficaz podría imaginarse para una organización ecologista que una pequeña pista de esquí en medio de un parque
nacional? Y es que la mayoría de los que van son niños y familias. Y es que además se llama escaparate. Y es que, si no existiera, habría que inventarla. Claro, un ecologismo que tuviera como fin difundir el amor a la naturaleza y no medrar en
forma de parásito administrativo. Tenemos que hablar de cortedad, exclusivismo y detestable al referirnos al Miteco, como cuando hablaba Giner de los Ríos de la educación de su tiempo.
Entre las características que, según el ministerio, debe reunir un parque nacional además de las que he mencionado antes, está la de no incluir asentamientos humanos en su interior; pero, apostilla, salvo casos excepcionales debidamente
justificados. Navacerrada es una escuela de naturaleza y vida, y no se me ocurre otra excepción mejor justificada. La ideología les ciega; pretenden imponerla. La ideología les impide dialogar, como vienen demostrando en cada una de las leyes
que nos traen al Congreso. El ministerio, sin mostrar un informe, no renueva una concesión. Tampoco da audiencia a los actores afectados ni a las administraciones implicadas. Con un par; con un par de razones expuestas en un comunicado obliga al
cierre de la segunda estación de esquí más antigua de España. En 1903 oyeron por primera vez un esquí las cumbres de Navacerrada y probablemente de España, esquí tallado por los directores de la compañía de maderas, de origen noruego. En 1906 se
funda el Club Alpino Español. Los primeros medios mecánicos se instalaron a finales de los cuarenta en la cara norte de las Guarramillas. En 1954 se crea Trasportes Aéreos del Guadarrama. En el 1960 se probaron los primeros sistemas de nieve
artificial. Tampoco esto parece tener valor en la consideración de parque nacional, ser cuna del deporte del esquí en España y donde aprendieron a deslizarse nuestros únicos campeones olímpicos. Atrás han quedado los mejores tiempos para la
estación, en los setenta, con grandes aglomeraciones. Hoy se trata de una estación...
El señor PRESIDENTE: Señor Requejo, tiene que terminar.
El señor REQUEJO NOVOA: Bien. Como tengo otra pregunta, continuaré después.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Gracias.
Muchas gracias, señoría. En todo caso, siempre es agradable... Pero, en primer lugar, me alegro de la referencia a la Institución Libre de Enseñanza y de algunas de las apelaciones que ha incorporado usted en su intervención, por otra
parte, repleta de referencias históricas, que nunca sobran. Ajustándome a la pregunta, una vez finalizado el plazo legal de la actual concesión el día 3 de abril de 2021, tal y como establece la cláusula 22 del pliego de condiciones, 'declarada la
caducidad de la presente autorización, la ocupación a la que la misma se refiere quedará sin ningún valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que se determine por el Centro Montes de Valsaín, sin que por todo ello tenga
derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase'. Consecuencia de ello es que el organismo autónomo Parques Nacionales notificó a la empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí que debe proceder a desmontar y
retirar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, retirar cables y tomas de agua, ya sea en emplazamientos de cañones o en la toma del arroyo del Telégrafo. Los terrenos deben quedar perfilados y aptos para la
recuperación de la vegetación de la zona, con plazo 30 de octubre de 2021. Además, el organismo autónomo Parques Nacionales ha presentado al Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en su reunión de 23 de marzo de 2021, una
propuesta de elaboración de un programa piloto para la activación económica
sostenible, con la participación de todas las administraciones y agentes implicados, que aborde el tema con un programa de gestión integral en base a la Ley de Parques Nacionales. Uno de los aspectos propuestos hace referencia a la
restauración ecológica de la zona afectada por las instalaciones de esquí.
Tras el desmantelamiento de la estación de esquí se procederá a la restauración ambiental de la zona ocupada, siguiendo el referente de la recuperación de la antigua estación de esquí de Valcotos, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid
expropió en 1998, y que es un ejemplo de restauración ecológica de una estación de esquí, haciendo compatible el disfrute del espacio natural con su conservación. De esta manera se recuperará la fisiografía y la cubierta vegetal poniendo en valor
senderos, zonas de estancia, itinerarios autoguiados, así como servicios de información, vigilancia, mantenimiento y control de visitantes, y también se fomentará el desarrollo de investigación básica y aplicada para mejorar el conocimiento
científico del parque nacional y su entorno.
Muchas gracias, señoría.
- NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE VERÁN AFECTADOS POR LA DECISIÓN DE NO RENOVACIÓN DE LAS CONCESIONES QUE AFECTAN A LAS PISTAS DE ESQUÍ ALPINO ESCAPARATE, TELÉGRAFO Y BOSQUE EN NAVACERRADA, UBICADAS EN EL ENTORNO
DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/039357).
AUTOR: BORRÁS PABÓN, MIREIA (GVOX). GESTOSO DE MIGUEL, LUIS (GVOX). LÓPEZ MARAVER, ÁNGEL (GVOX). REQUEJO NOVOA, PEDRO JESÚS (GVOX). CONTRERAS PELÁEZ, FRANCISCO JOSÉ (GVOX). CHAMORRO DELMO, RICARDO (GVOX). NEVADO DEL CAMPO, MARÍA
MAGDALENA (GVOX).
(Número de expediente 181/001019).
- VALORACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA DECISIÓN DE NO RENOVACIÓN DE LAS CONCESIONES QUE AFECTAN A LAS PISTAS DE ESQUÍ ALPINO ESCAPARATE, TELÉGRAFO Y BOSQUE EN NAVACERRADA, UBICADAS EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE
GUADARRAMA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/039359).
AUTOR: GESTOSO DE MIGUEL, LUIS (GVOX). LÓPEZ MARAVER, ÁNGEL (GVOX). REQUEJO NOVOA, PEDRO JESÚS (GVOX). CONTRERAS PELÁEZ, FRANCISCO JOSÉ (GVOX). CHAMORRO DELMO, RICARDO (GVOX). NEVADO DEL CAMPO, MARÍA MAGDALENA (GVOX).
(Número de expediente 181/001021).
El señor PRESIDENTE: Tenemos ahora dos preguntas del señor Contreras, que van a tratarse conjuntamente, y son la 10 y la 12. La 10 es sobre el número de puestos de trabajo directos e indirectos que se verán afectados por la decisión de no
renovación de las concesiones que afectan a las pistas de esquí alpino Escaparate, Telégrafo y Bosque, en Navacerrada, ubicadas en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Y la 12 es la valoración del impacto económico de la
decisión de no renovación de las concesiones que afectan a las pistas de esquí alpino Escaparate, Telégrafo y Bosque, en Navacerrada, ubicadas en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Tiene la palabra el señor Contreras.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, presidente.
Antes de abordar la faceta socioeconómica de mi pregunta, quería abordar una cuestión previa, porque antes, por enésima vez, tanto usted como el señor secretario de Estado, volvieron a llamarnos negacionistas y a decir que negamos el cambio
climático. Como de ningún modo lo quiero atribuir a mala fe, intención de descalificar torticeramente al rival político, explicaré -aunque lo he hecho en intervenciones anteriores- muy sucintamente una vez más nuestra posición sobre la cuestión del
cambio climático para que no vuelvan a llamarnos negacionistas, cosa que no somos, si es que por cambio
climático se entiende la subida de la temperatura desde siglo IXX, hecho físico que nadie -ni tampoco nosotros- niega. Efectivamente la temperatura ha subido 1/1,2 grados desde la segunda mitad del siglo IXX. Pero cuando ustedes hablan de
cambio climático en realidad se refieran a un paquete de ideas en el cual incluyen otras cosas, sobre las cuales nosotros somos más asertivos.
La segunda de estas cosas es que esa subida de temperatura se debe exclusivamente a la acción humana, es exclusivamente antropogénica. Sobre esto ya hay mucho más debate científico, existe en el clima una variabilidad natural, como lo
demuestran las oscilaciones del clima a escala no solo geológica, sino también a escala histórica. Simplemente en el último milenio ha habido un óptimo climático medieval, ha habido una pequeña edad del hielo en una época en la que no había
emisiones humanas de CO2, por tanto esos serían factores naturales. En la subida actual no sabemos en qué porcentaje se debe a la acción humana, y en qué porcentaje a posibles factores naturales, como los que operaron en el pasado. Un factor que
alimenta esas sospechas de que no todo debe deberse a la acción del hombre es el hecho de que la temperatura subiera bastante rápido en la primera mitad de siglo XX, cuando no había apenas emisiones todavía de CO2. Sin embargo, dejó de subir en las
décadas de los cuarenta a los setenta e incluso bajó un poco, por eso algunas revistas en la década de los setenta hablaban de la inminente glaciación, porque estaba bajando la temperatura. Ustedes mismos en sus informes sobre Navacerrada dicen que
la mejor década para la nieve y para el esquí fue la década de los setenta, o sea, reconocen que hacía más frio en los setenta que en los cuarenta por ejemplo. ¿Cómo se explica esto? Si las emisiones de CO2 no habían hecho más que subir
exponencialmente de los cuarenta a los setenta, parece que hay más factores en juego aparte de las emisiones humanas de CO2. Nosotros no negamos que las emisiones de CO2 tengan un impacto, deben tenerlo sin duda en la subida de temperatura, pero no
sabemos en qué porcentaje se le debe a la acción humana, en qué porcentaje a factores naturales. Esto que digo no lo digo solo yo, sino que lo dicen muchos físicos importantes: Richard Lindzen, lo dice el Premio Nobel de Física Norman Borlaug, lo
dice el físico eminentísimo Freeman Dyson o el también Premio Nobel Ivar Giaever.
El tercer dogma que ustedes incluyen en el paquete es el hecho de que esa subida de temperatura ahora ya se va a acelerar exponencialmente hasta finales del siglo XXI y más, es el famoso gráfico del palo de hockey tumbado, donde la curva se
dispara hacia arriba. Bien, sobre esto hay mucho más debate, muchas más dudas, no solo nuestra, sino en la propia comunidad científica y en el propio IPCC, como demuestra el hecho de que el IPCC maneje varios escenarios. Los famosos escenarios
RCP, representative concentration pathway: hay el 2.5, el 4.5, el 6.5, el 8.5, y manejando esas variables y metiendo variables distintas en el modelo, cuánto más CO2 vamos a emitir, qué impacto va a tener sobre la atmósfera, cuánto más efecto
invernadero vayan a crear, etcétera. En mi intervención del otro día -que tanto ridiculizaron ustedes-, me atuve al escenario 4.5, digamos, un escenario intermedio que prevé un aumento de temperatura de 2/2,5 grados más hasta finales del siglo XXI.
Y el cuarto punto que ustedes incluyen en el paquete, y que nosotros no compartimos, es que esta subida de temperatura vaya a tener efectos apocalípticos y ponga en peligro la vida en la tierra, la supervivencia humana, como han dicho una
vez más varios portavoces de grupos parlamentarios en esta sesión; eso no es cierto, no está en juego la vida humana en la tierra, no está en juego ni mucho menos
la vida sobre el planeta. Los efectos del cambio climático, sobre todo en la primera fase antes de superar ciertos umbrales, van a ser positivos en algunos aspectos, por ejemplo, el CO2 tiene un efecto fertilizante sobre la vegetación, esto
lo ha reconocido la NASA. El planeta está más verde hoy que hace treinta años y se debe al efecto fertilizante del CO2, va a beneficiar sin duda a los países más fríos y va a causar más problemas en los países más cálidos, y a partir de cierto
umbral, pongamos un grado y medio más que ahora, sin duda los efectos negativos parece que van a ser más importantes que los positivos, eso lo reconocemos. Habrá más problemas qué ventajas, pero también va a haber algunas ventajas. Entonces, ¿qué
nos jugamos en todo esto? ¿Nos jugamos la supervivencia de la humanidad? No, no nos jugamos la supervivencia de la humanidad. El único Premio Nobel de Economía que ha recibido el premio por sus trabajos sobre los efectos económicos del cambio
climático es William Nordhaus, que no niega en absoluto el cambio climático, y él ha estimado un modelo complejísimo en el que incluye muchas variables. Ha estimado que el impacto del escenario 4.5, es decir, subida de 2,5 grados para 2100 en el
PIB mundial sería de un 3 %. Es decir, en 2100 la humanidad será mucho más rica que ahora, pero si sube la temperatura 2,5 grados será un 3 % menos rica de lo que hubiera podido ser, eso es lo que está en juego: 3 puntos más o menos del PIB en el
año 2100. Esa es nuestra posición, entonces ustedes nos seguirán llamando negacionistas, hagan lo que quieran, pero me importa que el público en general conozca lo que
pensamos sobre esto, y su interpretación dogmática, sectaria -lo dijo Mireia Borrás antes- de los resultados de la ciencia les lleva, por ejemplo, a acelerar el cierre de la estación de esquí de Navacerrada, alegando como pretexto el cambio
climático; no nos digan que la concesión administrativa expiraba, porque se convoca un nuevo concurso y una nueva concesión. Sin duda habría empresas dispuestas a acudir, es decir, no sirve la excusa administrativa, ustedes lo que han utilizado es
el pretexto climático, afirman que la temperatura ha subido 1,95 grados desde los años cincuenta en Navacerrada, y que por tanto se derretirá la nieve, y para qué necesitamos ir a una estación de esquí si no va a haber nieve. Bien, de momento hay
nieve de sobra y lo dicen los propios responsables de la estación, no ha dejado de haber nieve en ningún momento, no han tenido problema de falta de nieve. Ustedes parece que aplican una eutanasia preventiva: como según nuestro modelo dentro de
equis años no va a haber nieve, la cerramos ya; según eso, por ejemplo, a los cincuenta años deberíamos pedir la eutanasia y así nos ahorramos las complicaciones de salud que vayamos a tener entre los cincuenta y los noventa años.
Pero sobre esto de la subida de temperatura yo he tenido curiosidad y me he ido a las web por ejemplo del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, la web está disponible y les puedo dar los datos si les interesan. Y hay un
histórico de temperaturas de la estación a partir del año 1947 que llega a 2010. Lo que sale es que, por ejemplo, la temperatura media anual en el año 1947 en el puerto de Navacerrada era de 7,8 grados, en 2010 fue de 6,4 grados, grado y medio
menos, o sea, más frío en 2010 que en 1947, ya sé que no se pueden entresacar años sueltos porque pueden no ser representativos, lo interesante es la tendencia. Pero me voy al histórico y resulta que la temperatura media de todo el periodo es
precisamente 6,4, es decir, no se encuentra esa tendencia ascendente que ustedes afirman tan categóricamente. Me tomé la molestia de comprobar un Excel también que te detalla las temperaturas por meses y años a lo largo de medio...
El señor PRESIDENTE: Se acabó su tiempo y no ha verbalizado las preguntas.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Sí, pero yo tenía dos preguntas y concentre el tiempo de las dos, porque entendí que me iban a ampliar el tiempo de intervención en consideración a que eran dos preguntas.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Si puede terminar.
El señor CONTRERAS PELÁEZ: Sí. Decía que no existe problema de falta de nieve, no está clara esa subida de temperatura tan dramática que ustedes afirman, en todo caso los responsables de la estación dicen que no falta nieve, que la
estación es perfectamente viable. Ellos querrían renovar la concesión y si tan claro está que nos vamos a quedar sin nieve dentro de nada por qué aspirarían a renovar la concesión, sería una empresa suicida que no tendría beneficios. Es como
cuando los grandes millonarios de las empresas tecnológicas, que casi todos ellos son devotos de la seudoreligión del cambio climático, se compran casoplones en primera línea de playa. ¿No dicen ustedes que el terrible cambio climático va a
producir inundaciones? ¿Por qué se compran una casa en primera línea de playa que enseguida va a perder su valor? Incluso Barack Obama se compró hace unos años una casa de playa muy cerca del mar en Martha's Vineyard, y Jeff Bezos, por ejemplo, en
Palm Beach.
¿Cuál es nuestra opinión sobre todo esto? Pensamos que necesitan escenificar el cambio climático catastrófico, tienen una necesidad ideológica de que se visualice la catástrofe del cambio climático; como no existen catástrofes reales hay
que crearlas. De esa forma el mensaje que llegará a la sociedad es: uy, han tenido que cerrar Navacerrada por falta de nieve, la verdad es que esto del cambio climático va en serio. Ese es el mensaje que ustedes quieren enviar a la sociedad. Es
parte de esta campaña de adoctrinamiento sobre los supuestos efectos catastróficos, apocalípticos de la subida de temperaturas, que no negamos, pero es tan paulatina que no va a generar ese desastre que ustedes dicen que va a generar. Es parte de
una campaña de intimidación y de adoctrinamiento, que está consiguiendo sus frutos, porque no sé si saben que, por ejemplo, un tercio de los niños británicos tienen pesadillas sobre el cambio climático, incluso algunos de ellos necesitan atención
psicológica porque piensan que no llegarán a la edad adulta, que moriremos por el cambio climático, no llegaremos a ser adultos, eso está ocurriendo en los países anglosajones, muchos jóvenes están renunciando a tener hijos por el planeta. En
nombre de un problema imaginario ustedes van a terminar creando un verdadero problema psicológico y demográfico, porque muchos jóvenes renuncian a reproducirse porque creen que es malo para el planeta. La pregunta -y ya aterrizo en algo más
prosaico- es, ¿han evaluado de algún modo el impacto económico y la
pérdida de puestos de trabajo que va a implicar para la zona el cierre definitivo de la estación de Navacerrada? Hay estimaciones que hablan de 30 puestos de trabajo directos, pero hasta 3000 empleos indirectos; se ha calculado que cada
euro gastado en forfait de esquí se traduce en 6 euros más gastados en diversas actividades de hostelería, restauración, alquiler, adquisición de material deportivo, etcétera. Es decir, la estación de Navacerrada era vital para la economía de la
zona, no hablo solo del pueblo de Navacerrada, sino también de los circundantes como: Cercedilla, Becerril de la Sierra, San Ildefonso, Mataelpino, Cerceda, etcétera. ¿Han evaluado ustedes el daño económico que se va a producir? Y, ¿qué medida
tienen prevista para atenuarlo o compensarlo? Esta era la pregunta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señoría.
No era objeto de debate la cuestión sobre el cambio climático, es usted muy libre de fijar su posición, matizarla o establecerla en los términos que considere, faltaría más, de esto se trata, lo que pasa es que en ese refugio están solos
ustedes frente a un gran contubernio universal, en el cual coinciden la ciencia, que es sectaria, los organismos internacionales, que son sectarios, los Gobiernos de los países, que son sectarios, y ustedes solos ahí. (Protestas). Vuelvo a lo que
se decía de aquel que se equivoca en la entrada de la autopista y dice: tengan ustedes cuidado, que aquí va un coche en contradirección por la autopista; vienen todos en contradirección, y conviene ver si son tantos los que están de acuerdo y solo
unos los que no comparten ese acuerdo, por lo menos habría que ver si... (Protestas).
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, respeten al que está en el uso de la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): ... si eso no debería llevar a reflexionar en relación con esa posición, porque da la impresión de que son sectarios los demás porque no coinciden con su posición, pero la
suya es una posición benéfica, munífica y seráfica, y los demás sectarios todos. No, yo creo que su posición es una posición ideológica, que busca tener un entronque de base técnica, pero que se distancia notablemente del amplio consenso
internacional en este sentido, pero bien, punto, hasta ahí llegamos, no me lo tome usted a mal.
En relación con la pregunta, según los datos de la nota expedida por el Registro Mercantil de Madrid, con fecha 14 de julio de 2020, a las 13:23 horas, con datos de los ejercicios 2016 y 2017, la empresa Puerto de Navacerrada Estación de
Esquí tiene como personal asalariado de la empresa, por tipo de contrato y sexo, el siguiente: en el 2017, temporal fijo hombres 4, temporal fijo mujeres 2. En el 2016, temporal fijo hombres 4, temporal fijo mujeres 2. En el 2017, personal no
fijo eventual temporal hombres 18 y mujeres 4. En el 2016, hombres 3, mujeres 0. La empresa declara como número medio de personas empleadas 12,27 en 2016 y 11,75 en 2017 -esto de poner decimales a las personas-. Dichos datos se corresponden a la
totalidad de la empresa y las instalaciones que gestiona en todo el puerto de Navacerrada y no exclusivamente a las correspondientes a las pistas de esquí de la vertiente segoviana, ubicadas en terrenos del organismo autónomo Parques Nacionales.
Al objeto de dar respuesta a la petición de informe solicitado por la Junta de Castilla y León, de forma previa a la finalización del plazo legal de la actual concesión el 3 de abril de 2021, el organismo autónomo Parques Nacionales informó,
con fecha 2 de marzo, en su condición de entidad propietaria de los terrenos, de la no consideración de otorgar una nueva concesión por proceso de concurrencia competitiva, motivado por el escenario actual de cambio climático y la normativa de las
diferentes figuras de protección ambiental de las que goza el espacio. El organismo autónomo Parques Nacionales consideró como la única opción jurídica y ambientalmente factible el desmantelamiento de las actuales instalaciones, y la elaboración de
un proyecto que incluya la restauración ecológica de la zona, siguiendo el referente de la recuperación de la antigua estación de esquí de Valcotos, desmantelada a partir de la expropiación de la misma por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en
1998.
Muchas gracias, señoría.
- EXPLICACIÓN DEL GOBIERNO PARA VALORAR QUE EL MEDIO AMBIENTE EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA ESTABA DETERIORÁNDOSE A CAUSA DE LA VIGENCIA DE LAS CONCESIONES QUE AFECTAN A LAS PISTAS DE ESQUÍ ALPINO ESCAPARATE,
TELÉGRAFO Y BOSQUE EN NAVACERRADA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/039358).
AUTOR: BORRÁS PABÓN, MIREIA (GVOX). GESTOSO DE MIGUEL, LUIS (GVOX). LÓPEZ MARAVER, ÁNGEL (GVOX). REQUEJO NOVOA, PEDRO JESÚS (GVOX). CONTRERAS PELÁEZ, FRANCISCO JOSÉ (GVOX). CHAMORRO DELMO, RICARDO (GVOX). NEVADO DEL CAMPO, MARÍA
MAGDALENA (GVOX).
(Número de expediente 181/001020).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 11, explicación del Gobierno para valorar que el medio ambiente en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama estaba deteriorándose, a causa de la vigencia de las concesiones
que afectan a las pistas de esquí alpino Escaparate, Telégrafo y Bosque, en Navacerrada.
Realiza la pregunta don Pedro Requejo, de VOX.
El señor REQUEJO NOVOA: Muchas gracias.
Volvemos al tema. Habíamos empezado bien antes, pero no me haga, después de nombrar a la Institución Libre de Enseñanza, respuestas tendenciosas. Es claro que una empresa que trabaja noventa días al año no va a tener 30 trabajadores
permanentes; la mayoría de los puestos tienen que ser por lógica eventuales y se contratan cuando es temporada, y cuando no es temporada se dedican a otra cosa; está claro. Otra cosa es que me discuta usted cuánto produce cada euro empleado en
forfaits, que por cierto son bastante caros.
Entiendo que un sitio como El Escaparate y todas estas pistas son pequeñitas. Ha hablado antes mi compañera de que la relación de superficie es un 0,22 porque son 33 960 hectáreas, si le sumamos toda el área protegida del parque del
Manzanares, del parque del norte de la sierra de la parte castellanoleonesa, son más de cien mil hectáreas, es decir, nos vamos ya a milésimas, entonces que me diga usted que la actividad de 4 milésimas sobre la superficie total nos está
comprometiendo el futuro del parque me parece absurdo, o sea, ya no llegamos a lo ridículo, sino que pasamos y vamos al absurdo. Es una cosa importante y que debería ser tomada con más rugosidad, si hay otras razones explíquenlas ustedes. Si me
dice que si sube la temperatura las mariposas endémicas de ahí se van a perder, dígalo, pero no me haga a mi buscar razonamientos, porque es que lo que me está diciendo atenta contra la inteligencia.
Después va usted a cerrar las pistas de esquí y va a seguir entrando una marabunta de domingueros que no pagan impuestos, y habrá que regularlo de alguna otra manera. Abran ustedes el tren que lo tienen cerrado, abran unos autobuses de
subida, regulen el tráfico, corten, cuenten a la gente, den explicaciones, edúquenla, pero no me lo cierren, porque es absurdo. Estamos perdiendo una oportunidad de que un montón de niños aprendan a esquiar, de una forma absolutamente arbitraria.
Y después, saliendo un poquito de este tema, pero metiéndonos en energía, que me hable usted antes de la calidad de los suelos y de cuando se ha hecho una ley se ha presentado una enmienda, y no se ha hecho ningún caso, y se están alicatando,
literalmente, zonas de terreno fértil cuando eso en Alemania y en la mitad de Europa está prohibido, no tiene nombre. Hablen ustedes con su grupo parlamentario que les sustenta y díganles que tienen que hacer una ley donde se atienda a la calidad
del suelo, que un suelo fértil no se produce en dos días. Usted, señor Morán, tiene que saber que es un producto de siglos, y si lo estamos alicatando con plantas no tiene ninguna lógica; entonces, no me venga a decir que sí, que se va a mirar,
que la calidad del suelo, etcétera. Me habla de restauración de suelos, y después ya si hablamos de residuos esto ya es el acabose. No sé si lo saben ustedes, pero estuvimos el otro día en Valdemingómez, y todos los muebles que van al punto limpio
en la Comunidad de Madrid, ¿sabe usted en qué porcentaje se reciclan? De Madrid, de Arganda y demás municipios. Yo se lo digo, el cero por ciento.
El señor PRESIDENTE: Señoría, es un tiempo de preguntas, se empeñan ustedes en hablar de otras cosas.
El señor REQUEJO NOVOA: Es que hay cosas que me enervan.
El señor PRESIDENTE: A mí también, pero no se empeñe en discutir conmigo, aténgase a la pregunta sobre el puerto de Navacerrada.
El señor REQUEJO NOVOA: Bien. ¿Para qué pagan sus impuestos los domingueros? Para tener un parque precioso cerrado en las alturas, y mejor que no sepan ni que existe o para que puedan pasear, conocer y amar. ¿Considera el Ejecutivo que
el tráfico en las carreteras de la sierra de Guadarrama ocasionado por aquellos que van a esquiar que, según fuentes del sector, no supera el 5 % del total de vehículos, justifica el cierre de las pistas de esquí de El Escaparate, Telégrafo y El
Bosque, en Navacerrada? ¿Qué alternativas van a ofrecer a estas zonas despobladas si consiguen que se despueble más cerrando todo esto? Si no hay trabajo la gente tendrá que irse. Al disminuir el número de empleados descenderá el nivel de
ingresos en las arcas municipales, y por tanto una reducción en la mejora y conservación de infraestructuras rurales: mantenimiento de caminos, senderos turísticos, trabajos forestales en fincas públicas. Aumentarán los impuestos para los
habitantes que quedan en el municipio y por tanto bajada de la renta per cápita. Habrá una desaparición paulatina del mosaico de cultivos-bosque como consecuencia de la disminución de la biodiversidad, tanto en fauna como en flora. Desaparición de
veredas que mantenían el paso y tránsito de ganado, y por tanto se verá reducida la movilidad territorial. La reducción de gestión forestal provocará densidades excesivas en las masas forestales y la proliferación de plagas; la ausencia de gestión
forestal provocará una pérdida del valor agronómico de las fincas, aumentará la propagación de incendios forestales en el territorio, debido a la paulatina conversión del mosaico agrícola en pastizales altos y matorrales xerófilos. La ganadería
extensiva y por tanto de mayor valor económico verá reducida la superficie de praderas. Una vez convertidas las parcelas agrícolas en matorrales su reversión agrícola tendrá unos sobrecostes que muchos propietarios no podrán asumir, esto lo sabemos
bien en la España despoblada. Por tanto, es más que evidente que las consecuencias medioambientales del cierre de las pistas de esquí de Navacerrada van a suponer un impacto sobre la gestión y conservación de la biodiversidad muy negativa, no hace
falta recurrir al efecto mariposa, aunque en Guadarrama tengamos la maravillosa grasellia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): El impacto del cambio climático a nivel global al lado de la desaparición del esquí de Navacerrada es peccata minuta. ¡Cielo santo! Me estaba diciendo un compañero suyo
antes que hay que procurar no ser catastrofistas a la hora de hacer análisis respecto a evoluciones futuras de impactos concretos, pero la verdad es que ha dibujado usted un escenario realmente estremecedor que acontecería con la desaparición de la
estación de esquí. Me dice usted que soy tendencioso en la utilización de las cifras, ni tendencioso ni no tendencioso. Le doy los datos del Registro Mercantil de Madrid, con fecha 14 de julio de 2020. La empresa declara -la empresa, no yo- como
número medio de personas empleadas 12,27 en 2016, y 11,75 en 2017, ni quito ni pongo números, eso es lo que hay. No sé si a usted le parece tendencioso o no, pero en todo caso son las cifras que da la empresa, nada más, he procurado ser
absolutamente objetivo. Son las que aparecen recogidas a esa fecha, el 14 de julio de 2020. Por ello, en tanto que son datos objetivos, es un elemento más a considerar en el proceso de evaluación de los impactos, que era lo que usted comentaba.
Eso sería una destrucción de 12,27 empleos, si nos atuviésemos a las cifras de 2016, y de 11,75 si nos atuviésemos a las de 2017. En todo caso como muestra usted un interés, ha hecho algunas aportaciones que yo considero muy interesantes, una de
ellas, por cierto, la recuperación del ferrocarril, le diré que el antiguo ferrocarril de la zona ha estado literalmente abandonado por la comunidad autónoma, si me apura, por las dos comunidades autónomas, a tenor de lo que los alcaldes nos han
venido diciendo: ausencia de inversiones, problemas de regulación, problemas de gestión en edificios en ruinas en todo el entorno, problemas de gestión de residuos, y enlazando con esto de los problemas de gestión de residuos que me dice usted que
estuvo el otro día en Valdemingómez y encontraron ahí algunas deficiencias, entiendo, en relación con el funcionamiento, tienen ustedes la oportunidad de resolverlo, ya la tuvieron antes. No sé si sabe que los últimos veintiséis años de gobierno de
la comunidad autónoma que es competente en la materia son los que arrojan el resultado que usted el otro día tuvo ocasión de comprobar. Sí creo que es interesante -en razón de las aportaciones que usted hacía quizá,
no tengo inconveniente y lo haré- enviarle el plan de actuación previsto que se presentó el otro día al consejo de participación del parque, porque recoge algunas de las cuestiones que usted planteaba, y en todo caso si entiende que hay
posibilidad de hacer alguna aportación que mejore el contenido del mismo, siempre será bienvenida.
Señoría, muchísimas gracias.
El señor REQUEJO NOVOA: ¿Tengo tiempo de contestar?
El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto y dieciocho segundos, y voy a ser estricto si quiere utilizarlos.
El señor REQUEJO NOVOA: Sí, por favor. Le decía que es tendencioso si me habla solamente de trabajadores fijos, cuando hay un montón de eventuales, y los eventuales no los nombramos; es a lo que me quería referir. Después en cuanto a lo
del cambio climático, yo no voy a ser negacionista, yo estoy a favor de las plantas solares y de los eólicos, pero que tienen que encontrar su sitio. Entonces, el problema es que España es como es y produce el efecto invernadero que produce, que es
el 0,07, y tenemos un gigante que se llama China que nos ha machacado ahora que produce el 28 % y de ese nos callamos. Ese es el problema que veo yo con el cambio climático. Después Alemania, muy ecologista y todo lo que quiera, y luego se pone a
quemar carbón como si no hubiera un mañana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Creo que no me escuchó la respuesta completa. Yo no oculté las cifras. Le dije contratos fijos en 2017: cuatro hombres y dos mujeres; no fijos, eventuales: dieciocho
hombres y cuatro mujeres. En el año 2016, fijos: cuatro hombres y dos mujeres; no fijos: tres hombres y cero mujeres. Ya le digo, señoría, que le he dado todos los datos; los datos que hay son esos.
- VIABILIDAD DE LA INCLUSIÓN, DENTRO DE LA POLÍTICA DEFINIDA COMO 'INFRAESTRUCTURAS Y ECOSISTEMAS RESILIENTES', DE ACTUACIONES DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS EN CANARIAS REFLEJADAS EN EL PLAN DESEAR QUE HAN QUEDADO FUERA DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/032681).
AUTOR: ZURITA EXPÓSITO, ANA MARÍA (GP). MARISCAL ANAYA, GUILLERMO (GP). PÉREZ DÍAZ, MARÍA AUXILIADORA (GP). LEDESMA MARTÍN, SEBASTIÁN JESÚS (GP).
(Número de expediente 181/001024).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 13.º punto del orden del día: pregunta sobre la viabilidad de la inclusión, dentro de la política definida como infraestructuras y ecosistemas resilientes, de actuaciones de las obras hidráulicas en Canarias
reflejadas en el Plan Desear que han quedado fuera de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Realiza la pregunta la diputada Ana María Zurita.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Muchas gracias, presidente.
Muy buenas tardes, señor Morán. Muchas gracias por venir aquí a responder oralmente las preguntas que el Gobierno no ha querido responder por escrito.
Yo le quiero preguntar por esos proyectos, esas obras que podrían ser incluidas en esas políticas que ustedes han llamado Infraestructuras y Ecosistemas Relisientes que estaban en el Plan Desear que, como usted bien sabrá, establecía más de
trescientas actuaciones que quedaron pendientes para Canarias, entre obras grandes y pequeñas. Las dos preguntas que yo le hago en realidad van en el mismo sentido, ya que corresponden a obras y convenios pendientes de los Presupuestos Generales
del Estado que hizo el Partido Popular en 2018, pero que han quedado pendientes porque no se han firmado los convenios y no se han abonado las cantidades. Hemos detectado -por eso hemos separado las preguntas- que ustedes han fabricado dos
instrumentos diferentes para que tengan cabida, o al menos han definido uno concreto que es el de esas 130 medidas para combatir el reto demográfico. Luego iremos a ese tema en la siguiente pregunta, pero ahora vamos a ver las obras grandes, las
obras hidráulicas que quedaron pendientes del convenio.
Hay quien ha calificado el Plan Desear, el Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencias, ahorro y reutilización, como un plan imposible de ejecutar por falta de inversión. Pero eso fue al principio, cuando ustedes todavía no habían
anunciado esa lluvia de millones destinados a esas 150 políticas verdes de transición, sostenibilidad, cohesión territorial y todas esas cuestiones, a las que yo creo que habría que añadir la palabra eficiencia, pero no eficiencia energética sino
eficiencia de ser eficientes, de ser útiles y hacer que todos esos planes sirvan para algo. Ahora con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia creo que ustedes tienen una gran oportunidad de obtener financiación para todo
eso. Lo que yo le preguntaba es si toda esa obra hidráulica que queda pendiente de Canarias específicamente es susceptible de acogerse a esos programas que ustedes están anunciando -por dinero que no sea-, porque luego hay que abandonar la teoría y
pasar al plano práctico. El plan puede ser muy bueno en el diagnóstico pero hay que llevarlo a la práctica. El Plan Desear -por lo menos las obras que afectan a Canarias- se ha quedado fuera de los Presupuestos Generales del Estado y se ha quedado
fuera igualmente de su Plan España Puede -no sé cómo lo estarán llamando ahora en el último documento-. El tema es que haya fondos para financiarlo y especialmente para Canarias, porque tenemos problemas muy graves y necesidades muy acuciantes en
materia de agua. Hay que hacer un plan urgente de desalación para construir nuevas plantas y mejorar las existentes, hay que buscar un programa y financiación, y todo eso lo tenemos establecido en nuestro REF. Usted sabrá también que el de las
obras hidráulicas fue uno de los convenios que quedaron sin cobertura jurídica y presupuestaria después de los presupuestos de 2018, porque estaban contemplados en los presupuestos del Gobierno del Partido Popular con 50 millones de euros
aproximadamente. Sin embargo, cuando entró a gobernar el PSOE no supimos nada más de la firma, ni tampoco de la partida presupuestaria. Desaparecieron de los presupuestos que se quisieron aprobar en 2019 y en 2021 no aceptaron la enmienda que
propusimos todos los diputados canarios, excepto los de los grupos que apoyan al Gobierno. Es cierto que se llegó a firmar un protocolo con el Gobierno de Canarias que era para nueve años, con unos 900 millones de euros de inversión y que recogía
las 186 actuaciones para todas las islas -actuaciones de saneamiento y depuración de aguas, de abastecimiento, de transportes y desalación-, pero tampoco nunca más se supo. Para nosotros es importantísimo porque es uno de los compromisos de mayor
inversión de Canarias, pero también es el de mayor incumplimiento porque mientras en nuestro convenio de carreteras en algo se ha avanzado, en el de obras hidráulicas no sabemos absolutamente nada.
Pensamos que ahora hay una oportunidad para Canarias, porque además encaja perfectamente con los ejes transversales en ese plan que ustedes han definido como España Puede, ya que estamos hablando de transición ecológica, de cohesión social y
territorial y de lo que ustedes han definido como infraestructuras y ecosistemas resilientes, de conservación y restauración de ecosistemas y su diversidad, así como de conservación de los recursos hídricos. Señor secretario de Estado, mi pregunta
era esa. Quería saber si esos proyectos se pueden financiar con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Le hago además una petición, le pido que sean generosos con Canarias. Nos debería sorprender su respuesta,
que no se queden en esos 50 millones, que se ejecute un plan ambicioso que invierta los fondos en el plan hidráulico de Canarias, de todas las islas. Además es un derecho que, como ya dije antes, tenemos por ley en la modificación de las
condiciones económicas de nuestro Régimen Económico y Fiscal. Ustedes han establecido -no sé por qué- que sean 8 millones todos los años los que se destinen al agua y a la agricultura, pero en el texto también se habla de desalación, de consumo
humano, aparte de la extracción de pozos y galerías. Entonces le pido que nos cuente qué pasará con esos compromisos que había con Canarias para el desarrollo de estas obras hidráulicas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias por la pregunta, señoría.
En estos momentos están en distinto grado de ejecución los siguientes proyectos en Canarias, adjudicados todos ellos: la ejecución de las obras y puesta en marcha del sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla,
la EDAR de Los Letrados, con un presupuesto de 13 162 230,27 euros; la ejecución de las obras y puesta en marcha del sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife, la Etbar de Ensenada Pelada, con un
presupuesto de 5 610 619,69 euros; la ejecución de las obras y puesta en marcha del sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife, en este caso, los colectores de medianías, con
un presupuesto de 6 014 690 euros; la ejecución de las obras y puesta en marcha del sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife, en este caso, los bombeos e impulsiones de costa, con un presupuesto de
6 237 172,47 euros; la ejecución de las obras y puesta en marcha del sistema de depuración y reutilización de aguas residuales del oeste de Tenerife, ejecución de las obras del proyecto de la EDAR Oeste, con un presupuesto de 11 645 383,70 euros;
la ejecución de las obras y puesta en marcha del sistema de depuración y reutilización de aguas residuales del oeste de Tenerife, y la ejecución de las obras del proyecto de la Etbar de la Playa de San Juan, con un importe de 4 328 578,48 euros.
Estos son los proyectos que están ahora mismo en ejecución y suman aproximadamente unos 47 millones de euros.
A punto de cerrarse están varios convenios más. Como puede ver, son todas actuaciones acordadas con el Cabildo de Tenerife. Hay varios proyectos con distinto grado de tramitación, de avance, en algunas otras de las islas. Hasta tal punto
es así que, debido al volumen de concentración de inversiones en materia del ciclo urbano del agua, en estos momentos ya se ha dotado de personal a una delegación de la Sociedad Estatal de Aguas de España, precisamente para poder atender el enorme
volumen de inversiones que tenemos en marcha y que se van a acometer en las dos provincias a lo largo de los próximos años. Pero estas, concretamente, ya están aprobadas por el Consejo de Ministros, licitadas y adjudicadas y en distinto grado de
activación por parte de las empresas.
Entiendo que tiene otra pregunta que es la que va dirigida al fondo de recuperación. Esperaré a que me la realice y le contestaré.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Con respecto a esta pregunta me gustaría decirle que ya sabemos que esas obras están en marcha, y sabemos las que son. A lo que me refiero aquí es que había un convenio con las obras a futuro y en ese protocolo
que ustedes firmaron había 186 actuaciones. Nosotros lo que le pedimos es orden y compromiso, no queremos que un día sea una obra y otro día otra, a petición del Gobierno de turno. Lo que queremos es un convenio plurianual donde se definan las
obras, donde se defina la planificación en el tiempo y donde se planifique el presupuesto y se ejecute, claro. Lo que no nos vale es que un día se ejecute una y otro día otra, le pregunto si ahora, con tanto dinero que parece que va a haber de ese
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, va a reservar alguna partida específica para el convenio de obras hidráulicas con Canarias. Usted me habla de obras sueltas, pero yo le estoy preguntando por el paquete, por el convenio, que eso
es lo que no sabemos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): En el caso de Canarias, como con cualquier otra comunidad autónoma, en el ámbito de obras de interés general del Estado y que obedecen a mecanismos de cooperación del Estado
con las comunidades autónomas, el orden de prioridades de la ejecución de las obras normalmente lo determina la propia comunidad autónoma, en este momento es el mecanismo que normalmente están aplicando las comunidades autónomas. Teniendo en cuenta
el enorme volumen de expedientes de infracción por incumplimiento de objetivos de saneamiento y depuración que tiene acumulados España, bastantes comunidades autónomas lo que hacen -creo que con buen criterio- es priorizar aquellas que están en
riesgo inmediato de sanción. Y ese es el procedimiento que vamos a seguir. A partir de ahí son las propias comunidades autónomas las que establecen los criterios de prioridad en la ejecución de las obras. Lógicamente, a medida que se van
activando los planes de inversión anuales, las comunidades autónomas van incorporando las nuevas obras en la medida en que aquellas que estaban pendientes van quedando resueltas y esa es la intención que tenemos. No lo tengo aquí, pero no tengo
inconveniente en enviarle qué obras son las que en estos momentos estarían pendientes de habilitar los convenios para licitación y ejecución porque me he referido exclusivamente a las que ya están en marcha.
- VIABILIDAD DE LA INCLUSIÓN, DENTRO DE LA POLÍTICA DEFINIDA COMO 'INFRAESTRUCTURAS Y ECOSISTEMAS RESILIENTES', DE ADECUACIÓN O IMPLANTACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE VERTIDOS EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 10 000 HABITANTES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/032682).
AUTOR: ZURITA EXPÓSITO, ANA MARÍA (GP). MARISCAL ANAYA, GUILLERMO (GP). PÉREZ DÍAZ, MARÍA AUXILIADORA (GP). LEDESMA MARTÍN, SEBASTIÁN JESÚS (GP).
(Número de expediente 181/001025).
El señor PRESIDENTE: Por último, pasamos al 14.º punto del orden del día: pregunta sobre la viabilidad de la inclusión, dentro de la política definida como Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes, de adecuación o implantación de redes
de saneamiento y depuración de vertidos en municipios de menos de 10 000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Canarias. Realiza la pregunta la diputada Ana María Zurita Expósito.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidente.
Esta segunda pregunta va referida a las obras pequeñas, de redes de saneamiento y distribución de agua. Estas obras son más de competencia local y pueden desarrollarlas los ayuntamientos, pero también quedaban englobadas dentro de lo que
nosotros llamábamos el convenio chico y entendemos que ahora pueden tener más cabida. Aquí nos remitimos a los instrumentos que ustedes han ido aprobando y que pueden justificar su encaje en este tipo de políticas. En el Boletín Oficial del Estado
del pasado 31 de diciembre aprobaron el Real Decreto 36/2020, de medidas urgentes para la modernización y la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el fin de agilizar la ejecución de
los proyectos que se financian con los fondos europeos. De dicho real decreto se deducía que se podían presentar proyectos tanto a través de la Administración como de mecanismos de colaboración público-privado, no estando absolutamente claras las
condiciones de los proyectos que podían optar a la financiación. Después el pasado 7 de octubre el Gobierno presentó también el primer borrador de ese Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia donde ya se establecen tanto esos cuatros ejes
transversales que deben cumplir los proyectos como las diez políticas palanca que integran las treinta líneas de actuación. El pasado 27 de abril el Consejo de Ministros aprobó ya el documento definitivo, ese Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia donde el objetivo principal es la transición verde, los límites ambientales y detener los procesos de deterioro ecológico. En Canarias no sé qué más deterioro ecológico quiere usted que haya si el 70 % de municipios no tiene red de
saneamientos, si no hay instalaciones de depuración y si en Tenerife el 76 % de los vertidos va al mar por desagüe y el 20 % por el emisario. Hay algo claro, que se tiene que invertir en la eficiencia de las redes de agua más que en otras cosas.
Ustedes aprobaron desde su ministerio el pasado 24 de marzo ese plan de medidas, al que me refiero, frente al reto demográfico dotado con 10 000 millones de euros -al menos eso han dicho-, con diez ejes de actuación y más de ciento treinta
políticas activas, y además ese plan, según ustedes también, está alineado con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda Urbana española, el Plan nacional de adaptación al cambio climático y todas estas cosas. También
proponen diez ejes de acción pero de manera muy genérica. Sin embargo, dentro de su Eje 1 de impulso a la transición ecológica, sus punto 1.8 y 1.9 están dedicados al saneamiento y depuración de pequeñas aglomeraciones urbanas y a las redes de
abastecimiento -ambos representan un plan de subvenciones para la red de saneamiento y abastecimiento, depósitos, potabilización de agua, etcétera- en medianos y pequeños municipios, primero, hasta 5000 habitantes, y segundo, hasta 10 000
habitantes. Según este documento estos documentos se irán presentando a manifestaciones de interés, convocatorias públicas e inversiones directas de los ministerios en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales. Pero ¿qué
es lo que vemos? Que no hay plazos ni calendario para ninguna de esas políticas ni acciones que anuncian, la financiación no está cerrada -se refiere a los fondos europeos cuando no están cerrados- y lo más importante es que se ha hecho sin
consenso y sin contar con las comunidades autónomas que en realidad son las responsables y las competentes en muchas de las materias que aborda este plan. Al mismo tiempo, se pide a las comunidades autónomas aportaciones cuando no se tiene claro
para qué. Lo que dice el plan es que se complementarán y ampliaran las inversiones que los últimos años ha hecho la
Dirección General del Agua con financiación del Feder, etcétera. Eso es lo que pedimos desde Canarias: que se amplíen los fondos para las obras de saneamiento y depuración de aguas en nuestras islas. Ya tenemos un convenio, del que le
hablé antes, que introdujo el Gobierno del Partido Popular en 2018 en los presupuestos y que estaba dotado con 10 millones de euros. Queremos saber también si se va a ampliar porque además una de las prioridades de estos fondos que establece Europa
-usted lo sabe mejor que yo- es el cuidado del medio ambiente y las operaciones necesarias. Yo no sé si usted cree que es más importante que se pongan, por ejemplo, cargadores eléctricos en La Gomera o en El Hierro -que solo es propaganda- cuando
el 80 % de las edificaciones vierten al subsuelo agua sin depuración alguna. Yo le preguntaba inocentemente si estos proyectos se podían incluir, porque daba por hecho que los ayuntamientos de 5000 habitantes ya lo estaban. Le preguntaba por la
viabilidad de los municipios de 10 000 habitantes porque en Canarias tenemos una peculiaridad, tenemos unas condiciones específicas de insularidad. Por eso no debería hacerse por población sino por las condiciones específicas de Canarias.
El Partido Popular de Canarias quiere que se firme un nuevo convenio para estas pequeñas obras y que se aglutinen todas las obras que se puedan desarrollar con esos fondos del Plan de recuperación. Es decir, que se concreten las actuaciones
por cada isla, que se haga una convocatoria específica para que cada municipio exprese sus manifestaciones de interés y los problemas que tienen, que se determinen plazos y calendarios para cada una de las obras, como le dije antes, y que se
determine su financiación y se distribuya entre 2021, 2022 y 2023. Mi pregunta es si van a considerar todo eso.
Gracias.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señoría.
Creo que la pregunta es pertinente y además ayuda a trasladar una información que merece la pena que sea conocida con carácter general. Se refería usted, dentro de las inversiones propuestas de la línea de actuación de preservación del
espacio litoral y los recursos hídricos de la política palanca Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes, en la que se ha planificado una inversión destinada a actuaciones de saneamiento, depuración y reutilización, si podrían tener cabida las
actuaciones de la tipología a la que usted se refiere. En cualquier caso, usted hacía referencia -y en eso lleva razón- a que las competencias en materia de saneamiento y depuración de aguas se establecen en la Ley reguladora de las Bases de
Régimen Local, es decir, la Administración General del Estado no es competente en esta materia y actúa solamente en aquellos casos de obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado.
A continuación se interesa por la posibilidad de que, en esa referencia que hacía de unos 10 millones de euros aproximadamente de previsión de inversión, algunas de estas actuaciones puedan tener cabida en el Fondo de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, que además viene determinado por el cumplimiento con la Directiva 91/271 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, el importe asignado de inversión y el grado de maduración del proyecto, ya que se intenta agilizar
lo máximo posible la inversión. El calendario es claro, es el que establece la propia Comisión Europea, 2021-2023, con la posibilidad de avanzar, en algunos casos, en n+ a partir de un determinado tiempo. Aun no siendo competente en esta materia,
el ministerio habilita una partida de 100 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo actuaciones de saneamiento y depuración en aglomeraciones urbanas de hasta 5000 habitantes, aquellas que no cumplan en estos momentos
con la Directiva 91/271 sobre tratamiento de aguas residuales.
Usted ha dicho que la distribución de los fondos se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas. No, la distribución de los fondos la ha aprobado la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente; los criterios de asignación y los
parámetros de evaluación han sido acordados con las comunidades autónomas, y en último término, en el acuerdo global con las comunidades autónomas se han asignado las partidas presupuestarias que corresponden para la anualidad 2021 de esos 100
millones de euros. De tal manera, que la conferencia sectorial y el Consejo de Ministros aprobaron la asignación a las islas Canarias de una ayuda de 11,6 millones de euros para la ejecución de actuaciones de saneamiento y depuración que cumplan
los requisitos antes comentados y que no estén declaradas de interés general del Estado. A partir de aquí la intención del Gobierno es consolidar un mecanismo de apoyo a los municipios de menos de 5000 habitantes con carácter estructural permanente
en el tiempo, de tal manera que esas administraciones, que son las que menos capacidad tienen para acometer este tipo de actuaciones y que por economía de escala estaría en imposibilidad de recuperar los costes de la inversión,
se mantenga en el tiempo. Además, nos parece oportuno habilitar otra convocatoria -aunque esta todavía no está aprobada por conferencia sectorial, esperamos tenerla lista antes del mes de agosto-, una línea de igual cuantía, en este caso,
para municipios de menos de 20 000 habitantes destinada al ciclo de abastecimiento, básicamente para intervenir en detección de fugas y mejora de redes urbanas. También es competencia de las administraciones locales, y no de la Administración
General del Estado, pero entendemos que se requiere de un mecanismo de apoyo, precisamente para esas administraciones que más lo necesitan. Luego habrá otra convocatoria más para intervenir en los tramos urbanos, pero en este caso para tramos
urbanos de ríos por lo que la Comunidad Autónoma de Canarias no podría acogerse a ello por la razón evidente de sus condiciones físicas. Nuestra intención es mantener estos mecanismos de apoyo a las administraciones locales de menor entidad en
sucesivos ejercicios presupuestarios.
El señor PRESIDENTE: Le queda un minuto.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidente.
Yo le preguntaría al señor secretario de Estado si no considera que el principal problema medioambiental que tienen ahora mismo las islas no es precisamente ese tema de vertidos al mar sin depuración de municipios donde no hay red de
saneamientos. Esa cantidad de la que habla de 100 millones que parece que es para todos los municipios de España me parece irrisoria. ¿No comparte usted eso?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Puede parecer escasa, no sabemos cuál va a ser el volumen de acogida. Es la primera vez que un Gobierno de este país acomete un mecanismo de apoyo a las administraciones
locales de menor entidad, nunca antes había existido un mecanismo de ayuda, por tanto, no hay mecanismos de evaluación de cuál puede ser la capacidad última de su asignación. Comparto con usted en que efectivamente es uno de los problemas que tiene
la comunidad autónoma y que si se quiere poner en valor sus características de destino turístico sostenible, ambientalmente respetuoso, pasa precisamente por mejorar todas sus competencias en materia de gestión de agua y de residuos. Esa es
precisamente la razón fundamental por la cual hemos volcado inicialmente ese esfuerzo inversor que le comentaba inicialmente, en torno a unos 47 millones de euros, de obras que se están ejecutando ya en estos momentos. Estos 11,7 millones de euros
que van vinculados para municipios de menos de 5000 habitantes, el 10 % de la totalidad para el conjunto de las comunidades autónomas de nuestro país, tenemos la vocación de seguir ampliando los mecanismos de apoyo en la ejecución de obras de estas
características. Hasta tal punto, insisto -lo comentaba antes-, que esto nos ha llevado a tomar una decisión de abrir estructuralmente una delegación de la Sociedad Estatal de Aguas de España en las islas, precisamente, para acometer lo que va a
ser el plan de intervención de este Gobierno en las islas Canarias mantenido a lo largo de la legislatura y que se va a ir traduciendo en proyectos que van a ir sucesivamente incorporándose al plan de actuación de la sociedad en colaboración con la
comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Terminada esta pregunta damos por terminada esta sesión. Muchas gracias. Se levanta la sesión.
Eran las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde.